Ruta de navegación
Publicaciones
DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 232, de 14/12/2022
cve: DSCD-14-PL-232
PDF
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2022 XIV LEGISLATURA Núm. 232
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª MERITXELL BATET LAMAÑA
Sesión plenaria núm. 224
celebrada el miércoles,
14 de diciembre de 2022
ORDEN DEL DÍA:
Preguntas ... (Página4)
Interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Parlamentario Mixto (señor Guitarte Gimeno), sobre la necesidad de reformar la financiación de los pequeños municipios para corregir el agravio endémico en el modelo de fiscalidad y financiación de las haciendas locales en la
España vaciada. (Número de expediente 172/000248) ... (Página23)
- Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), al Ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática sobre las medidas que va a tomar el Ejecutivo central para articular de forma más ágil y eficaz la distribución de los
Fondos Europeos, incluida la parte relativa a los préstamos por valor de unos 80 000 millones de euros que el Gobierno español previsiblemente solicitará antes de finales de año. (Número de expediente 172/000254) ...
- Del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, relativa a la brecha digital en la atención a la ciudadanía por parte de la Administración Pública. (Número de expediente 172/000257) ... (Página36)
- Del Grupo Parlamentario Plural (señor Baldoví Roda), para paliar los efectos de la crisis energética y económica actual que están afectando a las empresas del sector cerámico de las comarcas de Castellón provocados por la guerra de
Ucrania. (Número de expediente 172/000251) ... (Página42)
SUMARIO
Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.
Preguntas ... (Página4)
Del diputado don Pablo Hispán Iglesias de Ussel, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al señor ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación: ¿Cómo valora el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea
y Cooperación la visita a Argentina de la vicepresidenta segunda del Gobierno para apoyar a una persona condenada por corrupción? (Número de expediente 180/001108) ... (Página4)
Del diputado don Jon Iñarritu García, del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, que formula al señor ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación: ¿Qué medidas estima tomar el Gobierno para evitar casos de corrupción por
parte de terceros Estados como los recientemente conocidos en instituciones europeas? (Número de expediente 180/001114) ... (Página6)
Del diputado don José Antonio Bermúdez de Castro Fernández, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula a la señora ministra de Justicia: ¿Hasta cuándo va a seguir el Gobierno promoviendo reformas en el Código Penal con el
objetivo de seguir siendo Gobierno? (Número de expediente 180/001109) ... (Página7)
Del diputado don Carlos Rojas García, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula a la señora ministra de Defensa: ¿Está dispuesta la ministra de Defensa a seguir en el cargo si el Grupo Parlamentario Socialista apoya una
enmienda legislativa que de alguna manera favorezca la corrupción? (Número de expediente 180/001110) ... (Página9)
Del diputado don Iván Espinosa de los Monteros de Simón, del Grupo Parlamentario VOX, que formula a la señora ministra de Hacienda y Función Pública: ¿Cree que los españoles pueden seguir soportando el expolio fiscal al que les está
sometiendo el Gobierno? (Número de expediente 180/001102) ... (Página10)
De la diputada doña Idoia Sagastizabal Unzetabarrenetxea, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), que formula a la señora ministra de Hacienda y Función Pública: ¿Por qué no ha aceptado prorrogar en la tramitación de los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2023 las ayudas directas al transporte público colectivo que finalizan el 31 de diciembre? (Número de expediente 180/001083) ... (Página12)
De la diputada doña Idoia Sagastizabal Unzetabarrenetxea, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), que formula a la señora ministra de Hacienda y Función Pública: ¿Por qué se niegan a adoptar medidas para mejorar el salario de los
trabajadores en las empresas de servicios a las administraciones públicas? (Número de expediente 180/001106) ... (Página13)
De la diputada doña María Fernández Pérez, del Grupo Parlamentario Mixto, que formula a la señora ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana: ¿Considera que han surtido efecto las medidas adoptadas por su Gobierno para contener el
alza abusiva de los precios de los billetes aéreos entre Canarias y la Península? (Número de expediente 180/001100) ... (Página14)
De la diputada doña Edurne Uriarte Bengoechea, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al señor ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática: ¿Considera que la política de nombramientos en
Patrimonio Nacional contribuye a la regeneración y ética de la política? (Número de expediente 180/001112) ... (Página16)
De la diputada doña Inés Arrimadas García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, que formula al señor ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática: ¿Considera el Gobierno que sus alianzas parlamentarias
favorecen la calidad de la democracia española? (Número de expediente 180/001101) ... (Página17)
De la diputada doña Carmen Navarro Lacoba, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula a la señora ministra de Igualdad: ¿No ha tenido suficiente con la Ley del 'solo sí es sí' para incidir en los mismos errores con el resto
de normativa en tramitación? (Número de expediente 180/001111) ... (Página19)
De la diputada doña Inés María Cañizares Pacheco, del Grupo Parlamentario VOX, que formula a la señora ministra de Igualdad: ¿Acabará la legislatura siendo ministra del Gobierno de España? (Número de expediente 180/001103) ...
De la diputada doña Norma Pujol i Farré, del Grupo Parlamentario Republicano, que formula al señor ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones: ¿Cómo valora el Gobierno la gestión del Ingreso Mínimo Vital? (Número de expediente
180/001099) ... (Página21)
Interpelaciones urgentes ... (Página23)
Del Grupo Parlamentario Mixto (señor Guitarte Gimeno), sobre la necesidad de reformar la financiación de los pequeños municipios para corregir el agravio endémico en el modelo de fiscalidad y financiación de las haciendas locales en la
España vaciada ... (Página23)
Formula la interpelación urgente el señor Guitarte Gimeno, del Grupo Parlamentario Mixto.
En nombre del Gobierno contesta la señora ministra de Hacienda y Función Pública (Montero Cuadrado).
Replica el señor Guitarte Gimeno y duplica la señora ministra de Hacienda y Función Pública.
Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), al ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática sobre las medidas que va a tomar el Ejecutivo central para articular de forma más ágil y eficaz la distribución de los
Fondos Europeos, incluida la parte relativa a los préstamos por valor de unos 80 000 millones de euros que el Gobierno español previsiblemente solicitará antes de finales de año ... (Página29)
Formula la interpelación urgente la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
En nombre del Gobierno contesta la señora ministra de Hacienda y Función Pública (Montero Cuadrado).
Replica la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea y duplica la señora ministra de Hacienda y Función Pública.
Del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, relativa a la brecha digital en la atención a la ciudadanía por parte de la Administración pública ... (Página36)
Formula la interpelación urgente la señora Aizpurua Arzallus, del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu.
En nombre del Gobierno contesta la señora ministra de Hacienda y Función Pública (Montero Cuadrado).
Replica la señora Aizpurua Arzallus y duplica la señora ministra de Hacienda y Función Pública.
Del Grupo Parlamentario Plural (señor Baldoví Roda), para paliar los efectos de la crisis energética y económica actual que están afectando a las empresas del sector cerámico de las comarcas de Castellón provocados por la guerra de Ucrania
... (Página42)
Formula la interpelación urgente el señor Baldoví Roda.
En nombre del Gobierno contesta la señora ministra de Industria, Comercio y Turismo (Maroto Illera).
Replica el señor Baldoví Roda y duplica la señora ministra de Industria, Comercio y Turismo.
Se suspende la sesión a las doce y cuarenta y cinco minutos del mediodía.
Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.
PREGUNTAS:
- DEL DIPUTADO DON PABLO HISPÁN IGLESIAS DE USSEL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN: ¿CÓMO VALORA EL MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN
EUROPEA Y COOPERACIÓN LA VISITA A ARGENTINA DE LA VICEPRESIDENTA SEGUNDA DEL GOBIERNO PARA APOYAR A UNA PERSONA CONDENADA POR CORRUPCIÓN? (Número de expediente 180/001108).
La señora PRESIDENTA: Muy buenos días, señorías. Se reanuda la sesión. Ocupen sus escaños, por favor.
Continuamos con las preguntas dirigidas al Gobierno conforme al orden remitido por el mismo.
En primer lugar, preguntas dirigidas al señor ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Pregunta del diputado don Pablo Hispán Iglesias de Ussel, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
El señor HISPÁN IGLESIAS DE USSEL: Señor Albares, su puesta de largo como ministro fue en la toma de posesión del señor Castillo, ante el cual no escatimó reverencias a pesar de los insultos que dirigió a España y al rey. Todo su Gobierno
recibió con entusiasmo a quien no ha sido más que un golpista de izquierdas. Después de una semana con Perú colapsado, ¿no tiene nada que decir?
Hoy el Parlamento Europeo vive el mayor escándalo en décadas. Sus declaraciones públicas sobre Catar no son muy diferentes a las de la eurodiputada socialista Kaili; viajes, fotos y halagos a Catar semejantes a los de su delincuente
compañera socialista. (Rumores). ¿Va a proponer a Bélgica que cambie su legislación por la vía de urgencia para exculparla como hacen en España con sus socios y compañeros malversadores? Si su respeto a esta Cámara fuera al menos el del caballo
de Pavía, comparecería para explicar sus razones y su viaje a Catar, en el que se ofreció para inversiones de su fondo soberano y dar un salto cualitativo a la relación. ¿No tiene nada que decir? (Una señora diputada: ¡El rey!).
Usted desde febrero no ha comparecido en Comisión para explicar su política respecto a Ucrania, la guerra más importante en Europa desde 1945, por lo que pedirle transparencia con Catar es como pedir honradez al Lazarillo. (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.
El señor HISPÁN IGLESIAS DE USSEL: Y es que han tomado al Estado como botín; así entienden la política y así han ocupado las instituciones. Por eso, la secretaria de Estado de Cooperación se va con los fondos de ayuda al desarrollo a
Latinoamérica a hacer mítines socialistas y pedir el voto para Sánchez. ¿No es eso malversación? Y no se pongan nerviosos, que la malversación para ustedes es más un mérito que un delito. Basta escuchar los halagos de la señora Yolanda Díaz y de
la señora Belarra a Cristina Kirchner después de haber sido condenada por robar más de 500 millones de dólares. En eso sí que se ponen de acuerdo. ¿Le parece aceptable convertir como referente moral de su Gobierno a la señora Kirchner? ¿Cree que
el Gobierno de España debe también cuestionar a la justicia argentina? ¿Considera que Argentina debe indultar a la señora Kirchner y reformar su Código Penal por la vía de urgencia para liberarla de cualquier delito como hacen en España con sus
socios? ¿No tiene nada que decir? (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Señor ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN (Albares Bueno): Muchas gracias, presidenta.
Esta pregunta, señoría, demuestra que su grupo no tiene nada que decir en política exterior, que le recuerdo que es la política de Estado por excelencia, ni en política internacional. Pero es más grave aún, demuestra que ustedes se están
deslizando por el populismo en política internacional y que están abrazando abiertamente los bulos y las patrañas de la extrema derecha. (Rumores).
Yo leía y releía su pregunta y -permítame, señoría- yo pensaba que era un poco una broma, porque usted me estaba preguntando por un hecho que no se ha producido. No sé muy bien cómo quería usted que le contestara. Sobre el presidente
Castillo, es muy grave lo que he leído del presidente de su partido, el señor Feijóo, en una entrevista el domingo, en la que decía que ministros del Gobierno habían apoyado el autogolpe. Pero es que decía eso, como lo ha dicho usted hoy, catorce
horas después -catorce horas después- de que este Gobierno emitiera un comunicado condenando el autogolpe y en apoyo de la Constitución y la democracia peruana. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Señor Hispán
El señor HISPÁN IGLESIAS DE USSEL: Muchas gracias, señora presidenta.
Hablar de populistas un Gobierno que no ha dejado tiranía por apoyar, desde Venezuela hasta Irán, es mucha jeta. (Aplausos). Es mucha jeta, pero, como no acostumbra a venir a esta Cámara, no entiende el funcionamiento de nuestra democracia
parlamentaria.
Le he preguntado por el intento de golpe de Castillo, por las relaciones con Catar, por Ucrania, por el apoyo a una condenada por corrupción por parte del Gobierno y por mítines socialistas de su secretaria
de Estado con fondos públicos. Pedirle que conteste y esté a la altura es imposible, pero, si usted no cumple con su obligación, este grupo lo hará. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Hispán.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN (Albares Bueno): Señoría, el problema del Partido Popular es evidente, y esta pregunta es la prueba palpable. Ustedes no tienen nada que decir en la política de Estado
por excelencia de este país. El comunicado del Gobierno es público y se emitió dos horas después del autogolpe. Lo que ha dicho usted hoy es muy grave, pero aún más grave fue que el señor Feijóo, en una entrevista en un medio el domingo, seguía
insistiendo, como si aquí no hubiera comunicado. Yo solo he hecho un viaje a Catar para rescatar y exfiltrar a nuestros colaboradores afganos. No sé de qué viaje me está usted hablando. (Aplausos).
El problema es que ustedes tienen una agenda ideológica en política exterior como todos los populistas, esparciendo bulos y patrañas. Tienen una agenda ideológica porque solo se acercan a gobiernos de América Latina cuando son de su signo
político, a diferencia de este Gobierno, que se lleva extraordinariamente con un gobierno como el de Ecuador y con los nuevos liderazgos progresistas. Por cierto, desde esa tribuna (señalando a la tribuna de oradores), señoría, uno de esos
diputados acusaba a siete líderes de América Latina democráticamente elegidos de ser radicales, ¡el 75 % de la población de América Latina! (Rumores). Usted mismo, señoría, nos acusaba de blanquear a Vladímir Putin por reunirnos con el secretario
general adjunto de Naciones Unidas, que sí, es ruso. Ustedes decían que dábamos 130 millones a Bill Gates, cuando los damos al fondo contra el sida y la malaria... (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON JON IÑARRITU GARCÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO EUSKAL HERRIA BILDU, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN: ¿QUÉ MEDIDAS ESTIMA TOMAR EL GOBIERNO PARA EVITAR CASOS DE CORRUPCIÓN POR
PARTE DE TERCEROS ESTADOS COMO LOS RECIENTEMENTE CONOCIDOS EN INSTITUCIONES EUROPEAS? (Número de expediente 180/001114).
La señora PRESIDENTA: Pregunta del diputado don Jon Iñarritu García, del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu.
El señor IÑARRITU GARCÍA: Muchas gracias, presidenta.
Buenos días, señor ministro. Ayer escuchábamos declaraciones de varios mandatarios europeos señalando que era un día negro para Europa en relación con el caso Catargate; un caso de trama, de corrupción, de compra de voluntades a
mandatarios europeos. Por eso, le pregunto qué medidas estima tomar el Gobierno para evitar que tramas así puedan afectar al Estado español, pero también a varias instituciones europeas.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Señor ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN (Albares Bueno): Gracias, presidenta.
Señoría, este caso me preocupa exactamente igual que a usted y lo considero de una extrema gravedad. Esperamos que la investigación que está llevando adelante la Policía belga y la Fiscalía belga llegue hasta sus últimas consecuencias.
Esto lo que demuestra es que la corrupción internacional existe y que es necesario reforzar la cooperación internacional.
El Fondo Monetario Internacional hablaba de que en corrupción internacional se está yendo el 2 % del PIB del planeta -el 2 % del PIB del planeta-, y por eso España ha suscrito todas las convenciones internacionales, las más importantes en la
OCDE, para hacer frente a estos desafíos de corrupción internacional y en foros como el G-20 España está a la vanguardia de la lucha contra la corrupción, porque, si alguna es la seña de identidad de este Gobierno es precisamente esa, la lucha
contra la corrupción. (Aplausos.-Rumores).
La señora PRESIDENTA: Señor Iñarritu.
El señor IÑARRITU GARCÍA: Gracias, presidenta.
Señor ministro, esto va más allá de la corrupción, son tramas organizadas para la compra de voluntades de mandatarios europeos para que cambien las opiniones y los informes de instituciones con relación a esos Estados que suelen ser
tiranías; en este caso Catar, un lugar donde, por cierto, se está celebrando un mundial de fútbol que también está bajo sospecha.
Esto representa una amenaza a la confianza en las instituciones, pero es que no es un caso único, no afecta a una sola institución. Hace apenas cinco años veíamos cómo en otra institución, en el Consejo de Europa, salía a la luz la trama de
Azerbaiyán, esa tiranía que estaba comprando, por medio de la llamada diplomacia caviar, a varios parlamentarios europeos, por cierto, alguno miembro de esta Cámara y de las Cortes Generales, entre ellos el presidente del momento de la Asamblea
parlamentaria.
Esto va más allá de una institución y va más allá de un Estado europeo. Por eso, ayer, la presidenta de la Comisión Europea decía que hay que tomar estándares comunes en los diferentes países. Es evidente que las democracias occidentales
están en una situación de vulnerabilidad ante esas tiranías, ya sean del mar Caspio o ya sean del Golfo. Por eso le pregunto, ¿ha hablado usted estos días con sus homólogos de la Unión Europea ante este caso? ¿Están investigando si hay algún caso
de algún ciudadano español en esta trama o si se ha producido alguno de estos casos en España? Y, sobre todo, si puede, díganos qué medidas van a tomar para evitar que casos así se vuelvan a reproducir. Ya digo, no es un caso de corrupción en sí,
son tramas que intentan comprar la voluntad de mandatarios europeos, que es algo que afecta y que mina la confianza de los ciudadanos en las instituciones tanto europeas como también de los Estados miembros de la Unión.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Señor ministro.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN (Albares Bueno): Señoría, le insisto, estoy totalmente de acuerdo con usted tanto en la gravedad de estas actuaciones como en la necesidad de extremar la coordinación
internacional porque un solo país, España, o cualquier país del planeta, el más poderoso del planeta, no pueden hacer nada por sí solos frente a estas tramas que actúan internacionalmente a lo largo de varios países tocando a funcionarios o a
políticos de distintos países.
Por contestar muy directamente a su pregunta, sí, he tratado este tema en Bruselas, donde precisamente me encontraba el domingo por la tarde en una reunión con la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, y el lunes tuve un Consejo de
Asuntos Exteriores con los ministros de Asuntos Exteriores para trasladar la disposición de España y del Gobierno de España a colaborar en todo lo que se pueda, y lo que descubrí es que la preocupación y el deseo de luchar contra esta lacra es común
a todos. En segundo lugar, de la información que yo tengo en estos momentos -insisto, de la información que tengo en estos momentos-, no, ningún eurodiputado español está ni de cerca ni de lejos siendo investigado. Lo que esperamos es que la
Fiscalía belga llegue hasta el final, y lo que está haciendo España es precisamente lo que la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, firmada por 189 Estados, y de la que España forma parte, indica.
Estamos tomando medidas preventivas, hemos tipificado estas conductas, estrechamos más la cooperación internacional y, en la medida en que podemos, participamos de la recuperación de activos, en la OCDE también. Le recuerdo que hay un tipo
penal en España que precisamente tipifica tanto la corrupción del funcionario internacional como el hecho de que desde instancias internacionales se pueda corromper a funcionarios españoles. No le quepa la menor duda: la seña de identidad de este
Gobierno es la lucha contra la corrupción, y haremos... (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON JOSÉ ANTONIO BERMÚDEZ DE CASTRO FERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE JUSTICIA: ¿HASTA CUÁNDO VA A SEGUIR EL GOBIERNO PROMOVIENDO REFORMAS EN EL CÓDIGO PENAL CON EL
OBJETIVO DE SEGUIR SIENDO GOBIERNO? (Número de expediente 180/001109).
La señora PRESIDENTA: Pregunta dirigida a la señora ministra de Justicia.
Pregunta del diputado don José Antonio Bermúdez de Castro Fernández, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
El señor BERMÚDEZ DE CASTRO FERNÁNDEZ: Gracias, presidenta.
Señora ministra de Justicia, si por algo se ha caracterizado su ministerio en esta legislatura es por la improvisación y por el caos normativo. Ejemplo de ello es que llevamos nada menos que diecisiete reformas del Código Penal; unas están
siendo impulsadas directamente por el Gobierno y otras, por el Grupo Socialista con el objetivo de eludir los informes preceptivos de los organismos que realizan el control de legalidad. Muchas de ellas se están tramitando de manera exprés, sin
apenas debate y pisoteando los derechos de los parlamentarios de esta Cámara, y así salen luego algunas leyes como la del solo sí es sí, que solo ha servido para desproteger a las mujeres. Pero, si eso es grave, tanto más grave es suprimir el
delito de sedición por imposición de los que lo cometieron a cambio de aprobar los presupuestos, como ha reconocido recientemente el señor Rufián. A esa indignidad ustedes han sumado ayer en Comisión un indecente lavado de cara del delito de
malversación para rebajar las penas a los corruptos. Por eso le pregunto: ¿van a continuar cediendo ante el chantaje de los separatistas y seguir reformando el Código Penal a la carta con tal de mantenerse en el Gobierno? (Aplausos.-Una señora
diputada: ¡Muy bien!).
La señora PRESIDENTA: Señora ministra de Justicia.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Llop Cuenca): Gracias, señora presidenta.
Gracias, señoría. Mire, el Gobierno es Gobierno porque goza de la confianza de esta Cámara y goza también de la confianza, por tanto, de las fuerzas políticas mayoritarias que le apoyan. ¿O es que acaso ustedes no reconocen el resultado de
las últimas elecciones y, por tanto, no reconocen tampoco la legitimidad de este Parlamento? (Rumores.-Aplausos).
No es la finalidad de este Gobierno gobernar a toda costa, señorías. La finalidad de este Gobierno es proteger a la mayoría social de nuestro país, la finalidad de este Gobierno es estar al lado de las personas que más lo necesitan...
(Rumores).
La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Llop Cuenca): ..., la finalidad de este Gobierno es proteger a las víctimas, es combatir la corrupción, es no hacer enfrentamientos entre los territorios. Esa es la finalidad de este Gobierno. (Rumores).
Con este Gobierno, además, pensamos en las personas cuando abordamos todo este tipo de reformas legislativas; 175 iniciativas legislativas ya han sido aprobadas por la mayoría de esta Cámara y, además, lo hacemos con valentía y lo hacemos
también con firmeza y con determinación, a pesar de que ustedes se han instalado en el bloqueo y en la deslealtad constante en esa oposición. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Señor Bermúdez de Castro.
El señor BERMÚDEZ DE CASTRO FERNÁNDEZ: Gracias, señora presidenta.
Señora ministra, no la he visto muy convencida a la hora de defender estas reformas, que han sido negociadas directamente por el presidente del Gobierno ausente. ¿Sabe por qué? Porque van en dirección contraria de todo lo que ustedes
prometieron en campaña para que les votaran. (Aplausos). Eso es lo que no es legítimo.
Señora ministra, no se puede negociar con el Partido Popular la renovación del Consejo General del Poder Judicial y, en paralelo y traicionando la palabra dada, acordar con Esquerra y con Bildu suprimir o rebajar delitos para beneficiar a
los condenados en el procés; no se puede defender la Constitución y después asaltar el Tribunal Constitucional con nombramientos y reformas para intentar controlar esa institución; no se puede defender la independencia del Poder Judicial y después
insultar desde el Gobierno a los jueces cuando dictan sentencias que no les gustan, y no se puede cambiar justicia por votos, que es lo que están ustedes haciendo ahora con tal de mantenerse en el poder. ¿Eso es fortalecer el Estado de derecho y
cumplir con la Constitución? No, señorías, a eso se le llama de otra manera, a eso se le llama atacar el principio de lealtad constitucional, atacar la separación de poderes e intentar instrumentalizar la justicia en beneficio propio, y eso es ir
en contra del interés general e ir en contra de la mayoría social de este país y, si no se lo creen, convoquen elecciones y ya verán la respuesta de los españoles. (Aplausos.-Varias señoras y señores diputados: ¡Muy bien!).
La señora PRESIDENTA: Señora ministra de Justicia.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Llop Cuenca): Señoría, ya veo que se pone usted la tirita antes de la herida, y la verdad es que, como usted dice en su pregunta, hasta cuándo, hasta cuándo van ustedes a seguir bloqueando la renovación del
Consejo General del Poder Judicial (aplausos), porque todo, todo lo que usted ha estado diciendo hasta ahora debería aplicárselo, ya que presumir, como han hecho ustedes, como ha hecho su líder del Partido Popular, de bloquear el Consejo General del
Poder Judicial, de bloquear esa renovación, es una auténtica indignidad democrática (aplausos), señorías, y se pone aquí usted estupendo. Es deplorable que su bloque se permita el lujo de hablar de deriva autoritaria, de autogolpe, porque quien
únicamente está golpeando las instituciones de nuestro país, las instituciones democráticas es el Partido Popular. Reconozcan la realidad: hay un bloqueo evidente de las instituciones que se debe únicamente a ustedes, a su responsabilidad.
Reconozcan la realidad: de las elecciones de diciembre de 2019 salió un Gobierno legítimo, un Parlamento legítimo, que acaba de obtener en esta Cámara, tres años después, más de 174 iniciativas legislativas... (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra.
- DEL DIPUTADO DON CARLOS ROJAS GARCÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE DEFENSA: ¿ESTÁ DISPUESTA LA MINISTRA DE DEFENSA A SEGUIR EN EL CARGO SI EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA APOYA UNA
ENMIENDA LEGISLATIVA QUE DE ALGUNA MANERA FAVOREZCA LA CORRUPCIÓN? (Número de expediente 180/001110).
La señora PRESIDENTA: Pregunta dirigida a la señora ministra de Defensa.
Pregunta del diputado don Carlos Rojas García, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
El señor ROJAS GARCÍA: Gracias, señora presidenta.
Señora ministra, la deriva de este Gobierno está rompiendo todos los límites, y, créame, no se puede caer más bajo. El presidente del Gobierno ha decidido que su partido legisle al dictado de los delincuentes, los mismos que le dicen que lo
volverán a hacer, los mismos que se jactan de que con este cambio legislativo podrán dar un golpe más fuerte al Estado.
El Gobierno del que usted forma parte está derogando la sedición y rebajando la malversación a los corruptos al dictado de los delincuentes. Cuando el presidente del Gobierno dijo que iba a traer a Puigdemont no dijo que esto sería borrando
sus delitos, señoría, y este hecho es tan increíble como grave, como fue lo de ayer, al decir que pretenden darle un toque a los jueces desde su grupo parlamentario.
¿Dónde está el límite? Usted es juez, usted tiene una especial responsabilidad, usted ha transigido con los indultos, con el CNI, con el sí es sí. ¿Hasta cuándo, señoría? ¿Dónde está el límite? Eso está ocurriendo, y usted lo sabe. Por
eso le preguntamos: ¿está usted dispuesta a seguir en el cargo si el Grupo Parlamentario Socialista sigue adelante con estos cambios legislativos y se acaba beneficiando a los corruptos? (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Señora ministra de Defensa.
La señora MINISTRA DE DEFENSA (Robles Fernández): Gracias, señora presidenta.
Señoría, le recuerdo que el artículo 567 de la Ley Orgánica del Poder Judicial dice que el Congreso deberá proceder a la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Usted forma parte del grupo parlamentario que está bloqueando esa
renovación. Por tanto, usted y su grupo están incumpliendo la ley y un mandato constitucional. (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Silencio.
La señora MINISTRA DE DEFENSA (Robles Fernández): La pregunta que usted me hace a mí yo se la hago a usted: ¿usted está satisfecho de estar ahí sentado, incumpliendo la Constitución y la ley? ¿Usted lo está? (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Señor Rojas.
El señor ROJAS GARCÍA: Es evidente que se avergüenza de su respuesta y por eso no la da, señoría. Deje ya el argumentario. España está viviendo ya momentos muy graves. Se trata de su trayectoria, se trata de una vida que usted ha
entregado al derecho, se trata de todo eso, se trata de España. Por eso responda, señoría, su respuesta es decepcionante... (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Silencio.
El señor ROJAS GARCÍA: ... y está perdiendo una gran oportunidad para decir lo que todos sostenemos, que un cargo, su cargo, se convierte en una carga cuando se pierden los principios, que los españoles no merecemos un Gobierno que mercadee
con el Estado, que no se puede legislar a merced de los corruptos, porque eso solamente va a traer más corrupción. Señorías, en términos similares se han expresado centenares de cargos socialistas, exministros, exdirigentes que rechazan las
actuaciones de este Gobierno, porque su objetivo es obtener a cualquier precio el apoyo parlamentario de los partidos separatistas y de los que están en contra de la Constitución. Eso se lo dicen sus dirigentes socialistas, señorías, los que
piensan en España, no ustedes. Estamos ante un pacto del Gobierno con delincuentes con el único fin de mantenerse en el poder. Esto no estaba en el discurso de investidura, esto no estaba en el programa electoral del Partido Socialista. Por
tanto, señoría, este Gobierno destila fraude por los cuatro costados y es necesario que convoquen urgentemente elecciones generales para que los españoles podamos opinar la forma de hacer política que queremos en España. (Aplausos). Señorías,
España no merece un Gobierno sin principios, España no merece un Gobierno que legisle con delincuentes. Señorías, no lo merecemos, no lo merecemos los españoles. (Una señora diputada: ¡Bravo! ¡Muy bien!-Aplausos de las señoras y los señores
diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, puestos en pie).
La señora PRESIDENTA: Señora ministra de Defensa.
La señora MINISTRA DE DEFENSA (Robles Fernández): Gracias, señora presidenta.
Señoría, deje usted también el argumentario, deje la cantinela. (Aplausos). Yo veo una repetición. No se preocupe usted tanto por mí, preocúpese por usted, que está incumpliendo la Constitución y la ley. (Aplausos). Le digo una cosa:
como ministra de Defensa del Gobierno de España, me siento profundamente orgullosa de España, de su Constitución (Rumores), de cumplirla entera, no como hacen ustedes.
La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.
La señora MINISTRA DE DEFENSA (Robles Fernández): Me siento muy orgullosa de los jueces de este país, de los españoles, de todos los españoles, de los maestros, de los médicos, de España, de este gran país, y me siento muy orgullosa como
ministra de Defensa de nuestras Fuerzas Armadas, esas que cuando ustedes estuvieron en el Gobierno durante siete años dejaron prácticamente desatendidas. Sí, me siento orgullosa de ser ministra de Defensa, como me siento orgullosa de ser parte de
un Gobierno, de este Gobierno, así que usted debería pensar más en usted. Usted, al que tanto le preocupa la trayectoria de otros, está incumpliendo la Constitución y está incumpliendo la ley. Haga como yo, siéntase orgulloso de España, siéntase
orgulloso de la Constitución (rumores) y dejen de hacer ruido. Olvide el argumentario, señor Rojas, usted es más listo, no necesita repetir lo que le mandan en la dirección de su partido, usted es más listo. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Señorías, les pido silencio.
- DEL DIPUTADO DON IVÁN ESPINOSA DE LOS MONTEROS DE SIMÓN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO VOX, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA: ¿CREE QUE LOS ESPAÑOLES PUEDEN SEGUIR SOPORTANDO EL EXPOLIO FISCAL AL QUE LES ESTÁ
SOMETIENDO EL GOBIERNO? (Número de expediente 180/001102).
La señora PRESIDENTA: Preguntas dirigidas a la señora ministra de Hacienda y Función Pública.
Pregunta del diputado don Iván Espinosa de los Monteros de Simón, del Grupo Parlamentario VOX.
El señor ESPINOSA DE LOS MONTEROS DE SIMÓN: Gracias, señora presidenta.
Señora ministra, lo primero es pedirle que le mande muchos recuerdos a la ministra de Economía, que hoy se ha ausentado en esta sesión de control. Es una pena que no nos acompañe en esta semana en la que tantos españoles la sienten tan
cerca, casi como si fuera parte de la familia, o si no de la familia, por lo menos como si fuera parte del patrimonio nacional. (Risas). Pero, a la vista de que no comparece la ministra de Economía, pasamos a la de Hacienda, y la tentación es
preguntarle a usted si va a volver a subir los impuestos, pero sería una tentación baldía, porque ya le he hecho esa pregunta cuatro veces y en las cuatro usted ha faltado a la verdad. Todos recordamos aquello de: este Gobierno no va a subir los
impuestos ni a la clase media ni a la clase trabajadora. Y desde entonces las clases medias españolas han sufrido como en ningún otro país desarrollado, no solo por una nefasta gestión económica que nos ha dejado rezagados en la
recuperación, no solo por la inflación, que ha empobrecido a los españoles como nunca en estos últimos cuarenta años, sino también porque su Gobierno, usted, señora ministra, ha elevado la presión fiscal en España hasta niveles insostenibles y
liderando el incremento de la fiscalidad en los países desarrollados. No vamos a recuperar el nivel económico de 2019 hasta por lo menos 2024, pero, según su propia Agencia Tributaria, ya pagamos un 26 % más de impuestos que antes de la pandemia.
¿Usted cree que los españoles pueden seguir soportando el expolio fiscal de este Gobierno? (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Señora ministra de Hacienda y Función Pública.
La señora MINISTRA DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA (Montero Cuadrado): Muchas gracias, señora presidenta.
Tiene usted razón, señor Espinosa, usted tiene mala suerte a la hora de formularme las preguntas, justamente viene usted a hablar de la inflación en el día de hoy, cuando hemos conocido que por cuarto mes consecutivo este país está bajando
la inflación (aplausos) y que tiene la tasa más baja del conjunto de la Unión Europea, lo que, por tanto, habla con rotundidad de que las políticas económicas que está practicando este Gobierno están ejerciendo el efecto deseado, que no es otro que
aliviar la situación internacional a las familias de nuestro país y a la pequeña y mediana empresa. En segundo lugar, señor Espinosa, si usted llama expolio fiscal a poner un impuesto a las energéticas, a las entidades financieras y a los grandes
capitales, hágaselo mirar, porque para la protección de la mayoría social de este país, aquellos que más están ganando, los que tienen beneficios extraordinarios, tienen que contribuir más, y usted lo que está haciendo aquí hoy es defender sus
intereses. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Señor Espinosa de los Monteros.
El señor ESPINOSA DE LOS MONTEROS DE SIMÓN: Señoría, no le quiero decepcionar, pero es que, si un mes la inflación sube el 10 %, el mes siguiente es el 6 %, quiere decir que los precios siguen subiendo. Esto lo entiende usted, ¿verdad?
¿Esto lo ha entendido? (Rumores). Los precios siguen subiendo respecto al año anterior. Luego se lo explica a la ministra de Economía. Pero la realidad, señora ministra de Hacienda, es que ustedes han subido sociedades, IVA, IRPF, patrimonio,
sucesiones, donaciones, el impuesto de matriculación, el de bienes inmuebles a través de una revisión histórica del catastro... La verdad es que ustedes han introducido la tasa Tobin, la tasa Google, los impuestos al plástico, a los residuos, al
aire acondicionado. Lo cierto es que ustedes han penalizado el ahorro reduciendo las deducciones aplicables a los planes de pensiones. Lo que no cabe duda es que el mayor incremento fiscal, el mayor esfuerzo fiscal en este país, ha recaído ¿sabe
usted sobre quién? No sobre los ricos, como le gusta decir, sino, utilizando sus palabras, sobre la clase media y la clase trabajadora, los mismos que ustedes han abandonado y los mismos, señora ministra, que les están abandonando a ustedes, porque
ustedes han sido un engaño para toda España, pero especialmente para sus votantes y especialmente para las clases medias y trabajadoras de este país. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Señora ministra.
La señora MINISTRA DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA (Montero Cuadrado): Gracias, señora presidenta.
Que se lo tiene usted que preparar mejor, señor Espinosa, que estamos con la inflación más baja de la Unión Europea, y ese dato a ustedes les estropea el titular (aplausos), la más baja, gracias a la política de este Gobierno; que este
Gobierno, señor Espinosa, ha practicado la bajada fiscal más importante que ha hecho un Gobierno (El señor Espinosa de los Monteros de Simón: ¿Cómo, cómo?) -no haga usted aspavientos- a la clase media y a la clase trabajadora. (Aplausos). Hemos
bajado el IVA de la luz, hemos bajado el IVA del gas y, en el IRPF, hemos bajado el complemento del trabajo. Señor Espinosa de los Monteros, en esos presupuestos que usted ha votado en contra hemos bajado la fiscalidad a los autónomos de este país,
que levantan España todos los días, y también hemos bajado la fiscalidad de la pequeña y la mediana empresa, la que gana menos de un millón de euros, 2 puntos en el impuesto sobre sociedades. (El señor Espinosa de los Monteros de Simón: Qué
barbaridad). Sí, este Gobierno le baja los impuestos a la clase media y a la pequeña empresa y le sube los impuestos -que es lo que a usted
le molesta- a las entidades financieras, a las eléctricas y a los grandes capitales. Vamos a seguir trabajando en esta dirección. (Aplausos).
- DE LA DIPUTADA DOÑA IDOIA SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA: ¿POR QUÉ NO HA ACEPTADO PRORROGAR EN LA TRAMITACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS
GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2023 LAS AYUDAS DIRECTAS AL TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO QUE FINALIZAN EL 31 DE DICIEMBRE? (Número de expediente 180/001083).
La señora PRESIDENTA: Pregunta de la diputada doña Idoia Sagastizabal Unzetabarrenetxea, del Grupo Parlamentario Vasco, EAJ-PNV.
La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias, presidenta.
Ministra, ¿por qué no han aceptado una enmienda de mi grupo en los presupuestos generales del Estado para prorrogar aquellas ayudas al transporte público que finalizan el 31 de diciembre a las comunidades autónomas?
La señora PRESIDENTA: Señora ministra de Hacienda y Función Pública.
La señora MINISTRA DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA (Montero Cuadrado): Muchas gracias, señora presidenta.
Efectivamente, señora Sagastizabal, a lo largo del debate y del diálogo que hemos tenido con su grupo parlamentario en la negociación presupuestaria, ustedes propusieron incorporar en el proyecto de presupuestos una medida que todos
valoramos de forma muy positiva, como es la subvención en un 30 % por parte del Gobierno de España al transporte público que gestionan comunidades autónomas o los propios ayuntamientos. Entonces, igual que le comento ahora, ya trasladamos que el
transporte de titularidad estatal lo convertiríamos en una medida estructural, que con independencia de cómo fuera la situación económica derivada de Ucrania, íbamos a ensayar durante todo un año que los usuarios pudieran abandonar su coche
particular para poder utilizar el transporte público en mayor medida. Eso permitirá ahorrar a la familia y, por otra parte, también combatir los efectos tan nocivos que para el medio ambiente tienen el tráfico y la circulación. En aquel momento ya
les comentamos que justamente con motivo del decreto ley de Ucrania que traeremos dentro de muy pocos días a esta Cámara tendríamos ocasión de debatir también con su grupo aquellas cuestiones que entendieran de mayor interés. En estos días lo vamos
a debatir y, por tanto, retomaremos ese diálogo, señoría. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Señora Sagastizabal.
La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias, ministra.
Lo cierto es que me esperaba una respuesta más positiva o afirmativa en este sentido por algunas declaraciones que han hecho algunas otras ministras. Tienen diecisiete días para poder hacerlo. No hay que olvidar que, como usted ha dicho,
la reducción del coste del transporte en un 30 %, que algunas comunidades autónomas complementaron hasta el 50 %, se planteó como una medida extraordinaria por unas circunstancias excepcionales, una medida que sí se tomó unilateralmente por parte de
su Gobierno, arrastrando al resto de administraciones a complementarla, con independencia de quién tenía las competencias. Y si antes esta medida adoptada de esta manera era eficaz y las circunstancias no han cambiado, entendemos necesaria su
prórroga. Ahora no se puede hacer recaer la responsabilidad -como algunos están pretendiendo- en las comunidades autónomas de que continúe o no esta bonificación del transporte y que estas a su vez asuman la totalidad de su coste, que asuman un
déficit del 30 % que hasta ahora ha venido asumiendo el Estado, sin tener en cuenta, además, su situación financiera.
La decisión del Partido Nacionalista Vasco es que las instituciones vascas prorroguen, dentro de sus posibilidades, estas bonificaciones que entraron en vigor en septiembre, pero si ustedes no acceden a mantener esta medida extraordinaria,
difícilmente las comunidades autónomas podrán prorrogar la misma en el tiempo. Además, nos encontraremos con otras comunidades autónomas que no la van a poder aplicar simplemente porque el transporte es autonómico y sus cuentas no se lo van a
permitir. Si no adoptan esta medida, van a convertir una ayuda que ha resultado eficaz en una ayuda parcial en función de quién ostente la competencia y, además, dirigida solamente a una parte de la ciudadanía, en lugar de
atender a las circunstancias que la motivaron; e indirectamente van a hacer asumir a otras autonomías un déficit extra de gasto para poder beneficiar a esa ciudadanía. Nosotros pelearemos por esta ayuda y esperaremos a ese decreto que van
a traer, pero ya le digo que si esta medida no aparece en ese decreto, difícilmente podremos apoyarles. Porque además entendemos que es una medida eficaz, que ha sido selectiva para una serie de personas con rentas bajas y medias, que ha valido
para fomentar el transporte público, para fomentar la reducción de emisiones y que, además, ayuda a reducir la inflación que estamos teniendo.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Señora ministra.
La señora MINISTRA DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA (Montero Cuadrado): Señora Sagastizabal, la mayoría de nosotros compartimos el diagnóstico sobre la bondad que han tenido las medidas que se han impulsado respecto a la gratuidad del
transporte público, y conocemos, más ahora que usted la ha expresado en esta tribuna, la posición de su grupo. Quiero decirle que creo que todos somos de la opinión de que es una política pública que hay que seguir impulsando en el marco de todas
las administraciones, tenemos que contribuir a profundizar en esas medidas para que puedan seguir adelante. Por tanto, esto lo veremos cuando traigamos el decreto ley, e, insisto, tendremos ocasión de hablarlo con su grupo. Y también hacemos un
llamamiento al conjunto de las administraciones para que hagan su parte, tal como establecía el decreto ley. Hay algunas comunidades autónomas que lo han hecho, hay otras comunidades autónomas que no la han hecho, pero se trata de que siempre
complementen las medidas que pone en marcha el Gobierno de España para mejor alivio de las familias. En todo caso, tomamos nota de su petición y, como le decía, tendremos ocasión de discutirlo en los próximos días, en las próximas semanas.
Muchas gracias. (Aplausos).
- DE LA DIPUTADA DOÑA IDOIA SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA: ¿POR QUÉ SE NIEGAN A ADOPTAR MEDIDAS PARA MEJORAR EL SALARIO DE LOS
TRABAJADORES EN LAS EMPRESAS DE SERVICIOS A LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS? (Número de expediente 180/001106).
La señora PRESIDENTA: Pregunta de la diputada doña Idoia Sagastizabal Unzetabarrenetxea, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias, presidenta.
Señora ministra, desde comienzos de 2022 estamos asistiendo a un incremento incesante de los precios que incide negativamente en la contratación pública. El aumento de costes no se está trasladando a la contratación pública, lo que está
acarreando problemas a las empresas, y a su vez estos problemas repercuten en sus plantillas. Usted conoce que la Ley de Contratos del Sector Público imposibilita la revisión de los contratos públicos en la mayoría de los contratos de servicios.
Además, esta restricción supone una traba a la negociación colectiva, lo cual dificulta que las personas trabajadoras puedan obtener mejoras salariales, e incluso puede generar problemas para consolidar las plantillas. El actual panorama económico,
con unos incrementos del IPC en torno al 7 % -ha llegado hasta el 8 y el 10 %-, hace que los incrementos de los costes que soportan estas adjudicatarias de contratos de servicios resulten, desde luego, inasumibles; por cierto, contratos de
servicios en los que la mayoría de las personas son mujeres y, precisamente, en sectores en los que los salarios no son muy altos.
Ministra, mi grupo le está solicitando una solución a este problema. Por eso presentamos una enmienda en este sentido en los presupuestos generales del Estado y también lo hemos hecho en el Decreto 14/2022, que está por tramitarse. Es una
medida excepcional, temporal en materia de revisión de contratos de los precios de los contratos públicos cuando la mano de obra es su coste principal; no alcanza a ningún otro coste y no se aplica a otros contratos que ya tienen regulada una
revisión de precios prevista por ley. Es una revisión que en el actual contexto económico, como le he dicho, permitiría que las empresas pudieran repercutir en el precio los costes de la subida salarial aplicada en convenio, facilitaría la adopción
de acuerdos salariales, evitando la conflictividad laboral y, además, se garantizaría la prestación del servicio.
Ministra, en todas las escalas de la Administración hay problemas para mantener estos contratos. Además, es una medida que se valora positivamente por sindicatos, empresas y administraciones. Me
puede decir, tal y como ha venido alegando la junta de contratación, que los incrementos salariales no pueden considerarse una circunstancia imprevisible, ya que deben ser previstos por los contratistas en el momento de presentar sus
ofertas, y es cierto, pero este argumento es válido en circunstancias normales, y ahora estamos en circunstancias extraordinarias que nadie hemos podido prever. Son incrementos sobrevenidos de los costes salariales, sí, con motivo de la negociación
colectiva, pero por la actual inflación que tenemos. No estamos planteando ninguna modificación definitiva del artículo 102 de la Ley de Contratos del Sector Público, por eso...
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Sagastizabal.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA (Montero Cuadrado): Muchas gracias, señora presidenta.
He entendido perfectamente su intervención y quiero hacerle varias consideraciones. Primero, desde luego, este Gobierno ha estado muy comprometido con la subida del salario del conjunto de los trabajadores de este país y lo ha estado a
través de la subida del salario mínimo interprofesional que, como usted bien sabe, afecta a muchas empresas de servicios y ha experimentado un incremento que no tiene parangón en ninguna de las legislaturas previas. Por tanto, es un compromiso
firme con la subida del salario, y pronto podremos conocer cuál es la propuesta que el Gobierno hace para el próximo año respecto de la subida a aquellos trabajadores que tienen una situación de mayor precariedad en el conjunto de nuestro país.
En segundo lugar, señora Sagastizabal, quiero trasladarle que el Gobierno ha hecho de forma quirúrgica una revisión de los precios que amparan a determinados contratos en función del impacto de la inflación, básicamente en el sector de la
construcción, que se estaba viendo muy afectado por la subida de determinados productos. Por tanto, ha ido actualizando, por orden y de forma periódica, cuáles son los elementos que consideramos que pueden ser objeto de actualización de esos
precios públicos.
Dicho esto, evidentemente el Gobierno no comparte la derogación de la ley de desindexación, y veo que ustedes tampoco, porque saben que esto puede provocar un efecto de segunda ronda en la economía que, evidentemente, profundizaría la
situación de inflación que tenemos en este momento. La materia salarial, si se vincula al precio de los contratos, desde nuestro punto de vista, podría tener ese efecto. Por tanto, señorías, nosotros animamos al sector privado a que llegue a
acuerdos con los trabajadores y que, vía convenio o acuerdos sectoriales, lo puedan desarrollar. Evidentemente, durante este periodo cada uno tenemos que aportar nuestra parte: la empresa tendrá que aportar una parte; los trabajadores, otra, y el
Gobierno de España tendrá que aportar otra. Pero creemos que lo que está haciendo el Gobierno en este momento de revisión quirúrgica es lo que corresponde, y si vemos que algunos de los materiales siguen subiendo de forma tan importante como en el
pasado -cosa que espero que no ocurra por la moderación que está experimentando la inflación- actuaríamos en consecuencia, pero la propuesta que ustedes en concreto proponían... (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra.
- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA FERNÁNDEZ PÉREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA: ¿CONSIDERA QUE HAN SURTIDO EFECTO LAS MEDIDAS ADOPTADAS POR SU GOBIERNO PARA CONTENER EL
ALZA ABUSIVA DE LOS PRECIOS DE LOS BILLETES AÉREOS ENTRE CANARIAS Y LA PENÍNSULA? (Número de expediente 180/001100).
La señora PRESIDENTA: Pregunta dirigida a la señora ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Pregunta de la diputada doña María Fernández Pérez, del Grupo Parlamentario Mixto.
La señora FERNÁNDEZ PÉREZ: Gracias, señora presidenta.
Señora ministra, dados los últimos datos, ¿cree que la labor de su ministerio está teniendo éxito en el control de la subida desmesurada de precios de los aviones de Canarias a la península?
La señora PRESIDENTA: Señora ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
La señora MINISTRA DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA (Sánchez Jiménez): Muchas gracias, señora presidenta.
Señora Fernández, somos conscientes y estamos haciendo un seguimiento exhaustivo del precio de los billetes aéreos en Canarias. Quisiera aprovechar para recordarle en este sentido que fue este Gobierno el que en el año 2018 aumentó la
subvención de los billetes a residentes, que pasó del 50 al 75 %. No obstante, como le decía, estamos haciendo un seguimiento exhaustivo de cómo va esa evolución de los precios y, desde luego, también le digo que estamos dispuestos a adoptar
aquellas medidas que sean precisas. Eso sí, también hay que tener en cuenta que estamos sufriendo todavía en cierta manera el impacto de la crisis sanitaria, que no se ha dado una estabilización en el sector y que cualquier medida de carácter
estructural debe ser estudiada detenidamente.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Señora Fernández.
La señora FERNÁNDEZ PÉREZ: Señora ministra, sabemos -y no precisamente por la transparencia de su ministerio- que los precios han subido de media un 18 %, llegando en algunas rutas al 45 %. ¿Sabe usted lo que supone esta subida de precios
cuando se bonifica el 75 % de descuento del billete? Que el dinero público se está tirando a la basura, o peor: está yendo a la cuenta de resultados de grandes aerolíneas. Esta subida desmesurada de precios no la explican ni la guerra de Putin ni
el gas de Putin, que son una excusa universal para todo. Esto es obligación del Gobierno, tienen que fiscalizar el dinero público para que se sepa si va destinado al fin que se pretende. Y empieza a ser un poco frustrante que le tengamos que
explicar una y otra vez al Partido Socialista que nos encontramos ante una medida de cohesión social, de cohesión territorial y de justicia social. Esto no es para que los canarios nos vayamos de vacaciones y cojamos aviones a costa del Estado.
¡Esta es una medida para que la gente que vive en un territorio ultraperiférico tenga las mismas oportunidades que la gente que vive en el territorio peninsular, y esta medida está en peligro cuando no dejan de subir los precios! Y ¿quiénes los
soportan? Los canarios, que cada vez estamos más alejados de la península; pero, además, la península cada vez está más alejada de nosotros.
Ayer estaba visitando la Asociación Pequeño Valiente, que se encarga de dar pisos a niños enfermos que vienen porque no pueden recibir un tratamiento contra el cáncer en Canarias. Hay gente que coge aviones por trabajo, por estudios o por
enfermedad, y esa gente sabe perfectamente lo que supone tener solo una opción de transporte para que su hijo reciba un tratamiento oncológico y no poder coger un coche o un tren para dormir en su casa. Señora ministra, han pasado tres años desde
la cumbre en la que los presidentes de las comunidades autónomas de su mismo color político les hicieron unos reclamos, ¡y no se ha hecho absolutamente nada! No lo digo yo, lo dice su ministerio en las cinco preguntas que me han respondido. ¡¿Van a
hacer algo?! (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Señora ministra.
La señora MINISTRA DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA (Sánchez Jiménez): Muchas gracias, señora presidenta.
Señora Fernández, para su tranquilidad, le aseguro -y además es así, se lo puedo demostrar cuando quiera- que este ministerio y este Gobierno hacen un control exhaustivo del destino de los recursos públicos, como no puede ser de otra manera.
En este sentido, también estamos haciendo un seguimiento de ese incremento del precio de los billetes aéreos que usted alega. Y aunque usted niega la realidad y la evidencia, lo cierto es que la guerra de Ucrania ha tenido efecto no solo en el
precio de los billetes, sino también, como estamos comprobando, en el resto de precios que afectan a la mayoría de familias en nuestro país; pero insisto, somos conscientes de esa subida. También nos comprometemos a adoptar las medidas que sean
precisas. Pero lo que ustedes vienen reclamando es el establecimiento de una tarifa máxima, y le tengo que recordar que ese establecimiento de la tarifa máxima solo se puede hacer articulando una obligación de servicio público que solo está
justificada cuando se da un funcionamiento anómalo, y que en caso de no estar previamente justificada puede tener también efectos indeseados que provoquen un decrecimiento de la oferta de viajes. Por tanto, vamos a adoptar aquellas medidas que sean
precisas.
Usted también sabe que estamos trabajando en un proyecto piloto para analizar si en alguna de las rutas se puede establecer alguna obligación de servicio público, pero insisto, hay que analizar y estudiar...
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra. (Aplausos).
- DE LA DIPUTADA DOÑA EDURNE URIARTE BENGOECHEA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA: ¿CONSIDERA QUE LA POLÍTICA DE NOMBRAMIENTOS
EN PATRIMONIO NACIONAL CONTRIBUYE A LA REGENERACIÓN Y ÉTICA DE LA POLÍTICA? (Número de expediente 180/001112).
La señora PRESIDENTA: Preguntas dirigidas al señor ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. Pregunta de la diputada doña Edurne Uriarte Bengoechea, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
La señora URIARTE BENGOECHEA: Señor ministro, la presidenta de Patrimonio Nacional, Ana de la Cueva, acaba de enchufar a un alto cargo en el organismo que dirige -es amiga de Nadia Calviño, vicepresidenta primera del Gobierno-, y no solo
eso, Ana de la Cueva ha creado ex profeso este puesto de trabajo que no existía en Patrimonio Nacional, y además lo ha dotado de unas características profesionales -qué casualidad- que son las mismas que las del marido de su amiga.
Ante este grave caso de nepotismo, ¿qué medidas va a tomar usted, señor ministro? ¿Va a tomar alguna medida? (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Señor ministro.
El señor MINISTRO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA (Bolaños García): Muchas gracias.
Señoría, llama mucho la atención que esta pregunta me la formule usted, precisamente usted, y sabe perfectamente a lo que me estoy refiriendo. (Protestas.-Una señora diputada: Violencia política.-Un señor diputado: Machismo.-Un señor
diputado: Machista).
Quiero empezar esta respuesta simplemente mencionando...
La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.
El señor MINISTRO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA (Bolaños García): ... el artículo 1 de la ley de patrimonio nacional, que habla de que Patrimonio Nacional es una entidad de derecho público, con
personalidad jurídica y autonomía propias. Es decir, tiene unos órganos de gobierno que son autónomos, unos órganos de gobierno que son propios, tiene un consejo de administración con personas prestigiosas, por cierto, de muy diferentes ideologías.
Y, verdaderamente, lamento que ustedes intenten embarrar a Patrimonio Nacional, con la importancia de la labor que hace para la Jefatura del Estado.
Y respecto a la pregunta que me hace, le tengo que decir con toda claridad que soy muy favorable a que Patrimonio Nacional y las empresas públicas, cualquiera de ellas, atraigan talento del sector privado y lo hagan con concursos públicos,
competitivos y absolutamente ajustados a derecho.
Gracias. (Aplausos.-Rumores).
La señora PRESIDENTA: Les pido silencio, por favor.
Señora Uriarte.
La señora URIARTE BENGOECHEA: Señor ministro, tras esas insinuaciones personales, yo creo que la ministra de Igualdad ¡le va a acusar a usted de violencia política contra una diputada! (Aplausos). ¡Está a punto, señor Bolaños!
Pero mire, le voy a citar algo que usted dijo ayer. Literalmente dijo: 'Es absolutamente falso que con la reforma de la malversación se hayan rebajado las penas, se quedan como están'. Cierro comillas. ¡Hombre! Después de esto, desde
luego, no me sorprende que usted niegue la evidencia del caso de nepotismo que se ha producido en un organismo que depende de usted. Le recuerdo lo que significa nepotismo, señor Bolaños: significa usar un cargo público para favorecer a un amigo o
a un familiar en la selección de personal. Y en ese organismo se ha producido nepotismo a lo grande, que, por cierto, va a costar al menos 100 000 euros a los contribuyentes españoles.
Ustedes ya recolocaron al marido de la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. ¡Pero es que ustedes ahora han doblado la apuesta, han creado un puesto de trabajo para el marido de
la vicepresidenta primera! (Protestas.-El señor Castellón
Rubio: Sí señor). Y es que si ustedes son capaces de crear un Código Penal a la medida de sus socios condenados, ¡¿cómo no van a ser capaces de crear un puesto de trabajo para el marido de la vicepresidenta primera?! (Aplausos). Y eso,
señor Bolaños, es corrupción, la corrupción que define la acción de su Gobierno. (Varias señoras y señores diputados: ¡Muy bien!-Aplausos.-Rumores.-La señora Cantera de Castro pronuncia palabras que no se perciben).
La señora PRESIDENTA: Señora Cantera, silencio, por favor. (Protestas). Silencio. (La señora Cantera de Castro pronuncia palabras que no se perciben).
¡Señora Cantera, la llamo al orden por primera vez! ¡Silencio! (Pausa).
Señor ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática.
El señor MINISTRO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA (Bolaños García): Muchas gracias, señora presidenta.
Yo cuando escucho a un dirigente del Partido Popular hablar de corrupción le escucho muy atentamente porque les considero una autoridad en la materia. (Aplausos.-Rumores).
Dicho esto, de verdad, me apena enormemente que ustedes traten de embarrar a Patrimonio Nacional (rumores), una entidad que está al servicio de la Jefatura del Estado...
La señora PRESIDENTA: ¡Señorías, silencio!
El señor MINISTRO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA (Bolaños García): ... la alta responsabilidad que tienen.
Y, por cierto, es normal que usted intente mezclar distintas cosas en su pregunta, porque si hablamos de Patrimonio Nacional, ¿por qué no hablamos de ese proyecto que este Gobierno por fin va a sacar adelante en el verano del año que viene y
que ustedes paralizaron, como es la Galería de Colecciones Reales, que tan importante va a ser para esta ciudad, para Madrid? (Rumores). Una referencia cultural y turística, con más de 40 000 metros cuadrados de una arquitectura que va a ser
emblemática y con obras de arte de enorme importancia.
Pero, claro, si uno lo piensa bien, ¿cómo van a respetar Patrimonio Nacional? Si no respetan al Gobierno; no respetan las instituciones; no respetan al Consejo General del Poder Judicial, que lo bloquean; no respetan la Constitución,
llevan ustedes más de cuatro años pisoteándola cada día. (Rumores). Ustedes son una oposición que los españoles no se merecen.
Gracias. (Aplausos).
- DE LA DIPUTADA DOÑA INÉS ARRIMADAS GARCÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA: ¿CONSIDERA EL GOBIERNO QUE SUS ALIANZAS PARLAMENTARIAS
FAVORECEN LA CALIDAD DE LA DEMOCRACIA ESPAÑOLA? (Número de expediente 180/001101).
La señora PRESIDENTA: Pregunta de la diputada doña Inés Arrimadas García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
La señora ARRIMADAS GARCÍA: Señor Bolaños, hablando de calidad democrática, me gustaría preguntarle: ¿en qué beneficia a los españoles de a pie la rebaja de los delitos de sedición y malversación?
La señora PRESIDENTA: Señor ministro.
El señor MINISTRO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA (Bolaños García): Muchas gracias, señora presidenta.
Pues mire, hablando de calidad democrática, la democracia española es una democracia con una muy alta calidad, según establecen los organismos internacionales que miden este tipo de parámetros.
Gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Señora Arrimadas.
La señora ARRIMADAS GARCÍA: No sabe ni cómo contestar, ¿verdad? Mire, España sufre cada año 280 000 robos y unas 14 000 okupaciones ilegales; la corrupción nos cuesta centenares de millones
de euros; y, por poner un ejemplo, en Cataluña cada día el separatismo señala a familias que quieren una educación también en español. Pero ustedes no legislan para combatir la criminalidad, la corrupción o los ataques del separatismo, no.
En lugar de eso, ustedes cambian con artimañas infames el Código Penal para beneficiar a cuatro delincuentes condenados por el golpe de 2017. A partir de ahora, los españoles no pagaremos impuestos para sanidad y educación, sino para su sedición y
malversación. A partir de ahora, el odio a España será eximente para delinquir. A partir de ahora, robar será más fácil si alguien es socio de Pedro Sánchez.
Ustedes son cooperadores necesarios del separatismo porque, a ver, ¿qué problemas tiene un golpista hoy en día en España? La Policía, por eso ustedes la humillan; los jueces, por eso ustedes los controlan; la ley, por eso ustedes la
destrozan; o la cárcel, y por eso ustedes los sacan. Y encima tienen la desfachatez de decir que el separatismo ahora está más calmado que nunca. ¡Hombre, claro! ¡Si les dan todo lo que piden! Los ladrones no tienen que reventar las ventanas si
ustedes les dan las llaves de la puerta. Y hoy, además, ya sabemos que quieren darles un referéndum de independencia. ¿Sabe por qué? Porque usted salió a negarlo ayer.
Mire, Ciudadanos, lleva advirtiendo desde 2006 de lo que iba a pasar en Cataluña y pasó, y hoy le advertimos de la España a la que nos lleva este Gobierno. Ustedes han sustituido al separatismo como la mayor amenaza a nuestra democracia,
porque hoy la mayor amenaza es la ambición insaciable de Pedro Sánchez. El problema ya no son sus socios, el verdadero problema son ustedes, y se creen que las noticias de mañana van a borrar los hechos de hoy, pero han llegado demasiado lejos.
Porque podrán indultar a sus socios, podrán perdonarles su corrupción, incluso podrán borrar del Diario de Sesiones cuando llamamos al pan, pan; al vino, vino, y a los filoterroristas, filoterroristas, pero jamás borrarán lo que están haciendo de
la historia de España ni de la memoria de los españoles, y algún día, más pronto que tarde, tendrán que rendir cuentas por ello. (Prolongados aplausos).
La señora PRESIDENTA: Señor ministro.
El señor MINISTRO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA (Bolaños García): Gracias, señora presidenta.
Igual usted, señora Arrimadas, en algún momento se ha preguntado por qué está su partido en la situación en la que está. (Rumores). Escuchando su intervención, podrá darse cuenta de que es usted absolutamente intercambiable con la
ultraderecha, con la derecha extrema, con la derecha que llevó a Cataluña a ese conflicto y a esa tensión insoportable durante el año 2017.
Le recuerdo que su pregunta iba de calidad democrática. Y mire, esto es precisamente un ejemplo de falta de calidad democrática: una oposición que falta a la verdad, que insulta, que niega la legitimidad del Gobierno. Por eso, su pregunta
también me sirve para hablar de lo que parece que a usted más le interesa, que no es la calidad democrática, sino Cataluña. Desde luego que al Gobierno le interesa mucho y le interesa solucionar el problema en Cataluña. Un problema que era el más
grave que tenía España en 2017, según los españoles, y que hoy está en el puesto 45 de los problemas que tienen los españoles. (Aplausos). ¿Sabe por qué? Porque hemos trabajado con diálogo, con entendimiento frente a los que vivieron de espaldas
a Cataluña, como el Partido Popular (rumores); frente a los que viven contra Cataluña, que es VOX (protestas); frente a los que, como usted, huyen de Cataluña. (Aplausos). Nosotros estamos programados para buscar soluciones al problema catalán,
y claro que lo hacemos con entendimiento y con diálogo, y lo hacemos con decisiones valientes, porque esas decisiones valientes son las que pueden normalizar y las que están normalizando ya la situación política en Cataluña. Por eso ya no es un
problema para España. Y yo les pido en esto, por favor, que no sean ustedes como los separatistas nostálgicos del enfrentamiento, que están en el volveríamos a hacerlo. Ustedes volverían a tensionar la sociedad catalana, volverían a sembrar
discordia y enfrentamiento. Nosotros vamos a trabajar todo el tiempo que seamos Gobierno para que Cataluña sea un lugar habitable, para que la situación política en Cataluña se normalice, y lo vamos a hacer, sí, con diálogo, con decisiones
valientes y diciéndoles a los españoles de cara que queremos que Cataluña sea motor de España y de la Unión Europea, no como ustedes, que son garantía de conflicto en Cataluña. La derecha y la ultraderecha en España son garantía de conflicto en
Cataluña y nosotros somos garantía de soluciones.
Muchas gracias. (Aplausos).
- DE LA DIPUTADA DOÑA CARMEN NAVARRO LACOBA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE IGUALDAD: ¿NO HA TENIDO SUFICIENTE CON LA LEY DEL 'SÓLO SÍ ES SÍ' PARA INCIDIR EN LOS MISMOS ERRORES CON EL
RESTO DE NORMATIVA EN TRAMITACIÓN? (Número de expediente 180/001111).
La señora PRESIDENTA: Preguntas dirigidas a la señora ministra de Igualdad.
Pregunta de la diputada doña Carmen Navarro Lacoba, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
La señora NAVARRO LACOBA: Gracias, señora presidenta.
Señora Montero, este grupo parlamentario sigue esperando la disculpa de una ministra que, para tapar sus errores, dice que mi bancada promueve la cultura de la violación. Pida disculpas de una vez, señora Montero. No es que al Partido
Popular le duelan sus insultos; al Partido Popular le duelen sus errores legales, los que sufren todos los españoles y los que le exigimos que frene. Ojalá usted fuera a pasar a la historia como la ministra que se paseaba por la Quinta Avenida con
sus amigas, pero no, usted va a pasar a la historia como la ministra que rebaja las penas, las condenas y que excarcela a los agresores sexuales.
Mire, ustedes llegaron al Gobierno al grito de 'hermana, yo sí te creo'. ¿Qué tiene hoy que decirles a sus hermanas después de la ley del solo sí es sí? El error de esa ley -como sabe ya toda España- es que no atendieron, ni entendieron,
ni siquiera leyeron el informe del Consejo General del Poder Judicial, sí, porque ustedes creen que lo escriben los fachas con toga. El Grupo Parlamentario Popular lo enmendó, y tampoco lo atendieron; peor aun, porque piensan que nosotros somos
los fachas, pero sin toga. Y mientras, los socialistas, con y sin toga, callados y cómplices; algunos ahora hasta se atreven a hablar de algo así como dar toquecitos. Mire, le anuncio que el Partido Popular va a arreglar su error, su tremendo
error, y le pregunto: ¿No le da vergüenza que hoy en España violar sea más barato que ayer? (Una señora diputada: ¡Muy bien!-Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Señora ministra de Igualdad.
La señora MINISTRA DE IGUALDAD (Montero Gil): Señoría, la ley del solo sí es sí permite por primera vez al Estado proteger a todas las víctimas de violencias sexuales, a las que denuncian y a las que no. Por tanto, ningún esfuerzo va a ser
suficiente, y este Gobierno seguirá trabajando de forma incansable hasta acabar con todas las formas de violencia contra las mujeres. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Señora Navarro.
La señora NAVARRO LACOBA: Gracias, señora presidenta.
Mire, señoría, eso ya no hay quien se lo crea. Los españoles no aguantan tanta indigencia intelectual, tanta incompetencia jurídica y tanta arrogancia infantil. Los españoles se merecen ya unas elecciones. Ustedes llegaron al Gobierno al
grito de todas, todos y 'todes'. Pero lo cierto es que hoy las mujeres están más desprotegidas, más desinformadas y son menos libres. Sí, usted se creyó que legislar era frotar la lámpara de Aladino. ¿Y con qué se encontró? Con el apuesto señor
Sánchez, que es el genio y que todo lo concede con tal de mantenerse en la Moncloa. Pues, señora Montero, ni un error más. Su ley trans no debe salir adelante, porque no vamos a permitir que nuestros hijos pregunten mañana por qué nadie paró este
disparate. El Partido Popular tiene un compromiso, que es proteger a los niños y a las mujeres, y un compromiso más, que es derogar su ley trans, su pésima ley trans. Ustedes han impedido la comparecencia de los expertos en esta Cámara porque no
quieren un debate serio y riguroso sobre su ley, porque saben que es otro error más. El viernes aquí la sociedad civil tendrá la palabra. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Señora ministra de Igualdad.
La señora MINISTRA DE IGUALDAD (Montero Gil): Señoría, en primer lugar, respecto a la ley solo sí es sí, como le decía, es una ley sólida que nos permite proteger a todas las víctimas. (Rumores). Con la ley solo sí es sí cualquier mujer
que sufra una agresión sexual puede tener garantizados por parte del Estado una psicóloga especializada, asesoramiento jurídico, gratuito o una trabajadora social que le acompañe en el acceso a todos sus derechos, y todo ello sin necesidad de poner
denuncia. Vamos a
construir centros de crisis abiertos veinticuatro horas, uno por provincia. Se asegurará la recogida y la conservación de las muestras sin necesidad de que la víctima tenga que decidir en ese momento si pone la denuncia. Garantizamos el
acceso a la reparación. Creamos casas de infancia para asegurar la adecuada protección de los niños y las niñas en los procesos judiciales e incorporamos diferentes medidas procesales de acompañamiento a víctimas, y eso lo combinamos con otras
medidas, como las de la ley de infancia, porque ningún maltratador puede ser un buen padre y suspendemos el régimen de visitas ante el más mínimo indicio de maltrato.
Esta ley pone el consentimiento en el centro y, efectivamente, con un cambio tan profundo en el Código Penal, puede necesitar tiempo para asentarse y también puede generar problemas o dificultades en su aplicación. Con la Ley 1/2004 se
presentaron casi 200 cuestiones de inconstitucionalidad por los propios tribunales -127 fueron admitidas a trámite-, crecieron los sobreseimientos en los primeros siete años de aplicación de la norma un 158 % y se puso en cuestión una norma que hoy
todo el mundo considera que es un triunfo de las mujeres y de la democracia de nuestro país. En todas las normas, también en la ley trans, señoría, estamos siguiendo escrupulosamente la Ley del Gobierno. Y los derechos trans, por cierto, son
derechos humanos. Por tanto, incluso pese a su voto en contra, incluso pese a que ustedes van en contra de los derechos de las infancias trans y de las personas trans, en esta Cámara somos más quienes somos feministas y quienes queremos que los
derechos de las mujeres y también de las personas trans se vean garantizados.
Eso es lo más importante que está haciendo este Gobierno, señoría, avanzar en derechos. Y si algún día quieren arrimar el hombro para construir derechos feministas, aquí las esperamos. (Aplausos).
- DE LA DIPUTADA DOÑA INÉS MARÍA CAÑIZARES PACHECO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO VOX, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE IGUALDAD: ¿ACABARÁ LA LEGISLATURA SIENDO MINISTRA DEL GOBIERNO DE ESPAÑA? (Número de expediente 180/001103).
La señora PRESIDENTA: Pregunta de la diputada doña Inés María Cañizares Pacheco, del Grupo Parlamentario VOX.
La señora CAÑIZARES PACHECO: Gracias, presidenta.
Señora ministra, le ofrezco cifras y no datos, no sea que me diga que los datos son machistas, y aunque esto no le guste, no es violencia son realidades.
Según una encuesta publicada recientemente, tras su fracaso sí es sí, el 60 % de los encuestados -es decir, seis de cada diez- opina que su ley, lejos de fortalecer la protección de las mujeres y castigar adecuadamente a los agresores, está
precisamente provocando el efecto contrario, por lo que opinan que debe dimitir como principal impulsora de la ley. Asociaciones feministas catalanas -poco sospechosas de machistas- le reprochan su falta de escucha, de sensibilidad y el nulo
contacto que ha tenido con esas asociaciones, calificando de electoralista, contradictoria y falsa la ley Montero. En la manifestación del 25 de noviembre, convocada por el Movimiento Feminista de Madrid -poco machista también-, se escuchaba 'Irene
Montero, dimisión', en presencia de varias ministras compañeras suyas. Tres asociaciones de jueces han pedido su dimisión por los insultos a los magistrados ante esa rebaja de penas a los agresores sexuales en aplicación de su chapucera ley. Y por
último, la Unión Federal de Policía ha pedido también su dimisión por la última campaña de su ministerio, un vídeo en el que una mujer es asesinada por su expareja y se dice que el asesino es un policía nacional retirado que asesina con su arma
reglamentaria. Además, las agresiones sexuales en España siguen creciendo: 3196 condenados por delitos sexuales en 2021, un 35 % más que en 2020 y un 16 % más que en 2019; 14 violadores excarcelados; más de 50 rebajas de condenas a agresores
sexuales fruto de la aplicación de su ley. Ante este panorama, dígame: ¿Acabará usted la legislatura siendo ministra? (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Señora ministra de Igualdad.
La señora MINISTRA DE IGUALDAD (Montero Gil): Gracias.
Señoría, ustedes no tienen un problema ni con el Ministerio de Igualdad ni con quien lo lidera, tienen un problema con el movimiento feminista. Por suerte, tanto dentro de esta Cámara como, sobre todo, fuera, somos más. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Señora Cañizares.
La señora CAÑIZARES PACHECO: Gracias, presidenta.
Señora ministra, no sirven las intenciones. Las políticas ya le he dicho que se miden por los resultados y, como ve, la mayoría de los españoles de toda condición están indignados y muy preocupados por su negligente gestión al frente del
Ministerio de Igualdad, que nos cuesta más de 500 millones de euros al año de nuestros impuestos, para que usted acabe diciendo a quien disiente de sus locuras que fomenta la cultura de la violación, cuando su ley es la que pone violadores en la
calle. Esto debería darle, como mínimo, vergüenza. Y, si le queda un poco de dignidad, sí o sí, dimita. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Señora ministra.
La señora MINISTRA DE IGUALDAD (Montero Gil): Señorías, el movimiento feminista de este país en los últimos años ha visibilizado unas violencias que permanecían invisibles y normalizadas, las violencias sexuales. Dice cada día: 'Nos
queremos vivas'. Ha dicho: 'No es abuso, es violación', 'Hermana, yo sí te creo'. Ha puesto el reparto de la riqueza, del tiempo y de los cuidados en el centro. Ha dicho: 'Si nosotras paramos, para el mundo'. Ha dicho que las mujeres son las
que sostienen la economía y la vida; ha dicho que los derechos de las personas trans y LGTBI son derechos humanos; ha dicho que nuestro cuerpo es nuestro, que necesitamos derechos sexuales y derechos reproductivos garantizados, que necesitamos
educación sexual obligatoria.
El movimiento feminista, señoría, es lo mejor que tiene este país, la principal fuerza democratizadora con la que contamos para vivir en una sociedad mejor, donde todo el mundo pueda ampliar sus oportunidades de felicidad y donde todo el
mundo pueda desarrollar sus proyectos de vida. Ustedes son una reacción muy agresiva a esos avances, pero también impotente, porque las feministas somos más. Así que lo único que quiero hacer en este minuto es recordarles a todas las mujeres que
están sufriendo una situación de violencia machista que el Estado está de su lado, que el Estado las cree; que pueden llamar al 016 y recibir atención psicológica, asesoramiento jurídico y todo el apoyo que necesitan por parte del Estado y sin
necesidad de poner denuncia; que ya no tienen por qué seguir viviendo con la culpa, con el miedo, con la sospecha permanente de ser ellas las culpables de la propia violencia que sufren, y que tienen un Estado de su lado que las cree.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
- DE LA DIPUTADA DOÑA NORMA PUJOL I FARRÉ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO REPUBLICANO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES: ¿CÓMO VALORA EL GOBIERNO LA GESTIÓN DEL INGRESO MÍNIMO VITAL? (Número de expediente
180/001099).
La señora PRESIDENTA: Pregunta dirigida al señor ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Pregunta de la diputada doña Norma Pujol i Farré del Grupo Parlamentario Republicano.
La señora PUJOL I FARRÉ: Gràcies, presidenta. Bon dia, ministro.
Hoy justo hace una semana que conocimos la noticia de que 1112 familias de las que perciben la renta garantizada de ciudadanía y el ingreso mínimo vital en Cataluña se quedaron sin cobrar la ayuda del mes de noviembre por un error de su
Ministerio. Estimamos que el error afectó a entre el 8 y el 10 % del total de los perceptores del ingreso mínimo vital. Si extrapolamos los datos de perceptores de la renta garantizada de ciudadanía de Cataluña, aunque no se han hecho públicos los
datos, concretamente, las personas afectadas son todas aquellas que también reciben la prestación por hijo a cargo. El Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya calculó que los afectados, todos ellos evidentemente en situación de
vulnerabilidad, dejaron de cobrar una media de 560 euros, que han podido dejar cuentas en descubierto, cestas de la compra medio vacías o facturas pendientes.
Planificar el ingreso mínimo vital sin tener en cuenta que existían las rentas mínimas está comportando más errores en la gestión, un laberinto de tramitaciones y un verdadero infierno burocrático que afecta directamente a las personas más
vulnerables. Por ello, preguntamos: ¿Cómo valora el Gobierno la gestión del ingreso mínimo vital?
La señora PRESIDENTA: Señor ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
El señor MINISTRO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES (Escrivá Belmonte): Gracias, señora presidenta.
Señora Pujol, lo valoramos muy positivamente, pero quizá mucho más relevante que eso es la valoración extraordinariamente positiva que están haciendo del ingreso mínimo vital instituciones como son la Comisión Europea, la Autoridad
Independiente de Responsabilidad Fiscal o J-Pal, que es la red más importante en el mundo de lucha contra la pobreza, cuyo líder, el premio nobel Abhijit Banerjee, ha pedido ser asesor nuestro y lo será en desarrollos futuros del ingreso mínimo
vital. Por lo tanto, la valoración no puede ser más positiva, no solamente por mí, sino por instancias objetivas que se han pronunciado claramente al respecto. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Señora Pujol.
La señora PUJOL I FARRÉ: De hecho, señor ministro, los propios sindicatos de funcionarios ya han manifestado que están descontentos con cómo se gestiona dicha prestación. Vaya por delante que somos conscientes de que cualquier persona
puede equivocarse, pero cuando hablamos de cosas tan sensibles, hay que agudizar los sentidos y simplificar al máximo los procesos, también para que sea más sencillo encontrar los errores.
La Generalitat, por su parte, ya ha subsanado el error y regularizará las cantidades a percibir en el próximo pago, pero el verdadero error es legislar dos veces sobre un mismo hecho y una misma población objetivo, con dos niveles distintos
de prestación, dos tiempos distintos de acceso y definiciones distintas de los requisitos. Ante tantos errores, tenemos dos opciones: la primera, recortar derechos y dejar a las familias vulnerables sin la renta garantizada de ciudadanía, la renta
que más beneficiarios tiene y más dinero invierte en Cataluña; la segunda, tomar la senda de la responsabilidad, poner a la ciudadanía en el centro, priorizar la lucha contra la pobreza frente al solapamiento entre instituciones y traspasar a
Cataluña la gestión del ingreso mínimo vital. Sumemos, ministro, los fondos de las dos rentas y luchemos... (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Pujol.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES (Escrivá Belmonte): Diputada, permítame recordarle que la ley del ingreso mínimo vital se aprobó en esta Cámara sin votos en contra, incluidos los suyos, y esa ley incorpora una
disposición, la disposición adicional cuarta, donde establece no el traspaso, sino la posibilidad de una gestión conjunta del ingreso mínimo vital en Cataluña, que es lo que nosotros llevamos intentando hacer desde que se puso en marcha la ley, hace
algo más de dos años.
El problema es que la Generalitat de Catalunya decidió recurrir al Tribunal Constitucional la ley del ingreso mínimo vital, quizá no muy consecuentemente con el acuerdo al que habíamos llegado sobre la disposición adicional cuarta. Eso
retrasó extraordinariamente el avance que tenemos que hacer entre las dos administraciones para lo que realmente les interesa a los ciudadanos catalanes. Lo que quiere Cataluña es que nos pongamos de acuerdo las dos administraciones y que tengamos
una ventanilla única que gestione la Generalitat y que realmente provisione el escudo de lucha para las personas más vulnerables y unamos fuerzas las dos partes. Pero ustedes siguen insistiendo en una transferencia que es inconstitucional, que lo
ha dicho el Tribunal Constitucional. El ingreso mínimo vital existe -quiero recordarlo-, entre otras razones, por recomendación de Comisión Europea y el Consejo Europeo en un momento determinado. Ustedes han gestionado durante veinticinco años las
rentas mínimas, y no voy a sacar las incidencias que han ocurrido en estos veinticinco años; me las han preparado, pero no las voy a decir. Imagínese usted las incidencias que ha habido durante estos veinticinco años de gestión de rentas
garantizadas en Cataluña. Ahora llevamos dos años y hemos hecho un despliegue extraordinario del ingreso mínimo vital. Hemos llegado en dos años muchísimo más lejos que casi ninguna otra comunidad en diez años. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑOR GUITARTE GIMENO), SOBRE LA NECESIDAD DE REFORMAR LA FINANCIACIÓN DE LOS PEQUEÑOS MUNICIPIOS PARA CORREGIR EL AGRAVIO ENDÉMICO EN EL MODELO DE FISCALIDAD Y FINANCIACIÓN DE LAS HACIENDAS LOCALES EN LA
ESPAÑA VACIADA. (Número de expediente 172/000248).
La señora PRESIDENTA: Pasamos a tratar las interpelaciones dirigidas al Gobierno.
Interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto, señor Guitarte Gimeno, sobre la necesidad de reformar la financiación de los pequeños municipios para corregir el agravio endémico en el modelo de fiscalidad y financiación de las
haciendas locales en la España vaciada.
Para su defensa, tiene la palabra el señor Guitarte Gimeno.
El señor GUITARTE GIMENO: Buenos días, señora presidenta, señora ministra, señorías.
Muchos de los pequeños municipios, que son las terminales últimas del Estado en el territorio, tienen dificultades para gestionar sus competencias propias de acuerdo con la Ley de Bases de Régimen Local, y también las impropias, que...
(Rumores).
La señora PRESIDENTA: Espere un segundo, señor Guitarte. (Pausa).
Cuando quiera.
El señor GUITARTE GIMENO: ... siendo de otra Administración, como por ejemplo los espacios e instalaciones de los consultorios médicos, a veces asumen. Los pequeños municipios sufren una debilidad institucional, que también es financiera,
como un elemento más de la desigualdad en esta brecha entre el medio rural y las grandes ciudades que hay que empezar a cerrar.
Traemos esta cuestión precisamente para suscitar una reflexión, un debate y, necesariamente, para impulsar un cambio en la configuración de la financiación de los pequeños municipios, pero también de muchos de los medianos, una práctica
administrativa tan asentada que se diría que es ya un rasgo estructural en el Estado español. La fuerza de la costumbre o la visión parcial de las estadísticas hacen que incluso sea percibida por parte de muchas de las personas y de los
responsables que las sufren como si fuese un hecho natural, pero no es así. Se trata de un agravio en la financiación de los pequeños municipios, un modelo sostenido durante más de setenta años, y también de la superposición de otras capas de
políticas públicas que, aunque no forman parte de la financiación de los servicios municipales, complementan e inciden de manera decisiva en esta brecha administrativa de las muy distintas prestaciones que el Estado depara en los pequeños
municipios, frente a las que ofrecen las grandes ciudades.
Es necesario recordar que el artículo 142 de la Constitución española dice que las haciendas locales deberán disponer de los medios suficientes para el desempeño de las funciones que la ley atribuye a las corporaciones respectivas y se
nutrirán fundamentalmente de tributos propios y de participación en los del Estado y en los de las comunidades autónomas. En su configuración, el sistema de financiación local en España es sustancialmente homogéneo, pero es precisamente esa
uniformidad, aplicada a contextos administrativos y económicos muy diferentes, la que da lugar a que los ingresos de los municipios rurales sean muy distintos y radicalmente inferiores a los de los ingresos de los municipios urbanos, como lo
corrobora el propio Ministerio de Hacienda en su publicación sobre haciendas locales en España de 2018, que dice sobre los presupuestos municipales, y cito textualmente: El ingreso medio por habitante es de 1183 euros, siendo el del estrato de
mayor población, municipios de más de un millón de habitantes, un 38,30 más elevado que la media nacional, mientras que el gasto medio por habitante es de 1093 euros, siendo un 41,30 más elevado en los municipios del estrato mayor, de más de un
millón de habitantes. Es decir, incluso haciendo la valoración -cosa que cuestionamos siempre- del reparto por habitante, las grandes ciudades reciben más ingresos por habitante que los pequeños municipios. Estos ingresos proceden, por un lado, de
la participación de las transferencias del Estado y de los impuestos obligatorios, entre los que se encuentran aquellos que suponen una mayor recaudación para los consistorios municipales y, por otro lado, también están los impuestos potestativos o
voluntarios, que dependen de la decisión de imponerlos por parte de los ayuntamientos. Además, estos también pueden establecer causas recaudatorias.
A pesar de este sistema impositivo, en los municipios de las áreas rurales los ingresos de las haciendas locales no pueden ni deben crecer por la vía del incremento de la presión fiscal, tanto por la debilidad de las propias economías
locales como porque esa medida tendría un efecto despoblador, justo lo contrario de lo que se persigue. Es admitido, y los datos lo confirman, que los impuestos municipales generan
rendimientos insuficientes para los ayuntamientos rurales, porque la capacidad fiscal de los municipios rurales en función de su contexto económico y demográfico es normalmente muy escasa. Así, por ejemplo, el IBI, por su configuración, no
puede generar ingresos altos a las haciendas locales de los municipios rurales, porque el valor del mercado de los inmuebles es mucho más bajo, incluso si se analiza lo que pagan los particulares este impuesto grava más los inmuebles del medio rural
que los de las grandes ciudades, bien entendido que esta consideración debe verse de manera relativa, ya que el gravamen está sujeto a diferentes valores del bien objeto de imposición. Como consecuencia, el IBI, que es uno de los soportes de las
haciendas municipales, tiene una alta capacidad recaudatoria en las áreas urbanas, pero muy baja en las rurales. Algo similar puede decirse de otros impuestos y de las tasas, de manera que en la propia configuración de los impuestos municipales,
concebidos de manera general para el conjunto de los municipios, hay un sesgo que dificulta la viabilidad de las propias haciendas locales, rurales y de los pequeños municipios.
Reitero que no estamos diciendo que haya que subir los impuestos en el medio rural, en modo alguno, sino que es necesaria una reflexión sobre esta configuración de las finanzas locales y una modulación de la participación de las
transferencias estatales que contemple las características demográficas y territoriales de los pequeños municipios para incrementar su capacidad en la lucha contra la despoblación. Frente a esta limitación, en la actualidad los municipios rurales
intentan cubrir sus necesidades financieras con las transferencias estatales. Sin embargo, la participación en estos ingresos está basada en la población total de cada municipio. A partir de ahí, los pequeños municipios parten de una situación de
desventaja que retroalimenta el mantenimiento del modelo actual. Los municipios rurales van a recibir pocos ingresos de las transferencias estatales porque tienen pocos habitantes. Además, esas transferencias tienen dificultades para cubrir el
mayor coste por habitante, dada la menor densidad de población y las bajas economías de escala de buena parte de los servicios públicos que prestan. Por otro lado, este déficit apenas está compensado por las transferencias de las comunidades
autónomas y, finalmente, es cubierto de manera parcial a través de las diputaciones provinciales, que realizan transferencias corrientes y asumen parte del gasto municipal mediante asistencia técnica o prestación de servicios.
De acuerdo, como decía antes, con el propio Ministerio de Hacienda, la participación de las haciendas locales en tributos del Estado está definida mediante un modelo de naturaleza dual. Por un lado, un modelo de cesión de impuestos
estatales aplicable a los municipios con población igual o superior a 75 000 habitantes o que sean capitales de provincia o de comunidad autónoma y, por otro, un modelo aplicable al resto de los municipios, definido con arreglo a las variables de
población y esfuerzo fiscal e inversor de la capacidad tributaria. La realidad es que en el actual régimen de transferencias estatales la participación en los ingresos del Estado de los municipios está basada fundamentalmente, y casi
exclusivamente, en el número de habitantes, sin apenas considerar otras cuestiones y, a pesar de que se han mantenido los niveles de ingresos de 2003, los municipios más pequeños perciben, a través de estas transferencias estatales, ingresos
insuficientes para atender el coste de los servicios municipales que deben prestar en el medio rural.
En opinión de reconocidos expertos, el sistema de financiación local beneficia a los grandes municipios urbanos y perjudica a buena parte de los municipios rurales, en especial a aquellos municipios medianos que vertebran la actividad
económica y los servicios de su espacio comarcal, siendo la razón principal de esta disimetría el régimen de transferencias regulado en la Ley de Haciendas Locales, que no busca y no tiene una función niveladora o ecualizadora; por el contrario,
parece que su objetivo único es asegurar preferiblemente la sostenibilidad financiera de los grandes municipios, de las grandes ciudades, mientras presta una atención secundaria a los municipios medianos y pequeños, que son los rurales. En
consecuencia, se puede decir que las transferencias estatales para la financiación local siguen un modelo contradictorio con la estrategia que sobre el reto demográfico dice tener el Gobierno.
¿Qué pasa en Europa sobre esta cuestión? Tomemos como referencia las recomendaciones del Congreso de Poderes Locales y Regionales creado en 1994, que representa a las colectividades locales y regionales en el seno del Consejo de Europa. La
Carta Europea de Autonomía Local del propio Consejo de Europa establece normas para proteger los derechos de las autoridades locales y compromete a los Estados que la han ratificado a respetar una serie de principios. La Carta Europea de Autonomía
Local, en el punto 5 de su artículo 9, Los recursos financieros de las entidades locales, dice: La protección de las entidades locales financieramente más débiles reclama la adopción de procedimientos de compensación financiera o de las medidas
equivalentes designadas a corregir los efectos del desigual reparto de las fuentes potenciales de financiación, así como de las cargas que les incumben.
Como hemos visto, y a pesar de este mandato, la realidad es que en España los municipios pequeños y medianos padecen una regresividad en la participación de los ingresos del Estado que se ha hecho crónica. Si además se une el hecho de que
estos municipios no disponen de una alternativa viable para incrementar su recaudación tributaria propia, nos encontramos con que el sistema de financiación local en su conjunto contribuye a la mayor debilidad de la prestación de servicios públicos
en estas áreas rurales y, en consecuencia, al propio proceso de despoblación.
El Congreso de Poderes Locales y Regionales del Consejo de Europa ha considerado recientemente, en la recomendación 465 de 2021, que España no cumple con el mandato de ecualización contenido en el artículo 9.5 de la Carta Europea de
Autonomía Local, porque el sistema de participación en los ingresos del Estado, que regula el texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales -y cito textualmente- es insuficiente, especialmente en los pequeños municipios de las zonas
despobladas, donde el coste de la prestación de los servicios públicos es más elevado debido a la baja densidad de población.
El incumplimiento señalado por el Congreso de Autoridades Locales y Regionales resulta muy relevante desde la perspectiva de la despoblación, pues indica que España no cuenta con un sistema legal que compense la debilidad financiera de los
municipios pequeños o de áreas despobladas. En este sentido, desde la perspectiva del Consejo de Europa, el actual régimen de transferencias estatales regulado en la Ley de Haciendas Locales no es conforme con la estrategia estatal de lucha contra
la despoblación y reto demográfico. En consecuencia, y primera conclusión, los tributos municipales no pueden cubrir los servicios. Existe un sesgo contrarrural en el régimen de transferencias estatales y, a través de diferentes instrumentos, los
grandes municipios están sobrefinanciados en comparación con los de tamaño pequeño o intermedio, de manera que el sistema legal regulador de las haciendas locales en la actualidad ha contribuido al proceso de despoblación. Segunda conclusión, es
necesario reformar los instrumentos de financiación de las haciendas locales, en especial lo relativo a la distribución de las transferencias del Estado, para atender a las recomendaciones del Consejo de Europa y para que el sistema de financiación
local incorpore un principio de ecualización en la capacidad de prestación de los servicios públicos locales que ofrecen las administraciones, servicios prestados por los municipios, que son los nodos terminales de la vertebración territorial
definida en el Estado, que contribuyen a la igualdad de oportunidades entre los ciudadanos independientemente de su lugar de residencia.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Guitarte.
A continuación, tiene la palabra, en nombre del Gobierno, la señora ministra de Hacienda y Función Pública.
La señora MINISTRA DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA (Montero Cuadrado): Muchas gracias, señora presidenta.
Señor Guitarte, le he escuchado con atención. Respecto a las cuestiones que usted ha planteado quiero decirle, en primer lugar, que creo que este Gobierno -y es de justicia reconocerlo- ha situado justamente la lucha contra la despoblación
y las políticas de reto demográfico como parte primordial de la agenda que está desarrollando. Yo creo que eso, objetivamente, con todas las políticas y todos los datos, incluido el análisis presupuestario, se puede poner de manifiesto. Sabe su
señoría, porque hemos tenido ocasión de discutirlo a propósito de los presupuestos, que, como comprometimos durante la legislatura, por primera vez el proyecto de presupuestos contempla ayudas al funcionamiento del nuevo empleo para la generación de
oportunidades para las personas de los municipios que tienen una baja densidad de población, en línea con lo que permite Europa. Por tanto, podemos y debemos abordar todas las políticas sobre las que, como otras transversales que conviven en el
Gobierno, debemos tener permanentemente una mirada para saber si contribuyen o perjudican a lo que pretendemos, que creo que es común en esta Cámara, que justamente es fomentar la cohesión social, la cohesión territorial del conjunto del país, lo
que conlleva tener una mirada de discriminación positiva sobre aquellos municipios que, efectivamente, tienen en este momento un riesgo real de despoblación.
Usted hablaba en su intervención del modelo de financiación local. Es un modelo, como su señoría sabe, que se trabajó de forma paralela al modelo de financiación autonómica. Esto no es casual porque a veces la competencia de los servicios
que se prestan en el territorio la tienen las comunidades autónomas y otras veces radica en los ayuntamientos. Pongamos como ejemplos el servicio sanitario, el servicio educativo, la atención a la dependencia, las políticas de vivienda... Todas
ellas tienen un marcado carácter autonómico y, por tanto, no sería útil solo una financiación a medida para los municipios locales -lo que
se llamaron competencias propias-, sino que, además, tenemos que acompañarla de una financiación de las comunidades autónomas que permita cubrir -o al menos acercarnos- el coste de los servicios que se prestan en territorios dispersos -da
igual la variable que utilicemos- en los que, efectivamente, la densidad de población no tiene los mismos indicadores de comparabilidad que en las grandes ciudades o en los grandes municipios. Por tanto, cuando hablamos de financiación local en
paralelo tenemos que hablar, para acometer este problema, de financiación autonómica porque también dentro de ese paraguas se tiene que contemplar en qué proporción afectan las variables de reto demográfico, de dispersión, de densidad de población,
todas las aproximaciones que tenemos sobre esta cuestión. Esto nos tiene que permitir, en definitiva, proporcionar recursos adicionales a la financiación por habitante que, como usted sabe, suele ser el elemento igualitario de reparto de recursos
que se utiliza en el núcleo de cualquier modelo de financiación.
Justamente, señor Guitarte, yo diría que el caballo de batalla para la revisión del modelo de financiación autonómica y local es cuánto pesan y en qué medida se tienen que contemplar esas variables, esas diferentes aproximaciones, para hacer
el reparto de los recursos que corresponden, con independencia de que todos podemos también coincidir, aunque usted hacía alguna matización en su intervención, en que necesitamos una reformulación para dar mayores recursos a la financiación
autonómica y a la financiación local. Le digo esto porque los más de ocho mil municipios que existen en nuestro país no tienen denominadores comunes que nos permitan afirmar que su situación se debe a que son municipios pequeños, municipios grandes
o municipios de tamaño mediano; y me explico, señoría. Usted decía que probablemente los municipios poblados o que tienen una población alta están sobrefinanciados. No considero que sea así. Creo que en este momento hay que hacer una revisión
del modelo que permita aportar a todas las entidades territoriales un volumen superior de recursos del que tenían en momentos previos. Aunque también hemos sido conscientes, señor Guitarte, a lo largo de todo este periodo de que, efectivamente,
dependiendo del momento del ciclo económico los modelos de financiación dan mayor o menor cobertura. Dicho de otra forma, lo que se puso de manifiesto en la anterior crisis financiera es que los modelos de financiación no tenían un fondo de reserva
y una capacidad para aportar recursos cuando la recaudación del Estado caía como cayó durante la crisis financiera, lo que afectó mucho a la capacidad de disponer de recursos del resto de entidades territoriales. En los más de ocho mil municipios
que existen en nuestro país -y lo hemos analizado con mucha profundidad- no hay un denominador común que nos permita decir que están más endeudados los municipios que tienen menor densidad de población o que están más endeudados los municipios que
tienen unas determinadas características. Hay una situación tan dispar respecto al endeudamiento y el superávit del subsector en su conjunto que es difícil poner en marcha medidas que puedan ser aplicables, sin discrecionalidad, a todas las
realidades que existen en el entorno municipal y, concretamente, como usted decía, en el más rural dentro de toda la municipalidad que tenemos en nuestro país.
Teóricamente el modelo de financiación local hace que los municipios pequeños cuenten con un 12 % más de financiación que el conjunto de municipios que se encuentran en otros tramos de población. Por ejemplo, los 233 municipios de Teruel
que tienen población inferior a 5000 habitantes han tenido un incremento de las entregas a cuenta en 2022 respecto al año anterior del 13,5 %, y la financiación por habitante en este ejercicio se ha situado en 220 euros, cuando la media nacional es
de 197 euros por habitante. Podemos preguntarnos si ese diferencial que tienen esos pequeños municipios es suficiente para atender la diversidad de servicios que tienen que prestar a la población o de qué manera otras administraciones -por ejemplo,
diputaciones provinciales- pueden ser capaces de proporcionar una cierta economía de escala a la hora de la prestación de servicios que, evidentemente, beneficiaría al conjunto de cuentas públicas de este ámbito territorial.
Como bien sabe, no es un debate sencillo, no es un debate fácil. Todos los recursos son competitivos. Esto significa que es difícil que los municipios se pongan de acuerdo respecto a toda la realidad que existe dentro de ellos -se lo tengo
que reconocer, señor Guitarte- y que haya un cierto consenso respecto a cómo se tiene que seguir avanzando. El ejemplo más concreto que hemos tenido tiene que ver con la financiación autonómica. Sabe usted que llevamos varios años, desde que
llegamos a Moncloa, intentando un consenso para la reforma del modelo de financiación y no logramos que haya un común denominador -más allá de la variable del peso de la población en términos nucleares del modelo- que nos permita saber el porcentaje
que han de tener la dispersión, la insularidad, el envejecimiento u otras variables. Todo el mundo entiende que tienen que existir, pero lo que se tiene que plantear es en qué proporción.
Para el próximo año hemos puesto en marcha no solamente una mejora en el sistema de financiación general de las entidades locales, que recibirán un 5 % más de recursos, sino que, como usted sabe, también hemos incorporado un fondo que se
lleva repitiendo a lo largo de estos tres últimos años para compensar lo que llamamos liquidación negativa respecto al año 2020, para que los municipios devengan al Estado esa liquidación negativa en tres ejercicios; así como las comunidades
autónomas lo hacen en uno, en las entidades locales ocurre en tres ejercicios. De hecho, hemos puesto en marcha el fondo con más de 1000 millones de euros para evitar que las entidades locales sufraguen la recaudación que cayó a plomo en el año
2020 con motivo de la pandemia -como recordará su señoría-, de manera que hemos procurado que para la financiación del conjunto de las administraciones territoriales es como si la caída del PIB que se produjo durante la pandemia no hubiera ocurrido.
Esto significa que les proporcionamos recursos por encima de cómo se comportó el PIB y no les hemos reclamado -como establece el sistema de financiación- que devuelvan al Estado esa parte de entregas a cuenta que no se correspondió con la realidad.
Igualmente, señorías, saben ustedes que para las comunidades autónomas también dispusimos, y lo llevo siempre en paralelo, de los fondos COVID que permitieron hacer frente a esta cuestión.
Por tanto, señor Guitarte, compartimos que es necesario que pongamos el foco en cómo y de qué manera se contribuye desde la financiación local a la mejora del reto demográfico. Es una variable que sin duda debe tener un efecto, aunque la
financiación persigue, ni más ni menos, que seamos capaces de costear los servicios que las administraciones tienen que poner en marcha. Esto hay que complementarlo con otras políticas, como son las políticas de promoción de empleo, las políticas
de atracción de la inversión y otras políticas que, sinceramente, creo que el Gobierno está siguiendo a rajatabla con esa mirada permanente que hace a cualquier iniciativa legislativa y de traspaso de fondos, también con motivo del Mecanismo de
Recuperación, ya que el reto demográfico está presente en muchas de las políticas palanca que se quieren desarrollar; si bien es cierto que, por ejemplo, respecto de la pesca hay algunas políticas que es evidente que no pueden tener una plasmación
en ese tipo de territorios, pero sí en líneas generales, por lo que creo que tenemos que seguir avanzando en este sentido.
Aquí la cuestión es dar con la tecla de justicia en los parámetros que le comentaba, que están siendo de difícil consenso. Lo que sí le puedo comprometer es que en el próximo modelo de financiación local habrá una variable que discriminará
en positivo a los municipios pequeños y permitirá aportarles mayores recursos para que puedan seguir prestando servicios, al igual que también habrá que trabajar el ámbito de los servicios mancomunados y de las diputaciones provinciales porque, con
independencia de esa cuestión, tenemos que seguir profundizando en la cooperación como mecanismo para prestar unos servicios de forma más eficiente para el conjunto de los ciudadanos.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra.
Tiene la palabra el señor Guitarte Gimeno.
El señor GUITARTE GIMENO: Señora ministra, es un hecho que en España la presión fiscal de los habitantes de las zonas despobladas es similar a la de los que viven en zonas súper pobladas, a pesar de que no disponen ni de lejos de los mismos
servicios. No lo digo yo, es la opinión de expertos que llevan investigando sobre esta cuestión mucho tiempo. (El señor vicepresidente, Rodríguez Gómez de Celis, ocupa la Presidencia).
El modelo de financiación local y de servicios municipales no contribuye a revertir la despoblación, por el contrario, favorece el despoblamiento de las áreas ya despobladas. Por ejemplo, el profesor Francisco Velasco lo explica en una
comparativa más cercana. Un vecino de Puras, que es un municipio de la provincia de Valladolid con unos cincuenta habitantes, aporta una media de 425 euros al año de sus impuestos; un vecino de Valladolid, ciudad que ahora está en torno a los 299
000 habitantes, aporta una media de 427 euros, es decir, prácticamente lo mismo. El problema es que los servicios que ofrece Valladolid a sus vecinos -agua, alumbrado, asfaltado, instalaciones deportivas, transporte, cultura, ocio, jardinería,
Policía- son muchos, muchísimos más, y muy superiores a los que puede ofrecer el pequeño municipio de Puras, que apenas se limitarán a agua, alumbrado, asfaltado y poco más.
Este ejemplo sintetiza en buena medida el problema al que nos estamos enfrentando. España ha abandonado los municipios del medio rural y las pequeñas ciudades para ser un país de grandes ciudades. Si lo recuerdan, desde la década de los
cincuenta nos han educado así, nos hablaban del gran Madrid, la gran Barcelona; son una herencia de aquellos años en los que todas las políticas de desarrollo se concentraron en las urbes. Posteriormente, en la década de los ochenta, para
reconstruir barrios y
ciudades que habían recibido las corrientes del éxodo rural, el esfuerzo del Estado también se concentró en las grandes ciudades y, a lo largo de los noventa, la política local también concentró esfuerzos, inversiones y programas en las
grandes ciudades para su promoción económica o por la competencia internacional entre capitales. La cuestión es que hoy, en los años veinte del siglo XXI, la tendencia a la concentración y los contrastes entre las haciendas locales continúan
creciendo.
Hemos visto antes las recomendaciones que llegan desde el Consejo Europeo, y podemos también tomar otros modelos, como plantea, por ejemplo, el proyecto de investigación 'Políticas y servicios públicos locales contra la despoblación' que
está realizando el Instituto de Derecho Local de la Universidad Autónoma de Madrid, o seguir el ejemplo de Canadá, donde el Estado no aporta financiación a las grandes ciudades como Toronto porque pueden generar sus propios ingresos, mientras que sí
aporta financiación específica y diferenciada según las condiciones de cada municipio a las pequeñas poblaciones.
Podríamos perdernos en datos de financiación local, en cuya agregación no se incluyen muchos de los detalles que se deberían añadir o todos los aspectos a través de los cuales el Estado está fortaleciendo a las grandes ciudades comenzando
por Madrid o Barcelona, una línea política que, como hemos señalado, se ha mantenido durante más de setenta años. Lo justo y equitativo sería fortalecer la Administración local en el medio rural para superar esas políticas de abandono o de simple
adaptación al proceso de despoblación para iniciar un nuevo modelo de financiación de las haciendas locales y de los pequeños municipios que contribuya de verdad a la reversión del proceso despoblador.
Más que analizar el impacto de las transferencias desde niveles superiores en las administraciones, debemos centrarnos en los efectos de esta financiación sobre los servicios que pueden ofrecer los municipios a las personas que los habitan,
en la medida en que contribuyan a mejorar la calidad de vida. Por ello, en esta intervención queremos dirigir la mirada hacia vectores de acción típicamente municipal, como la oferta de servicios públicos o la dinamización económica, con los que
también se puede contribuir a asentar población, pero ahí los pequeños municipios lo tienen muy difícil. Las grandes ciudades pueden incluso, y lo estamos viendo, disminuir la carga fiscal, hacer alarde de que la disminuyen y ofrecer becas a la
población residente, incentivos a la atracción de empresas e impulso a nuevos centros y actividades culturales que serán focos que incrementarán las actividades económicas y el turismo, redundando en una mayor fortaleza de la ciudad. Aun
considerando que hablamos, y lo sabemos, de escalas muy distintas, nada de esto, por ejemplo, se puede hacer desde las haciendas locales de los pequeños municipios, y ambas instituciones se nutren de los presupuestos públicos para finalidades que
deberían ser comunes. ¿No les parece que esta situación encierra una desigualdad de derechos de los ciudadanos de un mismo Estado y que esta desigualdad retroalimenta y se ve retroalimentada por la propia acción del Estado?
Creemos que es el momento de analizar la tendencia, de escuchar a los expertos y de pensar que son necesarios gobiernos locales fuertes, lo que requiere financiación adecuada porque desde una financiación local se puede trabajar de manera
más eficaz en el objetivo de luchar contra la despoblación. Es el momento de repensar, de cambiar el enfoque de la política de la financiación local y, por justicia social, de superar los agravios no siempre explícitos ni contemplados en las
estadísticas que contiene el sistema actual.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
Para concluir el debate, tiene la palabra en nombre del Gobierno, la señora ministra de Hacienda y Función Pública.
La señora MINISTRA DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA (Montero Cuadrado): Muchas gracias, señor presidente.
Señor Guitarte, le reitero lo que le decía, compartimos muchos de los análisis relativos a cuáles han sido los orígenes históricos que han podido llevar a anteriores gobiernos -creo que es de justicia decirlo- a relegar a estos municipios a
un segundo plano, en vez de jugar el papel protagonista que deberían. Por tanto, todos estamos convencidos de que tenemos que avanzar en esa dirección. Sin ir más lejos -se lo recuerdo habitualmente-, ni más ni menos que una vicepresidencia del
Gobierno ostenta la responsabilidad en materia de reto demográfico, se pone en la agenda e incluso en la estructura propia del Gobierno. Creo que eso es un avance que tiene que ser reconocible y que tiene que perdurar en el futuro porque está
contribuyendo de verdad a que seamos capaces de desplegar todo el plan de lucha contra la despoblación y el reto demográfico realizado por el Gobierno en diálogo con la FEMP y con entidades y agentes sociales. Por tanto, nuestro compromiso está más
vivo que nunca.
Pero no puedo compartir lo que usted insinúa de que este Gobierno realmente no está ayudando a los pequeños municipios. Creo que la mirada y las actuaciones avalan que este Gobierno, cada vez que desarrolla un reparto de fondos o tiene que
poner en marcha políticas que impulsen el crecimiento económico, tiene una mirada singular sobre los pequeños municipios. Además, señoría, aquellos que tienen un mayor riesgo de despoblación se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad,
por lo que hay que intentar por todos los medios que no se llegue nunca a materializar.
También denunciamos, por supuesto, lo que usted ha dicho en la tribuna, que algunos municipios -no es la misma situación que la de las comunidades autónomas, afortunadamente- utilizan una mejor financiación para hacer una política de bajadas
fiscales que nos pueden llevar a una espiral o a un dumping fiscal que haga que otros territorios se encuentren en situación de desventaja. Usted conoce perfectamente mi opinión porque la he dado muchas veces a propósito de esta cuestión, que creo
que tenemos que corregir cuando modifiquemos los modelos porque, efectivamente, no se puede dar el caso de que unos se lo puedan permitir por su centralidad, su volumen o su capacidad poblacional, creándose diferencias tan significativas, lo cual no
quita que los Gobiernos municipales deban tener competencias con capacidad regulatoria, y en eso también podemos coincidir porque en eso estriba también la autonomía local, que creo que aquí todos defendemos.
Pero le voy a dar un dato, señor Guitarte, que le va a permitir contextualizar mejor lo que le decía anteriormente. Los municipios en España que en este momento tienen una población inferior a 5000 habitantes tienen un ahorro neto positivo
dentro de sus cuentas. Esto significa que tienen superávit, no significa que les sobre el dinero. Siempre digo que nadie interprete el superávit como que a alguien le sobra el dinero, porque lo que buscan las reglas fiscales es plantear una
situación de superávit para una mejor sostenibilidad de las cuentas públicas en el futuro, pero si comparamos, que les decía anteriormente que es un ejercicio de mucho interés, cómo se comporta ese subsector dentro del conjunto de los municipios,
tienen un ahorro neto positivo. Por ejemplo, en Teruel, en su provincia, solo 25 municipios de 233 que tienen una población inferior a 5000 habitantes han presentado un ahorro neto negativo, 25 de 233, y de los 15 ayuntamientos que existen hoy en
España en una situación de riesgo extremo en relación con sus cuentas públicas ninguno se encuentra en la provincia de Teruel. ¿Esto significa que unos gestionan mejor que otros o que los datos de sus cuentas públicas responden solo a la
financiación o a una buena o mala gestión? No, responden a múltiples variables y que, por tanto, no tienen una sola causa: ni todo el que tiene ahorro neto positivo es porque gestiona mejor ni lo contrario, ni todo el que tiene una situación de
riesgo extremo es porque no gestiona bien, muchas veces derivan de situaciones heredadas de sobreendeudamiento, incluso correspondientes a corporaciones anteriores, a las que uno tiene que intentar hacer frente.
Por tanto -termino, señoría-, tenemos que seguir avanzando en esta dirección. Creo que podemos coincidir en que la próxima reforma de la financiación local tiene que tener una mirada expresa sobre municipios de baja densidad de población,
igual que creo que tenemos que seguir impulsando medidas como las que se contemplan en el proyecto de presupuestos para que el actual empleo que existe en esa zona tenga un menor coste en términos de Seguridad Social y para que el nuevo empleo,
incluso en los municipios de mil habitantes o de menos de mil habitantes, pueda tener hasta un 20 % de ayudas al funcionamiento, lo que significa, señoría, aprovechar al máximo la capacidad que nos concede la Unión Europea.
Seguiremos trabajando en esa dirección y en ese caso esperamos contar con el apoyo de su grupo.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), AL MINISTRO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA SOBRE LAS MEDIDAS QUE VA A TOMAR EL EJECUTIVO CENTRAL PARA ARTICULAR DE FORMA MÁS ÁGIL Y EFICAZ LA DISTRIBUCIÓN DE LOS
FONDOS EUROPEOS, INCLUIDA LA PARTE RELATIVA A LOS PRÉSTAMOS POR VALOR DE UNOS 80 000 MILLONES DE EUROS QUE EL GOBIERNO ESPAÑOL PREVISIBLEMENTE SOLICITARÁ ANTES DE FINALES DE AÑO. (Número de expediente 172/000254).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Interpelación urgente del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), al ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria
Democrática, sobre las medidas que va a adoptar el Ejecutivo central para articular de forma más ágil y eficaz la distribución de fondos europeos, incluida la parte relativa a los préstamos por valor de unos 80 000 millones de euros que el
Gobierno español previsiblemente solicitará antes de final de año.
Para su defensa, tiene la palabra la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea.
La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias, presidente.
Egun on, ministra, nuevamente. Lo cierto es que no es la primera interpelación en relación con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en relación con los fondos o en relación con los PERTE por parte de los distintos grupos
políticos de esta Cámara, lo que entendemos que demuestra que, a pesar de nuestras diferencias, hay una preocupación por su implementación y ejecución, porque de ellos no solo depende el crecimiento económico, sino también el cambio de modelo
productivo.
Mi grupo es muy consciente de lo que implica la oportunidad brindada por Europa para no solo salir de la crisis, sino para transformar ese modelo económico; transformaciones que, si se hacen bien, van a hacer cambiar las industrias,
impulsar nuevos modelos de negocio, nichos de mercado, generar oportunidades de innovación y de empleo y mejorar la productividad, así como desarrollar la capacidad para adaptarse y dar respuestas en tiempo y forma a situaciones complejas,
construyendo sobre las capacidades industriales, sociales y económicas existentes. Es necesario tener un sistema productivo competitivo y sostenible, y esto es lo que Europa nos está facilitando con estos fondos, porque la globalización, tal y como
nos lo ha demostrado la pandemia, ya no pasa por fabricar barato en países en los que los costes son económicos, sino que la globalización pasa por ir por delante del resto a través de la tecnología y la innovación, y va de responder a los retos
globales que se presenten.
Ha pasado más de un año desde que en abril de 2021 se aprobó el plan de recuperación, y no sería justo decir que no se ha avanzado en el mismo, aunque no parece que al ritmo que se planificó. Podríamos hablar, por tanto, de avances con sus
luces y sus sombras, y es que a medida que pasa el tiempo surgen dudas tanto acerca de su ejecución como de su impacto en la economía real; dos variables, por tanto, que se han convertido en un foco de incertidumbre adicional no solo para el
crecimiento económico, sino también, como he dicho, para la transformación del modelo económico actual.
Ministra, se está cuestionando su ejecución y, a la vez, se está instalando y extendiendo la idea de que estos fondos finalmente se conviertan en una oportunidad perdida y, a nuestro juicio, son varias las razones que lo motivan. Uno,
efectivamente estamos ante un plan complejo en el que se diseñaron reformas y se acordó la distribución entre ministerios y comunidades autónomas. Sin embargo, el plan no ha obedecido a un trabajo compartido, algo que mi grupo solicitó desde el
principio, y cuyo resultado ha sido un plan centralizado que no ha contado con una cogobernanza real y efectiva con el resto de administraciones ni en su diseño ni en su implementación, cuando son las comunidades autónomas las mejores conocedoras de
la realidad económica y social, porque cogobernanza no es convocar muchas conferencias sectoriales informativas en las que priman y se imponen los criterios del Gobierno y en las que se relega a las comunidades autónomas a actuar como meras
ejecutoras de encomiendas de gestión. Esta falta de colaboración en este diseño e implementación hace que en muchos casos no se puedan ejecutar parte de esos fondos porque, primero, las actuaciones para los que se designan no tienen en cuenta las
particularidades de cada región o porque se destinan a finalidades que ya han sido ejecutadas por las propias comunidades autónomas con fondos propios. Le pongo un ejemplo. En Euskadi se han quedado sin ejecutar un 20 % de los fondos adjudicados
vía conferencia sectorial, precisamente porque el diseño por parte de la Administración no se ajusta a esa realidad. ¿Qué va a pasar con esa parte no ejecutada? ¿Se va a poder adaptar a la realidad de las comunidades autónomas? Son preguntas para
las que no tenemos respuestas. Hay incluso fondos que no han llegado, que se deniegan alegando que las comunidades autónomas tienen competencia en la materia para la que se destinan, algo fuera de lo normal, porque precisamente los fondos Next se
otorgaron a los países por el hecho de estar en la Unión Europea y como consecuencia de la pandemia, atendiendo a su impacto, y no por el hecho de tener o no tener determinadas competencias. Fíjese, el Reglamento de la Unión Europea, además, aboga
por dar protagonismo, por escuchar a las regiones, y esto no ha ocurrido con respecto al primer paquete de fondos en forma de subvenciones, aunque ahora entendemos que hay una nueva oportunidad con la adenda, con los préstamos que el Gobierno ya
anunció que se iban a solicitar; una oportunidad para escuchar, esta vez sí, a las comunidades autónomas e incorporar criterios regionales en la misma, ya que esos préstamos van a afectar a su capacidad de endeudamiento. Sin embargo, nada se sabe
acerca de la misma, a pesar de que la vicepresidenta primera solicitó a las comunidades autónomas sus aportaciones.
Hoy ya leemos titulares acerca de un plan para facilitar la llegada de los fondos europeos a través de la adenda con los bancos y, sin embargo, no hay respuesta del Gobierno a las propuestas de las comunidades autónomas. Hermetismo absoluto
ante una ventana de oportunidad para diseñar las reformas e inversiones más adecuadas y conectadas con el tejido económico y social.
Segundo, respecto a los proyectos tractores, los PERTE, los proyectos llamados a convertirse en la palanca del plan de recuperación y en la mejor manera de que el dinero llegue al tejido empresarial, el balance es un tanto desalentador.
Tras once PERTE aprobados y uno más anunciado, la mayor parte de la inversión pública comprometida está sin ejecutar; solo se ha asignado un 9 % del total, y lanzar convocatorias por valor de 9000 millones no equivale ni a asignación ni a
ejecución. Hay PERTE con muchas sombras, como el PERTE VEC, que ha sido objeto de retrasos y de una ejecución inferior a la prevista y que, además, ha hecho que se tenga que proyectar una segunda convocatoria, como el de semiconductores de
descarbonización, que sigue en stand by, y PERTE con trámites burocráticos excesivos, con plazos de ejecución muy restrictivos que están desanimando al tejido económico.
Todo esto debería hacernos repensar qué es lo que falla en su diseño. Deberíamos realizar, al menos, una autocrítica y un análisis riguroso para modificar las condiciones y requisitos que deberían realizarse, escuchando a los sectores, no
solo por la importancia que tienen los PERTE para la transformación del tejido productivo, sino también porque es necesario adaptar los mismos al nuevo contexto de incertidumbre, de inflación y de encarecimiento de la financiación, pues la subida de
tipos de interés está obligando a las empresas a revisar sus planes de inversión, porque las cifras de rentabilidad de cada proyecto ya han cambiado. Por cierto, también se solicitaron PERTE o proyectos regionales a las comunidades autónomas y
tampoco han tenido respuesta alguna de su ministerio.
Tercero, datos de ejecución e impacto. Llevamos dos años en los que los fondos europeos se han erigido en los presupuestos generales del Estado como el factor determinante para el crecimiento económico, y la realidad nos ha demostrado que
tanto el porcentaje de ejecución como su impacto en el PIB ha sido menor; ahí están los datos del Banco de España. El Gobierno habla en sus previsiones de un impacto del 2,6 % del PIB de media durante una década, una previsión optimista si tenemos
en cuenta las revisiones sucesivas a la baja que han experimentado los efectos macroeconómicos en el uso de estos fondos. Para 2022, las últimas predicciones publicadas minoran el impacto hasta 1 punto, frente al 1,4 % estimado a principios del
año. Respecto a 2023, se estima un impacto del 0,6 % sobre la tasa de crecimiento del PIB, lejos de esa media del 2,6 prevista. El Gobierno insiste en decir que los fondos han alcanzado su velocidad de crucero y que será en el 2023 cuando se
produzca su mayor despliegue, pero lo cierto es que los datos parecen no avalar ni la velocidad de crucero ni tampoco ese despliegue, porque una cosa es el compromiso de gasto o incluso la obligación reconocida y otra cosa es que esto implique que
estén ejecutados y que los fondos Next estén llegando y desplegándose a esa velocidad de crucero en el destinatario final.
Lo cierto, ministra, es que seguimos sin disponer de datos ciertos sobre la ejecución efectiva de estos fondos, porque, primero, no hay una monitorización al respecto y, segundo, porque no está en funcionamiento la plataforma para la
centralización de convocatorias y control de los fondos, lo que nos obliga a que debamos remitirnos, si queremos información, al IGAE, a los datos de la CEOE o incluso a los datos de ESADE, que están intentando monitorizar los mismos. Compartirá
conmigo que, cuando menos, esto es una anomalía y que, desde luego, falta información y transparencia cuando hablamos de fondos públicos, que requieren control e información pública. Con los datos de los que disponemos nos encontramos que, según la
IGAE, los pagos efectivamente realizados suponen un 22 % del total presupuestado para 2022, un porcentaje menor al del Gobierno, porque este se refiere a las obligaciones reconocidas no ejecutadas, que sí ronda ese 45,5 %. Por otro lado, según
ESADE, cerca de un 15 % de los fondos ejecutados ha llegado al tejido productivo, es decir, unos 4200 millones, de 18 000, que estaban destinados a ellos, una cifra todavía baja.
Tantos datos, en los que cualquiera puede perderse, no hacen más que constatar la necesidad de contar con una aplicación en la que los datos de ejecución sean accesibles y lleguen con transparencia a la sociedad, para evitar desconfianzas y,
desde luego, para realizar todos los ajustes necesarios para mejorar en la gestión de esos fondos. Tampoco se puede trasladar la responsabilidad del retraso de la ejecución al resto de administraciones en la parte que corresponde a las
licitaciones, por cuanto que estas no han participado en su diseño y tampoco se han podido beneficiar de toda esa flexibilidad, que, para la Administración General del Estado en materia de contratación, permitía aquel Decreto 36/2020, por cuanto su
tramitación aún permanece en un cajón. Es verdad que se ha tenido que esperar al Decreto 6/2022, de
marzo; gracias a mi grupo, entre otros, se ha ampliado a todas las entidades que integran el sector público la aplicación de determinadas especialidades previstas en materia de contratación. Además, ante los cambios de los costes debido a
la inflación, hay licitaciones que ya han quedado desiertas, tal y como ya ha advertido la AIReF, y hay preocupación por aquellas convocatorias que han sido licitadas recientemente y que no están despertando interés suficiente en las empresas,
porque la empresa adjudicataria no tiene garantizada la rentabilidad de la inversión.
Por último, los plazos de ejecución del plan. El calendario negociado por el Gobierno en Bruselas fijó la ejecución del plan en el trienio 2021-2023 para ejecutar los primeros 70 000 millones correspondientes a las subvenciones, un plazo
excesivamente corto y que difícilmente se va a poder cumplir si nos atenemos al ritmo de ejecución hasta la fecha. Además, son plazos muy ajustados para las inversiones que requieren algunos proyectos, porque si queremos transformar la economía son
imprescindibles, sí, grandes proyectos tractores, y precisamente las inversiones transformadoras requieren, por su propia naturaleza, un mayor tiempo de reflexión, un mayor tiempo para la toma de decisiones, así como una participación
multisectorial, condiciones difíciles de cumplir en un plazo tan breve marcado por el Gobierno. Y eso se lo dijimos cuando comenzaron a planificar el plan, y seguiremos insistiendo en ello. Ministra, se necesitará una reprogramación de ese
calendario por el volumen ingente de recursos que quedan por tramitar, pero también para facilitar inversiones de los proyectos tractores, que son los que pueden traccionar ese cambio de paradigma.
Todas estas cuestiones, ministra, suscitan dudas sobre el avance del plan, su planificación y su proceso, sobre su impacto en la economía y sobre su capacidad para lograr el cambio de modelo económico y, en definitiva, la transformación de
la economía. Por todo lo mencionado, a pesar de que el Gobierno traslada una y otra vez, haciendo gala de su capacidad, ser los primeros en planificar y presentar el plan con los hitos y reformas económicas exigidos a la Comunidad Europea y también
por la solicitud de los distintos tramos de ayudas, que es cierto, les debemos decir que el gran reto no solo reside en cumplir hitos en fechas determinadas, que también, sino en distribuir estos fondos de forma eficiente. Además, la Administración
no está preparada para ello, está un tanto obsoleta y necesitada de mayores recursos humanos; ha desbordado su capacidad de gestión y, de hecho, ya hay anuncios en la prensa acerca de que se está solicitando ayuda a las Big Four para, precisamente,
abordar el atasco burocrático.
Todas estas cuestiones hacen que sea necesario y urgente garantizar la gestión, la canalización, la ejecución de los fondos y, por tanto, adaptar los mecanismos o medidas diseñadas hasta ahora, implicando a todos los gobiernos y niveles de
la Administración con proyectos innovadores plausibles, acordes a las capacidades regionales, porque tener una base tecnológica e innovadora propia es el comienzo para desarrollar políticas económicas del ahora y también del futuro.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
A continuación, tiene la palabra, en nombre del Gobierno, la señora ministra de Hacienda y Función Pública.
La señora MINISTRA DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA (Montero Cuadrado): Muchas gracias, señor presidente.
Señora Sagastizabal, la he escuchado atentamente. Puedo compartir muchas de las reflexiones que usted ha hecho en la tribuna, hay otras que matizaría y otras que creo que tienen una explicación. Todos tenemos que ser conscientes y
profundizar en ese proceso permanente de mejora, ya que todos aspiramos a ser una Administración más ágil, más eficiente, que dé una respuesta más rápida a los problemas de los ciudadanos.
Pero tenemos que partir de la base de que, primero, el diseño del plan de recuperación y la puesta a disposición de los países miembros por parte de la Unión Europea, de manera singular durante esta crisis, de un volumen tan importante de
recursos es una iniciativa estupenda, perfecta y, evidentemente, marca una forma de comportarse la Unión Europea, que ha aprendido, por lo menos en una parte muy sustancial de la anterior crisis financiera, a no abordar esta nueva crisis con mayores
recortes, con un menor impulso del sector público respecto al papel que tiene que jugar en la economía o con una desprotección del conjunto de los ciudadanos, que lleva a un desapego y, por tanto, a una separación real de la vivencia que tienen
respecto a la político, como ocurrió en la anterior crisis financiera. Que tengamos en nuestro país un paquete de transferencias que supera, con la adenda, los 77 000 millones de euros es, sin duda, una magnífica noticia. Es de justicia reconocer
también el papel impulsor del presidente del Gobierno a la hora
de solicitar -algunos se reían; no su grupo, pero sí otros- un plan Marshall o algún plan de reconstrucción de Europa después de las consecuencias tan graves, con caída de dos dígitos del PIB, que se produjeron con motivo de la pandemia.
En segundo lugar, señora Sagastizabal, creo que hay que reconocer que una inyección de más de 70 000 millones para ejecución en tres años en el conjunto de la maquinaria pública es un reto sin precedentes. No voy a eludir que esto
signifique engrasar a ayuntamientos, comunidades autónomas y Gobierno de España para que estén a punto y tengan capacidad de poder digerir esas cantidades de recursos. Pero también quiero decir que el calendario de ejecución iba ligado a paliar la
caída que, durante el período más cercano a la situación de pandemia, iban a sufrir las economías europeas. Por eso le puedo asegurar que no ha sido tan elegible el calendario de ejecución de los recursos que el Gobierno de España intentó negociar
con Europa. Había claramente un interés para que esa inyección llegara en este momento de la economía para intentar reducir el impacto que estaba teniendo el virus en la caída del PIB y, posteriormente, ahora con la adenda, el impacto que puedan
estar teniendo las consecuencias económicas derivadas de la guerra, que, como usted bien dice, complican también el propio desarrollo del proyecto, y el problema que hemos tenido de desabastecimiento de las cadenas de suministro y el incremento de
determinados precios de material básico para el desarrollo de inversiones. Es decir, hay una serie de condicionantes añadidos que están poniendo a prueba la capacidad que estamos teniendo las administraciones de poder hacer frente a todos esos
inconvenientes. Sin autocomplacencia, señora Sagastizabal, con un orgullo que creo que es razonable, todos podemos coincidir en que, a pesar de todo, todas las administraciones estamos respondiendo de una manera bastante razonable a lo que va
ocurriendo en el día a día.
En tercer lugar, y como reflexión global, quiero decirle que para el propio diseño del plan se ha tenido que plantear un cambio de paradigma, de modelo, para gestionar estas nuevas ayudas, modelo diferente al tradicional de los Estados
miembros, concretamente España, un país que era neto en la recepción de los fondos procedentes del marco financiero plurianual. Y me refiero a que, hasta la fecha, el marco financiero, también con condicionantes en términos de cohesión territorial
y de niveles de renta, planteaba un volumen de recursos que gestionaban directamente las comunidades autónomas; las comunidades autónomas hacían la programación y la remitían a Bruselas. En este sentido, nosotros éramos y somos casi meros
transmisores de lo que las propias comunidades plantean, aunque luego seamos autoridad de gestión. Respecto al plan de recuperación, Europa ponía como condicionante que hubiera no solo una cierta movilización de recursos, sino un volumen de reforma
de planes y una incorporación de políticas estratégicas que tenían que estar presentes y ser aprobadas por Bruselas, teniendo un peso cada uno de los programas: 40 % cambio climático, por poner un ejemplo o 30 % respecto de transición digital y,
ahora, conforme se va agudizando la situación derivada de la invasión de Ucrania, la autonomía estratégica que esas medidas puedan perseguir. Digo esto porque el diseño del plan es distinto, como usted bien decía.
Créame que conozco perfectamente el posicionamiento de su grupo respecto a esta cuestión, porque he tenido ocasión de discutirla con usted y también con el señor Esteban. Hubieran preferido una manera distinta del diseño original de este
plan, donde hubiera una serie de recursos puestos a disposición de las comunidades autónomas con esas mismas premisas, lo que les permitiera hacer un diseño propio del desarrollo del plan. Lo conozco, lo hemos escuchado y discutido en muchas
ocasiones. Por tanto, señora Sagastizabal, no soy ajena a esa cuestión que usted me plantea en el día de hoy y que está presente en todos los discursos y en todos los debates que mantenemos respecto de los fondos europeos. Ustedes siguen echando
de menos que haya lo que ustedes llaman una mayor participación de las comunidades autónomas en estos diseños. Yo diría que es un diseño distinto, porque siempre está habiendo participación, aunque de forma distinta, porque todos los recursos que
se derivan al territorio están siendo objeto de acuerdo, de votación, en las conferencias sectoriales, que se diseñan justamente para hacer ese reparto.
A la hora del control de los fondos, no del control de auditoría ni del control del manejo de dinero público -esto se lo dejo al Partido Popular, que siempre pone en cuestión que haya un buen control, como lo hay, porque la intervención
general de todas las administraciones ejerce ese papel de control y la propia auditoría que se tiene que desarrollar con los fondos europeos también ejerce ese papel de control-, sino de conocimiento online, si me permite, de cómo se está
produciendo esa distribución, ese mismo diseño hace que cada departamento tenga una relación bilateral con su homólogo en el territorio, en la que el resto, los que somos coordinadores generales, tenemos que hacer un esfuerzo añadido de
coordinación. Lo he hablado muchas veces con mis homólogos en las comunidades autónomas y, efectivamente, a veces ellos no tienen la información de lo que las consejerías están decidiendo en cada
una de las conferencias sectoriales, como yo tampoco tengo al día esa información, más que cuando los propios ministerios nos dan traslado de la misma. Con ello le vengo a decir que, efectivamente, incluso el propio mecanismo de
coordinación adolece de ese propio diseño de los fondos, con la dificultad para saber cada día y en cada momento cómo y de qué manera se están poniendo en marcha los proyectos que se desarrollaron.
Si tenemos en cuenta todas estas consideraciones, me parece fundamental decirle, primero, que el ritmo de ejecución de los fondos europeos es razonable. ¿Nos gustaría que fuera todavía superior? Sí. ¿En este momento están dispuestos los
créditos, por ejemplo en el año 2022, de más del 90 % de los que se consignaban en el proyecto de presupuestos? Sí. Además, el hecho de haberse presupuestado -es algo que puede parecer normal, pero no existía, por ejemplo, con el marco financiero
plurianual, no formaba parte del proyecto de presupuestos- implica que se puede disponer de los fondos antes de lo que Bruselas manda, en forma de recurso o en forma de anticipo, porque, como saben, en la solicitud de desembolso hay que ir
certificando -es un proceso extraordinariamente complejo, muy complejo, señora Sagastizabal, y lo digo por aquello de que siempre ponen en duda el propio control- que efectivamente se cumplen con los hitos y los objetivos del plan. Esto es lo que
nosotros hemos desarrollado y seguiremos desarrollando; de hecho, 15 500 millones se han trasladado ya al conjunto de conferencias sectoriales.
Hemos puesto en marcha el centro de atención al usuario y hemos puesto en marcha el CoFFEE, una herramienta de soporte y ayuda, que no sustituye a la propia gestión de los fondos que tienen que hacer las comunidades autónomas, pero que
permite una trazabilidad de los proyectos para saber, sobre todo por parte de la Comisión, cómo se está comportando esa inversión de recursos. Como todas las plataformas informáticas, puede tener sus dificultades iniciales de arranque, pero
comunidades autónomas y entidades locales se están cumplimentando en el marco de las normas que nos hemos dado como fórmula.
El próximo día 22 tiene previsto la vicepresidenta primera comparecer en esta Cámara para explicar cuál va ser la propuesta de adenda. Todavía no la hemos remitido a Bruselas, porque el Gobierno aún está trabajando en la propuesta de
adenda, que tiene como objetivo fundamental, sobre todo, dotar de recursos a algunos de los PERTE que, a nuestro criterio, todavía no tienen una financiación suficiente para el cambio sustancial que pretenden desarrollar. Por tanto, ese día
tendremos ocasión aquí, en la Cámara, de discutir sobre la adenda en concreto, con los préstamos que se van a manejar. Tenemos como documento de apoyo -usted lo decía- la solicitud que se ha planteado por parte de las comunidades autónomas, sin que
generemos falsas expectativas, señora Sagastizabal. Es mi responsabilidad...
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, debe ir finalizando.
La señora MINISTRA DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA (Montero Cuadrado): ... decirlo en la tribuna -voy terminando-, porque, efectivamente, hay que hacerlo así.
Por otra parte, quiero recordarle que ya hemos solicitado el tercer desembolso. Ahora le toca a la Comisión evaluar si, efectivamente, se han cumplido todos esos hitos y todas esas inversiones que teníamos previstas. Por tanto, señoría,
eso ni va a agilizar ni va a enlentecer el propio desarrollo del plan, porque de lo que se trata es de que el endeudamiento provisional que hemos acometido lo podamos también netear.
Sigo tendiéndole la mano para seguir dialogando, para seguir hablando. Sabemos que ustedes tienen un posicionamiento respecto al plan de recuperación, y tenemos que ser capaces de conciliarlo, también con la adenda, a lo largo de las
próximas semanas.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
Tiene la palabra la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea.
La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias, ministra. Efectivamente, nos ha esbozado todo el diseño del plan y su ejecución. Estamos de acuerdo con que la respuesta de Europa ha sido muy distinta. Usted nos ha hablado del reto del
plazo de tres años para reducir el impacto en el PIB, pero lo cierto es que va a ser difícil de ejecutar esos 70 000 millones en este espacio tan corto de tiempo.
No compartimos el diseño, porque sí queríamos una mayor participación de las regiones, como establece el Reglamento europeo. Pero es que además, incluso aunque no podamos hacerlo dentro de ese diseño que han hecho ustedes, nos plantean
continuamente que aportemos y diseñemos propuestas, y es muy frustrante que lo hagamos porque no tenemos respuestas a las mismas; carecemos de
expectativas. Usted nos ha estado hablando ahora mismo de la adenda. Hemos hecho aportaciones para que nuestro entramado financiero pueda estar, incluso con unos bonos MRR, con una serie de medidas importantes, y no tenemos respuesta. Al
final, se frustran nuestras expectativas. Como todos, lo que queremos es que este plan funcione, porque el éxito será para todos, también para Euskadi.
Usted sabe bien la importancia que suponen estos fondos. Nosotros lo dijimos con la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado. Además, usted sabe que sin los fondos europeos sería prácticamente imposible movilizar inversión
pública y que esta fuera destinada a acelerar transformaciones de futuro; asimismo, sería inviable también la colaboración público-privada en proyectos de futuro que, precisamente, implican complementar la financiación privada con la financiación
pública. Además, usted conoce que el alto nivel de endeudamiento de las administraciones públicas va a llevar en unos cuantos años a ajustes presupuestarios, por lo que va a ser mucho más complejo abordar esas inversiones, medidas y apoyos de
calado y con la intensidad que requiere una transformación económica.
Por eso, insistimos en que, para recepcionar esos préstamos por valor de 80 000 millones que requiere la adenda, esta debe estar bien diseñada y convertirse en un complemento imprescindible para esas inversiones en un contexto de
incertidumbre y de volatilidad. De ahí, todas nuestras propuestas. Los recursos de los que hablamos, como usted dice, son europeos y los Estados miembros somos interlocutores, sí, pero la deuda la vamos a pagar todas y todos. Por ello, la voz de
las comunidades autónomas, en este caso la voz de Euskadi, en un Estado de las autonomías descentralizado, ha de tenerse en cuenta en esta fase de diseño, no solo en la ejecución y en la dación de cuentas.
Por último, además de que los fondos suponen el otorgamiento de recursos extraordinarios por parte de Europa, se han erigido como la hoja de ruta común para abordar inversiones en transición ecológica, en transformación social y en
transformación digital para afrontar todos estos retos.
Ministra, es necesario valorar todo esto, no solo los aspectos críticos, sino también la oportunidad que suponen estos fondos para no errar en su materialización, y abordar sin dilación, como he dicho, aquellos aspectos más problemáticos,
porque estos fondos son la mejor, yo diría que la única oportunidad, para apoyar inversiones estratégicas de medio y largo plazo y avanzar en la construcción de un nuevo modelo económico. Por lo tanto, urge aterrizar, urge trabajar
colaborativamente, de verdad. La postura del PNV es constructiva, usted lo sabe, porque, como he dicho, nos jugamos el futuro. Si sale mal, vamos a salir todos perjudicados, también Euskadi, sus instituciones, empresas y ciudadanía.
Termino leyendo las palabras de una persona con una gran trayectoria en el ámbito de la innovación. Decía, allá por 2021 -¡fíjese!-, y abro comillas: 'Los fondos Next Generation van a ser como una descarga eléctrica de un desfibrilador que
se aplica a una persona que ha sufrido un paro cardiaco. La primera descarga en 2021, la segunda, en 2022 y, la tercera, en 2023. Pero si el corazón no recupera su ritmo, en 2024 no habrá más descargas, porque el aparato estará descargado'. Así
que, no perdamos ese tren y abordémoslo, de verdad, desde la cooperación y la cogobernanza.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
Para concluir el debate tiene palabra, en nombre del Gobierno, la señora ministra de Hacienda y Función Pública.
La señora MINISTRA DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA (Montero Cuadrado): Muchas gracias, señor presidente.
No puedo estar más de acuerdo, señora Sagastizabal, en que, efectivamente, es una oportunidad única para todos los países, para el propio proyecto que significa Europa y en que tenemos que ser capaces de aprovecharla entre todos. También
creo que tenemos que tener un elemento comparativo que nos permita ver cómo estamos. A pesar de nuestra capacidad de mejora o de la necesidad de seguir trabajando permanentemente de una forma más eficaz, en este momento España está bien situada
respecto a la ejecución de los fondos. Este es un elemento que a todos los gestores que estamos trabajando mucho para hacer realidad esta cuestión nos tiene que servir de estímulo. Somos el país de la Unión Europea que está solicitando antes los
desembolsos, lo que no significa que lo pida, sino que la Comisión Europea está verificando que se están cumpliendo -por eso pagan- los hitos y los objetivos que se habían planteado previamente. Muchos de los hitos son reformas, y usted lo sabe,
señora Sagastizabal, porque el grado de iniciativa legislativa que está obteniendo el Ejecutivo y que se somete a esta Cámara está, en gran parte, condicionado también por el calendario de esos componentes que tenemos con Europa. Esto significa que
el volumen de leyes que se tramita no tiene comparativa -los
diputados más antiguo de la Cámara lo saben- con lo que se ha hecho en periodos anteriores, y la fragmentación del Parlamento a veces obliga incluso a modular esos compromisos que tenemos con Europa, porque, evidentemente, la Cámara es
soberana. Esto implica que no siempre las normas, tal como salen, responden exactamente a lo que Europa espera de los hitos que tiene que marcar el Gobierno de España.
A pesar de todo eso, tenemos que continuar. Yo la emplazo para el día que la vicepresidenta vaya a discutir sobre la adenda. Como usted bien decía, tiene más de 7500 millones en transferencias añadidas y una parte de los 80 000 millones en
préstamos. Sí le digo ya, señora Sagastizabal, que a diferencia de lo que ocurre con las transferencias, que son, en términos de contabilidad nacional -sé que usted me va a entender- neutras, los préstamos no lo son. Eso significa que van a costa
del endeudamiento del propio país y de las propias administraciones territoriales y que, cuando esa capacidad de endeudamiento se convierte en gasto no financiero, implica déficit. Sin embargo, cuando se recuperen las reglas fiscales, Europa exige
estar en el marco de la senda de consolidación fiscal, que tenemos que pactar, lo que complica de alguna manera la gestión del préstamo para convertirla en gasto no financiero. Eso no significa que no se pueda hacer en alguna parte, pero, sobre
todo, son instrumentos financieros que se ponen a disposición del sector privado para que pueda utilizarlo en un momento de dificultad de crédito y para acompañar las inversiones más importantes. Se lo explicará con más detenimiento la
vicepresidenta, pero como esto le corresponde más Hacienda quiero decirle que ya estamos viendo cómo y de qué manera se pueden gestionar en el marco que tenemos todos y que no sea un brindis al sol, sino que realmente sean préstamos que nos
posibiliten acometer esas grandes inversiones, estratégicas para el país, o los grandes proyectos de reforma que tenemos por delante.
Lamento que a veces la solicitud de información provoque frustración -me consta, porque ustedes me lo trasladan- o que se genere una expectativa que no se corresponde con la realidad, pero sí le quiero decir que esos documentos son el objeto
nuclear para la preparación del plan por parte del Gobierno de España, aunque mejoraremos esa comunicación para que en las entidades territoriales no exista esa vivencia.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO EUSKAL HERRIA BILDU, RELATIVA A LA BRECHA DIGITAL EN LA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. (Número de expediente 172/000257).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Interpelación urgente del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, relativa a la brecha digital en la atención a la ciudadanía por parte de la Administración pública. Para su defensa,
tiene la palabra la señora Aizpurua Arzallus.
La señora AIZPURUA ARZALLUS: Eskerrik asko, egun on. Gracias, presidente.
Ministra, es un hecho evidente que la tecnología digital está cada vez más presente en nuestras vidas y son muchos los ámbitos en los que resulta imprescindible familiarizarse con su uso, si no queremos quedarnos fuera de juego. Pero el
problema para muchas personas no es la resistencia a ponerse al día -que son las menos, ciertamente-, sino la imposibilidad de hacerlo por muy diversas y muy dispares razones. Y es aquí donde radica el quid de la cuestión de lo que denominamos
brecha digital; una brecha que es de especial gravedad cuando afecta a situaciones necesarias cotidianas y a las relaciones también con la Administración pública. Lo cierto es que las desigualdades que ya se conocían antes de la pandemia, como son
las que inciden en los escasos recursos económicos de las personas o la falta de formación, se han acrecentado y tenemos ejemplos, como la escasez de infraestructuras de telecomunicaciones en las zonas menos pobladas, y junto a ello, la acelerada
-aceleradísima, diría yo- digitalización del sistema financiero, de la banca, y también de las administraciones públicas. Por resumirlo, nos encontramos con que aumentan los problemas de acceso a cuestiones básicas para la vida cotidiana y esto
acarrea un mayor número de personas vulnerables.
Los derechos, señora ministra, se han convertido en obligaciones para la ciudadanía, en obligaciones digitales. Y anticipándose a lo que se veía venir, organizaciones de usuarios y usuarias llevaban tiempo reclamando y exigiendo al Banco de
España y a diferentes ministerios de este Gobierno que se tomen decisiones urgentes al respecto. Porque es necesario y evidente que hay que acompasar los tiempos
entre ese desarrollo digital -al que inevitablemente deberemos sumarnos- con su forzosa obligatoriedad de uso generalizado en todo el territorio. Ahora quizás estamos viéndolo con más claridad, principalmente en la banca y, diría yo que
paradójicamente, en la Administración pública. Se habla mucho de lo que está pasando en la banca con la supresión de libretas bancarias, el cobro por sacar dinero en ventanilla, las nuevas comisiones o el incremento de operaciones exclusivamente
vía online, y ciertamente todo esto ha aumentado la ya existente brecha digital en los sectores más vulnerables de la población, como pueden ser las personas mayores, los residentes en el ámbitos rurales o personas con necesidades especiales que
están viendo restringido el acceso a su propio dinero -que la cosa tiene delito- y también al sistema bancario en general.
Pero es que no solo se da en la banca, también se está dando en la Administración y cualquier tipo de trámite hoy en día pasa por hacerlo de forma telemática sí o sí: pedir el paro, bajas por enfermedad, la declaración de la renta, becas.
Hay un montón de situaciones y necesidades, hasta incluso tramitar las ayudas por ser pobres, que quizás sea la incongruencia más lacerante que podamos imaginar. Además de todo esto, lo que está pasando a la vez es que en este Congreso, desde la
pandemia, se han adoptado muchísimas medidas, un gran número de buenas medidas bajo eso que denominamos el escudo social, en protección social o en transición ecológica, gracias a la ingente cantidad de fondos europeos que han llegado, pero la
realidad es que la gran mayoría de la población no conoce ni siquiera una ínfima parte de estas medidas. Y ya no hablo solo de las personas vulnerables sino de la gran mayoría de la población, es decir, esas medidas que aprueba este Congreso no
llegan a la gente, y lo que no se puede hacer es descargar la responsabilidad en la gente porque no la tiene. Es la Administración la que debe comunicarse, la que debe asegurarse que llega al destinatario las ayudas, es la Administración la que
debe llegar a la ciudadanía, y no al revés. Y lo que está ocurriendo es justo lo contrario, que es la ciudadanía la que hace ingentes esfuerzos, esfuerzos intensos y muchas veces baldíos, para poder acceder a todo lo que la Administración debería
darle de forma directa, fácil y accesible.
Es cierto, en la actualidad la gran mayoría de la población tiene dispositivos digitales con acceso a Internet, dominan ese ámbito, ese mundo y saben cómo utilizarlo. Pero ¿qué pasa con ese otro gran grupo de la población que no está en
esta situación? En ese perfil de la población se encuentran muchas personas de edad más avanzada, personas con nivel socioeconómico bajo que ven limitada su accesibilidad a la Administración pública -es decir, a lo público, a lo de todos y todas-,
al no tener herramientas ni habilidades para gestionar sus demandas de forma telemática. Esto ocurre, prácticamente, en todos los ámbitos de la Administración pública, donde lo que se debería ofrecer como premisa básica es una equidad en la
accesibilidad, independientemente del canal de comunicación que se utilice. Sea en la Seguridad Social, sea en el servicio sanitario, sea a la hora de acceder a bonos culturales, esta equidad en la accesibilidad no está ocurriendo y son,
precisamente, quienes más lo necesitan quienes tienen peor acceso a ello. Y claro que sí sé que este déficit no es exclusivo -naturalmente que no- de la Administración central, sucede también en las administraciones autonómicas. Por citar un dato,
la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social calcula que en Euskadi 30 000 personas podrían acceder a la RGI en la Comunidad autonómica vasca y no lo hacen, bien por esa brecha digital o bien por cansarse de acudir de ventanilla
en ventanilla, y esto supone, aproximadamente, el 30 % de las personas en riesgo de pobreza. Cuando la brecha digital se suma a la exclusión social y económica, se ahonda en las dificultades para acceder a esas ayudas. Es un problema grave y que
precisa de una solución.
Hay otra cuestión de la que se habla muy poco y tiene que ver con los instrumentos que utiliza la Administración para esa relación con la ciudadanía: las apps, las aplicaciones que se impulsan desde lo público para relacionarse con esa
ciudadanía. Bien, las valoraciones de muchas de esas aplicaciones son tremendamente negativas. Se habla de la falta de competencias digitales de una gran parte de la población, pero qué sucede cuando el diseño de las aplicaciones no garantiza su
comprensión o su utilización; qué sucede cuando no se diseña pensando en las personas usuarias. Porque no es cuestión, naturalmente, de capacidad de quienes desarrollan esas aplicaciones, es cuestión de perspectiva, es cuestión de situarse, es
cuestión de saber para quién y para qué se trabaja. No es de recibo que todos los servicios digitales o la gran mayoría de servicios digitales -para ser más exacta- que proporciona el Estado a la ciudadanía sean siempre muchísimo peores y
dificultosos que las apps que se desarrollan desde las empresas privadas, que son más fáciles, más accesibles, más intuitivas y que, de alguna forma, te dan todas las pistas para no morir en el intento, mientras que con las aplicaciones de la
Administración central pasa que muchas veces desistes o mueres en el intento, una de las dos, porque todo son complicaciones para una gran mayoría. ¿Y a la gente qué le queda? Pues buscar en la familia, entre los allegados, a
alguien que pueda echarle una mano, si es que tiene la suerte de que puedan echarle una mano y sortear esa imposible yincana. O si no, el recurso que tiene mucha gente que ya no sabe lo que hacer, es buscar asesorías, es decir, previo pago
de una cantidad económica que se conviertan en intermediarias de esas personas con la Administración. Esto está sucediendo en más ámbitos, desde pedir cita previa al SEPE hasta poder registrar un simple documento, hacer la nómina de la persona
empleada del hogar, conocer la base reguladora en la jubilación o incluso hacer la declaración de Hacienda. El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital debería tomar nota de esta cuestión, porque la accesibilidad de las
aplicaciones debe ser también un elemento a valorar y a proteger.
Finalmente, incido en otro factor de la Administración que no debería olvidarse y es que, aunque buena parte de la ciudadanía no tiene una obligación legal de relacionarse con la Administración a través de medios telemáticos, en algunos
procedimientos administrativos y en ciertas administraciones este uso se ha ido imponiendo de facto. Imponer la relación telemática a una gran parte de la ciudadanía y que bien sea por incapacidad técnica o sea por incapacidad económica, no pueda
hacerlo, eso, desde luego, no es innovar, no es acoplarse a los nuevos tiempos, no es avanzar, eso es dejar a mucha gente atrás y es a esto a lo que hay que poner solución. El uso de las tecnologías debería ser voluntario, hay que acompasarlo y la
obligación de las instituciones es estar junto a la ciudadanía y acompañarla para que sus derechos sean accesibles, porque esta y no otra es la brecha digital, y esa brecha puede convertirse en un abismo a medida que pasa el tiempo.
Como ve, ministra, son varios y complicados los problemas a los que hago referencia y que subyacen en esta denominada brecha digital. No niego que haya dificultades para abordarlos, pero hay que hacerlo. De ahí que la interpelación se la
haga a usted, aunque sé que es transversal y afecta todos los ministerios del Gobierno. Esta es la interpelación: ¿qué van a hacer para solucionar esta brecha digital o atenuar, al menos, los efectos que está teniendo en la población?
Gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
A continuación, tiene la palabra, en nombre del Gobierno, la señora ministra de Hacienda y Función Pública.
La señora MINISTRA DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA (Montero Cuadrado): Muchas gracias, señor presidente.
Señora Aizpurua, yo creo que el debate que esta mañana podemos mantener en esta tribuna es oportuno y necesario, ya que en los tiempos que vivimos permanentemente tiene que estar presente en la agenda política, fundamentalmente, porque yo
soy -creo que mi Gobierno así lo expresa- firme partidaria de la incorporación de la tecnología como elemento facilitador de la vida de las personas, en todos los aspectos de la vida, en la relación con la Administración, que es de lo que hablamos
hoy; en relación con el tratamiento de la salud; en relación con la traslación de conocimiento a los escolares, o en relación con medidas de soporte domiciliario para las personas en situación de vulnerabilidad. Es decir, frente al negacionismo
que algunos tienen de muchas otras cuestiones, como el cambio climático o cuestiones obvias, yo creo que es muy importante que las administraciones innovadoras, que quieren afrontar los retos del futuro, realmente miren a la tecnología desde ese
servicio que tienen que prestar al conjunto de la ciudadanía o desde el papel que pueden jugar para que seamos más eficientes económicamente y, por tanto, los ciudadanos dispongamos de más tiempo para desarrollar otras actividades que no tengan que
ver directamente con nuestra capacidad productiva.
Creo que, por tanto, es un debate propio del siglo XXI, que se va a seguir desarrollando, porque al ser un sector tan dinámico, en la medida en que evoluciona, también evoluciona el propio debate político y la propia capacidad de adaptarnos
a esa mejor relación que podemos establecer con los ciudadanos. Sin embargo, soy muy consciente de lo que usted advertía en la tribuna y que es el objeto de la interpelación. Tenemos que ser capaces de facilitar el camino, de ponerle alfombra a
ese desarrollo tecnológico, sin perder de vista que, efectivamente, hay grupos de población que tienen más dificultad para relacionarse a través de la tecnología por elementos educacionales. Señora Aizpurua, me gusta decir que habitualmente una
persona de tres años con un móvil tiene respecto a mí, cuando yo tenía esa edad, una capacidad intuitiva de manejarse con esa tecnología que nada tiene que ver con otros momentos y que irá a más en esa propia conformación de las habilidades que
tendremos los ciudadanos. Se pone de manifiesto que evidentemente las personas mayores, desgraciadamente, no tuvieron esa oportunidad y se encuentran con una barrera real de capacidad de manejo, que va dirigida a la formación, y también, a veces,
con una
barrera psicológica, en la que uno pueda pensar que se hace tan complicada su utilización que nunca va a ser capaz de incorporarse a ella. Quiero mandar a nuestros mayores -creo que todos lo hacemos en nuestros ámbitos domésticos- el
sentimiento de confianza de que son mucho más complicados otros retos que asumimos en la vida que el propio manejo de esa tecnología.
Tengo claro que la Administración no puede hacer oídos sordos a algo que ha estado presente de forma muy singular -usted lo decía con motivo de toda la movilización que hicieron las personas mayores al desaparecer las oficina bancarias de
proximidad-, a la reclamación del derecho que se les reconoce a que efectivamente puedan mantener una atención presencial en todos esos entornos, con independencia de que sigan su itinerario de desarrollo tecnológico en la forma que ellos requieran.
También comparto en este contexto general que los fondos europeos son una herramienta imprescindible para acelerar todos los procesos de cambio que se tienen que producir en nuestro tejido productivo, para que efectivamente, por una parte, la
relación de las empresas con la Administración sea mucho menos presencial, y por otra, con la ciudadanía en general porque sin duda ahorra tiempo a los ciudadanos, para que no se tengan -quienes voluntariamente no quieran- que desplazar hacia los
entornos públicos a solicitar un documento o a entregar un certificado o cualquier otra cuestión, con lo que supone no solo de pérdida de tiempo sino también de coste asociado al desplazamiento y al transporte. No todos vivimos en grandes ciudades
y, por tanto, hay personas que para poder hacer esas gestiones se tienen que desplazar a kilómetros de su lugar de residencia y, por tanto, tenemos que ser muy conscientes de que efectivamente, como todo en la vida, hay que utilizarlo con esa
perspectiva y con ese equilibrio.
Después de la pandemia, creo que el país ha dado un salto de gigante en materia de digitalización. El hecho de que la movilidad estuviera restringida durante ese periodo ha permitido también que la Administración y este propio Parlamento
hayan ido desarrollando sistemas de participación de las personas que no les obligue a tener cada día esa presencia en ese lugar. Coincido, por tanto, señora Aizpurua, en que tenemos que hacer un equilibrio razonable en estas cuestiones y que en
ningún caso el hecho de que se pongan en marcha sistemas digitales puede conllevar la desaparición o el debilitamiento de los servicios de atención presencial. Es un debate que mantengo muy a menudo -a usted le va a sonar familiar-, por ejemplo,
con motivo del teletrabajo. Sabe que en mi responsabilidad adicional de responsable de la Función pública tenemos que promover que en los puestos de trabajo de la Administración que se pueden desarrollar en términos telemáticos así se haga y, por
tanto, voluntariamente el empleado público pueda decidir que esa es su modalidad de trabajo dentro de las normas generales de trabajo en equipo, que siempre hay que preservar. Pero siempre digo, a la vez que transmito esta voluntad, que es
imprescindible que ese teletrabajo no solo garantice sino que redoble la presencia en los servicios de atención a la ciudadanía y que no haya ninguna repercusión, sino, a ser posible, que haya una derivación de recursos a los entornos presenciales,
para que podamos atender con mayor celeridad, más personalizadamente, en una atención más propia de una Administración del siglo XXI. Por ello hemos aprobado dentro de los planes de medidas de eficiencia energética, donde se contemplaba también el
teletrabajo, justamente, que las oficinas de atención e información a la ciudadanía tienen que tener una atención preferente a personas mayores de 65 años y a personas que puedan tener vulnerabilidad digital, bien por temas relativos a condiciones
personales de discapacidad o bien por su presencia en determinados entornos en donde todavía no tengamos del todo robusta la fibra óptica o cualquiera otra de las autopistas de la información que permitan tener una conexión en determinadas zonas de
sombra las 24 horas, los 365 días al año.
Por tanto, ya estamos incorporando esa mirada de que, con independencia de que tenemos que avanzar, tenemos que asegurar que ese entorno está perfectamente protegido. Le pongo algún ejemplo. En la Seguridad Social se ha autorizado el
incremento de 1615 efectivos adicionales para hacer atención en el territorio. La Agencia Tributaria ha firmado un protocolo para garantizar esta atención preferente a personas mayores, porque la mayoría de los ciudadanos presentan su declaración
de forma telemática, pero es verdad que se necesita que a las personas se les haga una tutela respecto a esta cuestión y se les resuelvan dudas o cualquier otra consideración que tenga que ver con este motivo. El Ministerio de Asuntos Económicos y
Transformación Digital también está trabajando, en un proyecto de atención presencial que pretende, en codiseño con las personas mayores, que realmente participen de forma activa en todo su desarrollo tecnológico para permitir que luego lo puedan
utilizar y, por tanto, nos digan cómo y de qué manera se tiene que desarrollar. También hemos incrementado la atención telefónica en el 060 para que las personas mayores puedan trasladar todas las dudas que estamos comentando en relación con esta
cuestión. Igualmente, señoría, hemos elaborado material formativo para la administración telefónica.
Además, quisiera indicarle que el Gobierno ha activado lo que llama el Pacto por la Generación D, que significa un compromiso público y privado a gran escala para impulsar las competencias digitales en el conjunto del país, con especial
atención a las personas mayores de sesenta y cinco años, y que va a permitir elevar del 70 % actual de competencias digitales que tenemos establecido a prácticamente el cien por cien del conjunto de la población, al menos para habilidades básicas
que les permitan desarrollarse. Este plan cuenta ya con 3700 millones de euros, de los cuales 1000 ya se han transferido a las comunidades autónomas, dentro de ese paquete de recursos que se plantea también del Next Generation. Además, le diré que
no solo nos parece importante sellar esta parte, sino también crear nuevos profesionales vinculados a estas capacidades. Usted ha expresado algunas de las dificultades que existen en tribuna. Por supuesto, una app tiene que ser usable y tiene que
tener el criterio de usabilidad dentro de su configuración, es decir, no puede ser algo a lo que tenemos tendencia a las administraciones, a hacer un recopilatorio de información respecto a las bondades de un servicio, sino que tiene que ser una
hoja de ruta de cómo se tiene que guiar el ciudadano para justamente poder reservar un billete de tren o poder ser capaces, como usted decía, de obtener la baja médica o de pedir la prestación por desempleo en el caso del SEPE.
Como le decía, uno de los problemas con los que nos encontramos, tanto nosotros como el sector privado, es la falta de profesionales, tanto ingenieros informáticos como plazas de formación profesional de este tipo, que tienen que ayudarnos a
todos a completar ese mapa digital que tenemos que promover. Por tanto, también dentro de ese pacto, está la creación de un volumen de 130 000 plazas de Formación Profesional en el ámbito digital para que estas personas puedan concurrir a empleo
público, pues en la actualidad son profesionales cotizados en el mercado laboral y literalmente nos peleamos, señora Aizpurua, por contratarles, así como para que haya también oportunidades para jóvenes que quieren hacer de la digitalización una
oportunidad para la contratación y que, por tanto, sea una posibilidad para su vida. Así que la advertencia que usted exigía en la tribuna la tenemos en cuenta, estamos intentando que esté presente en todos nuestros planes de digitalización y
seguiremos avanzando en esta dirección también con el concurso y con el apoyo del conjunto de formaciones políticas de esta Cámara.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Tiene la palabra la señora Aizpurua Arzallus.
La señora AIZPURUA ARZALLUS: Señora ministra, agradezco que tengan en cuenta el calibre de la situación y la gravedad del problema, porque realmente el problema es de una envergadura tal que, efectivamente, hasta que el relevo generacional
no acompañe a la digitalización, realmente habrá mayorías excluidas si no se toman en cuenta todos los aspectos en los que incide esta brecha digital. Le voy a dar una serie de datos como ejemplo. El informe publicado por Cáritas y la Fundación
FOESSA sobre la base de una encuesta realizada en 7000 domicilios de todo el Estado sitúa en casi dos millones los hogares que viven en la brecha digital de manera cotidiana, algo que afecta especialmente a los hogares conformados por personas de
sesenta y cinco años en adelante y, además, a personas que viven solas.
He hablado antes de las dificultades de tramitar la RGI en la Comunidad autónoma vasca y lo mismo ocurre con el ingreso mínimo vital, una prestación, como saben, destinada a prevenir la situación de pobreza y exclusión social. Yo lo que
quería era que tomaran conciencia de la realidad, porque la pregunta es cuánta gente se queda fuera por no poder acceder a la prestación y si no es una enorme incongruencia que se requiera la conectividad para una prestación dirigida a quienes están
en situación de pobreza flagrante, además. ¿No es una incongruencia que un proceso de tramitación como el ingreso mínimo vital, un proceso ya de por sí complejo, deba hacerse online, complicándose todavía aún más para la gente? También ocurre,
como he dicho antes, en trámites más sencillos. Efectivamente, hoy por hoy, y al menos durante un tiempo, la Administración debería garantizar, tanto para las personas mayores como para las no tan mayores -ojo, que las dificultades que supone la
relación con la Administración vía telemática creo que son para todos y que tampoco es solo cuestión de edad, son amplios sectores de la población a los que afecta- o para otros sectores no digitalizados que el acceso se haga de manera presencial y
facilitadora. En ese sentido, bienvenidas sean las noticias de que se va a incrementar la asistencia presencial.
En la parte de esa perspectiva tecnológica de usabilidad que se debería tener a la hora de diseñar las aplicaciones, también hay que facilitar de otra forma los instrumentos, porque la Administración -esto lo digo no solamente por la vía
online, sino en el día a día de las administraciones- debería dejar de seguir
aplicando ese farragoso lenguaje administrativo que se mantiene a menudo y también esas exigencias, por ejemplo, de la clave permanente o el DNI digital, que para mucha gente necesitada viene a ser un muro que les hace desistir de pedir las
prestaciones.
Creo que está claro que hay que proteger los derechos, que hay que establecer un período de transición, para no dejar a nadie atrás, entre esa atención personal y los servicios telemáticos. Hay que tener una especial mirada a esa generación
de cierta edad, que además fue la generación que trabajó y que luchó por el bienestar de todos y todas los de ahora y por que las personas tuviesen una vida digna. Creo que hay que tenerlo en cuenta porque son colectivos que se encuentran
impotentes ante una digitalización a la que efectivamente no nos podemos oponer, pero sí podemos pedir que no se deje a nadie atrás, en la cuneta, porque ahora mismo en la cuneta se está quedando muchísima gente.
Lo he dicho antes, el uso de medios telemáticos es voluntario, pero lo que es una obligación para la Administración es que las instituciones estén del lado de los ciudadanos. Se debe tomar nota de esta necesidad de coexistencia de la
atención personalizada con los servicios telemáticos. La Administración, el Gobierno debe obligar también a los servicios básicos, como son la banca en estos momentos, a esa atención presencial y a facilitar los trámites que precise la ciudadanía,
porque si todos los derechos que teóricamente tenemos no son accesibles, dejan de ser derechos. Eso es lo que ocurre.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
Para concluir el debate tiene la palabra, en nombre del Gobierno, la señora ministra de Hacienda y Función Pública.
La señora MINISTRA DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA (Montero Cuadrado): Muchas gracias, presidente.
Señora Aizpurua, hay algunas cuestiones que usted trasladaba que no puede el Gobierno más que compartir. Algunos a veces se escandalizan cuando escuchan eso, pero la pobreza, sin duda, es una causa de agravamiento de la mayoría de las
cuestiones que le pueden ocurrir a una persona en relación con la salud, en relación con la educación, en relación con la autonomía personal y también en relación con la digitalización. Sin duda, no es lo mismo un hogar en donde las personas tienen
acceso a una wifi o tienen un ordenador a su disposición para competir o para cooperar en igualdad de condiciones con sus compañeros. Por tanto, la pobreza siempre para un gobierno progresista tiene que ser una línea transversal y tiene que
ocuparse de ella en todas las iniciativas políticas que ponga en marcha. Lo digo porque algunos se escandalizan cuando ven que los pobres gozan de peor salud. Les parece que eso es algo que no tiene mucho sentido, cuando la evidencia lo pone de
manifiesto.
Las sociedades tenemos que avanzar en las cartas de derechos y obligaciones de los ciudadanos respecto a las materias digitales. Yo estoy convencida de que todavía estamos en un punto muy inicial de los derechos de los ciudadanos respecto a
las tecnologías y que en el futuro todo esto se desarrollará de una forma mucho más plena; como le decía, con el acceso a una autopista de información, a la capacidad de disponer de unos medios tecnológicos básicos con independencia de que las
personas tengan o no un nivel de renta, a tener de forma voluntaria y, por tanto, alternativa, la capacidad de relacionarse con los profesionales públicos de una manera telemática. Creo que esto va a abrirse camino en el futuro y, además, creo que
hay que vivirlo como una oportunidad también para repensar el propio diseño de los procesos que las administraciones tenemos en marcha, que algunas veces siguen elementos muy inerciales que tienen una burocracia que, por supuesto, tienen que
perseguir el control, pero, sin que eso decaiga, tienen que permitir agilizar los tiempos de respuesta. Es decir, que yo lo vivo, efectivamente, como una enorme oportunidad. Además, estoy en un ministerio en el que la tecnología ha sido un soporte
imprescindible para la Agencia Tributaria, por ejemplo, en la lucha contra el fraude. El hecho de que realmente podamos buscar la trazabilidad del movimiento de capitales o de los movimientos y transacciones que hacen los ciudadanos nos permite
aflorar una parte de economía que antiguamente era opaca a efectos de la tributación.
Tomo nota e incorporo elementos que usted decía respecto a prestaciones dirigidas a personas vulnerables que tiene puestas en marcha la Administración. Aunque, le quiero decir que, con independencia de que el ingreso mínimo vital se tramita
de forma electrónica, el propio ministerio tiene firmado convenio con la mayoría de los ayuntamientos que voluntariamente lo han querido firmar y con otras entidades para que el trámite de esa gestión se pueda hacer mediado por la corporación local
o por otras instancias con las que se convenia y, por tanto, se les permite acceder a ellos, con el ciudadano delante, para poder
hacer la gestión. Quiero decir con esto que no siempre se puede obligar a la persona a tener que desplazarse, porque algunas veces no hay una capilaridad de toda la Administración General del Estado hasta el último pueblo que existe en
nuestro país, sino que lo tenemos que mediar también con otras administraciones que sí tienen una presencia en cada uno de los municipios que existen en España. Por tanto, aunque en apariencia es todo telemático, sí que tenemos convenios para que
se puedan desarrollar de forma mediada con los ayuntamientos.
El DNI digital, señoría, tiene la vocación de que todos los ciudadanos tengamos la capacidad de tener un identificatorio que nos permita la puerta de entrada con la Administración. Es verdad que tiene una tramitación un poco más compleja
por los mecanismos de seguridad que están asociados a la utilización de este documento; seguiremos mejorando para que eso sea más llevadero.
Señoría, también quiero dar un mensaje de claridad y trasladar en este sentido que la comunicación de la Administración con los ciudadanos vía digital es extraordinariamente segura, incluso más segura de la que se produce en otros entornos
presenciales o cuando se tiene que manejar papel físico a la hora de poder relacionarnos. Es un hecho que conocemos muy bien, por ejemplo, dentro del ámbito sanitario, donde la historia digital nos ha permitido mayor seguridad en la custodia de los
datos del paciente que lo que era la propia historia clínica en papel. Por tanto, quiero transmitirles a los ciudadanos que cuando se relacionan telemáticamente tienen mayor seguridad que cuando lo hacen con otras posibilidades.
Termino diciéndole que mantenemos también una comunicación muy fluida con la Plataforma de Mayores y Pensionistas, con la que estamos trabajando todos esos elementos que usted contaba y que, sin duda, nos están ayudando a que el diseño de
toda la política digital tenga en cuenta sus necesidades y, por tanto, no caigamos en una nueva discriminación, en una nueva brecha, en este caso digital, como era el motivo de la interpelación, dirigida a esos colectivos que pueden ser más
vulnerables.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchísimas gracias, señora ministra.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO PLURAL, PARA PALIAR LOS EFECTOS DE LA CRISIS ENERGÉTICA Y ECONÓMICA ACTUAL QUE ESTÁN AFECTANDO A LAS EMPRESAS DEL SECTOR CERÁMICO DE LAS COMARCAS DE CASTELLÓN PROVOCADOS POR LA GUERRA DE UCRANIA. (Número de
expediente 172/000251).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Interpelación urgente del Grupo Parlamentario Plural, señor Baldoví Roda, para paliar los efectos de la crisis energética y económica actual que están afectando a las empresas del sector
cerámico de las comarcas de Castellón provocados por la guerra de Ucrania.
Para su defensa, tiene la palabra el señor Baldoví Roda.
El señor BALDOVÍ RODA: Moltes gràcies, president.
Hacemos esta interpelación, y la hacemos en nombre de todo el sector cerámico: fabricantes de azulejos y pavimentos, fabricantes de fritas, esmaltes y colorificios, así como los proveedores de maquinaria para los subsectores anteriores. La
petición de los sindicatos y también de las empresas es que el sector cerámico en general tenga las mismas ayudas que están teniendo otros países europeos -caso de Italia- para poder competir en igualdad de condiciones con estos competidores natos
de la cerámica de Castellón; en definitiva, de la cerámica española.
Por ampliar solo los contextos, la cerámica consume el 8 % de todo el gas que se consume industrialmente en España -el 8 %-, y el megavatio hora ha pasado de los 15 o 20 euros en el contexto anterior a la guerra de Ucrania a los 200 que de
forma constante tiene en la actualidad. Por tanto, este aumento del precio del gas repercute en la estructura de costes de las baldosas, de tal modo que el porcentaje del coste atribuible al coste de energías ha pasado del 15 al 40. Lo que quiere
decir que si antes el 15 % del coste de una baldosa era energía, ahora ha pasado al 40, haciendo que este negocio sea inviable para muchas fábricas. El gas es un factor crítico para poder producir cerámica, hasta tal punto que ya hay fábricas que
cuando el gas baja se ponen en funcionamiento y cuando sube, paran. A esto hemos llegado.
Además, es un sector que conforma un verdadero clúster en las comarcas de Castellón. Piénsese que el 95 % del volumen de facturación de este sector se concentra en el clúster de las comarcas de Castellón, con una relevancia en términos de
empleo, de producción y de exportación industrial incuestionable a
nivel valenciano, estatal e internacional. Esta crisis provocada por el aumento del coste del gas ha derivado en ochenta y cinco expedientes de regulación temporal de empleo que han afectado a 9200 personas trabajadoras, según datos de este
mes de la Dirección General de Trabajo de la Generalitat. Es decir, prácticamente la totalidad de las empresas del sector han tenido que recurrir a ERTE a lo largo del año 2022; además, se han presentado siete expedientes de extinción de
contratos, siete ERE que han supuesto el despido de 415 personas, y de seguir esta coyuntura, se estima que la destrucción total de empleo podría ser de hasta 1500 puestos de trabajo.
En definitiva, esta situación afecta a prácticamente todos los municipios donde se ubica el clúster azulejero: Onda, Vila-real, Almassora, l'Alcora, Castelló, Cabanes y Sant Joan de Moró. Todo ello genera serios problemas a corto y medio
plazo para un sector económico clave de estas comarcas. En todas las familias de Castelló hay alguien que se dedica a este sector, bien sea trabajando directamente en las fábricas, bien como comercial, bien en el diseño, en la investigación, en la
construcción de maquinaria, etcétera, por lo que no es de extrañar que el principal sector industrial de Castelló sea este ya que genera más del 14 % del PIB de la economía valenciana, así como el 2,7 del PIB industrial del Estado español. El
liderazgo mundial de Castelló en el sector cerámico, en pugna mano a mano con Italia, es fruto de una dilatada tradición ceramista en estas comarcas, que ya se remonta al siglo XVIII.
A lo largo de estos siglos, esta industria se ha ido consolidando no solo como refugio económico de una citricultura demasiado expuesta a las inclemencias climatológicas, sino también como un referente industrial en innovación y en
desarrollo tecnológico, tanto en el desarrollo de nuevos materiales como en maquinaria, en diseño, en eficiencia energética, por ejemplo, con el desarrollo de la atomización para ahorrar energía, en la apuesta por la cogeneración para el
aprovechamiento al máximo del consumo energético o en la creación de aplicaciones cerámicas para la captación de CO2, o el impulso a la tecnología de impresión digital.
En el área de la innovación, el sector está trabajando duramente y codo a codo con el Gobierno valenciano en nuevas alternativas energéticas para superar a largo plazo esta dependencia del gas y, en este sentido, se han incluido líneas de
financiación específicas en los próximos presupuestos a propuesta de Compromís. La actual coyuntura de precios de la energía, sumado al apoyo que sí tiene la industria italiana, pone en riesgo de supervivencia esta industria castellonense al ir
ganando el sector cerámico italiano paulatinamente mayores cuotas de mercado por la mejor posición de precios y capacidad de suministro.
La industria cerámica castellonense ya ha reducido un 14,5 % su producción en el último año, según el índice de producción industrial del Instituto Valenciano de Estadística, lo que pone en una situación de todavía más riesgo los miles de
puestos de trabajo que genera. Ante dicha situación, el Gobierno valenciano ha tomado medidas y, a tal fin, ha abierto unas líneas de crédito de hasta 50 millones para el sector y, además, se han incorporado en normativas, como la ley de cambio
climático, deducciones vinculadas a las medidas de eficiencia energética como las que realiza el sector cerámico. Sin embargo, sigue siendo necesario que el Gobierno de España se implique de manera activa y con sentido de cogobernanza para paliar
los efectos desfavorables del aumento de los precios de energía en un sector esencial como es el sector de la cerámica, y hasta ahora no está siendo así; de hecho, el sector se queja de que sus intentos de interlocución con representantes del
Gobierno han sido atendidos con lentitud o directamente derivados a personas de sus equipos sin capacidad de tomar compromisos relevantes, y las peticiones de medidas paliativas concretas han sido rechazadas sin ofrecer una alternativa.
Cuando las empresas y las secciones sindicales demandaron de manera unánime al Gobierno que los ERTE del sector se pudieron acoger al mecanismo RED u otro similar para abaratar costes de las primeras y para evitar que los trabajadores
consumieran tiempo de prestación, recibieron como respuesta que su situación no se acomodaba exactamente a lo previsto en el mecanismo RED, sin recibir a cambio ninguna propuesta alternativa que acogiera estas demandas, cuando, en cambio, en otros
países europeos con implantación de empresas del sector cerámico con la misma tecnología y, por tanto, intensivas en el consumo de gas, sí se han arbitrado medidas que se están mostrando efectivas para el sostenimiento de la producción y, por tanto,
para la preservación de los puestos de trabajo. En el caso italiano, la medida de mayor impacto ha sido establecer un crédito fiscal favorable sobre la base del incremento de la facturación en el abastecimiento de gas natural, de manera que se
establecen reducciones de impuestos, cuotas de la Seguridad Social e impuestos de sociedades en mensualidades siguientes por un importe de hasta el 40 % del incremento del coste de la factura del gas. Se calcula que mediante esta medida las
empresas del sector cerámico italiano dejarán de abonar hasta 1000 millones
en impuestos, en contraste con las ayudas, a nuestro modo de ver, pequeñas, raquíticas, previstas para el sector cerámico español en el Real Decreto 6/2022, que supusieron unas ayudas totales de solamente 25 millones de euros, cifra que
sirvió para cubrir únicamente un 1,2 % del sobrecoste soportado por las empresas de dicho sector hasta la fecha.
En resumen, en un mercado internacional en el que las cifras de negocio de Italia y de España están muy parejas, los 975 millones de euros de más en manos de las empresas italianas pueden suponer un vuelco decisivo a su favor ya que les
puede permitir mantener la producción de la mayor parte de sus empresas y conquistar mercados en los que hasta ahora las empresas valencianas eran predominantes al no poder mantener las empresas valencianas sus niveles de producción y sus
compromisos de suministro. La caída del sector cerámico valenciano podría suponer una debacle para la economía valenciana, y más concretamente, para la de Castelló, de dimensiones absolutamente incalculables. Piénsese que actualmente uno de cada
dos empleos de la industria de Castellón y uno de cada tres empleos del total provincial se encuentran en el sector cerámico.
Para finalizar, se extiende la inquietud por la posibilidad de que algunas empresas del sector puedan deslocalizarse de forma definitiva. Ya ha habido o ya hay intenciones de deslocalización de alguna empresa, básicamente de esmaltes, lo
que lastraría las posibilidades de recuperación de los puestos de trabajo en caso de superarse esta crisis. (La señora presidenta ocupa la Presidencia).
Por eso, señora ministra, nosotros le pedimos que atienda las demandas de un sector competitivo que genera puestos de trabajo, un sector que está liderando la exportación en España y que ahora está atravesando unos días absolutamente
dramáticos.
Moltes gràcies.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Baldoví.
A continuación, tiene la palabra, en nombre del Gobierno, la señora ministra de Industria, Comercio y Turismo.
La señora MINISTRA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO (Maroto Illera): Muchas gracias, presidenta. Buenos días, señorías.
En primer lugar, quiero agradecerle, señor Baldoví, su interpelación, porque me permite una vez más manifestar el compromiso que tiene el Gobierno con proteger a las empresas del sector cerámico de las comarcas de Castelló y, en general, a
todas las empresas industriales del impacto de la crisis energética provocada por la guerra en Ucrania.
En apenas dos años y medio, señorías, hemos tenido que hacer frente a situaciones que no tienen precedentes en la historia reciente: una pandemia que afectó gravemente a muchos sectores económicos y, ahora, una guerra a las puertas de
Europa, que está generando una escalada de precios energéticos y de materias primas nunca vistos con efectos negativos en las empresas y en las familias.
Como saben, durante la pandemia desplegamos una ambiciosa red de seguridad para proteger a las empresas a través de los ERTE, las líneas de avales del ICO o las ayudas directas que, en el caso de la Comunidad Valenciana, señor Baldoví,
alcanzaron los 647 millones de euros. Pero también facilitamos a las empresas, como las del sector cerámico, que continuaran exportando y mantuvieran su actividad en los mercados internacionales, algo que sin duda favoreció que tuvieran un menor
impacto de la pandemia.
Las medidas adoptadas en estos meses tan duros que tuvimos que afrontar fueron eficaces para proteger el empleo, las rentas y nuestro tejido productivo, y nos han permitido alcanzar niveles históricos de empleo en nuestro país y tener un
crecimiento robusto de nuestra economía, que, según nuestras previsiones, crecerá este año por encima del 4 %. Sin embargo, la guerra en Ucrania y sus consecuencias, como la escalada de precios energéticos de materias primas, están afectando a
nuestras empresas, especialmente a la industria, en los sectores más intensivos de consumo energético, como el sector cerámico. De la misma manera que hicimos durante la pandemia, estamos desplegando medidas eficaces para contener la escalada de
precios y reforzar la protección a familias y a empresas más afectadas.
El Gobierno lleva más de año y medio trabajando intensamente a nivel nacional e internacional con propuestas sólidas y solventes para contener la subida de precios energéticos, y me gustaría destacar algunas de las medidas que están en
vigor: la suspensión durante todo el año 2022 del impuesto del valor de la producción de energía eléctrica, como saben, un tributo que grava el 7 % de los ingresos obtenidos por la venta de la electricidad en el mercado mayorista y que, por ello,
repercutía en el precio de dicho mercado y en la factura final -como digo, está suspendido durante todo el año-; la reducción del impuesto especial sobre la electricidad del 5,1 % al 0,5 % hasta el 31 de diciembre de este año; también
la reducción del IVA del gas y de la luz, pasando del 21 % al 5 %; la rebaja de un 80 % de los peajes de la electricidad durante todo el año para garantizar la competitividad de nuestra industria electrointensiva; se ha incorporado también
el mecanismo ibérico a las plantas de cogeneración, beneficiando con ello a los sectores industriales como la cerámica; se ha prorrogado hasta el 31 de diciembre del año 2023 la aplicación de medidas de flexibilización de los contratos de
suministro de gas para proteger al sector industrial ante el incremento de precios y, finalmente, hemos adoptado ayudas directas a las industrias gasintensivas, y en la Comunidad Valenciana se han beneficiado 110 empresas con más de 28 millones de
euros.
En definitiva, señor Baldoví, desde el inicio de la escalada de los precios energéticos hemos adoptado numerosas medidas regulatorias, fiscales y económicas que han permitido proteger a las empresas, especialmente las más intensivas en
energía, como el sector cerámico. De todas las medidas que he mencionado, señoría, usted solo se ha referido a una, a las ayudas directas. Le vuelvo a decir que en la Comunidad Valenciana se han beneficiado 110 empresas por valor de 28 millones de
euros, y lo digo porque usted ha apoyado todas las medidas que acabo de relatar. Por tanto, creo que no solo hay que comparar con lo que hacen otros países europeos -luego me referiré a ello-, sino también, señoría, creo que hay que poner en valor
el esfuerzo que hemos hecho todos, el Gobierno trayendo a esta Cámara estas medidas y también con el apoyo, como digo, de su señoría.
Comparto, señor Baldoví, la preocupación que manifiesta sobre la situación del cluster cerámico, que, como ha dicho, es un sector muy importante desde el punto de vista de la generación de empleo y actividad económica en toda la comarca de
Castelló. Desde que llegué al Gobierno como ministra de Industria he mantenido -usted lo sabe- un elevado nivel de interlocución con todas las asociaciones que representan el cluster cerámico. He tenido la oportunidad de visitar muchas plantas
industriales en la comarca y, por tanto, conocer de primera mano cuáles son las fortalezas -algunas de ellas las ha señalado-: su capacidad de innovación, su extraordinaria competitividad en los mercados internacionales y su capacidad exportadora.
Pero también he participado activamente en actividades de promoción con las asociaciones, tanto en la feria Cevisama, que, como sabe, se celebra todos los años en Valencia -de nuevo en el año 2023 tendremos oportunidad de visibilizar cuáles son los
elementos de este importante cluster cerámico en España-, como también fuera de España. Era la primera vez que un ministro de Industria acompañaba al sector cerámico en la promoción en la feria Coverings, que, como sabe, es una de las más
importantes que se hacen en Estados Unidos y en la que tuve, como digo, la oportunidad de acompañarles para promocionar las fortalezas que tiene nuestro sector.
Digo todo esto porque seguimos, como digo, con una interlocución muy directa con el sector desde que se inició la escalada de precios energéticos. Hemos mantenido numerosas reuniones de trabajo al más alto nivel. De hecho, hace pocas
semanas les recibió también el presidente del Gobierno. Por tanto, la afirmación que hacía de que no tenían el nivel de interlocución suficiente creo que no se corresponde con la realidad, no solo, insisto, en la reunión con el presidente, sino en
reuniones constantes tanto conmigo como con la vicepresidenta tercera. De hecho, la última fue hace pocos días, y en ella participaron las asociaciones en el análisis de los resultados del Plan + Seguridad Energética, que, como saben, aprobamos en
septiembre. Por tanto, esta interlocución nos ha llevado a un grado de conocimiento de sus preocupaciones y, sobre todo, a una sensibilidad que tiene el Gobierno con las demandas del sector de la cerámica, que estamos trasladando, como digo, a la
acción del Gobierno.
Le anuncio que antes de final de año vamos a incorporar nuevas medidas para proteger al sector de la cerámica de la subida de los precios energéticos. De hecho, estamos trabajando con ellos en la revisión de sus propuestas y en el encaje de
sus propuestas en este nuevo apoyo que vamos a hacer al sector cerámico, al conjunto de los sectores impactados por el incremento de precios y también a las familias, y espero que ese tercer paquete, importante, de apoyo a familias y empresas que
traeremos en las próximas semanas a este Congreso cuente, como lo han hecho los dos anteriores, con un apoyo mayoritario de la Cámara, porque se trata de medidas, insisto, para proteger a familias y a empresas. Junto con este nuevo paquete que
vamos a aprobar antes de final de año para proteger al sector de la cerámica, también les anuncio que vamos a aprobar en ese mismo Consejo de Ministros el PERTE de descarbonización industrial, que, como saben, es un instrumento muy demandado por la
industria manufacturera, el propio sector cerámico, que va a permitir optar a ayudas para mejorar la eficiencia energética, la descarbonización de sus procesos industriales, y que, como digo, el sector sin duda va a acoger muy satisfactoriamente,
porque ello va a contribuir a reducir los consumos energéticos, a optar por fuentes de energías renovables que son más baratas, y ello también va a mejorar su competitividad.
En definitiva, desde el Gobierno estamos trabajando intensamente a nivel nacional y europeo con propuestas sólidas y solventes que dan respuesta, sin duda, a los desafíos que tenemos que afrontar en este ámbito de la subida de los precios
energéticos. Hemos sido muy proactivos en las instituciones europeas, y ahora que la crisis energética sigue recrudeciéndose como consecuencia del chantaje de Putin, España va a seguir liderando, va a seguir aportando soluciones de forma activa,
constructiva y siempre basándonos en el diálogo. Putin, como saben, está utilizando el gas como arma de guerra, y ante este chantaje Europa tiene que responder unida, como lo hicimos en la pandemia, y tenemos que activar todos los mecanismos que
estén a nuestro alcance para proteger a las familias y empresas. Confiamos en que se pueda llegar a un acuerdo a nivel europeo lo antes posible con el máximo consenso para poder mitigar los altos costes energéticos que están sufriendo empresas y
familias. Ayer mismo se celebró un nuevo Consejo de Ministros de Energía, esta semana hay Consejo Europeo, y de nuevo la posición española va a ser muy clara. Creo que, además de las medidas que estamos tomando a nivel nacional, la respuesta
europea tiene que ser una respuesta contundente. Por tanto, nuestras propuestas en este ámbito que estamos defendiendo son poner un tope al precio del gas y también la compra centralizada de gas para poder optar a mejores precios, mecanismos, como
digo, muy similares a la gobernanza que desarrollamos para plantear soluciones a la pandemia.
Desde el Gobierno vamos a seguir adoptando medidas de naturaleza coyuntural y extraordinaria para frenar la escalada de precios, pero también, señorías, estamos impulsando una agenda de transformación, medidas de carácter estructural que
fomenten el autoconsumo, la promoción de la integración de nuevas tecnologías renovables para reducir el precio, al tiempo que también reducimos la dependencia de combustibles energéticos, aumentando también nuestra seguridad energética y, en
definitiva, nuestra capacidad de autoabastecimiento de acuerdo con el plan REPowerEU. Vamos a seguir apostando también por la modernización de nuestra industria, y este nuevo PERTE de descarbonización es un paso más hacia la mejora de la eficiencia
de los procesos productivos de nuestra industria. Ello va a suponer, sin duda, mejoras de competitividad, apostando por la doble transición verde y digital. Contamos con los instrumentos, los PERTE, que están atrayendo importantes inversiones
también en su comunidad autónoma, en Valencia, con el desarrollo de una gigafactoria que el grupo Volkswagen va a hacer en la ciudad de Sagunto. Sin duda, es un contexto de incertidumbre, que lo que necesita son soluciones, soluciones -como decía-
desde el punto de vista de las medidas de carácter coyuntural y extraordinarias, pero también soluciones desde el punto de vista estructural. Los planes de recuperación, los PERTE, suponen un gran esfuerzo inversor público y privado, y contribuyen
también a la modernización de nuestra industria y a tener una industria competitiva.
Me gustaría terminar con un mensaje de compromiso del Gobierno con el sector de la cerámica y también con un mensaje de unión. Todos, empresas, trabajadores y las administraciones públicas, tenemos que trabajar para conseguir las mejores
soluciones y garantizar un futuro prometedor, señoría, para un sector que es importante en la comarca de Castellón, pero que también es clave en nuestra política industrial.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra.
Tiene la palabra el señor Baldoví Roda.
El señor BALDOVÍ RODA: Moltes gràcies, presidenta.
Señora ministra, me quedo con el final de su intervención. Usted ha manifestado en los últimos veinte segundos de su intervención que iba a tener un compromiso con la industria cerámica. Los valencianos decimos, y más en tiempo de Navidad:
amb diners, torrons, es decir, con dinero, con recursos, turrones. El sector necesita ayuda. Si estoy haciendo esta interpelación es porque el sector está atravesando una situación dramática. Lo he dicho antes, en todas las familias de Castellón
alguien está implicado directa o indirectamente con la industria de la cerámica. Por tanto, su supervivencia, su pervivencia, su posibilidad de competir en los mercados es absolutamente fundamental para la economía de Castellón, para la economía
valenciana y también para la economía española.
Sabe que nosotros hemos sido socios fiables. Siempre que se han traído aquí ayudas las hemos votado todas a favor y las seguiremos votando todas a favor. Todo aquello que suponga medidas de ayuda para los sectores industriales o para las
personas siempre las votaremos a favor, aunque nos parezca que sean insuficientes, que se queden cortas. Lo que le quiero decir es que un competidor de nuestra industria está dando ayudas. Nosotros estamos compitiendo con una mano atada a la
espalda. Necesitamos tener
las dos manos libres para poder competir en igualdad de condiciones. Si las ayudas se elevan a 1000 millones en el caso italiano y en nuestro caso están muy por debajo, esto significa que ellos son aproximadamente 900 millones más
competitivos que nuestra industria. Por eso le pedimos medidas. Usted ha dicho que va a presentar en los próximos días o semanas medidas. Yo le pediría que fuera más pronto que tarde y que estas medidas fueran realmente para que nuestras empresas
pudieran competir, para no seguir perdiendo mercados, porque no podemos producir, porque el coste del gas nos impide mantener las fábricas abiertas. En ese sentido estaremos expectantes.
Usted me dice que se han reunido, a mí me gustaría que esa interlocución fuera fluida, que se escuchara, pero, además, que las medidas fueran eficientes para ayudar a este sector. Nosotros nos hemos reunido con sindicatos, con las
patronales y con el director general de ayudas estatales a la competitividad empresarial de la Comisión Europea, Ben Smulders, en Bruselas, y nos ha dicho que estas ayudas que se están dando en el caso italiano se pueden habilitar también en el caso
español, por tanto, son viables. Así pues, le pedimos celeridad para que el sector no vaya debilitándose poco a poco, bien sea a través de ayudas fiscales, como en el caso italiano, o mecanismos RED, que ya sabemos que no se acoplan, pero podemos
habilitarlos. Y ya sabemos que este Gobierno tiene facilidad para habilitar enmiendas de última hora en días o en horas. Por tanto, lo que le pedimos es celeridad, rapidez y cintura para poder salvaguardar esta empresa.
Acabo. Usted y yo cambiaremos de escenario próximamente, usted como candidata a la Alcaldía de Madrid, yo como candidato a la Presidencia de la Generalitat Valenciana. Me gustaría que cuando los dos nos fuéramos de aquí tuviéramos los
deberes hechos.
Y me permito aprovechar los últimos treinta segundos para trasladarle una demanda que me hizo un sector muy muy valenciano. Cuando usted visitó la Ciutat Fallera, donde los artesanos falleros construyen los monumentos, les prometió alguna
ayuda que aún están esperando.
Moltes gràcies.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Baldoví.
Para concluir el debate, tiene la palabra, en nombre del Gobierno, la señora ministra de Industria, Comercio y Turismo.
La señora MINISTRA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO (Maroto Illera): Muchas gracias.
Ya he dicho en mi anterior intervención que compartimos la preocupación, pero, como también he señalado, somos un Gobierno que ha dado respuesta a muchísimas de las demandas de los distintos sectores, en este caso del sector cerámico, y he
hecho un relato de muchas de las medidas que hemos adoptado. Ha hecho usted una comparación con lo que hacen otros países y me recordaba cuando estábamos desplegando las distintas medidas de protección a familias y empresas durante la pandemia.
Entonces analizábamos y veíamos los anuncios que hacían otros países. Recuerdo muy bien el caso italiano, con el anuncio de un bono para facilitar los viajes, un bono, señoría, que nunca se llegó a desarrollar porque, ante la falta de movilidad,
fue imposible que el Gobierno italiano lo pusiera en marcha. Esto lo digo porque somos un Gobierno que analiza muy bien las propuestas, porque no nos podemos permitir anunciar algo que luego no podemos hacer. Si algo caracteriza la acción del
Gobierno son los hechos; lo que decimos lo hacemos o al menos intentamos hacerlo, y queremos siempre contar con la mayoría de esta Cámara. (Aplausos).
Es importante hacer este ejercicio de rigor porque, cuando uno analiza la salida de la crisis, ve que ha sido muy asimétrica. En España -he dado los datos- hemos conseguido dejar atrás una pandemia muy dura, que impactó gravemente en muchos
de nuestros sectores económicos, en particular en el sector turístico, que es muy importante en su comunidad, en la Comunidad Valenciana y, a pesar de ello, hoy gozamos de niveles máximos de empleo, de reducciones muy importantes de nuestra tasa de
paro, gozamos de un robusto crecimiento económico y también de una capacidad que estamos desplegando desde España para dar respuesta a nuevos desafíos, como son ahora la guerra y el incremento de los precios energéticos.
Usted también ha hablado de los maestros falleros, a los que, efectivamente, hice una visita muy interesante por un proyecto muy bonito que espero que se pueda desarrollar. Hemos puesto recursos para que desde el ayuntamiento puedan
acometer ese proyecto y espero que se puedan canalizar, porque, efectivamente, complementan no solo la parte industrial artesana, que también desde el Ministerio de Industria estamos apoyando -de hecho, esta misma semana damos los premios Fundesarte
a la promoción y visibilización de la artesanía española-, sino que supone el apoyo a un producto turístico en
un entorno privilegiado para poder tener además del Museo Fallero, que tuve ocasión de visitar, un nuevo enclave para atraer turismo a la ciudad de Valencia. Y hablando del sector de la cerámica, como digo, el compromiso del Gobierno es
claro. Hemos estado tomando medidas y, como le he señalado, antes de final de año pondremos de nuevo al sector cerámico en la agenda, con medidas de protección que estoy segura que van a ser muy bien recibidas porque el nivel de interlocución es
muy bueno. Estamos trabajando en el diseño de estas medidas, siempre con la responsabilidad de que sean eficaces. Creo que en esto el Gobierno es muy responsable desde el punto de vista del desarrollo de todos nuestros instrumentos, como hemos
visto por ejemplo hoy con el dato del IPC: un 6,8; un dato que, por cuarto mes consecutivo, supone bajadas importantes, y que de manera clara pone de manifiesto la eficacia de las medidas que estamos adoptando. Por tanto, compromiso y
determinación.
También -y con esto termino- creo que es muy importante que trabajemos unidos. En un contexto tan incierto, la unidad que representan todas las fuerzas políticas, el apoyo desde el punto de vista de la sociedad civil, empresarios y
trabajadores y el conjunto de las administraciones, en ese marco estaríamos trabajando mejor. Sin duda, la acción del Gobierno va a tener resultados claros -estoy convencida- también en el sector de la cerámica. Comparto su preocupación, porque su
preocupación es la mía. Para nosotros es una industria clave, una industria exportadora y una industria que, además, ha sabido salir reforzada de otra crisis, la crisis inmobiliaria donde, señoría, usted puede contar las escasas, por no decir cero,
medidas que el anterior Gobierno, el Gobierno del Partido Popular, puso en marcha. Por tanto, a veces es bueno hacer esta comparación. Fue un sector muy afectado por la crisis inmobiliaria, tuvo que reinventarse y lo hizo innovando, pensando en el
conjunto de los trabajadores y trabajadoras y en su protección, y también desarrollando lo que hoy es una marca muy consolidada que, desde luego, esta ministra y este Gobierno no solo quieren proteger, sino que quieren impulsar y modernizar.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra.
Muchas gracias, señorías.
Se suspende la sesión hasta mañana a las 9.
Eran las doce y cuarenta y cinco minutos del mediodía.