CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2023 XIV LEGISLATURA Núm. 882

INTERIOR

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ LUIS ÁBALOS MECO

Sesión núm. 38

celebrada el jueves,

30 de marzo de 2023

ORDEN DEL DÍA:


Comparecencia del señor secretario de Estado de Seguridad (Pérez Ruiz):


- Para informar sobre la naturaleza, funciones y capacidades de la Unidad de Asuntos Internos de la Guardia Civil ante el denominado caso cuarteles. A propuesta del Gobierno. (Número de expediente 212/003058) ... href='#(Página2)'>(Página2)


- Para dar explicaciones en relación al presunto conocimiento de las tramas corruptas llamadas 'caso cuarteles' y 'caso mediador' que, por lo visto, implicarían a diversos mandos de la Guardia Civil. A petición del Grupo Parlamentario
Republicano. (Número de expediente 212/003053) ... (Página2)


Comparecencia del teniente general, jefe del Mando de Apoyo (Madrid) de la Guardia Civil (Espejo Valero):


- Para informar sobre las competencias, mecanismos internos y cumplimiento normativo del Mando de Apoyo de la Guardia Civil en relación con el caso cuarteles. A propuesta del Gobierno. (Número de expediente 212/003055) ... href='#(Página26)'>(Página26)

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Se abre la sesión a las doce y cuarenta y cinco minutos del mediodía.


COMPARECENCIA DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (PÉREZ RUIZ):


- PARA INFORMAR SOBRE LA NATURALEZA, FUNCIONES Y CAPACIDADES DE LA UNIDAD DE ASUNTOS INTERNOS DE LA GUARDIA CIVIL ANTE EL DENOMINADO CASO CUARTELES. A PROPUESTA DEL GOBIERNO. (Número de expediente 212/003058).


- PARA DAR EXPLICACIONES EN RELACIÓN AL PRESUNTO CONOCIMIENTO DE LAS TRAMAS CORRUPTAS LLAMADAS 'CASO CUARTELES' Y 'CASO MEDIADOR' QUE, POR LO VISTO, IMPLICARÍAN A DIVERSOS MANDOS DE LA GUARDIA CIVIL. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO
REPUBLICANO. (Número de expediente 212/003053).


El señor PRESIDENTE: Buenas tardes.


Vamos a abrir la sesión para tramitar dos partes distintas y diferenciadas. La primera parte tiene que ver con las peticiones de comparecencia del propio Gobierno y del Grupo Parlamentario Republicano, que se van a tratar acumuladamente
como comparecencias propias del control político. La segunda parte -tras una suspensión de unos cinco minutos- corresponderá a la presencia del teniente general jefe del Mando de Apoyo (Madrid) de la Guardia Civil. Esta es una comparecencia
informativa, es decir, técnica, no de control político. No está sometida al control político porque no procedería, razón por la cual esta Presidencia amparará que el compareciente se limite tan solo a esas cuestiones técnicas.


Por lo demás, sin más dilación, tiene la palabra el señor secretario de Estado de Seguridad, don Rafael Pérez.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Pérez Ruiz): Gracias, señor presidente.


Señorías, señoras y señores diputados, comparezco hoy a petición propia ante esta Comisión de Interior como responsable de la Guardia Civil para informar de la naturaleza, funciones y capacidades del Servicio de Asuntos Internos de la
Guardia Civil en el denominado caso Cuarteles. Pero antes ruego que me permitan hacer un reconocimiento a los ochenta mil hombres y mujeres que componen la Guardia Civil que, con una labor diaria y callada, no tiene que verse afectados por casos
como los que vamos a estudiar, casos como los que vamos a explicar en esta comparecencia. Reconocimiento que precisamente este equipo de Gobierno ha tenido desde que llegamos en 2018, porque este reconocimiento no se hace solo dándonos golpes en el
pecho o hablando de lo buenos que son los guardias civiles o, en su caso, los policías nacionales, el reconocimiento se hace con hechos: dotándoles de mejores medios materiales, dotándoles de mejores infraestructuras y dándoles un mejor sueldo del
que han podido tener en toda su historia.


Señorías, en primer término, me gustaría poder centrarme brevemente en el Servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil para que tengan todos ustedes, todas ustedes, una mejor referencia de su historia, de sus funciones, de sus
capacidades y también de su desempeño. El 18 de septiembre de 1991 se crea el Servicio de Asuntos Internos por orden del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría de Gobierno, como desarrollo del Real Decreto 107/1991, de 1 de
febrero de ese mismo año. Tras las diferentes normas reguladoras, el 29 de julio de 2011 se publica la Orden General de la Guardia Civil número 7, dada en Madrid, sobre organización del Servicio de Asuntos Internos, que es la vigente en la
actualidad. Según se establece en la normativa citada, el Servicio de Asuntos Internos es la unidad de la Guardia Civil especializada en conocer y, en definitiva, indagar e investigar las conductas contrarias a la ética profesional cometidas por el
personal destinado en la Guardia Civil, a cuyo fin realizan las actividades necesarias de obtención e investigación para el esclarecimiento de los hechos que las materializan. Sin embargo, ello no debe suponer la inhibición ni la suplantación del
desempeño de las facultades que los mandos tienen atribuidas como titulares de las competencias necesarias para asegurar la ética y disciplina de sus subordinados ni del de otras unidades de investigación cuando se detecte en casos del ejercicio de
funciones de la Guardia Civil.


Por ello, los cometidos del servicio no tienen carácter exclusivo ni excluyente de la acción de otras unidades, pero, sobre esta base, ¿qué podemos entender como conductas contrarias a la ética profesional? Pues bien, en primer lugar,
acciones u omisiones dolosas cometidas por personal de la Guardia Civil contrarias a las obligaciones del ordenamiento jurídico y realizadas al amparo de su condición, función, empleo o cargo, con la finalidad de obtener irregularmente un beneficio
personal de cualquier naturaleza. Queda claro que su existencia perjudica a la funcionalidad del cuerpo y que su

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trascendencia erosiona la imagen de la Guardia Civil. Por tanto, de todas las conductas, esta es la que supondría una mayor amenaza para la Guardia Civil.


En segundo lugar, conductas extraprofesionales. Me refiero a actos ilícitos cometidos por el personal de la Guardia Civil que puedan ser constitutivos de infracciones penales o administrativas y en cuya comisión es ajena a su condición de
guardia civil, empleo, función o cargo que ostente su autor. Cabe la posibilidad de que el autor de este tipo de conductas obtenga algún lucro, aunque esto no es una constante para esta clasificación. Su trascendencia también para el prestigio y
la imagen del cuerpo puede ser importante.


Y en tercer lugar, conductas antirreglamentarias. Me refiero en esta ocasión a actos ilícitos cometidos por el personal de la Guardia Civil con ocasión del desempeño del ejercicio profesional, o relacionados con su condición, que
constituyan una contravención a la diferente normativa, ya sea penal, administrativa general o incluso de régimen interno, y en la que su autor no tenga la pretensión de obtener un beneficio o lucro personal alguno. Su repercusión en la imagen
pública de la institución es mayor que en el tipo extraprofesional por cuanto que su comisión va expresamente ligada a la pertenencia del autor a la Guardia Civil mediante la comisión de conductas profesionales inapropiadas, bien sea por
incumplimiento de normas o reglamentos, o también por la comisión de actos negligentes, imprudentes o celo profesional mal entendido.


A partir de lo anterior, operativamente el Servicio de Asuntos Internos ciñe su actuación de investigación a los hechos de interés penal, que pueden ser común o militar, y en su caso también, pero ya de manera residual, a los disciplinarios
cometidos por el personal de la Guardia Civil. Pero centra su actuación en casos complejos de ilícitos penales en el desempeño de sus funciones, correspondiendo el resto a la cadena de mando -por ejemplo, en el ejercicio de la potestad
disciplinaria- o también al resto de unidades de Policía judicial de la Guardia Civil.


Por tanto, el Servicio de Asuntos Internos interviene con carácter general cuando, por causa de su especial relevancia, trascendencia o complejidad, las unidades de la Guardia Civil no pudieran asumir la investigación de las conductas
referidas o proceder a su esclarecimiento con sus propios medios. Se pretende con ello que toda la Guardia Civil sea responsable de luchar contra ilícitos penales que se puedan producir en el ejercicio de sus funciones, sin trasladar siempre al
Servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil cualquier caso que pueda conocer por el mero hecho de que exista la figura de un guardia civil que esté implicado. Hay que añadir que con fecha 15 de marzo de 2013 entró en vigor la Orden 422/2013,
de estructura orgánica de los servicios centrales de la Dirección General de la Guardia Civil, por la que el Servicio de Asuntos Internos quedaba bajo la dependencia directa del director adjunto operativo; concretamente, en su artículo 5, apartado
tercero. Esto implica -y esto es importante, señorías- que al Servicio de Asuntos Internos se le hace depender orgánicamente, como ocurre en otras unidades similares del mundo, del máximo nivel posible de la institución, reportando única y
directamente a dicho nivel.


En el artículo 17 de esta orden se establece lo siguiente. Artículo 17, bajo la nomenclatura de Servicio de Asuntos Internos, apartado 1: 'El Servicio de Asuntos Internos tiene como misión investigar las conductas contrarias a la ética
profesional del personal destinado en la Dirección General de la Guardia Civil, a cuyo fin realizará cuantas actividades sean necesarias para su esclarecimiento'. Apartado 2 de este artículo 17: 'Con arreglo a su dependencia de Jueces, Tribunales
y Ministerio Fiscal, en sus actuaciones como policía judicial, se atendrán a las normas técnicas de la Jefatura de Policía Judicial'.


Por tanto, el Servicio de Asuntos Internos está presidido por los principios de permanencia, especialización y estricta sujeción funcional respecto de los jueces, tribunales y Ministerio Fiscal. Esto significa que este servicio investiga,
en primera instancia, si existen conductas que no se ajustan a la legalidad y, en segunda instancia, en el caso en el que se identifiquen indicios de delito e irregularidades, pasa a notificarlo a la autoridad judicial con la autorización del
superior jerárquico -en este caso el director adjunto operativo, el DAO- y a actuar como Policía judicial específica. Así, el mando orgánico puede llegar a conocer el estado general de las investigaciones pero, por supuesto, no tiene capacidad ni
legitimación para entrar al detalle, dirigir, orientar, promover o detener el desarrollo de las mismas. De manera más detallada, la actuación del Servicio de Asuntos Internos, especialmente en el ámbito de investigación de hechos con relevancia
penal, puede ser o a iniciativa propia, derivada de la actividad informativa de sus informadores, o a través de los canales de colaboración que tiene establecidos. En este último sentido, opera ya desde hace tiempo con el espíritu de la directiva
de informantes, que ha sido traspuesta por la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen

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sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción. Dicha colaboración puede ser materializada en una denuncia, pero también puede derivar de otro operador de seguridad como, por ejemplo, de una unidad de investigación de la
Policía Nacional, con la que además les transmito que se colabora frecuentemente. También se puede actuar por parte del Servicio de Asuntos Internos a requerimiento de otra unidad o de un mando de la Guardia Civil que no pueda acometer una
investigación, bien por falta de capacidad o por dificultad derivada de la necesaria reserva en su territorio, o también a requerimiento de jueces o fiscales. Sobre esta base, están facultados para solicitar la intervención del Servicio de Asuntos
Internos los jefes de las unidades de rango similar o superior al de comandancia. No obstante, y con carácter excepcional -como también he adelantado antes-, en el ámbito disciplinario los instructores podrán proponer a la autoridad competente la
solicitud de apoyo del servicio para la práctica de las averiguaciones correspondientes.


La prioridad en la atención de las solicitudes de apoyo será fijada por el jefe del Servicio de Asuntos Internos sobre la base de la naturaleza, de la gravedad y trascendencia de los hechos, y de la disponibilidad de recursos humanos y
materiales. En realidad, el 90 % de los casos, de las investigaciones del Servicio de Asuntos Internos se inician tras la detección de irregularidades por parte de las propias unidades o miembros de la Guardia Civil. De este modo, queda patente
que es la propia Guardia Civil quien, en la gran mayoría de los casos, promueve la acción del Servicio de Asuntos Internos. Cualquier noticia o indicio con relevancia penal, una vez realizadas las comprobaciones oportunas, se trasladará -según
prevé la propia Ley de Enjuiciamiento Criminal- a la autoridad judicial o al Ministerio Fiscal. Señorías, tal y como han podido ver, esto es importante y, además, es el convencimiento de este secretario de Estado y también del propio Ministerio del
Interior, porque estamos hablando de un servicio de excelencia que contribuye, con su profesionalidad y dedicación, a hacer más grande a la Guardia Civil. Quiero expresar aquí el reconocimiento que merecen los miembros del Servicio de Asuntos
Internos de la Guardia Civil que, con su trabajo discreto y muchas veces injustamente desapercibido, contribuyen de forma decisiva a mantener la fortaleza de una institución clave para la vida de los españoles. Ojalá -lo digo creyéndolo de verdad,
lo digo de corazón- que otros ámbitos de la vida pública y empresarial de este país pudieran contar con una unidad como la de Servicios Internos de la Guardia Civil. Perseverar y preservar su independencia, dotarles de medios materiales y de medios
personales necesarios es una obligación insoslayable para cualquier responsable del Ministerio del Interior, y es precisamente lo que hemos venido haciendo desde junio de 2018.


Una vez que he introducido -podría haberme extendido más, pero lo he intentado condensar y hacerlo lo más breve posible- el Servicio de Asuntos Internos, paso a resumir, también brevemente, el motivo por el que estamos tratando sobre esta
unidad de la Guardia Civil. El denominado caso Cuarteles surge -como ya sabemos todos- en 2016, a partir de una investigación que llevó y sigue llevando a cabo el Servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil, a partir de informaciones internas
del cuerpo que le hicieron llegar. Las informaciones revelaban la concesión de un gran número de contratos menores y anticipos de caja por obras a un empresario, cuya facturación ascendía a 2,11 millones de euros, desde 2014 hasta 2016,
incrementándose los contratos y las comandancias para los que se realizaban los contratos de obras: tres en 2014, cuatro en 2015 y nueve en 2016. No obstante, las obras no aparecían adjudicadas siempre al mismo contratista, puesto que el
empresario actuaba a través de tres sociedades distintas constituidas entre 2013 y mediados de 2016, y con las que actuó en diez comandancias distintas. A pesar de esto, solo una de estas sociedades había sido dada de alta en el registro de
empresas del sector de la construcción en el entonces Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Además, entre las presuntas irregularidades reveladas al Servicio de Asuntos Internos en estas obras, se identificaban algunas facturas las dos veces y
otras que se simulaban y no se habían realizado.


Durante el año 2016 y primera parte del 2017, el Servicio de Asuntos Internos hizo las pesquisas necesarias para comprobar si había indicios y evidencias de las informaciones reveladas, detectando numerosas irregularidades graves e indicios
de delito cuya responsabilidad apuntaba al teniente general Vázquez Jarava, responsable en ese momento del Mando de Apoyo. Por ese motivo, en abril de 2017 desde el servicio se remitió un informe al teniente general Martín Alonso, en ese momento
director adjunto operativo de la Guardia Civil, con el fin de que lo remitiese a Fiscalía. Sin embargo, y ciertamente de manera sorprendente, se permitió que el propio teniente general Vázquez Jarava elaborase un informe como si fuera una respuesta
al Servicio de Asuntos Internos, el cual remitió en mayo de 2017. En el informe, por supuesto, pedía que el informe de Asuntos Internos, con los indicios de delito, no fuera remitido a Fiscalía. Y no solo se le hizo caso, sino que el 27 de
diciembre de 2017 el entonces director

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general de la Guardia Civil, José Manuel Holgado, emitió una resolución en la que ordenaba el archivo de las actuaciones del Servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil, avalando el informe del teniente general Vázquez Jarava.


Procedo a la lectura del oficio y de la resolución. Por cierto -más allá de que conste en los archivos de la Guardia Civil-, se ha publicado ya en medios de comunicación tanto el oficio como la resolución. Oficio con fecha 4 de enero de
2018. Asunto: Orden de archivo de expediente. Destinatario: excelentísimo señor coronel jefe del Servicio de Asuntos Internos. Para conocimiento y constancia de esa unidad, adjunto se remite resolución del director general de la Guardia Civil,
con fecha 27 del pasado mes de diciembre, ordenando el archivo del expediente relativo al aumento del volumen de facturación a la Guardia Civil por la empresa de don Ángel Ramón Tejera de León. El teniente general jefe del Mando de Apoyo e
Innovación. Firmado: Pedro Vázquez Jarava. Y este oficio remitía la siguiente resolución. Asunto: Orden de archivo del expediente relativo al aumento en el volumen de facturación a la Guardia Civil por empresas de Ángel Ramón Tejera de León.
En relación con -con mayúsculas, pero entrecomillado- el borrador de informe confeccionado por el Servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil el 18 abril de 2017, referido a un listado de actuaciones facturadas a la Guardia Civil entre los años
2014 a 2016 por varias empresas en las que don Ángel Ramón Tejera de León aparece como socio administrador único, una vez realizada la comprobación documental por la Jefatura de Asuntos Económicos, verificada la calidad de los trabajos por la
Jefatura de Asuntos de Apoyo y Servicio de Acuartelamiento y visto el informe al respecto elaborado por el Mando de Apoyo e Innovación, se concluye que no existen en las actuaciones informadas acciones u omisiones dolosas o imprudentes penadas por
la ley, ni conductas contrarias a la ética profesional en las que se haya visto involucrado el personal destinado en la dirección general del cuerpo. Por todo lo cual, ordeno el archivo del expediente incoado por el Servicio de Asuntos Internos,
relativo a un incremento en la adjudicación por la Guardia Civil de contratos de obras a determinadas empresas administradas por Ángel Ramón Tejera de León, y el cese de las actuaciones por no ser necesarios nuevos elementos de juicio en los que
basar esta decisión. En Madrid, a 27 de diciembre de 2017. El director general de la Guardia Civil, don José Manuel Holgado Merino.


Así, el informe de Asuntos Internos no solo no fue remitido a la Fiscalía, sino que tampoco supuso ningún menoscabo en la confianza depositada por José Manuel Holgado, el entonces director general de la Guardia Civil, en su responsable del
Mando de Apoyo, ni tampoco de sus superiores, el entonces secretario de Estado de Seguridad y el entonces ministro don Juan Ignacio Zoido. Una confianza que ya tenían los responsables políticos del Ministerio del Interior de Jorge Fernández Díaz,
puesto que fue ascendido de urgencia -lo entrecomillo- el 12 de abril de 2012, a los cuatro meses de la llegada de Mariano Rajoy a la Presidencia del Gobierno, al rango de general de división. Es decir, en total habían pasado ocho meses, todo un
récord. En septiembre de 2015, teniendo como ministro a Fernández Díaz, el teniente general Vázquez Jarava, como Mando de Apoyo de la Guardia Civil era responsable de manejar los fondos de las obras de la Guardia Civil, incluyendo las reparaciones
y obras menores de los acuartelamientos, aunque ya desde hace meses tenía responsabilidades en este sentido y en este mismo mando.


Señoras y señores diputados, mientras se estaba sustanciando en esta Cámara el 29 de mayo de 2018 la moción de censura que llevó a la Presidencia del Gobierno a Pedro Sánchez, el Servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil recibió un
correo electrónico de la sección de operaciones del Estado Mayor con un documento adjunto anónimo, que se había recibido en la Secretaría de Estado de Seguridad y en el que se relataban varias irregularidades en materia de contratación de obras de
la Comandancia de Ávila, relacionadas con el mismo contratista que ya había aparecido en esa investigación que se cerró, precisamente, el año anterior. Asuntos Internos remitió un informe a la autoridad judicial competente, que asumió el Juzgado de
Instrucción número 2 de Ávila, y a partir de ese momento la investigación se desarrolló en el ámbito judicial, primero circunscrita al ámbito de la Comandancia de Ávila, pero pronto se pudo comprobar que desbordaba ese ámbito y que esto no era más
que parte de las irregularidades e indicios que se habían venido investigando desde 2016. En definitiva, y por no repetir las distintas actuaciones judiciales -por cuanto que ya el propio ministro del Interior lo hizo el lunes-, la investigación
judicial ha ido avanzando, primero, en Ávila y ahora ya se encuentra en un juzgado de instrucción de Madrid -concretamente, el Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid- con el trabajo minucioso y, en esta ocasión sin impedimentos, del Servicio de
Asuntos Internos de la Guardia Civil. Recientemente, se ha producido la revelación de informaciones por medios de comunicación en las que vinculan al mismo contratista del caso Cuarteles con el ya denominado caso Mediador, que se encuentra también
en investigación judicial, en este caso en el Juzgado de Instrucción número 2 de Santa Cruz de Tenerife.

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Señoras y señores diputados, la conclusión que podemos extraer de este relato es que el denominado caso Cuarteles es un caso que se comienza a investigar en 2016 en el propio seno de la Guardia Civil y que se reactiva en 2018 de nuevo, por
la acción de Asuntos Internos del cuerpo, pese al intento de taparlo por parte de los responsables políticos entre 2016 y 2018. Sin embargo, ante los intentos de la propia Guardia Civil de que los órganos judiciales depuraran responsabilidades
sobre los indicios del delito señalado, la reacción y actitud de los responsables políticos -en este caso del Gobierno del Partido Popular y del Gobierno actual- son distintas, son diferentes. Con los gobiernos del Partido Popular, las
investigaciones se cierran y se impide su envío a órganos judiciales. Con el Gobierno actual las investigaciones prosiguen y el Servicio de Asuntos Internos actúa como corresponde, como Policía judicial. Señorías, la misión constitucional asignada
a la Guardia Civil de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana y su función de servicio público requiere que la institución y sus integrantes sustenten su actividad en unos principios de actuación
muy exigentes y adecúen su compromiso y su comportamiento a unos valores éticos que la caracterizan y forman también parte de la propia historia de la Guardia Civil. Así, desde su fundación, la Guardia Civil ha velado por establecer y mantener una
cultura organizativa compendio de virtudes profesionales y personales y de principios generales de conducta que siempre la han caracterizado y que son extraordinariamente valorados y a la vez demandados por la sociedad a la que la Guardia Civil
sirve. Muchos de estos principios son de orden deontológico y se encuentran recogidos de forma positiva en diferente normativa propia, militar y de fuerzas de seguridad, pero también en la normativa sancionadora o punitiva de las conductas que son
contrarias a su correcto ejercicio. Me permito citarles, señorías, algunos ejemplos: Real Decreto 176/2022, de 4 de marzo, por el que se aprueba el Código de Conducta del Personal de la Guardia Civil -con este Gobierno-; incremento de las
capacidades del Servicio de Asuntos Internos en el marco del plan 2021-2025, en cuyo primer eje el compromiso 1.3 pasa por reforzar los mecanismos anticorrupción -con este Gobierno-; Proyecto de real decreto sobre el régimen de incompatibilidades
del personal de la Guardia Civil, que tiene por objeto determinar el régimen de incompatibilidades en el ejercicio de las funciones para el personal de la Guardia Civil con el desempeño de actividades públicas y privadas -con este Gobierno-, y
cuarto ejemplo -hay más-, la Ley Orgánica 11/2007, de 22 de octubre, de régimen disciplinario de la Guardia Civil, actualizada en aquel momento con un Gobierno socialista. Así, todo el personal de la Guardia Civil tiene la responsabilidad de
ajustar su actuación a los principios y normas que configuran la ética profesional, en el entendimiento de que las conductas contrarias a la misma pueden llegar a suponer no solo un atentado al prestigio y el buen nombre de la institución, sino
también una grave merma en la eficacia del servicio y, en el peor de los casos, un quebrantamiento del ordenamiento penal.


Pero es la cadena jerárquica la titular de las competencias necesarias para asegurar la moralidad y la disciplina de sus componentes y, para ello, es responsable de adoptar o, en su caso, promover las medidas necesarias para prevenir,
disuadir, localizar e investigar las conductas puntuales que infrinjan el ordenamiento jurídico, así como otras gravemente contrarias a la ética profesional. En este caso Cuarteles, la cadena jerárquica se quebró por el punto más débil: por la
dirección. Por eso, el caso es especialmente grave, pero lo más importante es entender, como entendemos los responsables actuales del Ministerio del Interior, que en un Estado democrático la cadena jerárquica de una institución armada acaba en el
responsable político, que es el legitimado para dirigir y orientar a la institución. Y, por eso, para que funcione, el compromiso ético contra las irregularidades tiene que partir de los responsables públicos, y en este ministerio todos los
responsables públicos tenemos este compromiso firme y no tapamos las investigaciones que se abren; no solo eso, sino que hemos dotado de más y mejores medios también al Servicio de Asuntos Internos, como a toda la Guardia Civil, al igual que a la
propia Policía Nacional. Y manteniendo todas las restricciones que, como saben ustedes, legalmente existen para informar de la estructura, organización, medios y técnicas operativas de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, podemos informar
de que esta unidad dispone de una estructura que permite obtener información, realizar análisis, acometer y realizar investigaciones complejas, contando con los mejores medios humanos y materiales suficientes.


En este sentido, y también a título de ejemplo, durante los últimos cuatro años el Servicio de Asuntos Internos ha recibido diverso material de investigación de vigilancia tecnológica por valor aproximado de 3 millones de euros. Además, en
el marco de los mismos fondos citados, se comparten otras soluciones tecnológicas con las diferentes unidades centrales de investigación de la Guardia Civil. Igualmente, no se ha tenido en cuenta en esta cifra el incremento de otros materiales
logísticos, como pueden ser vehículos,

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cambio de transmisiones, renovación de materiales informáticos, teléfonos móviles, chalecos antibalas..., que han sido también importantes. Suponen una inversión de un 35 % más en estos cuatro años que en los cuatro años anteriores. Lo más
destacado es que se han alcanzado capacidades de investigación tecnológicas que antes no se tenían, colocando el Servicio de Asuntos Internos al mismo nivel tecnológico, por ejemplo, que la Unidad Central Operativa, la conocida UCO.


Igualmente, en los últimos años la política de recuperación de efectivos de este Gobierno ha permitido un incremento en el personal de Asuntos Internos de un 5 %. Además, la misión que tiene encomendada el Servicio de Asuntos Internos
requiere que el personal que lo integra reciba la formación adecuada en los cursos y acciones formativas de perfeccionamiento que se consideren necesarias para ello, principalmente las de especialización, ampliación y actualización de las técnicas y
procedimientos de información e investigación criminal. Por eso, su personal accede a cursos de información y policía judicial que desarrolla la Guardia Civil mediante convocatorias específicas de sus centros de especialización y perfeccionamiento.
En este sentido, y para mejorar su especialización, bajo este Gobierno, durante los años 2021, 2022 y también en este año en curso 2023, el Centro Universitario de la Guardia Civil, en estrecha colaboración con el Servicio de Asuntos Internos, ha
impartido el Curso Universitario en Investigación Interna. Con esta formación se pretende profundizar en temas relacionados con la prevención y la lucha contra las irregularidades, de tal manera que se consiga formar en estos aspectos a miembros de
la Guardia Civil, de otras instituciones públicas -tanto nacionales como extranjeras-, así como al personal de seguridad corporativa de empresas privadas. Más concretamente, a título de ejemplo, señorías, en las tres ediciones anteriores se han
ofertado 55 plazas para miembros de Guardia Civil, 35 plazas para miembros de otras fuerzas y cuerpos de seguridad e instituciones relacionadas con la seguridad pública -tanto nacionales como internacionales: Policía Nacional, Fuerzas Armadas,
Ertzaintza, Mossos d'Esquadra, Instituciones Penitenciarias, Cuerpo General de Policía Canaria, Policía Municipal de Madrid, Gendarmería Nacional francesa, Guardia Nacional Republicana de Portugal, Carabineros de Chile, Policía Federal de Brasil o
incluso la Policía boliviana-, pero también 15 plazas específicas para miembros de seguridad pública y corporativa. Este curso universitario -para que no vean que son unas jornadas breves- tiene una duración de cuatro meses en modalidad
semipresencial y una carga lectiva de 18 créditos, configurándose como un título propio del Centro Universitario de la Guardia Civil.


Señoras y señores diputados, más allá del Servicio de Asuntos Internos, también la Guardia Civil está implementando en la actualidad diversas medidas de control interno de la actividad económica, financiera y contractual. Así, se vienen
desarrollando algunas medidas recientemente: redacción y difusión de normativa de procedimientos de implantación de mejores prácticas -por ejemplo, las recogidas en la Instrucción 1/2022-; examen, investigación y verificación de las empresas que
acuden a las licitaciones de los otros contratos menores con carácter previo a la adjudicación, mediante consulta a distintas bases de datos especializadas -en los órganos centrales se viene a realizar por la Jefatura de Asuntos Económicos y en el
ámbito territorial por las unidades de gestión económica de las zonas-; la detección también de posibles actividades colusorias; control del empleo del procedimiento del anticipo de caja fija, tendente a la detección de posibles supuestos de
fraccionamiento de gasto; actividades de control de tesorería, documental y comprobación de la ejecución real de la inversión, tanto a petición de organismos externos como del Servicio de Asuntos Internos; como mínimo, una reunión anual de
coordinación presencial con los oficiales jefes de las UGE para el análisis de las distintas problemáticas y la adopción de medidas para mejora de la gestión; precisamente, la siguiente reunión está prevista para los próximos días 21 y 22 de abril.


Como he dicho antes, no solo se realizan cursos, sino jornadas de actualización y coordinación de cajeros pagadores y personal de las oficinas de gestión económica, o convocatorias anuales y realización de cursos de gestión económica y
técnica -superior y básico- o apoyo a petición de las unidades territoriales para el uso de las diferentes plataformas de gestión económica, financiera y de contratación -la Alfil, la DocelWeb o la Iris- y, especialmente, de la plataforma de
contratación del sector público. Además, medidas de mejora de los procedimientos de gestión económica y financiera. Aquí citaré solo a título de ejemplo un par de ellas -y, si lo estiman conveniente, y como consecuencia de su intervención, en la
respuesta podré citar alguna más-: modificación de la Orden INT/985/2005, de 7 de abril, por la que se delegan determinadas atribuciones y se aprueban las delegaciones efectuadas de otras autoridades, aumentando los importes de gasto de cada órgano
de contratación establecido, tramitada la propuesta con fecha 17 de octubre de 2022, o la revisión y modificación de la normativa por la que se rige la gestión

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económico-financiera contractual de la Guardia Civil, además de impulsar al más alto nivel la modificación del plan de acción de personal del cuerpo militar de intervención del Ministerio de Defensa para que recoja y posibilite las
propuestas que se han realizado desde la propia Guardia Civil. Por ejemplo, esta medida posibilitaría la cobertura inmediata de determinadas zonas, como podría ser Canarias.


Pero también hemos incrementado las acciones formativas y hemos reforzado la cultura de gestión. Les cito simplemente un par de ejemplos. Uno, restringir el acceso al curso superior o básico de gestión económica y técnica al personal que
efectivamente venga a desarrollar su actividad en tareas de contratación y gestión económica y, en caso de que hubiera plazas sobrantes, ya se ofrecerían a otras unidades. Dos, establecer apoyos para su realización con la condición de que se
obtenga el esperado rendimiento del esfuerzo que supone su impartición por los beneficios personales que entraña.


No puedo dejar de señalar que muchas de estas últimas mejoras que he citado -algunas, insisto, me las he reservado en aras de no extenderme y poder terminar ya mi intervención inicial- son vitales para el buen funcionamiento de los
mecanismos de control interno de la Guardia Civil y, por ende, son vitales para mantener la fortaleza de una institución clave para la democracia española. Muchas de estas han sido gracias a la iniciativa, a la decisión y al impulso de María Gámez,
la exdirectora de la Guardia Civil, que ha supuesto y sigue suponiendo un ejemplo para todos que nunca podrá ser ensombrecido por ninguna falsedad disfrazada de tinta y voceada por aquellos que temen que la comparativa venga a engrandecer sus
miserias.


Termino ya, señor presidente. Señorías, espero de verdad que esta breve intervención haya cumplido con el objetivo de aportarles conocimientos e información sobre una unidad fundamental de la Guardia Civil, el Servicio de Asuntos Internos,
y que así puedan comprender mejor qué pasa cuando no se permite que las investigaciones fluyan y cuando se les impide actuar, como ocurrió al inicio del caso Cuarteles.


Antes de concluir, también quiero dejar clara una cuestión. Por mucho que el peso de titulares y el buen hacer de los medios y periodistas que cumplen con su función clave en cualquier democracia seria abrume puntualmente con relatos y
hechos bajo investigación, estamos hablando -ténganlo claro- de hechos puntuales, de personas aisladas. Son personas que lo único que hacen es deshonrar el uniforme que llevan, pero que en modo alguno van ensombrecer el trabajo de los más de 80 000
hombres y mujeres que cada día, con su sacrificio y con su dedicación, hacen de España un país más seguro y más tolerante, además de más cívico. Son 80 000 hombres y mujeres -casi 81 000- que tienen en el honor su principal divisa.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, secretario de Estado.


Ahora corresponde el turno de intervención a los grupos parlamentarios, que debería iniciarse con el Grupo Republicano en la medida en que se ha acumulado una petición de comparecencia, pero la portavoz me pide que la pasemos al final de las
intervenciones porque no se encuentra demasiado bien. Si no hay problema por parte de los portavoces restantes, la dejaríamos pasar turno. (Asentimiento).


Como saben, tienen un tiempo máximo de diez minutos y, en el caso de que interviniera más de un portavoz en un grupo parlamentario, tendrían que repartirse el tiempo.


De los grupos parlamentarios Mixto, Bildu y Vasco no veo a nadie. Están en otra Comisión. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, señor Gutiérrez.


El señor GUTIÉRREZ VIVAS: Muchas gracias, presidente.


Señor Pérez, muchísimas gracias por su comparecencia. Quiero alabarle el tono y las formas, tan distintas a las de su superior jerárquico el otro día, el señor Marlaska, ministro del Interior, que nos deleitó con toda clase de..., en fin,
no voy a calificar el tono de su intervención. Desde luego, ha sido muy distinta, lo cual se le agradece mucho, aunque solo sea por la salud auditiva de estos portavoces. Yo le alabo el tono, pero el fondo es un poco el mismo y yo no les acabo de
entender. Si lo que querían hacer era una comisión de investigación, hagan o permitan que haya una comisión de investigación, pero no hagan una autocomisión de investigación haciendo que solamente vengan a comparecer aquellos que ustedes quieren.
Yo he escuchado atentamente incluso lo que usted ha leído literalmente de los informes y de los oficios dentro del Cuerpo de la Guardia Civil, en los que usted menciona a gente que aquí no tiene ninguna capacidad de defenderse, como es el señor
Holgado o el DAO anterior, al que usted no ha mencionado pero que entiendo que era superior jerárquico del Servicio de Asuntos Internos, como usted nos ha contado, y algo tendría que decir aquí sobre ese archivo -lo que parece que usted ha obviado-,
o incluso el propio señor Jarava, del que todos tenemos una idea bastante clara y formada y también de

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su conducta. O hacemos una comisión de investigación y llamamos a todo el mundo para que venga, pueda opinar, pueda decir lo que sea y se defienda, o, si no, esto que ustedes hacen a mí honestamente me parece un horror desde el punto de
vista ético. Más allá del componente político que ustedes le quieran dar, desde luego, a mí éticamente me parece algo totalmente reprobable. Usted sabe más que yo de derecho, pero de la lectura de los escritos y de lo que nos ha mencionado hoy, yo
infiero que puede haber claramente unos delitos de prevaricación del señor Holgado, del señor Jarava y del DAO. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Se van a personar en la Fiscalía? ¿Van a decirle a la Abogacía del Estado que se presente? ¿Van a ir a la
Fiscalía para acusarles? De verdad que no entiendo que, sin posibilidad de que otros comparecientes puedan explicar esto aquí en algún momento, hagan lo que hacen, porque el relato el otro día, en el fondo, no nos aportó nada nuevo, más que el
texto literal de lo que eran estas cosas de las que ya nos habló el ministro. Entonces, honestamente, me parece que esta es una comparecencia que sobraba.


Porque, claro, usted tampoco nos ha hablado de la relación de este caso Cuarteles con el caso Mediador, que también es una cosa que nos interesa. Están relacionados, como usted ha parecido apuntar, pero de eso no quiere hablar. Yo creo que
sería interesante que supiésemos, al menos con la misma profundidad con la que usted nos ha contado esto, la relación de estos casos con el caso Mediador para que nos ilustre un poco sobre qué es lo que está pasando dentro de la Guardia Civil.


Desde luego, me ha parecido interesante esto de Asuntos Internos -casi estamos haciendo un máster en Asuntos Internos de la Guardia Civil-, porque yo le voy a contar un caso absolutamente real obviando los nombres. Quizás, a la luz de lo
que usted nos ha expuesto aquí, tenemos que recomendar otro tipo de prácticas a la Guardia Civil o, más que a la Guardia Civil, a los funcionarios y a los responsables de las asociaciones profesionales. Les voy a contar un caso de la Comandancia de
Badajoz, sin poner nombres, el de un guardia al que se le apertura un expediente. Este guardia, en esa apertura del expediente, firma unas manifestaciones que se adjuntan al expediente. El instructor del expediente -evidentemente, un oficial de la
Comandancia de Badajoz- recoge esta manifestación e incoa el expediente. A este guardia le asiste un responsable de una asociación profesional en esa provincia y, al personarse junto con él, lógicamente tiene acceso al expediente y comprueba que la
manifestación que ha recogido en el expediente el oficial no es la manifestación que redactó el guardia; es más, ni siquiera lleva su firma. Es decir, es un caso claro en el que el instructor de alguna manera ha manipulado un expediente, incluso a
lo mejor involuntariamente y sin querer, es decir, sin objeto de hacer ningún daño ni ningún dolo. La asociación profesional comunica al coronel de la comandancia esta irregularidad, diciendo que probablemente sería necesario un apercibimiento al
instructor por haber metido dentro del expediente una manifestación que no era real, que quizás habría apercibirle al menos o ponerle una falta leve, aunque probablemente era un error. Pues, sorpresa. El coronel desvía todo a la vía militar, en la
vía militar se exonera al oficial instructor del expediente y a la persona de la asociación profesional que comunicó esto al coronel se le abre un expediente por delito militar de deslealtad.


Entonces yo me pregunto: ¿lo que usted nos quiere decir es que no se eleven al jefe de comandancia las irregularidades administrativas o incluso la comisión de delitos? ¿Quiere decir que los funcionarios a quien deben recurrir las
asociaciones profesionales ahora son a los de Asuntos Internos de la Guardia Civil? Porque me ha parecido entender eso y estaría bien que nos lo aclarara, porque creo que esto abre luz para que, cuando haya una irregularidad administrativa o
incluso se perciba la comisión de un delito, alguien pueda denunciar. En este caso, quien queda claramente desprotegida es la persona que ha denunciado, que en este caso es la persona de la asociación profesional que se lo comunica al coronel; tan
desprotegido que acaba con un delito militar por deslealtad. Me gustaría que nos aclarara esto, porque hay muchos guardias civiles y, desde luego, muchas asociaciones profesionales escuchando en estos momentos esta intervención. Nos gustaría que
nos lo aclarara para que les clarifique cuál es el camino por el que se debe hacer esto para que las personas que denuncian estén protegidas, que en el fondo es lo que debe importarnos en esta Comisión y, desde luego, es lo que al menos a este
portavoz y a este grupo parlamentario les importa; para que cuando haya una irregularidad administrativa o se perciba la posibilidad de cometer un delito por parte de un funcionario pueda denunciarse y la persona que denuncia esté protegida. Esto
es algo básico, porque sin protección del denunciante no puede haber persecución de la corrupción dentro de nuestra Administración. Me gustaría que esto nos lo aclarara usted, señor Pérez.


Finalizo. Entiendo que usted es el responsable directo del director general de la Guardia Civil, directora general, en este caso, y también de la anterior directora. Solamente me gustaría que me respondiera a

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una pregunta: ¿fue usted el que le comunicó directamente el cese a la señora Gámez o fue el ministro Marlaska el que se lo comunicó?


Muchas gracias, presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Por el Grupo Confederal de Unidas Podemos, el señor Santiago Romero.


El señor SANTIAGO ROMERO: Muchas gracias, presidente.


Muchas gracias, señor secretario de Estado. Efectivamente, nos ocupa un asunto grave. Entre 2014 y 2019 -e incluso hay informaciones en prensa que hablan del año 2008- han aparecido distintas irregularidades en la contratación y está muy
bien que esto se haya empezado a investigar por Asuntos Internos. Por supuesto, es encomiable el trabajo de cualquier unidad de Asuntos Internos en cualquier cuerpo policial, porque es el problema de quién vigila al vigilante y de que esa
vigilancia se realice con los debidos medios y eficacia. Sin embargo, la verdad es que se constatan problemas en el funcionamiento de estos mecanismos de control, porque, en términos generales, la eficacia del mecanismo de control en un Estado de
derecho no puede depender de la voluntad del Gobierno de turno, sino que tiene que haber normas que permitan que los funcionarios -especialmente, los funcionarios y funcionarias que tienen que realizar las tareas contra la corrupción- puedan
realizar su trabajo al margen de cuál sea el Gobierno de turno. Tenemos demasiados casos de injerencia en el ámbito de la lucha contra la corrupción por parte de gobiernos del Partido Popular. En esta misma casa, el inspector Morocho ya nos relató
el vía crucis que tuvo que soportar al frente de la UDEF para poder investigar la corrupción de la contabilidad paralela de la financiación irregular del Partido Popular. Es decir, hacen falta normas sólidas.


A mí me surgen distintas dudas. Usted lo que nos ha relatado es que Asuntos Internos concluye su investigación en el año 2018 y reporta únicamente al máximo nivel. ¿No sabía Asuntos Internos que ese máximo nivel era parte de los
investigados, en este caso, el teniente general Vázquez Jarava? Asuntos Internos parece que reporta al general Martínez Alonso, al que yo no tengo el gusto de conocer, pero que es un general. ¿Por qué este general tiene que dirigirse al teniente
general Vázquez Jarava, que probablemente estaba en ese informe de Asuntos Internos? Porque, si aparecía indiciariamente, directa o indirectamente, todos ellos son altos funcionarios de policía con dilatada experiencia y conocedores de lo que dice
un informe. Me imagino que en ese supuesto era muy previsible que al reportar a un oficial presuntamente implicado este iba a hacer lo que hizo: ordenar que se archivara la investigación y que esta no continuara. Eso, evidentemente, se tiene que
regular para que no pueda volver a pasar.


Yo me alegro mucho de que se haya recibido un correo electrónico anónimo. Probablemente puedo llegar a la conclusión de que ha sido el sistema un tanto pedestre que han tenido que utilizar los propios funcionarios de Asuntos Internos para
que se reabriera la misma investigación, y es evidente que reabrir una investigación de estas características no puede depender simplemente de que llegue o no llegue un anónimo. Un sistema sólido tiene que tener mecanismos sólidos. Además, estamos
ante una investigación que da la impresión de que afecta no a cualquier tipo de delincuencia, sino a una estructura criminal y estructurada; es decir, aquí han salido a relucir ya al menos un capitán, un comandante, dos tenientes coroneles, un
coronel, un general y un teniente general, nada más y nada menos, más dos empresarios. Asimismo, han sido unas actuaciones de corrupción que han afectado al menos a nueve comunidades autónomas, según hemos podido ver. Desde luego, esto no se puede
investigar en tres o cuatro juzgados territoriales de forma inconexa, rompiendo la continencia de la causa y no respetando el artículo 17 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y el artículo 65 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.


Yo le pregunto: la Abogacía del Estado, en representación del Ministerio del Interior y de la Guardia Civil, ¿está personada en la causa? ¿O solamente está personada en la causa como acusación la Asociación Unificada de la Guardia Civil?
Por cierto, aprovecho para felicitar a la Asociación Unificada de la Guardia Civil por el trabajo que está realizando en defensa del honor, la eficacia y del buen nombre de la Guardia Civil, porque me consta que está ejerciendo la acusación. Pero
¿está haciéndolo el Ministerio de Interior? En caso de que lo esté haciendo, ¿han solicitado ya a los servicios jurídicos las debidas inhibiciones y acumulaciones para que esto se investigue con garantías en la Audiencia Nacional?


Francamente, creo que hay que tomar medidas de reforma del funcionamiento de la cadena de mando para evitar injerencias contrarias a la ley que puedan darse en supuestos como este. Es decir, hay que tomar medidas para que se garantice que
en supuestos de corrupción no haya impunidad cuando la propia investigación depende de una cadena de mando que puede estar implicada en las actividades delictivas, como parece que aquí ocurre. También hay que perfilar la definición de obediencia
debida, diferenciándola

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del servicio -y definiendo qué alcance tiene- y de la defensa de la legalidad. Quizás haya también que precisar la definición de exención de responsabilidad criminal del artículo 20 de nuestro Código Penal, cuando exime de responsabilidad
criminal al que obra en cumplimiento de un deber del ejercicio de un oficio o cargo en un supuesto como este. Por tanto, nos toca ser mucho más precisos. Acabamos de aprobar la Ley 2/2023 de protección de las personas denunciantes de corrupción y,
francamente, la previsión que hace la ley en el artículo 2 respecto a los supuestos que ocurran en el seno de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado también deja dudas, porque lo que dice es que no será de aplicación la protección a aquellos
supuestos que ocurran en el seno de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y que afecten a la información que sea conocida debido al deber de confidencialidad de la investigación. ¿Eso qué significa? Que Asuntos Internos, cuando investiga,
tiene un deber de confidencialidad. ¿Eso qué significa? ¿Que no les alcanzan las previsiones de protección que se encuentran la ley a los denunciantes de corrupción? Es decir, ¿esa protección a los denunciantes de corrupción solo va a alcanzar a
los guardias civiles o a los policías -me da igual- cuando conozcan los hechos de corrupción al margen de las investigaciones que realizan y que están afectadas por ese deber de sigilo y de confidencialidad profesional? Pues también vamos a tener
que perfilar esta norma que acabamos de aprobar.


Yo, francamente, les animo a que en el combate de la corrupción, tengan un papel las asociaciones profesionales. También les animo a que -creo que esto es un ejemplo evidente- los cuerpos policiales dejen de regirse en nuestro país por el
Código Penal Militar. Los cuerpos policiales son cuerpos policiales y tienen que tener la suficiente capacidad para investigar y para perseguir cualquier tipo de supuesto. No son cuerpos militares. Esto es lo que están pidiendo las organizaciones
profesionales, en concreto la AUGC. Al igual que hay sindicatos en la Policía Nacional puede haber sindicatos en la Guardia Civil.


En todo caso, creo que la AUGC ha planteado un código de buenas prácticas de lucha contra la corrupción, y yo animo a que, al menos, se trabaje con esta entidad para que se ponga en marcha la creación de esa comisión de trabajo en el seno
del Consejo de la Guardia Civil para evaluar los privilegios injustificados; para la revisión de las normas que regulan la elección de oficiales generales, con el fin de garantizar los principios de igualdad, mérito y capacidad; para que la
Dirección General de la Guardia Civil cuente con un gabinete civil -repito: civil- de su confianza, que no se organice como si fuera una unidad militar, y haya los debidos contrapesos; para que haya un sistema de auditoría interna de contratos de
obra que sea eficaz y se auditan los últimos diez años, y para que, por supuesto, haya una nueva regulación de la Ley orgánica reguladora de los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil. Pero, sobre todo, están pidiendo -es un clamor-
el fin de determinados privilegios: el teniente general detenido, estando ya fuera de servicio de la Guardia Civil, seguía teniendo coche oficial, vivía en un piso de la Guardia Civil y tenía todavía un chófer que era un guardia civil. Los
guardias civiles no están para ser chóferes, para eso están los funcionarios del Parque Móvil del Estado. Yo les animo a que tomen medidas en todas estas cuestiones y podamos garantizar que es el Estado de derecho el que tiene capacidad para que
estos supuestos no ocurran nunca más, al margen de quien gobierne.


Le felicito por las investigaciones y por el impulso que está dando este Gobierno, en contraposición a lo que pasó con el anterior Gobierno.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Santiago.


¿Señora Carvalho, se encuentran en condiciones ya? (Pausa). Tiene la palabra.


La señora CARVALHO DANTAS: Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señor secretario.


Mi grupo parlamentario, el Grupo Parlamentario Republicano, cree necesaria una comisión de investigación sobre el caso Mediador, y así lo dijo a todos los medios nuestro portavoz Gabriel Rufián. Pensamos que es muy importante que haya una
comisión aquí en esta casa.


La señora LÓPEZ ÁLVAREZ: Señor presidente, discúlpeme, de nuevo le tengo que pedir que llame al orden a la diputada por el cartel que tiene insultando a mi grupo parlamentario.


Gracias.


La señora CARVALHO DANTAS: Mi grupo parlamentario piensa que es muy importante que haya una comisión de investigación aquí, en la Cámara Baja, en el Congreso de los Diputados, sobre la trama Mediador. Es una medida muy necesaria.


Señor secretario y señorías, queremos denunciar que nos han tumbado las comparecencias de los mandos policiales de la Guardia Civil en la Comisión. Habíamos solicitado la comparecencia del

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señor Francisco Espinosa Navas, general; de Pedro Vázquez Jarava, teniente general; de Carlos Alonso Rodríguez, teniente coronel, y de José María Tienda, coronel. Nos han tumbado la comparecencia de esas personas.


Son nueve comunidades autónomas las afectadas por este tema, pero preguntamos qué relación hay entre el caso Mediador y el caso Cuarteles. Aquí estuvo hace nada el señor ministro contestando a nuestras preguntas sobre el caso Cuarteles,
pero voy a volver a preguntarle por unos cuantos temas, que, desgraciadamente, no fueron contestado por el ministro. El caso Cuarteles, que está ahora en fase de instrucción, se inicia mucho antes que el caso Mediador; de hecho, es una
investigación que viene del año 2017. Se instruye en un juzgado madrileño que analiza presuntas irregularidades en las contrataciones para obras en cuarteles de la Guardia Civil en una quincena de provincias. El nexo común con el caso Mediador es
la figura del general Espinosa, cuya comparecencia nos acaban de tumbar -es importante recalcarlo-, figura que aparece en las grabaciones hechas por Antonio Navarro hablando con el empresario Ángel Ramón Tejera, conocido como Mon, el empresario que,
supuestamente, hacía obras gracias a un trato de favor de mandos de la Guardia Civil, con trabajos a precios inflados y con dádivas como contraprestación. En la comandancia de Las Palmas Mon hizo obras cuando Espinosa -cuya comparecencia nos han
tumbado-, que entonces era coronel, estuvo al frente. También las hizo en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, donde fuere relevado de su cargo el coronel Tienda, que también aparece en una conversación grabada con Espinosa -recalco que nos han
tumbado la comparecencia de Espinosa- en el caso Mediador. Asimismo, hay al menos una conversación -repito: al menos- entre Antonio Navarro y Mon en la que el primero, Antonio Navarro, le plantea la posibilidad de hacer obras para una de las
empresas ganaderas que entró en contacto con la trama de presunta corrupción.


Resumo. Resulta que unos empresarios le dicen, a través de un mediador, a un diputado: oye, consíguenos una subvención. Y recibían un dinero de este diputado o el mediador de este diputado. Todo, supuestamente. Luego veríamos cómo se
repartían esos beneficios y cómo se evitaban las sanciones. El diputado, junto a un sobrino que fue director general, supuestamente miraba qué empresas tenían algún expediente sancionador. Me acuerdo que de esto ya se habló en muchos medios de
comunicación, y hemos estado investigando el caso con muchos periodistas, llegando a la conclusión de que, supuestamente, se compinchaban. Decían, supuestamente: si quieres arreglar este expediente, pues tienes una sanción de equis mil euros, nos
tienes que dar equis mil euros.


La jueza María Ángeles Lorenzo-Cáceres sigue desenredando este ovillo que la Policía Nacional y la Guardia Civil dicen que es la punta del iceberg de una presunta trama de corrupción que llevaría años y años operando en las islas, y el caso
Cuarteles tiene nombres en común con el caso Mediador. La Asociación Unificada de la Guardia Civil, que se presentó como acusación en el caso Cuarteles, recurre el auto del Juzgado de Instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife en las
diligencias del caso Mediador. Su portavoz, Pedro Carmona, asegura que casos como este ponen en evidencia que la Guardia Civil no ha cumplido la recomendación del Grupo de Estados contra la Corrupción, del Consejo de Europa, GRECO, de que se
disponga de un órgano específico de vigilancia del cumplimiento de las normas éticas en el ejercicio de las funciones inherentes al cuerpo, singularmente por parte de quienes ejercen el mando al más alto nivel.


Mi primera pregunta es si el Ministerio del Interior también piensa personarse como acusación. ¿Cómo se hará eso? Señor secretario, ¿piensa el Ministerio del Interior hacer un plan para controlar la corrupción, así como un plan para
regenerar de forma democrática la Guardia Civil y que este cuerpo de seguridad se base en la tolerancia cero respecto a la corrupción? Otra pregunta, señor secretario. ¿El ministerio piensa crear una oficina de prevención y lucha contra la
corrupción como un órgano especializado e independiente, sobre todo de la cadena de mando de la Policía o de la Guardia Civil? Me gustaría realmente saberlo, porque se lo preguntamos también al ministro y la verdad es que no me contestó
favorablemente.


¿Piensa modificar el ministerio las normas que regulan la elección de mandos de la Guardia Civil? Esto es muy importante, y no lo digo yo, lo dice la Asociación Unificada de Guardias Civiles, para hacer oficiales generales, para que el
proceso respete escrupulosamente los principios de igualdad, mérito, capacidad y cumplimiento de los valores éticos y deontológicos. ¿Piensa acabar el ministerio con la enorme opacidad de esos procesos? ¿Piensa el ministerio hacer una auditoría
interna -eso es muy importante y tampoco me contestó el señor ministro- de todos y cada uno de los contratos de obras en dependencias -aquí hablo directamente del caso Cuarteles-, centros o acuartelamientos de la Guardia Civil de los últimos diez
años? Otra pregunta que creemos que es muy importante y a la que tampoco nos contestó el ministro es si piensa modificar el gabinete técnico de la Dirección General de la Guardia Civil

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para que sea mixto, compuesto por un miembro del cuerpo y una persona civil, y no solamente por alguien uniformado, como en la actualidad.


Acabo, señor secretario. Aprobamos la Ley 2/2023, del 23 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción. Mi pregunta es qué piensa hacer el ministerio para
hacer efectivos los derechos y garantías de las personas protegidas por esta ley -ya es ley- dentro de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.


Muchas gracias, señor secretario.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Carvalho.


Le corresponde el turno al Grupo Parlamentario VOX. Tiene la palabra la señora López.


La señora LÓPEZ ÁLVAREZ: Gracias, presidente.


Buenas tardes, señor Pérez. Además de querer hacer una comparecencia hermética, en la que solo quieren centrarse en lo que les interesa, lo que no me esperaba es que nos leyera la estructura de los servicios centrales de la Dirección
General de la Guardia Civil, que nos diera una clase de lectura de leyes y que, para terminar, nos haya repetido parte o casi todo el discurso que nos ofreció el ministro del Interior el pasado lunes. Y ahora quieren que ciñamos la intervención a
cuestiones técnicas y no políticas, pero solo los portavoces, no así el compareciente, que ha entrecomillado expresiones y ha dicho textualmente: por aquellos que temen que la comparativa venga a engrandecer sus miserias. ¿Es o no valoración
política? (Algunos señores diputados: Sí, sí). Por tanto, entiendo que en esta comparecencia caben perfectamente las valoraciones políticas, y a ello voy.


Ya dijo el otro día mi compañero Javier Ortega Smith en la comparecencia del ministro del Interior, y yo hoy se lo voy a repetir a usted, que no vamos a permitir bajo ningún concepto que ustedes ensucien el honorable cuerpo de la Guardia
Civil compareciendo una y otra vez por el mal llamado caso Cuarteles. La realidad es que todo esto actualmente solo tiene una lectura y una denominación, y es que quieren ocultar el caso Tito Berni y también el caso Gámez, un caso que ustedes
quieren camuflar. Es decir, su comparecencia, como la de Marlaska el lunes, es una tapadera, Emprenden su particular guerra con el Partido Popular dándole publicidad a la corrupción del PP para tapar así sus vergüenzas, así como los motivos reales
de la reciente dimisión -no sabemos si cese encubierto- de la directora general de la Guardia Civil. No les importa utilizar y politizar a la Guardia Civil, porque no tienen más remedio, y no tienen tampoco ningún escrúpulo para poner a agentes de
la Benemérita de parapeto.


Pero no engañan a nadie, señor Pérez. Lamento decirle que por muchas comparecencias que hagan no lo van a conseguir. Lo peor ya no es que no puedan, pese a tanto esfuerzo, engañar a nadie, lo peor es que ustedes se hacen valer para ello de
apoyos de grupos con nula legitimidad para hablar de nada en esta Comisión, empezando por quienes representan a los herederos de terroristas, es decir, empezando por el brazo político de quienes asesinaron a más de doscientos agentes de la Guardia
Civil, y siguiendo por quienes dieron un golpe de Estado en Cataluña. Son grupos que vienen a esta Comisión solo con un objetivo, y es poner en el foco de la corrupción a la Guardia Civil, con su ayuda. Eso usted lo permite, como también hizo el
lunes el señor Grande-Marlaska, porque sin el apoyo de esos grupos usted no seguiría en su puesto. Y ya ha demostrado este Gobierno que hay algo que está por encima no solo de la Guardia Civil, sino de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado
y también por encima de España y de los españoles, y es salvar su sillón, salvar su puesto, cueste lo que cueste y a costa de lo que sea, a costa de manchar, intoxicar y denigrar cualquier institución que se les ponga por delante o en medio, en este
caso el cuerpo de la Guardia Civil.


Pueden decirme y contestarme que esto no es objeto de su comparecencia, algo muy habitual que alegan para que el Grupo Parlamentario VOX no hable sobre la realidad y también para no contestarme. El Grupo Parlamentario VOX tiene tres
solicitudes de comparecencia del secretario de Estado de Seguridad, cuyas fechas son el 5 de mayo de 2021, el 19 de septiembre de 2021 y el 11 de febrero de 2022, pero viene solo a hablar de lo que a usted le interesa. Además, es muy subjetivo lo
de ser o no objeto de esta comparecencia, porque usted sí ha hecho valoraciones, como he dicho antes, incluso entrecomillando, ya que, aunque usted no lo diga, está ahí sentado solo para machacar al Partido Popular con sus corrupciones y así
disimular las que tiene dentro este Gobierno. Tengo que decírselo: viene a hablar de casos de corrupción. Yo le pregunto: ¿sabe lo que es corrupción del honor? ¿Sabe lo que es corrupción de la memoria de las víctimas del terrorismo? Yo se lo
voy a decir: la política del Ministerio del Interior, del que usted es secretario de Estado, acercando al País Vasco y excarcelando a etarras

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arbitrariamente bajo criterios exclusivamente políticos. Eso es corrupción del honor y de la memoria de las víctimas del terrorismo. Ya ha culminado su maléfico plan.


Pero cuando uno se somete, como lo está este Gobierno, a las exigencias de los herederos de una organización terrorista, su esencia se limita a venir a esta Comisión a echar balones fuera, como si ustedes no tuvieran nada que explicar dentro
de su opaca gestión y su monstruoso insulto a las víctimas del terrorismo. Su gestión es opaca, como hemos podido ver también cuando esta semana se ha conocido que el Tribunal Supremo anulaba el cese del coronel Pérez de los Cobos, cese que el
ministro del Interior motivó en pérdida de confianza, cuando fue por negarse a informarle de la investigación del 8-M en pandemia, a revelar esa información reservada. Con ese fallo del Tribunal Supremo, ¿qué se pone de manifiesto, señor Ruiz? Que
su ministro no actuó conforme a la legislación, que cesó a un miembro de la Guardia Civil por no haber atendido sus demandas, que eran demandas netamente ilegales e instrumentales del máximo responsable del ministerio del que depende su secretaría
de Estado.


Nuestro grupo parlamentario acumula numerosas iniciativas parlamentarias poniendo de relieve la nefasta y politizada actuación del ministro del Interior en relación con la Guardia Civil, en concreto con esa destitución arbitraria, como la
más reciente del coronel de Melilla que se negó a expedientar a los agentes que defendieron la valla de Melilla en el ataque organizado y violento de miles de inmigrantes a la valla en junio del año pasado. Un paradigma de lo que venimos planteando
es la sentencia del Tribunal Supremo, que declara que el cese del coronel Pérez de los Cobos, ordenado por el ministro Grande-Marlaska, fue arbitrario, delictivo y discriminatorio, según confirman varios medios de comunicación a la espera de conocer
la publicación de la sentencia. Dígame cómo va a investigar la Guardia Civil los casos de corrupción si luego los gobiernos de turno afectados represalian a los mandos que dirigen estas investigaciones. Estas prácticas políticas erosionan la
democracia. Si lo que se ha filtrado del contenido de las sentencia es así, estaríamos ante unos hechos gravísimos.


Dice la sentencia que, no constando en modo alguno qué información se consideraba que debía haber comunicado el recurrente en su condición de jefe de la comandancia de Madrid, no podemos concluir más que el motivo de la decisión discrecional
del cese era ilegal, en tanto que el cese estuvo motivado por incumplir con lo que la ley y el expreso mandato judicial ordenaban, no informar del desarrollo de las investigaciones y actuaciones en curso, lo que, entre otras cosas, podría haber sido
constitutivo de un ilícito penal. Continúa diciendo la sentencia que el actuar discrecional no puede ser un medio para atentar contra la legalidad o menoscabar la legalidad a la que todos, en definitiva, estamos sujetos. ¿Verdad, señor Ruiz?
Todos. Por tanto, también el Gobierno que usted representa. ¿O van a seguir buscando motivos para no cumplir con el fallo del Tribunal Supremo?


Mire, la señora Gámez, la que hasta hace una semana era la directora general de la Guardia Civil, iba a comparecer esta mañana, y no usted, pero me vale su presencia, ya que la Dirección General de la Guardia Civil depende directamente de su
secretaría de Estado. Me vale para decirle, señor Ruiz, si no le da a usted vergüenza que el ministro, que es el órgano superior de su secretaría, actúe con esa injerencia en la destitución de miembros del honorable cuerpo de la Guardia Civil y
que, además, siga sin restituir inmediatamente en su cargo a De los Cobos como dice una sentencia del Tribunal Supremo.


Termino, señor Ruiz. Deberían ustedes seguir los pasos de la señora Gámez y dimitir en bloque, empezando por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por su contrastada extralimitación e injerencia en su gestión y por su
actuación ilegal, tal y como se pone de manifiesto en la sentencia del Tribunal Supremo. Dejen de hacer este tipo de comparecencias para ocultar sus responsabilidades y váyanse.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


A continuación, tiene la palabra, por el Grupo Popular, el señor Suárez Lamata.


El señor SUÁREZ LAMATA: Muchas gracias, señor presidente.


Señor secretario de Estado, gracias por su exposición, reiterativa de lo que ya escuchábamos hace unos días. Solamente coincido con una de las cuestiones que usted ha planteado, con el buen nombre de los ochenta mil agentes del cuerpo de la
Guardia Civil y con que la justicia hará pagar a los garbanzos negros -yo estoy convencido- por aquellas acciones ilícitas que hayan cometido dentro del cuerpo.


A partir de ahí, usted ha venido al segundo pase de la película que el ministro de Interior, el señor Marlaska, y los grupos que sostienen al Gobierno han diseñado con el único objetivo de tapar la corrupción del Partido Socialista Obrero
Español. El guion de hoy es un poquito distinto al del otro día, porque en el

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orden del día ustedes vienen de la mano del partido de Esquerra para parecer lo que no es. Porque esto no es una comisión de investigación, insisto en que es, sencillamente, como hemos vivido muchas veces, para tapar la corrupción del
Partido Socialista Obrero Español. Hoy vienen de la mano del partido de Esquerra, y todo el mundo sabe que a España mucho mucho no la quieren los independentistas y, que, sobre todo, odian profundamente a la Guardia Civil. Yo estoy convencido de
que las cuestiones objeto de su comparecencia les importan muy poco. Les preocupa mucho más machacar y vilipendiar el nombre de aquellos que en Cataluña hicieron un trabajo excepcional consiguiendo sentar en el banquillo -me estoy refiriendo a
Pérez de los Cobos y al teniente coronel Daniel Baena- a los golpistas y que los condenaran por malversación. Cumplieron su trabajo, porque se incumplió la ley. Esa es la obsesión del independentismo. Y, cómo no, a quienes han sostenido a este
Gobierno evidentemente ustedes se lo ponen en bandeja y diseñan un modelo de comisión para que se machaque constante y permanentemente el buen nombre de la Guardia Civil. Y qué decir del premio que el ministro Marlaska le ha dado al coronel Pérez
de los Cobos, al cual luego me referiré.


Este esperpento, porque esto es un esperpento de comisión de investigación, no es un escudo social, y usted lo sabe, es un escudo socialista para impedir que aquí se conozcan cuestiones que, por lo visto, son nada, una tontería. Igual que
se le da credibilidad a algunos testigos que usted acaba de citar, ¿por qué no hay que darle credibilidad, o por lo menos cuestionárselo, a quién manifestó que aquí estaba la sede de la trama del Tito Berni, que las maletas de dinero estaban
desfilando por los pasillos del Congreso y que el despacho estaba en la planta del Partido Socialista Obrero Español? Y ya no quiero saber lo que cenaban, quiénes cenaban y por quién cenaban y si, al final, porque es que también se ha declarado,
señoría, estaba el diputado ese que dijo 'y a ti qué más te da', que no es un diputado cualquiera, es quien representa al Grupo Parlamentario Socialista. Todo esto parece ser que no importa.


Usted ha comparecido y ha hecho lo mismo que el señor Marlaska. Usted ya ha cumplido hoy su misión. Ya tiene el titular: El secretario de Estado acusa al Gobierno de Rajoy de haber tapado la trama Cuarteles. Descanse, objetivo cumplido.
También fue el objetivo del señor Marlaska. Y yo le agradezco el tono, como ha hecho el señor Gutiérrez, porque el otro día el señor Marlaska lo único que hizo fue vomitar, porque no fue ni acusar, contra el Partido Popular. Vino como alguien que
se sabe cadáver político, aunque sobrevivirá, porque el Partido Socialista ha aprendido que lo de cesar a ministro de Interior y juez no trae muy buenos resultados -¿se acuerdan del señor Garzón?-. Pero yo estoy convencido que rabiaba, ¿y sabe por
qué? Porque ya conocía la sentencia del Tribunal Supremo referente al coronel Pérez de los Cobos. Hemos visto a Marlaska aquí muchas veces defenderse, porque su estrategia es un buen ataque ante un escándalo: ceses arbitrarios; Delsy; Gali y
Frente Polisario; los acercamientos de presos de ETA; la tragedia de Melilla -recuerdo, como algo de lo más espantoso que he visto en este Congreso, a un ministro zombi que no sabía ya prácticamente lo que decía-; la ley de seguridad, o la
reprobación del Congreso por mentir.


Digo que el ministro rabiaba -es una palabra que no me gusta, pero es lo que vivimos aquí-, porque el Supremo le dio el bofetón de su vida. Es un ministro que permanentemente aquí ha hecho lucimiento de su buen hacer como juez. Yo no lo
voy a discutir, pero es evidente que se le ha olvidado todo cuando ha llegado al Ministerio del Interior, posiblemente porque Sánchez tiene una gran capacidad de abducir a las personas para que olviden sus principios y valores, y no hay más que ver
cómo se comporta el Gobierno: realmente produce escalofríos. Se ha estrellado en el cese de un coronel muy querido en la Guardia Civil.


¿Y cómo ha reaccionado el ministro? La historia se repite. Ayer volvió a sembrar porquería sobre el buen nombre del coronel Pérez de los Cobos. Si lo que dijo ayer el ministro es verdad, yo le pregunto a usted, que conoce perfectamente el
Código Penal, ¿por qué no han ido ustedes hace tiempo a un tribunal y han presentado la correspondiente denuncia si son ciertos los hechos que insinuó el ministro del Interior? ¿Por qué no lo han hecho? Ustedes están en otra cosa. Catorce veces
le han negado el ascenso al generalato. ¿Eso es una persecución o no lo es?


Perseguir a alguien por cumplir lo que la juez le indica me cuesta entenderlo, pero lo entiendo, ¿y sabe por qué? Porque no era cualquier cosa lo que se estaba investigando. Se estaba investigando el 8-M. Yo le recuerdo que este Gobierno
hizo una campaña para acudir al infectódromo del 8-M. Recientemente ha salido un estudio en un medio de comunicación que cifra en unos cien más los contagios que se produjeron en esos días en las manifestaciones. Y, claro, el asunto era tan
preocupante, señoría, que el Gobierno tenía que controlar aquello, porque no fuera que al final se hubiera sabido la verdad. Y, claro, lo cesa por algo por lo que el propio Marlaska puso el grito en el cielo. ¿Usted se acuerda del caso Faisán,

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cuando Rubalcaba, no? Pues, mire, se le fue la mano y, al final, se filtró lo que se filtró. Oiga, ¿cómo es posible que la misma persona no siga la teoría de Carmen Calvo de que no es lo mismo cuando uno es ministro que cuando es juez?
¿Cómo es posible que la misma persona se queje de algo y que, luego, se lo hagan a él y, entonces, aplique otro criterio? Explíquelo, porque esto es como tener una doble personalidad o un problema mental importante.


Hoy usted se ha vuelto a olvidar de un detalle -no me sorprende, porque ha leído-, el de que la segunda denuncia anónima fue cuando todavía estaba el Gobierno del Partido Popular -estaba acabando- y que se remitió a la sección de Operaciones
Especiales, del Estado Mayor, y siete meses después, a Asuntos Internos. Ese es un pequeño detalle. En segundo lugar, le quiero decir que ha hablado usted de los contratos que se celebraron, pero de lo que no ha hablado es de los trece contratos
que se han celebrado. Si ustedes sabían todo lo que sabían, si sabían que había todo lo que había, ¿cómo es posible que haya trece contratos más con las empresas del señor Ramón Tejera? ¿Cómo es posible? ¿Usted está en condiciones de garantizar
que no se han seguido celebrando contratos después de esos trece? ¿Se siguen celebrando contratos con la trama corrupta? Le pregunto. Ayer tampoco nos habló el ministro de los contratos con la Dirección de la Policía, de la trama Tito Berni y la
Subdirección de Interior. En definitiva, insisto en que intentan tapar muchas cosas.


Vamos al cese de la señora Gámez que usted, como el ministro, ha vuelto a alabar. Oiga, es que el señor Marlaska nos mintió aquí por enésima vez. Ya no nos sorprende. Es que la señora Montero, en cuanto salió del hemiciclo y le pusieron
una alcachofa -con esa incontinencia verbal que tiene-, dijo que estuvieron todo un día preparando el cese-dimisión. Yo estoy convencido de que no mentía la señora Montero. Tiene tantas cosas y es verdad que tiene tantas responsabilidades, que al
final se le deslizó. Entonces, no fue una dimisión como ustedes nos están contando, es que la convencieron para que dimitiera. Oiga, ¿pero esto qué es? ¿Esto qué es? Claro, hoy viene aquí hablando de honorabilidad y de principios, ¿alguien que
tiene vocación de ser una agencia inmobiliaria con recursos que teóricamente proceden de una trama de corrupción? Yo no sé el concepto que tiene este Gobierno de la honorabilidad, seguro que hasta usted me lo explica. Le voy a decir más. Lo que
está pasando desapercibido en esta historia es que el marido de la señora Gámez no era cualquier persona; no, no, es un socialista conocido en Jaén, el jefe de gabinete de Gaspar Zarrías, condenado, y el jefe de gabinete de Vallejo, condenado por
la trama de los ERE. ¡Total, nada, señorías!


Le voy a decir algo, al final me quedo con dos cosas y voy a acabar, señor presidente. Yo me quedo con esta foto: El teniente coronel Gayoso falleció en acto de servicio jugándose la vida con el COVID -en Bruselas, en Haro, no sé dónde se
contagió-, la directora de la Guardia Civil arriesgando su vida yendo a inscribir en el Registro de la Propiedad un piso, pagado presuntamente con dinero de la trama de los ERE. Le voy a decir algo más, señoría, la institución de la Guardia Civil
es querida en este país. Ni Tezanos puede desmontar eso con sus encuestas; es la institución más querida y ustedes, por mucho escudo que la pongan, no van a conseguir desmontar eso, porque los españoles siguen queriendo a la Guardia Civil más
allá, insisto, de los garbanzos negros. ¿Saben quién es el ministro menos valorado del Gobierno socialista? Marlaska. Eso tampoco lo van a poder desmontar.


Nada más y muchas gracias. (Aplausos.-La señora Vázquez Blanco: Muy bien).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, la señora Ferrer.


La señora FERRER TESORO: Gracias, presidente.


Muchas gracias también al señor secretario de Estado por venir hoy aquí a dar explicaciones.


Por mucho que griten, insulten, despotriquen o directamente digan noticias falsas o acusaciones a la ligera, como la que acaba de hacer el señor Suárez basada en presunciones de medios de comunicación -que, desde luego, pueden ser objeto
también de denuncia-, lo que hoy les interesa es que no se hable de un caso de corrupción del Partido Popular. Fin de la cita. Existen unos hechos probados y documentados, tal como explicó el señor ministro el otro día y como hoy lo ha vuelto a
decir el señor secretario de Estado de Seguridad. En el año 2016, gobernando el Partido Popular, se inicia la investigación. Como saben, se centra en unas obras en cuarteles de la Guardia Civil durante los años 2014, 2015 y 2016, gobernando el
Partido Popular. Asuntos Internos inicia una investigación en el año 2017. Esta investigación se entorpece y dilata por el teniente general Vázquez Jarava, responsable del Mando de Apoyo, que posteriormente es encausado; es decir, el imputado
torpedea la investigación. Por cierto, rápido ascenso tuvo luego este señor, quizás -pregunto- por los servicios prestados.

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En 2017, el entonces director general de la Guardia Civil, también juez y nombrado por el ministro Popular, señor Zoido, también juez, -por cierto, propongo cambiar de nombre el caso, en vez del caso Cuarteles yo creo que sería más real si
lo llamáramos caso Zoido-, manda archivar las actuaciones de Asuntos Internos. Leo textualmente: No existían conductas contrarias a la ética profesional en la adjudicación de las obras que ahora investigan los juzgados. Claro, que si la ética era
la del Partido Popular, está todo mucho más claro. Por tanto, conclusión: un caso que se comenzó a investigar en 2016 -Partido Popular- se reactivó en 2018 -Partido Socialista-, pese a los intentos de taparlo de los responsables políticos del
Partido Popular. Fin de la cita.


Estos son los hechos probados y documentados. Ante estos hechos -que nos pueden ocurrir a cualquier gestor político o a cualquier gestor público- caben distintas respuestas. Se pueden investigar y depurar responsabilidades de estos hechos
delictivos -lo podrían haber hecho- o, por el contrario -lo que sabemos que llevaron a cabo-, taparlo y entorpecer la investigación; en definitiva, esconder debajo de la alfombra los trapos sucios. Eso fue lo que hicieron los responsables
políticos del Ministerio del Interior en la época del Partido Popular.


Por otra parte, tampoco nos extraña. Nada nuevo en la gestión del Ministerio del Interior de aquellos oscuros años del Partido Popular. Uno más de los casos que ya conocemos, otro más de los episodios de corrupción, tropelías y exceso de
los gobernantes populares en el Ministerio del Interior. Si no, hagamos una prueba, salgamos a la calle aquí, a la Carrera de San Jerónimo, y preguntemos qué opinión le merece a cualquier ciudadano que pase por allí la gestión del Ministerio del
Interior cuando estaba Mariano Rajoy. Podríamos preguntarle qué recuerda del señor Jorge Fernández Díaz como ministro del Interior; también podríamos preguntar si le suena la Kitchen, Bárcenas, la Gürtel, Camps, Púnica... ¿Seguimos, señorías?
(El señor Suárez Lamata: Sí, sí). No, yo creo que la respuesta la sabemos todos. Usaron el ministerio como si de su chalé se tratara, desviando fondos públicos para espiar a los propios, a los adversarios, a los periodistas; en fin, para
fabricar pruebas que sirvieran para defender al Partido Popular: la famosa policía patriótica. Vamos por la tercera Comisión de investigación de la Kitchen, la Kitchen 3. Esto tiene pinta de ser una telenovela de estas que son eternas. Se podría
llamar Corrupción en Génova, capítulo 895. Menos mal que terminó la legislatura con la moción de censura de 2018 ante un Gobierno ahogado por la corrupción. Y no descartamos que aún, cinco años después, sigan saliendo casos como este de corrupción
de esos tenebrosos años.


Hay que decir que qué diferencia, qué diferencia de gestión, señorías. Mientras unos usaban el ministerio para tapar sus escándalos, este Gobierno se ocupa de proteger la seguridad de los ciudadanos. Ustedes protegían únicamente a los
suyos. Nosotros investigamos, actuamos y cesamos en caso de que sea necesario. No hay interés en tapar nada porque no hay temor de que se conozca la gestión del ministerio, ni interés partidista ni interés personal. Si alguien comete un delito de
corrupción hacemos lo contrario a lo que hacían ustedes: se va a la calle. Esa es la gran diferencia de gestión entre el Partido Popular y el Partido Socialista. El Gobierno actual aplica la transparencia total, ataja las conductas poco éticas y
pone en marcha medidas para prevenir posibles nuevos casos de corrupción. Ante hechos delictivos, tolerancia cero. Se han puesto en marcha, tal y como ha comentado el señor secretario de Estado, multitud de medidas dentro del ministerio para
prevenir, disuadir e investigar estas conductas que vayan en contra de la ley.


Quiero también, en nombre el Grupo Socialista, reconocer la labor profesional de la Guardia Civil, de este cuerpo, que defiende los valores de libertad y de seguridad ciudadana. Como reflexión, la Comisión del Interior es una Comisión
siempre tensa -yo creo que no por los temas a tratar, sino por los tratantes- y uno puede entender que se defienda el posicionamiento ideológico, la confrontación parlamentaria, la crítica normal a la gestión del Ejecutivo, pero lo que no se puede
entender, y no entendemos en mi grupo, es el insulto, las mentiras, la descalificación permanente y, en definitiva, la deshumanización del adversario. Esto para nosotros no es política, es otra cosa. Cada uno que lo etiquete como quiera.
Observamos en esto una deriva actual del Partido Popular que nos preocupa. Nos preocupa que sus intervenciones perjudiquen gravemente la vida política y la vida pública.


Para concluir el caso Zoido, termino como empecé en esta Comisión -que no es una Comisión de investigación, yo creo que ha patinado el señor Suárez, es una comparecencia-, el compareciente ha venido a dar transparencia a un caso que nos
encontramos cuando llegamos al Gobierno y que, como ha quedado demostrado, los representantes políticos del Partido Popular intentaron tapar y obstaculizar iniciada la investigación. Ha tenido que ser un Gobierno socialista el que retome el caso y
el que depure responsabilidades. Fin de la cita.


Muchas gracias. (Aplausos).

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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


A continuación, tiene la palabra el secretario.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Pérez Ruiz): Muchas gracias, señorías.


En primer lugar, señora Ferrer, hago mío parte de su discurso, al menos para dar un enfoque positivo, más allá de las cuestiones tan importantes que tenemos entre manos y de las responsabilidades que todos los presentes tenemos aquí, en algo
en lo que todos y cada uno de los presentes estamos de acuerdo, y es que tenemos que defender a la Guardia Civil y que supuestos como los que estamos tratando en esta Comisión no pueden manchar el buen nombre de la Guardia Civil en su totalidad, de
esas casi 81 000 mujeres y hombres que componen la Guardia Civil. Quizás es en lo poco que podemos llegar a coincidir, pero, al menos, quería iniciar esta intervención con algo positivo. Por eso, señora Ferrer, me he atrevido a hacer mías algunas
de las palabras con las que iniciaba su intervención.


Antes de responder a cada una de las cuestiones, aunque algunas las intentaré agrupar, quiero subsanar un pequeño error que ha habido en mi intervención. El caso Mediador se lleva actualmente en el Juzgado de Instrucción número 4 de Santa
Cruz de Tenerife. Antes, en mi primera intervención, he citado un número de distinto, pero, es el número 4 de Santa Cruz de Tenerife.


Quiero mencionar otra cuestión, señorías, no como respuesta a lo que ustedes me han dicho, sino porque lo creo de verdad y lo agradezco. Con independencia también de las cuestiones tan graves que tenemos entre manos y del contenido de esta
intervención, para mí es de agradecer el tono que estamos manteniendo en esta Comisión, no solo por el ambiente de la propia Comisión, sino también por la imagen que damos a la ciudadanía. Así que, no solo acojo sus agradecimientos, sino que lo
hago extensible a ustedes mismos, más allá de que nos puedan diferenciar, en el fondo, muchas cuestiones, como pasaré a exponer.


Señor Gutiérrez, por seguir el orden de intervención, no entro en las formas que debería tener esta comparecencia o Comisión, pero le traslado la disponibilidad de la Secretaría de Estado de Seguridad para comparecer las veces que sean
necesarias. Respecto al conocimiento de determinados hechos o que determinadas personas acudieran a los procedimientos judiciales abiertos, ustedes han hecho referencia a mi condición y, como también sabe usted, dependerá ya de la voluntad que
tenga la autoridad judicial que lleva el procedimiento en sí; no depende de nosotros. Tomo nota del ejemplo específico que ha citado usted -que creo que puede servir para enriquecernos a todos- sobre lo acontecido en la comandancia de Badajoz y en
qué sentido se pueden producir determinadas cuestiones. No dudo de sus palabras, pero permítame que le diga, desde esta Comisión, precisamente por lo que ha dicho usted y que también ha citado otra de sus señorías, que guardias civiles y
asociaciones nos están observando. Insisto, no dudo de su palabra, señor Gutiérrez, pero no puedo aceptar de por sí el relato -de acuerdo a quien se lo haya trasmitido a usted- y sin poner en duda, tampoco, a la asociación que asistiera a esa
persona. Pero, sí le agradezco que lo ponga como ejemplo, porque lo que viene a decir es que tenemos que seguir profundizando en estas formas que el Servicio de Asuntos Internos tiene para conocer determinados asuntos para mejorarlas. Comprendo
que, quizá, usted ha hecho uso de ese ejemplo porque he centrado la función de Asuntos Internos en los ilícitos que pueden desembocar en delitos -ilícitos de carácter penal-. Incluso yo mismo he llegado a utilizar -y, por eso, también comprendo su
ejemplo, señor Gutiérrez- la palabra residual vinculado a los supuestos de carácter disciplinario, y, dado que determinadas cuestiones disciplinarias pueden estar -como usted bien ha expresado- vinculadas a que hayan acontecido otras cuestiones que,
incluso, pueden ser calificadas como como ilícito penal, debemos estar especialmente atentos a ello. Así que tomo nota al respecto.


Quiero aclarar que no todas las cuestiones o no todas las informaciones que llegan a Asuntos Internos vienen por arriba o tienen que ser objeto de elevar para que las mismas tengan un peso. Cuando he hecho referencia a cuál es el ámbito de
investigación de Asuntos Internos, he diferenciado claramente en que puede ser a iniciativa propia y también a requerimiento. Dentro de la iniciativa propia he hablado de canales de colaboración establecidos, que pueden ser desde un informante
hasta -utilizando el ejemplo que le digo de Badajoz- que una asociación o quien corresponda pueda poner en conocimiento de Asuntos Internos una determinada información. Además, va ligada -y, por eso, quise incluirlo en el seno de mi comparecencia,
al menos, en mi primera intervención- precisamente a la Ley 2/2023 en cuanto a que, obviamente y como siempre he manifestado en otras comparecencias que he realizado, en todos los ámbitos siempre hay posibilidad de mejora. Pero, más allá de esa
posibilidad de mejora, muchas de las cuestiones que se recogen en la Ley 2/2023, de 20 de febrero, ya entraban dentro de esta posibilidad de

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que, por iniciativa propia, Asuntos Internos actuara, y que esa iniciativa propia se viera -compréndame- excitada por informaciones que llegaran por otros ámbitos.


En cuanto a lo que he dicho de elevar, cuando he hecho referencia a de quién depende Asuntos Internos y ese cambio de normativa que se realizó, he querido expresar -y lo digo para que quede completamente claro y le agradezco que me dé esa
oportunidad, señor Gutiérrez- que se quiso hacer depender directamente de la Dirección Adjunta Operativa, y que cuando hay una investigación se tiene que elevar a la Dirección Adjunta Operativa, pero -aclaro para que quede meridianamente entendible-
no para que el DAO autorice absolutamente nada, no para que autorice que se ponga en conocimiento de una autoridad judicial o de Fiscalía, sino para su conocimiento porque es su único superior jerárquico, y nada más, no tiene más recorrido, es así
de sencillo.


Respecto a quién comunicó a María Gámez su cese, creo que el ministro fue suficientemente claro, pero aprovecho yo para hacerlo también. La directora general de la Guardia Civil presentó su dimisión, y se produjo en ese día, en el que la
propia directora tuvo conocimiento de que en el seno de un procedimiento de una de las piezas... Se habla de vinculación con los ERE si ustedes quieren podemos entrar en ello, pero, si quieren que seamos técnicamente correctos, no tiene que ver con
ellos, y se lo digo simplemente por lo que ha salido en medios de comunicación; siempre cito fuentes abiertas para garantizar no conculcar los derechos de nadie. En todo caso, en una investigación penal abierta se tiene conocimiento de que se hizo
una resolución por la que se le atribuye a su cónyuge el carácter de investigado, y ella -como bien explicó en su propia comparecencia-, para no dañar ni a la Guardia Civil como institución ni a su familia, presentó la dimisión al ministro.
Obviamente, yo, como secretario de Estado, también tuve conocimiento de que presentaba la dimisión. Pero, no fue un cese; ella misma, con conciencia, presentó su dimisión.


Señor Santiago, sobre la necesidad de mejorar los mecanismos de control, en mi comparecencia he hecho referencia a algunos de ellos. Me he dejado algunos en el tintero en aras de no de no extenderme, pero no tengo ningún problema en
facilitárselos a todas sus señorías. Usted ha utilizado una expresión, que le aseguro que ha estado en nuestra boca en los últimos tiempos, que es 'normas sólidas' a la hora de evitar que se produzcan conductas de este tipo.


Respecto al tema del reporte, voy a acudir a lo dicho en mi comparecencia para intentar ser técnicamente exacto y poder dejárselo claro. Ha planteado usted alguna duda sobre a quién reportó Servicios de Asuntos Internos y cómo se produjo
ese pronunciamiento de archivo. Durante el año 2016 y primera parte de 2017, el Servicio de Asuntos Internos realiza las pesquisas necesarias para comprobar si había indicios o evidencias de las informaciones reveladas, detectando que se produjeron
numerosas irregularidades graves e indicios de delito, cuya responsabilidad apuntaba al teniente general Vázquez Jarava, responsable del Mando de Apoyo. Por este motivo, en abril de 2017 -también aprovecho para realizar la aclaración de que ha
habido alguna modificación de fechas-, el servicio remite un informe al director adjunto operativo, con el fin de remitirlo después a Fiscalía. Es decir, se remite por parte de Servicios de Asuntos Internos, en abril de 2017, un informe al DAO, a
los efectos que he dicho que deberían ser de mero conocimiento como superior jerárquico, y, entonces, se emite una resolución por la que se dice que se procede al archivo. Pero no se remite al propio Mando de Operaciones, sino que el DAO luego pide
opinión al Mando de Operaciones, que también entendemos que sea una cuestión que extrañe. O no, o también el DAO, en su libertad, pide opinión al Mando de Operaciones, pero que diera automáticamente más verosimilitud y más credibilidad a lo que
viene del Mando de Operaciones que a lo que viene del Servicio de Asuntos Internos sí puede parecer, al menos, extraño.


La Abogacía del Estado está personada en el caso Cuarteles, creo que también alguna otra señoría ha hecho referencia a ello. Comprendan, señorías, que estoy en el límite, que me gustaría opinar sobre la llevanza de los procedimientos,
porque la discusión jurídica de determinadas cuestiones puede resultar atractiva, pero tengo que frenarme. No me freno en compartir con usted que, quizá, en este caso podrían concurrir algunos de los elementos objetivos que determinarían que se
centralizara en un órgano y que no fuera llevada por tres. Y que fuese, además, en un órgano concreto, no solo porque los hechos pudieran tener relación -como ha citado también alguna de sus señorías-, sino solo por los distintos lugares en los que
se cometieron.


Tomo nota de las propuestas de medidas a las que ha hecho usted referencia. Saben perfectamente por las asociaciones que algunas de ellas van a ser objeto de estudio en el próximo Consejo de la Guardia Civil, en aras de mejorar esa lucha
contra los ilícitos de carácter penal o de otro tipo en el ámbito de la Guardia Civil. En todo caso, respecto de la posible modificación del Código Penal -que también me

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parece una discusión, desde el punto de vista jurídico, interesantísima-, dentro de las causas de exoneración de responsabilidad criminal, quiero decirle que en el Código de Conducta, artículo 16, que aprobamos con este Gobierno, se
establece expresamente que quien reciba órdenes que sean contrarias a la ley debe abstenerse, en su caso, de obedecerlas. Sé que estamos hablando de un código de conducta, pero queda constancia de que hemos querido dar facilidades al respecto.


Señoría del Grupo Parlamentario Republicano, como le he dicho también al señor Gutiérrez, no entro en la forma de las comparecencias, solo traslado la disponibilidad por parte de este secretario de Estado, de la Secretaría de Estado, y estoy
seguro que de todo el ministerio. El relato de hechos al que ha hecho usted referencia es el reflejo también de las cuestiones de las que hemos tenido conocimiento por filtraciones que se han producido en la propia investigación policial, que está
ya judicializada. En todo caso -y como ya le he adelantado también al señor Santiago-, la posible relación entre los casos, a quién se pueda llamar como investigado y qué juzgado debe llevarlo, es algo que ahora no está en nuestras manos, sino que
está en manos de la autoridad judicial, de la justicia.


Preguntaba usted por la personación, ya he aclarado que la Abogacía del Estado está personada, al menos, en el caso Cuarteles. Existen planes dentro de la Guardia Civil, los he relatado en mi comparecencia inicial. No tengo inconveniente
en hacer referencia y facilitarles más información sobre las cuestiones específicas, que están pensadas no solo para llevar a este próximo Consejo de la Guardia Civil, sino que se vienen trabajando también desde hace tiempo. Entre ellas se
incluyen, precisamente, medidas de prevención y lucha contra la corrupción.


En lo que se refiere a los ascensos, aparte de que los ascensos están baremados, le garantizo que con nosotros siempre se ha respetado el principio de igualdad y el principio de capacidad de quienes participaban en ellos.


Ha hecho usted referencia también -como el señor Santiago- a una serie de propuestas que pueden ser interesantes. Tomo nota de ellas. En todo caso, algunas de las que usted cita son iniciativas en relación con la ley de protección de
denunciantes -o como la queramos llamar-. Es una ley que lleva relativamente poco tiempo aprobada. Hay muchas cuestiones que se relatan en la ley en las que, obviamente, tendremos que incorporar al Ministerio del Interior -como usted ha dicho,
señoría-, particularmente en lo que a mí me corresponde, a la Secretaría de Estado de Seguridad, y, obviamente, a fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.


Señoría de VOX, no puedo compartir -siempre lo manifiesto así- ni el fondo ni parte de las formas, del lenguaje que utilizan, con palabras como ensuciar, falta de dignidad, maléfico plan o corrupción al honor. Hago un añadido -porque ha
hecho usted referencia, señoría, como otras y otros de sus compañeras y compañeros- sobre si este tipo de comparecencias son adecuadas o no. Ha hablado literalmente de que esta comparecencia se utilizaba para tapar otras cuestiones, otros casos de
corrupción. Muestro mi desacuerdo, porque la comparecencia, por concepto, es un elemento de transparencia y ningún elemento que sea transparente se puede utilizar para tapar otra cuestión. Y esto no impide que hoy hayamos dedicado un tiempo, que
ustedes dedicaran un tiempo también el lunes con el ministro o ahora con el teniente general, para hablar de determinada cuestión pero que se pueda hablar de otras.


Respecto al uso por nuestra parte de la Guardia Civil, creo que tratar temas en una comparecencia de Interior que afectan a la Guardia Civil no supone en absoluto utilizarles. Insisto en el reconocimiento a las casi 81 000 mujeres y hombres
que componen la Guardia Civil, porque creo que es algo que tenemos todos en común. Y traigo a colación también unas de las cuestiones que cité al inicio de mi comparecencia, y es que el reconocimiento no tiene que venir solo por las palabras, tiene
que venir por facilitar el desempeño de sus funciones diarias. Y nosotros, al menos, lo hemos demostrado. Hemos tenido la oportunidad de hacerlo y lo hemos demostrado a la totalidad de la Guardia Civil y, especialmente, a Asuntos Internos.


Ha citado usted -al igual que su compañero del Partido Popular- a Pérez de los Cobos y la sentencia. Más allá del adelanto del fallo, no he tenido acceso al contenido total de la resolución, pero no tengo sino que reproducir lo que el
ministro ya ha expresó tanto en la Comisión de Interior como en la contestación a preguntas que se realizaron creo que en el propio Pleno, señora Vázquez. Estimamos que los motivos de fondo, en todo caso, se mantienen y que, además -y como no puede
ser de otra manera-, podremos no estar de acuerdo con el contenido de la resolución, pero ello no implica que no la vayamos a respetar y a ejecutar en los términos que fije la propia resolución y que sean razonables. En relación con Pérez de los
Cobos, ha citado usted también que tuvo su origen en el 8-M -también usted, señor Lamata, del Grupo Parlamentario Popular-. No voy a entrar en ello, pero, salvo que me corrijan, creo que uno de

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los denunciantes del 8-M ha acabado o va a acabar en prisión. Creo que eso demuestra algo sobre quién quiso llevar esta cuestión a los tribunales y qué clase de cuestiones se llevan a los tribunales.


Señor Lamata, insisto en el argumentario que he utilizado con su señoría de VOX: en una comparecencia en la Comisión de Interior, cuando la comparecencia es un instrumento de transparencia, creo que, por concepto, no puede servir para tapar
nada. Lo transparente no tapa, es, por concepto, imposible. No entraré tampoco en las formas. Traslado la disponibilidad por nuestra parte para comparecer cuando corresponda. Quiero hacer simplemente una aclaración. Ha citado usted que, por mi
parte, se da credibilidad a algunos testigos o a otros. Si ha parecido eso por mi comparecencia inicial, dejo claro que no era mi intención. Sí he querido citar documentos específicos, pero no traer esa figura del testigo, ni cómo se usaría
judicialmente, ni de la manera coloquial que pudiéramos utilizar en esta comparecencia.


Ha citado usted una cuestión que para mí es de gran interés por la función que tenemos tanto los comparecientes como ustedes. Usted ha dicho que he venido aquí y he conseguido el titular, que es acusar al Partido Popular de corrupción. Le
aseguro que no era mi intención. Es más, si atienden a mi comparecencia, he querido centrarme en la labor que se realiza por parte del Servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil. Por eso, he hecho referencia también a los antecedentes
históricos, pero, indudablemente, cuando hacemos referencia a un caso de corrupción concreto tengo que citar determinados hechos. Le digo, señoría, que me parece un caso interesante y que está bien que lo traiga usted a colación, porque, a lo mejor
nunca he utilizado esta palabra en otra de mis comparecencias, pero me da la sensación de que muchas veces, señorías, en lugar de que sean ustedes diputados y yo un secretario de Estado, o quien corresponda, y que estemos en una comparecencia,
parece que somos generadores de contenido, esta palabra tan actual. Es decir, que puede parecer que nos da igual el tema que estamos tratando y que lo que nos interesa es generar un contenido para colocarlo en redes, para colocarlo en un titular.
No debe ser esa nuestra intención, no debe ser esa la finalidad de estas comparecencias -con el permiso del presidente y del resto de miembros de la Mesa-, y le aseguro que no era la mía, ni en mi comparecencia inicial ni en la posterior.


Ha traído usted a colación Melilla. Sin ánimo de profundizar, las actuaciones respecto de Melilla han sido archivadas por parte de la Fiscalía, a diferencia de otros hechos que acontecieron también en ese lugar cuando el Partido Popular
gobernaba, que llegaron mucho más allá de unas diligencias de investigación por parte de la Fiscalía, y también llegaron mucho más allá respecto del comportamiento del que era en ese momento ministro del Interior en relación con el nuestro, pues el
nuestro, en su momento, dijo: Si hay un responsable, soy yo; cuando el anterior ministro de Interior dijo que las órdenes se habían dado por el orden jerárquico, y poco más.


Ha citado usted también la sentencia de Pérez de los Cobos. Insisto en que tengo conocimiento, al menos hasta este momento, del fallo; cuando pueda acceder a la totalidad de la sentencia, procederemos al respecto. Pero manifiesto y
reitero que creo que las razones de fondo se mantienen y tendremos que atender a cómo deberemos proceder en la ejecución de sentencia, de acuerdo con lo que se recoja en el fallo.


También ha citado el origen del cese de Pérez de los Cobos el 8-M; no hago referencia al mismo, pero sí creo que es bueno que, al menos, conste que uno de los denunciantes está próximo a entrar en prisión. Supongo que ha sido consecuencia
del lenguaje exagerado que todos usamos en nuestras comparecencias -y yo también puedo caer en ello-, pero a Pérez de los Cobos no se le ha impedido que ascienda en catorce ocasiones. Pérez de los Cobos ha sido evaluado en tres ocasiones, y en esas
tres evaluaciones no se ha procedido al ascenso.


Ha hecho usted referencia también a que la directora de la Guardia Civil fue cesada. Insisto en que la misma presentó su dimisión ante el ministro, con mi conocimiento como secretario de Estado; dimisión que se aceptó.


Señora Ferrer, cierro con usted, al igual que empecé en esta segunda ronda. Le vuelvo a agradecer que haya usted hecho hincapié en el valor y en el trabajo que realizan los 81 000 mujeres y hombres que conforman la Guardia Civil, y en el
comportamiento de este Gobierno, que lo único que vamos a hacer es potenciar esa labor discreta, esa labor callada, esa labor con pleno respeto a la legalidad, pero potenciando también los medios para que aquien no actúe de esa manera se le pueda
apartar -se ha utilizado la expresión de garbanzo negro, o la que queramos-, y, en todo caso, que quien no respete escrupulosamente la ley sea claramente apartado de la Guardia Civil. Le agradezco también que haya conseguido aclarar, con la valía
en la expresión que tiene usted, al igual que el resto de las señorías, aquellas cuestiones que habían podido quedar oscuras en mi comparecencia. Así que, gracias por ello, señora diputada.


Gracias, señor presidente.

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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor secretario de Estado.


Abrimos ahora un breve turno de réplica por tiempo de tres minutos. Señor Iñarritu, que no se estrenó, ¿quiere utilizarlos ahora? (El señor Iñarritu García hace signos negativos).


Tiene la palabra el señor Gutiérrez Vivas.


El señor GUTIÉRREZ VIVAS: Gracias, señor presidente.


Simplemente, quiero agradecer al señor Pérez las respuestas. Me alegra que se interese por lo que le he comentado, porque creo que es un tema más allá del fondo del caso, y entiendo que usted tenga que enterarse bien de esto. Por supuesto,
no tiene por qué creer lo que dice este portavoz ni la información que le ha transmitido. Sí le agradecería que lo hiciera, pero, insisto, más allá del fondo del caso, por lo que supone precisamente en relación con lo que estamos hablando aquí, que
es la parte importante, es decir, sobre cómo los funcionarios pueden denunciar la corrupción, si la ven, sin tener miedo a represalias posteriores, precisamente si están denunciando acciones bien administrativas, bien penales o posibles ilícitos sin
miedo a ninguna represalia.


Nada más, muchísimas gracias por su respuesta. Le reitero el agradecimiento también por su tono.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Gutiérrez.


Tiene la palabra la señora Carvalho.


La señora CARVALHO DANTAS: Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor secretario.


De verdad que es muy irónico todo lo que se está viviendo, y que sea la misma asociación de los guardias civiles la que está instando, exigiendo y rogando que se haga un plan de choque contra la corrupción, cuando esto no tendría que pasar.
Dice la asociación de guardias civiles sobre los casos de corrupción Mediador y Cuarteles -abro comillas-: 'Desde que saltó la información sobre la existencia de casos de corrupción dentro de los altos mandos de la Guardia Civil, los guardias
civiles nos preguntamos cómo los que se encargan de vigilar posibles conductas delictivas dentro del cuerpo no apreciaron todas las irregularidades que supuestamente se estaban registrando'. Cierro comillas. Vuelvo a decir que es una barbaridad
que quienes lo tenían todo en su mano para detectar esa trama de corrupción, detenerla y pararla, dicen que no tenían ningún conocimiento y hacen esa pregunta que acabo de leer. Me imagino lo que piensa la ciudadanía, en general.


El ministro de Interior, que compareció aquí esta semana para explicar los casos de corrupción, sobre todo el caso Cuarteles, lanzó acusaciones al Gobierno anterior, al Gobierno del Partido Popular, y, según mi punto de vista, se quitó las
responsabilidades. Desgraciadamente, esta es la imagen que dio. Pero resulta, señor secretario, que hay casos de corrupción en la Guardia Civil durante los consecutivos gobiernos, tanto del PP como del PSOE. Un ejemplo es que en 2017, con el PP
en el Gobierno, con el ministro Zoido, pararon la investigación de Asuntos Internos de la Guardia Civil sobre los presuntos amaños en obras en trece comandancias, y esas obras se adjudicaron al constructor Ángel Ramón Tejera de León -Mon, como he
dicho antes-, que sale también mencionado en el actual caso Mediador. Es decir, la teoría de que la corrupción ya impregnaba a la Guardia Civil durante el Gobierno de M. Rajoy -ahora está todo el mundo hablando: PP, PP, PP, y es lógico, porque se
tiende a pensar lo que es lógico-; pero resulta que en 2018 -también se ha hablado ya aquí- un escrito anónimo advirtió de las corruptelas en las contrataciones de obras en los cuarteles. Aquel mismo año, el PSOE tomó las riendas del Gobierno y,
cinco años después, estallan los casos actuales de corrupción. Le pregunto, señor secretario -y acabo, señor presidente-: aunque los delitos se comenzaron a gestar en el Gobierno del PP, el PSOE gobierna esos últimos cinco años, ¿por qué el
Gobierno, el ministerio, no se ha enterado hasta ahora? ¿Por qué no se ha hecho nada hasta ahora? Le pregunto esto porque la interpretación que yo hago, y la hace también la ciudadanía, de todo lo que nos ha dicho el señor ministro aquí es que no
tienen ustedes nada que ver con el tema, que no tienen ninguna responsabilidad en los actuales casos de corrupción, y la corrupción parece ser, realmente, el elemento que vertebra, por desgracia, este país.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Carvalho.


Tiene la palabra el señor Santiago.


El señor SANTIAGO ROMERO: No intervendré, muchas gracias.

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El señor PRESIDENTE; Muchas gracias.


A continuación, tiene la palabra la señora López.


La señora LÓPEZ ÁLVAREZ: Gracias, señor presidente.


Señor Pérez Ruiz, dice que está aquí por transparencia, que estar en esta comparecencia es un ejercicio de transparencia, entonces, ¿por qué ha limitado su comparecencia al mal llamado caso Cuarteles? ¿Por qué no habla y da claridad al caso
Tito Berni? ¿Por qué no quieren hablar de la sentencia del Tribunal Supremo anulando el cese de Pérez de los Cobos?


Hablo del honor de las víctimas del terrorismo porque nuestras cicatrices nos dan derecho a hablar sobre ello, tanto a mis compañeros de grupo, José Alcaraz, Antonio Salvá, como también al compañero del Partido Popular.


Lamento decirle que contaminan todo lo que tocan y encubren hasta el verdadero motivo por el que la señora Gámez dimitió; porque todos hemos podido leer, por ejemplo, cómo la corrupción socialista infecta hasta a la Guardia Civil. Usted,
imagino, sabe leer entre líneas: la corrupción socialista ensuciando la imagen de la Guardia Civil. Pero de eso usted ya ha demostrado que no quiere hablar, como tampoco -lo he dicho antes- de tito Berni. Siguen empecinados en enjabonarse tirando
la piedra en el tejado del Partido Popular, sin querer asumir ninguna responsabilidad, ni de esto ni de nada. ¡Ojo!, que no será este grupo parlamentario el que exculpe de sus corrupciones al Partido Popular, faltaría más, pero sí le solicita no
rehuir de las suyas. No rehúyan ustedes de sus tramas y corrupciones, sean valientes y den la cara en esas tramas. Y, sobre todo, no utilicen el uniforme de la Guardia Civil para lavar sus trapos sucios.


Mire este titular (muestra un recorte de prensa), no lo digo yo, lo dicen los medios de comunicación: 'Indignación en la Guardia Civil por la foto final de Gámez: no debería implicar al Cuerpo'. Si era una dimisión por asuntos personales
y judiciales, ¿por qué la tenían que acompañar mandos del instituto armado? ¿Es parte de su intención de erosionar el cuerpo de la Benemérita? Le solicitaría, por favor, que me respondiera a estas cuestiones y, si fuera tan amable, a las que le
hice en mi primera intervención. Contésteme con claridad y deje de manipular a la opinión pública, porque -usted lo ha dicho- somos transmisores de opinión pública, y, por ende, deje de engañar a los españoles con este tipo de comparecencias
herméticas, por mucho que las quiera disfrazar de claridad, porque con ese tipo de comparecencias sobre el asunto exclusivo del que quieren hacer publicidad no asumen, además, ninguna culpa y no explican su gestión y los motivos de los ceses
ilegales. Le recuerdo que ha sido el Tribunal Supremo el que ha sentenciado que, en el caso del coronel Pérez de los Cobos, el que cumplía con la legalidad era el coronel y el que incumplía era el ministro del Interior con su politizada actuación
al frente del ministerio.


Acabo como lo hice en mi anterior intervención. Le reitero que dimita, porque la actuación del ministro fue manifiestamente ilegal en la destitución de Pérez de los Cobos y por su negligente gestión al frente del Ministerio del Interior.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Tiene la palabra el señor Suárez Lamata.


El señor SUÁREZ LAMATA: Gracias, presidente.


Con brevedad. Señor secretario, acaba de saltar -se ha librado usted por la campana- la sentencia del coronel Pérez de los Cobos. Habla de inadmisible injerencia en la investigación judicial, habla de reponerlo en su puesto. Le pregunto
cuándo lo van a reponer en su puesto. Sobre todo, a mí no me vale que diga: no, es que, mire, un denunciante va a acabar condenado. Si es que no estoy hablando de eso, estoy hablando de la interferencia de un ministro en una investigación
judicial, que es lo grave. Cómo acabe la causa del 8-M es otra cuestión. Pero usted no quiere entrar.


Cuando ha hablado de transparencia me he acordado de que hay aquí 260 peticiones de comparecencia entre el ministro y usted. Yo estoy dispuesto a invitarle todos los días a desayunar, pero de aquí a que acabe la legislatura usted no sale de
esta habitación.


Y dos cuestiones más. La portavoz del PSOE yo creo que se ha confundido: el otro día vino aquí y soltó de todo -es que no sé cómo calificarlo- fue el señor Marlaska. Yo nunca había visto a un ministro tan excitado tan beligerante, solo le
faltó mordernos. Y lo entiendo, porque la sentencia como que no lo deja muy bien.

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Y, sobre la corrupción, usted ha hecho un juego muy gracioso de jueces. ¿Están ustedes poniendo el ventilador? Porque, a lo mejor, hay alguno de esos dos jueces que está instruyendo o investigando alguna causa que afecta al Partido
Socialista, ¿y ustedes ya han puesto el ventilador para desprestigiarlo? ¿Hablamos de eso? Ustedes son maestros: 136 causas por corrupción -las saqué ayer- tiene el PSOE. No entro en el debate.


Quiero acabar con una reflexión, señor presidente, y con una pregunta. Ha hecho usted lo mismo que el señor Marlaska. Es que no puede haber una conspiración del mundo de la prensa para que la señora Gámez, al final... Es que lo tacha de
fake y, luego, cuando uno va a las noticias, ve que hay escrituras de propiedad detrás. Yo no creo que este medio de comunicación se haya inventado las escrituras.


Les quiero hacer una reflexión a raíz de una conversación que tuve ayer. De verdad, las señorías que han promovido esta Comisión no son conscientes del daño que están haciendo en el cuerpo de la Guardia Civil; además, una comisión de
investigación encubierta. Yo me preguntaba, a raíz de una reflexión que ha hecho el secretario de Estado, qué pensarán los 81 000 agentes de la Guardia Civil cuando vean que se les está utilizando de escudo en esta Comisión para tapar las miserias
del PSOE, o los familiares de los doscientos guardias civiles asesinados por ETA, o aquellos que se juegan la vida en las misiones internacionales, o aquellos que se juegan la vida en los rescates de montaña, o aquellos que estaban en Barcelona y
tuvieron que sacar por el tejado a los funcionarios ante el ataque de los independentistas.


Y les voy a dar la respuesta, que no es mía, es de un chaval joven, el hijo de un amigo mío, que está en la Academia de Zaragoza y al que llamé ayer. Quería saber la impresión de alguien que está estudiando. Ellos están dolidos en el
honor, porque al cuerpo le afectan estas cosas y, al final, les afecta a todos aquellos que quieren ser guardias civiles, pero, realmente, lo que más les duele es que este Gobierno no los defienda, sino que se esconda detrás de ellos. Eso es lo que
peor llevan.


Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias.


Tiene la palabra la señora Ferrer.


La señora FERRER TESORO: Gracias, presidente.


Yo también intervendré rápidamente. Agradezco de nuevo al señor secretario de Estado que venga a dar explicaciones sobre el caso Zoido. Me ha hecho gracia, me ha parecido entrañable lo que acaba de decir, ha utilizado el mismo argumento
para responder al PP que a VOX. Realmente, tienen el mismo modus operandi, que no es otro que embarrar y decir mentiras -fake news-, cuando son los que tienen más que esconder.


Luego, entran en contradicciones, como la señora portavoz de VOX: si no viene el secretario de Estado o el ministro, critica; si vienen, es que no vienen a dar explicaciones, que es una farsa, que vienen a tapar otra serie de cuestiones.
Bueno, a lo mejor ustedes están acostumbrados a tapar cosas. En Andalucía, en mi tierra, tengo que recordarle que el que fue candidato suyo a la Junta de Andalucía por dos veces, el señor Francisco Serrano, ha sido procesado por un supuesto fraude
de subvenciones de más de 2,5 millones de euros; el que fue diputado por mi provincia, por Almería, juzgado por abusos sexuales. En fin, yo creo que están ustedes acostumbrados a ese tipo de comportamiento.


En cuanto al Partido Popular, más de lo mismo, no creo que sea el más adecuado para dar ejemplo: quince años se le pide a Fernández Díaz; un incremento del patrimonio de la alcaldesa de Marbella sin aclarar; el señor Albiol, que sigue
siendo asesor del señor Feijóo... En fin, una cantidad de cuestiones de las que yo creo que todo el mundo es conocedor. Solo les faltaba ya a los señores del PP -y permítanme que se lo diga- para mejorar su credibilidad esta última ideóloga que
han fichado, la predicadora evangélica que apoya terapias para quitar la homosexualidad y que están paseando por sus mítines. Señorías del PP, con respeto pero con un poco de humor se lo digo: a Fernández Díaz ya no le salva ni el ángel de la
guarda aparcacoches que tenía ni esta sanadora evangélica. Los milagros han decaído mucho, ya no son lo que eran antes, y no hay milagros que valgan para curar todos los pecados que hicieron en su etapa del Ministerio del Interior.


Y ya, fuera de broma, tras estos desmanes e ilegalidades en su época de Interior, por lo menos tenían que ser, como mínimo, más prudentes.


Muchas gracias, señor secretario.

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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Para cerrar la comparecencia, tiene la palabra del señor secretario de Estado.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Pérez Ruiz): Muchas gracias, señor presidente.


Tres ideas muy concretas, y cierro para terminar la comparecencia, porque sé que ahora sus señorías tienen que continuar con una última de carácter técnico.


En primer lugar, que no se compartan mis afirmaciones no les tiene por qué restar peso de por sí ni tampoco a mi presencia en esta comparecencia.


En segundo lugar, sí se han tomado medidas y se están tomando, y la mayor de ellas fue que, cuando llegamos nosotros, una investigación que se inició en el 2016 y se paró en el 2017 se reanudó hasta la actualidad, y he podido dar cuenta a
los órganos judiciales correspondientes para que profundizaran en esa investigación y no quedara solo en el ámbito policial.


Paso a una tercera idea, y con esta termino. Respecto a lo que ha manifestado usted, señor Lamata, también su señoría de VOX, cuando dicen que nos escondemos detrás de la Guardia Civil o que han afectado al honor de la Guardia Civil, usted
ha hecho referencia a que llamó ayer a alguien que está en la escuela de Zaragoza y que veía su honor afectado porque los utilizamos como escudos. Miren, el concepto del honor que se tiene de uno mismo, y de ahí la dificultad muchas veces de la
protección del derecho al honor, es tan subjetivo que es difícil poder traerlo a colación en una discusión entre dos personas o utilizarlo como argumento entre dos personas, pero yo sí tengo algo objetivo. Yo creo que a ustedes les conviene hablar
de honor y hablar de que es el honor lo que tienen herido, porque si hablamos de medidas materiales no tendrían nada que decir, no tendrían absolutamente nada que decir. Cuando ustedes están en el Gobierno y no toman absolutamente ningún tipo de
medida concreta, específica para mejorar las funciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad, cuando no realizan ninguna infraestructura, cuando no les dotan de mejores medios, cuando ni entran en el tema salarial, es mejor y les conviene -y yo lo
comprendo- que su discurso vaya hacia que se sienten heridos en el honor, porque como nos tengamos que poner a hablar de cosas materiales, quizás tendrían más difícil defender su argumentario. Con esto, presidente, terminaría mi intervención.


Muchas gracias a todos.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor secretario de Estado. (El señor Suárez Lamata pide la palabra).


El señor SUÁREZ LAMATA: Presidente, treinta segundos. Es una tontería.


El señor PRESIDENTE: Pues si es una tontería... (Risas).


El señor SUÁREZ LAMATA: No, señor Ábalos, escúcheme y luego usted juzga. Lo digo a efectos del Diario de Sesiones. Yo estoy encantado de que el secretario de Estado -estoy convencido de que es un error, porque no tiene por qué saber el
nombre de todos- se haya dirigido a mí como señor Lamata, que es el apellido de mi madre y estoy encantado, pero previamente tengo otro que es el de mi padre, que está en el Cielo, y ya está rechinándome, que es Suárez. Lo digo a efectos del Diario
de Sesiones. Nada más.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Sin problemas, por supuesto que sí.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Pérez Ruiz): Si le sirve de algo, conmigo pasa que nos vamos al Ruiz cuando el inicial es Pérez, pero no pasa nada. Yo tengo los mismos progenitores, así que disculpe.


El señor PRESIDENTE: Ya no se les va a olvidar a ninguno.


Muchas gracias, secretario de Estado. Hacemos una pausa de cinco minutos. (Pausa).

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COMPARECENCIA DEL TENIENTE GENERAL, JEFE DEL MANDO DE APOYO (MADRID) DE LA GUARDIA CIVIL (ESPEJO VALERO):


- PARA INFORMAR SOBRE LAS COMPETENCIAS, MECANISMOS INTERNOS Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO DEL MANDO DE APOYO DE LA GUARDIA CIVIL EN RELACIÓN CON EL CASO CUARTELES. A PROPUESTA DEL GOBIERNO. (Número de expediente 212/003055).


El señor PRESIDENTE: Continuamos la sesión y pasamos a la comparecencia informativa del teniente general jefe del Mando de Apoyo, Madrid, de la Guardia Civil, don Arturo Espejo Valero, para informar sobre las competencias, mecanismos
internos y cumplimiento normativo del Mando de Apoyo de la Guardia Civil en relación con el caso Cuarteles. Nuevamente les recuerdo que se trata de una comparecencia que no es de control político, sino ceñida exclusivamente a información técnica.
Después de la intervención del teniente general, lógicamente los grupos estarán en su derecho de intervenir en orden de menor a mayor y por un tiempo de cinco minutos.


Por tanto, teniente general, tiene la palabra cuando quiera.


El señor TENIENTE GENERAL, JEFE DEL MANDO DE APOYO (MADRID) DE LA GUARDIA CIVIL (Espejo Valero): Con su permiso, señor presidente. Buenas tardes, señorías.


Comparezco a petición propia en el marco de esta Comisión de Interior para informar del funcionamiento, organización y actividades del Mando de Apoyo de la Guardia Civil que tengo el honor de dirigir desde febrero del año pasado, 2022.
Agradezco la oportunidad que se me brinda, porque la Guardia Civil no tiene nada que esconder, muy al contrario; es más, es la primera interesada en depurar aquellas conductas contrarias a la ética profesional en la que se pueda ver involucrado el
personal del cuerpo y la primera en establecer medidas correctoras y de investigación. Sobre esta cuestión girará en buena parte la línea argumental de mi intervención.


La Guardia Civil, un cuerpo policial de naturaleza militar con amplias e importantes responsabilidades, requiere de potentes instrumentos de planificación y gestión que hacen de esta institución un referente en el campo de la seguridad. Y
no solo eso, porque no debemos olvidar que la Guardia Civil es una de las organizaciones más valoradas y que más confianza genera en la población, una posición alcanzada sin duda por la gran labor que desempeñan sus hombres y mujeres. El Mando de
Apoyo es precisamente uno de esos instrumentos que posibilitan que nuestro personal pueda prestar sus servicios a la sociedad con los equipos, los medios y la tecnología que requieren los ciudadanos de un Estado moderno como el nuestro. Su
distribución a lo largo y ancho de la geografía nacional, con la existencia de casi dos mil casas cuartel, a las que me referiré a continuación, y abarcando el 83 % de los municipios españoles en materia de seguridad ciudadana, permite ejercer otra
de las misiones fundamentales que tiene encomendado nuestro cuerpo: la vertebración del territorio con un alcance y extensión que ninguna otra institución del Estado puede desarrollar con tanta profundidad y eficacia.


Me voy a referir a la estructura y organización del Mando de Apoyo. En primer lugar, está la Dirección General de la Guardia Civil y, dependiendo de la misma, están la Dirección Adjunta Operativa, el Mando de Fronteras y Policía Marítima,
el Mando de Personal y el Mando de Apoyo. Dependo directamente de la Dirección General de la Guardia Civil. El Mando de Apoyo, de conformidad con lo previsto en el punto 8 del artículo 4 del Real Decreto 734/2020, de 4 de agosto, por el que se
desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio del Interior, es responsable, de acuerdo con las directrices emanadas de la persona titular de la Dirección General de la Guardia Civil, de la dirección, coordinación y gestión de los recursos
financieros y de la política de recursos materiales. Su mando lo ejerce un teniente general de la Guardia Civil en servicio activo. Del Mando de Apoyo dependen a su vez tres jefaturas -voy a resaltar fundamentalmente las jefaturas que más
implicación han podido tener en el tema que nos ocupa-: de Asuntos Económicos, de los Servicios de Apoyo y de Servicios Técnicos, todas ellas al mando de un general de la Guardia Civil. Además, cuentan con una secretaría técnica para dar apoyo al
mando.


Me centraré únicamente, por su interés en el caso que nos ocupa, en la estructura de la Jefatura de Asuntos Económicos y la Jefatura de los Servicios de Apoyo. A esta estructura central habría que añadirle la existente a nivel territorial
en las zonas, que corresponden con las comunidades autónomas, y las comandancias, que corresponden con las provincias. La Jefatura de Asuntos Económicos, al mando de un oficial general de la Guardia Civil en situación de servicio activo, es el
órgano responsable de la realización de las actividades relacionadas con la administración y coordinación de los recursos financieros y patrimoniales, y de ella dependen los servicios de contratación y gestión económica. El Servicio de

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Contratación, al mando de un coronel de la Guardia Civil, es el órgano responsable de la elaboración y tramitación de los expedientes de contratación, actuando como órgano gestor de los diferentes órganos de contratación sin perjuicio de las
competencias de otras autoridades en la materia, de conformidad con la normativa vigente. Por su parte, el Servicio de Gestión Económica, también al mando de un coronel, es el encargado de la administración, gestión de los recursos económicos de la
Dirección General de la Guardia Civil, la tramitación de los expedientes de gasto que le correspondan y la coordinación y control de las cajas y subcajas pagadoras de la Guardia Civil. Todo lo anterior se refiere a la estructura central de la
Guardia Civil. Como ya hacía referencia anteriormente, la estructura territorial del cuerpo exige que parte de los créditos de los que dispone se descentralicen; esto es, que puedan ser gestionados desde las propias unidades territoriales, como
veremos más adelante. Para la gestión de expedientes de contratación, los jefes de unidad cuentan con el apoyo de Unidades de Gestión Económica en las zonas, que normalmente los llamamos UGE, y las oficinas de gestión económica a nivel de
comandancia y en los centros de enseñanza. Estas Unidades de Gestión Económica dependen funcionalmente de la Jefatura de Asuntos Económicos.


La Jefatura de Servicios de Apoyo, al mando de un general de la Guardia Civil, es el órgano responsable de la gestión, control y mantenimiento de los medios materiales asignados al cuerpo para la realización del servicio, en particular del
material móvil, equipamiento policial, armamento e infraestructuras. De esta jefatura dependen los servicios de acuartelamiento, material móvil, abastecimiento y armamento y equipamiento policial, todas al mando de un coronel. Aquí me detendré
únicamente en el Servicio de Acuartelamiento, órgano encargado de la gestión, administración y control del patrimonio inmobiliario asignado a la Dirección General de la Guardia Civil y de la elaboración de propuestas de ejecución de obras de
construcción, reforma y reparación de acuartelamientos, de adquisición o arrendamiento de inmuebles, así como de la gestión y control de las viviendas cedidas al personal de la Guardia Civil que presta sus servicios en la dirección general.


Ahora, señorías, tras haber expuesto sucintamente la estructura de los órganos de interés para el asunto que nos ocupa, pasaré a exponer cómo se gestiona el patrimonio inmobiliario de la Guardia Civil, parte fundamental de nuestro despliegue
territorial. La Guardia Civil ocupa un total de 2796 inmuebles, entre los que cabe destacar 1989 casas cuartel, 396 dependencias oficiales, 7 centros de enseñanza y 109 edificios de vivienda logística. Según se desprende de los datos obrantes en
la Central de Información de Bienes Inventariables del Estado, CIBI, los inmuebles acumulan una superficie aproximada de 5,5 millones de metros cuadrados. De estas instalaciones, el 28 % tienen más de 50 años, mientras que la horquilla entre 20 y
50 años de antigüedad arroja un 52 %. Por lo tanto, tan solo un 20 % de nuestros inmuebles tienen menos de 20 años. Un primer análisis de estos datos nos lleva a deducir que la inversión en mantenimiento en la Guardia Civil debería ser
necesariamente alta, aunque, como bien se sabe, los medios disponibles son por definición escasos en relación con las necesidades. La Guardia Civil asume las obligaciones, entre otras, de la conservación y mantenimiento de los bienes demaniales,
para lo cual emplea los recursos que le asigna anualmente la Ley de Presupuestos Generales del Estado. En el periodo 2012-2022, la media anual del capítulo 6 de inversiones, específicamente para lo que es acuartelamiento, ha sido aproximadamente de
unos 19 millones de euros, de los que se han ejecutado de modo centralizado un 62 % y, a través de la unidades territoriales, un 38 %. En el año 2022, la asignación presupuestaria ha sufrido un cambio significativo respecto a la tendencia
histórica, al recibir una asignación en el capítulo 6 -que no solamente va para el tema de acuartelamiento, sino inversiones generales de la Guardia Civil-, a lo que hay que añadir un crédito extraordinario de 76 millones destinado a actuaciones
financieras dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia procedente de la Unión Europea.


¿Cómo hacemos la descentralización de créditos en la Guardia Civil? La orden de Interior 985/2005, de 7 de abril, por la que se delegan determinadas atribuciones y se aprueban las delegaciones efectuadas por otras autoridades, atribuye a
los jefes de zona, de comandancia y de centros de enseñanza las facultades de gasto y de contratación que la legislación atribuye al órgano de contratación, con la capacidad de, respecto a los gastos que corresponda gestionar a sus unidades, la
aprobación y el compromiso de gasto, así como el reconocimiento de la obligación y la propuesta de pago cuando se utiliza el procedimiento de anticipo de caja fija; y respecto al resto de gastos que se gestionan en firme y hasta un límite de 60 000
euros, la aprobación, el compromiso de gasto y el reconocimiento de la obligación y la propuesta de pago. Esta capacidad de gasto permite a los referidos mandos suscribir contratos menores, cuya cuantía desde el 8 de marzo de 2018 alcanza los 40
000 euros más IVA o IGIC, depende

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de donde estemos, como establece el artículo 118 de la actual ley de contratos. Con anterioridad a la fecha referida, el límite del contrato ascendía a 50 000, por eso a veces puede haber un poco de confusión con las cantidades, que venía
reflejado en el artículo 138.3 del Real Decreto Legislativo 3/2011, por el que se aprueba el texto refundido. El criterio que gobierna las cuantías que se descentralizan a las unidades territoriales para la gestión de los diferentes inmuebles se
basa en el total de la superficie afecta a cada una de ellas, aplicándose un factor corrector basado en el estado de conservación, de tal modo que todas ellas reciben una asignación proporcional a sus necesidades. Dada la limitada asignación
presupuestaria, se atiende con carácter prioritario las necesidades de medios para poder ocuparnos primero de la prestación del servicio que la ciudadanía nos demanda. Así, se prioriza la adquisición de automóviles, uniformidad, armamento, equipos
técnicos y material diverso. Las inversiones en infraestructuras planificadas en el plan cuatrienal de acuartelamientos son atendidas en la medida que quedan sobrantes de adjudicación de otros expedientes, y, además, cuya situación requiera una
urgente atención.


¿Cuáles son los procedimientos de tramitación de gasto en la Guardia Civil? El control de la actividad de los jefes de unidad como órgano de contratación es supervisada por los interventores territoriales de la Intervención General de la
Administración del Estado, del Ministerio de Hacienda y Función Pública. Concretamente, el procedimiento de tramitación de contratos menores de obras, servicios y suministros por parte de las unidades territoriales de la Guardia Civil se encuentra
regido, como no puede ser de otra manera, por la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público. Para la correcta interpretación de esta ley, en lo que respecta a los contratos menores, se aplica la instrucción de la Oficina Independiente de
Regulación y Supervisión de la Contratación, OIReScon, de 28 de febrero de 2019, que es además de obligatorio cumplimiento. Sobre esta normativa, el Mando de Apoyo de la Guardia Civil dictó en enero de 2022 una instrucción sobre la gestión de los
contratos menores en la Guardia Civil, a la que más tarde haré referencia, con el objeto de resumir y compendiar todo lo legislado, facilitando la labor a los órganos de contratación de la institución. Se observa que todo este cuerpo legal e
instrucciones en su mayor parte es posterior a finales de 2017, 2019 y 2022, fechas durante las cuales se detectaron disfunciones de algunas obras en acuartelamientos de la Guardia Civil. Esto lo quiero matizar porque luego, cuando hagamos
referencia a ciertas disfunciones, el tener claro las fechas de la ley de contratos, la instrucción de OIReScon y nuestra propia instrucción es interesante o importante a la hora de valorar estas anomalías. En cualquier caso, el procedimiento de
tramitación y control de este tipo de contratos sigue una compleja secuencia que puede resumirse como sigue. En primer lugar, se deben elevar los borradores de memoria justificativa para su aprobación por la Jefatura de Asuntos Económicos, los
servicios centrales y las Unidades de Gestión Económica, las unidades territoriales, como me he referido antes, que eran la zona. Para elaborar el borrador se tiene en cuenta lo dispuesto en la instrucción 1/2022, relativa a la solicitud de ofertas
económicas, criterios para invitación a prestar oferta y sistemas de petición de oferta. A partir de este momento, se incorporan las memorias justificativas a la plataforma ALFIL, que es la aplicación logística-financiera de la Guardia Civil, junto
con la dotación económica y el documento contable de retención de crédito. Se confecciona y tramita el documento administrativo de aprobación y compromiso del gasto, que al ser contrato menor está exento de la fiscalización previa por parte de la
Intervención Delegada de Hacienda. Confección, tramitación, fiscalización y contabilización del documento contable de autorización y compromiso de gasto. Comunicación al contratista para que inicie los trabajos. Tramitación de factura y
certificado de conformidad con la obra, servicio o suministro prestado. Confección y tramitación de las intervenciones delegadas del Estado del documento contable de reconocimiento de la obligación y pago. Contabilización, OK y pago por el Tesoro
al contratista. Publicación trimestral en la plataforma de contratación del Estado. Remisión anual al Tribunal de Cuentas. Comunicación al Registro de Contratos del Sector Público.


Las acciones de control interno de la actividad económica-financiera y contractual en la Guardia Civil. Señorías, como bien conocen ustedes, la Guardia Civil, creada durante el reinado de Isabel II, en 1844, ha tenido desde su origen lo que
hoy respondería a los estándares de un código de conducta. Dicho código ético fue recientemente actualizado a través del Real Decreto 176/2022, de 4 de marzo, que establece los valores, principios y normas de comportamiento que aplicarán en sus
servicios diarios. Honor, integridad, lealtad, valor, sentido de la justicia, imparcialidad, neutralidad, responsabilidad, dignidad y espíritu de sacrificio son algunos de los valores fundamentales que este código enumera y con los que debe contar
cada miembro del cuerpo; valores que ya se venían siguiendo desde la época de nuestra fundación y que se aplican a rajatabla en todo nuestro personal. La Guardia Civil es por ello, insisto, la primera interesada en depurar aquellas conductas
contrarias a la ética profesional en las que se pueda ver involucrado el personal del cuerpo, incluidas las acciones y omisiones dolosas o imprudentes penadas por la ley, para lo que

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contamos, como ustedes conocen, con unidades específicas destinadas a investigar y esclarecer los hechos y, en su caso, poner a disposición judicial a los culpables. Aún más, de manera específica, la reciente aprobada Estrategia
Institucional 2030 de la Guardia Civil, de marzo de 2022, dedica uno de sus objetivos, de los treinta identificados, a la apuesta contra la corrupción. La Guardia Civil, como fuerza de seguridad pública, tiene la obligación legal de su persecución,
para lo cual debe poner el mayor celo, primero, en aquella corrupción que pueda afectar a sus integrantes o a sus estructuras, como base para ser un auténtico referente para el resto de la sociedad. Este objetivo de tolerancia cero se alinea y da
contenido a la meta 16.5 de corrupción y soborno de la Agenda 2030. Por todo ello, las medidas de control interno desarrolladas por la Guardia Civil se apoyan ante todo en un sólido código deontológico propio, además de en la legislación vigente.
La legislación económica, financiera y contractual, tanto en España como en el resto de la Unión Europea, es objeto de continuas modificaciones. Ello supone una notable carga de trabajo y complejidad que requiere de mayor especialización del
personal, el desarrollo de estructuras apropiadas y la instauración de procesos flexibles que permitan, por un lado, la eficiente ejecución del presupuesto y, por otro, el debido control de las actuaciones.


Algunas de las actuaciones que en este sentido se vienen realizando desde el Mando de Apoyo que dirijo son las siguientes: la redacción y difusión de normas y procedimientos de implantación de mejores prácticas, entre las que destaca la
Instrucción 1/2022, de 22 de enero, de gestión de contratos menores en la Guardia Civil, por la que se resume y compendia todo lo legislado sobre contratos menores en la Ley de Contratos del Sector Público y sus modificaciones por la Oficina
Independiente de Regulación y Supervisión de Contratación u otras normas para aclarar y facilitar su empleo en las unidades; el examen, investigación y verificación de las empresas que acuden a las licitaciones de los contratos menores con carácter
previo a la adjudicación, mediante consultas a las distintas bases de datos especializadas; la detección de posibles actividades colusorias y, en su caso, ponerlas en conocimiento de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia; el
control del empleo del procedimiento de anticipo de caja fija, tendente a la detección de posibles supuestos fraccionamientos del gasto; las actividades de control de tesorería documental y comprobación de ejecución real de la inversión, tanto a
petición de organismos externos como del Servicio de Asuntos Internos; reuniones anuales presenciales de coordinación con oficiales jefes de las unidades de gestión económica para el análisis de las distintas problemáticas y adopción de medidas
para mejorar la gestión; jornadas de actualización y coordinación de cajeros-pagadores y personal de la Oficina de Gestión Económica; convocatorias anuales y realización de los cursos de gestión económica y técnica, superior y básico y apoyo, a
petición de las unidades territoriales, en el uso de las diferentes plataformas de gestión económica, financiera y de contratación, como es ALFIL, IRIS y, especialmente, la Plataforma de Contratación del Sector Público.


Actuaciones del Mando de Apoyo en relación con los hechos. Como consecuencia de los procedimientos arbitrados en el seno de la Guardia Civil que acabo de relatar, paso a describir brevemente, señorías, las actividades que en este Mando de
Apoyo se llevaron a cabo como consecuencia de las disfunciones detectadas en 2017 en relación con las diferentes obras. Quiero resaltar, llegado a este punto, que las investigaciones concretas llevadas a cabo por parte del Servicio de Asuntos
Internos de la Guardia Civil -unidad que ha intervenido estrechamente coordinada con la de este Mando de Apoyo- no serán objeto de mi exposición, en primer lugar, por estar en buena parte judicializadas y, en segundo lugar, por no corresponder su
exposición a mis atribuciones. No obstante, quiero subrayar que el inicio de las actuaciones partió -como se podrá ver a continuación- de las sospechas que los servicios centrales del Mando de Apoyo despertaron respecto a determinadas actividades.


Las circunstancias de que las actuaciones de investigación y judiciales hayan tenido trascendencia pública en 2023 no quita el hecho de que desde 2017 la Guardia Civil ya había empezado a tomar medidas. De un lado, la investigación de los
casos irregulares, Asuntos Internos, y, de otro, la puesta en marcha de medidas de índole técnica y organizativa, Mando de Apoyo.


Señorías, esta es la secuencia de hechos desde el ángulo del Mando de Apoyo de la Guardia Civil. A principios de 2017 la Jefatura de Asuntos Económicos, dependiente del Mando de Apoyo, detectó un llamativo incremento de la contratación de
obras, así como la dispersión geográfica de las mismas a favor de un grupo de entidades pertenecientes a un mismo empresario. Esta detección se produjo gracias a la continua labor de supervisión que se hace de la gestión económico-financiera y
técnica a través de la bases del cuerpo. Ante la sospecha de que algún componente del cuerpo pudiera estar implicado en conductas anómalas, los hechos se pusieron en conocimiento del Servicio de Asuntos Internos, cuya misión es investigar las
conductas contrarias a la ética profesional del personal destinado en la Dirección General de

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la Guardia Civil. Desde los años 2017 a 2021 los técnicos del Servicio de Acuartelamiento de la Guardia Civil, en coordinación con la Jefatura de Asuntos Económicos, realizaron visitas de comprobación de la ejecución material de obras,
comenzando por las adjudicadas a las empresas del señor Tejada entre los años 2014 y 2016. El Servicio de Acuartelamiento ha realizado en este periodo 2017-2021 varios informes de comprobación de ejecución material de determinadas obras,
consecuencia de más de cien visitas realizadas por nueve técnicos a varios acuartelamientos de las comandancias afectadas. En estos informes se aprecia, principalmente, una errónea concepción de algunas facturas que contienen graves fallos tanto en
las fechas como en la denominación de los espacios donde se habían ejecutado las obras. Las disfunciones observadas están relacionadas con la calidad final de las obras por deficiencias en su ejecución derivadas de una errónea definición de las
actuaciones necesarias de reparación. Como resultado de esta serie de informes y del resto de averiguaciones, se han detectado indicios de conductas anómalas por lo que las unidades del Mando de Apoyo informaron al Servicio de Asuntos Internos de
la Guardia Civil, con quien hemos estado coordinados en todo momento.


Actividades normativas y organizativas emprendidas por la Guardia Civil a partir de 2018. De forma complementaria y paralela a las actividades de inspección, control y coordinación con las unidades investigadoras de los hechos relatados,
pero no por ello menos importante, la Guardia Civil ha emprendido desde 2018 una ingente tarea de normalización de procedimientos y organización tanto en la gestión económica como logística, con el fin de evitar que fenómenos como los descritos se
vuelvan a repetir. Entre estas medidas de carácter eminentemente técnicas voy a citar dos o tres nada más para no cansar a sus señorías, ya que son diez o doce: la emisión de nuevas normas para la descentralización del gasto, la emisión de una
instrucción técnica y uso y mantenimiento de edificios de la Guardia Civil y la resolución de la Subsecretaría del Ministerio del Interior por la que se aprueba el Plan de medidas antifraude y el código ético de conducta en materia de gestión de
fondos Next Generation. Esta resolución implica la creación de un comité antifraude en la sede del Ministerio del Interior que ha sido replicado en el ámbito de la Dirección General de la Guardia Civil.


En cuanto a las medidas cuya ejecución se espera lanzar en breve se encuentran, entre otras, el inicio de los trabajos necesarios para aplicar, en el ámbito de la Dirección General de la Guardia Civil, la Ley 2/2023, de 20 de febrero,
reguladora de la protección de denunciantes e informadores sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, con la que se transpone la Directiva 1937/2019 y la modificación de la Orden de Interior 985/2005, de 7 de abril, por la que se
delegan determinadas atribuciones y se aprueban las delegaciones efectuadas por otras autoridades. Por un lado, lo que pretendemos es aumentar el nivel de gasto y crear otras organizaciones de gestión económica y, por otro lado, retirar
competencias de adjudicación de contratos de obra a los jefes de comandancia y de los centros de enseñanza, delegando únicamente en los jefes de zona y enseñanza.


Otras de las medidas previstas son la revisión, modificación y adaptación de la normativa por la que se rige la gestión económico-financiera y contractual en el cuerpo; la reorganización de los órganos de contratación y su reforzamiento con
una nueva dotación de personal técnico especializado como refuerzo a la plantilla existente, entre ellos la creación de puestos de trabajo de arquitecto e ingeniero en todos los órganos de contratación, la existencia de personal del Cuerpo de
Intendencia del Ejército o la creación de puestos de trabajo singularizados para el personal de las OGE o de cajero pagador, y, finalmente, el incremento de acciones formativas y refuerzo de la cultura de gestión en el seno de la Guardia Civil.
Entre este tipo de acciones podemos encontrar la creación de un curso de gestión de infraestructuras, aún inexistente en la Guardia Civil, y la creación de un máster económico-financiero en el Centro Universitario de la Guardia Civil, con la
finalidad de crear expertos en contratación pública.


Llego así, señorías, a la parte final de mi intervención, en la que me gustaría realizar algunas conclusiones. Desde que en el año 2017 se detectaron los primeros indicios de posibles irregularidades, los servicios de la Guardia Civil no
han dejado de trabajar para investigar lo sucedido, corregir las conductas anómalas, adoptar medidas correctivas y poner los hechos en conocimiento de la autoridad judicial sin esconder nada. En estos seis años, la Guardia Civil ha demostrado su
firmeza en la lucha contra la corrupción interna y su determinación para depurar responsabilidades. Por lo tanto, se puede concluir que el sistema funciona razonablemente bien.


La Guardia Civil ha ratificado declaraciones institucionales de compromiso de lucha contra el fraude y ha aprobado normas relativas al comportamiento ético del personal y a la transparencia de los procedimientos de contratación.

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Las disfunciones detectadas en algunas obras realizadas en acuartelamientos de la Guardia Civil, en su inmensa mayoría no deben ser achacables a la mala voluntad de los responsables de los acuartelamientos afectados, sino más bien al
desconocimiento técnico del que adolecen algunos de ellos en materia de obras, lo cual no impide que, si tras el resultado de las investigaciones que se están llevando a cabo se concluye que deban tomarse medidas disciplinarias, se actúe con la
contundencia necesaria. Aun así, no se puede hablar de ninguna manera de conductas generalizadas.


En aquellos casos que hayan podido contar, ya sea en la contratación o en la realización de los trabajos, con la participación o connivencia de algún responsable de la Guardia Civil con prevalencia de su cargo para cometer actividades
ilícitas, será la justicia la que determine el castigo que le corresponda, para lo cual la Guardia Civil no está ahorrando esfuerzos a la hora de aportar las pruebas necesarias.


En la línea de lo citado anteriormente, uno de los aspectos de mejora identificado es la necesidad de incrementar la calidad y cantidad del personal que desarrolla sus labores en la Guardia Civil en el ámbito financiero, logístico y de
contratación. Se hace necesario acometer un plan ambicioso en el que se implanten medidas técnicas, organizativas y formativas necesarias, tendentes a contar con más personal y mejor formado, ya sea este propio de la Guardia Civil o procedente de
las Fuerzas Armadas o funcionarios especializados. Este es, posiblemente, uno de los mayores retos a los que nos debemos enfrentar en el futuro próximo.


Finalmente, los hechos aislados, sean estos contrarios a la ética o sean ilícitos de alguno de sus componentes, no se pueden extrapolar al conjunto de la institución. No debemos olvidar que las conductas delictivas o reprochables son
siempre a título individual y nunca colectivo. Y respecto a aquellos guardias civiles de cualquier rango o empleo que se comporten saliéndose del código de conducta de la Guardia Civil, saben bien que, además de enfrentarse al imperio de la ley y a
las consecuencias penales o administrativas que deriven de ello, se enfrentan también a nuestra historia, a nuestra tradición y a nuestra dignidad. No en vano, el artículo 1 de nuestra Cartilla de 1845, que es también el actual artículo 1 del
Decálogo del Código de Conducta, reza: El honor ha de ser la principal divisa del Guardia Civil y debe, por consiguiente, conservarlo sin mancha. Una vez perdido, jamás se recobra.


Muchas gracias por su atención, señorías. A partir de este momento, me someto a las preguntas que consideren formularme.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor teniente general.


Pasamos a la intervención de los grupos parlamentarios de menor a mayor. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Gutiérrez.


El señor GUTIÉRREZ VIVAS: Gracias, presidente.


Quiero agradecer al general Espejo su presencia aquí y su intervención, lo que nos ha contado y el esfuerzo que ha desempeñado en informarnos. Estoy totalmente de acuerdo con usted en que hoy aquí lo que se está viendo no tiene nada que ver
con la Guardia Civil en su conjunto y que el honor y la divisa de la Guardia Civil en este Congreso de los Diputados está fuera de toda duda.


Dicho esto, no voy a hacerle ninguna pregunta porque considero que su comparecencia es una comparecencia que ha provocado el Gobierno, puesto que es a petición del Gobierno, cuando usted no es un miembro del Gobierno. Por mucho que quieran
calificar esta Comisión de informativa, es un suceso extraordinario que nunca ha sucedido. Esta es una Comisión de control al Gobierno y usted no pertenece ni forma parte del Gobierno. Cuando se ha dado lugar a alguna cosa informativa ha sido por
algún acto absolutamente excepcional, como fue aquella Comisión que se hizo con los vídeos de Melilla y a la que acudió alguien que tenía los vídeos, los custodiaba y explicaba los vídeos. Es algo inaudito y creo que este Gobierno está haciendo un
uso espurio de una institución como la Guardia Civil, que está libre de toda mancha, como lo hizo con la foto de la vergüenza de la ex directora general Gámez, que salió a dimitir -aunque yo creo que fue cesada- delante de cuatro tenientes
generales. Es una acción indigna de este Gobierno que no ayuda, ni mucho menos, a la institución de la Guardia Civil y que solo desprestigia al propio Gobierno, en este caso al ministro del Interior y a su secretario de Estado como máximos
responsables del departamento de Interior.


Muchísimas gracias, señor Espejo. Le reitero que no voy a hacer ninguna pregunta, porque creo que usted no debería estar aquí y, por tanto, no debe estar sometido a ninguna de las preguntas de ningún grupo parlamentario en esta Comisión.


Muchas gracias, presidente.

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El señor PRESIDENTE: Señor Gutiérrez, por supuesto que está en su derecho de hacer la valoración y así consta, pero solamente quiero referir un artículo de la Constitución, que no del Reglamento, y lo digo para que no quede ninguna duda
respecto a la decisión de esta Mesa a la hora de convocar esta Comisión. El artículo 110.1 de la Constitución española dice: 'Las Cámaras y sus comisiones pueden reclamar la presencia de los miembros del Gobierno. (El señor Gutiérrez Vivas:
¡Miembros del Gobierno!). Los miembros del Gobierno tienen acceso a las sesiones de las Cámaras y a sus Comisiones y la facultad de hacerse oír en ellas, y podrán solicitar que informen ante las mismas funcionarios de sus departamentos'. Por lo
tanto, esta es una potestad que, en este caso, constitucionalmente le confiere al Gobierno. Es solamente a título de aclaración. Otra cosa será su valoración política.


El señor GUTIÉRREZ VIVAS: Es mi valoración política, por supuesto, porque esta es una Comisión política, pero lo que le quiero decir es que, ante la petición de muchísimos grupos de esta Cámara y de las anteriores legislaturas de que
comparecieran directores generales de determinados ministerios, nunca se han hecho. Jamás ningún Gobierno, ni este ni los anteriores, ha admitido que viniera a comparecer -ninguno-, aunque también estaba en la Constitución y, por tanto, también
teníamos derecho a solicitarlo, y siempre se ha esgrimido lo mismo. Aquí la costumbre se utiliza siempre cuando le interesa al Gobierno. No estoy hablando de la Mesa, porque creo que en la Mesa la mayoría es la que es y, por tanto, la mayoría que
tiene la Mesa está forzada a lo que este Gobierno quiera.


El señor PRESIDENTE: De todas formas, simplemente era para recordarle este precepto constitucional para que no haya ninguna duda, más allá de la oportunidad política.


El señor GUTIÉRREZ VIVAS: ¡Si la oportunidad política es la del Gobierno, precisamente! Ya lo ha dicho usted, señor presidente, esta es la oportunidad política del Gobierno de esconderse detrás de la Guardia Civil; una lástima.


El señor PRESIDENTE: Señor Gutiérrez, era simplemente para informarle, no pretendía polemizar con usted.


El señor GUTIÉRREZ VIVAS: Gracias.


El señor PRESIDENTE: A continuación, tiene la palabra, por el Grupo Republicano, la señora Carvalho.


La señora CARVALHO DANTAS: Muchas gracias, señor presidente.


Buenas tardes, señor teniente general. En mi grupo parlamentario agradecemos su comparecencia para informar de las competencias, los mecanismos internos y el cumplimiento normativo del Mando de Apoyo de la Guardia Civil en relación con el
caso Cuarteles. Y se lo agradezco también porque han rechazado otra petición de mi grupo parlamentario de comparecencias de otros mandos de la Guardia Civil en la Comisión como puede ser la del señor Francisco Espinosa Navas, del señor Pedro
Vázquez Jarava, del señor Carlos Alonso Rodríguez o del señor José María Tienda.


Nosotras sí tenemos dos preguntas básicas. La primera es: ¿qué mecanismos internos y qué normativa del Mando de Apoyo de la Guardia Civil cree usted que han sido incumplidos en el caso Cuarteles? Como sabemos, el caso Cuarteles se inició
hace ya siete años, cuando la unidad de Asuntos Internos de la Guardia Civil tuvo conocimiento de que la adjudicación de contratos de obras en instalación del cuerpo a un empresario -antes relataba este caso-, a Ángel Ramón Tejera, de León, alias
Mon, se había incrementado con una facturación de 2,11 millones de euros. Resulta que el nombre del empresario, Mon, aparece en el sumario del caso Mediador, de ahí el enlace, que investiga una supuesta red de extorsión a empresas del ámbito
ganadero, alimentario y otras actividades con epicentro en Canarias. Señor teniente general, le hago otra pregunta: ¿me podría dar su opinión -si puede ser- sobre esos casos de corrupción en gobiernos de distintos colores? Me remonto hasta la
época del señor Roldán. ¿Me podría hacer algún tipo de valoración objetiva desde su punto de vista como mando de la Guardia Civil sobre los casos de corrupción? Me interesaría mucho saberlo.


Señor teniente general, la asociación de los guardias civiles ha instado al Gobierno a que haga una serie de acciones. Le pregunto si está usted de acuerdo y si se está llevando a cabo el Plan de choque contra la corrupción y por la
regeneración democrática de la Guardia Civil que parte de tolerancia cero en casos de corrupción. ¿Cuál es su opinión sobre ello? Otra pregunta es si usted cree que deben modificarse

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las normas que regulan la elección de mandos de la Guardia Civil. Se lo pregunté al señor ministro y también al señor secretario de Estado y no obtuve respuesta. ¿Cree que deben modificarse las normas que regulan la elección de mandos de
la Guardia Civil para ser oficiales generales y para que el proceso respete escrupulosamente los principios de igualdad, mérito, capacidad, cumplimiento de los valores éticos y deontológicos de la Guardia Civil para acabar con la opacidad de esos
procesos? Esto es a instancia de la asociación de los guardias civiles.


Para acabar, vi que usted -si no es así, corríjame, por favor- fue uno de los mandos de la Guardia Civil que acompañó a la señora Gámez cuando anunció su dimisión. Me gustaría saber -si se puede saber- qué hacían allí cuatro tenientes
generales acompañando a un cargo político durante su dimisión por una presunta implicación de su marido en un caso de corrupción. No sé si aquí se ha perdido un poco el sentido de la separación entre Gobierno y Estado. Me gustaría saber -si puede
ser- el porqué, si ustedes estaban allí para avalar la honorabilidad de la señora Gámez, para respaldar que ella presentara su dimisión o para ser solidarios con su marido. Básicamente, me gustaría saber esto.


No me entretengo más porque hay poco tiempo y sus señorías también tienen que hacer sus preguntas. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Señor teniente general, le informo de que la diputada estaba advertida y le vuelvo a decir que no hace falta que responda a nada que le suponga valoración, opinión o que usted crea, que son las tres preguntas que ha
planteado. Fíjese que la última, que me parece que es la más incómoda, en todo caso sí correspondería, pero las anteriores no corresponden. Señora Carvalho, está usted advertida de ello, pero es que además le diré que por esta razón no le fueron
admitidas las comparecencias que usted solicitó porque todas pedían explicaciones, que no información. Por lo tanto, le reitero que estas personas no están sometidas a control político y solamente comparecen a nivel informativo. Pueden venir, pero
para ese nivel. Además, ustedes reclamaban la presencia de una persona que ni siquiera forma parte ya del cuerpo y, por lo tanto, es una persona normal.


Hecha esta advertencia, el teniente general tiene toda la libertad para decir lo que quiera, pero ya le advierto de que no tiene por qué responder a valoraciones de este tipo, sino remitirse a los hechos de los que viene a informar. Muchas
gracias.


Señor Santiago, tiene la palabra.


El señor SANTIAGO ROMERO: Muchas gracias, señor presidente.


Muchas gracias, teniente general Espejo, por comparecer en esta sala. En primer lugar, quiero recordar al portavoz de Ciudadanos -aunque no debe tener tanta importancia la comparecencia cuando ya se ha ido antes de que acabe- que
habitualmente comparecen altos mandos de los cuerpos armados en esta casa. De hecho, el pasado mes de noviembre compareció nada más y nada menos que el Jefe del Estado Mayor de la Defensa en la Comisión de Presupuestos, y creo que lo hace todos los
años, al margen de otros casos.


Dicho esto, quiero empezar la intervención recordando al general Gonzalo Jar Couselo, hijo del cuerpo, fallecido en 2009, general de División de la Guardia Civil, secretario general de Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la
Seguridad del Estado, defensor de los derechos humanos, un gran conocedor del derecho internacional humanitario y una autoridad en protección a civiles y periodistas en los conflictos armados. Quiero recordarle porque, a partir de su desgraciado
fallecimiento, comenzaron los desmanes en las contrataciones de reparación y mantenimiento de las instalaciones de la Guardia Civil, una tarea que hasta entonces realizaba él con suma eficacia y diligencia, y me consta. Es bastante lógico que un
defensor de los derechos humanos se empeñara en garantizar el mantenimiento a raya de toda la corrupción relacionada con el ladrillo, que tanto ha soportado nuestro país. Lo que me llama la atención es que Asuntos Internos reporta la finalización
de su informe sobre irregularidades en 2017 al máximo nivel operativo del cuerpo, al teniente general Martín Alonso, director adjunto operativo, número uno de la jerarquía del cuerpo, que solo tiene por encima -si no me equivoco- al director general
de la Guardia Civil. En todo caso, su responsabilidad estaba por encima a nivel jerárquico de la del teniente general Vázquez Jarava, director del Mando de Apoyo. Me llama la atención por qué motivo el teniente general Martín Alonso da parte del
informe a su subordinado, al teniente general Vázquez Jarava, que aparecía mencionado en el informe de Asuntos Internos como investigado. Es decir, me da la impresión de que Martín Alonso se desentiende y permite que el mencionado como presunto
responsable de casos de corrupción archive la causa o, al menos, no la remita a la Fiscalía, y eso me parece que es grave. Entonces, yo le pregunto: ¿Ha sido sancionado, amonestado o sometido a expediente disciplinario el

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general Martín Alonso por este motivo? Ya que no está sometido a ningún procedimiento judicial y no hay prejudicialidad penal, por lo que debería haberse activado el procedimiento sancionador interno. ¿Qué medidas se han adoptado para que
esto no vuelva a ocurrir? Porque yo sugiero que se modifique la normativa para que Asuntos Internos reporte directamente a la Fiscalía o, al menos, a la Dirección General; es decir, para que evitemos una clara injerencia indebida de la cadena de
mando o una indebida aplicación de las normas de obediencia debida que impidan perseguir eficazmente un delito.


Y quisiera saber cómo el mando orgánico de la Guardia Civil está trabajando la aplicación del alcance del artículo 2.4 de la Ley 2/2023 de protección de los denunciantes de corrupción. ¿Se está aplicando una norma para permitir que un
guardia o una guardia puedan denunciar casos de corrupción en la institución que conoce a consecuencia de su trabajo? ¿Tiene siempre obligación de denunciar estos casos de corrupción o solamente tiene la obligación de denunciar cuando conoce los
casos de corrupción en supuestos no relacionados con las investigaciones profesionales que realiza? ¿Existe un protocolo interno para que los guardias o las guardias que quieran denunciar puedan dirigirse directamente a Asuntos Internos? ¿Existen
procedimientos de contratación de obras y de reformas afectadas por la declaración de secreto o reserva? ¿Alguna de las obras afectadas por este caso de corrupción estaban afectadas por declaraciones de secreto o reserva? Lo digo claramente por la
mención que consta en el artículo 2.5 de la Ley 2/2023, donde se establece una especialidad. ¿Y cómo es que el general Vázquez Jarava, investigado una vez retirado por Asuntos Internos, después de haberse archivado una primera investigación,
mantenía un chófer agente de la Guardia Civil? ¿Cómo es que un agente de la Guardia Civil se dedica a hacer de chófer habiendo funcionarios del Parque Móvil para estos menesteres? ¿Cómo es que una persona investigada y retirada mantenía coche
oficial y piso oficial, a pesar de estar retirado?


Este grupo parlamentario queda a disposición de todo el cuerpo para brindarles asesoramientos en todos los temas mencionados porque tenemos propuestas que se las podemos hacer llegar para intentar, entre todos y todas, mejorar el
funcionamiento del cuerpo de la Guardia Civil que, efectivamente, sin duda alguna es el cuerpo policial con mayor especialización y eficacia de este país.


Muchas gracias, teniente general.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Santiago.


Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario VOX, la señora López Álvarez.


La señora LÓPEZ ÁLVAREZ: Gracias, presidente. Buenas tardes, señor Espejo.


Intervengo, solamente, para darle las gracias por venir. Mi intervención será breve porque no vamos a contribuir, de ninguna manera, al objetivo del Gobierno trayéndolo hoy a la Comisión de Interior, que no es otro que ponerle de parapeto
para blanquear los trapos sucios del Gobierno.


Le reitero el agradecimiento del Grupo Parlamentario VOX por estar aquí, pero, como le he dicho, nos negamos a que usted tenga que dar explicaciones sobre corrupción política. Es más, nos parece muy grave que el Gobierno actúe con tal
negligencia.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora López.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Mateu Istúriz.


El señor MATEU ISTÚRIZ: Sí, presidente. Muchas gracias, mi general.


Le saludo con efusividad, pero no le puedo decir que nos alegra verle sentado en el sillón del compareciente. Usted no tenía que estar aquí hoy, a una comisión de control político usted no tenía por qué haber acudido, tienen que acudir los
que son políticos; y, de hecho, ha acudido el ministro Marlaska y el secretario de Estado. Con eso hubiera sido suficiente, pero se ha hecho por cuestiones de oportunidad, para parapetarse detrás de la Guardia Civil, para tapar ese caso casposo y
rancio de corrupción llamado Tito Berni o caso Mediador, que sería como una película de Torrente si no salpicara el honor de esta Cámara, o no se hubieran, presuntamente, malversado fondos públicos, o no hubiera afectado a relaciones de cooperación
internacional, como el proyecto GAR-SI Sahel. No tiene ninguna gracia. Eso demuestra que la Guardia Civil está siendo utilizada torticeramente por este Gobierno.


No obstante, a pesar de todo, relatando el artículo 6 de la Cartilla de la Guardia Civil del año 1845, usted es un pronóstico feliz para el afligido, y en este momento hay aflicción por lo que está sucediendo con la Guardia Civil por parte
de este Gobierno.

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Señorías, les quiero recordar cuál es la figura del teniente general Arturo Espejo. El teniente general Arturo Espejo es uno de los héroes en la lucha contraterrorista que contribuyó a acabar contra los asesinos etarras, participó en el
desmantelamiento de multiplicidad de comandos, y contribuyó a poner a buen recaudo en prisión a los asesinos etarras. No me extraña que a algunos les moleste su presencia aquí esta tarde, como, por ejemplo, al representante de Bildu, que ha salido
por patas, por piernas, corriendo, en cuanto olió que usted ya iba a entrar en esta sala. Mi general, muchas de las personas que participan en esta sesión no les quieren nada. No solamente no les quieren, sino que no han participado nunca los
amigos de los herederos etarras, Bildu, en condenar los asesinatos de doscientos diez compañeros suyos ni de otras muchas más personas que fueron asesinadas. Evidentemente, su presencia hoy aquí les ha dado prácticamente un ataque de erisipela.
Tampoco han influido en sus compañeros, en sus amigos, para potenciar la ayuda para el esclarecimiento de los 379 asesinatos que todavía están sin esclarecer, contraviniendo absolutamente la resolución última de la Comisión de Peticiones del
Parlamento Europeo.


Mi general, es la primera vez que un alto mando de la Guardia Civil -y no quiero contradecir al señor presidente; él tiene su teoría, y nosotros, el Grupo Popular, tenemos la nuestra- comparece en una comisión de control político, como es
esta Comisión de hoy. Fíjese, durante la pandemia pedimos la comparecencia de las delegadas del Gobierno de Madrid y de Navarra, y se nos denegó argumentando que no eran altos cargos del Gobierno. ¿Es que acaso la Guardia Civil -a pesar de que se
dice que es una comparecencia técnica, que es falso- forma parte del Gobierno y, en este caso, es usted un alto cargo del mismo, a pesar de que se camufla con que es una cuestión técnica? Precisamente nosotros, en la reunión de la Mesa, en el
momento de la votación, planteamos que usted no tenía que comparecer, y la votación salió empatada, porque en vez de cinco había cuatro personas; y a la tercera votación, el artículo 88 del Reglamento establece que decae esa pretensión del señor
presidente de incorporar al orden del día su presencia aquí. En el acta se recogió de una manera errónea, por tanto, hemos planteado una queja al respecto. Pero que sepa usted, mi general, que nosotros no queríamos que usted compareciera aquí,
para nada, porque no es necesario, es ponerle a usted de parapeto, de cortina de humo frente a los desmanes que está realizando el Gobierno del Partido Socialista. Únicamente, quieren que quede la presencia de la Guardia Civil como órgano corrupto
dentro de los garbanzos negros que ustedes tienen, y que se olvide la participación de otras personas en el caso del Tito Berni. Nosotros no vamos a comulgar con esa actitud patánica y de desprestigio de la Guardia Civil.


Por eso, tenía preparada una batería de preguntas, después de un estudio concienzudo del iter de lo que sucedió con los contratos que se celebraron, los trece contratos por importe de 370 000; para seguir también, evidentemente, con qué
pasó desde el año 2014 hasta el año actual y por qué se tardó tanto en poner a disposición del juzgado los índices de presunción de criminalidad de los contratos en los cuarteles con el empresario Mon. Pero no vamos a participar en este juego, mi
general.


Voy terminando, señor presidente, recordando brevemente a la figura de la antigua directora general. ¿Ha sido cese o ha sido dimisión? Esta ha sido una contradicción entre el ministro Marlaska y la ministra de Hacienda y Función Pública,
con declaraciones formuladas en el pasillo al salir del Pleno de ayer. Nosotros creemos que realmente ha sido una dimisión obligada por ciertas cuestiones. No voy a entrar en su patrimonio inmobiliario, en el afloramiento de dinero, en la tarea de
su marido, en cómo el hijo pudo adquirir la nuda propiedad del piso..., en fin, una serie de cuestiones que están bajo supervisión judicial; pero sí voy a entrar en una frase que dijo el ministro Marlaska: que ha sido la mejor dirigente de la
Guardia Civil en sus 178 años de historia, y que su renuncia es injusta pero necesaria. ¿Qué pensaría el duque de Ahumada si levantara la cabeza ante esta afirmación? ¡Qué falta de respeto y de consideración para muchos buenos directores que ha
tenido este cuerpo benemérito que es la Guardia Civil! Fue una directora general que siempre estuvo detrás del ministro, fue la directora general silente.


Termino, mi general, diciéndole a la cesada o dimisionaria que tanta paz lleves como descanso dejes; y así no se volverá a repetir esa foto de ustedes, cuatro tenientes generales, amparando a la señora Gámez en su última comparecencia como
directora; ordenada por el ministro para que el ciudadano se quedara con la idea última de que es en el seno de la Guardia Civil donde hay corrupción -eso no es verdad-, desviando la atención, cual bomba de humo, del caso del Tito Berni.
Evidentemente, no nos agradó la foto que salió en los medios, como se ha dicho por otros comparecientes aquí, pero que sepa usted, mi general, que goza del aprecio, del cariño, del apoyo y del reconocimiento de la tarea de los más de 80 000 hombres
que forman la Guardia Civil.


Muchas gracias, señor general. (Aplausos).

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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mateu.


Ya que hace referencia a un acuerdo de la Mesa en la que usted no estaba en ese momento... (El señor Mateu Istúriz: Yo no estaba, pero tengo la información). Sí, pero no estaba. (El señor Mateu Istúriz: No, no estaba; no formo parte de
la Mesa). Yo sí que estaba, y, obviamente, acompañado de la letrada, que es la que nos sirve para dar legalidad a estos acuerdos.


En cualquier caso, le tengo que recordar que sí hay un precedente no tan lejano de su grupo parlamentario, solicitando la comparecencia del señor don José Santiago Marín, segundo jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil ante esta Comisión,
no para informar, sino para dar explicaciones, es decir, para someterlo a control; por lo tanto, es una clara contradicción lo que usted ha expuesto aquí. El señor teniente general está aquí, simplemente, para informar, no para dar explicaciones,
como era en el caso que ustedes requerían. Le hago notar esta contradicción. Por lo demás, por supuesto, su grupo parlamentario tiene derecho a recurrir todos los acuerdos de la Mesa; incluso yo mismo les animé en ese sentido.


A continuación, tiene la palabra el señor José Antonio Rodríguez, por el Grupo Parlamentario Socialista; y terminamos con esto.


El señor RODRÍGUEZ SALAS: Muchas gracias, señor presidente; y muchas gracias también por aclarar los preceptos constitucionales, porque parece que hay personas aquí, señorías, que no acatan o no quieren acatar o no quieren ver lo que dicen
dichos preceptos constitucionales.


Señor Istúriz (el señor Mateu Istúriz: Mateu), señor Mateu, para películas y guiones mejor las de Tarantino que las de Torrente, que son las que ustedes hicieron cuando tenían el Ministerio del Interior. Insisto también en que yo a esto no
lo llamaría caso Cuarteles, lo llamaría, especialmente, caso Zoido; porque, sí, había un ministro que se llama Zoido, y era el que estaba al frente.


Señora Aranda (sic), le digo solamente una cosa: esto no es una comisión de investigación; se lo quería recordar, en representación del Grupo Socialista.


Me dirijo ya al señor Espejo, porque, efectivamente, nosotros, como Grupo Socialista, queremos agradecerle esta comparecencia, pues también admiramos a la Guardia Civil; y no de ahora, sino desde siempre. Y también quiero recordar al señor
Rubalcaba, que supongo que estaría con usted trabajando codo con codo para acabar con todo aquello que era la lacra terrorista. Supongo que quienes hemos conocido y hemos trabajado con el señor Rubalcaba -yo también trabajé con él- recordamos esos
momentos, que son los momentos decisivos para acabar con el terrorismo. Lo hicimos nosotros, junto con la Guardia Civil y todas las fuerzas del Estado; fue un presidente, Zapatero... (el señor Mateu Istúriz: ¡Vaya hombre!) Sí, fue el que culminó
toda esa lucha durante años para acabar con ello.


Señores del PP, la corrupción es un mal que se compone de una serie de actos indebidos por parte de una serie de personas que tienen un beneficio adicional que es ilegal y que afecta a la imagen institucional donde se practique. Matizo el
concepto porque ustedes no parecen tenerlo nada nada claro, o quizás sí lo tengan suficientemente claro y lo que pretenden es tergiversar la claridad de su significado en el continuo ejercicio de levantar cortinas de humo para no asumir su
responsabilidad ante la corrupción.


Mi grupo siempre lo tuvo claro, por eso ganamos una moción de censura en 2018 que evitó que siguieran utilizando los cargos públicos para seguir practicando esa corrupción, que, como antes he dicho, era más bien de un guion de Tarantino.


Este Gobierno ha fomentado desde el principio la ética pública para seguir combatiéndola y hacer de contrapeso no solo a la corrupción, sino a las distintas actitudes antiéticas, llevando a la práctica un conjunto de principios y valores
implícitos como socialistas y revitalizar, por un lado, a las instituciones públicas y, por otro lado, a los servidores públicos que ustedes desacreditaron con sus numerosos casos de corrupción sin asumir responsabilidades, generando algo muy
peligroso como es la desconfianza de la ciudadanía en sus gobernantes.


Los gobiernos también se legitiman en la medida que defienden una verdadera ética pública en virtud de lo que esta conlleva, que no es más que la responsabilidad, espíritu de servicio y atención al ciudadano. En el caso Zoido, que nos
ocupa, no es más que otro caso de corrupción del Partido Popular, argumentando con una cronología de los hechos que quedó bastante patente en la comparecencia del ministro Marlaska en esta Comisión el pasado lunes, evidenciando dos maneras muy
diferentes de actuar entre el Gobierno del Partido Popular y el Gobierno actual. Y hace un momento lo ha dicho el secretario de Estado. Decía que ustedes paralizaban las actuaciones y nosotros lo que hemos hecho ha sido, cuando estamos gobernando,
reactivarlas, que era lo que ustedes no hicieron.

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El Gobierno del Partido Popular paralizó esta investigación dándole carpetazo, actuando de una forma éticamente muy cuestionable y, como han demostrado en demasiadas ocasiones, de forma partidista e inaceptable en democracia, por el intento
de cercenar nuestras libertades y al Estado de derecho en tramas dedicadas a proteger conductas supuestamente delictivas.


El Gobierno socialista, sin embargo, entiende que, frente a conductas que se desvíen lo más mínimo de la legalidad, se debe actuar con contundencia, integridad, responsabilidad y solvencia, con tolerancia cero. Este Gobierno ha dejado
actuar desde el primer momento a los primeros interesados en esclarecer estos hechos, la propia Guardia Civil, a través de su servicio de Asuntos Internos, que es directamente competente en la investigación y enjuiciamiento, haciendo que la
investigación siga su curso terminando en sede judicial, que es donde debía haber acabado mucho antes, en lugar de archivarlo como hicieron ustedes, los responsables del Partido Popular, sin depurar responsabilidades y entorpeciendo que se llegara
al fondo del asunto.


Desde el Ministerio del Interior se facilitaron desde el primer momento más medios para el servicio de Asuntos Internos y se ha aprobado un código de conducta de la Guardia Civil que se ha acordado en un plan de acción 2021 a 2025, y se
sigue trabajando en la implementación de un plan especial de ética profesional con las asociaciones de la Guardia Civil.


En definitiva, se ha trabajado con transparencia y atajando cualquier conducta que implique corrupción, con un interés claro en poner de relieve y fomentar medidas de prevención y control, compartiendo el máximo interés que supone para la
Guardia Civil atajar este problema.


Ustedes suelen utilizar esta comparecencia, junto a su compañeros de VOX, para hacer ruido y tergiversar, acusando sin pruebas e intentando tapar sus responsabilidades en la mala gestión. El caso Zoido se comenzó a investigar en 2016, en el
propio seno de la Guardia Civil, y se reactivó en 2018 de nuevo por la acción del servicio de Asuntos Internos del cuerpo, pese al intento de taparlo de los responsables políticos del Partido Popular. Esto es lo más evidente.


Ustedes votan reiteradamente contra diversas medidas que se han presentado en la Cámara para paliar y prevenir la corrupción, como, por ejemplo, la ley de protección al informante, y solo utilizan el dedo acusador para señalar sin asumir en
ningún momento cómo actuar frente a ella.


Dejen de falsear y ocultar a la opinión pública su responsabilidad. Reconozcan que el principal imputado en este caso ascendió meteóricamente durante su etapa de Gobierno y que fue el último director de la Guardia Civil durante esta misma
etapa quien ordenó archivar en 2017 las pesquisas iniciadas. Dejen de tapar la utilización irregular de fondos y medios del Ministerio del Interior con fines partidistas, hurtándoselas a la ciudadanía, y actúen con contundencia con quienes los
facilitaron. Empiecen a comportarse como un partido de oposición que ayude a dotar a la ciudadanía de herramientas que faciliten su propia reflexión moral sobre la corrupción, sin falsedades, y arrimen el hombro para conseguir una sociedad sana,
libre de corrupción, de manera preventiva y efectiva.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Rodríguez.


Quede claro que usted ha hecho referencias a los diputados Jaime Miguel Mateu Istúriz y a la señora María Carvalho Dantas, porque no ha dado una con los apellidos, no ha acertado ni uno, pero yo creo que se han sentido concernidos. (La
señora Carvalho Dantas: ¿Qué ha dicho de mí?)


Terminado ya el turno de intervenciones, con las salvedades que ya he planteado, teniente general, tiene usted la palabra.


El señor TENIENTE GENERAL, JEFE DEL MANDO DE APOYO (MADRID) DE LA GUARDIA CIVIL (Espejo Valero): Muchísimas gracias, presidente.


Como vengo como técnico, he de decir que, si vemos ahora mismo estas actividades anómalas que se dieron en la contratación de la Guardia Civil, realmente hay que verlas con la perspectiva de cada uno de los años. Ahora en 2023 es diferente.
Sí quiero decir antes que si la Guardia Civil ha cumplido 179 años es por dos cosas: primero, porque nos hemos ido adaptando a la evolución, nos encanta la técnica, y, segundo, por su base ética; si no, hubiéramos desaparecido hace mucho tiempo.
Y, principalmente, por esa base ética, la Guardia Civil es la que inicia precisamente las investigaciones y persiste, y persiste independientemente de la graduación de quien comete la supuesta actividad anómala.


La investigación es realmente compleja. No se ve tan evidente como ahora, con las nuevas bases de datos. Estamos hablando de que la Ley de Contratos del Sector Público es de 2017, la nueva, pero realmente entra en vigor en marzo de 2018.
Antes ya empezó a regular un poco más los contratos

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menores, que es la problemática que nos ocupa hoy en día. Anteriormente, con el texto refundido de 2011, sinceramente, aportabas un presupuesto a la factura y nada más, ni se publicaba ni nada. Entonces, hay que verlo cuando empieza la
ley. Y, luego, la oficina -la OIReScon- saca una instrucción en el año 2019. Estamos hablando del 28 de febrero de 2019, donde ya matiza cómo hay que hacer la memoria justificativa, que hay que publicarlo haciendo mención al artículo 63.4 de la
ley de publicar los contratos en la plataforma y qué datos tiene que tener esa publicación. Entonces, ya empieza a haber datos, pero anteriormente es complicado hacer una investigación cuando una empresa aparece con 4 o 10 nombres, con domicilios
fiscales de Madrid, Huelva, Canarias. Es complicado sin tener un sistema informático que nos pueda respaldar. Lógicamente, toda esa comprobación hubo que hacerla prácticamente a mano.


El hecho de que es un tema complejo está claro, porque empezó en 2017, estamos en 2023 y todavía no se ha sustanciado nada. Dentro de lo que es Guardia Civil, insisto, es un tema generalizado. Están tres investigados, no el resto. Y el
resto, como decía en mi comparecencia, sobre todo por una falta de conocimiento, porque el hecho de ir a comprobar una obra... Todos hemos tenido obras en casa. ¿Alguno se ha quedado contento? Nunca, ¿no? Entonces, lo que sí se ha hecho en la
nueva normativa de control es precisamente que, con arreglo al concepto 227.06, que hay que tener presupuesto para ello, quien haga el presupuesto sea un arquitecto técnico o ingeniero, de tal forma que la valoración de lo que se quiera hacer de las
unidades de obra estén claras. Y queremos llegar al paso siguiente, que es: cuando esté terminada la obra, en contratos menores -cuando son contratos de gran envergadura hay una dirección técnica que es la responsable- tiene que haber también, con
arreglo a ese subconcepto, alguien que certifique que sea un arquitecto técnico, porque, si no, podemos entrar en esta circunstancia.


También, muchas veces tengan en cuenta que cuando hacemos descentralización -yo hablaba de 19 millones- a cada comandancia, con arreglo al coeficiente, por ejemplo Badajoz, que tiene 90 acuartelamientos, le damos 300 000 euros para
inversión. Lo que es mantenimiento, antes de 2008, antes de la crisis, para mantenimiento y acuartelamientos teníamos 40 millones. Después, se ha ido bajando y el mantenimiento es bajo. En inversión, como decía antes, este año hemos empezado con
5 millones. Si se nos cae un expediente que consideramos prioritario, como es comprar vehículos y demás, a partir de mayo o junio, podemos aprovechar ese dinero para no perderlo e intentar, como se suele decir, tapar agujeros, hacer contratos
menores que son esas cantidades. También decía de subir el nivel de gasto respecto a las zonas y que sean las unidades de gestión, porque tienen intervención de las Fuerzas Armadas. Es una persona especialista, aunque no hace labores de
intervención, pero sí tiene los conocimientos suficientes para hacer el asesoramiento y revisar las memorias y todo lo que la normativa, tanto estatal como la propia, nos exige.


También ha salido a colación que hemos seguido contratando con este empresario. La verdad es que es llamativo. Pero, señorías, los artículos 71, 72 y 73 de la Ley de Contratos del Sector Público especifican cuáles son las prohibiciones
para contratar. Por ser breve, tiene que ser una resolución firme, penal o administrativa, o bien cuando chocamos con Hacienda o la Seguridad Social si no están los pagos actualizados. Es la única forma de poder impedir que contrate, si no,
estaremos cometiendo una prevaricación nosotros si yo lo impido. Es más, según la normativa OIReScon, hay que invitar al menos a tres empresas, pero, también, si alguien se ofrece voluntariamente, hay que admitirlo. Con lo cual, si este empresario
dice que quiere participar y no le dejamos, sería una arbitrariedad y nos podría llevar a los tribunales. Entonces, esas son las circunstancias complejas que desde fuera parece que son fáciles, pero no. Eso, lo primero.


Ya por terminar, con Canarias, por supuesto, hemos hecho siete revisiones de visitas y tres revisiones extraordinarias de documentación. En la última ya se le dijo al responsable que nos mandara los expedientes. En los expedientes sí hemos
visto que hay una actividad colusoria, es decir, aparecen cuatro empresas, pero siempre se lo llevan por el máximo; las otras tres no presentan presupuesto o bien se pasan del presupuesto de licitación. Según la normativa, no tenemos que pedir
más. Aun así, viendo que eran actividades colusorias, lo pusimos en conocimiento de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que le pasó el expediente directamente a la autoridad que lleva la competencia en Canarias. Ha abierto un
expediente y, además, ha habido que pedirle ahora que desbloqueara uno de ellos, porque era precisamente para arreglar unas dependencias de la Policía Judicial en las que había habido un incendio; entonces, nos lo ha desbloqueado. En este momento
está publicada en la plataforma de contratos menores con 12 días hábiles para poder concursar al contrato menor, y se abrirán las ofertas el 12 de abril.

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La actividad no la hemos dejado y seguiremos porque, insisto, nuestra supervivencia como institución es precisamente que todo sea absolutamente transparente, nos da lo mismo que sea el empleo de guardia que sea el empleo de teniente general.
Precisamente, quien colabora con Asuntos Internos ha sido la Jefatura de Asuntos Económicos, que dependía del Mando de Apoyo, que es el puesto que ocupo yo. No escatimó esfuerzos, no ha escatimado esfuerzos y no escatimará esfuerzos -por supuesto,
respetando la presunción de inocencia de los que están ahí-, pero, como he dicho antes, si han cometido alguna irregularidad, la Guardia Civil apoyará en todo lo posible, con elementos objetivos para aportar a la autoridad judicial los elementos
suficientes para desvirtuar la presunción de inocencia de aquellos que hayan cometido actividades contrarias, en este aspecto como ilícito penal, administrativo y en la parte ética.


Como compañero de Guardia Civil, estamos francamente dolidos; dolidos los que estamos en activo, los que están en reserva y, sobre todo, le voy a decir más, los jubilados, que son los que más están sufriendo con esta situación.


Con esto termino mi comparecencia o, por lo menos, las contestaciones.


El señor PRESIDENTE: Hemos finalizado con estas palabras la sesión. Agradecemos su presencia, teniente general, en esta Comisión. Sin más asuntos que tratar, levantamos la sesión. Buen fin de semana.


Eran las cuatro y veinticinco minutos de la tarde.