CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2023 XIV LEGISLATURA Núm. 899

TRABAJO, INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ANTONIO GÓMEZ-REINO VARELA

Sesión núm. 30

celebrada el miércoles,

10 de mayo de 2023

ORDEN DEL DÍA:


Comparecencia conjunta en relación con la proposición de ley para una regularización extraordinaria para personas extranjeras en España (Número de expediente 120/000026).


- De los señores Lamine Sarr, Fanjul Suárez y de la señora Edith Espínola Coronel (representantes de la Comisión Promotora de dicha iniciativa), para que expongan los motivos que justifican la presentación de esta iniciativa legislativa
popular. Por acuerdo de la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. (Número de expediente 219/001026) ... (Página2)

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Se abre la sesión a las cinco de la tarde.


El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.


Como saben, hoy tenemos en el orden del día la comparecencia del grupo promotor, de los promotores y promotoras -nada más y nada menos-, que de una iniciativa legislativa popular. Digo nada más y nada menos porque tampoco es que se traten
muchas en la Cámara y, efectivamente, en este caso creo que es algo doblemente estimulante y positivo que desde la sociedad civil se consigan traer directamente iniciativas de este tipo al Legislativo.


Como saben, por parte de la comisión promotora se van a repartir el tiempo entre tres personas que son Mamadou Lamine, Gonzalo Fanjul y Yolanda Edith Espínola. Tienen veinticinco minutos a dividir entre ellos tres; después los grupos
parlamentarios tendrán un turno de fijación de posiciones o de intervención y, finalmente, como es lógico, oportuno y reglamentario, cerrarán las personas promotoras de la comisión de la ILP.


Sin más, quiero darles la bienvenida a esta casa, particularmente a esta sala y a otras salas contiguas donde están diferentes personas de organizaciones que participaron en la recogida de las más de 700 000 firmas para traer esta ILP.
Comenzamos si les parece. Puede subir Mamadou. (La señora Carvalho Dantas pide la palabra).


La señora CARVALHO DANTAS: Señor presidente, una pregunta. ¿No estarán las tres personas de la comisión promotora en la mesa? Pensábamos que sí.


El señor PRESIDENTE: Por una cuestión meramente logística, en este momento no. En todo caso, sí es cierto que para la respuesta de los tres minutos tendría cierto sentido. Si quieren, hacemos las intervenciones iniciales y luego suben los
tres para la respuesta final.


La señora CARVALHO DANTAS: Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: A usted.


Señor Mamadou Lamine, tiene la palabra.


El señor LAMINE SARR (representante de la comisión promotora): Buenas tardes, señorías.


Hoy es un día histórico para todas las personas migrantes que vivimos, y muchas trabajamos, en situación de precariedad o semiesclavitud en este territorio. Venimos a exponer los motivos cargados de razones y anhelos de justicia social para
las alrededor de 500 000 personas sin acceso a derechos en todo el Estado por su situación administrativa irregular. Llegar al Congreso ha supuesto un largo recorrido de incidencias políticas y movilizaciones. Estamos presentes aquí con voz propia
para exponer nuestra demanda y apelar a vuestra responsabilidad política, gracias al apoyo de más de 900 organizaciones de la sociedad civil y más de 14 000 voluntarios y voluntarias organizados en dieciocho comités territoriales que conformamos
desde la plataforma Esenciales. La lucha por la regularización de nuestros hermanos y hermanas migrantes lleva años articulándose desde diferentes colectivos migrantes en todo el Estado. Durante el contexto de la pandemia global, en abril de 2020,
enviamos una carta al Gobierno con trece propuestas para una regularización amplia, permanente y sin condiciones, apoyada por más de 1500 organizaciones civiles, que nunca obtuvo respuesta. En septiembre del mismo año se debatió en este Congreso
nuestra proposición no de ley, que contó con el apoyo de ocho fuerzas políticas y fue rechazada bajo el argumento de un supuesto impedimento condicionado por el Pacto Europeo sobre Inmigración y Asilo de 2008, argumento que fue desmentido por la
comisaria europea de Interior Yiva Johansson, quien afirmó que los Estados miembros de la UE pueden llevar a cabo regularizaciones según sus propias normativas y leyes de extranjería. La LOEX lo ratifica en su artículo 31.3. Finalmente, en 2021
iniciamos un nuevo camino, conformamos la plataforma Esenciales con entidades muy diversas desde donde impulsamos esta iniciativa legislativa popular para la regularización de las personas migrantes. Durante un año estuvimos presentes en fiestas
populares, escuelas, universidades e iglesias, solicitando a la ciudadanía su apoyo en este proceso participativo cuyos resultados están a la vista, en lo que fue el proceso participativo ciudadano más importante de los últimos años, desde la
participación activa de movimientos de bases migrantes, organizaciones sindicales, de derechos humanos, de la Iglesia y de entidades del tercer sector.


¿Cuáles han sido los logros de la ILP? Sin duda el apoyo ciudadano. Nos legitiman más de 600 000 firmas validadas por el censo electoral en diciembre pasado recogidas a pie de calle con un enorme

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esfuerzo de la ciudadanía, lo que supuso no pocas dificultades, sobre todo para comunidades migrantes. Contamos con el apoyo de ochenta y tres mociones favorables en ayuntamientos de todo el Estado; el PSOE se manifestó a favor en treinta
y siete de ellas y en otras veintidós se abstuvo, lo que permitió que pudieran ser aprobadas en dichos Plenos. Ciudades como Barcelona, Valencia, Bilbao, Albacete, Santiago de Compostela, la Diputación de Cádiz, el Cabildo de Tenerife o el
Parlamento vasco han demostrado que están a favor de una regularización extraordinaria de sus vecinos y vecinas. Esto último rebela dos realidades fundamentales. Por una parte, que no existe una postura unánime contraria a la regularización dentro
del PSOE y, por otra, el gran soporte por parte de diferentes sectores de la sociedad y territorios a esta iniciativa.


¿Quién se beneficiará de la regularización? La regularización extraordinaria podría beneficiar a medio millón de personas que sobreviven en este país en condiciones de precariedad y de exclusión. Seis de cada diez son mujeres y cuatro de
ellas son menores de edad. Para las personas en irregularidad administrativa en el Estado español, resulta imposible la obtención de sus papeles porque se encuentran inmersas en mecanismos de burorrepresión bajo el paraguas de la ley de
extranjería. Estamos hablando de personas, de familias con niños que no pueden acceder a un trabajo digno, a una vivienda, a la salud o a la educación; que llevan años intentando entrar en la rueda de un sistema perverso que los mantiene en la
exclusión o en la extrema precariedad. Hablamos de jornaleras y temporeros que malviven en infraviviendas en el campo, de empleadas del hogar, de trabajadoras sexuales, de vendedores ambulantes y de niños que, aun habiendo nacido en España, heredan
el estatus migratorio de sus padres.


Las personas migrantes no somos cifras, somos sujetos políticos; no queremos volver a ser moneda de cambio durante un año electoral; queremos ser partícipes del diseño de las políticas migratorias, pero también de las políticas públicas
que condicionan nuestra vida cotidiana. No estamos aquí sólo para exigir una vida digna al migrante; queremos cambiar las reglas del juego. Nuestra exigencia en la demanda de la regularización se basa en las más elementales políticas de acceso a
derecho, para hacer posible una sociedad igualitaria en la que ninguna persona quede excluida de la educación, la sanidad, el trabajo y la vivienda por su condición de origen racial o de religión. Señorías, les conminamos a ser valientes, algo de
lo que jamás se van a arrepentir.


Gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Mamadou.


Pasamos al siguiente interviniente, el señor Fanjul.


El señor FANJUL SUÁREZ (representante de la comisión promotora): Muy buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad que nos conceden de exponer estos argumentos.


La diversidad de organizaciones a la que ha hecho referencia mi compañero en su intervención anterior creo que refleja una diversidad de los argumentos que se han puesto sobre la mesa para justificar esta regularización; argumentos de tipo
ético, desde luego, pero también argumentos de tipo económico y de tipo político. Nosotros hemos encapsulado en cinco grandes razones la justificación de la campaña de Esenciales y de la regularización, y lo que me gustaría es compartirlas con
ustedes en este tiempo que tengo asignado.


La primera de las razones es que nos enfrentamos a un desafío demasiado grande para ser ignorado. Por primera vez desde el año 2005 esta campaña ha realizado una estimación del número de personas que viven en situación irregular en nuestro
país: en el año 2020 esta cifra era de entre 474 000 y 540 000 personas. Los números más recientes, que hemos calculado con los datos postpandemia, hablan de una cifra que ha caído y que ahora está entre las 405 000 y 446 000 personas en situación
administrativa irregular, aproximadamente un 12 % del total de los migrantes que viven en nuestro país. La cifra de la irregularidad cae por primera vez en nueve años, y lo hace por una razón muy simple: durante una parte del tiempo de la pandemia
la movilidad a nuestro país se interrumpió y, por lo tanto, el número de personas que pudieron acceder de manera irregular o que accedieron de manera regular y que cayeron en la irregularidad sobrevenida se redujo. La tendencia de estos flujos está
directamente ligada a las tendencias del ciclo económico y, en particular, a algunas crisis en origen, en países como Venezuela en su momento, Colombia, Nicaragua, Honduras. Esto es posible verlo en los datos que tienen disponibles y que les
podemos facilitar si lo necesitan. Ocho de cada diez personas en situación irregular proceden de América latina, menos del 10 % procede de África subsahariana. Las mujeres, como ha dicho mi compañero, componen la mayoría -prácticamente seis de
cada diez personas en situación irregular en nuestro país-. La inmensa mayoría están empleados y empleadas, ocupan empleos esenciales que no son

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ocupados por españoles o por inmigrantes que tienen una situación regular en nuestro país. La inmensa mayoría -y este es un dato muy importante- accedieron de manera regular a nuestro país, llegaron con un visado de turista o con una
solicitud de asilo y después cayeron en la irregularidad sobrevenida. Es decir, que el fenómeno de la frontera sur, un fenómeno hipertrofiado en nuestro debate público, es en realidad la excepción de este debate.


El segundo argumento es que la regularización es lo más decente que puede hacer una sociedad democrática, un Estado de derecho como el nuestro. La irregularidad dispara la exposición a la pobreza; los hogares migrantes multiplican por tres
el riesgo de vivir en la pobreza, multiplican por seis el riesgo de vivir en carencia material severa. Las personas migrantes en situación irregular no tienen acceso a la inmensa mayoría de las herramientas de protección que tiene nuestro sistema,
nuestro Estado del bienestar como, por ejemplo, el ingreso mínimo vital. Existe una arbitrariedad preocupante, alarmante, en materia de acceso a derechos esenciales como la educación o la salud, una situación que se agrava por el temor de estas
personas a exponerse a las autoridades, por ejemplo, cuando tienen un problema grave de salud y tienen que ir a un hospital, lo cual supone de facto una barrera al acceso a derechos esenciales. La irregularidad es miedo, es vulnerabilidad, es
incertidumbre. La Organización Mundial de la Salud vincula el estado de irregularidad a patologías graves de salud mental como, por ejemplo, crisis de ansiedad, depresiones, traumas.


Una situación que nos preocupa particularmente es la situación de los niños y de las niñas. Antes mi compañero hacía referencia a los números. Los números más actualizados hablan de 124 000 niños y niñas que viven en situación irregular en
nuestro país; eran 146 000 en el año 2020 y sin duda estos números crecerán, como crecerán los números de la inmigración irregular que explicaré después. La mayoría de estos niños son muy pequeños, tienen menos de diez años; son niños que se
encuentran en una situación de vulnerabilidad extrema. El riesgo de pobreza en los hogares con hijos se dispara; se dispara para los españoles, se dispara para los inmigrantes en situación regular y con toda certeza se dispara para los hogares en
donde viven personas en situación irregular. Las consecuencias de una situación de pobreza, incluso en periodos cortos de tiempo -esto es algo estudiado por el Alto Comisionado para la Lucha contra la Pobreza Infantil, por Unicef y por otras
instituciones- pueden tener consecuencias permanentes en la vida de los niños: pueden determinar su acceso a derechos esenciales en el futuro, a empleos de mayor calidad, a la productividad de la que dependen nuestras economías. Un informe
reciente presentado por algunos de los académicos más prestigiosos de nuestro país en materia de pobreza infantil estima en 63 000 millones de euros anuales el coste de oportunidad provocado por la pobreza infantil en nuestro país. No hay manera de
abordar el problema de la pobreza infantil si no somos capaces de abordar el problema de la irregularidad de los niños que viven en nuestro país. Si esto importa -y nos consta que hay algunos grupos parlamentarios y este Gobierno, desde luego, que
han hecho de la pobreza infantil una de sus banderas- el tema de la regularización tiene que ser abordado de manera definitiva.


Otro elemento que les quiero señalar en relación con la decencia de esta medida tiene que ver con algo que ya ha repetido mi compañero -y al que luego harán referencia- que tiene que ver con la vulnerabilidad extrema en el ámbito laboral de
las personas que se encuentran en situación irregular. Las referencias anecdóticas se repiten, la literatura académica es extraordinariamente contundente en este aspecto: la irregularidad supone una dependencia absoluta del empleador y la
posibilidad de que se vulneren todos los derechos laborales de los trabajadores y, muy particularmente, de las trabajadoras. Por lo tanto, es un desafío muy grande para ser ignorado, es lo decente.


Tercer argumento. Todos estamos interesados en esta regularización. Este es un argumento práctico que apela, si me permiten, a los argumentos más utilitaristas que podrían ser esgrimidos en una campaña de este tipo. El consenso académico
en este asunto es generalizado: el impacto fiscal de la migración es positivo, el impacto en las economías es positivo. La migración no viene a repartirse una tarta fija sino que viene a incrementar el tamaño de la tarta. En el caso de la
irregularidad estos números se repiten de manera continuada. Un estudio realizado por la campaña Esenciales, en colaboración con la Universidad Carlos III, demuestra que la regularización de los trabajadores y de las trabajadoras que están en
activo supondría un beneficio neto para la economía española de 3250 euros por persona y año. Es decir, la regularización -dicho, si me permiten, en términos muy utilitaristas- es un gran negocio para el fisco español, es un gran negocio para los
españoles, porque las personas que asumen la responsabilidad de los impuestos indirectos también asumen la responsabilidad de pagar los impuestos directos y las

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contribuciones a la Seguridad Social. Cuando los trabajadores quieren hacer lo correcto y cuando tantos empresarios y empresarias quieren hacer lo correcto necesitan una regularización para poder hacerlo.


Esto, además, coincide con un momento en el que hemos visto cómo los trabajadores y trabajadoras en situación irregular han sido absolutamente esenciales en la respuesta económica de España a la pandemia. Han estado en la trinchera de
sectores como la recogida de la fruta y la verdura, la atención de los cuidados en el hogar, el reparto de productos a domicilio en las circunstancias más complicadas de la pandemia. Esto, que fue una carestía temporal durante los años de la
pandemia, se ha convertido en una situación estructural de necesidad de nuestro mercado de trabajo que reconoce todo el mundo, todo experto al que se quiera escuchar no solo dentro de España sino también fuera. Esta misma semana el Gobierno alemán
alertaba sobre la necesidad de 750 000 trabajadores esenciales para diferentes sectores de su economía, en todos los ámbitos de cualificación. España no es una excepción en ese sentido. El Gobierno ha introducido una reforma, el pasado mes de
agosto, precisamente para facilitar la llegada del talento que necesita nuestra economía, y ese talento ya está presente en nuestro país trabajando de manera irregular en sectores esenciales. España 2050, el informe de previsiones que elaboró el
Gobierno, habla de unas necesidades netas de trabajadores de aproximadamente unas 170 000 personas por año de media de aquí a 2040; en los Labor Mobility Partnerships, una iniciativa asociada a la Universidad de Harvard, que ha utilizado el caso
español y con los que hemos trabajado de forma directa, repiten y aumentan esas cifras que se plantean. En realidad de lo que estamos hablando es de un importantísimo bono demográfico que está aquí, un regalo para nuestro país de una población que
tiene una edad media mucho más baja no solo de los españoles que viven en nuestro país sino de las personas que se encuentran en situación regular trabajando como migrantes.


El cuarto argumento, señorías, tiene que ver con la regularización como una manera de apuntalar nuestra seguridad sanitaria. Yo creo que aquí no hace falta que les dé muchos argumentos. Un país que permite que medio millón de personas
escapen al radar de sus autoridades sanitarias es un país que se dispara en el pie. Por lo tanto, lo que estamos haciendo con la regularización es garantizar que ese cerca de medio millón de personas que viven en nuestro país se acerque a las
autoridades, también a las autoridades sanitarias. Pero es que los migrantes, también los irregulares, son absolutamente fundamentales para sostener nuestra economía de bienestar, nuestro Estado de bienestar, tanto en la economía de los cuidados
como en el sector sociosanitario. La Organización Mundial de la Salud ha calculado que en el año 2030 España necesitará 85 000 profesionales de la Enfermería y 30 000 profesionales de la Medicina, con los que no contamos en este momento. Parte de
ellos ya están aquí y están viviendo en situación irregular, sin oportunidad de ver reconocida su formación.


El quinto elemento -y termino con esto, señorías- es que no hay nada nuevo en una medida política de este tipo, no hay magia y, si me apuran, no hay ideología. España ha vivido nueve regularizaciones a lo largo de nuestra democracia, cinco
de ellas a cargo del Partido Popular y cuatro a cargo del Partido Socialista. En la Unión Europea se han producido cuarenta y tres regularizaciones entre el año 1998 y el año 2006 en diecisiete Estados miembros. Muy recientemente, durante los años
de la pandemia, se han producido regularizaciones en Portugal, en Italia, en Francia; hay un anuncio de Alemania y hay un debate abierto en muchos otros países, como en Colombia. Este es un debate abierto en todas partes, por una razón muy
sencilla -y termino con este argumento-, la perpetuación de bolsas amplias de irregularidad como las que existen en nuestro país es una forma moderna de segregación, que debilita las raíces éticas de nuestra sociedad, que ofende al Estado de derecho
y que arruina las extraordinarias oportunidades laborales y fiscales que se esconden detrás del trabajo de estas personas que están en situación irregular. La regularización no solo es lo más justo sino que es lo más inteligente, y por eso apelamos
a la diversidad de argumentos que se encuentran en esta situación.


Al mismo tiempo, reconocemos -y este es el consenso académico y técnico en ese sentido- que la regularización es una medida de eficacia temporal; es inevitable pero es una medida de eficacia temporal. Lo que proponemos es que esta medida
nos ofrezca la oportunidad de abrir un debate sobre la idoneidad de nuestro modelo migratorio; un modelo migratorio casi bulímico que permite que se vaya incrementando la bolsa de inmigración irregular en vez de garantizar vías legales, seguras y
ordenadas de migración para que todos ganemos con un sistema migratorio más inteligente.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Fanjul.


Damos la palabra a la tercera interviniente, la señora Espínola.

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La señora ESPÍNOLA CORONEL (representante de la comisión promotora): Señorías, buenas tardes.


Vivir en irregularidad administrativa tiene sus consecuencias más visibles en la trata laboral, en la extrema pobreza, en la infravivienda, en la exclusión sanitaria, en la vulneración de los derechos básicos y hasta en la muerte. No son
hechos aislados los casos en que las personas han acudido a las oficinas públicas o a las comisarías a realizar un trámite y son detenidas y encarceladas en un CIE o expulsadas. Esta perspectiva securitista de la migración destroza familias,
criminaliza una falta administrativa, deshumanizando y penalizando a personas que sostienen la economía de este país y las de sus familias en sus territorios expoliados. No son pocos los casos de las mujeres migrantes en los trabajos del campo, en
el trabajo del hogar, en los clubes o en la hostelería que sufren vejaciones, abusos y, en el peor de los casos, violaciones. La violencia de género atenta contra la vida, pero en el caso de las mujeres migrantes nuestro estatus migratorio
condiciona el acceso al recurso y a la protección, nos sitúa en una posición de vulnerabilidad, de desigualdad, de racismo y discriminación; genera pánico realizar una denuncia porque las políticas públicas no están respondiendo a las diferentes
realidades que experimentamos como mujeres migrantes. Se da el incumplimiento de la debida diligencia en la protección, atención, acceso a la justicia y reparación integral por parte del Estado en todos los niveles territoriales. Una
regularización inmediata, permanente y sin condiciones sería una medida mínima de reparación contra la injusticia que soportamos.


Sobran las razones para una regularización -los compañeros han estado explicándolo-, pero es imprescindible ahondar en el hecho de por qué resulta insuficiente la reforma del reglamento de la ley de extranjería que entró en vigor en agosto
de 2022. En primer lugar, se ha priorizado el temor al discurso del odio y las necesidades del mercado laboral por delante de los derechos humanos de las personas migrantes. Se desatienden los criterios de los derechos humanos que forman parte de
los pactos internacionales ratificados por este Estado, así como la perspectiva de inclusión social, seguridad y desarrollo económico. Por otra parte, plantean requisitos contradictorios a la realidad de la situación de las personas migrantes como,
por ejemplo, el arraigo por formación, que lejos de facilitar la regularización se convierte en un negocio para las empresas que ofrecen cursos y que es la ruina para las personas que necesitan acceder a ellos para salir de estas múltiples
precariedades que nos atraviesan. Hay gente recogiendo fruta, hay mujeres que libran un solo día a la semana, un día al mes e inclusive yo tengo compañeras que salen horas una vez al mes. Formarse dentro de este parámetro es un lujo. Esta
divergencia desalienta a los potenciales empleadores y coloca en un limbo jurídico a quienes necesitan regularizarse. Asimismo, supone la imposibilidad de crear un vínculo reconocible de arraigo a través del contrato laboral, condicionado a la
norma de la actual ley de extranjería y que, en general, ha supuesto un alto nivel de desinformación sobre las posibilidades reales de regularización, recursos disponibles y forma de acceder a las mismas. Queremos reiterar que los acuerdos de
migración relacionados con la migración circular en ciertos sectores productivos, así como los contratos en origen son la cara lavada de la inhumanidad.


La Agenda 2030 de Naciones Unidas -hoja de ruta a la cual España se ha sumado- establece que para conseguir los Objetivos de Desarrollo Sostenible uno de los principios fundamentales, y que fue el lema durante la pandemia, es 'No dejar a
nadie atrás'. En el preámbulo de la Agenda 2030 se hace referencia a cuestiones como el reconocimiento de la migración internacional como una realidad pluridimensional, de gran pertinencia para el desarrollo de los países en origen, tránsito y
destino, que exige respuestas coherentes e integrales y la necesidad del pleno respeto de los derechos humanos, con independencia del estatus migratorio. En coherencia con esto, si España quiere seguir realmente la agenda internacional es
imprescindible que no deje atrás a las más de 500 000 personas que están residiendo ahora mismo en este país.


Ante todo lo expuesto en esta sala, queremos reiterar que las personas, entidades sociales, religiosas, colectivos, sindicatos, asociaciones, ONG, vecinos y vecinas, hemos trabajado durante un año para llegar a este órgano representativo con
una propuesta de mejora y de cambio de paradigma. Queremos convertir nuestro país -porque sí, este es nuestro país- en un país donde prime la justicia social. Durante once años a nosotras, las trabajadoras del hogar, nos han dicho que el cambio
legislativo para cobrar el derecho al paro era imposible y que destruiría muchos puestos de trabajo. El año pasado, en junio, en el edificio de enfrente, a nosotras nos han otorgado ese derecho muchos de los que están aquí y que votaron a favor.
Sobran las razones para entender que en este país las trabajadoras migrantes sin papeles no somos la misma clase obrera; prueba de ello son las jornaleras de Huelva -una de ellas muerta el pasado primero de mayo y sus compañeras, cuarenta mujeres
heridas-, que están invisibilizadas y

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ocultas en las noticias. Eleazor Blandón, de Nicaragua, murió tras ser abandonado en las puertas de un hospital cuando sufrió un golpe de calor recogiendo sandías. Los hermanos temporeros que año tras año sufren incendios en sus chabolas y
las internas -mis compañeras trabajadoras- no pueden ni siquiera realizar una denuncia. Estos no son hechos aislados, no son hechos puntuales. A nosotras y a nosotros la ley de extranjería nos percibe como otros, nos deshumaniza, nos criminaliza
y, finalmente, nos persigue, nos encierra y nos expulsa.


La discusión, señorías, no es migración, sí, o migración, no, la discusión debería ser personas con derechos o vivir en clandestinidad. Porque eso somos, somos personas a quienes nos han llamado esenciales para la economía y el bienestar
social, mientras a nosotras se nos sigue dejando atrás en todas las políticas públicas. España tiene una oportunidad en los próximos seis meses, cuando tenga la Presidencia europea, que no debe desaprovechar, tomando la iniciativa en la aplicación
de leyes basadas en los derechos humanos y así liderar y ser la vanguardia en las políticas migratorias europeas. Esta iniciativa popular que presentamos en esta Ponencia supone una oportunidad histórica y les decimos a todos los partidos políticos
que no la pueden pasar por alto. Esta herramienta de democracia directa cuenta con el respaldo de más de 600 000 ciudadanas y ciudadanos que esperan que sus señorías sean valientes y que actúen con toda la altura política en el diseño de las
políticas donde quepamos todas y todos.


Señorías, por dignidad, por reparación, por responsabilidad política, por justicia social, regularización ya. ¡Regularización ya! (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Tiene la palabra el señor Botran Pahissa.


El señor BOTRAN PAHISSA: Muchas gracias a los y las comparecientes y, sobre todo, a las entidades que han movilizado durante todo este tiempo la recogida de firmas. Han tenido una presencia muy intensa en las calles; al menos en mi país,
en Cataluña, ha sido una movilización que ha sudado mucho todo ese esfuerzo para conseguir estas firmas y poder llegar hasta aquí. Todo esto también se inserta en una tradición de lucha por la que debemos estar admirados. Recuerdo la manifestación
de 'Papeles para todos', el encierro en la iglesia del Pi hace ya más de veinte años en Barcelona y, como se ha señalado, esta es una lucha que se ha ido planteando, porque este apartheid, esta marginación hacia las personas migrantes es una
constante en nuestra sociedad. Hay una anécdota que quizá se conoce poco, pero que siempre que se habla de esta cuestión intento recordarla. El párroco que acogió el encierro en la iglesia del Pi es el mismo que muchos años antes acogió el
encierro en el que se fundó Comisiones Obreras en Barcelona. Es decir, hay un hilo, una conexión entre unos trabajadores que fueron perseguidos por la dictadura y que encontraron refugio en esa parroquia y unos trabajadores -porque no dejan de ser
trabajadores- que tenemos olvidados, invisibilizados, pero que también son perseguidos por su condición de ilegales, sin derechos de ciudadanía y que son perseguidos en una sociedad que se dice democrática y que, sin embargo, tiene dos escalones muy
distintos para la gente que la que habita. El hecho de tener papeles o no marca una diferencia radical, como se ha señalado, y tiene muchos efectos materiales a nivel de salud y en muchas otras esferas.


Asimismo, se ha señalado la deshumanización que significa esta situación de irregularidad. Quiero hacer referencia a que en esta Cámara se vigila muchas veces por el decoro, por las formas, por los adjetivos que se usan respecto a
determinadas instituciones del Estado, en particular, la monarquía borbónica o, incluso, si te refieres a ciertos partidos con ciertos adjetivos, eres advertido. Sin embargo, se vierten muchas expresiones totalmente deshumanizadoras hacia las
personas migrantes, por ejemplo -y siento reproducirlas, porque son dolorosas, pero es para que quede constancia de a qué me estoy refiriendo-, los menas, la invasión, ilegales, haciendo asociaciones totalmente difamatorias entre migración y
criminalidad y nunca son apercibidas estas expresiones, que suelen venir de la extrema derecha, nunca son apercibidas. Tanta sensibilidad para unas instituciones que están en el poder y que, por tanto, deberían poder ser objeto de críticas y tanta
insensibilidad hacia unas personas que están en esta situación de irregularidad. Es preocupante y significativo que las referencias a estas personas migrantes se consideren fuera de este decoro porque, como ha dicho el compañero Mamadou, son
cifras, no son sujetos políticos, y a las cifras se las puede tratar con esta frialdad. Lo que se viene hoy a reivindicar es el poner rostro a esas cifras, porque las personas que están detrás de estas movilizaciones y de esta lucha no son cifras,
y qué mejor que reconocerlo atendiendo su reivindicación de regularización.

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No me alargo mucho más. Pensamos que la iniciativa de la regularización encaja plenamente en un punto crucial de los debates de nuestra sociedad y del futuro más inmediato. Las migraciones irán a más, todo apunta a que irán a más, porque
el expolio de los países del sur global no está remitiendo, sino, al contrario, se mantiene, y también los efectos del cambio climático están perjudicando todavía más a estos países del sur global. La respuesta a que las migraciones se mantengan
debe ser radicalmente distinta a un endurecimiento de la Europa fortaleza y a un apartheid interno hacia la gente que consigue entrar en esta fortaleza pero que, en esta situación de irregularidad, vive en una fortaleza dentro de la fortaleza.


Por nuestra parte, apoyaremos, como ya hicimos en el año 2020, la ILP y emplazamos a todas las fuerzas democráticas a que así lo hagan.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Moltes gràcies, señor Botran.


Pasamos al Grupo Parlamentario Vasco. Tiene la palabra su portavoz, el señor Barandiaran.


El señor BARANDIARAN BENITO: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, este planteamiento ya ha sido efectuado con anterioridad en otros foros donde ha sido expuesto, tanto en diferentes ayuntamientos y administraciones como en el Parlamento vasco, y en ellos han podido no solo comparecer, sino
presentar una iniciativa -una proposición no de ley, si no me equivoco-, que fue aprobada por el Parlamento vasco. Las bases de aquella iniciativa, que nos llevaron a mi grupo, el Grupo Vasco, a apoyarla fueron: primero, la existencia de una
situación de exclusión social a la que no podemos dar la espalda como sociedad y, además, es que entendemos que existe moralmente la obligación de darle una respuesta. Esto va unido a otra cuestión diferente, y es que tampoco podemos quedarnos al
margen de los procesos de irregularidad provocados por la situación de la inmigración, por lo que hay que darles algún tipo de respuesta. Con esto quiero decir que este debate, el de la regularización de la inmigración presente en nuestro país, no
es ajeno a ningún tipo de sociedad, es y forma parte del reconocimiento de la dignidad de las personas que se encuentran en esa situación y, por tanto, forma parte también del debate sobre los derechos humanos, y no podemos ser ajenos a ellos.


Por supuesto, apoyaremos la tramitación de esta iniciativa y participaremos en ella, evidentemente, con nuestros puntos de vista y con nuestras propuestas, pero, en cualquier caso, les agradezco su presencia y sus explicaciones.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Eskerrik asko, señor Barandiaran.


Pasamos al Grupo Parlamentario Ciudadanos. Tiene la palabra el señor Gutiérrez.


El señor GUTIÉRREZ VIVAS: Muchas gracias, presidente.


Antes de nada, quiero mostrar mi agradecimiento a los tres comparecientes que nos han venido a presentar esta iniciativa legislativa popular. En primer lugar, quiero felicitarles porque no es fácil conseguir que una iniciativa legislativa
popular llegue donde estamos ahora, a su presentación en Comisión. Eso es un éxito y estoy seguro de que ha sido un camino difícil, lleno de piedras, de obstáculos que ha habido que ir pasando. Algunos que hemos vivido otras iniciativas
legislativas populares sabemos la dificultad que supone traer algo así al Congreso, así que mi enhorabuena para todos ustedes, entre otras cosas, porque también creo que traen un problema oculto, una cuestión que la sociedad parece que quiere que
permanezca escondido. Una manera de traer a la luz estas cosas es, precisamente, traerlas aquí, a la Cámara de representación de todos los españoles y, por tanto, este es el sitio adecuado para darlas la visibilidad que necesitan y el
reconocimiento a todas esas personas que se encuentran en esta situación.


No quiero hacer un debate solo sobre el tema migratorio, me gustaría más centrarme en la iniciativa, que es realmente el objeto de la Comisión. Más que hacer discursos que muchas veces quedan vacíos de contenido - lo dije ayer mismo en la
tribuna defendiendo una cuestión parecida-, aquí se trata de hechos y de actuar, entre otras cosas, modificando muchas cosas de una ley que no está siendo capaz de dar respuesta ni al fenómeno migratorio ni a la necesidad de las personas que
necesitan asilo. En la sociedad, en la opinión pública esto muchas veces se confunde, porque no se acaba de entender lo que es una cosa y lo que es la otra, y son cosas distintas, con soluciones diferentes y, por tanto, con necesidades de soportes
legales distintos.


Por tanto, más que hablar de esto, que ustedes ya lo han contado mejor que ninguno, porque son los que conocen el problema de primera mano y, sobre todo, porque lo han sufrido y lo sufren, me gustaría

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hacerles algunas preguntas para que me las contesten, porque a nuestro grupo parlamentario sí le quedan dudas sobre el apoyo a este proceso, porque, aunque creemos que es necesario, nos quedan dudas sobre la forma de afrontarlo, sobre cómo
afrontar el proceso de regularización, que es otra cosa muy importante que aquí debemos saber y hemos de definir. Ustedes han hablado de un proceso de regularización global, general, sin condiciones; eso es lo que acaban de decir aquí algunos de
ustedes. Honestamente, yo tengo dudas sobre eso. Por eso, me gustaría que me aclararan un poco cuál es su idea, qué es lo que quieren, porque, al final, el texto de la iniciativa legislativa no refleja nada en este sentido, no dice nada ni de una
cosa ni de la otra, y me gustaría saber cuál es el marco de actuación que están barajando ustedes para hacer este proceso. Eso es importante saberlo a la hora de recoger apoyos. Entiendo que hasta aquí el proceso que ustedes han tenido, como ya he
dicho, ha sido largo y complicado, pero ahora estamos en otro sitio en el que se juega con otras reglas. Ya no valen las reglas del discurso, no valen las reglas del debate intelectual que, si quieren ustedes, podemos poner encima de la mesa, sino
que valen las reglas de la legislación que tenemos que crear para que ese proceso sea garantista con todos y que no trunque las expectativas, pero que tampoco desilusione o que, al final, acabe frustrando, precisamente, todo el trabajo que se ha
realizado. Me gustaría que me aclararan cuál es ese proceso y cómo piensan ustedes afrontarlo, para hacernos una idea sobre cómo posicionarnos en este tema.


Muchas gracias, presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Gutiérrez.


Pasamos ahora al Grupo Plural. Tiene la palabra la señora Illamola.


La señora ILLAMOLA DAUSÀ: Gràcies, senyor president.


Intervengo en nombre del Grupo Plural, pero yo represento a Junts per Catalunya y, por eso, el señor presidente no ha visto al portavoz habitual. En primer lugar, al igual que los que me han precedido en el uso de la palabra, les agradezco
su comparecencia. De todas las comparecencias que tenemos en el Congreso, que abordan temas variados, siempre podemos aprender algo y en esta, además, tenemos la vertiente más humana, que nos puede llegar a algunos más que a otros, pero yo se lo
agradezco. También, como ya les han dicho, les felicito por todo el esfuerzo que han hecho para llegar hasta aquí. En su momento, desde Junts agradecimos, y muy sinceramente, la labor que llevaron a cabo las personas en situación irregular durante
la COVID. La COVID fue una buena demostración de generosidad por parte de, me atrevería a decir, toda la sociedad, pero es verdad que después, cuando estas cosas pasan, nos olvidamos, y lo que en ese momento fue fantástico y todos aplaudíamos, se
olvida, y eso realmente es lamentable.


Ustedes han hablado del pacto sobre migraciones y asilo y han hablado de la próxima Presidencia española del Consejo de la Unión. Es cierto que el pacto no prohíbe las regularizaciones, la legislación europea no las prohíbe de ninguna
forma, eso lo sabemos todos los que queremos estar informados al respecto. Pero nosotros, Junts, somos muy críticos con este pacto, porque, tal como está a día de hoy, nos parece que no va a dar una respuesta adecuada a unos cauces de migración
regular. Creemos que tiene un enfoque demasiado seguritario -en esto creo que coincidiremos- y no estamos muy convencidos -y lo hemos dicho justo ayer por la mañana- de que realmente bajo la Presidencia española puede lograrse un pacto que vaya a
ser adecuado y vaya a ser al cien por cien respetuoso con los derechos humanos y con los derechos esenciales de las personas debido, precisamente, a ese enfoque seguritario. Esto lo planteamos cada vez que hemos tenido oportunidad de tener
reuniones con parlamentarios de distintos países que mantienen esa postura. Por tanto, veremos qué va a pasar con los Veintisiete. Nosotros creemos que sí se debe dar una solución a la situación de irregularidad, que se debe visibilizar a todas
las personas que sufren esa situación antes de -y lo han dicho también alguno de ustedes, pero disculpen que no diga exactamente quién lo ha dicho- hacer estas llamadas a que vengan personas de terceros países para ocupar puestos de trabajo. Si ya
tenemos aquí personas que pueden ocupar estos puestos de trabajo porque están aquí y porque tienen la formación, qué mejor que solucionar estas situaciones.


En este sentido, quiero plantear un par de cuestiones. Ustedes han hablado desde el inicio -y es una duda que a mí se me ha planteado desde el principio, desde que se recogían las firmas- de que esto afecta más o menos, porque es bastante
complicado dar datos exactos, a unas 500 000 personas, pero ¿con la reforma del Reglamento de Extranjería este número no ha disminuido? Esto lo digo porque algunas soluciones planteadas en la reforma del Reglamento de Extranjería, aunque han sido
criticadas, entiendo, y por eso lo pregunto, deben haber ayudado a regularizar la situación de algunas personas.

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Sinceramente, yo pensaba que de muchas, disculpen la ignorancia. Entonces, ¿cómo queda esta cifra que yo últimamente cuestionaba y que me planteaba muchas dudas? Al igual que el portavoz anterior, de Ciudadanos, me gustaría saber qué
medidas proponen ustedes y, sobre todo, con relación a la inmigración sobrevenida. Esta mañana hemos estado en una reunión en la que nos presentaban un informe sobre la vulneración de derechos humanos en la frontera sur. Hay muchos de estos
informes y son necesarios, pero en la inmigración sobrevenida es donde aparece el mayor número de personas. Por tanto, ¿qué medidas propondrían ustedes en este sentido? También me gustaría que nos pudieran detallar -si ahora no es posible por
tiempo, pueden mandarnos la respuesta, y se lo agradecería mucho- las reformas del Reglamento de Extranjería que realmente no han funcionado. Esto lo pregunto porque si escuchamos al ministerio, evidentemente, todo es fantástico -esto algunos ya lo
escuchamos con reticencias, porque no nos lo creemos todo-, pero después ves que no funciona todo. Por tanto, según ustedes, ¿qué es lo que se tendría que mejorar o cambiar ahora para solucionar esta situación?


Por último -y también en Junts coincidimos en esto con el portavoz anterior-, creemos que hablar de regularización es una gran oportunidad, ponerla en el debate es imprescindible, es necesario, es básico, pero quiero señalar que nosotros, en
principio, no estamos de acuerdo con una regularización del tipo de papeles para todos, al cien por cien. Y que no se me malinterprete, porque en otras regularizaciones ha habido algunas condiciones. No estoy hablando de unas condiciones de
máximos, para evitar también posibles críticas a efectos llamada, etcétera. ¿Ustedes nos plantean una regularización con alguna condición o lo que nos están planteando es realmente que sea al cien por cien y sin ninguna condición? Repito, todo
esto lo digo partiendo de la base de que estamos de acuerdo con que debe adoptarse alguna solución, porque estamos hablando de derechos humanos, de derechos de las personas.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Moltes gràcies, señora Illamola.


Pasamos al Grupo Republicano. Empieza el señor Salvador


El señor SALVADOR I DUCH: Sí, intervendremos en dos partes, una que haré yo y otra que hará mi compañera, María Carvalho Dantas.


En primer lugar, tengo que darles las gracias, gracias y gracias por traer esta ILP. Muchas gracias. Hoy tengo sentimientos contrarios porque, por una parte, siento una gran alegría por poder participar en este momento, que puede ser
histórico, pero, al mismo, siento también una gran tristeza. Es bastante lamentable que haya tenido que ser una ILP la que traiga este problema aquí, lo teníamos que haber hecho y se tendría que hacer por real decreto ley, por un proyecto de ley,
porque es un tema de urgente y extrema necesidad. Casi podría pedir perdón, como sociedad, por tener que estar debatiendo este problema, que es un poco como debatir sobre el feminismo o sobre otras cuestiones que tendrían que estar superadas, como
es la defensa de los derechos humanos y los derechos elementales, pero no es así. Así que, gracias por traer esta ILP, porque lo que hemos sido incapaces de hacer nosotros como políticos, lo han hecho ustedes. Muchas gracias a todas las
organizaciones que han recogido esas firmas. Muchas gracias a los miles de personas, individualmente, que también han ayudado a recoger esas firmas, gracias a las cuales hoy tenemos aquí esta ILP y este puede ser un día histórico porque hacemos
justicia, un gran acto de justicia.


Vamos a darle nuestro apoyo -ya lo hicimos en las firmas- porque estamos hablando de personas -y de más de medio millón de personas que pueden venir-, porque lo llevábamos en el ADN, porque somos coherentes con el ADN de izquierdas,
republicano, internacionalista, y en la creencia de que somos una sola clase trabajadora, hable el idioma que hable, y que todos somos personas que tenemos las mismas inquietudes, las mismas emociones y los mismos sueños. Como he dicho, casi me da
vergüenza hablar de esto que es tan elemental, pero debemos hablar porque, si no, no estaríamos aquí. Es decir, esto nos está pasando y debemos hablarlo por coherencia no solo con los valores de mi partido, sino que incluso creo que somos un poco
hipócritas, porque tenemos que ser coherentes con nuestra propia sociedad. A veces hemos ido a guerras por defender los valores occidentales o los valores de esa civilización, y esto, sin embargo, no es una guerra. ¿Salvar a millones de personas
de la indignidad, respetar sus derechos, no debería movilizar miles de millones de recursos y hacer todas las leyes que hagan falta para que no haya ningún ser humano que no tenga los mismos derechos en una sociedad como esta? Casi pido perdón por
tener que estar haciendo esta intervención, que la haría en catalán porque me sale del corazón. No puede haber ninguna persona en estas situaciones, porque la gente se mueve, siempre habrá migrantes, y nosotros hemos sufrido también por tener que
marchar de nuestra

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casa por motivos económicos o por motivos políticos, sabemos lo que es. Y como sabemos lo que es, queremos ser parte de la solución de esto, no parte del problema, como hasta ahora lo somos como políticos.


Por tanto, no hay nada que discutir respecto a la gente que está aquí, la gente que ha trabajado y, además, después de la pandemia. Los derechos humanos, el derecho a la vivienda, el derecho a la infancia feliz, el derecho a la educación, a
la información, a la formación, a la dignidad humana no tendrían que pasar por una petición al Congreso, sino simplemente tendríamos que ser coherentes con las ideas que uno tiene. Por ejemplo, el tema laboral, como sindicalista, es un principio
básico: a igualdad de trabajo, igualdad de derechos, aparte de que hay que evitar la explotación. Y no quiero criminalizar a los empresarios, pero cuando se hace una ley es porque alguien lo hace mal, y ustedes aquí podrían explicar muchos casos
de gente que comete un abuso con la situación irregular. Una manera de evitar que haya explotación es que la gente sea regular, que la gente se sindicalice, que participe en los partidos, que puedan votar, porque, al fin y al cabo -también lo ha
dicho uno de los comparecientes-, esto también es un negocio. Ya no hablamos solo de derechos humanos, es que para nosotros esto es una gran inversión y un regalo. Algunos de los que estamos aquí formamos parte de la Comisión del Pacto de Toledo,
y allí hemos visto que hacen falta más de 200 000 personas para mantener el sistema de pensiones; necesitamos a esas personas. Luego esto es un regalo y, en cierta manera, un castigo para los que tienen que marcharse de su casa; el mundo no está
bien organizado cuando uno tiene que marcharse de su casa para buscarse la vida, como haríamos todos en las mismas circunstancias. Siempre se califica esto como buenismo, pero no, no es buenismo. Yo soy de izquierdas, pero estamos en una sociedad
capitalista e, incluso en el capitalismo, la gente se mueve a donde hay trabajo. La gente no es tonta, la gente no va donde no puede ganarse la vida y, si no hay trabajo aquí, se irá a otro sitio, como haríamos todos. Luego, si la gente está aquí,
es porque la gente puede entrar en el mercado de trabajo aquí y no quita el trabajo a nadie; ese también es otro de los mitos que hay.


Por tanto, como esto es una guerra a favor de la paz, a favor de los derechos, a favor de que todo el mundo tenga los mismos derechos y los muchos deberes, hay que recurrir a todos los recursos, como ocurre cuando se hace una guerra, por
defender, lo que algunos dicen, nuestros valores. Pues esto también es la defensa de nuestros valores, que algunos llaman occidentales, pero yo diría que son valores humanos que debería tener cualquier sociedad.


No tengo nada más que decir. Estaremos aquí, a vuestro lado, vamos a hacer todo lo posible y más, y esperemos, como ha dicho también algún compareciente, no crear falsas expectativas. Y, por favor, vayamos rápido. Igual que se hizo con la
regularización y con el reconocimiento del paro para las trabajadoras del hogar, esto debería ir a la misma velocidad, porque jugamos con la vida y la dignidad de muchos millones de personas. Así que, perdón por la tardanza de estas medidas y
esperemos que, por fin, salgan adelante. Ahora dejo los dos minutos que me quedan a mi compañera María Carvalho Dantas, una gran luchadora por esta causa.


El señor PRESIDENTE: Moltes gràcies.


Señora Carvalho Dantas.


La señora CARVALHO DANTAS: Muito obrigada, senhor presidente.


Iba a hablar solo el compañero Jordi Salvador, que es el portavoz de esta Comisión, pero me gustaría hacer alguna aportación y alguna pregunta porque, aunque ya está todo dicho, creo que sobre algunas preguntas es importante que sus señorías
escuchen las respuestas, y también es muy importante porque aquí están también señorías de los dos partidos que conforman el Gobierno de este Estado. Para mí es especialmente emocionante el día de hoy porque veo aquí al compañero Lamine Sarr, al
que conocí hace muchísimo tiempo. No voy a hablar mucho sobre ello para no emocionarme. También quiero agradecérselo a todas y cada una de las personas que han luchado, que han recogido esta enorme cantidad de firmas, y también a todas las
personas que están en la comisión promotora.


Tengo unas preguntas muy concretas y las voy a leer. Ayer, en el Consejo de Ministros se llegó a un acuerdo por el que se aprobó la Estrategia Estatal de Derechos de la Infancia y la Adolescencia 2023-2030. También aquí, en esta casa -yo
he sido ponente en esta Comisión-, aprobamos la LOPIVI, que es Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y a la Adolescencia frente a la Violencia. Me gustaría mucho que profundizarais en el tema de la infancia y de la adolescencia. ¿Es
posible alcanzar los objetivos del Gobierno en materia de pobreza infantil sin abordar el tema de la regularización¿ ¿Qué les diríais al Gobierno y a las parlamentarias que estamos aquí sobre este tema? En segundo lugar, me gustaría que

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explicarais la extraordinaria importancia -creo que esta pregunta va directamente a Edith y Lamine-de que por primera vez en la historia de este país sean las personas migrantes, autoorganizadas como sujetos políticos, los que han llevado a
cabo esta iniciativa legislativa popular y que estéis aquí hoy defendiéndola. Esto es muy importante. Otra pregunta es la siguiente. El Gobierno dice siempre que ya no hace falta regularizar a la gente, porque ya se han hecho reformas en el
Reglamento de Extranjería. Me gustaría que contestarais con mucha claridad al Gobierno -y vuelvo a decir que aquí hay señorías que forman parte de partidos que conforman el Gobierno- y que dijerais al Gobierno y a sus señorías por qué hace falta.


Por último, el Gobierno también dice -en la época de la PNL, de hecho, se abstuvieron diciendo eso-: Europa no nos deja. De hecho, el otro día, hablando con el compañero Luc, él decía lo mismo, y siempre dicen lo mismo. De hecho, hay
entrevistas de personas del Gobierno que dicen lo mismo: Europa no nos deja hacerlo. ¿Qué dirían ustedes al Gobierno y a sus señorías sobre este tema?


Muchas gracias, y: regularización, ya.


El señor PRESIDENTE: Obrigado, gracias, señora Carvalho Dantas.


Pasamos al Grupo Parlamentario Confederal. Tiene la palabra el señor Pisarello.


El señor PISARELLO PRADOS: Muchas gracias, presidente.


Hoy es un día histórico que debe abrir camino a la reparación de una injusticia histórica, porque hoy la voz migrante, hoy la voz antirracista interpela a esta Cámara con dolor pero al mismo tiempo con una gran firmeza y con una gran
dignidad, y no hay que olvidar que lo hace después de tener que soportar durante mucho tiempo de ataques infames, ataques mendaces por parte de fuerzas políticas, fascistas y xenófobas que también existen en esta Cámara. Es difícil olvidar hoy
cuando el señor Santiago Abascal se dedicó a leer en público falsos apellidos árabes, diciendo que recibían y se llevaban todas las ayudas en materia de vivienda. Es difícil olvidar que ese mismo partido financió anuncios en el metro estigmatizando
a menores de edad migrantes y a migrantes pobres, al tiempo que se comportaba con una enorme sumisión con los grandes poderosos, con las auténticas bandas extranjeras, que son los Goldman Sachs, los Cerberus, esos fondos de inversión que expulsan a
familias enteras de nuestros barrios. Y es difícil olvidarlo porque todos esos comportamientos racistas y xenófobos no son inocuos, por cada señalización racista que se hace, por cada bulo, por cada discurso de odio, se intensifican las detenciones
policiales arbitrarias, las agresiones racistas, la explotación sin límites en trabajos clandestinos, la relegación a escuelas gueto, las dificultades para acceder a vivienda... Por eso es tan importante que esa población migrante, que vive y que
trabaja entre nosotros, haya decidido dar un paso al frente como este. La novedad es que esas mujeres y hombres, que durante la pandemia cuidaron a nuestros mayores, que recogieron alimentos en el campo, que se expusieron en los supermercados, que
mantuvieron en pie la economía, vengan hoy aquí con más de 700 000 firmas de apoyo -se dice rápido- para decirnos que: se acabó, que no están dispuestas a vivir con miedo ni a tener que pedir permiso para existir. Esa es la novedad, que hoy por
primera vez se llegue aquí con más de ochenta ayuntamientos que dicen que las personas que viven y trabajan aquí son de aquí y que, por lo tanto, deben ser tratadas como iguales en derechos y en deberes, como cualquier otro ciudadano o ciudadana. Y
esta Cámara no puede fallarles, entre otras razones porque si muchas de ellas y de ellos están aquí también es por las políticas que Europa, que el norte global, practicó allí, porque, mientras haya empresas españolas o europeas participando por
ejemplo del saqueo de los recursos en África o en América, nuestra autoridad moral para exigirle a la gente que no migre, que no huya del hambre o de la miseria es cero; porque mientras la legislación de asilo se vulnere sistemáticamente y las vías
legales se bloqueen, exigir a las personas que huyen de sus países que entren legalmente, sin desesperarse, es una hipocresía absolutamente inadmisible.


Muchos de los que estamos en esta Cámara llevamos impresos en la retina con vergüenza y con indignación los abusos, el maltrato y las muertes en El Tarajal, en la valla de Ceuta y Melilla, en tantos centros de internamiento. ¿¡Cómo no vamos
a apoyar entonces esta iniciativa legislativa popular!? Algunos compañeros del Partido Socialista dicen que ya se ha hecho mucho, de manera silenciosa, ampliando o mejorando las vías de arraigo y de reagrupación familiar. Y es verdad. Pero
regularizar con cuentagotas para no molestar, ni va a hacer justicia a la situación de muchas personas que quedan fuera de esas vías ni va a parar tampoco las mentiras de la ultraderecha. Buscar vías tan discretas que sean casi inasumibles no va a
empoderar ciudadanos y ciudadanas, que es lo que necesitamos ahora. Hace falta un gesto que sea contundente y valiente; un gesto contundente y valiente que diga que lo que está

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en juego son derechos humanos y también que explique la contribución social y económica de la población migrante a esta sociedad. Y esta iniciativa legislativa popular es un hecho valiente y contundente, que es lo que necesitamos. Que no
es algo que no se haya hecho en el pasado -ya se ha explicado aquí-, el Partido Popular impulsó cinco regularizaciones en este país y esas regularizaciones salieron bien: mejoraron la convivencia, hubo más integración social, mejoraron las
cotizaciones a la Seguridad Social, y la economía se benefició. Y cuando el presidente Zapatero impulsó también una regularización extraordinaria no pasó lo que se decía que iba a pasar, no hubo efecto llamada -como se decía-; el Estado ingresó
más y la calidad del empleo también mejoró.


¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que hoy, por primera vez, es la sociedad civil organizada, con decenas de ayuntamientos detrás, con los movimientos organizados, con un movimiento de autoorganización como nunca se había producido,
el que viene a decirnos que no se va a callar y que no va a aceptar que se imponga nada sobre ellos y ellas, sin ellos y ellas. No puede ser que sigamos teniendo titulares de prensa como los que se recordaban aquí: que los pediatras claman contra
la exclusión sanitaria de la infancia migrante sin papeles; que hay mujeres migrantes que renuncian a denunciar casos de violencia de género por miedo a ser deportadas; que se desahucian de manera inminente familias migrantes con hijos pequeños
porque todo lo que tienen es esa situación de irregularidad. Esos titulares de prensa son la crónica diaria de una infamia que nos degrada como sociedad y que nos perseguirá hasta el fin de nuestros días si no le ponemos remedio. Por lo tanto, si
aspiramos a tener un mínimo de credibilidad en materia de derechos humanos, esos titulares de prensa deben ser erradicados, y esta iniciativa legislativa popular -mientras no deroguemos la ley de extranjería- es un camino para avanzar en esa
dirección.


Quiero recordar hoy que un 22 de marzo de 1873, durante la I República, diputados como nosotros aprobaron una ley aquí que dejó en libertad a unas 30 000 personas esclavizadas en Puerto Rico. El partido de los terratenientes, de los
esclavistas, de los mismos que hoy, en plena pandemia, dejaron a un inmigrante muerto sin papeles frente a un centro de salud en Jaén, bramaron en esa época; pero se aprobó y, por amplísima mayoría, se planteó que en el hemiciclo del Congreso se
incluyera una placa que dijera: Este día famoso fue rota la cadena del esclavo. La iniciativa legislativa popular que se nos trae hoy aquí debería, en nuestra opinión, actualizar esa exigencia, la de dignificarnos como Cámara aprobando una ley que
nos permita inscribir en su frontispicio: En este día -también famoso- rompimos una vez más una cadena de semiesclavitud.


Esta comparecencia, señorías, debería servirnos para aprobar esta ley y para recuperar también otras, y estoy pensando la ley antirracista impulsada por nuestra compañera Rita Bosaho desde el Ministerio de Igualdad. Con esa convicción
hacemos un doble llamamiento, hacemos un llamamiento al Partido Socialista para que, en la línea de lo que ya hizo el presidente Zapatero, vote a favor de la toma en consideración de esta iniciativa legislativa en los próximos Plenos. Y con esa
convicción hacemos también un llamamiento al Partido Popular, que impulsó cinco regularizaciones en el pasado, para que se desmarque de la ultraderecha populista y xenófoba y haga posible que esta ley siga su trámite. Hay que hacerlo por toda la
gente que se movilizó, por toda la gente que reunió firmas, por toda la gente que no se rindió y que va a seguir en pie luchando por ensanchar la democracia y por construir un mundo más justo e igualitario. Hay que hacerlo por la memoria de
Lucrecia Pérez, de Ndombele Augusto, de Idrissa Diallo y de todas las víctimas del maldito racismo, que tanto carcome nuestra convivencia. Hay que hacerlo por las generaciones que vendrán, que también van a exigir cuentas y nos preguntarán si
estuvimos a la altura de las grandes tareas morales y políticas de nuestro tiempo. Por ellas y por ellos no podemos fallar, contra el racismo y la xenofobia las vidas migrantes importan. Ningún ser humano es ilegal. Regularización, ya.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Pisarello.


Pasamos ahora al Grupo Parlamentario VOX. Tiene la palabra su portavoz, el señor Aizcorbe.


El señor AIZCORBE TORRA: Muchas gracias, señor presidente. Señor Lamine, señor Fanjul, señora Espínola, buenas tardes.


Nosotros nos oponemos a esta iniciativa legislativa popular por dos motivos: por la forma y por el fondo. Quisiera hacer un exordio previo en referencia a los insultos del señor Pisarello, y decir que cada insulto suyo, cada insulto a VOX
es una medalla y un motivo de orgullo para VOX. Así que muchas gracias, señor Pisarello.


Por la forma. Esta ILP pretende la modificación de la disposición transitoria de la ley orgánica de extranjería del año 2000. Aunque -como efectivamente dice la proposición de ley- este recurso se

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ajusta a la literalidad de la norma, nada impide que pueda hacerse de este modo. Sin embargo, hay que denunciar que es contrario al objeto, al alcance y a la finalidad de las disposiciones transitorias, que no es otro que regular
situaciones y regímenes jurídicos cuyos efectos se prolongan en el tiempo ante cambios normativos. En este caso, en relación con esta ILP que se trae hoy a esta Comisión, no existe ningún cambio normativo, es decir, no se está aprobando ni se ha
aprobado ninguna ley que exija regular situaciones jurídicas cuyos efectos pueden producirse al amparo de la antigua ley y la nueva, y por lo tanto, no es necesario aprobar ninguna disposición transitoria. Siendo así, pretender la regularización de
inmigrantes ilegales acogiéndose a la modificación de una disposición transitoria que tenía por objeto regular las situaciones jurídicas creadas al amparo de un cambio normativo producido por la ley orgánica del año 2000, no tiene justificación.
Este fin no justifica los medios, y sostener lo contrario-y eso se puede producir en esta proposición de ley- es claramente un fraude de ley.


Tampoco puede justificarse la ILP en el hecho de que en el año 2004 se produjeron regularizaciones, porque, siendo ciertas tales regularizaciones y sin entrar a valorar el fondo, las referidas regularizaciones se produjeron en una
disposición transitoria del Real Decreto 2393/2004. Por tanto, hay un cambio normativo que desarrollaba la Ley Orgánica 4/2000. En definitiva, no podemos estar de acuerdo con esta iniciativa, que, acogiéndose a una disposición transitoria,
pretende la regularización de inmigrantes ilegales -y regularización masiva-, pero vulnerando el espíritu, la finalidad y el objeto de las referidas disposiciones.


Y otro exordio previo en relación con el fondo. La dignidad de la persona existe desde el momento mismo en que es persona; es más, debe existir desde el momento mismo en que es concebida. Aquí no estamos hablando de dar la dignidad a la
persona, porque ya es innata en la persona la dignidad; estamos hablando de reconocer recursos y algunos derechos. Pero estamos hablando de algo previo que es la inmigración ilegal, y la inmigración ilegal -que no tiene nada que ver con la
inmigración legal- es un problema en estos momentos en España, principalmente, y habida cuenta la frontera sur, que se ha citado por uno de los ponentes.


Las migraciones y las dinámicas de flujo de personas entre pueblos y países es algo que nació con el mundo, con los hombres, sí, pero en pocas ocasiones de la historia han sido masivas, descontroladas e invasivas con las sociedades
autóctonas como ahora, incapaces de asimilar los flujos desde el punto de vista económico, laboral, social y cultural, y aquí se ha dicho. Así lo vemos en los países de nuestro entorno, afectados desde hace más años que nosotros por los flujos
masivos y descontrolados de culturas, algunas de ellas ampliamente contrarias a la occidental y europea, y suponen la alteración abrupta de barrios enteros, de pueblos y hasta de ciudades, que se han vuelto demográfica y culturalmente
irreconocibles. Pero no tan solo ello, sino que además esa inmigración ilegal es generadora en muchas ocasiones de inseguridad, de inestabilidad y de conflictos, por varios motivos, porque se importan en enfrentamientos culturales de otros lugares
-como ha sucedido en el Reino Unido hace pocas fechas- o porque se exportan formas no autóctonas o instituciones de otros países, que son constitutivas de delito en nuestras sociedades.


Dichos procesos de inmigración descontrolada no son casuales, sino que obedecen a una serie de decisiones políticas premeditadas de terceras instituciones y poderes económicos, y ante el declive demográfico, el envejecimiento y la baja
natalidad, en Europa observan cómo es inminente la caída económica aparejada y deciden afrontarla con estos procesos masivos, y -también se ha dicho aquí- a través de la Agenda 2030. Hay cifras que justifican efectivamente el gran problema, el
tremendo problema, el Plan España 2050 del Gobierno cifraba las entradas al menos de 250 000 personas al año hasta el año 2050, y las últimas estimaciones del informe de la AIReF, de 24 de marzo de 2023, apuntaban las dificultades que suponía la
inmigración ilegal.


La regularización masiva como la que se propone en esta iniciativa que nos ocupa no es nueva y ha sido llevada de manera supuestamente excepcional por ambos partidos que han gobernado -el Partido Popular y el Partido Socialista- como se ha
dicho aquí, pero no podemos perder de la mente la idea de que la inmensa mayoría de personas que vienen no lo hacen, como se dice de modo recurrente, huyendo de la guerra o las desgracias. Estos serían refugiados merecedores de protección
internacional por las convenciones suscritas por nuestro país, pero no es el caso, e incluso -también se ha dicho aquí- a través de subterfugios o posibilidades legales mediante permisos temporales. La gran masa de personas que vienen lo hacen por
motivos principalmente económicos y laborales, muchas veces son varones jóvenes y en la mayoría de ocasiones se encuentran empujados y engañados por mafias que ejercen tratas de seres humanos y, en los casos de inmigración y entrada marítima, les
empujan literalmente a

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jugarse la vida en el mar, para vergüenza de todos nosotros, siendo los primeros perjudicados de esta posible regularización todos aquellos inmigrantes que migraron de forma legal. Es indecente e inmoral que gobiernos de los países
receptores colaboren con tales estructuras, de movilización masiva de personas, y la aprobación de iniciativas como esta constituyen la gasolina con la que funcionan las mafias y el entramado de movilización masiva de personas. Esto es el efecto
llamada, ni más ni menos. No tiene nada que ver con la dignidad de la persona, que es innata en la persona. Todas aquellas medidas políticas que dan esperanza de negocio a las mafias que resulten atractivas para las personas -muchas de ellas
desesperadas, con los efectos que he citado- propician la inmigración ilegal. Pero las personas -también se ha dicho- no son números, no son intercambiables; si tienen algún derecho no es a emigrar, sino a no hacerlo, a quedarse y fortalecer sus
familias, sus raíces, sus culturas y sus países, a la prosperidad de sus comunidades, al arraigo...(Rumores.-Risas), igual que las sociedades de destino tienen derecho a no querer transformaciones masivas y culturales, radicales y anuladoras de sí
mismas.


Supongo que les hará gracia a algunos de ustedes, pero hay un derecho a querer permanecer, a querer formar una familia a ver a sus hijos crecer en los países y en las culturas en que ellos crecieron de forma pacífica y tranquila, y esos
derechos tan elementales son los que truncan los flujos de inmigración ilegal masiva y descontrolada, y decirlo no es xenofobia ni es racismo ni es odio, sino que es puro y llano sentido común.


Señor presidente, acabo. Nuestra obligación como españoles y como políticos españoles es velar por nuestro país, por nuestras comunidades, por la supervivencia, la seguridad y la prosperidad de nuestras calles, nuestros pueblos, nuestros
barrios y nuestros compatriotas. Nuestro deseo sería poder solventar todos los problemas de los millones de personas sin recursos en el mundo, en África concretamente, pero no con demagogia. La manera de hacerlo no es traerlos a nuestro país, en
que ya tenemos casi 13 millones de compatriotas en riesgo de pobreza y a quienes es de sentido común que debemos ayudar en primer lugar, y también tienen la dignidad innata de las personas, por supuesto. Pero, además, la incorporación de nuevos
millones de habitantes a los empleos de baja cualificación es neoesclavismo, auspiciado, como hemos dicho, por la famosa Agenda 2030, y nuestra obligación es decirlo, moleste a quien moleste; tratar de evitarlo, aunque hacerlo nos enfrente a
estructuras internacionales y económicas a las que nos han dicho que no debemos enfrentarnos, y trabajar por dejar una España decente un poquito mejor a nuestros hijos, cueste lo que cueste. No estamos hablando de sentimientos, estamos hablando de
regularizaciones y de temas jurídicos, y mezclar el sentimiento con esto es algo que no se debe hacer.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aizcorbe.


Pasamos al Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra el señor Ortiz.


El señor ORTIZ GALVÁN: Muchas gracias, presidente, y gracias también a los intervinientes por su explicación y, sobre todo, por trabajar y apostar por aquello en lo que creen.


Desde el Grupo Parlamentario Popular, y este que les habla, discrepamos de que aquellos grupos políticos que estén en contra de la regularización masiva -al menos en los términos que se ha propuesto- estemos en contra de la dignidad humana o
estemos en contra de la justicia social. Son compañeros nuestros del Partido Popular los que están gobernando en Ceuta, y créanme que de todos los que están en esta sala son quizá los que más han trabajado para atender a migrantes que han llegado
en una situación irregular, y han sido los primeros que se han encontrado estos migrantes cuando han cruzado la valla, a los compañeros del Partido Popular.


Son compañeros del Partido Popular los que están destinando recursos increíbles, históricos, en Ceuta, para atender a menores, a MENA, para que tengan un acceso a la educación y a una cartera de servicios públicos. Insisto, son compañeros
del Partido Popular.


Y este partido, el Partido Popular, el que llevó a cabo una regulación masiva de emigrantes, lo hizo en nuestra etapa de Gobierno, pero evidentemente se hizo como algo extraordinario. Creo que todos lo que estamos aquí hoy vamos a estar de
acuerdo en que este debate tiene que ser un debate sosegado, un debate sin demagogia y no un debate en el que quizás algunos cambien de postura o sean más radicales porque estamos a tres semanas de unas elecciones municipales y de unas elecciones
autonómicas. Quizás este debate se tenía que haber hecho con mayor tranquilidad, con menos demagogia, y quizás algunos grupos han intervenido con cierta demagogia y han cambiado su postura porque, insisto, estamos tres semanas de unas elecciones
autonómicas y municipales. ¿Por qué digo esto? Porque no se puede

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convertir algo extraordinario en algo ordinario. Estamos hablando de que todos los procesos de regularización masiva siempre se exponían por los grupos que los defendían y por el Gobierno que los ejecutaba como una solución extraordinaria
para ese momento y que nunca más se iba a llevar a cabo. Pero de nuevo estamos hablando de una regulación masiva de inmigrantes. ¿Cuál es la conclusión a la que llegamos nosotros y pienso que el sentido común y la mayoría centrada de este país?
Que la regularización masiva de inmigrantes no es la solución para atajar la inmigración irregular.


Señorías de esta Cámara, parlamentarios, diputados elegidos por nuestros ciudadanos, estamos haciendo de lo extraordinario algo completamente ordinario para atajar un problema, y creemos que esta no es la solución. Así lo avala, por
ejemplo, un informe del Real Instituto Elcano, que hizo en el año 2005 para analizar los procesos de regularización masiva, en el que decía -voy a leer solamente un párrafo-: Actualmente en España sigue demandándose mano de obra de baja
cualificación procedente de los inmigrantes. Para ello hay que flexibilizar y acelerar las vías oficiales de su entrada, porque, en el caso contrario, seguiremos siendo testigos de una inmigración desordenada que utiliza cada vez más intensamente
las vías ilegales para llegar a nuestro país. Por ahora, la solución que se ha proporcionado en este campo fue la organización de procesos extraordinarios de regularización, que en la práctica no conducen al camino deseado, ya que no solamente la
migración no se ha convertido en más ordenada, sino que se ha producido un enorme aumento de llegadas de ilegales. Por lo tanto hay que reglamentar que el camino para formar parte de la fuerza de trabajo en el país no es a base de procesos de
regularización, trabajando antes de ello en la economía informal, sino que hay que determinar lo más exactamente posible la necesidad de mano de obra migrante en cada sector económico, en cada comunidad autónoma, y así ofertar estos puestos en los
países de origen y, mientras tanto, promover una política migratoria más restrictiva y, por supuesto, hacerlo de acuerdo con la ley y los acuerdos internacionales.


¿Está el Partido Popular a favor de la inmigración? Sí, pero yo creo que todos tenemos que estar de acuerdo en que la inmigración se regula por las leyes, la inmigración se regula por los acuerdos internacionales. En definitiva, señorías,
estamos hablando en esta Cámara de que tenemos que cumplir la ley, y la ley dice que para entrar en un país tienes que cumplir una serie de requisitos. Esto es lo que dice la ley, esto es lo que dicen los acuerdos internacionales, esto es lo que
dice el acuerdo internacional entre España y Marruecos. Por cierto, se utiliza a las personas como herramienta de presión en conflictos internacionales. Y con eso el Partido Popular no puede estar de acuerdo.


¿Qué dice el Partido Popular? El Partido Popular, dice que urge en este país un pacto de Estado en materia de inmigración. Esto es lo que dice el Partido Popular. ¿Por qué no nos ponemos todos de acuerdo para alcanzar en este país un
pacto de Estado donde marquemos las reglas de la inmigración? Vamos a verlo aquí, en esta Cámara, en esta Comisión, pero un pacto de Estado. ¿Por qué en esta Cámara y en este país hemos sido incapaces de firmar el Pacto europeo de migración y
asilo? El Partido Popular no tiene problema, el Partido Popular no ha cambiado su postura, quienes quizás tienen un problema son aquellos partidos políticos que están gobernando ahora, porque decían una cosa cuando estaban en la oposición y dicen
lo contrario cuando están gobernando.


Señorías, estamos hablando de cumplir la ley. No he escuchado a ningún interviniente hablar de los más de 2000 migrantes que han muerto intentando llegar a este país. Eso es consecuencia de la inmigración irregular. ¿Nadie se acuerda de
los 2000 migrantes que han fallecido llegando a Canarias? Eso es consecuencia de la inmigración irregular y la inmigración irregular es consecuencia de conflicto internacional y también es consecuencia de los negocios de las mafias. Quien gana con
la inmigración irregular son las mafias y aquí lo que estamos haciendo no es atajar la inmigración irregular. ¿Cómo van a estar a favor una Cámara y unos diputados elegidos por la ciudadanía -que aquí prometemos acatar la Constitución cuando
juramos nuestro cargo- de personas que han incumplido la ley para entrar en este país? Señorías, la regularización masiva es una medida extraordinaria y la estamos convirtiendo en ordinaria. Esta no es la solución, no es la solución. Insisto, en
los 2000 migrantes que han fallecido en las costas.


¿Quién se acuerda de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado? ¿Quién se acuerda? ¿Qué mensaje estamos trasladando a aquellos policías que están en las fronteras? Estamos de acuerdo en tener fronteras, ¿no? En Cataluña, los partidos
independentistas, ¿están de acuerdo con las fronteras o no? Digo yo. Por tanto, tenemos que tener fronteras, hay unas leyes, hay unos requisitos para entrar en nuestro país.

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Quiero hacer una apreciación. Hay colectivos de inmigrantes que, evidentemente, están satisfechos con el acuerdo de algunos partidos políticos de izquierdas porque están apoyando de manera efusiva esta iniciativa. Por cierto, algunos
migrantes -que la mayoría son sudamericanos- huyen de las políticas de izquierdas de algunos grupos que están aquí hoy aplaudiéndoles, huyen de sus políticas, huyen de la pobreza. Por lo tanto, yo creo que este partido, el Partido Popular, tiene
que ser coherente. Sí a la migración regular, sí a la migración ordenada, sí a la migración orientada al mercado laboral. Donde gobernamos, gobernamos con cabeza y con corazón, y este debate tiene que ser un debate sosegado donde estemos
dispuestos a dialogar. Ese es el mensaje que traslada el Partido Popular, pero siempre y dentro de un diálogo sincero, responsable y sensato con todas las ONG, porque estáis ahí, a pie de batalla, ayudando a las personas que necesitan ayuda, pero
también reclamamos un debate sosegado en esta Cámara para alcanzar al fin un pacto de Estado en materia migratoria, un debate donde dejemos de hacer política con la inmigración, porque los migrantes son personas que vienen huyendo de la pobreza, que
necesitan ayuda. Siempre tenemos que saber que tenemos que cumplir la ley, tenemos que cumplir los acuerdos internacionales y por supuesto este debate debe hacerse desde el diálogo y desde la responsabilidad.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Aizcorbe.


Cierra el turno por parte de los portavoces de los grupos parlamentarios, don Luc Andre, por el Grupo Socialista.


El señor DIOUF DIOH: Buenas tardes, presidente, señorías.


En primer lugar, quiero dar las gracias y felicitar a las entidades promotoras de la iniciativa y, especialmente a los comparecientes, Mamadou Lamine, Gonzalo Fanjul y Yolanda Edith Espínola, que han hecho posible que hoy estemos debatiendo
esta iniciativa, que han logrado sacar adelante esta iniciativa, lo que no ha sido fácil por los tiempos en los que comenzó a gestionarse ya que estábamos en plena alarma sanitaria. Quiero además felicitar, como siempre, la labor que realizan todas
las organizaciones, por ser el puente entre la sociedad civil y las instituciones. Ellas forman parte de cualquier Estado de derecho que se reconozca democrático. La recogida de más de 700 000 firmas es una prueba más de que nuestro sistema
democrático goza de buena salud, que la ciudadanía se implica en la construcción del Estado de derecho y que, a pesar de los ecos, de los ruidos xenófobos y racistas que acabamos de oír, que desdibujan la convivencia pacífica de todos, somos más los
que creemos que este país en su inmensa mayoría considera que el racismo y la xenofobia no forman parte de su seña de identidad. España y los españoles son otra cosa, somos hospitalarios y amables y, hay que reconocerlo. Los que hemos recorrido
algunos países de la Unión Europea sabemos que estamos a la cabeza de la solidaridad, y es esta solidaridad de la que debemos sentirnos orgullosos, una solidaridad que también forma parte de las señas de identidad del Partido Socialista Obrero
Español que, desde su creación a lo largo de su historia, lo ha demostrado. Desde la Constitución de 1978, esa solidaridad se ha visto reflejada en la aplicación de políticas públicas cuando hemos gobernado, pero también cuando hemos estado en la
oposición. El Partido Socialista y su grupo parlamentario siempre han defendido, como reflejo de esta solidaridad, todos y cada uno de los avances en favor de los derechos humanos en la ampliación y construcción de una sociedad democrática, al
igual que nuestros vecinos europeos. Esta construcción europea comenzó allá por el año 1986 de mano del Partido Socialista, con la firma del Tratado de Adhesión de España en la Comunidad Económica Europea, y en 1992, con el Tratado de Maastricht, y
ambos forman parte de nuestro ordenamiento interno, como así queda reflejado en el artículo 96 de la Constitución española. Formar parte de la Unión Europea tiene, además, consecuencias jurídicas porque da derechos e impone obligaciones, tanto para
las instituciones comunitarias como para los Estados miembros y sus ciudadanos. No hará falta que cite el ejemplo de las vacunas ni los 140 000 millones que nos permiten estar hoy en día en la situación en la que estamos, que es la mejor a nivel
europeo.


Una de las características del conjunto de normas que emanan de Europa es que el derecho comunitario tiene primacía sobre el derecho nacional. En relación con los procesos de regularización, nos encontramos un marco jurídico europeo
principalmente recogido en la Directiva 2008/115, relativa a normas y procedimientos comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular, y la Directiva 2009/52, por la que se establecen normas
mínimas sobre las sanciones y medidas aplicables a los empleadores de nacionales de terceros países en situación administrativa irregular. Ambas, como no puede ser de otra manera dentro de la Unión Europea, son

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conformes a los derechos fundamentales y al Pacto Europeo sobre inmigración y Asilo de 2008. El Consejo Europeo en la firma del pacto europeo ya convino que las regularizaciones se deberían limitar caso a caso y no en general en el marco de
las legislaciones nacionales por motivo humanitario o económico, y también se hizo alusión, e insisto en ello, a la respuesta de Johansson, que se suele citar. Posterior fue la Directiva sobre retorno, donde en el artículo 6, apartado cuarto se
recoge que los Estados miembros podrán conceder a un nacional de un tercer país que se encuentre en situación administrativa irregular un permiso de residencia autónomo u otra autorización que permita la estancia por razones humanitarias o de otro
tipo.


Por último, la Directiva sobre sanciones, cuyo objetivo es la lucha contra la inmigración clandestina, prohíbe el empleo de nacionales de terceros países que se encuentran en situación administrativa irregular, con el fin de combatir la
inmigración clandestina y la imposición de sanciones a los empleadores que no lo respeten, como así lo recoge su artículo primero, siendo el marco europeo el que opera dentro de la normativa de los Estados en vigor desde el año 2008.


Desde este ámbito temporal que marcan las dos directivas antes mencionadas, solo se han llevado a cabo regularizaciones dentro de este marco jurídico de países como Portugal e Italia, con motivo de la pandemia por COVID. En Portugal no
existe sanidad universal, que era una medida para acceder a los centros de salud y al subsidio de paro para todos aquellos inmigrantes pendientes de autorización de residencia, sanidad universal que en España, como saben ustedes, señorías, fue la
primera medida que volvió a restituir Pedro Sánchez derogando el Real Decreto 16/2012, es decir, la vergonzosa reforma del Partido Popular, que dejó a un millón de personas sin tarjeta sanitaria, pero no solo a extranjeros en situación
administrativa irregular, sino también a todas aquellas personas no cotizantes a la Seguridad Social. En el caso de Italia, durante la pandemia, varios sectores sufrieron la falta de mano de obra, y se lanzó un programa temporal para trabajadores
del campo y para el servicio doméstico, pero hay que recordar que en ambos procesos se dieron tarjetas de residencia de seis meses, tanto en Italia como en Portugal. ¿Qué hizo el Gobierno de Pedro Sánchez? ¿Qué hicimos nosotros durante la COVID?
Aprobamos diferentes instrucciones aplicables a los jóvenes nacionales de terceros países de entre dieciocho y veintiún años que estaban en situación regular, que fueron empleados en el sector agrícola y que pudieron obtener residencia de dos años.
Voy a dar una serie de datos e información en este sentido. Desde la aprobación de la reforma, se han concedido 90 000 autorizaciones por arraigo y hay 62 000 en trámite, y en el caso de los menores, ya son 17 000. Se han aprobado diferentes
instrucciones sobre los procedimientos iniciados relativos a arraigo durante el confinamiento, con ampliación de plazos para las tarjetas caducadas, al igual que hemos permitido que las personas que durante el confinamiento estaban fuera del país
pudieran entrar con visado para recuperar su residencia. Durante el confinamiento, por primera vez en España se pudo dar un subsidio a las y los empleados del hogar, y también se actuó sobre la renovación de las autorizaciones de residencia y de
trabajo, así como en la flexibilización de los requisitos de medios suficientes en la tramitación de autorización de residencia por reagrupación familiar.


Considero que todos los aquí presentes somos conocedores de cada una de las instrucciones aprobadas por la Secretaría de Estado de Migraciones, siendo las directivas del Gobierno que lidera Pedro Sánchez las que pivotan en la única dirección
en la que las normas internacionales consideran que los flujos migratorios deben basarse en políticas que se gestionan desde los países de origen y de tránsito en España, a nivel europeo y a nivel mundial con una inmigración regular, ordenada y
segura. Así lo recoge el Pacto Mundial por la Migración Segura, Ordenada y Regular, de Naciones Unidas de 2018.


A estas instrucciones que se tomaron durante el estado de alarma, a los pocos meses de comenzar esta legislatura, se han ido uniendo propuestas y planificaciones y, por fin, como todos sabemos, se realizó una reforma del Reglamento de
Extranjería, que fue aprobada en junio del año pasado y que culmina en una política adecuada y conforme a la realidad social que viven numerosos ciudadanos de terceros países en nuestro país. Se han flexibilizado principalmente las condiciones para
el acceso al arraigo social y se han creado nuevas figuras, como el arraigo para la formación y el arraigo para las familias de españoles. Hay que insistir también en la realidad de la migración circular, que está teniendo su efecto. El año pasado
entraron 12 000 personas, y no con un visado, sino con una residencia de cuatro años que permite entrar y salir.


La política seguida por este Gobierno es la única manera de comprender que la migración regular, ordenada y segura es la única forma de proteger los derechos humanos de millones de personas que tienen el derecho a un futuro mejor,
independientemente de lo que ocurra en su lugar de origen, y es la

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única vía de luchar contra de las organizaciones criminales que negocian con la desesperación y con la vida de millones de personas.


El último proceso de normalización que se hizo, lo hicimos los socialistas en 2005. Desde aquella fecha, no se ha podido hacer nada con las reformas que hemos hecho. No hemos tenido ni tenemos miedo a un proceso de regularización, pero
tenemos en cuenta el espacio en el que estamos. Además, quiero trasladar al compañero del Partido Popular que ha puesto sobre la mesa un pacto sobre inmigración que, si dependiese de nosotros, como cuando ellos tuvieron la mayoría absoluta,
habríamos adaptado el marco jurídico español a la realidad actual del siglo XXI, pero nos enfrentamos a que para reformar la ley, que es una ley orgánica, hacen falta los votos de dos tercios de los de la Cámara. ¿Qué hemos hecho? Ir a la reforma
del Reglamento de Extranjería, y me imagino que transcurrido un año más o menos, la secretaria de Estado de Migraciones y el ministro harán su rueda de prensa y tendremos los datos, y, a partir de ahí, podremos empezar a hablar.


Muchísimas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Luc Andre. (Rumores).


Señorías, les pediría silencio, entre otras cosas, porque los grupos parlamentarios han tenido diez minutos para intervenir, y hemos acordado una respuesta muy rápida por parte de los proponentes de la ILP, por lo que creo que lo mínimo es
escucharlos con la debida atención.


Además, más allá de que en Mesa y portavoces acordamos una respuesta muy pequeña, ha habido muchas preguntas, por lo que les he pedido que intervengan con brevedad, pero con un margen de flexibilidad.


Tiene la palabra el señor Fanjul.


El señor FANJUL SUÁREZ: Muchísimas gracias.


Gracias por sus contestaciones y por las intervenciones. Voy a contestar a algunas de las cuestiones planteadas. Me gustaría empezar por la que ha planteado el señor Gutiérrez sobre la cuestión de las condiciones. Yo creo que la respuesta
es muy simple: por supuesto que una regularización tiene condiciones, siempre las ha tenido y siempre la tiene que tener. Es un proceso administrativo complejo, donde se establecen una serie de criterios, de condiciones, que deben ser negociados
sobre el tiempo que deben llevar los inmigrantes en situación irregular en el país y sobre las condiciones que deben cumplir, y eso es parte del trabajo que yo creo que tiene que hacer esta Cámara.


Si la pregunta es si la regularización debe ser absoluta o no, la respuesta también depende de por donde se mire. Mi opinión es muy simple: cuando uno empieza a acumular los grupos que de manera objetiva merecen una regularización de
manera directa por las razones que hemos mencionado, en realidad uno llega a una cifra muy similar al total de los inmigrantes que viven en situación irregular; desde luego, el caso de los niños es un ejemplo muy claro, al igual que el caso de las
familias de las que dependen los niños y también el caso de los trabajadores y trabajadoras que son esenciales en nuestra economía y las personas que se encuentran en situación vulnerable. En realidad, cuando uno va acumulando todos esos grupos,
creo que no es fácil llegar a la conclusión de que se trata de un proceso de regularización completa. Pero incluso los procesos de regularización completa, como ocurrió en el año 2005 con la regularización del presidente Zapatero, dejan fuera a una
parte de la población; si no recuerdo mal, fueron 550 000 personas reguladas de un número total de 700 000 inmigrantes en situación irregular en el país. Por tanto, creo que de lo que se trata es de bajar a la arena, de enfangarse y de hablar de
las condiciones en las que eso tiene lugar, y establecer unos criterios objetivos sobre la base de las razones que hemos planteado aquí, y que en realidad dependen del acuerdo de los grupos.


Respecto de la batería de preguntas sobre la disminución del número de migrantes en situación irregular como resultado de la reforma del Reglamento de Extranjería, yo no sé, señor Diouf, si los datos que usted ha dado se refieren a las
regularizaciones por arraigo que ya venían arrastrándose, no sé si 92 000 es un número resultado directo de la reforma de agosto del año pasado. ¿Tienen ustedes esos números?


El señor DIOUF DIOH: Sí.


El señor FANJUL SUÁREZ: Yo se los he pedido al ministerio y a mí no me los han dado. Es decir, esos números no son públicos, a lo mejor son secretos y se los han dado a usted, pero al resto no, y creo que todavía no tenemos razones para
pensar que la reforma ha tenido ese efecto. Pienso que a lo que

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más se parece esto es a lo que ha dicho alguno de ustedes, y es que esto es una regularización a cuentagotas. Efectivamente, es una regularización a cuentagotas. La pregunta es si el estado de emergencia que tenemos con la irregularidad en
nuestro país de emergencia social, ética económica, a la que nos hemos referido, admite una regularización a cuentagotas o se trata más bien de un proceso de carácter extraordinario, y luego me referiré al comentario que ustedes han hecho en ese
sentido.


La respuesta a la cuestión del modelo y a la regularidad sobrevenida es muy simple. Yo creo que el debate sobre la irregularidad en términos absolutamente teóricos tendría mucho interés si existiese una alternativa, pero la realidad es que
no existe una alternativa. Nuestro sistema es un sistema de puerta cerrada, está concebido para detener los flujos migratorios, no para gobernarlos. La realidad es que la Unión Europea, como el resto de las grandes economías de destino del mundo
en los países más ricos y en los países de renta media, se enfrenta al desafío de concebir un modelo migratorio completamente diferente al que ahora tenemos, no con los pequeños ajustes que se están introduciendo, sino un modelo migratorio diferente
al que ahora tenemos que, por cierto, inevitablemente será el resultado de un pacto amplio. Pero el Pacto de migraciones y asilo de la Unión Europea no está haciendo nada de eso; en lo único que se han puesto de acuerdo los Estados miembros es en
el fortalecimiento de las fronteras exteriores, en la militarización de Frontex y en las medidas tomadas. No hay acuerdo en la reforma del Pacto de Dublín y, por tanto, en el asilo, pero en lo que no hay acuerdo bajo ninguna circunstancia -y sigue
siendo una política atomizada- es en todo lo que tiene que ver con la movilidad laboral, porque aquí cada uno se la juega. Donde yo creo que hay una oportunidad para la Presidencia española es en que España lidere un eje alternativo al eje de los
países frontera, países del interior, como ha ocurrido en el pasado. Tenemos la oportunidad de llegar a un acuerdo con Alemania, con Portugal, con países que son reformistas -desgraciadamente, Italia ya no, pero lo fue hasta hace muy poco- para
promover una reforma cabal, racional, de nuestro modelo migratorio, que garantice esos mecanismos y que reduzca -y este es un comentario muy liberal, si me lo permiten- la asfixiante microgestión del mercado de trabajo en el que intervienen los
migrantes, en donde se olvida cualquier racionalidad que se aplica a cualquier otro sector de la economía, que es algo que a mí siempre me ha llamado la atención cuando uno analiza el mercado de trabajo.


Respecto del comentario que hacían los diputados del Partido Popular, yo creo que tienen razón, esto es extraordinario, pero, en fin, a lo mejor esto es una cuestión retórica, pero yo argumentaría que una norma que se aprueba cada veinte
años es extraordinaria. La última fue en el año 2005 y estamos en el año 2023, por lo que creo que ha pasado suficiente tiempo para que esto sea una reforma de carácter extraordinario. Nadie ha puesto en duda los valores y su punto de vista, desde
luego yo no lo hago de ninguna manera, y estoy convencido de que ustedes comparten nuestras mismas preocupaciones con respecto a la dignidad, a la seguridad de las personas y, con toda seguridad, en lo que respecta a los niños. El Partido Popular
en este sentido ha formulado iniciativas en ámbitos muy diferentes en las comunidades autónomas y ayuntamientos donde gobierna, ya lo hizo cuando estaba en el Gobierno, por eso tengo la esperanza de que ustedes entren en este diálogo también en el
corto plazo. Estoy de acuerdo en que hay que llegar a un pacto de Estado eventualmente, pero, en fin, esa es la mayor. Ahora, tenemos la oportunidad de negociar esto para cerca de medio millón de personas que viven en nuestro país, donde hacemos
algo que, si me permiten, es absolutamente fascinante, y es que somos capaces de soportar que la persona que cuida de nuestros hijos, que cuida de nuestros padres, que cuida de nuestro hogar, y en manos de quién ponemos todo lo que es importante en
nuestra vida, tenga una ciudadanía de tercera clase, y no estamos hablando de una persona desconocida. Esta es una verdad que impregna de una manera tan absoluta nuestra realidad, que estoy convencido, y tengo la esperanza, de que ustedes
participarán en esta negociación.


Voy a hacer un último comentario respecto de la pregunta que hacía la diputada Dantas. La respuesta simple es no, no hay ninguna manera de cumplir con los objetivos del Gobierno en materia de pobreza infantil sin medidas contundentes para
reducir la vulnerabilidad en la que se encuentran los niños en situación irregular, y esos niños no están incluidos en la reforma del reglamento del Gobierno. Por tanto, este ya es un primer paso, una primera cuestión, que el Gobierno del Partido
Socialista podría poner sobre la mesa para empezar a hablar porque creo que este es un asunto el que todos vamos a estar de acuerdo, todos. No hay nadie, nadie, que acepte que un niño pequeño de menos de diez años se encuentre en las situaciones de
exclusión, de pobreza o de vulnerabilidad en las que se encuentra en nuestro país por una razón tan tan fácilmente resoluble como una irregularidad administrativa que se puede cambiar con una decisión prácticamente de un día para otro.

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La señora ESPÍNOLA CORONEL (representante de la comisión promotora): Me van a perdonar, pero no recuerdo los nombres de los diputados, solo recuerdo el de Luc, al que he conocido personalmente.


Como bien dice mi compañera de Junts per Cat sobre la iniciativa legislativa popular, nosotras no vamos a modificar absolutamente nada en la ley orgánica, porque ahí ya se establece cómo se va a hacer la regularización. Lamentablemente digo
esto porque a nosotras sí nos gustaría modificarla, y creo que ahí sí debería existir este diálogo entre todas y todos para transformar esta ley que no funciona, que no llega, que no sirve. Nosotras siempre vamos a las calles diciendo que queremos
derogar la Ley de Extranjería justamente por eso, porque no sirve, pero para entrar en este diálogo directo con ustedes, señorías de todos los partidos, también nosotras tenemos que estar presentes porque siempre están legislando sobre nuestro
cuerpo sin escucharnos. Así que tiendo la mano tanto al PSOE como al Partido Popular para que nos reciban a la comisión promotora y escuchen realmente cómo podemos trabajar juntas, cómo podemos modificarla. Nosotras estamos aquí para abrir
diálogos, para abrir un camino donde realmente la irregularidad no sea algo extraordinario, no sea algo por lo que tengamos que hacer toda una movilización ciudadana para que ustedes se sienten acá a escucharnos. Como funcionarios públicos que
están acá legislando sobre los cuerpos y las vidas de las personas, les pedimos que nos escuchen, y que nos escuchen no de forma extraordinaria, sino que acepten las invitaciones, los pedidos de reuniones que hicimos desde la comisión promotora
constantemente durante el año pasado, antes de la pandemia inclusive. Hoy, que están aquí, por favor, digan: sí, queremos escucharles. Queremos hablar con todos los partidos políticos, queremos hablar con ustedes y que ustedes nos reciban.


Y respecto de qué le diríamos al Gobierno exactamente, el Gobierno tiene muchas leyes, tiene pactos, pero decide aceptar ciertas cosas y otras no. Hay pactos de derechos humanos que leen y que guardan debajo de la mesa porque dicen que
contravienen las leyes de personas. Gonzalo hablaba aquí de los niños de las niñas, y no sé si ustedes han tenido la valentía de recorrer los asentamientos de los temporeros, donde viven muchísimas niñas y niños en absoluta precariedad, o han visto
a los niños y niñas que viven en Ceuta y Melilla por las calles. ¿Cómo puede ser que ustedes se duerman tan tranquilos todas las noches sabiendo que hay niños que no comen y que se tienen que drogar para subsistir, y que hay compañeras mías que no
salen ni siquiera una vez al mes porque están planchando? Yo he trabajado, y me da muchísima rabia, sin papeles y mis empleadores me decían: eres como de la familia pero, ¿qué familia? ¿Qué familia soy? Les pido que nos escuchen, que sean
abiertos en ese diálogo, que no solamente estén hoy acá cumpliendo con un tiempo de trabajo. Nosotras somos personas, tenemos propuestas, hemos escrito trece razones y tenemos muchísimas más, porque queremos abrir este camino de diálogo, porque
este es nuestro país. Nosotras queremos construir con derechos y con justicia social junto a ustedes porque este es nuestro país, y lo voy a repetir todas las veces que sea necesario, porque creemos que se puede mejorar y que España realmente puede
ser un país de justicia social, y no lo que es ahora.


Gracias. (Aplausos).


El señor LAMINE SARR (representante de la comisión promotora): Creo que puedo contestar en general, pero voy a añadir algo sobre lo que han dicho sobre los niños. Creo que el niño o la niña que está en situación irregular no ha cometido
ningún delito, ninguno, para ser una persona ilegal, solo ser hijo de padres migrantes, solo. Estamos en el siglo XXI, y estamos hablando de personas que nacen una tierra sin tener tierra porque esas personas no tienen nacionalidad. Estos niños y
niñas no tienen nacionalidad porque no se les reconoce en el país de origen y no se les reconoce aquí. ¿Qué delito han cometido para sufrir esto? No hay ninguno. Aquí hablamos de cumplir leyes. Muchos países han firmado la Declaración Universal
de los Derechos Humanos, que en sus artículos se reconoce el derecho a moverse, a trabajar y a residir donde quieras. ¿Por qué no se cumple eso? También he escuchado hablar de consecuencias y de las 12 000 personas que han muerto en el mar, pero
estas consecuencias y causas van más allá de esas mafias de las que se ha hablado. Hay otras mafias limpias de las que no se habla porque todos los países que tienen embajadas en nuestros países en África están ganando muchísimo, muchísimo, dinero
al año porque cada semana en esas embajadas se registran más de 950 personas que van a pedir el visado pagando en oro, y este dinero no es reembolsable nunca. Cuando te deniegan el visado, normalmente deberían reembolsarte el dinero que has pagado,
pero no lo reembolsan, y esto es lo que provoca los desplazamientos forzados. Tendríamos que tener el mismo derecho de movilidad porque aquí, vosotros, ahora mismo podéis ir a cualquier agencia y comprar un billete para viajar a mi país y disfrutar
de la hospitalidad que tenemos en África, pero nosotros no. Para poder hacerlo, nosotros tenemos que

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pasar un infierno en manos de mafias, mafias provocadas por vuestras políticas migratorias, y hay que reconocerlo. Tenemos derecho a movernos, y no nos movemos porque queramos, no, nosotros salimos de nuestros países porque aquí, en Europa,
en Bruselas, se han firmado contratos de pesca en Senegal de barcos europeos que están saqueando el mar de Senegal. Yo estoy trabajando con muchísimos pescadores que han dejado sus pequeños barcos porque ya no pueden ganarse la vida en el mar de
Senegal por culpa de los grandes barcos europeos. ¿Por qué no cancelar esos contratos de pesca para que estos jóvenes puedan vivir, residir y trabajar dignamente en su propio país de origen? Si se acabase el saqueo y los acuerdos peligrosos que
benefician a los europeos en África, no hablaríamos de regularización, no hablaríamos de fronteras porque no tendríamos necesidad de salir de nuestros países de origen, nos quedaríamos allí porque tenemos una tierra muy muy rica.


Gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Señorías, ¿qué decir después de estas intervenciones? Antes de levantar la sesión, querría agradecer a cada uno de los comparecientes y a todos los colectivos que han hecho este esfuerzo doblemente, ya que muchas de
estas personas efectivamente no tienen reconocidos sus derechos de ciudadanía y viven checkpoints diarios en su día a día, como seguro nos podrían describir si tuviéramos más tiempo.


En todo caso, quiero agradecerles su comparecencia, así como agradecerles a todos su presencia. El trámite continúa adelante.


Muchas gracias y muy buenas tardes.


Se levanta la sesión.


Eran las siete de la tarde.