CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2023 XIV LEGISLATURA Núm. 872

ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. CELSO LUIS DELGADO ARCE

Sesión núm. 46

celebrada el jueves,

23 de marzo de 2023

ORDEN DEL DÍA:


Comparecencia de la señora presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (Fernández Vicién), para exponer las líneas básicas de su actuación y sus planes y prioridades para el futuro, al amparo del artículo 39 de la Ley
3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Por acuerdo de la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital. (Número de expediente 212/003046) ... (Página2)

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Se abre la sesión a las once y cinco minutos de la mañana.


El señor PRESIDENTE: Señorías, muy buenos días.


Se abre la sesión para tramitar el orden del día, que es la comparecencia de la presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, para exponer las líneas básicas de su actuación y sus planes y prioridades para el futuro,
al amparo de lo previsto en el artículo 39 de la Ley 3/2013, de 4 de junio, por la que se crea la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.


Doy la palabra a Cani Fernández Vicién, su presidenta, a la que acogemos siempre en esta Comisión con gran satisfacción. También saludo a las personas que la acompañan de una institución que -como creo que saben ustedes- en este año cumple
diez años, como se dice, de su joven existencia. Creo que ha hecho un gran trabajo al servicio de la nación española y estamos seguros de que en esta senda continuará.


Sin más, le doy la palabra, señora Fernández Vicién.


La señora PRESIDENTA DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA (Fernández Vicién): Gracias, presidente.


Señorías, es para mí un placer comparecer de nuevo ante esta Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Como en años anteriores, estoy aquí para informar de la actividad de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
durante el ejercicio 2022. Pero, además, este año, concretamente en junio, se cumplen tres años de mandato, es decir, el ecuador de mi mandato, y, por lo tanto, me corresponde también exponer, de acuerdo con la ley, el balance de estos tres años y
augurar algunos de los retos que nos quedan y que deseamos poder cumplir en los próximos tres años. Este ejercicio de transparencia es para mí, además de una obligación legal, una oportunidad para agradecerles el apoyo prestado desde que hace tres
años tuvieron la amabilidad de confirmar mi nombramiento. También es un momento idóneo para oír las recomendaciones que puedan hacernos, sobre todo de cara a estos tres próximos años, y las críticas de todo tipo que puedan hacernos sobre los tres
años pasados.


Como decía el presidente, es un año especial. La CNMC cumple diez años de existencia de esta nueva formación de la institución; una década de trabajo muy intenso. El organismo puede ser joven, pero los efectivos que tiene son gente
experimentada, de larguísima trayectoria y recorrido, que han ayudado a afianzar su independencia, su profesionalidad y a generar -así lo creemos- un impacto positivo en beneficio de los consumidores y usuarios. Pero, como sabemos todos, siempre
hay espacios de mejora, y, como decía, este es un momento importante para nosotros, porque no solo venimos a rendir cuentas, sino también a escuchar sugerencias y recomendaciones de todo lo que nos quede por realizar.


Todos aquí conocemos la relevancia de la promoción y la defensa de la competencia para el bienestar general. Una competencia efectiva es fundamental para el desarrollo económico y social de cualquier país. La competencia es, además, una
forma de favorecer la igualdad tanto de oportunidades como de beneficios; es una forma de recompensar y estimular el emprendimiento, el mérito, la innovación y el esfuerzo. Una competencia efectiva genera -lo sabemos todos- beneficios para los
consumidores. Los mercados abiertos y competitivos permiten reducir precios, ampliar la oferta de bienes y servicios e incrementar su calidad. La relevancia de la política de competencia es, si cabe, aún mayor en momentos como el actual, donde
tenemos altos índices de inflación, incrementos de márgenes, que solamente serán reducidos si existe una competencia efectiva en los mercados. Estas mejoras de productividad que se generan con la competencia revierten, además, en términos de
macroeconomía, con lo cual, es una forma también de contribuir a que esa inflación y esos márgenes se ajusten a lo que realmente tienen que ser, lo más eficientes en todos los mercados.


Desde la CNMC lo que hacemos es velar por que las condiciones de competencia en los mercados se mantengan; también por identificar las barreras a la actividad económica, cuya eliminación nos compete a nosotros, tanto las que son de origen
regulatorio como las económicas, pero muy especialmente aquellas que son utilizadas por los operadores económicos para impedir la entrada o la competencia de nuevas empresas, creando, mediante colusión, una eliminación de la innovación y, en
definitiva, del bienestar de los consumidores. Nuestro objetivo es mantener un terreno de juego equilibrado, abierto, competitivo, lo que venimos a llamar en nuestra jerga un level playing field, de forma que los competidores puedan luchar en
igualdad de armas y que podamos asegurar que esa competencia real nos permite dar cabida a soluciones innovadoras y meritorias que prevalezcan.

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Para los consumidores, en este año hemos seguido la metodología de cálculo recomendada por la OCDE basada en los ahorros que se derivan de la intervención, que evitará subidas de precios anticompetitivos, y directamente, podemos estimar que
en 2022 el ahorro superó los 2000 millones de euros, como consecuencia de nuestra actividad en la aplicación de normativa de competencia y el desmantelamiento de prácticas restrictivas. Más allá de estas cifras agregadas, detectamos y sancionamos
cárteles, que es lo que más perjudica a la sociedad desde un punto de vista económico, y especialmente a los miembros más desfavorecidos, que tienen menor poder adquisitivo y se ven obligados a pagar un extraprecio que no deberían. Por ejemplo, en
el ejercicio 2022, el Tribunal Supremo ha confirmado la resolución de la CNMC de 2016 contra ocho fabricantes de pañales para incontinencia de adultos, que se cartelizaron para casi duplicar los precios de esos productos, que estaban subvencionados
por los distintos servicios de sanidad. Ahora que ya es firme esta resolución, las víctimas del cártel pueden reclamar los daños y perjuicios. Por ejemplo, el Servicio de Salud de la Generalitat ya ha reclamado daños que ha cuantificado en 516
millones de euros. Animaría a todos los servicios de salud que hayan podido ser víctimas a que lleven a cabo actuaciones similares. En 2022, hemos sancionado a una compañía farmacéutica por precios excesivos en relación con un medicamento para una
enfermedad metabólica rara, ultrarrara, que afecta a varios pacientes en España. Lo que había hecho la compañía era incrementar sus precios hasta los 14 000 euros por caja del medicamento sin justificar ningún tipo de inversión que avalase ese
precio. Además de una sanción, le hemos impuesto obligaciones de comportamiento para garantizar que ese producto llega a los pacientes en España.


En cuanto a los mercados regulados que supervisamos en los ámbitos energético, telecomunicaciones, audiovisual, transporte y postal, suponen, según las diferentes estimaciones, entre un 6 y un 8 % de nuestro producto interior bruto. Las
decisiones de la CNMC, por ejemplo, en materia de transporte ferroviario y tarifas aeroportuarias desde 2013, desde su creación, hasta 2022, hemos podido calcular que han supuesto ahorros directos al consumidor español que superan los 300 millones
de euros, y, sobre todo, nos han permitido acceder a servicios de transporte de mayor variedad y mucho más baratos, como todos podemos constatar.


En lo que respecta a la energía, solamente las decisiones que adoptamos en el ámbito regulatorio se trasladan en ahorros de más de 1500 millones de euros anuales en lo que corresponde simplemente a las rebajas de los peajes, que son nuestra
competencia por las actividades de transporte y distribución; esto no incluye la supervisión específica y el efecto disuasorio que generamos con los expedientes sancionadores.


En cuanto al sector de las telecomunicaciones, baste indicar que la labor de la CNMC ha generado una fuerte competencia en España, que la ha convertido en un líder en despliegue de la tecnología de fibra hasta el hogar, con coberturas del 90
% frente a la media europea, que no llega al 45 %. Pudimos constatar durante la pandemia la fortaleza de nuestros sistemas de telecomunicaciones. Ahora nos enfrentamos a un nuevo reto en el despliegue del 5G y tenemos que asegurarnos de que los
nuevos parámetros regulatorios que adoptemos conjuguen bien la inversión necesaria con los beneficios para el consumidor.


Todos estos objetivos que planteo y que expongo a título de ejemplo no son simples, exigen un conocimiento técnico preciso del que está dotada mi institución, un firme compromiso con el interés público que todos los empleados de mi
institución demuestran día a día, dedicación y tiempo. Me refiero al tiempo porque, no obstante todo lo que hacemos desde nuestra creación y con mayor intensidad en los últimos años, la CNMC ha visto cómo se han incrementado sus funciones y sus
competencias demasiadas veces de forma inopinada. Por poner un ejemplo, en 2022, solamente en el ámbito de la energía hemos recibido hasta veinticuatro nuevas funciones a través de siete reales decretos leyes y dos nuevas leyes. Las funciones
atribuidas son además muy dispares, desde la vigilancia del margen de las estaciones de servicio, el análisis de los requisitos para obtener las subvenciones, la digitalización de las redes de energía, a la supervisión de la repercusión de los
precios de distintos impuestos o rebajas de impuestos. No nos preocupa que nos asignen funciones relacionadas con la actividad de la CNMC siempre y cuando vayan acompañadas de recursos, lo que sí nos preocupa es la asignación de funciones ajenas a
nuestras competencias y que nos apartan de los objetivos esenciales de una autoridad de competencia y regulación.


Jean Tirole, Premio Nobel de Economía en el año 2014 por su análisis de lo que se ha venido llamando organización industrial, el poder de los mercados y la regulación, ha llamado la atención sobre las tentaciones de atribuir a las
autoridades independientes supervisoras de los mercados funciones ajenas a las que les son propias. En el documento de mi comparecencia tienen ustedes la referencia de su

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discurso; también es un paper de trabajo al que pueden acceder, se lo recomiendo porque es muy interesante. Tirole apunta a que la dotación de multiplicidad de tareas a las agencias puede derivar en objetivos difusos o, peor,
contradictorios o incompatibles, lo que incluso puede llegar a afectar su independencia.


En nuestro caso, señorías, les puedo asegurar que la institución que presido cumplirá de forma rigurosa, como no puede ser de otra manera, con los mandatos legales que se le asignen, pero debo trasladarles el esfuerzo sobrevenido que implica
asumir una función desconocida en la que hay que empezar desde cero. Por un lado, nos desvía de los problemas y retos a los que nos debemos dedicar como autoridad de competencia y regulación, que son de medio y largo plazo, y, por otro, afecta a
nuestra organización interna, repercutiendo negativamente en nuestra capacidad para dar una respuesta eficiente a todo: lo nuevo y lo que es realmente nuestra prioridad.


He comentado antes, señorías, los beneficios que para la sociedad genera nuestra actividad. Nuestra tarea consiste esencialmente en conseguir y proteger mercados competitivos, y esta es una tarea constante y de largo plazo, pero requiere
una labor permanente e intensa, tanto en dedicación de recursos como de tiempo. La asunción de nuevas competencias hace aún más urgente el problema que les trasladaba ya en mi primera comparecencia como presidenta de la CNMC sobre la necesaria
reforma de la Ley de creación de la CNMC, la Ley 3/2013, y de la Ley de Defensa de la Competencia. A la entrada de esta comparecencia me han dado una inmejorable noticia y quiero agradecer desde ya el apoyo que estoy segura nos van a prestar, pues
he podido saber que, mediante enmiendas, se ha incluido la solicitud de algunas de las reformas más imprescindibles que necesitamos en estos momentos con ocasión del anteproyecto de ley del cliente financiero. Animo a sus señorías a que las miren
con mucho cariño y nos apoyen porque realmente necesitamos su apoyo. Comparezco por tercera vez en esta Comisión y, lamentablemente, tengo que decir que no se habían acometido hasta ahora estas funciones, por lo tanto, esta noticia todavía me llena
todavía más de alegría. En su tramitación hubo un momento de ilusión cuando se decidió tramitar el Real Decreto Ley 7 como proyecto de ley, pero este se congeló en octubre de 2021 y no habíamos sabido nada hasta ahora; así que nuevamente se lo
agradezco y les pido su ayuda.


Tras este llamamiento a la responsabilidad de todos los poderes implicados en el proceso normativo, paso a continuación a ofrecer la información que es objeto de esta comparecencia que, como les decía al principio, es el ejercicio 2022, y
también hacer balance de estos tres años que llevamos de mandato en la CNMC. En el momento en el que reflexionábamos sobre el plan estratégico que -recordarán- es el que tenía que vertebrar el mandato de la nueva comisión de 2020 a 2026, cuando
reflexionábamos sobre cómo diseñarlo a mediados de 2020, obviamente no podíamos anticipar los acontecimientos que han sucedido después: los shocks de demanda y las disrupciones absolutas de las cadenas de suministro como consecuencia de la
pandemia, posteriormente la guerra de Ucrania y las consecuencias derivadas de ella para nuestra economía, la crisis energética y la inflación. Sin embargo, como podrán comprobar, el plan estratégico que diseñamos es un plan resiliente y ha podido
resistir los vaivenes con plena operatividad. Debo transmitirles de nuevo que esto solamente es posible gracias a la dedicación, al esfuerzo, a la vocación de servicio público y al compromiso y responsabilidad de todos los empleados de la CNMC, a
los que quiero agradecer desde aquí mi reconocimiento, mi agradecimiento público a todos y a cada uno de ellos.


Recordarán que nuestro plan estratégico descansaba en tres pilares. Respecto al pilar interno, el logro más destacable de estos tres años en materia de personal es, sin duda alguna, la negociación y firma de los convenios colectivos del
personal laboral de la CNMC, tanto en el centro de trabajo de Madrid como en el de Barcelona. Esto era clave para dotar de unas condiciones uniformes a todo el personal laboral. Recordarán que procedían de cinco grupos laborales distintos con
derechos diferentes, con cuestiones tan variadas como horarios diferentes, con escalas diferentes, sueldos diferentes. Fundamentalmente, ahora podremos aplicar estas condiciones uniformes y, lo más importante, vamos a poder generar oportunidades de
carrera para este personal técnico y altamente especializado que no las tenía, que llevaban diez años esperando poder promocionar. Agradezco aquí el esfuerzo y liderazgo de la secretaría general en la persona de su secretario general, que hoy nos
acompaña, pero también agradezco a los comités de empresa y a los ministerios implicados que esto haya podido salir adelante. En esta área, el gran asunto pendiente que nos quedaba era la modificación de nuestra ley para permitir precisamente que
los empleados laborales pudieran asumir los puestos de mayor responsabilidad, y eso requiere una

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modificación de nuestra Ley 3/2013 que, afortunadamente, se ha incluido como enmienda, así que esperamos que esto vea la luz pronto.


En cuanto al pilar institucional, también constituye un hito el lanzamiento del portal abierto de datos de la CNMC, que contiene un amplio catálogo de información actualizada. Esta herramienta aumenta la transparencia de nuestra institución
y nos acerca a la sociedad en general y a la academia en particular. La academia es fundamental para fiscalizar técnicamente nuestra actividad y para proponer recomendaciones, porque ellos tienen la capacidad de dedicación y el talento necesario
para reflexionar sobre lo importante sin la gestión de lo urgente, como nos pasa a nosotros en el día a día.


Igualmente, nuestro proyecto Municipios y competencia -sobre el que volveré más adelante- nos ha permitido afianzar nuestras relaciones con las autoridades de competencia de las comunidades autónomas, así como con las administraciones
autonómicas, provinciales y locales que nos acompañan en cada fase de este proyecto, sobre todo de la mano de la FEMP. Me gustaría explicarlo después con un poco más de detalle, porque es un proyecto del que nos sentimos muy orgullosos en la CNMC.


Por último, no quería dejar de mencionar, en el área institucional, la celebración del Congreso de gobernanza en junio de 2022, que fue organizado conjuntamente por la CNMC, el Consejo General del Poder Judicial y la Real Academia de
Jurisprudencia. Próximamente se va a publicar un libro fruto de las reflexiones, de gran interés, que se compartieron durante el congreso y del que estaré encantada de hacerles llegar un ejemplar.


Por lo que respecta al pilar internacional, el plan esbozado hace tres años ya está dando sus frutos. La CNMC mantiene una representación significativa en los principales foros y organismos internacionales, con la presidencia de ERGP, que
es el regulador europeo del sector postal; la vicepresidencia de ERGA, que es el regulador audiovisual; y también en ARIAE, en energía, y una participación muy activa en BEREC, comunicaciones electrónicas; ACER y CEER en energía, y la admisión en
los órganos de gobierno tanto de la red mundial de autoridades de competencia, el ICN, International Competition Network, y sus grupos de trabajo, como también en el órgano de gobierno del Comité de Competencia de la OCDE, el Bureau del Comité de
Competencia. Nuestra posición en estos foros es clave para compartir experiencias, para influir en la toma de decisiones, para asegurar las posiciones españolas y para tener un acceso ágil y constante a la mejor información. No hay que olvidar que
en estos organismos es donde se desarrollan en primer lugar las iniciativas que luego se convertirán en normas.


En energía, por ejemplo, este posicionamiento a nivel internacional ha sido fundamental para participar de primera mano en los debates sobre las distintas propuestas normativas para hacer frente a la crisis energética derivada de la guerra
de Ucrania y mitigar el impacto de la crisis energética en consumidores y empresas. En competencia, formar parte del Comité de Dirección de la ICN nos permite albergar por primera vez en nuestro país la conferencia anual que reúne a toda esta red
de autoridades de competencia, donde intercambiamos experiencias y colaboración para poder hacer una aplicación mundial de la competencia, dado que los mercados ya son globales, y donde vamos a reunirnos en octubre de 2023 en Barcelona autoridades
de más 140 jurisdicciones. Igualmente, completamos el liderazgo en el ámbito de la competencia con la celebración del Día Europeo de la Competencia también en nuestra sede de Barcelona. Les recuerdo que somos la única institución que tiene doble
sede, y estamos muy contentos de poder fomentar todavía más esa relación en el entorno de Barcelona y darle esa implicación a nivel internacional que debe tener, así que en el marco de la Presidencia española de la UE en la segunda mitad del año
vamos a celebrar en nuestra sede el Día Europeo de la Competencia.


Por lo que respecta a las grandes plataformas digitales, la participación de la CNMC en el grupo de alto nivel consultivo para la implantación de la DMA es también un hito. He sido propuesta para formar parte del high level group, el grupo
que va a asesorar a la Comisión Europea en el desarrollo de toda esta nueva legislación. La DMA -ley de mercados digitales- es un grupo que va a estar compuesto por representantes de todos los organismos reguladores europeos: ERGA, BEREC, el
supervisor de la protección de datos europeo, el bureau de consumidores europeos y también la Red Europea de Competencia, que es la que me propone como miembro. En el ámbito audiovisual, como mencionaba, esa vicepresidencia de ERGA va a ser clave
en un momento en el que el sector audiovisual y toda su regulación están ahora en reforma con el nuevo acuerdo NFA; vamos a estar sometidos a cambios profundos que todos nosotros, simplemente como ciudadanos, percibimos con la llegada masiva del
contenido digital. Mantener este nivel de representación internacional es posible gracias al esfuerzo añadido de los equipos que desempeñan nuestras funciones ordinarias, porque la CNMC no dispone de

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un departamento o subdirección internacional y esto supone un gran trabajo añadido, pero es cierto que todos estamos muy convencidos de que es esencial para el diseño adecuado de nuestra hoja de ruta.


Vamos a pasar ahora al grado de cumplimiento de los objetivos del plan estratégico, que les recuerdo que eran la consolidación de la cultura de competencia y de buena regulación, la digitalización y la transición ecológica, todo ello en
beneficio de los consumidores. Voy a hacer un recorrido ahora sobre los principales hitos, al tiempo que expongo la actividad de la CNMC en 2022. Empezaré primero por el área de defensa y promoción de la competencia y después transitaré por las
áreas de regulación.


En defensa de la competencia, este año la CNMC destaca por haber empleado prácticamente todos los instrumentos jurídicos que la Ley de Defensa de la Competencia pone a nuestro alcance, y esto marca nuestra voluntad de perseguir las conductas
dañinas para la competencia con todos los medios de que disponemos, incluso cuando ello implica, como no se les puede escapar a sus señorías, un esfuerzo adicional de análisis y de estudio riguroso por la ausencia o escasez de precedentes en la
aplicación de estos instrumentos, que aunque han estado allí no siempre han sido utilizados. Me refiero a que además de aplicar los artículos 1, 2 y 3, y sus equivalentes a nivel de la Unión Europea 101 y 102, que también aplicamos, relativos a
prácticas colusorias o a abusos de posición de dominio, y a nuestro artículo 3, que es específico, que lo que hace es reprimir las prácticas desleales que falseen la competencia afectando al interés general, hemos adoptado también alguna
determinación convencional que nos permite poner fin rápidamente a infracciones de competencia. A veces, esta es mejor solución que no esperar, como en el caso de los pañales para adultos, seis años a que la resolución sea firme.


Hemos detectado también y sancionado otro tipo de infracciones, como por ejemplo los incumplimientos de las obligaciones de notificar operaciones de concentración, lo cual es muy importante en momentos en los que las consolidaciones de los
mercados llevan a mayor concentración y, por tanto, menor competencia. El mensaje que hemos mandado con estas seis sanciones en los casos de las seis operaciones no notificadas es que estamos vigilantes, lo que llamamos en nuestro argot gun
jumping, porque las empresas salen antes de haber obtenido la autorización; o bien los incumplimientos de compromisos asumidos por las propias empresas en operaciones de concentración, porque tenemos una actividad de vigilancia que también es
singular, es algo de lo que no todas las autoridades de competencia de nuestro entorno -prácticamente ninguna- disponen. Nosotros tenemos una subdirección de vigilancia que hace seguimiento del cumplimiento de nuestras resoluciones, del pago de las
sanciones y de los compromisos que se asumen, y eso nos permite estar haciendo permanentemente un seguimiento que nos garantice el cumplimiento de las condiciones. Además, este año hemos adoptado, después de muchísimos años de no hacerlo, medidas
cautelares de nuevo con la misma finalidad: parar cuanto antes comportamientos dañinos en los mercados, mientras podíamos investigar realmente cuáles eran las ramificaciones de esos comportamientos.


Y, por último, hemos adoptado también condiciones en resoluciones de ámbito sancionador cuando no eran concentraciones, sino conductas. El ejemplo es el que les daba antes de los fármacos para esta enfermedad ultrarrara, donde hemos
obligado no solo a pagar la multa, sino además a determinados comportamientos para garantizar ese suministro a precios justos a los pacientes que los necesitaban en España.


De los expedientes sancionadores en 2022 destacaría algunos, como la decisión de obra civil, que sanciona una manipulación en licitaciones públicas de más de veinticinco años en el sector de la construcción de grandes infraestructuras. En
este expediente se han impuesto las multas más elevadas desde la constitución de la CNMC, tanto en lo que respecta a una participación individual como al expediente general. En segundo lugar, la multa impuesta a otra farmacéutica -no la que he
mencionado anteriormente, sino a otra- por emprender una estrategia basada en acciones judiciales injustificadas para poder prorrogar todo lo posible su patente y así impedir la entrada de un competidor que además era innovador, tenía un producto de
mejor calidad -es lo que se llama sham litigation-. En el entorno de competencia hay muy pocas decisiones en este ámbito a nivel internacional, nos hemos atrevido con ella y creemos que hemos proporcionado inmediato beneficio a los consumidores que
han dispuesto de un producto más innovador antes. Comentaba también esa multa impuesta por vender en precio excesivo ese medicamento huérfano. En este caso, no solamente es que se hubiera aplicado un precio excesivo, es que la empresa había
bloqueado la posibilidad de disponer del principio activo a otros competidores que pudieran a su vez desarrollar productos competidores. O sea, que la infracción en realidad era doble, era explotativa respecto de los consumidores y era
exclusionaria respecto de potencial competencia; con lo cual, era doblemente dañina.

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Y también me gustaría mencionar el expediente por el que se multó al grupo AUDAX. En este caso, la CNMC consiguió detectar y probar que una empresa había captado clientes de electricidad y de gas de otras empresas, utilizando para ello
prácticas fraudulentas. Esto supone un acto de competencia desleal que, por sus características, afectaba al interés público y alteraba la competencia; es decir, el tipo objetivo de la infracción de nuestro artículo 3. Este expediente es fruto de
la colaboración estrecha entre la Dirección de Competencia y la Dirección de Energía y es un ejemplo de las sinergias que se crean en un organismo de modelo integrado como el de la CNMC, en un sistema, además, muy garantista en donde, a diferencia
de lo que ocurre -tenemos un plazo de dieciocho meses, que es cortísimo y de nuevo les doy las gracias porque una de las enmiendas permite que se nos amplíe hasta veinticuatro meses e incluso con 24 meses seguiremos siendo el país de la Unión
Europea con plazos más cortos y se lo digo para que se queden tranquilos y no piensen que nos pasamos de plazo, sino al contrario- en otros Estados miembros de la Unión Europea, el periodo de alegaciones en nuestros procedimientos es permanente.
Las empresas pueden alegar y acceder al expediente cuantas veces estimen oportuno, cosa que no ocurre a nivel del procedimiento de la Unión Europea ni tampoco en nuestro entorno. Con lo cual, es un procedimiento muy garantista, pues tiene todas las
garantías necesarias. Con la colaboración estrecha de ambas direcciones hemos conseguido adoptar esta sanción y mandar un mensaje muy claro en un momento en el que los mercados energéticos estaban bastante revueltos.


En el área de defensa de la competencia, me gustaría mencionar los resultados de nuestra Unidad de Inteligencia Económica, porque también es pionera y referencia en el resto de autoridades de competencia en el mundo. Hemos mantenido
reuniones con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos para explicarles qué hacíamos y están estudiando en estos momentos adoptar una unidad similar. Esta unidad emplea diversas herramientas informáticas que abarcan desde técnicas
estadísticas y econométricas hasta el uso de algoritmos y de inteligencia artificial y canales de informantes totalmente anónimos y encriptados. Además, ha conseguido, desarrollando algoritmos de propia creación, hacer accesible la información no
estructurada de las bases de datos, lo cual permite detectar, por ejemplo, en la contratación pública -que es la base en la que se ha conseguido esto- patrones de ofertas ganadas y perdidas. Esto nos da una idea clara de dónde puede haber patrones
de colusión. Sus herramientas y su metodología nos han permitido incrementar muy significativamente la detección de prácticas anticompetitivas de oficio; identificar también sectores que pueden estar afectados por prácticas anticompetitivas,
poniendo el foco en ellos, y, además, mejorar las inspecciones, que cada vez son más digitales, como sus señorías pueden imaginar. Este año solamente esta unidad ha analizado más de doscientos asuntos, de los cuales algunos han derivado en
investigaciones de infracciones de la Ley de Defensa de la Competencia y su actividad tiene un gran impacto en la contratación pública, tanto por el acceso a las fuentes de información de las que ya podemos disponer -después de haber limpiado
nosotros también esa base de datos desde 2015- como por la puesta en marcha de determinados instrumentos que se ponen a nuestra disposición como el artículo 150 de la Ley de Contratos del Sector Público, al que luego me referiré. Siendo la
contratación pública de tal importancia en nuestro PIB, este artículo va a dar mucho juego y luego les explico en qué consiste.


Fruto de las herramientas que utiliza la Unidad de Inteligencia Económica, hemos podido detectar y sancionar, por ejemplo, cárteles en el del mercado de suministro de equipos de radares meteorológicos en 2020; de radiofármacos de venta a
hospitales; de conservación de carreteras; de gestión de archivos en 2021; de suministro de alimentos básicos, y de licitaciones de material militar en 2022. Todos estos cárteles han sido detectados, precisamente, de oficio, gracias a esta
unidad.


En el ámbito del control de concentraciones, en 2022 se notificaron 103 operaciones de concentración. Es la cifra más elevada desde 2016. Tengo que decir que en 2021 fueron 102; es decir, hemos superado en una la cifra del año pasado y
llevamos dos años consecutivos con récord. La gran mayoría de estas concentraciones, el 88 %, han sido autorizadas en primera fase sin compromisos al no presentar problemas, pero en siete casos sí ha sido necesaria, bien la presentación de
compromisos para garantizar la competencia del mercado tras la realización de la operación o bien una segunda fase de análisis mucho más profunda y, en algunos casos, imponer condiciones. Los números de la actividad en materia de control de
concentraciones son un buen proxy de la actividad económica, porque nos dan una idea de los movimientos de estructura de las empresas y de las consolidaciones en los mercados. Somos muy conscientes de que, tras el shock, las disrupciones, la
pandemia y la crisis económica los mercados están, a veces, en situaciones de dificultad y, por lo tanto, nosotros nos hemos comprometido a hacer el mejor análisis requerido en el menor tiempo posible, siendo ágiles para facilitar los movimientos
empresariales

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cuando no plantean problemas, pero siendo exhaustivos, al mismo tiempo, cuando detectamos posibles problemas para la estructura competitiva de los mercados tras la operación.


En definitiva -y haciendo balance-, durante estos tres últimos años quisiera destacar los extraordinarios resultados de los esfuerzos en aumentar la detección de oficio de los cárteles. De las resoluciones de cártel adoptadas durante este
periodo, el 89 % corresponde a expedientes iniciados por la comisión de oficio, muy particularmente en el área de contratación pública, al tiempo que alcanzábamos cifras récord de notificaciones de control de concentraciones e instruíamos asuntos
relativos a abusos de posición dominante, que son especialmente complejos, y también falseamientos de la competencia por actos desleales, que también es una herramienta que durante la pandemia, por ejemplo, nos dio muchas posibilidades. También la
cuantía de las multas ha ido aumentando hasta alcanzar este año la cifra récord de 323 millones de euros.


¿Qué hemos hecho en el ámbito de la promoción de la competencia para mejorar la calidad de la intervención pública y del marco regulatorio? Hemos tenido una actividad muy intensa en 2022. En cuanto a la función consultiva, me gustaría
recordar, sobre todo en esta Cámara, que la CNMC puede ser consultada sobre cualquier cuestión relativa al mantenimiento de la competencia efectiva y del buen funcionamiento de los mercados y, en concreto, puede ser consultada por el Gobierno, los
ministerios, las comunidades autónomas, las corporaciones locales y los colegios profesionales, pero también por ustedes, por las Cámaras legislativas. Como saben, emitimos informes de propuestas normativas, de media una veintena al año, de
cualquier instrumento normativo que pueda proporcionar una óptica de competencia en los procesos legislativos y les animo a que, en su caso, nos llamen si nos necesitan. Además, durante el año 2022 hemos publicado tres estudios sectoriales para
identificar barreras a la competencia en la intervención pública y mejores formas de lograr objetivos públicos, minimizando el impacto negativo sobre la competencia y la actividad económica y un estudio sobre evaluación de medidas públicas.
Menciono los tres estudios: el estudio sobre el transporte interurbano de viajeros en autobús, que constata que somos el único de los grandes países europeos que siguen manteniendo un sistema de monopolios en sus rutas de autobús interurbano y
propone alternativas de mejora, que redundarán, además, en beneficio de los consumidores más vulnerables, que son los que utilizan preferentemente estos medios de transporte; el estudio sobre la distribución mayorista de medicamentos en farmacia
que, tras un análisis de cómo está, propone cambios para contener los precios, y también el estudio sobre la retirada de efectivo a través de cajeros automáticos, que responde precisamente a una preocupación que nos trasladaron sus señorías sobre la
disponibilidad de efectivo en España y propone algunas vías de soluciones alternativas. Y, por último, el estudio de impacto al que me refería es el estudio sobre el análisis cuantitativo de las ayudas públicas para el despliegue de banda ancha en
España, que concluye que han servido para impulsar la conectividad y la competencia en el sector y, en particular, en las zonas más despobladas. Además, estamos trabajando en nuevos estudios alineados con las grandes preocupaciones de nuestro
tiempo y cito algunos de los que están en marcha: la gestión de los residuos de envases, la infraestructura de recarga del vehículo eléctrico -ambos están vinculados, por un lado, a la economía circular y, por otro lado, a la descarbonización- o el
sector de los seguros de asistencia sanitaria, tan relevante para todos los ciudadanos, donde acabamos de sacar una consulta pública, así como una guía para la cuantificación de daños por infracciones del derecho de la competencia, con la que
pretendemos facilitar a las víctimas y a los jueces en su función esa adjudicación de los daños que se debe reclamar.


A estos, se añadirían otros documentos publicados a lo largo de estos últimos tres años, entre los que destaco el estudio sobre publicidad online y las tres guías sobre contratación pública: Guía sobre la planificación, Decálogos sobre
regulación, contratación y ayudas y la Guía sobre convenios y medios propios que acabamos de publicar. Sin duda -y lo mencionaba antes-, de estos tres años me gustaría destacar el proyecto Municipios y Competencia. Es un proyecto divulgativo que
generamos en la CNMC y lideramos junto con las autoridades de competencia autonómicas que busca mejorar la calidad de la regulación y la intervención municipal a través de la investigación de las barreras a la competencia más comunes en la actuación
de los municipios. Desde su inicio, nos ha permitido analizar temas tan relevantes como la movilidad urbana, las prórrogas de concesiones de servicios municipales, los servicios funerarios, el despliegue de instalaciones renovables o los contratos
menores. Además de promover la eliminación de barreras innecesarias a la competencia en el ámbito municipal, este proyecto permite promover la cultura de competencia en la sociedad española, reforzar los lazos institucionales con las comunidades
autónomas, los municipios y la sociedad civil, así como poner en valor la red de autoridades de competencia de España.

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Los documentos de trabajo se han presentado a debate en eventos organizados en Barcelona, Santiago de Compostela, Sevilla, Bilbao y Mérida, el último, sobre despliegue de renovables, en colaboración con las autoridades de competencia
autonómicas y con la FEMP, con la Federación Española de Municipios y Provincias. Próximamente continuaremos el proyecto con unas jornadas en Zaragoza para discutir los resultados de una consulta pública que tenemos ahora mismo en marcha sobre
concesiones públicas.


En cuanto a la salud competitiva de la contratación pública, señorías, tan solo quería recordarles que para la CNMC continúa siendo una prioridad, tanto en lo que se refiere a la supervisión del proceso, para que sea siempre competitivo,
como en el asesoramiento y divulgación de los principios y estrategias que favorezcan un enfoque competitivo de la totalidad de las fases del procedimiento de contratación pública, desde el diseño hasta la adjudicación.


En concreto, seguimos impulsando la capacitación de los empleados públicos. Hemos dado formación en 2022 a unos 550 empleados públicos más, con lo cual, superamos ya los 3000 desde que empezamos con esta actividad. Hemos puesto a su
disposición en nuestro portal web los recursos formativos y consultivos para ayudarles, tanto en el diseño de los pliegos como en su supervisión, a hacerlo de forma competitiva. Para ello, tenemos las guías, los estudios o los informes sobre los
pliegos.


En cuanto a la supervisión en sí -se lo mencionaba con anterioridad-, disponemos de nuevos instrumentos para luchar contra la manipulación de las posibles licitaciones públicas. El primero de ellos es el procedimiento previsto en el
artículo 150 de la Ley de Contratos del Sector Público, que establece un procedimiento acelerado por el cual se nos puede consultar cuando cualquier poder adjudicador detecte que pudiera haber algún indicio de colusión o algo que no se ajustase a
los parámetros normales en términos de competencia. El artículo 150 dispone la suspensión del procedimiento de licitación, con lo cual, permite que la actuación sea eficiente y eficaz. Además, tiene una gran virtualidad y es que manda un mensaje
de disuasión muy importante a las empresas a la hora de licitar, que podrán saber que les vamos a detectar antes incluso de que se esté licitando el concurso.


Tenemos también el mecanismo de la imposición de la prohibición de contratar, que también deriva de la Ley de Contratos del Sector Público, como consecuencia automática cuando se constata una infracción de competencia. En la actualidad, la
CNMC está trabajando en una guía con unas directrices que establecerán los criterios que vamos a adoptar nosotros directamente para su imposición.


Paso ahora a desarrollar la actividad de la CNMC en relación con la regulación de los sectores estratégicos. Buena parte de esta actividad -telecomunicaciones, audiovisual, energía, transporte y postal- se lleva a cabo en la Sala de
Supervisión Regulatoria que dirige el vicepresidente de la Comisión, Ángel Torres, a quien agradezco enormemente su imprescindible labor para la ejecución de nuestras competencias y para el cumplimiento de nuestro plan de actuación.


Durante el año 2022, nuestra actividad -empiezo por las comunicaciones electrónicas- se ha visto intensificada, además de lo que ya venimos haciendo en el día a día, con la aprobación de la Ley 11/2022, de 28 de junio, Ley General de
Telecomunicaciones, que supone la implementación en España del Código Europeo de Comunicaciones Electrónicas. Esta nueva ley amplía el ámbito subjetivo de vigilancia y control de determinados agentes que actúan en los mercados de comunicaciones
electrónicas prestando sus servicios a través de Internet y, además, otorga a la CNMC nuevas competencias como la determinación de los parámetros de calidad del servicio, un papel más activo en la protección del usuario final y en ámbitos esenciales
para la competencia como, por ejemplo, el espectro radioeléctrico o el acceso abierto a Internet.


Por lo que se refiere a los mercados regulados, en marzo de 2022 se aprobó la resolución relativa a la cuarta revisión del mercado mayorista de acceso de alta calidad facilitado en una ubicación fija y en septiembre de 2022 se inició la
quinta revisión de los mercados mayoristas de terminación de llamadas vocales en redes móviles individuales. En este caso en concreto, hemos notificado a la Comisión Europea, el pasado mes de febrero, un proyecto de medida en el que proponemos
suprimir todas las obligaciones impuestas a los operadores móviles en este servicio, porque constatamos que el mismo se presta en un entorno de competencia efectiva, con lo cual, entendemos que ya no es necesario efectuar regulación ex ante.


Igualmente, estamos siguiendo de cerca -y este va a ser uno de los retos para los próximos tres años- el debate en torno a la eventual contribución de las grandes plataformas de contenidos audiovisuales al despliegue, mejora y mantenimiento
de las redes e infraestructuras de telecomunicaciones,

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debate que se viene conociendo en el entorno internacional como el Fair Share, es decir, hasta qué punto las plataformas tienen que contribuir de forma equitativa a ese despliegue de infraestructuras.


En estos momentos, el objetivo de la CNMC es mantener un elevado grado de competencia, pero creando a su vez un entorno favorable para el despliegue del 5G. Somos conscientes de los cambios que se están produciendo en el sector, lo que sin
duda nos obligará a llevar a cabo una revisión de la regulación para adaptarnos a los nuevos parámetros del entorno, reduciendo progresivamente la intervención ex ante en los mercados y, a la vez, garantizando la competitividad y fomentando la
inversión eficiente en materia de infraestructuras y la innovación.


Por lo que respecta al sector audiovisual, en 2022 el principal hito ha sido también la aprobación de la Ley 13/2022, de 7 de julio, General de la Comunicación Audiovisual. Como ocurre con la Ley General de Telecomunicaciones, esta ley
amplía también su ámbito subjetivo de aplicación, sometiendo a supervisión y control de la CNMC no solo a los operadores tradicionales, sino también a todos los prestadores de servicios de intercambio de vídeos a través de plataforma, o a los UER,
los usuarios de especial relevancia, entre los que están los que conocemos como vloggers o influencers.


Asimismo, la Ley General de la Comunicación Audiovisual nos atribuye más de diez nuevas competencias, entre la que destaco, por poner algún ejemplo, la alfabetización mediática; la ampliación también del control de la obligación de
financiación anticipada de obra europea para estos titulares de plataformas o agentes que, aunque estén establecidos en otros Estados miembros, proyecten contenidos en España, y, por lo tanto, obtengan ingresos en España, por lo que también deberán
contribuir a la financiación de obra europea, por ejemplo, Netflix o Amazon Prime, y las nuevas competencias en materia de autorregulación y corregulación. Aquí me gustaría detenerme brevemente porque, al cambiar el paradigma e ir más a un ámbito
de corregulación y autorregulación, debo destacar que la Ley de la Comunicación Audiovisual nos atribuye a la CNMC y al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital una misión de fomentar esa autorregulación y corregulación, y nos
indica que promovamos más de veinticinco códigos, entre ellos, la protección de menores frente a contenidos audiovisuales y comunicaciones comerciales, la protección de los usuarios respecto a la desinformación, el fomento de la alfabetización
mediática, etcétera. Entonces, como primer paso para cumplir esta misión de fomento, vamos a organizar en el mes de mayo un evento en nuestra sede de Barcelona sobre autorregulación y corregulación del sector audiovisual, donde vamos a reunir tanto
a los principales prestadores de los servicios de comunicación audiovisual como a los prestadores de servicios de intercambio de vídeos, asociaciones y organizaciones de profesionales y a los departamentos ministeriales afectados. La idea es lanzar
el debate para que se fomente ya la presentación de esos códigos de autorregulación.


Me gustaría también informar a sus señorías de las actuaciones llevadas a cabo en relación con la Corporación de Radiotelevisión Española y el mandato marco. En junio de 2021 comparecí ante la subcomisión del Senado encargada de redactar la
propuesta del mandato marco de la Corporación de Radiotelevisión Española y propuse la creación de un grupo de trabajo interinstitucional para impulsar la renovación del mandato-marco, que estaba caducado, como saben ustedes, desde 2017. Este
grupo, que cuenta con la asistencia de representantes del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, de la propia Corporación de Radiotelevisión Española y de la CNMC, ha estado
trabajando para plantear las bases del nuevo mandato marco que deberá adoptarse.


Seguimos con el ámbito digital. Debo mencionar la Ley de Mercados Digitales, lo que se conoce como la DMA. Es un reglamento europeo que ha sido aprobado también en 2022 y cuyo objetivo es establecer mecanismos para controlar el ejercicio
de poder de mercado de las grandes plataformas, a las que se las llama en la normativa guardianes de acceso o gatekeepers, porque actúan como intermediarios, asegurando que esos mercados digitales, con cumplimiento de la ley, se mantengan abiertos a
la competencia, es decir, en nuestro argot, que sean contestables y que además los comportamientos que se lleven a cabo sean equitativos. Lo que intenta esta regulación es poner coto al desequilibrio existente entre esas grandes plataformas y los
usuarios, tanto usuarios que lo son porque efectúan sus negocios a través de esas plataformas, usuarios profesionales o económicos, como usuarios finales, y el fin último es que ese acceso entre unos usuarios y otros se haga de forma equitativa y no
infrinja la competencia mediante el abuso de poder de mercado de esas plataformas. Esta normativa, que es una regulación ex ante, va a coexistir con la aplicación de la normativa de competencia ex post. Creo que estamos bien preparados,
precisamente por esa doble naturaleza que tiene la CNMC, para aportar, y, como les decía,

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mi designación como miembro del High Level Group va a suponer también estar involucrados de primera mano en el desarrollo de este instrumento.


A nivel interno -esta es otra llamada que hago a sus señorías para pedirles de nuevo su ayuda- la aplicación de la DMA, de las prohibiciones que se van a imponer a las plataformas y de esas obligaciones de comportamiento, se puede también
supervisar, vigilar y aplicar por parte de las autoridades nacionales de la competencia en la medida en que se disponga de una habilitación legal para hacerlo. Por tanto, cabría solicitarles que tengan en cuenta que en algún momento va a tener que
modificarse de nuevo nuestra ley para habilitarnos a aplicar en territorio español las prohibiciones a las plataformas que de otra forma solo podría aplicar la Comisión Europea. Creo que es interés de todos que dispongamos de esta habilitación que
nos va a permitir asegurar un óptimo funcionamiento de los mercados digitales también en España y una coordinación adecuada con el resto de las autoridades de competencia de los Estados miembros.


También se ha adoptado en 2022 la Digital Services Act, ley de servicios digitales o DSA, que también es un reglamento europeo, que va a proteger fundamentalmente al usuario de contenidos y al usuario de actuaciones digitales, sean
actuaciones, por ejemplo, de utilización de servicios digitales, transacciones digitales o acceso a contenidos. Aquí la Comisión Europea va a tener competencia exclusiva para controlar la actuación de las plataformas online y buscadores de gran
capacidad y envergadura, pero también va a haber competencias compartidas con las autoridades nacionales, y vamos a intentar prestar nuestra colaboración a esto. En esencia, lo que pretende este reglamento europeo es que lo que es ilegal offline
sea igualmente ilegal online, es decir, proteger los entornos seguros de los consumidores en el entorno digital.


Pasamos a energía. Señorías, como bien saben, las turbulencias en el sector energético han conducido a un incremento extraordinario del nivel de precios de la energía y a una fortísima volatilidad en los mercados organizados de
electricidad, gas y petróleo. Además de las medidas de urgencia adoptadas por nuestro Gobierno, la Comisión Europea ha promovido numerosas actuaciones coordinadas dirigidas a actuar sobre los mercados energéticos y a acelerar la transición verde.
Como ya he indicado, hemos estado asociados, y permanentemente involucrados, en los distintos foros europeos y también en la aplicación y supervisión de las medidas extraordinarias nacionales.


Permítanme describir algunas de las más importantes actuaciones de la CNMC en este sector. En relación con el mecanismo ibérico o mecanismo de ajuste o tope del gas -se le conoce por muchos nombres-, el que aprobó el Real Decreto Ley
10/2022, la CNMC ha llevado a cabo tareas de supervisión de las obligaciones de pago del mecanismo y también ha tenido una función bastante intensa en la interpretación de la norma. Ha habido que responder a decenas y decenas de reclamaciones y
consultas, y para ello quiero agradecer la estrecha colaboración del operador del mercado, de OMIE.


En cuanto a la minoración de la retribución de las tecnologías inframarginales no emisoras, lo que también se conoce como los windfall profits, la CNMC supervisó la declaración de unas 250 instalaciones de generación afectadas por la norma
para garantizar que su retribución no superaba los 67 euros megavatio/hora que estaban establecidos.


En el sector del gas, y tras observar los problemas de atención al cliente en las primeras semanas de la contratación de la tarifa de gas de último recurso, la TUR, tanto por parte de los consumidores domésticos como de las comunidades de
vecinos, hemos estado trabajando para garantizar que las compañías pusieran todos los medios suficientes o los refuerzos necesarios para hacer efectivas las contrataciones. Tras un periodo inicial de desconcierto, confusión y caos, la verdad es que
se ha corregido y los cambios de comercializador se han hecho con regularidad.


También nos hemos involucrado en las medidas de llenado de los almacenamientos de gas hasta el 80 % de capacidad para asegurar el suministro de invierno y la asignación de ayudas para lograr esta actuación.


¿Qué ha pasado en el sector de los carburantes? Como saben, teníamos la obligación de verificar que los 20 céntimos de descuento pasaban a los consumidores. Para ello pusimos en marcha un mecanismo específico de supervisión, un indicador
de alta frecuencia, para garantizar que estas bonificaciones de 20 céntimos se trasladaban a los consumidores, y la aplicación efectiva de los descuentos de otros 5 céntimos comprometidos por las empresas que tenían actividad de refino.


Hemos estado supervisando de forma constante y continua las doce mil gasolineras que tiene España. Hemos estado verificando y haciendo un análisis de los márgenes brutos de las gasolineras y de las estaciones de servicio, y concluimos que
los márgenes brutos de 2021 y 2022 son similares. Además de

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observar ese traslado, en lo que corresponde al margen bruto minorista también estamos razonablemente tranquilos. Esto no tiene que ver con el margen bruto mayorista, que es otra cuestión, y saben que hay una investigación en curso de la
que no puedo hablar porque es la Dirección de Competencia quien se encarga, y hasta que no suba a sala no podemos tener intervención. También hemos estado contribuyendo en el sector de los carburantes con nuestra colaboración para evitar que
hubiera fraude en ese traslado de las ventas de estaciones de servicios y las cantidades sujetas a devolución, y hemos estado colaborando con las distintas administraciones tributarias, tanto de los entes autonómicos como del central.


Hemos seguido además ejerciendo nuestra labor supervisora en general en todos los mercados, poniendo especial énfasis en proteger al consumidor en este entorno especialmente complejo. Por ejemplo, en los cambios de comercialización, la
aplicación de los peajes, para que se trasladaran sus rebajas a los consumidores sin modificarles además otras condiciones de contratación, o del bono social. Hemos intentado desarrollar lo más activamente posible una labor informativa que
estuviera atenta a los cambios. Hemos elaborado guías informativas con recomendaciones sobre contratación, sobre derechos de los usuarios y sobre eficiencia energética, diseñando herramientas o mejorando las que ya teníamos para aumentar la
transparencia y facilitar a los consumidores tanto la mejor elección para sus necesidades como la detección de prácticas irregulares. Por eso hemos implementado mejoras en el comparador de ofertas para poder cuantificar el importe del mecanismo de
ajuste para que el consumidor tuviera una visión real de cuánto iba a pagar una vez aplicado ese mecanismo. También hemos mejorado la herramienta del código QR, que nos permite explicar con claridad a los consumidores los diferentes conceptos de su
factura, y hemos incluido en la web de forma muy fácilmente accesible lo que llamamos el semáforo del PVPC, del precio voluntario para el pequeño consumidor, que señala las horas del día que son más económicas para consumir. Con ello, intentamos
responder a la pregunta típica de cuándo pongo la lavadora, que tantos memes generó en su primer momento antes de que nos viéramos desbordados por los elevados precios de la energía.


Por otra parte, hemos adoptado medidas para aliviar la situación financiera de las comercializadoras, porque queremos una reducción de la desaparición de esas comercializadoras independientes que nos lleve después a tener estructuras de
mercado más concentradas. Empezamos reduciendo la extensión de sus garantías, pero sin poner en riesgo la solvencia del sistema, adoptando las mejores precauciones ante el fraude. Hemos estado preservando la competencia todo lo que hemos podido en
relación con esas comercializadoras. En todo caso, además de alertar y dar más transparencia para forzar cierta autodisciplina por parte de los operadores, hemos seguido sancionando y el número de expedientes en este ámbito ha crecido en un 66 %
respecto del año anterior. También hemos intensificado la supervisión de los comportamientos de los sujetos en los mercados mayoristas de electricidad y gas. En 2022, la prioridad en el desarrollo regulatorio de la CNMC se ha centrado en los
trabajos para la transición energética, integrando en nuestra regulación las directrices europeas para la entrada de renovables y la participación activa de los consumidores. Como saben, un tema crucial y que recientemente ha tenido mucho eco en
los medios ha sido el de los conflictos de acceso a redes eléctricas y de gestión económica. En 2022 hemos instruido y resuelto más de trescientos conflictos, lo cual representa un 40 % más que en el ejercicio anterior.


Hablemos ahora de las cuestiones de futuro inmediato que debemos abordar en este ámbito. La CNMC tiene un papel muy activo en la asociación de reguladores europeos, en ACER, en sus grupos de trabajo y también en los de alto nivel de la
Comisión Europea, que es de donde emana la regulación energética. Como saben, en estos momentos se discute la reforma del mercado europeo de la electricidad, sobre la que, si sus señorías desean, puedo extenderme en el turno de preguntas. Además,
se está trabajando sobre los nuevos desarrollos en el sector del gas, el biogás y el hidrógeno con normas de más largo plazo, que van a afectar de lleno a un país como España, con un potencial enorme para desarrollar infraestructuras de energías
renovables a gran escala o para impulsar los gases renovables. Su desarrollo exitoso puede transformar totalmente nuestro sector energético y permitirnos ser independientes, seguros, competitivos y sostenibles. Nuestra misión como regulador es
crear un entorno favorable para la inversión en estas nuevas posibilidades y, también, velar por la competencia efectiva.


Durante esta transición, que no debemos dejar descuidada, España está contribuyendo a la seguridad del suministro del gas en el marco de la Unión Europea, poniendo a disposición de nuestros socios nuestra capacidad de entrada de gas y
nuestra experiencia. España tiene un nivel muy elevado de resiliencia frente a los posibles cortes de suministro, precisamente por la diversificación de nuestras plantas de regasificación y accesos de gas y por toda la experiencia acumulada. La
regulación que

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tenemos ha sido un éxito y se ha demostrado muy efectiva durante estas dos décadas y es algo que compartimos en los distintos grupos de trabajo europeos. Además, se está viendo la contribución de España a esa seguridad de suministro del
mercado interior.


Me gustaría destacar dos hitos en interconexión y seguridad del suministro en Europa en los que la CNMC ha sido protagonista especial. En primer lugar, la puesta en marcha, junto con el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico,
de la planta de El Musel, que solo se destinará a suministro de gas para Europa; además, su entrada en funcionamiento con esta finalidad supone incluso un ahorro respecto de los costes financieros de su hibernación. Y, en segundo lugar, me
gustaría destacar también las mejoras para el consumidor español, con un reparto más equilibrado de los costes del proyecto de interconexión entre Francia y España a través del Golfo de Vizcaya, que duplicará la capacidad de transmisión de energía
eléctrica entre ambos países.


Concluyo en la parte de energía. Es un placer para mí concluir que, además de todo lo anterior, durante estos tres años hemos conseguido completar el desarrollo de las circulares del modelo de mercado y retribución del sector, lo que, junto
al resto de las resoluciones aprobadas por este regulador, nos está permitiendo afrontar con solvencia el periodo retributivo actual en un momento difícil para todas las empresas energéticas. No obstante, la acumulación de nuestras funciones
ordinarias con las emergencias de estos últimos meses nos ha dificultado avanzar con algunas medidas importantes, como la publicación de la retribución de redes eléctricas, en la que vamos un poco retrasados, o la adopción de conclusiones sobre
algunas de las medidas adoptadas durante la crisis, que también es de enorme interés y, por supuesto, seguimos trabajando en ellas.


Paso a exponer, en líneas generales, transporte y sector postal en el ejercicio 2022. Ya lamento extenderme tanto, pero es que tengo tantas carteras que, sin el tiempo necesario, difícilmente puedo exponerles todo lo que hemos hecho.


El señor PRESIDENTE: No se preocupe.


La señora PRESIDENTA DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA (Fernández Vicién): Sector aeroportuario. Durante el ejercicio 2022, en el sector aeroportuario la CNMC ha adoptado medidas en relación con las tarifas y con los
planes directores de los aeropuertos, haciendo frente a las dificultades de este sector especialmente afectado por la pandemia. En concreto, durante 2022 la CNMC ha resuelto sobre el ingreso máximo anual por pasajero, ajustado para las tarifas en
el 2023 -es decir, lo que tienen que pagar las aerolíneas a AENA por el transporte de pasajeros y que tiene un impacto fuerte en los precios de los billetes-, y hemos mantenido la cifra del ejercicio anterior, es decir, de alguna forma, hemos
congelado el canon.


Sobre la imputación de los servicios regulados de los costes sanitarios y operativos en los que incurrió AENA durante la pandemia, hemos finalmente adoptado una resolución que reconoce su derecho a recuperarlo a través del marco tarifario,
son aproximadamente unos 45 millones de euros, y también hemos trabajado sobre el plan director de los aeropuertos de Girona y de Reus.


Por lo que respecta al sector ferroviario, durante el ejercicio 2022 la CNMC ha adoptado por primera vez, además del informe anual del sector, un informe trimestral, que reveló el reparto de cuotas en el corredor Madrid-Barcelona entre los
tres operadores actuales del AVE, Renfe, Ouigo y Avlo, y también la recuperación de los niveles de viajeros prepandemia. Y aquí me congratulo porque, en la comparación del último trimestre del ejercicio 2022 con el último trimestre de 2019, en el
corredor Madrid-Barcelona y en el corredor Madrid-Valencia hemos superado en más del 40 % el tráfico de pasajeros que existía, y entendemos que eso es como consecuencia de la competencia y de la bajada de los precios.


También hemos adoptado resoluciones y textos relevantes para el sector, como la comunicación sobre orientación a costes de los precios e instalaciones de servicios ferroviarios o la resolución sobre congelación de los cánones ferroviarios y
la resolución sobre perturbaciones en los tráficos por obras en la red, imponiéndole a ADIF una obligación de transparencia para permitir a los operadores una planificación más adecuada.


Todas estas medidas son fundamentales para consolidar la liberalización ferroviaria, que es un caso de éxito. España es el modelo para el resto de países europeos, ya que nadie tiene tres operadores de alta velocidad. A Renfe le está
costando mucho entrar en Francia, y la verdad es que cada vez que tengo ocasión, cuando voy a la Comisión Europea, les llamo la atención para que comparen y, en su caso, abran un procedimiento de infracción contra Francia, a ver si ya liberaliza de
una vez. Por lo tanto, estamos en un proceso de seguimiento para que se consolide esa liberalización, tanto a nivel minorista, vigilando que

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los billetes respondan a esa competencia efectiva, como mayorista, garantizando la orientación a costes de todos los servicios que se tienen que prestar, tanto el acceso a las instalaciones como a los talleres o a las propias estaciones.


El éxito de esta función es el resultado de un trabajo intenso dentro de la CNMC, pues tenemos un grupo de trabajo sobre liberalización ferroviaria que es interdisciplinar, que abarca a personas de las distintas áreas, que ponen en común sus
experiencias en liberalizaciones previas de otros procesos con problemas similares. Creo que es un muy buen ejemplo de cómo, de nuevo, un conocimiento puesto en común por expertos del máximo nivel proporciona beneficios para la sociedad.


Por lo que respecta al sector postal, hemos sido presidentes del grupo de reguladores postales de la Unión Europea durante el 2022. Además, hemos adoptado el Informe Anual del Sector Postal (2021), donde incluimos por primera vez los datos
de Amazon, al que, como recordarán, declaramos operador postal en el 2020 y también fue un hito a nivel europeo. Hemos iniciado recientemente, además, nuestra labor de supervisión del coste neto del Servicio Postal Universal, una vez que ya se ha
aprobado por el Consejo de Ministros el Plan de Prestación del Servicio Postal Universal, que llevaba años de retraso y, por fin, se adoptó. Este plan impone nuevos indicadores de calidad, que deben ser supervisados por nosotros, y nos da nuevas
pautas para poder hacer esta supervisión.


Recapitulo. Antes de finalizar mi intervención, para poder después responder a todas las preguntas que quieran plantearme, querría hacer un balance de los tres años que han pasado, en los que hemos vivido situaciones inesperadas que, a su
vez, además de plantearnos nuevos retos, han intensificado dos retos que ya estaban en curso, fundamentalmente la transición energética y la digitalización, y los han acelerado exponencialmente. Constatamos que los mercados evolucionan de forma muy
rápida y nosotros debemos estar ahí acompañando y ejerciendo nuestras competencias para que funcionen correctamente, para que no se produzcan situaciones de decantamiento a monopolios, para que no se produzcan distorsiones que puedan afectar de
forma muy negativa a los consumidores y a las empresas en el medio y largo plazo.


Creemos que somos una institución clave para el desarrollo económico de nuestro país, creemos que nuestra labor es muy importante y que nuestros esfuerzos deben enfocarse, sin distracciones coyunturales y mediante el desempeño de las
funciones que de verdad nos corresponden como autoridad de competencia y de supervisión de los mercados regulados, en corregir esos fallos de mercado que observemos, garantizando que esos mercados funcionan de forma adecuada y que, además, lo van a
hacer en el medio y largo plazo, que las estructuras que tenemos a nuestra disposición permanecen abiertas y que las actuaciones de las empresas son competitivas. Este es el cumplimiento de la responsabilidad pública que he asumido desde mi
nombramiento y esta es la brújula que debe seguir mi mandato y el de los integrantes del organismo, que desempeñan sus funciones con el máximo compromiso.


Como han podido apreciar, se ha hecho mucho en estos tres años, pero queda aún muchísimo por hacer y cuento con su apoyo para ello. Muchas gracias por su tiempo y atención en esta última intervención de esta legislatura. Quedo a
disposición de sus señorías para responder a todas las preguntas que quieran formularme.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Fernández Vicién, por este resumen de la amplísima labor y encomiendas que tiene la CNMC.


Vamos a escuchar la opinión de los grupos parlamentarios. Comenzamos con el Grupo Parlamentario Vasco. Tiene la palabra la diputada doña Idoia Sagastizabal.


La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias, presidente.


Muchísimas gracias, señora Fernández, por su comparecencia hoy aquí y por la memoria de actividades que nos ha remitido, que acaba de resumir, como bien ha dicho usted, en el ecuador de su mandato. Podemos decir, como se hacía constar en la
escuela o en el colegio, aquello de 'progresa adecuadamente', en un contexto que desde luego es muy difícil. Afortunadamente, también tenemos que decir que la CNMC ha dejado de ser noticia por sus disensiones internas y ahora lo es única y
exclusivamente por el trabajo regulatorio que realiza. Es verdad que algunos temas los hemos visto en la prensa, pero sabemos que la mayoría de los temas se tratan en pleno y en las salas y, desde luego, creemos que cada semana contribuyen de forma
eficiente al desarrollo de nuestra economía y a poner orden en los sectores regulados.

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Es verdad que muchas veces la gente espera mucho más de la CNMC, de lo que pueda hacer a tenor de sus competencias, y estamos viendo que desgraciadamente son limitadas si las comparamos con las autoridades nacionales de reglamentación
europea. Para nosotros, a lo mejor, sería deseable una armonización europea de las competencias de todas las autoridades nacionales de reglamentación.


Es cierto que en el pasado se ha oído decir, tanto en esta Cámara como en boca de los distintos gobiernos, la cantinela de que las directivas europeas dan un amplio margen a los Estados para definir la organización y las competencias de los
reguladores, pero también lo es que cuando esta cantinela se ha utilizado ha sido siempre para justificar recortes a la independencia o a las competencias de los órganos regulatorios. La actual CNMC adolece de límites a su independencia. Esos
límites provienen de su ley de creación. Usted los ha expuesto en muchas ocasiones aquí, en este Parlamento, y a veces también se ha solicitado ayuda para los que podemos legislar. Creo que, en este sentido, hemos fallado un tanto. Nosotros
estábamos de acuerdo con la trasposición de la directiva, conocida como la ECN+, del Real Decreto 7, y para nosotros sería interesante que hubiera habido un debate y discusión parlamentaria. Hubiera sido la ocasión idónea para tratar de mejorar
todos estos aspectos que afectan a la independencia y la eficacia de la CNMC. Presentamos varias enmiendas, al igual que el resto de grupos, no de carácter ideológico ni político, sino más bien con carácter técnico. Después de casi dos años, es
verdad que ese debate parlamentario sigue durmiendo el sueño de los justos. Creo que cada cual tendrá que hacer su examen de conciencia, pero me gustaría pedir desde aquí a los grupos mayoritarios su compromiso con el desarrollo de esta ley y que
se desbloquee ese tema. Es cierto que hoy nos han dicho que sí ha habido una serie de enmiendas en la ley por la que se crea la Autoridad Independiente de Defensa del Cliente Financiero, y nos alegramos, pero no deja de ser un parche en el que,
además, se nos ha coartado un poco esa libertad de discutir las enmiendas al otro proyecto, y quería decirlo.


Por otro lado, tenemos que recordar que hemos vivido y estamos viviendo tiempos complicados también para la libertad económica, que están llevando a ciertas intervenciones estatales -cierto es que de manera temporal- provocadas en gran
medida por la invasión de Ucrania, y algunas, además, creemos que con acierto. Ante este momento crítico que estamos viviendo de incertidumbre y con una inflación general -que, entre otras cosas, gracias al tope del gas ha disminuido pero, sin
embargo, no lo hace la subyacente, sino que, según dicen, aumenta con márgenes elevados-, me gustaría preguntarle -aunque no pertenece a esta comparecencia- varias cosas. Por un lado, y dado que ahora el caballo de batalla reside en el precio de
los alimentos -y también se habla de esos márgenes, como he dicho-, me gustaría conocer su opinión de por qué creen ustedes que la reducción del IVA no se traslada a esos precios, si hay suficiente competencia en los eslabones de la cadena, si han
detectado, por lo tanto, restricciones de competencia y si hay suficientes incentivos para competir en este contexto actual.


Por otra parte, nos ha dicho que la CNMC trabaja activamente para precipitar la transición ecológica y mejorar la capacidad de seguridad del suministro. En este sentido, me gustaría resaltar una contradicción que no va tanto con ustedes,
porque, efectivamente, realizan un informe favorable para la apertura de El Musel con dos cargaderos, sin embargo, en Bilbao, y a pesar del informe favorable en su día, seguimos sin contar con ese segundo cargadero solicitado. Por otro lado, me
gustaría conocer si puede asegurarnos que la problemática que surgió -y a la que hoy también ha hecho alusión en su intervención- en cuanto a la interconexión entre Francia y España en el Golfo de Vizcaya está solventada y no va a haber más
sobresaltos, de modo que la misma esté ya operativa en 2027 o 2028, porque lo cierto es que España todavía está lejos de la recomendación europea de la capacidad de generación eléctrica, tanto para 2020 como para 2030.


En este ámbito, también conocemos que se está realizando un estudio, como usted bien ha dicho, de las infraestructuras de recarga y de descarbonización. No sé si en este punto nos podría decir cómo están estos informes o en qué plazos se
podría disponer de ellos, porque tenemos una subcomisión de infraestructura de recarga y nos vendría muy bien. Es verdad que a la CNMC se le están atribuyendo cada vez más funciones en este contexto de incertidumbre, como usted también ha dicho.
Sí, son coyunturales, como, por ejemplo, la bonificación de los 20 céntimos, el análisis del impuesto a la banca y el energético, para que no se traslade a los consumidores. Usted ha dicho que eso limita su capacidad de actuación. Me gustaría
saber más concretamente cómo afecta esto a sus funciones ordinarias, cuál es el coste de oportunidad y, a la vista de esto, cuáles son los retos más inmediatos que usted nos podría señalar. También me gustaría saber, en este contexto, cómo puede
mejorar la economía desde las funciones que realmente ustedes tienen encomendadas.

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Ya que ha hecho usted alusión, me gustaría preguntarle específicamente por la imposición de la prohibición de contratar con la Administración pública por vulnerar la normativa de defensa de la competencia. Le agradecería que ahondara un
poquito más en este tema, que creo que es importante dentro de la actividad sancionadora y de vigilancia y que, desafortunadamente, pese a los años transcurridos, todavía está pendiente de aclararse en cuanto a su efectividad real. Ya que hablamos
de actividad sancionadora, me gustaría preguntarle si cree que el legislador debiera replantearse los límites disuasorios ante las infracciones, teniendo en cuenta que parece que a algunas empresas les sale a cuenta infringir. Es cierto que la CNMC
ha reforzado la transparencia para combatir estas malas praxis, pero no sé si está teniendo mucho éxito.


Por último, en cuanto a los fondos europeos, y dado que estos implican una fuerte inversión pública y, por lo tanto, están sujetos a licitaciones en la contratación pública, es verdad que usted nos ha hablado de la capacitación de los
empleados públicos, de guías y de estudios que yo, desde luego, desconocía, y me gustaría saber en qué más puede ayudar en esta parte la CNMC, en la parte que tiene que ver con la contratación pública, porque, como he dicho, da la sensación de que
se desconoce por parte de la sociedad e, incluso, por algunas administraciones públicas. Me gustaría que ahondara un poquito más en este tema.


Para finalizar, y ya que usted lo ha lanzado, me gustaría que pudiera ahondar un poquito más en esa reforma del mercado europeo de la electricidad, que ahora tendrá que pasar al Parlamento Europeo para su discusión y modificación, y que
quizá parece más enfocada a construir sobre el mercado vigente sin reformas tan radicales. Sé que a lo mejor algunas preguntas no tenían que ver tanto con su comparecencia, pero, teniéndola aquí, es difícil preguntar solamente por lo que ha pasado
en 2022.


Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Sagastizabal.


Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra doña María Muñoz.


La señora MUÑOZ VIDAL: Gracias, presidente.


Pido disculpas desde ya, porque tengo una faringitis alérgica y no sé si voy a poder. Es como el cuento de La sirenita, me han robado la voz. Trataré de acabar esta intervención.


Señora Fernández, es un placer tenerla de nuevo aquí. Quiero agradecerle su comparecencia y felicitar a la institución, a la CNMC, y a todos los trabajadores, por ese 10.º aniversario. Quiero felicitarla también por sus tres años al frente
y por su reciente nombramiento en la Comisión de alto nivel en la que va a participar. Le decía que siempre es un gusto escucharla y que a esta diputada le entran ganas siempre de trabajar en la CNMC por las cosas tan interesantes que hacen y en
las que participan.


Voy a centrarme en tres cosas. En primer lugar, quiero preguntarle sobre la CNMC, su actividad sancionadora y su efectividad en la relación con los tribunales. Conocíamos esta semana que el Tribunal Supremo ha confirmado la anulación de la
inspección que su organismo realizó a Altadis en el año 2017, en el marco de una investigación que acabaría con la sanción a la empresa de 57 millones de euros. A finales de año la Audiencia Nacional suspendía cautelarmente la sanción interpuesta
en julio contra Ferrovial y otras grandes constructoras españolas, en la que les impedía optar a la licitación pública por concertación de precios y prácticas anticompetitivas durante veinticinco años.


Yo creo que la labor que ejerce la CNMC es una gran labor en la detección y sanción de prácticas anticompetitivas. Esto está fuera de toda duda, y resulta especialmente meritorio teniendo en cuenta, por desgracia -como usted también ha
denunciado aquí-, esos limitados medios materiales y humanos y esa sobreatribución de cargas en estos años de legislatura. No obstante -lo hemos comentado en ocasiones anteriores-, este trabajo a nivel administrativo se ve frustrado muchas veces
porque esas sanciones son recurridas por las empresas -me atrevería a decir que en demasiadas ocasiones- y estas se acaban anulando. Entonces, hay algo que falla en la defensa de la competencia. No me gustaría decir que es fallo de la CNMC, porque
no lo creo, acabo de alabar su labor, pero puede ser que esa falta de medios, tanto materiales como humanos, por esa sobreatribución. O no sé si es fallo del Poder Judicial, por falta de formación económica en materia de prácticas anticompetitivas.
Tal vez sea un fallo directamente en las normas que regulan los procesos. No lo sé, pero algo falla. Por ello, me gustaría, aprovechando su doble condición no solo de presidenta de la CNMC, sino de buena conocedora de la labor jurisdiccional, que
compartiera su parecer a este respecto. ¿Qué cree que debería cambiar para que las sanciones de la CNMC sean efectivas? ¿Qué podemos hacer desde el Poder Legislativo para ayudarles en esa tarea?

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Ha hablado usted también de las reformas necesarias en su institución, de la necesidad de reformar la Ley de Creación de la CNMC y la Ley de Defensa de la Competencia; una necesidad que compartimos plenamente y que nosotros, al menos en
estos tres años que yo llevo de diputada, llevamos reclamando. Se ha felicitado usted porque, antes de empezar la comparecencia, se ha enterado de que los grupos que sustentan el Gobierno, el Grupo Socialista y Unidas Podemos, le han informado de
que han incluido enmiendas en una ley que nada tiene que ver con su actividad, enmiendas que modifican hasta seis artículos de su actividad, de la Ley de Creación de la CNMC y de la Ley de Defensa de la Competencia. Nosotros, los diputados, nos
hemos despachado esta mañana también, porque los que somos portavoces de la ley que crea la Autoridad Independiente de Defensa del Cliente Financiero hemos visto las enmiendas del PSOE y hemos dicho: ¡caray, sí que se han dado prisa! Tienen
bloqueado dos años el proyecto de ley del Real Decreto Ley 7/2021 y, como viene usted hoy aquí, deprisa y corriendo, porque se acababa ayer el plazo de enmiendas, metieron las enmiendas. Es de agradecer, sí, es de agradecer, pero no deja de ser
-qué les voy a decir- una vergüenza, porque van ustedes a modificar, vía enmienda, seis artículos de la Ley de Defensa de la Competencia sin debate, por la puerta de atrás, bloqueando reformas y debates en los trámites parlamentarios, donde sí toca
hablar de competencia, como es el mencionado Real Decreto 7/2021. Lo mismo con la Ley de Creación y Crecimiento de Empresas, para la que María Muñoz, diputada del Grupo Parlamentario Ciudadanos, presentó enmiendas que trataban sobre la materia que
nos ha estado explicando en la jornada de hoy y en otras ocasiones la presidenta de la CNMC. Usurpan la voluntad popular, bloquean y degradan las instituciones, orillan al Legislativo y obvian el debate en esta materia.


Concluyo, señora Fernández, preguntándole sobre unas cuestiones muy concretas y que son sectoriales, a las que usted también ha hecho mención. Quería, por un lado, hablar sobre el sector ferroviario y felicitarla de nuevo por cómo se ha
desarrollado la liberalización de este transporte de viajeros. Yo creo que es pronto para sacar conclusiones definitivas. Usted ha dado una pincelada sobre los primeros indicios que apuntan a esa fuerte rebaja de los precios, a ese aumento de la
oferta y también del número de viajeros en todos los corredores. Yo, como valenciana, he de agradecer esa liberalización porque me cuesta más barato ir a ver a mi familia a mi tierra. Concretamente, sobre este tema, me gustaría saber cómo va el
proceso de actualización de los cánones ferroviarios para adaptarlo al nuevo marco regulatorio y del mercado.


Quiero hablarle también del tema de movilidad aérea. Un tema que preocupa mucho en gran parte de España, especialmente en los territorios insulares, es el de las consecuencias que pueda tener la fusión del grupo IAG Iberia con Air Europa y
los efectos que pueda tener esto sobre los precios y la oferta. Yo creo que estamos en un estadio prematuro, por el momento, y aunque tampoco pueda entrar en muchos detalles, le agradecería que pudiera darnos unas líneas generales de la situación,
si ha habido avances y qué medidas va a tomar CNMC para garantizar que la conectividad de estos territorios no se vea afectada.


Por último -y acabo ya, presidente, porque mi voz se acaba-, quería hablar un poco del proceso de consolidación en el mercado de telecomunicaciones, tras el anuncio de fusión de Orange y MásMóvil. Juntos tendrían una cuota de mercado de más
del 40 % en las telecomunicaciones móviles, tanto telefonía como banda ancha, y del mercado de banda ancha fija, convirtiéndose así en el mayor operador de todos ellos. También tendrían más del 33 % del mercado de telefonía fija. En algunos
mercados, estos datos podrían convertirle en el principal operador, por delante de Telefónica. No sé si puede decirnos algo acerca de en qué términos de competencia del sector de telecomunicaciones se encuentra esto; si Telefónica podría quedar
relegado como segundo o tercer operador, y si es previsible que algunas de las obligaciones sean removidas de su tradicional posición dominante.


Muchas gracias, presidente. Gracias señora Fernández.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Muñoz.


Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra don Ferran Bel.


El señor BEL ACCESNI: Muchísimas gracias, presidente.


Como indicaba la presidenta, esta va a ser su última comparecencia a lo largo de esta legislatura, si no hay sorpresas, y también coincide con el tercer aniversario en el cargo y los diez años de la entidad, por tanto, corresponde a este
portavoz -y lo hago de forma sincera- agradecerle su trabajo durante estos tres años, el de los consejeros -el de los que nos acompañan aquí y el de los que no están- y el de todo el personal. Yo creo que sinceramente los diputados podemos estar
relativamente satisfechos con el trabajo que se ha hecho. No era nada fácil dadas las circunstancias en las que venía la misma comisión,

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debemos felicitarla y, sobre todo, me gustaría que trasladase también a todo su equipo y a toda la entidad que, aunque a veces no lo parezca, los diputados sabemos reconocer su trabajo.


Dicho esto, quisiera empezar por un primer tema que usted nos ha planteado, que era el tema de las nuevas competencias, que no están muy de acuerdo con los fines. Yo les quiero explicar una anécdota, con la que no quiero que vean ningún
paralelismo, pero a los pocos años de finalizar mi carrera, y eso ya hace unos cuantos... (El señor Capdevila i Esteve: Obvio). Sí, es obvio, es obvio, como dice mi compañero Capdevila. (Risas). Empecé a colaborar con una empresa y el director
general me explico una vez: mira Ferrán, en una gran empresa cuando tú no puedes eliminar un departamento la alternativa es hacerlo colapsar, es darle mucho trabajo, muchas funciones para que se entretengan y, realmente el trabajo molesto que le
están haciendo a la dirección general, no lo puedan hacer. No quiero decir que haya ningún paralelismo ni ninguna intención al respecto (un señor diputado: ¡No, qué va!), pero quizá, de forma inconsciente, las consecuencias puedan ser las mismas.
Usted nos ha dado un dato: en 2022, solo en un año, han recibido veinticuatro nuevas funciones a través de siete reales decretos leyes. Mi pregunta es obvia. Cabe pensar que en todo caso antes de formalizar estos reales decretos leyes, el
Gobierno habrá interlocutado con la comisión nacional para evaluar la capacidad o idoneidad de estas nuevas funciones. Si no fuera así, también nos gustaría conocerlo. Nos gustaría saber con qué nuevos recursos han ido acompañadas estas nuevas
funciones, porque, como usted ha dicho, obviamente la comisión tiene la obligación de cumplirlas y no las va a incumplir, pero a nadie se le escapa que evidentemente si tienes que asumir unas nuevas funciones, y nuevas funciones que en algunos
casos, como usted también indicaba en su informe, han generado una carga de trabajo muy importante y no hay realmente nuevos recursos, es obvio que el trabajo que se estaba haciendo no se podrá hacer con la misma intensidad o con la misma calidad,
aunque estoy seguro de que este no es el caso.


Yo le quería plantear varias cuestiones. Algunas de ellas están relacionadas con el tema del transporte. Ahora estamos tramitando una nueva ley de movilidad sostenible y en algunos de los informes ustedes inciden directamente sobre esta
cuestión que yo les voy a plantear. Hay otra, sobre la que también ha hecho alusión, que es el tema de los cánones que ADIF establece para el transporte ferroviario esencialmente de alta velocidad. En una comparecencia, la anterior secretaria de
Estado nos daba unos datos respecto a estos cánones y, aunque hablo de memoria, yo creo que el canon por kilómetro que se pagaba en determinados tramos era aproximadamente una cuarta parte o una quinta parte del canon que se pagaba por kilómetro en
el corredor ferroviario Madrid-Barcelona o Barcelona-Madrid. Yo les planteé qué costes justificaban esto y en aquel momento se nos dijo que no era tanto una cuestión de costes sino una cuestión de capacidad de pago de los operadores en cada tramo.
No es nada más que relacionarlo con la demanda. Me gustaría conocer su opinión al respecto y si estos costes que pidió la comisión que les remitiera ADIF, ya han sido remitidos o no.


Otro tema que quería plantearle -usted también ha apuntado que habían realizado tres informes específicos, si no recuerdo mal-,era el transporte por carretera. Las conclusiones de este informe, que son muy relevantes también para la
tramitación del Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible, recomendaban que se procediera a liberalizar el transporte de viajeros en autobús para distancias superiores a 100 kilómetros de forma similar a otros países, más allá de que el modelo
concesional en España tenía unas peculiaridades. A lo largo de estas comparecencias que hemos tenido por el proyecto de ley que mencionaba, por diferentes sectores se nos ha advertido de los problemas que podría conllevar esta liberalización, que
algunos espacios o algunos corredores quedasen sin cubrir a medio o largo plazo, sin servicio, más allá de situaciones locales, que creo que también tienen que resolverse por otra vía. Nos gustaría saber si esto podría ser, desde su perspectiva, un
problema o no, o, incluso, que a largo plazo, como parece que puede haber pasado en otros países, esta supuesta liberalización acabase convirtiéndose en un monopolio de alguna empresa. Puesto que en un principio la competencia se abre a todo el
mundo, alguien puede establecer unos precios muy bajos que acaben expulsando del mercado al resto de compañías y eso quedase en una situación monopolística. Me gustaría saber qué soluciones se pueden plantear, porque estoy convencido de que la
comisión también ha estudiado esta cuestión.


Después, ya por terminar, porque estoy agotando el tiempo, le quería plantear un tema que se le ha abordado en diferentes ocasiones respecto al problema que genera la morosidad empresarial en el conjunto del Estado español y, especialmente,
que afecta a las pequeñas y medianas empresas. En la ley crea y crece -que antes no sé quién mencionaba-, este portavoz introdujo algunas modificaciones que después fueron pactadas con el Gobierno para intentar mejorar en este aspecto. Una de
ellas era la modificación del artículo 15 de la Ley de Competencia Desleal a efectos de calificar como competencia

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desleal prácticas de no respetar los periodos de pago y algunas otras para que las empresas no pudieran concurrir a determinadas ayudas públicas en caso de no cumplir los periodos de pago, aunque estas parece que el Gobierno las está
aplicando con cierta flexibilidad o relajación, cosa que no sé si va a ayudar a cumplir el objetivo. Vamos a lo que vamos. ¿La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia se ha planteado realizar algún trabajo a efectos de poder determinar
si esta morosidad afecta a la competencia? ¿Han detectado que puede haber algunos acuerdos cártel entre grandes compañías, a efecto no tanto de fijar precios -que también-, sino de fijar periodos de pago superiores a los legalmente establecidos o
prácticas que conlleven periodos de pago superiores a los realmente establecidos respecto de sus proveedores, que mayoritariamente son pequeñas y medianas empresas? Nos gustaría saber si la Comisión tiene planteada alguna línea de trabajo al
respecto.


Y ya finalizo aquí, presidente, no sin antes excusarme con la presidenta, porque es posible que me tenga que ausentar antes de escuchar su respuesta. Lo haré después telemáticamente, pero en todo caso, ya le avanzo que agradezco la
respuesta y sobre todo la colaboración, al menos con este diputado, por parte de la comisión a lo largo de estos tres años, reconociendo, repito, el trabajo que han desarrollado.


Muchísimas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Bel.


Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra don Joan Capdevila.


El señor CAPDEVILA I ESTEVE: Muchas gracias, señor presidente.


Quiero sumarme, señora Fernández, a las diversas felicitaciones y agradecimientos por los distintos aniversarios y por los resultados, que ruego haga extensivos a los colaboradores que lo merezcan. También quiero sumarme a la menguante voz
de Ciudadanos -y no es una metáfora- en la denuncia del habitual menoscabo de la coherencia normativa, tanto en esta legislatura como en anteriores -y en eso creo que pierde poder el PP si quiere sumarse al argumento, aunque será bienvenido-; creo
que la coherencia normativa da para auténticas tesis doctorales. Nuestro grupo contemplará con toda la simpatía del mundo las enmiendas anunciadas, que conocemos desde esta noche y que solo hemos leído en diagonal, pero en peores garitas
legislativas hemos hecho guardias. Solo lamento, como ya se ha dicho, que la trasposición de la directiva ECN+, que está en la nevera desde hace dos años, encapsulada en su Real Decreto Ley 7/2021, acaba de recibir el rejón de muerte definitivo
cuando los grupos que están dando apoyo al Gobierno incluyen estas enmiendas.


Disculpadme, porque voy a ser un poco desordenado debido a lo brillantes que son mis compañeras y compañeros, que me obligan a ir tachando cosas; todas sus preguntas las considero también mías. Usted sabe, señora Fernández, que en el
Congreso hemos colaborado en avances en el marco regulatorio del autoconsumo colectivo -de hecho, hay compañeros, no en esta Comisión, sino en la de Transición Ecológica, que empiezan a pensar que es mi segundo apellido-, en la ampliación de la
distancia del autoconsumo compartido de 500 a 2000 metros. Sin embargo, los usuarios de autoconsumo colectivo declaran que no están pudiendo disfrutar de las ventajas de este esquema, porque las empresas distribuidoras no aprueban sus proyectos.
Les citaría una noticia de un grupo de vecinos -les puedo decir la calle, incluso- en el sur de Madrid que han instalado placas solares en su edificio y llevan ocho meses sin poder conectar sus placas a la red ni recibir sus ahorros por culpa de la
distribuidora de la zona, en este caso Unión Fenosa, pero hay casos para todas las compañías distribuidoras y todos los gustos. Es destacable un buen hombre jubilado de 72 años de la localidad de Godella, Valencia, que su distribuidor -en este
caso, por oligopolio geográfico, le toca Iberdrola- tampoco da respuesta al buen hombre. ¿Sabe usted que no existen datos públicos de autoconsumo y de autoconsumo colectivo? Hay datos de la Asociación de Empresas de Energías Renovables que indican
que se han instalado más de 350 000 instalaciones de autoconsumo en España -instaladas-. ¿Y cuántas instalaciones de autoconsumo colectivo? El último dato disponible es de la CNMC, y de acuerdo con los datos publicados en la memoria justificativa
según los peajes de acceso existen 2812 instalaciones de autoconsumo colectivo -entiendo que estas son las conectadas-. En el mismo informe se indica que la información ha sido trasladada por las empresas distribuidoras, y comparando estos dos
números -350 000 y 2812-, representan menos del 1 % de las instalaciones colectivas respecto del total. La realidad es que la mayor parte de la población vive en edificios en los que la única manera de disfrutar del autoconsumo es a través del
autoconsumo colectivo, que permite que las viviendas unifamiliares compartan excedentes con vecinos, industrias, negocios o con consumidores próximos, aumentando el ahorro de su factura. Señora Fernández, ¿cómo puede ser que el autoconsumo
colectivo represente menos del 1 % de las instalaciones? Supongo que

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la CNMC es consciente de esta situación. Puede usted utilizar el comodín de: 'este no es mi negociado', pero le agradecería su opinión y su compromiso. ¿Piensan ustedes compartir los datos de forma transparente y pública, como suelen
hacer? ¿Se está investigando esta presunta situación... Quizás la inmunidad parlamentaria me permite suprimir 'presunta'. ¿Se está investigando esta situación de bloqueo a los consumidores por parte de las empresas distribuidoras?


En otro orden de cosas, celebro los éxitos del mecanismo de la detección de oficio. Y, como soy un poco más malévolo que mi compañero Bel (el señor Bel Accensi: ¡Mucho más!), muchísimo más, lo confieso (risas), ¿cree usted -como lo creo
yo- que es necesario que aumenten mucho las inversiones para ayudar a fomentar que puedan ustedes hacer más y mejor detección de oficio? ¿Podría señalar las virtudes y, como ya lo ha hecho, las podría desarrollar?


Otro tema. El artículo 72 del Real Decreto Ley 20/2022, de 27 de diciembre, establecía una rebaja del IVA de diversos alimentos básicos. Como bien conoce, este artículo en su apartado 3 establece -abro comillas-: 'Esta reducción del tipo
impositivo beneficiará íntegramente al consumidor sin que, por tanto, el importe de la reducción pueda dedicarse total o parcialmente a incrementar el margen de beneficio empresarial con el consiguiente aumento de los precios en la cadena de
producción, distribución o consumo de los productos'. Establece, además: 'La efectividad de esta medida se verificará mediante un sistema de seguimiento de la evolución de los precios, independientemente de las actuaciones que corresponda realizar
a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia en el ámbito de sus competencias'. Mi percepción personal -y creo que bastante generalizada- es de flagrante incumplimiento. ¿La comparte usted conmigo? ¿Cuáles han sido las actuaciones
que corresponde realizar a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia en el ámbito de sus competencias para hacer el seguimiento del estricto cumplimiento de lo que dicta el mencionado artículo?


Si hasta ahora he sido desordenado, ahora... ¡Uh!, se me acabó el tiempo. Señor presidente, llámeme la atención que se me acabó el tiempo. ¿Tendremos otro turno?


El señor PRESIDENTE: Habrá otro turno de tres minutos después, pero le doy un minuto ahora para que pueda cerrar.


El señor CAPDEVILA I ESTEVE: Perfecto, muchas gracias, es usted muy amable.


Se muestra siempre -siempre lo ha sido y hoy se reitera- dispuesta a oír recomendaciones y sugerencias, y me consta que siempre ha sido así. Tengo, no obstante, una duda metodológica. Quisiera conocer cómo se pueden sustentar las
recomendaciones del Legislativo -ya sean de un diputado unipersonal o de un grupo parlamentario o de una Comisión-, cómo se objetivan con más formalidad. Es decir, ¿un diputado puede dirigirle a usted un escrito? ¿Un grupo parlamentario puede
hacerlo? Bueno, poder, naturalmente que se puede, ¿pero surtiría eso algún efecto? ¿Una proposición no de ley aprobada por una Comisión, por ejemplo, sería una forma más adecuada? ¿Cuál sería el mecanismo que incita, efectivamente, a la actuación
de la CNMC?


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Capdevila.


Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra don Txema Guijarro.


El señor GUIJARRO GARCÍA: Muchas gracias, presidente.


Como siempre, bienvenida, señora presidenta Fernández, es un gusto tenerla aquí en esta Comisión. Efectivamente, estamos de efemérides, más bien -como ha dicho usted- de doble efeméride. Hablábamos de que hace una década ya de la
existencia de la institución y de que se cumplen tres años de su Presidencia. Llegados a este punto, señora Fernández, toca decir aquel chiste de Forges que -no recuerdo a propósito de qué-, precisamente, conmemorando alguna efeméride, decía: Ha
merecido la alegría. Porque si tenemos que ver lo que ha pasado en estos últimos diez años y, específicamente, qué ha pasado en estos últimos tres, da como para mirar atrás y, al menos, suspirar. No sé si es su caso. Pero sí querría hacer un
pequeño repaso porque, claro, siempre he pensado que esta institución nace de la síntesis de otras instituciones que ya existían, pero estoy convencido de que se produce, precisamente, en un momento de la historia de Europa en el que empieza a hacer
aguas el neoliberalismo. Y de alguna manera, creo que la existencia de la CNMC es uno de esos primeros síntomas. Decía el economista Gary Becker, gran gurú del neoliberalismo, aquello de que la mejor política industrial es la que no existe;
precisamente, lo que estamos viendo es hasta qué punto se está demostrando falsa esa premisa.

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Ha hablado usted de márgenes empresariales, lo cual en un momento de alta inflación, cuando los trabajadores están perdiendo poder adquisitivo, precisamente por ese fenómeno, uno tiende a querer preguntarse qué es lo que está pasando ahí.
¿Qué es lo que está pasando ahí, señora Fernández? Estoy pensando, por ejemplo, en que los franceses acaban de inaugurar un observatorio sobre márgenes empresariales que, quizá, no nos vendría mal aquí. El propio sindicato Comisiones Obreras ha
abogado por una medida similar. No sé si tiene usted una opinión al respecto. En todo caso, es evidente que la labor que ustedes han venido cumpliendo desde la institución, como le digo, en el fondo no deja de ser una fe encarnada en las
posibilidades reformistas del sistema. Y en ese sentido, todo lo que pueden ustedes avanzar seguro que es en beneficio de la ciudadanía y del consumidor. En todo caso, cuando estaba usted desgranando esas actuaciones contra determinados elementos
carterizados o determinados fenómenos, yo recordaba aquellos comentarios que he escuchado alguna vez a oficiales de la policía cuando hablan de alijos de droga, cuando vienen a decir: he incautado tantas toneladas en tal sitio. Uno se pregunta -y
siempre la policía tiende a contestar con cierta honestidad- cuánto de lo que está ocurriendo realmente está observando la policía. Se lo digo porque, habitualmente, en España cuando hablamos de alijos de droga el porcentaje está en torno a un 20
%. Cuando es más de ese porcentaje, evidentemente se dice que la policía está haciendo una gran labor y cuando es menos, esos índices así lo revelan. Pero yo querría trasladar una pregunta similar, señora Fernández. ¿Cuánto cree que se le escapa
a usted como Estado? Es decir, sabiendo que, efectivamente, hacen ustedes una labor encomiable con los recursos que ustedes tienen -y luego hablaremos un poco de eso-, la pregunta en paralelo que siempre se me ocurre hacer a la policía, ahora se la
trasladado a usted: ¿cuánto se nos escapa de todo lo que pillemos? No me diga un 80 %, como me dice la policía, porque me mata del susto; pero, en todo caso, estoy dispuesto a escuchar cualquier tipo de respuesta.


Entro ya en algunos comentarios que ha hecho usted por sectores. Como le decía, estos últimos años dan para muchos libros sobre determinados sectores. Combustibles y eléctricas. Decía usted que no podía comentar algunos de los últimos
trabajos que han venido realizando, precisamente porque entiendo que son temas sub iudice. Pero, si echo mano de uno de los estudios que han publicado varios profesores universitarios respecto al descuento de los 20 céntimos al carburante, vienen a
indicar que no se habría alterado de media la gasolina, pero para los diésel habrían aumentado una media de 5,95 céntimos de euro, que se habrían apropiado los productores. Es decir, en otras palabras, las petroleras se habrían embolsado un total
de 723 millones de euros entre abril y diciembre de 2022, debido a este sobreprecio aplicado. Yo no sé si tiene usted información al respecto. No sé lo que nos podrá usted revelar, dado que, efectivamente, como dice usted, hay información sub
iudice.


Otro sector, telecomunicaciones. Ha hablado usted del 5G. Señora Fernández, como usted sabrá, es una tecnología que tiene básicamente tres polos de innovación ahora mismo a nivel mundial, que son Estados Unidos, Europa y la República
Popular China. Sobre todo desde Estados Unidos creo que ha habido maniobras claras para tratar de cortar el acceso de la tecnología china a los mercados europeos. Esto, sin duda, redundaría en una peor competencia y, por lo tanto, debemos deducir
en la lógica del liberalismo de mercado, que sería malo para los consumidores. En ese sentido, solo querría dejar apuntado que desde el punto de vista de la competencia y desde el punto de vista del interés de nuestro país, sería una pena que por
determinadas presiones geopolíticas nos viéramos limitados, precisamente, en el acceso a determinadas tecnologías; sobre todo cuando, según tengo entendido, es precisamente el polo tecnológico innovador asiático el que más ha desarrollado esta
tecnología en los últimos años.


Otro sector, distribución de alimentos. Señora Fernández, es otro de los temas que surgen al calor de los altos niveles de inflación y del debate sobre inflación subyacente y demás. ¿Qué está pasando ahí, señora Fernández? Porque las
grandes distribuidoras hablan de márgenes ya muy estrechos y no sé si lo que estamos viendo ante nuestros ojos es una enmienda a la totalidad de esas explicaciones. Quizá nos puede usted arrojar algo de luz sobre este asunto.


Podría hablar de muchos otros sectores, pero, evidentemente, me voy a centrar solo en unos pocos, por ejemplo, en la vivienda. Señora Fernández, partimos siempre de una especie de situación imposible que vive este país, en la que hay
millones de casas sin gente y millones de 'gentes' sin casa. Esto no es que sea un fallo de mercado, yo creo que tiene otro nombre, y creo que tiene -digamos- hasta un cierto, si se me apura, aroma de crimen, porque, si determinados señores están
especulando y llenándose los bolsillos a manos llenas frente a un problema real de acceso que tienen los españoles y las españolas, y esto afecta directamente a su calidad de vida, lo de que es un fallo de mercado me parece un eufemismo casi hasta
escatológico. No sé qué opina usted de este mercado y de la conveniencia de regular precios

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o no, dado que estamos como estamos, y como usted sabe, hay zonas urbanas en este país donde las clases medias y trabajadoras se están viendo directamente expulsadas por esos procesos de alta especulación.


Voy a mencionar también el sector del transporte, aunque tampoco me puedo extender mucho. Ha mencionado usted la necesidad de competencia en el transporte interurbano, algo que también han mencionado algunos otros portavoces, y yo digo,
señora Fernández, que, aunque la competencia es buena, no sé si es buena para todo; no sé si, en general, puede ser la aspirina universal. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando hablamos de transporte, hablamos también de la necesidad de
descarbonización en un contexto de cambio climático, y esto implica que quizá tengamos que empezar a revisar determinados preceptos. ¿Qué huella ecológica podría dejar un sistema en el que, efectivamente, tenemos varios competidores en un régimen
de competencia, es decir, bueno para el consumidor, pero con emisiones de carbono vinculadas a esta actividad que se alejan de los objetivos que nos hemos propuesto? En este sentido, le planteo una especie de contradicción doctrinaria entre la
competencia y los propios objetivos de descarbonización que nos hemos propuesto.


Respecto al transporte ferroviario, me da la sensación de que cada vez tenemos una red más balizada, una red de alta velocidad versus una red de no alta velocidad, que parece que ha pasado a estar en pérdidas y, por lo tanto, necesario que
esté sujeta a un monopolio estatal. Porque, claro, cuando se trata de perder, para eso está lo público, pero cuando se trata de ganar, para eso está lo privado. Entonces, aquí creo que hay una cierta contradicción que, desde luego, a mí no se me
termina de resolver.


En cuanto a las actuaciones que han llevado a cabo en la CNMC contra los procesos de carterización -creo que la señora Sagastizabal ha mencionado ya este tema-, se supone que desde 2015 la normativa española incluyó que la contratación
pública tendría algunos elementos a los que no se podrían acoger determinados oferentes, precisamente en función de las sanciones que pudiera establecer la CNMC. En este sentido, nos gustaría conocer en qué fase se encuentra este desarrollo
normativo. Le pregunto todo esto porque no puedo dejar de citarle el caso de los 200 millones de multa a Sacyr, OHL, ACS, FCC y Acciona Construcción, es decir, sobre la multa que la CNMC ha colocado a estas compañías por veinticinco años -déjeme
que lo subraye-, veinticinco años, de 1992 a 2017, en los que ha habido colusión en esas licitaciones. Francamente, cuando se anunció esta noticia y vi una multa de 200 millones me pareció un chiste, porque ¿cuánto se han levantado -y ese es el
verbo- estos señores en veinticinco años? Apuesto a que mucho más de 200 millones. Claro, cuando la sanción equivale a un porcentaje mínimo de lo sustraído, pues es un chiste; digamos que el mecanismo sancionatorio no funciona. Cuando, además,
veo que la Audiencia Nacional ha suspendido la ejecución de la multa, uno se queda a cuadros. La nota que publican estas compañías dice: Las compañías multadas han alertado a la Audiencia Nacional del impacto que tendría una multa de estas
características y de los perjuicios que generaría para su actividad la prohibición de contratar con la Administración pública. Déjeme que se lo ponga en román paladino, señora Fernández y miembros de este auditorio, por si no lo han entendido. Lo
que están diciendo aquí las compañías es que, efectivamente, somos unas piratas, pero van a tener ustedes que someterse al ajo y agua que les vamos a dar porque esto es lo que hay, y, básicamente, si caemos nosotros, caen ustedes. Esto es el too
big to fail que se decía hace una década. Señora Fernández, todavía estoy de piedra tratando de digerir esta frase, por lo que, a título individual, le pregunto: ¿cómo la ha digerido usted?


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Guijarro.


Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra don Rodrigo Jiménez Revuelta.


El señor JIMÉNEZ REVUELTA: Gracias, presidente.


Señora Fernández, buenos días. Muchísimas gracias por su comparecencia. La verdad, es de agradecer su compromiso. Se nota que viene usted de la empresa privada, porque este grupo parlamentario, a la hora de solicitar comparecencias de los
miembros del Gobierno, excepto la vicepresidenta primera, la ministra Calviño, que ya compareció en relación con los fondos europeos y comparece esta tarde, el resto de comparecencias en otras comisiones brillan por su ausencia. Ese es el caso de
la ministra Montero, que no viene desde abril de 2021. Así que le agradezco muy sinceramente que venga todos los años a rendir cuentas a esta Cámara.


Como usted bien ha dicho, son muchos los temas que tienen ustedes y muchas las competencias, con lo cual no voy a poder hablar de todas. Me voy a centrar, si me lo permite, fundamentalmente en cuatro.

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La primera de ellas es que ustedes hablan sobre la competencia efectiva en los mercados, dicen que es fundamental para el desarrollo económico y social, y me quiero centrar en la unidad de mercado. La Ley 10/2013, de 9 de diciembre, de
Garantía de la Unidad de Mercado, en su artículo 3, habla del principio de no discriminación, y dice que no se puede tener discriminación alguna por razón del lugar de residencia o establecimiento. El artículo 139 de la Constitución también habla
de que todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado y que no se debe obstaculizar la libertad de circulación y establecimiento de las personas y la libre circulación de bienes en todo el
territorio español.


El Tribunal Constitucional nos recuerda algo que siempre ha tenido claro, y es que la unidad de mercado es un espacio donde se encuentran garantizadas la libre circulación de personas y bienes, y donde las condiciones especiales del
ejercicio de actividad económica sean iguales. Pues bien, en su momento, Cataluña ya anunció que iba a recurrir la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de unidad de mercado. Fundamentalmente -lo dijo el entonces secretario de Empresa y Competitividad
del Departamento de Empresa y de Ocupación, Pérez Torres- porque decía que esta ley de unidad de mercado buscaba la homogeneización de las autonomías y su subordinación a los designios de la Administración General del Estado. Y yo le pregunto: ¿no
cree usted que la imposición del catalán en Cataluña y en Baleares, del gallego en Galicia, del euskera en el País Vasco y del valenciano en Valencia rompe la unidad de mercado? ¿Le consta a usted que esas imposiciones hayan sido objeto de
reclamación? Lo digo porque si yo quiero ir libremente, por ejemplo, a Galicia o a Cataluña y establecer un comercio allí, se me va a imponer hablar el catalán porque es obligatorio y, desde luego, rotular en catalán, cuando yo, por ejemplo, no
hablo catalán. Me gustaría saber su impresión.


Hago un paréntesis. Es curioso esto de la imposición lingüística, porque resulta que está consiguiendo el efecto contrario. Un estudio del Ayuntamiento de Barcelona pone de manifiesto que solo uno de cada cuatro jóvenes residentes en la
ciudad condal usa el catalán habitualmente. La verdad es que el dato es sorprendente. Tras cuatro décadas de normalización lingüística en las escuelas, relegando el español a solo dos horas lectivas semanales, hoy, los jóvenes en Cataluña hablan
menos catalán que en el siglo XX; es curioso.


El segundo punto del que me gustaría hablar es sobre las decisiones que toman ustedes en el sector ferroviario. No sé si recuerda que en una de mis visitas a la CNMC, gracias a su invitación, les comenté una reclamación que llevo
defendiendo, como otros grupos parlamentarios, desde que soy diputado en esta Cámara, y es la reapertura de la línea de ferrocarril Madrid-Segovia-Aranda-Burgos, que se suspendió el año 2011 porque, debido a un desprendimiento, se quedó atrapada una
bateadora en el túnel de Somosierra.


Esta línea atraviesa tres provincias fundamentalmente, que son la Sierra Norte de Madrid, el nordeste de Segovia y la zona sur y central de Burgos. En VOX creemos que el reto demográfico y la lucha por el reequilibrio territorial debe ser
un punto muy a considerar a la hora de acometer infraestructuras. Por ello, la ubicación estratégica de esta línea a su paso por las provincias antes mencionadas y conectando con la Y vasca sería fundamental, porque además derivaría en un enganche
a Europa. Es más, ustedes en su plan estratégico abogan continuamente por la descarbonización, y la reapertura de esta línea repercutiría muy positivamente en los costes de emisiones de CO2.


Digna de mencionar -que no se enfade el señor Guijarro, que eso ya lo he hablado con él además- es la proposición no de ley que presentó en su día Unidas Podemos en 2016 para la reapertura de esta línea, pero que, luego, a las enmiendas que
se han presentado durante los presupuestos de esta legislatura han acabado votando en contra; es decir, donde dije digo, digo Diego. Pero es que, además, la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, prometió en Burgos una inversión de 10 millones
para sacar esa bateadora y rehabilitar la línea. Hasta la fecha, que sepamos, no se ha hecho absolutamente nada. Usted sabe que 2021 se declaró Año Europeo del Ferrocarril, y esto debería haber supuesto una oportunidad para relanzar y poner en
primer lugar la defensa del ferrocarril como medio de transporte seguro al servicio de las personas y medioambientalmente sostenible. Yo sé que usted tiene muchas competencias -se lo han dicho mis compañeros, incluso el diputado del PDeCAT, el
señor Ferran Bel, ha insinuado que se le están dando muchas competencias, por el paralelismo, decía él, que ha hecho-, y yo no le quiero dar más trabajo, pero no sé si sería posible -se lo pido en esta Comisión formalmente- que elaboraran ustedes un
informe o el impacto sobre la reapertura de esa línea, porque resulta que el ministerio ahora mismo, con el corredor del Atlántico, borra directamente esta línea, al final no han apostado por la línea Madrid-Segovia-Aranda de Duero-Burgos y están
apostando por la línea de

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Valladolid, y curiosamente el impacto que va a tener en dinero es bastante más alto en la que se va a hacer a través de Valladolid que en la que se haría a través de Burgos.


En tercer lugar, yo creo que usted sabe la posición de este grupo parlamentario, como la de casi todos los grupos del arco parlamentario. Ustedes hablan en su plan estratégico de que la CNMC se integrará en los Objetivos de Desarrollo
Sostenible y se orientará a sus metas de la Agenda 2030. Pues permítame que le diga que este grupo parlamentario aboga por el rechazo a la incorporación de la Agenda 2030 y los ODS a nuestro ordenamiento jurídico, ya que los mismos redundan en una
mengua de la soberanía de la nación, su riqueza y diversidad. Este grupo parlamentario rechaza esa incorporación de la Agenda 2030, así como la consideración de aquellos como ejes de la acción del Gobierno, ya que constituyen una coartada para
doblegar la soberanía de las naciones, su riqueza, su diversidad y su identidad. Lo hemos dicho muchas veces, pero me gustaría volver a repetirlo, y es que esta Agenda 2030 es operativa para el globalismo, contraria a todo lo que es natural en el
ser humano, con la pretensión de hacer tabla rasa y que todos los ciudadanos seamos iguales y, por tanto, intercambiables; un globalismo inhumano cuya ideología se sustenta en una serie de dogmas, como la ideología de género, el feminismo radical,
la religión climática o el multiculturalismo. Gianni De Michelis, que fue viceprimer ministro de Italia, llegó a decir que el poder ha de ser inevitablemente transferido de las naciones soberanas a instituciones supranacionales. Cogiendo el guante
de mis compañeros, que hablaban sobre las competencias que ustedes están acogiendo cada vez más, parece sorprendente que abracen las políticas de la Agenda 2030 de entes supranacionales, porque al final acabará sucediendo que un ente supranacional
les dirá a ustedes lo que tienen que hacer.


Por último, me gustaría hablar del apartado de energía. Ustedes dicen que velan por la protección y derechos de consumidores afrontando desafíos como la descarbonización, como ya he mencionado anteriormente, y sitúan al consumidor
energético en el centro sin comprometer la calidad y la seguridad del suministro. Pues bien, sabe usted que el Gobierno de España ha reconocido -usted lo ha comentado- que la subida del precio de la energía, los combustibles y las materias primas
está suponiendo una escalada de inflación que afecta a la economía de familias y empresas. Hoy en día el sector de generación de energía eléctrica y térmica en España permite distinguir, por una parte, entre aquellas tecnologías que por su robustez
sientan la base firme de generación eléctrica nuclear e hidráulica fluyente y, de otra parte, un conjunto de tecnologías -cogeneración solar, eólica, ciclos combinados, hidroeléctrica, modulable y biomasa- que, en función de su perfil de generación
y disponibilidad técnica y económica, suministran el resto de la energía necesaria.


Señora Fernández, de esta estructura de generación nacional más del 52 % procede de la importación de recursos energéticos o minerales, como hidrocarburos, uranio, tierras raras o litio. A lo anterior se debe sumar la totalidad de los
combustibles que también son adquiridos de otros países y son necesarios para los demás sectores productivos de transporte y servicios, así como para los hogares. Esa cantidad de recursos energéticos -combustibles, minerales y electricidad-, que es
comprada por otros países y consumida por los sectores económicos y las familias de nuestro país, representa un elevado nivel de dependencia energética de España, que alcanza un valor superior al 74,1 % -datos de 2019- sobre la cantidad total de
energía consumida. Sabe usted que en mi grupo parlamentario apostamos por una soberanía energética, y me gustaría saber su impresión sobre esta dependencia energética que tiene España, sobre la prohibición por parte del Gobierno de la exploración y
explotación de nuestros recursos naturales, que va en detrimento de esa soberanía que facilitaría más la vida a las familias y sin la cual no tendríamos tanta dependencia energética del resto de países.


Como se me ha acabado el tiempo, lo dejo aquí.


Muchísimas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Jiménez.


Es el turno del Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra don Juan Luis Pedreño.


El señor PEDREÑO MOLINA: Muchas gracias, presidente.


Buenos días, señora Fernández. En primer lugar, quiero darle las gracias por el trabajo que está haciendo al frente de la CNMC y también al resto de su equipo, del que aquí tenemos una representación.


A mí me sucede lo mismo que a usted, pero con mucho menos tiempo, y es que me gustaría abordar muchos temas, muchos sectores. Le voy a hacer bastantes preguntas que nos gustaría que nos resolviera al Grupo Parlamentario Popular. Sé que
seguramente no le va a dar tiempo a responder, pero es mi obligación hacerlas y espero que, si no puede aquí, nos lo pueda hacer llegar como a usted más le

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convenga. Como en la parte de digitalización se ha pasado un poco de puntillas, voy a intentar ahondar en la parte de telecomunicaciones y en la parte de energía haré alguna puntualización en el ámbito postal.


En el ámbito de las telecomunicaciones, en este momento la CNMC tiene una competencia enorme, tiene unas capacidades enormes de decisión y supervisión; es como está ahora mismo el mercado de las operadoras de telecomunicaciones español, que
usted conoce bien porque se está reuniendo con todas ellas. La señora Muñoz le preguntaba sobre la fusión Orange-MásMóvil, pero es que ahora tenemos otro problema añadido a todo esto, que es que para regular el mercado de los operadores de las
telecomunicaciones tenemos ahora varios inputs: uno, los ingresos y, otro, la cuota de mercado. O sea, hay operadores que están cogiendo mucha más cuota de mercado que ingresos y, sin embargo, están entrando en el mercado. Usted es consciente de
la situación de las operadoras, sabe que ahora hay un operador rumano que se llama DIGI, que tiene un fondo de inversión en Luxemburgo, creo, con sede en Escocia, y ahora mismo es un operador que puede romper el mercado. No sé cuál es la valoración
que hace, ya no solo de la fusión de Orange-MasMóvil, sino de todo esto, porque además hay una paradoja. El otro día, el 6 de marzo, la ministra Calviño anunció que se iban a elevar los límites máximos para las adjudicaciones de frecuencias; en
definitiva, reducirlo para que solo puedan optar las tres grandes. Por otro lado, las empresas no pueden invertir en 5G porque no hay economías de escala, porque en España tenemos casi cincuenta operadores. Entonces, eso hace que se entre en una
contradicción. Es decir, cómo no es consciente la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de todo esto, y si tiene alguna propuesta para solucionar, entre comillas, la que se nos viene encima, teniendo en cuenta que ahora mismo los
ingresos de las operadoras han caído un 7 % con respecto a la situación prepandemia. Por tanto, la situación es muy delicada. No sé cómo lo valora la Comisión y si tiene alguna previsión de cómo va a ser el mercado regulado del sector de las
'telco'.


Hay otro tema importante, y es el de la ciberseguridad. El real decreto de ciberseguridad 5G, que nosotros apoyamos aquí, ha salido mucho después de que las empresas empiecen a invertir en infraestructuras 5G. Esa alteración de orden para
nosotros es muy importante y no sé si la CNMC ahí puede hacer algo o puede tener alguna recomendación al respecto precisamente para que se agilice, porque el Gobierno ni siquiera ha publicado el Esquema Nacional de Ciberseguridad. Ahora mismo hay
un parón del cual hay que salir, con la situación que le he presentado antes respecto a cómo está el mundo de los operadores de telecomunicación.


Con respecto a la DMA, la Ley de Mercados Digitales -y, además, la felicito por su nombramiento en esa comisión de alto rango a nivel europeo-, está claro que la tenemos que aplicar, porque es una ley que se aprobó en septiembre de 2022 en
la Unión Europea. No es una trasposición, pero es verdad que hay que adecuarla y ver cómo se desarrolla, cómo se aplica y cómo se resuelven las infracciones aquí, en España. Lo primero que le pregunto es si cree que la DMA va a resolver el
problema que tenemos ahora mismo en Europa, porque no hay grandes operadores, no hay grandes gatekeepers europeos, y muchísimo menos españoles. Y le tengo que decir una cosa, nosotros, el Grupo Popular, a veces nos hemos reunido con empresas
españolas superpotentes, que podrían ser gatekeepers, que podrían estar a ese nivel y entrar en competencia. Por tanto, le pregunto si cree que la DMA va a resolver precisamente ese problema, si cree que sancionando a las grandes empresas se
resuelve que se generen empresas en España que puedan entrar en competencia. No sé si tiene alguna recomendación respecto a esta cuestión.


Hay un tema que también usted ha comentado. Hay una doble función: por un lado, está la Comisión Europea y, por otro lado, el organismo regulador, pero nos da la impresión de que la Comisión Europea está asumiendo un papel mucho más
preponderante en este tema. De hecho, en los informes que me he leído de la CNMC no he visto ningún procedimiento por infracción que se haya hecho a alguno de los grandes; igual sí, pero no me consta que haya habido. No sé si es porque no ha
habido o porque no se está asumiendo la competencia en España por parte del regulador.


También hay un informe que he leído de la CNMC de 2021, sobre publicidad online, que detectaba bastantes deficiencias en el mercado, porque se agrupan en pocas empresas, por las barreras de entrada, etcétera. Yo le quería preguntar cuál es
la situación hoy en día y si ha hecho algo desde entonces -hablo de 2021- la CNMC para mejorarlo.


Con respecto a la Ley General de Telecomunicaciones, es verdad -usted lo ha comentado- que la CNMC ahora mismo tiene muchísimas competencias, y eso es de agradecer porque nosotros mismos las pedíamos en muchas enmiendas, pero tenemos que
decir que para desarrollar esta ley hay que hacer un reglamento, que todavía no se ha publicado, y esto fue en junio de 2022. Por ejemplo, una de las cosas que nosotros pedíamos es que se desarrollara un comité interministerial de coordinación para
los

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despliegues de las infraestructuras de red, y eso está en uno de los artículos de la ley, pero no hay reglamento, no hay comisión. No sé si la CNMC tiene competencias para ayudar a que se salga ese reglamento, para elaborarlo o lo que sea,
o si se ha solicitado, por ejemplo, esa comisión interministerial para la coordinación de despliegues. Me refiero a que, cuando hay que desplegar fibra, esto pasa por determinados ministerios, porque tiene que ver con temas medioambientales,
puramente de telecomunicaciones, etcétera.


Después, hay un tema para el que supongo que tendrá preparada la respuesta, porque ha pasado muy de puntillas sobre él, que es el tema que ahora mismo nos está preocupando más, y es el del fair share, el tema de la contribución justa. Usted
ha explicado el problema. Es verdad que, por un lado, están las plataformas, que tienen un tráfico de datos que ha elevado casi un 60 % el uso de las redes de telecomunicaciones, y, por otro lado, están los operadores de telecomunicación, que
también tienen que soportar ese gasto. Hay que mantener ese equilibrio y tiene que haber una convergencia en esto. Nosotros, el grupo parlamentario europeo del Partido Popular, ya pedimos en un escrito a Thierry Breton que hubiera una consulta
pública y, efectivamente, ahora en febrero se ha abierto esta consulta pública y va a durar tres meses. No sé si la CNMC ha mandado su posicionamiento a esta consulta pública. Si no la ha mandado, no me lo va a decir, pero, en cualquier caso, me
gustaría saber cuál sería el planteamiento.


En cuanto a las ayudas para la digitalización por parte del Gobierno, comentaba que una de las actividades que figuran en la memoria de la CNMC, a la que hemos tenido acceso, es el análisis cuantitativo de las ayudas públicas para el
despliegue de red en España. Yo no sé si a ustedes les mandan los datos de ejecución de las ayudas, porque nosotros nos volvemos locos e igual se las tenemos que pedir a usted, porque como en la ejecución de ayudas en el ámbito digital muchas van a
las comunidades autónomas, entonces se dejan ahí hasta que la comunidad autónoma convoque, y a la comunidad autónoma le viene una ayuda para un proyecto que no ha pedido ni nadie se lo ha demandado. Por tanto, tenemos realmente serios problemas.
El ministerio saca un informe cada tres o seis meses, pero no sé si a usted le van llegando.


También quería hacerle solo una pregunta sobre el tema de la protección de menores en Internet. Nosotros presentamos hace poco una proposición no de ley, precisamente porque es un problema ahora mismo el tema de la verificación de edad. No
sé si está participando la CNMC en el reglamento IDAS 2 que está haciendo Europa precisamente sobre la identificación digital, para poder identificar a los menores en las plataformas.


Como ya se ha encendido la luz roja, voy a pasar simplemente al tema de la energía. Aquí, simplemente, hay un par de críticas que le tengo que trasladar respecto a los informes de supervisión del mercado minorista de electricidad y del
mercado minorista de gas. Los informes de 2021 y 2022 aún no se han publicado, y el de 2020 se publicó en marzo de 2022. Entonces, no sé a qué responde esta anomalía, si es por falta de personal, si les falta información o si no hay cooperación,
pero el caso es que eso nos preocupa un poco. Respecto a esto, también le quiero preguntar, por si fuera el problema, si hay que crear un regulador específico para la energía, que podría ser, y le hago la misma pregunta para el ámbito de las
telecomunicaciones. Igual eso podría ser una solución, no lo sé, pero ahí se lo dejo.


Tengo una pregunta solo sobre el tema de puntos de recarga. No sé si la CNMC está trabajando en agilizar los tiempos de respuesta a las distribuidoras eléctricas para la solicitud de puntos de recarga de vehículos eléctricos, y es una
pregunta que puede responder tranquilamente cuando pueda.


Y, por último, respecto al ámbito postal, hoy leíamos una noticia precisamente de Correos, sobre su servicio Correos Cargo para el transporte aéreo de mercancías, con la joint venture que creó con Ávoris. Ahí parece ser que hay una fórmula
contractual basada en una figura de servicios de I+D, que al final ha hecho que la empresa haya perdido casi 25 millones de euros, cuando esperaba casi 2 millones de euros de beneficios con la línea Madrid-Hong Kong. Eso en el año 2022. No sé si
la CNMC tiene competencias y es consciente de esto o puede arreglarlo de alguna manera.


Por lo demás, simplemente quería felicitarla. Entiendo que lleva muchísimos temas y que es muy arduo lo que hacen. Yo le profeso admiración, porque dedicarse a esto tiene que ser bastante complicado con tantos mercados que regular y lo
dinámicos que son. Por tanto, le quiero dar las gracias y agradecerle también su presentación.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Pedreño.


Es el turno del Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra don Diego Taibo.

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El señor TAIBO MONELOS: Gracias, presidente.


Quiero agradecerle, señora Fernández, su comparecencia en esta Comisión y también pedirle que traslade nuestro agradecimiento y reconocimiento a los trabajadores de su organismo. Aprovecho para desearle un feliz 'cumpleaniversario' por los
diez años de creación de esta entidad y por su buen hacer. Suscribimos la alta calificación y los ánimos que le daban a la hora de realizar esta comparecencia, puesto que consideramos que es una comparecencia muy relevante, o al menos así lo
entendemos aquellos que creemos ideológicamente que la figura de la competencia en los mercados es fundamental desde un punto de vista económico, social y laboral.


Como cuestión previa, porque así se ha comentado, quiero manifestar que las enmiendas legales que se van a tramitar no suponen en modo alguno una usurpación del debate parlamentario, como así se ha dicho por alguna portavoz. Tendremos
ocasión de deliberar, de discutir y de trabajar sobre ellas y, en todo caso, responde a una petición reiterada por parte de la CNMC, que todos los grupos aquí han reconocido.


Para nuestro grupo es muy importante que los mercados estén regulados y controlados, porque la experiencia histórica nos ha demostrado que en muchos aspectos los mercados no se regulan por sí solos y, al contrario, generan unas desviaciones
negativas que deben ser corregidas. En los últimos tiempos, desde ciertos sectores, nuevamente se había empezado a cuestionar el grado de intervención o regulación que el Gobierno actual progresista de Pedro Sánchez está desplegando sobre sectores
estratégicos, que además en la historia reciente han sido los actores de graves crisis económicas y financieras. Las noticias recientes parecen estar dándonos la razón, viendo lo que está aconteciendo en el sector bancario con la desregulación
impuesta por el anterior presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que está generando una falta de confianza en el sector que solo desde el equilibrado intervencionismo se puede resolver, dando las respuestas adecuadas.


El Grupo Socialista siempre ha defendido que para lograr una economía social de mercado altamente competitiva debe garantizarse un trato justo y digno al trabajo y al consumo y que debe promoverse el bienestar de toda la población. En este
sentido, asegurar que haya una buena competencia entre los vendedores sirve a los consumidores para disponer de una oferta más variada, de mejor calidad y a menor precio. Asimismo, la libre competencia asegura a las empresas la igualdad de
oportunidades en el mercado, de forma que el éxito de sus negocios dependerá de su capacidad, esfuerzo e innovación y no se verá limitado por las obstrucciones que les impongan otros actores con mayor poder de mercado o que realicen incluso
conductas ilícitas, si así se me permite. Como país, como ciudadano, la competencia hace que la producción nacional sea más competitiva dentro de nuestras fronteras y en el mercado global. Estos son vuestros objetivos y los resultados que vuestras
acciones como entidad tienen en la sociedad, que sin duda, son beneficiosas para el conjunto de la misma.


Por eso compartimos vuestra línea de trabajo, recogida en el Plan Estratégico 2021-2026, con grandes retos como son la digitalización, la transición ecológica y el crecimiento sostenible; retos además que son tractores del crecimiento
económico de nuestro país. Queremos destacar la importancia de vuestro proyecto Municipios y competencia, pues nosotros siempre hemos tenido una vocación y predilección municipalista; es la Administración más cercana a los ciudadanos, que toma
decisiones en ese día a día para mejorar la calidad de vida de estos. Los municipios, al igual que acontece con otros organismos como la CNMC, van asumiendo competencias nuevas, muchas de ellas impropias y con recursos al mismo tiempo limitados.
Por eso creemos que habéis hecho un esfuerzo importante en la digitalización, y queremos resaltar de vuestro plan de actuación reciente el impulso y la potenciación de la Unidad de Inteligencia Económica, que habéis desarrollado mediante
herramientas de digitalización y de inteligencia artificial, con acciones como la creación de nuevos indicadores y algoritmos automáticos para la detección de indicios de colusión a partir de la información de las bases de datos, en las que estáis
trabajando para ampliar, actualizar y mejorar. También queremos resaltar el trabajo que estáis realizando en la digitalización de procesos internos para mejorar la eficiencia en la tramitación de los expedientes, o el análisis y seguimiento de los
modelos de negocio de la economía digital, para detectar posibles comportamientos anticompetitivos.


Otra medida es supervisar el cumplimiento de las condiciones de calidad y neutralidad de la red en los servicios comerciales de los operadores. Todas estas medidas nos parecen muy relevantes dentro del plan de actuación, como el impulso de
herramientas digitales para poner al servicio de los consumidores el acceso al dato horario del consumo de electricidad, para facilitar a los consumidores la comparación de las diferentes opciones de suministro existentes en el mercado, teniendo en
cuenta sus datos y su perfil de consumo, el cuándo ponemos la lavadora al que usted hacía referencia antes. La incorporación de los

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datos de la factura permite disponer de ese acceso directo, fácil e intuitivo al comparador de ofertas de vuestro organismo y avanzar en una regulación dinámica del sector hacia el consumidor.


Estas iniciativas nos resultan interesantes y el Grupo Socialista va a apoyar todas las medidas que se pongan encima de la mesa para bajar el gasto que están soportando los consumidores. Por eso, el Gobierno de España está liderando en
Europa el cambio para modificar el marco del mercado energético europeo, ya que, en definitiva, lo que se pretende es dar un rol de centralidad a la figura del consumidor en materia de energía, promoviendo la innovación, una mayor integración de
fuentes renovables; un consumidor, en definitiva, en un contexto energético que se presenta como la descentralización del sistema ante el autoconsumo y la posibilidad de plantear posibles cambios en el mercado eléctrico y la fijación de precios
frente al actual sistema marginal de fijación de precios. Todo esto es mucho más importante, si cabe, en el actual contexto de incertidumbre y de crisis al que usted antes hacía referencia, en los mercados energéticos y en las cadenas globales de
suministro, acentuadas más todavía por la guerra ilegal de Putin contra el pueblo de Ucrania.


En este sentido, nos parece muy interesante vuestro plan de actuación hacia la descarbonización de la economía y la certificación energética renovable, o la promoción de la entrada de nuevos agentes y servicios en los mercados energéticos,
los vehículos eléctricos y también la apuesta por el ferrocarril como medio de transporte. También en el sector de las telecos y el audiovisual es muy importante la actuación de la CNMC para contribuir a la transformación digital, y que esta se
realice siempre en beneficio de los consumidores. En esto, la apuesta del Gobierno de España por el impulso y la modernización del sector es determinante, con normas como la Ley General de Telecomunicaciones y la Ley General de Comunicación
Audiovisual, en las que el centro de todas las medidas ha de ser, insisto, el consumidor. Por eso, es importante reforzar la protección de los usuarios de comunicación en el entorno digital, asegurando que sea transparente, confiable y segura para
los usuarios finalistas.


También consideramos fundamental el papel de vuestro organismo en la defensa y existencia de una competencia efectiva en los mercados, para que esta beneficie a los consumidores. Por eso es importante que esté presente en vuestro plan
estratégico que se va a promover una mayor competencia y un mejor funcionamiento de los mercados, a través de la mejora de la regulación y la eficacia de la intervención pública en dichos mercados. También es necesario, a nuestro juicio, aumentar
los esfuerzos de estudio e investigación para la eliminación de obstáculos y barreras innecesarias, para así impulsar de un modo más eficaz y sostenible la recuperación, la productividad, la innovación y la digitalización de nuestra economía, además
de favorecer la sostenibilidad medioambiental y reforzar la protección de los consumidores, especialmente los más vulnerables.


Otro de los retos que nos marcamos, que tenemos y que también ha sido recogido en su plan de actuación, es cómo estamos distribuyendo los fondos europeos. El Gobierno de España ha sido reconocido como uno de los gobiernos más responsables y
que cumple con su plan de recuperación. La Comisión Europea ha reconocido nuestro esfuerzo, compromiso y buen hacer, tanto que ha apoyado a España ante la estrategia de desgaste que el Partido Popular se empeñó en iniciar. Mientras el Partido
Popular va a Bruselas a sembrar dudas sobre la gestión de los fondos, el Gobierno los gestiona, y de las seis autonomías que más fondos han recibido, cuatro están gobernadas por el Partido Popular.


En definitiva, los objetivos que tenemos como país no son otros que mejorar las condiciones en las que se encuentran los consumidores, mejorar la competitividad de nuestras empresas y la situación de nuestros trabajadores y trabajadoras y
construir entre todos y todas un país de prosperidad y de crecimiento económico que no deje a nadie atrás. Esos son los objetivos que tiene este Gobierno y que tiene el Grupo Socialista. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia juega
un papel fundamental, por eso nuestro grupo le ofrece toda nuestra colaboración y le agradece este trabajo.


Señora Fernández, en cuanto al plan de actuaciones que ha presentado, creemos que es muy importante declarar toda esa generación de sinergias entre las distintas áreas de actividad. Reconocemos que la suya es una institución muy compleja,
que se creó en el año 2013 fruto de la integración de otros organismos reguladores preexistentes, y nos ha llamado la atención que el portavoz del Partido Popular haya manifestado si sería necesaria la creación de un nuevo organismo regulador en el
sector de las telecos o en ciertos sectores, cuando estos sectores existían y fueron fusionados precisamente en este nuevo organismo que es la CNMC.


En definitiva, le ofrecemos nuestro apoyo y la conminamos a que continúe con su trabajo.


Muchas gracias. (Aplausos).

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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Taibo.


Es el turno de la presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Tiene la palabra.


La señora PRESIDENTA DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA (Fernández Vicién): Muchísimas gracias, señor presidente.


Sus señorías me han indicado que si puedo terminar a las dos y cuarto, mejor, porque a partir de las cuatro tienen ustedes una tarde muy cargadita, así que vamos a intentar hacer lo posible. Si alguna pregunta quedara sin responder, por
favor, les ruego que me lo indiquen al final y estaré encantada de trasladarles la respuesta por escrito o, incluso, en una visita posterior de las habituales que hacen ustedes a nuestra casa, puede que con los directores, que son los que seguro van
a responder mejor que yo a algunas de las preguntas.


Empiezo por las preguntas de doña Idoia Sagastizabal. En primer lugar, menciona los límites a nuestra independencia como consecuencia no solamente de las posibles sobrecargas de funciones, sino también por el hecho de nuestra propia
creación. Sí, es cierto que habríamos dado la bienvenida a un debate en el que se pusiera de manifiesto, por ejemplo, una mayor autonomía presupuestaria, puesto que tenemos un presupuesto limitativo; también a una posibilidad de modificar nuestro
organigrama para adaptarlo a los cambios; por ejemplo, ahora tendríamos que tener una dirección de servicios digitales y no la tenemos. En fin, es cierto. No pierdo la esperanza; no ha dado tiempo en esta legislatura, pero seguro que nos veremos
en la próxima legislatura y, por lo tanto, seguiré pidiéndolo. Muchas gracias.


En cuanto a la reducción del IVA en los alimentos, es una pregunta que han hecho varias de sus señorías. ¿Qué es lo que está haciendo la CNMC en este punto? Nuestra función es verificar que hay competencia; no tanto verificar que el
consumidor directo se 'beneficia de'; el consumidor para nosotros es un proxy de nuestra actuación. Actuamos para que los mercados en general proporcionen al consumidor. Es decir, no vamos a estar verificando que en un determinado territorio una
gran superficie no haya bajado los precios, pero sí que vamos a estar verificando si se han producido acuerdos colusorios para no bajar esa reducción o si en el entorno hay alguna empresa que tenga una posición de dominio tan clara que pueda
permitirse el lujo de no hacer esa rebaja del IVA. Entonces, ¿qué estamos haciendo en estos momentos? Estamos haciendo un estudio con el cual estamos requiriendo información a grandes superficies, a centros de distribución de alimentos, etcétera,
para verificar en qué medida la mayor concentración en un territorio determinado está impidiendo un traslado efectivo de esa rebaja; es decir, en qué medida la mayor concentración en sí no está permitiendo la competencia suficiente que haga que se
traslade de verdad esa rebaja de los alimentos al consumidor final. En ese estudio estamos ahora mismo, requiriendo información y haciendo nuestros análisis, pero la idea es, efectivamente, colaborar para verificar, si no se ha trasladado, por qué.
Y si hay alguna razón que tenga que ver con una falta de competencia, entonces, sí que sería propiamente de nuestro ámbito.


En relación con el tema de la interconexión, me decía usted que espera que no haya nuevos sobresaltos. El acuerdo con mi contraparte francesa, la CRE, está firmado y ya hemos asignado cuáles van a ser las contribuciones de nuestros gestores
de red a ese proyecto. Es cierto que estamos observando una subida y un incremento constante de las materias primas como consecuencia de shocks de demanda y del poder de la oferta, por ejemplo, en la fabricación tanto de conversoras como de cables,
con lo cual, no podemos descartar que pueda haber nuevas subidas de precio, en cuyo caso, volveríamos a analizar que el proyecto, efectivamente, sigue teniendo sentido económico. Lo hemos hecho en cada subida y hemos concluido que lo sigue
teniendo. En principio, en la medida en que ya están en las rondas de negociación los propios CSO para la adjudicación de los contratos, entendemos que se pondrán a construir, con lo cual, no debería haber nuevos sobresaltos, pero, de nuevo, los
mercados están movidos. O sea, hemos hecho todo lo que hemos podido con las condiciones que tenemos hasta la fecha.


Sobre el cargadero de Bilbao no le puedo decir nada, lo siento.


Respecto a las infraestructuras de recarga del vehículo eléctrico, lo que dispone la norma es que los distribuidores serán los encargados de desplegarlas, en la medida en que, después de convocado un concurso o un procedimiento competitivo,
se confirme que no hay interés en la iniciativa privada para desplegar los puntos de recarga. Esto es así porque si son los distribuidores, es el consumidor de nuevo el que acaba pagando esta infraestructura. Por lo tanto, tenemos que dar una
entrada, primero, a la iniciativa privada, para que desarrolle esto como si fuera un negocio adicional que va a tener sus beneficios. En la medida en que este procedimiento no se convoque, nosotros lo que estamos haciendo

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es un estudio, desde Promoción de la Competencia, para verificar si hay nuevos obstáculos o si hay cuestiones que no estamos viendo, y, así, cuando se empiecen ya a instalar, agilizar lo más posible los procesos. Es decir, tratamos de
verificar qué potenciales barreras nos podemos encontrar en el despliegue de esos puntos de recarga. Estimamos que el estudio tardará entre doce y dieciocho meses y, con un poco de suerte, podremos sacarlo a consulta pública a mitad, más o menos.


¿Cómo nos limita a nosotros que nos atribuyan más competencias? ¿Qué es lo que nos supone en términos de coste de oportunidad? Pues, nos retrasa en algunas cuestiones. Por ejemplo, comentaba en cuanto a las retribuciones de las redes de
distribución que se nos adjudicaron, estamos revisando las que competían al ministerio en los años 2017, 2018 y 2019; nosotros tenemos competencia a partir del año 2020 y es lo que estamos haciendo. Pero, obviamente, nos hubiera gustado publicar
esto ya y vamos con retraso.


Entro aquí con el informe de supervisión de los mercados minoristas, por el que me preguntaba su señoría del PP. La verdad es que, por esta época, se suelen sacar a dos años pasados; es decir, el de 2020 se sacó en marzo de 2022, con un
avance de lo que suponía el propio 2022; y el de 2021 se sacará dentro de poco con un avance de lo que supone 2022. Lo que sí estamos intentando es insistir lo más posible en la propia supervisión en sí, pero hasta que no tengamos cerrada la
supervisión, no emitimos el informe. Por cierto, entiendo que incluso aunque hubiera un organismo autónomo de energía exclusivamente, las veinticuatro nuevas funciones que nos han caído en energía le habrían caído igualmente a ese organismo
supervisor; con lo cual, si hay retrasos en energía lo son no tanto por la configuración de un organismo multidisciplinar, sino por el hecho de que lo urgente no deja tiempo para lo importante. Entonces, creo que no se arreglaría la situación.


Sobre el coste de oportunidad que tiene, nos gustaría estar dedicándonos a ver el nuevo periodo regulatorio de energía con calma y tranquilidad. Era mi ilusión hacer audiencias públicas con todos los operadores concernidos para oír qué
hemos hecho en este periodo regulatorio que se acabó, qué podemos mejorar, oírles a todos, y no nos va a dar tiempo. No nos da tiempo a programar mejor las actuaciones futuras, y ese es un coste de oportunidad, obviamente.


Prohibición de contratar. Su señoría de Unidas Podemos y varios de ustedes me han hecho una pregunta al respecto. ¿Qué está pasando con las prohibiciones de contratar? Pues que, aunque sea en una derivada automática de la constatación de
una infracción de competencia, lo cierto es que no se están aplicando. Y hay dos posibilidades de por qué no se están aplicando. O bien se aplica por la Junta Consultiva de Contratos del Sector Público, es un procedimiento que nosotros, cuando
decretamos que existe una infracción, notificamos a la junta para que inicie el procedimiento de declaración de la prohibición de contratar, eso es lo que todas las empresas solicitan: la suspensión como medida cautelar ante la Audiencia Nacional
junto con la suspensión de la sanción, lo cual es perfectamente legítimo en un Estado de derecho, es lo que hace todo el mundo por defenderse. Lo que sí constato es que es verdad que la Audiencia Nacional, sistemáticamente, suspende todas y cada
una de las sanciones de competencia por entender que, en el análisis del interés general o el perjuicio para la parte, debe primar el segundo. Yo creo que es una cuestión para sus otras señorías, las de la Audiencia Nacional.


Es cierto que hay suspensión de las multas, lo cual no implica que la resolución de fondo acabe siendo anulatoria; de hecho, lo hemos visto con pañales para adultos, que ha tardado seis años, pero se han confirmado en su totalidad. Hemos
visto, por ejemplo en paquetería exprés, que la Audiencia Nacional nos ha dado la razón en todas ellas. Lo que sí es cierto es que es más noticia cuando nos suspenden una multa o cuando perdemos que cuando ganamos. Los periódicos siempre se deben
a los que hacen publicidad en ellos. Entonces, yo tendré que invertir más en publicidad en los periódicos, quizá, para que saquen las resoluciones cuando también gano, porque parece que se hacen menos eco de ellas. Pero, es cierto que se suspenden
las sanciones, lo cual no quiere decir -lo he dicho algunas veces en público- que eso implique una anulación con respecto al fondo.


También es cierto el ruido que hubo durante muchos años por la anulación de todas nuestras sanciones, exclusivamente en las sanciones, por aquella comunicación de cálculo de las sanciones que el Supremo consideró no ajustada a derecho y
cayeron todas como en dominó. Tengo que decirles que todos los recálculos de las sanciones que hemos hecho de acuerdo con nuestra nueva metodología están siendo confirmados sistemáticamente por la Audiencia Nacional; con lo cual, ese ruido creo
que, de alguna forma, se va a calmar un poquito.


¿Qué pasa ahora con la prohibición de contratar? Que como vemos que no se aplica, vamos a recurrir al segundo mecanismo que nos permite la ley, que es que en nuestras propias resoluciones se determine

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ya el alcance y la duración de la prohibición de contratar. Hasta el máximo de los tres años que determina la ley, nosotros podemos ya decretar en la propia resolución qué alcance y qué duración tiene. ¿Por qué lo vamos a hacer? Creemos
que tiene varias ventajas. Primero, tiene una ventaja de seguridad jurídica para las empresas. Estamos teniendo consultas de organismos internacionales, en donde se presentan para competir empresas españolas que tienen una prohibición de contratar
no ejecutada, suspendida, que nos preguntan si pueden o no pueden concurrir, y yo tengo que responder: Esto está suspendido. No me queda más remedio que responder eso. Entonces, el organismo internacional convocante se queda en una situación de
incertidumbre sobre si debe o no admitir a estas empresas a esa licitación. Esta incertidumbre se termina cuando sea yo quien imponga la prohibición de contratar, porque impondré duración y alcance; y si el producto al que le he impuesto la
prohibición de contratar no es el producto de la licitación, al menos no la contamino, con lo cual ya hay una primera garantía: seguridad jurídica.


Segunda, si es la Junta de contratos del sector público, tiene que imponer la prohibición de contratar frente a toda la Administración; esa empresa no podrá contratar con ningún ente de la Administración. Si soy yo quien la impone, al
establecer duración y alcance -que puedo hacerlo-, puedo limitar mejor el impacto y puedo determinar dónde tiene sentido prohibir a esa empresa que contrate. Si hablamos de empresas que tienen mil negocios, no va a tener sentido prohibirles toda la
contratación, como haría la junta; yo sí que puedo modular.


Tercera, el hecho de imponer la prohibición de contratar con inmediatez marca disuasión. Una empresa que ve que a lo mejor dentro de ocho años tiene que... ¡bah!, veremos si existo. Si es inmediatamente cuando yo impongo la resolución,
por supuesto, puede ir a los tribunales, por supuesto la pueden suspender, pero también se puede plantear presentarme un programa de cumplimiento normativo suficientemente sólido que nos dé garantías de que no va a volver a cometer esa infracción,
con lo cual hemos ganado doblemente, porque tenemos un asesoramiento preventivo. Obviamente, si esa empresa incumpliera ese programa de cumplimiento normativo, tendría un agravante en la siguiente sanción, no cabe duda. Al menos, esa inmediatez
nos permite que aquellas empresas que estén comprometidas con el cumplimiento de la defensa de la competencia y pongan en funcionamiento programas de cumplimiento serios, rigurosos y sólidos, no cosméticos, que vamos a valorar, tenemos por ley la
posibilidad de levantarles la prohibición de contratar, con lo cual, adelantamos los posibles efectos beneficiosos de la medida. Esas son las razones que nos llevan a decidir hacerlo nosotros, y hemos sacado a consulta pública con la mayor
transparencia un primer documento sobre criterios. Lo que queremos es aprobar una comunicación, que la aprobará el Pleno de la CNMC, previa comunicación también al Consejo de Defensa de la Competencia con representación de las comunidades
autónomas. Esperamos hacerlo este mismo año, a ser posible antes del verano.


¿Qué pasa con las sanciones? En este caso, respondo tanto a su señoría Sagastizabal como a su señoría Txema, en relación con los límites máximos de las sanciones de competencias, diré que tenemos una manipulación de veinticinco años.
Obviamente, a poco que lo hayan hecho bien, como mínimo un 10 % de subida de precios habrán obtenido. ¿Cuál es el límite de la sanción que nos marca la ley? El 10 % del volumen de facturación de la empresa en el ejercicio anterior a la multa. Con
lo cual, cualquier cártel de más de un año en el que hayan cargado más de un 10 % nos coloca en multas no disuasorias, por ley. O modificamos el límite legal o recurrimos a otro tipo de sanciones que pueden ser más efectivas, como la prohibición de
contratar, de ahí que nosotros queramos imponerla ahora directamente; o como las multas a directivos, que tienen en nuestra ley un límite de 60 000 euros, pero todos sabemos que es la última milla del acuerdo o de la colusión, el que va a la
reunión, la que coge el teléfono y dice cuál es el precio. Si conseguimos disuasión, también vamos a conseguir frenar estas prácticas. En las enmiendas que sus señorías han planteado hay una que precisamente tiene que ver con eso, el aumento de
las sanciones a individuos que directamente participen en las infracciones de hasta 400 000 euros, en línea con lo que establece la normativa en materia de mercados financieros, o sea, la CNMV.


Fondos europeos y contratación pública. ¿Qué más podemos hacer desde la CNMC? Es una buena pregunta y si hay sugerencias, las adopto. En este ámbito estamos intentándolo todo: supervisar, para que no haya colusión, el artículo 150 nos va
a dar una muy buena herramienta de paralización previa; toda la batería y la artillería formativa que tenemos. El hecho de formar estos 500 empleados este año, solo este año, tiene otra ventaja, y es que nos hacemos accesibles a esos empleados
públicos que van a tener que diseñar los pliegos, que si en un momento determinado tienen una duda, van a coger el teléfono y nos van a llamar. Las guías que tenemos que, además, las hemos sacado a consulta, que son públicas. Esa labor de ir
paseándonos por toda la geografía española con el proyecto de Municipios y competencia, donde

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estamos tocando muchos temas de contratación pública también. Yo creo que todo ayuda, pero es verdad que si no está llegando a las administraciones... Estamos participando últimamente también, con presencia del director de Promoción de la
Competencia, que me acompaña hoy aquí, en la conferencia intersectorial -siempre lo digo mal- del Ministerio de Economía con las Consejerías de Economía de las distintas comunidades autónomas, donde les explicamos todo aquello que estamos haciendo
en materia de contratación pública. Para nosotros es prioritario y lo vamos a seguir haciendo.


Reforma en el mercado de la electricidad, que está ahora mismo planteándose. Como saben, tenemos un mercado marginalista que tiene una serie de mecanismos, como la contratación day-ahead, de un día para otro, más los mecanismos de balance.
Hay una visión general de que estos mecanismos han permitido la creación de un mercado interior de la electricidad, que era impensable hace diez años, y que, en general, han funcionado adecuadamente. También hay una visión general de que esa
volatilidad de los mercados provocada por circunstancias absolutamente sobrevenidas no es asumible por el consumidor. Se ha llegado ya a la conclusión de que medidas de parche a lo mejor no son suficientes y que algo hay que hacer.


¿Qué es lo que está circulando?, ¿cuál ha sido la consulta que la comisión ha puesto encima de la mesa y que terminará en abril -esa consulta- Una combinación; es decir, mantener la estructura esencial de los mercados tal y como están
previstos ahora, pero introduciendo elementos o instrumentos de contratación a plazo que permitan reducir esa volatilidad. Aquí es donde yo diría que hay más disensión entre unos países y otros. Hay quienes están más por la labor de hacerlo vía
PPA, otros por contratos por diferencias, hay quien incluso se plantea la regulación de los precios de determinadas tecnologías que puedan dar backup, hay quien no quiere ni oír hablar de la regulación, pero lo que está claro es que sí hay una rama
común o un elemento común entre todos, que es mantener las bondades del mercado que han funcionado, corregir las que no han funcionado, reduciendo la volatilidad con esa mejora de la contratación a plazo y generando más liquidez en los mercados
secundarios y de plazo. En la CNMC todavía no hemos hecho nuestra contribución a esta consulta. Hemos llevado a cabo internamente un montón de encuentros con expertos, el operador del mercado, en fin, para que nos trasladaran sus visiones, y
estamos generando reflexión interna para llevar a cabo esa contribución. En todo caso, los grupos de trabajo de ACER estamos permanentemente interviniendo.


Paso a contestar a su señoría María Muñoz. Anulación de la inspección de Altadis. Efectivamente, nos anulan la inspección dentro de la investigación en los mercados de tabaco, donde había varias compañías, la de Altadis en concreto nos la
anula el Tribunal Supremo por no haber revelado a la defensa de la compañía que el equipo inspector disponía de un auto judicial. De hecho, a la pregunta de ¿lleva usted un acto judicial?, la respuesta fue: No tengo un auto denegatorio de entrada
y registro. ¿Por qué se dio esta respuesta cuando se tenía el auto y se podía haber dicho directamente? Porque se cumplía la jurisprudencia previa del Tribunal Supremo en Montibello, donde se anuló porque, teniendo un auto denegatorio, no se
reveló la existencia de ese auto denegatorio y, por lo tanto, se consideraba que ahí podría haber un vicio en el consentimiento. En el momento en que se tenía el auto judicial, la interpretación del equipo de inspectores fue que no hay vicio en el
consentimiento, con lo cual, le digo que no tengo auto denegatorio. Esto no se va a volver a producir porque hace ya mucho tiempo que cuando la CNMC va de inspección, va con el auto por delante y ya se ha clarificado la jurisprudencia. Con lo
cual, ahora la cuestión es qué pasa obviamente con esta inspección, y si la extracción de todo el material que se derivó de la inspección nos lleva a tener que anular la infracción o no, o se puede mantener esa infracción, que, de hecho, estamos
convencidos de que existía y la hemos probado con el resto de elementos y evidencias que todavía puedan figurar en el expediente. No es la primera vez que nos pasa y en alguna vez anterior hemos conseguido mantener la infracción, así que esperemos
a ver si tenemos la misma posibilidad.


En cuanto a la suspensión cautelar de las multas, ya me he referido a esa cuestión. ¿Es fallo de la CNMC o fallo de los tribunales? Nosotros, por la parte que nos toca, hemos analizado muy bien los posibles errores que hemos cometido, y
aquí tengo que hablar de una cuestión en la que llevo pensando mucho tiempo. Si comparo nuestra revisión jurisdiccional con la de varios países del entorno, la realidad es que, por ejemplo, y sin ir más lejos, en Portugal, Francia o Reino Unido la
jurisdicción de revisión es una jurisdicción especializada en materia de competencia, y nuestra jurisdicción de revisión es una jurisdicción de lo contencioso-administrativo, mucho más ducha en procedimiento que en contenido de competencias. Creo
que ahí juega un papel esencial que hayamos reforzado nuestros procedimientos juridificándolos al máximo, porque observamos que en la mayor parte de los casos las anulaciones no se producen por cuestiones relativas a la infracción en sí, sino por un
procedimiento o una caducidad. Por

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ello creo que hay que hacer una reflexión. Nosotros estamos intentando reforzarlo lo máximo posible, pero quizá habría que plantearse si de verdad estamos en la mejor de las posibles revisiones jurisdiccionales.


También tengo que decir que esperamos que esta litigiosidad se pueda reducir con la introducción de otra de las enmiendas que tienen sus señorías para juzgar, que son los settlement o posibilidad de terminación de los procedimientos de
competencia por una vía de transacción. Esto es fundamental, somos uno de los pocos países de la Unión Europea que no lo tiene, porque permite terminar los procedimientos de infracciones claras de forma anticipada, sin tener que agotar los recursos
necesarios para otras investigaciones, con el reconocimiento por parte de las empresas de su infracción y una reducción de la multa. En consecuencia, entendemos que, una vez que han reconocido la infracción, difícilmente la recurrirán -esto también
va en sus enmiendas-, y supondría un ahorro de tiempo poder multiplicar nuestros recursos para más investigaciones y, por tanto, cerrar más cárteles y reducir ese gap. Tengo que decir que no sé cuánto es, se nos escapa, pero creo que con el
incremento de la detección de oficio que hemos llevado a cabo -hemos llegado a un 90 % de detección de oficio- seguro que ese gap se está reduciendo, y queremos seguir invirtiendo allí.


En cuanto a las enmiendas -no soy nada experta en el procedimiento de cómo llegan o no llegan, solo sé sufrir cuando veo que no se introducen en ningún sitio y que va acabando el periodo legislativo-, tengo que decirles que, por favor, las
miren en sus méritos. Entiendo que el procedimiento de haberlas incluido no dejará contenta a mucha gente, pero, por favor, que las miren en sus méritos y las analicen en la medida en que las necesitamos porque van a contribuir entre todos a
ejercer una mayor competencia en los mercados.


Sector ferroviario y proceso de actualización de los cánones ferroviarios. Efectivamente, hasta hace relativamente poco eran una tasa en los Presupuestos Generales del Estado, pero la última reforma ya está previendo que en lugar de tasas
sean prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario. Esto nos lleva a que cada vez se vayan orientando más a costes, y la cuestión aquí es quién las fija. Cuando las empiecen a fijar ya ADIF y ADIF-Alta Velocidad mediante una
aprobación de su Consejo, con nuestro informe, creo que seremos capaces de empezar a hacer un análisis de si realmente están orientadas a costes. Hay un concepto jurídico indeterminado en este nuevo sistema que es que, además de añadir
estrictamente los costes directos de administración de la red, se puede sumar una cosa que se llama adición de un canon de lo que el mercado puede aceptar, y esto es un concepto en blanco. Nosotros estamos ahora mismo llevando a cabo un estudio de
costes directos de los administradores de infraestructuras y estos criterios para estar preparados para poder aplicar estos conceptos.


Fusión IAG-Air Europa. La verdad es que me encanta que me haga esta pregunta, porque a mí nadie me ha notificado nada todavía e intuyo que debe ser porque las partes han calculado que esto tiene dimensión comunitaria. Es posible que
después de la pandemia, superados sus volúmenes de facturación y con nuevos negocios en varios Estados miembros de la Unión, haya más países afectados que no solamente Reino Unido y España -Reino Unido ya no está en la Unión Europea, pero habrá
otros países-, y es muy posible que se esté notificando a nivel de la Comisión. En todo caso, sea la Comisión Europea o seamos nosotros, obviamente cooperaremos y nos encargaremos de que no se reduzca más la competencia, sino de que se siga
protegiendo, sobre todo en las rutas interinsulares, que son obviamente de interés general para España.


En cuanto a la fusión de MásMóvil y Orange, la tiene Bruselas porque cumple los umbrales comunitarios. Como saben, yo la he solicitado y está todavía en plazo para que la Comisión Europea me la reenvíe o no. Es cierto que la Comisión
Europea siempre ha tenido como tradición analizar siempre las fusiones de operadores de telecomunicaciones porque quiere dar una visión homogénea, pero veremos qué pasa. En todo caso, tanto si la analiza Bruselas como si me la reenvía, la
colaboración va a ser muy estrecha, porque no solamente conocemos mejor el mercado -hemos realizado hace poco la de Euskaltel-MásMóvil y además somos el regulador de telecomunicaciones-, sino porque, además, afecta a nuestro territorio y, por tanto,
tenemos mucho que decir.


¿Qué pasará después? Y aquí retomo la pregunta de su señoría del Partido Popular, ¿qué puede pasar en un mercado como el español? La verdad es que tenemos un mercado de altísima competencia. Es cierto que tenemos un número muy elevado de
operadores móviles virtuales, OMV, que no tienen despliegue completo de red, y también es cierto que tenemos tres operadores con red, Telefónica y otros dos que tienen gran despliegue de red. Por tanto, entiendo que tenemos suficiente competencia
en infraestructuras y muchísimos operadores móviles virtuales que han podido desarrollarse al hilo de las obligaciones de acceso. Cuando el mercado está maduro, las obligaciones de acceso, si hay suficiente

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competencia, tienen que ir poco a poco decayendo, pero es verdad que la fusión puede cambiarnos completamente el panorama de lo que tenemos, y, dado que las cuotas de mercado se miden tanto en virtud de las líneas que se tienen como de los
ingresos que se obtienen, dependiendo de un parámetro u otro cambiarán o no las posiciones de las empresas en el mercado, y eso es lo que vamos a tener que ver. En todo caso, anticipo una revisión muy a fondo, sea de Bruselas o de nosotros, porque
nos coloca en una situación de mayor concentración que puede ser positiva en relación con las infraestructuras que se tienen que desarrollar, más músculo y más masa crítica. Por ejemplo, es verdad que han ido reduciéndose los márgenes de los
operadores de telecomunicaciones, pero puede ser también negativo en la medida en que en alguno de los ámbitos que se tenga que analizar se reduzca la competencia sin posibilidad de que haya competidores potenciales. Así que vamos a ver cómo se
analiza, ya sea por Bruselas o por nosotros, pero, desde luego, puede tener un impacto en el diseño de nuestro mercado.


El diputado Ferran Bel me ha preguntado por estas veinticuatro nuevas funciones -y añado solo en energía porque, por ejemplo, en audiovisual hay diez nuevas- y si nos han dotado de nuevos recursos. La verdad es que sí, no nos han llegado
aún, pero nos han dotado, y ello ha generado 53 nuevos puestos de trabajo en 2022, fundamentalmente en el sector de la energía y en el audiovisual por las nuevas competencias, de los cuales 37 son funcionarios y 17 laborales. En 2022 se han ocupado
14 de estos puestos. Obviamente, tenemos que recurrir a la oferta de empleo público, que lleva su tiempo convocar, y tenemos que luchar por atraer funcionarios a nuestra a casa, ya que competimos con ministerios más potentes económicamente, pero
somos muy buenos y vienen muy contentos. En todo caso, en cuanto al personal laboral hemos convocado ya el proceso selectivo y tenemos previsión de finalizarlo en el propio 2023.


Se va el señor Capdevila (el señor Capdevila i Esteve: Me quedo), pero voy a contarle en un segundo qué pasa con el autoconsumo colectivo. Lo que ocurre es que nosotros solamente tenemos visibilidad de aquellas instalaciones de autoconsumo
colectivo donde la generación y el vertido necesitan transitar por la red, porque es lo que nosotros hacemos, los peajes. Solo en aquellas donde hay generación en un lado, consumo en el otro y tránsito tenemos datos, que van a ser siempre
transparentes y los vamos a publicar. No sabemos, porque no tenemos el dato y tampoco tenemos un medio legal de exigirlo, cuántas instalaciones de autoconsumo hay. Estamos permanentemente hablando con Red Eléctrica, que tiene el mismo problema que
nosotros, porque a Red Eléctrica solamente se las notifican los distribuidores cuando están enganchados a la red de distribución, y lo que nos dice Red Eléctrica, a título informal y sin poderlo verificar, es que, de las 279 900 instalaciones de
autoconsumo que les declaran los distribuidores, solo 431 son de consumo colectivo. Estos son datos que la propia Red Eléctrica no tiene confirmados, aunque está en proceso de intentar clarificar cuál es la situación. Tenemos mucha suerte con que
el autoconsumo se haya generado, pero pensemos qué puede pasar si un día no hay sol en una determinada zona donde todo es autoconsumo y hay que tirar de suministro y Red Eléctrica no tiene visibilidad. Entonces, Red Eléctrica está muy preocupada
por este tema, nosotros también, y estamos intentando obtener esa información para, de alguna manera, gestionarlo técnica y económicamente.


En aquellos casos en los que haya retrasos para los que, teniendo autoconsumo, quieren hacer vertidos a la red, en agosto se adoptó una norma que permite que con dos meses de retraso se pueda imponer después una compensación por retardo a
los titulares de la instalación. Lo digo porque habrá que ver si de, alguna manera, con eso se puede resarcir un poco y si se reclama. En todo caso, está claro que hay muchos problemas en la declaración. Cuando detectamos que son los
distribuidores los que están bloqueando o hay muchas quejas con respecto a los distribuidores, les hacemos un requerimiento de información -lo hemos hecho ya en algún caso-, pero también es cierto que podemos tener problemas de distribuidoras
sobrepasadas por los aluviones de demanda, falta de documentación por parte del promotor -esto sí que lo hemos visto en alguna ocasión, que faltan boletines o la tramitación de las comunidades autónomas-, y falta de elementos técnicos de la
seguridad. Nosotros estamos muy pendientes de que de verdad falten esos elementos o de que falte la medida y, por lo tanto, no se puede enganchar a la red. A veces, si hay mucha generación colectiva junta, puede haber incluso un problema también
de tensión, y nos pasa, por ejemplo, en el Corredor del Henares con los centros de tratamiento de datos, que hay un montón y que pueden llegar incluso a generar no solo un problema de necesidad de infraestructuras de distribución, sino de
transporte. Puede haber muchos problemas pero, desde luego, cuando nosotros observamos que el bloqueo viene por parte de los distribuidores, requerimos y analizamos qué está pasando. Si se quiere ir, señoría, no pasa nada. (El señor Capdevila i
Esteve: Me sabe mal. Lo siento).

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En el estudio del transporte interurbano de viajeros proponemos la liberalización en rutas de más de 100 kilómetros. Aquí hacemos un análisis también de qué impacto podría tener la descarbonización. La realidad es que cuando ha habido
liberalización también hay más innovación y, por lo tanto, también renovación de parque, pero es cierto que es un tema que analizamos en el estudio. Y otra cosa que analizamos también es que nosotros no nos oponemos a que existan obligaciones de
servicio público bien diseñadas -se compensen como se compensen-, pero lo que está claro es que, en la medida en que no tenemos ninguna ruta eficiente liberalizada, estamos perdiendo recursos y hay consumidores que están pagando bastante más de lo
que deberían pagar. Sobre si puede haber una decantación hacia el monopolio una vez que se liberaliza la situación. Hombre, ahí tenemos las herramientas de competencia para estar verificando, por ejemplo, que no se producen cierres en accesos a
estaciones y que los precios que se cargan en una ruta donde está solamente una empresa no son precios de abuso de posición de dominio; es decir, que tenemos más mecanismos, donde no tenemos es cuando hay un monopolio legal porque ahí no podemos
hacer nada para generar más competencia.


En cuanto a la morosidad empresarial, nosotros informamos muy favorablemente de este tema, precisamente, cuando emitimos nuestro IPN, pero además vamos a sacar una consulta pública para entender por qué, por ejemplo, las pymes no se están
presentando a los concursos públicos, cosa que nos preocupa muchísimo con todo el encaminamiento de los fondos Next Generation. Queremos saber qué está pasando, si es un problema de mucha burocracia o si es un problema de falta de conocimiento.
Uno de los problemas que pueden tener puede ser este, en la medida en que tengan que prestar garantías o avales y se vean incursas en situaciones de falta de cobro.


Al señor Capdevila le he contestado sobre el autoconsumo. ¿Por qué son importantes las detecciones de oficio? Porque observamos que las solicitudes de clemencia en materia de cárteles empiezan de nuevo a repuntar, pero han tenido un
período en el que nadie venía y delataba, y nadie viene y delata por las acciones de daños. Las víctimas tienen perfecto derecho y estamos animándolas a que reclamen esos daños. En la medida en que una empresa vea que se puede salvar de la multa,
si viene con un programa de clemencia, pero va a tener que pagar esos daños, ahí es muy importante la detección de oficio, porque, cuando detectamos de oficio, mandamos una señal también que genera nuevas solicitudes de clemencia. Por lo tanto, es
fundamental invertir. ¿Qué me gustaría en inversión? Me gustaría dotar todavía más a mi Unidad de Inteligencia Económica, porque es el futuro, porque cada vez vamos a tener más economía digital y porque tenemos que movernos en la red como nos
movemos en la realidad física.


Ya he contestado a las preguntas sobre el IVA de los alimentos. Sobre si estoy dispuesta a seguir recomendaciones y sugerencias, les diré que la memoria es una prueba. Ustedes me dijeron el año pasado que cómo es que no les había mandado
la memoria antes y este año hemos corrido todo lo que hemos podido para podérsela traer. En todo caso, en nuestra propia ley existe un artículo -que es el 5.4- por el cual se nos puede pedir nuestra opinión consultiva. Entiendo que es la Mesa la
competente, esto ya no es mi negociado, y el procedimiento lo marca propiamente la Cámara.


Señor Guijarro, ¿qué podemos hacer nosotros en situaciones de incrementos de márgenes? Lo que sabemos es que, cuando hay competencia, los márgenes bajan. Toda empresa que tiene la posibilidad de ganar cuota de mercado de forma estable está
dispuesta a sacrificar su margen. Si no hay competencia o si hay una situación de transparencia tal que las empresas piensan que para qué sirve bajar su margen, si lo va a bajar la otra y esto va a ser un juego repetido que no lleva a ningún sitio,
ahí es donde los márgenes se mantienen altos, y a nosotros nos compete tener esas estructuras abiertas para que realmente haya competencia. Como le decía, no sé qué gap hay, pero estoy segura de que con la detección de oficio lo estamos reduciendo.
Respecto al posible sobreprecio de las petroleras, lo he comentado, tenemos un expediente que está en principio abierto. Los datos que nosotros tenemos del traslado de los 20 céntimos nos dicen que tanto en gasóleo como en gasolina se han
trasladado. De hecho, en gasolina hemos detectado que ha habido algunas estaciones de servicio que no los han trasladado -son pocas- y el paso siguiente es analizar si no lo han hecho por un problema de competencia -en cuyo caso podemos intervenir-
o por el problema que sea. Si hay un problema de abuso de posición de dominio o de colusión, podemos intervenir, pero los datos que tenemos nos dicen eso, que ha habido más trasladado en gasóleo que en gasolina. En todo caso, para los márgenes de
las refinerías -como le decía- hay un procedimiento en marcha.


Competencia buena, pero para todo quizá no. Bueno, de hecho, la ventaja que tiene ser un regulador que agrupa regulación y competencia es que allí donde hay fallos de mercado que no se pueden resolver por la propia competencia, viene la
regulación, y el caso de la descarbonización es muy claro. En la

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medida en que no se lleguen a cumplir las obligaciones legales en materia de descarbonización, veremos un problema de regulación, y, cuando se cumplan, veremos qué competencia da de sí. Hay un debate ahora mismo muy interesante y es hasta
qué punto la competencia debe ceder el paso a, por ejemplo, cárteles cuando son hechos para mejorar la descarbonización, si debemos perseguir un cártel entre determinados productores que se ponen de acuerdo para reducir sus niveles de contaminación.
Honestamente, pienso que es una materia de regulación y no de competencia. Si es un objetivo esencial, debe regularse. Si es un objetivo de competencia, entonces tiene que competirse fieramente. He dicho lo de las multas y por qué entiendo que en
ocasiones no pueden ser suficientemente disuasorias y por qué la prohibición de contratar.


Señoría Jiménez Revuelta, las cuestiones lingüísticas están excluidas de la LGUM, incluso aunque tengan impacto económico y lo sé. Por otro lado, el Tribunal Constitucional anuló el principio de eficacia nacional, y de ahí que la LGUM no
haya dado todos los frutos que puede dar, porque ese principio a veces se interpreta de una forma tan amplia que nos impide actuar. Esperamos que la modificación que ha operado la ley crea y crece nos permita salvar algunas de esas deficiencias.
Respecto a la línea MadridSegovia, nosotros no tenemos competencias en el diseño y tampoco -por lo que he estado preguntando por WhatsApp a mi gente- parece que tengamos una capacidad de iniciativa propia, pero vamos a seguir analizándolo. Si en
algún momento se nos pide opinión, estaremos encantados de hacer un análisis de impacto. En cuanto a los ODS, la verdad es que vienen de Naciones Unidas. Quizá soy de una generación muy antigua, pero Naciones Unidas es Naciones Unidas. ¡Qué
quiere que le diga! Es verdad que esos objetivos, lo que, entre otras cosas, están proponiendo es una descarbonización con la finalidad de ganar mayor independencia energética, y es cierto que en España, con los recursos naturales que tenemos,
podríamos llegar a esa independencia energética y le pongo un ejemplo: en enero ha habido varios días donde el 75 % de la energía gastada ha sido de fuentes renovables, eólica, solar. (El señor Jiménez Revuelta: Por las inclemencias
meteorológicas). Es cierto que seguimos teniendo el problema del back up, de cómo llegamos cuando no tenemos. Eso se consigue aligerar con diversificación, y estamos en ello; con almacenamiento, también estamos en ello, y con flexibilidad.
Estamos también avanzando en todas las soluciones de flexibilidad en red y en la transición tendremos que tirar de gas o de lo que sea, como la energía nuclear, que está llegando a su moratoria, y la hidráulica de bombeo. Es cierto que también
podemos llegar a una mayor independencia con una apuesta por renovables, siempre que sean seguras.


Respondo a su señoría Juan Luis Pedreño, aunque ya estoy agotando mi tiempo. De la fusión Orange-MásMóvil ya he hablado y también de cómo medimos los ingresos versus cuota de mercado. Es verdad que estamos ahora mismo analizando esa orden
ministerial que incrementa el límite máximo de las frecuencias. Supongo que emitiremos informe y creo que se pasó en el último Pleno, con lo cual, lo que venga en el informe no puedo adelantarlo porque es palabra de mi Consejo.


En cuanto a la ciberseguridad, la verdad es que ahí nosotros no tenemos competencias, corresponden al propio ministerio cuando, por razones de interés, de defensa nacional o de interés estratégico se bloquee la posible entrada de inversiones
fuera de la Unión Europea. Esto abarca también el comentario que me hacían sobre China. En su momento, nosotros informamos el proyecto de ley, pero no tenemos competencias en la materia.


En cuanto a si la DMA va a resolver el problema, creo que sí, porque no es tanto un tema de sanción, sino, fundamentalmente, de imposición de obligaciones que van a permitir que las grandes plataformas no se apalanquen en todas sus
fortalezas. Por ejemplo, la gran acumulación de datos va a imponer una separación de los que obtiene, por ejemplo, Google en el buscador para no utilizarlos a la hora de su comparador de precios; y eso va a favorecer que haya un terreno de juego
más equilibrado que va a permitir a compañías luchar en cada uno de esos ámbitos en los que antes las plataformas se unían y utilizaban toda su fuerza. Por eso es tan importante que nosotros estemos habilitados, porque vamos a vigilar que se
cumplen esas obligaciones y que, por ejemplo, Facebook no utilice todos nuestros datos de perfil para colocarnos un producto, haciendo que no pueda competir, por ejemplo, El Corte Inglés.


En cuanto a si no hemos abierto procedimiento contra las grandes, en estos momentos tenemos uno en investigación contra Amazon y Apple y es verdad que hemos declarado a Amazon operador postal. Allá donde tenemos capacidad de actuación,
actuamos, pero es cierto que muchos de los problemas que plantean son de ámbito global, y quizá está mejor ubicada para ello la Comisión Europea. Con la DMA vamos a ser todos, en la medida en que estemos habilitados como aplicadores de estas
normas.

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Fundamentalmente yo no creo tanto en las sanciones, sino en esas obligaciones y esas prohibiciones de separación o de apertura de mercados. Del Fair share todavía no hemos mandado nuestro posicionamiento, en el marco de la consulta, a
Bruselas. Estamos ahora mismo, igual que con el mercado energético, oyendo opiniones y creándonos nuestro propio criterio. Aquí, fundamentalmente, los dos argumentos más esenciales son, de un lado, las infraestructuras que tienen que desplegarse
para soportar todo ese nuevo contenido y para dar cauce a toda la maravilla de la ausencia absoluta de latencia del 5G, que requieren inversiones muy considerables, y, de otro lado, los titulares de las plataformas de contenidos que dicen: Soy yo,
precisamente con mis contenidos, el que atraigo al usuario a utilizar tu infraestructura, y, por lo tanto, soy yo el que te estoy generando a ti ingresos. Esos son, fundamentalmente, los dos polos de discusión, y estamos viendo qué sentido
económico tienen unas y otras posiciones.


En lo relativo a la protección de menores en Internet, sacaremos una comunicación para identificación por temas de edad, etcétera. En cuanto a las ayudas y los datos de ejecución, con respecto al despliegue de la banda ancha, sí son datos
de ejecución y los hemos obtenido tanto del ministerio como de las comunidades autónomas, pero es que en la propia web del ministerio hay bastante información que nos ha permitido empezar con el estudio. No obstante, es verdad que, cuando nosotros
requerimos a un organismo para que nos informe, normalmente nos da la información. De los informes de supervisión ya he hablado.


La última pregunta es sobre Correos. Su situación financiera no es competencia nuestra. Nosotros tenemos que velar por que el Servicio Postal Universal se preste de la forma adecuada, con los costes adecuados y con la calidad adecuada, y,
en la medida en que Correos sea o no un operador con posición de dominio, tendremos que verificar qué es lo que hace. Pero en cuanto a qué inversiones lleva a cabo o no, si no afectan a la prestación adecuada del Servicio Postal Universal, no
tenemos competencia para ello, con lo cual, no entra dentro de mi ámbito.


Por último, señor Taibo, le doy las gracias por su apoyo; le digo que seguimos oyendo todas las recomendaciones y críticas con el máximo interés, y espero que en la comparecencia del año que viene hayamos podido dar respuesta a muchas de
sus preocupaciones.


Les dejo ya porque tienen una tarde muy muy ocupada. Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Fernández Vicién.


Saben que hay un segundo turno, pero creo que es prescindible, salvo que alguien quiera insistir. (Denegaciones).


Le damos muchísimas gracias a usted, señora presidenta, por la labor de estos años que lleva al frente de la institución y por los diez años de la misma. Gracias a todos los que le acompañan. Sabe que nos tiene aquí a su disposición. Ha
sido muy ilustrativa la comparecencia.


Se levanta la sesión.


Eran las dos y treinta minutos de la tarde.