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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 229, de 01/12/2022
cve: DSCD-14-PL-229
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DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2022 XIV LEGISLATURA Núm. 229
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª MERITXELL BATET LAMAÑA
Sesión plenaria núm. 221
celebrada el jueves,
1 de diciembre de 2022
ORDEN DEL DÍA:
Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas:
- Propuesta de reforma de la Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, de reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 263-1, de 30 de agosto de 2022. (Número de expediente 127/000006) ...
Enmiendas del Senado:
- Proyecto de ley por la que se modifica la Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del sector ferroviario. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 78-7, de 23 de noviembre de 2022. (Número de expediente 121/000077) ...
- Proyecto de ley de fomento del ecosistema de las empresas emergentes. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 81-1, de 27 de diciembre de 2021. (Número de expediente 121/000081) ... (Página20)
- Proyecto de ley de institucionalización de la evaluación de políticas públicas en la Administración General del Estado. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 103-1, de 10 de junio de 2022. (Número de expediente 121/000103)
... (Página28)
Declaración sobre la Cuenta General del Estado:
- Dictamen de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas en relación con la Declaración sobre la Cuenta General del Estado del ejercicio 2020, así como la resolución adoptada por dicha Comisión. 'BOCG. Cortes
Generales', serie A, número 271, de 22 de noviembre de 2022. (Número de expediente 250/000008) ... (Página35)
Elección de un señor diputado, de conformidad con el Punto Tercero de la Resolución de la presidencia del Congreso de los Diputados sobre secretos oficiales, de 26 de abril de 2022:
- Elección de un señor diputado, de conformidad con el Punto Tercero de la Resolución de la presidencia del Congreso de los Diputados sobre secretos oficiales, de 26 de abril de 2022. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 530,
de 17 de noviembre de 2022. (Número de expediente 052/000001) ... (Página50)
Solicitud de prórroga de subcomisiones:
- Solicitud de la Comisión Constitucional de nueva prórroga de seis meses del plazo para la conclusión de los trabajos de la Subcomisión para la reforma de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General. 'BOCG.
Congreso de los Diputados', serie D, número 260, de 21 de abril de 2021. (Número de expediente 154/000008) ... (Página44)
Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página44)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página45)
Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página46)
Votación de conjunto ... (Página46)
Enmiendas del Senado. (Votación) ... (Página46)
Declaración sobre la Cuenta General del Estado. (Votación) ... (Página49)
Solicitud de prórroga de subcomisiones. (Votación) ... (Página50)
Elección de un señor diputado, de conformidad con el Punto Tercero de la Resolución de la presidencia del Congreso de los Diputados sobre secretos oficiales, de 26 de abril de 2022. (Votación) ... (Página50)
SUMARIO
Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.
Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas ... (Página5)
Propuesta de reforma de la Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, de reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón ... (Página5)
La Presidencia informa de que, al tener la iniciativa carácter orgánico, ha de ser sometida a una votación final y avisa de esta que no se producirá antes de las 11:30 horas.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Guitarte Gimeno, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Giménez Giménez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; y los señores Echenique Robba, del Grupo Parlamentario Confederal de
Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común; Fernández Hernández, del Grupo Parlamentario VOX; Suárez Lamata, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y Sancho Íñiguez, del Grupo Parlamentario Socialista.
Enmiendas del Senado ... (Página12)
Proyecto de ley por la que se modifica la Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del sector ferroviario ... (Página12)
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores López-Bas Valero, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; Bel Accensi, del Grupo Parlamentario Plural, y Mayoral Perales, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú
Podem-Galicia en Común; la señora De las Heras Fernández, del Grupo Parlamentario VOX; el señor Lorite Lorite, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y la señora López Zamora, del Grupo Parlamentario Socialista.
Proyecto de ley de fomento del ecosistema de las empresas emergentes ... (Página20)
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Muñoz Vidal, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; y los señores Bel Accensi, del Grupo Parlamentario Plural; Capdevila i Esteve, del Grupo Parlamentario Republicano, Guijarro García,
del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común; Jiménez Revuelta, del Grupo Parlamentario VOX; Píriz Maya, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y Casares Hontañón, del Grupo Parlamentario Socialista.
Proyecto de ley de institucionalización de la evaluación de políticas públicas en la Administración General del Estado ... (Página28)
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores López-Bas Valero, del Grupo Parlamentario Socialista; Honrubia Hurtado, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, y Del Valle Rodríguez,
del Grupo Parlamentario VOX; y las señoras De Luna Tobarra, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y López Somoza, del Grupo Parlamentario Socialista.
Declaración sobre la Cuenta General del Estado ... (Página35)
Dictamen de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas en relación con la Declaración sobre la Cuenta General del Estado del ejercicio 2020, así como la resolución adoptada por dicha Comisión ...
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores López-Bas Valero, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, y Bel Accensi, del Grupo Parlamentario Plural; las señoras Bassa Coll, del Grupo Parlamentario Republicano, y Maestro Moliner,
del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común; los señores Sáez Alonso-Muñumer, del Grupo Parlamentario VOX, y Paniagua Núñez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; y la señora Marra Domínguez, del
Grupo Parlamentario Socialista.
Elección de un señor diputado, de conformidad con el Punto Tercero de la Resolución de la presidencia del Congreso de los Diputados sobre secretos oficiales, de 26 de abril de 2022 ... (Página44)
Elección de un señor diputado, de conformidad con el Punto Tercero de la Resolución de la presidencia del Congreso de los Diputados sobre secretos oficiales, de 26 de abril de 2022 ... (Página44)
La Presidencia informa de que el diputado propuesto es don Patxi López Álvarez y que la votación se realizará por papeleta tras las restantes votaciones del día de hoy.
Solicitud de prórroga de subcomisiones ... (Página44)
Solicitud de la Comisión Constitucional de nueva prórroga de seis meses del plazo para la conclusión de los trabajos de la Subcomisión para la reforma de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General ...
La Presidencia informa de que dicha se solicitud se someterá a votación junto con el resto de asuntos.
Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página44)
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre apoyo a la candidatura española de Málaga para albergar la Exposición Internacional 2027 'La Era Urbana: hacia la ciudad sostenible', se aprueba por 319
votos a favor y 23 abstenciones.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la modificación de la legislación vigente relativa a los delitos contra la libertad sexual, se rechaza por 102 votos a favor, 187 en contra y
53 abstenciones.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página45)
Sometida a votación separada por puntos la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno ante el creciente deterioro de los servicios
ferroviarios, son aprobados todos.
Sometida a votación separada por puntos la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario VOX, sobre las medidas que pretende adoptar el Gobierno para cambiar el rumbo de sus políticas energéticas y dirigirlas así a los
intereses de los españoles, son rechazados todos.
Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página46)
Sometido a votación el dictamen de la propuesta de reforma de la Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, de reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón, se aprueba por 315 votos a favor y 17 abstenciones.
-Votación de conjunto ... (Página46)
Sometida la propuesta a votación de conjunto por tener carácter orgánico, se aprueba por 318 votos a favor y 17 en contra.
Enmiendas del Senado. (Votación) ... (Página46)
Sometidas a votación las enmiendas del Senado al Proyecto de ley por la que se modifica la Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del sector ferroviario, son aprobadas todas.
Sometidas a votación las enmiendas del Senado al Proyecto de ley de fomento del ecosistema de las empresas emergentes, se rechaza la enmienda al artículo 3.2, en lo relativo a su párrafo segundo, y se aprueba el resto de enmiendas.
Sometida a votación la enmienda del Senado al Proyecto de ley de institucionalización de la evaluación de políticas públicas en la Administración General del Estado, es aprobada.
Declaración sobre la Cuenta General del Estado. (Votación) ... (Página49)
Sometidos a votación el dictamen de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas en relación con la Declaración sobre la Cuenta General del Estado del ejercicio 2020, así como la resolución adoptada por dicha Comisión,
son aprobados por 264 votos a favor, 22 en contra y 56 abstenciones.
Solicitud de prórroga de subcomisiones. (Votación) ... (Página50)
Sometida a votación la solicitud de la Comisión Constitucional de nueva prórroga de seis meses del plazo para la conclusión de los trabajos de la Subcomisión para la reforma de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral
General, se aprueba por 323 votos a favor y 13 abstenciones.
Elección de un señor diputado, de conformidad con el Punto Tercero de la Resolución de la presidencia del Congreso de los Diputados sobre secretos oficiales, de 26 de abril de 2022. (Votación) ... (Página50)
La Presidencia explica el procedimiento a seguir en la votación.
Sometida a votación por papeleta la elección de un señor diputado, de conformidad con el Punto Tercero de la Resolución de la presidencia del Congreso de los Diputados sobre secretos oficiales, de 26 de abril de 2022, resulta elegido don
Paxti López Álvarez con 246 votos a favor, 40 votos en blanco y 2 votos nulos.
Se levanta la sesión a la una y cincuenta y cinco minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.
DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:
- PROPUESTA DE REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA 5/2007, DE 20 DE ABRIL, DE REFORMA DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE ARAGÓN. (Número de expediente 127/000006).
La señora PRESIDENTA: Muy buenos días, señorías.
Continuamos con la sesión. Pasamos al punto relativo a dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas y, en concreto, al relativo a la propuesta de reforma de la Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, de reforma del Estatuto de
Autonomía de Aragón. Por tener carácter orgánico, esta iniciativa tiene que ser sometida a una votación final que, de conformidad con el artículo 131.2 del Reglamento, debe ser anunciada con antelación por la Presidencia. Por ello, en cumplimiento
de esta disposición, anuncio que la votación no se producirá antes de las once y media.
Esta iniciativa no tiene enmiendas, por lo que procede intervenir en turno de fijación de posiciones por parte de los grupos parlamentarios. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Guitarte Gimeno.
El señor GUITARTE GIMENO: Buenos días, señora presidenta.
Señorías, como dijimos hace dos meses y medio, es un honor poder intervenir en el Pleno del Congreso para mostrar el respaldo de Teruel Existe a la reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón. El pasado 13 de septiembre el Pleno del
Congreso aprobó sin ningún voto en contra la tramitación de la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón; con 300 votos a favor y 18 abstenciones, quedó patente el unánime apoyo de todos los grupos a las modificaciones planteadas por
las Cortes de Aragón y que han sido objeto de informe y dictamen de conformidad en la Comisión Constitucional.
La reforma que aprobamos contiene unos cambios mínimos que apenas afectan a tres de los 115 artículos de esta ley orgánica, pero son unos cambios trascendentes. Por un lado, adaptan el estatuto a la lógica de una realidad social y una
demanda ciudadana y, por otro, lo adecuan a otra realidad más preocupante, como es el desequilibrio territorial y la profunda desvertebración y desigualdad demográfica de Aragón, mi comunidad autónoma. La constante pérdida de población en la
mayoría de los municipios rurales de Teruel y Huesca, y también en gran parte de la provincia de Zaragoza, excepción hecha de su capital, tiene serias consecuencias incluso en algo tan importante como la representatividad parlamentaria y la propia
participación política de los ciudadanos. En este sentido, y a modo de reflexión general, el autogobierno que otorga el estatuto debería servir para avanzar en la cohesión territorial mediante políticas marco que impregnen el conjunto de la acción
política, porque Aragón ha avanzado en indicadores económicos de convergencia respecto a España, pero ¿dónde ha quedado la cohesión territorial?
Por ello, en primer lugar, debería servir para afrontar la crisis territorial que conlleva el despoblamiento, lo que implica abordar el problema demográfico, frenar y revertir el proceso de despoblación que ha asolado la mayor parte de los
núcleos del medio rural, a las cabeceras de comarca e incluso a las pequeñas ciudades. En segundo lugar, debería servir para avanzar hacia un modelo socio-territorial que supere la brecha rural-urbana, fortaleciendo el sistema de pequeñas ciudades
que deben vertebrar el territorio, apostando por una rigurosa sostenibilidad medioambiental, por el paisaje y por la innovación económica; un modelo que requiere de la financiación autonómica a nivel estatal y una política presupuestaria en Aragón
que trabaje por la cohesión territorial.
Lamentamos que, a pesar de los indudables beneficios que ha traído la autonomía a lo largo de los últimos cuarenta años, no haya sido capaz de corregir con más eficacia la profunda desvertebración de la comunidad autónoma, con la pérdida de
oportunidades que ello supone para muchos de sus habitantes. Es necesario creerse y aplicar con rigor y profundidad la normativa autonómica vigente sobre ordenación del territorio y las directrices de despoblación y de paisaje, pero no pueden
seguir siendo normas secundarias que juegan un papel estético, deben ser verdaderas normas transformadoras, auténticas palancas para abordar el principal problema de Aragón: la despoblación y los desequilibrios territoriales.
Apoyamos, pues, con rotundidad la reforma de estos tres artículos. Por un lado, consideramos que la supresión de los aforamientos de los diputados autonómicos y los miembros del Gobierno de Aragón contribuye a la regeneración política, que
es saludable democráticamente, como se contempla en la modificación de los artículos 38.2 y 55 del estatuto. Esta figura de protección jurídica ya no tiene sentido en una democracia consolidada, y es imprescindible por regeneración democrática y
transparencia que los representantes públicos se sometan a los mismos órganos judiciales que el resto de los ciudadanos. Como ya dijimos en el Pleno de admisión a trámite, insisto en la necesidad de que la supresión de aforamientos llegue a otras
cámaras parlamentarias, por ejemplo, a esta, y a otras instancias del Estado.
Por otro lado, estamos de acuerdo con la modificación del artículo 36; así se garantiza la representatividad de las tres provincias en las Cortes de Aragón con un mínimo de escaños fijado en catorce por cada circunscripción electoral, sin
que la más poblada supere tres veces la proporción correspondiente a la menos poblada. Es tan necesario como preocupante que se tenga que empezar a emplear esta medida quirúrgica para asegurar que mi provincia, Teruel, esté debidamente representada
en el Parlamento, donde se toman decisiones que afectan directamente a sus habitantes. De no aplicarse, se produciría una grave quiebra democrática, porque los turolenses tendrían cada vez menos voz en unas Cortes que reflejan en su representación
la grave situación demográfica de Aragón. En las elecciones autonómicas de 2019 un pacto de última hora permitió que la circunscripción electoral de Teruel mantuviera su escaño número catorce; les recuerdo que en las primeras elecciones
autonómicas, en 1983, la provincia tenía dieciséis representantes.
Esta modificación del estatuto evidencia una vez más la brecha demográfica y la necesidad de tomar medidas urgentes para atajar el grave problema de la despoblación. Nunca se debería haber llegado a esta situación, a tener que blindar por
ley el número mínimo de representantes de una provincia. Tener que hacerlo es tener que asumir un fracaso de las políticas emprendidas a lo largo de estas décadas para cohesionar la comunidad y atajar su desigualdad territorial. Por este motivo,
esta modificación del estatuto lleva implícita una reflexión general que debe ponernos a todos en alerta: son necesarias de verdad políticas efectivas y una planificación adecuada para tomarnos más en serio este problema. Entre todos hemos dado
pasos en esta dirección, pero es más que evidente que se debe hacer más y con mucha más fuerza. No se debe quedar todo en una mera declaración de intenciones, sino que el desafío demográfico debe ir acompañado de auténticas políticas vertebradoras
y de una voluntad política real por parte de todas las administraciones implicadas. La modificación de este artículo da, lamentablemente, la razón a esta agrupación de electores que denuncia a diario, frente a otros discursos autocomplacientes, el
grave problema al que nos enfrentamos y propone soluciones. Espero que este asunto sirva para que todos seamos conscientes de la necesidad de implementar políticas firmes para frenar la sangría demográfica, que eviten en el futuro tener que aplicar
medidas parche, como esta, para garantizar la representatividad de todos los habitantes de una provincia.
Entre esas políticas necesarias, permítanme referirme a la de energía renovable. Apostamos por la energía renovable, pero no con el modelo que aplica el Gobierno de Aragón, que no ha actualizado su plan de energías renovables, que no frena
y no impulsa la generación distribuida y, en su lugar, da facilidades a las grandes centrales, que no defiende el paisaje ni el medio ambiente, que no defiende la participación de las comunidades locales en los proyectos, que convierte a comarcas
enteras en territorios de sacrificio, amenazadas por infraestructuras que no les dejan beneficio y que, además, plantea ahora medidas de compensación para la propia comunidad autónoma, mientras se olvida de que eso le corresponde a los municipios
que soportan la instalación, independientemente de dónde vaya la energía.
Igualmente, apostamos por diversificar la economía de Aragón, porque el crecimiento económico y productivo de Aragón continúa siendo desordenado. La diversificación de su economía no es real, concentra la riqueza y la población en pocos
municipios, y sus comarcas más despobladas siguen teniendo muchas, muchísimas dificultades para fijar población. Se apuesta por dejar los sectores más pujantes en pocas manos, en lugar de abrir oportunidades para todos. (Rumores). Asimismo,
Aragón necesita de manera urgente una PAC renovada y justa, también para los agricultores de la provincia de Teruel, y que permita la modernización y rejuvenecimiento del sector.
Muchas gracias. (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Guitarte.
Señorías, les pido un poco de silencio, por favor.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Giménez Giménez.
La señora GIMÉNEZ GIMÉNEZ: Gracias, presidenta.
Señorías, volvemos hoy a debatir la propuesta de reforma del Estatuto de Aragón, una reforma que en Ciudadanos apoyamos y en la que hemos participado de una forma activa; una reforma que además nos congratula que haya llegado aquí con el
voto unánime de la Comisión y de la Cámara.
Ya han pasado unos meses desde la celebración del 40.º aniversario de la aprobación del Estatuto de Aragón, pero no quiero olvidar recordar esta coincidencia, que cuarenta años después estemos aquí debatiendo su reforma, un ejemplo de que
las leyes son susceptibles de mejora y de adaptarse a los tiempos. El estatuto de autonomía ha sido hasta ahora la principal herramienta de los aragoneses para ejercer el derecho al autogobierno y a la autonomía política, siempre dentro de la
unidad de España y de acuerdo con los límites que establece nuestra Constitución; una normativa que es reflejo de los principios democráticos de libertad, igualdad y justicia, y que hoy creo que humildemente mejoramos gracias al trabajo de todos
los aquí presentes. Pero sobre todo defendemos la necesidad de esta reforma porque incorpora la reivindicación por la que en Ciudadanos hemos trabajado desde hace muchos años en todo el territorio, también en Aragón, como es la supresión de los
aforamientos. Como ya dije en su día, es una gran noticia que las Cortes de Aragón hayan seguido la senda de Canarias, Baleares, Cantabria y Murcia -y esperamos que pronto muchas más- para aprobar el fin de un privilegio que atenta contra el
principio de igualdad y crea un justificado sentimiento de injusticia por parte de la ciudadanía.
En Ciudadanos siempre hemos defendido la necesidad de acabar con los aforamientos políticos. España sigue siendo en esta situación una anomalía respecto a los países europeos, donde este tipo de
privilegios es mucho más limitado. Creemos que con esta reforma estamos dando pasos hacia delante y seguiremos trabajando para acabar con una figura que tiene un doble efecto negativo: por un lado, se quiebra el principio de igualdad y,
por otro, se alteran las reglas ordinarias del artículo 24.2 de la Constitución, que dispone que todos tienen derecho al juez ordinario predeterminado por la ley.
En definitiva, de lo que estamos hablando es de acabar con unos privilegios que nos alejan a nosotros, los políticos, de la ciudadanía. Es normal que en la calle se perciba como injusto que por el simple hecho de ser un cargo público se nos
aplique una jurisdicción diferente. En los tiempos que vivimos debemos poner todos de nuestra parte para evitar que la desafección política se convierta todavía en un problema mayor, y en parte eso es porque hay que revisar este tipo de privilegios
que en la situación actual resultan anacrónicos e injustos. Porque precisamente algo que aleja a la ciudadanía de sus representantes públicos es la injerencia entre el poder político y el Poder Judicial. Ahora que vemos el eterno bochorno del
Partido Popular y el Partido Socialista, que se van bloqueando y mercadeando con los jueces, es entendible que en la calle haya serias dudas sobre si es conveniente que aquellos que son nombrados por los políticos sean después encargados de
juzgarlos. Esta misma semana hemos visto el último intento de politización de la justicia del Partido Socialista, llevando directamente desde la Moncloa al Tribunal Constitucional a dos nuevos magistrados. Uno de ellos, el exministro de Justicia,
encargado de los indultos a los golpistas, por cierto; la puerta giratoria perfecta entre la política y la judicatura. No creo que sean precisamente este tipo de acciones las que más permitan acercar la justicia a los ciudadanos y reducir su nivel
de desconfianza en las instituciones, sino que más bien creemos que genera todo lo contrario.
Por eso mismo, en Ciudadanos siempre hemos defendido la necesidad de que sean los jueces los que elijan a los jueces, tal y como nos pide Europa, y acabar con los privilegios que se concede con el aforamiento para que los políticos no puedan
ser juzgados por quienes previamente se hayan repartido el Consejo General del Poder Judicial. El mejor remedio para luchar contra los populismos que atentan contra nuestra democracia es impulsar medidas de regeneración que permitan mejorar nuestro
sistema y fortalecer los vínculos con los ciudadanos, y es en esta línea en la que trabajamos los liberales.
Por otro lado, solo quiero recordar que esta reforma incluye una modificación importante del artículo 36 para garantizar la representatividad electoral de la provincia de Teruel, azotada por la despoblación a causa de la emigración y el
envejecimiento. La pérdida de población, la llamada España vaciada, afecta a Castilla y León y a Extremadura, al igual que a Aragón. Gracias a esta reforma se garantizará que la provincia de Teruel tenga un blindaje especial para que, a pesar de
la pérdida de población, no pierda presencia de representatividad en beneficio de sus vecinos.
Por todo ello, y como no puede ser de otra forma, volveremos a votar a favor de esta reforma, porque da pasos adelante en materia de regeneración democrática en Aragón y en toda España.
Gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Giménez.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra el señor Echenique Robba.
El señor ECHENIQUE ROBBA: Buenos días a todos y a todas.
Hoy este Congreso de los Diputados tiene una buena noticia que dar a los aragoneses y aragonesas. Hoy, en el año en que se cumplen cuatro décadas de la aprobación del Estatuto de Aragón, este Congreso va a aprobar el dictamen casi
definitivo, a la espera del Senado, de su reforma. Hoy podemos decir que este Congreso ha hecho su trabajo.
La reforma contiene dos elementos principales. Primero, situar un mínimo de catorce diputados para cada una de las tres provincias de Aragón en las Cortes de Aragón, muy especialmente para la provincia de Teruel. Que los aragoneses hayamos
querido reforzar así la representación de las provincias menos pobladas es muy legítimo y seguramente tendrá efectos positivos. Pero es evidente, como ha comentado el portavoz de Teruel Existe, que además de más diputados, Teruel necesita muchas
otras cosas: necesita servicios públicos, necesita infraestructuras, necesita que haya cajeros para que la gente pueda retirar el dinero, necesita que la Guardia Civil llegue en menos de quince minutos cuando haya un incidente, necesita que haya
transporte de las poblaciones más pequeñas a las cabeceras de comarca. Por lo tanto, tanto las Cortes de Aragón, como este Congreso de los Diputados, todavía tenemos mucho trabajo que hacer en esta materia. Y no quiero olvidar la necesidad que
defiendo de que la Agencia Espacial Española pueda tener su sede en Teruel. Y pido desde aquí que no se apliquen criterios absurdos, como que haya
que contar con alta velocidad, dado que eso hace imposible la descentralización de las administraciones públicas que pretende el Gobierno, especialmente en la España vaciada.
En segundo lugar, esta reforma elimina los aforamientos para los diputados de las Cortes de Aragón y también para los miembros del Gobierno de Aragón. Para que la gente nos entienda, esto significa que te juzguen los mismos jueces que
juzgan a cualquier persona. Nosotros estamos a favor de la eliminación de privilegios políticos, por eso apoyamos esta medida y, por eso, si se me permite, creo que no es casualidad que después de cuarenta años esto se haga justo cuando Podemos
forma parte del Gobierno de Aragón. Pero de nuevo esto no es suficiente para garantizar una relación con altos estándares democráticos entre la política y la justicia, no basta con que te juzgue el mismo juez que al resto de las personas. Hemos
visto, de hecho, jueces en diferentes instancias haciendo dos cosas simultáneamente en relación con la política: por un lado, dejando que se vayan de rositas políticos acusados de corrupción, como hemos visto en el caso de la Kitchen con María
Dolores de Cospedal, con Jorge Fernández Díaz o con el propio Mariano Rajoy, y, por otro lado, hemos visto jueces llevando a cabo investigaciones prospectivas, es decir, expediciones de pesca que acaban quedando en nada pero que sirven para generar
horas y horas de tertulias difamatorias para desprestigiar a fuerzas políticas, como la mía, que se presentan a las elecciones, alterando así las reglas del juego limpio de la democracia. Por eso, en esta materia, además de eliminar aforamientos,
este Congreso todavía tiene muchas cosas que hacer, y me permito citar dos para acabar. Dado que el Partido Popular sigue bloqueando la renovación del Consejo General del Poder Judicial, una cosa que puede y debe hacer esta Cámara es reformar las
mayorías para que se pueda renovar el Consejo General del Poder Judicial y se deje de incumplir la Constitución en nuestro país.
Otra tarea pendiente que tenemos es la reforma del acceso a la carrera judicial para que la gente trabajadora, la gente que no cuenta con una buena cantidad de medios económicos, también pueda acceder a la carrera judicial y se acabe con ese
sesgo de clase que existe en estos momentos en la carrera judicial y que está detrás, sin duda, de algunas de las cosas que acabo de comentar. Como digo, es una buena reforma, pero todavía tenemos tareas pendientes en las Cortes de Aragón y también
en este Congreso de los Diputados.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Echenique.
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Fernández Hernández. (Aplausos).
El señor FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ: Gracias, presidenta.
Decía la letra de una vieja canción que son malos tiempos para la lírica. Lo eran entonces, cuando se escribió esta canción, y lo son ahora. Sin embargo, ni existe la paz completa ni tampoco existe la guerra total, siempre hay momentos
para la esperanza. Esta reforma que debatimos llega con un acuerdo unánime de todos los grupos de las Cortes de Aragón, se ha tramitado en este Congreso con el acuerdo unánime de todos los grupos parlamentarios y es previsible que todos los grupos
voten a favor. Habrá argumentos distintos, seguro, pero al final el resultado será el mismo. Nuestros argumentos son los siguientes. Esta reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón sobre la eliminación de los aforamientos de los miembros de las
Cortes y del Gobierno de Aragón para que fueran juzgados por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón o, en su caso, el Tribunal Supremo, en línea con lo que se ha venido aprobando en ocasiones anteriores respecto a otros estatutos autonómicos, y
la fijación de un número mínimo de diputados con representación en Cortes, concretamente catorce por provincia, era imprescindible.
En cuanto a la primera cuestión, era imprescindible por cuanto tenemos un ejemplo claro de cómo la prerrogativa de aforamiento se había convertido en un privilegio inadmisible y en una distorsión jurídica y política que a su vez había
derivado en una degeneración democrática. Me refiero a lo que ha venido ocurriendo con el Gobierno de Cataluña desde el año 2014. Una primera consulta ilegal mereció solo la condena del entonces presidente del Gobierno catalán por desobediencia
por parte del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, librándole de la pena de prisión por malversación de fondos públicos, cuando posteriormente así se reclamaron por parte del propio Tribunal de Cuentas, porque esos fondos públicos se habían
usado de forma indebida en esta consulta. Es decir, hubo un trato privilegiado al entonces presidente del Gobierno catalán. Después, en el llamado juicio del procés, nos encontramos con unos acusados finalmente condenados por el Tribunal Supremo
que reclamaron por activa y por pasiva la competencia del Tribunal Superior de Cataluña, pensando que allí encontrarían un trato igualmente privilegiado por sus conductas delictivas. Finalmente, esa sensación de impunidad que genera en la
población el hecho de que haya políticos privilegiados que por su condición sean juzgados por tribunales especiales. (Aplausos). Esto no puede servir de parapeto nunca a los políticos para proteger sus conductas, que serían impensables en
una democracia moderna.
La exposición de motivos de esta propuesta de reforma acierta cuando expresa que el aforamiento es una figura jurídica percibida por la mayoría de la sociedad como anacrónica, propia de épocas pasadas, que hoy en día encaja difícilmente con
el artículo 14 de la Constitución española, que consagra el principio de igualdad de la ciudadanía ante la ley, pero esta exposición de motivos no ha sido tan clara para advertir un detalle importante: que la eliminación de los aforamientos no deja
de ser más que una recuperación plena por parte del Estado de la competencia para juzgar y ejecutar lo juzgado, de acuerdo con las reglas que les son de aplicación al resto de españoles. Con esta reforma, por tanto, se devuelve plenamente al Poder
Judicial, como poder del Estado, su competencia plena para juzgar y ejecutar lo juzgado, y esto es lo que VOX viene manifestando desde su fundación.
En cuanto a la segunda cuestión objeto de reforma, es igualmente claro que la despoblación no puede suponer nunca una anulación de toda capacidad política representativa y de influencia de una provincia, por lo que igualmente nos parece
adecuada esta reforma en este punto.
Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Fernández.
Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra el señor Suárez Lamata.
El señor SUÁREZ LAMATA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, como ya se ha dicho aquí, debatimos una proposición de ley que viene de las Cortes de Aragón y que fue aprobada por unanimidad. Tiene dos apartados, tal como también se ha explicado: por un lado, la supresión de los aforamientos
de los Diputados aragoneses y, por otro lado, el reequilibrio territorial. Por quienes me han precedido en el uso de la palabra se ha manifestado que los aforamientos constituyen un auténtico privilegio. Yo no comparto esa afirmación, me resulta
completamente demagógica, fundamentalmente porque se traslada a la sociedad que a los políticos no les juzga nadie, que hay impunidad cuando un político comete un delito, y nada más lejos de la realidad, señorías. El aforamiento supone la renuncia
a una instancia y, por tanto, de privilegio tiene poco. Cuando esta figura se instauró, se hizo fundamentalmente para proteger la institución y, señorías, con lo que estamos viendo, con la que está cayendo en estos momentos, convendría reflexionar
sobre esta cuestión. En cualquier caso, y como ya dije, el hecho de que al final la ciudadanía entienda que es necesario un cambio de este tipo hará que votemos a favor.
También les hice una reflexión. En España, a diferencia de otros países de Europa, existe el ejercicio de la acción pública, y eso ya sabemos lo que significa y el uso que le da algún partido político. Les recuerdo que, nada más y nada
menos, con el Partido Socialista en la provincia de Murcia, cuarenta y cinco denuncias, cuarenta y una archivadas en el ejercicio de la acción pública contra políticos.
También debería ser objeto de reflexión por parte de sus señorías que en una parte de España los aforamientos estén suprimidos y en otra no. Decía el señor Echenique hace un momento que gracias a que Podemos está en el Gobierno de Aragón se
han suprimido los aforamientos. El señor Sánchez compareció en el año 2018 con Pablo Iglesias en esta Cámara y manifestó que se iban a suprimir los aforamientos. Y yo le pregunto al señor Echenique: si en Aragón han sido capaces de hacerlo, por
qué aquí no. Y les voy a contestar por qué aquí no. Cuando un diputado de Podemos tiene problemas con la justicia, lo que hacen es meterlo en la Diputación Permanente y aforarlo, porque así se siente más protegido. La tribuna, señorías, lo
soporta todo, pero la realidad es bastante distinta.
Y ahora vamos a la segunda cuestión, que es la siguiente: el reequilibrio territorial. Ha intervenido el portavoz de Teruel Existe y ha manifestado los problemas que tiene Teruel, los cuales compartimos. Lo que me resulta sorprendente es
el discurso del señor Echenique, que da la sensación de que es un diputado que pasa por aquí y que no es del Gobierno. Si Teruel hoy no tiene cajeros, si Teruel hoy no tiene subvenciones para crear puestos de trabajo, si no tiene infraestructuras,
es justo por culpa de Podemos, que está en el Gobierno, señorías. (Aplausos). Es justo el responsable de todo eso. Produce risa, créanme, por no decir otra cosa peor, ver cómo se ríen de los ciudadanos turolenses. Reclama la Agencia Espacial
cuando la publicación en el Boletín Oficial del Estado de las condiciones para ubicar la Agencia Espacial claramente excluye a Teruel, señorías. En mi tierra se dice que soplar y sorber es imposible, y eso es lo que fundamentalmente hace Podemos en
esta tribuna. Eso es lo que fundamentalmente hace Podemos en esta tribuna.
Claro que nosotros compartimos planteamientos que se han hecho aquí de reequilibrio, no solamente en número de diputados -y por eso lo vamos a votar en Teruel-, sino también en recursos. Nos parecía razonable la propuesta del señor Guitarte
para subvencionar la creación de puestos de trabajo. La compartíamos y presentamos una enmienda e intentamos mejorarla. ¿Por qué Podemos no votó ninguna de las dos cuestiones? Por lo mismo, señorías, porque la demagogia es lo que funciona.
Como me queda tiempo, voy a hacer una reflexión, porque una vez más me ha parecido preocupante lo que ha pasado en esta tribuna: un nuevo ataque a una institución del Estado, al Poder Judicial, y lo hace alguien, señorías, que se acaba de
librar de una sentencia por imputar el señor Echenique un delito de violación a una persona que está muerta. Se acaba de librar por una falsedad y tiene la caradura de criticar a la justicia, señorías. (Aplausos). Sí señorías, y no me miren.
Saben perfectamente lo de la candidata de Ávila, saben perfectamente el caso al que me estoy refiriendo. Es intolerable, señorías, los ataques a la justicia por parte de Podemos. En cuanto no les gusta, señorías, ustedes están en lo que están, en
deconstruir, en tumbar el mejor acuerdo que ha habido en este país, que es el espíritu de la Transición del año 1978.
Señorías, como me sobra un minuto, me quiero dirigir al Partido Socialista. Lo mejor de esta iniciativa es el intangible y el intangible -lo que ustedes no ven- es algo que en Aragón tenemos muy a gala, la capacidad de ponernos de acuerdo,
el consenso. Pero, señorías, ¿saben qué sucede? Esta iniciativa viene por unanimidad, por consenso, una vez más y para que haya consenso, señorías, hace falta tener palabra, hace falta tener principios, hace falta escuchar al otro, hace falta
respetar los informes jurídicos. Todo eso ha sucedido con el trámite de esta iniciativa y por eso, señorías, cuando ustedes constantemente recriminan al Partido Popular que no es capaz de alcanzar consenso con el Partido Socialista, les voy a
explicar por qué. Si para alcanzar consenso hace falta tener principios, ustedes los perdieron hace muchísimo tiempo. Su único principio es estar sentado en ese banco azul, señorías. (Aplausos). Y si para alcanzar el consenso hace falta tener
palabra, recuerdo las palabras del señor Rufián cuando le preguntó al señor Sánchez: ¿Cuánto vale su palabra? Yo les voy a contestar: cero, nada. Por eso es imposible acordar con ustedes nada.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Suárez.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Sancho Íñiguez.
El señor SANCHO ÍÑIGUEZ: Gracias, presidenta.
Bienvenidas las personas que han venido a la tribuna del Congreso de los Diputados. Vamos a hablar del estatuto de autonomía, un día grande para los aragoneses porque es poner en valor nuestro estatuto.
Señorías, hoy el Congreso de los Diputados da luz verde a la cuarta modificación del estatuto de autonomía de mi tierra, de Aragón, tras las reformas de 1994, 1996 y 2007. Lejos queda ya la constitución de la asamblea de parlamentarios que,
tras las elecciones democráticas de 1977, iniciaron los trabajos previos a la redacción de nuestro estatuto, y fue precisamente la ciudad de Teruel la que vio nacer el proceso autonómico y nuestro autogobierno. Fue el 10 de junio de 1977, en plenas
fiestas de la Vaquilla. Los diputados y senadores del pueblo aragonés, elegidos en las elecciones generales de ese año, se constituyeron en asamblea y tomaron el acuerdo de elaboración del estatuto de autonomía.
Señorías, Aragón ha sido una región orgullosa de su historia. Hemos sido tierra de reyes y conquistadores, tierra de fueros y de pastos y también tierra de talento, la tierra de Ramón y Cajal y de Joaquín Costa, de Goya y de María Moliner,
de Concepción Gimeno y la tierra de Buñuel. Somos, como diría el maestro Labordeta, tierra de polvo, niebla, viento y sol. Nuestro pueblo siempre se mostró ilusionado por el autogobierno y la autonomía. El 23 de abril de 1978 más de cien mil
personas se manifestaron para reclamar la autonomía plena y, aunque finalmente no accedimos a ella por la vía rápida del artículo 151, la realidad es que cuarenta años después podemos decir con orgullo que nuestra tierra no se parece en nada a la de
1982. Recuperamos nuestras instituciones, como las Cortes de Aragón, el Justicia; nos hemos autoorganizado territorialmente con la creación de las comarcas y hemos avanzado de manera indudable en nuestro Estado del bienestar, gestionando servicios
públicos básicos como la educación, la sanidad, los servicios sociales o la dependencia en cada rincón de nuestra comunidad. Señorías, Aragón es hoy una región llena de oportunidades y eso ha sido gracias a nuestro estatuto de autonomía. Por eso,
tenemos que seguir trabajando por la cohesión territorial, porque nuestros pueblos tienen vida propia. Sí, nuestros pueblos tienen vida propia, y debemos seguir trabajando para dar respuesta a las demandas y preocupaciones de la gente que vive en
nuestros municipios.
Señorías, como ya dijimos hace dos meses en el debate de totalidad, hay dos puntos en esta reforma del estatuto: el aforamiento y la representatividad. Me detendré en este último, la representación mínima de las provincias en catorce
escaños, es decir, garantizar el mínimo de catorce diputados por provincia con el fin de garantizar la representatividad de las zonas menos pobladas. De ahí que esta reforma sea tan necesaria, porque nuestra tierra es muy sensible al problema de la
despoblación y, por tanto, para la Administración central y para el Gobierno de Aragón la lucha contra la despoblación es una de sus prioridades. Trabajar para parar la despoblación es para muchos de nosotros una obsesión y no debemos caer en la
desazón o en la desesperanza. Hay mucha gente que quiere vivir en sus pueblos y debemos trabajar de manera proactiva para que así siga siendo. Tenemos que poner en valor el potencial de nuestra tierra, de su gente, hablar de las oportunidades, de
los innumerables recursos y de las bondades que supone vivir en el medio rural.
Señorías, me van a permitir que ahora me centre en mi partido, el PSOE. Fuimos los y las socialistas los que pusimos encima de la mesa esta problemática y quienes en 2019 propusimos una reforma de la ley electoral para evitar que la
provincia de Teruel perdiese escaños por la pérdida poblacional. Recuerdo que algunos grupos parlamentarios nos acusaron directamente de que seríamos los únicos responsables si la provincia de Teruel perdía un escaño en las Cortes de Aragón, pero
la realidad es tozuda. El compromiso del PSOE con la provincia de Teruel y con las políticas demográficas y de lucha contra la despoblación es incuestionable, ya no solo por la reforma que hoy se va a aprobar aquí, sino también por todos nuestros
alcaldes y alcaldesas, concejales y concejalas, presidentes y presidentas de comarca que día a día se dejan la piel para que sus pueblos sigan vivos. (Aplausos). Ya lo dije la vez anterior. Cuando la sociedad turolense se enteró de que perdía un
diputado autonómico mostró cabreo e indignación, porque la gente de mi provincia valora la política como lo que es, una herramienta para mejorar la vida de todos y todas sin excepción.
Señorías, para acabar quisiera dar las gracias a los distintos grupos parlamentarios por la agilidad en la tramitación de nuestro estatuto y por haber respetado el texto original enviado por las Cortes de Aragón, a las cuales igualmente
felicito y doy las gracias, un texto que en Aragón se aprobó por unanimidad. Los que creemos en la democracia en la política sabemos que no existe democracia sin representación. Por eso hoy es un buen día, un gran día, porque las provincias como
la de Teruel no se verán afectadas con la aprobación de esta reforma, sino que tendrán garantizada la representación mínima las tres provincias aragonesas. Gracias al Gobierno de España del presidente Sánchez y al Gobierno de Aragón del presidente
Lambán por su apoyo e impulso a esta reforma.
Señorías, no entraré en otros debates que no tocan cuando está el estatuto aquí. Tuvieron mucho tiempo de hacer muchas cosas; solo espero que no tengan la posibilidad de volverlo a hacer (aplausos) y les pido que sean una oposición real.
No simplemente se propone cuando se está en la oposición; se hace y se ejecuta cuando se está en el Gobierno, señor Suárez. Se hace y se ejecuta cuando se está en el Gobierno; no se guardan los proyectos en el cajón y se pierden los estudios
informativos.
Muchas gracias, de corazón, a todos. Como turolense y aragonés, gracias por esta oportunidad. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Sancho.
ENMIENDAS DEL SENADO:
- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 38/2015, DE 29 DE SEPTIEMBRE, DEL SECTOR FERROVIARIO. (Número de expediente 121/000077).
La señora PRESIDENTA: Pasamos al siguiente punto del orden del día: enmiendas aprobadas por el Senado al proyecto de ley por la que se modifica la Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del Sector Ferroviario.
En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el señor LópezBas Valero.
El señor LÓPEZ-BAS VALERO: Gracias, señora presidenta.
Buenos días, señorías. Mi grupo se va a posicionar a favor de la gran mayoría de las enmiendas del Senado que modifican varios puntos del proyecto de ley por la que se modifica la Ley 38/2015, del Sector Ferroviario, pero no a favor de
todas esas modificaciones, y les explico por qué. No vamos a dar nuestra conformidad al nuevo apartado 57 bis que viene del Senado y que modifica el artículo 1 de ese proyecto
de ley en el sentido de introducir una nueva disposición adicional decimonovena bis en la Ley 38/2015. El motivo de nuestro voto negativo no es otro que el rechazo de nuestro grupo a modificar mediante este proyecto de ley, y en este
momento, con esta enmienda del Senado el régimen vigente establecido por el artículo 4.3 de esa misma ley para regular el traspaso o cesión de elementos propios de la infraestructura ferroviaria -estaciones de transporte de viajeros o terminales de
transporte de mercancías de la red ferroviaria de interés general- a cualquier comunidad autónoma.
Ese régimen, regulado originalmente en el artículo 4.3 de la Ley del Sector Ferroviario, señala todavía que cualquiera de los elementos de esa infraestructura de la RFIG puede ser objeto de traspaso a una comunidad autónoma. Para ese
procedimiento se establece que ese elemento pueda ser, primero, excluido de la RFIG siempre que hayan desaparecido los motivos que justificaron su anterior inclusión en esa misma red. Para esa exclusión se requiere un informe de las comunidades
autónomas afectadas y se decide esa exclusión por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, bien de oficio o a instancia de la comunidad autónoma. En segundo lugar, una vez que se ha excluido el elemento de la infraestructura
ferroviaria de la RFIG en el expediente, y por el procedimiento anterior, se puede ceder el mismo a una comunidad autónoma -lógicamente, a aquella en cuyo territorio se encuentre- por resolución del Consejo de Ministros, bien a instancia del
ministerio, bien de la comunidad autónoma correspondiente. Ese régimen jurídico material y formal requiere, por tanto, que se proceda a abrir y a tramitar un expediente único e individual para cada caso en que se considere oportuno, primero,
desafectar un elemento de la infraestructura ferroviaria y, segundo, ceder ese elemento a una comunidad autónoma, pero en cada caso siempre han de justificarse en el expediente, en el de la desafección o exclusión, que las causas originales que
justificaron la afección o inclusión a la RFIG han desaparecido, o sea, que ya no concurren.
El apartado 57 bis al que nos oponemos introduce una disposición adicional decimonovena bis a la Ley 38/2015 que pretende ser una aclaración del referido artículo 4.3 y del procedimiento, que ya he comentado, de exclusión de la RFIG y cesión
a una comunidad autónoma de un elemento de infraestructura ferroviaria, pero no es una aclaración realmente. No lo es porque estamos ante una derogación formal y total de ese régimen anterior que garantiza la integridad de la propia RFIG, es decir,
del conjunto de infraestructuras ferroviarias que resultan esenciales para garantizar un sistema común de transporte ferroviario en todo el territorio del Estado o cuya administración conjunta resulte necesaria para el correcto funcionamiento de tal
sistema común de transporte. Esto es así porque a partir de esta modificación introducida por el Senado, a la que, por supuesto, como digo, nos vamos a oponer, ahora se dice que en aplicación del artículo 4.3, es decir, en aplicación de lo
anterior, se considerará ya automáticamente que no concurren motivos de interés general para mantener un elemento de infraestructura ferroviaria en la RFIG por utilizarse de manera exclusiva para prestación de servicios ferroviarios de titularidad y
competencia exclusiva de una comunidad autónoma o cuando su explotación conjunta con el resto de la red no sea necesaria para el correcto funcionamiento del sistema común de transporte.
Esta modificación que viene del Senado elimina de facto la necesaria perspectiva técnica sobre la necesidad de mantener la integridad de la totalidad de la RFIG, que podría trocearse así para ser cedida a las comunidades autónomas en su
totalidad en todas las infraestructuras mediante la simple petición al respecto de una comunidad autónoma, es decir, por una motivación exclusivamente política y de oportunidad. Supongo que esto ya nos suena. Esta posibilidad supone, a nuestro
juicio, un riesgo evidente de desintegración de una red ferroviaria única e integral para toda España. Y esa desintegración de una RFIG española para convertirse en una red ferroviaria segmentada según entre o salga de cada comunidad autónoma hará
que ya no dependa de una única autoridad o de un solo administrador de infraestructuras; es más, dependerá en cada caso de la reclamación territorial de turno de los gobiernos autonómicos, y ya sabemos realmente de quién estamos hablando, señorías.
Será en la negociación de apoyos, por ejemplo, a presupuestos u otras leyes donde pueda interesar cuando se decida cómo se trocea esa red ferroviaria de interés general.
Con esta modificación, en resumen, se cambia realmente el sistema anterior, que precisaba de un expediente administrativo con informes técnicos y seguridades acreditadas de no perjudicar los intereses de los usuarios del transporte
ferroviario en toda España. Y eso es lo importante al final, porque otro sistema en el que se da por hecho de inicio la cesión de elementos de la infraestructura ferroviaria a una comunidad autónoma es lo que quieren modificar ahora a través de
esta enmienda del Senado. Además, cuando se introducen también los mecanismos compensatorios para su financiación, lo que es seguro es que todos seguiremos pagando esa infraestructura, aunque la titularidad formal sea solo de una comunidad
autónoma, por el mero hecho de que esté en la misma, algo lógico porque en una u otra estará no ya una
estación, sino incluso un tramo de vía ferroviaria. Es más, esta enmienda habla de que se dé esa circunstancia, la del uso exclusivo de la infraestructura por trenes autonómicos, para entendernos, o que no se vea afectado el sistema común
de transporte, pero es que el problema es que no debería ser un 'o', sino que debería ser un 'y', es decir, que concurrieran ambas condiciones. De lo contrario, lo que estamos haciendo es que baste el uso exclusivo, aunque se afecte el correcto uso
del sistema común de transporte, para ceder la infraestructura común a una comunidad autónoma. Con esto, evidentemente, no podemos estar de acuerdo.
Finalmente, en cuanto a las nuevas disposiciones adicionales cuarta y quinta de este proyecto de ley introducidas por el Senado, nos vamos a abstener por mera coherencia, porque no alcanzamos a entender que en un proyecto de ley como este,
que reforma una ley del sector ferroviario, se aproveche para declarar acontecimiento de excepcional interés público, a efectos de beneficios fiscales y de restricciones de publicidad comercial en dominio público portuario, a la 37.ª Copa América
Barcelona, que nos puede parecer muy bien, pero no entendemos, como digo, que un evento deportivo que nada tiene que ver con el sector ferroviario sea parte del contenido regulatorio de este proyecto de ley. Por tanto, a esas a esas disposiciones
adicionales cuarta y quinta este proyecto de ley nos abstendremos.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor López-Bas.
Por el Grupo Parlamentario Plural tiene la palabra el señor Bel Accensi.
El señor BEL ACCENSI: Bon dia, presidenta. Buenos días, señorías.
Veo que el Pleno va a buen ritmo; parece que todo el mundo tenemos ganas de finalizarlo a una hora razonable, a diferencia de la semana pasada. En todo caso, simplemente -y no voy a agotar mi tiempo-, quiero posicionarnos respecto a estas
enmiendas que vienen del Senado. Nosotros vamos a votar favorablemente, pero hay una que nos llama la atención y que quiero poner de relieve: la disposición adicional tercera nueva. En esta disposición se insta a que el grupo de trabajo que se
constituyó para materializar la disposición adicional 154 de la ley de presupuestos de hace dos años finalice su trabajo en tres meses. A alguien le parecería razonable, y a mí a estas alturas también me lo parece, pero si hacemos memoria, ¿qué
vemos? Les recuerdo que esta disposición adicional 154 de los presupuestos generales del Estado de hace dos años respondía a la enmienda transaccional número 2 a la enmienda 2459, presentada por el Partit Demòcrata y transaccionada con el Gobierno.
En esta enmienda transaccional se establecía que en el periodo de seis meses, respecto a la aprobación de los presupuestos de hace dos años, la comisión mixta Estado-Generalitat se debería reunir a efectos de pactar y materializar el traspaso de los
recursos económicos que afectan al traspaso de Rodalies. Es decir, que el déficit tarifario que en estos momentos hay en Rodalies de Cataluña, en lugar de que sea sufragado a través de los presupuestos generales del Estado por parte del ministerio,
que estos recursos se pasen a la Generalitat y sea la Generalitat quien deba entenderse con Renfe para hacer frente a esto. Y digo que me sorprende porque, de hecho, siempre que habíamos pedido al Gobierno saber qué estaba ocurriendo y por qué no
se materializaba el traspaso de estos recursos, se nos decía que era culpa de la Generalitat de Catalunya, que no acababa de facilitarlo. Ahora vemos que hay un grupo de trabajo y que este grupo debe finalizar en tres meses su trabajo. Pues
esperemos que esta vez sea así y que, aunque sea con un año y nueve meses de retraso, esto se pueda materializar.
Finalmente, también quiero poner de relieve que en este proyecto legislativo hemos conseguido introducir una enmienda por la cual determinados contratos que hagan referencia a material rodante ferroviario afecto a obligaciones de servicio
público puedan someterse a una actualización de precios en función de la evolución del precio de determinados elementos necesarios para materializar estos contratos. Esta sería una fórmula que sería deseable poder aplicar no solo a estos contratos,
no solo a algunos contratos de obra, como ya en su momento hizo mediante real decreto ley el mismo Gobierno, sino también a otros contratos públicos. En todo caso, vamos a votar favorablemente estas enmiendas.
Muchísimas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Bel.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común tiene la palabra el señor Mayoral Perales.
El señor MAYORAL PERALES: Buenos días. Gracias, señora presidenta.
Debatimos las enmiendas del Senado a la Ley del Sector Ferroviario. Para nosotros la Ley del Sector Ferroviario ha supuesto una contradicción in terminis en la medida en que se plantea y se hace en el marco del proceso de liberalización.
Nosotros consideramos que el proceso de liberalización del sector ferroviario no responde a las necesidades de la población de los pueblos de Europa. Es cierto que es un debate que se ha establecido en la Unión Europea, pero como tantos otros, como
ocurrió con el gas, como ocurrió con el resto de mantras neoliberales, en algún momento en la Unión Europea tendremos que abrir un debate a fondo sobre cuál es el sistema ferroviario que necesitamos. Si creemos que el mejor sistema es uno en el que
las empresas públicas se dediquen a competir en los diferentes países a ver quién es capaz de bajar más los salarios, a ver quién es capaz de romper los convenios colectivos y a ver quién es capaz de implementar un sistema basado en la competencia
de salarios bajos y peores condiciones, realmente ese no es el camino, eso no ayuda. Creemos que para el futuro de Europa es necesario establecer mecanismos de cooperación entre las empresas públicas europeas para tener un sistema ferroviario
europeo adaptado a las necesidades de los pueblos de Europa y no establecer mecanismos para mercados absolutamente artificiales y que no responden a las necesidades de la gente. El fracaso de la liberalización del transporte ferroviario quedó
patente con la liberalización del transporte ferroviario de mercancías. En aquel momento aquellos apologetas del neoliberalismo nos decían que íbamos a pasar del 9 % al 20 % de mercancías transportadas por ferrocarril. La realidad volvió a ser
dura para los neoliberales, porque pasamos del 9 al 4. Cuanto antes hablemos de esto, mejor.
Estamos contentos con la incorporación de elementos clave en el mantenimiento de la red de tren convencional que vienen incluidos en este texto. Creemos que es un elemento fundamental. Y con el reconocimiento del déficit existente respecto
de aquellos territorios que no han tenido inversión ferroviaria durante décadas, y que han visto cómo el sistema ferroviario del que hacían uso estaba, literalmente, abandonado por el Estado, para poder invertir todos los recursos en la red de alta
velocidad, que hace que nuestro país sea el país del mundo con la renta por kilómetro de AVE más alta con muchísima diferencia. ¿Respondía a eso a las necesidades de nuestra población? Bueno, parece, por lo que dicen los estudios, que podíamos
haber hecho un planteamiento diferente, que además hubiera permitido tener una red ferroviaria que pudiera combinar el transporte de viajeros y el transporte de mercancías, con una lógica de planificación de las necesidades del desarrollo
territorial y el desarrollo económico del país. No fue así. Y no fue así porque hay un cártel de obra pública -como dice la CNMC, que no lo decimos nosotros y nosotras- que se ha beneficiado de la obra pública y al que, evidentemente, le
interesaba mucho más que utilizásemos este mecanismo que impide el desarrollo del tren convencional y que ha abandonado grandes infraestructuras durante mucho tiempo. Nosotros creemos que ya hemos empezado el proceso de compensación a esos
territorios que no tenían inversión y a los que esta ley reconoce el derecho a la mejora de sus infraestructuras y su mantenimiento y la introducción del ferrocarril como un elemento clave de vertebración territorial.
No estamos de acuerdo con que la CNMC se dedique a controlar el funcionamiento del sector ferroviario. La CNMC, desgraciadamente, no ha aportado nada positivo a aquellos mercados creados de forma artificial. Y además nos encontramos con un
mecanismo de establecimiento de concesiones para esas empresas que supuestamente vienen aquí a competir -que podríamos decir a bajar los salarios de los trabajadores del sector ferroviario- y que al final vienen a garantizar sus beneficios,
sabiendo, con la gravedad que tiene, que cuando acaben los periodos de amortización de las infraestructuras lo que quede lo tendrán que pagar los ciudadanos y las ciudadanas de España. Eso no está en el orden del día y vamos a dejar que pase, vamos
a olvidarnos hasta que llegue el momento. Nosotros creemos que es el momento de empezar a pensar el sistema ferroviario de otra manera, por eso introducíamos -y no fue aceptado por el resto de los grupos- que se promoviese un convenio colectivo del
sector que garantice que la liberalización no supone una devaluación salarial y un empeoramiento de las condiciones de trabajo. Creemos que las aportaciones realizadas en el trámite parlamentario son importantes y por eso votamos a favor del texto.
En cualquier caso, no creemos que sean de recibo las enmiendas que han sido planteadas en el Senado. Nuestros socios, si querían que las discutiéramos, las podía haber traído aquí, al Pleno, no llevarlas al Senado, donde no las van a poder
discutir con nosotros. No nos parece que en estos momentos sea una prioridad el establecimiento de sanciones de 750 euros a un viajero que viaje sin título. Desde 2015 no está en la Ley del Sector Ferroviario y su incorporación a la remanguillé en
el trámite del Senado, la verdad, es un poquito lamentable. Igual que aumentar los poderes de la CNMC en el trámite del Senado tampoco nos parece de recibo. No creemos que sea leal entre socios hacer este tipo
de cosas. Para lo que quieran que discutamos tenemos la Cámara, y no hay que esperar al trámite del Senado para introducir nuevos elementos en un debate en el que muchos de los grupos no vamos a poder participar. Luego vienen aquí, y cada
uno hará con el sentido de su voto -y nosotros lo haremos con el nuestro- lo que estime oportuno.
No voy a decir mucho más. Vamos a votar a favor de algunas enmiendas pero, evidentemente, no lo vamos a hacer en aquellas que van en contra del espíritu de lo que se aprobó en esta Cámara. Sí quería aprovechar el momento para decir en esta
Cámara, puesto que en varias ocasiones alguna dirigente regional ha planteado que existe la voluntad de que España se convierta en una república federal laica de facto, para decir que en nuestro Estado, en el que existe el pluralismo político, no
escondemos nuestros objetivos: nosotros sí queremos una república federal laica, pero no la queremos de facto, la queremos de iure. Y no se preocupen que pronto, más tarde o más temprano, la tendremos.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Mayoral.
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra la señora De las Heras Fernández. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX).
La señora DE LAS HERAS FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señora presidente.
Con esta modificación legislativa, este Gobierno vuelve a hacer lo mismo de siempre; es decir, ceder ante los mismos: ante comunistas, separatistas, golpistas, malversadores y aquellos que defienden a condenados por terrorismo, esto es,
filoterroristas; pero, además, también defienden a pederastas y violadores. (Aplausos). Y es que el dictamen de la ponencia aprobado por el Senado contiene una serie de enmiendas transaccionales totalmente destructivas para la soberanía nacional
y para la cohesión territorial de España. Por ejemplo, la enmienda 32, del Partido Socialista, transaccionada con las 14 y 15, del Grupo Democrático, bajo la apariencia de priorizar la accesibilidad y conectividad territorial, literalmente dice:
En tanto se alcancen los objetivos de neutralidad climática que establece el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 se garantizará el mantenimiento de las infraestructuras ferroviarias. En tanto se alcancen los objetivos de
neutralidad climática, ¿y después qué? ¿Se abandonarán las infraestructuras ferroviarias? Si se alcanza, que esa es otra, a costa de empobrecer a los españoles.
Como les dije el otro día, señores del Gobierno -porque esta enmienda sale precisamente de una transaccional del Partido Socialista-, son lobos con piel de cordero; lo que esconden detrás obedece a oscuros y ocultos intereses de sus amos:
élites globalistas y oligarquías que tratan de imponerse a la soberanía de las naciones, no al interés de los españoles. (Aplausos). Si de verdad les importara un mínimo la conexión y cohesión territorial, en lugar de modificar la Ley del Sector
Ferroviario para introducir una agenda globalista que ningún español ha votado y cuya finalidad es la de establecer un nuevo orden mundial, habrían ejecutado, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, tanto el Partido Socialista como el
Partido Popular, durante los cuarenta años que han gobernado las infraestructuras necesarias para conectar la España que todos ustedes tienen abandonada, no vaciada.
Por su parte, la enmienda 27, del Partido Nacionalista Vasco, con la 45, del Partido Socialista, es un claro reflejo de lo poco o nada que le importa a este Gobierno la cohesión territorial, y a los nacionalistas mucho menos, por supuesto.
Esta enmienda traspasa las infraestructuras ferroviarias a las comunidades autónomas. Pero no solo eso, sino que incluso una vez que la estructura ferroviaria o la estación de transporte de viajeros haya sido incluida en la Red Ferroviaria de
Interés General, se considerará que, cuando sea competencia de una comunidad autónoma, directamente no concurren los motivos de interés general. Pero también siendo de titularidad conjunta puede sacarse de la red de interés general. En definitiva,
una comunidad que quiera las competencias solo tiene que solicitar la aplicación de la disposición adicional decimonovena bis pidiendo la exclusión del catálogo de la Red Ferroviaria de Interés General y, a continuación, el traspaso a la comunidad
autónoma, et voilà, ya tenemos las competencias. Y continúa esta disposición: En el acuerdo de traspaso, en todo caso, habrá que hacer referencia a las dotaciones económicas a transferir. Es decir, queremos las competencias, pero también queremos
el dinero.
Por si no se han dado cuenta de la trascendencia y del calado de esta enmienda, les voy a explicar que la Red Ferroviaria de Interés General está integrada por infraestructuras ferroviarias, estaciones de viajeros y terminales de transporte
de mercancías que resulten esenciales para garantizar un sistema común de transporte ferroviario en todo el territorio del Estado -repito: esenciales para garantizar el sistema común de transporte- o también cuya administración conjunta resulte
necesaria para el correcto funcionamiento, como, por ejemplo, el tráfico internacional o conexiones y accesos a instalaciones esenciales para la
economía y la defensa nacional. ¿Qué hace esta enmienda? Habilita la desaparición del interés general de un plumazo, con la única finalidad de traspasar las competencias a las comunidades autónomas, al centrífugo régimen de las autonomías,
solo para contentar a sus socios separatistas y golpistas. (Aplausos).
Señores del Gobierno, como les he dicho, esto es ceder siempre al chantaje de aquellos que quieren destruir España. El presidente, que no necesita coger el tren porque para eso tiene coches oficiales y jets privados -para no faltar a la
verdad, referiré que para grabar realities sí que se sube en trenes; eso sí, vacíos, para él solito (aplausos)-, siempre justifica las cesiones en que así están conformes y calladitos, y lo que está haciendo en realidad es troceando y entregando
España a pedazos a aquellos que lo piden. ¡Pero si no les queda nada más que entregar! Han acercado a presos etarras, han intercambiado presos por presupuestos, han eliminado delitos para contentar a sus amigos corruptos. ¿Qué les queda por
entregar, señorías? (Aplausos).
Por último, la enmienda 25, también del Partido Nacionalista Vasco -¡cómo no!-, establece la obligación de publicar la declaración sobre la red en las lenguas cooficiales de las comunidades autónomas. ¿Qué sentido tiene publicar la
declaración en las lenguas cooficiales si nuestra Constitución establece el deber de todos los españoles de conocer la lengua común del Estado? Pues ninguno; otra cesión a los nacionalismos. Ustedes, como siempre, aprovechan cualquier ley para
infectarla de sectarismo y ceder a los chantajes de aquellos que quieren destruir España, pero con el Grupo Parlamentario VOX han pinchado en hueso, no cederemos ante sus chantajes como sí hacen ustedes con los de siempre: comunistas, separatistas,
golpistas, malversadores, pederastas, violadores y aquellos que defienden a los condenados por terrorismo, es decir, filoetarras.
Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
La señora PRESIDENTA: Señora De las Heras, me va a permitir y me van a permitir que comparta con ustedes una reflexión. He dicho muchas veces que subir a esta tribuna tendría que ser algo sagrado para todos y cada uno de nosotros, y
dignificar lo que significa subir a esta tribuna y representar a todos los españoles. Mientras siga habiendo diputados y diputadas, mientras siga habiendo señorías que suben a esta tribuna con la única voluntad de ofender a diputados y diputadas de
esta Cámara, de ofender a grupos parlamentarios y, por tanto, de ofender a los ciudadanos y ciudadanas que representamos, no vamos a poder llegar al nivel que merece esta Cámara, a un nivel de parlamentarismo digno de lo que es la democracia
española.
Yo les pido de nuevo que cada vez que suban a esta tribuna no lo hagan para herir y ofender, que suban a defender sus posiciones políticas sin ofender y sin herir. Saben perfectamente que hay determinadas expresiones, determinado uso del
lenguaje que lo único que busca es eso. Les aseguro que para defender sus posiciones hay maneras mucho más eficaces, mucho más dignas de este Parlamento y de la democracia española que algunas de las intervenciones que escuchamos aquí. Por tanto,
se lo vuelvo a pedir públicamente. Hicimos la reflexión esta misma semana en la Junta de Portavoces. Lo vuelvo a decir públicamente: quiero el compromiso de todos y cada uno de ustedes de colaborar, de dignificar y de estar a la altura de lo que
representamos, por nuestra sociedad, por los ciudadanos que representamos, por lo que se espera de nosotros, señorías, simplemente por eso. Además, si no se hace así saben perfectamente que se vulnera un artículo del Reglamento. Por tanto, están
haciendo intervenciones que quedan fuera del artículo 16 del Reglamento del Congreso de los Diputados. (Aplausos.-El señor Espinosa de los Monteros de Simón pide la palabra).
No le voy a dar la palabra, señor Espinosa de los Monteros, porque no va a entrar en debate con la Presidencia. (El señor Espinosa de los Monteros de Simón: Señora presidenta, por alusiones. Estoy cumpliendo el Reglamento, me tiene que
dar la palabra. Está usted añadiendo tensión, luego no se queje).
Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra el señor Lorite Lorite. (Protestas.-Un señor diputado: Esto es muy grave).
Silencio, por favor, silencio. (Los señores Santiago Romero y Espinosa de los Monteros de Simón intercambian palabras que no se perciben). Señor Santiago, señor Espinosa de los Monteros, les pido silencio, por favor. (Continúan las
protestas).
Un momento, señor Lorite. (La señora Carvalho Dantas: Que no se insulte aquí, señoría. Es muy grave esto). Señorías, les pido silencio, por favor. (Pausa).
Cuando quiera, señor Lorite.
El señor LORITE LORITE: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, hoy la sensación no puede ser otra que la de frustración ante la deriva experimentada por el presente texto legislativo. En el trámite parlamentario en esta Cámara hubo intentos claros por parte de la izquierda radical y del
independentismo tanto de bloquear el proceso liberalizador del transporte ferroviario como, también, de aprovechar la ocasión para plantear sus reivindicaciones en materia de traspasos competenciales. Fue el diálogo, señorías, entre las fuerzas
políticas mayoritarias, la búsqueda del acuerdo y el consenso lo que consiguió apostar por el bien común y por el interés general, y consiguió, por tanto, abortar dichas pretensiones.
Señorías, el acuerdo ha de ser el ideal permanente en la acción política. Así se consiguió acordar un texto legislativo sin la más mínima tacha ni sesgo antiliberal o independentista. La propia exposición de motivos de la norma recoge que
se trata de dar un nuevo impulso a la liberalización del mercado ferroviario, de llevar hasta sus últimas consecuencias el principio de no discriminación y mejorar determinados aspectos de la trasposición de la Directiva Recast, por la que se
establece un espacio ferroviario único europeo. Se articula un cambio sustancial en el sistema de cánones que vendrá a garantizar la independencia de los administradores de infraestructuras ferroviarias, seguir abriendo el mercado a la competencia
y clarificar el marco regulatorio para la interacción entre las partes. Sin embargo, el egoísmo de una minoría en situación de fuerza en un proceso de aprobación de los presupuestos generales del Estado ha sometido nuevamente al Gobierno
incorporando distintas enmiendas, de las que ya se ha dado cuenta desde esta tribuna a lo largo de la mañana, que lo que vienen es a chantajear al Gobierno. Son enmiendas que prevén y habilitan el procedimiento para el traspaso competencial de la
titularidad de las infraestructuras ferroviarias y, por consiguiente, su exclusión de la Red Ferroviaria de Interés General, así como para acelerar los plazos y hacer efectivas las transferencias integrales de rodalíes a la Generalitat de Catalunya.
Señoría, el despiece del sistema ferroviario es contrario al interés general, y ustedes le están haciendo un daño irreparable a España con concesiones deleznables. El acuerdo es libre o no es, y con esta nueva acción ustedes han cambiado el
diálogo leal por la imposición; el consenso alcanzado con mi partido por el sometimiento a quienes solo buscan la destrucción, y la concordia entre las formaciones políticas de Estado por el chantaje independentista. Hoy deberíamos estar viviendo
un momento de satisfacción por aprobar una norma que avanza en la liberalización del sector ferroviario y que trae consigo nuevas garantías jurídicas en esa apertura a la competencia. Sin embargo, ustedes han conseguido establecer en nuestro
ordenamiento jurídico una aberración, un debilitamiento del Estado, y todo ello para mantener la simbiosis entre el sanchismo y el independentismo (aplausos): uno hace que el otro siga en el Gobierno a cambio de concesiones deleznables. Fuimos
valientes e hicimos un texto normativo que servía y facilitaba, señorías del Partido Socialista, el acceso al derecho a la movilidad, pero en esta fase parlamentaria ustedes han decidido eliminar los frutos del diálogo sincero para ceder ante la
imposición.
Hablando del diálogo que ustedes han mancillado... (El señor Ramos Esteban pronuncia palabras que no se perciben) Sí, señor Ramos, ustedes han mancillado el diálogo, el acuerdo y el pacto con el que este texto normativo salió de la Cámara
(aplausos), y hoy tengo el honor, señorías, de volver a traer a esta tribuna, tras cuarenta y cuatro años, palabras que son importantes en materia de diálogo, aquellas que pronunció el presidente Adolfo Suárez en defensa de nuestra Constitución en
el previo a la aprobación y promulgación de nuestra carta magna. Dicen así: La democracia parlamentaria supone, como es sabido, no solamente que gobierna la mayoría, conforme a la esencia del principio democrático, sino que ya esa mayoría se
integra a sí misma y explaya su capacidad de imperio en parlamento, esto es, en diálogo. Por eso, la estructura esencial de toda democracia parlamentaria, cualesquiera que sean sus forma externas, es la estructura dialogal entre el Gobierno y las
asambleas, entre las diversas fracciones que integran estas, entre los elegidos que las componen y el propio cuerpo electoral. Quienes creemos que el lenguaje es supremo don de la Humanidad, vemos en este constante diálogo que sustituye la
contienda por el debate, que supera la discrepancia por el acuerdo, la más alta forma de vida política.
Gracias, presidente Suárez, timonel de la transición política española, impulsor de grandes acuerdos e inspirador de la actividad política de muchos que pretendemos hacerla. Es un honor, querido Adolfo (dirigiéndose al señor secretario,
Suárez Illana), haber compartido estos años contigo al servicio de España, manteniendo, querido compañero, el alto legado de lo que nos hizo grandes como sociedad: la concordia.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Lorite.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora López Zamora.
La señora LÓPEZ ZAMORA: Gracias, presidenta. Buenos días, señorías.
Hoy es el Día Mundial de lucha contra el sida, y comienzo mi intervención reivindicando la importancia del compromiso de lucha de todos y todas contra esta enfermedad, una de las enfermedades que mayor estigma ha acarreado. (Aplausos). Son
muchas las medidas que el Gobierno de Pedro Sánchez ha puesto en marcha para terminar con este estigma, e internacionalmente también estamos colaborando, para reforzar mecanismos globales, con 130 millones de euros al Fondo mundial de lucha contra
el VIH. ¿Recuerdan, señorías del Partido Popular, cómo levantaron el bulo diciendo aquello de que este dinero era para Bill Gates? ¿Lo recuerdan? Espero, de verdad, que algún día se retracten y pidan perdón no al Gobierno, sino a los españoles,
por todos los que están generando. (Aplausos).
Hoy debatimos las enmiendas del Senado al proyecto de modificación de la Ley del Sector Ferroviario, una modificación que nace por la necesidad de adaptar la legislación a la liberalización del mercado ferroviario y a la legislación europea.
Esta ley ha contado con un amplio consenso tanto en el Congreso como en el Senado para dotar de estabilidad a los servicios ferroviarios, y además lo hacemos caminando hacia una movilidad sostenible. Me gustaría poner en valor el alto consenso
conseguido con esta ley, ya que es una forma de hacer política a la que, lamentablemente, últimamente no estamos acostumbrados en esta Cámara. El Grupo Parlamentario Socialista hemos estado donde siempre estamos y donde siempre nos encontrarán: en
el diálogo, porque sabemos que es la única forma de hacer buena política, es la única forma de hacer política en mayúsculas; en definitiva, es la única forma de hacer política útil para la ciudadanía.
La ley cuenta con una naturaleza técnica, como es la regulación del sector o la seguridad jurídica, y, evidentemente, también cuenta con una naturaleza política, con estrategias de desarrollo, mantenimiento y renovación de red, consolidando
así la competencia del sector ferroviario. Las enmiendas que hoy votamos también van en esta línea.
Señorías de VOX, ustedes, lamentablemente, saben que cuando cae un árbol hace más ruido que cuando crecen cien, por tanto, hoy con esta ley lo que hacemos es que estén creciendo árboles para fortalecer nuestros servicios ferroviarios. Y me
voy a permitir hacer mía parte de la canción de Poncho K que dice: Me sabe a libertad callarme entre tanto ruido. No le daré ni un segundo más a quien solo pretende dos cosas: atacar a la democracia y acabar con nuestro Estado del bienestar.
(Aplausos).
Y mire, señor Lorite, para ustedes es imposible mancillar el diálogo porque no lo tienen; entonces, para ustedes es imposible. Saben que no es cierto lo que han dicho en referencia al traspaso de infraestructuras ferroviarias. ¿Pueden
decirme en qué difiere esta enmienda de la jurisprudencia constitucional? ¿Pueden decírmelo? ¿O sus problemas con las lenguas cooficiales recogidas en nuestra Constitución? ¿Ustedes no están de acuerdo con la Constitución? ¿Ustedes solo conocen
algunos artículos o se hacen los desconocidos en todos los artículos? Imagino que es por eso por lo que aún seguimos sin renovar el Consejo General del Poder Judicial, porque llevamos 1456 días sin renovar. Por favor, cumplan con la Constitución y
renueven el Consejo General del Poder Judicial. (Aplausos). Pueden cantar misa o sermón, pero la realidad es que el sol no se tapa con un dedo, y, con rigor y datos, la realidad es la que es.
Ustedes dicen que quieren mejorar las infraestructuras ferroviarias, pero votan en contra del mayor presupuesto para infraestructuras, con casi 8000 millones de euros. Ustedes dicen que defienden a la clase media y trabajadora, pero votan
en contra de los abonos cien por cien de descuento, del 50 % de descuento en AVANT, para aliviar el bolsillo de las familias y para que la gente se pueda desplazar a trabajar. Ustedes dicen que quieren trenes nuevos, pero en sus siete años de
gobierno hubo cero trenes nuevos. Ustedes dicen que quieren mejorar los horarios y los retrasos de los trenes, pero en sus años de gobierno se registraron los mayores retrasos de la historia. Esto es, si algo he aprendido de su forma de hacer
política es que nada de lo que se diga delante de la palabra 'pero' cuenta realmente, pues ustedes hacen todo lo contrario de lo que dicen. (Aplausos).
Les voy a pedir algo, y lo hago porque realmente creo en ello: no utilicen las infraestructuras ferroviarias para hacer mala política. ¿Saben el daño que están haciendo cada vez que atacan nuestras infraestructuras ferroviarias? Están
generando crispación y muchísimas dudas en el medio de transporte que utilizan muchísimas personas en el día a día para ir a trabajar; por ejemplo, en mi provincia son 13 427 abonados, 13 427 abonos para ir a trabajar. Les aseguro que en cada
incidencia o petición que ha habido los parlamentarios socialistas hemos estado pendientes de ellas para la búsqueda real de soluciones y no solamente para la foto y el tuit, como hacen ustedes.
Quiero finalizar mi intervención agradeciendo a mi grupo parlamentario la oportunidad de poder hoy defender estas enmiendas que vienen del Senado, particularmente a César, pero también a Montse y a Nacho, que fueron los ponentes en el
Congreso de esta de esta ley, por permitirme la oportunidad de debatir hoy aquí estas enmiendas.
Concluyo, señora presidenta. Hoy he vuelto a sentir bochorno cuando estaba aquí, en el hemiciclo. Hace varios años, cuando llegué aquí, de verdad, lo hice con muchísima ilusión de poder cambiar la vida de los ciudadanos desde este atril y
desde estos escaños. Espero, por favor, por el bien de todos, que no volvamos a dar estos espectáculos que últimamente estamos dando.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora López.
- PROYECTO DE LEY DE FOMENTO DEL ECOSISTEMA DE LAS EMPRESAS EMERGENTES. (Número de expediente 121/000081).
La señora PRESIDENTA: Pasamos al siguiente punto del orden del día: enmiendas aprobadas por el Senado al proyecto de ley de fomento del ecosistema de las empresas emergentes.
En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea. (Pausa). No se encuentra en el hemiciclo.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Muñoz Vidal.
La señora MUÑOZ VIDAL: Gracias, presidenta.
Buenos días, señorías. Decía Salustio que la concordia hace crecer las pequeñas cosas y la discordia arruina las grandes. En las últimas semanas hemos tenido ejemplos vergonzantes en esta Cámara, pero yo voy a incidir en lo que debatimos
hoy, que es la Ley de fomento del ecosistema de empresas emergentes, más conocida como ley de startups, una ley en la que se ha trabajado en la Comisión de Economía, que parece ser el único remanso de paz y entendimiento en este Congreso. La
llamada ley de startups llega a su trámite final, viene del Senado, y, como dije en su día, cuando la debatimos aquí, es una ley que aprobamos por ser necesaria, con sus fallos, con sus posibles mejoras, pero necesaria al fin y al cabo. Llega a
esta Cámara, después de pasar por el Senado, con la incorporación de nuevas enmiendas, la mayoría de carácter técnico y de reordenación de la ley, unas mejoras pertinentes, dado que, aunque el texto había salido sensiblemente mejorado del Congreso
-porque el proyecto nació con las mejores intenciones-, tenía una discutible técnica jurídica.
No voy a detenerme en el contenido de las enmiendas, que vamos a apoyar en gran parte, pero sí me gustaría señalar dos modificaciones que ha incorporado el Senado: por un lado, al carácter innovador de las empresas se añade que estas sean,
además, escalables. Podemos entender el sentido de esta enmienda introducida porque el objetivo, al fin y al cabo, es que estas empresas puedan crecer, pero nos tememos que esta adición pueda convertirse en un momento determinado en una barrera
innecesaria a las empresas emergentes, si ENISA empieza a exigir que cada empresa pruebe que es escalable. Hay que facilitar las cosas -es nuestra opinión, señorías- y no poner más barreras.
Por otro lado, se añade en el Senado que los poderes públicos contribuirán a desarrollar de forma especial entornos controlados de pruebas en zonas rurales, en línea, dice la enmienda, con lo definido como territorio rural inteligente.
Apostar por los pueblos y las zonas de la España rural lo entendemos y lo compartimos, porque el reto de la España vacía tiene que ser abordado por todos. Por tanto, entendemos que esta enmienda sea especialmente sensible en el Senado como Cámara
de representación territorial, pero consideramos que hay que hacer las cosas con criterio, y el objetivo de esta ley es que en España el ecosistema de las startups sea fecundo, que haya emprendimiento, innovación y crecimiento. Por ello, en virtud
de esta ley, si en algún sitio debe desarrollarse de forma especial, es en todos aquellos entornos controlados donde más retorno en innovación y crecimiento preveamos tener, sea donde sea, no solo limitándonos a las zonas rurales.
Vuelvo al objetivo principal de esta ley. Seguimos creyendo que la ley de startups es importante, porque las empresas emergentes son vehículos de innovación, atracción de capital, creación de empleo y una gran alternativa para las salidas
profesionales tradicionales. (Rumores). Por eso, era más necesario que nunca reconocer el carácter... (Continúan los rumores).
La señora PRESIDENTA: Señorías, guarden un poco de silencio, por favor.
La señora MUÑOZ VIDAL: Gracias, presidenta. Hay veces que se hace muy difícil seguir el discurso también para el orador.
Decía que era más necesario que nunca, y de ahí el porqué de esta ley y el gran consenso que ha recogido, reconocer la especificidad de las empresas emergentes como iniciativa emprendedora, proyectos que muchas veces nacen al margen del
sistema y gracias solo a los ahorros de los propios fundadores, pero que cuentan con un enorme potencial de crecimiento si validan su modelo de negocio y son buenas para la economía española. Precisamente, por ese potencial crecimiento, estos
proyectos de innovación, por su naturaleza y audiencia globales, pueden crecer en cualquier otra capital mundial y, por eso, era más importante que nunca ofrecer facilidades e incentivos necesarios para atraer a nuestro país talento, inversión y
emprendedores. De todo ello, señorías, cabe concluir la necesidad de que en España se reconociera ese marco regulatorio específico para las startups con el objetivo estratégico de ubicar a nuestro país en esa primera línea del emprendimiento
digital y tecnológico, observando siempre las mejores prácticas de dichos ecosistemas y adaptándolos a la economía española. Creemos que esta ley de fomento del ecosistema de las empresas emergentes puede empezar a sentar las bases, por fin, en
nuestro país para el florecimiento de las startups.
Como ya dije en su trámite en el Congreso, ¿es la ley perfecta, es la ley que hubiera aprobado Ciudadanos si hubiera estado en el Gobierno? Pues no, no lo es, deja muchos flecos pendientes y peca en determinados aspectos de un cierto
conformismo, pero, como también dije en esta tribuna, es una buena ley, y es una buena ley, sobre todo -aunque les parezca sorprendente a nuestros invitados y a los ciudadanos-, porque ha habido buena disposición y un buen esfuerzo por parte del
Gobierno y de todos los grupos parlamentarios para generar consensos. Se han aceptado muchas enmiendas de casi todos los grupos parlamentarios, y esa es una buena señal y da cuenta de que, cuando hay voluntad casi unánime en esta Cámara, la ley
puede ser un éxito.
Termino ya, presidenta. A mi grupo parlamentario le hubiera gustado poder incorporar mejoras que han quedado por el camino: mejoras en fiscalidad, ampliaciones del plazo para poder beneficiarse del régimen especial cuando una empresa es
designada emergente o facilitar, a través de la fiscalidad, la atracción de talento internacional y de personal cualificado, especialmente en un contexto donde el teletrabajo en estos sectores es la norma. Pero nos quedamos con que se trata -vuelvo
a repetirlo- de una buena ley con la que compartimos su objetivo último, que no es otro que ayudar a transformar la economía española y mejorar nuestra competitividad de cara al futuro.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Muñoz.
Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra el señor Bel Accensi.
El señor BEL ACCENSI: Gràcies, presidenta.
Señorías, hace aproximadamente una semana desde esta tribuna les indiqué, por lo visto con bastante poco éxito, que la política no son los tuits, no son las broncas parlamentarias, no son los insultos, no son la degradación de las
instituciones, sino que la política es el acuerdo, es el pacto, es poder ceder y que el otro ceda para llegar no a consensos, pero sí a textos legislativos -que es nuestro trabajo- que puedan recoger las diferentes sensibilidades. En política a
veces es muy fácil enrocarte en tu posición y decir: lo mío es lo bueno y lo de los demás es lo malo. Esto es cómodo, pero es absolutamente estéril, es absolutamente inútil. Esta ley es un ejemplo de lo que debería ser la mayoría de los días la
actividad parlamentaria o, al menos, la producción legislativa de esta Cámara. Es una ley que, a pesar de un pequeño error en el voto de algún grupo, había salido con un consenso muy muy mayoritario. ¿Por qué? Porque, como alguien recordaba en
esta tribuna hace pocos minutos, seguramente la Comisión de Economía es de las pocas que está aislada de este ruido y seguramente también de muchos focos mediáticos, cosa que facilita el trabajo, los acuerdos y los pactos.
Pues bien, esta ley, que es importante, que es necesaria y, como les recordaba la semana pasada, llevábamos prácticamente diez años hablando de la necesidad de una ley que regulase el ecosistema necesario para desarrollar las startups o las
empresas emergentes, ha sido fruto de un proyecto de ley del Gobierno que ha incorporado muchísimas enmiendas de los diferentes grupos, y afortunadamente nosotros también introdujimos muchas enmiendas. El Senado ha incorporado otras enmiendas y
nosotros no estamos de acuerdo con algunas de ellas y hoy vamos a votar en contra. Aun así, seguramente
algunas de estas van a prosperar y la ley continuará siendo una buena ley, continuará siendo una ley que recoge el sentimiento mayoritario de las dos Cámaras. (El señor vicepresidente, Rodríguez Gómez de Celis, ocupa la Presidencia).
Entre las enmiendas con las que no estamos de acuerdo y no vamos a apoyar, hay una primera al párrafo segundo del artículo 3.2, donde se establecen dos nuevas condiciones para que sea reconocida como empresa emergente. Nosotros entendemos
que algunas de estas pueden generar algún problema o que pueden generar dificultades de acceso a fondos o capitales necesarios para algunas de estas empresas emergentes, al menos en su participación como capital. Por tanto, no vamos a votar a
favor. Otra de las enmiendas que no vamos a votar a favor es la que hace referencia al artículo 4.1, en la medida en que se introduce este concepto de escalable, antes lo recordaba la diputada Muñoz. Creemos que en la teoría puede ser razonable,
pero en la práctica y a la hora de establecer cómo va a calificar ENISA este concepto y cómo las propias empresas deberán acreditarlo puede generar más problemas que soluciones. Por ello, estas enmiendas no las vamos a votar a favor, pero sí que
vamos a votar a favor el resto de enmiendas que vienen del Senado.
Entre todas las enmiendas que hemos introducido, algunas exclusivamente a iniciativa del Partit Demòcrata y otras a iniciativa del Partit Demòcrata y otros grupos parlamentarios, yo quisiera destacar una porque es relevante e importantísima
para mejorar la atracción de talento a la economía de Cataluña y también a la economía del conjunto del Estado español, y es la mejora del régimen fiscal de los impatriados, que se amplía no solo para aquellas personas que trabajan directamente para
una empresa, sino también para que los emprendedores o los autónomos que puedan venir a iniciar un proyecto empresarial o un proyecto profesional también muy significativo en el Estado español puedan tener el mismo trato fiscal que tenían las
personas con una relación laboral dependiente.
Por tanto, señores, señor presidente, hoy seguramente no nos va a escuchar nadie, esto no va a atraer la atención de la prensa y de los periodistas, pero les aseguro que lo que estamos haciendo con esta ley en este momento es muchísimo más
importante y más relevante que todas las broncas e insultos parlamentarios acumulados a lo largo de esta semana.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchísimas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra el señor Capdevila i Esteve.
El señor CAPDEVILA I ESTEVE: Bon dia, buenos días.
Y además, señor Bel, más tranquilos, trabajamos mejor y nos centramos en aquello por lo que somos remunerados.
La que será conocida como la ley de las startups parte de la observación de la realidad de las empresas emergentes y del entorno en que se desenvuelven, que lleva a las tres siguientes conclusiones: uno, que la existencia de dichas empresas
y, por tanto, su nacimiento y su crecimiento, su éxito, es de gran importancia para el futuro de la economía; dos, que su desarrollo es ya muy notable en territorios como Cataluña, donde hace años administraciones, universidades, empresas, se han
coordinado para crear un clima favorable para las startups, que es un referente internacional de éxito; y tres, que el fomento de un ecosistema que sea favorable para la creación y el crecimiento de empresas emergentes requiere de medidas
legislativas -aunque no solo legislativas- para fomentar, retener, atraer talento, trabajadores altamente cualificados, alta productividad, atraer y retener capital tanto interior, como extranjero, fomentar una actividad económica de alto valor
añadido, promover una colaboración público-privada y, en definitiva, promover un ecosistema competitivo a nivel europeo.
Por todo ello, esta ley es necesaria y, como su propio nombre indica, viene a complementar para las llamadas empresas emergentes o startups el marco normativo de la ley crea y crece, que ha sido repetidamente invocada por mis antecesores y
también padres y madres de dicha ley crea y crece. Y lo hace con medidas específicas, como son la reducción de la tributación en el impuesto sobre sociedades, al aplazamiento de deudas tributarias durante los primeros años, deducciones en el IRPF
por inversión, haciendo más favorable el régimen fiscal de las stock options como fórmula retributiva, agilizando trámites administrativos y fomentando la inversión público-privada. Sin embargo, no habiendo podido mejorar el texto como hubiésemos
deseado, no podemos votar a favor, y lo lamentamos. En el Senado se presentaron, reiterando las enmiendas del Congreso, setenta y dos enmiendas, de las cuales veinticinco fueron vetadas. Creemos que roza lo antidemocrático el abusivo uso del
derecho de veto del Gobierno.
De las ocho enmiendas que quedaron, dos, la 33 y la 44, las consideramos de mejora técnica. La primera para no acotar la vía reglamentaria de la actuación del Gobierno para la promoción de los entornos controlados de pruebas, y la segunda
para aclarar algo tan fundamental como la posibilidad de subsanar o complementar. ¿No les parece un principio general el derecho de subsanación como una herramienta que evita la indefensión? Nosotros creemos que sí, creemos que sería de las pocas
partes recurribles de este proyecto de ley, en horas ley.
En otras dos, la 34 y la 35, lo que pretendíamos no debería ser una reivindicación, tan solo se trataría de que la existencia de comunidades autónomas sea tenida en cuenta por el legislador estatal. Con las otras cuatro enmiendas, de la 38
a la 41, pretendíamos reducir de un millón a medio el importe de inversión necesaria en acciones o participaciones para obtención de visado de residencia y que dicho importe se redujera a la mitad, a 250 000, cuando la inversión se efectuara por
empresas emergentes, supuesto que no se contemplaba en el proyecto; contemplar aún inferiores importes para el caso de inversiones en zonas consideradas prioritarias y, finalmente, tener en cuenta la posibilidad de que comunidades autónomas con
competencia en la materia participasen, junto con la Administración del Estado, en algunos trámites para la autorización de residencia.
Creemos que nadie puede atribuir a ocurrencias de Esquerra ninguna de las propuestas, todas ellas ampliamente contrastadas con entidades y personas expertas en la materia. Por todo ello, y sobre todo porque los grupos que dan apoyo al
Gobierno, concretamente el Gobierno en los ministerios de Economía y de Sanidad, permanecen aferrados a la ignorancia del reconocimiento y la protección de la innovación incremental, una larga reivindicación de medianos y grandes laboratorios del
Estado, mayoritariamente catalanes, pero no solo, que sin ser grandes multinacionales tienen un altísimo nivel de investigación y que son de gran importancia, dando cabida al concepto innovación incremental se contribuiría a la investigación en
dicho ámbito y a la inversión en beneficio de nuestro sector farmacéutico y, por tanto, del empleo, en beneficio sobre todo de los pacientes y del sistema sanitario en general, al que la innovación incremental farmacéutica genera ahorros, además de
una mayor eficiencia.
Muchas gracias. Buenos días. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra el señor Guijarro García.
El señor GUIJARRO GARCÍA: Señorías, buenos días a todas y a todos.
Presidente, voy a hacer una muy breve intervención, puesto que esta reforma ha sido ya discutida en esta Cámara y ciertamente el texto que regresa al Congreso lo hace sin cambios relevantes introducidos por el Senado, a nuestro entender.
Básicamente se introducen mejoras formales y algunos cambios en el ordenamiento que, a nuestro modo de ver, perfeccionan el contenido del texto normativo, razón por la cual votaremos a favor. Como saben, se trata de una de las principales normas
elaboradas por el Gobierno para el impulso de nuevas actividades de alto valor añadido y generadoras de empleo de calidad en nuestro país. De hecho, este proyecto de ley se enmarca en el componente 13 del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia y se complementa con la ley de reforma concursal y la ley de creación y crecimiento empresarial, recientemente aprobadas por estas Cortes Generales. Cabe destacar, además, que se trata de un proyecto de ley que ha contado con la
participación de la sociedad civil y de los grupos parlamentarios, algo que se ha dicho ya, se ha insistido ya, y desde luego nos felicitamos por ello. Yo creo que hay que felicitar tanto al departamento competente, que es la Secretaría de Estado
de Digitalización e Inteligencia Artificial, como al conjunto de grupos parlamentarios por el trabajo realizado, por la capacidad de escuchar y, sobre todo, por la capacidad de alcanzar acuerdos, los cuales han permitido, sin duda, mejorar el texto
normativo durante la tramitación parlamentaria. Coincido con los intervinientes anteriores en el sentido de que, pese al ruido de tambores, ciertamente aquí a veces tocamos melodías y las mismas a veces hasta son armónicas, y es una lástima que
queden tapadas por esos tambores.
Nuestro grupo parlamentario ha trabajado este proyecto de ley teniendo en cuenta principalmente dos cuestiones cuyo resultado para nosotros ha sido satisfactorio. En primer lugar, conseguir que el impulso de las startups y de scaleups no se
instrumente única y exclusivamente a través de beneficios fiscales, es decir, a costa de todas y todos, evitando así que la caja del Estado decrezca y se generen ventajas competitivas sobre el resto de empresas. Cuando estamos a las puertas de una
reforma sustantiva del impuesto sobre sociedades, mal haríamos, señorías, en socavar aquello que debería fijar ciertas bases y principios para esta reforma.
En este sentido, nos felicitamos de que las herramientas puestas a disposición del emprendimiento se hayan centrado en medidas tales como la facilitación de los trámites para la creación de startups, a través de la eliminación de los
aranceles notariales y registrales, cuando se trate de empresas que se creen acogiéndose a los estatutos tipo y por vía electrónica, o la exención de la causa de disolución por pérdidas relacionadas o que generen un desequilibrio patrimonial durante
los tres primeros años. Igualmente, ENISA, la empresa pública encargada de otorgar los correspondientes certificados, operará bajo el principio de silencio administrativo positivo a los tres meses de solicitado el trámite, lo que coloca la carga en
la Administración y no en la sociedad emprendedora. En segundo lugar, y no menos importante que el anterior, la ley contempla la posibilidad de que un proyecto innovador pueda constituirse como una cooperativa o sociedad laboral. Desde nuestro
grupo parlamentario siempre hemos querido dar cabida y empuje a este tipo de actividad empresarial en la que los intereses económicos se integran además con los de carácter social. Todas estas razones nos parecen suficientes, como digo, para votar
a favor.
Y ya que tengo un poquito de tiempo, voy a aprovechar este minutito, sabiendo que el diputado Adolfo Suárez Illana nos va a dejar en breve, para agradecerle su trabajo como secretario y como diputado de esta Cámara, desearle mucha suerte y
decirle que ha sido un gusto poder conocerle. Así que adelante. (Aplausos.-El señor Guijarro García y el señor Suárez Illana se dan un abrazo).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Jiménez Revuelta. (Aplausos).
El señor JIMÉNEZ REVUELTA: Con la venia, presidente.
Señorías, buenos días. Debatimos hoy de nuevo el proyecto de ley de empresas emergentes, más conocidas como startups, que regresa del Senado para su aprobación definitiva; un proyecto de ley sobre el que se presentaron 271 enmiendas, de
las cuales el Gobierno, en un ejercicio de totalitarismo, vetó 57 del total, que mejoraban ostensiblemente la ley a empresarios, pymes, autónomos e inversores, lo que ha provocado un menoscabo de las competencias legislativas del Congreso de los
Diputados, de tal modo que esta praxis de reciente ejecución por el Gobierno está impidiendo a los grupos parlamentarios cumplir con sus funciones, tal y como ha sucedido en la Ponencia, en la Comisión y también en el Senado. Esta práctica debe
denunciarse como otro elemento más de este Gobierno, que maneja las instituciones a su antojo, porque, señorías, díganme qué sentido tiene entonces que los grupos parlamentarios presentemos enmiendas. ¿No es lógico que una ley como la de startups
pueda enmendar artículos que afecten a leyes tributarias? Y si afectan, ¿no es lógico que pueda disminuir ingresos? Por el contrario, ¿puede suceder que una deducción, por ejemplo, en el IRPF los aumente? ¿Están ustedes de acuerdo, señorías, en
aplicar una praxis que pueda ser utilizada por los próximos gobiernos?
Ya les anuncio que este grupo parlamentario presentará un recurso ante la Mesa por el abuso de este método guillotinador por parte del Gobierno, pero es que el método de la guillotina legislativa se ha extendido también en el Senado, vetando
26 de las 72 enmiendas presentadas por los grupos, es decir, casi un 40 % del total de las enmiendas. VOX presentó dieciocho enmiendas, de las cuales nueve fueron vetadas -es decir, un 50 %-, que mejoraban el texto, del cual muchos empresarios,
pymes, autónomos e inversores se habrían visto beneficiados y, por ende, se traducirían en una dinamización de la economía.
Señorías, algunas de esas enmiendas vetadas y que mejoraban el texto para nuestras pymes y autónomos trataban sobre aumentar de cinco a siete o de siete a doce, si son biotecnológicas, los años para que pueda ser considerada startup;
incrementar la base de deducción en IRPF por inversión en startups de 100 000 euros a un millón de euros; aumentar el límite de los fondos propios para ser considerada startup de 400 000 a un millón de euros, o aumentar el plazo de tres a cinco
para la aplicación del tipo impositivo del 15 % en el impuesto de sociedades de las denominadas startups.
Por otro lado, de las enmiendas de VOX que quedaron vivas en el Senado, se han rechazado todas, incluidas las que VOX presentó para suprimir todo contenido ideológico del texto del proyecto de ley que hoy debatimos. Concretamente, cuatro de
nuestras enmiendas proponían la supresión de vocablos como brecha de género o perspectiva de género. Señorías, ya lo dije en esta tribuna, no existe la mal llamada brecha de género, no es más que un término ideológico que la izquierda utiliza como
mantra en una supuesta defensa de las mujeres, cuando, sin embargo, luego no las defienden. (Aplausos). Y, si no, expliquen a los españoles la chapuza de la ley del sí es sí, que ha permitido hasta la fecha que cuarenta y un violadores hayan visto
rebajadas sus penas. (Rumores).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, un segundo.
Ruego que guarden silencio, por favor, señorías. Gracias.
Continúe.
El señor JIMÉNEZ REVUELTA: Señorías, lo que existe en España es brecha maternal, no existe una diferencia salarial por ser mujer, lo que sí existe es una discriminación por tener hijos. Lo que se debería hacer es premiar la contratación de
los padres en las empresas y la protección de la familia; la perspectiva de género no es más que una invención de la izquierda que ataca la dignidad humana y representa la mayor amenaza contra la familia. (Aplausos).
Señorías, ¿qué ha pasado exactamente en el Senado? Pues que toda la Cámara Alta, en su totalidad, ha votado en contra de suprimir del texto del proyecto de ley todo contenido ideológico, exactamente 257 votos contra los 3 valientes de VOX.
Ya se va notando la mano de Feijóo en el Senado al votar en bloque con toda la izquierda a favor de todo contenido ideológico. (Aplausos). ¿Hará el señor Feijóo un Mariano si llega a gobernar? ¿Lo hará? Mariano Rajoy engañó a sus electores no
derogando las leyes ideológicas aprobadas por Zapatero; y la presidenta de la Comunidad de Madrid dice renegar de la perspectiva de género, sin embargo, luego la impone. Tal es así, que se ha negado a derogar las leyes de género en Madrid hasta en
cuatro ocasiones, la última en diciembre del año pasado, cuando se unió a la izquierda contra una iniciativa de VOX para derogar esas leyes de género. Señorías del Grupo Popular, luego les molesta cuando les decimos que forman parte del consenso
progre, pero es que forman parte del consenso progre. (Aplausos). Señorías del Grupo Popular, no mientan como hace Pedro Sánchez, y cuando digan que van a derogar las leyes ideológicas, háganlo. Nosotros les apoyaremos y, si es preciso, les
ayudaremos. Además, el señor Requena ayer en su intervención en esta tribuna, al defender su posición sobre la moción consecuencia de interpelación urgente presentada por VOX, manifestó que éramos un partido extremista. Aclárense, señorías del
Grupo Popular, porque creo que están ustedes hechos un lío. Deben elegir el modelo acertado de Castilla y León o el modelo de Ceuta que pacta con el PSOE, ese partido que se ha echado en brazos de todos los enemigos de España: comunistas,
separatistas, secesionistas y [filoetarras] 1.
Muchísimas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señorías, al igual que hice la semana pasada, como ha dicho también la presidenta, cada vez que se produzca una ofensa a cualquiera de los grupos de esta Cámara, bien sea fascistas o bien
cualquier otro término, será retirado del Diario de Sesiones.
Continuamos. (Rumores).
Por el Grupo Popular en el Congreso, tiene la palabra el señor Píriz Maya.
El señor PÍRIZ MAYA: Gracias, presidente.
Buenos días, señorías.
Les voy a leer una cita para comenzar: 'Agradeceré busquen siempre las cosas que les unen y dialoguen con serenidad y espíritu de justicia sobre aquellas que les separan'. Esta frase, que es de tu padre, Adolfo, de alguien que nos ha
inspirado a muchos de los que nos dedicamos a esto, es el ejemplo de lo que ha pasado aquí en esta ley y de lo que voy a hablar en estos siete minutos. (Aplausos).
Esta ha sido una ley con un consenso deseado. En el consenso ha colaborado el Grupo Socialista, han colaborado el resto de grupos de esta Cámara y, entre todos, hemos hecho un texto que es mejor que el que entró en el Congreso. Por eso
quiero dar las gracias a los portavoces de todos los grupos, quiero dar las gracias al portavoz del Grupo Socialista, quiero dar las gracias a la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, por la capacidad de diálogo, por la
capacidad de acuerdo, por la capacidad de llegar a consenso, por la capacidad de mejorar entre todos esta ley. ¿Por qué en esta ley somos capaces de llegar a acuerdo y en otras leyes no? Pues no lo sé, porque es una ley que tiene ideología, como
todas las leyes. Es una ley que tiene ideología, es una ley que habla de bajadas fiscales, es una ley que habla de empresas, es una ley que habla de crecimiento de empresas, en cambio, se ha llegado al acuerdo. Creo que lo han dicho los que me han
precedido en el uso de la palabra, la Comisión de Economía es casi una isla en este hemiciclo y funciona muy bien, no tenemos focos mediáticos y eso nos permite llegar a esos acuerdos por encima de todo. Y en esto va a estar siempre mi partido, el
Partido Popular, cuando haya seriedad, cuando haya lealtad, cuando haya ganas de llegar a acuerdo en un texto
1 Palabra retirada por la Presidencia, de conformidad con el artículo 104.3 del Reglamento de la Cámara.
que sea bueno para este país, ahí va a estar mi grupo, el Grupo Popular y mi partido, el Partido Popular. No estamos en el no por el no por estar en el no, estamos en lo que sea bueno para España, estamos en el diálogo y en el acuerdo, y
esta ley es un ejemplo de que estamos en eso.
Este trámite parlamentario es un ejemplo también de que el Senado es útil, porque la ley viene del Senado mejor de lo que se fue allí. Quiero agradecer también a mis compañeros senadores el trabajo que han hecho allí para ser capaces de
mejorar este texto. Esta ley es una ley importante, no solo para las 11 100 startups que hay en nuestro país, que nos convierte en el tercer país de la Unión Europea en número de startups, sino porque tiene que ayudar a que ese número se incremente
y siga mejorando con los años. No se trata en esta ley de buscar unicornios; no se trata de buscar esos grandes proyectos empresariales o que salgan; se trata, primero, de ir a las scaleups y, después, ya alguno de ellos, con suerte, se
convertirá en unicornio. Esta ley sienta las bases para que esas pequeñas startups que salen en las ciudades y en los pueblos de España tengan esa oportunidad de convertirse un día, no sabemos cuándo, en un unicornio.
Como decía antes, es una ley mejor que la que entró, porque además es una ley más actual. Era importante hacer una ley actual. Esta ley entró en la Cámara hace casi un año ya y era importante hacer una ley actual porque la tecnología
evoluciona tan rápidamente y la realidad de las startups evoluciona tan rápidamente que no podíamos permitirnos hacer una ley que, como fue al Senado, ya tenía cosas que se habían quedado antiguas. Las revoluciones industriales en el mundo han ido
estrechando los plazos que han tenido: la primera revolución industrial, la del vapor, duró ochenta años; la segunda revolución industrial, la de la energía, el petróleo y la industria, duró treinta y cinco años; la tercera revolución industrial,
la de Internet, duró quince años. Esta cuarta revolución industrial durará cinco o seis años y pasaremos rápidamente a la quinta; pasaremos de la cuarta a la quinta en muy poco tiempo. La actualidad en materia tecnológica nos supera rápidamente.
Por tanto, tenemos que intentar legislar por delante de la realidad. Ese es nuestro trabajo aquí, que no se nos olvide nunca que somos legisladores y que estamos en esta Cámara para mejorar los textos que entran aquí, y esto es lo que hemos hecho
en el transcurso de la tramitación de esta ley. En el trámite en el Senado se han mejorado situaciones importantes, como los emprendedores en serie. El 62 % de los emprendedores de este país son emprendedores en serie que lo han intentado
previamente. ¿Tenía sentido que limitáramos, como hacía el texto original, a los emprendedores en serie? No tenía mucho sentido y por eso se ha eliminado en el trámite de enmiendas. ¿Tenía sentido, como decía el Consejo Económico y Social, darle
un contenido más rural a la ley? Claro que tenía sentido, y es lo que se ha hecho con los territorios rurales inteligentes en el paso de esta ley por el Senado.
Pero tenemos muchos retos por delante con esta ley encima de la mesa. El reto principal es Enisa, esa entidad pública, que tiene cincuenta empleados, que el año pasado concedió 93,5 millones de euros en préstamos y va a ser la clave de que
esta ley funcione. Tenemos todos que centrarnos en que Enisa sea capaz de hacer su trabajo; aunque gracias a las enmiendas en esta Cámara pueda conveniarlo y pueda apoyarse en otras instituciones, tendrá que ser la que haga el trabajo, y no puede
suponer un embudo, no puede suponer un problema. Entonces sabremos si son realmente 11 100 las startups o son 24 000 o 25 000, como se puede leer en algunos textos.
Otro reto es el mundo rural. El 90 % de las startups están entre Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía. El resto de España apenas concentra el 10 %. Y respecto al ámbito de la ley, los siete y diez años, claro que tenemos que
intentar aspirar a superarlo, porque la edad media de las startups ha subido de 2,2 a 3 años solo en tres años, desde 2019 a 2022. Cada vez tienen un periodo de vida más amplio y, por tanto, la ley tiene que adaptarse a ello.
Voy acabando, señor presidente. Por último, el foro nacional de empresas emergentes, que se crea en el artículo 25 de esta ley, es necesario, es oportuno y es un foro que le va a dar sentido al alto comisionado para la nación emprendedora,
porque ahí se tiene que dar cita todo el sector, todo el ecosistema. Ahí tenemos que ser capaces de revisar la ley cuando haga falta, de mejorarla, impulsarla y, sobre todo, ser capaces de que las startups escriban páginas en el futuro de este
país.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Casares Hontañón.
El señor CASARES HONTAÑÓN: Presidente, muchas gracias.
Buenos días, señorías. Gracias también a Adolfo. Adolfo, tu apellido forma parte de la mejor historia de España, esa historia que permite que los demócratas aparquemos nuestras diferencias para construir un país mejor. Muchísimas gracias,
Adolfo. (Aplausos.-El señor secretario, Suárez Illana: Gracias a todos).
Hoy, señorías, también es uno de esos días en los que este Parlamento da una lección de buena política; uno de esos días en los que la palabra, el diálogo, el acuerdo y el entendimiento ganan espacio frente a tanto ruido; donde prima la
vocación de diálogo y de consenso, de trabajar juntos por el interés general y de ejercer con responsabilidad nuestra enorme tarea de diputados y diputadas en este Congreso. Diálogo con el sector, con los representantes del ecosistema, que son
quienes mejor conocen la finalidad de esta ley, y consenso parlamentario, que se traduce en decenas de aportaciones y de enmiendas incorporadas al texto propuesto por el Gobierno, que hoy permiten que vayamos a aprobar por amplia mayoría de muchos
grupos parlamentarios esta importantísima ley en materia económica. Es una ley que va a transformar nuestro tejido productivo y va a impulsar a las empresas emergentes, a las que comúnmente conocemos como startups. Por tanto, hoy es un buen día
para la economía española, para el tejido productivo español, para los emprendedores, los soñadores, los que creen en una idea, en un proyecto y lo convierten en una empresa que genera actividad, que genera empleo de calidad y que genera y hace
país.
Eso es hoy posible gracias al esfuerzo de muchos. En primer lugar, gracias al esfuerzo del sector; gracias también al PSOE, que siempre ha soñado en todo aquello que estaba por escribir; gracias al Gobierno de España, a su vicepresidenta,
Nadia Calviño, al conjunto del Ministerio de Economía y al alto comisionado de España Nación Emprendedora; gracias a todos los grupos parlamentarios; a los ponentes de esta ley; a los integrantes de la Comisión de Asuntos Económicos, a su
presidente y a nuestra querida letrada, que siempre lo hace todo más fácil. No quiero olvidarme hoy del Senado, de los senadores y de las senadoras, que también han hecho un trabajo fundamental, incorporando enmiendas tan importantes que permiten
que vea la luz en la ley una figura como la del emprendedor en serie de forma ilimitada. Hemos hecho un gran trabajo compartido y hoy es un día para estar orgulloso de las Cortes Generales, del impulso de los legisladores, de nuestra capacidad para
contribuir a transformar la realidad y para hacer un país mejor.
Señorías, con la aprobación de esta ley ponemos un punto y seguido a un paquete de reformas sin precedentes para la mejora del clima de negocios en España. Esta ley, junto con la Ley de Creación y de Crecimiento de Empresas, la ley
concursal o la ley de telecomunicaciones, nos permite dar un paso de gigante en la modernización, transformación y fortalecimiento de nuestro tejido productivo y empresarial; reformas todas ellas que permitirán crecer más y mejor y que nos
acompañarán, a pesar de la incertidumbre y del contexto de pandemia y ahora de una guerra, en nuestro proceso de desarrollo económico. Hoy España crece más que la media de la Unión Europea, nuestra inflación desciende y es hoy la más baja de toda
la zona euro, tenemos los mejores datos del paro de nuestra historia y continúa la senda de reducción del déficit y de la deuda pública. Todo esto no es fruto del azar o de la casualidad, es gracias a políticas como esta, a un Gobierno que ha
entendido la dificultad del presente y ha puesto políticas al servicio de la economía y de la gente para salir de la crisis, pero que también está diseñando y trabajando el futuro; y ese futuro se entenderá mejor y se recorrerá mejor con leyes como
las que hoy va a aprobar este Congreso.
Es esta una ley que mejora el tratamiento fiscal para atraer, recuperar y retener talento; una ley para hacer de España un país más atractivo para los inversores extranjeros y los nómadas digitales; una ley que crea una ventanilla única
para los emprendedores; una ley que reduce el impuesto de sociedades y el impuesto de la renta de los no residentes del 25 al 15 % durante los primeros cuatro años desde que la base imponible sea positiva; una ley que apuesta por ayudar a los
emprendedores, facilitándoles que puedan mantener su empleo en situación de pluriactividad, bonificando al cien por cien la cuota de autónomos durante tres años; una ley que apoya a los emprendedores en serie para que tengan todas las oportunidades
hasta que su proyecto germine. En resumen, es una ley que apuesta por quienes emprenden, innovan, sueñan, arriesgan deciden y crean una idea; una ley que mira al futuro y que sitúa a España a la vanguardia de Europa, que moderniza el concepto de
empresa, de empresario y de emprendedor; que apuesta por el empleo de calidad, y que da respuesta y también garantías, señorías, al talento de nuestros jóvenes, convirtiéndolo en oportunidades. Es una ley que ayudará a todos esos valientes que
hasta ahora solo podían confiar en su instinto para desarrollar un proyecto y que ahora sabrán que pueden contar con la confianza y el apoyo de su país para lograrlo tantas veces como sea necesario. Empresas como Apple, Google, Idealista o Filmin
empezaron en las casas de sus fundadores y hoy son de las empresas más importantes del mundo y de España.
Por tanto, hoy damos un paso de gigante para mirar al futuro, un paso de gigante para apoyar y retener el talento de quienes van a emprender las empresas del mañana. Hoy contribuimos a convertir España en un polo de emprendimiento. Hoy
damos un paso más para hacer de España uno de los países más atractivos del mundo para los inversores, para los emprendedores y para captar y retener talento. Hoy hacemos, señorías, un país mejor, creyendo en todos los que sueñan sin rendirse.
Muchas gracias, porque este trabajo también es de todos. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
- PROYECTO DE LEY DE INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS EN LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO. (Número de expediente 121/000103).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Pasamos al siguiente punto: enmiendas aprobadas por el Senado al proyecto de ley de institucionalización de la evaluación de políticas públicas en la Administración General del Estado.
En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor López-Bas Valero.
El señor LÓPEZ-BAS VALERO: Gracias, señor presidente.
Buenos días de nuevo, señorías. Como hace dos semanas, nos volvemos a encontrar en este Pleno con el trámite de las enmiendas del Senado al Proyecto de ley de institucionalización de la evaluación de políticas públicas, la primera ley
española, como decía hace justo quince días, que trata de establecer un procedimiento de evaluación de las políticas públicas en el ámbito de la Administración General del Estado. Es una ley que hace quince días decíamos que tenía un problema y es
que la propia ley ya recoge el truco para que pueda incumplirse, que es el de su supletoriedad. Desgraciadamente, la opción del legislador -que somos todos- ha sido la de establecer con carácter supletorio la aplicación de esta ley, porque siempre
que exista un procedimiento de evaluación de políticas públicas específico será de aplicación prioritaria en aquellos ámbitos donde exista. El problema es que la propia ley tampoco recoge qué se entiende por un procedimiento de evaluación de
políticas públicas de carácter específico y, por lo tanto, qué les diría yo, por ejemplo, cualquier director general en su ámbito de competencia podría establecer un procedimiento y con ello excluir el cumplimiento de una norma de rango legal
mediante una simple instrucción interna.
Apoyamos la ley y, además, lo hicimos con un trabajo intenso en la Comisión, porque pensábamos que era un paso importante y el primero de un camino que hay que recorrer, precisamente, en materia de evaluación de políticas públicas. De
hecho, en Ciudadanos siempre nos hemos manifestado absolutamente partidarios de que exista una regulación legal al respecto, de que exista una estructura institucional que garantice la evaluación de políticas públicas en España, y, sobre todo, de
que exista una cultura de la evaluación en el propio ámbito político, en el ámbito de los gestores, que siempre han sido muy reacios a que se les controlara, a que se les fiscalizara, a que se les evaluara mediante procedimientos estandarizados y
homologados. De hecho, la propia estructura institucional actual que existe con el Instituto de Evaluación de Políticas Públicas y la anterior Agencia de Evaluación de Políticas Públicas desde el año 2006, desgraciadamente, ha demostrado que esa
cultura de la evaluación en España es todavía precaria y no suficiente para que se interiorice en el gestor público, en el gestor de lo que es de todos, la necesidad no ya de justificar lo que hace, sino de evaluar lo que hace antes de tomar la
decisión y después de haberla tomado para valorar y evaluar los impactos.
De todas maneras, desgraciadamente -siento decirlo, además lo comenté el otro día con algún portavoz de algún otro grupo-, frente a la enmienda del Senado, sinceramente, nos hemos llevado una sorpresa y no la vamos a poder apoyar. Vamos a
apoyar la ley. Creemos, como he dicho antes, que es el paso necesario que tiene que dar España en materia de evaluación de políticas públicas, pero, sinceramente, la enmienda del Senado nos parece inapropiada, confusa y, además, sobre todo
innecesaria y les voy a explicar por qué. Miren, se ha modificado únicamente con una enmienda al artículo 3 del proyecto de ley, añadiéndose un nuevo punto 2 que hace mención al papel del Tribunal de Cuentas en la fiscalización. Pero realmente, no
se ha cambiado nada o, sí se ha cambiado algo, pero lo que único que se introduce es confusión. El nuevo punto 2 es realmente una transcripción de lo que se dice en el artículo 9 de la Ley Orgánica de 1982, reguladora del Tribunal de Cuentas. Y
fíjense, porque ese artículo dice literalmente: 'La función fiscalizadora del Tribunal de Cuentas se referirá al sometimiento de la actividad
económica o financiera del sector público a los principios de legalidad, eficiencia, economía, transparencia, así como a la sostenibilidad ambiental y a la igualdad de género'. El punto 2 ahora con la enmienda del Senado lo que dice es:
'La fiscalización de la actividad económica o financiera de la Administración General del Estado correspondiente a sus políticas públicas se realizará por el Tribunal de Cuentas de acuerdo con los principios de legalidad, eficiencia, economía,
transparencia, sostenibilidad e igualdad de género en los términos establecidos en su normativa reguladora'. Parece que dicen lo mismo, pero no dicen lo mismo, porque la ley del Tribunal de Cuentas lo que dice es que el tribunal tendrá que vigilar
el sometimiento del órgano evaluado a esos principios y lo que se ha transcrito -y entiendo que debe ser por un error en la redacción- al proyecto de ley de evaluación de políticas públicas es que el Tribunal de Cuentas se someterá a esos principios
para evaluar al órgano que tiene que evaluar. Y ustedes dirán: Hombre, tampoco nos pongamos tan tiquismiquis con la redacción porque al final se entiende lo que dice. Pero, señorías, es que estamos haciendo leyes, no estamos publicando refranes
en el Boletín Oficial del Estado. Y, si querían expresarlo bien, lo que tenían que haber hecho era simplemente copiar bien el artículo 9 de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas; o, sencillamente, haber dejado la coletilla que han introducido
de: en los términos establecidos en su normativa reguladora, que ya engloba todo lo que se quiere decir sin tener que hacer interpretaciones de ese artículo 9 de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas.
En segundo lugar, la segunda modificación es la referida al papel de la AIReF, diciendo que realizará las evaluaciones ex post de revisión de gasto público. Se vuelve a decir que en los términos establecidos en su normativa reguladora, con
lo cual se está refiriendo a la normativa que regula no solamente la creación de la AIReF, la Ley Orgánica 6/2013, sino también al Real Decreto 793/2021, que regula su estatuto orgánico. Pero ahora, en la enmienda del Senado, se añade: solamente
para aquellas evaluaciones que sean necesarias. Y, claro, la pregunta es: ¿cuáles son las evaluaciones necesarias y cuáles son las no necesarias? ¿Quién decide qué evaluaciones son necesarias y quién decide cuáles no son necesarias? Porque lo
que había que haber hecho es simplemente remitirse, en materia de informes, estudios y opiniones de la AIReF, a lo que se dice en la coletilla de: en base a su normativa reguladora. Y no entendemos por qué nos hemos complicado a la hora de
introducir una enmienda del Senado que lo único que aporta, como digo, es confusión al texto de esta ley. Por lo tanto, si se quería hablar del Tribunal de Cuentas, hágase, pero sin confundir; si se quería hablar de la AIReF, hágase también, pero
sin confundir. Con todo el respeto para la Cámara Alta, para el Senado, creemos que con esta enmienda lo único que se aporta es confusión. Mantenemos nuestra postura, por supuesto, favorable a que haya una ley de evaluación de políticas públicas,
pero no a esta enmienda, que entendemos que es innecesaria y que solamente arroja confusión; por lo cual, nos abstendremos ante la misma.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Confederal Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra el señor Honrubia Hurtado.
El señor HONRUBIA HURTADO: Gracias, señor presidente.
Nuestro grupo va a votar a favor de las enmiendas que provienen del Senado. Entendemos que su contenido no modifica sustancialmente los criterios que nos llevaron a votar a favor de la ley cuando se debatió anteriormente en este Congreso.
Por tanto, creemos que al no producirse ninguna modificación sustancial, nuestro criterio de voto se debe mantener igual.
En su momento dijimos que estos argumentos para votar a favor de la ley eran principalmente tres. En primer lugar, creíamos que la ley, que tenía como objetivo principal estructurar un sistema de institucionalización de la evaluación de las
políticas públicas, cumplía perfectamente con ese objetivo. Efectivamente, diseñaba un sistema donde estaban todos los elementos que debían darse para que se estructurara de esta forma y, por tanto, la ley cumplía perfectamente con ese objetivo,
por lo que estábamos de acuerdo con el contenido de la misma.
Por otro lado, nos parecía que el enfoque que se le había dado a la evaluación, según nuestro juicio, era justamente la más correcta. Cuando nos dijeron que se iba a hacer una ley sobre evaluación de políticas públicas, tuvimos el temor de
que se pudiera utilizar la evaluación como una especie de corsé tecnocrático para condicionar la toma de decisiones de los gobiernos, de los parlamentos democráticamente electos. Cuando vimos el contenido de la ley, observamos que esto no era así
y, por tanto, creímos que el enfoque era el correcto, porque iba a servir para que se acumulase un corpus de conocimientos objetivos que sirviesen para tener variables cuantificables sobre los efectos de las políticas a nivel social y a otros
muchos niveles, lo que podría ayudar a la toma de decisiones, pero en ningún caso iba a sustituirla o a condicionar de tal forma la toma de decisiones que al final sea casi más importante que la voluntad que expresen en el Parlamento los
representantes democráticamente electos.
Sobre todo, nos gustaba por una cuestión, porque entendíamos que con esta perspectiva de la evaluación se rompía con el ciclo que venimos sufriendo, principalmente a partir del año 2010, en el que la evaluación principal de cara a las
legislaciones que se tenían que aprobar en este Congreso tenía que ver con cuestiones presupuestarias o con cuestiones fiscales. Sin embargo, en esta ley se incorporan una serie de elementos, como son, por ejemplo, el reto demográfico, la
despoblación, la protección del medio ambiente, los derechos laborales, la igualdad de oportunidades, la igualdad de género, etcétera, etcétera, que incorporan una perspectiva social y de defensa de derechos a la evaluación. Creemos que esto es
importante, que es importante que, cuando se vayan a hacer leyes o se vayan a poner en práctica políticas públicas, se tengan en cuenta los efectos que estas puedan tener de cara a todas estas cuestiones desde el punto de vista social, y por tanto
que cuando tengan efectos negativos, se diga, o cuando se prevea que pueda tenerlos, se diga. Probablemente en la época de la austeridad muchas de las políticas que se aprobaron por el Gobierno del señor M. Rajoy o que salieron con el visto bueno
de este Parlamento no se hubieran llevado a cabo o, al menos, se hubieran llevado a cabo sabiendo que había una advertencia a nivel de evaluación de que iban a traer consecuencias muy negativas de cara a los derechos de la ciudadanía.
Por otro lado, me gustaría decir algo, de cara a la cuestión de los indicadores, a raíz de los debates que se han dado aquí en los últimos días, concretamente a raíz de la expresión que se utilizó ayer en esta Cámara de violencia
institucional. Justamente coincidió que estaba preparando la intervención, y se me vino a la mente una reflexión que creo que es importante y que ahora echo en falta en los contenidos de esta ley. Cuando hablamos de violencia institucional,
estamos hablando de que, efectivamente, determinadas acciones que se impulsan en las instituciones pueden acabar provocando situaciones de violencia contra determinados colectivos, contra determinadas personas. Por tanto, cuando hablamos de
políticas públicas que se impulsan en las instituciones, puede ocurrir que estas políticas públicas, efectivamente, acaben generando situaciones de violencia, aunque no sean buscadas, contra determinadas personas o determinados colectivos. Por
tanto, creo que hubiera sido importante que dentro de los indicadores que se recogen en esta ley se hubiera podido incorporar, por ejemplo, algo que hiciera referencia a la lucha contra la violencia institucional o algo que pudiera medir los efectos
relativos a la capacidad de generar violencia institucional o a la capacidad de luchar contra la violencia institucional que puede generar una determinada política pública. Creo que estas semanas hemos tenido ejemplos muy evidentes de que esto
sería útil de cara a lanzar políticas públicas y de cara a la valoración que se haga de ellas, tanto antes de lanzarlas como durante su funcionamiento y una vez que se haga la evaluación de los resultados de las mismas. Por un lado, hemos visto que
una determinada institución, pretendiendo sacar una campaña para denunciar las agresiones sexuales...
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, un segundo.
Le pido, por favor, que se atenga a la cuestión y que no reabra debates que creo que ya están zanjados. Se lo pido por primera vez, con base en el artículo 102.
Continúe, pero aténgase a la cuestión, por favor.
El señor HONRUBIA HURTADO: Creo que sería importante que cuando una institución lance una campaña que pueda fomentar o que pueda causar violencia institucional porque tenga efectos negativos y vaya incluso en contra del criterio que se
busca, esa evaluación pueda advertir previamente que ese efecto se puede producir. Por tanto, en el caso del que estamos hablando, sería importante que se pudiera advertir que si se pone el foco sobre las víctimas y no sobre los agresores, se puede
generar el efecto contrario del que se busca y se puede generar una situación de violencia institucional contra las personas a las que va dirigida la campaña.
La verdad es que tenía más cosas para decir, pero entiendo que vamos a entrar en esa línea de que no puedo decir lo que me parezca adecuado en relación con lo que entiendo que deberían ser las políticas de evaluación. Me parece preocupante
la situación que se ha generado aquí a raíz de provocaciones constantes que vivimos en este hemiciclo. Por ejemplo, hoy hemos tenido que escuchar cómo se llamaba defensora de etarras a la presidenta... (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, por segunda vez, le llamo a la cuestión. Estamos hablando de la evaluación de políticas públicas. Por favor, no reabramos de nuevo más
conflictos. Sabe que si le debo hacer una tercera llamada a la cuestión, le tendría que retirar la palabra, así que, le ruego, por favor, que centremos la cuestión en la evaluación de las políticas públicas de la Administración General del
Estado, que es de lo que estamos debatiendo.
El señor HONRUBIA HURTADO: He tenido una intervención que centraba la cuestión en la evaluación de las políticas públicas e iba a explicar, porque creo que es importante, que la evaluación de las políticas públicas contemple el hecho de la
violencia institucional que puedan generar unas determinadas leyes, unas determinadas políticas públicas, y, con perdón, usted no me ha permitido explicarlo. Esto me parece gravísimo, porque en ningún caso he insultado, he faltado al respeto o he
abierto debates que no se correspondan con lo que estaba hablando. Entiendo que haya exceso de celo cuando se intente, de alguna forma, faltar al respeto o se intente, de alguna forma, insultar... (Aplausos de las señoras y los señores diputados
del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchísimas gracias, señoría, su tiempo ha terminado.
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Del Valle Rodríguez. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX).
El señor DEL VALLE RODRÍGUEZ: Señorías, por la presente enmienda, remitida por el Senado, se pretende, entre otras cosas, que la AIReF solo pueda revisar ex post las evaluaciones de políticas públicas que se consideren necesarias, sin
explicitar por qué han añadido esto de que se consideren necesarias, ni quién ha de considerar esos términos. Como todos saben, esta ley crea tres chiringuitos nuevos -una agencia, una comisión y un consejo-, y no sabemos si será el amiguete
enchufado de la agencia o el amiguete enchufado de la comisión o el amiguete enchufado del consejo el que decidirá si se considera necesario o no que informe la AIReF.
La evaluación de las políticas públicas, de su pertinencia, eficacia y eficiencia, desde el punto de vista no solo de sus objetivos y del impacto en la ciudadanía, sino también desde la perspectiva económica, no puede quedar desvinculada de
la actividad fiscalizadora de la AIReF. Una evaluación adecuada y completa de las políticas públicas exigirá atender también a las implicaciones económicas y de gestión de los recursos públicos que conllevan con la mayor frecuencia posible. Por
ello, conviene extender la actividad fiscalizadora de la AIReF también a las actividades y evaluaciones intermedias preceptivas, pues no nos fiamos de un Gobierno que beneficia a los separatistas y a los que no se nos permite mencionar.
Por cierto, a este respecto, señorías de EH Bildu, ¿a ustedes les ofende que digamos que son amigos de etarras?, porque tienen amigos etarras. ¿A ustedes les ofende? ¿O quizá el término molesta al Partido Socialista porque de esa manera
se les... (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, igual que le he transmitido al anterior orador del Grupo Parlamentario de Unidas Podemos que se atenga a la cuestión, con base en el artículo 102, le digo a usted exactamente lo
mismo: Le ruego que se atenga a la cuestión. Estamos hablando de la evaluación de las políticas públicas en la Administración General del Estado. Ya sabe usted que tiene tres oportunidades. Le expreso exactamente las mismas palabras que le he
transmitido al anterior interviniente y, por favor, le ruego que continúe en relación a la evaluación de las políticas públicas en la Administración General del Estado.
Muchas gracias.
El señor DEL VALLE RODRÍGUEZ: Yo apelo a mi libertad de expresión como diputado para decir desde este atril cosas que son conexas a lo que es la cuestión en debate. Si usted me va a retirar la palabra, para eso me voy yo directamente.
Nada más y muchas gracias. (Prolongados aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra la señora De Luna Tobarra.
La señora DE LUNA TOBARRA: Presidente, diputados, la evaluación de las políticas públicas es un instrumento imprescindible para mejorar la puesta en marcha de las acciones del Gobierno y para contar con
políticas más eficaces y eficientes. La OCDE ha puesto de manifiesto la importancia de institucionalizar la evaluación de las políticas públicas para mejorar el uso de los recursos públicos y también para dotar de una mayor transparencia el
proceso de toma de decisiones. En la misma línea, la Unión Europea ha insistido en la conveniencia de establecer un marco regulador que englobe el proceso de evaluación de políticas públicas.
Con los Gobiernos del Partido Popular se hicieron grandes avances en el fortalecimiento de las evaluaciones. Inicialmente, con la creación en octubre de 2012 de la CORA, que era la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas,
y, con posterioridad, a través de la Ley Orgánica 6/2013, de Creación de la AIReF, y de la Ley 19/2013, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, se establecieron mecanismos para garantizar la transparencia en la acción
pública y también para la rendición de cuentas a los ciudadanos.
Por lo que respecta a la AIReF, la enmienda del Senado al texto, que ha hecho que hoy vuelva otra vez a esta Cámara con una enmienda suscrita prácticamente por casi todos los grupos, viene a subrayar las competencias evaluadoras de la
revisión del gasto público de esta autoridad independiente y también del Tribunal de Cuentas en cuanto a la fiscalización de la actividad económico-financiera de la Administración.
En la Administración General del Estado existen muchas unidades de diferente naturaleza que tienen competencias en materia evaluadora; así, por ejemplo, las actividades de las inspecciones de servicio, las de calidad, las del seguimiento y
evaluación normativa, etcétera, pero no existe un criterio único respecto a la evaluación de las políticas públicas. Por ello, desde nuestro grupo parlamentario hemos apostado por establecer una metodología común para el conjunto de políticas
públicas que tenga un carácter transversal, que afecte a todos los sectores y que sirva a la finalidad fundamental de la acción gubernativa, esto es, que sirva para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos y también del ejercicio de sus
derechos. Consideramos, por tanto, muy necesario estructurar el sistema público de evaluación de las políticas públicas como otra herramienta más de mejora del servicio público y de control de la actividad gubernamental, que vendría a sumarse a las
ya establecidas, actuales y creadas por el Partido Popular, a las que me he referido, como son la AIReF y el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Es algo que, además, nos parece absolutamente necesario en estos momentos, en los que la acción
del Gobierno es absolutamente falta de transparencia, es irresponsable y es reflexiva.
Tenemos el Gobierno más opaco de la democracia. Se han presentado casi tres reclamaciones diarias ante el consejo de transparencia por negarse a facilitar información a los ciudadanos. Tenemos un Gobierno irresponsable en el que el
presidente Sánchez se ha rendido ante los condenados por malversación y sedición, eliminando del Código Penal este delito y permitiendo que los que ya atentaron contra la unidad de España lo vuelvan a hacer con absoluta impunidad (aplausos) y que
cumplan con su promesa de 'lo volveremos a hacer', dejándonos desprotegidos a todos los catalanes y al resto de los españoles. Es muy grave que en España sean los delincuentes los que estén reescribiendo nuestras leyes a su antojo. (Un señor
diputado: ¡Muy bien!-Aplausos).
Tenemos un Gobierno irreflexivo, que presenta con prisas proyectos de ley sin atender las advertencias ni de los expertos, ni de los órganos consultivos del Estado, ni de mi grupo parlamentario, que en dos ocasiones -está aquí mi compañera,
Marta González- advirtió de las graves consecuencias que tendría esta ley del sí es sí, porque permitiría salir a la calle a violadores y a agresores sexuales, como lamentablemente estamos viendo cada día, con un goteo incesante de rebajas de
condena y de excarcelaciones. La conducta frívola y soberbia de la ministra de Igualdad ha provocado una alarma social por beneficiar a los delincuentes sexuales, dejando desprotegidas a las mujeres y al resto de la sociedad... (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, un segundo, por favor; un segundo, no se le escucha, no tiene el micrófono.
Al igual que les he dicho a los dos anteriores grupos, sobre la base del artículo 102, le pido que se ciña a la cuestión. Se lo he pedido al portavoz de Unidas Podemos, se lo he pedido al portavoz de VOX y se lo pido a usted. El punto
versa sobre la evaluación de políticas públicas en la Administración General del Estado, las enmiendas que provienen del Senado. Le esgrimo exactamente las mismas palabras que a su anteriores intervinientes: Cíñase, por favor, a la cuestión. Si
veo que hay disgregaciones -que así se denominan en el artículo 102-, le volveré a pedir que se atenga a la cuestión. Si se lo tengo que advertir tres veces, le retiraré la palabra. (La señora De Luna Tobarra pronuncia palabras que no se
perciben). No, no discuta conmigo; no discuta conmigo, por favor. (Rumores).
Señorías, silencio.
La señora DE LUNA TOBARRA: El tema del que estoy hablando...
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Un momento, señoría, no le he vuelto a dar la palabra.
Les ruego a todos que recuerden las palabras de la presidenta que todos han aplaudido o ante las que han asentido anteriormente. (Rumores). Así que, por favor, señorías, atengámonos a la cuestión y no disgreguemos a otros debates que ya
están cerrados y zanjados en este hemiciclo por parte de la presidenta. (Protestas).
Señorías, silencio, por favor. Silencio.
Continúe, señoría, ateniéndose, por favor, a la cuestión. Gracias.
La señora DE LUNA TOBARRA: Si me permite la Presidencia, quiero explicarlo. Estoy hablando de una ley que viene a hacer dos cosas: mejorar la evaluación de la acción del Gobierno y controlar la acción del Gobierno. Por tanto, si a esta
diputada de la oposición no se le permite hacer una crítica a la falta de control del Gobierno, dígame usted entonces: ¿Nos tienen que dar el guion de lo que podemos decir y lo que no? (Prolongados aplausos de las señoras y los señores diputados
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, puestos en pie). Estoy hablando del control al Gobierno y estoy defendiendo mi derecho como diputada a poder poner de manifiesto que tenemos un Gobierno que se salta todos los controles democráticos.
(Continúan los aplausos). De ahí que nos haya llevado a la situación en la que estamos, a una ley que está sacando a la calle a violadores, al delito de sedición y otras cuestiones. Creo que tengo derecho a dar a mis palabras el contenido que
considere. Por tanto, voy a continuar con mi intervención y será este presidente el que niegue la palabra a una diputada de la oposición. (Continúan los aplausos.-Varios señores diputados: ¡Muy bien!-Un señor diputado: ¡Libertad!).
Como venía diciendo, es un Gobierno que se salta todos los controles democráticos, entre ellos también el que se va a interponer con esta ley, por tanto les estoy explicando el motivo. Creo que se ha saltado este control y que no ha tenido
en cuenta a los órganos consultivos ni todas las indicaciones que se han hecho por parte de la oposición, lo que está dando lugar a que se rebajen las condenas y a que haya excarcelados en la calle por delitos de agresión sexual, una cuestión que es
del Consejo de Ministros, del Pleno, de la ministra y del propio presidente del Gobierno. (Prolongados aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso). Además, hemos visto y hemos vivido que este
Gobierno se salta todos los límites con los indultos, con el delito de sedición, con el blanqueamiento de ETA (protestas.-Varios señores diputados y diputadas del Grupo Parlamentario Socialista: ¡Hala!), y echando a la calle a los guardias civiles.
(Protestas). Y últimamente, otro control: atacar la imparcialidad, la neutralidad y el prestigio del Tribunal Constitucional. Este Gobierno está sobrepasando todos los controles y todos los límites.
Por todo ello, concluyo diciendo que creemos que esta ley, que lo que hace es mejorar la acción pública y controlar la acción del Gobierno -tenemos serias dudas, visto lo visto-, no va a tener ningún tipo de eficacia mientras Sánchez
continúe en la Moncloa.
Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, puestos en pie).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora López Somoza.
La señora LÓPEZ SOMOZA: Gracias, presidente.
Señorías, rigor, eficacia y eficiencia son las normas que deben guiar la acción de toda Administración pública y de todo Gobierno, y para cumplir con estos compromisos -mínimos, pero imprescindibles- es vital poder evaluar las políticas
públicas. Y es de esto de lo que hablamos hoy aquí, de evaluación de políticas públicas.
El objeto de esta norma es implementar la evaluación como instrumento más eficaz de mejora del servicio público, rendición de cuentas y transparencia. Así es como se asienta la cultura de evaluación de políticas públicas en nuestras
administraciones, como un total cambio de paradigma que mejora la calidad democrática de nuestro país. Es una ley que cumple con el compromiso del Gobierno con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en su componente 11, respecto al
refuerzo del sistema de evaluación como herramienta imprescindible para mejorar la acción del Gobierno. Señorías, los compromisos se cumplen siempre. En esta ocasión es un compromiso con la Unión Europea, y este Gobierno, el Gobierno de Pedro
Sánchez, así lo ha hecho desde el principio, ganando crédito y relevancia en Bruselas. Con esta norma situamos la institucionalización de la evaluación de
las políticas públicas en el nivel más avanzado: una ley de máximo nivel europeo. (Aplausos). Señorías, con la aprobación de esta ley somos el primer país en Europa que va a instaurar este sistema por ley. Una vez más somos pioneros.
Con este Gobierno, con el Gobierno de Pedro Sánchez, nos situamos a la vanguardia en el cumplimiento con la Unión Europea, como ya lo hicimos, por ejemplo, con los fondos de recuperación.
Como saben, es una ley fruto del diálogo y del consenso y muy trabajada tanto en el Congreso como en el Senado, porque gestionar mejor los recursos públicos nos incumbe a todos, y este diálogo y consenso es algo que debemos celebrar y que
debería ser más habitual de lo que es. Aunque también tengo que decir que no ha sido unánime, y además, por las intervenciones que me han precedido, ya vemos el tono. Las señorías de la derecha han decidido que no van a apoyarlo. Claro, es que
hablar de transparencia, de mejorar la democracia, de independencia, de autonomía e incluso de respetar la Constitución es algo que a la derecha de este país no le interesa. (Aplausos). Por eso no debemos sorprendernos, porque no es nuevo.
Señorías, en mi grupo parlamentario, en mi partido, el Partido Socialista, siempre defenderemos la búsqueda del diálogo, del acuerdo y del consenso dentro de nuestro sistema democrático, ya que esta búsqueda siempre ha formado parte de
nuestra esencia. Con esta ley, las políticas públicas serán evaluadas desde una perspectiva de eficacia y eficiencia. Queremos dar mayor rigor a la Administración General del Estado para cumplir, por un lado, con los objetivos que marca el
artículo 103 de la Constitución, y también para medir el impacto sobre las distintas áreas que tienen cada una de las políticas públicas antes, durante y después de su implantación. Cada política pública que se implante y que afecte a nuestras
ciudadanas y ciudadanos es Estado del bienestar, es sanidad; evaluar las políticas sanitarias tendrá un beneficio directo en la calidad de vida de las personas. También es educación; evaluar las políticas educativas tendrá un beneficio directo en
la educación de nuestros niños y de nuestros jóvenes. Es medio ambiente; evaluar las políticas de medio ambiente y la transición energética tendrá un efecto directo en todas las ciudadanas y ciudadanos. Es, en definitiva, la extensión de los
derechos de todas nosotras y de todos nosotros, y todas ellas tendrán una evaluación continua. ¿Y cómo se va a hacer esto? Pues de una manera totalmente transversal, atendiendo a los criterios que rigen actualmente las distintas estrategias
internacionales y atendiendo a criterios de igualdad de género, respetando así el objetivo de desarrollo sostenible número 5 de la Agenda 2030, destacando criterios de despoblación y de reto demográfico, algo que es una prioridad para los
socialistas. Lo impulsamos en el Gobierno con la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico, uno de los compromisos del Gobierno de Pedro Sánchez, y también desde la perspectiva intergeneracional tan demandada por nuestros jóvenes. Nuestros
jóvenes son parte fundamental de nuestra sociedad, de nuestro futuro, y deben por tanto también estar presentes.
Señorías, la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas será el órgano encargado de realizar estas evaluaciones con independencia y neutralidad. La enmienda que nos viene desde el Senado viene a reforzar la función del Tribunal de
Cuentas como principal órgano fiscalizador de la actividad económico-financiera y de las políticas públicas de la Administración General del Estado, de acuerdo con los principios de legalidad, eficiencia, economía, transparencia, sostenibilidad e
igualdad de género. También se pone en valor el papel de la AIReF como órgano encargado de las evaluaciones ex post de la revisión del gasto público en el ámbito del Estado. Ahora, además, avanzamos a una evaluación de diseño, de implementación y
de resultados.
Señorías, una vez que entre en vigor esta ley, tanto los proyectos de ley como los programas o los planes estratégicos deberán incorporar antes de ser aprobados un informe de evaluabilidad. ¿Y qué significa esto? Que las políticas públicas
se podrán adaptar a las circunstancias según se vayan implementando para mejorarlas.
Finalizo. Como señaló el presidente de la Red Internacional de Evaluación, implementar la evaluación de las políticas públicas basadas en evidencias y en datos es practicar ciudadanía, es fortalecer la democracia. Señorías, sin ninguna
duda, hoy con esta ley fortalecemos nuestra democracia y nuestra calidad democrática.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchísimas gracias, señora López.
DECLARACIÓN SOBRE LA CUENTA GENERAL DEL ESTADO:
- DICTAMEN DE LA COMISIÓN MIXTA PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL DE CUENTAS EN RELACIÓN CON LA DECLARACIÓN SOBRE LA CUENTA GENERAL DEL ESTADO DEL EJERCICIO 2020, ASÍ COMO LA RESOLUCIÓN ADOPTADA POR DICHA COMISIÓN. (Número de expediente
250/000008).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Pasamos a examinar el punto del orden del día relativo al dictamen de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas en relación con la declaración sobre la cuenta
general del Estado del ejercicio 2020, así como la resolución adoptada por dicha Comisión.
En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor López-Bas Valero.
El señor LÓPEZ-BAS VALERO: Gracias, señor presidente.
Señorías, solo quiero hacer una reflexión. Tengo curiosidad por ver cómo consiguen introducir en este debate alguno de los temas que hemos estado tratando anteriormente -a ver si les llaman la atención- porque la cuenta general del Estado
ya tiene suficiente miga como para que introduzcan algunos de esos comentarios. Vamos a ver; nos dejaremos sorprender.
Como ya ocurrió el pasado mes de marzo, viene ahora la aprobación de la cuenta general del Estado, en aquel caso fue la del año 2019 y en este caso tenemos la del año 2020. Una vez más, llega una cuenta general del Estado sin cumplir
estrictamente con los plazos previstos en la Ley General Presupuestaria, en sus artículos 131 y 132, que señalan que esa cuenta tiene que ser formada por la Intervención General del Estado antes del 31 de octubre del año siguiente para ser remitida
al Tribunal de Cuentas para su examen y su propuesta al Parlamento en un plazo máximo de seis meses. Esos plazos obligaban a que esta cuenta de 2020 estuviera formada por la Intervención General del Estado antes del 31 de octubre de 2021, que
llegara al Tribunal de Cuentas y que este la remitiera al Parlamento, a través de su Comisión Mixta, antes del 30 de abril de 2022 para la elaboración del dictamen. Sin embargo, hoy estamos en la fecha que estamos, a 1 de diciembre, que es cuando
estamos aprobando este dictamen y, de hecho, el informe de la Ponencia es del pasado 27 de octubre.
El problema es que una información tan importante como la cuenta de un determinado ejercicio, en este caso del año 2020, ni se conoce ni se tramita hasta casi dos años después del cierre del ejercicio del que trata. Eso es algo
absolutamente inasumible para una administración, como la del Estado, que además dispone de medios suficientes para poder hacerlo en un plazo mucho menor, pero es verdad que la propia ley ya establece unos plazos demasiado amplios. Es más, de
hecho, existe una desigualdad manifiesta en la obligación que tienen de rendir sus cuentas otras administraciones, por ejemplo, las administraciones locales. Cualquier ayuntamiento tiene que rendir su cuenta antes del 15 de mayo del año siguiente
al que se trata, y tiene que mandarla a la Comisión Especial de Cuentas de esa entidad local antes del 1 de junio, y aprobarse, en todo caso, antes del 1 de octubre. ¿Y por qué? Pues muy sencillo, porque de esa manera, cuando se inicia la
tramitación de un nuevo presupuesto para el año siguiente se tiene conocimiento perfecto de la contabilidad cerrada del año anterior y, de esa manera, se tiene una imagen de la contabilidad de un año para poder hacer los presupuestos del año
siguiente. (La señora vicepresidenta, Elizo Serrano, ocupa la Presidencia).
Sin embargo, para la Administración General del Estado esa obligación no existe en absoluto, cuando sí existe para administraciones mucho más pequeñas, con menos recursos, que además pueden ser sancionadas si no cumplen con esos plazos,
porque pueden perder entregas a cuenta, pueden perder anticipos y pueden perder liquidaciones definitivas de la participación de la entidad local en los tributos del Estado, pero es que también pueden ser sancionadas con multas coercitivas, que es
verdad que no se aplican, pero que están en la ley y se podrían aplicar por el propio Tribunal de Cuentas, y pueden incluso, si lo establecen las comunidades autónomas correspondientes, perder subvenciones y ayudas si no han rendido en plazo las
cuentas. Y la pregunta es: ¿por qué la Administración General del Estado puede perfectamente incumplir unos plazos mucho más amplios y, sin embargo, un ayuntamiento no puede incumplirlos o se ve sometido a esa posibilidad de sanciones?
Desde mi grupo, Ciudadanos, ya presentamos en esta misma legislatura, el pasado mes de mayo, una proposición no de ley para modificar la ley y obligar a que la Administración General del Estado cumpla con los plazos en la rendición y
aprobación de la cuenta general del Estado. Pero no solamente
eso, sino incluso también para que, en la misma línea que el propio Tribunal de Cuentas y la Comisión Mixta del Congreso y del Senado para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas han establecido en diferentes resoluciones desde hace ya
varios años, se modifique la ley para que esos plazos sean muchos más breves y, de esa manera, tengamos una información de la contabilidad de la Administración General del Estado a la hora, precisamente, de poder empezar con la aprobación de los
siguientes presupuestos. Como digo, esa proposición no de ley está en línea con las propias resoluciones del Tribunal de Cuentas y con las decisiones adoptadas por la Comisión Mixta de Relaciones con el Tribunal de Cuentas, pero es una PNL que
todavía no ha sido ni siquiera calificada y está pendiente de poderse debatir en una comisión que parece ser que no debate proposiciones no de ley, o no debate una PNL, porque es la única que se ha presentado, que nos conste, ante la misma.
Por lo tanto, señorías, por supuesto, nuestro voto será afirmativo al dictamen de la cuenta general del Estado de 2020, pero seguiremos denunciando que no es lógico que una administración, como la Administración General del Estado, tenga
unos plazos tan amplios para hacer lo que otras administraciones tienen que hacer en plazos mucho más cortos y, además, sin ningún tipo de riesgo de sufrir por ello una consecuencia que los ayuntamientos sí pueden tener en forma de sanciones.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Elizo Serrano): Muchas gracias, señor López-Bas.
Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra el señor Bel Accensi.
El señor BEL ACCENSI: Gracias, presidenta.
Cuenta general del año 2020. De hecho, es la primera cuenta general de un ejercicio presupuestario correspondiente a esta legislatura, pero también, como a nadie se le escapa, es una cuenta general un tanto extraña, porque es de un
ejercicio presupuestario con presupuesto prorrogado y de un ejercicio presupuestario en el que en marzo de 2020 se declara una pandemia que tiene unos efectos que también quedan reflejados en la misma cuenta general. (Rumores).
Si empezamos por qué incluye y qué entidades acaban estando incorporadas en la cuenta general, debemos decirles que hay 57, de las 441 entidades de la Administración General del Estado, que no se incluyen en esta cuenta general. Por tanto,
esto empeora levemente los ejercicios anteriores y la tendencia que se había iniciado en el año 2019 de descenso... (Rumores).
La señora VICEPRESIDENTA (Elizo Serrano): Un momento, señor Bel Accensi.
El señor BEL ACCENSI: Gracias, presidenta. Yo ya me he acostumbrado a hablar con ruido de fondo, pero es más agradable poderlo hacer con un poco de silencio, no porque ustedes me escuchen, sino porque al menos tengo la sensación de que me
escuchan, y eso siempre nos puede tranquilizar más a todos. (Risas y aplausos).
Decía que hay 57 entidades, lo que representa el 12,93 % de las entidades no incluidas, aunque es verdad que en gasto esto representa solo una décima parte de este porcentaje. Respecto a los ingresos, ahora estamos aprobando los
presupuestos, y todos hablamos mucho de la importancia de los presupuestos, pero es más importante cómo se ejecutan los presupuestos, y eso queda reflejado en la cuenta general. Este ejercicio 2020 viene marcado por la pandemia: los ingresos
tributarios descienden y no cubren los previstos inicialmente. De hecho, debido a la paralización económica que supuso la pandemia, hay una disminución de más de 32 000 millones de euros en la recaudación, aspecto que, como hemos apreciado, sí que
se ha recuperado en años posteriores. Hoy vemos en la prensa la noticia de que, a octubre de 2022, prácticamente ya se han recaudado todas las cantidades previstas para todo el ejercicio presupuestario.
Con relación al presupuesto de gastos, también quiero hacer una reflexión. Es un presupuesto de gastos donde las modificaciones presupuestarias globales, obviamente provocadas por la pandemia, no tienen ningún precedente en la historia
presupuestaria del Estado español: alcanzan el 18 % del presupuesto y la cifra de más de 78 000 millones. Y aquí tengo que incorporar uno de mis clásicos en la cuenta general, cómo evolucionan determinados programas. Evolucionan más o menos como
en ejercicios anteriores. El programa defensa, este programa que a algunas de sus señorías les genera incomodidad a la hora de aprobar el presupuesto, tiene modificaciones presupuestarias algo menos importantes, porque bajamos del 10 % y nos
situamos al 9,82 %, casi 800 millones de modificación presupuestaria y, en cambio, una ejecución del cien por cien. Esta ejecución del cien por cien contrasta con determinados
programas cuya ejecución es absolutamente deficitaria a lo largo de la historia. En el programa 46, investigación, desarrollo, innovación y digitalización, nos hemos quedado al 53 % en la ejecución presupuestaria; en el programa 43,
comercio y turismo, nos quedamos al 61 % de ejecución presupuestaria. Por tanto, son cantidades muy deficitarias, porque aunque al aprobar o prorrogar el presupuesto podamos decir que tenemos una determinada cantidad en investigación y desarrollo,
después la ejecución presupuestaria no se corresponde. (Rumores). Y digo esto porque en este presupuesto sí que hay un incremento muy importante de las partidas presupuestarias destinadas a investigación y desarrollo, cosa de la que nos
congratulamos. Habrá que esperar y ver, después, si somos capaces de ejecutar más del 60 %. (Rumores).
Y no les voy a hablar, como suelo hacer habitualmente en este punto, de la ejecución presupuestaria de las inversiones en Cataluña porque, como les he dicho, este es un presupuesto prorrogado y, por tanto, no lo podemos comparar...
La señora VICEPRESIDENTA (Elizo Serrano): Silencio, por favor.
El señor BEL ACCENSI: Ven, ahora yo estoy convencido de que todos ustedes me van a escuchar mucho y atentamente. Por tanto, les voy a indicar que no puedo incidir en la ejecución presupuestaria en Cataluña, que estoy seguro de que interesa
a todas sus señorías de forma muy especial, dado que no tenemos un presupuesto con el que comparar. La cuantía es algo superior a la de 2019, pero debo recordarles que 2019 fue de los peores años de ejecución presupuestaria de la inversión en
Cataluña.
En todo caso, como ya es habitual, nuestro grupo parlamentario va a votar la aprobación de la cuenta general, que no quiere decir que avalemos la ejecución presupuestaria, sino que avalamos el trabajo de la Intervención General del Estado en
relación con la formulación de esta cuenta general.
Muchísimas gracias a sus señorías por su atención y su atento silencio. Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Elizo Serrano): Muchas gracias, señor Bel Accensi.
Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra la señora Bassa Coll.
La señora BASSA COLL: Gracias, presidenta.
Cincuenta y siete entidades del sector público estatal no han enviado sus cuentas al Tribunal de Cuentas para hacer el informe que hoy debatimos, cincuenta y siete se han saltado la ley y aquí no pasa nada. ¿Se imaginan que en lugar de
estas cincuenta y siete entidades estatales hubieran sido entidades catalanas las que no hubieran entregado sus cuentas al Tribunal de Cuentas? Si hubiera sido así, todos los partidos políticos constitucionalistas estarían hablando de ello y del
desafío a las instituciones españolas, estarían denunciando a las entidades catalanas y reclamando que se cumpliera la ley; los telediarios y las tertulias abrirían con la noticia; el Tribunal de Cuentas y no sé cuántos tribunales más estarían
amenazando con sanciones y penas, y, evidentemente, los periódicos fachas estarían publicando todas las fotos de los responsables como diana de sus seguidores fascistas. Porque así es cómo actúan el Tribunal de Cuentas y los poderes del Estado en
aplicación de su ideología, en aplicación de su nacionalismo español, más allá de la verdad o la justicia. (Aplausos). El mismo Tribunal de Cuentas que ha permitido impunemente el robo a manos llenas del PP ahora persigue el patrimonio de mi
familia y del resto de los líderes independentistas condenados por la organización del referéndum del 1 de octubre y el de los responsables del departament d'exteriors de la Generalitat de Catalunya... (Rumores).
La señora VICEPRESIDENTA (Elizo Serrano): Señora Bassa Coll, discúlpeme por interrumpirla.
Simplemente, hablen un poco más bajo.
Gracias.
La señora BASSA COLL: Y sin que el propio Tribunal de Cuentas haya sido capaz de identificar y certificar ningún desvío de dinero público.
Pregunto: ¿el Tribunal de Cuentas ha exigido a los corruptos el retorno del dinero robado, o solo exige, sin pruebas, a los independentistas catalanes el supuesto dinero gastado que, como saben, según Montoro, fue de cero euros?
(Aplausos). El Tribunal de Cuentas está utilizando su poder para dejar impunes a unos, los corruptos, y castigar hasta la venganza a otros, los independentistas, sin pruebas ni derecho a defensa. Esto es más que obvio para nosotros y para
cualquier demócrata, como, por ejemplo, los de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, que han instado a España mediante el informe Cilevics a que el Tribunal de Cuentas deje de perseguir -y doblemente- a los
organizadores del referéndum pacífico que ya han pagado con la cárcel. Pero ustedes, representantes de la democracia española, votaron en contra de cumplir con el informe del Consejo de Europa. Por encima de la democracia, de su
normalizado nacionalismo radical, creen verdaderamente que si retuercen el derecho, hacen un bien a España. Y contra Cataluña, han retorcido el derecho y la verdad, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la Fiscalía, la Abogacía del Estado,
el Tribunal Supremo, el Constitucional, la Junta Electoral, el Tribunal de Cuentas, etcétera. Castigar al independentismo no ha sido una cuestión de la justicia, como quieren hacernos creer, ha sido y es una cuestión de Estado. Con su persecución
al independentismo, un Tribunal de Cuentas inútil se presenta como útil a la sociedad y se reivindica como importante. ¡Oooh, puede ayudar a España a castigar independentistas! De ahí que Esquerra Republicana lo llamemos tribunal de ajuste de
cuentas. (Aplausos). Un tribunal que no ha servido para detectar la corrupción, ni para frenarla, ni para castigarla, ni para perseguir los despilfarros políticos. Un tribunal que con su inacción ha permitido el saqueo de las arcas de la
Seguridad Social de más de 100 000 millones, a la espera de que hagan la auditoría exigida por Esquerra Republicana para determinar exactamente la cantidad, y aquí no pasa nada. Un tribunal que hoy día, con una situación de emergencia social,
permite que el Banco de España gaste 5 millones de euros en subvencionar las vacaciones de sus trabajadores o también permite que el Instituto Cervantes gaste 40 000 euros en masajes para algunos de sus trabajadores. Un tribunal nepotista y
derrochador que destina 5 millones de euros a pagar pluses de productividad a sus trabajadores, y eso sin tener en cuenta los más de 9000 euros al mes, con sus correspondientes pagas dobles, que cobran la presidencia, los presidentes de sección y
los consejeros del Tribunal de Cuentas. Repito, cobran más de 9000 euros al mes. Lamentablemente, el Congreso de los Diputados se ha negado a que Esquerra Republicana pueda fiscalizar este gasto o cualquier otro de su Tribunal de Cuentas, así como
cualquier sospecha evidente de nepotismo o parcialidad.
No nos quieren contestar a las más de cuatrocientas preguntas registradas y, ¿saben ustedes por qué? Porque el órgano fiscalizador, igual que el CNI, no tiene órgano que lo fiscalice. Por todo ello, a un Tribunal de Cuentas que tiene
funciones de tribunal aun no siéndolo, que es parcial, opaco y está politizado, al que vamos a denunciar en Europa, no lo consideramos un tribunal legítimo y no vamos a legitimarlo hoy con nuestro voto.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Elizo Serrano): Gracias, señora Bassa Coll.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra la señora Maestro Moliner.
La señora MAESTRO MOLINER: Moltes gràcies, presidenta.
En primer lugar, quisiera empezar agradeciendo el trabajo de la plantilla del Tribunal de Cuentas porque, a pesar de las discrepancias que puedan existir respecto a algunas políticas o fiscalizaciones que ya han anunciado otros portavoces
anteriormente, la realidad es que el trabajo no solo se está mejorando, sino que podemos ver de una manera patente que poco a poco se están mejorando algunas circunstancias que ya se encontraban sistematizadas, como los problemas. Dicho lo cual,
aunque ya se ha dicho también aquí, la cuenta que estamos hoy valorando y sobre la que versan las resoluciones... (Rumores).
Discúlpenme, pero es que me cuesta hablar con tanto ruido.
La señora VICEPRESIDENTA (Elizo Serrano): Normal. Por favor, de verdad, el tono es insoportable; es que ni siquiera yo me entero de lo que dice la persona que está interviniendo.
La señora MAESTRO MOLINER: Gracias, presidenta.
Estamos hablando de la cuenta de la pandemia, porque es el año de la pandemia, unos presupuestos prorrogados con todo lo que esto supuso. Sin embargo, sí encontramos una opinión favorable del órgano fiscalizador, a pesar, como ya he dicho,
de algunas deficiencias. Por supuesto, nos encontramos una vez más con la necesidad de agilizar los plazos de rendición de cuentas, sobre todo, como ya se decía, para poder valorarlo al menos con un poco de cercanía al ejercicio fiscalizado, en lo
que, como he dicho, se va avanzando lentamente, pero se avanza. Si bien este presupuesto prorrogado es el de la pandemia, debemos recordar también que se trata de un presupuesto que tuvo que hacer frente a todas las consecuencias sanitarias,
sociales y económicas. El impacto fiscal de todas estas medidas desplegadas por este Gobierno es más que evidente. Los déficits presupuestarios
no pueden ser de otra manera más que continuados y, por supuesto, con un incremento de la deuda pública, por lo que parece preciso recordar la necesidad de que se aborde una reforma fiscal que pueda asegurar una mayor progresividad y
suficiencia en los ingresos públicos. Sin ninguna duda ya conocemos todo lo que supuso este escudo social, una acción del Gobierno de coalición que se orientó principalmente a paliar todos estos efectos negativos y muy particularmente en lo que
respecta a nuestro tejido productivo.
Podríamos hablar de este plan de choque, de las medidas extraordinarias, con un coste de prácticamente 97 000 millones de euros, podemos hablar de las medidas de apoyo a la liquidez, la adaptación de jornada, el teletrabajo, los ERTE, el
sostenimiento de rentas familiares, autónomos y un largo etcétera, que ustedes ya conocen, pero me gustaría detenerme en un punto que me sorprende enormemente que no se haya tratado con anterioridad por los ponentes que me han precedido en el uso de
la palabra, y es -que es aún si cabe más importante- la situación y todo lo que se refleja sobre la Seguridad Social, y es francamente criminal de qué manera se está recogiendo. Se recoge un patrimonio negativo neto por cuarto año consecutivo que
asciende a 68 049 millones de euros, y una vez más... (Rumores).
La señora VICEPRESIDENTA (Elizo Serrano): Señora Moliner, discúlpeme que la interrumpa, de verdad que me cuesta interrumpir a la persona que se encuentra en el uso de la palabra, porque es difícil hilar un discurso que se interrumpe tres o
cuatro veces para pedir silencio. Tengan un ejercicio de empatía hacia la persona que intenta decir algo con algún tipo de importancia o relevancia para esta Cámara, y si tienen que hablar, váyanse a la cafetería.
La señora MAESTRO MOLINER: Muchas gracias, presidenta, de nuevo.
Como decía, debemos insistir en que todo este reflejo que se recoge por la cuenta general de concesión de préstamos del Estado a la Seguridad Social no es más que una ficción contable. Se conceden préstamos a tipo de interés cero que se van
prorrogando de una manera absolutamente indefinida
y que, evidentemente, nunca son devueltos. Por todo esto, lo que hacemos es trasladar ese déficit del subsector Estado a la Seguridad Social. Así que ya está bien de maquillaje y dejemos claro que la aportación de esos recursos que hace el
Estado debería realizarse sencillamente como transferencias a través de los presupuestos generales del Estado, que es muy importante que ya, por fin, el Estado asuma los gastos impropios que va cargando de manera sistemática a la Seguridad Social y
que las transferencias dejen de considerarse préstamos para no generar esa deuda.
Sabemos muy bien que a algunos grupos les importa bien poco el hecho de que se esté reflejando esta ficción contable, porque ya sabemos que a la derecha, por norma general, demostrar que la Seguridad Social no es suficiente y no es garantía
para cubrir todos sus ingresos es la puerta que necesitan para seguir con su oleada de privatizaciones; privatizaciones que además, normal y sorpresivamente, acaban la mayoría de ellas en adjudicaciones a algunos de sus allegados o amiguitos. Pero
también me parece importante recordar que el propio Pacto de Toledo, en su última revisión, ya emplazaba al Gobierno a acabar con este déficit de la Seguridad Social, y solicitaba que se hiciera antes de terminar 2023 para aclarar en gran parte que
ese desequilibrio contable se debe, como ya he dicho antes, a esa asunción de gastos impropios que no le corresponden a la Seguridad Social.
En este sentido, reitero, se está incumpliendo la disposición adicional sexta, que sí que recoge la necesidad de un informe de auditoría sobre la financiación de los gastos de naturaleza contributiva y no contributiva de la Seguridad Social,
que ya tendría que estar realizado, señorías, pero nos encontramos que todavía se está incumpliendo esta directriz del Pacto de Toledo. Con esta auditoría lograríamos reflejar que existe un superávit contable real dentro de la Seguridad Social, tal
y como, por cierto, ya ha avanzado en otros informes el Tribunal de Cuentas, y serviría también para desmontar esa supuesta quiebra del sistema público, porque, no nos engañemos, a algunas de sus señorías les interesa mucho, y es lo que nos hemos
encontrado de manera sistemática, pero desde algunos grupos no solo creemos enormemente en la suficiencia de nuestro sistema público de pensiones, sino en volcarnos completamente en él (aplausos), garantizando los recursos suficientes y unas
pensiones presentes y futuras más que dignas. Por cierto, permítanme que utilice estos minutos para decir que todo lo contrario a lo que se reflejó en la propuesta del ministro Escrivá, donde lo que se propone es ampliar ese período a la hora de
calcular la pensión. Desde mi grupo no podemos más que mostrar nuestro absoluto y máximo rechazo. Insisto, las pensiones se van a seguir defendiendo. Basta ya de criminalizar y de penalizar a la clase trabajadora en este sentido, basta ya de
penalizar a quienes llevan más de cuarenta años trabajados o trabajando para
que después se les impongan todo este tipo de medidas (aplausos), basta ya de atacar a la clase trabajadora y garanticemos las pensiones de la manera que hay que garantizarlas, de una manera suficiente y con transferencias. ¡Hágase ya la
auditoría al respecto!
Muchísimas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Elizo Serrano): Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Sáez Alonso-Muñumer. (Aplausos).
El señor SÁEZ ALONSO-MUÑUMER: Gracias, señora presidenta.
Señorías, hablamos de 579 412 millones de euros de patrimonio neto negativo, hablamos de 579 412 millones de euros de pasivos, o sea, lo que debemos es mayor que los activos, o sea, lo que tenemos. Eso es lo que refleja la cuenta general
del Estado del año 2020, un preocupante déficit patrimonial, un déficit patrimonial que ha empeorado en 138 000 millones de euros respecto a 2019; un déficit patrimonial que ha empeorado en más de 492 000 millones de euros desde el año 2008; un
déficit patrimonial que ha crecido un 565 % desde el año 2008 mientras los niveles del PIB se mantienen constantes; un déficit patrimonial que crecerá, según refleja la cuenta general del Estado del año 2021, en otros 78 483 millones de euros; un
déficit patrimonial que es la consecuencia de muchos años incurriendo en un gasto desmesurado y sin control; un déficit patrimonial que es el resultado acumulado de la ineficiencia e irresponsabilidad en la gestión de las cuentas públicas de los
sucesivos gobiernos del PP y del PSOE. (Aplausos). Un déficit patrimonial que debería preocupar a todos los españoles con un mínimo sentido común, porque con sentido común y un poco de experiencia profesional nos daríamos cuenta que son unas
cuentas que reflejan, uno, un patrimonio neto negativo de 579 412 millones de euros; dos, un empeoramiento del fondo de maniobra de 30 988 millones de euros respecto a 2019; tres, una pérdida atribuible a la sociedad dominante de 137 761 millones
de euros, unas pérdidas que continuarán creciendo, como así lo ha reflejado el Gobierno, en el programa de estabilidad para los próximos ejercicios, unas pérdidas a las que nos tiene acostumbrados el Partido Socialista. Recordemos que con Felipe
González el déficit promedio de España se situó en un 5,2 % del PIB y con Rodríguez Zapatero en un 3,7 %, un dato más que demuestra la recurrente ruina que suponen las políticas socialistas. (Aplausos). Cuatro, un aumento de la suma de deudas a
largo y a corto plazo con respecto al ejercicio 2019 de 119 280 millones de euros, deudas que seguirán creciendo en años futuros y sobre las que no existen perspectivas de reducción. Por cierto, a los españoles lo que les interesa es el nivel de
deuda per cápita, no el nivel de deuda sobre el PIB. Y cinco, un empeoramiento de todas las ratios financieras respecto al ejercicio anterior. Si se tiene un poco de sentido común, unas cuentas con estos cinco indicadores supondría llevar a cabo
un cambio urgente en el modelo de gestión de las cuentas públicas.
Vayamos al informe del Tribunal de Cuentas. Me llaman la atención los puntos siguientes. Primero, mientras crecen las pérdidas acumuladas del sector público, el número de sociedades del sector público estatal permanece invariable: 441
entidades. Segundo, aumenta el número de salvedades en el informe del Tribunal de Cuentas: 33 frente a 30 salvedades en el año 2019. En una de ellas se menciona que existen 57 entidades, tres más que en el ejercicio anterior, que no se han
integrado en la cuenta general del Estado. Tercero, se mantiene la falta de rendición ante el Tribunal de Cuentas de las cuentas individuales de algunas entidades. Cuarto, continúa la presentación ante el Tribunal de Cuentas de las cuentas anuales
individuales fuera del plazo legal establecido al efecto. Quinto, la Administración General del Estado sigue careciendo de inventarios completos de los bienes que integran el inmovilizado material. Sexto, sorprende que no se incluya ningún párrafo
de énfasis por el patrimonio neto negativo, que -no sé si lo había dicho antes- asciende a 579 412 millones de euros. Sorprende que no se inste al Gobierno a elaborar un plan para reducir el desequilibrio patrimonial de las cuentas públicas.
(Rumores).
La señora VICEPRESIDENTA (Elizo Serrano): Silencio, por favor.
El señor SÁEZ ALONSO-MUÑUMER: Sorprende que no se inste al Gobierno a aprobar un plan a medio y largo plazo que permita cumplir con los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Séptimo, sorprende que no se
incluya ninguna advertencia de las consecuencias de posibles subidas de los tipos de interés ante el elevado nivel de la deuda pública.
Se trata de un informe en relación con el cual el Grupo Parlamentario VOX presentó dos propuestas de resolución que no fueron aprobadas en Comisión. En la primera hablábamos de definir y cuantificar la recaudación necesaria que permita
disponer de un euro adicional de gasto público efectivo, así como
calcular los costes de eficiencia, los costes de cumplimiento y los costes de administración. Puro sentido común, más aún en una situación de fuerte déficit de las cuentas públicas. Y en la segunda, de estudiar la implantación de un
presupuesto en base cero. El problema es que tenemos un Gobierno que ignora que respetar a los españoles es llevar a cabo una gestión eficiente de las cuentas públicas, que ignora que es una falta de respeto no decir la verdad a los españoles, que
es una falta de respeto utilizar el dinero público con criterios partidistas, que es una falta de respeto tratar diferente a los españoles en función del lugar en el que vivan, y que es una falta de respeto y de decoro pactar con filoetarras.
Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
La señora VICEPRESIDENTA (Elizo Serrano): Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Paniagua Núñez.
El señor PANIAGUA NÚÑEZ: Gracias, presidenta.
Buenos días, señorías. Señorías del Grupo Socialista, ¿se dan cuenta de por qué los resultados de las encuestas vaticinan que no van a volver a gobernar, teniendo en cuenta los socios de esta legislatura que apoyan la labor del Gobierno?
¿Se dan cuenta? Y, señora Bassa, una de las entidades que no ha presentado las cuentas es catalana, por si no se había leído bien el informe. (Aplausos).
Cuenta general del Estado del año 2020, un año especialmente diferente. En 2020 nos asoló una pandemia y eso tuvo consecuencias en prácticamente todas nuestras actividades y en toda nuestra vida y, por tanto, también en la labor de las
administraciones públicas. Como bien dijo la presidenta del tribunal, otro año más en que el Gobierno del señor Sánchez no fue capaz de aprobar unos presupuestos -los tan denigrados del señor Montoro le sirvieron al señor Sánchez tres años-, y nos
trasladaba los resultados: 70 000 millones de incremento de gasto, 30 000 millones de reducción de ingresos, unos 70 000 millones de incremento de déficit por la COVID más unos 46 000 millones de déficit estructural actual con este Gobierno. En
total, unos 116 000 millones de incremento de deuda. Más deuda y más riesgo para el futuro de España y por eso es tan importante la gestión de los próximos años para nuestro país. Y nos decía la presidenta del tribunal algo importante: hablar de
endeudamiento significa hablar de su coste. A pesar del incremento de la deuda, los gastos financieros se habían reducido en 1000 millones de euros en el año 2020 y ponía el énfasis en la política del Banco Central Europeo, es decir, dependemos del
exterior. Y cuando el exterior decida cambiar su política monetaria, sufriremos, y esto ha comenzado en el año 2022. Por eso nunca hemos entendido el incremento de déficit y, por tanto, de deuda del año 2019 o el exceso en 2021, 2022 y la
previsión de 2023, sobre todo con el incremento tan importante de los ingresos tributarios. No es un comportamiento prudente de este Gobierno y, lo que es peor, creo que no les importa.
Nos planteaba el tribunal también que el endeudamiento de la Seguridad Social frente al Estado, a 31 de diciembre de 2020, era de 85 000 millones, un 7,6 % del PIB. La declaración de la cuenta general reitera la advertencia realizada por el
tribunal tanto en declaraciones anteriores como en fiscalizaciones específicas. Los problemas de estabilidad financiera de la Seguridad Social no se resuelven acudiendo a préstamos del propio Estado para compensar la insuficiencia de los ingresos
ordinarios para sufragar los gastos ordinarios. El tribunal nos dice que los resultados analizados nos permiten concluir que la cuenta sí representa fielmente la situación económica y patrimonial y la presupuestaria del sector público estatal, pero
aun así hay muchas salvedades: entidades del sector público estatal que no integran sus cuentas o retraso en su rendición, la incorrecta imputación al ejercicio tanto de derechos como de obligaciones -esta situación tiene incidencia en el resultado
presupuestario, que está sobrevalorado en 2000 millones de euros-, que determinado inmovilizado no se ha contabilizado o que hay deficiencias en la valoración del deterioro de valor de algunas deudas. Señala la ausencia de información en lo que se
refiere a la liquidación de beneficios fiscales o la ausencia de una memoria de balance y de resultados y del informe de gestión que prevé la Ley General Presupuestaria y termina, como casi todas las presentaciones de la declaración general,
reiterando la necesidad de resolver el endeudamiento estructural en la Seguridad Social.
La portavoz del Partido Nacionalista Vasco nos planteaba un tema interesante en la Comisión. Decía que dedicamos demasiado tiempo a la discusión del presupuesto general del Estado, pero muy poco a debatir la liquidación de los presupuestos.
(Rumores).
La señora VICEPRESIDENTA (Elizo Serrano): Silencio.
El señor PANIAGUA NÚÑEZ: Estamos absolutamente de acuerdo, pero, claro, si los responsables de presupuestos del Gobierno ni siquiera quieren comparecer en la Comisión de Presupuestos, con el apoyo -creo- en algunos casos del Partido
Nacionalista Vasco, es muy difícil debatir de ejecución ni de nada.
Como les decía al principio, es un año extraordinariamente atípico que no permite una comparación con ninguna situación parecida. Estamos seguros de que se podría haber hecho mucho mejor, pero también queremos recalcar que muchos
funcionarios han hecho esfuerzos extraordinarios por cumplir con los objetivos en ese año y nosotros nos quedamos con eso. En la Comisión mixta se han aprobado dos propuestas de resolución importantes impulsadas por el Partido Popular. En la
primera, el Congreso insta al Tribunal de Cuentas a dar cumplimiento en su integridad a lo dispuesto en el artículo 136.2, párrafo dos, de la Constitución española, que dice que el Tribunal de Cuentas, sin perjuicio de su propia jurisdicción,
remitirá a las Cortes Generales un informe anual en el que, cuando proceda, comunicará las infracciones o responsabilidades en que, a su juicio, se hubiera incurrido. Espero que el tribunal lo haga ya este año 2022. (Aplausos).
También espero que incluya en la cuenta general del Estado la diferencia del resultado del presupuesto general del Estado y del déficit o superávit público, si se tienen en cuenta las salvedades establecidas por el tribunal en su informe
definitivo. Esto lo vimos necesario en la cuenta general del Estado del año 2019, en la que estuvimos muy cerca del límite de déficit excesivo. (Rumores).
La señora VICEPRESIDENTA (Elizo Serrano): Un momento, señor Paniagua. Vuelvo a pedirles que, por favor, mantengan las conversaciones en el tono más bajo posible. Es muy complicado, muy difícil entender lo que dice la persona que está en
tribuna. Disculpe la interrupción.
El señor PANIAGUA NÚÑEZ: Como les decía, que se incluya en la cuenta general del Estado la diferencia del resultado del presupuesto general del Estado y del déficit o superávit público, si se tienen en cuenta las salvedades establecidas por
el propio tribunal en su informe definitivo. Esto lo vimos necesario en el año 2019 -estuvimos muy cerca del límite de déficit excesivo- y algunas salvedades que presentó el tribunal hacían crecer el déficit, no sabemos si lo suficiente para haber
incumplido ese límite, pero nos parecía conveniente esa propuesta y agradecemos al resto de grupos su apoyo y a la presidenta del tribunal también. (La señora presidenta ocupa la Presidencia).
Termino, presidenta. Y ahora espero que la portavoz socialista -supongo que será la portavoz de la Comisión Mixta- no vuelva, como hizo en la Comisión, a hablar del Gobierno del Partido Popular de hace diez años, un Gobierno en un momento
diferente, con una crisis diferente, con una herencia recibida diferente... (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.
El señor PANIAGUA NÚÑEZ: ... y con una ayuda europea diferente. (Aplausos). Pero, como no pueden dar datos positivos de su gestión, se dedican a esto, a mirar diez años atrás, a veces cuarenta y a veces hasta ochenta años.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Paniagua.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Marra Domínguez.
La señora MARRA DOMÍNGUEZ: Gracias, presidenta.
Señorías del Partido Popular, no me van a decir a mí lo que yo tengo que decir. (Aplausos). No crean que ustedes van a poder tutelar a las mujeres, y menos a las del Partido Socialista. (Aplausos).
Dejen de negar la evidencia. Tenemos los terceros presupuestos consecutivamente aprobados. España es hoy el país con la inflación más baja de la zona euro, donde menos sube el coste de la vida y en el que, además, continúa la senda de
descenso del déficit público del Estado. Los datos son contundentes. El déficit del Estado se reduce al 1,24 % del PIB en septiembre de 2022, un 72,2 % menos respecto al mismo periodo del año anterior. Por eso, señorías del Partido Popular,
conviene que no vengan aquí a dar lecciones, porque después, cuando gobiernan, no cumplen ninguna, y sobre todo cuando esas lecciones son fruto de una visión equivocada del funcionamiento de la economía y no de una apreciación realista de su
evolución.
Entrando ya en materia de la cuenta general, quisiera dirigir mis primeras palabras en este Pleno a la presidenta y a todo el personal del Tribunal de Cuentas por el extraordinario y riguroso trabajo que realizan. Abordamos hoy la cuenta
general del Estado del año 2020, que abarca más de 440 entidades del sector
público estatal, lo cual en sí mismo ya indica el grado de dificultad que tiene, en especial por las circunstancias difíciles en que este trabajo se ha realizado. No podemos olvidar que el año 2020 ha sido el año de la pandemia y esto ha
condicionado que dicha declaración esté afectada de lleno por el impacto de la COVID-19. Con todo, quisiera destacar que en solo dos años de legislatura estamos dando trámite a la cuarta cuenta general del ejercicio y que solo hace unos pocos meses
se presentaba en esta Cámara la cuenta general del Estado del año 2019, lo que muestra que las diversas actuaciones y medidas que se han venido implementando han permitido ir reduciendo paulatinamente el plazo de aprobación de las declaraciones.
Eso, señorías, es bueno, si bien en el Grupo Parlamentario Socialista consideramos que hay que seguir dando pasos para que la aprobación de la declaración se pueda llevar a cabo dentro del ejercicio siguiente al que corresponde.
Como decía antes, esta es la cuenta general del año de la pandemia, 2020 -y conviene recordárselo a algún grupo, en concreto al Grupo Parlamentario VOX-, año en el que la pandemia de la COVID-19 ha obligado al Gobierno a adoptar una serie de
medidas extraordinarias y ha condicionado significativamente la actividad del conjunto del sector público estatal. Por dar solo un dato, como se puede ver en este gráfico (mostrando un gráfico), solo en el año 2020 el total de obligaciones
reconocidas para hacer frente a la COVID-19 ha ascendido a 67 738 millones de euros. Por tanto, frente a la peor crisis sanitaria a la que nos hemos enfrentado, en esta cuenta general se evidencia que el Gobierno ha desplegado el mayor escudo
social de la historia de nuestro país. (Aplausos). Se ha protegido a trabajadores mediante ERTE, se ha ayudado a empresas con préstamos ICO, se han dado ayudas a autónomos, se ha subido el salario mínimo interprofesional a 1000 euros, se ha
aprobado la reforma laboral para acabar con la precariedad laboral que nos dejó el Gobierno del Partido Popular, se ha bajado la tasa de desempleo, se ha protegido el poder adquisitivo de las pensiones o bien se ha creado el ingreso mínimo vital.
En definitiva, señorías, se han desplegado importantes medidas de carácter social que han sido el sostén de miles de familias, de miles de empresas y de miles de autónomos. Hoy tenemos, de hecho, los mejores datos de paro desde 2008. En España hoy
hay más de veinte millones y medio de personas trabajando y la mitad de los contratos que se firman son contratos indefinidos. Por tanto, frente a recortes, frente a la precarización que nos dejó el Gobierno del Partido Popular en crisis
anteriores, este Gobierno ha respondido protegiendo a familias, a empresas y a autónomos de nuestro país, empezando por aquellos que más lo necesitan, por los más vulnerables. (Aplausos). Y lo sigue haciendo, señorías. Lo sigue haciendo, a pesar
del voto siempre en contra en esta Cámara del Partido Popular. Lo hace con la aprobación del plan de respuesta económica a la crisis provocada por la guerra de Ucrania, con medidas en ámbitos de protección social -abaratamiento de coste de energía,
combustibles, rebaja de transportes públicos, vivienda- y con ayudas a industrias, a empresas y al sector primario.
Respecto a las importantes dificultades del sistema de Seguridad Social, se recoge por cuarto año consecutivo un patrimonio neto negativo -y esto no es nuevo, no es de este año-, si bien es preciso destacar que frente a estas dificultades se
han puesto en pie medidas que permiten empezar a atajar ese déficit, teniendo en cuenta las indicaciones que hace el propio Tribunal de Cuentas en el sentido de que es una solución que debe adoptarse en el ámbito del Pacto de Toledo, como se ha
venido haciendo tradicionalmente, con consenso, con unidad, con acuerdos, como en el caso de la actualización de las pensiones de acuerdo con el IPC o bien con la eliminación del factor de sostenibilidad. Este debe ser el camino a seguir.
Por último, respecto a las salvedades que se recogen, cabe destacar, como pone de manifiesto el tribunal, que son prácticamente las mismas que en la cuenta general de ejercicios precedentes. Sin embargo, también aparecen aspectos
susceptibles de mejora que se notan si se hace una lectura pormenorizada de las salvedades, así como del seguimiento de las recomendaciones y de las conclusiones del propio tribunal.
Termino, señorías, y lo hago con la conclusión que señala en su informe la presidenta del Tribunal de Cuentas, que cito textualmente: Esta cuenta general presenta fielmente en todos sus aspectos significativos la situación económica,
financiera y patrimonial, los cambios en el patrimonio neto, los flujos de efectivo, los resultados del ejercicio y la ejecución y liquidación del presupuesto del grupo de entidades que han de integrarse en ella. Por tanto, desde el Grupo
Parlamentario Socialista daremos nuestro apoyo favorable a esta cuenta general y esperamos que también así lo hagan el resto de grupos que constituyen esta Cámara, como así lo manifestaron en Comisión.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Marra.
ELECCIÓN DE UN SEÑOR DIPUTADO, DE CONFORMIDAD CON EL PUNTO TERCERO DE LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS SOBRE SECRETOS OFICIALES, DE 26 DE ABRIL DE 2022:
- ELECCIÓN DE UN SEÑOR DIPUTADO, DE CONFORMIDAD CON EL PUNTO TERCERO DE LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS SOBRE SECRETOS OFICIALES, DE 26 DE ABRIL DE 2022. (Número de expediente 052/000002).
La señora PRESIDENTA: A continuación pasamos a examinar el punto del orden del día relativo a la elección de un señor diputado, de conformidad con el punto tercero de la resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados sobre
secretos oficiales, de 26 de abril de 2022.
El diputado propuesto por el Grupo Parlamentario Socialista es don Patxi López Álvarez.
Este punto será sometido a votación por papeletas tras las restantes votaciones previstas para el día de hoy.
SOLICITUD DE PRÓRROGA DE SUBCOMISIONES:
- SOLICITUD DE LA COMISIÓN CONSTITUCIONAL DE NUEVA PRÓRROGA DE SEIS MESES DEL PLAZO PARA LA CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA SUBCOMISIÓN PARA LA REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA 5/1985, DE 19 DE JUNIO, DEL RÉGIMEN ELECTORAL GENERAL. (Número de
expediente 154/000008).
La señora PRESIDENTA: Pasamos, señorías, al último punto del orden del día, relativo a la solicitud de la Comisión Constitucional de nueva prórroga de seis meses del plazo para la conclusión de los trabajos de la Subcomisión para la reforma
de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.
Dicha solicitud se someterá a votación junto con el resto de asuntos a continuación. Votaremos en tres minutos. (Pausa).
PROPOSICIONES NO DE LEY. (VOTACIÓN):
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE APOYO A LA CANDIDATURA ESPAÑOLA DE MÁLAGA PARA ALBERGAR LA EXPOSICIÓN INTERNACIONAL 2027 'LA ERA URBANA: HACIA LA CIUDAD SOSTENIBLE'. (Número de expediente 162/001099).
La señora PRESIDENTA: Señorías, vamos a dar comienzo a las votaciones. Empezamos con las proposiciones no de ley.
Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre apoyo a la candidatura española de Málaga para albergar la exposición internacional 2027 'La era urbana: hacia la ciudad sostenible'. Se vota en sus términos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 342; a favor, 319; abstenciones, 23.
La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda aprobada la proposición no de ley.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LA MODIFICACIÓN DE LA LEGISLACIÓN VIGENTE RELATIVA A LOS DELITOS CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL. (Número de expediente 162/001118).
La señora PRESIDENTA: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la modificación de la legislación vigente relativa a los delitos contra la libertad sexual. Se vota en sus términos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 342; a favor, 102; en contra, 187; abstenciones, 53.
La señora PRESIDENTA: Queda rechaza la proposición no de ley.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (VOTACIÓN):
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LAS MEDIDAS QUE PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO ANTE EL CRECIENTE DETERIORO DE LOS SERVICIOS FERROVIARIOS. (Número de expediente 173/000179).
La señora PRESIDENTA: Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno ante el creciente deterioro de los servicios ferroviarios. La votación se
producirá separada por puntos.
Punto 1.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 342; a favor, 304; en contra, 33; abstenciones, 5.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el punto 1.
Punto 2.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 342; a favor, 301; en contra, 34; abstenciones, 7.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el punto 2.
Punto 3.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 342; a favor, 293; en contra, 36; abstenciones, 13.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el punto 3.
Punto 4.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 342; a favor, 159; en contra, 50; abstenciones, 133.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el punto 4.
Punto 5.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 342; a favor, 154; en contra, 48; abstenciones, 140.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el punto 5.
Punto 6.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 342; a favor, 295; en contra, 40; abstenciones, 7.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el punto 6. (Aplausos).
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO VOX, SOBRE LAS MEDIDAS QUE PRETENDE ADOPTAR EL GOBIERNO PARA CAMBIAR EL RUMBO DE SUS POLÍTICAS ENERGÉTICAS Y DIRIGIRLAS ASÍ A LOS INTERESES DE LOS ESPAÑOLES. (Número de expediente 173/000180).
La señora PRESIDENTA: Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario VOX, sobre las medidas que pretende adoptar el Gobierno para cambiar el rumbo de sus políticas energéticas y dirigirlas así a los intereses de los
españoles. Votación separada por puntos.
Primer párrafo y punto 1.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 342; a favor, 52; en contra, 290.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazados el primer párrafo y el punto 1.
Punto 2.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 342; a favor, 152; en contra, 190.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazado el punto 2.
Punto 3.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 342; a favor, 53; en contra, 199; abstenciones, 90.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazado el punto 3.
Punto 4.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 342; a favor, 63; en contra, 190; abstenciones, 89.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazado el punto 4.
DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. (VOTACIÓN):
- PROPUESTA DE REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA 5/2007, DE 20 DE ABRIL, DE REFORMA DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE ARAGÓN. (Número de expediente 127/000006).
La señora PRESIDENTA: Votamos los dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas. Propuesta de reforma de la Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, de reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón.
Votación del dictamen.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 332; a favor, 315; abstenciones, 17.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el dictamen.
- VOTACIÓN DE CONJUNTO.
La señora PRESIDENTA: Votación de conjunto de la propuesta de reforma de la Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, de reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón, por tener la misma carácter orgánico.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 335; a favor, 318; abstenciones, 17.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada la Propuesta de reforma de la Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, de reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón, por tener la misma carácter orgánico.
ENMIENDAS DEL SENADO. (VOTACIÓN):
- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 38/2015, DE 29 DE SEPTIEMBRE, DEL SECTOR FERROVIARIO. (Número de expediente 121/000077).
La señora PRESIDENTA: Enmiendas del Senado. Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del Sector Ferroviario. Votación separada de las enmiendas.
Enmienda al apartado dos. artículo 4, de la Ley 38/2015, en lo relativo a la incorporación de un nuevo apartado 6 bis.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 342; a favor, 338; abstenciones, 4.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Enmienda al apartado dos. artículo 4, de la Ley 38/2015, en lo relativo a la supresión del apartado 8.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 342; a favor, 282; en contra, 5; abstenciones, 55.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Enmienda al apartado tres. artículo 5, de la Ley 38/2015, en lo relativo a la incorporación de un nuevo texto como penúltimo párrafo de su apartado 1.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 342; a favor, 287; en contra, 51; abstenciones, 4.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Enmienda al apartado tres. artículo 5, de la Ley 38/2015, en lo relativo al último párrafo del apartado 5.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 342; a favor, 194; en contra, 142; abstenciones, 6.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Enmiendas al apartado dieciséis, artículo 15.2, de la Ley 38/2015; al apartado cuarenta y uno; al apartado cuarenta y siete; y artículo 4 del proyecto de ley.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 342; a favor, 284; en contra, 3; abstenciones, 55.
La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.
Enmienda al apartado veintidós bis (nuevo). artículo 32.2 de la Ley 38/2015.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 342; a favor, 198; en contra, 142; abstenciones, 2.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Enmienda al apartado veinticuatro. artículo 39.2 de la Ley 38/2015.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 342; a favor, 318; abstenciones, 24.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Enmienda al apartado cuarenta y nueve (bis) nuevo. artículo 102.2 de la Ley 38/2015.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 342; a favor, 290; en contra, 51; abstenciones, 1.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Enmienda al apartado cincuenta y tres bis (nuevo). artículo 108.2.12 de la Ley 38/2015.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 342; a favor, 298; en contra, 34; abstenciones, 10.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Enmienda al apartado cincuenta y cuatro bis (nuevo). artículo 112 de la Ley 38/2015.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 341; a favor, 209; en contra, 124; abstenciones, 8.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Enmienda al apartado cincuenta y siete bis (nuevo). disposición adicional decimonovena bis (nueva) de la Ley 38/2015.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 342; a favor, 189; en contra, 152; abstenciones, 1.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Enmienda a la disposición adicional tercera (nueva) del proyecto de ley.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 341; a favor, 195; en contra, 94; abstenciones, 52.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Enmienda a la disposición adicional cuarta (nueva) del proyecto de ley y a la disposición adicional quinta (nueva) del proyecto de ley.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 342; a favor, 295; en contra, 1; abstenciones, 46.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Resto de las enmiendas al proyecto de ley por la que se modifica la Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del Sector Ferroviario.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 342; a favor, 333; abstenciones, 9.
La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.
- PROYECTO DE LEY DE FOMENTO DEL ECOSISTEMA DE LAS EMPRESAS EMERGENTES. (Número de expediente 121/000081).
La señora PRESIDENTA: Pasamos al Proyecto de Ley de Fomento del Ecosistema de las Empresas Emergentes. Votación separada de las enmiendas.
Enmienda al artículo 3.2, en lo relativo a su párrafo segundo.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 342; a favor, 52; en contra, 277; abstenciones, 13.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Resto de las enmiendas al artículo 3.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 342; a favor, 316; abstenciones, 26.
La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.
Enmienda al artículo 4.1.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 342; a favor, 309; en contra, 15; abstenciones, 18.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Resto de las enmienda al artículo 4.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 342; a favor, 307; abstenciones, 35.
La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.
Enmienda al artículo 16.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 342; a favor, 309; en contra, 9; abstenciones, 24.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Resto de enmiendas.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 342; a favor, 317; abstenciones, 25.
La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.
- PROYECTO DE LEY DE INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS EN LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO. (Número de expediente 121/000103).
La señora PRESIDENTA: Pasamos al Proyecto de ley de institucionalización de la evaluación de políticas públicas en la Administración General del Estado.
Votación de la enmienda.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 342; a favor, 276; en contra, 51; abstenciones, 15.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
DECLARACIÓN SOBRE LA CUENTA GENERAL DEL ESTADO. (VOTACIÓN):
- DICTAMEN DE LA COMISIÓN MIXTA PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL DE CUENTAS EN RELACIÓN CON LA DECLARACIÓN SOBRE LA CUENTA GENERAL DEL ESTADO DEL EJERCICIO 2020, ASÍ COMO DE LA RESOLUCIÓN ADOPTADA POR DICHA COMISIÓN. (Número de
expediente 250/000008).
La señora PRESIDENTA: Declaración sobre la cuenta general del Estado. Dictamen de la Comisión Mixta para las relaciones con el Tribunal de Cuentas en relación con la declaración sobre la cuenta general del Estado del ejercicio 2020, así
como de la resolución adoptada por dicha Comisión.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 342; a favor, 264; en contra, 22; abstenciones, 56.
La señora PRESIDENTA: Quedan aprobados el dictamen y la resolución de la Comisión Mixta.
SOLICITUD DE PRÓRROGA DE SUBCOMISIONES. (VOTACIÓN):
- SOLICITUD DE LA COMISIÓN CONSTITUCIONAL DE NUEVA PRÓRROGA DE SEIS MESES DEL PLAZO PARA LA CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA SUBCOMISIÓN PARA LA REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA 5/1985, DE 19 DE JUNIO, DEL RÉGIMEN ELECTORAL GENERAL. (Número de
expediente 154/000008).
La señora PRESIDENTA: Nuevo punto. Solicitud de la Comisión Constitucional de nueva prórroga de seis meses del plazo para la conclusión de los trabajos de la Subcomisión para la reforma de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del
Régimen Electoral General.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 336; a favor, 323; abstenciones, 13.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada la prórroga del plazo de la Subcomisión.
ELECCIÓN DE UN SEÑOR DIPUTADO, DE CONFORMIDAD CON EL PUNTO TERCERO DE LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS SOBRE SECRETOS OFICIALES, DE 26 DE ABRIL DE 2022.
- ELECCIÓN DE UN SEÑOR DIPUTADO, DE CONFORMIDAD CON EL PUNTO TERCERO DE LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS SOBRE SECRETOS OFICIALES, DE 26 DE ABRIL DE 2022. (Número de expediente 052/000001).
La señora PRESIDENTA: Pasamos, señorías, a la elección de un señor diputado, de conformidad con el Punto Tercero de la Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados sobre secretos oficiales, de 26 de abril de 2022.
Vamos a proceder a dicha elección mediante votación por papeletas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 205 en relación con el 204 del Reglamento, así como en la citada resolución de la Presidencia. Resultará elegido el diputado que
alcance la mayoría absoluta, es decir 175 votos. Cada diputado escribirá un nombre en su papeleta. Les recuerdo que serán nulas las papeletas que contengan más de un nombre o este no se corresponda con un diputado del Grupo Parlamentario
Socialista. El diputado propuesto por el Grupo Parlamentario Socialista es don Patxi López Álvarez. En esta votación se han emitido 23 votos telemáticos, que procederemos inmediatamente a introducir en la urna.
Ruego al ruego al señor secretario primero que proceda al llamamiento de las señoras y los señores diputados.
Por los señores secretarios de la Mesa se procede al llamamiento de las señoras y los señores diputados, quienes van depositando su papeleta en la urna.
Terminada la votación, dijo
La señora PRESIDENTA: ¿Algún señor diputado o señora diputada no ha sido llamado a votación? (Pausa). En breves instantes les comunicaremos el escrutinio.
Verificado el escrutinio, dijo
La señora PRESIDENTA: Señorías, realizado el escrutinio, el resultado es el siguiente: votos emitidos, 288; votos a favor de don Patxi López Álvarez, 246; votos en blanco, 40; votos nulos, 2. Por tanto, al haber obtenido más de la
mayoría absoluta de los votos de los miembros de la Cámara, el señor Patxi López Álvarez ha resultado elegido a los efectos de la resolución de la Presidencia de 26 de abril de 2022. Enhorabuena. (Aplausos).
Señorías, se levanta la sesión, y en un par de minutos reanudamos.
Era la una y cincuenta y cinco minutos de la tarde.