CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2023 XIV LEGISLATURA Núm. 901

CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. GERARDO PISARELLO PRADOS

Sesión núm. 38

celebrada el miércoles,

17 de mayo de 2023

ORDEN DEL DÍA:


Comparecencia del señor ministro de Universidades (Subirats Humet):


- A petición propia, para informar sobre la implementación de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), sobre homologaciones y sobre la Presidencia Europea-CELAC. (Número de expediente 214/000199) ... href='#(Página2)'>(Página2)


- Para informar sobre el desarrollo de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), calendario y medidas previstas para su aplicación, ejecución y desarrollo reglamentario de lo establecido en esta Ley. A petición del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 213/002648) ... (Página2)


- Para informar del balance de la gestión llevada a cabo para el desbloqueo de los miles de expedientes de homologación y equivalencia de títulos universitarios extranjeros pendientes de resolución, y de las medidas que va a adoptar el
Gobierno para agilizar los mismos con carácter urgente. A petición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 213/002649) ... (Página2)


- Para informar de los motivos por los que no fue renovada la directora de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (Aneca), doña Mercedes Siles, y si ha tenido que ver con su oposición en materia de evaluación de las
agencias autonómicas que se prevé en la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU). A petición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 213/002651) ... (Página2)

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Se abre la sesión a las cuatro y treinta minutos de la tarde.


El señor PRESIDENTE: Muy buenas tardes a todos y a todas.


Comenzamos la sesión en la que celebraremos una serie de comparecencias acumuladas del ministro de Universidades, una a petición propia y el resto a petición del Grupo Popular. Por lo tanto, sin más, le damos la bienvenida a don Joan
Subirats Humet, ministro de Universidades, a quien le agradecemos su presencia en la Comisión. Ministro, tiene la palabra para informar sobre la implementación de la Ley Orgánica del Sistema Universitario, sobre homologaciones, sobre la Presidencia
durante la Cumbre Unión Europea-CELAC y los demás temas acumulados.


El señor MINISTRO DE UNIVERSIDADES (Subirats Humet): Buenas tardes, muchas gracias, presidente.


Como ahora mismo ha comentado el presidente de la Comisión, comparezco a petición propia y también para dar respuesta a las diversas peticiones formuladas.


Voy a estructurar mi intervención inicial sobre la base de una serie de elementos que creo esenciales. Primero, ante todo, el despliegue normativo y la implementación de la Ley Orgánica del Sistema Universitario, que entró en vigor el
pasado 12 de abril, después de un largo proceso del que muchos de ustedes fueron protagonistas también a lo largo de su tramitación y que fue objeto, como ya todos saben, de un continuado diálogo con la comunidad universitaria y, evidentemente,
también fue objeto de tramitación parlamentaria tanto en esta casa como en el Senado, lo que permitió incorporar mejoras que sin duda la enriquecieron. Desde el punto de vista como ministro y del trabajo desplegado desde el ministerio, entendemos
que es una norma que sin duda es perfectible, pero que el resultado conseguido genera un nivel de equilibrio entre los intereses de los distintos sectores, tanto de los grupos parlamentarios como de las universidades que conforman el sistema, que la
pueden proyectar hacia el futuro, de la misma manera que las dos anteriores leyes orgánicas también lo hicieron en su momento histórico determinado.


Lógicamente, es una ley que requiere un desarrollo normativo, que es en el que estamos ahora enfrascados y que voy a comentar muy rápidamente, un poco por el orden cronológico en el que estamos trabajando. El primer punto que quisiera
destacar es el real decreto por el cual se va a modificar el Decreto 99/2011, de 28 de enero, que regulaba las enseñanzas oficiales de doctorado. Con este nuevo decreto se pretenden actualizar los estudios de doctorado, poniéndolos en sintonía con
lo que dice la LOSU en relación con la ciencia abierta, ciencia ciudadana, la idea de ciencia como bien común y, al mismo tiempo, regular también la duración de las enseñanzas de doctorado a cuatro años, incorporando también algunas medidas que
mejoren las situaciones que se puedan dar a lo largo de la redacción de la tesis, como discapacidad, nacimiento, adopción, guarda o violencia de género. En ese sentido, también se hacen las salvaguardias necesarias.


Quisiera destacar en este punto un aspecto para mí importante y al que el ministerio quiere dar una especial relevancia, que es todo lo que tiene que ver con los doctorados más directamente vinculados con la transferencia, los llamados
doctorados industriales, que entendemos que son un tema muy importante en el cual podemos, desde el punto de vista del Estado, trabajar de manera clara para su mejora y su afianzamiento, viendo sobre todo lo que está ocurriendo en algunos países
europeos que nos llevan delantera en este sentido, que son Francia y Dinamarca. Quisiera destacar que es un tipo de doctorado que desde el principio incorpora la transferencia como el elemento central. Por ello, los ejemplos de buenas prácticas
que ya tenemos en Cataluña, en el País Vasco, en la Comunidad de Madrid o en Valencia nos dicen que podemos reforzar y trabajar en colaboración con las comunidades autónomas y las universidades para que esto sea así. Nos gustaría, además, tener una
visión amplia de la idea de doctorado industrial, no limitarla al aspecto estrictamente empresarial, sino entender que puede haber doctorados industriales -como ya existen ahora- en algunos ayuntamientos, en algunas administraciones públicas, en
instituciones o en ONG. Estamos teniendo conversaciones en este sentido con distintos ámbitos porque entendemos que la idea de transferencia no es únicamente del ámbito de la universidad con la empresa, sino que tiene posibilidades más amplias en
las que también queremos trabajar.


Hay un doctorado que ya ha pasado por el trámite de información pública, que es el doctorado en el que se establecen los ámbitos de conocimiento. El artículo 64 de la LOSU incorporaba esta idea de que las universidades debían tener una
relación de puestos de trabajo que incorporaran también una descripción de ámbitos de conocimiento para permitir que los profesores pudieran adscribirse a un ámbito, sobre todo en relación con las plantillas, no tanto en relación con los concursos
ni con la generación de plazas nuevas sino, sobre todo, para estructurar las plantillas de profesorado. Es evidente que las

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categorías tenían que ser, lógicamente, reducidas en número, pero suficientemente amplias y mutuamente excluyentes para generar este proceso. Esto es lo que hemos hecho con este proyecto de decreto y, evidentemente, tenemos que distinguir
los ámbitos de conocimiento de los campos de estudio -que anteriormente se habían denominado ámbitos de estudio-, que serían los que estructuran las titulaciones, y de aquello que en el fondo es una de las partes más importantes de otro decreto que
luego comentaré que es el de acreditación, donde sí que están incorporadas lo que anteriormente se llamaban áreas de conocimiento y que ahora son las especialidades de conocimiento, que son las especialidades que determinarán los perfiles de las
plazas de los concursos que tendrían que salir. Por lo tanto, tendríamos tres grandes elementos -ámbitos de conocimiento, campos de estudio y especialidades de conocimiento- estructurando este conjunto de formas de organizar los distintos ámbitos
del conocimiento o las distintas especialidades en cada caso que encontramos de las universidades.


En relación con el decreto de acreditaciones y concursos, que ahora está a punto de pasar a información pública, este es un decreto importante porque regula todo lo que tiene que ver con la calidad universitaria. Es evidente que la
evaluación tiene que ser coherente con lo que la ley también dice sobre la interdisciplinariedad y la multidisciplinariedad y, al mismo tiempo, también coherente con la idea de que la evaluación tiene que incorporar tanto elementos cuantitativos
como elementos cualitativos, buscando, por lo tanto, una forma de enriquecer la idea de evaluación y de acreditación. Este real decreto, sobre el cual voy a dar algunas líneas estratégicas, reconoce la diversidad de las contribuciones a la
investigación y a las carreras académicas y evalúa mejor lo que realmente importa, que sería la evaluación de carácter cualitativo, incorporando, por lo tanto, una idea de reducción burocrática. Hay muchos profesores que se quejan de la cantidad de
burocracia y de documentación que han de hacer a la hora de presentar estos elementos para su evaluación. Por tanto, estaríamos trabajando con una idea de curriculum vitae breve, que se llama también curriculum vitae normalizado, donde haya
simplemente los aspectos más relevantes e indicadores de carácter cuantitativo. También tiene procedimientos simplificados para reducir las cargas de trabajo que implica este proceso, como decía ahora, y, al mismo tiempo, promover una cultura de
confianza, es decir, trabajar con la idea de que la documentación que se presente no tiene por qué acreditarse de manera total y definitiva, sino que se da por buena, lo cual no quiere decir que no pueda haber inspecciones exhaustivas posteriormente
de manera aleatoria para asegurar que esa documentación realmente es coherente, pero no sistemáticamente incorporar toda la documentación de las publicaciones, etcétera, porque eso generaba una carga muy importante. También en ese sentido, lo que
se establece tanto en la LOSU como en este decreto es la conexión con los repositorios que ya existen en las universidades, de tal manera que la presentación de la documentación pueda generar links en los cuales se pueda contrastar luego la
documentación existente sin necesidad de que se incorpore. Evidentemente, en ese proceso de evaluación deberíamos incorporar el impacto social, los elementos de ciencia abierta, la experiencia y la calidad docente, etcétera. Este decreto se está
trabajando con un grupo de trabajo, valga la redundancia, donde están representantes de las universidades, de las comunidades autónomas, de las agencias de calidad y de los sindicatos, y estamos a punto, como decía, de que pase a información
pública. Es evidente que este decreto tiene mucho que ver con ANECA, ya que ANECA va a tener un papel muy importante en esta función. Como ya se establecía en la LOSU, ANECA va a trabajar también con el conjunto de agencias de calidad autonómicas
que ya existen. En esta línea, se ha producido un cambio en la dirección de la ANECA muy recientemente. La directora anterior, Mercedes Siles, llevaba tres años y, como ha ocurrido con cualquiera de sus antecesores que también han estado tres años
en el puesto, acabó su mandato a finales de febrero de este año, si no me acuerdo mal. Se ha incorporado como directora Pilar Paneque, catedrática de Geografía Humana de la Universidad Pablo de Olavide, con una dilatada y acreditada trayectoria
académica y de gestión, que estuvo también haciendo funciones de evaluación en la Agencia Estatal de Investigación. Tiene en sus manos poner al día todos los procesos de acreditación y de evaluación que están planteados en la LOSU, asegurando una
mejor adecuación entre los cambios que incorpora esta ley y todos los procedimientos que antes comentaba que van a estar incorporados en este decreto de acreditación. Es en este decreto donde aparecerá como anexo lo que antes llamaba las
especializaciones de conocimiento, es decir, las áreas. Si estamos hablando de que los ámbitos de conocimiento serán una cuarentena, aquí estaríamos hablando de más de doscientas especializaciones de conocimiento y, por lo tanto, aquí es donde
encontramos toda la expansión del conocimiento que tiene mucho más que ver con los formatos que van a usar las universidades para promover las nuevas plazas de profesorado.

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Hace pocos días presentamos en el Consejo de Ministros, tanto la ministra de Ciencia como yo, la primera Estrategia Nacional de Ciencia Abierta para el periodo de 2023 a 2027. Quiero destacar este aspecto, ya que en esta estrategia se
contemplan una serie de objetivos, con unos recursos destinados a ellos, como son, en primer lugar, garantizar la existencia de infraestructuras digitales que permitan la implementación de una política nacional de ciencia abierta, que es
imprescindible, es decir, los repositorios que antes comentaba, especialmente uno que tiene en estos momentos un proceso de afianzamiento muy significativo y que quisiera destacar, que es el de Dialnet en la Universidad de La Rioja. En segundo
lugar, fomentar la adecuada gestión de los datos de investigación a través de los principios FAIR -es decir, localizable, accesible, interoperable y reusable-, que son principios que se usan en ciencia en toda Europa. En tercer lugar, implementar
el acceso abierto y gratuito por defecto a las publicaciones de resultados científicos para toda la ciudadanía y, por último, establecer nuevos mecanismos de evaluación de la investigación, a los que antes también hacía referencia. Con este fin nos
hemos puesto manos a la obra para reforzar el papel de las bibliotecas universitarias, que es un elemento muy importante. No sé si ustedes saben que existe una Red de Bibliotecas Universitarias Españolas, representada por la comisión sectorial de
la CRUE, y con ellos llevamos ya algunas reuniones trabajando con la idea de adecuar y sintonizar esa lógica de ciencia abierta con el papel de esas bibliotecas universitarias. Al mismo tiempo, en la Feria del libro que está a punto de inaugurarse
en Madrid hay una parte dedicada precisamente a ciencia y universidades donde van a estar las editoriales universitarias, con las que vamos a intentar facilitar ese proceso de publicación y divulgación de todo el trabajo científico a través de este
mecanismo de la ciencia abierta.


Entrando ya en los temas de docencia -lógicamente voy muy rápido porque quiero situar los grandes temas en poco tiempo para que luego haya un debate sobre estas cuestiones-, tanto en la LOSU, que ustedes conocen perfectamente, como en mis
intervenciones y en lo que estamos diciendo desde el ministerio estamos dando mucho relieve a la formación a lo largo de la vida, concretamente a las microcredenciales. Ustedes saben perfectamente que esa es una estrategia europea en la que se pone
de relieve la importancia que tiene que las universidades, con su potencial académico, investigador y divulgativo, puedan situarse en primera fila -cosa que no están haciendo hasta ahora- en el ámbito de la formación a lo largo de la vida. Para
poner un dato que ustedes seguramente ya saben, del 1 700 000 alumnos universitarios, tenemos solamente entre un 6 y un 7 % de alumnos de grado y posgrado que tengan más de treinta años. Las potencialidades y las exigencias que nos está planteando
la Unión Europea en esta cuestión son muy claras y están insistiendo sobre todo en este enfoque europeo sobre microcredenciales para el aprendizaje permanente y la empleabilidad. En un momento de cambio de época con un gran cambio tecnológico, con
muchas dudas sobre la continuidad de muchos de los empleos, el hecho de que pueda haber cursos de corta duración -de entre uno y quince créditos en la jerga de ECTS de Bolonia- que puedan trabajar desde las universidades de acuerdo con la demanda, y
no desde una lógica de oferta, creemos que será un tema especialmente significativo. Estamos ya planteando una presentación del plan a mediados de junio en la Universidad de Málaga con la presencia del Consejo Económico y Social, de la CEOE, de la
plataforma de ONG, de la Federación Española de Municipios, es decir, con todos aquellos que pueden estar interesados en el tema de microcredenciales porque entendemos que esta va ser una gran apuesta no solamente del sistema universitario español,
sino del conjunto del Sistema Universitario Europeo en relación con los objetivos que marcó la Unión Europea en mayo del 2021 en Oporto de que el 60 % de los europeos estuvieran en el año 2030 con acciones formativas realizadas en los últimos cuatro
meses.


También en temas de docencia quisiera señalar que estamos preparando unas jornadas sobre innovación docente, porque es evidente que en muchos casos la enseñanza universitaria, y más con la aparición de la inteligencia artificial, tiene que
replantearse muchos de los elementos centrales de los procesos de docencia, incorporando nuevas maneras de relacionar docencia y adquisición de conocimiento, buscando también el soporte tecnológico que en parte mejoró notablemente a la universidad
gracias a la pandemia -a la que podríamos dar gracias pues forzó para llegar a un nivel de mejora tecnológica muy rápidamente- y ahora esta mejora tecnológica puede ser también utilizada en esta línea de innovación docente.


Sabemos que hay una preocupación evidente sobre la financiación. Esto apareció en todo el proceso de discusión sobre la LOSU después de muchos años de infrafinanciación pública de las universidades. Creo que el conjunto de iniciativas que
estamos comentando -doctorados industriales, microcredenciales- puede reforzar la idea del servicio de las universidades hacia la sociedad y, por lo

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tanto, generar un nivel que nos parece significativo de mejores alianzas de la sociedad en relación con las universidades para mejorar su financiación. Pero también es evidente que en la LOSU hay un compromiso muy claro de alcanzar el 1 %
del PIB antes de 2030. En esa línea, estamos trabajando para generar una capacidad de datos homogéneos que nos permitan trabajar tanto en el sistema de financiación del Estado a las comunidades autónomas como de las comunidades autónomas hacia las
universidades, buscando que los datos sean homogéneos y que nos permitan generar lógicas comparativas porque los sistemas de financiación de las universidades en cada comunidad autónoma son distintos. Nosotros hemos patrocinado un acuerdo entre
CRUE y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas -que tiene una larga trayectoria en estos estudios- para que hagan un análisis de todos los sistemas de financiación que existen actualmente en el ámbito estatal buscando -hay algunas
comunidades que ya lo tienen, como ya sabemos- la distinción entre financiación basal, financiación singular y financiación por objetivos. Hay comunidades autónomas que tienen lógicas plurianuales y hay otras que anualmente; además, hay una serie
de datos que no coinciden porque se cuentan cosas distintas. Por ello, nos gustaría que el trabajo de la comisión que la LOSU incorpora sobre los temas de financiación pudiera partir de un suelo que fuera reconocido por todas partes como un suelo
que nos permita comparar y analizar lo que ocurre. Evidentemente, como así manifestó el presidente del Gobierno a la permanente de la CRUE hace unas semanas en Moncloa, el compromiso del Gobierno en este sentido es claro: alcanzar ese 1 % de la
manera más rápida posible.


También estamos haciendo, porque creo que esto contribuye a la idea de la mejora de la financiación, un estudio de qué impacto tienen las universidades en cada provincia. Hay algunos estudios que ya se han hecho de manera parcial. Hemos
encargado a un equipo de investigación de la Universidad de Barcelona que haga este análisis para obtener, también de manera sistemática y homogénea, el peso de las universidades públicas en cada provincia, de tal manera que podamos ver y demostrar
que más que hablar de gasto en universidad tenemos que hablar de inversión en universidad. Nos gustaría ver de cada euro que invertimos en la universidad cuántos euros retornan a la sociedad desde todos los puntos de vista. Hay algunos trabajos
que ya se han hecho y dicen que oscila entre los 3 y los 6 euros, depende de los estudios parciales que se han hecho. Nos gustaría tener una panorámica general. Ese estudio, que se podría presentar en poco tiempo y que toma 2021 como año de
referencia, nos puede servir en esta línea.


Voy ya a entrar en la parte final de mi intervención -en este resumen que estoy haciendo-, que se refiere a las ideas principales de la internacionalización del sistema. Es evidente que -y esto está muy claro en la LOSU- ya no podemos
hablar de política europea como una política internacional. Es una política interior del Estado español y, por lo tanto, hablamos de europeización. Ayer estuve con la ministra de Educación en Bruselas en el último Consejo de ministros europeos
antes del relevo -ayer lo hicimos, de hecho- con la Presidencia sueca para iniciar a partir del 1 de julio la Presidencia española de la Unión Europea. Aprovechando esta coyuntura, queremos destacar algunas cuestiones importantes. Por ejemplo, la
firma de acuerdos bilaterales. Sabemos que hay un aspecto muy importante en la internacionalización del sistema universitario, que es el tema de la movilidad. En la Unión Europea, el factor de la movilidad y el reconocimiento de titulaciones es un
tema clave, pero se ha avanzado muchísimo porque tenemos el sistema Bolonia de ECTS que permite rápidamente una comparabilidad entre sistemas. Sin embargo, no es así con otros sistemas universitarios del resto del mundo y, especialmente, en el caso
de España, con el que nos interesa que es el espacio iberoamericano de conocimiento. Hace un par de semanas, aprovechando la visita del presidente de Colombia, Gustavo Petro, firmamos con Colombia -que es el primer país de los latinoamericanos en
número de estudiantes que vienen a España- un acuerdo de reconocimiento mutuo de todas las pruebas de acceso a la universidad. Ellos tienen una prueba que se llama Saber 11 y nosotros tenemos la prueba EvAU. Con este acuerdo lo que hicimos es que
los estudiantes colombianos que vengan con la Saber 11 aprobada inmediatamente podrán entrar en el sistema universitario, de la misma manera que los que hayan superado la EvAU en España podrán entrar en el sistema colombiano sin tener que pasar por
la prueba del Saber 11. Este tipo de pruebas no existen en todas partes; por ejemplo, México y Argentina no la tienen, pero sí otros países. De hecho, lo hemos firmado ya con China, con Andorra, hemos incorporado a Colombia, estamos en proceso
bastante avanzado de acuerdos con Brasil -con quien firmamos un MOU, un agreement para avanzar en esta línea-, con Argentina, con México, estamos ya hablando con Chile en esta misma línea y con Reino Unido. Nos gustaría ir avanzando en esta
cuestión para facilitar al máximo la movilidad de estudiantes en los dos sistemas.

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Hablando de internacionalización y de llegada de personas de Latinoamérica y de otros países, es obvio que tenemos que hablar de las homologaciones y las equivalencias. En este sentido, el trabajo que se está haciendo es significativo. Es
evidente que teníamos un problema enquistado desde hace tiempo y lo hemos encarado adecuadamente en dos líneas. Por un lado, hemos reforzado el equipo de trabajo que se ocupa de todos los expedientes previos al nuevo real decreto que entró en vigor
en noviembre. Y aquí los avances ya son significativos. Es decir, mientras que en el campo de homologaciones en abril de 2022 se tramitaron 9000 expedientes, en el mismo mes de 2023 se han tramitado 13 000 expedientes, casi un 40 % más. En
equivalencias, en abril de 2022 se tramitaron 5700 expedientes y, en el mismo mes de 2023, se han tramitado 7700 expedientes, un 33 % más. Respecto a las solicitudes concedidas, antes de la entrada en vigor del real decreto, se concedieron el año
pasado en el mismo mes 508 solicitudes y en este mes de abril se han concedido 1200, un 150 % más. En equivalencias, en abril de 2022 se concedieron 40 solicitudes de equivalencia y ahora, aplicando el plan de choque que estoy comentando, se han
concedido 750, 18 veces más.


Por lo tanto, el plan de choque está empezando a funcionar, estamos sacando expedientes que llevaban largo tiempo acumulados, lo que es una buena noticia. Con el real decreto nos comprometimos a que toda la tramitación fuera totalmente
electrónica, lo que mejoró mucho todo el proceso, sobre todo de presentación de solicitudes para no desplazarse físicamente. Además, redujo mucho el papel de los intermediarios que, en muchos casos, cobraban mucho dinero para hacer procesos de
intermediación. También nos comprometimos a que la resolución se hiciera en un máximo de seis meses. Desde la aplicación del decreto, el tiempo medio de resolución es de cuatro meses. En estos seis meses se han presentado casi 3000 homologaciones
y 900 equivalencias, y se han resuelto 3800 expedientes. Por lo tanto, aún queda tarea por hacer, pero entendemos que la combinación de las dos lógicas -fuerza de choque multiplicando los efectivos para trabajar con el anterior sistema más el nuevo
real decreto- puede generar un cambio significativo.


En el tema de la Presidencia europea en este proceso de internacionalización, quisiera destacar algunos aspectos. Ustedes ya saben que, en principio, la previsión de la Unión Europea es que en el año 2027 tengamos unas 500 universidades
europeas. Cuando hablamos de universidades europeas hablamos de alianzas entre universidades, por lo tanto, estamos hablando de 500 alianzas de universidades europeas. En esta línea, de las más de cuarenta alianzas europeas que existen, España
está presente en treinta y una, y en muchas de ellas las universidades españolas coordinan la alianza, con lo cual diría que realmente estamos consiguiendo un papel al mismo nivel que Alemania y Francia en cuanto a la presencia de unidades españolas
en las alianzas europeas. Y aprovechando la Presidencia española de la Unión Europea, en el mes de septiembre, los días 14 y el 15 -nos había asegurado Mariya Gabriel, la comisaria europea, que estaría presente, pero acaba de irse a Bulgaria para
ver si consigue ser primer ministra, y, por lo tanto, ha dejado la posición de comisaria europea y tenemos que ver quién la sustituye-, vamos a celebrar en Barcelona una reunión -se esperan entre trescientos y cuatrocientos participantes
internacionales, incluyendo representantes de ministerios, universidades, agencias de calidad y organizaciones estudiantiles de todas las alianzas europeas existentes- donde se tienen que trabajar temas que están aún sin resolver, como son el
estatus legal de las alianzas, los títulos de grado y posgrado de estas alianzas, la dimensión externa de las mismas, si se pueden o no -cosa que interesa especialmente a España- incorporar aliados de América Latina y otros países y su
sostenibilidad económica; ese conjunto de elementos va a estar presente de manera destacada en esta reunión del mes de septiembre. También habrá una reunión de ministros de educación superior y juventud en Zaragoza los días 18 y 19 de septiembre,
que se hace en colaboración con la ministra de Educación y la ministra de Derechos Sociales, y en ella hablaremos de la democratización del acceso a la educación universitaria y la prevención del abandono. Y en Bilbao los días 23 y 24 de octubre
habrá una reunión de universidades europeas sobre los temas de género, violencia machista y acoso en las universidades, un asunto recurrente que preocupa a toda Europa.


Finalmente, antes de acabar quería destacar el esfuerzo que estamos haciendo en relación con la comunidad iberoamericana de conocimiento. Saben perfectamente que en el mes de julio, después de ocho años sin celebrarse ninguna, va a haber
una reunión de jefes de Estado y de Gobierno Unión Europea-CELAC en Bruselas. La intención del Ministerio de Universidades ha sido la de tratar de influir en esa cumbre europea, de Latinoamérica y el Caribe para que los temas vinculados a la
educación superior tuvieran presencia y facilitaran nuestra agenda en esta cuestión, que son la movilidad, la colaboración y la relación entre el ámbito europeo y el ámbito iberoamericano. En este sentido, hace unos días, a

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principios de mayo -el 5 de mayo, concretamente-, se celebraron unas jornadas de la Cumbre Académica y del Conocimiento Unión Europea-CELAC que organizó la SEGIB, y nosotros, aprovechando esta cumbre, hicimos una reunión, con la presencia de
veintidós ministros tanto de la Unión Europea como de la comunidad iberoamericana, en Santiago de Compostela para generar un documento que pudiéramos presentar de manera conjunta a la Cumbre de Bruselas del mes de julio en la línea que estamos
comentando. Y lo mismo hicimos aprovechando la reunión de Universia que se celebró en Valencia, donde tuvimos ocasión de poder hablar con rectores y representantes ministeriales de distintos países de Iberoamérica y el Caribe en la misma línea de
tratar de que los temas de educación superior estén presentes en la Cumbre de la Unión Europea-CELAC del mes de julio.


Perdonen la rapidez con que he procedido a explicar todos estos puntos, pero quiero que esto facilite el diálogo posterior que luego podamos tener.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro, por la intervención.


Ahora es el turno de los diferentes grupos parlamentarios, como sabéis, por un tiempo máximo de diez minutos.


En primer lugar, por el Grupo Euskal Herria Bildu tiene la palabra la señora Bel Pozueta Fernández.


La señora POZUETA FERNÁNDEZ: Muchas gracias. Arratsalde on, señor Subirats.


De nuevo nos encontramos y seguimos hablando de la LOSU. Agradezco su exposición sobre los principales ejes que se van a desarrollar para ir implementando la LOSU. Se ha referido al proceso de acreditación y regulación de la calidad,
aspecto del que ya nos tocó hablar hace una o dos semanas, de la estrategia de ciencia abierta, del aspecto de la docencia y de la financiación. Me voy a detener en la financiación porque es uno de los temas que nos llevó a hablar mucho y
largamente durante la tramitación de esta ley. En el artículo 55 se habla del tema de la dotación de las universidades, de los recursos económicos. Se señala que el Estado, las comunidades autónomas y las universidades comparten el objetivo de
destinar, como mínimo, el 1 % del producto interior bruto al gasto público en educación universitaria pública en el conjunto del Estado, permitiendo así la equiparación progresiva a la inversión media de los Estados miembros de la Unión Europea y el
cumplimiento de los objetivos establecidos en la propia ley, para lo cual se establecerán en los presupuestos de las comunidades autónomas, en los del conjunto de las universidades y en los presupuestos generales del Estado las correspondientes
aportaciones, de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias de cada ejercicio. Por otra parte, en el artículo 56, relativo a la programación y sistemas de financiación de las universidades públicas, se señala que, sin perjuicio de las
competencias atribuidas a las comunidades autónomas, la financiación plurianual que establezcan las comunidades autónomas deberá incluir una financiación estructural basal suficiente para la prestación de un servicio público y de calidad y para
cubrir las necesidades plurianuales de gasto de personal, incluyendo los gastos de los planes plurianuales de estabilización de plantillas, gastos corrientes de bienes y servicios, inversiones reales, la investigación estructural y las inversiones
para garantizar la sostenibilidad. Igualmente, en la disposición adicional décima cuarta, referida al plan de incremento del gasto público, se dice que la Comisión que establecerá el plan de incremento de gasto público al que se refiere el artículo
55.2 se creará en el plazo máximo de un año a partir de la entrada en vigor de esta ley orgánica. Yo le pregunto si cree usted que la propuesta del plan de incremento de gasto público dirigida a aumentar la financiación de las universidades
públicas estará lista para antes de que finalice esta legislatura y comenzará a ponerse en práctica en los presupuestos generales del Estado y de las comunidades autónomas en 2024 y, consecuentemente, se reflejará dicho incremento en el presupuesto
de universidades públicas también en el próximo año. Usted ha dicho que existe el compromiso de ponerlo a la mayor celeridad, lo más rápidamente posible, pero, concretamente, yo me refiero ya al curso que viene y al año 2024, viendo también que
sería en el plazo máximo de un año.


En cuanto a otros temas, la LOSU en el artículo 80.1.b) indica que, en el caso de las profesoras y profesores sustitutos, su actividad no podrá extenderse a las actividades universitarias de otra naturaleza en la universidad de contratación,
como las de investigación o el desempeño de funciones estructurales de gestión y coordinación, salvo que tengan directa relación con la actividad docente. La redacción del artículo 80 de la LOSU cierra la posibilidad de realizar actividades de
investigación y de gestión a todas estas personas. Una profesora o un profesor que sustituya a un compañero o compañera que pase a estar liberado de docencia, en numerosos casos para varios años -rectores o rectoras, vicerrectoras y otros cargos en
la Administración-, únicamente sería contratada o contratado para esa actividad, sin que

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pueda retribuírsele actividades de gestión, y, especialmente, de investigación, imprescindibles para poder acreditarse y promocionarse profesionalmente. Ello supondrá un empeoramiento evidente de las condiciones laborales de todas estas
personas, que pasarán a tener un sueldo precario y en gran parte de los casos continuarán desarrollando actividades de investigación no remuneradas pero necesarias para su promoción. En el preámbulo de la LOSU se advierte sobre la situación de
precarización de parte del profesorado y la necesidad de afrontar este problema. Sin embargo, medidas como esta no solo perpetuarán estas situaciones, sino que incrementarán el número de profesoras y profesores afectados, al menos en lo relativo a
la UPV/EHU, aunque probablemente estos casos también se den en otras universidades del Estado. Por eso le pregunto qué medidas va a poner en marcha el Ministerio de Universidades para evitar una lectura estricta de este artículo por parte de las
universidades y Gobiernos autonómicos, que condene a la precariedad a gran número de profesoras y profesores. Asimismo, si va a considerar estas situaciones en la redacción del estatuto del personal docente e investigador universitario, de forma
que a estas profesoras y profesores sustitutos se les permita, reconozca y retribuya las actividades investigadoras y la actividad de gestión.


Señor Subirats, estamos recibiendo su preocupación desde diferentes sectores universitarios porque, si bien la LOSU plantea distintas obligaciones, como la estabilización del PDI asociado para finales de 2024 y otras relacionadas con el PDI
y los servicios que deberán ofrecer las universidades públicas a la comunidad universitaria, como son la unidad de igualdad, la unidad de diversidad y la defensoría universitaria, sobre inspección de servicios, salud y acompañamiento psicológico y
pedagógico u orientación profesional, dotados con recursos humanos y económicos suficientes, se desconoce si ha comenzado a reunirse la comisión que establecerá el plan de incremento de gasto público dirigido a financiar a las universidades públicas
ni quienes la integran, dado que en la redacción final aprobada no se concretó este extremo. Por eso, me gustaría saber si ha comenzado a reunirse dicha comisión y, si no es así, cuando comenzará a hacerlo y quiénes formarán parte de ella.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría, por su intervención.


Por el Grupo Vasco, es el turno de la diputada Josune Gorospe Elezcano.


La señora GOROSPE ELEZCANO: Gracias, presidente. Buenas tardes, ministro, bienvenido a esta Comisión. Y buenas tardes al resto de compañeras y compañeros, diputadas y diputados. Y también a su equipo. No sé ya si vamos a tener ya muchas
ocasiones para poder seguir charlando juntos.


Ha comenzado usted su intervención haciéndonos un resumen acerca del despliegue normativo de la LOSU. La primera pregunta que le hago después de esto que usted ha comentado es qué más queda por hacer respecto al despliegue que está previsto
y qué tienen ustedes organizado o anotado en su calendario para desarrollar en los próximos meses.


Se ha referido al real decreto de enseñanzas oficiales de doctorado y ha comentado que en el caso de los doctores industriales van a lanzar un programa con el que no solo podrían tener transferencia de conocimiento en el ámbito de la
empresa, sino también en otro tipo de organismos e instituciones, aunque, evidentemente, tienen que ser entidades debidamente acreditadas. ¿Cómo se está trabajando para que se desarrolle el procedimiento que se va a seguir para que realmente haya
una formación y una transferencia de conocimiento, con todas las garantías? Supongo que se estará trasladando experiencia desde otros ámbitos, pero me gustaría que nos ampliara la información en relación con el tema.


Ha hablado también de la organización de las especialidades, y para nosotros es aquí donde está la madre del cordero. Sabe que hemos tenido conversaciones y que seguimos teniendo conversaciones, que seguimos con nuestro método
insistencialista, que nos caracteriza, y ya sabe usted por qué no nos llega a satisfacer del todo la propuesta que hace. Son dos decretos distintos: uno, el de ámbitos de conocimiento y otro, el que usted señalaba, sobre las acreditaciones de las
especialidades. En ese segundo se recogen las filologías vasca, catalana y gallega específicamente, y, de cara a los traslados, inicialmente estaría resuelta la cuestión. En el primer decreto, que ha sido el que ha generado la polémica y nos ha
abierto los ojos a todos, en un principio figuraba una filología hispánica clásica, y, teóricamente, ahí se incorporaban otras filologías, como la vasca, la catalana, la gallega, que no tienen absolutamente nada que ver. Además, con ocasión de una
intervención suya en Galicia, que creo recordar que fue el 5 de mayo, manifestó su voluntad, aunque no sabemos si ha sido concretada, de que eso fuera un campo genérico. Nosotros a esto le decimos que no nos parece suficiente, ministro. Se puede
decir que ese decreto no es necesario; pero, entonces, si no es necesario, ¿para qué se hace? Si se hace, nosotros queremos que recoja

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específica y expresamente la singularidad de un Estado plurilingüe, porque para nosotros eso es fundamental. Nos podrán decir que la ciencia cabalga en otro sentido, que va hacia campos de conocimiento más reducidos, pero nosotros creemos
que la ciencia debe adaptarse a la especificidad del lugar, a su singularidad. Y, desde luego, a quienes reivindicamos el plurilingüismo y pensamos que uno de los capitales y fortalezas de la ley de universidades era precisamente poner en valor que
el ámbito universitario se constituyera en referente de la normalización lingüística nos parece que todo lo que nazca de esa ley orgánica ha de tener esa misma característica y especificidad, y debe visualizarse, no nos vale solo con que esté en la
ley orgánica de universidades. Queremos que en ese decreto, que es el marco referente a los ámbitos competenciales, se aproveche para decir que aquí hay unas filologías específicas, que no están en ningún otro lugar. No nos vale que nos pongan en
el mismo plano que a las filologías modernas, como la alemana o la francesa, solo porque ya pueden moverse por concursos de traslados. Vamos más allá, es una cuestión de singularidad, de identidad, y, desde luego, a nosotros esto no nos parece
suficiente. Como sabe usted -no sé qué expresión utilizar-, consideramos que no hacerlo supondría perder una oportunidad para recoger la realidad lingüística del Estado.


Decía también usted que la Aneca tendrá un papel importante y trabajará con las agencias de calidad. A nosotros nos gusta llamarlas de las comunidades autónomas, no autonómicas, porque son agencias de las comunidades autónomas pero su
ámbito de intervención no es exclusivamente esa comunidad autónoma, sino que pueden acreditar y evaluar en otros lugares. Esa fue también otra de las fortalezas que nosotros pusimos en valor cuando se aprobó la ley orgánica de universidades, que el
estatus de las agencias de las comunidades autónomas se veía reforzado. Quisiera saber cómo se está reforzando y cómo se está trabajando en esta nueva realidad que se incorporaba en la ley.


En cuanto a la docencia, ha tocado un tema que nosotros también enmendamos en la ley. Se incorporó la formación a lo largo de la vida, otra de las cuestiones que nos parecen muy importantes, y usted lo ha vinculado con la docencia. Lo que
se incluía era que las personas que no poseyeran ninguna titulación universitaria habilitante para acceder a las titulaciones de formación permanente y que pudieran acreditar experiencia laboral o profesional con un nivel competencial equivalente a
la formación académica universitaria pudieran acceder a enseñanzas universitarias en formación permanente mediante un procedimiento de reconocimiento de la experiencia profesional. Usted ha dicho que en junio se va a presentar un plan en Málaga.
No sé si nos puede dar más información sobre ese plan de cara al posible alumnado, cómo se refuerza y se organiza, cuál es el procedimiento para reforzarlo. Sabe que nosotros tenemos experiencia en este ámbito y también mucho interés; pondré el
caso de Mondragón, donde existe una realidad vinculada entre la empresa y la universidad. Le agradecería que pudiera darnos algo más de información en relación con este tema.


En cuanto a la movilidad y la firma de acuerdos, ha hablado de los acuerdos internacionales bilaterales con Colombia, Brasil, Argentina o Reino Unido. Y, en el caso de Colombia, ha hablado de que se aceptara la prueba de acceso para pasar
de una universidad a otra. En su momento nosotros tuvimos problemas en el País Vasco, Euskal Herria, con este tipo de movilidades y las pruebas de acceso a la universidad entre los que estudiaban en Iparralde y los que querían ir a universidades de
Hegoalde a estudiar en euskera. ¿Está resuelto este tema de la movilidad y las pruebas de acceso a las universidades de los distintos Estados en el ámbito de la Unión Europea? Me gustaría saber si es así.


Por último, quiero insistir en otro asunto que incluimos en la ley orgánica de universidades. Entonces nosotros insistimos en el acierto de que la ley permitiera que las comunidades autónomas que están conectadas con otras regiones europeas
a través de eurorregiones vieran reforzadas sus competencias en el ámbito de la cooperación transfronteriza, en este caso con el reconocimiento automático de los estudios. Me gustaría saber qué se ha avanzado en esta materia y qué se ha hecho en lo
que a su ministerio corresponde.


Gracias por la información.


El señor PRESIDENTE: Eskerrik asko, señoría, por la intervención.


Es ahora el turno del portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos, el señor Lopez-Bas Valero.


El señor LÓPEZ-BAS VALERO: Gracias, señor presidente.


Buenas tardes y gracias, señor Subirats, por su intervención y las explicaciones que nos ha dado. En principio, quiero entender que había un interés evidente por conocer cuál es el desarrollo de la implantación y puesta en funcionamiento de
la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario. También es cierto que está publicada en el Boletín Oficial del Estado hace apenas dos meses y, por lo tanto, tiene un efecto

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limitado. Quiero pensar que quizá esta comparecencia hubiera sido mucho más útil un poco más adelante, para poder haber tenido más tiempo -me imagino que incluso al propio ministro le hubiera parecido más apropiado tener algo más de
tiempo-, para dar mayor información sobre el resultado de su implantación. Creo que es conocido que es una ley que tuvo un apoyo mayoritario, pero, desde luego, prácticamente escaso dentro del arco parlamentario, con 182 votos a favor, y, por lo
tanto, en principio encuentra una postura contraria bastante importante. Evidentemente, el tiempo nos tendrá que decir si la propuesta legislativa del Gobierno y los grupos que apoyaron la ley ha sido acertada o no.


Nosotros ya manifestamos en su momento que había cuestiones que creíamos que esta ley no solucionaba porque todavía veíamos necesario que se gestionara bien no solo la atracción, sino la retención del talento universitario español y también
que se rompiera esa brecha entre el propio sector público que representa la universidad y la empresa. Ha hecho usted referencia en concreto a algún elemento por el que ahora le preguntaré porque me interesa muy especialmente. Asimismo, creíamos
que no se había conseguido dotar de mayor transparencia y profesionalización en su funcionamiento orgánico a la universidad y, sobre todo, un tema que nosotros hemos denunciado siempre, que es no haber dotado de la necesaria neutralidad
institucional que garantizara la convivencia pacífica en los campus universitarios.


En todo caso, usted ha hecho hoy referencia a algunas cuestiones que creo que son de gran interés. Nosotros seguimos pensando que la ley no es el instrumento apropiado, si bien quiero valorar positivamente que haya normativa de desarrollo
que quizá pueda llegar a donde la ley en su momento no llegó y que, por lo tanto, bien este Gobierno o bien gobiernos posteriores puedan alcanzar en el desarrollo de la ley esos objetivos que creemos que son necesarios y que se deberían haber
contemplado en la misma. Pero ustedes sí tenían un objetivo concreto, el de la financiación, estableciendo ese 1 % del producto interior bruto para las administraciones públicas en el marco de 2030, y es cierto que hoy todavía desconocemos cómo se
está trabajando, al menos en el presente ejercicio, a la hora de elaborar un proyecto de presupuestos, si es que finalmente es eso lo que va a hacer el Gobierno, porque aún estamos esperando esa noticia. Me gustaría que nos adelantara ya qué
labores o trabajos concretos están realizando de cara al presupuesto de 2024 para ir alcanzando esos objetivos, porque al final ese horizonte y ese marco de 2030 no es tan lejano y habrá que ir avanzando en ese 1 %.


En ese sentido, ha hecho usted referencia, sobre todo en el sector de la transferencia -si no lo he entendido mal-, a que se pretende impulsar e incrementar la colaboración con el sector privado en materia de financiación. Quisiera que nos
diera algo más de información sobre qué vías o medios tiene previstos su ministerio para que esa financiación se pueda asegurar, pueda garantizarse o incluso incrementarse precisamente mediante la mayor colaboración con el sector privado y la
empresa. Se lo digo porque este es un gobierno que en muchos momentos ha rechazado expresamente esa relación que creemos que tiene que ser totalmente simbiótica y de plena colaboración con el sector privado. En todo caso, en la universidad usted
ha manifestado que esto debe ser así, y me gustaría saber mediante qué vías y medios se puede o se piensa fortalecer esa relación con el sector privado.


En materia de acreditación, ha comentado usted la necesidad de una base que sirva para crear un estudio comparativo acerca de cómo se está realizando la labor de homologación de diferentes sistemas en distintas comunidades autónomas.
Quisiera pedirle alguna información más sobre qué tipo de sistema piensan implementar precisamente para hacer esa comparación entre las diferentes agencias de comunidades autónomas que puedan llevar a cabo labores de información sobre la necesaria
labor de acreditación en materia universitaria.


Respecto a la financiación, hacía usted también referencia -o he querido entenderle- a la complejidad de que el Estado financie a las comunidades autónomas y a su vez las comunidades autónomas financien a las universidades, y además
precisamente con sistemas diferentes de financiación. Quisiera saber si hay algún proyecto en el ministerio que vaya en la dirección de homologar o controlar mejor cuál es el cauce por el que discurren al final las economías que van a financiar las
universidades desde el Estado a la universidad, pasando por las comunidades autónomas, para establecer una mayor transparencia en ese sistema, sin perjudicar, por supuesto, las competencias autonómicas. Quisiera saber si el ministerio tiene algún
procedimiento pensado al respecto.


Para finalizar, en materia de internacionalización, se ha referido usted a que España pudiera ser un puente respecto a las alianzas establecidas entre universidades europeas y las iberoamericanas. ¿Qué recursos se están empleando o qué
medios se prevén precisamente para ello, para poder conectar los

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dos mundos en materia universitaria, tanto la europea como la iberoamericana, una materia en la que, desde luego, España es puente?


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias por la intervención, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Plural va a haber dos intervenciones. En primer lugar, tiene la palabra el diputado Néstor Rego Candamil.


El señor REGO CANDAMIL: Grazas, señor presidente. Grazas, señor ministro.


Voy a hacer una intervención muy breve, realmente una o dos preguntas en relación con un tema que ya fue central en el debate de la LOSU y que, por lo que vemos, continúa siéndolo, que es el de la financiación de la universidad. Lo continúa
siendo porque la universidad se enfrenta a desafíos muy importantes, las propias exigencias de la ley y las limitaciones con las que se encuentra, con cuadros de personal o plantillas muy envejecidas, y, sin embargo, no se garantiza en la ley una
financiación suficiente. Usted, señor ministro, hablaba de una comisión. Quiero recordarle -no sé si es consciente de ello- que la comisión a la que hacía referencia el artículo 55.2 desapareció del texto final de la ley, y, sin embargo, continúa
haciendo referencia a ella la disposición adicional 14, un error de técnica legislativa, que, en todo caso, no debe impedir una resolución positiva de la financiación de la universidad, por lo menos ese 1 %. Quiero recordar que a nosotros, el BNG,
nos parecía un objetivo insuficiente. De hecho, defendimos una enmienda para que se situase de forma inmediata en el 1,5 %. En todo caso, la pregunta es qué perspectiva tiene el ministerio, qué calendario tiene para hacer efectivo ese 1 % de
financiación, si cree que, en vez de una comisión, que además, como digo, desapareció de la ley, sería mejor garantizar en los presupuestos del año 2024, si los hay, o en los de 2025 ese 1 %? No es imposible. Yo quiero recordar algo que es
incontestable: en los presupuestos de 2023 se incrementó, en relación con los de 2022, un 0,25 % el presupuesto de gasto militar solo en el Ministerio de Defensa. Repito, un 0,25 % en gasto militar solo en el Ministerio de Defensa. Me parece que
es una cuestión de prioridades. Para nosotros la prioridad debe ser la enseñanza, y específicamente la enseñanza universitaria, antes que el incremento del gasto militar. Por lo tanto, es perfectamente posible y en esa línea vamos a seguir
trabajando y defendiéndolo. La pregunta, insisto, es qué calendario y qué perspectivas tienen ustedes de financiación de la universidad y si no cree que sería mejor que ese 1 % mínimo se alcanzase ya en 2024.


Obrigado.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Ahora es el turno de la diputada Mariona Illamola Dausà.


La señora ILLAMOLA DAUSÀ: Gràcies, senyor president. Bona tarda, senyor ministre.


Si no calculo mal, tengo siete minutos, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Sí, exactamente.


La señora ILLAMOLA DAUSÀ: Gracias, era por controlar el tiempo.


Le agradezco al señor ministro la clara y ordenada exposición, que ha sido muy fácil y cómoda de seguir, y ahora voy a comentar algunos aspectos sobre los temas que usted ha tratado y voy a introducir otros temas nuevos que a Junts per
Catalunya nos interesa poder aclarar. Voy a empezar con uno que usted no ha tratado y que es como el día de la marmota, y supongo que lo entenderá enseguida: se trata de la transferencia de las becas. Es un tema por el que muchos partidos
catalanes llevan preguntando a los distintos ministros de Universidades. Ya desde 2007, por Convergència, Francesc Homs; el Grupo Republicano también lo ha preguntado varias veces; Junts lo ha preguntado en el Congreso y en el Senado, y las
respuestas siempre son buenas, porque siempre son de respeto total a la sentencia del Constitucional, o que estamos pendientes, cuando el ministerio competente lo diga, para reunirnos y hacerlo, o que faltan detalles técnicos, o que se han creado
ponencias técnicas -usted mismo nos dio esta respuesta al inicio de su mandato-, pero no llegan. Entonces, la pregunta vuelve a ser la misma de siempre: ¿cuándo, señor ministro, se van a transferir? Se lo decía, le parecerá el día de la marmota,
pero también nos lo parece a nosotros al volver a recuperar este tema y al volver a ponerlo sobre la mesa. Le agradecería que me diera alguna explicación un poco más clara que no sea la que siempre nos dan.


Voy ahora a un tema que sí que ha tratado usted, como es el del despliegue de la LOSU. Vayan por delante mis felicitaciones a este proyecto de real decreto de acreditación y concursos, del que usted ha

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hablado, si es tal y como usted ha dicho. No es porque diga que usted no nos vaya a contar la verdad, pero yo quiero ver al final cómo queda plasmado el documento. Como le decía, felicidades si realmente se va a disminuir la burocracia y
va a aumentar la cultura de la confianza. Yo creo que todo el PDI y todos los centros lo van a agradecer muy sinceramente.


Ahora voy a otro proyecto de real decreto sobre el que no nos felicitamos, y es el que le comentaba la portavoz del Grupo Parlamentario EAJ-PNV referido a la reconversión de los ámbitos de conocimiento, que a nosotros nos parece otra forma
de recentralización, y sobre el que también hubo una pregunta de la portavoz de EH-Bildu la semana pasada. Nosotros creemos que realmente no se respeta esta diversidad lingüística y que algo falla cuando todos los agentes se alarman al ver el texto
en la exposición pública. A mí me ha sorprendido que usted dijese que en el proyecto de real decreto de acreditación y concursos se ha creado un grupo de trabajo con representantes de sindicatos, de comunidades autónomas y de universidades, me ha
sorprendido, porque ¿no se creó este grupo cuando se redactó el proyecto de real decreto de reconversión de ámbitos de conocimiento o el que trata de la fusión de los departamentos? Porque si hubieran existido estos grupos de trabajo, no hubiera
existido esta sensación de recentralización, de que no nos tienen en cuenta o de que aquí nos están invadiendo. Aquí algo falla. Entonces, ¿no se crearon estos grupos de trabajo? ¿No existe un grupo de trabajo tampoco en el otro proyecto de real
decreto? ¿No valoraron ustedes las consecuencias antes de legislar? ¿No vieron estos problemas que el sector interesado ha puesto sobre la mesa? ¿No vieron las contradicciones con la LOSU? Porque existen. Entonces, si nos lo puede aclarar,
realmente se lo agradeceríamos.


También me gustaría saber cómo van a valorar las distintas alegaciones que han recibido. El conseller d'universitats dijo en el Parlament de Catalunya hace poco que si no se aceptaban sus alegaciones, las del departament, se habría
terminado la vía del diálogo y empezaría la vía del recurso. A mí me gustaría saber en qué fase estamos y si tendrá que abrirse esta vía de recurso. Usted dijo la semana pasada que la respuesta era generar ámbitos de conocimiento amplio. Bien,
¿esta es la solución? ¿Con esta generación de ámbitos de conocimiento amplio realmente se va a dar cobertura a la diversidad lingüística que tenemos y a las especificidades de Filología Vasca, Gallega y Catalana? Me gustaría haber saber si la
solución va a ser este anexo del real decreto de acreditación y concursos, si van a meterlo en este anexo y allí quedará solucionado.


Después, en relación con el otro proyecto de real decreto, el de fusión de departamentos, lo que le comentaba, ¿no hay un grupo de trabajo? Porque la verdad es que nos parece que es una intromisión en la autonomía universitaria el que vía
real decreto se determine la composición mínima que deben tener los departamentos de las universidades.


Y voy a otro tema del que usted no ha hablado, pero que indirectamente está relacionado con el de la movilidad internacional y la internacionalización de las universidades, del que usted hablaba. Le traslado una duda que nos ha llegado
desde distintas universidades y distintos profesores e investigadores, y le pido que su ministerio dé una aclaración a este tema, porque se ha pedido una aclaración al SEPIE, pero no nos la han dado ni a nosotros ni a las universidades. El problema
es el siguiente: un PDI solicita y obtiene una ayuda de movilidad del programa Erasmus+ KA107 y KA171 y la universidad le ingresa el montante. Hasta aquí todo es correcto. Se trata de una ayuda bajo el concepto de contribución a gastos de viaje,
y dentro de esto hay una ayuda diaria por manutención y gastos de transporte. Este no es el problema, el problema es la disparidad de criterios entre universidades. No hay un criterio homogéneo, porque algunas universidades aplican a esta ayuda
que recibe el PDI la retención del IRPF y otras universidades no lo aplican; cada universidad ha interpretado las bases de estas ayudas como ha considerado más adecuado, pidiendo informes a asesorías fiscales, etcétera, y las respuestas son
variadas. Entonces, lo único que se solicita por parte de las universidades, por parte del PDI y que también le solicitamos nosotros es que su ministerio aclare, por favor, qué criterio debe seguirse. Nosotros en Junts consideramos que,
evidentemente, estas ayudas deberían estar exentas de estas retenciones, pero nos gustaría saber la opinión del ministerio y, sobre todo, que el ministerio -termino ya, señor presidente- lo trasladase a las universidades, porque ello favorece la
movilidad internacional, que usted ha dicho que era tan esencial y que compartimos.


Gràcies.


El señor PRESIDENTE: Moltes gràcies, senyoria, per la intervenció.


Ahora es el turno, por el Grupo Republicano, de la diputada Marta Rosique i Saltor.

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La señora ROSIQUE I SALTOR: Gràcies, president.


Gràcies, ministre, gracias por su comparecencia. Sin duda alguna, sí consideramos que es necesaria esta comparecencia. De hecho, nuestro grupo parlamentario también la solicitó porque creíamos que era importante situar varias cuestiones
que tenían que ver con el despliegue normativo de la LOSU y que nos preocupaban.


Vaya por delante una información quizá de contexto, que ustedes ya conocen, pero que igual también hace falta recalcar. En nuestro grupo parlamentario no nos sentimos representados por este Estado y esta es una situación de partida; por
tanto, a pesar de que haya un gobierno u otro, tampoco nos sentimos representados por este Gobierno, esté quien esté en el ministerio, y no es ninguna cuestión personal, pero sí consideramos que cuando el Gobierno está en minoría y se nos necesita
y, por tanto, hay una capacidad de alianzas con partidos que son independentistas o nacionalistas, vemos que las cosas pueden cambiar y que se pueden dar pasos adelante. Y aunque sí vemos que aquello que se negocia en el Congreso de los Diputados
en esta situación nos permite avanzar, luego hay cuestiones que se negocian en el ministerio o en la Moncloa sin contar con el Congreso de los Diputados, porque no se necesita que sea aprobado mediante trámite del Congreso de los Diputados, que
luego resulta que son completamente distintas al espíritu con el que negociamos desde aquí, que es la Cámara legislativa por excelencia. En este sentido, consideramos que fue especialmente positiva la negociación que hicimos en la Ley Orgánica del
Sistema Universitario, porque avanzábamos en este espíritu, que nosotros creemos que es imprescindible, de apostar por una mayor autonomía universitaria y, por otra parte, también de apostar, por ejemplo, por la promoción de las lenguas oficiales
distintas al castellano, tales como el catalán. Nos hemos sorprendido -y hoy queríamos utilizar también esta comparecencia para decirlo claramente- al ver que se impulsan reales decretos en el ministerio que sabemos que no tienen que pasar por el
Congreso, que luego van en una línea distinta al espíritu con el que negociamos aquí, en el Congreso de los Diputados, en su momento. Nos encontramos con estos dos reales decretos que usted ha comentado, que suponen poner en duda los departamentos
de Filología Catalana, y nos sorprende especialmente viniendo en este caso de un ministro que es catalán y que, por tanto, entiende perfectamente la realidad y la necesidad de preservar la especificidad de los departamentos de Filología Catalana.


Nosotros hemos estado coordinándonos con la Coordinadora d'Estudis de Filologia Catalana, con la Xarxa Vives d'Universitats. Sabemos que también han hablado con usted desde la Conselleria d'Universitats de la Generalitat de Catalunya, que
han estado en contacto con ustedes directamente y que han hecho alegaciones a estos dos decretos, pero vemos que todavía siguen siendo insuficientes, en la misma línea que ahora comentaban mis compañeras.


Por lo que se refiere al decreto de los ámbitos de conocimiento, lo que veíamos aquí es que se separaba entre las filologías Hispánica, Clásica y del Mundo Antiguo, por una parte y, luego, Lenguas Modernas y sus Literaturas. Más allá de que
esta sea una cuestión sobre plantillas, lo que nos implicaba era que los docentes de Filología Catalana tuviesen que competir también con los docentes de filologías como la inglesa. Por tanto, nos encontrábamos en una situación en la que sabemos
que la única garantía para poder preservar que haya suficientes docentes expertos pasa por tener un ámbito propio de conocimiento. Ante esto vimos que ustedes rectificaban, pero todavía nos falta por ver exactamente cómo rectifican al respecto.


Luego nos encontramos con un decreto que nos preocupa mucho más, a pesar de que haya sido menos mediático que el primero, que es el de la organización de departamentos universitarios. En este segundo decreto nos encontramos que lo que se
nos pide es que haya un número mínimo de treinta y cinco profesores, quince en casos excepcionales. Esto vulnera directamente el espíritu de la LOSU, que pedía autonomía universitaria, porque deberían ser las universidades quienes fijaran la
dimensión de sus departamentos, pero es que incluso también pone en duda la existencia de los departamentos de Filología Catalana, porque si lo que hacen es pedir que quizás haya esta excepción de los quince profesores por departamento, nos
encontramos con que hay universidades que tienen dos profesores de Filología Catalana y, por tanto, que deberían desaparecer o integrarse en departamentos mucho más amplios. Ahí sí que estaríamos perdiendo esta especificidad, este reconocimiento de
un estatus propio del departamento de Filología Catalana. Eso sí que necesita una rectificación. Esperamos que nos comente usted, ahora que están cambiando, su visión al respecto y que igual va a cambiar a lo largo del proceso de consulta pública.


Hay que decir que todo ello nos ha sorprendido y que hay un momento en el que incluso llegamos a pensar que si estos decretos no afectaran a otras cuestiones tales como, por ejemplo, la astronomía o la

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traducción, que también han quedado apartados, igual no habría habido esta rectificación. Entonces, pensar que las filologías catalanas se tienen que estar defendiendo constantemente la verdad es que llega a entristecernos, sobre todo
porque llegamos a un espíritu de la LOSU que era realmente positivo ya que promovía la lengua catalana. Esto nos hace pensar, como decía, que si no es desde la negociación con los grupos parlamentarios, al fin y al cabo el centralismo del Estado
siempre se acaba imponiendo, por mucho que haya esta visión, porque de lo contrario no se habrían llevado a consulta pública estos dos decretos. Vemos que cuando se puede negociar con los grupos parlamentarios que integramos de forma transversal
esta perspectiva de defensa de los derechos lingüísticos es cuando hay avances, avances como lo que incluimos en la LOSU, que permiten que el estudiantado universitario tenga el derecho a conocer en qué materia se va a cursar la asignatura, avances
tales como que el català se fomente en los programas de movilidad internacional o que haya más financiación para aquellas universidades que promuevan las lenguas oficiales distintas al castellano. Generalmente esto sucede cuando nos necesitan, pero
cuando se negocian las cosas dentro del ministerio vemos que las cosas cambian.


Esta no es la única cuestión que nos preocupa respecto a la lengua catalana. Hay otra cuestión que hace tiempo que les estamos comentando y que sigue preocupándonos en exceso, que es lo que ha sucedido con el Online Language Support, con el
OLS. Este programa, como ustedes saben, es el sistema de aprendizaje de lenguas en línea para fomentar que los participantes del Erasmus+ o del Cuerpo Europeo de Solidaridad mejoren sus conocimientos de la lengua del país en el que realizan sus
actividades. Al abrirse esta licitación en 2019, el Gobierno español -era un ministerio distinto al suyo, es cierto- se olvidó, supuestamente, de incluir las lenguas oficiales distintas al castellano, como el català. Cabe recordar además que la
Comisión Europea no obliga a realizar dichos cursos únicamente en lenguas oficiales de la Unión Europea, porque también se han incluido el islandés, el noruego, el macedonio, el serbio y el turco. De hecho, así contestaron también desde la Comisión
Europea a nuestra eurodiputada Diana Riba en el Parlamento Europeo. No fue hasta demasiados meses después cuando hubo una reacción por parte de su ministerio y se solicitó que se añadieran estas lenguas, pero sabíamos que cuanto más se tardase, más
difícil sería cambiarlo. Ahora nos estamos encontrando con que se nos dice que, para incluirlo, quienes deberán facilitar estos contenidos serán las propias comunidades autónomas, con contenidos como el de la Xarxa Vives. Esto implica que no se
homogeneice con el resto de las lenguas que estarían incluidas en el programa del OLS. Por tanto, le pedimos que siga trabajando para que se incluya y que no tengamos que esperar a 2027, con la nueva licitación, porque esto también es un ataque a
la lengua y, evidentemente, preocupa.


Voy acabando, porque veo que me queda poco tiempo y quería hablar de muchas cuestiones más. Quería preguntarle sobre una cuestión que no ha salido, que es la negociación del estatuto del PDI. En la ley se estableció que había un periodo de
seis meses para impulsar un proyecto de ley sobre el estatuto del PDI y llevarlo al Congreso de los Diputados. Esto implicaría más o menos que sobre septiembre deberíamos tener un proyecto de ley aquí, en el Congreso. Nos preguntamos si lo
tendremos y cómo está avanzando la negociación en este sentido.


Acabo con una última cuestión, que es el tema de las homologaciones. Usted lo ha comentado. Es cierto que se está avanzando, en la LOSU abríamos la puerta a las homologaciones, pero seguimos preocupados por las obstaculizaciones que se
están encontrando tanto los psicólogos migrantes como los odontólogos migrantes. Nos gustaría saber más al respecto por parte de su ministerio.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Moltes gràcies, senyoria, per la intervenció.


Ara, pel Grup Confederal d'Unidas Podemos, té la paraula el diputat Javier Sánchez Serna.


El señor SÁNCHEZ SERNA: Buenas tardes y muchas gracias, señor presidente.


Me va a permitir una previa breve, pero sucede que esta comparecencia nos ha pillado a todos los grupos de la Cámara en medio de la campaña electoral municipal y autonómica y no quería intervenir sin dejar constancia de algo que me acaban de
comunicar. En la Región de Murcia, en estas elecciones autonómicas, solo habrá un debate, porque el candidato del Partido Popular, Fernando López Miras, se ha negado a debatir en la televisión pública española. Pues bien, lo que me acaban de
comunicar es que la Junta Electoral Provincial de Murcia, en una decisión inédita, ha decidido quitar a la candidata de Podemos, a María Marín, la mitad de su tiempo en el debate de la televisión autonómica La 7 Región de Murcia. A estas alturas,
parece evidente que para determinados poderes fácticos estas elecciones van de

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matar a Podemos y, en la Región de Murcia, una comunidad donde todo está podrido por la corrupción, más aún.


Acabo, señor presidente. Simplemente quería dejar constancia de que no nos vamos a callar ante esta nueva cacicada de la Junta Electoral, como tampoco nos hemos callado a la hora de denunciar el robo de vacunas COVID, la compra de diputados
tránsfugas o la connivencia con aquello que envenene el Mar Menor. (La señora Moro Almaraz: Esto es intolerable.-Rumores). Entendemos que haya gente con mucho poder que quiera restaurar el bipartidismo y enterrar a Podemos en la Región de Murcia,
pero les pediría, al menos, desde aquí, que guardaran la apariencia democrática y respetaran la representación que la gente nos dio con sus votos.


El señor PRESIDENTE: Diputado, le pido que entre a la cuestión.


El señor SÁNCHEZ SERNA: Entrando en la cuestión, quiero agradecer al señor Subirats por comparecer de nuevo ante esta Comisión para dar cuenta de la implantación de la reciente Ley Orgánica del Sistema Universitario, que aprobamos en esta
Cámara el pasado 22 de marzo y que entró en vigor solamente hace unas pocas semanas, el 12 de abril, por lo que lleva vigente apenas un mes. En Unidas Podemos somos perfectamente conscientes de que tiene que ser difícil la aplicación de una ley que
aspire a mejorar el sistema universitario, un sistema que siempre es complejo en sí mismo, porque concentra actores e intereses múltiples, ya no solo a nivel de comunidades autónomas, sino también de las propias universidades, que tienen un grado de
autonomía importante, sin olvidarnos del PDI, del PAS y, por supuesto, de los y las estudiantes. De modo que nos parece normal que en estas primeras semanas se produzcan situaciones que requieran ajustes y que requieran concreciones. En este
sentido, entendemos la inquietud que se ha podido despertar entre el profesorado ante la figura del profesor permanente laboral, pero esperamos que con el real decreto que nos anuncia el ministro se puedan superar las incertidumbres y que, al fin,
el PDI pueda tener una carrera predecible, segura y alejada de la precariedad.


Otra preocupación que nos traslada el profesorado universitario está relacionada con la disposición final décima de la LOSU, que, como sabe perfectamente -también lo ha comentado la compañera de Esquerra Republicana-, daba un plazo de seis
meses para presentar al Congreso de los Diputados un proyecto de ley del Estatuto del Personal Docente e Investigador Universitario. No sé si también nos podría adelantar algo sobre en qué situación se encuentra la elaboración de este estatuto y
cuáles serían sus líneas maestras.


Asimismo, quiero preguntarle por la aplicación de uno de los artículos más importantes de la LOSU, al menos a nuestro juicio, el 55.2, que establecía ese objetivo de financiación del sistema universitario en el 1 % del PIB. Sabemos que su
aplicación requiere, como no podía ser de otra manera, de la coordinación con las comunidades autónomas, y me gustaría preguntarle si ya se ha hablado con ellas y si hay una previsión de cómo se va a ir implementando.


Otro asunto que nos preocupa, y mucho, como grupo confederal es la proliferación de chiringuitos privados que se hacen llamar o que se quieren hacer llamar universidades, sobre todo en aquellas comunidades donde gobierna o desgobierna el
Partido Popular, como son Andalucía y Madrid. El Gobierno de la Junta de Andalucía, con mayoría absoluta del Partido Popular de Juanma Moreno Bonilla, quiere impulsar, por ejemplo, la creación de dos nuevos chiringuitos con nombre de universidad,
en concreto, la Tecnológica Atlántico Mediterránea, Utamed, en Málaga, de enseñanza a distancia, y la CEU Fernando III, en Bormujos. Este último proyecto, además, en alianza con la empresa sanitaria privada Vithas, que pretende impartir un grado de
Medicina. Por su parte, la Tecnológica Atlántico Mediterráneo de Málaga, que está promovida por MEDAC, una empresa, por cierto, del exconsejero de Ciudadanos Javier Imbroda, también ha sido autorizada para constituirse como universidad por parte de
la Junta de Andalucía. Todo esto a pesar de contar con informes negativos por parte de la Conferencia General de Política Universitaria, de la Dirección de Evaluación Académica de la Junta de Andalucía, DEVA, y del Consejo Andaluz de Universidades.
Por lo demás, a nuestro grupo parlamentario no le consta si ambos proyectos cuentan con el criterio favorable de la Conferencia General de Política Universitaria, que depende del Ministerio de Universidades y, sobre todo, si estos dos proyectos
privados cumplirían con los objetivos del Real Decreto 640/2021, que se aprobó el pasado 27 de julio, de acreditación institucional de centros universitarios. La información que hemos tenido hasta ahora procede más bien de fuentes externas,
fundamentalmente de lo publicado por medios de comunicación, pero nos gustaría preguntarle directamente al ministro para ver si podría arrojar luz sobre estas cuestiones.

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Los organismos nos manifiestan que Andalucía ya tiene cinco universidades públicas que imparten el grado de Medicina: Sevilla, Granada, Córdoba, Málaga y Cádiz, y una universidad privada, Loyola, que también lo imparte. Además de esto,
sabemos que está pendiente la aprobación de esos grados de Medicina en las universidades de Almería y de Jaén, y con esta oferta, como reconocen los diferentes organismos que antes decía, entendemos que la oferta lectiva está perfectamente cubierta
a través de las universidades públicas. Otra cosa son los negocios o la compraventa de títulos de medicina para los hijos de quienes se lo puedan permitir, porque -no nos engañemos- el grado de Medicina es uno de los que tienen la nota de corte más
alta y es el que siempre quieren implementar las privadas. No proliferan muchas universidades privadas que quieran hacer universidades con los títulos de Filosofía o Periodismo, porque las notas de corte sabemos que son mucho más accesibles. Pero
no es solo que las universidades privadas faciliten el acceso a los estudiantes que no han superado una nota de corte en la EvAU, algo que podría ser cuestionable por razones de mérito, sino que solo lo facilitan a los estudiantes que no la han
superado pero que tienen familias que pueden pagar 18 000 euros anuales, frente a los 1200 que cuesta el primer año de grado en Medicina, un golpe directo, incluso, a la idea liberal de meritocracia.


Esta expansión incesante de las universidades privadas también está reconfigurando el sistema universitario. No solamente lo hacemos los legisladores, sino que también operan otros actores económicos, un sistema universitario donde el
acceso a grados tan demandados como Medicina se está determinando cada vez más en función de la renta o la clase social. Y sobre esto también nos parece que hay que actuar, señor ministro, porque además del factor de la desigualdad, la
proliferación de estos centros también está teniendo un impacto en la calidad del sistema universitario y también en la calidad del servicio que luego van a recibir los futuros pacientes del sistema sanitario. De hecho, los rankings señalan que las
principales universidades privadas puntúan muy por debajo de las universidades públicas. Así, la Universidad CEU Cardenal Herrera, en el puesto 64; la Universidad CEU San Pablo, en el 69; la Universidad Abad Oliva CEU, en el 94, y más aún si
sumamos chiringuitos privados con nombre de universidad, como comentábamos anteriormente. Por tanto, a este respecto, y sabiendo que gran parte de las competencias están delegadas en las comunidades, nos gustaría preguntarle qué piensan hacer en el
Ministerio de Universidades, dentro de sus competencias, para evitar la proliferación de este tipo de centros universitarios y si podrán tomarse medidas contra los centros que no cumplan con los requisitos del Real Decreto 640/2021.


Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario VOX, es el turno del diputado Pedro Fernández.


El señor FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ: Gracias, presidente. Buenas tardes, señor ministro.


Respecto a la cuestión de las homologaciones y estando en el punto que estamos de la legislatura, se puede llegar a una conclusión muy clara, y es que este Gobierno de coalición se ha mostrado absolutamente incapaz para resolver el atasco de
las homologaciones y declaraciones de equivalencia de los títulos universitarios extranjeros. Esto ya no es un juicio de valor o una opinión. El punto en el que estamos es un hecho objetivo e incuestionable, porque este no es un problema nuevo, no
era algo imprevisible. Llevamos siete años en que se ha ido acumulando ese atasco año tras año, hasta que la situación simplemente ha explotado. De hecho, el 24 de marzo de 2021 el ministro Castells reconoció públicamente el problema y se
comprometió públicamente a resolverlo. Han pasado dos años y seguimos igual.


Digo que ha explotado la situación por lo siguiente. Actualmente tenemos más de 40 000 profesionales pendientes de que se homologuen sus títulos. Tendrán que esperar, salvo que se demuestre lo contrario, entre seis meses y dos años para
lograrlo. Pero ahí no acaban los problemas, porque, una vez que consiguen la homologación, resulta que a muchos de ellos no se les van a respetar las calificaciones obtenidas en los países de origen. Esto provoca irremediablemente una
discriminación de estos profesionales para acceder al empleo en España. Es decir, en las mismas circunstancias, el mismo tipo de empleo, con otros aspirantes con la misma formación, con la misma titulación, resulta que van a salir perjudicados por
no reconocérseles las calificaciones obtenidas.


Podemos hablar de baile de cifras, pero me va a tener que reconocer que, por ejemplo, en las estadísticas de Eurostat aparecemos como el segundo país de la Unión Europea con mayor número de quejas por parte de los extranjeros por este motivo
y aparecemos como el primer país de la Unión Europea en el que se constata que la discriminación es uno de los problemas que se están produciendo para

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acceder al empleo los extranjeros en España. El ministerio plantea la solución del real decreto aprobado en octubre y, entre otras cosas, se establece la creación de una comisión de análisis técnico de homologaciones y declaraciones de
equivalencia, con el compromiso de plantear una propuesta en el plazo de dos meses para impulsar procedimientos que permitan agilizar la resolución de estos expedientes. Le pregunto si se ha cumplido. ¿Se ha planteado esa propuesta? Porque usted
ha hablado de un plan de choque. ¿El plan de choque es la propuesta que ha hecho esta Comisión? ¿Por qué debemos creer ahora al Gobierno de coalición que con este plan de choque se va a resolver el problema, cuando llevamos siete años en los que
se ha ido acumulando el atasco? Es más, si tan fácil era con un plan de choque, aquí hay dos opciones: o el ministro Castells no hizo lo que debía, con lo cual usted le está criticando, o no está claro que con este plan de choque se vaya a
solucionar este problema de forma definitiva.


En cuanto a la segunda cuestión, el desarrollo reglamentario de la LOSU, hay una serie de cuestiones que quería plantearle en forma de titulares. Con respecto a la financiación, le digo el titular: La LOSU nos pone fuera del límite
económico. No lo digo yo, es la conclusión del V Encuentro Internacional de Rectores Universia celebrado recientemente en Valencia, porque consideran que la nueva estructura del profesorado va a costar millones. La pregunta es obvia: ¿cómo
resolverá esta cuestión el ministerio? ¿Quién asumirá este coste adicional? Usted dice que la intención del ministerio es que se llegue a ese 1 % lo antes posible, pero resulta que en este encuentro internacional de rectores no ven nada claro que
con ese 1 % se vaya a solucionar esta cuestión. También ha comentado usted que hay una comisión del ministerio para valorar el impacto. Esto parece empezar la casa por el tejado, es decir, primero se aprueba la LOSU y luego se mira el impacto
económico. ¿No hubiese sido mejor valorar primero el impacto económico y luego aprobar la LOSU sobre la base de ese impacto? En todo caso, como estamos donde estamos: ¿se dará respuesta inmediata para conocer ese impacto económico? Porque sería
conveniente que las universidades supieran a qué atenerse en el futuro próximo.


Un segundo titular: No suben las dietas desde el año 2002. Esta es una queja de los profesores universitarios, que no pueden asumir el coste de las estancias en congresos cuando se producen en lugares que no son los de su residencia
habitual. De hecho, lo que está provocando es que las universidades españolas estén cancelando congresos, ya que no pueden asumir el coste de los invitados extranjeros a estos congresos. El pasado otoño se cerró un acuerdo entre sindicatos y el
ministerio en el que se pactó una subida del 35 % de las dietas por kilometraje y, sin embargo, nada se hizo con respecto a las dietas de alojamiento o por estancia. ¿Tiene sentido que se les suban las dietas para desplazarse de un lugar a otro
cuando resulta que luego no pueden estar en el lugar de destino porque no pueden asumir el coste del tiempo que estén en ese congreso? Parece que es un sinsentido, señor ministro.


Y un tercer titular: Se pone en riesgo a miles de estudiantes por la obligación de cotizar por todos los alumnos en prácticas. Tampoco lo digo yo, es otra queja de los rectores y de las comunidades autónomas. Resulta que el Real Decreto
2/2023 obliga a cambiar las condiciones de las prácticas, poniendo en riesgo decenas de miles de convenios con empresas, no por la carga económica que supone cotizar por estos estudiantes, sino por la carga burocrática, es decir, por el sistema de
altas y bajas en la Seguridad Social. ¿Va a hacer algo el ministerio al respecto? ¿Cómo lo va a solucionar?


Voy terminando con el veredicto de Antonio Abril, presidente de la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas, respecto a LOSU que dice lo siguiente: Esta ley es una oportunidad perdida porque, entre otras cosas, no va
a permitir a la universidad española dar respuesta a los retos que tiene que afrontar un moderno servicio público de educación superior. ¿Qué valoración le merece a usted, señor ministro, esta afirmación del señor Abril?


Termino dirigiéndome a la señoría de Podemos. Aquí se viene de casa llorado.


Muchas gracias. (El señor Sánchez Serna: Gracias a ti siempre).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría, por la intervención.


Por el Grupo Parlamentario Popular, es el turno de la diputada María Jesús Moro Almaraz.


La señora MORO ALMARAZ: Muchas gracias, presidente.


Buenas tardes, ministro, bienvenido y muchas gracias por su información y por la comparecencia. No debe haberse enterado muy bien el representante de Podemos de que la fecha no la hemos puesto nosotros. No ha tenido en cuenta el respeto
que merece esta Cámara ni qué es una junta electoral ni cuáles son los procedimientos electorales. Creo que se define a sí mismo. A nosotros sí nos interesaba que compareciera cuando usted quisiera. Desde el principio pedimos una serie de
comparecencias porque oíamos cosas por rumorología, y usted se comprometió a seguir hablando del desarrollo de la LOSU. No

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siempre hemos llegado a puntos de encuentro, pero hemos podido hablar y nos ha escuchado y esto lo he agradecido públicamente en nombre de mi grupo. Es importante que también el desarrollo reglamentario se siga a través de información
fidedigna y de encuentros realistas y eso llevó a que nosotros fuéramos pidiendo su comparecencia hasta que usted pidió la comparecencia.


Ministro, sabe que en general estamos de acuerdo con el relato largo. Estábamos de acuerdo con los titulares de la LOSU, el problema es cuando entramos en la letra pequeña y cuando entramos en la realidad. En la letra pequeña y en la
realidad tengo que partir de una pregunta: ¿este Gobierno quiere acabar con la universidad española? Ministro, si no es así, lo parece. La esperada nueva ley se aprobó sin gustar a nadie y desintegra el sistema universitario, al que sume en el
desconcierto y la inseguridad jurídica. Los universitarios tendrán que abandonar sus tareas trascendentales, docencia e investigación, para regular y regular y además lo afrontan con desasosiego, cuando no con perplejidad, cada vez que sale un
borrador de decreto antes de que las universidades hayan asimilado qué tienen que cambiar y cuándo, y al tiempo han de cerrar la planificación de la EvAU, el próximo curso lleno de incertidumbres, con problemas sobrevenidos como, por ejemplo, el de
cerrar, y se ha dicho aquí, las prácticas de los estudiantes porque la vicepresidenta segunda se ha puesto a la universidad por montera y ha adelantado en el real decreto ley de pensiones el tratamiento de Seguridad Social relativo al estatuto del
estudiante en prácticas, que todavía no se ha concluido y que ha replegado ya a las empresas y a las administraciones públicas para no cerrar programa alguno de prácticas, ni siquiera del curso próximo, hasta que no estén claras las cosas. A ver
qué hacen ahora para que los estudiantes concluyan sus grados y obtengan un título si no pueden realizar las prácticas curriculares. Nos interesa saber, porque esto no lo ha hecho usted, ¿dónde estaba el ministro y dónde estaba el ministerio cuando
aprobaron en el Consejo de Ministros el proyecto de enseñanzas artísticas que creó, a nuestro juicio, una universidad paralela con requisitos paralelos que rompen la igualdad y contribuyen al caos?


Anuncian una regulación de departamentos intervencionista contando con dudosa competencia reglamentaria en este punto porque ataca directamente la autonomía universitaria, después de que ustedes renunciaran voluntariamente a regular en el
marco básico de la ley orgánica la definición de las distintas posibles estructuras de la organización de las universidades. ¡Y qué decir de los ámbitos de conocimiento! Si alguien que no conoce nada de esto viene hoy y escucha la primera parte de
las intervenciones pensaría que ámbitos de conocimiento son equivalentes a filología. Les pido que miren el anexo del borrador del decreto y verán que estamos en torno a los cuarenta ámbitos de conocimiento. Eso sí, evidentemente, los ámbitos de
conocimiento traen problemas. El cambio que usted ha explicado de los tres nuevos conceptos trae problemas y muchísimos más problemas que los de la filología, muchísimos más. En su día, como hace siempre, el secretario general, el señor Pingarrón,
tranquilizó a las universidades sobre el alcance de este concepto que se incorporó en el decreto de creación de centros. También lo hizo en esta Comisión. Miedo tienen los rectores cada vez que el secretario general intenta tranquilizarles y a mi
grupo también le entra preocupación. Como en tantas ocasiones, vemos que las tranquilizó, pero luego nos encontramos con que hoy se confunden las áreas de conocimiento o especialización y esto genera y va a generar muchos problemas mezclando los
aspectos que usted ha dejado muy claros en su exposición, pero que en la práctica y en la realidad de las cosas sabemos que traen problemas: las RPT, el perfil de las plazas y la adjudicación de la docencia. Es un problema porque esos ámbitos de
conocimiento, salvo en algunos casos, se parecen extraordinariamente a las tradicionales áreas de conocimiento que conocemos desde hace muchos años y conforme a los códigos Unesco.


Hasta aquí, aparte de aquello que nos puede parecer bien, como he dicho, en la letra grande de su relato, conflictos, conflictos y más conflictos. Además, esto no termina en este punto. El panorama de la universidad es muy diferente al que
nos ha dibujado, porque el papel lo aguanta todo, pero la realidad y las personas no. Como advertimos, la ANECA cada vez que dictan una norma pasa a un segundo, a un tercero o a un cuarto plano; norma tras norma. Pierden las acreditaciones el
carácter estatal en la LOSU e intentan en la tramitación del proyecto de enseñanzas artísticas que sea residual abriendo brechas inmensas de desigualdad en este inexplicable proyecto tramitado por el Ministerio de Educación con injerencia plena en
la competencia universitaria, regulando grados, másteres y doctorados, en una suerte de lo que ya he llamado universidad paralela, pero con criterios y requisitos distintos para títulos a los que da el mismo valor que a los universitarios. Y el
señor Sánchez Serna habla de no sé qué chiringuitos. (El señor Sánchez Serna: ¡Sí!). ¡Vamos a ver qué va a ocurrir con la aplicación de esta ley que están aprobando a velocidad del rayo!

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¡Y qué decir del impulso prometido a la calidad docente en las universidades! ¿Docente universitario puede ser cualquiera? Parece que sí. Después de este proyecto de ley, vamos a ver qué hacemos. ¿Puede cualquiera impartir docencia de
títulos de educación superior con el máximo grado en el sistema MECES? Usted nos ha dicho algo de lo que ayer presentaron en Bruselas. Lo más importante es que vayamos clarificando todo esto, no que lo vayamos complicando. Me suena en muchas
ocasiones a que las universidades públicas se pueden quedar como academias y a mí y a mi grupo nos preocupan las universidades públicas. Parece que -lo vimos en la comparecencia de la semana pasada en esta misma Comisión de las secretarias
generales de investigación y de innovación- que la investigación pudiera quedar para los OPI y la transferencia, y la docencia para cualquiera que pase por aquí. No, tenemos que ser exigentes y hacer una normativa clara y ordenada porque el orden
de los factores sí altera el producto, señor ministro. Le pido, porque sé que a usted le preocupa -y lo sé porque es universitario de pura cepa-, que, por favor, ponga freno en el Consejo de Ministros.


Los rectores tampoco entienden el decreto sobre la nueva EvAU y esto importa a las universidades porque, además, les afecta por una doble vía a los estudiantes, a los que pueden o no pueden acceder a las universidades porque, una vez que
acceden, en función de cómo han accedido, no pueden afrontar según qué niveles en determinados grados. Afecta a las familias, a los docentes y a los universitarios.


Sobre el grave problema de las prácticas voy a comentar alguna cuestión porque se me acaba el tiempo, aunque después lo desarrollaré algo más.


El señor PRESIDENTE: Tiene que acabar, señoría.


La señora MORO ALMARAZ: Termino enseguida. No tengo los diez minutos, los he perdido ahora, señor presidente. Termino muy rápido.


Si recurro a los datos de la Universidad de Salamanca, como universidades medias son más de 5000 prácticas curriculares, 7000 prácticas gestionadas anualmente y más de 3000 convenios. La gestión va a ser imposible. ¿Para qué? ¿Para
maquillar los datos de la Seguridad Social?


El señor PRESIDENTE: Señoría, redondee la idea porque todo el mundo se ha ajustado a su tiempo.


La señora MORO ALMARAZ: ¿Y qué hacemos el curso que viene? Seguiré después.


Muchas gracias, señor presidente. Si no me hubiera cortado, hubiera terminado a los diez minutos.


El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señoría.


Finalmente, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el diputado Roberto García Morís.


El señor GARCÍA MORÍS: Gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro.


Estamos en plena implementación de la LOSU. Hemos visto ya las primeras convocatorias de plazas de profesorado permanente laboral y hemos visto también las primeras plazas de profesorado ayudante doctor sin acreditación. Es decir, que las
políticas de personal van transitando hacia este nuevo modelo que traerá más estabilidad y revertirá la precariedad generada en el sistema universitario en la anterior década.


Señor ministro, usted nos ha hablado del real decreto por el que se regula la acreditación estatal para el acceso a los cuerpos docentes universitarios y el régimen de los concursos de acceso a dichos cuerpos. Es un real decreto clave que
debe profundizar en diferentes aspectos para alcanzar los objetivos de la LOSU. Lo hemos dicho muchas veces en esta sede y lo volvemos a señalar -es importante hacerlo- porque en el Partido Socialista y el Grupo Socialista hemos hecho siempre una
apuesta decidida por la universidad pública y esa apuesta por los cuerpos docentes y la vía funcionarial la hemos situado siempre como prioritaria. Y no solo queremos que siga siendo así, sino que para eso hace falta un sistema de acreditaciones
realista. Hay que recordar que el Partido Popular, con el ministro Wert al frente, escribió una de las etapas más tristes en la historia del sistema universitario español caracterizada por los recortes presupuestarios y por la imposición de una
tasa de reposición en las nuevas contrataciones de personal docente e investigador en las universidades públicas. El PP y sus gobiernos han escrito las páginas más negras de ataques a la vía funcionarial del profesorado universitario. Podemos
hacer memoria. El sistema de habilitaciones lo crea el Partido Popular en la LOU en el año 2001 y no tengo que recordar aquí las tensiones que generó en el sistema; la tasa de reposición y los recortes de la etapa Wert o el Real Decreto de 2015,
aún vigente, que hizo a las acreditaciones de titular de universidad y catedrático de universidad más inalcanzables. Esa es su historia y no pueden negarla. Podría recordarles incluso que la vía laboral

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que tanto han criticado en esta sede se desarrolló bajo una ley orgánica suya -no se olviden de ello- y, por cierto, se les veía encantados. Con lo cual, no acusen a este Gobierno de atacar el sistema universitario público porque mienten en
esas acusaciones. Aquel sistema de habilitaciones del Partido Popular fue modificado por el Gobierno del Partido Socialista en el año 2007 a través de la LOMLOU y lo sustituye por el sistema de acreditación. Gobernaba Rodríguez Zapatero con
Mercedes Cabrera de ministra. Fue el PP quien en 2015 retorció el sistema, dificultando el acceso a las acreditaciones para los cuerpos docentes. Es decir, que ese primer Ejecutivo de Rodríguez Zapatero supo resolver con decisión el freno que el
sistema de habilitación nacional había producido en el sistema y que estrechaba el acceso a los cuerpos docentes universitarios y frenaba las aspiraciones de promoción profesional del PDI, que ya era o que aspiraba a ser funcionario. Así que, señor
ministro, consideramos que este real decreto es una gran oportunidad para revertir las trabas que el Partido Popular instauró en el sistema universitario en su reforma de 2015. Por eso tenemos la obligación de potenciar, en consonancia con la LOSU,
la carrera funcionarial creando un sistema de acreditaciones que se ajuste a la realidad y a la carrera profesional y permita que haya profesorado funcionario en el sistema. Eso hay que regularlo en el real decreto desde la política universitaria
porque coincidimos en que no todo puede quedar en manos de las agencias. Hay que regularlo en el real decreto en consonancia con la Ley Orgánica del Sistema Universitario. Por eso hay que superar el modelo del Partido Popular, porque ese modelo no
se hizo para dar mayor calidad, sino para asestar recortes al sistema universitario público, mermando y precarizando sus plantillas.


Si la vía de entrada es la de ayudante doctor y previamente está la etapa predoctoral, está claro que hay que adaptar, como señalaba el señor ministro, las acreditaciones de titular de universidad y de permanente laboral a esos tiempos y eso
debe hacerse contemplando la diversidad de especialidades, por hablar ya en términos del real decreto. Hay que establecer los mimbres. Debemos conseguir un rejuvenecimiento en el acceso a las figuras permanentes, las de titular de universidad y
catedrático universidad, y la edad de acceso a ambas figuras actualmente es elevada, así como también la edad de acceso a la figura de profesor ayudante doctor. Creo que el enfoque por el que peleamos en la LOSU era ese y ahora es cuando más
tenemos que aplicarnos con un buen desarrollo normativo. Este real decreto es una apuesta por una defensa del ejercicio de la carrera profesional del PDI, facilitando su promoción y acceso a los cuerpos docentes universitarios en los términos
previstos en el artículo 69 de la LOSU. Debemos fijar un marco claro desde la política y desde el desarrollo normativo para que se construya un modelo universitario acorde al nuevo marco normativo y supere ampliamente la normativa del Partido
Popular de 2015, que significó más dificultades para menos profesores titulares y menos catedráticos y catedráticas.


Es importante regular el desarrollo de cómo se procederá a garantizar el procedimiento de acreditación que establece la LOSU en su artículo 69.2. Recordemos el apartado c) -y habló de ello el señor ministro-: una evaluación tanto
cualitativa como cuantitativa y una evaluación que tenga en cuenta la especificidad del área o ámbito de conocimiento y también la adecuación de los méritos requeridos a la duración de la etapa inicial de la carrera académica que establece esta ley
orgánica. El real decreto tiene que garantizar esto y debe profundizar en ello sin impedir que luego haya protocolos o reglamentos de funcionamiento interno de las diferentes agencias que siempre tienen que ser comunicados con transparencia porque
estamos hablando de política universitaria en materia de profesorado. Hay que garantizar cómo se efectuará esa evaluación cualitativa y cuantitativa a la que hemos dado tanta importancia en la LOSU y, vía real decreto, establecer las garantías de
cómo se establecerá ese procedimiento de evaluación. Ha habido una apuesta importante por la docencia, pero también por la gestión en la LOSU y, si queremos que el personal universitario se implique en la gestión universitaria, creemos que tiene
que tener una valoración porque las actividades de gestión académica y científica son también actividades de liderazgo muy importantes.


Hay muchos otros aspectos muy positivos que el señor ministro nos ha trasladado hoy aquí como el currículum abreviado y todo lo que tiene que ver con la reducción de los tiempos de respuesta. En los momentos actuales hay dificultades con
los tiempos de respuesta en las acreditaciones. Sabemos que la nueva directora de la ANECA está aplicando medidas para cambiarlo, pero, si vemos los tiempos de respuesta, observamos cómo algunas comisiones, en las evaluaciones de acreditaciones,
por ejemplo, a profesores titulares, responden en cuatro o cinco meses y hay otras que están muy por encima de un año de respuesta. Ya se están implementando medidas para recortar esos tiempos -lo sabemos-, pero creemos que este real decreto
introduce mejoras para evitar estas situaciones.

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Del mismo modo que hablamos de la especificidad de las áreas, sería conveniente establecer algunos criterios o mecanismos para evitar quizás que algunas comisiones reciban un gran número de solicitudes que no pertenecen a ese campo, porque
creemos que es uno de los problemas que hay en esos tiempos de respuesta, aquellas comisiones que reciben muchas solicitudes que no son de ese campo y que hay que, lógicamente, contestar y argumentar. Por eso es importante incidir en esa serie de
cuestiones. Debemos tener en cuenta la tasa de éxito en la respuesta de aquellas evaluaciones que consiguen una evaluación positiva. En definitiva, el profesorado, cuando solicita un sexenio o una acreditación, tiende a hacer esa solicitud cuando
cree que ya cumple esos requisitos que se establecen o que se le solicitan desde las distintas agencias. Creemos que hay que ver esa tasa de éxito respecto a la temporalidad en la carrera, es decir, que está muy relacionado con ese punto del
artículo 69.2 e) de la LOSU, con la adecuación de los méritos requeridos a la duración de la etapa inicial de la carrera académica, en el que tanto nos ha insistido usted en esta y en otras comparecencias, precisamente para rejuvenecer la edad media
de entrada en el sistema universitario a través de la figura de profesor ayudante doctor.


Voy a dejar a una serie de cuestiones para el siguiente turno porque estoy prácticamente agotando mi tiempo. Quiero valorar también muy positivamente las cuestiones que tienen que ver con los méritos de transferencia que usted nos señaló,
con considerar la transferencia en sus distintas modalidades y no solo la transferencia al mundo empresarial, es decir, tener en cuenta la realidad de todos los campos, así como ese plan de choque. En ese sentido, parece que VOX no se ha enterado,
es decir, no es que el plan de choque sea una solución que se vaya a implementar ahora, sino que el plan de choque lleva implementándose prácticamente todo el periodo y el mismo real decreto forma parte, si no me equivoco -ya me corregirá el señor
ministro-, de ese propio plan de choque. Nosotros propusimos una proposición no de ley al inicio de esta cuestión que tuvo aquí un amplio apoyo y estamos satisfechos con la evolución de todas las mejoras que se están haciendo a este respecto.


Me reservo algunas cuestiones para el siguiente turno. Muchísimas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría, por la intervención.


Habiendo intervenido todos los grupos, es el turno del ministro Subirats para responder a las cuestiones suscitadas.


El señor MINISTRO DE UNIVERSIDADES (Subirats Humet): Gracias a todos por las preguntas y lo comentarios. Me permitirán que no conteste grupo por grupo, sino por los temas que han ido apareciendo para que pueda agrupar respuestas y hacerlo
de manera más condensada.


El primer elemento es el de la financiación, que ha aparecido en distintas ocasiones. Creo que todo el mundo sabe que estamos, simplemente, recuperando justamente este año el nivel de financiación pública que teníamos en 2009. Por lo
tanto, llevamos un largo periodo de infrafinanciación. En mis reuniones con las universidades -he visitado durante este año largo que llevo de ministro cuarenta universidades- he puesto de manifiesto que da que pensar que esa reducción tan amplia
de la financiación, en más de un 20 %, haya generado tan poca reacción social. Esto indica que las universidades han de hacer examen de conciencia viendo que necesitan muchas más alianzas sociales a la hora de plantear sus políticas. Difícilmente
podemos imaginar que en sanidad o en la educación general se hubiera dado este tipo de reducción de déficit de la manera en que se ha dado en el campo de la universidad. Por lo tanto, yo creo que todo lo que estamos haciendo y diciendo debería ir
en la línea de relacionar intensamente el aumento de la financiación con el aumento de la capacidad de servicio y de función de la universidad en los ámbitos que estamos planteando como, por ejemplo, las microcredenciales, los doctorados
industriales, la empleabilidad, la relación con el entorno, etcétera, porque entendemos que son elementos que pueden facilitar el hecho de que el aumento necesario de financiación pública venga acompañado también de una comprensión social e
institucional de este aumento de financiación.


La situación actual, como saben perfectamente sus señorías, hace que el aumento de financiación del Estado para llegar a ese 1 %, que de manera genérica podríamos decir que implicaría un aumento de más de 2000 millones en la financiación
pública de universidades, no necesariamente ni automáticamente generaría una mejora en la financiación pública de las universidades, porque la intermediación de las comunidades autónomas de manera competencial haría que esos recursos pudieran o no
acabar situándose en el marco universitario. Por lo tanto, la complejidad del sistema hace que hayamos pensado dos cosas -que he comentado- para acompañar este proceso que la ley marca en un año de tiempo para que se pueda realmente poner en marcha
este aumento de la financiación. Por un lado, poner de relieve la significación social de las universidades en cada una de las provincias, que sería el estudio

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sobre el PIB que representa cada universidad en cada provincia, porque esto nos genera una dinámica en la cual no se ve la financiación universitaria como un gasto, sino como una inversión en momentos tan evidentes de cambio de época, como
en el que estamos, y de la significación del conocimiento y del talento en nuestras sociedades. Y, por otro lado, una cierta capacidad de comparar en el sistema los métodos de financiación que existen en cada comunidad autónoma, qué criterios se
dan. Hay comunidades autónomas que simplemente dan la nominativa. Hay comunidades autónomas que hacen propuestas plurianuales, fijando objetivos de carácter basal, de carácter singular, de carácter específico. Por tanto, aquí tenemos una variedad
muy significativa de situaciones y, además, una dificultad en comparar sistemas, porque los datos que se utilizan en cada comunidad autónoma son distintos. Nosotros no queremos generar una lógica de homogeneidad, queremos generar una lógica de
información consistente, que es distinto. Es decir, que tengamos información consistente que nos permita saber, marcando y respetando los ámbitos competenciales de cada comunidad, lo que está pasando. Ese es el objetivo. Nosotros apoyamos
totalmente el encargo que ha hecho la CRUE al IVIE -el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas-, porque no lo ha hecho el ministerio, sino que lo ha hecho la CRUE, para que haga esta función de análisis del sistema y nos permita, en un
plazo que no debería ir más allá del mes de septiembre de este año, tener los datos necesarios del conjunto del sistema para poder avanzar en esa línea. Evidentemente, el Consejo de Universidades está al tanto de este encargo, así como el Consejo
Social de Política Territorial. Este era un elemento que quería comentar. Obviamente, si llegamos o no a tiempo para que esto se incorpore en el presupuesto de 2024, hay una serie de incógnitas que todas sus señorías entienden que están planteadas
sobre el presupuesto de 2024, pero yo creo que hay voluntad de que esto sea así. El nivel -perdónenme la expresión- de ruido que ha generado también la propia aprobación de la LOSU, la constatación de que había un proceso de infrafinanciación, ya
está produciendo este año un aumento de financiación en muchas comunidades autónomas. Por tanto, esa sensación de que hay un cambio de escenario ya se está dando y todo el mundo es consciente de que la puesta en práctica de la LOSU implica más
recursos, porque si no, difícilmente podemos revertir el proceso de precarización y de infrafinanciación en el que estamos situados. He mencionado un compromiso, digamos, teórico, pero desde mi punto de vista significativo, que es la reunión entre
el presidente del Gobierno y la permanente de la CRUE en la línea de reforzar este tema. En la propia intervención del presidente del Gobierno en la reunión de universidades que mencionaba el diputado de VOX en Valencia, la semana pasada, el
presidente reiteró ese compromiso de financiación y, por lo tanto, entiendo que estamos en una línea que deberemos constatar -y es evidente que ustedes lo van a hacer-, contrastar si esos avances se van produciendo o no en el tema de la
financiación.


En el tema de los sustitutos que planteaba la diputada de EH Bildu, yo diría que hemos de ir con cuidado de no repetir con los sustitutos lo que ha pasado con los asociados y volver a convertir el tema de los asociados como una alternativa
de carácter distinto de la que fueron los asociados. A los asociados los hemos situado donde debían estar, que son profesionales de reconocido prestigio que puedan impartir docencia en el ámbito de su competencia de manera clara y, al mismo tiempo,
los sustitutos son personas que durante un máximo de tres años podrán sustituir a alguien en las labores docentes, que son las que necesariamente quedan no cubiertas por razones de enfermedad, cargos, etcétera, pero difícilmente podemos hablar de un
gran número de sustitutos. No tengo las cifras del sistema, pero no es que estemos hablando de que cada año haya miles de personas a sustituir en el sistema universitario. Por lo tanto, advertiría del riesgo que corremos de no entender cuál es el
sentido de la figura de sustituto en esta línea. Evidentemente, la existencia o no del sueldo precario de sustitutos no depende de nosotros, depende de la propia financiación que tengan las universidades de las comunidades autónomas en este tema.
No es una competencia que sea del ministerio.


En relación con las unidades que se han de crear y los temas de financiación, somos conscientes de que la implementación de la LOSU implica más recursos públicos. Por eso, también, al mismo tiempo, hemos incorporado todo el debate sobre la
financiación, porque es evidente que la respuesta de las universidades a la infrafinanciación fueron dos grandes respuestas: por un lado, el aumento de tasas y, por otro lado, el aumento de la precariedad en el ámbito del profesorado. Por lo
tanto, si hemos congelado las tasas y hemos intentado evitar el aumento y el mantenimiento de la precarización, esto obliga a generar más recursos en el sistema.


En cuanto a la cuestión que se ha planteado también de manera genérica sobre los ámbitos, yo creo que hemos de ser conscientes también de que no hay ningún decreto aprobado de los que he mencionado. Estamos hablando de un proceso de
elaboración de decretos. El que está más avanzado, que ya ha

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pasado o está pasando por el Consejo de Estado, es el de doctorados, que no ha tenido ninguna reacción, que sepamos, de ningún tipo. En los otros dos decretos que se han mencionado estamos en fase de información pública, se han recibido
centenares de alegaciones en los dos casos. Y en el caso del decreto de acreditación estamos incluso en la fase previa a la información pública. Estamos en el grupo de trabajo. Ya ha pasado el grupo de trabajo y me consta que se ha filtrado ya, o
sea, que la rapidez con que ha pasado al término informal de información pública ya es evidente. Por tanto, estamos en un proceso de contraste sobre las opciones que el ministerio planteaba acertada o equivocadamente sobre esta cuestión, y por eso
existe el proceso de información pública, precisamente para el contraste. Yo creo que, además, temporalmente, el timing que se ha seguido en la elaboración de los decretos ha generado -y he de reconocerlo- más confusión, porque para mucha gente,
cuando se hablaba de ámbitos de conocimiento, se entendía que eran áreas de conocimiento, porque no se entendía la distinción entre ámbitos, campos y especializaciones, que es complicado para los que no están adeptia et labori. Estamos hablando de
ámbitos de conocimiento que están planteados en la LOSU como algo relacionado con la renovación de puestos de trabajo y que no tiene nada que ver con las áreas de conocimiento antiguas -ahora especializaciones-, que son las que realmente acaban
configurando departamentos, plazas, concursos, etcétera, que es en realidad lo que es más significativo desde el punto de vista de estructura académica. No digo que lo otro no lo sea, pero lo es mucho más las antiguas áreas, ahora
especializaciones. Evidentemente, aquí el debate puede ser múltiple. Si es mejor plantear un término genérico o un término genérico con un paréntesis donde se especifique, y entonces nos dejamos cosas en el paréntesis o no nos las dejamos. Hay
ámbitos grandes. Aquí hay personas que son profesoras de Derecho y hay un solo ámbito de conocimiento que es derecho. No se ha hecho derecho público y privado, porque podría ser una opción que incluso se planteó, pero hubo mucha gente que nos
dijo: pero yo estoy en medio, hago cosas de derecho público y hago cosas de derecho privado. Es decir, la opción que se ha tomado es una opción de ámbitos muy genéricos que tienen básicamente un contenido vinculado a la relación de puestos de
trabajo y que no tienen por qué considerarse que tienen impacto en la parte más sustantiva de la organización universitaria, que son, repito, las especializaciones y en parte también los campos, porque afectan a las titulaciones.


En relación con el tema de los doctorados industriales, la ciencia abierta, ciencia ciudadana y microcredenciales, son orientaciones que van a reforzar los vínculos entre la universidad y la sociedad y que, por lo tanto, intentan evitar la
situación de aislamiento de la universidad, de esa torre de marfil histórica, genérica. Por eso hay que reforzar algo que fue una iniciativa en su momento y que no siguió, el sexenio de transferencia, que ahora lo vamos a volver a plantear, y
entiendo que esto generará una dinámica positiva de mejor vinculación y sensación de servicio público de la universidad en relación con su entorno social. Evidentemente, estamos de acuerdo, y yo diría que es una de las características más
importantes de las microcredenciales, con el reconocimiento de la carrera profesional que antes se ha mencionado. ¿Por qué? Porque precisamente entendemos que hay muchas personas que necesitan procesos de upskilling y reskilling, que es el término
que se está utilizando en Europa, de reformulación de sus conocimientos, y que en su momento histórico no tuvieron acceso a los estudios que les daban acceso a la universidad. En cambio, ahora es perfectamente posible que en lógicas más cortas, de
un crédito hasta quince créditos, con credenciales apilables, podamos pensar que una persona que tiene una larga trayectoria haciendo restauración en un museo, pero que no ha tenido el bachillerato, pueda perfectamente asistir a una microcredencial
sobre tecnología de restauración y que esta acreditación de su carrera profesional le dé el acceso para tener finalmente acceso a la universidad, cosa que en su momento no pudo hacer al menos en lo que es específicamente del ámbito de las
microcredenciales.


Ya he mencionado todo lo relativo a los ámbitos de conocimiento. Se puede pensar que esto forma parte de una lógica intrínseca, centralizadora del Estado, cada uno puede opinar un poco lo que quiera sobre este aspecto; evidentemente yo no
coincido con esto, pienso que el sistema es perfectible y que, por lo tanto, podemos seguir trabajando para que también en cualquier ámbito el reconocimiento de la diversidad que existe en España pueda ser perfectamente reconocible y aceptable.


En cuando al tema de los departamentos, que también ha ido sobrevolando, hemos de recordar que el único ámbito que está regulado normativamente en relación con el funcionamiento de la universidad no son las facultades, son los departamentos;
hay un decreto de departamentos. Ese decreto de departamentos es contradictorio con la LOSU. Por lo tanto, tenemos dos opciones: derogarlo o modificarlo. Pero es evidente que no podemos dejar de hacer algo en relación con los departamentos,
porque hay una contradicción entre un decreto que existe y la normativa abierta, como ya se ha comentado aquí, de la

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LOSU al respecto. A sugerencia -tengo que decirlo- de algunas universidades y rectores, hemos trabajado en la idea de repensar el término de los departamentos, porque es siempre un tema conflictivo en algunas universidades. Nosotros
perfectamente podemos dejar de legislar sobre esta cuestión, derogar el anterior decreto y que las universidades trabajen con toda su autonomía para la organización de su estructura interna. Bueno, ahí estamos, en un proceso de información pública,
el decreto no ha salido; estamos discutiendo aún sobre esta cuestión y, por lo tanto, veremos cómo acaba este tema. No forzosamente porque un departamento no coincida con una especialización de conocimiento esta deja de existir. Es decir, yo
estoy en un departamento de Ciencia Política y Derecho Público donde convivo con politólogos, con personas de Filosofía del Derecho, con Derecho Penal y con Derecho Constitucional y formamos parte de un mismo departamento. El hecho de que allí
dentro haya dos personas que se ocupen de otra especialización no hace que esta especialización desaparezca, forma parte de un departamento más amplio porque las lógicas de estructura y de funcionamiento de la universidad así lo exigen y son más
eficientes en su caso. Por lo tanto, veremos un poco cómo acaba el tema.


En cuanto al estatuto del PDI, los legisladores, es decir, ustedes, decidieron que en seis meses debíamos tener un proyecto de ley del estatuto del PDI. Bueno, pues en ello estamos. Ustedes saben un poco los ritmos de funcionamiento del
proceso legislativo y estamos avanzando en esta cuestión. Si no voy mal encaminado, el plazo se acaba el 12 de octubre, que es también un día señalado en el calendario, por lo tanto, podemos recordarlo fácilmente. El 12 de octubre se acaba el
tiempo para tener un estatuto del PDI como proyecto de ley. Lo que es cierto es que estamos trabajando en ello y que no es una coletilla que se utiliza cuando no sabes qué decir, es realmente así.


Paso a referirme al tema de las homologaciones y al asunto que ha mencionado la diputada de Esquerra, que ahora no está. Sobre el tema de las homologaciones de los psicólogos y de odontólogos, somos conscientes de que este sigue siendo un
problema. Estamos trabajando con los colegios profesionales, con las facultades correspondientes, para intentar salvaguardar el principio que entendemos que debemos salvaguardar, que es el hecho de que no haya impedimentos accesorios a los que ya
existen en los procesos de homologación.


En cuando al tema que planteaba el diputado de Ciudadanos sobre todo las industriales, realmente entendemos que hemos de trabajar en esa línea de poner en valor la capacidad investigadora y de generación de conocimiento de la universidad
también con el sector empresarial, pero no solo con el sector empresarial; y esos doctorados incorporan un elemento que va un poco en la línea que usted comentaba. No implica que el sueldo del doctorando lo paga exclusivamente la Administración.
La empresa o la institución tiene que pagar, subvencionar una parte de ese doctorado, que puede ser la mitad o dos terceras partes, porque entiende que para esa empresa o para esa institución esa investigación es significativa y, por lo tanto, hay
un proceso de partnership entre la universidad, que deberá tener un overhead, cosa que a veces no pasa, porque al final la responsabilidad sobre el doctorando la tiene la universidad. No son las empresas ni las instituciones las que hacen doctores
a la gente, es la universidad. Por lo tanto, el doctorado es un ámbito estrictamente universitario, y ahí es donde las universidades tienen que ver reconocida su función, en esa labor de relación entre universidad y entorno. Y repito, no solamente
hablamos con empresas, el otro día estuve hablando con la Fundación ONCE sobre este aspecto y he hablado con la presidenta de esta casa para que -por qué no- el Congreso de los Diputados pudiera tener un doctorado de los llamados industriales. Es
decir, podemos pensar en cómo podemos lograr que la función de investigación que las universidades hacen tenga desde el principio una relación en la lógica de transferencia de una institución, de una entidad, etcétera. Yo creo que estamos
trabajando en esa línea. Seguramente deberemos buscar un término más genérico al de doctorado industrial para poder albergar, encuadrar, servir de paraguas a esa diversidad de situaciones, porque si utilizamos el término industrial, aparentemente
estamos cerrando la lógica de aplicación de transferencia solamente a un sector.


Se planteaba también el tema de la internacionalización y cómo hacer ese puente. Hay un problema, y es que Europa ha hecho sus deberes con el Plan Bolonia y ha organizado un sistema perfectamente homogéneo en el conjunto de Europa, que es
el de los ECTS, y en América Latina la dispersión y la variedad es la norma. Por lo tanto, hay miles de universidades, algunas de gran prestigio, y otras que tendrían más complejidad a la hora de ser reconocidas como tales. Entonces, el mensaje a
nuestros colegas de América Latina, sean ministros o sean rectores de universidades, es que por regiones o por países deberían ser capaces de ir generando lógicas de mayor coherencia de los sistemas que permitan lógicas de equivalencias y de
funcionamiento más aceptables, pero para eso nos hemos brindado. El

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hecho de que haya acuerdos con Colombia o que se esté trabajando con otros países latinoamericanos sobre este tema va en la línea precisamente de reforzar esa relación. Y quisiera poner de relieve -entre paréntesis- que los propios
doctorados industriales permiten trabajar con lógicas de doctorados de cotutela entre dos universidades a ambos lados del Atlántico sobre un mismo tema, y este también es un paso muy significativo. Es decir, que la Universidad de Salamanca y la
Universidad de São Paulo tengan un mismo tema de investigación, con dos directores de tesis en cada una de las instituciones, trabajando con un doctorado que trabaja en una empresa, que al mismo tiempo trabaja en España y en Brasil, es perfectamente
factible, y esto genera unas dinámicas y una capa de relación académica y de valor por encima de las que ya existen entre un país y otro.


Sobre el tema de los de los chiringuitos en las universidades privadas que ha mencionado el diputado de Podemos, él sabe perfectamente, y yo creo que todos en esta sala lo sabemos, que hay un decreto, el 640/2021, que también ha mencionado,
que establece un plazo de cinco años para que se puedan fijar las exigencias que este decreto plantea, que son: que de los cinco grandes espacios de conocimiento -los llamo espacios porque ya no sé cómo llamarlos-, que al menos estén en tres; que
haya un 50 % de doctores; o que haya un 5 % dedicado a investigación. Es decir, hay una serie de requerimientos significativos, pero hay unos plazos determinados y, al final, como sabe usted perfectamente, la decisión de aceptar o no la existencia
de una universidad depende de una comunidad autónoma. Por lo tanto, nosotros en el ministerio hemos de estar vigilantes en este sentido y, al pasar los cinco años, deberemos ser exigentes también en el cumplimiento de estas funciones o necesidades.


En cuanto al tema de las homologaciones, mencionado por el diputado de VOX, no es verdad que estemos exactamente igual a como estábamos hace un año. Las cifras que he mencionado, y que le puedo pasar por escrito, claramente demuestran que
hay un cambio a partir de la puesta en marcha tanto del nuevo decreto de homologaciones como de la fuerza de choque que se ha incorporado al ministerio con más personal, pues fuerza de choque quiere decir que hay más personas. Evidentemente, hay un
problema de retraso de la época de la pandemia, que generó un proceso de acumulación muy significativo, pero ahora yo creo que estamos tratando de ponernos al día, sabiendo que al mismo tiempo hay un aumento significativo de personas que están
pidiendo homologaciones y equivalencias. Yo no creo que sea un problema no respetar las calificaciones obtenidas, pues cualquier proceso de equivalencia exige un proceso de ver cómo se valora una competencia en un sitio y en otro, y hay un proceso
de ajuste. Esto se da en cualquier circunstancia. No es automático el hecho de que tengas el título en un ámbito y que se genere en otro, sobre todo si, como he dicho antes, el sistema de América Latina no es un sistema de ECTS como el que tenemos
aquí, porque en el caso de Europa es mucho más sencillo, pues hay un sistema en el que nos hemos puesto de acuerdo a la hora de configurar lo que aceptamos y no aceptamos y, por lo tanto, el sistema de equivalencias es mucho más rápido. En el caso
de América Latina, o en el que se podría dar con otros países, es un poco más complicado.


En relación con las dietas, se trata de un decreto del 2002 y, lo lamento, no depende de este ministerio. Ya hablaré con la ministra de Hacienda sobre este decreto, pero las decisiones que se toman en el ámbito de universidades en relación
con las dietas de los investigadores cuando se desplazan no es algo que dependa del Ministerio de Universidades, pues es una decisión que se toma de manera genérica para cualquier persona de las administraciones públicas en proceso de desplazamiento
y ese es el elemento que tenemos que considerar.


En cuanto al tema de los estudiantes en prácticas, que ha ido apareciendo a lo largo de la comparecencia, las universidades propusieron en su momento, y yo creo que rápidamente fue reconocido, que el planteamiento de las prácticas no podía
ser estrictamente laboral, tenía que ser laboral y formativo. El tema de la Seguridad Social yo creo que es un avance, y no creo que sea para cuadrar las cuentas de la Seguridad Social, sino para facilitar, porque se está dando una bonificación del
97 %; por tanto, no parece que los ingresos que se puedan dar por ese tema sean significativos en el ámbito de la Seguridad Social. En todo caso, lo que hay es una cuestión sobre la gestión de este tema, pues la petición de las universidades fue
que no tuvieran que ser ellas las que tuvieran que hacer esa gestión, sino que fueran las empresas. Así se puso y ahora las empresas o las administraciones están poniendo problemas en este tema. ¿Por qué? Porque los plazos son cortos, pues tiene
que ponerse en vigor el 1 de octubre y, como se decía antes, esto pone en cuestión las prácticas curriculares para acabar los estudios. En este momento, hay reuniones entre el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y la CRUE para
buscar una solución a este tema, porque en los dos lados hay voluntad de encontrar una solución a esta cuestión. Por tanto, no hay una lógica rígida al respecto.

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Creo que las opiniones del señor Abril y de los consejos sociales son totalmente respetadas, porque van a ser incorporados tanto en el ámbito de las microcredenciales como en el ámbito de los doctorados industriales, y espero que puedan
valorar también que hay aspectos que estamos tratando de llevar hacia delante que compensan aquellas insuficiencias que ellos pudieran encontrar en relación con la LOSU.


En relación con el tema de enseñanzas artísticas, yo creo que lo que hemos de preservar, y creo que se preserva, es el ámbito específico de las universidades, que es el del doctorado y el del nivel de catedrático en las enseñanzas
artísticas, y ese es un ámbito que sigue correspondiendo a la universidad de manera clara.


Voy acabando. Es cierto que hay distintos sistemas en el ámbito de las enseñanzas universitarias en toda Europa, porque no en todas partes son ámbitos universitarios. Por ejemplo, en Francia e Italia no son así y tienen sistemas propios,
en el resto de Europa más bien son universitarios y aquí estamos en una situación relativamente mixta, ahora hemos de encontrar el equilibrio y espero que se pueda lograr.


Seguro que me he dejado cosas, pero espero que ahora ustedes me las recuerden en el tiempo que les queda.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, ministro, por las respuestas.


Para un segundo turno de intervención veo que la diputada de EH Bildu no está, la diputada Gorozpe Elezcano tampoco, pasaríamos, por tanto, al Grupo Parlamentario Ciudadanos. El diputado López-Bas Valero tiene la palabra por un tiempo
máximo de cuatro minutos.


El señor LÓPEZ-BAS VALERO: Voy a ser muy rápido, muy breve, señor presidente.


Muchas gracias por sus contestaciones, señor ministro. Solamente quiero hacer una aclaración y pedir una disculpa. En cuanto a la aclaración, hay un tema que antes no le he preguntado y que ha comentado usted, que es el de los nuevos
criterios de acreditación, que en principio tienden a que exista menos burocracia. Ha hecho usted referencia a que toda la documentación que habría que aportar, en principio, sería, si no le he entendido mal, algo similar a un sistema de
declaración jurada; es decir, se aportaría una referencia a la documentación, pero no la documentación en sí. Lo digo porque si es algo similar, por los problemas que ya han surgido en otras ocasiones con casos concretos de dudas sobre, incluso,
determinadas cuestiones que están en las necesidades de acreditación por parte de las autoridades académicas o de los informes correspondientes. La aclaración que le pido es si ese es el sistema que propone el ministerio.


En segundo lugar, una disculpa simplemente por mi parte, por supuesto, porque creo que en las comparecencias de los cargos del Gobierno ante este Congreso no es procedente en absoluto dirigirnos a otros diputados, pero no puedo dejar pasar
la referencia que ha hecho a un supuesto chiringuito el señor Sánchez Serna, propiedad del señor Imbroda. Javier Imbroda ya dejó de ser dueño de una determinada sociedad que él ha mencionado, y no solo eso, falleció en abril del año 2022. Me
parece despreciable, una vergüenza y una cobardía que se hagan referencias personales a alguien que no puede ni siquiera defenderse. (Aplausos).


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría, por la intervención.


Té la paraula la diputada Mariona Illamola.


La señora ILLAMOLA DAUSÀ: Gràcies de nou.


Señor ministro, yo le recuerdo que no me ha contestado a lo relativo al día de la marmota. (Risas). Entonces, volvemos con las becas.


En relación con la respuesta que me ha dado sobre las ayudas a los programas de movilidad, no entiendo a qué se refería esto. Lo preguntamos porque realmente desde las universidades nos han dicho que es competencia de su ministerio, ya que
son becas que sirven para la internacionalización en el ámbito universitario. Es por eso que entendíamos que era competencia de su ministerio, pero, bueno, haremos las indagaciones precisas con el Ministerio de Hacienda -a ver si allí nos lo dicen-
para poder aclarar la situación de los investigadores que se encuentran con estos problemas.


Le añado otra cuestión que creo que afecta a su ministerio. Espero no confundirme también ahora. Afecta a su ministerio, al Ministerio de Educación, y la solución, por lo que me han dicho, depende de él. Hace referencia al proyecto de ley
de enseñanzas artísticas; en concreto al registro de enseñanzas

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artísticas superiores que el proyecto de ley pretende crear. Desde nuestro punto de vista y desde el punto de vista de distintas entidades -y hablándolo con otros partidos-, creemos que la creación de este registro de enseñanzas artísticas
superiores creará más confusión y más complejidad. No entendemos por qué se tiene que crear un registro existiendo ya el Registro de Universidades, Centros y Títulos. Nos dicen que se debe crear porque el Ministerio de Universidades no acepta que
se registren estos estudios dentro de este Registro de Universidades, Centros y Títulos. Desde nuestro punto de vista, la creación de este registro específico de enseñanzas artísticas dificultará que sean reconocidas las personas que han cursado
estudios en un centro en España y quieran acceder al Espacio Europeo de Educación Superior o que quieran acceder a estudios también en otros Estados debido a que no se le reconocerán los estudios ya que no estarán en el registro y limitará la
movilidad. También creará confusión sobre el nivel de estudios y dificultará la atracción de estudiantes extranjeros. Me acuerdo de que cuando se negociaba la LOSU se hablaba de que las universidades españolas tenían que ser atractivas para
terceros Estados, etcétera. Lo dificultará porque o no podrán conocer exactamente qué centros y qué estudios hay o porque no podrán optar -nos comentan- a algunas becas por no estar registrados en el otro registro. Por eso, nosotros defendemos que
haya un único registro -el de Universidades, Centros y Títulos- y que, bajo el apartado de títulos, se pueda incluir a los que proceden de las enseñanzas artísticas superiores. Esto simplificaría la situación, añadiría transparencia y solventaría
posibles problemas. Desde nuestro punto de vista, no entendemos por qué no se hace, por qué no lo aceptan y consideramos que esto contradice todo lo que usted nos ha venido diciendo de internacionalización y de movilidad dentro de la Unión Europea
y con terceros países.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Unidas Podemos, tiene la palabra el diputado Ezequiel García Nieto.


El señor GARCÍA NIETO: Gracias, presidente.


Señor ministro, me alegra mucho volver a coincidir hoy con usted en esta comparecencia. Ya sabe lo preocupado que personalmente estoy, en este caso como bormujero y sevillano, por la proliferación que estamos viviendo en Andalucía de
universidades privadas. El día 28 me presento como candidato a la alcaldía de Bormujos, precisamente donde reside el campus universitario privado CEU San Pablo. Entienda mi preocupación porque nos consta que la Junta de Andalucía, gobernada por la
mayoría absoluta del PP, va a facilitar con su rodillo todas las autorizaciones que hagan falta para que no paren de florecer estas universidades privadas en Andalucía. Universidades barra chiringuitos que te permiten sacar el doctorado en Medicina
con un 5 en la EvAU pero con 100 000 euros en la cuenta para pagar la matrícula de toda la carrera. Por cierto, haciendo el MIR en el hospital privado del pueblo de al lado, Castilleja de la Cuesta. Un pueblo sin institutos públicos de Formación
Profesional, pero con dos módulos privados de Formación Profesional, de mano también de la CEU San Pablo. Parece mentira, pero Bormujos es el paraíso de la educación media y superior privada, a pesar de que en los últimos ocho años, las dos
legislaturas pasadas, el Gobierno municipal ha sido socialista.


Como bien ha dicho, señor ministro, en cinco años tendrán que cumplir con la excelencia que se les exige según la ley. No se preocupe porque conmigo de alcalde en Bormujos y con el Grupo de Unidas Podemos en el Gobierno municipal lo
tendremos bien informado, puntual y constantemente, de los incumplimientos que observemos por parte de esta entidad privada.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría, por la intervención.


Ahora es el turno, nuevamente por el Grupo Parlamentario VOX, del diputado Pedro Fernández Hernández.


El señor FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ: Gracias, presidente.


Gracias, ministro, por las respuestas que me ha dado a mis cuestiones. Únicamente voy a hacer hincapié en los expedientes de homologación y equivalencia de títulos universitarios, porque he hablado de más de 40 000 expedientes pendientes de
resolver y usted no me ha rebatido la cifra. Sería interesante, ya que ha comentado -como también ha hecho el diputado del Grupo Socialista- que estamos mejor que antes, saber la cifra exacta de expedientes pendientes de resolver para que, de
alguna manera, podamos constatar que, efectivamente, estamos mejor que antes. En todo caso, si con la situación actual

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el diputado del Grupo Socialista está satisfecho con la evolución, en fin, es un problema grave y creo que no es para estarlo. De hecho, como he dicho al principio y así voy a terminar, lo que ha demostrado el Gobierno de coalición es ser
incapaz de resolver este atasco en las homologaciones.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría, por la intervención.


Ahora, por un máximo de cuatro minutos, tiene la palabra la diputada María Jesús Moro Almaraz.


La señora MORO ALMARAZ: Gracias, señor presidente.


Señor ministro, le hablaba de las prácticas universitarias. Castilla-La Mancha ha puesto de manifiesto los problemas, Zaragoza ha puesto de manifiesto los problemas y Murcia ha puesto de manifiesto los problemas. Son generales,
especialmente en universidades medias, pero todas ellas van a tener problemas de gestión, sin duda, porque las prácticas exigen una gestión individualizada y porque ha sido un sumatorio de mucho trabajo y de mucho tiempo. No podemos volver a una
universidad de inicios del siglo XX, desvinculada absolutamente de la práctica. No tiene ningún sentido.


Cuando hablaba antes de que quizá se quieran maquillar cifras, es que estas no son cuantitativas; son cuantitativas, pero cualitativas, es decir, de trabajadores con alta en la Seguridad Social. Esto no tiene ningún sentido. Los propios
estudiantes, con mucha responsabilidad, han dicho que no les satisfacía la negociación que se estaba llevando a cabo con los sindicatos, absolutamente a espaldas de las universidades. Usted tiene buena relación, se le ha visto en la presentación de
su candidatura, con la vicepresidenta, dígale que no todo es innovar para eliminar un tejido empresarial que, por desgracia, en nuestro país es de pequeña y mediana empresa; por desgracia y por suerte. Lo digo porque estos pequeños y medianos
empresarios tienen problemas al darles de alta como trabajadores. Necesitarán otros requisitos, como tener un comité de empresa que antes no tenían; es decir, la problemática es general. Nosotros estamos de acuerdo en que tienen que ser
formativas, se incorporó en la LOSU y muy bien. Tienen que ser formativas y no se puede abusar de los estudiantes. Todas estas cosas han sido un avance trabajado por las universidades, las empresas y las administraciones. Imagínese el problema en
el ámbito sanitario y educativo. Por eso le reclamamos, porque sabemos que el Ministerio de Universidades es consciente del problema que tienen.


Respecto a las homologaciones, hemos pedido desde el principio -lo hemos pedido en los presupuestos y se rechazó- que se incorporaran partidas para un verdadero plan de choque que, efectivamente, disolviera ese atasco. Se va avanzando,
pero, como dice el portavoz de VOX, muy lentamente. Le quiero plantear una cosa concreta, me dicen las personas que han venido como refugiados de Ucrania -grandes profesionales en muchos casos- que están teniendo problemas para poder seguir su vida
aquí, precisamente por ese retraso, y que se han flexibilizado muchos otros temas y muchos otros requisitos. ¿Por qué no en la homologación? Valórelo y estúdielo, porque creo que merece la pena darles una respuesta.


Me dicen los compañeros de la universidad que se retrasa la resolución de los sexenios de investigación. No sabemos la causa. Me preocupa que no haya dado cumplida respuesta al tema del cese de la directora de la ANECA, porque
aparentemente era una directora que creía que la ANECA tenía que fortalecerse, no disolverse en las competencias autonómicas.


En los ámbitos hay mucho que trabajar. Fíjese que algunos parecen facultades, en otros hay ingenierías que se juntan, hay biosanitario y después titulaciones de biología y sanidad... Es decir, hay un totum revolutum que, efectivamente,
todavía tiene que pulirse.


¿Dónde está la estrategia de internacionalización? Nos ha hablado de internacionalización, pero el ministerio debe una estrategia de internacionalización que debía haberse realizado.


Por tanto, son muchos los temas. Yo sé que ustedes son los que son en el ministerio, pero esa coordinación de la que presumen entre ministerios se pone de manifiesto cuando llegamos a esta letra pequeña. Si tenemos esos problemas,
imagínense las universidades en este momento.


Gracias, ministro.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría, por la intervención.


Finalmente, por el Grupo Socialista, es el turno del diputado Roberto García Morís.

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El señor GARCÍA MORÍS: Muchas gracias, señor presidente.


Muy brevemente. Vuelvo otra vez al tema de las homologaciones, es decir, hemos dicho en nuestro grupo que sigue habiendo un reto a solucionar, que sigue siendo necesario implementar ese plan de choque, pero lo que no se puede decir es que
el ministerio haya mirado a otro lado porque no ha sido así; el ministerio ha entrado de lleno en la resolución del problema, que no es un problema que esté resuelto, pero que es un problema que está en vías de resolución y con aspectos de mejora.
Ha dado datos el señor ministro respecto a épocas anteriores, con más personal, con menos burocracia, y también con una mejora normativa, porque los cambios que se han introducido en la normativa en el tema de homologaciones han sido importantes.
Hay que ir también un poco a las causas de por qué había ese atasco, y el plano normativo tenía que ver también con esas causas o era una de ellas.


Quiero destacar la preocupación y el trabajo en relación con la financiación del sistema universitario, también de las becas, el esfuerzo enorme que están haciendo este Gobierno y este ministerio, que deben tener de aliadas a las comunidades
autónomas en la incrementación de la financiación y no las tienen a todas. Las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Socialista -podemos ir a los datos- creo que son un buen ejemplo de esa financiación del sistema universitario. Podemos
ver otras de diferentes signos, caso de Madrid, por ejemplo, de infrafinanciación del sistema universitario -y ahí están los datos- y cómo las universidades reclaman año tras año esa financiación que no les llega. Por tanto, creo que es importante
también, a la hora de hablar de financiación, llevarlo al ámbito autonómico, porque es fundamental en la financiación universitaria.


Quiero valorar también positivamente que se dé certidumbre al PDI, es decir, hoy me he centrado un poco en el PDI, porque estos reales decretos sobre los que se está debatiendo tienen que ver bastante con la política del profesorado, en esa
menos burocracia, en una mayor transparencia también de las diferentes agencias -y, por supuesto, también de la ANECA-, en que haya unas normas claras y estables en el tiempo, así como también una mejora en esos tiempos de respuesta.


Se ha hablado bastante de los ámbitos, campos, especialidades... Yo creo que más o menos hay que hacerse con los conceptos y leer bien todas las propuestas de reales decretos. Hay algo que afecta a las RPT, otro de los campos a los
estudios y a las especialidades de cómo se perfilan esas plazas. A nosotros nos parece bien que el perfil de las plazas sean esas especialidades, antiguas áreas de conocimiento, no ir más allá en esos perfiles, porque ha sido algo que hemos
demandado mucho como grupo parlamentario en la mejora de todos esos concursos del PDI, en la reducción de la endogamia universitaria.


Cuando conozcamos la versión definitiva de ese real decreto, planteo como posible pregunta si se podría o no profundizar un poco más en el tema del sorteo, que tenía bastante que ver con la autonomía universitaria, y que también creo que se
alude a él en la normativa.


En definitiva, señor ministro, quiero agradecerle el trabajo y también el tiempo que nos dedica aquí en esta Comisión. Hace muy poco que hemos aprobado la ley orgánica y usted ya está compareciendo para dar cuenta del desarrollo e
implementación de ella.


Muchísimas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría, por la intervención.


Ahora, en el turno de cierre, tiene la palabra nuevamente el ministro Joan Subirats.


El señor MINISTRO DE UNIVERSIDADES (Subirats Humet): En relación con el comentario del diputado de Ciudadanos sobre el tema de la acreditación, en general la idea sería que los repositorios de las universidades sirvieran de referencia.
Hasta ahora, por ejemplo, en muchos casos tenías que enviar la primera y la última página del artículo que habías publicado. Si este artículo está colgado en el repositorio de tu universidad, tú lo que has de hacer es enviar el link y este será el
que lo determinará. La CRUE está trabajando con Dialnet para generar un repositorio general, que podía utilizarse como un repositorio de carácter general para todo el sistema universitario, con lo cual estaríamos dando pasos muy importantes en
relación tanto con la certeza de los procesos de acreditación como con los elementos de ciencia abierta, como está demandando Europa con el tema de COARA.


Decía confianza porque de cuando en cuando sí que deberíamos hacer esa lógica de decir que cada diez expedientes vamos a ver exactamente si esto está planteado así de manera aleatoria, para que esto nos permita ir contrastando si funcionan
esas dosis de confianza, pero en general implican una reducción de las cargas burocráticas.

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En relación con el tema de becas, déjeme decirle que hablaré con el Ministerio de Educación, que es el que tiene más protagonismo en esta cuestión, para ver exactamente dónde estamos en esta cuestión, y ya se lo comentaré en su momento.


Yo no he contestado a su pregunta, he contestado a lo de las dietas, pero en relación con su pregunta -lo acabaré de contrastar- entiendo que es una decisión que puede tomar cada universidad. Esto ya se ha dado en otros casos: en el caso
de las becas Margarita Salas también había decisiones que tomaba cada universidad. Pero déjeme que lo acabe de contrastar para poder decírselo.


En relación con el RUCT, tenemos que ir con cuidado. Los títulos de enseñanza superior de las enseñanzas artísticas son equivalentes a los títulos universitarios, no son títulos universitarios. Por lo tanto, hemos de seguir entendiendo que
una cierta distinción en esta cuestión, al hablar de acceso al doctorado, etcétera, estas cuestiones también serán significativas. Esto no quiere decir que, como dice el proyecto de ley de enseñanzas artísticas, hablemos de los programas y los
acuerdos que puedan existir entre universidades y centros de enseñanzas artísticas para generar las dinámicas de colaboración que puedan conducir al ámbito del doctorado. Todo lo que sea favorecer el sistema de internacionalización es evidente,
pero al mismo tiempo sin generar confusión, porque, repito, en Europa hay situaciones distintas. Francia e Italia tienen un sistema y Austria, Bélgica y los países nórdicos otro. Hemos de ser conscientes de dónde estamos, pero evidentemente, todo
lo que facilite la internacionalización, bienvenido sea.


En cuanto al tema de los cinco años, ya lo he comentado antes y estaremos vigilantes al respecto.


Respecto a las homologaciones que comentaba el diputado de VOX, yo he mencionado muchas cuestiones. Yo creo que, desde mi punto de vista, hay un cambio significativo del año pasado a este. He ido comparando abril de 2022 con abril de 2023
para constatar que en todos los casos hay una mejora: del 38 %, del 33 %, del 150 %, de 18 veces más... Además, a partir de la entrada en vigor del decreto, que es todo digital y que ya no es por expediente físico, hay una media de cuatro meses,
es decir, la mejora es muy significativa. Por lo tanto, yo diría que hemos de dar un poco más de tiempo. Entiendo que mucha gente lleva mucho tiempo acumulado, pero déjeme decirle que en la comparecencia próxima estaré encantado de responder a sus
preguntas en esta cuestión.


Sobre el tema de ANECA y de las acreditaciones, puedo trasladar a la nueva presidenta de ANECA que venga aquí un día a comparecer para transmitirles las respuestas a sus dudas sobre el funcionamiento de ANECA, que es un funcionamiento
importante, que tiene que ver con ritmos, con temas de timing, etcétera, y que es muy significativo. Yo creo que está haciendo una gran labor, en el mismo sentido que lo hicieron todos los anteriores directores de ANECA, que todos ellos, durante
los tres años que estuvieron en el cargo, hicieron lo mejor posible su función, sin que ello implique una disolución del papel de ANECA, que entiendo que no es así en ningún caso.


En relación con los temas de financiamiento, creo que hemos de avanzar en la transparencia de estos temas. De hecho, los únicos datos contrastantes que ahora tenemos, que no satisfacen a nadie, son los que publica CYD, que es una
institución que cuelga del Banco de Santander, que cada año en sus informes nos dice cuál es la situación de financiación de las universidades, pero utilizando datos que no son coherentes en el sistema. Ahí las diferencias son muy grandes, como ha
mencionado el diputado del Grupo Socialista, pero nos gustaría saber más porque cuando se habla de estas cosas todo el mundo piensa que no se ha reflejado exactamente este tema. Si buscamos una institución como el IVIE, que tiene acreditada su
función en este sistema, nos puede dar una panorámica que nos puede ser útil a la hora de discutir estas cosas, basando nuestra discusión política en evidencias y no solamente en impresiones.


Gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro, por la intervención. Sin más, le agradecemos su presencia y sus explicaciones y levantamos la sesión.


Muchas gracias a todos.


Eran las siete y veinte minutos de la tarde.