CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES GENERALES


COMISIONES MIXTAS

Año 2022 XIV LEGISLATURA Núm. 129

DE RELACIONES CON EL DEFENSOR DEL PUEBLO

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. VICENTE TIRADO OCHOA

Sesión núm. 12

celebrada el martes,

10 de mayo de 2022

ORDEN DEL DÍA:


Comparecencia del señor Defensor del Pueblo (Gabilondo Pujol):


- Informe anual correspondiente al año 2020 elaborado por la institución del Defensor del Pueblo, en su condición de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y en cumplimiento del artículo 23 del Protocolo Facultativo a la Convención
contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, hecho en Nueva York el 18 de diciembre de 2002. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 261/000007 y número de expediente del Senado 781/000009) ... href='#(Página2)'>(Página2)

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Se abre la sesión a las diez y treinta minutos de la mañana.


El señor PRESIDENTE: Buenos días. Vamos a dar comienzo a la sesión de la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo, con la comparecencia del Defensor del Pueblo, don Ángel Gabilondo, para presentar el informe anual
correspondiente al año 2020, elaborado por la institución del Defensor del Pueblo, en su condición de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y en cumplimiento del artículo 23 del Protocolo facultativo a la Convención contra la tortura y
otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, hecho en Nueva York el 18 de diciembre de 2002.


Quiero dar la bienvenida a don Ángel Gabilondo Pujol. Una vez que termine la comparecencia del defensor en su parte expositiva, pasaremos a los grupos parlamentarios, que tendrán un tiempo máximo de diez minutos en primera instancia, y
luego, en réplica, dos o tres minutos, como es habitual, una vez que haya respondido el defensor a todas las cuestiones que le hayan querido ustedes plantear. Para concluir la comparecencia, le daremos de nuevo la palabra al defensor del pueblo.


Suya es la palabra. Bienvenido, querido defensor. A su disposición.


El señor DEFENSOR DEL PUEBLO (Gabilondo Pujol): Buenos días. Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, el presente informe del Defensor del Pueblo, como Mecanismo de Prevención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, que corresponde al año 2020, siendo defensor en funciones don Francisco Fernández
Marugán, fue registrado en junio de 2021, y por causas ya conocidas no se ha presentado ante ustedes, señorías, hasta hoy. A su vez, el informe de 2021 se encuentra ya en los registros del Congreso y del Senado en espera de ser tramitado ante esta
Comisión Mixta. Dadas las circunstancias, quizá hubiera sido más adecuado presentar de forma acumulada ambos informes, pero este ya es otro asunto. No ha de olvidarse la necesidad, en este año 2020, de compatibilizar el mandato del Mecanismo
Nacional de Prevención y las medidas imprescindibles por prudencia, dada la pandemia de COVID-19.


Empecemos por reconocer la labor en tiempos de pandemia en los centros de privación de libertad de los sanitarios, primera asistencia preventiva, de los cuerpos y fuerzas de seguridad, de los funcionarios, de todos aquellos que han estado
presentes en 2020 en lugares de especial dificultad y, muy singularmente, de los propios internos. Si bien las visitas, los hallazgos y el diálogo con la Administración son los que constituyen la actividad básica del MNP -lo llamaré así, con su
permiso, a partir de ahora-, lo que lleva por ejemplo a atender la configuración, estructura y estado de las instalaciones, lo decisivo de la labor preventiva son siempre las personas, las personas privadas de libertad, el trato que reciben, su
adecuada protección y, en definitiva, el reconocimiento de sus derechos. Se ha de tener en cuenta el principio básico de inderogabilidad de la prohibición de la tortura, los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en cualquier
circunstancia, ya sean ordinarias, extraordinarias o excepcionales. En tiempo de pandemia los organismos internacionales recomendaron, primero, limitar el número de los equipos de visita a lo mínimo imprescindible y, segundo, disminuir el número de
visitas.


Se han presentado ya ante las Cortes Generales, Congreso y Senado, los informes generales correspondientes a los años 2020 y 2021, y el que ahora abordamos del MNP 2020 no ha de desvincularse de lo ya señalado en su informe general
correspondiente. De hecho, hay aspectos conjuntos muy claros en relación con las áreas de gestión de quejas, muy especialmente la de seguridad y justicia, la de sanidad y política social, la de inmigración e igualdad de trato y la de educación. Se
trabaja en la tarea de incrementar la colaboración y coordinación entre el MNP y estas áreas, y esto es lo que ha de constituir una de las líneas de actuación prioritaria del Defensor del Pueblo al respecto.


Este informe de 2020 se elabora a partir de las visitas efectuadas a los diversos lugares gestionados por el Estado donde las personas son privadas de libertad y, por tanto, se encuentran en situación de especial vulnerabilidad. Esta labor
la viene realizando el Mecanismo Nacional de Prevención de la tortura desde que las Cortes Generales distinguieron al Defensor del Pueblo atribuyéndole, en el año 2009, las funciones de MNP de España establecidas en el Protocolo Facultativo de la
Convención contra la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de Naciones Unidas. Partiendo de este enfoque, se plantean visitas periódicas no anunciadas a las instalaciones, pero en 2020 nos vimos obligados a introducir una
novedad debido a la declaración del estado de alarma, comenzando una fase de teletrabajo, en concreto, en el MNP, una supervisión a distancia, sin contacto, mediante actuaciones no presenciales, realizando numerosas entrevistas telefónicas,
empleando cuestionarios específicos con los responsables de los lugares supervisados, con funcionarios y personas privadas de libertad. Poco antes de la finalización del primer estado de alarma comenzó la nueva normalidad y, con ella, se retomaron
las visitas presenciales.

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Este informe que hoy les presento es el resultado de la labor comprometida y competente de un equipo multidisciplinar que ha trabajado durante 2020 también en sus domicilios, pero sobre todo girando visitas sobre el terreno, en ocasiones en
unas condiciones particularmente duras y difíciles de gestionar a causa de un hecho excepcionalmente disruptivo, como lo ha sido la pandemia por la COVID-19, debiendo realizar un ejercicio de evaluación y ajuste permanente para compatibilizar el
cumplimiento del mandato conferido al MNP con la observancia de las medidas de prudente actuación.


En el año 2020 se realizaron 115 actuaciones en total, pero debemos diferenciar entre las visitas presenciales y las actuaciones no presenciales realizadas: 39 visitas presenciales y 8 actuaciones no presenciales a lugares de privación de
libertad de corta duración; 5 visitas presenciales y 4 actuaciones a centros de privación de libertad de media duración; 16 visitas presenciales y 37 actuaciones a lugares de privación de libertad de larga duración, y 6 inspecciones a lugares
instrumentales de privación de libertad. Se visitaron 12 comunidades autónomas y 16 provincias; del total, 42 fueron primeras visitas y 24 de seguimiento. Se formularon 119 recomendaciones, 545 sugerencias y 22 recordatorios de deberes legales.
En estas visitas participaron, además del personal adscrito al MNP, vocales de su consejo asesor, técnicos externos especialistas en disciplinas de ciencias de la salud, personal de los defensores autonómicos y técnicos de otras áreas del Defensor
del Pueblo.


Si señalamos las novedades que se han producido dada la situación, en el marco del Programa Ábaco, que es de captación de datos, como saben, y cuyo objetivo general es obtener un mapa dinámico y actualizado de los lugares de privación de
libertad en España, en 2020 se ha impulsado una nueva utilidad y, además de las campañas periódicas con las que se ha continuado, se han efectuado dos campañas puntuales, una ante la Administración penitenciaria y otra ante las administraciones
autonómicas responsables de la gestión de los centros de internamiento de menores infractores que utilizan ese soporte. La finalidad de ambas ha sido obtener información relevante mediante la cumplimentación de formularios específicos sobre la
incidencia de la COVID-19 en sus respectivos ámbitos de gestión. La última novedad a la que deseo referirme es el proyecto que comenzó a llevarse a cabo a finales de 2018, cuando se empezaron a realizar visitas con enfoques específicos
transversales, con el fin de evaluar la situación de las mujeres en centros de privación de libertad, de las que aportaré información más detallada en el apartado pertinente.


El esquema que vamos a seguir para hablar de los diferentes centros de privación de libertad es el que venimos utilizando en informes anteriores: lugares de privación de libertad de corta, de media y de larga duración.


Los lugares de detención de corta duración tienen especial importancia para la labor del MNP, pues se trata de los lugares con mayor número de personas en situación de privación de libertad, gestionados por un amplio número de cuerpos
policiales, con criterios y protocolos de actuación diversos. Durante el año 2020 el MNP ha realizado un total de 47 actuaciones en relación con la privación de libertad de corta duración, de las cuales 39 fueron visitas, y ocho, actuaciones no
presenciales. Se han visitado 12 comisarías y dependencias de custodia de la Policía Nacional, más 4 actuaciones no presenciales. Entre los lugares de custodia de Policía Nacional, se contemplan los CATE -centros de atención temporal a
extranjeros-, destinados a la primera acogida de personas migrantes que han accedido irregularmente por las costas españolas, habiéndose realizado 7 visitas más una actuación no presencial.


Por último, en cuanto a las salas de inadmitidos y solicitantes de asilo, se visitaron la del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, como actuación no presencial, y el muelle del puerto de Arguineguín -en Las Palmas de Gran Canaria, como
saben-, como visita presencial. Asimismo se han visitado 10 comandancias y puestos de la Guardia Civil, ha habido una actuación no presencial a una dependencia de la policía autonómica, 4 calabozos de cuerpos de policías locales y 5 dependencias de
custodia de sedes judiciales. Las visitas realizadas en estos centros han dado lugar a la formulación de 807 conclusiones, que han originado 26 recomendaciones, 335 sugerencias y 4 recordatorios de deberes legales.


Las cuestiones más destacadas sobre estas dependencias versan sobre las siguientes materias. Se insiste en la necesidad de que exista una adecuada cobertura de videovigilancia y videograbación que incluya la captación de audio y un
protocolo de gestión y tratamiento de imágenes. En cuanto a las medidas de protección sanitaria frente a la COVID, tras la visita 93 del año 2020 a la Comisaría Provincial de Lugo, se elaboró una recomendación general a la Dirección General de la
Policía, con el fin de solicitar que se estableciera un protocolo general de actuación contra la COVID para todas las dependencias policiales. La Administración comunicó la existencia de un plan de actuación. Durante las visitas, se ha constatado
que en estas dependencias no siempre contaban con jabón, mascarillas o geles hidroalcohólicos. Insistimos en

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que la presencia de los agentes de custodia sin armas reglamentaria es esencial en estos contextos, tal y como establece el protocolo de actuación en las áreas de custodia de detenidos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado,
recogido en la Instrucción número 4/2018 de la Secretaría de Estado de Seguridad, que no siempre se observa. Merece una especial atención la adquisición y empleo de armas de descarga eléctrica, pistolas táser, por parte de los diferentes cuerpos
policiales. En una reciente recomendación de 13 de abril de 2021, dirigida al Ministerio del Interior, el Defensor del Pueblo ha indicado que se debe -cito- proceder a una exhaustiva y detallada regulación del uso de armas de descarga eléctrica que
contenga instrucciones minuciosas de su utilización, la formación a recibir por los agentes, que les habilite para su uso, y los procedimientos de control y supervisión.


Reiteramos la necesidad de mejorar las medidas de prevención de conductas autolesivas y suicidas. En este contexto, se hicieron recomendaciones a la Dirección General de la Policía acerca de los riesgos de suicidio que presentan ciertas
instalaciones, como los barrotes en las puertas de las celdas. En 2020 se produjeron dos suicidios consumados por ahorcamiento en los calabozos de la comisaría de Algeciras, Cádiz.


El sistema de registro de ingreso debe ser mejorado, puesto que aún se observan prácticas disímiles en dependencias de la Policía Nacional y la Guardia Civil en cuanto a la forma en que se realiza el registro integral. En este marco, desde
el MNP se efectuó una recomendación -con ocasión de la visita efectuada al puesto de la Guardia Civil de Aranda de Duero- a la Secretaría de Estado de Seguridad para la adecuación de la normativa al respecto, a fin de que se garantice la intimidad y
dignidad de las personas mediante la entrega de una prenda para cubrirse. Insistimos en la adecuada cumplimentación de la cadena de custodia y en que se disponga de libros de registro que permitan conocer el número de personas que ingresan en esas
dependencias. Asimismo, se considera fundamental dotar a cada dependencia de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado de un libro de registro inalterable, en el que queden anotadas las quejas relativas a malos tratos o trato incorrecto a
personas detenidas, facilitando la supervisión por las distintas administraciones y organismos nacionales e internacionales. Se insiste en que se garantice el acceso a la asistencia letrada de las personas privadas de libertad, incluso antes de que
se les recoja declaración por la policía, el fiscal o la autoridad judicial, sin perjuicio de que estas se encuentren en una situación de detención incomunicada. Si bien la permanencia de menores en los calabozos no es frecuente, se considera
esencial que se realice en celdas de dimensión adecuada y en un espacio separado de las personas mayores, especialmente si la privación de libertad implica su pernocta.


La supervisión de los vehículos utilizados por los cuerpos policiales para el traslado de personas privadas de libertad continúa siendo objeto de nuestra atención y, aunque de manera paulatina se están renovando, se considera que este hecho
debería acelerarse.


Si nos referimos a los centros de atención temporal de extranjeros -los CATE-, por su funcionalidad, muchos de ellos permanecen operativos solo en forma no permanente ante la eventual llegada masiva de personas migrantes, como ocurrió
durante el año 2020 en el campamento habilitado en el polvorín de Barranco Seco y en el muelle del puerto de Arguineguín, de Las Palmas de Gran Canaria, que fueron visitados por el MNP. El MNP ha visitado en el año 2020 tres CATE y sus respectivas
comisarías provinciales con funciones de CATE. Además, como consecuencia de la llegada masiva de personas extranjeras a Canarias, la ya citada visita al muelle del puerto de Arguineguín, en Las Palmas de Gran Canaria, y al campamento habilitado en
el polvorín de Barranco Seco, de Las Palmas de Gran Canaria. En términos generales, se siguen detectando graves carencias tanto estructurales como asistenciales. Por ejemplo, en las visitas de seguimiento realizadas en el año 2020 a los CATE de
Almería y Málaga, llama la atención que en la diferente documentación analizada no se identifica a la persona inmigrante por su nombre y apellidos, sino solamente por un número. El Defensor del Pueblo viene insistiendo en la necesidad de dotar a
los CATE, con carácter urgente, de un marco regulatorio específico con protocolos de funcionamiento.


La especial situación migratoria en Canarias -donde en el año 2020 llegaron a las costas 23 023 personas- ha merecido un seguimiento exhaustivo por parte del MNP. Como consecuencia de este incremento en la llegada de personas migrantes,
sumado a la situación de la COVID y la escasez de dispositivos, por ejemplo, el muelle del puerto de Arguineguín, en Las Palmas de Gran Canaria, se convirtió en 2020 en un espacio improvisado y precario en condiciones inaceptables, lo que motivó la
intervención del juez de control del CIE de Barranco Seco, de organizaciones internacionales y organizaciones no gubernamentales y del Defensor del Pueblo, pudiéndose corroborar que una semana después de la visita del MNP -en noviembre de 2020- se
había procedido a su cierre definitivo.

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Si hablamos de salas de inadmitidos y solicitantes de asilo, se efectuó el seguimiento a dos salas de inadmitidos y solicitantes de asilo, una de ellas, la del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, como actuación no presencial, y la otra,
la del muelle del puerto de Arguineguín. La principal conclusión de carácter general es que se trata de unas instalaciones que presentan numerosas deficiencias, lo que en parte se debe a la ausencia de una regulación jurídica mínima común sobre las
condiciones y servicios de las salas de solicitantes de protección internacional y de inadmitidos en los diferentes aeropuertos y puertos españoles.


Si hablamos de la privación de libertad de media duración, en cuanto a las personas extranjeras y a los centros en los que quedan recluidas, fundamentalmente a causa de su situación irregular en España, los CIE son centros de carácter no
penitenciario, donde se interna a personas por un periodo máximo de sesenta días. No han cometido delito, sino una falta administrativa. El número total de personas que durante 2020 resultaron internadas en los distintos CIE y que han sido
repatriadas fue de 1244, frente a las 3758 de 2019. Este año ha disminuido el número de menores no acompañados identificados en centros de internamiento de extranjeros. En el ejercicio 2020 se contabilizaron 44 casos, frente a los 54 del año
anterior. Durante 2020, en los CIE se presentaron 776 solicitudes de protección internacional y solo 163 fueron admitidas a trámite. Como consecuencia de la crisis sanitaria causada por la COVID-19, el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo,
declaró el estado de alarma en España, y todos los países comenzaron a cerrar sus fronteras, impidiendo los procesos de expulsión y repatriación de las personas extranjeras internadas en los CIE. Todas las personas detenidas en los CIE durante el
estado de alarma fueron puestas en libertad; en septiembre de 2020 se procedió a la paulatina reapertura de estas instalaciones. Durante el primer estado de alarma, mientras estas instalaciones permanecieron ocupadas, el MNP realizó 4 actuaciones
no presenciales con los responsables de los CIE de Madrid, Valencia, Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, y cuando la situación sanitaria lo permitió, se realizaron 5 visitas presenciales.


Los aspectos de mayor interés respecto de la privación de libertad en estas instalaciones versan sobre lo siguiente: la necesidad de disponer de un libro de quejas y de protocolo de tramitación específico ante denuncias de malos tratos y
vejaciones; la notificación de los vuelos de expulsión a los interesados en un plazo mínimo de 24 horas antes de su realización; la no remisión de los partes de lesiones a la autoridad judicial correspondiente; la necesidad de realización de los
reconocimientos médicos a los internos a su llegada a los centros y en los momentos inmediatamente anteriores a la salida; la mejora en el tratamiento de los datos personales por parte de los servicios médicos, que en algunos casos no disponen de
una cuenta de correo electrónico oficial; la asistencia jurídica de las personas privadas de libertad en los CIE, pues no todos los centros cuentan con servicio de orientación jurídica, a pesar de estar previsto en la norma reguladora de los CIE
-artículo 15 del reglamento de funcionamiento-; el uso de medidas coercitivas cuya regulación normativa, implementación práctica y registro deben ser mejorados; las deficiencias y discrepancias respecto a los horarios para el uso de los puntos de
recarga de teléfonos móviles de las personas internadas, que deben ser subsanadas; igualmente, debe garantizarse la instalación de cárteles indicativos de la presencia de cámaras de videovigilancia y grabación en el interior de los CIE; la
identificación de menores extranjeros no acompañados -44 en 2020-, que revela las carencias de los procedimientos de determinación de la edad en los puntos de acceso; las dificultades en el acceso al procedimiento de protección internacional, que
continúan poniéndose de manifiesto; la necesidad de mejorar la asistencia sanitaria, social y jurídica en el interior de estas instalaciones; la necesaria presencia de personal especializado que realice las tareas que se llevan a cabo en los CIE,
de manera que los funcionarios de policía se limiten a realizar labores de custodia. Recordemos que son centros de carácter no penitenciario, por eso la utilización de medios alternativos al internamiento, menos gravosos y más eficaces.


Con respecto a la supervisión de operativos de repatriación, en 2020 disminuyeron de forma significativa debido a la pandemia por la COVID-19. Mientras que en 2019 el MNP supervisó 14 operativos para repatriar a un total de 552 personas con
destino a Albania, Georgia, Colombia, República Dominicana, Ecuador y Mauritania, en 2020 se participó en la supervisión de 6 vuelos en los que se repatrió a 283 personas extranjeras con destino a Mauritania, Albania, Georgia, Colombia, República
Dominicana y un operativo a Melilla con destino Marruecos organizado por la UCER, la Unidad Central de Repatriaciones. Estas supervisiones se llevaron a cabo en el marco de operaciones por vía aérea de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras
y Costas, Frontex.

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Se han realizado 107 conclusiones, 17 resoluciones clasificadas en 12 sugerencias y 9 recomendaciones. Las supervisiones realizadas han permitido confirmar que persisten varias de las cuestiones: la falta de muchos casos de notificación de
la materialización de los vuelos con suficiente antelación; no se garantiza la presencia de al menos un escolta del mismo sexo para que acompañe a las mujeres que van a ser repatriadas; en algunos casos no todos los agentes que prestan servicio en
estos operativos cumplen con su obligación de portar su placa y número identificativo en lugar visible; el hecho de que no se aporta al equipo médico del operativo toda la documentación médica relacionada con las personas extranjeras, incluso la
historia clínica; la necesidad de modificar la redacción de los documentos fit for travel, es decir, listo para viajar, realizados por los médicos de los centros de internamiento de extranjeros, de forma que se asegure taxativamente que no existe
patología que impida a la persona volar; también la necesidad de proporcionar al equipo médico que asista a cada dispositivo un modelo de parte de lesiones que sirva para comunicar a la autoridad judicial una asistencia por lesiones; el hecho de
que no en todos los casos se realizan las pruebas de detección de la COVID-19 con anterioridad suficiente a todas las personas que van a ser repatriadas, porque no en todos los casos se realizan a todos los agentes que llevan a cabo los traslados de
las personas extranjeras hasta las dependencias de la UCER, así como a todos aquellos que formen parte de los dispositivos de repatriación; se reitera la falta de cumplimiento adecuada de las cadenas de custodia y que los traslados desde los
lugares de detención hasta el punto de salida del vuelo se siguen realizando con restricciones y limitaciones en cuestiones básicas, como realizar una parada para ir al baño, a comer o incluso que las personas que van a ser deportadas durante todo
el trayecto permanecen esposadas; continúa sin solventarse la permanencia de personas extranjeras en el interior de los vehículos durante un tiempo excesivamente prolongado en las inmediaciones de las instalaciones de la Unidad Central de
Repatriaciones; que no se permita a las personas procedentes de detención policial recoger sus pertenencias antes de partir o ponerse en contacto con alguna persona de su confianza; la falta, dentro de las instalaciones de la Unidad Central de
Repatriaciones, en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, en concreto en la sala 4, de carteles informativos sobre el sistema de videovigilancia. Como mejora, en los últimos vuelos se constató que ya se disponía del formulario de queja de
Frontex en los idiomas de la mayoría de las personas repatriadas y que se informaba de ello a estos ciudadanos. Como en años anteriores, el Defensor del Pueblo insiste en que, con carácter general, los vuelos se llevan a cabo sin incidentes dignos
de reseña y con una actuación profesional por parte de los agentes participantes.


En cuanto a la privación de larga duración en el ámbito penitenciario, también la emergencia ha condicionado la actuación de las administraciones. En la primera fase de la pandemia se abogó por la reducción de la población penitenciaria por
la vía del adelanto de la semilibertad en aquellos casos en los que fuera posible o por el recurso a las penas alternativas al ingreso en prisión en aquellos supuestos en los que pudieran contemplarse estas medidas. A finales de 2020, la población
penitenciaria española estaba conformada por 55 180 personas internas en los 121 centros e instalaciones penitenciarias existentes: 78 centros de régimen ordinario, 37 centros abiertos o de inserción social, 3 unidades de madres, 2 psiquiátricos
penitenciarios y el pabellón hospitalario penitenciario de Terrassa. Esto supone 3377 personas menos que el año anterior; esta reducción se opera en la parte inicial de la pandemia.


En este informe que hoy presentamos, el MNP visitó presencialmente 8 centros penitenciarios. Las inspecciones a dos de ellos -el centro penitenciario de Alcalá de Guadaira, en Sevilla, y el de Ceuta- se enmarcaron dentro del proyecto de
visitas con enfoque de género y orientación sexual, que se analizarán en un epígrafe propio. Los centros Madrid IV, Alicante II, Málaga II, Bonxe (Lugo) y Puig de les Basses se visitaron por primera vez. Además, se hizo una visita de seguimiento
al centro Murcia II. También se realizaron actuaciones no presenciales, en algunos casos por teléfono, en otros videollamada, con veinte centros con el objeto de tener información constante de su situación. Las visitas realizadas han dado lugar,
durante 2020, a la formalización de 298 conclusiones, 83 sugerencias, 38 recomendaciones y 8 recordatorios de deberes legales.


Son muchas las cuestiones que exige la atención del MNP en sus inspecciones a los centros penitenciarios, dado el innegable aflictivo que estos poseen en las personas sujetas al sistema penitenciario. La necesidad de mejorar la
videovigilancia con sistemas que capten y graben imágenes y sonidos en los centros es un tema recurrente. Por ello se han dirigido a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias varias resoluciones para que el sonido quede registrado, tal
y como ya ocurre en algunos centros dependientes de la Secretaría de Medidas Penales, Reinserción y Atención a la Víctima del Departamento de Justicia de la Generalitat de Catalunya. Lamentablemente, durante 2020, no

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se ha aportado una nueva instrucción para ajustarse a la legislación de protección de datos. Igualmente, en los centros visitados de la SGIP y, como he señalado, de las Secretaría de Medidas Penales de Justicia de la Generalitat de
Catalunya se sigue sin dar acceso a las personas privadas de libertad en aquellos casos en que proceda a las imágenes captadas por las cámaras de videovigilancia a pesar de los recordatorios de deberes legales que se hicieron a ambas
administraciones en 2019. Asimismo, se ha formulado recordatorio de deberes legales, debido a la falta de carteles indicativos acordes con el derecho de información. A pesar de la mejora que supuso la Orden de Servicio, de 1 de julio de 2019,
sobre el deber legal de partes de lesiones, se siguen observando en los centros penitenciarios deficiencias en su confección y tramitación, tanto en el ámbito de la SGIP como de la SMPRAV. Sería de gran utilidad incluir fotografías de estas
lesiones. Además, se han remitido recordatorios de deberes legales en diferentes ocasiones para que, sin perjuicio de que se notifiquen a la dirección los partes de lesiones, sean directamente remitidos por el facultativo al juzgado competente. Se
insiste también en que se entregue copia al interesado. Por otra parte, se sigue constatando que no todos los funcionarios de prisiones portan su debida identificación a pesar de insistir en esta cuestión tras cada visita.


Revisten también una relevancia fundamental los siguientes aspectos. El uso de los medios coercitivos es siempre objeto de atención por el MNP. A pesar de que la aprobación de la Instrucción 3/2018, por la que se establece un protocolo
para la aplicación de sujeción mecánica, ha supuesto una reducción significativa de la aplicación de esta medida, persiste en la necesidad de ciertas mejoras, como las referentes a la prohibición de llevar a cabo sujeciones en determinadas
circunstancias, la correcta anotación de la aplicación de medios coercitivos en los registros correspondientes, la grabación de audio, la relativa a que los centros penitenciarios cuenten con presencia de médicos las veinticuatro horas del día para
la supervisión de su aplicación y la necesidad de formar al personal penitenciario para la práctica de inmovilizaciones mecánicas.


El régimen cerrado conlleva un intenso control sobre los internos y una limitación de las actividades en común, así como la observancia particularmente rigurosa de las medidas de seguridad, algo acrecentado durante la COVID. Por parte del
Defensor del Pueblo se ha solicitado que se facilite a los internos en este régimen un correcto acceso a programas de tratamientos específicos, lo que exige dotación de personal especializado, formado y adecuadamente motivado. También se ha
insistido en la necesidad de que los reconocimientos médicos sean diarios y que su forma de realización esté protocolarizada. Finalmente, se ha solicitado que se suprima el nombre y apellidos de los internos en las puertas de las celdas, para
salvaguardar las normas de protección de datos.


La atención sanitaria en los centros penitenciarios adolece, como hemos manifestado muchas veces, de una severa insuficiencia de dotación de personal. A ello se une la falta de integración de los servicios sanitarios penitenciarios en los
servicios de salud pública, pendiente desde hace muchos años -recuerden la Ley de 2003-. Además, siguen sin ser aprobados protocolos comunes para el empleo de telemedicina, el registro de solicitudes de asistencia sanitaria urgente o para los
reconocimientos médicos conforme a estándares de buena práctica para casos como aplicación de sanciones, aislamientos, medios coercitivos, a excepción de las sujeciones mecánicas, y las modalidades regimentales que se amparan en la interpretación
que la Administración hace del artículo 75 del Reglamento penitenciario, así como su supervisión.


Asimismo se ha prestado atención a la administración de psicofármacos en los centros y se ha apreciado una alta incidencia de trastornos psiquiátricos en la población penitenciaria, así como diferentes protocolos en el suministro y toma de
medicación, lo que debe llevarnos a reflexionar para mejorar esa administración y evitar que pueda producirse un acopio de sustancias con consecuencias no deseadas: sobredosis, comercio ilegal de sustancias, etcétera. La Secretaría General de
Instituciones Penitenciarias ha de asumir la necesidad de poner en funcionamiento un sistema de traducción simultánea en los centros penitenciarios, tal y como se viene solicitando en años anteriores por el MNP.


Respecto al estado de las infraestructuras penitenciarias, se reiteran sus deficiencias, ya que siguen coexistiendo centros modernos con otros antiguos necesitados de muchas mejoras, a pesar de los esfuerzos que se han realizado. Se ha
evidenciado una necesaria y urgente mejora del sistema de gestión de instancias de las personas privadas de libertad en los respectivos módulos. Además, esta deficiencia ha conllevado a constatar otra necesidad, ya que algunos internos no saben
leer ni escribir: la necesidad de crear programas de alfabetización para los internos que lo precisen.


Resulta preocupante el alto número de fallecimientos que vienen produciéndose en prisión en los últimos años por diferentes causas, habiéndose aumentado esta cifra ligeramente en 2020 respecto al año

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anterior -194 en 2019 y 204 en 2020- en el ámbito de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Para el MNP, uno de los principales retos es evitar también cualquier posibilidad de represalias sobre los internos después de cada
visita, de modo que se realizan una serie de verificaciones en relación con las personas con las que se han entrevistado.


En cuanto a las denuncias de malos tratos de las personas privadas de libertad, se ha concluido, tras las visitas realizadas en 2020, que cabe mejorar su registro en los libros pertinentes. Por otro lado, de los 94 informes de inspección,
información reservada y expedientes disciplinarios iniciados en 2020 o iniciados en ejercicios anteriores y resueltos este año por malas prácticas o malos tratos infligidos por trabajadores o funcionarios en el ámbito de la Secretaría General de
Instituciones Penitenciarias, ninguno consta que haya finalizado con sanción. Tampoco se ha informado de ningún procedimiento judicial en el que se haya condenado a funcionarios de Instituciones Penitenciarias por este tipo de conductas de 2020.
No estamos prejuzgando que deba hacerse o dejarse de hacer, estamos constatando lo que ha ocurrido.


En cuanto a las medidas sanitarias empleadas para hacer frente a la COVID en los centros penitenciarios, se ha constatado carencias en el material de protección -mascarillas y gel hidroalcohólico- y una inadecuada asistencia
médico-sanitaria. Asimismo, todo ello ha puesto de relieve la necesaria materialización de la integración de la sanidad penitenciaria en el sistema autonómico de salud.


La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha puesto en funcionamiento un proyecto piloto en el entorno de los medios tecnológicos para el uso de cabinas para videollamadas en los centros penitenciarios. También se pretende que
el uso de los smartphone empleados durante la pandemia de COVID-19 se reserve exclusivamente a aquellos casos en los que las personas privadas de libertad no dispongan de medios económicos, en supuestos de tipo terapéutico de tratamiento o en
aquellas situaciones autorizadas a criterio de la dirección del centro.


A este respecto, el MNP ha recomendado que se garanticen los derechos digitales de los usuarios, en especial la seguridad digital y la protección de datos, para lo cual se propone modificar el Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, por el
que se aprueba el Reglamento penitenciario, incluyendo la seguridad digital y la formación en la misma, tanto del personal penitenciario como de las personas privadas de libertad.


En cuanto a las actividades de los internos, durante la situación de estado de alarma quedaron suspendidos los talleres, las actividades educativas, las lúdicas, las deportivas y en las que participaban organizaciones no gubernamentales
cuando suponían un contacto entre internos, así como las prácticas religiosas grupales. Sin embargo, se siguieron desarrollando las actividades remuneradas, pues constituyen actividades necesarias para el funcionamiento de los establecimientos. A
este respecto, quiero señalar que verse en un encierro tan fuerte ha exigido un esfuerzo enorme para todos los internos y para todos los que trabajan en los centros. Siempre es duro para ellos, pero en estas circunstancias, mucho más aislados,
tenemos que decirlo y así se nos ha dicho, el comportamiento de todos, tanto de los internos como de los funcionarios, cuerpos de policía, sanitarios, etcétera, ha sido ejemplar. Finalmente, cabe destacar la necesidad de refuerzo de las plantillas.


Programa para prevenir la discriminación por razón de género en los lugares de privación de libertad. Ya en la presentación del informe de 2017 se resaltó la importancia de estudiar la situación de las mujeres en la cárcel. En estos años
se ha proseguido con esta iniciativa, que tiene como finalidad analizar la situación de las mujeres y las personas LGTBI en las prisiones, fijando los estándares del MNP en la materia y cuyos resultados han sido la base para la iniciativa
parlamentaria de proposición no de ley que fue aprobada en el Congreso con fecha 16 de junio de 2020, por la que el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a elaborar en el plazo de seis meses un informe sobre la situación de la población
reclusa femenina en las cárceles del Estado en España que, junto a las medidas oportunas para introducir la perspectiva de género en la política penitenciaria, será presentada ante la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados.


Para obtener una visión global y precisa de la situación de las mujeres y de las personas LGTBI en distintos tipos de centros y en diversos momentos de la privación de libertad se han realizado hasta el momento seis visitas en los siguientes
centros penitenciarios: Antoni Asunción Hernández, visita de 2018; Madrid I, en 2019; Las Palmas I, en 2019; Las Palmas II, en 2019; Ceuta, en 2020, y Alcalá de Guadaira, en 2020.


Los hallazgos de estas visitas motivaron la formulación de varias recomendaciones a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, tales como fomentar el uso del lenguaje inclusivo en formularios

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y registros; incorporar la variable de sexo y de mujer gitana a la recogida de datos y en la elaboración de estadísticas en los centros penitenciarios; garantizar a las internas el uso de las videoconferencias como forma regulada y estable
de comunicación para el mantenimiento del vínculo familiar; garantizar la debida formación de personal funcionario, técnico y sanitario en identidad de género y orientación sexual, violencia de género y sus efectos sobre la salud física, psíquica y
emocional; incorporar la perspectiva de género en los protocolos de valoración psicológica y entrevistas semiestructuradas, así como en el protocolo de prevención de suicidio; garantizar la accesibilidad de las internas a la atención psiquiátrica
y psicológica que tenga en consideración las cuestiones de género; desarrollar el programa de tratamiento SerMujer en toda su dimensión, tal y como está oficialmente diseñado en su número de sesiones temáticas, así como su evaluación, contando con
un equipo multiprofesional sanitario, psicológico, social y jurídico y con recursos comunitarios especializados en mujer, recogiéndose su pertinencia en el programa individual de tratamiento de las internas; llevar a cabo programas con actividades
de promoción de la salud que actúen sobre dichos problemas detectados como prevalentes y fortalezcan los derechos, la participación y el empoderamiento de las mujeres presas de cara a la reinserción social; realizar un programa de tratamiento de
drogodependencia y deshabituación para mujeres con perspectiva específica. Además, se han formulado sugerencias sobre la aplicación desproporcionada de las medidas de contención o limitaciones regimentales a las mujeres con respecto a los hombres,
en contra de lo establecido en la regla 41 de las Reglas de Bangkok.


En relación con los centros para menores infractores, en estos centros se cumplen las medidas de internamiento impuestas por un juez a los jóvenes mayores de catorce y menores de dieciocho años por la comisión de hechos tipificados como
delitos o faltas en el Código Penal o las leyes penales específicas. La ejecución de las medidas impuestas por los jueces de menores compete a las comunidades y ciudades autónomas, que asumen esta competencia con distintos sistemas de gestión de
los centros. Es decir, la Administración autonómica puede crear un centro de internamiento de menores infractores, pero puede también llevar a cabo convenios con entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro para la gestión de este cometido,
manteniendo en todo caso la competencia y la facultad de supervisión. En 2020, el MNP ha visitado siete de estos centros y ha realizado nueve actuaciones no presenciales.


En cuanto a las cuestiones a las que se ha prestado mayor atención durante las visitas, se sigue observando una asistencia jurídica insuficiente a los menores una vez que ingresan en los centros, especialmente en el ámbito de los expedientes
disciplinarios. Sería conveniente que se fomentara que los colegios de abogados pudieran mantener la asistencia jurídica tras la imposición de las medidas por el juez. La asistencia sanitaria puede considerarse en general correcta, si bien sería
deseable una mayor coordinación entre los servicios sanitarios de estos centros y los sistemas de salud públicos. Además, en muchas visitas se ha observado que las consultas médicas se realizan en presencia de los educadores o del personal de
seguridad, lo que compromete la intimidad propia de la relación médico-paciente. Asimismo, las solicitudes de asistencia sanitaria no siempre se registran documentalmente. Igualmente, el hecho de que no se cuente con servicios profesionales de
interpretación en las consultas hace que en ocasiones deba recurrirse a otro menor internado para que realice las labores de intérprete.


Por lo que se refiere a la prevención de conductas suicidas, en el centro El Lavadero, en la Comunidad de Madrid, se constató que se aplica como medida la observación continua, con la puerta de la habitación abierta y la presencia permanente
de personal del centro en el pasillo. El MNP ha sugerido como excesiva esta medida, al carecer de cualquier fundamento clínico o terapéutico. En varios centros se detectaron deficiencias en relación con el sistema de presentación de quejas o
peticiones, en tanto no se entrega copia de ellas o no existe un buzón específico; en algunos casos se sigue observando que no se entrega copia de parte de lesiones a los menores.


Un tema importante que ha observado el MNP en sus visitas es que conviven en un mismo espacio las personas menores que ingresan por primera vez en el centro con los sancionados, cuando lo ideal es que el primer contacto sea lo más amable o
cordial posible. Debido a que en varios centros se recurre de forma habitual al registro con desnudo integral, el MNP ha recomendado evaluar caso a caso las circunstancias que lo aconsejan.


En cuanto a los procedimientos sancionadores, se constató que no se informa del derecho a las personas internas a interponer recurso en la resolución de procedimiento sancionador y que en el pliego de cargos no se informaba del derecho a
formular alegaciones o proponer pruebas, haciendo el MNP un recordatorio de deberes legales a este respecto. Se considera fundamental dotar de un sistema de videovigilancia con grabación y conservación de imágenes suficientes en caso de incidentes,
incorporando

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un sistema de grabación de audio en las habitaciones donde se practican sujeciones mecánicas, así como al resto de espacios comunes del centro.


Por lo que atañe a la atención educativa, en muchos centros existe una escasez de apoyos educativos, formativos o de talleres de formación profesional. Este año, los protocolos de prevención frente a la COVID han incidido negativamente en
su realización. En el Centro Punta Blanca, en Ceuta, algunos menores refirieron haber estado quince horas al día en las habitaciones. En este mismo centro se ha recomendado, debido al alto número de menores de origen marroquí en situación de no
acompañamiento familiar, el desarrollo de un proyecto educativo adaptado a dichas necesidades específicas.


En cuanto a la cualificación y características del personal, se ha visto que, a pesar de la sugerencia realizada por el MNP respecto a la necesidad de formación específica de los vigilantes de seguridad en el uso de la fuerza y contención a
menores, en el centro El Lavadero algunos menores relataron que les ponen los grilletes por detrás, les tienen una y dos horas en el suelo y les sujetan con excesiva fuerza, mostrando marcas en las muñecas.


Desde el enfoque de género, dos de los centros visitados en los que había mujeres internas -Punta Blanca y El Lavadero- carecían de actividades deportivas en horario del módulo femenino. No podían disfrutar de las instalaciones del centro,
como patios y gimnasios, ni tener acceso a los talleres que se imparten, ni consignaban tener una progresión de fases en igualdad con los hombres. En cuanto a las instalaciones, se observó que en general se encuentran en un estado aceptable de
conservación y mantenimiento, aunque en algunos centros, como Punta Blanca, carecen prácticamente de espacios para el esparcimiento y actividades.


En relación con la aplicación de medidas coercitivas, que merece una consideración especial por su capital importancia, sobre todo, en la aplicación a los jóvenes internos y en particular en la aplicación de estas sujeciones mecánicas, el 1
de julio de 2019, falleció en el Centro de Internamiento Tierras de Oria de Almería, Iliass Tahiri, en el transcurso de una contención mecánica. Sobre este fallecimiento, el Defensor del Pueblo inició una actuación de oficio ante la Fiscalía
General del Estado y la Junta de Andalucía. En 2020 esta institución formuló una recomendación para abolir las sujeciones mecánicas en todos los centros de internamiento de menores infractores de todo el territorio nacional. En este sentido, se
pidió al Ministerio de Justicia que derogase el apartado del Reglamento de la Ley Orgánica 5/2000, Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores, en el que se regulan las sujeciones mecánicas para acabar con estas prácticas como medio de
contención.


En 2020 se volvió a realizar una visita puntual al centro Tierras de Oria, que tuvo como objetivo principal el examen pormenorizado de las condiciones en las que se aplican las sujeciones mecánicas. Visualizando imágenes de varias
sujeciones y realizando varias entrevistas, que han dado lugar a varias sugerencias que han sido aceptadas en su totalidad por la Administración, se llegó a las siguientes conclusiones: los responsables del centro no visualizaban las grabaciones;
los menores no se encontraban alterados ni violentos en el momento previo a la aplicación de la sujeción mecánica; los vigilantes tapaban la cara y el cuello a un menor con aparente fuerza, parece que la sujeción mecánica se emplea como un castigo;
la intervención médica tarda más de veinte minutos en producirse cuando se aplica la sujeción; se aplican estas sujeciones a menores con trastorno mental grave; se viene realizando una práctica consistente en mantener sentado, al menos en una
silla con los brazos engrilletados por detrás, sin quedar registrado ningún documento, y por último, se ha instalado una cama en la zona de comunicaciones familiares para realizar las sujeciones mecánicas.


En las visitas giradas en 2020 a otros tres centros -El Lavadero, Punta Blanca y Es Pinaret-, se ha formulado la recomendación de suspender la práctica de sujeciones mecánicas a los menores infractores. Esta recomendación ha sido acogida de
forma favorable por la Administración, lo que a su vez ha motivado la tramitación de la correspondiente modificación legislativa.


A este respecto, además, durante las visitas se han detectado otras anomalías, como la falta del libro de registro de medios de contención, la no comunicación inmediata al Juzgado de Menores de la aplicación de medios de contención, un uso
desproporcionado de la fuerza física, el uso de habitaciones para el aislamiento sin los requisitos mínimos de adecuación y estancias demasiado prolongadas.


En un centro de internamiento para menores infractores ni siquiera debería ser posible la práctica de inmovilizaciones mecánicas, y así lo entienden también las organizaciones internacionales implicadas en la lucha contra la tortura y los
malos tratos, como el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura, que en su informe de 2017 sobre la visita girada a España el año anterior ya señalaba que inmovilizar a menores en una cama o esposarlos a objetos fijos en una celda de
aislamiento es un uso desproporcionado

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de la fuerza y una medida incompatible con la filosofía de un centro educativo que debe enfocarse en la educación y en la reintegración social de los menores.


El impacto de la pandemia de la COVID en la salud mental -hablamos de los centros de carácter sanitario, social o rehabilitador- todavía debe cuantificarse, pero su magnitud es innegable. Las personas internadas de forma no voluntaria en
centros de salud mental han aumentado su potencial vulnerabilidad con motivo de la pandemia, ya que vieron interrumpidas las visitas de sus familiares. Se han modificado sus rutinas y sus actividades, todo ello en un contexto de recursos y medios,
muchas veces insuficientes en centros en los que se sufre -entre otras necesidades- carencia de personal. Reiteramos: carencia de personal. Con ello no estamos justificando nada, pero sí estamos explicando algunas cosas. Por otro lado, disponer
de datos sobre la situación de la salud mental en España es una tarea ardua. No existen criterios homogéneos ni una metodología uniforme entre las distintas administraciones. La información de que dispone el MNP es, por tanto, orientativa.


Debido a la situación de la pandemia, durante el año 2020 se efectuaron seis actuaciones no presenciales que dieron lugar a 100 conclusiones y solo una visita al Hospital Fuente Bermeja de Burgos, que motivó la realización de 29
conclusiones, 14 sugerencias y 6 recomendaciones. En cuanto a las actuaciones no presenciales, cabe subrayar que todos los responsables con los que se mantuvo comunicación manifestaron que las personas internadas han entendido la situación de la
pandemia, sin haber episodios de agresividad fuera de lo normal, ni se ha registrado un aumento en el uso de medios de contención mecánica ni medicación.


Un gran número de centros de salud mental son de titularidad privada y la regulación y supervisión de los mismos corresponde a las comunidades autónomas. Por lo cual, las recomendaciones del MNP van dirigidas tanto a las comunidades como a
los centros. Al respecto, cabe señalar cuestiones que han de considerarse relevantes. Hay que destacar dos carencias fundamentales en materia de salud mental que venimos reiterando desde hace varios años. En primer lugar, debe haber una
regulación adecuada de ingresos involuntarios. El ordenamiento jurídico español no ha desarrollado todavía esta regulación, aplicándose la doctrina que emana de dos sentencias del Tribunal Constitucional sobre esta materia, la 13/2016 y la
132/2016.


Y en segundo lugar, tampoco existe una norma estatal que regule las contenciones mecánicas. Respecto al uso de contenciones mecánicas, esta institución insiste en la necesidad de establecer un marco regulatorio dotado de mecanismos de
supervisión, control y registro sobre esta práctica. El principio básico en materia de contenciones para todos los centros sanitarios y asistenciales consiste en avanzar hacia la progresiva eliminación de estas prácticas. En este sentido el
informe, de 15 de abril de 2020, del relator especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental ha destacado la importancia de analizar alternativas de minimización de los daños en las
contenciones que dieran prioridad a los derechos humanos como valores básicos en las intervenciones en materia de salud mental. La ausencia de un adecuado sistema de registro de medidas de contención en estos centros dificulta desde el principio
una aproximación cualitativa sobre ello.


En la visita al Hospital Fuente Bermeja de Burgos se observaron diversas circunstancias que deben eliminarse, como las contenciones decúbito prono -boca abajo- incluso a niños. Se debe insistir en la importancia de contar con toda la
documentación relevante, tanto de historia clínica como de aspectos jurídicos de las personas ingresadas en estos establecimientos. Los sistemas de quejas y sugerencias a disposición de los pacientes siguen siendo poco accesibles, así como la falta
de un modelo común de parte de lesiones, que no difiere de la de los años anteriores. No existe un modelo común.


Quisiera hacer una breve consideración final. Las situaciones aquí presentadas responden a una realidad poco conocida, opaca, un tanto invisible socialmente: la situación de las personas privadas de libertad. Como sociedad debemos buscar,
en primera instancia, que estas personas logren la reinserción y la reeducación, tal y como marca la propia Constitución española. Para ello es imprescindible velar por la dignidad y los derechos de estas personas -dignidad y derechos que tienen,
aunque estén privados de libertad- cuando se encuentren en situación de reclusión, ya que son más vulnerables y tienen un mayor riesgo de sufrir posibles violaciones de sus derechos. El objetivo del MNP, con su labor preventiva, es minimizar al
máximo el riesgo de que se produzcan torturas o malos tratos en los centros de privación de libertad. Por mucho que se haya avanzado en este ámbito -y se ha avanzado- el riesgo está presente. El riesgo implica medidas preventivas y no hemos de
cejar en la tarea al respecto con la debida responsabilidad. Con nuestro trabajo debemos también facilitar la interlocución con los lugares de privación de libertad, de modo que vean al Defensor del Pueblo como una fuente de referencia más que

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como un supervisor ocasional de sus instalaciones y procedimientos, logrando así instaurar una amplia cultura de transparencia en todos los poderes públicos que facilite la verificación de sus actividades en un campo tan delicado y exigente
como es este.


Concluyo, por tanto, subrayando que el foco fundamental de estos informes y del trabajo que realiza el Defensor del Pueblo como MNP son las personas privadas de libertad y sus derechos; es en ellas y en su situación donde debe quedar
verdaderamente reflejada la labor de esta institución al respecto. Precisamente por ello, este informe tiene también un destinatario fundamental que ha sido citado en la convocatoria, un destinatario fundamental a quien remitimos el informe: el
Subcomité para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes, SPT, que es un nuevo tipo de órgano de tratado en el sistema de derechos humanos de Naciones Unidas. Es nuestra obligación y es lo que hacemos.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Defensor del Pueblo, don Ángel Gabilondo.


Una vez concluida la exposición del informe del Defensor del Pueblo sobre el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, pasamos a darle la palabra a los grupos parlamentarios. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Vasco en el
Senado, la señora Garmendia.


La señora GARMENDIA BERECIARTU: Gracias, señor presidente.


Bienvenido, señor Gabilondo. Usted nos ha presentado hoy un informe exhaustivo como MNP sobre los datos referidos a 2020. He escuchado atentamente su presentación y he leído el informe, pero también he tenido ocasión de leer el informe que
realizó la delegación del Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa. Tengo que decirle que la foto de su informe no es la misma que la del comité europeo. En este informe, a lo largo de 138 páginas, se realizan recomendaciones
claras, acciones concretas y documentadas. En el informe que usted presenta, señor Gabilondo, una vez más, no se sabe muy bien en qué se ha avanzado. Usted ha hecho una exposición muy exhaustiva de todas las visitas y de todo el esfuerzo extra que
ustedes han tenido que realizar durante la pandemia -porque no se han podido visitar in situ todos los centros penitenciarios y, efectivamente, eso supone un esfuerzo extra-, pero, como ya le he comentado en otras ocasiones, vuelvo a reiterarle la
necesidad de que en sus informes se recoja exactamente en qué se ha avanzado, en qué se ha retrocedido o en qué se mantiene la misma situación, porque sigue habiendo un patrón de malos tratos físicos como reacción desproporcionada y punitiva.
También hemos tenido conocimiento de que el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo confirma que una persona arrestada en España no tuvo un proceso justo.


Es absolutamente necesario que el informe se reformule de otra manera para que sepamos cuáles son los avances realizados en las garantías contra los malos tratos y en aras de juicios justos; o, en su caso, los retrocesos. Señor Gabilondo,
¿puede usted decirnos qué diferencias hay entre el informe del comité europeo y el suyo y a qué se deben las mismas? Además, me gustaría hacerle otra pregunta. El informe del Consejo de Europa refiere que existen datos contradictorios. Usted
mismo ha dicho que cree que no se están basando en datos exactos, porque, realmente, en el sistema de salud penitenciario no existen datos exactos. Entonces, como digo, ustedes se basan en datos no exactos. Así, existen datos contradictorios que
evidencian un baile de cifras que hace imposible la comparación con el número de denuncias por torturas o malos tratos realizadas. ¿Podría usted decirnos, por favor, a qué se debe este baile de cifras?


Muchísimas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


A continuación, por el Grupo Parlamentario Democrático del Senado, tiene la palabra el senador de Ciudadanos, el señor Muñoz Lagares.


El señor MUÑOZ LAGARES: Gracias, presidente.


Quiero dar la bienvenida al señor Gabilondo y agradecer la labor del defensor y de todo su equipo en la elaboración del presente informe anual de 2020. El presente informe dispone de innumerables apartados y puntos de interés que por sí
mismos pudieran ser objeto de sesiones únicas para profundizar en esa temática, pero, analizando este informe anual de 2020, me he querido centrar especialmente en dos apartados concretos: uno sería la prevención de la discriminación por razón de
género y orientación sexual y otro la prevención de conductas autolíticas o suicidas.

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En Ciudadanos hemos apostado en innumerables ocasiones por la instauración de un plan nacional de prevención del suicidio y una estrategia de salud mental que aborden las dramáticas cifras que tiene nuestro país. No debemos olvidar que
ahora mismo es la primera causa de muerte no natural, por encima de los fallecidos por accidente de tráfico. Prevenir el suicidio es posible y no es una utopía. Pedimos un plan específico de suicidio, un número de atención específico -por cierto,
hoy mismo es noticia que ya es una realidad; fue una propuesta nuestra, del Grupo Ciudadanos, que hicimos en el Congreso de Diputados en septiembre y que, afortunadamente, el Gobierno ha acogido como suya y hoy es un hecho- y un psicólogo por cada
5000 habitantes en la sanidad pública. Todas estas son medidas de Ciudadanos para luchar contra esta lacra de país. De igual modo, pedimos que se forme a los profesionales que trabajan en los centros educativos, penitenciarios y de menores.
Señorías, en el transcurso de la sesión de esta Comisión una persona se suicidará. Así de duro es: se suicida una persona cada dos horas y media, once personas al día. Nuestras instituciones carcelarias deben poner el foco también en esta
problemática de Estado, no solo en los reclusos -que también-, sino que el Ministerio del Interior debe poner el foco en los cuerpos de seguridad, los funcionarios de prisiones, la Guardia Civil y la Policía Nacional, incrementando la asistencia
psicológica y asegurando la efectiva prevención de riesgos laborales en esta materia a través de un plan de prevención de conductas suicidas en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Los colectivos de funcionarios de prisiones deben
disponer de más cursos de formación y prácticas en esta materia. Usted mismo ha hecho referencia a la necesidad de más cursos de formación específicos y también se ha referido a la carencia de personal. Además de mejorar las dotaciones en número
de efectivos y equipamiento, se debe invertir en cursos de prevención y respuesta en situaciones conflictivas, habilidades sociales y pacificación de conflictos. Esto hará que exista una mejor convivencia entre las personas que están privadas de su
libertad, además de dar mayor seguridad a todos los colectivos de funcionarios. Su informe hace referencia a ello, pero parece ser que el Gobierno no forma ni equipa a estos colectivos de funcionarios como debería. Analizando sus datos y los
informes anteriores de 2018, 2019 y 2020, vemos que los intentos de suicidio de personas custodiadas se han incrementado, pasando de 181 casos en 2018 a 213 en 2020. Me gustaría conocer su impresión, pues algo debe estar fallando en el protocolo y
en las actuaciones contra los suicidios en nuestras cárceles cuando los datos se están incrementando en lugar de descender.


Otro tema que nos interesa también en Ciudadanos es el de los delitos de odio, especialmente por razón de género y orientación sexual, siendo los colectivos LGTBI los que sufren en mayor grado estos delitos de odio en nuestras cárceles y
centros penitenciarios. Vemos que por parte de su defensoría no se pone la suficiente atención que requiere esta materia, y lo digo porque de los 121 centros de privación de libertad que existen en este país solo se han visitado en el año 2020 dos
de ellos para analizar y estudiar esta cuestión, el de Ceuta y el de Sevilla; pero es que en 2019 solo fueron tres los visitados y en 2018 solo uno. Nos parece insuficiente, pues difícilmente se tendrá una visión global de esta problemática con la
visita solo de dos centros, el 1,6 % de los centros de nuestro país. Espero que se analice esta reflexión que hago. Entendemos que debemos modernizar la Administración penitenciaria española para adaptarla a los retos y necesidades que actualmente
afrontan nuestras prisiones, garantizando la convivencia y la seguridad de todos los reclusos, así como del personal funcionario que ejerce su labor.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


A continuación, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu, el senador Josep María Reniu.


El señor RENIU VILAMALA: Moltes gràcies, president.


Buenos días, defensor del pueblo, gracias por su comparecencia. Nos ha presentado usted un informe, el del año 2020, a pesar de que, aunque la institución permanece, obviamente no fue su equipo el que elaboró dicho informe. Nos vamos a
centrar únicamente en aquellas cuestiones vinculadas al informe del año 2020, aunque, obviamente, en algunas de las formulaciones que le haremos entendemos que no estaba usted. No obstante, sí es preciso tener en cuenta la línea temporal, como se
le ha señalado anteriormente y como también en alguna otra comparecencia le hemos recordado.


Tras leer el informe hace ya algún tiempo, tenemos algunos comentarios y algunas preguntas para formularle. En lo referente a la supervisión de lugares de privación de libertad en España, nos queremos centrar, por lo amplio del tema, en el
punto número 3, sobre la privación de libertad de media duración: los centros de internamiento de extranjeros, popularmente conocidos como CIE. Ha señalado que, como

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consecuencia de la pandemia, se preveía que las personas internadas en los CIE no podrían ser expulsadas y que su estancia en ellos en esos momentos no estaba justificada. El MNP inició un expediente de oficio en 2020 y se comprobaron
diferentes cuestiones. En primer lugar, en los CIE se continuaba identificando a menores; en total, a 44 personas menores de edad. En los CIE de Madrid y Las Palmas las cifras son las más elevadas. En ese sentido, ¿se continúa llevando menores a
los CIE? En segundo lugar, respecto a las solicitudes de protección internacional en los CIE, sigue llamando la atención la abultada diferencia existente entre el número de solicitudes -776- y las admitidas a trámite -163- en el año 2020. ¿Tiene
el Defensor del Pueblo alguna idea del motivo de esa enorme diferencia? En tercer lugar, los datos del número de visitas realizadas por cada fiscalía no se recaban a través de una herramienta informática homogénea, por lo que la fiabilidad
podríamos decir que es limitada. ¿Cree el Defensor del Pueblo que se han tomado medidas suficientes en cuanto a ese particular? Por último, el MNP visitó de forma presencial el CIE de Madrid, el CIE de Las Palmas y el CIE de Murcia. ¿Cree usted
que las medidas frente a la pandemia fueron suficientes?


En lo referente a las visitas del MNP a siete centros de menores infractores -que dieron lugar a 332 conclusiones, como se ha señalado, así como a la formulación de 36 recomendaciones-, sabemos que el objetivo principal de la visita al
Centro Tierras de Oria era comprobar las condiciones en las que se aplicaban las sujeciones mecánicas, como ha reseñado. Por cierto, queremos recordar una vez más la muerte de Ilias -lo ha hecho también el defensor del pueblo-, el joven marroquí de
dieciocho años residente en San Roque que falleció en julio de 2020 en dicho centro de menores cuando seis personas lo introdujeron en una habitación y uno de los agentes de seguridad del centro, una vez tumbado el chico boca abajo y maniatado en la
cama, colocó su rodilla y le oprimió con peso en la zona próxima a la cabeza, manteniéndolo así durante unos trece minutos aproximadamente, que es lo que dura la aplicación del -entre comillas- protocolo. Son imágenes que no queremos volver a ver y
que ni siquiera tendríamos que haber visto. El MNP visualizó imágenes, como ha señalado, de varias sujeciones mecánicas en el CMI Tierras de Oria, en Almería, y llegó a muchas y terribles conclusiones que, obviamente, queremos que consten no solo
en el informe, como se ha hecho, sino también en esta comparecencia. Aunque el defensor apunta a que se han aceptado todas las recomendaciones en ese sentido, es preciso reiterar que el MNP constató que en los centros de menores no se preserva el
derecho a la intimidad de los menores; no se respeta la confidencialidad entre médico y paciente durante la atención sanitaria; hay centros donde no se cuenta con intérprete; no hay supervisión con respecto a cuándo las personas internas
solicitan asistencia sanitaria; el dossier de ingreso en los centros no siempre está adaptado a la edad; se recurre de forma habitual al registro con desnudo integral, y un largo etcétera. ¿Cree el Defensor del Pueblo que se han tomado medidas
suficientes para que todo lo que se constató por parte del MNP en los centros de menores no vuelva a ocurrir?


En cuanto al proyecto de visitas para prevenir la discriminación por razón de género y de orientación sexual -a lo que también ha aludido en su exposición el defensor del pueblo-, obviamente es complejo que la identidad de la mujer y de la
persona LGTBI emerja en toda su complejidad -culturas, migraciones, edades, marginalidades, violencias, pobrezas, discapacidades, enfermedades mentales, drogadicción, maternidad y crianza- en un centro como la cárcel, un sistema androcéntrico en el
que por el hecho mismo de ser mujer o persona LGTBI -y, por lo tanto, también minoría- sus derechos muchas veces sencillamente ni están ni se les espera. Visibilizar esos derechos y colocarlos ante el espejo de la sociedad y de la Administración a
través de las recomendaciones es una finalidad del proyecto del MNP en su amplia labor de tutela preventiva de los derechos de las personas privadas de libertad.


Finalmente, permítame terminar con una referencia a las recomendaciones respecto a la discriminación por razón de género y de orientación sexual, dado el bajísimo grado de realización por parte de las administraciones del Estado en esta
materia. Son seis cuestiones. En cuanto a la formación específica y continuada del personal funcionario, técnico y sanitario en igualdad, violencia de género, identidad de género y orientación sexual, la recomendación solo fue aceptada
parcialmente por la Administración, puesto que no incluía al personal sanitario, pero no ha sido materializada. En cuanto a la incorporación de la perspectiva de género y el lenguaje inclusivo en la evaluación psicológica y las entrevistas
semiestructuradas, también se aceptó la recomendación pero no ha sido realizada. Respecto a la incorporación de perspectiva de género en el programa de prevención de suicidios y la atención psiquiátrica y psicológica, lo mismo: se aceptó la
recomendación pero no se ha realizado. En cuanto a la incorporación de la evaluación de la historia de violencia de género en los distintos protocolos y entrevistas semiestructuradas de recogida de información psicosocial y sanitaria, la
recomendación fue aceptada

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parcialmente por la Administración pero tampoco ha sido realizada hasta la fecha. En cuanto a la incorporación de la variable de mujer de minoría gitana en la recogida de datos y elaboración de estadísticas, se acepta la recomendación pero
no se realiza. Finalmente, en cuanto a la evaluación de las limitaciones funcionales derivadas de déficits sensoriales y la pérdida de capacidades asociadas a la edad, con la consiguiente adaptación de las actividades ocupacionales y destinos,
directamente fue rechazada la recomendación. ¿Cree el Defensor del Pueblo que se han tomado medidas suficientes para que todo lo reseñado no vuelva a ocurrir?


Por último, permítame terminar con una referencia, como lo hicimos también en su comparecencia en el Senado no hace demasiado tiempo, en la línea de mejorar de forma cualitativa los informes; más allá del ingente volumen de información, hay
que dar un paso más allá para profundizar de manera cualitativa. En este sentido, quisiéramos conocer la opinión del Defensor del Pueblo sobre si sería relevante establecer un convenio con el Síndic de Greuges para coordinarse en este ámbito
concreto con el Mecanisme Català de Prevenció de la Tortura. Se podrá decir que el MNP es a nivel estatal, pero cabe recordar en esta Cámara que, por ejemplo, en Reino Unido, existen diecisiete mecanismos si la memoria no me falla y creo que el
funcionamiento puede mejorar en términos cualitativos de una manera significativa.


Por todo lo expuesto y por su comparecencia, muchísimas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


Pregunto si por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común va a intervenir algún senador del Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal del Senado (Denegaciones). Tiene la palabra, a continuación, la
diputada Martina Velarde.


La señora VELARDE GÓMEZ: Gracias, presidente.


Muchas gracias por la comparecencia del defensor del pueblo hoy aquí, en el ejercicio de sus funciones como Mecanismo Nacional de la Prevención de la Tortura, y también quiero agradecer a su equipo de trabajo este informe. Del informe del
Defensor del Pueblo y también del último informe del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura deducimos que la población vulnerable -las mujeres, los menores y las personas migrantes, LGTBI o con problemas de salud mental- es la que más sufre
las deficiencias del sistema penitenciario del Estado español. Se ha avanzado en la protección de los menores con la reciente supresión del uso de contenciones mecánicas en niños y niñas, pero aún queda muchísimo por hacer. Se tienen que
transformar los centros de detención -que actualmente se asemejan a cárceles-, abolir el aislamiento como medida punitiva y controlar adecuadamente las actuaciones de contención, como inyecciones forzadas, entre otra serie de medidas. Por un lado,
existe una evidente necesidad de proteger a las mujeres detenidas, que sufren un trato discriminatorio en los centros de detención, así como una deficiente atención sanitaria. El hecho de que no se detecten situaciones de especial vulnerabilidad,
como la violencia sexual en la fase de admisión, o que ni siquiera existan datos reales sobre la violencia machista sufrida por esas mujeres es desde nuestro punto de vista absolutamente inadmisible. En cuanto a los hospitales psiquiátricos
penitenciarios, el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura ha llegado a afirmar que la fijación mecánica prolongada en el hospital de Sevilla contenía elementos punitivos que, cuando se combinan con la imposición de malos tratos físicos a
los pacientes, medicación forzada o incluso la negación al baño, puede equivaler a un trato inhumano y degradante. Esta grave consideración por parte del comité debería exigir medidas urgentes. Nos gustaría saber si comparte usted este
diagnóstico, señor Gabilondo.


Por otro lado, las garantías procesales para frenar los malos tratos de algunos funcionarios de prisiones nos parecen insuficientes. El comité también denuncia que el juez de vigilancia se limita a dar el visto bueno a las conclusiones
proporcionadas por la prisión, ya que el procedimiento es todo por escrito. Nos gustaría saber qué cree el Defensor del Pueblo que hay que hacer a este respecto y si comparte este diagnóstico. Nos parece que, tal y como piden el Defensor del
Pueblo y el comité europeo, es preciso cumplir con lo dispuesto en la Ley 16/2003 de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud y llevar a cabo el traspaso inmediato de la asistencia sanitaria de las prisiones al Sistema Nacional de Salud.


Con respecto a los establecimientos penitenciarios, durante las visitas que se han efectuado en el año 2020 y en la información remitida por las administraciones se ha seguido constatando que el empleo de los medios coercitivos es bastante
profuso y el aislamiento provisional, la fuerza física o las sujeciones mecánicas son muy frecuentes -demasiado frecuentes- en la mayoría de nuestros centros penitenciarios. Durante este año tampoco se ha producido la transferencia de la sanidad
penitenciaria a

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las comunidades autónomas y desde la aprobación de esa Ley 16/2003 está pendiente que se integren los servicios sanitarios penitenciarios en el Sistema Nacional de Salud, conforme al sistema de transferencias establecido por los estatutos de
autonomía. Las transferencias verificadas ahora mismo están en Cataluña y en el País Vasco, así que entendemos que eso hay que volver a valorarlo.


En 2020 la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias sigue sin asumir la necesidad de poner en funcionamiento un sistema de traducción simultánea en los centros penitenciarios, tal como se ha solicitado ya en años anteriores, siendo
de uso común en otras instalaciones públicas donde ese servicio se precisa. El número de personas extranjeras que están internas en centros penitenciarios es muy elevado y una parte de ellas no hablan ni comprenden el español adecuadamente. Esta
realidad tiene un impacto negativo en la persona que está privada de libertad. También se está demorando en exceso, desde nuestro punto de vista, la elaboración de una nueva instrucción sobre la captación, extracción, conservación y puesta a
disposición de los archivos audiovisuales de los sistemas de videovigilancia penitenciaria. Es necesario además que estos sistemas incluyan la captación y conservación de audios, por lo menos en determinadas dependencias. El Defensor del Pueblo
también está reclamando un programa de alfabetización de los internos, porque saber leer y escribir es un derecho primordial que debería estar cubierto de forma satisfactoria en todos los centros penitenciarios, pero eso todavía no sucede y la
verdad es que nos preocupa muchísimo.


Con respecto a los centros de internamiento para menores infractores, el Defensor del Pueblo ha efectuado una recomendación al Ministerio de Justicia instando a la derogación de la norma que habilita el uso de las sujeciones mecánicas en los
centros de internamiento. A este respecto, tenemos que decir que la ley de protección a la infancia que se ha aprobado en junio de 2021 modifica el artículo 59, prohibiendo de forma expresa esa contención mecánica consistente en la sujeción a una
persona a una cama articulada, a un objeto fijo o anclado en las instalaciones o a objetos muebles. Asimismo, me gustaría preguntarle qué evidencias tiene el Defensor del Pueblo sobre las inyecciones forzadas a menores que se han denunciado por el
comité europeo y los métodos de contención bruscos, tales como el uso de fuerza. Me gustaría que pudiera contestarme.


Asimismo, el MNP considera que los registros que implican un desnudo integral son una medida muy invasiva o intrusiva que afecta directamente al núcleo del derecho a la intimidad personal y es además potencialmente degradante, por lo que se
debería hacer todo lo posible para minimizar esta situación. Se han recibido testimonios desde diferentes centros -también desde Punta Blanca- sobre estas cuestiones, así como también de haber estado aislados durante varios días sin una silla ni
una cama donde poder descansar. Por tanto, el MNP considera que deben instalarse cámaras en todos los espacios comunes, en las habitaciones de aislamiento provisional y donde se practican las sujeciones mecánicas. Nos preocupan muchísimo también
las mujeres menores. Se constató que no se tiene en cuenta la diferencia de género ni en la revisión ni en el protocolo sanitario. En el centro de Punta Blanca las mujeres no gozan de los mismos derechos que los hombres: el tiempo de acceso al
patio es opcional e inferior al que tienen los hombres; a diferencia de los hombres, no se permite la separación según fases de progresión; las habitaciones no tienen baño en su interior, encontrándose el baño en una zona común, y algunos centros
tienen aspecto carcelario, cuando entendemos que tendrían que ser centros con un aspecto más educativo. Voy terminando porque ya me queda poco tiempo. Le voy a hacer una pregunta sobre esta cuestión, sobre el trato a las mujeres. La Comisión
Europea señala en su último informe la importancia de desarrollar una política penitenciaria con enfoque de género en el proceso de admisión. En cuanto al trato de las mujeres reclusas en establecimientos penitenciarios, el propio Defensor del
Pueblo señala que las mujeres son víctimas de discriminaciones flagrantes y que se las somete en más ocasiones que a los hombres a medidas que deberían ser muy excepcionales, como el uso de contenciones mecánicas o el aislamiento forzoso. ¿Qué
considera el Defensor del Pueblo que debemos hacer para proteger de manera integral y desde una perspectiva interseccional a las mujeres en los centros penitenciarios de España?


Respecto a los establecimientos policiales, el último informe de la Comisión Europea destaca que se producen malos tratos a los detenidos en los establecimientos policiales para obtener información o confesiones. ¿Está investigando en estos
momentos el Defensor del Pueblo esta cuestión? Lo digo porque no se menciona nada en el informe de 2020.


Muchísimas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señoría.


A continuación, por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra su diputado don Pablo Calvo.

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El señor CALVO LISTE: Gracias, señor presidente.


Buenos días, señor Gabilondo. Su antecesor en funciones, el señor Fernández Marugán, bajo cuyo mandato se redactó el informe del MNP que hoy nos ocupa, achacaba a parte de los grupos parlamentarios, especialmente al Grupo Parlamentario VOX,
buscar puntos concretos del informe para luego descontextualizarlos. A nuestro modo de ver, es justo lo contrario, era el Defensor quien trataba de localizar elementos que pudieran formar parte del informe para luego ofrecer evidencias bajo las que
sustentar la prevención. Nosotros partimos de la base, corroborada una vez más, del intachable trabajo y comportamiento del personal de los centros de privación de libertad, funcionarios penitenciarios y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado.


La presentación comienza mencionando a las personas que con carácter general se encuentran privadas de libertad a causa de la situación de pandemia, en consonancia con el concepto extenso del artículo 4.2 del OPCAT. Se olvidan del conjunto
de la sociedad española, que tuvo que sufrir el confinamiento y una suspensión de derechos y libertades sin precedentes, consecuencia de los dos estados de alarma, declarados inconstitucionales gracias a los recursos presentados por VOX, y
recordando que el Defensor rechazó su interposición pese a las numerosas peticiones de los ciudadanos.


También hubiera sido recomendable ampliar el ámbito de supervisión del MNP a otros colectivos y lugares bajo la custodia de las administraciones públicas, donde se han dado formas coercitivas de privación de libertad y en las que,
desgraciadamente, se han verificado conductas vulneradoras de la dignidad, como en las residencias de ancianos, donde estos se encontraron aislados de sus familias y hubo un número elevadísimo de fallecimientos en la más absoluta soledad.


En contraposición, fíjese en que hay un dato positivo en el informe respecto a los centros penitenciarios, en concreto en el párrafo 24, cuando dice textualmente que los índices de contagio y el número de fallecimientos en prisión durante la
primera oleada fueron significativamente más bajos que en el medio libre. A diferencia de otras cuestiones que se destacan por el MNP, estas conductas sí parecen por sí solas claramente constitutivas de un trato cruel, inhumano o degradante.


Y otro son los centros de acogida de menores tutelados, uno de los colectivos más vulnerables durante la pandemia, gravemente afectados por la escasez de medios humanos y sanitarios. Mucho más grave se ha demostrado a los efectos de la
prevención de la tortura o el maltrato o el trato cruel, inhumano o degradante el escándalo de la prostitución de menores tutelados en los centros de acogida de Mallorca, que, según los expertos, desgraciadamente, en realidad, afecta a casi toda
España.


Es curioso que se declare expresamente la inderogabilidad de la prohibición del maltrato o de la tortura en tiempos de pandemia y, por tanto, su necesaria supervisión, algo con lo que estamos conformes, y, sin embargo, no se aplique la misma
necesidad a la hora de mantener la actividad parlamentaria, pues no olvidemos que se interrumpieron durante casi un mes plenos, plazos de enmiendas y sesiones de control al Gobierno, una medida igualmente declarada inconstitucional gracias a un
nuevo recurso de VOX.


Muchas de las cuestiones resaltadas en el resumen del informe como áreas de mejora respecto a deficiencias detectadas en lugares de privación de libertad, ya sea a corto, medio o largo plazo, no parecen ser por sí solas constitutivas de
tortura y maltrato o trato inhumano o degradante, ya sean consideradas aisladamente o en su conjunto. Algunas resultan de poca entidad, como son el deficiente estado, mantenimiento y conservación de instalaciones, el deficiente estado de la ropa
que se facilita o la carencia de enchufes de recarga de teléfonos móviles. Otras son mejorables, como la necesidad de habilitar espacios para poder realizar actividades durante el día, la necesidad de refuerzo de atención psicológica o psiquiátrica
o de traductores e intérpretes y la ausencia de programas educativos de reinserción o reeducación adaptados al perfil de menores de origen marroquí en situación de no acompañamiento familiar o de las mujeres gitanas. Otras pueden deberse a la mera
imposibilidad; por ejemplo, se critica que en los CATE no se identifique a los inmigrantes ilegales por su nombre y apellido, pero podría deberse a que simplemente no sea posible esta identificación dado que han llegado por vía marítima. Otras se
deben al ámbito en el que se desarrollan y su finalidad, como pueden ser el empleo de medios coercitivos y la aplicación del régimen disciplinario. Y, por lo último, otras habrá que vigilarlas y tratar de corregirlas si son desproporcionadas.


Quiero detenerme en los CIE. Según refieren en su informe, entraron irregularmente en España casi 42 000 personas, un 29 % más que en 2019. Solo en Canarias entraron ilegalmente 23 000 personas, un 756 % más que en 2019, y todos recordamos
la avalancha sufrida en el muelle de Arguineguín. Todos los internos que se encontraban en los CIE durante el estado de alarma fueron puestos en libertad a primeros de abril. Se reabrieron en otoño, y el Defensor del Pueblo quiso que fuera incluso
un cierre

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permanente. Por definición un CIE, como sabe, retiene de manera cautelar y preventiva a extranjeros sometidos a expedientes de expulsión del territorio nacional. ¿Dónde pretende el defensor que estén ubicados si no? ¿Prefiere que
deambulen por las calles sin medios, a su suerte? Se constata que todos los centros dispusieron de material de protección suficientes: mascarillas, guantes, los EPI, gel hidroalcohólico. En el CIE de Valencia, por ejemplo, se determinó que el
servicio médico viese a las personas internas todos los días de consulta. En la visita presencial en el CIE de Murcia se les tomaba la temperatura tres veces al día. En todo caso, habría que vigilar que las medidas que se adopten por parte de la
Administración para cubrir las carencias detectadas por el MNP no impliquen la merma de los derechos de los españoles, su seguridad y su pacífica convivencia.


En cuanto al punto del proyecto relativo a visitas para prevenir la discriminación por razón de género y orientación sexual, manifiestan que la cárcel es un sistema androcéntrico, donde por ser personas LGTBI o mujeres, al estar en minoría,
no se atisban sus derechos. Quisiera que me aclarara esto puesto que el INE dice en su estadística que hay más mujeres que hombres en España e incluso que en los centros penitenciarios y respecto a los módulos de mujeres, ya que están segregados
por sexos, cada uno está en el cien por cien de su ocupación. ¿Sugieren que se producen malos tratos o torturas en los centros penitenciarios de mujeres? Si es así, acusan a las funcionarias, que precisamente son las que sufren agresiones y
violencia en el desempeño de su trabajo. Las feministas en este caso están calladas y no las defienden ni las dotan de protección alguna.


Destacan ustedes que se detectó la falta de formación del personal funcionario y sanitario en materia de género, algo que también parece tener poco que ver con la tortura.


Por último, en cuanto al apartado de investigación de alegaciones por tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes, por fin estamos en un apartado que parece tener alguna relación con el título del informe, puesto que hasta ahora no
hemos encontrado referencias a tratos inhumanos a los internos. El mecanismo nacional de prevención llama la atención sobre una condena a España por no haber investigado suficientemente las denuncias de tortura. Señor defensor, le falta decir no a
usted sino al anterior defensor, al señor Marugán, que los hechos denunciados se produjeron en 2011, durante detención incomunicada por una operación contra el aparato político de ETA dirigida por el hoy ministro Fernando Grande-Marlaska, por
entonces juez de instrucción de la Audiencia Nacional. Esta sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo por décima primera vez vuelve a condenar a España por hacer caso omiso de una denuncia de torturas. De las once condenas, es la
sexta cuyos torturados dependían del actual ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. De hecho, se recoge en el informe que, según la información suministrada por la Secretaría de Estado de Justicia en 2020, en España no se dictó ninguna
condena por delito de torturas del artículo 174. Por el contrario, fueron 8177 las ocasiones en las que se condenó a ciudadanos particulares por delito de atentado contra la autoridad, sus agentes y los funcionarios públicos, y por resistencia o
desobediencia, conforme a los artículos 550, 553 y 556 del Código Penal.


Por tanto, cabe concluir que en España, desde luego, no se tortura y que solo en la imaginación de los que quieren degradar la imagen de nuestra nación tienen cabida esta serie de manifestaciones.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


A continuación pasamos a la intervención del Grupo Parlamentario Popular, cuya representación en el Senado la lleva como portavoz don José Ignacio Landaluce. Suya es la palabra.


El señor LANDALUCE CALLEJA: Muchas gracias, presidente.


Defensor, adjuntas, bienvenidos de nuevo a la Comisión Mixta Congreso-Senado. Hoy debatimos el informe del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de 2020 y hace unos días debatíamos el informe del año 2021 en el Pleno del Senado.
Lógicamente, entendemos que también estamos en la obligación ética y moral de mirar a la cara a los ciudadanos, de que todos miremos, y usted también, defensor, y defienda las quejas recibidas por tantos y tantos problemas de actualidad que sufren a
diario nuestros vecinos. Y que trabaje y se hable de ellos en tiempo real es obligado; en presente, y no en pasado, es como lo debemos hacer.


Quiero que conste en el Diario de Sesiones -esto sí se puede saber, no lo que pasa en otros foros, sobre lo que debería guardarse secreto- que acabamos de debatir en Mesa y portavoces que queríamos que compareciese para hablar de temas muy
importantes, muy actuales, pero que la mayoría socialista en la Mesa ha impedido que usted comparezca para hablar del Mecanismo de Prevención de la Tortura

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del año 2021. Por lo que he oído, ya está listo, ya está terminado, estaba para presentarse, pero no nos permiten hablar de él hasta septiembre. Es decir, no nos permiten hablar de temas de actualidad ni nos permiten hablar del MNP de 2021
hasta mediados de septiembre. El Grupo Popular entiende que, una vez que están calificadas, las peticiones, se tienen que sustentar, y además en un tiempo adecuado, sin dilación, puesto que dichas tardanzas son anomalías. Distintos grupos
políticos llevamos intentando hablar con el defensor del pueblo sobre temas de actualidad, como el encarecimiento de los combustibles, la educación, etcétera, desde hace ya dos años. Sin embargo, no entendemos no poder hablar sobre lo que ayer ya
dictó el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que el 25 % de las clases en aquella comunidad tienen que ser en castellano. Y también queremos hablar de lo que está pasando en la zona valenciana. O, igualmente, mi compañero parlamentario se
ha referido al tema de los suicidios y nosotros queremos saber qué es lo que está pasando en la sociedad española y cómo puede actuar el defensor. Hay un error cuando mi compañero dice que cada dos horas y media se suicida alguien en España.
Desgraciadamente, es todavía más grave: cada dos horas y cuarto se suicida alguien en España. Es la primera causa de muerte no natural en España y la segunda causa de muerte entre los jóvenes. Son once suicidios al día: las mayores cifras de la
historia de España en suicidios, que, lógicamente, habrá que trabajar y estudiar entre todos.


Hace tres meses usted nos decía que estaba para tratar de acercarse a las Cámaras, para trabajar sin extremos ideológicos, para supervisar a la Administración, para trabajar en una Comisión que supusiera luchar por los derechos humanos y,
por supuesto, también para esto. Nos hablaba hace nada, tres meses, de que estaban valorando hablar de los temas de los menores tutelados y abusos sexuales. No sabemos qué está pasando en dos comunidades, en concreto, y hay temas muy delicados y
se deberían estar investigando, pero no sabemos qué está haciendo la defensoría.


También nos ha hablado de los conciertos con entidades privadas para prestaciones sanitarias de funcionarios. Nos dijo también que se estaba trabajando contra la brecha digital en los bancos, que se ha dirigido al Banco de España para saber
qué capacidad tienen en esta tarea. Y en el tema de medio ambiente, tras el volcán de La Palma, para saber si se está atendiendo a los ciudadanos. Otro tema también muy importante es el de las migraciones e igualdad de trato. Y un tema básico,
que está en la defensoría desde 2015, es el relativo a la encomienda que se la hizo para que se investigaran los daños producidos a las víctimas de ETA, y, sin embargo, no sabemos qué está haciendo. Entendemos que estos son temas muy urgentes.
Pueden ser incómodos para los grupos que sustentan al Gobierno, pero nos preocupa. Si se quieren instrumentalizar todas las administraciones, incluida la Fiscalía, si en secretos oficiales, hoy han destituido a Paz Esteban, que era la directora del
CNI, y se varían las mayorías para cambiar las normas, al final va a parecer que el defensor del pueblo estorba y por eso no le dejan a usted comparecer y venir a hablar de los temas urgentes que interesan a los españoles. Y si interesan a los
españoles, tienen que interesar a los grupos políticos; los diputados y los senadores están los primeros entre los primeros.


Voy a entrar en la cuestión que nos trae hoy aquí. Al Partido Popular no solo le preocupan los que están privados de libertad. A nuestro grupo claro que le importan todos los que están privados de libertad, pero también los que día a día
vigilan a estas personas y el Gobierno no está atendiendo. No solo hay que proteger a los MENA; hay que proteger a los MENA, a los presos y a todos a los que este informe hace referencia. También hay que proteger a las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado, a Vigilancia Aduanera, a Salvamento Marítimo, a jueces y fiscales, a funcionarios de prisiones y a todos los funcionarios que atienden a las personas a las que este informe hace referencia. Para todos ellos también sería
necesario un informe casi de cuatrocientas páginas como el que hoy estamos debatiendo.


Habla usted en el informe de que los funcionarios que reciben el MNP no conocen de forma suficientemente apropiada las funciones y atribuciones del Defensor, y podría ser muy interesante que se hiciese una labor de publicidad, aumentar la
labor de publicidad ante las instituciones penitenciarias, ante los centros de internamiento, y ante las residencias de mayores también -lo ha comentado algún otro compañero antes y nosotros lo hemos repetido cada vez que hemos tenido ocasión-. Hay
que agilizar la labor que realiza el equipo que usted dirige del MNP, este equipo del que su antecesor refería en el informe que lo integraban un técnico jefe, siete técnicos y tres administrativos; al final, el MNP acabó con cinco técnicos y dos
administrativos. Esperemos que el Gobierno atienda a las necesidades de ampliar las plazas que desde 2020 se vienen pidiendo, porque son un número insuficiente para toda la geografía española, para los 121 centros de retención y las 55 000 personas
retenidas; es imposible hacerlo con este número de funcionarios. Al cierre del informe se habían incoado 3112 actuaciones de oficio, incluidas

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las del Proyecto Ábaco, y se habían emitido 1997 conclusiones, 119 recomendaciones, 545 sugerencias y 22 recordatorios de deberes legales. Este número de personas, esas once personas -ahora siete-, resulta insuficiente. Se necesitará que
se dote de más personal, máxime cuando en 2020, cuando todos estuvimos marcados por esa privación de libertad obligada debido a la pandemia de la COVID-19, por primera vez en mucho tiempo los ciudadanos vieron coartados sus derechos.


Si entramos en lo mollar de la cuestión, comenzamos con la privación de libertad de corta duración. Durante 2020 se han realizado 47 actuaciones -lo ha dicho usted-: 39 visitas y 8 actuaciones no presenciales en dependencias de privación
de libertad de corta duración. Usted nos muestra un informe muy detallado sobre distintos aspectos a valorar de las visitas realizadas en comisarías de Policía, Guardia Civil, Policía autonómica y sedes judiciales. Yo le querría preguntar, señor
defensor: ¿Usted entiende que la Administración española, que al final es de la que depende el Gobierno de España, está escuchando sus recomendaciones y está atendiendo a sus sugerencias? Le voy a poner un ejemplo de lo que tengo cercano, que es
la comisaría de Policía de Algeciras -ya sabe que me gusta tirar al sur del sur-. Desde aquí quiero felicitar, primero, a todos los funcionarios de policía que trabajan en Algeciras o en el Campo de Gibraltar, casi mil policías nacionales, casi mil
guardias civiles, con muchos frentes a los que atender; son muchas personas las que trabajan, y trabajan bien. El día 27 de marzo de 2022 había un titular -lo puedo mostrar ahora- que decía que la comisaría de Algeciras sigue sin videovigilancia
total pese a los avisos del Defensor del Pueblo. Esta denuncia viene derivada de una visita del MNP en julio de 2020 y de otra posterior en junio del 2021, y la cobertura de videovigilancia no ha experimentado ningún tipo de variación. Es muy
preocupante, señorías, que no tengamos cámaras de vigilancia en las comisarías o que nuestros funcionarios reciban agresiones, y no solo para proteger a los retenidos, sino también para proteger a nuestros propios funcionarios, y la defensoría y el
MNP deben estar muy preocupados por ello. Por supuesto, también por si hay enchufes suficientes para cargar los móviles, pero las videocámaras son muy prioritarias.


En cuanto a la crisis migratoria que ocurrió en Canarias en 2020, tuvimos oportunidad de hablar con el señor Fernández Marugán durante la presentación en alguna comisión mixta del informe de gestión de la defensoría de 2020 al respecto. Nos
pareció y nos sigue pareciendo que el campamento del muelle de Arguineguín estuvo tremendamente mal organizado y tremendamente mal atendido. Con capacidad para cuatrocientas personas, más de dos mil dormían en el suelo, sin nada entre el cemento y
el cuerpo humano. Las condiciones lamentables las refleja el MNP, como usted ha venido a recoger, y resultan más agresivas todavía cuando se reflexiona sobre ello. También hay que criticar que al Partido Popular, a los diputados y senadores se nos
prohibió el acceso a las instalaciones.


En cuanto a la privación de libertad de larga duración, nos preocupa el estado de los centros penitenciarios no solo desde la parte de las personas privadas de libertad, sino también respecto a las condiciones de la mayor dignidad posible,
porque lo derivado de un acto ilícito tiene algo de privado pero la libertad no debe estar exenta de ser atendida, como usted ha comentado.


En la presentación de los informes de gestión de la defensoría de 2020 y 2021 ya comenté, y no me cansaré de reclamar, que los funcionarios de prisiones -y también se acaba de considerar hace un momento- deben tener espacios suficientes y
medios adecuados, tienen que estar declarados agentes de la autoridad, porque, si no, al final, no se va a conseguir arreglar tantos problemas como tienen y sufren.


Por supuesto, nos preocupa el estado de los centros de internamiento para menores infractores, los CIMI, y los centros de salud mental en los que se realizan internamientos no voluntarios por razones de trastorno psíquico. Sin duda, también
nos preocupan, como ya dije, las residencias de mayores. Se ha comentado en distintas intervenciones, y nosotros también lo hemos dicho, que es importante que todos nos preocupemos de atender y proteger a los más desfavorecidos y a los que no se
encuentran con capacidad suficiente para defenderse. Por eso debe haber un compromiso respecto a nuestras queridas residencias de mayores.


Por último, presidente, señorías, nos queremos referir a la actividad del MNP durante el estado de alarma. Aunque ha habido una explicación del defensor, pensamos que tendría que haber habido más visitas una vez que las condiciones de salud
nos lo permitían. Para saber lo que ocurre o ha ocurrido hay que investigar, hay que visitar, y es lo que recomendábamos a las distintas administraciones y al defensor en la parte que nos ocupa, aunque los grupos políticos que sustentan al Gobierno
no nos están permitiendo actuar y cumplir con todas nuestras obligaciones.

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Señor defensor del pueblo, me gustaría que usted compareciese, incluso motu proprio, que salvase el obstáculo que están siendo los diputados y senadores del Grupo Socialista y Podemos, que impidieron que el señor Fernández Marugán, dejando
constancia de su independencia y prestigio, compareciera para hablar de temas tan importantes, urgentes y de actualidad como los que he referido, y que todos -Soledad Becerril, Enrique Múgica, Fernando Álvarez de Miranda y usted mismo- cumplan con
su obligación, como siempre han querido, seguro, y no haya ningún tipo de impedimento ni les pongan a ustedes una venda en los ojos o una mordaza en la boca, políticamente hablando.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Por parte del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra su portavoz, don Mariano Sánchez Escobar.


El señor SÁNCHEZ ESCOBAR: Gracias, señor presidente.


Señor Gabilondo, bienvenido a su casa, la casa de todos los españoles y españolas.


Antes que nada, señor Landaluce, le ha faltado pedir el tren para Algeciras. También quiero decirle que, si tanto le importa trabajar con el Defensor del Pueblo, comisión tras comisión veo que la bancada del Partido Popular prácticamente
siempre está vacía. Eso es lo que les importa a ustedes esta Comisión, concretamente. (Aplausos).


Desde el Grupo Parlamentario Socialista quiero agradecer la presentación del informe que hoy nos trae aquí, y, sobre todo, poner en valor la dificultad de presentar un informe que no se ha realizado por usted ni su equipo, pues, como todos
saben, pertenece a la época del defensor del pueblo en funciones don Francisco Marugán. Digo esto más que nada porque cada equipo y las personas tienen su manera de llevar a cabo su trabajo, así como su comparecencia y exposición. Además, fue en
un periodo convulso para nuestra sociedad debido a la pandemia, un ejercicio difícil de llevar a cabo por la defensoría del pueblo.


En primer lugar, permítame referirme a los 24 000 profesionales de prisiones y demás centros, que en su inmensa mayoría desde el mes de marzo del 2020 acudieron a su puesto de trabajo cada día, ya que las funciones que desarrollan no
permiten el teletrabajo. A todos y cada uno de ellos quiero reconocer públicamente su entrega y profesionalidad, especialmente a los cuatro funcionarios que durante los últimos meses fallecieron en Alicante, Cuenca, Soria y Teruel. Gracias a su
trabajo se consiguió que la pandemia, que nos afectó y nos afecta, esté teniendo en el interior de la prisiones y demás centros un nivel de incidencia mucho menor que en el resto de la sociedad. Por cierto, señor Landaluce, con la reforma de la de
la ley penitenciaria, los funcionarios serán considerados agentes de autoridad.


El impacto de la epidemia por el COVID-19 en el conjunto de los centros penitenciarios en aquellos momentos era cuatro veces inferior al producido sobre la población general en número de casos confirmados por PCR y siete veces inferior en
ingresos hospitalarios, permaneciendo sin ningún caso diagnosticado el 85 % de los centros, consecuencia de las medidas de contención que se adoptaron, y todo esto debido a que el Gobierno tomó medidas inmediatamente tras la aparición de la pandemia
para todos los establecimientos penitenciarios del Estado, como, por ejemplo, suspensión de todas las comunicaciones y salidas de permiso, ampliación de llamadas de teléfono para los internos, prohibición de acceso de personal que no sea funcionario
o laboral, suspensión de la actividad docente, de los traslados y los talleres productivos, charlas informativas a los internos y utilización de teléfonos móviles por los internos para realizar videollamadas a sus familias, llegando a un total de
235 terminales.


Señorías, es en el Consejo de Ministros de 18 de enero de 2019 donde se aprueban tres planes para el periodo 2019-2025 a ejecutar por la SIEPSE. El Plan de Infraestructuras para la Seguridad del Estado 2019-2025, a propuesta del Ministerio
del Interior, supone acometer la modernización general de las infraestructuras mediante obras de construcción de nuevas instalaciones o grandes reformas de edificios preexistentes; y demás de mejorar estas instalaciones, también se pretende
dotarlas de una mayor eficiencia energética. En el Plan de Actuaciones en Infraestructuras de los Centros de Internamiento de Extranjeros, destaca la construcción de un nuevo CIE, con quinientas plazas, en Algeciras, disponiendo de varios edificios
de alojamientos residenciales y otros usos, que se construirán en una parcela de 20 000 metros cuadrados; eso sí, con un acuerdo con el Ayuntamiento de Algeciras, del que hoy tenemos aquí a su alcalde. Asimismo, se procederá a la ampliación y
rehabilitación de las infraestructuras de los actuales CIE, obras con las que se atiende a las observaciones formuladas por el defensor del pueblo, los jueces de control y organismos nacionales e internacionales, que señalaban que estos centros no
reunían las condiciones idóneas para albergar y custodiar a las personas objeto de un procedimiento de expulsión.

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El plan supondrá la mejora de los actuales CIE de Tenerife, Murcia, Las Palmas, Valencia, Barcelona y Madrid, así como la del centro ya existente en Algeciras y su anexo en Tarifa. La mayoría de estas infraestructuras no fueron diseñadas
para su actual finalidad, por lo que resulta necesario realizar actuaciones de reforma y dotarlas de capacidad para atender a los servicios y prestaciones que se contemplan en la actual legislación. La inversión prevista se ejecutará en tres años
por parte de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado.


En tercer lugar, el Plan de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios actualiza la relación de infraestructuras penitenciarias a construir y equipar, entre las que se incluye la construcción del nuevo Centro Penitenciario Norte III en
San Sebastián y un centro de inserción social en la provincia de Las Palmas. Implica la rehabilitación integral del centro penitenciario de El Dueso, en Cantabria, y la reforma parcial de otros cincuenta y tres centros al objeto de homogeneizar las
condiciones de habitabilidad, salubridad y seguridad que permitan alcanzar un estándar de calidad y prestación de servicio público en el desarrollo de la actividad penitenciaria. Se pretende renovar instalaciones obsoletas, adaptadas a los cambios
normativos, de manera que contribuyan a un ahorro y mayor eficiencia energética. Se crean tres nuevas unidades de custodia hospitalaria, en concreto en Orense, Sevilla y Toledo, aumentando hasta un total de catorce el número de estas unidades con
el objetivo de proporcionar a los hospitales públicos instalaciones de seguridad adecuadas para prestar asistencia sanitaria especializada a los internos de forma equivalente a la dispensada al conjunto de la población. Y además de la obra
referente a los centros penitenciarios, también se va a acometer la reforma parcial de diez centros de inserción social, así como la reforma integral del CIS Victoria Kent de Madrid. La ejecución de este plan en el periodo 2019-2025 supondrá una
inversión total de 339 millones de euros.


En cuanto a sanidad, permítanme destacar que, con carácter general, las comunidades autónomas ostentan competencias en materia de asistencia sanitaria, conforme a lo establecido en la Constitución y en sus respectivos estatutos de autonomía.
Desde febrero de 2005 hasta diciembre de 2006, la Administración General del Estado celebró sesiones informativas multilaterales con todas las comunidades autónomas para exponer los aspectos básicos a considerar para hacer efectivos los traspasos
correspondientes -una vez más un Gobierno socialista, presidido por José Luis Rodríguez Zapatero-, excluida únicamente la Comunidad Autónoma de Cataluña, al haber asumido las funciones relativas a la sanidad penitenciaria a través del Decreto
3482/83. Desde 2017 y especialmente en 2019, el Ministerio del Interior vuelve a contactar con las comunidades autónomas para exponerlas su disposición a que asuman el traspaso, celebrando con algunas de ellas reuniones preparatorias a fin de
abordar con carácter preliminar aspectos generales de la sanidad penitenciaria; siempre desde Gobiernos socialistas, mediante diálogo, diálogo y empatía. Hasta la fecha únicamente han sido aprobados dos traspasos en materia de sanidad
penitenciaria, referidos a la Comunidad Autónoma del País Vasco y a la Comunidad Foral de Navarra, así como la tramitación con las Islas Baleares y Castilla-La Mancha.


Señorías, el objetivo principal que tiene la Administración penitenciaria es contar con un número adecuado de trabajadores, destacando las tres últimas ofertas de empleo público que ha realizado este Gobierno, que han supuesto la posibilidad
de que 3058 personas accedan a la Administración penitenciaria. Esta cifra es sumamente significativa, teniendo en cuenta los 24 000 puestos de trabajo y por contribuir a minorar el déficit de personal, hecho que ha sido reiteradamente destacado, y
con razón, por los representantes de las organizaciones sindicales, legítimamente elegidos. Esta previsión presupuestaria permitirá la incorporación de los profesionales necesarios para desarrollar los cometidos que tiene asignados la
Administración penitenciaria y acometer un mayor número de reposiciones y otras actuaciones de rehabilitación en los centros penitenciarios, adaptando las instalaciones penitenciarias a los nuevos requerimientos normativos de eficiencia energética y
sostenibilidad ambiental.


En cuanto a la tortura, desde el Grupo Parlamentario Socialista denunciamos y estamos totalmente en contra de cualquier tipo de tortura, y es por eso que valoramos que los responsables de los centros de privación de libertad estén obligados
a remitir toda la información y que aquellos profesionales que cometan estos delitos sean expedientados y condenados penalmente por ello. Así, el pasado año fueron treinta y cinco autoridades o funcionarios públicos los que fueron objeto de
condena. Por tanto, se trata de observar, vigilar, denunciar y, simplemente, la aplicación de la ley, que para eso está.


En cuanto a salud mental, les diré que el 6 de julio de 2020 se publicó en el BOE la resolución que publica el convenio entre la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y la Confederación Salud Mental para la rehabilitación de
personas con enfermedad mental privadas de libertad. Para llevar a cabo todas estas mejoras, señorías, se presentaron unas cifras en los Presupuestos Generales del Estado que

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tenían como referencia cumplir los fines que la Constitución y el ordenamiento jurídico encomiendan a la Administración Penitenciaria, esto es, la reeducación y la reinserción social de los penados, su custodia y la gestión de las penas y
medidas alternativas a la prisión, pero para todo esto, señorías, era indispensable que la mayoría del Pleno votara afirmativamente esos Presupuestos Generales del Estado, con la fatalidad que siempre tenemos de que el Grupo Parlamentario Popular y
el Grupo Parlamentario Vox votaron en contra. Eso es lo que realmente les preocupa a estas señorías y a estos dos partidos políticos el problema de la tortura y del estado de todas las personas privadas de libertad en este país.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


A continuación daremos de nuevo la palabra al Defensor del Pueblo, don Ángel Gabilondo, para que pueda responder a todas y cada una de sus señorías.


El señor DEFENSOR DEL PUEBLO (Gabilondo Pujol): Muchísimas gracias, presidente.


Muchas gracias, señorías, por las sugerencias, indicaciones y, llamémosle, aspectos que hemos de mejorar o reorientar de otro modo o asuntos de los que ustedes consideran que merece que hablemos detenidamente. Les agradezco mucho que
planteen así las cosas y vamos a proceder a hacer eso.


Antes de nada, quiero decir que yo siempre he creído mucho en la actualidad, pero creo mucho más en el presente que en la actualidad. Permítanme que haga distinciones metafísicas para encontrarme a mí mismo antes de contestar. ¿Tenemos que
estar permanentemente entregados a la actualidad? Desde luego no hay que desconsiderarla, pero a mí me parece que no solo hay que pisar el terreno, sino que hay que ver el país con alguna grandeza y algún alcance para poder luego pisar el terreno.
Así pues, los del MNP y el Defensor del Pueblo pisamos el terreno, pero tratamos de ver el país. Por eso algunas consideraciones pueden resultarles extrañas, porque son demasiado singulares, pero están todas enmarcadas en una determinada concepción
que, si hace falta, se explicita durante el tiempo que ustedes precisen para que podamos entender mejor por qué se hacen ciertas cosas. Para empezar, lo que hacemos es hacerlas y luego, si ustedes necesitan que expliquemos -yo pensaba que les
aburriría, pero veo que les interesa mucho-, hacemos todas las grandes consideraciones al respecto.


Lo primero que hay que decir es que, en líneas generales, el nombre de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, que es más largo, distrae un poco con la palabra tortura. Digo distrae. No estoy en contra de que se suprima la palabra;
es más, creo que es imprescindible que esté y, además, las cosas cuyas palabras desaparecen tienen tendencia a emboscarse en otros ámbitos y es lo que no queremos, así que mantengamos la palabra. Si lo entendemos en un sentido estricto como tal, yo
suscribo las apreciaciones generales de que España es un país de torturas; yo las suscribo. Los datos indican que, en líneas generales, España no es un país donde se tortura, pero hay muchos tipos de tortura, de tratos, hay muchas consideraciones
y como nosotros no estamos simplemente señalando a brocha gorda qué percepción tenemos de las cosas, sino que queremos hilar un poco más fino -y somos más finos, porque por eso representamos a los ciudadanos-, lo primero que les quiero decir es que
yo no soy del Gobierno. No pasa nada porque algunos consideren que sí, pero yo no lo soy.


Lo segundo que les quiero decir es que yo soy del Parlamento, de las Cortes Generales, como ustedes, y que esta Comisión, por tanto, es de relaciones con las Cortes de un organismo que pertenece a las Cortes, que es Alto Comisionado de las
Cortes. Así que hablemos de Cortes a Cortes porque, si no, la conversación sería muy distinta y el sentido de esta Comisión también merecería otro debate, y bastantes debates tienen ustedes como para debatir el sentido de esta Comisión, si es una
comisión de control o de qué es esta Comisión. Lo que es evidente es que no es una comisión para controlar al Gobierno y menos aún para pensar que controlándome a mí están controlando al Gobierno, porque lo que yo puedo hacer es asistir con mucho
gusto a la ceremonia en la que se hace ese debate, pero yo no me he sentido involucrado. Nosotros somos Alto Comisionado de las Cortes Generales y, como tal y con ustedes, que son diputados y diputadas en las Cortes Generales, tenemos un espacio,
que es este, para relacionarnos y para impulsar las tareas que hacemos, para hacerlas mejor y para identificar dónde no las hacemos bien, para ser críticos cuando no las hacemos bien y para poder potenciarlas.


En ese sentido, les tengo que decir que les agradezco mucho lo que me dicen y lo tomo en ese contexto. No lo tomo como un contexto de debate partidista, sino en un contexto de propuestas institucionales para un asunto que es el que nos
tiene que importar, que son las personas que están en situación de privación de libertad. Son ellas las que nos importan. Estos informes que hacemos después son por eso. Hablemos de ellas. Ya hemos hablado, no les estoy riñendo, no soy tan
torpe, pero sí les

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estoy poniendo el foco donde tenemos que hablar. Si tenemos que hablar de eso, todo lo que se diga de la extraordinaria labor de los profesionales me parece perfecto. Creo haberlo dicho, pero si hay que decirlo más veces, lo hago, la
extraordinaria labor de los funcionarios, de los cuerpos y fuerzas de seguridad, los sanitarios, los trabajadores de las cárceles y lo tremendo y difícil que es eso. No hace falta haber ido a 840 cárceles, basta ir a una o basta tener un poco de
sensibilidad para ver lo tremendo que es y por eso mismo, si ahora resulta que el Congreso da el primer paso para reconocer por ley a los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad, yo no tengo nada que objetar, pero sí tengo cosas que
decir. Hay que hacer más cosas. También necesitan una adecuada remuneración, que haya un número suficiente de personas que puedan hacer ese trabajo, condiciones para hacer su trabajo con dignidad y por eso todo mi respeto a su trabajo, sobre todo
si la consecuencia es -está en el resumen ejecutivo, que también se puede tener, es el que está traducido al inglés y se ha enviado a los organismos europeos-, efectivamente, que son 8177 las ocasiones en que se condenó a ciudadanos y particulares
por delito de atentado contra la autoridad, sus agentes, los funcionarios públicos, por resistencia y desobediencia. Pero, según los datos de la aplicación informática del Plan Nacional de Derechos Humanos correspondiente a 2020, las quejas por
comportamientos policiales que pueden constituir supuestos malos tratos o denegación de garantías a los detenidos se debieron a los siguientes motivos. Uno por actuaciones contrarias a los derechos fundamentales y libertades públicas garantizadas
por la Constitución, quince por agresiones con lesiones, cuatro por amenazas, coacciones, injurias o vejaciones, uno por detención ilegal, dos por encubrimiento o actuaciones contra la Administración de Justicia, tres por grave desconsideración con
los ciudadanos, ninguno por homicidio o asesinato y uno por tortura, malos tratos u otros delitos contra la integridad moral. Alguno dirá: Bueno, son pocos. No, son estos; no son pocos, son estos y nosotros, como somos un mecanismo de
prevención, no venimos aquí simplemente a delatar lo que ocurre. Venimos a señalar que es necesario crear condiciones de posibilidad para que no ocurra. Eso es un mecanismo de prevención. ¿A qué hay que esperar, a que ocurra mucho para que así se
igualen todos los datos y por fin podamos entrar en la cuestión? No. Es un mecanismo de prevención. Este mecanismo es de prevención.


¿Que hay que hacer más visitas? Pues yo estoy de acuerdo. Si hablo con la unidad del MNP, de la que, por cierto, yo soy el responsable -en vez de hablar con el responsable de la unidad, tengo que hablar conmigo mismo-, y hablo con los
equipos que hay, comparto la opinión de que hay pocas personas, pero no hay pocas personas porque el Gobierno nos haya puesto pocas. Es que aquí sale mucho el Gobierno. El Gobierno no nos pone el número de personas que tenemos en el mecanismo.
Nosotros tenemos unos presupuestos y nos organizamos el personal, y si hay una aclamación de que hay que poner más personas... Lo que pasa es que siempre que voy a una cosa me dicen que pongamos más personas en la cosa de la que hablo, y ya empieza
la cosa a complicarse. Pero vayamos a entender que aquí sí puede hacer falta más personal; puede ser, no lo sé. Y de esto no vayan a deducir los que trabajan allí: ha dicho que hace falta más personal. He dicho que estoy de acuerdo en general
con que hace falta más personal en el mundo para ocuparse de las cosas de las que tenemos que ocuparnos, y, desde luego, ahí también. Y cuando vienen los organismos internacionales nos lo dicen. Nos dicen: son pocas personas, siete personas son
pocas personas. Necesitan ustedes más personas para poder hacer en serio su trabajo. Yo lo que les puedo decir es que se hace con toda seriedad.


La incorporación de facultativos. Ya se han dicho algunas cosas. La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, que, por cierto, recibe muchas cartas nuestras -muchas, muchas, muchas, muchas, muchas- se comporta con nuestra
institución del Defensor del Pueblo correcta y adecuadamente, consciente también de hasta dónde hay que mejorar. También la Administración penitenciaria tiene procesos selectivos de incorporación de nuevos facultativos, pero es que a veces, incluso
cuando se convocan plazas, no hay muchas personas que quieren trabajar en esto. Igual ustedes tienen conocidos a los que les entusiasma la idea; pues no dejen de decírselo. No hay muchas personas que por la remuneración, por las dificultades del
trabajo, quieran ir a trabajar a estos sitios. Por eso, alabanza a los que están allí y, segundo, constancia por lo difícil que es. Incluso, para ganar efectivos médicos, no digamos ya la Administración penitenciaria. Incluso se ha solicitado a
la Función pública que se autorice la convocatoria de 45 nuevas plazas de médicos internos sin que se les exija la especialidad mir. O sea, se están buscando mecanismos para que quieran ir a trabajar ahí. Queda pendiente que la Administración
penitenciaria adopte medidas efectivas para hacer que las plazas que convoca resulten atractivas. Y yo me dirijo y digo a la Administración que hace falta hacer las pruebas atractivas. Y también hay poco personal trabajando en las cárceles. Lo
hacen muy bien y no tengo nada que objetar, pero eso no significa que no podamos mirar cómo mejorar.

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Por otro lado, también he señalado al principio que el informe general que hicimos del Defensor del Pueblo tenía mucho que ver con este informe. Este informe se inscribe allí, como el MNP se inscribe en el Defensor del Pueblo. Lo que no
iba a hacer es contarles todo el informe para luego contarles este, sino que daba por supuesto que recordaban perfectamente el otro informe para poder comprender mejor este. Por ejemplo, de las residencias de mayores yo creo que dijimos unas
cuantas cosas, y además muy explícitas y con consideraciones claras. Yo les pido que incorporen esas consideraciones también. ¿Que debe ser el MNP? ¿No debe ser? Esta ya es la forma en la que estamos hablando de cómo organizamos. Yo también les
he nombrado aquí algunas áreas que trabajan con quejas que tienen relación directa con el MNP y les he dicho que vamos a trabajar más para mejorar la coordinación, la colaboración, no de uno con el otro, sino entre ellas, pero se ha hablado de
muchos aspectos, de lo que ocurre con la tutela de menores, de lo que ha ocurrido en no sé en qué comunidad, en una o en otra. Por cierto, empiezo por decirles que estamos mirando en todas las comunidades para no hacer de esto un uso partidista,
algo así como decir que en las comunidades en que gobernamos nosotros no pasa esto, que solo pasa en las comunidades en que gobiernan los otros. Esto no es así. Ya les puedo decir que esto no es así, para nadie, de tal manera que haremos un
estudio global de todas las comunidades, porque este asunto tiene un alcance un poco mayor que un alcance particular. Que luego se utilice para las cosas, cada uno sabrá para que las utiliza, pero me parece muy ilegítimo que se haga. Ahora, en el
MNP, cuando venimos a comparecer sobre esto, ¿tenemos que hablar de eso? Permítanme que yo crea que no.


Cuando se habla de las sujeciones mecánicas, ¿les hacen a ustedes caso? A nosotros nos hacen caso como a ustedes, muchísimo, creo yo, ¿no? Es decir, aquí nos hacemos caso todos; lo que pasa es que a veces llegamos hasta donde llegamos
todos. Las sujeciones mecánicas en España, desde luego, se han eliminado. Ahora, pasa una cosa que se decía con mucha razón -el señor Muñoz Lagares creo que lo decía o el señor Josep Maria Reniu-: Aquí enseguida le dan a usted la razón, pero
luego no lo hacen. Esto, si yo he entendido bien -si yo he entendido bien, ¿eh?-, en algunas cosas. Tendremos que ser exigentes en la ejecución. Entre la afirmación y la decisión siempre suele haber un tiempo y una mediación. Por eso yo quería
-era un sueño- haber presentado los dos informes juntos, porque, por ejemplo, el de 2021 es muy explícito en lo que tiene que ver con la Comisión Europea, entramos más en el debate. El de 2020 fue hace muy poco o hace mucho. Yo tengo que venir
aquí -lo hago con mucho gusto- a hablar de 2020, pero, según voy hablando, voy viendo que las cosas también tienen una evolución y, desde luego, la Comisión Europea es exigente, y hace bien en ser exigente. Es una ayuda que sea exigente, porque
nosotros compartimos sus principios y sus valores y estamos de acuerdo en los análisis que realiza, en los que señala que podemos trabajar de otra manera los comités europeos.


¿En qué se ha avanzado y en qué se ha retrocedido? Pues no hemos hecho ese ejercicio. Tendría que hacer un trabajo que se puede hacer. ¿En qué momento decimos que se ha resuelto? Cuando hablamos de las contenciones mecánicas, yo creo que
en eso se ha avanzado. Cuando hablamos del esfuerzo que hay que hacer en el reconocimiento de la fijación de la edad de los menores, creemos que se ha avanzado, pero todavía nos queda mucho por hacer. De hecho, ¿cómo puede haber menores en esos
centros? Ahora les diré algo sobre eso. Es que a veces no se sabe la edad que tienen, o al menos algunos no quieren saber la edad que tienen, porque tienen documentación sobre una edad y no se acepta esa documentación. Nosotros ya nos hemos
manifestado en contra de que no se acepte la documentación acreditada por un país sobre la edad de alguien. Eso explicaría por qué hay algunos que son mayores o menores y estarían en un centro en el que no les corresponde estar.


Por otra parte, quisiera decirles algo también muy concreto. Ya le digo, señora Garmendia, que los criterios son los mismos. Yo creo que no hay baile de cifras. No lo sé, pero, si lo hay, ayúdenos a detectarlo, por favor. Ya le digo que
en 2021 se trata del informe del comité europeo. Yo no descarto que haya baile cifras, pero creemos que no. No le digo algo así: Ah, yo no sé si hay. No, no le digo eso. Le digo que si detecta algo, por favor, díganoslo y nos ayuda, de verdad
que nos ayuda.


¿Las visitas son pocas? Respecto de los centros que hay, sí. Las visitas fueron las posibles dadas las circunstancias. Yo he estado en pocas. He estado en una -solo en una- en el tiempo que he estado, en un centro de mujeres, y quiero ir
a más. Les puedo decir que allí lo que señalaban los responsables era el comportamiento impecable de las personas que tenían que pasar muchas horas en las celdas, en sitios retirados y aislados. No tenían espacios para lo común; sin embargo,
supieron estar con mucha entereza. Solo faltaba que fuéramos de visita a hablar con ellos, es decir, es lo único que faltaba, que cuando todos estaban sometidos a unos regímenes de aislamiento tremendo -no tenían esparcimientos, no tenían ámbitos
donde poder compartir con otros-, fuésemos a decir que somos los del Defensor del Pueblo.

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Dirían: ustedes no tienen otra cosa que hacer. Y nosotros decimos: les vamos a ir viendo de dos en dos -es como se hacen las entrevistas, de dos en dos- y vamos a ir entrevistando. O sea, eso sí se puede, ¿no? No podemos tener
esparcimientos, no podemos tener espacios de relajación; eso sí, puede venir aquí uno para luego ir al Parlamento y decir que hemos hecho cincuenta visitas. Moraleja: ¿Hay que hacer más visitas? Sí. ¿Que hay alguna razón por la que se hayan
hecho pocas? Pues también creo que la hay. Le explico o trato de explicarle.


No se llevan a los menores a los CIE. A veces puede suceder que haya dudas sobre la edad -eso sí-, pero nosotros no tenemos información de visitas de la Fiscalía. No sé si las ha hecho o no, pero no la tenemos. Las medidas frente al COVID
en los CIE fueron, según nuestras experiencias, suficientes; que sean mejorables, seguro. Nosotros hacemos recomendaciones. Hay algunos a los que les defrauda que el Defensor del Pueblo sea solo el Defensor del Pueblo. (Risas). En España no hay
ninguna institución que tenga los tres poderes juntos, cosa que es maravillosa, aunque a algunos les desmoraliza, porque tenía que ser más eficiente que una institución, o a ser posible una persona, tuviera todos los poderes. Nosotros podemos
recomendar, podemos recordar las tareas que quedan por hacer o las disposiciones legales, podemos hacer sugerencias, podemos incluso señalar que la ley puede ser cambiada y podemos llevar una ley al Tribunal Constitucional, pero este mecanismo es de
carácter preventivo. MNP, pe, y nos hemos fijado en la te, te de tortura, que está muy bien, pero es preventivo. Lo que hay que hacer es tomar medidas preventivas. ¿Qué medidas preventivas? Pues, como muy bien decía el representante del Partido
Popular, el señor Landaluce, lo de las 'videocosas' es decisivo. Digo 'videocosas' porque a veces se han pedido imágenes cuando ha habido alguna situación de abuso y esas imágenes o no tienen sonido, o no están disponibles, o no las han grabado, y
eso no puede ser, no puede ser. Entonces, me parece bien y yo suscribo todo lo que sea reclamar que haya sistemas donde se filme con sonido lo que sucede, pero es preventivo. No estamos acusando a nadie, es preventivo. Y esto también se puede
hacer cuando en los CIE se hacen ciertos chequeos a mujeres, pues muchas veces lo que nos cuentan es que a veces no se hacen como las cosas deben hacerse. Por tanto, hay que prevenir todo esto.


Sobre los migrantes en los CIE, la normativa europea señala que hay que facilitar una estancia digna mientras no puedan ser expulsados. Les parecerá una tontería lo de los cargadores de los móviles, pero es que aquí siempre hay dos mundos,
el mundo nuestro, donde los cargadores de móviles son una cosa de la vida cotidiana y no sabemos ya ni cuántos móviles y cargadores tenemos, y el hecho de lo que significa para uno que está en prisión tener cargador. Los cargadores de los móviles
se instalaron en los CIE a propuesta del MNP. Alguno puede decir: podría hacer usted propuestas de más dignidad. Pues pregúnteles a los que están allí si esa propuesta les parece interesante o trivial. Pues no es trivial. El Tribunal
Constitucional dijo que la puesta en práctica que se hace, por ejemplo, en otras comunidades, como en el Síndic o demás, de otros elementos o mecanismos para supervisar la actividad de los presos -desde luego, lo sé yo y no tengo nada que objetar-
no es un MNP; es decir, que el MNP es este MNP. Ahora ya sí que hay un debate y es un debate interesante, que yo no eludo, que tiene que ver con las relaciones siempre del Defensor del Pueblo con los otros defensores autonómicos, con si la labor
de colaboración ha de hacerse o con si es interesante o no hacer convenios con los otros defensores. Hay debates sobre eso muy serios y muy duros, y yo conozco todo eso, lo conozco, pero sí les puedo decir que el MNP es este, y no digo que los
otros no hagan una gran labor, y lo reconozco, solo faltaba. También les puedo decir que el Defensor del Pueblo es esta institución que está hoy hablando aquí.


Por otro lado, sobre el informe del comité europeo, ya les digo que hablaremos sobre ello, pues está abordado en el informe de 2021 y esto va a ser pronto, espero. Es más, yo los quería hacer juntos -también lo digo hoy-, pero hay asuntos
que dependen un poco de la Mesa y yo no soy la Mesa. A mí no me hablen de este partido o del otro, yo que sé de los partidos. Yo les quiero a ustedes mucho, pero entiéndanme en mi posición institucional. Yo vendré cuando la Mesa me lo indique,
pero también les pido, por favor, que no me hagan venir a hacer control de Gobierno ni a tratar asuntos que son de gobierno de las Cortes y no de una comisión de relaciones con las Cortes. Eso les pido. O sea, que donde haya comisiones para hablar
de ciertas cosas, hablen allí de esas cosas, pues aquí sí que hay cosas de las que hablar. Y un momento, yo no digo que yo no vaya a traer cosas; es más, yo traeré cosas de las que hablaré. No se preocupen, que se van a aburrir de oírme, si no se
han aburrido ya hoy. (Risas). Es decir, van a tener ocasión de conocer informes que hagamos y de algunas encomiendas que tenemos. No se preocupen, ustedes van a tener conocimiento de estas cosas y aquí se podrá informar, pero yo prefiero hablar
de las cosas que hacemos, de las encomiendas que tenemos, de las actuaciones de oficio que abrimos o de los trabajos que editemos; yo es de lo que quiero que hablemos aquí. Y no se preocupen,

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que van a tener entretenimiento, o mejor dicho, trabajo. No se preocupen, pero, por favor, que sea trabajo sobre eso, sobre lo que es competencia del Defensor del Pueblo y el sentido de lo que tiene que hacer.


Yo comparto algunas de las sugerencias que ha hecho la representante de Podemos. Perdone que lo llame así, es una forma de hablar, pero es que no sé exactamente si el grupo se llama así, porque seguro que tiene otro nombre. Compartimos
algunas de sus sugerencias y así nosotros proponemos en el informe lo que dice sobre la educación, sobre la formación o sobre la videovigilancia, y nos preocupa el uso de esposas en los centros de menores. Por eso nosotros analizamos siempre toda
la documentación donde se produzca algo de esto y lo denunciamos expresamente.


En cuanto a la situación discriminatoria de las mujeres en los centros, es verdad que existe, o es la percepción que tenemos. Nosotros vamos a seguir sensibilizando a las administraciones para resolver esta situación. Tampoco hay tantas
cárceles expresas de mujeres. ¿Saben una cosa que yo comprobé en el lugar en el que estuve, que era una cárcel no solo de madres? Primero, el terror que les producía que al cumplir los tres años se iban a separar de sus hijas, y además para ser
llevadas a otro sitio, pero no entro en este debate ahora. Y, segundo, que tenían que volver a la cárcel común. Este segundo asunto también les preocupaba enormemente. No hace falta ser tampoco muy experto en muchas cosas, es difícil la situación
de una mujer en una cárcel de presos comunes. ¿O necesitan más explicaciones? Pues por eso, si estamos en prevención, toda prevención es poca.


¿Y por qué se dice mujeres de etnia gitana? Se podría hacer una lectura y decir que esto es discriminatorio y empezar a mirar ahora que si son de esta cosa o de la otra, pero es que necesitamos identificar a los colectivos más vulnerables y
necesitamos identificar, además, proporcionalmente el número de presos que hay de determinadas situaciones o poblaciones que nos dan información sobre asuntos que merecen reflexión también.


No se puede dudar del ejemplar trabajo de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. ¿Pero si no se dice, se duda? ¿O si se dice es porque se duda que otros piensen que dudan? Porque aquí estamos en un lugar donde nadie duda de eso.
Nadie ha puesto en cuestión eso. Ahora, que en los CIE no se puede retener por más de sesenta días a alguien, esto lo señala la ley, la ley. Pasado ese tiempo, hay que buscar soluciones. Alguien puede decir que ahí estarían mejor que por las
calles. Bueno, pues entonces ya no estamos hablando ni de los CIE ni de la ley.


Compartimos que las mujeres reclusas están incomprensiblemente en peor situación que los hombres. Nos congratulamos de que no haya condenas por torturas, lo que pasa es que hay organismos europeos que nos dicen: ¿están mirando ustedes
bien? ¿Están mirando bien? Entonces, reforzamos un poco la mirada, pero no se crean que nosotros estamos deseando que haya muchas condenas por tortura para poder decir que es eficiente nuestro trabajo. Nosotros nos congratulamos de que no haya
condenas por torturas, pero sí nos indica muchas cosas que tenemos que hacer mejor y que tienen que ver con tratos degradantes, que tienen que ver con -entre comillas- malos tratos, que tienen que ver con asuntos que no pueden producirse tampoco.
No cejaremos en seguir trabajando para que siga sin haber tortura.


Nos hablaba el señor Landaluce sobre ETA, pero, primero, yo creo que ya hablamos de eso cuando hicimos el informe general; ahora, ¿que todos los días tiene que salir? ¡Ningún problema! Pero hablamos de eso cuando hicimos el informe general
y hablamos claramente y, además, se hizo un informe específico sobre eso en 2016 por la institución, por el Defensor del Pueblo. Hemos señalado claramente los casos que no están resueltos y hemos dicho que se resuelvan. Hemos recibido instancias
europeas para que se hagan. Lo hemos dicho. Desde luego, la institución, el Defensor del Pueblo, está sensibilizada con las víctimas de terrorismo. No se olvide de lo que hemos dicho al respecto. Si ustedes quieren que lo diga todos los días,
pues no tengo ningún inconveniente, pero hoy al empezar he dicho: Esto se inscribe en un proyecto general que tiene que ver con el informe general y aquí hay varias áreas implicadas; tengamos en cuenta, por tanto, este informe.


¿Nos escuchan las administraciones? Pues seremos ingenuos, pero nosotros decimos que sí, que nos escuchan. ¿Que se producen avances? Se producen avances; ya he dicho, por ejemplo, las retenciones. ¿Se tienen que producir muchos más?
Sí. ¿Se tienen que ejecutar muchas más decisiones? Sí, no basta con que te den la razón, hace falta que ejecuten. No se pudieron hacer más visitas de las que se hicieron en 2020 para hacer valer la situación de las mujeres.


El suicidio. El suicidio en las cárceles es una llamada constante para quienes están allí. Algunos dicen que seis años de cárcel no es para tanto. Pruebe, pruebe, pruebe quince días. Se necesitan muchos programas de prevención de
suicidios, que los hay. Se ha ampliado el discurso del suicidio como un problema de la sociedad; claro que lo es. Ayer estuve en la presentación de 'Llama a la vida' -es una

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anécdota-, pero, claro, 11 personas al día, 3900... Lamento no saber la cifra exacta, lo lamento porque estas cosas hay que decirlas con cifra exacta. No es alrededor de... Aquí no es alrededor de, son más de 3900 los que se suicidan, más
muertes que por accidentes de tráfico. ¡Claro que es un problemón nacional! A mí me parece muy bien que se formen profesionales para abordar esto, que se adopten medidas, que se haga un plan nacional sobre eso. ¿Hay que formar a los internos, a
los funcionarios, a los cuerpos de seguridad? Pues sí, es imprescindible. ¿Que hay suicidios también entre las fuerzas y cuerpos de seguridad? Pues sí, también lo sabemos; hay cifras muy altas. Pues eso tomémoslo como verdaderamente un problema
de envergadura y trabajemos sobre esto. Sobre el problema de la salud mental se ha hecho ahora mismo una estrategia para una serie de años y espero que sirva para poder abordar este asunto, que a veces está un poco silenciado.


En las prisiones hay muchas personas que tienen enfermedad mental. No voy a decir el porcentaje, aunque algunos dicen porcentajes. Hay algunos que lo tienen y otros que lo adquieren, es decir, también hay advenido por la situación en la
que están. Por tanto, claro que es un tema decisivo y hacen muy bien ustedes en subrayarlo y señalarlo.


Aquí nos podríamos pasar días hablando, pero yo quería decirles, sobre todo, una cosa para la reflexión y como agradecimiento por lo que me dicen. Reformule sus informes. Estoy de acuerdo, los voy a reformular, los estamos reformulando.
Puede ocurrir que después de reformularlos lleguemos a la conclusión de que es mejor dejarlos así. (Risas). O puede ocurrir que después de reformularlos digamos que es así cómo hay que hacerlos, pero los vamos a mejorar. O puede ser que no, puede
ser que pensemos que, oído lo que se nos dice, hay que hacer informes de otro tipo y se pueden hacer de otro tipo. Les aseguro que estamos en ese debate y en la conveniencia también de mejorar los informes, de dar mejor cumplida respuesta a lo que
ustedes demandan y requieren, y vamos a hacerlo. El de 2021 ya lo tenemos hecho. Está muy bien, como este, pero no descartamos esa reformulación. Gracias por sugerirlo. Quizá los tiempos también cambian. No estoy con esto criticando lo que se
ha hecho hasta ahora ni valorando lo que se ha hecho hasta ahora; al contrario, hablo siempre con agradecimiento a lo que han hecho equipos anteriores y, desde luego, a lo hecho por el señor Francisco Fernández Marugán. Este es su trabajo.
Nosotros hacemos este informe según su trabajo. No nos vamos a inventar un trabajo que nos gustaría que se hiciera. Ese es el trabajo que se ha hecho y hay muchas cosas muy buenas y muchas que mejoraremos. Quedo en el compromiso de, por lo menos,
reformular nuestros informes hasta donde seamos capaces, hasta donde podamos llegar a hacerlo.


Creo que hay un debate aquí implícito, que es el debate sobre el sentido mismo de esta Comisión. Seguro que ustedes lo tienen clarísimo y el letrado también, y probablemente nos lo puede poner por escrito porque nos ayudaría muchísimo para
saber cuál es el sentido de la Comisión, porque esta Comisión es un poco singular, no es como las demás. Me parece diferente y que, además, tiene una ventaja y es que puede estar más alejada de lo que llamaríamos la confrontación política y el
mundo del conflicto político, y tener unas miras de país con otra superioridad, no moral, pero sí de mirada, para que podamos afrontar asuntos que nos competen a todos y nos importan a todos. ¿De qué partido son las cárceles? ¿Las cárceles son del
Gobierno? Por eso hago estas consideraciones de por qué venir o no venir, aunque ya he dicho que siempre que la Mesa considere que tengo que venir estoy dispuesto a venir, pero siempre que lo considere la Mesa, no un partido u otro, sino la mayoría
que tiene la Mesa. Es que yo he estado en muchos sitios donde hay mesas, este no es el único sitio donde hay Mesa, y las mesas adoptan decisiones. (El señor Landaluce Calleja pronuncia palabras que no se perciben). Sí, yo sé que no se puede
entablar diálogo, pero entiéndame un poco. Yo entiendo perfectamente lo que ha dicho. Yo soy defensor y daré cuenta, repito, hasta la saciedad de cuanto haga. También en los ratos libres voy a trabajar un poco en otras cosas que en dar cuenta de
lo que hago. (Risas). Es más, quiero hacer algo para poderles dar cuenta de ello. No vaya a ser que esté dando cuenta de lo que hago y no tenga nada de qué dar cuenta, dado que tenemos una cantidad ingente de asuntos que abordar, y si quieren les
hago un relato. Yo llevo unos meses aquí, no sé si ya me han visto alguna vez o esta es la primera, creo que no. (El señor Sancho Íñiguez: Llevas tres ya). Llevo tres. Bueno, de verdad que haremos comparecencias, pero déjenme también que puedan
ir vinculadas al trabajo que realizamos, no a la situación del debate político de la actualidad. La situación del debate político y la actualidad se lleva en otras comisiones y en el Pleno, donde se controla al Gobierno. Creía y creo que este no
es el lugar, pero el letrado me puede decir: está usted equivocado, y yo replantearía mi posición. Les agradezco de verdad que me lo digan.


Al Partido Socialista le agradezco su posición. Mariano -ahora sí digo querido Mariano y pensarán que a él le digo querido y a los demás no- (risas), estoy de acuerdo; me hablan del estado de alarma,

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pero ya hablamos del estado de alarma en el debate que se hizo, en el informe general comentamos por qué razones se consideró que era mejor eso, por qué este asunto era susceptible de un debate y por qué eso condujo a una votación. ¿O es
que son perversos todos lo que defendían otra cosa que está en el Tribunal Constitucional? No, si se dedujo otra cosa se acepta la decisión, pero yo ya hablé de eso en el informe general. Creía que hoy no tocaba y creo que no toca.


También quiero agradecer el listado de acciones que se han realizado positivamente y que yo considero que favorecen nuestra actividad, lo que tiene que ver con el sistema penitenciario, con la ley de la infancia y de la adolescencia y con
todos los desarrollos que nos permiten crear condiciones, pero es que eso es obligación del Ejecutivo. El Ejecutivo hace esas cosas y yo agradezco que las haga porque nos ayuda a trabajar.


Nada más, muchísimas gracias, de verdad. Me he extendido mucho, pero creo que sus intervenciones exigían algo de este alcance, al menos para que comprendan hasta qué punto me tomo muy en serio mis comparecencias ante ustedes.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Abrimos brevemente el turno de réplica de los grupos por un tiempo máximo de dos minutos y medio o tres. Tendrán sus señorías la oportunidad de poder decir lo que consideren. Empezamos por el Grupo Parlamentario Democrático, en concreto
por el senador de Ciudadanos, el senador Muñoz Lagares.


El señor MUÑOZ LAGARES: Gracias, presidente.


Ninguna pregunta, solamente quiero agradecer su presencia al señor defensor, así como a las adjuntas y a todo su equipo.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


Por parte del Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra Josep María Reniu.


El señor RENIU I VILAMALA: Gracias, presidente.


Solo quiero poner de relieve lo interesante de la comparecencia y esperamos que en las próximas podamos ver esa evolución de los informes, de los trabajos y, a fin de cuentas, de las cuestiones que nos preocupan a todos.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias.


Por parte del Grupo Parlamentario de Podemos, tiene la palabra la diputada Velarde.


La señora VELARDE GÓMEZ: Yo quiero dar las gracias al señor Gabilondo.


Señor Gabilondo, no le voy a pedir nada más porque ya se lo ha pedido todo el señor Landaluce y tendríamos que tener comparecencias todas las semanas hasta el final de la legislatura. Señor Landaluce, si tanto le interesa tener
comparecencias todas las semanas, no sé cómo utiliza siete minutos para hablar de quejas y no para hablar de los informes, creo que es perder un poco el tiempo. Hemos tenido una suerte de comparecencias -lo quiero decir, ya que el señor Landaluce
ha sacado el tema- pedidas por el Partido Popular que nos han hecho perder el tiempo, lo tengo que decir así. Me acuerdo cuando tuvimos una comparecencia con el señor Fernández Marugán en la que pidieron que se hiciese un informe sobre las quejas
acerca de la vacuna, después de haber hecho un montón de comparecencias. En esa precisamente se sentó el señor Marugán y dijo: No hay ninguna, así que voy a hablar de otra cosa. Quiero decir que tuvimos una comparecencia para no hablar de nada
porque hasta ese momento no existían. Esto es una Comisión, como estaba diciendo el señor Gabilondo, el alto comisionado -se lo agradezco-, para cuestiones que importan al pueblo, porque para eso está aquí el Defensor del Pueblo. Entiendo que no
es una Comisión para hacer política, para hacer politiqueo y para hacer un control al Gobierno. Por eso repito un día más que debiéramos ser más serios y serias en esta Comisión e intentar no llevarla a una confrontación con el Gobierno, sino que
es una cuestión de responsabilidad con el pueblo de todos los territorios del suelo español.


Ha hablado de las cárceles, las mujeres y los módulos de las madres y yo, como abogada, también he pasado por algunas cárceles y es verdad que es absolutamente desolador. Ves esos módulos que son más amables que los otros y ves también la
pequeña guardería que tienen los niños que van con tres

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años y es absolutamente desgarrador. Por eso es verdad que, aparte de lo que hemos hablado antes, en el tema de las mujeres hay muchas circunstancias que no se valoran como tendrían que valorarse.


Nos vemos en la siguiente comparecencia. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Por parte del Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el diputado don Pablo Calvo.


El señor CALVO LISTE: Gracias, presidente.


Gracias, señor Gabilondo. Nosotros creemos que se ha perdido una gran oportunidad para analizar en profundidad todo lo sucedido en pandemia con relación a las residencias de ancianos y a los centros de menores tutelados. Se lo digo
sinceramente, puesto que estamos hablando del año 2020, y en su presentación ha dicho que hay que tratar aquellos aspectos que excepcionalmente han sido disruptivos, con consecuencias perturbadoras para el normal funcionamiento de la privación de
libertad en España... (rumores).


El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio.


El señor CALVO LISTE: ...y del Mecanismo Nacional de Prevención en sus funciones supervisoras. En la propia presentación vuelve a decir que se relaciona a las personas que, con carácter general, han resultado privadas de libertad a causa
de la situación de la pandemia, y ello en consonancia con el concepto extensivo que ustedes adoptan con el artículo 4.2 del OPCAT. Se lo vuelvo repetir, se olvidan en el informe del conjunto de la sociedad española que tuvo que sufrir
confinamiento. Entiendo que se debería ofrecer una mejor contextualización o justificación acerca de los motivos por los que las deficiencias que se apuntan en el informe pueden ser constitutivas de tortura, de trato cruel, inhumano o degradante o
contribuir a incrementar su riesgo y a cuidar de la adecuada protección de los derechos de los españoles en su aplicación. Y, por último y en especial, incluir una valoración crítica de la salud de España en relación con la prevención de la
tortura, que no se hace. Como no se hace, creo de justicia concluir abiertamente que la buena salud de España en cuanto a la prevención de tortura y del trato cruel, inhumano y degradante es óptima. De haber víctimas en juego, estas pertenecerían
desde luego en la mayoría de los casos a nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, funcionarios de prisiones y demás agentes y funcionarios públicos implicados.


Nada más, muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


Por parte del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador José Ignacio Landaluce.


El señor LANDALUCE CALLEJA: Muchas gracias, presidente.


Con el permiso del defensor, querido Mariano, muchas gracias (el señor Sánchez Escobar: Gracias por lo de querido), portavoz del Partido Socialista, porque hemos hablado en privado el defensor y yo antes el tema del tren de
Algeciras-Madrid, Madrid-Algeciras, pero no quería ser egoísta. Me he aguantado las ganas, la necesidad, pero es que esta semana el tren ha llegado media hora tarde tres días seguidos. Como mi querido amigo y compañero Mariano consiguió que los
'trenes rana' -gracias a varias decisiones, pero entre otras a que los defensores del pueblo se preocuparon de los 'trenes rana' de Extremadura- nos los dieran, nosotros estamos padeciendo tener unos trenes que no son adecuados. Por eso yo sigo
insistiendo. Me ha puesto el palito mi compañero el diputado Mariano y yo lógicamente me he subido, porque estoy seguro de que él sabe que es mi obligación defenderlo. Porque todo lo que afecte a los españoles afecta e interesa a los
parlamentarios y todo lo que afecta y preocupa a los españoles y a sus intereses le afecta al Defensor del Pueblo.


Yo no voy a ser más pesado. Me agrada que haya reflexionado el defensor en el sentido de que es verdad que no está para controlar al Gobierno. No, está para controlar a la administración, pero si esa administración está controlada por el
Gobierno y después los miembros de la Mesa, el Partido Socialista, votan para que usted no comparezca, es porque al final indirectamente se controla al Gobierno, y eso les molesta. Pero es que en todo lo que nos afecta, sea del tema que sea,
tenemos que trabajar.


Por último, me encanta que un comisionado de las Cortes Generales esté cada día en las Cortes Generales, en este caso el defensor como alto comisionado que, además, nadie lo describiría mejor que lo que el otro día Naciones Unidas dijo que
es usted, su cargo y la defensoría. No lo describe nadie mejor que cuando usted lo recogía; no hace falta repetirlo. Yo quiero ese defensor y esa defensoría y lucho por

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ese defensor y por esa defensoría. Y si tiene usted que estar aquí permanentemente -por supuesto, compatibilizándolo con el trabajo-, bienvenido sea, porque lo necesitamos, necesitamos hablar de los problemas de los españoles, necesitamos
saber que hay una Administración que se preocupa y se ocupa de resolver bien las necesidades de los españoles.


Y termino, señorías, con algo que yo conozco. Los funcionarios de prisiones en época de pandemia han sufrido muchísimo, pero también los internos, era una olla a presión a punto de estallar por no poder dar permisos y restringir los vis a
vis durante la época de mayor contagio. Sabían que tenían que preservar la salud lo máximo posible dentro de los centros penitenciarios. Conozco el de Algeciras, conozco a los funcionarios, tengo allí muchos amigos, tenemos seguramente el mejor
director de los que hay en España, de los más reconocidos, y a todos ellos hay que aplaudirles porque se preocupaban de que aquello no se les escapase de las manos. Y un gran contagio, como podía ocurrir dentro de un centro penitenciario, es algo
que no se sabía cómo podía acabar, pero seguramente bien, no. Así que han trabajado mucho, han aguantado mucho, han soportado mucho, también los internos sin ver a sus familias, sin ver a sus hijos, sin hacer los vis a vis, sin ver a sus parejas ni
disfrutar de los permisos a los que tenían derecho. Ese tema, gracias a Dios, ya se ha terminado, pero sí quiero reconocerlo, romper una lanza por ellos y aplaudir a todos los que han sufrido y se han preocupado mucho.


Muchas gracias por su comparecencia, en nombre del Grupo Parlamentario Popular.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra su portavoz, el señor Sánchez Escobar.


El señor SÁNCHEZ ESCOBAR: Gracias, presidente.


En primer lugar, quiero expresar mi agradecimiento al señor Gabilondo así como a su equipo que hoy nos acompaña aquí.


Quería decir al Grupo Popular y a VOX que el Grupo Parlamentario Socialista se ajusta estrictamente al reglamento, y que la democracia da la representatividad que da, señor Landaluce. Así que, deberían ser ustedes un poquito más demócratas.


Señorías, es evidente que tanto este informe como los temas que puedan haber quedado atrás ya no se corresponden en muchos casos con la realidad actual del momento. Por ello, el Grupo Socialista ve a veces ya inoperante su debate, ya que
aún tenemos pendiente el informe del MNP de 2021 y que poco puede haber variado en relación con el presentado hoy. Por cierto, el Grupo Popular ha votado en contra de que en septiembre comparezca el defensor del pueblo, quería puntualizarlo.
Algunas de sus señorías -Grupo Popular y VOX- intentan una y otra vez traer estos temas a esta Comisión, pudiendo con ello llegar a la decepción e incluso al aburrimiento del defensor del pueblo, al asistir a confrontaciones políticas inadecuadas
que no deben caber en esta Comisión.


Señorías del Grupo Popular y VOX, ustedes se empeñan en debatir temas que ya se han tratado en otras comisiones, referentes a cultura, educación, sanidad, trabajo, migraciones y que, además, también se han tratado y se tratan en el Pleno del
Congreso, en la Cámara Alta, así como en las ponencias de las distintas secretarías de Estado. No sabemos muy bien con qué fin, igual es para intentar desgastar al Gobierno, no lo sé, con los debates agresivos y faltones que ustedes hacen en esta
Comisión, intentando generar el hastío y el rechazo de la ciudadanía hacia la política. Lo ideal y de sentido común es debatir en esta Comisión aquellos informes que el defensor estime oportuno que sean de real importancia para mejorar la vida de
la ciudadanía y no entrar en temas ya tratados. Por ello vemos innecesario repetir temas tratados y debatidos.


El Grupo Parlamentario Socialista siempre -y digo siempre- tratará aquellos temas que nos presente el Defensor del Pueblo y que sean de real importancia para mejorar la vida de la gente, que en definitiva es para lo que estamos aquí, y no
para los caprichos del Grupo Popular y de VOX.


Señor Gabilondo, siempre tendrá al Grupo Parlamentario Socialista para trabajar por y para el pueblo. Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Tiene la palabra el señor defensor del pueblo.


El señor DEFENSOR DEL PUEBLO (Gabilondo Pujol): La mejor manera de agradecerles lo que han dicho es ser breve, y lo voy a ser. Les agradezco lo que dicen, tomo nota de ello; agradezco su amabilidad. También me remito al informe que hemos
presentado en relación con las residencias de ancianos y los

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centros tutelados, y a los debates que hemos hecho, ya que hemos hablado de esto en este Parlamento, en el Congreso, y en el Senado, que son las Cortes Generales. Han hablado y han conocido la posición del Defensor del Pueblo sobre las
residencias, los centros tutelados y demás. También yo creo en la importancia de la salud de España, en la salud social, porque la salud no es solo la ausencia de enfermedades, es mucho más, abarca todas las dimensiones de la vida y abarca a todos
los ciudadanos y ciudadanas españoles. Así que, aquí me tiene totalmente vinculado a quienes luchamos por una mejor salud de toda la sociedad. Ahora, es muy malo decir: Tengo una salud impecable. A mí me preguntan que qué tal estoy y digo que
creo que bien. (Risas). Con esto quiero señalar que no hagamos ostentación de nuestra propia salud porque probablemente tenemos muchas cosas que mejorar y no sabemos en qué lugares nos pueden aparecer problemas graves. Por eso la prevención es
tan importante; no solo trabajamos para recibir quejas, sino que también somos preventivos y proactivos, salimos al encuentro de los problemas. Por eso las visitas para tener hallazgos -que es la palabra técnica que se emplea- exigen ir a los
lugares. Iremos más, procuraremos tener medios y tiempo para hacerlo porque es una petición de esta Comisión mixta y yo así la recibo y así lo haremos.


Necesitamos hablar de los problemas de los españoles, ha dicho el señor Landaluce, y yo estoy de acuerdo, pero espero que no solo en esta Comisión. Cuando hablamos de los problemas de los españoles supongo que debe hacerse en todas las
comisiones y en el Parlamento. ¿O es que en el Parlamento no se habla de eso y hay que venir aquí a esta Comisión a hablar de ello? Espero que sí, que hablemos todos de los problemas de los españoles.


Quiero agradecer al equipo de la unidad -aunque yo sea el responsable-, a Fernando Herrero y a las personas que han trabajado con él. Recibimos muchos mandatos hoy para mejorar. Nosotros sabemos escuchar. Impulsaremos y mejoraremos en las
direcciones que se nos ha dicho.


Para acabar, les quiero recordar el segundo párrafo que he leído aquí hoy: Empecemos por reconocer la labor en tiempos de pandemia en los centros de privación de libertad de los sanitarios, primera asistencia preventiva, de los cuerpos y
fuerzas de seguridad, de los funcionarios, de todos aquellos que han estado presentes en 2020 en lugares de especial dificultad y, muy singularmente, de los propios internos. Si algunos creen que es una cosa improvisada, lean el epígrafe 24 de la
página 29 del informe: Los índices de contagio y número de fallecimientos en prisión en la primera oleada fueron significativamente más bajos que en el medio libre y, aunque luego ha aumentado el número de contagios, la información disponible ha
puesto de relieve que durante este periodo no se han dado situaciones de descontrol epidemiológico en instalaciones de privación de libertad. Además, la práctica ausencia de incidentes, incluso en aquellos con mayor potencial de violencia, también
incidió -como se ha señalado- con la decisión de decantarse por la... Es decir, está reconocido, está valorado, ellos deben saberlo y así lo sentimos. Una vez que lo hemos reconocido, tomemos las medidas. ¿Que aquí el Congreso va a reconocer a
los funcionarios como agentes de la autoridad? Bueno, es su decisión, yo en esto no entro, me parece un camino posible. ¿Que resulta que hay que hablar de las retribuciones y del número de personas que hacen falta? Yo creo que sí, que hay que
hablar de esas cosas y de las condiciones de trabajo que tienen. Claro que hay que hablar de todo eso. Y de la formación que tienen, también hay que hablar de ello, porque se generan nuevas situaciones inesperadas y nuevas realidades.


Gracias, de verdad, a todos. Perdón que no hable del tren hoy, pero...(Risas). Cuando me dice que tengo que estar en las Cortes... Mire, se va a extrañar, pero yo estoy en las Cortes siempre, incluso cuando no estoy físicamente aquí,
porque no soy defensor del pueblo en los ratos libres ni soy defensor del pueblo solo cuando vengo aquí, soy defensor del pueblo, somos defensores del pueblo, todo el rato. Yo estoy en las Cortes y con las Cortes como alto comisionado en todo
momento, no solo en los momentos que vengo aquí; es decir que no soy alto comisionado hoy de once a dos y mañana ya se me ha pasado. No, no, es que me siento así en cada una de las labores que hago, y exíjanme que sea así. Todo lo que tiene de
exigencia una comparecencia lo recibo como un regalo.


Así que muchísimas gracias, presidente, muchísimas gracias a todos los portavoces de los grupos. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias al defensor y gracias a todos por su trabajo y por sus intervenciones.


No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión.


Era la una y media de la tarde.