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DS. Cortes Generales, Comisiones Mixtas, núm. 113, de 28/02/2022
cve: DSCG-14-CM-113
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DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES GENERALES
COMISIONES MIXTAS
Año 2022 XIV LEGISLATURA Núm. 113
PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL DE CUENTAS
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. SANTOS CERDÁN LEÓN
Sesión núm. 12
celebrada el lunes,
28 de febrero de 2022
en el Palacio del Congreso de los Diputados
ORDEN DEL DÍA:
Exclusión del orden del día:
- Moción relativa a la financiación, la actividad económico-financiera y el control de las formaciones políticas y de las fundaciones y demás entidades vinculadas o dependientes de ellas. (Número de expediente del Congreso de los Diputados
251/000123 y número de expediente del Senado 773/000010) ... (Página3)
Debate y votación de las propuestas de resolución:
- Bloque I: Informe global del sector público autonómico, ejercicio 2018. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000122 y número de expediente del Senado 771/000124) ... (Página4)
- Bloque II: Informe de fiscalización del sector público local, ejercicio 2019. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000127 y número de expediente del Senado 771/000125) ... (Página5)
- Bloque III: Informe de fiscalización del grado de cumplimiento por AENA, S.A., SEPES Entidad Pública Empresarial del Suelo, Empresa Nacional de Residuos Radioactivos, S.A. e Ingeniería y Economía del Transporte, S.M.E. M.P., S.A., de
las principales recomendaciones incluidas en los informes de fiscalización. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000011 y número de expediente del Senado 771/000011) ... (Página7)
- Informe de fiscalización del grado de cumplimiento e implementación de las recomendaciones del informe de fiscalización de la actividad de la Autoridad Portuaria de Valencia, ejercicios 2007 a 2010. (Número de expediente del Congreso de
los Diputados 251/000025 y número de expediente del Senado 771/000025) ... (Página7)
- Informe de fiscalización relativo al seguimiento de las recomendaciones efectuadas por el Tribunal de Cuentas en el 'Informe de fiscalización de la gestión económico financiera y de la aplicación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de
promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia'. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000092 y número de expediente del Senado 771/000092) ... (Página8)
- Informe de fiscalización del seguimiento de las recomendaciones dirigidas al Ministerio de Hacienda incluidas en los informes relativos al área de la Administración Económica del Estado aprobados durante los ejercicios 2015, 2016 y 2017.
(Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000110 y número de expediente del Senado 771/000110) ... (Página8)
- Informe de fiscalización del seguimiento de recomendaciones contenidas en informes aprobados en 2016 y en 2017 relativos al área político-administrativa del Estado. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000128 y número
de expediente del Senado 771/000126) ... (Página9)
- Nota de fiscalización de la situación a 31 de diciembre de 2018 del proceso de reestructuración bancaria. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000028 y número de expediente del Senado 771/000028) ...
- Informe de fiscalización de la adecuación de la normativa y de las instituciones españolas al Mecanismo Único de Resolución. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000070 y número de expediente del Senado 771/000074) ...
(Página9)
- Nota sobre el estado de la liquidación del Patronato de Viviendas de la Guardia civil. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000016 y número de expediente del Senado 771/000015) ... (Página10)
- Informe de fiscalización del organismo autónomo Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, ejercicio 2017. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000080 y número de expediente del Senado
771/000079) ... (Página11)
Comparecencia de la señora presidenta del Tribunal de Cuentas (Chicano Jávega), para informar sobre:
- Bloque I: Declaración sobre la Cuenta General del Estado del ejercicio 2019. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 250/000006 y número de expediente del Senado 770/000003) ... (Página11)
- Bloque II: Informe de fiscalización de la Universidad Politécnica de Cartagena, ejercicios 2016-2017. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000031 y número de expediente del Senado 771/000041) ...
- Informe de fiscalización de la Universidad de Murcia, ejercicios 2016-2017. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000041 y número de expediente del Senado 771/000040) ... (Página22)
- Informe de fiscalización de la Universidad de La Rioja, ejercicios 2016-2017. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000032 y número de expediente del Senado 771/000042) ... (Página22)
- Informe de fiscalización de la Universidad de Extremadura, ejercicios 2016-2017. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000045 y número de expediente del Senado 771/000039) ... (Página22)
- Informe de fiscalización de la Universidad de Castilla-La Mancha, ejercicios 2016-2017. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000040 y número de expediente del Senado 771/000038) ... (Página22)
- Informe de fiscalización de la Universidad de Cantabria, ejercicios 2016-2017. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000042 y número de expediente del Senado 771/000037) ... (Página22)
- Informe de fiscalización de los contratos tramitados de emergencia por los ayuntamientos de los municipios con población superior a 300 000 habitantes para atender las necesidades derivadas de las medidas adoptadas para hacer frente a la
crisis sanitaria causada por el COVID-19, ejercicio 2020. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000135 y número de expediente del Senado 771/000133) ... (Página22)
- Informe de fiscalización de los procedimientos de control en la gestión de ayudas concedidas por el Centro para el desarrollo Tecnológico Industrial, E.P.E., en el ejercicio 2019 y en el ejercicio 2020 en el contexto de las medidas
adoptadas como consecuencia del COVID-19. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000132 y número de expediente del Senado 771/000131) ... (Página22)
- Bloque III: Informe de fiscalización de los estados contables de los partidos políticos y de las aportaciones percibidas por las fundaciones y demás entidades vinculadas o dependientes de ellos y de los gastos de programas y actividades
de estas financiados con cargo a subvenciones públicas, ejercicio 2016. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000063 y número de expediente del Senado 771/000064) ... (Página31)
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
EXCLUSIÓN DEL ORDEN DEL DÍA:
- MOCIÓN RELATIVA A LA FINANCIACIÓN, LA ACTIVIDAD ECONÓMICO-FINANCIERA Y EL CONTROL DE LAS FORMACIONES POLÍTICAS Y DE LAS FUNDACIONES Y DEMÁS ENTIDADES VINCULADAS O DEPENDIENTES DE ELLAS. (Número de expediente del Congreso de los Diputados
251/000123 y número de expediente del Senado 773/000010).
El señor PRESIDENTE: Buenas tardes. Se abre la sesión.
Con carácter previo, someto a votación la propuesta de excluir el punto 22º del orden del día de la presente sesión, que se refiere a la moción relativa a la financiación, la actividad económico-financiera y el control de las formaciones
políticas y de las fundaciones y demás entidades vinculadas o dependientes de ellas. El motivo de la retirada no es otro que, como se está debatiendo en una subcomisión actualmente, es mejor esperar a que se tengan las conclusiones y, una vez
tengamos las conclusiones, traeremos a debate la moción. Mientras no estén las conclusiones, nos parece que podemos aprobar resoluciones ahora que podrían ir en contra de lo que estemos aprobando también en la Subcomisión. Ese es el motivo. Si
algún partido se opone, tendremos que votar y, si no, se aprueba por asentimiento. ¿Se opone algún partido? (Denegaciones). Entonces, queda aprobado por asentimiento.
Muchas gracias.
DEBATE Y VOTACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN:
- BLOQUE I: INFORME GLOBAL DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO, EJERCICIO 2018. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000122 y número de expediente del Senado 771/000124).
El señor PRESIDENTE: A continuación, pasamos a tramitar la primera parte del orden del día, correspondiente al debate y votación de los informes de fiscalización que figuran en el orden del día, y vamos a proceder a la votación.
Bloque I, votación correspondiente al Informe Global del Sector Público Autonómico, ejercicio 2018. Propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario VOX, de la número 1 a la 11.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 29; en contra, 2; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Pasamos a votar las propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Popular, de la número 12 a la 19.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 31; abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Pasamos a votar la propuesta de resolución número 20.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 15; en contra, 16; abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
A continuación, pasamos a votar las propuestas de resolución del Grupo Parlamentario Plural, la número 27.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 17; en contra, 16.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos de la número 28 a la 31.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 1; en contra, 31.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
A continuación, la número 32.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 20; en contra, 13.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
A continuación, la número 33.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 1; en contra, 15; abstenciones, 16.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
A continuación, votamos las propuestas de resolución del Grupo Parlamentario Socialista, números 38 y 42.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 20; en contra, 13.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Votamos a continuación la número 43.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 17; en contra, 12; abstenciones, 3.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
A continuación, votamos la número 47.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 30; abstenciones, 3.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
A continuación, el resto de las propuestas de resolución.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 32; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
- BLOQUE II: INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO LOCAL, EJERCICIO 2019. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000127 y número de expediente del Senado 771/000125).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a votar el bloque II, votación correspondiente al Informe de Fiscalización del Sector Público Local, ejercicio 2019. Propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario VOX, de la número 1 a la 6.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 34; a favor, 18; en contra, 15; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
A continuación, la número 7.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 16; en contra, 17.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
A continuación, votamos las números 8 y 9.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 31; en contra, 2.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
A continuación, votamos las resoluciones del Grupo Parlamentario Popular, la número 10.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 34; a favor, 33; en contra, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos la propuesta de resolución número 11.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 16; en contra, 16; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Nos hace la ponderación la señora letrada. (Pausa). Queda rechazada por 274 votos frente a 240.
Pasamos a votar las resoluciones números 12 a 15.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; votos a favor, 33.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Votamos las resoluciones del número 19 al 21.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; votos a favor, 16; en contra, 15; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Votamos la número 22.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; votos a favor, 32.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos la número 23.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; votos a favor, 17; en contra, 15.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos las resoluciones del Grupo Parlamentario Popular números 16, 17 y 18.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; votos a favor, 17; en contra, 16.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
A continuación, las resoluciones presentadas por el Grupo Parlamentario Plural, la número 24.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; votos a favor, 1; en contra, 32.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Pasamos a votar las del Grupo Parlamentario Socialista, del número 25 al 32.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; votos a favor, 33.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
- BLOQUE III: INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO POR AENA, S.A., SEPES ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL DEL SUELO, EMPRESA NACIONAL DE RESIDUOS RADIOACTIVOS, S.A. E INGENIERÍA Y ECONOMÍA DEL TRANSPORTE, S.M.E. M.P., S.A., DE
LAS PRINCIPALES RECOMENDACIONES INCLUIDAS EN LOS INFORMES DE FISCALIZACIÓN. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000011 y número de expediente del Senado 771/000011).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a votar el bloque III, votación correspondiente al Informe de Fiscalización del grado de cumplimiento por AENA, S.A., SEPES Entidad Pública Empresarial de Suelo, Empresa Nacional de Residuos Radioactivos e
Ingeniería y Economía del Transporte de las principales recomendaciones incluidas en los informes de fiscalización.
Propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario VOX, de la número 1 a la 12.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; votos a favor, 18; en contra, 15.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
A continuación, votamos las del Grupo Parlamentario Popular, la número 13.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; votos a favor, 33.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
A continuación, las del Grupo Parlamentario Socialista; la número 14.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; votos a favor, 32.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE VALENCIA, EJERCICIOS 2007 A 2010. (Número de expediente del Congreso de
los Diputados 251/000025 y número de expediente del Senado 771/000025).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la votación correspondiente al Informe de Fiscalización del grado de incumplimiento e implementación de las recomendaciones del Informe de Fiscalización de la Actividad de la Autoridad Portuaria de Valencia,
ejercicios 2007 a 2010.
Propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Popular, la número 1.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; votos a favor, 31; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos las del Grupo Parlamentario Socialista, la número 2.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; votos a favor, 32.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN RELATIVO AL SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES EFECTUADAS POR EL TRIBUNAL DE CUENTAS EN EL 'INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA Y DE LA APLICACIÓN DE LA LEY 39/2006, DE 14 DE DICIEMBRE, DE
PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA'. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000092 y número de expediente del Senado 771/000092).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la votación correspondiente al Informe de Fiscalización relativo al seguimiento de las recomendaciones efectuadas por el Tribunal de Cuentas en el Informe de Fiscalización de la gestión económico-financiera y
de la ampliación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia.
Propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario VOX, de la número 1 a la 10.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; votos a favor, 31; en contra, 1.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Propuestas de resolución del Grupo Parlamentario Popular, de la número 11 a la 21.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; votos a favor, 32.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
A continuación, las del Grupo Parlamentario Socialista, la número 22.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; votos a favor, 32.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DIRIGIDAS AL MINISTERIO DE HACIENDA INCLUIDAS EN LOS INFORMES RELATIVOS AL ÁREA DE LA ADMINISTRACIÓN ECONÓMICA DEL ESTADO APROBADOS DURANTE LOS EJERCICIOS 2015, 2016 Y 2017.
(Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000110 y número de expediente del Senado 771/000110).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la votación correspondiente al Informe de Fiscalización del seguimiento de las recomendaciones dirigidas al Ministerio de Hacienda incluidas en los informes relativos al área de la administración económica del
Estado aprobados durante los ejercicios 2015, 2016 y 2017.
Propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario VOX, de la número 1 a la 6.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; votos a favor, 31; en contra, 1; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Resoluciones presentadas por el Grupo Parlamentario Popular, la número 7.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; votos a favor, 33.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
A continuación, resolución presentada por el Grupo Parlamentario Socialista número 8.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; votos a favor, 33.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES CONTENIDAS EN INFORMES APROBADOS EN 2016 Y EN 2017 RELATIVOS AL ÁREA POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DEL ESTADO. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000128 y número
de expediente del Senado 771/000126).
El señor PRESIDENTE: A continuación, votación correspondiente al Informe de Fiscalización del seguimiento de recomendaciones contenidas en informes aprobados en 2016 y en 2017 relativos al área políticoadministrativa del Estado.
Propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Popular, la número 1.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; votos a favor, 32; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
A continuación, propuesta de resolución presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, número 2.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; votos a favor, 33.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
- NOTA DE FISCALIZACIÓN DE LA SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 DEL PROCESO DE REESTRUCTURACIÓN BANCARIA. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000028 y número de expediente del Senado 771/000028).
El señor PRESIDENTE: A continuación, votación correspondiente a la nota de fiscalización de la situación a 31 de diciembre de 2018 del proceso de reestructuración bancaria.
Propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario VOX, la número 1.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 32; en contra, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Resoluciones presentadas por el Grupo Parlamentario Popular, números 2 y 3.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 33.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Propuesta de resolución presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, número 4.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 32.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LA NORMATIVA Y DE LAS INSTITUCIONES ESPAÑOLAS AL MECANISMO ÚNICO DE RESOLUCIÓN. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000070 y número de expediente del Senado 771/000074).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la votación correspondiente al Informe de Fiscalización de la adecuación de la normativa y de las instituciones españolas al mecanismo único de resolución.
Propuesta de resolución presentada por el Grupo Parlamentario VOX, número 1.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 31; en contra, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
A continuación, votamos la número 2.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 18; en contra, 14.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Pasamos a las propuestas de resolución del Grupo Parlamentario Popular, la número 3.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 33.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Pasamos a votar la número 4.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 31; a favor, 15; en contra, 16.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la propuesta de resolución presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, la número 5.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 33.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
- NOTA SOBRE EL ESTADO DE LA LIQUIDACIÓN DEL PATRONATO DE VIVIENDAS DE LA GUARDIA CIVIL. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000016 y número de expediente del Senado 771/000015).
El señor PRESIDENTE: A continuación, votación correspondiente a la nota sobre el estado de liquidación del Patronato de Viviendas de la Guardia Civil.
Propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario VOX, de la número 1 a la 4.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 16; en contra, 16.
El señor PRESIDENTE: Es el mismo empate que la otra vez. Por tanto, quedan rechazadas.
A continuación, pasamos a votar las propuestas de resolución del Grupo Parlamentario Popular, la número 5.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 32.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
A continuación, votamos la número 6.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 16; en contra, 16.
El señor PRESIDENTE: Se produce el mismo empate que la otra vez. Queda rechazada.
A continuación, votamos la resolución del Grupo Parlamentario Socialista, la número 7.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 32.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL ORGANISMO AUTÓNOMO INSTITUTO DE VIVIENDA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA DEFENSA, EJERCICIO 2017. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000080 y número de expediente del Senado
771/000079).
El señor PRESIDENTE: Por último, pasamos a la votación correspondiente al Informe de Fiscalización del organismo autónomo Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, ejercicio 2017.
Propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario VOX, de la número 1 a la 15.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 17; en contra, 15.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
A continuación, votamos las propuestas de resolución del Grupo Parlamentario Popular, de la 16 a la 31.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 16; en contra, 16.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos la propuesta de resolución del Grupo Parlamentario Socialista número 32.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 32.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Finalizadas las votaciones, suspendemos por dos minutos para que se incorpore la presidenta del Tribunal de Cuentas. (Pausa).
COMPARECENCIA DE LA SEÑORA PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (CHICANO JÁVEGA), PARA INFORMAR SOBRE:
- BLOQUE I: DECLARACIÓN SOBRE LA CUENTA GENERAL DEL ESTADO DEL EJERCICIO 2019. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 250/000006 y número de expediente del Senado 770/000003).
El señor PRESIDENTE: Reanudamos la sesión.
Damos la bienvenida a la señora presidenta del Tribunal de Cuentas, la señora Chicano, que comparece para informar sobre varios extremos que figuran en la segunda parte del orden del día y que están repartidos en tres bloques. En primer
lugar, debate correspondiente al bloque I, declaración sobre la cuenta general del Estado del ejercicio 2019. Tiene la palabra la señora presidenta, en cuanto esté preparada.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Chicano Jávega): Buenas tardes.
Vamos a empezar, según el orden del día, por la declaración de la cuenta general. Yo me he permitido hacer una innovación en la presentación, que no sé si acabará haciendo las cosas más fáciles o más difíciles. Yo lo he hecho con la
intención de que sean más fáciles, pero, si son más difíciles, la próxima vez lo hacemos de otra manera. (Apoya su intervención en una presentación digital).
Lo que vamos a ver es la cuenta general del Estado de 2019, que, como siempre, fue formada por la IGAE. En este caso, lo que pretendemos hacer es, de los datos que contiene la cuenta general, sacar los grandes patrones de las cuentas
públicas de 2019, que habitualmente se hace en los presupuestos, pero no en la declaración, para ir siguiendo los grandes parámetros de las cuentas, que, como ven ustedes ahí, son la evolución de las principales magnitudes políticas de gasto, en
este caso, la evolución del saldo de la deuda pública y un apunte sobre la financiación de la Seguridad Social, que también figura en la cuenta general. (Rumores). ¿No se oye?
El señor PRESIDENTE: Sí se oye, ¿no? Quítese la mascarilla, si quiere. Para intervenir, puede quitársela.
La PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Chicano Jávega): Todo el mundo me da permiso, ¿verdad?
El señor PRESIDENTE: Para intervenir se la puede quitar.
La PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Chicano Jávega): Vale. Gracias.
Como ven ustedes, lo primero que hay que tener en cuenta a la hora de abordar estas magnitudes es que hablamos del presupuesto de 2019, que es un presupuesto prorrogado de 2018; es decir, no hubo presupuesto del año 2019, por lo que tanto
las obligaciones como los derechos reconocidos netos en 2019 fueron inferiores a los del año anterior.
En cuanto a las cifras más significativas, hay que decir también que es el primer presupuesto que se hace en el ejercicio inmediatamente anterior a la pandemia, con lo cual, seguramente la cuenta general de 2020 tenga números muy distintos
porque ya recogerá el impacto, las primeras consecuencias de la pandemia en las cuentas públicas, especialmente en términos de déficit y de deuda pública. Al prorrogarse y al ser el último año prepandémico, tenemos que decir que las obligaciones
reconocidas netas se redujeron aproximadamente en unos 1300 millones de euros, un 0,3 % del total, y los ingresos sufrieron una reducción de 7800 millones de euros, que es el 1,82 % del total.
Creo que podrán ver bien las principales magnitudes referidas a ingresos de 2019 con respecto a 2018; las de 2018 figuran en tono marrón y las de 2019 en tono azul. La comparación de ingresos definidos como derechos reconocidos netos del
2019 pone de manifiesto una reducción del total. Sin embargo, se da una circunstancia, y es que una aproximación más detallada revela un crecimiento del 3,3 % del conjunto de los ingresos corrientes y el conjunto de los ingresos por operaciones no
financieras creció casi 8000 millones de euros. La reducción de los ingresos totales se produce como consecuencia de los menores pasivos financieros, es decir, que lo que se redujo en 2019 fueron los ingresos derivados del endeudamiento bruto.
Después veremos la deuda, que tiene en cuenta las dos cosas, el endeudamiento bruto y la amortización de deuda. Si necesitan más tiempo para comprobar los datos, me lo dicen; si no, voy pasando conforme a la explicación.
El principal capítulo de gasto, como pueden ver también, son las transferencias corrientes. En 2019 representaron el 60,5 % del total de obligaciones reconocidas netas. Como ya he dicho, la prórroga de los presupuestos para el año 2019
contribuyó a que se mantuvieran los grandes patrones que rigen el gasto público del Estado, y ya ven ustedes en el gráfico que hay una comparación de los capítulos de gasto de 2018 y 2019, siendo el rasgo más llamativo el volumen de las
transferencias corrientes, que en 2019 supusieron más del 60 % de las obligaciones reconocidas netas. Las obligaciones reconocidas netas por pasivos financieros son la gran segunda línea de gasto y se corresponden, básicamente, con la amortización
de la deuda vencida en el ejercicio.
El tercer capítulo de gasto sería, como ven, los gastos financieros. Los gastos de personal incluyen al personal de los ejércitos, a la Policía Nacional, a la Guardia Civil, así como al personal de Justicia -magistrados, jueces, fiscales,
etcétera-. En 2019 este gasto ascendió a 19 549 millones de euros y experimentó un crecimiento del 4,6 % respecto al año anterior, a 2018. El gasto de personal supuso, y eso yo creo que es lo más importante y lo más significativo de esta
transparencia, 9420 millones menos que los gastos financieros. El gasto de personal es sensiblemente inferior al de gastos financieros.
En esta otra diapositiva vemos lo que suponen las pensiones en la Seguridad Social y Clases Pasivas en cuanto a las transferencias corrientes; suponen el 61 % de las transferencias corrientes. Como se ha señalado, el principal capítulo de
gasto son precisamente las transferencias corrientes. En esa transparencia hay una primera aproximación a la composición de las transferencias corrientes a través de las cuentas no consolidadas de la Administración General del Estado y de la
Seguridad Social. Estos conceptos que se ven en el gráfico representan el 77 % del total de las transferencias corrientes; el 23 % restante son transferencias a otras entidades del propio sector público estatal y al exterior. En los datos se
puede comprobar que las pensiones, tanto las pagadas por la Seguridad Social como las abonadas a través de Clases Pasivas, suponen 154 000 millones de euros, que es el 61 % del total de las obligaciones corrientes. Y las transferencias corrientes a
comunidades autónomas y entidades locales suponen cuantías muy inferiores. Estas cuantías que se transfieren a las entidades territoriales son diferentes a su participación en ingresos del Estado, que por su naturaleza no están aquí computadas.
Aquí se recogen las transferencias que corresponden con diferentes fondos de financiación.
En esa otra diapositiva vemos la evolución del saldo de la deuda pública. Ya hemos visto -antes lo hemos comentado con respecto a otro parámetro- que la principal política de gasto del Estado son las
pensiones, que supusieron un 36,7 % del total de las obligaciones reconocidas netas y, si se excluye la deuda, suponen el 51 %. Esto quiere decir que el gasto en pensiones es superior a la mitad del gasto público. La aproximación del gasto
público desde la perspectiva de las políticas públicas confirma algo que ya se apuntaba en el análisis de la clasificación económica, que la principal política pública son las pensiones. En efecto, son el 36,7 % del total de obligaciones
reconocidas netas.
La segunda política de gasto es la deuda, incluye amortización y pago de intereses. Sin embargo, la deuda amortizada ha sido en la práctica refinanciada a través de emisión de nuevo de deuda, por lo que considerarla gasto puede distorsionar
un poco la realidad del gasto. Si prescindimos de la deuda pública, como ya he dicho antes, las pensiones son ese 51 %, y debe tenerse en cuenta también que el desempleo y las otras prestaciones económicas ocupan un lugar importante y destacado en
cuanto al peso de las políticas de gasto. Ambas políticas son transferencias del Estado a personas y tienen una finalidad fundamentalmente social, prestaciones económicas o sociales o anticíclicas, como desempleo. La suma de pensiones, desempleo y
otras prestaciones económicas suponen el 61 % de las obligaciones reconocidas netas, excluida la deuda pública.
En cuanto a la evolución de la deuda al cierre de cada ejercicio en millones de euros, tienen las correspondientes a 2016, 2017, 2018 y 2019. En el año 2019 era más de un billón de euros y en 2019, aunque la deuda sigue creciendo, sigue el
proceso iniciado en 2016 de desaceleración, como podrán ver en el gráfico. El saldo de la deuda era de 1 068 000 millones de euros y creció en 26 000 millones con respecto a diciembre de 2018. Sin embargo, sí se consolidó la tendencia a la
desaceleración. Respecto al saldo de la deuda del Estado previo al proceso de consolidación, ascendía a 1 062 223 millones de euros, lo que supuso un aumento en relación con el ejercicio anterior de 23 000 millones. Por eso decimos que, aun
subiendo, mantiene el proceso inicial de 2016 de aceleración menos rápida o desaceleración. Como es continuado, podríamos hablar de desaceleración, pero no discutiría lo de aceleración menos rápida. Este importe incluye el saldo vivo del
endeudamiento que se deriva de las emisiones de deuda, que es de 1 025 809 millones; el saldo del préstamo recibido en el ejercicio de 2012 del MEDE para la recapitalización de las entidades financieras, que son 23 721 millones de euros; el saldo
al cierre del ejercicio de la deuda asumida en 2014 como consecuencia de la transformación del Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores, que son 6158 millones de euros, y otras deudas con entidades de crédito, que son otros 6534,5
millones. Aquí se vuelve a ver cómo el aumento de la deuda al cierre estaba ralentizado hasta 2019.
La suma de los pagos generados por la amortización de la deuda pública y de los gastos financieros del Estado han supuesto unas obligaciones reconocidas netas de 123 098 millones de euros en el ejercicio 2019, que es el 46 % del total de las
obligaciones de la Administración General del Estado. La financiación de estos gastos presupuestarios se ha realizado en su mayor parte mediante la emisión de nueva deuda. En 2019 se emitieron 114 173 millones, que es el 44 % de la recaudación
neta del presupuesto de ingresos. Este mecanismo de financiación del pago de los gastos financieros a través de la emisión de deuda implica que estos intereses se convierten en capital adeudado que generará un incremento de la carga financiera en
los ejercicios siguientes. Durante el año 2019 la amortización bruta de la deuda fue de casi 89 000 millones de euros. En consecuencia, el aumento interanual de la deuda, según balance, fue de 25 400 millones de euros. El 97 % de este
endeudamiento corresponde a la Administración General del Estado, la AGE, que incluye, como he dicho, los casi 24 000 millones prestados por el MEDE, y el resto del endeudamiento, el 3 % restante, corresponde a Adif Alta Velocidad con un 0,7 %; al
Grupo Enaire con un 0,6 %; al grupo Renfe Operadora con un 0,4 %, y a algunas otras entidades.
Respecto al tema de la deuda, quiero hacer dos comentarios adicionales en cuanto al coste del endeudamiento. El primero se refiere a su evolución. En el gráfico se presenta la deuda y la evolución del cociente entre gastos financieros y
deuda. Ese cociente no es el tipo de interés, porque en el capítulo de gastos financieros se incluyen los intereses propiamente dichos y además otros gastos financieros que no son intereses. No obstante, la evolución del cociente proporciona una
idea clara de cómo la política de bajos tipos de interés del Banco Central Europeo ha repercutido en los gastos financieros. En 2019, a pesar del crecimiento de la deuda, los gastos financieros se han reducido tanto en términos nominales como en
términos relativos. Esos datos proporcionan un primer indicador de la sensibilidad de la evolución de los gastos financieros a las políticas del Banco Central Europeo, sobre todo respecto a los tipos de interés. El pago de los intereses, como ven
en este gráfico, es una carga significativa en los presupuestos.
Otro comentario sobre estas cifras hace referencia al peso relativo de la carga financiera, amortización más intereses, respecto al total de gastos. El primer capítulo de gastos son las transferencias corrientes, como ya hemos dicho; el
segundo son los pasivos financieros, las amortizaciones, que son el 21 % de las obligaciones reconocidas, y el tercer capítulo son los gastos financieros, que son un 7 %. En consecuencia, en 2019 la carga financiera de la deuda supuso un 28 % del
total de las obligaciones reconocidas en la casa. En este contexto, conviene recordar que el gasto de personal supone, como hemos dicho antes, un 5 % del total y los gastos corrientes un 2 % del total de las obligaciones reconocidas netas.
En cuanto a las cifras más significativas con respecto a la Seguridad Social, estarán viendo en este cuadro que les presento ahora el déficit no financiero de la Administración General del Estado y de la Administración de la Seguridad Social
en 2019, en miles de millones de euros. Verán cómo el déficit de la Seguridad Social supone la mayor parte del déficit del Estado.
Estos datos se han tomado de sus respectivas cuentas, de la cuenta general del Estado y de la cuenta de la Seguridad Social, porque no están en la declaración de la cuenta general del Estado. Todas las cifras presentadas hasta ahora, en
general, son cifras consolidadas, aunque ha habido alguna referencia concreta relativa a la Administración General del Estado, y este gráfico no presenta los datos consolidados, sino que representa el déficit no financiero de la Administración y de
la Seguridad Social por separado. Esto, aunque quizá técnicamente tenga alguna debilidad, nos permite configurar una visión global. En 2019 el déficit no financiero de la Seguridad Social más que duplicó el déficit de la Administración General del
Estado; es decir, que la mayor parte del déficit se explica por el déficit de la Seguridad Social.
En estos gráficos se relaciona el principal capítulo de gastos de la Seguridad Social con algunas fuentes de ingresos, y el gasto de transferencias corrientes de la Seguridad Social, como ven, consiste principalmente en pensiones y en
prestaciones sociales. También hay algunas prestaciones a mutuas del sistema, pero básicamente son pensiones y prestaciones. Con carácter general, la conclusión es que los ingresos corrientes son insuficientes para financiar los gastos corrientes.
Eso parece bastante obvio. Estos datos sí que están tomados de la cuenta general del sistema de la Seguridad Social.
En este cuadro de la evolución del activo y del pasivo de la Seguridad Social se refleja el balance de la Seguridad Social, que presenta patrimonio neto negativo por tercer año consecutivo. La solución adoptada para la cobertura de los
gastos ordinarios -fundamentalmente pensiones- ante la insuficiencia de los recursos que tiene la Seguridad Social, ha sido básicamente otorgar préstamos por parte del Estado a la Tesorería General de la Seguridad Social, aunque es evidente que eso
no puede resolver el déficit estructural de la Seguridad Social ni contribuye al saneamiento de su balance ni de su cuenta de resultados; tampoco tiene un reflejo en su neto patrimonial, que continúa siendo negativo, acumulando la Seguridad Social
un endeudamiento frente al Estado, a 31 de diciembre de 2019, de 55 020,9 millones de euros.
Finalmente, solo quiero comentarles algunos de los datos que aparecen en la declaración, y es que en la memoria, por ejemplo, no se incluye el balance de resultados. Tampoco se incluye el informe de gestión a que se refiere el artículo 71
de la Ley General Presupuestaria, y, en cierta medida, esto supone un deber de evaluación de las políticas de gasto que prevé la propia Ley General Presupuestaria. En segundo lugar, si bien la memoria recoge información sobre el número de
empleados, no aporta desglose por funcionarios, personal laboral ni distribución por categoría o sexo, tal como prevé la Orden del Ministerio de Hacienda de 2010 por la que se aprueba el Plan General de Contabilidad Pública.
En relación con las recomendaciones que se han hecho tanto por el Tribunal de Cuentas con relación a las declaraciones anteriores como las que ha hecho la propia Comisión mixta, se debe señalar que la mayor parte de ellas siguen vigentes.
Entre ellas, se puede destacar que persiste la discrepancia entre la contabilidad patrimonial de la Tesorería y de la Administración General del Estado respecto a las insuficiencias de financiación de las prestaciones y servicios de asistencia
sanitaria y servicios sociales incluidas en la acción protectora de la Seguridad Social, que son de financiación obligatoria por el Estado. La más importante es que la Tesorería General de la Seguridad Social refleja en su balance unos derechos de
cobro frente al Estado que el Estado no reconoce, y no existe una partida recíproca de obligaciones de pago. A pesar de que en la memoria de la cuenta general del ejercicio 2019 se ha incluido por primera vez información sobre los avales más
significativos y otras garantías, faltan algunos datos por incorporar relativos a otro tipo de sistemas de aval. Finalmente, la memoria de la cuenta general de 2019 no contiene información sobre las incertidumbres aún sin despejar que pesan sobre
las cuentas del FROB y de la Sareb, por ejemplo.
Si les parece, lo voy a dejar aquí, por no hacerlo mucho más largo. Siempre me ha parecido tedioso leer la declaración general de la cuenta general, incluso las comparecencias de mis antecesores, porque es un tema complicado que contiene
muchísima información, información de muchísima sensibilidad y que uno no sabe qué hacer para explicarla de la mejor manera, no solamente para que sea más comprensible para todos, sino más útil para el trabajo que ustedes tienen que hacer de control
del Ejecutivo y de las cuentas públicas. Con lo cual, por mi parte, si les parece, lo dejo aquí y quedo a su disposición para lo que quieran.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora presidenta.
A continuación, para fijar posiciones y formular las preguntas que estimen convenientes, tiene la palabra, por un tiempo de cinco minutos, por el Grupo Parlamentario Vasco, la señora Etxano.
Muchas gracias.
La señora ETXANO VARELA: Creo que no es este el orden de los grupos, pero bueno, intervengo. Gracias presidente.
Aprovecho este turno, en primer lugar, ya que no pude venir a la sesión de la Comisión de diciembre porque estábamos con el tema del presupuesto en el Senado, para darle la bienvenida, presidenta, y felicitarla por su nombramiento y desearle
suerte en su cometido.
Quiero hacer tres observaciones breves. Lo primero que le tengo que decir es que esta innovación que nos proponen, la verdad, se agradece. También se agradecen las mejoras que ya se vienen percibiendo desde hace unos años en el propio
informe de la cuenta general del Estado. Creo que esta forma de abordarlo clarifica y también nos ayuda en aquello para lo que estamos aquí, que al final sería el control de la acción del Gobierno y el planteamiento que hace de ejecución del
presupuesto. También es cierto que los tiempos son complicados, porque hoy estamos viendo la cuenta general del Estado y donde estaríamos ya poniendo el foco sería en la ejecución del presupuesto del 2021. Creo que todavía hay mucho terreno que
recorrer en cuanto a los tiempos en los que se pueda presentar la cuenta; creo que son conscientes también en el tribunal y nos lo han trasladado a la Cámara. No lo ha dicho, pero seguimos viendo la falta de integración de muchas entidades que
deberían integrarse y consolidarse en la cuenta general del Estado o que presentan las cuentas fuera de plazo. No sé si desde ese punto de vista tienen alguna forma de conseguir que se vayan incorporando estas a veces 54 y otras veces 58.
Sin más, quiero reiterarle la enhorabuena por su nombramiento.
Eskerrik asko.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
A continuación, por el Grupo Parlamentario Plural, Grupo Parlamentario Nacionalista en el Senado Junts per Catalunya-Coalición Canaria/ Partido Nacionalista Canario, tiene la palabra el señor Bel.
El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, presidente.
Muchísimas gracias, presidenta, por su exposición. En primer lugar, si me permiten, hemos sido críticos cuando no hemos compartido posiciones y, por tanto, quiero mostrar nuestra conformidad con la resolución que hoy mismo se ha dictado en
relación a los avales propuestos por la Generalitat de Catalunya a través del Institut Català de Finances, el ICF, en relación con las fianzas interpuestas a 34 ex altos cargos y dejar constancia de nuestra congratulación por la rectificación
producida en el seno del Tribunal de Cuentas.
Segunda cuestión. En relación con el informe, hace un momento -no estaba la presidenta presente- hemos votado las propuestas de resolución de informes anteriores referentes al sector público local y al sector público autonómico. Hemos sido
duros, especialmente en el sector público local, respecto a aquellas entidades que no presentaban sus cuentas tal y como corresponde, pero ahora estamos con la cuenta general del Estado y constatamos que hay 54 entidades de las 441 del sector
público estatal que no presentan sus cuentas, con lo cual es difícil ser muy riguroso por parte de la Administración General del Estado y decir que no va a pagar las subvenciones a las corporaciones locales cuando la propia Administración General
del Estado incumple; ya sé que en la cantidad global presupuestaria no, pero incumplen más de un 10 % de sus entidades no presentando cuentas. Por tanto, quisiera conocer, no tanto su opinión pero sí alguna propuesta de solución al respecto.
Y en relación al presupuesto liquidado, solo quiero hacer algunos comentarios a beneficio de inventario; en todo caso, ya tendremos ocasión también de ampliarlos en el pleno. Este es un presupuesto
prorrogado y, por tanto, alguien podría pensar que al ser un presupuesto prorrogado las modificaciones presupuestarias tienen que ser más generosas; más o menos, como en ejercicios no presupuestados. Aproximadamente, las modificaciones
presupuestarias han representado un 6,8 % respecto al presupuesto inicial y, como siempre también, el ministerio que destaca en relación a las modificaciones presupuestarias es el Ministerio de Defensa, donde hay modificaciones presupuestarias por
valor de un 11,5 % respecto al presupuesto inicial; se constata, una vez más, la infrapresupuestación del Ministerio de Defensa. En cambio, si vamos a analizar la ejecución presupuestaria de cada uno de los ministerios, vemos que el Ministerio de
Defensa ha sido muy diligente, ha ejecutado, ha habido obligaciones reconocidas prácticamente en un 98 %, pero en algunos programas la verdad es que la cosa no mejora. Por ejemplo, en el 46, investigación, desarrollo e innovación, constatamos que
en el año 2019, ya con el actual Gobierno, solo fueron capaces de ejecutar el 48,9 % de los créditos presupuestarios definitivos, cantidad que -repito-, por ejemplo, en el Ministerio de Defensa está prácticamente en el 98 %. También se constata en
programas como el 42, industria y energía, donde se ejecuta solo el 77 %, o, lamentablemente, el de infraestructuras, en el que se acaban reconociendo obligaciones solo por el 73 % del presupuesto total. En todo caso, esto requerirá un análisis más
detallado.
Finalmente, un breve comentario. No voy a hablar de la deuda -lo ha hecho usted de forma extensa-, sino del patrimonio neto del sistema de la Seguridad Social. Se está constatando -lo vuelve a constatar el informe- que desde el año 2016 el
patrimonio neto del sistema de la Seguridad Social es negativo y que se acentúa a lo largo del tiempo. Esto no se ha resuelto todavía, por lo que insto aquí a los partidos que apoyan al Gobierno a que tomen las medidas necesarias. Se hizo una
primera reforma de las pensiones, que no resolvió el problema de la sostenibilidad del sistema. Quedó pendiente de un segundo paquete legislativo y veremos cuál es la solución de dicho paquete. Tenemos que ser conscientes de que tenemos un
problema, un problema gravísimo, y si la solución tiene que ser que estas pensiones se paguen de los presupuestos generales del Estado, tenemos que evitar la ficción de que el Estado haga un préstamo al propio sistema, que no va a ser nunca capaz de
devolver. En todo caso, me gustaría conocer su opinión, si el Tribunal de Cuentas cree que esta situación, que se acentúa en casi 55 000 millones en 2019, sería sostenible o no desde su punto de vista.
Muchísimas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Bel.
A continuación, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común e Izquierda Confederal la señora Maestro.
La señora MAESTRO MOLINER: Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias, presidenta. Me sumo a la felicitación de las personas que me han precedido con respecto a su nombramiento y le deseo suerte y aciertos en este nuevo cargo, que desde luego no es algo menor.
Quisiera empezar, prácticamente, por donde ha finalizado usted, porque es una de mis reivindicaciones principales casi en cada una de las sesiones. Ha hablado de hacerlo todo más comprensible y más útil y lo aplaudo completamente, pues la
operatividad de cada uno de los informes que nos presentan es uno de los grandes déficits que tradicionalmente ha tenido esta Comisión y en general -permítame el atrevimiento- el propio tribunal. Necesitamos hacerlo cada vez más comprensible, más
asequible a la ciudadanía en general, pero también que sepamos dar una lectura operativa a todas las cifras que nos está presentando, que son muchísimas. Y, por supuesto, le agradezco su exposición y que nos haya facilitado documentación gráfica.
En relación con todo lo que ha dicho, coincidimos una vez más en que hemos tenido problemas a la hora de la presentación y de la aprobación de las declaraciones, a pesar de que se ha conseguido reducir los plazos. Esto es algo a aplaudir y
ojalá sigamos avanzando en ese sentido. El propio tribunal hace recomendaciones al efecto, que apoyaremos, ya que entendemos que es algo que no debería tener mayor complejidad.
Entrando en dos cuestiones, que es lo que ronda, principalmente, en la cuenta general de 2019, la primera de ellas, que usted también ha señalado, se refiere a la afectación que ha supuesto la situación de emergencia sanitaria, viniendo
además de unos presupuestos prorrogados, a los que también se han referido los compañeros que me han precedido en esta misma sesión. Evidentemente, esto tenía que provocar que no tuviéramos esa concreción que sería deseable y, por supuesto,
sabiendo que, precisamente, en el año 2021 es cuando por fin este Gobierno de coalición progresista es capaz de
afrontar este reto y de responder de forma clara a la coyuntura económica derivada de esta crisis sanitaria, tratando -muy importante- de evitar que se puedan repetir respuestas anteriores a crisis, que lo que buscaban era aumentar esas
políticas de austeridad. Nada más lejos de la respuesta que ha tenido en este caso el Gobierno de coalición, que celebramos en todos los sentidos. Ha apostado por los fondos europeos y por una política fiscal, apoyando la recuperación, sin
recortes -muy importante, no me cansaré de decirlo-.
En segundo lugar -lo ha mencionado también el señor Bel-, que me parece aún más importante, todo lo relativo al balance de la Seguridad Social. Como ya ha pasado en otras ocasiones -de hecho, es el tercer año consecutivo, si no me
equivoco-, vuelve a salir un patrimonio neto negativo, pero coincido en una afirmación y es que la concesión de préstamos del Estado a la Seguridad Social es una ficción contable a todas luces y, ante esa misma situación, me sumo a la pregunta que
también le ha hecho el señor Bel en cuanto a su percepción al respecto, porque, por supuesto, por nuestra parte no podemos más que afirmar que la aportación de estos recursos debería realizarse como transferencias a través de los presupuestos
generales del Estado. Yo sí que me animo a darle esa respuesta, tiene que hacerse de esa manera. (El señor Bel Accensi pronuncia palabras que no se perciben). Sí, sí, por supuesto. Afortunadamente, tenemos la Ley 21/2021, de 28 de diciembre, que
hacía ese pequeño avance con respecto a solucionar la cuestión, pero, por supuesto, todavía quedan muchas cuestiones con las que seguir adelante. Sin más, animaría a que no olvidásemos ese acuerdo político recogido en el Pacto de Toledo para
garantizar esa separación de las fuentes de financiación. Y, por supuesto, que no se trate de cargar a la Seguridad Social con una deuda que no le corresponde y mucho menos con esa ficción de la que hablábamos antes.
Para terminar, quiero decir que coincidimos con el tribunal en sus recomendaciones y que ojalá pudiéramos hacer efectivas no solo esas, sino cada una de las resoluciones que se presentan y se aprueban en esta Comisión.
Muchísimas gracias por su exposición y por su paciencia.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
A continuación, por el Grupo Parlamentario VOX tiene la palabra el señor Sáez.
El señor SÁEZ ALONSO-MUÑUMER: Gracias, señor presidente.
Bienvenida, señora presidenta. Le doy las gracias por la comparecencia y por su exposición, que ha sido muy clara. Con gráficos y explicando las cifras en detalle, la verdad es que se hace mucho más fácil seguir la cuenta general del
Estado, que siempre es complicado. Y como siempre, quiero felicitar también a los trabajadores del Tribunal de Cuentas por su magnífico trabajo y por los excelentes informes que nos presentan.
Hablamos de la cuenta general del Estado de 2019. En grandes números -los ha expuesto usted-, hablamos de un patrimonio neto negativo de 451 059 millones de euros y creciendo cada año. Recordemos que en el año 2010 el patrimonio neto
negativo ascendía a 195 729 millones de euros, un crecimiento, por tanto, de 255 000 millones de euros mientras el PIB en el mismo periodo aumentó 171 000 millones de euros. Creo que es evidente qué significa. Es evidente también que no estamos
ante una empresa privada por una situación patrimonial como la que presenta la cuenta general del Estado, que empeora año a año por las pérdidas incurridas. Debería preocupar a toda persona con sentido común. El sentido común dice que se debe
analizar desde una óptica realista si es sostenible una situación en la que sistemáticamente los gastos superan a los ingresos. El problema es que no se tiene conciencia de lo que esto supone y, además, no existe voluntad de cambiarlo.
En segundo lugar, un movimiento de fondos propios, en el que existen ajustes por cambios de criterios contables y corrección de errores por 55 737 millones de euros de impacto neto. Piensas que no solo se gestiona pensando solo en los
gastos, sino también en el equilibrio presupuestario y, además, no se tienen en cuenta los criterios contables y abundan los errores.
En tercer lugar, un importe de un pasivo no corriente que asciende a 969 826 millones de euros, de los que 845 802 millones corresponden a deudas a largo plazo, una deuda que, a la vista de las pérdidas que se reflejan y de las previstas
para los próximos ejercicios, se continuará incrementando y cargando sobre las generaciones futuras.
En cuarto lugar, una pérdida atribuible a la sociedad dominante de 37 392 millones de euros, en una economía en la que el PIB creció el 2,1 %.
En quinto lugar, un importe reflejado en el estado de liquidación del presupuesto de gastos, correspondiente a obligaciones reconocidas correspondientes a la deuda pública, amortización más intereses, según nos ha comentado, por importe de
117 865 millones de euros, una partida que supone el 28,1 % del total de las obligaciones reconocidas y la segunda partida tras las pensiones.
Vayamos al informe. Se hace referencia a un total de 441 entidades del sector público estatal, 441 entidades. Recordemos: patrimonio neto negativo, 451 059 millones de euros; pérdidas de la sociedad dominante: 37 392 millones de euros.
En el sector público estatal se mantienen 441 entidades, a las que hay que sumar las entidades del sector público autonómico, local y provincial. Todo ello sabiendo que la deuda pública asciende actualmente a 30 263 euros por español.
Hablemos de salvedades. Se mencionan treinta salvedades que se agrupan en quince puntos. Algunas son salvedades múltiples, como la primera que se menciona: existen cincuenta y cuatro entidades que no se han integrado en las cuentas
generales del Estado. Se mencionan salvedades tan increíbles como la 2.14, que menciona que el resultado económico patrimonial de 2019 está infravalorado en 144,8 millones de euros, que habría que sumar a la cifra de los 39 000 que comentaba
anteriormente.
¿Temas que nos parecen relevantes en los párrafos de énfasis? Se menciona que las medidas tomadas para hacer frente a la COVID se enmarcan en un contexto de déficits presupuestarios continuados y de incremento constante en la deuda pública,
que se traducirá en un incremento significativo de ambas magnitudes en los próximos ejercicios. Estamos absolutamente de acuerdo, porque esto es pura lógica, puro sentido común, puras matemáticas.
Segundo punto. Cuando se menciona que el balance de la Seguridad Social recoge por tercer año consecutivo un patrimonio neto negativo que asciende a 53 160 millones de euros, con origen en las operaciones de gestión ordinaria; cuentas,
conviene recordarlo, que no son independientes sino que forman parte de la cuenta general del Estado. Estamos hablando de un párrafo de énfasis por un patrimonio neto de 53 160 millones de euros, pero recordemos que el patrimonio neto negativo de
la cuenta general del Estado es de 451 059 millones de euros, que creo que es de tal magnitud que debería incluirse en un párrafo de énfasis. La presentación ha incluido un gráfico en el que se recogía el déficit de la Seguridad Social y de la
Administración General del Estado. ¿Podría indicarme si esos datos son consolidados? Lo digo porque, como usted sabe bien, en consolidación se eliminan las transferencias internas.
Para terminar, me gustaría conocer el grado de satisfacción de la presidenta -ya que lleva poco tiempo en el cargo- sobre el seguimiento de las conclusiones de informes anteriores, especialmente si le parece normal que se mantengan veinte
incidencias desarrolladas en dieciocho puntos o la persistencia de incidencias de ejercicios anteriores, así como sobre el cumplimiento y seguimiento de las resoluciones, y para ambos casos -conclusiones y resoluciones- si tiene previsto un plan de
actuación para que se pongan en práctica cuanto antes la corrección de ambas.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
A continuación, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Paniagua.
El señor PANIAGUA NÚÑEZ: Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías, y bienvenida a la presidenta del tribunal. Quiero agradecerle el trabajo de todo el tribunal en la cuenta general del Estado y en todos los informes y espero que, como
siempre, le traslade a todo su equipo nuestro agradecimiento.
Aunque agradecemos mucho la explicación y el carácter formativo sobre los grandes números y la estructura de la cuenta general del Estado, a nosotros se nos han quedado -con todo el respeto se lo digo- un poco las ganas y la necesidad de que
nos explicara un poco más el informe, el análisis de la cuenta general y, sobre todo, a través de las incidencias detectadas y las propuestas que el tribunal hace. También debemos agradecer al Tribunal de Cuentas el seguimiento que hace de las
incidencias de años anteriores y de las propuestas de resolución aprobadas en las Cortes Generales, porque eso nos da pie a ver las cosas que han mejorado, las cosas en las que estamos peor y las cosas en las que no se ha hecho absolutamente nada.
Debemos decir con tristeza que no se acometen de una manera decidida, como usted también ha reconocido, por parte del Gobierno de España y de la Administración General del Estado las medidas necesarias para cumplir con las recomendaciones y las
propuestas. Nuestro grupo ha preguntado al Gobierno por todas ellas y tampoco hemos tenido una respuesta adecuada.
En cuanto a las salvedades, ya lo ha comentado un compañero, son quince puntos, pero tienen otros quince en detalle. Incluso podríamos plantearnos que en el primer punto de las cincuenta y cuatro
entidades podríamos considerar cada una como una incidencia. Ya el número sería inasumible, son demasiadas entidades del sector público estatal las que no se han integrado en la cuenta general del Estado. También debemos hacer mención al
proceso de consolidación, ya que se han eliminado las operaciones relacionadas con bonificaciones para el fomento del empleo en el caso del SEPE, porque es una cantidad importante. En el punto 3 nos ha hablado de que en el proceso de consolidación
se han eliminado operaciones relacionadas con las bonificaciones para el fomento del empleo en el caso del SEPE por un importe muy alto, de 1784,5 millones de euros, lo cual nos preocupa. En el caso de los inventarios de bienes y elementos del
inmovilizado material hay bastantes incidencias, cuatro. Y en cuanto a las valoraciones contables hay otras diez. Es demasiado. Además, hay algunas entidades que aparecen prácticamente todos los años, como puede ser el caso de la UNED, de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia. Otra cantidad también realmente importante es una corrección valorativa por deterioro de las deudas registradas en la cuenta general del Estado, excluidas las de la Seguridad Social, que ascendió a 24
000 millones, pero fue insuficiente en 7558,4 millones, porque no se ha dotado la estimación global del riesgo de fallidos para los créditos que no tienen un seguimiento individualizado. Nos parece también una cantidad realmente importante;
estamos hablando de casi 8000 millones.
También quería preguntarle, porque lo comentan ustedes en el informe en el punto 12, sobre los acreedores por operaciones devengadas sobre las obligaciones en diciembre de 2019 correspondiente a prestaciones contributivas y no contributivas,
que ascienden a 12 684 millones y que no fueron imputadas al presupuesto, además contraviniendo un poco lo que había hecho este propio Gobierno en el año anterior, 2018, que sí las había imputado. Quiero preguntarle si a usted se le ocurre cuál
podría ser la razón por la que no han imputado esta cantidad, porque al final con los ajustes extrapresupuestarios sí que computa como déficit. Por eso no acabamos de entender muy bien por qué no se hizo esta dotación presupuestaria como en los
años anteriores.
En cuanto a los párrafos de énfasis, aparte de anunciar la situación que vamos a tener para la cuenta general del Estado de 2020 y 2021, que nos parece muy adecuada porque va a cambiar muchísimo la visión, la estructura y los resultados de
estas cuentas generales, estamos preocupados como el Grupo Socialista -me refiero en cuentas generales anteriores- o algún otro grupo que también lo ha manifestado aquí sobre los desequilibrios de la Seguridad Social, por el patrimonio negativo por
tercer año consecutivo y el endeudamiento frente al Estado, que supera los 55 000 millones. Aquí en el informe, cuando hablan de los préstamos del Estado a la Tesorería General de la Seguridad Social, nos dicen que no pueden resolver los problemas
de sostenibilidad financiera de naturaleza estructural de la Seguridad Social ni contribuyen al saneamiento de su balance ni de su cuenta de resultados ni tienen reflejo en su neto patrimonial, que continúa siendo negativo. Es decir, estos
préstamos no están arreglando ni solucionando el problema estructural de la Seguridad Social. También nos preocupa que las decisiones que ha tomado este Gobierno, los tres pilares de la reforma que ha planteado este Gobierno, no han sido debatidos
en el seno del Pacto de Toledo.
¿Se me está acabando el tiempo?
El señor PRESIDENTE: Se te ha acabado ya hace un rato.
El señor PANIAGUA NÚÑEZ: Entonces acabo.
Como seguimos en la misma tesitura que estos años, quizá deberíamos plantearnos hacer algo diferente a solo proponer; quizá debamos sentarnos y analizar el problema, buscar cambios que podemos tramitar para que se cumplan de manera más
satisfactoria las recomendaciones y las propuestas. Quería preguntarle si tienen calculado el importe de las salvedades, cuánto hubiera aumentado el presupuesto o el déficit del presupuesto del año 2019.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Quería pedirle al técnico que, por favor, apareciera el tiempo en la pantalla. Gracias.
A continuación, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Socialista, el señor Fernández.
El señor FERNÁNDEZ LEICEAGA: Buenas tardes. Yo quiero también, primero de nada, felicitar a la presidenta y a todo el personal del Tribunal de Cuentas por la calidad del informe, por el trabajo exhaustivo que hacen en un tema tan complejo
como este que, como se está diciendo, afecta a más de 400 organismos, lo cual en sí mismo ya indica el grado de dificultad que tiene y, sobre todo, por las circunstancias
difíciles en que este trabajo se ha hecho. El ciclo presupuestario de este ejercicio que empieza en el año 2018 se acaba ahora, en 2022, y durante bastante tiempo se ha hecho en condiciones de pandemia, con teletrabajo en muchas ocasiones y
supongo que esto también afecta a veces a la dificultad para hacerlo en tiempo.
Yo creo que esta cuenta general tiene una complejidad adicional derivada también de las circunstancias políticas en que se ha producido la gestión del ejercicio, con dos elecciones en un mismo año, que, sin duda, en ocasiones han afectado a
la capacidad de ejecución de determinadas cosas en un presupuesto prorrogado, etcétera, etcétera. Por tanto, esto creo que hay que tenerlo en cuenta a la hora de enfrentarse a la cuenta general, pero, sin duda, que en aproximadamente dos años de
legislatura estemos dando trámite a la tercera cuenta general del ejercicio nos indica que hay una voluntad de acortar esos plazos. Yo espero -y le pregunto también- que seguramente antes de finales de año contaremos con la siguiente declaración y,
por tanto, cuatro declaraciones de cuentas generales en menos de tres años, lo cual no está mal.
En cuanto a algunas cuestiones que se plantean, se habla de que existen muchos organismos de estos cuatrocientos cuarenta y tantos que no están integrados, pero en una proporción muy elevada se corresponde con un único problema, que son los
centros consorciados de la UNED. Por lo que tengo entendido -y esto lo preguntaría- se han puesto en marcha algunas medidas de orden reglamentario para solucionar este problema, en concreto una orden del Ministerio de Hacienda en el año 2018, que,
efectivamente, no ha dado resultados en el 2019, pero que yo espero que pueda hacerlo en los siguientes. En otros casos, se trata de entidades que no han tenido actividad a lo largo del ejercicio, con lo cual creo que esto reduce considerablemente
el efecto de estas críticas. Creo que si algo se deduce de la lectura de esta declaración es la continuidad de algunos problemas de años anteriores. En este sentido, es verdad que, desde el punto de vista de partidos de la oposición, es normal que
pongan el acento en estos elementos de continuidad, pero yo diría también que hay otros elementos de ruptura, y se nota si se hace una lectura un poco pormenorizada también de las salvedades, así como del seguimiento de las recomendaciones y de las
conclusiones del propio tribunal. Existen elementos de mejora innegables en cuanto, por ejemplo, al inventario o a otros elementos que van apareciendo en los distintos puntos que nos indican que existe un ánimo claro de cumplimiento de esas
recomendaciones que yo espero que se consoliden en los próximos años. En este sentido, continuidad, sí, pero con ánimo de mejora y, en todo caso, una realidad de progreso y, en cualquier caso, son deficiencias -me atrevo a decir- de carácter
administrativo que deben ser resueltas y que no deberíamos plantearlas como un problema nacido en el año 2019, sino como un problema arrastrado desde antes.
Respecto a las cifras del presupuesto, me gustaría situarlas en el contexto de la evolución del producto interior bruto, porque creo que eso nos mide mejor alguna de las variables que se han utilizado. En concreto, la deuda disminuye en
relación con el producto interior bruto y esto es un elemento positivo. El déficit de las administraciones que estamos juzgando, digamos, de la Administración General del Estado y de la Seguridad Social disminuye también en relación con el año
precedente en unas décimas y, por tanto, tenemos aquí también otro elemento de mejora. No debemos olvidar que, efectivamente, se ha puesto de manifiesto que donde se centran las dificultades es en el sistema de Seguridad Social, pero sabemos ya,
porque han pasado unos ejercicios, que no solo se han puesto en pie algunas medidas que permiten empezar a atajar ese déficit, sino que existe un compromiso, incluso con un calendario, para afrontar de verdad el déficit de la Seguridad Social y creo
que las cosas deben ir por ahí. Me atrevo a decir, por tanto, que existe ánimo de mejora, realidad de progreso, deficiencias administrativas y elementos de continuidad en relación con ejercicios previos.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
A continuación, para dar respuesta a los portavoces, tiene la palabra la señora presidenta.
La señora PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Chicano Jávega): Gracias, presidente.
No sé si habré sido capaz de recoger todas las cuestiones que me han planteado sus señorías, pero, en primer lugar, les agradezco muchísimo a todos la participación positiva; yo siempre entiendo positiva cualquier cosa pues, aunque sea una
crítica, sirve para mejorar. Yo hablo de mi trabajo, ni siquiera de la cuenta general, que no es responsabilidad del tribunal más que en su examen; el resto no es responsabilidad del tribunal.
En cualquier caso, nosotros sí que tenemos, con sus intervenciones, seguramente un abanico de pistas para trabajar en algunos aspectos que quizás hasta ahora hemos considerado no con toda la profundidad con que podríamos hacerlo. Parece que
hay un tema concurrente y recurrente, que es el de las entidades que no aparecen en la consolidación. Les voy a decir que de las cincuenta y cuatro entidades que no están, cuarenta y cuatro son consorcios adscritos a la UNED, que la IGAE no ha
recibido las cuentas de estos consorcios. También tengo que decirles, con respecto a eso, que la ausencia de estas cuentas en concreto no altera la representatividad de las cuentas. Otras cuatro de estas cuentas no consolidadas no fueron incluidas
porque no se recibieron en la propia IGAE; tres de ellas no han aprobado cuentas porque no han tenido actividad económica durante el periodo. No me pregunten por qué, porque en ese momento no sé por qué no han tenido actividad económica, pero
supongo que son organismos que han dejado de tener funcionamiento. En definitiva, creo que lo más importante es que, centrado el tema en cuáles son las cuentas que no están consolidadas y, sobre todo, la falta de representatividad que, aun habiendo
estado aportada, supondrían sobre el montante de la cuenta, creo que les puede dejar algo menos intranquilos. No voy a decir más tranquilos, pero menos intranquilos.
Con respecto a las modificaciones del Ministerio de Defensa, efectivamente coincide, señor Bel, con los propios informes del tribunal que desde que estuvimos haciendo las fiscalizaciones de las operaciones en el exterior ya detectamos que
Defensa presupuesta muy por debajo incluso del gasto previsto y con este tipo de operaciones, que surgen en un momento, muy por debajo del gasto que puede llegar a producirse. Esto está francamente corregido, es decir, cada vez es menos la
diferencia de lo presupuestado con la modificación presupuestaria que exigiría ajustarse al gasto que se produce.
En cuanto a la ejecución, sí que le voy a decir que es cierto que este año la ejecución es posterior, seguramente por una inactividad y por una tónica horizontal del propio presupuesto que no ha permitido, a lo mejor, ejecutar todos los
capítulos de la misma manera. Lo que sí que le digo es que, en cualquier caso, es una buena sugerencia que nos centremos, también, en las ejecuciones, y lo haremos en las próximas cuentas. Lo que sí que decimos es que las cuentas son técnicamente
fiables, porque lo son, que la opinión es favorable y que las salvedades no modifican dicha opinión, sino que son incidencias que se producen, pero que no alteran nuestra opinión. Es verdad que, en esa ocasión, hemos querido presentar, aprovechando
justo este año, que era el primero previo a la pandemia y tenía presupuestos prorrogados, que de alguna manera era un poco situación previa, y aprovechar para hacer lo que decía la señora Etxano, intentar hacer esta visión distinta y general en ese
momento que todavía no es muy complicado. El año que viene prevemos todos que será un poquitín más complicado, por la propia complicación del año. De todas maneras, nosotros seguimos siempre dando cuenta de las cuentas que no nos rinden. Como les
digo, lamento mucho decir que a mí me parece que, técnicamente, nuestro papel es fundamental, que lo único que pretendemos es auxiliarles a ustedes en su labor de control y, en la medida que podamos -y lo intentamos-, mejorar la gestión de las
administraciones públicas, no vamos a buscar los fallos de las administraciones públicas para reflejar en un papel lo bien o lo mal que lo hacen. Lo que sí pretendemos es que con nuestros trabajos entre todos podamos mejorar la gestión, que, en
definitiva, es lo que todos tenemos obligación de hacer. Soy consciente de lo poco operativo que es, por mucho que digamos, presentar una cuenta de 2019 casi en marzo de 2022, pero hay que darse cuenta de que han sido dos años en los que no han
funcionado las Cámaras y de que hemos estado un año entero teletrabajando todos; es decir, se da una circunstancia un poquito especial que supongo que mejoraremos de aquí al futuro. Efectivamente, como algunos de ustedes decían, la cuenta general
siguiente a la de 2019 la traeremos lo antes posible. Aun así, tenemos ese pie forzado de la fecha de presentación de la cuenta general y del examen complicado, muy complicado, que se hace en el Tribunal, sobre todo porque hay una fase de
alegaciones en la que se presentan cerca de 2000 alegaciones a la cuenta y, entonces, tiene su trabajo y requiere un tiempo. Aun así, es cierto que es un poco extemporáneo presentar una cuenta de 2019 en 2022, pero todos podemos concurrir en que
las circunstancias de este año han sido distintas.
Todas las valoraciones políticas que se han hecho yo no las entiendo hechas al Tribunal, porque no nos corresponden ni la ejecución ni definir cuáles son o no las políticas de gasto, sino poner en su conocimiento en lo que se ha gastado: en
esto se ha gastado conforme a norma, en esto hay una salvedad y no la hemos podido salvar -dicho redundantemente- porque no ha habido una contrarrespuesta que nos lo haya permitido. En fin, yo creo que también está claro lo que a ustedes les
preocupa.
En cuanto a los temas que ha planteado el señor Paniagua, aunque en cualquier caso no me doy por aludida en casi ninguno porque son problemas de gestión, sí le digo que he tomado buena nota porque me parece que entran absolutamente en lo que
entiendo que pueda ser una mejora por parte del propio
Tribunal, el hacer un reflejo del importe de las salvedades. Ahora no se ha hecho; realmente, no hemos hecho nunca un reflejo, pero sí que me parece que es una cuestión a tener en cuenta y que valoraremos para la próxima cuenta, sin
ninguna duda.
Estoy segura de que me olvido muchas cosas, pero a grandes rasgos creo que he podido contestarles a ustedes.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, presidenta.
- BLOQUE II: INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA, EJERCICIOS 2016-2017. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000031 y número de expediente del Senado 771/000041).
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE MURCIA, EJERCICIOS 2016-2017. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000041 y número de expediente del Senado 771/000040).
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE LA RIOJA, EJERCICIOS 2016-2017. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000032 y número de expediente del Senado 771/000042).
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA, EJERCICIOS 2016-2017. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000045 y número de expediente del Senado 771/000039).
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA, EJERCICIOS 2016-2017. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000040 y número de expediente del Senado 771/000038).
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA, EJERCICIOS 2016-2017. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000042 y número de expediente del Senado 771/000037).
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS TRAMITADOS DE EMERGENCIA POR LOS AYUNTAMIENTOS DE LOS MUNICIPIOS CON POBLACIÓN SUPERIOR A 300 000 HABITANTES PARA ATENDER LAS NECESIDADES DERIVADAS DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS PARA HACER FRENTE A LA
CRISIS SANITARIA CAUSADA POR EL COVID-19, EJERCICIO 2020. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000135 y número de expediente del Senado 771/000133).
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTROL EN LA GESTIÓN DE AYUDAS CONCEDIDAS POR EL CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL, E.P.E., EN EL EJERCICIO 2019 Y EN EL EJERCICIO 2020 EN EL CONTEXTO DE LAS MEDIDAS
ADOPTADAS COMO CONSECUENCIA DEL COVID-19. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000132 y número de expediente del Senado 771/000131).
El señor PRESIDENTE: A continuación, pasamos al debate correspondiente al bloque II. Informe de fiscalización de las universidades en los ejercicios 2016 y 2017: Universidad Politécnica de Cartagena, Universidad de Murcia, Universidad de
La Rioja, Universidad de Extremadura, Universidad de Castilla-La Mancha y Universidad de Cantabria.
Informe de fiscalización de los contratos tramitados de emergencia por los ayuntamientos de municipios con población superior a 300 000 habitantes para atender las necesidades derivadas de las medidas adoptadas para hacer frente a la crisis
sanitaria causada por el COVID-19, ejercicio 2020.
Informe de fiscalización de los procedimientos de control en la gestión de ayudas concedidas por el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, E.P.E., en el ejercicio 2019 y en el ejercicio 2020 en el contexto de las medidas adoptadas
como consecuencia del COVID-19.
Tiene la palabra, para explicar los informes, la presidenta del Tribunal de Cuentas.
La señora PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Chicano Jávega): Continúo, presidente. Intentaré ser lo más breve posible porque hay muchos informes en este bloque.
En primer lugar, abordaremos el informe de fiscalización de las universidades de Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja, Murcia y Politécnica de Cartagena, ejercicios 2016-2017.
Como en años anteriores, el objeto ha sido el análisis de las cuentas rendidas por ese conjunto de centros que conforman toda la estructura docente, cultural y de investigación de las universidades públicas situadas en las comunidades
autónomas sin órgano de control externo.
Estas fiscalizaciones han tenido un carácter integral y son fiscalizaciones tanto de regularidad como operativas en sus análisis. Hemos analizado tanto el cumplimiento de la normativa de transparencia como los valores de los puntos de las
cuentas que habitualmente examinamos con base en los principios de legalidad, eficiencia y economía, la normativa de transparencia y la igualdad de género, y se ha efectuado también un seguimiento de las recomendaciones formuladas en informes de
ejercicios anteriores y de las resoluciones de la propia Comisión mixta.
El resultado de la fiscalización, en conjunto, es que fueron rendidas en plazo. En todos los casos o en sus aspectos más significativos reflejan la imagen fiel de la situación financiera y patrimonial. Todas las universidades fiscalizadas
han presentado resultados económico-patrimoniales negativos en los ejercicios fiscalizados y también es cierto que todas han respetado el límite de gasto no financiero de sostenibilidad.
Después de la entrada en vigor de la Ley de Procedimiento Administrativo y de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, como ustedes saben, todas estas universidades públicas quedan integradas de una manera explícita dentro del sector
público institucional de la comunidad autónoma de la que dependan, con la implicación que ello deriva de muchas cosas: de régimen presupuestario, contabilidad, control económico-financiero, etcétera. Algunas de las universidades han aprobado
normas de ejecución presupuestaria que difieren de lo que está estipulado con carácter general para el resto del sector público autonómico y, por otra parte, eso no ha tenido contestación de la correspondiente comunidad autónoma.
En cuanto al control interno -yo creo que esta es una incidencia que se repite-, todas las unidades que realizan el control interno dependen orgánica y funcionalmente de los órganos de gestión de la universidad, cosa que siempre ponemos en
cuestión como una anomalía. Necesariamente, tienen que separar los órganos de control de los órganos de gestión.
Y por lo que se refiere al análisis de cumplimiento de la legalidad, realmente una de las cosas más destacables, y que además yo creo que se ha venido poniendo de manifiesto en esta Comisión en ejercicios sucesivos, ha sido el tema de la
supresión gradual de las limitaciones que ofrecía la normativa estatal con respecto a la tasa de reposición. Por primera vez, consta un estudio sobre la situación y sobre estos efectos que ha producido que se supriman esas limitaciones en la tasa
de reposición, si bien les adelanto que, aun suprimida la tasa de reposición, no ha tenido mucho efecto en las universidades. No obstante, las restricciones presupuestarias que ha habido estos años, unidas a la aplicación de estas limitaciones,
tienen unas consecuencias con carácter general para el conjunto de las universidades públicas, y es que se ha producido en estos años una judicialización de las convocatorias por cuanto que por parte del Estado se estimaba que habían superado las
tasas de reposición y han aparecido nuevas figuras contractuales que, como ya también han visto ustedes en algunos casos, no se corresponden exactamente con las previstas en la ley, como la contratación de doctores e interinos o personal de
sustitución, o algunas otras denominaciones. Y también se ha forzado algo que es ventajoso para las universidades, que es la contratación de profesores asociados; se han forzado funciones, tiempos, etcétera. En este sentido, diremos que cuatro de
las seis universidades fiscalizadas incumplieron el límite de personal docente e investigador al superar el 40 % de la plantilla docente en uno o en los dos ejercicios que se han fiscalizado.
Algunas de las universidades, Castilla-La Mancha, La Rioja y creo que la Universidad de Cartagena -luego se lo podré concretar- no tienen el plan de igualdad que exige la ley. En algunas de ellas no se satisface el equilibrio de paridad de
género en los nombramientos en cargos de responsabilidad y, sobre todo, la presencia equitativa en las comisiones de valoración de los concursos convocados por los cuerpos docentes universitarios. No hay incidencias reseñables en el tema de
transparencia ni buen gobierno. Y en relación con la contratación pública, digamos que se repiten las irregularidades que se dan en la contratación, en general, en la Administración, como son la inadecuada justificación de la necesidad de los
contratos o los informes incompletos del servicio jurídico; falta de documentación justificativa de presupuesto; falta de justificación para no dividir en lotes determinados aspectos a contratar, lo que de alguna manera puede afectar a la
concurrencia de pequeñas y medianas empresas, etcétera.
En cumplimiento precisamente de la resolución de 28 de abril de 2015 de esta Comisión mixta sí que se hace -como les he adelantado- un estudio pormenorizado sobre la implantación del sistema de contabilidad analítica. En este informe es el
primer año que se da esa novedad, concluyéndose que ninguna de ellas lo tenía implantado, tal como prevé la Ley Orgánica de Universidades, ni tampoco se ha tutelado el proceso de implantación por parte de las comunidades autónomas que tutelan los
centros universitarios.
Otro de los temas relacionados con la contabilidad analítica ha sido precisamente la dificultad de implantar un modelo efectivo de costes. Los precios públicos relativos a los estudios para cualquiera de los títulos se fijan, a pesar de las
prescripciones legales, mediante acuerdos entre la comunidad autónoma y la universidad. No atienden a elementos de política educativa y, desde luego, lo que no hacen es guardar relación directa con el coste del trabajo que van a realizar para fijar
el precio. Esto sí que se mantiene.
En cuanto al modelo de financiación ordinaria, algunas universidades ya lo tienen a través de contratos programa o de otro tipo de contratos con las comunidades autónomas. Se ha observado que entre las carencias está precisamente que no
tienen establecidos los modelos de financiación, pero el coste de los servicios académicos no debería ser la única variable en la implementación del modelo de financiación, sino que habría que estar a los temas de investigación, de docencia,
etcétera. También decimos en el informe que es difícil seguir sustentando en el tiempo un sistema transitorio de financiación de ayudas al estudio universitario mientras se implanta el sistema de contabilidad analítica.
En cuanto al análisis de la gestión de la actividad docente, en estas dos áreas de la actividad docente se ha observado una estabilización de la oferta educativa de las universidades que hemos visto, entendida en términos de titulaciones
ofrecidas, y en lo relativo a plazas ofertadas, sigue observándose un exceso de la oferta con respecto a la demanda. El número de alumnos egresados presenta una ligera disminución en algunos sitios como Cantabria, Extremadura y la Politécnica de
Cartagena, lo que contrasta un poco con la tendencia general, que es que aumenta el número de egresados.
Y lo que sí se ha visto con claridad, con lo que supone de evolución global positiva, es la internalización de los estudios. Durante los años a los que se refiere la fiscalización se ha observado un aumento del gasto presupuestario en
actividad innovadora y en actividad investigadora y un incremento de la producción científica, salvo en La Rioja, que experimenta una reducción muy significativa de publicaciones a cambio de presentar una tendencia de producción científica de
excelencia. Ya saben, como una referencia que está fijada, que tienen alta repercusión atendiendo a un índice que ya está fijado. Así, a primera vista, podría decirse que han sacrificado la mayor producción por la mejor producción, pero es una
consecuencia que se me acaba de ocurrir; no sé si se dedica a eso, pero por entender qué ha podido pasar.
En relación con la denominada transferencia del conocimiento, se ha observado una caída generalizada del número de patentes que se presentan en la Oficina Española de Patentes. En el año 2016 disminuyó un 7 % respecto a 2015. En 2017, un
17 % con respecto a 2016. O sea, hay una tendencia negativa de años anteriores que se mantiene. Y también hay una tendencia negativa en la creación de empresas de base tecnológica, las spin-off universitarias, con una reducción del número de
creación de este tipo de empresas. En algunas universidades tengo que decir que no se ha creado ninguna empresa de este tipo y la que más ha creado empresas de este tipo ha sido Castilla-La Mancha
Los informes realizan un seguimiento de las recomendaciones del último informe, también de la Comisión Mixta, y a excepción de las dirigidas a la Universidad de Extremadura, que tiene un mayor grado de incumplimiento, se estiman
sustancialmente cumplidas las recomendaciones. Normalmente, las recomendaciones de carácter general, con las que además realmente coinciden todas las universidades, son: agilizar la implantación de los trabajos de contabilidad analítica;
continuar con la adopción de medidas para posibilitar la composición paritaria en las comisiones de valoración; introducir avances en el modelo de financiación que redunden en la mejora de la excelencia y la calidad de la docencia, y las
inversiones en infraestructuras del sistema universitario autonómico. Y, después, hay una serie de recomendaciones para cada una de las universidades, pero, por no tardar más tiempo y no aburrirlos con datos y con recomendaciones, ya les digo que
están en el informe, salvo que ustedes me pregunten por alguna de ellas, que yo encantada se lo digo; de las seis analizadas, si alguna recomendación específica quieren saberla me la preguntan y yo se la digo tranquilamente.
Pasamos a otro informe ¿verdad presidente? ¿Paso al siguiente? ¿Los presento todos o cómo hacemos?
El señor PRESIDENTE: Sí, sí.
La señora PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Chicano Jávega): Esta es la presentación del informe de fiscalización de los contratos tramitados de emergencia por los ayuntamientos de los municipios de más de 300 000 habitantes.
Primero voy a hacer una consideración previa, y es que en el tribunal se adoptó el acuerdo de hacer una fiscalización para cada ámbito de la Administración pública de los contratos de emergencia que se hubieran realizado en los periodos para
los que estaba prevista la utilización de la emergencia, tanto por la ley como por el decreto al efecto. Este es el primero de los contratos que se ha hecho que se presenta. El segundo lo aprobamos en el último pleno, que es el relativo a los
entes de las administraciones públicas, fundaciones, etcétera, y el resto se presentará de aquí al verano, que ya estarán todos los informes, y lo que se pretende es hacer un informe conjunto que recoja las principales deficiencias de los informes
parciales. Estos dos se han aprobado, digamos, por el peso de las cosas; son informes que van a pleno y se aprueban. Tengo que decirles que mi criterio en este momento, como presidenta, hubiera sido que los informes hubieran esperado a estar en
conjunto, pero el ponente de cada fiscalización es dueño de ella y, si la quiere llevar a pleno, pues la llevamos a pleno. Puede haber alguna distorsión porque ya saben ustedes que en este momento y sobre ese tema en concreto, para asuntos
particulares ha habido opiniones que se han formulado por parte de la Junta Consultiva de Contratación, por parte de la OIReSCON, por parte de la Intervención General del Estado, incluso en el análisis del tema de Ingesa hay hasta una alusión por el
Consejo de Estado. Todas las interpretaciones van en la misma línea con alguna pequeña diferencia, que es lo que en esos informes pueden llegar a plasmarse, esas pequeñas diferencias de interpretación, por eso, parecía que lo lógico es que, aunque
los trajéramos todos, traer uno conjunto. Como es como es, yo les presento el que está hoy aquí, que es el de los ayuntamientos de más de 300 000 habitantes.
Lo que se estudia es la fiscalización de esos contratos de emergencia, de las ayudas que concedió el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, de las subvenciones del Instituto Carlos III y de las actuaciones para las relaciones de
cooperación multilateral entre la Administración General y las comunidades autónomas. Este informe atiende a los contratos tramitados para atender necesidades derivadas de las medidas adoptadas para hacer frente a la crisis sanitaria causada por el
COVID durante el ejercicio 2020 en los municipios que ya les he dicho. En concreto, se ha verificado el cumplimiento de las obligaciones de remisión de documentación al Tribunal de Cuentas; la justificación de la tramitación de emergencia, de
acuerdo con las disposiciones legales; verificar la preceptiva comunicación del inicio de las actuaciones de emergencia a la intervención competente; comprobar la existencia o no de crédito y analizar las distintas fases de tramitación y ejecución
contractual, y comprobar el cumplimiento de previsiones legales sobre contratación en el exterior. Estos son los puntos que se ha decidido analizar porque son los puntos excepcionados en la emergencia; quiero decir, los puntos que, dentro de la
emergencia, deben contemplarse. Ha comprendido el análisis de una muestra formada por 400 expedientes con un total de adjudicación de algo más de 106 millones de euros.
Respecto a los resultados, diremos que, en cuanto a la rendición de cuentas, de las doce entidades fiscalizadas cuatro han remitido relaciones fuera de plazo. Salvo que les interese, nos ahorramos los nombres de los municipios. Se han
observado diferencias entre relaciones certificadas remitidas por disposición legal a través de la rendición de cuentas de las entidades locales y otras que se remiten directamente al Tribunal de Cuentas en el curso de la presente fiscalización.
Con relación a la justificación de la tramitación de emergencia, en ocho ayuntamientos se ha observado existencia de justificaciones no adecuadas, indebidas o con una justificación insuficiente.
En cuanto a la preparación, adjudicación y formalización, en siete de los ayuntamientos se han detectado expedientes en los que no ha quedado acreditada la existencia de crédito adecuado. Y, aunque la legislación de emergencia permite la
contratación verbal, tenemos que decir que hay una buena práctica de gestión ya que, realmente, la formalización de los contratos en su mayoría ha sido por escrito. También hay otras observaciones de buenas prácticas que no hemos reseñado, pero que
también conviene decir porque es cierto que así ha pasado, incluso en muchos de los contratos realizados durante el periodo de emergencia, y sobre todo bajo la legislación de la emergencia, se han procurado tres ofertas, etcétera. Es decir, que en
muchos sitios se ha contratado, en algunos aspectos, como si no fuera de emergencia y, realmente, eso lo destacamos como buena práctica. Quizás son los sitios menos grandes porque es más sencillo. Los ayuntamientos, precisamente estos que vemos,
tienen muchísimos más contratos y muchísimos más problemas de gestión y entonces se ha ido a la contratación de emergencia literal.
En cuanto a la publicidad, lo mismo. No es imperativa la existencia de un expediente contractual, puesto que hemos dicho que puede ser verbal, ni el cumplimiento de los trámites ordinarios de preparación y adjudicación, aunque sí que se
debe incluir la justificación del procedimiento utilizado, la mención del objeto del contrato, el precio y la identidad del contratista. A este respecto, hay algunas incidencias que han afectado a la falta de publicidad en la adjudicación o en la
formalización o el retraso en la publicidad respecto del plazo legal, y en algunos casos ausencia de la mención del procedimiento utilizado.
En cuanto a la ejecución y el cumplimiento, cinco de los doce ayuntamientos han tramitado contratos en los que se ha superado el plazo máximo del mes, que se entiende como plazo máximo para ejecutar la prestación del contrato en esta
situación.
También hay una incidencia con respecto al pago del precio con un número significativo de contratos en que no se ha respetado el plazo de treinta días que fija la legislación de contratos para el pago.
Respecto a la fiscalización operativa, el informe destaca la conveniencia de aplicar, siempre que sea posible, los principios a los que he hecho referencia de buena gestión. Así, el informe recoge aspectos tales como la comprobación de la
actitud del contratista; la promoción de la concurrencia de ofertas -a la que ya he hecho referencia-; la búsqueda del menor precio adecuado, sabiendo, como sabemos, la dificultad que ha supuesto en muchas ocasiones el tema del precio, o la
separación de funciones en la tramitación de los contratos. El examen que nosotros hemos intentado hacer y que vamos a intentar hacer de todos los contratos, como no puede ser de otra manera, está basado en el cumplimiento de la legalidad más
absoluta, dentro de la situación y empatizando lo más que podemos con la situación, que ha sido muy complicada. Aun así, nosotros lo único que podemos hacer es que el principio de legalidad se respete hasta sus últimas consecuencias.
Por lo que se refiere a las recomendaciones que hemos hecho, las fundamentales son que se deje constancia de manera individualizada de las causas que justifican la tramitación -o sea, que no se justifiquen todos los contratos de un periodo
por emergencia, sino que contrato a contrato se justifique la tramitación de emergencia ante la imposibilidad de acudir a otro tipo de medio-; limitar los supuestos de ausencia de actuaciones de preparación, adjudicación y formalización a los
supuestos justificados en los que estos trámites sean incompatibles con una atención inmediata a la emergencia planteada; que, en la medida de lo posible, los contratos, aunque puedan ser verbales, se tramiten por escrito, y que, siempre que sea
posible, se tramiten los contratos dando lugar a varios licitadores. De las incidencias habidas, tengo que decirles que la Abogacía del Estado ha presentado solicitud de responsabilidad contable en algunos casos con temas -no tengo las
responsabilidades contables delante- que están relacionados, por ejemplo, con: el objeto del contrato se aparta de la emergencia que debe contemplar para hacer un contrato de emergencia. Esos son los más sencillos. Y no todos esos casos tienen
por qué ser responsabilidad contable. Hay algunos que sí y hay algunos que no. Por ejemplo, poner una estatua en un parque seguramente no tiene ninguna relación con el contrato de emergencia, pero a lo mejor arreglar el asfaltado de una calle por
la que tiene que pasar un servicio público sí que la tiene porque lo importante era el transporte. Quiero decir que las cosas hay que verlas. Por eso digo que los contratos se ven uno a uno, teniendo en cuenta que todo esto son procedimientos que
empiezan, que se inician y después veremos el recorrido que tienen, en función de lo que se vaya aportando. El fiscal, sin embargo, no ha hecho ninguna petición de responsabilidad contable. De los que ha presentado el ministerio fiscal, solamente
se ha considerado que siete de ellos requerían apertura de diligencias preliminares.
Con esto, yo doy por terminada la presentación de este informe, aunque sé que es un tema que da para toda la tarde, pero tenemos que terminar en algún momento. Así que quedo a su disposición.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
A continuación, para fijar posición, tienen la palabra los grupos parlamentarios por tiempo de cinco minutos.
La portavoz del Grupo Parlamentario Vasco, señora Etxano.
La señora ETXANO VARELA: Gracias, presidente, y gracias, presidenta, por sus explicaciones.
Me voy a referir solo a los contratos de los ayuntamientos de más de 300 000 habitantes y voy a compartir con usted algo que ha dicho al principio, y es que igual había que haber esperado. O sea, los ayuntamientos se han tenido que
enfrentar en la pandemia directamente a tramitar las necesidades de la ciudadanía y no lo podían hacer de otra manera que con contratos de emergencia porque estábamos
hablando, en muchos casos, de alimentación, de habilitación de frontones. Yo lo recuerdo. El ejemplo más cercano sería el Ayuntamiento de Bilbao y algunas de las salvedades están en el expediente. Pero yo creo que quienes fuimos ponentes
de la Ley de Contratos del Sector Público en ningún momento pensamos que la emergencia podría ser una pandemia. Creo que en muchos casos la propia ley no facilitaba poder atender a las necesidades que tenía la ciudadanía; y han sido múltiples
casos, porque nos hemos encontrado con el miedo, con la inseguridad, con la incertidumbre y con muchas personas en soledad a las que había que atender. No voy a decir nada más, pero añado con ánimo de aportación que evidentemente la Ley de
Contratos del Sector Público está y, efectivamente, hay que cumplirla. No obstante, la situación era de tanta gravedad que también hay que tener en cuenta que los ayuntamientos y los servicios sanitarios atendían en primera línea las necesidades de
la ciudadanía que no podían esperar; además, no sabíamos cuánto tiempo tendríamos que estar en esa situación.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
A continuación, por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra la señora Cañizares.
La señora CAÑIZARES PACHECO: Buenas tardes.
Bienvenida. Gracias por su exposición y felicidades a usted y a todo su equipo. En relación con la gran variedad de informes, yo quería subrayar dos cuestiones que usted ya ha dejado bastante claras y patentes como denominador común en
relación con los informes de las universidades. En primer lugar -y esto más que una pregunta sería una reflexión en voz alta-, me referiré a la alta temporalidad en la mayoría de las universidades; de las seis fiscalizadas, hay cuatro o cinco en
las que los contratos temporales de docentes e investigadores superan un 40 %. Sobre este tema, ¿esa temporalidad la podemos equiparar a precariedad? En este sentido, cabe considerar que la precariedad en el empleo de los profesores universitarios
y los investigadores, que son profesionales de la ciencia -que creemos que es un elemento indispensable y fundamental que debe apoyar cualquier sociedad para avanzar-, creemos que es no es el mejor ejemplo que puede dar la universidad al resto de la
sociedad al no aplicar este principio básico de estabilidad en el empleo para sus trabajadores.
En segundo lugar, otro denominador común es la falta de implantación de ese sistema de contabilidad analítica que se da en todas las universidades fiscalizadas. Creo que es una cuestión poco comprensible, porque conocer lo que cuesta la
prestación de un servicio público yo creo que se hace indispensable para poder presupuestar correctamente y financiarse, así como para poder repercutir el precio del servicio con total certidumbre de que no estamos fijando un precio público en
exceso o que no estamos incurriendo en unos déficits indeseados. Pero, como usted ha dicho, pocas de las universidades públicas españolas, a pesar de encontrarse sometidas a un control similar al de cualquier ente público, conocen exactamente
cuánto cuesta, por ejemplo, un grado universitario por estudiante. Entonces, llegamos a preguntarnos: ¿cómo se estipulan los precios de la matricula? ¿Por el método del uso y costumbre? ¿Cómo sabemos qué recursos necesitamos para financiar
adecuadamente la universidad? ¿Por aproximación? En fin, este difícil método se llama contabilidad analítica.
Yo he estado revisando el Libro blanco de los costes de las universidades, cuya tercera edición se publicó hace ya unos cuantos años, y la verdad es que es muy ilustrativo. Es un libro redactado por un comité científico académico que está
compuesto por profesores de reconocido prestigio y gestores del ámbito universitario y aborda de manera integral ese modelo de costes de contabilidad analítica ad hoc para el sistema universitario. Yo creo que se ha convertido en un texto de
referencia, un texto académico extendido internacionalmente, pues es su guía de aplicación práctica que fue desarrollada por la OCU. Resulta interesante leer dicho texto y hay un párrafo que dice lo siguiente: '[...] ningún proyecto de
personalización se ha configurado como un modelo de cálculo de costes generalizable al ámbito universitario, e incluso, ni siquiera constituyen, en la mayoría de los casos, implantaciones que hayan resultado verdaderamente operativas en las
universidades en las que se desarrollaron'. Y dice el ponente: 'En nuestra opinión, esta aparente falta de operatividad puede deberse a dos grandes órdenes de razones. En primer lugar, derivadas de cuestiones vinculadas con la necesaria voluntad
y compromiso político -repito, político- para impulsar su implantación y la asunción de los resultados y conclusiones que se derivasen del modelo, respecto a los que, sin duda, existe una cierta resistencia por parte de determinados agentes
partícipes del sistema. En segundo lugar, como consecuencia de una incapacidad real para su integración técnica en los sistemas informativos operantes en las universidades, que dificulta la necesaria compatibilidad que posibilite la conexión
intersistémica necesaria para la captura de datos y
el suministro recíproco de información'. Yo esto lo dejo aquí como reflexión. No sé si usted sobre esta reflexión tiene alguna opinión o se puede pronunciar al respecto.
Luego, en relación con el Informe de Fiscalización de los contratos tramitados por emergencia, le quería hacer alguna pregunta. El informe dice que en algunos de los contratos tramitados por este procedimiento se han superado los treinta
días que fija la Ley de Contratos del Sector Público en su artículo 198 para el pago de los bienes y servicios. He visto que hay alegaciones por parte de algunos ayuntamientos y me gustaría preguntarle si le consta al tribunal que el proveedor de
servicios de algunos de estos contratos haya solicitado o reclamado al ayuntamiento intereses de demora o indemnización por los costes de cobro que establece el apartado 4 del artículo 200 de la misma ley. Si esto ha sido así, se encarecerían aún
más algunos de los productos adquiridos bajo esta supuesta emergencia. Hemos visto mascarillas quirúrgicas en algunos ayuntamientos a 1,15 euros, en otros por más de 6 euros... En fin, esta es la pregunta.
Por otro lado, en cuanto a los contratos de suministro de mascarillas, y habiendo entrado en vigor ya el Real Decreto 15/2020 cuando se tramitaron estos contratos, también se habla de que en algunos casos se ha visto que, tratándose de
bienes exentos por la naturaleza del bien y el destinatario de los mismos -como decía la norma-, algunas facturas indicaban que incluían del 21 % de IVA, según se refiere en su informe. ¿Le consta al tribunal que estos ayuntamientos hayan
solicitado la rectificación de esas facturas o la solicitud de la devolución al proveedor de ese importe del IVA? Por ejemplo, solamente en el Ayuntamiento de Barcelona supone el IVA 50 000 euros, o sea, más que el coste total de un contrato para
adquirir, por ejemplo, 10 000 mascarillas.
Termino, presidente, con la última pregunta. En una de las recomendaciones de la que ha hablado también incluidas en su informe vienen referidos principios de buena gestión, incluso para contratar a través de esta modalidad de emergencia.
¿Usted cree que, en general, las administraciones públicas han abusado de la utilización de este tipo de tramitación acogiéndose a ese artículo 120 y amparándose a su vez en el Real Decreto Ley 7/2020? ¿Cree que esta última norma, el Real Decreto
Ley 7/2020, debería haber sido más restrictiva y específica o menos permisiva a la hora de establecer ese encaje legal que habilita a las administraciones públicas para poder comprar cualquier cosa relacionada con la COVID por este procedimiento?
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
A continuación, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Ledesma.
El señor LEDESMA MARTÍN: Muchas gracias, presidente.
Me adhiero, presidenta, por supuesto, a todos los reconocimientos a su trabajo, y más teniendo en cuenta este bloque que me ha tocado a mí por la ingente cantidad de documentos que hemos tenido que mirar y el trabajo que ustedes han tenido
que hacer. Es verdad que es un bloque bastante heterogéneo, donde, por un lado, se nos presenta la fiscalización de diferentes universidades, como usted bien ha expresado; por otra, la fiscalización de los contratos tramitados de emergencia por
los ayuntamientos de municipios con una población superior a los 300 000 habitantes, y también la fiscalización de las ayudas concedidas en el centro para el desarrollo. Como siempre decimos -yo cada vez que tengo que intervenir lo digo-, es
necesario para el buen funcionamiento de las administraciones e instituciones que se asuman las conclusiones de los informes y las recomendaciones que tanto el tribunal como esta Comisión hacen. Yo creo que es totalmente necesario.
Lo que está claro es que el objetivo de la fiscalización por parte del Tribunal de Cuentas es fomentar las buenas prácticas de gestión y, sobre todo, el control de las administraciones e instituciones públicas, evitando, por supuesto, el
fraude y la corrupción. Por lo tanto, desde nuestro punto de vista, está más que justificada la labor de este Tribunal, no solo por el reconocimiento y la mención que hace nuestra norma magna, sino también porque su funcionamiento yo creo que lo ha
dejado claro.
Empezando por las universidades, el completísimo informe -me lo he podido leer todo- no solo estudia la parte económica, que es importante e incluye las operaciones, actos o hechos que conforman la actividad, sino también se estudia la
estructura docente, cultural y de investigación de la universidad. Como ya bien se ha dicho y como usted también ha reflejado, me parece muy importante esa labor en esos informes. Es verdad que hay un denominador común -desde nuestro punto de
vista muy positivo- en el Informe de Fiscalización de las universidades, y es que la mayoría de las universidades han asumido el contenido de los informes de la Comisión Mixta, así como sus conclusiones y recomendaciones, y las
han llevado a la práctica. Eso es bueno y justifica la labor que hacen ustedes y también esta Comisión de control. A pesar de las diversas dificultades que tienen las universidades, el informe expresa claramente que se estima cumplido
sustancialmente el contenido de las mismas. Por tanto, no es necesario seguir insistiendo en el cumplimiento de las recomendaciones, como bien ha dicho. Lo que echamos en falta es una mayor implicación. Tenemos un Ministerio de Universidades y me
gustaría preguntar por él. Es verdad que las competencias son de las comunidades autónomas, pero creemos que también es necesaria una mayor implicación y una mayor justificación de ese ministerio y de ese ministro que tenemos.
Otro aspecto positivo es que las cuentas corresponden con su fiel reflejo. No hay ningún tipo de problema. También me gustaría destacar un problema que siempre ha tenido la universidad, la financiación; la mayoría de universidades han ido
implantando un modelo de financiación estable gracias a la mayor implicación de las comunidades autónomas. Además, esto posibilita realizar una planificación estratégica en un escenario a medio y largo plazo. Es verdad que en muchos de los
informes de las universidades se refleja que no se recogen los planes autonómicos de igualdad. Como he dicho respecto al Ministerio de Universidades, tenemos un Ministerio de Igualdad que debería velar por el cumplimiento de esos aspectos de la
ley.
Ya pasamos al tema municipal. Sobre el Informe de Fiscalización de los contratos de los ayuntamientos, los que hemos tenido la posibilidad de gestionar sabemos las dificultades que muchas veces se tienen a la hora de llevar a cabo la
contratación pública. La tramitación de emergencia tiene lugar cuando la Administración tiene que actuar de manera inmediata a causa de acontecimientos, catástrofes o situaciones que supongan un grave peligro o situaciones de necesidad que afecten
a la defensa nacional. En este caso, estamos ante el estallido de una pandemia de coronavirus que, como usted bien ha dicho, no creo que el legislador la tuviera pensada y que forzó a muchas administraciones -lo ha dicho también alguna portavoz- a
adaptar su gestión al contexto y a las necesidades de ese momento. Es verdad que los procedimientos de adjudicación de contratos públicos quedaron desplazados por la figura de la contratación de emergencia, que es menos garantista pero más
flexible, y esa fue la fórmula más habitual para adquirir mascarillas, gel o guantes en momentos excepcionales. Como bien ha dicho usted, me gustaría conocer el informe completo -ya termino, presidente, aunque me faltan otros temas es verdad que me
he alargado demasiado-, porque, por ejemplo, hay ayuntamientos que contrataron con esta modalidad de contratación campañas de comunicación o de publicidad que yo creo que estaban muy alejadas del objeto de los contratos de emergencia.
Muchas gracias, presidenta. Ha dejado claro en su informe lo que yo he dicho siempre: las recomendaciones y conclusiones deben ser asumidas por las administraciones y las instituciones.
Muchas gracias, presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias.
A continuación, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Escudero.
El señor ESCUDERO ORTEGA: Muchas gracias, presidente.
Presidenta, vaya por delante mi más cordial enhorabuena y mi reconocimiento al trabajo que realiza en el Tribunal de Cuentas. Observando el resultado de los informes objeto de fiscalización de las universidades públicas podemos decir que,
sin alcanzar los niveles de excelencia en la gestión que a todos nos gustarían, la universidad española cumple con sus funciones en la medida de sus posibilidades presupuestarias y en el marco jurídico que tienen; además, con un denominador común,
que es la democratización del acceso de los jóvenes españoles a estudios superiores. Por eso es importante el trabajo que ustedes realizan en el tribunal, para que pongan claramente tanto delante del legislador como del Ejecutivo la situación de
los organismos objeto de fiscalización para que se puedan tomar las medidas oportunas. Por tanto, una vez más, gracias por ese trabajo.
Las universidades se encuentran ante un reto muy importante: la tutela efectiva de las comunidades autónomas respecto a sus universidades como consecuencia de la entrada en vigor de la Ley de Régimen jurídico del Sector Público y la Ley del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y con el debido respeto a la autonomía universitaria que también la propia ley refleja. Presupuestariamente, ninguna de las seis universidades, como bien ha dicho, ha sobrepasado
su límite de gasto, aunque es deseable que se legisle en el sentido de reconocer la diferenciación con el resto del sector público. También urge la necesidad de la implantación del sistema de contabilidad analítica, que tiene que ver con la
fijación de los precios públicos, el modelo de financiación de las universidades y, finalmente, la política de becas, ayudas y créditos para el estudiante universitario.
Sobre el cumplimiento de la transparencia y buen gobierno, resultan acordes en términos generales a lo que la propia ley indica y se ha podido comprobar también la existencia de planes de igualdad entre hombres y mujeres, aunque es cierto
que no se satisface el equilibrio requerido por la propia normativa, tampoco a la hora de los nombramientos y las designaciones en los cargos de responsabilidad. Asimismo, existen diferencias interpretativas en la aplicación de la tasa de
reposición o también en el sesgo deseado sobre el nivel de endogamia que existe en la propia universidad. Todo tiene como consecuencia la aparición de nuevas figuras que no encajan plenamente con las previstas en la ley. El resultado es que en
cuatro de las universidades fiscalizadas los contratos laborales temporales superan el 40 % de las plantillas docentes. Por último, se siguen detectando deficiencias en cuanto a la contratación pública -inadecuada justificación de los expedientes,
incompletos informes jurídicos y falta de justificación para no proceder a la división de determinados lotes en los contratos- que dificultan el acceso de la pequeña empresa a la prestación de esos servicios, como ha indicado usted también.
Finalizo con este informe hablando de las carencias de control interno. En ninguna de las universidades fiscalizadas existen unidades de control interno independientes de los órganos de gestión, como podría ser el consejo social. Por tanto, todas
nuestras propuestas de resolución irán encaminadas a la corrección y la mejora de las debilidades que se han puesto de manifiesto en el propio informe.
Sobre el tema de los municipios de más de 300 000 habitantes y los contratos de emergencia, y con apoyo total al principio de legalidad, entendemos lo que usted ha planteado de que se deje para un informe de conjunto, ya que tendríamos un
mejor y más claro concepto global de todo lo que ha ocurrido, porque hay muchas especificaciones muy concretas en muchos sitios y hay muchos organismos a los que se les requieren correcciones o algún tipo de reclamación. Por tanto, ya digo que,
atendiendo al principio de legalidad, nuestra posición es la de no manifestarnos hasta que no tengamos esa labor de conjunto para no sacar ninguna conclusión errónea. Ya saben ustedes lo que pasa con las conclusiones erróneas. Esa es nuestra
propuesta y realizaremos así esa petición. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Escudero.
A continuación, tiene la palabra la señora presidenta del Tribunal de Cuentas para responder a los portavoces.
La señora PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Chicano Jávega): Gracias, presidente.
Parece que coinciden varios de ustedes en la tesis que yo he mantenido de que es mejor esperar a que todas las circunstancias se hayan visto y poder hacer un análisis comparativo. Yo creo que eso es lógico. Lo que haríamos en este caso
sería esperar a que estuvieran todos los informes en la Cámara, incluido el del conjunto, si le parece bien al presidente, y hacer una presentación total en vez de ir conforme vayan produciéndose los informes.
Los precios públicos se fijan por consenso entre la universidad y la comunidad autónoma, de momento, con lo cual responden o no al coste del servicio que se presta. En cuanto al tema de contratos, han preguntado si nos consta alguna acción
por parte del proveedor y, no, no nos consta. Lo que sí nos constan son los casos en los que se ha incluido el IVA en las facturas en contra de lo previsto, que son los siete casos que están en enjuiciamiento; justo los siete casos que tenemos en
enjuiciamiento son de los que van a ver el tratamiento de la factura incluyendo el IVA.
Como decía alguno de los representantes aquí -ahora mismo no recuerdo quién ha sido-, efectivamente, tenemos en cuenta que es una situación muy excepcional en la que se dan unos parámetros que necesariamente tenemos que contemplar: que es
un suceso imprevisible el que se nos ha producido a todos con la COVID, que no se ha podido planificar ni prever ni nada y que la situación es de extraordinaria urgencia, lo que hace imposible la observación de los trámites y los plazos si queremos
dar cobertura a una necesidad inmediata y exigir que el contrato se realice en un tiempo breve. No es que se salten ninguna norma, sino simplemente que para que sea efectivo el trabajo ante una situación de ese tipo se tienen que acomodar las
normas. Me han preguntado algunos de ustedes y, con lo que hemos visto en los contratos, puedo decirles que la respuesta de la contratación es adecuada en términos generales. No hay graves problemas de ningún tipo. Los grandes problemas
eventuales se dan en una situación de emergencia y en una situación de no emergencia, porque responden a planteamientos distintos a los incumplimientos de la legalidad, con lo cual los encontraremos seguramente en cualquier tipo de contratación, no
precisamente en esta. En esta puede ser que haya habido alguno, pero en términos generales ya les digo que no. Es más, hemos podido observar que en algunos sitios se cumplen con mayor exquisitez algunos de los planteamientos que ahora no se
tendrían que cumplir.
Después de esto, simplemente quiero hacer una pequeñísima mención a un trabajo que se ha producido en el contexto de la COVID y que nos hemos saltado. Se trata del trabajo del CDTI que, como saben, es una entidad pública que se dedica al
fomento de la innovación y el desarrollo tecnológico de las empresas españolas a través de dos instrumentos de financiación, los préstamos a bajo interés y las subvenciones. Tenemos que decir que, de acuerdo con los préstamos de bajo interés, el
CDTI aprobó 52, que financiaron proyectos de emergencias referidos a mascarillas, guantes, batas, gafas de protección, etcétera, a los que se dio auténtica prioridad en su tramitación; además, se concedieron 1052 créditos a bajo interés,
garantizados por el Fondo Cervera que, como saben ustedes, cubre el resto del importe de financiación hasta que el beneficiario solamente tiene que pagar un 5 %, y este Fondo Cervera está dotado con Presupuestos Generales del Estado. Así pues, la
actuación del CDTI, unida a que además concedieron 29 subvenciones de I+D y de inversión para hacer frente a la emergencia sanitaria, podríamos enmarcarla dentro de lo que serían buenas prácticas de un organismo.
Por mi parte, señorías, nada más.
El señor PRESIDENTE: Gracias, presidenta.
- BLOQUE III: INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LOS ESTADOS CONTABLES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y DE LAS APORTACIONES PERCIBIDAS POR LAS FUNDACIONES Y DEMÁS ENTIDADES VINCULADAS O DEPENDIENTES DE ELLOS Y DE LOS GASTOS DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES
DE ESTAS FINANCIADOS CON CARGO A SUBVENCIONES PÚBLICAS, EJERCICIO 2016. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000063 y número de expediente del Senado 771/000064).
El señor PRESIDENTE: A continuación, pasamos al debate correspondiente al Bloque III, Informe de Fiscalización de los estados contables de los partidos políticos y de las aportaciones percibidas por las fundaciones y demás entidades
vinculadas o dependientes de ellos y de los gastos de programas y actividades de estas financiados con cargo a las subvenciones públicas, ejercicio 2016.
Tiene la palabra la señora presidenta del Tribunal de Cuentas.
La señora PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Chicano Jávega): Gracias.
Iba a decir que vuelvo a hacer un ejercicio de contrición, pero no es para tanto. Ese informe se aprobó por el Tribunal de Cuentas en el año 2020 y han sido todas estas circunstancias las que nos han llevado a venir a presentarlo ahora.
También les diré que ya hemos aprobado el de 2017 en el último pleno que celebramos ayer y estamos recuperando el ritmo. Por otra parte, no se deja fuera de su apreciación la situación de dificultad que tenemos precisamente para abordar la
fiscalización de los partidos políticos, porque ha habido una inflación de procesos, aunque quizá inflación es una palabra que corresponde porque ha habido los que tenía que haber. No obstante, han sido tantos que, aunque se ha incrementado el
número de efectivos en la coponencia de partidos políticos -se trabaja en coponencia-, se ha multiplicado por ocho -por decir algo, porque seguramente ha sido más- el trabajo que han tenido. Han sido muchísimos procesos, porque, además de tener las
cuentas de los partidos políticos, tenemos los procesos electorales. Realmente, es una situación complicada que intentamos abordar e ir centrando poco a poco; por eso, pido disculpas por la parte que nos corresponda en retrasar un poco ese tipo de
información.
Como saben, los informes anuales que hacemos de los partidos políticos -como este que presento hoy, que corresponde al ejercicio 2016- son de aquellos partidos políticos que reciben subvenciones anuales para atender los gastos de
funcionamiento o que han recibido asignaciones para sufragar los gastos de seguridad. También se analizan las cuentas de algunos perceptores directos de subvenciones que tuvieran un importe significativo, aunque participaran indirectamente de ellas
y fuera por traspaso de algunas federaciones o algunos entes del partido. También se han fiscalizado las aportaciones recibidas por fundaciones y entidades vinculadas o pertenecientes a los partidos políticos; así, se han fiscalizado cuarenta y
una fundaciones, ocho asociaciones y tres sociedades mercantiles. Los objetivos, como siempre, han sido la legalidad de los recursos públicos y privados de los partidos políticos, la regularidad contable de la actividad económico-financiera que la
realicen y, en cuanto a las fundaciones, analizar la legalidad y la regularidad contable de las aportaciones recibidas y el cumplimiento de las donaciones percibidas.
En temas de transparencia, tenemos que decir que los partidos políticos han observado la normativa reguladora. En cuanto a las conclusiones respecto a partidos políticos, tenemos que decir que todos presentaron las cuentas anuales
correspondientes al ejercicio 2016. Por primera vez se ha hecho de forma telemática, cosa que facilita mucho también el trabajo de todos, veintitrés de ellas dentro del plazo y siete fuera de plazo. Como ya habrán leído en prensa, diez formaciones
políticas no reflejan adecuadamente la situación financiera patrimonial, en ocho hay alguna limitación para el estudio de las cuentas y cuatro formaciones políticas presentan un patrimonio neto negativo. La financiación pública que se percibió en
2016 consistió en subvenciones de funcionamiento ordinario por importe de casi 237 millones de euros, en los que se incluyen casi 3 millones para sufragar gastos de seguridad, y 67,5 millones en subvenciones electorales. Los recursos contabilizados
privados -cuotas, aportaciones de afiliados, donaciones, etcétera- han representado un total de 58,5 millones de euros. De las comprobaciones que hemos realizado sobre el cumplimiento de requisitos y limitaciones previstos en la normativa
aplicable, se han observado incumplimientos que podían constituir una irregularidad sancionable de las recogidas en el artículo 17 de la Ley Orgánica sobre Financiación de los Partidos Políticos. Hay cinco formaciones que no han publicado las
cuentas anuales del 2016 en las páginas web -o lo han hecho de forma incompleta- y que tampoco han publicado el informe de fiscalización que corresponde a los ejercicios 2014 y 2015. Además, veinticuatro formaciones políticas no han aprobado ni
publicado en página web instrucciones internas en materia de contratación.
En cuanto a los resultados más relevantes relativos a las fundaciones y demás entidades vinculadas o dependientes, quince fundaciones se han inscrito en la sección específica del Registro de Partidos Políticos, nueve fundaciones no han
presentado cuotas anuales y tres fundaciones disponen de patrimonio neto negativo. Las aportaciones y las donaciones privadas ascienden a 3,7 millones de euros y el total de subvenciones percibidas está en torno a los 3 millones de euros.
En cuanto a las recomendaciones dirigidas a las formaciones políticas, destacan que es preciso que la legislación que se aplica a los grupos institucionales de las formaciones políticas especificara con mayor claridad las medidas y
condiciones en las que aquellos pueden efectuar aportaciones a los partidos políticos, que habría que aplicarse a las coaliciones electorales la obligación de presentar cuentas anuales, que podría evaluarse la conveniencia material y económica de
mantener en las condiciones actuales la subvención estatal para sufragar los gastos de seguridad -entendemos que quizá el momento de pagar los gastos de seguridad de las formaciones políticas no es el mismo que cuando se previó esta contingencia-,
que sería aconsejable que la Ley sobre Financiación de Partidos Políticos definiera claramente lo que haya de entenderse por los conceptos de aportaciones y donaciones y que es conveniente ampliar los supuestos tipificados como infracción en el
artículo 17 de la ley orgánica, como, por ejemplo, la presentación con posterioridad a la remisión del anteproyecto de informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas, como algunas veces sucede. Otra de las recomendaciones que se hace es que las
formaciones políticas que presenten durante dos o más ejercicios económicos una situación patrimonial negativa deberían ajustar sus actividades económicas, con objeto de alcanzar el equilibrio patrimonial y abordar un plan de saneamiento. Y más o
menos en los mismos términos para las fundaciones y agrupaciones políticas. No se han exigido responsabilidades contables y hay cuatro incumplimientos que podrían constituir infracciones sancionables por el artículo 17 de la ley orgánica.
Creo que esto es lo sustancial. Hay algunos temas de los recomendados que son objeto del contenido de la moción que en su momento se presentó en la Cámara y supongo que cuando podamos verla quedarán aclarados muchos de los temas, o, por lo
menos, explicados según la visión que tiene el Tribunal acerca de algunas de las dificultades con las que nos encontramos al fiscalizar a los partidos políticos.
Presidente, quedo a disposición de los diputados y senadores.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora presidenta.
A continuación, para fijar la posición de los grupos parlamentarios, en primer lugar tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Vasco la señora Etxano.
La señora ETXANO VARELA: Gracias, presidente. Gracias, presidenta.
Hoy estamos viendo la fiscalización de 2016, y ya nos ha dicho que ha aprobado la de 2017. La verdad es que hay que hacer un esfuerzo temporal para ir hacia atrás, sobre todo para situarnos en el momento en que se estaban formulando estas
cuentas, cuando salíamos de la aprobación y la modificación de dos leyes orgánicas, la Ley Orgánica sobre Financiación de Partidos Políticos y la LOREG. Entendemos lo que nos ha comentado sobre la complejidad de poder analizar formaciones
políticas tan heterogéneas. No es comprensible el retraso, pero entendemos que este sea uno de los casos en que pueda suceder.
Voy a intentar centrar mi intervención en cuatro puntos. Uno es el de la obligación de incluir la actividad económico-financiera del ámbito local e institucional, que se reitera como una limitación pero el informe dice que no era
obligatorio en 2016. Para el partido en el que milito ha supuesto un reto conciliar obligaciones derivadas de una consolidación contable, que necesariamente lleva a una centralización en el partido, con el respeto que tenemos en nuestro partido a
las organizaciones municipales, que además estatutariamente tienen una consideración especial. Sé que a partir del 2017 todas esas cuentas ya están consolidadas, por lo que, cuando las veamos, muchas de las salvedades o advertencias de las que se
habla para 2016 desaparecen, porque se podrán ver cómo son las cuotas de las afiliadas y los afiliados y en muchos casos los alquileres que se cobran por parte de las organizaciones municipales. Además, las organizaciones municipales y el partido
tenemos un CIF.
En cuanto a la prohibición de realización de actividades mercantiles, a nuestro entender han quedado aclaradas algunas de las dudas que hubo en la fiscalización de 2014 y 2015. En el 2018 se abrió un proceso sancionador, y se generó mucho
debate el año pasado aquí con este tema. Pero el partido ha sido absuelto de todas las cuestiones que se planteaban en el procedimiento que se abrió. De hecho, durante el 2016 hemos modificado el objeto social, y se recoge de manera expresa que lo
que hacemos es gestionar el patrimonio del que disponemos en el partido, que fundamentalmente son los batzokis.
En cuanto al informe de resultados de la auditoría de control interno previsto en el artículo 15 de la Ley Orgánica de Financiación de Partidos Políticos, el Tribunal de Cuentas indica que sería conveniente que dichos informes recojan
también los principales resultados de la auditoría interna. En nuestra opinión, eso sería una mayor exigencia de la que se establece en la propia Ley Orgánica sobre Financiación de Partidos Políticos. En todo caso, como es un objetivo prioritario
poder hacerlo, consideramos una solicitud al propio tribunal para que elabore una instrucción con los mínimos comunes aplicables a la valoración de la idoneidad del sistema de control.
Respecto a lo señalado en el informe -y esto ya es un tema de memoria histórica y en relación a reflejarla en la memoria- sobre la deuda del Estado por la reclamación y la reversión del patrimonio incautado, nos parece que, mientras que
exista esta reclamación, su lugar más adecuado es el activo del balance, y no una reseña en la memoria.
Por último, el tribunal, como no podía ser de otra manera, comprueba el esfuerzo que venimos realizando creo que todos los partidos políticos -por lo menos, el nuestro sí- respecto a la adaptación a los nuevos requerimientos que se derivan
de la nueva legislación -estamos todavía en el 2016- y lo importante que resulta además poder hacerlo sin perder la identidad como partido, con un modelo organizativo basado en el principio de subsidiariedad y en el que todas nuestras organizaciones
disponen de su ámbito de autonomía. Nos parece que es importante disponer de un marco normativo que establezca unas reglas de juego comunes y un control efectivo de la actividad de los partidos, pero ello no debe interferir forzosamente en que
todos los partidos debamos ser ni iguales ni clones, de igual forma que la ciudadanía pueda tener una oferta suficientemente diferenciada de propuestas y modelos políticos. Lo que se pretende es que se garanticen los controles y la transparencia a
través de la adecuación de los estados financieros y el cumplimiento de la legalidad. Por eso la importancia y todo el esfuerzo que se necesite para adaptarnos a nuevos requerimientos, sin que de ello resulte la uniformización, aunque sí un buen
soporte normativo y un efectivo control de la actividad.
En cuanto a las modificaciones de las leyes que se vienen planteando, la Ley Orgánica de Financiación de Partidos Políticos o la LOREG, creo que necesitamos disponer de un periodo más amplio para ver cómo se han desplegado estas
modificaciones y si se ha obtenido el efecto pretendido, es decir, quizás no basta con la fiscalización del 2016 y deberíamos ver más fiscalizaciones para tener una idea más clara sobre esa efectividad, que los partidos cuenten con los recursos
suficientes para poder ejercer su representatividad con independencia y a la vez se posibiliten los máximos niveles de transparencia.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Plural y el Grupo Nacionalista en el Senado de Junts per Catalunya-Coalición Canaria/Partido Nacionalista Canario, tiene la palabra el señor Bel.
El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, presidente.
Gracias a la presidenta también por su exposición y el trabajo que hay detrás de este este informe, aunque es verdad que aquí tenemos responsabilidad de todos. Estas son unas cuentas sobre las que había obligación de formularlas en el 2017,
pero ustedes aprueban el informe en agosto de 2020 y nosotros lo estamos viendo aquí en febrero de 2022. Por tanto, creo que hay para todos, y en todo caso eso nos tiene que servir para poder mejorar en ejercicios venideros, porque es verdad que
hasta se hace extraño para alguien que en estos momentos nos oiga hablar de las cuentas de los partidos políticos en 2016 desde fuera de esta Cámara. ¡Pues no ha llovido ni nada desde 2016 también para los partidos políticos!
En todo caso, algunas cuestiones. Así, acerca de una parte de las conclusiones que se desprenden de este informe, y algunas que tampoco representan novedad, y el tribunal nos las traslada en una moción de la que teníamos que dar cuenta en
el día de hoy, pero daremos cuenta próximamente, creo que algunas de las cuestiones que se plantean son acertadas. En estos momentos estamos hablando de que los partidos políticos y la actividad política en sí misma no tienen el mejor grado de
prestigio deseable en nuestra sociedad, y, por tanto, en lo que hace referencia a los recursos, no solo públicos, sino todos los que están gestionando los partidos, es necesaria la máxima transparencia y la máxima pedagogía en relación con el resto
de la sociedad. Es por ello que algunas de las modificaciones que ya se plantearon hace prácticamente diez años y no se han acabado materializando, desde nuestra perspectiva, son necesarias. Y esta modificación de algunos aspectos de la
legislación debería ir encaminada a que haya una visión global acerca de todas las diferentes normas que afectan no solo a la financiación de los partidos políticos sino a la dación de cuentas y la transparencia, de modo que sea global, homogénea y
coherente. Es verdad que algunos de los conceptos se deben clarificar, y quizás nosotros, en nuestra responsabilidad como legisladores, deberemos ser más hábiles de lo que hemos sido hasta el momento y dejar menos espacio a posibles
interpretaciones y que incluso el mismo tribunal tenga que hacer instrucciones, que no dejan de ser una interpretación de la propia legislación. En todo caso, creo que ya tendremos la oportunidad de hacerlo, aunque me gustaría que esta legislatura
no finalizase sin haber resuelto la cuestión, porque seguro que nuestros compañeros de próximas legislaturas nos lo agradecerían.
Muchísimas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Bel.
A continuación, por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el Aizcorbe.
El señor AIZCORBE TORRA: Muchas gracias, señor presidente.
Señora presidenta, muchas gracias por acudir a esta casa común. Se lo digo con toda consideración y cortesía personal, en relación con aquello de ni un paso atrás que ya le comenté en la primera comparecencia. Ya aclaró usted que no fueron
palabras suyas, sino de alguien cercano a usted. (La señora presidenta del Tribunal de Cuentas, Chicano Jávega: No era cercano a mí). De alguien malquerido por usted. (La señora presidenta del Tribunal de Cuentas, Chicano Jávega: Tampoco). De
alguien que le pusieron a usted, que nos puso en alerta, como usted comprenderá.
En este tiempo de oscuridad, incertidumbres y tribulaciones en el que por desgracia vivimos, mi compañero Ferran Bel, que goza de mi simpatía personal, consideración profesional y discrepancia política en cuestiones esenciales, ha sacado un
tema que precisamente es noticia hoy y que hablando de tribulaciones nuestro grupo entiende que sí le afecta, y es que la Sección de Enjuiciamiento acepta como bueno el aval del Institut Català de Finances, muy conocido en Cataluña desde hace mucho
tiempo por sus actividades. De ahí que insista, y lo digo con todo cariño y consideración, en la obligación del artículo 5 de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas, que es uno de esos estamentos y órganos que deben hacer
alarde de esa independencia y ser los buenos controladores en los que todos fijarnos. Hay varios tribunales y órganos que pueden tener esa consideración de vivir al margen de las cuitas políticas y a aquellos que estamos en ellas indicarnos el buen
camino.
Iré un poco a máximos, para bajar después, en el breve tiempo que tenemos, acerca del mucho trabajo que da la fiscalización de los partidos políticos. Efectivamente, es un trabajo enjundioso, bien hecho, pormenorizado, y yo le propongo que
dejemos de trabajar sobre eso, lo cual sería dejar de subvencionar partidos políticos, es decir, que los partidos políticos se subvencionasen de forma privada, y no de forma pública, y que tuviesen los controles que tuviesen que tener como cualquier
persona jurídica, con unas normas concretas y que se atuviesen a ello; pero no destinar recursos públicos a los
partidos políticos. Esa es nuestra intención, eso es lo que nosotros perseguimos y, en la medida en que seamos capaces de poder implementarlo, así lo haremos, con lo cual ahorraríamos dinero a los españoles y mucho trabajo al Tribunal de
Cuentas, porque el Estado necesita también otras atenciones que no sean estas.
Habiéndome referido ya al máximo, es cierto es que en 2016 VOX no estaba, con lo cual la fiscalización de dichos periodos se ve con cierto retraso, seis años más tarde, y no deja de ser paradójico. Pero, en cuanto a la moción que se
presenta sobre la aclaración de algunos términos, es cierto también que sorprende en esta moción, como en toda la ley, la cantidad de dificultades que se dan respecto a la financiación privada de los partidos políticos. ¿Por qué el máximo son 50
000, y no 52 000, 15 000 o 100 000? ¿Por qué el máximo son 10 000 en una campaña electoral, y no 15 000, 100 000 o 1 000 000? Y sobre el vericueto respecto a lo que hay que hacer en la actividad promocional, por ejemplo, una actividad de
militancia activa en la calle, se ponen numerosas pegas de forma continua. Partiendo de la base de que entendemos que los partidos políticos, según el artículo 6 de la Constitución, son esenciales en este sistema democrático que nos hemos dado,
somos partidarios de que tengan financiación privada y que la reglas que tengamos para todos se cumplan desde la perspectiva de entes que no vivan del erario público sino del esfuerzo y la simpatía de sus afiliados, simpatizantes y demás gente.
Como no da tiempo para más, señora presidenta, quiero agradecerle de nuevo su presencia aquí y todo el trabajo que se realiza en el Tribunal de Cuentas desde hace ya muchos años.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Suárez.
El señor SUÁREZ LAMATA: Muchas gracias, señor presidente. Señora presidenta, bienvenida.
Estaba preocupado por el tono que podía haber en esta Comisión, fundamentalmente después de lo que vimos en el último debate en Pleno sobre una cuestión del Tribunal de Cuentas, cuando por determinados partidos -hoy están aquí, por cierto-
se llamó de todo menos bonito a los miembros del tribunal, calificándolos de hasta de analfabetos en derecho, parciales o nepotistas. Fue una especie de efervescencia sobre todo nacionalista. Y yo también me llevo muy bien con el señor Bel y no me
ha sorprendido nada que esté contento y feliz.
Las instituciones no hay que juzgarlas por si dictan o no dictan una sentencia que nos es más o menos favorable, sino por si lo hacen bien o mal y, desde luego, pagar con fondos públicos, malversar fondos, la verdad es que al ciudadano habrá
que explicárselo. A partir de ahora, supongo que los que infrinjan el código de tráfico irán a alguna institución a ver si les avala la infracción, pero lo dejo ahí.
Antes de entrar en cuestión -y lo lamento, señor Aizcorbe, porque sabe usted que le tengo un cariño especial-, se me ocurre aquello que es muy cristiano de predicar y dar trigo. Renuncien ustedes, así, de entrada, para empezar a hablar un
poco, a los fondos que reciben del grupo parlamentario. Creo que eso haría mucho más creíble la propuesta que acaba usted de lanzar.
Señora presidenta, estamos ante un informe que no sé cómo calificarlo; llevo ya dos días intentándolo, pero como ha intervenido el señor Hurtado y seguro que sube el tono, lo voy a dejar en extraño, y fundamentalmente digo extraño porque
tiene importantes deficiencias técnicas. A algunas ni les encuentro explicación. Fundamentalmente, suponen un incumplimiento de las directrices aprobadas el 30 de noviembre del año 2017, con un claro incumplimiento del artículo 3 de la Ley
Orgánica de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, porque, al final, el informe -o a mí me lo parece- cuando menos se ha realizado con criterios que no son homogéneos. En determinadas formaciones políticas -voy a ver si soy capaz de explicarlo-,
unos presentan cuentas consolidadas, otros no, pero luego al final lo que uno va viendo con todo el informe es que el tribunal, selectivamente, a unos les ha exigido la información, a otros no, no se explica por qué se les ha exigido, y eso le da
cierta incoherencia o inconsistencia, sobre todo cuando uno analiza el ámbito local, que es donde creo que está un poco el problema. Aun así hay otra paradoja, que es que, incluso aportando cuentas con homogeneidad, el tratamiento que se hace en el
informe es distinto, lo cual, créame, no lo había visto antes, y ya he leído unos cuantos. Créame que esto no lo había visto. Al final, tengo la sensación de que el perímetro de fiscalización del Tribunal de Cuentas, sobre todo en el ámbito local,
lo han fijado los propios partidos en función de lo que aportaban o no aportaban y que, sorprendentemente, el Tribunal de Cuentas se ha quedado ahí.
Otra cuestión son los grupos institucionales, los parlamentos regionales. Yo echo en falta un análisis de los reglamentos de cada Parlamento, si se ajustan o no se ajustan al plan de contabilidad que aprobaron ustedes en el Tribunal de
Cuentas.
En cuanto al crowdfunding, esta es una cuestión que aparece recurrentemente en los informes. Me da la sensación de que ha variado un poco la tesis del tribunal en el sentido de que, hasta este informe, se había evidenciado que había
problemas importantes en el diseño del software en las plataformas de crowdfunding; una cosa es identificar a los donantes y el DNI y otra cosa es cómo funciona el mecanismo, que ahí es donde está el problema. Incluso hay propuestas de resolución
en ese sentido solicitando que se regule esa cuestión. Me sorprende que al partido al que represento se le piden todo tipo de explicaciones por un crowdfunding de 420 euros, y a otro partido -que no voy a decir cuál, da igual-, por 120 000 euros
sencillamente se da por bueno con una mera anotación contable que figura en su registro, sin entrar a analizar todas las cuestiones que se requieren en cuanto a partidos.
Hay otra cuestión que no pensaba tratar, pero seguro que el señor Hurtado la trata, así que ya le contesto. Hay una irregularidad que se imputa al partido al que represento, pero que, a mi juicio, es respecto a una trabajadora que queda
fuera del ámbito objetivo y subjetivo del informe. Una cosa es -y yo creo que está claramente delimitado en el informe- analizar los estados financieros de los partidos políticos y otra es analizar las retribuciones de una persona muy concreta. Yo
me pregunto por qué ese análisis no se ha hecho a todas las personas en otras formaciones políticas, exsenadores o exdiputados que están o estaban en esa misma situación, pero sobre todo porque lo escrito no es cierto. Yo no entiendo cómo el
tribunal no reclamó o recabó del órgano pagador los certificados, porque yo los tengo y evidencian que hay una falsedad en este informe, es facilísimo demostrar que lo que se dice no es cierto. Con lo cual, como no se le notificó en alegaciones
porque no es parte -digamos- afectada por el informe, le genera una indefensión que a mí, créame, señora presidenta, me ha sorprendido. Y como me va a llamar la atención el señor presidente, me quedo aquí.
Solo una reflexión final. Yo creo que poco a poco los partidos van mejorando la rendición de cuentas. Ciertamente, hay problemas con los grupos institucionales, sobre todo los que tenemos muchas contabilidades en pequeños municipios, pero
de cuando se comenzó esto -o por lo menos cuando yo empecé, en el año 2010- a ahora, no tiene nada que ver. La mejora es sustancial y, sobre todo, lo que es sustancial es el esfuerzo del Tribunal de Cuentas por mejorar día a día la calidad de los
informes, aunque ya le digo que este me ha sorprendido y no es lo mejor que he leído del tribunal.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Suárez.
Yo si le llamo la atención es por el tiempo, no por anteponer las respuestas a las preguntas que no le han hecho todavía.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Hurtado.
El señor HURTADO ZURERA: Gracias, presidente. Gracias, presidenta.
Como andaluz, yo creo que hoy es un día especial. Me siento muy orgulloso y creo que en la actividad parlamentaria debe constar la celebración y la felicitación a todo el pueblo andaluz. (Muestra un cartel en el que se lee: '28F Día de
Andalucía'.-Aplausos). Yo creo que coincidimos todos en ello. ¡Viva Andalucía libre, por España y la humanidad! (Risas).
Y luego quiero comentar lo siguiente. Yo creo que tiene más sentido, señor Suárez, esta celebración o este detalle cuando el presidente de la Junta de Andalucía ha suspendido un acto de conmemoración del Día de Andalucía para que no fuese
la señora Ayuso. Por tanto, no tenía más remedio que hacerlo explícito.
Yo no coincido con la mayoría de las intervenciones y le voy a decir por qué. Yo creo que este expediente es especial por el año que fiscaliza, 2016. Como saben ustedes, ese es el primer año que se aplica un cambio de ley, que fue la ley
orgánica 3/2015, de control de los partidos políticos. Esta ley modificaba a su vez tres leyes orgánicas: la ley de partidos, la ley de financiación y la ley propia del Tribunal de Cuentas. Y ustedes saben por qué se cambió la ley, porque eran
escandalosas las tramas de financiación ilegal del Partido Popular: la Gürtel, Bárcenas y todas las tramas. El pitufeo en Valencia era un auténtico escándalo. (Un señor diputado: ¡En Andalucía!). Por tanto, esta ley se aplica por primera vez en
este ejercicio; algunas cuestiones tenían un periodo transitorio. Esta ley avanza en transparencia y avanza en control, estamos totalmente de acuerdo, pero en el informe se extrae algo que es también importante, y es que hay grandes lagunas e
incluso retos sustanciales que tenemos que abordar, y lo extraigo de las conclusiones del propio Tribunal de Cuentas.
Con relación a los registros de partidos políticos, fundaciones y entidades, es necesario una depuración. No sabemos ni cuántos hay, y se ha hecho ya un esfuerzo importante por parte del Ministerio
del Interior, pero hay que continuar. En la consolidación de las cuentas es fundamental, porque beneficia el sistema de control externo, pero también el interno. Y desde luego, sigue habiendo muchos partidos que, a pesar de que ya era
obligatorio en 2017, tienen serios problemas -y aquí se han apuntado algunos- de consolidación.
Luego, con relación a la financiación pública, hay un reto, y es la armonización de la ley de bases con la ley de financiación, las asignaciones de los grupos institucionales. Esto es necesario, porque la ley de bases establece simplemente
que se dé cuenta al pleno, pero es que luego cada secretario interventor hace la aplicación que considera, y hay muchos problemas en la gran mayoría, si no en la totalidad, de los partidos políticos. Es un reto que hay que abordar, el desarrollo y
la armonización.
En relación con la financiación privada, también hay problemas. Es necesaria la regulación de los microcréditos y de conceptos básicos como la diferencia entre aportación y donación, porque tienen regulación distinta y las interpretaciones
las tiene que hacer el tribunal. Por tanto, mi pregunta va en relación con qué interpretaciones hace sobre estos temas el propio Tribunal de Cuentas como consecuencia de que es necesario un desarrollo.
Otra cuestión importante es el régimen sancionador. Hay una desproporción tremenda, sobre todo para pequeñas coaliciones de partidos que se presentan en pequeños municipios y que, por haber ingresado 50 euros de más, tienen que pagar multas
muy graves de 50 000 euros, y es una auténtica desproporción, en el caso de que se pueda dar. Por tanto, son retos y desarrollos fundamentales.
Yo, al igual que me siento orgulloso de ser andaluz, viendo este informe, me siento orgulloso de ser socialista. Afirmo que el PSOE, desde luego, es el partido político de mayor transparencia y con mejores sistemas de control que existe en
este país, y voy a dar algunas razones. (Rumores). Voy a dar razones de consolidación. El PSOE tiene la totalidad de cuentas prácticamente consolidadas -sí, señor Suárez, léase usted el informe- y, además, lo hizo en el 2016, cuando todavía no
era obligatorio, pues es obligatorio a partir de 2017. El PSOE ha establecido un sistema de control interno superavanzado, tiene la publicación de todas sus cuentas en la página web, tiene un sistema de contratación asimilable al del sector público
y tiene un sistema de garantía de cumplimiento de las normas que establece la propia ley que, evidentemente, también es ejemplar. Me gustaría saber -y esta es la última pregunta que le quiero hacer a la presidenta- si también está entrando el
Tribunal de Cuentas en la fiscalización de esos sistemas de cumplimiento, sobre todo para la lucha antifraude y la lucha anticorrupción, fundamental para mejorar la reputación de todos los partidos políticos.
Gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Hurtado.
A continuación, tiene la palabra la señora presidenta del Tribunal de Cuentas.
La señora PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Chicano Jávega): Gracias, presidente.
En primer lugar, voy a intentar contestar, aunque no haga el enunciado, por el orden en que se han ido presentando las preguntas.
Con respecto a lo planteado por el Grupo Vasco, que ha hecho una exposición sobre cómo ha ido modificando la gestión de sus recursos para adaptarse a las diferentes formas, solamente quiero decirle que enhorabuena y que adelante, ese es el
camino. En cuanto que ha abogado por una no uniformidad, yo le digo que es absolutamente cierto que todos los partidos no son iguales, pero sí deben cumplir todos las mismas reglas de juego; eso parece que es absolutamente claro. Luego, las
instrucciones que desarrollan las previsiones legales tendrán que hacerse como cualquier otro reglamento y facilitarán la aplicación de la ley, pero, en definitiva, yo creo que es verdad que viendo el conjunto de muchos informes nos hacemos mejor
idea de cómo podría ser una ley que recogiera todos los aspectos que se están poniendo en cuestión. Yo, como ha dicho alguno de ustedes, les digo que efectivamente se ha adelantado muchísimo en el funcionamiento y en la buena gestión de los
partidos, pero lamentablemente les pasa como a nosotros, no somos los favoritos del público y, entonces, cualquier cosa que suceda en esos entornos tiene una respuesta social a lo mejor un poco hipertrofiada.
Con respecto a lo que planteaba el señor Bel, hoy no hemos visto la moción porque no ha podido verse, pero le digo que casi todos los planteamientos que se han hecho aquí esta tarde están incluidos en la moción. Además, tengo que decirles
que la moción procede del pleno anterior, pero ese pleno también ha producido una resolución hace unos días que se ha enviado a las Cámaras en el mismo sentido de instar al tratamiento de los aspectos que están tratados en la moción; nos parece muy
importante por muchísimas razones, además de por aclarar muchos temas que se han ido incorporando a la legislación,
otros que se han ido incorporando a la práctica y que no están incorporados a la legislación, y otros sobre los que nosotros tenemos que hacer, como dice el diputado Hurtado, una labor de exégesis importante porque no tenemos las
concreciones adecuadas en la ley. Por todo eso es por lo que parece que es importante que se tengan en cuenta matizadas y corregidas. Les corresponde a ustedes ver de qué manera le dan forma a lo que nosotros proponemos para lo que entendemos que
es mejorar la financiación de los partidos políticos y la gestión de los recursos en los partidos políticos.
En cuanto al señor Aizcorbe, le tengo que decir que creo que la independencia no es una cualidad, porque no puede serlo, pero sí que es una vocación a la que muchos órganos y personas tenemos que dirigir nuestra actuación. En el tribunal se
da eso, y la prueba es que lo que a usted le parece mal al señor de enfrente le parece bien, siendo la misma resolución, y pasaría lo contrario. Quiero decir que el tribunal está trabajando, como siempre lo ha hecho, con arreglo a derecho. En este
momento hay una primera resolución a la que usted se ha referido, que no es tema de esta comparecencia y lo dejaremos estar, pero ya le digo que cualquier resolución que se adopte, y la de esta mañana que procede de la Sala de Enjuiciamiento, está
absolutamente ajustada a derecho y las siguientes lo estarán de la misma manera. Ya le digo que la prueba de que no hay unidad de criterios es que lo que a unos les parece bien, a otros les parece mal, y al contrario. Yo, por lo menos, no me
considero nunca en posesión de la verdad absoluta.
Todos los temas políticos que usted ha planteado, como se puede imaginar, se los dejo a ustedes, porque es su trabajo la forma de regular partidos políticos, de financiar partidos políticos, etcétera. Nosotros, en el tribunal, lo único que
hacemos es trasladar a su gestión la norma que les es de aplicación, y con eso trabajamos. Si ustedes mañana dicen 'a través del Legislativo hacemos otra cosa', nosotros con la otra cosa examinaremos su gestión. Ese sí que es absolutamente su
trabajo. Si son capaces de que esas cosas lleguen, cambiaremos el criterio y, si no son capaces, pues seguiremos con ese criterio.
En cuanto a los criterios de fiscalización, alguno de ustedes ha dicho que no son homogéneos. Yo les diré que los criterios son homogéneos, lo que no suele ser homogénea es la ejecución que hace cada formación política de las normas. Hay
una cosa que me ha sorprendido, y les voy a decir que me ha sorprendido favorablemente. Jamás me escucharán aquí, esté más o menos de acuerdo -porque veo que cada persona tiene su opinión personal, pero trabajamos como órgano colegiado-, que un
informe del tribunal me parece malo o no malo. Puedo discrepar pero no se lo diré. Le tengo que decir, señor Suárez, que este informe procede del pleno anterior, en el que era coponente la anterior presidenta. No es de este pleno; este pleno no
ha elaborado ese informe. Con lo cual, teóricamente no se ha cambiado de criterio. Está más en razón con lo que ha dicho el señor Hurtado, que es un momento de transición en el que incluso el tribunal tuvo que interpretar -para no exagerar, desde
nuestro punto de vista, la desproporción que existe en las sanciones- y tuvo que aplicar la legislación anterior en vez de la que entraba en vigor para el 2017. Entonces, estoy más en que es un momento de dificultad. No es un momento en el que se
haya cambiado ningún criterio porque procede exactamente de las mismas manos que todos los anteriores durante diez años. En cualquier caso, el criterio del pleno anterior y de este pleno es la ley, y con esa misma ley haremos los informes, los del
anterior pleno y los de este pleno.
En cuanto a los planteamientos que hace el señor Hurtado, efectivamente, estoy de acuerdo en que hay un avance importante en el tema del control de los partidos políticos, un avance que se ha dado en todos los casos. Desde luego, la
consolidación a nosotros nos parece fundamental, como lo ha sido la consolidación de las cuentas del Estado. La única manera de tener una visión global de la actividad económico-financiera de cualquier ente o entidad procede de una consolidación de
las cuentas, que facilita el control muchísimo, y es cierto que muchos partidos no han empezado a proceder a esa consideración.
En cuanto al tema del régimen sancionador, le voy a decir una cosa. Para el Tribunal de Cuentas esto es una especie de confesión. Cada vez que tenemos que abrir un expediente sancionador, y voy más allá, cada vez que tenemos que imponer
una sanción nos cuesta la misma vida; es decir, aplicar esa ley que propone que el 10 % en el exceso del límite electoral es una infracción grave y tiene como mínima sanción 50 000 euros, comprenderá que nos produce una insatisfacción jurídica
tremenda, porque el 10 % en el límite electoral para algunos partidos son 150 euros, y por 150 euros que han estado por encima de su límite de gasto, la infracción que le imponemos es de 50 000 euros -y esto es así y se lo puedo demostrar con
expedientes concretos porque es así-, mientras que en los grandes partidos pasa exactamente lo contrario, que casi nunca llegan a esa infracción muy grave porque su límite está muy por encima y es muy difícil que salten el límite y que tengan la
sanción más grave.
Esto nos plantea unos problemas graves a la hora de ser equitativos y de proporcionalidad; por eso, les urgimos a través de los medios que están en nuestra mano, porque esto tiene una solución que debería ser rápida y debería ser muy fácil.
Quiero decir que igual no se debería esperar a una solución conjunta de las cosas, porque esto se nos plantea cada día; cada día se nos plantea esto. Y yo les digo que nos cuesta mucho trabajo tomar una decisión, siendo conscientes, como lo somos
todos, los doce miembros incluido el fiscal, de que sucede esto, de que estamos adoptando resoluciones en contra de la equidad y desproporcionadas. Por supuesto, yo les insto a que desgajen este punto, si acaso, de la reforma general, lo arreglen,
y el resto lo iremos viendo.
En cuanto al tema de la microfinanciación por el sistema que sea, de crowdfunding o de microcréditos, no hay nada regulado. El problema es que estamos ante situaciones que están sin regular y que incluso ahora se nos plantean problemas de
tipo -cómo diría yo- tecnológico o algo parecido, porque resulta que tenemos problemas sobre si el sistema de pago tiene que ser a través del banco, puede ser por PayPal o puede ser otro sistema de pago, porque todo ese mundo es absolutamente ajeno
a la legislación actual. Vamos interpretando con el pie forzado lo que son aportaciones y lo que son donaciones; tenemos que hacer un deslinde importante a la hora de considerar qué son aportaciones y qué son donaciones y, en este sentido,
intentar delimitar las aportaciones cuando son de personas vinculadas de alguna manera al partido, por ejemplo, las aportaciones que puedan hacer determinados altos cargos a sus formaciones políticas, etcétera, de las donaciones que hacen, y que
además no tienen límite, personas extrañas al partido.
Todo esto es interpretativo porque no tenemos la norma. Es más, la legislación vigente es contradictoria. En la misma norma llaman a lo mismo aportación y donación. Con lo cual, tenemos que ir poniendo encima de la mesa estas
contradicciones con las que nos encontramos y estos ajustes que entendemos que deben hacerse en la ley, para el bien de la transparencia, para el funcionamiento homogéneo de los partidos y que todo el mundo tenga esa misma interpretación, y para
facilitar también el control, porque en estas condiciones se nos hace un poco más complicado.
De todas maneras, les agradezco muchísimo sus intervenciones; siempre me llevo deberes y cosas apuntadas para incorporar a nuestra labor.
Espero haberles sido de alguna utilidad para su función porque, al final, nuestro objetivo es que utilicen nuestros recursos humanos, que son el único activo que tenemos, para hacer mejor su labor de control.
Muchísimas gracias. Buenas tardes y hasta la próxima.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora presidenta del Tribunal de Cuentas. Le agradecemos la presentación de los informes y la despedimos hasta la próxima sesión de la Comisión. Muchas gracias.
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión.
Eran las siete y veinte minutos de la tarde.