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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 69, de 15/12/2020
cve: DSCD-14-PL-69
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2020 XIV LEGISLATURA Núm. 69
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª MERITXELL BATET LAMAÑA
Sesión plenaria núm. 66
celebrada el martes,
15 de diciembre de 2020
ORDEN DEL DÍA:
Toma en consideración de proposiciones de ley de iniciativa popular:
- Proposición de ley sobre ratios de enfermeras para garantizar la seguridad del paciente en centros sanitarios y otros ámbitos (corresponde a los números de expediente 120/000018 de la XII Legislatura y 120/000005 de la XIII Legislatura).
'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 6-1, de 20 de diciembre de 2019. (Número de expediente 120/000004) ... (Página5)
Toma en consideración de proposiciones de ley:
- De los Grupos Parlamentarios Socialista y Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para el establecimiento del régimen jurídico
aplicable al Consejo General del Poder Judicial en funciones. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 137-1, de 9 de diciembre de 2020. (Número de expediente. 122/000109) ... (Página17)
Proposiciones no de ley:
- Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre consolidación de empleo público temporal. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 190, de 9 de diciembre de 2020. (Número de expediente 162/000463) ...
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el abordaje del impacto social y sanitario frente a la creciente proliferación de las casas de apuestas y salones de juego. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 52, de 13 de marzo
de 2020. (Número de expediente 162/000165) ... (Página46)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para garantizar el derecho a la conciliación del trabajo y la familia, especialmente ante las dificultades excepcionales generadas por la emergencia
sanitaria de la COVID-19. (Número de expediente 173/000042) ... (Página56)
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para que el Gobierno dé su visión sobre la valoración del Gobernador del Banco de España y la presidenta de la AIReF sobre el cuadro macroeconómico incluido en los Presupuestos Generales del
Estado. (Número de expediente 173/000043) ... (Página64)
Toma en consideración de proposiciones de ley de iniciativa popular. (Votación) ... (Página72)
Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página72)
SUMARIO
Se abre la sesión a las tres de la tarde.
Toma en consideración de proposiciones de ley de iniciativa popular ... (Página5)
Proposición de ley sobre ratios de enfermeras para garantizar la seguridad del paciente en centros sanitarios y otros ámbitos (corresponde a los números de expediente 120/000018/0000 de la XII Legislatura y 120/000005/0000 de la XIII
Legislatura) ... (Página5)
En turno a favor interviene la señora Prieto Nieto, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Martínez Oblanca, del Grupo Parlamentario VOX; la señora Gorospe Elezcano, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); el señor Gutiérrez Vivas, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; el
señor Rego Candamil y la señora Cañadell Salvia, del Grupo Parlamentario Plural; el señor Eritja Ciuró, del Grupo Parlamentario Republicano; la señora Márquez Guerrero, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en
Común; el señor Steegmann Olmedillas, del Grupo Parlamentario VOX, y la señora Velasco Morillo, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página5)
De los Grupos Parlamentarios Socialista y Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para el establecimiento del régimen jurídico
aplicable al Consejo General del Poder Judicial en funciones ... (Página17)
Defienden la toma en consideración de la proposición de ley los señores Aranda Vargas, del Grupo Parlamentario Socialista, y Asens Llodrà, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.
En turno en contra interviene el señor Santamaría Ruiz, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de réplica intervienen los señores Aranda Vargas y Asens Llodrà.
En turno de dúplica interviene el señor Santamaría Ruiz.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mazón Ramos y Sayas López, del Grupo Parlamentario Mixto; Iñarritu García, del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu; Legarda Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV);
Bal Francés, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; y Baldoví Roda, Errejón Galván y Alonso-Cuevillas i Sayrol, del Grupo Parlamentario Plural; y las señoras Telechea i Lozano, del Grupo Parlamentario Republicano, y Olona Choclán, del Grupo
Parlamentario VOX.
Proposiciones no de ley ... (Página36)
Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre consolidación de empleo público temporal ... (Página36)
Defiende la proposición no de ley el señor Legarda Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), así como la enmienda presentada por dicho grupo parlamentario.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Rego Candamil y Bel Accensi, del Grupo Parlamentario Plural; la señora Vallugera Balañà, del Grupo Parlamentario Republicano; el señor Honrubia Hurtado, del Grupo
Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común; la señora De Luna Tobarra, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y el señor Aceves Galindo, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Quevedo Iturbe, del Grupo Parlamentario Mixto; Matute García de Jalón, del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu; Cambronero Piqueras, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, y Del
Valle Rodríguez, del Grupo Parlamentario VOX.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas, vuelve a hacer uso de la palabra el señor Legarda Uriarte.
Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el abordaje del impacto social y sanitario frente a la creciente proliferación de las casas de apuestas y salones de juego ... (Página46)
Defiende la proposición no de ley el señor Vicente Viondi, del Grupo Parlamentario Socialista, así como la enmienda presentada por dicho grupo parlamentario.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen la señora Giménez Giménez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; el señor Rego Candamil y la señora Cañadell Salvia, del Grupo Parlamentario Plural; la señora Muñoz Dalda, del Grupo
Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común; el señor Rodríguez Almeida, del Grupo Parlamentario VOX, y la señora Castillo López, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Matute García de Jalón, del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, y Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); y la señora Rosique i Saltor, del Grupo
Parlamentario Republicano.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas, vuelve a hacer uso de la palabra el señor Vicente Viondi.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página56)
Del Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para garantizar el derecho a la conciliación del trabajo y la familia, especialmente ante las dificultades excepcionales generadas por la emergencia
sanitaria de la COVID-19 ... (Página56)
Defiende la moción la señora Giménez Giménez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen la señora Sabanés Nadal, del Grupo Parlamentario Plural, así como en turno de fijación de posiciones el señor Boadella Esteve, del mismo grupo; y las señoras Fernández Castañón, del Grupo
Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común; Trías Gil, del Grupo Parlamentario VOX; Navarro Lacoba, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y Ros Martínez, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Barandiaran Benito, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y la señora Vallugera Balañà, del Grupo Parlamentario Republicano.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas vuelve a hacer uso de la palabra la señora Giménez Giménez.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para que el Gobierno dé su visión sobre la valoración del Gobernador del Banco de España y la Presidenta de la AIReF sobre el cuadro macroeconómico incluido en los Presupuestos Generales del
Estado ... (Página64)
Defiende la moción el señor Castellón Rubio, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En defensa de las enmiendas presentadas interviene la señora Cañizares Pacheco, del Grupo Parlamentario VOX.
En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Sagastizabal Unzetabarrenetxea, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); y Muñoz Vidal, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; los señores Rego Candamil y Bel Accensi, del Grupo
Parlamentario Plural; Guijarro García, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, y Casares Hontañón, del Grupo Parlamentario Socialista.
Toma en consideración de proposiciones de ley de iniciativa popular. (Votación) ... (Página72)
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley de iniciativa popular sobre ratios de enfermeras para garantizar la seguridad del paciente en centros sanitarios y otros ámbitos (corresponde a los números de expediente
120/000018/0000 de la XII Legislatura y 120/000005/0000 de la XIII Legislatura), se aprueba por 105 votos a favor más 207 votos telemáticos, 312; 10 votos telemáticos en contra, y 24 abstenciones con voto telemático.
Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página72)
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley de los Grupos Parlamentarios Socialista y Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, Orgánica por la que
se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para el establecimiento del régimen jurídico aplicable al Consejo General del Poder Judicial en funciones, se aprueba por 73 votos a favor más 115 votos telemáticos, 188;
33 en contra más 219 votos telemáticos, 252, y 7 abstenciones con voto telemático.
Se suspende la sesión a las nueve y cincuenta minutos de la noche.
Se abre la sesión a las tres de la tarde.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY DE INICIATIVA POPULAR:
- PROPOSICIÓN DE LEY SOBRE RATIOS DE ENFERMERAS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DEL PACIENTE EN CENTROS SANITARIOS Y OTROS ÁMBITOS (CORRESPONDE A LOS NÚMEROS DE EXPEDIENTE 120/000018 DE LA XII LEGISLATURA Y 120/000005 DE LA XIII LEGISLATURA).
(Número de expediente 120/000004).
La señora PRESIDENTA: Buenas tardes, señorías, se abre la sesión.
Comenzamos con el punto relativo a la toma en consideración de proposiciones de ley de iniciativa legislativa popular y, en concreto, de la proposición de ley sobre ratios de enfermeras para garantizar la seguridad del paciente en centros
sanitarios y otros ámbitos. Ha solicitado la utilización del turno a favor el Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra, en representación de dicho grupo, la señora Prieto Nieto. (Rumores).
Para dar comienzo al Pleno les voy a pedir, por favor, un poco de silencio. (Pausa). Muchísimas gracias.
La señora PRIETO NIETO: Señorías, señora presidenta, buenas tardes.
Tras los meses durísimos que hemos vivido y los días difíciles que vivimos y aún viviremos, en mi grupo parlamentario tenemos muy presentes a todas las víctimas de la pandemia. Me van a permitir, por tanto, que mis primeras palabras vuelvan
a ser en recuerdo de todas las personas que han fallecido a causa de la COVID. (Aplausos). Lanzo desde esta tribuna un sincero mensaje de apoyo y afecto a sus familiares y amigos.
Quiero destacar el trabajo de quienes conforman el valiente y eficaz ejército de la sanidad. Son mujeres y hombres que dan lo mejor de sí en el ejercicio de su profesión, incluso con riesgo para su propia salud. En unas circunstancias de
gran tensión y de enorme complejidad, han sido y son un gran ejemplo para toda la sociedad. Es un agradecimiento y reconocimiento que queremos singularizar en las enfermeras y enfermeros de nuestro país. Habéis estado en primera línea cuidándonos,
curándonos y salvando nuestras vidas, trabajando con enorme generosidad y espíritu de sacrificio, al límite de vuestra fuerza física y psíquica e incluso con vuestras vidas, con la solidaridad que os impulsa a auxiliar a los más débiles. Avanzo
desde aquí nuestro voto favorable a la toma en consideración de esta proposición de ley sobre ratios de enfermeras, teniendo en cuenta su origen como iniciativa legislativa popular. Nuestro grupo se compromete, vía enmiendas, a trabajar para
posibilitar la adopción de medidas legislativas en este campo que se ajusten mejor al marco competencial.
Permítanme felicitar a las enfermeras y enfermeros de España en la persona de don Manuel Cascos Fernández por esta ILP, esta iniciativa legislativa popular, avalada con 660 000 firmas de enfermeras, de enfermeros, de ciudadanas, de
ciudadanos, de colectivos de pacientes. Visibiliza un compromiso que también es el nuestro, este compromiso es el de garantizar y aportar seguridad al paciente en la atención sanitaria y cuidados que recibe, independientemente del lugar donde se
viva o de su situación económica. Esto es justicia social, señorías.
Vivimos la peor pandemia de los últimos cien años, nos asola una crisis sanitaria que ha dejado al descubierto en estos meses sufrimiento sanitario y social, y ha dejado también al descubierto las costuras de nuestro sistema público de
salud. Nos hemos encontrado con un sistema adelgazado por políticas de recortes a lo largo de sucesivos Gobiernos del Partido Popular, de las derechas, donde la necesidad de enfermeras y de enfermeros se ha hecho evidente. Señorías de la derecha,
el despropósito del nuevo hospital Isabel Zendal es un claro ejemplo de traslados forzosos, ¿pero esto qué es? (Rumores.-Aplausos). ¿Así gestionan ustedes, señorías de las derechas?, ¿con traslados forzosos? (Rumores).
Las conclusiones de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica de España (rumores), aprobada por la mayoría de los grupos presentes en la Cámara ...
La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.
La señora PRIETO NIETO: ... el pasado mes de julio -bueno, con la excepción de VOX, que se retiraron y no quisieron participar en esta Comisión- acordaban un aumento de la plantilla de la sanidad pública hasta situarnos en la media de los
países desarrollados en cuanto al número de profesionales sanitarios por habitante. Por lo que se refiere a la atención primaria, el Ministerio de Sanidad ha impulsado el marco estratégico para la atención primaria y comunitaria. En este marco se
recoge la necesidad de adecuar las ratios al nuevo ámbito de atención primaria que se ha de definir. Consideramos desde mi grupo parlamentario que, como también se recoge en el marco estratégico, es preciso no solo definir ratios sino dimensionar
las plantillas de los equipos de atención primaria. Debemos establecer una dotación de puestos de todas las especialidades y profesiones, sanitarias y no sanitarias, que permita responder a las necesidades de atención de la población. Hemos de
establecer también criterios sobre el número de personas adscritas a un equipo de atención primaria, teniendo en cuenta principalmente las características demográficas, epidemiológicas y socioeconómicas de la población. En todo caso, entendemos que
cualquier iniciativa que se adopte en este sentido debe perseguir de entrada eliminar las diferencias existentes en estos momentos entre las comunidades autónomas. Lejos de ser una cuestión meramente numérica, no disponer de una ratio adecuada
tiene graves repercusiones en la atención sanitaria y de cuidados a los pacientes. Señorías, una adecuada asignación de pacientes por enfermera o por enfermero en nuestros centros sanitarios y sociosanitarios mejoraría la seguridad del paciente, ya
que tiene relación directa con la mortalidad y con la morbilidad. Sin duda, solucionaría las demoras en la atención sanitaria y daría una respuesta más ágil y segura ante situaciones de urgencia. Pero, por encima de ello, incluso supondría la
mejora de la humanización en la atención sanitaria y de los cuidados.
Enfermeiras en loita, sei que me estades escoitando. Este colectivo de enfermeras de mi tierra ¡sabe bien lo que significa la precarización de la enfermería en Galicia y su repercusión en la salud de la ciudadanía!, (aplausos), y ahí
siguen, enfermeras en loita, en lucha. El paciente es el centro del Sistema Nacional de Salud y el paciente es por y para quien trabajan todas las profesiones sanitarias, tal y como nos han enseñado y nos han dado ejemplo en esta pandemia. Esta
iniciativa legislativa popular expresa el compromiso del conjunto de la profesión enfermera por garantizar la seguridad del paciente, así lo entendemos también en nuestro grupo parlamentario.
Voy finalizando, señorías, porque, como les anticipé al principio, contarán con nuestro voto favorable para la toma en consideración. Votaremos sí; votaremos sí con la altura de miras que reclamamos del resto de los grupos, aunque sabemos
que este apoyo nos lleva a un escenario que no será fácil porque la complejidad del arquitectura competencial involucra necesariamente a las comunidades autónomas. Esta iniciativa tendrá inmediata repercusión sobre las comunidades autónomas, a las
que corresponde la gestión de la asistencia sanitaria a través de los servicios de salud. Sin duda, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud será un actor importante, pero entendemos que las cuestiones competenciales no son
suficientes para negarnos a la toma en consideración. Por ejemplo, está también encima de la mesa la sanidad militar, que tiene sus peculiaridades y que, como el tema competencial, habrán de ser tenidas en cuenta en la regulación final.
Votaremos sí, señorías, porque el Grupo Socialista quiere, una vez más, hallar la coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Votaremos sí, señorías, para que aquellos aplausos que en España les dedicamos a las ocho de la tarde de
cada día desde nuestras ventanas y desde nuestros balcones se conviertan en hechos y en mejoras. (Aplausos).
Votaremos sí por todos aquellos estudiantes de cuarto grado de enfermería que con esa generosidad que caracteriza a esta profesión fueron voluntarios a trabajar en los peores momentos de la pandemia, por ellas y por ellos. Gracias a las
enfermeras, gracias por su trabajo ahora y por su trabajo siempre. Votaremos sí, señorías. Cuentan ustedes con nuestro inconformismo. No nos resignamos cuando tenemos la posibilidad de mejorar las cosas a no hacerlo mejor.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias, señora Prieto. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
En turno de fijación de posiciones tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Mixto el señor Martínez Oblanca. (La señora Vázquez Blanco pide la palabra). Señora Vázquez, hay un turno a favor y ha sido consumido por el Grupo Parlamentario
Socialista. El resto de turnos son en fijación de posiciones, a no ser que hubiera un turno en contra. Entiendo que no es el caso. ¿No? (Denegaciones).
Muchas gracias.
Señor Martínez Oblanca, tiene la palabra.
El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señora presidenta.
Buenas tardes, señoras y señores diputados. En este 2020 que la Organización Mundial de la Salud declaró semanas antes de iniciarse como año de la enfermería por cumplirse el bicentenario del nacimiento de Florence Nightingale, quiero
comenzar agradeciendo a los impulsores de esta proposición de ley sobre ratios de enfermeras para garantizar la seguridad del paciente en centros sanitarios y otros ámbitos su esfuerzo. En la persona del señor Cascos Fernández saludo muy
especialmente a todos cuantos han sido artífices y colaboradores de esta iniciativa legislativa popular. Como colega de profesión y también como veterano afiliado del sindicato que ha promovido la masiva recogida de firmas, permítanme que me
muestre orgulloso del trabajo tenaz y anónimo realizado por tanta gente y que conviene apreciar en una doble vertiente. Una primera vertiente porque se trata de velar por la salud de los españoles, algo que resulta una prioridad máxima y, siendo
conscientes todos de ello, el prolongado y trágico contagio del coronavirus que estamos sufriendo y que continúa poniendo en jaque al mundo ha revalorizado más si cabe ese derecho. En consecuencia, estamos abocados a disponer de los medios
adecuados de asistencia sanitaria para garantizar y proteger su salud, tal y como refleja el artículo 43 de la Constitución española de manera expresa e inequívoca. La segunda vertiente de esta iniciativa legislativa popular también está
relacionada con la prioridad en la atención a la salud, pero pone en valor la tarea de enfermería como elemento y figura clave, responsable e imprescindible en la gestión y administración de recursos durante la prestación de la asistencia sanitaria.
Señorías, estamos ante una buena iniciativa, muy bien planteada, que tiene como objetivo disponer de una mayor capacidad para garantizar la seguridad de los pacientes, así como para mejorar la calidad asistencial que se presta por parte de
la enfermería, al ajustarse más adecuadamente las cargas de trabajo a las que hasta ahora se ha visto sometida al no existir una regulación en esta materia. Por decirlo muy resumidamente -este es el fundamento y el fondo de lo que se plantea en
esta iniciativa-, en España necesitamos profesionales de enfermería. Y necesitamos muchos profesionales de enfermería. Asimismo, quisiera recalcar que esta iniciativa viene de años atrás, en concreto de la XII Legislatura, por lo que es de
justicia reconocer que quienes la promovieron e impulsaron lo hicieron en tiempos muy anteriores a la emergencia sanitaria y, por tanto, ya alertaron sobre la escasez de personal. Es decir, supieron anticipar el problema que tenemos por la
manifiesta carencia de profesionales de enfermería. Felicitaciones, por tanto, a cuantos supieron apreciar la magnitud del problema y anticiparse a una necesidad incuestionable porque estamos ante una necesidad palmaria. Basta comprobar los
indicadores. Hoy se da un paso decisivo en el proyecto para que en España nos dotemos de una legislación pionera, una legislación que nos convertirá en uno de los primeros países europeos y del mundo en incorporar a su marco normativo una ratio
segura y adecuada de pacientes por cada profesional de enfermería y que ello se refleje en todos los hospitales, centros de salud y resto de centros sanitarios y sociosanitarios sin distinción de titularidad, bien sea pública o privada.
Señoras y señores diputados, las cifras comparativas con muchos de los países homólogos a España nos colocan en el vagón de cola en la dotación de enfermería. Eso explica que la tragedia del COVID-19 haya supuesto un factor añadido brutal
al estrés al que está sometido todo el personal sanitario y que incluye presión emocional por las terribles experiencias de las que son partícipes, cansancio físico, preocupación por el contagio, miedo a llevarlo a casa y desánimo. Permítanme, en
todo caso, que haga alusión al emocionante homenaje de Estado a las víctimas de la pandemia celebrado el pasado mes de julio y que rememore las certeras palabras de la enfermera jefa de urgencias del Hospital Vall d'Hebron al evocar ante toda España
el duro trabajo en el combate contra el COVID-19: No olvidemos nunca la lección aprendida, pidió aquella mañana a los poderes públicos Aroa López Martín. La toma en consideración de esta proposición de ley por el Congreso a instancias de la
iniciativa popular también tiene que ser una de las consecuencias de esa llamada de atención. Pacientes y enfermeras tienen intereses complementarios. Unos quieren recuperar su salud y las otras quieren trabajar con mayor seguridad. De ahí la
sensibilidad
y el acierto de la proposición para plantear calidad con mejores cuidados para los pacientes y mayor seguridad para proporcionar el mejor tratamiento y atención durante la enfermedad.
España tiene que avanzar hacia otros 130 000 profesionales para acomodar la ratio de enfermería nacional a las recomendaciones internacionales. También vamos muy por detrás de la media comunitaria, toda vez que en nuestro país la ratio es
del orden de cinco enfermeras por cada mil habitantes mientras que en Europa la media es un poco inferior a nueve. Incluso en España, al hablar de esta cuestión, también existe un problema de desigualdad territorial. Permítanme que me refiera a
Asturias porque en mi comunidad de origen también en esto vamos muy descolgados. Necesitaríamos los asturianos del orden de 2400 nuevas enfermeras para aproximarnos a la media europea e incorporar profesionales al Sistema Nacional de Salud que
respondan a ese parámetro óptimo, a esa ratio imprescindible que se refleja y promueve en el contenido de un texto estructurado en seis títulos, una disposición transitoria, una disposición adicional y una disposición final, una ley que, como ya se
ha dicho, se promueve con el objetivo de mejorar la protección a la salud.
Concluyo, señora presidenta, reiterando que esta proposición de ley de iniciativa popular resulta imprescindible para España y le daré mi voto favorable, que es al mismo tiempo un testimonio de agradecimiento que hago extensivo también a la
enfermería y el resto del personal sanitario.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias a usted, señor Martínez. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJPNV), tiene la palabra la señora Gorospe Elezcano.
La señora GOROSPE ELEZCANO: Gracias, presidenta.
En nombre de nuestro grupo parlamentario y antes de comentar la iniciativa también queremos aprovechar esta ocasión para unirnos al reconocimiento por el trabajo realizado por todo el colectivo de profesionales del ámbito sanitario y
sociosanitario, los profesionales de enfermería y el resto, y expresar el agradecimiento por el esfuerzo que a lo largo de toda esta crisis sanitaria están haciendo. Por otra parte, antes de fijar posición en relación con la proposición de ley,
también tenemos que decir que nos parece loable el esfuerzo que los promotores de esta iniciativa hacen por defender los intereses del colectivo al que representan utilizando para ello los distintos cauces que pueden tener, incluida esta iniciativa
legislativa popular que posibilita la participación popular.
Dicho esto, ahora lo que nos toca es analizar la iniciativa que nos traen a esta Cámara y ver si efectivamente merece ser tramitada. Nuestro grupo parlamentario va a rechazar la iniciativa porque, de prosperar en el trámite parlamentario,
supondría una considerable invasión y una injerencia en el ámbito competencial existente. Señora Prieto, saben ustedes perfectamente que esta iniciativa es inconstitucional. A lo largo de toda la proposición de ley, como decía el señor Martínez,
hay una referencia al texto constitucional, al artículo 43 que se refiere a la protección de la salud de las personas, pero en ningún momento se refieren al título VIII que establece la organización territorial del Estado. Ni citan en ningún
momento el artículo 149.1.16.ª que reserva al Estado la capacidad y la competencia en materia sanitaria de establecer las bases generales de la sanidad. Sin embargo, establecer y fijar las ratios de personal de enfermería como pretende esta
proposición de ley en ningún caso -en ningún caso, y ustedes lo saben bien- puede considerarse que es una base general de sanidad. En ningún caso. De hecho, la decisión de establecer y fijar las ratios de personal de enfermería, como de cualquier
otro colectivo profesional -porque, de ponernos a establecer ratios, también podríamos establecer ratios de anestesistas, médicos, cirujanos, auxiliares de enfermería o celadores-, se circunscribiría al ámbito de la gestión de los recursos humanos
de las organizaciones y de los servicios sanitarios. Es a ese ámbito al que se tiene que circunscribir la propuesta que se está realizando. La gestión de los recursos humanos de los servicios y organizaciones sanitarias atenderá a criterios
científicos y a criterios materiales desde la proximidad y desde la inmediatez para responder con calidad a las demandas existentes. Eso es lo que tiene que hacerse: respetar el ámbito competencial y dejar que cada órgano competente tome las
decisiones. En esta proposición de ley que estamos debatiendo hoy se reserva al Congreso, al Gobierno y a una posible o propuesta comisión interterritorial de ratios de enfermería la capacidad para decidir en todo el Estado cuáles van a ser las
ratios que se permiten y eso es una invasión competencial clara. Eso dice clarísimamente que esta propuesta que tenemos aquí es inconstitucional.
Además, no solo se refiere al ámbito sanitario público, sino que se pretenden establecer ratios de enfermería en el ámbito sanitario y sociosanitario tanto público como privado. Si en el ámbito sanitario hay
una invasión competencial clara, mayor es aún la invasión competencial en el ámbito sociosanitario en el que el Estado no tiene ninguna competencia. En nuestro caso, le correspondería a la Comunidad Autónoma de Euskadi dictar la normativa
en ese ámbito y a los territorios históricos la ejecución de esas normas. Se tiene que respetar el ámbito competencial, hay que llamar a cada cosa por su nombre, lo que no quiere decir que se le reste calidad al servicio que se presta. Es excesivo
pretender fijar las ratios del personal de enfermería mediante una norma con rango de ley, como se está planteando con esta medida. Por eso nuestro grupo parlamentario rechaza el trámite de esta iniciativa.
Como decíamos al principio, nuestro compromiso en la gestión de las instituciones que nos corresponde es claro. No entendemos que formaciones políticas de esta Cámara que tienen responsabilidades en la gestión de organizaciones sanitarias
en distintas comunidades autónomas -ustedes las tienen, ustedes también las tienen y otros que están por ahí también las tienen- apoyen la tramitación de esta iniciativa. Las comunidades autónomas en las que ustedes están gobernando, en el ámbito
de sus responsabilidades de ejecución y de gestión, no cumplen con lo que aquí se está planteando. Es hipocresía política no hacer donde sí corresponde lo que se tiene que hacer y plantear aquí, donde no corresponde, la tramitación de esta
iniciativa. No corresponde ni al Congreso ni al Gobierno ni a ninguna otra comisión decidir esta cuestión. Es una propuesta que se tiene que plantear, insisto, en otros órganos.
Nosotros tenemos responsabilidades de gestión sanitaria y tenemos unas ratios de enfermería de las más altas del Estado, lo que no nos va a llevar a estar quietos, sino a seguir trabajando para mejorarlas y para que, desde la gestión de los
sistemas sanitarios y sociosanitarios, en los territorios históricos seamos capaces de responder con eficacia y con acierto a las necesidades y a la nueva realidad existente en la sociedad vasca. Pero nuestra responsabilidad en este Congreso es
analizar la iniciativa propuesta, ver si respeta el marco competencial vigente y, en razón de eso, decidir y fijar nuestra posición.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Gorospe.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el señor Gutiérrez Vivas.
El señor GUTIÉRREZ VIVAS: Gracias, presidenta.
No puedo comenzar esta intervención sin dar las gracias a todos los sanitarios que se están dejando la piel y la salud para hacer frente a esta pandemia. Si estuviéramos en momentos normales, esa tribuna de invitados estaría llena de todos
ellos, que son los que han traído a esta Cámara esta iniciativa legislativa popular, y estaríamos aquí dándoles un aplauso a todos ellos. En vez de eso, ya hemos escuchado cómo los de las nueces prefieren seguir hablando de su competencia, de su
competencia y de su competencia, y seguir recogiendo nueces, por supuesto que sí, en vez de hablar de algo que es para el bien de todos los españoles. Pero ya sabemos que ustedes se fueron hace mucho de ese debate.
Se han utilizado muchísimas fórmulas para expresar la gran labor que realizan todos los profesionales sanitarios en estos largos meses -son ya demasiados-, pero se puede decir que los profesionales de la sanidad en general, y los de la
enfermería en particular, vienen haciendo lo que han hecho siempre, que es cuidarnos. En estos días oscuros, donde el peligro que se cierne sobre todo nosotros es mayor que en circunstancias normales, quienes nos cuidan tienen mucho más trabajo que
hacer, una carga de trabajo que solo con sacrificio y con una vocación insuperable pueden llevar a cabo. La palabra vocación es la palabra clave cuando hablamos de enfermería. Hay muchísimas profesiones enormemente vocacionales que pueden igualar
a la de enfermería, pero ninguna puede superarla. La vocación de cuidar tiene una profesión, la de enfermera o enfermero. Quien ha estado hospitalizado ha recibido los cuidados de los enfermeros, y el que lo ha vivido sabe bien de lo que estamos
hablando. Todos los españoles han tenido en algún momento de sus vidas trato con una enfermera o enfermero. Por eso, esta iniciativa legislativa popular es una iniciativa de todos los españoles, aceptada por muchísimos españoles, por más de 700
000 españoles, que saben quiénes son sus enfermeros, que saben qué hacen quienes les cuidan. Cuando el Sindicato de Enfermería se ha movido para traer esta iniciativa al Congreso, se ha encontrado con todo el apoyo necesario. Y yo creo que esto no
es fácil, muchos de ustedes saben que esto no es fácil, pero es perfectamente posible cuando lo que se pide es justo y cuando lo que se pide además es visto con enorme cariño y simpatía por la ciudadanía.
Esta iniciativa legislativa popular ha tenido que venir de nuevo al Congreso por culpa de la disolución prematura de las Cortes en la legislatura anterior -muchas de sus señorías ya la conocen-, y es cierto que se van retrasando estas
medidas y su toma en consideración. Llega ahora de nuevo coincidiendo además con una crisis, con una pandemia que pone a prueba todo nuestro sistema sanitario, y, si la
estructura, la organización y la previsión es verdad que han fallado, hay una parte del sistema que lo ha mantenido en pie, evitando el colapso, y son, precisamente, los profesionales de la salud, entre los que deben destacar de forma muy
especial los enfermeros y las enfermeras. Se ha sometido todo el sistema a la prueba más dura. Profesionales mal protegidos, con índices de contagio elevadísimos, todos ellos han trabajado sin descanso, con riesgos, sin mirar por ellos,
precisamente por esa vocación de la que hablábamos de cuidarnos, de cuidar a todos los ciudadanos. Y tiene más mérito aún si tenemos en cuenta que el ratio de enfermería en España es bajo si nos comparamos con otros países de nuestro entorno.
Este, señorías, es el origen de esta ILP. Es necesario que nos acordemos de todos los excelentes profesionales de enfermería que han tenido que emigrar a otros países porque en el suyo, en España, no han sido capaces de cumplir su sueño de servir y
ayudar a los demás, a todos los ciudadanos. ¡Qué bien si hubieran estado a nuestro lado en estos meses! Y quiero tener también un recuerdo muy especial para todos los profesionales de enfermería de nuestras Fuerzas Armadas, claramente insuficientes
y mal tratados, mal pagados sobre todo, señorías.
Esta iniciativa pretende establecer unos criterios para la aplicación de estos ratios -hemos hablado ya de ello-, y creo que es clave que haya unos ratios iguales, se trata de un principio de igualdad entre todos los españoles. Claro que es
un problema competencial, claro que hay problemas de competencia, señoría, por supuesto que sí. Pero ¿no le parece razonable que haya un tratamiento, un sistema que sea capaz de sostener la igualdad para todos los ciudadanos? ¿No le parece bien
que haya unos ratios que sean mínimos? Oiga, luego usted en su comunidad aplique los que quiera, súbalos, dé más servicios, dé mayor calidad en los servicios, se lo van a agradecer todos sus ciudadanos, pero que haya unos mínimos para todos
iguales. De esto va esta iniciativa, no de los derechos ni las competencias. No lo han entendido ustedes, como siempre; ustedes nunca entienden nada sobre este tema. Pero además creemos que estos ratios no solo deben dar a la parte médica, sino
también la parte social. Y quedan un montón de profesiones en las que también deberían de manejarse unos ratios profesionales que vienen asociados al Sistema Nacional de Salud de nuestro país. De eso va esta iniciativa, una iniciativa legislativa
firmada por todos los ciudadanos, señoría, no solamente por los que no viven en su comunidad autónoma, también por muchos de los que están en su comunidad autónoma y, desde luego, del resto de ellas.
Nosotros, el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sabemos lo importante y lo justa que es esta reivindicación, y, por tanto, vamos a apoyarla, como hemos comunicado, desde luego, a las asociaciones y profesionales que han iniciado esta iniciativa
legislativa, no solo porque sea buena para la enfermería, no porque sea buena para los enfermeros y las enfermeras, no porque sea buena para el Sistema Nacional de Salud, que lo es, por supuesto que lo es, sino, señorías, porque esta iniciativa es
buena para todos los ciudadanos, para que todos los españoles tengamos más personas que quieran dedicar sus vidas a cuidarnos.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Gutiérrez. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra en primer lugar el señor Rego Candamil.
El señor REGO CANDAMIL: Grazas, señora presidenta.
Nos parece positiva la idea de establecer una ratio apropiada de personal de enfermería/pacientes para garantizar una atención adecuada y segura. De hecho, el Gobierno bipartito en el que participaba el BNG estableció en su día en Galiza
una ratio de una enfermera o enfermero en atención primaria por cada 1250 habitantes, decisión que fue rápidamente eliminada por el Partido Popular una vez que asumió el Gobierno gallego en el año 2009. Además, es evidente la necesidad de continuar
avanzando en la mejora de los sistemas sanitarios y de la calidad asistencial de los y las pacientes, especialmente donde, como consecuencia de recortes, privatización y precarización, viene sufriendo un deterioro continuado. En mi país, en Galiza,
la ratio de personal de enfermería cada 1000 habitantes se sitúa en 5,3, por debajo de la del Estado español, con 6,5, y a mucha distancia de la europea, que está en 8,8. Son datos que facilitaba a principio de este año el colectivo gallego
Enfermeiras en Loita precisamente para denunciar la situación de precariedad en que realizan su trabajo, con amplias dosis de espíritu de servicio público para compensar la pésima actuación del Servizo Galego de Saúde, que supone falta de medios
materiales y humanos, además de un elevadísimo porcentaje de temporalidad. Entenderán, por tanto, que compartamos el objetivo de esta propuesta.
Con todo, hay elementos que nos preocupan y que queremos señalar. En primer lugar, vemos poco coherente que la propuesta pretenda regular por ley estas ratios, particularmente cuando, en concreto, en ella se regula solo el personal de
enfermería, en vez de hacerlo también respecto al personal médico y de otros colectivos necesarios para un correcto funcionamiento de los sistemas de salud.
Más allá de eso, creemos que un objetivo loable como este se encontrará con la dificultad de ejecutarse si no se elimina la tasa de reposición de efectivos, como a propuesta del BNG aprobó esta Cámara en el mes de julio como recomendación al
Gobierno, que, sin embargo, incumplió en la reciente aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. La vía de la contratación temporal para funciones que no lo son supone siempre precarización de los puestos de trabajo y, por tanto, afecta a
la calidad del servicio público.
Y, en tercer lugar, una vez más estamos ante una propuesta de norma que invade las competencias autonómicas en la materia y se suma a esa constante pulsión centralizadora que vemos en esta Cámara, compartida a derecha e izquierda. Hay que
recordar que Galiza tiene las competencias no solo para prestar el servicio, sino también para el desarrollo legislativo y la ejecución de la legislación básica del Estado en materia de sanidad. Y no todo puede ser considerado legislación básica,
porque en ese caso estaríamos anulando, de facto, las competencias autonómicas. Al BNG le parece bien que se dé este debate, porque nos parece una premisa para mejorar la sanidad pública, pero creemos que hay que hacerlo respetando las competencias
establecidas.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rego. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el mismo grupo parlamentario tiene la palabra la señora Cañadell Salvia.
La señora CAÑADELL SALVIA: Gracias, presidenta.
Hoy tomamos en consideración la proposición de ley resultado de una iniciativa legislativa popular sobre ratios de enfermeras para garantizar la seguridad del paciente en centros sanitarios y otros ámbitos. En primer lugar, aprovecho este
turno para agradecer una vez más el trabajo realizado por los profesionales sanitarios y por los servicios prestados antes del COVID y fundamentalmente durante la pandemia. Creo que nos han dado una gran lección de profesionalidad a todos los
ciudadanos.
Estoy segura de que la iniciativa que hoy tratamos surge de la mejor de las voluntades, de designar unas ratios mínimas de enfermeras para garantizar la seguridad del paciente, dotar de mayor efectividad los derechos de los ciudadanos
respecto a las prestaciones sanitarias, reforzar el derecho a la protección de la salud, permitir una mejor planificación de los recursos humanos; en definitiva, hablamos de la organización de los mismos. La organización, el funcionamiento de
medios personales y materiales de cada uno de los servicios de salud es una competencia que corresponde en exclusiva a las comunidades autónomas. No es así porque lo digamos nosotros, está regulado en la Ley General de Sanidad 14/1986 y en el
Estatut de Autonomía de Cataluña. En consecuencia, esta proposición de ley supone una invasión de las competencias delegadas a las comunidades autónomas en materia de sanidad.
Creo que todos los aquí presentes creo que estamos de acuerdo en que debemos mejorar la ratio de enfermeras por pacientes y llegar a alcanzar la media europea de 7,8 enfermeras por cada 1000 habitantes. Pero el problema fundamental de la
sanidad hoy no es definir y establecer unas ratios de enfermeras, técnicos en cuidados auxiliares de enfermería, médicos o celadores. El problema es disponer de más recursos económicos y mayor financiación a fin de que las comunidades autónomas,
las que tienen las competencias puedan contratar enfermeras, contratar médicos y auxiliares, construir un nuevo hospital o centros de atención primaria. Este asunto, con la financiación correspondiente, lo deben abordar las comunidades autónomas,
que son las que tienen las competencias y las que mejor conocen sus propias realidades al gestionar la sanidad. Por eso no podemos votar a favor de su tramitación, por un motivo simple y llanamente competencial.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Mucha gracias, señora Cañadell. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra el señor Eritja Ciuró.
El señor ERITJA CIURÓ: Gracias, presidenta.
Señorías, para nuestro grupo siempre es una satisfacción poder debatir iniciativas trasladadas directamente al Congreso por la sociedad civil organizada. Esta iniciativa popular nos permite precisamente
traer a debate una cuestión central para entender y atender los retos a los que deben hacer frente nuestros sistemas sanitarios. Hablo de sistemas sanitarios, no de sistema sanitario. Es el debate sobre la escasez de recursos humanos y
materiales que padecen y, por ende, todos los ciudadanos que somos usuarios en un momento u otro de estos sistemas. Efectivamente, nuestro modelo adolece de una evidente falta de profesionales sanitarios, singularmente enfermeras o enfermeros, al
igual que padecemos un sistema de retribuciones que nos pone muy difícil retener el talento, que en muchos casos prefiere irse a trabajar a otros países de nuestro entorno.
Compartimos la necesidad real de vehicular mecanismos para garantizar la atención adecuada al paciente, así como unas condiciones dignas para el ejercicio de la profesión. La pandemia nos ha enseñado precisamente que el sistema sanitario es
la primera y más importante red de seguridad que nos podemos dar como sociedad para enfrentar los retos del futuro incierto que se nos presenta. Estamos plenamente convencidos de que las enfermeras y enfermeros son una pieza esencial de ese
engranaje a la que no hemos cuidado, valorado y protegido como se merecía. Nuestro compromiso con los principios y el diagnóstico de los promotores realmente es claro. Ahora bien, también debemos señalar algunas consideraciones adicionales a las
expuestas en la tramitación de la proposición de ley que hoy votamos. En primer lugar, creemos que no solo es importante hablar de la ratio enfermera-paciente, sino también de la formación especializada de las enfermeras, que puede abrir la
horquilla de las ratios y mejorar la calidad de la atención. Las ratios, efectivamente, importan, pero no se pueden desligar del contexto. No son las mismas las necesidades asistenciales en un entorno de alta complejidad social que en una zona con
menos índices de cronicidad o pluripatologías. Por tanto, las ratios dependen del entorno, dependen realmente de donde están ubicadas. Atender la diversidad y la complejidad de manera específica es una condición necesaria para un modelo de
desarrollo del sistema sanitario que garantice la equidad y la cohesión social, más aún si hablamos de un modelo descentralizado como el que tenemos.
También nos parece muy aventurado e incluso recentralizador plantear una modificación que afecta al ámbito de la contratación de profesionales de los distintos servicios sanitarios de las comunidades autónomas sin contar con los Gobiernos y
los Parlamentos de dichos territorios. De hecho, quizás esta ILP se tendría que haber presentado en cada uno de los Parlamentos de las comunidades autónomas, donde realmente recaen las competencias y de las que depende su financiación. No es el
consejo interterritorial, como se ha dicho aquí, el que tiene que gestionar esto; son las comunidades autónomas, que tienen plenas competencias en gestión directa. El consejo interterritorial sirve ahora para el estado de alarma, pero no es el
espacio donde tiene que regularse el marco competencial. El marco competencial está muy claro en la Constitución, y tiene que ser en las comunidades autónomas, que es donde recae realmente la competencia.
También es inadmisible o extraño que esta propuesta no se acompañe de un mecanismo de financiación para su desarrollo. Me dirán que siempre estamos con lo mismo, que siempre pedimos lo mismo: el dinero, la financiación. Hombre, es que
tenemos experiencias con leyes como la de dependencia o sobre la incorporación de la cartera de servicios de salud bucodental. Tenemos la experiencia de que aprobamos pero luego no llega ningún dinero, y al final quien tiene toda la
responsabilidad, quien todo el peso y toda la presión política son las comunidades autónomas. Esta es la experiencia que tenemos y, por tanto, no confiamos mucho en esa buena voluntad del Partido Socialista o Podemos acerca de que lo tramitemos, lo
aprobemos y luego ya pagaremos, ya veremos cómo lo financiamos. No funcionan así las cosas, porque nuestra experiencia es otra.
Aun así, entendemos imprescindible reforzar nuestras plantillas de enfermería y por ello es más necesario que nunca hablar de financiación. Por eso lo decimos, la sanidad pública sufre un déficit crónico de recursos que provoca que los
gastos corrientes en materia sanitaria estén perpetuamente por encima de las previsiones presupuestarias, generando un modelo de déficit reiterado, especialmente acuciante en aquellas comunidades autónomas cuya balanza fiscal padece un mayor
desequilibrio. Este no es un problema solo de Cataluña, sino que afecta a la mayoría de comunidades autónomas. Este déficit está estrechamente relacionado con el caduco modelo de financiación autonómico que el Estado español se niega a reformar.
Pese ello y gracias a los trabajos del foro de diálogo profesional impulsados por el Departament de Salut con el fin de identificar las necesidades de los y las profesionales del sistema sanitario, se ha conseguido reforzar nuestras plantillas de
profesionales. Precisamente el incremento de plazas de enfermería en Cataluña es el más elevado de todo el Estado en estos momentos y logra un máximo histórico de casi 300 plazas en un año. Estamos por encima de la media del Estado español. La
oferta de formación sanitaria especializada aprobada por el Departament de Salut para la convocatoria del
examen estatal del próximo año supera los máximos históricos logrados y se espera que llegue en 2021 hasta las 1630 plazas en 54 especialidades diferentes. Todo ello supone un crecimiento de un 13,1 % respecto a la última convocatoria y
mantiene la tendencia ascendente de los últimos cinco años. Ello, incluso pese al impacto económico de la pandemia y el estrecho margen financiero de la Generalitat. ¿Por qué? Porque la Generalitat tiene muy claro que es una prioridad reforzar el
sistema sanitario. Pero no nos engañemos, tiene que haber una financiación detrás. No nos engañemos, no nos hagamos trampas al solitario, porque es muy fácil vender el titular y luego cargar el muerto a las comunidades autónomas con el tema de la
financiación. (Aplausos).
No se tiene que perder de vista que en los próximos años la estructura social será diferente: la población infantil disminuirá debido a la reducción de los nacimientos y la población de edad avanzada aumentará gracias al incremento de la
esperanza de vida. Ese escenario hace patente que el sistema de salud tendrá que hacer frente a un importante incremento de la cronicidad. Por lo tanto, no podemos hablar únicamente de las ratios, sino que debemos centrarnos también en los
cuidados y en las necesidades específicas de cada persona, cada comunidad, cada enfermedad, etcétera. Todo ello obliga a repensar los modelos de atención de nuestro sistema sanitario, con el objetivo de centrarnos en dar respuesta a las necesidades
de salud de las personas de manera integral. Esos nuevos modelos requieren de nuevos perfiles profesionales y, sobre todo, requieren la garantía de dotarnos del número adecuado de personal, fomentando la equidad territorial. Tenemos retos
importantes en el horizonte y debemos abordarlos de forma integral y mediante canales adecuados, ser ambiciosos y rigurosos. El sistema sanitario no solo tiene que curar, también tiene que cuidar, y esta es la diferencia. En esto la enfermería
tiene mucho que decir, y más va a decir en el futuro.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra la señora Márquez Guerrero.
La señora MÁRQUEZ GUERRERO: Gracias, presidenta.
Tras vivir su primer día de trabajo equipada con el EPI, Rocío Cubero, enfermera en la UCI del hospital Virgen del Rocío, de Sevilla, miembro del grupo COVID, comprendió muy bien por qué ella tenía que estar en esa unidad. Su larga
experiencia le iba a permitir trabajar bañada en sudor, envuelta en vaho, prácticamente a ciegas, casi solo con el tacto. Tras la dura jornada, una ducha con antiséptico jabonoso, que seca el pelo, la piel y hasta el alma; la cara hinchada, las
orejas y las muñecas doloridas. Al volver a casa otra ducha, la ropa directa a la lavadora a 60° y mirar a los suyos a dos metros, la distancia más larga y más dura del mundo. Ella, que afirmaba una y mil veces que volvería a ser enfermera, nunca
pensó, sin embargo, que sería un soldado en una guerra. Los aplausos emocionan, sí, representan una mínima parte del reconocimiento que se merece el colectivo de enfermería. Sin embargo, ahora es el momento de traducir esos aplausos en medidas que
garanticen un trabajo digno, seguro y de calidad. Necesitamos más y mejores servicios públicos para garantizar la efectividad de los derechos sociales y de la democracia en nuestro país. España se sitúa en el puesto número veinticuatro de la Unión
Europea en personal de enfermería por cada 1000 habitantes, y no es casualidad. Nuestro país sufre carencias estructurales graves en el desarrollo de los servicios públicos. En la última década los recortes han deteriorado nuestro sistema
sanitario. La recuperación económica no vino aparejada con un aumento en los recursos para sanidad. Como recuerda Amnistía Internacional, entre 2009 y 2018, mientras el producto interior bruto subía un 8,6 %, el gasto sanitario público descendía
en un 11,21 % y la inversión sanitaria pública per cápita lo hacía en un 10,54 %. Uno de los elementos clave en este proceso de desmantelamiento de la sanidad pública ha sido la reducción de los puestos de trabajo, lo que, junto a la precariedad y
la temporalidad, ha ocasionado que muchos de nuestros profesionales sanitarios hayan tenido que marcharse a países de nuestro entorno. Hoy día se está contratando a enfermeras no por meses o semanas, sino por día e incluso por horas. Así es muy
difícil dar una atención de calidad.
Señoría, el mayor o menor desarrollo del Estado del bienestar varía a la par que la calidad de la democracia de un país. Lo expresa acertadamente el título del ensayo de Vicenç Navarro Bienestar insuficiente, democracia incompleta. Para
tener unos servicios públicos fuertes es necesario democratizar el poder político, acabar con los privilegios. Solo así se pueden proteger los intereses de la mayoría social, solo así se puede defender la res pública. Y digo con todo el sentido la
res pública, porque existe un hilo
invisible que conecta la impunidad de la monarquía con la escasez estructural de nuestros servicios públicos, y no me refiero solo al fraude fiscal. (Aplausos).
En este debate sobre la falta de enfermeras y enfermeros no todas las fuerzas políticas somos iguales. Durante décadas las derechas, expresión política del pensamiento neoliberal, se han dedicado a arremeter sistemáticamente contra los
servicios públicos, aplicando crueles e inútiles políticas de austeridad, que han reducido y precarizado el empleo. Solo en la Administración General del Estado hemos perdido en la última década 40 000 empleos públicos. Frente a esto, hace una
semana Unidas Podemos defendía mejorar las ratios de profesorado-alumnado para poder alcanzar una educación de mayor calidad. No lo conseguimos. Por eso es tan importante que la sociedad civil se organice. Es necesario que las presiones no vengan
solo de los poderosos; necesitamos movimientos sociales fuertes, una sociedad civil organizada que presione hacia avances en una dirección social y democrática.
En el caso del personal de enfermería la evidencia empírica sobre la incidencia de las ratios en la salud de la población es abrumadora. Una investigación de Elena Fernández, profesora de la Universidad de Sevilla, concluye que la carencia
de enfermeras eleva la mortalidad de los pacientes. Esta investigadora ha estudiado once hospitales del sistema sanitario público andaluz y llega a la siguiente conclusión: a partir de nueve pacientes, cada uno más incrementado en la ratio supone
que las probabilidades de fallecer aumentan un 19 %. Señorías, en España con el pretexto de la crisis en los últimos ocho años se han destruido 20 00 empleos de enfermería. España tiene una ratio de 5,7 enfermeras por cada 1000 habitantes, lejos
del 8,8 de la media europea. Necesitamos incrementar las ratios, así lo acordamos en las conclusiones para la reconstrucción social y económica. Recuérdenlo, aumentar con carácter general las plantillas de la sanidad pública hasta situarlos en la
media de médicas/médicos, enfermeras/enfermeros por cada 1000 habitantes de los países desarrollados.
Es probable que esta proposición de ley, como todas, sea susceptible de mejora. Quizá es necesario -seguramente, señora Gorospe-, es fundamental perfeccionar su encaje en el marco competencial, es necesario conectar más la mejora de las
ratios con el imprescindible refuerzo en la atención primaria y, por supuesto, hay que prestar atención a los condicionantes, señor Eritja, como el medio rural u otros factores sociales y demográficos. Para eso está la tramitación parlamentaria.
Para terminar, me gustaría dar las gracias a las organizaciones y a las personas firmantes que han promovido esta iniciativa y, especialmente, a las enfermeras y a los enfermeros. Ellos nos han atendido en unas circunstancias muy difíciles.
Ya es hora de que las instituciones públicas los atiendan a ellos.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Márquez. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario VOX tiene la palabra el señor Steegmann Olmedillas. (Aplausos).
El señor STEEGMANN OLMEDILLAS: Con la venia, señora presidenta. Señorías, buenas tardes.
El Grupo Socialista ha trabajado hoy tanto como trabajó ayer en la ponencia del Decreto 21/2020. Nada. (Aplausos).
Señorías, ¿se podrían haber evitado muertes en esta terrible epidemia si hubiéramos tenido más enfermeras? Nuestro grupo cree que sí, sin duda. Pero tener una ratio adecuada de enfermeras por paciente no hubiera compensado la temible,
terrible inepcia de este Gobierno. Por ejemplo, tener una ratio de enfermeras tres veces superior a la de España no ha compensado la mala gestión del Gobierno belga, señorías. El Gobierno español y el Gobierno belga en el podio de la ineptitud en
Europa. (Aplausos).
Por otra parte, ¿se hubieran infectado menos enfermeras? Por supuesto que no, dada la terrible escasez de equipos de protección individual -y en eso tienen ustedes la culpa (señalando a los escaños del Grupo Parlamentario Socialista)-; una
escasez que llevó al proponente, don Manuel Cascos -que, a la sazón, es presidente del Sindicato de Enfermería-, a denunciar a España ante la Unión Europea el 31 de marzo del 2020. Lo que sí hubiera habido, señorías, es un menor gasto en bolsas de
basura, las que tuvieron que utilizar las enfermeras para protegerse de la infección. (Aplausos).
Dicho esto, nuestro grupo saluda esta proposición de ley, que nace de una iniciativa legislativa del pueblo y tiene gran apoyo social y profesional, porque la creemos fundamentada y necesaria para la salud de todos los españoles -señora
Gorospe, de todos- y para el adecuado ejercicio de la profesión sanitaria de enfermería, organizada por la Ley 44/2003, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias. El proponente centra su argumentación en que esta proposición se fundamenta en
seguridad, unidad e igualdad. Estas tres palabras hay que venerarlas.
Pasemos a los motivos de esta proposición. Bien fundamentada legalmente, desde nuestro punto de vista sorprende que no se aporte más evidencia científica. Esto podría ser por tres razones, la primera es la tradicional alergia a la ciencia
que tienen los juristas cuando hacen las leyes, una alergia que también tenemos los médicos hacia las leyes y que yo ahora me estoy tratando intensivamente (risas). Pero existen otras dos más poderosas, una es la ponencia para el estudio de
recursos económicos y humanos, que con fecha 18 de junio de 2010 dijo que teníamos que contratar más para adecuar nuestras ratios al nivel de la Unión Europea. Y hay otra más: el proponente, en la Comisión de Sanidad, aportó datos científicos que
avalan esta propuesta. Pues bien, señorías, nuestro grupo cree que el proponente está cargado de razones y vamos a apoyar su proposición con algunos datos adicionales, porque los datos adicionales han brillado por su ausencia en las exposiciones,
posiblemente porque los grupos creen que los españoles los conocen, pero nosotros vamos a decir algunos más.
Se ha dicho aquí la ratio que tenemos en España, 5,5, más o menos, 3,72 en el Sistema Nacional de Salud, y se ha comparado con la media de Europa, de 8 u 8 y algo. España está en el puesto número vigésimo segundo o vigésimo cuarto,
dependiendo del denominador. Por lo tanto, es insuficiente. Yo pensaba que iban a traer a colación informes del Sindicato de Enfermería o informes del propio Ministerio de Sanidad de 2009, pero no los han traído. Yo voy a traer un estudio más
reciente, un estudio de tres unidades españolas, 326 centros -a diferencia de los once que ha citado Podemos-, que dan una ratio que será más o menos la ratio de diputados de VOX frente a Podemos que obtendremos en las próximas votaciones. (Risas y
aplausos). Pues bien, este estudio de 326 hospitales y sus correspondientes UCI aporta datos que también refuerzan la tesis del proponente: en cuanto a las plantas de hospitalización, señorías, no cumplían los estándares de calidad el 36 % por la
mañana, el 75 % por la tarde y el 59 % por la noche. Solamente lo hacía Navarra en los turnos laborables y de mañana; o sea que si enferman ustedes en Navarra está bastante bien, pero siempre que sea lunes y por la mañana. Y en cuanto a las UCI,
la ratio de 2 por paciente no la cumplía ninguna comunidad autónoma, señorías. Por lo que respecta a las ratios de enfermeras, permítame, señora Gorospe, recordarle que Soria, Palencia y Cáceres están más o menos en los 7 primeros puntos, como
ustedes, teniendo menos dinero, fíjese. Y las ratios bajas tienen consecuencias, claro que sí: aumento de morbilidad -por lo tanto, aumento de enfermedad- y aumento de mortalidad, sin duda, en hospitalizados y en críticos, sí, y también en
atención primaria, porque en la atención primaria en pacientes crónicos aumenta el riesgo de un mal seguimiento, por supuesto que sí. Por lo tanto, hay evidencias, señorías, de que el cociente de enfermera por paciente es muy bajo y además esto se
refleja en más morbilidad y mortalidad. En conclusión, aumentar la ratio, señorías del Grupo Popular, en toda España, señorías del PNV, aumentará la salud de los españoles. Por supuesto que habrá que introducir matices adicionales, eso sin duda, y
tendremos que ver no solamente la ratio, sino la complejidad.
Termino, señorías, señalando de nuevo que nuestro grupo apoya esta proposición de ley. En estos momentos de desolación y de crisis sanitaria necesitamos más y mejores profesionales sanitarios, más y mejores enfermeras. ¿Compensarán estos
recursos de personal la tendencia natural de este Gobierno negligente a la equivocación, a seguir siempre el camino equivocado? No lo creemos, pero la misión de VOX es señalar el camino correcto y, por lo tanto, vamos a apoyar esta proposición, que
tiene el mérito de señalárnoslo.
Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Steegmann. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores). Muchas gracias, señora Guille.
Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra la señora Velasco Morillo.
La señora VELASCO MORILLO: Muchas gracias, presidenta.
En primer lugar, quiero empezar recordando que la situación en España en esta pandemia sigue siendo dramática, con más de 1 750 000 casos confirmados y con más de 48 000 personas fallecidas, según el Ministerio de Sanidad, que
lamentablemente son muchos más, como conocimos la semana pasada en la actualización de datos de fallecidos del Instituto Nacional de Estadística. Mis condolencias para sus familias, así como mis deseos de pronta recuperación para los que padecen la
enfermedad.
Con respecto a los profesionales sanitarios, superamos la barrera de los 90 000 contagiados, señorías, la cifra más elevada de todo el mundo. Todo mi agradecimiento y el del Grupo Parlamentario Popular por el gran trabajo que llevan a cabo,
en ocasiones en unas condiciones muy mejorables. (Aplausos).
Señorías, muchos de esos profesionales sanitarios contagiados son enfermeras, y no solo se han contagiado por la COVID en un número importante, sino que, además, a nueve enfermeras, a nueve compañeras, les ha costado la vida. Todo mi cariño
y el de mi grupo para sus familias y seres queridos.
Hablando de las enfermeras, esta tarde debatimos la toma en consideración de una iniciativa legislativa popular relativa a las ratios de enfermeras para garantizar la seguridad del paciente con independencia del lugar donde se viva y del
centro sanitario o sociosanitario donde se reciban la atención y los cuidados; una iniciativa popular que viene avalada por la firma de más de 660 000 ciudadanos que han sido sensibles a esta propuesta. Para que podamos entender la amplitud del
respaldo les pongo un ejemplo: en España tenemos aproximadamente unas 300 000 enfermeras, y el apoyo a la iniciativa se ha duplicado; ha sido un apoyo de enfermeras, profesionales sanitarios y asociaciones de pacientes o de ciudadanos sin más, y
esto en un momento donde aún no se conocía nada de la pandemia. Estoy segura de que si se llegan a recoger firmas en el momento de la pandemia el apoyo hubiera sido aún mayor. Esto es una muestra de la gran confianza que tienen los ciudadanos en
las enfermeras. A pesar de ello, nuestro sistema sanitario es deficitario, es una situación reconocida por organismos internacionales: la OMS o la ECDE, y por informes del Senado o del propio Consejo Asesor del Ministerio de Sanidad; asimismo,
nos lo han planteado diferentes comparecientes de la profesión en la Comisión de Reconstrucción y también el propio Manuel Cascos Fernández, en representación de la comisión promotora de esta proposición de ley en la Comisión de Sanidad y Consumo.
Señorías, la seguridad es un componente clave de la calidad asistencial y un derecho de los pacientes reconocido en el mundo desarrollado. Los efectos adversos secundarios a la asistencia sanitaria son un problema emergente y representan
una causa de morbimortalidad que hay que afrontar y la seguridad del paciente ha de situarse en el centro de las políticas sanitarias, y así se ha manifestado en la IV Cumbre Mundial sobre Seguridad del Paciente e incluso el propio Consejo
Internacional de Enfermería plantea que hay que alcanzar niveles más elevados de dotación de personal de enfermería para garantizar la seguridad del paciente. En el caso de España, y ya se ha dicho aquí, comparándonos con cómo estamos en la Unión
Europea, solo disponemos de 5,7 enfermeras por cada 1000 habitantes, siendo, además, nuestro país el sexto del mundo con menos enfermeras en relación con su población y ocupando el puesto 22 o 24 de los países de la Unión Europea en número de
enfermeras por 1000 habitantes. Existen, además, grandes diferencias dependiendo de en qué comunidades autónomas nos encontremos, y no estamos hablando de invasión de competencias; estamos hablando de cómo tiene que ser cuidado con seguridad un
paciente, independientemente de la comunidad autónoma donde esté hospitalizado o de que reciba una atención por una enfermera.
En nuestros centros sanitarios es habitual que una enfermera tenga asignado a diario más de 15 o 20 pacientes a su cargo, también que en las unidades de cuidados intensivos de los hospitales no se respete la ratio segura de un máximo de 2
pacientes asignados a cada enfermera. O podríamos hablar de la atención primaria o de los centros sociosanitarios. La falta de enfermeras en la pandemia de la COVID se ha acentuado aún más, pues hemos visto cómo los servicios de salud, si querían
contratar enfermeras, no podían porque no las había. Esto ha generado en ellas un gran estrés y agotamiento mental, con largas jornadas de trabajo, sin apenas descanso y sin poder conciliar familiarmente, y para los pacientes ha supuesto no llegar
a recibir el nivel de cuidados que necesitaban, lo que redundaba en su seguridad. Con esta ILP podemos abordar dos desafíos: el de cubrir los déficits existentes al no cumplir las ratios de enfermera para garantizar la seguridad del paciente y el
de reemplazar a las enfermeras que se jubilen. Las jubilaciones representan otro de los aspectos que hay que abordar, pues en España se jubilarán en los próximos diez años cerca de un 20 % de las enfermeras que aún están trabajando, dato que
coincide con el que conocimos la semana pasada de la Organización Mundial de la Salud.
A la hora de planificar el número de enfermeras se han de tener en cuenta también aspectos como el envejecimiento de la población. En España contamos con 2,8 millones de personas mayores de ochenta años que representan una demanda de
cuidados de enfermería importante, o con el grado de dependencia de los pacientes, porque tenemos actualmente asignados el número de enfermeras en función del número de camas y es necesario abordar estos temas en la planificación de los recursos
humanos.
Se ha dicho aquí y se ha abordado en la Comisión de Reconstrucción, pero, señorías, en nuestro grupo creemos que hay razones suficientes para apoyar esta iniciativa legislativa popular. Estas son las razones, entre otras muchas cuestiones
que también podríamos abordar, señora Prieto, y que no se reconocen en los Presupuestos Generales del Estado, por las que mi grupo va a apoyar esta iniciativa.
Termino ya dejando constancia de que para mí como enfermera, y conociendo muy bien el gran trabajo que llevan a cabo todas mis compañeras, ha sido un honor intervenir en esta iniciativa parlamentaria. Gracias a la dirección de mi grupo, el
Grupo Parlamentario Popular, por esta oportunidad. La enfermería es una gran profesión y se merece la atención de todas sus señorías.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Velasco. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:
- DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS SOCIALISTA Y CONFEDERAL DE UNIDAS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-GALICIA EN COMÚN, ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL, PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL RÉGIMEN JURÍDICO
APLICABLE AL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL EN FUNCIONES. (Número de expediente 122/000109).
La señora PRESIDENTA: Continuamos con el punto del orden del día relativo a la toma en consideración de la proposición de ley de los grupos parlamentarios Socialista y Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, orgánica,
por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para el establecimiento del régimen jurídico aplicable al Consejo General del Poder Judicial en funciones. Para la presentación de la iniciativa, por el Grupo
Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Aranda Vargas.
El señor ARANDA VARGAS: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, el Grupo Socialista y el Grupo Confederal de Unidas Podemos traemos una proposición de ley para paliar uno de los efectos producidos por una anomalía que desde hace ya dos años, desde el 4 de diciembre, se viene produciendo. Me
gustaría trazar una serie de argumentos jurídicos, aunque a lo largo de la intervención, obviamente, entraré en matices políticos, porque los hay. Señorías, esta proposición de ley orgánica tiene por objeto establecer el régimen jurídico aplicable
al Consejo General del Poder Judicial en los supuestos de expiración del mandato de sus miembros sin que se haya procedido a su renovación en el plazo de cinco años fijado en el -atención- artículo 122.3 de la Constitución. Les cito ya un artículo
de la Constitución porque creo, señorías del PP, que es bueno que se familiaricen con la Constitución, con sus artículos, que se lean todos y cada uno de ellos y no solo los que les conviene. Así, el primer inciso de este 122 indica que el Consejo
General del Poder Judicial estará integrado por el presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el rey por un periodo de cinco años. Una breve pausa, señorías. Han oído bien: cinco años. No cinco y
medio, no seis, no siete; cinco años. Además, he leído este artículo y no acierto a ver la coletilla de: excepto cuando el PP esté en la oposición, y entonces durará lo que dure su bloqueo. Este matiz no aparece en ese artículo por más que lo
pueda leer. Pero seguimos con este artículo 122. En él se define el Consejo como órgano de gobierno del Poder Judicial y remite a la ley orgánica para determinar su estatuto, régimen de incompatibilidades, funciones, nombramientos, composición,
etcétera. Así, pues, esta proposición de ley, tal y como marca la Constitución -repito-, modifica, por tanto, dos artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial: el 570, añadiendo un bis, donde se listan las potestades que podrá continuar
ejerciendo el Consejo cuando se halle en funciones por no haberse procedido en plazo a la renovación de sus miembros, añadiéndose una cláusula de cierre para realizar aquellas actuaciones que sean indispensables para garantizar el funcionamiento
ordinario del órgano. Y el 198 bis, donde se acuerda no cesar al secretario general y al vicesecretario general del Consejo.
Señorías, es una evidencia que, entre otras cosas, la situación actual se caracteriza por la existencia de un vacío normativo, ya que la propia ley orgánica no incorpora hasta ahora un régimen jurídico específico para el periodo en que el
Consejo esté con el mandato caducado, expirado o sin renovación. Llámenlo como ustedes quieran. Se establece -eso sí- que el Consejo continuará en funciones hasta la toma de posesión del nuevo, pero no existe hasta ahora un régimen jurídico
completo y adecuado para cuando la renovación del Consejo -y el PP está en la oposición- no se produzca de manera inmediata a la finalización de su mandato. Es conocido que los otros dos poderes, el Legislativo y el Ejecutivo, disponen de una
regulación tasada y muy precisa de las potestades que pueden continuar ejercitando
cuando se encuentran en funciones a fin de evitar una extensión temporal de sus poderes, de una parte, y una paralización de su actividad, de otra. De ahí el sentido de esta proposición de ley.
Pero, señorías, digamos la verdad todos. España vive una anomalía institucional desde hace ya dos años. Ese es el tiempo que lleva el Consejo con el mandato caducado. El bloqueo por parte del PP impide el normal funcionamiento de un poder
clave. Es irresponsable, es perjudicial y, además, les diré que va en contra de las directrices europeas. La propia Comisión de Venecia, en su informe del 24 de septiembre de 2019, dice -y cito-: La regla de la mayoría en materia de nombramientos
no debe impedir, al menos no durante mucho tiempo, el nombramiento de autoridades o de miembros de un órgano colectivo, ya que sin ellos el Estado no puede funcionar adecuadamente. Así, en estas circunstancias de bloqueo y sin abandonar nunca las
negociaciones con el PP -por cierto, hasta tres veces han negado el acuerdo y no son ustedes precisamente san Pedro-, se presenta esta proposición destinada a regular la interinidad del Consejo como órgano de gobierno del Poder Judicial.
En el informe sobre el Estado de derecho que pudimos debatir la semana pasada con el comisario europeo de Justicia, el señor Reynders, se señala que esta situación es un desafío, y es cierto. Por cierto, señorías del PP, para ustedes su
concepto de democracia y de parlamentarismo es afirmar sin rubor y delante del propio comisario que ustedes tienen tres líneas rojas para acordar la renovación del Consejo. Ante la expresión atónita del propio comisario -porque yo estaba allí-, su
portavoz afirmó sin ponerse colorado que la segunda era que Unidas Podemos no estuviese en la negociación. Ustedes vetando delante de un comisario a un partido, ese es el concepto de democracia que exportan a Europa. Veo que no tienen ustedes los
mismos escrúpulos a la hora de vetar en sus acuerdos a la extrema derecha. Señorías, en esa comparecencia, que no sé si ustedes siguieron con atención, el comisario comentó que estaba al tanto de su bloqueo y que le preocupaba.
Señorías, yo les quiero dejar también algunas cosas claras. Primero, en España la democracia no está cuestionada, por mucho que algunos se empeñen y por mucho que algunos eurodiputados se paseen por Bruselas sembrando confusión y mentiras
en un acto de deslealtad manifiesto. Segundo, no existe ningún argumento jurídico -yo diría que ningún argumento- para justificar el bloqueo y el daño que están haciendo a las instituciones, más allá de la actitud trumpiana del que ha perdido cinco
elecciones y no acepta la realidad. Y, tercero, y también muy importante, en España no está en riesgo la independencia judicial. Los jueces y las juezas en España son independientes y lo van a seguir siendo. Señorías, otro mensaje solo perjudica
a España y a sus instituciones. Por cierto -no lo digo yo-, en una encuesta del propio Consejo el 99 % de los jueces y magistrados asegura sentirse totalmente independiente en sus decisiones profesionales. Además, una finalidad del Consejo es la
de aportar legitimidad democrática a nuestro Poder Judicial. De nada sirve la división de poderes si estos no son verdaderamente depositarios de la soberanía nacional. Por eso, dotar a los poderes públicos de legitimidad democrática era y sigue
siendo un a priori de cualquier consideración sobre su funcionamiento orgánico. Es imperativo vincular el Poder Judicial a la soberanía nacional, al artículo 1.2 de la Constitución, al pueblo español del que emanan los poderes del Estado. La
conexión entre el gobierno del Poder Judicial y las Cortes, lejos de corromper, legitima y dignifica al Poder Judicial haciendo de este una figura indiscutiblemente democrática. Por cierto, saben ustedes que de la soberanía emanan los tres poderes
del Estado, pues este poder, el Poder Legislativo, ejerce su soberanía con su capacidad legislativa, aunque a ustedes les duela.
Señorías, la pérdida del mandato constitucional por expirar a los cinco años marcados en el artículo 122 conlleva una cierta pérdida de legitimidad del órgano. Su no renovación en tiempo y forma degrada el normal funcionamiento del sistema
democrático. Acatar el mandato constitucional de renovación de los miembros del Consejo supone, por tanto, una obligación ineludible para ustedes, para los representantes del Poder Legislativo, que incurren en dejación de funciones cuando prolongan
intencionadamente la situación de excepcionalidad en que está instalada el órgano.
Me detendré ahora en un dato que, a veces, no se dice. Señorías, en 2019, siete de cada diez aprobados en la carrera judicial eran mujeres. Desde 2004, aprueban más mujeres que hombres. El 54 % de la carrera judicial son mujeres. Por el
contrario, siete de cada diez integrantes de los llamados órganos centrales son hombres, llegando a ser el 85 % en el Supremo. Señorías, no hay democracia plena en un sistema que no garantice el acceso a la mitad de la población (aplausos), pero
parece que eso no les interesa. No es sano ni es justo. Ustedes hablan de democracia, pero en realidad quieren decir poder; poder y quien lo ostenta. No les preocupa la democracia plena, la igualdad, la justicia o la transparencia, les importa
el poder, por la puerta de delante o por la puerta de atrás.
Voy acabando, señora presidenta. La legitimidad del Consejo no se pierde por las propuestas de quienes quieren desencallarlo, sino por la falta de renovación. Son ustedes, señorías del PP, los que politizan el Consejo. (Rumores.-Un señor
diputado: ¡Hombre!). Su bloqueo es, sobre todo, político. Ya sé que esto les duele, pero es cierto. (Continúan los rumores). Su bloqueo -insisto en ello, por si sus voces no han permitido escucharlo- es, sobre todo, político. Su bloqueo
responde a intereses políticos coyunturales y es una consecuencia más -lamentable- de la pérdida de cinco elecciones consecutivas. Su bloqueo supone desprestigiar y politizar al Consejo al ponerlo al servicio de sus intereses y complejos. Por eso,
al margen de la toma en consideración de esta ley, es necesario, señorías, acabar con esta bochornosa actuación de obstrucción institucional, con este filibusterismo parlamentario, con este bloqueo, y esa pelota, señorías del PP, sigue estando en su
tejado.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Aranda. (Pausa.-Un trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra el señor Asens Llodrà.
El señor ASENS LLODRÀ: Presidenta, señorías, créanme cuando les digo que lamento profundamente volver a tener hoy este debate en esta Cámara. Lo lamento porque ninguna democracia que se precie se merece un secuestro de la cúpula judicial,
una subversión del orden constitucional como la que el Partido Popular está sometiendo al Estado de derecho en los últimos años. La verdad es que, en un momento de crisis como el actual, deberíamos estar hablando de los retos que tenemos como
sociedad; sin embargo, estos días volvemos a estar inmersos en una crisis institucional, que tiene dos epicentros, la monarquía y el Poder Judicial, utilizados como ariete contra el Gobierno legítimo salido de las urnas en medio de un ruido de
sables. El drama de España es que tenemos una derecha con una genética, con un ADN predemocrático, una derecha a la que les sobramos la mitad del país. En el fondo, más que bipartidistas, muchos de ustedes son más de un Estado monocolor, vestido
de verde o de azul, según el caso. Por eso, cuando pierden las elecciones, se atrincheran en el Poder Judicial. Lo hicieron en la República, lo hicieron en el Gobierno de Zapatero -dos años estuvieron hasta que no se tomaron las decisiones clave,
como la del estatut d'autonomia, por el Tribunal Constitucional- y lo vuelven a hacer ahora. Siempre han creído que cualquier Gobierno que no sea el suyo es ilegítimo. Como la Corona, creen que el poder les pertenece por cuna. Por eso, cuando
gobiernan, utilizan sus estructuras, las cloacas del Estado, para perseguir a sus opositores políticos e intentar asegurar la impunidad de sus crímenes de corrupción y así permanecer en el poder. Y, cuando lo pierden, intentan recuperarlo por
cualquier medio, también por los medios ilegítimos, utilizando las fake news, las mentiras, agitando el odio y la confrontación, provocando un clima de amenazas y coacciones en las redes, en las calles y haciendo llamamientos, incluso desde aquí,
desde este hemiciclo, al Ejército y al rey para que tomen el control de la situación; o la semana pasada, Aznar, Aguirre, Ayuso comparando a España con Cuba o con Venezuela; o el señor Casado hablando directamente de que él estaba dispuesto a
arriesgar su vida por la libertad y la democracia, porque, claro, estamos en una dictadura. (Rumores). Ustedes saben que esos discursos no son inocuos, que tienen consecuencias, porque ustedes, cuando dicen que el Gobierno es un Gobierno
ilegítimo, un Gobierno criminal, una dictadura constitucional, saben que, frente a eso, mucha gente cree que todo vale para derrocarlo, ya sea acosar al vicepresidente y a la ministra delante de su domicilio día tras día, ya sea coger una escopeta y
simular un fusilamiento de todos los miembros del Gobierno, como pasó; o ya sea, incluso, que algunos quieran fusilar no solo a los miembros del Gobierno, sino a 26 millones de españoles, y algunos callan, y algunos otros dicen que son los suyos,
¿verdad, señora Olona? El silencio es elocuente.
Ese ruido de fondo lo conocemos bien, también se había oído en los años treinta. Entonces, como ahora, el espantajo del socialcomunismo o el de la España se rompe fue utilizado como coartada para sus soflamas golpistas y apocalípticas; y
aunque algunos de ustedes han evolucionado poco, España sí que lo ha hecho. Estamos en Europa y nuestra democracia está consolidada, pero, a pesar de eso, no nos equivoquemos, no podemos menospreciar ese ruido de fondo que proviene de las cloacas
militares de la derecha, pero también de las mediáticas, de las policiales y de las judiciales. Eso es una amenaza a la convivencia, pero también a la democracia, porque la democracia se legitima precisamente en la soberanía popular, no en el rey,
como creen algunos. Las instituciones de cualquier país democrático se fundamentan en eso, y es esa legitimidad la que permite renovar el Congreso, esta Cámara, y el Gobierno del Poder Ejecutivo y el gobierno del Poder Judicial. Señorías, ¿se
imaginan un Gobierno en funciones que siguiera
gobernando, oponiéndose a disolverse, tras dos años con el mandato caducado y en contra del mandato de las urnas? ¿Qué diríamos de ese Gobierno? Que es ilegítimo. ¿Qué diríamos de esa situación? Que estamos ante un golpe a la democracia.
Incluso, algunos podrían hablar de golpe de Estado. Pues eso no pasa en América Latina o en África, eso está pasando en Europa; ¡pasa aquí con el gobierno de los jueces en España! (Aplausos). Y ante esta subversión de las reglas básicas de la
alternancia política, ante este golpismo institucional contra el mandato constitucional no nos podemos quedar de brazos cruzados. Nuestra obligación como demócratas es aprobar una reforma como la que hoy presentamos para, precisamente, hacer lo que
hace este Congreso, lo que hace el Gobierno del Poder Ejecutivo cuando está en funciones, que tiene los poderes limitados. Por eso, esta ley es una ley de rescate de la justicia, que ustedes tienen secuestrada.
Una vez les he explicado los motivos por los cuales hace falta que se apruebe hoy esta ley, les voy a explicar los motivos por los cuales ustedes van a votar en contra. Evidentemente, ustedes los van a explicar ahora, pero permítanme que yo
los interprete antes, ya me corregirán. (Protestas). Tendrán ahora la palabra, por favor, no me interrumpan. (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.
El señor ASENS LLODRÀ: Digamos las cosas claras. Señorías, ustedes quieren convertir el gobierno de los jueces en un búnker inexpugnable para seguir corrompiendo, para seguir colonizando y controlando los puestos clave de la judicatura del
Tribunal Supremo, incluso del Tribunal Constitucional; una colonización que ya empezó en los años de Aznar, con Federico Trillo, y que ha continuado hasta ahora. Tienen la mayoría del 2013 y ha habido cuatro elecciones; tienen 90 diputados aquí
de los 350 y, en cambio, tienen la mayoría absoluta en el gobierno de los jueces. ¿Por qué? Porque quieren a su hombre, al señor Lesmes, que era un alto cargo de sus Gobiernos, ocho años, para seguir nombrando fraudulentamente, ilícitamente, a
jueces afines a ustedes. ¿O alguien cree que es una casualidad que hace un mes nombraran ustedes al señor Hurtado? ¿Es una casualidad que sea precisamente el señor Hurtado el que se opuso a la condena de la Gürtel, al testimonio del señor Mariano
Rajoy, el que liberó a la mujer de Bárcenas, a pesar de que había sido condenada a trece años de prisión y la dejó en libertad? ¿Alguien realmente cree que eso es una casualidad? ¿Alguien cree que eso no tiene que ver con el pacto de silencio con
el señor Bárcenas para que no tirara de la manta? ¿Alguien cree que no tiene que ver con la visita del abogado del Partido Popular a la cárcel donde estaba o con el SMS, el mensaje de: Luis, sé fuerte, hacemos lo que podemos? Porque, hablando de
mensajes, todos nos acordamos de otro mensaje famoso, el del señor Cosidó, su senador, que ayer salía salpicado por la polémica de la Kitchen. Nos acordamos de lo que decía el señor Cosidó, decía que ustedes controlaban la Sala segunda del Tribunal
Supremo y decía también que los nombramientos de centenares de jueces eran básicos para ustedes, para su supervivencia; eso es lo que decía. Claro que eran básicos, porque sin ese control, ¿ustedes creen que el señor Casado estaría sentado en su
escaño tras el caso del máster regalado? (Protestas). Igual piensan que soy muy malpensado; quizá sí (aplausos), pero ustedes pusieron en la Sala segunda a los jueces que archivaron ese caso. (Protestas y rumores).
La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.
El señor ASENS LLODRÀ: Seré un malpensado, pero la jueza instructora -que no la puso nadie ahí, que se ganó el puesto por oposición, que nadie la puso a dedo- creía que debía imputarse al señor Casado, pero, claro, como ascendieron ustedes
a sus jueces afines ellos lo archivaron. Eso es lo que creo yo; al menos es muy sospechoso. Igual que son muy sospechosas todas las carreras judiciales de sus jueces afines, por ejemplo Espejel, Enrique López, los dos que fueron recusados por la
Gürtel. Espejel, en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, uno de los sillones más poderosos de la lucha contra la corrupción; Espejel es a la que decía Cospedal cuando la condecoró: Querida Concha. A Enrique López, que cobraba de FAES,
ustedes lo pusieron arriba, incluso llegó al Tribunal Constitucional; fue miembro del Tribunal Constitucional hasta que tuvo que dimitir por conducir borracho, y a partir de ahí ustedes lo premiaron poniéndolo en el Gobierno de Ayuso, donde está
ahora de consejero de Justicia. Y podría dar más nombres: Francisco Pérez de los Cobos, otro militante del Partido Popular; a ese lo pusieron en la presidencia del Tribunal Constitucional. Pérez de los Cobos, todos lo conocemos, el hermano del
militar que falsificaba documentos públicos; el mismo. Y así podría estar dando nombres del pasteleo de la derecha con los nombramientos que manda un mensaje muy claro a los jueces: el poder de la justicia es
del PP y si te enfrentas a ese partido no esperes premios ni promociones rápidas, y, si no, que se lo digan a Pablo Ruz, que pensaban que era uno de los suyos y les salió rana, por eso ya no está en la Audiencia Nacional; ahora lo han
mandado a un juzgado del extrarradio de Madrid. Lo peor es que no se conforman con comprar a los árbitros, también quieren secuestrar al gobierno de los árbitros, al Consejo General del Poder Judicial, y exigen como rescate la expulsión del campo
de juego de los partidos que representan a más de 7 millones, porque no les gustan. Es como si nosotros dijéramos que en 2023 no vamos a convocar elecciones porque a nosotros no nos gusta que esté VOX en las instituciones. (Rumores). Pero
nosotros sabemos que el modelo de democracia actual, el que defendemos nosotros ... (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.
El señor ASENS LLODRÀ: ... es mucho más fuerte que la amenaza que VOX representa, por eso no haremos una barbaridad de esas características, que es lo que están haciendo ustedes. ¿Que no les gusta quienes gobiernan? Pues se niegan a
cumplir con la Constitución. Ese es el ejemplo que ustedes tienen de país, por eso hacen trampas en la justicia, por eso intentan ganar lo que han perdido en las urnas a través de los tribunales; y eso no lo digo yo, lo decía su antigua portavoz
-ahora reconvertida en famosa youtuber- cuando afirmaba que la justicia era el último bastión contra nosotros, contra Unidas Podemos, contra el Gobierno de coalición. También lo decía la señora Ayuso. Ayuso decía que la monarquía, el rey, la
justicia, y ella -en un ataque de egocentrismo-, eran los tres pilares para pararnos a nosotros; eran -decía- el anticuerpo frente a nosotros. Y ese es el problema también, han hecho con la justicia lo mismo que han hecho con el rey, convertirla
en una justicia de parte. Pero, a diferencia de la monarquía, sin la que este país mejoraría con creces, la democracia no puede vivir sin justicia. Y aun así -termino, presidenta-, señorías, a pesar de sus amenazas, de sus salidas de tono, como
estamos viendo, de sus continuas ilegalidades, la democracia sigue su curso y este Gobierno está hoy más fuerte que nunca después de aprobar los presupuestos y este Gobierno no va a ceder a su chantaje.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Asens. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Ha solicitado la utilización del turno en contra el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Tiene la palabra, en representación de dicho grupo, el señor Santamaría Ruiz.
El señor SANTAMARÍA RUIZ: Señora presidenta, señorías, la verdad es que no voy a dedicar mucho tiempo a responder a su macedonia de exabruptos, señor Asens, pero sí quiero decirle -usted ha hecho referencia al siglo XX- que por supuesto que
este Gobierno es legítimo, por supuesto que Podemos tiene la legitimidad que otorgan los votos en los procesos electorales, por supuesto que se sientan con legitimidad en esta Cámara, pero el siglo XX nos muestra multitud de ejemplos de democracias
en las que partidos que accedieron legítimamente a las instituciones eran partidos trufados de tintes y de manejes dictatoriales, como sucede en el caso de Podemos, señor Asens. Ustedes son un partido que proviene de los narcoregímenes, con dejes
totalitarios y por supuesto con naturaleza perversa, señor Asens. (Rumores.-Aplausos).
A partir de ahí me centraré en responder a las explicaciones de mi compañero el señor Aranda, a quien creo que hoy le ha tocado defender lo indefendible y explicar lo inexplicable. Sinceramente, querido Paco, después del rotundo comunicado
de ayer de la asociación mayoritaria de la magistratura sobre el contenido de la proposición de ley que estamos debatiendo, no esperaba sinceramente que el Grupo Socialista fuera a defender esta proposición de ley recurriendo a argumentos jurídicos.
No lo esperaba porque, como dice literalmente ese comunicado, su proposición produce sonrojo -tenor literal- por el desconocimiento de cuestiones jurídicas básicas. Sonrojo, señor Aranda. Y ustedes erre que erre. Aplicar lo que ustedes proponen
sería tanto como fundir en negro o aplicar la carta de ajuste en Radiotelevisión Española mientras nombramos o se nombra al Consejo de Administración, lo cual no tendría ningún sentido, y hoy ustedes sin embargo siguen insistiendo en ello.
Señor Aranda, su grupo le obliga a hacer de don Tancredo, y créame que lo siento, pero permítame que le diga por qué su grupo le obliga a defender una proposición que todo el mundo sabe que vamos a votar en contra. Si yo quisiera ser bien
pensado le respondería que se trata del berrinche político de un Gobierno que actúa como un niño malcriado cuando el Partido Popular no se allana a sus pretensiones. Pero no es así, no puedo ser bien pensado. Esta proposición no es más que una
provocación, una provocación más por parte del Gobierno para tener argumentos que justifiquen la modificación de las mayorías que exige la Ley Orgánica del Poder Judicial a la hora de elegir a los miembros del consejo, lo que es
inconstitucional, vulnera las conclusiones del Consejo Consultivo de Jueces del Consejo de Europa, las recomendaciones de Greco, las advertencias de la Asociación Europea de Magistrados, es contraria a los trabajos de la Comisión de Venecia, ha sido
criticada por el 90 % de los jueces, por la Asociación de Fiscales, por nueve TSJ, por la Comisión Europea y en definitiva por todo el mundo del Derecho.
¿Qué significaría la aprobación de esta ley? Pues que el Poder Judicial habría caído y con él buena parte de nuestra libertad y de nuestra democracia y también que el consejo sería un órgano monocolor convertido en el auténtico ministerio
de la verdad judicial en manos del señor Sánchez, de Esquerra, de Podemos y de Bildu. Esa es la triste verdad de las maniobras antidemocráticas y fascistoides del Gobierno cuando presiona para renovar al consejo, como están haciendo hoy, y su
verdadero y último objetivo. Por eso le hacen a usted subir esta tarde a esta tribuna a defender lo que no se puede defender. Si se tratara de una cuestión jurídica la habrían tramitado como un proyecto de ley y tendríamos el saber jurídico del
Consejo de Estado y del Consejo General del Poder Judicial. Pero es que no se trata de eso, se trata de que ustedes intentan acumular argumentos para imponer a los jueces un gobierno de los jueces monocolor, y eso es inaceptable en democracia,
señorías. Yo estoy convencido de que cuando termine este debate verán en las caras de los partidos que ustedes han subido a la dirección del Estado una sonrisa, porque saben que de este modo están mucho más cerca del cambio de régimen que en el
fondo proponen, como el señor Asens acaba de explicar. Esta proposición no es más que un nuevo ataque a la independencia judicial sobre la que se asienta el supremo valor que nosotros intentamos proteger y que ustedes intentan destruir, que no es
nada más y nada menos que la separación de poderes. Ustedes nos acusan de bloquear la renovación del consejo cuando en esta Cámara, señorías, no hay ningún grupo parlamentario que tenga el número suficiente de escaños para bloquear la renovación
del consejo. ¿Se da usted cuenta de lo que están haciendo ustedes, de lo insólito de su acusación? Lo único que ustedes persiguen es no alcanzar ningún tipo de pacto, porque el día en el que el sanchismo decidió convertirse en un juguete roto en
manos de radicales, filoterroristas y separatistas, ese día decidió que no quería entenderse con el constitucionalismo y que estaba del lado de un cambio de régimen. Esa es la única verdad y lo que estamos debatiendo hoy, señor Aranda y señores del
Partido Socialista. Con estos socios, señores de PSOE, son ustedes a la democracia lo que la carcoma a la madera: actúan desde el interior de las instituciones para destruirlas. Contésteme, si no, ¿para qué cree que quieren los independentistas
ocupar el Poder Judicial? ¿Pueden ustedes responderme? ¿Para poner un juzgado más en Toledo, para construir una España mejor y más unida o para construir la res publica española? Señores del PSOE, despierten porque se lo están diciendo todos los
días con sus declaraciones. Respóndame, ¿para qué creen ustedes que Bildu quiere ocupar el Poder Judicial? ¿Para compartir un proyecto común con el resto de los españoles o para demoler uno de los pilares del Estado en su camino a la
independencia? O Podemos, un partido que nace de la corrupción de los narcorregímenes y cuyo único objetivo en su particular asalto a los cielos es romper con la legitimidad de la transición para bolivarizar España. ¿Qué puede pretender Podemos
sino la destrucción del propio consejo como viene haciendo con su intento de demoler todas las instituciones del Estado, absolutamente todas? No hay ni una sola institución del Estado en este país que se libre de los ataques despiadados de Podemos.
¿Es que no leen la prensa, señores del PSOE, ni tampoco escuchan a Iglesias y a sus efervescentes seguidores? ¿Cómo va a ser un interlocutor válido quien permanentemente interfiere en la labor de los jueces y magistrados y, por tanto, quien no
acepta que los jueces deben ser neutrales, imparciales e independientes? ¿Creen que Podemos está del lado de la independencia judicial o creen que ha venido a destruir el Poder Judicial para que no se interponga en sus planes? Porque yo creo en lo
segundo, señor Aranda. ¿No han leído las declaraciones del señor Asens -lo acabamos de escuchar- y de la señora Isa Serra, condenada a diecinueve meses por agredir a un policía, intentando destruir al magistrado Marchena por la decisión del Supremo
de repetir el juicio a Otegi? ¿Creen que el juez García Castellón denunció a la Policía Nacional las amenazas que sufrió por parte de Podemos por gusto cuando consideró que Iglesias debía perder la condición de interesado en el caso Dina? ¿O creen
que el magistrado Escalonilla disfruta con las presiones y amenazas que sufre por investigar la financiación irregular de Podemos?
Señores del otrora Partido Socialista Obrero Español, que el socialismo pretenda aprovechar este río revuelto y este cambio de régimen para consolidar en el poder perpetuo al señor Sánchez es propio de ciertos regímenes de infausto recuerdo
en la historia europea del siglo XX. Nosotros no somos quienes
firmamos el Pacto del Tinell; no nos gustan los vetos, pero el presupuesto de ustedes con Bildu y el separatismo que aprobó hace unos días esta Cámara no es más que un nuevo Pacto del Tinell para excluir al constitucionalismo del nuevo
régimen que pretenden construir. (Aplausos). Señorías del rodillo, nuestro presidente es una persona con un sobrado y demostrado sentido de Estado. Antes de que comenzara esta legislatura ofreció al presidente del Gobierno trece pactos en
materias como, por ejemplo, la justicia, para que España pudiera hacer frente sin sectarismo a los principales retos que tenemos que asumir los españoles en estos tiempos inciertos, y la respuesta del amado líder siempre fue no, siempre fue optar
por la división maniquea de los españoles, siempre fue optar por la polarización de la vida política española y siempre fue optar por destruir las instituciones, siguiendo el ejemplo y el dictado de Iglesias y, de entre todas ellas, el Poder
Judicial como su principal objetivo como trampolín para asaltar los cielos de un cambio de régimen y como paso previo al intento de perpetuar a Sánchez y al socialismo en el poder.
Señorías, nuestro deber es defender la libertad, la separación de poderes, el Estado de derecho, la independencia judicial, el marco constitucional y el espacio de convivencia en concordia que nace de la Transición, en el que creemos y cuya
defensa asumimos buscando espacios de encuentro en la diferencia y con el diálogo como principal instrumento para la acción política. No creemos en el ordeno y mando como forma de gobernar y mucho menos en el obedecer. No creemos que Sánchez y
España sean lo mismo, y no confundimos la lealtad a España con la lealtad a Sánchez. La posición del Gobierno siempre ha sido quebrar todos los consensos sobre los que se asienta nuestra convivencia, con la vista puesta en ese cambio de régimen, y
para ello saben ustedes que es necesario acabar con la independencia del Poder Judicial. Dijeron no a la primera propuesta de pacto presentada por el presidente de mi partido, y mientras mi partido hablaba de garantizar la independencia judicial,
ustedes colocaban a una diputada del PSOE y ministra de Justicia con Sánchez al frente de la Fiscalía General del Estado para escándalo de propios y extraños. ¿Creen ustedes que se puede hablar seriamente de que la Fiscalía instruye algún
procedimiento penal en España mientras Dolores Delgado sea la fiscal general del Estado? ¿De verdad creen que esas son bases sobre las que se puede asentar el diálogo de un texto legislativo tan importante? Este fin de semana leíamos en el diario
El Mundo que el Gobierno pretende además conocer el contenido de las investigaciones policiales, en tanto el texto de la nueva Lecrim permitirá a los funcionarios policiales compartir la información con el Gobierno, acabando de este modo con el
secreto que presidía el ejercicio de las funciones de Policía judicial. Señorías, esto no es un golpe bajo la democracia, esto es un golpe a la línea de flotación de la democracia española, que sin la independencia del Poder Judicial jamás será una
democracia plena y que ustedes pretenden amenazar. Dijeron no también a la independencia judicial el día que supusieron la reforma del sistema de elección de la fiscal general del Estado y también cuando dijeron no a que fueran los jueces quienes
eligieran a los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Señorías, nosotros hemos propuesto, querido y perseguido que se cambie el método de elección de los miembros del consejo para que los jueces puedan elegir a las personas que les
dirigen, y siempre nos hemos encontrado con un no del Gobierno, un no irracional y un no que nos obliga o que nos aboca obligatoriamente al método de elección actualmente en vigor, lo cual nos ofrece una paradoja o, si quieren, nos lleva a un
callejón sin salida: o quebramos el mandato constitucional de renovar, incumpliendo la legalidad vigente, o el Gobierno modificará, como así lo está anunciando, unilateralmente la ley orgánica para alterar las mayorías necesarias para elegir a los
miembros del consejo, como ya he tenido ocasión de exponer y cuyas consecuencias ya les he contado. Ser consciente de ello y evitarlo no es colaboracionismo, señorías, sino un intento desesperado de que no caiga el Poder Judicial.
Señorías, termino ya reiterando nuestro voto negativo a esta propuesta mentirosa de un Gobierno que ha hecho de la mentira una forma de estar en política. El Gobierno de España miente, lo hace habitualmente, continuamente, con descaro,
desahogo e impunidad. Miente con el número de fallecidos, con la televisión pública, CIS, Illa con los expertos, Ábalos con Delcy, Marlaska con los inmigrantes huyendo en actitud rastrera de esta Cámara, Campo con los motivos que le llevan a
reformar el delito de sedición. Esto no es un Gobierno, señorías, es una gran mentira. España sufre una pandemia y, por otro lado, una terrible epidemia de mentiras que tratan de esconder lo obvio, que este Gobierno anhela un cambio de régimen y
que está mucho más cómodo con el filoterrorismo, con los modos autoritarios, con el separatismo y con romper con todo aquello que nos une más que con la concordia y la convivencia de la nación española, señor Aranda. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Santamaría. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor Aranda Vargas.
El señor ARANDA VARGAS: Muchas gracias.
Nunca pensé que la primera vez que el PP utilizara la palabra fascistoide sería para referirse a un partido de ciento cuarenta años en vez de a VOX, pero cosas veredes, señor Santamaría, usted decide sus aliados. Para mí es un poco extraño
que hable usted de macedonia y suelte todo ese tipo de improperios en su discurso. Yo no sé si a mí me sacan o si a usted le sacan, pero le diré una cosa para que también quede en el Diario de Sesiones, porque a veces estamos más atentos a los
tuits que a lo que queda en esta Cámara. Para mí es un orgullo, es un honor salir en nombre de mi grupo a defender cualquier iniciativa legislativa que tengamos. (Aplausos). Quizá a usted le puede incomodar, pero ¿sabe qué pasa? Que usted no
tiene argumentos, usted tiene una copistería. Le reto a que cambie su discurso y, en vez de Poder Judicial, ponga eutanasia, ponga educación, ponga presupuestos, ponga ingreso mínimo vital. Ustedes tienen una copistería y de ahí les salen todos
los discursos. Con lo cual yo les insisto, les aconsejo que sigan dándole a la copistería, porque tienen para rato, señorías.
Usted hablaba de niño malcriado. A mí ustedes me recuerdan -y ahora le diré algunas comparaciones- a aquel niño en el patio que cuando perdía el partido se cogía la pelota y se iba. Pues su líder, Casado, es un poco parecido, cuando no le
gusta lo que hay, bloquea y se lleva la pelota. ¿Sabe qué pasa, señor Santamaría? Que discutir con ustedes la ley de la gravedad es absurdo y nos obligan cada Pleno a discutir la ley de la gravedad, quizá porque sus terraplanistas de la derecha
les obligan a ese tipo de actitud, pero es muy complicado. Le sugiero la lectura de un filósofo muy conocido que usted recordará, que es Norberto 'Obvio', porque es obvio que este bloqueo es para los intereses personales y políticos de su partido.
(Aplausos). Señorías del PP, es obvio que ustedes bloquean el Poder Judicial, es obvio. Usted hasta el minuto once no ha citado de qué iba esta reforma legislativa; usted tenía un discurso para otra ley, ha salido aquí y hasta el minuto once de
doce -¡va para nota!- no ha citado que esta iniciativa trata de regular la interinidad del Consejo General del Poder Judicial. A ustedes les pasa lo que a aquel conductor que va por la autopista y oye por la radio que hay un conductor suicida en
contradirección y dice: No, uno no, todos. Pues ustedes son ese conductor suicida que además lleva a un copiloto de extrema derecha que no les interesa y que les lleva por un mal camino. Señores del PP, ustedes tienen un elefante en su casa, un
elefante muy grande en este trozo del queso, un elefante que no quieren ver y que les están impidiendo hacer política de verdad. Yo les sugiero, después de estos improperios en este Pleno, que ustedes vuelvan a la senda del acuerdo, a la senda del
raciocinio, a la senda de las palabras y abandonen cualquier tipo de discurso frentista como con el que usted nos ha deleitado aquí. Hoy es verdad que por este orden del Pleno no han salido los tres juntos, los tres tenores; ha salido usted solo a
cantar el aria sin su compañía, pero yo me imagino que en el futuro, cuando hablen, Ciudadanos y VOX les van a seguir. Me reitero, señor Santamaría, ustedes no tienen ningún tipo de argumento ni político ni jurídico. (Rumores). Tienen básicamente
un problema con la democracia de este país. Usted ha vuelto a reiterar que no quieren que un partido político participe en las negociaciones y eso supone un ataque directamente a este Parlamento.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Aranda. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Tiene la palabra el señor Asens Llodrà.
El señor ASENS LLODRÀ: Gracias, presidenta.
Señor Santamaría, me sorprende que le sorprendan nuestras críticas a Marchena, que ustedes dicen que controlan por detrás, según el mensaje de Cosidó. Me sorprende también que utilice como argumento de autoridad al Consejo General del Poder
Judicial en sus críticas a esta propuesta cuando es un consejo que controlan ustedes. Y me sorprende que utilice el argumento de Europa. Señorías, lo que sí que preocupa a Europa, y mucho, en concreto a la Comisión Europea, es la situación de
bloqueo en la que estamos y esto es lo que ha motivado que nos lo recordaran el 4 de diciembre, hace poco: hay que abordar una forma de desbloquear la situación. De hecho, lo que preocupa en Europa es la existencia de una derecha en España que
pacta y llega a acuerdos con la extrema derecha. De hecho, lo dijo hace poco el mismo líder de su partido europeo, el Partido Popular Europeo. Dijo: El problema de empezar a flirtear
con los extremistas no es que encuentres intereses comunes, sino que empiezas a pensar lo mismo que ellos. (Rumores). Yo creo que está pensado para ustedes. Eso es lo que preocupa a Europa ...
La señora PRESIDENTA: Señorías, por favor.
El señor ASENS LLODRÀ: Le preocupa que seamos la excepción a los valores democráticos y antifascistas que la fundaron. Porque la diferencia entre ustedes y el resto de las derechas en Europa es que ustedes entienden que ser demócrata no es
ser antifascista. No por casualidad en España, a diferencia del resto de países de Europa, el fascismo no fue derrotado. Los demócratas tuvieron que pactar con quienes les perseguían, les encarcelaban, les torturaban o fusilaban a sus familiares.
Señorías, seamos honestos, la razón del bloqueo al que han sometido al Poder Judicial no se llama Podemos o Pablo Iglesias, ni siquiera se llama Bildu; el bloqueo al que ustedes siguen sometiendo al Poder Judicial se llama caso Kitchen. Oírles
hablar de despolitización de la justicia suena tan ridículo o cínico como cuando vienen aquí a darnos lecciones de anticorrupción; ustedes, que tuvieron un ministro, un fiscal jefe del Estado y un fiscal Anticorrupción reprobados por este Congreso
por obstruir a la justicia. Ustedes, que tienen a más de 800 imputados o condenados por corrupción. Ustedes, de los que los tribunales, la Policía y la UDEF dijeron que eran una organización criminal. Ustedes, que son los de 'la fiscalía te lo
afina'. Ustedes, que son los que se financiaron ilegalmente. Ustedes, que son los de las cloacas del Estado. Ustedes, por todo eso, quieren mantener a la persona que fue alto cargo con Aznar, como presidente del Consejo General del Poder
Judicial, para seguir haciendo nombramientos de forma fraudulenta, para seguir colonizando, como llevan años haciendo, la cúpula del Poder Judicial. Hay algo peor que mentir en sede parlamentaria y es hacerlo con el cinismo con el que lo han hecho
ustedes.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Asens. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Tiene la palabra el señor Santamaría Ruiz.
El señor SANTAMARÍA RUIZ: Señora presidenta, señorías, señor Asens, lo que nosotros queremos es que los jueces elijan a los miembros del Consejo General del Poder Judicial de procedencia judicial. Fíjese si es sencillo. Para alguien que
ya cumple cincuenta y un años, como es mi caso, y que ha conocido al socialismo que defendía el señor González y otros, como el señor Nicolás Redondo Terreros, es muy triste ver al PSOE y a Podemos osculeándose a cuenta de acabar con la
independencia del Poder Judicial, trayendo a esta Cámara una proposición de ley con la intención torticera de dar un paso hacia una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que les permita destruir el Consejo General del Poder Judicial desde la
propia institución. Y nosotros, evidentemente, haremos todo lo posible para evitarlo. Vuelven a confundirse, no hay ni un solo grupo en esta Cámara con el número de escaños suficientes para abordar ningún bloqueo.
Se ha referido al señor Asens a una serie de cuestiones que producen cierta hilaridad. Se olvida de que su partido nació básicamente de los narcoregímenes, en los cuales está el origen de su fuerza política. Son ustedes en origen un
partido corrupto y estructuralmente corrupto. Déjeme que le dé algunos nombres. Ayer estaba Isa Serra, condenada por diecinueve meses; podría seguir con el compañero Rodríguez, a punto de sentarse en el banquillo; podríamos recordar la paradoja
cuando Iglesias llamó honesto a Monedero después de que este regularizara 425 000 euros con el fisco, por cierto, once días después de que saliera en prensa y antes de que Hacienda decidiera abrir un proceso contra él. Son ustedes como el maestro
Ciruela, que no sabía leer y, sin embargo, puso escuela. Esa es la escuela que ustedes ponen. También podría citar a Del Olmo, Daniel de Frutos, a Neurona, a Kinema, a Rocío Esther Val, a Gloria Elizo, a Marta Flor, a Celia Cánovas, a Carolina
Alonso, a Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer en Madrid, a Carlos Ubero en Aragón, a Jorge Luis Bail en Huesca, etcétera. Son ustedes un partido cuya cúpula está siendo investigada en el Juzgado número 42 que dirige el magistrado Escalonilla, al cual
ustedes están presionando y amenazando porque no les gusta y son el primer partido investigado. (Aplausos). Están ustedes investigados como partido.
A partir de ahí, hablar de que son un sujeto válido ... Es que el señor Iglesias ha sido tres veces reprendido: dos por la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial después de aparecer en Antena 3, cuando criticó la
condena de Isa Serra, y la tercera cuando criticó que se suspendieran los permisos en el caso del procés. Son ustedes los que están crujiendo al señor Marchena; los que están
atacando al señor García-Castellón, que ha tenido que pedir amparo a la Policía Nacional porque está siendo amenazado; los que atacan al juez Escalonilla. ¿Y ustedes son los que quieren estar en el Consejo General del Poder Judicial? Ya
lo entiendo, claro que sí, para destruirlo, para que no sea un impedimento, para poner pie en pared y destruir esta joven democracia que nosotros también hemos defendido, igual que usted, y por tanto, no nos dé ninguna lección de democracia.
Por lo que respecta al Partido Socialista, me he referido a su intervención en el inicio y le recuerdo el ridículo que han hecho después del informe que ha hecho público la principal asociación de jueces de este país, que, desde luego, algo
más de derecho que yo saben; no sé si es su caso, señor Aranda, pero han dejado bien clara cuál es su posición. No me ha respondido al hecho de que este sea un Gobierno que está instalado en la mentira. El señor Campo, ministro de Justicia, ha
anunciado que va a reformar los delitos de sedición y rebelión para modificar un tipo delictivo que, según él, está obsoleto en el marco del derecho comparado. Nada tiene que ver con esto la situación de los nueve condenados por el procés, nada
tiene que ver. Pues nosotros entendemos que esto es un proceso de legislación a la carta, y ya que está bien legislar a la carta, por qué no modifica el tipo de la malversación, ya que cuatro de ellos han sido condenados con el delito de
malversación. O vayamos un paso más allá, ¿por qué no modifican el delito de cohecho para que Oscar Puente, alcalde de Valladolid, pueda seguir recibiendo prebendas a modo de yates y viajes por las islas mediterráneas y así no tenga que
ruborizarse? (Aplausos). Pueden seguir ustedes legislando a la carta y modificar el Código Penal antes de que alguien acuse al señor Zapatero de apoyar o de hacer apología de crímenes de lesa humanidad en lo que se refiere a su actuación en
Venezuela, donde está justificando los crímenes del señor Maduro, me imagino que a cambio de cantidades sustanciosas que se embolsa periódicamente. (Rumores). O si no, ¿por qué no modifican el delito de prevaricación para que la presidenta de la
Diputación de Barcelona y la alcaldesa de Hospitalet puedan distribuir fondos a su antojo siguiendo la tradición del Partido Socialista y del Partido Socialista andaluz, encargado de distribuir y de malversar los fondos de los ERE a destajo para
mayor disfrute de las casas de lenocinio y de las sustancias psicotrópicas? (Rumores). Esa es la realidad de este Gobierno que miente, señor Aranda, la realidad de este Gobierno que miente, que quiere cambiar el régimen poniendo coto a la libertad
y a la independencia que hoy en día disfruta el Poder Judicial. Por eso ponemos pie en pared y decimos no a una renovación del Consejo que ponga en peligro nuestra democracia. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Santamaría. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, en primer lugar tiene la palabra el señor Mazón Ramos.
El señor MAZÓN RAMOS: Buenas tardes. Muchas gracias, señora presidenta.
El PRC votará favorablemente la propuesta de hoy, y aunque somos conscientes de que esto es solo un parche y no soluciona el problema, parece bastante lógico que un órgano en funciones no debería traspasar la línea roja de los asuntos
ordinarios del día a día, de los reglados y los que no comprometan las decisiones discrecionales del órgano entrante, pero está claro que hay una laguna en el sistema actual de nombramientos de los miembros del Consejo General del Poder Judicial y,
haya o no haya acuerdo en esta ocasión en su nombramiento, es necesario modificarlo de cara al futuro para evitar que se siga produciendo esta anomalía. (El señor vicepresidente, Rodríguez Gómez de Celis, ocupa la Presidencia).
Miren, las lecciones morales está muy bien, pero como estamos aquí para ser constructivos, yo voy a adelantar una propuesta de reforma que es válida para esa proposición de ley presentada y paralizada a día de hoy. Partiendo de tres
principios básicos constitucionales indiscutibles; que los poderes y la justicia emanan del pueblo, que las Cortes Generales representan a este y que la justicia debe ser ejercida con independencia por jueces y magistrados cuyo órgano de gobierno
es el Consejo General del Poder Judicial; mi propuesta es sencilla y trata de combinar las dos posiciones del ordenamiento jurídico español reciente para la elección de los doce miembros de la carrera judicial: elección por parlamentarios y
elección por miembros de la carrera judicial. En el sistema actual de nombramiento por acuerdo de 2/5 partes consiste en establecer un plazo máximo de treinta días desde la finalización del mandato. Vencido este plazo sin que los parlamentarios
hubiéramos conseguido el acuerdo, serán los miembros de la carrera judicial los encargados de presentar su propuesta a este Parlamento, que podrá ser rechazada en estas cámaras por mayoría absoluta, porque no parece lógica la propuesta de ley, hoy
congelada, de una segunda elección por mayoría absoluta del Parlamento, puesto que, además de todos estos obstáculos que son por todos conocidos, haría innecesaria e inútil la primera fase para el futuro. En caso de rechazo
de la propuesta de los jueces, se podría repetir la fase primera, pero mi propuesta preferente consiste en renovar el Consejo por sorteo entre los candidatos que propongan cada uno de todos los diputados y senadores y que al menos apoyen el
10 % de los parlamentarios. Esta modificación la presentaré desarrollada con un procedimiento completo, con los cupos correspondientes, etcétera, cuando se abra el periodo de enmiendas parciales para participar en un debate, que creo que sería muy
interesante si lo centráramos en criterios de lógica democrática, puesto que hay numerosas posibilidades fuera del criterio estrictamente partidista y, además, pasando por este Parlamento para lograr algún tipo de acuerdo.
De momento vamos a apoyar esta modificación.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Tiene la palabra el señor Sayas López.
El señor SAYAS LÓPEZ: Gracias, presidente.
Buenas tardes, señorías. La ley que estamos debatiendo hoy es un flagrante ataque a la democracia que trata de politizar la justicia. Ninguna democracia que se precie puede permitirse el secuestro de la justicia que ustedes están
perpetrando con la ley que nos traen hoy aquí. Y solo puede tener un objetivo esta ley; tratar de hacer que con menos votos se pueda cambiar el Consejo General del Poder Judicial, solo tiene como interés poner a los jueces al servicio del Gobierno
en lugar de ponerlos al servicio de la ley; ese es el objetivo de quien nos está trayendo hoy esta reforma legal. Es un ataque no solo a la justicia y a la división de poderes; es un ataque a la esencia misma de la democracia. Pero es que ese
ataque a la justicia empezó muy pronto, en cuanto ustedes accedieron al Gobierno. Comenzaron nombrando a una fiscal general y fue tan descarado que no tuvieron complejo ni en disimular, para que nadie tuviera ninguna duda respecto de quién dependía
la fiscalía. Por si alguien la tenía, ya lo dejaron ustedes bien claro con el nombramiento. Y una vez que ya han controlado la Fiscalía General del Estado, ahora nos van a traer una reforma legal para cambiar la instrucción y que la puedan hacer
los fiscales en lugar de los jueces porque así se aseguran mejor los procedimientos judiciales. Y por si esto fuera poco, además, la Policía, cuando actúe como Policía judicial, va a tener que informar al Gobierno, no vaya a ser que pase lo que le
ocurrió al señor Marlaska, que estén investigando algo del Gobierno y se escape a su control, porque ustedes quieren todo el control como buen Gobierno con unos socios a los que les gustan mucho los regímenes totalitarios, y esta medida tiene mucho
de esa visión totalitaria.
Además, por si acaso, cuando los jueces dictan sentencias que a ustedes no les gustan, ya abren la puerta del indulto, no vaya a ser que se pueda condenar a algunos socios y a ustedes políticamente les venga mal. También cuando los jueces
van a sentar en el banquillo al líder de Bildu por formar parte de una banda terrorista sanguinaria, en ese momento salen todas las huestes del Gobierno y de sus socios a acusar a los jueces de estar politizados, justo por no tomar la decisión que
políticamente ustedes quieren que tomen, no en base a la ley sino en base a la política. Y ya lo que nos faltaba es oír decir ayer al señor Ábalos -desde luego, es un saco sin fondo de indecencia (rumores). Sí, sí, un saco sin fondo de indecencia
(aplausos), porque hace falta tener tragaderas para hacer las declaraciones que hizo ayer- que eso de formar parte de una banda terrorista es algo personalísimo. (Rumores). Les voy a explicar una cosa: el señor Otegi es a Bildu lo mismo que el
señor Ábalos a la falta de escrúpulos a la hora de hacer política, su líder, exactamente eso, su líder. Así que dejen de manosear la justicia porque no puede haber un país democrático sin una justicia independiente.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, tiene la palabra el señor Iñarritu García.
El señor IÑARRITU GARCÍA: Muchas gracias, señor vicepresidente.
Señorías, arratsalde on, buenas tardes. Hoy el Grupo Socialista y Unidas Podemos traen una proposición de ley para el establecimiento del régimen jurídico aplicable al Consejo General del Poder Judicial. Es cierto que ha habido una laguna
de ley, pero también lo es que, si no llega a ser por el bloqueo que está viviendo en este momento el Consejo General del Poder Judicial, esa laguna podría durar otros 41 años. Esto está forzado por la situación de bloqueo político. En el fondo
del bloqueo del Consejo General del Poder Judicial
subyace -lo señalaba el señor Aranda cuando decía que el Partido Popular había osado intentar bloquear a una formación política que forma parte del Gobierno para que no estuviera presente en ese órgano- un contenido político; en el fondo de
la cuestión está la politización de la justicia -me ahorraré parte del discurso porque el señor Asens lo ha explicado muy bien-, es decir, tener controlado políticamente gran parte del Poder Judicial. Decía el señor portavoz del Grupo Socialista:
No, la inmensa mayoría de los jueces son independientes. Obvio, eso yo también lo comparto; el problema es que en las grandes magistraturas hay una carrera de fondo por parte de estos señores y de los que tienen controlados en el Consejo General
del Poder Judicial para nombrar cada vez más cargos que no sean tan independientes. Puede que sean el 1 %, sí, pero son aquellos que toman decisiones como las que hemos visto ayer.
La Sala segunda del Tribunal Supremo es el ejemplo máximo de contaminación política de un órgano de una alta magistratura. Esto no lo pone en duda ni el Partido Popular, con el famoso mensaje que ya se ha hecho muy conocido en las Cortes
Generales, que decía que la controlaban desde atrás. Cuando se anunció que fuerzas independentistas iban a apoyar los Presupuestos Generales del Estado, vimos cómo esa Sala segunda determinaba que había que revocar el tercer grado a los presos
políticos catalanes, una medida de excepción y de venganza. Se supone que lo que querían era condicionar en base a esa medida excepcional. A mí, lamentablemente, no me extrañó. Ayer tomaban una medida mucho más curiosa porque, en contra de la
jurisprudencia y de la interpretación que se ha hecho hasta ahora de las leyes, determinaban que el señor Arnaldo Otegi, nuestro secretario general, y otros cuatro compañeros y compañeras que fueron injustamente condenados en el pasado tenían que
volver a juicio. No sé si han escuchado esta mañana al señor Garzón, que curiosamente fue aquella persona que los encarceló, que decía hoy en Televisión Española que le parecía una barbaridad y un sinsentido y que ya sería una condena el acudir de
nuevo a la Audiencia Nacional. El tiempo ha demostrado que aquella acusación era absurda, inverosímil y falsa. De igual forma, la justicia europea determinó que estas personas, estos compañeros y estas compañeras, no habían tenido un juicio justo.
Es más, no sé si lo saben, pero el señor Arnaldo Otegi es la única persona por la cual el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado a un Estado en dos ocasiones. Yo apuesto a quien quiera una cena a que España va a ser condenada por tercera
vez sobre la base de una acusación contra el señor Arnaldo Otegi.
Es cierto que aquí hay algunos señores y algunas señoras que dicen: ¡No, España es una democracia ejemplar con independencia judicial! Pues, se pegan un tiro en el pie cuando apuestan por esa justicia de excepción y de venganza, pero les da
igual desafiar a las instituciones europeas porque creen que esas decisiones se deben tomar aquí y no en Europa. ¿Quiénes son esos jueces y esas juezas de Europa para determinar que se condenó injustamente a estas personas? Ahora que se habla
tanto de ruido de sables, sables oxidados, lo que hay de fondo es también un ruido de togas, togas apolilladas, togas franquistas, que están intentando incidir políticamente y que se revuelven cuando no les gustan decisiones políticas que se ven en
esta Cámara o en el Senado. Se revuelven y, ante ello, quieren condicionar, participar y hacer política también porque están controlados, obviamente, por el Partido Popular y por su escisión más ultra, que también tiene representantes en el Poder
Judicial y en esos tribunales politizados. En ocasiones le he escuchado al señor Asens una frase de Montesquieu: No hay mayor forma de tiranía que aquella ejercida a la sombra de las leyes y con apariencia de justicia. Pues bien, es lo que
estamos viendo hoy en día. Como decía usted, es obvio que quieren tener controlados a esos tribunales para cuando lleguen sus casos de corrupción, pero también para cuando lleguen los del emérito. Quieren tenerlos controlados para que no se puedan
tomar decisiones que puedan ir por una vía que no les gusta.
Las medidas que han presentado hoy, sinceramente, me parecen insuficientes. No las veo mal y las vamos apoyar, pero hay que tener en cuenta que hay unos señores que están en rebeldía. Decía el señor Santiago: que dimitan; claro, eso
sería lo lógico, pero no, ¿cómo van a dimitir si lo que quieren es seguir influyendo políticamente? Habría que buscar otra vía, que es la propuesta que yo traigo. Decía el señor representante del Partido Regionalista de Cantabria que traía una
propuesta, y yo traigo otra, que es cesar a los miembros que han acabado su mandato -para ello, cuando corresponda presentaremos una enmienda- y que se quede una pequeña diputación permanente, al igual que sucede en estas Cortes Generales. Hay
propuestas de juristas que plantean que se queden solamente tres personas -la más mayor, la más joven y el último o la última que haya entrado en el Consejo General del Poder Judicial- y que única y exclusivamente tengan funciones administrativas y
de sanción;el resto, cesados. Ha acabado su mandato y, para que no se vuelvan a repetir las situaciones que hemos visto, lo más inteligente es que cesen.
Por último, el representante del Grupo Parlamentario Popular decía que nuestra intención era estar también en ese Consejo General del Poder Judicial. No, la verdad es que no tenemos ninguna voluntad de estar, como bien decía nuestra
portavoz Mertxe Aizpurua. Nuestra voluntad es que se desbloquee y, sobre todo, que se despolitice y se 'desfranquice' la justicia. Para eso nuestro voto irá gratis a cambio de nada. Señorías, votaremos afirmativamente, más allá de las dudas que
podamos tener.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJPNV), tiene la palabra el señor Legarda Uriarte.
El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidente.
Debatimos la toma en consideración de la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial a fin de establecer el régimen jurídico aplicable al Consejo General cuando esté en funciones, completando así la parca previsión contemplada en el
vigente apartado 2 del artículo 570, que limita las atribuciones del Consejo en funciones exclusivamente a la elección de nuevo presidente. Ahora se pretenden ampliar las limitaciones en las atribuciones del Consejo General del Poder Judicial
cuando sus miembros hayan finalizado su mandato y no se haya renovado el órgano cuando proceda legalmente. Sin embargo, señorías, esta propuesta de reforma no puede sustraerse del contexto que la rodea, la controversia en torno al Consejo a partir
de la reforma de 1985 del procedimiento de designación de los doce vocales de procedencia judicial, convirtiendo desde ese momento y hasta la fecha a sus veinte vocales de plena designación por las Cortes, controversia a la que no fue ajena, y tengo
que recordarlo, la opción de la única asociación judicial en aquel momento, APM, de apostar por un sistema mayoritario para aprobar las candidaturas de procedencia judicial. La disputa llega hasta nuestros días, y aunque el TC en su Sentencia
108/1986, en respuesta a un recurso de inconstitucionalidad de Alianza Popular contra la Ley 6/1985, señala que el artículo 122 no recoge fórmula determinada para elegir a los vocales de procedencia judicial dejándola a disposición de ley orgánica,
sí suministró argumentos para mantener viva la disputa a través, como señala el profesor don Pablo Lucas, de la exégesis de la finalidad de la Constitución para atribuir tres quintos del Consejo a los de procedencia judicial y cómo, a su juicio, se
alcanzaba más fácilmente aquella finalidad.
En cualquier caso, como he manifestado en otras ocasiones, asociar con connotaciones negativas la intervención parlamentaria a partidismo supone aceptar la asociación inversa, contraponiendo artificialmente política y supuesta técnica, lo
cual no es sino otra posición ideológica más. Tampoco un consejo cuyos vocales hubieran sido elegidos por sus pares hubiera producido necesariamente resultados distintos en cuanto a confrontaciones internas, teniendo en cuenta que las distintas
asociaciones judiciales y sus elegidos representan y se asocian a las mismas tendencias y corrientes ideológicas que la sociedad en la que se integran. Por otro lado, la experiencia compartida y el caso del Consejo de la Magistratura italiana nos
lo confirman.
Sin embargo, señorías, lo más sorprendente de toda esta polémica que se arrastra, como les decía, desde 1985 respecto a la tacha de politización del Consejo, iniciada por el partido origen del PP y continuada por este, es que el Partido
Popular no haya procedido a restablecer el sistema electivo de los vocales de origen judicial cuando ha tenido mayoría absoluta tras las elecciones de 2000 y 2011. Esta es una reivindicación que solo proclama y reclama cuando no gobierna y como
justificación de bloqueos cuando se encuentra en minoría y en la oposición (aplausos), tal y como sucede ahora mismo y tal y como sucedió en el pasado, cuando el Consejo expiró su mandato en noviembre de 2006 y no fue renovado hasta septiembre de
2008, casi dos años después. Fue un bloqueo parecido al actual, con los mismos actores y con los mismos papeles.
Por otra parte, y frente a este estéril y agotador debate, ya hemos señalado en otras ocasiones que, en los distintos modelos judiciales de nuestro entorno, el poder político interviene o en los nombramientos judiciales o en los órganos que
los nombra y gobierna el Poder Judicial, es decir, los consejos de magistratura. Ejemplos de lo primero son el modelo americano y el modelo continental europeo y ejemplo de lo segundo son los consejos de magistratura.
Señorías, la reforma que ahora debatimos, como ya he señalado con anterioridad, ahonda indirectamente en la problemática del bloqueo en la designación parlamentaria de los vocales judiciales. Sin embargo, esta no es la primera vez que se
hace en esta Cámara, en las Cortes. Así sucedió en la Ley Orgánica 4/13, que produjo una profundísima reforma del Consejo General del Poder Judicial; por cierto,
auspiciada por el PP cuando tenía mayoría absoluta y sin contar con la oposición. En uno de los artículos reformados, el 570, se posibilita constituir el consejo si solo una de las Cámaras de las Cortes realiza el nombramiento cuando
procede, aunque la otra no lo haga, actuando el órgano, a partir de ese momento, con los recién elegidos y con la otra mitad que permanece en funciones, a fin de superar que la renovación tardía de una de las Cámaras haga imposible la renovación
completa del consejo cada cinco años y asumiendo así de facto la instrumentalización del procedimiento de designación de los vocales del consejo por los grupos parlamentarios, tal y como se explicita en el apartado 3 de la exposición de motivos.
Ahora, el Grupo Parlamentario Socialista y Podemos presentan una proposición de ley con la finalidad indirecta de superar bloqueos políticos a través de una opción legislativa que también, junto a otras finalidades, busca paliar los efectos
de una anomalía que genera una situación manifiestamente inadecuada para el correcto funcionamiento de las instituciones.
En cualquier caso, hemos de señalar que, a nuestro juicio, ni antes con la reforma estatutaria del PP, en 2013, ni ahora, con reformas exprés y sin contar con los informes y opiniones tanto internos como de organizaciones europeas, la
alteración de las estructuras del consejo es la mejor forma de afrontar los problemas surgidos, entre otros, para la elección de sus vocales, a la vez que calificamos de inaceptable el actual bloqueo del Partido Popular de modo que la
instrumentalización de un proceso garantista revierta en beneficio de quien la lleva a cabo y, además, en perjuicio del buen funcionamiento del consejo. Tampoco es aceptable que entre más de 5000 magistrados y jueces y numerosos juristas
prestigiosos no seamos capaces de encontrar a veinte vocales. Y no se puede aceptar que continúe el debate sobre los candidatos y sobre el procedimiento a través de los medios y que quienes no quieren solventar los problemas a través de un diálogo
respetuoso y constante se dediquen a enconarlo con trampantojos justificativos.
Finalizo ...
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Debe terminar ya, por favor.
El señor LEGARDA URIARTE: Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Bal Francés.
El señor BAL FRANCÉS: Gracias, presidente. Buenas tardes a todos.
Miren, yo quiero decirles, señores del Grupo Parlamentario Socialista y señores de Unidas Podemos, que la presentación de la toma en consideración de esta proposición de ley es, sin más ni más, sin otra palabra, un insulto. Es un insulto a
la inteligencia de los ciudadanos; es un insulto a toda esta Cámara, a los miembros de esta Cámara, pero, sobre todo, es un insulto a los que hemos dedicado nuestra vida al servicio público de la justicia y creemos en esa justicia independiente.
En menos de un año he visto aquí, en el Congreso de los Diputados, tomar decisiones absolutamente arbitrarias en relación con la independencia del Poder Judicial, y ustedes no cejan en el empeño. Cuando creíamos que ya lo habíamos visto todo,
ustedes siguen adelante.
Señor Aranda, no trate de engañarnos. Yo le voy a decir cuáles son las tres razones por las que sus dos grupos parlamentarios quieren llevar a cabo esta reforma. La primera, para debilitar al Poder Judicial. La segunda, para presionar al
Partido Popular para renovar los doce vocales del consejo. Y, la tercera, para nombrar a su gente en los puestos de dirección del Poder Judicial e influir en las sentencias. (Aplausos). Estas son las tres razones.
La primera, debilitar al Poder Judicial. Resulta que ustedes quieren que el Consejo General del Poder Judicial no tenga competencia para nombrar a los presidentes de las audiencias, de los TSJ, de la Audiencia Nacional, las presidencias de
sala, los magistrados del Tribunal Supremo, los magistrados del Tribunal Constitucional, el vicepresidente del Supremo, el promotor de la Acción Disciplinaria o el jefe de la Inspección de Tribunales. Ustedes no quieren que estos cargos se nombren.
Este jueves, el Consejo General del Poder Judicial pretende que se nombre al presidente de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, al presidente del TSJ de Castilla y León con sede en Burgos, al presidente del TSJ de Asturias y al presidente
de la Audiencia Provincial de Cáceres, y ustedes no quieren que se les nombren, quieren que estos puestos queden vacantes. Ustedes lo que quieren es descabezar el Poder Judicial, hacer morir al Poder Judicial por inanición, que sus puestos de
dirección, las más altas magistraturas del Poder Judicial, queden sin cubrir. Si a esto unimos en el tiempo, prolongado, que se seguirán produciendo
jubilaciones, que se seguirán produciendo fallecimientos, que se pedirán excedencias voluntarias, que algunos pasarán a servicios especiales, ustedes quieren sembrar el caos en el Poder Judicial. Los tres últimos nombramientos que hizo el
consejo fueron tres magistrados de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Qué pasa, ¿que si al final la justicia europea nos trae a Puigdemont ustedes no quieren que existan magistrados independientes en la Sala segunda del Tribunal Supremo que
puedan juzgar a este prófugo de la justicia? ¿Es eso a lo que está jugando? Miren, que esto lo haga Unidas Podemos, que salga a atacar las resoluciones judiciales cuando no les gustan, que dijera cuando estaba en la oposición que quiere que
efectivamente se cambie el sistema de elección de los vocales, más o menos uno se lo puede explicar, pero que lo hagan ustedes, que han gobernado España, que se presten a este juego de atentar contra la independencia del Poder Judicial es
verdaderamente una vergüenza. Efectivamente, ya no estamos en el mismo Partido Socialista que gobernaba España, estamos en otro partido.
En segundo lugar, tratan de presionar al Partido Popular para que les entre al juego y poder renovar el Consejo General del Poder Judicial. ¿Qué es lo que hacen? Lo que hacen ustedes muchas veces: siembran en el caos, le echan la culpa de
este caos a otro y luego quieren aparecer como salvadores de este caos. Ya lo hemos visto en muchas otras ocasiones. ¿No han pensado que el sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial ha colapsado? Ya ha colapsado.
Despierten, por Dios, del sueño del bipartidismo. Ya no estamos en el bipartidismo, ya no pueden repartirse ustedes diez para ti y diez para mí; nombra tú a los que quieras. El sistema tiene que cambiar y nosotros hemos propuesto esa reforma:
que esos doce vocales sean designados por jueces y magistrados entre jueces y magistrados. Si ustedes quisieran tramitar esa ley -fíjese cómo han tramitado la Ley de presupuestos, fíjese cómo han tramitado la Lomloe- en febrero estaba resuelto este
problema, en febrero estaba renovado el Consejo General del Poder Judicial, pero ustedes no quieren. Y no quieren, ¿saben por qué? Por la tercera razón, porque quieren nombrar a los suyos. Quieren que cuando se realice un nombramiento por el
Consejo General del Poder Judicial alguien en el Partido Socialista, alguien en Unidas Podemos, diga: Es uno de los nuestros. ¿Se acuerdan, verdad, de la peli de Scorsese? Uno de los nuestros. ¿Se acuerdan también de qué trataba esa película?
Lo que quieren ustedes es que ese ignominioso wasap de Cosidó diciendo que van a dominar el Tribunal Supremo lo mande la señora Lastra, el señor Simancas o el señor Echenique. Eso es lo que quieren; quieren lo mismo que le han criticado al Partido
Popular, exactamente lo mismo, pero eso es muy grave, porque cuando ustedes quieren dominar Televisión Española, Correos o Paradores se trata de una tropelía, pero cuando tratan de dominar a aquellas personas que van a dictar las sentencias, que
pueden juzgar a los políticos por eventuales casos de corrupción, la cosa es muy grave, y eso es lo que quieren hacer; lo que quieren es nombrar a los suyos.
El portavoz de Justicia, el señor Aranda, se sube aquí y dice esa falsedad de que la única legitimidad está en este Parlamento y, por lo tanto, tenemos que nombrar todos a los vocales del Consejo General del Poder Judicial y este es el único
sistema posible. No. Mire, señor Aranda, lea la Constitución, como usted le dice al Partido Popular; dice: La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del rey por jueces y magistrados independientes, inamovibles, responsables y
sometidos únicamente al imperio de la ley. (Aplausos). No al imperio del Poder Ejecutivo, no al imperio del señor Sánchez, no al imperio del señor Iglesias. Independencia. Y dice usted que no son ustedes los que conducen en sentido contrario,
que no son ustedes los suicidas, cuando la Asociación Europea de Jueces, cuando todas las asociaciones de jueces, cuando todo el mundo piensa que la justicia debe ser despolitizada. El comisario Reynders, la semana pasada, en la Comisión de la
Unión Europea, dijo que Europa estaba muy preocupada por el sesgo que está tomando la reforma del Poder Judicial en España. Dijo que deberían contar con la oposición, y ustedes lo que quieren es nombrar a los veinte vocales del Consejo General del
Poder Judicial por mayoría absoluta y mientras tanto privar de competencias de nombramiento al consejo. Dejen en paz la justicia, señor Aranda. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias, señor Bal. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra el señor Baldoví Roda.
El señor BALDOVÍ RODA: Moltes gràcies, president.
A veces estoy de acuerdo con el señor Bal, no muchas, pero estoy de acuerdo en que el sistema de elección está colapsado. Por eso estamos en la situación en la que estamos: un partido haciendo de perro del hortelano, ni renovando ni
dejando renovar; un partido que está obstruyendo, embarrando, bloqueando la elección de los miembros caducados y que además se permite decir quién puede estar
en la negociación y quién no. ¿Pero quién se ha creído que es el Partido Popular? Un partido que hoy, solamente hoy -y es todos los días- ha sido condenado y ha pagado 245 000 euros por su condena; un partido que hoy está en los juzgados
por intentar borrar pruebas con fondos reservados. ¿Ese partido es el que tiene que decir quién puede estar y quién no puede estar? (Aplausos).
Acabo. ¿Por qué no dimite el consejo? ¿O, como decía el señor Iñarritu, por qué no lo cesamos? Por último, ¿por qué no inventamos nuevas fórmulas para que no estemos cuatro años caducados?
Moltes gràcies.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias, señor Baldoví.
A continuación, tiene la palabra el señor Errejón Galván. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
El señor ERREJÓN GALVÁN: Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías.
A nuestro juicio, el Gobierno cometió un error al pretender alterar las mayorías para que la elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial dependiera de mayorías menos cualificadas, y tengo el orgullo además de decir que lo
reivindicamos como única fuerza progresista que lo dijo, que dijo que los Gobiernos están de paso, que dijo que ninguna mayoría es externa, que lo que hoy son límites mañana son garantías y que esta reforma se podía convertir en un bumerán cuando
cambiaran la las mayorías. Hoy me alegro de que hayan rectificado y que traigan una propuesta que es enteramente razonable: que los límites que se aplican a los otros poderes se apliquen también a los nombramientos que haga el Consejo General del
Poder Judicial.
¡Claro que creo que hace falta una reforma del Poder Judicial!, pero tiene que ir a la raíz de la cuestión. Hoy hemos hablado muchísimo de cómo se designa a los vocales. Yo me quiero ocupar también de una cuestión de la que nunca se habla,
de dónde provienen los vocales y de dónde provienen quienes pueden acceder a la carrera judicial. ¿Qué familia puede permitirse diez años de estudios sin becas, sin cobrar ni un euro porque sus estudios son de dedicación exclusiva, gastando miles
de euros en preparadores y en temarios? Pues muy pocas, y casi siempre ... (Rumores).
Tranquilos, algunas de las suyas seguro que sí. Pero decía que muy pocas, y casi siempre entonces de los mismos entornos, y ese sesgo marca de forma definitiva el carácter de la justicia española, que en ese caso se parece muy poco a la
sociedad real. Solo cuando se parezca del todo el sistema de sorteo será un sistema plenamente democrático. Democratizar la justicia es también democratizar el acceso a quién puede llegar a la carrera judicial. Por eso proponemos un mir judicial
y una academia pública, para que los opositores se puedan formar con tasas accesibles y cobrando un salario digno durante sus años de preparación, para que se amplíe también la procedencia de quienes llegan al Poder Judicial.
Cierro con una cosa, señores del Partido Popular. Este bloqueo es enteramente por su culpa. Ustedes están secuestrando las instituciones y riéndose de la soberanía popular, y lo hacen por una concepción predemocrática y patrimonialista del
Estado español y del poder político según la cual solo es legítimo si les pertenece y si no les pertenece nunca es legítimo. Dicen aquí con la boca pequeña que sí lo es, pero actúan secuestrando las instituciones como si no lo fuera, y esto no es
nada nuevo. Yo me acuerdo del 'váyase, señor González', del 'Zapatero, vete con tu abuelo', y ahora tenemos el trato a este Gobierno. Señores del Partido Popular, ¿ha existido alguna vez un Gobierno que, sin ser suyo, haya sido legítimo y lo hayan
tratado como legítimo? Pues eso.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Tiene la palabra el señor Alonso-Cuevillas i Sayrol.
El señor ALONSO-CUEVILLAS I SAYROL: Señores y señoras del PSOE y de Podemos, lo suyo es enternecedor. Se está hundiendo el Titanic y se preocupan del repertorio de partitura que pueden tocar los músicos. Si esto va de la reforma del Poder
Judicial, ya conocen la fórmula -se la expliqué, señor Asens, y está publicada en elDiario.es de 15 de octubre, hace hoy dos meses-: nombremos en este hemiciclo los doce vocales de procedencia judicial, nombrémoslos de la misma manera que nombramos
a las mesas, es decir, de forma que cada diputado solo pueda nombrar seis vocales, con lo cual aseguramos la pluralidad. Y si la derechona insiste en seguir bloqueando, solo podrá bloquear los ocho miembros para los que la Constitución exige una
mayoría cualificada; ocho miembros que, por cierto, no deben ser jueces, sino abogados y otros juristas, para poner ese contrapeso, como prevé la Constitución.
Tenemos un Poder Judicial con muchos problemas, lo ha explicado el señor Errejón: problema de acceso a la judicatura, problema de controles efectivos para evitar la politización y hacer que los tribunales sean neutrales políticamente. Es
una justicia que parece propia del conde de Romanones; recordémoslo: al indiferente, y solo al indiferente, le aplicamos la legislación vigente, porque al enemigo -lo voy a decir más suave- lo estrangulo y al amigo le tapo el chanchullo. Pero es
que el problema no es solo del Poder Judicial, el problema es la franca decadencia -y digo bien, 'franca'- de los poderes del Estado 'enfranquistados', empezando por unos militares en la reserva que querrían 'fusilar a 26 millones de hijos de puta'
-no sé si han hecho las cuentas, pero me temo que todos ustedes (señalando a la mitad izquierda del hemiciclo) también están dentro de este contingente-; una fiscalía afinadora que se ha convertido en anunciante de turrones 'El Verdugo'; unas
fuerzas de seguridad y una policía cada día más patriótica y menos democrática; unos medios de comunicación dopaminados que se alinean con las tesis más retrógradas en ese imperio inMundo de la sinRazón; una Iglesia que está entre los legionarios
y los 'escrivanos' -de Balaguer-; unos poderes económicos 'florentinos' y 'faesistas', y una Corona que afortunadamente no tiene voto, pero que, como ustedes saben, tiene un exceso de vox. This is the real Spain.
Señores del PSOE, despierten, porque para todos estos, para los azulones, los verdotes y los naranjitos, ustedes no forman parte de la ecuación y a la que puedan irán a por ustedes también. Y amigos y amigas de Podemos, queríais asaltar los
cielos, pero estáis tan encadenados a la casta que hoy habéis cambiado el podemos por el traguemos. (Rumores). Romped las cadenas y volved a las plazas.
Acabo deseando que se termine este año 2020 y que, con el fin de este año, entren todos ustedes en el siglo XXI.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra la señora Telechea i Lozano.
La señora TELECHEA I LOZANO: Gràcies, president. Bona tarda, diputades y diputats.
Hace dos años que el Consejo General del Poder Judicial tiene el mandato caducado. Hace dos años que su presidente lo es de manera ilegal. Hace dos años que el Gobierno debería haberlo renovado y no fue valiente, y ahora estamos ante un
Consejo General del Poder Judicial caducado, que ha campado a sus anchas, haciendo y deshaciendo a su antojo, colocando a dedo a sus afines, asegurando su hegemonía conservadora y de ultraderecha. Precisamente aquellos que velan o deben velar por
el cumplimiento de la legalidad son los primeros que se la saltan.
Son públicos y notorios todos los escándalos que preceden a los miembros del Consejo General del Poder Judicial, especialmente a los miembros nombrados por el Partido Popular, desde militantes de Alianza Popular, como Carmen Llombart, o José
María Macías, el hombre fuerte de Casado en el actual Consejo General del Poder Judicial, y todo el resto, que no deja indiferente a nadie. ¡Y qué decir de su presidente, el señor Carlos Lesmes, que debe casi toda su carrera al Partido Popular! Fue
alto cargo del Gobierno del PP en el Ministerio de Justicia, bajo las órdenes de todos los ministros del ramo nombrados por José María Aznar: Margarita Mariscal de Gante, Ángel Acebes y José María Michavila. Al frente del Consejo General del Poder
Judicial, Lesmes no solo se ha ocupado de aprovechar su mayoría para colocar a jueces conservadores en muchos de los puestos clave de la justicia, sino que también ha movido hilos a favor del PP, al que ha ayudado en muchos de sus problemas
judiciales. Fue el Consejo General del Poder Judicial de Lesmes quien decidió sacar a Pablo Ruz de la Audiencia Nacional después de que ordenara un registro contra la sede del PP, quien presionó para que Gómez Bermúdez no pudiera investigar la caja
B, quien apartó al juez de la Gürtel, Ricardo de Prada, de la decisión sobre si la mujer de Luis Bárcenas entraba en prisión. Vamos, que Lesmes hizo todo lo que le dijo el Partido Popular. Aunque no todo porque, al contrario de lo que le pidió el
exministro Rafael Catalá, no bloqueó el interrogatorio de Mariano Rajoy como testigo del caso Gürtel. Todo un buen ejemplo de la independencia judicial en la que tanto cree y se llena la boca el PP.
Pero es que el actual Gobierno del PSOE y Unidas Podemos son cómplices de ello porque llevan dos años permitiéndolo. Y no intenten trasladarnos la responsabilidad al resto de partidos porque los que gobiernan son ustedes, señorías, y son
ustedes quienes tienen la responsabilidad y la obligación. Pero, claro, un manto velado cubre los ojos del Gobierno cuando se trata de proteger a las cloacas del Estado, allí donde Lesmes se mueve tan bien. Por lo tanto, es urgente que el Poder
Judicial deje de hacer política y que saque sus manos de la política. La cúpula judicial no ha sido elegida por los ciudadanos; que se limite a hacer su trabajo y nos dejen a nosotras hacer política, a aquellas que sí hemos sido elegidas
democráticamente. Estamos hartas de ver cómo las cloacas del Estado, con la colaboración de la cúpula judicial, influyen en la política y actúan para favorecer a los grandes lobbies, que miran hacia otro lado cuando la corrupción en
determinados sectores, como el de la monarquía, es tan escandalosa y flagrante.
En cuanto al Tribunal Supremo, este se cubre de gloria con cada decisión que toma, y un ejemplo son nuestras presas políticas, Carme Forcadell y Dolors Bassa. Les molesta que puedan salir, que puedan hablar con la gente, que expliquen la
verdad. Y como les molesta, les suspenden el tercer grado y las envían de nuevo a prisión, a pesar de que el juez de Vigilancia Penitenciaria se lo concedió. Y de la misma manera suspendió los terceros grados de nuestros compañeros Oriol
Junqueras, Raül Romeva, Joaquim Forn y el resto de presos polítics. (Aplausos).
En cualquier caso, ¡cuánta ingenuidad pensando que así nos callarán! Ustedes, desde sus púlpitos manchados de odio, toleran y consienten la corrupción de la monarquía y permiten la huida del Borbón corrupto, e incluso la propician.
Entiendan que eso a mi grupo le cueste tanto entenderlo, porque con casi noventa años de historia no tenemos casos de corrupción, y no todo el mundo puede decir lo mismo. (Varios señores diputados: ¡Uuuh!).
Es lamentable. Pero fíjense en el caso de la reciente presidenta de la Diputació de Barcelona y alcaldesa de L'Hospitalet de Llobregat, Nuria Marín, del PSC (rumores), que lo es con el apoyo de la antigua Convergència, dicho sea de paso.
Una persona que está manchada de corrupción no está legitimada para ser presidenta de la Diputación de Barcelona, la segunda institución más fuerte económicamente del país.
Pero si todo ello no fuera suficiente, en las últimas horas hemos sido conocedoras de un nuevo escándalo democrático. El Tribunal Supremo quiere volver a juzgar a Arnaldo Otegi por los mismos hechos. Con esto lo que está haciendo el
Tribunal Supremo es prevaricar. (Protestas). ¿Saben lo que significa ....? (Continúan las protestas). Como les molesta, ¿eh? ¿Saben lo que significa el non bis in idem? Que nadie puede ser juzgado por los mismos hechos. Eso es de primero de
Derecho Penal. (Protestas.-Aplausos). ¿Dónde se ha visto que a una persona la juzguen, la condenen, venga el Tribunal Europeo de Derechos Humanos diciendo que el juicio que tuvo no fue con todas las garantías y ahora decidan volver a repetir el
juicio porque no les gusta la resolución? (Protestas). Vamos, que el Tribunal Supremo se está cargando los derechos humanos así, de un plumazo, aunque no es la primera vez. Esto me recuerda la famosa frase de Marx, no del filósofo sino de Groucho
Marx: Estos son mis principios y si no les gustan, tengo otros. Es evidente la persecución del Estado contra todo aquel que no piensa como él o, como en este caso, atentando y persiguiendo a los independentistas vascos y catalanes. La cúpula
judicial influye en la política y quiere modificar los resultados electorales: quitándole el acta a Oriol Junqueras, suspendiendo el tercer grado a Dolors y a Carme o en relación con la sentencia del Tribunal Europeo de Derecho Humanos y Otegi.
(Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias, señora Telechea. Ha terminado su tiempo. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario VOX tiene la palabra la señora Olona Choclán. (Aplausos).
La señora OLONA CHOCLÁN: Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías.
En la Iberoesfera, el socialcomunismo del siglo XXI o castrochavismo ha hecho suya la metodología aplicada por décadas por la dictadura de Cuba: el control total y la manipulación del Poder Judicial que convierten a la justicia en mecanismo
de represión y de persecución política. ¿Cómo se ha conseguido someter a unos jueces en un primer momento independientes? A través de leyes habilitantes que van vaciando de contenido las otrora firmes garantías que recogían las constituciones. En
la actualidad, los sistemas de justicia de países como Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, prueban que los jueces de esos países son ejecutores de la represión y protectores de la impunidad para los miembros del régimen. El Poder Judicial, llamado
a garantizar los derechos y libertades de la ciudadanía, ha sido convertido por las dictaduras del socialcomunismo del siglo XXI en un brazo represivo que ha institucionalizado el miedo, la violación sistemática de derechos humanos, los presos
políticos -los de verdad-, la persecución del disidente y la dictadura del pensamiento único. Los jueces son verdugos, los juicios son linchamientos, los acusados son víctimas y, ¿la democracia? La democracia muere cuando cae el Poder Judicial.
(Aplausos). Porque son, precisamente, los jueces independientes la última línea de defensa de la libertad de las sociedades, de las sociedades en libertad. Eso es el oprobio que hoy llaman justicia en los países de la iberosfera dominados por el
socialismo del siglo XXI.
Siguiendo a mi querido y admirado Carlos Sánchez Berzaín, estadista perseguido y exiliado político de Bolivia, ese es el oprobio que hoy llaman justicia en una de las dos américas, la formada por los países que, liderados por el castrismo
desde Cuba, son auténticas dictaduras del crimen organizado que ejercen el poder criminalmente como un sistema de delincuencia organizada transnacional. Son los amigos del expresidente Rodríguez Zapatero y también del vicepresidente Pablo Iglesias.
(Aplausos). Díganme, señorías, ¿les suena lejano? ¿Lo sienten como algo ajeno? Pues acabo de describirles la nueva España que hoy nace en esta Cámara. Hoy el socialcomunismo da un golpe de Estado institucional desde la misma Moncloa, utilizando
un poder legislativo secuestrado para, precisamente, aprobar una ley habilitante que vacía de contenido la Constitución española de 1978 y que acaba con la independencia del Poder Judicial en España. Hoy nuestra justicia deja de ser independiente y
se inicia un doloroso camino de degradación para convertirse en mecanismo de represión y de persecución políticas, con un único objetivo, el que persiguen los proponentes de esta iniciativa, y que no es otro que los jueces estén al servicio y sean
instrumento de protección de los miembros del régimen. El mismo camino que ya recorrieron nuestros pueblos hermanos en Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia; el único camino de destrucción de los derechos y libertades que conoce el socialcomunismo.
Hace ahora algo más de un año, casi cuatro millones de españoles depositaron su confianza en VOX y les prometimos que actuaríamos como un auténtico dique de contención, les prometimos que actuaríamos sin miedo a nada y a nadie, dando la
batalla por España y por los españoles. Ya en la misma noche electoral del 10 de noviembre de 2019 dijimos alto y claro que el cambio cualitativo es que, gracias a esa confianza de los españoles, habíamos obtenido más de cincuenta diputados, ese
número que fija nuestra Constitución como mínimo para poder acudir a interponer un recurso de inconstitucionalidad frente al Alto Tribunal contra las leyes aprobadas por esta Cámara y los parlamentos autonómicos. Lo que prometimos lo hemos cumplido
y en estos doce meses el Grupo Parlamentario VOX ha interpuesto once recursos ante el Tribunal Constitucional, once recursos de los cuales destacaré los siguientes: recurso de amparo contra las fórmulas de aquellos diputados que más que jurar
conjuraron contra la Constitución española; recurso de amparo contra el secuestro del Congreso acordado cinco días después de imponerse el primer estado de alarma; recurso de inconstitucionalidad contra la inclusión del señor Pablo Iglesias en la
comisión que controla el CNI; recurso de inconstitucionalidad contra el primer estado del arma y contra el segundo estado de alarma, decretado por periodo de seis meses; recurso de amparo contra la autorización de esta Cámara que, utilizando el
rodillo parlamentario, ha secuestrado al pueblo español por un período de seis meses y ha impedido que el presidente Sánchez comparezca ante esta Cámara, como obliga la Constitución, cada quince días y sí por un periodo de dos meses. Ninguno de
estos once recursos ha sido resuelto por el Alto Tribunal. ¿Y saben con qué nos hemos encontrado? Nos hemos encontrado con un Tribunal Constitucional secuestrado, secuestrado por los partidos a quienes deben las sillas y sus nombramientos, Partido
Popular y Partido Socialista, en algún caso con el apoyo de Convergència i Unió. ¿Y hoy qué tenemos en esta Cámara? Tenemos a Podemos, a través del señor Asens, llorando amargamente porque quiere su trozo de pastel. Me encantan sus lágrimas
progres, señor Asens. (Aplausos).
Voy a dirigirme a los magistrados del Tribunal Constitucional y me dirijo en este momento como representante del pueblo español, en nombre de mi grupo parlamentario, para anunciarles algo que no se ha dicho en esta Cámara por ninguno de los
partidos que han manifestado su oposición a esta proposición de ley, unos porque no tienen el número suficiente de diputados y otros porque, aunque lo tienen, como siempre, tienen discursos grandilocuentes pero pocas acciones coherentes. Los
cincuenta y dos diputados de VOX vamos a recurrir ante el Tribunal Constitucional esta infame proposición de ley ¡que no hace sino asaltar el Poder Judicial! (Aplausos). Y de poder a poder secuestrado, les decimos a los magistrados del Tribunal
Constitucional que rompan sus cadenas porque las suyas son mucho más fáciles de romper, porque los peajes que tenían que pagar por sus nombramientos no pueden incluir el derribo de nuestra democracia, y eso es lo que están permitiendo al inhibirse
de su responsabilidad histórica. Como Poder Legislativo, VOX les compele a que cumplan con su obligación constitucional, porque cuando más se les necesita, cuando más evidente se hace la necesidad de su existencia es cuando están abandonando al
pueblo español. No pretendemos presionarles, señorías, porque nosotros no somos el PSOE, no somos el PP y no somos Podemos, pero sí les decimos que cumplan con su obligación constitucional y resuelvan, porque con su silencio no son conscientes de
lo que están poniendo en juego, y si lo son, si son conscientes, que la historia les juzgue por su complicidad con el golpe de Estado institucional que se está perpetrando en nuestra nación.
Muchas gracias, señor presidente. (Prolongados aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), SOBRE CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO PÚBLICO TEMPORAL. (Número de expediente 162/000463).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Pasamos al punto del orden del día relativo a las proposiciones no de ley. Comenzamos con la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre consolidación del empleo
público temporal. Para la presentación de la iniciativa y de la enmienda presentada, tiene la palabra el señor Legarda Uriarte.
El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidente. Buenas tardes, señorías.
Les presentamos a su consideración una iniciativa sobre la estabilización del empleo público temporal de larga duración, que se estima en el conjunto de las administraciones públicas en una cifra de 800 000 funcionarios interinos sobre un
total de 2,6 millones. Como resulta obvio, señorías, este notable embolsamiento de interinos de larga duración, que es una circunstancia singular y excepcional, requiere una solución, siendo más que plausible en los casos abusivos de encadenamiento
de sucesivos contratos. La situación, ya grave de por sí, reclama además pronto abordaje tras la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 19 de marzo y auto de 30 de septiembre. En estas resoluciones el Tribunal de
Justicia pone de manifiesto que el abuso de la contratación temporal de personal al servicio de las administraciones públicas supone una contravención a la cláusula quinta del Acuerdo marco sobre trabajo de duración determinada, cláusula quinta que
pone límites a la utilización sucesiva y abusiva de contratos de duración determinada, reclama medidas para que no se vuelvan a producir y dispone compensaciones y reparación a las víctimas del abuso con medidas efectivas y proporcionadas; medidas
todas ellas que corresponde adoptar a cada Estado miembro, bien a sus órganos jurisdiccionales conforme a su derecho nacional, bien con medidas legales ex novo que aborden las consecuencias de esta contratación abusiva y que la prevengan en
adelante.
Señorías, en este escenario de medidas a adoptar, la iniciativa que les presentamos se decanta por la adopción de medidas legales ex novo, ya que los procesos vigentes de estabilización no son siempre solución adecuada al problema general
que se sufre en las distintas administraciones públicas. En primer lugar, porque no se puede aplicar a personal interino nombrado con posterioridad al 1 de enero de 2005 y, además, creemos que no puede darse solución a un problema de 2020 con una
perspectiva de quince años atrás, cuando, por añadidura, buena parte del problema se ha ido engordando a raíz de las sucesivas tasas de reposición impuestas, lo que ha conducido a que vacantes en servicios singularmente públicos vinculados al Estado
del bienestar hayan sido provistos por este tipo de personal, a fin de evitar el deterioro de las prestaciones de la ciudadanía. Y en segundo lugar, los procesos de estabilización previstos por el ordenamiento jurídico vigente tampoco son siempre
adecuados para estabilizar plantillas de larga duración y con encadenamiento de contratos, de conformidad con la cláusula quinta del acuerdo marco y las resoluciones del Tribunal de Justicia de la Unión, ya que su organización es potestativa para
las administraciones públicas y no tienen en cuenta las consecuencias de la infracción del derecho de la Unión en relación con los candidatos víctimas del abuso.
En definitiva, señorías, consideramos que el abordaje de la situación del abuso de la interinidad de larga duración en el sector público reclama una regulación ex novo que dé respuesta adecuada a la normativa y resoluciones del Tribunal de
Justicia de la Unión que permita, de manera proporcionada y efectiva, reparar a las víctimas de los abusos; regulación ex novo en que los procesos de estabilización del empleo temporal tampoco pongan en entredicho la eficiencia de los servicios
públicos, y menos aún su continuidad, y que tampoco den como resultado dilapidar los conocimientos y capital humano de las personas con muchos años de trabajo temporal y servicio en el empleo público; legislación ex novo en la que cada
administración pública debe poder configurar su propia política de personal sin merma, claro está, de los necesarios elementos de cohesión y los instrumentos de coordinación precisos; regulación ex novo también que evite la permanente
microconflictividad que ahora se padece y, por último, nueva regulación que también posibilite el control de la temporalidad del empleo público para evitar en adelante nuevas bolsas de empleo temporal abusivo y que así nos acerque a los distintos
sectores públicos de cada administración al objetivo europeo de reducción de la temporalidad a una tasa del 8 %.
Voy concluyendo, presidente y señorías. Las distintas administraciones públicas se encuentran ante una circunstancia singular y excepcional que necesita respuesta congruente con la misma eficacia de la prestación de los servicios públicos,
con el cumplimiento de la normativa europea y resoluciones del Tribunal de Justicia de la Unión, con la articulación de nuestra constitución territorial y con otros fines constitucionales legítimos, y a tal efecto proponemos a su consideración esta
iniciativa en cuyos concretos términos se ha llegado a un texto transaccional con diversos grupos de esta Cámara y que confiamos pueda contar con el beneplácito del resto.
Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias, señor Legarda. (Pausa.-Una trabajadora del servicio limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Para la defensa de las enmiendas formuladas por sus grupos, interviene, en primer lugar, el Grupo Parlamentario Plural, que además también fijará posición. Por ello, tiene la palabra el señor Rego Candamil.
El señor REGO CANDAMIL: Grazas, señor presidente.
Desde luego, coincidimos con el análisis del que parten los proponentes de esta PNL, el Partido Nacionalista Vasco. Es evidente que existe un elevado porcentaje de trabajadores públicos interinos y que corresponde a los poderes públicos dar
una solución que garantice los derechos de los empleados públicos, pero también la calidad del servicio que prestan. Existen sectores de la Administración pública donde esta tasa de temporalidad es ya inasumible. Es el caso de la sanidad pública,
sector especialmente sensible en los momentos de la pandemia en que vivimos. Los datos referidos a Galiza hablan por sí solos. En los últimos seis años el peso de los trabajadores temporales en el conjunto del personal se elevó hasta el 40,2 %
cuando el objetivo europeo es que no supere el 8 %. El incremento constante de la temporalidad se reflejó también en el gasto. Entre 2012 y 2018, el gasto en personal estatutario creció un 5,62 % mientras que la partida destinada a personal
laboral se disparó un 48,26 %. Efectivamente, deben hacerse las reformas legales que permitan rebajar la tasa de temporalidad, pero esa solución solo será efectiva si se contempla la eliminación de la tasa de reposición de efectivos para luego
negociar un plan de empleo plurianual para aumentar el cuadro de personal estable y plazas de nueva creación, todo ello, lógicamente, consensuado respetando los ámbitos de negociación de cada país en las mesas sectoriales autonómicas.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias, señor Rego. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
A continuación, tiene la palabra el señor Bel Accensi.
El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, vaya por delante mi agradecimiento al Partido Nacionalista Vasco, a su grupo parlamentario y de forma especial al diputado Legarda por la presentación de esta iniciativa. De hecho, es un tema que tendría que estar resuelto desde
hace tiempo. Más allá de las diferentes sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, no tendríamos que haber esperado a estas sentencias para resolver una cuestión que de hecho no es nueva, aunque es verdad que se va agravando a medida
que va pasando el tiempo y no se soluciona. Las iniciativas legislativas para afrontar el problema de la temporalidad del empleo en la Administración pública, de los interinos con una situación de precariedad en sus puestos de trabajo, se han
intentado resolver a través de la disposición transitoria cuarta del mismo EBEP, así como a través de la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2017, pero es obvio que han sido soluciones que no han conseguido ni atajar ni resolver el problema.
La iniciativa que hemos acabado transaccionando es un buen punto de partida si el Gobierno tiene voluntad de afrontar este problema, que no es fácil, porque, obviamente, si lo fuera, esto ya estaría resuelto. Nosotros nos hemos sumado y lo
hacemos convencidos de que será el detonante para que el Gobierno adopte una iniciativa, con los consensos necesarios, obviamente, respetando la autonomía de cada uno de los diferentes niveles de la Administración -Administración local,
Administración de la Generalitat y Administración autonómica-, pero esto no puede esperar. La realidad es esta. Nos hubiese gustado una mayor concreción en la propuesta, pero la damos por buena. Nuestro grupo parlamentario tiene diferentes
propuestas también en marcha en el ámbito de las diferentes comisiones. De hecho, queríamos traer una propuesta legislativa, pero no lo vamos a hacer en tanto en cuanto esperamos que
el Gobierno reaccione en breve. En todo caso, como el resto de grupos firmantes, estaremos atentos a la actividad o inactividad del Gobierno en este aspecto.
Muchísimas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Republicano, la señora Vallugera Balañà.
La señora VALLUGERA BALAÑÀ: Gracias, presidente.
Bona tarda, diputades i diputats. Compartimos la necesidad de afrontar y resolver la altísima tasa de temporalidad en el empleo público, que ha merecido incluso una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y que, como describe
la proposición, está provocando la acumulación de demandas que no hacen más que contribuir al colapso judicial. Pero hay una serie de consideraciones previas que sí que creemos que debemos realizar. Si el objetivo en materia laboral es la
consecución de un empleo digno, bien remunerado y estable, es vergonzoso que las administraciones públicas tengan una tasa de temporalidad mayor que la suma de la tasa de temporalidad de las empresas privadas. En el sector privado estamos al 21 %
de temporalidad y en el sector público casi al 27 %, cuando el objetivo es llegar como máximo a un 8 %. No hay errores de percepción ni datos engañosos. La temporalidad en las administraciones públicas ha subido 4 puntos en los últimos cuatro
años. Se trata de derechos sociales y de derechos de los trabajadores que incumple la propia Administración como empleadora. No solo debemos revertir la situación, sino evaluar también qué medidas se deben arbitrar para sancionar el abuso en las
relaciones temporales sucesivas y en los interinajes, y cómo vamos a eliminar las consecuencias de este abuso.
Por otro lado, aunque la parte dispositiva de la proposición se ha modificado debido a la transacción, la propuesta encontraba su encaje en el EBEP. Aquí debemos recalcar que este Estatuto Básico del Empleado Público es todo menos básico,
ya que regula todos los aspectos excepto los meramente accidentales o técnicos de la relación funcionarial en todas las administraciones. Como es habitual, la exorbitante extensión del término básico que utiliza el Estado vulnera, a nuestro
parecer, las potestades de autoorganización de las diferentes administraciones y, especialmente, de los diferentes Gobiernos que derivan de la soberanía de sus parlamentos. Desde esta perspectiva, como comentábamos anteriormente, lo que debemos
poner en cuestión es todo el EBEP mismo y emplazamos a todos los grupos parlamentarios a acometer esta tarea.
Yendo directamente al fondo de la cuestión, hay dos temas relevantes. Por una parte, cuál debe ser la solución y el plazo de tiempo que debe cubrir. En este sentido, no compartíamos la propuesta de ocho años de la anterior redacción,
porque probablemente lo más acertado sería homogeneizarlo con el plazo máximo de los contratos laborales, que es de tres años, y que es también el plazo máximo previsto para las convocatorias de plazas cubiertas con interinajes, de acuerdo con el
propio artículo 10 del EBEP. En segundo lugar, de qué forma sancionamos la manifiesta incapacidad de las administraciones para cumplir sus propias normas de una manera suficiente y cómo resarcimos el abuso sufrido. Los gestores públicos tienen más
responsabilidad incluso que en la esfera privada y, de algún modo, debemos combatir la sensación de impunidad por la dejación de funciones o directamente por la ineficiencia que existe en nuestra ciudadanía, muchas veces acertadamente.
En otro orden de cosas, compartimos el criterio de que las ofertas públicas de empleo no son una medida que palíe los abusos cometidos y, además, pueden tener consecuencias indeseadas en el propio funcionamiento de las administraciones. Es
decir, es injusto para los trabajadores y puede llegar a ser muy inconveniente para las propias administraciones. En este punto debe recordarse que la finalidad de las administraciones públicas es la persecución del bien común y la prestación de
servicios imprescindibles para la colectividad, de manera que su eficiencia es una condición inherente para la finalidad de ese bien común. Todos estamos de acuerdo con que en la provisión de plazas de empleo público deben prevalecer las
condiciones de publicidad, mérito, capacidad e igualdad, pero también estamos todos de acuerdo en que periodos de temporalidad o interinajes dilatados en el tiempo, de hasta diecisiete años, o concatenación de centenares de contratos temporales son
un fraude de ley evidente. Es impensable que sea la propia Administración la que cometa no solo el fraude de ley, sino también, y como resolución, una injusticia flagrante contra los trabajadores y las trabajadoras, que son, nuevamente, las más
afectadas: frente al 20 % de temporalidad de los trabajadores públicos, hay un 32 % de trabajadoras que la sufren. Hay que poner solución a esto, y pronto.
Evidentemente, votaremos a favor del texto, porque ha sido transaccionado y agradecemos su presentación.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra el señor Honrubia Hurtado.
El señor HONRUBIA HURTADO: Gracias, señor presidente.
Creo que es bastante evidente que tenemos un problema grave de temporalidad. Es un hecho objetivo, los números están ahí y algunos ya se han comentado. Hay una tasa superior al 20 %, a nivel general; en sectores como la sanidad, cercana
al 50 % y, en sectores como la educación, cercana al 30 %. Esto requiere soluciones urgentes, entre otras cosas, como se ha comentado también, porque Europa nos obliga a ello. La sentencia de marzo de 2020 del Tribunal de Justicia de la Unión
Europea, ya mencionada, no deja en muy buen lugar las prácticas llevadas a cabo por el Estado español en esta materia durante los últimos años, y nos obliga a solucionar esta situación lo antes posible.
Nosotros creemos que las soluciones tienen que implicar, necesariamente, dos aspectos, como se ha dicho en alguna de las intervenciones anteriores. Por un lado, es necesario establecer mecanismos que impidan que esta situación se vuelva a
repetir en un futuro. En ese sentido, desde el Ministerio de Política Territorial y Función Pública ya se comunicó en su momento que se estaba estudiando una modificación del artículo 10 del EBEP para abordar esta situación. Por otro lado, también
se tiene que dar respuesta a la situación existente y, en concreto, a la situación en la que se encuentran los trabajadores y las trabajadoras, que son, como se ha dicho, las principales víctimas de estas prácticas. Esta solución debe ser dialogada
y negociada a todos los niveles, con los partidos de esta Cámara, con las comunidades autónomas, con la Federación Española de Municipios y Provincias, con los sindicatos y con los colectivos afectados por estas situaciones. Además, las soluciones
que se propongan deben ser comunes para el conjunto de las administraciones. También hay que evitar la arbitrariedad, entre otras cosas, para obligar a que las apliquen determinadas administraciones, que atacan sistemáticamente a los servicios
públicos y que han utilizado estas políticas como una forma de ahorrar dinero a costa de la calidad del servicio y de los trabajadores y las trabajadoras. En definitiva, en aras de la calidad del servicio, pero también para evitar situaciones de
agravio y de discriminación entre trabajadores de unas administraciones y otras, entendemos que hay que evitar la arbitrariedad y que las soluciones tienen que ser comunes y se deben aplicar al conjunto de las administraciones.
También deben ser soluciones que respeten los principios de igualdad, mérito y capacidad recogidos en nuestra Constitución para la contratación del personal público, pero deben tener también en cuenta la situación específica en la que se
encuentran las trabajadoras y los trabajadores afectados. Como se ha dicho, estas personas no tienen la culpa de la situación en la que se encuentran. Esta situación tiene que ver con una serie de políticas de austeridad llevadas a cabo durante
años por las administraciones públicas, que no contrataban personal cuando había jubilaciones o cuando, por otras cuestiones, se dejaban de ocupar plazas, y acudieron al contrato de personal temporal. Esto se ha prolongado en el tiempo y no se le
ha dado solución, y ahora nos encontramos en esta situación. Como no es un problema que ellos hayan generado, no pueden ser doblemente víctimas de esta situación y, por tanto, estamos en deuda con ellos, primero, porque han hecho un trabajo que ha
repercutido en beneficio de toda la sociedad; segundo, porque no se puede desperdiciar -como se ha dicho también- el capital humano que representan estos trabajadores y trabajadoras con la experiencia y los conocimientos que acumulan, pero, sobre
todo, por una cuestión empática. En las reuniones que hemos tenido con ellos y ellas muchas veces nos hemos encontrado situaciones que son realmente dramáticas. En lo que nos insisten, y creo que con toda la razón del mundo, es en que ellos no son
plazas, no son números, que son personas, que son familias y que son gente que tienen una vida; muchas veces gente mayor de cincuenta años que están con miedo a perder su puesto de trabajo, porque saben que si lo pierden van a tener muchas
dificultades para reincorporarse al mercado laboral. Por tanto, debemos tener esto también en cuenta dentro de las soluciones que se den.
En resumen -y para finalizar- que reconozcamos el problema y demos una solución urgente; que esta solución sirva tanto para que no se vuelva a repetir como para que se reconduzca la situación actual; que sea una solución que deba ser
negociada con las comunidades autónomas, con la FEMP, con los
agentes sindicales y con los colectivos afectados; y que sea una solución que combine el respeto a los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad con no dejar tirados a los trabajadores y trabajadoras afectadas. En ese
camino encontrará a nuestro grupo.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso tiene la palabra la señora De Luna Tobarra.
La señora DE LUNA TOBARRA: Gracias, señor presidente.
Diputados, en relación con la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Vasco hemos de señalar que la estabilización del empleo público ha sido una preocupación para mi grupo parlamentario y para el Gobierno del Partido
Popular. Fue precisamente el Gobierno del Partido Popular el que, en marzo de 2017 y de 2018, llegó a dos grandes acuerdos, el primero y el segundo, para la estabilización y consolidación del empleo público con los sindicatos mayoritarios de la
Administración pública -Cesic, Comisiones Obreras y UGT-, con la finalidad de reducir la temporalidad y para reforzar la estabilidad de las plantillas. Este proceso selectivo se llevaría a cabo a través de concurso-oposición, proceso selectivo que
tiene un carácter excepcional y que está vigente hasta el 31 de diciembre del año próximo. Por tanto, no hacía falta abrir otro proceso excepcional como pretendía el PNV, en la parte dispositiva originaria de su PNL, que ahora han modificado,
suponemos que por haber advertido este error.
Fue en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado de 2017 y 2018 donde se establecieron las convocatorias de estabilización de las plazas temporales e interinas ocupadas con anterioridad a 31 de diciembre de 2017. Por tanto, tampoco es
cierto -como dicen en la exposición de motivos- que el proceso actual no pueda aplicarse a los interinos que se nombraron con posterioridad a 1 de enero de 2005; como tampoco era necesario que se hubiera hecho otra convocatoria para poder incluir a
los interinos nombrados antes de enero de 2018, como ustedes decían, ya que -como acabo de señalar- abarca a todos los que están con anterioridad a 31 de diciembre de 2017; circunstancia de la que también se han dado cuenta y por eso han cambiado
absolutamente el petitum de su PNL.
Este proceso de estabilización de los Gobiernos del Partido Popular sigue vigente por el Real Decreto-ley 23/2020 -de hace unos meses-, de 23 de junio, cuyo artículo 11 dice que, con carácter excepcional, la habilitación para la ejecución de
los procesos de estabilización del empleo temporal previstos en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado de 2017 y 2018, cuyo vencimiento se produzca en 2020, se entienden prorrogados hasta finales del año que viene. Por ello no entendemos
por qué el PNV presenta una PNL de consolidación del empleo temporal cuando ya existe uno que está en vigor. Además, este proceso de estabilización se ha vuelto a recoger expresamente en los Presupuestos Generales del Estado de 2021 -en concreto en
la disposición adicional vigesimotercera-, presupuestos para cuya aprobación ustedes han sido decisivos.
El pasado 6 de noviembre el secretario de Estado hablando de la temporalidad explicó que así como en el Estado no llega al 8 %, que es el tope que se estableció por parte del Gobierno del Partido Popular con los sindicatos mayoritarios de la
Administración, donde más se da es en las comunidades autónomas, con un 36,66, y en las entidades locales, con un 12,48. Nosotros entendemos que se deben impulsar activamente estos procesos y además se debe hacer por concurso oposición, porque
permite, por una parte, puntuar como mérito el tiempo que se ha estado en la Administración con desempeño de estos servicios y al mismo tiempo se están garantizando los principios constitucionales de libre concurrencia, mérito, capacidad y
publicidad; concurso oposición que además ha sido avalado recientemente por dos sentencias del Tribunal Supremo, de 17 y de 30 de septiembre de 2020 respectivamente, en las que se dice que es una vía de acceso precisamente para la Función pública.
Por último, y por lo que respecta a situaciones en las que pudiera haber un posible fraude de ley y un abuso en la contratación temporal del empleo público, creemos que deben adoptarse medidas para evitar que se produzcan, pero también que
tiene que ser el Ministerio de Función Pública el que haga un análisis profundo y exhaustivo de las situaciones en concreto y establezca también unos criterios sobre qué se entiende por ese abuso o por ese fraude de ley. Por otra parte, entendemos
que tanto las soluciones que se puedan aplicar como las consecuencias de ese fraude de ley tendrán que ser abordadas en la Mesa general de negociación de las administraciones públicas, en donde participan los sindicatos de la Administración, las
comunidades autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias. Les indico que mi grupo, como ya saben, ha presentado unas enmiendas en las que recogemos lo que les
acabo de comentar: continuar con el proceso de estabilización y que los supuestos en que pueda haber determinado fraude de ley se analicen, se estudien y se sometan a la valoración de las comunidades, las entidades locales y los sindicatos.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Aceves Galindo. (Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
El señor ACEVES GALINDO: Gracias, presidente.
Buenas tardes, señorías. Quiero empezar mi intervención en nombre del Grupo Parlamentario Socialista y en el mío propio manifestando una vez más el respeto y agradecimiento a los trabajadores públicos de nuestro país en general y hoy en
particular a todos aquellos que desarrollan su servicio a la ciudadanía con carácter interino y temporal o no indefinido. Siempre es bueno reconocerlo, porque fíjense ustedes lo que esto significa en pandemia.
Por centrar el debate, señorías, creo que es necesario reconocer entre todos que tenemos un problema importante en todas las administraciones de nuestro país, pero fundamentalmente en las comunidades autónomas y en las corporaciones locales;
hay un problema serio de temporalidad. Se ha ido generando una bolsa importante de empleo temporal en nuestro país que llega a cifras de 700 000 personas aproximadamente y tenemos que dar una respuesta. Por cifrar en detalle lo que significa, un
36,19 % de los trabajadores de las comunidades autónomas son interinos, un 28 % en las corporaciones locales y un 7,1 en la AGE, en la Administración General del Estado. La única Administración que cumple la idea europea de que el empleo llegue
como máximo al 8 % es la Administración General del Estado. He escuchado aquí algunas cuestiones que tenemos que reconocer, que creo que todos reconocerán.
A este Gobierno, al actual Gobierno de España, le preocupa y ocupa este tema, y este grupo parlamentario además fue el primero que trajo a este Parlamento, en el mes de agosto, una proposición no de ley en la que veníamos a decir dos cosas
fundamentales: la primera, que entre todos deberíamos asumir que había un problema y que había que darle soluciones. Está aprobada esta proposición no de ley el pasado mes de octubre, con la abstención del Grupo popular y del Grupo VOX. Claro que
se ha producido un hecho diferencial con la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del pasado mes de marzo, pero este Gobierno y este grupo llevaban trabajando desde antes de la promulgación de esta sentencia en este sentido.
Cuando hay un problema que hemos manifestado todos que existe no hay más remedio que buscar una solución. Para ello no hay otra manera que desde el diálogo, desde la sensatez, con la participación de las administraciones públicas, de todas,
y también desde luego con los interlocutores sociales, con las centrales sindicales. Es la única solución para poder afrontarlo de una manera efectiva y sobre todo demostrando que hay una voluntad. El Gobierno de España, el Gobierno de Pedro
Sánchez, tiene voluntad. La semana pasada el secretario de Estado de Política Territorial y Función Pública, en sede parlamentaria, en el Senado, anunció un principio de acuerdo en el seno de la Comisión Sectorial de las Administraciones Públicas,
que desde el día 11 de junio acordó que había que acometer bajo el diálogo y el consenso esta problemática. ¿Para qué? Para dos cuestiones fundamentales. La primera, modificar el Estatuto Básico del Empleado Público, artículo 10, para permitir de
una vez por todas que lo que es una evidencia hoy en día no vuelva a suceder. Es decir, no puede volver a haber una bolsa tan elevada de temporalidad en las administraciones públicas. No es digno ni para el sistema ni desde luego para los
trabajadores. Y segunda, dar una solución jurídica a lo que significan los trabajadores actuales en temporalidad.
Por eso, señorías, yo agradezco al señor Legarda tanto la presentación de la iniciativa como su aportación al diálogo y la consecución de una enmienda que hemos presentado y firmado como grupo parlamentario para estos tres aspectos:
modifiquemos la normativa, hagamos caso a lo que dice el Tribunal de Justicia Europeo, pongamos en marcha una solución constitucional para que demos respuesta a los trabajadores y hagámoslo desde la vía del consenso y el diálogo, porque aquí la
Administración General del Estado es la que ya cumple. Por tanto, son las administraciones autonómicas y locales las que deben, después de estas modificaciones legislativas, cumplir este mandato.
Así que, señorías, con esa voluntad, con esa mano tendida de que la respuesta está en todos nosotros -hoy es un buen momento para impulsarlo desde este Parlamento-, me gustaría y animo a que fuera
por unanimidad, para que demos una respuesta seria, de consenso y efectiva a todo al empleo público, en este caso a los trabajadores en temporalidad.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Quevedo Iturbe. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la
tribuna de oradores).
El señor QUEVEDO ITURBE: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, Nueva Canarias quiere saludar la feliz iniciativa del Grupo Parlamentario Vasco de presentar una proposición no de ley sobre un asunto que lo requiere porque, al margen de que dé
la sensación de que esto estaba resuelto por parte de todo el mundo desde hace un montón de tiempo, lo que es verdad es que esta situación se lleva prolongando más de una década y está afectando gravemente a los servicios públicos y gravemente a los
derechos laborales de los empleados públicos temporales.
Esta es una situación recurrente, no es nueva. Esto se ha vuelto a acumular, pero ya se produjeron acumulaciones anteriores que hubo que resolver también con procedimientos extraordinarios. Por lo tanto, el vicio de origen es el de no
convocar con la debida diligencia y con periodos cortos de tiempo procesos abiertos, respetando los principios constitucionales de igualdad de oportunidades, mérito y capacidad. Cuando eso no se hace, lo que ocurre es una situación como esta, que
es producto de la siguiente perversión. Se sabe que existen plazas vacantes de carácter permanente en la Administración pública. Se cubren con contratos temporales, a sabiendas de que la necesidad de la plaza es, evidentemente, permanente y luego
se reiteran los contratos públicos hasta el infinito, de forma que, al final, lo que se está haciendo es cometer una perversión tremenda con una plaza que es necesaria -porque así está determinado-, cubierta por gente que no tiene reconocimiento de
sus derechos laborales, como mínimo. Luego, lo que se produce es una situación de abuso; un abuso de derecho y un abuso de los derechos laborales de los trabajadores temporales.
Hoy escuchaba a un profesional de la sanidad, puntero por cierto en Canarias, que decía que en catorce años ha tenido dieciséis contratos. Espectacular. Por lo tanto, esta es una situación que debe ser corregida una vez más; una vez más
porque no ha habido la diligencia en las administraciones públicas de publicar con carácter recurrente las convocatorias públicas para cubrir las evidentes necesidades del sector público. Si la situación es abusiva -y en esto me parece que está de
acuerdo todo mundo porque he oído el término utilizado con carácter general- y extraordinaria, la solución deberá ser extraordinaria. Porque, claro, acudir ahora a un proceso abierto de reconocimiento de los principios de igualdad de oportunidad,
mérito y capacidad lesiona gravemente los derechos de aquella gente que ha estado trabajando y sacando las castañas del fuego, muchas veces con exceso de trabajo en sus servicios -y esto me consta-, a los que se deja a los pies de los caballos en un
proceso en el que ya no pueden concurrir en igualdad de oportunidades. Por lo tanto, si la situación es extraordinaria, la solución debe ser extraordinaria y, además, como dice bien la proposición no de ley, por una sola vez; por una sola vez
hasta que vuelva a ocurrir si seguimos con las andadas. Debe acordarse un proceso extraordinario que respete los principios constitucionales, pero que los respete dentro del colectivo que se trata de consolidar porque si no, estamos infligiendo un
doble daño a los que han prestado servicio público, evidentemente relevante, durante muchos años en malas condiciones personales.
También hay otra cuestión que se ha señalado aquí y que es evidente. Si este tipo de procesos no se realizan con un amplio consenso entre los agentes implicados, si no se desarrollan con un respeto a los ámbitos territoriales y las
competencias de cada cual en cada plano administrativo y territorial, entonces estarán llamados al fracaso, porque para que este tipo de procesos funcionen es conveniente que sean procesos generalizados, a ser posible en el conjunto del Estado y por
una sola vez. Si esto se hace así, estaremos en condiciones de volver a hablar de que los servicios públicos y sus plazas hay que cubrirlos con carácter anual o bienal porque, si no, volveremos a repetir la misma situación.
Esto es lo que ha estado ocurriendo y ahora hemos llegado hasta aquí. Todo el mundo tenía la solución y nosotros sin enterarnos. Esta es una oportunidad para resolver esto y es el momento de felicitarnos por la iniciativa del señor
Legarda. Por cierto, no crea que yo no había pensado también en presentarla, yo y supongo que otro montón de gente, porque el colectivo está movilizado. Esta es una cuestión de justicia y me gustaría pensar que vamos a ser capaces de sacarla
adelante.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu tiene la palabra el señor Matute García de Jalón. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
El señor MATUTE GARCÍA DE JALÓN: Muchas gracias, señor presidente.
Quiero empezar mi intervención saludando la pertinencia de este debate. Es verdad que era necesario abordar esta cuestión, era necesario abordarla desde hace mucho tiempo, probablemente haya quien piense que era necesario abordarla casi
desde el inicio de la temporalidad en la Administración pública. El señor Legarda ha dado unos datos que por sí solos son elocuentes para entender por qué es pertinente este debate: ha hablado de 800 000 personas en el Estado español afectadas por
la temporalidad o la interinidad en el marco del desempeño de su tarea en la Administración pública. Yo los voy a complementar con la realidad de la que usted y yo provenimos. La Comunidad Autónoma del País Vasco tiene 50 000 personas en
interinidad, según los sindicatos; la Comunidad Foral de Navarra tiene 15 000 personas en interinidad, también según los sindicatos, y eso equivale al 50 % de los trabajadores y trabajadoras de la Función pública vasca. Luego también ahí
tendríamos que ver qué más podemos hacer para garantizar una mayor estabilidad y, por tanto, dignidad en los puestos de trabajo, porque las medidas que hasta ahora se han puesto probablemente aquí, pero también allí, en cualquiera de las dos
realidades que he expuesto, no dejan de ser consideradas a los ojos del sindicatos, que están exigiendo desde hace ya mucho tiempo que se regularice esta situación, como medidas raquíticas. Para que se me entienda todavía mejor, diré que las
medidas que se planteaban hasta ahora, por ejemplo, para el marco de la Comunidad Autónoma del País Vasco por parte del Gobierno vasco -espero que con esta iniciativa que se está debatiendo aquí esto pueda cambiar, y lo digo sinceramente, ojalá
pueda cambiar- eran una estabilización, una regularización de 2000 personas de 50 000 en total. No es difícil hacer un ejercicio de abstracción y pensar en una especie de Los juegos del hambre, a los que íbamos a convocar a todas y cada una de las
personas que se encuentran en esta situación para que entre ellos, en una lucha cainita, decidieran o pudieran optar a alguna de esas plazas por lo escasas que eran.
Es verdad que es necesario hacer algo ya y han recordado con mucho tino que hay sentencias europeas que así lo exigen. Hay una del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de marzo, que lo señala -el señor Legarda con claridad lo ha
expuesto así-; hay también una norma europea del año 1999, del siglo pasado, que ya lo venía exigiendo y que ya señalaba uno de los males de la Función pública que tiene que ver con la temporalidad en el empleo. Ahora que el Estado español está
dispuesto a cumplir por encima de lo que le exigen con lo que desde Europa se traslada, les pediría que tardaran menos en hacer cumplir o en adaptar estas directivas y estas trasposiciones a la realidad del Estado español. Ya han visto que no es
difícil y han visto que son capaces de repetir un juicio y de hacerlo incluso yendo más allá de lo que el tribunal europeo les planteaba. Nosotros y nosotras a lo nuestro. (Continúa su intervención en euskera). Pero como le decía, en este proceso
de consolidación es buena idea -por eso vamos a apoyar la iniciativa, porque nos parece importante que se recoja en la iniciativa el papel de los sindicatos- no solo escuchar a los sindicatos -entienda que no es extraño que así lo digamos-, sino
hacer caso a los sindicatos y coger las propuestas que están planteando, porque cuando ellos plantean los procesos de consolidación y los plantean en una clave que contemple con mayor intensidad, por ejemplo, la antigüedad por aquello que decían de
no desaprovechar todo el esfuerzo invertido en ellos y todo el potencial que esas personas tienen, también plantean las pruebas prácticas. Es bastante lógico también que las personas tengan la posibilidad de mostrar su pericia y su capacidad en
aquel lugar para el que optan a un puesto de trabajo. También creemos que hay que levantar los vetos e impedimentos jurídicos para que las mesas de negociación puedan reunirse, que es algo que ahora cuesta bastante que se pueda hacer. También
creemos que hay que reformar el Estatuto del trabajador temporal, que es algo que los sindicatos vienen pidiendo.
Para terminar, ya he dicho que vamos a apoyar esta iniciativa y que el debate es pertinente, pero creo que debiéramos dar un paso más en este sentido. Y el paso más no es cuántas iniciativas más ponemos ahora en pie, sino que nos hagamos
una reflexión, la de cómo hemos llegado hasta aquí y quiénes nos han hecho llegar hasta aquí. Porque, probablemente, si no hubiéramos copiado en la Administración la lógica de la cultura laboral del modelo neoliberal nos encontraríamos con una
realidad muy diferente. Porque si muchos Gobiernos en muchos lugares diferentes haciendo las mismas cosas no hubieran entendido que seguir la lógica del mercado neoliberal en la Administración pública conlleva que los puestos de trabajo para mucha
gente sean coyunturales, en función de la demanda, y no como puestos estructurales,
no nos encontraríamos con estas tasas de temporalidad que ahora mismo estamos soportando y sufriendo. Probablemente, así desterraríamos, de una vez por todas, el riesgo continuo que tiene la Administración pública y los servicios públicos
básicos de cualquier sociedad que se dice democrática, que se llama privatización; privatización de servicios básicos, que son los que nos hacen gozar de dignidad en nuestras propias vidas. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el señor Cambronero Piqueras. (La señora vicepresidenta, Elizo Serrano, ocupa la Presidencia).
El señor CAMBRONERO PIQUERAS: Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías.
Una previa para el orador que me ha antecedido en el uso de la palabra. El sitio de un terrorista está, pasando por el juzgado, en prisión. (Aplausos).
Desde el principio de este periodo de sesiones mi grupo parlamentario ha reiterado en numerosas ocasiones el deterioro del empleo público en el seno de la Administración. La situación es muy alarmante, prueba de ello, por poner un ejemplo,
es la actual huelga indefinida del personal sanitario en Canarias y las concentraciones que se están produciendo en toda España de empleados públicos. Concretamente tenemos una hoy en la puerta de este hemiciclo. Señorías del PSOE y de Podemos,
están ustedes gobernando, este colectivo está en la puerta. Déjense de intenciones y actúen, que no les preocupe tanto y que les ocupe más.
Por ello, en primer lugar, hemos instado al Gobierno a la mejora de diversas cuestiones cuya solución ya no puede esperar más. Estamos hablando de la politización de los altos cargos de la Administración, de la ausencia de la verdadera
carrera profesional en el seno de la misma y, sobre todo, del asunto de esta proposición no de ley: el intolerable abuso que se está produciendo respecto a la temporalidad y que afecta a un elevadísimo número de empleados públicos, más de 800 000
familias. Familias que, por ejemplo, no pueden pedir un préstamo hipotecario para adquirir, nada más y nada menos, que una vivienda habitual y que se ven abocados a un trabajo inseguro sin que nadie les dé una solución durante décadas. Señorías,
no son trabajadores temporales, llevan ahí muchos años, más de una década, realizando estas funciones; funciones que además no son coyunturales. Esto es un fraude. ¿Y saben a quién afecta este fraude? A nuestros sanitarios, a los que tantos
homenajes les rendimos; a nuestros maestros y a otros muchos trabajadores esenciales que lo están dando todo en la lucha contra el COVID. De homenajes no se come.
Señorías, debemos mejorar la inspección de servicios para que garantice que este abuso no se produzca y, por supuesto, crear un régimen sancionatorio que no dependa de la misma Administración, pues nadie puede garantizar la imparcialidad si
el sancionador es el mismo que el sancionado. Hoy esto está en la mesa de la ministra, lo tiene ya desde hace tiempo y no se nos va a olvidar; no podemos dar la espalda a estas más de 800 000 familias. En este sentido, y aprovechando la frenética
tramitación de los Presupuestos Generales del Estado, tuvimos ocasión de preguntar sobre estos asuntos a altos cargos del Ministerio de Función Pública y Política Territorial que comparecieron además en la Comisión. Tras escuchar la intervención de
los mismos nuestro Grupo Parlamentario Ciudadanos decidió finalmente presentar diversas enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado, al objeto de proponer soluciones a esta situación tan grave. Siempre estamos en las soluciones. Por supuesto
estas enmiendas fueron vetadas por el Gobierno.
La situación de nuestros trabajadores públicos, por cierto, ha sido denunciada en varias ocasiones, y no lo digo yo, lo han dicho muchos oradores y lo dice también el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Una de las sentencias más
contundentes sobre este tema se dictó el 19 de marzo de este mismo año, mencionada también en la exposición de motivos de la PNL. Denunciaba la injusta situación relativa al abuso de la temporalidad en la contratación de los trabajadores públicos.
Esto, dicho por Europa, es un fraude. El Gobierno tiene que afrontar este problema, y afrontarlo ya. Nuestros trabajadores públicos merecen una solución justa y objetiva. ¿No eran ustedes el Gobierno de los trabajadores? ¿No se erigían como tal?
No valen ya más excusas, más prórrogas ni tampoco más titulares. Este asunto es para ayer. Debemos abordar la consolidación administrativa de los empleados públicos temporales en fraude de ley mediante su conversión automática en personal
indefinido fijo o mediante la convocatoria de un concurso extraordinario de méritos restringido. Además, esto no va a tener un coste significativo para las arcas públicas, porque son plazas que ya están creadas.
La iniciativa planteada por el PNV en su origen, con su redacción original, iba en este sentido, que, además, era una opción que ya contemplaba el propio EBEP, y a nosotros nos parecía justa, aunque escasa. Ahora, con la enmienda
transaccional propuesta por el Partido Socialista, la iniciativa se ha quedado básicamente en un titular, sin viso alguno de convertirse en realidad. El PSOE ha convertido en papel mojado esta iniciativa, que en un principio era buena. Señorías,
la solución a este grave problema es urgente y no puede dejar atrás a ningún trabajador público. Nuestro compromiso como partido y el mío personal con los interinos va a ser mucho más profundo que el contenido de la iniciativa que vamos a aprobar.
Termino diciéndoles que votaremos a favor de esta proposición no de ley, siendo conscientes de que la propuesta no supone una solución al problema. Por eso vamos a presentar nuestras propias propuestas concretas y con soluciones precisas para no
dejar a ningún trabajador público atrás. Pronto las debatiremos en esta Cámara.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Elizo Serrano): Muchas gracias, señor Cambronero. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario VOX tiene la palabra el señor del Valle Rodríguez. (Aplausos).
El señor DEL VALLE RODRÍGUEZ: Con la venia de la Presidencia, señorías.
Señoras y señores diputados del Grupo Vasco, a la vista de la enmienda que han presentado en la mañana de hoy, por virtud de la cual cambia radicalmente la parte dispositiva de la PNL, les anunció que el Grupo Parlamentario VOX va a votar
favorablemente la transaccional que han presentado. A partir de ahora corresponde al Gobierno de la nación consensuar con el resto de administraciones públicas y con la representación de los trabajadores las medidas que se van a recoger en el
correspondiente proyecto de ley. No hay que olvidar que el problema de la interinidad y la temporalidad viene desde hace muchos años. Ya en la Ley 30/1984, de medidas para la reforma de la función pública, se establecieron unas disposiciones
transitorias para consolidar precisamente la temporalidad. Se ejecutaron de aquella manera, el Tribunal Constitucional se pronunció y llevamos años y años engordando la pelota, y los Gobiernos, uno tras otro, muy buenas palabras, pero, al final, no
han hecho nada. Y a mí lo que me da miedo es que el Gobierno actual, que tiene muy buenas palabras, no haga nada, porque, como se ha recordado antes, en 2017 y principios de 2018 se firmaron los acuerdos marco para la mejora del empleo en el sector
público, pero el Gobierno socialista lleva dos años y medio y en este tiempo no ha cumplido nada de esos acuerdos y no ha hecho nada. En cualquier caso, como digo, vamos a votar favorablemente, aunque entendemos que no es lo ideal.
Aquí se ha hablado mucho de cifras y hasta casi de una manera demagógica de la situación del personal interino y temporal. Donde más precario es el empleo dentro del sector público es en las universidades públicas, cuya tasa de temporalidad
es del 44 %. Si excluimos al personal de administración, más de la mitad del personal docente de las universidades públicas es temporal. Y eso, todos esos contratos que se hacen por curso, etcétera, con lo que aquí se ha hablado no lo vamos a
arreglar. En las comunidades autónomas la tasa de temporalidad está en el 36 %, y, respecto de las comunidades autónomas, los ámbitos de sus sectores públicos donde más temporalidad hay corresponden a sanidad, educación no universitaria y en menor
medida justicia. Pero, claro, en sanidad, si ustedes se leen no el Estatuto Básico del Empleado Público, sino el del personal al servicio de la sanidad pública, verán que distingue tres tipos de personal temporal: por un lado, el personal
interino, que es igual que el funcionario interino que todos conocemos; por otro lado, el personal eventual, y, por otro lado, el personal para sustituciones. Pues bien, con todo esto que están hablando se podrá solucionar el problema del interino
que está ocupando un puesto de la plantilla. Pero donde existe el abuso es en el personal eventual, porque no ocupan puesto de plantilla y por eso llevan años así, porque sus puestos, como no existen, nunca salen a oposición. Creo que todos
conoceremos a algún médico que en su día hizo la carrera, luego el MIR y se quedó como temporal en un hospital. Decía antes el diputado de Canarias que él conoce a uno que encadena dieciséis contratos. Yo conozco a médicos de Valdecilla que llevan
años como eventuales, años, pero nunca sale la oposición porque no ocupan puestos de trabajo. Por tanto, lo primero que hay que hacer es obligar a las administraciones de las comunidades autónomas, que son las responsables de los servicios públicos
de salud, a que elaboren las correspondientes relaciones de puestos de trabajo, que sean las adecuadas a los servicios que prestan, y, una vez que estén hechas esas plantillas y una vez que se adscriba el personal eventual a esos puestos de trabajo,
podremos hablar de
darles una solución. Más complicado es, por supuesto, el personal que está para sustituciones, salvo que se creen puestos específicos para hacer sustituciones.
En cualquier caso, cuando nos presente el Gobierno el proyecto de ley habrá que ver qué medidas se van a adoptar, porque, como digo, no todos son iguales en el ámbito de la temporalidad en las administraciones públicas.
Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
La señora VICEPRESIDENTA (Elizo Serrano): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Señor Legarda Uriarte, ¿acepta su grupo alguna de las enmiendas?
El señor LEGARDA URIARTE: En principio no, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Elizo Serrano): Muchas gracias.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE EL ABORDAJE DEL IMPACTO SOCIAL Y SANITARIO FRENTE A LA CRECIENTE PROLIFERACIÓN DE LAS CASAS DE APUESTAS Y SALONES DE JUEGO. (Número de expediente 162/000165).
La señora VICEPRESIDENTA (Elizo Serrano): Continuamos con la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre el abordaje del impacto social y sanitario frente a la creciente proliferación de las casas de apuestas y salones de
juegos.
Para la presentación de la iniciativa y de la enmienda presentada, tiene la palabra el señor Vicente Viondi.
El señor VICENTE VIONDI: Muy buenas tardes a todos y a todas.
Mis primeras palabras las quería trasladar a mi grupo parlamentario, y son de agradecimiento porque hemos traído a esta Cámara un debate que está en la sociedad. La obligación tanto del Gobierno como del Grupo Parlamentario Socialista, que
es la principal fuerza que sustenta a este Gobierno, es traer lo que está en la calle al debate en el Parlamento, así que gracias a mi grupo parlamentario por traer el tema del juego, que está en nuestras calles, que está en nuestro día a día.
(Aplausos).
Para hablar del juego tenemos que echar la vista atrás. Hace una década el juego era distinto a como lo concebimos ahora. Apenas eran las máquinas tragaperras, un bingo o algún casino. Pero la llegada del smartphone y la avalancha de las
multinacionales del juego contribuyeron a que la Ley del juego y algunas leyes autonómicas quedaran desfasadas, y hoy contemplamos la problemática del juego de forma muy distinta a como lo hacíamos diez años atrás. Hoy -lo que no era hace diez
años- es un auténtico asunto que preocupa a muchísimos ciudadanos y ciudadanas y se ha convertido en una problemática social. Es verdad, y es justo reconocerlo, que no pusimos la barrera de protección necesaria para contener el avance inexorable
que llevaban las multinacionales del juego. Donde antes había calles con comercios ahora, principalmente en algunos barrios y distritos de las grandes ciudades, que casualmente son los que tienen menos renta, vemos locales de juego y de apuestas, a
los que acceden nuestros jóvenes y muchas personas mayores. Hoy este asunto hay que analizarlo desde la perspectiva de que llevamos, y hay que reconocerlo, siete años en los que ha habido descontrol. Hubo descontrol por parte de todas y cada una
de las administraciones, cuando Eurovegas era el mayor logro que se pretendía traer a nuestro país y, muy en concreto, a la Comunidad de Madrid, cuando el deporte, que siempre debería y debe ser salud, se convirtió en un negocio. Igual que el
tabaco y el alcohol desaparecieron del deporte, el juego también tiene que desaparecer del deporte. (Aplausos.-La señora presidenta ocupa la Presidencia). Esa permisividad durante muchos años contribuyó a que algunas de nuestras calles estén
llenas de este tipo de locales, a que cualquier joven pueda apostar desde un teléfono móvil, a que el juego haya crecido exponencialmente en los últimos años de forma compleja e inexorable. Los propios datos del informe Edades que se daban ayer
avalan que sigue creciendo el juego online y, por supuesto, también el juego presencial. Hoy los locales de juego se multiplican como setas en muchos barrios y distritos, en el mío en particular, en Vicálvaro. Puedo verlo, igual que lo veo en
Usera, en Vallecas o en alguna ciudad de Murcia, Cataluña o cualquier otro lugar del Estado, porque esto nos afecta a todos y a todas y en todos y en cada uno de los territorios que conforman el Estado.
Y, miren, es verdad que hemos avanzado, ahora hay cierta conciencia por parte de todos. Al Partido Popular le reconozco cierto avance en sus posturas. Hemos pasado del modelo Eurovegas a uno en el que, con la enmienda que nos presentan
hoy, nos muestran un cierto avance en cuanto al reconocimiento de que aquel otro no se puede aplicar. Quizá también hayan contribuido en alguna medida sus Gobiernos autonómicos con Ciudadanos y le han permitido adoptar posiciones distintas a las
que habían tomado hasta ahora, muy exponencialmente en Madrid y Murcia. Siempre recuerdo lo que dice una compañera mía del partido, dice que Murcia no se puede convertir en la Nevada de España, y yo creo que ni el Partido Popular, Ciudadanos ni
nadie de los aquí presentes queremos que haya ninguna Nevada en España. Sabemos que menores y muchas personas que sufren auténtica vulnerabilidad social son precisamente a los que más buscan estas multinacionales, a quienes saben más necesitados, a
quienes más deseo tienen de salir de esa situación. Por tanto, estamos en un momento en el que creo firmemente, y lo digo en representación del Grupo Socialista, que todos somos muy conscientes de que esta situación no puede seguir así.
Es verdad, el Gobierno de España ha tomado decisiones. El real decreto que aprobó el Gobierno recientemente muestra una decisión clara en lo que se refiere a sus ámbitos competenciales, al juego online, y creo que casi todos en cierta
medida compartimos que es una opción que había que tomar y que resultaba urgente hacerlo. Por eso creo que ahora toca tratar otras áreas, no solo el juego, que también. Creo que hay que buscar un consenso generalizado entre todas las
administraciones y todos los grupos políticos. Hay que fijar unos criterios mínimos comunes que podamos aplicar todos, que no signifiquen en ningún momento -reitero, en ningún momento- una invasión o un toque de competencias; no, cada comunidad
autónoma podrá cumplir y desarrollar sus funciones. Pero es necesario que haya un criterio común para todos, cierta posición común respecto a una función homologable en cada una de las administraciones -disculpen por los nervios de la primera vez,
me imagino que a muchos de ustedes les habrá pasado-. (Aplausos).
El juego es legal, es verdad, pero no puede ser impune. Ya lo hicimos con el tabaco y el alcohol, y creo que ahora toca hacerlo con el juego. Muchas veces escuchamos críticas de los ciudadanos sobre nuestra incapacidad para llegar a
acuerdos en esta Cámara, pero me gustaría acabar con optimismo. Creo que hay un mensaje que nos pide la ciudadanía, que es relativo a la conciencia de este problema, y creo que todos tenemos la convicción de querer actuar contra él. Por eso creo
que hoy todos y cada uno de los grupos deberíamos salir unidos y dar ejemplo de consenso, de que todos de una u otra forma estamos de acuerdo en acabar con este problema. Seremos una sociedad mejor si hacemos lo correcto en el momento exacto, y hoy
puede ser el primer día para poner fin a una problemática que sentimos y padecemos todos muy cerca.
Muchas gracias y espero contar con el apoyo de todos y cada uno de los grupos parlamentarios. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Vicente. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Para la defensa de las enmiendas formuladas por sus grupos, interviene en primer lugar la señora Giménez Giménez en nombre del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
La señora GIMÉNEZ GIMÉNEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, para Ciudadanos la iniciativa que hoy debatimos tiene una enorme importancia, sobre todo por lo que respecta a las consecuencias que tiene para la sociedad el negocio de las apuestas. Cuando analizamos el perfil de las personas
afectadas por el juego, nos encontramos con muchos colectivos vulnerables: menores de edad, personas con pocos ingresos, personas que viven en soledad, personas con trastornos previos, con tendencia a la compulsión. Creo que es importante tener en
cuenta el perfil de las personas a las que afecta esta posible -digamos- actividad de riesgo. Como comprenderán, el confinamiento y la reducción de las actividades de ocio no han hecho sino potenciar las apuestas a través de Internet. De hecho,
aunque el Gobierno ya introdujo restricciones al juego durante el estado de alarma, el volumen de las apuestas aumentó casi un 20 % durante el segundo trimestre de este año respecto del mismo periodo del año 2019. El dato es demoledor,
especialmente si tenemos en cuenta que las competiciones deportivas se habían cancelado precisamente por el confinamiento. Así pues, lo que se plantea en esta iniciativa no es baladí ni mucho menos. Tenemos que encontrar la fórmula adecuada de
compatibilizar la libertad y la moderación con la protección de estas personas vulnerables y de manera específica prevenir e impedir que los menores puedan acceder a las casas de apuestas y salones de
juegos, medidas que, sin duda, pasan por limitar la publicidad y por alejar todo lo posible estos locales de los colegios y de los centros de menores, porque, señorías, sabemos que los jóvenes y los menores son personas de riesgo. Los
jóvenes empiezan cada vez más pronto a apostar. Actualmente el 40 % de los nuevos jugadores de nuestro país empiezan a apostar entre los dieciocho y los veinticinco años. La edad media de las personas que tienen problemas con el juego es de
diecinueve años y casi la mitad de las personas que han sufrido un problema de ludopatía han reconocido que han apostado antes de la mayoría de edad. Señorías, Ciudadanos es un partido liberal. Solo en libertad se pueden tomar decisiones de manera
autónoma. Debemos velar por la protección de los menores, mantenerlos alejados de las interferencias y de los mensajes interesados, para que puedan construirse un criterio propio sobre el mundo de los adultos y sus actividades. Esto no es coartar
la libertad de nadie, sino fomentar que haya adultos libres, que tomen decisiones de forma libre, teniendo en cuenta la formación y el acceso a la información de manera fiable y veraz.
Por nuestra parte, hemos presentado algunas enmiendas, porque hemos tenido en cuenta también cuál es la propuesta que se nos hace por parte del Grupo Parlamentario Socialista. Creemos que es una propuesta poco ambiciosa en cuanto a las
competencias. Digamos que se limita a decir qué es competencia del Gobierno y, por el contrario, se centra en las competencias de las comunidades autónomas, por ejemplo, sobre la situación de las licencias de apertura, las distancias mínimas, las
sanciones a los propietarios incumplidores o las limitaciones de los horarios de apertura de los establecimientos. Por eso, en un tema que es de interés social, con nuestra batería de enmiendas apostamos por una mejora de esta proposición no de
ley. Lo que queremos es que haya criterios que se armonicen. Lo que queremos es que haya una ambición más exigente en cuanto a la responsabilidad y las posibilidades de administrar esta materia. Compartimos los objetivos de esta proposición, y
estamos trabajando en ellos en cuatro comunidades autónomas en las que gobernamos. Por eso consideramos que debemos apoyar una iniciativa de este tipo, pero también deben ser aceptadas las propuestas que por parte de nuestro grupo parlamentario
realizamos. Teniendo en cuenta el propio contexto en esta Cámara, creo que en materias como esta debemos trabajar juntos. Tampoco podemos dejar de mirar al propio ministerio, que fue creado en gran medida para el señor Garzón, casi sin
competencias, pero con un objetivo, que era poner coto a la proliferación de las casas de apuestas, especialmente poner límites para que no hubiera casas de apuestas en lugares cercanos a los centros de menores. No obstante, creemos que es una
tarea pendiente. Esta proposición no de ley nos puede encaminar adecuadamente en buscar una solución, si bien nuestras enmiendas deberían ser tenidas en cuenta e incorporadas, porque lo que hacen es añadir exigencia y rigor a esta proposición.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Giménez. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Plural, que en este turno también fijará posición, tiene la palabra, en primer lugar, el señor Rego Candamil.
El señor REGO CANDAMIL: Grazas, señora presidenta.
Es muy evidente que las casas de apuestas, el juego y las apuestas online conocieron un crecimiento exponencial en los últimos años, coincidiendo, y no es casualidad, con los años de la crisis económica, hasta inundar los barrios populares y
las plataformas digitales. También es cierto que ese crecimiento, favorecido por la propia Administración con una legislación absolutamente permisiva, acaba por convertir la ludopatía en un problema social y de salud pública de primer orden. Es un
problema que afecta de forma más directa a las víctimas de la crisis, a la juventud y a los sectores sociales precarizados, empobrecidos y excluidos. Por eso, el BNG apuesta no ya por regular, sino por prohibir las casas de apuestas, el juego y las
apuestas online, porque no podemos permitir que unos pocos se enriquezcan a costa de la salud, la vida y el futuro de la juventud y de las clases populares.
Por eso, nos parece insuficiente e insatisfactoria la propuesta del Grupo Parlamentario Socialista, más allá de que una vez más traen aquí una propuesta vaga, en vez de actuar desde el Gobierno, porque ustedes son Gobierno, como no sea,
claro, que en esta ocasión de lo que se trata es de meter el dedo en el ojo a sus socios de Unidas Podemos y a Alberto Garzón, ese ministro que pasó en poco tiempo de querer acabar con las casas de apuestas a afirmar que es mejor limitar la
publicidad que prohibirla.
En todo caso, votaremos a favor, porque nos parece que todo lo que se haga en la dirección de restringir es correcto, aunque sea insuficiente. Esperemos que aprobar esta iniciativa sirva de algo para avanzar en la buena dirección.
Obrigado.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rego. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el mismo grupo parlamentario y para defender su enmienda, tiene la palabra la señora Cañadell Salvia.
La señora CAÑADELL SALVIA: Gràcies, presidenta.
El Partit Demòcrata ha presentado una enmienda de sustitución a la proposición no de ley que hoy debatimos. El primer punto del texto original presentado por el Grupo Socialista supone una invasión clara de las competencias que tiene
Cataluña en dichas materias. En la enmienda presentada les sugerimos que procedan a hacer un estricto seguimiento y evaluación de la aplicación del Real Decreto 958/2020, aprobado recientemente, sobre las comunicaciones comerciales de las
actividades del juego. El real decreto incorpora limitaciones en la publicidad del juego y apuestas con el fin de garantizar que no tengan lugar en horario infantil protegido. En Cataluña -y creo que también en el País Vasco- los medios de
comunicación públicos TV3 y Catalunya Ràdio dieron un paso importante en este sentido cuando aprobaron no emitir publicidad de los juegos en línea y apuestas. Con esta decisión se persigue un doble objetivo: primero, proteger a los menores,
adolescentes y jóvenes, en definitiva, una de las audiencias más vulnerables ante el riesgo de adicción, y, segundo, no fomentar las actividades relacionadas con el juego durante el horario protegido. Nos preocupan los datos, las informaciones
respecto a las conductas y el incremento de los trastornos patológicos generados por la adicción al juego.
Si nos remitimos al primer punto y la invasión de competencias, la Generalitat de Catalunya tiene competencias tales como conceder las autorizaciones necesarias para gestionar y explotar los juegos y las apuestas; supervisar la inscripción
y el registro de personas, empresas y entidades titulares del juego y apuestas, así como de establecimientos o locales donde se practica la actividad; elaborar los planes de inspección en materia de juego y apuestas; gestionar y controlar los
órganos administrativos, de inspección y técnicos para ejercer las competencias y funciones que la normativa vigente establece en materia de juego y apuestas; emitir informes técnicos en materia de juego y apuestas; resolver las consultas que
formulen los órganos superiores de la Administración de Generalitat; dirigir el registro de personas que tienen prohibida la entrada a los establecimientos de juego en Cataluña; resolver en su caso los expedientes sancionadores y los recursos. En
el Partit Demòcrata nos posicionamos en contra de los programas estatales recentralizadores de competencias y de un marco regulador común que pretende actualizar y armonizar la actividad del juego y su impacto en la salud pública.
Gràcies.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Cañadell. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra la señora Muñoz Dalda.
La señora MUÑOZ DALDA: Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías.
Hoy hablamos de casas de apuestas y, en primer lugar, creo que es de justicia reconocer que no estaríamos hablando aquí sobre esto si no fuera porque los movimientos sociales, juveniles y vecinales, y las asociaciones de rehabilitados de
ludopatía vienen denunciando desde hace años la proliferación descontrolada de casas de apuestas en los barrios y en los pueblos, que han crecido especialmente en las zonas más humildes y se han localizado estratégicamente cerca de aquellos espacios
que frecuentan las personas más jóvenes, ya sean institutos, colegios, parques, etcétera.
Este fenómeno está afectando especialmente a las familias, las está llevando a la ruina. Sin ir más lejos, hace tan solo dos días hubo una manifestación en Carabanchel contra las casas de apuestas; mañana va a haber otra en la calle Ocaña.
A toda la gente que está dando la batalla en la calle, gracias; gracias, porque sin la presión en la calle es mucho más difícil que las cosas se muevan aquí dentro y que salgan propuestas adelante.
Si hablamos de casas de apuestas, es importante recordar que esta proliferación descontrolada que ha tenido lugar en los últimos diez años tiene que ver con que los gobiernos del PP no tomaron medidas valientes para evitar la situación en la
que nos encontramos ahora; al contrario, ayudaron a crear el caldo de cultivo perfecto precarizando la vida, precarizando el trabajo, para que las casas de apuestas hicieran su negocio. Y este retraso en la regulación, el hecho de que haya
imperado la ley de la selva, ha generado un problema de salud como una catedral y se han normalizado las casas de apuestas como centros de ocio, sobre todo entre la gente joven, y cada vez son más los chavales que tienen una adicción a las apuestas.
Ahí están los datos recién salidos del horno, de ayer mismo: la encuesta Edades estima que 670 000 personas -o sea, más de medio millón de personas- tienen conductas de riesgo o ludopatía. La magnitud del problema es tal que nos recuerda lo que
fue la heroína en los años ochenta. Es un hecho que cuando gobierna el Partido Popular se defienden antes los intereses de las grandes empresas que a las familias. Es muy significativo que un miembro del Gobierno de Mariano Rajoy haya acabado en
el Consejo de Administración de Codere. Si miramos también lo que están haciendo en los gobiernos autonómicos, ahí están, con el apoyo de la ultraderecha, dando todo tipo de facilidades con los horarios de apertura, con las bonificaciones fiscales,
etcétera. Es bastante sintomático que un grupo de jóvenes rebeldes en Madrid reivindique una ampliación de los horarios de las bibliotecas yéndose a estudiar a una casa de apuestas.
El papelón que ha tenido el Partido Popular en el desarrollo de esta industria lo explica muy bien el libro de Luis y Daniel Díez: Jugad, jugad, malditos, que básicamente explica cómo está de contaminado y financiado el Partido Popular por
parte de las casas de apuestas; ahí está la trama Gürtel, donde aparecen los señores de Luckia, los hermanos González Fuentes, como donantes de su caja B. En cambio, ahí está el compromiso de Unidas Podemos con la gente joven, y creo humildemente
que es bastante evidente que hemos tenido un papel muy diferente a la hora de luchar contra las casas de apuestas y proteger a las familias. En este Congreso hemos presentado iniciativas que no siempre se han tenido en cuenta en las pasadas
legislaturas, pero ahora que estamos en el Gobierno estamos consiguiendo avanzar. Más pronto que tarde nos parecerá igual de extraño ver publicidad de casas de apuestas en camisetas de futbolistas que ver publicidad de tabaco, porque estará igual
de prohibida y habremos conseguido que no tenga legitimidad social.
Para finalizar, anuncio que votaremos a favor, y quiero dirigirme a la gente joven de nuestro país. Apostar no es un juego, apostar no es ocio, es un negocio, y cada vez que echas una moneda en la ruleta hay un cerdo capitalista
multimillonario riéndose en tu cara porque te piensas que vas a ser como él, pero, no nos equivoquemos, la banca siempre gana. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Muñoz. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Rodríguez Almeida. (Aplausos).
El señor RODRÍGUEZ ALMEIDA: Muchas gracias, señora presidente, señorías.
Señor Vicente Viondi, debo comentar mi intervención anunciándoles que desde el Grupo Parlamentario VOX compartimos la preocupación por los problemas que genera en ocasiones la adicción al juego. El centro de la acción política de VOX es la
persona y la familia. El juego genera adicciones con devastadoras consecuencias para la estabilidad familiar y las relaciones personales. Hemos presentado una enmienda de modificación en la que concretamos los estándares mínimos exigibles que
-entendemos- deben incluirse en la Ley 13/2011, de Regulación del Juego, para que sean exigibles en todo el territorio nacional. Dicha ley trató de dar encaje a los nuevos servicios de comunicaciones electrónicas y a los juegos interactivos a
través de Internet con un carácter técnico-administrativo, pero adolece de un régimen protector de los usuarios de dichos servicios de apuestas y juegos de azar.
En nuestra enmienda concretamos la protección a los sujetos especialmente vulnerables, menores y quienes se han autoexcluido de la actividad del juego; el agravamiento de las sanciones para quienes permiten el acceso de esos sujetos
especialmente vulnerables; la unificación del Registro general de interdicciones de acceso al juego, actualmente opaco entre comunidades autónomas -para quienes vivimos en los territorios extrapeninsulares puede ser suficiente, pero en la Península
cambiar de comunidad autónoma es mucho más sencillo-, a excepción de Castilla-La Mancha, que sería la única comunidad autónoma que comparte su información con el registro de la Dirección General de Ordenación del Juego, según la propia dirección
general; el alejamiento de las casas de apuestas de colegios, residencias de ancianos, hospitales, recintos deportivos, centros de rehabilitación, centros juveniles y universidades, así como entre las casas de apuestas para evitar la conformación
de barrios o guetos del juego.
Nuestro afán no es criminalizar las casas de apuestas, sino establecer límites claros que protejan a la sociedad de las graves consecuencias que hemos comprobado que la ludopatía provoca. Proteger a la familia y a la persona pasa, en primer
lugar, por resguardar a los menores de caer en este tipo de adicciones que pueden lastrar toda su vida y destruir a sus familias. Por eso, desde el Grupo Parlamentario VOX queremos alejar las casas de apuestas de los menores lo máximo posible.
(Aplausos).
El juego problemático está haciendo especiales estragos entre los barrios y familias con rentas más bajas. Las casas de apuestas se sirven de los más vulnerables, a quienes pretenden hacer creer que se pueden hacer ricos por las apuestas en
detrimento de la cultura, del mérito, del trabajo y del esfuerzo. Los locales de apuestas se han multiplicado, especialmente en barrios con rentas más bajas, y les daré un dato muy concreto: en Madrid, los tres barrios donde más han crecido las
casas de apuestas coinciden exactamente con los tres distritos con menor renta, Latina, Usera y Puente de Vallecas. En VOX estamos en contra de convertir los barrios en casinos encubiertos.
La adicción al juego está rompiendo relaciones y llevando a conflictos personales, económicos y violentos dentro de familias y barrios. VOX está siempre al lado de la unidad frente a quienes separan las comunidades por interés económico.
Estamos a favor de la libertad de empresa, pero para que esa libertad prevalezca se deben establecer unos límites claros. En este sentido creemos que debe estar orientada al bien común, y no existe, no hay, no puede haber bien común allí donde se
pone en riesgo a nuestros niños. (Aplausos).
Como verán, señorías del Grupo Parlamentario Socialista, compartimos con ustedes la misma preocupación por el impacto social del juego en los más vulnerables. Por esta razón deberían aceptar nuestra enmienda, que complementa la propuesta
por ustedes que ahora debatimos.
Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rodríguez. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra la señora Castillo López.
La señora CASTILLO LÓPEZ: Gracias, presidenta.
Señorías, comienzo mi intervención dejando clara la postura del Partido Popular. Señor Viondi, siempre hemos trabajado intensamente por la educación, la prevención y la protección de los adolescentes y colectivos vulnerables, así como en
los criterios de regulación y la atención sanitaria especializada para hacer frente a las adicciones en general y a la ludopatía en particular, y lo seguiremos haciendo. Lo hemos demostrado a lo largo de los años que hemos gobernado: 2000 millones
de euros lo avalan, así como la Estrategia Nacional de Adicciones 2017-2024 o el Plan de Acción sobre Adicciones 2018-2020. Y lo seguiremos haciendo porque es un tema que requiere nuestro consenso y que rememos todos en el mismo sentido, pero
tenemos que hacerlo de una forma seria e integral.
Señora representante de Podemos, nos hubiera gustado que se preocuparan ustedes con la misma fuerza por las menores que estaban tuteladas por el Gobierno de Baleares (aplausos), protegiéndolas y permitiendo la comisión de investigación. (La
señora Muñoz Dalda se da palmadas en la cara), cosa que no hicieron, y vienen ustedes aquí a mezclar churras con merinas, a hablarnos de cosas que no tienen nada que ver con el tema que estamos tratando (Aplausos).
El Partido Socialista nos trae esta semana dos PNL iguales, pero no solamente eso, nos trae la misma PNL para debatirla en Pleno y en Comisión, y sus socios, los señores de Podemos, nos traen una PNL presentada ocho meses después que
básicamente trata de lo mismo y que también se debatirá esta semana. Señores, esto es surrealista. Los socialistas intentan que trabajen los comunistas, y los comunistas el jueves van a instar a los socialistas a que, a su vez, trabajen. No
entendemos nada. (Aplausos). ¿Con qué sentido lo hacen ustedes? El diagnóstico para nosotros es bastante claro, señor Viondi. Señorías socialistas, quieren ustedes enmendar la plana de un ministro comunista, el señor Garzón, que nunca debió ser
ministro, un destroyer del que se tiene que hablar y que siempre tiene que hablar, aunque sea para meter la pata y poner en armas a todo el sector turístico de nuestro país. Le pusieron al mando de un barco sin destino, un ministerio con escasos
contenidos, en el que tomaron como bandera el juego y su regulación pero al que el propio Pablo Iglesias ha dejado a los pies de los caballos teniendo que salir en su defensa para evitar su destitución. Si ustedes pretenden darle la estocada final
al señor Garzón, háganlo pronto, porque su ministro destroyer conseguirá acabar con todo lo bueno que el PP dejó en marcha. Ya lo ha hecho con el decreto que regula la publicidad en el juego. Ha tardado dos años en aprobarlo y ha aprobado una
versión empeorada de un trabajo a priori bien enfocado. Su ministro
destruirá otro sector y no enfocará su trabajo en lo que realmente debería: la lucha contra la ludopatía, el control del juego ilegal, la puesta en marcha de planes orientados a la educación, la prevención y la protección de los focos de
riesgo, donde mayoritariamente está el peligro para adolescentes y colectivos vulnerables. Señorías, ustedes quieren hacer ruido, introducir una cortina de humo para desorientar a la sociedad y que no se hable de esa ley que se ha aprobado en esta
casa y que vulnera los principios constitucionales, la Ley Celaá (aplausos) o los presupuestos generales de la vergüenza, presupuestos que saldrán adelante con los enemigos de la democracia.
Señorías socialistas, su exposición de motivos es realmente horrorosa. Dicen ustedes textualmente: 'los principales estudios revelan que el incremento en el trastorno por juego de azar va asociado al aumento del juego legalizado'. ¿Están
ustedes defendiendo el juego ilegal, señorías? El juego legal da protección a la sociedad, todo lo contrario de lo que ustedes intentan insinuar en esta exposición de motivos. Ya nos han dicho que se han leído el informe que se publicó hace un par
de días. En ese informe queda claro que ha aumentado la gente que juega, pero parece que ha disminuido la población que juega con una conducta no demasiado apropiada. El Partido Popular quiere trabajar por esas 7500 personas diagnosticadas y por
esas 770 000 que están en riesgo.
Les hemos presentado una enmienda que tiene como objeto un plan integral para la lucha contra la ludopatía en lo privado, en lo público, en lo presencial u online, en cualquiera de las modalidades, pero consensuado, con un diagnóstico
técnico-científico y con una memoria económica, dotándolo económicamente, señorías. Espero que todos rememos en el mismo sentido y que ustedes tengan en cuenta nuestras aportaciones.
Muchas gracias. (Varias señoras y señores diputados: ¡Muy bien!-Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Castillo. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, tiene la palabra el señor Matute García de Jalón.
El señor MATUTE GARCÍA DE JALÓN: Muchas gracias, señora presidenta.
Señor Viondi, espero que no le ofenda esto que voy a decir ahora, pero yo diría que su iniciativa es una iniciativa llena de buenismo, pero poco eficaz. Creo que llega diez años tarde, las medidas que plantean no están mal, pero poco tienen
que ver con algunas realidades que ya estamos viviendo o poco van a servir para paliar el tremendo drama que en algunos lugares ya se está produciendo. Hay un elemento que nos sorprende todavía más, y es que este debate no se haya vehiculizado a
través de la acción del Gobierno. Ya sé que en este caso el ministerio no corresponde a ningún miembro del Partido Socialista, pero sí sé que ustedes son la formación más grande dentro de ese Gobierno y lo lógico sería que el Gobierno hubiera
actuado con mucha más celeridad y urgencia -y que cada palo aguante su vela- para poner freno a esta locura de las casas de juego y a todo lo que están haciendo en los barrios de la clase trabajadora. Y eso es así -usted lo ha dicho y yo lo
reconozco-, pero lo que no entiendo es que si se dice que al fascismo se le para con el BOE, no pensemos que al lobby de la patronal de las casas de juego también se le puede parar con el BOE y no se hagan cosas más allá de traer este debate aquí.
Usted ha señalado una serie de datos en su propia iniciativa y creo que es correcto porque encuadran bien el debate que estamos sosteniendo. Yo se los implemento con unos más de los que no nos sentimos especialmente orgullosos ni
orgullosas: la Comunidad autónoma vasca y la Comunidad Foral de Navarra son la primera y la segunda en gasto en salones de juego y en apuestas. Por desgracia, encabezamos ese ranking y, como digo, no es algo que nos satisfaga. Pero yo no sé si
estas iniciativas que hoy se plantean sirven para mucho cuando no están hablando de lo que realmente es urgente, por lo menos en una realidad como la que le describo, la de la Comunidad Autónoma vasca y la Comunidad Foral de Navarra, donde hablar de
regular en lugar de prohibir, donde hablar de regular en lugar de reducir no soluciona demasiado. Porque usted plantea en la iniciativa la necesidad de que se regule, por ejemplo, la distancia entre los centros educativos y las casas de apuestas.
Por poner un ejemplo, en Bilbao tenemos treinta y dos centros educativos a menos de cien metros de casas de apuestas. ¿Qué regulación va a hacerse? ¿Qué se hace con esas casas de apuestas? Si regulan que estén a cuatrocientos o quinientos metros,
que puede ser una medida razonable en función de lo que vienen reclamando diferentes asociaciones, qué hacemos con las que ya están a cien metros, porque supongo que el instituto no lo moveremos de sitio. ¿Nos vamos a atrever a cerrar esas casas de
apuestas o vamos a tener que hacer ingeniería jurídica para decir que, como ya estaban con carácter previo, a estas no les afecta, pero que a partir de ahora sí?
Otro elemento que plantea es el de regular la nueva concesión de licencias para casas de apuestas. Pero si nosotros y nosotras -y lo dice el sector de la patronal, no ya nosotros y nosotras- creemos que ya estamos saturados, que por lo
menos en la Comunidad autónoma vasca y en Navarra ya no caben más casas de apuestas. ¿Qué necesidad tenemos de regular unas nuevas si lo que querríamos es que desaparezcan muchas de las que están?
Hablan también del control del acceso de los jóvenes a las casas de apuestas y de cómo controlarlo mejor, y está bien, pero nos hablan de la embriaguez como uno de los elementos a la vez que nos señalan en el texto que uno de los factores de
enganche a la gente joven en las casas de apuestas es precisamente ofrecerles bebida muy barata, cuando no gratis, pues a lo mejor llegan serenos pero acaban totalmente embriagados en la casa de apuestas, y poco remedio le encontraremos a eso.
En definitiva, las limitaciones que este Gobierno está exhibiendo con este tema -como pasa con otros tema, y no se lo imputo a usted, no se lo tome así porque no es mi intención- tienen que ver seguramente con el poder que el propio sector
tiene y por la capacidad de influencia y de presión que tiene sobre este Gobierno, que es mucho mayor de la que nos gustaría y es mucho mayor que la que le gustaría a aquellos y aquellas que defienden la labor que muchos jóvenes organizados en los
barrios obreros están llevando a cabo para hacer frente a las casas de apuestas. Porque está bien aplaudirles, pero estaría mucho mejor hacer una acción institucional mucho más efectiva que coincidiera con lo que ellos están planteando, porque si
no su lucha no dejará de ser la de la reivindicación, pero no la de la consecución de objetivos. También hay que señalar que se podrían hacer más cosas, se podría prohibir la publicidad, no financiar proyectos coparticipados por entidades de
apuestas, se podría generar una fiscalidad alternativa y suplementaria a la que ya tienen para las casas de apuestas y se podrían dedicar todos esos planes a la concienciación o a otros elementos.
Termino con dos cuestiones. También es verdad que hay excepciones, por fortuna no todo es malo. Por ejemplo, en el mundo del fútbol, que está copado por las casas de apuestas, ahora mismo hay dos clubes, la Real Sociedad y Unionistas de
Salamanca, que han decidido que no quieren tener publicidad de apuestas. ¡Ojalá cundiera el ejemplo y lo hicieran más! Pero los medios de comunicación siguen plegados a esa realidad.
Termino con una cuestión. El lobby del juego en las instituciones, por desgracia, juega en casa, y en casa la banca siempre gana. Termino con unas declaraciones de una organización juvenil de jóvenes precarios que se llama Eragin, que lo
dice con mucha claridad. Ojalá presten atención a lo que dicen, que es: Nos precarizan día tras día. Quienes condenan a la juventud a la explotación laboral, a ciudades centrificadas y tercializadas o a la imposibilidad de una vivienda digna son
los mismos que han mostrado una pasividad inaceptable ante las casas de apuestas. Ya está bien de mirar hacia otro lado y seguir considerando una sana diversión lo que no es más que una trampa, una asquerosa forma de hacer negocio a costa de
condenar a los y las jóvenes ...
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Matute.
El señor MATUTE GARCÍA DE JALÓN: ... a la ludopatía. Apustu etxeak campora. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Matute.
Por el Grupo Parlamentario Vasco, EAJ-PNV, tiene la palabra el señor Agirretxea Urresti. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
El señor AGIRRETXEA URRESTI: Gracias, señora presidenta.
El inicio prematuro de los juegos de azar en las casas de apuestas, los juegos con dinero derivan sin duda alguna en una ludopatía juvenil, que si de por sí ya es grave, añadirle lo de juvenil todavía lo agrava más. Sin duda alguna es un
problema grave al que hay que hacerle frente. Desde mi grupo no vamos a cuestionar la problemática, lo han expuesto todos los grupos que me han precedido. Todo lo contrario, estamos tan concienciados de ello que en Euskadi hemos desarrollado
políticas, planes y leyes específicas para intentar atajar y aminorar esta situación.
Dicho esto -y no voy a entrar tanto, porque voy a fastidiar un poco la intervención de algunos-, me voy a centrar en una cuestión que nadie ha añadido. No sé quién ha escrito esta proposición no de ley, pero o no conoce la singularidad y el
ámbito competencial de Euskadi o le da igual. Y lo segundo nos parece más grave. No discutiremos el contenido, como he dicho -otros también han hablado de ello-, pero sí vamos a profundizar en cómo pretenden hacerlo para mostrarles que su
iniciativa es, toda ella, una
invasión por sí misma. Es antiestatutaria de principio a fin y le voy a ir detallando uno a uno sus puntos y su correspondiente competente atribuido. Ustedes hablan en el preámbulo de las grandes ideas que quieren combatir, pero después,
en las medidas, en la parte propositiva, todas ellas son medidas que no le compete legislar ni a esta casa ni al Gobierno central.
Le voy a decir lo siguiente. Euskadi tiene atribuida con carácter exclusivo la competencia en materia de casinos, juegos y apuestas, como dice el artículo 10.35 del Estatuto de Gernika, A tal efecto se desarrolló la Ley 4/1991, reguladora
del juego de la Comunidad Autónoma del País Vasco, que dice que hay que regular en el ámbito vasco todas aquellas actividades relativas al juego y apuestas y en todas sus modalidades y denominaciones, incluyendo las que se realicen a través de
medios electrónicos, informáticos o telemáticos. Al amparo de lo dispuesto -también sale en varios decretos, por ejemplo, el Reglamento General de Juego en la Comunidad Autónoma de Euskadi-, tal planificación abarca cuestiones concretas como el
establecimiento del número máximo de autorizaciones, máquinas, elementos de juego o sistemas de juego, locales autorizados, distancias entre locales y aforos máximos. Cuestiones todas ellas que plantean ustedes. También se regula en el Decreto 120
la prohibición de acceso a locales de juego a los menores de edad, a los incapacitados legalmente, a los incluidos en la relación de prohibidos o a las personas que presentan signos de embriaguez, como han dicho ustedes. Y también el Gobierno vasco
tiene competencia para establecer la distancia mínima entre locales de juego y casas de apuestas, como dice el artículo 9 del Decreto 120/2016.
Pero es que, además, hay más decretos: la competencia en materia de sanción también le corresponde al Gobierno vasco. La Ley del juego vasca recoge en su artículo 7 que es el Departamento de Interior del Gobierno vasco el competente para
aprobar las reglamentaciones específicas de los juegos contenidos en el catálogo de juegos autorizados en la Comunidad autónoma vasca. Y si no fuera poco eso, el Parlamento vasco aprobó la Ley vasca de Adicciones, que en su artículo 50 'con el fin
de prevenir la aparición de situaciones de juego problemático o juego patológico' recoge medidas para 'fomentar la responsabilidad social corporativa del sector del juego para que el conjunto de prácticas empresariales sean abiertas y
transparentes'. Es decir, todo un paquete legislativo -tiene más, pero ya no me queda tiempo- que verdaderamente deja por tierra todo lo que ustedes plantean, porque en Euskadi todo eso lo hacen las autoridades vascas, que son las competentes. Me
extraña, por lo tanto, que el que me ha precedido en el uso de la palabra, tan conocedor de la realidad de Euskadi, no haya hecho ni mención al ámbito competencial y haya pedido incluso al Gobierno que haga más cosas, cuando el competente en la
materia es el Gobierno vasco. Haciéndolo bien, mal o regular, pero el Gobierno vasco. A esas alturas nos parece muy grave que se sigan presentando iniciativas de esta manera, señores socialistas, pasando olímpicamente del fuero, del huevo y hasta
de la gallina. Oída la explicación, todavía es más patente que entienden o aceptan la estructura del Estado desde una perspectiva puramente vertical, con el Estado representado por su Gobierno y luego los pueblos, naciones y otras comunidades
autónomas. Pues, mire, Euskadi no es ninguna delegación de nadie y menos del Gobierno. Y lo peor es que iniciativas como esta ...
La señora PRESIDENTA: Señor Agirretxea, ha terminado su tiempo.
El señor AGIRRETXEA URRESTI: Sí, acabo, señora presidenta.
... iniciativas como esta luego se convierten en ley y acaba siendo el Estado competente donde no lo era, porque está el comodín del TC que siempre atiende a la llamada. Y así, ¿hasta cuándo?
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Agirretxea.
El señor AGIRRETXEA URRESTI: No vamos a apoyar esta proposición por los motivos expuestos.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra la señora Rosique i Saltor.
La señora ROSIQUE I SALTOR: Las políticas neoliberales de todos los Gobiernos que han pasado por el Estado español han provocado que los jóvenes tengamos hoy en día un desempleo de un 40 %, que solo un 17 % se pueda emancipar y que tengamos
una inestabilidad económica que, evidentemente, nos provoca una inestabilidad emocional. Ante esta precariedad, los jóvenes deberíamos organizarnos colectivamente para defender a los trabajadores. Sin embargo, el capitalismo feroz está provocando
que
se individualicen nuestros problemas, que muchos dejen de encontrarle sentido a la lucha colectiva, que se difumine esta gran multitud trabajadora y precaria y que algunos, cada vez más, busquen refugio en soluciones individuales e
inestables. Y ahí, señorías, tenemos un reto, el reto de dar soluciones reales y efectivas a la falta de oportunidades y evitar que siga creciendo el número de personas que apuestan y juegan, en un primer momento, quizás por diversión y, en un
segundo, por necesidad. En solo cinco años el promedio de jugadores online en el Estado español se ha triplicado. Mientras aquí algunas empresas y algunos políticos se han enriquecido -y se enriquecen- con el sucio mercado de los juegos y las
apuestas, la juventud trabajadora se vuelve adicta a un juego que se acaba convirtiendo en ruina y depresión. Mientras las cifras elevan hasta los 47 000 millones anuales -un 0,9 % del PIB- la cantidad total de dinero que mueve el sector del juego,
un 4,6 % de los adolescentes presentan conductas de adicción al juego. La ludopatía es consecuencia clara de este capitalismo salvaje que nos condena a competir y que nos vende la moto de que nuestras oportunidades de vida son responsabilidad
nuestra, cuando dependen, realmente, de los grandes poderes económicos y políticos subordinados a ellos. Tenemos el reto de dejar de poner parches a las consecuencias del negocio del juego y de las apuestas e iniciar una progresiva abolición de
este negocio.
Hoy, con esta PNL que nos presenta el Grupo Socialista, nos encontramos con un problema competencial que tampoco podemos obviar. Lo he comentado en distintas ocasiones en esta legislatura en distintas comisiones y parece que a algunos no
les acaba de quedar claro cuáles son las competencias en materia de juego. Como no me canso nunca de repetirlo -y no me voy a cansar-, les recuerdo el artículo 141 del Estatut d' Autonomia de Catalunya, que deja muy claro que desde Cataluña debemos
regular el juego y las apuestas presenciales. De hecho, estas propuestas que ustedes nos traen ya las estamos regulando desde la Generalitat de Catalunya. El Gobierno del Estado español debe regular, por ahora, el juego y las apuestas online, y en
esto es en lo que deberíamos centrarnos. De hecho, si nos centramos en el juego online, observamos que tiene un potencial más adictivo que el presencial. Los profesionales sanitarios nos están alertando desde hace tiempo de que esta nueva adicción
está ganando terreno y no solo entre los más jóvenes, sino incluso entre menores. Ya no se trata únicamente de apostar desde el ordenador, sino que también incluso lo podemos hacer desde el móvil. El mes pasado se aprobó el Real Decreto de
comunicaciones comerciales de actividades del juego, que reconocemos que fue un avance. Sin embargo, no hemos tenido el espacio para debatir sobre él en el Congreso de los Diputados y hay cuestiones que nos preocupan. No debería existir ninguna
publicidad, ni de la una a las cinco de la madrugada, porque en esas horas es, precisamente, cuando los jóvenes están conectados a Internet. Debería entrar en vigor inmediatamente y no esperar a que se acaben los contratos de publicidad firmados
antes de la publicación de la norma. Si es así, hasta que no acabe la Liga y la Champions, seguiremos sumando casos de ludopatía, en un contexto, encima, de movilidad reducida. Y hay que aumentar el impuesto sobre el juego a las apuestas online;
hicimos una enmienda al respecto en los Presupuestos Generales del Estado y no se aprobó, y es vergonzoso que hoy algunos defiendan acabar con la ludopatía pero que luego no acepten enmiendas como esta. Si no se va más allá de las comunicaciones,
no resolveremos el problema desde la raíz. Si se disponen a combatir frontalmente la ludopatía y lo hacen desde un respeto competencial, nos van a encontrar, pero si, por el contrario, siguen apostando por una ...
La señora PRESIDENTA: Señora Rosique, ha acabado su tiempo.
La señora ROSIQUE I SALTOR: ... no las vamos a aprobar.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Señor Vicente Viondi, ¿acepta su grupo parlamentario alguna de las enmiendas presentadas?
El señor VICENTE VIONDI: Aceptamos la que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista y la del Grupo Confederal de Unidas Podemos.
La señora PRESIDENTA: Muy bien. La proposición no de ley será votada en los términos de las dos enmiendas incorporadas. Muchas gracias.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS, SOBRE LAS MEDIDAS QUE PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA CONCILIACIÓN DEL TRABAJO Y LA FAMILIA, ESPECIALMENTE ANTE LAS DIFICULTADES EXCEPCIONALES GENERADAS POR LA EMERGENCIA
SANITARIA DE LA COVID-19. (Número de expediente 173/000042).
La señora PRESIDENTA: A continuación, pasamos a debatir la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Ciudadanos sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para garantizar el derecho a la conciliación del
trabajo y la familia, especialmente ante las dificultades excepcionales generadas por la emergencia sanitaria de la COVID-19. Por el grupo autor de la iniciativa y para la defensa de la moción, tiene la palabra la señora Giménez Giménez. (Pausa).
Señorías, ¿van a defender la moción? (Asentimiento).
La señora GIMÉNEZ GIMÉNEZ: Gracias, presidenta.
Señorías, lo que abordamos hoy es un debate sobre conciliación, un asunto de vital importancia para millones de familias en España y un problema, señorías, que no es nuevo, porque la conciliación lleva siendo una asignatura pendiente en
nuestro país desde ya hace muchos años. Y a esto se suma la situación de profunda crisis que hemos estado viviendo en estos momentos, que además ha afectado a las familias más vulnerables, que tienen mayoritariamente dificultades en el empleo,
empleos que difícilmente les permiten realizar teletrabajo o hacer trabajo a distancia, limitando significativamente su capacidad para conciliar. Por ello, cuando algún miembro de la familia se ve afectado por una cuarentena preventiva o por haber
contraído el virus, las alternativas de las familias con trabajos donde no han sido posible estas opciones se ven muy reducidas. El teletrabajo no ha sido una solución para las familias españolas, señorías, para una parte sí pero para otra parte
no, y es que muchas de ellas, ante la necesidad de cuidar a algún miembro de su familia, lo que tienen que hacer es optar por quedarse en casa. Al final, ha habido gente que lo que ha tenido que hacer ha sido pedirse reducciones de jornada para
poder hacer frente a sus cuidados y, claro, no todas las familias pueden permitirse esta bajada de ingresos. Por no hablar también de los autónomos, que como colectivo se han encontrado ante grandes dificultades para trabajar en remoto. Estas
desigualdades se han prolongado más allá de los meses del confinamiento y el impacto de la segunda ola o de la potencial tercera ola se ha hecho notar de nuevo entre las familias. (El señor vicepresidente, Rodríguez Gómez de Celis, ocupa la
Presidencia).
La situación sanitaria en nuestro país está lejos de parecerse a la normalidad previa al COVID, y son las familias más vulnerables y los autónomos los que continúan sufriendo la falta de alternativas de conciliación propuestas por el
Gobierno. La primera medida impulsada por el Gobierno, el teletrabajo, como les he dicho, es insuficiente. La segunda medida que regulaba el Plan Me Cuida, que contemplaba el derecho de conciliación para el cuidado de familiares por la pandemia,
tampoco ha sido suficiente porque no aborda esa necesidad de aquellas familias que se tienen que quedar con los niños en casa en cuarentena preventiva sin tener que reducir sus ingresos mensuales. Es evidente que ha tenido una buena función, pero
ha dejado fuera principalmente a familias muy vulnerables. A estas medidas se ha sumado recientemente la aprobación del Real Decreto 28/2020, de 22 de septiembre, de Trabajo a Distancia. Como bien les decía, son medidas que, además, por parte de
Ciudadanos hemos apoyado, pero son insuficientes, no han supuesto una alternativa para aquellas familias que no pueden trabajar desde sus casas o no pueden renunciar a una parte importante de su salario debido a la reducción de jornada. Por ello,
señorías, desde Ciudadanos hemos pedido en muchas ocasiones que se dé respuesta a estas realidades. No podemos cargar el peso de esta crisis sobre los hombros de los mismos trabajadores, los que tienen trabajos presenciales, los que sufren
inestabilidad laboral o los que tienen empleos poco remunerados. Además, queda muy claro que este tipo de situación es muchísimo más perjudicial para las mujeres. A las mujeres trabajadoras, que son las que mayoritariamente optan por estas
opciones o incluso su exclusión, les conlleva a una exclusión del mercado laboral debido a sus peores condiciones laborales desde el primer punto de partida. La necesidad de avanzar en conciliación se hizo mucho más urgente además con el inicio del
curso escolar. Quedó muy claro cómo nos enfrentamos a un gran problema del que hablábamos y seguimos hablando las familias: Qué hago con los niños en casa; tengo que cuidar a los niños porque los tengo en cuarentena preventiva; no tengo una PCR
positiva, qué es lo que hago y qué solución me está ofreciendo en estos momentos el Gobierno. Pues hasta la actualidad ninguna. Por lo tanto, este ha sido uno de los principales objetivos de nuestra moción. Ustedes mismos, además,
miembros del Gobierno, reconocieron que existía un problema cuando surgió hasta en dos ocasiones la intención de introducir una baja con derecho a la prestación para las familias con hijos que deban quedarse en casa, aunque no tuviesen una
PCR positiva, pero no entendemos por qué abandonaron esta idea y no entendemos por qué abandonaron a tantas familias cuando más lo necesitaban.
En Ciudadanos, tal y como llevamos proponiendo desde hace meses, lo que queremos es que se apruebe un permiso laboral parental para todas las madres y padres trabajadores tanto autónomos como asalariados que tengan que cuidar de sus hijos o
menores a cargo cuando tienen que guardar esta cuarentena preventiva. Esa es una perspectiva de la conciliación a resolver, un problema inminente, pero también queremos que haya una perspectiva del trabajo en conciliación y en corresponsabilidad
desde un punto de vista integral. Queremos, además, por ello, que haya una posición de consenso y de diálogo con los grupos parlamentarios, con los agentes sociales, con la sociedad civil y tratemos cuestiones tan importantes como la
racionalización de los horarios, la corresponsabilidad de las tareas y la oferta de servicios públicos para mejorar la conciliación como el impulso de la educación de 0 a 3 años, entre otras. Por lo tanto, señorías, ¿qué es lo que estamos pidiendo?
Por un lado, resolver esta situación y tener esta prestación para padres y madres que tengan que cuidar de sus hijos porque tienen que guardar una cuarentena preventiva y que blindemos las políticas de conciliación con un pacto de Estado.
Nuevamente creo que nos enfrentamos -y lo proponemos ante esta Cámara- a algo en lo que deberíamos estar implicados todos y todas, señorías, porque, al final, lo que estamos proponiendo es un buen pacto de Estado que demuestre a las familias
que nos preocupamos por ellas, que sus problemas son nuestros y que estamos aquí para escucharlas y caminar juntas. Por lo tanto, a lo que invita Ciudadanos, y además hemos recibido distintos tipos de transaccionales y queremos informar de que
estamos trabajando en ello, es a intentar aunar esfuerzos para llegar a incluir mejoras que hagan más eficiente y más realista esta perspectiva de la conciliación y de la corresponsabilidad. Lo que queremos es ponernos a trabajar en esta dirección,
señorías. Les invito a hacerlo y les aseguro que merece la pena porque millones de familias de nuestro país lo agradecerán.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Para la defensa de las enmiendas formuladas por sus grupos interviene, por el Grupo Parlamentario Plural, que en este turno también fija posición, en primer lugar, la señora Sabanés Nadal.
La señora SABANÉS NADAL: Gracias, señor presidente.
En pleno siglo XXI, con grandes avances tecnológicos, nuestro país, no obstante, sigue teniendo un problema recurrente con la conciliación, es decir, con algo tan sencillo como hacer compatible el trabajo y la vida. Antes de la pandemia,
las familias ya hacían malabares para trabajar, cuidar, conciliar y disfrutar de algo de tiempo libre; desde la pandemia, con la ansiedad y las horas interminables de teletrabajo, no se ha producido nada más que un reflejo de lo que ya estaba
pasando en la vida de los españoles y de las españolas, fundamentalmente, claro, de las españolas, que son quienes más corren con la responsabilidad de los cuidados.
Durante los primeros compases del estado de alarma y durante la desescalada Más País-EQUO planteó varias iniciativas como las que hoy se plantean en esa proposición, lo fundamental, que las necesidades de los cuidados fueran cubiertas sin
perder parte de los salarios. En este mismo sentido, hicimos una propuesta para que se concediese un permiso retribuido para cuidar y acompañar a los menores que tuviesen que guardar cuarentena aunque no estuviesen enfermos. Y, por supuesto,
planteamos un estudio de la semana laboral de cuatro días o de la jornada de treinta y dos horas. En este sentido, precisamente, hemos incluido una enmienda, pues creemos que reducir las horas de trabajo es una parte fundamental de los nuevos
modelos laborales del futuro. Es bueno para la vida y para la salud de las personas, pero también lo es para la productividad y para la retención del talento, para el ahorro de los gastos, para el ahorro de energía, para la reducción de
desplazamientos obligados y, por tanto, para la reducción de la contaminación. Señorías, es absolutamente urgente abordar la racionalización de los horarios en nuestro país. La reducción de la jornada laboral se ha utilizado ...
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias, señora Sabanés. Ha terminado su tiempo.
La señora SABANÉS NADAL: Termino.
... durante las crisis como forma de compartir el trabajo. Hoy todo el mundo espera, después de la crisis, un futuro mejor ...
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Tiene la palabra el señor Boadella Esteve.
El señor BOADELLA ESTEVE: Buenas noches, señorías.
El Grupo Ciudadanos plantea esta iniciativa y nosotros la vamos a apoyar porque afronta uno de los temas -que algunos recordarán, y si no les invito a que lean los diarios de sesiones anteriores- que hemos venido reclamando desde el primer
día que empezó la crisis sanitaria del COVID y durante los estados de alarma. Se trata de que aquellos padres cuyos hijos tuvieran que aislarse en el ámbito de la escuela por un contagio en su aula pudieran acceder a algún tipo de baja, a algún
tipo de prestación o a algún tipo de solución óptima tanto para trabajadores como para empresas. La crisis del COVID empezó en el mes de marzo. Hemos pasado por varios estados de alarma, hemos pasado por varios reales decretos y en ninguno de
ellos -todavía está en el tintero- se regula una prestación de este tipo, como la que les planteaba, y es más necesario que nunca. Esto, por supuesto, podemos unirlo también a la conciliación familiar y laboral y a cuestiones que se plantean en la
moción relativas a la reforma horaria o a la mejora de los horarios de trabajo. Por tanto, son medidas que muchas veces todos repetimos en discursos y en actos, pero empieza a ser hora de que se conviertan en letra, negro sobre blanco, en las
páginas del BOE. No es justo que desde el mes de marzo esté pendiente de regular una situación por la que han pasado muchos padres que se han visto con este episodio de su hijo incluido en un grupo burbuja en la escuela en el que había que hacer
aislamiento. No es justo que exista esta situación todavía pendiente de regular y a la que no se ha dado ningún tipo de salida. Y no es justo que esto se haya venido planteando desde el mes de marzo, estemos a final de año y todavía no se haya
afrontado. La necesidad de este tipo de medidas, especialmente estas medidas extraordinarias en tiempos de pandemia, de teletrabajo y de confinamiento, pero también muchas medidas relativas a la conciliación familiar y laboral, a la mejora de los
usos del tiempo y, en definitiva, a la reforma horaria, son temas que esta Cámara tendría que empezar a abordar con carácter urgente, tanto o más urgente que cualquiera de los reales decretos que han caído a lo largo de estos estados de alarma.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra la señora Fernández Castañón.
La señora FERNÁNDEZ CASTAÑÓN: Buenas tardes.
Quiero aprovechar antes de nada este espacio de privilegio que es la tribuna para condenar la agresión machista y lesbófaba sufrida por la periodista Irantzu Varela a manos de su vecino. (Aplausos). Quiero condenar esta agresión, estos
puñetazos e insultos, porque quiero condenar aquí todas las agresiones que han sufrido las lesbianas en este país. Quiero condenar todas las agresiones que sufre la comunidad LGTBI y quiero condenar las agresiones que sufren las mujeres que hacen
uso del espacio público para exponer sus ideas. No estamos tan bien, escribe Rubén Serrano y es cierto. No lo está la comunidad LGTBI y tampoco lo está una sociedad que permite que esto ocurra.
Voy a la moción que nos trae Ciudadanos. Claro que queremos que nuestros empleos sean compatibles con la vida familiar y con la vida misma y no lo son. Esto no es por una maldición divina de serpientes, manzanas o el sudor de la frente.
Esto se llama reforma laboral y también patriarcado y capitalismo. Esto tiene terribles consecuencias para nuestro desarrollo personal y para nuestra salud; especialmente, para las mujeres, las más vulnerables, que son sobre quienes recae la
responsabilidad y todas las consecuencias del trabajo de cuidados. En Unidas Podemos nos gustan las familias, nos gustan todas las familias, y por eso nos preocupa garantizar las condiciones para que todas puedan ser en igualdad de derechos. Lo he
dicho en más ocasiones en esta tribuna: corresponsabilidad, qué bonito nombre tienes. Es de corresponsabilidad de lo que debemos hablar. Debemos hablar de que el Estado, las instituciones y las administraciones públicas asuman el derecho de todas
las personas a ser cuidadas. Todas en algún
momento lo vamos a necesitar, señorías, y no puede ser que dependa de la espalda, del llombu, de la salud o del aguante de las mujeres de nuestro entorno o de aquellas que en una situación más vulnerable estén dispuestas a hacerlo sin
derechos dignos ni reconocimiento laboral.
Un pacto por la conciliación, un pacto por los cuidados, un pacto por la comprensión de ese derecho y por su garantía. Eso es hablar de presupuestos. Eso, votando en contra de una subida del 46 % en el presupuesto en políticas de ayuda a
la dependencia, difícilmente, señorías de Ciudadanos, difícilmente. Un pacto entonces por las políticas corresponsables. Este Gobierno ha iniciado ese trabajo por un sistema del conjunto del Estado de cuidados. Son políticas semilla sí, políticas
semilla porque siembran; porque no cabe el cortoplacismo para lo que son cambios estructurales; porque lo que hacemos hoy ha de perdurar y servir a la ciudadanía, para que quienes ahora estamos en las instituciones volvamos a nuestras profesiones
y tareas y continúe. Ignorar esto, ese alcance, es hacer propaganda, señorías. Que quede claro que el fondo de esta moción nos parece bien. ¿A quién no? Presentamos enmiendas pedagógicas para explicar que mucho de lo que se pide ya se está
haciendo y que algunas cosas, tal y como se plasman en el papel, son un brindis al sol. Y, lo siento, pero en este momento, menos que nunca, hacer brindis al sol, con el tiempo y las condiciones en las que podemos estar y cuidar de nuestras
personas queridas, no es honesto, lo siento.
Un par de apuntes. Cuando hablamos de educación de 0 a 3 lo hacemos pensando en aprendizaje, en sociabilidad, en proyecto educativo y, lo más importante, lo hacemos pensando en la escuela pública, universal y gratuita. Y otro apunte, no
menor: racionalizar horarios es una demanda de mucho tiempo, el asunto está en el camino que se elige. Compaginar horarios laborales y escolares puede ser para acortar el tiempo de trabajo o para alargar el tiempo escolar. El Grupo Ciudadanos, en
la XII Legislatura, ya trajo a esta Cámara una iniciativa que había encontrado la fórmula: que nuestros peques estén más tiempo en las escuelas y nosotras más tiempo en el puesto de trabajo. Pues verán, así no. Nuestro grupo no piensa que eso sea
defender los derechos de las familias. En Unidas Podemos llevamos años trabajando en sentido contrario, en la reducción de la jornada laboral, por justicia, por derecho y por eficiencia, sin adanismos. Esto lo llevan diciendo mucho tiempo los
sindicatos y los agentes sociales, en general, y me consta que esto lo tiene muy claro el Gobierno y que la ministra Yolanda Díaz defiende el tiempo corresponsable y los derechos de las y los trabajadores. Y a quienes dicen que esto es inviable les
respondemos con derechos conquistados, les respondemos con la jornada de ocho horas, les respondemos con una subida histórica del salario mínimo interprofesional, porque cada muro que se levanta ante un nuevo avance en derechos -y acabo- es idéntico
a otros muros que se derribaron logrando una sociedad mejor. Hubo maneras otras veces ... (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Ha acabado su tiempo, señoría. Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra la señora Trías Gil. (Aplausos).
La señora TRÍAS GIL: Gracias, señor presidente.
Este debate no cabe en una interpelación parlamentaria, sino que es materia misma de la sociedad que queremos. Esto lo dijo el otro día la ministra de Trabajo. La sociedad que queremos y defendemos desde nuestro grupo parlamentario, en
representación de muchos, es una sociedad en la que los hombres y las mujeres, en virtud de la naturaleza que les es propia, no renuncian a su masculinidad ni a su feminidad y no asumen de forma automática los nuevos roles que desde sus ideologías
sectarias quieren imponernos. (Aplausos). Queremos que las mujeres y los hombres puedan elegir libremente trabajar, cuidar de sus hijos y de sus familiares dependientes y que aquello que se elija sea siempre reconocido con recursos concretos.
Queremos hombres y mujeres libres y maduros, capaces de organizar sus vidas, sus hogares y sus trabajos, sin que papá Estado les diga cómo hacerlo ni les obligue a tasar, calcular, medir el porcentaje de tiempo que dedicamos de forma generosa a
nuestras familias. La generosidad, la gratuidad y la entrega son señas de identidad nucleares de lo que es una familia; no vamos a permitir que nos lo roben. Tanto en el trabajo como en la familia los seres humanos podemos dar lo mejor de
nosotros mismos. La medida de entrega y dedicación que ponemos en ambas realidades hablan de cómo somos y quiénes somos como personas. El trabajo y la familia son dos realidades íntimamente unidas, buenas y necesarias, que concurren para el
desarrollo del bien personal y colectivo y donde se despliegan principios y valores como la dignidad, el sacrificio, la ilusión y la motivación y, sobre todo, donde se gesta la esperanza.
La primera medida que se solicita en esta moción revela, una vez más, que dar una respuesta a la urgencia social que vivimos al Gobierno no le importa; un Gobierno rápido para legislar la muerte, pero lento, incapaz y renuente para atender
las necesidades urgentes de los españoles. (Aplausos). En el texto de la moción Ciudadanos plantea el elevado porcentaje de mujeres que piden adaptaciones de jornada, excedencias y jornadas reducidas como una mala noticia. Desde nuestro punto de
vista, y aunque puedan resultar insuficientes, es positivo, pues significa que avanzamos y que las mujeres trabajan al tiempo que se dedican a sus familias sin renunciar a lo que son. No quiero dejar de hacer una breve mención a la gratuidad de la
escolarización infantil que, sin duda, facilita la conciliación laboral, favorece la natalidad y la reincorporación de la mujer al trabajo después de dar a luz, además del proyecto educativo que supone. El problema es que esta gratuidad, como bien
saben sus señorías de Ciudadanos, el Gobierno la plantea exclusivamente reforzando el ámbito público, abocando al cierre a los centros que funcionan desde hace años y recortando una vez más la libertad de los padres para elegir y de los
profesionales para ofertar. (Aplausos).
Hemos pedido la supresión y modificación de los apartados que abordan la corresponsabilidad, una nueva palabra talismán del consenso progre, un coladero de ideología de género en las relaciones familiares y laborales, a través del cual el
Gobierno quiere meterse en nuestras casas y decirnos si nos toca recoger a los niños, atender a nuestra madre, barrer, cocinar, dar un paseo o incluso descansar; un concepto que esconde un victimismo patético y que no habilita a ninguna mujer a
responsabilizarse de su propia vida. Nosotros defendemos un modelo de mujer libre, dueña de su vida y de sus decisiones; una mujer que no necesita compararse con el hombre para autoafirmar su identidad (aplausos); una mujer que sabe que ser mujer
es algo sencillamente maravilloso, como lo es ser hombre. Creemos que el Estado no debe regular el reparto de responsabilidades familiares. La sociedad debe madurar para favorecer que el hombre y la mujer, en el ejercicio de su libertad, puedan
repartirse las responsabilidades familiares de forma autónoma y sin interferencias del Estado.
Confiamos en que acepten nuestras enmiendas para poder votar favorablemente esta moción, aunque a la vista de las corresponsables enmiendas del consenso progre no va a ser fácil. Estamos de acuerdo en que las medidas de conciliación de las
familias son insuficientes, pero siempre hay que llevarlas a cabo amparando y protegiendo la maternidad e incentivando la natalidad. (Aplausos). Que la familia claramente ...
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, ha terminado su tiempo.
La señora TRÍAS GIL: Dos segundos.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Lo siento.
La señora TRÍAS GIL: Que la familia claramente no es una prioridad para este Gobierno ... (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchísimas gracias, señoría. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra la señora Navarro Lacoba.
La señora NAVARRO LACOBA: Gracias, señor presidente.
Señorías, esta tarde sometemos a debate la conciliación familiar y laboral, sin duda un tema muy importante de la agenda política, pero nuestro país, España, tiene un problema previo y mucho más urgente que es el empleo. No podemos hablar
de conciliación familiar y laboral sin hablar de empleo, y los datos de hoy son demoledores. España es el país de Europa que más empleo destruye. Esto no es culpa de la pandemia ni de la COVID; que tengamos cuatro millones de parados es culpa de
la nefasta gestión de este Gobierno socialcomunista. (Aplausos). Sánchez llevaba veinte meses en el Gobierno cuando la pandemia nos sorprendió y solo en enero se destruyeron 244 000 puestos de trabajo. Hagan cuentas, señorías; de aquellos
polvos, estos lodos. Y suma y sigue: 700 000 trabajadores en ERTE candidatos al paro, si este Gobierno no lo remedia -y no lleva camino de ello-; 1 200 000 familias con todos sus miembros en paro; 86 000 empresas cerradas. Pero, ¿quién puede
hablar de empleo y de conciliación, si no van a quedar empresarios en este país? Y, además, un millón de autónomos en la cuerda floja -sí, señorías, en la cuerda floja- y sin protección del Plan MeCuida, porque no han sido incluidos en este plan de
protección. ¿Los autónomos no concilian, no tienen derecho? Vamos a acabar con el poco empleo que
queda en este país. Y, sí, señorías, 342 000 mujeres más en el paro -eso en el último año-, lo cual da lugar a que el 57,7 % del paro de este país sea femenino. Por eso, señorías, necesitamos hablar de conciliación, sí, pero antes de
empleo y también de políticas de igualdad real y efectiva.
Sabemos bien en el Grupo Parlamentario Popular -por eso me dirijo a las señorías de Podemos, que ostenta las carteras de los ministerios de Igualdad y de Trabajo- que con el Plan de Igualdad de Oportunidades del Partido Popular destinábamos
el 70 % de su presupuesto, de 3500 millones de euros, a políticas de empleo y a políticas de conciliación. Solo así pudimos conseguir cifras récord de empleo femenino; ustedes no pueden decir lo mismo detrás de una pancarta y repartiendo lazos
morados. A las pruebas me remito; alcanzamos la cifra de 8 700 000 mujeres afiladas a la Seguridad Social, cifra récord; uno de cada cuatro empleos femeninos de la zona euro se creaba en España; seis de cada diez emprendedores en España eran
mujeres, y además pudimos reducir la brecha salarial un 13 %, una cifra relevante en nuestra historia y por encima del Reino Unido. Eso se hace con los Gobiernos del Partido Popular. Y sí, también con la creación de empleo la mejor política social
iba acompañada de medidas de conciliación. La primera regulación de la conciliación familiar y laboral es del año 1999, con el presidente Aznar; también la primera regulación del teletrabajo está en la reforma laboral del Partido Popular, hoy
todavía vigente, que solo ustedes han regulado por la imperiosa necesidad de la pandemia y está muy lejos el éxito que pueda tener la tramitación de este real decreto-ley. Y así, suma y sigue, porque aumentamos la posibilidad de reducción de la
jornada laboral de ocho a seis años, aumentamos hasta un 15 % las pensiones de las madres trabajadoras y bonificamos al 100 % la cuota de la Seguridad Social a los autónomos hasta doce meses para los cuidados de sus familiares a cargo. Esto fue
acompañado de un plan ambicioso de flexibilización y de racionalización de horarios basado precisamente en la productividad, tal y como proponemos en la enmienda al petitum de la moción de Ciudadanos, y no como quiere hacer Más País con su enmienda
al reducir la jornada a treinta horas para trocear el trabajo.
Señorías de Ciudadanos, no tengan mucha esperanza porque ya lo hemos visto. Con Podemos ustedes lo tienen todo perdido, ellos tienen su hoja de ruta; un país de subsidiados; aquí no quieren que existan los asalariados. Mientras que la
ministra de Trabajo se vanaglorie de la validez de repartir un mayor número de prestaciones desde el ministerio, difícilmente podremos alcanzar una política de creación de empleo y mucho menos lograr la conciliación. Y, además, con el PSOE ustedes
siguen -perdonen, señorías de Ciudadanos- haciendo el ridículo. Han sido invisibles para el Partido Socialista en la tramitación de los presupuestos generales y no han aprendido nada de los pocos acuerdos a los que han llegado con el Partido
Socialista -lamentablemente, muchos en mi tierra-, porque los acuerdos con los ayuntamientos de Albacete, Guadalajara y Ciudad Real en nada han mejorado la vida de los ciudadanos. Así que, tengan a bien mirar en el espejo cómo mejora la vida de los
españoles en Madrid, en Andalucía y en Murcia cuando se fijan en las políticas del Partido Popular y asuman nuestra enmienda, que propone, por supuesto -lo más principal-, ampliar el Plan MeCuida para todos los autónomos.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Ros Martínez.
La señora ROS MARTÍNEZ: Gràcies, senyor president.
Señorías, esta pandemia ha revelado numerosas carencias y una realidad que siempre hemos reclamado en el Partido Socialista: los cuidados de las personas, el uso del tiempo y la forma de trabajar y vivir son una responsabilidad compartida
de empresas, instituciones y, también, de mujeres y hombres. Señora Giménez, sus propuestas se mueven una vez más en el ámbito de la conciliación y, avanzado el siglo XXI, se debe hablar de corresponsabilidad, porque conciliar, las mujeres ya
concilian; concilian a costa de sus carreras profesionales, de su ocio y de su salud, a costa de la desigualdad, algo que en el Partido Socialista detestamos. Nosotras preferimos hablar de corresponsabilidad porque corresponsables son los hombres
y mujeres y porque corresponsable tiene que ser el Estado con la ciudadanía. Todo el mundo debería disponer de tiempo para su vida familiar, profesional y personal, no solo las personas dedicadas a los cuidados.
Señorías de Ciudadanos, lo que piden en esta moción ya se hace y se seguirá haciendo por parte del Gobierno porque está recogido en los Presupuestos Generales del Estado para 2021, y ustedes han votado que no. (Aplausos). La enmienda de
modificación del Partido Socialista pretende, con la mejor intención, mejorar su propuesta para ser realistas y seguir impulsando las políticas que ya están en
marcha. Decir y hacer, pasar de las palabras a los hechos, porque le recuerdo lo que le contestó la ministra a su petición de aprobar un permiso laboral parental: que la directiva que vamos a trasponer ya exige un permiso parcial. Hechos
como el plan MeCuida, de ahí nuestra enmienda para seguir aplicándolo porque obliga a las empresas a adaptar la organización del trabajo a las necesidades de las personas. Hechos, porque las propuestas que piden para un pacto de Estado por la
conciliación -que nosotras les proponemos que sea un pacto por los cuidados- están recogidas en los presupuestos de 2021, y ustedes han votado que no. Han votado que no a unos presupuestos que, por primera vez, contemplan un plan corresponsable de
200 millones de euros para construir un sistema estatal de cuidados. Han votado que no a unos presupuestos que aumentan el 70 % las partidas de servicios sociales para fortalecer un sistema de cuidados públicos. Han votado que no a la ley que
universaliza la educación de cero a tres años, pues estos presupuestos invertirán 200 millones de euros en aulas de esas edades. Han votado que no a unos presupuestos que otorgan rango de ley a los reglamentos de igualdad retributiva y planes de
igualdad. Han votado que no a unos presupuestos que justamente igualan los permisos de paternidad y maternidad a dieciséis semanas, permisos iguales e intransferibles.
Señorías, para el Partido Socialista en el año 2020 hay que hablar y actuar con corresponsabilidad porque eso es economía, productividad y prosperidad, y este es el reto y el esfuerzo en el que trabajamos las y los socialistas, el ejemplo
más evidente son los presupuestos de 2021. Simón de Beauvoir escribió: La crisis no la pueden pagar las mujeres. Y este Gobierno no se vuelve a quedar en las palabras y pasa a los hechos. Hechos, y así, el pasado miércoles, 9 de diciembre, el
Consejo de ministras y ministros aprobó el III Plan para la Igualdad de Género en la Administración General del Estado, con 68 acciones que incluyen multitud de medidas para la corresponsabilidad; hechos como el compromiso de este Gobierno con un
pacto social y político por la racionalización de los horarios, que incluirá una ley de usos del tiempo y racionalización de los horarios, garantizando los derechos a la adaptación de la jornada de trabajo hasta que los hijos e hijas tengan doce
años; hechos como la apuesta decidida por unos servicios públicos de calidad que devuelvan derechos laborales, todo lo contrario de lo que hizo el Partido Popular cuando gobernó, que fue desmantelar el Estado del bienestar.
Señorías, las mujeres no somos un colectivo, somos más de la mitad de la población. Queremos ser iguales, iguales en todos los ámbitos para conseguir una democracia plena. Señorías, blanco y en botella, si quieren arrimar el hombro en aras
de la corresponsabilidad y la igualdad, voten la enmienda del Grupo Socialista.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Barandiaran Benito.
El señor BARANDIARAN BENITO: Buenas tardes, señorías, señor presidente. La cuestión de fondo sobre las medidas para garantizar el derecho a la conciliación y la igualdad de trato será posiblemente una de las más apasionantes que podamos
abordar quienes hacemos frente al ámbito del derecho social y no solo al del derecho laboral. El auténtico reto, la verdadera preocupación a la que debemos dirigir nuestra atención consiste en hablar de las políticas de cuidados y en situar a las
políticas de cuidados como uno de los ejes de intervención de los poderes públicos, precisamente para hacer efectivo el derecho a las políticas de bienestar al que se refiere el artículo 50 de la Constitución, justamente por las administraciones más
cercanas a los ciudadanos y, por lo tanto, a sus necesidades sociales y asistenciales. Por eso este debate se tiene que contextualizar de muchas maneras.
Las medidas, vistas desde la perspectiva del derecho de los ciudadanos a una política de cuidados, hacen referencia a la conciliación de la vida familiar y profesional de los progenitores en aquellos términos que define la Directiva
2019/1158, que establece unos requisitos mínimos relacionados con el permiso de paternidad, el permiso parental y el permiso para cuidadores con fórmulas de trabajo flexible para los trabajadores que sean progenitores o cuidadores, facilitando así
esa conciliación de la vida laboral y familiar. Se pretende con ello contribuir a lograr objetivos de conciliación, de una parte, y de igualdad entre hombres y mujeres, de otra. Sin embargo, es precisamente en el ámbito de la trasposición de esa
directiva donde debiéramos debatir y concretar todos esos elementos; no los meramente coyunturales, como hace esta iniciativa, sino los de corresponsabilidad desde el prisma de la igualdad de oportunidades y el derecho a una
vida digna. Dicho sea con todo el respeto, entendemos que la moción en lo que se refiere a dichos valores no es más que una iniciativa un tanto oportunista y carece de otra justificación y análisis de su contexto.
En cuanto a la traslación de dichos supuestos al caso concreto del COVID, como se ha recordado aquí, ya desde el artículo 6 del Real Decreto- ley 8/2020, el artículo 15 del Real Decreto-ley 15/2020 y la disposición adicional tercera del Real
Decreto-ley 28/2020 se han prorrogado hasta la fecha del 31 de enero aquellas medidas del Plan MeCuida. La moción hace referencia en dicho contexto a un añadido, el de la medida particular del permiso parental, que en este caso se quiere convertir
en retribuido. Eso sin perjuicio de un conjunto de medidas sostenidas otra vez en un pacto de Estado, titulado ahora 'Por la conciliación', donde además de incidir en la coordinación con las comunidades autónomas y entidades locales -no en la
colaboración, que en derecho no es lo mismo-, se centran en propuestas que carecen de contenido o afectan al ámbito educativo, fuera de contexto nuevamente. Por eso mi grupo difícilmente puede apoyar ninguna iniciativa cuyo contenido, como viene
siendo demasiado habitual, se concreta en propuestas de pactos de Estado que, además, inciden, también de forma habitual, en competencias que son de las comunidades autónomas o, en su caso, compartidas.
Hace pocas fechas, me llamaba el padre de una chavala que cumple dieciocho años este 17 de diciembre, dentro de dos días. A pesar de que está afectada por un grado de reconocimiento de minusvalía del 84 %, su padre perderá la prestación
económica de cuidado de menor afectado por enfermedad grave a la que se refieren los artículos 190 a 192 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, como consecuencia del cumplimiento del límite de edad de dieciocho años fijado en
tal normativa. Dicha situación incongruente le obligará a asumir que el permiso del que disfruta actualmente al 50 % será no retribuido y, por ello, cualquier medida de cuidado pasará a ser aún más gravosa. No lo he dicho al principio, lo digo
ahora, este es uno de esos supuestos en que lo urgente nos impide ver lo realmente importante. Este es un supuesto que la ministra el otro día definió como de fuerza mayor familiar. Estas son las cuestiones a las que debemos atender cuando vamos a
hablar de conciliación, cuando vamos a hablar de cuidados y cuando vamos a hablar de entender políticas comunes que vayan a dar soluciones a los ciudadanos a través de las administraciones más cercanas a ellos.
Por eso, con todo respeto, sintiéndolo mucho, Sara, y no solo por cuestiones competenciales sino por algunas otras, esta iniciativa no va a poder contar con nuestro apoyo.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra la señora Vallugera Balañà.
La señora VALLUGERA BALAÑÀ: Buenas tardes de nuevo. Lo comentaba antes con la ponente de la iniciativa. Respecto al primer punto de la moción, estamos de acuerdo con esta medida y, en caso de votación por puntos, votaremos favorablemente
porque, de hecho, llevamos pidiendo esta baja con derecho a prestación para familias con hijos y contactos que den positivo y deban guardar cuarentena desde que se reabrieron las escuelas, que no es desde el mes de marzo, porque hay gente que ya lo
pidió desde el mes de marzo, pero nosotros nos esperamos a que abrieran las escuelas y se produjera el hecho causante. Por cierto, hasta lo hemos presentado como enmienda en una proposición no de ley sobre cuidados y nos votaron en contra. Por
tanto, si lo votamos por puntos, esperamos que tengáis mayor suerte en este tema.
Sin embargo, es cierto que no compartimos la propuesta de pacto de Estado por la conciliación, no solo porque sea un pacto de Estado, que también, sino porque la conciliación, desde nuestra perspectiva, es una trampa. Debemos cambiar el
paradigma y de algún modo os pedimos que os aliéis. La conciliación es una trampa. Hablan del pacto para los cuidados y yo añadiría: y para la vida. Ese es el cambio de paradigma. El mercado laboral debe adaptarse a la vida y no al revés.
Sobre la base del trabajo reproductivo es como deben estructurarse las políticas sociales y, además, las políticas referidas a los usos del tiempo. El planteamiento de la iniciativa que han hecho a esta Cámara, desde nuestra perspectiva, es
tradicionalista. Fíjense en que ustedes hablan de corresponsabilidad entre hombres y mujeres, pero hay muchas familias que no son así. Hay multiplicidad de formas de familia y la corresponsabilidad debe ser también entre lo privado y lo público,
porque lo público también es responsable del mantenimiento de la capacidad de hacer perdurable la vida en nuestras casas. El gran aprendizaje de la crisis de la COVID precisamente es este: ¿qué es importante y qué es subsidiario?; ¿qué ha
aguantado el Estado y qué ha cedido porque no ha aguantado la presión; ¿qué debemos defender a toda costa y qué no? ¿Y qué debemos defender? La salud y la vida.
Además, esta es una aportación relevante de la agenda feminista. Nuestra propuesta reivindica -ya lo he dicho- un cambio de paradigma. Se debe entender el trabajo de cuidados como una contribución económica y social imprescindible, el
trabajo reproductivo, que debe organizarse como una responsabilidad social y no es una responsabilidad meramente individual. Debo explicar aquí, porque a lo mejor no lo conocen, que la Generalitat de Catalunya ha sido pionera en el Pacto por la
reforma horaria.
En 2025 nuestros horarios se habrán equiparado teóricamente a los países europeos. Objetivo: horarios racionales y saludables. Es imprescindible el impulso de esa nueva cultura del tiempo porque hay nuevas necesidades sociales. Queremos
consolidar el factor tiempo como una medida también de libertad, equidad y justicia social. Apostamos por una vida digna de ser vivida, que deje atrás los planteamientos capitalistas de acumulación de riqueza y entienda las tareas de cuidados como
la responsabilidad social que permite tener un futuro, una vida digna de ser vivida; que tenga en cuenta también los diferentes puntos de partida de las personas y las intersecciones que las atraviesan para hacer un diseño de políticas públicas
justo y redistributivo.
Termino manifestando algo que no llevo escrito. Hace muchos años que me dedico a la política, conozco a mucha gente y he hablado muchas veces de este tema: las personas no somos cajitas. No somos cajitas que cuando trabajamos no tenemos
hijos, no tenemos amigos, no tenemos padres, no tenemos dependientes; y cuando salimos no nos formamos, no vamos creciendo también como empleados. Somos una sola persona, y somos trabajadores y somos padres, madres, amigos, parejas, lo somos todo
a la vez. Y esta obsesión por partir los tiempos es una obsesión por partir a las personas y por hacerlas simplemente esclavas de un sistema económico depredador.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Señora Giménez, ¿acepta su grupo alguna de las enmiendas presentadas?
La señora GIMÉNEZ GIMÉNEZ: Le informo de que estamos planteando una transaccional en relación con algunas de las enmiendas presentadas.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muy bien. Muchas gracias.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, PARA QUE EL GOBIERNO DÉ SU VISIÓN SOBRE LA VALORACIÓN DEL GOBERNADOR DEL BANCO DE ESPAÑA Y LA PRESIDENTA DE LA AIREF SOBRE EL CUADRO MACROECONÓMICO INCLUIDO EN LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL
ESTADO. (Número de expediente 173/000043).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Continuamos con la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para que el Gobierno dé su visión sobre la valoración del gobernador del
Banco de España y la presidenta de la AIReF sobre el cuadro macroeconómico incluido en los Presupuestos Generales del Estado.
Por el grupo autor de la iniciativa, tiene la palabra el señor Castellón Rubio.
El señor CASTELLÓN RUBIO: Muchas gracias, presidente.
Señorías, buenas noches ya. Andamos estos días inmersos en plena embriaguez gubernamental como consecuencia de la inminente aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2021. Eso, junto a la constatación de que por fin va a
llegar la lluvia de millones procedente de Europa, nos sumerge, con ayuda de la máquina propagandística de Moncloa, en un ambiente festivo muy propio de estos días, muy propio de estas fechas. Pero como todo exceso de ingesta etílica, señorías,
después de la jarana llegará la resaca. Y la resaca para España se llamará 70 000 muertos encima de la mesa; 86 000 empresa menos; 3 800 000 parados; 750 000 españoles sujetos a un ERTE que no pueden trabajar, a pesar de que quieren hacerlo;
sectores estratégicos totalmente arrasados; unas finanzas públicas con un déficit que va a finalizar este año con un 11,3 % o una deuda pública de 20 puntos más que la que teníamos hace un año. Esa es la resaca, señorías, a la que tendremos que
enfrentarnos el 7 de enero, y cuya gravedad va a dejarnos secuelas en forma de ajustes durante la próxima década, utilizando terminología del Banco de España.
Pues bien, este drama económico y social nos sitúa ante una dicotomía: o seguimos embriagados en el espejismo de la abundancia de los recursos que vienen de Europa y la satisfacción de repartirlos como si de una noche de Reyes se tratara
-eso y poco más- o hacemos lo más difícil y a la vez lo más necesario, que es procurar la estabilidad de las finanzas públicas, encarar la recuperación de nuestra economía con reformas estructurales y ayudarlas, además, con una estrategia de
inversión eficaz y eficiente de los fondos europeos. Una situación tan delicada como la que estamos viviendo requiere, sin duda, el coraje y la determinación de hacer lo segundo y, por eso, esta moción del Grupo Popular en esta Cámara.
Señorías, este Gobierno, como todos, a su pesar está supeditado al imperio de la ley y de ahí que el punto primero de nuestra moción pida algo tan simple como que el Gobierno cumpla la ley. El pasado 20 de octubre aprobamos en este Congreso
la suspensión de las reglas fiscales para 2021, con lo que eso supone de posibilidad de incurrir en déficit estructural. Citando a la propia ministra de Hacienda, la suspensión de la senda de consolidación no implica una suspensión de la
responsabilidad fiscal. Por tanto, el Gobierno no puede incurrir en la irresponsabilidad de dilatar ni un segundo más la presentación de un plan de reequilibrio porque, además, se lo exige la Ley de Estabilidad. Más cuando el Banco de España ha
insistido en la necesidad de hacerlo y también la AIReF que, después de reclamarlo en el mes de mayo, ha tenido que reiterarse hasta en cuatro ocasiones, la última como consecuencia de su informe elaborado para la suspensión de las reglas fiscales,
cuando subrayaba que era obligatoria la formulación de este escenario de equilibrio. Ahora probablemente vendrán Podemos y PSOE a decirnos que ya está aquí la derecha del PP austericida y el Banco de España y la AIReF con sus manías austericidas, y
no, señorías, lo que estas dos instituciones hacen es cumplir con su deber, que no es otro que velar por el ejercicio de la responsabilidad y la prudencia económica, y este partido, mi partido, lo que hace es decirles a los ciudadanos que con un 120
% de deuda y con un déficit desbocado si no disponemos urgentemente de un plan que lo disminuya paulatinamente, vamos a poner en peligro muchos servicios públicos que hoy se prestan y que probablemente en el futuro no se puedan mantener. Por eso,
es ineludible e inaplazable el compromiso del Gobierno de España con la sostenibilidad de nuestras finanzas públicas a medio y largo plazo, algo que pasa por que el Gobierno nos diga -y lo haga ya- qué gastos tiene previsto suprimir o cómo piensa
aumentar la recaudación para afrontarlos. Básicamente, señores del PSOE, ustedes lo que no pueden es abdicar de la responsabilidad derivada de estar en el Consejo de Ministros, de tener el Gobierno de España. Tienen que venir aquí a explicar a los
españoles cuál es el horizonte que nos espera en los próximos años, si tenemos enfrente un horizonte de recortes sociales o si tenemos un horizonte de más impuestos a las familias y a las empresas o si vamos a tener un horizonte donde vamos a tener
impuestos y recortes, tal y como sucedió cuando gobernaron ustedes con Zapatero; por cierto, con el apoyo del señor Sánchez votando a favor de esas medidas. (Aplausos).
Por otro lado, señorías, esta misma semana hemos conocido que el Consejo de Transparencia ha comunicado hasta en doce ocasiones al presidente del Gobierno que atienda a sus requerimientos en el cumplimiento de la ley y que publique diversa
información relacionada con su gestión. El presidente del Gobierno desoye y desprecia al Consejo de Transparencia, desoye y desprecia a la AIReF, desoye y desprecia al Banco de España. Y si hace esto, ¡cómo le vamos a pedir que no desoiga a la
oposición y que no desprecie al Parlamento! Y es que desgraciadamente, señorías, estamos ante el Gobierno más opaco de la democracia cuando precisamente lo que necesitamos es todo lo contrario: transparencia y rendición de cuentas del Ejecutivo
cuando implemente medidas para sacarnos de la crisis. Por eso es imprescindible que el Gobierno venga a esta Cámara a rendir cuentas y que comparezca regularmente para informar al menos de tres aspectos. En primer lugar, de las desviaciones
presupuestarias y de la evolución del déficit y de la deuda. En segundo lugar, sobre la evolución de la ejecución de los avales de las líneas ICO. Solo quiero recordar que ya se han suscrito garantías públicas por más de 84 000 millones de euros,
por lo que cualquier ejecución, por mínima que sea, va a suponer un compromiso de las previsiones del Gobierno y, por tanto, mayor déficit y más deuda. Y, en tercer lugar, que venga a esta Cámara para informar del estado de los programas asociados
al Mecanismo de Recuperación y al cumplimiento de los plazos comprometidos, teniendo en cuenta que el propio presupuesto del Estado va a depender en gran medida de la ejecución de los mismos. Ya que no han contado con la oposición ni han contado
con independientes, por lo menos que rindan cuentas. (La señora presidenta ocupa la Presidencia).
Señorías, la economía española necesita responsabilidad, credibilidad y transparencia, y ninguna de estas tres cualidades hoy las atesora el Gobierno de Pedro Sánchez. Como decía al comienzo de mi
intervención, la resaca que se nos avecina será grande y solo la vamos a poder parar con determinación y con la combinación de dos analgésicos: crecimiento y rigor fiscal. Eso y, por supuesto, terminar con la fiesta de los excesos
gubernamentales ya porque no vamos a tener aliento para escalar la cuesta de enero.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Castellón. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Para la defensa de las enmiendas formuladas por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra la señora Cañizares Pacheco. (Aplausos).
La señora CAÑIZARES PACHECO: Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías.
Señorías del PP, han presentado una moción con la que en principio podríamos estar de acuerdo, pero nos resulta genérica, incluso diría que un tanto confusa puesto que originalmente concluye instando al Gobierno a adoptar las medidas que
sean necesarias para que los desequilibrios de nuestras cuentas públicas no pongan en riesgo nuestro Estado del bienestar. Entonces, dejan al libre albedrío del Gobierno la elección de las medidas para mantener su estado del bienestar, pero ¿cuál,
el de los españoles o el de los políticos? Pues ya saben lo que nos espera: que el Gobierno, siguiendo su agenda ideológica y totalitaria, haga lo que sea necesario para mantenerse en el poder.
Miren, aquí la única moción que ha puesto sobre la mesa lo que España necesita es la que nosotros presentamos el 29 de septiembre, una moción de censura a este Gobierno, cosa que ustedes no apoyaron y que dejó claro que si no están con la
oposición, están con el Gobierno. Lo mismo sucede con sus enmiendas parciales a los presupuestos de Bildu. Este Gobierno merece una enmienda a la totalidad, a sus presupuestos y a su gestión. (Aplausos).
Respecto de su moción, que presentaron el 17 de noviembre, nosotros veinte días antes ya habíamos presentado una proposición no de ley en la que instábamos al Gobierno a dejar de buscar esas palmeras en el polo norte que ya dije hace unos
días y a diseñar y presentar ante las Cortes Generales un plan de reequilibrio a medio plazo que introduzca una estrategia de revisión del gasto público, del tamaño del sector público, de la estructura y capacidad recaudatoria de las figuras
impositivas, así como un programa de reformas estructurales que permita a la economía mejorar la productividad de los factores y la competitividad a medio largo y plazo, y que abarque reformas integrales por el lado de la oferta. Nuestras
propuestas, alineadas con las últimas recomendaciones tanto de la AIReF como del Banco de España, ponen de manifiesto dos cuestiones: primera cuestión, que el Gobierno ha suspendido la reglas fiscales como permite la Ley de Estabilidad en su
párrafo primero y, sin embargo, no ha querido prestar atención al tercer párrafo de dicho artículo, que reza que en estos casos deberá aprobarse un plan de reequilibrio que permita la corrección del déficit estructural, y que está en línea con el
mandato de la Comisión Europea. Sin embargo, el Gobierno, incumpliendo preceptos constitucionales y el pacto europeo, no tiene la intención de presentar dicho plan y se lo voy a demostrar.
En la comparecencia en las Comisión de Presupuestos, tanto a la secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos como a la de Hacienda les pregunté que para cuándo el plan de reequilibrio y contestaron: señorías, el plan de reequilibrio lo
presentaremos en el momento en que tengamos una situación estable de país o bien cuando conozcamos y constatemos el punto de inflexión, es decir, la dimensión completa del daño; entonces estaremos en condiciones de rearmar el plan de reequilibrio.
Es decir, que hasta que no estemos hundidos en la más absoluta miseria no piensan traer el plan de reequilibrio o, lo que es lo mismo, esperemos a que se hunda la casa y así veremos con mayor claridad la dimensión del solar para empezar a construir.
(Aplausos).
Segunda cuestión. Les dijimos que trajeran un programa concreto de los proyectos donde van a invertir los Fondos de Recuperación, porque no estamos para perder el tiempo, porque las empresas continúan cerrando, cientos de miles de españoles
han perdido su trabajo y las colas del hambre siguen creciendo, y, por tanto, deben incluir las necesidades reales de los españoles en su agenda, aunque para este Gobierno la única agenda es la del señor Iglesias, la agenda globalista, de la que
ustedes son cooperadores porque la firmaron en 2015. La semana pasada la AIReF reiteró la necesidad de una estrategia de consolidación fiscal de medio plazo que garantice de manera realista y creíble la sostenibilidad financiera de las
administraciones públicas. El gobernador del Banco de España, como ustedes han dicho también, insistió en la necesidad de utilizar la política presupuestaria para combatir las consecuencias económicas de la pandemia, siendo urgente -decía- diseñar
un plan detallado de consolidación presupuestaria a medio plazo que ayude a colocar la actividad y el empleo en una senda de crecimiento
sostenido. Pero, señores del PP, les tengo que decir que debemos subrayar que España ha sufrido el golpe de esta crisis desde una posición de desventaja por la situación de partida de nuestras cuentas públicas, con alto nivel de
endeudamiento, y ahí ustedes tienen parte de responsabilidad porque, aunque redujeron el déficit del 9,7 al 2,5 en siete años, vemos países, como Holanda, que pasó de un déficit del 4,4 a un superávit del 1,3, o Irlanda, que transformó su déficit en
un superávit. Ustedes no aprovecharon los años de bonanza para sanear las cuentas públicas porque no redujeron partidas de gasto inútiles, que ahora aprovecha el Gobierno socialcomunista para seguir dopándolas en medio de esta gran crisis.
Hemos presentado una enmienda que nos han aceptado y hemos hecho una transaccional que mejora sustancialmente su moción y en la que se exige un plan de consolidación y, en definitiva, una hoja de ruta conducente a restablecer el equilibrio
de nuestras finanzas para que nuestros hijos y nuestros nietos puedan dormir tranquilos, porque hoy los únicos que duermen tranquilos son el señor Sánchez y el señor Iglesias.
Gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Cañizares. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea.
La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias, presidenta. Buenas noches.
Tratamos hoy una moción consecuencia de interpelación para que el Gobierno dé la visión sobre la valoración del gobernador del Banco de España y de la presidenta de la AIReF sobre el cuadro macro. Es cierto que estas interpelaciones pueden
tener su justificación en todas estas emociones, pero es que parece que vamos ya con unas cuantas en torno al mismo tema y creo que ya los distintos grupos nos hemos posicionado respecto al mismo. Es más, nos hemos posicionado en torno al cuadro
macro en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado que se va a aprobar en breve; entonces, no creo que hoy vayan a conseguir el respaldo del resto de los grupos en ese sentido.
Es obvio que no podemos hablar del cuadro macro en el que se sustenta el presupuesto sin tener en cuenta que vivimos una situación inédita, una crisis sanitaria que ha derivado en una crisis económica y social de la que desconocemos su
duración y persistencia y, desde luego, sus efectos reales; una crisis que es verdad que ha alterado todas las agendas políticas y las prioridades y que nos obliga a todos los poderes públicos a la toma de decisiones en un entorno cambiante, y es
que no podemos negar que a lo mejor en dos meses, y quizá menos, pueden cambiar esas previsiones realizadas. De hecho, ya se están modificando con la segunda ola de la enfermedad, empeorando las previsiones, pero incluso puede variar a mejor con la
aplicación de la vacuna. Creo que ustedes, el Partido Popular, comprenden muy bien la dificultad de hacer previsiones en un contexto imprevisible y con un abanico de posibilidades demasiado amplio, y esto habría que plasmarlo en ese presupuesto,
como he dicho. Se lo dijo también la vicepresidenta segunda, que las previsiones no están escritas en piedra y que la incertidumbre es máxima. Es cierto que tanto las previsiones de la AIReF como del Banco de España son más pesimistas. Dicen que
la economía va a caer más de lo previsto en 2020 y va a tener un peor arranque en 2021, aunque el supervisor, relacionándolo con la vacuna, anticipa una aceleración también de la recuperación. La presidenta de la AIReF nos trasladó sus
discrepancias en cuanto a la previsión de ingresos, que se estimaba en un escenario optimista mientras que el gasto se encuadraba en un escenario pesimista. Eso es algo que a lo mejor preocuparía en cuanto que en sí mismo encierra una
contradicción. Ambas instituciones estiman que el agravamiento reciente de la pandemia reduce la probabilidad de cumplimiento del escenario macro, que está más cerca de las previsiones más optimistas, pero no han negado en ningún momento que se
pueda llegar al nivel de recuperación que prevé el Gobierno, aunque consideren ese escenario menos plausible. Lo más adecuado es tener un cuadro macro más realista y estoy segura de que el Gobierno ha manejado diferentes escenarios y estoy segura
también de que, en caso de cualquier variación, será flexible y dinámico para revisar cualquier desviación que se pueda producir en función de la evolución de la pandemia y adoptar cuantas medidas sean necesarias porque todo apunta, es verdad, a que
el año 2021 será también un año incierto.
Como fue usted, señor Garcés, el que hizo la interpelación, me gustaría saber si ustedes cumplían a rajatabla con el cuadro macro y no había desviaciones. ¿O tampoco adoptaban cuando estaban en el Gobierno medidas necesarias para evitar
desequilibrios? ¿Comparecían ustedes todos los meses para ello? Y, hombre, me puede decir que la situación es distinta porque ustedes también gobernaron durante
la crisis de 2008, que es verdad que nada tiene que ver con esta, pero es que, a efectos de dar explicaciones a los grupos y, en definitiva, a la ciudadanía, creo que son iguales. Y para todo esto, desde luego, no creemos que haga falta que
el Gobierno comparezca mensualmente en el Congreso. Es verdad que ustedes saben que los grupos podemos pedir comparecencias, los ministros y las ministras también comparecen a petición propia y tenemos el control parlamentario de los miércoles. En
este sentido, los mecanismos para que se puedan dar explicaciones son más que suficientes, lo mismo que cuando ustedes han estado en el Gobierno. Por eso, vamos a votar en contra de la moción.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Sagastizabal. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra la señora Muñoz Vidal.
La señora MUÑOZ VIDAL: Gracias, señora presidenta. Buenas noches ya, señorías.
Yo creo que a estas alturas de la legislatura nadie duda de la actitud constructiva -crítica, pero constructiva- que ha tenido mi grupo parlamentario durante estos meses para conseguir unos buenos presupuestos para los españoles. En medio
de una pandemia global y de una crisis económica de magnitudes incalculables había que dejar a un lado los intereses partidistas y las siglas para trabajar por los españoles. De hecho, fuimos los primeros -la señora Arrimadas- en tender esa mano y
en el mes de marzo propusimos unos presupuestos de emergencia nacional para hacer frente a la grave crisis que estaba por venir. Y toda España ha sido testigo en los últimos meses de que Ciudadanos ha trabajado para que los Presupuestos Generales
del Estado no reflejaran lo que los partidos del Gobierno de coalición, PSOE y Unidas Podemos, pactaron: una subida masiva de impuestos a las clases medias. Conseguimos que eso no fuera así y también tratamos de evitar que los presupuestos
recogieran las demandas nacionalistas e incluyeran medidas contraproducentes para la economía y la igualdad de los españoles. La negociación dio sus frutos -algunos frutos- y me gustaría recordar a la señora a Navarro -no la veo ahora- que hacer el
ridículo es quedarse en el rincón de los ofendidos y de los enfadados y no conseguir nada en ningún tipo de negociación con este Gobierno. (Aplausos). Hacer el ridículo es no conseguir nada y Ciudadanos ha trabajado y ha conseguido cosas, aunque
sean pocas. Ha conseguido una tarjeta sanitaria única y que no se suba el IVA ni a la sanidad privada ni a la escuela especial o a la concertada. También hemos conseguido una cosa muy importante que nosotros ya sabíamos, pero que necesitábamos
constatar y que toda España fuera testigo: demostrar de forma patente y clara la predilección y la debilidad de Sánchez por los socios radicales, populistas e independentistas.
Nos encontramos con unas cuentas alejadas de las exigencias europeas, carentes de previsiones sólidas y sin ambición de acometer reformas urgentes, y no lo digo yo, que ya lo dije en suficientes ocasiones en la tramitación presupuestaria,
sino que lo dicen los diversos organismos y autoridades de España -y también a nivel internacional- y la propia Comisión Europea, organismos legitimados para ofrecer una opinión económica y financiera, como el Banco de España o la propia Autoridad
Independiente de Responsabilidad Fiscal, que han advertido del exceso de optimismo de estas cuentas, de que los datos no son creíbles y de los elevados riesgos de las previsiones macroeconómicas del Gobierno contenidas en su plan presupuestario. La
misma presidenta de la AIReF dijo en esta Cámara que el Gobierno no había hecho caso de la recomendación sobre las previsiones fiscales para que fueran prudentes, dados los riesgos que había en el escenario macroeconómico. De verdad, lamentamos que
estos sean unos presupuestos que no nos gustan y lamentamos de verdad que esas ayudas históricas que va a recibir España no sirvan para lo que de verdad deberían servir, que es sentar las bases para una economía nueva, competitiva, dinámica,
innovadora, digital y conectada con el resto del mundo. Señorías del PSOE y de Podemos, la Unión Europea, el Banco de España y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal han mostrado sus recelos ante estos presupuestos, como yo
personalmente he hecho en nombre de mi grupo parlamentario en numerosas ocasiones.
Acabo ya diciendo que votaremos a favor de esta moción, con las transacciones incorporadas, porque queremos que el Gobierno se presente en esta Cámara, entre en el fondo del asunto y explique a los españoles por qué hace oídos sordos a
organismos supervisores independientes y prefiere las recetas de Rufián y Otegi antes que lo que proponen el señor Hernández de Cos o la señora Herrero. Queremos que venga aquí a presentar el plan de reequilibrio que le exige la ley; que
introduzca una hoja de ruta donde
haya una auditoría y una revisión del gasto, y donde se revise el sistema impositivo; que nos diga qué van a hacer para sanear las cuentas públicas, y que nos diga cuándo vamos a alcanzar la sostenibilidad económica.
Muchas gracias, presidenta. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Muñoz. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra, en primer lugar, el señor Rego Candamil.
El señor REGO CANDAMIL: Grazas, señora presidenta.
Señoras y señores del Grupo Parlamentario Popular, no voy a entrar en si las estimaciones macroeconómicas que el Gobierno ha incluido en los presupuestos son muy optimistas o no, aunque probablemente lo sean. El problema real es que ustedes
ya están colocando la venda antes de la herida con sus recetas neoliberales fracasadas en la anterior crisis. Fracasadas sí, porque, por mucho que alardeen, lo cierto es que sus políticas de recortes penalizaron a las mayorías sociales reduciendo
derechos, precarizando las condiciones laborales y de vida, generando más pobreza, deteriorando los servicios públicos, disminuyendo la protección social, generando paro y emigración. En mi país, Galiza, más de 300 000 jóvenes tuvieron que marchar
por falta de oportunidades laborales solo en la década de la crisis. Eso sí, no todos salieron perdiendo. Los bancos fueron rescatados con nuestro dinero y las grandes empresas se beneficiaron de condiciones laborales más favorables a costa de los
derechos de los trabajadores y trabajadoras. En fin, aumentaron las desigualdades sociales, los pobres salieron más pobres y los ricos más ricos. Por eso digo que fueron un fracaso. Si ustedes se empeñan en calificarlas de éxito, será que asumen
que gobiernan para los ricos, aunque es comprensible que no quieran admitirlo.
Como decía, el problema es que vuelven ustedes con los viejos dogmas neoliberales: plan de reequilibrio, estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera, etcétera. Traducido: más recortes, más precarización y más empobrecimiento.
El BNG es una fuerza soberanista de izquierdas y defendemos que a quien hay que rescatar es a la mayoría social de nuestro país, a la clase trabajadora y a las clases populares galegas, y no será con certeza con las viejas recetas exitosas solo para
unos pocos.
Obrigado.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Rego. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el mismo grupo parlamentario, tiene la palabra el señor Bel Accensi.
El señor BEL ACCENSI: Gracias, presidenta.
La verdad es que mientras estaba interviniendo el señor Castellón los servicios de la Cámara nos han repartido una transaccional que me estaba leyendo y, al escuchar a la señora Cañizares desde esta tribuna, la he vuelto a repasar para ver
si realmente estaba firmada la transaccional y si realmente había un acuerdo o no, porque escuchándola aquí parecía que algo fallaba, y sí, sí, curiosamente estaba firmada.
También me sorprende que la transaccional introduzca más sentido realista en el punto primero con la aportación de VOX del que tenía la propia del Partido Popular, que exigía un plan de reequilibrio a dos meses como máximo, cuando todo el
mundo sabe que el plan de reequilibrio en la situación actual no se puede plantear a dos meses. Con la intervención de VOX este plan de reequilibrio va ya a un indefinido medio plazo. Es la transaccional que me han pasado a mí; si hay otra
transaccional, que no me extrañaría, visto lo visto, hágannosla llegar.
En todo caso, nosotros vamos a votar en contra de esta propuesta, aunque eso no debe hacer creer al Partido Socialista y a Unidas Podemos que nosotros no estamos de acuerdo con que deba existir un plan de reequilibrio. A mí me deja
tranquilo haber escuchado hablar a la vicepresidenta económica desde esta tribuna. Otra cosa es cómo se quiera enfocar el plan de reequilibrio, y con algunas de las medidas que ustedes están apuntando en su propuesta no estamos de acuerdo.
Evidentemente, la situación que hay es muy compleja, tanto o más compleja que la que podía haber en 2012. ¿En 2012 hubo subida de impuestos? Sí. ¿Y hubo ajuste y recorte de gastos? Sí. Habrá que ser realista y ver cuál es la situación que se
plantea, pero la solución en estos momentos no es una moción con unos principios que ustedes saben de manera clara que no se van a implementar.
En todo caso, instamos al Gobierno desde esta tribuna a finalizar la parte más aguda y agria de esta crisis, que es la sanitaria, a evaluar las consecuencias económicas y sociales de esta crisis y a trabajar en
un escenario a medio y largo plazo realista en todos los sentidos. Y realista quiere decir trabajar en un plan de reequilibrio, y realista quiere decir trabajar en reformas estructurales, algunas de las cuales se deberían implementar desde
nuestra óptica con la ayuda de los fondos europeos, de los cuales vamos a tener mañana ocasión de hablar más tranquilamente.
Muchísimas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Bel. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra el señor Guijarro García.
El señor GUIJARRO GARCÍA: Gracias, presidenta. Buenas tardes a todas y a todos.
El motivo de la moción que ahora nos ocupa ha sido profusamente debatido ya a lo largo de los últimos meses en esta Cámara. Tanto la vicepresidenta Calviño como la ministra Montero se han referido con detalle a este asunto y el largo debate
de presupuestos ha estado verdaderamente trufado de este argumento; básicamente, el mismo no deja de ser una variante del viejo y manido recurso según el cual el Gobierno miente y, por tanto, el Gobierno no es de confianza. Han estirado tanto esta
máxima que el señor Casado no dudó en viajar a Bruselas para advertir a nuestros socios europeos de este extremo, no vaya a ser que España recibiera las ayudas y transferencias necesarias para salir de esta terrible crisis. Poco les importó que
atravesaran de lleno los intereses de toda la ciudadanía española si, al final, el dardo hacía mella en el Ejecutivo. El problema es que este argumento, según el cual las previsiones económicas del Gobierno están fuera de la realidad, no tiene
ningún recorrido y creo que nunca lo tuvo atendiendo a estas tres razones.
La primera de ellas es que el Banco de España, la AIReF y cualquier organismo que se atreva hoy a establecer previsiones comienzan siempre por advertir del alto grado de incertidumbre existente y por eso se cuidan siempre de establecer
distintos escenarios, lo que deviene en la aparición de bandas de fluctuación. Pues bien, ocurre que el Gobierno, que no tiene la facilidad de jugar con bandas, sino que debe apostar por un único escenario, publica unas previsiones que resulta que
están dentro de los escenarios contemplados tanto por el Banco de España como por la AIReF. Así, las últimas previsiones del Banco de España, publicadas hace muy poco, el pasado viernes, hablan de que, en el mejor de los casos, la economía española
caerá un 10,7 en el año 2020, es decir, 0,5 puntos menos que las previsiones que maneja el Gobierno, y crecerá un 8,6 en el año 2021, es decir 1,4 puntos más que las previsiones del Gobierno. Pues bien, si la AIReF ha avalado el cuadro
macroeconómico remitido a Europa, si el Banco de España calcula un escenario central en cuyo entorno se mueve la previsión gubernamental, aquí debería terminar todo el debate. Pero no, que la realidad no estropee a sus señorías del PP ese dardo que
llevan afilando tanto tiempo. Así que exploremos dos argumentos más a ver si esta vez logramos sacarles de su empecinamiento.
Vayamos a los países de nuestro entorno a ver cómo han resuelto ellos este mismo debate. Casualmente, todos los Gobiernos europeos son también tildados de optimistas en sus previsiones por parte de sus bancos centrales u organismos de
responsabilidad fiscal. Así, por ejemplo, el Gobierno alemán prevé un incremento del PIB para el año 2021 del 4,4 %, es decir, 1,4 puntos más de los previstos por su banco central. En Francia ha habido algo menos de polémica, puesto que el
optimismo de su Gobierno solo ha rebasado en 6 décimas las previsiones de crecimiento de su autoridad bancaria. Por último, el Gobierno italiano prevé un incremento del PIB para el año 2021 del 5,1 %, es decir, muy superior al 3,5 que calcula su
banco central. ¿A qué se debe, por tanto, esta querencia natural que presentan estos Gobiernos? ¿Acaso les mueve la voluntad de mentir a su pueblo, como presupone el Partido Popular del Gobierno español o quizá es porque los Gobiernos están
obligados a creer en la efectividad de sus medidas? Quizá, porque si no creyeran en ellas, deberían presentar otras o dimitir en bloque.
Pero si todo esto no les convence, no se preocupen que aún me queda una bala de plata, la que ustedes mismos, señores del Partido Popular, dejaron en el momento de ser desalojados del Gobierno. Así, ocurre que las estimaciones incluidas en
los presupuestos de los años 2012 y 2013 fueron barridas por un tsunami de realidad como pocas veces ha visto este país. En el año 2012, la previsión de caída del PIB, menos 1,7 %, fue pulverizada por una caída real del 3 %, casi el doble de lo
previsto. Podrían haber aprendido para el año siguiente, pero no; en aquel entonces previeron una caída suave, del menos 0,5 %, muy lejos de las previsiones del Banco de España y de la Comisión Europea y, por lo tanto, muy lejos de la caída real
del 1,4 % que, efectivamente, se produjo. Vaya, fueron ustedes víctimas, señores del PP, del síndrome que le atribuyen ahora al Gobierno.
La propia AIReF, en un informe publicado en 2017, advertía de los sesgos registrados en las estimaciones realizadas por el Gobierno durante el periodo 2013-2016; por no hablar de la capacidad predictiva del señor Montoro a la hora de
calcular déficits anuales, que no sé si recuerdan, pero es muy similar a la que yo tengo para las quinielas, es decir, terriblemente baja. Lo cierto, señorías, es que en el océano de incertidumbre en el que nos movemos, esto nos obliga a ser muy
prudentes. Por tanto, su propuesta de aprobar cuanto antes un plan de consolidación fiscal no solo es extemporáneo -como ya se ha dicho, aún no sabemos qué ni cuánto habrá que consolidar-, sino que responde antes a la voluntad de sus proponentes
por rescatar una ideología en franca decadencia que a una vocación sincera por arrimar el hombro.
Termino diciéndoles a sus señorías del PP que pueden ustedes recitar cuantas veces quieran los principios ordoliberales, pueden también convocar a los hados de la austeridad con la esperanza de que se les aparezca el dios mercado y todo lo
arregle, pero lo cierto es que no existe.
La señora PRESIDENTA: Señor Guijarro, ha acabado su tiempo.
El señor GUIJARRO GARCÍA: Sí, señora presidenta, termino.
Lo que tenemos es el Estado, que no es infalible pero es lo que tenemos. Les ruego, por tanto, que no debiliten la única herramienta capaz de sacarnos de esto.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Guijarro. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Casares Hontañón.
El señor CASARES HONTAÑÓN: Buenas noches, señorías.
Señores del PP -señor Castellón-, están ustedes para hablar de resacas. Resacas las que dejaron ustedes en este país, y de las que todavía hoy los españoles padecemos las consecuencias, con sus recortes en la sanidad, la educación, la
dependencia y las pensiones; esa es la verdadera resaca que ha sufrido este país, señorías. (Aplausos). Y, señorías del PP, en medio de la peor crisis de nuestras vidas se han puesto ustedes de perfil y no han ayudado a su país. No contentos con
eso, han llegado a votar que no al estado de alarma y a medidas absolutamente necesarias para salvar vidas y empleos. (Rumores). Sí, señorías, sí.
La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.
El señor CASARES HONTAÑÓN: Después han hecho lo imposible para intentar que no se aprobasen los fondos europeos. Como no lo consiguieron -¿recuerdan?-, intentaron convencer a Bruselas de que nos pusieran condiciones, y tampoco lo han
logrado. Pero no se han quedado ahí; han intentado que este país no tuviera unos Presupuestos Generales del Estado, los más necesarios en cuarenta y dos años de democracia. Esa es la realidad, señorías del Partido Popular. (Aplausos).
Pero sabemos que no se van a quedar contentos y van a hacer todo lo posible para que tampoco se cumplan los objetivos presupuestarios. ¿Que hay que mentir? Se miente. ¿Que hay que engañar? Se engaña. ¿Que hay que crispar? Se crispa.
¿Que hay que hablar mal de España en Europa? Se habla mal de España en Europa. Y ustedes se permiten hoy venir aquí a dar lecciones a esta Cámara, señorías. (Un señor diputado pronuncia palabras que no se perciben). Sí, no se pongan nerviosos.
La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.
El señor CASARES HONTAÑÓN: Hablan también de previsiones de ingresos infladas, y lo dicen ustedes, que durante todos los años de mandato de los Gobiernos de Mariano Rajoy ni uno solo, señorías, cumplieron los objetivos de déficit y
acumularon un desfase de 25 000 millones de euros. (Aplausos).
Sin embargo, sí les voy a reconocer que dicen una verdad en su moción, en la que les tengo que dar la razón, y es que en esta crisis no podemos volver a incurrir en los errores del pasado. Por eso -¿saben?-, frente a su reforma laboral,
los ERTE para proteger a 3,5 millones de españoles; frente a su rescate a la banca, el rescate a las empresas y a los autónomos a través de los avales del ICO; frente a la negativa a ampliar la cobertura para los parados que ya no tenían ninguna
prestación, llegó la puesta en marcha por este Gobierno de un subsidio extraordinario para las personas que ya no tenían derecho o la prestación por cese de actividad para los autónomos, y frente a lo que pasaba en 2014 -¿recuerdan?-, donde el 11 %
de los españoles no podía pagar las facturas de la luz, el agua o la calefacción, este Gobierno ha prohibido los cortes de suministros o ha aprobado en el peor momento de nuestras vidas el ingreso mínimo vital. Esa es la realidad, señorías.
(Aplausos).
Pero no contentos con eso, se empeñan en poner también en duda el cuadro macroeconómico y no dejan de decir que hay incertidumbres. Señorías, desde el inicio de la pandemia este Gobierno, el Gobierno de España, siempre ha tomado la
situación y las previsiones económicas con mucha prudencia. Y claro que el escenario es cambiante, claro que el escenario es incierto aquí, en Europa y en todo el mundo; claro que el Gobierno ha considerado riesgos potenciales como el riesgo de
evolución de la pandemia, la tensión geopolítica, los posibles daños estructurales o las dificultades en la gestión de los fondos europeos. Pero no es menos cierto que hoy tenemos vacunas, señorías, que España es el primer país de la Unión Europea,
junto con Alemania, que tiene ya aprobado un plan de vacunación, que los resultados electorales de Estados Unidos despejan las crisis comerciales (rumores) -sí, señorías- o que este Gobierno prepara un real decreto-ley para que puedan agilizarse los
fondos europeos y se pueda también incentivar la colaboración público-privada.
Termino. Hoy no es tiempo de recortes o de elaborar un plan de reequilibrio. España, al igual que Europa, está comprometida con la estabilidad presupuestaria y la consolidación fiscal, pero lo primero es salvar a las familias y nuestro
tejido productivo porque si no, no habrá nada que reequilibrar. Señorías, no nos van a encontrar en salir de esta crisis con más desigualdad, pero sí nos van a encontrar en no dejar a nadie atrás. España puede, ustedes también. Inténtenlo.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Casares.
Señor Castellón, entiendo que la moción será votada en los términos de la transaccional que ha sido repartida a todos los grupos. (Asentimiento).
Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Votaremos en cuatro minutos. Les recuerdo, señorías, que solamente podrán votar desde el escaño que les corresponde, identificado con su nombre en la pantalla. Asimismo, les recuerdo que aquellas señorías que han sido autorizados para
emitir su voto por el procedimiento telemático no pueden volver a hacerlo desde su escaño.
Gracias. (Pausa).
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY DE INICIATIVA POPULAR. (VOTACIÓN):
- PROPOSICIÓN DE LEY SOBRE RATIOS DE ENFERMERAS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DEL PACIENTE EN CENTROS SANITARIOS Y OTROS ÁMBITOS (CORRESPONDE A LOS NÚMEROS DE EXPEDIENTE 120/000018 DE LA XII LEGISLATURA Y 120/000005 DE LA XIII LEGISLATURA).
(Número de expediente 120/000004).
La señora PRESIDENTA: Señorías, empezamos las votaciones.
Votamos, en primer lugar, la toma en consideración de la proposición de ley de iniciativa popular sobre ratios de enfermeras para garantizar la seguridad del paciente en centros sanitarios y otros ámbitos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 105 más 241 votos telemáticos, 346; a favor, 105 más 207 votos telemáticos, 312; en contra, 10 votos telemáticos; abstenciones, 24 votos telemáticos.
La señora PRESIDENTA: En consecuencia, se toma en consideración la proposición de ley.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY. (VOTACIÓN):
- DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS SOCIALISTA Y CONFEDERAL DE UNIDAS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-GALICIA EN COMÚN, ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL, PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL RÉGIMEN JURÍDICO
APLICABLE AL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL EN FUNCIONES. (Número de expediente 122/000109).
La señora PRESIDENTA: Procedemos a votar la toma en consideración de la proposición de ley de los grupos parlamentarios Socialista y Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en
Común, orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para el establecimiento del régimen jurídico aplicable al Consejo General del Poder Judicial en funciones.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 106 más 241 votos telemáticos, 347; a favor, 73 más 115 votos telemáticos, 188; en contra, 33 más 219 votos telemáticos, 252; abstenciones, 7 votos telemáticos.
La señora PRESIDENTA: En consecuencia, se toma en consideración la proposición de ley. (Aplausos).
Se suspende la sesión hasta mañana a las nueve.
Buenas noches.
Eran las nueve y cincuenta minutos de la noche.