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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 266, de 09/05/2023
cve: DSCD-14-PL-266
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2023 XIV LEGISLATURA Núm. 266
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª MERITXELL BATET LAMAÑA
Sesión plenaria núm. 257
celebrada el martes,
9 de mayo de 2023
ORDEN DEL DÍA:
Palabras de la Presidencia ... (Página4)
Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos señores diputados ... (Página5)
Toma en consideración de proposiciones de ley:
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, de modificación del Real Decreto-ley 29/2021, de 21 de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito energético para el fomento de la movilidad eléctrica, el autoconsumo y el
despliegue de renovables, para implementar la agilidad de los procesos de conversión de vehículos con motor de combustión en vehículos con motor de batería eléctrica o de pilas de combustible, 'retrofit'. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie
B, número 317-1, de 10 de febrero de 2023. (Número de expediente 122/000293) ... (Página5)
Proposiciones no de ley:
- Del Grupo Parlamentario VOX, sobre la protección de las familias en un contexto de aumento de la presión fiscal. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 611, de 21 de abril de 2023. (Número de expediente 162/001190) ...
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a actualizar y adaptar las estadísticas de empleo a la realidad del mercado laboral. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 607, de 14 de abril de 2023. (Número de
expediente 162/001189) ... (Página24)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), para que el Gobierno explique las medidas que piensa adoptar al objeto de otorgar plena efectividad al procedimiento establecido a través de sus embajadas y consulados para facilitar la presentación
de solicitudes de protección internacional. (Número de expediente 173/000212) ... (Página34)
- Del Grupo Parlamentario VOX, sobre las actuaciones que va a llevar a cabo el Gobierno para proteger al sector del transporte por carretera. (Número de expediente 173/000213) ... (Página45)
Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página52)
SUMARIO
Se abre la sesión a las tres de la tarde.
Palabras de la Presidencia ... (Página4)
La Presidencia recuerda que hoy hace setenta y tres años de la Declaración Schuman, con la que se sentaron las bases para construir un proyecto de paz, libertad y progreso en Europa, y con ese motivo el Congreso de los Diputados se une a la
celebración del Día de Europa.
Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos señores diputados ... (Página5)
El señor don Joaquín Martínez Salmerón adquiere la condición plena de diputado al prestar acatamiento a la Constitución.
Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página5)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, de modificación del Real Decreto-ley 29/2021, de 21 de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito energético para el fomento de la movilidad eléctrica, el autoconsumo y el
despliegue de renovables, para implementar la agilidad de los procesos de conversión de vehículos con motor de combustión en vehículos con motor de batería eléctrica o de pilas de combustible, 'retrofit' ... (Página5)
Defiende la toma en consideración de la proposición de ley la señora Castillo López, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Martínez Oblanca, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); los señores López-Bas Valero, del Grupo
Parlamentario Ciudadanos; Boadella Esteve, del Grupo Parlamentario Plural; Capdevila i Esteve, del Grupo Parlamentario Republicano; López de Uralde Garmendia, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, y
Figaredo Álvarez-Sala, del Grupo Parlamentario VOX; y la señora Rodríguez Gómez, del Grupo Parlamentario Socialista.
Proposiciones no de ley ... (Página17)
Del Grupo Parlamentario VOX, sobre la protección de las familias en un contexto de aumento de la presión fiscal ... (Página17)
Defiende la proposición no de ley el señor Rodríguez Almeida, del Grupo Parlamentario VOX.
En defensa de la enmienda presentada interviene la señora Martínez Granados, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Vehí Cantenys, del Grupo Parlamentario Mixto; y los señores Boadella Esteve, del Grupo Parlamentario Plural; Guijarro García, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En
Comú Podem-Galicia en Común; Elorriaga Pisarik, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y Cuatrecasas Asua, del Grupo Parlamentario VOX.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de la enmienda presentada, vuelve a hacer uso de la palabra el señor Rodríguez Almeida.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a actualizar y adaptar las estadísticas de empleo a la realidad del mercado laboral ... (Página24)
Defiende la proposición no de ley la señora Hoyo Juliá, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En defensa de la enmienda presentada interviene la señora Muñoz Vidal, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Martínez Oblanca, del Grupo Parlamentario Mixto; Barandiaran Benito, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Boadella Esteve y Pagès i Massó, del Grupo Parlamentario Plural, y
Salvador i Duch, del Grupo Parlamentario Republicano; y las señoras Vidal Sáez, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común; Cañizares Pacheco, del Grupo Parlamentario VOX, y Peña Camarero, del Grupo
Parlamentario Socialista.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de la enmienda presentada, interviene la señora Hoyo Juliá.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página34)
Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), para que el Gobierno explique las medidas que piensa adoptar al objeto de otorgar plena efectividad al procedimiento establecido a través de sus embajadas y consulados para facilitar la presentación
de solicitudes de protección internacional ... (Página34)
Defiende la moción el señor Legarda Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen las señoras López Álvarez, del Grupo Parlamentario VOX, y Fernández Casero, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Martínez Oblanca, del Grupo Parlamentario Mixto; Iñarritu García, del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, y Gutiérrez Vivas, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; el señor Rego
Candamil y la señora Illamola Dausà, del
Grupo Parlamentario Plural; la señora Carvalho Dantas, del Grupo Parlamentario Republicano; y los señores Santiago Romero, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, y Mateu Istúriz, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas, vuelve a hacer uso de la palabra el señor Legarda Uriarte.
Del Grupo Parlamentario VOX, sobre las actuaciones que va a llevar a cabo el Gobierno para proteger al sector del transporte por carretera ... (Página45)
Defiende la moción la señora Rueda Perelló, del Grupo Parlamentario VOX.
En defensa de la enmienda presentada interviene el señor Lorite Lorite, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Martínez Oblanca, del Grupo Parlamentario Mixto; Barandiaran Benito, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y López-Bas Valero, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; la señora
Granollers Cunillera, del Grupo Parlamentario Republicano; y los señores Mayoral Perales, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, y Ramos Esteban, del Grupo Parlamentario Socialista.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de la enmienda presentada, vuelve a hacer uso de la palabra la señora Rueda Perelló.
Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página52)
Sometida a votación la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, de modificación del Real Decreto-ley 29/2021, de 21 de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito energético para el fomento de la
movilidad eléctrica, el autoconsumo y el despliegue de renovables, para implementar la agilidad de los procesos de conversión de vehículos con motor de combustión en vehículos con motor de batería eléctrica o de pilas de combustible, 'retrofit', se
rechaza por 100 votos a favor, 162 en contra y 70 abstenciones.
Se suspende la sesión a las siete y cuarenta y cinco minutos de la tarde.
Se abre la sesión a las tres de la tarde.
PALABRAS DE LA PRESIDENCIA.
La señora PRESIDENTA: Muy buenas tardes, señorías. Se abre la sesión.
Permítanme empezar recordando que hoy hace setenta y tres años que, con la Declaración Schuman, se sentaron las bases para construir un proyecto de paz, libertad y progreso en Europa, gracias al cual se dejó atrás una historia de guerras
entre europeos. A lo largo de estas décadas, el europeísmo ha promovido más integración y más solidaridad con el objeto de hacer una Unión más fuerte, porque, como se ha demostrado durante la pandemia y también, y muy especialmente, frente a la
guerra en Ucrania, cuando actuamos juntos somos más eficaces.
En este día celebramos los valores que identifican al proyecto europeo: dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de derecho y respeto de los derechos humanos; valores cuya realización precisan de nuestro compromiso
permanente y defensa constante. Así lo haremos como país durante la Presidencia de España del Consejo de la Unión Europea. En esta señalada jornada, el Congreso de los Diputados se une a la celebración del Día de Europa.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO DE LA CONSTITUCIÓN POR NUEVOS SEÑORES DIPUTADOS.
La señora PRESIDENTA: Con carácter previo al examen del orden del día, vamos a proceder al juramento o promesa de acatamiento de la Constitución, conforme al artículo 20.1.3.º del Reglamento.
En sustitución de doña María Soledad Sánchez Jódar, pregunto a don Joaquín Martínez Salmerón si jura o promete acatar la Constitución.
El señor MARTÍNEZ SALMERÓN: En el Día de Europa, por la defensa de la Constitución y de los intereses de España, y en especial de mi comunidad, la comunidad autónoma de Murcia, y de la ciudad que me vio nacer, Cieza, sí, prometo.
La señora PRESIDENTA: Don Joaquín Martínez Salmerón ha adquirido la condición plena de diputado. Enhorabuena. (Aplausos).
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, DE MODIFICACIÓN DEL REAL DECRETO-LEY 29/2021, DE 21 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE ADOPTAN MEDIDAS URGENTES EN EL ÁMBITO ENERGÉTICO PARA EL FOMENTO DE LA MOVILIDAD ELÉCTRICA, EL AUTOCONSUMO Y EL
DESPLIEGUE DE RENOVABLES, PARA IMPLEMENTAR LA AGILIDAD DE LOS PROCESOS DE CONVERSIÓN DE VEHÍCULOS CON MOTOR DE COMBUSTIÓN EN VEHÍCULOS CON MOTOR DE BATERÍA ELÉCTRICA O DE PILAS DE COMBUSTIBLE, 'RETROFIT'. (Número de expediente 122/000293).
La señora PRESIDENTA: Comenzamos con el debate de toma en consideración de la Proposición de Ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, de modificación del Real Decreto Ley 29/2021, de 21 de diciembre, por el que se adoptan medidas
urgentes en el ámbito energético para el fomento de la movilidad eléctrica, el autoconsumo y el despliegue de renovables, para implementar la agilidad de los procesos de conversión de vehículos con motor de combustión en vehículos con motor de
batería eléctrica o de pilas de combustible, retrofit.
Para la presentación de la iniciativa, tiene la palabra la señora Castillo López.
La señora CASTILLO LÓPEZ: Gracias, presidenta.
Buenas tardes, señorías. Quiero que mis primeras palabras sean de agradecimiento al Grupo Parlamentario Popular, que me da la posibilidad de defender esta proposición de ley como continuación de la estrategia de electrificación del parque
automovilístico, una estrategia que el Partido Popular siempre ha compartido e impulsado dentro de la lucha contra el cambio climático, y así lo hemos demostrado en cuatro hitos importantes: la firma del Protocolo de Kioto en el año 1998; el
Acuerdo de París en el año 2016; el debate de la primera ley de cambio climático y transición energética el 9 de octubre de 2018, una ley innovadora y vanguardista que el Partido Popular trajo a esta Cámara y que fue rechazada por el Partido
Socialista; y, finalmente, la toma en consideración de la Proposición de Ley del Hidrógeno, debatida el pasado 28 de junio de 2022, la primera ley de este tipo que se presentaba en un Parlamento Europeo y que también rechazó esta Cámara.
Nuestro compromiso con la descarbonización es sólido y demostrable, señorías, pero no quiero comenzar mi explicación sin saludar a la Asociación Española para la Conversión de Vehículos Eléctricos, AECONVE, representada hoy en esta Cámara
por su presidente, Jesús González. (Aplausos). Gracias por confiar en nuestro trabajo, por confiar en el trabajo del Partido Popular y, sobre todo, por ser paciente en los tiempos de tramitación parlamentaria.
Señorías, hoy tienen ante ustedes la posibilidad de debatir una primera propuesta legislativa que fomenta la movilidad eléctrica, el autoconsumo y el despliegue de renovables agilizando el proceso de conversión de los vehículos con motor de
combustión en vehículos de batería eléctrica o de pilas de combustible, lo que tradicionalmente se conoce como retrofit.
El vehículo eléctrico necesita energía eléctrica renovable para ser realmente sostenible y, como vehículo que ha de conectarse a una red de recarga y dispone de batería, también puede contribuir a la eficiencia del conjunto del sistema
eléctrico aportando capacidad de almacenamiento; almacenamiento que hoy en día es un grave problema en nuestro sistema eléctrico, porque el desacierto de las medidas
de este Gobierno están dando lugar a un despliegue desequilibrado, con exceso de renovables en horas de sol que produce vertidos de energía limpia que no se aprovecha mientras se desarrollan con retraso las tecnologías renovables del resto
de horas, obligándonos a consumir más gas y a importar más gas, como está sucediendo con el incremento de nuestro suministro de Rusia. Este incremento de consumo de gas genera más emisiones y nos hace retroceder en la descarbonización. Se estima
que en el año 2026 podemos tener vertidos equivalentes al 6 % de toda la energía eléctrica del país. Por tanto, señorías, impulsar el vehículo eléctrico para avanzar más rápidamente a precios accesibles ayudará también a mejorar la eficiencia del
sistema eléctrico.
El retrofit es también una alternativa complementaria de otras a la hora de modernizar los procesos de producción y mantener la competitividad dentro de un mercado de automoción que cada día es más moderno y automatizado y que se enfoca en
extender las posibilidades de movilidad a un mayor número de españoles y empresas que no tienen capacidad económica para acceder a un vehículo eléctrico o nuevo. Además, el retrofit no se limita a coches o a camiones, sino que se puede realizar
sobre cualquier motor de combustión. El ejército americano ya está transformando diferentes modelos de tanques y hay empresas nacionales que han sabido ver y adaptarse a esta necesidad creciente de la industria agrícola o de obras públicas,
especializándose en la reconstrucción integral de maquinaria industrial.
La movilidad descarbonizada y sostenible es el futuro y pieza clave en la estrategia de lucha contra el cambio climático, señorías, y desde el Partido Popular defendemos una transición energética sostenible ambientalmente, pero también
social y económicamente modulada y temporalizada, con estrategias a corto, medio y largo plazo, que proteja la competitividad de nuestra industria automotriz, pero, sobre todo, que vaya acompasada con el poder adquisitivo de los ciudadanos.
(Rumores). La transición no se puede hacer solo para el disfrute de unos pocos, señorías, de espaldas a ciudadanos y empresas. (Continúan los rumores).
La señora PRESIDENTA: Perdone, señora Castillo.
Señorías, les pido silencio, por favor.
La señora CASTILLO LÓPEZ: España necesita nuevas estrategias para un avance más acelerado del vehículo eléctrico.
Señorías del Partido Socialista y de Podemos, no cumplen con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, lo están haciendo ineficiente. El PNIEC contempla 5 millones de unidades de vehículos eléctricos para 2030, incluyendo coches,
furgonetas, motos o autobuses, y, sin embargo, estamos a la cola de Europa, señorías.
AEDIVE, la asociación que agrupa a toda la cadena de valor industrial, tecnológica, de servicios e institucional de la movilidad eléctrica, estima que el parque de vehículos eléctricos está en torno a 300 000 unidades, de los cuales el 65 %
son eléctricos puros y el 35 % restante son híbridos enchufables. Hay poco más de 300 000 unidades y hemos de alcanzar los 5 millones en el año 2030. Si a eso le añadimos que tenemos un parque de vehículos con una antigüedad media que ya supera
los 14 años, una antigüedad que además es responsable principal de las emisiones contaminantes en España y que no ha dejado de crecer en los últimos quince años, nos coloca a la cabeza de Europa en la antigüedad del parque de vehículos, pero a la
cola de los indicadores de penetración del vehículo eléctrico, del indicador global de electromovilidad o de la infraestructura de recarga. Solamente Hungría o el Reino Unido se encuentran por detrás de nuestro país.
El envejecido parque de vehículos es una realidad, pero también lo es que la renta disponible de las familias ha caído un 7,85 %, son las que más poder adquisitivo han perdido en comparación con el resto de países de la OCDE. Más de una
cuarta parte de los españoles viven en riesgo de pobreza. Somos líderes en desempleo, hemos perdido 100 000 autónomos en un año y 400 000 empleos en el sector industrial respecto a 2008. La productividad cae un 8 % como consecuencia de las subidas
de cotizaciones y la presión fiscal. Y, para ya ponerle la guinda al pastel, estamos ante el mayor episodio inflacionista de las últimas cuatro décadas. Por tanto, señorías, cómo van a poder las familias adquirir un vehículo eléctrico si cada vez
cuesta más llegar a fin de mes o llenar la cesta de la compra. Cómo van a poder cambiar su vehículo si ya es una odisea mantenerlo en el día a día con los combustibles, los seguros, las ruedas o el cambio de aceite.
Señorías, promover el retrofit como una estrategia complementaria a otras que impulsan el despliegue masivo de vehículos eléctricos es promover el acceso de más ciudadanos y empresas a la movilidad sostenible, a la reducción de emisiones y
al ahorro y a la eficiencia energética, y tenemos fondos para
hacerlo. Hemos de ser capaces de entender que los fondos europeos son una oportunidad para transformar nuestra economía con todas las estrategias que estén a nuestro alcance y adaptando el tejido productivo a los nuevos retos que se nos
presentan. Esta técnica contribuye a la economía circular, al concepto de refabricación, la cuarta erre contra los residuos, y puede ser un elemento dinamizador para centros de investigación e innovación y para alianzas públicas-privadas hacia los
mercados, por ejemplo, iberoamericanos, que pueden ser grandes demandantes de tecnología y conocimiento para la conversión de vehículos en sus países; y puede ayudar a superar barreras relacionadas con el excesivo coste de adquisición de un
vehículo con el diseño ineficiente e insuficiente de las medidas de ayudas que ha puesto este Gobierno en marcha.
Actualmente, la homologación para coches eléctricos transformados en talleres de retrofit se regula, en parte, por el Real Decreto 866/2010; y, por otra parte, por la normativa conexa internacional, como se describe en nuestra exposición de
motivos, pero el proceso resulta complejo burocráticamente y, sobre todo, muy costoso, lo que hace poco atractiva la conversión. Hemos de ser capaces de implementar en nuestro ordenamiento jurídico fórmulas eficaces y operativas para tratar de
agilizar con plenas garantías de seguridad -señorías, repito, con plenas garantías de seguridad- y costes asequibles la actualización de los componentes o la mejora de rendimientos del sector de la automoción. Retengamos y transformemos la
industria de nuestro país, señorías.
La proposición de ley que les traemos plantea la modificación del Real Decreto Ley 29/2021. ¿Y por qué? Pues porque el Gobierno incumple el mandato que le dio esta Cámara sobre la necesidad de poner en marcha mecanismos para agilizar y
abaratar los procesos de retrofit dentro del bloque de medidas que contemplaba la proposición no de ley que se aprobó en la Comisión de Industria el pasado 15 de diciembre de 2020. Han pasado dos años y medio, señorías, y ustedes no han hecho
absolutamente nada.
Nuestra proposición de ley se enfoca a resolver las barreras del retrofit en España para una contribución complementaria que permita corregir los actuales desequilibrios, mejorar los mecanismos de homologación y certificación para quienes se
dediquen a esta actividad de conversión, reduciendo barreras y costes burocráticos, y garantizando el pleno compromiso y respeto con los estándares de calidad y, repito, de seguridad que imponen los compromisos internacionales y nacionales.
Agilidad y asequibilidad, pero sin renunciar a la seguridad, señorías.
¿Y por qué creemos que es viable? Porque es lo que nos está mandando Europa, la senda europea. Como ejemplo, les pongo Francia, que promulgó la ley del 3 de abril de 2020, del Ministerio de Transición Ecológica y Solidaridad, destinada
específicamente a este asunto, agilizando y facilitando los trámites administrativos y burocráticos con el objetivo de potenciar esta fórmula. En Francia ya se ha demostrado que en cuatro horas y por un importe de en torno a los 5000 euros se puede
convertir un coche con un motor de combustibles fósiles en un coche eléctrico, señorías. Voy terminando, presidenta.
¿Por qué? Porque el PERTE VEC ha fracasado. Con un mal enfoque y una tardía ejecución, que apenas ha adjudicado 800 millones, poco más del 26 % del programa que contenía 2950 millones de euros, ha hecho que este sea un ejemplo de mal
diseño de ayudas, de mala regulación de las recargas y de mala regulación del Real Decreto Ley 29/2021.
Nuestra proposición de ley propone añadir una disposición final en la que se incluya un plazo de seis meses para agilizar los procesos de conversión de vehículos con motor de combustión en vehículos con motor de batería eléctrica, mecanismos
que permitan que sea más ágil todo el proceso y menos costoso, y que se destine una parte de esos fondos que España recibe para este fin.
Y termino apelando a la conciencia de todos ustedes, no rechacen ni veten de antemano nuestra propuesta legislativa, señorías.
La señora PRESIDENTA: Señora Castillo, tiene que terminar, por favor.
La señora CASTILLO LÓPEZ: Aprobada la toma en consideración, podrán presentar cuantas enmiendas consideren oportunas y podrán mejorar lo que cada uno considere. Ahí nos encontrarán con la mano tendida para mejorar España y la vida de los
españoles.
Muchas gracias, señorías. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Castillo.
En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Martínez Oblanca.
El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señoras y señores diputados.
En el debate plenario de la convalidación del Real Decreto Ley 29/2021, de 21 de diciembre, por el que se adoptaron medidas urgentes en el ámbito energético para el fomento de la movilidad eléctrica, el autoconsumo y el despliegue de
energías renovables, celebrado en este hemiciclo hace quince meses, ya tuve oportunidad de señalar varios aspectos negativos sobre diferentes medidas que, lejos de favorecer la superación de la crisis, profundizaban en la nefasta política energética
del Gobierno que abocaba a un mayor empobrecimiento de la sociedad.
Dado que la aprobación de aquellas medidas se hizo semanas antes de la invasión de Ucrania por tropas rusas, el Consejo de Ministros celebrado el 21 de diciembre de 2021 no pudo tener en cuenta el gravísimo impacto de este conflicto bélico,
porque en aquella fecha resultaba impensable el inicio de una guerra que tras la pandemia del COVID-19 volvía a causar graves daños a la economía de Europa y del mundo.
La invasión de Ucrania continúa y, desgraciadamente, no tiene visos de revertirse, al menos de momento, por lo que resulta necesario impulsar diferentes medidas que no fueron incorporadas en aquel real decreto ley para acometer aspectos
esenciales como los que se plantean acertadamente en esta proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular, cuya toma en consideración respaldaré.
Señorías, la incertidumbre se ha apoderado de diferentes materias relacionadas con la política energética, lo cual tiene su derivada en la sociedad, en todo el tejido productivo y, de forma muy singular, en la industria. A lo largo de esta
XIV Legislatura, que acomete su tramo final, las decisiones adoptadas por la vicepresidenta tercera, en su calidad de ministra para la Transición Ecológica, han resultado contraproducentes para la economía española. He puesto muchas veces a
Asturias, mi región de procedencia, como el modelo dañino sobre el que se ha cebado, como en ningún otro lugar, una tormenta perfecta producto de las medidas energéticas tomadas desde el minuto uno por los gobiernos de Pedro Sánchez, que en este
mandato comprometió aquí mismo, en su investidura, la rebaja de la factura eléctrica. Más de tres años después de aquel compromiso -que consta para la posteridad y para los descreídos en el Diario de Sesiones-, los españoles pagamos el recibo de la
luz más alto de la historia y el tejido productivo pierde competitividad como secuela de los altos costes energéticos.
El Gobierno, señoras y señores diputados, está arruinando el presente y el futuro de España. Se ha cerrado la minería del carbón, el único combustible fósil autóctono que tenemos en nuestro país, y hoy las cuencas mineras son un páramo del
que la gente migra por la falta de actividad y de futuro, mientras nuestro país compra electricidad generada en centrales muy contaminantes de Marruecos. Aquí se han volado centrales térmicas sin alternativa socioeconómica para los territorios
donde están ubicadas. El resultado ha sido más paro, más despoblación y más desertización. Mientras la vicepresidenta Ribera le marcó el paso a la ministra Maroto, la producción industrial ha caído paulatinamente en España: nos hemos alejado de
los objetivos planteados por la Unión Europea y el año 2022 finalizó con una aportación de la industria de un 15,31 % del PIB nacional, muy lejos del 18,7 % que la industria española aportaba a comienzos del siglo XXI y más lejos todavía del 20 %
que nos marcaba la Unión Europea en su Horizonte 2020.
Señorías, la mala noticia es que lo peor aún está por llegar si no se da un giro a la política energética, de ahí que resulte imprescindible y urgente modificar y sustituir las medidas impulsadas por el Gobierno que han fracasado. En este
sentido, tal y como se propone con esta iniciativa que ha defendido la señora Castillo López, comparto la necesidad de que se agilicen los procesos de conversión de vehículos con motor de combustión en vehículos con motor de batería eléctrica o de
pila de combustible, retrofit. Esta es una tecnología que se está demostrando muy eficaz en términos de sostenibilidad, ecoeficiencia y versatilidad, lo que permite la utilización de motores duales que pueden usar diferentes combustibles y en un
futuro ser alimentados por fuentes neutras en emisiones de CO2. En nuestro sector naval, ya tenemos algunas muestras de éxito; en el sector de la automoción, ya hay fabricantes que están abiertos a diversificar su actividad en una línea que entra
de lleno en la denominada economía circular, con la transformación de un vehículo de combustión a otro de cero emisiones. Se trata de nuevos modelos de negocio en torno a la electrificación y a la paulatina e imprescindible transformación del
parque de vehículos, que en España tiene una media de edad de las más altas de Europa, situándose en casi 14 años en el caso de los turismos y vehículos comerciales y en 14,7 años en el caso de los camiones, que no son datos alentadores en términos
de seguridad y eficiencia medioambiental. No obstante, también cabe señalar que existen en España ejemplos de
administraciones públicas que ya están apostando por la incorporación en sus flotas de vehículos propulsados por energías alternativas bajas en carbono.
Concluyo señalando que el artículo único que se promueve para acometer la modificación del real decreto ley contiene aspiraciones clave, como la reducción de barreras burocráticas y los costes de tramitación, el refuerzo de garantías a
consumidores, fabricantes y transformadores de vehículos, todo ello en un marco para favorecer la agilidad en los procedimientos sin merma de seguridad y, asimismo, el mayor aprovechamiento de los recursos que llegan a España dentro de una
estrategia para canalizar los fondos comunitarios que están permitiendo reparar los graves daños provocados por la pandemia del COVID-19, con el objetivo de construir un futuro más sostenible. En definitiva, el reacondicionamiento de vehículos de
combustión para su transformación en eléctricos necesita de este impulso legislativo que favorece a la sociedad, a la industria y a la creación de empleo, y contará con mi voto favorable.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Martínez.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea.
La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias presidenta.
Hoy los señores del PP nos traen una proposición de ley para destinar parte de los fondos europeos al retrofit o, lo que es lo mismo, para agilizar la transformación de vehículos de combustión en eléctricos, sometiendo a consulta con
carácter previo las reformas a desarrollar con el sector y los actores implicados. Asimismo, proponen una línea específica en el PERTE correspondiente para simplificar y abaratar este proceso; una propuesta que, efectivamente, alude a la economía
circular, un procedimiento en el que se puede decir que la conversión es la opción quizá más ecológica y una propuesta que, efectivamente, habla de sostenibilidad, porque su finalidad es la de dar una segunda vida o alargar la vida de un producto
que ya existe en lugar de fabricar otro nuevo, aunque las prestaciones evidentemente no sean las mismas que uno nuevo.
Hasta aquí, todo correcto. Pero es que lo que proponen parece que es irrealizable. ¿Por qué? Porque proponen las conversiones a vehículos de batería o pilas de combustible, esto último algo que comercialmente todavía parece un tanto
lejano porque no se está hablando del retrofit de gas. Porque dicen que todo este proceso se tiene que realizar en un plazo de seis meses, algo que creemos que es difícil de cumplir por cuanto en el mejor de los casos nos situaríamos en noviembre,
cuando ustedes saben que estamos a las puertas de unas elecciones generales. Porque quieren que se realice a través de una consulta al sector y actores implicados, lo cual es loable pero lleva mucho tiempo y estamos a las puertas del verano, lo que
hace que difícilmente sea posible cumplir con ese plazo. Porque, además, propone una línea de ayudas en un PERTE que ni tan siquiera identifican -¿es en el PERTE del vehículo eléctrico o es en otro que todavía no ha sido modificado?- y el sector
nada ha dicho acerca del retrofit, a lo mejor solamente los talleres a los que ha aludido hoy pero el sector en general no. Además, nos dicen que se destinen fondos europeos a esto, pero es que precisamente ya hay una línea de ayudas que gestionan
las comunidades autónomas para la modificación de la forma de propulsión de los vehículos para flotas de transportes de viajeros y mercancías. Es cierto, todos sabemos que a partir de 2035 solo se podrá comprar un coche nuevo eléctrico de baterías
o hidrógeno, o como mucho de combustibles sintéticos neutrales. A esto, además, hay que añadir las restricciones del automóvil en las ciudades para avanzar en el cumplimiento de los objetivos de descarbonización y la lucha contra la contaminación.
Somos conscientes de que no se puede sustituir todo el parque móvil de un país solamente con nuevas ventas, y por eso quizá entendemos necesarios los nuevos combustibles sintéticos y también el retrofit o las conversiones, pero no tal y como lo
aluden ustedes.
Como he dicho, las conversiones hoy en día se pueden hacer, de hecho se hacen, pero es que el coste de momento no merece la pena. Actualmente una conversión está muy lejos de comprar otro coche y la bajada de los precios de las baterías,
junto con el auge de turismos en determinados segmentos como el A, B y C, han provocado que cada vez sean algo más asequibles estos nuevos modelos eléctricos. Por lo tanto, el que actualmente quiere modificar un vehículo puede hacerlo siguiendo la
regulación existente al respecto, y además hay empresas que ya hacen esas transformaciones. Creemos que de momento el retrofit es un negocio muy de nicho, con los días quizá contados por su coste y su baja autonomía para los consumidores. Tiene
sentido para flotas de transporte de viajeros y mercancías donde el coste de combustible será menor y la amortización mucho más rápida, pero para esta línea ya hay ayudas
financiadas con los Next Generation que, como he dicho, gestionan las comunidades autónomas y cuyo plazo está abierto hasta el 30 de abril de 2024.
Si de verdad quieren convertir el retrofit en una alternativa real, creo que hay que desarrollar una estrategia mucho más amplia desde el sector, empresas y Administración pública para incentivar la oferta y la demanda y se superen esas
limitaciones que existen hoy al retrofit, que imponen precisamente el diseño de un turismo. En definitiva, conocer dónde y para quién puede ser interesante el retrofit y que sea una alternativa viable económicamente, porque lo que proponen ustedes
-modificar una ley y trabas burocráticas- no implica que el retrofit se pueda llevar a cabo de forma ni mucho más rápida, ni más económica, ni con las mismas prestaciones. Como digo, para que el retrofit sea una alternativa real se requieren no
solo modificaciones normativas y ayudas, sino modificar y trabajar también en otras muchísimas áreas y sectores -talleres, formación, infraestructura o materiales- porque, por ejemplo, para que el retrofit hacia determinadas energías, como puede ser
el hidrógeno u otra, sea competitivo debe haber no solo ayudas sino escalabilidad y tecnología mucho más madura.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Sagastizabal.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor López-Bas Valero.
El señor LÓPEZ-BAS VALERO: Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías.
En primer lugar, desde mi grupo nos sumamos a la especial mención al Día de Europa, por supuesto, una Europa unida, como meta para aquellos que trabajamos por una Europa de verdad de todos y para todos en este 9 de mayo.
Señorías, el compromiso de mi partido, Ciudadanos, de los liberales de España y también del conjunto de los liberales en Europa es absoluto en lo que se refiere a la consecución de los objetivos marcados por la Unión Europea en cuanto a
reducciones de CO2 y, por supuesto, en todo lo referente a la transición hacia un vehículo no contaminante. Déjenme, señorías del PP, en primer lugar, que les dé la bienvenida a donde nosotros ya estábamos, porque hay que reconocer que ustedes han
tenido un extraño baile de la yenka en este tema, yendo de izquierda a derecha, hacia adelante y hacia atrás. A fuerza de ser sinceros no ha parecido que hayan tenido siempre muy clara su posición en el tema. Hay que recordar, incluso, que el 25
de enero de 2022 -hace ya un año largo-, cuando se convalidaba el Real Decreto Ley 29/2021, que ahora proponen modificar, ustedes se abstuvieron. Como digo, esto es prueba de que muy claro muy claro no lo tienen ustedes, al menos hasta este
momento. En aquel debate, desde Ciudadanos, mi compañera, Mari Carmen Martínez, ya manifestó desde esta misma tribuna que nosotros apoyábamos ese real decreto ley con el objetivo de avanzar en la descarbonización de la economía, pero que el texto
se quedaba muy corto. En su ambición, llegaba tarde y contradecía normas e iniciativas que habían salido del propio Consejo de Ministros y, además, entremezclaba muchísimos temas, con lo cual, era difícil separar la importancia de unos y otros.
En materia de transición hacia el vehículo eléctrico -como hemos manifestado siempre-, esa norma sigue sin remover todavía los obstáculos administrativos que existen para crear y poner en marcha de manera efectiva una infraestructura de
recarga. De hecho, constantemente estamos viendo que ni llevamos un ritmo adecuado de implementación de las instalaciones necesarias, ni se prevé que vayamos a cumplir con los objetivos marcados. Sobre este tema, en la subcomisión que estudia todo
lo referente a la recarga eléctrica en los vehículos, también se ha puesto de manifiesto que el sector privado, tanto el sector de producción y fabricación de vehículos -al que luego se demoniza desde algún partido político- como el sector de la
propia instalación de la infraestructura para esos vehículos, lleva mucha delantera a un sector público, a una administración que pone demasiadas trabas y, a veces, es un auténtico lastre para el fin de la descarbonización que se dice, por parte del
Gobierno, perseguir y defender.
Ustedes mismos, señorías del Grupo Popular, refieren en su texto -y nos proponen modificarlo en el Real Decreto Ley 29/2021- que no parece que se haya avanzado mucho en los últimos treinta y cinco años. Dicen ustedes que desde el Real
Decreto 866/2010, regulador de la tramitación de las reformas de vehículos, pese a existir ya determinados hitos en Europa, no se había hecho nada. Esos hitos en Europa, desde el año 2014, nos están marcando la línea regulatoria a seguir, como
comentan ustedes en su propia exposición de motivos, pero es que en ese momento, en 2014, estaban ustedes gobernando, al menos, hasta junio de 2018.
En todo caso, y se lo digo sinceramente, creo que es positiva su proposición para introducir en la norma la necesidad de regulación de la actividad del retrofit o conversión de vehículos con motor de
combustión a vehículos con motor de batería eléctrica o fuentes de energía no contaminantes. Es más, nosotros valoramos muy positivamente que esa regulación vaya en la dirección de fomentar dicha actividad y que permita, además,
introducirla en el actual PERTE del automóvil eléctrico, pese a que -tengo que decirlo- todavía albergamos demasiadas dudas sobre su desarrollo y sobre el cumplimiento de los objetivos por parte del Gobierno. En eso coincidimos con lo que han dicho
ustedes. Estamos plenamente de acuerdo, porque esa transición debe ser una transición justa y proporcionada y hay que facilitar la conversión de los vehículos de manera segura y económica, con garantías suficientes tanto para las empresas como para
los usuarios.
Respecto al Gobierno, qué quieren que les diga que no sepamos. Son campeones algunos días en proclamar su voluntad de avanzar hacia una movilidad sostenible y descarbonizada, pero dejando mucho que desear en generar las condiciones para que
esos procesos se generen y se desarrollen adecuadamente. Si he dirigido alguna crítica al Grupo Popular por no tener clara en alguna ocasión su posición en este tema, no puedo ser más claro y más contundente a la hora de criticar mucho más al
Gobierno por su absoluta displicencia en todas las propuestas que puedan venir de otros grupos en esta cuestión.
Señorías de la mayoría de esta Cámara que apoya y sostiene al Gobierno -lo ha recordado el señor Martínez Oblanca-, ustedes ahora nos proponen que reformemos el Real Decreto Ley 29/2021, pero lleva convalidado y en trámite de propuesta de
enmiendas, como proyecto de ley, además, tramitándose de manera urgente, desde el 16 de febrero de 2022. Llevamos nada menos que cincuenta y una prórrogas en un trámite urgente. No sé si esto a ustedes les parece serio; no sé si a ustedes les
parece normal votar que se tramite un real decreto ley como proyecto de ley por urgencia, para, luego, estar esperando quince meses y seguir donde estábamos. No es raro que, entonces, venga un grupo a pedir, mediante una reforma legislativa de ese
decreto, lo que podría perfectamente haberse tramitado de manera mucho más ágil y efectiva como una enmienda, si ustedes hubieran permitido que se tramitara.
No es, por tanto, de recibo esa actitud obstativa a mejorar, como sucede con esta reforma propuesta, una norma que dictó el Gobierno por motivos de urgente necesidad, pero que quince meses después sigue durmiendo en un cajón sin que ustedes
hayan puesto fecha a la posible tramitación de las enmiendas. Que ahora, con un trámite urgente de enmiendas abierto durante más de un año, tengamos encima de la mesa una propuesta de modificación en un aspecto concreto de ese decreto es
sencillamente, señorías del PSOE y Unidas Podemos, una burla a esta institución, un engaño a todos los españoles que estamos aquí representados, pero, sobre todo, una vergüenza para ustedes como legisladores, y se lo diré bien claro: porque no
cumplen ustedes con la función de este Congreso de hacer leyes y, sobre todo, de mejorarlas, aunque luego voten asegurando que lo van a hacer. Y ya no es que no hagan ustedes su trabajo; es que no nos dejan a los demás hacer el nuestro. Son
ustedes, y así se demuestra desgraciadamente casi cada semana, meros correveidiles del Gobierno y del ministerio de turno. Pobre democracia si el Poder Legislativo renuncia a hacer su labor, plegándose sin más al Poder Ejecutivo de un Gobierno,
que, este sí, lleva haciendo su trabajo ya varios años.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor López-Bas.
Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra el señor Boadella Esteve.
El señor BOADELLA ESTEVE: Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías.
En primer lugar, hoy también quiero hacer una referencia al 9 de mayo, Día de Europa y, por tanto, al compromiso de todos, especialmente de nuestra fuerza política, con los valores democráticos y de defensa de derechos en el marco de la
Unión Europea, ese espacio, en definitiva, internacional, en el que debemos sentirnos cómodos todos.
Entrando en materia, aun a riesgo de ser un poco aburrido, hace falta hacer un análisis de qué tipo de mecanismos e instrumentos se están articulando aquí con esta proposición de ley. Tenemos un Real Decreto Ley 29/2021, que se aprobó con
el compromiso de tramitarse parlamentariamente como proyecto de ley. En esta tramitación como proyecto de ley, hace más de un año y medio que se van renovando los plazos de enmiendas, y ahora, con la toma en consideración de una proposición de ley
de un grupo de la oposición, se pretende modificar aquel texto que, sin duda alguna, es norma con rango de ley, es norma vigente. Nosotros no acabamos de ver claro el método, porque, en definitiva, lo que debería exigirse -como se ha apuntado
anteriormente- es la tramitación del proyecto de ley tal y como se votó en su momento. Por otra parte, estamos hablando de una enmienda concreta de un solo texto; de la adición de una disposición final que tiene más notas de proposición no de ley
que de texto articulado de ley
propiamente. Porque dice: En el plazo de seis meses el Gobierno adoptará las medidas necesarias... Este texto podría ser perfectamente el texto de cualquier proposición no de ley de las que tendremos en el Pleno seguidamente.
Además, ustedes confían en que el Gobierno desarrolle un mecanismo que permita, sin renunciar a los parámetros de seguridad exigibles, reducir barreras burocráticas, costes de tramitación que limitan estos procesos, reforzando las garantías
de los consumidores y usuarios de los fabricantes de vehículos, así como de quienes se dediquen a la transformación de estos. En esta línea, yo me puedo imaginar que el Partido Popular tiene más de una enmienda dependiendo de qué regulación se haga
finalmente, porque cuando se presentan leyes de cuatro, cinco, siete o diez páginas, se acaban presentando alrededor de cien enmiendas, y ahora no deja de ser curioso que el Partido Popular les diga: Señores del Gobierno, nos fiamos de ustedes y
regulen esto con las garantías de suprimir barreras burocráticas sin costes y reforzando los derechos de consumidores y usuarios. Me cuesta creer que la regulación que hicieran el PSOE y Podemos sobre esto a ustedes les pareciera bien al final de
la película.
Por todo ello, si bien el debate es altamente interesante y es un debate necesario, entendemos que esto sería más propio de una enmienda a esta tramitación del proyecto de ley que no se hace, que de la toma en consideración de una iniciativa
legislativa. Si les faltan iniciativas legislativas, nos llaman. Les aseguro que nosotros, que tenemos menos cupo, les podemos sugerir algunas para sacar adelante. En este sentido, vemos el contenido tan vago como el que sería propio de una
proposición no de ley. Seguramente todo el proyecto de ley debería contemplar muchas más enmiendas que esta. Por tanto, no podemos dar apoyo directamente a su tramitación. Les agradecemos la iniciativa, reconocemos el alto valor que tiene lo que
se plantea, pero entendemos que esta no es la mejor manera de darle curso.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Boadella.
Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra el señor Capdevila i Esteve.
El señor CAPDEVILA I ESTEVE: Moltes gràcies, senyora presidenta. Bona tarda, buenas tardes.
Señora Castillo, enhorabuena. Un discurso muy significativo para los tiempos que corren. Se compromete usted y compromete a su grupo con el cambio climático. Me parece una constatación de que el primo de Rajoy se ha ido a militar a VOX.
Albricias y regodeos. Se comprometen ustedes con el cambio climático, escucha usted al sector -magnífico- y, además, no insulta. Creo que peligra su escaño en los tiempos que corren. Además, celebro que esté actualizado y que usted se haya
dedicado con empeño a estudiar la ley francesa del retrofit.
Impulsan ustedes una proposición de ley que pretende incentivar el retrofit reduciendo cargas administrativas y con la creación de un PERTE específico, y le dan ustedes un plazo de seis meses. Cuando la leemos, nos encontramos ante una
proposición de ley que a priori no nos parece una mala idea. Incentivar el retrofit significa -de manera literal- reacondicionar, esto es, convertir un vehículo de combustión fósil en un vehículo con motor eléctrico o, quizás, de hidrógeno algún
día. ¿Cómo lo pretenden hacer? Mediante una modificación del real decreto ley, uno de tantos reales decretos leyes que duermen el sueño de los justos, esperando a que la Mesa de la Cámara desbloquee el plazo para presentar enmiendas desde enero de
2022. En enero de 2022 llevaba ya dos años de retraso en comparación con la ley francesa. Solo el señor Boadella era capaz de desentrañar la ilógica del sinsentido que se plantea. En primer lugar, prima facie, bienvenida toda aquella oportunidad
de abrir el debate y de poder plantear propuestas sobre el objetivo del citado real decreto ley.
Todo ello sobre la forma, pero vayamos al fondo del asunto, si me permiten. Uno, es esencial que el retrofit garantice un ahorro real de las emisiones de los vehículos, y eso ocurre cuando el retrofit es integral y no parcial, no ocurre en
la hibridación. Dos -y lo ha citado usted-, es básico garantizar la seguridad del proceso y la homologación de los componentes, principalmente el de la batería, que es el que entraña más riesgo. ¿Recuerdan ustedes las baterías de algunos teléfonos
móviles que se calentaban y explotaban? El proceso del retrofit debe garantizar la seguridad en igualdad de condiciones que un vehículo nuevo, y si hay que aliviar cargas administrativas, no debe ser en merma de la seguridad. Ahora bien, es sabido
también que el elemento más caro de un vehículo eléctrico es su batería y, por ello, en el proceso de retrofit el precio de la batería podría asimilar el precio al de un vehículo nuevo. Por último, con el precio del vehículo eléctrico y con el
actual acceso a la carga, los pobres no tienen manera de electrificarse.
Por otro lado, como usted sabe, esta proposición se adelanta al informe de la Subcomisión creada ad hoc y que tiene como misión enumerar los cuellos de botella legislativos que precisamente limitan, cuando no ahogan, un eficiente despliegue
de una red de puntos de carga eléctricos y de hidrógeno que ayuden a una transición hacia el vehículo eléctrico rápida y tan justa como podamos. Quede claro que este es uno de los aspectos, pero no el único. Hay otros a destacar, como las
dificultades de suministro; la situación geopolítica ha llevado a plazos de entrega dignos de épocas de la cartilla de racionamiento. Los precios del vehículo eléctrico no son aún competitivos. Los vaivenes, la frivolidad, la ineficiente
implementación del PERTE del vehículo eléctrico y conectado son otra, que además repercute sobre los puntos anteriores. La subvención que se aplica por achatarramiento y por la instalación de recargadores llega al cabo de un año de haberla
incorporado en el importe. Falta personal técnico cualificado y ver cómo ayudar a la capacitación de tantos profesionales del motor de explosión para el eléctrico.
Señora proponente, nada de lo que se propone en la proposición de ley ayuda en poco o en mucho a revertir esa lamentable situación. Lamentablemente.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Capdevila.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común tiene la palabra el señor López de Uralde Garmendia.
El señor LÓPEZ DE URALDE GARMENDIA: Gracias, presidenta.
Señora Castillo, nos ha sorprendido su propuesta porque precisamente en el último Pleno se aprobaron los seis meses de prórroga de la Subcomisión para tratar el vehículo eléctrico, puntos de recarga, etcétera, como ya diversos diputados han
recordado. Por lo tanto, parece que, habiéndose ampliado el plazo para un debate en profundidad en el que había bastante consenso, esta proposición de ley se adelanta a un debate que se está produciendo en este instante.
En primer lugar, me gustaría hacer un poco de historia. Usted se ha subido aquí y ha comenzado, como si el Partido Popular fuera campeón de la lucha contra el cambio climático, hablando de su proposición de ley. Déjeme recordarle que la
ley de cambio climático que Rajoy prometió en la Cumbre de Marrakech en el año 2015 nunca llegó a presentarse. Fue después de la moción de censura, cuando ya Rajoy no estaba en el Gobierno, cuando el Partido Popular presentó la ley que quería
presentar la ministra Tejerina, pero que no llegó a presentar porque no fue capaz de ponerse de acuerdo con el ministro Nadal. Por lo tanto, nunca hubo una propuesta de ley de cambio climático por parte del Partido Popular. Fue el Gobierno de
Sánchez quien planteó en esta Cámara la necesaria ley de cambio climático, que fue aprobada, por cierto, sin el voto favorable del Partido Popular; una ley de cambio climático que introduce muchas medidas que van en la línea de apoyar el desarrollo
de la electrificación, entre otras cosas, del transporte y, por lo tanto, del vehículo eléctrico.
Por otro lado, aparte de que ustedes no apoyaron realmente la ley de cambio climático, están poniendo dificultades a una de las herramientas que establece esta ley: las zonas de bajas emisiones. Ayer mismo yo estuve en Valladolid, donde me
contaban como el concejal del Partido Popular está poniendo obstáculos a la zona de bajas emisiones, como ha ocurrido en Madrid, como ha ocurrido en Gijón, como ha ocurrido en Logroño, cuando esta sí que es una herramienta importante para el
desarrollo y la implantación del coche eléctrico en nuestro país. Si no se facilitan las condiciones para que el coche eléctrico se expanda, lógicamente, tendré que darle la razón en que, efectivamente, el desarrollo y la entrada en el mercado del
coche eléctrico en España va con muchísimo retraso con respecto a nuestros colegas europeos.
En lo que se refiere al título de su propuesta, hablan ustedes de medidas urgentes en el ámbito energético para el fomento de la movilidad eléctrica, el autoconsumo y el despliegue de las renovables. Déjeme detenerme un momento en el
autoconsumo. Volvemos al tiempo de Rajoy. En el Real Decreto 900/2015 se introdujo lo que se llamó el impuesto al sol, que prácticamente, paralizó la entrada del autoconsumo en nuestro país. Por lo tanto, no vengan ustedes ahora a hacerse los
campeones del autoconsumo cuando durante varios años el autoconsumo estuvo prácticamente paralizado, precisamente por ese real decreto que introducía el impuesto al sol. (Aplausos).
En el título habla también de su presunto apoyo al despliegue de las energías renovables. Claro, esto contrasta con esa oposición que hicieron ustedes a esta ley de cambio climático, que tiene como objetivo llegar a un escenario basado al
cien por cien en las energías renovables y que está teniendo unos resultados bastante destacados, porque si en el año 2018 había de solar fotovoltaica 4700 megavatios instalados, estamos en este momento, en el año 2022 -porque sigue creciendo-, en
18 700 megavatios instalados. Por
lo tanto, puede ver usted que la potencia de energías renovables instalada se ha multiplicado en nuestro país de forma sustancial desde la entrada en el Gobierno del Partido Socialista y Unidas Podemos.
Creo que ya la propia introducción habla de que lo que les mueve a ustedes no es de hecho el compromiso contra el cambio climático; compromiso que, además, permítame poner en duda, puesto que ustedes, de cara a las próximas elecciones,
están ya hablando abiertamente de pactar con un partido que es negacionista. De hecho, en la Junta de Castilla y León ustedes gobiernan con VOX, que es un partido abiertamente negacionista del cambio climático. Por lo tanto, creo que van a tener
ustedes muchas dificultades, en caso de que lleguen al Gobierno, para impulsar medidas para hacer frente a este problema tan grave y que, sin embargo, algunos partidos se toman tan a la ligera.
En lo relativo a la conversión del coche de combustión a eléctrico, nos gustaría poner de manifiesto que la transformación después de la matriculación de vehículos está ya regulada por el Real Decreto 866/2010, desarrollada y actualizada
periódicamente por el Manual de Reformas de Vehículos, en cuya última actualización ya se recoge la posibilidad de transformación de vehículos a eléctricos, permitiendo las transformaciones a la vez que asegurando que el nivel de seguridad del
vehículo transformado es el requerido. Dado que los requisitos de seguridad eléctrica que deben cumplir estos vehículos son lógicamente elevados y que los ensayos para su verificación son costosos, la citada reglamentación contempla la posibilidad
de regularizar conjuntos funcionales, es decir, ensayar una solución para un determinado modelo y no volverlo a ensayar más, permitiendo que esa solución se instale en el modelo señalado, habiéndose garantizado la seguridad mediante el ensayo al
prototipo y siempre que la instalación sea la misma en el mismo modelo. Esto permite el reparto de los gastos de investigación, desarrollo y ensayos de verificación entre todos los vehículos que se transformen, haciendo viable económicamente la
transformación a la vez que garantizando su seguridad.
No me voy a extender más porque se me acaba el tiempo, pero consideramos que este tema debe continuar discutiéndose en la subcomisión establecida para tal efecto en la Comisión de Industria y, por eso, no vamos a apoyar su proposición de
ley.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor López de Uralde.
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Figaredo Álvarez-Sala. (Aplausos).
El señor FIGAREDO ÁLVAREZ-SALA: Muy buenas tardes.
El Partido Popular nos trae una reforma legislativa en la que propone una modificación concreta para facilitar los mecanismos para que se aplique el retrofit en España; facilitar, porque a día de hoy ya se aplica, o sea, ya existe el
retrofit y ya se lleva a cabo.
Ustedes, los que nos escuchan desde sus casas dirán: ¿Qué es el retrofit? Un palabro complicado. El retrofit no es más que remozar los coches actuales. Usted tiene su vehículo de combustión normal y corriente o un camión y o bien le
quita el motor de combustión y le coloca un motor eléctrico o bien le añade una batería y un motor eléctrico adicional. Como se imaginarán ustedes, no es lo mismo que un vehículo nuevo. El vehículo está diseñado para tener un motor de una forma,
en una situación, y esto es, digámoslo de alguna manera, un parche, un parche que es más barato que comprarse un coche eléctrico o que un camión eléctrico, porque el retrofit es tanto más barato cuanto mayor sea la estructura que vamos a remozar.
Piensen que el retrofit para un barco transatlántico sería muchísimo más barato que para un turismo; ya saben ustedes que manipular ese motor y esas piezas tan grandes es, entre comillas, más sencillo que unas más pequeñas. Pero la realidad es que
esto lo deja de ser un parche. El Partido Popular aquí, como un buen vendedor, conchabado con el Partido Socialista, primero crea la necesidad en el consumidor, luego le da una alternativa carísima y ahora una más barata, y parece que vienen como
salvadores. La necesidad viene de las zonas de bajas emisiones, que alababa, por cierto, el señor de Podemos. Las zonas de bajas emisiones significan que te prohíben acceder con tu vehículo diésel o de gasolina al centro de las ciudades. Pensarán
ustedes: No, bueno, eso es lo de Madrid Central. Almeida prometió quitarlo. Luego se desdijo; parece que no lo iba a quitar. Bueno, es que, oigan, en Avilés van a prohibir entrar a los coches al centro de la ciudad. Es una puñetera vergüenza.
No estamos hablando de las grandes ciudades; esto va a afectar a todos los españoles. Así es como ustedes crean la necesidad: a golpe de prohibir. Dice el señor de Podemos: Hay que crear las circunstancias para estimular la venta de vehículos
eléctricos. Estimular la venta, no; ustedes van a prohibir los vehículos tradicionales. (Aplausos).
Otra pregunta. Ustedes, los de Podemos, son muy comunistas, mucha historia, pero ustedes quieren estimular la venta de vehículos eléctricos. Cincuenta mil, sesenta mil euros. ¿A quién beneficia esa venta de vehículos? ¿Están ustedes
haciéndoles la campaña comercial a los fabricantes de vehículos eléctricos en detrimento de quienes fabriquen vehículos diésel y de gasolina? Eso es lo que ustedes hacen: crear esa necesidad, y cuando crean esa necesidad, ofrecen una alternativa,
y la alternativa es eso que dicen de 'cómprense ustedes un vehículo eléctrico'. Oigan, que el vehículo eléctrico vale sesenta mil euros. Ahora el Partido Popular les ofrece la alternativa B, el parche: remocen ustedes su vehículo, póngale una
pequeña batería y trampeen el sistema; trampeen el sistema de forma más barata. ¡Cuidado!, un retrofit de un turismo cuesta quince mil euros. Para quien nos escuche desde sus casas: ¿están ustedes dispuestos a pagar quince mil euros para poner
en su vehículo diésel un motorcito adyacente eléctrico? El vehículo va a seguir funcionando con el motor diésel, no nos engañemos. Al final, todo es un juego de trileros en el cual los únicos perjudicados son los españoles (aplausos) y los más
perjudicados son los españoles que menor poder adquisitivo tienen.
En España nos encontramos con que la antigüedad media del parque automovilístico es de catorce años, y eso no es voluntario: el español que no se compra un coche nuevo tope gama es porque no puede. No se crean ustedes que a todos nos
encanta ir con vehículos diésel antiguos, no. Todo el mundo se compraría un coche de primera mano, pero la situación económica de España no lo permite, y ustedes, prohibiendo o dificultando la renovación del parque automovilístico, todavía lo ponen
más difícil. Lo que tienen que entender los españoles es que un diésel Euro 3, año 2001, contamina diez veces más que un diésel Euro 6, del año 2015, y vean que no me voy muy atrás. Un vehículo del año 2015 contamina diez veces menos que un
vehículo del año 2001. ¿No sería mucho más lógico facilitar a todos los españoles el acceso a vehículos más modernos para reducir la edad media del parque automovilístico? (Aplausos). Eso sería lo sencillo, lo fácil, lo que de verdad ayudaría a
reducir la contaminación - ahora voy con ello-, no este parche que nos propone el Partido Popular: instalar un motorcito eléctrico en el vehículo, como aquel gasógeno de los años sesenta. Es que esto no tiene ningún sentido económico.
Además, su idea, su invento de hacer desaparecer los vehículos de combustión, no es factible hoy por hoy. La España de hoy en día no se puede permitir esto. Piensen ustedes que España consume al año 250 teravatios hora de electricidad -es
la unidad de energía consumida- y 300 teravatios hora al año de carburante para el transporte de mercancías o turismos. Es decir, consumimos más combustible para transportar que electricidad en todo nuestro sistema actual. Tendríamos que ser
capaces de producir algo más de dos veces la energía eléctrica que producimos hoy en día. No es físicamente posible, salvo que lo que ustedes pretendan en realidad sea que los españoles dejen de moverse en automóvil -sea eléctrico o sea diésel- y
se queden en sus casitas, reduciendo el consumo y reduciendo absolutamente todo, quedándose esclavizados en esas ciudades de quince minutos, que son las que ustedes en realidad proponen. (Aplausos).
VOX, por el contrario, propone medidas de sentido común. España es uno de los principales productores de automóviles de Europa, diésel, entre otros-. ¿Por qué no favorecemos la renovación del parque automovilístico para que, en lugar de
catorce años de antigüedad media, sean de cuatro, tres o dos? ¿Por qué no promueven medidas de sentido común? Promuevan ustedes -sí- vehículos eléctricos -perfecto-, pero, mientras tanto, que se vaya renovando el parque automovilístico. ¿Por qué
no promueven ustedes medidas que abaraten los costes de la luz y que permitan que haya una mayor generación eléctrica?
La señora PRESIDENTA: Señor Figaredo, tiene usted que terminar, por favor.
El señor FIGAREDO ÁLVAREZ-SALA: Por ejemplo, centrales nucleares.
Termino. Señores de Podemos, del Partido Popular y del PSOE, están ustedes cerrando las centrales nucleares, están ustedes reduciendo la capacidad de generación eléctrica de España, están ustedes destruyendo embalses hidroeléctricos y, en
definitiva, están ustedes poniendo todos los palos en las ruedas del bienestar de los españoles y promoviendo aquí unas ideas relativamente alocadas que benefician a todos salvo a España.
Muchísimas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Figaredo.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Rodríguez Gómez.
La señora RODRÍGUEZ GÓMEZ: Buenas tardes. Gracias, presidenta.
El Grupo Parlamentario Popular presenta hoy una proposición de ley que plantea la modificación de Real Decreto Ley 29/2021 y propone la introducción de un nuevo articulado. Miren, siempre he tenido muy presente desde que empecé a dedicarme
a la política, cuando elegí servir a la ciudadanía y me eligieron para ello, que nunca se debe mentir, pero tampoco decir medias verdades. (El señor vicepresidente, Rodríguez Gómez de Celis, ocupa la Presidencia). Estos valores los aprendí de
grandes referentes políticos de mi partido y también de las mejores personas de mi tierra y de mi cuna, de mi padre. (Aplausos).
Señorías del PP, dígannos cuál es su intención al presentar esta iniciativa, porque el 25 de enero del 2022, cuando la mayoría de esta Cámara votó a favor de este real decreto ley, vosotros no lo hicisteis. Pero es que, además, en esta
iniciativa hay algunas consideraciones que no son reales y que, además, justifican sin ser del todo verdad. Se las voy a detallar una a una. Por ejemplo, no se puede hablar de retrofit o de reacondicionar vehículos planteando que las ayudas son
pocas cuando las que ya existen se han calculado con la información trasladada por las asociaciones de fabricantes, de transportistas y de las energéticas, entre otros agentes. (La señora Castillo López, señalando la tribuna: ¡Dígaselo a ellos!).
Tampoco se puede decir que solo están destinadas a vehículos pesados a sabiendas de que los vehículos ligeros están subvencionados por otra convocatoria, concretamente con el plan MOVES. (La señora Castillo López pronuncia palabras que no se
perciben). Podría preguntar al señor Bonilla cómo lo está gestionando el Grupo Popular en Andalucía, mi tierra. (Aplausos). También tendríais que explicar por qué decís que falta una regulación de retrofit cuando sabemos y saben que ya existe.
Asimismo, tendríais que explicar cuál es vuestra intención cuando decís que el Gobierno de España no está ayudando en el objetivo de avanzar hacia el vehículo eléctrico cuando saben de sobra que es la inversión más alta que se ha hecho en la
historia y que, además, la venta de vehículos eléctricos ha aumentado en el primer trimestre en un 45 %. ¿O cuál es vuestra intención cuando decís que os preocupa la distribución de los fondos europeos? Porque votasteis en contra. O, señorías del
PP, ¿cuál es vuestra intención cuando con esta iniciativa queréis introducir una nueva línea en el plan de resiliencia a sabiendas de que no se puede hacer, al estar sujeto a la aprobación de la Comisión Europea?
¿Saben cuál es su intención? La del rédito electoralista, la del rédito político, pero con una agravante: la desinformación y la mentira. (Aplausos). Son expertos en crear conflictos mintiendo a la ciudadanía. Miren, señorías del Grupo
Popular, jamás se ha desplegado en la historia reciente del sector del automóvil unos incentivos tan importantes como los que ha puesto en marcha el Gobierno de España. Lo hicimos ya en la pandemia, para paliar los efectos de la crisis, y lo hemos
vuelto a hacer en este último presupuesto, dotando con 7300 millones de euros el presupuesto de industria y de pequeñas y medianas empresas. Ustedes pusieron 2000, frente a los 7300 nuestros. Por tanto, señorías, lecciones, ninguna; a este grupo,
ninguna. Y dejen de poner palos en las ruedas. Sus políticas ponen en riesgo nuestros compromisos acordados con la Unión Europea respecto a los objetivos verdes, pero no solo con sus votos en contra en materia de vehículos diésel o de gasolina,
sino también mintiendo en el tema del agua, algo muy grave.
Me van a permitir que hable de mi tierra. Soy diputada por Huelva y soy, concretamente, de Moguer, un pueblo eminentemente agrícola y con una gran producción y exportación en frutos rojos. Sostenibilidad, cambio climático, lo que
argumentáis en vuestra iniciativa. Es un pueblo que, al igual que otros pueblos del condado de Huelva, es sensible y está concienciado con las políticas medioambientales, y es de vergüenza que por intereses puramente electoralistas se esté hablando
de nuestra tierra en esos términos. Estáis provocando que la sociedad vea a los andaluces, a los de mi tierra, a los de Huelva, como insensibles con el medioambiente (aplausos), como negligentes e ilegales. Ni nuestra agricultura ni nuestra tierra
ni mucho menos nuestros agricultores lo merecen. Lo utilizaron ustedes en las elecciones autonómicas y vuelven a utilizarlo en las elecciones locales. Espero y deseo que la ciudadanía no crea sus falsas promesas y sepan ponerles en los
ayuntamientos donde se merecen, en el sillón de la falacia, de los engaños y de las injurias.
Han utilizado esta iniciativa sobre el sector del vehículo, como lo han hecho con Doñana, jugando con algo tan serio como es el pan que llevan a sus casas muchos agricultores onubenses (aplausos.-La señora Castillo López: ¡Dígaselo a
ellos!), y ahora también con nuestras tradiciones, lanzando promesas populistas a los rocieros (continúan los aplausos), porque se aproxima nuestra romería del Rocío. Me da vergüenza, señorías. (Rumores).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señorías, silencio, por favor.
La señora RODRÍGUEZ GÓMEZ: Si Doñana le duele a Europa, si Doñana le duele a España, me van a permitir que les asegure que nos duele un poquito más a quienes nacimos y vivimos en ella.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO VOX, SOBRE LA PROTECCIÓN DE LAS FAMILIAS EN UN CONTEXTO DE AUMENTO DE LA PRESIÓN FISCAL. (Número de expediente 162/001190).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Pasamos al punto del orden del día relativo a las proposiciones no de ley. Comenzamos con la proposición no de ley del Grupo Parlamentario VOX, sobre la protección de las familias en un
contexto de aumento de la presión fiscal. Para la presentación de la iniciativa, tiene la palabra el señor Rodríguez Almeida. (Aplausos).
El señor RODRÍGUEZ ALMEIDA: Muchas gracias, señor presidente.
Con esta proposición no de ley el Grupo Parlamentario VOX pretende proteger a las familias, a los autónomos y a las empresas españolas que están sufriendo las consecuencias de las desastrosas políticas económicas puestas en práctica por este
Gobierno social-comunista del presidente Sánchez. Además, la negligente gestión del Ejecutivo en lo económico se ha visto acompañada de una voracidad recaudatoria sin límites. A causa de la inflación, los ingresos de la Hacienda pública
experimentan cifras récord, que, sin embargo, no han empujado al Gobierno a bajar los impuestos ni a incrementar la renta disponible de familias y empresas. Las consecuencias de esta política tributaria han sido fundamentalmente las siguientes. En
primer lugar, la pérdida de la capacidad adquisitiva de las familias, que ven reducida su renta disponible por los cada vez mayores y más numerosos impuestos, así como por una inflación galopante. El precio de los alimentos ha crecido un 16,7 % en
el pasado mes de abril, con una inflación subyacente del 7,6 %, lo que supone máximos históricos. En segundo lugar, se ha reducido la representación del sector privado en el conjunto de la economía, lo que ha supuesto un verdadero efecto expulsión.
En tercer lugar, la deslocalización de fábricas, de centros de trabajo y de empresas, así como cambios de sede de multinacionales españolas, como Ferrovial, huyendo a Países Bajos, por la inseguridad jurídica y la presión fiscal y regulatoria.
(Aplausos).
Señorías, urge un cambio de estrategia en política económica a través de una política fiscal que favorezca el crecimiento mediante una reducción del gasto político improductivo y que vaya acompañada de la reducción de la inseguridad
jurídica, de la que alertan estudios y empresas, así como de medidas económicas de calado en todos los ámbitos que permitan a los españoles tener mejores niveles de riqueza, renta y empleo y, en suma, bienestar social. El Gobierno debe impulsar
reformas legislativas y económicas, para promover, en primer lugar, la creación de empleo, a través de la reducción y simplificación del tipo del impuesto sobre sociedades y de la reducción de las cotizaciones sociales a cargo de la empresa, y, en
segundo lugar, para impulsar la reindustrialización y la relocalización de centros de producción, mediante la adopción de medidas públicas que favorezcan la competitividad de nuestras empresas y hagan atractiva la inversión en España. El Gobierno
también debe promover la disminución de la presión fiscal y del esfuerzo fiscal, aumentando así la renta disponible e incrementando la capacidad de ahorro de las familias, a través de la rebaja del impuesto de la renta sobre las personas físicas;
la reducción de las cotizaciones sociales a cargo del trabajador; la mayor facilidad para la adquisición de la primera vivienda, impulsando la recuperación de la deducción por adquisición de vivienda habitual, así como una rebaja en el IVA cuando
es la primera transmisión desde el promotor y en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales en segunda y ulteriores transmisiones, y las acciones hacia la supresión del impuesto sobre sucesiones y donaciones y del impuesto sobre el incremento de
valor de los terrenos de naturaleza urbana, antiguamente denominada plusvalía municipal.
El Gobierno también debe implantar políticas de reducción de la deuda pública que soporta cada español y de racionalización del gasto público a través de un uso más eficaz y eficiente de los recursos de todos los españoles, con el fin de que
las familias tengan una mejor asignación, en particular mediante las siguientes estrategias: la disminución drástica del gasto político improductivo a cargo de la Administración General del Estado, reduciendo el número de ministerios, órganos
superiores y directivos, organismos y entidades de cualquier clase en la Administración General del Estado y suprimiendo todas las entidades que no redunden en beneficio de los españoles; el estudio y la eliminación de las duplicidades
administrativas, producto del modelo territorial, que generan distorsiones e ineficiencias que repercuten en la prosperidad de las familias y empresas. Todo ese importe ahorrado en este gasto superfluo debe destinarse a paliar la emergencia
social en la que viven los españoles y a mejorar la asignación de recursos a políticas de largo plazo, como a las del sistema educativo y a incrementar la calidad de los servicios sanitarios de forma equitativa en todo el territorio nacional.
(Aplausos).
Señorías, así podrá el Gobierno ayudar y apoyar a las familias de toda España, como hemos hecho en Castilla y León, donde hemos puesto en marcha algunas medidas como el aumento del importe de la deducción por hijo en el impuesto de la renta
de las personas físicas, duplicando la cantidad actual a partir del tercer hijo y de forma progresiva para los siguientes (aplausos); la aplicación de un tipo reducido de IVA para la adquisición de vehículos de entre cinco y nueve plazas para las
familias numerosas; el establecimiento de una exención del pago de las tasas de tráfico para las familias numerosas de categoría especial y una bonificación del 50 % para las de categoría general; el diseño de planes sociales de alquiler de
viviendas para familias, particularmente para aquellas en situaciones más desfavorecidas o para las numerosas; la modificación de los requisitos contemplados en los planes de vivienda, tanto el de renta -ha de considerarse familiar per cápita-,
como el de edad, para el acceso de familias numerosas españolas a una vivienda protegida; la consideración de la renta per cápita y de cada uno de los hijos a cargo para todas las bonificaciones, deducciones o prestaciones, en cumplimiento del
artículo 31.1 de nuestra Constitución española, que exige el criterio de capacidad económica a la hora de establecer el sistema tributario. En definitiva, se trata de generar un entorno social, económico y normativo atractivo y fiable para la
formación y el progreso de las familias que proporcione certidumbre y seguridad por parte del Estado por su contribución al bien común.
Solo el Grupo Parlamentario Ciudadanos ha presentado una enmienda a esta iniciativa tan necesaria para las familias, los autónomos y las empresas. Supongo que el resto de grupos parlamentarios están convencidos de la necesidad de poner en
marcha las iniciativas propuestas y que, por lo tanto, votarán a favor.
Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Para la defensa de las enmiendas formulada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Martínez Granados.
La señora MARTÍNEZ GRANADOS: Gracias, presidente.
Señorías, señorías de VOX, traen ustedes a esta Cámara, Pleno tras Pleno, algunas iniciativas que realmente nos descolocan porque carecen de cierta lógica y de cierta debida fluidez parlamentaria. Los liberales compartimos el espíritu de la
iniciativa, que, si hemos entendido bien, es redirigir las políticas económicas y fiscales del Gobierno hacia medidas reales y eficaces a favor de la familia, los empresarios y los autónomos. Todo bien hasta ahí. Pero, luego, al ir al fondo de la
cuestión, encontramos una absoluta falta de concreción y vemos que es un brindis al sol, en plan mitin electoral, más que un conjunto de soluciones reales a los problemas serios que tienen cada día todos los españoles.
Señorías, a la tercera fuerza de la Cámara se le debe exigir un mayor esfuerzo y rigor de concreción en las medidas que proponen, aunque VOX ya nos tiene acostumbrados a que sus iniciativas carezcan de toda sustancia, teniendo en cuenta que
son capaces de hacer un programa electoral de diez medidas en una cuartilla. Dígannos ustedes a quienes compartimos el espíritu de su propuesta cuánto querrían bajar el tipo impositivo del impuesto sobre sociedades, por ejemplo, o cuánto las
cotizaciones a la Seguridad Social; qué medidas concretas plantean para impulsar la atracción de talento e inversión; cuánto y cómo rebajarían el IRPF, o de qué modo mejorarían el acceso a la financiación bancaria para particulares y familias.
Señorías de VOX, me permitirán que les diga que su propuesta es puro sanchismo -cada vez se parecen más al Partido Socialista-: muchos anuncios carentes de sustancia y, sobre todo, de concreción. Es cierto que los partidos del Gobierno
traen aquí iniciativas y se les olvida que son parte del Gobierno y partidos del Gobierno. Solo dicen: continuar; seguir haciendo. Eso es populismo, además de preocupante. La única concreción que encontramos en esta iniciativa es, precisamente,
la derogación de la ley de cambio climático, aspecto que tratan de colar siempre donde pueden y que nos alejaría como país del más elemental sentido común y de todos los consensos alcanzados en Europa.
Como compartimos el espíritu de su propuesta, nos gustaría votarla a favor, si retiran la derogación de la ley de cambio climático y aceptan nuestras enmiendas, que sí son concretas, porque nosotros sí hacemos los deberes con trabajo y con
propuestas pensadas, realizables, medibles y concretas. Nos gustaría incluir la deflactación del IRPF -fuimos los primeros en proponer este asunto en esta Cámara y seguiremos trabajando para poder conseguirlo-; medidas de apoyo a la conciliación y
a las familias, como la semana laboral flexible, para que cada persona pueda organizar sus jornadas de trabajo para recuperar el tiempo con los suyos, o también nuestro paquete de medidas -lo presentamos la semana pasada- para facilitar la natalidad
y la conciliación. Nosotros proponemos una deducción de 10 puntos del IRPF a partir del segundo hijo, 1500 euros por hijo al año; la bonificación total de gastos extraescolares, transporte o comedor escolar; la gratuidad de las guarderías hasta
los seis años, así como suprimir las cotizaciones a la Seguridad Social de las empresas que contraten a un padre o madre con un menor de tres años o dos menores de doce. Nosotros proponemos ampliar las ayudas dirigidas a todas las familias
monoparentales, numerosas y las que tienen un hijo con discapacidad, medidas que en un conjunto suman desde un ahorro de 25 000 euros hasta 41 200 en el caso de uno o dos hijos.
Como verán, señorías, nosotros sí trabajamos en propuestas rigurosas y ambiciosas y sí creemos que esto hay que plasmarlo en iniciativas que, como digo, sean concretas. Somos los únicos que realmente pensamos en todos los españoles,
incluidos nuestros jóvenes. Ningún partido aquí, en esta Cámara, se da cuenta de que el sistema de pensiones está quebrado y que hay que fomentar la natalidad y las ayudas a las familias para restablecer ese pacto entre generaciones. Todos aquí
siguen mirando hacia otro lado y lo único que quieren en época de elecciones es buscar el voto de nuestros mayores.
Ciudadanos es el partido de la familia y de las clases medias. Por eso es para nosotros una auténtica obsesión incentivar la natalidad y facilitar la conciliación, para que aquellos valientes que se arriesgan a tener un hijo tengan la vida
un poquito más fácil. Pero esto no lo van a conseguir las señorías de VOX con una propaganda y anuncios vacíos. Por tanto, les pedimos que acepten nuestra enmienda. En tal caso, apoyaremos esta proposición no de ley.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchísimas gracias.
En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra la señora Vehí Cantenys.
La señora VEHÍ CANTENYS: Gracias, presidente.
El objetivo de la propuesta de VOX es bajar los impuestos a empresas y ciudadanos y dinamitar lo público. ¿Y por qué es tan importante defender lo público? Detrás de lo público hay una filosofía basada en dos grandes conceptos
democráticos: primero, el de la fraternidad, la convicción de que todos los seres humanos son iguales y merecen el mismo trato, y el segundo es el de la libertad, la libertad republicana, es decir, la libertad que tiene una condición indispensable
de igualdad, porque, si no, se depende de otros, y solo se es libre si se tiene dinero.
A menudo los neoliberales -VOX es la máxima expresión del neoliberalismo- dicen que las leyes que limitan la riqueza y el libre emprendimiento limitan la libertad individual. Este es el argumento de esta propuesta de ley y esto es pervertir
el concepto de libertad. ¿Cómo puede ser que limitar a aquellos que nos empobrecen vaya en contra de la libertad individual? ¿O es que la traducción de los discursos de VOX es que la libertad de los ricos vale más que la libertad del resto?
Vayamos a las cifras: la gran banca española aumenta su beneficio un 31 % -lo publica El País la semana pasada-; los más ricos aumentan su fortuna 2500 millones de euros al día, según un informe de Intermón Oxfam, o esta semana se ha publicado
también que Endesa ha tenido unos beneficios del primer trimestre de 2023 de más de 590 millones de euros. ¿Es que la libertad de estos vale más que la nuestra? ¿Es que la libertad de la banca, de los ricos o de los consejeros de Endesa vale más
que la del resto? Parece que para VOX sí, porque su ley propone bajar el impuesto sobre sociedades y las cotizaciones sociales de las empresas, no propone ningún impuesto a las grandes corporaciones ni propone bajar los impuestos a las rentas más
bajas.
Cuando se bajan los impuestos se dinamita lo público, señorías. Bajar los impuestos a las grandes corporaciones es trabajar para que los patronos y los oligarcas sean los únicos libres, es trabajar, de hecho, para una sociedad de vasallos.
Bajar los impuestos a la ciudadanía es también ir en contra de lo público, y lo público es la sanidad, lo público es la educación, lo público son los servicios sociales y lo público se financia con impuestos. ¿Y qué pasa cuando se dinamita lo
público? Pues que solo tiene tranquilidad y libertad quien tiene dinero. Esta es la clave de la filosofía de lo privado, la clave de las
teorías de la meritocracia y la autoayuda, aquella que despoja a la libertad de la igualdad. La ideología neoliberal construye una libertad solo para algunos, solo para los ricos, los patronos, los oligarcas; una libertad para quien pueda
pagarla; para quien pueda pagar cuando esté enfermo, para quien pueda pagar para estudiar un máster en la universidad, para quien pueda pagar para todo.
Lo que ustedes quieren es minar el último trocito de socialismo que queda en esta sociedad, la sanidad pública y la educación pública, estos servicios basados en el concepto de fraternidad, según la que todos los seres humanos merecen los
mismos recursos. Y lo público nos hace iguales, señoritas (risas), señorías -disculpen-, y un poquito más libres. ¿No se equivocan ustedes nunca? Parece que les hace más gracia que yo me equivoque con una palabra a que les diga que ustedes
trabajan para los oligarcas, los patronos y los grandes empresarios. Parece que a ustedes les hace gracia que yo me equivoque, pero cuando les digo que trabajan ustedes para que la gente tenga que pagar cuando enferme, esto les da igual. Parece
que a ustedes les da igual ser los portavoces de la filosofía neoliberal de autoayuda. Pues son ustedes el partido de los ricos, de la minoría de los ricos, hay que decirlo. Su querida España tiene cuarenta y ocho millones de personas, ¿saben
cuántos ricos hay? Un millón. Un millón de ricos es mucho, pero un millón de cuarenta y ocho, no. Ustedes son los defensores de la minoría de los ricos, minoría que les financia, pues se ha hecho público la gente que pagó su partidito de
señoritos (golpea con el puño de su mano derecha en la palma de su mano izquierda). Su partidito de señoritos está pagado por los ricos, por los mismos a los que ustedes defienden. (Protestas del señor Rodríguez Almeida). Nosotros defenderemos la
libertad para todas las personas, a pesar de sus cuentos neoliberales, y para que la libertad y la belleza sean para el común de las personas y no para quien pueda pagarlas. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra el señor Boadella Esteve.
El señor BOADELLA ESTEVE: Buenas tardes. Muchas gracias, señor presidente. Señorías.
Hay una cosa curiosa en la presentación que se ha hecho de la proposición no de ley cuando se ha dicho: aquellos que no han presentado enmiendas supongo que votarán a favor. No, no se equivoquen en esto, hay quien presenta enmiendas y hay
quien ve en este texto una declaración de intenciones inasumible, y el hecho de no presentar enmiendas no quiere decir que se vote a favor. De hecho, no vale la pena ni presentar enmiendas, porque algunos de los textos que ahora vamos a desgranar
ya hablan por sí solos de que no se pueden asumir.
Ustedes cogen la bandera de un discurso que no es menor, es interesante, que es el de cómo la clase media ha ido viéndose perjudicada en los últimos años, y esto lo podemos llevar a los grandes discursos que se han apuntado aquí de si
neoliberales, si socialdemócratas o lo que sea, pero es una realidad que las clases medias han visto en los últimos años cómo perdían su poder adquisitivo. Pero claro, plantear esta retahíla, que prácticamente viene a ser una copia del programa
electoral, donde se habla de la rebaja del impuesto sobre la renta a las personas físicas (rumores), se lo han dicho antes: ¿la rebaja en cuánto? ¿Del todo? ¿Del 0 %? ¿Del 1 %? ¿Del 15 %? ¿Del 25 %? Es una cuestión que, como mínimo, llevaría
horas y horas de debate. Decidir en cuánto se tiene que rebajar el IRPF no es una cuestión menor como para dar un cheque en blanco a esta petición.
Y hay una cosa todavía más curiosa, que yo creo que es lo que también nos pone de relieve cuál es la realidad de las cosas, cuando se dice a la hora de implantar políticas de reducción de la deuda pública: la disminución drástica del gasto
político improductivo a cargo de la Administración General del Estado, reduciendo ministerios, órganos superiores y directivos, organismos y entidades de cualquier clase en la Administración General del Estado. O sea, ya se han olvidado de las
comunidades autónomas, ¿no? Como ahora ustedes, señores de VOX, gobiernan en una comunidad autónoma, el gasto superfluo de las administraciones públicas, de los órganos consultivos y directivos solo es de la Administración General del Estado.
Parece ser que aquellos discursos que tenían ustedes al inicio de la legislatura alrededor del gasto superfluo de las comunidades autónomas ahora ya no les interesan, porque a finales de mayo, el día 28, hay elecciones a las comunidades autónomas y
no vaya a ser que ustedes acaben gobernando en alguna otra y les quiten los chiringuitos que promocionaron a su principal líder político. Por tanto, esta propuesta que sitúa los términos en la rebaja del impuesto sin determinar en cuánto, o que se
centra ahora solo en la eliminación de cargos y gastos superfluos en la Administración General del Estado, porque ya no les interesa hablar de las comunidades autónomas, no tiene, a nuestro criterio, el fundamento necesario para poder darle apoyo.
Pero más allá del fundamento necesario para darle apoyo y la cuantificación económica de qué suponen estas medidas que ustedes plantean, hay una cuestión por la que nosotros no vamos a pasar: la derogación de la Ley 7/2021, de Cambio
Climático y Transición Energética. Nosotros no vamos a negar el cambio climático y no vamos a pedir la derogación de la ley. Seguro que hay políticas muchísimo mejores que hacer en materia de cambio climático y seguro que se pueden hacer muchos
cambios en esta materia, pero no nos van a encontrar nunca de compañeros en la petición de derogar aquello relativo al cambio climático. Por todo esto, nosotros no daremos apoyo a la proposición que se plantea.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra el señor Guijarro García.
El señor GUIJARRO GARCÍA: Señorías, buenas tardes a todas y a todos. Presidente.
Últimamente, las iniciativas en materia económica y fiscal de las derechas tienen más de técnica de Rorschach que de otra cosa. ¿Qué quiero decir con esto? Conocerán ustedes la famosa técnica implementada por primera vez por el doctor
suizo Hermann Rorschach, según la cual un psicoterapeuta somete a un determinado paciente a la interpretación de una serie de imágenes ambiguas. Por supuesto, el terapeuta no espera que se le desvele ningún secreto objetivo contenido en esas
imágenes, más bien asume que en ese ejercicio de interpretación al que enfrenta al paciente este habla de sí mismo, es decir, revela sus propias carencias, contradicciones, fobias, traumas, etcétera. Y así nos pasa, que las derechas llevan ya
tiempo discutiendo de economía, enceladas en la interpretación de una realidad que no existe salvo en sus cabezas, y ocurre entonces que si bien no aportan absolutamente nada al debate, al menos el mismo les sirve para liberar sus fantasmas
ideológicos y a nosotras y a nosotros, desde luego, para conocerlos un poquito mejor.
Esta vez, VOX achaca la pérdida de poder adquisitivo de las familias españolas a la política tributaria. ¡Toma ya! Vamos, que aquí el problema no ha sido una inflación disparada como no habíamos visto en décadas ni el hecho de que los
márgenes empresariales se hayan multiplicado de manera obscena; no, qué va. El problema es el excesivo tamaño del Estado. Ese mismo Estado que puso en marcha los ERTE, los créditos ICO, el ingreso mínimo vital, la excepción ibérica o la reforma
de las pensiones. Es decir, identifican como problema aquella herramienta colectiva, la única -la única- que nos ha permitido a todas y a todos compensar en parte los excesos de este capitalismo salvaje en el que vivimos y evitar así una debacle
monumental en tiempos de pandemia y de crisis.
Solo quiero recordarles algunos datos del último informe de Fedea, señorías de VOX. El 60 % de los hogares residentes en España con menor renta bruta, una vez han pagado sus impuestos y recibido las diversas prestaciones monetarias y en
especie, incrementan su renta disponible en un 146 % de media; es más, el 80 % de los hogares en España son beneficiarios netos de la intervención pública, el 80 %. Así que ya tenemos claro a quiénes representan y a quiénes defienden ustedes, a
ese 20 % restante de contribuyentes netos. O ni siquiera, porque quiero pensar que entre ese quinto de la población, hay mucha gente que entiende, comparte y justifica el papel redistributivo del Estado. Si me apuran, casi les diría que apenas
representan ustedes a una facción muy específica de la derecha española agrupada en torno al Opus Dei. Lo digo por esa obsesión que tienen ustedes por privilegiar a las familias adineradas y numerosas y a las empresas del IBEX. (Rumores). Vamos,
lo que viene siendo el catecismo opusdeísta de toda la vida.
La PNL que discutimos está llena de otras muchas ocurrencias, inconsistencias o directamente trolas, mentiras, pero dada la limitación de tiempo del que dispongo, me centraré solo en desmontar su argumento base, una de las mayores trolas que
se han escuchado jamás en esta Cámara y que tiene que ver con la presión fiscal. Vamos a ver, señorías de VOX, aseguran ustedes que la presión fiscal del 2022 alcanzó el 42,1 %. Apuntan ustedes que se trata de una estimación -hasta ahí vamos
bien-, estimación realizada, por cierto, por el think tank de la CEOE, como saben ustedes, esa organización amiga de los desamparados y de las causas perdidas. Pero es que, claro, justo el día que ustedes registran su iniciativa se hacen públicos
los datos de contabilidad nacional para el año 2022. ¡Qué mala suerte tienen ustedes, oiga! Porque, oh sorpresa, la presión fiscal real -no la estimada, la real- se ha reducido hasta el 38,7 %; es decir, ha caído 3 décimas en el año 2022 debido al
mayor incremento del PIB en términos nominales. Entonces, ¿ahora qué hacemos, señorías de VOX, qué hacemos? ¿Van a retirar su iniciativa o van a negar ustedes la mayor? ¿Cuál es su estrategia?
Luego, permítanme unas palabras sobre la credibilidad del think tank que citan y la validez científica de sus informes: ninguna, ninguna, cero pelotero. Fíjense ustedes, se inventan un nuevo concepto de presión fiscal al que denominan
presión fiscal normativa, entendida esta como la carga de gravamen que el diseño del sistema fiscal introduce en las economías y al margen de la recaudación que obtenga, esto les da igual. Por supuesto, según este concepto, España está fatal,
fatal, pero luego uno se molesta en ir a los detalles del informe y a sus conclusiones y descubre que del mismo sale un ranking completamente disparatado. Aparentemente, dicen ustedes que entre los países con peor competitividad fiscal -otro
concepto perverso donde los haya-, además de España obviamente, están Francia, Italia, Dinamarca e incluso Irlanda, que según este índice tendría hasta una mayor presión que nuestro país; en fin, habría que verlo. Por el contrario, ustedes quieren
llevarnos al otro extremo de la tabla, donde están países como Turquía, Hungría, República Checa, Luxemburgo... Sinceramente, señor Rodríguez Almeida, con todo el respeto a los países de esta última lista, yo prefiero quedarme en el grupo de los
franceses, de los italianos, de los daneses; es decir, yo prefiero un Estado social. Ustedes no, ustedes quieren otra cosa y esa otra cosa empieza por desmantelar el Estado social. Por eso ustedes y nosotras somos fuerzas antagónicas.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra el señor Elorriaga Pisarik.
El señor ELORRIAGA PISARIK: Muchas gracias, presidente.
Nos trae el Grupo Parlamentario VOX una PNL que bajo el título de protección de las familias contiene lo que parece ser un programa de reformas legislativas en materia económica, fiscal y social; algo así como un compendio de una propuesta
socioeconómica bastante desordenada y enormemente imprecisa, como se ha reiterado, que desde luego desborda ampliamente el ámbito familiar. No deja de ser este un grave problema conceptual, porque considerar que todo afecta a las familias: el
impuesto sobre el beneficio de las sociedades, las cotizaciones empresariales, la reindustrialización, las duplicidades administrativas, la soberanía energética, el cambio climático, entre otras muchas cosas que se mencionan en esta iniciativa, es
tanto como afirmar que no deben existir políticas específicas de protección de la familia, es diluirlas y desnaturalizarlas hasta hacerlas irreconocibles. Por eso, cuando en el Grupo Popular hablamos de política familiar y de familia nos centramos
en eso, en las familias y no en otras cosas que, sin duda, pueden ser también muy importantes, pero que se alejan completamente del pretendido objeto de esta proposición no de ley.
Parten ustedes de un diagnóstico que sin duda podemos compartir y compartimos. El Gobierno de coalición de socialistas y neocomunistas ha impulsado un desbocado crecimiento del gasto público, que apenas pueden financiar con incrementos
constantes de los impuestos, de la presión fiscal en España. Desde luego, ha llegado la hora de contener los gastos superfluos y de aliviar la carga fiscal sobre las familias. En estos días, en esto que ya se ha bautizado como la campaña electoral
más cara de la historia, el candidato Sánchez no deja de comprometer nuevos gastos, sin explicar, claro está, cómo piensa financiarlos. Se podría decir que piensan seguir aumentando el endeudamiento público, pero, dados los compromisos europeos,
parece que eso no sería posible. Por lo tanto, es más exacto deducir que cada nuevo anuncio del presidente del Gobierno lo que en realidad esconde es una nueva subida de impuestos para las familias españolas, que, por supuesto, se oculta a todos.
En eso es en lo que estamos y en eso es en lo que vamos a seguir hasta que la mayoría de los españoles den definitivamente la espalda a este Gobierno, para lo cual, por fortuna, queda ya más bien poco.
Volviendo al tema de la proposición no de ley, señores de VOX, tienen ustedes dos obsesiones que no podemos compartir: una es su absoluta incomprensión del papel que juegan las comunidades autónomas en nuestro ordenamiento constitucional,
la otra es su oposición a la Agenda 2030 y la negación del cambio climático. Y digo obsesiones y no propuestas o posiciones políticas porque, en mi opinión, se trata de soflamas carentes de una argumentación elaborada y que sean susceptibles de ser
rebatidas lógicamente. Sin duda, el funcionamiento de nuestro modelo de descentralización es susceptible de mejora, no tengo ninguna duda, pero lo que resulta innegable es que desde que se crearon las comunidades autónomas, han sido un factor de
equilibrio político, de contrapoder, que han frenado en múltiples ocasiones los atropellos que pretendían hacerse desde el Gobierno central. La cercanía entre los responsables políticos y los ciudadanos a quienes se dirigen sus decisiones, la
subsidiariedad como principio rector político, nos debe llevar a poner en manos de los individuos y de las familias cuantas más
decisiones sea posible como un auténtico reflejo de su libertad, y en manos de las administraciones más próximas, todo aquello que no deba estar en manos de una administración centralizada.
Porque, sí, la libertad económica es un elemento esencial de la libertad individual. Y permítanme que se lo diga sin ninguna acritud, señora Vehí y señor Guijarro, pero me parece que ustedes simplemente hacen el ridículo cuando afirman que
estas políticas son políticas para ricos; o cuando afirman, como hace el señor Guijarro, que vivimos en un modelo de capitalismo salvaje; un modelo de capitalismo salvaje para, a continuación, decir que uno se quiere parecer a Francia, a Italia o
a Dinamarca, que tienen el mismo modelo de capitalismo que tenemos nosotros poco más o menos. (Aplausos). Que la inmensa mayoría de los ciudadanos aspiran a vivir en un ámbito de libertad, también de libertad económica; que aspiran a tomar sus
decisiones de forma individual; a asumir sus responsabilidades; a obtener sus ingresos mediante el esfuerzo, y que eso es perfectamente compatible con un Estado razonable que asuma gastos públicos esenciales y comunes a toda la ciudadanía es algo
que está más que inventado. Y, sinceramente, llamar a eso capitalismo salvaje es simplemente una ridiculez.
Vuelvo con los señores de VOX y voy terminando. Miren ustedes, en materia fiscal la importancia de las comunidades autónomas es el mejor ejemplo. En la Comunidad Autónoma de Madrid, el ahorro fiscal desde 2004 asciende a 67 800 millones,
20 000 euros por persona en menos de dos décadas. Eso es lo que permite el Estado autonómico: permite implementar políticas de defensa de la libertad individual en aquellos sitios donde los ciudadanos las demandan. Eso es libertad, eso es
competencia, eso es un modelo descentralizado que funciona de manera eficiente. (Aplausos). Termino. Alejarse de la Agenda 2030 es ponerse del lado de quienes no la han suscrito, apenas un puñado de países absolutamente marginados. Querer estar
con Arabia Saudita, con Armenia, con Gambia, con Irak, con Corea del Norte, con Yemen, con Zambia, si eso es lo que ustedes quieren, señorías de VOX, para ustedes queda.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Cuatrecasas Asua.
El señor CUATRECASAS ASUA: Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías.
Me permitirá la bancada de VOX que empiece con una frase dedicada a ellos y a ellas: las acciones reales son más importantes que las palabras inventadas. Lo que venimos presenciando Pleno tras Pleno es un juego de invención de las derechas
de este país, un juego que consiste en atacar al Gobierno de España con inquina, negatividad, mentiras, hipérboles y ruido continuado. En bucle, ustedes suben a la tribuna del hemiciclo para ejercer un guirigay con propuestas insustanciales, y me
parece hasta escaso el calificativo, nulas. En fin, ustedes al ruido, nosotras y nosotros a mejorar el país sin pausa ni descanso. (Aplausos).
Las derechas se opusieron a la excepción ibérica y, acto seguido, bajó la factura de la luz. Se opusieron también a las medidas económicas del Gobierno y, acto seguido, bajó la inflación. Y ahora que conocemos los datos de empleo nuevo,
muy positivos desde el punto de vista histórico, récord, ustedes no quieren que les recordemos que votaron en contra de la reforma laboral o de la subida del salario mínimo. Y no contentos con ello, vienen aquí a hablarnos de un tema tan serio como
es la protección de las familias. Los datos de la EPA del primer trimestre de 2023 muestran una fuerte aceleración de la ocupación, con máximos históricos muy alejados de la histeria que ustedes transmiten. Vamos a cerrar el primer cuatrimestre
con más de 400 000 afiliados más a la Seguridad Social.
Además, señorías, el Gobierno no puede abandonar una política fiscal centrada en el aumento de la presión fiscal a las clases medias y populares españolas, sencillamente, porque las clases medias y trabajadoras no están pagando más impuestos
con este Gobierno, están pagando menos y están recibiendo, desde lo público, más que nunca en la historia de nuestra democracia. (Aplausos). Este Gobierno no defiende la utilidad de los impuestos porque sí, sino porque considera que son un
instrumento indispensable para alcanzar la igualdad que proporciona un Estado del bienestar fuerte, moderno, y que cuida del presente y del futuro de los ciudadanos.
Esto es precisamente lo contrario a lo que pregona el Grupo VOX. La política fiscal de este Gobierno está aumentando la renta disponible para las familias españolas, vía impuestos. Se han bajado los impuestos a las clases medias y
trabajadoras del país y se les ha subido a las grandes multinacionales y a los grandes patrimonios. Curiosamente, la presión fiscal se redujo en 2022 con respecto al año anterior. El supuesto infierno fiscal que vive España supone que la presión
fiscal está 3,5 puntos porcentuales por debajo de la media en la eurozona; una asfixia que ha hecho que nuestra economía crezca, en 2021
y 2022, al 5,5 %, y que se revisen al alza las estimaciones de crecimiento en 2023. Además, los datos que cita VOX sobre presión fiscal son incorrectos, pues la comparación adecuada es la media ponderada, como hace la oficina estadística
europea, Eurostat.
El Gobierno ha movilizado 45 000 millones de euros para la protección de familias, especialmente las más vulnerables, empleo, pymes y autónomos. Este Gobierno ha hecho compatible la protección de las clases medias y trabajadoras con un
déficit público sobre el PIB, reducido algo más de la mitad en apenas tres años. Este Gobierno mantiene una política basada en la justicia social y en la eficiencia fiscal, garantizando el retorno de las rentas públicas a los ciudadanos. Para
terminar de rematar su desgracia y salir al paso de su ya habitual apocalipsis, hemos conocido hace pocos días que España adelanta a 2024 la reducción del déficit público al 3 %, en consonancia con el crecimiento económico, la creación de empleo y
el impacto del plan de recuperación.
Esto son medidas, señorías, medidas contra el ruido, porque nosotros y nosotras hemos opuesto medidas a su ruido. Sí, señorías de la derecha y de VOX, 576 097 familias beneficiadas por la implantación del ingreso mínimo vital. (Aplausos).
Pero, claro, estas no son sus familias. Siguen con el no perpetuo, criticando el acuerdo entre la patronal y los sindicatos, criticando una gestión de la economía, que crece, creando empleo y logrando la inflación más baja de la UE. Lo suyo,
señorías, es patético. Para nosotros son reformas en aras de lograr la dignidad de las personas; para ustedes, son recortes.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Debe finalizar, por favor.
El señor CUATRECASAS ASUA: Acabo ya, presidente.
Nosotras y nosotros defendemos lo que pensamos. Ustedes, señorías de la derecha y de la derecha extrema, se esfuerzan por pensar cómo ofender al Gobierno de España, al presidente y a este Grupo Parlamentario Socialista, porque defender,
créanme, defienden la nada.
Gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Señor Rodríguez Almeida, ¿acepta su grupo la enmienda presentada?
El señor RODRÍGUEZ ALMEIDA: No. Se votará en sus términos y pediremos la votación por puntos, presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A ACTUALIZAR Y ADAPTAR LAS ESTADÍSTICAS DE EMPLEO A LA REALIDAD DEL MERCADO LABORAL. (Número de expediente 162/001189).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Continuamos con la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a actualizar y adaptar las estadísticas de empleo a la realidad del mercado laboral.
Para la presentación de la iniciativa, tiene la palabra la señora Hoyo Juliá.
La señora HOYO JULIÁ: Muchas gracias, presidente.
Señorías, hoy, el Grupo Parlamentario Popular trae al Pleno una iniciativa que tiene un objetivo claro: conocer la verdad de la situación del mercado laboral español. Todos saben que el Gobierno presume de haber creado miles de empleos y
haber reducido la tasa de paro. Sin embargo, las cifras oficiales ocultan una realidad mucho más compleja y preocupante, dado que el Gobierno ha sido incapaz de crear empleo digno y estable y ha abandonado a los sectores más vulnerables de la
sociedad. Ocultan a los parados con la etiqueta de fijo discontinuo. Al Gobierno, prohibir los contratos por obra y servicio y limitar los contratos temporales solamente le ha servido para convertir la figura del contrato fijo discontinuo en el
contrato estrella de la contratación indefinida. (La señora vicepresidenta, Elizo Serrano, ocupa la Presidencia). Esto lo vemos en datos que son muy claros; hay más empleados, pero menos trabajo. El número medio de horas semanales trabajadas se
ha reducido. Hay más personas que trabajan, pero menos horas a la semana, por lo que el empleo se está troceando. Las personas con un contrato fijo discontinuo ganan casi un 30 % menos que la media de los temporales; y los despidos indefinidos en
periodo de prueba se han disparado un 141 % en tan solo un año. Con estas cifras, ¿cómo puede ser que el Gobierno sea triunfalista?
Señorías, este tipo de contratos se está utilizando para encubrir situaciones de temporalidad fraudulenta, para evitar pagar indemnizaciones por despido y para ahorrar costes laborales con unos trabajadores que ven reducidos sus salarios,
sus cotizaciones y sus prestaciones sociales. Los fijos discontinuos son la nueva forma de precariedad laboral, una modalidad de contratación indefinida que enmascara temporalidad e inestabilidad laboral. De hecho, en el mes de abril, solo el 18 %
del total de contratos indefinidos fueron a tiempo completo. Y, ¿qué ha hecho el Gobierno ante esta situación? Pues lo que normalmente hace, como en tantas otras cuestiones, manipular estadísticas, mostrar una actitud opaca, manipuladora y
totalmente irresponsable. (Aplausos).
Señorías, alrededor de medio millón de personas están contabilizadas como fijos discontinuos y están sin trabajar, sin cotizar y sin cobrar. El Gobierno quiere ocultar el desempleo real que hay en nuestro país y la situación de falsa
estabilidad a la que ha condenado a miles de trabajadores. Esto supone una grave distorsión del mercado laboral español, que se aleja cada día más del modelo europeo. Eurostat calcula que hay 1,07 millones más de desempleados e incluso 1,1
millones de subempleados. Las políticas de empleo de la ministra Yolanda Díaz consisten en contar como empleados a trabajadores sin actividad; al igual que las políticas de vivienda del señor Sánchez, que consisten en añadir viviendas inhabitables
al parque público; o al igual que las políticas de igualdad, que consisten en sacar a delincuentes sexuales en lugar de proteger a las víctimas; o en pedir la abolición de la prostitución, cuando en fin, ya sabemos a lo que se dedicaba el Tito
Berni cuando terminaban los Plenos.
Estamos ante el Gobierno de la contradicción permanente y de la mentira fácil; un Gobierno que aspira a seguir gobernando para simplemente poder verse ante un espejo en el que se refleja todo menos la realidad de la calle, una calle que,
por supuesto, han perdido si alguna vez la han tenido, y, por eso, no hay ni un solo ministro que pueda salir a dar un paseo. Las estadísticas del Gobierno, tras ser manoseadas, pueden haber mejorado, pero, desde luego, no lo ha hecho la calidad
del empleo ni la estabilidad, ni siquiera la cantidad de empleos creados. Si lo han hecho con el CIS, lo han hecho con el INE, lo han hecho con el cálculo del IPC, si lo hicieron también con los fallecidos por el COVID, ¿por qué no iban a
falsificar también los datos de empleo? Aunque solo les quedan unos meses de margen, igual también terminan modificando las estadísticas que contabilizan las listas de espera para el DNI, la Seguridad Social o la tramitación de una pensión.
(Aplausos).
¿A qué juega este Gobierno, señorías? ¿Por qué ocultan la verdad? ¿Cuál es su modelo laboral, el de machacar a los que más empleo crean en nuestro país, el de arruinar a los empresarios y trabajadores a base de impuestos? Tenemos un
Gobierno que no escucha ni al partido de la oposición principal ni a la AIReF ni al Banco de España ni a los principales analistas del mercado laboral. Por cierto, en uno de sus análisis la AIReF concluye que el 18 % de la población activa de
nuestro país está infrautilizada, lo que equivaldría a más de 4 millones de personas, un dato que, desde luego, es muy grave.
El Partido Popular apuesta por adaptarnos a la nueva realidad del mercado laboral e implementar medidas alternativas que reflejen el desempleo real para poder hacer un seguimiento de la evolución del mercado de trabajo sin trampas ni
maquillaje, y, de esta forma, facilitar la creación de empleo con las medidas oportunas y mejorar la calidad y la estabilidad de los trabajadores.
Que nadie se deje engañar por las mentiras del Gobierno y los trucos para ocultar la realidad. Ocultan los datos y manipulan las cifras porque fracasan en sus políticas, unas políticas que han creado más paro, más desigualdad y más
precariedad. El Gobierno falta al respeto a los españoles ocultando información y engañando con sus datos hasta el punto de hacer creer que una persona sin sueldo es un trabajador. Por eso pedimos que haya transparencia y que se pueda conocer la
realidad del mercado de trabajo. La mentira no puede convertirse en inherente a nuestro sistema político, porque solo si conocemos al detalle los puntos fuertes y los puntos débiles de nuestro mercado de trabajo podremos impulsar medidas eficaces
para mejorarlo. Ese es nuestro objetivo, el objetivo del Partido Popular.
Muchas gracias. (Aplausos.-Un señor diputado: ¡Muy bien!).
La señora VICEPRESIDENTA (Elizo Serrano): Muchas gracias, señora Hoyo.
Para la defensa de la enmienda formulada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Muñoz Vidal.
La señora MUÑOZ VIDAL: Gracias, presidenta.
Señorías, desde que Ciudadanos irrumpió en la política nacional siempre ha tenido un objetivo claro -que creo que es por todos ustedes conocido- respecto al mercado laboral: acabar con la insufrible temporalidad a la que nuestro mercado
abocaba a miles de trabajadores, sobre todo a los jóvenes.
De sobra son conocidas nuestras propuestas en esta materia que tanto ruido causaron en los primeros años, ese contrato único y esa apuesta por la mochila austriaca.
La reforma del año 2021 impulsada por este Gobierno, aun quedándose muy corta, vino a reconocer una cosa, y es que teníamos razón, era necesario reducir el abanico de contratos laborales. El núcleo esencial de la reforma de 2021 fue la
reducción del menú de contratos, acabando con el gran coladero que eran los contratos temporales por obra y servicio, como veníamos diciendo desde hacía años.
Desde entonces, desde la aprobación de la reforma laboral, los partidos más conservadores de esta Cámara se han embarcado en una cruzada un poco absurda, no sé si por desconocimiento o por mala fe, diciendo que el cambio de contratos
temporales a fijos discontinuos es puro maquillaje contable. La cosa no es así, o sea, ni tanto, ni tan calvo. Que hay que mejorar mucho, sí; pero no podemos estar hablando de forma demagógica diciendo que se maquillan los datos o que las
estadísticas no son reales porque llevamos a la ciudadanía a la confusión. Hay que tener un poquito de empatía, señorías del Partido Popular, con los trabajadores que han pasado de ser temporales a tener un contrato fijo discontinuo. Aun
trabajando las mismas horas, es mucho mejor para el trabajador tener un contrato fijo discontinuo que estar directamente sin contrato porque les da certidumbre, y, de cara al empresario, crea los incentivos necesarios para invertir en formación para
sus empleados.
Tengo que reconocer, por otra parte, que esta iniciativa ha mejorado mucho respecto a la que ustedes presentaron a finales del año pasado, en diciembre de 2022, que se debatió en este Pleno, en la que directamente hablaban de estadísticas
manipuladas, algo grave en mi opinión. De hecho, en esta iniciativa ustedes mismos reconocen que el SEPE lleva años registrando los fijos discontinuos de la misma manera. Por tanto, si son malos ahora, también era mala la forma de registrarlos
cuando ustedes gobernaban. El problema de los fijos discontinuos no es una manipulación estadística burda; si fuera así, lo veríamos también en el dato de la EPA, que es la encuesta armonizada a nivel europeo que se hace igual en todos los países,
y no refleja nada raro. Por tanto, no hay nada raro, oculto o siniestro en los datos del paro. Lo que sí que hay que hacer es darle más transparencia al registro de los datos.
Yo he presentado una enmienda porque en su proposición usan el concepto de paro efectivo. Paro efectivo no existe en la teoría económica. Saben que en la teoría económica el concepto paro efectivo no es nada. Por eso he presentado la
enmienda, para que podamos trabajar en un concepto que sí exista en la teoría económica y para que, además, nos aclaren -porque en su PNL tampoco lo dicen- qué debe reflejar ese indicador complementario que piden.
En algo tienen razón, y es que todas las estadísticas necesitan mejorarse, necesitan ser transparentes. Pero, al igual que es indiscutible que es mejor un contrato fijo discontinuo que uno temporal, también es indiscutible que no es lo
mismo tener una relación laboral y estar trabajando efectivamente, que estar entre periodos de trabajo y demandando empleo, que es a lo que ustedes se refieren y por lo que yo abogo sin caer en el menosprecio a la reforma laboral.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Elizo Serrano): Muchas gracias, señora Muñoz.
En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Martínez Oblanca.
El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señora presidenta.
Gracias también al Grupo Parlamentario Popular por traer esta iniciativa que resulta imprescindible para recuperar con urgencia algo fundamental para la sociedad, como es la credibilidad en las estadísticas oficiales relativas a una materia
sacrosanta como es el empleo, la gran prioridad de los españoles y la clave de bóveda que soporta la economía nacional y, entre otros aspectos, sostiene el sistema público de pensiones.
Resulta inaceptable que el Gobierno se venga empleando a fondo para modificar a su conveniencia los datos sobre el empleo y la afiliación a la Seguridad Social y, basado en ello, comparecer ante la opinión pública blasonando sobre cifras que
no se corresponden con la realidad que están viviendo y sufriendo muchos españoles y sus familias.
Ofende el triunfalismo del Gobierno y nos ofende especialmente a los asturianos que, año tras año, ocupamos el farolillo rojo de la tasa nacional de población activa, es decir, la que contabiliza los que trabajan o están buscando trabajo. Y
qué decir de las ruedas de prensa en las que los portavoces del Gobierno hacen ostentación del combate contra el paro juvenil cuando en Asturias se cerró el año 2022
con un 47,53 %, que no solamente es el peor dato de España, sino que es uno de los peores en el conjunto del ámbito comunitario.
Frente a tanta pirotecnia estadística aparece la realidad de Eurostat o de los informes comunitarios solventes que nos echan un jarro de agua fría. Es el caso del publicado el pasado 30 de marzo y presentado por el Comité Europeo de las
Regiones, en el que, hablando de competitividad, se desvela un serio problema, que en el caso de mi región de origen se refleja en un nuevo descenso en el ranking regional europeo, donde estamos en el puesto 140 de 234 y tenemos en España otras
nueve comunidades autónomas que están por debajo de la media europea de competitividad, varias también retrocediendo.
Señorías, alterar las estadísticas referidas al empleo o al desempleo debería ser delictivo cuando nuestro país ha retrocedido, en estos últimos tres años, y ha aumentado el empobrecimiento, que continúa aumentando, de hecho, como acredita
el indicador AROPE, que evalúa en la Unión Europea el grado de cumplimiento de los objetivos de inclusión social y que hace referencia al porcentaje de población que se encuentra en riesgo de pobreza y/o exclusión social. La España gobernada por un
presidente adicto a los publirreportajes va a peor en este indicador AROPE, pese al empeño oficialista en manipular la realidad.
Asimismo, resulta desolador escuchar las reinterpretaciones estadísticas laborales que ocultan la dramática pérdida de cien mil trabajadores autónomos en los últimos doce meses y -sombra aquí, sombra allá- maquillan la realidad del desempleo
juvenil y del desempleo femenino, que nos ha colocado entre los peores países comunitarios en ambos segmentos. Es una estafa estadística perpetrada por un gobierno cuya misión principal debería consistir en aunar voluntades políticas y esfuerzos
compartidos para dar cumplimiento al mandato de la Constitución española que remarca que, de manera especial, los poderes públicos realizarán una política orientada al pleno empleo. Lo recalco: política orientada al pleno empleo.
Señorías, en esta XIV Legislatura, camino del finiquito, a lo que se dedican los ministros es a retorcer los criterios estadísticos fijados por la orden ministerial de 11 de marzo de 1985. Para conseguirlo aplican una metodología
particular; tratándose de un Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez, digamos que es una variante del famosísimo biombo socialista de la calle Ferraz con el que ahora se reinterpretan los datos sobre la realidad laboral que periódicamente publican
organismos de solvencia como el Servicio Público de Empleo Estatal y el Instituto Nacional de Estadística.
Frente a esta deriva, contraria a los intereses generales en una materia de absoluta prioridad como es la relativa al conocimiento preciso, puntual y actualizado del mercado laboral, es más que pertinente el contenido de esta proposición no
de ley para velar por la transparencia en lugar de los tapujos, para que las estadísticas oficiales no sean objeto de manoseo, para que se definan con la mayor precisión posible los perfiles de toda la población susceptible de aspirar a lograr un
puesto de trabajo o de mejorar el que tenga y, en definitiva, para completar los términos señalados en esta iniciativa parlamentaria que comparto plenamente y a la que daré mi voto favorable.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Elizo Serrano): Muchas gracias, señor Martínez Oblanca.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Barandiaran Benito.
El señor BARANDIARAN BENITO: Arratsalde on. Buenas tardes, señora presidenta, señoras y señores diputados.
Nos enfrentamos a una proposición no de ley que es una edición corregida de una anterior que tuvimos ocasión de debatir en esta Cámara el pasado 20 de diciembre. Como sucedía también en aquella ocasión vamos a estar de acuerdo con algunas
cosas, pero no con su premisa. Recordaba en aquella ocasión que algunos autores -a cuenta de la modificación en la legislación laboral, en especial, en cuanto a las consecuencias estadísticas de la práctica eliminación de los contratos temporales
ope legis, por obra de la ley- afirmaban que el paro registrado ha dejado de ser la mejor señal del número de personas desempleadas y que, por ello, plantearse como objetivo que la realidad estadística se modifique para que ofrezca una información
más adaptada y precisa a la nueva realidad jurídica era y es una pretensión legítima y deseable por su parte, pero que en lo que no íbamos a participar era en señalar o en advertir una situación de partida con la que no estábamos de acuerdo:
señalar que los datos eran un error, una manipulación o producto de intencionalidades perversas.
Dice la proposición no de ley que existe un déficit de información para valorar la realidad estadística y que los cambios en los registros de los contratos están alterando la objetividad de la estadística. Pues bien, tienen y no tienen
razón. No es que exista ocultación o fraude en los datos estadísticos con relación a los
contratos fijos discontinuos, es que, aun manteniendo sus caracteres habituales e incluso manteniendo su regulación normativa, es el contexto jurídico, el ordenamiento que le rodea, el que ha cambiado. No hay, por tanto, ni ocultación ni
manipulación ni fraude. De igual manera, también resulta necesario señalar que, desaparecidos casi todos los contratos temporales existentes con anterioridad, no por suscribir contratos fijos discontinuos en su lugar se ha cambiado la realidad del
número de personas ocupadas de forma efectiva, ni siquiera la definición de lo que ello significa. Por ello, es cierto que si no se ofrecen datos desagregados de los contratos fijos discontinuos, de manera que podamos saber cuántos están en periodo
de ocupación o en situación de desempleo o en situación de búsqueda de empleo o en otras variables, será más difícil realizar un diagnóstico claro de la situación real del empleo y el desempleo en el mercado de trabajo; esto es, de las necesidades
reales que viene a cubrir tal fórmula contractual y de su derivada: la del aumento o disminución de la población ocupada. No se trata, como parecía sugerir alguna diputada en aquella ocasión, de tener o no por qué hacer una labor de ingeniería
estadística con los datos del SEPE y su comparación con los de la EPA para saber de qué estamos hablando. No es cuestión de hacer sumas o restas, como decía también otra diputada; es cuestión de ser claros. Los datos ofrecidos por el SEPE no
responden a los actuales parámetros del ordenamiento jurídico laboral y, por ello, no abundan en la claridad. De existir datos, que existen, si nada tienen que ocultar, resulta de mayor provecho que sirvan para aclarar.
Voy a terminar parafraseando a la señora Vilches, quien intervino en aquella ocasión en la proposición no de ley en una de las mejores intervenciones que recuerdo, al menos, de las más deliciosas que he oído en esta tribuna. Parafraseaba al
ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha para hacer alusión a diferentes críticas que pretendía hacer a la proposición no de ley. Pues bien, no solo me pareció delicioso y acertado su comentario, sino que también le quiero aportar algo, como de
forma expresa señala el prólogo del libro segundo de El Quijote refiriéndose a unas palabras del hidalgo don Quijote de la Mancha: La abundancia de las cosas, aun cuando sean buenas, hace que no se estimen, y la carestía, aun de las malas, se
estima en algo.
Nos abstendremos, porque no pensamos participar en un debate improductivo por la forma en que se afronta, pero también entendemos la necesidad de adaptación de la información estadística del SEPE a la nueva realidad del ordenamiento jurídico
vigente.
Nada más y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Elizo Serrano): Muchas gracias, señor Barandiaran.
Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra, en primer lugar, el señor Boadella Esteve.
El señor BOADELLA ESTEVE: Muchas gracias, presidenta.
Señorías, intervendré muy brevemente porque este debate vuelve a la Cámara de forma retocada, pero, en el fondo, con el mismo planteamiento que tuvo en una sesión anterior: el de lo relativo a las estadísticas con el cambio que ha habido en
la normativa laboral. Lo cierto es que la reforma laboral que se hizo -no la derogación de la reforma laboral, que era lo que se prometía- en la última modificación del Estatuto de los Trabajadores cambió el régimen de los contratos indefinidos, el
régimen de los contratos temporales. Es cierto que los parámetros y estadísticas que teníamos hasta el momento no se adecúan a la realidad de la nueva normativa laboral de los nuevos contratos laborales.
En materia laboral, no obstante, sí que creo que debemos poner en relieve dos datos importantes. Uno es este principio de acuerdo en relación con las subidas salariales. Yo creo que nos tenemos que congratular de estas vías de trabajo. Y
otro, no para congratularse, sino para poner remedio cuanto antes, son los datos de Eurostat en relación con el empleo juvenil. España es campeona en desempleo juvenil y esto, sin duda alguna, no es una noticia de la que el Gobierno pueda
alegrarse.
Teniendo en cuenta estos datos y teniendo en cuenta la realidad de lo que se pide y lo que se puede hacer, nosotros consideramos que es cierto que necesitamos una mayor objetividad de los datos, pero no es del todo cierto que se esté
produciendo aquí un maquillaje o una alteración de las estadísticas. Con lo cual, nosotros entendemos que lo que correspondería por parte de los ministerios y del Gobierno es, en la época de los datos abiertos y de la capacidad de analizar los
datos, tener mucha más información abierta y disponible para analizar esta situación, pero sin que esto pueda llevar automáticamente a hacer un reproche generalizado como el que el PP está haciendo en esta sesión e hizo en la sesión anterior. Hay
mucho campo para mejorar, pero eso no quiere decir que no se tenga en cuenta en ningún momento que el cambio de sistema normativo, el cambio del ordenamiento jurídico, conlleva también un necesario cambio en la fórmula de las estadísticas.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Elizo Serrano): Muchas gracias, señor Boadella.
Por el mismo grupo, tiene la palabra el señor Pagès i Massó.
El señor PAGÈS I MASSÓ: Buenas tardes, señora presidenta, señorías.
Señores del PP, con ochenta y ocho diputados y todo lo que saben hacer es repetir la misma proposición no de ley que presentaron el diciembre pasado, no hace ni cuatro meses. Un poco cutre, ¿no? ¿No han encontrado nada más en el cajón?
Miren, en esta legislatura ustedes se han hartado de criticar al Gobierno por el abuso de la legislación por decreto ley, incluso llevaron a sus amiguetes del Tribunal Constitucional la tramitación de la reforma penal en diciembre por faltar
a los principios básicos del parlamentarismo. Estaba ya casi convencido de que ustedes eran unos adalides de la democracia parlamentaria y ahora me he dado cuenta de que no, de que son casi tan partidistas y demagógicos como los socialistas y de
que, como a estos, no les importa pisotear los instrumentos parlamentarios cuando les conviene, como ahora. En definitiva, esto no es nada más ni nada menos que la democracia parlamentaria a la española.
Lo que opinamos sobre las estadísticas de empleo y si reflejan o no la realidad laboral lo tienen en el Diario de Sesiones del 20 de diciembre pasado. Se lo resumo. La reforma laboral ha reconducido masivamente los contratos temporales de
obra y servicio a contratos fijos discontinuos, que son técnicamente contratos indefinidos, y estos contratos, aunque con más garantías que los temporales, son igualmente inestables. Y por lo que aquí interesa, finalizada la temporada, el
trabajador o trabajadora se da de baja de la Seguridad Social y, aunque mantiene la condición estadística de ocupado, materialmente queda en situación de paro, no trabaja, no cotiza, no cobra. Y lo que antes era un dato marginal, con la eliminación
de los contratos temporales se ha transformado en una bolsa de medio millón de trabajadores que en realidad se encuentran inactivos aunque consten como ocupados en la casilla de demandantes de empleo con relación laboral, la casilla DENOS. Se mire
como se mire, esto falsea la realidad laboral y, cuando el Ministerio de Trabajo afirma que con la reforma laboral hay más contratos indefinidos y más estabilidad, se está haciendo trampas al solitario. El SEPE tiene que decirnos realmente dónde
estamos, clarificar cuál es la ocupación efectiva y, por tanto, desagregar efectivamente la información sobre los contratos fijos discontinuos.
No es de recibo que los datos oficiales oculten la realidad. Y la realidad es la siguiente. Eurostat, marzo de 2023, España continúa liderando el ranking europeo de paro de la Unión Europea de los veintisiete, con una tasa del 12,8 %, y,
aún peor, España es campeona de la Unión Europea en paro juvenil, con un 29,5 %, más del doble de la media europea, que está en el 14 % y, además, con la mayor tasa de fracaso escolar y de abandono prematuro de los estudios. Esta es la realidad y
quien quiera engañarse que se engañe.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Elizo Serrano): Gracias, señor Pagès.
Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra el señor Salvador i Duch.
El señor SALVADOR I DUCH: Gracias, presidenta. Bona tarda.
No vamos a participar en esto del Partido Popular porque no es serio. La manera en la que se cuentan los parados es la misma desde hace cuarenta años, es la misma que se utiliza en los demás países y es la manera en la que se contaban los
parados antes de la reforma laboral. Esto es despistar a la gente. Nos traen una proposición no de ley de alguien a quien no le preocupa ni la cantidad ni la calidad del trabajo ni la protección social de los trabajadores, sino el desgaste por el
desgaste, y a esto nosotros no jugamos, vamos con argumentos.
Vayamos por partes, señoras y señores del Partido Popular -pero también del Partido Socialista Obrero Español-, que han gobernado durante cuarenta años, se olvidan de que lo más importante cuando hablan de estadísticas es que lo que genera
trabajo es el modelo productivo que hay en una sociedad y no su legislación laboral, y voy a explicarme. El modelo productivo que han creado ustedes durante cuarenta años es el responsable -con todas las estadísticas que quieran porque información
hay a punta pala- de que el Estado español sea campeón en paro, el farolillo rojo en cuestión de paro, también de paro juvenil. Esa es la realidad y esta responsabilidad es exclusivamente del Partido Popular y del Partido Socialista, que son los
que crean el modelo productivo. Me explico. Según los estudiosos de la economía y el trabajo, la incidencia de la legislación laboral en la creación de empleo es de solo un 6 %, es decir, el 94 % restante de las causas hay que buscarlo, más o
menos, en otras partes, no en la legislación
laboral, se debe a otros factores diferentes a la legislación laboral. El trabajo, más que por la legislación laboral viene condicionado por el modelo productivo. Por ejemplo, una sociedad industrial competitiva genera más empleo que una
sociedad con una economía estacional. Es de cajón, creo que no hace falta explicarlo, es así. Por eso, en el Estado español, con la misma legislación laboral, no tienen el mismo porcentaje de parados, por ejemplo, Andalucía que el País Vasco y la
legislación es la misma. Luego la correlación, lo que aquí nos traen, es un fallo de concepto. Porque lo que debería hacer la legislación laboral no es crear empleo, sino proteger a los trabajadores de los abusos, de la explotación, de los malos
empresarios, que los hay, como en cualquier ley, que para eso se hacen.
Y en esto ya sé que no estamos de acuerdo ni con Sánchez ni con Yolanda Díaz. Bueno, no pasa nada, no estamos de acuerdo. Para nosotros la reforma laboral se quedó muy corta, pero mucho, y el tiempo nos va a dar la razón, pues en los
próximos programas electorales de sus partidos vamos a ver cómo se incluye todo lo que nosotros hubiéramos incluido en la reforma laboral si se hubiera pactado con nosotros o se hubiera hecho una tramitación parlamentaria. Me juego lo que quieran,
y guárdense los videos porque lo vamos a ver, vamos a ver cómo van a pedir todo aquello que nosotros pedíamos.
En la creación de empleo influyen mucho más temas, como el coste de la energía -y les recuerdo a los señores del Partido Socialista y a este Gobierno que han tardado desde 2009 en transponer la directiva de las redes cerradas eléctricas y
que, si no llega a ser por nosotros, aún están esperándolas-, y esto sí que influye directamente en el precio de la energía industrial y en la creación de empleo. O que en pleno 2023 aún no tengamos un corredor del mediterráneo que una África y
Europa, y esto sería bueno para la economía andaluza -por eso Andalucía tiene un porcentaje de paro mucho más elevado que otras comunidades autónomas con la misma legislación laboral- o que en Cataluña tengamos un sistema de cercanías que es un
desastre, es deplorable, da pena, y eso sí que influye en la productividad, en llegar a los lugares de trabajo, etcétera. Son factores esenciales que sí que influyen: trabajo, movilidad, transporte, etcétera.
Su proposición de ley se equivoca de objetivo. Es absurdo relacionar mayor número de ocupados por sí mismo y la calidad del empleo en una reforma laboral. La legislación laboral lo que hace es garantizar derechos a los trabajadores y a las
trabajadoras, derechos que fueron arrebatados con enorme violencia en sus reformas laborales de 2010 y 2012, como hemos dicho toda la izquierda y todos los sindicatos de este Estado durante doce años; derechos laborales que aún no hemos recuperado,
digan lo que digan. No los hemos recuperado por mucho que se les llene la boca con que hay trabajo de calidad, con que se ha acabado la precariedad, etcétera. Esto no es verdad, no es Disneylandia. Evidentemente, es mejor tener fijos discontinuos
que tener temporales, pero uno no puede tampoco pasarse de rosca como alguno hace. No es verdad que haya fijos, porque no los hay. España es un país donde se puede despedir libremente, y, además, este despido es barato y no resulta disuasorio en
ningún caso. Si vamos a hablar de estadísticas, hasta un tercio de indefinidos, entre comillas, son contratos a tiempo parcial, y son estadísticas actuales, así que no se hagan trampas en el solitario: lo que influye en la economía es el modelo
productivo, el impuesto de la energía, los transportes, etcétera, y la legislación laboral está para proteger a los más vulnerables. Y en esto hay un amplio camino que recorrer, que estoy seguro de que vamos a hacer juntos, como mínimo, con una
parte de este hemiciclo; y, si no, los votantes van a poder escoger.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Elizo Serrano): Gracias, señor Salvador.
Por el Grupo Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra la señora Vidal Sáez.
La señora VIDAL SÁEZ: Buenas tardes.
Hoy el Partido Popular no nos trae una PNL, sino más bien un déjà vu. Siguen militando en el bulo y la paraciencia, y no sabemos bien si es por falta de ideas o de ganas, pero nos traen un copia y pega de otra proposición que ya fue
debatida y rechazada a finales de diciembre; rechazada por burda, manipuladora y carente de rigor. Si de algo sirve que volvamos a debatir sobre lo mismo, que sea al menos para invitarles a que abandonen ustedes el lado oscuro y demuestren que no
es incompatible ser de derechas con ser solvente. Me pregunto si la derecha no se puede alegrar ni por un segundo por el hecho de que haya miles de personas en una mejor situación a día de hoy. (El señor vicepresidente, Rodríguez Gómez de Celis,
ocupa la Presidencia).
Se lo dijo mi compañera Isabel Franco hace escasos cuatro meses, que el Partido Popular tiene un problema con la democracia. Por eso manipulan y se revuelcan en los bulos, básicamente porque necesitan crear confusión, que nada sea creíble,
para que todo pueda serlo; hasta lo falso, ¿verdad, señorías? Hace treinta y ocho años que el SEPE trabaja con estos indicadores y el Partido Popular gobernó dieciséis años sin encontrar un solo pero a los mismos. ¿Mienten ahora para intoxicar o
bien para esconder las consecuencias de su reforma laboral? Lo digo porque ustedes tienen un modelo de relaciones laborales basado en sueldos bajos, precariedad y autoritarismo. Y lograron sus objetivos -eso se lo acepto-: devaluaron salarios,
impulsaron la temporalidad e hicieron retroceder la negociación colectiva. El Partido Popular sí fue el campeón, pero lo fue en destrucción de empleo: 770 000 contratos indefinidos se cargó su reforma laboral. Y fue también el campeón en paro: 6
157 000 personas, y Rajoy y Fátima Báñez al mando; el campeón en crear básicamente trabajo basura, precariedad y temporalidad. Degradaron tanto el mercado laboral que pusieron de moda los contratos de días; la duración media de los contratos
temporales con Fátima Báñez era de nueve días, y fue bajando hasta los siete.
Son los campeones en copiar recetas caducadas, en vender suelo público, en privatizar y también en socializar el dolor: ahí no han faltado nunca. El Partido Popular son yonquis, gente adicta a la precariedad. Supongo que por eso no es de
extrañar que sean los últimos en aceptar que las políticas de este Gobierno estén funcionando, sean más justas y también más eficientes. Es lamentable, señorías, que al Partido Popular no sólo le molesten los datos, sino también -parece ser- los
hechos. Les molesta que abril terminara con la cifra más baja de parados desde 2008, les molesta que en abril el 46 % de contratos fueran indefinidos, les molesta que la brecha de género haya disminuido -si no, no me lo explico-, les molesta que el
paro juvenil se haya reducido y esté en su mínimo histórico; y, ¡ojo!, la cifra es inaceptable, claro que lo es, pero eso no implica que no sea su mínimo histórico.
Tienen ustedes acceso a datos suficientes para analizar de forma escrupulosa la evolución positiva del mercado de trabajo. Pero no les interesa, sólo quieren confundir y hacer ruido. ¿Qué entienden ustedes por empleo real? No hay
homologación alguna en los reglamentos estadísticos internacionales; tampoco lo reconocen la OIT ni Eurostat. Debe ser que ahora tampoco les gustan los organismos encargados de la elaboración de las estadísticas oficiales, y digo ahora porque
cuando ustedes gobernaban no tenían ningún problema con ellos. Hablan del empleo real con el mismo rigor que lo hacen de la cultura del esfuerzo; concretamente, desde el profundo desconocimiento del empleo real y la cultura del esfuerzo. Llevan
tres años difamando y trayendo proposiciones que sólo les sirven a ustedes con fines electorales. Los indicadores que plantean ya están recogidos en la encuesta de población activa, los datos que piden ya se publican, y la Tesorería General de la
Seguridad Social ofrece mensualmente los datos de trabajadores en ERTE.
Y escuchen bien, la reforma laboral no prohíbe los contratos temporales. Lo que no permite es que se utilice la contratación temporal en fraude de ley, que es lo que acontecía. Por eso se dota de mayor seguridad a las personas que realizan
una misma actividad para una misma empresa en periodos discontinuos, porque reconoce, como debe ser, su antigüedad y el derecho o bien a ser llamados o bien a una indemnización que les corresponde. No se encuentran en situación de desempleo:
mantienen una relación laboral. Y no es cierto que todos los fijos discontinuos se encuentren inactivos durante el periodo hasta el llamamiento: pueden trabajar por cuenta ajena o por cuenta propia, obviamente. ¿Cómo creen, si no, que vive la
gente, señorías?
Ojalá se les empiece a dar tan bien buscar en la web del SEPE como copiar proposiciones no de ley, medidas caducadas y bulos. Vean tutoriales o aprendan a sumar. Pero una cosa sí les voy a decir: Quedan aún unos meses de este Gobierno,
para que ustedes puedan aprender y dejen de hacer el ridículo, al menos para los cuatro años que les quedan de oposición.
Y termino con una cuestión. Se cree el ladrón que todos son de su condición, pero no. Este Gobierno está aquí para modernizar, desprecarizar y democratizar las relaciones laborales, a diferencia de lo que hizo el Partido Popular.
Gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra la señora Cañizares Pacheco. (Aplausos).
La señora CAÑIZARES PACHECO: Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías.
La canción preferida de Sánchez y el PSOE -que son lo mismo, por mucho que algunos candidatos ahora, en campaña electoral, quieran poner tierra de por medio- es esa que dice: 'Ahora que vamos
despacio, vamos a contar mentiras, tralará'. Así lleva toda la legislatura, sin tino y sin despeinarse, mintiendo desde que llegó a la Moncloa. Y esto guarda relación con la proposición no de ley que nos trae el Partido Popular a debate,
la cual denuncia otra mentira más que el Gobierno de Sánchez quiere trasladar a la opinión pública retorciendo las estadísticas en materia de empleo.
Pero me voy a dirigir a los españoles que nos ven desde sus casas, porque hablar a la parte izquierda del hemiciclo es como predicar en el desierto, ya que su sordera ideológica les impide incluso comprender que con las matemáticas y la
estadística uno no se puede pelear. Aun así, el Gobierno de Pedro Sánchez es tan osado y temerario que lo hace, pero claro, con trampas y trilerismo, ocultando la realidad. (Aplausos).
Tras la reforma laboral, que ha prohibido sistemáticamente formalizar contratos de trabajo temporales, las empresas, cuando necesitan utilizar esta figura por distintos motivos, como, por ejemplo, en Toledo las fábricas de mazapán para la
campaña de Navidad, ahora están obligadas a acudir a los denominados fijos discontinuos, que no son más que trabajadores temporales con los que la empresa se compromete a contar de manera indefinida para todas las campañas. Pues bien, estos
trabajadores, cuando están parados e inactivos, y algunos de ellos incluso percibiendo la prestación por desempleo, por el hecho de haber firmado ese contrato en las estadísticas de Sánchez no computan como parados. Esto ya supera lo de Tezanos.
Por tanto, el fin de esta proposición no de ley es instar al Gobierno a que sean un poco serios, que respeten nuestro derecho a la información como ciudadanos, nos digan la verdad y los parados en paro aparezcan en las estadísticas como tales.
(Aplausos).
Adicionalmente, como ha aconsejado la AIReF, también se solicita incluir en estas estadísticas indicadores como la tasa de infrautilización, como, por ejemplo, las personas que quieren trabajar y no trabajan, y es que, sobre la base de datos
del Instituto Nacional de Estadística, la AIReF ha calculado que la tasa de paro podría llegar hasta el 18 % analizando esa tasa de infrautilización; hablamos de personas que no trabajan ni buscan empleo pero sí querrían trabajar o, incluso, de
aquellos que quieren ampliar sus jornadas laborales. Hoy en España trabajan más personas que en 2019, claro, pero trabajan un número menor de horas. Sí, más afiliados, pero con menor productividad y mayor precariedad. Y es que la realidad siempre
supera a la ficción, porque el problema de España es un Gobierno que vive en su mundo Matrix, ese en el que España va bien, con un crecimiento robusto, supermercados donde la señora Calviño compra a bajos precios, pisos y casas que se van a regalar
a los jóvenes y bonos para viajar gratis.
Imagino que los españoles saben que son mentiras y propaganda para las elecciones, porque lo único cierto que ha hecho este Gobierno ha sido encerrarnos de manera inconstitucional y prohibirnos trabajar, subvencionar la inmigración ilegal,
pactar con los enemigos de España, endeudarnos hasta las cejas, ocultar a los parados, subir hasta en más de treinta ocasiones los impuestos a las clases medias y populares, ponerse del lado de los delincuentes rebajando las penas de malversación,
blanquear la ocupación de viviendas, liberar a agresores sexuales e indultar a los corruptos. (Aplausos). Este es un pequeño resumen de la España real, la que no llega a fin de mes, la que no puede formar una familia ni mantenerla, la del trabajo
precario, la de la falta de vivienda y la falta de seguridad en las calles; una España a la que el PSOE, con Sánchez a la cabeza, está conduciendo a la ruina y a la miseria económica y social.
El gran problema no es que el Gobierno engañe a los españoles en la cifra de parados. El problema es que el PSOE y Sánchez han institucionalizado la mentira, la han normalizado y, por tanto, el coste político para el que miente cada vez es
menor. En otras latitudes, cuando cazan a un político mintiendo, su carrera se acaba; en España, ni aunque pillen al político robando a manos llenas se acaba su carrera, y más si es del PSOE. (Aplausos). Si en España se castigase al político que
miente, a Sánchez le hubiese durado la Presidencia un día. Dijo que no pactaría con Podemos, y a las veinticuatro horas de las elecciones fue lo primero que hizo. Dijo que no pactaría con Bildu, y miren a Otegi cómo maneja los hilos. El proyecto
del señor Sánchez para España es mentir para mantenerse en el poder. Su especialidad es derribar y destruir el legado de nuestros padres y abuelos, nuestra historia, nuestra identidad y nuestras presas, ahora que tenemos la mayor sequía conocida en
décadas. No sabría decir cuál es el mayor problema al que se enfrenta España, si Sánchez o la sequía; creo que son sinónimos.
Pero no decaigamos, porque, frente al caos, hay esperanza, y, cuando VOX gobierne, levantaremos todo lo que han derribado y reconstruiremos todo lo que han destruido. Y es que el único voto seguro es el voto a VOX. (Aplausos de las señoras
y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Peña Camarero.
La señora PEÑA CAMARERO: Muy buenas tardes.
No hay peor ciego que el que vio la realidad y decide volver a cerrar los ojos. Hoy el Partido Popular habla de maquillaje con una iniciativa que ya trajeron aquí en el mes de diciembre, que ya debatimos y perdieron; creen que, con cambiar
un párrafo y medio, voilà, una bronca más para el Pleno. Pues, oiga, vagos no son, pero quizás algo tímidos para el esfuerzo, un poquito, como que sí, ¿verdad? (Aplausos).
Su intento desesperado y angustioso por intentar ensuciar unos magníficos y extraordinarios datos de empleo no tiene sustento alguno. Y seré meridianamente clara: los fijos discontinuos se contabilizan hoy como se ha hecho siempre, como
los medían Felipe, Aznar, Zapatero o Rajoy, y exactamente igual que lo hacen todos los países de la Unión Europea. Pero ¿saben lo que pasa, de verdad? Que ahora el paro baja, y esto algunos, como el Partido Popular, no lo soportan. Este Gobierno
no ha modificado la forma de contar cuántas personas trabajan, cuántas buscan empleo o cuántas están dadas de alta en la Seguridad Social. Desde 1985 se recogen con rigor estadístico los datos que proporcionan las comunidades autónomas, esas que
ustedes están afirmando hoy aquí que ocultan parados. Sería el caso de Andalucía, que si contamos a los demandantes con relación laboral, tendría un millón de parados, y no setecientos mil, como dice Bonilla; o Castilla y León, con doscientos mil
parados, y no cien mil, como canta Mañueco. Lo que el Partido Popular está haciendo hoy aquí es afirmar que los presidentes autonómicos del Partido Popular mienten. (Aplausos).
Pero ¿qué es lo que realmente quieren con esta iniciativa? ¿Quieren que nos convirtamos en un país bananero y nos descolguemos de la metodología europea? Esta clasificación de los fijos discontinuos la marca Bruselas y allí les parece
absolutamente ridículo lo que ustedes están haciendo aquí, cuestionando las estadísticas europeas y españolas. ¿Quieren revocar todas las normas que han conseguido buenos datos de empleo y volver a los seis millones de parados de Rajoy? Les
recuerdo: tasa de paro del Partido Popular, con la EPA, 27 %; tasa de paro del PSOE, con la EPA, 12 %. Juzguen ustedes mismos. Por cierto, la tasa de paro juvenil con el Partido Popular, por desgracia, llegó al 56 %.
En definitiva, esto es lo que quieren, y ya lo dijo su portavoz, Cuca Gamarra, el otro día. El medio millón de fijos discontinuos existentes, dijo ella -medio millón de casi veinte millones de trabajadores totales, digo yo-, debería estar
en el desempleo, y se quedó tan ancha. Eso es lo que quiere el Partido Popular, aplicar su receta de siempre: todos temporales, todos precarios, sin derechos, volver al salario mínimo interprofesional de 735 euros, las pensiones a la congelación y
la dignidad de las personas de este país a la cuneta. Eso es lo que el Partido Popular quiere, que los trabajadores del campo no tengan certeza de volver a trabajar, que los profesores en vacaciones lectivas se queden sin contrato, y los camareros
de fin de semana, a joderse, como decía aquella diputada del Partido Popular.
A la vista de esta iniciativa, no es que les disguste el método, lo que no les gusta es que haya buenos datos que mejoran la vida de la gente, la menor temporalidad de nuestra historia, puesto que hemos rebajado hasta los once puntos el
diferencial con Europa; 1 200 000 nuevos contratos indefinidos a tiempo completo, 600 000 contratos indefinidos a tiempo parcial, datos récord de empleo, que nos dicen, como cantaban el otro día las redes sociales, que estos rojos peligrosos van a
poner a trabajar hasta al señor Abascal, cosa harto difícil. (Aplausos). Lo que no les gusta es que los trabajadores tengan derechos. Hoy hemos reforzado el artículo 16, y los fijos discontinuos tienen antigüedad reconocida, indemnización por
despido de treinta y tres o veinte días, y no de ocho o doce días, como quiere el PP, y seguridad en el mantenimiento de su puesto y en el cobro de la prestación.
¿Qué quiere esta iniciativa, catastrofista, triste, ceniza, tan del PP, en un país que está creciendo al 5 %, que tiene la menor inflación de la Unión Europea y las mejores cifras de la historia? ¿Qué sería de este país sin sus malos
presagios, sin su efecto nocivo en las decisiones individuales de ciudadanos y empresas, sin su constante inoculación de odio y mala educación en el espacio público? Sin ustedes y su estrategia no tenemos ninguna duda de que este gran país sería
todavía más grande, habría crecido aún más y se habría creado más empleo todavía.
Así que, señorías, la reforma laboral no ha cambiado la fórmula de cómputo de fijos discontinuos. Se acabó el debate, no hay cuestión. A este Gobierno, si quieren, se le puede acusar de otras cosas, claro que sí: de reducir drásticamente
la tasa de paro y de temporalidad, de ajustar la causalidad de la temporalidad y de transformar contratos precarios en estables, pero, señorías de la derecha, pueden engañar a todos algún tiempo pero no pueden engañar a todo el mundo todo el tiempo.
(La señora Hoyo
Juliá: ¡Mira quién habla!). Señorías del PP, no es el PSOE, no es Pedro Sánchez; la realidad es su verdadero adversario político. Les auguro un futuro muy difícil.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Señora Hoyo Juliá, ¿acepta su grupo la enmienda presentada?
La señora HOYO JULIÁ: Estamos trabajando en una transaccional.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), PARA QUE EL GOBIERNO EXPLIQUE LAS MEDIDAS QUE PIENSA ADOPTAR AL OBJETO DE OTORGAR PLENA EFECTIVIDAD AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO A TRAVÉS DE SUS EMBAJADAS Y CONSULADOS PARA FACILITAR LA PRESENTACIÓN
DE SOLICITUDES DE PROTECCIÓN INTERNACIONAL. (Número de expediente 173/000212).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): A continuación pasamos a debatir la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Vasco, EAJ-PNV, para que el Gobierno explique las medidas que piensa adoptar al
objeto de otorgar plena efectividad al procedimiento establecido a través de sus embajadas y consulados para facilitar la presentación de solicitudes de protección internacional.
Por el grupo autor de la iniciativa y para la defensa de la moción, tiene la palabra el señor Legarda Uriarte.
El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidente.
Señorías, como recordarán, la última semana que tuvimos sesiones plenarias interpelamos al Gobierno a través de su ministro del Interior para que explicara qué medidas pensaba adoptar al objeto de otorgar plena efectividad al procedimiento
establecido en el artículo 38 de la llamada ley de asilo; artículo establecido -les recuerdo- para facilitar la presentación de solicitudes de protección internacional a través de embajadas y consulados de España que se encuentren en países
distintos a los de la nacionalidad del solicitante y cuando corra peligro su integridad física en su país de origen. Interpelábamos al Gobierno porque, desde que en 2009 se aprobara la vigente ley de asilo, el citado artículo 38 prácticamente no ha
sido aplicado, bajo la excusa gubernamental, sin distinción de color, de su pendiente desarrollo reglamentario, que es un requisito sine qua non, según se viene diciendo, para determinar las condiciones de acceso a embajadas y consulados y también
para establecer el procedimiento para evaluar las necesidades de traslado a España del solicitante.
Sin embargo, replicábamos al ministro en la interpelación que esta pendencia reglamentaria, que dura ya catorce años e invoca recurrentemente el Gobierno de turno, era provocada aposta por el propio Gobierno con su inactividad reglamentaria
para, a la postre, poder beneficiarse de ella, y añadíamos también que, no obstante esta pendencia normativa, ello no debería ser óbice para la tramitación de peticiones de protección internacional desde embajadas y consulados de España, pues así se
deduce de la sentencia de febrero de 2020 de la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y de la sentencia 1327/2020 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo, de su Sección 5; en la primera, la de la Gran Sala del Tribunal
Europeo de Derechos Humanos, porque es el mismo abogado del Gobierno el que argumenta ante el Tribunal Europeo la plena efectividad del artículo 38, insistiendo además en que la falta de desarrollo reglamentario no es obstáculo para su aplicación,
ya que en su defecto seguía siendo aplicable el Reglamento 203/1995, de la ley de asilo y refugio, precedente a la 12/2009, vigente, un argumento que nueve meses después acogió el mismo Tribunal Supremo en la sentencia citada, a pesar de que la
misma Abogacía del Estado, desdiciéndose de lo señalado ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos nueve meses antes, sostuvo la nueva aplicabilidad del artículo 38 de la ley de asilo hasta que no se aprobara su desarrollo reglamentario,
comportamiento que tengo que recordarles que fue afeado por el mismo Tribunal Supremo a la Abogacía del Gobierno.
Pues bien, señorías, después de haber desarrollado este hilo argumental y de haberse fijado la jurisprudencia por el Tribunal Supremo sobre la aplicabilidad sin más demora del artículo 38, instamos al
ministro del Interior para que explicara qué actitud pensaba adoptar el Gobierno respecto a la tramitación de solicitudes a través del procedimiento establecido en el referido artículo 38. Según la sentencia y la jurisprudencia del Supremo,
su falta de desarrollo reglamentario no impide la aplicación de sus previsiones a la solicitud de protección internacional, que la valoración del peligro para la integridad física del solicitante debe entenderse respecto al Estado de origen que
justifica la solicitud, y no al Estado donde se encuentra la representación diplomática en que se presenta la solicitud, y, tercero, que la falta de respuesta del Gobierno, de la Administración General del Estado o de la representación diplomática
constituye un presunto acto administrativo susceptible de recurso contencioso-administrativo.
Y, señorías, en este contexto y pasando de las abstracciones a los hechos concretos, también se le recordaba el ministro la respuesta pendiente a la solicitud de tramitación de protección internacional de un joven sudanés que se hace llamar
Basir en la embajada española en Rabat tras ser expulsado por la Guardia Civil en la frontera de Melilla, en el contexto de los hechos trágicos allí sucedidos el verano pasado y alegando persecución religiosa en su país de origen por profesar la
religión católica.
A nada de esto dio respuesta el ministro de Interior, a pesar de que hasta la fecha el uso prácticamente inexistente de este artículo 38, desgraciadamente, ha implicado el cierre o la inexistencia de vías legales y seguras para que
principalmente las personas subsaharianas puedan solicitar protección internacional en España, lo que supone para los potenciales solicitantes poner en peligro sus vidas para llegar a territorio español y europeo y así formalmente poder presentar
sus solicitudes, independientemente de si han llegado por vías legales o de forma irregular, y sin que quepan, si lo han hecho de forma irregular, ni sanciones penales ni devolución, como señalan respectivamente los artículos 31 y 33 de la
Convención de Ginebra de 1951 y nuestra propia legislación sobre asilo y refugio. Y esta última cuestión nos impide -ya lo adelanto- poder aceptar las enmiendas que presenta el Grupo Parlamentario VOX.
Esta falta de respuesta por parte del ministerio, más allá de generalidades bien intencionadas, ciertamente, como que el Gobierno despliega una política sensible y humanitaria con quienes lo necesitan, que protege sus derechos fundamentales
y también salva sus vidas, que apuesta por vías legales y seguras y que está comprometido con mejorar la tramitación de las solicitudes de protección internacional, siendo cierto también que sin haberse dicho nada en aquella interpelación sobre la
aplicación del artículo 38 ni de peticiones pendientes en la embajada de Rabat; todo ello nos ha compelido a presentar la presente moción, respecto de la que por el momento no hemos llegado a transacción alguna en cuanto a las enmiendas presentadas
por el Grupo Parlamentario Socialista, si bien las vamos a estudiar, ya que se han presentado recientemente, hace poco menos de una hora. Como digo, por lo brumoso de su contenido, estamos estudiando las interpelaciones que formulamos al Gobierno,
sobre las que no obtuvimos respuesta, aunque para el día de la votación esperamos tener una respuesta por parte del Grupo Parlamentario Socialista y poder llegar a un acuerdo si estas son mínimamente sólidas, y no brumosas, como hasta ahora ha sido
la respuesta del ministro.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
Para la defensa de las enmiendas formuladas, por el Grupo Parlamentario VOX interviene la señora López Álvarez. (Aplausos).
La señora LÓPEZ ÁLVAREZ: Gracias, presidente.
Señorías del Partido Nacionalista Vasco, ustedes, puestos a blanquear, lo quieren blanquear todo, ¿verdad? Como están blanqueando ahora que los asesinos etarras en las cárceles vascas, tras su acercamiento, los terceros grados y tras
haberles cedido el Gobierno las competencias en prisiones, también puedan salir hasta doce horas por permiso médico sin custodia policial. Como digo, puestos a blanquear, ahora traen esta moción para blanquear también la inmigración ilegal, esa que
ataca a nuestras fronteras y hace de nuestros barrios zonas no go.
Y me explico, para no dar lugar a confusión. Es cierto, el petitum de su moción es coherente, es pertinente. Es razonable que se haga efectivo el procedimiento de solicitud de protección internacional en embajadas y consulados. Conformes,
salvo por la realidad que callan en su moción, esa realidad que nosotros sí concretamos en nuestras enmiendas, porque, señorías, el asilo es una figura que debe ser de uso limitado y ha de ser solicitada por personas en verdadero riesgo. Pero ¿sabe
lo que pasa? Que es utilizada y solicitada con abuso y masivamente, como si fuera un procedimiento ordinario más en nuestro ordenamiento jurídico para conseguir la nacionalidad española, porque está siendo utilizada por personas
que pretenden regularizar su situación sin estar en situación de peligro. Ahora esta figura se ha convertido en un coladero para la inmigración ilegal. Esa es la realidad.
Miren (muestra un recorte de prensa), 'Pedro Sánchez ha convertido el derecho al asilo en un coladero para la inmigración ilegal'. Los datos sobre personas que solicitan asilo se disparan desde que Sánchez llega a Moncloa: en 2016, 14 800
solicitudes; en 2019, 118 264. (Varios señores diputados: ¡Qué barbaridad!). Fue el ministro del Interior el que, en respuesta a su interpelación, sacaba pecho respecto de las 391 500 peticiones de asilo entre 2019 y 2022, lo dijo aquí mismo el
señor Grande-Marlaska. ¿Qué significa esto? Que el Gobierno está reforzando el efecto llamada con su política en cuanto a las solicitudes de asilo o refugio, desvirtuando claramente la figura del asilo, dando pie a un tipo de inmigración ilegal
paralela que abandona al que realmente necesita refugio, al que verdaderamente necesita protección internacional, y acogiendo al que agrede nuestras fronteras y, por tanto, ataca nuestra soberanía. (Aplausos). Es por lo que una de nuestras
enmiendas insta a impulsar las modificaciones legales necesarias para impedir que aquellos inmigrantes que entren ilegalmente en territorio nacional puedan solicitar asilo y protección. Esto es, para que la entrada ilegal a España sea considerada
lo que es: un delito.
Miren, les voy a hablar con conocimiento muy cercano de causa. Cuando se produjo la invasión a Ceuta por más de 12 000 marroquíes, que entraron alentados por el rey de Marruecos en mayo de hace ahora dos años, ¿saben lo que pasó entonces y
sigue ocurriendo en Ceuta, aunque ahora sea a menor escala, pero a diario y constantemente? Esto. (Muestra otro recorte de prensa). 'La oficina de asilo del Tarajal, colapsada ante el efecto llamada'. Porque esto es lo que produce: un efecto
llamada. Después, ¿qué sucede en España? Pues esto. (Muestra otro recorte de prensa). Que el 95 % de los inmigrantes ilegales con órdenes de expulsión, como el asesino de Algeciras, sigue en España y que el Gobierno ejecuta menos del 3 % de sus
órdenes de expulsión, como la del yihadista de Algeciras. Oigan, que cuando hay una orden de expulsión hay que ejecutarla inmediatamente, que el atentado del yihadista de Algeciras -que asesinó al sacristán Diego Valencia- se podría haber evitado
si el Gobierno hubiera hecho su trabajo. (Aplausos). Y ojo, no solo eso, que el chantaje de Marruecos llega hasta el punto de que solo admite aquellos de sus nacionales sin antecedentes. Por eso, lo que hay que hacer es agilizar los trámites de
expulsión de extranjeros en situación ilegal en España porque, de lo contrario, las consecuencias las seguiremos viendo y viviendo en nuestros barrios, en su seguridad, porque el terrorista de Algeciras tenía una orden pendiente de expulsión desde
junio de 2022 y, según respuesta del Gobierno al Grupo Parlamentario VOX, Interior solo ejecutó algo más de 500 de las casi 18 700 órdenes de expulsión dictadas en 2022.
Termino. Señorías del Partido Nacionalista Vasco, ¿están de acuerdo o no en reformar la norma también en este sentido, de que se priorice el procedimiento de expulsiones? ¿Están de acuerdo? No, ¿verdad? Claro que no, porque lo suyo
siempre fue la complicidad y la colaboración silenciosa; entonces, como ahora, recogiendo nueces. Es una pena que nunca lleguen a entender el sentimiento de lo que significa pertenecer a una gran nación, a España. (Aplausos de las señoras y los
señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Fernández Casero.
La señora FERNÁNDEZ CASERO: Gracias, presidente.
Señorías, debatimos sobre el derecho que ampara a personas que viven perseguidas o temen serlo en su país de origen por motivos de raza, religión, orientación sexual, participación política y otros muchos motivos que suponen una grave
vulneración de derechos humanos; personas para las que su vida o su libertad corren un grave peligro y su país de origen no les otorga protección. Hablamos, por tanto, de garantizar derechos fundamentales en virtud del derecho internacional.
Concretamente, hablamos de otorgar plena efectividad al artículo 38 de la Ley 12/2009. Y es que de eso va esto, señorías de VOX -léanse algo más que el título de las iniciativas-, porque estamos hablando del cumplimiento del derecho internacional y
del cumplimiento efectivo de nuestro ordenamiento jurídico, concretamente de una norma del año 2009.
El objeto de esta moción se refiere a un procedimiento especial para la presentación de solicitudes de protección internacional en las embajadas y consulados españoles en el exterior, aplicable a personas que por circunstancias excepcionales
no pueden llegar a España para solicitar esta protección internacional. Para ello, el Ministerio de Asuntos Exteriores y el Ministerio del Interior deben establecer los procedimientos que han de seguir para la presentación de estas solicitudes, así
como para la realización de las entrevistas
o la elaboración de informes, siempre con el objeto de dar una respuesta eficaz a quienes no pueden llegar a España para solicitar protección internacional de otra manera. Esta es una circunstancia que en los últimos años se está aplicando
en casos excepcionales, porque estamos hablando de un procedimiento excepcional y es importante que cada caso se evalúe individualmente y que el proceso de solicitud pueda variar en función de la situación y de las circunstancias personales del
solicitante, amparándose en el deber de confidencialidad.
Señorías, el Gobierno de España ha hecho avances significativos en los últimos años. Además, se han establecido mecanismos de colaboración y coordinación con los diferentes organismos que intervienen en la gestión de las solicitudes de
protección internacional. Me refiero, por ejemplo, a la Oficina de Asilo y Refugio, al Servicio Exterior del Ministerio de Asuntos Exteriores y a las autoridades consulares y diplomáticas de España en el exterior. Por eso, señor Legarda,
garantizar el efectivo cumplimiento del artículo 38 también obliga a hablar de avances en el funcionamiento y la dotación de fondos para estos organismos. Por eso, no es baladí la inversión que viene haciendo el Ministerio del Interior,
multiplicando por cinco el personal destinado en la Oficina de Asilo y Refugio, proporcionándole además -creo que esto es muy importante- formación específica adecuada y mejorando las infraestructuras o a través de la digitalización de los
procedimientos. Por esto, tampoco es baladí destacar el incremento presupuestario del Ministerio de Asuntos Exteriores para reforzar la red consular y de embajadas de España en el exterior, los más de 49 millones de euros destinados a acelerar la
digitalización integral de nuestro servicio consular y el incremento de las plantillas en los servicios en el exterior. Y es que todo ello está permitiendo revertir los recortes que los gobiernos del Partido Popular, como en todo lo público,
también aplicaron a las políticas de asilo y refugio, consiguiendo revertir el atasco inmenso que teníamos de los expedientes no resueltos heredados de aquel tiempo, a la vez que se ha resuelto el 87 % de las nuevas entradas.
Todo ello, señor Legarda, está permitiendo dar pasos adelante en la eficacia de nuestra política de asilo y protección, pero somos muy conscientes de que queda mucho camino por recorrer y de que es necesario seguir reforzando el sistema y
ampliando la dotación de medios para ser cada día más eficaces. El derecho a buscar y a recibir asilo es un derecho humano amparado en el derecho internacional que debe ser protegido por todas las naciones. Además de ser una obligación legal, es
una obligación moral que forma parte de los principios humanitarios.
Hoy, en el Día de Europa, celebramos la unidad y reivindicamos nuestros valores europeístas. Somos conocedores de la necesidad de actuar de manera responsable para lograr esa Europa de futuro que queremos, esa Europa más fuerte, más
cohesionada y en realidad más igualitaria. Por ello, es prioritario avanzar en la aplicación del pacto de migración y asilo en el marco de lograr el equilibrio entre los principios de responsabilidad y de solidaridad. Cada vez falta menos para el
inicio de la Presidencia española y uno de los propósitos que nos marcamos es culminar el pacto de migración y asilo, así como el desarrollo del reglamento de procedimiento que hace referencia a los múltiples procedimientos de protección
internacional.
Señorías, en la línea de todo lo expuesto, hemos presentado una enmienda, porque creemos que podríamos reforzar las garantías que permitan consolidar un derecho que abunda en la plenitud de la dignidad humana, que es el derecho al asilo de
las personas solicitantes y de sus familiares.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Martínez Oblanca.
El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señor presidente.
Agradezco al señor Legarda Uriarte la presentación de esta moción que, con bastante sensatez, de inequívoco sello personal, trata de corregir las evanescentes explicaciones que el ministro del Interior proporcionó a la Cámara durante la
interpelación de la pasada semana.
Estamos ante un asunto que, si siempre resulta prioritario por las dimensiones humanas que se derivan de una solicitud de protección internacional a través de nuestras embajadas y consulados, cobra una mayor relevancia -se acaba de decir
hace un momento- ante el semestre de Presidencia de la Unión Europea que le corresponde a España a partir del próximo 1 de julio. Al respecto, conviene recordar que una de las grandes prioridades de la agenda europea es, precisamente, la
relacionada con el pacto de migración y asilo. España es una nación que arrastra una continuada y grave controversia con estas cuestiones que se han profundizado con los gobiernos de Pedro Sánchez. Por lo tanto, cabe desear al
señor Grande-Marlaska que esté bastante más acertado en su próxima responsabilidad europea temporal que en su experiencia ministerial, por la que ya ha sido reprobado recientemente en este Congreso.
Respecto al asilo, hay que señalar que en algo se está fallando cuando el Defensor del Pueblo señala, en todos sus informes desde hace muchos años, que las embajadas y consulados deberían aplicarse al cumplimiento de la ley, algo que también
ha hecho extensivo a diferentes organismos dependientes de la Administración del Estado. Sin ir más lejos, en el último informe, correspondiente al pasado año 2022, se realizaron diferentes recomendaciones a varios organismos dependientes del
Ministerio del Interior, pero muy singularmente se refiere el informe a la labor de las embajadas y consulados. En este caso, varias recomendaciones van en la línea de que se adopten las medidas necesarias para reforzar sus medios materiales y
humanos de la embajada y los consulados en Marruecos, al objeto de garantizar que las personas con necesidades de protección internacional puedan acceder y tramitar sus visados para solicitar asilo en España, sin tener que arriesgar sus vidas ni
utilizar vías irregulares de entrada. Lo dice así literalmente el Defensor del Pueblo en uno de los anexos de su informe.
Asimismo, también hace un llamamiento para que se elabore un programa formativo específico, que proporcione a los embajadores y a todo el personal encargado de la tramitación de solicitudes cursadas en el marco del artículo 38 de la Ley
12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y la protección subsidiaria, tanto los conocimientos como las habilidades necesarias para el adecuado ejercicio de sus funciones. Al igual que muchos diputados de esta Cámara, tengo el
mayor de los respetos por la institución del Defensor del Pueblo, que recordemos que es, por mandato de la Constitución española, un alto comisionado de las Cortes Generales. Por si hubiera alguna duda, sus informes sirven de refuerzo ante los dos
primeros puntos de la moción del Grupo Parlamentario Vasco, porque resulta obvio que, en el ámbito del servicio diplomático, hay que actualizar conocimientos en relación con la protección internacional y el asilo.
Señorías, considero acertada la parte dispositiva cuando invoca el cumplimiento de la interpretación que el Tribunal Supremo hizo, en su sentencia del 15 de octubre de 2020, sobre el artículo 38 de la ley reguladora del derecho de asilo, en
la parte relativa a solicitudes de protección internacional, embajadas y consulados. Tiene nada menos que valor de jurisprudencia, al hilo de un fallo que desestima la pretensión de la Abogacía del Estado y que aclara el régimen jurídico aplicable
a las solicitudes de protección internacional presentadas fuera del territorio nacional, al amparo de la citada ley reguladora del derecho de asilo. El Gobierno tiene que cumplirlo, así que menos pretextos.
Finalmente, la moción hace referencia a la solicitud de uno de los supervivientes de la brutal tragedia de la valla de Melilla; un joven que argumenta su condición de católico y ser perseguido por ello en su país de origen. Han pasado más
de dos meses desde que la legación española en Rabat entrevistase a este solicitante de asilo y de protección acompañado de sus abogados. Ojalá que nunca tengamos que lamentar la exasperante parsimonia para resolver un asunto de vida o muerte.
Daré mi voto favorable a esta moción.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, tiene la palabra el señor Iñarritu García.
El señor IÑARRITU GARCÍA: Buenas tardes, arratsalde on, presidente.
Miren, hace prácticamente un año ocurrió en Melilla la mayor tragedia que ha ocurrido en una frontera española y europea; fallecieron cerca de treinta personas -aún no se sabe la cifra exacta- y desaparecieron más de setenta. Esa tragedia
ha sido gestionada por el Gobierno de la peor de las maneras, esto es, intentando dar carpetazo al asunto, no investigando y acusando a las personas que participaron en esa entrada de actuar por medio de mafias y actuar con violencia. ¿Qué ocurre?
Que, a día de hoy, algo sabemos sobre esas personas. Sabemos que la mayor parte de ellos eran sudaneses y que eran refugiados. Pero, ahí está la cuestión; si la mayor parte de ellos eran refugiados, es más, a todos los que lograron acceder al
territorio español se les concedió protección internacional, a todos, ¿cuál es el motivo por el que entraron por vías irregulares al Estado español, habiendo, en teoría, vías legales para hacerlo? ¿No es absurdo? ¿No lo encuentran ustedes un
sinsentido? ¿Quién se juega la vida pudiendo solucionar una solicitud de manera normal, sin jugarse la vida?
Miren, la verdad es que eso que el Gobierno, en muchas ocasiones, llama las vías legales, no existen para las personas de origen subsahariano. Los puestos de asilo en frontera instalados en Ceuta y en Melilla tras la tragedia del Tarajal,
en 2014, son inaccesibles para cualquier persona subsahariana, porque
las autoridades marroquíes lo impiden. De igual forma, el artículo 38, que señalaba el portavoz del Grupo Vasco, es un argumento chicle. En ocasiones, el Gobierno dice que es válido, como hizo en la Gran Sala de Estrasburgo en 2020;
posteriormente, en el Tribunal Supremo alegó que, al no haber un reglamento, no se podía aplicar. ¿Qué ocurre? Que lleva catorce años sin hacerse el reglamento, porque el Gobierno no ha querido hacerlo, y que el Tribunal Supremo dijo que el que no
existiera el reglamento no era óbice para que no se pudiera alegar el artículo. Y esta misma mañana, en la Comisión de Interior y dando respuesta a una proposición no de ley que registramos hace un mes, el Grupo Socialista ha llegado a un acuerdo
con una transaccional, señalando que estaban negociando con el Ministerio de Exteriores y el Ministerio de Interior un protocolo para acelerar los tiempos de respuesta a las solicitudes en embajadas y consulados. Esto es, por un lado, el Partido
Socialista y, por tanto, el Gobierno, reconocen que sabía que sí es factible, no hace falta el reglamento, pero, por otra parte, señala la necesidad de acelerar los ritmos a la hora de dar respuesta a situaciones que, en muchos casos, son sensibles.
Y un caso sensible lo tenemos en Marruecos, donde hace ya cinco meses un joven sobreviviente de la tragedia de Melilla solicitó, vía el artículo 38, protección internacional, y a día de hoy no se le ha dado respuesta. Creemos que es un ejemplo de
libro de cuándo se debe aplicar ese artículo de la ley de asilo. Por lo tanto, mientras se resuelve el protocolo que están poniendo en marcha con el Ministerio de Exteriores, creemos que es más necesario que nunca que se dé una respuesta a esta
persona. Es más, hay que buscar vías legales y seguras -que en esto hay un común acuerdo en la Cámara-, pero, además, que sean efectivas, que no quede solamente en la letra, sino también en la efectividad.
Como me queda un minuto, voy a responder a eso que Albert Camus decía de la filosofía del absurdo. La extrema derecha hoy hacía un ejercicio no tanto de racismo y xenofobia, sino de filosofía del absurdo. Fíjense, señalaba la portavoz de
la extrema derecha que, en 2019, el señor Sánchez hizo un efecto llamada concediendo el asilo a más de 118 000 personas. ¿Saben de dónde procedían prácticamente el 90 % de esas 118 000 personas? De América. La primera nacionalidad correspondía a
venezolanos; la segunda a colombianos y la tercera a nicaragüenses; y entraron por Barajas, no entraron por la frontera sur. El segundo asunto absurdo es cuando se intenta ligar el yihadismo con los solicitantes de asilo de la frontera sur,
porque la mayoría de atentados yihadistas se producen en países de África y Asia; es más, muchos de los que llegan a Europa son víctimas de esa amenaza. En tercer lugar -y acabo, señor presidente-, es que cuando se piden vías legales y seguras,
tanto para solicitantes de asilo como para personas migrantes, se está dando también seguridad al Estado, a todos los Estados que podrían de esa manera controlar quién accede a sus fronteras, por lo cual hemos visto una vez más no tan solo un
ejercicio de racismo y xenofobia, sino también de absurdismo o filosofía del absurdo que decía Albert Camus.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el señor Gutiérrez Vivas.
El señor GUTIÉRREZ VIVAS: Muchas gracias, presidente.
Señorías, creo que no somos conscientes de lo que estamos debatiendo en esta moción que ha presentado el Partido Nacionalista Vasco. Estamos hablando de personas, estamos hablando de derechos humanos, estamos hablando de personas que
pierden la vida intentando llegar a nuestras costas, que pierden la vida en unos caminos a través de África que son terribles, terribles para la vida de esas personas -niños, mujeres-, y nosotros estamos aquí con el buenismo imperante en la Cámara,
con estas palabras vacías, siempre con esta demagogia absurda, y no ponemos nunca soluciones cuando aquí estamos para ofrecer soluciones, señorías.
Parece mentira que cada vez que tenemos que hablar de personas que fallecen, que mueren, que pasan penalidades, se nos llene la boca siempre de buenas palabras, pero de ningún hecho. Lo mismo que sucede con la ELA, exactamente igual,
señorías de este Gobierno y señores del Partido Socialista. Hay proposiciones de ley que se traen aquí, que son aprobadas por la Cámara con palabras estupendas, pero que luego dejan ustedes dormir de forma permanente cuando estamos hablando de la
vida de españoles y de su calidad de vida hasta el final de su vida, señorías. (Aplausos). Con esto sucede exactamente lo mismo.
El Grupo Parlamentario Ciudadanos presentó una proposición de ley para, precisamente, dar solución a este problema, no solo al de la migración, sino también al del asilo. El Gobierno nos la ha vetado y nos dice que tiene impacto
presupuestario y por eso la veta. Claro, para dar solución al problema del artículo 38
hay que reforzar las plantillas de los jefes de visados en los consulados, y eso supone 18 millones de euros. Para poder aplicar esto -la renovación de los permisos de trabajo y de residencia-, también hay que incrementar el gasto por la
prestación contributiva y, además, también hay que mejorar la capacidad y un puesto laboral fijo si queremos hacer esto en las embajadas, y que eso supone 7 millones de euros; por tanto, además habría que financiar la protección internacional y eso
costaría el doble de lo que está en los presupuestos generales del Estado.
Por tanto, ¿de qué estamos hablando para solucionar el problema que tenemos, el problema de las vidas? ¿De verdad el Gobierno me quiere decir que no arreglamos este problema por 25 millones de euros, 18 millones más 7 millones? ¿Esto es lo
que dice el Gobierno? ¿Esto es lo que responde para vetar una proposición de ley que lo único que pretende es que la gente no muera en nuestras fronteras, y que el único camino que les dejemos a esas personas sea asaltar las fronteras? (Aplausos).
¿Y cuánto cuesta entonces mantener el conflicto en las fronteras? ¿O es que eso no le cuesta dinero a este Gobierno? ¿Y qué pasa con las personas que defienden nuestras fronteras, con los funcionarios de los cuerpos y fuerzas de seguridad del
Estado? ¿Esos tampoco importan, no cuestan las lesiones que sufren cuando tienen que defender la frontera, no cuesta el espectáculo que estamos dando? De verdad, señorías, es absolutamente inconcebible.
Si ustedes no creen que al final estamos hablando de verdad de este absurdo y de estas palabras vacías y huecas, yo les leo lo que han consensuado esta mañana el Grupo Socialista con el Grupo de Bildu en la PNL de Interior que era
exactamente igual que lo que se está debatiendo aquí: Seguir trabajando con el Ministerio de Exteriores un protocolo conjunto para reducir los tiempos de espera en la tramitación de solicitudes de protección internacional. Oiga, si reducir esto
cuesta 18 millones de euros, ¿ahora sí vale? Luego, se firma en vacío, porque cuando de verdad hay propuestas aquí que quieren dar una solución, lo único que hacen ustedes es vetarlas, este Gobierno las veta. Señores de Unidas Podemos, que también
están ustedes en este Gobierno, que también las vetan ustedes, que no es solamente el Grupo Parlamentario Socialista.
Seguir reforzando el sistema y ampliando la dotación de medios. ¿Cómo que la dotación de medios, si estamos poniendo soluciones y dicen ustedes que no se puede porque eso conlleva un incremento de los gastos del presupuesto? ¿Pero de qué
estamos hablando? De verdad, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de gente que pierde la vida intentando mejorar su calidad de vida? ¿Qué les ofrecemos? Palabras vacías, señores socialistas; palabras vacías, señores del Gobierno, señores de
Izquierda Unida y de Unidas Podemos. Palabras huecas y vacías. Son ustedes una vergüenza, porque luego sí se reúnen con todas las asociaciones de derechos humanos para decir que ustedes están haciendo muchas cosas. No están haciendo absolutamente
nada. Son ustedes los responsables de que la gente siga muriendo en nuestros mares.
Gracias, señorías. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Plural tiene la palabra el señor Rego Candamil.
El señor REGO CANDAMIL: Grazas, señor presidente.
Que el Gobierno más progresista no tiene una política migratoria y de asilo que merezca ese nombre creo que es una evidencia. Realmente, ni siquiera se ajusta, como sabemos, a los principios del derecho humanitario internacional. Baste
recordar para ello sucesos como el de junio de 2022 en la valla de Melilla; un suceso lamentable que pudo haberse evitado y que recuerda al del Tarajal de años antes, gestionado por el Partido Popular en términos bastante similares, aunque en este
caso, lamentablemente, con consecuencias más dramáticas. Al mismo tiempo, ahí está la negativa a la regularización extraordinaria de personas inmigrantes. Por cierto, con una iniciativa legislativa popular con cientos de miles de firmas que inicia
su tramitación en el Congreso precisamente con la comparecencia mañana en la Comisión de Trabajo de integrantes de la plataforma que la impulsaron, y que esperamos que pueda salir adelante. (Aplausos).
En relación con el asilo, la ley de 2009, y en concreto el artículo 38, hasta ahora ha resultado ineficaz, precisamente por la pretensión de los gobiernos que se fueron turnando de que así fuese. Esto obliga a las personas que quieren ser
solicitantes de asilo a entrar ilegalmente en el Estado español arriesgando su vida, y ni esto es garantía suficiente de que tengan una atención adecuada y en tiempo. Solo quiero dar un dato. A finales de 2021 había unas 104 000 personas esperando
la tramitación de su solicitud de asilo y ello con una media de diecisiete meses de demora. Por lo tanto, es imprescindible actuar para
agilizar los trámites y, particularmente, para activar realmente el artículo 38 y las solicitudes de asilo y protección en las embajadas y consulados del Estado español. Estamos también de acuerdo con lo que propone en relación con este
joven sudanés, Basir, para que se tenga en cuenta. Por lo tanto, votaremos a favor.
Obrigado.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Tiene la palabra la señora Illamola Dausà.
La señora ILLAMOLA DAUSÀ: Bon dia. Gràcies, senyor president.
Vamos a un tema que se ha discutido esta mañana también en la Comisión de Interior. Vaya por delante que votaremos a favor de su moción, cuyos distintos puntos nos parecen adecuados y, lamentablemente, muy necesarios, y no deberían serlo si
España hubiese cumplido con su propia legislación. Ya se ha dicho.
La ley de asilo, que entró en vigor en noviembre de 2009, daba seis meses de plazo para su desarrollo reglamentario. Desde mayo de 2010 se ha instado a los distintos gobiernos y por múltiples interlocutores -partidos políticos,
asociaciones, etcétera- a que cumplan con la ley. No hay forma de que adopten un reglamento al que están obligados, y las excusas que nos ofrecen siempre son muy variadas -hoy estamos teniendo otros ejemplos-, aunque este incumplimiento de plazos,
lamentablemente, tampoco debería sorprendernos, pues España, por citar algún ejemplo, no traspone a tiempo muchas directivas europeas. Ello lo vemos también con los expedientes por incumplimiento iniciados por la Comisión Europea, que hay
bastantes. Por ello, nosotros, siempre que en algún proyecto de ley vemos que se establece un plazo, somos recelosos respecto al cumplimiento de esta cláusula de desarrollo. Vamos a ver qué va a pasar con el grupo de trabajo que se tiene que crear
en el proyecto de ley -que veremos si es ley- de la vivienda que establece ese grupo de trabajo.
Junto a este incumplimiento de sus propios plazos, vemos el postureo, la foto o las contradicciones. Por ejemplo, una de las primeras acciones de este Gobierno fue permitir el desembarco de las personas rescatadas del Aquarius, parte de las
cuales eran demandantes de asilo, pero después esta práctica humanitaria no se ha seguido. El presidente español visita Italia y señala que los objetivos de ambos países están alineados respecto al Pacto de Migración y Asilo. Debe serlo, porque
Italia ha decretado el estado de emergencia nacional migratorio, que entre otras medidas agiliza las repatriaciones, y España, por su parte, efectúa devoluciones en caliente, como vimos el pasado junio en Melilla.
Miren, un país con estas prácticas, un país que no es capaz de adoptar un reglamento de asilo en catorce años, un país que ni aplica la normativa existente ni cumple con las sentencias que admiten que España tiene regulación para poder
presentar demandas de asilo en embajadas y consulados, un país -les digo- con este currículum dice que quiere impulsar bajo su Presidencia del Consejo de la Unión, la adopción del Pacto sobre Migración y Asilo. ¿Pero qué modelo de pacto? ¿A qué
acuerdo va a llegar? Esta mañana, también en la Comisión de Interior, teníamos un ejemplo, con una enmienda del Partido Socialista que desdibujaba el objetivo de una propuesta no legislativa impulsada por organizaciones de la sociedad civil, una
propuesta de enmienda que finalmente, por suerte, ha quedado matizada con una transaccional.
Esperemos que esta moción salga adelante, que salga adelante sin excusas y, lo que es más importante, que se apruebe y que el Gobierno la cumpla, porque tiene tiempo todavía para hacerlo.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra la señora Carvalho Dantas.
La señora CARVALHO DANTAS: Bona tarda. Moltes gràcies, senyor president.
A febrero de este año, de 2023, la Organización Internacional de las Migraciones tiene contabilizadas 53 768 personas desaparecidas desde 2014. De esas personas, 12 363 en el continente africano y 26 085 en el Mediterráneo. Según los datos
de ese informe, no se han recuperado los restos, vuelvo a decir, no se han recuperado los restos -o sea, personas muertas- de 22 991 personas que han perdido la vida en trayectos migratorios. Señorías, las personas no deben tener que poner en
riesgo sus vidas para ejercer su derecho humano de asilo, su derecho a la protección internacional, su derecho fundamental a la vida, a la integridad física y moral.
Actualmente, señorías, el acceso al proceso de petición de asilo en una embajada española es de cero o casi cero. La vía que queda a las personas que buscan refugio, sobre todo si son negras y si son del continente africano, es subirse a
una patera o a un cayuco o a una lancha Toi, saltarse la valla o hacerse polizón para poder tramitar una solicitud de protección internacional en territorio español. La ley de asilo española reconoce, en su artículo 38, la potestad de los y las
embajadoras españolas de trasladar a las personas solicitantes de asilo que presenten la solicitud de asilo en la embajada española aquí, a la Península. Sin embargo, el texto del mismo artículo recoge que el procedimiento queda supeditado a un
desarrollo reglamentario, el cual no ha tenido lugar durante catorce años. Catorce años de la ley y no tenemos el reglamento. Esto ha frenado y, en ocasiones, paralizado la tramitación de solicitudes de asilo extraterritoriales formuladas al
amparo del artículo 38 de esta misma ley. Es decir, sin reglamento, el procedimiento, la forma de trasladado, las potestades de los y las embajadoras no quedaron delimitadas, lo que permitió a la Administración española de los gobiernos sucesivos
no admitir a trámite solicitudes presentadas en las embajadas. Señorías, esto es cruel; esto es ruin.
El Tribunal Supremo, en el año 2020, marcó un punto y aparte en esta cuestión. Concluyó que la efectividad del artículo 38 no queda condicionado al desarrollo reglamentario; por ende, la falta de reglamento no imposibilita que se apliquen
las previsiones legales a las solicitudes de protección internacional formuladas al amparo del mismo artículo 38. Señorías, ustedes endurecen la normativa española, securitizan las fronteras, externalizan las fronteras. La tendencia es seguir
limitando y reduciendo las vías legales y seguras de acceso a Europa. Eso ha tenido, tiene y tendrá un infinito coste humano. ¿Qué quiere decir esto? Más miles de personas muertas y desaparecidas.
Sobre la enmienda que ha presentado el Partido Socialista a la moción del PNV, yo tengo una palabra: infamia. Y tengo una frase que me ha venido a la cabeza esta mañana. Nosotras estamos hartas, hartas de sus enmiendas happy flower.
Estamos hartas. Llevo tres años y medio y se acaba la legislatura. Estamos hartas de las enmiendas happy flower. No todo vale para aprobar una PNL, una moción, etcétera. Por ejemplo, donde pide directamente la moción del PNV que España resuelva
la solicitud de protección internacional presentada en la Embajada de España en Rabat por el joven sudanés Basir, el PSOE no dice nada; es más, no va a aceptar; es más, si votamos por puntos, votará que no, estoy segura de ello. Cumplan ya con su
ley de asilo, señorías. Traigan a Basir, al que su país devolvió en caliente en la masacre de Melilla.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, termine.
La señora CARVALHO DANTAS: Pese a todo esto -y acabo, señor presidente-, mañana comparece en la Comisión de Migraciones la comisión promotora de la ILP Regularización para dar dignidad a la vida de más de quinientas mil personas sin papeles
en este Estado.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra el señor Santiago Romero.
El señor SANTIAGO ROMERO: Señor presidente, señorías, nuestro grupo parlamentario apoya esta moción que propone el Partido Nacionalista Vasco porque es necesario establecer vías seguras para que las personas refugiadas puedan disfrutar de
una protección internacional efectiva. España tiene ya un cupo anual de reasentamiento, y nuestro Gobierno ha anunciado un acuerdo con Estados Unidos para establecer una vía complementaria al reasentamiento para inmigrantes vulnerables y refugiados
latinoamericanos, en este caso. Son pasos positivos, pero hay que ampliarlos donde más riesgo sufren las personas que buscan protección en España, es decir, en el norte de África. Es una aspiración humanitaria ante la tragedia del desplazamiento
forzado y los miles de fallecidos en las rutas migratorias, pero también es una obligación legal. La Convención de Ginebra de 1951 es también ley interna en nuestro país y, como se dice en ella, hay un compromiso del Estado de proteger a los
perseguidos, compromiso que únicamente no entienden los que acostumbran a perseguir a los demás o los que nunca se han tenido que exiliar.
La ley española de asilo contiene un mandato para desarrollar el contenido de su artículo 38, el traslado a territorio español de quienes presentan solicitud de protección en embajadas y consulados de España, y el Tribunal Supremo nos ha
recordado la importancia del principio de legalidad. De eso estamos
hablando hoy aquí, de cumplir la ley. El artículo 38 remite al reglamento para establecer -literal- las condiciones de acceso a las embajadas y consulados de las personas que deseen solicitar asilo, y remite al procedimiento para evaluar
las necesidades del traslado a España.
Es la tercera vez en esta legislatura que discutimos cómo cumplir la ley de 2009 catorce años después de aprobarse. El pasado mes de noviembre el ministro del Interior se comprometió en este Pleno a aprobar la norma de desarrollo.
Literalmente dijo: Podemos hacer la reforma del reglamento que ha referido en materia de legaciones diplomáticas -refiriéndose a nuestra petición-. No existe ningún impedimento para aprobar este reglamento, al contrario, se trata simplemente de
sistematizar y dar seguridad jurídica a lo que se ha realizado en los últimos años, por ejemplo, desde nuestras embajadas en Islamabad o Teherán. Por seguridad jurídica, se necesita una norma que establezca el criterio que deben seguir nuestros
funcionarios.
La posición de la extrema derecha ya la conocemos: pura demagogia. Reniegan de cualquier ayuda a los refugiados, criminalizan a las organizaciones que los atienden y piden máxima dureza, salvo que se trate de refugiados blancos y
cristianos; en ese caso sí defienden puertas abiertas y ayudas por parte del Estado. Para frenar esta demagogia xenófoba, quienes creemos en el derecho de asilo como mecanismo de protección de quienes sufren persecución debemos responder con
normas claras y con seguridad jurídica, desterrando cualquier arbitrariedad del Estado. Solo así se constata la calidad de un Estado de derecho.
El artículo 38 se refiere a personas que se encuentran fuera del país de su nacionalidad, es decir, que se encuentran en tránsito o en un país que no ofrece garantías de seguridad. A diferencia de la anterior ley, la del año 1984, en la
actual no se trata de una solicitud de asilo por vía diplomática, sino de un mecanismo de solicitud para valorar el riesgo de la persona y autorizar su traslado a España para que, una vez aquí, formalice su petición. Establezcamos en la norma un
canal seguro para que esas personas puedan hacer llegar sus solicitudes explicando la persecución que sufren. No es difícil. Se puede contemplar una vía telemática como las que ya existen en varios trámites de extranjería o hacerse a través de las
entidades que trabajan en la atención humanitaria de las personas refugiadas, como Cruz Roja, CEAR o agencias de las Naciones Unidas. Estas organizaciones pueden aportar su valoración de los riesgos de seguridad que sufren los solicitantes,
criterios que ayudarán a los órganos competentes a la hora de tomar las decisiones. Por cierto, es un mecanismo que ya estaba establecido en la anterior ley de asilo del año 1984, en su artículo 16.
Se nos acaba esta legislatura sin cumplir el mandato del artículo 38. Nosotras y nosotros mostramos nuestro compromiso con los derechos humanos y con la protección de las personas que huyen de persecuciones. Por eso anunciamos que
presentaremos una proposición de ley para desarrollar el artículo 38 de la ley de asilo, para garantizar vías seguras y efectivas de acceso al asilo, y ofrecemos a todos los grupos parlamentarios sumarse a esta iniciativa.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra el señor Mateu Istúriz.
El señor MATEU ISTÚRIZ: Señor presidente, señorías, con la venia.
Efectivamente, hoy, 9 de mayo, celebramos el Día de Europa, en el que festejamos esa paz y unidad en Europa que fue determinada por el visionario Robert Schuman en su 73.º aniversario. Este ministro francés expuso su idea de una nueva forma
de cooperación política en Europa que haría inconcebible la guerra entre naciones europeas, y su propuesta se consideró como el comienzo de lo que hoy es la Unión Europea. Quiero matizar que el comienzo de la verdadera conciencia común europea
radica en el Camino de Santiago y en la peregrinación jacobea desde el siglo XII. Aprovecho para saludar a mis queridos amigos de la Casa de Europa burgalesa por ese trabajo tan estupendo que hacen y, en especial, a su presidente, el señor Sagredo.
Pero esa paz de Europa ha sido una falacia. Señorías, ahora mismo tenemos una guerra en nuestras fronteras, una guerra indecente provocada por el sátrapa Putin, que ha generado uno de los mayores éxodos de seres humanos vulnerables hacia entornos
más seguros y que ha puesto a prueba la efectividad y coordinación de todos los países europeos en materia de protección internacional.
La moción que hoy abordamos, señorías, va de poner de manifiesto una laguna importante en el ámbito de la legislación española en esta cuestión del asilo y su protección subsidiaria. En efecto, la cuestión se resume en lo que bien han
explicado los portavoces que han precedido mi intervención, el artículo 38 de la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de protección subsidiaria.
No voy a repetir los argumentos que han empleado los demás; sencillamente quiero ratificar que después de catorce años de vigencia de la ley no se ha desarrollado reglamentariamente la misma y, precisamente por eso, el artículo 38 no se
está aplicando.
Señorías que apoyan al Gobierno, exíjanle que se desarrolle el artículo 38 mediante la potestad reglamentaria. No se queden solo en el detalle de esta moción consecuencia de interpelación; exíjanles una explicación. Háganlo, porque el
ministro Grande-Marlaska, en su intervención en el pasado Pleno, en el que se abordó la interpelación de la que trae causa esta moción, no dijo el motivo. Como siempre, como hacen todos los miembros de este Gobierno, se limitó a relatarnos lo que a
ellos les interesa, con lo que seguimos en la situación de partida; eso sí, cómo no, nos relató lo bien que hace el Gobierno todo, fundamentalmente en la materia que nos ocupa. Señorías, nosotros sí aplaudimos la buena tarea que hacen los
funcionarios. De hecho, como hizo el ministro Grande-Marlaska en su momento, quiero recordarles que bajo el Gobierno del Partido Popular se incrementó el presupuesto de la OAR en más de un cien por cien, lo que generó el incremento de más de
noventa puestos de trabajo, y además se mejoró la calidad de los intérpretes.
Señorías, la inexistencia del reglamento tiene causas letales: está provocando miles de muertes como consecuencia de su no aplicación, es un acicate para la entrada de los inmigrantes ilegales e irregulares, es un paso atrás con respecto a
la Ley 5/1984, que reguló el derecho a asilo, y por supuesto incumple flagrantemente su disposición final tercera, que disponía que el plazo de desarrollo reglamentario tenía que ser inferior a los seis meses. Esta no existencia ha sido afeada por
el Consejo General del Poder Judicial y por el Defensor del Pueblo en muchas ocasiones. Tampoco voy a repetir que hay dos sentencias, la de la Gran Sala del Tribunal de Derechos Humanos y la de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Supremo, que determinan que, aun sin desarrollo reglamentario, el artículo 38 se puede aplicar. Gobierno, ríndase ante la evidencia y dicte el desarrollo.
Señorías, les voy a invitar a que me acompañan en un viaje al pasado. Destino: sesión plenaria de este Congreso celebrada el día 20 de diciembre de 2016. En ella, al hilo de una moción consecuencia de interpelación sobre la política de
asilo del Gobierno, una diputada socialista -no voy a mencionar su nombre por respeto, puesto que no se encuentra en esta sala-, después de establecer que el Gobierno de Mariano Rajoy en siete años no había hecho el desarrollo reglamentario de la
ley, dijo -abro comillas-: La aprobación de este reglamento es imprescindible para que se puedan regular y atender algunas de las deficiencias que han sido explicitadas ya en el informe de la defensora del Pueblo de junio de este año. Es un
instrumento -presten atención, por favor- imprescindible que desde luego nuestro grupo va a instar al Gobierno para que se realice por la vía pertinente. Señorías, a ustedes el poder les ha cambiado, no he visto que el Grupo Parlamentario
Socialista reclame para nada al Gobierno de España el desarrollo reglamentario. Por cierto, sus enmiendas, como siempre, no sirven para nada; difieren en el tiempo el desarrollo del mismo como consecuencia de la Presidencia del Consejo de Europa
por parte de España.
Voy terminando, señorías. Quiero terminar recordando al joven sudanés cristiano Basir, sobreviviente de la masacre de Melilla, cuya vida cada día corre más peligro si no se resuelve pronto su petición de asilo, que, por cierto, he de
recordarles que presentó el día 13 de diciembre del año pasado en la Embajada española de Rabat y que fue uno de los puntos que planteó el Grupo Parlamentario Popular en la reprobación del ministro del Interior el pasado día 9 de febrero.
Por todo lo expuesto, señorías, como consecuencia de esa necesidad de la protección de los derechos humanos, del cariño hacia las personas más vulnerables, para que no expongan su vida, vamos a votar a favor de la misma.
Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señorías. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Señor Legarda Uriarte, ¿acepta su grupo la enmienda presentada?
El señor LEGARDA URIARTE: ¿La enmienda presentada por quién, señoría? Porque hay de VOX y hay del PSOE.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Ambas.
El señor LEGARDA URIARTE: La de VOX ya he dicho en tribuna que no la aceptábamos por ir contra la Convención de Ginebra de 1951, y respecto a las del PSOE, estamos hablando a efectos de si es posible llegar a una transacción.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): De acuerdo. Gracias.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO VOX, SOBRE LAS ACTUACIONES QUE VA A LLEVAR A CABO EL GOBIERNO PARA PROTEGER AL SECTOR DEL TRANSPORTE POR CARRETERA. (Número de expediente 173/000213).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Continuamos con la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario VOX, sobre las actuaciones que va a llevar a cabo el Gobierno para proteger al sector del transporte
por carretera.
Por el grupo autor de la iniciativa y para la defensa de la moción, tiene la palabra la señora Rueda Perelló. (Aplausos).
La señora RUEDA PERELLÓ: Gracias. Buenas tardes.
El sector del transporte de mercancías por carretera padece un calvario, porque lleva años reclamando medidas, muchas de ellas prometidas y no cumplidas por este Gobierno, un Gobierno que promete, pero olvida lo esencial: cumplir. ¿Pero
qué podemos esperar de un Gobierno que llegó y que se mantiene a lomos de la mentira, un Gobierno que parece que no establece mecanismos para controlar el efectivo cumplimiento?
Recientemente el sector nos confirmó con datos objetivos (muestra un documento) que muchos transportistas tienen que seguir trabajando por debajo de costes -algo inaudito, pero que es la realidad-, y esto llevó al Grupo Parlamentario VOX a
registrar de manera urgente una interpelación a la ministra. Le pregunté a la ministra las actuaciones que iba a llevar a cabo para proteger a un sector esencial, y su respuesta fue enumerar lo que ya habían hecho -por tanto, habló de pasado y no
de futuro-; afirmar que se reuniría con la plataforma en defensa del transporte -han pasado dos semanas y aún no han contactado con ellos- y dedicar parte de su intervención a dirigirnos una serie de retahílas de insultos y bulos que dejaron de
manifiesto su marcado sectarismo, obviando la mayor: los transportistas trabajan por debajo de costes. La ministra dijo en esta tribuna estar preocupada por garantizar el cumplimiento de la norma, y eso no es verdad. No garantiza el cumplimiento
de la norma porque estamos conociendo las primeras resoluciones y la realidad es que un camionero hace trabajos continuados y no un único envío. La ministra en su intervención también presumió de millones de euros en ayudas, ayudas que no llegan;
habló del plan de transformación de flotas, un plan que ha supuesto un desengaño, y señaló la importancia del transporte de mercancías, pero, visto el fracaso de sus políticas, parece que el único transporte que le preocupa a este Gobierno es
mantener a punto el Falcon para la campaña de Sánchez. (Aplausos).
Urgen medidas, medidas justas para el sector, medidas como las que hoy traemos aquí: fomentar el incremento de ayudas a la formación y a los transportistas autónomos que abandonen la actividad, reducir los impuestos sobre hidrocarburos,
incrementar el número de aparcamientos seguros, la devolución inmediata del céntimo sanitario, evitar la creación de sistemas de pago en todas las carreteras españolas de alta capacidad y modificar las ayudas para la transformación de flotas, de
manera que incluyan la adquisición de vehículos diésel de última generación y vehículos de gas. Esto es lo que trae VOX a esta Cámara y esto es lo que sus señorías tienen que votar, medidas concretas para un sector de importancia estratégica.
Estamos hablando del pan de nuestros camioneros, del pan de un sector que genera 500 000 empleos entre puestos directos e indirectos; estamos hablando de padres y madres de familia que recorren cientos de kilómetros en un día para que todos ustedes
tengan garantizado el suministro de alimentos y otros productos básicos, como quedó acreditado durante la pandemia. Estas medidas son para ellos y, aunque veo que poco le importa al Partido Socialista y menos a Podemos, deben tomar conciencia de
que si votan en contra no arremeten contra nosotros, no, les atacan a ellos directamente. (Aplausos). Claro, eso lo sabrían si tuviésemos una ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana menos soberbia y que escuchase a todo el sector.
Hoy voy a finalizar con una reflexión que está muy relacionada con la cuestión que debatimos. Ser de VOX no es fácil. Los intolerantes cobardes, muy cobardes, recurren a la violencia física y verbal para atacarnos. Atacan nuestras sedes,
atacan a nuestros simpatizantes en las mesas informativas, nos atacan a nosotras, a las mujeres de VOX, diciendo que somos machistas, atacan en general al grupo parlamentario, diciendo que somos racistas y xenófobos. No lo somos. No es fácil tener
que escuchar a la ministra de transporte, más preocupada en llamarnos fascistas, como hizo en su intervención, que en defender a un sector que es esencial. No es nada agradable, pero ¿saben qué sucede? (La señora presidenta ocupa la Presidencia).
El trabajo que realizamos los cincuenta y dos de VOX, el trabajo que realizan todos los cargos electos y orgánicos, el trabajo que realizan todos nuestros afiliados y simpatizantes en las mesas informativas tiene mucho sentido cuando de pronto se te
acerca un camionero que te mira a los ojos y que
te dice de corazón: Gracias; gracias porque nos representáis, y gracias por el trabajo que hacéis. (Aplausos). Y a ellos y a España nos debemos.
Este es nuestro para qué y esta es nuestra fuerza, y por eso siempre decimos que solo queda VOX, porque somos un instrumento al servicio de España; porque somos la voz de la España que madruga; porque somos la voz de los españoles
abandonados, que están hartos de mentiras y de traiciones; porque somos la esperanza de aquellos que defienden una España libre y próspera. Por ellos luchamos, y su voto, como su confianza, lo respetamos, como respetamos la confianza de todos
aquellos con los que nos sentamos, y traemos de manera urgente iniciativas para darles voz y para defenderlos, porque nos ocupan y porque nos preocupan. Así que, por eso, cada día más españoles saben que VOX es el voto seguro. Les garantizo que
seguiremos trabajando cada día con mucha fuerza por los transportistas y por España, frente a un Gobierno y sus socios de Gobierno que los ningunean y que los sumen en la ruina y en la desesperanza, y les garantizo que con mucha fuerza
reconstruiremos todo lo que están destruyendo; con mucha fuerza, porque la tenemos, porque nos mueven el corazón y la razón.
Gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Rueda.
Para la defensa de la enmienda formulada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra el señor Lorite Lorite.
El señor LORITE LORITE: Muchas gracias, señora presidenta.
Abandono, falta de diálogo y compromiso incumplido. Estas son las tres señas de identidad de la relación del Gobierno con el transporte de mercancías por carretera durante toda la legislatura. Abandono durante la pandemia, que tuvo un
efecto muy injusto. El sector fue considerado esencial, ya que tuvo un papel fundamental garantizando el abastecimiento a la población. El Gobierno se negó en aquel momento a establecer una línea de ayudas económicas. El sector ha tenido que
forzar al Gobierno al diálogo en diferentes ocasiones convocando paros. Una muestra de esto es que la ministra no recibió al sector hasta que el Comité Nacional del Transporte por Carreteras convocó un cese de actividad a las puertas de las
Navidades del año 2021, que precisamente era a consecuencia del incumplimiento de los compromisos adquiridos por parte del Gobierno en el verano del año 2020. Y es que, sin duda, otro de los componentes reiterados ha sido el incumplimiento de los
compromisos adquiridos del Gobierno con el sector, medidas comprometidas por escrito, en algunos casos y, en otros, normativizadas, que no se han ejecutado o cuyo cumplimiento efectivo no se ha garantizado. El sector del transporte ha agotado su
paciencia. Se ha sentido maltratado y desatendido por un Gobierno que actúa con arrogancia y con incompetencia. Sin duda, el Gobierno tiene que rectificar su actitud y plantear un verdadero plan de apoyo al transporte por carretera.
Señorías, en primer lugar, es esencial que se respete a las instituciones, y en este caso les voy a hablar del Comité Nacional del Transporte por Carretera, el órgano consultivo creado por la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres y
que tiene que ser escuchado por el Gobierno, porque su función, precisamente, es ser interlocutor. Pero la propia ley dice que eso no excluye al Gobierno de oír al resto de organizaciones del sector que quieran plantear cuestiones o trasladarle sus
pretensiones. Y el Gobierno se lo ha negado, con arrogancia y con soberbia, y no ha querido dialogar con ellos.
Señorías, es fundamental reforzar la inspección para que los transportistas que están prestando un servicio a pérdida dejen de hacerlo. Es fundamental que se cumplan los plazos legales de pago, que se cumpla con la prohibición de que los
conductores hagan labores de carga y descarga, que las empresas buzón cumplan las condiciones salariales de nuestros convenios colectivos, esas empresas de transporte extranjeras que trabajan, que operan en España. Señorías, hacen falta muchas
medidas. Hacen falta ayudas para los transportistas autónomos por abandono de actividad; ustedes las han rebajado en los Presupuestos Generales del Estado a menos de la mitad respecto al ejercicio anterior. Es necesario implementar medidas de
orden fiscal ante el abusivo precio de los carburantes, que ya saben ustedes que representan más del 40 % del coste de explotación de un camión. Es necesario mantener el gasóleo profesional y devolver el céntimo sanitario, declarado ilegal. Es
esencial construir aparcamientos seguros y convertir los actuales aparcamientos de vialidad invernal. En cuanto a las ayudas de renovación de la flota, no es admisible que solo se financie la adquisición de camiones eléctricos o de hidrógeno,
obviando los camiones diésel de última generación, incluso los propulsados por gas natural. Señorías, la escasez de camioneros, cifrada en un 20 %, es un problema que está padeciendo el sector y, por tanto, hace falta
un plan de relevo generacional. O se corrigen todos y cada uno de estos aspectos, o estaremos ante el peligro de la quiebra estructural del sector.
El Grupo Parlamentario Popular ha trasladado una enmienda a la moción originaria de VOX, que viene a poner rigor en el texto. Les invito a que la asuman y se vote por parte del Pleno de la Cámara.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Lorite.
En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Martínez Oblanca.
El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señora presidenta.
Al hablar del transporte de mercancías por carretera lo primero que quiero resaltar es la incapacidad del Gobierno para resolver algunos de los problemas importantes que afectan día a día a un sector que cuenta con una cuota que está por
encima del 90 % del total de los modos de transporte y de la logística. Coincido en que resulta prioritaria, tal y como se refleja en los diez puntos de esta moción, la adopción de medidas relativas a la carestía del combustible, porque es la que
más repercute en los costes de las empresas y, al dispararse, merma la rentabilidad y la competitividad, condicionando también el empleo. En este sentido, el Gobierno debería mejorar las fórmulas de bonificación del precio del gasoil y del gas, tal
y como se viene demandando desde que comenzase la escalada de la energía, que, por otra parte, continúa agudizándose como secuela de la invasión de Ucrania por tropas rusas.
Señorías, en la interpelación de la pasada semana, la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana recurrió, tal y como es su costumbre, a diferentes pretextos para eludir su responsabilidad con los transportistas, comenzando por la
insuficiencia de las medidas legislativas en torno a la cadena del transporte. Los cambios partieron una vez más por la vía del real decreto ley. Sin embargo, la tramitación parlamentaria, también una vez más, da más vueltas y revueltas por los
vericuetos de palacio sin que, mientras tanto, se proporcione solución a las demandas que ha venido planteando el sector. En este sentido, cabe recordar la gran huelga de la primavera de 2022, porque un año después se mantienen los problemas de
fondo que llevaron a la paralización del país. Será inevitable que vuelva a suceder hasta que no se resuelva el problema de que los transportistas estén trabajando por encima de sus costes de explotación.
Asimismo, el Gobierno se tiene que aplicar en el cumplimiento de los acuerdos alcanzados con los representantes del sector para mejorar las condiciones de trabajo de los conductores y transportistas autónomos, que, repito, tienen el lastre
de la merma de rentabilidad derivada de los altos precios de los combustibles y la inflación, a lo que hay que sumar cuestiones que el ministerio de la señora Sánchez Jiménez no termina de acometer y que dependen de su presupuesto de inversiones,
como son la modernización de infraestructuras viarias, la creación y mejora de las áreas de descanso, así como su seguridad. En el caso de Asturias, mi región de procedencia, el Gobierno tiene sin resolver, un año más la suspensión de la autopista
del mar entre el puerto de Gijón, El Musel, y la Bretaña francesa, que dejó de estar activa en 2014 pese a una ocupación media del 70 %, en gran parte camiones, en sus casi cinco años de funcionamiento, que fueron un avance en movilidad,
intermodalidad y sostenibilidad, así como en la mejora de aspectos medioambientales.
Señorías, uno de los problemas más relevantes del sector del transporte de mercancías por carretera es la carencia de conductores profesionales, asunto trascendente que afecta a España y también a la Unión Europea. Urge tomar cartas en este
asunto, porque al finalizar esta década, es decir, al llegar a 2030, necesitaremos del orden de 15 000 conductores que refresquen una edad media que hoy ya es superior a cincuenta años. Hay que tener en cuenta, asimismo, que la vida del
transportista es muy sacrificada y que, por lo tanto, se hace complicado para las empresas captar conductores jóvenes, que además tienen que superar el certificado de aptitud profesional, con cursos que pueden oscilar entre 140 y 280 horas,
dependiendo del tramo de edad. En este sentido, aprovecho mi presencia en la tribuna para reclamar al Gobierno la mejora de las condiciones laborales, que se rejuvenezca el sector del transporte de mercancías por carretera y que se supere la
acuciante carencia de conductores, proporcionando ayudas y medios para facilitar la formación y el certificado de aptitud profesional. La enmienda que ha defendido y explicado al señor Lorite tiene un punto en esa línea.
En cualquier caso, y con ello concluyo, señora presidenta, la acertada iniciativa parlamentaria que ha defendido la señora Rueda está bien expuesta, responde a grandes necesidades y prioridades de un sector clave en la economía nacional y,
por lo tanto, contará con mi voto favorable.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias a usted, señor Martínez.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Barandiaran Benito.
El señor BARANDIARAN BENITO: Buenas tardes, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, solo quiero explicar muy brevemente que, a la vista de la moción y, sobre todo, de la explicación de la enmienda del señor Lorite, bastante más interesante que la propia moción, solo cabe deducir que esta es un
adelanto de sus posiciones frente a la campaña electoral. No hay ninguna aportación de datos ni nada que haya que implementar, puesto que la mayor parte de las medidas están ya presentes. Entendemos que no es más que una propuesta demagógica
situada en ese contexto de debate electoral.
Evidentemente, votaremos en contra.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Barandiaran.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor López-Bas Valero.
El señor LÓPEZ-BAS VALERO: Gracias, señora presidenta.
En Ciudadanos siempre nos hemos posicionado al lado del sector de transportes, sin ningún tipo de titubeo, sobre todo cuando hemos encontrado sus reclamaciones razonables y justas. Además, han mantenido la actividad logística de
distribución de bienes en unos momentos muy complicados y de gran incertidumbre, en los peores años, hace tres, con el parón económico y social, a partir de la pandemia del coronavirus. Hemos manifestado siempre que los problemas del transporte por
carretera no son problemas nuevos, sino problemas actuales, pero heredados de tiempos anteriores, con gobiernos del Partido Popular y del Partido Socialista, que, ante las reclamaciones del sector, siempre miraron hacia otro lado. Y siempre hemos
estado al lado de los empresarios y los autónomos, que realmente lo que han buscado siempre en el volante ha sido lo mismo: ganarse la vida con dignidad y sacar adelante sus empresas y a sus familias.
Y, desde luego, lo que sí que hemos tenido siempre claro es que no íbamos a utilizar a un sector económico tan trascendental como el transporte como una mera herramienta política, mucho menos como una herramienta electoral -tengo que darle
la razón al señor Barandiaran cuando dice que esta moción no es más que un planteamiento absolutamente político-. Desgraciadamente, también es cierto que el Gobierno, día sí y día también, hace política con el sector, como hoy lo hace uno de los
grupos de la oposición. Hace quince días, en la interpelación de la señora Rueda, la ministra de Transportes, que ya les aseguro que no es santa de mi devoción, hizo dos cosas. Primero, reclamó protagonismo no para el sector del transporte, sino
para una determinada asociación del sector, que tiene toda la legitimidad del mundo para ser escuchada, pero el problema es que personalmente creo que VOX parece estar más por representar a ese sector concreto que a la totalidad del transporte y,
además, busca con ello movilizaciones para mantener jaleo en la calle, cuando se convoca un día esa movilización y se desconvoca al día siguiente por falta de apoyo real. Esto pasó el mes de noviembre pasado, sin ir más lejos.
Y lo segundo que hizo fue atacar al Gobierno, que es lo que también hizo la señora Rueda en su interpelación, como ha hecho hoy además, por sus pactos con Bildu, por los violadores y los pederastas en las calles, por profanar tumbas y por
apoyar la okupación, entre otras cosas. Seguramente, coincidimos con VOX en muchas cosas que ustedes critican del Gobierno, pero en lo que no nos van a encontrar es en instrumentalizar y manosear a todo el importante sector del transporte en este
tema, porque ni siquiera pueden decir ustedes que este sea un tema que hoy está en las calles y en las carreteras de España, y no lo pueden hacer porque la totalidad del sector hoy está precisamente trabajando y produciendo y lo último que quiere
ser es excusa o arma arrojadiza en manos de políticos y en periodo electoral. Hoy, señora Rueda, ha hecho usted lo mismo, ha hablado de todo menos de transporte. De hecho, yo le tengo que dar la enhorabuena no a usted, sino al señor Lorite, porque
ha defendido mejor la propia moción de VOX que usted misma. Él ha tenido que enumerar cuáles eran las medidas que ustedes solicitaban en su moción. (Rumores).
No vamos a defender a este Gobierno, en absoluto, porque ya hemos dicho que es el peor que España podría tener, ni tampoco vamos a defender a la ministra de Transportes, a la señora Sánchez -es más, aunque quisiéramos defenderla, ya le digo
yo que nos costaría bastante; sería no ya difícil, sino imposible-, pero no vamos a jugar al electoralismo al que juegan ustedes con el sector, con unas medidas que claro que el Gobierno debe cumplir, como debe también mantener el diálogo con todo
el sector, pero a través de los cauces institucionales que establecen tanto la ley como los reglamentos. Claro que el
Gobierno debe cumplir y hacer cumplir la ley, más aún si esa ley recoge compromisos adquiridos con el sector del transporte por sus reivindicaciones y en defensa de sus derechos, pero también hay que recordarles esa extraña paradoja de que
exigen ustedes al Gobierno vehementemente el cumplimiento de normas que no solamente a veces no han apoyado, sino a las que incluso han votado ustedes en contra.
Por último, dejemos de jugar otra vez de nuevo a lo de los peajes sí o peajes no, porque el mantenimiento de las carreteras hay que financiarlo - lo saben ustedes y todo el mundo- y lo que hay que hacer es ponerse de acuerdo en ese modelo de
financiación. En esto, señorías, juegan ustedes a lo mismo que el Partido Popular y el Partido Socialista, dependiendo de si gobiernan o no gobiernan; todo será gratis antes de las elecciones, y luego ya veremos. Yo tengo claro que cuando solo
quede VOX también nos explicarán ustedes su modelo de financiación de las carreteras y estoy seguro de que muchas muchas sorpresas no nos vamos a llevar.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor López-Bas.
Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra la señora Granollers Cunillera. (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Señorías, guarden un poco de silencio, por favor.
La señora GRANOLLERS CUNILLERA: Gràcies, presidenta. Bona tarda, diputats i diputades.
El sector del transporte ahora mismo se encuentra tremendamente tensionado, pese a ser un sector esencial. En los últimos años ha sufrido una precarización de sus condiciones laborales que le ha llevado a una inevitable pérdida de
profesionales, a lo que hay que sumar el incremento de los precios de los carburantes y las materias primas. La consecuencia de todo esto es que los transportistas no pueden renovar sus vehículos. Según la DGT, el 64 % de los camiones de gasolina
y el 50 % de los camiones de gasoil tienen más de quince años; por tanto, el actual parque de camiones y furgonetas del Estado se encuentra totalmente envejecido. El sector vive en una situación de extrema vulnerabilidad ante las fluctuaciones del
mercado, aparte de las evidentes y nefastas consecuencias a nivel medioambiental.
Nosotros proponemos tres puntos clave como posible solución. Punto número 1. La movilidad sostenible y descarbonizada, que es uno de los grandes retos que debemos abordar; un modelo de movilidad sostenible al alcance de todos y que
comporte un cambio real frente a la emergencia climática. El mandato de la Unión Europea para 2030 es que se consiga un trasvase de la carretera al ferrocarril del 50 %. Ahora mismo el Estado español no llega al 4 %, frente a la media europea, que
está en el 17. El corredor mediterráneo continúa siendo la gran infraestructura pendiente, una infraestructura que permitiría dar salida al tráfico de mercancías del eje mediterráneo hacia Europa. Solamente traspasando este transporte de
mercancías del camión al ferrocarril habría veinte mil camiones menos por día, que son cuatro millones de viajes de camión en un año. Eso sí que evitaría a los transportistas pasar largas semanas lejos de sus familias.
Punto 2. Las retribuciones salariales. Sueldos dignos, acordes con la responsabilidad y peligrosidad del sector. Estos deben incluir todas las horas a disposición del trayecto y no solamente los kilómetros recorridos, y más en el caso de
los trabajadores autónomos, que deben poder facturar todas las horas trabajadas. Punto 3. Aquí me dirijo a los portavoces de la Comisión de Seguridad Vial. Si de verdad queremos garantizar una seguridad vial hay que apoyar las iniciativas que
incluyan la jubilación de los profesionales del transporte a los sesenta años. La actividad profesional de los conductores de transporte, tanto de mercancías como de pasajeros, está reconocida como de alto riesgo por la Organización Internacional
del Trabajo por los incrementos de los índices de siniestralidad y morbilidad. Desde aquí instamos al Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social a rebajar la edad ordinaria de la jubilación para los transportistas profesionales.
(Aplausos).
Por último, no voy a terminar sin apoyar al transporte escolar. Nosotros, como grupo históricamente municipalista, conocemos de primera mano las problemáticas de los municipios y su gente. El transporte en autobús es primordial para no
castigar más a los territorios rurales. Las familias necesitan este transporte para que sus hijos e hijas puedan ir a la escuela o al instituto. El Gobierno, en vez de poner las cosas fáciles al sector, tiene agonizando a las empresas que ofrecen
el servicio a través de los consells comarcals. ¿Se va a permitir que empresas que realizan transportes de alumnos dejen de dar el servicio por no poder soportar los aumentos de costes? Presentamos enmiendas al proyecto de medidas de
sostenibilidad económica. Aprobamos una PNL defendida por nuestro grupo donde les exigíamos la publicación del informe de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa para permitir que las
empresas de transporte escolar pudieran revisar los contratos, debido al incremento de los hidrocarburos, igual que han hecho para las obras públicas. Nos parece, señorías del Gobierno, que ustedes prefieren ayudar antes a las grandes
empresas constructoras que a las empresas familiares catalanas dedicadas al transporte escolar.
Termino. Nosotras continuaremos trabajando desde todas las cámaras para lograr que la ciudadanía de Cataluña y del conjunt dels països catalans puedan vivir en condiciones dignas, que para eso somos independentistas.
Gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas Gracias, señora Granollers.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra el señor Mayoral Perales.
El señor MAYORAL PERALES: Gracias, señora presidenta.
Desde que leí la moción llevo pensando varios días cómo afrontar este debate. El sector se merece respeto, y yo creo que esta moción lo único que no tiene con el sector es respeto. Creo, además, que la enmienda del Partido Popular lo
clarifica mucho, y se lo agradezco mucho al señor Lorite. Hay una cosa que me llama mucho la atención. Resulta que uno de los principales problemas que tenemos en el sector del transporte de mercancías por carretera es el abuso en la cadena de
precios de posiciones dominantes, frente a aquellos que prestan el trabajo, que realizan la tarea. En ese sentido, hubo una reflexión sobre la posibilidad de trasladar una lógica de control de costes para evitar los abusos en la cadena alimentaria,
y se hizo una primera propuesta, con la que, por cierto, ninguno de los dos grupos proponentes estaba de acuerdo, porque no están de acuerdo con la capacidad del Estado para regular los mercados e impedir el abuso monopolístico de las posiciones
dominantes. Son fuerzas políticas que están a favor de los monopolios y no a favor de una cadena alimentaria regulada que impidiera la venta a pérdidas. Tampoco estaban de acuerdo con el hecho de que se hiciera en el transporte, la verdad. Es
decir, creo que hubiera sido mucho más honesto hablar de cuál es el modelo y cuál es el problema que tiene el sector del transporte por carreteras en nuestro país. Se llama precariedad en las condiciones de trabajo y abuso de la posición dominante.
Sí, es cierto, es necesario que el Ministerio de Transporte y el de Agricultura -para la cadena alimentaria- se lo tomen en serio, y se tomen en serio el control de precios frente a los abusos de las empresas monopolistas para garantizar un ingreso
digno para aquellos que realizan este trabajo. (Aplausos.-Rumores).
La señora PRESIDENTA: Perdone un momento, señor Mayoral.
Señorías, les pido silencio, por favor.
El señor MAYORAL PERALES: Gracias señora presidenta.
Como decía, hay una reclamación histórica del sector del transporte, y demás sectores, a raíz de un acuerdo que se produjo hace ya tiempo para ampliar la jubilación hasta los sesenta y siete años, y a los trabajadores de nuestro país se les
dijo que aquellas profesiones de especial penosidad iban a tener la posibilidad de una jubilación anticipada. Pues una vez más en este sector se ha incumplido. Se incumple de manera sistemática, porque existe una lógica en materia de Seguridad
Social de controlar permanentemente las retribuciones de los trabajadores y la protección social. Nosotros creemos que es importante que elementos centrales en la vida de los trabajadores sean protegidos por el Estado. Va a haber una movilización,
una jornada de lucha el 18 de mayo en defensa de la jubilación anticipada de los trabajadores del transporte, y creemos que es importante.
La moción que se presenta carece de seriedad. Obviamente, no se puede ser amigo de Milei y, al mismo tiempo, decir que se quiere el control de precios; de hecho no se ha dicho aquí, aunque lo ponía en el papel, porque, claro, es duro
decirlo. Ha dicho el señor Lorite, el portavoz del Partido Popular, que está de acuerdo con el control, pero hay que hacer inspecciones para controlar los precios y que no haya abusos. Está muy bien que lo diga el Partido Popular, lo que pasa es
que ahora es por la campaña electoral. Hemos entendido que es por la campaña electoral.
Vale, pues después de este spot de campaña electoral de la derecha para intentar engañar a los trabajadores del transporte, creo que las fuerzas democráticas deberíamos tomarnos las cosas un poco más en serio y ser capaces de pensar en el
transporte desde otro punto de vista. Le recomiendo a la ministra que hable, que escuche a los trabajadores, que es una actividad muy interesante para hacer las
cosas bien, incluso que se reúna con nuestro grupo parlamentario -le he pedido una reunión a la ministra hace tres meses y ni siquiera he recibido respuesta a la carta-. Creemos que el transporte en nuestro país lo merece. Hay una ley de
movilidad sostenible puesta encima de la mesa que en estos momentos no reúne las condiciones para tener mayoría parlamentaria, a no ser que el PSOE decida lo que nos tememos: que vuelva a dejar que la derecha gobierne por un día. Nosotros no
estamos por eso. Creemos que quien tiene que sacar la ley de movilidad sostenible es la mayoría democrática y progresista que sostiene a este Gobierno. Así que le pedimos a nuestro socio que deje de especular y de poner en las leyes lo que le
dicen los lobbies.
Gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Mayoral.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Ramos Esteban.
El señor RAMOS ESTEBAN: Gracias, presidenta.
He de reconocer que desde hace tiempo tengo la percepción de que el Congreso está un poco anticuado, pero hoy ha cambiado esa percepción, y he comprobado que la inteligencia artificial ha llegado a esta Cámara; y ha llegado de la mano de
VOX, porque es tan sencillo como decir una serie de términos que tienen establecidos y que están programados para aplaudir. Si tú dices: filoetarra, Falcon u okupación, aplauden automáticamente. Ese es el nivel que nos traen algunos grupos de la
Cámara. Además, esto está en contraposición con diputados como el señor Baldoví, que se ha despedido hoy de la Cámara, y, aunque no compartamos el mismo partido, nos sentimos orgullosos de sus intervenciones. Señores de VOX, ¿no se preguntan si en
algún momento alguien se siente orgulloso de sus intervenciones? (Aplausos). Porque creo, sinceramente, que con los insultos permanentes no se consigue.
Estamos en una época en la que la gente se despide aquí, estamos en época de elecciones; incluso, algunos ya se ven en la Moncloa. Pero no se preocupen, ya les pasó a Casado y a Albert Rivera, y ya saben dónde está cada uno; ninguno de
ellos llegó a la Moncloa. (Aplausos). No tengan tanta prisa, esperen a la votación y a las urnas.
Muchos se preguntan por qué ha llegado aquí esta iniciativa, les voy a poner en situación. Marzo de 2022, después de la guerra de Ucrania se produce un alza del precio del gasóleo, y eso hace que una parte de los camioneros se manifiesten.
Era lógico; es entendible que la gente, ante una situación complicada, decida manifestarse. Entonces, la derecha y la ultraderecha de este país vieron una oportunidad, veían el otoño caliente con el que siempre habían soñado. Pero, en noviembre,
esos camioneros volvieron a convocar una manifestación, que fracasó porque no se dio ese otoño caliente. Me da la sensación de que traen esta iniciativa aquí porque esperan que pueda haber una primavera caliente, y les voy a reconocer que lo han
conseguido, las temperaturas están como nunca habían estado, pero es por ese cambio climático que ustedes niegan permanentemente. (Rumores).
Cuando ustedes traen aquí iniciativas hablando de camioneros, no lo hacen para defender a los camioneros, no lo hacen porque les preocupen los camioneros, lo hacen porque creen que puede ser una herramienta para desgastar al Gobierno. Pero,
sinceramente, si vemos lo que ha pasado en este país en los últimos meses, creo que España ha tenido muy buenas noticias. Primero, ha bajado el precio del gasóleo y se han tomado muchas medidas que han ayudado a que la gente viva mejor. (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Perdone un momento, señor Ramos, perdone que le interrumpa.
Señorías, les pido silencio, por favor.
El señor RAMOS ESTEBAN: Segundo, una subida del salario mínimo interprofesional que ha beneficiado a mucha gente y, sobre todo, a muchos extremeños. Tercero, energía más barata por la excepción ibérica. Cuarto, las cifras del desempleo en
abril son cifras récord, han bajado como no habían bajado en quince años. Y de todas esas cosas, así como de las cifras récord de ocupación, se alegran la mayoría de los españoles. Tengo muy claro que la derecha no se alegra, porque la derecha no
se alegra de que les vaya bien a los españoles, porque la derecha tiene mucha prisa por llegar al Gobierno.
Entiendo, sinceramente, la estrategia que se puedan marcar, a día de hoy, la derecha y la ultraderecha, que es desgastar al Gobierno, pero muchas veces me he preguntado en este tiempo qué hubiera pasado en estos cuatro años si hubiera
gobernado el Partido Popular. Durante la pandemia, no hubiera habido esos ERTE que salvaron miles y miles y miles y miles y millones de puestos de trabajo; se hubieran destruido muchas empresas; pero, además, no habría habido reforma laboral, que
ha convertido a muchos
trabajadores temporales en indefinidos. No habría leyes como la muerte digna; no habría leyes como la ley de la vivienda. No habría subido el salario mínimo interprofesional. Pero, hay que decirle a la gente una cosa muy clara, y más
ahora que estamos en época de elecciones, todos estos logros que se han conseguido no están garantizados, porque el día de mañana, si tenemos un Gobierno de derechas, ya han anunciado que lo derogarán. Y, además, harán una cosa si tienen
oportunidad: todas las conquistas sociales y todas las conquistas laborales volverán para atrás; todos esos derechos laborales y los salarios que han subido los recortaran, porque ya lo hicieron. No se nos olvide que durante la etapa de la crisis
el Partido Popular recortó salarios y recortó derechos. (Aplausos).
Me da la sensación de que al Partido Popular, viendo los acontecimientos de las últimas semanas, se le va a hacer muy larga esta campaña, se le va a hacer cuesta arriba. Y no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa cada día más, a
Feijóo se le está poniendo cada día más cara de Casado.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ramos.
Señora Rueda, ¿acepta su grupo parlamentario la enmienda presentada?
La señora RUEDA PERELLÓ: No, y votaremos por puntos.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Votamos en cinco minutos. (Pausa).
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY. (VOTACIÓN):
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, DE MODIFICACIÓN DEL REAL DECRETO-LEY 29/2021, DE 21 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE ADOPTAN MEDIDAS URGENTES EN EL ÁMBITO ENERGÉTICO PARA EL FOMENTO DE LA MOVILIDAD ELÉCTRICA, EL AUTOCONSUMO Y EL
DESPLIEGUE DE RENOVABLES, PARA IMPLEMENTAR LA AGILIDAD DE LOS PROCESOS DE CONVERSIÓN DE VEHÍCULOS CON MOTOR DE COMBUSTIÓN EN VEHÍCULOS CON MOTOR DE BATERÍA ELÉCTRICA O DE PILAS DE COMBUSTIBLE, 'RETROFIT'. (Número de expediente 122/000293).
La señora PRESIDENTA: Señorías, ocupen sus escaños, por favor. Vamos a proceder a la votación.
Toma en consideración de proposiciones de ley. Proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, de modificación del Real Decreto Ley 29/2021, de 21 de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito
energético para el fomento de la movilidad eléctrica, el autoconsumo y el despliegue de renovables, para implementar la agilidad de los procesos de conversión de vehículos con motor de combustión en vehículos con motor de batería eléctrica o de
pilas de combustible, retrofit.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 332; a favor, 100; en contra, 162; abstenciones, 70.
La señora PRESIDENTA: En consecuencia, no se toma en consideración la proposición de ley.
Muchas gracias.
Se suspende la sesión hasta mañana a las nueve.
Eran las siete y cuarenta y cinco minutos de la tarde.