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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 183, de 10/05/2022
cve: DSCD-14-PL-183
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2022 XIV LEGISLATURA Núm. 183
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª MERITXELL BATET LAMAÑA
Sesión plenaria núm. 176
celebrada el martes,
10 de mayo de 2022
ORDEN DEL DÍA:
Exclusión del orden del día:
- Interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Parlamentario Mixto (señor Quevedo Iturbe), sobre las relaciones entre España y Marruecos y su incidencia en Canarias. (Número de expediente 172/000202) ... (Página4)
Inclusión en el orden del día:
- Solicitud de prórroga de Subcomisiones:
- Solicitud de la Comisión Constitucional de prórroga de seis meses del plazo para la conclusión de los trabajos de la Subcomisión para la reforma de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General. 'BOCG. Congreso de
los Diputados', serie D, número 260, de 21 de abril de 2021. (Número de expediente 154/000008) ... (Página4)
Toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades y ciudades autónomas:
- Del Parlamento de Cantabria, de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 217-1, de 14 de enero de 2022. (Número de expediente 125/000014) ...
Toma en consideración de proposiciones de ley:
- Del Grupo Parlamentario Socialista, Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para agravar las penas previstas para los delitos de trata de seres humanos desplazados por conflicto bélico
motivado por la invasión del territorio ucraniano por tropas de la Federación Rusa. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 236-1, de 22 de abril de 2022. (Número de expediente 122/000214) ... (Página18)
Proposiciones no de ley:
- Del Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a ratificar el Convenio 189 de la OIT y asegurar el acceso a la cobertura por desempleo de las personas trabajadoras empleadas de hogar. 'BOCG. Congreso de los
Diputados', serie D, número 436, de 8 de abril de 2022. (Número de expediente 162/001002) ... (Página32)
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre interconexiones gasistas en España. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 416, de 11 de marzo de 2022. (Número de expediente 162/000969) ...
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Parlamentario Republicano, sobre la calidad democrática del Estado español. (Número de expediente 173/000145) ... (Página51)
SUMARIO
Se abre la sesión a las tres de la tarde.
Exclusión del orden del día ... (Página4)
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 68.1 del Reglamento y con arreglo a lo acordado por la Junta de Portavoces, la Presidencia somete al Pleno la exclusión del orden del día del punto correspondiente a la interpelación urgente
del Grupo Parlamentario Mixto (señor Quevedo Iturbe), sobre las relaciones entre España y Marruecos y su incidencia en Canarias, lo que se aprueba por asentimiento.
Inclusión en el orden del día ... (Página4)
Asimismo, la Presidencia somete al Pleno de la Cámara la inclusión, como último punto de la sesión del jueves, la solicitud de la Comisión Constitucional de prórroga de seis meses del plazo para la conclusión de los trabajos de la
Subcomisión para la reforma de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, lo que se aprueba por asentimiento.
Toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades y ciudades autónomas ... (Página5)
Del Parlamento de Cantabria, de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas ... (Página5)
En turno a favor intervienen los señores Hernando García, del Grupo Parlamentario Regionalista; Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular, y Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, representantes del Parlamento de
Cantabria.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Mazón Ramos, del Grupo Parlamentario Mixto; las señoras Sagastizabal Unzetabarrenetxea, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Martínez Granados, del Grupo Parlamentario
Ciudadanos; y los señores Rego Candamil y Miquel i Valentí, del Grupo Parlamentario Plural; Gómez-Reino Varela, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común; Del Valle Rodríguez, del Grupo Parlamentario VOX;
Movellán Lombilla, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y Casares Hontañón, del Grupo Parlamentario Socialista.
Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página18)
Del Grupo Parlamentario Socialista, Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para agravar las penas previstas para los delitos de trata de seres humanos desplazados por conflicto bélico
motivado por la invasión del territorio ucraniano por tropas de la Federación Rusa ... (Página18)
Defiende la toma en consideración de la proposición de ley la señora Fernández Benéitez, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Martínez Oblanca, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Pozueta Fernández, del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu; el señor Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco
(EAJ-PNV); la señora Giménez Giménez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; los señores Rego Candamil y Boadella Esteve y la señora Illamola Dausà, del Grupo Parlamentario Plural; y las señoras Telechea i Lozano, del Grupo Parlamentario
Republicano; Fernández Castañón, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común; De Meer Méndez, del Grupo Parlamentario VOX, y González Vázquez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Proposiciones no de ley ... (Página32)
Del Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a ratificar el Convenio 189 de la OIT y asegurar el acceso a la cobertura por desempleo de las personas trabajadoras empleadas de hogar ...
Defiende la proposición no de ley la señora Naváez Bandera, del Grupo Parlamentario Socialista.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen las señoras Muñoz Vidal, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, y Angulo Romero, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor García Adanero, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Pozueta Fernández, del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu; los señores Barandiaran Benito, del Grupo Parlamentario Vasco
(EAJ-PNV), y Rego Candamil, del Grupo Parlamentario Plural; y las señoras Carvalho Dantas, del Grupo Parlamentario Republicano; Vidal Sáez, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, y Ruiz Solás, del
Grupo Parlamentario VOX.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas vuelve a hacer uso de la palabra la señora Naváez Bandera.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre interconexiones gasistas en España ... (Página42)
Defiende la proposición no de ley el señor Herrero Bono, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen la señora Martínez Granados, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; el señor Bel Accensi, del Grupo Parlamentario Plural, así como la señora Calvo Gómez en turno de fijación de posiciones,
del mismo grupo; y las señoras Borrás Pabón, del Grupo Parlamentario VOX, y Padilla Ruiz, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Martínez Oblanca, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); el señor Capdevila i Esteve, del Grupo
Parlamentario Republicano, y la señora López Domínguez, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas, vuelve a hacer uso de la palabra el señor Herrero Bono.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página51)
Del Grupo Parlamentario Republicano, sobre la calidad democrática del Estado español ... (Página51)
Defiende la moción la señora Bassa Coll, del Grupo Parlamentario Republicano.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores García Adanero y Botran Pahissa, del Grupo Parlamentario Mixto; Iñarritu García, del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu; Legarda Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco
(EAJ-PNV), y Espejo-Saavedra Conesa, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; los señores Rego Candamil y Bel Accensi y la señora Nogueras i Camero, del Grupo Parlamentario Plural; los señores Asens Llodrà, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas
Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común y Fernández Hernández, del Grupo Parlamentario VOX; la señora Uriarte Bengoechea, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y el señor Ramírez Carner, del Grupo Parlamentario Socialista.
Se suspende la sesión a las ocho y treinta y cinco minutos de la tarde.
Se abre la sesión a las tres de la tarde.
EXCLUSIÓN DEL ORDEN DEL DÍA:
- INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑOR QUEVEDO ITURBE), SOBRE LAS RELACIONES ENTRE ESPAÑA Y MARRUECOS Y SU INCIDENCIA EN CANARIAS. (Número de expediente 172/000202).
La señora PRESIDENTA: Muy buenas tardes, señorías. Se abre la sesión. Ruego ocupen sus escaños y guarden silencio, por favor.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 68.1 del Reglamento y con lo acordado por la Junta de Portavoces, esta Presidencia somete al Pleno de la Cámara la modificación del orden del día en el sentido de excluir el punto 23,
correspondiente a la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto, señor Quevedo Iturbe, sobre las relaciones entre España y Marruecos y su incidencia en Canarias.
¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento). En consecuencia, queda aprobada la modificación del orden del día.
INCLUSIÓN EN EL ORDEN DEL DÍA:
- SOLICITUD DE PRÓRROGA DE SUBCOMISIONES:
- SOLICITUD DE LA COMISIÓN CONSTITUCIONAL DE PRÓRROGA DE SEIS MESES DEL PLAZO PARA LA CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA SUBCOMISIÓN PARA LA REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA 5/1985, DE 19 DE JUNIO, DEL RÉGIMEN ELECTORAL GENERAL. (Número de
expediente 154/000008).
La señora PRESIDENTA: Asimismo, se somete al Pleno incluir como último punto de la sesión del jueves la solicitud de la Comisión Constitucional de prórroga de seis meses del plazo para la conclusión
de los trabajos de la Subcomisión para la reforma de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.
¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento). En consecuencia, queda aprobada la modificación del orden del día.
Muchas gracias.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY DE COMUNIDADES Y CIUDADES AUTÓNOMAS:
- DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 22/1988, DE 28 DE JULIO, DE COSTAS. (Número de expediente 125/000014).
La señora PRESIDENTA: Comenzamos con el debate de toma en consideración de la proposición de ley del Parlamento de Cantabria, de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. Nos acompaña en la tribuna el presidente del
Parlamento de Cantabria, así como una delegación de la representación de todos los grupos del Parlamento, a quien damos la bienvenida al Congreso de los Diputados. Tres miembros de esta delegación del Parlamento de Cantabria integran la delegación
que defenderá la propuesta y a quienes doy la bienvenida también en nombre del Congreso, en nombre de la Cámara.
Para la presentación de la iniciativa tiene, en primer lugar, la palabra el señor don Pedro José Hernando García.
El señor REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA (Hernando García): Buenas tardes, presidenta y señorías.
Hoy los representantes del Parlamento de Cantabria venimos al Congreso de los Diputados a demostrar que la Constitución española y la legislación del Estado son fundamentales para la defensa de los intereses de la ciudadanía, más allá de
posiciones ideológicas. Todo ello defendiendo el papel de las comunidades autónomas como vertebradoras del poder del Estado, actuando no solo en el ámbito competencial que delimita nuestro Estatuto de Autonomía, sino influyendo decisivamente en la
legislación que en cuestiones trascendentes y con incidencia directa en nuestro territorio se debaten en esta Cámara, pero también que tienen influencia en otros territorios como Valencia, Murcia o Galicia.
En este sentido, al amparo del artículo 87.2 de la Constitución impulsamos hoy la iniciativa legislativa para modificar, concretando y aclarando, dos artículos de la Ley de Costas del año 1988 que se han demostrado generadores de problemas
para los ciudadanos y las empresas con derechos adquiridos en las zonas de dominio público marítimo-terrestre, y que han impulsado una permanente litigiosidad en los tribunales. La Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del
litoral, que modificó la citada Ley de Costas, tenía por finalidad garantizar la seguridad jurídica y la protección ambiental del dominio público marítimo-terrestre, estableciendo un sistema de prórrogas de concesiones de ocupación e imponiendo
mayores requisitos de protección ambiental.
El problema surge con una interpretación rigorista y absolutamente literal de la norma, lo que ha frustrado la finalidad de la obtención de la seguridad jurídica, vaciando el propio contenido de la Ley 2/2013. Es por ello que esta reforma
se plantea con finalidad aclaratoria en relación con la prórroga de los títulos concesionales del artículo 32 y la duración de los mismos del artículo 66. Es importante explicar que esta modificación no pretende cambiar el espíritu de la ley ni su
contenido normativo, solo adecuarlo jurídicamente a la interpretación original que se ha ido desvirtuando por la aplicación estricta de determinadas normas.
Debe resaltarse que el desarrollo sostenible se alimenta de la relación entre la actividad económica y la calidad ambiental. La Ley 2/2013 no solo es protección del litoral, sino también el uso sostenible del mismo. Estamos atravesando un
momento en el que posturas demagógicas ambientalistas están primando lo ambiental por encima de todo lo demás, y eso ni es positivo ni responde a las necesidades de la mayoría de la sociedad. No se puede pretender defender el medio ambiente, la
agricultura extensiva, el medio rural o la lucha contra la despoblación incluyendo al lobo en el LESPRE sin motivación ambiental alguna, eliminando la convivencia entre el lobo y el hombre, prohibiendo el control poblacional de la especie y dejando
que el ganadero desaparezca de su espacio vital. Convivencia medioambiental, ese es el futuro, implicar a todos en la defensa del medio ambiente y la sostenibilidad para el desarrollo económico y social en el interior y en el litoral, como
pretendemos hoy con esta reforma. ¿O no es lo agropecuario
sostenible?, ¿o no es la industria conservera sostenible?, ¿o no son los espacios deportivos sostenibles, aunque se desarrollen en espacios concesionados, en dominio público marítimo-terrestre desde hace decenas de años?
Cientos de afectados de Cantabria se encuentran pendientes de la reforma que hoy sometemos a su consideración. No pretendemos que se den nuevas concesiones, no pretendemos que se altere el espacio concesionado, pretendemos que se avance en
una interpretación correcta para los intereses de todos. No es privatizar lo público, que para los regionalistas es una premisa fundamental de la acción política, sino regularlo y ordenarlo adecuadamente respetando los derechos adquiridos, porque
tampoco se pueden ni deben vulnerar los derechos de los particulares. Por ello, no podemos menos que solicitar a los grupos de esta Cámara que piensen en las empresas, en los trabajadores, en los ganaderos, en los productores alimentarios que
tienen derechos adquiridos en estos espacios afectados por el dominio público marítimo-terrestre y que se muestren a favor de modificar los artículos 32 y 66 de esta ley para evitar la extinción de las concesiones.
A los pocos días de aprobarse esta iniciativa en el Parlamento de Cantabria, el Tribunal Supremo, en su sentencia 4902/21, confirmó que las prórrogas son legales y posibles. Lo que hoy les pedimos es que transformen la opinión
jurisprudencial en ley y doten de seguridad jurídica a los centenares de afectados por la caducidad o no renovación de sus concesiones.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Hernando.
También para presentar la iniciativa, tiene la palabra el señor don Íñigo Fernández García.
El señor REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA (Fernández García): Gracias, señora presidenta.
Señorías, antes de entrar en el fondo, me gustaría advertir a sus señorías de dos detalles, para que no pasen desadvertidos. Esta proposición de ley que hoy traemos para su toma en consideración viene respaldada por el Gobierno de Cantabria
y por la oposición de Cantabria; todos juntos. La hemos registrado como proposición de ley en el Parlamento de Cantabria, la hemos votado allí; y hoy la defendemos aquí. Quiero hacer esta advertencia para que tomen conciencia de la importancia
que este asunto tiene para nuestra región, para numerosas familias de nuestra región.
Segunda consideración que quiero hacerles. Cuando hablamos de prórrogas en el dominio público marítimo-terrestre, no estamos hablando de edificios construidos sobre las playas, de edificaciones sobre los acantilados; no estamos hablando de
esto. Estamos hablando de desecaciones en marismas, en rías, en estuarios, acometidas hace ochenta, noventa, cien años, con el fin de ganar terrenos al mar para usos agrícolas y ganaderos. Estamos hablando de defender nuestro tejido productivo
tradicional allí donde ha venido desarrollándose a lo largo de los últimos cien años. Que nadie se asuste con especulaciones sobre el litoral; que nadie se atemorice con eso.
Hace, como digo, noventa o cien años, en las décadas de los años veinte o treinta, desde las administraciones se promovieron este tipo de desecaciones como política pública, con el fin de ganar terrenos para usos ganaderos y también con un
objetivo de salud pública, porque las marismas en torno a las poblaciones generaban enfermedades, generaban infecciones y eran perjudiciales para la salud pública. Ese fue el objeto de aquello que se hizo entonces. Y no solo se hizo en España, no
solo se hizo en el norte de España en particular, sino también en otros lugares de Europa: en Francia, en Las Landas en la época del Segundo Imperio; en Holanda, donde una tercera parte de su territorio se encuentra en estas circunstancias. De
tal manera que se hicieron usos ganaderos en las marismas de Santoña; polígonos industriales en zonas como el Bidasoa o la ría de Orio, en Guipúzcoa; el propio aeropuerto de Hondarribia está situado sobre terrenos de este estilo; en Asturias, en
la cuenca del Nalón; en Galicia, en numerosas rías. Me parece que es importante que tengan en cuenta este aspecto para entender lo que significa.
¿Qué significa lo que estamos defendiendo? El mantenimiento de la actividad económica en terrenos que mediante desecaciones se ganaron a las rías hace ochenta, noventa, cien años. Estamos defendiendo esas ganaderías, esos talleres, esas
pequeñas fábricas instaladas allí.
La Ley de Costas de 1988 puso fin a las desecaciones de marismas y de rías, y estableció un tope máximo de treinta años para la utilidad de las concesiones administrativas en dominio público marítimo-terrestre vigentes. A medida que llegaba
el año 2018, es decir, que vencía ese plazo de treinta años, la sociedad -en particular en Cantabria, donde tantos puestos de trabajo están afectados por esta
situación- fue tomando conciencia de la necesidad de modificar la ley para permitir el uso de prórrogas. Eso es lo que se hizo con la Ley 2/2013, de uso sostenible del litoral y reforma de la Ley de Costas: autorizar prórrogas, porque se
entendió que ni entonces ni ahora estamos en condiciones de prescindir gratuitamente, alegremente, de la actividad económica que se desarrolla en estas parcelas, en estos terrenos. La Ley del año 2013 autorizaba las prórrogas y entre el año 2014,
en que se aprueba el reglamento, y el año 2018 se han tramitado numerosísimas renovaciones, numerosísimas prórrogas, pero del año 2018 hasta aquí la situación se ha detenido, las prórrogas no se han ido renovando en virtud de una interpretación, a
nuestro juicio, equivocada del artículo 32 de la Ley de Costas de 1988, que dice que solo se podrán desarrollar actividades económicas que necesariamente tengan que hacerse en el litoral y no otras. Pero ese artículo siempre se entendió para nuevas
concesiones, no para la prórroga de las existentes.
Por eso lo que traemos aquí no es una modificación del contenido de la ley, sino una aclaración del artículo 32 y una aclaración del artículo 66, para evitar que quienes solicitan prórrogas y no obtienen la debida respuesta por parte de la
Administración tengan que recurrir a los tribunales. Que lo que están ganando ya en los tribunales se les reconozca por la ley mediante la aclaración correspondiente que hoy proponemos realizar.
Hemos venido todas las fuerzas políticas de Cantabria a traer a esta Cámara un problema y a traer al mismo tiempo una solución. Si sus señorías toman en consideración esta propuesta, que viene de Cantabria y que puede tener efectos
beneficiosos para el conjunto de España, los diputados del Parlamento de Cantabria que hoy hemos venido aquí no habremos hecho este viaje en balde.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Fernández.
Finalmente, en representación del Parlamento de Cantabria y también para presentar la iniciativa, tiene la palabra el señor don Félix Álvarez Palleiro.
El señor REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA (Álvarez Palleiro): Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías.
Quisiera empezar esta intervención señalando que en el Parlamento de Cantabria somos plenamente conscientes de que esta modificación legislativa que hoy les proponemos es competencia exclusiva de esta Cámara, y nada más lejos de nuestra
intención que intentar imponérsela. Muy al contrario, lo que pretendemos es hacerles ver el problema al que se enfrentan muchísimas estabulaciones ganaderas, talleres y empresas de nuestra región y buscar entre todos una solución que les alivie.
Señorías, hablamos de salvar una parte nada despreciable del tejido productivo y sostenible de Cantabria, con un peso a tener en cuenta en nuestro producto interior bruto y que además, que es lo sustancial, da trabajo a muchísimas familias
cántabras. Empresas que hoy en día funcionan y que lo llevan haciendo desde hace muchísimos años de manera respetuosa con el entorno en el que se encuentran y, lo más importante de todo, no les pedimos que las concesiones se incrementen. No
pedimos eso, pedimos que se respete la interpretación original de la ley, como se ha estado haciendo durante mucho tiempo. La Ley de Costas de 1988, en su artículo 32, resultaba muy exigente y no hacía distinción entre unas concesiones u otras,
abocando a la desaparición a la práctica totalidad, indistintamente de si dichas concesiones eran anteriores o no a la aprobación de la ley. Con objeto de diferenciar este hecho, la modificación de 2013 pretendía, entre otras cosas, dejar clara esa
diferencia entre las nuevas concesiones y las anteriores al año 1988, y esta es la interpretación que se hizo del artículo 32 hasta hace solo unos años cuando el criterio dio un giro de 180 grados.
Lo que el Parlamento de Cantabria les pide, sustentado por amplia mayoría, es aclarar las circunstancias de la prórroga de los títulos concesionales del artículo 32 de la Ley 2/2013 y dejar claro que las prórrogas previstas en la citada ley
no se encuentran limitadas en cuanto a su duración por los plazos previstos en la Ley de Costas del año 1988, garantizando así seguridad jurídica. Es decir, lo que solicitamos es que a estas concesiones, que en gran parte cumplen un siglo de
antigüedad, se les aplique el criterio original que les concedía una prórroga de hasta setenta y cinco años como máximo a contar desde el momento de la concesión de esa prórroga y con las limitaciones existentes. No les pedimos nuevas prórrogas, no
les pedimos nuevas concesiones que ahora mismo no existen, sino retomar el criterio original que se aplicaba hasta el año 2018. Insisto, que el plazo de setenta y cinco años cuente desde el momento de la prórroga y no de la concesión, dado que de
mantener el criterio actual, que ya de por sí es muy discutible, llevaríamos al cierre inmediato a cientos y cientos de empresas en Cantabria.
Sostenibilidad es cuidar el medio ambiente garantizando el desarrollo económico de Cantabria. Sin lo primero no hay lo segundo, es cierto, pero sin desarrollo económico nada se sostiene. Esto, señorías, no es un capricho, es la necesidad
de dar seguridad jurídica a muchas empresas, a miles de trabajadores y a sus familias. Hay cientos de concesiones, desde San Vicente de la Barquera a Castro Urdiales, pasando por Santander; explotaciones ganaderas, actividades industriales,
conserveras, hoteles, campos de golf, clubes deportivos...; instalaciones totalmente responsables con el entorno y que, en muchos casos, además, sirven para fijar población en núcleos rurales. Miren, señorías, les puedo asegurar una cosa: si de
algo pecamos los cántabros es de amar profundamente nuestra tierra y de proteger y cuidar nuestro inmenso patrimonio natural. Esta petición busca la defensa de la protección y la sostenibilidad de nuestro litoral.
Termino insistiendo en las dos cuestiones que entiendo son fundamentales. No es nuestra intención imponer nada a nadie, ¡faltaría más!, sino hacer un llamamiento con el apoyo mayoritario del Parlamento de Cantabria para que acepten tramitar
esta modificación legislativa y dar respuesta a la problemática a la que se enfrenta una gran parte del tejido productivo de Cantabria. No les pedimos conceder nuevas prórrogas, insisto, ni nuevas concesiones, sino retomar el criterio de que el
plazo de los setenta y cinco años de las prórrogas a estas concesiones empiece a contar desde el momento de esa prórroga. Sería muy decepcionante para Cantabria que no se aprobara esta toma en consideración de esta proposición de ley. Tan solo les
pedimos abrir el debate, abrir el melón, y ya veremos qué pasa con la tramitación de esta iniciativa, porque a lo mejor -¡quién sabe, señorías!- entre todos somos capaces de aliviar el sufrimiento y la angustia de los miles de cántabros que no saben
qué sería de su futuro en estos tiempos tan difíciles que corren si todas estas empresas tuviesen que cerrar y se viesen en la calle. Deseo y espero, por justicia, que esto no ocurra.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Álvarez.
En turno de fijación de posiciones, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Mixto, el señor Mazón Ramos.
El señor MAZÓN RAMOS: Buenas tardes. Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, lo primero, un saludo de bienvenida a los diputados del Parlamento de Cantabria, y lo segundo, una felicitación por traer esta iniciativa que afecta a una parte muy importante del territorio del Estado.
De esta proposición de ley del Parlamento de Cantabria ya se ha dicho todo o casi todo, tanto por parte de los representantes del Parlamento en esta tribuna como también lo han hecho en el propio Parlamento de Cantabria en intervenciones
anteriores, lo mismo que el consejero de Obras Públicas también en otro debate en una brillante intervención. Este debate está ocurriendo en muchísimas regiones españolas -en Asturias, Galicia, País Vasco, Cataluña, etcétera-, prácticamente toda la
costa. Mi partido, el PRC, es uno de los firmantes de la propuesta y de su aprobación, y yo, por supuesto, estoy en la misma línea. Lo primero que debemos repetir aquí es que hoy se trata de la toma en consideración de la propuesta, donde hay que
actuar con sentido común y con un criterio de equilibrio entre las posiciones, porque hay que reconocer que en esta materia encontrar la unanimidad no es nada fácil.
Nos enfrentamos a un problema que viene de muchos años, desde principios del siglo pasado, fundamentalmente, cuando se hicieron concesiones sobre el dominio público marítimo-terrestre a perpetuidad. Es cierto que la Constitución española de
1978 definió el dominio público y estableció las características de inembargable, inalienable e imprescriptible. Pero, realmente, lo que hubo después fue una expropiación de hecho de aquellas concesiones que habían sido concedidas a perpetuidad
porque en la Ley de Costas de 1988, al establecer un plazo de treinta años para aquellas concesiones, en realidad se expropiaron derechos que tenían a perpetuidad sin la indemnización correspondiente.
Como se ha explicado, el problema surge cuando se acerca 2018, año en el que se cumple el plazo de los treinta años, y lleva a los gobiernos, al ver el problema que generaba la caducidad de aquellas concesiones, a hacer en 2013 una
modificación de la Ley de Costas de 1988 en un sentido que permitiera prórrogas para determinadas actuaciones, pero no para todas. En estos momentos tenemos un grave problema, especialmente en Cantabria, pero en muchas regiones de la periferia del
resto de España también, todas las regiones bañadas por el mar. España es un país que tiene 8000 kilómetros de costa y, por lo tanto, no solo muchas comunidades autónomas, precisamente las más pobladas, sino una gran parte de la población se ve
afectada por esta norma. Corregir lo que se avecina es realmente una
necesidad, puesto que la mayor parte de las modificaciones que se piden no afectan gravemente ni a la sostenibilidad de la costa ni al propio cambio climático. Muchas de ellas son explotaciones ganaderas que, además, deberían ponderarse con
un gran peso a la hora de valorar los equilibrios entre pros y contras.
La política que se pretende hacer por la mayoría de los gobiernos es potenciar el mundo rural, el sector primario -la ganadería, la pesca y la agricultura-, por lo tanto, aquí habría que tener esa sensibilidad. De la misma manera, incluso
la industria que en estos momentos está implantada en zonas que podrían considerarse consolidadas como terrenos urbanos y que son viables en este momento, y probablemente durante un plazo considerable. En la industria nunca se puede hablar a largo
plazo de lo que viene a ser viable o lo que pueda ser duradero o no, pero está claro que a corto plazo, si no, íbamos a necesitar otros suelos. Esto lleva a otro de los inconvenientes desde el punto de vista de la sostenibilidad de la tierra, que
es la ocupación de nuevos suelos, cosa que siempre afecta de manera importante a nuestro territorio, a nuestra tierra, donde en estos momentos lo más necesario sería no ocuparlos, más bien habría que dedicar nuevos terrenos a plantar grandes masas
arbóreas que no solo no emiten CO2, sino que lo absorben. Debería estar en primera línea de nuestras prioridades y no lo parece.
Volviendo al asunto, una norma en la línea de la que se propone es necesaria, y, además, podría modificarse en la tramitación parlamentaria, para que evitara los problemas que pueda traer y que realmente no iban a suponer un beneficio
proporcional al daño causado, incluso podría realizarse un nuevo deslinde. Es cierto que los casos en algunas circunstancias pueden tratarse individualmente, es decir, caso a caso, pero la realidad es que la interpretación final, si no hay una
flexibilidad muy clara en la propia norma, los encargados de tomar decisiones acaban siguiendo unos criterios muy drásticos y sin ninguna flexibilidad, es decir, matan pulgas a cañonazos.
Por eso instamos a todos a aprobar esta proposición de ley que, realmente, es bastante sencilla porque solamente se refiere a aquellas concesiones que ya estaban en vigor antes de la ley y que podrían tratarse como aquellas industrias que,
por su misma naturaleza, deben establecerse en el ámbito del dominio público marítimo-terrestre. Por lo tanto, lo que hace falta es sentido común. El concepto de sostenibilidad establece la cualidad de sostenible como aquellas características de
desarrollo que aseguran las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de futuras generaciones. Creo que en esto estamos todos y yo estoy convencido de que la modificación que propone esta proposición puede encajar perfectamente en
esta definición. Esperamos que sus señorías voten a favor de la tramitación.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mazón.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea.
La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Arratsalde on. Gracias, presidenta.
Esta cuestión de la prórroga en las concesiones de costas ha sido muy conflictiva, tanto jurídicamente, por lo controvertido e inseguro de sus términos, como por las repercusiones que ello conlleva sobre las actuales construcciones situadas
en estos espacios. La última regulación la tenemos en la ley de cambio climático, donde se volvió a regular al respecto pese a que este grupo y otros abogamos por una regulación en la propia Ley de Costas, no en la ley de cambio climático, que
abordase esta problemática de las concesiones, como decía el Consejo de Estado, y teniendo en cuenta no solamente a los sectores implicados, sino también a las comunidades autónomas, ya que estas no solo tienen competencia en ordenación de las
construcciones de urbanismo y vivienda, sino que, también al estar próximas a las franjas litorales y a los agentes económicos que desarrollan sus actividades, son ellas las que más conocen sus necesidades económicas ambientales y, sobre todo, de
ordenación.
Uno de los sectores más preocupados por esta cuestión es el económico alimentario ligado a las explotaciones cercanas a la costa, que solicitaba que las prórrogas fuesen lo más largas posibles. Uno de los sectores que entendemos, desde
luego, que hay que preservar, más si cabe en un contexto de salida de la crisis en el que no podemos permitirnos el lujo de perder actividad económica, aunque tampoco quiera esto decir que todo tenga que valer. Por otro lado, obviamente, está la
preocupación de la protección de la costa ante los usos que en ella se desarrollan. A esto hay que unir, además, el hecho de que los científicos saben positivamente que el nivel del mar va a subir, con lo que algunas construcciones y usos se van a
ver afectados de una forma u otra.
La Ley de Costas tiene un sesgo muy ambiental y supuso un punto final a los usos en un muy dañado litoral. Se quiso poner coto a las construcciones que dañaban el medio ambiente litoral, y, para ello, se
prohibió en la costa la instalación de cualquier industria o uso que no tuviese que estar ahí necesariamente. Es decir, se quería que todo aquello que no tuviera que estar necesariamente junto al mar no estuviese. Ese es el régimen actual.
El problema surgió con lo que estaba construido y con los usos anteriormente legalizados en la Ley de Costas. En particular, se colocaba en situación complicada a construcciones situadas junto al mar que no necesitaban estar ahí: industrias,
naves, viviendas. Para ello se estableció un régimen de prórroga técnicamente bastante deficitario, que supuso que en 2018 muchas de ellas se quedaban sin concesión y debían trasladarse. Para dar una solución extraordinaria, el artículo 2 de la
Ley 2/2013, de Protección y Uso Sostenible del Litoral y de modificación de la Ley 22/1988 de Costas, establecía un complejo y, desde luego, muy difícil de entender régimen extraordinario para la prórroga de las concesiones existentes en costas. Su
finalidad era dar seguridad jurídica a las instalaciones existentes para que continuasen setenta y cinco años más y expulsar a las no sostenibles.
Eso fue desarrollado por el Real Decreto 876/2014, pero lo cierto es que uno de los problemas jurídicos que supuso fue el cómo computar esas prórrogas; es decir, hasta cuándo. Ha sido la ley de cambio climático la que lo ha aclarado en su
artículo 20.4, dando seguridad jurídica; la cual, por cierto, ha sido llevada al Tribunal Constitucional por la Comunidad Autónoma de Galicia. Esta propuesta que ahora se ha remitido, en el fondo, pretende recordar la plena validez de ese régimen
extraordinario de la ley de 2013 para todos los usos que actualmente se dan en la costa. De ahí que se reaviven los artículos 32 y 66 y se incorpore una disposición final que, de facto, deroga el artículo 20.4 de la ley de cambio climático para las
ya prorrogadas, lo que incluye las que tengan que estar en la costa: explotaciones alimentarias como ejemplo más claro, pero también otro tipo de edificaciones, entre las que se podrían encontrar las viviendas.
Sorprendentemente, hoy nos traen una proposición de ley del Parlamento de Cantabria avalada por determinados grupos políticos. Pero también tengo que decir que el PRC, en su caso, con su portavoz en la ponencia no aprobó aquella enmienda
que era del PP y que viene a significar lo mismo que hoy nos traen aquí en la propuesta de ley. Por otro lado, en la exposición de motivos hablan de algunas sentencias y reconocen el régimen de la ley de 2013 sobre el plazo, pero no aplica el
artículo 20.4, ya que deja en manos de la Administración fijar el plazo que ha de durar la concesión en una resolución posterior.
La realidad del mundo agroalimentario asociado a la costa necesita, desde luego, de un abordaje concreto de su problemática, como prometió el Gobierno español con aquel real decreto de desarrollo, pero son explotaciones que necesariamente
van asociadas a la costa, lo que quiere decir que han de seguir desarrollándose; eso sí, con controles ambientales. Además, los usos actualmente implantados en la costa y que se van a ver afectados por la subida del nivel del mar, o sea, los
deslindes, los pescadores junto al mar, pueden pasar a estar en dominio público marítimo-terrestre por una irrazonable aplicación de su texto. Efectivamente, habrá usos que no se van a poder llevar a cabo porque el mar los ha invadido, las
viviendas, o incluso se pedirán daños y perjuicios. Todo esto requiere un análisis real que se ha de abordar, desde luego, por los respectivos departamentos de ordenación de los territorios de las comunidades autónomas, porque el título puede ser
el de protección de costas, pero también como ordenación de las construcciones. Esta normativa propuesta puede consolidar usos que no sean muy deseables a futuro, aunque también puede solventar otras situaciones de determinadas industrias o de
propietarios que ahora se ven abocados, por ejemplo, a venderlas o a trasladarse.
La situación general de la costa requiere un estudio muy detallado, desde luego, para ver qué está pasando, qué viene, qué queremos, y actuar en consecuencia. La gestión integrada del litoral es clave para tener una ordenación acorde y
coherente a las áreas costeras y marinas. El proceso de la regulación de las concesiones requiere contar no solo con las administraciones públicas implicadas, sino también con los sectores privados en un proceso que, efectivamente, está plagado de
intereses contrapuestos, y en el que la colaboración y la toma de decisiones es indispensable para explorar nuevas fórmulas de aprovechamiento sostenible del litoral que nos permitan alcanzar acuerdos intermedios en un tema como este de interés
general. También requiere estudiar todo esto, desde luego, seguramente con más detalle y profundidad de lo que hoy nos propone esta PL, que es mucho más general, y que no discrimina ni en cuanto a usos ni en cuanto a construcciones, etcétera.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Sagastizabal.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Martínez Granados.
La señora MARTÍNEZ GRANADOS: Gracias, presidenta.
Señorías, debatimos hoy la toma en consideración de una proposición de ley que viene a mejorar y a aclarar la reforma de la Ley de Costas acometida hace casi una década. Es para mí todo un orgullo hacerlo después de mi compañero, Félix
Álvarez, que lucha y trabaja cada día por sus conciudadanos cántabros. Nosotros, desde aquí, también lo seguiremos haciendo, Félix.
El propósito es claro: resolver las dudas e incertidumbres que los negocios costeros acumulan, facilitándoles una viabilidad compatible con la preservación de nuestras costas e incentivando su protección. A pesar del consenso que esta
reforma ha concitado entre los distintos partidos en Cantabria, el Partido Socialista y, por extensión, el Ministerio de Transición Ecológica se posicionan, una vez más, en la cerrazón en lugar de en el diálogo, en lo que parece ser una apuesta más
por la inseguridad jurídica y el desprecio a la economía y prosperidad de sectores enteros que por otras cuestiones, como ya se demostró en temas tan diversos como los precios de la energía o la gestión de sus parques nacionales.
En el caso de la Ley de Costas, concesiones que se hicieron a perpetuidad se cambiaron a setenta y cinco años tras la promulgación de la ley. Sin embargo, estas concesiones preexistentes se podían ir renovando sin serles de aplicación la
exigencia de que desarrollaran actividades que solo se pudieran hacer en la costa, por ejemplo, los astilleros, que se entendía aplicable solo a las concesiones nuevas. Ahora el ministerio interpreta lo contrario, lo que en la práctica se traduce
en la eliminación de un gran abanico de negocios que van desde la ganadería, conserveras o empresas lácteas a actividades de ocio y turismo y un largo etcétera, que afectaría a miles de trabajadores en Cantabria y en toda España. Nuevamente, el
Partido Socialista pone sus prejuicios por encima de los miles de empleos que dan de comer a las familias españolas. En lugar de proseguir en su senda de sacrificar la viabilidad de miles de negocios sin considerar cómo compatibilizarla con sus
ideales sobre medioambiente, el ministerio haría bien en redirigir esos esfuerzos a necesidades mucho más urgentes del litoral español, como es la regeneración de costas que precisamente se pretendía incentivar mediante la reforma de 2013.
Regeneración que poco tiene que ver con suprimir todos los negocios que hasta ahora han venido sosteniendo la población y la prosperidad en muchas de estas zonas costeras.
Miren, las zonas costeras son especialmente vulnerables a los efectos del cambio climático. La subida del nivel del mar y las fuertes tormentas pueden provocar la erosión e inundación de estas zonas sensibles, así como la pérdida habitual
de hábitat natural. Durante el siglo XX, el nivel del mar en todo el mundo subió unos 20 centímetros. Se espera que estos cambios continúen erosionando las costas y dañando la propiedad y las infraestructuras, lo que podría provocar el
desplazamiento de la población. Antes de sacrificar el pan de muchas familias y el progreso económico industrial de las zonas costeras mediante la cancelación de estas infraestructuras necesarias, Ciudadanos prioriza un enfoque de infraestructura
verde para la mejora de la costa con una línea de costa viva, la cual puede crearse utilizando plantas, arrecifes, arena y barreras naturales que puedan reducir esa erosión y las inundaciones, al tiempo que se mantienen los procesos naturales de la
costa. La restauración de los humedales afectados puede reducir la altura de las olas y los daños en edificaciones al amortiguar la velocidad y la intensidad de las olas. Las líneas de costa con vegetación proporcionan múltiples beneficios al
ecosistema, como la mejora de la calidad del agua, el hábitat acuático y el secuestro de carbono. Esta infraestructura verde también puede utilizarse en combinación con la infraestructura gris, como los diques o espigones.
Esos proyectos deberían estar incluidos en la estrategia para la protección de la costa española del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Sin embargo, no se han producido avances al respecto. El muro nos lo
estamos encontrando en la mentalidad de una ministra que más bien parece una activista impermeable al razonamiento o a una alternativa que pueda considerar. Mientras el litoral sigue degradándose, poniendo en peligro edificaciones de la zona e
incluso la seguridad de las personas, además de amenazar el sustento económico y el medio natural de las zonas costeras, el Partido Socialista no reacciona. El ministerio debe ser consciente de esta realidad y actuar a la mayor brevedad posible.
Es por ello que Ciudadanos ya presentó una proposición no de ley en la que instaba al Gobierno a poner en marcha dos planes urgentes: uno para la reversión de la regresión de las costas, para emprender las actuaciones necesarias en el recrecido de
playas, traslados de sedimentos y adecuación de infraestructuras; y otro para la protección de la costa mediante la implantación de infraestructuras verdes que mitiguen el efecto del cambio climático sobre ella, en combinación con las medidas
urgentes de reversión. También buscamos, a través de una enmienda en la ley de cambio climático, introducir estos cambios que hoy vuelven a debatirse aquí, pero no fue posible. Veremos cuál de estas alternativas es finalmente la escogida por el
ministerio: una vía racional de inversión inteligente que proteja el litoral de todas nuestras costas a
largo plazo, mediante infraestructuras convencionales y verdes, que sea compatible con la prosperidad de las comunidades costeras, o un enfoque monolítico e ideológico, al que ya nos tienen desgraciadamente acostumbrados, y en el que la
viabilidad de miles de negocios no es, al parecer, la prioridad de este Gobierno.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Martínez.
Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra, en primer lugar, el señor Rego Candamil.
El señor REGO CANDAMIL: Boa tarde. Grazas, señora presidenta.
El BNG, el Bloque Nacionalista Galego, defiende el máximo cuidado y protección ambiental del litoral de nuestra costa. Por eso, entre otras razones, no estamos a favor de que puedan consolidar su ubicación en el dominio público
marítimo-terrestre actividades que no tienen por qué estar vinculadas al mar y que tienen un impacto ambiental negativo. Lamentablemente, en Galiza tenemos un caso paradigmático: una celulosa, Ence, en la ría de Pontevedra, con una prórroga ilegal
dada por el Gobierno de Mariano Rajoy una vez que ya perdieron las elecciones, que ahora está los tribunales. Una vez más, el BNG reclama desde aquí: Ence fóra da ría de Pontevedra. Pero, al mismo tiempo, entendemos que, efectivamente, sería
conveniente clarificar o eliminar esa ambigüedad, ese margen interpretativo del artículo 32 de la Ley de 2013.
Ayer estuve en Cambados, una vila costeira de Galiza. Estuve allí porque tienen un problema con un informe de Costas al plan especial del porto de Santo Tomé-Tragove, que, entre otras cosas, dice que tres depuradoras de marisco no tienen
que estar en el dominio público marítimo-terrestre. No sé quién entiende en Costas lo que es una depuradora de marisco, o si es consciente de que, sin depuradoras de marisco, no existe la actividad del marisqueo y, por lo tanto, estamos poniendo en
riesgo miles de puestos de trabajo.
También es cierto que toda esta ambigüedad vino a agravarse aún más, a nuestro juicio, con el artículo 18, finalmente 20, de la ley de cambio climático, que modifica los criterios de cómputo de la permanencia en dominio público
marítimo-terrestre. El BNG presentó inicialmente una enmienda de supresión de este artículo 18. El PSOE y Podemos votaron en contra, aun sabiendo que ponía en riesgo cientos de actividades sostenibles vinculadas al sector mar-industria de nuestro
país y miles de puestos de trabajo. El Grupo Popular también votó en contra de una enmienda transaccional que explícitamente excluía todas las actividades sostenibles vinculadas al complejo mar-industria y, por lo tanto, tienen responsabilidad en
todo esto.
En todo caso, la verdadera razón, el verdadero problema, desde nuestro punto de vista, está en el centralismo. Está en legislar a seiscientos kilómetros sobre una realidad que claramente no conocen, que está pensada -suponemos- para el arco
Mediterráneo, pero desde luego no para las rías galegas. Por eso, una vez más, el BNG reclama que Galiza debe tener todas las competencias sobre la ordenación y gestión del litoral y de su costa, porque esto es lo que puede asegurar que actividades
sostenibles que dan miles de puestos de trabajo puedan permanecer.
La señora PRESIDENTA: Señor Rego, tiene usted que terminar.
El señor REGO CANDAMIL: Cuando hablamos de soberanía, hablamos de esto.
Obrigado.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Rego.
Por el mismo grupo parlamentario, tiene la palabra el señor Miquel i Valentí.
El señor MIQUEL I VALENTÍ: Gracias, presidenta. Desde el escaño, muy brevemente.
En primer lugar, quiero dar la bienvenida a los representantes del pueblo de Cantabria, especialmente al señor Álvarez, con el que compartimos ratos en esta Cámara.
Hoy nos presentan esta proposición de reforma de la Ley de Costas, que nos parece oportuna. Como se ha dicho hoy aquí, prácticamente todos los territorios del Estado que tienen litoral -Cataluña es uno de ellos- se ven afectados por esta
ley, por las cuestiones que hoy discutiremos aquí. Compartimos el espíritu de la ley. Compartimos la necesidad de reformar esa ley, que ha quedado en algunos puntos obsoleta y que genera situaciones un poco extrañas. Por eso vamos a apoyar esta
tramitación, a pesar de que hay algunas cuestiones que nos gustaría matizar en su trámite parlamentario.
Dicho esto, quiero agradecerles de nuevo su visita hoy aquí y la presentación de su iniciativa. Nos ponemos a su disposición para cualquier cuestión.
Muchas gracias, presidenta. Gracias, señorías.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias a usted, señor Miquel.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra el señor Gómez-Reino Varela.
El señor GÓMEZ-REINO VARELA: Boa tarde, presidenta. Buenas tardes, señorías.
En esta iniciativa, que viene del Parlamento de Cantabria -por ser más claros, de las derechas del Parlamento de Cantabria-, se mezclan tres cuestiones, todas perniciosas, que creo que caracterizan de alguna manera la forma de entender el
patrimonio y también la acción de las políticas públicas por parte de las derechas. Una primera, una incapacidad, por mucho que se digan buenos y buenas gestoras, para dar una respuesta sólida y contundente a los problemas, a los desafíos y a las
dificultades a las que se enfrentan nuestros sectores productivos, particularmente el sector industrial. Una segunda, su nula voluntad de proteger el patrimonio natural y el patrimonio ambiental como bien común que es. Y una tercera, una suerte de
negacionismo; un negacionismo que a veces es explícito, hay aquí quienes dicen que no hay cambio climático y que no van a subir las aguas en los próximos años ni en las próximas décadas; y un negacionismo que otras veces también es implícito, como
es el caso: no vamos a hacer nada ante las consecuencias para la actividad humana del cambio climático.
Vamos concretamente a la cuestión, porque además estamos debatiendo una posible reforma de la Ley de Costas. Pero ¿por qué lo estamos haciendo? ¿Cuáles son los antecedentes? En el año 2013, el Partido Popular hizo la peor reforma de todas
las posibles sobre la Ley de Costas del año 1988, abriendo la mano a las concesiones en dominio público. El Partido Popular cambió una ley que defendía el litoral desde el año 1988 para, con el engañoso nombre de Ley de Protección y Uso Sostenible
del Litoral, construir una ley que estaba orientada a hacer de la costa básicamente un negocio. Una de las consecuencias más sangrantes de esta aprobación fue prorrogar, como saben, a plazos ya absolutamente desmesurados, las concesiones
existentes; prórrogas de hasta setenta y cinco años, y además no desde el plazo de inicio, sino desde la concesión de la prórroga, traspasando, evidentemente con creces, todos los plazos medianamente razonables. Afortunadamente, y como saben, con
el cambio de Gobierno hubo un cambio concesional que marcó que el título inicial y la prórroga no podía exceder los setenta y cinco años y, de alguna forma, se puso coto a la falta de normas y a la manga ancha marcada por el Partido Popular. Por lo
tanto, si estamos debatiendo sobre este punto de inseguridad jurídica, es responsabilidad de alguna forma, en primer lugar, del afán privatizador del Partido Popular y de su Ley 2/2013, que habilitó prórrogas absolutamente excesivas fuera de toda
lógica.
Ahora entraremos concretamente en la cuestión de Cantabria, pero se ha hablado también aquí de las consecuencias de este tipo de normas para otros territorios como es mi país, como Galicia. No podemos obviar que precisamente en la ría de
Pontevedra tenemos un enorme problema con una planta de celulosa, la planta de Ence, cuya situación, como saben, además se encuentra judicializada. En Unidas Podemos, en Galicia En Común, volvemos a decir también: Ence, fóra da ría, y les
reiteramos que no parece, por tanto, demasiado razonable aprobar una norma como esta cuando no conocemos ni siquiera la posición del Tribunal Supremo.
En todo caso, el planteamiento que traen aquí desde el Parlamento de Cantabria responde, a nuestro juicio y a juicio de nuestros compañeros y compañeras en Cantabria, a un déficit de gestión propia, pese a que traten aquí de camuflarlo al
promover el cambio de una ley de carácter estatal. Hemos de recordar que si bien hoy se plantea un cambio en la Ley de Costas, el fondo de todo esto habla sobre un tejido empresarial de muy diversa actividad económica emplazado en terreno
marítimo-terrestre en Cantabria, que ya agotó o está próximo a agotar su concesión de uso por un máximo de setenta y cinco años. Hablamos de actividades que van desde el sector primario hasta el secundario, con industrias; o el terciario, con
campos de golf, hoteles o diferentes infraestructuras del ámbito turístico.
El Estatuto de Autonomía de Cantabria define en su artículo 24 las competencias propias, y muchas de ellas evidentemente deberían utilizarse para solventar este tipo de problemas. Por lo tanto, insistimos, vienen a trasladar una
circunstancia y una situación para la que tenían que emplear también las competencias que tienen en su ámbito legislativo y en su ámbito de gobierno. Porque, de entrada, además, como saben, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo ya han
dicho que su interpretación de la ley es errónea, con lo que quizás podríamos ahorrarnos este debate. Además, hay dictámenes del Consejo
de Estado del año 2014, cuando gobernaba el Partido Popular, e informes de la Abogacía del Estado en el año 2018. Pero no, vienen a tratar de cambiar una ley para que esta se adapte de alguna forma más a las necesidades de determinado
tejido empresarial y no haga como en todo el mundo, que sea el tejido empresarial el que se adapte a las normativas y a las necesidades ambientales.
En este apartado hay que hacer un inciso para señalar, además, que algunas empresas, algunas grandes empresas, sabiendo que las concesiones iban a acabar, no han hecho todo lo posible para cambiar la ubicación de sus industrias y de estas
explotaciones. Cada actividad económica requiere de una respuesta adecuada en su contexto. No es lo mismo el plazo que, en caso de necesitarlo, tendría una explotación ganadera, que el de un hotel o una gran industria; en ese sentido, creo que es
evidente que tiene que haber planes específicos para garantizar que el tejido laboral se puede adaptar al contexto, situándose dentro de la normativa y, en el caso de ser así, resituándose en otra zona si es que fuera necesario.
Cantabria cuenta con varios polígonos industriales vacíos o semivacíos en los que parte de estas actividades podrían reubicarse, al igual que suelo urbano vacante en los núcleos de población más consolidados o turísticos, o suelo rústico
para las actividades del sector primario. Ustedes, como bien dicen nuestros compañeros y compañeras en Cantabria, son los principales responsables de que la actividad económica y productiva de Cantabria salga adelante y tenga futuro y, por lo
tanto, eso es a lo que les interpelamos, a que de alguna forma trabajen en ese sentido y, evidentemente, no en el sentido de una norma que, a nuestro juicio, no sería respetuosa ni con normas superiores ni, sobre todo, con desafíos como el del
cambio climático que tenemos por delante todos y todas.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Gómez-Reino.
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Del Valle Rodríguez. (Aplausos).
El señor DEL VALLE RODRÍGUEZ: Con la venia de la Presidencia. Señorías, señores diputados del Parlamento de Cantabria, bienvenidos.
Como diputado por Cantabria, constituye un honor para mí dar voz hoy a ese numeroso grupo de afectados por una interpretación confusa y confiscatoria, a su vez, de la legislación vigente en materia de costas, que ven peligrar la viabilidad
de sus empresas, así como la de los miles de puestos de trabajo que dependen de ellas, y todo por ese mantra ecologista de izquierda radical que mantiene el Gobierno regional socialista de Cantabria más el social comunista del Estado de España.
(Aplausos).
Solo en Cantabria se ven afectadas, por ejemplo, las fábricas de Robert Bosch, Astander, Bedia y Cabarga, Equipos Nucleares, Solvay Química, Dolomitas, FerroAtlántica, hormigones Candesa, la antigua Standard Eléctrica, el grupo Leche
Pascual, los Balnearios de La Concha y de La Magdalena, varios campos de golf -luego haré referencia a uno de ellos, que es público, propiedad de la comunidad autónoma-, conserveras de Santoña, instalaciones ganaderas -numerosas instalaciones
ganaderas-, campings, el centro Reto a la Esperanza, clubs náuticos, empresas de cultivos marinos, y eso sin contar los polígonos industriales afectados por la ley de puertos, que va en paralelo con la Ley de Costas. Es decir, que se ve afectado el
poco tejido industrial que nos queda en Cantabria. Por desgracia, en gran medida, que quede poco tejido industrial corresponde a las políticas del Gobierno regional socialista del señor Revilla.
Para evitar este disparate económico es para lo que se presenta esta proposición de ley. Ya se ha dicho prácticamente todo lo que se podía decir sobre ella. Ya tendrán ustedes claro que se trata de regularizar y aclarar el tema de las
prórrogas de las concesiones, así como su plazo. Por tanto, estamos hablando de que los afectados tengan un marco de seguridad jurídica y un respeto a sus derechos adquiridos legalmente. La verdad es que hoy por hoy esta proposición no haría falta
tramitarla por cuanto que el mismo día en que se debatía y aprobaba en el Parlamento de Cantabria, el 21 de diciembre de 2021, el Tribunal Supremo, la Sección quinta de su Sala de lo Contencioso-Administrativo, dictó la Sentencia 1530/2021, por
virtud de la cual sentaba doctrina jurisprudencial y, en el punto cuarto de su fundamento 6, que es donde fija la doctrina, establece lo mismo que viene a decir esta ley: prórrogas por setenta y cinco años, y a contar a partir de la concesión de la
prórroga. Por tanto, es doctrina jurisprudencial, es decir, no es una sentencia suelta -para los no juristas-; fija la doctrina jurisprudencial, que tiene tanta fuerza como una ley, de que las prórrogas serán por setenta y cinco años, y a contar
desde su concesión. Como digo, es del mismo día en que se debatía y se aprobaba esta proposición de ley en el Parlamento de Cantabria.
Me gustaría poner un ejemplo, ya que me queda tiempo, de cosas que se han dicho aquí. Yo he vivido como jefe del servicio de patrimonio de la Comunidad Autónoma de Cantabria la vorágine de Costas socialista, que decíamos allí, porque, cada
vez que gobernaban los socialistas decíamos: Ya está Costas socialista. Es una vorágine. No voy a hablar aquí -los cántabros lo conocen- del tema del Chiqui y la sentencia que tuvo que dictar el Tribunal Supremo, dejando en ridículo a Costas, ni
de lo que está haciendo Costas con las playas de Santander, que las está convirtiendo en pedregales, pero sí voy a hablar de lo que se ha comentado sobre explotaciones ganaderas.
A principios del siglo XX, un ganadero de Miengo, una población de Cantabria, tenía una zona colindante a su finca, donde tenía las vacas, que se inundada cuando se daban tres circunstancias: que la marea del mar estuviera alta, que
lloviera mucho y que el río Pas -porque estaba en el Abra del Pas- tuviera mucho caudal. Él solicitó una concesión a Costas para transformar en pradería esos terrenos para que pastaran sus vacas. Costas le dio la concesión a perpetuidad y, con
arreglo a la entonces normativa de costas, consiguió la propiedad del terreno por desecación e inscribió en el Registro de la Propiedad, en una primera inscripción, la concesión administrativa, agrupó las dos fincas con el paso de los años e
inscribió la propiedad de la nueva finca en pleno dominio, libre de cargas y gravámenes.
Esa finca tuvo cinco transmisiones patrimoniales, que, de acuerdo con la fe pública registral, era en propiedad, pleno dominio y libre de cargas y gravámenes. La última la adquirió el Gobierno regional y la transformó en un campo de golf
público, para que jugaran todos los habitantes de la zona de forma gratuita y no fuera un club exclusivista ni para ricos. Pero llega Costas y dice: mire, transformo esto en concesión administrativa. Pero, ¡oiga usted!, ¿qué me dice? Si yo,
cuando lo compré, que era diputación provincial, lo hice con informe favorable de la Abogacía del Estado y autorización del Ministerio de la Gobernación; es decir, que la Administración del Estado que examinó todo el expediente ahora está yendo en
contra de sus propios actos, pero entonces tanto la Abogacía del Estado como el Ministerio de la Gobernación estaban de acuerdo en que era una adquisición de propiedad en pleno dominio libre de cargas y gravámenes. Bueno, pues dictó resolución
definitiva sin atender a nuestras alegaciones y Costas consiguió, porque tienen ese poder que muchas veces no lo tiene ni un juez, que en el Registro de la Propiedad la registradora de Torrelavega pusiera la nota de dominio público y anulara la
propiedad de la comunidad autónoma.
Por razones en las que no voy a entrar, el Gobierno de Cantabria no quiso recurrirlo. Yo era partidario de haber ido al Contencioso-Administrativo, porque veía que el tema estaba muy claro; incluso podría ser un tema de derecho civil,
porque afectaba a propiedades. No quiso recurrirlo.
En cualquier caso -concluyo ya-, gracias a Dios este Gobierno tiene los días contados.
Muchas gracias. (Prolongados aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Del Valle.
Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso tiene la palabra el señor Movellán Lombilla.
El señor MOVELLÁN LOMBILLA: Muchas gracias, presidenta.
En primer lugar, quiero felicitar a los representantes del Grupo Parlamentario Popular, Grupo Parlamentario Regionalista y Ciudadanos por sus intervenciones y darles la bienvenida al Congreso, así como saludar al presidente del Parlamento de
Cantabria y a los otros representantes de la soberanía del pueblo cántabro que están hoy aquí con nosotros.
Como bien saben, Cantabria es una comunidad pequeña, pero hace una década estuvo a punto de ver cómo se destruían veinticinco mil empleos a causa de la redacción de una Ley de Costas que amenazaba con la continuidad de mil doscientas
empresas. Veinticinco mil empleos destruidos y mil doscientas empresas cerradas en una comunidad como la nuestra, señorías, se llama ruina. Las empresas y los trabajadores, no solo los afectados directamente, todo el tejido productivo, todo el
tejido empresarial, sufrieron las consecuencias de la incertidumbre por la caducidad de unas concesiones que limitó la posibilidad de realizar inversiones o pedir financiación, que lastró las contrataciones y supuso la contracción de la actividad
económica y del desarrollo de toda una comunidad autónoma durante años. Esa incertidumbre costó a las empresas de Cantabria nada más y nada menos que 6000 millones de euros, según el estudio de impacto socioeconómico de la Ley de Costas que realizó
en 2010 la Cámara de Comercio de Cantabria.
Señorías, si para algo sirve la política -yo creo que sí sirve- debe ser para evitar que situaciones como esta vuelvan a producirse. Por eso estamos hoy aquí, para debatir una iniciativa legislativa impulsada
por el Parlamento de Cantabria para que se aclaren dos artículos de la Ley de Costas. El objeto de esta proposición no es otro que dar garantías a la interpretación de una ley y recuperar el espíritu de una modificación de la Ley de Costas
sensata, como lo era la de 2013; en definitiva -se ha dicho por los que me han precedido-, aplicar el artículo 32 de la Ley de Costas, respetando los usos existentes previos a la ley y reconociendo las prórrogas extraordinarias de setenta y cinco
años desde la renovación de esas prórrogas.
Esta iniciativa viene impulsada por el Parlamento de Cantabria, pero bien podríamos estar debatiendo esta misma iniciativa, pero presentada por otros parlamentos autonómicos de nuestro país, porque son miles de actividades y negocios en el
litoral español los que viven la pesadilla que supone la incertidumbre que crean las interpretaciones y limitaciones de las prórrogas concesionales en nuestro dominio público marítimo-terrestre. Hablo de negocios industriales, ganaderos,
conserveros, agropecuarios, deportivos, hosteleros y turísticos, de actividades sostenibles ambiental y económicamente, de negocios que han sido considerados esenciales en momentos trascendentales, de empresas de las que este país no se puede
permitir prescindir o de negocios que conozco muy bien -creo que le ocurre lo mismo a cualquier diputado vasco, gallego, asturiano, valenciano, andaluz o canario de esta Cámara-, porque me tocó gestionar como alcalde la angustia de mis vecinos de
Camargo, el tercer municipio de Cantabria, con casi el mismo número de habitantes como empleos iba a destruir la aplicación de la Ley de Costas.
Diez años después volvemos a debatir y a tratar de legislar sobre la Ley de Costas en el Congreso de los Diputados. Conseguimos en aquel momento que la cordura impidiera el desastre y confío nuevamente en que lo podamos conseguir ahora.
Hace diez años fue el Gobierno del Partido Popular el que salió al rescate de miles de afectados por la Ley de Costas que vieron cómo la Administración socialista de Rodríguez Zapatero miraba para otro lado e ignoraba las consecuencias del fin de
las concesiones en el horizonte de 2018 para sus negocios, para sus vidas y para el empleo de cientos de miles de españoles.
La llegada del Partido Popular supuso la aprobación de la Ley 2/2013, de protección y uso sostenible del litoral, que modificó la Ley de Costas de 1988, garantizó la seguridad jurídica de los concesionarios, devolvió la confianza y la
certidumbre a los ciudadanos y reactivó la actividad económica y las contrataciones. Puede que uno de los méritos más destacables de la Ley de 2013 fuera que no hubiera que elegir, señorías, porque es posible comprometerse con el medioambiente y
con el desarrollo económico. (Aplausos). Por primera vez, ese texto incluía medidas específicas para afrontar la lucha contra los efectos del cambio climático en el litoral español. Pero si hablamos de luchar contra la incertidumbre, quizá el
cambio más sustancial de la ley fue incluir la necesidad de la publicidad registral de los deslindes, el reconocimiento de situaciones singulares que requerían tratamientos diferenciados en todo el territorio o la posibilidad de que las concesiones
pudieran llegar hasta setenta y cinco años y no treinta, y que este plazo comenzase a contar desde la concesión de la prórroga. Es verdad, señorías, que la ley no gustó a quienes hoy forman parte del Gobierno de España, y lo demostraron con varios
recursos judiciales que fueron desestimados. Es más, la sentencia del Tribunal Constitucional 233, de 2015, reconocía que las nuevas prórrogas extraordinarias permitían estabilizar los derechos concesionales y adaptarlos a un horizonte temporal
semejante al nuevo plazo máximo de duración de setenta y cinco años. El Consejo de Estado dictaminó sobre el Reglamento de Costas de 2014 amparando la legalidad de la duración de las prórrogas extraordinarias y no formuló reparo alguno sobre la
redacción del artículo 172. Pero también es verdad, señorías, que el Gobierno socialista no ha cesado ni un momento de tratar de echar abajo la protección de los concesionarios frente a la indefinición y la incertidumbre, y lo ha hecho incluso con
artimañas legislativas que han sido censuradas por el Consejo de Estado. Lo ha hecho con la Ley 7/2021, de cambio climático y transición energética, sobre la que Galicia ha presentado un recurso de inconstitucionalidad por vulnerar el principio de
seguridad jurídica y por la indeterminación que genera. Lo ha hecho también este Gobierno al tratar de cambiar las reglas del juego en mitad del partido, incluyendo una modificación encubierta de la Ley de Costas en la ley de cambio climático y
jugando con los plazos y la falta de publicidad para evitar que los afectados puedan presentar alegaciones a una nueva propuesta de modificación del reglamento de costas. (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.
El señor MOVELLÁN LOMBILLA: Estamos hoy aquí, de nuevo, por los problemas que genera la interpretación del artículo 32 y la duración de las concesiones, y lo estamos por la situación que ha creado el Gobierno central con la Ley de Costas de
1988 y con la interpretación que viene haciendo de la ley de 2013 desde el año 2018.
Hoy, nuestro grupo parlamentario, el Grupo Parlamentario Popular, va a votar a favor de la toma en consideración y tramitación de esta iniciativa que emana del Parlamento de Cantabria a propuesta de todos sus grupos parlamentarios, a
excepción del Grupo Socialista. Y quiero reconocer la gran labor de los afectados, de ACALCO, la Asociación Cántabra de Afectados por la Ley de Costas.
Finalizo diciendo que si de verdad creemos que la política sirve para algo -yo lo creo- debe ser para que como legisladores aportemos una solución que impida el riesgo de interpretaciones contrarias a una norma, la ley de 2013, que nació con
la finalidad de reforzar la certidumbre y el marco jurídico. Evitemos, señorías, la amenaza del desmantelamiento de actividades económicas sostenibles en el litoral de nuestro país y la ruina económica que ello significaría para las comunidades
autónomas y para el propio Estado. Apoyemos, finalmente, señorías, esta iniciativa y demos el ejemplo de cordura y...
La señora PRESIDENTA: Señor Movellán, tiene usted que terminar, por favor.
El señor MOVELLÁN LOMBILLA: ... de responsabilidad que este país tiene derecho a exigirnos.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Movellán.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Casares Hontañón.
El señor CASARES HONTAÑÓN: Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. Doy la bienvenida a los representantes del Parlamento de Cantabria, a los portavoces de los diferentes grupos parlamentarios que han defendido hoy esta
iniciativa, a los demás portavoces del Parlamento de Cantabria y a su presidente, Joaquín Gómez. Bienvenidos al Congreso de los Diputados.
Para mí es especialmente importante intervenir hoy en este Congreso de los Diputados y hacerlo como diputado de Cantabria y también como garantes de ese desarrollo de la España de las autonomías y de la Constitución española, que hoy permite
aquí que el pueblo de Cantabria, a través de sus representantes, traiga a debate una iniciativa al Congreso de los Diputados, especialmente en un día muy importante para los cántabros, para las cántabras y para los que han hecho parlamentarismo a lo
largo de la historia en esta casa, día en el que se cumplen tres años de una ausencia, la de nuestro querido Alfredo Pérez Rubalcaba, que permanecerá por siempre entre nosotros. (Aplausos).
Señorías de VOX, del Partido Popular y de Ciudadanos, hoy no están pidiendo aquí una aclaración de unos artículos de la Ley de Costas, lo que están pidiendo es modificar artículos de la Ley de Costas en contra del espíritu de la propia Ley
de Costas, en contra de la Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas y de la propia ley de cambio climático. Llevamos mucho tiempo trabajando para dar respuesta a toda la casuística que a lo largo de Cantabria y del resto de España hemos
tenido, como así lo reconocía el propio consejero de Obras Públicas del Gobierno de Cantabria, pero queremos hacerlo, señorías, con seguridad jurídica. No podemos cambiar una ley para eludir la ejecución de sentencias firmes, algo que es poco
edificante y contrario, por cierto, a nuestro ordenamiento jurídico, porque de eso va también lo que estamos hablando hoy en este Congreso de los Diputados.
Voy a tratar de explicar algunas cuestiones más que deberían estar claras para el conjunto del arco parlamentario de esta Cámara y del propio Parlamento de Cantabria. Esto no va de defender o no al pequeño tejido productivo de nuestra
comunidad autónoma, esto no va de defender o no a las grandes industrias de Cantabria, esto no va de defender o no a muchas instalaciones ganaderas o agropecuarias, a las conserveras de Santoña o a las explotaciones ganaderas de Escalante o de
Colindres, porque en eso, señorías, estamos todos de acuerdo, los 350 diputados y diputadas de esta Cámara y, desde luego, el conjunto de los hombres y mujeres de Cantabria y de los diputados que representamos a esa tierra. En eso estamos todos y
todas de acuerdo, desde luego este Grupo Parlamentario Socialista y el Gobierno de España, con hechos, señorías, con inversiones, con acuerdos, con trabajo, con diálogo con todos los sectores productivos para que sigan siendo el motor del
crecimiento de nuestra tierra, del progreso de nuestro país, del bienestar de nuestra ciudadanía y por supuesto de los cántabros y de las cántabras. Está fuera de toda duda que ese es nuestro objetivo y un compromiso compartido por todos los que
hoy representamos a Cantabria, y en el caso concreto de todos esos supuestos de los que han hablado tengan por seguro que este grupo parlamentario y este Gobierno trabajan y seguirán trabajando para dar soluciones, como hemos hecho hasta ahora. Por
tanto, no va de eso, señorías.
No traten tampoco de confundir al conjunto de la ciudadanía, a todas esas empresas o industrias que hoy nos miran, a esos miles cuyos puestos de trabajo están en juego y a todos los que tienen una
titularidad en una de esas concesiones en Cantabria o en cualquier rincón de España. Esto va de otra cosa. Esto va de pensar en grande o de pensar en pequeño, de dibujar el futuro compartido que debemos dejar a las próximas generaciones o
de pensar solo en el hoy, sin importarnos qué pasará mañana. Señorías, hoy más que nunca sabemos la urgencia de algunas cuestiones que hoy se han planteado aquí, hoy es más importante que nunca luchar contra los efectos del cambio climático en
nuestras costas, un problema que ya no es un problema de futuro, es un problema del presente, y también es urgente abordarlo. Por eso es urgente una reflexión, ausente en los discursos de prácticamente todos los que han intervenido hoy en esta
Cámara del Congreso de los Diputados y en buena parte del debate que tuvo lugar el 20 de diciembre en el Parlamento de Cantabria. Es una tarea colectiva y prioritaria protegernos frente al cambio climático. Es una tarea colectiva de quienes
representamos a Cantabria preservar, proteger, restaurar y regenerar nuestras costas. Tenemos, señorías, el reto colectivo de planificar todas las actuaciones encaminadas a proteger nuestras costas frente a los riesgos asociados al cambio
climático, como la erosión o los episodios de inundación, cada vez más frecuentes, y favorecer su resiliencia natural. En eso tenemos que estar todas y todos de acuerdo y debemos trabajar con unidad y consenso ante la emergencia climática en la que
nos encontramos. Tenemos que sacar del debate partidista, de la política de trincheras en la que en demasiadas ocasiones algunos de ustedes quieren situar a la política, estas cuestiones, que se escaparán a nuestra generación pero que estarán muy
presentes en las decisiones de las generaciones del mañana y serán la clave del futuro y la vida de todos ellos y todas ellas. Proteger más y mejor a nuestras costas es una tarea fundamental en la que nosotros vamos a seguir trabajando, y lo
queremos hacer con el concurso de todos, por supuesto del Gobierno de España y de este grupo parlamentario, buscando respuestas que permitan solucionar los problemas de hoy, garantizar los miles de puestos de trabajo que están en juego, pero también
el futuro colectivo de las próximas generaciones, que pasa por garantizar la sostenibilidad. Esa es una tarea compartida y en esa tarea nos encontrarán siempre.
Muchas gracias, señorías. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Casares.
Finaliza aquí el debate sobre la proposición de ley del Parlamento de Cantabria. Presidente del Parlamento de Cantabria, diputados, muchísimas gracias por su presentación, su participación y su presencia en el hemiciclo del Congreso de los
Diputados. (Pausa).
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 10/1995, DE 23 DE NOVIEMBRE, DEL CÓDIGO PENAL, PARA AGRAVAR LAS PENAS PREVISTAS PARA LOS DELITOS DE TRATA DE SERES HUMANOS DESPLAZADOS POR CONFLICTO BÉLICO
MOTIVADO POR LA INVASIÓN DEL TERRITORIO UCRANIANO POR TROPAS DE LA FEDERACIÓN RUSA. (Número de expediente 122/000214).
La señora PRESIDENTA: Continuamos, señorías, con el punto del orden del día relativo a la toma en consideración de la Proposición de Ley del Grupo Parlamentario Socialista, Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de
noviembre, del Código Penal, para agravar las penas previstas para los delitos de trata de seres humanos desplazados por conflicto bélico motivado por la invasión del territorio ucraniano por tropas de la Federación Rusa. Para la presentación de la
iniciativa, tiene la palabra la señora Fernández Benéitez.
La señora FERNÁNDEZ BENÉITEZ: Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías.
Mi grupo presenta esta proposición de ley para proteger a las víctimas de trata con fines de explotación sexual en el contexto de la guerra de Ucrania. Como saben, el Grupo Parlamentario Socialista tiene entre sus prioridades impulsar
normas para poner fin a uno de los fenómenos más abyectos y antidemocráticos que aún existen hoy en día: el comercio de mujeres para ser prostituidas. Sé que son ustedes conscientes de que la invasión de Ucrania ha puesto a mujeres y a menores en
una situación de especial vulnerabilidad. La inestabilidad, la inseguridad y la hostilidad a la que se ve sometido el pueblo ucraniano desgraciadamente trae formas de violencia muy crueles para las mujeres: la violencia sexual como arma de guerra
y la prostitución como destino en Europa.
Por eso, este grupo parlamentario trae hoy la proposición de ley que tengo el honor de presentarles. Se trata de una modificación penal temporal para agravar las penas previstas por los delitos de trata de seres humanos desplazados con
motivo de la invasión del territorio ucraniano por las tropas de la
Federación Rusa. Como ustedes saben, una ley temporal es aquella que se aplica durante un periodo de tiempo concreto, en este caso son dieciocho meses, como consecuencia de situaciones graves y excepcionales. Así lo prevé el artículo 2 del
Código Penal y así lo define la jurisprudencia del Tribunal Supremo.
Las redes de trata han aprovechado el desplazamiento de millones de refugiados, el estado de necesidad en que se encuentran, el colapso del país, y el impacto de las primeras semanas de acogida para captar a mujeres y niños destinados,
principalmente, a la trata con fines de explotación sexual. El ataque de Rusia sobre Ucrania es de una gravedad inédita y está teniendo consecuencias globales. Sin embargo, señorías, si descendemos al día a día, el dolor es inenarrable. Señorías,
creo que todos ustedes han tenido ocasión de conocer los acontecimientos. Miren, en 2022 la violencia sexual sigue siendo un arma de guerra. Señorías -insisto-, en 2022 la violencia sexual sigue siendo un arma de guerra. (Aplausos). La violencia
sexual, señorías, continúa usándose para infundir terror entre las poblaciones atacadas. Son incontables los testimonios de mujeres, niños y niñas agredidos en Ucrania. Han sido forzadas, atadas, violadas, golpeadas, muchas de ellas incluso se han
quedado embarazadas de sus agresores. Señorías, la guerra nos enseña la cara más cierta y dura de las agresiones sexuales. El móvil nunca es el placer, sino la dominación. Destruir a un pueblo es también desmembrar a base de tortura a sus
integrantes.
Sin embargo, señorías, el horror no acaba aquí. Tanto los cuerpos de seguridad como las organizaciones no gubernamentales internacionales han dado cuenta de la presencia en las fronteras de Ucrania de hombres sin identificar esperando la
salida de mujeres, niños y niñas para, presuntamente, ayudarles a alcanzar un destino seguro en Europa. Nada más lejos de la realidad. Sabemos que muchos, especialmente mujeres, han sido interceptados y puestos a disposición de las redes de trata
para ser prostituidos. De hecho, en España pudimos leer algunos casos en prensa que estoy segura que ustedes conocen. Es inaceptable que Europa, pero particularmente España, no haya sacado aún medidas para acabar con la trata de mujeres. La caída
de cientos de ucranianas ha sido tan fácil como esperarlas a las puertas de las fronteras, porque estas mafias están perfectamente integradas en nuestras sociedades y son un motor económico que a muy pocos parece molestarles.
Señorías, la prostitución ha estado presente durante toda la historia de la humanidad y se ha ido adaptando a los cambios económicos, sociales y culturales. El tráfico de mujeres se ha expandido y usa las mismas lógicas que cualquier otro
mercado internacional. La prostitución es escurridiza y se nutre de la ambigüedad del concepto de consentimiento. Por eso, señorías, es fundamental centrar este debate político en los elementos estructurales y no en la libertad individual. La
improbable voluntad para prostituirse no puede condicionar el análisis ético y político de un fenómeno de esta envergadura. (Aplausos).
Señorías, una sucesión de barrotes no siempre representa una cárcel, pero sería necio negarse a valorar esa posibilidad. Y como conozco las críticas a las que me expongo, les diré que es inútil separar las categorías de explotación sexual y
prostitución, porque ambas forman parte de la misma estructura de violencia y de dominación, ambas hunden sus raíces en la desigualdad entre hombres y mujeres. La democracia en sí misma exige abordar qué impacto tienen estos hechos en la comunidad
política. Una actividad que compromete valores como la igualdad, la integridad o la dignidad es radicalmente incompatible con el Estado de derecho. La libertad está ligada a la capacidad de elegir de los individuos. Si atendemos a la realidad que
representa la prostitución, es poco probable que esa elección quepa para la inmensa mayoría de mujeres que se encuentran prostituidas. Es evidente que en contextos de falta de recursos, de feminización de la pobreza, de migración y de mafias las
mujeres no son sujetos de derecho, señorías, son mera mercancía. Además, si concedemos a esta realidad el estatus de trabajo, estamos aceptando como legítimo que las mujeres pongan su sexualidad al servicio de los hombres y no de ellas mismas.
(Aplausos).
Señorías, el informe de 21 de febrero de 2021 de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior y de la Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género, ambas del Parlamento Europeo, señala -cito textualmente- que
es necesario redoblar los esfuerzos para luchar contra la impunidad llevando ante la justicia a quienes explotan y abusan de las víctimas. Señorías, esta proposición de ley temporal penal viene a reforzar la enorme batería de medidas que ha
desplegado el Gobierno de España con motivo de la invasión. En el real decreto de medidas para paliar el impacto económico y social de la guerra ya se incluyen acciones decididas para prevenir la captación de mujeres. La identificación, la
atención a las víctimas y el especial tratamiento de las mujeres en situación de riesgo han servido ya para trabar el empeño de algunas de estas mafias. El Gobierno ha ampliado el acceso de las víctimas a
derechos socioasistenciales y también al ingreso mínimo vital. También ha puesto a disposición de estas mujeres la posibilidad de abrirse una cuenta de pago básico de carácter gratuito y, además, se han aprobado protocolos reforzados para
la prevención y la detección precoz de posibles casos de trata y se ha garantizado la acogida. Por eso, el tipo agravado del artículo 177.4 bis del Código Penal que proponemos viene a reforzar el agravante de especial vulnerabilidad que recoge ya
este precepto. Evidentemente, esta norma tendrá un efecto disuasorio y servirá para perseguir con más agilidad este delito. No es una medida que se entienda por sí misma, señorías, sino que viene a complementar y a acompañar toda la labor
preventiva y de apoyo que ya ha hecho el Gobierno de España.
Señorías, proteger a las víctimas de Ucrania de forma específica es necesario, sobre todo por una cuestión de contexto: la masa de refugiadas no tiene precedentes. No se trata de discriminar, sino de atender con urgencia una realidad
inédita por su abundancia y por su riesgo. Los datos hablan por sí solos. Las mujeres ucranianas ya sufrían antes de la invasión un riesgo muy alto de ser víctimas de trata. Así lo ha reconocido recientemente la resolución del Parlamento Europeo
sobre el impacto de la guerra contra Ucrania en las mujeres. Señorías, cuando hablamos de prostitución hablamos de mujeres despojadas, en su mayoría, de su condición de ciudadanas. Saskia Sassen las describe como mujeres expulsadas de sus entornos
culturales y familiares, mujeres que dejan de disponer de su proyecto de vida. Parte fundamental de la prostitución consiste en anular su pasado en un lugar donde no hay futuro. Señorías, la cancelación de su identidad es condición de posibilidad
de este negocio. Lógicamente, si asumimos que estos son los puntos de partida de la gran mayoría de mujeres en situación de prostitución, estamos ante una práctica que debemos perseguir y atacar hasta su completa desaparición. (Aplausos).
Señorías, España es uno de los países que más sexo de pago registra en Europa. Por eso, no puede seguir esta actividad intolerable. El Gobierno ha cifrado en 45 000 las mujeres y niñas en situación de prostitución y, además, estima que el
95 % son víctimas de trata. Es inaceptable. Señorías, sé que alguno de ustedes vendrá a señalar que una medida concreta es insuficiente y que necesitamos una mirada amplia para abordar la prostitución como un problema de violencia contra las
mujeres. Pues bien, les diré que la redacción actual del Código Penal en materia de proxenetismo apenas ha permitido que se dicten sentencias por este tipo de delitos. Saben perfectamente que el Partido Socialista está trabajando en una redacción
contundente que defina el proxenetismo para que sea perseguible. Saben bien que el PSOE está esperando a todos los grupos políticos de esta Cámara para ello. Además, el Gobierno de España trabaja para que pronto tengamos sobre la mesa una norma
que aborde la trata desde una perspectiva integral, una ley que ayudará a que las víctimas puedan recuperar su vida desde la protección y la seguridad. Sin embargo, lo necesario de esta ley no puede opacar lo urgente de atender la situación de
sobresaliente necesidad de las mujeres ucranianas. Tampoco podemos olvidar, señorías, que acabar con la prostitución será tan difícil como que los hombres decidan renunciar a pagar por sexo. (Aplausos). Sin grandes consensos sociales ninguna ley
será suficiente.
Miren, señorías, durante casi tres siglos de historia el feminismo ha sido capaz de reflexionar sobre el ámbito privado, logrando su democratización. El pensamiento feminista hizo evidente, por ejemplo, que las mujeres sufrían la injusticia
de cargar a sus espaldas con trabajo invisible. También destapó algunas formas de violencia que se consideraban privadas. Los permisos igualitarios o la ley contra la violencia de género son ejemplos del clamoroso éxito de la teoría feminista.
Entender que la prostitución es una institución violenta aceptada, como antes lo estuvieron otras, es el primer paso para abordar legislativamente esta cuestión.
Me van a permitir que en un día como hoy termine haciendo mías las palabras de mi querido compañero Alfredo Pérez Rubalcaba: No tengo solución para todos los problemas, pero yo no me arrugo, no me echo atrás. Creo que cuando la situación
es crítica hay que actuar. Actuemos, compañeros. Muchísimas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Fernández.
En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Martínez Oblanca.
El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señora presidenta.
Con esta iniciativa parlamentaria se promueve una modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, que retoca el conjunto de normas punitivas de nuestro marco legislativo para dotarlo con una medida que pretende
endurecer el castigo sobre los delitos de trata de seres humanos, aunque más concretamente sobre aquellos que estén relacionados con la atroz invasión de
Ucrania por tropas rusas que comenzó hace setenta y seis días y que es un motivo de inquietud para todo el mundo. (El señor vicepresidente, Rodríguez Gómez de Celis, ocupa la Presidencia).
Con el recuerdo de la histórica comparecencia telemática del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ante las Cortes Generales reunidas en este hemiciclo el pasado 5 de abril, viene al caso denunciar en esta tribuna que hoy, en el puerto
asturiano de El Musel, un barco cargado de carbón ruso -en otra bochornosa muestra de la hipocresía gobernante en España- está dejando en evidencia al Partido Socialista y a los partidos que gobiernan. Esta es, diputados y diputadas del Grupo
Socialista, la solidaridad de quita y pon: mientras traen estas proposiciones de cara a la galería, facilitan la financiación del régimen causante de la guerra que produce la muerte, el horror y las condiciones para la espeluznante trata de seres
humanos.
Señorías, cabe señalar que, tal y como se refleja en la disposición adicional segunda del texto que se somete a la consideración del Pleno, la modificación tiene una limitación de dieciocho meses, lo que, como he tenido ocasión de contrastar
con acreditadas expertas, supone un límite temporal que añade inseguridad jurídica, lo que resulta de muy dudosa ortodoxia tratándose de una norma penal. Además, tal plazo debería ser objeto de ampliación en el caso de que la ley avance hacia el
trámite parlamentario, porque aunque previsiblemente la invasión ya esté concluida dentro año y medio, sus devastadores efectos van a tardar mucho más tiempo, tal vez décadas, en ser corregidos. Además de los derivados de la destrucción de
ciudades, pueblos, infraestructuras, industrias, etcétera, hay que considerar los que permanecerán como terribles secuelas de la catástrofe humanitaria, uno de los cuales es la enorme vulnerabilidad a la que se ven arrastradas las mujeres, las niñas
y los niños que huyen del conflicto bélico hacia otros países.
Desde el inicio de la guerra los mecanismos de protección temporal se han venido ampliando en el ámbito comunitario ante la constatación de una afluencia masiva de personas desplazadas como consecuencia de los combates. Así quedó reflejado
en la Decisión de Ejecución 2022/382, del Consejo de la Unión Europea, fechada el 4 de marzo. La masiva huida de hombres, mujeres y niños de Ucrania hacia otros países -caso de España, en el que ya se han acogido del orden de 150 000 refugiados- ha
estimulado la proliferación de organizaciones mafiosas que buscan víctimas para explotarlas sexualmente o utilizarlas en redes de esclavitud laboral, mendicidad e incluso para tráfico de órganos.
Permítanme dos datos demoledores y trágicos. El primero es que la trata de seres humanos es una de las mayores fuentes de ingresos ilegales en el mundo, después del comercio de armas y de drogas. El segundo dato se refiere a la altísima
demanda de prostitución en España. Estamos en los puestos cabeceros de este aciago ranking europeo, y continúa siendo una asignatura pendiente la ampliación de medidas para desalentar la demanda que espolea esta forma de explotación de las personas
a lo largo de siglos, y el XXI no es una excepción. Conviene señalar que en las últimas memorias de la Fiscalía, en relación con los procedimientos judiciales relativos a la trata, se reflejó que más del 75 % de los delitos estaban vinculados a
explotación sexual, con un 95 % de mujeres como víctimas. En 2020, último año del que dispongo de datos, se incoaron en España 136 procedimientos judiciales relativos a este abominable delito. Por lo tanto, es perentorio que el Código Penal se
actualice, pero no exclusivamente al hilo de la invasión de Ucrania. En la lucha contra la trata hay mucha tarea pendiente en la Unión Europea, pero en España la tiene específicamente el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez. Este es un asunto
prioritario que por diferentes razones ha quedado relegado, probablemente debido a la superestructura multitudinaria del banco azul, que deja al descubierto una sonrojante descoordinación entre departamentos. Véanse, por un lado, las iniciativas
del Ministerio de Justicia y véanse, por otra parte, las del Ministerio de Igualdad. Sirva como muestra que, rebasado ampliamente el ecuador de la actual XIV Legislatura, se constituyó por orden del Ministerio de Justicia una sección especial de la
Comisión General de Codificación para la elaboración de la ley integral contra la trata de seres humanos. Tal sección especial tiene como plazo hasta los días finales de este mismo mes de mayo para hacer entrega de su informe. Sin embargo, llama
la atención que el Gobierno trabaje en paralelo, porque hace justamente un año otro ministerio, el de Igualdad, ya había sometido a consulta pública previa la elaboración de un proyecto normativo consistente en una ley integral contra la trata.
Asimismo, en este repaso a las iniciativas inconclusas, no quisiera dejar de mencionar que en el Gobierno surgido de la moción de censura de 2018, con las competencias de igualdad depositadas en la vicepresidencia que ostentaba la señora
Calvo Poyato, se elaboró un borrador titulado Proyecto de ley integral contra la trata de seres humanos y, en particular, con fines de explotación sexual; borrador con noventa y tres artículos, trece títulos y cinco disposiciones, una transitoria y
dos derogatorias. Promovía la modificación de media docena de leyes, entre ellas el Código Penal, así como la Ley de Enjuiciamiento
Criminal. Es decir, producción literaria al respecto de la trata de personas no falta, cosa muy diferente es la contumaz desidia y los limitados recursos para frenarla.
Señorías, concluyo recalcando que la trata de seres humanos no distingue por origen, sino por finalidad. Esta iniciativa se centra en la martirizada Ucrania, pero desdeña el drama global de la trata y sus efectos en España, país de tránsito
de una inmigración controlada por mafias. Señora Fernández Benéitez, déjense usted y sus compañeros del Grupo Socialista, que tienen línea directa con el Gobierno, de acciones propagandísticas en torno a Ucrania. Procuren hacer las cosas bien y,
en lugar de este parche en el Código Penal, pídanle a los dos sectores del banco azul que se pongan de acuerdo en algo y que rescaten del cajón del olvido el proyecto de ley integral contra la trata de seres humanos, porque, como usted dijo, esto es
inaceptable, pero no se resuelve parche a parche, tacita a tacita.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Euskal Herria Bildu, tiene la palabra la señora Pozueta Fernández.
La señora POZUETA FERNÁNDEZ: Señor presidente. Arratsalde on guztioi.
Señorías, seré breve. Estamos de acuerdo en poner todos los recursos legales necesarios para hacer frente a la trata y explotación que sufren las personas refugiadas, especialmente las mujeres, las niñas y los niños, como sectores más
vulnerables frente a quienes trafican con ellos y les obligan a vender sus cuerpos por la fuerza, pero esta vulneración flagrante de derechos básicos afecta a todas las refugiadas, sean ucranianas o de cualquier otra nacionalidad. Es tal el ataque
que supone a la integridad de los derechos y las libertades de todas ellas que no entendemos cómo se puede proponer hacer diferenciaciones entre unas y otras. Todas están indefensas frente a las terribles situaciones a las que son sometidas, todas
sienten y viven el mismo sufrimiento, todas. Las refugiadas ucranianas deben poder contar con toda la protección y la seguridad que este Estado les puede ofrecer, por supuesto que sí, y quienes las explotan deben ser juzgados y sancionados con
dureza, pero exactamente el mismo derecho deberían tener las refugiadas sirias, afganas, nigerianas o de cualquier otra procedencia.
Por ello, no podemos avalar que existan personas refugiadas de primera y de segunda; no podemos avalar que se diferencie entre las personas refugiadas que huyen del horror de la guerra de Ucrania y quienes huyen del horror de cualquier otra
guerra; no podemos avalar que se legisle para unas y no para otras, porque todas, sean refugiadas ucranianas o no, sufren la misma vulnerabilidad frente a la trata y la explotación. La lucha contra la trata de seres humanos y la protección de
víctimas debe prevalecer por encima de cualquier otra cuestión, porque todas ellas son personas y todas merecen el mismo trato justo y digno, vengan de donde vengan. Reivindicamos todos los derechos para todas las personas, sin importar de donde
vengan, sin importar cómo sean, sin importar de qué guerra atroz huyan. Apoyamos todas las medidas que enfrenten esta terrible vulneración de derechos y mostramos nuestro apoyo y solidaridad para todas ellas, sin discriminaciones ni excepciones.
Señorías del PSOE, les pedimos que hagan un ejercicio de empatía y solidaridad para con todas las refugiadas y se comprometan a ampliar su propuesta a todas ellas, sin importar su origen. Así, sin duda, podrán contar con nuestro apoyo.
Mila esker. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Agirretxea Urresti.
El señor AGIRRETXEA URRESTI: Gracias, señor presidente.
Intervendré muy brevemente también. Pensaba hacerlo desde el escaño, pero después de oír las palabras de la señora Fernández me gustaría aclarar una serie de cuestiones.
El delito de trata de seres humanos ha irrumpido en el derecho penal con este nomen en la reforma de 2010. Antes, la tutela de los bienes perseguida por esta norma singular quedaba escondida y en cierto modo minimizada en otras morfologías
delictivas vinculadas bien a la prostitución y corrupción de menores bien a los derechos de los ciudadanos extranjeros y a la necesidad estatal de controlar los flujos migratorios. Era, por lo tanto, necesaria esa emancipación para destacar lo
específico de esta figura delictiva: la cosificación de la persona hasta convertirla en una mercancía, una forma de esclavitud que sigue presente en el siglo XXI. Hay que mencionar, del lado de estos instrumentos básicos, el Convenio de Varsovia,
que es un elemento importante, del 16 mayo de 2005, y varias directivas en el marco de la Unión Europea. Por lo tanto, ya hay jurisprudencia suficiente que ha incorporado esto en nuestra legislación.
Ustedes proponen, por medio de la toma en consideración de esta proposición de ley, la modificación del Código Penal, una modificación ad hoc, diríamos, porque se modifican dos aspectos: solo para las personas víctimas de la guerra de
Ucrania y solo para dieciocho meses. Evidentemente, nuestra posición es crítica con esta propuesta, porque consideramos que no se deben hacer modificaciones en el Código Penal de esta índole y de esta manera. Vuelvo a reiterar algo que han dicho
otros compañeros y compañeras y que van a decir más también. Nos preguntamos: ¿Por qué solo los de la guerra de Ucrania? ¿Acaso los de otras guerras son menos importantes? ¿Tienen menos valor? ¿Son mejor tratadas en esta trata? ¿Los que
incumplen las leyes, los que cometen delitos con personas de otras guerras van a tener menos pena? ¿Y por qué? Esta es una cuestión. La segunda es la temporalidad. ¿Por qué dieciocho meses y no veinticuatro o treinta y tres o dos o cinco años?
¿Cuál es el motivo por el que se especifica? ¿Acaso saben ustedes cuándo va a acabar la guerra? Pues, dígannoslo, porque lo han fijado en dieciocho meses. Consideramos que es totalmente arbitrario el concepto que utilizan a la hora de plantear
esta caducidad de dieciocho meses para esta cuestión, porque entendemos que pueden ser dieciocho o puede ser cualquier otro plazo. Por tanto, ¿cuál es el motivo de la temporalidad?
En cuanto a nuestro criterio, vamos a votar a favor de la toma en consideración, porque estamos de acuerdo, evidentemente, en que las personas que tratan con esos fines a esas personas víctimas de una guerra tengan el castigo que tengan que
tener y en que el Código Penal lo conciba de tal manera. El asunto es que criticamos que sea solo para las de la guerra de Ucrania y que sea con esta caducidad, es decir, queremos que todas las víctimas de guerra, desde una perspectiva atemporal,
sean consideradas en el Código Penal. Por tanto, nosotros queremos que este trámite vaya adelante -por eso vamos a votar a favor de la toma en consideración- para que en la fase de enmiendas se incorporen estas modificaciones que creemos que son
necesarias. Si no se contempla generalizarlo a otras víctimas, vamos a tener un problema a la hora de plantear unanimidad o un criterio de voto por parte de nuestro grupo, porque no estaremos perjudicando a las víctimas de la guerra de Ucrania, ni
en el concepto ni en la temporalidad, si abrimos esto a todas las demás.
Antes de acabar, me gustaría citar dos cosas. Algún otro orador lo ha dicho. Todo esto al fin y al cabo nos llega a cuento de que necesitamos sin duda alguna una ley de trata. La pregunta es por qué no la tenemos. Es verdad, como se ha
dicho, que en abril de 2021 la ministra Montero anunció la iniciativa legal de una ley de trata. Un año después, la ministra de Justicia anuncia una iniciativa a partir, como se ha dicho, de una cuestión del Consejo General de Codificación. ¿Qué
está pasando aquí? No utilicen, por favor, este tema ni esta tribuna para sus problemas internos en el Gobierno, porque es evidente que estas cuestiones, al fin y al cabo, lo que hacen es perjudicar a lo que queremos beneficiar.
Y, por último, una cuestión. Creo que lo que ustedes han hecho en estos momentos con esta cuestión, señora Fernández, es buscar -no voy a decir la palabra excusa, porque no es una excusa- una razón que podía venir muy bien para hablar de
otra cosa que ustedes saben perfectamente que está generando un profundo debate y una cuestión bastante importante en otra ley que estamos tramitando. Por lo tanto, seamos sinceros y hagamos las cosas bien. Busquen consensos, no vengan aquí a
hablar como si esto fuera algo en lo que ustedes tienen la última y verdadera palabra para hacernos sentir un poquito culpables de algo. No, eso sí que no, porque esto va de otra cosa, y debería de ir de otra cosa si es que verdaderamente ustedes
creen en lo que han propuesto.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Giménez Giménez.
La señora GIMÉNEZ GIMÉNEZ: Gracias, presidente.
Señorías, nos encontramos ante la toma en consideración de una proposición que realmente nos permite abordar una de las realidades más lamentables e indignas desde el ámbito de la defensa de los derechos humanos, que es la trata de seres
humanos. La injusta invasión que está viviendo Ucrania por parte de Rusia está provocando un gran desastre humanitario, un desastre de gran envergadura, con millones de ucranianos desplazados en toda Europa, decenas de miles de ellos en nuestro
país. Al horror de la guerra, de las rupturas familiares, de la pérdida de todo lo conseguido en su vida, hay que añadir el riesgo al que se enfrentan mujeres, niños y niñas, que es la indignante acción de los traficantes de seres humanos, que ven
en esta situación una oportunidad para acechar a estas personas en situación de extrema vulnerabilidad. Por ello, claro que vemos acertada una proposición de este tipo, aunque desde un punto de vista técnico-jurídico tendríamos cuestiones que
debatir en esta proposición.
Consideramos, además, que esta proposición debe ser mejorada por lo que han dicho algunas de las personas que ya se han subido a la tribuna. Consideramos que las penas deben ser aprobadas para los delitos de trata de seres humanos
desplazados por un conflicto bélico, pero no limitándolo a Ucrania. Realmente, si lo hacemos así, lo que estamos provocando es una situación de desigualdad en la condena y la protección de otras víctimas de trata provenientes de países en guerra,
olvidando que al mismo riesgo se han enfrentado muchas mujeres, niños y niñas en Siria o Afganistán. Por lo tanto, tendremos que ver la mejora de esta proposición, al igual que la mejora temporal que ya se ha dicho. ¿Por qué limitarlo a dieciocho
meses? ¿Estamos valorando las consecuencias jurídicas que luego puede tener una modificación del Código Penal con dieciocho meses de duración? ¿Y la retroactividad? Hay que pensar en el análisis técnico de esta situación.
Somos conscientes de que la trata de personas es una lacra que atenta contra su dignidad. La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito ha documentado 225 000 víctimas de trata entre el año 2003 y el año 2016; tres cuartas
partes de ellas son mujeres y niñas, y la mayoría de estas situaciones de trata tenía unos fines de explotación sexual. A este respecto quiero hacer una reseña. Hablamos de explotación sexual, y quiero resaltar la palabra explotación. Cuando
hablamos de prostitución, eso implica tener en cuenta la opinión de aquellas personas que la ejercen. No debemos ser paternalistas cuando hablamos de determinada cuestión. (Aplausos). No hay que ponerlo en dos frentes. Es digno es defender que
se condene la explotación sexual y que se condene a aquellos proxenetas, a aquellas personas que están utilizando a muchas mujeres, niños y niñas con fines de explotación sexual, pero también debemos defender que en cuanto a las personas, a las
mujeres que ejercen la prostitución de manera libre, no se esté considerando una mera explotación. Es irreal. Lo digo porque hemos escuchado comparecencias en relación con la ley de libertad sexual donde se reafirma que es necesario escuchar a las
personas directamente afectadas. Igualmente, cuando hablamos de explotación y utilizamos determinado lenguaje, ojo con criminalizar a todos los hombres (aplausos), ojo con utilizar un lenguaje simplista que criminaliza, porque a lo único que nos
lleva es a contraponer hombres y mujeres en lugar de ver el fin común de esta proposición, que es abordar la trata, proteger a mujeres, niños y niñas procedentes de conflictos bélicos, con lo cual nosotros sí estamos de acuerdo.
La Policía Nacional y la Guardia Civil liberaron en 2020 a 269 víctimas de redes de tráfico ilícito de seres humanos que habían sido introducidas en España con fin de lucrarse, con un fin de explotación sexual, de explotación laboral, de
matrimonio forzado o de dedicarse a actividades delictivas. Claramente esta es una realidad que tenemos que abordar. Ciudadanos está en la línea de abordar esta realidad. Ciudadanos reclama que se ejecute el Pacto de Estado contra la Violencia de
Género que ya firmamos en 2019, que hemos renovado todos los partidos políticos excepto VOX, donde hay una serie de medidas específicas. Dentro de esas medidas específicas está la publicación de una ley de trata. Pero ¿qué ha pasado con la futura
ley integral contra la trata, señorías del Gobierno? Hace más de dos años que prometieron apoyar una ley que protegiera a las mujeres de la explotación sexual e incorporara medidas de prevención y persecución de estas redes criminales, pero a día
de hoy en esta Cámara aún no se ha podido debatir. Las disputas internas que hay entre el Gobierno, que son muy evidentes, no pueden impedir que salga adelante una ley de trata que urge. Señorías, la trata de seres humanos con fines de explotación
sexual merece una respuesta urgente. A lo mejor se pueden colgar menos medallas que con otro tipo de iniciativas si se empeñan en trabajar en esta ley, pero es en esta ley en la que todo este hemiciclo puede estar de acuerdo, porque todos estamos
de acuerdo en que debemos abolir la explotación sexual, insisto. El Pacto de Estado contra la Violencia de Género merece ser ejecutado en esa línea, porque hablaba de la ley de trata, de reforzar las persecuciones de oficio, de establecer programas
de protección social, de recuperación integral de las personas explotadas. No seamos hipócritas y abordemos realmente la realidad de la inserción laboral de aquellas mujeres que están viviendo situaciones de explotación sexual, si no, ¿de qué van a
vivir luego?
Por todo ello, nuestro grupo parlamentario va a apoyar esta proposición, pero, además, va a mejorarla. Hay que mejorarla en el ámbito de la extranjería, hay que mejorarla para que sea más amplia y no se limite únicamente a Ucrania, porque
las víctimas deben verse en una gran dimensión. Queremos pedir a este Gobierno que traigan una ley de trata, que no se siga justificando con otro tipo de iniciativas que a lo único a lo que nos lleva en el trámite parlamentario es a disputas,
porque una realidad en la que todo el hemiciclo...
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, ha finalizado su tiempo.
La señora GIMÉNEZ GIMÉNEZ: ... puede estar de acuerdo es abordar la explotación sexual y abolir la trata, que es un problema nacional, europeo y mundial.
Gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra el señor Rego Candamil.
El señor REGO CANDAMIL: El BNG tiene clarísimo que hay que poner todos los medios para combatir un crimen tan abyecto como la trata de seres humanos. En ese sentido, estamos en plena disposición de apoyar todas las medidas legislativas
que, con un enfoque integral -como se mencionó aquí-, ayuden a combatir esa lacra, pero también a poner todos los medios para que las medidas legislativas tengan un efecto práctico positivo, pero lo que nos traen aquí es una cosa radicalmente
diferente, parece más una pretensión de hacer propaganda política a costa del sufrimiento provocado por el conflicto de Ucrania, porque no se puede entender por qué se limita a las personas afectadas por este conflicto bélico y no por ningún otro.
Horroriza comprobar la diferencia de trato entre los refugiados y las refugiadas de la guerra de Ucrania y los refugiados y refugiadas, por ejemplo, de la guerra de Siria. El campamento de Moria, más que un campamento, es un campo de
concentración cercado por alambre de espinos, fronteras con alambre de espinos; gente muriendo en la frontera de Hungría o en la frontera de Polonia frente a la indiferencia de Europa; esa vergonzosa negociación para ver cuántos refugiados acogía
cada Estado europeo y que, finalmente, ni siquiera se cumple. Sin embargo, en el caso de Ucrania, puertas abiertas. Nos parece bien, porque es lo que hay que hacer...
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, su tiempo ha finalizado.
El señor REGO CANDAMIL: ..., pero también es lo que había que hacer en el caso de los refugiados y las refugiadas de Siria. Por lo tanto, esto, que solo se puede calificar de racismo institucional, no se puede llevar de ninguna manera al
Código Penal.
Obrigado. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
Tiene la palabra el señor Boadella Esteve.
El señor BOADELLA ESTEVE: Muchas gracias, presidente. Bona tarda.
Nos traen una proposición de modificación de una ley orgánica para agravar en el Código Penal los casos de trata de seres humanos, una modificación prácticamente quirúrgica del 177.4 bis del Código Penal. Lo cierto es que hoy estamos en la
votación de la toma en consideración de esta iniciativa. Por tanto, en este marco nosotros vamos a facilitar que este debate se realice. Es cierto que hay una realidad, pero quizás esta realidad es mucho más amplia que la que estrictamente ocupa
el ámbito de la proposición. Es cierto también -y he aquí la necesidad de tomar esto en consideración- el informe que se cita en la exposición de motivos, de 21 de febrero de 2021 del Parlamento Europeo y, por tanto, también de cómo se aplica la
Directiva 2011/36 de la Unión Europea.
Pero nos genera dudas y se las tengo que trasladar. Por eso facilitaremos el trámite parlamentario, para abordar estas dudas. ¿Por qué los dieciocho meses? Lo han dicho otras señorías también. Este ámbito temporal de dieciocho meses uno
no sabe a qué criterio obedece ni tampoco en la exposición de motivos se explica el porqué. Hace pocas semanas se criticaban aquí las famosas legislaciones en caliente. Pues esto, si no es una legislación en caliente, que baje alguien y lo
expliqué también. Por tanto, necesitamos un poco más de perspectiva a la hora de hacer estas modificaciones quirúrgicas al Código Penal porque, si no, a uno le da la sensación de que la gran suerte de esta historia es que esto es Código Penal y es
ley orgánica. Si no, ustedes hubieran hecho aquí un real decreto ley con el que modificar esto solo y únicamente desde su prisma. Afortunadamente, el prisma del Código Penal requiere de ley orgánica, requiere de mucha más mayoría y requiere de
mucho más trabajo parlamentario.
Con todo esto, nosotros facilitaremos la toma en consideración con el propósito de mejorar el texto en las enmiendas.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Tiene la palabra la señora Illamola Dausà.
La señora ILLAMOLA DAUSÀ: Bona tarda. Gràcies, senyor president.
Para intentar entender el alcance de la propuesta que nos plantea el Grupo Socialista pongo un ejemplo que ya se ha dicho. Una víctima de trata proveniente de Honduras, Nigeria, Siria, España o Rumanía, por citar países cuyos nacionales son
víctimas de trata según consta en distintos informes, verá que su agresor podrá ser castigado a una pena de entre cinco a ocho años de prisión. Esta es la norma general. En cambio, si la víctima de trata huye del conflicto de Ucrania y ello sucede
durante los dieciocho meses en los que estará vigente la propuesta, al agresor se le impondrá una pena superior en grado. Esto es lo que se plantea.
Dicen ustedes en la exposición de motivos que estas personas se exponen a situaciones de extrema vulnerabilidad. Es cierto, pero es igual para todas las personas que huyen de cualquier conflicto armado o personas que, por cualquier otro
motivo, acaban siendo víctimas de trata con destino a todo tipo de explotación, no solamente la explotación sexual. La trata es más que una explotación sexual. Se remiten ustedes a un informe de dos comisiones del Parlamento Europeo que insta a
los Estados a establecer sanciones penales severas. Sí, pero en el informe no se insta solamente a ello. Se insta también a formar a los profesionales que atienden a la víctima; a la detección, lo antes posible, de quién es víctima; a reconocer
los derechos de la víctima; en definitiva, a prevenir y luchar contra la trata, además del enjuiciamiento. En dicho informe no se insta a adoptar ninguna medida de forma discriminatoria, y ello es lo que sucederá si se aprueba la propuesta para el
cambio del Código Penal que proponen. Durante dieciocho meses los agresores de víctimas de trata tendrán una pena distinta en función del origen de la víctima, lo que me lleva a preguntarles si consideran ustedes que hay víctimas de trata de
primera y víctimas de segunda, porque lo que proponen es tratar de manera distinta al agresor. La trata seguirá, señorías, la trata seguirá. La diferencia será que con este agravante, simplemente, los agresores intensificarán sus acciones en otros
países porque la pena será inferior, y volverán a captar víctimas de Ucrania pasados estos dieciocho meses.
Se ha dicho aquí que se acaba de aprobar en comisión la ley de igualdad de trato, que estuvo a punto de no prosperar porque, desde distintos grupos, se apoyaba la inclusión del antigitanismo como un delito de odio en el Código Penal, pero el
Grupo Socialista no quería tocar el Código Penal. Ahora el Grupo Socialista quiere modificar el Código Penal introduciendo una disposición discriminatoria en función del origen de la víctima del delito de trata. ¿Dónde está la coherencia? ¿Qué
principio del derecho penal ampara que el Código Penal deba aportar soluciones ad hoc?
Sinceramente, le hemos dado muchas vueltas a la propuesta que nos plantean, hemos intentado encontrarle la lógica, hemos intentado ver la parte positiva y no lo conseguimos. No nos malinterpreten, no es que no queramos proteger a las
víctimas de trata provenientes de Ukraína, es que consideramos que se trata de una cuestión de derechos humanos y que todas las víctimas son iguales y todos los agresores merecen la misma pena, con independencia de si la víctima de trata proviene de
Ucrania, de Siria o de España. Lo esencial es identificar a la víctima, protegerla, atenderla y prevenir que no haya nuevas víctimas, con independencia del origen de la vulnerabilidad. Destinen a ello los esfuerzos. No creemos que diferenciar
entre víctimas ayude a la prevención del delito. Vayan al fondo del problema, no sean oportunistas.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra la señora Telechea i Lozano.
La señora TELECHEA I LOZANO: Gràcies, president. Bona tarda, diputades y diputats.
En su exposición de motivos, ustedes se amparan en el informe de 21 de febrero de 2021 del Parlamento Europeo relativo a una directiva comunitaria sobre la prevención y lucha contra la trata de seres humanos, directiva que insta a los
Estados a establecer sanciones penales severas para los delitos de trata. Pues bien, al revisar este informe, este señala explícitamente a los países del Mediterráneo. ¿Por qué no han modificado el Código Penal con el conflicto armado de Yemen o
de Siria o cualquier otro conflicto armado en el Mediterráneo o en el mundo? Tal vez el hecho de que el Estado español obtenga beneficios millonarios con la venta de armas en estos conflictos tiene algo que ver. (Aplausos).
Más allá de eso, la presente proposición de ley tiene un sesgo segregacionista e, incluso, racista, ni qué decir de discriminatorio. La ley debe proteger a todas las víctimas de trata, a todas, a las provenientes de todos los países en
conflicto, no solo a las provenientes de Ukraína. Además, debe ser complementada con medidas efectivas. Déjenme decirles lo siguiente. En primer lugar, esta iniciativa carece de todo rigor jurídico, porque no se puede legislar ad hoc el Código
Penal. En segundo lugar, quieren modificar el Código Penal para que parezca que toman alguna medida efectiva que beneficie a las víctimas. Sin embargo, no se aplica en esta iniciativa ninguna medida de prevención ni de reparación. No hay nada
para evitar que nuevas víctimas caigan en la trata ni tampoco hay ninguna propuesta para ayudar a las que ya han caído. La intervención del Código Penal -lo hemos dicho muchísimas veces- debe ser mínima y generalista. Señorías del PSOE, como ya
hemos dicho por activa y por pasiva, no hay víctimas de primera y de segunda; no se puede calificar a las víctimas de trata según su país de origen. (Aplausos).
Les traemos una propuesta más efectiva para combatir las redes de tráfico de personas: la reforma inmediata de la ley de extranjería. Ustedes deberían ser conscientes de que la trata de personas suele originarse debido a las dificultades
de acceso al país de destino. Si realmente quieren combatir el tráfico de seres humanos, habrían aceptado mejorar la situación de la población migrante en la ley de igualdad de trato y no discriminación. Tristemente, el Grupo Socialista no ha
estado ahí. (Aplausos).
Y cuando de violencias sexuales en conflictos armados se trata, las personas que corren más riesgo siempre son las más vulnerables, y esto siempre se traduce en niños y mujeres. Todos los medios de comunicación se han hecho eco de las
agresiones sexuales que están padeciendo muchas mujeres víctimas del conflicto armado en Ukraína, sobre todo las mujeres gitanas, un colectivo especialmente vulnerable. La violencia sexual es un arma de guerra, un arma que desmorona a la población
civil, un arma que tiñe de vergüenza a las inocentes que la sufren. Es la violencia que busca generar una fractura social a través del rechazo. Es un arma que se aprovecha de la vulnerabilidad y del desamparo de las mujeres frente a los señores de
la guerra. La violencia más humillante es la violación, igual que la prostitución forzada o la esclavitud sexual. Son crímenes de lesa humanidad, graves violaciones del derecho internacional humanitario. Y es aquí donde deben desplegarse todas
las medidas de apoyo institucional; es aquí donde las legisladoras debemos abocar nuestros esfuerzos, pero no únicamente en una clase de refugiadas, sino para que toda mujer explotada y víctima de tráfico de personas tenga el mismo derecho a ser
acogida para reconstruir su vida (aplausos), sin importar su país de origen y sin importar el conflicto del que es víctima.
Su propuesta, además, tiene dieciocho meses de vigencia. ¿Saben ustedes cuánto va a durar el conflicto en Ukraína? ¿Saben cuánto van a durar las consecuencias? ¿Acaso en dieciocho meses ustedes van a acabar con la trata de seres humanos?
Una modificación temporal del Código Penal, siempre lo hemos dicho, no es viable. Creo que a todas las aquí presentes nos gustaría saber cuál es el plan de aquí a dieciocho meses. Pero basándonos en las malas prácticas de este Gobierno, cada vez
más habituales, nos atrevemos a vislumbrar que tal vez sea una prórroga, la fórmula estrella de esta legislatura.
Señorías del Grupo Socialista, dejen de intentar solucionar las carencias del Estado español con parches temporales, como ya vimos con los múltiples reales decretos de la pandemia, y hagan reformas estructurales válidas para la ciudadanía y,
en particular y sobre todo -sobre todo- para combatir y erradicar la trata de mujeres.
Gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra la señora Fernández Castañón.
La señora FERNÁNDEZ CASTAÑÓN: Buenas tardes.
El derecho a la vida; el derecho a la libertad y la seguridad; el derecho a no ser sometida a esclavitud, servidumbre, trabajo forzoso o trabajo en condiciones de servidumbre por deudas; el derecho a no ser sometida a torturas y a tratos
o penas crueles, inhumanos o degradantes; el derecho a no sufrir violencia de género; el derecho a la libertad de circulación; el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental; el derecho a condiciones de trabajo
equitativas y satisfactorias; el derecho a un nivel de vida adecuado; el derecho a la Seguridad Social; el derecho del niño y de la niña a una protección especial; la prohibición de discriminar por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión,
opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición; esto es lo que reconoce el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en su
Informe 36 del año 2014 como los derechos humanos que se vulneran cuando se da la trata de personas. He querido denunciarlos aquí, en esta Cámara, para que sepamos de qué estamos hablando, para que tengamos claro cuál es el nivel de
responsabilidad que implica abordar esta cuestión, porque hablamos de los derechos de cada una de las personas que son objeto de trata y hablamos también de los derechos del conjunto de la humanidad. Solo hay una forma de erradicar la trata y es
reconociendo lo que todos los organismos internacionales reconocen, que es una vulneración de derechos humanos gravísima y, por eso, toda respuesta para acabar con ella se tiene que aplicar con un enfoque de derechos humanos con perspectiva de
género y universal. Universal, señorías, significa que es para todas las personas, y la situación de trata es igual de demoledora y vulneradora de derechos sea cual sea su causa, porque aquí ha de regir el criterio de universalidad de los propios
derechos humanos. (Aplausos).
Modificar el Código Penal para reconocer un agravante, como hacen, entiendo que persigue avanzar en la lucha contra la impunidad, y eso en Unidas Podemos lo compartimos. Es más, a mí me ha quedado bastante claro que todos los grupos que se
han pronunciado hasta ahora lo comparten, igual que todos los grupos hasta ahora han dejado bastante claro que comparten el criterio de universalidad que sin duda ha de regir.
Tanto el informe de la relatora Especial de Naciones Unidas sobre Trata de Personas como los informes GRETA apuntan a que en esa lucha es clave la identificación de víctimas e instan -cito- a las autoridades españolas a garantizar que la
identificación formal de las víctimas no dependa de la presencia de pruebas suficientes para el inicio de un proceso penal. ¿Qué hacen? Desvinculan así la sanción penal del procedimiento de identificación de las víctimas, porque, claro, incorporar
una nueva circunstancia agravante al artículo 177 bis del Código Penal no va a resultar eficaz en términos de justicia penal. ¿Saben ustedes cuántas personas fueron condenadas en el año 2020 por delito de trata de seres humanos? Por cierto,
estamos hablando -y el texto de esta propuesta de ley habla de ello- de trata de seres humanos con distintos fines, no solamente de explotación sexual, que ya de por sí genera suficiente preocupación y también busca suficientes consensos en esta
Cámara. El número de personas que fueron condenadas en el año 2020 fue noventa y cuatro. Este número de condenas tan escaso no da cuenta de la realidad que tenemos. Y esta medida aislada, tal como viene, solo hace ampliar un cuello de botella
profundamente lesivo para quienes están en esa condición de víctima. No olvidemos que muchas veces las víctimas de trata, además -voy a insistir aquí en ello- las víctimas de trata con fines de explotación sexual, son revictimizadas al sufrir
nuevas vulneraciones de derechos durante el proceso de detección, derivadas de esa falta de enfoque de derechos humanos y de esa falta de perspectiva de género de la que ya hemos hablado.
Es por eso que tanto las políticas públicas como los marcos legislativos deben poner en el centro a las víctimas, salvaguardando sus derechos, que es precisamente lo que dice la ministra de Igualdad cuando habla de esa ley en la que se está
trabajando y que tiene que traer a esta Cámara el Gobierno. Además, no hay precedentes en nuestro derecho reciente, aunque podamos ampararnos en otras referencias, de hacer un uso temporal del derecho penal. No se redactan leyes en caliente, lo
han dicho otros grupos, pero, además, añadimos que no se redactan leyes en función de la agenda mediática y para nada deberíamos transmitir esa idea, porque eso sí es preocupante. La Recomendación General 38 de la CEDAW -cierto- reconoce que en los
conflictos bélicos hay, sobre todo, unos grupos de especial vulnerabilidad, una mitad de la población que está en esos conflictos bélicos es de especial vulnerabilidad, que son las mujeres y también los niños y las niñas. Pero también dice una cosa
más, que el abordaje de estas medidas tiene que ser integral y que no basta con estar haciendo modificaciones en el derecho penal porque eso no sirve por sí solo.
Ocurre algo más en la redacción de esta modificación en su parte dispositiva, y es que genera una inasumible discriminación. ¿Vale menos el derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad y a la dignidad de una persona en función de cuál
es el conflicto del que huye? El valor de la vida, de la dignidad y de la libertad de las personas no depende del impacto económico o mediático de una guerra ni de si es una guerra como la que ahora arrasa al pueblo ucraniano por la acción de Putin
-y creo que hay un profundo consenso en condenarla- ni de si es porque huyen del hambre feroz o de los efectos de la crisis climática, del miedo, de la desesperación, de la pobreza o de cualquier otra guerra en Afganistán, en Siria, en Yemen o en
cualquier otro país del mundo. (Aplausos). Porque son las redes de trata quienes se están aprovechando de esa vulnerabilidad y el efecto que causa sobre esas personas es exactamente el mismo. El bien protegido solo puede ser la vida de las
personas que sufren la violencia de trata. La trata de personas, tal y como se define en el artículo 3 a) del protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata
de personas de Naciones Unidas, es un delito que tiene lugar en todas las regiones del mundo y que afecta a todas las personas del mundo independientemente de su procedencia. La dignidad, seguridad y libertad de cualquier vida sometida a la
trata de personas no puede estar por encima de otra en función del origen de la causalidad.
Y una última reflexión -y con esto acabo, presidente-, señorías. Creo que en momentos complicados hemos hecho cosas que mejoran la vida de la gente, y prueba de ello ha sido la crisis generada por la pandemia. Creo que no debemos perder
ese espíritu.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, su tiempo ha terminado.
La señora FERNÁNDEZ CASTAÑÓN: Acabo ya.
No estamos para otra cosa y ninguna otra cosa puede compensar algunas barbaridades que escuchamos en esta Cámara atentando contra los derechos humanos. Hagamos, señorías, que valga la pena.
Gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra la señora De Meer Méndez. (Aplausos).
La señora DE MEER MÉNDEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Hoy venimos aquí a debatir la toma en consideración, como se ha dicho anteriormente, de una proposición de ley orgánica planteada por el Grupo Parlamentario Socialista para modificar el Código Penal. En esta modificación se plantea, como ya
se ha dicho, una agravante adicional en el artículo 177 bis, por la cual agravaríamos el delito de trata de personas. Es verdad que es una agravante un poco floja y un poco torpe, como hemos escuchado en las sucesivas intervenciones. No obstante,
como todo el mundo sabe, en VOX nos encanta agravar las penas a los peores criminales (aplausos), porque VOX es el partido de las calles seguras y VOX es el partido al que temen los traficantes, los tratantes de personas, los violadores, los
maltratadores y los peores asesinos.
Lo que sí que nos preguntamos con esta iniciativa es: ¿de verdad tenemos que creernos que al partido del Gobierno le repugna el tráfico y la trata de seres humanos? Porque es bastante difícil de creer ateniéndonos a los hechos y a que en
realidad en la práctica podríamos considerar que el Partido Socialista es el partido de los traficantes y de los tratantes. ¿Por qué? Porque es el partido que les beneficia. ¿Qué es lo primero que necesitan los traficantes y tratantes de personas
para poder enriquecerse? Políticas de fronteras abiertas. (Aplausos). Señorías, sin políticas de fronteras abiertas los tratantes y los traficantes de personas tendrían muy difícil continuar con sus negocios. Y hablo indistintamente de
traficantes y tratantes de personas porque creo que debemos abordar este tema de una manera muy amplia y, desde luego, contemplando todos los escenarios, el escenario de aquellos refugiados que huyen de un conflicto bélico para el cual, como en
todos los conflictos bélicos, estaría justificada la agravante, pero, desde luego, también para la trata y el tráfico de personas que sucede en general con los inmigrantes de naturaleza económica que buscan ir a otros países por motivos económicos.
(Aplausos).
Señorías, ustedes son el partido de los traficantes y de los tratantes de personas porque, en primer lugar, como hemos dicho, ustedes defienden las políticas de fronteras abiertas. (Rumores). Señorías, no se pongan nerviosos. Pero, en
segundo lugar, porque ustedes tienen y les ponen las herramientas para la consecución de sus objetivos. Las herramientas para la consecución de esos objetivos también son fundamentalmente muchos actores que actúan, por ejemplo, en el ámbito del
Mediterráneo central, como las ONG y los sistemas de salvamento. Por otro lado, ustedes también tienen el relato multicultural y de la criminalización del disidente, que son dos factores indiscutiblemente beneficiosos para los traficantes y
tratantes de personas. En último lugar y como cuarto punto, ustedes tienen el mandato y el beneficio de los multimillonarios progres y las instituciones internacionales, que al final y en última instancia es a quienes ustedes sirven. (Aplausos).
Señorías, tienen todos los elementos para hacer felices a los traficantes y tratantes de personas.
Pero vamos a detenernos en los actores y las herramientas que facilitan y son, al final, la compañía aseguradora de las mafias, de los traficantes y de los tratantes de personas. El conocido investigador Rubén Pulido hace un seguimiento
bastante monitorizado de todas estas organizaciones aparentemente humanitarias y filántropas y descubre una serie de relaciones bastante interesantes. Por detenerme en dos casos muy concretos, por ejemplo, una investigadora llamada Elizabeth
Collett, ya en el año 2017 publicaba en un medio alemán que los inmigrantes están en barcos que no pueden ir más allá de pocas
millas de la costa de Libia -se refería al tráfico en el triángulo de las mafias libias-; sin embargo, están utilizando estos barcos debido a la presencia de las ONG. Es decir, que las ONG y las organizaciones supuestamente humanitarias
están beneficiando a las mafias y a los traficantes de personas. Estas ONG están en clara connivencia con la complicidad de los Gobiernos progresistas como el suyo y progresistas como el del Partido Popular que hemos visto en el pasado.
(Aplausos).
En informes como Missing Migrants de instituciones nada sospechosas de ser fachas como la OIM -la Organización Internacional de las Migraciones-se puede observar que el número de fallecidos en el Mediterráneo también está directamente
relacionado con la presencia de las organizaciones supuestamente humanitarias en el Mediterráneo. Por otro lado, en otros países, como España concretamente, tenemos también servicios públicos, como Salvamento Marítimo, que han articulado sistemas
de supuestos rescates que, desde luego, no son rescates con arreglo al derecho marítimo internacional, que también le facilitan la tarea a los traficantes y a los tratantes de personas. Y que no son rescates tampoco lo digo yo, lo dicen
prestigiosos bufetes de abogados de derecho marítimo, porque para que exista un rescate tiene que haber un naufragio y no es naufragio que una embarcación se ponga deliberadamente en situación de vulnerabilidad y concierte un punto en concreto para
ser recogida por una organización humanitaria. Esto, también en palabras de prestigiosos abogados, es tráfico de personas. (Aplausos).
Señorías, ustedes también tienen, como he dicho, el relato multicultural y la criminalización del disidente, que han sido dos de las herramientas manifiestamente más útiles para su relato y para el beneficio de las entidades supranacionales
que se lo han impuesto. Quiero detenerme también en por qué ustedes son el partido de los traficantes y de los tratantes de personas. ¿Saben por qué? Porque no lo digo yo, se lo dice un traficante de personas. (Muestra un documento). Akram, de
27 años, lleva tres años como traficante de personas en Dajla, en el Sáhara, que es el lugar del que parten la mayor parte de los inmigrantes que salen de las costas saharauis. Y él nos dice en una entrevista en La Vanguardia del año pasado -no es
muy antigua- cosas como la siguiente: 'A la policía y a los traficantes nos interesa la migración, ganamos dinero juntos. Cada dos o tres meses detienen a un passeur para demostrar que hacen su trabajo, pero no tengo miedo, tengo buenos
contactos'.
Señorías, los traficantes y los tratantes de personas están encantados con sus políticas migratorias de fronteras abiertas. Les hago una recomendación, miren a Suecia. Lean las últimas declaraciones de la primera ministra sueca de su
partido, del Partido Socialista, Magdalena Andersson, que dice que la inmigración masiva ha creado sociedades paralelas.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, su tiempo ha terminado. Finalice, por favor.
La señora DE MEER MÉNDEZ: Ya termino, señor presidente.
Y ha presentado recientemente una batería de medidas contra la delincuencia para proteger a los ciudadanos suecos. Sí, señorías, inmigración y delincuencia relacionados por el Partido Socialista de Suecia.
Muchísimas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra la señora González Vázquez.
La señora GONZÁLEZ VÁZQUEZ: Gracias, presidente.
Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista trae a la Cámara la toma en consideración de la modificación del Código Penal con el objetivo de incluir una nueva letra al apartado 4 del artículo 177 bis, que recoge las penas previstas para el
delito de trata, señora De Meer, no de tráfico sino de trata de seres humanos, cuando las víctimas sean personas cuya situación se haya visto agravada por la guerra en territorio ucraniano; guerra que comenzó el pasado 24 de febrero y que ya dura
dos meses y medio, sin que desgraciadamente veamos próximo el final.
La desoladora situación provocada por Vladímir Putin en Ucrania ha generado una oleada de solidaridad sin precedentes. Todos conocemos a personas que se han trasladado individualmente a la frontera polaca con Ucrania para llevar hasta allí
medicamentos, alimentos, ropa de abrigo y mantas con el objetivo de ayudar a los refugiados que en desbandada huyen del país desde el inicio de la guerra, hace ya más de dos meses, y que suman 3 700 000 personas, la mayor movilización nunca ocurrida
en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, tal y como alerta el Grupo de expertos en la acción contra la trata de los seres
humanos, del Consejo de Europa. Quienes abandonan Ucrania son mujeres y menores en busca de seguridad, dado que los hombres se quedan para combatir, pero la situación en las fronteras es caótica, como manifestó António Guterres, secretario
general de la ONU. Para los traficantes de personas y los depredadores, la guerra no es una tragedia sino una oportunidad para seguir engrosando las cifras de ese macabro negocio de la trata de personas. La confusión generada por ese éxodo masivo
y desordenado, crea el entorno adecuado para que los miembros de estas redes se hagan pasar por cooperantes, cuando lo que pretenden es captar para sus mafias al mayor número de personas posibles.
El Grupo Parlamentario Popular, consciente de lo dramático de la situación, ha registrado ya dos proposiciones de ley sobre esta materia: una, dirigida a desarrollar medidas de protección para los menores que huyen de Ucrania, y otra, sobre
medidas que impidan que las mafias trafiquen o prostituyan a las mujeres y menores ucranianos. Niños y niñas, así como las mujeres que huyen de la guerra, llegan desorientados y exhaustos desde todas partes de Ucrania, tras decenas de horas en tren
o caminando con una maleta a cuestas. En este caos, alguien les ofrece un transporte gratuito y un alojamiento próximo, que los aleja a su vez de las bombas. En esos puntos -estaciones de tren, pasos fronterizos de carretera de Rumanía, Moldavia y
sobre todo de Polonia- se han instalado las organizaciones criminales a ambos lados de la frontera con el objetivo de traficar con ellos. Algunas organizaciones humanitarias han denunciado ya operaciones de compraventa de personas. Mujeres y niños
han desaparecido en la confusión general, ya que en un primer momento no se estableció un registro de personas que cruzaban las fronteras. Se calcula que cerca de la mitad de los niños ucranianos han tenido que abandonar sus hogares desde el 24 de
febrero. Dada la precipitada evacuación de orfanatos y casas de acogida, hay muchos menores cuyo rastro se ha perdido. En nuestro país, dos mujeres ucranianas alertaron de que unas personas habían contactado telefónicamente con ellas en nombre de
una ONG con la intención de recogerlas en la estación y llevárselas. La Policía Nacional detuvo, además, en una estación de autobuses aquí, en Madrid, a un hombre que llegó desde Polonia con dos jóvenes ucranianas de 15 y 16 años, a las que
pretendía prostituir y de las que decía ser su tío.
España no puede permanecer impasible ante esta situación, debe proteger y velar por los niños y niñas refugiados. Por ello, el Grupo Parlamentario Popular va a apoyar la modificación del Código Penal que propone el Grupo Parlamentario
Socialista para castigar con más fuerza estos delitos y, de esta manera, tratar de proteger a las mujeres y a los niños. Esperamos que se atiendan en el trámite posterior todas aquellas observaciones que se convertirán en enmiendas en la
tramitación de esta proposición de ley.
Considerando positiva la iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista, no por ello queremos dejar de recordar que si no tenemos la herramienta más eficaz para la lucha contra estas mafias de tráfico y trata de personas -una ley contra la
trata-, es por la dejadez y el abandono del Gobierno, que lleva casi cuatro años gobernando sin haber traído aún a esta Cámara ese texto. (Aplausos).
Señorías del Grupo Parlamentario Socialista, no pueden ustedes escudarse en la incapacidad de sus socios de Gobierno, de quienes depende del Ministerio de Igualdad. Una ley contra la trata sobrepasa con mucho las competencias de ese
ministerio y debería impulsarse desde el Ministerio de Justicia, desde el Ministerio del Interior y desde el Ministerio de Inmigración, en colaboración, evidentemente, con el resto de los ministerios, incluido Igualdad. Existe, además, un
compromiso parlamentario firme, el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que indica que debe aprobarse esa ley cuanto antes. La sociedad civil, ustedes lo saben bien, lleva años reclamando herramientas que permitan prevenir el delito,
proteger a las víctimas y perseguir a los delincuentes con eficacia para conseguir erradicar ese horrendo delito que se comete a nuestro lado mientras consideramos que la sociedad en la que vivimos es un espacio en el que se respetan los derechos
humanos y en el que no existe la explotación.
La trata de personas es un problema en el que la transnacionalidad, el cruce de fronteras, la cooperación a nivel policial, la violación de los derechos humanos que se produce y la lucha contra las mafias internacionales obliga a un esfuerzo
conjunto, que es evidente que el Gobierno, en su debilidad, no parece animado a afrontar. El Ministerio de Inclusión trajo el pasado mes de enero el Plan Estratégico Nacional contra la Trata y la Explotación de Seres Humanos 2021-2023, cuya
revisión urge a la luz de esta nueva situación derivada de la guerra en Ucrania.
La ley que esperamos desde 2017 debe atender preferentemente la trata de mujeres y menores con fines de explotación sexual. Es esta finalidad la que hace que el 93 % de las víctimas de trata en España sean mujeres y que su edad media esté
entre los 18 y los 33 años. Mientras no contemos con ese instrumento legal, mujeres y menores no están bien protegidos.
Esperamos que el Gobierno tome nota de las observaciones formuladas durante este debate y escuche la demanda que trasladábamos desde el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Cuanto antes, una ley para luchar de manera más efectiva
de una vez por todas contra la trata, que es la esclavitud de nuestro tiempo.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A RATIFICAR EL CONVENIO 189 DE LA OIT Y ASEGURAR EL ACCESO A LA COBERTURA POR DESEMPLEO DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS EMPLEADAS DE HOGAR. (Número de expediente
162/001002).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Pasamos al punto del orden del día relativo a las proposiciones no de ley.
Comenzamos con la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a ratificar el Convenio 189 de la OIT y asegurar el acceso a la cobertura por desempleo de las personas trabajadoras empleadas del
hogar. Para la presentación de la iniciativa tiene la palabra la señora Narváez Bandera.
La señora NARVÁEZ BANDERA: Gracias, presidente.
Buenas tardes, señorías. Esta PNL que hoy debatimos afecta fundamentalmente a mujeres que realizan un trabajo esencial; mujeres, en su mayoría, vulnerables e invisibilizadas; mujeres como Mariana, de Vigo, que apoyada por su empleadora
solicitó en 2019 cotizar por desempleo y la Seguridad Social se lo denegó. Señorías, es para mí como mujer y como socialista un privilegio dar voz a tantas y tantas mujeres que luchan cada día por sacar adelante a su familia y con las que tenemos
una deuda histórica: reconocerles los mismos derechos que al resto de los trabajadores. (Aplausos).
Les voy a mostrar, señorías, la crudeza de unos datos que son ensordecedores: más de 600 000 personas trabajan en nuestro país como trabajadoras del hogar y, de ellas, un 96 % son mujeres. Además, cerca de 200 000 están de manera
irregular, lo que les impide el acceso a otros derechos, como estar de baja en caso de enfermedad. El 63 % tiene más de 50 años, por lo que están próximas a la edad de jubilación y a tener unas pensiones mínimas. Si nos acercamos a mi tierra,
Andalucía, los datos son semejantes: en enero del 2022, había 39 794 mujeres afiliadas al Sistema Especial para Empleados de Hogar y 1798 hombres. Es decir, por cada 100 hombres empleados del hogar hay 2213 mujeres.
¿Saben lo que pasó en el debate que se produjo en el Parlamento andaluz sobre este tema, hace apenas un par de meses? Que los compañeros y las compañeras de la señora Olona, -supongo que siguiendo sus directrices-, sus socios de Gobierno,
señorías del Partido Popular, votaron no a dignificar a estas mujeres trabajadoras. La señora Olona no quiere que estas mujeres tengan los mismos derechos que el resto de trabajadores, simple y llanamente. La señora Olona no cree en la igualdad ni
trabajará para remover los obstáculos que nos impiden llegar a esa igualdad real. ¿Creen que si estuviésemos hablando de esa cifra en hombres habríamos tardado una década en ratificar el Convenio 189 de la OIT? ¿Creen que si, en vez de 2213
mujeres por cada 100 hombres trabajadores del hogar, fuese al revés, habríamos tardado once años en reconocerles todos sus derechos, incluido el derecho a la prestación por desempleo? Rotundamente, no.
El pasado 24 de febrero del 2022, una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea concluyó que la exclusión de las trabajadoras del hogar de las prestaciones por desempleo constituye una discriminación por razón de sexo,
colocándolas en una situación de desamparo social. La precariedad de este sector, ocupado desproporcionadamente por mujeres, incide directamente en la feminización de la pobreza. Según el estudio Esenciales y sin derechos de Intermón Oxfam en
2021, uno de cada tres trabajadores del hogar vive bajo el umbral de la pobreza. Comparadas con el resto de la población asalariada duplican los retrasos en el pago del alquiler o la hipoteca y el sueldo medio de las trabajadoras del hogar es el
equivalente a menos de la mitad del sueldo medio del conjunto de los asalariados de este país. Por eso, señorías, no podemos esperar más, las mujeres no podemos esperar más.
Nos consta al Grupo Parlamentario Socialista que el Gobierno está plenamente comprometido con que se igualen las condiciones de trabajo de las trabajadoras del hogar con las del resto de trabajadores. De hecho, ya mostró su compromiso con
la igualación de las condiciones en el Real Decreto Ley 11/2020
como medida excepcional de la pandemia y les dio el derecho a una prestación especial por desempleo con el voto en contra del Partido Popular y de VOX, que tenemos que recordarlo.
Es obligatorio recordar aquí que cuando se trata de apoyar a los trabajadores y las trabajadoras con los ERTE, con los aumentos de las prestaciones por desempleo y con la subida del salario mínimo interprofesional, así como con la reforma
laboral que está acabando con la precariedad y la inestabilidad en el empleo de este país; cuando se trata de apoyar a los autónomos con las ayudas y los ceses de actividad; cuando se trata de apoyar a los pensionistas con la actualización de las
pensiones conforme al IPC (aplausos), a los transportistas con las ayudas directas y la bajada de 20 céntimos en el precio de la gasolina, a los agricultores y a los ganaderos con las ayudas al sector, a las familias vulnerables con el ingreso
mínimo vital; cuando se trata de apoyar todas esas medidas que este Gobierno ha puesto en marcha para proteger a las familias más vulnerables y mantener el empleo, el PP y VOX ni están ni se les espera. (Aplausos). Ni están ni se les espera
tampoco en la dignificación de los derechos de las empleadas del hogar, que es lo que hoy nos trae aquí. Porque esta es una cuestión de ideología, señorías. Aquí no se trata de Hacienda ni de números ni de otra cosa, se trata de ideología, la de
la igualdad y la justicia social que nosotros defendemos, frente a la que ustedes representan, señorías de las derechas: el machismo y el desprecio por la lucha de la clase trabajadora. Yo he mirado el histórico de las iniciativas planteadas sobre
este debate desde el año 2011 y podríamos resumir lo que se ha hecho en una palabra: nada. O peor aún, se han recortado derechos para las trabajadoras de nuestro país, que es lo que mejor sabe hacer la derecha.
Se perdió una oportunidad de ratificar este convenio en el año 2012 con la reforma de la Seguridad Social y lo único que se hizo fue que recayera sobre las trabajadoras la responsabilidad de pagar ellas las cotizaciones a la Seguridad
Social. A partir de ahí todas las iniciativas planteadas por los distintos grupos sobre la ratificación de este convenio han caído en saco roto, y así podrían seguir las cosas porque, como he dicho, para el PP y para VOX es puramente una cuestión
ideológica. Ustedes, señorías de las derechas, prefieren estar al lado de los que llaman tontos a diez millones de familias españolas, y nosotros estamos al lado de las mujeres que se levantan de madrugada para cuidar a nuestros hijos e hijas
(aplausos), para hacer las tareas del hogar y que solo buscan dignidad.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, debe terminar.
La señora NARVÁEZ BANDERA: Señorías, este Gobierno ha hecho los deberes. Ahora le toca a este Parlamento continuar la legislación y autorizar el Convenio 189 de la OIT.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
Para la defensa de las enmiendas formuladas por sus grupos, interviene, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, la señora Muñoz Vidal.
La señora MUÑOZ VIDAL: Gracias, presidente.
Buenas tardes. Por todos es conocido que el colectivo de las trabajadoras del hogar -digo trabajadoras porque el 98 % de las personas que ocupan estos trabajos son mujeres- es uno de los gremios más vulnerables en situaciones de crisis por
el alto nivel de contratación irregular y de economía sumergida que sufre. Por tanto, estamos hablando de un tema verdaderamente importante, ya que estamos hablando de un tema de igualdad con respecto al resto de trabajadores y de acabar con uno de
los problemas de este sector, como es el de la cobertura por desempleo. Por eso desde mi grupo parlamentario vamos a apoyarlo, como no puede ser de otra forma. Este es un problema -el de las empleadas del hogar- que se da precisamente en este país
porque España es uno de los pocos países que aún no ha ratificado el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, aprobado en 2013, por el cual se dotaría de derechos a este sector laboral, comenzando con la cobertura por desempleo. Y
no se ha aprobado todavía porque el Gobierno -su Gobierno, señorías- sencillamente no ha querido. Ustedes no tienen perdón, llevan todo el tiempo jugando a echarse las culpas de quién no hace algo para que el otro se ponga la medalla. Señorías del
Partido Socialista y señorías de Unidas Podemos, ¿no son ustedes acaso Gobierno? Háganlo, dejen de instarse a ustedes mismos con absoluto descaro y cumplan con su función en lugar de estar dando tumbos y pensando todo el tiempo en campañas de
marketing y en colgarse medallas. Su desfachatez llega hasta tal punto que hoy ustedes defienden aquí esta iniciativa a sabiendas de que ya el pasado 5 de abril el Consejo de Ministros de su Gobierno aprobó a instancias del Ministerio de Trabajo,
que ostenta Unidas Podemos, traer a las Cortes la ratificación de este Convenio 189. Es decir, que están haciendo aquí hoy un teatro en defensa de las empleadas del hogar para que una diputada tenga su minuto de gloria con una iniciativa
que es inútil, porque se están instando ustedes mismos a hacer algo que ya han hecho, que ya aprobó el Consejo de Ministros el 5 de abril: traer aquí este convenio para ser ratificado. Por favor, ¿tan comprometido está el Gobierno que ya lo
remitieron? ¿Ustedes ya lo han hecho y no lo sabían?
Ustedes lo ponen muy difícil, señorías del Partido Socialista. Ciudadanos considera esta medida positiva y necesaria. Hemos presentado una serie de enmiendas para aspirar a subsanar las deficiencias que creemos que incorpora. Ya lo he
dicho antes, uno de los principales problemas de este sector está en el alto nivel de economía sumergida y la situación de abuso que viven muchas de las empleadas. Se estima -también se ha dicho aquí- que el porcentaje de empleadas del hogar que
trabaja sin contrato ronda el 40 %, y en el caso de las que sí lo tienen en su mayoría ese contrato no refleja las condiciones de sueldo ni de horario. Por eso hemos intentado mejorar esta iniciativa con una enmienda introduciendo un incentivo
fiscal para estimular la contratación en condiciones justas y dignas para estas trabajadoras.
En definitiva, se trata de luchar contra la contratación irregular de las empleadas domésticas para que puedan cotizar a la Seguridad Social y tengan protegidos sus derechos como el resto de los trabajadores de este país, sin olvidar, por
supuesto, el acceso a ayudas y prestaciones especialmente importantes en situaciones de crisis como la actual. Además, para ayudar a que todo esto sea efectivo, desde mi grupo parlamentario enmendamos para apostar por que se continúe potenciando y
dotando de medios al Plan de Actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el sector del hogar.
Dicho todo esto, por favor, dejen de jugar a ver quién mola más dentro de su Gobierno y pónganse manos a la obra porque España no está para estos juegos.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra la señora Angulo Romero.
La señora ANGULO ROMERO: Gracias, presidente.
Señorías, el Partido Socialista nos presenta una iniciativa en la que, a pesar de su demagógico discurso, solo pretende justificar su inacción y reivindicarse, como aquí se ha dicho, frente a su socio con una iniciativa extemporánea, porque
ya se está tramitando en este Congreso desde el pasado mes de abril la ratificación de este convenio. Es un teatro porque, a pesar de lo que dicen, en cuatro años de Gobierno -si ustedes tienen ideología la han traicionado muy bien- ni han
ratificado el Convenio sobre trabajadores domésticos ni han aprobado la prestación por desempleo para las empleadas de hogar, a pesar de que no era necesario para ello. Digan ustedes la verdad porque ahora vienen aquí obligados por la sentencia del
Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que ha declarado este asunto como un caso de discriminación indirecta sobre la base de que el 95 % son mujeres. Por eso, lecciones, ninguna. (Aplausos).
Vayamos al fondo del asunto. El sector de las trabajadoras domésticas es un sector feminizado por la atribución histórica a las mujeres de las tareas domésticas, lo que ha hecho que se vea como una actividad secundaria y no valorada como
merece su aportación al mercado laboral; trabajadoras -es verdad- que fueron muy afectadas durante la pandemia y de las que ustedes se olvidaron. No presuman aquí de la aprobación de un subsidio temporal, que fue otro gran fiasco, porque solo
accedió a ello el 10 % de las trabajadoras y, además, les llegó muy tarde. Ustedes rechazaron todas las medidas que les proponíamos desde el Partido Popular, porque nosotros siempre hemos trabajado bajo la premisa de que las reformas adoptadas no
tuvieran un efecto negativo en el empleo de estas mujeres. Este es un asunto que exige ser abordado no con mecanismos puntuales, sino teniendo en cuenta todos los intereses implicados, y actuar como ustedes lo hacen en materia laboral siempre
supone un freno a la contratación, el aumento de la irregularidad y mayor desprotección.
Desde 2018 la afiliación de empleadas de hogar ha caído en 41 000 mujeres, la cifra más bajas en diez años. Asimismo, la EPA de 2021 refleja 550 000 altas en la actividad de hogares, pero solo 380 000 afiliadas a la Seguridad Social, una de
cada tres está de manera irregular. Por eso, nosotros creemos que no es la única solución esa campaña que ustedes iniciaron de regularización a través de la Inspección, entre ellas, la del asistente del señor Echenique; un ejemplo que siempre
debemos combatir, y así lo hizo el Partido Popular con nuestro plan de lucha contra el empleo irregular. Lo que hay que hacer es analizar lo que esas inspecciones han evidenciado: menos contratos y un gran porcentaje de reducción de las horas. ¿Y
todo por qué? Porque ustedes olvidan que en este sector los empleadores no son empresarios
con ánimo de lucro, son familias que necesitan ayuda para cuidar de sus hijos o de sus mayores, so pena de tener que renunciar a un trabajo que siempre suelen ser las mujeres las que lo pagamos. Más aumentos de costes a las familias sin
apoyos para contratar, les impedirá hacerlo y abocará a las trabajadoras a la irregularidad y, además, convertirán la conciliación en un lujo al alcance de unos pocos privilegiados.
Mire, tras la subida del SMI y el 36 % de subida de las cotizaciones que este Gobierno ha realizado y que tienen que pagar las familias sin que los ingresos para ellos les haya subido así, se han destruido más de 30 000 empleos en el sector
del hogar. La deseable mejora de los derechos de las empleadas del hogar, incluida, por supuesto, la prestación por desempleo, va a suponer otro aumento de las cotizaciones. Por eso, incentivar la contratación, y con ello garantizar sus derechos,
solo será posible ayudando a las familias con mayores deducciones y beneficios fiscales, como le están pidiendo incluso las propias asociaciones de empleadas del hogar, medidas que ya ha propuesto el Partido Popular y que hoy ratificamos en nuestra
enmienda. Porque sin incentivos a las familias no habrá empleo, la mejor protección social, y sin empleo, no habrá protección para estas mujeres, y lo que hoy aquí prometan será papel mojado.
Sus políticas están aumentando la pobreza, especialmente en las mujeres: 41 000 empleadas de hogar menos desde que gobiernan. Enmienden esta situación, eviten la destrucción de empleo que ha provocado en el sector. En general, ¿saben lo
que tienen que hacer? Aceptar el plan de medidas urgentes propuesto por Alberto Núñez Feijóo para que los españoles, y también las empleadas de hogar, mejoren sus vidas, como siempre ha ocurrido en España cuando ha gobernado el Partido Popular.
(Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor García Adanero.
El señor GARCÍA ADANERO: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, buenas tardes. Decía la portavoz del Partido Socialista -y tenía razón- que ya se va tarde con esta cuestión y por eso no se entiende que lo traigan como una PNL. No sé si a ustedes les pasa, pero a nosotros, desde luego, nos
pasa que recibimos todos los días correos electrónicos de personas que han demandado cosas que aquí se les ha aprobado a través de PNL, y que después de años no han visto la realidad. Así que lo que se hace es engañar a la gente. Cuando se apruebe
esto -que no me cabe la menor duda de que el jueves se aprobará-, la gente creerá que a partir de ese momento las trabajadoras del hogar van a tener derecho a desempleo. Pero eso no va a ser así, y no va a ser así porque ustedes no han traído una
ley ni un decreto. Eso quiere decir que no está dentro de sus prioridades.
Usted ha salido aquí para hablar dos minutos de ese tema y cinco de las grandes cosas que han hecho para entrar en la campaña andaluza. Mientras, esas personas siguen sin ver ningún derecho reconocido. Con las personas no se puede jugar
(aplausos), porque cuando salga el titular de que aquí se ha aprobado eso, la inmensa mayoría de esas personas, si tienen la mala suerte de que dejan el trabajo, van a ir a pedir el desempleo y les van a decir que no, porque no se ha aprobado. Y
van a responder que leyeron que el Congreso había aprobado eso, que lo trajo el Partido Socialista que está gobernando. Ustedes están jugando con la gente y eso no se puede hacer ustedes. Si a ustedes de verdad les interesa esto, traigan el
decreto ley, pero no con otras treinta y siete cosas sino con esta cuestión; tráiganlo, se aprueba y al día siguiente esas personas tendrán derecho a cobrar, y desde luego que tienen merecido ese derecho a esa prestación. Además -aquí se ha dicho-
son personas que en este momento están atendiendo unas necesidades, en una inmensa mayoría a personas que tienen dificultad para pagar el sueldo. Por lo tanto, a esas otras personas también hay que facilitarles que de alguna forma, ya sea a través
de deducciones fiscales o a través de la ley de dependencia, puedan pagar a estas trabajadoras del hogar. Porque usted sabe -como lo sé yo- que muchas de estas personas están con gente mayor que no se vale por sí misma, que tienen una pensión
bastante baja y que tienen dificultad para contratar, pero necesitan contratar. Y entonces, ¿qué hacen? No contratar sino tenerlas en un empleo sumergido. Por tanto, si de verdad quieren solucionar el tema, tráiganlo por ley.
En segundo lugar, atiendan esta necesidad a través de deducciones fiscales o a través de la ley de dependencia. Es verdad que hubo más presupuesto este año, pero también es verdad que no está llegando al destinatario final. El otro día
salía el dato de las personas que han muerto en España esperando que se les atienda en su dependencia. Ese es un tema tremendo, gravísimo. Gente mayor que está pasándolo muy mal porque no puede pagar y porque sabe que no puede contratar a una
persona, pero no quiere incumplir la ley. Todos esos temas son los que le ocupan y preocupan hoy al ciudadano, no que
venga aquí a decirnos qué grandes cosas ha hecho el Gobierno para ganar tres votos en unas elecciones andaluzas, que ya se pueden esforzar porque creo que van por mal camino.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, tiene la palabra la señora Pozueta Fernández.
La señora POZUETA FERNÁNDEZ: Presidente.
En esta proposición no de ley que el Grupo Socialista nos trae se insta al Gobierno a que culmine los trabajos que permitan la ratificación por España del Convenio 189 de la OIT. Señorías del Grupo Socialista, nuestro grupo presentó una PNL
en términos parecidos hace un año, que se debatió a inicios de este año y salió adelante con los votos de todos los grupos. Queríamos presionar al Gobierno para tomar ya las decisiones necesarias para ratificar y aplicar el Convenio 189 de la OIT
para dignificar la vida de las trabajadoras del hogar. Nosotras queríamos presionar y aquella presión dio resultado. El 5 de abril el Gobierno ratificaba el convenio y lo enviaba a esta Cámara para su ratificación final. Eso es lo que esperábamos
ratificar ya, cuanto antes, pero seguimos esperando que este Gobierno -el Ministerio de Trabajo- dé el paso. En vez de hacerlo, como ya se ha dicho aquí, nos encontramos con una PNL sin validez legal alguna presentada por el principal partido del
Gobierno. No sabemos si es parte de sus celos internos entre las dos formaciones, no sabemos si es la forma de parecer que hacen sin hacer, no sabemos si es una manera de dilatar las medidas para, por fin, reconocer y respetar los derechos de las
trabajadoras del hogar, pero una cuestión tan seria no se puede usar para sus disputas partidistas. Lo que esperan las trabajadoras es que se ratifique y se aplique el Convenio 189, no más palabras sino más intenciones. Hechos, quieren hechos.
Mujeres trabajadoras de este sector nos dicen que se sienten engañadas nuevamente porque a fecha de hoy -al igual que los anteriores Gobiernos, sean del color que sean- no han hecho nada respecto a su colectivo y que están cansadas de
promesas vacías y de que se utilice su situación para ponerse medallas políticas cuando, insisten, aún no se ha hecho nada. Dudan de la voluntad de dignificar al sector laboral de las trabajadoras del hogar porque, si fuera así, el respeto a sus
derechos laborales también se hubiese incluido en la reforma laboral. Tampoco esto ocurrió. Nos tememos que la iniciativa de hoy anticipa que esta cuestión podría alargarse aún más, corriendo el riesgo de que la aplicación efectiva del Convenio
189, y, por tanto, de que las trabajadoras cuenten con sus derechos, no se produzca hasta la siguiente legislatura, y quién sabe si acabará aplicándose.
Señorías del PSOE y Unidas Podemos, las trabajadoras del hogar siguen sin prestación por desempleo, sin salud laboral y sin regularizaciones y siguen así por sus decisiones, por la falta de ellas mejor dicho. Pediríamos a la ministra de
Trabajo, y también a los grupos que componen el Gobierno, que dejen los anuncios a un lado, que dejen de ponerse medallas y que se centren en tomar decisiones que las trabajadoras necesitan para dignificar sus vidas. La Conferencia General de la
Organización Internacional del Trabajo reconoció el derecho de las trabajadoras del hogar en 2011. Estamos en 2022, señorías del Gobierno. Háganlo ya, porque entre anuncio y anuncio ellas siguen precarizadas y desprotegidas.
Mila esker. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Barandiaran Benito.
El señor BARANDIARAN BENITO: Buenas tardes, señor presidente, señorías, señoras y señores diputados.
En este debate sobre la ratificación del Convenio 189 de la OIT mi grupo siempre ha estado ahí, siempre ha apoyado la ratificación, siempre ha sido proclive a garantizar los derechos de las empleadas del hogar de una forma contundente
además. Por eso hoy nos vemos legitimados también para decir -primero al partido del Gobierno, pero también al resto- que esta es una iniciativa que incurre en los mismos vicios que ha incurrido siempre cuando se trata de la aplicación de esta
materia. Primero, lo trae el partido del Gobierno cuando es a él a quien le correspondería la iniciativa legislativa pero, ojo, no solo la iniciativa legislativa o la iniciativa en cuanto a la ratificación del Convenio 189 de la OIT, sino también
la iniciativa de la medida de modificación del artículo 251 d) de la Ley General de la Seguridad Social, que es la que llevaría al fin y al cabo a hacer efectivo el derecho a la prestación por desempleo por parte de las trabajadoras del hogar. Y
esa es una cuestión relevante, es una cuestión relevante porque en este
caso estamos hablando no de que vayamos tarde, es que tenemos ya un dictamen judicial -tanto la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea como la del Juzgado de lo Contencioso número 2 de Vigo- que nos recuerda que aquella
inaplicación de los principios derivados del Convenio 189 de la OIT también es una vulneración del artículo 4.1 de la Directiva 79/7/CEE, en cuanto que supone una discriminación indirecta, o directa en este caso, de los derechos de las empleadas de
hogar y, además, basada en razones de género.
Decía que ese era uno de los primeros motivos, el de que no fuera uno de los partidos del Gobierno quien trajera la iniciativa, pero el segundo -y digamos que es una responsabilidad compartida, creo que es compartida por todos,
fundamentalmente por los partidos que han estado en el Gobierno pero también por todos- es la antología del disparate en la que creo que incurrimos todos al traer una iniciativa que, curiosamente, todos hemos dicho apoyar en algún momento y que, sin
embargo, no se ha traducido en absolutamente nada. Es una especie de actitud -y permítanme la expresión, que quizás es un poco grosera- de cobardía institucional en la que, siendo conscientes todos de que existía esa rémora legislativa, a pesar de
todo nunca ningún Gobierno, aun cuando habían dicho todos haberlo apoyado, lo ha llevado a efecto.
Miren, vamos a recordar también, no ya su regulación en 1985, ni siquiera la modificación legislativa o el decreto del año 2011 en el que se crea la situación de trabajo especial, ni siquiera la modificación legislativa del año 2012 del
Partido Popular -que también fue muy criticada-, sino que ya en el año 2013, en la Comisión de Empleo y como consecuencia de una enmienda transaccional, primero fue el PP quien propuso entonces llevar a todos los grupos un acuerdo para la
ratificación del Convenio 189, pero como consecuencia de la inefectividad de ese mandato el Pleno de esta Cámara, de 15 de marzo de 2016, requirió nuevamente al Gobierno, a iniciativa de Podemos y a través de una proposición no de ley, a la
ratificación del mismo convenio. Fue Aina Vidal quien, además, lo llevó en aquel momento. Luego, con posteridad, en el año 2018 y nuevamente en la Comisión de Empleo, fue el Partido Socialista el que trajo la misma iniciativa para que se
ratificara con fecha 10 de abril de 2018, tengo aquí apuntado. Es decir, somos todos absolutamente incongruentes, incurrimos siempre en el mismo vicio y siempre queda por medio, ¿quién?, la parte más débil.
Pero es que ya no quedan excusas. No valen las excusas de falta de encaje en la legislación que decía en su día el señor Echániz, del Partido Popular, en la Comisión de Empleo; ni siquiera que sea la falta de iniciativa del Gobierno; ni
siquiera que sea incumplimiento de una sentencia, no, no, es que lo que no podemos hacer es dejar al albur del incumplimiento de la legislación los derechos de unas mujeres, la suscripción de un convenio al que debe estar obligado el Gobierno por
razones de justicia social. Este Gobierno debe tomar inmediatamente la iniciativa de traer a esta Cámara la suscripción del convenio de la OIT y, en la misma medida, debe traer también la modificación de la Ley General de la Seguridad Social que
contemple la prestación de desempleo para estas mujeres. Lo debe hacer no solo porque es una cuestión de justicia o de no perpetuar una situación de discriminación por razón de género, sino porque en un Estado social y democrático de derecho no se
debe permitir que ningún trabajador deba ser tratado de forma diferente por las instancias de protección en que consiste la Seguridad Social. Si trabajamos, todos debemos tener derecho a igual tipo de prestaciones y, por tanto, se ha de considerar
como un derecho básico que debe ser garantizado ya, de forma inmediata, por las instituciones.
Votaremos a favor, evidentemente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra el señor Rego Candamil.
El señor REGO CANDAMIL: Grazas, señor presidente.
Una vez más, el Partido Socialista -partido que, por si lo han olvidado, forma parte del Gobierno del Estado- trae una proposición no de ley para instarse a sí mismo a actuar. En este caso, a avanzar en los trabajos que permitan la
ratificación del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos, así como a reformar el sistema especial de empleadas del hogar en lo referente a hacer equivalente su acción protectora
con la del régimen general de la Seguridad Social, especialmente en relación con el acceso a la cobertura por desempleo previa previsión de cotización por dicha contingencia. Pero con estos dos puntos de resolución los proponentes mismos reconocen
que no es imprescindible el primer punto para avanzar en el segundo; solo se necesita -y es lo que parece que falta- voluntad política.
La ratificación del convenio, como decía, no es imprescindible para que el Gobierno reconozca plenos derechos a las personas trabajadoras del hogar. Por lo tanto, si tiene, como manifiesta, la voluntad de hacerlo, que lo haga y que lo haga
cuanto antes. Es más, el proceso para la ratificación ya ha sido iniciado y se ha remitido el texto a este Congreso. Casi 25 000 personas trabajan en Galiza como empleadas domésticas y de cuidados; la inmensa mayoría son mujeres y una gran parte
son migrantes; trabajan en condiciones de gran vulnerabilidad y explotación, ni siquiera computando en la mayoría de los casos en las estadísticas oficiales. De hecho, según datos de la OIT, 8 de cada 10 trabajadoras de este sector no cuentan con
protección laboral y social efectiva. En este contexto, el convenio de la OIT de 2011 permitió avanzar en el reconocimiento de derechos de este colectivo, muy feminizado, con grandes bolsas de economía sumergida e invisibilizado. Pero, como ya
hemos dicho, aunque consideramos positiva su ratificación esta no es imprescindible para aplicar su contenido y, por lo tanto, este Gobierno ya pudo haberlo hecho. En esa línea entendemos que el Gobierno puede y debe actuar, pero no debería
limitarse a la protección por desempleo, es necesario un pleno reconocimiento y equiparación.
En Galiza de hecho, este pasado domingo, hace dos días, hubo una manifestación de trabajadores y trabajadoras del Servicio de Atención no Fogar, convocada por la Confederación Intersindical Galega. La Plataforma SAF Galiza trabaja
activamente también en este ámbito, apoyada por el Bloque Nacionalista Galego, precisamente reclamando la incorporación de derechos laborales y la protección social para las personas trabajadoras del hogar y de cuidados, incluida la prestación por
desempleo, la cotización por salarios reales e iguales condiciones para el cálculo de las pensiones, con reconocimiento pleno dentro del Estatuto de los Trabajadores y la completa integración en el régimen general de la Seguridad Social. En
definitiva, como siempre, menos predicar y más dar trigo o, lo que es lo mismo en este caso, menos propaganda y más hechos; es lo que están esperando miles de personas para poder ver mejoradas sus condiciones de vida.
Obrigado.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra la señora Carvalho Dantas.
La señora CARVALHO DANTAS: Moltes gràcies, senyor president.
Señorías del PSOE, siento decirles que no es verdad; ustedes no han hecho los deberes. Y digo más. Basta, basta, estamos hartas; basta de jugar con los derechos de las personas migrantes, con los derechos de las trabajadoras del hogar,
con los derechos de las personas. Basta de jugar, y lo digo muy sinceramente, desde el fondo de mi corazón. Prou. Basta. Es muy grave esta PNL hoy aquí, es muy grave. El Convenio 189 de la OIT se firmó el 16 de junio de 2011, hace casi once
años. Ustedes ostentan la Presidencia del Gobierno desde el 1 de junio de 2018, pronto cumplirán ustedes cuatro años en La Moncloa y hasta ahora no han dado el paso de plantear la ratificación de este convenio. Seguro que ustedes podrán comprender
lo que voy a decir ahora, que las personas interesadas por este convenio y también los grupos parlamentarios, que somos unos cuantos, que aspiramos a representar a esas personas creemos que esta no es una prioridad para el Partido Socialista. Lo
digo muy en serio, desde el fondo de mi corazón; yo no creo que sea una prioridad para el Partido Socialista.
Han tenido ustedes la oportunidad de ratificar el Convenio 189 de la OIT hace bastante tiempo y no lo han hecho, por motivaciones estrictamente políticas, señorías. Primero, porque ponía de manifiesto el deficiente Estado del bienestar y
las dificultades para hacer frente a las necesidades de cuidados de muchas familias. Segundo, porque la carencia de respuesta del Estado se ha gestionado con la explotación -es muy duro esto- de las trabajadoras del hogar migrantes, que vienen a
cubrir las necesidades de cuidados de las familias españolas. Tercero, para perpetuar la explotación de mujeres que no pueden votar, muchas de ellas son migrantes sin papeles.
Intentar justificar todo esto con una PNL hoy aquí es inmoral. Es más, es muy triste, y más sabiendo que, una vez ratificado el convenio y hechas las fotos de rigor, transcurrirá un año para poder modificar el marco legal y equiparar los
derechos de las trabajadoras del hogar. Cada vez que ustedes, señorías del PSOE, hablan de ese tema es para hacerse la foto -lo digo con mucha tristeza- o porque lo han conseguido las trabajadoras del hogar reunidas y empoderadas por medio de la
información y formación sobre sus derechos, trabajando su autoestima, el ser integral, sensibilizando e interpelando a toda la sociedad sobre el valor que tiene la realización de su trabajo, con el cual se garantiza la sostenibilidad de la vida de
las familias españolas. Pero cuando ellas dejan de ser noticia desaparecen de la escena política. Por cierto, desde el Grupo Republicano en muchas legislaturas hemos estado registrando iniciativas
parlamentarias, pero no hemos tenido respuesta positiva por parte de los sucesivos gobiernos. Esto es importante decirlo, señorías. Estamos ante una iniciativa del PSOE, grupo mayoritario del Gobierno español, sobre un asunto que compete
al Ministerio de Trabajo, en manos del grupo minoritario, Unidas Podemos. Y la ministra en cuestión ya ha anunciado a los cuatro vientos que se ratificará el convenio.
Miren, no nos corresponde a nosotras debatir sobre cuál de los socios del Gobierno va a capitalizar este acto político. Nos da igual si se cuelga la medalla el PSOE o si se cuelga la medalla Unidas Podemos. Señorías, cuando discutan sobre
las cuestiones tan relevantes de la vida de miles de personas que viven en este país, sobre las condiciones materiales de vida de las personas explotadas y sobreexplotadas por el sistema, por favor, hablen menos y actúen más, anuncien menos y
ratifiquen más, discutan menos y legislen más, regularicen a las personas. Señorías del Gobierno, ¿pueden aclararnos si esta ratificación del Convenio 189 -que confiamos que se produzca- va a venir acompañada de las modificaciones legislativas
necesarias?
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, su tiempo ha finalizado.
La señora CARVALHO DANTAS: Acabo, señor presidente.
Si no se modifican las leyes, no se producirá ningún cambio. Aquí tengo una pulserita de SEDOAC, de las compañeras trabajadoras del hogar, que están escuchando y nos están viendo hoy aquí y saben que esta PNL no sirve para nada.
(Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, debe finalizar.
La señora CARVALHO DANTAS: Estoy muy triste con esta PNL. Vergüenza.
Gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Republicano, puestos en pie).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Confederal Unidas Podemos-En Común Podem-Galicia en Común, tiene la palabra la señora Vidal Sáez.
La señora VIDAL SÁEZ: Existen al menos 67 millones de trabajadoras domésticas en el mundo, el 80 % son mujeres; la mayoría migrantes, lo cual implica una doble discriminación. Es una de las ocupaciones con una remuneración más baja en el
mercado laboral y solo el 10 % de ellas tiene cobertura en la Seguridad Social; eso es, básicamente, porque hasta hoy no se les reconoce como trabajadoras. Son esas mujeres invisibles que la película Roma describía tan preciosamente, esas 'una más
de la familia' a los que algunos se refieren, pero sin voz para organizarse ni condiciones mínimas. Es uno de los sectores con una economía sumergida más brutal y en el que es difícil garantizar hasta los derechos humanos, pues trabajan en
domicilios particulares. Básicamente encontramos situaciones como señores a los que se les va la mano; sueldos por debajo del salario mínimo; larguísimas jornadas; ausencia de descansos, de permisos, de vacaciones; faltas de respeto; racismo,
humillaciones y situaciones que pasan a mayores porque, en muchos casos, encontramos situaciones de trata y de reclusión contra su voluntad.
Según la EPA, en España trabajan más de 585 000 personas en este sector, pero solo 420 000 están afiliadas a la Seguridad Social. Uno de cada dos contratos a los que investigó la Inspección de Trabajo estaba en fraude de ley. El Convenio
189 y la Recomendación 201 de la OIT nacen en 2011 y entran en vigor en 2013, hace ya nueve años. Su finalidad es la de dotar de los mismos derechos básicos, como ya se ha explicado en esta tribuna, que tienen todos los trabajadores y trabajadoras
en este país. Hablamos de una jornada de trabajo razonable; de descanso semanal de, al menos, veinticuatro horas consecutivas; de protección social y de otros derechos fundamentales que hasta ahora les han sido vetados, como son la libertad
sindical o la negociación colectiva.
La Unión Europea instó a los Estados a ratificarlo el mismo año en que entró en vigor. Recuerden ustedes, en 2013. En marzo lo hizo la Comisión; en junio, el Consejo; y en noviembre, el Parlamento. Los sindicatos llevan nueve años
instando la ratificación de este convenio. Hasta hoy, veintinueve países han ratificado el Convenio 189, nueve de ellos son europeos, como Alemania, Bélgica, Irlanda, Italia o Portugal. Son muchas las iniciativas que muchos de los grupos de esta
Cámara hemos traído durante estos nueve años, incluso ha habido algún tímido intento por parte de algún Gobierno que no pasó -eso sí- de titular.
La derecha siempre ha intentado retrasar o minimizar su aprobación escudándose en informes, estudios o directamente escondiéndose en enmiendas, como la vergonzosa 6777, que no vamos a olvidar, señorías del Partido Popular, en los
presupuestos de 2018; no lo vamos a olvidar porque saben ustedes lo que hicieron. Hoy, viendo sus enmiendas, la del Partido Popular y también la de Ciudadanos, lo único que se me ocurre es recordarles que tienen a mujeres delante, o a lo mejor en
sus casas, que no tienen los derechos mínimos que sí tienen ustedes. Es decepcionante ver sus prioridades.
De hecho, ha pasado tanto tiempo que solo la ratificación del Convenio 189 es insuficiente absolutamente. La sentencia del tribunal califica de discriminatorias las leyes españolas en relación con las trabajadoras del hogar y eso no lo
dicen solo por gobiernos del Partido Socialista, lo dicen también por gobiernos del Partido Popular. El tribunal exige dotar a las trabajadoras de la prestación por desempleo y a fijar el régimen de cotización al que se acogerán, exige prevención
en riesgos laborales o la forma escrita del contrato de trabajo.
Este Gobierno, y muy concretamente el Ministerio de Trabajo, no ha dejado de trabajar para reconocer derechos y protección a esas trabajadoras desde el primer día. Durante la pandemia del COVID se puso en marcha un mecanismo para dar
cobertura por desempleo a buena parte de este sector, pero no era suficiente. Deben ser reconocidas como lo que son, como trabajadoras, y deben tener derechos estables, de forma permanente; eso es exactamente lo que estamos haciendo. Puede que la
sentencia del tribunal europeo ayudara a que algunas que tenían dudas perdieran argumentos por el camino.
El 5 de abril, hace más de un mes, el consejo de ministras aprobó remitir el Convenio 189 sobre trabajo decente para las trabajadoras domésticas. Voy a dar por hecho que el gesto de que el Partido Socialista traiga hoy aquí esta iniciativa
implica que, por fin, van a tener a bien traer a este Pleno la ratificación del Convenio 189. También voy a suponer que los diferentes ministerios implicados, no solo Igualdad y Trabajo, van a dar luz verde a que estas trabajadoras tengan, por fin,
prestación por desempleo. Imagino, señora Narváez, que podemos contar con todas las fuerzas de Gobierno para dotar con una financiación suficiente para prestación por desempleo.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, su tiempo ha terminado.
La señora VIDAL SÁEZ: Lo doy por hecho porque duele pensar -y con esto termino- que alguien pueda jugar a ponerse medallas jugando con el pan de la gente, sea Esquerra Republicana o el Partido Socialista, porque menuda tarde llevan,
señorías. Simplemente les voy a decir que vamos a votar a favor, como no podía ser de otra manera, y que va a venir acompañada, como preguntaba algún otro portavoz, de las modificaciones necesarias para que sea un derecho.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario VOX tiene la palabra la señora Ruiz Solás. (Aplausos).
La señora RUIZ SOLÁS: Señorías, buenas tardes.
Leo textualmente: 'Todos los trabajos son esenciales y todos los trabajadores españoles deben ser defendidos. Debemos proteger a los trabajadores de España y favorecer un marco para la creación de empleo, la movilidad social y el
desarrollo personal y profesional que permita a los españoles acceder a empleos estables con salarios dignos, combatiendo la precariedad laboral y garantizando la conciliación. [Debemos] impulsar la subida de todos los salarios, especialmente los
más bajos. [Y promocionar el] empleo estable, duradero y de calidad...'.
Si les preguntara a todos ustedes si están de acuerdo con estos tres párrafos que acabo de leerles, seguramente me dirían que sí. Si fueran honestos cuando les dijera que pueden encontrarlos en las páginas 10 y 11 de nuestra Agenda España
tendrían que darnos la razón y tendrían que admitir que han mentido acerca de VOX y de su política social y laboral. (Aplausos). Tendrían que reconocer que es a los trabajadores a quienes VOX defiende, esta es la verdad de VOX y no las falsedades
que interesada y constantemente divulgan sobre nosotros, aunque no lo harán porque la honestidad no es cosa que abunde en estos tiempos.
Así que imagino que ya se podrán hacer una idea de lo que opinamos sobre esta proposición no de ley que viene a traernos el Grupo Socialista, que no hace sino corroborar la evidencia de que, tradicionalmente, año tras año y Gobierno tras
Gobierno, sin distinción, se ha estado discriminando al colectivo de las empleadas del hogar, negándoles el acceso a las prestaciones de desempleo y
convirtiéndolas en el único sector sin acceso a esta protección tan básica. Y digo empleadas del hogar, señorías, no porque haya sucumbido a su lenguaje inclusivo, sino porque la inmensa mayoría de las personas que ejercen esta profesión
son mujeres, motivo más que suficiente para que enrojecieran de vergüenza y se replantearan qué clase de feminismo es el suyo, si no es un falso feminismo de salón. (Aplausos).
Hoy el Grupo Socialista viene a instarse a sí mismo a culminar de una vez los trabajos que permitan la ratificación por España del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo sobre trabajadores domésticos, y parece que a
reformar el sistema especial de empleados del hogar para que estos trabajadores tengan los mismos derechos que los del régimen general y coticen para poder cobrar su paro como todo el mundo. Pues háganlo ya, háganlo ya. ¿A qué están esperando? Ya
llevan mucho rato gobernando. Lo único que nosotros esperamos y deseamos es que esta proposición no de ley que nos presenta el Grupo Socialista no se quede solo en una declaración de intenciones, que el Gobierno cumpla lo que hoy nos pide que
apoyemos, y que enfrente, de una vez por todas, cómo regular el acceso a la prestación de desempleo y la cotización de las empleadas del hogar. Pero no olviden, señorías, que son ustedes, socialistas, que son ustedes, señorías del Grupo Popular,
quienes tienen que explicarnos por qué si el régimen especial de empleados del hogar ya se integró en el régimen general de la Seguridad Social han seguido excluyendo de la prestación de desempleo y del Fondo de Garantía Salarial a este colectivo y
por qué no han hecho nada al respecto hasta que no ha venido el Tribunal de Justicia Europeo a enmendarles la plana. (Aplausos).
No nos engañemos, la iniciativa que acaban de presentar para acabar con esta injusticia no ha sido suya, no ha sido suya. Ha tenido que ser una sentencia del Tribunal de Justicia Europeo la que les obligue a tomarla. Ha tenido que ser este
tribunal, a instancia de un particular, el que tumbara el argumento con el que ustedes se han estado oponiendo a conceder esta prestación. Ha tenido que ser la valentía de una mujer sencilla, de una mujer empleada de hogar gallega llamada Mariana,
la de su empleadora y la de un abogado con la sensibilidad suficiente para entender la injusticia flagrante que se estaba cometiendo la que les ganara esta batalla, la que abriera las puertas del derecho al paro a nada menos que 400 000 personas, a
400 000 mujeres de este país. Ha tenido que ser David el que acabara con Goliat. Así que no, no son ustedes los que deberían ponerse esta medalla y, desde luego, tampoco los grandes sindicatos de este país, que jamás se han interesado seriamente
por este colectivo, jamás. (Aplausos). Y seguirían sin hacerlo de no haber sido por Mariana y por su abogado, que ha trabajado por propia iniciativa y sin cobrar honorarios por su trabajo, porque sabía que ni Mariana ni ninguna otra empleada del
hogar podrían permitirse contratarlo. Y mientras, ¿dónde estaban los sindicatos, dónde estaba UGT, dónde estaba Comisiones Obreras? ¿Dónde estaban esos que van a recibir este año 17 millones de euros del Estado? ¿Defendiendo los derechos de
quién? Porque parece que para pagar el paro de las empleadas de hogar no había dinero, pero para aplicar las subvenciones de los sindicatos, sí. Con todo el respeto, vergüenza debería darles aparecer ahora para capitalizar el trabajo de otros,
proponiendo mesas de diálogo social. ¡A buenas horas mangas verdes!
Miren, nosotros sí creemos en este colectivo y sí le damos el valor inmenso al trabajo de las empleadas del hogar. Sí estamos convencidos de que es un trabajo indispensable para la comunidad; un trabajo abnegado, duro y dignísimo, pero muy
desagradecido, y maltratado históricamente por todas las administraciones.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, su tiempo ha terminado.
La señora RUIZ SOLÁS: Así que, sí, ojalá sea el principio del fin de esta injusticia y el último servicio de este Gobierno, que, afortunadamente, ya tiene los días contados.
Muchas gracias. (Prolongados aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Señora Narváez Bandera, ¿acepta su grupo alguna de las enmiendas presentadas?
La señora NAVÁEZ BANDERA: No.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): De acuerdo. Gracias.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE INTERCONEXIONES GASISTAS EN ESPAÑA. (Número de expediente 162/000969).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Continuamos con la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso sobre interconexiones gasistas en España. Para la presentación de la iniciativa, tiene la palabra
el señor Herrero Bono.
El señor HERRERO BONO: Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías.
Hoy mi grupo parlamentario trae para su debate una proposición no de ley muy importante para fortalecer la independencia energética y la seguridad de suministro de nuestro país; una independencia y una seguridad de suministro energética que
resulta fundamental para el desarrollo económico y social de todo país, también de España, y que adquiere, si cabe, todavía mayor importancia después de la invasión rusa a Ucrania. Una independencia energética que el Grupo Popular ha venido
poniendo encima de la mesa, en la que ha trabajado y que ha desarrollado desde hace casi ya dos décadas. En parte y gracias a ello, hoy España, con sus grandes infraestructuras gasísticas, con las seis plantas de regasificación más la planta de El
Musel, que actualmente se encuentra en trámite, lidera la capacidad de almacenamiento y regasificación de Europa. Por lo tanto, estamos ante una oportunidad única como país para que España se convierta en un país clave en Europa, un país donde,
además de ser el hub del gas del sur de Europa, tengamos una mayor fortaleza para tomar parte en las políticas estratégicas de la Unión Europea.
Señorías, el problema es que hoy España tiene unas ínfimas interconexiones energéticas que, si fueran desarrolladas, resultarían definitivas para el avance de nuestro país. Esto no es culpa de terceros ni es culpa del COVID ni es culpa de
Putin ni es culpa de la invasión a Ucrania. Aquí el único culpable es este nefasto Gobierno, el cual, mientras está gobernando nuestro país, no ha desarrollado nunca ni un solo metro de las interconexiones energéticas. (Aplausos). Esa es la
realidad y este es el verdadero problema por el que España es una isla energética. Este hecho, señorías, solo viene a confirmar la falta de previsión y de liderazgo de este Gobierno. Por cierto, una falta de liderazgo muy preocupante, porque su
Gobierno, desde el pasado 23 de marzo, sigue sin cumplir las expectativas del tope del gas y, por ende, sigue sin resolver la rebaja de la factura eléctrica del mes de mayo, tal y como ustedes se habían comprometido con todos los españoles. Otra
vez, otra vez; son demasiadas veces ya las que su Gobierno vuelve a engañar a todos los españoles. (Aplausos.-El señor Hispán Iglesias de Ussel: ¡Muy bien, muy bien!).
Decía falta de previsión y de liderazgo de nuestro país, señorías. Primero, porque el Gobierno de España excluyó el gas de la transición energética cuando, no hace muchos días, la Unión Europea en la taxonomía verde catalogaba al gas como
energía verde y, por ende, su apoyo económico a través de los fondos europeos para el desarrollo de proyectos gasísticos. Segundo, falta de previsión y de liderazgo porque, ya en el año 2018, su Gobierno cosechó el desarrollo de las interconexiones
gasísticas con Francia, aludiendo a que no cumplían las necesidades de mercado. Tercero, falta de previsión y de liderazgo, porque el Gobierno sanchista, al mismo tiempo que reconocía que España es una isla energética, afirmaba -y abro comillas-:
'No se cuenta en la actualidad con ningún proyecto para reforzar las interconexiones gasistas con Europa'. Y cuarto, una falta de previsión y de liderazgo, porque hoy, después de casi cuatro años ya de inacción de su Gobierno, el presidente
Sánchez, desautorizando a la vicepresidenta Ribera, se ha manifestado a favor de acelerar y fortalecer las interconexiones con Francia para conectar con Centroeuropa y dar una seguridad de suministro de gas que hoy, lamentablemente, no existe.
Y ya no es que no haya habido falta de previsión y de liderazgo, es que, además, hay que añadir el doble error estratégico en la política energética de su Gobierno: por un lado, desde julio de 2018, España ha aumentado en más del 10 % el
aprovisionamiento del gas ruso cuando, sin ir más lejos, en el año 2017, con un Gobierno de Rajoy, el suministro de gas ruso era nulo. Por otro lado -un error más grave todavía si cabe-, el cierre del gaseoducto del Magreb, el cual aprovisionaba a
España con una capacidad de casi el 25 % de su consumo. Y lo peor es que su Gobierno, a estas alturas, no está haciendo nada para volverlo operativo. Eso, señores del Gobierno y señores del Grupo Socialista, es de 1º de EGB, porque ustedes
deberían saber que, cuando no tienes oferta y tienes mucha demanda de un producto, los precios, en este caso del gas, se disparan; se disparan con la grave consecuencia de que son nuestras industrias y familias quienes sufren el alto coste de la
factura eléctrica.
Por eso, hoy mi grupo parlamentario vuelve a ponerse a disposición de la ministra Ribera para ayudarla a atajar este grave problema que nos acecha. Para ello, planteamos esta nueva iniciativa, para mejorar la
situación energética de nuestro país, después de que desde el pasado 17 de diciembre de 2020 la viniéramos advirtiendo de que el gas a corto y medio plazo iba a resultar fundamental para contraer y contener la crisis energética, tal y como
está sucediendo. En definitiva, esta es una iniciativa que ayudará a mejorar la seguridad del suministro y la competitividad de nuestros productos en un mercado que hoy, lamentablemente, está en entredicho.
Señorías, hoy España se encuentra en una situación muy complicada, y más después de que su Gobierno haya tirado por tierra todas las previsiones de altos precios energéticos en la documentación que ustedes acaban de remitir a Bruselas. Por
ello, señorías y miembros del Gobierno, no tenemos tiempo que perder. Es hora de dejar su sectarismo ideológico de lado. Es hora de trabajar por el interés general de las familias españolas, que no es otro que intentar entre todos reducir al
máximo el coste de la factura eléctrica para salvar la industria y la economía de nuestro país. Por ello, les rogaría a todos ustedes que atiendan con responsabilidad y altura de miras la propuesta que hoy planteamos en esta Cámara, por el bien de
nuestro país y de todos los españoles.
Muchas gracias. (Fuertes aplausos.-El señor Mariscal Anaya: ¡Muy bien!).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Para la defensa de las enmiendas formuladas por los grupos, interviene, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, la señora Martínez Granados.
La señora MARTÍNEZ GRANADOS: Gracias, presidente.
Señorías, abordamos hoy la proposición no de ley del Grupo Popular sobre el problema del gas en España. El primer punto, de los varios que debatiremos en este Pleno, es sobre uno de los temas que hemos repetido en los últimos tiempos: el
problema energético de nuestro país. El problema de las interconexiones gasísticas de nuestro país que trae aquí el Grupo Popular es algo que desde mi grupo parlamentario ya hemos destacado en otras ocasiones. La capacidad de interconexión
energética de España es insuficiente. En este sentido, España, y con ella la Península Ibérica, es efectivamente una isla energética que apenas puede participar en el mercado eléctrico europeo -pero en esto, señorías del Gobierno, ser una isla no
es algo positivo-, y lo es a pesar de que la Comisión Europea lleva años, si no décadas, llamando la atención a todos los Gobiernos para que mejoren las interconexiones energéticas, pero los distintos Gobiernos han hecho caso omiso o, por lo menos,
no lo han apostado todo.
Efectivamente, habla el Grupo Popular en su iniciativa de la necesidad de prestar especial atención a las conexiones de nuestro país con Francia, Portugal, Marruecos y Argelia, así como del proyecto STEP MidCat. Sin embargo, la conexión de
Francia con la península a través de los dos gaseoductos es claramente insuficiente -hace tiempo que se sabe- para que España pueda desempeñar el rol de puerta de entrada del gas natural a Europa. Mientras, Francia, después del acuerdo de 2015 en
Madrid, ha puesto en funcionamiento el gaseoducto de Val del Saône, apoyado con fondos europeos. En España los proyectos siguen en el cajón y el Gobierno sigue haciendo oídos sordos a una carencia que es cada vez más urgente y reconocida por todo
el mundo. De hecho, me pregunto dónde estaba el Partido Popular en Europa, que es donde debería haber reclamado todo el tema de los gaseoductos. ¿Quién lo ha hecho? Ciudadanos, en primera línea, defendiendo las interconexiones gasísticas de
España en Europa. (Aplausos). Y no solo ha hecho eso, sino que también ha interpelado directamente a la ministra Ribera con una carta firmada por mis compañeros Susana Solís y José Ramón Bauzá, solicitándole que establezca que las interconexiones
gasistas sean proyectos de interés común para que reciban fondos europeos. Pero ustedes estaban a otra cosa, presentando aquí proposiciones no de ley, copiando los temas que suele traer Ciudadanos.
Señorías del Gobierno, su problema, además de la improvisación continua en este tema, es su obstinación ideológica, que les impide aceptar lo que tantas veces hemos propuesto, tanto desde mi grupo como desde el resto de los grupos de esta
Cámara: que intenten solucionar el problema energético, y lo único que hacen es dar una patada a seguir. Hablo, por ejemplo, de cómo la ministra Ribera, además de eliminar ochenta y cinco embalses en 2021, ha declarado que no es partidaria de
incrementar las obras hidráulicas a no ser que fuera necesario, dejando completamente de lado la posibilidad de que nuestro país pueda recuperar la inversión en infraestructuras de regulación de agua, lo que permitiría, además de crear más de
setenta mil puestos de trabajo, aumentar el aprovechamiento hidroeléctrico. Desde mi grupo hemos presentado en varias ocasiones iniciativas para poner en marcha un plan de aprovechamiento hídrico orientado a apostar de manera decidida por la
energía hidroeléctrica, pero el Gobierno vuelve a decir que no, que gracias. Otra energía que podría ser perfectamente una opción de respaldo a las
renovables, por su sostenibilidad y competitividad, es la energía nuclear, pero ahí la ideología de la ministra Ribera pesa mucho más que lo que pueda hacerse con la factura de la luz. Por lo tanto, otro 'no, gracias', y aquí quien sigue
pagando son todos los ciudadanos en la factura de la luz. Ya he perdido la cuenta de las veces que desde Ciudadanos hemos defendido los beneficios de la energía nuclear y las potencialidades que tendría como puntal de la transición ecológica, pero
una vez más nos encontramos con la intransigencia de este Gobierno, que, en lugar de escuchar a la oposición, se ha empeñado en que el gas natural como tecnología de respaldo es la única solución, sabiendo todos que las emisiones de CO2 serían mucho
más bajas, por no decir casi nulas, con la energía nuclear. La dependencia que tenemos con la energía es un problema que cada vez es más importante, sobre todo desde que tenemos esa errática política exterior con Marruecos y Argelia. Por lo tanto,
el abandono por parte de este Gobierno cada día es más preocupante.
Desde Ciudadanos hemos presentado una enmienda, solamente una, para que dentro de esta proposición no de ley figure la estrategia de hidrógeno verde, porque creemos que sería una gran oportunidad de mejorar esta proposición no de ley y de
que el hidrógeno esté dentro de esa ruta de mejoras para acabar con esa dependencia energética.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, su tiempo ha terminado.
La señora MARTÍNEZ GRANADOS: Muchísimas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Plural, que en este turno también fijará posición, tiene la palabra el señor Bel Accensi.
El señor BEL ACCENSI: Gracias, presidente.
En primer lugar, quiero felicitar al Grupo Parlamentario Popular por presentar una iniciativa sobre un tema importante, un tema importante que ha suscitado también la reacción de otros grupos parlamentarios, ya que muchos han presentado
enmiendas. Por tanto, el interés es evidente.
Nosotros hemos presentado enmiendas esencialmente para reforzar y acotar los objetivos de la propuesta, pero ya le avanzo que excepto el tema de VOX, que juega en otra liga y hace planteamientos fuera de la realidad, tiene una fijación
enfermiza con los organismos supranacionales, se carga el Acuerdo de París -bueno, se carga prácticamente todo-; quitada esta excepción, yo creo que las demás aportaciones son valiosas, y les insto a que puedan llegar a un acuerdo. Por ejemplo,
que el MidCat no sea solo una infraestructura para el transporte del gas, sino que también sea compatible con el transporte del hidrógeno nos parece fundamental. Les digo esto, porque si se llega a un acuerdo con los otros grupos parlamentarios,
aunque no sea con el Partido Demócrata, nosotros estaríamos dispuestos a apoyar esta propuesta.
Incluso nos felicitamos de que el Grupo Socialista no solo apueste por las interconexiones europeas del gas, sino también por las interconexiones eléctricas. Y yo me congratulo que también lo haga en las gasísticas y en las eléctricas el
actual Govern de la Generalitat. No siempre los componentes del Govern de la Generalitat han estado a favor y defendiendo estas infraestructuras, por lo cual, los que lo hemos estado haciendo y en muchas ocasiones en solitario, nos congratulamos.
Por eso, es necesario que salga un acuerdo mayoritario que fije las condiciones y la voluntad mayoritaria de este Hemiciclo.
Muchísimas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Tiene la palabra la señora Calvo Gómez.
La señora CALVO GÓMEZ: Gracias, presidente.
Un comentario previo a la entrada en materia. Señorías del PP, señorías del PSOE, pónganse de acuerdo. Casi simultáneamente piden la mejora de la interconexión energética entre España y la Unión Europea. En el Senado, el Grupo Socialista
se insta a sí mismo a mejorar desde el Gobierno las interconexiones energéticas entre España y Francia, incluyendo el MidCat, porque acaban de gastar la vana excusa de la isla energética. Lo mismo que piden ustedes, señores del PP. Transaccionen
entre Cámaras. Vengan con los deberes hechos, por respeto también a la ciudadanía, por esta coincidencia en la que nos encontramos hoy.
El proyecto MidCat para la interconexión gasista se inició en 2010. ¡Doce años! Ni los Gobiernos del PP ni los Gobiernos del PSOE lo han llevado adelante, a pesar de plantearse muy seriamente su necesidad
en la primera guerra Rusia-Ucrania, en 2014. Ya entonces el Instituto Español de Estudios Estratégicos informó: la crisis de Ucrania está obligando a la Unión Europea a acelerar la toma de decisiones para mejorar sus interconexiones y
garantizar el suministro de los países miembros. Entre los proyectos considerados como prioritarios se encuentra el MidCat. Sin embargo, señores del PP, no reactivaron el MidCat. Y en enero de 2019, los socialistas le dieron la que parecía la
última estocada, cuando la CNMC y la Comisión de Regulación de la Energía francesa sentenciaron que el proyecto -y cito- no cumplía con las necesidades del mercado y carecía de madurez suficiente. Pues parece que ya está maduro, y con Rusia de
nuevo en guerra sí que es necesario para un mercado que no quiere depender por más tiempo del gas de Putin.
España tiene la mayor capacidad de almacenamiento de gas y dispone del mejor precio. Paradójicamente, hoy en día no es la llave de paso del gas africano para Europa. Hace semanas trasladamos al Gobierno nuestras preocupaciones sobre la
crisis saharaui desencadenada con Argelia, país que ya les había cerrado el grifo. Les ha subido el precio del gas que viene por el otro gasoducto, y ha acordado aumentar el volumen de gas para la exportación, pero a través de Italia, no solo su
gas, sino el que pasa por Argelia proveniente de Níger o de Nigeria, con quienes han resucitado el proyecto del gaseoducto transahariano para suministrar gas a Europa. Y volvemos a hacer la pregunta: ¿a través de qué país? ¿Italia? ¿España? En
Cataluña apoyamos y exigimos el MidCat y coincidimos en que es un grave error no haberlo reactivado cuando, desgraciadamente, todavía no podemos prescindir del gas, y además hay que pensar en el hidrógeno verde.
Otra razón para apoyar la mejora de la interconexión gasista España-Europa es la rebaja del precio del gas. A mayor volumen comercializado, menores peajes de transporte, ventaja competitiva para nuestras empresas. Y como estamos en una
semana mágica en la que los señores del PP y los señores del PSOE parece que se ponen de acuerdo, pues nada, a esperar que lo cierren.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra la señora Borrás Pabón. (Aplausos).
La señora BORRÁS PABÓN: Gracias, presidente.
Buenas tardes. Señorías, ¿quién creó el impuesto a la generación eléctrica? El PP, en 2013. ¿Quién creó el impuesto al sol sobre el autoconsumo eléctrico? El PP, en 2015. ¿Quién cerró la central nuclear de Garoña? El PP, en 2017.
¿Quién no tuvo el valor de votar en contra de las sectaria ecorradical ley de cambio climático, que prohíbe investigar y explotar nuestros propios recursos? El PP, este pasado año. ¿Quién ha votado tantas veces en contra de las medidas energéticas
que defendemos en VOX, y que ahora en muchas ocasiones nos copian? Efectivamente, el PP. Y les recuerdo esto, señores del PP, porque en política y en la vida no solo somos lo que decimos, sino también lo que hacemos, y ustedes ni han bajado
impuestos en la factura ni han cumplido sus promesas. Esa es la agenda del PP: la izquierda pone las ideas y ustedes, señores del Grupo Popular, las gestionan. (Aplausos).
A mí me gustaría saber qué PP tenemos hoy aquí. ¿Qué PP tenemos hoy aquí, señorías, el que se suma a la Agenda España potenciando las nucleares, rebajando los impuestos y el que de repente habla de soberanía energética, o el que se somete a
dogmas climáticos y rodillos ideológicos y hasta habla del nacionalismo catalán? ¿Qué PP tenemos hoy aquí, señorías? El actual Gobierno de España es, con diferencia, el peor Gobierno conocido de toda la democracia española, pero es justo
recordarles, señorías del Grupo Popular, sus errores y mentiras, aunque hoy presenten esta PNL, que en VOX ya les adelanto que apoyaremos y que, además, hemos complementado con cuantiosas enmiendas.
Hablan en su PNL de incrementar las capacidades y niveles de aprovisionamiento de gas. Por supuesto. España ya es el país con más capacidad de almacenamiento de gas y de regasificación de Europa, pero es positivo seguir avanzando en esta
línea para reforzar nuestro sistema energético. ¿Relanzar las nuevas interconexiones gasísticas? Pues también. Sí, por idénticos motivos. Además, el aumento de las conexiones gasísticas permitiría hacer el sistema en su conjunto mucho más
eficiente, disminuyendo el coste unitario de cada átomo de gas, a la vez que garantizamos una mayor flexibilidad del sistema y diversificamos fuentes de origen; también refuerza nuestra seguridad de suministro y no solo la de España, sino también
la de toda Europa, incrementando, por tanto, nuestra importancia estratégica como nación.
Pero es importante matizar, como hemos explicado en nuestras enmiendas, que todo ello debe hacerse dentro de la taxonomía de la Unión Europea, porque influye directamente en el fortalecimiento de
estos sectores energéticos esenciales para España, como son el gas y la nuclear. Sin embargo, tenemos un Gobierno tan atrapado en su propio sectarismo que se posiciona en contra de considerar a la nuclear y en este caso también al gas como
energías verdes, con el perjuicio que todo ello supone también para el desarrollo de estas infraestructuras.
España, como saben, cuenta con seis de las veinte regasificadoras de que disponemos en Europa, siendo nuestra capacidad cuatro veces superior a la de Italia y el doble que la de Francia. Así que fíjense lo mal que lo ha tenido que hacer
este Gobierno y Sánchez el autócrata para que Italia haya logrado ser socio gasístico preferente de Argelia con cuatro veces menos de capacidad que la que tiene España. (Aplausos). ¿Y es que, señorías, de qué nos sirve disponer de la mayor red
gasística de Europa si no la aprovechamos ni la interconectamos con aquellos que pueden pagarnos por ello? Es muy difícil, señorías, evitar que este Gobierno apruebe las pésimas políticas que aplica. Pero es que, además, verlos peleados entre sí,
con un presidente del Gobierno defendiendo el gaseoducto del que su propia vicepresidente y ministra de la ruina energética, Teresa Ribera, reniega, es ya el sumun del bochornoso Gobierno que tenemos (aplausos) y una evidencia más de que este
Gobierno, señorías, tiene los días contados.
Para terminar, quisiera agradecer, señorías del PP, que planteen iniciativas que ayuden a reforzar nuestra soberanía energética y que garanticen la seguridad de suministro de la nación. Pero les pido un último favor, y es que dejen de
gestionarles las ideas a la izquierda. Súmense sin complejos a la agenda de los españoles, a la agenda España, la que defiende VOX solo y donde nos encantaría -nos encantaría- poder encontrarles.
Muchas gracias. (Prolongados aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Padilla Ruiz.
La señora PADILLA RUIZ: Gracias, presidente.
Señor Herrero, mire que lo ponen difícil a veces, por mucho que una trate de llegar a acuerdos y tenga la máxima voluntad. Suben a esta tribuna para intentar engañar o tergiversar, y no queda más remedio que llevarles la contraria. Hablan
de falta de previsión, de abandono, de obsesión ideológica, de una malentendida vocación de acelerar la descarbonización. Si para ustedes cumplir el Acuerdo de París y la Ley de Cambio Climático y Transición Energética es una vocación malentendida,
lo único que trasladan, dentro y fuera de nuestro país, es una absoluta falta de respeto con los acuerdos internacionales, con el cumplimiento de las leyes y con el compromiso de la lucha contra el cambio climático. Además, dejan clara en su PNL
una actitud que no pueden evitar siempre que están en la oposición, la de sembrar dudas e incertidumbres en la ciudadanía, aunque eso suponga perjudicar al país.
Quiero empezar por esto porque es importante para su tranquilidad y para el resto de ciudadanos y ciudadanas. Al contrario de lo que quieren transmitir ustedes en su iniciativa, la previsión del Gobierno y las medidas de anticipación
adoptadas por Enagas en un trabajo conjunto entre ambos nos permiten afirmar que el sistema gasístico español hoy cuenta con una capacidad contratada de gas natural superior a la de otros años en la misma fecha y sin que hubiera guerra. Por tanto,
no hay indicios de una posible falta de suministro. El Gobierno está haciendo las cosas bien (aplausos) y está trabajando para garantizar el suministro, porque este Gobierno da respuestas a las demandas y necesidades, las que había con anterioridad
y las que han sobrevenido. Ya sabemos que ustedes no, que ustedes decidieron coger el camino de ir en contra de todo, planteara el Gobierno lo que planteara; lo mismo da que las cosas vayan bien, que haya una pandemia o que haya una guerra, que
ustedes van en contra de todo. (Varios señores diputados hacen gestos negativos). No me lo nieguen, porque hay muchos ejemplos, tantos como iniciativas y medidas ha traído el Gobierno a este hemiciclo y a las que ustedes han votado
sistemáticamente en contra. (Aplausos). Han tenido muchas oportunidades, las tuvieron antes de la pandemia, en la guerra, sin Feijóo, con Feijóo, pero siempre su actitud es la misma: negativa y en contra.
Sin embargo, este Gobierno, con el presidente a la cabeza, ha mirado de cara a los problemas y ha tomado decisiones valientes. Si hoy ya se han retomado los trabajos para poner en marcha la regasificadora de El Musel es para poder dar
respuesta a los efectos de la guerra y con el objetivo de emplear la capacidad de almacenamiento de la planta para garantizar el suministro a nuestros socios europeos. Además, se hace paralelamente con la CNMC, para evitar que la puesta en marcha
suponga un coste para los consumidores españoles. Por cierto, en este punto hablan de falta de previsión, pero ustedes
quisieron boicotear la construcción de esta planta, a la que incluso llegaron a calificar como una bomba en Gijón. Mucha vista no tuvieron entonces. (Aplausos).
En el Grupo Socialista tenemos claro que, si España ya hace frente al coste de gas que importamos para el suministro de nuestro país, es razonable que, como país, tratemos de establecer unas condiciones ante una infraestructura que pasaría
por nuestro territorio para facilitar que llegue al resto de Europa. La primera es que sea fruto de un acuerdo y de un trabajo conjunto; por mucho que ustedes se empeñen, si uno no quiere, no se conectan dos países. La financiación debe venir por
parte de la Unión Europea y la infraestructura debe ser conforme a la comunicación europea, que dice que las nuevas infraestructuras de gas deben ser compatibles con el hidrógeno. Sería una torpeza absoluta construir una infraestructura que no
mirara al futuro, porque nos alejaría de ser prácticamente líderes en el sector. Por tanto, no tiene sentido recuperar proyectos de hace quince años que estarían casi obsoletos cuando terminara su construcción.
Se atreven también hablar de abandono. ¿Quién paralizó todas las inversiones de infraestructuras gasísticas en 2012? El señor Rajoy. Y las retomó en 2018, pero lo hizo mal, sin informe de la CNMC, lo que ha provocado, por cierto, los
informes desfavorables posteriores. Seis años sin hacer nada, con un objetivo que cumplir, que era llegar al 10 % de las interconexiones energéticas en el 2020. ¿Sabe qué porcentaje dejaron ustedes? Uno ínfimo: un 2,8. No hicieron nada.
(Aplausos).
El Grupo Socialista defiende el cumplimiento de sus compromisos climáticos con la Unión Europea impulsando el desarrollo de las interconexiones energéticas y la producción de fuentes renovables.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, ha terminado su tiempo.
La señora PADILLA RUIZ: Termino.
Espero que admitan nuestra enmienda, porque aprobarla en los términos que plantean ustedes iría en contra de los intereses de nuestro país.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Martínez Oblanca.
El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señor presidente.
Como es conocido, la política energética del Ejecutivo ha arrastrado a los españoles a pagar las facturas más altas de la historia. La quiebra total del compromiso explícito de la coalición socialcomunista para rebajar el precio de la
electricidad se refleja en un agudo empobrecimiento de la economía, tanto la doméstica como la de empresa, servicios y todos los ámbitos industriales y productivos. Las diversas y costosas medidas energéticas adoptadas por el tándem Sánchez-Ribera
son, específicamente en torno al gas, otro de los referentes del desastre que nos ha llevado a altas cotas de inflación que suponen un retroceso de treinta y cinco años, un encarecimiento de la cesta de la compra y, en materia laboral, una gran
inquietud sobre el mantenimiento del empleo. La reciente encuesta de población activa del primer trimestre de 2022, que señala la destrucción de cien mil puestos de trabajo, debería ser un motivo de alerta, pero el Gobierno sigue instalado en su
propaganda, erre que erre, pese a la contundencia de los malos datos.
Señorías, esta proposición no de ley supone una oportunidad para tratar de corregir la dantesca deriva de la política energética que tiene el gas y la falta de proyectos gasísticos, otro factor añadido de preocupación. Dado que el Gobierno
del ecologismo radical y al contado se ha empecinado en ir al revés del mundo, en la Unión Europea manejan un conjunto de proyectos gasísticos y ninguno tiene marchamo español. Los cambios en política exterior a cuenta de la nueva posición sobre el
Sáhara han enturbiado gravemente las relaciones diplomáticas y comerciales con Argelia, nuestro principal proveedor de gas, agudizando el aislamiento energético y complicando la garantía de suministro. Otros países, como Italia, se han apresurado a
aprovechar el vacío generado por el histórico error unipersonal de Sánchez y mientras se aseguran acuerdos prioritarios beneficiosos y estables en el tiempo para sus economías en España ya notamos la reacción de Argelia, tanto en el precio como en
el suministro de su gas natural. Por cierto, hoy está en Argelia el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov. Quedamos expectantes y preocupados de lo que le costará a España esta visita.
Señorías, también en materia energética el Ejecutivo pierde crédito a chorros. El varapalo recibido tras la inclusión de la energía nuclear y el gas natural en la taxonomía verde europea, en contra de los criterios de la ministra
fundamentalista Teresa Ribera, se precisa amortiguarlo en la línea que se plantea en la iniciativa que ha defendido el señor Herrero, tanto con el incremento de las capacidades y los niveles de aprovisionamiento, almacenamiento, regasificación y
transporte de gas en el sistema peninsular, como con la atención a las interconexiones con Francia, Portugal, Marruecos y Argelia, en coherencia con la nueva comunicación de la Unión Europea. En este sentido, resulta esencial acomodar nuestro país
a las proyectadas en su día, con especial referencia al STEP/MidCat, que quedó fuera de la lista de proyectos de interés común europeos. Los cambios en el suministro de gas derivados de las sanciones a la Federación Rusa por la invasión de Ucrania,
sanciones que no han impedido que en Gijón hoy se estén descargando casi 55 000 toneladas de mineral ruso, han abierto una necesidad comunitaria en la que España puede desempeñar un papel de relevancia si se aprovecha su capacidad para la
regasificación y si se asegura su participación en proyectos de nuevos gasoductos para transportar y suministrar esta fuente de energía imprescindible. Lo resaltó la presidenta Von der Leyen el pasado viernes en Barcelona.
Asimismo, resulta muy pertinente el último punto de esta iniciativa referido a la puesta en servicio y funcionamiento de la regasificadora construida hace diez años, hibernada y sin uso en el espacio portuario de El Musel, en Asturias.
Resulta inexplicable el colosal desperdicio de una infraestructura que resulta básica en el proceso de descarbonización. Puesto que el Gobierno comenzó la casa por el tejado, renunciando a la soberanía energética de España frenando la minería del
carbón, nuestro único combustible fósil autóctono, y clausurando las centrales de generación eléctrica, la puesta en marcha de la regasificadora de El Musel debería suponer su completo aprovechamiento, y no solo para almacenar, como se nos anuncia
últimamente. Por cierto, señora Padilla, es falso que el Partido Popular haya calificado alguna vez de bomba esta instalación de El Musel, salvo que usted se refiera a su construcción en la proximidad de la barriada de El Muselín, que el
ayuntamiento socialista de la ciudad quiso demoler mediante piqueta.
En definitiva -concluyo, señor presidente-, al hablar del gas es urgente que el Gobierno modifique su política, porque resulta económicamente suicida persistir en la línea a la que nos han abocado las diferentes medidas incluidas en lo que,
de forma equívoca y falsaria, la propaganda de Pedro Sánchez ha dado en llamar transición justa y que, camino de cumplir los cuatro años desde que se inició su aplicación, ha arrastrado a todos los españoles al actual carísimo e inquietante
desbarajuste económico y energético.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea.
La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Está claro que el tema de las interconexiones gasistas está siendo protagonista en este contexto de la guerra de Ucrania y que ha evidenciado la dependencia energética de Europa y su vulnerabilidad
en cuanto a las interconexiones. Es una guerra que ha abierto de forma urgente el debate para acelerar las interconexiones energéticas en Europa. España podría tener un papel relevante si refuerza estas interconexiones, que a día de hoy son
escasas, a pesar de que es el país con más capacidad de almacenamiento de gas y de regasificadoras. Con este refuerzo de interconexiones podría convertirse en una alternativa de suministros en momentos de crisis energética como el que estamos
viviendo por la guerra de Ucrania y compensar la dependencia del gas ruso de terceros, tal y como manifestó la comisaria europea de Energía, Kadri Simson, que también ha urgido a España a reforzar esas interconexiones, y es que el 90 % del gas que
consume Europa es importado y el 40 % proviene de Rusia. Es un debate, por tanto, abierto y que hoy nos trae en forma de PNL el Partido Popular.
Lo cierto es que un mercado interior energético bien interconectado y eficiente tiene muchas ventajas, las de mejor y mayor competencia y mejores servicios y precios para el consumidor, así como la de un aumento de la seguridad del
suministro para electricidad, por el incremento de la flexibilidad del sistema interconectado y las capacidades de apoyo mutuo que hoy no tenemos, y por eso se habla de isla energética, y de ahí que se esté solicitando esa medida extraordinaria para
disminuir el precio de la energía y la inflación, que se desacople el gas. Pero también las interconexiones de gas son necesarias por el aumento de la diversificación tanto de orígenes como de rutas y la mejora de la respuesta ante posibles cortes
de suministro, fallos técnicos o consecuencias de una guerra como la que estamos viviendo.
Aun estando de acuerdo con el fondo de la PNL, lo cierto es que el petitum debería ser más concreto en relación con algunas cuestiones que algún grupo ha propuesto a través de enmiendas. Por tanto, vamos a esperar a ver a qué se llega, si
se llega a una transaccional, para luego fijar nuestra posición.
Nosotros, el Grupo Vasco, estamos de acuerdo en cuanto a incrementar las capacidades y los niveles de aprovisionamiento, almacenamiento, regasificación y transporte de gas en el sistema peninsular, en coherencia con la nueva comunicación de
la Unión Europea, pero tengo que decir también que esto en parte ya se está llevando a cabo por el Gobierno y parece que el suministro está asegurado. Aun así y ante las incertidumbres acerca de la demanda, que según analistas superará la oferta a
finales de este año, no está de más instar a ser más precavido y aumentar estos niveles.
En cuanto a relanzar con carácter urgente y con la simplificación de trámites que también apunta la Unión Europea las nuevas interconexiones gasísticas proyectadas en su día, en concreto el proyecto STEP/MidCat, entendemos que primero
deberíamos conocer lo que dice al respecto Francia, que siempre se ha opuesto a este proyecto. Por otro lado, entendemos que este proyecto para relanzarse debería contar con apoyo económico de la Unión Europea, porque es un proyecto en beneficio de
todos los países para garantizar el suministro de gas y no debería ser sufragado solo por el Estado español. Entendemos, además, que el proyecto debería ser planificado y proyectado no solo para transportar gas, sino también para que pueda
transportar hidrógeno verde.
Sin embargo, y con respecto al último punto que habla de intensificar los trabajos para la puesta en servicio y funcionamiento de la regasificadora de El Musel, tenemos algunas discrepancias por el momento, porque desconocemos para qué,
cuánto, cómo y cuándo. Lo digo porque quizá deberíamos pensar si realmente necesitamos poner en marcha una regasificadora, cuando a día de hoy las demás plantas de regasificación en España no están en plena capacidad, al cien por cien. Además,
porque desconocemos lo que nos va a costar, porque ni tan siquiera conocemos la propuesta de retribución, incluso desconocemos si se quiere que esa regasificadora abierta a red se utilice solo como almacenamiento.
De todas formas, entendemos que es una PNL que va por buen camino, pero, como he dicho, fijaremos posición dependiendo de la transaccional a la que se llegue.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra el señor Capdevila i Esteve.
El señor CAPDEVILA I ESTEVE: Bona tarda. Buenas tardes.
Es evidente que la situación energética actual es grave y que nos debe hacer replantear acciones a corto, a medio y a largo plazo. Ante la emergencia energética que vivimos, fijar un tope máximo al precio del gas puede ser útil para ahora,
pero también son necesarias respuestas estructurales, como podría ser el MidCat, ligadas a una necesaria transformación energética con las renovables como protagonistas. Modestamente, nosotros hemos puesto sobre la mesa, entre otras medidas, fijar
un tope máximo al precio del gas o desacoplarlo del precio de la electricidad o rebajar la presión fiscal para todas las fuentes de energía, para el gas de los vulnerables también, y también, por qué no, a la biomasa, cuyo IVA no han reducido, o que
el Estado asuma el control y la gestión de las hidroeléctricas. Sobre la mesa también está recuperar, aunque replanteándolo, el proyecto del MidCat, porque queremos ser soberanos energéticamente, pero esto no quiere decir no querer estar conectados
a Europa a partir de energía verde. El MidCat puede ser una infraestructura de interconexión con Europa de transición energética y su conexión supondría la vertebración de un corredor mediterráneo de gases renovables. Además, supondría una
infraestructura estratégica en cuanto a seguridad de suministro, dado el contexto de inestabilidad de suministro energético en el que estamos y que, seguramente, ha venido para quedarse. En ese sentido, el president Aragonès ya anunció, a raíz del
viaje a Baden-Württemberg con el conseller Torrent, la creación de un grupo de trabajo sobre el hidrógeno verde, con el objetivo de compartir experiencias y estrategias de los dos territorios para contribuir a la soberanía energética que Europa
necesita.
Ahora bien, y más allá de reproches, creemos que la recuperación del proyecto MidCat merece un sí, pero un sí condicionado, porque no será útil si no nos religa con Francia y si no existe una planificación global de la infraestructura,
incluyendo el tramo francés; porque debe contemplar, sí o sí, una línea de hidrógeno, y porque solo tiene sentido si forma parte de una apuesta de la Comisión Europea, y es esta quien participa fundamentalmente en su financiación.
Por todo ello, seguiremos muy atentamente esta cuestión y votaremos, señor Herrero, según qué enmiendas acepten entre las que le han propuesto.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos- En Comú Podem- Galicia En Común, tiene la palabra la señora López Domínguez.
La señora LÓPEZ DOMÍNGUEZ: Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías.
¡Qué penita! Año 2022 y seguimos todavía hablando de si el gas es un combustible fósil, energía renovable o no. ¡Qué penita! Nos queda muy poco tiempo para revertir el calentamiento global. Por favor, pónganse serios. (Aplausos).
Vamos al tema concreto. Nos propone el PP ampliar con dinero público y con modificaciones legales a merced las infraestructuras gasistas españolas, poner en marcha una séptima regasificadora y construir el gaseoducto STEP/MidCat. Mi grupo
parlamentario va a decir que no a esta PNL porque no queremos perpetuar un sistema energético injusto e insostenible. Pero también vamos a decir que no porque los motivos a los que se refieren para defender el objetivo perseguido son, simplemente,
falsos. No es verdad -no es verdad- que el gas sea una energía verde y tampoco es verdad que el gaseoducto MidCat pueda contribuir a disminuir la dependencia energética o favorecer la situación energética de Europa y que pueda contribuir a bajar
los precios de la energía.
Dice el PP que querer desvincular el gas de la transición energética responde a un prejuicio ideológico y sectario. Querer excluir el gas de la transición hacia una energía completamente verde se debe a que el gas no es una energía verde.
Como saben, el gas está compuesto, aproximadamente en un 95 %, de metano. El metano, cuando está quemado, reduce las emisiones de CO2 respecto al carbono, pero no es así cuando no está quemado, es decir, en las extracciones o en el transporte. En
ese caso, debido a que es un gas volátil, emite unas fugas que se sitúan en la atmósfera y generan un gas de efecto invernadero peor que el CO2. Así que, señores del Partido Popular y resto de la sala que se manifiesta más o menos a favor de esta
PNL, no es un prejuicio ideológico y sectario, se llama gas de efecto invernadero, se llama calentamiento global, se llama aumento del nivel del mar, se llama emergencia climática.
También dice el Partido Popular en esta PNL que el gaseoducto STEP tendría un papel geoestratégico fundamental y que serviría para reducir el precio de la energía. No voy a entrar en cómo se construye ese monstruo en tan corto plazo, sino
que me voy a remitir al informe que se elaboró en 2018 por una consultora independiente a partir del encargo de la Comisión Europea, que ya aportaba la evidencia que negaba ese extremo que ustedes están defendiendo. En este análisis coste-beneficio
se explicaba que los flujos sur-norte serían marginales. Ustedes me pueden decir: vale, pero ahora la situación ha cambiado, porque estamos en situación de guerra. Pues yo les cuento que no es así, porque este estudio simuló las reacciones del
sistema gasista europeo en diferentes condiciones de estrés, en la que existe miedo a qué puede suceder, como puede ser una parecida al cese total del suministro de gas de Rusia y del Magreb. El informe concluye que ni en ese momento ni tampoco
ahora, porque la situación es parecida a la simulada, la construcción de este gaseoducto aportaría absolutamente nada a la seguridad energética de Europa ni tampoco rebajaría la dependencia energética española. El mismo informe también concluía que
no había evidencia para pensar que fuera a reducir el precio de la energía en España, tampoco en Francia, más bien se produciría un aumento del propio precio de la energía. Además, cabe destacar que los propios defensores de esta PNL y de la
construcción del gaseoducto dicen que serviría para aumentar la importación del gas licuado procedente de Estados Unidos, que, como todos saben, se utiliza mediante la técnica del fracking, que aquí está prohibida y que tiene un elevado impacto
ambiental en la zona del yacimiento.
En definitiva, si queremos cumplir con los Acuerdos de París, con la Agenda 2030, si queremos continuar teniendo un planeta habitable, tenemos que olvidarnos de los combustibles fósiles, carbón y petróleo, pero también del gas, y apostar por
las energías renovables.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Señor Herrero Bono, ¿acepta su grupo alguna de las enmiendas presentadas?
El señor HERRERA BONO: Estamos intentando llegar a una transaccional con los grupos, que haré llegar a la Mesa.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO REPUBLICANO, SOBRE LA CALIDAD DEMOCRÁTICA DEL ESTADO ESPAÑOL (Número de expediente 173/000145).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): A continuación, pasamos a debatir la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Republicano, sobre la calidad democrática del Estado español.
Por el grupo autor de la iniciativa y para la defensa de la moción, tiene la palabra la señora Bassa Coll. (Pausa).
La señora BASSA COLL: Gràcies, president.
En 2021 el Consejo de Europa hizo unas recomendaciones a España para mejorar su calidad democrática, especialmente respecto al conflicto con Cataluña. Un año más tarde no solo no han cumplido, sino que la ministra de Justicia se ha negado a
comprometerse a hacerlo y el Senado -el PSOE incluido- ha votado en contra de cumplirlas. Argumentan que España es un Estado de derecho y una democracia plena, pero obvian que una institución europea de prestigio, como el Consejo de Europa, les
insta a adoptar unas recomendaciones democráticas; un Consejo de Europa donde demócratas de otros Estados, después de estudiar la respuesta del Gobierno español con Cataluña, les instan a suprimir la línea represiva y le instan a dialogar, algo de
sentido común y democracia plena.
Sin embargo, España se niega a aceptar sus recomendaciones. A la mayoría del Parlamento le parece normal, a los medios de comunicación les parece normal y a la mayoría de la población también le parece normal desoír las recomendaciones del
Consejo de Europa porque asumen con normalidad que, por encima de la democracia, contra Cataluña todo vale. El nacionalismo español y el valor de la unidad de la patria se sitúan siempre para ustedes por encima de la propia democracia. Toda la
maquinaria del Estado minimiza y resta importancia al Consejo de Europa y, más allá de silenciar la noticia, cuando se hacen eco desprestigian al Consejo de Europa. ¿Qué sabrán los europeos lo que pasa internamente en España? De la misma manera se
desprestigia a los países que acogen a las exiliadas y a los exiliados y les acusan de hispanofobia antes de aceptar que la democracia española tiene serias carencias. Señalan como responsable una supuesta incapacidad de la diplomacia española, con
un presupuesto anual de más de 800 millones de euros, frente a las supuestas mentiras de unas embajadas catalanas, con un escueto presupuesto de 12 millones. Diputados españoles, no es la diplomacia, sino la democracia. Por supuesto, la solución
de España a ello es reforzar la diplomacia española e intentar perseguir y cerrar las embajadas catalanas. Esta es su democracia.
La verdad es que yo no sé si ustedes se creen de verdad que son una democracia plena o si lo repiten constantemente, porque saben que no lo son, para engañar a la gente o como una fórmula mágica para engañarse a ustedes mismos, pero hasta
que ustedes no acepten que España no es una democracia plena no podrán llegar a serlo, porque para llegar a serlo tienen que tomar medidas, y Europa, respecto al conflicto con Cataluña, les recomienda tomar las siguientes: modificar la legislación
para dejar claro a los tribunales que el Parlamento español despenalizó el referéndum y que ellos no pueden convertir una desobediencia en un delito de sedición; adoptar medidas para que el Tribunal de Cuentas no persiga injusta y arbitrariamente
el patrimonio de nuestras familias por el referéndum del 1 de octubre; dejar de perseguir a todas las represaliadas y los represaliados, especialmente a las exiliadas y los exiliados, a los cuales se les debe permitir el retorno a Cataluña, y
negociar políticamente con el Gobierno catalán para encontrar una salida democrática al conflicto. (Rumores).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Un momento, señora Bassa.
Ruego silencio, por favor. Continúe.
La señora BASSA COLL: Estas son las recomendaciones que hace el Consejo de Europa al Estado español y que podrían resumirse en amnistía y negociación. Ciertamente, se parecen mucho a las reivindicaciones de la mayoría del pueblo catalán,
independentistas y no independentistas, que las resumimos en amnistía i autodeterminació. Estas son las propuestas que el Govern de Cataluña ha llevado a la mesa de negociación con el Gobierno español. El Gobierno español, sin embargo, no solo no
ha llevado ninguna propuesta a la mesa de negociación, sino que la desprestigia y se niega a hablar de las propuestas planteadas por el Govern de Catalunya sobre la amnistía y la autodeterminación.
La mesa de negociación demuestra ante Europa y ante las catalanas y catalanes que creían en ella cuál es la democracia española y que un Gobierno del PSOE tiene el mismo interés en resolver el conflicto catalán en una mesa de negociación que
un Gobierno del PP, porque no es un Gobierno u otro, sino que es la gran mayoría de España quien avala la represión contra Cataluña y no el diálogo. Esta es su democracia. Y dentro de esta represión, encima, el espionaje a nuestros políticos;
dicen los medios que, legalmente, a dieciocho políticos catalanes. ¿Significa eso que se ha espiado ilegalmente el resto de las decenas de móviles identificados por The Citizen Lab como espiados? Pues parece ser que no lo sabremos, porque tanto
una ley de secretos oficiales franquista como la negativa a una comisión de investigación del Parlamento español nos lo impide; por cierto, una comisión de investigación que sí puede llevarse a cabo en el Parlamento Europeo, por supuesto.
Cada vez erosionan más la democracia para tapar las evidentes vergüenzas de su democracia, pero nosotros insistiremos: queremos comisión de investigación, transparencia, explicaciones y desclasificación de documentos. ¿O creen que con la
destitución de Paz Esteban -perdón, la sustitución- lo arreglan todo? Señores del PSOE, cesar a la responsable de nuestro espionaje y dejar de espiarnos está bien, pero la democracia exigiría una cascada de destituciones y depurar las cloacas del
Estado. No lo van a hacer, porque las cloacas del Estado son uno de los pilares del régimen del 78. Por eso, lo único que les reclamamos hoy es que apliquen las recomendaciones que el Consejo de Europa les hace sobre el conflicto con Cataluña.
Acabo, presidente. Señores del PSOE, ¿les parece normal votar en contra de las recomendaciones del Consejo de Europa? ¿Les parece normal votar junto a VOX y en contra de lo que votan los partidos que permitieron que ustedes estén en el
poder?
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Al no haberse presentado enmiendas a esta iniciativa, pasamos al turno de fijación de posiciones. Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor García Adanero.
El señor GARCÍA ADANERO: Muchas gracias, señor presidente. Señorías, buenas tardes.
Estos son sus socios (dirigiéndose al Grupo Parlamentario Socialista), estos que salen aquí y hablan de los diputados españoles como si hubieran salido de no sé dónde. ¡Como si no fuera usted diputada española votada por españoles!
(Aplausos). Es que este es el Parlamento de España, estas son las Cortes Generales, donde a todos, evidentemente, nos han votado españoles, claro, porque son los que votan. Pero, mire, usted siga pidiendo, si es que le van a dar todo, si hoy han
sacado otra medalla. Hoy ya han tirado por los suelos al CNI, ya lo han tirado. Han quitado a una profesional con cuarenta años de experiencia porque ustedes lo han pedido, y en vez de pedir decisiones políticas -que ustedes no se atreven a
pedirlas, porque aquí les ha espiado el Gobierno; si les ha espiado el Gobierno, pidan responsabilidades políticas al Gobierno, a la ministra o al presidente del Gobierno-, se conforman con la profesional, con la funcionaria. ¿Pero esto qué es?
(Aplausos). Pero, ¡hombre!, sean más valientes y pidan lo que pediría cualquiera, que es la dimisión del Gobierno.
Dicen que no es normal que el Gobierno espíe a sus socios. Claro, ¿pero qué socios son esos? Lo que no es normal es que un Gobierno se sujete en ustedes. Eso es lo que no es normal, no que el Gobierno les espíe. (Aplausos). Al final no
les están espiando, lo que están haciendo, evidentemente, es controlar unas llamadas con autorización judicial, algo permitido por la ley, porque ustedes estaban pensando -y lo dicen abiertamente, porque, desde luego, lo intentaron- en acabar con la
democracia en España. ¿Y cuál es el problema? Que el Gobierno se lo permite. Ese es el problema que tenemos, un presidente que les debe todo. Y como les debe todo, usted puede salir aquí, insultarnos a todos, humillar al conjunto de España e
irse tan feliz, porque sabe que al final el presidente, por estar un día más en la Moncloa, le va a dar lo que pida. (Aplausos). Pero es que ese día más en la Moncloa se acabará, porque aunque a él no le guste habrá un día en que aquí habrá que
convocar elecciones, y ese día los españoles lo mandarán a casa.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Tiene la palabra el señor Botran Pahissa.
El señor BOTRAN PAHISSA: Gracias, presidente.
En la interpelación, la ministra Llop vino con un recurso muy manido, que es que si los independentistas criticamos la calidad democrática del Estado español, le estamos haciendo el juego a la extrema derecha. Pues bien, hace solo unos
minutos conocíamos que la comisión de investigación que existe en el Parlamento Europeo -ahí sí que existe una comisión de investigación sobre Pegasus- ha llegado a un principio de acuerdo para que la misión que envía a países que han usado el
Pegasus se amplíe de Polonia, Hungría e Israel al Estado español. También la semana pasada conocíamos un manifiesto que se refería a la vaguedad e indefinición de las normas reguladoras del CNI, que no ofrecen unas mínimas garantías de protección
de derechos civiles a las personas dentro del Estado español. ¿Y quién firmaba este manifiesto? Pues, entre otros, Civil Liberties Union, European Association of Lawyers for Democracy and World Human Rights, Fair Trials y Organización Mundial
contra la Tortura, entre muchos otros. ¿También les dirán a ellos que le están haciendo el juego a la extrema derecha porque critican la calidad democrática dentro del Estado español?
En la crisis del catalangate' ustedes han optado, sin embargo, por disparar al mensajero. Desprestigio del New Yorker, desprestigio de Citizen Lab, pero cuando la bola ya era demasiado grande hacen dimitir a la directora del CNI. Miren,
es obvio que el CNI espió a independentistas sin otro motivo que ese, el de estar ejerciendo puestos de responsabilidad dentro del movimiento independentista, y que lo hizo con autorización y conocimiento del Gobierno. No es un error de una
directora, es una decisión de un Gobierno, y no es una cuestión de seguridad, sino de derechos democráticos. Puesto que el origen del escándalo es político, las responsabilidades deben ser políticas, empezando por la dimisión de la señora Robles.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, tiene la palabra el señor Iñarritu García.
El señor IÑARRITU GARCÍA: Muchas gracias, presidente.
¿Qué tiene que hacer un Estado cuando alguien declara la independencia? Pues, señora Robles, diálogo, negociación y urnas. Ya hay estándares europeos, ya hay estándares occidentales de cómo gestionar situaciones similares, en las que hay
una mayoría mantenida en el tiempo en un territorio que aspira y reclama otro estatus institucional. Lo que hace falta en este caso es espíritu democrático, seguir el principio democrático.
Pero miren, hoy no hablamos de qué tiene que hacer un Estado, sino de lo que no tiene que hacer un Estado democrático y, de acuerdo a las recomendaciones del Consejo de Europa, se pueden corregir errores que se cometieron o que se han
cometido hasta ahora. Es una evidencia que a partir de 2017 las instituciones de España, los poderes del Estado, entraron en una locura represiva que les hizo quedar en evidencia a nivel internacional y que ahora hay instituciones que reclaman
coherencia y sentido común sobre la base de principios democráticos. Pero esto no es nuevo, el informe Cilevics no es algo que nazca ex novo, ya hay decisiones judiciales de justicias europeas en Alemania, en Italia, en Bélgica, en Suiza y en
Escocia que van en la misma línea. Porque, miren, un conflicto político no se gestiona sobre la represión; la represión solo consigue injusticias en una ciudadanía, como es en este caso la de Cataluña, y en sus legítimos representantes; enquista
el problema político, pero además socava la democracia en un Estado y, claro, el prestigio tanto externo como interno no es el mejor. Es pegarse un tiro en el pie todo lo que se ha hecho para reprimir al independentismo en Cataluña.
¿Y ahora qué? Hay una oportunidad de corregir. Ya la señora Llop hace dos semanas, en la interpelación de la cual deriva esta moción, decía dos cosas que yo creo que eran interesantes. En primer lugar, decía que España, como cualquier
Estado, no es un Estado perfecto y que es posible perfeccionarlo. ¿Entonces? Aquí tienen recomendaciones del Consejo de Europa. ¿Por qué no las aceptan? ¿Qué es? ¿Orgullo patrio? ¿Nacionalismo español? ¿O eso que se viene en llamar razón de
Estado? Esto les lleva al euroescepticismo. Decía más la señora Llop, decía que no hay que alimentar el monstruo, refiriéndose a la extrema derecha. Pero es que en este caso, esta semana, que se celebra el Día de Europa, están defendiendo
posturas euroescépticas y críticas con recomendaciones del Consejo de Europa, recomendaciones aprobadas por una inmensa mayoría. ¿Qué pasa? ¿Que Europa se equivoca? ¿Que no saben lo que ocurre? Yo creo que tienen que reflexionar porque le van a
dar un disgusto a la señora Llop, pero es que van a quedar también en evidencia ante Europa.
Estas semanas estamos ante el mayor escándalo de espionaje político que se ha certificado en Europa, y la verdad es que lo están gestionando de manera regular. Primero, aparecieron negándolo;
luego dijeron que había algún caso con autorización judicial, pero después se ha sabido que ustedes ni controlaban -o eso dicen al menos- que se hacía un espionaje sobre políticos independentistas. Posteriormente, se ha sabido que la
mayoría de casos que se han dado han sido sin autorización judicial, justamente en el mismo entorno político, en las mismas fechas -¡qué casualidad!-, pero no saben quién ha sido y tampoco les interesa investigarlo. Y a colación de ello, fueron a
verificar los móviles del Gobierno y se han dado cuenta de que alguien ha utilizado el juguete contra ustedes. Han quedado también en evidencia por una falla de seguridad y, para intentar tapar el catalangate', han reconocido que a ustedes también
les investigaron. Pero, ¿qué ocurre? Como no saben que otra cortina de humo sacar, hoy sustituyen o destituyen o cesan -me da igual el término- a la directora del CNI en una rueda de prensa que ha sido la más rara que he visto yo nunca, porque no
sé por qué motivo la han destituido. ¿Pero es que ustedes creen que así solucionan el escándalo?
Acabo, señor presidente. Señorías del Partido Socialista, actúen con responsabilidad, con altura de miras. Es el momento de reconstruir las confianzas. Dejen de vender motos; vendiendo motos no van a conseguir nada, no solucionan esto,
lo empeoran.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, finalice, por favor.
El señor IÑARRITU GARCÍA: Ya digo, actúen con responsabilidad.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Legarda Uriarte.
El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidente.
Debatimos una moción de Esquerra Republicana de Catalunya por la que se insta al Gobierno a cumplir con las recomendaciones incluidas en la Resolución 2381/2021 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. Quiero recordar, señorías,
que esta moción se suma a otras iniciativas ya habidas tanto en esta Cámara como en el Senado con el mismo objetivo y en las que el Partido Nacionalista Vasco se ha ido posicionando favorablemente. Por tanto, ahora, en congruencia, votaremos
favorablemente la presente iniciativa por la que se recomienda al Estado español por parte de la Asamblea de Parlamentarios del Consejo de Europa que, en primer lugar, reforme los delitos de sedición y rebelión a fin de que no puedan ser
interpretados de manera que invaliden la despenalización de la organización de un referéndum ilegal ocurrida en 2005 o para que no puedan aplicarse sanciones desproporcionadas a infracciones no violentas. En segundo lugar, insta a garantizar que el
delito de malversación de fondos públicos solo se aplique cuando puedan constatarse pérdidas reales y cuantificadas para el presupuesto o el patrimonio público. En tercer lugar, se reclama el indulto a los penados del procés, cosa no aplicada aún
en su totalidad, ya que los indultos concedidos no alcanzan las penas de inhabilitación para cargo público, lo que limita la libertad de actuación de los indultados. (Aplausos). Y en cuarto lugar, también se insta a que se retiren las demandas de
extradición del presidente Puigdemont y consejeros que abandonaron España en otoño de 2017 y a que se archiven las investigaciones en curso sobre cargos públicos intermedios que participaron en la organización del referéndum del 1 de octubre.
El Grupo Parlamentario Vasco considera que estas recomendaciones del comité de asuntos legales y derechos humanos de la Asamblea del Consejo de Europa, recogidas en la resolución citada, deben ser cumplidas por el Estado español sin
perjuicio -lo que también es cierto- de que algunas de ellas pudieran considerarse con incidencia en la posición institucional que ocupan los tribunales en las democracias liberales.
Señorías, en estas recomendaciones de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, como en la petición -como ya se ha señalado- de otros organismos internacionales, se pone sobre la mesa la percepción de que lo sucedido en Cataluña con
el llamado procés no fue constitutivo de un crimen penal, sino una grave crisis constitucional en torno a un sentimiento de identidad colectiva nacional diversa que debió y debe ser abordado a través del diálogo político y no con fuerzas y cuerpos
de seguridad, con Código Penal ni con cárcel, aunque también con pleno respeto a la legalidad.
Por eso, señorías, el Consejo de Europa, en esta resolución, que hacemos nuestra, insta a las autoridades españolas a iniciar -y habría que añadir en este momento a proseguir- un diálogo abierto y constructivo con todas las fuerzas políticas
de Cataluña, incluidas las opuestas a la independencia, sin recurrir al Código Penal, pero con total respeto al orden constitucional y legal de España, para así fortalecer
la calidad de la democracia a través del Estado de derecho, el buen gobierno y -acaba diciendo también- con total respeto a los derechos humanos.
En este punto recuerdo que, como ya se ha señalado por los portavoces que me han precedido, deben aclararse todos los actos de espionaje cometidos contra personas participantes en el procés. Conocemos la autoría de quince, pero lo que es
gravísimo es que tengamos la certeza de que hay al menos otro casi medio centenar de personas espiadas de las que no sabemos la identidad, aunque puede presumirse que proceden de dentro del propio Estado. Señorías, finalizo volviendo a manifestar
nuestro apoyo a la iniciativa debatida.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Espejo-Saavedra Conesa.
El señor ESPEJO-SAAVEDRA CONESA: Gracias, presidente.
En fin, Esquerra nos pide que le digamos al Gobierno que cumpla con la resolución de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. Sería gracioso, si no fuera por la situación en la que nos ha metido este Gobierno, que los que incumplen
las leyes, que los que incumplen las sentencias, que los que se pasan la Constitución por el forro, que los que han delinquido para romper la Constitución nos vengan a dar lecciones sobre recomendaciones que tiene que cumplir España. En fin, más
allá de la naturaleza del órgano, de quiénes lo componen, de cómo estaba constituido, con cuántos miembros el día que adoptó esa decisión, de quién votó qué y por qué, etcétera, la verdad es que, respecto a este tema, lo que se puede decir con total
seguridad es que la resolución de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa es un bodrio, un auténtico bodrio, y se puede decir sin ningún tipo de complejos porque es así. Es un bodrio lleno de contradicciones en sus propios razonamientos,
que incluso, como ha reconocido el portavoz del PNV, acaba instando ni más ni menos que al Poder Judicial a que haga o deje de hacer determinadas cosas. Es un bodrio absolutamente contrario a todo lo que significa el Estado de derecho. Por eso, no
hay mucho más que añadir al respecto y, por eso, votaremos no con las dos manos. Sí, a las recomendaciones de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa votaremos no.
Como siempre, Esquerra y los nacionalistas -a ver si ustedes aprenden de una vez- lo único que hacen es montar una campañita para decir: España incumple las recomendaciones del Consejo de Europa. Pero lo verdaderamente sorprendente,
preocupante y vergonzante es que ese bodrio de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa es exactamente lo mismo que dice el Gobierno de España, porque dicen lo mismo. Por boca de sus miembros, habla de la existencia de presos políticos, de
violaciones de derechos fundamentales, de persecuciones políticas. Es lo mismo que dicen ustedes. Por eso parece hasta contradictorio que ahora vayan a votar en contra. Eso es verdaderamente lo importante y por eso agradezco a Esquerra que lo
ponga de manifiesto aquí.
Debería darles, señores del Gobierno, auténtica vergüenza lo que le están haciendo pasar a este país. Mucha guerra de Putin, mucha solidaridad con Ucrania y su pueblo y le entregan la cabeza de nuestro servicio de inteligencia ¿a quién?: a
los amigos de Putin. Han reconocido que se reunieron con ellos. ¿Para qué?: para hacer extranjeros a la mitad de los catalanes en su propia tierra. Ustedes meten en la sala de máquinas de la seguridad del Estado a quienes explícitamente han
manifestado su voluntad de disolverlo, de desintegrarlo. No solo es que hayan manifestado la voluntad de hacerlo, es que lo han intentado y han sido condenados por esa razón. Ustedes les perdonan, les dan acceso a nuestros secretos y les entregan
la cabeza de la responsable de nuestros servicios de inteligencia, que ha actuado dentro de la más estricta legalidad y, además, según ustedes mismos reconocen, ha actuado siempre de manera ejemplar. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto?
Ustedes han traspasado ya muchas líneas de la infamia, pero creo que en esta crisis de Pegasus y, en particular, hoy han traspasado la definitiva. Sinceramente, creo que esta ya no se la van a perdonar los españoles. Pueden pasar dos cosas
con ustedes: que sean conscientes y les dé igual, lo cual es bastante probable, por desgracia, y dice mucho de la urgencia que tiene este país de que se vayan del Gobierno, o que no sean conscientes y piensen que ya escampará la tormenta, como con
los indultos y las demás cesiones, lo que diría también mucho de la poca capacidad que tienen para dirigir este país. Pero, afortunadamente, queda espacio para la esperanza, porque, por mucho que al PSOE y a Podemos no les guste, el Estado es mucho
más que el Gobierno, igual que Cataluña es muchísimo más que los independentistas. Ellos, por cierto, ya se han dado cuenta, pero creo que el PSOE y Podemos aún no, y el Estado, antes o después, se impondrá por encima de todos los que han querido
destruirlo, incluso
pasará por encima de ellos, particularmente por encima de quienes han intentado e intentan destruirlo desde dentro del propio Consejo de Ministros.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra el señor Rego Candamil.
El señor REGO CANDAMIL: Grazas, señor presidente.
El BNG está de acuerdo con que se apliquen las recomendaciones del Consejo de Europa, claro que sí. El problema es que la bajísima calidad democrática del Estado español no arranca con Pegasus ni con el espionaje ni con el referéndum de
octubre de 2017. Arranca de una Transición que no rompe con el Franquismo y que permite la continuidad de las estructuras de la Dictadura tanto en el ámbito judicial como policial como político como en otros, empezando por la Jefatura del Estado,
designada por Franco, una monarquía anacrónica y corrupta; un país en el que se persigue la libertad de expresión, en el que se cierran periódicos, en el que se encierra a cantantes o en el que se mete presos a dirigentes políticos por permitir
votar y en el que, además, se espía, legal o ilegalmente. Probablemente mucho más ilegalmente que de forma legal. No sabemos si a Pedro Sánchez lo espió Marruecos o el CNI...
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, su tiempo ha terminado, por favor.
El señor REGO CANDAMIL: Lo que sí sabemos es que el cese de la directora del CNI no es suficiente. Margarita Robles debe dimitir.
Obrigado.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Tiene la palabra el señor Bel Accensi.
El señor BEL ACCENSI: Gracias, presidente.
Señorías, escuchadas algunas de las intervenciones -e intuyo que algunas de las que nos quedan por escuchar esta tarde-, simplemente quiero hacer una aclaración: lo que les está pidiendo la perversa diputada independentista, la señora
Bassa, hoy... (Rumores). Tranquilos. No les está pidiendo la abolición de la dinastía borbónica en Cataluña, no les está pidiendo la independencia, no les está pidiendo la proclamación de la III república; les está pidiendo, simplemente, cumplir
con unas recomendaciones de una resolución de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. Una cosa tan sencilla. Y todos los que votarán hoy no, simplemente, están votando no y se están declarando en rebeldía en relación con el cumplimiento
con lo que dice la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. Simplemente esto, que lo tengan claro.
Dicho esto, respecto a la Mesa del diálogo yo me he pronunciado en diferentes ocasiones. Si la Mesa de diálogo fracasa, no es un fracaso de una parte del Govern de la Generalitat o de Esquerra Republicana -que también- ni va a ser un
fracaso del PSOE -que también- ni va a ser un fracaso de Unidas Podemos -que también-...
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, su tiempo ha terminado.
El señor BEL ACCENSI: Va a ser un fracaso de la democracia en España, igual que será un fracaso de la democracia en España si no se resuelve y clarifica el asunto de Pegasus.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Tiene la palabra la señora Nogueras i Camero.
La señora NOGUERAS I CAMERO: Bona tarda.
Votarem que sí volem que el Gobierno del Estado español cumpla con esta resolución, pero yo creo que aquí todos sabemos que no va a cumplir porque no ha cumplido tampoco su promesa de regulación de la ley mordaza del Partido Popular y de la
Larsal del Partido Popular. Tampoco cumple con rodalies, no cumple con el corredor mediterráneo, no cumple con el aeropuerto. Se empeña en decidir lo que sucede en Cataluña a 600 kilómetros. No cumple con los fondos europeos. No cumple con la
dependencia. No solo no respetan las competencias de Cataluña, sino que las fulminan. Los de cumplir la ley, no cumplen
la Ley de Presupuestos. De cada cien euros que tienen que llegar a Cataluña solo llegan sesenta. Los últimos diez años. Otro ejemplo: En Madrid de cien llegan cientotrece. ¿Dónde están los otros cuarenta euros que tienen que llegar a
Cataluña? Se aprobaron los presupuestos del 2022 sin haber ejecutado los del 2021. No respetan la cultura catalana y un ejemplo es la ley audiovisual. Falta de respeto constante. Otro ejemplo es la inmersión lingüística. Nos quieren imponer el
castellano cual colonia. Y esta imposición la legitima la Abogacía del Estado (un señor diputado pronuncia palabras que no se perciben), es decir, el Gobierno del Estado español, es decir, el mismo Gobierno que nos espía.
Cuando nos engañan una vez, es responsabilidad de ellos, pero cuando nos engañan ya dos veces es culpa y responsabilidad nuestra. Nosotros, en vez de plantar cara y defender los derechos de los ciudadanos de Cataluña y el dinero de los
ciudadanos de Cataluña -que pagamos más de 52 000 millones de euros en impuestos-, ¿qué estamos haciendo? No estem fent res.
Termino. Que este Gobierno asuma ya sus responsabilidades. La Directiva de Inteligencia es el documento que contiene los objetivos y la misión del CNI. Esta Directiva de Inteligencia la hace la comisión delegada del Gobierno y la aprueba
y la firma el presidente del Estado español, en este caso, el señor Pedro Sánchez. Queremos saber qué responsabilidades tiene el señor Pedro Sánchez, qué responsabilidades tiene Margarita Robles, qué responsabilidades tiene el ministro Marlaska.
Porque la Policía Nacional y la Guardia Civil también tienen competencias para espiarnos. ¿Nos están espiando también? Nosotros queremos saberlo. Queremos saber qué responsabilidades tiene el señor Felipe VI, el jefe de Estado, el capitán general
de las Fuerzas Armadas.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, su tiempo ha terminado.
La señora NOGUERAS I CAMERO: Termino.
¿El rey del 'A por ellos' es también el rey de 'A por todo y a por todos'? Queremos saberlo, aunque esto implique sacudirlo todo.
Y termino.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Tiene que terminar ya, señoría.
La señora NOGUERAS I CAMERO: (Termina su intervención en catalán).
Moltes gràcies.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra el señor Asens Llodrà.
El señor ASENS LLODRÀ: Presidente.
Señor Espejo-Saavedra, hablar después de ustedes, de Ciudadanos, siempre es duro. La semana pasada les dije que actuaban como falsos liberales cuando defendían el espionaje masivo a los ciudadanos con Pegasus y hoy lo tengo que repetir:
Actúan ustedes como falsos liberales pero, además, de espaldas a Europa. Porque es Europa quien, en nombre de la libertad, nos recuerda constantemente en resoluciones como esta que estamos ahora discutiendo -y que ustedes han calificado de bodrio-
que hay que resolver el conflicto en Cataluña sin judicializarlo, como hacen las democracias liberales inglesa o canadiense, reformando delitos como el de sedición para adaptarlo a los estándares europeos o sentándose a dialogar con el Gobierno de
Cataluña. Eso no es ninguna humillación a España, como dicen ustedes; eso es una obligación democrática, una victoria de los principios liberales.
La libertad es siempre la libertad de quien piensa diferente, como decía Rosa Luxemburgo. Ustedes, como el resto de derechas, no defienden esa libertad, no defienden la libertad de los ciudadanos, defienden la libertad, única y
exclusivamente, del mercado. Por eso su liberalismo es puro espejismo. Son, como diría Unamuno, liberales de burla, manchesterianos que confunden privilegios con derechos.
Por eso, la defensa de las libertades está más representada en la bancada de la izquierda que en la de las derechas. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? ¿Qué es ser liberal? Ser liberal, ante todo, es defender la tolerancia, el pluralismo
político, nacional, cultural o lingüístico. Y ¿qué hacen ustedes y sus socios de derechas? Ustedes defienden ilegalizar a partidos y encarcelar a sus dirigentes porque sueñan con una España uniforme con una sola lengua y cultura. Su pulsión
nacionalista, de un nacionalismo excluyente, es la negación de los valores liberales más básicos. Ser liberal es defender la libertad de expresión y ustedes votaron en contra de la derogación de la ley mordaza o de los delitos de opinión que
permiten
encarcelar a cómicos o a raperos. Ser liberal es ser laico y, ¿qué hacen ustedes? Pues defienden los privilegios de la jerarquía católica o subvencionar con dinero público su proselitismo religioso. Ser liberal es creer que la legitimidad
democrática de las instituciones la dan las urnas y ustedes son monárquicos que defienden los privilegios de los reyes, su opacidad y su impunidad. Ser liberal es proteger a los débiles frente a los poderosos y ustedes siempre están, como el resto
de derechas, al lado de los grandes poderes económicos y, por eso, se oponen a recortar los beneficios de las eléctricas para bajar el precio de la luz a los ciudadanos. Ser liberal es ser antifranquista y ustedes están en contra de que las
víctimas puedan ejercer su derecho a la reparación y a la justicia de verdad, y todo el mundo recuerda que en el Parlament de Catalunya se opusieron a condenar la dictadura en 2013. Ser liberal es entender que la igualdad ante la ley es sagrada y
ustedes forman parte de un bloque de gobernabilidad, con el Partido Popular y VOX -la foto de la plaza de Colón-, que está en contra del derecho al aborto, del matrimonio entre personas del mismo sexo o de la eutanasia. Ustedes han votado casi el
90 % de las veces con el Partido Popular, por eso los ciudadanos les sitúan cada vez más a la derecha en las encuestas; esto, claro, los que les sitúan en algún lado.
Señorías de Ciudadanos, quienes representan los principios esenciales del liberalismo, de la libertad en España, no son ni ustedes ni sus socios de la derecha, son las izquierdas. Son ellas quienes históricamente han conquistado la
democracia como libertad para la mayoría y no para una minoría. En Estados Unidos eso lo tienen claro: los liberales son los progresistas, lo contrario de lo que representan ustedes. Aquí, en cambio, hay quienes sienten alergia ante un concepto
que ustedes se han apropiado para vaciarlo de su contenido originario. En nombre del liberalismo se han cometido los mayores abusos a su ideario básico y se ha dado carta de naturaleza a auténticas aberraciones, a abusos laborales y a desigualdades
económicas, con recortes y privatizaciones. En nombre del liberalismo ustedes se han opuesto a legislar los alquileres y a mejorar las pensiones o han propuesto eliminar el impuesto sobre sucesiones. Cuando hay grandes propiedades, hay grandes
desigualdades, decía Adam Smith, que defendía la redistribución de la riqueza.
Señores de Ciudadanos, un último consejo: lean menos a Mario Conde y más a Adam Smith y a otros liberales de corazón...
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, su tiempo ha terminado.
El señor ASENS LLODRÀ: ... como Tocqueville -termino-, Stuart Mill, Bertrand Russell, Eduard Bernstein, Carlo Rosselli, Norberto Bobbio, Manuel Azaña, Fernando de los Ríos o el propio Indalecio Prieto cuando recordaba que las izquierdas
eran las legítimas herederas del liberalismo nacido de Cádiz, y decía: socialista a fuer de liberal.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Fernández Hernández. (Aplausos).
El señor FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ: Gracias, presidente.
Hoy he conocido algo nuevo: Asens es el gran liberal. (Aplausos). Desde luego, estamos peor de lo que yo creía. (Risas).
Oír a sus señorías de Esquerra hablar de calidad democrática es algo así como oír a Putin hablar de derechos humanos; es una contradicción en sus propios términos. Pero es que, además, su moción parte de una gran falacia. Cogen la
resolución del Consejo de Europa, la manipulan, la tuercen y así ya justifican todo: que los condenados por el procés lo fueron por organizar un referéndum ilegal, que si el Consejo de Europa exige autodeterminación, que si el Consejo de Europa
exige amnistía. En realidad, lo que ustedes quieren es blanquear la comisión de delitos contra la paz y la convivencia en España (aplausos), porque en realidad los condenados del procés lo fueron por impedir el cumplimiento de órdenes judiciales.
Ustedes están con su libro y yo estoy con el mío, que es la sentencia del Tribunal Supremo. (Aplausos). Cito literal: El derecho a la protesta no puede mutar -mutar, cambiar- en un exótico derecho al impedimento físico a los agentes de la
autoridad a dar cumplimiento a un mandato judicial, y a hacerlo de una forma generalizada en toda la extensión de una comunidad autónoma en la que por un día queda suspendida la ejecución de una orden judicial. La autoridad del Poder Judicial quedó
en suspenso sustituida por la propia voluntad impuesta por la fuerza; por su fuerza, y aquí no se habla de convocar ningún referéndum ilegal, aquí se habla de impedir el cumplimiento de órdenes judiciales. (Aplausos).
Ahora nos vienen con cuestiones de espionaje. Hablemos de espionajes, pero de espionajes ilegales de los de verdad. 26 de octubre de 2017, víspera de la aprobación de la declaración de independencia por el Parlamento de Cataluña. Tres
vehículos camuflados, conducidos por mossos d'esquadra y con miles de documentos, se dirigían a la incineradora de Sant Adrià de Besòs -¿les suena?- con el objetivo de quemar estos documentos. ¿Y por qué iban a quemar estos documentos?
Afortunadamente, la Policía Nacional lo impidió. Los documentos los querían quemar porque probaban cientos y cientos de seguimientos y espionajes ilegales cometidos por el Gobierno de Cataluña (aplausos), por los suyos, por ustedes, contra
políticos catalanes no independentistas. Por los suyos. ¿Esto qué es? ¿Calidad democrática o mediocridad democrática?
Hace unos días hubo una reunión de la Comisión de Secretos Oficiales a la que el señor Rufián asistió. Según asistió, salió y se fue a la televisión y contó lo que había ocurrido. No solo cometió un delito de revelación de secretos -que ya
se verá donde tenga que verse-, sino que, además, traicionó la lealtad y la confianza de los miembros de la propia Comisión. ¿Esto qué es? ¿Calidad democrática o mediocridad democrática? (Aplausos).
Yo puedo debatir en serio con casi cualquiera, incluso con ustedes, pero con esta moción que han presentado es imposible. Por tanto, no les puedo tomar en serio y, como no les tomo en serio, en este punto les sugiero que hagan lo siguiente,
que es el único disparate que les queda por hacer ya en la política que ustedes desarrollan: Cojan al señor Rufián, pónganle un gorrito en la cabeza y sáquenle a la calle a pasear en una carroza con un cartel grande que ponga: Este es el señor
Rufián, el Napoleón de la república catalana. (Aplausos). Eso es lo que les queda. Por cierto, menos mal que este Gobierno tiene los días contados.
Gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra la señora Uriarte Bengoechea.
La señora URIARTE BENGOECHEA: Señorías, con esta moción y con la interpelación que le precedió asistimos a un disparate democrático en tres actos, como tantos en los últimos años. Primer acto: un partido que no respeta los métodos
democráticos, que no respeta el pluralismo ni la ley allí donde gobierna, ustedes, Esquerra Republicana, traen aquí una moción para pedir que se vele por la calidad democrática. Esto es como si un ladrón viene aquí a pedir que se vele por el
cumplimiento de las leyes. O, para hacer un símil más directo con ustedes, es como si hubiera venido el golpista Tejero a pedir aquí, en el Congreso, que España vele por la calidad democrática de este país. (Aplausos). Y no es que ustedes de
repente se hayan vuelto demócratas y quieran respetar las leyes democráticas; no, no. Es que ustedes -como ya recordó usted, señora Bassa, en la interpelación- prometen que lo van a volver a hacer, que ustedes se van a volver a saltar las reglas
democráticas.
Segundo acto de este disparate democrático: un socialista letón que desconoce completamente los sistemas políticos europeos -por cierto, además de socialista letón, prorruso-, Boris Cilevics, redacta un informe -lo redactó el año pasado-
basado en las valoraciones de los independentistas catalanes, o sea, de ustedes. Y concluyó, como ustedes, que los tribunales españoles, más exactamente el Tribunal Supremo, había condenado a los líderes independentistas por haber expresado sus
opiniones. Y a partir de esa mentira contada por ustedes, por los extremistas de Cataluña (rumores), este socialista exige a España lo mismo que exigen ustedes. Hay que reconocerles en este sentido que en algo son eficaces, señorías de Esquerra
Republicana y demás independentistas; ustedes son muy eficaces en gastar el dinero de los contribuyentes en propaganda internacional. (Aplausos). Y es que siempre habrá un Cilevics dispuesto a difundir sus mentiras, y sin ponerse rojo, señorías,
sin ponerse rojo, poniendo en cuestión el Estado de derecho de España y poniendo en cuestión a uno de los sistemas políticos, el nuestro, más descentralizado de Europa y del mundo. Señorías, ¿cómo sería el informe que hizo Cilevics con todo lo que
ustedes le contaron que hasta sus socios del Gobierno, hasta el propio Gobierno de España emitió una nota muy crítica cuestionando en junio del año pasado ese informe y esa resolución? Y les añado algo más, señorías, hace quince días el comité
jurídico del Consejo de Europa hizo unas declaraciones completamente críticas sobre el informe del diputado Cilevics. (Aplausos).
El tercer acto de este disparate democrático es la respuesta del Partido Socialista, porque realmente el extremismo, su extremismo, supone un problema para la democracia española, pero la democracia española está salvaguardada siempre que
los grandes partidos respondan con firmeza a sus ataques. ¿Y
qué ha pasado con el Partido Socialista? ¿Qué es lo que ha hecho el Partido Socialista? ¿Defender nuestra democracia? ¿Defender nuestro Estado de Derecho? Pues no, señorías, todo lo contrario, como acaban de mostrar hoy con la
destitución de la directora del CNI, Paz Esteban, por las exigencias de ustedes, de Esquerra Republicana, de los protagonistas del golpe democrático en 2017.
Ya lo adelantó la ministra de Justicia cuando les respondió a ustedes en la interpelación. La ministra de Justicia, la señora Llop, dijo que el peligro para la democracia española era la derecha. No ustedes, no. Y les dijo: Queremos
pactar con ustedes. Y les dijo también que entendía su indignación por las escuchas; lo que fue refrendado por el ministro Bolaños en la entrevista a un medio de comunicación este sábado pasado.
En definitiva, que el Gobierno de España está como el diputado letón Boris Cilevics, es decir, en completa sumisión a sus exigencias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, su tiempo ha terminado. (Rumores).
La señora URIARTE BENGOECHEA: Es decir, a sus pies, señorías de Esquerra Republicana.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Tiene que finalizar, por favor.
La señora URIARTE BENGOECHEA: Y ese sí es un problema para la calidad de la democracia en España, y aún más, es un grave problema para la seguridad del Estado, como hemos comprobado hoy cuando ustedes...
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, tiene que finalizar, por favor.
La señora URIARTE BENGOECHEA: ... han entregado la cabeza de la directora del CNI a Esquerra Republicana, a los independentistas catalanes. (Aplausos.-La señora presidenta ocupa la Presidencia).
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Ramírez Carner.
El señor RAMÍREZ CARNER: Moltes gràcies, presidenta.
Señorías del PP, a ustedes esto de las dimisiones y la asunción de responsabilidades imagino que les suena a chino, y lo entiendo; si lo practicaran, igual no quedaría nadie en la bancada. Los de la Kitchen dando lecciones a los
socialistas y al resto. ¡Vaya tela! ¡Vaya tela! (Aplausos). Señorías de Ciudadanos, un poco de humildad. Ustedes, cada vez que han tenido que elegir, han elegido ser socios y cómplices del PP. Igual por eso todos sus tránsfugas acaban en el
Partido Popular. Hablar a VOX de temas de democracia sería como hablar con una pared, entonces espero que hayan pasado buena tarde. (Aplausos).
La moción que nos presenta Esquerra se basa en una resolución que, a su vez, se ha basado en un argumento falso. Nadie en España ha sido procesado por sus ideas, en todo caso por sus actos contrarios a la ley, y aquí está la prueba. A
pesar de ello, muchas de las recomendaciones del citado informe son hoy una realidad. Los políticos condenados sí fueron indultados, a pesar de aquellos con los que ustedes suman sus votos, por ejemplo, en contra de la reforma laboral. Eso fue una
evidente muestra de la valentía por parte del Gobierno de Pedro Sánchez y una apuesta clara por otra de las recomendaciones, el diálogo. ¿O no es evidente que se ha recuperado en los últimos años una normalidad institucional impensable en los
tiempos de Rajoy? Frente a la confrontación nosotros sí hemos apostado por el diálogo y la convivencia. Y, por supuesto, con máximo respeto al Estado de derecho. Por cierto, las leyes se cumplen todas y siempre, no las que nos convenga y cuando
nos convenga; saltarse la ley para pedir que se cumpla la ley no parece muy coherente.
También han hecho referencia al caso Pegasus. Créanme cuando les digo que entendemos perfectamente la preocupación e incluso el cabreo por las escuchas. Tienen ustedes y todas las personas que han sido espiadas el derecho a saber qué ha
ocurrido y por qué ha ocurrido. El Gobierno está actuando de forma transparente, comprometiéndose a investigar lo ocurrido y dando la cara. Ojalá se hubiera actuado así en todos los casos de espionaje. En esta Cámara sí ha comparecido la ministra
de Defensa y lo volverá a hacer, ha comparecido la hasta hoy directora del CNI y también lo hará el presidente del Gobierno. Nosotros no somos como los que usaron los instrumentos del Estado para espiarse entre ellos y tapar sus corruptelas.
(Aplausos).
Saben ustedes que no hay motivos para poner en duda la democracia de nuestro país, situada entre las mejores del mundo, y porque hacerlo solo nos lleva a alimentar a los ultras, y eso sí es un problema para la democracia. Señorías de Junts,
¿saben qué es también un problema para la democracia? Reunirse y negociar dinero y soldados con dictaduras como la rusa. ¿Iban en serio con eso? ¿O, con el permiso del señor Rufián, son señoritos reuniéndose con la gente equivocada porque así
durante un rato se pensaban que eran James Bond? Creo que deben dar explicaciones antes de exigir al resto lo mismo. (Aplausos).
Señorías del Partido Popular, ¿saben qué degrada a la democracia, y así lo dicen los analistas? Incumplir la Constitución y bloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial. ¿Saben qué degrada a la democracia? Blanquear los
discursos ultras. ¿Saben qué degrada a la democracia? Meter a los ultras en los gobiernos, algo inédito en Europa. (Aplausos).
Una reflexión final. Son tiempos difíciles, de mucha incertidumbre. Hay mucha gente que lo está pasando muy mal, por lo que es importante superar las discrepancias porque nos votan para eso. No se entiende que no se vote una reforma
laboral, que es evidente que está combatiendo la precariedad y aumentando los contratos indefinidos, por razones que nada tienen que ver con ello. No se entiende que no se vote un decreto vital, por razones que tampoco tienen que ver, para nuestra
gente, para bajar los alquileres, la energía, el gasóleo. Nadie ahí fuera nos perdonaría que no dedicáramos cada segundo de nuestro tiempo en trabajar por aquellas cosas que le importan a la gente, que mejoran su vida, que dan oportunidades a
quienes han nacido sin tenerlo todo. Hay que decidir: o se está con las derechas o se está con la mayoría progresista; con quienes miran hacia otro lado o con quienes somos transparentes; con quienes viven del lio o con quienes buscamos
soluciones; con quienes trabajan por la felicidad de unos pocos o con quienes lo hacemos por la de todas y todos. Escojan de qué lado están; al otro lado, ya saben qué hay.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ramírez.
Señorías, muy buenas tardes. Se suspende la sesión hasta mañana a las nueve.
Eran las ocho y treinta y cinco minutos de la noche.