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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 871, de 22/03/2023
cve: DSCD-14-CO-871
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2023 XIV LEGISLATURA Núm. 871
DE DERECHOS DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª NORMA PUJOL I FARRÉ
Sesión núm. 19
celebrada el miércoles,
22 de marzo de 2023
ORDEN DEL DÍA:
Inclusión en el orden del día:
- Elección de vacantes en la Mesa de la Comisión:
- Elección de la Vicepresidencia Segunda. (Número de expediente 041/000039) ... (Página2)
Comparecencia de la señora directora general de Derechos de la Infancia y de la Adolescencia (Losoviz Adani):
- Para informar sobre las líneas generales del trabajo del ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 en defensa de los derechos de la infancia y adolescencia. A propuesta del Gobierno. (Número de expediente 212/003023) ...
- Para informar sobre el desarrollo del Plan de Garantía Infantil Europea y los Fondos Europeos, en el ámbito de sus competencias, para la protección de la infancia y la adolescencia. A petición del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso. (Número de expediente 212/002119) ... (Página2)
- Para informar sobre el desarrollo de la Ley de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia. A petición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 212/002120) ...
Se abre la sesión a las tres de la tarde.
INCLUSIÓN EN EL ORDEN DEL DÍA:
- ELECCIÓN DE VACANTES EN LA MESA DE LA COMISIÓN:
- ELECCIÓN DE LA VICEPRESIDENCIA SEGUNDA. (Número de expediente 041/000039).
La señora PRESIDENTA: Se abre la sesión de la Comisión de hoy.
En primer lugar, quiero comunicarles que, con efectos del día de hoy, ha causado baja como vicepresidente segundo de la Comisión don José Ortiz Galván, por lo que someto a la Comisión la eventual alteración del orden del día, de conformidad
con lo establecido en el artículo 68.2 del Reglamento del Congreso de los Diputados, en el sentido de incluir la elección de la Vicepresidencia segunda de la Comisión. Les pregunto si aprobamos por asentimiento la alteración del orden del día.
(Asentimiento).
Queda aprobado por asentimiento.
A continuación, procederemos a la elección de la Vicepresidencia segunda de la Comisión. En primera opción, como ya hemos hablado con los portavoces, vamos a hacerlo por asentimiento. Se ha comunicado a la Mesa la candidatura de María
Dolores Marcos Moyano para su elección como vicepresidenta segunda. ¿Están de acuerdo en que se elija por asentimiento? (Asentimiento).
Siendo así, me complace anunciarles que ha resultado elegida vicepresidenta segunda de la Comisión doña María Dolores Marcos Moyano, que ocupa su puesto en la Mesa. Enhorabuena. (Aplausos.-Así lo hace el nuevo miembro de la Mesa).
Bienvenida, María Dolores, y también, en nombre de toda la Mesa, queremos dar las gracias a Pepe Ortiz por su trabajo realizado como vicepresidente segundo en la Mesa de la Comisión de los Derechos de la Infancia y Adolescencia. Muchas
gracias, Pepe, por estos años de servicio en la Mesa de la Comisión y, una vez más, enhorabuena y bienvenida, doña María Dolores. (Aplausos).
COMPARECENCIA DE LA SEÑORA DIRECTORA GENERAL DE DERECHOS DE LA INFANCIA Y DE LA ADOLESCENCIA (LOSOVIZ ADANI):
- PARA INFORMAR SOBRE LAS LÍNEAS GENERALES DEL TRABAJO DEL MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 EN DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA. A PROPUESTA DEL GOBIERNO. (Número de expediente 212/003023).
- PARA INFORMAR SOBRE EL DESARROLLO DEL PLAN DE GARANTÍA INFANTIL EUROPEA Y LOS FONDOS EUROPEOS, EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS, PARA LA PROTECCIÓN DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
CONGRESO. (Número de expediente 212/002119).
- PARA INFORMAR SOBRE EL DESARROLLO DE LA LEY DE PROTECCIÓN INTEGRAL A LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA FRENTE A LA VIOLENCIA. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 212/002120).
La señora PRESIDENTA: Una vez elegida la Vicepresidencia segunda, vamos a continuar con la celebración de la comparecencia que tenemos agendada para hoy, de la directora general de Derechos de la Infancia y de la Adolescencia. Ya sabéis
que es para informar sobre las líneas generales de trabajo del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, en defensa de los derechos de la infancia y la adolescencia; para informar sobre el desarrollo del Plan de Garantía Infantil Europea y los
fondos europeos, en el ámbito de sus competencias, para la protección de la infancia y la adolescencia, cuyo autor es Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y para informar sobre el desarrollo de la Ley de Protección Integral a la Infancia y la
Adolescencia frente a la Violencia, cuyo autor es también el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Si no hay inconveniente, estas comparecencias se van a sustanciar de manera acumulada. Damos la bienvenida a la Comisión a la señora Losoviz Adani que, como habíamos hablado, tiene la palabra por un tiempo aproximado de veinte a treinta
minutos. Así que, bienvenida, muchas gracias y cuando quieras.
La señora DIRECTORA GENERAL DE DERECHOS DE LA INFANCIA Y DE LA ADOLESCENCIA (Losoviz Adani): Muchas gracias, presidenta.
Señorías, es un honor poder comparecer en esta Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia y compartir con ustedes las actuaciones que hemos llevado a cabo en el año 2022, en las que estamos trabajando desde la Dirección General de
los Derechos de la Infancia y Adolescencia. Me gustaría comenzar con los avances en uno de los hitos más importantes en materia de derechos de infancia de esta legislatura, que es la aprobación de la Ley de Protección Integral a la Infancia y
Adolescencia frente a la Violencia. Se trata de un importante avance a través de una ley pionera no solo en la Unión Europea, sino también a nivel internacional, que establece medidas concretas de sensibilización, prevención, detección temprana,
atención, asistencia y reparación a las víctimas de violencia, una ley que pone el bienestar físico y emocional de los niños, niñas y adolescentes en el centro de las decisiones gubernamentales y que nos permite iniciar un proceso de transformación
social que deje de ver la violencia contra la infancia como un problema del ámbito privado y que se convierta en una responsabilidad de toda la sociedad y, por supuesto, del Estado en su conjunto, como principal garante de los derechos humanos de
los niños y las niñas. Además, esta ley nos compromete a todas las administraciones y al resto de actores a trabajar de una forma colaborativa para lograr una implementación eficaz. Por ello, debemos destacar la colaboración y cooperación de los
ministerios competentes, de las comunidades y ciudades autónomas, de las entidades locales, del tercer sector, de un gran número de universidades y expertos y, por supuesto, de todo el equipo técnico y de funcionarios de este ministerio que están
comprometidos con los derechos de la infancia, a los que represento y sin los cuales no hubieran sido posible los avances que voy a mencionar a continuación.
En primer lugar, la ley recoge la obligación por parte de la Administración General del Estado de disponer de una estrategia de erradicación de la violencia sobre la infancia y la adolescencia. El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda
2030 ha cumplido con este mandato de la ley. Desde noviembre del año pasado tenemos una estrategia para erradicar todo tipo de violencia contra la infancia y la adolescencia, que establece una hoja de ruta para las diferentes administraciones,
entidades y actores involucrados hasta el año 2030, con el objetivo de que juntos evitemos que ningún niño, niña o adolescente sea víctima de violencia. En cuanto a su contenido, esta estrategia está dividida en cinco áreas estratégicas, para cada
una de las cuales se han establecido objetivos, líneas de actuación, así como las medidas más importantes y sus respectivos resultados para evaluar el impacto.
La primera área estratégica es la generación de un mayor conocimiento de la realidad de la violencia contra la infancia y adolescencia. Sabemos que los datos que manejamos hoy en día solo nos muestran la punta del iceberg y, como lo que no
se conoce, no existe, tenemos que seguir trabajando para que la violencia deje de ser invisible u ocultada. Por lo tanto, tenemos que invertir para mejorar la calidad de los datos de los que disponemos y conocer con profundidad las características
de la violencia contra la infancia y la adolescencia para implementar modelos y políticas que sean realmente eficaces en todos los ámbitos, para que la visibilice, para prevenirla y también para erradicarla. Dentro de las medidas establecidas en
esta área se encuentra el compromiso de contar con un registro unificado de servicios sociales sobre violencia contra la infancia, lo que llamamos RUSSVI, y con un registro central de información sobre violencia contra la infancia y adolescencia,
que deberían estar ya implementados en el año 2025, en los cuales ya venimos trabajando desde 2022. Hemos elaborado y compartido con las comunidades autónomas una propuesta de diseño de este RUSSVI para definir de forma conjunta una herramienta que
nos permita no solo tener datos de la agresión de la víctima, sino también de las medidas adoptadas para proteger a estos niños y niñas víctimas de violencia. El RUSSVI será parte del Registro Central, cuya plataforma digital también está en
proceso de elaboración y de diseño.
La segunda área estratégica tiene que ver con la tolerancia cero a la violencia y la promoción de la cultura del buen trato. La prevención y eliminación de la violencia contra los niños, niñas y adolescentes precisa de un cambio cualitativo
en la percepción social de la infancia y adolescencia y de la violencia que sufren, un cambio que implica ver a los niños y niñas como sujetos de pleno derecho y, como decía al inicio de esta exposición, sacar la violencia contra la infancia y la
adolescencia del espacio privado y convertirlo en un problema social, en un problema que nos atañe a todas y a todos. La LOPIVI nos insta a ese cambio de paradigma, y es por ello que esta estrategia se compromete a desarrollar todas las medidas
planteadas en la ley para el año 2025. Dentro de este proceso de sensibilización, en el año 2022, nosotros ya lanzamos una campaña masiva en medios y prevemos sacar otra en este año, en el 2023.
La tercera área estratégica consiste en la creación de entornos seguros, siguiendo con la premisa de la LOPIVI, que nos dice que, si un entorno es seguro, nunca se podrá ejercer la violencia. Para implementar todo el componente preventivo
de la ley, queremos establecer un marco común que facilite la creación de entornos seguros, que respete los derechos de la infancia y que promueva un ambiente protector, físico, psicológico y social, incluido también el entorno digital. Esto
implica cambios a nivel físico de los espacios, pero también a nivel emocional, convirtiéndolos en cálidos y amigables, en los cuales los adultos estén formados y preparados para proteger y garantizar los derechos de cada niño o niña, fomentando la
escucha activa y su participación. Para crear ese marco común de actuación, hemos avanzado en la elaboración de dos protocolos: un protocolo de actuación en los centros de protección de personas menores de edad, tal y como nos mandata la ley, la
LOPIVI, en sus artículos 53 y 54. Este protocolo incluye actuaciones específicas para la prevención, detección precoz e intervención en posibles casos de abuso, explotación sexual y trata de seres humanos. Ha sido elaborado con la participación de
las comunidades autónomas y con los y las adolescentes que se encuentran en centros residenciales. Actualmente, este documento está en fase de revisión para que podamos disponer del mismo con brevedad.
El segundo protocolo es la actuación estandarizada para todas las comunidades autónomas ante la desaparición y fuga de los niños, niñas y adolescentes en recursos residenciales. Este protocolo se encuentra en el Plan de acción contra la
explotación sexual de niñas, niños y adolescentes del sistema de protección a la infancia, que hemos aprobado conjuntamente en las conferencias sectoriales del Ministerio de Igualdad y del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, articula el
sistema de protección de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y la Fiscalía, y cuenta con un formulario único de notificación de casos de desaparición. Este protocolo también está en la fase final de revisión y esperamos tener la
aprobación en los próximos días. Además de estos protocolos, el área de creación de entornos seguros cuenta con otras medidas, como la actualización de los criterios de cobertura, calidad y accesibilidad del acogimiento residencial, y la
actualización de los protocolos para la coordinación de actuaciones de las entidades públicas competentes en materia de protección de menores de edad en supuestos de traslados.
Pasamos ya a la cuarta área estratégica, donde queremos fortalecer la atención especializada y multidisciplinar. Todos los niños, niñas y adolescentes que han sufrido violencia deben recibir una atención multidisciplinar y especializada y,
como mencionaba en el área anterior, en espacios amigables y protectores. Esa atención forma parte de su derecho a la salud, a la vida, al desarrollo pleno y a su derecho a no sufrir ninguna forma de violencia o abuso y, en los casos en que sean
víctimas, a su plena reparación y acceso a la justicia. Respecto al objetivo de esta atención, me gustaría resaltar que, además de la necesaria y fundamental atención a los niños, niñas y adolescentes que sufren violencia, también se tiene que
trabajar con los niños y niñas que perciben o son testigos de esa violencia, sobre todo en aquellos que hay un vínculo afectivo. No deben considerarse puramente testigos, sino víctimas de la violencia emocional y a veces incluso física, tal como
dice en la definición de violencia la ley, la LOPIVI.
Un ejemplo muy tangible del tipo de servicios que queremos potenciar es el proyecto conjunto que estamos llevando a cabo junto con la Unión Europea y el Consejo de Europa para adaptar e incorporar el modelo Barnahus en nuestro país. Este es
un modelo que evita la revictimización y apuesta por la prueba preconstituida, proporcionando un servicio integral y de justicia amigable con los niños y niñas víctimas de violencia sexual. Consiste en un espacio donde todos los departamentos que
intervienen en un caso de violencia sexual se coordinan y trabajan bajo el mismo techo para atender al niño o niña víctima, y que cuenta con un servicio y un entorno amigable, con decoración y metodologías adaptadas a su edad y profesionales
especializados en victimología infantil. Actualmente, estamos realizando un mapeo en todas las regiones, en todas las comunidades y ciudades autónomas, para identificar los recursos existentes, posibles obstáculos y posibles oportunidades para su
implementación. Queremos diseñar una estrategia tanto a nivel regional como a nivel estatal. Este proyecto también permitirá diseñar un plan de formación para los profesionales y una estrategia de comunicación para adultos y niños. El proyecto
terminará en julio de 2024 y cuenta con el apoyo financiero de la Dirección General de Apoyo a las Reformas de la Unión Europea.
La quinta y última área de esta estrategia está vinculada al abordaje multidisciplinar, coordinado y eficaz de la violencia. El enfoque holístico integral que plantea la LOPIVI deja clara la corresponsabilidad de todos los actores
involucrados y afianza la perspectiva de que ninguna intervención en un caso de violencia contra los niños, niñas y adolescentes será protectora y eficaz si no es interdisciplinar y coordinada. Gracias a la aprobación de la LOPIVI ya contamos con
varios pilares para sostener esta
coordinación entre las administraciones: una es la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, que ya ha realizado diez reuniones para la aprobación de documentos y planes estratégicos; otra es la Comisión frente a la Violencia en
los Niños, Niñas y Adolescentes, del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, y también contamos con la Comisión de Seguimiento Interministerial, en la que participan los ministerios de Justicia, Interior y Derechos Sociales y Agenda
2030. De forma complementaria estamos trabajando con los miembros del Observatorio de la Infancia para adecuar su labor a las prioridades actuales y estamos creando un grupo que acompañe el seguimiento de toda esta estrategia estatal.
Ahora, permítanme que me detenga en un aspecto que es transversal a esta estrategia a la que acabo de referirme, pero también a todo lo que hacemos desde la dirección general, ya que representa uno de los principales pilares de nuestras
políticas y estrategias. Me refiero a la participación de los niños, niñas y adolescentes. Desde 2021 contamos con un Consejo Estatal de Participación de la Infancia y de la Adolescencia, un órgano adscrito a nuestro ministerio y que nos permite
escuchar de primera mano las necesidades, realidades y propuestas de los protagonistas de nuestro trabajo. El Consejo Estatal de Participación de la Infancia y de la Adolescencia está conformado por treinta y cuatro niños y niñas de todo el
territorio y representa la gran diversidad de la infancia en nuestro país. Este consejo ha realizado ya su primer encuentro presencial, ha elaborado su propio reglamento y cuenta con un grupo motor de cinco niños y niñas elegidos por ellas y por
ellos mismos. Todo el grupo en sí ha participado en más de cuatro consultas que permiten ser escuchados e incorporar su opinión para que en estos documentos estratégicos que estamos aprobando y sobre los cuáles hemos consultado se incorporen
también todas las opiniones de los niños y niñas. Es un consejo que se ha nutrido de los espacios de participación existentes, tanto de las organizaciones como de los gobiernos locales y autonómicos, pero que a su vez está siendo el motor que nos
está permitiendo expandir la participación de los niños y niñas en todo nuestro territorio. Además, es un ejemplo en el ámbito europeo, acorde a la estrategia de la Unión Europea sobre el derecho de la infancia, la cual incluye el eje temático de
la participación de la infancia en la vida política y democrática. Este ejemplo que estamos llevando a cabo aquí, en España, nos muestra como un Estado puede empoderar a los niños, niñas y adolescentes para ser ciudadanos y miembros activos en los
procesos de decisión. Creo que debemos sentirnos orgullosos de ser uno de los primeros países que cuenta con un órgano estable para que los niños y niñas puedan ejercer su derecho a ser escuchados y que sus opiniones sean tomadas en cuenta.
Ahora me gustaría pasar a otro de los aspectos que me habéis pedido comentar, una de las prioridades que tenemos desde el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, que es la lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social. En
otras ocasiones en esta misma Comisión se ha hablado de la recomendación europea de la garantía infantil, un componente esencial del pilar social europeo y que expresa el consenso político a escala europea para prevenir y combatir la exclusión
social y la pobreza de los niños y niñas en situación más desfavorecida, garantizando su acceso a derechos y servicios esenciales claves para su desarrollo presente y futuro, como son la educación, la atención temprana, las actividades
extraescolares, los servicios sanitarios, una nutrición sana y una vivienda digna. La garantía infantil ha llegado en un momento clave para Europa, cuando los países todavía no se han recuperado de una crisis social y económica provocada por la
COVID-19, con una guerra en nuestro continente que está generando una crisis social con millones de refugiados y también una crisis energética sin precedentes, un momento en el que todos los Estados miembros y Europa, en su conjunto, debemos
afrontar los desafíos con nuevas perspectivas, con nuevos enfoques, generando un cambio de paradigma donde las políticas y decisiones coloquen a las personas y su bienestar en el centro. Precisamente, la Garantía Infantil Europea nos anima a hacer
eso; nos desafía a cambiar la forma en que enfrentamos la pobreza infantil y la exclusión social, teniendo en cuenta las barreras a las que se enfrentan los grupos más desfavorecidos, con el fin último de romper de una vez por todas los círculos de
la pobreza que se traspasan de generación tras generación a través de resultados reales y concretos que generen igualdad de oportunidades y que mejoren el bienestar de la infancia.
La Garantía Infantil Europea cuenta con dos instrumentos: uno de planificación, a través de la elaboración de los planes nacionales de acción, y otro financiero, a través del Fondo Social Europeo Plus, que nos compromete a invertir al menos
el 5 % de esos fondos en la Garantía Infantil Europea. El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 ha cumplido con su compromiso con Europa, pero sobre todo con los más de 2 300 000 niños y niñas que están en una situación de pobreza o
exclusión social en nuestro país. En julio del año pasado el Consejo de Ministros aprobaba el Plan de acción estatal, que también fue
presentado en la Unión Europea. Se trata de un plan ambicioso que lucha contra una de las mayores injusticias sociales que existe en nuestro país, la que se comete contra la infancia, que limita sus posibilidades individuales de desarrollo
y les impide tener una vida digna, presente y futuro. También es un plan que entiende que la pobreza tiene múltiples expresiones, que existe la pobreza monetaria, pero también hay pobreza cuando no se tiene acceso a los derechos sociales, a los
servicios esenciales. Por supuesto, el plan necesita el compromiso, coordinación y colaboración de todas las administraciones para su implementación, y así lo hemos reflejado en el documento. Ya hemos configurado un grupo de trabajo con puntos
focales de la garantía infantil de cada una de las comunidades y ciudades autónomas, que ya ha tenido sus primeras reuniones el mes pasado.
El plan de acción cuenta con dos líneas estratégicas y una transversal. La primera línea estratégica es reducir la pobreza y reforzar la protección social. Esperamos que este plan de acción contribuya a que en 2030 más de 700 000 niños y
niñas hayan dejado de vivir en una situación de riesgo de pobreza o exclusión social. Pero como sabemos que no basta solo con abordar la pobreza monetaria para romper los círculos de la pobreza, acordamos un segundo eje estratégico para garantizar
la universalización de derechos, garantizando el acceso y disfrute a servicios básicos de calidad, accesibles e inclusivos en temas como la educación infantil, atención temprana, segregación escolar, actividades escolares, reducción de brecha
digital, mayor cobertura de servicios bucodentales, visuales y de salud mental, alimentación saludable o acceso a una vivienda digna.
El tercer eje tiene un enfoque transversal y está orientado, por un lado, a promover la equidad territorial. En nuestro país no solo depende de tener suerte con la familia que tenemos, sino también del lugar donde esta se encuentre.
Debemos construir un país donde cada niño y niña pueda tener las mismas posibilidades de ejercer sus derechos, sin importar dónde resida. Por otro lado, este eje transversal también promueve que los espacios donde se ofrezcan estos servicios
esenciales sean protectores, inclusivos y participativos. Todas ellas son condiciones necesarias para garantizar el pleno desarrollo de la infancia y adolescencia.
Cuando decía anteriormente que el Plan de Acción Estatal era un plan ambicioso, también me refería al firme compromiso de este Gobierno en la inversión de recursos económicos. Hemos doblado el presupuesto mínimo exigido por la Unión
Europea, alcanzando un 11 % del Fondo Social Europeo Plus, superando una inversión de más de 1200 millones de euros. Actualmente, estamos trabajando conjuntamente con las comunidades autónomas y ministerios competentes para crear este sistema de
gobernanza y colaboración para la implementación del Plan de Acción Estatal, y queremos desarrollar una herramienta que nos permita realizar el seguimiento y reporte, y que nos sirva también de base para poder evaluar las actuaciones y los impactos
que estamos alcanzando en la población objetivo.
Dentro de las actuaciones de la Garantía Infantil Europea, estamos liderando diferentes iniciativas que me gustaría compartir hoy. Algunas de ellas están vinculadas al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. La primera es el
Programa CODI, al que llamamos así porque es un proyecto que pretende reducir la brecha digital y generar competencias digitales en los niños, niñas y adolescentes más vulnerables. Queremos que todos los niños y niñas puedan disfrutar de las
ventajas del entorno digital de una manera segura y protectora sus derechos. El año pasado, con la aprobación de la Conferencia Sectorial de la Infancia y Adolescencia, hemos podido hacer el primer reparto presupuestario de 50 millones de euros a
las comunidades y ciudades autónomas para la implementación de este programa. Para este y para el siguiente año contamos con 172 millones más, que estimamos que nos va a permitir formar en todo el país a más de 950 000 niños, niñas y adolescentes,
entre diez y diecisiete años, en un uso seguro y protector del entorno digital.
La segunda iniciativa que estamos desarrollando es la desinstitucionalización. Uno de los grupos identificados dentro de la Garantía Infantil Europea como más vulnerables son los niños, niñas y adolescentes que no pueden crecer con sus
familias de origen y que reciben cuidados alternativos por parte de los Estados. Especialmente aquellos que viven en centros residenciales son los que se encuentran con más obstáculos a la hora de acceder a servicios esenciales en igualdad de
condiciones y con un posible riesgo físico y emocional, con las consecuencias que esto conlleva en su desarrollo. Según los datos del año 2021, el número total de niños y niñas en cuidados alternativos fue de 34 632, de los cuales más de la mitad,
más de 18 000 viven en centros residenciales de carácter institucional, y otros 16 000 están en familias, de los cuales casi el 50 % de ellos son familias extensas, es decir, con algún familiar.
En la infancia la desinstitucionalización se materializa en que la medida de protección prioritaria sea el acogimiento familiar, tal y como nos dice la Ley 8/2015, y que en aquellos casos en los que el
acogimiento residencial sea coherente con el interés superior del menor, este ha de ser en espacios pequeños, flexibles, abiertos y plenamente integrados en la comunidad, donde los niños y niñas sean el centro de la intervención y sus
opiniones sean tomadas en cuenta, que hagan posible el apego seguro, la reparación del daño y que les permita crecer en igualdad de oportunidades respecto al resto de los niños y niñas. Por ello, estamos planteando un conjunto de medidas que nos
ayuden a reforzar y a establecer una hoja de ruta común entre las entidades de protección para este proceso de desinstitucionalización, que, como define el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, es un proceso que permite el cambio en las
modalidades de vida de las personas, pasando de los entornos institucionales y segregadores a un sistema que permite la participación social y en el que los servicios se prestan en la comunidad, respetando su voluntad y sus preferencias
individuales.
En particular, el conjunto de medidas que estamos llevando a cabo consiste en la elaboración de una estrategia estatal de desinstitucionalización, que incluye a la infancia y a la adolescencia, pero también a personas con discapacidad y a
personas mayores. Queremos reforzar los servicios sociales para apoyar a las familias y evitar las escaladas de situación de riesgo. El año pasado distribuimos 25 millones de euros en las comunidades y ciudades autónomas, y este año contamos con
el mismo monto presupuestario a través del Plan Concertado para el desarrollo de las Prestaciones Básicas de Servicios Sociales. Estamos financiando y apoyando económicamente, a través de los Next Generation, el componente 22, lo que se llama Plan
de choque para la economía de los cuidados y refuerzo de las políticas de inclusión, un conjunto de ocho proyectos de innovación social que tienen una financiación de 35 millones, lo que nos permitirá obtener aprendizajes valiosos y diseñar
políticas que sean escalables a todos los territorios para mejorar los apoyos a las familias en los procesos de crianza, especialmente a los que se encuentran en una situación de fragilidad, para lograr la preservación familiar y prevenir la
retirada de tutela. Queremos mejorar el acompañamiento a las familias acogedoras por parte de las administraciones. Necesitamos más familias acogedoras para cuando no es posible mantener al niño o la niña en su entorno familiar, de tal manera que,
además de su voluntad y motivación para acoger, también se les ofrezca acompañamiento institucional para poder atender adecuadamente las necesidades de estos niños y niñas. Queremos minimizar el tiempo de estancia y garantizar una atención
individualizada a aquellos niños y niñas que tengan que ir a espacios residenciales, fomentando su inclusión en la comunidad y proporcionando alternativas reales para desarrollar proyectos de vida elegidos e independientes. El objetivo final de
toda esta línea de trabajo, tal y como está acordado en el marco de la Garantía Infantil Europea, es conseguir que ningún niño o niña menor de seis años viva en un recurso residencial para 2025, y que ningún niño o niña menor de diez años viva en un
recurso residencial para el año 2030. También queremos que estos recursos residenciales en el sistema de protección no superen las treinta plazas para el año 2030, y que en el mismo año el acogimiento familiar llegue al 70 % de la infancia en el
sistema de protección.
Para cerrar el marco de la Garantía Infantil Europea, quisiera resaltar nuestra labor con los niños, niñas y adolescentes refugiados inmigrantes, especialmente aquellos que llegan sin adultos acompañantes, que es otro de los grupos que
presenta una mayor vulnerabilidad y que merece una atención especial. Desde esta dirección general entendemos la migración como una realidad que no podemos ocultar, que debemos asumir como una cuestión de Estado y que necesita de la colaboración de
todas las administraciones para brindar soluciones dignas, estables y sostenibles en el tiempo, que velen en todo momento por el interés superior del niño y la niña y su protección. La invasión de Ucrania nos ha demostrado que somos capaces de
responder ante una crisis humanitaria poniendo los derechos de los niños y las niñas en el centro de las decisiones. También ha puesto en evidencia la importancia de estar bien preparados y coordinados para que entre todas las administraciones
podamos dar respuesta de forma eficaz a las necesidades de las y los migrantes en el marco de los derechos humanos y ha destacado la necesidad de contar con mecanismos de cooperación y solidaridad entre los diferentes territorios del país.
Desde esta conciencia de Estado, entendemos que una respuesta ante una contingencia migratoria o una crisis humanitaria no puede ser asumida por una sola ciudad o comunidad autónoma, sino que debe basarse en la corresponsabilidad y en la
solidaridad, donde todas las administraciones, central y territoriales, juguemos un rol clave. A finales de julio del año pasado la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia aprobó el modelo de gestión de contingencias migratorias para
niños, niñas y adolescentes, un importante paso para mejorar nuestra preparación ante crisis humanitarias y ante los flujos continuos migratorios. Además de afianzar la colaboración entre los territorios, refuerza los mecanismos y sistemas de
protección a la infancia y adolescencia migrante no acompañada. La aprobación de este modelo
implica un acuerdo con las comunidades autónomas para declarar una contingencia migratoria cuando existe una sobreocupación superior al 50 % del número de las plazas ordinarias del sistema de protección, ya sea por un flujo de llegadas
continuas o por llegadas puntuales. En ese caso se convoca la conferencia sectorial para aprobar y activar un plan de respuesta de colaboración para acoger a estos niños y niñas migrantes que llegan solos a nuestra frontera. El modelo pretende
ampliar el concepto de colaboración, solidaridad y corresponsabilidad no solo ofreciendo un sistema de derivación a los niños y niñas, sino también ofreciendo recursos especializados que aseguren una atención integral y de calidad en los puntos de
llegada, pero también en la posterior recepción. Para ello, el modelo establece un componente de formación y asistencia técnica que refuerza las capacidades del personal de todo el país dentro del sistema de protección y de otros sectores
fundamentales en la atención de los niños y niñas migrantes, como pueden ser la policía, servicios sociales y fiscalía. El año pasado, la conferencia sectorial asumió el primer plan de respuesta con el compromiso de trasladar a 774 niños y niñas de
Ceuta y Canarias a la Península, a 378 menores de dieciocho años en el 2022 y a 395 para este año. Desde la dirección general hemos contribuido no solo a la coordinación del mecanismo, sino también con una aportación económica, dotándolo de un
presupuesto anual de 35 millones de euros.
No puedo dejar de mencionar el gran trabajo que se ha realizado para acoger y atender a los niños y niñas que han llegado a nuestro país provenientes de Ucrania escapando de una guerra intolerable, por lo que quiero mostrar un especial
agradecimiento a todos los ministerios que hemos conformado el grupo de trabajo de protección temporal y a todas las comunidades y ciudades autónomas con las que desde el inicio de la guerra hemos trabajado para asegurar la protección y atención de
todos los menores de dieciocho años y de las personas con discapacidad procedentes de Ucrania.
El 29 de marzo se publicó en el BOE un procedimiento especial para que todas las entidades de protección tuvieran un marco común de actuación, elaborándose a tal fin unos protocolos y espacios de coordinación entre las administraciones.
Hemos colaborado para brindar acogimiento a los niños y niñas más vulnerables, como son los que proceden de los orfanatos y centros de personas con discapacidad, al igual que hemos velado en todo momento para que se garanticen sus derechos y los
tratados internacionales de ayuda humanitaria. A día de hoy, contamos en nuestro país con más de 170 000 personas con protección temporal procedentes de Ucrania, de los cuales 56 341 son menores de dieciocho años, es decir, un 33 %, y de estos,
unos 2000 niños y niñas están bajo el cuidado de las entidades de protección. La respuesta que hemos brindado desde las administraciones públicas a los niños y niñas de Ucrania nos muestra que es posible acoger a todos los niños y niñas migrantes
que llegan solos a nuestras fronteras buscando la oportunidad de tener una vida mejor. Debemos de ser capaces de ofrecer a esos niños y niñas la atención integral y de calidad que necesitan y merecen, así como darles una oportunidad para poder
salir de la situación de pobreza, tal y como nos mandata la Garantía Infantil Europea.
Para finalizar con las acciones que estamos desarrollando, me gustaría comentar dos aspectos más. El primero, en relación con la adopción internacional, donde ya se está ultimando un nuevo reglamento, reflejo el reparto competencial en la
materia, tal y como nos mandata la sentencia del Supremo, y que ha contado con la participación de las comunidades autónomas en la concreción final del borrador, que se ha remitido ya al Consejo de Estado, y estamos a la espera de la aportación de
este órgano consultivo para proceder a su publicación lo antes posible.
Por otra parte, desde un punto de vista más cuantitativo, la adopción internacional lleva unos años en torno a los ciento setenta expedientes anuales, si bien esta dirección general no ha dejado de realizar una labor prospectiva en los
diferentes países y de permanente apoyo a las familias que desean adoptar. Como resultado de todo ese trabajo, hemos logrado abrir un nuevo país, que es Senegal, y no descartamos que en el futuro podamos abrir nuevos países. Me gustaría mencionar
que estamos finalizando la estrategia estatal de derechos de la infancia y adolescencia, que esperamos se apruebe en el marco de la conferencia sectorial en las próximas semanas.
Voy concluyendo, señorías. La actual crisis social y económica provocada por la guerra de Ucrania y su impacto en la escalada de precios está acentuando las desigualdades en el seno de la Unión Europea. En ese contexto de enorme desafío
para el presente y el futuro de nuestra sociedad, no podemos permitirnos que la infancia y la adolescencia sigan siendo invisibilizadas, sino que debemos convertirlas en una prioridad de las políticas públicas. Los niños y las niñas son el mayor
valor social con el que contamos como país, son parte de la realidad social actual, pero también conforman el pilar sobre el que se sostendrá la sociedad en el futuro. Ofrecerles protección, cuidado, posibilidades para desarrollar todo su potencial
y tener una vida digna es nuestra obligación legal y nuestra obligación moral con cada uno
de los niños y niñas de nuestro país, pero, a su vez, es la mejor inversión que podemos hacer para construir una sociedad sólida, justa y equitativa.
Desde la Dirección General de Derechos de Infancia seguiremos trabajando para construir un país donde cada niño y cada niña sean reconocidos como sujetos de pleno derecho y puedan disfrutar de una infancia feliz.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias, directora.
A continuación, vamos a pasar a las intervenciones de los grupos parlamentarios por un tiempo de cinco minutos, como habíamos acordado. Empezaremos por el grupo solicitante y continuaremos con las intervenciones de menor a mayor.
Para empezar tiene la palabra la señora Redondo, del Grupo Parlamentario Popular.
Señora Redondo, cuando quiera.
La señora REDONDO CALVILLO: Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías.
Señora Losoviz, directora general de Derechos de la Infancia, usted, en colaboración con las comunidades autónomas, tiene como función la promoción integral de los derechos de la infancia y la adolescencia. Mi grupo, el Grupo Parlamentario
Popular, solicitó su comparecencia precisamente para que nos informara en el ámbito de sus competencias sobre el desarrollo del Plan de Garantía Infantil Europea y los fondos europeos para la protección de la infancia y la adolescencia, y también
para que nos informara sobre el desarrollo de la Ley de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, para lo que, lógicamente, había que hablar de la conferencia sectorial. Yo tenía apuntado preguntarle sobre cuántas
veces se había reunido, y usted ya ha contestado que diez, porque la última vez que tuvimos a su antecesora acababa de asumir el cargo y poco nos podía adelantar. Nosotros le dimos tanta importancia a esta conferencia sectorial porque es ahí donde
se había marcado la hoja de ruta, que ella decía que tendría que ser la brújula para la colaboración y la cooperación institucional en la toma de decisiones relacionada con la implementación de la ley a corto plazo y a medio plazo. El principal
encargo que tiene esta conferencia sectorial es precisamente la implementación de la LOPIVI, pero es que, además, la conferencia sectorial es un órgano de cogobernanza imprescindible para implementar la garantía infantil. Ese ha sido el motivo por
el que solicitamos su comparecencia.
En junio de 2022, se presentó la Estrategia de Erradicación de la Violencia sobre la Infancia y la Adolescencia, que ya venía establecida en el artículo 21 de la LOPIVI, porque se había acordado un plan con las comunidades autónomas por el
que se encomendaba la ley a la conferencia sectorial dentro de un plazo de tiempo comprendido en 2022, ya que era totalmente necesario adoptar un conjunto de recomendaciones comunes y homogéneas armonizadas para poder ofrecer la mejor atención
integral de forma rápida, coordinada y eficiente a los niños, a las niñas y adolescentes que son víctimas de delitos violentos, especialmente aquellos de naturaleza sexual.
Usted ha dicho que se había cumplido con la estrategia en cuanto a los plazos, y nos ha hablado de las cinco líneas de actuación de la citada estrategia, con las que para nada estoy de acuerdo porque, si bien es verdad que se ha publicado la
estrategia y que hay unas recomendaciones, en realidad está todo por hacer porque en la planificación de la estrategia se dice que se van a desarrollar tres planes: un primer plan 2023-2025; un segundo plan 2026-2028, y un tercer plan 2029-2030,
que elaborará el Ministerio de Servicios Sociales con los ministerios que correspondan. Además, me llama especialmente la atención -aparte de que eso se vaya a elaborar en ese plazo- cuando dice que cada plan operativo contará con su memoria
económica y que todos los compromisos que se deriven de esta aplicación de la estrategia quedarán condicionados a la disponibilidad presupuestaria que haya en el momento. Por tanto, sí que están recogidos los criterios y las recomendaciones, pero,
de momento, solo está sobre el papel porque hasta 2030 no vamos a poder ver todo plasmado. También dice usted que se ha llegado hasta el 11 % de la financiación porque, como sabemos, no tenía financiación adicional, pero esos 1200 millones se
refieren hasta 2027, que era el período de tiempo establecido. Si el objetivo que tiene son políticas de vivienda, políticas nutricionales y políticas de salud mental, que es algo preocupa ahora muchísimo, es decir, todo tipo de políticas
totalmente transversales para la infancia, también tiene que atajar la pobreza infantil. Ahora, en 2022, hay dos millones seiscientos mil niños en riesgo de pobreza y exclusión social, un 3 % más que en 2021. Si la media de crianza de un niños son
672 euros, y hay un millón de hogares que con todos sus ingresos no llegan a esa cantidad, sinceramente, a mí me parece que esto está muy poco
dotado y va muy lento ya que no vamos a menos sino a más; de hecho, a un 3 % más en 2022 que en 2021. (La señora vicepresidenta, Seva Ruiz, ocupa la Presidencia).
Respecto de la LOPIVI, usted ha hablado de algunos protocolos, y a mí me interesa especialmente el protocolo que debe existir en los centros escolares frente a los indicios de abuso, de maltrato, de acoso escolar, de ciberacoso, de acoso
sexual, de violencia de género, de violencia doméstica, de suicidio y de cualquier otra forma de violencia, porque cada vez que esta Comisión se reúne en jornadas con chicos y chicas es una de las cosas que nos solicitan, al igual que nos piden
mecanismos de comunicación claros, seguros, confidenciales, eficaces, adaptados y accesibles para denunciar las violencias, como venía recogido en la LOPIVI, pero tampoco está recogido todavía. Si es verdad que ha...
La señora VICEPRESIDENTA (Seva Ruiz): Señoría, debe ir acabando su intervención.
La señora REDONDO CALVILLO: ¿De verdad? (Risas).
La señora VICEPRESIDENTA (Seva Ruiz): Palabrita, palabrita.
La señora REDONDO CALVILLO: Sabemos que las líneas telefónicas gratuitas están funcionando, pero que esos mecanismos sean de fácil acceso, tengan esa confidencialidad para que cualquiera pueda denunciar...
La señora VICEPRESIDENTA (Seva Ruiz): Finalice, por favor.
La señora REDONDO CALVILLO: Bueno, pues seguiré en la réplica. (Risas y aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Seva Ruiz): Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra la señora Pujol.
La señora PUJOL I FARRÉ: Gracias, presidenta.
Bona tarda, directora. Muchas gracias por su comparecencia y por explicarnos las líneas generales en las que estáis trabajando desde la dirección general.
Voy a hacer algunas reflexiones en torno a tres cosas, y empiezo por los jóvenes emigrados solos. Desde 2019, Cataluña cuenta con la estrategia catalana para la acogida y la inclusión de los niños y jóvenes emigrados solos. Es una
estrategia que tiene por misión acoger, incluir en la sociedad y apoderar a los niños y jóvenes emigrados solos para que puedan decidir en libertad su proyecto vital desde la perspectiva comunitaria que ha sido reconocida por las instituciones
europeas como la European Guardianship Network, una red que reúne a los diferentes agentes que atienden a la infancia tutelada, así como entidades Estados y regiones europeas. Como ya le comentó el honorable conseller Campuzano al secretario de
Estado de Derechos Sociales en noviembre del año pasado, hacen falta más recursos para gestionar la acogida de jóvenes emigrados solos y para la atención de los jóvenes extutelados, una atención que, en el caso de estos últimos, solo se dispensa en
Cataluña, que es el destino preferente de muchos jóvenes, ya que solo en 2022 llegaron más de 2300 jóvenes.
Para nosotros, pedir un reparto equitativo entre territorios no sería una opción justa, porque son ellos quienes prefieren estar en Cataluña. No obstante, el hecho de asumir esta llegada y, además, hacerlo bien -y eso hay que decirlo-,
supone una inversión extraordinaria para Cataluña. De la misma manera que el Estado asume los gastos de la inmigración y de refugiados en el Estado, también tendría que asumir estos gastos, al menos mientras se hace la primera asistencia y se
tramita la documentación; el hecho de que no tengan competencias en materia de infancia no significa que no puedan o deban financiar o cofinanciar este servicio ya que es el Estado quien controla las fronteras.
Sabemos que los jóvenes que salen del sistema aunque tengan un programa potente de apoyo como extutelados, ya que damos una prestación económica, plaza en un piso compartido y asesoramiento legal y emocional, tienen muy complicada la
transición a la vida adulta porque no tienen red. Además, la vivienda se ha convertido en el problema principal porque aunque estudien, trabajen y paguen sus impuestos, no tienen oportunidad para acceder a ella. Por tanto, es nuestra obligación
pedirles más recursos, más financiación, para poder hacer frente a esta acción.
Por otra parte, querríamos hablarle sobre la LOPIVI, que consideramos firmemente como un avance en la lucha contra la violencia en la infancia, pero, directora, sabe tan bien como yo que hay disposiciones que tendrían que estar ya en
funcionamiento y que todavía no lo están y, además, no sabemos si se está
trabajando para hacerlas efectivas. Me refiero, por ejemplo, a la creación de los juzgados de violencia contra la infancia, donde, de momento, no hemos visto movimiento, también al derecho a un abogado de oficio para los niños y niñas que
no sea el mismo que defienda los intereses de sus progenitores, o al epígrafe de la Seguridad Social para el acogimiento profesional.
La formación de los profesionales, según la LOPIVI, es indispensable, pero las universidades aún no tienen incluido en su currículum el temario, y las administraciones públicas tampoco tienen los medios suficientes para acondicionar el
acceso a plazas para atender la violencia exigiendo formación y experiencia. Creemos que la estrategia para la erradicación de la violencia contra la infancia es buena, pero es necesario poner las herramientas y medios para hacerla efectiva. El
Estado necesita a las comunidades autónomas porque son ellas quienes tienen las competencias para la creación de recursos y servicios que llevan a cabo.
Voy a dejar el tema de la garantía infantil para el turno de réplica, y voy a plantearle una pregunta sobre la infancia en las políticas públicas. Le pregunto, directora, si se ha cumplido con la recomendación del Comité de los Derechos del
Niño de 2018 en España, sobre incrementar las inversiones públicas de modo que guarden correspondencia con el volumen efectivo de solicitudes de prestaciones sociales y, en la medida de lo posible, que se incrementen los montos totales de
financiación.
De momento lo dejo aquí, agradeciéndole una vez más su comparecencia.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Seva Ruiz): Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra la señora Muñoz.
La señora MUÑOZ DALDA: Muchas gracias, presidenta.
En primer lugar, quiero agradecer a la directora general de Derechos de la Infancia y la Adolescencia su intervención en esta Comisión. Gracias, señora Losoviz, por su tiempo y por su voluntad de actualizarnos el trabajo del Ministerio de
Derechos Sociales y Agenda 2030 en materia de derechos de la infancia y de la adolescencia. Creo que podemos felicitar al Gobierno por su trabajo en esta materia. (La señora presidenta ocupa la Presidencia).
Nos ha explicado la estrategia de erradicación de la violencia, y también nos ha hablado del consejo, de participación, de la garantía infantil, de la estrategia estatal de derechos de la infancia, que está a punto, al igual que ha sido
también muy importante la afirmación que ha hecho de que los niños que vienen solos son una cuestión de Estado. La he escuchado con atención, y me gustaría preguntarle sobre uno de los proyectos que están llevando a cabo para asegurar la protección
integral de la infancia y de la adolescencia frente a la violencia. En mi tierra, y creo que en todos los territorios del país, preocupa especialmente este tema; esta semana, en Palma, en mi ciudad, juzgan a un padre acusado de abusar sexualmente
de su hija menor de edad valiéndose de la custodia compartida. Esta menor, según cuentan los medios, tuvo que ser atendida por la UTASI, la Unidad Terapèutica de Abuso Sexual Infantil, que es el servicio de atención psicológica del Govern balear a
la que se deriva desde los servicios de protección de menores, pero las menores víctimas de abuso sexual infantil necesitan de una atención integral más amplia que la atención psicológica, sobre todo, de una atención que no las revictimice y las
acompañe. Por eso me parece muy interesante el proyecto Barnahus, o la Casa de los Niños, al que ha hecho mención, por lo que quizá podría hablar con más en detalle sobre cómo se entiende la atención integral en este modelo y qué servicios se
incluirá en estos espacios, cómo funcionarán, cómo se coordinarán y cómo se garantizará, en definitiva, el interés superior del menor.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Muñoz.
A continuación, por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra la señora Monasterio.
La señora MÉNDEZ MONASTERIO: Muchas gracias, señora presidenta.
Muchas gracias, señora directora general, por su intervención en la tarde de hoy en esta Comisión. Le agradecemos mucho su comparecencia, aunque no estemos de acuerdo con la finalidad que dentro de esa dirección general ustedes plantean.
Usted sabrá, señora directora general, que VOX ha recurrido la ley que era motivo de esta comparecencia -o por lo menos la explicación de la estrategia por la cual se iba a aplicar dicha ley-
al Tribunal Constitucional. Por tanto, no estamos de acuerdo ni con la ley ni con la estrategia porque, según nuestro humilde entender, se ha quedado corta la explicación, por lo que a continuación le voy a plantear una serie de preguntas a
este respecto ya que, en consonancia con la Agenda 2030 -que también era motivo de la comparecencia-, tiene entre sus finalidades la imposición de la ideología de género, aun en contra de la voluntad de los padres, el fomento del aborto; la
promoción de la transexualidad, que producirá un desequilibrio en los menores al estar auspiciado por activistas sin escrúpulos y generará daños irreversibles en la adolescencia, pero es que, además, se persigue el enfrentamiento de los hijos contra
los padres, el ataque a la patria potestad, y todo ello disfrazado de la lucha contra la violencia contra los niños.
Entre los objetivos de esta nueva ley no está solo la erradicación de la violencia -que es absolutamente imprescindible por la gravedad que supone el ejercicio de la violencia contra un menor-, pero sí es la excusa que utilizan. Es una
herramienta para introducir de forma radical la ideología de género y enfrentar a los hijos contra los padres.
A lo largo de su intervención le he oído mencionar una protección de los menores absolutamente desvinculada de su familia y de sus padres y, en ningún momento, le he oído hablar sobre cómo se puede intentar prevenir con la aportación de la
familia de esos menores. Ha hablado usted también de las residencias y de los menores tutelados, pero lo cierto es que a nosotros nos genera bastantes dudas toda política que se establezca con estos niños, después de que por parte del Gobierno en
ningún momento se hayan denunciado y culpabilizado los terribles abusos que se han producido con las niñas menores tuteladas, por ejemplo, en Valencia o en Baleares.
En la aplicación de la ley de protección integral contra la violencia, nos interesaría saber qué es lo que se va a entender como violencia y qué es lo que se va a entender por buen trato. ¿Por qué le digo esto? Porque nos interesaría saber
cómo se va a modificar la instrucción actual de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para la aplicación de esta Ley de Protección Integral a la Infancia y Adolescencia porque, ¿será el Ministerio de Igualdad el que elaborará los contenidos
de esa nueva instrucción de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que intervienen para la formación dentro de los colegios? Siendo que en la actualidad los cuerpos y las fuerzas de seguridad del Estado entran en los colegios para informar y
poder prevenir de una manera necesaria sobre la violencia que se ejerce por medio de las redes, el ciberbullying y el acoso sexual, ¿qué es lo que se modificará respecto de la instrucción que ahora mismo está vigente? ¿Que se entenderá como
violencia? ¿Cómo incidirá la reciente aprobación de la ley trans en ese concepto de violencia? ¿Se considerará violencia si unos padres se oponen a la autodeterminación y transición al otro sexo de un hijo suyo de doce años? ¿Eso será motivo para
apartar a un hijo de sus padres? ¿Y si un padre desea que su hijo de doce años reciba apoyo psicológico para evitar esa transición, que no tiene ningún soporte científico y médico? ¿Eso será violencia, señora directora general? ¿Se podrá oponer
un padre a que un hijo suyo reciba una formación sexual que promueva el aborto y a una formación sobre relaciones sexuales tempranas y orientadas a que el sexo se considere en la educación de los menores como un simple aparcamiento animal? ¿Hay
educación sexual cuyos contenidos tienen más de corrupción de menores que de educación, tal y como estamos viendo en las campañas publicitarias y en los mensajes que lanzan las propias ministras o secretarias de Estado? ¿Van a utilizar a la policía
como policía de género en la infancia? ¿Se utilizará a la policía para adoctrinar en ideología de género? ¿Cuáles son las funciones del coordinador de bienestar que ha de estar en los colegios? ¿En qué número se va a incrementar el personal que
cuente con formación especializada en temas de violencia contra la infancia que esté en contacto habitual con la infancia? Quiero preguntarle por otro concepto. ¿Qué es lo que se considera como buen trato hacia los niños? ¿Podrá un padre corregir
a sus hijos de alguna forma? ¿Les podrá castigar sin ir de excursión o sin jugar al fútbol si no estudian o sacan malas notas, o eso se considerará violencia? ¿Usted considera adecuado que se estén realizando en los colegios encuestas dirigidas
por el Ministerio de Sanidad, donde se pregunta a niños de doce años, ¡niños de 12 años!; sobre si han mantenido relaciones sexuales y si las han mantenido con preservativo o no, o sobre si han consumido drogas como heroína o cannabis? Eso se les
está preguntando en una encuesta dirigida por el Ministerio de Sanidad en todos los colegios a niños de doce años. ¿Usted considera que eso es lógico o como si formara parte de unas conductas de absoluta normalidad?
Finalmente, señora directora general, usted ha hablado de cientos de millones de euros presupuestados, o de bastantes millones de euros, pero, ¿cómo se explica usted los datos del aumento de la pobreza infantil, que se ha incrementado en un
3 %? ¿Cómo justifican que las agresiones sexuales contra los menores se estén incrementado de forma exponencial? ¿Van a implantar medidas o consideran
hacerlo para paliar el consumo a la pornografía, a la que ya se accede desde los ocho años? Entre enero de 2021 y febrero de 2022 se detectaron 11 229 casos graves de bullying, lo que sitúa a España entre uno de los países europeos con más
incidencia de acoso escolar, por lo que, ¿han servido para algo esos millones de euros de los que usted nos ha hablado? Los suicidios en los menores de quince años en España aumentaron un 57 % en los últimos años, y dos de cada diez adolescentes
españoles padecían problemas de salud mental, según el informe de Unicef -del que supongo que estará usted bastante bien enterada- sobre el Estado Mundial de la Infancia 2021, y tenemos el porcentaje más elevado de los países europeos.
La señora PRESIDENTA: Señora Méndez Monasterio, se ha pasado un minuto. Tendría que terminar. Guárdeselo para la réplica.
La señora MÉNDEZ MONASTERIO: Termino.
Es el último dato que me queda. En relación con los trastornos en la conducta alimentaria, se ha incrementado en un 15 % el número de casos en menores desde hace años. ¿Han hecho ustedes algo con todos esos millones de euros
presupuestados?
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Méndez.
A continuación tiene la palabra por el Grupo Socialista, el señor Anguita.
El señor ANGUITA PÉREZ: Buenas tardes, y bienvenidos de nuevo a 2023, después de este paseo por el NODO.
Voy a intentar centrarme en lo que querría preguntarle a usted, querida directora general, pero previamente voy a contestar ciertas cosas que se han dicho en esta Comisión. Iba a empezar agradeciendo el trabajo que había hecho el compañero
Ortiz en la Comisión, y también decirle a la nueva vicepresidenta que en esta Comisión se suele respirar un buen aire, hay una buena relación y nos entendemos entre nosotros, pero también se dicen sandeces. Vamos a ver, ¿qué es violencia a la
infancia? Violencia en la infancia es poner un cartel en el Metro de Madrid señalando a un menor extranjero no acompañado como enemigo del Estado; violencia en la infancia es decir que la violencia de género, la violencia machista, no existe;
violencia es decir que la violencia vicaria no existe; violencia es decir que se está fomentando la transexualidad; violencia en la infancia es negar la igualdad plena que tiene que haber en este país. Vamos a ver si lo conseguimos hacer una vez
por todas porque durante cuarenta años en este país se prohibió ser sindicalista y ser de izquierdas, pero, cuarenta años después, gobernamos este país muchos más años que la derecha. El negar una cosa y obviarla no significa que siga existiendo,
no se crean transexuales, como tampoco se crean homosexuales ni lesbianas, pero sí se pueden llegar a crear machistas.
La señora MÉNDEZ MONASTERIO: Señora presidenta, la comparecencia es de la directora general, y no viene a cuento que un grupo parlamentario esté metiéndose con otro.
La señora PRESIDENTA: El Grupo Parlamentario Socialista está haciendo su intervención, no ha faltado al respeto a nadie y, por tanto, vamos a dejar que el señor Anguita siga con su intervención.
El señor ANGUITA PÉREZ: Objetivo cumplido, nada más, pero era importante ponerlo sobre la mesa.
Señora directora general, ha dado usted una explicación bastante larga sobre los tres puntos que hoy quería comentar, pero me voy a centrar en el plan de garantía infantil y los fondos europeos. Creo, y lo entendemos como el Grupo
Parlamentario Socialista, que es una manera, es una herramienta, para combatir ciertas desigualdades, tanto las estructurales como las puntuales. Entre las estructurales entendemos que está la pobreza, que también es hereditaria; entendemos
también la brecha educativa que se genera; también la salud, algo que también se ha tocado en esta Comisión, y también, por cierto, el peso negativo que pueden tener las redes sociales sobre los niños, niñas y adolescentes. También están las
desigualdades puntuales, creadas en este caso a través de la pandemia, por ejemplo, cuando tuvimos miedo de que la brecha digital aumentara la brecha educativa de los niños, niñas y adolescentes; o en el caso del volcán, con el realojo de todos los
niños para que pudiesen seguir estudiando, y también por la inflación provocada por la guerra de Ucrania.
Aquí hay dos temas; uno, sobre cómo hemos ayudado a los refugiados para que puedan entrar en España y sentir que este es un país acogedor, a pesar de algunos discursos que escuchamos, y otro
sobre la importancia de ayudar a las familias más vulnerables a causa de la inflación, que está ahogando a muchísimas de ellas. Yo creo que en estos tres años y medio que llevamos de legislatura nos han venido vientos de todos los lados, y
aun así hemos conseguido avanzar en los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Yo le voy a hacer tres preguntas para no desviarme del tema y, sobre todo, porque me parece muy interesante. La primera es si usted cree que estamos mejor preparados que hace tres años para poder afrontar cualquier nuevo reto que sea
completamente ajeno al país, como puede ser una pandemia o una nueva guerra fuera de Europa o dentro de Europa, que nos pueda generar otra vez otra inflación. La segunda es cómo podemos fomentar la participación de los niños, niñas y adolescentes a
través de los órganos que hemos creado y cómo fomentar que sea un poquito más útil. También querría saber si nos podría avanzar un poco más sobre los planes y convenios o acuerdos de adopción infantil que ha comentado, que me han parecido muy
interesantes, y si podría darnos una explicación más extensa que la que ha realizado. Me dejo el resto para para réplica.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Anguita.
Una vez finalizada la intervención de todos los portavoces, directora, le vamos a dar la palabra otra vez para poder contestar a las distintas reflexiones y preguntas que han hecho. Adelante, directora.
La señora DIRECTORA GENERAL DE DERECHOS DE LA INFANCIA Y DE LA ADOLESCENCIA (Losoviz Adani): Muchas gracias.
Para comenzar quisiera aclarar que, cuando hago mención a la Garantía Infantil Europea y al instrumento de financiación que tenemos a través del Fondo Social Europeo Plus, me refiero a uno de los instrumentos con los que contamos para llevar
a cabo este plan de implementación que, como digo, va a empezar ahora y se va a ejecutar hasta 2030, pero también tiene que contar con presupuestos estructurales, tanto de los Gobiernos autonómicos como de las entidades locales y, por supuesto,
también de la Administración General del Estado. Entonces, simplemente traigo como ejemplo un compromiso tangible, en el cual la Comisión Europea nos pedía un 5 % de inversión de ese Fondo Social Europeo Plus para la garantía infantil, y hemos
duplicado ese compromiso hasta 2027 en cuanto a ejecución del gasto al 11 %. En cuanto a la parte de la estrategia de erradicación de la violencia que menciona el Grupo Popular, sí que me parece importante hacer referencia a que, cuando he
explicado las líneas estratégicas, también estaba dando ejemplos de lo que ya estamos realizando y estamos llevando en ese marco de la estrategia de erradicación. Por lo tanto, más allá de los mecanismos operativos que vamos a tener -y que estamos
trabajando para tener estos planes, como bien mencionaba-, estamos caminando ya en ejecución de la estrategia, estamos implementando conjuntamente con las comunidades autónomas, con las entidades locales y con otros actores para avanzar en aspectos
que nos mandata la LOPIVI y en los que tenemos que seguir trabajando. En ese sentido, gracias por darle la importancia en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia. Para nosotros es el órgano más importante de toma de decisión para
cualquier estrategia o cualquier política que queramos llevar a cabo.
En cuanto a los temas de pobreza que han salido en algunas de las exposiciones, para nosotros, desde este Ministerio Derechos Sociales y Agenda 2030, es una prioridad porque es una preocupación constante que tenemos. Por ello, estamos
ampliando esta inversión en la Garantía Infantil, pero también estamos proponiendo otras medidas que entendemos que son importantes. Por lo tanto, la ley de familia que se está promoviendo desde este Gobierno, nos parece que también va a ampliar la
cobertura social de protección a las familias y a los niños y niñas que más lo necesitan en un momento que creo que hay que remarcar que hablamos de pobreza infantil. Estamos en un momento clave en cuanto a desafíos debido a las diferentes crisis,
y creo que es fundamental el sostén, la protección, el escudo social que se ha brindado en las diferentes políticas, tanto a través de apoyos monetarios como también a través de políticas puntuales, que se podrían incorporar en el marco de la
garantía infantil a través de accesos a servicios, ofreciendo programas de comedores saludables, de estancias vacacionales y otras cuestiones que son claves para el desarrollo de los niños y niñas que se encuentran en una situación más
desfavorecida, es importante brindarles este escudo social. Hay que resaltar la importancia de todas estas políticas en su conjunto. Evidentemente, la garantía infantil lo que pretende es el acceso a estos servicios esenciales porque entendemos
que son claves para el desarrollo de la infancia y la adolescencia, y lo que pretende no es solo reducir la pobreza hoy sino también romper los círculos de pobreza, es decir, lograr que en el futuro sus hijos y sus hijas no sean pobres. Esta es la
cuestión es el punto donde tenemos que cambiar y por eso decía que la garantía infantil es muy importante porque nos obliga a cambiar y ver cómo
podemos actuar de diferentes formas para que ese desarrollo pleno de estos niños y niñas sea real y puedan luego traspasar a sus niños y niñas una propuesta de vida más digna de la que ellos están viviendo hoy.
En cuanto a los niños migrantes no acompañados, ponemos en valor todo el esfuerzo que están haciendo las comunidades autónomas para acoger y recibir de la mejor forma posible a estos niños y niñas. Sabemos que vienen con sus proyectos
migratorios y la idea es acompañar, a través del modelo que hemos establecido, para que ese proyecto migratorio pueda estar cumplido -ya sea en España o en los países a los que ellos quieran ir de destino-. Por eso, desde este ministerio hemos
ampliado el presupuesto: en 2021 teníamos 27 millones -si no me equivoco-; en 2022 contamos con 35 millones; vamos a tener 35 millones este año también, y esto no existía antes. Este es un compromiso que hemos asumido para poder llevar a cabo y
acompañar todo el proceso que están haciendo las comunidades autónomas y creo que no ver la migración como una cuestión de Estado y no ver la realidad de que están llegando estos niños y niñas sería no querer tomar cartas en el asunto y poner
medidas acordes.
Respecto a otras medidas que se están llevando a cabo en la LOPIVI, nosotros estamos haciendo seguimientos, es nuestra labor, aunque no es nuestra competencia implementarlas directamente. Estamos trabajando tanto con el Ministerio de
Educación como con el Ministerio de Justicia y con el Ministerio de Sanidad para ver cómo se implementan las medidas que tienen que estar ya en marcha en algunas cuestiones, de acuerdo con lo que dice la ley. En el caso del servicio de la Seguridad
Social, del acogimiento especializado, estamos en constantes conversaciones también con el Ministerio de Inclusión para poder llevar a cabo ese reglamento, para hacer una reglamentación acorde. Y además, como comenté, estamos fomentando activamente
el acogimiento familiar especializado, exclusivo y con especial preparación y, por lo tanto, tener una regulación de las cotizaciones de Seguridad Social nos parece clave.
En el ámbito de la justicia, seguimos muy de cerca todos los cambios de las nuevas leyes que está promoviendo el Ministerio de Justicia, tanto en la ley de eficacia procesal como en la ley de eficiencia organizativa, que es donde tendría que
estar también plasmado y tendría que estar puesta en marcha la especialización de los juzgados en derechos de la infancia y de la adolescencia.
En cuanto al programa Barnahus, la verdad es que es un proyecto en el cual estamos muy ilusionados y ha generado altísimo interés en las comunidades autónomas. Yo creo que es un ejemplo muy concreto de cómo podemos bajar la LOPIVI, la Ley
Integral de Protección a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, pero también alinearla en el marco de los derechos de los niños. Este modelo lo que intenta es concentrar en el mismo techo todos los servicios que necesita una niña o
niño víctima de violencia sexual. Por lo tanto, la idea es que pueda ir una sola vez a todo lo que tenga que ver con la prueba preconstituida, con su testimonio, y que pueda tener posteriormente los servicios de atención para la recuperación.
Además, este modelo del Barnahus garantiza el derecho a los niños y niñas a ser escuchados y les hacer sentir que su voz sí importa. En ese sentido este modelo, como decía, nos permite tener la prueba constitutiva y evitar la revictimización, y
sobre todo también reducir la impunidad a los agresores porque cuanto mejores sean las pruebas, menos impunidad habrá para los agresores. Como decía, este programa está generando muchísimo interés por parte de las comunidades autónomas y estamos
ampliando el proyecto para que todas puedan participar activamente. Queremos hacer un diagnóstico para dar recomendaciones y que se puedan implementar en cada contexto siguiendo este marco para ver cómo sería la mejor forma de adaptarse.
En cuanto a las diferentes formas de violencia, a qué se entiende por violencia, yo creo que la Ley Integral de Protección a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia deja muy claro cuál es el concepto de violencia. Hay una
definición muy amplia, pero, por simplificar, entendemos que es todo aquello que le puede generar un daño físico, emocional, un daño a su bienestar. Por lo tanto, ese es el paradigma en el cual nos manejamos, es decir, todo aquello que pueda
generar un daño a un niño o niña va a ser considerado violencia en todos esos aspectos. Por supuesto que la LOPIVI sobre todo lo que promociona es el buen trato. Entendemos que es importante erradicar la violencia, es clave, pero también tenemos
que promocionar el buen trato. Tenemos que promocionar un trato con respeto mutuo, con tolerancia y de acompañamiento, también por parte de las familias, por supuesto, de los adultos responsables y formados en el marco de los derechos de los niños
y niñas, que respeten sus opiniones y les escuchen lo que quieran decir en la toma de decisión. Por lo tanto, en ese sentido la ley de protección integral es una ley sólida, como también lo son las otras leyes que están siendo aprobadas en esta
legislatura. Es una ley que avanza en los derechos humanos de los niños y niñas, avanza en las líneas que nos marcan los tratados internacionales de derechos humanos. Yo creo que no podemos, como decía
antes, dejar de ver una realidad social. La gran diversidad que existe en la infancia y la adolescencia podría llevar a no entender sus problemas y sus necesidades y, por lo tanto, creo que en este marco las leyes que se están promoviendo y
aprobando son justamente un acompañamiento que pueden dar las administraciones -los legisladores también- al mismo ritmo que va la sociedad. No podemos ir detrás de la sociedad, tenemos que ir al lado y acompañarles en ese proceso, porque están en
constante cambio y tenemos que fomentar todas las medidas que protejan sus derechos.
Por lo que se refiere a cuestiones vinculadas al mundo digital, al bullying y al acceso digital a la pornografía, en la LOPIVI queda claramente marcado que estamos trabajando para que todos los espacios donde los niños y niñas puedan
interactuar sean espacios seguros, sean espacios protectores; queremos evitar y prevenir esa violencia. Y, sí, estamos trabajando en refuerzo a las familias en todos estos aspectos, no solo para apoyarles en la parte de parentalidad positiva -que
nos parece clave dar ese acompañamiento, y lo he mencionado en el momento que hablaba de evitar la desinstitucionalización, de cómo reforzar el trabajo con las familias más frágiles que puedan estar en una situación de más dificultad para evitar esa
retirada de tutela- sino también en la línea de sensibilizar y de acompañar a las familias en un proceso de conciencia de la realidad que puedan estar viviendo los niños y niñas. Por lo tanto, cuando hablaba de la estrategia de erradicación de
violencia, la parte de sensibilización, de tolerancia cero, tiene que ver con incorporar también a las familias y a todos los actores sociales en la lucha contra la violencia contra la infancia. Y en ese sentido y sobre todo en la parte digital y
de pornografía, la ley también es muy clara al involucrar al sector privado, que también juega un rol muy concreto, y queda explícito en alguno de los apartados de la ley que todo esto tiene que ir acompañado con otros actores. Yo creo que el gran
aporte que nos da la LOPIVI es este enfoque integral y además este enfoque de que todos los actores tenemos que jugar un rol para prevenir y evitar que suceda la violencia contra los niños y las niñas.
En cuanto a si estamos mejor preparados, yo creo que sí. Yo participé activamente en este grupo temporal de Ucrania, debo decir que llevaba tres semanas en el puesto y de repente me vi ante la llegada de niños y niñas por todas las
fronteras. Fue una actuación rápida, coordinada y con mucho esfuerzo por parte de los Gobiernos autonómicos y de las entidades locales para, de una forma eficaz, brindar alojamiento y espacio a estos niños y niñas que estaban llegando. Creo que
sí, creo que hemos aprendido. Hemos aprendido de la pandemia, hemos aprendido de Ucrania; creo que estamos más fortalecidos, que tenemos más experiencia y conocimiento, y que hay que aprovecharla. No debemos esperar a tener otra contingencia,
otro problema, otra crisis para prepararnos. Hoy por hoy tenemos constantemente, como decía, llegadas de niños y niñas a nuestras fronteras, tenemos que actuar y prepararnos también para darles la mejor respuesta, y todo lo que hemos aprendido nos
puede brindar un buen marco para implementarlo.
En cuanto a la participación, el consejo estatal de participación está siendo un motor muy importante en nuestro país, está generando en varios ministerios interés por consultar a niños y niñas, interés por escucharlos. Yo creo que esta es
la parte más importante, cuando hablamos de derechos de los niños y niñas, cómo los escuchamos, cómo tomamos en cuenta sus opiniones y si realmente les estamos haciendo parte de esta transformación social que queremos. Al final son ellos y ellas
los que mejor conocen su realidad, los que mejor saben qué medidas o qué respuestas pueden darles a esas necesidades. Y, en este aspecto, a nivel autonómico se están promocionando marcos legislativos y espacios de participación que van a nutrir al
consejo estatal posteriormente, y lo que queremos es que estos movimientos de niños y niñas sean de abajo arriba y de arriba abajo, que tanto en las entidades locales, como en las organizaciones y en los Gobiernos autonómicos cuenten con estos
mecanismos estables de participación de los niños y niñas para que ellos puedan participar también de los procesos y de la toma de decisión.
Respecto a la adopción internacional, para ser sinceros, es una realidad que no está siendo incrementada sino que, al contrario que otros años, cada vez está cayendo más el número de adopciones internacionales. Es verdad que muchos países
han cerrado sus fronteras para adoptar a niños y niñas, o las condiciones que están imponiendo para la adopción son complejas, son niños y niñas con discapacidad, o niños con hermanos; realidades que hacen difícil encontrar familias que quieran
adoptar. Por lo tanto, en relación con la adopción internacional, seguimos colaborando y hablando con los diferentes países y también respondiendo a las necesidades que escuchamos por parte de las familias que quieren adoptar. Pero ahora tenemos
un marco nuevo a través de la sentencia del Supremo, tenemos que generar un nuevo marco del reglamento que vuelva a dar competencias a las comunidades autónomas para los
procesos de acreditación en las oficinas de acreditación en los países, y en ese proceso estamos. Ahora, como decía, ese nuevo país que hemos podido abrir es Senegal, pero no dejamos de ver otras posibilidades.
Creo que he contestado a todo. No sé si me he dejado algo. Perdón, si me he dejado algún punto sin responder.
La señora PRESIDENTA: Gracias, directora.
En todo caso, como los portavoces tienen otro turno de réplica, también tendrá opción de responder al final. Tenéis dos minutos, por orden de menor a mayor y, por lo tanto, vamos a empezar por el Grupo Confederal de Unidas Podemos-En Comú
Podem-Galicia en Común. La señora Muñoz tiene la palabra.
La señora MUÑOZ DALDA: Simplemente quiero felicitarla de nuevo por el trabajo... (Rumores). Interrumpen todo el rato, es una cosa que no entiendo. Como decía, quiero felicitar al Gobierno por el trabajo que está desarrollando y agradecer
la comparecencia de la directora general y decirle que esta es su casa y esperamos que pueda venir pronto a explicar la estrategia de infancia.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Muñoz.
A continuación, por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra la señora Méndez Monasterio.
La señora MÉNDEZ MONASTERIO: Gracias, señora presidenta.
En primer lugar, como cuestión previa, he de decirle al representante del Grupo Parlamentario Socialista que evidentemente teníamos razón en todo lo que estamos diciendo, cuando resulta que, al ejercer la libertad de expresión en la casa
precisamente que es la cuna de la libertad de expresión, considera que es violencia que un grupo parlamentario estime que no todos los hombres son machistas y que no todos los hombres son criminales; que considera que es violencia opinar diferente
en cuanto al daño que se va a producir a los niños con la estimulación a la transexualidad que va a realizar la ley trans; o sea que opinar diferente, él considera que es violencia. Por lo tanto, no estamos muy desencaminados cuando hacemos las
afirmaciones que hacemos, cuándo preguntamos qué es lo que se considera violencia. En aras de esto, le agradezco mucho a la directora general su contestación, pero evidentemente estamos en lo mismo, en ese concepto amplio de violencia que nos ha
dicho el representante del Grupo Socialista, qué es violencia: opinar diferente. Por lo tanto, nos preocupa.
También ha hablado de qué es el buen trato. Ha dicho que es el bienestar de los niños, que es escucharles, pero no me ha contestado a una pregunta concreta: Cuando un padre corrige a su hijo y le castiga por algo, ¿Eso va a ser violencia o
no va a ser violencia? Porque realmente esos conceptos abarcan mucho y esto puede ser bastante peligroso.
Dos ideas nada más. En relación con los niños inmigrantes que vienen solos a nuestro país, cuando resulta que el Gobierno lo que está es estimulando el efecto llamada, esos niños con quien están bien es con sus padres. Se puede hacer toda
la política que sea en los países de origen, se puede ayudar a esas familias en sus países de origen, pero lo que no puede hacerse desde el Gobierno es hacer un efecto llamada para que vengan solos, porque esos niños con quien están bien es con sus
padres. No obstante, le quiero felicitar de una manera sincera desde nuestro grupo parlamentario por todas las actuaciones que se han hecho con los niños venidos de Ucrania. Merece nuestra felicitación y, por lo tanto, así lo hacemos.
Por último, otra de las cosas que usted ha dicho ha sido que los niños y las niñas son los que conocen mejor su realidad. Evidentemente, pero en un entorno familiar quizás sean los padres los que tengan que conocer la realidad de esos hijos
porque son los que más los quieren y, por lo tanto, estamos hablando de temas muy duros, como son los abusos sexuales y las agresiones sexuales, y nos parece que se incide en una gran contradicción cuando usted dice que se quiere menos impunidad
para los agresores y, sin embargo, se aprueban leyes que ponen a los violadores en la calle. Entonces...
La señora PRESIDENTA: Señora Méndez se ha pasado cuarenta segundos de su intervención.
La señora MÉNDEZ MONASTERIO: Termino.
..., cómo se va a luchar contra esos abusos sexuales cuando despenalizan algunos supuestos de relaciones sexuales cuando se realizan con el consentimiento de los propios menores.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Méndez.
A continuación, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Redondo. Le recuerdo que, por dos minutos. Gracias.
La señora REDONDO CALVILLO: Gracias, presidenta.
Un olvido que he tenido antes con respecto a la LOPIVI, ¿qué me puede decir sobre la elaboración de las directrices y las pautas generales del currículum de contenido formativo para que contribuyan a la formación especializada? Me refiero a
toda la formación que tienen que recibir los profesionales que están en contacto con los niños y con las niñas, porque se suponía que en el curso 20222023 iban a estar funcionando dos figuras muy importantes que se articulaban en la LOPIVI y que
eran fundamentales para la prevención y protección contra la violencia en el ámbito educativo y en el deporte y el ocio. Supongo que se imagina que la figura del coordinador o coordinadora de bienestar y protección es la del delegado o delegada de
protección.
Y con respecto a la Garantía Infantil Europea, los hogares vulnerables es verdad que después de la pandemia se han quedado en una situación todavía más delicada. Nosotros estamos convencidos también de que el Plan de acción de la Garantía
Infantil Europea es de verdad una oportunidad para abordar la pobreza infantil, para garantizar el acceso de los niños y las niñas en situación de riesgo a derechos esenciales como la educación, el cuidado en la primera infancia, la sanidad, la
nutrición o la vivienda, pero se necesitan políticas muy claras, que garanticen, por ejemplo, la educación de 0 a 3 años. ¿Cómo se va a prestar una mayor atención a los niños y niñas con necesidades especiales? O, ¿cómo van a tener acceso a los
servicios de salud mental, que ahora nos preocupan a todos muchísimo? Porque si antes, no, ahora se habla de ello a diario. ¿Cómo van a tener acceso a los servicios de odontológicos y oftalmológicos, que también se había recogido? O, ¿qué medidas
se van a promover para que consigamos un equilibrio entre la familia y el trabajo y se reduzca la segregación familiar? Hay muchísimas cosas que usted -que está tratando y estudiando esto directamente- estoy segura de que cree que necesitan
muchísima más financiación. Nosotros hicimos una enmienda a los presupuestos para que le dieran 100 millones más porque nos parecía insuficiente, pero no tuvimos éxito.
Solamente me queda agradecerle las explicaciones. Ya le dije a la anterior directora cuando vino que por mí todos los meses podía venir y contarnos cómo va, porque, sinceramente, creo que es una preocupación que tenemos todos en la cabeza y
es la forma que tenemos de poder hablarlo y de poder entenderlo.
Gracias, presidenta. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Redondo.
Y ya para terminar el turno de los portavoces, tiene la palabra el señor Anguita, del Grupo Parlamentario Socialista.
El señor ANGUITA PÉREZ: Gracias, presidenta.
Muchísimas gracias, directora general, por sus explicaciones. Creo que es bueno escuchar a todos los grupos parlamentarios y saber qué España queremos. Como no me puedo dirigir hacia ningún grupo porque se sienten 'ofendiditos', solo diré
que la libertad de expresión es no interrumpir cuando algo no te gusta, es escucharlo hasta el final y aprenderlo, como he hecho.
No sé si habrá sacado usted la misma conclusión que yo, que enhorabuena por lo de los niños de Ucrania, pero que el resto, mejor con sus padres. Dado que tenemos dos flujos migratorios muy importantes -uno es Ucrania y otro es África-,
queda muy claro que el comentario es absolutamente racista. (La señora Méndez Monasterio: ¡Mira, vete a la mierda!).
La señora PRESIDENTA: Señora Méndez Monasterio, eso sí que no se lo permito. Está insultando a un compañero diputado. (La señora Méndez Monasterio: Que me llame racista porque digo que los niños que vienen de fuera tienen que estar con
sus padres, eso no se lo voy a consentir). Por favor, señora Méndez Monasterio... (La señora Méndez Monasterio: ¡Hombre, por Dios! ¡Hombre, por Dios! Eso no se lo permito.-Una señora diputada: Lo que no podemos consentir son insultos). Ya está.
Gracias. Siga, señor Anguita.
El señor ANGUITA PÉREZ: La libertad de expresión... (La señora Méndez Monasterio: Efectivamente).
Decía que creo que es importante el trabajo que hemos hecho en Ucrania, y yo sí quiero agradecerle el trabajo hecho en Ucrania y con todos los niños y niñas, porque yo no hago ningún tipo de diferenciación.
Le voy a pedir si hay alguna posibilidad de que nos pase algún resumen de lo que hoy ha comentado, porque ha tocado muchos temas y no he podido tomar nota de todo, porque nos puede ir muy bien para las próximas comparecencias saber hacia
dónde está avanzando este Gobierno.
Espero que no se haya llevado una mala impresión de esta Comisión.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Anguita.
Ahora, la señora Losoviz tiene un turno para, antes de terminar, poder hacer las aclaraciones pertinentes a los portavoces.
La señora DIRECTORA GENERAL DE DERECHOS DE LA INFANCIA Y DE LA ADOLESCENCIA (Losoviz Adani): Creo que toda la exposición he tratado también de mandar el mensaje de que, por supuesto, el acompañamiento y el apoyo, que se tiene que brindar a
las familias es fundamental y se tiene que reforzar ese trabajo, y he contado alguna de las medidas. Por lo tanto, también en cuanto a los temas vinculados al abuso o a la agresión sexual a que se hacía mención antes, creo que en este sentido
conocemos muy poco la realidad y por eso hablaba de que vemos solo la punta del iceberg. Tenemos que mejorar los datos en los conocimientos, saber dónde está pasando, saber quiénes están siendo las personas que agreden y a niños de qué edades para
poder tomar medidas y acciones que sean acordes con esa problemática. El modelo Barnahus, que conté, es un modelo que está funcionando en otros países y está funcionando aquí -ya tenemos algunos en nuestro país- y está generando que haya más
denuncias y que se visibilicen más estos casos porque hay un acercamiento de la justicia. La gente empieza a creer que realmente una víctima de violencia sexual, cuando es menor de edad, puede acceder a la justicia, que le van a dar una respuesta
y, sobre todo, que le van a dar un servicio integral, sin revictimizarlo, que creo que es la clave de lo que estamos hablando y donde se tiene que poner el foco cuando hablamos de niños y niñas víctimas de violencia sexual, es evitar la
revictimización y darles todo el soporte posible para una reparación y para que puedan recuperar su vida y tener su desarrollo pleno, como se merecen.
En cuanto a los aspectos que tienen que ver con las directrices curriculares de formación y especialización, nosotros estamos, como decía, trabajando de la mano con los ministerios para ver los avances. Sabemos que el coordinador de
protección y bienestar en los centros educativos se ha instaurado, al menos en casi todos los centros públicos está esta figura. Se han generado, en diferentes comunidades autónomas, diferentes normativas o directivas para llevar a cabo este
procedimiento, pero por supuesto es un proceso que hay que seguir fortaleciendo, hay que seguir acompañando y la formación es necesaria. Sé que en el Ministerio de Educación -habría que preguntarles directamente a ellos- han hecho un manual, han
acordado en su conferencia de convivencia -no me sale ahora el nombre- el consejo de la convivencia escolar, creo que se llama; tienen aprobado ya un manual y unas guías para trabajar la figura del coordinador de protección. Y eso está en marcha.
En cuanto a la Garantía Infantil Europea, hablaban de cómo vamos a llegar a dar estos servicios a las diferentes edades, 0 a 3 y a niños que necesitan especial atención, como son los niños con discapacidad. Y yo creo que aquí la garantía
infantil tiene dos factores claves. Uno que nos hace pensar es cuáles son, dentro estos grupos más desfavorecidos que están en situación de riesgo de exclusión social, los que tienen más barreras. Eso nos permite ver si realmente estamos llegando
a los niños y niñas que -ya sea porque tengan discapacidad, porque sean de niños migrantes o de otras características que puedan generar mayores dificultades o que estén en sistema de residencial- no puedan acceder. Y también nos permite luego ver
cómo hacer que ese acceso sea efectivo, que nos parece la clave. El Plan de acción de la Garantía Infantil Europea hemos propuesto diferentes medidas para darle un enfoque integral. Sabemos que la gratuidad de 0 a 3 años puede ser un condicionante
si se enfoca a las personas que más lo necesitan, pero solo con eso no es suficiente; tenemos que flexibilizar horarios, modalidades de educación infantil, debemos también ofrecer un servicio de atención para mostrarles cómo se hacen las
inscripciones, cómo se pueden pedir las ayudas, queremos reducir la burocratización de todos esos procesos, que limitan muchas veces el acceso a los servicios esenciales por parte de las familias más vulnerables. Este es un ejemplo en cuanto a
necesidades especiales. Queremos generar unos criterios, unos estándares comunes para la atención temprana. Sabemos que es fundamental la detección temprana para evitar discapacidades futuras o para generar un proceso de desarrollo más apto si el
niño o niña viene con alguna discapacidad y, por lo tanto, ahí estamos trabajando también para que exista una cartera común de servicios en todas las comunidades autónomas para brindar esta atención temprana a los niños y niñas, como decía antes,
para reducir las desigualdades territoriales también.
Y en salud mental también estamos reforzando la garantía infantil, junto con el Ministerio de Sanidad. La idea es poder mejorar la especialización de psiquiatría infantil. Es una especialización que todavía no está puesta en marcha, hay
pocos especialistas, hay que darle más potencial y, por lo tanto, en la garantía infantil, si ven los objetivos que nos hemos planteado, uno de ellos es contar con un mayor número de especialistas formados y especializados en psiquiatría infantil.
Estos son algunos ejemplos de lo que estamos llevando a cabo, y no voy a entrar en más detalles, pero creo que he contado un poco todos los avances, las cuestiones que estamos abordando, cuáles son nuestras prioridades. Y quiero decirles
que estoy encantada de venir las veces que sea necesario a contarles todas las acciones que, desde la Dirección General de Infancia y Adolescencia, estamos realizando para promover y proteger los derechos de cada niño y cada niña que se encuentre en
nuestro país.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Señora Losoviz, muchísimas gracias por su comparecencia, por sus explicaciones y por sus respuestas a todas las intervenciones de los portavoces. Y, sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión.
Muchas gracias.
Eran las cuatro y media de la tarde.