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DS. Cortes Generales, Comisiones Mixtas, núm. 117, de 22/03/2022
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES GENERALES
COMISIONES MIXTAS
Año 2022 XIV LEGISLATURA Núm. 117
PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL DE CUENTAS
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. SANTOS CERDÁN LEÓN
Sesión núm. 13
celebrada el martes,
22 de marzo de 2022
ORDEN DEL DÍA:
Ratificación de la ponencia designada para informar sobre:
- Declaración sobre la Cuenta General del Estado del ejercicio 2019. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 250/000006 y número de expediente del Senado 770/000003) ... (Página3)
Emitir dictamen a la vista del informe elaborado por la ponencia sobre:
- Declaración sobre la Cuenta General del Estado del ejercicio 2019. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 250/000006 y número de expediente del Senado 770/000003) ... (Página3)
Debate y votación de las propuestas de resolución:
Bloque I: Declaración sobre la Cuenta General del Estado del ejercicio 2019. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 250/000006 y número de expediente del Senado 770/000003) ... (Página3)
Bloque II: Informe de fiscalización de la Universidad Politécnica de Cartagena, ejercicios 2016-2017. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000031 y número de expediente del Senado 771/000041) ...
- Informe de fiscalización de la Universidad de Murcia, ejercicios 2016-2017. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000041 y número de expediente del Senado 771/000040) ... (Página8)
- Informe de fiscalización de la Universidad de La Rioja, ejercicios 2016-2017. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000032 y número de expediente del Senado 771/000042) ... (Página8)
- Informe de fiscalización de la Universidad de Extremadura, ejercicios 2016-2017. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000045 y número de expediente del Senado 771/000039) ... (Página9)
- Informe de fiscalización de la Universidad de Castilla-La Mancha, ejercicios 2016-2017. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000040 y número de expediente del Senado 771/000038) ... (Página12)
- Informe de fiscalización de la Universidad de Cantabria, ejercicios 2016-2017. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000042 y número de expediente del Senado 771/000037) ... (Página10)
- Informe de fiscalización de los contratos tramitados de emergencia por los ayuntamientos de los municipios con población superior a 300 000 habitantes para atender las necesidades derivadas de las medidas adoptadas para hacer frente a la
crisis sanitaria causada por el COVID-19, ejercicio 2020. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000135 y número de expediente del Senado 771/000133) ... (Página11)
- Informe de fiscalización de los procedimientos de control en la gestión de ayudas concedidas por el Centro para el desarrollo Tecnológico Industrial, E.P.E., en el ejercicio 2019 y en el ejercicio 2020 en el contexto de las medidas
adoptadas como consecuencia del COVID-19. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000132 y número de expediente del Senado 771/000131) ... (Página12)
Bloque III: Informe de fiscalización de los estados contables de los partidos políticos y de las aportaciones percibidas por las fundaciones y demás entidades vinculadas o dependientes de ellos y de los gastos de programas y actividades de
estas financiados con cargo a subvenciones públicas, ejercicio 2016. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000063 y número de expediente del Senado 771/000064) ... (Página12)
Comparecencia de la señora presidenta del Tribunal de Cuentas (Chicano Jávega), para informar sobre:
Bloque-I: Informe de fiscalización sobre la evolución económico financiera, patrimonial y presupuestaria del sistema de la Seguridad Social y su situación a 31 de diciembre de 2018. (Número de expediente del Congreso de los Diputados
251/000064 y número de expediente del Senado 771/000063) ... (Página14)
- Informe de fiscalización de la contratación celebrada por las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, adscritos a la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, ejercicio 2018. (Número de expediente del Congreso de
los Diputados 251/000082 y número de expediente del Senado 771/000081) ... (Página14)
- Informe de fiscalización de la contratación celebrada por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales, ejercicio 2019. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000131 y número de expediente del Senado 771/000130) ...
Bloque-II: Informe de fiscalización sobre la gestión y control de los pagos efectuados al personal de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, ejercicio 2017. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/00005 y número
de expediente del Senado 771/000053) ... (Página25)
- Informe de fiscalización relativa al seguimiento de las actividades realizadas por la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social en relación con las actuaciones y cumplimiento de la normativa en vigor por las mutuas
colaboradoras con la Seguridad Social en el proceso de segregación de los servicios de prevención ajenos. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000077 y número de expediente del Senado 771/000077) ...
Bloque-III: Informe de fiscalización de los procedimientos de gestión y control de los deudores por prestaciones del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, ejercicio 2016. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000012
y número de expediente del Senado 771/000012) ... (Página34)
- Informe de fiscalización sobre los procedimientos de gestión y control relativos a los recargos aplicados por la falta de adopción de medidas de seguridad e higiene en el trabajo, ejercicio 2016. (Número de expediente del Congreso de los
Diputados 251/000019 y número de expediente del Senado 771/000019) ... (Página34)
- Informe de fiscalización operativa sobre la Formación Profesional del Instituto Social de la Marina, ejercicio 2018. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000111 y número de expediente del Senado 771/000111) ...
Se abre la sesión a las diez de la mañana.
RATIFICACIÓN DE LA PONENCIA DESIGNADA PARA INFORMAR SOBRE:
- DECLARACIÓN SOBRE LA CUENTA GENERAL DEL ESTADO DEL EJERCICIO 2019. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 250/000006 y número de expediente del Senado 770/000003).
El señor PRESIDENTE: Buenos días. Vamos a dar comienzo a la sesión.
El primer punto del orden del día corresponde a la ratificación de la Ponencia designada para informar la cuenta general del Estado de 2019. La Ponencia ha estado integrada por los diputados y senadores don Xoaquín María Férnandez Leiceaga,
del Partido Socialista; doña Elena Muñoz Fonteriz, del Grupo Parlamentario Popular; don Pablo Sáez Alonso-Muñumer, del Grupo Parlamentario VOX; doña Roser Maestro Moliner, del Grupo Confederal Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en
Común-Izquierda Confederal; don Pau Furriol i Fornells, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu; don Ferran Bel Accensi, del Grupo Parlamentario Plural; doña María Dolores Etxano Varela, del Grupo Parlamentario Vasco;
don Juan Ignacio López-Bas Valero, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, y don José María Mazón Ramos, del Grupo Mixto. ¿Se ratifica por asentimiento? (Asentimiento).
El señor PRESIDENTE: La Ponencia queda ratificada.
EMITIR DICTAMEN A LA VISTA DEL INFORME ELABORADO POR LA PONENCIA SOBRE:
- DECLARACIÓN SOBRE LA CUENTA GENERAL DEL ESTADO DEL EJERCICIO 2019. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 250/000006 y número de expediente del Senado 770/000003).
El señor PRESIDENTE: Seguidamente, se procede a emitir el dictamen, a la vista del informe elaborado por la Ponencia, sobre la declaración de la cuenta general del Estado de 2019. La Ponencia ha estudiado la declaración sobre la cuenta
general del Estado correspondiente al ejercicio 2019 y propone a la Comisión, por unanimidad, su aprobación.
¿Se aprueba por la Comisión? (Asentimiento).
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
DEBATE Y VOTACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN:
BLOQUE I: DECLARACIÓN SOBRE LA CUENTA GENERAL DEL ESTADO DEL EJERCICIO 2019. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 250/000006 y número de expediente del Senado 770/000003).
El señor PRESIDENTE: Nos toca pasar a las votaciones, pero hay un error en las fotocopias y es mejor esperar a que nos den las fotocopias correctas. (Pausa).
Vamos a votar el bloque I. Votación correspondiente a la declaración sobre la cuenta general del Estado del ejercicio 2019. Propuesta de resolución presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, número 1.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos: 32; a favor: 32.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Pasamos a votar la resolución número 2.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos: 33; a favor: 17; en contra, 16.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la número 3.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 33.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos la número 4.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 21; en contra, 12.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos la número 5.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 17; en contra, 16.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos la número 6.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 33.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos la número 7.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 16; en contra, 17.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la número 8.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 17; en contra, 16.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos la número 9.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 5; en contra, 28.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
A continuación, votamos las resoluciones del Grupo Parlamentario Popular. Votamos de la número 10 a la 12.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 33.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Votamos la número 13.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 17; en contra, 16.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos la número 14.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 33.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos las números 15 y 16.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 17; en contra, 16.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Votamos la número 17.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 33.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos las números 18, 20 y 21.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 17; en contra, 16.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Votamos la número 19.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 15; en contra, 15; abstenciones, 3.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la número 22.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 33.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos las números 23 y 24.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 17; en contra, 16.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Votamos las números 25 y 26.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 33.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Votamos la número 27.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 17; en contra, 15.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos las números 28 y 29.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 33.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Votamos las números 30 y 32.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 17; en contra, 16.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Votamos la número 31.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 16; en contra, 17.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Pasamos a votar las resoluciones del Grupo Parlamentario Socialista, de la número 33 a la 42.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 33.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Pasamos a las resoluciones del Grupo Parlamentario VOX. Votamos las números 45, 53 y 57.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 4; en contra, 29.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Pasamos a votar las números 58 y 59.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 3; en contra, 18; abstenciones, 12.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Pasamos a votar el resto de resoluciones.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 17; en contra, 16.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Pasamos a votar las del Grupo Parlamentario Plural, de la número 61 a la 70. Votamos, en primer lugar, la número 61.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 33.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos la número 62.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 4; en contra, 16; abstenciones, 13.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
A continuación, votamos de la número 63 a la 65.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 32.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Votamos la número 66.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 15; en contra, 18.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la número 67.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 14; en contra, 19.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
A continuación, votamos la número 68.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 1; en contra, 16; abstenciones, 16.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la número 69.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 1; en contra, 16; abstenciones, 16.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la número 70.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 4; en contra, 16; abstenciones, 13.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
BLOQUE II: INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA, EJERCICIOS 2016-2017. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000031 y número de expediente del Senado 771/000041).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al bloque II: votación correspondiente al informe de fiscalización de la Universidad Politécnica de Cartagena, ejercicios 2016-2017. Propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista,
de la número 1 a la 3. Comenzamos a votar la número 2.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 29; abstenciones, 3.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos el resto.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 31; en contra, 1.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Pasamos a votar las resoluciones del Grupo Parlamentario Popular, de la número 4 a la 10. Votamos, en primer lugar, las números 6 y 10.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 29; abstenciones, 3.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
A continuación, votamos el resto de resoluciones.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 32.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
A continuación, votamos las resoluciones del Grupo Parlamentario VOX, de la número 11 a la 14.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 16; en contra, 16.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE MURCIA, EJERCICIOS 2016-2017. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000041 y número de expediente del Senado 771/000040).
El señor PRESIDENTE: Votación correspondiente al informe de fiscalización de la Universidad de Murcia, ejercicios 2016-2017. Propuestas de resolución presentadas, en este caso, por el Grupo Parlamentario Socialista, de la número 1 a la 3.
Comenzamos a votar la número 2.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 31; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos el resto.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 30; abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
A continuación, votamos las resoluciones del Grupo Parlamentario Popular, de la número 4 a la 13. En primer lugar, votamos las números 7 y 13.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 31; a favor, 29; abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Votamos el resto de resoluciones.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 31; a favor, 31.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Votamos las resoluciones del Grupo Parlamentario VOX, de la número 14 a la 20.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 16; en contra, 16.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE LA RIOJA, EJERCICIOS 2016-2017. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000032 y número de expediente del Senado 771/000042).
El señor PRESIDENTE: Votación correspondiente al informe de fiscalización de la Universidad de La Rioja, ejercicio 2016-2017.
Propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, de la número 1 a la 3. Comenzamos a votar la número 2.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 16; en contra, 13; abstenciones, 3.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Resto de las resoluciones.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 32.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Resoluciones del Grupo Parlamentario Popular, de la número 4 a la número 10. Empezamos a votar la número 7.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 29; abstenciones, 3.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos el resto de resoluciones.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 32.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Resoluciones del Grupo Parlamentario VOX, de la número 11 a la número 15.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 16; en contra, 16.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Y no sé si tenemos que revisar una votación anterior, que igual hay que corregir..
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA, EJERCICIOS 2016-2017. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000045 y número de expediente del Senado 771/000039).
El señor PRESIDENTE: Informe de fiscalización de la Universidad de Extremadura, ejercicios 2016-2017.
Propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, números 1 a 3. Comenzamos con la votación de la número 2.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 29; en contra, 3.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Votamos el resto de resoluciones.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 31; a favor, 31.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Votamos las resoluciones del Grupo Parlamentario Popular, números 4 a 11. Comenzamos con la votación de la número 8.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 29; abstenciones, 3.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos el resto de resoluciones.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 32.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos las resoluciones del Grupo Parlamentario VOX, de la 12 a la 17.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 16; en contra, 16.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA, EJERCICIO 2016-2017. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000040 y número de expediente del Senado 771/000038).
El señor PRESIDENTE: Votación correspondiente al informe de fiscalización de la Universidad de Castilla-La Mancha, ejercicio 2016-2017.
Propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, de la número 1 a la número 3, y comenzamos con la votación de la número 2.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 17; en contra, 11; abstenciones, 4.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos el resto de resoluciones.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 31; a favor, 31.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Votamos las resoluciones 4 a 10, del Grupo Parlamentario Popular. Comenzamos votando la número 5.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 29; abstenciones, 3.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada. Votamos el resto de resoluciones.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 32.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Votamos las resoluciones números 11 a 15, del Grupo Parlamentario VOX.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 16; en contra, 16.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA, EJERCICIO 2016-2017. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000042 y número de expediente del Senado 771/000037).
El señor PRESIDENTE: Votación correspondiente al informe de fiscalización de la Universidad de Cantabria, ejercicio 2016-2017.
Resoluciones presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, de la número 1 a la número 3. Votamos primero la número 2.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 29; abstenciones, 3.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos el resto de resoluciones.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 32.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Votamos resoluciones números 4 a 9, del Grupo Parlamentario Popular, empezando por la número 6.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 29; abstenciones, 3.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
A continuación, votamos el resto de las resoluciones del Grupo Parlamentario Popular.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 32.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Votamos las resoluciones números 10 a 13, del Grupo Parlamentario VOX.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 16; en contra, 16.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS TRAMITADOS DE EMERGENCIA POR LOS AYUNTAMIENTOS DE LOS MUNICIPIOS CON POBLACIÓN SUPERIOR A 300 000 HABITANTES PARA ATENDER LAS NECESIDADES DERIVADAS DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS PARA HACER FRENTE A LA
CRISIS SANITARIA CAUSADA POR EL COVID-19, EJERCICIO 2020. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000135 y número de expediente del Senado 771/000133).
El señor PRESIDENTE: Votación correspondiente a la nota de fiscalización de los contratos tramitados de emergencia por los ayuntamientos de municipios con población superior a 300 000 habitantes para atender las necesidades derivadas de las
medidas adoptadas para hacer frente a la crisis sanitaria causada por la COVID-19, ejercicio 2020.
Propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, números 1 a 4. Comenzamos votando la número 1.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 19; en contra, 12; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos el resto de resoluciones.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 32.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Votamos la resolución número 5, del Grupo Parlamentario Popular.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 31; en contra, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos las resoluciones números 6 a 10, del Grupo Parlamentario VOX.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 16; en contra, 16.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTROL EN LA GESTIÓN DE AYUDAS CONCEDIDAS POR EL CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL, E.P.E., EN EL EJERCICIO 2019 Y EN EL EJERCICIO 2020 EN EL CONTEXTO DE LAS MEDIDAS
ADOPTADAS COMO CONSECUENCIA DEL COVID-19. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000132 y número de expediente del Senado 771/000131).
El señor PRESIDENTE: Votación correspondiente al informe de fiscalización de los procedimientos de control de la gestión de ayudas concedidas por el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, E.P.E., en el ejercicio 2019 y en el
ejercicio 2020 en el contexto de las medidas adoptadas como consecuencia del COVID-19.
Propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, números 1 a 4.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 32.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Votamos las resoluciones números 5 a 12, del Grupo Parlamentario Popular, comenzando por las números 5 y 6.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 16; en contra, 16.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Votamos la número 7.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 32.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos la número 8.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 16; en contra, 16.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos las números 9 a 12.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 32.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
A continuación, votamos las resoluciones números 13 a 19, del Grupo Parlamentario VOX.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 16; en contra, 16.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
BLOQUE III: INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LOS ESTADOS CONTABLES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y DE LAS APORTACIONES PERCIBIDAS POR LAS FUNDACIONES Y DEMÁS ENTIDADES VINCULADAS O DEPENDIENTES DE ELLOS Y DE LOS GASTOS DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DE
ESTAS FINANCIADOS CON CARGO A SUBVENCIONES PÚBLICAS, EJERCICIO 2016. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000063 y número de expediente del Senado 771/000064).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al bloque III. Votación correspondiente al informe de fiscalización de los estados contables de los partidos políticos y de las aportaciones percibidas por las fundaciones y
demás entidades vinculadas o dependientes de ellos y de los gastos de programas y actividades de estas financiados con cargo a subvenciones públicas, ejercicio 2016.
Propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, números 1 a 6. Comenzamos con la votación de la número 1.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 31; a favor, 16; en contra, 15.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos la número 2.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 29; abstenciones, 3.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos la número 6.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 20; en contra, 12.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos el resto.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 32.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Resoluciones del Grupo Parlamentario Popular, números 7 a 15. Empezamos con las números 7 a 12.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 17; en contra, 15.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Votamos las números 13 y 15.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 29; abstenciones, 3.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Votamos la número 14.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 32.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos las resoluciones del Grupo Parlamentario VOX, de la número 16 a la número 18.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 3; en contra, 28; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Finalizadas las votaciones, suspendemos por dos minutos la sesión para que se incorpore la señora presidenta. (Pausa).
COMPARECENCIA DE LA SEÑORA PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (CHICANO JÁVEGA), PARA INFORMAR SOBRE:
BLOQUE-I: INFORME DE FISCALIZACIÓN SOBRE LA EVOLUCIÓN ECONÓMICO FINANCIERA, PATRIMONIAL Y PRESUPUESTARIA DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y SU SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2018. (Número de expediente del Congreso de los Diputados
251/000064 y número de expediente del Senado 771/000063).
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN CELEBRADA POR LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL, ADSCRITOS A LA SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL, EJERCICIO 2018. (Número de expediente del Congreso de
los Diputados 251/000082 y número de expediente del Senado 771/000081).
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN CELEBRADA POR EL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES, EJERCICIO 2019. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000131 y número de expediente del Senado 771/000130).
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión dando la bienvenida a la señora presidenta del Tribunal de Cuentas, que comparece para informar de los siguientes extremos que figuran en el punto segundo del orden del día y están repartidos en
tres bloques.
Debate correspondiente al bloque I: Informe de fiscalización sobre evolución económico financiera, patrimonial y presupuestaria del sistema de Seguridad Social y su situación a 31 de diciembre de 2018, informe de fiscalización de la
contratación celebrada por las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social adscritos a la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, ejercicio 2018, e informe de fiscalización de la contratación celebrada por el Instituto de
Mayores y Servicios Sociales, ejercicio 2019.
Por acuerdo de Mesa y portavoces de 15 de septiembre de 2020, se entiende subsumida en la iniciativa 251/64 la solicitud de comparecencia número 212/387, del Grupo Parlamentario VOX, que tiene el mismo objeto.
Tiene la palabra la señora presidenta del Tribunal de Cuentas.
La señora PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Chicano Jávega): Buenos días. Gracias, presidente.
Damos comienzo a la sesión de hoy con el primer informe que veremos, que es el de la evolución económico financiera, patrimonial y presupuestaria del sistema de la Seguridad Social y su situación a 31 de diciembre de 2018. Yo me he
atrevido, en vista de que el otro día algunas de sus señorías me pidieron las diapositivas, a repetir el sistema para estos temas y tienen detrás coordenadas, bases y ese tipo de cosas. (Apoya su intervención en una presentación digital).
Comienzo diciendo que es un informe, como ven, que recoge la situación a 31 de diciembre de 2018 y fue aprobado por el pleno del tribunal en 2020. Como casi todo lo que vemos hoy, tendremos que contextualizarlo, porque tanto la elaboración
de este informe como su aprobación son anteriores a la Ley 21/2021, de 28 de diciembre, por lo que alguna de las recomendaciones, sin duda, están cumplidas. Los objetivos de esta fiscalización han sido analizar la situación económico financiera,
patrimonial y presupuestaria de la Seguridad Social y sus causas, con especial referencia al endeudamiento y al fondo de reserva, y es una fiscalización de cumplimiento y operativa.
El ámbito subjetivo de esta fiscalización se refiere a las cuatro entidades gestoras y a los dos servicios centrales, no hace referencia a las mutuas por la escasa representatividad que estas tienen. Es decir, se refiere al Instituto
Nacional de Seguridad Social, al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, al Instituto de Servicios Sociales y de Mayores y al Instituto Social de la Marina y, en los servicios centrales, Tesorería de la Seguridad Social y Gerencia. La razón por la
que hemos excluido a las mutuas, como les digo, es que su representatividad es escasa con respecto al resto de entidades gestoras, como pudieron apreciar en la diapositiva anterior.
Las declaraciones de las cuentas generales de 2016, 2017 y 2018 pusieron de manifiesto ya todos los problemas estructurales de sostenibilidad financiera de la Seguridad Social, que revelan una situación de patrimonio neto negativo creciente,
que ya en 2018 se situó en los 33 260 millones de euros. Esta situación es consecuencia de un desequilibrio entre los ingresos y los gastos a los que ha decidido hacer frente la Seguridad Social, procedentes, fundamentalmente, de las operaciones de
gestión ordinaria, un desequilibrio que ha ido paulatinamente a peor en los últimos ejercicios. Para analizar un poco estas
magnitudes, se ha recurrido en el informe al estado de liquidación del presupuesto. En el caso de los gastos, las magnitudes más representativas son las prestaciones económicas contributivas, ya que suponen el 88 % del total de las
obligaciones reconocidas netas por operaciones corrientes, y, por lo que respecta al ámbito de los ingresos, las cotizaciones sociales constituyen la magnitud más significativa, puesto que representan, de media, el 84 % del total de los derechos
reconocidos netos por operaciones corrientes. Desde 1911, como figura en la diapositiva, se observa un crecimiento de la brecha entre las obligaciones reconocidas por prestaciones económicas contributivas y los derechos reconocidos netos por
cotizaciones sociales. La brecha más importante, como ven, se alcanza en 2016, a partir de la cual se empieza a producir una ligera disminución. Esa brecha tiene su origen, por un lado, en las obligaciones reconocidas por el aumento neto del
número de pensionistas, así como por el incremento del gasto medio por pensionista, puesto que estas nuevas incorporaciones de pensionistas llevan asociadas pensiones más elevadas y, por otro lado, en los derechos reconocidos netos porque, a pesar
de existir un crecimiento del número de afiliados ligeramente superior al de pensionistas, se ha producido una caída de los ingresos medios por afiliado como consecuencia del efecto que ha tenido la recesión sobre el empleo y sobre los salarios.
Por tanto, teniendo en cuenta las causas de estos desequilibrios se puede considerar que, de mantenerse la situación analizada a 31 de diciembre de 2018, el problema de sostenibilidad financiera del que adolece la Seguridad Social es de carácter
estructural. La configuración que tenía en 2018 el modelo de protección contributivo fue eficaz en sus orígenes, pero en estos momentos, debido a la evolución demográfica y socioeconómica, no resultaría sostenible, dado que, como es obvio, los
recursos obtenidos son insuficientes para satisfacer las prestaciones económicas de esta naturaleza.
Para conseguir la cobertura de estos desequilibrios así como la falta de liquidez asociada, la Seguridad Social acudió a vías de financiación adicionales a las obtenidas de su actividad y gestión ordinaria, que proporcionaron los recursos
necesarios para atender sus obligaciones. Desde 2012 hasta 2018 resultó necesario realizar disposiciones del fondo de reserva por un total de 77 437 millones de euros y también disposiciones con carácter transitorio de los fondos depositados en la
cuenta especial del Banco de España del Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social por un importe neto de 10 000 millones. En los años 2017 y 2018, la Seguridad Social pudo recurrir a préstamos del Estado a la Tesorería General de
la Seguridad Social por 10 y 13 millones respectivamente y, adicionalmente, en 2018, a una transferencia corriente estatal por 1300 millones. Con esta imagen pretendemos resumir el análisis del endeudamiento de la Seguridad Social frente al Estado.
Se realizará -dice- teniendo en cuenta las etapas y las causas que motivaron la deuda. Tal y como se puede comprobar en el gráfico, la partida más significativa es la relativa a la deuda con la Administración General del Estado a 31 de diciembre de
2018, constituida por los préstamos concedidos a largo plazo, por un total de 41 191 millones, un 3,41 % del PIB, y por las obligaciones contraídas con la Administración General del Estado durante los ejercicios 1992 a 1999, que procedían del
traspaso de funciones y servicios en materias de asistencia sanitaria y servicios sociales a la Comunidad Autónoma del País Vasco y a la Comunidad Foral de Navarra por 9082 millones. En total, estamos hablando de 50 273 millones de euros. El resto
del endeudamiento se corresponde fundamentalmente con ajustes contables para que las operaciones realizadas por la Administración General del Estado por cuenta de otros entes queden reflejadas de acuerdo con el principio de devengo. En
consecuencia, se trata de un endeudamiento que nace con vocación de desaparición a corto plazo, por lo cual ha quedado fuera del ámbito de este procedimiento fiscalizador.
El endeudamiento de la Seguridad Social con la Administración General del Estado se ha generado en dos periodos, el primero entre 1992 y 1999 y el segundo a partir de 2017. En el periodo 1992-1999, ascendió a 26 251 millones de euros, y,
dentro de este rango temporal, se pueden distinguir dos subperiodos. En el subperiodo 1992-1994 se concedieron tres préstamos por importe total de 3372 millones de euros -en consecuencia, la amortización de estos préstamos corresponde a la
Administración General del Estado, ya sea por condonación, ya sea por transferencia de las cuantías necesarias para su cancelación- y en el segundo subperiodo, de 1994 a 1999, se concedieron préstamos por importe de 13 797 millones de euros y las
necesidades de financiación derivaban de préstamos, ahora bien, en opinión del Tribunal de Cuentas, emitida en el informe, se debió haber establecido que la financiación de la universalización de la sanidad y de la implantación de las pensiones no
contributivas fuera asumida por el Estado a través de transferencias corrientes. Los mecanismos para la cancelación de tales préstamos no pueden plantearse aisladamente, sino que se tienen que tratar conjuntamente con los dirigidos a realizar la
liquidación efectiva de la totalidad de los costes que la Seguridad Social asumió por cuenta de la Administración General del Estado. Por último, en el periodo 2017-2018 el recurso de endeudamiento
con la AGE es, como se ha comentado, consecuencia de la insuficiencia del Fondo de Reserva y del Fondo de Contingencias Profesionales de la de la Seguridad Social para atender estas necesidades derivadas del desequilibrio estructural.
En 2019, fuera del periodo fiscalizado, se aportó un nuevo préstamo por importe de 13 830 millones de euros. En este proceso, va sumido el informe de clarificación y separación de las fuentes de financiación de la Seguridad Social que se
recogía en las recomendaciones del Pacto de Toledo. Debemos indicar la relevancia de los gastos derivados de la universalización de la asistencia sanitaria y los complementos por mínimos. Estos dos gastos han sido muy relevantes a la hora del
endeudamiento de la Seguridad Social. Como saben, estos complementos de mínimos son aquellos que se añaden a las contributivas más bajas para que alcancen los importes mínimos establecidos. A partir de la ley de presupuestos de 1989 se establece
un nuevo régimen en relación con los dos conceptos, según el cual la Administración General del Estado asume una parte de su carga financiera mediante aportaciones finalistas. Sin embargo, hasta la Ley 24/1997 no se establece definitivamente que la
asistencia sanitaria y los complementos por mínimos de pensiones tienen naturaleza no contributiva. De la misma manera que establece un plazo máximo para la completa separación de fuentes de financiación en el caso de la asistencia sanitaria, que
era antes del año 2000, no hay ningún plazo para que los complementos por mínimos fueran íntegramente financiados por la Administración General del Estado. En realidad, la Seguridad Social financió parcialmente con cotizaciones la asistencia
sanitaria hasta 1998 y los complementos a mínimos hasta 2012. En 2013 la aportación por complementos a mínimos superó los gastos por este concepto. En definitiva, los costes asumidos por la Seguridad Social por asistencia sanitaria y complementos
a mínimos fueron de 103 690 millones de euros. Además, hay gastos que, sin tener naturaleza presupuestaria, influyeron en la evolución negativa de los resultados y del patrimonio neto, por ejemplo, las dotaciones anuales a la amortización de los
inmuebles utilizados para la prestación de servicios sanitarios y locales, que fueron efectuados con posterioridad a la determinación de su naturaleza universal y no contributiva. La cuantificación de estos gastos que acabo de relatar no ha sido
posible como consecuencia de la antigüedad de los datos que hubiéramos necesitado para el cálculo.
Con fines exclusivamente informativos, la evolución comparada correspondiente al período 1989 a 2018 revela que el coste asumido por la Seguridad Social, por cuenta de la Administración General del Estado, procedente de asistencia sanitaria
y complementos por mínimos se eleva -como ya he dicho- a 103 690 millones de euros, a los que habría que añadir los otros gastos que no hemos podido cuantificar. También revela que el endeudamiento de la Seguridad Social frente a la AGE
-instrumentado a través de préstamos, por 41 191 millones de euros, y en forma de obligaciones con la AGE pendientes de pago, por 9082 millones- es, en total, de 50 273 millones de euros.
La creación del Fondo de Reserva en el año 2000 tiene su origen en una recomendación del Pacto de Toledo. El texto refundido de la ley general establece que el Fondo de Reserva se constituirá con la finalidad de atender a las necesidades
futuras del sistema en materia de prestaciones contributivas. Este Fondo de Reserva se nutre con las dotaciones que acuerde el Consejo de Ministros, con excedentes de las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social derivados de la gestión de la
prestación de incapacidad laboral por contingencias comunes y con los rendimientos de las inversiones en que se materialice el fondo. El fondo se dotó por primera vez en el año 2000 y alcanzó su máximo en 2011, cuando llegó a disponer de 66 680
millones de euros. A 31 de diciembre su materialización contable asciende a 5060 millones de euros, de los que 5043 corresponden a deuda pública del Estado español a corto plazo y 17 millones a la rentabilidad explícita devengada y pendiente de
cobro al cierre de dicho ejercicio. En esta perspectiva acumulada a 31 de diciembre de 2018, el Fondo de Reserva alcanzó un valor de 82 497 millones de euros, de los que 52 000 fueron aportaciones acordadas por Consejo de Ministros, 1488
procedentes del excedente de las mutuas y 28 860 procedieron de la rentabilidad de las inversiones en las que se materializó el fondo. Como ya es sabido, la cobertura del déficit estructural de la Seguridad Social durante el periodo 2012 a 2018
requirió de la disposición del Fondo de Reserva por un importe de 77 437 millones de euros, que se destinaron exclusivamente a la financiación de pagas extraordinarias de las pensiones contributivas.
Por último, debe señalarse que en el informe se reitera una debilidad técnica que ya ha sido constatada en la declaración general de la cuenta desde el año 2000, que consta incluso en la recientemente presentada, referida a 2019. Se trata
de que la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las entidades que integran el sistema de Seguridad Social no contempla el registro contable del Fondo de Reserva como reserva patrimonial. Esto genera una situación asimétrica respecto
del Fondo de
Estabilización. En todo caso, la materialización financiera del Fondo de Reserva figura en el activo del balance.
En cuanto a las recomendaciones que se han formulado a través del presente informe, como ya se ha señalado, al principio el informe fue elaborado y aprobado por el pleno del tribunal en el año 2020, antes de la aprobación de 2021, con lo
cual, entendemos que alguna de las medidas se habrán adoptado ya. Esta aprobación supone un cumplimiento por lo menos parcial de la primera de las recomendaciones de este informe, que se dirige precisamente a las Cortes Generales, sobre avanzar en
la sostenibilidad financiera y el equilibrio presupuestario. Seguimos considerando no obstante que sería conveniente, para preservar la sostenibilidad financiera de la Seguridad Social, que la financiación de los déficits de gestión ordinaria se
realizase por la Administración General del Estado mediante transferencias y no mediante préstamos. De la misma manera, sugerimos al Gobierno que proceda a la liquidación de los gastos no contributivos asumidos por la Seguridad Social y que proceda
a la amortización de los préstamos concedidos a la Seguridad Social. Finalmente se recomienda al Gobierno y a la Intervención General del Estado que promuevan la adecuación de la normativa contable para que el Fondo de Reserva se trate como una
reserva patrimonial. Cuando terminemos el bloque me pongo a disposición de ustedes para cualquier pregunta que quieran hacerme.
Paso al siguiente punto. En el siguiente, si me permiten, voy a presentar los dos informes de contratación juntos, para que no sea tan tediosa la presentación, porque tienen muchos elementos en común relativos a la contratación. El primero
es el informe de fiscalización de la contratación celebrada por las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social adscritos a la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, ejercicio 2018, y el segundo, el informe de la contratación
celebrada por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales del ejercicio 2019.
La primera de estas fiscalizaciones, la de las entidades gestoras y los servicios comunes, ha tenido por objeto el examen de los contratos formalizados durante el ejercicio 2018 por la Tesorería General de la Seguridad Social, por el
Instituto Nacional de la Seguridad Social y por el Instituto Social de la Marina. También se ha incluido, aunque no sea una entidad gestora ni un servicio común, la Intervención General, por ser una unidad con dependencia orgánica de la secretaría
de Estado. La segunda fiscalización ha comprendido el análisis de los contratos formalizados durante el ejercicio 2019 por el Imserso, por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales, en su condición de entidad gestora de la Seguridad Social
encargada de la gestión de las pensiones no contributivas de invalidez y jubilación. Han sido objetivos de estas fiscalizaciones el análisis del cumplimiento de la obligación de remisión de información contractual al Tribunal de Cuentas; el
análisis de las fases de preparación, adjudicación y formalización de los contratos; la comprobación de la ejecución y cumplimiento de los contratos, y el análisis del cumplimiento de las prescripciones de transparencia, sostenibilidad ambiental e
igualdad de género. Ambas fiscalizaciones han comprendido todas las fases e incidencias de la contratación, extendiéndose el análisis hasta la ejecución de los contratos, por supuesto, hasta el momento de la conclusión de los trabajos de
fiscalización.
En relación con la fiscalización de entidades gestoras y servicios comunes, celebraron 799 contratos por un importe de adjudicación de casi 90 millones de euros. Se seleccionó una muestra para su examen, que representaba un 13 % de los
contratos celebrados, pero un 64 % del importe total de la adjudicación. En el año 2019 el Imserso celebró 238 contratos con un importe total de adjudicación 207 500 millones. La muestra estaba seleccionada por 71 contratos, que eran el 30 %
aproximadamente de los contratos celebrados, pero el 86 % del importe total de la adjudicación.
Antes de entrar en el análisis -aunque sea somero- de estos informes, hago alusión a que ambos contienen un tratamiento diferenciado de los contratos de seguridad y limpieza, porque estos informes están enfocados al informe final que
deberemos hacer de la actividad fiscalizadora sobre contratación del sector público, para dar cumplimiento a una petición formulada por la Comisión en 2017, en la que se instaba a la elaboración de un informe anual en el que se recogían las
incidencias detectadas en las comprobaciones y que, teniendo efectos transversales por su repetición, se considere necesaria su comunicación. A esto se unió otra resolución de la Comisión Mixta de 2017, en la que se pedía la fiscalización de la
contratación de los servicios de limpieza y seguridad, y por eso se han incluido.
En cuanto a los resultados recogidos en los informes, por lo que se refiere a la rendición de cuentas, todas las entidades fiscalizadas han cumplido con las obligaciones de rendición.
En lo que se refiere a las actuaciones administrativas de preparación, adjudicación y formalización, coinciden en recoger deficiencias relativas a los presupuestos bases de licitación en los que no hay desglose de costes directos y costes
indirectos incluidos en el presupuesto.
También se incluyen en los dos informes incidencias relativas a la indebida justificación de la elección de los criterios de adjudicación de varios contratos. Hay incidencias que encontramos en uno o en otro de los informes. Así, el
informe sobre entidades gestoras pone de manifiesto, en esta fase de incidencias relativas, la existencia de expedientes con una justificación genérica de la necesidad de contratar en la que no se concreta con precisión la naturaleza y expresión de
la necesidad; pone de manifiesto también la ausencia o justificación deficiente de las memorias o documentos de contenido económico en los que se justifique por qué se ha fijado un presupuesto determinado. Por su parte, el informe de contratación
del Imserso recoge, en la fase de incidencias, una deficiente planificación de las necesidades de contratación. Es muy frecuente que se produzca una prórroga de facto y sin cobertura legal de los servicios prestados por las mismas empresas que
venían prestándolos con anterioridad. También se ha apreciado la ausencia de informe sobre suficiencia o insuficiencia de medios.
Sobre el contenido de los pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas, los dos informes coinciden en valorar positivamente la inclusión de una condición especial de ejecución de tipo social o bien medioambiental o bien
relacionada con igualdad de género. Incluso los pliegos prevén imposición de penalidades en el supuesto de incumplimiento de estas condiciones especiales, a las que en ocasiones incluso se les atribuyó el carácter de obligaciones contractuales
esenciales, lo que, como saben, lleva aparejada la resolución del contrato en caso de incumplimiento. En lo relativo a la fase de ejecución, se han observado retrasos y deficiencias en el seguimiento y control.
En materia de imposición de penalidades económicas, el informe de contratación de entidades gestoras recoge supuestos de imposición de penalidades, indicando que la Tesorería General de la Seguridad Social y el Instituto Social de la Marina
informarán de su aplicación en tres expedientes. En la fecha de finalización de este informe, hay en tramitación la imposición de penalidades en otro de los contratos de la Tesorería General.
Sobre transparencia, los dos informes reflejan un cumplimiento generalizado de las obligaciones de publicidad. En materia de igualdad, se ha hecho uso -como se ha dicho- de las potestades que recoge la ley orgánica de igualdad efectiva,
relativa a la inclusión de cláusulas sobre la materia. Y en materia de sostenibilidad ambiental, también recogen en los informes la utilización por parte de las entidades fiscalizadas de condiciones especiales de ejecución relacionadas con la
protección del medio ambiente. Para estos informes, para estos gestores, se han elaborado unas recomendaciones que recogen, entre otras, la necesidad de justificar convenientemente la necesidad concreta que se pretende cubrir, que, como ven, es
reiterativa en casi todos los informes sobre contratación.
Por otra parte, el Tribunal de Cuentas recuerda que las entidades fiscalizadas deben hacer uso de la facultad que reconoce la ley, incluyendo en los pliegos contractuales la imposición de penalidades cuando se incumplen las condiciones
especiales de ejecución, estableciendo para ello los controles oportunos. Asimismo, se recomienda mejorar la planificación de las necesidades de contratación, considerando los medios de los que se disponga, y se deberían solventar las situaciones
de carencia de personal, impulsando las actuaciones que resulten precisas para ello. Finalmente, el Tribunal también recomienda la utilización de la figura del acuerdo marco como mecanismo de racionalización técnica de la contratación.
Por mi parte, de momento, nada más. Quedo a disposición de ustedes para terminar el bloque primero.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora presidenta.
A continuación, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Plural, Grupo Nacionalista en el Senado Junts per Catalunya-Coalición Canaria/ Partido Nacionalista Canario, el señor Bel.
El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, presidente.
Muchísimas gracias, señora presidenta, por estar otra vez con nosotros y compartir informes, que, la verdad, son muy interesantes, aunque no nos descubren prácticamente nada nuevo, y en relación con el sistema de Seguridad Social, no digo
que sean reiterativos, pero sí que van confirmando informes anteriores.
Evidentemente, hay una clara disfunción en estos préstamos que la Administración General del Estado ha ido aportando a la Seguridad Social, y eso no es cuestión de este Gobierno, ni del Gobierno anterior a este Gobierno, sino de todos los
gobiernos. Desde el año 1992 aproximadamente, cuando empezó esta práctica, son préstamos formalmente. Nunca ha habido ninguna intención de proceder a la devolución de
estos préstamos, y el ejemplo -el informe lo constata- es precisamente cuando se genera un superávit desde el año 2000 en adelante y tampoco se procede a la devolución de estos préstamos; antes se procede a la dotación del Fondo de Reserva
que a la dotación de estos préstamos. Por tanto, es obvio que estos préstamos no se van a devolver nunca. Por eso nos parece razonable la propuesta que insinúan de que se proceda a compensar. Efectivamente, si de acuerdo con los informes del
Tribunal de Cuentas se constata que hay 104 000 millones de euros que son a costes asumidos por parte de la Seguridad Social, a cuenta de un ámbito competencial estrictamente del Estado, lo razonable sería esta compensación, pero la verdad es que
van pasando los años y esto no se está produciendo. Me gustaría saber si intuyen alguna razón no técnica, porque a mí no se me ocurre cuál puede ser. Entiendo que esto tampoco debería afectar al déficit o al cálculo del déficit; al déficit de la
Administración General del Estado seguro, pero quizás se compensaría con la Seguridad Social. Me gustaría que me lo confirmase. Por tanto, no acabamos de entender por qué no se procede a esta situación. Igualmente, todavía hoy se procede -y en
este ejercicio presupuestario lo vamos a confirmar- a realizar unos préstamos que realmente nunca van a ser retornados a la Administración General del Estado.
Esta es una situación que deberíamos afrontar, y eso no le corresponde al Tribunal de Cuentas, es más bien una alusión a mis compañeros de Comisión y a mis compañeros de Cámara, porque, aunque hoy mismo el ministro ha vuelto a hacer
declaraciones garantizando que se va a mantener el poder adquisitivo de las pensiones y que el sistema es sostenible, la verdad es que hemos hecho una primera reforma, que nosotros apoyamos, pero es imprescincible hacer una segunda reforma -y así se
lo transmitimos al Gobierno y al propio ministro- que garantice la sostenibilidad del sistema, y esta va a ser la difícil y la complicada.
En todo caso, yo les pediría -y vamos a intentarlo también en las propuestas de resolución- que para futuros informes nos pudiesen cuantificar la deuda generada por la Administración General del Estado en relación con la Seguridad Social
derivada del traspaso de los edificios a las comunidades autónomas, que en algunos casos se ha materializado y en otros todavía está pendiente. No la cuantifican en el informe, seguramente no era el objetivo, pero nos resultaría también muy
interesante, porque no tiene sentido que todavía hoy la Seguridad Social mantenga la titularidad de unos edificios que son utilizados, son reformados y son ampliados por las diferentes comunidades autónomas.
En todo caso, les agradezco el trabajo. Desde nuestra perspectiva, con estos cuadros que han incorporado al informe y que nos ha expuesto aquí, simplemente se confirman unos hechos que conocemos y sobre los cuales debemos actuar
rápidamente.
Muchísimas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Bel.
A continuación, por el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu, tiene la palabra el señor Salvador.
El señor SALVADOR I DUCH: Gracias, presidente. Buenos días.
Gracias, excelentísima señora doña Enriqueta Chicano, presidenta del Tribunal de Cuentas. Lo que usted ha manifestado y lo que manifiestan los estudios es tremendamente importante y, al mismo tiempo, tiene gravedad, porque lo que hacen
estos estudios es, en cierta manera, desenmascarar la insostenibilidad del sistema. El sistema no es insostenible estructuralmente, como los propios estudios demuestran. De hecho, hay una falsa deuda que está generada por la mala praxis en los
diferentes ministerios de Hacienda.
Me explico utilizando los dos informes que hoy se han traído aquí: el informe 1433 de la Declaración sobre la Cuenta General del Estado y la evolución económico-financiera y patrimonial de la Seguridad Social, la fiscalización en este caso.
Dice la Declaración sobre la Cuenta General del Estado -página 12, párrafo de énfasis 2.17, y página 43, párrafo 441- que ha de señalarse que el balance de la Seguridad Social recoge por tercer año consecutivo un patrimonio neto negativo que
asciende -sumando los demás años- a 79 222 millones de euros. Hoy en día, cuando se actualice esta cifra, serán ya 100 000 millones de euros. Correcto. Y aquí viene la parte importante, que ya nosotros denunciamos en el 2016, en el Pacto de
Toledo; en aquel momento no se nos hizo mucho caso y ahora parece que sí. En el año 2020 ustedes hacen un informe en el que claramente dicen que esta deuda es porque hubo que refinanciar con cargo a sus recursos una gran parte de los gastos de
naturaleza no contributiva, los famosos gastos impropios. Concretamente, ustedes hacen el estudio que ha presentado aquí y, por ejemplo, tomando estimaciones solo de dos partidas -hay muchísimas más que le podría comentar, lo que pasa es que con 5
minutos es
difícil-, la asistencia sanitaria y los complementos a mínimos, que, siendo el coste estimado soportado con cargo a recursos contributivos del sistema en el periodo 1989 a 2013, como usted ha dicho hoy, suman 103 690 millones de euros
pagados por la Seguridad Social, es decir, por cotizaciones, es decir que el trabajador ha pagado cotizaciones y, luego, por IRPF, pagamos cuentas dos veces.
Como decía, nosotros ya en 2016, en un informe presentado en el Pacto de Toledo, dijimos que los llamados gastos impropios en los últimos años alcanzaban los 23 000 millones anuales. Tres años después, el ministro Escrivá asumía esta
realidad de nuestra estimación. Es decir, si el déficit era normalmente una media de 17 000 millones del sistema de la Seguridad Social entre ingresos y gastos, frente a los 23 000 millones de gastos impropios -temas que se pagan y que no
corresponden a lo que tendríamos que pagar con cotizaciones-, aun en los peores años habría un superávit. En ningún momento ha habido un déficit, incluso en sus peores años. Si el Ministerio de Hacienda hubiera sufragado, como se le viene
diciendo, desde hace más de treinta años, los gastos no contributivos, hoy en día tendríamos un fondo de reserva tremendamente importante para poder, por ejemplo, subir las pensiones mínimas o sufragar los gastos que vendrán de la generación del
baby boom.
Vuelvo al informe económico financiero de la Seguridad Social. Dice en la página 59, en conclusiones sobre la liquidación efectiva de los costes que la Seguridad Social asumió por cuenta del Estado, que esta demora en la asunción por el
Estado de sus compromisos de financiación ha causado un serio perjuicio al sistema, ya que ha tenido que soportar con cargo a sus recursos contributivos, principalmente cotizaciones sociales, un importe estimado, como decíamos, de 103 000 millones.
Fíjense ustedes: 100 000 millones por un lado más 100 000 que debemos. Los números ya muestran que se puede hacer un paralelismo bastante interesante. También se dice, en la página 57, en conclusiones sobre el endeudamiento de la Seguridad
Social, se dice que el endeudamiento total del sistema que figura en el balance a 31 de diciembre de 2018 alcanza un total de 79 222 millones -hoy, 100 000 millones de euros-, que son los que han sido objeto de análisis del presente estudio. Y
dice, como usted ha dicho también hoy, que se recomienda al Gobierno que proceda a efectuar la liquidación efectiva de los gastos no contributivos que fueron asumidos por la Seguridad Social con cargo a esos recursos. Con lo cual, si esto fuera
así, hoy en día no habría ningún tipo de deuda por parte de la Seguridad Social. Se recomienda, dice. Nosotros añadiríamos, además, otra cosa, y que se cumpla con la ley. Y lo vamos a expresar de la siguiente manera, concretando que el artículo
109 de la Ley General de la Seguridad Social en ningún momento prevé la posible concesión de préstamos por parte del Estado para la financiación de los posibles déficits del sistema de la Seguridad Social ni para la cobertura de las prestaciones
contributivas, sino que hace referencia a la asistencia de aportaciones del Estado a esos efectos. Es decir, no cuestionamos la legalidad, pero sí la legitimidad, porque ya le digo que el artículo 109 de la Ley General de la Seguridad Social no
dice claramente en ningún momento préstamos ni créditos, sino transferencias directas para pagar prestaciones contributivas.
Voy acabando. Hemos hecho dos estimaciones, y algunas cosas no se han estimado por falta de datos. Nosotros hemos solicitado al Tribunal de Cuentas -aprovecho esta ocasión inmejorable, porque pienso que el trabajo que está haciendo el
Tribunal de Cuentas, con lo que ha dicho, está manifestando una realidad tremendamente importante que desmonta el mantra de la insostenibilidad del sistema- que se haga un informe de fiscalización riguroso -creemos que se tendría que hacer así-,
como mínimo desde el año 1978 hasta 2019, para ver todos aquellos excedentes de cotizaciones y en qué fueron gastados todos aquellos gastos impropios, porque quizás las estimaciones que hiciéramos podrían llegar al medio millón de euros, que es poca
broma. Creemos que es importante porque, uno, demostraría que el sistema en los peores momentos ha sido sostenible y, dos, porque puede haber, como ustedes exigen, una restitución, y ya no habría ninguna deuda a la Seguridad Social. Es de los
mejores sistemas del mundo y tiene que haber mejoras y tienen que hacerse bien las cosas, que creo que no se han hecho bien.
Resumo. Se ha traspasado deuda pública desde Hacienda a la Seguridad Social. Eso es lo que nosotros creemos que ha pasado. Si no fuera así, el sistema de la Seguridad Social seguiría siendo perfecto y funcionaría. Lo que tendrían que
arreglar es el tema de la fiscalización de las cuentas generales del Estado, porque el problema no es el sistema de pensiones, sino el modelo productivo u otro tipo de razonamientos, pero nunca el sistema de pensiones, como muchos medios de
comunicación y mucha gente ha insinuado. No estamos hablando de ello. Pienso que el Tribunal de Cuentas ha hecho un informe fantástico -acabo ya-, que va en la línea de lo que estamos expresando aquí.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Salvador.
A continuación, por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Sáez.
El señor SÁEZ ALONSO-MUÑUMER: Gracias, señor presidente. Gracias, señora presidenta del Tribunal de Cuentas, por los informes.
Nos vamos a centrar también en el informe de fiscalización sobre la evolución económica financiera y patrimonial de la Seguridad Social. Aquí hay, evidentemente, datos objetivos. Estamos hablando de una Seguridad Social con un patrimonio
neto negativo de 37 933 millones de euros en 2018; en 2019, al analizar la Cuenta General del Estado, había subido a -53 160 millones de euros. Segundo dato. Existe una importante brecha desde el año 2011, como refleja en su informe, entre los
derechos reconocidos netos por cotizaciones sociales y las obligaciones reconocidas netas por prestaciones económicas contributivas. En 2018 la brecha ascendió a 22 690 millones de euros. Evidentemente, la causa principal de esta brecha es la
estructura de la pirámide poblacional. Estamos viendo que en España los nacimientos anuales pasaron de unos 660 000 hasta 1977 a los 340 000 del año 2020. Desde el año 2016 el número de nacimientos es inferior al de defunciones. Otra causa es el
aumento del número de pensiones. Otra causa es el aumento de las pensiones pagadas: la pensión media mensual ha subido de 786 euros en 2010 a 1039 euros en 2021. Y, evidentemente, la causa del desempleo. En el periodo 2008-2021 siempre se ha
oscilado entre tres y cinco millones de desempleados. Eso tiene varias causas, siendo las principales los elevados impuestos, incertidumbre fiscal, incertidumbre regulatoria, legislación laboral, excesivo gasto público, duplicidades en el gasto,
etcétera. Recordemos también que en el mes de diciembre existe una brecha aún de 12 000 millones de euros entre cotizaciones sociales y las pensiones contributivas, sin incluir los complementos a mínimos. Me gustaría saber su opinión acerca de si
será posible en un futuro, a la vista de las cotizaciones actuales, de la estructura de la pirámide poblacional y de la evolución de esta pirámide poblacional en los próximos veinte o treinta años, que las cotizaciones sociales puedan ser superiores
al importe de las pensiones contributivas.
Es importante también el dato del endeudamiento que figura en el balance de las entidades gestoras y los servicios sociales: a 31 de diciembre, asciende a 79 222 millones de euros. Actualmente, estamos cerca de 100 000 millones de euros.
También es importante el dato de que los préstamos del Estado supongan más de la mitad del endeudamiento y que el resto también se mantenga con otras entidades públicas. Cuando hablamos de endeudamiento tenemos que hablar de endeudamiento global,
no solo del de la Seguridad Social, sino del de todas las administraciones públicas. Lo hacemos porque es una ficción contable equilibrar las cuentas de la Seguridad Social mediante las transferencias del Estado. Es decir, la Seguridad Social no
se financiará con préstamos, pero dado que las cuentas públicas reflejan un déficit continuado es la Administración central la que necesita pedir préstamos para poder realizar las transferencias a la Seguridad Social.
Por tanto, con independencia de quién pide el préstamo o si compensa, seguiremos encontrando problemas en cuanto al importe de la deuda pública que tienen las administraciones públicas en España. Es evidente que nadie se puede creer que se
pueden equilibrar las cuentas de un organismo como la Seguridad Social y que eso va a tranquilizar a los inversores o analistas internacionales, cuando las mismas se engloban en unas cuentas públicas consolidadas de todas las administraciones
públicas. Y las cuentas consolidadas de las administraciones públicas al tercer trimestre del año 2021 reflejan unos pasivos en circulación por importe de 2 053 814 millones de euros, de los que 110 444 millones de euros corresponden a la Seguridad
Social. Si realizamos los ajustes por pasivos no incluidos en la deuda según el Protocolo de Déficit Excesivo, por valoración y otros tendríamos una deuda total de las administraciones públicas de 1 432 228 millones de euros, también en el tercer
trimestre de 2021, de los que a la Seguridad Social corresponden 91 385 millones de euros.
La memoria también habla de la asunción por el Estado de los compromisos de financiación y de que ha causado un serio perjuicio al sistema, que ha tenido que asumir los cargos de 103 691 millones de euros. Si esos cargos son 103 690
millones de euros y se traspasan, me gustaría saber cuál sería el impacto. Porque no hay impacto en la deuda total de las administraciones públicas, ya que estaríamos pasando deuda de la Seguridad Social a la Administración Central y el importe
total de la deuda seguiría siendo el mismo. Como el análisis correcto de las administraciones públicas tiene que ser sobre la totalidad de la deuda, no arregla absolutamente nada, para tener una imagen fiel de la situación de las cuentas públicas
en España, traspasar de una caja a la de la Administración central. Dejamos a cero o todavía no a cero, porque estamos hablando de 103 000 y me parece que ya llevamos 99 000 al cierre del
año 2021 más el déficit que se pueda generar en el año 2022; por tanto, ya estaríamos en más de 103 000. Da igual tener esos 103 000 en la columna de la Seguridad Social que tenerlo en la Administración central. El importe total de la
deuda de las administraciones públicas sigue siendo 1 423 228 millones de euros.
Evidentemente, lo que tiene que acometer un Gobierno responsable es cómo reducir la deuda conjunta de 1 423 228 millones de euros. No soluciona nada arreglar la parte de la Seguridad Social si es la Seguridad Social la que depende, además,
como estamos viendo durante todos los presupuestos, de transferencias del Estado, que cada vez son mayores, a costa también de reducir préstamos. Da igual quién pida el préstamo, Seguridad Social o Estado, porque la deuda total de las
administraciones públicas es la que es, y no podemos hacer ficciones contables, porque las ficciones contables no arreglan nada, solo arreglan titulares de prensa, pero no la situación de las cuentas públicas.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sáez.
A continuación, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Suárez.
El señor SUÁREZ LAMATA: Muchas gracias, señor presidente. Señora presidenta, buenos días y bienvenida a esta Comisión.
Ciertamente, el informe sobre Seguridad Social, que, según reza el título, afecta al año 2018, al final viene a hacer un análisis del sistema. Yo creo que todo el mundo en esta Comisión ha concluido que el sistema en estos momentos, tal
como dice el informe en la página 56, presenta un claro desequilibrio estructural entre ingresos y gastos, además con dos parámetros fáciles de entender, la demografía y la situación económica.
Pero yo por un momento he tenido la sensación de que este déficit estructural arranca en un momento determinado, en el año 2011, y yo creo que en el momento que hay una crisis sistémica que viene arrastrada desde el año 2007 ahí es donde se
evidencian, fundamentalmente, todas las carencias del sistema, y buena prueba de ello es que en aquellos momentos ya se adoptan medidas. Porque este problema del que estamos hoy aquí hablando es un problema recurrente en todas las economías
europeas -Francia, Italia, Alemania-, cada una con sus características, pero todas ellas constantemente haciendo reformas estructurales importantes en sus sistemas de Seguridad Social o sistemas homólogos, sin que tampoco alcancen a encontrar la
piedra filosofal. Hablaban del 7. Pues recuerdo a sus señorías que se aumentó el cómputo del plazo de quince a veinticinco años, la edad de jubilación se aumentó, incluso se congelaron las pensiones. Luego, ciertamente, en el Gobierno de Rajoy se
tomaron otro tipo de medidas, como el factor de sostenibilidad, y en la actualidad es verdad que ese factor de sostenibilidad ha desaparecido. Yo, señor Bel, no soy de los que cree que habrá una revalorización de acuerdo al IPC de un 8 %; no se lo
cree nadie en este país -si no, tiempo al tiempo-, pero ya se apunta cómo resolver el problema: subiendo cotizaciones 0 a 5 puntos, aumentando cuotas de autónomo, el destope de las bases máximas de cotización, etcétera. En cualquier caso, estoy
convencido de que cada uno tenemos una solución y que difícilmente coincidimos.
Me refiero ahora a cuestiones propiamente del informe. Señora presidenta, ha dicho usted que creía que era posible -me ha parecido entender eso; si no es así, disculpe- que el endeudamiento se resolviera a corto plazo, pero yo, como la
mayor parte de mis compañeros, tengo la sensación de que eso es casi un apunte contable y que nadie se plantea ya devolverlo, pero desde luego flaco favor le hace al sistema, y sobre todo al final pone en evidencia que no es la solución. También ha
apuntado usted -lo he visto así la diapositiva- registrar contablemente el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, pero no me ha quedado clara la solución, si es como reserva patrimonial, patrimonio neto, o como una materialización del activo,
porque es una de esas cuestiones que se plantean en el informe. Asimismo, le quiero hacer una reflexión muy personal. Yo tengo la sensación con este informe de que damos un paso atrás respecto a la configuración de la cuenta general. Les recuerdo
que el año 1977 la cuenta general tenía tres patas, pero que era el Tribunal de Cuentas quien tenía al final que unirlas: por un lado, estaba lo que confeccionaba la IGAE y, por otro lado, estaban las sociedades públicas y la Seguridad Social. Ha
costado bastante tiempo llegar a esa unificación de la cuenta general: procesos en 2003, que yo recuerde, o modificaciones de la Ley General Presupuestaria, si no me falla la memoria en 2006. Y, ahora, lo que yo vengo percibiendo en los dos
últimos informes es que la Seguridad Social sale, porque el análisis que se hace en la cuenta general -es donde hay que hacerla, bajo mi punto de vista, y, sobre todo, si nos atenemos a lo que dice la legislación, tanto el 136 como la Ley Orgánica
del Tribunal de Cuentas y la que la desarrolla-, es el análisis del sector público. Por lo tanto, se saca de la cuenta general y se hace un análisis aparte. ¿A
dónde voy? Uno. Yo creo que en eso hemos perdido, sobre todo cuando en el informe anual no se redacta y, por lo tanto, no hay una visión global del asunto. Dos. Hay otros informes, y esto es algo que debería ser motivo de reflexión: no
solamente analiza la Seguridad Social el Tribunal de Cuentas, sino que la AIReF y el Banco de España hacen también análisis. Son tres análisis distintos y de calidad técnica muy diferente, lo que debería llevar a reflexionar sobre hacer algo más
coordinado, porque si uno lee cada uno de los tres informes verá que, aunque evidentemente hay coincidencias, hay discrepancias importantes.
Hacía usted referencia -acabo, señor presidente; seis segundos- en los contratos del Imserso a los pliegos ambientales y al cumplimiento de normas de igualdad. Es verdad que existen esos pliegos, pero a mí me ha sorprendido que en el
análisis, y en el de otros, se determine el grado de cumplimiento y de esas dos cláusulas, la medio ambiental, que entiendo que es un nuevo parámetro a fiscalizar, aunque es complejo, o la igualdad, que sí que lo llevan haciendo, no se diga
absolutamente nada. A mí me sorprende que se analice que sí que está en esas condiciones en los pliegos, pero no los resultados.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Suárez.
A continuación, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Muñoz Cuenca.
El señor MUÑOZ CUENCA: Muchas gracias, presidente y gracias, presidenta, por su trabajo y a su equipo por las ilustrativas exposiciones, mediantes gráficos, porque ha quedado todo bastante más claro.
Una vez analizado el informe de fiscalización sobre la evolución económica y financiera del patrimonio y presupuesto de la Seguridad Social de 2018, se pueden sacar algunas conclusiones políticas al margen de las conclusiones técnicas y
recomendaciones que transmite el Tribunal de Cuentas en estos informes. La primera recomendación política que yo sacaría es la buena gestión socialista en el período 2007 a 2009. Queda claro que durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero
la Seguridad Social tuvo superávit por importe de 32 900 millones de euros, dejando, además, en el Fondo de Contingencia 31 600 millones de euros y 66 680 millones de euros en el Fondo de Reserva. Por tanto, el Gobierno de José Luis Rodríguez
Zapatero sí dejó las cuentas saneadas y con un superávit bastante importante.
La segunda de las conclusiones políticas que se puede sacar de todos estos informes es que Rajoy fulmina el Fondo de Reserva de las pensiones. Se muestra en los datos y en los gráficos recogidos en el informe que durante el Gobierno de
Mariano Rajoy se produjo un desequilibrio de 134 000 millones de euros entre lo recaudado por las cotizaciones sociales y lo gastado en pensiones. ¿Y qué hizo el Gobierno de derechas? Utilizó 77 000 millones de euros del Fondo de Reserva, 10 000
millones de euros del Fondo de Contingencia, un préstamo de 10 000 millones de euros y unas transferencias del Estado de 1300 millones de euros. En total, más de 100 000 millones de euros. Es decir, hizo frente al déficit gracias a la hucha de
pensiones que dejó el Gobierno socialista.
La tercera de las conclusiones políticas que se podrían sacar de estos informes es que el Partido Popular utiliza su política de recortes. Porque, una vez agotados los ahorros del Gobierno socialista y ante la falta de ideas, el Partido
Popular recurre a lo que mejor sabe hacer, a los recortes. Introdujo el índice de revalorización de las pensiones, que, en lugar de subir, lo que hacía era que los pensionistas perdieran poder adquisitivo. Pero como le parecía poco, diseñó el
fondo de sostenibilidad, y eso sí que era un auténtico algoritmo para recortar las pensiones; menos mal que nunca se llegó a poner en marcha. Pero también puso en marcha la reforma laboral, otra herramienta al servicio de la destrucción masiva de
empleo, que hizo que las recaudaciones por cotizaciones sociales bajaran. Esto me recuerda a cuando Rajoy hablaba de esos hilillos del Prestige que luego inundaron de chapapote todas las costas. Lo que podría haber sido una herida del sistema lo
convirtió en una auténtica hemorragia.
La cuarta de las conclusiones es que el Gobierno socialista para esa hemorragia y da sostenibilidad financiera al sistema. ¿Y cómo lo hace? Sube el salario mínimo interprofesional, lo que aumenta la recaudación por cotizaciones sociales;
acerca la edad real de jubilación a la edad legal; profundiza en la separación de las fuentes de financiación para que el Estado se haga cargo de los llamados gastos impropios, y pone en marcha el mecanismo de equidad intergeneracional para
aumentar nuevamente el Fondo de Reserva. Esto nos ha permitido revalorizar las pensiones en función del IPC y que en este ejercicio 20-21 se haya obtenido un récord de recaudación de 132 000 millones de euros.
Por tanto, la conclusión que uno puede sacar de los informes de fiscalización de las cuentas de la Seguridad Social es que el Partido Popular utilizó la coyuntura para aplicar sus políticas de recortes y transmitir -lo más peligroso-
incertidumbre en la viabilidad económica y financiera del sistema.
Con respecto a las recomendaciones, desde el Grupo Socialista pensamos que es necesario aumentar y proceder a la efectiva liquidación de los gastos no contributivos asumidos por la Seguridad Social, tal como se recoge en la disposición
adicional sexta de la ley, que viene a contemplar que hay que hacer un informe desde el año 1967 a 2019. Esto demostrará la solvencia económica del sistema y ayudará a transmitir certidumbre y confianza en el sistema público de pensiones.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Muñoz.
A continuación, tiene la palabra la señora presidenta del Tribunal de Cuentas para responder a las preguntas.
La señora PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Chicano Jávega): Gracias, presidente.
Gracias, señorías, por la atención que han prestado a las exposiciones y por las preguntas que me han hecho. Ojalá tuviera todas las respuestas, pero no las tengo. Ojalá tuviera todas las respuestas e intuyera por qué no se resuelve el
tema de los préstamos en una cuenta o en otra cuenta. Yo eso no lo puedo intuir, solo puedo mirarlo. Si lo intuyera, tampoco se lo podría decir, porque no serviría de nada, no sería ninguna aportación científica que resolviera nada.
El señor Bel planteaba -se ha marchado- que se hicieran las valoraciones de los edificios que no se han transferido -también lo ha planteado el señor Salvador, aunque no estoy segura de si ha sido usted o no-, valoraciones que decimos que no
se han podido hacer. Nosotros con eso estamos absolutamente de acuerdo, es decir, que la transferencia de los inmuebles nos parece que no solamente se debería hacer, sino que sería una manera, incluso, de sanear contablemente las cuentas. Lo único
que sucede es que todo lo que no hemos podido valorar es porque son temas tan antiguos que no tenemos manera de depurar la documentación para hacer esas cuentas, por lo menos con los medios que tenemos ahora. A partir de ahora, como nos dotaremos
de mejores métodos informáticos, seguramente podremos llegar a hacer esas aproximaciones; pero es complicado.
Estoy de acuerdo también con el señor Salvador en el planteamiento que ha hecho en cuanto a las cotizaciones y los impuestos y la relación que tienen en la medida en que por los dos sistemas contribuimos al sistema en general. Parece que es
bastante evidente.
En cuanto a que la deuda de los préstamos constituye la deuda de la Seguridad Social, es cierto que a efectos de Europa lo mismo da, es deuda del Estado todo; deuda de Seguridad Social o deuda del Estado a efectos de Europa da exactamente
lo mismo. A efectos nuestros prácticamente daría lo mismo si no tuviéramos que separar las fuentes de financiación. Como tenemos que separar las fuentes de financiación como consecuencia del Pacto de Toledo, no podríamos hacerlo, pero sí que es
necesario que se proceda a depurar esa contabilidad, como alguien decía. Realmente, la contabilidad es un artificio importante para hacer una muestra en un momento en un sentido y en otro momento en otro sentido. A lo mejor no está muy bien que
diga yo eso de la contabilidad, pero es que sí que me lo parece. Yo la veo utilizar para una cosa y para la contraria con las mismas cifras; cambiados los otros componentes, normalmente nos pasa esto.
Es verdad que la deuda es un problema, tal como figura en las cifras, pero también es cierto que es un problema -y no menor- la deficiencia de las cotizaciones. Me refiero a que de ninguna manera cubren las prestaciones. Eso es evidente.
Como se tenga que resolver eso, estoy segura de que a sus señorías se les ocurrirán muchísimas fórmulas, lo que no sé es si llegarán a ponerse de acuerdo, pero fórmulas para intentar aproximar la prestación a la cotización habrá que hacerlo en algún
momento. Es un problema quizá no se resuelva a muy corto plazo, porque ni siquiera puede resolverse de un ejercicio para otro, pero habrá que tomar medidas en ese sentido.
No creo haber dicho, entre otras cosas porque no lo pienso y es muy difícil que uno diga algo que no piensa, y si lo he dicho me habré confundido, que el endeudamiento pueda resolverse a corto plazo. No creo haberlo dicho; si lo he dicho
seguramente me he confundido, porque de ninguna manera pienso que el endeudamiento sea un problema a resolver a corto plazo.
Tengo que decir que no se saca de la cuenta general el tema de Seguridad Social, sino que está incluido en la cuenta general. Lo único que pasa es que en la declaración de cuenta general, al tener el papel y el peso que tiene el sistema de
Seguridad Social, se entiende que puede ser complementario, y así se ha entendido hasta ahora y así se ha incluido hasta ahora en la declaración, pero no se saca de la cuenta general del Estado.
Me parece que era el señor Suárez Lamata el que me preguntaba si el Fondo de Reserva podría o no podría estar registrado contablemente como fondo patrimonial o como no fondo patrimonial. La verdad es que ahí hay posiciones distintas y en el
propio tribunal se manifestaron posiciones distintas. El pleno, digamos, entendía que podía estar registrado como una reserva patrimonial, y así lo pone en el informe. Sin embargo, algunos consejeros estimaban que el fondo tenía que ser
presupuestario y uno estimaba que no presupuestario, pues al ser presupuestario no estaba previsto y no podía ser. Las intervenciones generales habitualmente van por la línea de que el fondo debe ser presupuestario, pero el tribunal ha entendido
que la anotación, de momento, debía de registrarse contablemente como un fondo de reserva patrimonial. En cualquier caso, es una cuestión absolutamente técnica y tendría que resolverse en ese ámbito -me refiero al técnico de la Intervención General
del Estado o de la Intervención General de la Seguridad Social-, porque no creo que esto en este momento esté influyendo para nada en ninguno de los resultados que hemos puesto encima de la mesa.
En relación con los temas de contratación que han planteado, en cuanto a que se incluyan cláusulas de sostenibilidad pero que después no se haga el estudio, yo me voy a apuntar lo de hacer un estudio sobre sostenibilidad en contratación por
si procede en algún momento. Lo que el informe pone de manifiesto es que esas cláusulas sociales que afectan a los temas que se incluyeron a través de la ley de partidos y la Ley del Tribunal de Cuentas -unidos a la eficacia y la eficiencia-, que
eran sostenibilidad, transparencia e igualdad de género, desde ese momento empezaron a constituir un principio a tener en cuenta en nuestras fiscalizaciones. Es cierto que hay algunos temas, en algunos de sus aspectos, que han sido objeto de una
fiscalización específica, pero en este caso y en muchos otros lo que se hace es comprobar si la legislación tiene una previsión, como tiene la ley de contratación, con respecto a estas cláusulas sociales. Después se incluyen y se comprueba que
están incluidas, o sea, no es que valga sino que se va más allá del estudio de sostenibilidad que hayan hecho. Pero podría ser interesante hacer una fiscalización sobre la sostenibilidad de la contratación pública, no me cabe duda, aparte de que
también se comprueba que se hayan cumplido los compromisos contractuales entre el contratante y el contratado.
Estoy segura de que me dejaré, como siempre, algunas cosas. Es un tema muy complejo del que supongo que tendremos ocasión de hablar en un montón de ocasiones, pero realmente aquí los que tienen trabajo de verdad son ustedes.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora presidenta.
BLOQUE-II: INFORME DE FISCALIZACIÓN SOBRE LA GESTIÓN Y CONTROL DE LOS PAGOS EFECTUADOS AL PERSONAL DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL, EJERCICIO 2017. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/00005 y número
de expediente del Senado 771/000053).
- INFORME DE FISCALIZACIÓN RELATIVA AL SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN RELACIÓN CON LAS ACTUACIONES Y CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA EN VIGOR POR LAS MUTUAS
COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL EN EL PROCESO DE SEGREGACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN AJENOS. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000077 y número de expediente del Senado 771/000077).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate correspondiente al bloque II: informe de fiscalización sobre la gestión y control de los pagos efectuados al personal de las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social, ejercicio 2017, y el informe
de fiscalización relativo al seguimiento de las actuaciones realizadas por la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social en relación con las actuaciones y cumplimiento de la normativa en vigor por las mutuas colaboradoras con la
Seguridad Social en el proceso de segregación de los servicios de prevención ajenos.
Tiene la palabra, cuando esté preparada, la presidenta del Tribunal de Cuentas.
La señora PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Chicano Jávega): Gracias, presidente.
Informe sobre la gestión y control de los pagos efectuados al personal de las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social, correspondiente al ejercicio 2017. El ámbito subjetivo fueron las veinte mutuas colaboradoras con la Seguridad Social
que había en aquel ejercicio, en 2017, y el objetivo son los pagos que se efectuaron al personal de las mutuas, con independencia del capítulo presupuestario al que le imputen, el concepto o el procedimiento de pago. Estos pagos ascendieron en ese
ejercicio económico a
966 millones de euros. Los objetivos han sido analizar los procedimientos de gestión y de control establecidos por las entidades que tienen competencia de supervisión en relación con estos pagos, que son la Dirección General de Ordenación
de la Seguridad Social y la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones públicas; analizar los pagos efectuados y los sistemas de control que hayan podido implantar las mutuas -se ha hecho una muestra sobre cuatro mutuas, no quiero decir
importantes porque no parezcan las más importantes, sino sobre cuatro grandes mutuas- y verificar los aspectos a los que nos acabamos de hacer referencia relativos a igualdad, transparencia, etcétera.
¿Cuáles son las principales conclusiones? En cuanto a lo relativo a los procedimientos de gestión y control de las entidades supervisoras, las relaciones entre las mutuas y su personal laboral se rigen por el convenio colectivo general de
ámbito estatal para el sector seguros o reaseguros o mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, por convenios colectivos propios y por una serie de pactos y acuerdos internos. La aplicación de estos a veces crea contradicciones con principios y
normas de gestión presupuestaria, además de que hemos observado que existen una serie de beneficios sociales como cestas de Navidad, regalos de Reyes para hijos de empleados, pago de IRPF, de alquileres y asistencia sanitaria en centros sanitarios
para empleados y familiares, que tienen un encaje difícil con los fines institucionales de las mutuas, esto es, la colaboración y la gestión con la Seguridad Social, por lo que su abono con cargo al presupuesto que aporta la Seguridad Social -y no a
un presupuesto privativo- resulta cuando menos cuestionable, máxime cuando las mutuas colaboradoras forman parte del sector público estatal con un régimen jurídico, económico y normativo que es más parecido al del personal laboral de la
Administración General del Estado que al de la empresa privada. La Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, en su función de dirección y tutela, no nos consta que adoptara medidas correctoras de algunas incidencias como, por ejemplo,
la realización por las mutuas de pagos, superando los límites de retribuciones que se establecieron por el Ministerio de Empleo en el año 2015, de conformidad con la Ley 35/2014, de 26 de diciembre.
Igualmente, se han detectado una serie de incidencias en el procedimiento de autorización de la masa salarial que corresponde a la Dirección General de Costes de Personal, ya que esa Dirección General no hace ninguna comprobación sobre la
coherencia de las cifras que presentan las mutuas con las cuentas aprobadas y rendidas al tribunal. Una vez que autoriza el importe de la masa salarial para un ejercicio, no hace ninguna comprobación posterior para verificar que el importe
autorizado fue el que se repartió y no uno superior o inferior.
En cuanto a las conclusiones relativas a los pagos efectuados al personal de las mutuas, en las seleccionadas se han detectado como incidencias más importantes gastos de comidas, fiestas y desplazamientos que no debían de ser asumidos por el
patrimonio de la Seguridad Social, según lo reglamentariamente establecido; un amplio porcentaje de los gastos abonados con tarjetas de crédito a disposición del personal directivo corresponden a comidas sin que en los justificantes se especifique
o se aclare el motivo de las mismas; se abonaron indemnizaciones por despido que eran superiores al máximo legal previsto en el Estatuto de los Trabajadores; se han detectado deficiencias, dentro del procedimiento de concesión y control de
préstamos y anticipos al personal, y también se han detectado duplicidad de coberturas en las pólizas correspondientes al seguro de vida y seguro de accidentes.
Respecto al tema de operaciones que hayan servido de fundamento a operaciones de lucro mercantil, el artículo 80 del Texto Refundido de la Ley de Seguridad Social, como saben, prohíbe la realización de actividades de captación de empresas o
de trabajadores por cuenta propia. No hay un desarrollo reglamentario de esta norma, lo que sí existe es una resolución de la Dirección General de Ordenación en la que se establecía unas pautas a las que las mutuas deberían ajustarse. En ese
sentido, en las mutuas se ha detectado la realización de actividades que podrían vulnerar esa normativa, alterando la libertad de opción de empresarios y trabajadores para asociarse o adherirse a la identidad que consideren, y que podrían estar
suponiendo unos costes innecesarios para las mutuas, tales como acciones encaminadas a la captación de mutualistas; un elevado número de actividades de gestión de mutualistas que se realizan presencialmente, pese a contar con instrumentos que
permiten reducirlas al mínimo; acciones dirigidas a fidelizar empresas o realización de jornadas y llamadas divulgativas en las que un porcentaje de los asistentes no eran empresas asociadas o trabajadores autónomos adheridos, algo que contravenía
las restricciones impuestas por la resolución de la Dirección General de Ordenación a la que acabo de hacer referencia.
En cuanto a la observancia de la normativa de igualdad, las mutuas contaban con una alta representación de mujeres en su plantilla, aproximadamente el 61 %, aunque se evidencia que con carácter general no se da un adecuado cumplimiento del
principio de composición equilibrada, ya que
ninguna mujer ejerció los cargos de presidente o directora gerente. Las mujeres ocuparon el 20 % del personal con funciones ejecutivas y otro personal directivo, el 45 % de las mutuas no tenían ninguna mujer con contrato de alta dirección y
las mujeres que ocupaban cargos directivos se situaba en torno al 12,5-20 %. No se lo voy a detallar deliberadamente, porque no he sido capaz de encontrar el informe o una base que me permitiera sustentar a qué se deben los porcentajes de brecha
salarial, pero lo que sí que es cierto es que en todas las mutuas se pone de manifiesto una brecha salarial que va desde un 18 a un 30 %, que es una brecha salarial muy importante.
Como principales recomendaciones, el Tribunal de Cuentas insta a que se impulsen las medidas para que las relaciones de las mutuas con la Seguridad Social, con el personal a su servicio, se incluyan dentro del ámbito del convenio colectivo
único que tiene el personal laboral de la Administración General o, alternativamente, estudiar la conveniencia de que se elabore un convenio único para las mutuas.
También se sugiere que se lleven a cabo modificaciones normativas para que se dicten instrucciones oportunas para garantizar la homogeneidad de los gastos que se puedan incluir en gastos de acción social y retribuciones en especie, evitando
que se abonen gastos, como ya he dicho anteriormente, que carezcan de vinculación con el fin institucional de las mutuas, y finalmente, que se impulsen medidas de control y modificaciones normativas para que la composición de los órganos de gobierno
y la participación de las mutuas se adapte al principio de composición equilibrada para la igualdad entre mujeres y hombres. Yo creo que doy por presentado este informe y, si le parece al presidente, paso al siguiente informe del mismo bloque.
Bueno, este es el informe de fiscalización relativo al seguimiento de las actividades realizadas por la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social en relación con las actuaciones y cumplimiento de la normativa en vigor por las
mutuas con la Seguridad Social en el proceso de segregación de los servicios de prevención ajenos. Este informe se realizó a iniciativa de las Cortes. Se ha referido en el ámbito subjetivo a la Dirección General de Ordenación de la Seguridad
Social y a las mutuas, de las cuales se segregaron estos servicios de prevención, y su ámbito objetivo está constituido por las propias actuaciones realizadas por las mutuas, finalizado el proceso de segregación de los servicios de prevención
ajenos, y las actividades de control y seguimiento que haya hecho la Dirección General de Ordenación. El ámbito temporal hace esta presentación casi extemporánea porque es de junio de 2014 a junio de 2015. Bueno, lo lamento porque es un informe
que tiene bastante enjundia.
Se trata de una fiscalización de cumplimiento que consiste en comprobar que todas las incidencias señaladas en los informes de la Intervención General de la Seguridad Social fueron objeto de regularización; comprobar el cumplimiento de los
requisitos normativos en el proceso de valoración, autorización y venta de la participación, que las mutuas poseían en las sociedades de prevención, analizando en particular las autorizaciones de venta por la Dirección General de Ordenación de la
Seguridad Social; analizar el informe final percibido, y comprobar el cumplimiento de las recomendaciones incluidas en un informe del Tribunal de Cuentas que se aprobó en 2014.
Entre las principales conclusiones destacan las siguientes. La actividad de las mutuas con la Seguridad Social se ha ido adaptando y evolucionando a lo largo del tiempo para adaptarse a la normativa, pasando de ser una actividad realizada
directamente a prestarse a través de estas sociedades mercantiles constituidas por las propias mutuas y que al final hubo que enajenar. Esa evolución ha sido consecuencia de múltiples factores, entre los que también destacan las propias
fiscalizaciones del Tribunal de Cuentas y los de la Intervención General de la Seguridad Social, que han puesto de manifiesto la importancia de las deudas que se acumularon por los servicios de prevención, con el patrimonio de la Seguridad Social y
con el de las mutuas, al imputar gastos que correspondían a estas sociedades, y con una sentencia del Tribunal Supremo de 2014, que acabó concluyendo que las conductas de las mutuas en los expedientes constituían un falseamiento de la libre
competencia.
La Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social como órgano de dirección no ha ejercido durante este periodo de sus competencias en muchos de los aspectos de ese proceso, quizá por una parte, debido a que hubo carencias en la
regulación del régimen de desinversión previsto en la Ley 35/2014 y en el Reglamento de colaboración con las mutuas. Se han detectado supuestos en los que sus resoluciones no tuvieron en cuenta aspectos fundamentales del régimen de desinversión
como serían la exigencia de un procedimiento que contemplase propiciar la publicidad y concurrencia; el establecimiento de mayores cautelas respecto a las enajenaciones realizadas a personas físicas y jurídicas vinculadas a la mutua o a la sociedad
de prevención y respecto a sucesivas transmisiones de estas sociedades, y por
último, la fijación de una fecha límite de enajenación para la venta de estas sociedades, aunque quizás pudo afectar a la corrección del proceso, sobre todo en la fijación de precios.
Parece, y además se alega con muchísima frecuencia, que la insuficiencia de recursos en la dirección general no le ha permitido analizar el volumen de documentación que ha tenido todo este proceso de venta, ni realizar los controles y
comprobaciones necesarias que hubieran podido garantizar el cumplimiento de los objetivos de eficacia y de eficiencia. La Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, desde luego, lo que no hizo fue agotar las posibilidades que le
ofrecía la normativa para exigir a las mutuas el cumplimiento de resoluciones de la Secretaría de Estado de Seguridad Social, que se dictaron en virtud de los informes que había hecho la Intervención General de la Seguridad Social ni de las
recomendaciones que en su momento hizo el Tribunal de Cuentas, y tampoco ha efectuado un seguimiento adecuado para garantizar el cumplimiento de las cláusulas que se contienen en las resoluciones de autorización de venta de las diecinueve sociedades
de prevención que participaron en ese proceso.
Los informes de valoración de las sociedades constituyeron una mera formalidad, ya que la norma no exigió que el precio final alcanzase, al menos, el importe recogido en el informe de valoración. La obligatoriedad de vender las sociedades
de prevención antes el 30 de junio de 2015, sin excepciones, pudo afectar al proceso de negociación, como he dicho antes, e incluso llegar a afectar al precio final. Aunque la segregación ya era obligatoria en aplicación del Decreto 600/2005, la
Dirección General de Ordenación no actuó diligentemente porque no exigió la corrección de las incidencias que se habían puesto de manifiesto en los informes de la Intervención General del Estado hasta el momento de la venta de las sociedades, en
algunos casos habían transcurrido más de dos años desde la emisión de los informes de la Intervención General de la Seguridad Social.
En cuanto a los expedientes administrativos de la venta de estas sociedades, la Intervención General de la Seguridad Social, en trece informes, indicó que las valoraciones no reunían los requisitos exigibles. A pesar de ello, la Dirección
General de Ordenación de la Seguridad Social aceptó las alegaciones de las mutuas, dando por cumplida la exigencia de presentación de un informe de valoración. En nueve expedientes la fecha de las resoluciones y autorización de venta es el 30 de
junio de 2015, por lo que las fechas de notificación a las mutuas son posteriores, incurriendo en causa de disolución. La Dirección General de Ordenación no efectuó un tratamiento homogéneo en la exigencia de los requisitos para la autorización de
venta. Por ejemplo, autorizó a una mutua la venta sin la presentación del informe externo de valoración preceptivo o, a otras, que no incluyeran una cláusula que restringiera la vinculación entre comprador y vendedor; cláusula que, posteriormente,
hubo que incluir por razones obvias.
De las relativas a la venta de estas sociedades, destaca que la normativa reguladora entonces no exigía unos requisitos mínimos de publicidad y concurrencia. Las sociedades de prevención fueron adquiridas por directivos trabajadores de la
sociedad, trabajadores de la mutua, empresas mutualistas o entidades vinculadas al patrimonio histórico de las mutuas. La Dirección General no puso objeción alguna a lo anterior, a pesar de que la Intervención consideró que esta adquisición no se
adecuaba a lo establecido en la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales.
Teniendo en cuenta que los informes sobre la valoración de alguna de estas sociedades tomaron como fuente de información las estimaciones proporcionadas por los propios directivos de la sociedad, que todos los procedimientos de venta
carecieran de publicidad y concurrencia, así como la opinión de la Intervención General de la Seguridad Social -contraria a este tipo de operaciones-, el Tribunal ha considerado que la Dirección General de Ordenación debió cuestionarse la
oportunidad de muchas de estas enajenaciones. En aquellas sociedades vendidas a directivos y trabajadores de la sociedad, trabajadores de la mutua o entidades vinculadas el precio pagado fue significativamente inferior a los de aquellas sociedades
vendidas a terceros no vinculados.
En cuanto a hechos posteriores a la venta, la dirección general no verificó el cumplimiento de lo estipulado en las resoluciones de venta. En seis supuestos el precio de venta inicialmente pactado sufrió modificaciones que provocaron su
reducción; en dos supuestos se ha producido una segunda venta de la sociedad de prevención, en uno de ellos la primera venta se produjo por dos millones de euros, aproximadamente, en el 2013, y en el 2016, fue objeto de otra posterior venta por
importe de 5 253 000 euros. Otra de las mutuas realizó una primera venta por 7 millones de euros a una sociedad constituida por cinco directivos de la propia sociedad de prevención y a un inversor privado en 2015; la segunda venta se produjo a
principios del 2016 por un importe de 29 millones de euros.
Respecto a la recaudación de las deudas de las sociedades de prevención con el patrimonio de la Seguridad Social, la Tesorería General de la Seguridad Social no tuvo con carácter general -se ha constatado- conocimiento de estas deudas y, por
tanto, no abrió procedimientos de recaudación para su cobro. La Dirección General de Ordenación solo trasladó a la Tesorería la intención de dos mutuas de solicitar autorizaciones de aplazamiento y fraccionamiento de pago de las deudas. En este
momento, la Tesorería puso en marcha el procedimiento para la recaudación. Además de todo lo dicho anteriormente, permitió que estas sociedades de prevención accedieran a contratación, subvenciones públicas, obtención de bonificaciones y reducción
de costes de Seguridad Social.
El presente informe incluye dos recomendaciones, bien es cierto que eran para 2014 y 2015. Por un lado, propone efectuar un seguimiento de todas las resoluciones y autorización de venta y de los contratos de compraventa de las sociedades de
prevención, y por otro lado, en relación con las sociedades de prevención que fueron vendidas a los directivos o a los trabajadores de la mutua, empresas mutualistas o entidades vinculadas, plantea efectuar un especial seguimiento para garantizar
que no exista confusión de los medios y sociedades de prevención que pudiera dar lugar a la utilización de recursos del sistema de Seguridad Social. Este informe lo doy por presentado, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, presidenta.
Pasamos ahora a las preguntas de los diputados. A continuación, por el Grupo Parlamentario Republicano-Euskal Herria Bildu, tiene la palabra el señor Furriol.
El señor FURRIOL I FORNELLS: Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias, presidenta, por su comparecencia y la exposición, también al Tribunal de Cuentas por el estudio riguroso efectuado. Me referiré, sobre todo, al primero de los informes, el relativo a la gestión y control de los pagos al
personal de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, en el que se ponen de relieve irregulares graves, en ocasiones, por su cuantía y, en todo caso, con independencia de su importe, porque suponen pagos improcedentes con cargo al
presupuesto o al patrimonio de la Seguridad Social. Como se indica en el propio informe, se trata de un presupuesto y de un patrimonio del sector público y que tiene, además, una finalidad específica de máxima importancia a la que nos hemos
referido en el anterior bloque. De hecho, en la reunión de la Comisión que se celebró en junio de 2021 ya se informó y debatió sobre el informe de fiscalización de la contratación celebrada por la Mutua Fraternidad-Muprespa durante 2017, el mismo
ejercicio al que se refiere el presente informe, aunque aquel tenía un ámbito objetivo más amplio. Pero ya se pusieron de manifiesto la existencia de pagos con cargo al patrimonio de la Seguridad Social que, de ser divididos por la mutua -y en
algún caso ello tampoco resulta acreditado- en ningún caso pudieran hacerse con cargo a fondos públicos.
En el informe que estudiamos hoy, las obligaciones indebidas detectadas y financiadas con el patrimonio de la Seguridad Social se pueden clasificar en varios grupos. Uno de ellos se refiere a los posibles sobrecostes por no respetarse los
mínimos de personas con facultades ejecutivas, por despidos calificados como improcedentes sin suficiente justificación y sobrecostes reales, en este caso, no potenciales, por retribuciones superiores a los límites establecidos, que en el caso los
despidos, se estima que podrían ascender estas cuantías a 289 000 euros en Activa Mutua o hasta 141 000 en la Mutua Fraternidad-Muprespa.
Otro conjunto de gastos pagados impropiamente o en exceso corresponden a reuniones, comidas, desplazamientos y una parte importante a gastos en acción social para atenciones a trabajadores, extrabajadores y familiares en conceptos como
regalos de Reyes, cestas de Navidad y celebraciones varias, entre los que llama poderosamente la atención el importe de más de 525 000 euros, también en la Mutua Fraternidad-Muprespa. Sin cuestionar la existencia de que se efectúen pagos de este
tipo, lo criticable es que se hagan con cargo al patrimonio de la Seguridad Social. Por supuesto, estos pagos deberían reintegrarse por parte de las mutuas, aunque ello no solucione el problema de financiación de la Seguridad Social que hemos
comentado con anterioridad.
Pasando del estudio efectuado de los hechos constatados a las recomendaciones, aquí nos encontramos expresiones como impulsar las medidas oportunas, dictar instrucciones complementarias, aprobar instrucciones, impulsar la modificación
normativa, etcétera. Sin embargo, no se encuentran medidas para que se proceda a la restitución del patrimonio de la Seguridad Social de los importes cargados indebidamente al mismo, ni da indicaciones en el sentido de qué debería hacerse. En este
sentido, querría preguntar por el motivo de dicha omisión, si se debe a que consideran que, por tratarse de algo tan obvio, es innecesario exponerlo y que, en todo caso, consideran que debe hacerse y si, como
Tribunal de Cuentas, tienen previsto verificar si se ha procedido o no a dicho resarcimiento o, como mínimo, a su reclamación por parte de la Seguridad Social o a su deducción en pagos posteriores a las mutuas o, incluso, si se han iniciado
o le consta que vayan a iniciarse actuaciones de la Seguridad Social o del propio Tribunal de Cuentas para exigirlo.
Otra pregunta es si considera que alguno de los hechos que se describen son o podrían ser constitutivos de delito, teniendo en cuenta que hablamos de disposición por parte de entidades privadas de fondos públicos y sin causa legítima o,
dicho de otro modo, de apropiación indebida de fondos públicos para atender al pago de gastos correspondientes a una actividad económica privada, lo que sería más grave que malversar o provocar o consentir un gasto innecesario, puesto que habría un
consecuente lucro por parte de la propia entidad que lo provoca.
Quisiera hacer una última reflexión -aunque lamentablemente no es novedosa por nuestra parte ni tampoco será la última vez que la verbalizamos- y es el hecho de que no siempre se exigen responsabilidades por despilfarro y malversación de
fondos públicos, aun cuando el resultado de la fiscalización sea evidente en su denuncia, pero sí se exige, en cambio, por la acción exterior de la Generalitat o por la realización de un referéndum que cuentan con soporte popular y con respaldo
democrático y que forma parte del programa de Gobierno aprobado por el Parlament. Esto lleva a mucha gente a la conclusión de que el Tribunal de Cuentas no persigue tanto la malversación, sea o no delictiva, como, sobre todo, la disidencia
política, y además, no persigue a corruptos o malversadores, sino a independentistas.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
A continuación, por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Aizcorbe.
El señor AIZCORBE TORRA: Muchas gracias, señor presidente.
Muchísimas gracias, señora presidenta, por su presencia, por hablarnos y exponernos estos dictámenes y, mucho más, por hacerlo sin mascarilla con lo cual podemos ver su rostro y adivinar más todo lo que dice detrás de cada palabra, cada
frase y cada sentencia.
Quiero empezar por cómo ha acabado el anterior compañero. Ha mezclado churras con merinas, lo que sí hubo en Cataluña, en según qué actuaciones, fue una auténtica malversación y aquí lo que hay, posiblemente, sea otra cosa distinta. Es
curioso que en estos dos informes de fiscalización estemos hablando de unos que se han ido y de otros que están de aquella forma. Los que se han ido son las empresas de prevención -hace seis años que ya están fuera de lo público- y, desde luego,
quien queda servida es la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social. Según el informe, aquí es para darle un premio, porque se le da por todos lados. Se le da desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista normativo, desde
el punto de vista de la falta de control, en algo que todos vimos e intuimos en el momento en que se produjo esa segregación, ese desgaje, esa escisión obligada de las mutuas colaboradoras de aquellas acciones de prevención.
Sorprenden algunas de las operaciones especulativas, pero, claro, cuando ya estamos fuera del control de la cuestión estatal, si no son los mutualistas quienes inician cualquier tipo de acción porque se ha vendido a un precio inferior o se
ha catalogado, o se ha valorado y las valoraciones eran una mera formalidad y no eran reales, el mutualista tendría que haber sido quien hubiese actuado. Nosotros quedamos fuera, un poco fuera de juego.
También sorprende que esta falta de actividad de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social en relación con la Tesorería General de la Seguridad Social haya impedido exigir o tramitar algunas de las reclamaciones que
hipotéticamente se hubiesen podido hacer. Pero como se han ido, se han ido, y dudo que por los temas de prescripciones, caducidad, etcétera, se pueda se pueda hacer algo. No obstante, muchas gracias por el informe.
En cuanto al tema de personal de las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social, estamos en equilibrio entre una entidad de carácter privado colaboradora y que, además, recibe fondos de la Seguridad Social y funciona a través de un
convenio, el convenio general de ámbito estatal del sector de las entidades de seguros. El Tribunal de Cuentas recomienda que se pase a un convenio único para el personal laboral de la Administración General del Estado o, alternativamente, que se
analice con la representación sindical y las propias mutuas aprobar un colectivo propio para estas. Bueno, puede ser una salida. Es cierto que hay algunas recomendaciones a tener en cuenta acerca de algunos de los gastos que se realizan de
personal; son 976 000 millones de euros en total el gasto de personal. Quizás eran costumbres que se
venían realizando en su momento -una cesta de navidad o una comida- que, si bien históricamente formaban parte de algo que le daba valor al puesto de trabajo, incluso era necesario para las relaciones sociales que pudiesen existir, ahora
pueden ser rechazadas o discutidas ya por la propia norma fiscal de ordenación. Los informes son los que son, las recomendaciones son las que son y, como digo, hay unos que ya se han ido, que esperemos que les vaya bien, y otros que siguen estando
aquí a medias, y a ver si somos capaces entre todos de que el dinero público pueda utilizarse de la mejor forma posible.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aizcorbe.
A continuación, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Paniagua.
El señor PANIAGUA NÚÑEZ: Gracias, presidente. Buenos días, señorías.
Señora presidenta, bienvenida de nuevo a esta Comisión. Quiero felicitarle por el trabajo de los dos informes y le pido que se lo traslade, por supuesto, como siempre, a todo el equipo del tribunal, que hace un extraordinario trabajo.
Voy a hacer un comentario breve sobre la intervención anterior del señor Muñoz, del Grupo Socialista, porque nos decía que el señor Rodríguez Zapatero lo había hecho muy bien. Podía habernos dicho qué hizo, porque lo que recordamos son tres
millones de parados y la congelación de las pensiones. No sé si se refería a esto.
En cuanto al Fondo de Reserva, le recuerdo que no lo llenaba el Gobierno socialista, no tenía tan buen sueldo; lo llenaba el sistema. El sistema es el que llena el Fondo de Reserva. Y, por último, que los pensionistas no perdieron poder
adquisitivo con los gobiernos del Partido Popular. Este año 2021, por ejemplo, sí, con un 2,5 de subida frente al 6,5 de inflación, es decir, 4 puntos. Por tanto, le ruego que no sea tan demagogo y no mienta en sede parlamentaria. (Aplausos). Ya
sé que se puede hacer sin consecuencias, pero aun así, creo que es bueno para nuestra democracia no hacerlo.
En cuanto al primer informe, el Tribunal de Cuentas lo incorporó al programa de fiscalizaciones para los años 2018 y 2019. Los objetivos específicos eran fomentar las buenas prácticas de organización, gestión y control de las entidades
públicas e incrementar las fiscalizaciones operativas. Estaba dentro del plan estratégico 2018-2021. Estamos totalmente de acuerdo con el informe y sus objetivos creemos que han sido cumplidos.
La verdad es que las mutuas han sido fiscalizadas por el tribunal en muchas ocasiones y me gustaría preguntarle cuál cree que es el motivo, si es que a lo mejor no estaba bien legislada esta figura, si es por su carácter de sociedades
mercantiles, etcétera. Apoyamos todas las recomendaciones que plantea el tribunal.
En cuanto al segundo informe de fiscalización, relativo al proceso de segregación de los servicios de prevención ajenos, en este caso el informe se realiza a instancias, como bien ha dicho, de esta Comisión Mixta de las Cortes Generales y se
incorporó al programa de fiscalizaciones de 2019. La Comisión lo solicitó tras un informe del tribunal aprobado en 2014. Se refiere a las actuaciones de las mutuas con posterioridad a la segregación de los servicios de prevención ajenos y a la
gestión, control y seguimiento de este proceso por parte de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social. Como bien nos dice el informe, no se han producido limitaciones a la labor del tribunal y, por tanto, podemos decir que se ha
terminado esta fiscalización.
Esta separación se produjo a causa de una sentencia del Tribunal Supremo del año 2014, porque en el año 2007 la Asociación de Servicios de Prevención interpuso una denuncia ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia por
considerar que las mutuas habían realizado actividades restrictivas de la competencia. En este proceso, el Tribunal Supremo falló en su sentencia que las conductas de las mutuas denunciadas en el expediente sustanciado constituían un falseamiento
de la libre competencia por actos desleales. El origen de todo esto fue un informe del Tribunal de Cuentas, lo que pone en valor su trabajo y su utilidad, pero si la primera vez que se puso de manifiesto fue en el año 1998, hasta 2014 no hubo una
sentencia y hasta hace pocos años no se ha cerrado el proceso, quizá debamos replantearnos el funcionamiento de algunos procesos de nuestro sistema. Desde luego que es más garantista, pero también debemos admitir que permite que se alarguen en el
tiempo comportamientos injustos o que pudiéramos considerar ilícitos.
Se ha realizado el seguimiento, incluso después de la venta, de recomendaciones de informes anteriores que afectan a este proceso y se dan por cumplidas. Por tanto, dado que se trata de un proceso finalizado, no procede efectuar más
recomendaciones que las que nos ha planteado la presidenta, que
son las dirigidas a la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, que básicamente se dirigen al seguimiento de las ventas, que se cumplan los clausulados, y en el caso de las que se vendieron a trabajadores o directivos de las
mutuas, comprobar que no existe confusión de medios entre las mutuas y las sociedades de prevención. Vuelvo a reiterarle las gracias por su trabajo.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Paniagua.
A continuación, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor García.
El señor GARCÍA GÓMEZ: Gracias, señor presidente.
Buenos días, señora presidenta. Trasládeles a los empleados del Tribunal de Cuentas el magnífico trabajo que han hecho en estos informes.
Una cuestión previa, señor Paniagua: el señor Rajoy no mantuvo el poder adquisitivo de las pensiones a los pensionistas; subió un mísero 0,25 % cada uno de los años de su Gobierno. Y la segunda cuestión, señor Paniagua, el señor Rajoy
pagó las pensiones durante su Gobierno y en cada uno de sus ejercicios pagó las dos pagas extraordinarias con el Fondo de Reserva. Si no hubiera habido Fondo de Reserva, probablemente les hubiera quitado las dos pagas extraordinarias, como hizo con
una a los empleados públicos. (Aplausos).
Respecto a los informes que nos traen hoy aquí para hablar en este punto, cabe reseñar que sale mal parada la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social del Ministerio de Empleo, dirigido por la señora Báñez, siendo presidente el
señor don Mariano Rajoy. Es bueno empezar recordando que el patrimonio de las mutuas es patrimonio de la Seguridad Social y que estas, las mutuas, forman parte del sector público estatal de carácter administrativo y, por tanto, les son de
aplicación las normas y principios de la acción pública en estos entes. Resulta especialmente grave lo contenido en las conclusiones del informe de segregación de los servicios de prevención ajenos de las referidas mutuas, porque esta dirección
general no ejerció sus funciones de tutela y dirección adecuadamente en bastantes aspectos del proceso de enajenación, que debía estar finalizado en 2015. Necesitaría media hora para explicar todas las irregularidades, pero voy a señalar algunas de
ellas, las más importantes. Refleja este informe que no se exigió un procedimiento que propiciara la publicidad, la concurrencia y el establecimiento de mayores cautelas, especialmente respecto a las enajenaciones realizadas a personas físicas o
jurídicas vinculadas a la mutua o la sociedad de prevención, lo cual conlleva un deterioro de los intereses del patrimonio histórico de las mutuas afectos estrictamente a los fines de colaboración con la Seguridad Social. No se exigió que el precio
de venta de los servicios de prevención por lo menos fuese el que se recogía en los informes de valoración. En el caso de las sociedades de prevención adquiridas por personas vinculadas a las mutuas, el precio de venta fue sustancialmente inferior
al precio de valoración. Las deudas de las sociedades de prevención fueron asumidas con posterioridad por las mutuas, en lugar de hacerlo los propios servicios de prevención. Además, se pagó solo el principal, sin pagar los intereses, lo que
supuso un quebranto para el patrimonio de la Seguridad Social, puesto que el patrimonio de las mutuas, como decía antes, es patrimonio de la Seguridad Social, y, además, un detrimento del Fondo de Reserva. Es decir, se vendieron sin pagar las
deudas; luego, las mutuas lo pagaron con dinero público de la Seguridad Social -negocio redondo- y el ministerio de la señora Báñez sin hacer nada -o sí, como diría Rajoy-. ¿Puede que la negligencia estuviera planificada? Es muy probable, porque
el Partido Popular, como siempre en privatizaciones, mira para otro lado.
Ni que decir tiene que no se vigilaron las segundas ventas. El ministerio de la señora Báñez ignoró deliberadamente que esos servicios de prevención privatizados, algunos de ellos con mucha rapidez, eran revendidos a precios muy superiores
al precio de enajenación por parte de la mutua, es decir, que se produjo un proceso de especulación. Pondré solo dos ejemplos. Uno de ellos lo ha citado la presidenta, una mutua que enajena su servicio de prevención sin el preceptivo informe
externo de valoración por 2,2 millones de euros y que antes del tercer año lo vende por 5,2 millones de euros -2,2 por 5,2-. Pero el caso más grave y más sangrante es esta otra mutua que enajenó su sociedad de prevención por 7 millones de euros y
al año siguiente -recalco, al año siguiente-, en doce meses, la revendió valorada en 29,1 millones, es decir, su precio, su valor, pasó a multiplicarse por cuatro.
La dejación de vigilancia hizo que no se impusieran cláusulas de reventa ni porcentaje a ingresar en el patrimonio histórico de la mutua en caso de reventa. Es el mejor ejemplo de cómo se hace negocio con los recursos públicos para
beneficio privado. Tampoco en las segundas ventas el ministerio de la señora Báñez
hizo nada para defender el interés general de la Seguridad Social. Podría continuar poniendo ejemplos, pero esto lo que viene a demostrar es que el señor Rajoy, mientras hacía caja con algunos amigos, imponía, como ha dicho mi compañero el
senador Muñoz, restricciones a los pensionistas. (Rumores).
Lo descrito hasta aquí es grave, pero es mucho más grave lo que hemos visto en el primer informe sobre la situación de la Seguridad Social y los ingresos de la Seguridad Social hace escasamente una hora. Sobre todo, lo grave de toda esta
situación, como decía al principio, es que el señor Rajoy, ante la insuficiencia de ingresos de la Seguridad Social, no buscó dinero en la venta de los servicios de prevención, no; recortó las pensiones. Estas solo se revaluaban el 0, 25 % anual,
y ya les he contado lo que hacían con el Fondo de Reserva. Por tanto, el Gobierno de Rajoy exprimía a los pensionistas, mientras que era dadivoso con una minoría que se aprovechó de la enajenación de los servicios de prevención ajenos. La
conclusión es clara, es un escándalo. Quienes presumen de buenos gestores económicos, quienes critican sin fundamento a los gobiernos socialistas, pusieron el patrimonio de la Seguridad Social en almoneda y beneficiaron con la privatización a una
minoría seguramente cercana, porque nunca se enriquece a la minoría lejana. (El señor Paniagua Núñez: ¡Tiempo, tiempo!). Todo muy al estilo de los gobiernos del Partido Popular, de Aznar o de Rajoy, da igual, como el PP de siempre. Bueno sería
recordar en estos momentos, señor presidente, para terminar, que para la democracia es bueno no cortarle la cabeza a aquel que quiere denunciar la corrupción, como hemos visto recientemente en algún partido político. (Protestas).
Nada más y muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: No se pongan nerviosos con los tiempos. He sido muy respetuoso con los tiempos. Se ha pasado un minuto y siete segundos, cuando antes sus compañeros se han pasado un minuto y medio y no he dicho nada porque creo que
son pocas palabras y les puedo permitir que terminen. Por un minuto no hay que estar avisando: tiempo, tiempo, tiempo.
El señor PANIAGUA NÚÑEZ: Presidente, no me quejaba por el tiempo.
El señor PRESIDENTE: Sí, estaban diciendo: ¡tiempo, tiempo, tiempo!
El señor PANIAGUA NÚÑEZ: Sí, sí, pero era porque no estaba hablando de los informes. Era más que nada por eso.
El señor PRESIDENTE: Entonces tendría que cortar a todos si no hablaran sobre los informes.
A continuación, tiene la palabra la señora presidenta del Tribunal de Cuentas.
La señora PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Chicano Jávega): Gracias, presidente.
Ha quedado claro por parte de todos, ya que casi todos han incidido en los mismos temas, que es una gestión que hay que resolver en el futuro. En cualquier caso, es verdad que todo no es tan pesimista como dice el señor Aizcorbe, porque el
Tribunal de Cuentas -y esto va en relación con lo que ha dicho el señor Furriol- tiene abiertos cinco expedientes de reintegro por alcance por estas dos fiscalizaciones y uno por responsabilidad tributaria por todos los regalos que, en su momento,
no tributaron como salario. Las salas de justicia del Tribunal de Cuentas tomarán decisiones al respecto y es muy posible que algunos no hayan prescrito precisamente porque en su momento se abrieron expedientes de reintegro por alcance. Con lo
cual, señor Furriol, le digo que nosotros nos dedicamos a lo que nos dedicamos y lo demás seguramente forma parte de su imaginario, pero por mí misma y por todo el personal del tribunal le digo que nosotros nos dedicamos a lo que tenemos que hacer.
Me parece que el señor Paniagua me ha preguntado por la incidencia en el tema de mutuas. Primero, toda su regulación tiene una debilidad normativa que la constituye en el área de riesgo, sobre todo porque compromete dinero público, gestión
y financiación privada. Entonces, constituye un área de riesgo importante y quizá es exagerada la función fiscalizadora sobre las mutuas pero, siendo así, fíjese lo que pasa. Si no fuera así, no sé qué pasaría. No hay más razón que la de que
normalmente nosotros, al intentar definir áreas de riesgo, las identificamos por varios criterios y uno, sin duda, es la debilidad normativa; otro es la gestión de fondos públicos desde ámbitos privados o no públicos, y otro es el volumen que se
maneje de fondos, sobre todo, públicos. Con lo cual, de momento, y visto lo visto, tendremos que seguir incidiendo en las mutuas.
Yo creo que están contestadas prácticamente todas las preguntas, porque casi todas incidían en lo mismo.
BLOQUE III: INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN Y CONTROL DE LOS DEUDORES POR PRESTACIONES DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES, EJERCICIO 2016. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000012
y número de expediente del Senado 771/000012).
- INFORME DE FISCALIZACIÓN SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN Y CONTROL RELATIVOS A LOS RECARGOS APLICADOS POR LA FALTA DE ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO, EJERCICIO 2016. (Número de expediente del Congreso de los
Diputados 251/000019 y número de expediente del Senado 771/000019).
- INFORME DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA SOBRE LA FORMACIÓN PROFESIONAL DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA, EJERCICIO 2018. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000111 y número de expediente del Senado 771/000111).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate correspondiente al bloque III: informe de fiscalización de los procedimientos de gestión y control de los deudores por prestaciones del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, ejercicio 2016;
informe de fiscalización sobre los procedimientos de gestión y control relativos a los recargos aplicados por falta de adopción de medidas de seguridad e higiene en el trabajo, ejercicio 2016, e Informe de fiscalización operativa sobre la formación
profesional del Instituto Social de la Marina, ejercicio 2018.
Tiene la palabra la señora presidenta del Tribunal de Cuentas.
La señora PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Chicano Jávega): Gracias, presidente.
La primera de las fiscalizaciones a la que ha hecho referencia el presidente se aprobó en mayo del 2019 y está referida al ejercicio de 2016. Esta fiscalización tenía como objetivos específicos analizar los procedimientos de gestión y
control de las prestaciones indebidamente abonadas a los beneficiarios detectadas por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales y su adecuación a la normativa vigente. También tenía como objetivo analizar los sistemas de control establecidos por
el instituto y verificar la aplicación de los procedimientos de gestión de la deuda detectada de su reclamación, de su recuperación y de la anulación de las prestaciones indebidamente abonadas por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales.
El artículo 55.1 del texto refundido de la Ley General de Seguridad Social establece que los trabajadores y demás personas que hayan percibido indebidamente prestaciones de la Seguridad Social estarán obligadas a reintegrar su importe. La
percepción indebida de prestaciones se produce como consecuencia del abono de las mismas, tras producirse una causa de extinción o modificación de su derecho al cobro por causas múltiples, siendo las principales en las no contributivas y servicios
complementarios de estas, la variación en la situación del beneficiario: estado civil, residencia, modificación de ingresos personales o de la unidad económica de convivencia. El saldo de los deudores por prestaciones a 31 de diciembre de 2016
ascendía aproximadamente a 27,5 millones de euros, habiendo experimentado una reducción desde 2014, en que el saldo era superior a los 34 millones de euros.
Como principales conclusiones de este informe se puede destacar que la aplicación del régimen jurídico en materia de no contributivas y de prestaciones sociales y económicas para personas con discapacidad ha supuesto, de hecho, que en la
gestión de ambas pensiones intervengan dos actores principales: el Imserso, asumiendo el gasto con cargo a su presupuesto, y los órganos competentes de las comunidades autónomas, que reconocen la prestación y gestionan los deudores que surjan para
el cobro indebido. Esto genera disfuncionalidades derivadas de que las propias instrucciones del Imserso son aplicadas o interpretadas por órganos gestores sin que reglamentariamente sean vinculantes. El mecanismo más importante para la detección
de cobros indebidos es la que se denomina revisión anual de las pensiones no contributivas y de prestaciones sociales para personas con discapacidad, porque afecta a la totalidad del colectivo de beneficiarios, y realmente es la vía principal para
detectar la superación del límite de ingresos tanto por el beneficiario como por la unidad económica de convivencia, detección que no se realiza mediante cruces informáticos.
Tal como está en la actualidad, se puede concluir que la revisión anual no alcanza los objetivos de eficacia y eficiencia que serían deseables en la detección de deudores y de prestaciones indebidamente percibidas. Se debe, ya lo he dicho
en anteriores ocasiones y está constatado, a que realmente hay un importante volumen de trabajo administrativo que requiere todo este proceso, unido a que tienen pocos
recursos humanos -siempre lo manifiestan los gestores-. Por ejemplo, el porcentaje de revisiones anuales de pensiones no contributivas en el ejercicio que estamos analizando fue del 61,83 %. El Imserso no efectúa un tratamiento informático
-estoy hablando de 2016, con lo cual, no sé si la situación se habrá modificado- de determinadas bases de información, cosa que permitiría detectar duplicidades en el cobro de incidencias en cuanto a pensiones incompatibles. Efectuado el
tratamiento por parte del tribunal de estas bases de información, realmente lo que se ha verificado es que hay cobros indebidos no detectados por el propio Imserso. Como ustedes habrán podido comprobar, está detallado en el propio informe.
El Imserso tampoco cuenta con un sistema informático centralizado, con lo cual no puede obtener información para el seguimiento de cada expediente. La Tesorería General de la Seguridad Social no tiene habilitada una transacción informática
que permita a las comunidades autónomas la comunicación de datos que sean identificativos de esa deuda. Esta traslación de los datos informáticos de la tesorería a las comunidades autónomas supondría mejorar la gestión de la recaudación de estas
deudas. Cuando los órganos gestores detectan haber puesto al cobro nóminas con posterioridad al fallecimiento de un pensionista, lo comunican a la tesorería y esta, a su vez, a la entidad financiera colaboradora, para que inicie un procedimiento de
retrocesión bancaria, cuyo objetivo es la devolución a la tesorería de la cantidad abonada indebidamente. Para la gestión de estos pagos indebidos no existe un procedimiento centralizado donde el Imserso gestione las peticiones de retrocesión y,
por tanto, mantenga el control sobre la situación. Es un proceso manual gestionado a nivel de los órganos gestores que remiten una solicitud en soporte papel a la dirección provincial de la tesorería, identificando el beneficiario, la fecha de
fallecimiento, las nóminas que se han emitido con posterioridad, etcétera. Esa solicitud es remitida por la tesorería a la entidad financiera correspondiente, que debe devolver en veinte días los importes solicitados o motivar las causas por los
que no los devuelve. Con carácter general, las entidades financieras no efectúan adecuadamente el control de vivencia al que son obligadas por la orden que aprueba el reglamento de la gestión financiera de la Seguridad Social. Las recomendaciones
más importantes de este informe son que el Gobierno debería promover, junto con las comunidades autónomas, instrumentos necesarios para dar cumplimiento a los principios de colaboración, cooperación y coordinación entre las administraciones
públicas. El instituto, el Imserso, debería optimizar la explotación informática de sus bases de datos y comunicar sus resultados en soporte informático para asegurar un seguimiento eficaz de las incidencias. El Imserso debería establecer ese
sistema informático también centralizado y único para la tramitación de los expedientes, debería estudiar un replanteamiento general del procedimiento de revisión anual que haga viable su realización, habida cuenta de que en el año 2016 el 38,17 %
del colectivo de pensionistas no fue objetivo de esta revisión anual.
La tesorería debería agilizar la implantación en relación con el Imserso de un procedimiento centralizado automático de retrocesión de las mensualidades hasta un máximo de 48, abonadas con posterioridad al fallecimiento del titular.
Igualmente, debería estudiar la posibilidad de implantar un procedimiento homogéneo para recabar la colaboración de las entidades financieras que hacen efectiva la retrocesión de los pagos indebidos.
Paso al siguiente informe. Informe sobre los procedimientos de gestión relativos a los recargos aplicados por la falta de adopción de medidas de seguridad e higiene en el trabajo, ejercicio 2016 también. El ámbito subjetivo es el INS y el
Instituto Social de la Marina, la Tesorería General de la Seguridad Social, la Inspección de Trabajo y la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social. Tuvo como objetivo verificar el cumplimiento de la normativa referente a los recargos
aplicados sobre las prestaciones económicas derivadas de accidente de trabajo y enfermedad profesional, impuestos por falta de adopción de medidas de seguridad e higiene en el trabajo. Ya saben que todas las prestaciones reconocidas en el sistema
de Seguridad Social que deriven de accidente o de enfermedad profesional se aumentarán de un 30 % a un 50 %, según la gravedad de la falta, cuando la lesión se produzca precisamente por la falta de adopción de medidas de seguridad por parte de la
empresa infractora. Este recargo, según la ley, recae directamente sobre el empresario infractor.
Lo primero que se pone en cuestión en el informe es la compleja naturaleza jurídica de los recargos. La normativa vigente no clarifica su naturaleza jurídica; tampoco determina si se trata de una prestación a incluir dentro de la acción
protectora del sistema de Seguridad Social, porque no están mencionados en el artículo 42 del texto refundido. Lo cierto es que estos recargos presentan características propias de las prestaciones del sistema de Seguridad Social y son reconocidos
por el mismo órgano que reconoce las prestaciones económicas. En cuanto al pago de los mismos, no existe responsabilidad de estas entidades
gestoras, ni subsidiaria ni solidaria. Es una figura de difícil calificación con características sancionadoras, indemnizatorias e incluso prestacionales. A ello se une la falta de normativa sistematizada sobre la figura de los recargos.
Es una figura que tiene contenidos en diversos artículos de diversas normas.
Conclusiones o recomendaciones: falta de una regulación adecuada de los recargos. No hay aplicaciones informáticas específicas para la gestión de estos expedientes, lo que dificulta mucho el manejo de los mismos. El cumplimiento del plazo
de resolución expresa de estos expedientes, que es de 135 días, se dilata muchísimo en el tiempo. En cuanto al seguimiento y control implantados por la tesorería, destaca que el concepto presupuestario ingresos afectados a la cobertura de los
recargos no recoge todos los ingresos percibidos durante el ejercicio por ese concepto, y las cuentas de deudores por derechos reconocidos y presupuesto de ingresos del ejercicio corriente y la misma para ingresos cerrados están sobrevalorados en un
importe de, en un caso, 944 000 euros y, en el otro, 2 000 800, ya que las deudas en situación de derivación de responsabilidad se encuentran contabilizadas tantas veces como las empresas son declaradas responsables, contraviniendo los criterios
contables que utiliza.
En cuanto a los cálculos actuariales realizados para el cálculo de los capital coste, la aportación que han de constituir en la Tesorería las mutuas de trabajo y enfermedades profesionales de recargo sobre pensiones, estas tablas de
mortalidad, que fueron aplicadas en el año 2016, están referidas a la población del año 2000, sin que nos conste que haya habido ninguna actualización. Por ello, las principales recomendaciones son: necesidad de proceder a un desarrollo normativo
adecuado en esta materia; adoptar medidas necesarias para que podamos tener una información completa y adecuada de los recargos aplicados; se insta también a adoptar medidas necesarias para que se recoja la totalidad de los ingresos procedentes de
los recargos, y se recomienda también la elaboración de unas tablas de mortalidad y una tasa de interés actualizadas para la determinación del valor actual de los capitales coste.
Paso al siguiente informe, presidente, y con este creo que ya hemos terminado. Informe de fiscalización operativa de la formación profesional del Instituto Social de la Marina, ejercicio 2018. El objeto de este informe ha sido el análisis
de las prestaciones de formación profesional marítima y sanitaria financiadas por el ISM durante 2018 e impartida a través de sus direcciones provinciales y locales, de los dos centros nacionales de formación marítima, del Instituto de Formación
Profesional Marítimo Pesquero de Las Palmas, de empresas externas y de otras entidades que han prestado estos servicios. Los objetivos han sido el análisis de la evolución y ejecución de los planes anuales de formación del instituto, verificar que
la gestión de los cursos de formación ha sido conforme con la normativa y con los principios de eficacia y economía, verificar los controles implantados por el instituto para supervisar la realización y calidad de los cursos, comprobar que las
actuaciones de certificación y justificación de gastos realizados ante la unidad administradora del Fondo Social Europeo han sido conformes con la normativa y con los principios de eficiencia y economía y, también, verificar el cumplimiento de las
recomendaciones del tribunal y de las resoluciones de la propia Comisión mixta.
En cuanto a los resultados sobre rendición de cuentas, el ISM envió las cuentas correspondientes al 2018 en plazo, y en cuanto a la evolución y ejecución de los planes anuales de formación, el informe pone de manifiesto que el instituto
solamente atendió al 18 % de las casi 34 000 solicitudes presentadas, lo que representa un porcentaje muy escaso, teniendo en cuenta que esos títulos de formación profesional son requisito obligatorio para embarcar, obtener un puesto de trabajo y
afiliarse al Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar. El informe contiene una comparativa de la evolución de los cursos de 2018 en relación con los de 2017, destacando que ha sido negativa; el número de cursos
impartidos descendió en el 2018 un 14 %. Se cancelaron también en el 2018 un total de 130 cursos y el 81,5 % de la cancelación fue imputable a Tragsatec, que es la empresa a la que se le adjudicaron buena parte de los cursos, fundamentalmente por
la imposibilidad de la empresa para encontrar docentes para impartir los cursos y porque estas empresas tienen un límite de subcontratación que no pueden superar el 50 % del encargo. Este elevado número de cancelaciones pone de manifiesto la escasa
eficacia o eficiencia de Tragsatec como medio propio para la ejecución de los cursos.
Sobre la gestión de los cursos de formación profesional, el informe recoge la existencia de muchas deficiencias en las aplicaciones informáticas. Durante el ejercicio de 2018 se formalizaron con Tragsatec dos encomiendas de gestión y cinco
encargos a medios propios para el servicio de gestión e inspección de los cursos de formación profesional por importe de casi tres millones de euros, y el análisis de la gestión de estos cursos ha puesto de manifiesto que las facturas presentadas
por Tragsatec presentan un porcentaje de subcontratación en relación con el coste real inferior al que fue realmente subcontratado, un 38,6 frente al realmente contratado, que fue un 42,8 %. Algunas de las facturas que emiten las empresas
subcontratistas
a Tragsatec, y esta al ISM, no identifican de manera clara los importes correspondientes a los conceptos subcontratados ni tampoco la identificación del curso o las partidas y conceptos de gasto facturado, lo que ha dificultado mucho el
control a realizar por el instituto en relación con el límite máximo de subcontratación. El importe abonado en exceso por el Instituto Social de la Marina a Tragsatec en concepto de subcontratación, por defectos en facturación y por error en el
pago de un curso, ascendió a 177 000 euros.
El informe también contiene un estudio sobre la evolución de los sistemas de impartición de la formación profesional, destacando que hasta 2013 la impartición se hacía con empresas externas mediante la contratación de expertos docentes.
Desde 2013 a 2019 el instituto sustituyó el sistema de formalización de encomiendas y encargos por medios propios con Tragsatec, y a partir de 2019 combinó el sistema con la celebración de un acuerdo marco con una empresa para la impartición de
cursos en los centros nacionales de formación marítima, dado el número elevadísimo de cancelaciones que se produjeron en la contratación con Tragsatec. En cada uno de los pasos se ha ido produciendo un incremento del coste de los cursos.
Sobre los controles implantados en los cursos de formación profesional, llama la atención la existencia de una pluralidad de sistemas de control internos y externos. Aunque en los sistemas de control que se hacen en varios sitios coinciden
destinatario, alcance y objeto del curso, no hay entre los varios controles ni comunicación ni colaboración, lo cual es posible que derive en una ineficiencia de la utilización de recursos públicos dirigidos al control. También se han detectado
muchas deficiencias relacionadas con cualificación profesional y experiencia docente del profesorado, sobre todo con el personal externo, que ha llegado, como ya digo, a cancelar muchos cursos. Se ha apreciado una falta de segregación de funciones
entre la materialización de los cursos y su control -en numerosas ocasiones fueron realizadas por el personal que participa en los cursos o el de Tragsatec- y también la inexistencia de planes de seguimiento y verificación de la subsanación de las
incidencias. No hay un procedimiento sancionador aplicable por el instituto a los centros privados homologados y tampoco hay procedimientos de actualización y control periódico de los inventarios vinculados a la formación profesional marítima en
los centros nacionales de formación.
El hecho de que las actuaciones de certificación y justificación de los gastos de formación ante la unidad del Fondo Social Europeo se hayan hecho muy tardíamente ha provocado que en el ejercicio 2015 ese tema se haya quedado fuera de la
financiación comunitaria. Este hecho, junto con la modificación del método de certificación del gasto -sustituyendo un sistema de gasto real por la aplicación de un baremo estándar de coste unitario-, que fue recomendado por la propia Comisión
Europea, llevó a la imposibilidad de alcanzar la totalidad del importe de ayuda concedida al final del periodo 2014-2020, evidenciando la ineficacia en el aprovechamiento de la financiación recibida del Fondo Social Europeo e incrementando el riesgo
de un posible descompromiso, por decirlo de alguna manera, de que el fondo siguiera subvencionando los cursos.
Sobre el seguimiento de las recomendaciones recogidas en el informe que se aprobó en el año 2004 y en las resoluciones de la Comisión mixta, la recomendación relativa a no impartir cursos a trabajadores no afiliados decayó después de la
promulgación de la ley de 2015. La relativa al estudio del traspaso de competencias de formación a comunidades autónomas se ha cumplido prácticamente en su totalidad, quedando pendiente exclusivamente en la Comunidad Autónoma de Canarias. Se ha
cumplido una recomendación dirigida al ISM sobre no efectuar reconocimientos médicos y no se ha cumplido, en ninguna manera, la dirigida al ISM relativa a la corrección y actualización de las aplicaciones.
Las recomendaciones actuales que se dirigen al Instituto Social de la Marina es que el ISM debería incoar las actuaciones necesarias para obtener una compensación por el importe abonado en exceso a Tragsatec, esos 177 000 euros que les dije
hace un momento; igualmente, deberían solicitar de una empresa adjudicataria del acuerdo marco la devolución de 12 000 euros abonados en exceso, también, por haber facturado servicios prestados con un presupuesto máximo y no por las horas realmente
impartidas. Una de las recomendaciones que se hacen es que el instituto debería valorar la implantación de una bolsa de trabajadores de contrato fijo discontinuo para la impartición de los cursos en los centros de formación marítima, implantar
nuevas aplicaciones informáticas o modificar las existentes para que no tengan las deficiencias con las que nos hemos encontrado, establecer un sistema de verificación y control que acredite la cualificación profesional y la experiencia docente del
profesorado -lo que dio lugar a muchas cancelaciones de cursos- y, por supuesto, segregar las funciones de control y mejora de la coordinación y colaboración de los cursos.
Habiendo más cosas, por no cansarles más, espero sus preguntas, que ha sido una mañana tremenda.
El señor PRESIDENTE: Gracias, presidenta.
A continuación tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario VOX, el señor Sáez.
El señor SÁEZ ALONSO-MUÑUMER: Gracias, señor presidente.
Gracias de nuevo, señora presidenta. Hoy, en la España administrativa y políticamente descentralizada, diecisiete administraciones legislan, presupuestan y gastan, en la mayoría de las ocasiones sin cumplir escrupulosamente con los
principios de eficiencia y eficacia de manera simultánea, contrariamente a lo que manda la Constitución española. Pues bien, en esta nuestra querida España, existen dos organismos centralizados que no se encuentran fragmentados ni cedidas sus
competencias a otras administraciones, como son la Agencia española de Administración Tributaria y la Dirección General de Tráfico, que, como todos los españoles saben porque lo sufren todos los días, se revelan en el grueso de sus funciones
recaudatorias como de los más eficaces al menos, pues pocos contribuyentes infractores escapan a sus controles, y son organismos capaces de procesar millones de datos para obtener los resultados de la recaudación. Quizás estos dos ejemplos pongan
de manifiesto que la homogeneización de procedimientos y la centralización de procesos y directrices sean sinónimo de optimización en la utilización de recursos públicos y del cumplimiento de objetivos. Ambos organismos disponen de potentísimos
recursos para la consecución de sus objetivos recaudatorios, control del fraude, imposición de sanciones a los infractores. ¿Tan difícil resulta trasladar al resto de los ministerios, organismos, agencias y otros entes públicos estos sistemas de
información y control para conseguir óptimos resultados? Voluntad de hacer, frente a inacción de la Administración o tal vez es pereza o desidia. Esto es lo que podríamos concluir ante los resultados de los informes de fiscalización que hoy nos
trae a esta Cámara el Tribunal de Cuentas en relación con los procedimientos de gestión y control de los deudores por cobro de prestaciones indebidas del Imserso y la Tesorería General de la Seguridad Social. Y es que no perseguir el fraude es
igual a derrochar recursos públicos, es el doble gasto, lo que se gasta indebidamente y lo que se deja de ingresar. Es que para algunas ministras mil millones no son nada y para otras el dinero público no es de nadie, y así nos va.
Estos informes de fiscalización demuestran cómo la descentralización desordenada de la Administración, carente de sistemas de cruce de datos, diluye la responsabilidad de quienes administran y el dinero se pierde como el agua entre las
manos, sin que haya un responsable directo, porque es el sistema en abstracto el que no es adecuado para la gestión. Por tanto, antes de crear sucursales de irresponsabilidad, se hace necesario establecer los sistemas de información que garanticen
eso, la información, que esté controlada y que no hay fugas.
Estas son las conclusiones que se desprenden de los informes de fiscalización del Tribunal de Cuentas que, en definitiva, denuncia que, en los procedimientos de control de los deudores por prestaciones del Imserso, no existe igualdad entre
comunidades autónomas en cuanto a gestión y atención a los pensionistas y, por tanto, no existe igualdad entre los españoles. Señala así incidencias y debilidades que se concretan en una falta de uniformidad en el procedimiento de forma que,
dependiendo de la comunidad autónoma en que reside el pensionista, se efectúan o no las revisiones anuales previstas legalmente, difieren los efectos económicos de dichas revisiones o la deuda puede ser objeto de descuento en nóminas sucesivas en
unas autonomías, mientras en otras no sucede lo mismo. Se recomienda -y estamos de acuerdo- garantizar la homogeneidad de actuaciones en cualquier parte del territorio, y asegurar una gestión eficiente y eficaz de la deuda por prestaciones
indebidamente percibidas. Es este otro ejemplo más de los problemas de una descentralización desordenada y descoordinada, como la que hemos visto durante estos dos años de pandemia con nuestro sistema sanitario multiplicado por diecisiete.
Otro punto es que ya resulta obsceno comprobar cómo la propia Administración incumple con la operativa contable de los deudores sin adecuarla a los principios básicos del devengo y no compensación, recogidos en el Plan General de
Contabilidad Pública, para las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social. A ninguna empresa privada se le ocurre la llevanza de su contabilidad incumpliendo los principios contables de obligado cumplimiento, pues las sanciones están
a la orden del día, pero la Administración tiene bula y puede saltarse las normas más básicas sin incluir en esa responsabilidad.
En pleno siglo XXI parece inaudito que el Imserso realice pagos a cerca de un centenar de pensionistas fallecidos. La entidad financiera devolvía cobros erróneos mensualmente, y, aun así, seguían insistiendo. Algunos de los fallecidos lo
eran desde el año 1999. La Tesorería General de la Seguridad Social recuperó, en 2016, 19,4 millones de euros de pensiones no contributivas y prestaciones sociales por incapacidad indebidamente percibidas. Sin embargo, el Tribunal de Cuentas
denuncia que el Imserso tan solo revisa
en torno a un 61,83 % del colectivo, lo cual supone que una parte de la deuda haya prescrito. ¿A quién reclamamos estos incumplimientos del deber de hacer y no hecho por la Administración?
Por último, y como ejemplo ad hoc, podríamos hablar del fraude post mortem con las pensiones en la Comunidad Valenciana. La valenciana es la autonomía con el mayor nivel de fraude, 234 pensionistas seguían cobrando sus pagas pese a haber
fallecido. Esto ha supuesto un boquete de unos 10 millones de euros para las arcas públicas, de los que se han recuperado apenas 1,5 millones. La falta de supervisión y de control en el sistema de pagos de las pensiones explica el origen de estas
irregularidades. La Administración autonómica ha sido perezosa a la hora de controlar el pago y reparto de las pensiones, y tampoco se ha esmerado mucho en reclamar a las entidades financieras el dinero pagado de forma indebida.
¿Este es el sistema de comunidades autónomas que algunos de ustedes defienden? Que se enteren los españoles de ahí fuera, a ver qué opinan.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sáez.
A continuación, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Muñoz.
La señora MUÑOZ FONTERIZ: Muchas gracias, presidente.
Bienvenida, presidenta. Una vez más, como siempre, muy agradecidos por su presencia en esta Comisión y por el esfuerzo de explicación de tantos informes, tan distintos unos de otros. Le traslado la felicitación de nuestro grupo por ese
trabajo y por el trabajo de todo el personal del Tribunal de Cuentas que realizan estos informes de forma absolutamente detallada.
Quería empezar -y no tengo más remedio- haciendo referencia a las intervenciones que ha tenido hoy en esta Comisión el Partido Socialista. Sinceramente, estamos atónitos de cómo, con la cantidad de cuestiones importantísimas que hay encima
de la mesa y que relatan estos informes, están obsesionados por hablar y por criticar al señor Rajoy. Cuando no tienes nada que decir, pues recurres a estas cuestiones. Creo que es, más que nada, nerviosismo; nerviosismo por la situación en la
que se encuentra nuestro país, nerviosismo por la incapacidad del Gobierno de España, del Gobierno socialista, de tomar medidas. La verdad, sinceramente, señores del Partido Socialista, más les valdría a los españoles que toda la energía que ponen
ustedes en criticar al Partido Popular, en tergiversar la realidad y el pasado, la pusieran en aprobar medidas concretas, bajadas de impuestos, medidas de apoyo a nuestros sectores productivos, a los transportistas, a todas las familias, a las
empresas, a los autónomos, que están en este momento en una situación crítica, sufriendo una inflación galopante y sufriendo precios disparados del gas y de la electricidad. Más les valdría que ejercieran lo que tienen que hacer como Gobierno, por
ejemplo, como está haciendo en este momento el presidente Feijóo compareciendo en el Parlamento de Galicia anunciando medidas que va a tomar la comunidad autónoma en favor de todos los gallegos. Deberían tomar buena nota de esa actuación.
(Aplausos). Quizá es eso precisamente lo que les tiene tan nerviosos, que la comparación es absolutamente flagrante.
Pero vamos a hablar de estos informes tan importantes que traen aquí hoy en cuestión, y a los que se ha referido la presidenta. En primer lugar, el informe que fiscaliza los procedimientos de gestión y control relativos a los recargos
aplicados por la falta de adopción de medidas de seguridad e higiene en el trabajo del año 2016. Lo primero es reconocer, como lo hace el informe, el trabajo que hace la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que, cumpliendo con lo que dice la
normativa, revisa casi el 92 % de los accidentes de trabajo ocurridos con resultado de muerte, y casi un 85 % de aquellos calificados como graves y muy graves, de los cuales propone actuaciones en alrededor de un 34 % de los casos.
Resalto aquí lo que ha comentado la presidenta de lo que dicen los informes, que es la necesidad de mejorar la información a todos los niveles y la necesidad de mayor agilidad administrativa. Sin ninguna duda, hay que mejorar los
procedimientos, hay que hacerlos más ágiles para que sean realmente eficaces y efectivos. Desde luego, nosotros compartimos completamente esas conclusiones.
De la misma manera que, en el informe que hace referencia a la fiscalización de procedimientos de gestión y control de deudores por prestaciones del Instituto de Mayores y Seguridad Social, hay que reflejar, una vez más, la necesidad de
mejorar esa coordinación del Gobierno con las comunidades autónomas, como hace referencia el informe, homogeneizar las actuaciones en cualquier parte del territorio para asegurar así la eficacia y la eficiencia, mejorar -que es lo que recomienda el
Tribunal de Cuentas-, y también mejorar esa coordinación dentro de las propias comunidades autónomas, porque,
como hemos visto en el informe, también a veces se producen disfunciones o faltas de coordinación entre las direcciones provinciales y las propias administraciones de las comunidades autónomas.
Una cosa es que haya que mejorar los procedimientos y otra muy diferente es que el sistema que tenemos de comunidades autónomas y de reparto competencial en nuestro país no redunde en una mejora para los administrados, para los españoles,
que parece que eso también algunas formaciones políticas lo confunden. Una cosa es mejorar procedimientos, pero sin ninguna duda esos procedimientos son mucho mejores por el sistema que nos hemos dado todos los españoles.
Finalmente, en relación con el tercer informe, el del Instituto Social de la Marina, en el que se recoge el seguimiento de recomendaciones de otros informes del Tribunal de Cuentas, hay que valorar positivamente que algunas de ellas se han
cumplido, como decía la presidenta, como, por ejemplo, el traspaso de competencias en materia de formación profesional ocupacional. Es muy importante mejorar el funcionamiento de las aplicaciones informáticas, como dice el Tribunal de Cuentas,
porque con las aplicaciones informáticas y con la coordinación informática mejora muchísimo el procedimiento.
Cabe resaltar también dos cuestiones, que nos encontramos en otras administraciones y en otras instituciones, como es el problema que hay con los encargos a Tragsatec -lo pone en el informe-, esas incidencias que detecta el Tribunal de
Cuentas en los informes a Tragsatec, y que viene dado, según dice el propio Tribunal de Cuentas, por sentencias que supusieron el reconocimiento de concatenación de contratos temporales de obra o servicio, porque antes el Instituto Social de la
Marina no contrataba Tragsatec y lo tuvo que realizar, ahí me parece procedente la propuesta del Tribunal de Cuentas de creación de una bolsa de trabajo de contratos fijos discontinuos, y también la mejora en la gestión de fondos, todos estos fondos
financiados con el Fondo Social Europeo.
Finalizo ya, haciendo referencia, porque creo que es importantísimo, al fondo de la cuestión de este informe: a los cursos de formación que se les da a todos los trabajadores del mar. Son extraordinariamente importantes, es una pena que se
cancelen tantos cursos. Estos cursos garantizan, en muchas ocasiones, y dan formación suficiente a los trabajadores del mar para salvar sus vidas en el mar. Ahora que tenemos tan reciente la tragedia que se produjo el 15 de febrero de este año con
el Villa de Pitanxo, en el que han fallecido 9 personas y hay 12 desaparecidos, y donde hemos visto cómo los trabajadores del mar actúan, a veces, en situaciones extremas, y tienen que enfrentarse a situaciones extremas, cuanta más formación tengan,
cuanta mejor formación tengan, mucho mejor. Por eso, es muy importante el trabajo que se hace en el Instituto Social de la Marina y en todas las entidades de las comunidades autónomas que se dedican a formarlos.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Señora Muñoz, como verá, se ha pasado minuto y medio, y nadie la ha interrumpido...
La señora MUÑOZ FONTERÍZ: Se lo agradezco.
El señor PRESIDENTE: ..., y la primera parte tampoco estaba dedicada a la gestión del... (Risas).
Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Socialista, el señor Cerqueiro.
El señor CERQUEIRO GONZÁLEZ: Gracias, presidente.
Presidenta, en primer lugar, le felicito por estos informes exhaustivos, a usted y a su equipo.
Señora Muñoz, que sepa que estamos tranquilos, que no estamos nada nerviosos, que estamos muy tranquilos. Me va a permitir decirle que estos informes son del año 2016 y 2018, y que ustedes estaban gobernando. Podremos hablar de esto; a
esto venimos.
Voy a centrarme en los informes, porque, si no, pasa el tiempo. De los tres expedientes de los que hablamos todo es muy amplio y reducirlo es complicado. Se detectan deficiencias en los tres expedientes que se van repitiendo en el análisis
de fiscalización, que son la ausencia de regulación normativa adecuada, la falta de coordinación entre las entidades gestoras, la falta de recursos humanos, la falta de aplicaciones informáticas de gestión, todas ellas son claves para el
funcionamiento eficaz y útil de la Administración. Durante la etapa en la que gobernó el Partido Popular hubo importantes recortes presupuestarios, tanto en recursos humanos como en recursos técnicos, que afectaron, sí, y mucho, en el
funcionamiento de la gestión del Estado del bienestar, también en Galicia, donde está el señor Feijóo. No sé ahora, el señor Feijóo que dice que aquí se está más libre; no sé.
Comenzando por el informe de fiscalización, por las prestaciones del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, tenemos la consideración, en nuestro grupo, de la existencia de demasiadas y preocupantes
incidencias por las consecuencias que ellas tienen para los pensionistas. Entre otras debilidades se encuentran la falta de potestad del Imserso para coordinar y homogeneizar la actuación de los órganos gestores, la inexistencia de un
sistema centralizado de información para efectuar un seguimiento y la falta de uniformidad sobre los procedimientos de control de los deudores por prestaciones del Imserso, lo que provoca desigualdades entre las comunidades autónomas en la gestión
de las pensiones, cuando se debería garantizar la homogeneidad de actuaciones en cualquier parte del territorio. Por cierto, señores de VOX, homogeneización y optimización no es incompatible con la descentralización. No sé ustedes el sentido de
Estado que tienen, pero que sepan que no es incompatible.
El Gobierno de España, en contraste con lo que hizo el señor Rajoy, está actualizando los convenios entre el Imserso y las comunidades autónomas para incorporar medidas de agilización de los procesos. A pesar de las dificultades a las que
nos estamos enfrentando -que ustedes no acaban de ver-, se están destinando recursos en la aplicación de políticas de choque para fortalecer los mecanismos de gestión, implementando mejoras en materia de recursos humanos, como son las relativas a
incorporar nuevo personal al Imserso o redimensionar unidades técnicas, administrativas e informáticas en las que el personal presta sus servicios.
Asimismo, en el ámbito presupuestario y de gestión financiera, el objetivo fundamental es la plena implementación, en toda la entidad, de una aplicación económica que permita una gestión uniforme en toda la entidad, permitiendo de esta
manera avanzar en la plena implementación de la gestión electrónica de los expedientes de gasto. Se está impulsando también el fomento del uso de la Administración digital, impulsando, definitivamente, la Administración electrónica, de manera que
permita la modernización de la entidad que los años de recortes del Gobierno Rajoy no permitieron.
En cuanto al informe de fiscalización sobre los procedimientos de gestión y control relativos a los recargos aplicados a la falta de adopción de medidas de seguridad e higiene, se vuelve a incurrir en la falta de un tratamiento homogéneo
para las diferentes direcciones provinciales, por la ausencia de regulación normativa de los procedimientos de gestión, seguimiento y control implantados por las entidades gestoras de la Seguridad Social, ya que esta se limita a escasos artículos
dispersos en diferentes textos normativos.
Entre otras incidencias, habla el informe de la falta de coherencia en el hecho de la imputación presupuestaria de las pensiones derivadas de contingencias profesionales que se realicen en el INSS y no en el ISM, entidad a la que corresponde
su reconocimiento. Considera el informe que la falta de actualización de variables, como las tablas de mortalidad y el tipo de interés técnico, no permite alcanzar una adecuada valoración financiera actuarial de los recargos aplicados sobre las
pensiones.
Por todo ello, el Gobierno se ha fijado como objetivo la mejora en la informatización de los procesos de las pensiones no contributivas, abarcando diferentes actuaciones entre las que se encuentran la generación del acceso de las comunidades
autónomas a aplicaciones de consulta de datos de personas fallecidas, previo reconocimiento de la prestación para evitar gastos indebidos. Por otro lado, se está buscando solución para que las comunidades autónomas dispongan de medios electrónicos
para generar deuda en los ficheros. Tengo muchas más cosas, pero voy mal de tiempo.
En cuanto a la fiscalización operativa sobre la formación profesional del ISM, se detectan graves incidencias a todos los niveles, tanto de la calidad de la formación, como de la gestión presupuestaria, donde hay graves desajustes, y en la
poca productividad en un tema tan sensible como este. Una muestra más de que el PP no se ha preocupado tampoco en este tema de buscar transparencia y eficacia, necesarias para una gestión útil, más bien se ha centrado en lo de siempre: hacer
negocios. Mi grupo considera necesario regular planes de seguimiento y verificación de las incidencias detectadas en las inspecciones y que exista un procedimiento sancionador que tipifique infracciones en función de su naturaleza y gravedad.
Termino, presidente. Ninguna política de recortes, que es la que han practicado ustedes y el señor Feijóo en Galicia, puede llevar al incumplimiento de los principios básicos de colaboración, cooperación y coordinación entre
administraciones contemplados en el régimen jurídico del sector público. El que así lo hace es porque no cree en el fortalecimiento del Estado de bienestar, que tanto nos ha ayudado durante la pandemia, sino más bien en privatizar servicios y en
mantener un Estado mínimo.
Muchas gracias, presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cerqueiro.
Tiene la palabra la señora presidenta para hacer su valoración, porque preguntas no ha habido.
La señora PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Chicano Jávega): He escuchado encantada sus reflexiones, que han sido de todo tipo, y puesto que no hay preguntas y creo que hoy ya les he aburrido suficientemente les doy las gracias por todo.
Hasta la próxima.
Buenos días.
El señor PRESIDENTE: Despedimos a la señora presidenta.
Vamos a corregir la votación anterior, que ha habido un error. En los recuentos en que había empate a 16, se habían dejado de sumar los votos de Unidas Podemos. Por lo tanto, eran 255 votos a favor de la propuesta, sumando los votos de
VOX, Ciudadanos y PP, y 274 entre PSOE y Unidas Podemos. Por lo tanto, hay que corregir esas votaciones.
Y, sin más asuntos que tratar, levantamos la sesión.
Era la una y treinta y cinco minutos de la tarde.