CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2023 XIV LEGISLATURA Núm. 246

PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª MERITXELL BATET LAMAÑA

Sesión plenaria núm. 237

celebrada el martes,

21 de febrero de 2023

ORDEN DEL DÍA:


Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos señores diputados ... (Página5)


Exclusión del orden del día:


- Interpelaciones urgentes:


- Del Grupo Parlamentario Ciudadanos, a la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital sobre la falta de ejecución de fondos europeos de recuperación y su impacto en el tejido productivo
español. (Número de expediente 172/000268) ... (Página5)


Toma en consideración de proposiciones de ley:


- Del Grupo Parlamentario Republicano, de regulación integral del cannabis. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 252-1, de 27 de mayo de 2022. (Número de expediente 122/000228) ... (Página5)


- Del Grupo Parlamentario Plural, Orgánica para la derogación del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 274-1, de 12 de septiembre de 2022. (Número de expediente
122/000250) ... (Página19)


Acuerdo de tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas:


- Acuerdo de tramitación directa y en lectura única del Proyecto de ley por la que se modifica la Ley 28/1990, de 26 de diciembre, por la que se aprueba el Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra. 'BOCG. Congreso
de los Diputados', serie A, número 142-1, de 10 de febrero de 2023. (Número de expediente 121/000142) ... (Página31)

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- Acuerdo de tramitación directa y en lectura única del Proyecto de ley por la que se modifica la Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco. 'BOCG. Congreso de los
Diputados', serie A, número 143-1, de 10 de febrero de 2023. (Número de expediente 121/000143) ... (Página31)


- Acuerdo de tramitación directa y en lectura única del Proyecto de ley por la que se aprueba la metodología de señalamiento del cupo del País Vasco para el quinquenio 2022-2026. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 144-1, de
10 de febrero de 2023. (Número de expediente 121/000144) ... (Página31)


Proposiciones no de ley:


- Del Grupo Parlamentario Plural, sobre la concesión de permisos para la prevención del suicidio. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 569, de 10 de febrero de 2023. (Número de expediente 162/001141) ... href='#(Página34)'>(Página34)


- Del Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a garantizar la igualdad en el acceso a los tratamientos de cáncer en todo el territorio nacional. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 569, de 10 de febrero de 2023. (Número de
expediente 162/001146)... (Página44)


Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página54)


Acuerdo de tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página55)


SUMARIO


Se abre la sesión a las tres de la tarde.


Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos señores diputados ... (Página5)


El señor don José Francisco Duque Morán adquiere la condición plena de diputado al prestar acatamiento a la Constitución.


Exclusión del orden del día ... (Página5)


De conformidad con lo dispuesto por el artículo 68.1 del Reglamento y con arreglo a lo acordado por la Junta de Portavoces, la Presidencia somete al Pleno la exclusión del orden del día del punto correspondiente a la interpelación urgente
del Grupo Parlamentario Ciudadanos, a la vicepresidenta primera y del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, sobre la falta de ejecución de fondos europeos de recuperación y su impacto en el tejido productivo español, lo
que se aprueba por asentimiento.


Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página5)


Del Grupo Parlamentario Republicano, de regulación integral del cannabis ... (Página5)


Defiende la toma en consideración de la proposición de ley la señora Rosique i Saltor, del Grupo Parlamentario Republicano.

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En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Martínez Oblanca y Botran Pahissa, del Grupo Parlamentario Mixto; y el señor Ruiz de Pinedo Undiano, del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu; la señora Gorospe Elezcano, del
Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); el señor Díaz Gómez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; las señoras Cañadell Salvia e Illamola Dausà, del Grupo Parlamentario Plural; la señora Muñoz Dalda, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas
Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común; y los señores Steegmann Olmedillas, del Grupo Parlamentario VOX; Carazo Hermoso, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y Sancho Guardia, del Grupo Parlamentario Socialista.


Del Grupo Parlamentario Plural, Orgánica para la derogación del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ... (Página19)


Defiende la toma en consideración de la proposición de ley el señor Pagès i Massó, del Grupo Parlamentario Plural.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Martínez Oblanca y García Adanero y la señora Vehí Cantenys, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Legarda Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Bal Francés, del
Grupo Parlamentario Ciudadanos; la señora Telechea i Lozano, del Grupo Parlamentario Republicano; y los señores Pisarello Prados, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común; Figaredo Álvarez-Sala, del
Grupo Parlamentario VOX; Bermúdez de Castro Fernández, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y Aranda Vargas, del Grupo Parlamentario Socialista.


Acuerdo de tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas ... (Página31)


Acuerdo de tramitación directa y en lectura única del Proyecto de ley por la que se modifica la Ley 28/1990, de 26 de diciembre, por la que se aprueba el Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra ... href='#(Página31)'>(Página31)


Acuerdo de tramitación directa y en lectura única del Proyecto de ley por la que se modifica la Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco ... href='#(Página31)'>(Página31)


Acuerdo de tramitación directa y en lectura única del Proyecto de ley por la que se aprueba la metodología de señalamiento del cupo del País Vasco para el quinquenio 2022-2026 ... (Página31)


En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); el señor Bal Francés, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; las señoras Garrido Gutiérrez, del Grupo
Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, y Cañizares Pacheco, del Grupo Parlamentario VOX; el señor Elorriaga Pisarik, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y la señora García Gurrutxaga, del Grupo
Parlamentario Socialista.


Proposiciones no de ley ... (Página34)

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Del Grupo Parlamentario Plural, sobre la concesión de permisos para la prevención del suicidio ... (Página34)


Defiende la proposición no de ley el señor Errejón Galván, del Grupo Parlamentario Plural.


En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Martínez Oblanca, del Grupo Parlamentario Mixto, así como la señora Vehí Cantenys, en turno de fijación de posiciones, del mismo grupo; el señor Barandiaran Benito, del Grupo
Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); las señoras Giménez Giménez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; Medel Pérez, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, y De Meer Méndez, del Grupo Parlamentario VOX: y el
señor Anguita Pérez, del Grupo Parlamentario Socialista.


En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Pozueta Fernández, del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu; el señor Eritja Ciuró, del Grupo Parlamentario Republicano, y la señora Romero Sánchez, del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso.


A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas, vuelve a hacer uso de la palabra el señor Errejón Galván.


Del Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a garantizar la igualdad en el acceso a los tratamientos de cáncer en todo el territorio nacional ... (Página44)


Defiende la proposición no de ley el señor Díaz Gómez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.


En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Guitarte Gimeno, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Gorospe Elezcano, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); el señor Bueno Pinto, del Grupo Parlamentario Confederal de
Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común; y las señoras Jara Moreno, del Grupo Parlamentario VOX; Velasco Morillo, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y Guerra López, del Grupo Parlamentario Socialista.


En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Cañadell Salvia y Calvo Gómez, del Grupo Parlamentario Plural; y el señor Eritja Ciuró, del Grupo Parlamentario Republicano.


A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas, vuelve a hacer uso de la palabra el señor Díaz Gómez.


Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página54)


Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Republicano, de regulación integral del cannabis, se rechaza por 78 votos a favor, 261 en contra y 2 abstenciones.


Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Plural, Orgánica para la derogación del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se rechaza por 35 votos a favor, 273 en contra y 33
abstenciones.


Acuerdo de tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página55)


Sometido a votación el acuerdo de tramitación directa y en lectura única del Proyecto de ley por la que se modifica la Ley 28/1990, de 26 de diciembre, por la que se aprueba el Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de
Navarra, se aprueba por 272 votos a favor, 61 en contra y 3 bstenciones.

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Sometido a votación el acuerdo de tramitación directa y en lectura única del Proyecto de ley por la que se modifica la Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, se
aprueba por 272 votos a favor, 61 en contra y 3 abstenciones.


Sometido a votación el acuerdo de tramitación directa y en lectura única del Proyecto de ley por la que se aprueba la metodología de señalamiento del cupo del País Vasco para el quinquenio 2022-2026, se aprueba por 272 votos a favor, 61 en
contra y 3 abstenciones.


Se suspende la sesión a las ocho y cinco minutos de la noche.


Se abre la sesión a las tres de la tarde.


JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO DE LA CONSTITUCIÓN POR NUEVOS SEÑORES DIPUTADOS.


La señora PRESIDENTA: Muy buenas tardes, señorías. Se abre la sesión.


Con carácter previo al examen del orden del día, vamos a proceder al juramento o promesa de acatamiento de la Constitución, conforme al artículo 20.1.3.º del Reglamento. En sustitución de don Juan Bernardo Fuentes Curbelo, pregunto a don
José Francisco Duque Morán si jura o promete acatar la Constitución.


El señor DUQUE MORÁN: Sí, prometo.


La señora PRESIDENTA: Don José Francisco Duque Morán ha adquirido la condición plena de diputado. Enhorabuena. (Aplausos).


EXCLUSIÓN DEL ORDEN DEL DÍA:


- INTERPELACIONES URGENTES:


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS, A LA VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL SOBRE LA FALTA DE EJECUCIÓN DE FONDOS EUROPEOS DE RECUPERACIÓN Y SU IMPACTO EN EL TEJIDO PRODUCTIVO
ESPAÑOL. (Número de expediente 172/000268).


La señora PRESIDENTA: De conformidad con lo dispuesto por el artículo 68.1 del Reglamento y con lo acordado por la Junta de Portavoces, esta Presidencia somete al Pleno de la Cámara la modificación del orden del día en el sentido de excluir
el punto 26, correspondiente a la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Ciudadanos. ¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento).


Muchas gracias. En consecuencia, queda aprobada la modificación del orden del día.


TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO REPUBLICANO, DE REGULACIÓN INTEGRAL DEL CANNABIS. (Número de expediente 122/000228).


La señora PRESIDENTA: Comenzamos, señorías, con el debate de toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Republicano, de regulación integral del cannabis. Para la presentación de la iniciativa, tiene la palabra
la señora Rosique i Saltor.


La señora ROSIQUE I SALTOR: Bona tarda. Gracias, presidenta.


Todos ustedes conocen a alguien que ha consumido cannabis alguna vez, quizás sean ustedes mismos, quizás sean sus hijos, quizás sea un amigo. Todos ustedes conocen a alguien que ha sido adicto al cannabis, más cercano o más lejano, pero
todos conocemos casos más o menos graves. Algunos de ustedes conocerán a alguien que ha trabajado de camello alguna vez. Algunos los conocerán, pero no serán conscientes de ello. El consumo de cannabis, diputadas y diputados, ha sido, es y será
una realidad, a pesar de que algunos pretendan esconderla debajo de la alfombra, a pesar de que quieran evitar el debate, a pesar de que pretendan que esto no va con ustedes o con los suyos, aun sabiendo que se

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mienten a ustedes mismos. Presten atención a algunos datos. Las detenciones por tráfico de drogas han aumentado un 30 % entre 2006 y 2020; de estas, casi la mitad se deben al cannabis. El tráfico de marihuana es la tercera actividad
criminal en el Estado español, por detrás del tráfico de hachís y de cocaína. En 2020 se practicaron alrededor de 3800 detenciones por cultivo y tráfico de plantas de cannabis. El Estado español triplica a los Países Bajos en incautación de
plantas. Tres de cada cien estudiantes de entre catorce y dieciocho años -es decir, menores de edad- tienen un consumo problemático de cannabis. El consumo de cannabis es una realidad clara y no dejará de serlo por más que pongan en un papel que
esto no existe o que no debe existir. Por cierto, es una realidad con especial incidencia en las clases populares. Negarlo, prohibirlo, taparse los ojos y los oídos no hará que el consumo de cannabis desaparezca. Saben perfectamente que cuando no
hay ley se impone la ley de la selva, se impone el descontrol, se impone la inseguridad. Existen precedentes en relación con el prohibicionismo, y ustedes los conocen. Podríamos recordar la ley seca en los años veinte en Estados Unidos, que sirvió
a algunos para enriquecerse indecentemente vendiendo alcohol adulterado y generalmente de muy mala calidad. Todo ello, sin que el Estado ingresase ni un dólar en impuestos, mientras las mafias veían cómo sus beneficios se iban disparando, con un
aumento preocupante de las ventas, del consumo y de la criminalidad. Acuérdense de esto cada vez que tengan la tendencia de argumentar que la regulación incentiva el consumo.


Esto es lo que existe en el Estado español en la actualidad, una desregulación o, más bien, un prohibicionismo, que desde 1967 -en pleno franquismo- hasta ahora solo ha comportado más consumo, de menos calidad, más adicción y más mafias.
Diputadas y diputados, los y las representantes políticos tenemos como deber principal regular aquellos aspectos de la sociedad que de no estar regulados provocan descontrol e inseguridad, a pesar de que sean temas incómodos. Y eso es lo que hoy
estamos proponiendo, ni más ni menos, regular lo desregulado, controlar lo incontrolado, dotar de seguridad a la inseguridad, y hacerlo con las evidencias empíricas que existen, al lado de la ciencia, de la sanidad y, sobre todo de la salud pública.
Hoy les proponemos una regulación integral del cannabis que acabe con el prohibicionismo actual, que ya ha demostrado sobradamente su ineficacia. Les hacemos una propuesta con la intención de conseguir menos consumo, más control, menos adicción y
menos mafias, e incluso vamos un poco más allá. Además de revertir los efectos del prohibicionismo, les hacemos una propuesta cuyos objetivos también son más transparencia, acceso seguro, control de la mayoría de edad, desestigmatización,
tributación de las actividades asociadas, fin de la inseguridad jurídica de las asociaciones cannábicas, mejor y mayor prevención de las adicciones, y una reducción notable de la economía sumergida, que debe comportar, por cierto, más recursos
públicos, recursos para la ciudadanía.


Les presentamos esta propuesta con un mandato del Parlament de Catalunya, con un mandato de la ciudadanía de Cataluña, que, tras recoger firmas para registrar una ILP, aprobó una ley de regulación de las asociaciones cannábicas; una ley que
regulaba el consumo, el cultivo y el transporte de cannabis (rumores); una ley que...


La señora PRESIDENTA: Señorías, les pido silencio, por favor.


La señora ROSIQUE I SALTOR: Gracias, presidenta.


... pretendía encontrar un margen de legalidad, de regulación, de control, en un contexto de prohibición; una ley que fue aprobada en 2017, con 118 votos a favor, entre los cuales se incluyeron también los votos del Partit dels Socialistes
de Catalunya; una ley que, como tantas otras leyes progresistas aprobadas en Cataluña, fue tumbada por el Tribunal Constitucional. Con ese mandato, con el respaldo de la ciudadanía, de las asociaciones y de las instituciones catalanas, aceptamos
el reto de redactar una proposición de ley que permitiese al Parlament de Catalunya legislar acorde con la visión mayoritaria de la ciudadanía catalana y que dejase la puerta abierta a todas aquellas instituciones que deseen poder regularlo desde su
autonomía. Y eso es lo que hemos hecho y lo que hoy les presentamos: una propuesta trabajada con las organizaciones del sector -a las que les agradecemos de todo corazón su lucha constante- (aplausos), que han puesto incluso sus intereses
personales siempre a un lado para poder seguir luchando por la regulación del cannabis, y que hoy nos acompañan -gràcies de debò-, coordinada desde los distintos niveles competenciales, con voluntad de tener una ley catalana propia; una propuesta
en la que, como decía, ponemos la salud pública en el centro, en la que despenalizamos el cannabis, como ya han hecho distintos Estados europeos. Consideramos el cannabis un medicamento, por lo que la ciudadanía que necesite una terapia medicinal
con base en el cannabis podrá acceder a esta sustancia

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en una farmacia, siempre que tenga una receta. Acabamos con la situación actual en la que se ven obligadas a recurrir a vías ilegales para tratarse.


Promovemos el acceso seguro al cannabis para aquella ciudadanía que quiera hacer de este un uso recreativo, poniendo el foco en la prevención y en el tratamiento de las adicciones, porque no es lo mismo consumir sin control ni conocimiento
que hacerlo de forma controlada. En este uso recreativo proponemos que se pueda acceder al cannabis de forma regulada, vía autocultivo individual o comunal; es decir, vía asociaciones cannábicas sin ánimo de lucro.


Controlamos el ciclo del cannabis, para así acabar con la mafia que se ha estado lucrando gracias a esta falta de regulación. Modificamos artículos de la ley mordaza, que por cierto ya va tardando en ser derogada, y sancionamos todo aquello
que esté fuera de la ley. Delimitamos también los límites legales de cultivo, transporte, consumo y dispensación. Y regulamos el proceso de cultivo, transporte, tenencia, consumo, comercialización, dispensación y prevención de las adicciones.


Permítanme, por tanto, desmentir algunos bulos y explicarles también qué no hace esta propuesta. Esta propuesta no incentiva el consumo; de hecho, pretende reducirlo. No legaliza la publicidad de la marihuana ni de los porros; de hecho,
la prohíbe. No legaliza el tráfico de drogas; de hecho, por lo que al cannabis se refiere, prácticamente lo imposibilita. No permite que se puedan fumar ni consumir drogas en todas partes; de hecho, lo que hace es delimitarlo con claridad. Por
cierto, se trata de una propuesta que está trabajada, negociada y pensada por personas que llevan muchos años estudiando esta problemática, como entidades, sanitarios, abogados, etcétera, pero en definitiva es una propuesta. Una propuesta para ser
debatida y negociada. Una propuesta que espera contrapropuestas por parte de aquellos grupos que han registrado iniciativas en una línea parecida, a los cuales agradecemos también su implicación, y por parte de aquellos que quieren hacer matices
desde su perspectiva ideológica. Están todos invitados a debatir. Para esto existen los parlamentos.


Se preguntarán por qué ahora, si ya discutimos una proposición de ley sobre la misma cuestión hace un año y medio. Pues la respuesta es muy sencilla: porque sigue siendo una necesidad que no se ha atrevido a aprobar la Administración;
porque ya no vale la excusa de la subcomisión de cannabis medicinal y terapéutico, cuyas recomendaciones ni siquiera se están implementando; porque tenemos todavía tiempo suficiente como para abrir un debate de enmiendas al respecto; porque así lo
volvió a solicitar la semana pasada el Parlament de Catalunya, y porque esta debía ser la legislatura de la izquierda, y a pesar de que el PSOE ya haya demostrado en distintas ocasiones que la izquierda no tiene cabida ni en este Estado ni en su
partido, algunos grupos nos definimos por ser tozudos. Lo repetiremos en tantas ocasiones como haga falta.


Si el PSOE hoy aprueba esta ley, como así lo ha hecho en los parlamentos autonómicos, las mayorías actuales son favorables a la regulación del cannabis. Y sabemos que es mejor promover esta despenalización por la izquierda, con unas
políticas públicas promovidas para el beneficio general de la ciudadanía, que hacerlo por la derecha, con unas políticas impulsadas para y por los lobbies económicos. Sabemos que tarde o temprano habrá una regulación, no hay duda sobre ello. La
única duda aquí es cuándo y quién la va a promover.


Diputadas y diputados del PSOE, permítanme que me refiera hoy a ustedes. Esta decisión vuelve a depender de sus votos. Otra vez de ustedes depende la seguridad de la ciudadanía, de ustedes depende que se regule el cannabis. Están a tiempo
de rectificar, hoy les damos otra oportunidad.


Gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Rosique.


En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra, en primer lugar, el señor Martínez Oblanca.


El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señora presidenta.


Por segunda vez en esta XIV Legislatura, se promueve la legalización del cannabis, sustancia que, a pesar de las irresponsables alabanzas sobre sus propiedades, es una droga que esclaviza, destruye y mata. Por favor, no despisten a la
gente. El consumo de cannabis, al igual que todas las drogas, esclaviza, destruye y mata. Por lo tanto, en auxilio de la salud pública, confío en que se reitere el rechazo contundente a esta amenaza pseudolegislativa que abriría las puertas a la
sociedad para iniciarse en el infierno de los estupefacientes. Resultaría un fracaso histórico que la inmensa inquietud social sobre la que se impulsó hace más de treinta años la creación en las Cortes Generales de la Comisión Mixta para el Estudio
de los

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Problemas de las Adicciones claudicase hoy ante el disparatado empeño de regularizar el consumo del cannabis. No será, desde luego, con mi voto.


Señora Rosique, en la presentación de esta proposición de ley no ha explicado usted que la subcomisión creada aquí para analizar experiencias de esta droga para uso medicinal elaboró unas conclusiones que mantienen amplias limitaciones como
remedio terapéutico. Sin embargo, ustedes y otros partidarios de la legalización de la marihuana, del hachís y demás variantes de este psicotrópico invocan que es una cuestión de salud pública, pero paradójicamente ocultan y maquillan los severos
daños que causa en el sistema nervioso central, más aún en el de aquellos adolescentes que sucumben a su consumo y entran en el círculo de adicción, preludio de la escalada hacia otras sustancias. Los colocones abocan a trastornos psicológicos,
psiquiátricos, brotes psicóticos y esquizofrenia, así como a depresión o ansiedad, entre otras patologías, por no citar los destrozos irreversibles en el ámbito familiar y social.


Señorías, se acaba de publicar la encuesta EDADES 22, que analiza bianualmente la evolución sobre el alcohol y otras drogas en España. Refiriéndose al cannabis, el estudio alerta sobre el creciente riesgo de consumo problemático entre
nuestros jóvenes. Convendría que, antes de promover insensatos cambios normativos, sus promotores leyesen estos informes, valorasen también el desvío de recursos para la atención hospitalaria de las complejas patologías vinculadas al consumo o
visitasen alguno de los centros en los que se ayuda a las personas que tratan de abandonar la tragedia de las toxicomanías.


Concluyo señalando que es rotundamente falso que el consumo de cannabis sea inocuo e incluso beneficioso. La toma en consideración de esta iniciativa supondría un retroceso de dimensiones colosales, que fulminaría toda política de
prevención, que es a lo que debería aplicarse una buena gobernanza, en lugar de banalizar el cannabis, fomentar el negocio de la peligrosa sustancia psicoactiva THC y consagrar el consumo de drogas en el mismísimo Boletín Oficial del Estado.


Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Martínez.


Por el mismo grupo parlamentario, tiene la palabra el señor Botran Pahissa.


El señor BOTRAN PAHISSA: Gracias, presidenta.


Con la cuestión del cannabis nos encontramos nuevamente con un tema que en Cataluña goza de un consenso amplio, pero que la falta de soberanía imposibilita nuestros pasos hacia adelante y, sin embargo, España ni hace ni deja hacer.


En junio de 2017 se aprobó una ley sobre los clubes cannábicos, promovida por la iniciativa popular legislativa La Rosa Verda, que consiguió 67 500 firmas, y hubo prácticamente unanimidad, con 118 votos a favor de Junts pel Sí, Ciudadanos,
PSC, Catalunya en Comú y CUP, y tan solo 8 votos en contra del Partido Popular. Mi compañero Sergi Saladié ya avanzó entonces que esa ley tan solo sería posible si conseguíamos la independencia y, efectivamente, la ley fue suspendida al cabo de
tres meses por el Constitucional, resolviendo un recurso presentado por el Gobierno español, entonces en manos del Partido Popular.


El jueves de la semana pasada, nuevamente en el Parlament de Catalunya, se aprobó una resolución por una significativa mayoría de Esquerra, Junts, CUP, Comunes y Ciudadanos, que afirmaba la necesidad de legislar sobre una parte de lo que hoy
debatimos. En su punto 11 decía: (Continúa su intervención en catalán). El PSC en este punto se abstuvo por ese mismo mecanismo que les hace prometer cuando están en la oposición derogar mordazas y reformas laborales, pero, una vez en el
Gobierno, nos dicen que ahora no toca.


Sobre cannabis, como, en general, sobre las drogas, reinan la hipocresía y la doble moral, imponiendo una prohibición sin matices, que es un riesgo mayor para la salud pública que su regulación. Probablemente, hoy se escucharán argumentos
que relacionen el cannabis con trastornos psicológicos o incluso con delincuencia, confundiendo lo que son las causas de fondo con los factores de riesgo. Los trastornos de salud mental suelen tener causas sociales, tales como la soledad o la
ansiedad que se deriva de la presión social. No culpen a los porros de los problemas que causa el sistema. Además, el prohibicionismo suele ser la pantalla de una doble moral, y la mejor prueba es comparar todo lo que hoy se diga sobre el cannabis
con lo que no se dice sobre el alcohol, una sustancia que usan prácticamente todos los pueblos del mundo desde hace miles de años con la misma finalidad recreativa y desinhibidora que el cannabis, que también es un factor de riesgo para determinadas
conductas, que puede ser depresivo, pero cuyo acceso está regulado. Esta es la doble moral de las derechas posfranquistas, que quizá también ignoren que los primeros importadores de grifa fueron los tercios de la Legión radicados en Marruecos y las
tropas

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de Regulares que lucharon en el bando de los sublevados el 18 de julio de 1936. Lamentablemente, esta ley no prosperará, y tampoco dejarán que Cataluña, que los països catalans, avancemos con lo que crea amplio consenso social en nuestro
país. Así que, solo me queda terminar como lo hizo mi compañero Saladié: ¡Visca Catalunya lliure i cannàbica!


Muchas gracias. (Risas).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Botran.


Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, tiene la palabra el señor Ruiz de Pinedo Undiano.


El señor RUIZ DE PINEDO UNDIANO: Arratsalde on. Buenas tardes.


Nosotros, nuestro grupo, apoyamos la iniciativa de Esquerra Republicana para poner en marcha este nuevo marco, un marco que viene a regularizar y despenalizar el uso del cannabis. Esto no quiere decir banalizar el uso o banalizar las
posibles consecuencias de la utilización de cualquier tipo de droga, sino que viene a poner racionalidad sobre la cuestión. Ya es hora de que se produzca una normativa clara sobre la producción y consumo del cannabis, tanto el de uso terapéutico
como el recreativo. La actual situación de alegalidad, ilegalidad y prohibición no es de recibo. Por eso consideramos que esta propuesta sigue siendo oportuna y, además, necesaria. Ya es hora de que podamos abordar esta cuestión y se le dé una
solución lógica, ordenada y democrática. Es inadmisible el mantenimiento de la actual situación. Continuar como estamos actualmente es mantener una situación fundamentalmente injusta; seguir como estamos hasta ahora significa descontrol,
desatención, inseguridad, marginación, represión, economía sumergida e ilegalidad. Es una situación que ha sido generada por una prohibición de comercialización para su consumo, según la Ley 17/1967, y prohibición de consumo en la calle, según la
Ley Orgánica 4/2015. El consumo privado no está prohibido, pero está en una situación de alegalidad y de discriminación. El consumo y la producción compartida están al pairo de las policías y jueces de turno, y con todo ello nos encontramos en
esta situación de total incertidumbre que afecta a consumidores, a las instituciones, a los cuerpos policiales y al aparato judicial. Una situación incierta que viene a fortalecer un mercado negro, unas redes de ventas ilegales, además de la
creación de una cobertura para el mercado de otras sustancias. Es una situación de incertidumbre que, además, afecta especialmente a las asociaciones sociales del cannabis. Estas asociaciones-clubes, además de dedicarse al estudio, establecen
sistemas de cultivo y distribución para el consumo de las personas. En este sentido, déjenme que ponga en valor estas asociaciones, que desarrollan patrones de consumo más responsable que aquel que crea el mercado negro, que crean mercados
responsables, además de autocontrol, y que crean un control precisamente para no llegar a esos perfiles más vulnerables, de los que estamos oyendo hablar en estos momentos.


En los últimos años estamos asistiendo a actuaciones de lo más arbitrarias por parte de la Policía y de los juzgados, llegándose a dar por parte del Tribunal Supremo condenas por delitos de tráfico a las y los responsables de estos cultivos
compartidos; sentencias que ponen expresamente en duda la posibilidad de aplicar la doctrina de consumos compartidos, criminalizando así a las asociaciones. Insisto en que no puede dejarse al albur del cuerpo policial correspondiente o de la jueza
o del juez de turno la gestión de esta incertidumbre. Los gobiernos autonómicos de Navarra, de Euskadi y de Cataluña han intentado legislar en este aspecto, pero no se les ha dejado. Se ha dictado por parte del Tribunal Constitucional que no es
competencia autonómica y que estas legislaciones eran inconstitucionales. No debiera ser así porque las cuestiones de salud pública corresponden a estos gobiernos, y el tema del que estamos tratando no debiera ser un problema de orden público, sino
de salud pública y, por tanto, competencia de estos gobiernos. Pero, habiéndose dictado en estas sentencias del Tribunal Constitucional, de los tribunales, que no es competencia de las comunidades autónomas, es necesario que este Congreso siga el
ejemplo dado por estas comunidades autónomas y ofrezca una regulación que contribuya a aclarar esta situación jurídica de incertidumbre en la que se encuentra la producción, el consumo y, más específicamente, las asociaciones de autoconsumo.


La normativa de regulación de producción y consumo del cannabis, tanto el de uso terapéutico como el recreativo, puede, además, tener un punto de partida básico, muy interesante: la experiencia de todos estos años por parte de estas
asociaciones. No partimos de cero, ya tenemos experiencias a partir de las cuales podemos normativizar y regular. A ustedes, a la bancada del PSOE, les pido que reaccionen y no sigan con la actual inercia. Tienen que reaccionar ante la
paralización inmovilista a la que les está sometiendo el dúo derechista dirigido por el Partido Popular y por VOX; les pido que reaccionen ante esta política inmovilista a la que les están sometiendo desde diferentes instituciones y desde
diferentes

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aparatos del Estado. Hay que reaccionar también en esta cuestión, en esta materia del cannabis. Hay que avanzar, hay que dar pasos. La sociedad así lo demanda.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ruiz de Pinedo.


Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora Gorospe Elezcano.


La señora GOROSPE ELEZCANO: Gracias, presidenta. Buenas tardes a todos y a todas.


Señora Rosique, efectivamente, la realidad existe, está en la calle; salvo que alguien quiera darle espalda o hacer negación de la realidad, esa realidad existe y, por tanto, existe también una demanda de regular esa realidad.
Efectivamente, la inseguridad jurídica existe, porque muchas veces hay arbitrariedad en la interpretación de los distintos aspectos que ya están regulados, y eso lleva a una inseguridad jurídica. Efectivamente, hay problemas por el consumo temprano
del cannabis, hay problemas por el consumo excesivo del cannabis, y esa realidad existe. Efectivamente, existe un mercado negro. Efectivamente, existe una economía sumergida. Efectivamente, la regulación no incentiva el consumo, sino que ordena
los distintos ámbitos. Señor Martínez, es verdad que el consumo temprano y el consumo excesivo del cannabis tienen efectos secundarios y que el consumo de cannabis no es inocuo, y tal vez sería un ejercicio interesante ver a todas esas personas que
están en centros de rehabilitación, pero también tenemos que tener presente que todas esas personas han llegado a esos centros antes de una regulación, y no existe una regulación. Por tanto, no se puede decir que esta es la razón que provoca esa
realidad.


Es verdad también que hace un año y medio nuestro grupo parlamentario promovió la creación de una subcomisión que analizara distintas experiencias de regulación del cannabis medicinal. Ese trabajo se hizo, ese trabajo finalizó a finales de
junio, y entre las medidas y recomendaciones que desde la subcomisión promovíamos pedíamos al Gobierno que planteara una hoja de ruta para ver cuál era la viabilidad y cómo se incorporaban en la normativa esas recomendaciones que por un acuerdo
mayoritario habíamos incluido. Ese plazo terminó en diciembre. Estamos hoy a 21 de febrero, han transcurrido ya dos meses y nos encontramos con que no tenemos nada. La semana pasada, nuestro grupo parlamentario registró una pregunta por escrito
en la que le preguntábamos: ¿qué trabajos y avances ha realizado la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios para dar viabilidad y encaje en la normativa a las recomendaciones de la subcomisión creada al objeto de analizar las
experiencias de regulación del cannabis medicinal aprobadas por este Congreso?


Nosotros somos y hemos sido históricamente siempre defensores de la regulación integral del cannabis, porque consideramos que dar la espalda a todas estas realidades que se han manifestado y que existen no nos lleva a ningún lugar, no se
está avanzando en positivo. Somos también defensores de no mezclar debates distintos que puedan confundir y somos también defensores en el Grupo Vasco (EAJ-PNV) de ir avanzando paso a paso, adoptando distintas medidas desde una visión pragmática.
Puede haber alguien a quien le pueda parecer que no son suficientes, pero gracias a esas medidas que desde nuestro grupo se defienden, en la línea de la política de reducción de daños y no una política prohibicionista en el ámbito de las drogas, se
han ido adoptando históricamente medidas muy importantes. En su momento -siempre me refiero a ellas por lo importantes que fueron para la sociedad vasca-, el intercambio de jeringuillas a través de una ONG y después en la cárcel de Basauri la
facilitación de metadona a personas que eran consumidoras de heroína en centros y lugares que estaban higiénicamente acondicionados para que lo hicieran en condiciones de seguridad y de salud pública. En el año 2016 se aprobó una ley de adicciones
en el Parlamento vasco, en la que se incluyó un artículo que decía que teníamos que avanzar y que era necesario avanzar en la regulación de los clubes sociales de consumidores de cannabis. Creamos esta subcomisión, tenemos unas recomendaciones y
seguiremos insistiendo para que lleguen a buen puerto, y pensamos que ahora ya podemos avanzar también en un análisis y en una reflexión sobre la regulación integral del cannabis.


Fuimos críticas y críticos cuando nos encontramos que a la vez, al mismo tiempo, se habían presentado tres proposiciones de ley en el Congreso y otra proposición de ley en el Senado. A nuestro juicio, esta cantidad de proposiciones de ley
sin haber aproximado previamente posturas entre grupos que pueden tener una posición más cercana no es eficaz, sino que puede llevar a confusión en el debate en esta cuestión. De todas formas, entendemos que puede ser el momento. Nuestro grupo
votará a favor de la toma en consideración de esta proposición de ley. De salir adelante, tal vez en ponencia tengamos posibilidad de poner en diálogo todas esas distintas proposiciones de ley que los distintos grupos parlamentarios han presentado.

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Nosotros lo que pretendemos es, uno, poner como bien máximo a proteger la salud pública. Siempre decimos que no hay que estigmatizar, que hay que desestigmatizar. El señor Ruiz de Pinedo hablaba también de no banalizar el debate; no
podemos banalizar ni estigmatizar ni trivializar. El consumo del cannabis no es inocuo, eso tiene que estar presente continuamente, pero con rigor, con serenidad y con discreción creemos que podemos tener la oportunidad de avanzar en un ámbito que
existe en la calle, efectivamente, y además la sociedad nos está demandando que regulemos distintos aspectos. Por eso, para evitar esa inseguridad jurídica, para garantizar que el consumo se desarrolle en condiciones óptimas de salud, desde una
perspectiva de salud pública, para regular esos mercados negros, para evitar esas inseguridades jurídicas y esa inseguridad en la calle, insistimos, nuestro voto será favorable.


Gracias


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Gorospe.


Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Díaz Gómez.


El señor DÍAZ GÓMEZ: Gracias, presidenta.


Hay en estos escaños, repartidos por todo el hemiciclo, muchos liberales autoproclamados. Liberal contiene el sufijo --al-, que indica relación o pertenencia. Un liberal es alguien que tiene relación o pertenencia con el adjetivo libre,
alguien comprometido con la libertad, y hoy es un buen día para saber quiénes de estos liberales autoproclamados lo son. Hoy vamos a votar si estamos a favor o en contra de regular de forma integral el cannabis. Hoy veremos quién es liberal y
quién usa la palabra como perfume o como un elemento ornamental. En España se consume cannabis de forma muy habitual y por mucha gente. Ahora mismo los legisladores españoles hacen como que no ven esta situación; prefieren no tocarlo, no mirarlo,
dejarlo en la alegalidad, dejar el mercado del cannabis en manos de las mafias y el cannabis terapéutico en un cajón, a pesar de que una subcomisión ha recomendado regularlo ya. La realidad es que, si queremos desterrar la hipocresía, ante el hecho
de que existe consumo de cannabis, se debe elegir regularlo o prohibirlo.


Mi grupo parlamentario, que sí es liberal, vota libertad, vota libertad individual, vota garantías, vota información y vamos a votar la regulación del mercado del cannabis. Ciudadanos vota a favor del individuo y su libertad. Vamos a votar
a favor de regular el cannabis porque nos sabemos representantes de los españoles, no sus tutores. Aquí estamos rodeados de políticos que creen que les han votado para tutelar a la gente. Aquí hay políticos que dicen con quién se puede casar uno y
con quién no y lo que es o no un matrimonio. En Ciudadanos defendemos el matrimonio también entre personas del mismo sexo, porque somos liberales. Aquí hay políticos que dicen a la gente cuáles son los modelos de familia admitidos y cuáles no;
familia natural, hemos llegado a escuchar de alguien que seguro que antropólogo no era. En Ciudadanos defendemos todos los modelos de familia porque somos liberales. Aquí hay políticos y ministras que dicen a la gente si ver porno o no y qué
piropo decir, y ahora te quieren decir si llevar sujetador o no. En Ciudadanos defendemos la educación en respeto y valores que se transmite de padres a hijos, no de ministras de Podemos a hijos, porque somos liberales. Aquí hay muchos políticos
que quieren prohibir que una persona adulta y libremente pueda tener relaciones sexuales con otra persona adulta y libremente a cambio de dinero. No les entra en la cabeza que lo que sucede entre dos adultos con el consentimiento de dos adultos es
cosa de esos dos adultos. En Ciudadanos defendemos la regulación de la prostitución porque somos liberales. Aquí hay políticos que te dicen que no puedes abortar, los mismos que te lo decían ayer y se iban a abortar a Londres. En Ciudadanos
defendemos la ley del aborto porque somos liberales. Aquí hay políticos que te dicen que, aunque tengas una enfermedad incurable y sufrimiento insoportable, estás obligado a vivir sufriendo. En Ciudadanos defendemos el derecho a la eutanasia
porque somos liberales. Aquí también hay políticos que te dicen que no puedes elegir el colegio al que llevar a tus hijos, que todos tienen que ser públicos y ninguno concertado. En Ciudadanos defendemos la elección de los padres porque somos
liberales. Aquí hay políticos también que te dicen en qué lengua hablar, estudiar o examinarte; hablan de derechos lingüísticos. En Ciudadanos sabemos que los derechos son de las personas, que no son de las lenguas, porque somos liberales. ¡Y
atentos! Atentos porque esto lo dicen muchos políticos que tengo aquí enfrente. Le dicen a una mujer que congela sus óvulos antes de someterse a un tratamiento por cáncer que no puede gestar en el futuro, porque aunque la ciencia y la medicina lo
permiten, las morales carcas y retrógradas, a izquierda y derecha, le quieren prohibir la gestación subrogada. Ciudadanos somos el único grupo de este hemiciclo que apoya la gestación subrogada porque somos el único grupo de liberales. (Aplausos).

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Todos ustedes, todos, creen que los españoles necesitan tutelas; nosotros, no. Por ejemplo, sabemos que el consumo del alcohol y del tabaco no es sano, no es bueno, pero no está ni debe estar prohibido. Lo que se hace es que se obliga a
informar, se grava con impuestos especiales, se prohíbe la venta a menores de edad, pero no se prohíbe su venta ni su consumo, se regula. Y si hacemos esto con el alcohol y con el tabaco, ¿por qué con el cannabis no? Tenemos evidencias de cómo
desciende el crimen organizado, y sabemos además que se garantiza su calidad y se evitan adulteraciones que hacen mucho daño a la salud. Hay episodios en el pasado sobre el efecto que tiene prohibir algo que la sociedad demanda. Ahí está la ley
seca en Estados Unidos y todo lo que generó. No obstante, y a pesar de que es un error, respeto más a quienes plantean prohibir el consumo del cannabis que a quienes prefieren seguir mirando hacia otro lado, porque esta situación no puede ser
alegal, puede ser legal o ilegal. Sean valientes y, al menos, si no son capaces de votar hoy a favor de la regulación, planteen su prohibición. ¿O es que tal vez saben que hay una gran parte de la sociedad española que está de acuerdo con la
regulación del consumo y cultivo del cannabis? ¿O es que pesa más su hipocresía que sus principios? Porque hay muchos aquí que están contra el aborto, pero abortan. Hay muchos aquí que están contra el porno, pero ven porno. Muchos por aquí
quieren abolir la prostitución, pero sus compañeros iban, y hoy sabemos que siguen yendo, con prostitutas. Muchos por aquí están en contra de la eutanasia, pero cuando ven sufrir de forma inhumana a un ser querido desean terminar con su agonía y
les gustaría disponer de la eutanasia.


Les he oído comentar que habrá sobredosis si se regula el consumo de cannabis. Les pregunto: ¿cuántos de ustedes han fumado porros? O lo voy a preguntar de otro modo mucho más sencillo, porque acabamos antes: ¿cuántos de ustedes no han
fumado porros? (Un señor diputado: ¡Pues un servidor!) Mentira. (Risas y aplausos). Mentira. Señores, si son sinceros, sabrán que la única sobredosis posible votando hoy en contra de la regulación del cannabis es la sobredosis de hipocresía.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Díaz.


Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra, en primer lugar, la señora Cañadell Salvia.


La señora CAÑADELL SALVIA: Gràcies, presidenta.


A finales de junio del año pasado la Comisión de Sanidad finalizó los trabajos de la Subcomisión creada con el objetivo de analizar experiencias de regulación del cannabis para uso medicinal. Una de las recomendaciones que contenía el
informe de conclusiones era que en un plazo de seis meses la Agencia Española del Medicamento tenía que realizar los trabajos necesarios para desarrollar la normativa que permitiera disponer en el mercado farmacéutico de extractos o preparados
estandarizados del cannabis. Seis meses después no tenemos noticias de ello. Los distintos grupos presentes en la Subcomisión hicimos el trabajo y ahora se está bloqueando una regulación que la gran mayoría de países de nuestro entorno ya tienen
contemplada en su marco jurídico.


Un debate totalmente distinto es el de la regulación del cannabis de uso recreativo. Creemos que algo no estamos haciendo del todo bien cuando el Estado español tiene una regulación prohibicionista en cuanto al consumo de cannabis, pero
lidera los rankings europeos de consumo de esta sustancia. Es un debate que hay que abordar. Puede haber muchos tipos de regulaciones; lo que es seguro es que será mejor cualquier regulación que lo que hay ahora: una especie de limbo legal donde
el consumo y el cultivo para el autoconsumo no son delito, pero la decisión sobre cuándo es autoconsumo y cuándo no lo es es arbitraria, produciendo así inseguridad jurídica.


Además, muchos ayuntamientos y comunidades autónomas gobernadas por distintos partidos representados en este hemiciclo buscan resquicios legales para permitir las asociaciones cannábicas. Los Mossos d'Esquadra plantean que hace falta una
nueva estrategia para hacer frente al tráfico de marihuana, muchas veces controlado por mafias especialmente violentas. A su entender, la regulación podría ser una vía. En 2021 detuvieron a cerca de dos mil personas; desmantelaron 662
plantaciones e intervinieron cerca de 9 toneladas de esta sustancia.


Primero, hay que abordar la regulación del cannabis de uso terapéutico. Desde nuestro punto de vista, lo prioritario es resolver la situación de miles de pacientes, y emplazamos al Ministerio de Sanidad a cumplir con las recomendaciones que
aprobamos en la Subcomisión de estudio. Votaremos a favor de la toma en consideración de esta proposición de ley de Esquerra Republicana para permitir el debate sobre este asunto de una vez por todas y con el objetivo de presentar enmiendas a
distintos puntos, si se llega a tramitar.


Gracias.

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La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Cañadell.


Por el mismo grupo parlamentario, tiene la palabra la señora Illamola Dausà.


La señora ILLAMOLA DAUSÀ: Bona tarda. Gràcies, senyora presidenta.


La cuestión que hoy se somete a consideración no es sencilla, es poliédrica. Encontramos defensores y detractores, y encontramos múltiples argumentos. Yo voy a resaltar, sin poder entrar en el fondo de la cuestión, evidentemente, solo
algunos aspectos. Volvemos a lo mismo de siempre. Unos avanzan porque detectan problemas y quieren prevenirlos y solucionarlos, y el Tribunal Constitucional les frena argumentando que no tienen competencias; y como ni el legislador ni el Gobierno
de España ha hecho nada al respecto, pues nos quedamos todos sin nada. Porque, siguiendo los criterios marcados en 2015 por el Departament de Salut, en diversos municipios catalanes se adoptaron regulaciones en relación con las asociaciones
cannábicas, clubs sociales y el ejercicio de su actividad. Asimismo, el Parlament de Catalunya, desde la perspectiva de la salud pública, aprobó diversas resoluciones que culminaron con la aprobación de la Ley 13/2017, que ya se ha mencionado,
relativa a las asociaciones de consumidores de cannabis. También se aprobaron leyes en el mismo ámbito en Navarra y en el País Vasco, como se ha dicho. Pero estos avances no pueden aplicarse gracias -también se ha dicho ya- al Tribunal
Constitucional y a que quien él dice que tiene la competencia no ha legislado. Por eso estamos aquí de nuevo hoy.


No descubro nada nuevo si les digo que el respeto de las competencias es una cuestión nuclear para Junts per Catalunya. Por eso, nos ha costado ver que en el proyecto de ley hay un título dedicado a ello, porque el uso del cannabis está
estrechamente relacionado con la salud, un ámbito competencial de la Generalitat de Catalunya. Me sorprende, no obstante -debo decirlo-, el optimismo en la exposición de motivos de la proposición de ley, porque dicen: previsión a futuros cambios
que vayan en la línea de profundizar en la descentralización gubernamental. Ojalá; sinceramente, ojalá, pero creo, companys, que esta descentralización solo se producirá... (continúa su intervención en catalán). Porque yo observo últimamente
muchas centralizaciones, tanto directas como indirectas.


En nuestra sociedad hay unas prácticas que forman parte de nuestro día a día, como el alcohol, el tabaco o el juego, que pueden desembocar en adicciones, y cuando lo hacen pueden destrozar la vida tanto de la persona adicta como de sus
amigos o de sus familias. El cannabis es una droga, no debemos olvidarlo, y como tal crea adicción. Al margen de esos usos terapéuticos, distintos estudios demuestran que el consumo esporádico o crónico tiene consecuencias nocivas para la salud,
llegando a alterar la estructura y la función cerebral. Las medidas para combatir las adicciones son necesarias, pero también -o incluso más- las medidas de prevención para evitar que estas aparezcan, y la información veraz es imprescindible. Y es
cierto el problema de las mafias, que también se ha dicho. Estas existen, el mercado ilícito es una realidad y su entorno genera graves problemas que no pueden obviarse. La situación, la regulación o la no regulación respecto del cannabis que
tenemos actualmente no se ha demostrado eficiente. Por ello, no está de más intentarlo con un nuevo sistema que esperemos sea más efectivo.


Apoyaremos la toma en consideración, sin que ello condicione o presuponga el voto final al texto que finalmente se acabe presentando para adopción. Nuestra postura será coherente con la mantenida por el Grupo Parlamentario Junts per
Catalunya hace pocos días en el Parlamento de Cataluña, en el debate sobre la propuesta de resolución aprobada respecto de las asociaciones de consumidores de cannabis, que también ha sido mencionado.


Moltes gràcies.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Illamola.


Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra la señora Muñoz Dalda.


La señora MUÑOZ DALDA: Gracias, presidenta.


Tenemos que ponernos del lado de la normalidad y hacer un ejercicio de realismo. ¿Quién dijo esta frase? El actual ministro Miquel Iceta. Es mejor ordenar que prohibir. ¿Quién dijo esta frase? Esta el señor Patxi López se la tiene que
saber porque la dijo él. El caso es que asistimos siempre, cuando hablamos de regulación del cannabis, a un ejercicio de equilibrismo por parte de los diferentes grupos políticos. (El señor vicepresidente, Rodríguez Gómez de Celis, ocupa la
Presidencia).


Por centrar el debate, creo que es importante señalar que hablamos de una planta. ¿Que estamos hablando de una planta que la gente se fuma? Sí. ¿Que eso es malo para la salud? Sí. ¿Que el alcohol y

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el tabaco son malos para la salud también? Pues también. ¿Que la gente hace un uso medicinal y un uso terapéutico de esta planta? También es una realidad, y esto no lo digo yo, ya lo ha dicho así esta Cámara; de hecho, hay un mandato por
parte de esta Cámara al Gobierno -que no se está cumpliendo- de regular el cannabis medicinal. ¿Qué con cannabis se pueden producir productos textiles, productos alimenticios, materiales de construcción, biocombustibles, etcétera? También es
verdad. Además, es una planta que crece en suelos pobres y es buena para la tierra; sin embargo, el debate que se da aquí parte de que el cannabis es una droga, que la droga es mala y que, por tanto, hay que prohibirla. Este es básicamente el
argumento en contra de la regulación del cannabis, y creo que es un argumento bastante pobre, porque es el mismo argumento que tiene la extrema derecha para estar en contra del aborto: el aborto es malo y, por tanto, tiene que prohibirse. Y
fíjense que es una lógica predemocrática. ¿Saben ustedes de qué año es la ley de estupefacientes de este país? (Rumores). No estaban escuchando a Marta Rosique cuando hablaba, como no me están escuchando a mí. Es de 1967; la ley de
estupefacientes de este país es una ley franquista.


Podríamos hablar de que la prohibición ha evitado que la gente consuma cannabis, pero es que si una mira los datos, el consumo de cannabis en este país no ha dejado de aumentar, el acceso de los menores de edad al cannabis no ha dejado de
aumentar y la percepción del riesgo sobre el cannabis no ha dejado de disminuir. Por tanto, podemos afirmar que el enfoque prohibicionista en las políticas públicas de la regulación del cannabis es básicamente ineficaz y se basa en la persecución
de las personas usuarias. Muchas están hoy aquí, hay representantes de la sociedad civil a los que mando un saludo -veo a CatFAC, a MEC, a ConFac, a Regulación Responsable-; bienvenidas a la casa de la soberanía popular. (Aplausos). Esta es la
realidad social que hay en el país, hay una demanda social que tiene rostro.


Uno de los principales mecanismos que tiene el Estado para hacer frente a la problemática del cannabis son las multas, la persecución de las personas usuarias a través de multas por tenencia o consumo en la vía pública -multas de, mínimo,
600 euros-, que lo único que hace es arruinar la vida a la persona que han multado, sobre todo si no la puede pagar, y criminalizar y estigmatizar a las personas usuarias. Creo que es un buen momento para mirar de frente a la realidad social que
tenemos y a los datos, porque hay cuatro millones de personas en este país que consumen anualmente cannabis; hay miles de asociaciones cannábicas que en algunas comunidades autónomas ya se han definido como entidades de prevención de riesgos y
reducción de daños; hay miles de tiendas growshops; hay centenares de webs y tiendas físicas de ventas de CBD; hay centenares de bancos de semillas y hasta cuatro ferias del sector en este país, algunas con reconocimiento a nivel internacional, y
si no vayan ustedes a visitar el mes que viene la feria Spannabis en Barcelona. Pero es que además esta realidad social ha tenido una traducción a nivel parlamentario, tanto a nivel estatal como autonómico, muchas con el apoyo del propio Partido
Socialista. Hablamos de iniciativas legislativas populares en parlamentos como el de Navarra o el de Cataluña, de ponencias parlamentarias en Baleares y en Euskadi cuando Patxi López era lehendakari, PNL en Cantabria, en Canarias, en Extremadura,
en la Comunidad Valenciana y hasta cuatro proposiciones de ley, una presentada en el Senado y tres en el Congreso.


Creo que además de esta realidad social que hay en nuestro país, hay una tendencia internacional hacia la regulación, y no estamos hablando de Uruguay, de Canadá o de las regulaciones que se dan al otro lado del charco, sino que a nivel
europeo -y este es uno de los argumentos que también nos suelen repetir mucho, que Europa no nos deja o los convenios internacionales no nos dejan- ya no son Malta o Luxemburgo los que están regulando, sino Alemania, con un presidente socialista.
Creo que sería bueno, pues, que no nos quedáramos por detrás de la sociedad y de la tendencia internacional, sino que la miráramos de frente, porque creo que negando la realidad y con posiciones puramente moralistas lo único que estamos haciendo es
favorecer prácticas mafiosas. Creo que votar en contra de esta proposición de ley es favorecer prácticas mafiosas y posicionarse en contra de la salud pública y en contra de la libertad. Por tanto, votaremos a favor y si consigue pasar el trámite,
la mejoraremos con enmiendas, porque, como sabéis, tenemos una proposición que añade más cosas y creo que podemos enriquecer también la propuesta.


Gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.


Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Steegmann Olmedillas.


El señor STEEGMANN OLMEDILLAS: Buenas tardes, señor presidente, señoras y señores diputados.


Acabamos de oír que esto viene de Cataluña, del Parlament, y acabamos de oír al señor Botran Pahissa gritar '¡Visca Catalunya lliure y cannábica!'. A ver si va a tener razón el señor Marchena y no

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estaban ensoñados, sino que estaban fumados. (Risas.-Aplausos). Señorías, estamos ante el segundo intento para legalizar la marihuana para uso recreativo; es decir, como droga.


Estamos seguros de tres cosas. Primera, que los lobbies que están detrás lo seguirán intentando. Segunda, que la izquierda, que deja a los jóvenes sin trabajo, quiere que olviden sus problemas a base de drogas. Y, tercera, que VOX siempre
se opondrá y nos enfrentaremos a los intereses oscuros que quieren lucrarse con la salud mental de nuestros jóvenes españoles. Para esta tarea, la siniestra y los separatistas vascos y catalanes se alían con lo peor del capitalismo, la big dope, la
big marihuana. Comenzaron en la subcomisión sobre el presunto uso medicinal del cannabis. VOX emitió su voto en contra. ¿Razones? Confunden a propósito la planta con sus componentes. Segundo, no está demostrando el uso medicinal del cannabis y
su efecto terapéutico. Tercero, ya afirmamos que pretendían que el uso terapéutico fuese el caballo de Troya, por lo que vemos aquí, de la regularización. La prueba es esta proposición.


El cannabis o marihuana es una droga de abuso, catalogada como estupefaciente -narcotics en inglés- en la Convención de 1961, en la de 1977 y en la de 1988, e incluida en la lista I, que incluye el cannabis, su resina y sus tinturas. Y es
una droga de abuso no solamente porque produce adicción, sino por los numerosos daños que infringe, tanto mentales como físicos. De forma aguda: cardiopatías, infartos de miocardio, infartos cerebrales. De forma crónica: deterioro mental,
deterioro cognitivo, deterioro verbal, falta de planificación -que implica fracaso vital en los adolescentes- y depresión. Además, aumenta el uso de alcohol y otras drogas, y aumenta de 2,3 a 4,7 veces el riesgo de esquizofrenia. Pero lo peor -y
esto se lo dedico al ausente señor Errejón, ausente- es que aumenta un 50 % el riesgo de suicidio. (Aplausos).


Esta proposición de ley, a diferencia de la presentada por el señor Errejón -que ya le dijo la señora Muñoz que la había plagiado de los clubes cannábicos-, está hecha en despachos con maderas nobles, pero tergiversa no solo la verdad
científica, sino la legislación y la técnica legislativa. Con un cinismo típico de mercaderes, justifican su regularización porque hay muchos consumidores y, por lo tanto, muchos drogadictos. Efectivamente, en España, unos 600 000 al día. Y, como
hay muchos, hay que regularizar su producción, ¿verdad? Y venta también, afirman. ¿Para qué? ¿Para algo bueno? No nos lo explican. Nos dan las mismas razones que les servirían para legalizar la prostitución: aumentar los impuestos. De hecho,
toda la proposición de ley reconoce de facto los efectos dañinos de la marihuana y su poder adictivo, pero con cinismo nos dicen que los impuestos extraídos con su legalización van a ser empleados para evitar los problemas de la adicción. Es como
que legalicemos los kalashnikov y luego pongamos carteles contra los rifles de asalto. Solo un 28 % de los españoles cree que es muy importante la regularización de la marihuana para acabar con su problema, un 28 %. En el año 2014 era un 40 %. O
sea, crece el número de españoles que cree que la regularización no es la solución. De hecho, la regularización en California, en Oregón, en Washington, ha aumentado el mercado negro y el consumo, y ustedes lo saben. En Uruguay, que ustedes ponen
como ejemplo, ha aumentado el consumo un 53 %. Mientras, el proponente dice que hay una situación de alegalidad. Falso. ¿Cómo afirman eso si quieren echar por la borda tres leyes, una de ellas orgánica; tres reales decretos; dos órdenes, y,
para más escarnio, nada menos que el Código Penal? ¿Acaso ignora el proponente que, según el principio de jerarquía normativa, una ley ordinaria no puede contravenir una ley orgánica? ¿Acaso ignora que, según el Código Penal, artículos 368 a 373,
sigue siendo delito el cultivo, la elaboración y todo acto que favorezca el consumo de marihuana? ¿Ustedes lo ignoran o lo ignoran aposta? No solo ignoran las convenciones, es que ignoran que están forzando a la Agencia Española del Medicamento a
considerarlo como un medicamento cuando toda la evolución de la farmacología es aislar los componentes activos y desechar los perjudiciales. (Aplausos). Ya tenemos dos medicamentos que tienen cannabidiol, que se utilizan para los espasmos. Ese es
el objetivo de la farmacología, no mascar hierba. ¿Cómo se explica tanto atrevimiento, señorías? Fácil. Aunque dicen dar el protagonismo a los clubes de cannabis -nidos de adictos presentes y futuros-, esta propuesta tiene dos beneficiarios: las
autonomías, que hurtan al Estado la fiscalidad, y sobre todo el complejo industrial de la droga, la 'big marihuana' que, según uno de sus CEO, se embolsará en Europa 120 000 millones. Según Caulkins, dinero suficiente para comprar a muchos
políticos y a muchos expertos. Las consecuencias es que pasarán de 600 000 a un millón de usuarios.


Señorías, concluyo. ¿De verdad quieren ustedes legar esto a sus hijos?, ¿de verdad? ¿Les van a mirar a la cara y les van a decir que ustedes lo aprobaron? Nosotros les anunciamos que no queremos ese futuro para nuestros hijos ni para
nuestros nietos y que nuestra posición ante cualquier tentativa,

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explícita o no, presente o futura, de legalización de la marihuana o de cualquier tipo de drogas va a ser siempre y en cualquier ámbito una oposición frontal, incansable y sin fisuras.


Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Carazo Hermoso.


El señor CARAZO HERMOSO: Muchas gracias, presidente. Buenas tardes, señorías.


No hay drogas buenas y drogas malas, ni las drogas son de izquierdas o de derechas; las drogas son drogas y a quienes más han atacado en la historia de este país es a las clases más desfavorecidas.


Señorías, estas palabras no son mías, sino que fueron pronunciadas por el portavoz del Partido Socialista, el señor Viondi, en el debate de una proposición de ley similar del Grupo Más País que se debatió en esta Cámara en octubre de 2021.
Nunca pensé que citaría como argumento de autoridad al Partido Socialista, pero cuando el partido del señor Sánchez dice una verdad, algo que no es muy frecuente, hay que reconocérselo, y ahí tenía toda la razón el señor Viondi. (Aplausos). Porque
sí, señorías, el asunto del que hoy tratamos al inicio de este Pleno es la regulación de una droga, el cannabis y sus derivados. Lo es y así lo recoge la Convención de la ONU sobre Estupefacientes. Decía la señora Muñoz que es una planta. Es una
planta que está recogida en la Convención de la ONU sobre Estupefacientes. La lechuga es una planta, pero no sale en la Convención de la ONU sobre Estupefacientes; el cannabis, sí.


Lo primero que sorprende es esta carrera por ver quién presenta más iniciativas sobre la legalización del cannabis y más rápido: una proposición de ley de Más País, ya debatida, que se rechazó por cierto por 263 de los 350 diputados de esta
Cámara; esta del Grupo Republicano; otra de Unidas Podemos; cuatro proposiciones no de ley; una subcomisión sobre el uso terapéutico del cannabis, e iniciativas en el Senado. Lo que esto refleja es que los que están alejados de la realidad de
los españoles son ustedes, porque hay mucha prisa en esta Cámara para algo tan urgente como regular el cannabis, como hubo mucha prisa para eliminar el delito de sedición y rebajar la malversación, pero ni el Gobierno ni sus socios tienen ninguna
prisa en reformar la ley del sí es sí, que ya ha beneficiado a más de quinientos agresores sexuales, como ha vuelto a demostrar hoy el PSOE votando en contra de realizar un Pleno para tramitar su propia reforma en esta Cámara esta semana.
(Aplausos).


Señorías, coincidimos en que el consumo de drogas no puede ser un tema tabú, lo han dicho muchos grupos y es verdad. No es un tema que pueda ser tratado con ingenuidad. A lo mejor tampoco hay respuestas absolutas, no podemos ponernos una
venda en los ojos ante la realidad, pero hay que ver los datos. La encuesta sobre alcohol y drogas de 2022 del Ministerio de Sanidad señala que el cannabis es una de las drogas más consumidas, con datos preocupantes como que un 22,6 % de los
jóvenes entre 15 y 24 años han consumido cannabis en los últimos doce meses, porcentaje que se eleva al 27 % entre los hombres de entre 15 y 24 años, casi un tercio de la población. O que un 1,9 % de la población entre 15 y 64 años, unas 600 000
personas, tienen un consumo diario y problemático de cannabis que les ocasiona problemas para la salud. O, como reconoció la señora Rosique en esta tribuna en aquel debate de octubre de 2021, que la adicción al cannabis es una de las drogas que más
consultas médicas está generando entre los jóvenes. O que su consumo habitual genera, como recordó mi compañera Elvira Velasco en ese mismo debate o como ha recordado el propio delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, entre otros
efectos secundarios, bronquitis crónica, alteraciones cardiovasculares, brotes psicóticos y depresión. Señora Rosique, de eso estamos hablando y, por tanto, este asunto debería ser tratado desde una perspectiva científica y sanitaria, y no de
frivolidad ni de banalización. Seguro que en eso están ustedes también de acuerdo. Pero entenderá que un texto que lo más científico que recoge es una referencia al CIS de Tezanos no otorga a nuestro grupo demasiada confianza. (Aplausos).


Señora Rosique, incurren ustedes en contradicciones permanentes en este texto. Dicen que es malo y que es una adicción que hay que combatir, pero luego lo llaman recreativo. Dedican un título a la prevención de adicciones, a lo mejor por
cargo de conciencia, pero luego le dan su venta exclusiva a las farmacias y dicen -lo han dicho hoy- que es un medicamento. Mezclan churras con merinas, porque introducen el uso terapéutico para blanquear lo que es una ley de legalización total del
consumo de cannabis y de marihuana. Por cierto, ¿dónde han quedado -lo decía la señora Gorospe y es verdad- las conclusiones de una subcomisión en la que sí que comparecieron expertos en la materia sobre el uso terapéutico de estos medicamentos
ligados al cannabis? Nuestro grupo sigue manteniendo que existe ya

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una Agencia Española de Medicamentos que ha autorizado, de hecho, algunos medicamentos con compuestos cannábicos, y que es la agencia española la que debe ocuparse con garantías de este asunto.


Dan unos argumentos -que es mejor regular, que el Estado obtendría muchos ingresos, que se acabaría con las mafias y con el narcotráfico- pero, por analogía, si tuvieran razón en estos argumentos serían válidos para todas las drogas. ¿Por
qué no traen entonces un texto para regular todas las drogas? ¿O están diciendo que hay drogas buenas y drogas malas? ¿O están diciendo al menos que el cannabis es mejor que las demás drogas? Creo, señora Rosique, que estas señales solo confunden
a los más jóvenes y favorecen su consumo, especialmente entre los jóvenes. Lo dijo la última encuesta ESTUDES, el 15,4 % de los jóvenes que nunca han probado el cannabis lo probaría en caso de legalización.


Luego dicen que la carne es mala, que el azúcar es malo, que la bollería industrial es mala; ahora, el cannabis es bueno. Se apuntan a la lucha contra el tabaquismo -nosotros también; fue aprobada por unanimidad de esta Cámara-, pero
quieren que se consuma más cannabis, desconociendo que en el 80 % de los casos el consumo está asociado al tabaquismo, y lo dice esa misma encuesta del Ministerio de Sanidad. Son revolucionarios y quieren transformar la sociedad, pero luego, en el
caso del cannabis, hay que hacer caso a lo que dice el CIS de Tezanos.


Señora Rosique, regulan los clubes cannábicos, asociaciones para el cultivo y el consumo del cannabis, que fueron regulados y, como han recordado, eso fue declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional -aquella ley del Parlamento
de Cataluña- por un tema competencial no por un tema de fondo. Hacen referencia a la Ley de Uruguay -prácticamente la calcan-, y yo he podido hablar esta semana con trabajadores del Instituto de Regulación del Cannabis de Uruguay y me compartían
que, así como hay control de la producción en los predios del Estado, los clubes cannábicos están suponiendo un auténtico agujero negro para la venta ilegal y el tráfico de cannabis. Me decían que el narcotráfico no ha desaparecido, que afecta a
clases bajas especialmente y que el uso terapéutico apenas se ha desarrollado, pero que ha habido una explosión en el uso recreativo. Sí, hay que aprender también de la experiencia de esos países a los que ustedes hacen referencia, pero se quedan
solo en el titular.


Señorías, no nos equivoquemos de términos, no es una cuestión de libertad -no está ahora el señor Díaz, que reparte carnés de liberal-. Yo soy liberal, pero el liberalismo no consiste solamente en el laissez faire -debería releerse a
Hayek-, consiste también en defender los derechos fundamentales y hay un derecho fundamental a la protección de la salud que está en el artículo 43 de nuestra Constitución. Eso también es ser liberal.


Para terminar, me quiero dirigir al Partido Socialista. Fueron ustedes serios y contundentes en este debate en octubre de 2021, se lo tengo que reconocer, y coincidimos en esa postura. Yo lo que les pido hoy es que no cedan ante el ala más
radical de su Gobierno y ante sus socios radicales, porque ya lo han hecho en otras ocasiones; lo han hecho, por ejemplo, con la ley del sí es sí, y les ha ido como les ha ido. Sigamos en esta posición de defensa de la salud, de defensa de los
jóvenes y digamos no a un consumo de drogas que destruye vidas, destruye familias, destruye sociedades y destruye especialmente a los más jóvenes y a los más débiles de nuestra sociedad.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Sancho Guardia.


El señor SANCHO GUARDIA: Gracias, presidente.


Señora Rosique, el Grupo Parlamentario Socialista siempre ha tratado, desde el primer momento hasta hoy, de no confundir en ninguna ocasión el cannabis de uso medicinal y terapéutico con el uso recreativo que ustedes también incluyen en su
propuesta. Nos ha retado a los socialistas a dar un paso adelante; incluso el señor Díaz se ha atrevido a decir que nos falta valentía. Yo quisiera recordarle al señor Díaz que el valor se halla en ese lugar intermedio entre la cobardía y la
temeridad, y también recordarles una encuesta importante que aquí no se ha citado, que es la EDADES 2022, mucho más amplia que la del CIS, que dice que solo el 33 % de la población está a favor de la regulación del uso y la legalización del cannabis
y el 73 % está por endurecer las penas.


Dicho esto, hoy debatimos por segunda vez una Proposición de ley de Regulación Integral del Cannabis, y lo hacemos después del debate producido en Pleno hace un año con la proposición del Grupo Plural y tras la aprobación del dictamen de la
subcomisión para el estudio del uso medicinal del cannabis de junio pasado, subcomisión que finalizó con una serie de conclusiones y recomendaciones después de la comparecencia de expertos y agentes con experiencia. Fue un debate que desde el Grupo
Socialista

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hicimos pensando siempre que tenía que tener el mayor consenso posible y con varios ejes que en el fondo compartían todos los grupos que pertenecen a esta Cámara: que hubiera prescripción médica, seguridad jurídica y sanitaria para
pacientes y para sanitarios, y que tuviera el control de la Agencia Española de Medicamentos. Sobre estos ejes se construyó un consenso, que no existe en el día de hoy con su proposición. Ustedes pretenden con su texto básicamente regular el
cultivo, la producción, el comercio y el consumo del cannabis, tanto medicinal como recreativo, invocando la extensión de su uso. Nosotros siempre hemos defendido que son dos debates distintos, porque uno va a poder ayudar mejor a la calidad de
vida de miles de pacientes que sufren dolor y el otro no ayuda a ninguna persona en su calidad de vida.


Hoy presentan una proposición -con todo respeto- llena de inexactitudes, juicios de valor y contraindicaciones desde su preámbulo, que, por su carácter integral al incluir el uso recreativo, nos situaría al margen de las políticas de los
países de nuestro entorno. Ustedes hablan de la necesidad de resolver la contradicción que plantean los tratados internacionales ratificados por el Estado español. No, señora Rosique, su proposición va orientada a modificar el marco jurídico
actual; contradicción no, contraindicación, porque su propuesta va en contra del derecho internacional y de la Constitución. La realidad es que las normas vigentes en España se derivan de la Convención Única de la ONU, un tratado internacional
suscrito y ratificado por España, por la Unión Europea y por el grueso de la comunidad internacional, y que, conforme a lo previsto en el artículo 96.1 de la Constitución, es de obligado cumplimiento y de aplicación directa y preferente en nuestro
país. El cannabis es una sustancia incluida en la Convención única y, por tanto, sometida a fiscalización.


Ustedes apelan a la existencia de regulaciones en otros países. Por lo que respecta al uso medicinal del cannabis, saben que en nuestro país las normas sobre medicamentos vigentes permiten la autorización, prescripción y dispensación de
preparados con cannabis y financiados por el Sistema Nacional de Salud. Y, por lo que respecta al uso recreativo, solo hay cuatro casos en todo el mundo, con las salvedades en Estados Unidos de las diferencias entre Estados y Gobierno federal que
allí se plantean.


Señora Rosique, una cuestión es descriminalizar el consumo de drogas y la posesión de pequeñas cantidades con tal fin -como ya es el caso de España para el cannabis y para las otras drogas, y después ya sabe que lo han hecho otros países- y
otra cosa muy distinta es legalizar la producción y distribución de drogas -gran contraindicación-, que además está expresamente prohibido por la Convención Única.


También es una contraindicación si nos centramos en los aspectos sanitarios en general. Un mayor consumo de cannabis llevaría a un incremento de sus efectos adversos sanitarios y sociales. Además de sufrimiento, enfermedad y muertes
evitables, conllevaría un incremento de gasto para minimizar precisamente los daños en la población al aumentar su consumo. Los datos de la Unión Europea y en España los informes anuales del Observatorio de las Drogas y Adicciones así lo
corroboran.


También quiero hacer alguna consideración final en particular y brevemente. No estaría justificado ampliar el uso sin evidencia científica o cuando existan otros tratamientos efectivos más seguros. La Agencia de Medicamentos, y por mandato
de la subcomisión, está trabajando en este momento -y lo han comentado- en otros preparados para que cuando el conocimiento científico certifique su utilidad puedan ser utilizados. Al mezclar el uso del cannabis de manera general se hace muy
difícil aplicar la validación y control, que protegen al paciente. El cultivo personal de cannabis para fines médicos contraviene la Convención Única y, curiosamente, esto también contradice lo dispuesto en su artículo vigésimo primero, que incide
en la necesidad de contar con prescripción y supervisión facultativa. Su proposición también elimina la necesidad de prescripción médica en el caso del cannabis no psicoactivo. Su artículo vigésimo séptimo quebranta los mecanismos de control
médico y farmacéutico y contraviene lo dispuesto en la Ley de garantías, pero también el propio texto de su propuesta en su artículo vigésimo, y su propuesta vulneran principios fundamentales sobre la autorización de experimentación en seres humanos
con una simple presentación de declaración responsable.


En definitiva, señora Rosique, si todos los informes de las Naciones Unidas acreditan que todo aumento del consumo de cannabis con fines no médicos incrementará también los efectos adversos del cannabis en la salud pública con la inclusión
de los fines recreativos, resulta contradictoria la finalidad primordial establecida en el artículo primero 1. de su proposición de ley: proteger, promover y mejorar la salud pública de la población. Ya solo por eso nuestro grupo parlamentario no
puede apoyar su proposición de ley.


Gracias, presidente. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.

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- DEL GRUPO PARLAMENTARIO PLURAL, ORGÁNICA PARA LA DEROGACIÓN DEL ARTÍCULO 384 BIS DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL (Número de expediente 122/000250).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Continuamos con el orden del día relativo a la toma en consideración de la Proposición de ley del Grupo Parlamentario Plural, orgánica para la derogación del artículo 384 bis de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal.


Para la presentación de la iniciativa, tiene la palabra el señor Pagès i Massó.


El señor PAGÈS I MASSÓ: Buenas tardes, presidente.


Señorías, la proposición de ley que presentamos, la derogación del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, es decir, eliminar que se puedan suspender parlamentarios y cargos públicos en prisión provisional sin previa
sentencia, supone obviamente una mejora. Reducir el derecho de excepción, limitar la plantilla antiterrorista, no poner en riesgo principios fundamentales del Estado de derecho, como la presunción de inocencia, la división de poderes y la
inviolabilidad del Parlamento son mejoras en todo caso y en todas partes: para el Parlament de Catalunya, para el Senado, para el Congreso y para sus órganos de gobierno, porque eliminando este artículo se cierra la vía a una indebida intromisión
de los tribunales en su actividad. Pero derogar el 384 bis sobre todo es una mejora para los representantes electos y para los ciudadanos que los han votado, porque supone acabar con una reliquia de la política antiterrorista de los años ochenta,
de la misma época que el GAL, un artilugio desfasado cuya misma existencia y posibilidad de aplicación por parte de los jueces en sí misma asegura el abuso de derecho que se va a producir. El artículo 384 bis supone la suspensión de los cargos
públicos, parlamentarios incluidos, en situación de prisión provisional a partir de la firmeza del auto de procesamiento. Un juez de instrucción puede suspender a un parlamentario, sin mediar sentencia, con la simple acusación de violencia o
terrorismo. Se trata de un artilugio de dudosa constitucionalidad, que el Tribunal Constitucional avaló advirtiendo que es una previsión facultativa perfectamente prescindible, cuya razón de ser, en línea con los debates parlamentarios, era la
situación de violencia terrorista que marcaba el día a día en los años ochenta. En coherencia, el Tribunal Constitucional interpretó restrictivamente el término rebeldes a la actuación de bandas armadas y de elementos terroristas con una violencia
con uso de armas y explosivos, una violencia permanente, estable y con entidad para producir terror en la sociedad.


Todas las cautelas del Tribunal Constitucional se han demostrado inútiles con los jueces españoles, que aprovechan cada posibilidad que tienen para aplicar su agenda política, y sabemos todos de ejemplos recientes que lo demuestran. Su
aplicación abusiva a los presos independentistas elegidos en las elecciones catalanas de 2017 y en las generales de abril de 2019 supuso un claro caso de bis in idem, una sanción anticipada y una predeterminación del resultado del proceso penal en
el que estaban inmersos los diputados Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull, Jordi Sànchez y el senador Raül Romeva, y también el concejal en el Ayuntamiento de Barcelona Joaquim Forn. Todos ellos fueron apartados por las togas de la
representación que las urnas les habían otorgado. Nadie en su sano juicio podría pensar que en un Estado supuestamente democrático se iba a aplicar, más allá del terrorismo de ETA, una norma que, sin sentencia alguna, despoja a los representantes
públicos de su cargo. La suspensión indiscriminada de los líderes políticos independentistas evidenció que el 384 bis no es más que una herramienta en manos de los jueces para dar curso a su activismo político, una argucia procesal, un truco muy
simple pero muy gravoso en términos democráticos. El juez instructor acusa de rebelión y, por tanto, de violencia, sin fundamento alguno. Te mete en prisión injustamente -no sé si se acuerdan de lo que dijo el Grupo sobre Detenciones Arbitrarias
de la ONU- y sin mediar sentencia te suspende el cargo. El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en su dictamen de julio de 2022, establece que la aplicación del artículo 384 bis a los líderes políticos catalanes constituye una
violación del artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, referente al derecho a la participación en los asuntos públicos directamente o por medio de representantes libremente elegidos y el derecho a ser elegido y a
permanecer en el cargo si no media sentencia firme. Según Naciones Unidas, su aplicación incumple los requisitos de previsibilidad, proporcionalidad, objetividad y razonabilidad, y el artículo 25 del pacto.


Los hechos públicos y pacíficos a los que se refiere este dictamen de Naciones Unidas, es decir, lo que pasó ante todas las cámaras, en ningún caso deberían haber comportado la aplicación de tal medida. No solo esto, sino que el Comité de
Derechos Humanos obliga al Estado español a adoptar las medidas necesarias para evitar que se cometan violaciones semejantes en el futuro, a reparar el daño causado y a publicar el dictamen, y da 180 días para que España lo haga. Y lo debe hacer,
porque es un Estado

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firmante del protocolo facultativo del Pacto de Derechos Civiles y Políticos y, por tanto, ha asumido que el pacto le vincula.


Pues bien, ahora tenemos la oportunidad de cumplir con la resolución de Naciones Unidas, que es lo mismo que cumplir con las obligaciones que el propio Estado español ha asumido, y la mejor manera de cumplir con sus obligaciones es derogando
este artículo 384 bis. La ocasión hace al ladrón. Si esta norma deja de estar a disposición de unos jueces que tienen una agenda política propia, no habrá otra ocasión de que las togas roben el mandato de las urnas. El 384 bis es una norma
obsoleta; sin violencia terrorista, su mera existencia, su literalidad es un peligro que ni la jurisprudencia constitucional ni la reforma penal de 1995 -una reforma que suprimió la identificación entre bandas armadas y elementos terroristas y
rebeldes- ni la realidad de unos hechos públicos y pacíficos, que no encajaban en el supuesto ni a martillazos, han evitado que se materializara, al impedir el legítimo ejercicio de los derechos políticos de quienes profesan ideologías que no son
del agrado de las altas instancias del Poder Judicial. Con su derogación, evitaremos futuras intromisiones judiciales contra la soberanía de las Cámaras, contra la división de poderes y, por tanto, contra el Estado de derecho. Y también con su
derogación cerraremos la puerta a la vulneración del principio fundamental de la presunción de inocencia, que, de acuerdo con la jurisprudencia internacional en materia de derechos humanos, impide avanzar los efectos de la condena, y menos cuando se
trata de representantes de la soberanía popular.


Hace una semana, el Grupo VOX presentó una iniciativa para ampliar las causas de inelegibilidad a las personas bajo orden de busca y captura, una medida ad hominem contra el president Puigdemont. El señor Taibo Monelos, diputado del Grupo
Socialista, literalmente dijo que no están aquí para restringir derechos y que VOX -abro comillas- propone juzgar personas que no han sido juzgadas ni condenadas, eliminando un pilar de nuestro Estado de derecho como es la presunción de inocencia al
más puro estilo inquisitorial. En una democracia plena -continuaba el diputado Taibo- la presunción de inocencia debe estar por encima, y la inelegibilidad afecta a un derecho fundamental. Y acababa: La diferencia entre nosotros, los socialistas,
es que ampliamos derechos, y ustedes -VOX- restringen y eliminan derechos. Con estas palabras se diría que el PSOE va a votar a favor de la toma en consideración de la presente iniciativa, aunque debo reconocer que no soy muy optimista, porque
cuando se trata de represión contra un grupo objetivamente identificable, como es el independentismo catalán, ustedes, señores socialistas, no han tenido nunca ninguna duda de que sus aliados son VOX, PP y Ciudadanos. Son sus aliados cada día en la
Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, cuando se trata de hacer frente común para blanquear la represión judicial, o en el Parlamento Europeo y aquí mismo en esta Cámara para impedir que se investigue el mayor caso de espionaje político de
los últimos años, el catalangate de Pegasus. La pregunta que les hacemos a ustedes -que son los supuestos progresistas españoles- y que extendemos a todos los grupos de la Cámara, es: ¿Van a continuar aceptando la subordinación del Poder
Legislativo al Poder Judicial? ¿Van a dejar pasar esta legislatura sin haber hecho nada para acabar con el gobierno de los jueces, donde el derecho de excepción es el que manda?


Y acabo. Desde el 23 de febrero de 1981, cuando alguien abrió las puertas a las pistolas de los golpistas, el peor momento de esta Cámara, de este Congreso de los Diputados, llegó el 24 de mayo de 2019, cuando alguien abrió las puertas para
que, por segunda vez, entrasen pistolas en este hemiciclo; en este caso las de los policías que vinieron para llevarse a los diputados electos, para llevarse a los diputados Junqueras, Sànchez, Turull y Rull a Soto del Real. Ante el abuso de poder
de Marchena, ¿dónde quedó la preeminencia del Poder Legislativo? ¿Dónde quedó la supremacía parlamentaria? ¿Dónde quedó la división de poderes con sus contrapesos? ¿Dónde quedó la soberanía popular ante el abuso de poder de Marchena? Ante aquel
infausto auto de 12 de mayo de 2019, ¿dónde quedó la inviolabilidad del Congreso, consagrada en su Reglamento, una ley orgánica -por cierto, el Reglamento del Congreso de los Diputados es una ley orgánica- ¿Dónde quedó esta Mesa del Congreso de los
Diputados al plegarse ante la prepotencia de un juez que decidió que la Ley de Enjuiciamiento Criminal era la que prevalecía y no había lugar a suplicatorio? Por cierto, el suplicatorio, es una cosa, un invento, que no apareció de la nada, sino que
apareció precisamente para proteger la inviolabilidad de las Cámaras. Se lo voy a decir: Por los suelos.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.


En turno de fijación de posiciones, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Mixto, el señor Martínez Oblanca.

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El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señor presidente.


Votaré en contra de la toma en consideración de esta proposición de ley, que, con el pretexto de derogar el artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, pone en cuestión de una sola tacada la Constitución española, el Estado de
derecho y el Tribunal Supremo, y cuestiona también la limpieza de la presencia de España en organismos internacionales y el cumplimiento de sus resoluciones. En realidad, nada nuevo.


Esta iniciativa, promovida por el señor Pagès y demás diputados de Junts per Catalunya, reincide en los argumentos del independentismo en su ficticia estrategia victimista que, por otra parte, tan jugosos resultados les ha dado gracias a las
cesiones y concesiones de Pedro Sánchez, cual Enríquez Negreira en la sombra. Al respecto recuérdese el indulto a los condenados por el juicio del procés, la disparatada supresión a la remanguillé del delito de sedición, que deja inerme al Estado
frente a quienes quieran perpetrar ataques y amenazas a la unidad de España e incluso las proclamas desafiantes aquí mismo, en la sede de la soberanía nacional. Señorías, una y otra vez el separatismo repite machaconamente la cantinela de que
España no cumple con las recomendaciones e informes de organismos internacionales, lo que, siendo falso, les sirve de pretexto para cuestionar nuestro ordenamiento jurídico.


Hoy pretenden que se derogue en la Ley de Enjuiciamiento Criminal un artículo cuya vigencia data de 1988 y tiene el aval constitucional. La incorporación del artículo 384 bis al ordenamiento jurídico no tiene absolutamente nada que ver con
los procedimientos judiciales para perseguir la escalada delictiva iniciada en 2010, al hilo del irresponsable compromiso del señor Rodríguez Zapatero de apoyar un estatut que trituraba la igualdad entre españoles y territorios. Aquel fue el
banderazo para que los insaciables intenten menoscabar los pilares democráticos construidos desde 1978...


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, debe finalizar.


El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Derogar este artículo sería dar alas al independentismo.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.


Tiene la palabra el señor García Adanero.


El señor GARCÍA ADANERO: Gracias, señor presidente. Señorías, buenas tardes.


Usted es independentista, ¿no? ¿Defiende la independencia? ¿Y es diputado? ¿Y está aquí? ¿Y ha salido a defender eso? ¿Y no le ha detenido ningún juez, ninguna toga, como dicen ustedes? ¿No le han hecho nada? O sea, usted puede
defender la independencia sin ningún problema en esta tribuna, tranquilamente. Es que usted pretende engañar. Pero, claro, aquellos que no pueden hacer eso, es que habían cometido delitos, tenían auto de procesamiento... (Aplausos). Es que no
tiene nada que ver, no se puede vender la idea aquí de que uno no puedo defender lo que le dé la gana, porque usted puede defender lo que le dé la gana, porque la democracia española es muy generosa, no como en otros países de Europa, pero aquí sí.
Fíjese usted si puede hacer lo que le dé la gana que usted puede humillar nuestros símbolos, los símbolos comunes. Mire, por esa bandera (señala la bandera de España que hay situada a su espalda) ha muerto mucha gente en este país... (Aplausos).
Sí, esa bandera representa la democracia en España y la libertad. Sí, y ustedes, sin ningún problema, pueden humillar los símbolos del conjunto de los españoles, de los millones de españoles que, entre otras cosas, nos pagan el sueldo a todos.
También a ustedes. Por lo tanto, con los símbolos de España, más cuidado. Cuídenlos; sí, sí, hay que cuidarlos, no se pueden ultrajar, como hacen ustedes y como han hecho esta mañana en esta sede, en la sede de la soberanía nacional, en las
Cortes Generales. (Aplausos).


Y cuando viene aquí a hablar del pasado, como ha hecho, y ha hablado de los GAL, etcétera, ¿por qué no ha hablado de la otra parte, de por qué se puso? Ha hablado de cosas genéricas. No, no, se puso por la banda terrorista ETA, claro,
porque en las instituciones se sentaban asesinos. Sí, asesinos, gente que había asesinado se sentaba en las instituciones. ¿Y sabe qué pasa ahora? Que aquellos que eran compañeros de los asesinados son los que han hecho posible este Gobierno,
exactamente. Y ustedes quieren acabar con todo el procedimiento, con todo el proceso penal y con la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Oiga, ¿no tienen suficiente con todo lo que les ha dado ya Sánchez? ¿No tienen suficiente? ¡Hombre, por favor,
pero si es que hacen lo que les da la gana!


Por lo cual, de momento parece ser que hoy con esta ley no se van a salir con la suya.


Muchas gracias. (Aplausos).

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El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.


Tiene la palabra la señora Vehí Cantenys.


La señora VEHÍ CANTENYS: Gracias, presidente.


Lo que nos plantea hoy Junts per Catalunya es una cuestión de derechos fundamentales. El artículo 384 bis de la LECRIM permite sin sentencia firme suspender la condición de cargo público por motivos de terrorismo y de banda armada. Hoy no
existe ninguna de las dos situaciones y, sin embargo, fue aplicado a los presos catalanes. ¿Por qué? Pues porque las medidas de excepcionalidad penal se justifican por razones que siempre son más importantes que los derechos fundamentales y
después se quedan en el ordenamiento jurídico haciendo estragos.


El artículo es de 1988, pero la batalla contra ETA fue motor de innombrables atropellos a los derechos fundamentales, como la ilegalización de partidos y organizaciones juveniles. Precisamente, esta semana se cumplen veinte años del cierre
de Egunkaria, con torturas a periodistas incluidas que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos reconoció en 2012 y por ellas condenó al Reino de España. En 2018, el mismo Tribunal de Derechos Humanos dictaminó que los condenados por el proceso
Bateragune no tuvieron un juicio justo. Y es que cuando se toman medidas que paralizan los derechos civiles y políticos, precisamente con la bandera de los derechos fundamentales, la paz y la democracia, siempre conllevan injusticias y sirven para
justificar medidas autoritarias en Euskal Herria y también en Cataluña.


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.


Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Legarda Uriarte.


El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidente.


Debatimos la toma en consideración de una iniciativa que propone el comienzo de la tramitación parlamentaria para la derogación del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, precepto que, como ya se ha señalado, tuvo antecedente
en el artículo 22 de la Ley Orgánica 9/1984, la llamada ley antiterrorista, en desarrollo del artículo 55.2 de la Constitución, y que permitía suspender determinados derechos fundamentales, entre ellos el de cargo público, una vez sea firme el auto
de procesamiento a los miembros de bandas armadas u organizaciones terroristas y a los acusados de rebelión integrados en estas, tal y como fue interpretado por el Tribunal Constitucional en su sentencia 199/1987, a raíz de un recurso de
inconstitucionalidad planteado por el Parlamento vasco. Precepto aquel de la Ley Orgánica 9/1984 que, una vez perdida su vigencia al tenerla limitada temporalmente, volvió a incorporarse al ordenamiento jurídico a través de la Ley Orgánica 4/1988,
de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, con su actual contenido y redacción en el artículo 384 bis, añadiendo como requisito para la suspensión provisional de cargo público al que ya era conocido de auto firme de procesamiento el de
prisión provisional y mientras durara esta situación.


Quiero recordarles, señorías, que el Grupo Parlamentario Vasco durante la tramitación de estas dos leyes orgánicas que les he citado puso objeciones y reparos a las mismas, al igual que quiero recordar también, entre otros, el señor Tamames,
tan en boca de todos estos días. Dichos reparos estaban basados junto a otros en que una cosa es la imposibilidad física para ejercer algunas de las funciones de cargo público por estar privado de libertad y otra distinta es la suspensión
automática ope legis de toda función.


Como quiera que sea, señorías, finalmente, el Tribunal Constitucional, en su sentencia 71/1994, también a raíz de otro recurso del Parlamento vasco, determinó la constitucionalidad del referido 384 bis por, según dice la sentencia, haber el
legislador prescrito en negativo uno de los requisitos para el mantenimiento del ejercicio de una función o cargo público, concretamente el no encontrarse en situación de prisión provisional como consecuencia del procesamiento por delito de
integración o relación con banda armada o individuos terroristas o rebeldes. Y sigue, bien por ser vista esta circunstancia por el legislador como inconciliable con la presencia del procesado por estos delitos en el desempeño de una función o cargo
público o, más sencillamente -continúa-, como incompatible con la concesión de cualquier permiso de salida de prisión para la eventual realización de actos concretos que supongan ejercicio de tal función o cargo. Añadiendo con posterioridad en las
sentencias 11/2020 y 71/2021 que, de la literalidad del 384 bis y por su conexión con la configuración legal del derecho fundamental a acceder y mantenerse en cargo público, no cabe una interpretación limitadora del concepto de rebelde a aquellos
casos en que pueda identificarse o considerarse coincidente con el de banda armada, tal y como se hizo al enjuiciar la constitucionalidad de la Ley Orgánica 9/1984, la ley antiterrorista, que era precisamente lo que se reclamaba en los recursos de
amparo que dieron lugar a las dos últimas sentencias citadas.

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Hasta aquí, señorías, la génesis del precepto que tratamos y la jurisprudencia sobre el mismo y sus antecedentes, que no solo considero que es oportuna en sí misma, sino también y a nuestro juicio para tomar posición sobre la toma en
consideración de la iniciativa, sin olvidar que estas sentencias del Tribunal Constitucional juzgan la constitucionalidad de unas normas, pero no condicionan al legislador a que opte por otro modelo distinto. Porque, señorías, el asunto de fondo
que plantea el artículo 384 bis respecto a los cargos electos, a los representativos, es por un lado su automatismo, ya que la suspensión aparece indeclinablemente unida a la concurrencia de la situación definida en el precepto; y, además, el no
dejar margen para limitar el ámbito subjetivo de aplicación en relación con la expresión individuos rebeldes, al no vincular la restricción legal del derecho fundamental a acceder y mantenerse en el ejercicio de cargos públicos con el empleo de
armas o explosivos, bien por las personas procesadas o por el grupo en el que presuntamente se integran o con el que se relacionan; o, dicho de otra manera, por considerar incursos en el artículo 384 bis y sus consecuencias a aquellas personas
electas por presuntos delitos, también sobre la base de hechos públicos y pacíficos con anterioridad a la existencia de una condena.


En este sentido, nos parece oportuno poder reflexionar en el seno de la correspondiente ponencia y comisión sobre las consideraciones al efecto vertidas por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que doy por reproducido por la
intervención de algún portavoz que me ha precedido. También hay que reflexionar sobre la conveniencia legislativa de limitar el ámbito subjetivo del artículo 384 bis, al modo como también se realizó en relación con el concepto individuo rebelde en
la sentencia que ya he citado 199/1987, respecto a su significado en la Ley Orgánica 9/1984, cuando se articularon las limitaciones a determinados derechos fundamentales contenidos en el artículo 55.2 de la Constitución. Asimismo, hay que
reflexionar como dispone el prelegislador en el anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal, ahora pendiente de informe por el Consejo General del Poder Judicial, cuando aborda la suspensión de cargo público y las reglas especiales para adoptar
medidas cautelares personales para electos.


Por todo ello, señorías -y voy finalizando, presidente-, nuestro grupo votará a favor de tomar en consideración la iniciativa para su posterior debate y tramitación parlamentaria.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.


Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Bal Francés.


El señor BAL FRANCÉS: Gracias, presidente. Buenas tardes a todos.


Señor Pagès, sabe que le tengo respeto, pero hoy ha dado aquí la imagen de mal abogado, que es lo que nos ha pasado muchas veces a muchos que hemos ido a un pleito y lo perdemos porque no se podía ganar, y entonces lo mezclas todo: que si
los convenios de derechos humanos, que si las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que si VOX trajo el otro día el tema de las causas de inelegibilidad, que no sé qué tiene que ver con esto. En fin, toda una especie de bola, una
especie de pelota para que así parezca un discurso político atractivo, pueda usted poner sus tuits, y sus votantes estén encantados.


Yo, lamentablemente, les digo que les voy a aburrir porque les voy a hablar de derecho. Aquí se pueden hacer encendidas intervenciones, pero el artículo 384 bis -el señor Legarda lo ha contado muy bien- es un artículo que establece, sin
más, que si hay un auto de procesamiento y se ha dictado y decretado la prisión provisional por delitos muy graves, supone inmediatamente la suspensión de empleo o cargo público hasta que no se salga de prisión o hasta que se dicte la sentencia
absolutoria o la sentencia condenatoria que no lleve aparejada la suspensión. Bueno, hay un auto de procesamiento, pero no sé si la gente sabe lo que es eso.


Se trata de una persona respecto de la cual un juez de instrucción ha apreciado que hay indicios racionales de criminalidad por haberse cometido delitos graves, es decir, a un juez le parece que una persona ha cometido delitos graves, pero,
es que, además el auto es firme. Ah, vaya, o sea que no es el capricho de un juez fascista que quiere atacar al independentismo que representan el señor Pagès o la señora Nogueras; no, es un juez de instrucción que ha apreciado que hay indicios
racionales de criminalidad, si bien, tú has podido recurrir al órgano superior colegiado, que también estará lleno de fachas, me imagino, claro. Pero es que, además, se ha dictado el auto de prisión provisional por otro juez, y solo se puede dictar
a instancias de la Fiscalía y solo por causas tasadas. Es una medida, la de la prisión provisional, que tiene que ser proporcional y necesaria en el sentido de imprescindible. Asimismo, es una medida que solo se puede adoptar cuando se trata de
delitos que están castigados con penas de más de dos años o para reincidentes, y es una medida que solo se puede adoptar para evitar el riesgo de fuga, para evitar la destrucción de pruebas, para evitar que se vuelva a atentar contra la víctima y
para evitar

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que vuelvan a cometer delitos. Y, resulta que un juez, un fiscal o un órgano superior, al que se ha recurrido, ha decidido que parece que se ha cometido un delito, que puede haber riesgo de fuga, que puede ser que vuelva a haber reiteración
delictiva, que puede ser que se destruyan pruebas y que puede ser que se perjudique gravemente el servicio público de la justicia. Pero ustedes dicen que este sujeto tiene que estar en su despacho ocupando un cargo público, o sea, ejercitando
competencias de la máxima relevancia, pudiendo, en el ejercicio de sus competencias públicas, hacer daño de nuevo a la víctima, gastándose el dinero de todos, malversándolo, y todos los españoles pagándole su sueldo. A mí, sinceramente, me parece
que su discurso, señor Pagès, no tiene ni pies ni cabeza.


Es una medida cautelar, como otras varias que existen en nuestro ordenamiento jurídico penal, absolutamente proporcionada y absolutamente lógica. Porque usted está hablando, como siempre, de Oriol Junqueras, de Rull, de Turull de Romeva,
pero, fíjese, a lo mejor en un policía que ejerce cargo público y que, por ejemplo, ha sido detenido, procesado y que está en prisión provisional por pertenecer a una organización terrorista, ¿es que puede seguir ejerciendo de policía? Pero,
hombre, por favor. ¡Es que su planteamiento es ridículo! Como no tiene absolutamente ningún argumento, lo lía todo en esta pelota que ha montado en su discurso. En su planteamiento escrito dice que esto lesiona el derecho a acceder a los cargos
públicos del artículo 23 de la Constitución. ¡Pero qué está usted diciendo, hombre, si todos lo sabemos! La propia sentencia que ha leído el señor Legarda -por cierto, acogiendo las alegaciones de mi compañero, el abogado del Estado, en el año
1994- dice que el derecho al ejercicio de cargos públicos tiene que moverse siempre dentro de la legalidad, cumpliendo con los requisitos legales. En cuanto a la presunción de inocencia, ¿va usted a pretender derogar todas las medidas cautelares
hasta que no exista la sentencia firme? ¡Menudo disparate! ¡No tienen ustedes argumentos de ningún tipo, de ningún tipo!


En Ciudadanos, la limpieza democrática, el que estén los mejores -y no gente procesada o en prisión provisional- al servicio de los intereses públicos, esa limpieza al ocupar los cargos públicos, es una seña de identidad. Su compañero
diputado y abogado de Puigdemont, don Jaume Alonso-Cuevillas, por el cual proceso también un gran respeto, con el que me he enfrentado muchas veces en juicio, y catedrático de Derecho Procesal, dice que se trata de un precepto de redacción
desafortunada, y estoy de acuerdo con él. ¡Estoy de acuerdo con él! Es un precepto de redacción desafortunada porque lo que hay que hacer es ampliar el número de delitos a los que hay que aplicarlo: a todos los delitos contra la Constitución, a
todos los delitos contra el derecho de gentes y el derecho internacional, a todos los delitos contra la Administración pública. A todos los delitos contra el orden público hay que aplicarles la suspensión inmediata y automática del ejercicio del
cargo público del funcionario cuando se ha dictado el auto de procesamiento y cuando se ha decretado el auto de prisión provisional.


Señores del Partido Socialista, he leído noticias que dicen que esto de la derogación del 384 bis se lo van a dar ustedes al PDeCAT. Ya les digo yo que como esto entre como enmienda en alguna de las leyes de eficiencia procesal o digital
que tenemos ahora mismo en tramitación en la Comisión de Justicia, mi grupo va votar que no solo por esta enmienda. Así, pues, hagan el favor de tomarse en serio el servicio público de la justicia, que es lo que hace el artículo 384 bis de la Ley
de Enjuiciamiento Criminal.


Gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.


Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra la señora Telechea i Lozano.


La señora TELECHEA I LOZANO: Gràcies, president. Bona tarda diputades i diputats.


En el Estado español existe una democracia profundamente imperfecta. Somos conscientes de que esto no gusta a muchos de ustedes, pero para otros muchos ciudadanos es una obviedad, y en mi país es una evidencia.


En este Estado, las personas condenadas por delitos de opinión se cuentan por docenas. En este Estado se ha espiado a líderes políticos independentistas, quebrantando todos sus derechos civiles. En este Estado está vigente una ley mordaza
pensada y aplicada para combatir la disidencia política y la movilización social. En este Estado se han infiltrado policías en movimientos sociales y vecinales dels països catalans para realizar investigaciones de forma absolutamente ilegal e
inmoral. En este Estado están en funcionamiento dos centros de estancia temporal de inmigrantes y siete centros de internamiento de extranjeros, conculcándose cada día los derechos más básicos de personas muy vulnerables. En este Estado hay jueces
que retuercen la ley y aplican un régimen de arbitrariedad que viola el Estado de derecho y el principio de legalidad de forma flagrante. En este Estado han existido y existen presos polítics

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i exiliats. Insisto, a algunos les puede sonar duro, puede no gustarles, pero para la mayoría de ciudadanos y en mi país esto ya es una evidencia.


Nada de esto pasa inadvertido tampoco en las instancias internacionales. Las enormes evidencias del Estado español a la hora de cumplir los requisitos propios de un Estado de derecho son muy evidentes. Varios informes de organizaciones
internacionales ponen de relieve que en el Estado español hay graves carencias relativas a la independencia judicial, la lucha contra la corrupción en el alto nivel, la libertad de expresión, los derechos de las personas inmigrantes y la reparación
de las víctimas del franquismo. Concretamente destacan que España suele ignorar las recomendaciones de la Unión Europea relativas a los derechos fundamentales y al funcionamiento de una democracia, como, por ejemplo, la renovación del Consejo
General del Poder Judicial, exigida por la Comisión Europea, así como la necesidad de crear una autoridad audiovisual independiente. Estas vulneraciones nos afectan a todas, y la responsabilidad y obligación de denunciarlas en todas las instancias
posibles es también nuestra.


En ese mismo marco de actuación, siguiendo esta misma estrategia, el vicepresident Oriol Junqueras y els consellers Raül Romeva, Josep Rull y Jordi Turull, al haberse visto cesados injustificadamente de sus responsabilidades por la
aplicación de este artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, iniciaron acciones internacionales frente al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, ello debido a que la actuación vulneradora del Estado español había contravenido un
tratado internacional tan elemental como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, concretamente el artículo 25. Quiero recordar que el referenciado precepto, como ya se ha dicho, establece la igualdad de toda la ciudadanía en el
acceso a la participación política, sufragio activo y pasivo y el desarrollo de funciones públicas. Pues bien, como ya se ha dicho también, en fecha 12 de julio de 2022, El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas dictaminó que la aplicación
del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por parte del Estado español contra los líderes independentistas supuso una vulneración del derecho internacional. Esta condena, además, se produce en conexión con el informe de la Comisión
de Venecia del 13 de marzo de 2017, que en su apartado 572 también conminó a España a una diferente aplicación del referido artículo de la ley procesal penal, amparándose en el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Todas estas
referencias y condenas internacionales deberían servir para dar un paso más en la lista de avances democráticos, para pasar también en este aspecto de la denuncia a la transformación, porque no se puede apartar arbitrariamente a los disidentes
políticos de sus cargos sin una sentencia firme y un proceso judicial neutral, homologable y con todas las garantías.


Esa ha sido y es la estrategia de Esquerra Republicana, nuestra estrategia antirrepresiva. Gracias a esta estrategia, hoy nueve personas duermen en sus casas con sus familias y también hoy algunos de los compañeros de Junts podrán
presentarse en las próximas elecciones. Todas las resoluciones internacionales en contra del Estado español no son casuales, son fruto de nuestra estrategia. Nos alegra que Junts haya visto, con esta proposición de ley, que la estrategia de
Esquerra Republicana puede ser buena o no, puede gustar más o no, pero es la única que hay sobre la mesa, y esta estrategia pasa por la lucha, la denuncia, la movilización y la transformación política. (Aplausos). Pero por pequeños avances que se
vayan produciendo no podemos resignarnos mientras haya una sola vulneración de derechos produciéndose por la arbitrariedad del sistema; no nos pueden llevar al conformismo, sino que deben reafirmarnos en la necesidad de continuar con la lucha
contra la injusticia.


Para terminar, señorías, me gustaría evocar una imagen, y con esto termino; muchos de ustedes la presenciaron, como yo, hace algo menos de cuatro años. Se trata de la entrada en este hemiciclo de Oriol Junqueras, Jordi Turull, Jordi
Sánchez y Josep Rull y la entrada de Raül Romeva en el Palacio del Senado, todos ellos hombres de paz injustamente encarcelados que salían de prisión para recoger su acta de parlamentarios como presos políticos y por imperativo legal. Eran unas
personas que sufrían una situación de extrema injusticia y que sabían que no les sería permitido ejercer las funciones para las que sus conciudadanos les habían elegido. Sin embargo, se personaron en esta Cámara parlamentaria con el fin de defender
un ideal de justicia, de avance democrático. Hoy, recordando la dignidad que transmitieron aquel día esos hombres de paz, anunciamos nuestro apoyo a esta iniciativa legislativa.


Gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.


Por el Grupo Parlamentario de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra el señor Pisarello Prados.

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El señor PISARELLO PRADOS: Gracias, presidente.


Señor Bal, la verdad es que si el muy liberal Marqués de Beccaria se levantara de la tumba y escuchara su concepción de lo que son los tipos penales y lo que es el derecho penal, seguro que le daba un ataque y volvía a morirse de inmediato.


En todo caso, señor Pagès, es verdad que el debate que usted trae aquí se presenta en un contexto preocupante, que es el de la utilización del derecho procesal penal como un instrumento para limitar de forma espuria derechos democráticos y
para proscribir a adversarios políticos. Como usted seguramente sabe, en mayo de 2019 la Mesa del Congreso tuvo que resolver si aplicaba la exigencia del juez Marchena de que se aplicara automáticamente el artículo 384 bis de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal para suspender a una serie de diputados independentistas. En aquella ocasión y a poco de unas elecciones municipales, el Partido Socialista, el Partido Popular y Ciudadanos votaron en contra de esa decisión, y la diputada
Gloria Elizo y yo mismo nos opusimos a ella. Estuvimos en contra, como es obvio, no por coincidencias programáticas con su partido, sino porque entendíamos, desde esa perspectiva garantista y liberal en ese sentido, que esa utilización del derecho
procesal penal constituía un menoscabo claro de los derechos de las personas que habían votado a esos diputados, que constituía un menoscabo de la separación de poderes y también de la autonomía de esta Cámara. Estuvimos en contra, por tanto, sin
hacer ningún cálculo partidista, sino por convicción garantista y por convicción democrática. Nos opusimos porque no nos olvidamos, como se dijo aquí, de la maniobra utilizada para condenar injustamente al presidente del Parlamento vasco, José
María Atutxa, del Partido Nacionalista Vasco, por defender la autonomía parlamentaria. Nos opusimos porque sabíamos que para esa derecha judicial, política, mediática, auxiliada por grupos de ultraderecha, como Manos Limpias o VOX, la actuación con
independentistas vascos o catalanes era solo un anuncio de lo que pretendían hacer con activistas sociales andaluces o madrileños y contra cualquiera que no encajara en su proyecto para una minoría de privilegiados.


Por ese entonces, de hecho, nosotros veníamos de experimentar el caso de nuestra compañera, Vicky Rosell, quien por dignidad republicana había tenido que dejar su acta de diputada ante la operación infame de un juez falsario y hoy en prisión
como Salvador Alba. Más tarde, ya en esta legislatura, experimentamos también el caso de Alberto Rodríguez, apartado inconstitucionalmente de su cargo como consecuencia de una nueva operación espuria de la derecha judicial a la que nos opusimos
frontalmente, esta vez también con el diputado Javier Sánchez Serna, y desgraciadamente solos en defensa de sus derechos y de la dignidad de esta Cámara. Lo que quiero decir con esto, señor Pagès, es que nuestro grupo parlamentario, que no es un
grupo independentista, no dudó nunca en defender los derechos de miembros de su partido, porque sabíamos que lo que estaba en juego eran las libertades de todos y porque sabíamos lo que teníamos en frente, y lo que teníamos en frente era una derecha
neofranquista, contraria al pluralismo y a principios básicos, que sigue incrustada como una costra de alquitrán en diferentes estratos del Estado. Por eso todavía recuerdo que los diputados de Unidas Podemos -repito, no solo de Cataluña, de
Murcia, de Andalucía, de Galicia, de Aragón, de Canarias, de esa España que ustedes muchas veces ven como irreformable, cuando no atrasada- nos opusimos a esa apelación en contra de su partido utilizando este artículo, y lo hicimos, repito, con la
misma convicción que nos opusimos a la aplicación del artículo 155 de Rajoy, interpretado a la Fraga, denunciando las cargas policiales del 1 de octubre o criticando el discurso sectario de Felipe VI del día 3, y lo hicimos también con la misma
convicción con la que todavía hoy seguimos denunciando a un Tribunal Supremo que, en fraude de ley, pretende actuar como una tercera cámara legislativa para inhabilitar a políticas y políticos independentistas, republicanos, de izquierdas, pero al
que costaría ver aplicando este artículo concreto de la LECRIM contra un levantamiento de los amigos de Bolsonaro en esta Cámara, emulando lo que ocurrió en Brasil. El problema, señor Pagès, lo que hemos echado en falta, es que ustedes tuvieran una
actitud semejante cuando estas operaciones judiciales son jaleadas por grandes grupos económicos vinculados a la derecha política contra activistas, contra sindicalistas o contra fuerzas progresistas o de izquierdas. Y no lo digo por usted, que es
un jurista garantista, al que conozco y respeto, sino porque el grupo al que usted representa está cada vez más escorado a posiciones de orden que son incapaces de cuestionar los privilegios de grandes grupos económicos que también participan en
operaciones de guerra judicial, que le hacen daño, y mucho, a nuestra democracia.


Yo vengo de Barcelona y, como usted sabe, allí la alcaldesa, Ada Colau, por ejemplo, ha sido objeto de innumerables querellas sin fundamento por querer municipalizar el agua, por defender el derecho a la vivienda de familias sin alternativa
habitacional, por defender los derechos del taxi, por enfrentarse a lobbies inescrupulosos como Agbar, MK Premium, Communauto, VTC y como algunos grandes fondos

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buitres que esquilman nuestras ciudades. Todas esas querellas, señor Pagès, han sido difundidas en medios y en redes sociales acompañadas de bulos y de falsedades. Todas y cada una de ellas se han ido archivando, y lo triste, señor Pagès,
es que su fuerza política, que hoy pugna por ser esa fuerza de orden, por volver a ser la vieja Convergència de Jordi Pujol, siempre está al lado de los grandes lobbies, de las derechas que los jalean y de los bulos y falsedades que difunden. ¿Cómo
se explica eso? (Aplausos).


Lo que le digo de Barcelona, se lo puedo decir también de activistas, de sindicalistas injustamente perseguidos en Madrid, en Andalucía, en Murcia, en muchos de esos sitios de los que salieron representantes que defendieron a su diputado
aquí, en el Congreso, y yo no he visto esa reciprocidad. Lo que yo he visto es esa obsesión por parecerse a la Convergència que llevó en su momento a la Audiencia Nacional -no lo olvidamos- a ocho jóvenes que acabaron condenados a tres años de
prisión por protestar legítimamente ante el Parlamento. Yo lo que he visto demasiadas veces en esta Cámara es esa tendencia a exigir la solidaridad al resto, incondicional siempre, cuando los poderes del Estado los atacan a ustedes y, en cambio, a
ponerse rápidamente de costado de los poderosos cuando las víctimas son otras.


¿Recuerda usted lo que le dijo Niceto Alcalá-Zamora al entonces dirigente de la derecha catalanista, Francesc Cambó? ¿Lo recuerda? Más o menos le dijo que no se podía querer ser al mismo tiempo Bolívar en Cataluña y Bismarck en España.
Pues yo creo que a usted lo que le pasa es algo parecido, pero al revés. Usted viene aquí, a Madrid, a hacer de Bolívar de Cataluña, pero resulta que su partido en Cataluña quiere ser Bismarck o quizá quiere ser Pujol, y eso lleva a compañías
extrañas, peligrosas y a pedir solidaridades unilaterales que casi nunca son recíprocas.


Gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.


Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Figaredo Álvarez-Sala. (Aplausos).


El señor FIGAREDO ÁLVAREZ-SALA: Muchísimas gracias, señor presidente.


Estamos hoy aquí por una iniciativa que viene de uno de esos grupos independentistas, que si no fuese por lo tristísima que es la situación -que ya es la norma, no es la excepción-, debería provocarnos carcajadas.


La Ley de Enjuiciamiento Criminal prevé para toda aquella persona que haya sido procesada -que exista por lo tanto un auto de procesamiento, es decir, que ha pasado toda la instrucción penal- por delitos relacionados con pertenencia a banda
armada, que esa persona quedará suspendida en la representación pública que estuviese desempeñando. Vamos a ponerle a esto nombres y apellidos, porque esto viene de Junts per Cat, que es este partido independentista catalán, que era Convergència i
Unió, pero que, como ya saben ustedes, por la corrupción que se le caía encima, llevó a cabo ese proceso de refundación, secesión y rebranding, que diría ahora un moderno. Ese partido terriblemente corrupto viene hoy a decirnos que a todos aquellos
concejalillos que se dedicaban a quemar contenedores, romper escaparates, patear a nuestros policías nacionales y a la Guardia Civil, a todos esos que además perciben un sueldo público (aplausos), a todos esos hay que seguir pagándoles la sopa boba
con el erario, encima, de todos los españoles. (Aplausos). Porque -y aquí voy a la cuestión que debería producirnos risa- todos estos grupillos independentistas -piensen ustedes en Junts per Cat, en Esquerra Republicana, no tan grupillo, cuidado,
incluso Bildu- son muy antiespañoles, odian todo lo español, procuran socavar sistemáticamente todas las instituciones del Estado y, sin embargo, para cobrar el sueldo público son los más patriotas. (Rumores.-Aplausos).


Los señores de Junts per Cat, cuatro diputaditos, cobran casi 400 000 euros al año, pagados por los contribuyentes de Badajoz, de Sevilla, de Huelva, de Asturias y de Lérida. (Aplausos). Para eso no tienen absolutamente ningún reparo. Los
señores de Esquerra Republicana -recuerdan ustedes, Gabriel Rufián, que iba a estar aquí unos pocos meses- trincan casi un millón de euros al mes. No protestan ni un poquito, ni un poquito. El dinero español sí que les gusta, ahí España no les
roba, ¿eh? No, señor. Pero es que Bildu, los combativos de Bildu también cobran bien del erario español. El señor Oskar Matute -que hoy no está, no vaya a ser que se gane el sueldo con su presencia-, de esos amigos de la ETA, cobra 117 000 euros
al año del Estado español que tanto deplora. (Aplausos). Y lo que yo pregunto es: ¿Qué opinan los electores catalanes o vascos, que creen que los adalides de la independencia están aquí para representarles y, sin embargo, reciben el oro del
César? ¿Qué van a pensar de ustedes, traidores, Judas, que venden la independencia y luego se forran a costa del Estado español? (Aplausos). ¿Qué van a pensar? ¿Acaso irán ustedes a sus electores a darles el beso en la mejilla como Judas el
traidor hizo? (Aplausos). Porque ustedes, que prometían estar aquí unos pocos meses, ahora están atornillados a sus

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sillas, riéndose, riéndose, porque les da exactamente igual todo. Presentan un panfleto cualquiera disfrazado de teoría jurídica, que no se soporta, que no se soporta, se ríen y, mientras tanto, trincan y trincan, y estiran el famoso chicle
de la independencia, con su ensoñación y con todas sus historias. Y por el camino, ¿qué hacen? Forrarse a costa de todos los españoles. Porque, no se confundan, Esquerra Republicana cobra ese millón de euros al mes, los señores de Junts per Cat
cobran esos casi 400 000 euros al mes e incluso los señores anticapitalistas de la CUP trincan la pasta a fin de mes bien contentos. Claro, contra eso no tienen queja.


Como les decía, esto sería una estafa a sus electores, pero es que ustedes emplean el dinero de los españoles para socavar de forma sistemática cada una de las instituciones públicas que tocan, para insultar a la Guardia Civil, para insultar
a los jueces, a los que apodan de togas que dicen que si son fascistas o que si no, pero, por el otro lado, siguen cobrando de España. (Aplausos). Esta situación, que es tristísima, lamentable y con la que debemos acabar más pronto que tarde, es
apoyada sistemáticamente por el Partido Socialista y por Podemos, que, en cuanto pueden, rebajan las penas para los sediciosos, eliminan el delito de rebelión, rebajan incluso las penas para aquellos políticos que trinquen dinero público para sus
fines particulares, llámense putas y coca del Partido Socialista o llámense referéndums ilegales de los independentistas catalanes. (Aplausos). Nos encontramos con que los independentistas, con el dinero público español, se forran, y el Partido
Socialista, con la representación que los pobres electores estafados del socialismo le han dado, apoya a aquellos que socavan las instituciones públicas. ¡Pobre España! Pero, gracias a Dios, aún hay esperanza, porque está aquí VOX para plantarles
cara a todos ustedes, porque creen que pueden engañar a los electores con sus mentiras, pero a nosotros no, y pelearemos cada día para desenmascararles y para que los españoles de sus circunscripciones vean lo ladrones...


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, finalice, por favor.


El señor FIGAREDO ÁLVAREZ-SALA: ... y mentirosos que son ustedes.


Muchísimas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Bermúdez de Castro Fernández.


El señor BERMUDEZ DE CASTRO FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.


Señorías, dicen que la constancia es el último refugio de los que carecen de imaginación. De imaginación y yo diría también que de utilidad, señor Pagès, porque, de verdad, ¿no tienen otra iniciativa que proponernos?; de verdad, ¿no tienen
otra iniciativa que sea más útil y persiga mejorar la vida de la gente?, ¿o lo único que les interesa en esta legislatura es intentar eliminar obstáculos legales para alimentar su ilusorio objetivo secesionista? Porque eso, en definitiva, es lo
que nos traen esta tarde y lo que persiguen con la iniciativa de derogar el artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y por eso no van a contar con nuestro apoyo.


Señorías, dicho precepto ha sido y tiene que seguir siendo una herramienta jurídica en manos de nuestros jueces y tribunales para la defensa de nuestro Estado de derecho. Y no confundan, esta medida de suspensión temporal del ejercicio de
cargo público electo no se ha aplicado a personas inocentes ni tampoco a hombres de paz. Esta medida se ha aplicado a personas sobre las que había recaído un auto de procesamiento firme y sobre las que se había decretado prisión provisional,
personas que después fueron condenadas a penas de prisión e inhabilitación absoluta porque se habían alzado en abierta sedición contra el Estado (aplausos), porque habían desobedecido las resoluciones de los tribunales, porque habían desafiado el
orden constitucional y porque habían malversado recursos públicos con el objetivo de romper la integridad territorial del Estado. Por tanto, no confundan, porque no eran inocentes, eran culpables, señorías. Por eso el Tribunal Constitucional avaló
en el año 2020, por unanimidad, el auto de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que suspendía de cargo público a los señores Junqueras, Romeva y resto de procesados. Fue una medida provisional que el Tribunal Constitucional entendió -fíjense-
que se insertaba en la persecución de delitos que conllevaban un desafío mismo a la esencia del Estado democrático, ratificando así su sentencia 71/1994, que ya había establecido que la aplicación del artículo 384 bis de la LECRIM a los
parlamentarios no suponía una vulneración de sus derechos representativos reconocidos por nuestra Constitución en su artículo 23. Y, ¿por qué, señorías? Pues

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sencillamente porque todos los ciudadanos y todos los poderes públicos, incluyendo también al Poder Legislativo, quedamos sin excepción sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, sin que quepan espacios de inmunidad
frente a ella, que es lo que persiguen ustedes con esta iniciativa. Y no manipulen ni cercenen el dictamen del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, porque además de lo que ya se ha dicho en esta tribuna, el propio Comité considera que en
el caso examinado el dictamen constituye en sí mismo una reparación suficiente sobre el fondo de la reclamación, por lo que no habría que reparar nada más.


Señor Pagès, no contento con el numerito de esta mañana de apartar la bandera de España en la sala de prensa de este Congreso -del que espero tome buena nota la Mesa del Congreso-, usted ha salido a esta tribuna a desacreditar a los jueces,
acusándoles de argucias procesales, de activismo político o de abuso de derecho como justificación a su iniciativa, y eso, además de inadmisible, es una falta de respeto a la separación de poderes que invalida políticamente el conjunto de su
iniciativa. (Aplausos). Para eso sí ha sido muy valiente, pero no les he escuchado realizar ni el más mínimo reproche a las actuaciones delictivas derivadas de lo que se ha conocido por el procés. Es más, nos dicen que no descartan volver a
repetir. Por eso entenderán que está más que justificado -yo diría que es imprescindible- seguir contando con instrumentos como el artículo 384 bis de la LECRIM para defender nuestro Estado de derecho y el orden constitucional. Y es que, señorías,
carecería de sentido que quienes en un futuro pudieran encontrarse en prisión provisional por estar procesados por delitos de terrorismo o rebeldes puedan seguir ejerciendo un cargo público, porque, señorías, son conductas delictivas muy graves que
afectan al núcleo del Estado y a los pilares de nuestro sistema constitucional.


Califican de legítimo ejercicio de derechos y de legítima actividad política lo que se vivió en Cataluña en octubre de 2017. Definitivamente, tienen ustedes un conflicto con el Estado de derecho, con la ley y también con la democracia. Se
lo he dicho en alguna otra ocasión y se lo repito porque es de primero de democracia: No cabe contraponer legitimidad democrática a legalidad. ¿Y saben por qué? Porque en democracia nada es legítimo si no es además legal; porque la democracia
nace con la libertad, pero vive siempre con la ley, y por eso, en democracia, las leyes son siempre expresión de libertad y no de represión, como ustedes dicen. Fuera de la ley no hay ni reglas ni derecho, y sin reglas ni derecho no hay ni libertad
ni convivencia, y ahí se acaba todo. (Aplausos). Así que dejen de separar legalidad y legitimidad, porque están juntas en el mismo lado; dejen de identificar el procés como un proceso democrático, y dejen de utilizar términos de manera tramposa,
porque, es verdad, votar es sin duda un acto plenamente democrático, pero se convierte en un acto profundamente antidemocrático cuando se hace en contra de la ley.


Miren, les guste o no les guste, la causa del secesionismo fracasó el día que quiso imponerse a la democracia. Por eso no obtuvieron ningún respaldo internacional. Su república imaginaria huyó con un prófugo de la justicia a Waterloo, con
un prófugo y con las más de 7000 empresas que salieron de Cataluña, demostrando que su desafío lo único que produjo fue más división y más empobrecimiento para los catalanes; eso fue lo único que consiguieron. Reflexionen un poco sobre ello.


Y, señores socialistas, ya han oído lo que algunos han dicho desde esta tribuna. Son ustedes los que en esta legislatura han sido capaces de faltar a sus principios y a su palabra y cambiar indultos y justicia por votos, eliminando el
delito de sedición con tal de mantenerse en el poder. Son ustedes los que están apoyando y dando estabilidad a un Gobierno de Esquerra Republicana en la Generalitat de Catalunya, aprobando sus presupuestos. Y a cambio de todo esto, a cambio de
todas esas cesiones y humillaciones, ¿a qué han renunciado Esquerra y el resto de las fuerzas independentistas y secesionistas? A nada, señorías. Es más, no solo no han renunciado a ninguno de sus objetivos, sino que repiten desafiantes que lo van
a volver a hacer. Ese es su error y su fracaso, y les aseguro, diga lo que diga el señor Tezanos, que los españoles se lo van a hacer pagar en las urnas, y si no se lo creen, no se preocupen, porque pronto, muy pronto, van a tener ocasión de
comprobarlo. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Aranda Vargas.


El señor ARANDA VARGAS: Gracias, señor presidente.


Señor Pagès, qué cómoda se ve a la ultraderecha en estos debates, cómo se gustan con esta retahíla. Hoy sí que se ha ganado el sueldo el portavoz de VOX, no como su líder, que viene aquí los miércoles cinco minutos y se va. Su líder, ¿para
qué va a venir? ¿Cómo era su lenguaje? ¿Trinca? Si trinca 4 millones

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de una fundación, y no lo digo yo, lo dice una exdirigente que se sentaba ahí hace cuatro días, ¿para qué va a venir? Ese sí que se gana el sueldo fuera del Congreso. (Aplausos).


Señorías de Junts, mi grupo no comparte la oportunidad ni la justificación ni los motivos que ustedes señalan en esta proposición para proceder a la derogación del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Nuestro voto, por
tanto, será en contra de la admisión a trámite de esta iniciativa.


Señorías, sobre la propuesta intervendré brevemente, porque ya se han dicho muchas cosas. Este artículo supone la adopción de una medida cautelar vinculada con delitos graves y muy graves, en los que precisamente el bien jurídico protegido
exige la previsión de poder adoptar la medida si la autoridad judicial lo considera pertinente. Y ustedes proponen derogar sin más este artículo, sin más alternativa, cuando, por ejemplo, ya se ha dicho también que la sentencia del Constitucional
del año 2021 consolida la doctrina de otras sentencias, de modo que la aplicación de la medida de suspensión contemplada en este artículo no vulnera los derechos reconocidos en el artículo 23.2 de la Constitución. Pero es que, además, usted, y no
es la primera vez, en su exposición nos cita, me cita, cita a un comité de expertos independiente, y yo, sinceramente, sin ánimo de desacreditar ni su papel ni los miembros del mismo, le he de recordar dos cosas. En primer lugar, que los dictámenes
del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas constituyen meras recomendaciones y no resultan jurídicamente vinculantes. Y, en segundo lugar, y casi más importante, que las Naciones Unidas se expresan, tal y como dice su Carta, por sus órganos
principales, que son la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social, el Consejo de Administración Fiduciaria, la Corte Internacional de Justicia y la Secretaría General de la ONU; todos ellos establecidos en virtud de
su Carta de fundación. Yo creo que es bueno que las cosas queden matizadas y explicadas en su justa medida por la gente que nos escucha, porque si no, ustedes se creen sus propias mentiras porque ni vincula ni obliga ni expresa el sentir de la ONU.


Hay otras cuestiones más políticas, a la luz de los argumentos expresados por algunas de sus señorías, porque, visto el debate, una vez más algunos de ustedes siguen encallados -y ya les gusta- en la política del enfrentamiento y la
división, y en una etapa de crispación que muchos vemos ya superada; porque la España de este año y la Cataluña de este año 2023 deben mirar al futuro, y ustedes siguen mirando y siguen embarrados, como hemos visto hoy, en el pasado. Me llama
poderosamente la atención cómo una y otra vez volvemos a los mismos argumentos, y no, señorías, España no es una democracia fallida, como nos quieren hacer ver algunos portavoces independentistas. No es una democracia fallida. Sus argumentos son
retorcidos, son falsos y son injustificados. Cada vez que suben a este atril lo dicen y yo se lo quiero refutar. Por cierto, curiosa manera de denunciar la represión, la persecución el hacerlo desde la tribuna de este Congreso, desde este atril.
Así que ni España es un Estado fallido, antidemocrático ni represor ni, señores de la derecha, el independentismo es una causa general que haya que perseguir o demonizar. Ciertamente, para los no independentistas, nuestra tarea política y
democrática es construir argumental y políticamente una alternativa que la mayoría de la ciudadanía catalana quiera adoptar, alejándola de extremos y de rutas que no conducen a ninguna parte. Creemos nosotros que la independencia no es buena ni
deseable para Cataluña, así lo defendemos y así lo explicamos. Por eso, solo desde el respeto a la otra parte, desde el diálogo, desde el acuerdo, se puede construir un futuro sólido, y es obvio que hay partidos que ni lo quisieron en 2017 ni lo
quieren en 2023 ni obviamente lo querrían si gobernaran este país.


Señor portavoz, desde el aprecio que sabe que le tengo, porque hemos coincidido legislando, hay un argumento recurrente en su dialéctica y también en la del portavoz de su grupo que no me cansaré de refutar cada vez que suba a esta tribuna,
porque Cataluña no es Junts y Junts no es Cataluña. Tampoco el PSC, pero el PSC ganó las elecciones autonómicas hace dos años. Cataluña es la suma de todos nosotros, y la voz de Cataluña no es propiedad de nadie, ni suya ni mía. Esto no va de que
usted llegue aquí y diga: 'Cataluña piensa...', y los demás catalanes tengamos que aceptar y asumir sin más lo que su Cataluña piensa. No. En la defensa de Cataluña y los catalanes no nos van a dar ninguna lección, ninguna; nunca. (Aplausos).


Para acabar, diré que evidentemente yo no soy nadie para valorar en qué usan su cupo de proposiciones de ley, faltaría más. Pero si mi memoria no me falla, la última la usaron para hablar del Tribunal de Cuentas y esta para el 384 de la
LECRIM. Y, como ustedes se llenan la boca de Cataluña, sí creo necesario que la ciudadanía sepa y valore en su justa medida cómo medimos su aportación, la de su grupo, al progreso de los catalanes y de las catalanas. Porque usted nos pide el apoyo
a esta ley, pero ¿qué votó Junts en algunas de las principales leyes de esta legislatura -muy compleja, por cierto-, leyes que afectan, y mucho, a la vida de catalanes y catalanas? Pues mire, yo se lo digo. Presupuesto del Estado de 2021, en

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contra; de 2022, en contra; de 2023, en contra; decreto para la bajada del precio de la luz, abstención; decreto para paliar efectos sobre el gas por la guerra de Ucrania, en contra; reforma laboral, en contra -debe ser que no hay paro
en Cataluña-; Ley del Deporte, en contra; ley de memoria, en contra; ley de empresas -¡hombre, empresas!, ahí, quizá...-, abstención. Hay más: ley de FP, abstención; real decreto de consecuencias económicas de la guerra, en contra; ley de
telecomunicaciones, abstención; ley de ciencia, abstención; ley de educación, abstención; ley de residuos -ojo-, en contra; ni el PP votó en contra. Ustedes y VOX, que tanto se buscan, aquí se encontraron.


Señoría, podría seguir, pero creo que es evidente que los intereses de su partido van por un lado y los de Cataluña van por otro.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.


ACUERDO DE TRAMITACIÓN DIRECTA Y EN LECTURA ÚNICA DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:


- ACUERDO DE TRAMITACIÓN DIRECTA Y EN LECTURA ÚNICA DEL PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 28/1990, DE 26 DE DICIEMBRE, POR LA QUE SE APRUEBA EL CONVENIO ECONÓMICO ENTRE EL ESTADO Y LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA. (Número de
expediente 121/000142).


- ACUERDO DE TRAMITACIÓN DIRECTA Y EN LECTURA ÚNICA DEL PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 12/2002, DE 23 DE MAYO, POR LA QUE SE APRUEBA EL CONCIERTO ECONÓMICO CON LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO. (Número de expediente
121/000143).


- ACUERDO DE TRAMITACIÓN DIRECTA Y EN LECTURA ÚNICA DEL PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE APRUEBA LA METODOLOGÍA DE SEÑALAMIENTO DEL CUPO DEL PAÍS VASCO PARA EL QUINQUENIO 2022-2026. (Número de expediente 121/000144).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Pasamos al acuerdo de tramitación directa y en lectura única de los siguientes proyectos de ley: por la que se modifica la Ley 28/1990, de 26 de diciembre, por la que se aprueba el
Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra; por la que se modifica la Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco; y por la que se aprueba la metodología
de señalamiento del cupo del País Vasco para el quinquenio 2022-2026, que se tramitan acumuladamente.


De conformidad con lo acordado por la Junta de Portavoces, se abre un turno de tres minutos para que los grupos parlamentarios fijen su posición.


Por el Grupo Parlamentario Vasco EAJ-PNV, tiene la palabra la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea.


La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias, presidente. Arratsalde on danori.


Como no puede ser de otra manera, nuestra posición va a ser a favor de este trámite de autorización para la tramitación en lectura única de los tres proyectos de ley por los que se modifican la ley del Convenio navarro, la ley del Concierto
Económico y la ley por la que se aprueba la metodología del señalamiento del cupo para el País Vasco para el quinquenio 2022-2026. Lo cierto es que hasta el año 2021 nunca había sido cuestionado este procedimiento en sí y, además, se votaba por
asentimiento. Tampoco hubo un debate en este sentido con motivo de la última modificación del convenio navarro, que tuvo lugar hace apenas cinco meses y, por lo tanto, entiendo que hoy será una cuestión de oportunismo y partidismo político para
algún grupo.


El procedimiento es muy claro: de tramitación directa y en lectura única, porque la propia esencia de la foralidad, el pacto, exige que haya un acuerdo entre Gobiernos, y ese es el acuerdo que se vota, un acuerdo bilateral y pactado que las
Cortes solo pueden ratificar o devolver, pero que no se puede enmendar o modificar unilateralmente. Es un procedimiento al uso de los tratados internacionales, por lo que no procede el trámite ordinario que siguen otras leyes. Además, la
jurisprudencia constitucional ha ratificado la tesis según la cual la justificación de la aplicación del procedimiento de lectura única reside precisamente en la naturaleza negociada y paccionada de los textos tramitados conforme a esta variante
procedimental. Así ha sido reconocido por el Tribunal Constitucional en tres sentencias que dicen que el Concierto, el cupo y, por ende, el Convenio navarro son paccionados entre administraciones, literalmente. Es decir, hay

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una fase de negociación previa entre ambos Gobiernos que se plasma en un texto acordado por ambas partes y una segunda fase aprobada mediante sendas leyes del Estado en artículo único, sin que puedan introducirse, como he dicho, enmiendas de
ninguna clase. Por lo tanto, no cabe otro procedimiento. Es un procedimiento, por tanto, preceptivo y legal, que sigue lo que dice la propia ley del concierto cuando dice que cualquier modificación del presente Concierto Económico se hará por el
mismo procedimiento seguido para su aprobación y se procederá por ambas administraciones de común acuerdo. Asimismo, lo dice el convenio navarro en su artículo 6.


Hoy, y por mucho que algunos se empeñen en decir lo contrario, este procedimiento no significa pérdida de garantía alguna para el resto de grupos parlamentarios, puesto que pueden rechazar o apoyar los citados proyectos; es decir, rechazar
o apoyar las decisiones que han sido adoptadas, por un lado, en las sesiones de la Comisión Mixta del Concierto, celebradas el 17 de noviembre y el 27 de diciembre de 2022, así como en el seno de la Comisión Negociadora de Navarra, en la sesión
celebrada el 28 de diciembre de 2022. Este debate se suscitará, desde luego, el jueves.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.


Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Bal Francés.


El señor BAL FRANCÉS: Presidente, buenas tardes otra vez.


El procedimiento en lectura única, por el procedimiento de urgencia, se regula en el artículo 150 del Reglamento del Congreso de los Diputados, dentro de los procedimientos especiales y se justifica en aquellos casos cuya naturaleza lo
aconseje o la simplicidad de la formulación de la iniciativa lo permita; simplicidad o naturaleza de la cuestión, de la iniciativa, del proyecto de ley. Pues bien, fíjense, lo que vamos a ver, el cupo vasco, el Convenio navarro, se contempla en la
disposición adicional primera de la Constitución española, que ampara los derechos históricos de los territorios forales -Constitución que nosotros asumimos y respetamos, que debe ser cumplida-, se regula en la Constitución y en los estatutos de
autonomía.


Vamos a ver el artículo 41 del Estatuto de Autonomía del País Vasco. Resulta que el cupo vasco se regula de la siguiente forma: El País Vasco contribuirá al sostenimiento de las cargas generales del Estado mediante la aportación de un cupo
global integrado por los correspondientes a cada uno de sus territorios históricos. Bueno, esto parece que hay que traducirlo de alguna manera. La Ley 12/2002 dice que se procederá a aprobar la metodología de señalamiento del cupo en el
quinquenio, y la ley actualmente vigente, que es la Ley 11/2017, respecto a la determinación del cupo, dice en su capítulo 2: determinación del cupo líquido del año base. Esto es lo que vamos a aprobar por el procedimiento de lectura única, por el
procedimiento de urgencia, ¿vale? Escuchen bien: 'El cupo líquido del año base del quinquenio 2017-2021 se determinará por la aplicación del índice de imputación al importe total de las cargas no asumidas por la Comunidad Autónoma y mediante la
práctica de los correspondientes ajustes y compensaciones'. ¡Hombre, algo de tranquilidad y de sosiego para saber lo que dice este precepto no estaría mal para aplicar el procedimiento ordinario y no la urgencia y la lectura única! Porque aquí hay
cosas muy raras de entender. Estarían bien unos expertos; estarían bien unos técnicos que valoraran, precisamente, el importe de estos servicios que presta el Estado en el País Vasco, que son: los fondos estatales de compensación; las
subvenciones y transferencias, como puede ser el ingreso mínimo vital; la participación en la deuda pública del Estado español o -¡ah!- el incremento de las pensiones. ¡Anda! ¿Y todo esto en lectura única y por el procedimiento de urgencia? Esto
es el cheque que les tienen que pagar a estos señores (señala los escaños de la parte central del hemiciclo). ¡Esto se llama vivir de gorra en el País Vasco! (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.


Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Comú, tiene la palabra la señora Garrido Gutiérrez.


La señora GARRIDO GUTIÉRREZ: Sí, desde el escaño, muy brevemente, solo para dar la conformidad con la tramitación establecida, puesto que, como ya se ha explicado, estamos hablando de normas que tienen que ver directamente con una expresión
de la foralidad y su naturaleza negociada y pactada, que no puede ser impugnada por estas Cortes. Por lo tanto, la lectura única es el procedimiento adecuado.


Gracias. (Aplausos).

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El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.


Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra la señora Cañizares Pacheco. (Aplausos).


La señora CAÑIZARES PACHECO: Gracias, presidente.


Vamos a ver. Legislar sobre asuntos ordinarios utilizando procedimientos extraordinarios de urgencia o especiales sabemos que es la dinámica del Gobierno de Sánchez para dar respuesta, no a las necesidades de la sociedad española, sino para
completar la hoja de ruta de la ideología y cumplir así los pactos con los partidos políticos que le hicieron presidente, aquellos con los que -mintiendo a los españoles- dijo que jamás pactaría. Sin embargo, cuando la situación requiere de
extraordinaria urgencia por su gravedad, se van al procedimiento ordinario, sin prisa, mientras salen a la calle y ven rebajadas sus condenas violadores y agresores sexuales. ¡Todo un ejercicio de coherencia interesada!


Así pues, si hablamos de procedimientos especiales, y en concreto del que nos ocupa, consideramos que la tramitación directa y en lectura única debería ser utilizada de forma excepcional para la aprobación de iniciativas legislativas que no
requieran de un extenso proceso deliberativo por razón de la escasa relevancia política o social de su objeto o por la poca complejidad técnica de su regulación. En el Grupo Parlamentario VOX entendemos que la tramitación en lectura única de estos
proyectos referidos al Convenio navarro, Concierto y cupo vasco no son cosa menor, puesto que hablamos de la asignación de los recursos públicos, de los presupuestos y, por tanto, del bienestar de todos los españoles. (Aplausos). Un debate que,
además, se hará de forma atropellada y acumulada, y este procedimiento -así lo afirmamos- hurta a esta Cámara la posibilidad de someter estas iniciativas legislativas a un debate adecuado, riguroso y conforme a la trascendencia e importancia de
estos asuntos. Y es que la reforma sobre el sistema de financiación autonómico para otras quince comunidades autónomas lleva años aparcado en el ministerio, hoy de la señora Montero; un sistema que provoca desigualdad para los españoles. Sin
embargo, el sistema de financiación ad hoc para unos cuantos españoles parece que no puede esperar ni un minuto más. Pero la reforma como mal menor, sin embargo, de otras leyes que ponen en peligro a mujeres y excarcelan a violadores no corre
prisa, esa sí o sí puede esperar.


Por tanto, ¿estamos ante una decisión de interés general o ante una decisión de interés particular del PSOE -también del PP- para continuar siendo beneficiario de los favores del PNV? No se puede pactar la contribución al sostenimiento de
los gastos públicos de todos entre partes, a espaldas de los españoles, a espaldas de los representantes de la soberanía nacional. Será legal, pero es ilegítimo, como lo es este Gobierno.


Gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Elorriaga Pisarik.


El señor ELORRIAGA PISARIK: Gracias, presidente.


Se confunden, señores de Ciudadanos y de VOX, al oponerse al sistema habitual de tramitación de los proyectos de ley del concierto económico y del convenio. Se confunden porque esta norma deriva directamente de la Constitución, y esta
-deberían ustedes saberlo y compartirlo- no se acepta a beneficio de inventario, con reservas mentales o por partes; es un todo susceptible de reforma, pero es un todo no troceable. A unos no les gusta la indisoluble unidad de la nación española,
a otros les molesta la monarquía, unos no quieren diputaciones, otros detestan las comunidades autónomas. Cada uno, sin duda, puede defender lo que le plazca, pero todos, y sobre todo ustedes, deberían ser más escrupulosos a la hora de respetar la
integridad del texto constitucional. (Aplausos). Lo ha dicho con mucha claridad nuestro Alto Tribunal: la Constitución no es el resultado de un acuerdo entre instancias territoriales históricas que conserven derechos anteriores al pacto
constitucional, sino que es una norma emanada del poder constituyente, el pueblo español, que se impone con fuerza vinculante, sin que puedan quedar amparadas situaciones históricas anteriores. Es, por lo tanto, de la Disposición Adicional Primera
y no de la legitimidad histórica de estos textos, de estos derechos históricos, de donde se obtiene su validez y su vigencia; no tiene otro origen más que la Constitución.


Y eso no impide atribuir, como lo hacen el Estatuto de Autonomía de la Comunidad vasca y la Ley de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral navarro, un carácter paccionado a la norma por la que se regula el sistema tributario de los
territorios históricos y su aportación al sostenimiento de los gastos comunes. La potestad originaria para exigir tributos corresponde exclusivamente al Estado, mediante ley

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aprobada en Cortes Generales, y ese fundamental aspecto de la Constitución queda perfectamente garantizado precisamente con la tramitación que estamos haciendo de estos proyectos. La singularidad vasca y navarra, como también la canaria de
la Disposición Adicional Cuarta, no chocan con la Constitución, emanan de ella y por eso deben ser rigurosamente respetadas también en este trámite parlamentario.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchísimas gracias, señor Elorriaga.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora García Gurrutxaga.


La señora GARCÍA GURRUTXAGA: Gracias, señor presidente. Arratsalde on jaun-andreok.


Señorías, debatimos hoy acordar la tramitación directa y en procedimiento de lectura única de tres proyectos de ley referidos a la relación financiera singular entre el Estado, la Comunidad Foral de Navarra y la Comunidad autonómica vasca.
Como saben, las leyes que regulan tanto el concierto como el convenio establecen que en el caso de que se produjera una reforma en el ordenamiento jurídico del Estado en materia tributaria se procederá a su pertinente adaptación. Pues, desde las
últimas reformas de ambos, convenio y concierto, se han producido una serie de cambios tributarios, entre ellos los relativos al cumplimiento de la normativa europea en materia de fiscalidad verde y economía circular, y más recientemente, el
establecimiento de gravámenes temporales a las grandes empresas del sector energético y la banca, así como la creación del impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas, todos ellos señas de identidad de este Gobierno liderado por Pedro
Sánchez, que ha hecho de la cohesión y de la justicia social la base fundamental de su acción política. Por lo tanto, esta tramitación responde a la voluntad de cumplimiento del mandato constitucional y de los acuerdos comprometidos por las
administraciones del Estado, la Comunidad Foral de Navarra y la Comunidad autónoma vasca, y es una tramitación de sí o no, de estar de acuerdo o estar en contra, porque la fórmula para el cálculo es la que es y el resultado da lo que da y no admite
enmiendas parciales; a favor o en contra. (Aplausos). Y, señorías, no estamos ante una prebenda ni ante una supuesta claudicación ante las aspiraciones nacionalistas, estamos ante un acuerdo, un pacto, que se toma en un marco de lealtad mutua,
acuerdo que es escrupulosamente respetuoso con el principio de solidaridad con el conjunto del Estado.


Permítanme recordarles, señorías de Ciudadanos y de VOX, a ustedes que se autoproclaman constitucionalistas y que reparten carnés al respecto, que tanto el Concierto Económico vasco como el Convenio de Navarra tienen su anclaje en la
Disposición Adicional Primera de la Constitución española. Por tanto, la aprobación de estos proyectos de ley cumple, lo quiero reiterar, con un mandato constitucional; una Constitución que mal que les pese a algunos, reconoce y ampara los
derechos históricos de los territorios forales, su autogobierno y su capacidad de gestión tributaria en el ámbito de su territorio, y ello siempre atendiendo, por supuesto, a la estructura del Estado en materia de fiscalidad.


Por eso mismo, por coherencia con el ejercicio de convivencia cívica que supone cumplir con la Constitución, con el Estatuto de Guernica y con el amejoramiento del Fuero, pedimos el acuerdo de la Cámara para su tramitación directa y en
lectura única.


Eskerrik asko. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.


PROPOSICIONES NO DE LEY:


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO PLURAL, SOBRE LA CONCESIÓN DE PERMISOS PARA LA PREVENCIÓN DEL SUICIDIO. (Número de expediente 162/001141).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Pasamos al punto del orden del día relativo a proposiciones no de ley. Comenzamos con la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Plural, sobre la concesión de permisos para la
prevención del suicidio.


Para la presentación de la iniciativa, tiene la palabra el señor Errejón Galván.


El señor ERREJÓN GALVÁN: Gracias, señor presidente.


Señorías, si algo caracteriza nuestra época es que nos hemos declarado la guerra a nosotros mismos, una guerra contra el planeta y contra el clima; una guerra contra el de al lado, que es un recurso del que valerse o un competidor al que
pisar; y una guerra contra cada uno de nosotros, contra nuestros cuerpos y nuestras mentes. Y esta guerra la estamos perdiendo, porque esta guerra solo se puede perder. Por eso, millones de personas sufren, y por eso cada día once personas se
quitan la vida en nuestro país.

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El modelo actual de sociedad no se sostiene, porque es ecológicamente inviable, porque es socialmente injusto, pero también -atrevámonos a decir la verdad- porque es psicológicamente insoportable. Si mañana desaparecieran las
benzodiacepinas, el alcohol, la cafeína y los antidepresivos, España colapsaba, y lo sabemos todos aquí y, sin embargo, hacemos como si no pasara nada, como si fuera normal un modelo que solo subsiste con toneladas de psicofármacos. La inmensa
mayoría, todos en algún momento no podemos más, nos rompemos; tenemos la sensación de no hacer o no ser nunca suficiente, de tener la culpa, de no estar a la altura o de no encajar, de hacernos daño o de hacérselo a quien queremos, de vivir al
ritmo frenético de las pantallas, de vivir bajo la dictadura sonriente de una ideología del éxito, que esconde por debajo mucha soledad, que esconde muchas frustraciones, que esconde mucha angustia, mucha ira y mucha pena. Pero nos equivocaríamos
si esto lo viviéramos como una suma de casos individuales que se multiplican porque sí. Este malestar no te pasa solo a ti, no es solo una condición individual, es también una condición de época, la nuestra, la época del malestar, y este malestar
tiene que ser politizado. Yo sé que ahora está de moda decir que no hay que politizar las cosas. Cuando alguien dice que no hay que politizar las cosas está diciendo que las vivas solo, que las vivas en silencio y que las sufras solo. Politizarlo
es decir que tiene causas, que tiene soluciones, que de esta se puede salir, pero que no se sale solos, que se sale juntos, y como pueblo, que un país es lo que te cuida cuando no cuida nadie más de ti.


Se trata, sin duda, de un fenómeno que tiene muchas causas. Vivimos cada vez con menos tiempo para nosotros y para quienes queremos, de casa al trabajo y del trabajo a casa, con la atención colonizada por las pantallas, sin espacio ni
tiempo para las cosas que de verdad nos gustan. Estamos cada vez más comunicados y, sin embargo, cada vez más solos, sin saber cuidar de nosotros ni hacernos cargo del resto. Vivimos cada vez con más miedo al futuro, a tropezar y no levantarnos, a
la precariedad, a no poder levantar proyectos de vida, a no tener nunca nada estable en la vida. Una política del siglo XXI se tiene que hacer cargo de esto que nos pasa o no se hará cargo de la época. Se tiene que hacer cargo del derecho al
tiempo y del derecho a la pausa, a parar, porque nadie es libre si no tiene tiempo. Se tiene que hacer cargo de una renta básica universal que garantice el derecho a una existencia libre, libre del miedo a final de mes, libre del agobio, libre de
no saber si vas a poder pagar un techo, libre de no saber si vas a poder formar una familia, y se tiene que hacer cargo de un radical reparto de la riqueza para que la tranquilidad no dependa de tu herencia o de tu código postal.


Es cierto, sin embargo, que una sociedad más justa, más democrática y más libre, no acabaría con el dolor, la vida seguiría doliendo porque es consustancial a nuestra condición humana, pero mientras tanto podemos hacer mucho para
democratizar el derecho a la ayuda. La vida no tiene por qué doler tanto y a tantos, no tiene por qué haber tanta desigualdad en el reparto del dolor y tanta desigualdad en el reparto del consuelo. Es verdad que el dolor no entiende de clases,
pero la ayuda, el derecho a que te ayuden, sí entiende de clases. Son quienes llevan vidas más duras quienes tienen más dificultades para ponerle nombre a lo que les pasa, para recibir ayuda para afrontarlo, para recibir herramientas con las que
hacerse cargo, y eso cuesta dolor y cuesta vidas, aunque a menudo sean dolor y vidas que se cobran y se sufren en silencio. Nosotros rasgamos hace dos años el tabú de la salud mental. Al principio, recibimos risitas; luego, hubo más atención.
Pronunciamos por primera vez en este Congreso palabras como Lexatin, Diazepam, trastorno de conducta alimentaria, suicidio, esquizofrenia o depresión, y hoy cada vez hay menos vergüenza. Es verdad que eso es una batalla cultural y una victoria
cultural de todos, pero no basta.


Señorías, ha llegado la hora de discutir de recursos, porque, si no, la diferencia entre el consuelo o el desconsuelo, la diferencia entre la soledad o la compañía, entre estar desarmado o tener herramientas para hacer frente a lo que te
pasa va a seguir dependiendo de si tienes 70 euros a la semana para ir a terapia. Este es un reparto político del dolor y es un reparto moralmente inaceptable y humanamente insostenible. Por eso, señorías, hacen falta políticas públicas que
garanticen el derecho a la salud mental. Eso cuesta dinero, pero ahorra dolor y salva vidas. Nos han escuchado decir que hay que multiplicar las plazas PIR para que haya más psicólogos en la pública. No puede ser que cuando acudes al centro de
atención primaria te digan que la próxima cita es para dentro de un año. Nos han escuchado decir que hacen falta orientadores en los institutos públicos, que suelen ser la primera línea para detectar los problemas, para prevenir, para cogerlos a
tiempo. Nos han escuchado decir que hacen falta más plazas en los centros de día, con más médicos, con más enfermeros y con el derecho a quedarte el tiempo que necesites, no como si te trataran como un número. Por eso, señorías, no nos vuelvan a
felicitar por abordar el tema, pongan recursos suficientes en la sanidad pública para que la salud mental sea un derecho. Hoy les venimos a traer una propuesta concreta, sencilla, barata e inmediata para un problema

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urgente con uno de sus efectos más brutales y más duros. Cada día se quitan la vida en España once personas porque no pueden más, repito, once al día. Es evidente que esto es un fracaso como país, pero es que lo intentan muchas más
personas y muchas más dan señales sin que nadie haga caso y atienda esas señales.


Señorías, el acompañamiento es clave; estar solo multiplica la depresión o la voluntad suicida; poder tener a alguien al lado puede marcar la diferencia. Los familiares o seres queridos de personas en riesgo de suicidio también soportan
una inmensa presión, a menudo tienen que irse a trabajar sin saber si su ser querido va a estar en casa cuando vuelvan del trabajo, y eso también conlleva consecuencias para la propia salud mental de los familiares. Por eso proponemos, señorías,
una medida sencilla e inmediata a la que hemos instado al Gobierno y que hoy traemos a esta Cámara, que consiste en que los médicos puedan conceder desde ya bajas laborales de hasta dos semanas a los acompañantes de personas diagnosticadas con
riesgo de suicidio. Créanme que salva vidas y democratiza el derecho al cuidado.


Acabo, señor presidente. Doy las gracias a las asociaciones que llevan tiempo trabajando por el derecho a la salud mental, doy las gracias a las fuerzas políticas que han ayudado y que manifiestan que van a votar favorablemente, y les
pedimos ayuda para que esta iniciativa sea un compromiso de política pública, de prioridad política para la España del siglo XXI: que la vida no duela tanto a tantos y que el consuelo y la ayuda no sean un privilegio para quien lo pueda pagar, sino
un derecho para todos. En una sociedad que quiere detener la guerra contra nosotros mismos, es la única forma de ganarla.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias, señor Errejón.


Para la defensa de las enmiendas formuladas por los grupos, interviene, por el Grupo Parlamentario Mixto -que en este turno también fijará posición-, en primer lugar, el señor Martínez Oblanca.


El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señor presidente.


Respaldo las medidas con las que se trata de instar al Gobierno a llevar a cabo reformas legales necesarias para poner en marcha un permiso de acompañamiento a personas en riesgo de suicidio. El señor Errejón Galván ha facilitado datos
inquietantes sobre el crecimiento de las conductas autolesivas, que se corresponde con personas muy vulnerables inmersas en una fase de alta ideación suicida, que puede y debe ser aliviada con el apoyo de un cuidador. Sería de enorme utilidad que
se facilitasen a este acompañante permisos laborales remunerados con fondos públicos, en la línea que señala esta iniciativa parlamentaria. No obstante, he presentado una enmienda de adición, porque el preocupante aumento del número de suicidios
-que en el caso de personas jóvenes es ya la principal causa de muerte no natural- exige la adopción urgente de medidas de prevención e intervención, así como también acciones posteriores en el entorno familiar y próximo de un episodio
autodestructivo, sobre todo de un adolescente.


Señorías, pese a las advertencias de organismos internacionales de referencia, no tenemos en España un plan nacional de prevención, tal y como también reclaman los especialistas en salud mental, para hacer frente al aumento del número de
suicidios. A instancias del Ministerio de Sanidad existe solo desde hace diez meses la línea telefónica 024 Llama a la Vida, que se suma al Teléfono de la Esperanza -más de medio siglo de funcionamiento- y a la tarea de otras entidades solidarias,
pero en nuestro país necesitamos un plan estatal específico que coordine y actualice las estrategias y protocolos autonómicos de prevención, detección y manejo de conductas suicidas. Este es un asunto que, por su extrema gravedad, exige absoluta
prioridad y recursos.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchísimas gracias, señor Oblanca.


Tiene la palabra la señora Vehí Cantenys.


La señora VEHÍ CANTENYS: Gracias, presidente.


Hoy Más País presenta una iniciativa necesaria: garantizar el permiso laboral de acompañamiento en caso de riesgo de suicidio. Solo en Cataluña, en 2019, se quitaron la vida más de 400 personas y es la segunda causa de muerte entre jóvenes
de quince a veintinueve años, y además tiene un impacto más alto en personas con situaciones socioeconómicas precarias. Las Naciones Unidas, en 2019, alertaron de que el Reino de España es el territorio donde se consumen más benzodiacepinas del
mundo -somníferos, ansiolíticos y relajantes musculares-, pero también se consumen muchísimos antidepresivos. (Rumores).


El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, un momento, por favor.

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La señora VEHÍ CANTENYS: Sí, veo que a sus señorías esto de la salud mental no les acaba de importar.


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Un momento, por favor. Ruego silencio, por favor.


La señora VEHÍ CANTENYS: Repito, seguro que les son familiares: somníferos, ansiolíticos, relajantes musculares, antidepresivos... Nos hemos convertido en una sociedad de yonquis para aguantar lo inaguantable, sociedades que esconden el
dolor del alma, como el precio de no parar, sociedades que no se toman en serio el sufrimiento psicológico y que lo solucionan con pastillas: tristeza, pastillas; bloqueo, pastillas; desesperación, pastillas. Esconder el dolor del alma solo
genera más sufrimiento, y que el miedo colonice cada minuto no se soluciona con pastillas. El suicidio es un fenómeno complejo, pero tiene una clara perspectiva de clase. La gente necesita esperanza en formato de derechos, que haya psiquiatras en
la pública, no esperar meses para ver a un psicólogo, no tener que acudir a visitas privadas que no pueden pagar. La gente necesita renta básica universal. Se ha dicho ya, menos palabras bonitas y más derechos.


Y acabo con un mensaje que no es para ustedes, sino para las miles de personas que piensan o han pensado en quitarse la vida: hay esperanza, se puede dejar de sufrir; hay salida, pide ayuda; hablar, muchas veces es prevenir. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.


Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Barandiaran Benito.


El señor BARANDIARAN BENITO: Buenas tardes, señorías, señor presidente.


No, señor Errejón, no vengo a felicitarle por su iniciativa sino a ponerla en el contexto adecuado, porque, como todas, siempre es mejorable. Es decir, es una inquietud común porque, sea cual fuera la situación, sean muchos o pocos, sean
simples intentos o situaciones irreversibles, sean producto de una situación que la provoca o la conclusión de una enfermedad, sea o no mental, lo cierto es que el suicidio se ha convertido no solo en una lacra sino en una de las causas más
importantes de mortandad temprana y, lo que es peor -y como sí dice su PNL-, en una situación de la que el entorno más inmediato tiene una sensación de frustración, de vergüenza casi, aquella en la que muchos nos preguntamos si pudimos hacer algo,
si pudimos haberlo previsto, si hicimos lo suficiente para evitarlo, etcétera. Por eso sí compartimos con usted su preocupación por intentar prevenirla o por intentar evitarla; esto es, por las medidas que, al margen de las personales, podemos
poner a disposición de la sociedad para evitar esa dura realidad. Y ahí es donde de alguna manera pretendemos criticar su PNL y colocarla en una situación mejor.


Así, desde un prisma bienintencionado, sugiere una acción pública con la que estamos de acuerdo, pero en tres prismas. Uno, el sanitario, en tanto debe ser un profesional quien advierta de la existencia de un riesgo probable -es el cometido
médico-, en el sentido de entender que alguien y por los motivos que fuera podía intentar terminar con su vida, pero también la oportunidad y conveniencia de la medida de acompañamiento. Ese es el engranaje. Dos, el más personal y difícil de
concretar, el del acompañamiento, en la medida en que, siendo la sensación de soledad o de aislamiento un factor determinante en casi todos los casos de la posibilidad de quitarse la vida, parece sensato concluir que la compañía es un buen
paliativo. Pero, ojo, que esta parte, aun cuando parezca simple, es posiblemente la más compleja y la de más difícil solución. Y tres, las medidas de carácter sociolaboral que, con todo el respeto, entendemos que pueden ser mejorables, pues,
aunque han sido formuladas con toda la buena intención, existen elementos comparados en derecho que permiten que se puedan utilizar para su solución.


Así, por ello y volviendo a la primera, a la sanitaria, se debe poder provocar de forma casi natural, bien porque el paciente lo reclame o bien porque alguien de su entorno reclame del ámbito de la salud la concreción del riesgo y la
necesidad de acompañamiento como medida preventiva también en el orden sanitario.


La segunda, ligada a la primera, es la que he comentado que es la relativa a la concreción de la persona acompañante. Aquí sí que tengo que decirle que, frente a la aparente candidez de su planteamiento, desde el desconocimiento, yo me hago
algunas preguntas. ¿Quién de ese entorno personal decide quién es apto para esa función de acompañamiento? ¿Puede decidirlo el propio destinatario, porque eso es algo también realmente difícil? ¿Estamos seguros de eso? ¿Y ese profesional
sanitario a quien se le debe trasladar esa responsabilidad para que pueda tomar esa decisión? Y en caso de disputa entre varios, ¿quién?, ¿judicializando la decisión? Desde luego, esta es la más difícil de cuantas cuestiones se exponen en su
proposición no de ley y de las que se pueden suscitar en este contexto.

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Y la tercera, sin embargo, me parece a mí la más fácil, porque es la que cuenta con precedentes homologables en el ordenamiento jurídico, pues estamos hablando de un permiso laboral para la persona acompañante y, además, de que este permiso
debe ser retribuido por el erario. Solo a modo de ejemplo, consta un supuesto homologable en el recientemente modificado permiso a progenitores que atienden a personas con enfermedades graves, que consta en el tercer párrafo del artículo 37.6 del
Estatuto de los Trabajadores, que bastaría con una pequeña modificación, unido por su parte a una prestación del Sistema de la Seguridad Social como el previsto en los artículos 190 a 192 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
De lo que se trata al fin es de obtener una solución que permita que dicho acompañante pueda acceder de forma material a esas funciones de acompañamiento y cuidado de personas en situación de inminente riesgo de suicidio.


Entendemos por ello que hemos querido aportar precisando el mandato no en una situación de indeterminación, sino en aquella por la que el Congreso insta al Gobierno a llevar a cabo esas reformas, porque son varias las que tendrían que actuar
para poner en marcha estas medidas y seguramente algunas otras en las que, por mi desconocimiento y por el desconocimiento de todos de lo que es este ámbito, siempre con el debate y el acuerdo podemos llegar a mejorarlas.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.


Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Giménez Giménez.


La señora GIMÉNEZ GIMÉNEZ: Gracias, presidente.


Señorías, como todos ustedes saben, Ciudadanos ha manifestado claramente, tanto en el Pleno como en las comisiones, en nuestro trabajo diario, nuestro compromiso con la salud mental. Es una prioridad en nuestra acción política,
especialmente teniendo en cuenta el impacto que la pandemia ha tenido en el bienestar de los españoles. De hecho, como recordarán, fue Ciudadanos el primer partido en poner encima de la mesa este problema en la Comisión de Reconstrucción Social y
Económica del COVID, que finalizó sus trabajos en el año 2020. Desde entonces, en Ciudadanos hemos seguido trabajando duro para hacer frente a esta epidemia silenciosa que está arruinando la vida de miles y miles de personas. Así, hemos presentado
en esta Cámara una batería de medidas dirigidas a mejorar la atención de la salud mental, prevenir los problemas de gestión emocional y facilitar el acceso de las familias a la atención psicológica y profesional. Algunas de estas soluciones fueron
presentadas por nuestro grupo parlamentario en el debate sobre el estado de la nación el pasado mes de julio. ¿Con qué nos encontramos? Con que, pese a que es un tema en el que debemos mostrar sensibilidad toda la Cámara, al ser una propuesta de
Ciudadanos, automáticamente se nos dijo que no. Es la cruda realidad. Fue el resto de partidos políticos los que decidieron no apoyar nuestras medidas, que son medidas eficaces, medidas contrastadas con expertos y sin ninguna ideología, señoría.
Lo único que queríamos era mejorar la vida de las personas.


Del mismo modo, señorías, fue Ciudadanos quien presentó una serie de propuestas en la ley de presupuestos para este año 2020. Insistimos, eran también unas medidas y una serie de propuestas que lo único que buscaban era la mejora en la vida
de aquellas personas que sufren problemas de salud mental y de sus familias, así como mejorar el acceso a profesionales de la psicología y profesionales de la psiquiatría. Por desgracia, ni siquiera esta situación extrema conmovió a la Cámara,
porque automáticamente lo que nos dijeron es que no se nos aceptaba. Ni siquiera Más País aceptó las propuestas que realizaba Ciudadanos.


¿Y cuáles eran nuestras propuestas? Nuestras propuestas no eran para nada ideológicas, señorías. Lo que queríamos, y votaron que no los socios del Gobierno y el propio Gobierno en bloque, era aprobar un plan nacional de prevención del
suicidio. A eso dijeron que no a dos manos, señorías. Y lo sentimos mucho porque, como bien se ha dicho en esta Cámara, el suicidio es la causa por la que los jóvenes están muriendo de una manera muy desgraciada. Once españoles se quitan la vida
en nuestro país cada día. Es una cuestión muy relevante y votaron que no a un plan nacional de prevención del suicidio, y votaron que no a establecer protocolos para la detección del acoso y el ciberacoso. Porque no hay que ser ningún experto para
saber que en muchas ocasiones detrás de que lamentablemente las personas se suiciden hay un acoso, bien sea por determinadas personas en un entorno laboral o en un entorno de redes sociales o Internet. Esto se puede dar en los centros educativos y
también se puede dar en centros laborales. Por lo tanto, se necesita un protocolo específico de detección del acoso y del ciberacoso.


¿A qué dijeron también que no? A impulsar campañas de prevención con influencers y personalidades de referencia del mundo del entretenimiento o del deporte. ¿Para qué? Para hacer ver a todas esas

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personas que se encuentran en esa lamentable realidad que no están solas, que pueden tener apoyos y que hay personas que han superado este tipo de cuestiones. También dijeron que no a aumentar las ratios profesionales de psicología y
psiquiatría a uno por cada 5000 habitantes. Actualmente, nos encontramos con una ratio totalmente insuficiente, que hace que muchas familias de clase media no puedan acudir a terapia o a consulta para abordar sus problemas de salud mental por parte
de los profesionales. A todo esto nos han dicho que no, señorías.


En cambio, nosotros decimos que sí a nuestro compromiso con la salud mental, con esta realidad lamentable que es el suicidio. Por eso lo que hacemos es mejorar las iniciativas. Por eso queremos apoyar una iniciativa de este tipo, porque a
nosotros nos da igual quién presente la iniciativa. Lo que queremos es que se acepte nuestra enmienda, que lo que propone es que se recoja explícitamente por parte del Gobierno que facilite la adopción de medidas para conseguir la
desestigmatización de los problemas de salud mental en el ámbito laboral. Creemos que es un paso previo y necesario para crear esos permisos que plantea el grupo proponente y que mejorará, además, su adopción por parte de las empresas y los
trabajadores.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.


Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra la señora Medel Pérez.


La señora MEDEL PÉREZ: Buenas tardes.


Unidas Podemos pensamos que un permiso de acompañamiento a personas con riesgo de suicidio limitado a dos semanas es una solución un poco pobre, pero entendemos lo que demanda la proposición no de ley y, desde luego, también la necesidad de
acompañamiento a una persona con ideación suicida. Nuestro grupo piensa que, pese a este tipo de iniciativa, la prevención del suicidio requiere de un protocolo de prevención de suicidio; un protocolo que debe realizar el Ministerio de Sanidad
consensuado con el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que debe contemplar, entre otros puntos, por ejemplo, este: ofrecer un seguimiento estrecho y continuado a las personas con tentativas suicidas. Creemos que su PNL entraría
en este punto.


Otro punto que debe recoger es la coordinación entre servicios sanitarios de urgencias, equipos de salud mental y servicios de atención primaria, así como otros dispositivos de emergencia, porque iniciativas, por ejemplo, como la del
ministerio relativa a la línea 024 -que es una línea de atención a la conducta suicida, gestionada en este momento por, como mínimo, 38 profesionales de la Cruz Roja-, poca eficiencia tendrá si las personas que son atendidas en ese teléfono no
pueden acceder después a profesionales de atención primaria de salud mental o a servicios sanitarios de urgencias, porque sencillamente están colapsados o descoordinados.


Este protocolo que propongo forma parte del artículo 30, que, junto con los artículos 31 y 32, componen el capítulo III de nuestra proposición de ley de salud mental, donde se aborda el tema del suicidio: una ley que lleva en fase de
enmienda más de un año. Aquí todo el mundo habla de esas pequeñas parcelas, como si fueran los únicos que hablan de salud mental, pero el único partido que ha presentado aquí una ley, el único grupo político, ha sido Unidas Podemos. (Aplausos). Y
ahí está la ley, y ahí seguirá, como todos sabemos, ¿verdad?, sobre todo, tal como va la cosa. Dos veces ha registrado Unidas Podemos una proposición de ley a favor de los derechos de las personas con problemas de salud mental porque, desde que en
1983 se creó la comisión ministerial para la reforma psiquiátrica que dio paso a la desinstitucionalización de personas con trastornos de salud mental, no se ha hecho nada. La propia Ley 16/2003 incluyó la atención de la salud mental como parte
integrante de la atención primaria y especializada, pero todos sabemos que no funciona. Según Eurostat, en España hay once psiquiatras por cada cien mil habitantes, la mitad que en países como Francia, Alemania o Suecia.


El Gobierno ha hecho cosas, como crear la especialidad de psiquiatría infantojuvenil, ha incrementado el número de plazas, aunque no se ha concretado exactamente cuántas deben ser, y el Ministerio de Sanidad ha previsto 100 millones de euros
hasta 2024 en un Plan de Acción de Salud Mental. Está bien, pero es insuficiente.


Uno de los principales problemas que tiene nuestro sistema para la atención de la salud mental es la inaccesibilidad real. La gente que tiene dinero se puede pagar un psicólogo o un psiquiatra, y los que no tienen dinero, simplemente no
acceden. Por eso, nuestra ley de salud mental establece garantías de tiempo y ratios de personal con el fin de facilitar y extender el acceso a la atención pública en la salud mental del Sistema Nacional de Salud.

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Señor Errejón, su PNL nos parece bienintencionada, aunque consideramos que es una parcelita, un parche, si bien no rechazamos ese parche, ni muchísimo menos. Necesitamos, creo yo, una ley de salud mental que aborde de manera integral toda
la problemática, incluido el suicidio; mientras tanto, hemos firmado una enmienda con el Partido Socialista, y, si usted la acepta, votaremos a favor.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.


Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra la señora De Meer Méndez. (Aplausos).


La señora DE MEER MÉNDEZ: Muchas gracias, señor presidente.


Lo primero que quiero es mandar un abrazo a todos aquellos que hayan perdido a un ser querido por suicidio. No me gustaría politizar el dolor, sino unirme a ese dolor. (Aplausos). Quiero unirme al sufrimiento insoportable que están
viviendo y a la herida familiar que se les quedará para siempre.


El suicidio es la primera causa de muerte no natural en España. Las 4000 personas que murieron en 2021 constituyen una cifra récord y, como ya se ha dicho aquí, once personas mueren al día por suicidio. Podemos continuar incidiendo en el
escándalo de las estadísticas que nos muestran una realidad muy dolorosa, pero hay un dato en particular que hiela la sangre, y es que entre los quince y los veintinueve años el suicidio es la primera causa de muerte absoluta, más que los accidentes
de tráfico, más que los tumores.


¿Señorías, qué juventud estamos formando? Este fracaso, esta tragedia social insoportable, tiene responsabilidades, y nuestra obligación es analizarlas. Pensamos que la sociedad avanza, avanza y avanza, y no es verdad, muchas veces no es
verdad; toca parar, toca reflexionar sin prejuicios, sin complejos, intentando analizar las causas verdaderas, aunque solo sirva para que una sola persona no se tire a las vías del tren.


Señorías, cuando alguien se suicida, muchas veces no busca morir, busca escapar. Es una persona profundamente herida, es una persona que necesita ayuda, una ayuda que no encuentra, una ayuda que no tiene y una ayuda que no le llega ¿Por
qué? Porque estamos creando un modelo social profundamente avanzado en individualismo, progresando en egoísmo; una sociedad desarraigada, una sociedad absolutamente materialista, y todo esto tiene relación con el suicidio, tiene relación con la
salud mental.


Señorías, nos hemos cargado la comunidad. Cómo no va a invitar al suicidio un modelo de resentimiento y de enfrentamiento entre hombres y mujeres; cientos de hombres se suicidan por estar incursos en procedimientos eternos en juzgados de
excepción, acusados falsamente, y que dejan de ver a sus hijos para siempre. (Aplausos). Una cifra absolutamente escandalosa en torno a los suicidios que no se ha oído en esta tribuna es que de los 4000 suicidios del año 2021, 3000 fueron varones,
el 75 % de los suicidios. (La señora presidenta ocupa la Presidencia). No tenemos un Ministerio de Igualdad que haya hecho ya cinco protocolos de prevención. (Aplausos). ¿Por qué? Porque el 75 % son hombres. Cómo no va a invitar al suicidio un
modelo de soledad, de aislamiento social, un modelo en el cual 5 millones de hogares son unipersonales y cuando el 40 % de esos 5 millones de hogares son personas mayores de sesenta y cinco años. Cómo no va a invitar al suicidio un modelo de
invierno y de infierno demográfico y de aborto, un modelo de fragmentación social, de desarraigo. Cómo no va a invitar al suicidio un modelo de precariedad laboral y social; un modelo con un riesgo de pobreza de 13 millones de españoles; un
modelo de coliving, que no es más que un modelo de zulos compartidos y de precariedad; un modelo que confinó a 47 millones de españoles, y un modelo que fomenta las adicciones. Señorías, hoy hemos venido aquí a discutir una ley del cannabis cuando
el 50 % de los consumidores tienen ideas suicidas o han intentado suicidarse. (Aplausos). Es un modelo de frustración de la identidad y de la personalidad, un modelo de anulación de lo espiritual y de exaltación de lo material. ¡Cómo no va a
llevar al suicidio el mundo global, homogéneo y gris que no nos quiere hombres libres, nos quiere consumidores obedientes! Señorías, hay que reflexionar muy seriamente sobre eso, hay que reflexionar sobre las causas que protegen del suicidio, como
se ha visto en algún estudio del Observatorio de Biopolítica: la unidad y la cohesión familiar, la fortaleza emocional, los hijos, la pertenencia, el sentido de la vida, volver a crear una comunidad.


Ya termino, señora presidenta. No basta con escandalizarnos, hay que actuar; no basta con decir lo malo que es el suicidio y lo mal que van las estadísticas, hay que ser valientes, hay que apostar por lo que nos hace fuertes como
comunidad, aunque sea políticamente incorrecto.


Muchísimas gracias. (Prolongados aplausos de las señoras diputadas y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora De Meer.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Anguita Pérez.

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El señor ANGUITA PÉREZ: Muchas gracias, señora presidenta.


Por un momento, señora De Meer, pensaba que estaba usted hablando de la Agenda 2030 y de los peligros que tiene el capitalismo, hasta que usted -lo voy a decir- ha tenido la poca vergüenza de mezclar el feminismo con los suicidios.
(Aplausos). Hay que tener poca clase política, hay que tener poca clase social y, sobre todo, muy poca educación y respeto por aquellas familias que están sufriendo el drama del suicidio. Es más, usted ha hecho ver como que tenemos que pensar si
el feminismo puede hacer daño a los hombres. Yo le voy a hacer una pregunta -yo ya lo he pensado, la respuesta es no-: ¿poner un cartel contra un menor extranjero en un metro para señalarlos como objetivo del Estado no tiene ningún tipo de
responsabilidad en los menores? Pues sí lo tiene, señores, y ustedes pusieron un cartel contra los menores extranjeros no acompañados en Madrid. (Aplausos). Ustedes persiguen a los menores.


Señorías, seríamos unos irresponsables si no reconociésemos la gravedad del tema que hoy estamos debatiendo. La salud mental, su cuidado y su prevención son una cuestión que ha de tratarse con sumo respeto, y en especial la prevención del
suicidio. Es muy posible que sea una de las peores circunstancias a las que una persona se pueda enfrentar, no solamente ella, sino también su familia. El número de personas que se ha quitado la vida anualmente en este país ha ido creciendo desde
las 1500 personas en 1980 a las casi 4000 que lo hacen anualmente. Quiero hacer mención especial al caso de intentos de suicidios de menores de edad. La Fundación ANAR presentó hace un par de meses un estudio en el que se daba un dato dramático.
Entre los años 2020 y 2022 se han registrado 1949 intentos de suicidio de niños, niñas y adolescentes. Es una realidad que no nos gusta, pero es una realidad que está ahí, en nuestras casas, en las clases, en los centros de trabajo y en nuestro
entorno, y ante esto nuestra obligación es la de resolver este escenario.


Por eso este Gobierno ya ha impulsado propuestas concretas, específicas y transversales para acabar con esta realidad, para ayudar a quienes más lo necesitan. Hay dos espacios, señorías, donde quiero poner el acento. Uno, donde podemos
colaborar todos y todas, porque aún nos queda un camino que recorrer para acabar de una vez por todas con la maldita estigmatización a la que se ven sometidas las personas que recurren a la ayuda profesional para cuidar su salud mental, pero no
solamente lo sufren los pacientes, sino sus familiares y también quienes se preocupan por ellos. No hace ni dos años que el señor Errejón le preguntó al presidente del Gobierno por los planes que teníamos en salud mental y alguien le gritó: pues
vete al médico. Eso no va a ocurrir hoy aquí, porque ese diputado, al igual que la sociedad, ha avanzado hacia el respeto y hacia la empatía. En segundo lugar, algo que ya está haciendo el Gobierno de España, que es asumir su responsabilidad, y ha
hecho suyas las demandas sociales que urgían a las administraciones públicas a dar una respuesta a este problema. Hechos, y no solo palabras, son lo que nos está definiendo como Gobierno.


Se ha actualizado la Estrategia de Salud Mental, que llevaba sin actualizarse desde el año 2009. En ella se han tomado como base las aportaciones de las asociaciones de pacientes, de familiares, de los y las científicas y también de las
comunidades autónomas. Esta estrategia, que seguirá vigente hasta el año 2026, promocionará la prevención de la conducta suicida, la salud mental y también la interacción de la familia. Por otro lado, señorías, el Consejo Interterritorial del
Sistema Nacional de Salud aprobó el pasado mes de mayo el Plan de Acción de Salud Mental 2022-2024, dotado con 100 millones de euros y que esperamos se pueda llegar a convertir en uno de los pilares fundamentales del Sistema Nacional de Salud. Y,
finalmente, la creación de un servicio de ayuda confidencial, gratuito, accesible y, sobre todo, libre de prejuicios, como es el teléfono 024. Señorías, hasta octubre del año pasado se habían recibido 62 500 llamadas, habiéndose conseguido
identificar 1200 suicidios en curso. Sí, señor Errejón, aún nos falta mucho por avanzar y por eso queremos aprobar esta proposición no de ley.


Por eso también hemos presentado, junto a nuestros compañeros de Unidas Podemos, una enmienda que voy a explicar muy brevemente para ser concisos, porque no solamente proponemos, sino que también nos comprometemos. En primer lugar, a que
ese permiso será otorgado por un profesional colegiado que atienda la situación de alto riesgo; a que ese permiso ha de ser solicitado por los pacientes; a que son ellos y ellas, los y las pacientes, quienes designarán a la persona que les
acompañará durante todo este proceso, y además se acuerda que la duración máxima de este permiso será de quince días. En último lugar, y este es el compromiso, señorías, los socialistas no entendemos ningún derecho que tenga que ser comprado,
porque eso lo convierte en privilegio. Por eso nuestro compromiso de que la financiación de este permiso nunca supondrá que la persona acompañante tenga que renunciar a su salario.


Termino, señora presidenta. La pandemia nos mostró la importancia de la salud personal y de nuestro entorno. La salud mental, como no puede ser de otra manera, ha de tratarse de manera integral y libre de

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prejuicios. Esta legislatura sigue avanzando y no habrá ni pandemia ni volcán ni guerra a las puertas de Europa que nos desvíe de nuestros objetivos: seguir reconociendo nuevos derechos para garantizar la dignidad laboral, la dignidad
salarial, la dignidad social y la dignidad sanitaria de esta sociedad.


Muchísimas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Anguita.


En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, tiene la palabra la señora Pozueta Fernández.


La señora POZUETA FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señora presidenta.


Arratsalde on guztioi. El tema que nos trae esta proposición no de ley es un tema respecto al cual estos últimos años hemos despertado. Existía, sí, pero se silenciaba. Puedo afirmar que todas las personas que estamos en este hemiciclo
hemos vivido más o menos cerca de la realidad del suicidio, pero hasta no hace mucho, por diferentes razones, era tabú y, como otros temas que se suelen apreciar, si no se nombran, no existen. Este silencio ha impedido actuar para buscar
soluciones. En la mayoría de las intervenciones hoy estamos aportando los mismos datos, vamos recordando que la OMS advierte que nos encontramos ante uno de los mayores problemas de salud pública y que el suicidio se encuentra entre las tres
principales causas de muerte no accidental en el mundo y, como se ha dicho, la primera entre los jóvenes en el Estado español. En el caso de la juventud, se trata de un problema de salud pública creciente, un problema sociosanitario de primer
orden. Reconocemos que la mayoría de las personas que optan por una conducta suicida está sufriendo. Lo que buscan es vivir en una situación diferente a la que viven, sin los problemas ni sufrimientos que padecen.


Se nos dice que pasemos de las palabras a los hechos, que pongamos herramientas para que haya esperanza y perspectiva de futuro en las vidas de las personas. Las causas de la conducta suicida son multifactoriales: hay factores que
predisponen y también hay factores de riesgo. Hay factores que son potencialmente previsibles y que, con una identificación temprana y un tratamiento adecuado, se podría reducir sustancialmente el número de casos y mejorar la salud de los
individuos que están en riesgo. Hablar sobre el suicidio de forma abierta y sincera puede ofrecer a la persona la posibilidad de considerar otras opciones o el tiempo para repensar esa opción, por lo que sería la primera medida o acción para
prevenir el suicidio. Durante estos últimos años hemos escuchado por parte de las y los profesionales de salud mental críticas en cuanto a la escasez de estrategias efectivas y rigurosas evaluadas de tratamientos y de prevención del suicidio,
demandando la necesidad de un plan estatal, además de planes comunes compartidos. La respuesta del ministerio ha sido incluir las recomendaciones principales para la prevención del suicidio y las conductas suicidas dentro de un plan de salud mental
2022-2024.


Por eso, quisiera realizar una alusión al Protocolo de colaboración interinstitucional de prevención y actuación ante conductas suicidas de Navarra, protocolo que ha sido referente y pionero en todo el Estado. En él queda evidente que el
fenómeno del suicidio requiere, para un correcto abordaje, la atención de diversas autoridades públicas, no solo sanitarias, y también de las organizaciones de la sociedad civil, y este es un buen ejemplo. Algunas de las demandas que se realizan en
esta PNL están recogidas en dicho protocolo con creces. Compartimos la necesidad de un permiso de acompañamiento a personas en alto riesgo de suicidio para ser cuidadas y acompañadas y que sea financiado con fondos públicos para que la persona
acompañante no renuncie a su salario. Pero no olvidemos que la garantía de que se puedan llevar adelante este tipo de protocolos sin fisuras está en el cuidado de lo público, tanto de la sanidad como de la educación, verdaderos ejes de la labor de
sensibilización, información, prevención y atención ante la realidad del suicidio. De nada va a servir si no se garantiza la atención y seguimiento profesional en los servicios públicos, tanto para la persona que ha tenido conductas suicidas como
para el acompañamiento de su entorno más cercano, amigos y familiares. No olvidemos que los recortes y la falta de inversión en lo público van en contra de una estrategia universal de prevención del suicidio. Votaremos a favor.


Mila esker.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Pozueta.


Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra el señor Eritja Ciuró.


El señor ERITJA CIURÓ: Gracias, presidenta.


Antes de comenzar quería expresar mi solidaridad y nuestro apoyo a los compañeros y compañeras del PSOE y de El Escorial por los difíciles momentos que están viviendo. (Aplausos).

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De hecho, la gente que opta por suicidarse realmente no quiere morir, sino acabar con su sufrimiento. Como hemos dicho aquí, es un tema de dolor, de sufrimiento profundo. De alguna manera el suicidio viene a ser la solución a sus
problemas. Pero para hacernos una idea del problema que estamos planteando, antes quería mostrar algunos datos estremecedores, muchos de ellos que ya se han comentado aquí. Durante el año 2022 hubo 4003 suicidios en el Estado español, un 10 % más
que antes del COVID. Cada día hay once suicidios, como se ha repetido aquí, el doble que accidentes de tráfico; de hecho, el suicidio es la principal causa de muerte no natural en el Estado español. Por lo tanto, nos enfrentamos a un problema
estructural de primer orden, al que debemos hacer frente desde planteamientos multisectoriales, y es que muchas veces el suicidio es solo la punta del iceberg de la salud mental y, por lo tanto, el tratamiento debe ser integral y contemplando toda
su complejidad.


Hay un tema que es fundamental: el enfoque. Es importante qué enfoque damos al suicidio y a la salud mental. El sistema sanitario español reduce muchas veces el suicidio a un enfoque biomédico de trastorno mental y, por lo tanto, invierte
mucho más en psicofármacos que en otros recursos que podrían revertir precisamente la conducta suicida. Que la principal causa de defunción entre jóvenes de quince a veintinueve años durante el año 2022 haya sido el suicidio nos debería hacer
reflexionar. No es que sea una generación más enferma, ni mucho menos, es que realmente se trata de un problema social y estructural mucho más profundo. Por tanto, debemos incorporar una visión socioeconómica, así como -y eso es fundamental- el
componente de vulnerabilidad social, que afecta precisamente a aquellos colectivos más débiles. Hablamos de jóvenes, hablamos de personas con discapacidad, de personas que han sufrido agresiones, también con sesgo de género y, por qué no, de
aquellas personas que están en situaciones económicas muy complejas, pero también de los sintecho y los desahuciados -todos conocemos casos de suicidios- y también de migrantes en situación muy compleja. Por lo tanto, hay un componente social
enorme, y por mucho discurso moralista que demos aquí no podemos renunciar, ni mucho menos, a esa visión más socioeconómica compleja que tenemos actualmente. (Aplausos).


Por lo tanto, con este enfoque adquieren entonces mayor relevancia aspectos como, por ejemplo, la estigmatización social. Se estima que hay entre un 30 y un 40 % de suicidios encubiertos, que no constan en las estadísticas oficiales. Por
un lado, se tiene que plantear desde la atención comunitaria, desde la atención continuista, desde el seguimiento y, por otro lado, el acompañamiento es fundamental. Según la OMS, por cada suicidio consumado, se estima que hay veinte intentos, así
que tiene que haber un acompañamiento para intentar revertir esta causa. Por lo tanto, el acompañamiento es fundamental, porque el mejor aliado del pensamiento suicida es la solitud y debemos poner en valor el papel de quienes acompañan en el
sufrimiento, tal y como propone esta proposición de ley.


En ese sentido, lo repito, la atención debe ser integral, desde la promoción de la salud, la prevención, el tratamiento y rehabilitación, así como la inserción social y laboral incluso de las personas afectadas. Para todo ello -y quería
hacer referencia a ello- hacen falta de recursos. El Pacte Nacional de Salut Mental de Cataluña ha conseguido, como programa interdepartamental, que en los presupuestos de este año 2023 se asignen 521 millones en salud mental, 49 millones más
respecto a los presupuestos de 2022 -por tanto, un 10,4 %-, unos recursos que se invertirán en un incremento de recursos humanos y de hospitales de día.


Nuestro grupo parlamentario también ha defendido aquí, en el Congreso, que debemos dedicar un mayor esfuerzo económico en salud mental. ¿Y cómo? En su momento presentamos una enmienda para que a los 43 millones presupuestados en el Plan de
Acción de Salud Mental -3,32 millones para consolidar la idea de abstención suicida y 40 para las comunidades autónomas- se les sumase 16 millones más. Por tanto, éramos muy conscientes realmente del impulso que necesita de recursos. Pero vuelvo a
insistir, y ya con esto cierro. No es solo un problema de recursos, sino de dónde y cómo se invierten. Y una cosa es evidente, quizá deberíamos invertir más en prevención que en cura.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Eritja.


Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra la señora Romero Sánchez.


La señora ROMERO SÁNCHEZ: Buenas tardes, señorías.


Hablamos hoy de algo tan importante como es la salud mental, cuya consecuencia más devastadora es el suicidio, es quitarse la vida. Por eso, quiero trasladar también, en primer lugar, en mi nombre y en el de mi grupo parlamentario, nuestro
cariño y apoyo a todas las personas que han perdido a algún ser querido en estas terribles circunstancias.

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El suicidio se ha convertido en la principal causa de muerte entre los jóvenes en nuestro país. Cuatro mil personas se suicidaron el pasado año, y los datos de incremento de los pensamientos suicidas en los jóvenes, hasta en un 10 %, es
terriblemente preocupante. La salud mental debe ser cosa de todos y la debemos cuidar todos, y esto ha quedado patente más que nunca en la pandemia. Los expertos y la Organización Mundial de la Salud ya venían advirtiendo de que es la asignatura
pendiente. Hoy la salud mental está más que nunca en el debate público, y no hay duda de que es una oportunidad; es la preocupación de toda la sociedad y es urgente actuar.


Más País nos propone esta propuesta: aprobar un permiso retribuido para un familiar o un acompañante cuando la persona se encuentre en riesgo inminente de suicidio. Señor Errejón, compartimos la preocupación y la necesidad de prevenir los
factores de riesgo, de actuar con medidas preventivas, sobre todo en los colectivos y grupos de población más vulnerables, pero esta propuesta, sinceramente, nos parece poco rigurosa, alejada del criterio profesional y con importantes indefiniciones
y lagunas para su puesta en marcha. Porque yo le pregunto, y cabe preguntarse: ¿qué requisitos debe cumplir ese familiar o ese acompañante para hacerse cargo de una responsabilidad tan importante? ¿Usted cree que sin formación cualquiera podría
estar a la altura de esas circunstancias? ¿Y qué profesional es el que tiene que dar ese permiso? Porque tampoco lo deja claro. Habla de profesional, pero ¿quién sería? ¿Un enfermero? ¿Un terapeuta? ¿Un médico? ¿Un psiquiatra? Tampoco lo
deja claro. ¿Y por qué estos permisos de una duración de hasta dos semanas? ¿Por qué dos semanas? ¿Por qué no tres semanas? ¿Qué criterio profesional hay para establecer ese límite? ¿Y por qué no escuchar más la valoración de los profesionales,
que es de lo que adolece especialmente su propuesta? Para tomar decisiones en materia de salud y en asistencia sanitaria lo primero es escuchar y contar con los expertos, porque cuando hay alto riesgo de suicidio se necesitan psiquiatras,
psicólogos, terapeutas, enfermeras de salud mental y poner en marcha todos los recursos sociales, sanitarios y asistenciales que se requieran. En definitiva -repito-, se necesitan profesionales.


Señorías, se ha dicho aquí -y yo también me uno a ello- que urge aprobar un plan nacional de prevención del suicidio, como tienen la mayoría de países de Europa, como vienen reclamando los profesionales y las asociaciones de personas
afectadas por el suicidio, como ha pedido el Partido Popular y como se aprobó en la Comisión para la Reconstrucción, y no se ha puesto en marcha. No empecemos la casa por el tejado con una medida aislada en vez de hacer un abordaje integral con un
tema de enorme magnitud, pero sobre todo que merece mucho respeto. Dejémonos de parches.


¿Y dónde está el Ministerio de Sanidad? Cuatro ministros en cuatro años -ya en breve, se supone que será el quinto- y más ocupado en la proyección electoral de sus ministros candidatos a comunidades y ayuntamientos que de estar liderando
asuntos tan importantes como este y poner en marcha ese plan de prevención del suicidio que urge en este país. (Aplausos). No hay médicos en toda España, no hay psiquiatras, no hay psicólogos. Y el Ministerio de Sanidad, ¿cuándo va a dar
respuesta a un problema de enorme magnitud en todo el territorio nacional? Pues, de nuevo, el Ministerio de Sanidad ni está ni se le espera, porque está en hacer oposición a las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular. En la
Comunidad de Madrid se aprobó recientemente un plan de prevención del suicidio que es un referente, dotado con 45 millones de euros, la mitad solo para Madrid de todo lo que tiene previsto invertir el Ministerio de Sanidad en materia de salud mental
en toda España. Por eso, señorías, señor Errejón, no dudo de su preocupación por la salud mental; también nos preocupa a nosotros, pero lo que urge es ese plan de prevención del suicidio, como aprobó la Comisión para la Reconstrucción, y por eso
hoy más que nunca en esta Cámara tenemos que exigir al Ministerio de Sanidad que lidere este asunto, que actúe en este asunto que es de gran urgencia nacional.


Muchísimas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Romero.


Señor Errejón, ¿acepta alguna de las enmiendas presentadas?


El señor ERREJÓN GALVÁN: Se lo comunicaremos lo antes posible.


La señora PRESIDENTA: Muy bien, muchísimas gracias.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS, RELATIVA A GARANTIZAR LA IGUALDAD EN EL ACCESO A LOS TRATAMIENTOS DE CÁNCER EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL. (Número de expediente 162/001146).


La señora PRESIDENTA: Continuamos con la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a garantizar la igualdad en el acceso a los tratamientos de cáncer en todo el territorio nacional. Para la presentación de la
iniciativa, tiene la palabra el señor Díaz Gómez.

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El señor DÍAZ GÓMEZ: Gracias, presidenta.


Durante la pandemia hemos aprendido muchas cosas, y una de ellas ha sido que el mal llamado Sistema Nacional de Salud es deficitario en muchos aspectos. De entrada, porque no era un sistema, eran muchos; porque no es nacional, es
autonómico, y porque la salud es algo que va por barrios. La gestión durante décadas del Sistema Nacional de Salud por parte de todos los gobiernos de España ha sido deficitaria. Confundieron la descentralización con el desmantelamiento del
Ministerio de Sanidad y, por otra parte, hicieron de la Administración sanitaria un fin en sí misma. Se empeñaron en discutir competencias, en crear cargos, en quitar batas y en meter corbatas a cascoporro en el sistema sanitario, hasta el punto de
que, obsesionados por hacer sentir importante y poderoso al político, olvidaron al sanitario y, lo que es más grave, olvidaron el derecho a la salud del ciudadano.


Hemos visto estos años pasados un ministerio absolutamente desmantelado, vacío de competencias. Hemos visto diecisiete sistemas de salud que tenían problemas para comunicarse entre ellos durante la pandemia porque utilizaban programas de
acumulación de datos distintos y una atención primaria que no se desmoronó, pero que estuvo muy cerca y que aguantó gracias al personal sanitario, pero con recursos deficientes, serios problemas de plantillas y muchas horas de espera de usuarios no
es algo de lo que estar hoy en día satisfechos. Todos los españoles han sufrido estas deficiencias de la atención primaria. Pues bien, todo esto se agrava en un colectivo muy concreto: los enfermos de cáncer. Durante la pandemia se han retrasado
los diagnósticos y los tratamientos, y se han visto agravadas muchas situaciones personales. Además, se han puesto en evidencia las grandes desigualdades que se dan a la hora de afrontar un cáncer, porque el agravamiento de la situación distanció
todavía más las diferencias entre una comunidad autónoma y otra.


Les traemos aquí hoy una propuesta que busca eliminar la desigualdad en el acceso a la detección, tratamiento y cuidados de los enfermos de cáncer. Hay factores socioeconómicos importantes, también ambientales, alimentarios y geográficos,
pero hay un elemento especialmente sangrante si se mira desde la perspectiva política. Les pregunto: ¿qué les parece esta campaña de la Asociación Española contra el Cáncer? (Muestra un folleto). Les leo: tu código postal afecta más que tu
código genético en la desigualdad frente al cáncer. Esto es exactamente así. ¿Saben que dependiendo de en qué comunidad autónoma vivas tienes más o menos posibilidades de detectar a tiempo, por ejemplo, un cáncer de colon? Si vives en el País
Vasco tienes más posibilidades de detectar el cáncer de colon antes que si vives en otra de las siete comunidades autónomas que no tienen la prueba del cribado para todas las personas en situación de riesgo de ese tipo de cáncer, que son todas
aquellas personas entre cincuenta y sesenta y nueve años, y que es el cáncer que más muertes causa después del cáncer de pulmón. La detección precoz en este tipo de cáncer es vital; literalmente, vital. Tienes más posibilidades de vivir si el
cáncer de colon te pilla en el País Vasco. ¿Les parece normal esta afirmación? No es normal, pero es verdad. Cuando se produce el diagnóstico de cáncer, muchos enfermos necesitan ayuda psicológica. El 30 % de los enfermos necesitan la ayuda de
un psicólogo clínico. Pues bien, doce -digo bien, doce- comunidades autónomas no tienen esta atención específica, en la práctica no disponen de atención psicológica. Y pregunto: ¿les parece normal que la ayuda psicológica por padecer un cáncer
dependa de tener la fortuna de estar en una de las cinco comunidades autónomas que sí la tienen? No es normal, pero es la verdad. ¿Y qué sucede en el caso de que hagan falta cuidados paliativos? Si eres de Murcia, Ceuta, Melilla o País Vasco
tendrás cuidados paliativos sin muchos problemas. En el resto de España el acceso a los cuidados paliativos es bastante más complicado. Pregunto: ¿les parece normal que en la última fase de una enfermedad sufras más o menos dependiendo de la
comunidad autónoma en la que vivas? No es normal, pero es verdad. Y exactamente lo mismo sucede con el acceso a los fármacos. Por ejemplo, un fármaco para el cáncer de mama, el Kisqali. En Valencia, un paciente tiene acceso a él en torno a tres
semanas y media. En Murcia y Cataluña, en siete meses. ¿Se imagina lo que esto supone para el tratamiento de un cáncer de mama? El Nivolumab para el cáncer de pulmón. El tiempo para acceder a él en Extremadura es de un mes; en Ceuta, 33 meses.
Para el cáncer de pulmón, el más letal de los que se conocen. ¿Creen que es normal todo esto que les estoy diciendo? No, no es normal, pero es verdad.


Proponemos las siguientes medidas para mejorar esta situación. Acabar con las desigualdades territoriales existentes actualmente en diagnóstico y tratamiento del cáncer trabajando con las comunidades autónomas. Trabajar con los
profesionales sanitarios de atención primaria en materia de formación e información. La atención primaria es muy importante para la detección precoz. Promover la implantación generalizada de clínicas protocolizadas para el abordaje especializado
de los distintos tipos de cáncer. Poner en valor el papel del personal de enfermería en los procesos y protocolos del abordaje del cáncer.

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La enfermería está infrautilizada prácticamente en todos los aspectos del sistema sanitario. Asegurar el flujo de información sencilla, accesible, honesta y veraz para los pacientes y sus familias. Establecer, de la mano de las comunidades
autónomas y de los gestores hospitalarios, equipos multidisciplinares para el tratamiento de casos de cáncer, asegurando así la mejor atención hospitalaria posible y un tratamiento más preciso para el paciente y su tipología de cáncer.


Miren, en España hoy el Sistema Nacional de Salud es un concepto vacío, porque la realidad es que hay 17 sistemas de salud, 17 sistemas desiguales, 17 atenciones desiguales y oportunidades desiguales. Y estamos hablando de la peor de las
desigualdades, porque estamos acostumbrados a escuchar aquí hablar de muchos tipos de desigualdad, que las hay y que deben combatirse, pero esta, la desigualdad de la que les hablo hoy aquí, es la peor de todas, la más dura, porque aquí hablamos de
una diferencia que puede suponer la vida o la muerte.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Díaz.


Para la defensa de las enmiendas formuladas por sus grupos, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Guitarte Gimeno.


El señor GUITARTE GIMENO: Señora presidenta, señorías, el cáncer es una de las enfermedades con más incidencia en nuestro país, no digo nada nuevo. Por lo tanto, es necesario y válido que el Congreso analice y debata sobre la manera en que
el sistema sanitario puede actuar sobre el cáncer, que conozca cómo lo viven las personas que lo padecen o la manera más adecuada para prevenirlo. Como señala la exposición de motivos y confirma la Red Española de Registros del Cáncer, el número de
cánceres diagnosticados en España en el año 2022 se estima en 280 000, mientras que se espera que en 2040 la incidencia alcance los 341 000. Son centenares de miles de personas que han luchado, luchan o lo deberán hacer en el futuro contra esta
enfermedad.


La investigación científica, el trabajo de los profesionales del sistema sanitario y los avances técnicos han permitido mejorar los datos frente a la enfermedad, pero nos queda mucho trabajo y muy importante. Para optimizar la capacidad de
intervención del sistema sanitario es necesario aprovechar las sinergias y coordinar los recursos, superando disfunciones en el orden administrativo y organizativo. La exposición de motivos de la PNL pone el foco en la fragmentación, aprovechando
esta palabra, entiendo, para señalar la fragmentación del sistema sanitario en la gestión de las comunidades autónomas. En ese enfoque discrepamos en parte. Pensamos al respecto que la actual estrategia de cáncer del Sistema Nacional de Salud debe
considerar mejor las distancias que han de recorrer las personas que sufren cáncer. Esto supone, de un lado, superar el efecto barrera en los límites autonómicos que afecta, sobre todo, a algunas comarcas limítrofes, pero solo a eso. Pero, sobre
todo, por su mayor alcance, implica corregir la brecha de desigualdad social que se observa en el interior de casi todas las comunidades autónomas y que está marcada, desde nuestro punto de vista, por dos razones. De un lado, por la proximidad o la
lejanía, medida en distancia temporal, de la residencia del paciente a un gran hospital con equipos de especialistas y tratamiento técnico, hecho que perjudica de manera severa a los residentes en el medio rural y en las pequeñas ciudades y que se
ve incrementado por las propias limitaciones de la red hospitalaria en las provincias menos pobladas. Y, de otro lado, por el grado de eficacia que el sistema sanitario de cada comunidad autónoma logra al aplicar a la población las estrategias de
prevención. Así que, ciertamente, es imprescindible mejorar la coordinación entre los sistemas de sanidad autonómicos para minimizar las distancias de desplazamiento para la atención a pacientes de cáncer y otras enfermedades, del mismo modo que es
imprescindible compartir datos y mejorar los protocolos.


Y también debe mejorarse la prevención de la enfermedad. En este sentido, creemos que es necesario continuar mejorando y profundizando en el análisis y las medidas de la estrategia en cáncer del Sistema Nacional de Salud. Desde nuestro
punto de vista, y para ello hemos presentado enmiendas, es obligatorio mejorar la atención a los pacientes que han de convivir con la enfermedad residiendo en localidades alejadas del centro hospitalario que tiene personal y equipamiento adecuado.
Cabe señalar que los profesionales nos recuerdan que para un tratamiento de diez minutos en muchos casos son necesarios desplazamientos superiores a dos y tres horas, de 200 y 300 kilómetros entre ida y vuelta, más el tiempo de espera en personas
enfermas. Esto es lo que les sucede, por ejemplo, a las personas de nuestra provincia y de otras, como señala el mapa de la Asociación Española Contra el Cáncer, que muestra el número de unidades de radioterapia por provincia. (Muestra un
gráfico). Como ven, en España todavía hay cinco provincias españolas, concretamente Palencia, Soria, Ávila, Huesca y Teruel, que siguen sin

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tener una sola unidad de radioterapia por provincia, y esto supone que todavía hay personas en la España vaciada que tienen que hacer viajes de más de dos horas y media de ida y otras tantas de vuelta para llegar hasta un hospital que les
pueda proporcionar el servicio que necesitan para curar su enfermedad. Por esta razón, una de nuestras enmiendas pide la mejora en la dotación y distribución en la red hospitalaria, tanto de los profesionales como de los aparatos de tratamiento, de
manera que al menos un hospital en cada provincia cuente con el equipamiento para el tratamiento de radioterapia paliativa. En la misma línea se plantea también la posibilidad de aprovechar adicionalmente unidades satélites, es decir, móviles, que
puedan complementar este tratamiento.


La otra vía de mejora reside en la prevención del cáncer. La prevención organizada y dirigida mediante sistemas de cribado a la población de edades determinadas permite la detención precoz de la enfermedad y los casos diagnosticados lo son
en estadíos iniciales, por lo que ofrecen más garantías de curación. Efectivamente, la prevención evita sufrimientos a centenares de miles de personas y es muchísimo más económica que los tratamientos en fases avanzadas de la enfermedad. Por esta
razón, nuestras enmiendas piden fortalecer la red de centros públicos de atención primaria, cubrir sus plazas de personal sanitario, mejorar sus ratios, ampliar el tiempo de atención a cada paciente en los centros de atención primaria e integrar
estos centros en las redes de atención y prevención del cáncer.


Para acabar, me gustaría recalcar que el tratamiento contra el cáncer es otro de los muchos aspectos que demuestran la enorme brecha territorial que sufrimos como país. No podemos permitirnos que personas que sufren tan dura enfermedad
tengan que desplazarse semanalmente a recibir tratamiento fuera de sus provincias. Los enfermos de cáncer de la España vaciada deben poder recibir su tratamiento dentro de un área definida por un desplazamiento razonable y, en todo caso, menor de
cien kilómetros.


Esperamos que se acepten nuestras enmiendas y que los Gobiernos central y autonómico actúen al respecto con total urgencia.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Guitarte.


Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora Gorospe Elezcano.


La señora GOROSPE ELEZCANO: Gracias, presidenta. Buenas tardes.


Señor Díaz, usted comenzaba o enmarcaba la defensa de la proposición no de ley que hoy nos trae a debate haciendo afirmaciones del tipo: confundieron la descentralización con desmantelamiento; olvidaron el derecho a la salud; olvidaron a
los profesionales. Y este relato, este marco, este paradigma en el que ustedes pretenden presentar la iniciativa comenzó ya la semana pasada en el Pleno de control y la pregunta que la señora Arrimadas formuló al presidente del Gobierno cuando le
dijo: el Gobierno tiene que tomar cartas en el asunto y si a usted le preocupa la sanidad de los españoles recentralice las competencias. Para nosotros, el Grupo Vasco, como comprenderá, esto es un choque de modelos; ustedes defienden un modelo
en el que quieren una política sanitaria única, como el ejército, que dependa de un mando único y que nadie tenga nada más que decir, con lo cual, según ustedes, funcionaría mejor porque se simplificaría todo. Y eso choca radicalmente con el modelo
de distribución competencial y de políticas sanitarias que nosotros defendemos. Por lo tanto, no podemos en ningún caso compartir esta propuesta.


Nosotros, el Grupo Vasco, hemos presentado una enmienda de modificación del total de la propuesta que usted plantea, porque lo que hemos pretendido es hacer un cambio de paradigma. Es decir, ahí no nos vamos a encontrar; nosotros no
podemos aceptar una propuesta en la que se dice: En nuestro país, la descentralización de las competencias en materia sanitaria ha levantado barreras inquebrantables. Eso no es cierto. O que dice: A raíz de la descentralización de las
competencias se han generado obstáculos que llevan a los pacientes de cáncer a situaciones inaceptables. Eso no es cierto, en absoluto. Ustedes lo que tienen que hacer aquí, lo que tenemos que hacer, es avanzar en propuestas de mejora -claro que
sí-, porque hay que seguir luchando contra el cáncer, pero dentro del ámbito competencial del Estado: en investigación, en innovación, en aquellas competencias que corresponden a la Agencia de Medicamentos y Productos Sanitarios, en acortar los
tiempos para que se puedan homologar fármacos que serían realmente interesantes para mejorar la calidad de vida de esas personas que están padeciendo esta terrible enfermedad.


Usted decía que aquellas personas que viven en Euskadi, en la Comunidad Autónoma del País Vasco, tienen más oportunidades de vivir si tienen un cáncer de colon que en otros lugares y que tienen mejores cuidados paliativos. ¿Sabe por qué es
eso? Por dos cuestiones fundamentales. Una, por la apuesta firme y decidida de sus gobernantes de que sus políticas sanitarias den prioridad a un sistema sanitario público,

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universal y de calidad. Y, dos, porque tienen una hoja de ruta bien estructurada y bien guiada. Es esta, el plan oncológico, por ejemplo, en el caso que nos está ocupando hoy. (Muestra un documento). Y otras comunidades autónomas también
la tendrán. ¿Quiénes somos nosotros para ir diciendo que esto es papel mojado y que les vamos a decir cuáles son las iniciativas que tienen que hacer? Son hojas de ruta que se deben presentar. De hecho, le voy a poner un ejemplo de propuestas que
ustedes hacen en su iniciativa y que ya están recogidas. Fíjese, ustedes hablan de equipos multidisciplinares. El Plan Oncológico de Euskadi dice: 'Introducir mejoras en la organización y gestión del proceso oncológico para garantizar un enfoque
multidisciplinar en la atención de pacientes'. Es decir, ya está realizada la propuesta. Ustedes hablaban también de enfermería de enlace, que es una figura muy importante. Pues el Plan Oncológico de Euskadi dice ya: 'Las OSIs con servicio de
Oncología dispondrán de una red de enfermeras de enlace integradas en los respectivos comités de tumores responsables de la ‘navegación' del paciente durante el proceso'. Ustedes hablaban de atención primaria. El Plan Oncológico de Euskadi dice:
'Revisar y adecuar canales de diagnóstico rápido entre atención primaria y los especialistas hospitalarios para el diagnóstico y tratamiento precoz'. Seguía usted hablando de abordaje especializado. Dice el Plan Oncológico de Euskadi: 'Concentrar
procesos oncológicos de alta complejidad y baja prevalencia [...] que requieren de procedimientos y tratamientos de alta especialización en las que la concertación de conocimientos, medios y de un volumen mínimo...' es muy importante. Y puedo
seguir diciéndole. Ustedes hablaban de necesidades psicosociales. También este plan dice: Atención integral y seguimiento compartido entre atención primaria y especialistas para dar respuestas en las necesidades psicosociales.


Señor Díaz, peleen para que el Estado haga en su ámbito de competencias lo que tiene que hacer y peleen allí donde están para que los gobernantes que tienen competencias apuesten por una sanidad pública, universal, de calidad y con hojas de
ruta bien definidas, y verá como los resultados son mejores. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Gorospe.


Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra el señor Bueno Pinto.


El señor BUENO PINTO: Señorías, buenas tardes a todos y a todas.


Nos trae el Grupo Parlamentario Ciudadanos una propuesta que nosotros creemos bien intencionada y que persigue un buen fin, como es el de mejorar la atención, el diagnóstico y el acceso a los tratamientos de las personas con cáncer, algo que
sin duda todos y todas compartimos. Sin embargo, en nuestro grupo no estamos de acuerdo en algunos planteamientos que se han realizado en esta intervención y que recoge también la PNL, porque creemos que se centran demasiado en algunos aspectos y
obvian otros muy importantes. También porque creemos que muchas de las cosas que propone esta PNL ya vienen recogidas en la estrategia española contra el cáncer del Ministerio de Sanidad, con la que se pretende desarrollar acciones en los ámbitos
de la prevención, el cribado, el diagnóstico o el tratamiento. Y, como decía, porque hay elementos en la PNL que yo creo que se obvian, como es el de la promoción de la salud y la prevención del cáncer, que sí recoge esta estrategia con una serie
de medidas que van desde optar por una alimentación saludable hasta mejorar la actividad física, evitar el consumo de tabaco y alcohol, o reducir el consumo de carne, algo que en esta Cámara genera siempre mucha sorpresa -creo que no se leen los
documentos del Ministerio de Sanidad-. En definitiva, que también recoge cuestiones que tienen que ver con la detección precoz y con la prevención del cáncer, que son aspectos que atiende la atención primaria. En ese sentido, nos queríamos centrar
-porque nosotros creemos en los servicios públicos- en la necesidad de reforzar la atención primaria, que es la puerta de acceso al sistema de salud.


Y nosotros creemos también en el modelo territorial y en su desarrollo, y no creemos que este sea el que genere únicamente las desigualdades a las que Ciudadanos hace mención en su PNL. ¿Saben ustedes lo que sí está demostrado que genera
desigualdades en la atención, no el modelo autonómico? Favorecer gobiernos del Partido Popular en las autonomías; eso es lo que genera desigualdad en el acceso al sistema público de salud y en el acceso a la atención primaria. (Aplausos). Y es
que, señorías, basta con ver lo que hace o ha hecho el Partido Popular con el sistema público de salud. Pero yo no voy a hablarles de Madrid, voy a hablarles de mi tierra, de Andalucía, donde el Partido Popular ha puesto en marcha toda una batería
legislativa destinada únicamente a degradar la sanidad pública para favorecer a sus amigos de la sanidad privada. Y es que los recortes -es evidente- se ven en todo nuestro territorio. Pero no tiene suficiente el Partido Popular con eso, sino que
además ha batido el récord de derivación de pacientes a la sanidad privada, 111 millones de euros más de los previstos y presupuestados por la propia

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Junta de Andalucía. Además, nos levantamos un día viendo la intención del señor Juan Manuel Moreno Bonilla, alias el Moderado, de privatizar la atención primaria y entregársela a las empresas privadas. Eso es lo que genera desigualdad en
la detección precoz y en el acceso a los tratamientos, no el desarrollo del modelo competencial, ni del modelo estatutario, ni del Estatuto de Autonomía de Andalucía. Eso es lo que genera desigualdad, señorías, poner al frente de los sistemas
públicos de salud a gente que no ve ahí algo de lo que sentirnos orgullosos, un pilar del Estado de bienestar del que sentirnos orgullosos y orgullosas como país, sino que ven un nicho de mercado con el que hacer negocio para sus amigos y amigas de
la sanidad privada concertada. Eso es lo que genera la desigualdad y no, como digo, el desarrollo del Estatuto de Autonomía de Andalucía, por ejemplo.


Afortunadamente, estos ataques a la sanidad pública se intentan frenar todos los días con la movilización de muchas personas y con la actitud ejemplar del personal sanitario; con la movilización de muchas personas en Madrid, sí, pero
también en la provincia de Cádiz, en Alcalá del Valle, en Olvera, en Villamartín, en Bornos, en Algeciras, en Sanlúcar, en Cádiz, en Algeciras; gente que es consciente de lo que implica no luchar por un sistema público de salud y dejar que se haga
negocio con él; gente a la que le debemos que sigamos defendiendo hoy aquí, en esta tribuna, un sistema público de salud, a pesar de los ataques de algunos para convertirlo en un negocio en manos de sus amigos.


Pero, como decía al principio, señorías, y me dirijo al Grupo Ciudadanos, yo creo que la propuesta, la PNL está bien intencionada y persigue un fin con el que podemos estar todos de acuerdo, y, en ese sentido, hemos presentado una propuesta
que busca mejorar el texto inicial que ha presentado su grupo y que esperemos que se tenga en cuenta a la hora de someterlo a votación.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Bueno.


Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra la señora Jara Moreno. (Aplausos).


La señora JARA MORENO: Gracias, presidenta.


Señorías, el día que cualquiera de nosotros escuchamos la palabra cáncer en boca de nuestros médicos dirigida a nosotros mismos o a alguno de nuestros familiares o hijos, la vida nos ha cambiado. Ese día ha entrado un huracán de sensaciones
y miedos en nuestra vida diaria. Miedo por el ¿qué será de nosotros?, ¿dónde tengo el cáncer?, ¿está avanzado?, ¿me va a doler?, ¿qué me va a pasar?, ¿qué tratamientos existen?, ¿cuándo y qué me van a hacer? A continuación, aparecen en
nuestra mente otras inquietudes: ¿cómo voy a atender las necesidades económicas de mi hogar? Con lo que me van a pagar de baja laboral, ¿tengo suficiente para poder continuar con mi estilo de vida y el de mi familia? ¿Cómo se va a organizar mi
tratamiento? ¿Existen mejores opciones en otro lugar del país? ¿Me están ofreciendo el mejor tratamiento que existe o solo el tratamiento disponible en mi comunidad? (Aplausos).


Señorías, no es difícil que vivamos esta realidad, pues uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres desarrollará un cáncer a lo largo de su vida. Estas reflexiones nos deberían hacer pensar que no se trata de hablar del cáncer de
forma genérica, sino de la persona con cáncer y, dentro de ello, del cáncer específico que tiene un paciente en concreto. La evidencia científica en estos momentos nos indica que cada cáncer en cada persona es único, con unas características
oncogenéticas concretas y que se puede beneficiar de un tratamiento personalizado. Capítulo aparte es el de la oncología pediátrica, ya que el cáncer infantil afecta cada año a 138 niños por cada millón de niños menores de 15 años. Gracias al
desarrollo de la oncología pediátrica el 75 % de estos niños se van a curar, pero hay que dotar el abordaje del cáncer de mayores recursos, destinados a la investigación, a tratamientos personalizados y a la creación de la especialidad de oncología
pediátrica y genética clínica. Así pues, hay que diseñar políticas que aborden la atención del paciente con cáncer y las circunstancias de cada caso concreto. El paciente oncológico necesitará el mejor tratamiento que la ciencia le pueda ofrecer,
en el menor tiempo posible, con las mismas oportunidades viva donde viva y sin límites derivados de la Administración que influyan en sus oportunidades de supervivencia.


Todo paciente, una vez estudiado su caso por una comisión de tumores y decidida cuál es la mejor opción que tiene y dónde está ubicada, tiene que tener derecho a decidir dónde quiere ser tratado, sin demoras ni trabas, y poder trasladarse al
centro donde mejores resultados se estén obteniendo para su tipo de cáncer.


En VOX ofrecemos nuestro apoyo a cualquier iniciativa que contribuya al bienestar y mejor tratamiento para el paciente oncológico. Hemos querido contribuir con unas enmiendas referentes a promover la creación de centros oncológicos de
excelencia, a promover que cuantas pruebas de cribado existan se

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incluyan en todas las carteras de servicios por igual y, finalmente, a hacer campañas de información que fomenten el que la población se haga estas pruebas. (Aplausos).


Señorías de la extrema izquierda, señorías de la izquierda, señorías de la izquierda maquillada, resto de grupos parlamentarios, españoles que nos escuchan, no debemos olvidar que otra enfermedad que hace sufrir a todos los españoles en
estos momentos es este Gobierno socialcomunista, que está destrozando la sanidad, incrementando las desigualdades y desatendiendo a sus profesionales, y que la única esperanza de curación que queda es VOX. (Aplausos de los señores y las señoras
diputadas del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Jara.


Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra la señora Velasco Morillo.


La señora VELASCO MORILLO: Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes.


Esta iniciativa nos permite hablar del cáncer en España, la primera causa de muerte en menores de 65 años y la segunda en total tras las enfermedades cardiovasculares. Sin duda, el cáncer es la enfermedad que más hace sufrir a la sociedad y
supone una lacra para todos. En España, el cáncer es una de las principales causas de morbimortalidad. De cáncer fallecen en nuestro país diariamente más de 300 personas y se producen unos 750 diagnósticos de media al día. En los últimos años, el
número de diagnósticos de cáncer se ha incrementado a causa del envejecimiento de la población y, además, una de cada tres muertes por cáncer es debida a cinco factores evitables: tabaco, alcohol, las infecciones, el sedentarismo y las dietas
inadecuadas. Señorías, trabajar en estos factores es trabajar desde la prevención primaria en cáncer. (Rumores).


La señora PRESIDENTA: Perdone, señora Velasco.


Señorías, les pido silencio, por favor.


Continúe.


La señora VELASCO MORILLO: Pero también es importante la prevención secundaria, ampliando los grupos de edad de los cribados de cáncer de mama, colon o cuello de útero, o ampliándolos a otros como cáncer de pulmón, próstata o gástrico.
Este es uno de los objetivos de la Unión Europea y también ha de ser de España.


Señorías, se estima que este año se alcanzarán los 279 260 casos de cánceres diagnosticados según los registros de cáncer, cifras muy preocupantes que nos han de llevar a trabajar en una mejor coordinación a nivel nacional, poniendo el
cáncer en la agenda política sanitaria, como se encuentra a nivel de la Unión Europea. El Gobierno de España, en cáncer, tiene que alinearse con el Plan europeo de lucha contra el cáncer, como piden todos los clínicos y expertos, y la estrategia en
cáncer del Sistema Nacional de Salud tiene que ir en esta línea. Hay que unir esfuerzos, cuantos más mejor, porque la complejidad inherente a combatir el cáncer y la carga de la propia enfermedad convierten el cáncer en una de las amenazas más
serias para los gobiernos en Europa y en todo el mundo.


Las claves del abordaje del cáncer van más allá de la prevención, detección temprana y tratamiento. Se precisa ahondar en aspectos organizativos, en los mecanismos de incorporación de innovaciones, en asignación de recursos para mejorar la
respuesta integral al cáncer. Es muy difícil de entender, señorías, que un país que está en el liderazgo del desarrollo clínico de la innovación oncológica, como es España, sea un país donde estas innovaciones no lleguen o tardan excesivamente en
llegar a los pacientes. El tiempo desde su aprobación hasta su disponibilidad es de 517 días, casi dos años, muy lejano de los 180 que establece la ley; mientras que en otros países, como Alemania, son solo tres meses. Estos retrasos están
generando una notable pérdida de oportunidades en los pacientes oncológicos. O podíamos preguntarnos qué se está haciendo por parte del Gobierno Sánchez para incorporar los biomarcadores, la utilización de la biopsia líquida en los tumores más
frecuentes, la secuenciación de nueva generación, aspectos tan necesarios en la aplicación de la medicina de precisión. Podríamos hablar también de tratamientos tanto quirúrgicos como radioterapéuticos y su variabilidad en función del lugar de
España donde nos encontremos. (Rumores). O de cómo se está dotando a los profesionales sanitarios de las herramientas y las tecnologías sanitarias necesarias para una historia clínica interoperable digital y creando un acceso armonizado a los
datos sanitarios, que permita compartir conocimientos científicos y avanzar en la prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades, ya sea entre comunidades autónomas o a nivel europeo.


Señorías, los profesionales sanitarios se enfrentan día a día a nuevos retos... (Continúan los rumores).

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La señora PRESIDENTA: Perdóneme señora Velasco.


Señorías, es imposible seguir la intervención de la señora Velasco. Les pido silencio, por favor.


Cuando quiera, señora Velasco.


La señora VELASCO MORILLO: Gracias, presidenta.


Señorías, los profesionales sanitarios se enfrentan día a día a nuevos retos sanitarios en un entorno cada vez más cambiante, lo que ha provocado una nueva forma de abordar y entender el cáncer, una coordinación de todos los agentes
involucrados: la atención primaria, que necesita mejores herramientas y más profesionales, como lo hemos dicho permanentemente desde mi grupo parlamentario; la importancia de la enfermería y el papel que ha de tener; la importancia de la
humanización y la comunicación en el paciente; el apoyo psicosocial; la existencia de comités de tumores... En ese sentido va la enmienda que hemos presentado desde el Grupo Popular, en la dirección de lo que nos piden profesionales sanitarios y
pacientes, a los que escuchamos permanentemente y tenemos en cuenta.


Quiero agradecer especialmente al comité científico All.Can Spain, y especialmente a su director, Rafael López, como presidente, su trabajo en el estudio del cáncer. (Aplausos). Por el contrario, lo que vemos es un Gobierno de Sánchez que
no escucha ni atiende a nadie, con resultados de leyes chapuzas, como la ley trans o la ley del sí es sí. Asuman su responsabilidad incrementando más plazas de médicos especialistas, agilizando las innovaciones terapéuticas y diagnósticas que se
puedan aplicar en una verdadera medicina de precisión en cáncer. Desde el Grupo Parlamentario Popular les pedimos que la verdadera crisis del Gobierno la hagan para convocar a los españoles a las elecciones. Esta sería la única forma de no tener
un quinto ministro de Sanidad en los cinco años del Gobierno Sanchista.


Muchas gracias (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Velasco.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Guerra López.


La señora GUERRA LÓPEZ: Gracias, presidenta.


Señor Díaz, con todo el cariño, su proposición no de ley es un totum revolutum, parece que tratan de instrumentalizar a los pacientes del cáncer para defender la centralización de la sanidad. Le voy a dar dos datos: el primero, España
presenta una de las tasas de mortalidad por cáncer más bajas de Europa; y el segundo, España tiene uno de los mejores sistemas nacionales de salud público descentralizado de toda Europa, de todo el mundo.


Lamentablemente, no todas las fuerzas políticas defienden la sanidad pública, como lo hace este Gobierno, como lo hace este grupo parlamentario. Lo pudimos ver hace unos días en Madrid, donde la ciudadanía y los y las profesionales de la
salud ocupaban las calles para defender la sanidad pública madrileña. Podrían preguntarle, señorías del Partido Popular, al señor Feijóo si las personas que ocuparon las calles el otro día en Madrid en defensa de la sanidad pública son para él
gente de bien o no son gente de bien (Aplausos). Para este Grupo Parlamentario Socialista los madrileños y las madrileñas que ocuparon el espacio público para defender la sanidad son gente de bien, sin duda, y no es casual porque la Comunidad de
Madrid se sitúa una vez más -y ya van cuatro- a la cola en presupuesto sanitario per cápita. ¿Y saben qué, señorías de Ciudadanos? Que ustedes son corresponsables porque ustedes apuntalaron en Madrid, Andalucía y Castilla y León los gobiernos del
Partido Popular, esos gobiernos que recortaban la sanidad pública. (Aplausos). Porque fue el Partido Popular de Rajoy el que recortó 3896 millones de euros en sanidad, con solo pisar Moncloa. Fue el Partido Popular de Rajoy el que promovió el
copago farmacéutico para los y las jubiladas. Es el Partido Popular de Ayuso y Feijóo el que ha despedido a más de 6000 sanitarios en Madrid, y es el Partido Popular de Feijóo y Moreno Bonilla el que ha despedido a 8000 sanitarios en Andalucía.
(Aplausos).


Señorías de Ciudadanos, son como el dos por uno de la plaza de Colón, recortan la sanidad pública con el Partido Popular y después cuestionan el marco competencial con VOX. Y, mientras tanto, ¿saben lo que hace el Partido Socialista?
Incrementa más de 1000 millones de euros para la atención primaria... (Continúan los rumores).


La señora PRESIDENTA: Perdone un momento, señora Guerra.


Señorías, por favor, les pido silencio.


Cuando quiera, señora Guerra.

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La señora GUERRA LÓPEZ: Gracias, presidenta.


¿Saben lo que hace el Partido Socialista? Lidera las comunidades que más presupuesto per cápita destinan a sanidad, como hace Adrián Barbón en Asturias. ¿Saben lo que hace el Partido Socialista? Contratar a más de 400 profesionales para
la atención primaria y los hospitales, como hace Fernández Vara en Extremadura. (Una señora diputada: ¡No! ¡No!). Tranquila, señoría del Partido Popular.


Pero en este totum revolutum del que hablaba al inicio, efectivamente, señor Díaz, usted también habla de los tratamientos del cáncer, y tengo que reconocer que usted conoce la estrategia española contra el cáncer, porque muchos de los
puntos de su proposición no de ley están recogidos en esa estrategia. Efectivamente, este Gobierno apuesta por la excelencia y la innovación en la lucha contra el cáncer, introduciendo pruebas genéticas y medicina de precisión para hacer
tratamientos personalizados a cada paciente. Este Gobierno apuesta por los y las profesionales de referencia, tanto en enfermería como en medicina, para una mejor prevención, seguimiento y atención integral -también psicológica, como usted decía-
de los pacientes. Y este Gobierno trabaja junto con la Asociación Española contra el Cáncer para alcanzar una tasa de supervivencia en 2030 del 70 %.


Señorías, les pido un momento de atención. Existe en el mundo una enfermedad, la leucemia linfoblástica aguda de células T corticales, que afecta a niños y adolescentes de entre once y diecisiete años. En nuestro país cada año se
diagnostican treinta casos. Entre el 85 y el 95 % de esos casos responden positivamente al tratamiento; solo entre uno y cinco niños no lo hacen, van directamente a paliativos. Podría detenerme aquí. Fin de la noticia. Pero vivimos en un país
en el que se lucha para que esos cinco niños y sus familias continúen teniendo esperanza. Vivimos en un país en el que dos hospitales catalanes, Sant Joan de Deu y el Hospital Clínic, están realizando estudios para dar respuesta a esos cinco niños
y a sus familias. No saben si esos niños son de Lleida, Huelva, Cáceres o Teruel. Pero vivimos en un país en el que esos dos hospitales catalanes van a dar respuesta a esos niños, independientemente de donde sean.


Señorías, les voy a hacer una pregunta clara y directa. Si cualquiera de ustedes, si cualquiera de nosotros fuese el padre o la madre de uno de esos cinco niños, ¿querríamos un centro especializado que diese respuesta a nuestros hijos,
independientemente de donde estuviera ubicado el centro o nos conformaríamos con los paliativos? (Aplausos).


Termino, presidenta. Una gran nación es aquella que se preocupa y se ocupa por el bien común de todos sus miembros, independientemente de donde vivan, los recursos que tengan, su origen o clase social. Por eso para nosotros la sanidad debe
ser pública, digna, de calidad, gratuita y universal, porque eso verdaderamente es lo que define a una patria.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Guerra.


En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra, en primer lugar, la señora Cañadell Salvia.


La señora CAÑADELL SALVIA: Gràcies, presidenta.


El cáncer es una enfermedad con un alto nivel de incidencia en nuestra sociedad, es una enfermedad que mueve sensibilidades y, por desgracia, todos en nuestras familias o amistades hemos tenido que librar una dura batalla. Además,
diferentes expertos y estudios advierten de que el cáncer seguirá siendo uno de los principales problemas de salud pública en todo el mundo. Se estima que hasta el 2040 se producirá un incremento de casi el 50 % en los nuevos diagnósticos de esta
enfermedad, con especial afectación en pacientes menores de cincuenta años.


No obstante, señor Díaz, creo que no es de recibo culpar al sistema autonómico de la fragmentación del espacio sanitario y de haber levantado barreras infranqueables a la hora de atender las necesidades médicas de los pacientes. Existen
mecanismos de coordinación entre las autoridades sanitarias estatales y autonómicas, como el Consejo Interterritorial de Salud, pero quizás esta proposición no de ley obvia uno de los males endémicos del sistema, la infrafinanciación. Sin duda
alguna, una mejora de la financiación autonómica serviría para resolver en gran medida el déficit casi crónico que sufre el sistema sanitario y, por ende, el diagnóstico y tratamiento que en principio esta proposición no de ley dice querer mejorar.


También, señor Díaz, pone como culpable de todos los males a la descentralización de competencias, pero olvida nombrar todo lo que el Estado debería mejorar en este ámbito, como agilizar los trámites para

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fijar precios a fármacos contra el cáncer y autorizados, dedicar más recursos a la investigación y ampliar plazas en distintas especialidades, entre otras medidas.


Valoraremos cómo queda el redactado final para fijar nuestra posición.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Cañadell.


Por el mismo grupo parlamentario, tiene la palabra la señora Calvo Gómez.


La señora CALVO GÓMEZ: Señorías, fue Hipócrates quien bautizó al cáncer como karkinos, o cangrejo en griego, seguro que no imaginaba que tantos miles de personas se inspiraran en su juramento de no llevar otro propósito que el bien y la
salud de los enfermos ni que su karkinos se iba a convertir en la plaga del siglo XXI. Así que, señorías, centrémonos en ponerle cura, pero respetando las competencias de las comunidades autónomas y no recentralizándolas utilizando el cáncer como
excusa. Los enfermos quieren curarse, no que se use su enfermedad electoralmente.


¿Qué dice la Unión Europea? Con competencias complementarias o de apoyo en salud, busca complicidad y colaboración transfronteriza a través de las regiones en su Unión de la Salud. Gracias al trabajo del eurodiputado de Junts Toni Comín,
exconseller de Salut, y a su equipo, las autoridades regionales con competencias sanitarias podrán estar en la confección de los planes de prevención de amenazas sanitarias transfronterizas. A eso se le llama aplicar el principio de subsidiariedad
en favor de la salud de las personas. Así se trabaja la inequidad. En salud es especialmente importante valorar proximidad, experiencia y conocimientos. Su burocracia recentralizadora, en cambio, pondría en riesgo ese capital.


Además, señorías de Ciudadanos, aclárense, porque ustedes, en vez de liberales, en esta ocasión actúan como marxistas de Groucho Marx, tienen unos principios en Europa y otros en el Estado español. Porque la iniciativa legislativa de hoy
cuestiona el principio de subsidiariedad dentro de la Unión Europea, principio que defienden cuando les toca votar en el Parlamento Europeo. Repasen el Plenario del 11 de noviembre de 2021.


En la Unión Europea se trabaja en la ley para crear un espacio de datos sanitarios armonizado y gestionado por la Comisión Europea para que las regiones con mejor know how en colección, monitorización y gestión de bases de datos compartan
ese conocimiento con las demás. Cataluña es una de las regiones líderes, así que, en lugar de optar por la catalanofobia y pretender armonizar a nivel estatal la atención a los pacientes de cáncer, a riesgo de rebajar el nivel de cobertura de
Cataluña o de otras comunidades que también han hecho muy buen trabajo, aplaudan los liderazgos y pidan que las otras comunidades copien la buena praxis en política sanitaria.


Cuando piden asegurar un flujo de información sencilla, accesible, honesta y veraz para los pacientes y sus familias, entendemos que pretenden evitar que los profesionales sanitarios tengan que aprender las lenguas oficiales diferentes al
castellano. La llengua catalana també és llengua de salut.


Acabo. Decir que en las regiones mejor equipadas en sistema de salud no se ayuda a enfermos no residentes de estas regiones es perverso y es falso, y lo saben, pero ya vemos que en precampaña electoral pasamos de lo hipocrático a lo
hipócrita con demasiada facilidad.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Calvo.


Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra el señor Eritja Ciuró.


El señor ERITJA CIURÓ: Muchas gracias, presidenta.


A simple vista, esta proposición no de ley no debería plantear ningún problema. De hecho, incluso podemos compartir algunas de las propuestas que se plantean, como por ejemplo el punto 2, trabajar con los profesionales sanitarios de la
Atención Primaria en materia de información y formación, de forma que tengan más y mejores herramientas para la identificación de los posibles casos de cáncer y su derivación inmediata a especialistas oncológicos. Correcto. O el punto 4, poner en
valor el papel del personal de enfermería en los procesos y protocolos de abordaje del cáncer, desde la sospecha al tratamiento, como figura de gestión de casos y punto de referencia para pacientes, familiares y facultativos. Todo correcto. O,
incluso, el punto 5, asegurar un flujo de información sencilla, accesible, honesta y veraz para los pacientes y sus familias, ampliando la disponibilidad de apoyo psicosocial en todo el territorio nacional. O el punto 6, establecer, de la mano de
las comunidades autónomas y los gestores hospitalarios, equipos multidisciplinares para el tratamiento de casos, asegurando así la mejor atención hospitalaria posible y un

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tratamiento más preciso al paciente y su tipología de cáncer. He querido leerlo porque realmente son propuestas que tienen sentido común, y en ese sentido tomaremos nota para implementarlo en Cataluña, siempre y cuando no esté ya
implementado, se lo aviso.


Pero donde sí discrepamos, y ustedes lo saben, es en el modelo de prestación de los servicios sanitarios. Cuando hablan de acabar con las desigualdades territoriales existentes actualmente en el diagnóstico o tratamiento de cáncer. Ustedes
saben que las comunidades autónomas tienen plena competencia en la implementación y gestión de las prestaciones sanitarias, les guste o no les guste, y cualquier planteamiento de cómo deben hacerlo supone una clara injerencia competencial. Eso es
clarísimo. (Rumores).


La señora PRESIDENTA: Señorías, les pido silencio, por favor.


El señor ERITJA CIURÓ: No se trata de coordinar ni de imponer nada, en todo caso de colaborar. Y cuando ustedes piden una mayor equidad territorial en la prestación de los servicios -curiosamente pocas veces hacen referencia a la equidad
social, que es otro tipo de equidad-, siempre lo vienen solicitando a la baja, menospreciando en muchos casos el esfuerzo de algunas comunidades que sí apuestan por una sanidad de calidad.


En el caso, por ejemplo, del traslado de pacientes de una comunidad a otra, ¿cómo plantean ustedes el nivel de compensación de los costes de la prestación? Porque la prestación de servicios sanitarios comporta costes que asumen las
comunidades autónomas. En todo caso, siempre les vengo repitiendo lo mismo, que las diferencias en la prestación de los servicios de una comunidad a otra responde muchas veces -repito, responde muchas veces- a si el gobierno autonómico de turno
considera o no prioritario financiar correctamente la sanidad pública, y todos sabemos de qué estamos hablando.


Les propongo otra vía: presenten ustedes esta iniciativa en los correspondientes parlamentos de los gobiernos autonómicos, que es realmente donde toca, con criterios, procesos y protocolos homogéneos, aunque, eso sí, siempre y cuando tengan
suficiente representación parlamentaria para hacerlo.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Eritja.


Señor Díaz, ¿acepta su grupo parlamentario alguna de las enmiendas presentadas?


El señor DÍAZ GÓMEZ: Aunque no lo parezca a tenor de algunas intervenciones, estamos trabajando una transaccional magnífica, que llevaremos a la Mesa.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muy bien. La recibiremos con ganas. Muchas gracias, señor Díaz.


Votamos en cinco minutos. (Pausa).


TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY. (VOTACIÓN):


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO REPUBLICANO, DE REGULACIÓN INTEGRAL DEL CANNABIS. (Número de expediente 122/000228).


La señora PRESIDENTA: Señorías, ocupen sus escaños. Vamos a dar comienzo a las votaciones.


Empezamos con la toma en consideración de las proposiciones de ley. Proposición de ley del Grupo Parlamentario Republicano, de regulación integral del cannabis.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 341; a favor, 78; en contra, 261; abstenciones, 2.


La señora PRESIDENTA: En consecuencia, no se toma en consideración la proposición de ley.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO PLURAL, ORGÁNICA PARA LA DEROGACIÓN DEL ARTÍCULO 384 BIS DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL. (Número de expediente 122/000250).


La señora PRESIDENTA: Proposición de ley del Grupo Parlamentario Plural, orgánica para la derogación del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 341; a favor, 35; en contra, 273; abstenciones, 33.

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La señora PRESIDENTA: En consecuencia, no se toma en consideración la proposición de ley.


ACUERDO DE TRAMITACIÓN DIRECTA Y EN LECTURA ÚNICA DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. (VOTACIÓN):


- ACUERDO DE TRAMITACIÓN DIRECTA Y EN LECTURA ÚNICA DEL PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 28/1990, DE 26 DE DICIEMBRE, POR LA QUE SE APRUEBA EL CONVENIO ECONÓMICO ENTRE EL ESTADO Y LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA. (Número de
expediente 121/000142).


La señora PRESIDENTA: Acuerdo de tramitación directa y en lectura única del Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 28/1990, de 26 de diciembre, por la que se aprueba el Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de
Navarra.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 336; a favor, 272; en contra, 61; abstenciones, 3.


La señora PRESIDENTA: En consecuencia, se acuerda la tramitación directa y en lectura única del proyecto de ley.


- ACUERDO DE TRAMITACIÓN DIRECTA Y EN LECTURA ÚNICA DEL PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 12/2002, DE 23 DE MAYO, POR LA QUE SE APRUEBA EL CONCIERTO ECONÓMICO CON LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO. (Número de expediente
121/000143).


La señora PRESIDENTA: Acuerdo de tramitación directa y en lectura única del Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 336; a favor, 272; en contra, 61; abstenciones, 3.


La señora PRESIDENTA: En consecuencia, se acuerda la tramitación directa y en lectura única del citado proyecto de ley.


- ACUERDO DE TRAMITACIÓN DIRECTA Y EN LECTURA ÚNICA DEL PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE APRUEBA LA METODOLOGÍA DE SEÑALAMIENTO DEL CUPO DEL PAÍS VASCO PARA EL QUINQUENIO 2022-2026. (Número de expediente 121/0001449.


La señora PRESIDENTA: Acuerdo de tramitación directa y en lectura única del proyecto de ley por la que se aprueba la metodología de señalamiento del cupo del País Vasco para el quinquenio 2022-2026.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 336; a favor, 272; en contra, 61; abstenciones, 3.


La señora PRESIDENTA: En consecuencia, se acuerda la tramitación directa y en lectura única del citado proyecto de ley.


Muchas gracias. Buenas noches.


Se suspende la sesión hasta mañana a las nueve.


Eran las ocho y cinco minutos de la noche.