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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 105, de 25/05/2021
cve: DSCD-14-PL-105
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2021 XIV LEGISLATURA Núm. 105
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª MERITXELL BATET LAMAÑA
Sesión plenaria núm. 101
celebrada el martes,
25 de mayo de 2021
ORDEN DEL DÍA:
Minuto de silencio ... (Página4)
Toma en consideración de proposiciones de ley.
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la modificación de la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, y de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, para la
reducción de la factura eléctrica. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 145-1, de 29 de enero de 2021. (Número de expediente 122/000120) ... (Página61)
Toma en consideración de proposiciones de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados.
- Del Grupo Parlamentario Socialista, para incorporar un nuevo Título XIV para la regulación de los grupos de interés. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 165-1, de 7 de mayo de 2021. (Número de expediente 410/000014) ...
(Página19)
Proposiciones no de ley:
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la convocatoria urgente de la Conferencia de Presidentes Autonómicos. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 268, de 10 de mayo de 2021. (Número de expediente
162/000665) ... (Página36)
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el impulso al desarrollo y la adopción de tecnologías disruptivas basadas en la inteligencia artificial y las encaminadas a aumentar la confiabilidad en esta. 'BOCG. Congreso de los Diputados',
serie D, número 262, de 23 de abril de 2021. (Número de expediente 162/000631) ... (Página43)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.
- Del Grupo Parlamentario Mixto (señor Botran Pahissa), relativa a las propuestas del Gobierno para la resolución del conflicto político de Cataluña con el Estado español y respecto a los avances de la mesa de diálogo. (Número de expediente
173/000075) ... (Página51)
Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página61)
Toma en consideración de proposiciones de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados. (Votación) ... (Página62)
SUMARIO
Se abre la sesión a las tres de la tarde.
Minuto de silencio ... (Página4)
La Cámara, puesta en pie, guarda un minuto de silencio por las catorce mujeres y seis menores asesinados en España durante 2021 en casos de violencia de género.
Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página4)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la modificación de la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, y de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, para la
reducción de la factura eléctrica ... (Página61)
Defiende la toma en consideración de la proposición de ley el señor Requena Ruiz, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Martínez Oblanca y Mazón Ramos y la señora Vehí Cantenys, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Matute García de Jalón, del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu; las señoras
Sagastizabal Unzetabarrenetxea, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Martínez Granados, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; y los señores Rego Candamil, Baldoví Roda y Bel Accensi, del Grupo Parlamentario Plural; Capdevila i Esteve, del
Grupo Parlamentario Republicano; López de Uralde Garmendia, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común; Manso Olivar, del Grupo Parlamentario VOX, y Renau Martínez, del Grupo Parlamentario Socialista.
Toma en consideración de proposiciones de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados ... (Página19)
Del Grupo Parlamentario Socialista, para incorporar un nuevo título XIV para la regulación de los grupos de interés ... (Página19)
Defiende la toma en consideración el señor Navalpotro Gómez, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno en contra interviene el señor Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario VOX.
Replica el señor Navalpotro Gómez y duplica el señor Gil Lázaro.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Oramas González-Moro, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Iñarritu García, del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu; Legarda Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco
(EAJ-PNV), y Gutiérrez Vivas, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; el señor Rego Candamil, la señora Sabanés Nadal y el señor Pagès i Massó, del Grupo Parlamentario Plural; la señora Vallugera Balañà, del Grupo Parlamentario Republicano; y los
señores Pisarello Prados, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, y Navarro López, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Proposiciones no de ley ... (Página36)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la convocatoria urgente de la Conferencia de Presidentes Autonómicos ... (Página36)
Defiende la proposición no de ley la señora Gamarra Ruiz-Clavijo, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mazón Ramos y García Adanero, del Grupo Parlamentario Mixto; Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Espejo-Saavedra Conesa, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; y
Baldoví Roda y Bel Accensi, del Grupo Parlamentario Plural; la señora Pita Cárdenes, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común; el señor Sáez Alonso-Muñumer, del Grupo Parlamentario VOX, y la señora Tizón
Vázquez, del Grupo Parlamentario Socialista.
Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el impulso al desarrollo y la adopción de tecnologías disruptivas basadas en la Inteligencia Artificial y las encaminadas a aumentar la confiabilidad en esta ... (Página43)
Defiende la proposición no de ley la señora Marra Domínguez, del Grupo Parlamentario Socialista.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen la señora Borrás Pabón, del Grupo Parlamentario VOX, y el señor Pedreño Molina, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Martínez Oblanca, del Grupo Parlamentario Mixto; las señoras Sagastizabal Unzetabarrenetxea, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Muñoz Vidal, del Grupo Parlamentario Ciudadanos;
el señor Bel Accensi y la señora Calvo Gómez, del Grupo Parlamentario Plural; y la señora Muñoz Dalda, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas, vuelve a hacer uso de la palabra la señora Marra Domínguez.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página51)
Pagina
Del Grupo Parlamentario Mixto (señor Botran Pahissa), relativa a las propuestas del Gobierno para la resolución del conflicto político de Cataluña con el Estado español y respecto a los avances de la mesa de diálogo ...
Defiende la moción el señor Botran Pahissa, del Grupo Parlamentario Mixto.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Asens Llodrà, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, y Segura Just, del Grupo Parlamentario VOX.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Iñarritu García, del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu; Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Espejo-Saavedra Conesa, del Grupo Parlamentario Ciudadanos;
el señor Bel Accensi y la señora Nogueras i Camero, del Grupo Parlamentario Plural; la señora Telechea i Lozano, del Grupo Parlamentario Republicano; y los señores Bermúdez de Castro Fernández, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y
Zaragoza Alonso, del Grupo Parlamentario Socialista.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas, vuelve a hacer uso de la palabra el señor Botran Pahissa.
Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página61)
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la modificación de la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética y
de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, para la reducción de la factura eléctrica, se rechaza por 41 votos a favor más 113 votos telemáticos, 154; 64 en contra más 106 votos telemáticos, 170; y 25 abstenciones con voto
telemático.
Toma en consideración de proposiciones de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados. (Votación) ... (Página62)
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados del Grupo Parlamentario Socialista, para incorporar un nuevo título XIV para la regulación de los grupos de interés, se
aprueba por 63 votos a favor más 144 votos telemáticos, 207; 1 en contra más 52 votos telemáticos, 53; y 40 abstenciones más 48 votos telemáticos, 88.
Se suspende la sesión a las ocho y cuarenta y cinco minutos de la noche.
Se abre la sesión a las tres de la tarde.
MINUTO DE SILENCIO.
La señora PRESIDENTA: Buenas tardes, señorías. Se abre la sesión. Ocupen sus escaños, por favor.
Señorías, en los cinco meses transcurridos de 2021, catorce mujeres y seis menores han sido asesinados en España en casos de violencia de género, cinco mujeres y un niño de siete años en los últimos siete días. Les ruego que nos unamos en
un minuto de silencio en expresión del dolor y del sentimiento con que todos los ciudadanos acompañamos a sus familiares y personas queridas y en manifestación del más profundo rechazo a la violencia machista y del acuerdo que compartimos en la
lucha contra la misma. (La Cámara, puesta en pie, guarda un minuto de silencio).
Muchas gracias.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A LA MODIFICACIÓN DE LA LEY 15/2012, DE 27 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS FISCALES PARA LA SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA, Y DE LA LEY 24/2013, DE 26 DE DICIEMBRE, DEL SECTOR ELÉCTRICO, PARA LA
REDUCCIÓN DE LA FACTURA ELÉCTRICA. (Número de expediente 122/000120).
La señora PRESIDENTA: Señorías, comenzamos con el debate de toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la modificación de la Ley 15/2012,
de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales para la Sostenibilidad Energética y de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, para la reducción de la factura eléctrica.
Para la presentación de la iniciativa, tiene la palabra el señor Requena Ruiz.
El señor REQUENA RUIZ: Buenas tardes, señora presidenta.
Señorías, el Grupo Parlamentario Popular trae hoy aquí una proposición de ley que tiene un fin claro: rebajar la factura de la luz que tienen que pagar las familias, pymes, industrias y consumidores. Traemos esta proposición de ley porque
nos ruborizan las declaraciones de la vicepresidenta cuarta que, cuando la factura de la luz tiene una escalada desorbitada, cuando el precio de la luz está en máximos históricos, ella, con su habitual reducción de las cosas importantes a lo
absurdo, dice que es una cuestión de eurillos. (Rumores). Traemos esta proposición de ley porque la política energética de la vicepresidenta cuarta se reduce al futurible 'vamos a hacer', 'definiremos medidas', 'facilitaremos que', pero al final
no hace nada. Todo lo que hace es escribir en Twitter. En Twitter, la política energética y en el BOE es donde escribe las medidas que en su sectario marco mental hunden la economía, encarecen el precio del diésel..., (rumores).
La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.
El señor REQUENA RUIZ: ... expulsan a la industria conservera de costa o marginan al mundo rural. (Aplausos). Traemos esta proposición de ley porque en la política de verdad, en la de mejorar la vida de la gente, en la de cambiar las
cosas, hay que ser más de pico y pala y menos de Twitter.
Traemos una modificación normativa muy sencilla, de fácil aplicación y asumible y, de votar en contra, la izquierda que sostiene al Gobierno estaría renunciando a rebajar la luz un 12 % a 29 millones de consumidores de electricidad. Porque
esta medida, esta proposición de ley, tiene cambios normativos que afectan a la totalidad de consumidores. Esta proposición de ley contrasta con lo que se está haciendo en el Gobierno en lo que a gestión energética se refiere.
Señorías, este Gobierno ha metido la quinta marcha en el proceso confiscador y de atraco a los bolsillos de los españoles. La voracidad con la que el Gobierno nos saquea ha encontrado en la luz un nuevo instrumento con el que seguir
aumentando impuestos. Pero, además de confiscarnos los ahorros, la torpeza de este Gobierno hace que su nihilismo en materia regulatoria provoque subidas en el precio de todos los vectores energéticos, en especial la electricidad. Hoy les quiero
explicar qué va a pasar en un futuro cercano con el precio de la luz gracias a este Gobierno y a esta ministra.
El próximo 1 de junio entra en vigor un nuevo sistema de tarificación de energía eléctrica que le va a subir la luz al español que trabaja y a las familias. La propia Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia dice textualmente que
los peajes de transporte y distribución se reducen, excepto para los consumidores que tienen tarifa 2.0 y 2.1. Es decir, se encarece para todos los consumidores: para los 18 millones de consumidores sin discriminación horaria y para los 11
millones de consumidores que tienen dos o tres periodos horarios de facturación. Además, cambian los periodos horarios de facturación subiendo las horas más caras y reduciendo las más baratas, y encima tienen la cara dura de decir que hay periodos
horarios en que la luz baja y que los consumidores tienen que trasladar sus consumos a esa hora. Señores del Gobierno, ustedes no lo sabrán, pero los españoles y las españolas no ponen la lavadora a las dos de la madrugada; a esa hora están
durmiendo porque a las siete trabajan. (Aplausos). El horno y la vitrocerámica no se encienden a las cinco de la mañana y el autónomo que tiene una cafetería no la abre a las tres de la madrugada. Señores del Gobierno, están tan despegados de la
realidad que no conocen cómo es España o, lo que es peor, la conocen y nos toman por tontos. (Muestra una gráfica). Miren, en esta gráfica se pueden ver las horas de mayor consumo eléctrico. ¡Qué listos son ustedes que han dicho: vamos a poner
las de mayor tarificación donde más consumen los españoles! Es decir, saqueo puro y duro a los españoles. (Aplausos). La nueva factura va a afectar a 29 millones de consumidores a los que, para que no les suba la luz, ustedes les acaban de decir
que se hagan noctámbulos.
Pero ¿por qué hacen esto? Porque en estos tres años de Gobierno van a lo fácil para mantenerse en el poder. Primero, porque se han fijado el objetivo de mantener el gasto público desorbitado a costa del español que trabaja, de las
familias, de los autónomos, de las empresas, y lo hacen mediante el saqueo continuado y premeditado de los bolsillos. Y, segundo, porque han hecho una Ley de cambio climático para electrificar la economía y, una vez que la tienen aprobada, suben la
luz a todos los consumidores. Eso es robar a los españoles con un oportunismo desvergonzado. ¿Y qué hace mientras la vicepresidenta
cuarta? Caos para el sistema eléctrico y heredar las peores decisiones del zapaterismo que tan devastador fue en el sistema eléctrico.
Les voy a poner varios ejemplos. Primero, hoy seguimos pagando los 30 000 millones de euros del regalo socialista a las eléctricas a través del déficit tarifario que se originó gracias a Zapatero por la supresión del mecanismo de control de
precios, lo que importantes dirigentes socialistas han reconocido que fue un error y un regalo que supuso un encarecimiento histórico de la luz. (Aplausos).
Segundo, por el injustificado retraso en la construcción del ATC de Villar de Cañas. Se han empleado un millón de horas de trabajo de Enresa y 47 000 horas de trabajo de los técnicos del Consejo de Seguridad Nuclear. Están bloqueando una
inversión de 1300 millones de euros, ocasionando unas pérdidas de 350 millones de euros y gastando la friolera de 72 000 euros al día por el traslado de residuos nucleares a Francia.
Tercero, por la connivencia cómplice de la ministra con los intereses eléctricos, que están provocando volatilidad y especulación a costa de las emisiones de CO2. Abril ha cerrado con el precio de la electricidad en 65 euros por megavatio,
un 62 % más que el año pasado, 4 más que durante el temporal de frío y nieve de Filomena. Esto se debe a que no se hace nada para evitar la repercusión de la subida del precio del CO2, que está por encima de 50 euros por tonelada. Ya les advierto
que hemos presentado una enmienda al Real Decreto-ley 34/2020 para evitar que el coste del CO2, estimado en 4825 millones de euros, repercuta en los consumidores. Fíjense qué diferencia: ustedes buscan un único beneficiario y 29 millones de
perjudicados y el Grupo Parlamentario Popular busca proteger a los consumidores. Solo en el mes de abril, el CO2 ha supuesto un coste extra de 250 millones de euros en la factura eléctrica. ¡Qué vergüenza la política energética de la izquierda y
de la extrema izquierda, la de enriquecer a los intereses eléctricos a costa de empobrecer las familias! ¡Qué vergüenza! (Aplausos).
Cuarto. Su transición ecológica, la suya, tiene un coste en destrucción de empleo, en cierre de actividad económica, en expulsar a la industria conservera de la costa española, en acosar a los agricultores y al mundo rural. Pero, además de
un coste, tiene un invento, que es el Fondo nacional de compensación del sistema eléctrico, que no puede ser más injusto y más ineficiente: subidas al diésel, principalmente a los agricultores y a la España despoblada; subidas del precio de la
calefacción, principalmente en el centro y el norte de España; subida de un 20 % del gas natural, y un coste para la industria de base de 2650 millones de euros en los próximos años. ¿Qué transición de pacotilla quieren hacer ustedes, que van
hacer que pague el autoconsumo de la placa solar de un chalé el que tiene un vehículo diésel en un pueblo que ni tiene chalés ni tiene placas?
Quinto. Las soluciones de la ministra para la Transición Ecológica no son proteger la industria ni favorecer la cadena de valor asociada a las energías renovables ni bajar impuestos para facilitar la descarbonización de la economía; esas
no. Sus soluciones son impuestos a los vertederos, impuestos a los gases, impuestos al sector aéreo, impuestos a la movilidad, impuestos al gasoil, especulación en el CO2 y especulación en la generación hidráulica. Ese es el eufemismo de la
fiscalidad verde, que no es otra cosa que meternos la mano en el bolsillo a los españoles. Ningún plan para las tecnologías de respaldo a la generación eléctrica, ningún proyecto nuevo de generación hidráulica reversible, amenazas a la energía
nuclear, ningún avance en las interconexiones eléctricas, papel mojado en el almacenamiento de energía y las infraestructuras de recarga eléctrica solo para las ciudades, abandonando al mundo rural. Si la ministra para la Transición Ecológica se
dedicase a gestionar solo la mitad del tiempo que se dedica a prohibir o a enriquecer a los grandes lobbies, a los españoles nos iría mucho mejor.
Señorías, frente a eso, quiero terminar con lo que hoy el Grupo Parlamentario Popular trae a debate, que es una proposición de ley para rebajar la factura de la luz con tres pretensiones sencillas. Primera, supresión del 7 % de impuestos a
la generación eléctrica. Lo queremos hacer por ley para generar un impacto de entre 1500 y 1600 millones de euros al año -lo que supone 20 euros al año en la factura por consumidor- y, además, para no generar distorsiones competitivas en un mercado
como el nuestro, en el que la generación eléctrica marca precios entre España y Portugal, ya que Portugal de entrada produce un 7 % más barato. Segunda, que los costes extra de generación eléctrica de los sistemas no peninsulares sean asumidos por
los Presupuestos Generales del Estado. Españoles somos todos y da igual donde vivamos, en Madrid, Jaén, Ceuta, Melilla, Baleares o Canarias. El hecho diferenciador no tiene que estar en el recibo de luz, sino en los Presupuestos Generales del
Estado, porque los territorios extrapeninsulares tienen que ser objeto de una política territorial, no de una política energética. Y, tercera, que la mala política energética de los Gobiernos de Zapatero y de Pedro Sánchez no se puede financiar con
el recibo. Después de que los Gobiernos del Partido Popular dejaran el sistema eléctrico con superávit, hemos
vuelto a déficits millonarios y extraordinarios que deben pasarse a los Presupuestos Generales del Estado durante los años 2021, 2022 y 2023 con un impacto de 2500 millones de euros anuales.
El conjunto de estas tres medidas supone un ahorro anual en la factura eléctrica de 100 euros al año que deberá ir acompañado, como no puede ser de otra manera, de la reducción de gastos innecesarios -que son muchos los que tiene su
Gobierno- y del límite a ingresar en el sistema eléctrico que proceda de la subasta de CO2. Si han fomentado la especulación y el saqueo a los bolsillos de los españoles subiendo de la luz, parece lógico que los sobreingresos que se han tenido por
el precio de CO2 reviertan en el consumidor.
Hoy los partidos que sustentan al Gobierno, la izquierda y la extrema izquierda, tienen que decidir si quieren bajar la luz a los españoles de forma inmediata y detener el devastador efecto del cambio de la tarificación que entra en vigor el
próximo 1 de junio o, por el contrario, si se quieren enrocar en su afán recaudatorio. El Grupo Parlamentario Popular, con responsabilidad y sensatez, ha presentado en los últimos meses una batería de medidas que redundan en la estabilidad del
sistema eléctrico y que bajan el precio de la luz. Hemos presentado un modelo de transición ecológica y energética sostenible, generador de riqueza y de empleo, inteligente, digital y alineado con Europa: nuestra propuesta relativa al Estatuto de
los Consumidores Electointensivos, el impulso a la cadena de valor de la industria de la movilidad eléctrica en España, nuestro plan nacional de infraestructuras de recarga multicombustible, el plan nacional de impulso a las energías renovables,
cien enmiendas a la Ley de cambio climático, el apoyo a las tecnologías disruptivas, el impulso al hidrógeno verde y un largo etcétera. Demostramos una vez más que otro modelo económico y otra forma de descarbonizar la economía son posibles.
Demostramos nuestro compromiso con la transición energética, nuestro compromiso con la lucha contra el cambio climático y, a diferencia del Gobierno socialista y de la extrema izquierda, lo hacemos generando empleo y riqueza, defendiendo a nuestra
industria y dando estabilidad a nuestro país. Hoy volvemos a insistir: con la bajada del precio de la luz van ustedes en mala dirección, lo están pagando los consumidores y usuarios eléctricos. Nosotros proponemos responsabilidad frente a
sectarismo, más apoyo frente a más impuestos, más libertad frente a más prohibición.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Requena. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
En turno de fijación de posiciones, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Mixto, en primer lugar, el señor Martínez Oblanca.
El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señora presidenta.
Buenas tardes. Resulta inexcusable la toma en consideración de esta proposición de ley que promueve medidas acuciantes para corregir una de las fechorías políticas más nocivas perpetradas por el Gobierno de Pedro Sánchez y que tiene su
reflejo en la abusiva factura que pagamos todas las familias, los autónomos, las pequeñas, medianas y grandes empresas y la industria. Ningún consumidor, ninguno, se libra en España del frenesí recaudatorio iniciado hace tres años con la llegada a
la Moncloa de la ministra para la Transición Energética, la señora Ribera, que nos ha colocado a la cabeza de los países europeos con el recibo eléctrico más elevado, lo que afecta a toda la economía y nos arrastra al desempleo y al empobrecimiento.
Valga de muestra que el pasado mes de abril la factura eléctrica alcanzó cifras récord, con una subida interanual de un 40 %, y los augurios para los próximos meses, como señalaba el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, son aún peores. Muy
pocos pagan en Europa un recibo de la luz más caro que los españoles. A partir de junio ningún europeo pagará más que un español en su recibo eléctrico. (La señora vicepresidenta, Pastor Julián, ocupa la Presidencia).
Señorías, alerto una vez más sobre las letales consecuencias de los precios energéticos para el sector industrial, clave económica de vital importancia para toda España, pero muy especialmente para Asturias, donde la preocupación es máxima
ante el riesgo de que continúe la destrucción de puestos de trabajo. Aunque hoy asistiremos a otra exhibición de engaños, y lo que la izquierda allí califica de estafa energética, aquí, en Madrid, se reconvierte en complicidad para desplumar sin
remilgos a asturianos y españoles. En definitiva, estamos ante una urgencia para poner término a la rapiña fiscal del Gobierno sobre la factura eléctrica. De ahí mi voto favorable a esta proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Pastor Julián): Muchas gracias, señor Martínez Oblanca. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores). Muchas gracias a los servicios de la Cámara.
Por el mismo Grupo Parlamentario, tiene la palabra el señor Mazón Ramos.
El señor MAZÓN RAMOS: Buenas tardes. Muchas gracias, señora presidenta.
El pasado mes de marzo tuvimos ocasión de debatir el tema de la factura eléctrica con motivo de una moción de Ciudadanos, si bien se refería en concreto a los sectores turístico y agrícola. En aquel momento ya llamamos la atención sobre la
conveniencia de reducir el precio de la energía eléctrica tanto en los hogares como en la industria, muy especialmente en lo referente a la industria electrointensiva. También con este motivo presentamos una proposición no de ley hace casi un año,
en junio de 2020.
En Cantabria el pasado mes de abril todos los principales agentes políticos, económicos y sociales, tales como los grupos parlamentarios del Parlamento de Cantabria, los sindicatos Comisiones Obreras y UGT, la CEOECEPYME de Cantabria, la
Federación de Municipios de Cantabria, las Cámaras de comercio de Cantabria y Torrelavega, los colegios profesionales de ingenieros industriales e ingenieros técnicos industriales y la Universidad de Cantabria, todos coordinados por el Gobierno
regional, se han unido en la denominada alianza para la industria de Cantabria en apoyo de la industria electrointensiva. Pues bien, la situación actual, tras las últimas modificaciones normativas y las que hoy se anuncian, no es en absoluto
satisfactoria.
Sin embargo, esta proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular condiciona todo a las respectivas leyes de presupuestos y también pretende algunas compensaciones confusas a pesar de su atractivo título. Además, debería llevar aparejado
un compromiso del proponente de hacer todo lo posible para apoyar la Ley de presupuestos y no utilizarla como arma arrojadiza para derribar al Gobierno, porque en realidad modificar impuestos reduciendo ingresos y cargar más gastos al presupuesto es
propio de la Ley de presupuestos. Cuando se debata se podría hablar con rigor sobre todo esto, a no ser que el PP ya haya decidido no apoyar los presupuestos de 2022, sean los que sean. Por eso, se nos plantean muchas dudas sobre su
intencionalidad.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Pastor Julián): Muchas gracias, señor Mazón. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores). Gracias a los servicios.
Por el mismo Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora Vehí Cantenys.
La señora VEHÍ CANTENYS: Gracias, presidenta.
Nos alegramos muchísimo de poder hablar de una de las cosas que más preocupan a la ciudadanía, que es el precio de la luz. La fotografía del invierno pasado fue espeluznante: Endesa, con más de 1300 millones de euros de beneficios en un
año mientras la factura subía y subía y los cortes de luz se repetían. Los ciudadanos y las ciudadanas de Figueres o de Font de la Pólvora sabrán de qué hablo. Y es que la indecencia de los beneficios de las grandes empresas es a costa de la
pobreza de las familias y también a costa de la privatización de agua, ríos, pantanos y barrancos. De eso también queríamos hablar hoy, de las concesiones fraudulentas de las centrales que solo en la Vall Fosca hacen que las empresas acumulen más
de 160 millones de euros de beneficio, repetimos, de forma fraudulenta.
Y es que para controlar los precios de la luz hay que ir al fondo del asunto, y el fondo del asunto es: ¿de quién es la energía? Desde nuestra perspectiva la energía debe ser pública -tanto quien la hace como quien la distribuye- y, por lo
tanto, debe responder a criterios de interés público. Debe responder a criterios de interés público porque la pregunta que nos hacemos antes es mucho más sencilla, y estamos seguras de que sus señorías estarán de acuerdo con nosotras: ¿sería
lógico que el agua, el cielo o el sol fueran de alguien? No. El agua, el cielo y el sol son bienes comunes y son de todas. Por lo tanto, la energía también es de todas. Por una energía pública y porque proliferen las empresas de energía pública.
Muchísimas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Pastor Julián): Muchas gracias, señora Vehí. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores). Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, tiene la palabra el señor Matute García de Jalón.
El señor MATUTE GARCIA DE JALÓN: Eskerrik asko, presidenta andrea.
Señorías, buenas tardes. Permítanme que empiece rompiendo lo que parece una sagrada tradición en este atril, que es la de proceder a replicar monólogo tras monólogo ante cada intervención -y con independencia de lo que a uno le digan-
aquello que se traía preparado. Usted, el representante del Grupo Parlamentario Popular, nos ha planteado una pregunta a los grupos que de una u otra manera sostenemos al Gobierno. La pregunta era si queríamos que bajara el precio de la factura
eléctrica, y yo creo que ante eso hay que responder con claridad. La respuesta es sí; sí para los ciudadanos y ciudadanas, no para las empresas que se han lucrado durante todo este tiempo. Si analizamos su iniciativa vemos que nuestro sí para que
baje la factura eléctrica tiene muy poco que ver con la propuesta que ustedes han presentado, que nuevamente utiliza como bastión, como guardia de choque, a los consumidores, a los y las ciudadanas, para ocultar en el fondo la verdadera intención y
dimensión de su propuesta, que no es otra que seguir poniendo más alfombras tupidas a las grandes eléctricas de este país, que antes eran públicas, para que sigan enriqueciéndose. Sí, es tan sencillo como eso, y yo lo entiendo. Cuando se ve que en
las bancadas de esta Cámara -y me da igual para qué lado mirar- se han sentado quienes ahora ocupan los consejos de administración de grandes empresas que antes eran públicas y ahora están privatizadas, se entiende muy bien por qué la obsesión de
seguir dándoles todo tipo de beneficios a estas empresas.
Nosotros creemos que la electricidad tendría que ser un bien para todos y para todas, con independencia de sus recursos, y no tanto un objeto de negocio, un objeto de comercio para el lucro de unos pocos, porque lo que ustedes nos plantean
es bajar los impuestos nuevamente a las grandes empresas. No se trata siquiera de controlar los precios haciendo que asuman una mayor carga a la vista de los millonarios -o milmillonarios, habría que decir- beneficios anuales que tienen, no, sino
bajarles los impuestos para que entre todos y todas paguemos a escote para que las eléctricas y los señores y señoras de sus consejos de administración -antes con carrera política- puedan seguir siendo millonarios a costa de todos.
Proponen bajarles los impuestos a las eléctricas por la producción, por ejemplo, del 7 % -que tampoco es que sea algo desmesurado- al 0 %, que seguramente es asumible para cualquiera, hasta para un obrero que no puede pagar la luz, pero
plantean también limitar el ingreso que pueda tener el Estado por las emisiones de efecto invernadero a un máximo de 2000 millones de euros para que no paguen demasiado las empresas, no sea que se les descuadren las cuentas. Proponen también que se
sigan dando compensaciones a la moratoria nuclear, yendo en contra de los vientos que recorren Europa y que quieren acabar con la energía nuclear. Pero ustedes plantean más cosas. Hablan del déficit eléctrico que se ha ido generando durante años
por las malas actuaciones de unos y otros Gobiernos. Y aquí no distingo entre colores, ustedes o ustedes, me da igual (señalando los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y del Grupo Parlamentario Socialista). Permítanme que mire
hacia allí (hacia los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso), pero puedo mirar hacia aquí también (hacia los escaños del Grupo Parlamentario Socialista). En cualquier caso, de los dos, se lo dejo claro, de todos los Gobiernos que
ha habido en el Estado español desde 1978, porque no cometeré la torpeza que algunos cometen de hablar de los peores Gobiernos de la historia obviando el periodo negro de la dictadura. Es decir, desde 1978 hasta ahora cualquiera que haya sido el
Gobierno no ha hecho otra cosa que favorecer los intereses eléctricos. Lo que plantean ahora es que asumamos todo el déficit eléctrico que han generado sus malas praxis y que además lo hagamos mediante Presupuestos Generales del Estado. ¿Cuándo en
esta Cámara va a traer alguien que no sea de la izquierda una propuesta que plantee, por ejemplo, que las pensiones se puedan sostener con los Presupuestos Generales del Estado? Nadie lo plantea, nunca lo han traído aquí. Siempre plantean que para
eso hacen falta mochilas austriacas o fondos privados de pensiones, pero nunca que puedan ir a los Presupuestos Generales del Estado, como en este caso sí se les ocurre como piedra filosofal o como fórmula mágica. Es decir, plantean que las
eléctricas, ganando más y más cada año, sigan si asumir ningún tipo de carga, solo amasando beneficios.
Creo que es bueno hacer un recordatorio de lo que ha pasado en el sector eléctrico del Estado español y creo que es bueno también que veamos cuáles son las tasas de beneficio que en la actualidad tienen dichas empresas. Endesa -por citar
una-, 1394 millones de beneficio neto en 2020, ocho veces más que el año anterior. Endesa, aquella empresa que era pública y ustedes -esta vez sí, ustedes (mirando hacia los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso)- privatizaron.
¿Se acuerdan? Empresa pública que privatizaron y que ahora está en manos de la eléctrica italiana ENEL, cuyo mayor accionista es el propio Estado italiano. (Rumores). Sí, estoy en ENEL -estoy en ENEL-, cuyo mayor accionista es el
Estado italiano. Es decir, ustedes impiden que el Estado español o que los Gobiernos del Estado español intervengan en lo público y, sin embargo, desde Italia... (Rumores). Tranquilidad, tranquilidad. (Rumores). Yo le estoy escuchando
perfectamente. Cuando tenga la palabra, hable.
La señora VICEPRESIDENTA (Pastor Julián): Silencio, señorías.
El señor MATUTE GARCÍA DE JALÓN: Si lo que tiene es incontinencia verbal, pida más turnos de palabra, pero déjeme terminar a mí. (Aplausos).
Como le decía, ENEL es la máxima accionista de Endesa. ENEL está participada por el Gobierno italiano y ustedes aquí se niegan a que el Gobierno español participe en cualquier eléctrica, porque dicen que va contra las normativas europeas.
Aclaren este entuerto a los ciudadanos, porque se lo agradecerán, y así no verán cómo se enriquecen los italianos con el coste de las facturas de los ciudadanos y ciudadanas españolas. Pero podríamos hablar de Iberdrola, con 3610 millones de
beneficio; una empresa, en este caso vasca -por qué negarlo-, que contaba con participación pública mediante las cajas de ahorros vascas, pero que también desde el Gobierno vasco en este caso se encargaron de vender y dejar únicamente en manos
privadas; también porque lo pedía la Unión Europea y también contraviniendo el propio caso de Enel que les he puesto como ejemplo. Entre Endesa e Iberdrola controlan el 70 % del mercado energético, un verdadero oligopolio milmillonario. Pero
podíamos hablar de Naturgy, con 1026 millones de beneficio en 2020, 383 millones solo de enero a marzo de 2021; otra empresa -lo recordarán ustedes, y miro a todos, para que nadie se ofenda- proveniente de empresas públicas que también fueron
privatizadas, porque les sonarán: Enagás, Unión Fenosa, Naturgy, todas privatizadas. Y así podríamos seguir con otras muchas; por ejemplo, Red Eléctrica, con 621 millones, otra empresa que también era pública y que también hoy es privatizada.
Frente a esto, frente al modelo que ustedes plantean y con esta realidad, existen otras alternativas. Existe, por ejemplo, que no les bajemos los impuestos a las eléctricas sino que se los subamos, que se lo subamos atendiendo a los
beneficios que he señalado ahora, no por castigo sino porque si se han beneficiado de manera evidente durante la COVID o la crisis derivada de la pandemia, también parece razonable que aporten más. ¿O es que sólo son patriotas los 12 de octubre?
¿O es que solo son patriotas cuando tienen que lucir pulserita y no lo son para socorrer o soportar la carga que sufren sus ciudadanos y a la vez sus consumidores y clientes? Es verdad, dos euros al mes como bajada de tarifa eléctrica parece un
poco vergonzoso cuando estamos viendo los beneficios que amasan.
Pero podríamos decir más, podríamos hablar de las puertas giratorias a las que hecho mención al inicio. Podríamos señalar por qué en el fondo nunca se atreven a ir contra las grandes empresas eléctricas, porque saben que es la verdadera
salida profesional para muchos de ustedes, si no, no hay más que ver todos los consejos de administración de todas estas empresas, antes públicas y ahora privatizadas, agarrándose a la liberación, esa palabra que tanto les gusta, que no ha hecho
sino malvender lo que era de todos, ponerlo en manos de unos pocos, comprar a unas cuantos para que se beneficien los de siempre. Ese es un mal negocio y desde luego con nosotros no cuenten para esas cosas.
La señora VICEPRESIDENTA (Pastor Julián): Muchas gracias, señor Matute. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores). Muchas gracias a los servicios de la Cámara.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea.
La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias, presidenta. Arratsalde on.
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presentó el pasado enero de 2021, en sede parlamentaria, una proposición de ley que supone modificaciones de dos de las leyes más importantes del sector energético: la Ley del Sector Eléctrico y
la Ley de Medidas Fiscales para la Sostenibilidad Energética. Es cierto que la proposición se enmarca durante las primeras semanas del año 2021, en las que el sistema eléctrico experimentó un encarecimiento sustancial de los precios con máximos
históricos, con el consecuente impacto negativo en la factura eléctrica de los consumidores. Como consecuencia de este hecho, como parte del fundamento de sus planteamientos, la proposición se basa en la necesidad de adoptar medidas para adaptar el
diseño regulatorio a los cambios estructurales de los mercados de energía y contribuir con ello a reducir la factura eléctrica, garantizando así la sostenibilidad económica y financiera del sistema eléctrico, así como la seguridad del suministro.
Sin embargo -hay que decirlo-, hoy hemos asistido a un discurso -siento decirlo- un tanto demagógico acerca de la subida de la luz,
porque hoy estamos ante un problema que ya existía antes, también cuando ustedes gobernaban, y que no quisieron afrontar. Se negaron a trasladar a los Presupuestos Generales del Estado la deuda de los extracostes. Se negaron a rebajar el
tipo del impuesto que hoy tratan de reducir; claro, era un impuesto que habían solicitado ustedes, que lo habían impuesto ustedes. Si tanto les preocupa el precio de la luz, por qué no tomaron en su día estas medidas que solicitamos algunos grupos
políticos. Al final, unos y otros cuando han estado en el Gobierno no han hecho nada o más bien poco; lo único que han hecho ha sido tirarse los trastos a la cabeza unos a otros, y esto no puede ser. Unos señalaban las condiciones climatológicas
y los precios de otros recursos naturales y, por otro lado, el PSOE también decía que las subidas empobrecían al país y viceversa. Creemos que esta no es la fórmula. Si todos buscamos el mismo fin, que es abaratar el precio de la luz, pongámonos
de acuerdo y trabajemos conjuntamente en ello. Yo creo que no hay nada más. Es cierto que, como he dicho, es un planteamiento que obedece a una oportunidad política en un momento y en una circunstancia concreta, pero con un matiz: que el
encarecimiento sustancial de los precios del mercado son puntuales, que lo que hay que ver también, a nuestro juicio, es la media anual del mercado y además hay que tener en cuenta que los mercados de futuros en España están indicando una tendencia
decreciente del precio del mercado.
Es una proposición de ley en la que las medidas propuestas por ustedes se pueden considerar complementarias para descargar a la electricidad de los costes ajenos al suministro de electricidad y que pueden aliviar esa factura, es cierto. Son
unas medidas que este grupo también ha defendido en numerosas ocasiones, pero también creemos que deberían ir acompasadas, si cabe, a todos los cambios normativos que está proponiendo y que ha propuesto ya el Gobierno como, por ejemplo, las tarifas
de acceso, el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, reforma del mercado eléctrico, reforma de la fiscalidad en la Ley de cambio climático recientemente aprobada, compensación del CO2 a la industria. Con carácter general, es
cierto, estamos de acuerdo con esas líneas básicas propuestas en el documento, sin embargo diferimos en cuanto a las compensaciones propuestas y desde luego echamos mucho de menos una memoria económica básica del análisis de los impactos de la
proposición en las tarifas de acceso, así como también la cuantía que se estima recaudar por los derechos de emisión, que parece que difieren bastante, y que han de ser suficientes no solamente para compensar la reducción del impuesto de la
producción de energía eléctrica que aquí se propone sino también para esa compensación de CO2 que se aprobó mediante enmienda a la Ley de cambio climático para actuaciones en la lucha contra el cambio climático, si bien no hay que olvidar tampoco
que el 90 % de las subastas de los derechos de emisión se pasan ya al sistema eléctrico. Por tanto, diferimos en ver cómo se va a compensar todo eso, si va a llegar. Por otro lado, junto con las propuestas de modificación, se echa en falta lo que
he dicho, una memoria económica básica de los análisis de los impactos de la proposición en las tarifas de acceso. Más allá, desde luego, de una transición energética que incorpore a la regulación las transformaciones estructurales de los mercados
y permita seguir salvaguardando la eficiencia económica en la seguridad del suministro, lo que a nuestro juicio sería necesario es afrontar una verdadera reforma fiscal integral medioambiental eliminando los impuestos recaudatorios, para lo que es
necesario un plazo para su formulación y también un gran consenso político.
Por todo ello, a pesar de estar de acuerdo con las medidas, pero teniendo ciertas dudas respecto del cómo y el impacto, y dado que ya se están adoptando medidas para abaratar el coste de la luz, teniendo en ciernes además una reforma del
mercado eléctrico y una reforma fiscal cuyo objetivo es precisamente reducir el precio de la electricidad, eso sí, sin eliminar, también hay que decirlo, aquellas rémoras del pasado, eliminando de la factura los costes ajenos al suministro de la
electricidad -que tampoco ustedes quisieron abordar-, mi grupo parlamentario se va abstener. De verdad, si todos estamos de acuerdo en que hay que abaratar el precio de la luz, hagámoslo, pongámonos de acuerdo, empecemos a hablar, no nos tiremos
los trastos a la cabeza porque es el mejor momento. Hagámoslo.
Gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Pastor Julián): Muchas gracias, señora Sagastizabal. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores). Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Martínez Granados.
La señora MARTÍNEZ GRANADOS: Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías.
Debatimos hoy en el Pleno la toma en consideración de una proposición de ley relativa a la modificación de la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales para la Sostenibilidad Energética, y de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre,
del Sector Eléctrico, para la reducción de la factura eléctrica. Señorías
del PP, tengo que decirles que el título de este proyecto de ley es perfecto. En Ciudadanos estamos completamente de acuerdo en que debemos trabajar en lo que a nuestro ámbito se refiere para reducir el coste de la factura eléctrica, eso
por supuesto; de hecho, hemos presentado iniciativas para intentar conseguirlo y no solo para los hogares sino también para nuestras empresas, para nuestra industria, que tiene en este coste uno de los lastres que le impiden seguir creciendo.
Pero, sinceramente, esta proposición de ley, aunque tiene algún elemento positivo, lo mejor que tiene es el título; de hecho, parece que es un título pensado por Iván Redondo, que está acostumbrado a hacer eslóganes y no pensar en la política útil
y escuchar a los ciudadanos, por eso nos sorprende bastante.
En 2012, el Partido Popular aprobó la Ley 15/2012, cuyo principal elemento era el impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica, el que ahora quieren dejar sin contenido, y proponen en esencia que los costes del sistema
eléctrico corran a cargo de los Presupuestos Generales del Estado. (Rumores).
La señora VICEPRESIDENTA (Pastor Julián): Silencio, por favor.
La señora MARTÍNEZ GRANADOS: Lo cierto es que este razonamiento llama la atención. En el mismo preámbulo de la ley, el Partido Popular entonces afirmó que aprobaba este impuesto con el fin de favorecer el equilibrio presupuestario, ¿y
ahora quieren imputar estos costes a los Presupuestos Generales del Estado? ¿Ya no le importa al Partido Popular el equilibrio presupuestario que antes sí defendía? Dicen que quieren reducir el coste de las facturas de los consumidores. Vuelvo a
repetir, en Ciudadanos tendrán siempre nuestra mano para reducir la factura de nuestros consumidores, pero ¿cómo se financia el agujero económico que crean introduciendo esta partida en los presupuestos? Se financia vía impuestos. Señores del PP,
al menos una de estas dos afirmaciones que hacen es falsa. Por un lado, pretenden subir los impuestos a los españoles para cubrir el agujero en los Presupuestos Generales del Estado y los consumidores acaban peor que como empezaron. Porque de esto
tienen que ser conscientes todos los españoles, si se lleva esa partida a los Presupuestos Generales del Estado, significa subir otro impuesto. Y le digo una cosa, significa dejarlo en manos de este Gobierno, que se levanta una mañana y dice que
suben los impuestos a los que ellos llaman más ricos, pero ya les digo que finalmente los pagamos todos, fíjense en la eliminación de la tributación conjunta, con lo cual, un poco de miedo sí que da. Y la otra opción es que de verdad no pretendan
subir los impuestos y entonces no les importa para nada el equilibrio presupuestario. No sé cuál de las dos es peor, porque los españoles no se merecen ninguna de estas dos opciones. Pero bueno, podría aparecer una tercera opción, y es que esta
partida en los Presupuestos Generales del Estado se financiara reduciendo ese gasto ineficiente que tiene este Gobierno con veintidós ministerios y no sé cuántos miles de asesores, pero, sinceramente, usted y yo estaremos de acuerdo en que eso con
este Gobierno va a ser imposible. Aparte de esta cuestión de principio, tenemos el problema de la técnica legislativa de que algunos de los cambios que se proponen han quedado sin sentido tras la aprobación de la Ley de cambio climático, y menos
sentido tendrán con la futura ley del Fondo Nacional de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, pero esto ustedes ya lo sabían; ahí tenemos oportunidad de enmendar y de hacer muchísimas cosas para reducir la factura. Quizás la motivación real será
que quieren seguir boicoteando este fondo de sostenibilidad y han querido utilizar una herramienta más, que también lo respeto.
Hay otros elementos de la propuesta que nos parecen más interesantes, como es el caso de los sistemas insulares, dados los particulares retos a los que se enfrentan. (La señora presidenta ocupa la Presidencia). Porque se trata únicamente
de la toma en consideración, votaremos que sí, porque creemos que, si se toma en consideración, podremos incluir enmiendas adecuadas e intentaremos mejorar un texto futuro. Pero solo votaremos que sí por esto, porque podrá arreglarse vía enmienda,
no por el contenido que han traído aquí hoy. Señorías, como les decía, tenemos que ser serios, tenemos que estar a la altura de las circunstancias, así que en Ciudadanos vamos a trabajar para avanzar en la sostenibilidad energética y en algo tan
importante para el día a día de los españoles y de nuestra industria como es abaratar la factura eléctrica, pero lo haremos buscando consenso, buscando soluciones, no haciendo ejercicios de contorsionismo parlamentario para sacar rédito electoral de
medidas que realmente tenemos que buscar que mejoren la vida de los ciudadanos. Es el momento de pensar en el interés general, señorías. Como bien ha dicho la compañera Idoia Sagastizabal, ¿por qué no nos sentamos y hablamos de lo que podemos
hacer, si todos estamos de acuerdo en que es el país con la energía eléctrica más cara? ¿Por qué no ayudamos a nuestra industria, a las familias que ahora más lo necesitan? Sentémonos, hablemos en la Comisión correspondiente, pero no con este
contenido, porque no termina de ser serio. Por eso ahora
seguiremos trabajando para reducir la factura. Vienen muchos proyectos de ley en los que podremos introducir enmiendas para reducir la factura, y en Ciudadanos seguiremos trabajando para conseguirlo.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Martínez. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra en primer lugar el señor Rego Candamil.
El señor REGO CANDAMIL: Gracias, señora presidenta.
Las nuevas tarifas de la luz que entran en vigor el 1 de junio benefician, sin duda, a las compañías eléctricas, pero perjudican a las familias, a las pymes y al conjunto de la economía en plena crisis, fundamentalmente a pequeñas empresas,
comercios, hostelería o explotaciones ganaderas que no pueden adaptar sus horarios. Es evidente que la factura eléctrica está determinada hoy por el lobby energético y por las puertas giratorias, que parece que funcionan muy bien tanto para el PSOE
como para el Partido Popular, pero están en contra de la mayoría social, encareciendo la factura de la luz en el peor momento. Y frente a esto, lo que se precisan no son solamente pequeñas reformas -aunque el BNG las defiende siempre que sean
positivas-, sino una trasformación total del sector si queremos que la producción de energía eléctrica esté en función del interés público y social. Suprimir un impuesto a las empresas eléctricas no nos parece el mejor camino, porque además es
evidente que no se garantiza que realmente la rebaja de costes acabe por llegar a las personas consumidoras. Lo que se necesita, de verdad, es la nacionalización de las grandes empresas eléctricas, que es lo que haría un Gobierno verdaderamente de
izquierdas y, en el caso de Galiza, una tarifa eléctrica galega que responda a nuestra condición de país productor excedentario de energía eléctrica, una tarifa que suprima los costes que realmente no tenemos, como los de transporte, y que haga
justicia con nuestro país bajando -puesto que ya pagó y paga los costes sociales y ambientales de producir sin tener nunca beneficio de ello- el precio de la luz. Seguiremos reclamándolo.
Obrigado.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rego.
Por el mismo grupo parlamentario, tiene la palabra el señor Baldoví Roda. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
El señor BALDOVÍ RODA: Moltes gràcies, presidenta.
Se dice que el misterio de la Santísima Trinidad es un misterio inaccesible para la inteligencia humana, pero hay otros, por ejemplo este: ¿por qué el PP nunca hace estas propuestas cuando está gobernando? Otro más: ¿por qué ni PP ni PSOE
quieren que se haga una auditoría real del coste del sistema eléctrico? Y otro más: ¿por qué hemos de pagar todos los kilovatios al mismo precio si unos kilovatios cuesta producirlos un precio y otros cuesta otro precio? ¿Por qué le regalamos a
las eléctricas estos kilovatios caídos del cielo? Y eso que las eléctricas españolas son de las más rentables de Europa. El año pasado, año de pandemia, repartieron beneficios: beneficios de Iberdrola, 3610 millones; beneficios de Endesa, 1394
millones; ¿Y qué hace el PP? ¿Meterse con los beneficios de las eléctricas para que reviertan en una bajada de la factura? ¡No! ¿Hacer que se pague a las empresas eléctricas el coste real de lo que cuesta producir un kilovatio? ¡No! Lo de
siempre, la excusa, bajar un impuesto para subirlo luego vía Presupuestos Generales del Estado, porque, al final, ¿quién acaba sufragando los Presupuestos Generales del Estado? Todos, ¡todos! Al final, las eléctricas se quedan igual y todos nos
hacemos cargo para que ellos no pierdan ni un solo céntimo. En definitiva, lo de siempre, demagogia barata del Partido Popular.
Moltes gràcies.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Baldoví.
Finalmente, también por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra el señor Bel Accensi. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
El señor BEL ACCENSI: Gràcies, presidenta.
Señorías, antes de llegar a esta Cámara, ya tenía la percepción de que legislar en caliente no suele ser una buena idea. A lo largo de estos años, unos cuantos en el Senado y unos cuantos en el Congreso, constato firmemente que legislar en
caliente es una mala idea. A veces, a corto plazo y en términos de rentabilidad política, alguien puede sacar algo, pero a medio y largo plazo, en términos políticos y en términos de eficiencia económica, es muy mal negocio. Y esta propuesta es un
ejemplo de ello. Esto es
una legislación oportunista y muy en caliente. Ustedes presentan esto a finales de enero después de que las dos o tres primeras semanas de enero el precio de la energía se disparase. ¿Por qué? Por unas circunstancias climáticas y
coyunturales muy específicas y por una legislación que ya estaba en vigor desde hacía muchos años y que no les había preocupado cambiarla ni modificarla. Por tanto, nosotros no vamos a apoyar esta iniciativa.
Pensamos que se debe afrontar un debate sereno, tranquilo y con una visión a medio y largo plazo en torno a los precios de la energía, y no solo para los consumidores finales, no solo para los hogares, que es fundamental, sino también para
la industria. En estos momentos la industria paga un precio de energía asimétrico según en qué territorio esté establecida la empresa, y no estamos hablando de grandes empresas, estamos hablando de pequeñas y medianas empresas. Por tanto, esto se
deberá afrontar. Por otro lado, no nos parece de recibo -y se lo ha dicho algún otro orador u oradora-, porque ustedes las propuestas de modificación que hacen en esta proposición de ley es modificar la Ley de Medidas Fiscales para la
Sostenibilidad Energética en torno a la energía de 2012, aprobada por el Partido Popular, y rebajar el impuesto sobre la electricidad del 7 % al 2 %. Ustedes me dirán: es que la coyuntura es diferente. Es verdad, ustedes gobernaban y ahora no
gobiernan. Están modificando la Ley del Sector Eléctrico, de 2013, que también impulsó el Partido Popular, los sobrecostes de la producción en territorios extrapeninsulares. La situación es muy similar, prácticamente la misma. La diferencia es
que unos gobiernan y otros están en la oposición. Por tanto, sería bueno que fuéramos capaces de afrontar este debate con una cierta perspectiva, con una cierta visión de Estado -me permito recomendarles que tengan unos y otros esta visión de
Estado- y que se pudiese dar un mensaje no oportunista, porque la percepción que queda en estos momentos en la ciudadanía es que el problema de los precios de la energía eléctrica es un arma arrojadiza de unos a otros, pero no hay una percepción de
que se quiera solucionar el problema realmente. Por tanto, nosotros no vamos a apoyar esta iniciativa.
Muchísimas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Bel. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra el señor Capdevila i Esteve.
El señor CAPDEVILA I ESTEVE: Bona tarda, senyora presidenta.
Señorías, celebramos que el Partido Popular inicie con este debate el Pleno de esta semana; un tema que, si bien no inspirará grandes titulares ni gran expectación mediática, importa y afecta, y mucho, a miles y miles de empresas,
trabajadores autónomos y por supuesto a miles de consumidores y a todos los hogares. Y hasta aquí -lo siento, señor Requena-, mis halagos. Ocho años después de la aprobación de la Ley del Sector Eléctrico es evidente que la norma debe modificarse
y adaptarse a los cambios estructurales, a los tecnológicos, a la asunción de la emergencia climática y, como bien dicen ustedes, debe contribuir a reducir la factura eléctrica, que menudos sustos nos ha dado estos últimos meses. Sin embargo, señor
Requena, recelamos de que estos cambios sean efectivos si provienen del partido del señor Aznar, del partido que impulsó la reforma del sector eléctrico, que favoreció, sin duda alguna, al oligopolio eléctrico; del partido que, junto con el PSOE
-sí, sí, habrá para todos-, ha sido el mayor usuario de las puertas giratorias que conectan directamente Moncloa con los consejos de administración. En el próximo debate prometo traer actualizado el 'puertagirodómetro', si se le puede llamar así.
Por ello, sorprende que la solución para poner fin a los múltiples agravios que, sin duda, compartimos que existen en el modelo actual, pase precisamente por estas reformas que ustedes proponen en su proposición de ley.
Esquerra Republicana defiende un modelo energético que impulse las energías cien por cien renovables, de kilómetro cero, y la democratización del mercado eléctrico. Tenemos claro que no solo se trata de sustituir las energías fósiles por
otras más limpias. El cambio, la verdadera transición, es transformar un modelo basado en grandes oligopolios energéticos en un modelo donde la ciudadanía juegue un papel central más allá del consumo, donde juegue un papel principal la producción y
la gestión de la energía. Eso es la generación distribuida. Y esto, señorías del PP, no se soluciona con los parches que hoy vienen a proponernos aquí. Voy por partes. Primero, reforma del sector eléctrico. Como ya he dicho, estamos totalmente
de acuerdo con una reforma del sector eléctrico, y prueba de ello es la insistencia de Esquerra Republicana de introducir este debate en una de las leyes más importantes que hemos tramitado durante esta legislatura, la Ley del cambio climático. No
en balde, hemos conseguido que se apruebe que en un año -esperemos que cumplan; luego hablaré de incumplimientos- el ministerio y CNMC revisen la Ley del Sector Eléctrico, y eso está en la Ley del cambio climático, que trate de los
siguientes temas: la participación de los consumidores en los mercados energéticos, incluida la respuesta de la demanda mediante la agregación independiente; las inversiones en la generación de energía renovable, variable y flexible, así
como la generación distribuida de la que le hablaba antes; el almacenamiento de energía; el aprovechamiento de las redes eléctricas; el uso de la flexibilidad para su gestión y los mercados locales de energía; el acceso de los consumidores de
energía a sus datos y la innovación en el ámbito energético. Señorías del PP, ya ven que estamos convencidos de que esta reforma debe llegar y pronto. Una reforma que deberá ser analizada con profundidad, con serenidad y sin prisas. Buenas son
todas las aportaciones para enriquecer el debate, pero no más parches.
Sobre su propuesta de reducir el impuesto sobre la producción eléctrica al 0 %, ustedes saben que hace muy poco conocimos una sentencia de Europa que avala precisamente este impuesto. Por tanto, aunque somos conscientes de su evidente
impacto en el precio, nos remitimos a lo dicho en el punto anterior. Ustedes aquí lo que proponen son parches, y en una situación de oligopolio no hay ninguna garantía de que bajando los impuestos estos lo repercutan en los consumidores.
Otra propuesta interesante que nos traen aquí es que algunos de los costes regulados sean financiados por los Presupuestos Generales del Estado. Perdónenme la sonrisa. Como principio general nos puede parecer bien, pero con ello no estamos
solucionando el foco del problema, lo que estamos haciendo es trasladar el problema a otro sitio. Y, siguiendo con nuestro espíritu propositivo, señor Requena ¿no cree que sería mejor revisar los costes del sistema? ¿O exigir que la retribución
sea justa y no tenga lugar sobre inversión en redes, sobre todo del transporte, si avanzamos hacia un modelo de generación distribuida? Y la madre de los huevos, si lo que queremos es centrarnos en rebajar el precio de la energía, hay que aumentar
la competencia del sector, evitando a toda costa la concentración en unos pocos grupos empresariales, descentralizando la energía y empoderando al consumidor. Hablan ustedes del impacto del precio del CO2 como uno de los causantes del incremento de
la luz. De acuerdo, pero asumamos de una vez que estos precios han llegado para quedarse y, por tanto, ya no hay que continuar mirando hacia otro lado; hay que afrontar ya un proceso real de descarbonización.
Resumiendo, el PSOE necesita valentía para afrontar de una vez por todas una reforma profunda, no de parches; que se afronte de manera valiente la muy necesaria reforma fiscal, teniendo en cuenta que a gritos nos está indicando la ciencia
que no podemos seguir manteniendo el sistema de los niveles de emisiones de CO2 y la economía y hay que internalizar estos costes. Y hablando de eficiencia y competitividad, ¿para cuándo, señores del PSOE, el reglamento de redes cerradas?
La señora PRESIDENTA: Señor Capdevila, ha finalizado su tiempo. Muchas gracias.
El señor CAPDEVILA I ESTEVE: No sabe lo que lo siento, porque era bastante interesante lo que iba a decir. (Risas).
La señora PRESIDENTA: No tenemos dudas, señor Capdevila, pero lo lamento. (Aplausos.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra el señor López de Uralde Garmendia.
El señor LÓPEZ DE URALDE GARMENDIA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señor Requena, ¿qué ha comido usted hoy? Ha venido con una incontinencia verbal... Hablando de atraco, de saqueo, de confiscación de los ahorros. Y uno piensa, ¿de qué está hablando? Y resulta que cuando uno lee la proposición de ley ve
que está hablando de un impuesto que crearon ustedes. Después de aplicar todos esos epítetos, resulta que está hablando de un impuesto que crearon ustedes: el impuesto sobre el valor en la producción eléctrica.
¿Queremos reducir el precio de la luz? Sin lugar a dudas. Pero, fíjese usted, nos ha dicho que, según su propuesta, la reducción de la tarifa sería del 11 %. Eso lo dice en el escrito; hoy lo ha subido un punto más, al 12 %. A mí me
gustaría hablar de la propuesta del Gobierno, la propuesta de creación de un fondo de sostenibilidad del sistema eléctrico que generará una rebaja del 16 % de la factura de la luz. Y les voy a explicar cómo. Es decir, es el Gobierno quien está
trabajando realmente en una reducción de la factura de la luz, evitando, además, que sea el Estado quien asuma esa reducción de los costes, lo cual nos beneficiará colectivamente. Permítame, en primer lugar, destacar que es la aportación de las
energías renovables al sistema eléctrico la que permite la reducción más eficaz y estable de la factura. Este Gobierno ha adoptado más de cincuenta medidas de reforma de mercado, de planificación, de estrategia
para acelerar la integración de las renovables, el almacenamiento, el autoconsumo y la eficiencia energética, con el objetivo de reducir progresivamente la factura de los consumidores y reducir también las emisiones contaminantes.
Esta acción política decidida contrasta, por cierto, con las políticas que aplicó el Partido Popular durante el Gobierno de Rajoy que, por el contrario, pusieron todos los obstáculos posibles al desarrollo de las energías renovables,
generando el desmoronamiento del sector en España y la pérdida de miles de puestos de trabajo. La falta de interés del Partido Popular por la descarbonización del sistema energético y la lucha contra el cambio climático viene de atrás, como es por
todos conocido, y se ha plasmado también en su abstención en la votación de la Ley de cambio climático. Es una pena que no dejen atrás sus complejos y se unan decididamente a quienes luchamos contra el cambio climático.
En términos fiscales, la propuesta que trae el Grupo Popular propone eliminar tasas, pero sin dar otra alternativa a la financiación que los Presupuestos Generales del Estado. Es imposible construir un país con servicios públicos de calidad
a base de la eliminación constante de impuestos. Por cierto, el impuesto sobre el valor de producción energética, como ya he dicho, lo crearon ustedes mismos. En lo referido a los altos precios de la electricidad a comienzos de 2021, cuando se
presenta la proposición de ley, la propia proposición de ley reconoce que se debe a causas coyunturales, pero conviene recordar que durante 2020 el precio medio del mercado mayorista fue casi un 30 % más barato que en 2019, y el más bajo en
diecisiete años.
Ciertamente, nuestro sistema energético tiene desequilibrios que deben corregirse. Lo dice su propio comité de expertos, según el cual (muestra un gráfico), mientras que el 74 % de la energía consumida proviene de fuentes fósiles -gas y
petróleo-, el 26 % es eléctrico. Sin embargo, el pago del sistema proviene, en un 87 %, del sistema eléctrico y solamente un 12 % de las industrias de gas y petróleo. Esta situación hace que el peso impositivo para la electricidad sea mucho mayor,
lo que incide en un aumento de la tarifa eléctrica. Esto es imprescindible para corregir este desequilibrio respecto al resto de Europa, donde los costes entre electricidad y combustibles fósiles están mucho más repartidos, así como impulsar la
descarbonización progresiva. Por ello se está trabajando en la creación del fondo nacional para la sostenibilidad, cuyo objetivo es precisamente sacar de los costes fijos que se pagan en la factura de la luz los costes asociados al régimen
retributivo específico de las renovables, cogeneración y residuos. Este gasto -alrededor del 16 % de la factura, como le he dicho- pasará a ser sufragado por el fondo de nueva creación, que se nutrirá de las aportaciones de todos los operadores
energéticos, es decir, de las empresas. La recaudación de tributos regulados por la Ley 15/2012 de los ingresos de las subastas de CO2 busca intensificar el proceso de descarbonización, que pasa por la electrificación al liberar costes del recibo
eléctrico y trasladarlos a otros más contaminantes. Se pretende con ello dar señales a los operadores que están realizando importantes inversiones en transición energética, tal y como contempla el PNIEC.
Evidentemente, Unidas Podemos es partidario de una profunda reforma del sector eléctrico. Así lo hemos dicho y lo venimos diciendo. Hay otros asuntos que deben ocuparnos y que, desgraciadamente, no están en su proposición de ley como, por
ejemplo, el relativo a la fijación de los precios en el mercado mayorista de la electricidad. Es necesario introducir cambios normativos para acabar con la sobrerretribución, conocida como beneficios caídos del cielo -ya el nombre habla por sí
mismo: beneficios caídos del suelo-, que reciben las eléctricas por la forma en la que se fija el precio de determinadas tecnologías que fueron instaladas en un marco regulatorio diferente, anterior a la liberalización, y que han recuperado
sobradamente los costes de inversión, fundamentalmente la nuclear y la hidráulica. Desgraciadamente, este asunto no se aborda.
Hay otras cuestiones, que otros ponentes anteriores han abordado, como es el caso de la necesidad -que, desde luego, nosotros en Unidas Podemos compartimos y defendemos- de una empresa eléctrica de electricidad y, en definitiva, de esa
profunda reforma del sector eléctrico, pero los pasos que se están dando van en la dirección de reducir sustancialmente la factura de la luz para los consumidores.
En definitiva, encontramos que la propuesta del Gobierno para abordar el coste de la energía eléctrica es más profunda, más efectiva y más completa que la propuesta del Grupo Popular. Además de abordar el coste de la factura eléctrica para
el consumidor, lo hace de manera que, al mismo tiempo que se reduce la factura, se impulsa la descarbonización. Por este motivo, votaremos que no a su propuesta. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor López de Uralde. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Manso Olivar. (Aplausos).
El señor MANSO OLIVAR: Buenas tardes, señora presidenta. Buenas tardes, señorías.
Se queja el señor Bel de por qué tenemos que discutir esto en caliente. La verdad es que al paso que vamos van a dictar ustedes qué cosas se pueden discutir o no, porque creo que más en caliente que se ha discutido la Ley de eutanasia
aquí... (Aplausos).
Yo creo que es verdad que los señores del Partido Popular son un poco oportunistas y aprovechan la fuerte subida de la luz, un 50 % entre este año y el año pasado, o datos como que pagamos un 7,2 % más por el precio de la luz que la media
europea, pero, precisamente por eso, tenemos aquí una oportunidad muy buena, no digo para discutir hoy, puesto que estamos aceptando a tramitación un proyecto de ley, sino para empezar a pensar sobre muchas de las reflexiones que se han hecho hoy.
Al señor Baldoví, que dice: oiga, cobren ustedes lo que tienen que cobrar, le digo que lo que tienen que cobrar sería 12,60 céntimos por kilovatio/hora, porque la diferencia hasta 22,98 céntimos por kilovatio/hora son impuestos; son impuestos,
señor Baldoví. El 45 % de la factura son impuestos.
Los señores del PP, efectivamente, nos proponen eliminar un impuesto que ellos mismos crearon, y nos parece realmente muy bien, y pretenden recuperar la pérdida de la recaudación a partir de la subida de los derechos de emisión de gases de
efecto invernadero, que ha subido mucho -luego hablaremos sobre este tema, porque eso ya nos está diciendo algo-, y nos proponen también trasladar esta bajada en el precio en tres meses. Nosotros siempre les decimos: son ustedes un poquito
tímidos. Oigan, en un mes, en cuanto se apruebe; si en cuanto esto se apruebe, entra en vigor al día siguiente. ¿Pero, realmente, cómo hemos llegado aquí? Todo empezó con el Real Decreto 661/2007 del señor Zapatero. El señor Zapatero les hizo
una promesa de rentabilidad a las renovables del 7 % con la garantía del Estado. Los bonos de deuda pública pagaban el 4,3 %. Era maravilloso; tenía usted un bono público que producía un 50 % más. Pero, claro, como el Estado no es Dios, frente a
lo que piensan muchos de ustedes, no pudo cumplir sus promesas, y en el año 2012 se suspendieron las subvenciones y se tuvieron que poner impuestos. Así fue. Luego, el señor Rajoy intentó poner un impuesto al sol, que fue abandonado en 2018, y
tuvo que reducir las primas a las renovables casi un 40 %. Hasta llegar a hoy, donde los costes de renovación, cogeneración y residuos que se transfieren a la tarifa alcanzan el 13 %. Todo lo del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema
Eléctrico, le guste a usted o no, se terminará trasladando a la factura. No hay productor que no intente trasladarlo a la factura, sobre todo en consumos como el eléctrico donde la elasticidad no es elevada.
Pero miren ustedes, aquí lo que ha pasado, tanto echarse los trastos a la cabeza, es que ha habido una falta de neutralidad tecnológica por parte de todas las administraciones. Aquí nos gusta el dirigismo y la planificación económica. Todo
lo que hizo el señor Zapatero después de 2007 con el real decreto que les he citado es actuar de emprendedor, pero no de empresario: le traslado los costes de la inversión al consumidor, el fracaso a las instalaciones, a las que luego les quitamos
las primas que les habíamos prometido -que, por cierto, algún día acabaran en la Corte de Arbitraje de Londres el montón de reclamaciones que tenemos-, y, además, si hubiera habido algún beneficio, como no he sido empresario, tampoco lo recojo. Es
decir, perfecto, perfecto. Pero, miren ustedes, los efectos de esta falta de neutralidad tecnológica son dos, y uno es en dinero. ¿Por qué es cara la electricidad en España? Por esta falta de neutralidad tecnológica de las administraciones, que
genera muchísimas ineficiencias. Las ineficiencias se ven, por ejemplo, en los precios de los derechos de emisión de gases de efecto invernadero. ¿Por qué son tan caros, que ahora el Partido Popular quiere aprovechar la mayor recaudación para
financiar? ¿Se lo han preguntado? Son tan caros porque el avance de las renovables no va al ritmo que pretendía el planificador central. No son tan eficientes como querían, y, claro, los empresarios necesitan comprar los derechos para poder -y
perdónenme la expresión, porque a lo mejor me fusilan- contaminar, vamos, para poder producir en las condiciones tecnológicas actuales.
Pero tiene esta falta de neutralidad tecnológica tiene más costes. Los señores de Bildu lo saben muy bien; los señores de Bildu lo saben muy bien. ETA mató a seis personas, incluido un niño -incluido un niño- y dejó dos heridos para parar
la central nuclear de Lemóniz, que nos está costando mucho dinero porque, lógicamente, ha habido que compensar al empresario al que se le había dado la autorización. (Aplausos).
Al señor Matute no le preocupan las muertes, por supuesto -mataron los buenos, ya lo sabemos-, le preocupa la rentabilidad. ¿Sabe usted que la mayor rentabilidad la tiene Red Eléctrica Española, no las eléctricas privadas? ¿Sabe usted que
algunas de las eléctricas que cotizan en el IBEX tienen una rentabilidad negativa? No queremos compañías eléctricas con rentabilidad negativa. ¿Sabe usted por qué no las queremos? Porque, entonces, acabaremos como en Venezuela. ¿Por qué cree que
el suministro
eléctrico falta en Venezuela? Por eso, porque aquellas eléctricas no son sostenibles, autosostenibles económicamente; es decir, no tienen rentabilidad.
No quisiera dejar pasar la oportunidad de hablar de los fondos NGUE. Yo les pediría -les he insistido en las comisiones-, por favor, que tienen que ser tecnológicamente neutrales. Por cierto, ahí van a encontrar mucho de lo que ustedes se
quejan, de lo que se ha quejado mucha gente aquí, de las puertas giratorias y de los grupos de presión para la captura de rentas públicas. Nosotros apostamos decididamente por las nucleares, ¿de acuerdo? Creemos que hay que eliminar todos estos
impuestos ecológicos -porque aquí ya saben que cada vez que alguien tiene un sueño nos pone un impuesto-, aumentar su vida útil y recuperar el almacén de Villacañas. También creemos que hay que favorecer el almacenamiento, porque, señores del PP,
parece que no entienden el mercado. El precio a distintas horas es más caro, y debe ser así, les guste o no, porque la electricidad no es almacenable. Por eso nosotros somos partidarios del almacenamiento y de una mejor utilización del agua de uso
agrícola, cosa que les recordamos a los señores de la CUP, que votaron en contra. Para ello, entre otras cosas, proponemos una reflexión sobre las concesiones hidroeléctricas.
Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Manso. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Renau Martínez.
El señor RENAU MARTÍNEZ: Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías.
El Partido Popular nos trae una proposición de ley con la que asegura querer bajar la factura eléctrica a los consumidores españoles y, oigan, eso está muy bien, pero es que solo es el título de la proposición, porque lo que traen aquí
-igual es que no lo han calculado- podría tener el efecto contrario. Miren, casi todo lo que plantean cambiar viene recogido en la Ley 15/2012 -la recordarán bien-, una ley que cuando pasó por este Congreso -hagamos memoria- se tuvo que enfrentar a
seis enmiendas a la totalidad, una por cada uno de los grupos de esta Cámara, excepto el suyo. Pero eso lo han corregido. Aquí nos traen la séptima enmienda a la totalidad en forma de proposición de ley.
Miren, entonces su rodillo parlamentario -lo que ustedes llaman consenso- se encargó de que se hiciera lo que ustedes querían, igual que en el Senado, donde aún empeoraron las cosas; se permitieron el lujo de subir el impuesto que hoy
plantean eliminar del 6 al 7 % y, finalmente, lo aprobaron solamente con sus votos. Hoy nos traen este remix -que ya presentaron en septiembre de 2018-, tan poco relevante que usted mismo, señor Requena, le ha dedicado dos minutos en su
intervención de los doce que tenía. Sí ha tenido tiempo, sin embargo, para contarnos sus historias con su habitual moderación, hablando, por ejemplo, de la subida que provocará la nueva factura de la luz. Pues, miren, les recuerdo que la CNMC ha
asegurado que rebajará el coste de la electricidad en un 3,5 % para más de 20 millones de hogares. O, por ejemplo, cuando habla del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, que dice que les subirá el diésel a los agricultores.
Igual no se lo han leído, pero es que el gasóleo agrícola está exento en el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico. Podría seguir, porque ha estado usted diez minutos hablando y yo solo tengo siete para desmentirle, pero la
verdad es que yo sí quiero hablar de su proposición de ley, no como usted.
Señorías, la presentaron en septiembre de 2018 y nos la vuelven a traer en enero de 2021. ¿Qué tenían en común septiembre de 2018 y enero de 2021? Ya se lo han dicho, pero se lo recuerdo yo: los titulares de prensa. Es así como ustedes
funcionan, se dedican a hacer política a golpe de titular. Tienen ustedes una visión tan cortoplacista que incluso para cuestiones como estas, que son realmente estructurales, nos traen siempre medidas puramente coyunturales, parches, tiritas. El
planteamiento que hacen es un auténtico desastre, hasta el punto que incluso puede ser peor el remedio que la enfermedad.
Señorías, plantean eliminar un impuesto a los productores de electricidad con la esperanza de que se traslade a la factura de los consumidores, pero lo que sí está claro es que esto tiene un efecto colateral claro, y es que aumentará el
déficit del sistema en 1500 millones que se dejarán de ingresar y ustedes plantean equilibrarlo con los ingresos de las subastas de CO2 subiendo el tope hasta los 2000, pero los ingresos por las subastas no han llegado a esa cantidad jamás, nunca
han pasado de 1300 millones. Es más, ya se están utilizando más de 1000 millones para el sistema eléctrico, no sé de dónde quieren sacar el resto. Pero les digo más, y es que la nueva Ley de cambio climático ya establece el destino de esos
ingresos, y la aprobamos la semana pasada. ¿Es que ni siquiera se la han leído? (Aplausos). Si quieren
usar los ingresos de las subastas para esto, tal vez podrían decirnos a quién se los quieren quitar, ¿a las medidas sociales de transición justa? ¿A los electrointensivos se los quieren quitar, por ejemplo? Porque eso ustedes no lo dicen
en esta proposición. Si no se cubre ese déficit, lo que sí pasará seguro es que por la Ley del sector eléctrico -que también es suya- aumenten los peajes automáticamente, y entonces sí subirá otra vez la factura.
Señorías, plantean traspasar cargos y costes del sistema eléctrico y la deuda a los Presupuestos Generales del Estado, unos 3300 millones de euros al año. Esto tampoco dicen de dónde lo van a compensar. ¿De dónde lo quieren quitar, de la
educación, de la sanidad? Eso es lo primero que recortan siempre que tienen la oportunidad. ¿Será de ahí? Seguro que es lo que tienen en la cabeza. La verdad es que lo que sí se les da bien a ustedes, en lo que son virtuosos, es el trilerismo
fiscal. Cogen una pelotita -en este caso, la rebaja de un impuesto para bajar la factura eléctrica, según ustedes-, la ponen en un vaso, le dan la vuelta, ponen otros dos, la marean e intentan que perdamos la realidad de vista, pero lo que es
verdad es que debajo de esos vasos no hay nada, porque lo que ustedes traen siempre son propuestas totalmente vacías.
Es verdad que la fiscalidad energética necesita una revisión -es verdad-, pero hay que hacer un trabajo serio, un trabajo a conciencia, un trabajo como el que está haciendo el Gobierno al poner en marcha un comité de personas expertas para
valorar la reforma de nuestro sistema fiscal poniendo el acento en la fiscalidad verde, no estas chapuzas que traen ustedes. Si de verdad quieren que baje la factura eléctrica hay una manera de hacerlo, y ya se lo han dicho casi todos los que han
intervenido antes que yo: eliminar los costes regulados de la factura con el Fondo para la sostenibilidad del sistema eléctrico. Eso sí rebajará la factura de la luz en un 16 % y sin poner en peligro la sostenibilidad del sistema eléctrico, pero
ya sabemos que ustedes eso no lo apoyarán. No lo harán porque así es como funcionan. La verdad es que ustedes no han venido aquí para eso.
Ustedes cuando están en el Gobierno se dedican única y exclusivamente a continuar en él. Ustedes cuando están en la oposición tienen un único objetivo, tumbar el Gobierno a cualquier precio, y lo vemos con cada catástrofe, lo vemos con cada
crisis, lo vemos con cada drama personal. Lo hemos visto en la pandemia, lo estamos viendo en su actuación con Marruecos. Para ustedes todo esto no es más que una nueva oportunidad para desgastar el Gobierno. Ustedes no son la oposición, ustedes
son la contra, están contra todo; tan en contra de todo, que en cosas como esta están, incluso, contra ustedes mismos.
Señorías, yo ya sé que no quieren ayudar -de hecho, creo que sabemos todos que ustedes no quieren ayudar-, pero lo que sí les pedimos es que nos dejen trabajar a los que sí queremos hacer algo por mejorar la vida de las personas de este
país.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Renau. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE REFORMA DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, PARA INCORPORAR UN NUEVO TÍTULO XIV PARA LA REGULACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS. (Número de expediente 410/000014).
La señora PRESIDENTA: Continuamos con el punto del orden del día relativo a la toma en consideración de la proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados, del Grupo Parlamentario Socialista, para incorporar un nuevo
título XIV para la regulación de los grupos de interés. Para la presentación de la iniciativa, tiene la palabra el señor Navalpotro Gómez.
El señor NAVALPOTRO GÓMEZ: Señora presidenta, señorías, nuestro grupo trae para su toma en consideración en este Pleno una propuesta de reforma del Reglamento del Congreso que aborda la actividad de influencia de los grupos de interés o
lobbies, así como su relación con los diputados y las diputadas, los grupos parlamentarios y el personal del Congreso. Con esta iniciativa el Grupo Parlamentario Socialista quiere impulsar la agenda reformista y de mejora de la calidad democrática,
que es seña de identidad del partido al que represento. Si conseguimos sacarla adelante será la primera vez que se regule esta relación entre los grupos de interés y esta Cámara, poniendo fin a una asignatura pendiente del parlamentarismo español.
No es la primera vez que llega aquí una iniciativa parlamentaria con esta vocación. Es cierto, no es un debate nuevo. De hecho, ya se planteó en los debates constitucionales. En estos más de cuarenta años de democracia se han presentado
numerosas propuestas por parte de distintos grupos parlamentarios con la voluntad de regular las relaciones con los grupos de interés y mejorar la transparencia del proceso legislativo, propuestas que por distintas razones no culminaron felizmente.
Por lo tanto, estamos ante sucesivos intentos de cubrir un vacío: la falta de una regulación propia respecto de la relación con los grupos de interés. Nuestro Parlamento, a diferencia de los de muchos de los países de nuestro entorno o de las
propias instituciones europeas, no tiene una regulación para estos asuntos.
Atendiendo a la autonomía normativa que el artículo 72 de la Constitución española concede a este Parlamento, presentamos esta proposición de ley, en línea con la PNL -también de mi grupo- aprobada el pasado febrero en la Comisión
Constitucional. Con esta iniciativa queremos dar respuesta a varias demandas. La primera, como ya he señalado, es cubrir el vacío legal que no ha podido resolverse hasta ahora en esta Cámara. La segunda es el propio compromiso de mi partido;
compromiso que está recogido en los acuerdos de Gobierno que firmamos con Unidas Podemos. Pero también responde a recomendaciones en el terreno de la ética y de la lucha contra la corrupción, como ha venido haciendo el propio Consejo de Europa a
través del Greco. Este órgano sugirió a los parlamentos nacionales que aplicasen distintas medidas para favorecer la transparencia de las relaciones entre sus integrantes y los grupos de interés. De la misma manera, hay que sumar la reivindicación
del tejido asociativo, vinculada a la representación institucional. Son los propios grupos de interés y sus representantes los que demandan que su actividad de influencia sea regulada. Pero por encima de todo, esta iniciativa atiende al
convencimiento de este grupo de que es una reforma necesaria y urgente para el mejor funcionamiento de la democracia en nuestro país. El compromiso con la regeneración democrática y el refuerzo de la confianza de los ciudadanos en las
instituciones, así como su mejor comprensión del funcionamiento de la actividad parlamentaria hacen ineludible abordar la regulación de la actividad de relación de los grupos de interés con esta Cámara.
Señorías, en este tiempo se ha hecho patente un creciente interés por parte de distintos sectores de la sociedad por participar en los asuntos públicos, con frecuencia a través de estos grupos de interés. Si bien estos grupos no gozan de la
tradición que puedan tener en otras sociedades, lo cierto es que desde hace tiempo son figuras relevantes en el proceso de toma de decisiones. En sociedades tan plurales y complejas como las nuestras, donde conviven ideas, valores, inquietudes y
propuestas distintas, estos grupos juegan un papel fundamental al articular y canalizar criterios e intereses divergentes. Por parte de los poderes públicos sería prácticamente imposible conocer esos intereses si no hubiese relación con estos. La
realidad es que todos nosotros, todos los grupos que componen esta Cámara, hablamos, discutimos o intercambiamos propuestas con representantes o grupos de interés antes de presentar un proyecto de ley; esa es una parte de nuestro trabajo como
legisladores. Esta relación de normalidad convierte a estos grupos de facto en interlocutores obligados en cualquier proceso legislativo. Escuchar y valorar las propuestas de los que se van a ver afectados por nuestras decisiones es algo normal y
positivo. El buen gobierno significa gobernar desde la escucha y la participación de la sociedad. Por tanto, esta propuesta lo que hace es reconocer y regular un fenómeno que existe desde hace años: la legítima y necesaria relación entre poderes
públicos y grupos de interés. Lo que aquí pretendemos es un intento de actualizar nuestro ordenamiento jurídico para adaptarlo a esa realidad. Nuestro esfuerzo debe centrarse en que el proceso de participación de los ciudadanos en la toma de
decisiones y elaboración de las políticas públicas sea regulado y transparente; solo de esta manera podemos garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a esa actividad de influencia.
La Constitución recoge el derecho y el deber de los ciudadanos a la participación en la vida política, económica, social y cultural, y corresponde a los poderes públicos facilitar dicha participación. Este principio no es monopolio de la
Administración ni de los políticos ni de los partidos, es un derecho de los ciudadanos, que pueden ejercerlo de forma individual u organizada. Por eso traemos hoy aquí esta iniciativa, gracias a la cual pretendemos incrementar la transparencia y la
seguridad jurídica de esta relación. Se trata sin duda de una propuesta mucho más ambiciosa que todas las que se han traído aquí, incluida la que trajo el Grupo Popular en la XII Legislatura, en la que prácticamente se limitaba a la creación de un
registro parlamentario. Nosotros hoy vamos más allá, apostamos por medidas que exigen más transparencia y mayor exigencia para todos aquellos que ocupamos un cargo público. Nuestra propuesta se divide en tres artículos y dos disposiciones finales.
El artículo 1 incorpora un nuevo título decimocuarto en el Reglamento del Congreso bajo el nombre de: De los grupos de interés, donde se pretende aportar mayor orden y claridad a la labor de
los representantes de estos a través de la imposición de una serie de obligaciones que serán de aplicación a su interacción con los miembros y empleados públicos del Congreso de los Diputados. Una primera parte, capital en todas las
regulaciones que se han hecho a este respecto, es la creación de un registro de grupos de interés, registro en el que deben inscribirse quienes tengan dicha consideración, aquellos que actúen en su representación o quienes deseen ejercer la
actividad de influencia en esta casa. Este registro, como no puede ser de otra manera, será de acceso público.
Del mismo modo, la propuesta también recoge la regulación de un código de conducta de obligado cumplimiento para los grupos de interés, en el que se recogen no solo los principios de actuación, sino limitaciones concretas encaminadas a que
no se incurra en conflicto de intereses. En este punto hacemos una nueva y ambiciosa aportación, el código de conducta recoge una disposición por la que los miembros de las Cortes Generales no podrán representar a los grupos de interés durante un
periodo de tiempo desde que abandonen el cargo. Esto garantizará que no se produzca un conflicto de intereses entre el ejercicio de la actividad parlamentaria y la posterior actividad en la que se representasen los intereses de un grupo. Cuando se
produzca contacto con el grupo de interés por parte de los diputados, los grupos parlamentarios o el personal de la Cámara, también introducimos la obligación de dar publicidad al contenido de la interlocución a través de la página web del Congreso.
Esta obligación cobra más importancia cuando la labor de influencia se enmarque en el contexto del proceso legislativo. Así, con cada iniciativa legislativa se elaborará por los servicios de la Cámara un informe de huella legislativa en el que
quedarán reflejadas las modificaciones que hayan tenido lugar a lo largo del procedimiento. De esta manera, cada reunión, cada negociación, cada documento tendrán que ser registrados con toda transparencia. El acceso estos informes será público,
universal y gratuito, ya que los ciudadanos tienen derecho a saber con quién nos reunimos, cuándo, con qué fines y cómo conformamos nuestras propuestas. En definitiva, los ciudadanos van a poder saber quién influye, cuándo influye, cómo influye,
con quién y para qué influye en el proceso legislativo y no legislativo de las Cortes Generales. Eso es transparencia.
Del mismo modo, a diferencia de propuestas anteriores, donde el código de conducta no tenía un carácter vinculante para el legislador ni para el grupo de interés o su representante, nuestra propuesta introduce un régimen de infracciones y
sanciones para los que no cumplan lo previsto en el ámbito de la relación con los grupos de interés o en cualquier otro relacionado con los deberes del Reglamento. Este código podrá afectar tanto a los grupos de interés y sus representantes como a
los ciudadanos y grupos parlamentarios. Sin este régimen de infracciones y sanciones, como sucede ahora, lo regulado aquí se quedaría en mera recomendación y no podríamos garantizar que fuese una norma de efectivo cumplimiento. El objetivo es
mejorar la capacidad de la institución parlamentaria para prevenir y castigar conductas contrarias a los estándares de ética exigibles a la actuación en la vida pública. Este régimen de sanciones supondrá, por ejemplo, que no queden impunes
actuaciones como no desvelar datos o falsearlos en la declaración de bienes y actividades o de intereses económicos. Somos los primeros que debemos cumplir con nuestros deberes; es lo que exigimos a los ciudadanos cuando legislamos, por eso
debemos ser tan exigentes con nuestro trabajo y nuestro comportamiento. Señorías, aunque esta reforma llegue tarde no debemos dejar pasar la oportunidad de resolver esta deuda pendiente y regular por primera vez la relación entre esta Cámara y los
grupos de interés. Es una reforma urgente y necesaria dirigida a mejorar la calidad democrática y a restaurar la confianza de los ciudadanos en los mecanismos de participación y, por lo tanto, en nuestro sistema político.
Quisiera concluir mi intervención dirigiéndome a todos los grupos de esta Cámara. Una reforma del Reglamento debe contar con el consenso de una gran mayoría de diputados y diputadas. Consciente de que a esta propuesta le queda una larga
tramitación por recorrer, el espíritu de nuestro grupo, como no puede ser de otra manera, es mantenerse abierto y escuchar y consensuar los cambios necesarios para mejorar el texto. Lo que hoy sometemos a su consideración es un primer paso
ambicioso y exigente en la dirección de la transparencia y la mejora de la calidad de nuestro trabajo como parlamentarios. Les pido que hagan suyo este texto como punto de partida y seamos capaces, sobre esa base, de trabajar conjuntamente para su
mejora.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Navalpotro. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Ha solicitado la utilización del turno en contra el Grupo Parlamentario VOX. En representación de dicho grupo, tiene la palabra el señor Gil Lázaro. (Aplausos).
El señor GIL LÁZARO: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, el Grupo Parlamentario VOX va a oponerse a la toma en consideración de esta proposición de ley por entenderla esencialmente contraproducente con los nobles fines -sin lugar a duda, nobles fines- que se propone incorporar; es
decir, acentuar el valor de la transparencia en la vida institucional de la Cámara a través de una reforma del Reglamento que regule los grupos de interés. De la misma forma que decimos esto, hay que señalar con toda claridad que a este grupo
parlamentario se le encontrará siempre siempre a favor de cualquier iniciativa bien fundamentada jurídicamente que pretenda reforzar esos valores de la transparencia, que pretenda dotar a nuestro ordenamiento jurídico de mejores elementos al
respecto y que, más allá de ese valor de transparencia, permita y sea eficaz para prevenir y combatir la corrupción. Sin embargo, por desgracia, nada de esto apreciamos en la enunciación literal de la iniciativa que se nos plantea.
Permítanme que realice tres consideraciones previas. La primera tiene que ver con el origen de la iniciativa. No deja de ser paradójico, señorías, que esta iniciativa que levanta la bandera de la transparencia tenga como paternidad al
principal grupo parlamentario que apoya al Gobierno, un Gobierno hoy esencialmente opaco. Yo podría inundar esta tribuna de innumerables ejemplos al respecto; permítanme que señale simplemente cuatro. Este es el Gobierno que de hecho cerró el
portal de transparencia durante el confinamiento para que no pudiera haber información pública sobre cómo y con quién contrataba los elementos de suministro sanitario. Este Gobierno es el que sistemáticamente ha declarado secretos los viajes,
desplazamientos y estancias del presidente del Gobierno haciendo uso de elementos de transporte oficial y de residencias oficiales cuando manifiestamente esas actividades del presidente del Gobierno eran de carácter privado, como irse en Falcon a un
concierto de rock, en helicóptero a la boda de un cuñado o llevarse a los amigos una residencia oficial para pasar las vacaciones. Este Gobierno ha sido el que sistemáticamente se ha negado a dar los datos concretos que se le han solicitado sobre
el traslado por vía aérea a la Península de inmigrantes irregulares procedentes de Canarias, Ceuta y Melilla; por cierto, que ahora lo va a tener que hacer porque el Consejo de Transparencia acaba de estimar la reclamación de un particular al
respecto. Y, finalmente, y no haré mayor incidencia por respeto obvio, este Gobierno ha sido el que todavía sigue sin ofrecer una cifra real y oficial del número de víctimas de la pandemia. Por tanto, venir aquí a levantar desde esta tribuna la
bandera de la transparencia siendo el principal grupo de apoyo al Gobierno es, siquiera, paradójico. (Aplausos).
Segunda consideración. Esta iniciativa que se nos propone carece del anclaje previo imprescindible en nuestro ordenamiento jurídico general; no existe en el ordenamiento jurídico español ninguna regulación específica de una cuestión sin
lugar a dudas tan importante como es la relación de los grupos de interés con las diversas Administraciones públicas, algún caso aislado en alguna comunidad autónoma -por cierto, modesto y además fracasado- y un pequeño ensayo, también modesto, en
el ámbito de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Y contar con ese anclaje previo en el ordenamiento jurídico general es esencial, señorías, porque de esa referencia general que no tenemos es de donde se deberían extraer los conceptos, los
procedimientos y los principios para luego trasponerlos, dentro de las peculiaridades propias de la institución parlamentaria, directamente a esta: al Congreso y al Senado. Así lo reconoce la propia exposición de motivos de la iniciativa: la
falta de ese marco jurídico general.
Nosotros creíamos que el grupo parlamentario proponente iba en la buena dirección, iba en la dirección correcta cuando el pasado 23 de febrero, en el seno de la Comisión Constitucional planteó y se aprobó una proposición no de ley que
literalmente decía: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a abordar la regulación de los lobbies para hacer transparente su incidencia política. Eso era ir en la buena dirección porque eso era instar al Gobierno a proceder a una
legislación marco, a una legislación de principios, es decir, asentar los cimientos sobre los cuales construir la casa en general y también lo que afecta en ese orden jurídico a esta casa. Entonces, señorías, ¿por qué de pronto, deprisa y
corriendo, ustedes se adelantan a sí mismos por la tangente? No tiene ningún sentido.
Tercera consideración. Esta iniciativa prescinde por completo de contemplar la realidad bicameral del parlamentarismo español, es decir, pretende operar una reforma de una parte sustancial del ordenamiento parlamentario español, que es el
Congreso de los Diputados, prescindiendo por completo de la existencia del Senado, de manera que fuerza al Senado, o bien a no hacer nada, o bien a tener que asumir en miméticamente la reforma, en su caso, que incorpore el Congreso, o bien a que el
Senado realice otra reforma por su cuenta con contenidos o con matices distintos. En definitiva, un desbarajuste. Sí hace falta un régimen jurídico general para enmarcar después este tipo de iniciativas, hace falta también un régimen, un marco
general en el ámbito parlamentario para situar la iniciativa en su naturaleza exacta y ese no es
otro más que el de las Cortes Generales. Miren, la verdadera urgencia normativa, la que no ha sido capaz de impulsar ningún Gobierno ni ningún grupo parlamentario en el ámbito de esta cuestión es abordar definitivamente ya -y llevamos
cuarenta y tres años de retraso- el mandato contenido en el artículo 72.2 de la Constitución, donde se compele a las Cámaras a elaborar un reglamento de Cortes Generales en el que se incardinen estas cuestiones: el funcionamiento de las sesiones
conjuntas, el código de conducta y, sin lugar a duda, también esta cuestión que hoy se nos plantea. Y es ciertamente inexplicable que a estas alturas, cuarenta y dos años después, esa cuestión continúe estando pendiente. Y desde luego, señorías,
sin un marco de referencia en el ordenamiento jurídico general y sin la plataforma adecuada en el ordenamiento jurídico parlamentario para abordar esta cuestión, esta cuestión nace coja y mucho más si nos atenemos al tenor literal de la norma que se
nos propone. Es absurda en sus principios y en sus definiciones porque convierte en actividad de influencia toda actividad de comunicación que cualquier persona o cualquier entidad del ámbito asociativo realice con esta Cámara o con alguno de sus
miembros. Así lo dice literalmente el artículo 210, que considera actividad de influencia todo ese tipo de actividad. Como tampoco puede definir qué es grupo de presión, qué es grupo de interés, qué es lobby, tira por la calle de en medio y
generaliza, y en el artículo 209 se consideran, a tenor de la literalidad de la norma propuesta, grupos de interés a todos los españoles, personas físicas o jurídicas, que pululan por la realidad cotidiana de su actividad, personal o corporativa;
todos, absolutamente todos. Les invito a que lean la norma, a que ustedes conjuguen lo dicho en el artículo 210 de la norma que se propone con lo dicho en el artículo 209 y verán que rayamos en lo absurdo. Hombre, es un poco cínica también esta
norma porque, entre las conductas que exige que tienen que observar los representantes de los grupos de interés y los grupos mismos de interés está -cito literalmente- el respeto a la Constitución, y esto, en fin, lo dicen parlamentarios, grupos
parlamentarios e incluso el mismo Gobierno, que en muchos de sus extremos no se caracteriza precisamente por ese respeto a la Constitución. Pero, además, esta norma es profundamente discriminatoria porque, después de haber generalizado como
actividad de influencia toda actividad de comunicación, después de haber convertido, insisto -artículo 209-, a todos los españoles y a toda expresión del movimiento asociativo en grupo de interés y después de haberlos sometido a un régimen profuso y
confuso de procedimiento para establecer su comunicación con esta Cámara crea una disposición adicional final en la que de ese régimen exonera a los partidos políticos, las entidades que integran la organización territorial del Estado, las
organizaciones públicas, las corporaciones de derecho público, los representantes diplomáticos y de organizaciones internacionales, los sindicatos más representativos, la CEOE y la Cepyme. Oiga, ¿esto es una broma? O sea, ustedes predican
transparencia, convierten toda actividad en presunta actividad de influencia, hacen de todo el ámbito físico o corporativo español un grupo de interés, pero luego, a la hora de la verdad, cogen ustedes y tienen el descaro de, en esta misma norma,
exonerar de las obligaciones que retratan para los particulares o los modestos y pequeños grupos de interés, o las asociaciones de vecinos, o lo que fuere a las grandes corporaciones, a los grandes grupos. Esto no se sostiene. (Aplausos).
Finalmente, esta norma es profundamente tramposa porque establece, cuela de rondón -como suele ser habitual en la técnica legislativa del Gobierno- un régimen de obligaciones, de infracciones generales de los diputados que no tiene nada que
ver con la cuestión de referencia, sino en un ámbito mucho más general. Además, ni más ni menos que establecen como tribunal de honor a la Comisión del Estatuto del Diputado, lo que es el colmo de los colmos y roza la inconstitucionalidad. En
definitiva, señorías, para hablar en serio de transparencia y de democracia cuenten con nosotros. Para hacerles la ola en este dislate de propaganda y de insolvencia jurídica, no.
Nada más y muchas gracias. (Prolongados aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Gil. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores). Muchas gracias, señora Guille.
Tiene la palabra el señor Navalpotro Gómez.
El señor NAVALPOTRO GÓMEZ: Tengo que agradecer a su señoría de VOX que por lo menos ha reconocido los nobles fines que contempla nuestra iniciativa; a partir de ahí, sin tregua.
Usted preguntaba por qué teníamos tanta prisa en esta reforma. Mire, ustedes ya han hecho trizas la política de transparencia de esta casa con su negativa a declarar, como hemos hecho el resto (aplausos), los datos relativos a ingresos y
otras actividades desarrolladas en los cinco años anteriores a su toma de posesión en esta Cámara, así como posibles regalos y donaciones de fundaciones y asociaciones a las
que pertenecen. Sí, han sido los únicos; se han envuelto en la capa del patriotismo para no dar esos datos, datos que hemos dado todos. Y si no lo hacen, nuestra reforma contempla sanciones, porque si no ustedes no lo van a hacer nunca.
Por eso ustedes no quieren regular nada. Mientras nosotros buscamos la transparencia, ustedes lo que quieren es ocultar sus intereses. Mire, aquí estamos hablando de la toma en consideración de una iniciativa; algunos de los representantes de los
otros grupos nos van a hacer severas críticas, justificadas o no, pero todos contemplan la necesidad y la urgencia de esta reforma. Todos menos ustedes. Así que vamos a resumirlo todo en una batería de preguntas. ¿Están ustedes a favor o en
contra de que los ciudadanos sepan cómo hacemos aquí las leyes? ¿Están a favor o en contra de que nuestro Parlamento deje de ser la excepción entre los países de nuestro entorno y que se regulen las relaciones con los grupos de interés? ¿Están a
favor de dotar de total transparencia las relaciones de los diputados con los grupos de interés? ¿Sí o no? ¿Están a favor de regular esta relación para que se produzca dentro de unos parámetros éticos de conducta? ¿Sí o no? ¿Están a favor de
asegurar la igualdad de oportunidades de la ciudadanía en el acceso a las actividades de influencia? ¿Sí o no? ¿Están a favor de que los parlamentarios y los grupos de interés estemos sometidos a un código de conducta en nuestras relaciones y que
si se incumple tenga algún tipo de consecuencia? ¿Sí o no? ¿Están a favor de no mentir ni ocultar datos de nuestras declaraciones de bienes y actividades o de intereses económicos? ¿Sí o no? En definitiva, ¿están a favor de más transparencia y
de la rendición de cuentas? ¿Sí o no? En esto se resume todo.
Gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Navalpotro. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Tiene la palabra el señor Gil Lázaro. (Aplausos).
El señor GIL LÁZARO: Muchas gracias, presidenta.
Señor Navalpotro, ustedes son tan predecibles que yo venía preparado con esto (muestra una carpeta) y se lo voy a endosar a usted, y ahora a la Cámara, en función de la soberana mentira, de la demagogia que usted ha empleado. Por lo demás,
no traigo réplicas preparadas, solo un guion para la réplica por respeto a su señoría en función de lo que acaba de decir.
Empiezo por contestar esas preguntas que trae preparadas. Oiga, si a todas; lo he dicho yo en mi intervención, sí a todas. Nosotros, absolutamente favorables a cualquier ejercicio de transparencia de esta Cámara y del Gobierno; del Poder
Ejecutivo; del Legislativo; del Judicial. De todos. (Aplausos). A lo que no estamos dispuestos es a que usted quiera hacerse propaganda y nos hagan comulgar con ruedas de molino, es decir, una chapuza jurídica monumental.
Segunda consideración. A ver si se entera su señoría, sus señorías y la opinión pública. Yo tuve el honor de defender este documento (muestra un documento) de ocho páginas en la Mesa del Congreso de los Diputados y en la Mesa de las Cortes
Generales en el momento en que se debatió el llamado código de conducta de los parlamentarios, otra chapuza monumental, que no es un código de conducta porque cuestiones básicas de la conducta parlamentaria las elude y es simplemente un código de
sospecha o pretende ser un código de cotilleo. Aquí nosotros propusimos enmiendas muy claras para acentuar ese valor de transparencia, es decir, para que esa llamada declaración de intereses económicos encajara perfectamente en el ordenamiento
jurídico constitucional y en el reglamentario de esta Cámara e incrementara el valor de la transparencia convirtiéndola en una declaración de intereses profesionales, que tuvieran que detallar, con una antelación de cinco años, todas aquellas de sus
señorías que pretendieran solicitar de esta Cámara una compatibilidad para ejercer la labor parlamentaria y al mismo tiempo una labor profesional de carácter privado. Esto consta literalmente en las sesiones de la Mesa del Congreso y de la Mesa del
Senado. A cualquiera de sus señorías que tenga interés se lo puedo proporcionar y, probablemente, a lo mejor a alguno se le cae la cara de vergüenza viendo el texto que ha salido y el texto que nosotros presentábamos. Por tanto, señor Navalpotro,
aquí nosotros no estamos dispuestos a que ustedes hagan comulgar, sin respuesta de la Cámara, con ruedas de molino a la sociedad española. No se pretende con esta iniciativa favorecer ninguno de esos principios generales que ha dicho su señoría en
la réplica. Se pretende exclusivamente burocratizar la actividad parlamentaria, establecer elementos de control en el peor sentido de la palabra en la comunicación espontánea, la libre, la natural entre sociedad y Parlamento y, por tanto, minimiza
el principio de representación y el principio de participación. (Aplausos). No sirve para nada en orden a cumplimentar algo que es esencial: determinar el papel de los grupos de presión porque es una iniciativa que no tiene sostenibilidad alguna
desde un punto de vista del
rigor técnico. En definitiva, lo único que pretenden -además, de paso- es hacer trampas y aprovechar que el Pisuerga pasa por Valladolid. Es decir, que traen ustedes aquí esta iniciativa en la que prevén sanciones para los grupos de
interés y los diputados que incumplan sus obligaciones -cosa que está bien si la iniciativa fuera una iniciativa estimable-, pero más allá de ello cuelan de rondón un régimen general de sanciones a los diputados y un procedimiento sancionador que es
absolutamente bananero. Porque, sepan sus señorías, estos señores pretenden que cualquier diputado, la Mesa de la Cámara, la Mesa de cualquier Comisión o el señor secretario general del Congreso puedan denunciar a otro grupo parlamentario o a otro
diputado -es decir, la marimorena- y convertir a la Comisión del Estatuto del Diputado en un tribunal de honor que actúe como elemento instructor, cosa que roza absolutamente en su espíritu la prohibición taxativa que establece nuestra Constitución.
Así que, señor Navalpotro, menos historias, menos grandilocuencia, menos demagogia; lecciones ni una. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Gil Lázaro. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
En turno de fijación de posiciones tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Mixto, la señora Oramas González-Moro.
La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, señora presidenta.
Señorías, esta proposición presentada por el Grupo Parlamentario Socialista pretende regular los grupos de interés, es decir, las personas físicas o jurídicas, organizaciones o redes de todo tipo que realizan actividades de influencia en el
Congreso de los Diputados. La influencia sobre los diputados y diputadas existe desde el principio de la historia del parlamentarismo en todo el mundo y, bien entendida, es positiva. Estamos aquí para legislar sobre aspectos que tienen que ver con
la vida y el futuro de las personas y las organizaciones, y debemos escucharles para que la legislación que aprobemos se ajuste a las necesidades de esta sociedad a la que servimos. Sin embargo, esa influencia es nociva cuando va más allá de eso,
cuando pretende dirigir nuestra actividad hacia intereses personales o particulares de un determinado colectivo o sector por encima del interés general. Por eso, esta proposición nos parece adecuada y creemos que ya es hora de que el Congreso
regule y dé transparencia a algo que sucede en esta Cámara y en todos los parlamentos del mundo.
En el trámite de esta proposición, podemos debatir algunos aspectos de la propuesta que seguramente serán mejorables, porque pretender que un colectivo o asociación de vecinos o un colectivo de una comunidad autónoma o de un municipio o de
una isla se registre es absurdo y está claro que esas reuniones son básicas para poder ejercer nuestra representación de manera adecuada y no aislarnos de la realidad social en que estamos inmersos.
A esta propuesta, sin embargo, le debemos añadir -y en ese sentido irá nuestro plan de trabajo en la ponencia- una asignatura pendiente de este Congreso: la regulación de la condición de no adscrito de diputados y diputadas cuando abandonen
el grupo parlamentario del que forman parte cuando se inicia la legislatura. En esta materia hubo consenso entre todas las fuerzas políticas en las distintas ponencias en las que formé parte y que se hicieron en varias legislaturas para modificar
el Reglamento. Sin embargo, por razones ajenas a este punto en concreto, no se produjo la modificación del Reglamento.
El sistema parlamentario español es un sistema de listas cerradas en el Congreso de los Diputados. Podemos debatir si en el futuro sería posible y necesario pasar a uno de listas abiertas, pero de momento este es el que tenemos y, dentro
del sistema de listas cerradas, los diputados y diputadas estamos aquí porque nos elige un partido político para estar en una lista electoral y la gente nos vota porque vota al partido del que formamos parte. Si, además, nuestro trabajo es
reconocido y valorado, como debe ser, nuestro empuje personal proporciona un plus a esa elección que hace cada votante. No estamos aquí en nuestra condición de sabios o expertos, formando parte de un comité; estamos aquí con una formación política
detrás, con afiliados que pegan carteles y tocan puerta a puerta repartiendo los votos y no por nosotros mismos. Por tanto, cuando una persona que es elegida por este sistema decide abandonar su formación política por cualquier razón está en su
derecho de hacerlo -no se está impidiendo que alguien cambie de opinión-, pero no puede obtener un beneficio por ello, y lo mismo debe aplicarse al caso de que se produzca la expulsión -de forma legal y por motivos legítimos- de un diputado o
diputada del grupo al que pertenece.
Las formaciones políticas y la legislación española ya dieron un paso muy importante en este sentido cuando se creó el Pacto antitransfuguismo que modificó, para las administraciones locales, ayuntamientos
y cabildos, los apartados de la Ley del régimen electoral necesarios para garantizar que un tránsfuga no pudiera beneficiarse económicamente de serlo. Sin embargo, nada similar hemos hecho en este Congreso de los Diputados. La regulación
de la condición de no adscripción existe desde hace años en los parlamentos autonómicos, y les voy a poner el ejemplo de Canarias, que es el que más conozco, que hace muchas legislaturas reformó su Reglamento para establecer las condiciones en las
que queda un diputado o diputada que abandona el grupo parlamentario. En Canarias, si se produce este hecho, el parlamentario o parlamentaria declarado en no adscripción tiene derecho a presentar las iniciativas individuales que quiera, preguntas o
solicitudes de documentación que quiera, pero no puede presentar iniciativas grupales porque ya no pertenece a ningún grupo. Tiene derecho a pertenecer a una comisión parlamentaria, pero no a intervenir en nombre de ningún grupo, porque no forma
parte de ninguno. Recibe las compensaciones y dietas que recibe cualquier diputado o diputada, pero no una asignación de ningún tipo que corresponda al grupo. ¿Por qué? Porque no forma parte de ningún grupo y porque, según el pacto
antitransfuguismo, nadie puede beneficiarse de abandonar el grupo político del que formaba parte. Recibe los medios materiales para poder desempeñar su labor -oficina o lugar de trabajo, ordenador o demás- directamente de la Mesa del Parlamento,
por tanto, sin detraer recursos a ningún grupo parlamentario, incluido el Mixto, porque un diputado o diputada no adscrito no pertenece al Grupo Mixto, sino a los no adscritos.
Voy a explicarles a esos posibles diputados o diputadas lo que es el Grupo Mixto. El Grupo Mixto no es el grupo al que van los diputados que no tienen grupo; el Grupo Mixto es al que vamos los diputados y diputadas que no tuvieron en su
constitución miembros suficientes para formar grupo propio, que es muy distinto. Usar el Grupo Mixto para otra cosa es una falta de respeto a los diputados y diputadas que formamos parte de él. Nosotros nos hemos presentado a unas elecciones
dentro de unas formaciones políticas que, por pertenecer a una sola comunidad o por no haber obtenido respaldo suficiente para tener cinco diputados, compartimos grupo desde el principio de la legislatura. No es justo que un diputado o diputada que
abandona cualquier grupo parlamentario de esta Cámara pueda cobrar más, presentar más iniciativas o tener más relevancia parlamentaria que sus compañeros y compañeras del grupo parlamentario que abandona. Es así de simple. Por eso ya es hora de
que el Reglamento del Congreso se ponga al día en este tema, como han hecho, desde hace mucho tiempo, la mayoría de los parlamentos autonómicos.
Apoyaremos esta iniciativa y presentaremos las enmiendas necesarias para que el Congreso asuma en su Reglamento los dos aspectos pendientes que he planteado: la regulación de los grupos de interés, tal y como se plantea en la propuesta
sometida a debate, y la regulación de la no adscripción en los términos que he planteado en mi intervención. Ya es hora.
Gracias, señora presidenta. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Oramas. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, tiene la palabra el señor Iñarritu García.
El señor IÑARRITU GARCÍA: Arratsalde on. Buenas tardes y muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, yo creo que hoy se da un paso en positivo. Escuchaba con curiosidad al señor Gil Lázaro oponerse a esta medida por creer que pueda ser insuficiente -mire, yo en eso estoy de acuerdo, en que habría que abordarlo en su mayor
globalidad en este mundo interconectado y transversal en el que vivimos-, pero, claro, oponerse a una medida que puede ser positiva, aunque sea a nivel del Congreso de los Diputados, cuando menos es curioso.
Decía el señor Navalpotro que esto llega cuarenta años tarde. Yo estoy de acuerdo. Pero esta tardanza se pone más en evidencia desde el momento en que existe en otros parlamentos y en las instituciones europeas. Desde el año 2011 es
bastante habitual ver por los pasillos del Parlamento Europeo a los lobistas con su tarjeta identificativa marrón. De igual forma, llega tarde desde el momento en que el Greco, desde el año 2018, ya viene afeando al Estado español que no haya un
registro público obligatorio de los grupos de interés. Por ello, bienvenida sea esta medida, aunque nosotros también le vemos algunas carencias y algunas lagunas, que luego, si tengo tiempo, mencionaré.
La mayor de las virtualidades que puede tener un registro de estos grupos de interés, de estos lobbies, a nivel del Congreso, es dar más transparencia. Es una dación de cuentas a la ciudadanía sobre de dónde pueden proceder algunas de las
medidas que vienen aprobadas. Tengo más reservas con todo lo que tiene que ver con medidas anticorrupción -que también la puede tener- o contra prácticas oscuras, pero creo que para ello habría que ir a algo mucho más global, algo que abordara
todas las administraciones e incluso a los partidos políticos. Miren, una de las últimas radiografías que ha hecho la Comisión Europea
sobre la corrupción a nivel europeo, en lo que se refería a España, ponía el foco especialmente en todo lo que tiene que ver con desarrollo urbanístico -claro, dependiente en muchas ocasiones de administraciones locales o de administraciones
autonómicas- y en todo lo que tiene que ver con grandes partidos políticos. Ahí, en lo que tiene que ver con el Congreso de los Diputados, pues bueno, como una medida para prevenir está bien, obviamente, pero creo que se queda corta a la hora de
intentar abordar el problema de corrupción que tiene este Estado. (El señor vicepresidente, Rodríguez Gómez de Celis, ocupa la Presidencia).
Miren, es obvio que el término lobby en la cultura del Estado español no goza de las mejores connotaciones. En otras culturas políticas y en otros Estados tiene otras connotaciones y está regulado desde hace muchos años, pero en todo lo que
tiene que ver con la política del Estado tiene cuando menos connotaciones sospechosas. Esta mañana, hablando con una compañera, decía: Soy portavoz en la Comisión de Exteriores, Interior y alguna más, y me reúno, hablo o recibo información de
lobbies o de grupos de interés todas las semanas; los grupos de interés o los lobbies con los que yo hablo pueden ser Amnistía Internacional, CEAR, Irídia o Caminando Fronteras, que son muy transparentes -de hecho, toda la información que me envían
a mí o a otro diputado o diputada la cuelgan también en redes sociales-, pero es cierto que en otras comisiones, otros diputados y otras diputadas tienen reuniones con otros grupos de interés, ya sean del ámbito energético o económico, que pueden
dejar una sombra o un halo de dudas. Por ello, está bien que se les dé transparencia a todos ellos. ¿Son todos los lobbies, todos los grupos de interés, iguales? No. ¿Se tiene que tratar a todos por igual? Yo creo que sí. No perjudica a nadie,
no es nada malo, no es nada negativo. Ya digo, como paso a favor de la transparencia lo veo bien. Sin embargo, recordaba esta mañana que una de las publicidades que había dado un antiguo portavoz del Partido Socialista -que trabaja ahora en un
grupo de estos que ponen en contacto a grandes empresas con la Administración- era tener la capacidad de hablar con todos los ministros; no hablaba de hablar con los diputados y con las diputadas, hablaba con todos los ministros. Por eso comparto
lo que decía un portavoz en cuanto a que queda un poco coja o como una medida limitada que solo se contemple a nivel del Congreso de los Diputados, o igual también del Senado, porque este señor, como digo, hablaba con ministros, no con diputados.
De igual forma, hoy he recibido el libro de nuestro compañero Gerardo Pisarello, que se titula Dejar de ser súbditos, en el que habla de las corruptelas y del choriceo del anterior jefe del Estado. Pues bien, un registro de lobbies, un registro de
grupos de interés o una agenda diaria quizás hubiera prevenido algunos de esos chanchullos y hubiera sido algo positivo. ¿Por qué no solicitar también a la Casa Real, ahora que está planificando la modificación de su agenda y de esos valores
éticos, que incluya una agenda de este tipo y un grupo de lobbies que se puedan inscribir en la misma?
Miren -en el último minuto que me queda-, las lagunas que le veo se refieren a que todo lo que tiene que ver con la influencia que puedan tener los partidos políticos queda coja, porque un lobby puede influenciar en un partido político y esa
política, que es una política de partido, va a ser luego defendida por parlamentarios y parlamentarias que en teoría no han recibido ninguna influencia directa o indirecta. De igual forma, me parece que no es lo mismo un grupo de interés que
defienda políticas públicas, derechos humanos o derechos ambientales que uno que defienda intereses económicos, y ustedes quieren regular por el mismo baremo a todos los miembros de esta Cámara. De igual forma, vemos que esto -y acabo, señora
presidenta- necesitaría también de más apoyo técnico y humano para los grupos parlamentarios, ya que va a suponer una carga burocrática importante.
Como ya he dicho, creemos que es positiva, creemos que es un paso y, por lo tanto, votaremos a favor y en el trámite de ponencia haremos las aportaciones...
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias, señor Iñarritu, ha terminado su tiempo.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Legarda Uriarte. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidente.
El debate sobre la regulación de los lobbies en los poderes centrales del Estado, Legislativo y Ejecutivo, se remonta a los mismos debates constitucionales alrededor del derecho de iniciativa y para los grupos de interés cuya actividad fuera
permanente, debate que finalmente no prosperó en la redacción final del vigente artículo 105 de la Constitución. El debate llega hasta nuestros días sin que por el momento haya cuajado norma alguna en los poderes centrales, como decía, a pesar de
los intentos habidos, más allá de la CNMC, de manera especial desde la XI Legislatura, destacando respecto al Poder Ejecutivo el intento
frustrado vía enmiendas en la tramitación del proyecto de ley de transparencia y en las legislaturas XI y XII varias iniciativas para regular los grupos de interés en el ámbito de esta Cámara.
Ahora volvemos a debatir la cuestión en lo referido a la interacción de los lobbies con el Congreso de los Diputados, en atención a que este nuevo intento regulatorio se instrumenta a través de la reforma del Reglamento, lo que obliga a
ceñirnos a su objeto, tal y como establece el artículo 72 de la Constitución, no pudiéndose regular el lobismo que se practique alrededor del Poder Ejecutivo, a pesar de que los mercados de influencia -ya se ha señalado- se concentran principalmente
en la rama del Poder Ejecutivo y su sector público, por ser, con carácter general, más atractiva para los intereses de los grupos de interés que la rama legislativa.
Sin embargo, si ciertas son las limitaciones constitucionales del Reglamento para las regulaciones extramuros de su actividad, no es menos cierto que el Gobierno podría haber remitido un proyecto de ley para regularlo en su ámbito, en
paralelo a cómo lo ha hecho el partido político que lo sustenta en esta Cámara para esto, lo que nos recuerda lo acertado de Romanones cuando decía: Dejad que ellos hagan la ley, que yo haré el reglamento. Además, pone de manifiesto -más allá del
oportunismo político del que damos cuenta- que todas las fases de elaboración de una política pública entrañan riesgos de malas prácticas relacionadas con el lobismo, incluidas las puertas giratorias, y que la evitación de sus efectos perniciosos se
logra regulando la actividad que ha de devenir principalmente en la exigencia de la transparencia tanto de la actividad del lobista como del regulador, de modo que la actividad sea accesible al público en general, sobre todo a aquellos que puedan
verse afectados por la correspondiente regulación sobre la que han actuado los lobbies, recomendación a la que también se ha sumado la anterior de la Comisión Europea, instando a los Estados parte a que regulen la actividad de los lobbies a fin de
que se conozca quiénes lo hacen, sobre quién se hace, sobre qué tratan, qué resultado tienen y cuánto se gastan, cuestión esta última, por cierto, que tampoco se encuentra en la iniciativa.
Sin embargo, señorías, también tenemos que señalar que la regulación del lobismo donde más trascendencia y sentido tiene es en países como los Estados Unidos de América, donde cada miembro de la Cámara responde a intereses directos de sus
electores, casi sin mediación del partido político con el que concurre como marca el proceso electoral y también a quien le ha financiado la campaña electoral, que como sabemos por una cercana sentencia del Tribunal Supremo ya no tiene límites. Por
el contrario, en los países de la Unión, a diferencia de lo que ocurre en el Parlamento y en la Comisión, la tradición política y una mayor ideologización de los partidos políticos y de los mismos grupos parlamentarios hace que la venalidad
ideológica ante acciones de influencia de terceros sea mucho menos relevante. La proposición de reforma del Reglamento no tiene en cuenta estas consideraciones, al incorporar una serie de rigideces que conllevarían que la actividad política de los
grupos parlamentarios se viera abocada a incongruencias graves. Así, la consideración de grupo de interés es tan amplia que nadie, sin estar registrado, podrá trasladar sus opiniones sobre cualquier tipo de iniciativa parlamentaria, ni los
diputados y los grupos recibirlas. Señorías, ¿ustedes creen que es sensato extender este requisito a las personas físicas o jurídicas cuya actividad acerca de la Cámara sea esporádica o no permanente? ¿O es que es lo mismo una gran empresa, un
bufete de abogados, una asesoría que actúa por cuenta ajena o una potente ONG que una pequeña asociación o persona jurídica o personas individuales afectadas directamente por algo que se esté tramitando en la Cámara? Se les obliga a todos a pasar
por los lobistas profesionales que actúan por cuenta ajena.
Señorías, se nos acusa en ocasiones de estar en una urna de cristal y esta iniciativa puede acrecentarlo, cerrando el paso aun más a los que más dificultades tienen ya para que sus demandas puedan ser escuchadas de manera directa. Por ello,
el concepto de grupo interés y de actividad de influencia requieren un reexamen profundo para no generar situaciones peores que las que se quieren solventar. Lo mismo cabe de decir -ya se ha señalado- de las exenciones a la obligación de registro
para determinadas personificaciones o de la exención de la obligación de publicidad del contenido de lo trasladado a los parlamentarios y a los grupos parlamentarios.
Tampoco nos parece acertada la regulación de la llamada huella legislativa, y no tanto por la publicidad del contenido de lo que se traslade a los diputados y a los grupos parlamentarios en una actividad de influencia, sino por tener que
explicar en qué medida ha sido tenido en cuenta en la actividad parlamentaria, a modo de una explicación de voto o de posición. Tampoco vemos la razón de la distinta consideración, a efectos de publicidad, entre la interlocución, que tiene un
régimen mucho más severo, y lo referido a la documentación entregada, cuando esta suele tener un contenido mucho más concreto y trabajado en aras de la actividad de influir y se proyecta además sobre las iniciativas con más trascendencia, que son
las legislativas.
Voy finalizando, presidente. No señalaré, porque se me está acabando el tiempo, más incongruencias y rigideces, que las hay. Señorías, no nos opondremos a la tramitación de la iniciativa, pero indudablemente requiere un profundo repaso si
no queremos que todo esto sea gatopardesco o aun algo peor.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Gutiérrez Vivas.
El señor GUTIÉRREZ VIVAS: Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías.
Nos alegramos de que el Partido Socialista se haya unido finalmente al consenso establecido en esta Cámara sobre la regulación de los grupos de interés. Sé que no es fácil pasar de 1936 a 2050 en pocos meses, un viaje en el tiempo del señor
Sánchez sin máquina alguna que habría hecho palidecer al mismísimo George Wells; aunque esto de ir hacia atrás y luego hacia delante, más que a Wells, me recuerda al doctor Emmett Brown y al DeLorean de Regreso al futuro. Se transforma así Sánchez
en Marty McFly, que recorre su pasado para intentar transformar su futuro. No sé cómo le irá al señor Sánchez en ese viaje, lo que sí sé es que ese intento se ha saltado el presente, que es en el que nos va mal a todos los españoles.
Volviendo a este presente, déjeme que le diga, señor Navalpotro, que han sido ustedes los últimos en llegar a esta estación de transparencia y rendición de cuentas, y es que fue mi partido, Ciudadanos, el que registró y presentó en esta
Cámara, allá por septiembre de 2016, la primera de las iniciativas para la regulación de estos grupos de interés. Sin embargo, con el texto que ustedes nos presentan parece que es el Gobierno el que nuevamente pretende decirle al Poder Legislativo,
a este Congreso de los Diputados y al Senado, cómo y de qué forma deben hacer su trabajo, porque en lo que va de legislatura parece que el Gobierno se empeña en controlar a las Cortes y no estas al Gobierno.
Este Gobierno y los grupos parlamentarios en los que se soporta quieren conseguir la inoperancia del Poder Legislativo. No se entienden de otra forma las treinta y tres ampliaciones de plazo -sí, señorías, treinta y tres- de la Ley de
ingreso mínimo vital, desde junio de 2020 -va a hacer casi dos años de bloqueo por la Mesa del Congreso, que controlan el Partido Socialista y Unidas Podemos-, o las treinta ampliaciones de la Ley de reactivación económica por la crisis del COVID en
materia de transporte y vivienda, o las quince, desde diciembre de 2020, de la Ley de promoción de la autonomía personal y dependencia, o las doce sobre ratios de enfermería para garantizar la seguridad de los pacientes, o la de seguridad ciudadana,
que tienen ustedes bloqueada desde octubre 2020. (Aplausos).
Max Weber dijo que quien hace política aspira al poder, y no es menor esta afirmación, porque, ¿quién hace hoy política en España? Los partidos políticos desde luego, como consagra el artículo 6 de nuestra Constitución, aunque quizá para
ustedes la Constitución española debería decir: solo los partidos políticos que sustentan a los Gobiernos; como demuestran continuamente sus señorías del Partido Socialista y de Unidas Podemos. ¿Hacen los grupos de interés política? Nosotros
entendemos que sí, pues en tanto que intentan influir en una o varias personas que ejercen el poder, pretenden dirigir parte de la producción normativa en una determinada dirección.
Para Transparencia Internacional, el lobby es una actividad legítima y un aspecto importante del proceso democrático. Coincidimos con ellos en que hay un interés público en asegurar la transparencia de estos grupos, así como la diversidad
en la participación y en su contribución a los procesos de toma de decisiones sobre los asuntos públicos. Coincidimos también en que las medidas que se adopten para asegurar estos objetivos de transparencia deben ser igualmente proporcionadas y
adecuadas para dicho fin, al tiempo que no se obstaculicen los derechos individuales de reunión, libertad de expresión y petición al Gobierno. Coincidimos, pues, en la necesidad de regular y dar visibilidad al ejercicio legítimo de esta actividad
en el Congreso, pero no coincidimos ni en el momento ni en el texto. En el momento, por cuanto no parece razonable legislar sobre esta materia sin haberlo hecho antes con la propia Administración del Estado; parece más lógico esperar al texto que
prepara el Ministerio de Política Territorial y Función Pública para evitar contradicciones entre ambos. Es también sumamente curioso que no se opte por una aproximación amplia al concepto de influencia de los grupos de interés como la prevista
para el registro comunitario. En la regulación del registro conjunto en la Comisión y Parlamento Europeo se habla de influencia sobre la elaboración o aplicación de políticas y en los procesos de toma de decisiones de las instituciones de la Unión.
La normativa, que no es coherente con este objetivo que busca, es evitar la influencia indebida en las situaciones de conflicto de interés. Esto que ustedes nos han traído parece más
instrumento de control del Gobierno a los miembros de las Cortes Generales que cualquier otra cosa. Teniendo en cuenta el mejor precedente, que es del Parlamento Europeo, es criticable que, a diferencia de lo que sucede en el ámbito
comunitario, ustedes no unifiquen en un único registro un sistema compartido Cortes Generales y Gobierno de la nación. En el ámbito comunitario, el registro de transparencia es único para la Comisión y para el Parlamento Europeo, de hecho,
convendría además establecer reglas de interoperabilidad de registros y de reconocimiento mutuo de grupos de interés en otras Cámaras, como en el propio Parlamento Europeo o en los parlamentos regionales, porque, señorías, es sumamente curioso que
los diputados de Cortes Generales deban revelar y publicar sus interlocuciones con las representaciones diplomáticas de Estados extranjeros, pero, oigan, los miembros del Gobierno de la nación no tienen que hacer nada, como hemos visto hace bien
poquito con el caso Delcy. También la medida que acuerda durante cuatro años posteriores a dejar el escaño en el Congreso la imposibilidad de ejercer como lobista, entendemos que va más allá de lo que establece la propia Ley de incompatibilidades,
que es solo de dos años. Parece desproporcionado que una persona que no ha ocupado un cargo en la Administración, ni ha tenido acceso a fondos públicos, ni a contratación pública pueda ver limitada su carrera profesional más allá de lo que
contempla la Ley de incompatibilidades.
En resumen, señorías, han traído ustedes un texto apresurado lleno de incongruencias jurídicas y reglamentarias que trataremos de mejorar durante su tramitación. Confiamos en que a esta propuesta no le suceda como a otras que ya hemos
comentado y no siga la misma suerte que el ingreso mínimo vital, la dependencia, la seguridad ciudadana, el transporte y la vivienda o los secretos oficiales, y así hasta más de veintidós leyes que tienen ustedes bloqueadas desde hace más de seis
meses. Sin tramitación, señorías del PSOE y de Unidas Podemos, van a conseguir ustedes el gran objetivo del señor Sánchez, que no es otro que el Congreso de los Diputados ni legisle, ni controle al Gobierno. Lo harán, eso sí, con el acuerdo
silencioso y cómplice de todos aquellos que decían venir a regenerar la vida pública, pero se quedaron en el viaje a ninguna parte, señorías.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra el señor Rego Candamil.
El señor REGO CANDAMIL: Grazas, señor presidente.
El BNG defiende la máxima transparencia en la gestión pública, pero también que esta debe estar al servicio de los intereses de las mayorías sociales; por eso rechazamos todo tipo de injerencia y de presión de los intereses económicos sobre
los poderes públicos. Ahora bien, dudamos de que realmente sirva para acabar con estas presiones legalizar la figura del lobista profesional, especialmente en un Estado en el que alguno de los principales lobistas son exministros, exdiputados y ex
altos cargos del bipartidismo tradicional, especialmente también porque los grandes poderes económicos tienen otros medios e interlocutores. Ustedes nunca se preocuparon por regular o por prohibir las puertas giratorias; por el contrario, las
engrasaron con la participación directa del presidente del Gobierno y ministros. Parece que ahí tanto PSOE como Partido Popular no tienen ninguna discrepancia. Pero, además, nos parece inadmisible que para dar carta de naturaleza y apariencia de
decencia en las relaciones con los grandes poderes económicos introduzcan elementos antidemocráticos que dificultan la labor de relación con la sociedad. Porque, ¿consideran ustedes no ya democrático y de izquierdas, sino simplemente normal, tratar
igual a Repsol o a Naturgy que a una plataforma de jubilados? ¿Consideran lógico exigir lo mismo a las empresas del IBEX 35 que a las plataformas sociales y entidades sin ánimo de lucro?
No vamos a oponernos a la toma en consideración porque estamos de acuerdo en que se debata sobre esto, pero ya advertimos que o corrigen estos aspectos antisociales o antidemocráticos...
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias, señor Rego. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Tiene la palabra la señora Sabanés Nadal.
La señora SABANÉS NADAL: Gracias, presidente.
Este debate es muy oportuno, sobre todo después del debate anterior relacionado con las eléctricas. Nosotros reconocemos que esta propuesta es un buen comienzo. Las leyes de transparencia sin duda democratizan, pero también es verdad que
se van debilitando a medida que nos acercamos a la toma de
decisiones. Un ejemplo claro: 2018, Europa, las reuniones mantenidas con los lobbies privados empresariales eran de un 90 %, mientras que las reuniones dedicadas a los que representaban el interés público eran de un 10 %. Desequilibrio,
¿verdad? Por eso es importante regular los lobbies, relacionando con las leyes las agendas y la mejora de la huella normativa, para completar un sistema de transparencia que todavía en nuestro país es poco ambicioso y para seguir la trazabilidad de
las decisiones públicas.
Hay una serie de mejoras importantes sobre el texto que vamos a proponer. Les voy a citar, cuando menos, cinco mejoras importantes. En primer lugar, hay que introducir y desarrollar estándares más ambiciosos, como los que impulsan
Transparencia Internacional o Access Info Europe. En segundo lugar, no hace falta la adicional para hacer un régimen específico para algunas entidades. Las normativas que tenemos ya plantean la posibilidad para estas organizaciones. Y, por
último, hay que enlazar e interrelacionar las agendas y el registro de los grupos de interés para unificar la información, tanto de esta institución como de otras. Es muy importante mejorar el contenido de las obligaciones, presupuestos que
destinan a los lobbies, contratos públicos, etcétera.
Señorías, esto no es más que una cuestión de calidad democrática...
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias, señora Sabanés. Ha terminado su tiempo. Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Señor Pagès i Massó, tiene la palabra.
El señor PAGÈS I MASSÓ: Presidente, señorías, la exposición de motivos lo dice bien claro. El nuevo título 14 del Reglamento del Congreso que regula los grupos de interés homologa a España con los países de su entorno. No podemos estar
más de acuerdo, porque en Cataluña, un país del entorno de España, ya se aprobó en 2014 una Ley de transparencia que incluía la obligatoriedad de un registro de grupos de interés para todas las administraciones e instituciones. En 2015 se reformó
el Reglamento del Parlament en desarrollo y aplicación de la regulación general.
Entrado en el fondo del asunto, la corrupción es una cuestión de persistente actualidad, una de las preocupaciones más importantes de la ciudadanía. En la Comisión Europea, los informes Greco han puesto repetidamente en evidencia al Estado
español por no cumplir sus recomendaciones en este ámbito. En definitiva, los grupos de interés y su influencia en la actividad parlamentaria deben, inexcusablemente, ser regulados. Aquí no se trata de fiscalizar las relaciones de los
representantes políticos con sus representados, se trata de situarnos en un paradigma ético, el de la lucha contra la corrupción, el paradigma del buen gobierno, de la transparencia y de la integridad institucional. Por esto, vamos a votar a favor
de esta iniciativa, aunque hay algunas cuestiones técnicas y algunas no tan técnicas que nos preocupan profundamente.
En primer lugar, el código de conducta prevé que los grupos se comportarán con respeto a la Constitución -artículo 211- o adecuarán su conducta a la Constitución -disposición adicional segunda-. ¿Es esto una obligación de adhesión
ideológica a la Constitución? Se quiere excluir a las asociaciones independentistas como la ANC, el Consell per la República, las de carácter republicano, etcétera. Por ahí no pasaremos.
En segundo lugar, cuestiones más técnicas. La primera, el registro -ya se ha señalado- debería ser solo obligatorio para los grupos de interés con voluntad de permanencia y continuidad; para los ciudadanos particulares, para las
agrupaciones de ciudadanos, para los afectados por una iniciativa parlamentaria puntual, el registro puede ser una barrera en contra de la finalidad buscada, aunque se deba dejar constancia en la agenda de todos los diputados y en la huella
legislativa. Segunda cuestión técnica -la explicaba el señor Iñarritu-, deben categorizarse diferentes tipos de grupos de interés con diferente regulación. No son lo mismo los lobbies profesionalizados que los grupos sectoriales de consumidores,
de agrupaciones comerciales, sindicatos o los grupos de reflexión, ideológicos, las organizaciones no gubernamentales. Se tienen que categorizar y diferenciar diversos regímenes jurídicos.
En tercer lugar -también se ha señalado-, debería haber un registro único para todas las instituciones y, por tanto, esto nos lleva a un déficit de esta regulación, que, evidentemente, es una regulación específica para esta Cámara
legislativa y no para el conjunto de las instituciones y administraciones del Estado, que es lo que debería ser.
Finalmente, la proposición de reforma del Reglamento incluye un régimen sancionador para diputados que hacen trampa. Esta parte no nos parece problemática porque lo que tenemos que hacer los diputados
es cumplir con nuestras obligaciones de transparencia. Hay a quienes no les gusta cumplir con sus obligaciones de transparencia; yo creo que son los mismos a los que no les gusta la democracia.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra la señora Vallugera Balañà.
La señora VALLUGERA BALAÑÀ: Gràcies, president.
Buenas tardes, diputados y diputadas. Voy a ser sucinta porque ya se ha argumentado mucho. Nosotros, de entrada, hemos dicho que votaríamos favorablemente, en el bien entendido de que todos los comentarios que hemos hecho acerca de cómo
está redactada tendrían su oído atento en el momento del trámite de enmiendas, porque esto es una proposición de Reglamento, una toma en consideración, que muy emocionante no es, también se lo diré.
Es lamentable -e intentaré no repetirme-, pero en Cataluña ya tenemos la Ley 19/2014 para la Administración, el Reglamento es de 2015; en el resto de Estados ya está, y ustedes, en lugar de traernos una ley sobre transparencia, buen
gobierno, acceso a la información y grupos de interés que ataña a la Administración y al Gobierno, empiezan a enseñar la patita con el Congreso. No es emocionante, no es revolucionario, pero, como alguien ha dicho, es un pasito y les acompañaremos
en el pasito o les acompañaremos en la posible tramitación de este pasito. Pero estaría bien que trajesen la que hace referencia al Gobierno y a la Administración, porque es cierto que estaría bien categorizar jurídicamente para que después el
Reglamento del Congreso haga referencia a ese bien definido.
Pero, más allá de la técnica legislativa y de la diferenciación entre organizaciones y empresas, lo imperdonable es que hayan sacado del Reglamento a los partidos políticos, a los sindicatos, a las organizaciones territoriales. Con eso no
estamos de acuerdo. Más allá de eso, la pregunta es: ¿falta transparencia en este Congreso? Sí, falta transparencia, y, por tanto, les acompañaremos, pero es que falta transparencia en este Estado. A ver si son un poco más valientes y
próximamente nos traen una ley sobre transparencia de la Corona. Ya no digo una ley de la Corona, digo una ley de transparencia sobre la Corona, porque resulta que yo tengo que hacer mi declaración de bienes, intereses y demás. Y oiga, lo
encuentro fantástico; lo que se deben reír con esa declaración, pero lo encuentro fantástico, lo encuentro justo. Pero no tenemos ni la más remota idea de los negocios, ni de los viajes, ni de los chanchullos, ni de las ventas de cosas a otro
Estado con la mediación del jefe del Estado. No tenemos ni idea de todo eso; ni sé cómo se fueron a cazar elefantes, si lo pagué yo o lo pagó otro; ni sé cómo está ahora en Arabia, si su sistema de seguridad lo pago yo o lo pagan otros. Eso es
lo que necesita este Estado, transparencia, porque, al menos, ya que no lo votamos, ya que nos lo tenemos que tragar nos guste o no, queremos saber qué nos cuesta, qué hace y a qué se dedica. Porque las referencias internacionales no dejan bien
parado al emérito. Eso sí, el actual, que está muy preparado, no nos ha dado todavía esos pequeños... Bueno, sí que los ha dado, sí, pero hacemos ver que no lo vemos, ¿verdad, PSOE? Hacemos ver que no lo vemos. Al final, resulta que la monarquía
constitucional es un gran sistema de Estado. No me digan, ustedes eran republicanos y nosotros lo somos ahora, y antes de una ley de la Corona tendríamos que hacer una ley para un referéndum y cambiar el sistema de Estado. También le digo que a mí
me da un poco lo mismo, porque mi modelo de Estado es otro, pero va por ustedes.
Por tanto, ¿transparencia en los diputados? Sí. ¿Trasparencia en todo lo que tenga que ver con fondos públicos? También. ¿Pero es esta la única necesidad que tiene este Congreso, o Parlamento, o díganle como quieran? No, necesita
transparencia, mucha más, pero también necesita democracia, porque en este hemiciclo no se puede hablar de una eventual ley orgánica de amnistía porque la Mesa la inadmite. ¿Y saben qué pasa? Que llevan ustedes años diciendo que juguemos al juego
constitucional, que vengamos aquí y expongamos, pero no sirve de nada. Si prejuzgan si una norma es constitucional o no; si leen la Constitución como si fueran las tablas de Moisés. Porque a veces me pregunto si no están en el momento de las
tablas de Moisés, eso también es verdad. Pero si no podemos hablar de nada de lo que nuestra gente nos ha votado para hacer. Por tanto, transparencia, sí, ayudaremos. Y democracia, por favor. ¿No les da vergüenza que en este hemiciclo no se
pueda hablar de todas las cuestiones políticas que atañen al Estado y a sus ciudadanos? Entonces, ¿saben qué? Ni es un Congreso ni es una democracia, y para eso no hace falta ni que sea transparente.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra el señor Pisarello Prados.
El señor PISARELLO PRADOS: Muchas gracias, presidente.
Obviamente, vamos a apoyar la necesidad de regular los grupos de interés, porque llevamos batallando mucho tiempo por ello en esta Cámara, pero no podemos hacerlo a partir del mito liberal de que la sociedad civil es un espacio idílico de
igualdad entre los individuos y los grupos, porque eso no es así. Detrás de la sociedad civil a menudo se camufla la sociedad mercantil, que, como sabemos, no son solamente las pymes, sino que están atravesadas por monopolios, por oligopolios y por
grandes grupos privados que lo que quieren no es influir en el proceso legislativo, sino capturar a las instituciones públicas para ponerlas a su servicio.
Entonces, ¿hay que regular estos grupos de interés? Sí, pero hay que saber que no todos persiguen el mismo interés, que no todos tienen el mismo peso en el mercado, que no todos tienen los mismos recursos económicos para defenderlos.
¿Acaso tienen los mismos intereses la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y el Sindicato de Inquilinas, que se crearon para evitar desahucios, para garantizar la dignidad del derecho a la vivienda, que BlackRock, un megafondo de inversión que
tiene activos que equivalen a siete veces el producto interior bruto español, con acciones en todas las empresas del IBEX y uno de los principales lobbies contrario a la regulación de los alquileres? ¿Cómo van a tener el mismo interés Aigua és Vida
o Ecologistas en Acción, que llevan años defendiendo el agua como un bien esencial para la vida y el mantenimiento de los ecosistemas, que una empresa como Agbar, filial del gigante Suez, que en Cataluña ha dedicado recursos ingentes a criminalizar
a activistas y ha puesto más de cuarenta y dos procesos judiciales a municipios y entidades locales simplemente por querer municipalizar el servicio del agua, como se ha hecho en Berlín o en París?
Evidentemente, un Estado democrático digno de ese nombre debería obligar a que estos grandes lobbies salgan de la sombra, que actúen como poderes visibles y no como una suerte de criptogobierno que preferiría imponer directamente su decisión
a este Parlamento. Y para eso no va a bastar simplemente con un reglamento, porque estos poderes -como diría hoy Elias Canetti- son especialistas en blindar la opacidad del 1 % al que pertenecen y maximizar la visibilidad del 99 % restante. Para
eso, más allá de los reglamentos, hacen falta otras cosas: invertir en medios de comunicación, en redes sociales, en fake news y, sobre todo, en bufetes de abogados a los que una pequeña ONG nunca va a tener acceso.
Les podemos decir, efectivamente, que se registren y que respeten la Constitución, pero no descartemos, como hizo la patronal inmobiliaria en Barcelona, que al día siguiente puedan crear una organización que se llame Abogados por la
Constitución que se encarga de todo lo contrario, de difamar a los activistas que defienden el derecho constitucional a la vivienda (aplausos) e intentar quitarles todas las ayudas que recibieron o que vienen recibiendo legal y legítimamente desde
hace mucho tiempo. Les podemos pedir que informen sobre los negocios que tienen en ámbitos como la sanidad, las pensiones, la vivienda, y quizá lo hagan, pero les aseguro que luego van a intentar invisibilizarlo absolutamente a través de los
grandes medios de comunicación españoles, casi todos participados hoy por fondos de inversión, como Amber Active, BlackRock o Brookfield. Y no nos engañemos, señoría, porque -se ha dicho también aquí- muchos de estos grandes lobbies, sobre todo los
que representan a la economía rentista del pelotazo fácil, financian o tienen vínculos estrechos también con partidos que se sientan en esta Cámara.
Yo creo que no hay que ser Sherlock Holmes para advertir por qué hay gente de la ultraderecha que no quiere declarar dónde y para quién ha trabajado en los últimos años, o los regalos o donaciones que ha recibido. (Aplausos). Y no me
parece que ese sea un problema simplemente jurídico; creo que efectivamente quedaría en evidencia que detrás de la pulsera con la bandera y del pecho abombado y marcial se esconde, como diría Antonio Machado, el partido de los que nunca dejan de
mirar sus negocios y que estarían dispuestos a entregar a la patria si hiciera falta para defenderlo. (Aplausos).
Creemos que, efectivamente, hay que regular la actividad de influencia de los grupos de interés con normas y sanciones que sean claras; que sean claras para el poder público que nosotros mismos representamos, pero también para el poder
privado. Porque esa regulación, insisto, no puede ser una regulación ingenua, debe partir de una realidad social que es enormemente desigual. Por eso, para que la libertad y la igualdad sean reales y efectivas lo que hay que hacer es remover los
obstáculos que
impiden que eso ocurra, que es lo que dice el artículo 9.2 de la Constitución de 1978 y es lo que por sistema olvidan los autodenominados constitucionalistas de derechas cuando nos recuerdan el ordenamiento jurídico. Esos obstáculos hoy,
aquí y ahora tienen nombre y apellido, son Blackstone, son los BlackRock, son los grandes lobbies que en plena pandemia han precarizado el trabajo hasta la extenuación y han especulado sin sonrojo con bienes básicos como alimentos, como vacunas,
como viviendas simplemente para multiplicar sus beneficios.
¿Queremos regular su influencia en el proceso legislativo? Pues dejemos de ponerles alfombras rojas y pongámosles diques de contención. ¿Ayuda a ello que les forcemos a salir de la oscuridad como a los vampiros, a través de un registro que
dé cuenta de su interlocución con el Congreso? Si se hace con realismo y con valentía, claro que ayuda, pero junto a ello hay que desmercantilizar y blindar ya derechos sociales y ambientales básicos como la vivienda, la salud, el agua, la energía
y hay que dar voz efectiva no ya a quienes sin presentarse a lecciones votan cada día gracias al poder económico que tienen, sino a quienes no son suficientemente escuchados: las pymes, las cooperativas, el abandonado mundo rural, el mundo del
trabajo, el mundo de la cultura, los movimientos feministas, los movimientos ecologistas, los jóvenes creadores, es decir, todos los que conforman esa economía que no es monopolista, que no es extractivista y en la que ya puede vislumbrarse un
modelo de sociedad más moderno y más democrático. (Aplausos). Porque, si no lo hacemos, señorías, si no entendemos que esto también va de democratizar la política y de democratizar la economía, lo que puede ocurrir es que este Reglamento, que sin
duda es necesario, que sin duda es importante, pueda pasar a la historia como un intento estéril y a la postre frustrante de intentar detener la embestida de un tren sin frenos con una Biblia en la mano. Y eso, por razones de democracia elemental,
no podemos permitírnoslo.
Gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias, señor Pisarello. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra el señor Navarro López.
El señor NAVARRO LÓPEZ: Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, en nombre del Grupo Popular, señor Navalpotro, le quería dar las gracias por el tono, sinceramente, y también por lo que creo que puede ser en parte una buena intención, pero usted tiene dos problemas.
El primero es que esta es una modificación del Reglamento de la Cámara y, como tal, tiene que tener mayoría absoluta. ¿Con quién va a votar esto usted? ¿Con los que acaban de insultar a la Jefatura del Estado? ¿Con los que están viendo
solamente una parte de la iniciativa? ¿Con aquellos que sistemáticamente nos insultan a todos los demás? ¿Con el Partido Popular, al que no ha llamado absolutamente para nada? Este es un mensaje directo al sector de las relaciones
institucionales: el Grupo Socialista no quiere modificar el Reglamento. Porque, como usted mismo ha reconocido, esto requiere mayoría absoluta.
Y el segundo de sus problemas lo tiene sentado ahí. (Señala a la bancada del Gobierno). Bueno, hoy no hay nadie, pero sí tiene a la señora Lastra, que esta mañana ha dado una rueda de prensa y ha dicho, literalmente: El Partido Socialista
quiere paredes de cristal. ¿Paredes de cristal para ver las negociaciones con Bildu? ¿Paredes de cristal para que nos den el informe del Consejo de Estado sobre los fondos europeos? ¿Paredes de cristal para que nos den la documentación de la SEPI
sobre las ayudas a Plus Ultra? ¿Paredes de cristal para qué y para quién, señores del Partido Socialista? Solo para lo que les da la gana. (Aplausos). Porque, señora Lastra, señores del Grupo Socialista, señor Navalpotro, hay trescientas treinta
peticiones de comparecencia de ministros pendientes, trescientas setenta y seis peticiones de comparecencia de altos cargos pendientes solo del Grupo Popular, denuncias de falta de transparencia de la Unión Europea, no han cumplido seis de cada diez
resoluciones del Consejo de transparencia, y vienen aquí a darnos lecciones, ¿de qué? ¿De transparencia, al resto? El Gobierno menos transparente de la historia, el que, como se ha dicho, en plena pandemia se cargó la web de transparencia para que
nadie supiera lo que estaban haciendo. Y, enfrente -y estos son datos- está el Partido Popular.
Efectivamente, en 2013 aprobamos la primera Ley de transparencia y acceso a la información y buen gobierno de España. Se creó el Consejo de la transparencia y la página web. Por cierto, hace nueve años se pusieron en marcha -nadie lo ha
recordado- las declaraciones de bienes y actividades de sus señorías. Hablando de declaraciones de bienes y de ocultar la verdad, toda la verdad y nada más que la
verdad, un saludo afectuoso, en nombre de todos los diputados del Partido Socialista hacia el exministro Huerta y hacia el ministro Duque. En 2014, se aprobó una resolución en el debate del estado de la nación que el PSOE tumbó para poner
en marcha trabajos para regular los grupos de interés en este Congreso.
En el año 2017, el Grupo Popular volvió a traer una iniciativa legislativa al respecto. ¿Qué dijo Podemos, señor Pisarello, cuando se hablaba de la iniciativa legislativa del Grupo Popular en el año 2017? Que el registro -está por aquí
sentada la diputada- era un esperpento estéril. Pero ¿qué dijo el Grupo Socialista? ¿Sabe lo que dijo el Grupo Socialista, señor Navalpotro? El orden debería ser el inverso: primero el Gobierno. ¿Dónde está la iniciativa del Gobierno en
exposición pública? ¿Por qué no regulan primero la obligación de Iván Redondo de decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad de con quién se reúne? (Aplausos). Evidentemente, porque no les interesa. El Grupo Socialista dijo que
había regular el lobby primero en el Gobierno cuando la iniciativa era del Grupo Popular. Lecciones, las justas.
Han hablado ustedes del proceso constituyente. En 1978, la primera persona que habló de lobby en esta Cámara fue don Manuel Fraga Iribarne, que venía de ser embajador de España en Londres y que, por la experiencia que tenía en ese país de
acceso al lobby, propuso que nuestra Constitución regulara los grupos de interés. Y no hace falta que les diga quién tumbó la iniciativa: la izquierda. Evidentemente, la izquierda.
La realidad, señorías del Grupo Socialista, señorías de la izquierda, es que yo creo que no se han leído la iniciativa legislativa. No se la han leído. No se la ha leído, señora Lastra. Porque ustedes la dividen en cuatro partes.
Primera: definiciones. Señor Pisarello, ¿qué es un grupo de interés? Es toda aquella estructura que se dirige, con una comunicación directa o indirecta, hacia el legislador o hacia el Ejecutivo con una única intención: influir en el proceso de
decisiones públicas. ¿Es un lobby la Plataforma de Afectados por la Hipoteca? Por supuesto que sí. Según la doctrina -le recomiendo a Baumgarten, a Locke, le recomiendo una ponencia muy interesante que se defendió en el Congreso Mundial de
Sociología, en 2018 en Toronto, sobre la puerta giratoria inversa y Ada Colau-, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca es un lobby. Pero no lo dice el Partido Popular, lo dice toda la doctrina mundial, y usted lo reconoce. Vuelvo a preguntar:
¿Se ha leído la iniciativa? Porque lo que ustedes han venido aquí es a decir: lobby bueno, lobby malo. Y no hay lobby bueno y lobby malo, no hay grupo de interés bueno. Legislamos para todos, absolutamente para todos; por lo tanto, si
legislamos un lobby, tenemos que legislarlos absolutamente todos.
Ustedes hablan de registro, pero invierten la carga de la prueba también en esto con la huella legislativa. ¿Saben cuál es el único Gobierno que tiene una huella legislativa en estos momentos en España? La Junta de Castilla y León,
gobernada por el Partido Popular. Y ya que hablamos de huella legislativa y transparencia, señor Navalpotro, ¿quién ha redactado la iniciativa que han presentado? Porque a todos los que llevamos investigando en esto unos cuantos años nos suena el
texto; y mucho, por cierto, y mucho. Sea transparente. Tire de huella legislativa. ¿Quién ha redactado este texto? A mí me interesa saberlo y estoy seguro de que a sus señorías también. ¿Quién les ha propuesto a ustedes que en el régimen
disciplinario y, sobre todo, en la huella legislativa, se invierta la carga de la prueba? La PPL del Grupo Parlamentario Popular de 2017 decía que tenía que tener la carga de la prueba el lobista, el grupo de interés; la suya la invierte y es el
diputado. Le vuelvo a preguntar: ¿quién ha redactado esta iniciativa? Porque yo creo que sería un dato muy relevante.
En último lugar -y con esto termino-, el régimen disciplinario. Miren a la Mesa. Lo que ven detrás es una Mesa con mayoría de izquierdas. Señor Pisarello, mayoría de izquierdas, pero supongo que usted es consciente de que en algún momento
-más pronto que tarde, se lo aseguro- aquí no habrá una mayoría de izquierdas, y, según esta iniciativa, la Mesa nos va decir a todos los diputados con quién nos podemos reunir, ¡con quién nos podemos reunir! Y esto, evidentemente, es
inconstitucional por muchísimos motivos. Además de lo que se ha comentado ya, un ministro de Justicia puede ser lobista en dos años y un diputado en cuatro. Ya sabemos que un ministro de Justicia puede ser fiscal general en un día. Eso ya lo
sabíamos, pero ahora sabemos también que se cargan la Ley del alto cargo, porque los dos años los pasan a cuatro. Repito, señores de la izquierda... (Prolongados aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchísimas gracias, señor Navarro, se ha terminado su tiempo. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A LA CONVOCATORIA URGENTE DE LA CONFERENCIA DE PRESIDENTES AUTONÓMICOS. (Número de expediente 162/000665).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Pasamos al punto del orden del día relativo a las proposiciones no de ley. Comenzamos con la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la
convocatoria urgente de la Conferencia de Presidentes autonómicos.
Para la presentación de la iniciativa, tiene la palabra la señora Gamarra Ruiz-Clavijo.
La señora GAMARRA RUIZ-CLAVIJO: Gracias, presidente.
Señorías, se está convirtiendo ya en un hecho recurrente para mi grupo parlamentario tener que presentar iniciativas instando a este Gobierno a algo tan intrínseco para cualquier demócrata como es cumplir la ley y que se cumplan las
resoluciones que aprueba el Parlamento. Pero esa es una nota distintiva más que ha conseguido imprimir en su Ejecutivo el inefable Pedro Sánchez, que cada vez está más cercano a sus socios totalitarios de Gobierno y más alejado de la democracia
parlamentaria. Decía un 4 de septiembre de 2020 la hoy ministra de Sanidad, tras la penúltima Conferencia de Presidentes: 'Hasta que derrotemos definitivamente a esta maldita pandemia, tenemos que continuar articulando una respuesta coordinada de
todos los Gobiernos para mantener a raya el virus y construir un nuevo país, que nos permita afrontar el futuro con garantías'. Pues bien, esto decía el 4 de septiembre de 2020 en lo que ella definía como la piedra angular de la cooperación
territorial y de la cogobernanza, es decir, una Conferencia de Presidentes. Y es que uno de los problemas de este Gobierno es que con la misma rapidez con la que inventa términos -en este caso, cogobernanza- es capaz de vaciarlos de sentido y de
contenido. Es decir, pura fatuidad terminológica para referirse a lo que es simplemente el cumplimiento de los principios de cooperación, de colaboración y de coordinación que presiden la organización territorial del Estado del título VIII de
nuestra Constitución, y que deben presidir las relaciones entre las distintas administraciones territoriales y su relación con la Administración central. Pues bien, tras la conferencia celebrada el 26 de octubre de 2020 -un día después de que se
declarara el segundo estado de alarma para toda España desde que comenzara la pandemia- no ha vuelto a reunirse, y no será porque no ha habido numerosos presidentes de comunidades autónomas de distintas ideologías y partidos políticos que han
requerido la celebración y la convocatoria de la misma. Pero, es más, el propio señor Sánchez incumple de manera flagrante el artículo 14 del Real Decreto 956/2020, de 3 de noviembre, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el Real
Decreto 926/2020, de 25 de octubre, en el que bajo el epígrafe 'Rendición de cuentas' se establece: 'Asimismo, transcurridos cuatro meses de vigencia de esta prórroga, la Conferencia de Presidentes autonómicos podrá formular al Gobierno una
propuesta de levantamiento del estado de alarma, previo acuerdo favorable del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud a la vista de la evolución de los indicadores sanitarios, epidemiológicos, sociales y económicos'. Ese plazo de
cuatro meses expiró el pasado 9 de marzo sin que se haya convocado la conferencia. Es decir, incumpliendo el mandato de esta Cámara a la hora de autorizar la prórroga.
Señorías, seguro que se han acordado y se acuerdan perfectamente de este artículo relativo a la rendición de cuentas, por el que presentamos esta proposición no de ley. ¿Y por qué lo recuerdan? Porque ustedes mismos fueron quienes
exigieron al Gobierno control y rendición de cuentas. Fuimos muchos los grupos parlamentarios los que registramos propuestas de resolución similares a la que finalmente se aprobó y, más concretamente, fue Esquerra Republicana la que registró esta
resolución a la que se condicionó la prórroga de seis meses. ¿No vamos a exigir su cumplimiento? ¿Seremos capaces aquellos que planteamos estas propuestas de no exigirlas ahora? ¿Era un engaño más de Pedro Sánchez? Pero el problema es: ¿vamos a
dejar entre todos que nos engañe nuevamente? Es que, además, es pertinente su convocatoria porque siguen siendo necesarias reformas legislativas para dotar a las comunidades autónomas de las herramientas legales para poder adoptar medidas para
contener la transmisión del virus y para proteger la salud de los ciudadanos en sus respectivos territorios. ¿Y por qué? Porque el virus sigue ahí.
Sistemáticamente el Gobierno ha hecho caso omiso, rechazando el plan jurídico alternativo que hasta en dos ocasiones el Grupo Parlamentario Popular ha presentado en el Congreso, por lo que, tal y como decíamos que iba a ocurrir, las
distintas autonomías se han visto abocadas a tener que aprobar leyes propias para poder adoptar medidas preventivas para proteger a su población. En unos casos han sido
ratificadas por sus respectivos tribunales superiores de justicia, pero en otros casos esas leyes o esas medidas han sido rechazadas. Esta inseguridad jurídica en absoluto puede achacarse a los tribunales, que ejercen su labor de
interpretación de las normas vigentes, sino al abandono de sus funciones y a la absoluta desidia de este mal Gobierno con una pandemia que todavía sigue ahí. Y no es solo que se desoiga a este grupo parlamentario o al resto de grupos de la Cámara,
sino que se desoye a las comunidades autónomas, a la doctrina que de forma casi unánime exige reformas o al propio órgano consultivo superior del Gobierno, el Consejo de Estado, que en un dictamen de marzo ya reclamaba legislar en este sentido.
Pero es que hay más, ayer mismo el Tribunal Supremo -en una sentencia por la que rechaza el recurso del Gobierno de Canarias tras la no ratificación del cierre perimetral de las islas por alta incidencia del COVID- nos daba también la razón,
reforzando nuestra insistencia en la necesidad de contar con una ley de pandemias, al establecer que basta una ley ordinaria para limitar derechos, pero que sería deseable una específica para la pandemia.
En definitiva, señorías, no se corresponde con la Constitución la afirmación de que toda limitación de un derecho fundamental ha de hacerse única y exclusivamente por una ley orgánica, sino que es posible que también se desarrolle a través
de otra legislación, como puede ser una ley de pandemias. Hemos podido ver cómo hasta el Tribunal Supremo ya está diciendo que su alternativa a la propuesta de una ley de pandemias que ha promovido y ha impulsado el presidente Casado, su recurso de
casación al Tribunal Supremo a nuestro plan B jurídico, es una medida ineficaz, una medida lenta, una medida que no va a solucionar un problema general de todo el territorio español. Por todo ello, esta proposición no de ley está de plena
actualidad y sigue siendo tan necesaria como al principio de la pandemia. Esta proposición no de ley para la que pedimos el apoyo insta al Gobierno a que se ponga a trabajar inmediatamente y convoque a los presidentes autonómicos, como casi la
totalidad de ellos viene exigiendo al Gobierno.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Mazón Ramos.
El señor MAZÓN RAMOS: Hay que reconocer que con motivo de la pandemia el presidente del Gobierno y los presidentes de las comunidades autónomas se han reunido, aunque sea virtualmente, más veces que nunca y, ahora que están cambiando las
circunstancias, yo creo que es un buen momento para que se reúnan nuevamente para reflexionar e incluso planificar el futuro inmediato, porque realmente esto no está acabado. No está acabada ni la pandemia ni mucho menos la crisis económica, que es
el gran reto que existe para los próximos años.
En esta línea, con este carácter constructivo, la convocatoria urgente creo que es necesaria y la vamos a apoyar desde el Partido Regionalista de Cantabria. Pero lo que no puede ser es que se utilice como una plataforma en la que cada
presidente, en vez de hablar en nombre de su comunidad autónoma, hable en nombre de su partido político y sea una continuación del debate que tenemos todos los miércoles en esta Cámara.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
Tiene la palabra el señor García Adanero.
El señor GARCÍA ADANERO: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, la verdad es que simplemente ver el real decreto sería motivo suficiente para no tener ni que traer la cuestión aquí y que se reuniera la Conferencia de Presidentes. Está bien que se reúna.
Dicho esto, hay que recordar que todos los presidentes de las comunidades autónomas son los representantes ordinarios del Estado en esa conferencia, por lo que si vemos que un presidente, cuando toma posesión del cargo, lo primero que dice
es que tiene como objetivo primero conseguir primero un referéndum de autodeterminación y, a continuación, una república independiente catalana, es evidente que difícilmente va a hacer ese papel. Si además eso lo hace delante de dos personas que
están encarceladas por un delito de sedición contra el Estado, contra España, todavía complica más las cosas. Si eso se hace, además, con el beneplácito y la rendición de pleitesía por parte del ministro correspondiente del Gobierno de España,
todavía lo complica un poco más. Si a eso le añadimos, además, que están contentos y encantados, porque el propio presidente del Gobierno ha dicho que en la Constitución no cabe
la revancha y que, por lo tanto, el indulto es algo que habrá que conceder a esas personas, ¿qué más podemos pedir? Evidentemente, la revancha no está en la Constitución, pero tampoco está el derecho a decidir ni tampoco el derecho a la
autodeterminación. Por lo tanto, por parte del Gobierno de España lo que sí está en la Constitución es el cumplimiento de la propia Constitución, la lealtad a la propia Constitución y el cumplimiento de todas y cada una de las leyes. Si a todo el
que ha cometido un delito le vamos a abrir la puerta de la cárcel -ya hemos visto que lo van hacer con los de la sedición y que ya lo han hecho y lo están haciendo con etarras-, solo queda...
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias, señor Adanero. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
A continuación, por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Esteban Bravo.
El señor ESTEBAN BRAVO: Buenas tardes, señoras y señores diputados.
Hola, señor vicepresidente. Acláreme, porque no estoy seguro, si este punto es el del Grupo Parlamentario Popular sobre la Conferencia de Presidentes. ¿No es el de la CUP sobre la Ley de Amnistía? (Risas y aplausos). Me he quedado un
tanto confundido, se lo digo de verdad. Como también voy a intervenir en el siguiente, he pensado que se había adelantado.
Bueno, si es sobre la Conferencia de Presidentes, voy a ser conciso y breve. Yo creo que esta iniciativa viene un poquito tarde. Evidentemente, está presentada el 30 de abril, pensando que todavía no había acabado el estado de alarma y que
se podía convencer u obligar al Gobierno a que extendiera el estado alarma o a que tomara la iniciativa con otras medidas legislativas. Ciertamente ya no estamos en ese momento. Ya se ha pedido una respuesta y no se ha dado, en muchos casos ni
siquiera el razonamiento de por qué no se prorrogaba el estado de alarma. Evidentemente, ya estamos en una situación diferente y, en su caso, cuando se produjera lo que ustedes están pidiendo, desde luego ni sería el momento ni el tiempo adecuado.
Más allá de todo esto, yo quiero dejar clara la posición que tiene mi grupo parlamentario sobre estas conferencias de presidentes. Las conferencias de presidentes valen para poco, por no decir para nada, entre otras cosas, por el formato
que tienen. Como tienen que hablar todos y cada uno de ellos, al final es un discurso aislado cada uno con lo suyo y no sirve para encontrar soluciones o llegar a acuerdos. ¿Qué les digo ya si esas conferencias de presidentes son retransmitidas en
directo por televisión? Está muy bien para el presidente del Gobierno de turno, pero luego no aportan nada. Verdaderamente, no aportan nada. El intercambio de información, de soluciones y de propuestas que se puede hacer en privado puede
funcionar muchísimo mejor. Eso es lo que puede funcionar y no este sistema de la Conferencia de Presidentes.
Por lo tanto, no van a contar con nuestro voto a favor. Creemos que es un instrumento inadecuado. Además, en los casos de la Comunidad Autónoma vasca y de Navarra creemos que hay otra circunstancia añadida, que es la disposición adicional
primera de la Constitución. Para nosotros lo que tiene que primar es una relación de bilateralidad entre los Gobiernos, en -este caso, entre la Comunidad Autónoma vasca y el Gobierno del Estado- y no una Conferencia de Presidentes en la que se
puedan subsumir asuntos que ni competen a todos ni van a conseguir ser aclarados o solucionados con ese tipo de formato. Así que no estamos de acuerdo ni por eficacia ni tampoco por lo que resulta de lo que nosotros entendemos de la relación
institucional que deriva del hecho foral. Por lo tanto votaremos en contra.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Espejo-Saavedra Conesa.
El señor ESPEJO-SAAVEDRA CONESA: Muchas gracias, presidente.
Señorías, leyendo el contenido de esta moción vemos que ya, no por los proponentes, sino por la desidia del Gobierno, su contenido ha devenido claramente extemporáneo. Esta moción, que lógicamente vamos a apoyar, propone que el presidente
convoque de manera urgente, en cumplimiento de la propia normativa que el Gobierno impulsó, la Conferencia de Presidentes para informarles sobre las medidas que piensa adoptar tras la finalización del estado de alarma para que las comunidades puedan
contar con los instrumentos legales necesarios para adoptar medidas de protección de la salud, como es su obligación, para contener la evolución de la pandemia. Pues bien, hace ya más de dos semanas que finalizó el estado
de alarma y el Gobierno no se ha dignado a convocar a quienes el mismo considera responsables de la gestión de la situación, ni siquiera para informarles de eso.
¿Qué ha hecho el Gobierno? Presenta, apenas unos días antes de que finalice el estado de alarma, un real decreto-ley -otro más- de manera abusiva y despreciando las funciones de este Parlamento, que además supone un chantaje a los españoles
porque mezcla en el mismo texto de ese real decreto-ley medidas sociales muy importantes de protección de colectivos vulnerables con la regulación de un novedoso recurso de casación ante el Tribunal Supremo, que es, por cierto, una barbaridad
jurídica y no va a solucionar los problemas de las autonomías.
Esta iniciativa debería servir y sirve para volver a poner de manifiesto la negligencia del Gobierno al no realizar las modificaciones legislativas necesarias que más de un grupo le hemos pedido antes de que terminara el estado de alarma.
Las convocatorias frecuentes de estas conferencias de presidentes han sido y son un instrumento de cooperación importante y necesario entre el Estado y las autonomías como elemento de codecisión y coordinación. Han servido, y así lo han dicho los
presidentes de las autonomías, para fortalecer esos mecanismos entre territorios que forman parte del mismo país y tienen los mismos intereses y problemas, sobre todo en estos momentos con las comunidades autónomas que tienen transferida la
competencia de sanidad.
La Conferencia de Presidentes lleva más de siete meses sin reunirse, lo cual es un despropósito absoluto en esta situación, en la que son más necesarios que nunca esos mecanismos de coordinación para tratar asuntos como la vacunación, las
medidas restrictivas que se tienen que tomar tras la finalización del estado de alarma, sobre todo la movilidad entre comunidades limítrofes o entre territorios, etcétera. Pero, como siempre, el Gobierno actúa sin consultar con nadie aprobando un
real decreto-ley, cuya urgencia y necesidad no pueden argumentarse desde el momento en el que ya se sabía hace seis meses que el 9 de mayo finalizaba el estado de alarma. Por tanto, durante este tiempo, el Gobierno debería haber traído aquí, a esta
Cámara, un proyecto de ley que dotara a las comunidades autónomas de instrumentos para afrontar la pandemia y el pos estado de alarma. Pero no lo hizo y prefirió optar por el uso y abuso, como ya es costumbre, del real decreto-ley en una muestra
más del desprecio que el Gobierno está manifestando por el Parlamento.
No será porque no se le ha instado por parte de diferentes grupos, entre ellos el nuestro, con una proposición de ley orgánica para la coordinación y agilización del sistema sanitario, que preparamos y presentamos en diciembre y donde
proponíamos, entre otras cosas, la potenciación de las funciones de la Alta Inspección de sanidad para mejorar la coordinación de competencias sanitarias y el fomento y agilización de leyes administrativas para favorecer la rapidez y la seguridad en
el control judicial, algo que estamos viendo que hoy es un problema. En este sentido, proponíamos dar potestad a la Audiencia Nacional en única instancia para la ratificación judicial de actuaciones coordinadas en materia de sanidad realizadas por
el Ministerio de Sanidad y una mejora en el control parlamentario del Gobierno sobre los estados de alarma, excepción y sitio proponiendo una modificación de la ley reguladora de estos mecanismos. Pero, como decimos, el Gobierno no hecho nada,
salvo la aprobación de este último real decreto-ley chantaje, donde mezcla churras con merinas generando más problemas.
Mantenemos, es verdad, diferencias con lo que el PP denomina su plan B, porque para nosotros una ley ordinaria no puede limitar derechos fundamentales, pero no hablamos del plan del PP, del plan de Ciudadanos o del plan del PSOE, porque
ciertamente no tienen.
Vamos a apoyar esta iniciativa por la importancia que tiene la Conferencia de Presidentes y la necesidad de que este órgano vuelva a reunirse como órgano de cooperación, debate y codecisión entre el Gobierno central y las autonomías en un
momento trascendental como en el que nos encontramos ahora mismo.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchísimas gracias, señor Espejo. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra el señor Baldoví Roda.
El señor BALDOVÍ RODA: Moltes gràcies, senyor president.
Una previa. La señora Gamarra hablaba de cumplir la ley. Quien esté libre de pecado que tire la primera piedra. Le recuerdo que en el año 2013 tenía que estar acabado el nuevo sistema de financiación por ley. Pasaron tres años de
Gobierno del PP incumpliendo la ley y nunca más se supo, y lo mismo para el PSOE.
Hablaba también de la reunión de la Conferencia de Presidentes. Para nosotros el concepto de cogobernanza no debe tener un significado vacío, porque es -o debería ser- fundamental en un país que se dice el más descentralizado del mundo.
Por eso, yo entiendo que las reuniones periódicas del presidente del Gobierno con los presidentes o presidentas de las comunidades autónomas podrían ser reuniones fructíferas si hubiera lealtad institucional y si hubiera un verdadero sentido de
Estado, pero, visto lo visto, creo que para el Partido Popular son más importantes otras cosas que estas. Y sí que estoy de acuerdo en que probablemente la salida del estado de alarma hubiera sido un poco más ordenada, menos confusa y con menos
sensación de abandono si hubiera habido esa Conferencia de Presidentes. Lamentablemente, las decisiones se han tomado unilateralmente, todo lo contrario que, por ejemplo, se ha hecho en Alemania...
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias, señor Baldoví, ha terminado su tiempo. Estamos cortando al tiempo, tal y como ha avisado la presidenta. Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede
a desinfectar la tribuna de oradores).
Tiene la palabra el señor Bel Accensi.
El señor BEL ACCENSI: Gracias, presidente.
Antes de empezar con el tema, quiero decirle al portavoz de UPN, y a algún otro despistado -si lo hay- en la Cámara, que el president Aragonès es el presidente elegido democráticamente por el Parlament de Catalunya y por el pueblo de
Cataluña, y tiene todo el derecho y todo el deber de defender sus postulados políticos como crea conveniente. (Aplausos). Si cada vez que suben ustedes a esta tribuna, lo único que hacen es vomitar odio hacia Cataluña y hacia los catalanes...
(Varias señoras y señores diputados: ¡Hala!-Rumores). Sí, no se pongan nerviosos, que no le he dicho nada al PP, estoy hablando con UPN. Yo ya sé que es lo mismo allá y aquí, pero déjenme hablar y, si no, voy a pedir el amparo del señor
presidente.
Mientras vomiten odio a Cataluña, a los catalanes y a las instituciones catalanas, a aquellos políticos catalanes constitucionalistas e incluso federalistas se lo ponen ustedes cada vez peor. Pero ustedes no suben aquí para resolver
problemas, no suben para resolver un problema de Cataluña, ni un problema del Estado español. Suben para intentar arañar cuatro votos cortoplacistas, pero ustedes mismos. En todo caso, desde aquí el Partit Demòcrata va a pedir al president
Aragonès que defienda sus postulados políticos, porque es el president legítim elegido por el Parlament de Catalunya.
Dicho esto, vamos a la Conferencia de Presidentes. Resulta un tanto extraño que el Grupo Parlamentario Popular pida que se reúna la Conferencia de Presidentes cuando ha estado años sin reunir la Conferencia de Presidentes y tampoco ha
pasado nada, no se ha caído el Estado español. Yo creo que se lo ha dicho algún otro portavoz; la Conferencia de Presidentes puede servir para quedar bien, para intercambiar experiencias, pero sean sinceros unos y otros, con la Conferencia de
Presidentes no se resuelven los problemas políticos. El problema que se ha creado al finalizar el estado de alarma se hubiese creado igualmente aunque se hubiese reunido la Conferencia de Presidentes, porque cuando se reunía prácticamente cada
semana o cada dos semanas no servía de nada y el mismo Partido Popular criticaba que era una operación de marketing del presidente del Gobierno. Por tanto, nosotros no vamos a apoyar esta iniciativa y vamos a votar en contra.
Muchísimas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchísimas gracias, señor Bel. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra la señora Pita Cárdenes.
La señora PITA CÁRDENES: Buenas tardes, presidente.
Señorías, uno de los políticos más singulares que ha pisado esta corte, don Joaquín Costa, en un fragmento célebre de uno de sus discursos decía: 'Yo no sé si para este país nuestro tan postrado queda ya en lo humano algún remedio; yo no
sé si hemos caído tan hondo que no haya fuerza bastante poderosa a levantarnos'. Duro, duro, pero yo creo que algo de razón tenía don Joaquín. Yo al menos siento esa desazón que expresan esas palabras cada vez que, como en esta ocasión, el PP
intenta -y lo hace una y otra vez- someter al Poder Legislativo a sus intereses sombríos. Todo lo utilizan en esa campaña electoral perpetua en la que parece que están inmersos en busca del Gobierno perdido, aunque tengan
que pasar por encima de los intereses comunes de nuestro pueblo y utilizar, de manera ignominiosa, temas como la crisis sanitaria en la que estamos inmersos. Hoy nos traen una proposición no de ley, señora Gamarra, absolutamente
extemporánea y, en la espiral del todo vale, hoy le toca el turno a la Conferencia de Presidentes autonómicos.
Hagamos memoria. Desde que se llamaban ustedes Alianza Popular, desde los estertores de la transición, han querido convertir los debates de presidentes autonómicos en un lugar para sembrar cizaña y generar un clima de caos en el que tan
bien se desenvuelven ustedes. En 1987, en el Senado, ustedes también en la oposición, aprovecharon el diálogo entre territorios para reventar el debate, exigiendo la ampliación de competencias de aquellas autonomías que se habían tenido que
conformar, efectivamente, con un estatuto que transitaba por la vía lenta. Muy bien, pero es que esa posición no sería otra que puro postureo por parte de ustedes, porque tres años después, con Aznar al frente del Gobierno, harían ustedes
precisamente lo contrario. Aquel Gobierno sería, además, el principal instigador de una inequidad que aún reina en el sistema de financiación autonómica y sus herederos -muchos de ellos hoy enjuiciados y en la cárcel- sentarían las bases de la
política de confrontación entre territorios y desprestigio con la que fue recibida, efectivamente, la creación en 2004 de esa Conferencia de Presidentes autonómicos; Conferencia de Presidentes que, por cierto, con Rajoy en la Moncloa, solo
convocaron ustedes dos veces y a regañadientes, llegando incluso a cuestionarse la utilidad que podía tener. Que ahora ustedes, señorías del Partido Popular, reclamen esa conferencia desde una posición como si fuera iniciativa suya, es otra muestra
más, permítanme, de su poca vergüenza. (Rumores).
Yo no sé qué sentirán las personas aquí presentes de otras comunidades, del País Valencià, de Extremadura, de Andalucía, pero a mí, como canaria, el sentimiento que me producen sus interesados golpes de timón es de puro rechazo. ¿A quién
quieren engañar? ¿Acaso se piensan que no es evidente que el único objetivo que persiguen con esta PNL es activar una nueva tribuna desde donde sostener esa campaña de acoso y derribo a un Gobierno de coalición? Solo por eso les interesa convocar
esa nueva Conferencia de Presidentes, solo por eso. Quieren ustedes convertir uno de los pocos órganos de comunicación bilateral que posee nuestro país de países en otra plataforma para la propagación de sus bulos y descalificaciones. Todo ello
retorciendo las leyes y utilizando como arma arrojadiza la situación de emergencia sanitaria más compleja que le ha tocado manejar a un Gobierno democrático. Señorías del Partido Popular, ya está bien de hacer oposición con una total deslealtad y
falta de ética democrática. Ustedes hasta el otro día aseguraban que existían mecanismos jurídicos suficientes para hacer frente a la situación desde las comunidades autónomas y ahora, que nos encontramos en el escenario que han propiciado, vuelan
a cambiar de parecer. Ustedes, señorías del Partido Popular -permítanme que se lo diga- ni comen ni dejan comer. Ustedes, señorías del Partido Popular, se aferran al poder en algunas comunidades autónomas con el apoyo de hooligans y fanáticos que
quieren acabar con las autonomías para que España vuelva a ser esa España del blanco y negro de una, grande y libre. (Rumores). Por eso, ustedes, señorías del Partido Popular -y no pierdan los nervios-, no tienen ninguna legitimidad para erigirse
ahora como portavoces de las demandas autonómicas.
Buenas tardes. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Sáez Alonso-Muñumer. (Aplausos).
El señor SÁEZ ALONSO-MUÑUMER: Gracias, señor presidente.
Buenas tardes, señorías. Nos presenta el Partido Popular una proposición no de ley relativa a la convocatoria urgente de la Conferencia de Presidentes autonómicos. De su lectura nos surgen varios temas. El primero, sobre el estado de
alarma. Recordemos que hablamos de un estado de alarma de seis meses, cuya aprobación facilitó el Partido Popular con su abstención; hablamos de un estado de alarma abusivo y de cuestionable legalidad; hablamos de un estado de alarma que ha
restringido las libertades de los españoles. Ante ello, el Grupo Parlamentario VOX presentó el pasado mes de noviembre recursos de inconstitucionalidad y de amparo; recursos basados en la evidencia de que el control que la Constitución reserva al
Congreso queda absolutamente desnaturalizado ante una prórroga de seis meses, durante los cuales el Ejecutivo y Gobiernos autonómicos se encuentran investidos de amplios poderes para restringir los derechos constitucionales de los ciudadanos.
Segundo, sobre la Conferencia de Presidentes autonómicos. El artículo 14 del Real Decreto 956/2020 habla de un periodo de cuatro meses mencionado por la señora Gamarra. Llama la atención que el PP
registra esta PNL el 30 de abril, nueve días antes de la terminación del estado de alarma; parece que es el 30 de abril cuando se ha dado cuenta de que el periodo de cuatro meses había terminado; lo fue el 9 de mayo. Estamos, por tanto,
ante un brindis al sol y ante la confirmación de que el Partido Popular es cómplice de la situación de confusión que hemos vivido en este periodo. Recordemos que en el año 2020 se celebraron diecisiete conferencias, catorce de ellas extraordinarias
por la COVID-19 y, a la vista de esta PNL, parece que en ninguna se habló de los instrumentos legales para la protección de la salud de los ciudadanos, como se recoge en esta petición, en esta PNL. Los resultados de estas conferencias desde el
punto de vista sanitario y económico creo que son evidentes. En resumen, hablamos de conferencias que unos convocan muchas veces pero con pobres resultados y otros -caso del PP durante los años 2013 a 2016- ni las convocaron. Parece que los altos
niveles de desempleo y el incremento extraordinario de la deuda pública del 86,3 % al 99,2 % del PIB no eran motivos suficientes para esta convocatoria.
Tercero, sobre el papel de las comunidades autónomas. Hace unos días y ante la finalización del estado de alarma el 9 de mayo, el PP solicitó que las comunidades autónomas pudieran restringir libertades fundamentales. Son las comunidades
autónomas gobernadas por el PP las que con más insistencia están presionando al Gobierno en la restricción de las libertades. Todo ello refleja la inconsistencia de Partido Popular. Primero, por tener planteamientos diferentes en cada comunidad
autónoma. Segundo, a la hora de defender nuestros derechos y nuestra libertad. Lo que es seguro es que su petición se traducirá en una multiplicación de la legislación existente, en un aumento de la insolidaridad y la desigualdad de los españoles
y en un paso más en la voracidad competencial de las comunidades autónomas que tienden a convertirse en miniestados.
Cuarto, sobre adoptar de medidas por parte de las comunidades autónomas en la protección de la salud de los ciudadanos de su territorio -repito, de los ciudadanos de su territorio-. ¿Qué significa eso? Un paso más hacia los reinos de
taifas. Décadas caminando por la senda de la desigualdad ante la docilidad de muchas comunidades autónomas ha provocado que en una comunidad como Castilla y León, con una densidad de población de 25 habitantes por kilómetro cuadrado -la comunidad
con menor densidad de población de España- y una ratio de envejecimiento del 197,06 %, -tercer lugar en España-, el gasto sanitario por habitante ascienda a 1661 euros, mientras que en el País Vasco, con 303 habitantes por kilómetro cuadrado y una
ratio de 150,49 %, el gasto sanitario por habitante asciende a 1873 euros. VOX siempre defenderá aquellas medidas y reformas que, dentro del ordenamiento jurídico vigente, contribuyan a la fortaleza y eficiencia del Estado, a la cohesión de la
nación y a la igualdad de derechos y libertad de los españoles. VOX se opone de manera frontal y sin matices a todas las... (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
El señor VICEPRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sáez, ha terminado su tiempo. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Tizón Vázquez.
La señora TIZÓN VÁZQUEZ: Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías.
Como bien saben, la situación de estado de alarma no ha sido constante. La baja incidencia permitió su fin durante el pasado verano y hoy es el camino a seguir para mantener un equilibrio entre las actividades de nuestra sociedad y la
necesaria prudencia. Señorías del Partido Popular, ¿quieren ustedes el estado del alarma o no lo quieren? Primero votan en contra y ahora todo es caos. Aclárense, señorías, aclárense. (Aplausos).
Una vez más, ustedes llegan tarde. Llegan tarde porque las comunidades autónomas no están desprotegidas. Miren, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud se ha configurado como un verdadero instrumento de cogobernanza,
esencial en la adopción y seguimiento de medidas para el control del virus; ha habido más de noventa reuniones desde el inicio de la pandemia. Se ve que les parecen pocas, como pocas les parecerán la celebración sin precedentes de las conferencias
de presidentes. Les hago un balance: diecisiete reuniones en el último año frente a dos que celebraron ustedes en ocho años. ¿Ven la diferencia? Sin duda son ustedes de la escuela de consejos vendo que para mí no tengo. (Aplausos).
Ustedes instan a este Gobierno a tomar una medida sobre la base de una norma derogada que parecen desconocer. No se equivoquen, el artículo 14 del Real Decreto 956/2020 al que se refieren establecía el mecanismo de propuesta de
levantamiento temprano del estado de alarma, mecanismo que no fue utilizado ni por presidentes autonómicos ni por grupos parlamentarios, incluido el suyo, señorías.
Un precepto que no podía ser más claro: no existe obligación de convocar dicha conferencia, sino previsión de que cuando el consejo interterritorial acordase la procedencia del levantamiento del estado de alarma tras cuatro meses de la
aprobación de la prórroga podría solicitar la conferencia dicho levantamiento. Veo que en comprensión lectora también fallan, señorías.
Sin duda son muchas las herramientas que tenemos encima de la mesa para frenar esta pandemia en un marco de cogobernanza. La prioridad: prevenir y vacunar, vacunar y vacunar, eso a lo que ustedes han llamado despropósito. Le doy dos
claves: estamos a la cabeza de la Unión Europea en vacunación de los mayores y casi la mitad de la población tiene al menos primera dosis. No se equivoquen, despropósito es el recorte de 2000 empleos en atención primaria que ustedes quieren llevar
a cabo en Madrid. (Aplausos.-Rumores). Pero hay más herramientas, señorías, y es el amplio acervo jurídico para adoptar medidas, desde la Ley General de Salud Pública; la Ley 2/2021, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación;
el Real Decreto-ley de medidas urgentes de carácter sanitario, social y jurisdiccional, o las actuaciones de respuesta coordinada. Ustedes han votado en contra de una cobertura legal que permite ampliar la toma de medidas por las comunidades
autónomas. No hay estado de caos. El propio Tribunal Supremo considera que las comunidades pueden decretar limitaciones puntuales de circulación con la actual legislación. Señorías, el único estado de caos es en el que viven ustedes
permanentemente, lleno de contradicciones e incoherencias. Ni antes dictadura ni ahora libertinaje, señorías del Partido Popular; se llama responsabilidad a todos los niveles. Les puedo garantizar que aunque para ustedes esté vacío de contenido,
la cogobernanza ha venido para quedarse, una cooperación para reforzar lo público, señorías. La cogobernanza ni se agota ni se limita a la convocatoria de un órgano de cooperación concreto, se precisa del uso frecuente de todos ellos y este
Gobierno no solo ha convocado, con una periodicidad insólita, la Conferencia de Presidentes y el consejo interterritorial sino el conjunto de los órganos de cooperación previsto en el ordenamiento jurídico español.
Decía Albert Camus que 'en política son los medios los que deben de justificar el fin'. Tenemos los medios, nuestras comunidades autónomas los tienen y el fin llegará y será, señorías, el de la verdadera libertad.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias, señora Tizón. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE EL IMPULSO AL DESARROLLO Y LA ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍAS DISRUPTIVAS BASADAS EN LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y LAS ENCAMINADAS A AUMENTAR LA CONFIABILIDAD EN ESTA. (Número de expediente 162/000631).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Continuamos con la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre el impulso al desarrollo y la adopción de tecnologías disruptivas basadas en la inteligencia artificial y
las encaminadas a aumentar la confiabilidad en esta. Para la presentación de la iniciativa, tiene la palabra la señora Marra Domínguez.
La señora MARRA DOMÍNGUEZ: Gracias, presidente. Boas tardes, señorías.
El ingenio y la innovación han impulsado el avance de las sociedades a lo largo de la historia. Con ellas, la inteligencia artificial ha sido identificada a nivel mundial como una de las tecnologías con mayor proyección e impacto en todas
las áreas de actividad; una tecnología disruptiva que está llamada a revolucionar radicalmente el mundo en el que vivimos. De hecho, ya forma parte de nuestro presente, con incidencia en actividades cotidianas: buscadores de Internet,
aplicaciones para móviles, asistentes virtuales de voz, recomendaciones de comercio electrónico, sistemas de reconocimiento facial y de voz, aplicaciones del Internet de las cosas, robotización, coches autónomos o, incluso, toda una ciudad
inteligente. Desde el punto de vista tecnológico, económico, ambiental o social, su potencial de transformación es enorme por su gran penetración intersectorial: en la industria, la salud, el transporte, la seguridad, la educación, el medio
ambiente, la cultura, el comercio... Nada se escapa, señorías, a la inteligencia artificial. En definitiva, por su elevado impacto, rápido crecimiento y contribución a la mejora de la eficiencia y la competitividad. Los datos lo avalan. En 2018,
la inteligencia artificial contribuyó con 1760 millones de euros al PIB mundial. Esta ya es una cifra lo suficientemente alta como para considerar a la inteligencia artificial como imprescindible en la planificación de la economía, si bien se
estima que,
en 2030, su aportación al PIB mundial se situará en el 14 %, más de 14 billones de euros cada año. Por eso, señorías, no podemos dejar escapar esta oportunidad.
El Grupo Parlamentario Socialista, junto con el Gobierno de España, quiere liderar el desarrollo y la integración de la inteligencia artificial en el tejido productivo, en la economía y en la sociedad. Queremos desplegar la Estrategia
Nacional de Inteligencia Artificial diseñada por el Gobierno, dotada de 600 millones de euros hasta 2023, para vertebrar la acción de las distintas administraciones y proporcionar un marco de referencia e impulso para el sector público y privado.
Abordamos retos enormes en un momento excepcional de nuestra sociedad, y es en esa misma coyuntura donde se demuestra con total contundencia la urgencia de abandonar modelos de producción basados en la precarización, la temporalidad y los recortes
de los Gobiernos del Partido Popular, y la necesidad de transformar nuestro modelo de desarrollo y nuestra forma de vida, integrando dos transiciones gemelas esenciales como son la transición digital y la ecológica. En esta transición digital, la
inteligencia artificial no solo es un ámbito de investigación científica y tecnológica que tenemos que incentivar con la excelencia científica e innovadora, sino que es economía y desarrollo industrial. Es transformar nuestro modelo productivo y
mejora social para hacerlo más eficiente, competitivo y resiliente ante futuras crisis, para fomentar el empleo cualificado y favorecer atraer talento. Queremos que esa transformación digital genere oportunidades para nuestros jóvenes, porque, a
diferencia de lo que hicieron los Gobiernos del Partido Popular, expulsando a miles de jóvenes del mercado laboral y de nuestro país, queremos que se generen oportunidades para ellos, que puedan desarrollar su formación, su talento, su proyecto de
vida en España, porque son precisamente los jóvenes el pilar central para construir un país mejor.
El Grupo Parlamentario Socialista presenta esta PNL para su aprobación en esta Cámara. Con ella queremos impulsar, a partir de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, el desarrollo y la adopción de la inteligencia artificial en
el conjunto de la actividad económica, tanto en el sector público como en el sector privado, y su integración en las cadenas de valor, como ya viene haciendo el Gobierno de España. Queremos apoyar la adopción de nuevas tecnologías para la
digitalización de las pequeñas y medianas empresas; reforzar la incorporación y el uso de la inteligencia artificial en la Administración pública; potenciar la inversión, investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación en
inteligencia artificial; impulsar competencias digitales, en especial en inteligencia artificial; promover la intensificación y el aprendizaje relacionado con la digitalización y el uso de nuevas tecnologías vinculadas a la inteligencia
artificial; promover el desarrollo de plataformas de datos e infraestructuras tecnológicas para dar soporte a la inteligencia artificial y, señorías, trabajar en línea con la Unión Europea para disponer de un marco ético y normativo adecuado en
torno a la inteligencia artificial, garantizando la privacidad de la ciudadanía en consonancia con la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Porque, señorías, los ámbitos sociales y éticos son cada vez más imprescindibles al hablar de
inteligencia artificial. Tenemos la responsabilidad de enseñar algoritmos que tengan en cuenta la privacidad de los datos, que garanticen la justicia de las decisiones, que sean auditables, transparentes, sostenibles desde el punto de vista
energético. Tenemos la responsabilidad de dar respuesta a los múltiples retos que, sin duda, traerán estas nuevas tecnologías y que requerirán de una perspectiva interdisciplinar. Se trata de incorporar aspectos que van desde los derechos de la
ciudadanía en la elaboración y explotación de grandes bases de datos, como la perspectiva de género para cerrar brechas tecnológicas, en todos los ámbitos: en el plano formativo, productivo, científico, tecnológico, en la equiparación al acceso,
independientemente del lugar del territorio donde se viva, para hacer frente al reto demográfico en nuestro país. Se trata de avanzar en transición ecológica, mejorar las capacidades digitales de las empresas y trabajadores, reforzar competencias
digitales del conjunto de la población, o bien potenciar el uso del español en esta tecnología. Tenemos el reto de cerrar brechas de desigualdad y asegurar que el beneficio de la tecnología llega a toda la ciudadanía.
Por ello, esta proposición no de ley que presenta el Grupo Parlamentario Socialista avanza en la dirección de las prioridades del Gobierno de España, concretadas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en el cual se
encuadra la Agenda España Digital 2025, que movilizará 70 000 millones de euros en inversión público-privada para la completa transformación digital de nuestro país. Es una primera etapa, en la que queda mucho por hacer. El objetivo final es
avanzar en un proyecto de país, el proyecto de país que queremos construir para los próximos años, porque, señorías, si miramos al futuro este será, sin duda, más digital y ecológico. Se abre una extrema oportunidad para transformar nuestra
economía y sociedad y determinará nuestro porvenir, nuestro progreso y el bienestar social de las generaciones futuras.
Finalizo, presidente. Es momento de sumar fuerzas... (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Debe finalizar ya, lo siento, señoría. Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Para la defensa de las enmiendas formuladas por sus grupos, interviene, por el Grupo Parlamentario VOX, la señora Borrás Pabón. (Aplausos).
La señora BORRÁS PABÓN: Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías.
Hablamos hoy aquí sobre el impulso y desarrollo de la inteligencia artificial en nuestro país con una PNL del Partido Socialista en la que, sorprendentemente, no veo que hablen sobre el desarrollo de la inteligencia artificial con
perspectiva de género, o sobre la paridad en el desarrollo de los robots masculinos o robots femeninos, pero, en fin, señorías, lo que sí es llamativo en esta proposición no de ley es que hablen de impulsar la inteligencia artificial mientras merman
con su totalitaria Ley Celaá las ciencias y las matemáticas al declararlas como optativas. ¿No ven la absurda incoherencia de esto, señorías del Partido Socialista? Adoctrinar a nuestros jóvenes haciendo que memoricen hasta cincuenta orientaciones
sexuales diferentes, o hablarles de lo terrible que es el heteropatriarcado, eso sí les importa mucho, pero explicar a las nuevas generaciones la importancia de las matemáticas, de la ciencia, de la big data, del 5G y de todo aquello que va a
revolucionar la realidad en la que vivirán y tendrán que desarrollarse nuestros jóvenes en un futuro, de eso ¿para qué van a hablar, verdad? (Aplausos). Seguimos todavía esperando una oferta educativa por parte de este Gobierno que provea de
planes de estudio líderes y específicos en materia de ciencia y tecnología, como ya ha impulsado nuestro grupo parlamentario en distintas PNL y también con la enmienda presentada a esta iniciativa.
Por otra parte, escriben ustedes, y cito literalmente, en su propia PNL, sobre una inteligencia artificial fiable, inclusiva y sostenible, pero, sin embargo, obvian la enorme huella de carbono que esto genera, porque la inteligencia
artificial, por si no lo sabían, requiere del procesamiento de enormes cantidades de big data y, con ello, de un continuado y elevado consumo de electricidad. ¿Cómo combinan esto con sus objetivos climáticos, con los objetivos climáticos que impone
la Unión Europea y con su estrategia suicida del cierre de centrales nucleares? Porque, no sé si sabían que, por cada central nuclear que cerramos, la reemplazamos principalmente con combustibles fósiles y aumentamos, por tanto, aún más las
emisiones de carbono. En definitiva, aquí lo importante, señores del Partido Socialista, es sentar las bases de un marco legal que permita la innovación, la agilidad administrativa y la competitividad de nuestro país mientras salvaguardamos la
protección de datos, la seguridad y los derechos de todos los españoles.
Tampoco deja de ser sorprendente ver en esta PNL cómo hablan de eliminar cuellos de botella administrativos o de la digitalización de las pymes, precisamente este Gobierno, el mismo Gobierno que produce el mayor gasto de la historia en
asesores y ministerios, que ha provocado que el 99 % de las empresas destruidas durante la pandemia sean pymes y que, además, sea incapaz de que la web del SEPE funcione sin colapsarse. ¿Y son ustedes, señores del Gobierno, los que se van a erigir
para desarrollar el marco legislativo apropiado para impulsar las nuevas tecnologías disruptivas en este país? Porque, por otro lado, la automatización de tareas repetitivas que se puede realizar con la inteligencia artificial provocará que
millones de españoles pierdan su trabajo. Más allá de los titulares de su Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial que han publicado, ¿disponen de algún plan claro de contingencia o de formación que prevea esta situación para evitar que
millones de españoles se vayan al paro?
Lo sorprendente, en todo caso, es que a estas alturas en España solo el 7 % de las pymes haya aplicado en sus procesos la inteligencia artificial, frente al 18 % de las grandes empresas, y que estos malos datos la vicepresidenta segunda del
Gobierno los califique como una buena noticia, porque, según sus propias palabras, tenemos potencial para seguir avanzando. Esto es lo mismo que decir que la tasa de paro en España, que fue de casi un 16 % en el primer trimestre de 2021, es también
una buena noticia, señorías, porque así hay más españoles en el paro y, por tanto, con mayor posibilidad de encontrar un empleo.
En definitiva, desde VOX consideramos esencial desarrollar un ecosistema tecnológico que impulse el desarrollo de la inteligencia artificial desde su raíz, que no es otro que la formación pública y privada de calidad, incentivos eficaces en
la innovación empresarial y un marco legislativo lo suficientemente atractivo como para que no sigamos sufriendo la fuga de cerebros y la fuga empresarial de nuestro país. Debemos tener un Gobierno que sepa cuál es la política del 5G que se va a
adoptar, que entienda cómo afecta a nuestro futuro cercano y que desarrolle una estrategia verdaderamente disruptiva, que no se base simplemente en liberar frecuencias y dejar que las operadoras desplieguen sus infraestructuras.
Ya acabo, señor presidente, en definitiva...
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias, señora Borrás, ha finalizado su tiempo. Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie.-Pausa.-Una trabajadora del
servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra el señor Pedreño Molina.
El señor PEDREÑO MOLINA: Muchas gracias, presidente. Buenas tardes.
Hoy presenta el Grupo Socialista una proposición no de ley básicamente para dos cosas, impulsar la inteligencia artificial y regular la ética de los algoritmos basados en la inteligencia artificial. De esto segundo nada de nada. Hablan de
regular una nueva tecnología y controlar los posibles daños producidos por la inteligencia artificial pero, desde luego, señores del Grupo Socialista, no hay nada, absolutamente nada, en esta proposición del Gobierno. Aquí les confieso que
esperábamos un paso al frente del Gobierno, algo que no ha hecho nadie todavía en Europa y que lo hicieran ustedes, pero era de esperar que ni mencionarlo. Y sobre impulsar la inteligencia artificial, pues miren lo que les digo, traen propuestas
que ya están recogidas en los planes del Gobierno y, además, no tienen ningún pudor en indicarlo expresamente. Esto, de nuevo, es una tomadura de pelo a la vez que vuelve a ser una chapuza, y es que vaya tarde llevan, señores del Partido
Socialista. ¿Quién les ha escrito esta proposición no de ley? Es más, ¿cómo se han dejado convencer para presentarlo aquí, en el Pleno del Congreso de los Diputados? ¿Cuál es el propósito de esta proposición de ley que ustedes traen? Ustedes
traen aquí ni más ni menos que los planes del Gobierno. Y digo yo que si esos planes ya se van a hacer, para qué traen esta proposición aquí, y si no se van a hacer, es un engaño a todos los españoles. No nos hagan, desde luego, al Grupo
Parlamentario Popular cómplices de este engaño con nuestro voto.
Esta Cámara no está para estas cosas, no está para que les aprobemos sus medidas una a una, porque para eso lo que tendrían que haber hecho es que el Gobierno hubiera contado con nosotros, con los grupos parlamentarios, y desde luego con el
Grupo Popular, para elaborar estos planes, y de esto no tenemos noticia. Plan de Competencia Digital, Plan de Digitalización de Pymes, Plan de digitalización de la Administración Pública, Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, Plan de
agenda digital, en fin, un montón de planes, pero, ¿qué se ha hecho hasta ahora? Nada de nada. Bueno, una cosa sí, Radar COVID, esa aplicación que tardó mucho en desarrollarse, con fallos de seguridad detectados por el Centro Criptológico Nacional
y una campaña inexistente de uso que han hecho que al final sea una aplicación absolutamente inservible y respecto de la que decía la secretaria de Estado que otros países se habían gastado más. Pues, gástense más, pero lo que no pueden hacer es
una cosa a medias.
Como esta proposición se centra en la inteligencia artificial, les voy a decir cuál es la cronología de cómo está gestionando este Gobierno la inteligencia artificial en nuestro país. Se crea una Secretaría de Estado de Digitalización e
Inteligencia Artificial ad hoc para esto, una secretaría de Estado perdida; suspenso absoluto para esta secretaría de Estado. Luego, crean un consejo consultivo de inteligencia artificial. Luego, un año después, una Estrategia Nacional de
Inteligencia Artificial, por supuesto sin resultados después de año y medio. ¿Y por qué? Porque ha habido una espantada absoluta de casi veinticinco altos cargos de confianza de esta secretaría de Estado que eran los responsables de ejecutar la
digitalización del país y, por supuesto, los planes referentes a la inteligencia artificial. Y, por último, crean recientemente una Dirección General de Digitalización e Inteligencia Artificial, que tampoco sabemos para qué sirve. Sin embargo,
vienen aquí y nos traen una proposición no de ley como si este Gobierno no tuviera ya los recursos y el presupuesto para hacerlo, con el dinero que nos está costando a todos los españoles.
Les voy a decir una cosa. La Unión Europea sacó en febrero un libro blanco, unas recomendaciones para la inteligencia artificial, y ahora, recientemente, acaba de anunciar la creación de un reglamento específico para impulsar y para
prevenir los riesgos de la inteligencia artificial. Y yo, señores del Grupo Socialista, les voy a dar un consejo. Díganle al Gobierno que no haga nada, que no se meta, que no enrede, que no la fastidie porque, además, cuando este reglamento de la
Unión Europea este acabado será cuando el Partido Popular gobierne en España, y entonces no se preocupen porque ya entraremos nosotros a terminar esta legislación.
Por eso, desde el Grupo Parlamentario Popular hemos presentado una única enmienda por la que se insta al Gobierno de España a que se ejecuten ya, con urgencia, las medidas que se establecen en los planes que se han anunciado a bombo el
martillo, los de digitalización y los que incluyen la inteligencia artificial. No dejen esos planes en los cajones del ministerio, pónganse las pilas, señores del Grupo
Socialista, díganle al Gobierno que se ponga también las pilas porque aquí, en España, estamos con el rumbo absolutamente perdido en materia de digitalización, y no digamos en inteligencia artificial.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
En turno de fijación de posiciones, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Mixto, el señor Martínez Oblanca.
El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señor presidente.
Esta iniciativa parlamentaria presentada por el Grupo Parlamentario Socialista insta al Gobierno al impulso de una serie de medidas referidas al grupo de tecnologías englobadas en lo que se ha dado en llamar inteligencia artificial. Estamos
ante un asunto que, efectivamente, como señalaba la señora Marra Domínguez en su intervención, exige del mayor interés y de un esfuerzo continuado para que los grandes avances tecnológicos, junto con el acceso a las ingentes bases de datos, permitan
que en España se afiance, se implante con agilidad y se aproveche la inteligencia artificial como gran herramienta de transformación de la sociedad para mejorar la calidad de vida de la gente. Sin embargo, en España ya vamos con mucho retraso en
nuestra incorporación a los grandes cambios socioeconómicos globales y llegamos ahora arrastrados por las urgencias de la Unión Europea para favorecer las grandes áreas de actividad que se han abierto y para que los ciudadanos comunitarios no nos
quedemos relegados en una carrera en la que se están volcando las grandes potencias mundiales. Estamos, en todo caso, ante desafíos que implican la necesidad de dar respuestas que también incluyen variantes y derivadas de enorme complejidad,
incluidas las morales y éticas, las relacionadas con derechos fundamentales, el manejo de los datos personales, las de tipo normativo y las socioeconómicas, con una gran prioridad, olvidada por este Gobierno del paro y de la ruina, que es la
laboral, sin olvidarnos también de los riesgos de exclusión que derivan de la merma de empleo con las metodologías de la automatización.
Señorías, soy muy poco dado a los halagos al Gobierno, y de hecho no avalaré con mi voto esta iniciativa pirotécnica que trata de dar cobertura a la ineficiencia y a la política abstracta, pero cabría anotar en su haber la creación hace
quince meses de una novedosa Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. Sin embargo, el balance a fecha de hoy no permite dar un aprobado en este ámbito, porque el Gobierno no ha estado a la altura de las grandes exigencias
que plantea este conjunto de desafíos. Cabría señalar en su descargo que ha sido una etapa coincidente con la pandemia del COVID-19, pero en este periodo ha habido unas cuantas espantadas en el departamento -y lo señalaba ahora el portavoz del
Grupo Popular- que han obligado a realizar ajustes y reajustes que no han tenido nada que ver con el coronavirus. Todo ello ha supuesto un gran desperdicio de recursos públicos y de tiempo, más aún cuando tras la moción de censura de 2018 el nuevo
Gobierno mandó a la papelera la publicación que un grupo de expertos ya había elaborado por encargo del Gobierno de Mariano Rajoy para disponer en España de una estrategia sobre inteligencia artificial y big data, en la que también se había creado
un grupo en el que participaban nueve ministerios. Tuvieron que pasar dos años, ¡dos!, para que se constituyera un consejo asesor como órgano consultivo de análisis, asesoramiento y apoyo al Gobierno en el ámbito de la inteligencia artificial. Hay
comunidades autónomas que, con sus limitaciones, se están aplicando con mucho más afán que el propio Gobierno.
Señorías, esta tarde se pretende que el Congreso trate de estimular a nuestro Ejecutivo en asuntos tecnológicos que fallan por la base, ya que en la España de 2021, aunque suene duro decirlo, persiste una brecha digital que afecta a muchos
territorios a los que no ha llegado la conectividad, que ignora que muchísimas pequeñas y medianas empresas sobreviven a duras penas y no reciben ayudas para incorporarse a la digitalización, e igualmente afecta a las personas, toda vez que del
orden de un 40 % de españoles tiene en 2021 importantes carencias digitales. Llama la atención que la vigente estrategia nacional haya relegado, o mejor dicho marginado, la Estrategia Española de I+D+i en Inteligencia Artificial que había
presentado en marzo de 2019 el entonces ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, notoriamente ausente de otro de los actos propagandísticos celebrados en la Moncloa por el presidente del Gobierno el pasado mes de diciembre para
presentar la estrategia nacional de inteligencia artificial arropado por tres ministros, pero -¡qué casualidad!- con la ausencia del de Ciencia e Innovación.
En definitiva, en una ineficiente liturgia que se reitera en las Cortes Generales, esta iniciativa del Grupo Socialista, mayoritario de la Cámara, se queda a medias porque es una proposición con ocho puntos muy generalistas, muy poco
ambiciosos, para que el Gobierno haga lo que ya anunció que iba a
hacer pero que la señora secretaria de Estado del ramo no encontró tiempo para explicarlo hasta hace un par de meses. Ante la palmaria insuficiencia de las medidas planteadas, me abstendré en la votación, salvo que se elabore un texto
transaccional que recoja las aportaciones de otros grupos.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchísimas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea.
La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias, presidente. Arratsalde on.
Señoría Ángeles Marra, sé que ha traído aquí una PNL con buenas intenciones y que ha intentado defenderla de la mejor manera posible, y se lo agradezco, pero es que, ya se lo han dicho otros grupos, la PNL apenas habla de inteligencia
artificial y de digitalización, solo habla de forma genérica de determinadas medidas. Hoy yo me pregunto para qué esta PNL, porque realmente pienso que es una PNL para hacer marketing de la política del Gobierno, ya que no proponen absolutamente
nada, no hay medidas concretas, utilizan términos como impulsar y reforzar, pero de aquello que ya tiene en cartera el Gobierno. Es una PNL genérica, y está bien como instrumento de impulso de la acción política el Gobierno, no está mal animar a
las instituciones, pero creemos que no parece acertado hacerlo con aportaciones genéricas.
Hablan de trabajar con la Unión Europea en materia de inteligencia artificial, y es lógico porque es Europa quien va a regular o a realizar una regulación estricta de estándares internacionales respecto de la inteligencia artificial, que
España va tener que cumplir como miembro de la Unión Europea. Nos dicen que apoyemos una PNL para, en definitiva, avalar la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, que a su vez está recogida en el componente 16, y el Plan de Recuperación y
Resiliencia, pero en ningún momento se ha consultado ni se ha consensuado con los demás grupos políticos, al menos no con el Partido Nacionalista Vasco, ni con el resto de administraciones. Es más, el Gobierno lanzó una serie de manifestaciones de
interés para identificar los mecanismos de la inteligencia artificial en toda la cadena de valor y a día de hoy desconocemos las conclusiones y si van a adoptar algún proyecto o algún mecanismo fruto de estas manifestaciones de interés, pero también
pretenden que lo avalemos hoy aquí. Lo mismo ocurre si hablamos de digitalización, que ya está en el Plan de Recuperación y Resiliencia, pero aquí los grupos desconocemos cómo se va a implementar, cuándo, cómo y dónde, como hemos venido diciendo en
muchas comisiones. En definitiva, no han contado con los grupos o con el resto de administraciones para diseñar e implantar las medidas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, pero sí nos solicitan que demos un sí a reforzar, a
impulsar esas medidas que aparecen hoy en el plan en torno a la inteligencia artificial y a la digitalización, en las que no hemos podido aportar nada.
Usted lo ha dicho, es un plan de país, pero si así fuera, sería un plan informado y consensuado, y lo cierto es que es un plan de su Gobierno, que ha sido consultado ni consensuado y del que hemos sido informados por primera vez, y siento
decirlo así, por la prensa, si bien es cierto que en la Comisión de Economía se nos ha informado de determinados aspectos. Es un plan que a día de hoy mi grupo político no lo vemos claro y seguramente nos tendremos que abstener en esta proposición
no de ley muy a nuestro pesar, porque también estamos de acuerdo en que hay que impulsar la inteligencia artificial y la digitalización; de hecho, nosotros ya tenemos un plan estratégico en Euskadi en este sentido. Le recomiendo algo: dejen tanto
de reforzar y pasen a la acción porque estamos en junio y deberían empezar a preocuparse por la ejecución de dicho plan; un plan con buenas intenciones, como digo, en el que a mí personalmente me gustaría creer, pero es que a veces me lo ponen
difícil, sobre todo como un plan para transformar la economía, una transformación que difícilmente puede darse si no se cuenta con todos los actores implicados.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Muñoz Vidal.
La señora MUÑOZ VIDAL: Gracias, presidente. Buenas tardes.
Señorías, el sueño de Sánchez se hace realidad esta tarde aquí, en esta Cámara. Con esta iniciativa, el futuro, ese 2050, está hoy aquí, y hablamos de inteligencia artificial y vivimos lo que la electricidad supuso para la humanidad en el
siglo XIX. Nos encontramos en plena cuarta revolución industrial, como
ha dicho su señoría, la portavoz del PSOE, y desde Ciudadanos queremos decirle que siempre hemos defendido en cualquier tribuna, en cualquier acto público, la necesidad de una estrategia nacional de inteligencia artificial, una estrategia
que se elabore dentro del marco que ha dado la Unión Europea, que es en el que se puede confiar. En este sentido, señora portavoz, puede usted contar con nosotros para contribuir a que España se sitúe entre las naciones punteras en el desarrollo de
la implementación de la inteligencia artificial.
Dicho esto, me gustaría señalar algunos puntos que nos parecen clave y en los que creemos que debemos esforzarnos y trabajar en los próximos años. El primer punto clave es el que señala la propia Estrategia Nacional de Inteligencia
Artificial, que habla de la divergencia territorial con respecto al Digital Innovation Hubs y recursos humanos empleados en ciencia y tecnología. Necesitamos urgentemente cerrar esa brecha para que la inteligencia artificial no deje atrás a parte
de la población, porque España necesita una inversión inteligente y distribuida racionalmente a lo largo y ancho de nuestro territorio. El segundo punto clave está en nuestra preparación para poder implementar la inteligencia artificial en la
Administración pública. Es cierto que tenemos algunas ventajas a nivel de infraestructuras, disponibilidad de datos y de la visión compartida de la Unión Europea, pero también es cierto que tenemos nuestros problemas con el capital humano, la
escasa capacidad de innovación y la poca adaptabilidad y el gran tamaño del sector, y la solución para ello, señorías, pasa por invertir en educación y en políticas de formación y adaptación. Y precisamente al hilo de este segundo punto clave va el
tercero, y es que España sufre la ausencia de startups conocidas como unicornios. Desde los poderes públicos debemos fomentar la colaboración público-privada para crear un entorno que sea beneficioso para la germinación y el crecimiento de nuevas
empresas, de nuevas startups tecnológicas, porque sin esto nuestro país se mantendrá a la cola en el vagón del desarrollo económico.
Como verá, señora portavoz, señora Ángeles Marra, seguimos muy de cerca este asunto, nos preocupa. Sabemos que ustedes presentaron la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial el 2 de diciembre del año 2020, que han incluido en el
componente 16 del plan enviado a Bruselas el componente de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, y hoy estamos de nuevo ante lo que se denomina una automoción que me lleva a preguntarles si es que no se fían ustedes de ustedes mismos y
necesitan que la Cámara les respalde, porque si tienen ustedes la estrategia presentada en diciembre, el componente 16 enviado a Bruselas y ahora presentan esta iniciativa que no viene a decir nada más que necesitamos implementar la Estrategia de
Inteligencia Artificial, oiga, pues háganlo. ¿O es que no se fían ustedes del Gobierno? Pregunto.
Como ven, les estoy pidiendo que se pongan manos a la obra, pero de verdad, y que lideren este impulso de las nuevas tecnologías, sobre todo las basadas en inteligencia artificial, y que lo hagan desde el diálogo y el consenso, porque ni la
estrategia presentada en diciembre, ni el componente 16 del plan enviado a Bruselas cuenta con el diálogo, el respaldo y el consenso de esta Cámara, y ustedes pretenden que votemos y que aprobemos aquí esta iniciativa para cubrirse las espaldas.
Dicho esto, hagamos entre todos un plan confiable de inteligencia artificial ética que contribuya a disminuir las brechas sociales y económicas, demográficas, brechas de todo tipo, y hagamos que esta estrategia no se quede en papel mojado y
sirva para construir una España mejor.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra el señor Bel Accensi.
El señor BEL ACCENSI: Gracias, presidente.
Señorías, señora Ángeles Marra, nosotros no nos vamos a oponer a esta iniciativa, pero hay algunas consideraciones que ya se le han hecho. Esta es una iniciativa en la que el Congreso insta al Gobierno a considerar ocho aspectos. De hecho,
de estos ocho aspectos, si no recuerdo mal, cuatro se refieren a impulsar, uno a promover, otro a trabajar, el séptimo a favorecer y el último a promover. Ningún compromiso presupuestario, ningún compromiso en cuanto a plazos. Por tanto, como
declaración, como buenas intenciones está bien, pero se queda un poco corto.
En este ámbito -también se lo he dicho a algún otro portavoz-, por ejemplo, por no poner a otros territorios, la Generalitat de Catalunya viene trabajando desde hace mucho tiempo con una estrategia de digitalización, con una estrategia en
relación con la inteligencia artificial y, en algunos aspectos, con planes mucho más ambiciosos que los que se están planteando en este momento. Por tanto, que pretendan hacer
esto sin tener en cuenta el trabajo que están haciendo otras administraciones creo que empobrece bastante la propuesta. Es evidente que cuando esta propuesta de impulsar favorecer, trabajar, etcétera, etcétera, viene de uno de los grupos
que apoya al Gobierno, y ya se lo he dicho más de una ocasión en Comisión y aquí, en el Pleno, quedará bien, consumirá el cupo, pero no tiene una concreción. A mí me hubiese gustado que tuviese concreción presupuestaria, concreción en cuanto a
plazos. Usted me dirá: hombre, pero esto ya lo tenemos en algún documento, en el componente 16. ¿Pues entonces para qué hace falta?
En todo caso, no nos duelen prendas. Nosotros vamos a intentar apoyar estas iniciativas en torno a la digitalización y la inteligencia artificial, pero tengan en cuenta que se está trabajando...
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señor Bel, ha terminado su tiempo.
El señor BEL ACCENSI: ... y se está trabajando bien.
Muchísimas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
A continuación, tiene la palabra la señora Calvo Gómez.
La señora CALVO GÓMEZ: Gracias.
Como saben, la inteligencia artificial se construye a partir del aprendizaje por repetición de patrones y análisis de datos, de tal manera que las máquinas son cada vez más inteligentes y los humanos más previsibles. Si pasáramos esta PNL
del PSOE por el algoritmo, la máquina ya estaría proponiendo una serie de preguntas: ¿cómo van a hacer compatible su Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial con los planes y proyectos ya en desarrollo en Cataluña, teniendo en cuenta que
alguna de las medidas que quieren impulsar ya se aplican en la Administración catalana? ¿De qué manera van a impulsar el desarrollo de la inteligencia artificial en la Administración pública? ¿Con qué fondos? ¿Con los Next Generation? ¿Abrirán
líneas de financiación a aquellas administraciones públicas con proyectos de inteligencia artificial? ¿Con qué instrumentos impulsarán las inversiones en I+D+i? ¿El acceso será transparente y basado en criterios competitivos y de excelencia?
También se proponen -y cito- disponer de un marco ético y normativo garantizando la privacidad de la ciudadanía en consonancia con la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Aquí es donde el algoritmo alertaría de esos
patrones de ética anteriores para recordarnos que con su decretazo del 155 digital invadieron competencias de la Generalitat de Catalunya, vulneraron el Estatut de Catalunya e incluso la Constitución, según el Consell de Garantías Estatutarias por
no cumplir con las exigencias de calidad normativa que tendría que observar una ley susceptible de producir injerencias en el ejercicio de derechos fundamentales y libertades públicas; una ley que prohibió la libre circulación de datos prevista por
el Parlamento Europeo, que habilitó al Gobierno para cerrar páginas web y redes sociales en caso de desórdenes públicos -¿una manifestación lo es?- y que, en el fondo, pretendía acabar con la república digital catalana, esa que no existía y que
cada vez les preocupa más, tal vez hasta un 52 %. Dicen que cuando uno sabe las respuestas, lo mejor es cambiar las preguntas, pero, como el algoritmo, seguiremos intentándolo.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra la señora Muñoz Dalda.
La señora MUÑOZ DALDA: Señorías, vivimos un momento histórico muy particular, un momento crítico, una encrucijada que va a determinar el futuro de las próximas generaciones. Hoy hablamos de inteligencia artificial, con lo que pasa un poco
lo mismo que cuando hablamos de juventud, que pensamos que es el futuro cuando, en realidad, es el presente. La inteligencia artificial es un concepto muy amplio, que básicamente hace referencia a la capacidad de una computadora digital o de un
robot controlado por computadora para realizar tareas comúnmente asociadas con seres inteligentes y esto tiene implicaciones en multitud de ámbitos. Desde Unidas Podemos pensamos que para nuestro país la inteligencia artificial supone una gran
oportunidad para transformar el modelo productivo y conseguir uno que sea sostenible y que genere valor añadido, empleo estable y de calidad. Siempre hemos apostado por convertir la ciencia y la I+D+i en un puntal de nuestra economía.
Uno de los problemas socioeconómicos que atravesamos a nivel mundial es el creciente ensanchamiento de las desigualdades, entre países, en los países o incluso desigualdades trasnacionales. Estas dinámicas, que se vienen desarrollando
durante las últimas décadas, se plasman en diferentes ámbitos, como el territorial -principalmente entre áreas urbanas y rurales- y en el ámbito socioeconómico, en función del nivel de renta y riqueza, de género y también a nivel generacional.
Además, también asistimos a la urgencia de hacer frente a la emergencia climática derivada de la insostenibilidad de nuestros actuales patrones de producción, de distribución y de consumo. Frente a esta situación y frente al pesimismo tecnológico
de la ultraderecha, pensamos que el desarrollo tecnológico puede actuar como palanca para la inclusión y la cohesión social y territorial, evitando que las desigualdades y brechas que hoy persisten se perpetúen y se agranden.
Se han comentado ya muchas de las ventajas que ofrece la inteligencia artificial y por eso quizás sea conveniente señalar algunos de los riesgos que conlleva. Un par de ejemplos. El primero tiene que ver con lo que Yolanda Díaz ha
denominado castigo algorítmico hacia los trabajadores. Cabe recordar que el Ministerio de Trabajo ya ha dado un primer paso en la regulación de la inteligencia artificial en el ámbito laboral. La 'Ley Rider' incluye una modificación en el estatuto
de los trabajadores que es pionera, por la cual las plataformas digitales, no solo de reparto, están obligadas a informar sobre la fórmula matemática o algorítmica que incide en la relación laboral. En el caso de los riders, los repartidores, esto
es clave porque estas fórmulas deciden que un pedido recaiga sobre uno y no sobre otro en una determinada franja horaria. El segundo, que más que un riesgo puede entenderse como una auténtica amenaza, es el hecho de que la inteligencia artificial
es una tecnología de doble uso. Esto quiere decir que tiene una aplicabilidad civil pero también tiene una aplicabilidad militar, y de esto la PNL no habla, pero todo indica que en los próximos años la inteligencia artificial va a penetrar
masivamente en el ámbito militar. Las grandes potencias -Estados Unidos, Reino Unido, Israel- ya están desarrollando armas que pueden rastrear, identificar y atacar objetivos sin control humano. Señorías, ¿qué les parecería que la decisión de
matar la tome una máquina? Las implicaciones morales y legales de este asunto requieren un debate internacional que va más allá de las fronteras de la Unión Europea.
En muchas ocasiones, el desarrollo tecnológico se concibe como una dinámica que constituye un fin en sí mismo, un proceso que además sigue su propio curso y se desliga del ámbito de la gobernanza, la deliberación y el control público. Esto
no puede ser, señorías. Los debates no se pueden dar en el seno de las grandes empresas porque se deben dar en las instituciones. Señorías del PP, existe un plan de la Comisión Europea que no se nombra en la PNL, pero que tiene que ser uno de los
marcos de referencia. De este plan destacaría tres elementos: el establecimiento de un marco de gobernanza y coordinación, es decir, en un Estado como el nuestro hay que implicar a gobiernos locales y autonómicos; hacen falta bases de datos
seguras que cumplan las normativas vigentes, y el otro paso necesario son infraestructuras potentes y seguras. Necesitamos adaptar la arquitectura institucional para hacer frente a este desafío y quizá sería necesario un observatorio público de
inteligencia artificial en el que participen todas las administraciones.
Señorías, acabo. Ante este escenario, el objetivo de cualquier Estado debe ser conseguir el desarrollo de una inteligencia artificial segura y en beneficio de las personas. Votaremos a favor. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE: Muchas gracias. (Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Señora Marra Domínguez, ¿acepta su grupo alguna de las enmiendas presentadas?
La señora MARRA DOMÍNGUEZ: No.
El señor VICEPRESIDENTE: (Rodríguez Gómez de Celis): No se aceptan.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑOR BOTRAN PAHISSA), RELATIVA A LAS PROPUESTAS DEL GOBIERNO PARA LA RESOLUCIÓN DEL CONFLICTO POLÍTICO DE CATALUÑA CON EL ESTADO ESPAÑOL Y RESPECTO A LOS AVANCES DE LA MESA DE DIÁLOGO. (Número de expediente
173/000075)
El señor VICEPRESIDENTE: A continuación, pasamos a la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto (señor Botran Pahissa), relativa a las propuestas del Gobierno
para la resolución del conflicto político de Cataluña con el Estado español y respecto a los avances de la mesa de diálogo. Por el grupo autor de la iniciativa y para la defensa de la moción tiene la palabra el señor Botran Pashissa.
El señor BOTRAN PAHISSA: Gracias, presidente.
Como empezaba planteando la moción, el conflicto político en Cataluña está lejos de resolverse, fundamentalmente por falta de voluntad política de los poderes del Estado español. En este año y medio del nuevo Gobierno se han dado incluso
pasos atrás, lo hemos ido señalando en varias intervenciones, sobre todo por la actitud de la Fiscalía, que no ha cambiado, sino que ha seguido judicializando la política. En cambio, no se han dado pasos en firme en cosas que estaban en la mano del
Gobierno como, por ejemplo, la derogación del delito de sedición. Se lo han pedido en reiteradas ocasiones ONG de prestigio como Amnistía Internacional, y también nueve partidos presentes en esta Cámara. Además, se lo han pedido incluso fuera del
contexto independentista, teniendo en cuenta que el delito de sedición está enmarcado en una ideología conservadora, que entiende que el espacio público no es un espacio de conflicto; sería un delito asimilable a sistemas autoritarios, no a
sociedades garantistas y democráticas. Tan solo los indultos parece que se mantienen sobre la mesa, aunque son la opción más arbitraria. Probablemente quedarían dentro -no sabemos- los nueve presos políticos, pero quedarían fuera los exiliados y
mucha otra gente procesada. Se calcula que alrededor de 3200 personas han sido represaliadas en el proceso independentista. Además, la dilación en estos indultos nos demuestra el uso oportunista que hace el Gobierno, ligándolos a la coyuntura
política catalana y española. Como salida a la situación, sin embargo, nosotros proponemos la amnistía, que se diferencia del indulto por su carácter parlamentario, por eso se presentó una proposición de ley. Sin embargo, la Mesa del Congreso ha
ejercido de muro, como lo hace tantas otras veces, y no dejado ni tan solo que esa proposición de ley prospere. Es más, hoy esta moción tenía dos puntos, uno de los cuales hacía referencia explícita a esta proposición de ley y tampoco ha pasado,
escudándose en el criterio de los letrados, muy discutible a nuestro entender. Porque hay que hacer una aclaración sobre la constitucionalidad de la amnistía, que es el argumento que usan desde VOX hasta el PSOE para rechazar incluso el debate: la
Constitución no prohíbe la amnistía. No aparece en el articulado, pero tampoco aparece el indulto individual, y bien que se usa. Lo que prohíbe es el indulto general, pero si se hubiese querido prohibir la amnistía se hubiese especificado. Hay
que pensar que en el momento en que se redactó la Constitución, en 1977-1978, se habían dado las dos cosas. El rey Juan Carlos promulgó un indulto general y también se hizo una Ley de Amnistía. Sin embargo, lo que consta en la Constitución como
prerrogativa del rey que se prohíbe es el indulto general, no dice nada de la amnistía. Y una cosa es la amnistía y otra el indulto general; una cosa es el derecho de gracia de un rey y otro es una iniciativa parlamentaria, del Poder Legislativo,
para regular en materia penal. Hay incluso jurisprudencia del Tribunal Constitucional, como citaba la propia ley de amnistía que presentamos, sobre la constitucionalidad de la amnistía. Quiero añadir que la amnistía existe en la mayoría de
constituciones europeas y que, a más, si de verdad creen en la separación de poderes que normalmente es uno de sus argumentos, la amnistía ejerce como un mecanismo de control entre estos poderes del Estado, es un mecanismo del Legislativo para
frenar determinados excesos represivos del resto de aparatos del Estado. Si no contemplan mecanismos de este tipo, ustedes no lo llamen democracia entonces, llámenlo gobierno de los jueces, que son precisamente el sector, dentro de los poderes del
Estado, más conservador, más monárquico y más nacionalista español.
Igual que hacen con la amnistía lo hacen con nuestro derecho a la autodeterminación, también nos lo niegan diciendo que no nos corresponde. Pero en una situación económica y política similar a la nuestra, que es en la que se encuentra
Escocia, ya se celebró un referéndum en 2014 y ahora que ha vuelto a ganar el independentismo por un 50,1 %, se volverá a plantear un referéndum de independencia y ya existe un borrador de ley. En Cataluña el independentismo también ha vuelto a
ganar, en esta ocasión con un 52 % de los votos y las encuestas siguen señalando que alrededor de un 80 % apoya el referéndum como salida e incluso también está contra el uso de la represión. Debo reconocerles que sí que existe una diferencia
fundamental entre Escocia y Cataluña. Escocia e Inglaterra se unieron a través de un tratado en 1707 que fue refrendado por los dos Parlamentos y así nació el Reino Unido. Sin embargo, por esa misma época, Aragón y los països catalans veían
anulados por la fuerza de la guerra y de la ocupación de los ejércitos borbónicos sus Parlamentos y sus leyes. Dijo el señor Iceta en la interpelación que le gustaba el escudo de España porque recogía los distintos reinos. Sin embargo, hay que
recordar que cuando se le añadió a este escudo el escusón que hay en el centro, es decir las armas de los borbónicos,
lo que nos recuerda es que esto no fue una unión, sino una sumisión por el derecho de conquista, y que esta mentalidad del derecho de conquista sigue pesando en el más fuerte de los nacionalismos presentes en esta sociedad, que es el
nacionalismo español, muy presente en los poderes del Estado, en el rey, en los jueces, en la mayoría de partidos políticos aquí presentes, que, antes que la democracia, muchas veces lo que defienden es la unidad de España.
En fin, no hace falta ser muy perspicaz para saber que esta moción probablemente no prosperará -unos con unos argumentos, otros con otros; unos con un tono más rígido, otros con un tono más suave- porque lo que se va a formar es una gran
coalición del nacionalismo español, desde VOX hasta el PSOE, que rechace reconocer las mayorías que se dan en Cataluña a favor de la autodeterminación y del fin de la represión. Agradezco, eso sí, la posición de Unidas Podemos, que nos parece
honesta. No estamos de acuerdo con ellos en el futuro de independencia para nuestro país, pero sí que nos parece que es bueno acordar unas reglas del juego equitativas, que pasen precisamente por eso, por el fin de la represión y por la
autodeterminación.
Seguramente ustedes volverán a pasar la apisonadora por encima de nosotros; volverán a dar portazo, porque además tienen la seguridad de tener de su parte a los jueces e incluso a los medios de comunicación, que demonizan nuestras
reivindicaciones. Nosotros tan solo tenemos a nuestro pueblo y también algunas certezas, como que la resistencia tarda en dar frutos, pero es lo único que nos queda. Así que les tenemos que decir que, de una forma u otra, lo volveremos a hacer, ho
tornarem a fer.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Para la defensa de las enmiendas formuladas por su grupo, interviene, por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, el señor Asens Llodrá.
El señor ASENS LLODRÀ: Gracias, presidente.
Señorías, quería empezar agradeciendo a la CUP que traiga a esta Cámara un debate importante. Tras noventa días de ruido de sillas, ocho meses de Gobierno provisional y un largo invierno electoral, al fin tenemos Gobierno en Cataluña y, por
tanto, la mesa de diálogo debe ponerse en funcionamiento ya para abordar el conflicto en Cataluña. Pero, antes de eso hay que desjudicializarlo. Desde el inicio, nosotros hemos tenido una hoja de ruta muy clara: indultos y derogación del delito
de sedición. Creo que esas dos ideas, con la mayoría progresista y plurinacional de esta Cámara, pueden operar, pero en ese debate no se puede excluir la propuesta de los partidos independentistas, la amnistía. Digo eso porque a nosotros nos
preocupa que en la Mesa de este Congreso, en contra de nuestros votos, se haya prohibido este debate. Los diputados que forman parte de esa Mesa se han erigido en Tribunal Constitucional. ¿Cómo puede ser que digan que algo es constitucional o no?
¿Cómo pueden arrogarse un poder que les corresponde a los magistrados? La verdad, es sorprendente. De hecho, una propuesta puede tener elementos de inconstitucionalidad, pero se pueden corregir. Es después, a posteriori, cuando el Tribunal
Constitucional dice si una ley es constitucional o no. ¿Saben qué es esto? Una censura política que amordaza a este Congreso, que degrada el principio democrático del parlamentarismo y que agrava la crisis de legitimidad provocada por la
judicialización de la política. Se puede estar de acuerdo o no con las amnistías, pero no se puede negar el debate. Eso es negar la democracia española y su historia; es negar lo que ha dicho el Tribunal Supremo, pero incluso también lo que ha
dicho el Tribunal Constitucional cuando ha dicho que la amnistía es plenamente constitucional, que encaja en nuestro ordenamiento; de hecho, la Ley de Enjuiciamiento Criminal la prevé como una causa de extinción de la responsabilidad penal. ¿Cómo
va a ser inconstitucional el debate sobre la naturaleza de una ley que dio origen a nuestra democracia? ¿O es que estamos diciendo que eso depende de quién propone la amnistía y a quién beneficia? Si estamos diciendo eso, es más grave todavía.
Señorías, el sistema político español nace de un amnistía. No es cierto lo que decía la semana pasada el señor Iceta de que eso solo se produce en contextos de ruptura, de cambio de régimen. No; hay muchos ejemplos. Les pongo uno: en
1936 se aprueba una amnistía para los condenados en la legislatura anterior, cuando gobernaba la derecha, en los hechos de Cataluña, de Asturias, de 1934. Y eso sucedió también en otros países: en Francia, en Portugal en los años ochenta e incluso
noventa. Por tanto, no es verdad lo que se ha dicho sobre que es incompatible con la democracia. Señorías, el parlamentarismo es debate. Si queremos que el diálogo funcione, no hagamos trampas, no juguemos con el Estado de derecho. Debemos
hacernos fuertes en los consensos, pero no podemos ocultar los disensos, y menos
prohibir los debates. La semana pasada la señora Vehí y el señor Iceta dieron un ejemplo de que se puede discrepar con respeto y también tener puntos de acuerdo. Yo encontré dos: de aquí salimos dialogando y de aquí salimos votando. Pero
hay más consensos. A nosotros nos interesa eso: qué consensos hay. Yo veo tres: la mesa de diálogo, la reforma penal y los presos en la calle, que es lo que quieren los ciudadanos en Cataluña, el 80 % según las encuestas. Avancemos desde ahí.
Esta semana seguramente el Supremo enviará el expediente de los indultos al Gobierno. El tiempo de los jueces habrá terminado; entonces, la política debe recuperar su protagonismo. Se abre una etapa de esperanza; no va ser fácil, pero es
evidente que para poder afianzarla necesitamos salir de nuestras zonas de confort, ponernos en el lugar del otro, flexibilizar nuestras posiciones, empatizar y, sobre todo, tener claro que no hay alternativa sin diálogo, y menos prohibiendo debates.
(Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Segura Just. (Aplausos).
El señor SEGURA JUST: Antes de iniciar mi intervención, quiero rendir un homenaje a mi padre, José Segura Sanfeliú, presidente de Alianza Popular de Cataluña, que fue diputado en esta Cámara. (Aplausos).
El señor Botran, de la CUP, nos presenta una moción en la cual nos habla de una mesa de diálogo. Vamos a ver, me gustaría que la CUP me enseñase qué entiende por mesa y qué entiende por diálogo. Porque a la CUP le recuerdo que ellos
mismos, sus militantes, sus afiliados y su sector violento, que se amarran cada fin de semana, se están dedicando a volcar las carpas informativas que montamos en los pueblos y ciudades de Cataluña (Aplausos). También quiero que me expliquen qué
entienden por diálogo cuando en el Parlament de Catalunya se niegan a hablar con el Partido Popular, con Ciudadanos y con VOX. ¿Ese es el diálogo que entienden ustedes? (Aplausos).
Ustedes son un partido violento, como lo es Bildu. Bildu, por ejemplo, viene de la cultura de la ametralladora, pero aquí están muy tranquilitos y no practican la violencia en el País Vasco, de momento. Ustedes están practicando la
violencia en Cataluña sistemáticamente y la obligación de los diputados demócratas y de las instituciones demócratas es expulsar a los violentos de las instituciones. Y esto nosotros ya lo estamos haciendo en Cataluña. Hemos conseguido once
diputados, liderados por Ignacio Garriga, que están tendiendo un puente de plata para desalojarlos a ustedes de las instituciones catalanas. En democracia no cabe la violencia. (Aplausos). Ustedes no tienen ni idea de lo que es el Estado de
derecho. En el Estado de derecho, el rey, el presidente del Gobierno, el jefe de la oposición, yo mismo, el presidente del Parlamento o cualquier ciudadano puede ir a la cárcel si comete un delito. En su idea idílica de la Cataluña independiente,
de la República catalana, consideran que el presidente de la Generalitat o los consellers pueden hacer lo que les dé la gana y no pasa absolutamente nada. Pues sí, si se delinque en España se va a prisión, porque España es un país democrático.
(Aplausos).
La mesa de diálogo que proponen ustedes no deja de ser una mediación entre el Gobierno central y los independentistas -golpistas, mejor dicho-. Les diré una cosa: yo soy mediador, aparte de abogado, y cuando se plantea una mediación, los
mediadores siempre mediamos sobre cuestiones que son posibles. Ahora, si en una mediación una parte solicita la luna, no hay mediación posible. Y les digo una cosa: la soberanía nacional no es negociable. (Aplausos). No es negociable porque con
delincuentes no se negocia. Yo, como abogado, cuando voy a un juzgado, el justiciable, el reo, que está en el banquillo, puede negociar con el fiscal el tiempo que va a estar en prisión, más tiempo o menos tiempo; ahora bien, no negocia nunca si
se aplica la ley o no, que es lo que quieren hacer ustedes. (Aplausos). Señorías, les voy a decir a los señores de la CUP, a los de Junts per Cat y a todos los que pretenden saltarse la ley y el orden constitucional democrático que si el PSOE les
ofrece una mesa, VOX les ofrece un banco o, mejor dicho, un banquillo. (Aplausos).
Ahora vamos a hablar del capítulo de indultos. El Gobierno del PSOE, con manifiesta alevosía, actuando como un delincuente, pretende este verano, cuando este Parlamento no esté reunido, colarnos el indulto para que sus señorías no puedan
debatirlo y no se puedan negar. Lo van a hacer, ya está pactado; el señor Sánchez, en un ejercicio de supervivencia política, hace eso porque no le queda otro remedio y es la salida que encuentra, típica del Partido Socialista: ceder soberanía.
Pero yo, como diputado catalán, ya estoy acostumbrado a la época del Partido Popular con Aznar y con Rajoy, y a la época de Felipe González y de Zapatero, en la que iban vendiendo cachitos de la soberanía nacional a los separatistas a cambio de unas
votaciones, a veces ridículas, de los presupuestos del Estado.
Vamos a ver, el PSOE y el Gobierno actúan como una lagartija. En vez de plantar cara van a soltar la cola y esa cola se divide en tres partes: una parte es el indulto, otra parte es la comisaría de Vía Layetana y otra parte seguramente
será el Cuartel del Bruch, como ya ocurrió con el Cuartel de Loyola. Se están suavizando las penas, hay intención ya... (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchísimas gracias, señoría. Ha terminado su tiempo. Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu tiene la palabra el señor Iñarritu García.
El señor IÑARRITU GARCÍA: Arratsalde on. Muchas gracias, señor vicepresidente.
Señorías, en las últimas décadas hemos visto en Cataluña un conflicto político, de naturaleza política, con cero violencia. Y ante ello el Estado, todos sus poderes, respondieron aplicando la plantilla vasca; esto es, negación,
criminalización y represión, tanto policial como jurídica, llevándolo a los extremos de la ley e incluso fuera de ella. La respuesta de la sociedad catalana el 1 de octubre -un hecho ridículo para un Estado: ser el primer Estado en reprimir un
plebiscito- fue una respuesta en términos democráticos, un ejercicio de desobediencia civil y creo que debe ser reconocida; felicitamos a la sociedad catalana por haber dado ejemplo ante la barbaridad y ante la represión. Claro, hubo poderes del
Estado que ante ese hecho, ante esa crisis política, meramente política, intentaron cambiar de paradigma, esto es, pasar de un conflicto político a uno policial y judicial, y de ahí vino la represión. Creo que el hecho de que en este momento haya
un partido que esté hablando de excarcelar a presos políticos que representan a la mayoría de la sociedad catalana es una noticia positiva, cómo no, pero eso no soluciona ni la represión ni ese problema de represión que han generado -solventa una
parte del mismo pero no la represión en su conjunto-, y no soluciona la crisis política generada, que sigue ahí, sigue igual que estaba en 2017. Ante ello, muchos nos hablan -lo decía el presidente Sánchez esta mañana- de que esto solventará la
crisis. No, no. ¿Ayuda a otro clima? Obviamente, pero la crisis política sigue igual que estaba y el problema represivo generado por poderes del Estado -es cierto que algunos no controlados por ustedes; otros me dirán que son independientes,
pero no, están controlados por estos señores y esos señores (señalando a izquierda y derecha)- sigue ahí.
Es cierto que la mayoría de los sistemas constitucionales no reconocen a priori el derecho de autodeterminación externa, eso es así -tampoco es cierto que ninguno lo reconozca o que no lo haya reconocido antes-, pero también es cierto que
las grandes democracias, cuando ven que existe un conflicto de naturaleza política, buscan los mecanismos para que esa sociedad, permanente en el tiempo y con una mayoría consolidada a favor de decidir su futuro constitucional, lo decida
democráticamente, incluso modificando para ello su sistema constitucional; hemos hablado varias veces de los ejemplos de Groenlandia con Dinamarca, de Quebec en Canadá o de Irlanda del Norte y de Escocia en el Reino Unido. Estos conflictos de
naturaleza política se solucionan dialogando, negociando de buena fe y acordando.
Señorías, esto no va solo de independentistas -obviamente, si la sociedad catalana así lo defiende, tiene derecho, cómo no, a emprender su camino en libertad-, esto va también de democracia. Ahora que les veo a muchos leyendo en sus
teléfonos, sus tablets, les recomiendo un artículo del 8 de octubre del año 2012 -han pasado ya nueve años- de un señor que era un demócrata; no era un independentista catalán, era un demócrata. Ese señor se llamaba Rubio Llorente -creo que
ustedes lo conocerán muy bien, porque fue presidente del Consejo de Estado y vicepresidente del Tribunal Constitucional-, y ese 8 de octubre el diario El País publicó un artículo suyo llamado Un referéndum para Cataluña. Les animo a que lo busquen
en sus ordenadores o tablets. En él defiende que más allá de lo que diga la Constitución, que se puede interpretar, si hay una mayoría en el tiempo en un lugar, en un territorio del Estado, hay que intentar dilucidar qué peso tiene esa mayoría y si
es necesario, si se revalida o se ratifica esa mayoría, hacer los cambios que hagan falta. Por eso digo que un referéndum, que es como se solventan las cosas en Estados democráticos, ayudaría no solamente a la sociedad catalana a expresarse
libremente, sino a este Estado y a este Gobierno a ser mejores, a ser más garantistas, más progresistas y a tender a solucionar por la vía democrática, por el principio democrático, un conflicto de naturaleza política.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Esteban Bravo. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
El señor ESTEBAN BRAVO: Señoras y señores diputados, señor vicepresidente, buenas tardes.
Señor Botran, vamos a votar que sí -claro- porque estamos de acuerdo con que debería haberse tramitado la proposición de ley orgánica -no hay razón jurídica para que no haya sido así- y porque creemos que el referéndum sería la solución para
el conflicto nacional catalán.
Dicho esto, la verdad es que me sorprende que lo presente aquí y ahora. No sé qué oportunidad ha visto, se me escapa cuál es exactamente el objetivo concreto de la moción, porque, ¿de verdad quería convencerles? Ha parecido que sí con su
intervención. ¿De verdad quería convencerles? Lleva menos tiempo que otros, pero no sabe usted la cantidad de veces que hemos discutido esto con más tiempo, con más profundidad. ¿De verdad quería convencerles tan siquiera de que se admitiera a
trámite la ley de amnistía? ¿Cómo va a ser esto así, cuando -otro ejemplo concreto-se pregunta al Gobierno si la denominada policía política, que quedó probado en la Comisión de investigación que existía, ha utilizado el sistema Pegasus para espiar
a políticos y la Mesa niega que se pueda tramitar? No espera a que el Gobierno conteste no o diga: no sabíamos nada; es la propia Mesa la que se niega a tramitarlo. Aquí, desgraciadamente, muchas de las decisiones no se toman en el plano
jurídico, se toman en el plano político cuando deberían reducirse efectivamente al jurídico. Ahora, si no le han dando la razón en la Mesa, ¿usted cree que aquí se la van a dar? No, ¿no? El plastazo va a ser mayor y además van a decir: Muy bien
lo que hizo la Mesa. La verdad, no entiendo que les intenten convencer de las diferencias entre amnistía e indulto, con las que estoy de acuerdo; de hecho me he manifestado así ante la prensa y en órganos de esta Cámara. Sinceramente, ya sabe qué
va a pasar, usted mismo lo ha apuntado al final
Con respecto a la mesa de diálogo, hombre, que el primer día del president le imponga usted que tiene que acordar inmediatamente un referéndum suena más a marcaje a la propia institución que a otra cosa; igual ha sido casualidad que haya
coincidido hoy, pero usted desde luego ya sabía lo que iba a pasar cuando presentó la moción la semana pasada. Claro, ya sabemos que esta Cámara es muy y mucho española, el problema es que el no se lo va a dar el PSOE públicamente, que es quien
está en el Gobierno, junto con Podemos, y el que tendría que hacer movimientos posteriormente. Sin embargo, ahora van a votar que no a las propuestas que está haciendo usted. Por lo tanto, ¿esto va a hacer más fácil la consecución de una amnistía
o de unos indultos o la posibilidad de un referéndum? Pues yo creo que ahí, en el sentido de la oportunidad, o usted busca otros objetivos más momentáneos, más de imagen, o verdaderamente, para el objetivo que nos gustaría tanto a usted como a mí,
coadyuva muy poco el momento en el que lo ha presentado.
Evidentemente, votaremos a favor, claro que sí, porque con el fondo estamos absolutamente de acuerdo.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Espejo-Saavedra Conesa. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
El señor ESPEJO-SAAVEDRA CONESA: Gracias, presidente.
Señorías, la moción que hoy debatimos daría para constatar los años de la marmota del procés perdidos. La CUP, un partido que ha defendido abiertamente la unilateralidad, que ha apoyado la violencia de Arran contra los disidentes del
procés... (El señor Botran Pahissa hace gestos negativos). Sí, señor Botran. Usted viene aquí, hace un discurso en un tono moderado y hace disquisiciones sobre filosofía política y jurídica, sobre si la ley de amnistía cabe o no en la
Constitución, pero no condena la violencia de Arran contra los disidentes del procés, la violencia que se ejerce contra nosotros, contra el Partido Popular, contra el Partido Socialista, contra medios de comunicación. No la condena, ¿verdad que no?
Pues entonces no hay mucho más que añadir.
De nada ha servido todo el tiempo perdido en intentar separar a Cataluña del resto de España, salvo para romper la convivencia entre catalanes, socavar la dignidad de las instituciones y además arruinar una tierra próspera como fue Cataluña.
Mientras Cataluña se hunde literalmente en términos sociales y económicos respecto de otras regiones de España, dejando de ser el motor económico y político que fue, los partidos independentistas siguen y siguen y siguen hablando del 'neverendum',
de la amnistía y de los supuestos presos políticos.
Decía el otro día la señora Vehí, diputada de la CUP, que la Constitución española no sirve como herramienta porque no permite el referéndum ni la amnistía, porque no les permite hablar sobre la independencia de Cataluña. Señora Vehí,
estamos hablando hoy aquí -y no le digo ya en el Parlament de Catalunya, donde usted y yo hemos sido diputados- sobre la independencia de Cataluña, y día sí y día también, y ustedes, por cierto, no están en la cárcel por hablar de la independencia.
Así que no haga fabulaciones sobre que en España no se puede hablar sobre la independencia o que es un Estado represor y no permite hablar sobre esto. (La señora presidenta ocupa la Presidencia).
Además, todo eso no ha servido para nada bueno, y lo que no podemos aceptar es que usted diga que en España no se puede debatir. No es que se debata, es que hasta el Gobierno de la nación baraja mesas de diálogo con lo que ellos llaman
Cataluña, que no es otra cosa que separatismo catalán, porque en ese diálogo excluyen a millones de catalanes no separatistas. ¿De verdad también pretenden decirnos ustedes que es el Tribunal Constitucional quien silencia debates? ¿Nos lo dicen
ustedes a nosotros, a quienes intentaron acallar, estando yo ahí, cuando dieron un golpe en el Parlament? ¿Es el Estado español el que no permite hablar? ¡Pero si estaba yo en la Mesa del Parlament cuando ustedes no permitían hablar a los
diputados que no compartían sus tesis!
Hablan de tres mil represaliados y se refieren a políticos presos que han cometido delitos y que han sido juzgados con todas las garantías como presos políticos. Con eso insultan la memoria de los verdaderos presos políticos, que son
aquellos a los que se condena por sus ideas. Pero hay algo todavía peor, y es que ustedes, cuando vienen aquí, se arrogan la representatividad de todos los catalanes, se arrogan la representatividad de todos, como si el pueblo catalán fuera en su
totalidad nacionalista o separatista. De igual cuantas veces se demuestre lo contrario, porque ustedes son incapaces de asumir esa pluralidad en sus discursos. Además, a aquellos que no comparten esa pluralidad, los satélites políticos de sus
formaciones, como es Arran, les acosan, les atacan, les insultan, les apedrean y les pintan las sedes, y eso para usted no hace falta decirlo aquí. Pues sí, hace falta decirlo aquí porque eso pasa, y pasa todavía hoy Cataluña. Así que, lecciones
de democracia no podemos aceptar de ustedes, que son, además, la prueba fehaciente de que las ideas no llevan a nadie a la cárcel en nuestro país, sino que les llevan sus actos, después de un juicio que pudo ver cualquier habitante de la tierra que
tuviera acceso a Internet. Ya nos gustaría que en los países que ustedes admiran pudiera pasar eso, pero, por desgracia, no pasa.
No puedo tampoco acabar mi intervención sin dirigirme a los señores del Partido Socialista y al ministro Iceta, aunque no esté aquí, porque yo compartí con él, sí, la defensa de la democracia en los peores días en el Parlament, a los que me
he referido, y no me duelen prendas en reconocerlo, pero sí me duele ver cómo hoy el Partido Socialista quiere rescribir la sentencia, la historia de lo que ocurrió, barajando los indultos no por convicción -que ya no sé cuál es la convicción del
PSOE respecto a esto-, sino por la pura supervivencia en Moncloa, porque han elegido a los peores socios posibles para gobernar y, en consecuencia, eligen pagar el peor precio posible. Hablan del indulto como algo natural, y yo le pido al señor
Iceta que, si recuerda algo de lo que ocurrió en el Parlament en 2017, se convenza de que es una inmoralidad indultar para seguir en la Moncloa a quienes tanto daño han hecho a Cataluña y a los catalanes.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Espejo-Saavedra. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra en primer lugar el señor Bel Accensi.
El señor BEL ACCENSI: Gracias, señora presidenta.
Al señor Segura, que no sé si está en la sala, le voy a mencionar unas cuestiones previas. En primer lugar, suerte que usted era mediador y no combatiente, porque no imagino lo que diría desde esta tribuna. La segunda cuestión es que yo
con la CUP tengo discrepancias ideológicas astronómicas, pero que lo califique como un partido violento no es de recibo. Sinceramente, no es de recibo que se permitan estas descalificaciones. (Aplausos). Tercera cuestión, nosotros estamos votando
una moción consecuencia de interpelación con un punto, pero tenía dos. Por tanto, desde aquí nuestro voto favorable a los dos puntos.
Sinceramente, es una anomalía democrática, no ya que no se pueda tramitar una proposición de ley, sino que no se pueda ni votar su apoyo en una moción consecuencia de interpelación. De verdad, la Mesa no sé con qué objetivos lo hace, pero
le está haciendo un flaco favor a este Parlamento, le está haciendo un flaco favor a las instituciones democráticas del Estado español y le está haciendo un flaco favor al Estado. Oigan, si ya tienen mayoría, si ya van a rechazarlo tranquilamente,
¿por qué
están sometiendo a este estrés democrático a esta Cámara? Es un error que van a pagar en el presente y lo van a pagar en el futuro.
La mesa de diálogo se tiene que reunir ya, yo diría que sin prisas -de hecho, prisas hasta el momento no ha habido ninguna-, pero sin pausas, y pausas por motivos diferentes ha habido bastantes. En este momento la responsabilidad está en
manos del Govern de la Generalitat y en manos del Gobierno del Estado. Tienen que empezar, y cada uno, democráticamente, tiene que poder plantear libremente sus propuestas. Es obvio que el president de la Generalitat tiene que llevar a esta mesa
la amnistía de los presos políticos, pero no solo de los presos políticos, sino la amnistía de todos los represaliados políticos por el 1 de octubre, por el 9 de noviembre y por otros acontecimientos, y tiene que llevar a la mesa de diálogo la
propuesta de un referéndum acordado, como se hace en otros Estados del mundo civilizados, democráticos, que no genera ninguna distorsión. En todo caso, votaremos favorablemente.
La señora PRESIDENTA: Gracias señor Bel. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el mismo grupo parlamentario, tiene la palabra la señora Nogueras i Camero.
La señora NOGUERAS I CAMERO: Gracias, presidenta.
Hoy algunos veníamos aquí a debatir, pero de nuevo se ha vuelto a censurar el debate. Aquellos con los que se supone que debemos sentarnos en la mesa de diálogo para dialogar y para debatir sobre la amnistía son los mismos que acaban de
censurar debatir y hablar sobre la amnistía en el Congreso de los Diputados. En cambio, en las últimas semanas parece que a muchos de ustedes les ha gustado mucho hablar y debatir sobre los indultos, sobre perdonarnos. Jaume, queremos que los
presos políticos estén en la calle, que vuelvan a casa; queremos que los exiliados vuelvan a su país, puedan volver a su país, a Catalunya, a su casa; queremos que los más de tres mil represaliados puedan defender libremente sus ideas. No hemos
llegado hasta aquí para que el gran premio sea que ustedes nos perdonen. Ni hemos pedido perdón, señores de VOX, ni vamos a pedir perdón, y menos por plantar cara al fascismo que muchos de ustedes representan. De hecho, los que deberían pedir
perdón son muchos de los que están aquí, todos aquellos que apretaron el botón del 155 y de la represión.
Nuestros hijos no van a crecer en un país sin futuro como el que están dejando ustedes, no vamos a permitir que nuestros hijos crezcan en un país en el que puedan acabar en prisión por defender democrática y pacíficamente sus ideas. Algunos
tenemos muy clara la estrategia del Estado español, de hecho, es de manual: confrontar y dividir. Lo hacen desde hace muchísimos años ejerciendo la represión, ahogándonos económicamente, ahogándonos con querellas y con denuncias, manteniendo al
Govern de la Generalitat de Catalunya en l'opressió ia l'exili. Da igual quien gobierne, hay presos políticos y exiliados gobernando el Partido Popular, gobernando el PSOE y ahora el Gobierno progresista del PSOE con Podemos. Lo hacen, también,
embargando a trabajadores de la Generalitat de Catalunya, sin importarles para nada arruinarles a ellos y arruinar a sus familias, solo por defender sus ideas, solo por ser independentistas, y todo esto lo hacen de la mano de la justicia patriótica,
utilizando de altavoz a todos los voceros del régimen mediático. (Termina su intervención en catalán).
Moltes gràcies.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Nogueras. (Aplausos).
Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra la señora Telechea i Lozano.
La señora TELECHEA I LOZANO: Gràcies, presidenta. Bona tarda, diputades i diputats.
Ayer nombramos presidente de la Generalitat de Catalunya a Pere Aragonès i García, de Esquerra Republicana, con mucho orgullo, pero saben perfectamente que hubiera sido Oriol Junqueras i Vies de no estar en prisión injustamente por defender
la democracia y cumplir con el mandato popular. (Aplausos).
Es un hecho demostrado que un referéndum no es un instrumento independentista, si no, miren el caso de Quebec en Canadá o de Escocia en Gran Bretaña. El Estado español tiene dos vías para hacer frente, si quiere, al independentismo -la
primera vía, mediante las urnas, como en los casos expuestos de Quebec y Escocia, o la segunda vía, mediante la imposición de la fuerza- y escogió la segunda cuando nos apaleó el 1 de octubre y con los más de 3000 represaliados que actualmente hay
en el Estado español por defender sus ideas, con conselleras y consellers y una presidenta del Parlament de Catalunya, Carme Forcadell, en prisión como presa política; con nuestra secretaría general, Marta Rovira, en el exilio junto con el
president Puigdemont; con Anna Gabriel y el resto de consellers en el exilio.
Organizar un referéndum no es delito, ¡no es delito!, es que justamente se despenalizó. Entonces ¿cómo pueden hablar ustedes de democracia plena cuando se vulneran los derechos de los parlamentarios, privando, por ejemplo, del acta de
diputado o de eurodiputado a Oriol Junqueras? Porque, de hecho, no solo se le vulneraron los derechos de Junqueras, sino también de todas las ciudadanas y ciudadanos que lo eligieron libremente. ¿Cómo pueden hablar de democracia plena cuando
nuestro conseller, Raül Romeva, condenado injustamente a doce años de prisión y cumpliendo dicha condena ya, se enfrenta ahora, curiosamente, a un nuevo procedimiento del Juzgado de Instrucción 18 de Barcelona -él y diez personas más- por los mismos
hechos? ¿Cómo pueden hablar de democracia plena cuando miran hacia otro lado ante las recomendaciones de Naciones Unidas y Amnistía Internacional sobre los delitos de rebelión y sedición, los delitos de odio o las injurias a la Corona? Vergüenza,
vergüenza es lo que siento como ciudadana europeísta. ¿Cómo pueden hablar de democracia plena, si existe un tribunal, el Tribunal de Cuentas -otra vergüenza más, ¡vaya tela!, porque es un tribunal absolutamente politizado y parcial en sus
decisiones (aplausos)-, con la única función de ser un instrumento más de represión del Estado para acallar la disidencia política y que, no teniendo suficiente con privar del bien más preciado, la libertad de nuestros presos y presas políticas, los
quieren arruinar? Un tribunal que ha vulnerado los principios de imparcialidad, claridad, concisión, equilibrio y ponderación -y precisamente no lo digo yo-, principios de los que carecen también el Tribunal Constitucional, como era de esperar, el
Tribunal Supremo y qué decir del Consejo General del Poder Judicial. A pesar de que muchos ministros del PSOE han manifestado su voluntad y su predisposición a llegar a acuerdos a favor del diálogo y la negociación, queda perfectamente acreditada
esa inquina y ese odio que tienen hacia el movimiento independentista, y esa no es la manera de avanzar, piénsenlo. Si realmente quieren acabar con la vía represiva iniciada por el PP e incrementada por VOX, la única solución para poner fin a toda
esa represión es la amnistía.
La toma de posesión de Pere Aragonès como presidente de la Generalitat de Catalunya demuestra una cosa: el 52 % del pueblo de Catalunya ha querido que la Generalitat esté presidida por un republicano independentista. Si ustedes tienen la
voluntad de ser algún día verdaderos demócratas, deberían trabajar en pro de esa democracia plena con la que tanto se llenan la boca. Por lo que se refiere a la franquicia del PSOE en Catalunya, a pesar de su resultado electoral, son incapaces de
entenderse con nadie y se ven abocados al ostracismo parlamentario.
Termino señorías. Hoy se inicia una nueva época, un nuevo diálogo de negociación y acuerdo, que deben ser los ejes vertebradores de la política, pero sin olvidar que sufrimos represión y que esa represión debería cesar de manera inmediata,
siendo la única solución la amnistía para todas ellas y ellos. Por supuesto, votaremos favorablemente la moción.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Telechea. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra el señor Bermúdez de Castro Fernández.
El señor BERMÚDEZ DE CASTRO FERNÁNDEZ: Gracias, presidenta.
Señorías, señor Botran, no creo que sorprenda a nadie si comienzo afirmando que no compartimos en absoluto su discurso ni sus falaces argumentos. Miren, Escocia y Cataluña son dos casos diferentes y no se pueden comparar ni desde el punto
de vista histórico ni tampoco jurídico. Para empezar, Escocia ha sido durante siglos una nación y un reino independiente. Cataluña nunca lo ha sido. En segundo lugar, el referéndum escocés fue pactado y aprobado por el Parlamento británico,
mientras que el referéndum de autodeterminación que ustedes quieren imponernos es manifiestamente contrario a nuestra Constitución y al derecho internacional y, por tanto, es ilegal. Por último, en Escocia ningún líder independentista se ha saltado
la ley, mientras que en Cataluña se ha producido un golpe a la democracia que ha llevado a varios dirigentes políticos a la cárcel por la comisión de gravísimos delitos, entre ellos el de sedición y malversación de fondos públicos. (Aplausos). Un
desafío secesionista y un embate contra el Estado que se quiere mantener vivo desde la Generalitat para, en palabras del señor Aragonès, culminar y hacer inevitable la independencia, forzando para ello al Estado a realizar un referéndum. Fíjense
qué términos: embate y fuerza. Muy democrático, ¿verdad?
Del daño y la división que esa estrategia y ese nuevo desafío causaría a la sociedad catalana no les comento nada porque ya sabemos que les da exactamente igual, pero sí les decimos que fracasarán, que a pesar de sus amenazas volverán a
fracasar si quieren seguir desafiando al Estado de derecho, porque
la confrontación y la ilegalidad son caminos que siempre terminan chocando contra un muro. Y dejen de hablar de conflicto y de identificar ley con represión. La ley en democracia es siempre un instrumento de libertad y su aplicación por
los tribunales nunca puede ser considerada como un acto de represión, sino como un acto de justicia, que es algo bien distinto, señorías. Por eso aquí el único conflicto que existe es el que algunos tienen con el principio de legalidad, en el que
incluyo su extravagante petición de amnistía colectiva.
Miren, hay cosas que en democracia no se pueden cambiar. Por ejemplo, no se puede cambiar que todos somos iguales ante la ley o que la ley obliga a todos, porque, si falta alguno de esos principios, ya no estaríamos hablando de democracia.
¿Se puede cambiar en España la Constitución y nuestro modelo territorial? Sí, pero lo que no se puede cambiar es que esa decisión y ese derecho nos corresponden a todos los españoles, porque la única soberanía existente es la que reside en el
pueblo español en su conjunto, que no es ni divisible ni parcelable. Aquí todos decidimos el futuro de todos, también el futuro de Cataluña, porque Cataluña es España, señorías. (Aplausos). Nosotros no vamos a renunciar a ese derecho ni ustedes
nos van a imponer que renunciemos a él o que dejemos de ser constitucionalistas, de la misma manera que nosotros no les exigimos que dejen de ser independentistas o lo que quieran ser. Solo les pedimos que respeten y que cumplan la ley. Porque la
democracia nace con la libertad, pero vive siempre con la ley. No lo olviden.
Señorías del Grupo Socialista, ya han oído lo que se ha dicho esta tarde desde esta tribuna, también sus socios de Gobierno. Parece que son los últimos en enterarse de que los que se sientan al otro lado de esa humillante mesa de
negociación lo único que quieren es romper nuestra soberanía y nuestra integridad territorial por las bravas o por etapas, que al final da lo mismo. Por eso, esa mesa -que ustedes llaman del encuentro- es en realidad un desprecio para los
constitucionalistas, un agravio al resto de las comunidades autónomas leales con el Estado y una ofensa para la mayoría de españoles y para aquellos catalanes que no se sienten independentistas. Y si no lo cree, que su amigo Tezanos se atreva a
preguntarlo en el CIS.
La semana pasada el ministro Iceta dijo que el objetivo de esa mesa era dialogar para llegar a un acuerdo y luego votarlo. ¿De qué acuerdo me están hablando? Porque los del otro lado de la mesa ya les han puesto las condiciones: amnistía,
soberanía y referéndum de autodeterminación. Y como esas condiciones son de imposible cumplimiento, ¿me pueden decir qué les van a ofrecer a cambio? ¿La fecha de los indultos? ¿Un nuevo estatuto aunque sea inconstitucional? ¿No se dan cuenta de
que eso sería una tremenda irresponsabilidad? ¿Dónde dejarían entonces su sentido de Estado?
Termino. Son ustedes los que se han alejado del constitucionalismo y han elegido voluntariamente un camino y unos socios con tal de mantenerse en el poder. Y son ustedes los que, con esa mesa, pueden está generando expectativas que luego
no van a poder cumplir y lo único que va generar es más división y más tensión. Porque ya deberían saber que, cuando se agita el agua, el agua se mueve, pero la culpa no es del agua, sino de quien la mueve. Todavía están a tiempo de rectificar.
Piénsenlo. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Bermúdez de Castro. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Zaragoza Alonso.
El señor ZARAGOZA ALONSO: Gracias, presidenta.
Muy bien lo que hizo la Mesa, Aitor, aunque no estés.
Señorías del PP, parece que ustedes tienen memoria para lo que quieren. El problema no es lo que hacemos los socialistas, el problema es lo que no hicieron ustedes. Porque con ustedes se celebró un referéndum ilegal en octubre de 2017
(aplausos), con ustedes se hizo la consulta del 9 de noviembre de 2014 y con ustedes se fugó Puigdemont. Fracasaron y nos llevaron al fracaso, al mayor conflicto territorial que ha tenido España desde que se aprobó la Constitución, y esa es su
responsabilidad, no se les olvide nunca. Pero ustedes han borrado ese pasado, igual que creen que borrando la dirección de Génova 13 desaparecerá su corrupta gestión. (Protestas.-Aplausos). Señorías, mentir requiere memoria y ustedes tienen poca,
quizá porque no les gusta lo mal que lo hicieron. Los catalanes no independentistas con su voto nos han indicado que la solución no pasa ni por la revancha ni por la venganza, que no están en la Constitución; pasa por la concordia, el
entendimiento y el diálogo.
Señores de VOX, ustedes odian hasta los abrazos. (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.
El señor ZARAGOZA ALONSO: Ustedes odian hasta los abrazos, los abrazos de Luna y los abrazos de Juanfran, a los que con toda nuestra admiración les enviamos un fuerte abrazo. (Aplausos). Han venido aquí a repartir odio. No es patria el
suelo que se pisa, o en su caso pisotean, sino el suelo que se labra o se abraza.
Señorías de la CUP, para ustedes el estado de derecho es visto como un problema; para nosotros es la solución. Miren ustedes, son el único partido que se autodenomina antisistema, pero siempre vota a favor de la derecha. Y eso es el
reflejo del procés (aplausos), una consigna decorativa para que los revolucionarios de salón mantengan en el poder a los poderosos de siempre. Sus votos solo han servido para que un destacado miembro del IBEX sea conseller de Economía; para que la
sanidad, la vivienda y las políticas sociales estén en manos de la derecha de siempre. La señora Vehí criticaba en el debate de las elecciones generales -¿se acuerda?- que miembros de Esquerra estuviesen en la boda de la hija del que con sus votos
es conceller de Economía. ¡Han hecho conceller con sus votos al padre de la novia! (Aplausos). Es fantástico ver cómo las señorías de la CUP dan apoyo a un consejero de Economía que proviene de La Caixa, y que los campeones de los recortes
sanitarios recuperen esa conselleria.
Señora Vehí, señor Rufián, que no está aquí, el IBEX no es tan de derechas como se dice, ¿no? (Risas). Ustedes son un engaño. La CUP predica, pero el trigo se lo lleva la derecha catalana; el trigo, los fondos europeos, las obras
públicas. Vamos, el dinero con el que se supone que tenemos que revertir las consecuencias de la pandemia. Ustedes solo sirven para dar lecciones de moralina. Díganme, señorías, ¿cómo se vive dando lecciones para luego servir siempre a la derecha
catalana? Porque al final ustedes siempre aparecen para salvar a la derecha catalana, entre abrazos y votos. Son el seguro de que nada cambie en Cataluña. Nosotros siempre hemos sido y vamos a ser claros: no habrá ni independencia ni referéndum
de autodeterminación ni amnistía ni embate. (Rumores).
Señorías de la CUP, la semana pasada ustedes se dirigieron al PSC en términos despectivos: lo que queda del PSC, dijo. ¿Saben lo que queda del PSC? Nos queda ser el primer partido de Cataluña y nos queda ser la esperanza de los catalanes
y catalanas de izquierdas. (Aplausos). El PSC no se fundó para rendirse, y por mucho que les pese vamos a seguir insistiendo en el reencuentro de la sociedad catalana, en encontrar la solución para reconstruir los puentes rotos. Si por ustedes
fuera, solo existiría el conflicto; si es por nosotros, Cataluña tendrá futuro. Ustedes hicieron un spot tirando una furgoneta por un precipicio; se olvidaron de que dentro de esa furgoneta íbamos todos los catalanes. Rectifiquen. (Aplausos de
las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Socialista, puestos en pie).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Zaragoza. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Señor Botran, ¿acepta su grupo parlamentario alguna de las enmiendas presentadas?
El señor BOTRAN PAHISSA: Aceptamos la enmienda del Grupo Parlamentario de Unidas Podemos.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias. Se votará en esos términos.
Señorías, votamos en tres minutos. Les recuerdo que solamente podrán votar desde el escaño que les corresponde, identificado con su nombre en la pantalla. Asimismo, les recuerdo que aquellas señorías que han sido autorizadas para emitir su
voto por el procedimiento telemático no pueden hacerlo desde su escaño. (Pausa).
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY. (VOTACIÓN):
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A LA MODIFICACIÓN DE LA LEY 15/2012, DE 27 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS FISCALES PARA LA SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA, Y DE LA LEY 24/2013, DE 26 DE DICIEMBRE, DEL SECTOR ELÉCTRICO, PARA LA
REDUCCIÓN DE LA FACTURA ELÉCTRICA. (Número de expediente 122/000120).
La señora PRESIDENTA: Señorías, vamos a dar comienzo a las votaciones. Votamos, en primer lugar, la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la modificación de la Ley
15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética y de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, para la reducción de la factura eléctrica.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 105 más 244 votos telemáticos, 349; a favor, 41 más 113 votos telemáticos, 154; en contra, 64 más 106 votos telemáticos, 170; abstenciones, 25 votos telemáticos.
La señora PRESIDENTA: En consecuencia, no se toma en consideración la proposición de ley.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE REFORMA DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. (VOTACIÓN):
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, PARA INCORPORAR UN NUEVO TÍTULO XIV PARA LA REGULACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS. (Número de expediente 410/000014).
La señora PRESIDENTA: Procedemos a votar la toma en consideración de la proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados, del Grupo Parlamentario Socialista, para incorporar un nuevo título XIV para la regulación de los
grupos de interés.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 104 más 244 votos telemáticos, 348; a favor, 63 más 144 votos telemáticos, 207; en contra, 1 más 52 votos telemáticos, 53; abstenciones, 40 más 48 telemáticos, 88.
La señora PRESIDENTA: En consecuencia, se toma en consideración la proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados.
Muchísimas gracias. Buenas noches.
Se suspende la sesión.
Eran las ocho y cuarenta y cinco minutos de la noche.