CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2023 XIV LEGISLATURA Núm. 867

JUSTICIA

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FELIPE JESÚS SICILIA ALFÉREZ

Sesión núm. 43

celebrada el jueves,

16 de marzo de 2023

ORDEN DEL DÍA:


Comparecencia de la señora ministra de Justicia (Llop Cuenca), a petición propia, al objeto de informar del desarrollo de las políticas de su departamento. (Número de expediente 214/000186) ... (Página2)

Página 2

Se abre la sesión a la una y veinticinco minutos de la tarde.


El señor PRESIDENTE: Buenas tardes, señorías.


Damos comienzo a la sesión de la Comisión de hoy, que tiene como orden del día la celebración de la comparecencia de la ministra, a petición propia, para informar del desarrollo de las políticas de su departamento. Damos la bienvenida a la
ministra a la Comisión, en nombre de todos los diputados y diputadas que la conformamos.


Sin esperar mucho más, les pediría a sus señorías que vayan ocupando los asientos porque vamos a dar la palabra a la ministra, recordándoles a los portavoces que después intervendrán los grupos en un único turno de menor a mayor, por un
tiempo de diez minutos, que, si quieren dividir, deberían ir comunicándolo a la Mesa para que podamos ir dando paso a los diferentes portavoces. Sin más, damos la palabra a la señora ministra. Ministra, tiene usted la palabra.


La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Llop Cuenca): Buenas tardes.


Muchas gracias, señor presidente de esta Comisión de Justicia, resto de miembros de la Mesa, letrado de la Comisión, portavoces, diputadas y diputados. Comparezco ante esta Comisión al objeto de dar cuenta del desarrollo de las políticas
que está llevando a cabo el Ministerio de Justicia; un ministerio con dos tercios de sus compromisos cumplidos y el otro tercio en proceso de cumplimiento, de acuerdo con el informe Cumpliendo, de rendición de cuentas del Gobierno de España, del
pasado mes de diciembre, un porcentaje que esperamos elevar a un 83 % al final de este semestre. Un ministerio con una amplia participación en las más de doscientas leyes aprobadas por la coalición de Gobierno, que auguran una década progresista
que va a ser también la década de la transformación de la justicia; transformación en la que debemos estar todos involucrados: fuerzas políticas, administraciones territoriales, comunidades autónomas, entidades locales y sectores profesionales.
Este es un Gobierno que avanza esta semana con un histórico acuerdo de pensiones. Esta misma mañana, hace apenas unas horas, hemos aprobado ese decreto en el Consejo de Ministros.


Mientras se destaca el acuerdo, el diálogo y la paz social, en la oposición aún no nos han aclarado qué postura van a tener, qué postura va a tener el Partido Popular, el segundo grupo de esta Cámara, ante la moción de censura que se va a
debatir aquí la próxima semana: si votarán en contra, con responsabilidad y sentido de Estado; si se abstendrán, como si la situación política de España, de nuestro país, no fuera con ellos, o si votarán a favor, porque puede que sean verdaderos
rehenes de esa derecha más extrema.


Señorías, si pretendemos esperar algo de responsabilidad del principal partido de la oposición, la espera puede hacerse muy, pero que muy larga. Permítanme darles una cifra: 1562. Creo que no haría falta que explicara a qué responde esta
cifra, pero les recordaré que son los días que lleva el Consejo General del Poder Judicial sin ser renovado; 1562 días, uno tras otro, incumpliendo la Constitución. Y esto no es una responsabilidad del Gobierno, no es una responsabilidad de quien
les habla ni tampoco de quienes me han precedido en la cartera de Justicia. Renovar el Consejo General del Poder Judicial es una competencia de las Cortes Generales, una responsabilidad del Parlamento, del Congreso de los Diputados y del Senado.
Pero siendo una labor de las Cámaras, que no se haya renovado el Consejo General del Poder Judicial es responsabilidad únicamente de un grupo parlamentario, el Grupo Parlamentario Popular, porque sin el concurso de esta fuerza política no se alcanza
la mayoría de tres quintos requerida en cada Cámara para proceder a la renovación del órgano de gobierno de jueces y juezas. Y es por la negativa del Grupo Popular por la que el Consejo sigue sin renovarse, exclusivamente. ¿Negativa a qué? ¿A
aceptar la composición de las Cortes de esta legislatura, que es la que se deriva de los resultados de las elecciones generales del año 2019? Negativa así expresada por algunos dirigentes del Partido Popular, que resulta ciertamente preocupante:
negativa a aceptar la legitimidad de las elecciones y a cumplir con sus deberes constitucionales, pero les recuerdo, señorías, que acataron la Constitución cuando adquirieron su plena condición de diputados y diputadas en esta Cámara.


Sinrazón, empecinamiento, falta de sentido de Estado. ¿Ante qué nos encontramos? ¿Ante la voluntad de una minoría bloqueando a una mayoría, subvirtiendo el principio mismo del funcionamiento de nuestra democracia? Permítanme que les
recuerde lo que respecto de las minorías parlamentarias dice la Comisión de Venecia: el requisito de mayoría cualificada en el procedimiento legislativo otorga a la oposición el derecho absoluto de bloquear algunas iniciativas legislativas de la
mayoría gobernante siempre que la oposición tenga el número de votos necesario para bloquearlas. Por el contrario, una regla de mayoría cualificada en materia de nombramiento no debe impedir, al menos no por mucho tiempo, el nombramiento de un
cargo o de miembros de un órgano colegiado, ya que sin ellos el Estado no puede

Página 3

funcionar adecuadamente. Por tanto, el poder de bloqueo de la oposición es absoluto y puede ser superado a condición de que este poder de bloqueo no sea privado de contenido.


Nos encontramos ante el empeño por desconocer que la composición de esta Cámara y del Senado no es sino la expresión de la voluntad del pueblo español a través de las urnas. Estamos ante la negación de la democracia misma y por si no
tuviéramos poco, a ello se unió la negativa del mismo grupo a acatar la inviolabilidad de las Cortes y su capacidad de legislar sin injerencias externas, así que qué menos que empezar esta comparecencia exigiendo al Partido Popular que regrese al
consenso constitucional; nunca es tarde, y estoy convencida de que todos y todas lo agradeceremos. El debate ya no es solo la renovación del Consejo, el debate profundo, el de fondo, es el cumplimiento de la Constitución. ¿Respetan la
Constitución, señorías del Partido Popular? ¿Respetan el sistema democrático de separación de poderes? ¿Respetan a los candidatos que están en la lista esperando desde el año 2018, cincuenta candidatos y candidatas, algunos de los cuales ya no
tendrán interés y alguno también ha fallecido? ¿Les respetan? Llevan desde 2018 esperando a ser nombrados vocales del Consejo, previamente elegidos por los jueces y las juezas. ¿Respetan a los ciudadanos que les han votado para que cumplan con la
Constitución?


Señorías, abordamos retos estructurales tales como el cambio climático o la despoblación en el ámbito rural. Tenemos también grandes transformaciones en marcha en el ámbito de la justicia, como la eficiencia organizativa, la agilización de
los procedimientos y la digitalización, y tenemos retos sobrevenidos, como la pandemia o los derivados de la invasión rusa de Ucrania. A todos ellos hemos respondido en la acción que ha realizado el Ministerio de Justicia, pues no solo hemos
afrontado los retos propios, sino también las políticas de justicia acompañando a esos desafíos, porque la justicia no es una isla, no puede ser un sector aislado. No son ni deben ser nuestras políticas ajenas a los retos comunes, políticas que
salen también de lo que se trabaja en esta Comisión por todos ustedes.


El Servicio Público de Justicia no puede ser ajeno a estas grandes transformaciones en las que está inmersa España. Las políticas de justicia no deben faltar en la respuesta a esos desafíos -cambio climático, reto demográfico y
despoblación- ni, por ejemplo, tampoco pueden permanecer ajenas a la guerra de Ucrania. La justicia impacta en todas nuestras vidas; impacta en la vida social, en la vida política, en la vida económica y en la vida cultural de todas las personas.


Señorías, debaten ustedes en esta Cámara las leyes de eficiencia que suponen la apuesta por la tan deseada modernización de nuestra Administración de Justicia y hoy quiero hacerles un llamamiento al acuerdo sobre las mismas. Creo que son
una respuesta abierta a sus aportaciones. Más de mil enmiendas se han presentado, se han debatido; se ha hecho un ejercicio sin precedentes de diálogo en esta Comisión, pero también requieren altura de miras. Quienes se instalen en el no deben
considerar que le están dando la espalda a un paso adelante que necesita la Administración de Justicia, que tantas veces todo el arco político ha mencionado y se ha deseado incluso por todos ustedes. No se puede dar la espalda a los profesionales
del sector de la justicia, no se puede dar la espalda a la ciudadanía, que exige un servicio público de calidad, eficiente, sostenible, accesible e igualitario que esté a su altura.


Estamos dando pasos cruciales para la transformación de la justicia, para hacerla entrar de una vez por todas en el siglo XXI, para situar a la ciudadanía en el centro de un servicio moderno y confiable. Todos ustedes tienen la oportunidad
de colaborar en este objetivo -objetivo de Estado-, la oportunidad de prestar su apoyo a la justicia española aprobando estos proyectos de ley. La negativa a apoyar estas leyes, si se junta con la negativa a renovar el Consejo General del Poder
Judicial, supondría a ojos de todos la voluntad manifiesta de patrimonializar el Poder Judicial, y no hay mayor politización que bloquear el Consejo General del Poder Judicial. Dicho de otro modo, apostemos por una justicia de todos, porque si no
será apostar por una justicia de ustedes o de nadie, cuando la justicia debe ser de toda la ciudadanía. Por eso, hoy también les pido altura de miras, aunque sea con cuentagotas, señorías.


Sin duda, los tres proyectos de ley de eficiencia son el intento más ambicioso que podamos haber realizado en este país. Afectan a la organización de los tribunales, a la planta judicial, a las leyes procesales, a la manera de entender el
procedimiento judicial mismo. Las tres normas conforman una relación triangular dinámica en el proceso de transformación del ordenamiento procesal que implica la codependencia entre la nueva organización judicial, las reformas de los procedimientos
para una mayor eficiencia y agilidad y la implantación judicial, todo ello en íntima conexión. El parámetro no es ya una justicia que acompaña a la sociedad, el parámetro es que va al lado de la sociedad. Es un proyecto que se inserta en la
sociedad misma y que inserta a la sociedad en la propia justicia.


El artículo 117 de la Constitución proclama que la justicia emana del pueblo, y este es el principio de legitimación democrática y social de la justicia, que es la que inspira estas reformas procesales que

Página 4

estamos realizando. Queremos que los ciudadanos sientan que la justicia es suya y que sientan la Administración de Justicia como ese servicio público capaz de producir respuestas eficaces y efectivas. El Servicio Público de Justicia es
sociedad, y lo es cuando somos conscientes de la realidad de nuestros municipios -estamos ahora en ese proceso de creación de las oficinas de justicia-; lo es cuando reconocemos que la manera de participar de la ciudadanía en la sociedad ha
cambiado, y por eso ya no debemos permitir -rechacemos todo tipo de paternalismo en este ámbito-, sino fomentar una justicia sin desplazamientos. Una justicia que no es que se ponga al día, sino que trabaja con vocación de continuidad a la hora de
estar al día; una justicia orientada al dato, con sistemas que aprendan cada día de la gestión de los procedimientos, un sistema que nos permita aprender del propio sistema; una justicia inteligente, digital y tecnológicamente.


Ese ha sido también, señorías -no quería dejar de mencionarlo-, el sentido del Manifiesto del dato, un documento elaborado en diálogo territorial, en cogobernanza con las comunidades autónomas, con el Consejo General del Poder Judicial y con
la Fiscalía General del Estado, que recoge todos los aspectos técnicos y políticos para el uso de los datos en el Servicio Público de Justicia. El Manifiesto del dato, ratificado de forma unánime en la conferencia sectorial celebrada el día 23 de
junio en Toledo, después de su aprobación por el Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica, CTEAJE, es un instrumento que busca mejorar la eficiencia de la justicia a través del tratamiento de datos y diseñar las políticas
públicas en el ámbito de la justicia. Fue aprobado, por tanto, por todas las comunidades autónomas de distinto signo político. No les den la espalda tampoco a sus comunidades autónomas, en las que muchos de sus partidos están gobernando.


Pero, señorías, no son estas las únicas iniciativas legislativas emprendidas. El ministerio ha emprendido también una acción legislativa para poner al día en su ámbito competencial en nuestro país la obligación de trasponer directivas
comunitarias. Quiero agradecer de nuevo el elevado apoyo con que contó en esta Cámara la trasposición de la directiva de informantes, así como la adecuación de nuestro ordenamiento sobre Eurojust, y agradecer también el apoyo a la reforma
concursal, cuyo desarrollo reglamentario estamos ahora poniendo en marcha con la elaboración del real decreto sobre el administrador concursal y el real decreto sobre el registro público concursal, que van a poner solución a una problemática que se
arrastraba desde hacía diez años. Además, desde el pasado 1 de enero, con la participación del sector -abogados, procuradores, economistas, profesionales en general del sector-, hemos puesto en marcha la plataforma concursal, que es un verdadero
hito para las micropymes de este país. Esperamos que puedan ustedes debatir en este periodo de sesiones la trasposición de la Directiva 2019/2121, sobre modificaciones estructurales en materia de transformaciones, fusiones y escisiones
transfronterizas, y la Directiva 2020/1828, sobre acciones de representación para la protección de los intereses colectivos de los consumidores. Esto nos situará en una buena posición en el ámbito de la justicia para poder asumir la Presidencia de
turno de la Unión Europea.


También les remitiremos el proyecto de ley del derecho de defensa, tan reclamado por los operadores jurídicos en general y por la abogacía en particular, e igualmente haremos con el anteproyecto de ley de trata de seres humanos, con un
enfoque integral y global, para el que les pido el máximo apoyo y voluntad de aportación, un anteproyecto de ley ambicioso que priorizamos, además, de la mano de las instituciones europeas en el marco de la Presidencia de turno española. La trata
es el tercer ilícito más rentable, por detrás del narcotráfico y del tráfico de armas, y debemos incrementar nuestros esfuerzos hacia las víctimas, combatir eficazmente estos crímenes tan horribles que atentan contra todos y cada uno de los derechos
más fundamentales de una persona: su vida, su salud, su integridad, su integridad física, su libertad, su libertad sexual, su honor, todos y cada uno de sus derechos más fundamentales.


Como decía, señorías, repasaré a continuación las líneas seguidas por el ministerio que dirijo en otras diferentes cuestiones. Como ya les he señalado, el ministerio tiene dos tercios de sus compromisos cumplidos y el otro tercio en proceso
de cumplimiento, de acuerdo con el informe Cumpliendo. En términos de ejecución presupuestaria del presupuesto ordinario, la fase de reconocimiento de obligaciones está ejecutada en un 98 % y la fase de compromiso de gasto alcanza un 99 %,
porcentajes que son superiores a los obtenidos en el ejercicio anterior, con un 94 % y un 96 % respectivamente.


En cuanto a la inversión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y fondos Next Generation, en materia de oferta de empleo también estamos avanzando. En materia de oferta de empleo público, quiero destacar que para las
carreras Judicial y Fiscal la oferta no ha bajado de doscientas plazas anuales en esta legislatura. Lejos quedan aquellas ofertas muy escasas, raquíticas, de cincuenta o cien plazas, y no les voy a decir a qué gobiernos pertenecían aquellas exiguas
ofertas, pero sitúenlos, por tener

Página 5

una pista, en el tiempo entre el final del Gobierno del presidente Zapatero y la moción de censura que llevó al señor Sánchez a la Presidencia. Y les anuncio que está próxima a su aprobación en el Consejo de Ministros en materia de dotación
de personal la ampliación de la plantilla del Ministerio Fiscal. En lo que respecta a la oferta de empleo público de la Administración de Justicia, hemos pasado de un total de 1452 plazas ofertadas en 2020 a 1732 en el año 2022. En el año 2022
hemos procedido a convocar las oposiciones de todos los cuerpos de la Administración de Justicia correspondientes a los años 2020 y 2021 y que no se pudieron llevar a cabo por la pandemia -letrados y letradas de la Administración de Justicia,
médicos forenses y cuerpos de gestión procesal, tramitación y auxilio- y hemos desarrollado igualmente medidas para poner fin a la temporalidad de la Administración. Se han convocado doce procesos de estabilización en cumplimiento de la Ley 2021 y
la oferta extraordinaria de 2022.


Señorías, quiero referirme a los letrados y letradas de la Administración de Justicia, que han mantenido movilizaciones estas semanas precedentes. Como ya informé ante el Pleno de la Cámara el pasado 15 de febrero, para el colectivo de
letrados y letradas hemos realizado un incremento retributivo de 206,87 euros mensuales, con efectos retroactivos al 1 de enero de 2021, del complemento específico en relación con las nuevas funciones -adecuación salarial-, lo que supone un aumento
de un 5,26 % de media en su salario anual, unos 2482,44 euros anuales de incremento por letrado o letrada. Se cumple así el acuerdo sindical de 15 de diciembre de 2021. Pero a esta subida, además, hay que sumarle la del 9,5 % que experimentarán
todos los funcionarios públicos en el período 2022-2024. Es decir, en total, entre 2022 y 2024 la subida del salario de estos profesionales será de un 14,76 %. Hemos mantenido ya más de treinta reuniones con los representantes de las asociaciones
y colectivos. Señorías, todo el mundo está en su derecho de adoptar medidas de conflicto colectivo si considera que sus condiciones de trabajo no son adecuadas, pero quizá tengan que explicar por qué no es adecuada una subida salarial de un 14,76
%.


Vivimos hoy un episodio más de una reivindicación que viene de años anteriores -a mí me ha tocado lidiar con esta reivindicación-, gobiernos anteriores cuyo único mérito con los letrados y las letradas de la Administración de Justicia fue
precisamente el de acuñarles este nombre, sobrepasar su anterior denominación, cambiarles el nombre. Los cambios de nombre no solucionan los problemas de fondo, señorías, y el transcurso de los años sin adoptar ninguna solución, sin enfrentarla, da
lugar a posiciones maximalistas como las que nos están solicitando ahora, que suponen un incremento de más de 1000 euros mensuales por nómina, que no suponen, lógicamente, la base para un entendimiento mínimo. Hemos afrontado las reivindicaciones
de los letrados con alternativas muy válidas, proponiendo la mejora salarial de aquellos letrados y letradas que ganan menos. Se han ofrecido subidas para un total de 1906 letrados de la Administración de Justicia de los grupos, 3, 4 y 5, con
aumentos que en más de setecientos casos alcanzarían 5000 euros al año, y tan solo se ha obtenido una negativa cerrada.


Mientras tanto, señorías, en lo que sí quiero incidir es en el gran salto adelante que hemos dado en el empleo público e igualdad de oportunidades con el sistema de becas en el acceso a determinados cuerpos. Uno de mis compromisos cuando
tomé posesión del cargo fue la minoración de la brecha socioeconómica en el acceso a los cuerpos de Justicia, cuyo acceso es más exigente en términos temporales y resulta también más complejo y más costoso. Para ello, en 2022 el Ministerio de
Justicia, a través del Centro de Estudios Jurídicos, convocó 245 becas para la preparación de oposiciones a las carreras Judicial y Fiscal, al cuerpo de letrados y letradas de la Administración de Justicia y Abogacía del Estado, con una dotación
global de un 1 619 940 euros. Se recibieron 862 solicitudes, de las cuales se admitieron 647, y en el plazo mínimo de once meses se constituyó toda la infraestructura normativa, digital y organizativa necesaria para poder tramitar y gestionar
administrativamente estas ayudas públicas, que se pagaron, por cierto, a principios de noviembre del año 2022. Quiero destacar también que prácticamente el 80 % -un 78,81 %- de las personas beneficiarias de la primera convocatoria de becas son
mujeres. En 2023, el volumen del programa de becas ha aumentado un 223,5 %. Contamos ahora con una dotación global de 5 239 880 euros, que va a permitir convocar 792 becas. En este sentido, quiero hacer dos agradecimientos: a Más País, por el
entendimiento en la tramitación de la ley de presupuestos del sentido de esta medida y por extenderla aún más, y al Centro de Estudios Jurídicos, por el esfuerzo de infraestructura y recursos humanos que ha desplegado para que esta convocatoria sea
un éxito. Poco a poco, el origen socioeconómico está dejando de ser una barrera para el acceso a determinados cuerpos, a carreras de excelencia, muy exigentes también en términos temporales e intelectuales, pero también económicos. Es algo de lo
que todos deberíamos sentirnos orgullosos y orgullosas.


Continuando con la mención al Centro de Estudios Jurídicos, desde mi llegada al ministerio, en julio de 2021, las plazas de formación ofrecidas a los cuerpos de Justicia han aumentado en un 307 %, cifra

Página 6

que se eleva hasta un 429 % si ponemos 2023 en relación con 2018, año en que se aprobaron los últimos planes formativos con el anterior Gobierno del Partido Popular. Durante esta legislatura, el Centro de Estudios Jurídicos del Ministerio
de Justicia ha centrado gran parte de su atención en formar a los cuerpos de Justicia en igualdad, en lucha contra la violencia contra las mujeres, para lo que ha reforzado, estructurado y ampliado en términos objetivos y subjetivos esta formación,
con un incremento del 286 % en la oferta de actividades formativas y del 412 % en el número de plazas ofertadas.


Esta legislatura hemos conseguido formar por primera vez a todos los cuerpos de Justicia que dependen del ministerio. Hasta 2019, la formación se limitaba solo a algunos de estos cuerpos y solo de manera excepcional tenían acceso a
formación los cuerpos generales y especiales al servicio de la Administración de Justicia. En 2021 se aprobó el primer plan transversal de formación para todos los cuerpos de Justicia, centrado en habilidades y competencias necesarias para todo el
personal de Justicia. Este primer plan incluyó 28 actividades y 28 260 plazas, que en 2023 se han elevado a 55 actividades y 29 000 plazas. En 2022, el Centro de Estudios Jurídicos ha dado un paso de gigante realmente para el desarrollo y mejora
de la calidad de la formación a distancia con la incorporación de la Oficina de Transformación Pedagógica, un subproyecto incluido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y financiado con cargo a los fondos Next Generation de la
Unión Europea. Su directora, Abigail Fernández, es una mujer que pertenece al cuerpo de letrados y letradas de la Administración de Justicia y que ha demostrado competencia y compromiso con la igualdad de oportunidades.


Las becas en el acceso a determinados cuerpos no son la única medida en materia de formación, pero tampoco lo son en materia de cohesión social. Y aquí hemos hecho un abordaje integral, conjugando la cohesión social con la cohesión
territorial, con el compromiso contra el cambio climático y con una serie de inversiones muy adecuadas. Estamos hablando del fomento del teletrabajo, gracias en buena medida a los procesos de digitalización, que son ya una realidad en la
Administración de Justicia. La digitalización de trámites ya ha dado resultados ventajosos a la ciudadanía, a los profesionales y a las empresas. Por ejemplo, gracias al acceso al expediente judicial electrónico, implantado ya en el territorio
ministerio, hoy un profesional tarda un tiempo estimado de veinte segundos en conseguir el acceso a la información que necesita relativa a dicho expediente del que es parte, trámite para el que antes tenía que dedicar, probablemente, más de tres
horas. Desde mayo de 2020 hasta agosto de 2022 se han realizado casi un millón de actuaciones telemáticas no presenciales físicamente -en concreto, más de 598 000 vistas telemáticas y más de 340 000 actuaciones no presenciales-, consiguiendo de
este modo un ahorro de más de 19 millones de euros para los profesionales al evitar los desplazamientos y esperas en las sedes judiciales, y se ha evitado la emisión de más de 9000 toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera. Cuidamos a los
profesionales y cuidamos al medio ambiente en la Administración de Justicia.


También desde 2020 más de 13 000 funcionarios han teletrabajado, lo que supone más de un 1 200 000 horas dedicadas a otros menesteres: conciliación familiar y profesional o para profundizar más en los asuntos. Además, el portal de
servicios digitales ACCEDA-Justicia está facilitando la prestación de servicios deslocalizadas en el ámbito de la Administración de Justicia, con un total de doce procedimientos habilitados y 253 800 solicitudes gestionadas. También cabe destacar
que se han puesto a disposición de la ciudadanía nuevos trámites; trámites de especial interés en la sede electrónica del Ministerio de Justicia, como la obtención de certificados de defunción, nacimiento o matrimonio en tiempo real, sin
desplazamientos y desde cualquier lugar. Imagínense qué avance cuando estén desplegadas las oficinas judiciales municipales, lo que va a significar para los ciudadanos que viven en pequeñas localidades, en pequeños territorios, en la España más
rural o más despoblada, en los territorios insulares -en la ultraperiferia, personas que viven en las islas-, lo que esto va a suponer para sus vidas. Se trata de hacer posible trabajar en cualquier lugar de España, desde primeras o segundas
residencias, sin necesidad de residir permanentemente en núcleos urbanos. Se promueve así el regreso a municipios con menor densidad demográfica de forma definitiva o por temporadas. Para ello se han adquirido, y están en proceso de distribución,
5635 portátiles, 2866 cámaras web y 14 038 auriculares con micrófono. Estamos hablando de herramientas digitales, como el Escritorio Virtual de Interacción Digital, EVID, que ha permitido y conseguido que la presencialidad digital tenga el mismo
valor que la presencialidad física con seguridad jurídica. Además, esta herramienta tiene vocación inclusiva y capacidad de romper brechas en nuestra sociedad de cualquier tipo, brechas generacionales, territoriales, brechas de vulnerabilidad, de
discapacidad, también para víctimas de violencia de género. La mejora de la eficiencia, la mejora en términos de transparencia y un paso adelante en la toma de decisiones, también se va a ver mejorada mediante el proyecto de la justicia orientada
al dato con sus dos vertientes: la gestión orientada al dato,

Página 7

que permite incrementar la eficiencia y la interoperabilidad, y la explotación de la información orientada al dato; todo ello en conjunto.


La Administración de Justicia trata diariamente miles, millones de datos, por lo que es necesaria una gestión orientada a estos que permita una identificación y definición de indicadores e índices que reflejen los resultados y el
funcionamiento de la Administración de Justicia para ir mejorando constantemente, permanentemente. Para ello se han puesto en marcha iniciativas que ya son realidades, como el Portal de Datos de Justicia, una plataforma común abierta a través de la
cual se incorporan los distintos sistemas de información, tanto de las administraciones prestacionales de Justicia como de otras administraciones cuyos datos faciliten la adopción de decisiones de gestión para también poder así hablar de políticas
públicas basadas en datos reales y objetivos. Pero el tratamiento de datos debe ir acompañado de la ciberseguridad. Como saben, el Ministerio de Justicia, la justicia es una infraestructura crítica. El mes pasado el ministerio se comprometió a la
prestación de servicios de la nueva Oficina de Gobierno de Ciberseguridad, creada en el seno del Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica, CTEAJE, para reforzar en todo el Estado la seguridad de la información digital de la
Administración de Justicia frente a ciberamenazas o ciberataques. Esta iniciativa sitúa la justicia española a la vanguardia en ciberseguridad en el marco de la interoperabilidad de sistemas y aplicaciones en el sector.


Otra iniciativa que ha supuesto un hito en la justicia orientada al dato es el Sistema Integrado de Registros de la Administración de Justicia, que conocerán como SIRAJ, que permite en todo el Estado consultar la situación de antecedentes
penales y que en 2022 ha realizado un cambio de versión: SIRAJ 2. La implantación de esta nueva versión supone un hito para este sistema de información, que no había evolucionado en los últimos años, para incluir una orientación al dato y un
proceso de calidad del dato que incrementa la eficiencia y la protección de las víctimas. No podemos dejar de nombrar que las iniciativas desarrolladas por el Ministerio de Justicia en materia de inteligencia artificial realizan una función
primordial para sacar el máximo provecho al capital humano, al trabajo humano, pudiendo así descargarle de tareas que son automáticas. De este modo, aumentaremos de manera directa y significativa el tiempo que los funcionarios de la Administración
de Justicia tienen para decidir sobre los pasos que han de seguirse en los procedimientos y a la vez incrementaremos la velocidad en su tramitación; pero también algo muy importante, se incrementará la motivación de los funcionarios en su trabajo
para que puedan dedicar más tiempo a cuestiones más especializadas y para las que se requiere también más estudio de los temas. Yo creo que dar este trato como profesionales a los funcionarios de la Administración de Justicia, poniendo en valor sus
importantes funciones, sus conocimientos, es mi obligación y también es una muestra de respeto. Y lo digo porque he trabajado con muchos funcionarios y funcionarias excelentes, de quienes he aprendido muchísimo en muchos de los juzgados en los que
he estado destinada como jueza y como magistrada.


Señorías, que nadie se engañe, la digitalización de la justicia se está llevando a cabo de modo que nadie se quede atrás. La presencialidad siempre es una opción, precisamente en aras de la cohesión que he mencionado, pero se acompañará a
las personas para evitar que haya cualquier tipo de brecha.


En paralelo, señorías, hemos realizado un buen despliegue de inversiones en infraestructuras. Es necesario incorporar la transición ecológica a los edificios judiciales y administrativos, no solo para el cumplimiento del Plan Nacional
Integrado de Energía y Clima, sino también, de modo especialmente importante en este año 2023, adaptando el uso y el diseño de los edificios judiciales y administrativos a la digitalización que estamos implantando. El Plan de Recuperación
Transformación y Resiliencia ha destinado 60 millones para la rehabilitación sostenible de treinta y cuatro sedes judiciales en el territorio competencia del Ministerio de Justicia, a los que hay que sumar los fondos que provienen de los
presupuestos generales del Estado. En suma, los recursos financieros para infraestructuras de sedes para 2022 y 2023 en territorio ministerio han duplicado las cantidades habituales disponibles en los cinco años anteriores. Además, con la
aprobación en conferencia sectorial, a propuesta del ministerio, de un estándar de rehabilitación sostenible, se han sentado las bases para que los edificios judiciales vayan adaptándose a las progresivas exigencias de sostenibilidad que les
impondrán en los próximos años, incluyendo la compensación del CO2.


Señorías, hoy podemos decir, sin rodeos, que hemos dado un salto adelante en infraestructuras, salto que los avances en los campus de Justicia de Segovia, de Palma, de Badajoz y de Valladolid son precisamente las cuatro mejores muestras.
También podemos decir bien alto que hemos realizado un importantísimo avance en términos de accesibilidad universal del servicio público de justicia. Esto implica tanto la eliminación de barreras físicas, arquitectónicas -gracias al estándar de
rehabilitación sostenible que les mencionaba- como la comprensión de los formularios y las resoluciones judiciales. Es nuestra

Página 8

obligación como poderes públicos garantizar que todas las personas entienden lo que se les transmite en los procesos en los que son parte.


Los ámbitos de registros y de nacionalidad, señorías, también han sido un terreno propicio para la transformación digital, entre otros avances. Así, en materia de nacionalidad en 2021 se realizó un plan que permitió la revisión de la
documentación de 278 297 expedientes, la atención de 99 609 requerimientos, la revisión de informes, la posterior concesión o propuesta de denegación de 163 946 expedientes y la revisión o concesión de 9517 expedientes de nacionalidad por origen
sefardí. Hemos procedido a la puesta en marcha de mejoras técnicas y procedimentales en la aplicación GENARES para la tramitación de nacionalidad por residencia y sefardíes, tales como la mejora en la funcionalidad del servicio de consulta del
estado del expediente, el envío automatizado de la resolución de concesión a registros civiles con DICIREG, o la adhesión a nuevos servicios de consulta en la plataforma de intermediación de datos, exámenes del Instituto Cervantes, datos de
empadronamiento, títulos oficiales... Actualmente, estamos realizando procesos de automatización en la concesión de expedientes de nacionalidad, a través de técnicas de automatización robótica, de procesos que incrementan la productividad y que, en
ningún caso, impactan en la toma de decisión judicial o administrativa.


España recibe como media, y solo en el procedimiento de nacionalidad por residencia, alrededor de 150 000 solicitudes anuales. Necesitábamos buscar una solución, y el Ministerio de Justicia decidió explorar la robotización aplicada a los
expedientes de nacionalidad, automatizando los procesos que nos permite, además, hacerlos más eficientes, evitando errores, simplificando los trámites para el ciudadano y agilizando el monto de solicitudes pendientes. La pasada semana, en concreto
el 7 de marzo de 2023, el proceso robótico de concesión de nacionalidad por residencia superó los 100 000 expedientes tratados a lo largo del año, de los cuales 70 585 fueron propuestos para concesión. Desde su puesta en marcha el pasado mes de
agosto hasta el mes de febrero de 2023, se han realizado casi un millón y medio de procedimientos robóticos sobre expedientes de solicitud de nacionalidad, se han generado más de 150 000 concesiones de nacionalidad por residencia y cerca de 25 000
de sefardíes.


Señorías, hoy podemos decir que en la tramitación de expedientes de nacionalidad se absorbe la carga de trabajo de las nuevas entradas de expedientes y se está reduciendo el atraso secular que había. Creo que, de seguir a este ritmo, el
atasco de los expedientes de nacionalidad podría estar cerca de su fin a finales de esta legislatura.


Además de estos datos de gran impacto en la ciudadanía, podemos dar otro referido al ahorro: desde 2015, el Ministerio de Justicia gastó más de 13 millones de euros en planes de choque de nacionalidad. Por el contrario, este procedimiento
de robotización, puesto en marcha por mi equipo desde agosto del año pasado, supone un coste de 28 000 euros anuales; hablamos de 13 millones frente a 28 000 euros.


La digitalización también se extiende al área del Estado civil: estamos implantando la nueva aplicación DICIREG que da servicio al nuevo modelo de Registro Civil, en el que ya no se harán más inscripciones sobre libros en papel, y en el que
cada ciudadano o ciudadana tendrá su registro individual. En la actualidad, se ha desplegado en las oficinas de los partidos judiciales de Madrid, Barcelona, Tarragona, Murcia, Molina de Segura, Cartagena, Bilbao, Ceuta, Melilla, Vigo, A Coruña, El
Prat de Llobregat y Cornellà de Llobregat; pero está previsto desplegar todo el nuevo modelo de Registro Civil en todos los partidos judiciales de España antes de finales de 2025.


Permítanme, señorías, que también mencione el importante papel de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos, con un papel creciente dentro del país, pero mucho más creciente en la gestión de expedientes internacionales, pasando de los
seis en el año 2020 a los veintidós en el año actual; y con una cuenta de depósitos y consignaciones que ha pasado de los 45,8 millones de euros en 2020 a los 92,3 en 2022, y de los 1,3 millones de dólares estadounidenses en 2020 a los 2,2 millones
en 2022, siendo estas sus principales divisas. Entre 2021 y 2022, la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos ha obtenido 12,3 millones de euros a través de la venta de bienes en pública subasta, destacando que en 2022, por primera vez, ha
realizado dos operaciones de transformación de bitcoins a euros.


Quiero hacer mención expresa a la reflotación del buque Nehir en el puerto de El Musel, en Gijón, o también la relevancia de la actuación de la ORGA en el Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar, dos temas que hemos tenido
últimamente en la agenda.


En materia de Toxicología y Ciencias Forenses, señorías, hemos realizado avances para las sedes de Sevilla y Barcelona del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses; también se han realizado avances en robotización y
digitalización y en formación del personal; y una mejor gestión de las tareas de investigación, la administración económica de la Unidad de Suministros y la administración de la Biblioteca; y ello sin contar con el notable papel del instituto en
materia de violencia de género y violencia sexual.

Página 9

Además, quiero destacar que el pasado 28 de febrero se aprobó en el Consejo de Ministros el Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses. En este ámbito, entre otras medidas,
quiero reseñar también el protocolo de coordinación entre los institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses y las oficinas de asistencia a la víctima del delito del Ministerio de Justicia para la atención a la víctima en casos de violencia de
género; protocolo de actuación médico-forense ante la violencia sexual en los institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses; el desarrollo e implementación de un nuevo kit de muestras biológicas, KAS, para mejorar la estandarización forense de
la toma de muestras en delitos contra la libertad sexual; la guía de buenas prácticas para la actuación forense ante la víctima de un delito facilitado por sustancias psicoactivas 2022 -lo conocido como sumisión química-; o el desarrollo e
implementación de un nuevo kit de sumisión química para mejorar la estandarización forense de la toma de muestras en delitos facilitados por sustancias psicoactivas 2022.


Concluyo, señorías, destacando el alto grado de entendimiento con las comunidades autónomas en nuestro principal órgano de cogobernanza, la conferencia sectorial, cuya última reunión se produjo hace dos semanas. Hemos realizado ocho
reuniones de conferencia sectorial desde que llegué al cargo. Teníamos dos compromisos con la Comisión Europea, y los estamos cumpliendo con creces: el primero, que podemos dar por cumplido, era un compromiso de objetivos, y era que al menos el 70
% de los 4056 órganos judiciales existentes dispusiera de una infraestructura necesaria para poder celebrar electrónicamente al menos el 30 % de los procedimientos; y esto ha sido tratado en conferencia sectorial. En el segundo, el ministerio ha
cumplido con la Comisión Europea y también con las comunidades autónomas. Recibimos 410 millones de euros asignados al ministerio para proyectos tractores de digitalización de la justicia. De estos, el ministerio debe ejecutar directamente 143
millones y ha ejecutado ya un 84 %. Los 267 millones restantes se han transferido ya a las comunidades autónomas para este importantísimo esfuerzo de país.


Ojalá que el entendimiento, ese espíritu de concordia, de acuerdo que hay en la conferencia sectorial, esa sensibilidad con las necesidades de la reforma del sector justicia que vemos en este órgano de diálogo territorial se trasladen
también al Poder Legislativo. Hay un amplio consenso interinstitucional entre el Estado, las comunidades autónomas, entre el Consejo General del Poder Judicial y también con la Fiscalía General del Estado sobre la dirección que hay que seguir;
especialmente, sobre las reformas legislativas que hay que emprender. No se comprendería bien ese acuerdo entre administraciones de diferente signo político si no tuviéramos este buen entendimiento. Ya les digo que las comunidades autónomas, de
cualquier signo que sean, tienen con el Ministerio de Justicia una interacción realmente ejemplar en las conferencias sectoriales. Yo espero, por lo tanto, que también esto lo podamos trasladar al ámbito parlamentario en este espacio.


Sin más, me pongo a su disposición.


Muchas gracias, presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señora ministra, por su intervención.


A continuación, tal como les decía, pasaremos al turno de intervención de los portavoces, de menor a mayor, por un único turno de diez minutos.


En primer lugar, en nombre del Grupo Vasco, su portavoz, el señor Legarda, tiene la palabra.


El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidente.


Muchas gracias, ministra, por su comparecencia para explicarnos, a petición propia, las líneas políticas de su departamento.


Yo le estaba escuchando con atención y me queda una duda de la exposición que usted nos ha hecho, y es cuál es el centro de gravedad estratégico de su exposición. No sé si se refiere más a un balance de fin de legislatura, porque nos ha
explicado todas las cosas que ha hecho su departamento, y, en ese sentido, en términos coloquiales y amistosos, me suena más a un acto de precampaña, o si realmente íbamos a abordar las cuestiones que le quedan pendientes en lo que nos queda de
legislatura, que es casi un año ya un poco pasado, pero con un proceso electoral en medio, con el verano, con la Semana Santa, es decir, con unas sesiones mucho más limitadas de lo que aparentemente podíamos pensar que nos queda.


Entonces, me centraré y le plantearé alguna cuestión sobre este segundo aspecto. Las cuestiones pendientes más relevantes que yo cifraría, por agruparlo todo, son el calendario normativo -qué nos queda de aquí a final de final de
legislatura, a diciembre- y el conflicto colectivo de los letrados de la Administración de Justicia.

Página 10

Respecto al calendario legislativo -y seré muy breve-, nos expuso el ministro de la Presidencia hace dos o tres semanas, no mucho más, el calendario para 2023. Ahí, su departamento tenía implicadas cuatro leyes orgánicas, cuatro leyes
ordinarias y cinco reales decretos leyes, aparte de las que ya estamos tramitando, que son las tres que usted ha citado de eficiencia. Dos ya las tenemos con el periodo de enmiendas cerrado y en tramitación, en Ponencia o a puertas de Comisión, la
organizativa y la procesal; con la digital todavía no hemos empezado. A estas tres, que son tres proyectos importantes, tenemos que sumar ocho leyes orgánicas, algunas de menor entidad, pues hay una reforma del derecho de asociación que deriva de
la Ley de Memoria Democrática. Pero, si quito esa, tenemos tres leyes orgánicas y cuatro ordinarias, una muy importante es la de representación de intereses colectivos de consumidores, que es un cambio de paradigma, digamos de la legitimación, de
la representación respecto a los consumidores de lo que es histórico en nuestro derecho procesal, y tres decretos leyes. Por circunstancias varias que no merece la pena resaltar, conocemos cuáles son los ritmos de trabajo en las ponencias y en las
comisiones. La verdad, son también proyectos complejos, pero se van cruzando incidentes y los tiempos que estaban establecidos se van dilatando.


Entonces, yo le preguntaría: de todo este calendario normativo para 2023 que nos presenta el Gobierno y que usted ha detallado en parte, ¿cuáles son las estratégicas, aparte de las que estamos ya tramitando?


Usted ha citado dos trasposiciones de directivas, transformaciones transfronterizas e intereses colectivos de consumidores. Ha citado dos decretos leyes, desarrollo concursal -de la reforma que hicimos en concursal-, el del Estatuto de la
Administración concursal y el Registro Público Concursal. Nos queda el registro de titularidades reales, nos queda el arancel de procuradores y el acceso a la procura -el nuevo reglamento-, y nos quedan leyes orgánicas: de trata, evaluación de
edad de menores -que es orgánica y no orgánica, está desdoblada- y el importante derecho de defensa, que es una ley clave. Y, de las ordinarias, el procedimiento de evaluación de edad en su dimensión ordinaria y los equipos conjuntos de
investigación. Eso y las que ya he citado. Entonces, aquí hay, dicho coloquialmente, un montón de proyectos: trece más tres mínimamente que tenemos son dieciséis, más algún otro que me olvide ya son bastantes, y tenemos las sesiones que tenemos.
Le pregunto esto en cuanto al calendario normativo, para saber un poquito, en la medida que podamos, a qué atenernos y dónde realmente están las partes más importantes.


Respecto al otro gran problema del ministerio y también de la sociedad, que es el conflicto colectivo de los LAJ, está suponiendo un colapso en la Administración de Justicia porque ocupan un lugar nodal y sin los letrados ya sabemos lo que
está pasando con los procesos: las suspensiones, los retrasos, etcétera. Y más allá que puedo entender que usted lo haya calificado como posiciones maximalistas, con eso no desbloqueamos la situación, y es una situación que hay que desbloquear.
Posicionarse en posiciones coaguladas lo único que va a conseguir, desde luego, es agravar el problema. Es una responsabilidad de Gobierno dirigir la Administración, es una reserva constitucional de gobierno la gestión de este problema y, entonces,
más allá de esa afirmación de posiciones maximalistas, me gustaría que nos pudiera dar algún resquicio de optimismo, porque con esa afirmación, desde luego, parece que nos aboca a un conflicto sin solución.


Por último, sí me gustaría preguntarle cuál es la opinión del ministerio sobre una iniciativa legislativa popular que es la de concesión de residencia a personas en situación irregular en España.


Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señor Legarda.


A continuación, por el Grupo Ciudadanos, su portavoz, el señor Bal, tiene la palabra.


El señor BAL FRANCÉS: Gracias, presidente.


Gracias, ministra, por brindarse a esta comparecencia. Lo primero que quiero decirle es que no vale venir aquí a decir que todos aquellos que voten que no a las leyes de eficiencia o que no apoyen las leyes de eficiencia son unos traidores
a la justicia, son gente que no quiere que la justicia vaya bien. Hombre, aquí al lado tengo a un señor que es letrado de la Administración de Justicia, yo soy abogado del Estado, y aquí hay otro tipo de profesionales, abogados y procuradores, que
ojalá que cuando abandonemos la política volvamos a una justicia mejor. Tienen ustedes que hacer un esfuerzo negociador, ese es el quid de la cuestión. Y, además, se lo digo con la moderación que siempre me caracteriza, ya lo están haciendo, no le
digo que no lo hagan, digo que tienen que intensificarlo; ahora le pondré, si me permite, algún ejemplo.

Página 11

Luego, yo siempre he sido muy crítico con esto de la ley de eficiencia digital, que el ministerio la ha dejado para el final cuando el iter lógico habría sido, primero, la eficiencia digital, para luego reorganizar y modificar después las
leyes procesales para agilizar la justicia. Pero la pregunta es: después de que saca pecho de todo el material informático que han comprado y de la digitalización de la justicia, ¿cómo pretende usted hacer esto sin los LAJ? ¿Cómo pretende usted
hacerlo con esa postura que también el señor Legarda le ha puesto de manifiesto de enemistad manifiesta con los LAJ?


En segundo lugar, de su discurso también me queda clara una cosa, y es que los problemas de la justicia son todos culpa del Partido Popular -yo no digo que no, algunos sí- y que menos mal que nos gobierna el Partido Socialista. Hombre, un
poquito de autocrítica cuando uno viene aquí hay que hacer; hay que decir: esto no está funcionando bien, pero vamos a poner en el ministerio medios para que esto funcione mejor. Y me refiero, sobre todo, a los cinco minutillos escasos que le ha
dedicado usted a la huelga de los antiguos secretarios judiciales, de los LAJ. Es que la semana que viene va a hacer tres meses que se constituyó el comité de huelga. Yo creo que no merece la pena detenerse otra vez en los motivos de la huelga:
suben mucho sus competencias, se reorganiza la oficina judicial -una buena reorganización, que se quede el juez únicamente para celebrar juicios y para dictar sentencias-, se incrementa mucho su nivel de competencias, pero no se incrementan los
sueldos. Lo de siempre. Tenemos que agilizar la justicia incrementando competencias y trabajo en unos señores que se esfuerzan en que todo funcione bien, pero no pongo dinero. Como la justicia no da votos, para qué vamos a poner dinero en la
Administración de Justicia.


Ahora nos encontramos con una paralización absoluta de la justicia, y es que los LAJ empezaron a negociar hace tiempo. He tenido la curiosidad de ver cuándo empezó esto, y en la primera ley de presupuestos que negociamos -y ya llevo tres-
ya había enmiendas en la ley de presupuestos para resolver este problema. Llevamos tres años con que los LAJ tienen estas pretensiones. Le ofrecen dos salidas: una, la cláusula de enganche, una fórmula retributiva tradicional de los LAJ desde los
años sesenta, o que la distinción por grupos de poblaciones en relación con sus retribuciones descienda de 5 a 3 y de esa forma los LAJ que menos cobran puedan ver incrementadas sus retribuciones. Señora ministra, es que ustedes les dicen que sí a
la cláusula de enganche del 85 % del sueldo de los jueces. No tendré que explicar en esta Comisión lo que significan las palabras pacta sunt servanda, el cumplimiento de la palabra dada. Luego llega a Hacienda y dice: ¡Uy!, que se me pueden venir
detrás otros cuerpos también pidiendo subida salarial, y la dejan a usted colgada, es decir, sin posibilidad de cumplir con su palabra.


Yo vengo del sindicalismo de la Administración, yo he sido representante del personal del Ministerio de Justicia en la junta de personal de nuestro ministerio, y me pongo en la piel o en la mente de unos funcionarios del grupo A.1 que no
solamente un día de forma testimonial hacen una protesta, no solamente hacen un día de huelga, no, sino que convocan una huelga indefinida y la están manteniendo a pesar de la pérdida de retribuciones por los días de huelga que no trabajan, y
pienso: cómo deben estar de hartos de este ministerio para que lleguen a esta situación. Y viene usted aquí y nos dice que la única posibilidad de salir de la huelga es que ellos se rindan, porque sus pretensiones son ilógicas, disparatadas,
maximalistas. No puede venir usted aquí a decirnos eso, de verdad, se lo digo con todo el cariño; doscientos mil juicios suspendidos, trescientas mil demandas no repartidas. ¿Se da usted cuenta de que incluso después, cuando aprobemos -y ojalá
que la aprobemos, yo quiero aprobarla- la ley de eficiencia organizativa, que ustedes sacan adelante sin consenso con -perdóneme la denominación antigua- oficiales, auxiliares y agentes, podemos tener una nueva huelga de estos tres cuerpos del
servicio de la Administración de Justicia porque ustedes no atienden a razones, no se sientan en definitiva a negociar?


Mientras tanto, nos encontramos con los operadores jurídicos absolutamente desesperados, los abogados que cobran cuando termina el procedimiento y que ven que se les suspenden los juicios; los propios ciudadanos que ven que sus juicios no
tienen lugar, que se suspenden incluso sin fecha; la retención del dinero en las cuentas de consignaciones y depósitos de los juzgados. No sé si esto lo han planteado como una medida para luchar contra la inflación, el hecho de que no se repartan
los dineros que están en las cuentas de los juzgados. Esto es un desastre, no puede usted venir aquí a decir que los LAJ no tienen razón y, por lo tanto, que se rindan; no puede usted plantear la negociación de una huelga bajo los postulados del
agotamiento de la parte contraria, porque estamos todos agotados. Cuando digo todos -ya sé que yo soy diputado, pero en fin- estoy hablando de mi cónyuge, estoy hablando de mis amigos, estoy hablando de mis compañeros de universidad, estoy hablando
de todo el sector, de abogados, de procuradores, de graduados sociales que quieren que acabe esta huelga porque están desesperados ante la falta de celebración de juicios.

Página 12

De verdad se lo digo, le suplico que se siente con ellos a negociar. ¿Por qué no se ha sentado usted? ¿Por qué manda al secretario de Estado? Sería un gesto precioso que usted saliera hoy de aquí diciéndonos que se va a sentar con ellos
cara a cara, no el secretario de Estado de Justicia, que, en fin, tampoco ha estado el hombre, sinceramente lo digo, muy acertado en llevar a cabo esta negociación.


El propio Colegio de Abogados de Madrid, su nuevo decano, Eugenio Ribón, ofrece una mediación para solventar este problema y ustedes no le contestan a la carta que le mandan. Bueno, pues no sé si tienen ustedes de verdad alguna voluntad de
que esto se resuelva. Desde luego, ya le digo, los profesionales están desesperados y le echan la culpa a ustedes, no a los letrados de Administración de Justicia. No parece, por lo tanto, que sea una buena estrategia negociadora decir que están
pidiendo cosas ilógicas.


En segundo lugar, quiero centrarme en los temas que considero más importantes; quiero, por favor, llamarle la atención sobre la conciliación de la vida laboral y familiar de los profesionales de la justicia. Y de nuevo le reconozco la
bondad de la medida que su ministerio planteó respecto a la inhabilitación de los plazos de las vacaciones de Navidad. Muy bien, muy bien, se lo pedíamos ya incluso al anterior ministro de Justicia. Nosotros fuimos el primer grupo parlamentario
que registró una proposición de ley para la conciliación de la vida laboral y familiar de hombres y mujeres que se dedican a la Administración de Justicia -abogados, procuradores, graduados sociales-; lo pidió doña Victoria Ortega en el Consejo
General de la Abogacía Española y usted salió prometiéndolo, y hay registrado un proyecto de ley del Gobierno en materia de conciliación que sigue en el cajón y con la continua ampliación del plazo de las enmiendas parciales sine die, que
prácticamente pone de manifiesto la voluntad del ministerio de no tramitarlo.


Un abogado conocido del turno de oficio, porque pertenece a ALTODO, que además tras las últimas elecciones está en la junta directiva del Colegio de Abogados de Madrid, el señor Mayllo, puso un tuit esta semana desde el hospital contestando
un escrito judicial, porque no hay prórroga de plazos para él. Hay historias que ponen los pelos de punta: Enterré a mi madre y me fui a contestar la demanda. De verdad, ¿tan difícil es llevar las causas que tiene un trabajador por cuenta ajena
como causas de suspensión de las vistas? Le digo más, en la ley de eficiencia procesal que estamos tramitando ahora muchos grupos parlamentarios hemos incluido como enmiendas las causas de suspensión de las vistas. Hagan un esfuerzo negociador y
salga de aquí también dándonos una buena noticia a los profesionales de la justicia, que su ley de conciliación la va a incorporar en la ley de eficiencia procesal aceptando nuestras enmiendas.


Y termino, presidente. Tercer tema, turno de oficio. No puede ser que los baremos sigan con estas retribuciones muy bajas, indignas, y que por el mismo trabajo se retribuya de forma diferente en función de la comunidad autónoma donde se
presten los servicios.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Bal.


A continuación, el Grupo Plural se repartirá el turno entre tres portavoces. En primer lugar, será el señor Rego quien tenga la palabra.


El señor REGO CANDAMIL: Grazas, señor presidente.


Señora ministra, hemos escuchado hablar mucho de procesos burocráticos, de datos, robotización, digitalización, y poco de las personas, y en concreto poco de la lucha contra la violencia machista, para lo que usted sabe que es clave, que es
fundamental la existencia de juzgados especializados. Yo quiero recordarle que ustedes se comprometieron en el acuerdo de investidura firmado con el BNG a crear en esta legislatura tres juzgados de violencia de género en Galiza: en Santiago de
Compostela, en Ourense y en Lugo. De momento no cumplieron ese compromiso y tampoco nos explicaron por qué. Se trataba de crear esos tres en esta legislatura para seguir y crear los dos restantes en Pontevedra y Ferrol. Por lo tanto, la pregunta
es clara: ¿van a cumplir ese compromiso y cuándo van a hacerlo? ¿Cuándo vamos a tener esos juzgados de violencia de género en las ciudades galegas que aún no los tienen?


Obrigado.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rego.


A continuación, el señor Boadella tiene la palabra.


El señor BOADELLA ESTEVE: Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora ministra, por su comparecencia y explicaciones.


También muy brevemente. Hay tres temas que me gustaría destacar. En primer lugar, en relación con las leyes de eficiencia, lo cierto es que el ritmo de trabajo es sorprendente si uno analiza el calendario de

Página 13

cuándo vencieron las enmiendas, de cuándo arrancaron los trabajos, pero yo, más allá del ritmo y de si esto va a culminar o no, quería aprovechar la ocasión de que usted esté aquí para exponerle la necesidad de dos planteamientos que creemos
sustanciales. Uno es el relativo a los juzgados de paz y su permanencia en la futura remodelación o implantación de esta oficina judicial que recoge la ley y el otro es la especialización de los juzgados en materia de familia. Creo que es una
demanda del sector muy importante que deberían mirar con mucho más cariño -permítanme la expresión- y que podría solucionar también muchas de las cuestiones que en el ámbito de la violencia doméstica se producen fruto de los conflictos, de las
crisis matrimoniales y de las nuevas realidades en este ámbito. Por tanto, en mi intervención quería aprovechar para trasladarle esta preocupación porque creo que estos temas son muy importantes.


Por otro lado, en cuanto a la huelga de los letrados de la Administración de Justicia, creo que trasladarle las reivindicaciones del sector, de los letrados, es redundante porque quiero suponer que ya tiene conocimiento de ello, ya lo sabe
usted, le vienen a ver, le mandan cartas, le escriben artículos. Lo que sí quería trasladarle es la preocupación de ciudadanos y de profesionales por estos juicios que se suspenden. Usted sabe también, porque es del gremio -permítame la
expresión-, que los procesos judiciales duran mucho, que el señalamiento del juicio a veces se produce al cabo de tres, cuatro, cinco meses o incluso de un año, y ahora, cuando te toca la fecha de juicio, resulta que se suspende, quizá el mismo día,
y estas llamando a las ocho de la mañana para saber si se va a celebrar o no. Esto es un trato totalmente injusto para los profesionales, para los ciudadanos, y es un retraso en el sistema judicial, que ya lo venía padeciendo habitualmente pero que
ahora se convierte en mucho más grave todavía de lo que era. Por tanto, esta incertidumbre, esta lentitud de los juicios y esta no celebración de los juicios es un problema de gran magnitud que requiere que pongan solución cuanto antes, y en este
sentido la quería interpelar.


Finalmente, en relación con la Administración electrónica, le voy a contar un par de anécdotas que creo que son importantes. Respecto al certificado de últimas voluntades, ¿son conscientes ustedes del retraso y del colapso que hay cuando
uno pide el certificado de últimas voluntades? Un ejemplo práctico. Defunción el 6 de febrero de 2023, este febrero pasado. Pues todavía hoy no está disponible el certificado de últimas voluntades. Por tanto, yo le reconozco que se ha hecho
mucho en la Administración electrónica; ejemplos como la apud acta electrónica a través de la firma digital se lo reconozco, pero la Administración electrónica necesita todavía dotarse de más medios para dar salida. Porque usted apuntaba una
cuestión muy interesante, el teletrabajo, el trabajo desde cualquier municipio de España. Decía: Hemos dado ordenadores, hemos dado auriculares, hemos dado cámaras. Se lo reconozco y, si usted lo dice, es verdad, pero le voy a trasladar la
preocupación que siempre me traslada un alcalde amigo: ya puedo tener ordenador, auriculares y cámara que, si no tengo fibra y conexión a Internet decente, no sirven para nada. Con lo cual el trabajo a distancia, la repoblación en cierto modo y
los medios físicos, si no van acompañados de la implantación de la fibra y las buenas conexiones, no van a servir para nada.


Muchas gracias, señoría.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Boadella.


A continuación, el señor Pagès tiene la palabra.


El señor PAGÈS I MASSÓ: Muchas gracias, señor presidente. Bona tarda, señora ministra.


Ya sabe, señora ministra, que con Cataluña tiene pendientes varias cuestiones. Le voy a señalar algunas. En cuanto a financiación, la transferencia del importe de las tasas judiciales del Estado recaudadas en Cataluña, vinculadas por ley a
la justicia gratuita, es una cuestión pendiente que creo que se debe resolver. La participación en la gestión de las cuentas de depósitos y consignaciones judiciales y en sus rendimientos también es una cuestión pendiente, y también lo es revisar
los módulos de pago por la creación de nuevos órganos judiciales y actualizar los módulos para que incluyan un nuevo módulo para las TIC.


En cuanto al cumplimiento del Estatut de Catalunya, hay algunas cuestiones pendientes también. El traspaso integral del personal y medios de la Administración de Justicia, dando cumplimiento a los artículos 103 y 104 del Estatut de
Catalunya, relativos al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, al que usted se refería anteriormente, y también el traspaso del cuerpo de letrados de la Administración de Justicia y la supresión del carácter estatal de este cuerpo.
También el traspaso del resto de cuerpos generales de personal al servicio de la Administración de Justicia, que quedan pendientes.


También está pendiente la creación del Consejo de Justicia de Cataluña, previsto en el Estatut de Catalunya, y la ampliación de competencias del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya como última instancia jurisdiccional en todos los
órdenes, tal y como reza el artículo 95 del Estatut. Y asimismo está pendiente la implementación de la codecisión en la política de demarcación y planta judicial.

Página 14

En cuanto al catalán en la justicia, un problema que arrastramos históricamente, exigimos el requisito del conocimiento del catalán para el servicio público de la justicia en Catalunya, de acuerdo con el Estatut y con la Carta Europea de
Lenguas Regionales o Minoritarias. Es inaceptable que los jueces, fiscales, letrados de la Administración en Catalunya desconozcan el catalán. Debe reformarse el artículo 231 de la Ley Orgánica del Poder Judicial para imponer la obligatoriedad del
conocimiento de las lenguas de los territorios con lengua propia donde estos profesionales estén destinados. Así lo ha resuelto el Comité de Ministros de los Estados miembros del Consejo de Europa, que ha proclamado el reiterado incumplimiento del
Estado español de la Carta de las Lenguas.


Un segundo bloque que quería comentarle es el relativo a las reformas legislativas que están en marcha. En cuanto a los jutjats de pau, Junts per Catalunya no va a aceptar en ningún caso la pérdida de la condición de miembros del Poder
Judicial de los jueces de paz. El Estatut de Catalunya dice bien claro que la Generalitat es competente en justicia de paz y de proximidad, y lo que debe hacer la ley orgánica es llenar de contenido esta justicia de paz y de proximidad,
desarrollarla, reforzar sus competencias judiciales y en materia de mediación, y no vaciarla de contenido. El Estatut de Catalunya es una norma pactada con el Estado y una ley orgánica cualquiera no puede modificar un estatut d'autonomia. Señora
ministra, espero que incluyan la disposición adicional que hemos propuesto en la ley de eficiencia organizativa para que en Catalunya los jueces de paz continúen siendo jueces de paz y no esta figura irreconocible que ustedes proponen.


También recuerdo que en las reformas legislativas que están en marcha tenemos presentadas enmiendas para facilitar la desocupación de los inmuebles ocupados y enmiendas relativas al papel de los procuradores, enmiendas que tienden al
reconocimiento de la condición de colaboradores de la Administración de Justicia y que hacen especial hincapié en los actos de comunicación y ejecución de las resoluciones judiciales por parte de los procuradores, así como su acceso al punto neutro
judicial.


Ya para acabar, un bloque dedicado al Estado de derecho europeo y al respeto por parte del Estado español a los derechos humanos, una cuestión que, como sabe usted, señora ministra, nos preocupa especialmente. En primer lugar, nos preocupa
el escaso cumplimiento de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos por parte de la justicia española. El comisario de Justicia Europeo, señor Reynders, afirmó en un informe de este pasado septiembre, literalmente, que el capítulo
sobre la situación del Estado de derecho en España refleja que a 1 de enero de 2022 España tenía veintitrés sentencias principales del Tribunal Europeo de Derechos Humanos pendientes de cumplimiento, el 61 %. ¿Tiene previsto su ministerio, el
Gobierno español, impulsar un sistema de ejecución directa de las sentencias del Tribunal Europeo? Esta es una cuestión que le planteo. También estamos preocupados por el incumplimiento de las resoluciones, dictámenes e informes de los organismos
previstos en tratados internacionales. Le pedimos que promueva la reforma de la Ley de Tratados, que desarrolle un mecanismo para clarificar la obligatoriedad de los informes y dictámenes de los organismos internacionales, por ejemplo, los
dictámenes del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas o resoluciones de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa o informes y dictámenes del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, por ejemplo sobre la
suspensión de cargos electos, dictado el pasado septiembre.


Acabo ya. También le decimos, señora ministra, que debe resolverse la anómala situación de que el Gobierno excluya de sus informes que anualmente remite a las instituciones europeas, por ejemplo el grupo Greco, la actividad jurisdiccional
del Tribunal de Cuentas, con lo que las instituciones europeas desconocen que existe un órgano llamado Tribunal de Cuentas que desarrolla una actividad plenamente judicial, que no está formado por jueces y, lo que es más grave, sin posibilidad de
recurso sustantivo ante un verdadero órgano judicial. Esto las instituciones europeas lo desconocen y se debería conocer.


Y, acabo ya, ahora sí. Usted ha hablado extensamente del Consejo General del Poder Judicial. Nosotros tenemos presentada una enmienda a la ley de eficiencia organizativa, en la que proponemos de forma muy clara que, finalizado el mandato
de cinco años establecido por la Constitución, todos los miembros del Consejo General del Poder Judicial cesen inmediatamente en todas sus funciones.


El señor PRESIDENTE: Señor Pagès, le ruego por favor que concluya.


El señor PAGÈS I MASSÓ: Es una solución fácil, aceptada incluso por los miembros del propio Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo.


Muchísimas gracias.

Página 15

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Pagès.


A continuación, por el Grupo Republicano, su portavoz, la señora Telechea, tiene la palabra.


La señora TELECHEA I LOZANO: Gràcies, president. Gràcies, senyora ministra, per comparèixer aquesta tarda aquí.


Voy a intentar no reiterarme mucho en los temas tratados por los compañeros que me han precedido en el turno de palabra. Estoy prácticamente de acuerdo con todos, incluso con la vehemencia del señor Bal, con el que coincido al cien por cien
en todas las cuestiones que ha puesto encima de la mesa. Me reitero en la problemática de los letrados de la Administración de Justicia; ya se contabilizan aproximadamente 350 000 procedimientos suspendidos, unas cifras muy elevadas retenidas en
las cuentas de consignaciones, etcétera. En Catalunya hemos hecho también un seguimiento muy exhaustivo y estamos hablando de 9250 suspensiones en Barcelona, 800 en Girona, 460 en Lleida y 2790 suspensiones en Tarragona. Como también ha comentado
el señor Bal, muchos colegios profesionales, y en concreto el Colegio de Abogados de Madrid, se pusieron a disposición del ministerio para hacer una mediación y poder solventar esta cuestión, pero sin resultados. La verdad es que nos preocupa,
porque realmente el servicio de justicia es un servicio público, pero es que además debería considerarse como un servicio esencial, porque las pretensiones en juego de las ciudadanas y los ciudadanos muchas veces son tan importantes y tan
imprescindibles que realmente es un servicio esencial, como, por ejemplo, pueden ser las pensiones de alimentos, que están suspendidas en muchos juzgados y que, por tanto, afectan a los menores.


Usted también ha hecho referencia a la Conferencia Sectorial de Justicia de Palma, que se celebró el pasado 3 de marzo. En esta conferencia sectorial nuestra consellera de Justicia puso encima de la mesa varias cuestiones. Solamente voy a
hacer referencia a algunas más puntuales, como, por ejemplo, el tema de la publicación en el BOE de las normas que allí se publican, para que también se publiquen en catalán, como ya se había hecho históricamente. Esto también es una cuestión que
está pendiente. También, la medida para disminuir la movilidad de los jueces, fiscales y letrados de la Administración de Justicia. Especialmente en Cataluña es una cuestión muy sangrante, con la consecuente afectación que esto está teniendo para
el servicio de la ciudadanía. Una vía que también se puede explorar es el cuarto turno, que creo que tampoco lo ven mal muchos de los grupos parlamentarios que están aquí. También se pusieron sobre la mesa reformas legislativas que permitan
exigir, como también se ha comentado, el uso del catalán en el ámbito de la justicia; las demandas en Catalunya en el año 2022 han representado un 5,18 %, han disminuido respecto al año anterior, en que eran un 6,23 %. Ya sabrá usted también que
el Consejo de Europa ha avisado en distintas ocasiones a España para el cumplimiento de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, que fue ratificada justamente por el Estado español en 2001. Nos gustaría saber qué progreso ha hecho
el ministerio en este sentido.


Otra cuestión que también se ha comentado es la ley de eficiencia organizativa y nuestros juzgados de paz. Ya sabrá que es un tema competencial, que se contiene en el Estatut d'Autonomia de Catalunya y que, por tanto, nosotras hemos estado
velando y velaremos hasta el final de la aprobación de esta ley para que se preserven las competencias de los juzgados de paz.


Otra última cuestión que se puso encima de la mesa en esta conferencia sectorial es el tema del anteproyecto de ley orgánica contra el tráfico de seres humanos que está promoviendo el ministerio. Es un anteproyecto que puede afectar a
diferentes competencias de la Generalitat de Catalunya, concretamente a las consellerias de Drets Socials, de Feminismes o incluso d'Interior, y por tanto ya pongo en su conocimiento que estamos estudiando el borrador y que haremos aportaciones a
ese anteproyecto para velar por las competencias.


Usted se ha referido, ya fuera de la conferencia sectorial, a otras cuestiones, como el Consejo General del Poder Judicial. Somos conscientes de que lo que está sucediendo es terrible, que está perjudicando a la judicatura en general.
Nosotros, Esquerra Republicana, y también muchos otros grupos parlamentarios han propuesto diferentes soluciones para evitar que se bloqueen esas mayorías que se contemplan ahora en la ley. Existen propuestas de reformas legislativas para
desbloquear esas mayorías y que esto no vuelva a suceder. Es una cuestión que podemos poner sobre la mesa, como digo, para evitar que esto vuelva a suceder.


Una cuestión que también nos impactó, justamente a raíz del acto del 8-M que se celebró aquí, en el Congreso, es el techo de cristal. Como usted bien ha dicho, hay muchas mujeres juristas, más que hombres, pero, a medida que vamos subiendo
en el escalafón judicial, la presencia de las mujeres es

Página 16

cada vez más escasa, y en el acto del 8-M que se celebró aquí se puso muy de manifiesto. Esto, por desgracia, se traduce en todos los ámbitos de la vida. Por ello, el compromiso con la igualdad y la paridad en todos los ámbitos, también en
justicia, debe ser prioritario para el Gobierno, que seguro que lo es, y transversal en todos los ministerios. Nos gustaría saber qué medidas piensa adoptar o si ha adoptado ya alguna medida en este sentido.


De la misma manera, la lucha contra la violencia machista. La erradicación de esta lacra es una lucha que nos compete a todas y sobre todo a la Administración. Seguro que estará de acuerdo conmigo en que el acceso a la justicia es un
derecho humano y un elemento integral del Estado de derecho, y que, a pesar de que el acceso a la justicia puede ser difícil para cualquiera, lo es más para las mujeres a causa de la desigualdad de género en la sociedad y en los sistemas de
justicia, desigualdades económicas y sociales persistentes, el sesgo de género, los estereotipos de género y la violencia machista contra las mujeres. El acceso a recursos judiciales adecuados y efectivos es también fundamental para luchar contra
la violencia machista, una de las peores formas de discriminación contra las mujeres y la expresión más pronunciada de las relaciones de poder desiguales entre hombres y mujeres, que vulneran los derechos humanos de las mujeres. Así que garantizar
el acceso igualitario de las mujeres a la justicia también es una de las seis prioridades de la Estrategia para la Igualdad de Género del Consejo de Europa 2018-2023, que acaba justamente este año. Nos gustaría tener más información de las medidas
que se han llevado a cabo o si tienen previsto llevar a cabo algunas en lo que queda de legislatura por parte de su ministerio.


Me quedan dos minutos y no voy a poder entrar en detalle, pero se han puesto también encima de la mesa cuestiones en relación con la ley de defensa. Para nosotras también es muy importante que se pueda aprobar una buena ley de defensa, que
englobe absolutamente todos los aspectos del derecho a la defensa. Se ha puesto de relieve también el tema de la conciliación. Están paralizadas aquí, en esta Cámara, modificaciones legislativas, justamente una de ellas para poder suspender los
juicios por causas de paternidad y maternidad, que esto hoy en día todavía parece imposible que suceda, pero sucede. O por enfermedad, que también hay enmiendas incluidas en la ley de eficiencia procesal. A ver si podemos resolver esta cuestión,
como también el turno de oficio. Los que nos hemos dedicado muchos años al turno de oficio seguimos viendo cómo todavía es una vocación de servicio público que justamente no se está reconociendo, porque reconocerlo también es remunerarlo dignamente
y, por lo tanto, esta cuestión es prioritaria para nosotras.


Me quedan muchas otras cosas pendientes, pero no me da el tiempo, aunque no por ello serán menos importantes. Esperamos que pueda respondernos a algunas de las cuestiones puestas encima de la mesa.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señora Telechea.


A continuación, por el Grupo Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, su portavoz, la señora Velarde, tiene la palabra


La señora VELARDE GÓMEZ: Muchas gracias, presidente, y gracias también a la señora ministra por su intervención, por estar hoy aquí, en la Comisión de Justicia. He tomado nota de las cuestiones fundamentales de las que nos ha ido
informando, que se han basado sobre todo en la ejecución del presupuesto, pero también en el Plan de Justicia relacionado justamente con la eficiencia organizativa, procesal o digital, pero hay ciertas cuestiones en las que no ha ahondado.


Aunque ha hablado de la huelga de los letrados de Administración de Justicia, sí que nos gustaría saber a qué se refiere cuando nos dice que ha tenido treinta reuniones. Entendiendo también el incremento retributivo del salario anual del
14,76 % del que habla, sí nos gustaría saber específicamente en qué momento y en qué punto están las negociaciones con el comité de huelga de los letrados de la Administración de Justicia, que llevan en paro indefinido desde el pasado 24 de enero.
Y nos preocupan, como ha dicho el resto de portavoces, también las suspensiones y sus efectos.


También ha hablado de la tramitación de las leyes de eficiencia organizativa y de la eficiencia procesal digital; en definitiva, de la modernización de la Administración de Justicia, que es tan necesaria, pero nos preocupa que en la
cuestión de la digitalización de la Administración de Justicia no se haya todavía impulsado el trámite de la ley y también que estén paralizadas la ley de eficiencia organizativa y el resto de leyes que tienen que ver con la eficiencia, que está
demandando la Unión Europea y que conforman el Plan de Justicia 2030. Pero nos preocupa más todavía que se esté paralizando porque el Partido Socialista no haya renunciado todavía a una controvertida enmienda, la 270, antiokupación, que además
coincide con unas iniciativas que presentaron en los últimos meses el Partido Popular o el PDeCAT. Por lo tanto,

Página 17

nos gustaría saber si van a renunciar a una enmienda que no tiene nada que ver con el objeto de la ley de eficiencia organizativa y, por ello, debería estar fuera para poder dar lugar al trámite de la ley.


También quería decirle que mi grupo ha trabajado de manera muy muy intensa para que se tramite la ley llamada de bebés robados. También ha trabajado muchísimo y ha presionado muchísimo para que por fin se cerrase toda esa sucesión de
períodos de enmiendas, que ha sido interminable, y una vez que estamos aquí nos gustaría que nos dijera si se va a impulsar de manera efectiva la tramitación de la proposición de ley de bebés robados para que se apruebe antes de que acabe la
legislatura, porque todavía no se ha constituido ponencia, aunque se haya cerrado ese periodo de enmiendas.


También nos gustaría saber cuál es la agenda y el orden de prioridades del Ministerio de Justicia de cara a la tramitación de leyes antes del final de la legislatura. Ha hablado de muchas cosas, pero nos gustaría saber el orden de
prioridades en tanto que existen directivas europeas con un plazo de trasposición que está vencido y pendientes de tramitación, como por ejemplo la trasposición de la directiva sobre transformaciones, fusiones y escisiones transfronterizas.
Asimismo, están pendientes otras leyes a las que usted sí ha hecho mención, tan importantes como la de trata, la de explotación de seres humanos.


Estoy muy de acuerdo también con el resto de portavoces y con el señor Bal sobre la cuestión de la conciliación, que es absolutamente fundamental en el ámbito de la Administración de Justicia y de nuestras profesiones también, y con la
señora Telechea sobre la preocupación por el turno de oficio. Estas cuestiones nos preocupan, pero hay una cuestión a la que usted no ha hecho referencia. Algunos portavoces sí han hecho referencia a la violencia machista, pero, señora ministra,
usted no ha dicho nada sobre una cuestión que es fundamental y sobre la que muchas mujeres están esperando respuesta. Me gustaría apelar al acuerdo, señora ministra, de la mayoría feminista de esta Cámara, porque debemos conseguir responder a las
mujeres. Su reforma, la reforma del Partido Socialista, no puede salir con un partido que siempre se ha opuesto y se opone a los derechos de las mujeres y que incluso los ha llevado al Constitucional. Voy a recordar que, según los datos del
Consejo General del Poder Judicial, son tres de cada cuatro las sentencias revisadas que mantienen la pena; eso quiere decir que son una minoría las decisiones judiciales que están rebajando la pena en una mala aplicación de la ley y del derecho
transitorio. A pesar de que son una minoría, entiendo que debemos dar una respuesta feminista para esos casos, pero esta respuesta no puede suponer volver al modelo anterior. Estamos muy preocupadas. Soy miembro de la Comisión de Justicia, pero
también de la Comisión de Igualdad, y he hablado con muchas juristas que me han trasladado una serie de preguntas y de preocupaciones, y por eso hoy voy a aprovechar que está aquí para ver si me las puede contestar.


Esa respuesta de vuelta al Código Penal de 'La Manada', al de si cerraste bien las piernas o te resististe lo suficiente, entendemos que no pueden suponer volver a distinguir entre dos tipos de agresiones, una con violencia y otra sin
violencia, porque, aunque no volvamos al término abuso, que es de lo que se ha tratado este tiempo, la violencia determinará qué tipo de agresión es eliminando así la centralidad del consentimiento, que es justo lo que hace la ley de libertad
sexual, siguiendo el mandato del Convenio de Estambul y del GREVIO, por no hablar de los miles de mujeres que llenaron las calles de nuestro país gritando 'Solo sí es sí'. De hecho, esta propuesta del Partido Socialista supone la vuelta al modelo
anterior, exactamente como la proposición de ley que presentó el Partido Popular y sobre la que usted misma dijo en una entrevista en Espejo Público, y la cito: Es cierto que lo que hacemos es volver a unas penas muy similares a las que había en el
Código Penal anterior, aumentándolas hasta esos extremos; creemos que el problema son las penas, no otras cosas. ¿Podría, ministra, confirmarnos que esto es así?


Por otro lado, señora ministra, tengo algunas preguntas, como he dicho antes, sobre todo para que se facilite el entender lo que está ocurriendo y la necesidad de un acuerdo de esta Cámara de mayoría feminista. ¿Podría explicar quién ha
redactado la propuesta que ha presentado el Grupo Socialista y que ya presentó en diciembre el Partido Popular? ¿Nos puede confirmar que es el catedrático Javier Álvarez, quien se ha referido además públicamente al consentimiento como un teatro y
ha puesto en duda tener que despertar a la mujer para mantener relaciones sexuales? Nos gustaría confirmar si es él quien ha redactado esa propuesta.


Queremos decirle también que en ningún momento en la exposición de motivos de la proposición de ley se argumenta que ese cambio de volver al modelo anterior trae causa de las revisiones de penas realizadas en los meses precedentes. Nos
preocupa mucho y por eso queremos saber si están asumiendo que con esta reforma no se va a solucionar el problema de la incorrecta aplicación y, por otro lado, que la gran mayoría de las revisiones derivan del automatismo de la imposición de las
penas mínimas. Algunas

Página 18

sentencias son muy emblemática, como, por ejemplo, la del Arandina, la del padrastro de la Audiencia Provincial de Madrid, la del Tribunal Supremo sobre la agresión grupal a una mujer con discapacidad en Navarra o la del Supremo de la
agresión a una niña de quince años en un descampado de Almería, entre otras muchas, de las que ninguna tiene reconocido el elemento de violencia e intimidación, y en todas ellas la revisión vino por la aplicación automática de la parte baja de la
horquilla de las penas, pese a concurrir agravantes, que es lo que nos parece grave. Ante esta pauta mayoritaria en las resoluciones de revisión, ¿qué propone esa proposición de ley del Partido Socialista?


También quería aludir a que la reforma responde a las revisiones de condenas provocadas por la incorrecta aplicación de la ley. Teniendo en cuenta que el Registro Central de Penados y Rebeldes depende del Ministerio de Justicia y para no
depender de los datos de sentencias no firmes que se están proporcionando por el Consejo General del Poder Judicial, nos gustaría pedirle, por favor, que nos dijera, si puede, cuántas sentencias firmes aparecen ahí revisadas desde el pasado 7 de
octubre.


Voy terminando. Usted dijo, al igual que otros miembros del Gobierno, que iban a esperar a que se pronunciase el Tribunal Supremo. La Fiscalía ha recurrido la mayoría de estas revisiones. Ya se han empezado a revocar por tribunales
superiores y está previsto que el Tribunal Supremo se pronuncie al menos sobre cien de ellas en pocas semanas. ¿No ve problemático -esto nos parece importante-legislar antes de que Tribunal Supremo se haya pronunciado? ¿No cree que sería
problemático poner encima de la mesa un tercer Código Penal en tan pocos meses con los efectos que pueda tener?


También quería hablar sobre cuestiones del artículo 178, pero me dice el presidente que se agota el tiempo. Señora ministra, a ver si, como mínimo, puede contestarnos a estas preguntas que son tan preocupantes para muchos juristas y para
muchas mujeres.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Velarde.


A continuación, por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra, en primer lugar, su portavoz, el señor Ruiz.


El señor RUIZ NAVARRO: Muchas gracias, presidente. Señora ministra, buenas tardes.


Celebro de verdad que por fin se haya animado a salir de ese búnker en el que ha convertido usted su despacho, y celebro también, de verdad, que haya tenido el detalle de saludar expresamente al letrado de esta Comisión, porque tiene usted a
4400 letrados de Justicia, que dependen de su ministerio, a los que usted no solo no les saluda, sino que les niega incluso el agua cuando se sienta con ellos. ¿Sería mucho pedirle, señora ministra, que coja el toro por los cuernos de la
negociación y que se siente usted a hablar con los letrados, con mis compañeros? No creo que me equivoque mucho si le digo que en esta Comisión somos mayoría los grupos parlamentarios que estamos estupefactos viendo cómo usted actúa con mis
compañeros letrados y cómo les niega usted todo. Es más, les niega incluso enmiendas que se incluyen en leyes que están en trámite y que podrían solucionar el problema de la adecuación salarial. ¿Sería mucho pedirle que se tome en serio el daño
que su cerrazón está causando a millones de españoles?


Esta mañana se llenaba usted la boca hablando de diálogo y de paz social a propósito del acuerdo de las pensiones, pero yo me pregunto cuántas ofertas realmente serias han trasladado usted y su ministerio al comité de huelga de los letrados
de Justicia, porque yo creo que cero es una cifra que se aproxima bastante a la realidad. En todo caso, no parece que sean muchas, cuando ni siquiera se dignan ustedes a convocarles desde el 28 de febrero, fecha en la que tuvo lugar la última
comunicación bilateral que hubo entre ustedes y el comité de huelga.


Habla usted de posiciones maximalistas de los compañeros que están en huelga. ¿Y la suya? ¿Y la de su ministerio? ¿Usted no tiene en cuenta esa posibilidad? Porque la cuestión aquí no es solamente económica, hay muchas más cosas que
reclaman mis compañeros y los que están en el comité de huelga. La realidad es que, con las competencias procesales que se asignaron al cuerpo de letrados en 2009, había muchas funciones que antes realizaban los miembros de la carrera judicial, sus
compañeros, y que ahora ya no residen en el Poder Judicial, sino que las ejercen mis compañeros letrados de Justicia. ¿Eso es correcto, verdad? Desde el minuto uno se les prometió a mis compañeros una adecuación salarial cuando la situación
económica lo permitiera, desde el minuto uno. Es lógico, ¿no le parece? ¿Qué trabajador no reclama más sueldo si su jefe le da más responsabilidades? ¿Usted conoce a alguien que trabaje gratis? Yo, desde luego, no. La ley de presupuestos de
2021 ordenaba específicamente adecuar esas retribuciones, y usted se limitó a aplicar a los letrados de Justicia las mismas subidas generales que se aplicaron a todos los funcionarios del Estado y unas específicas que pactaron ustedes con los
sindicatos de funcionarios, y este es otro

Página 19

elemento más de ofensa, porque ustedes nada negociaron con los legítimos representantes del cuerpo de letrados de Justicia. Ustedes negociaron con esos sindicatos que injustamente se atribuyen una representatividad que no es real, porque
ningún LAJ les vota. Y esto nos llevaría a otro tema que no ha salido aquí y que yo le voy a decir. ¿Es verdad, señor Bal? (Asentimiento). Sí, correcto. Es el de la violación del derecho a la negociación colectiva que usted permite.


Por otra parte, le pregunto: ¿Usted cree que es normal, señora ministra, que haya regiones en donde los letrados de Justicia no tengan reconocidos complementos salariales específicos que sí perciben todos los que trabajan bajo su mando en
la misma Oficina Judicial? ¿Usted lo ve normal? ¿Usted ve normal que haya regiones donde los LAJ cobren menos a fin de mes que algunos de los funcionarios que dependen de ellos y que trabajan bajo su dirección? ¿Usted conoce alguna empresa -que
no esté en quiebra, claro- en la que pase esto, es decir, que el jefe cobre menos que un trabajador a su cargo? Voy a pedirle que haga un ejercicio de empatía. ¿Cómo estaría usted si le tomaran el pelo de esta manera, señora ministra? ¿Y si fuera
usted LAJ y tuviera un secretario de Estado que le insulta y le dice que usted es prescindible, cómo se lo tomaría? Y, abundando en este ejercicio de empatía, también le pregunto: ¿Cree usted que los letrados de Justicia tienen motivos para la
huelga y para estar enfadados? ¿Usted cree que los letrados de Justicia reciben ahora mismo una retribución justa, de acuerdo con su categoría profesional y sus responsabilidades? ¿Usted cree que es un cuerpo de funcionarios prescindible, como
dice su secretario de Estado? Sería bueno, señora ministra, que si comparte esa opinión y entiende que es un cuerpo prescindible, nos explique a quién le piensa repartir sus funciones y cuánto más piensa pagarles, porque, lógicamente, usted no
creerá que quien acepte nuevas funciones va a hacerlo gratis, ya se lo he dicho antes.


Señora ministra, déjese, por favor, de excusas y colóquese a la altura de sus responsabilidades, que para eso cobra. Ordene a su secretario de Estado que deje de soltar barbaridades que solo incendian más el conflicto y encuentre una
solución ya por el interés de España. Se lo ha dicho el señor Bal, pacta sunt servanda. Ustedes llegaron a un acuerdo con mis compañeros, cúmplanlo. Porque ustedes tienen dinero cuando lo buscan, ya lo hemos visto. Usted ha reconocido aquí una
serie de actuaciones que van a realizar que implican muchos millones de euros. Seguro que usted encuentra en el bolsillo alguna razón para pagar lo que debe. Esto es sencillo, señora ministra de Justicia -con esto acabo-, haga justicia y trate con
justicia a quien se la merece. Arregle esto ya.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ruiz.


A continuación, por el mismo grupo, el señor Ortega tiene la palabra.


El señor ORTEGA SMITH-MOLINA: Muy buenas tardes. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes, señora ministra.


Esta comparecencia a petición propia parece más bien la antesala de su inminente y cercano cese como ministra de Justicia, no sabemos si cese como consecuencia de la moción de censura de VOX, que va a ser la próxima semana, o como cese de la
moción de censura que le van a hacer los españoles al Gobierno de Sánchez en las próximas elecciones generales. De una manera o de otra, usted sabe que está al final de su mandato.


Hoy quiero traerle algún tema de esos que a usted parece que le dan absolutamente igual, como ha referido mi compañero Eduardo Ruiz respecto a los letrados de la Administración de Justicia. Me estoy refiriendo a esos nada menos que 43 000
letrados que todos los días se dejan la toga, el esfuerzo, la vocación y su servicio público; servicio público, ese del que se les llena a ustedes la boca siempre diciendo que son abanderados de su defensa. Estoy hablando de los letrados de la
Administración de Justicia, esos que defienden el derecho constitucional a la asistencia jurídica gratuita. Qué peligro de palabra: gratuita. Algunos han entendido que debían trabajar gratis y de cualquier manera. Estos letrados vienen
exigiendo, en unanimidad de asociaciones, una remuneración digna y una equiparación en toda España y que se les pague de manera puntual, y no con meses, a veces años, de retraso. Que se modifique el artículo 30 de la Ley de Asistencia Jurídica
Gratuita para que puedan cobrar siempre cuando se les asigne un asunto, con independencia de que finalmente se deniegue ese derecho a asistencia jurídica gratuita al justiciable o que se archiven las actuaciones. Que se les remunere todo el trabajo
realizado, con independencia del trámite o la fase procesal en la que se encuentre. Que se les abone el trabajo cuando defiendan a personas jurídicas. ¿Usted sabe, señora ministra, que se les obliga a trabajar, por su condición de letrados del
turno de oficio, en asuntos en defensa de personas jurídicas y luego no se les paga porque no está reconocida la retribución? ¿Usted sabe que eso es trabajar como esclavos, gratis, que es inaceptable? Ya se han mencionado aquí la

Página 20

actualización del baremo del IPC y la habilitación de las partidas presupuestarias necesarias frente a esa infrafinanciación a la que se ven sometidas por todas las administraciones todas las comunidades autónomas y el distrito dependiente
de su ministerio. Hablamos también de garantizar, nada menos, que esa conciliación laboral y personal. A ustedes, a los que se creen progres, se les llena la boca, pero resulta que no se les reconoce -como también se ha citado hoy- ni siquiera la
posibilidad de suspender un juicio en momentos de maternidad, de paternidad, de fallecimiento de un familiar cercano o de grave enfermedad. Esto también es trabajar como se trabajaba en la época de la más repugnante esclavitud. Derecho a la
desconexión digital o al descanso, para que de verdad puedan irse tranquilos a su casa, con su familia, sin estar pendientes a cualquier hora del día de que les pueda entrar alguna citación. Perdone, ministra, no sé si su afán de escribir en el
teléfono es porque está pidiendo las respuestas. Yo se las voy a dar, porque son las que sin duda le dan los letrados del turno de oficio.


La dificultad en el acceso a la justicia, por ejemplo, para familias de poca renta. ¿Sabe usted que desde que han utilizado como sistema de referencia el IPREM, a diferencia de antes, cuando se utilizaba el salario mínimo interprofesional,
hay familias que no se encuentran con capacidad de que les concedan la justicia gratuita? O hablemos del reconocimiento a la autoridad pública de los letrados, sí, porque autoridad pública deben tener cuando están sufriendo agresiones, cuando están
sufriendo amenazas en el ejercicio de un servicio público como letrados del turno de oficio. O, por decirle alguna cuestión más, hablemos de reducir la carga burocrática o hacer campañas desde su ministerio para visibilizar y para darle dignidad a
su trabajo. En definitiva, señora ministra, no sé si usted pretende gastar otros trece millones -como nos ha reconocido ahora, parece que con tanta satisfacción- para nacionalizar como españoles no sabemos si a todo el planeta; a lo mejor pretende
usted sustituir a los letrados por robots que hagan las funciones de los mismos. Yo creo que a usted se le ponen en huelga hasta los robots.


Termino con otra cuestión que no es para reírse. Mire, hace cinco días fue el 11 de marzo, fecha del mayor atentado terrorista de la historia. Hace cinco días, y comienza la cuenta atrás: 365 días quedan para que prescriba este delito,
365 días en los que todavía los españoles, especialmente las víctimas, no sabemos quiénes fueron los autores intelectuales de ese delito. No lo dice VOX, lo dijo la sentencia. No sabemos quiénes lo financiaron; lo que tal vez sí sabemos es
quiénes se beneficiaron electoralmente de esos terribles asesinatos. Veinte años se van a cumplir el próximo año. ¿Va a hacer algo su ministerio? ¿Va usted a lograr, como se logró con el artículo 171 del Código Penal, la no prescripción -voy
terminando, presidente- de los delitos de terrorismo y también, en aplicación de los convenios internacionales, que se aplique el delito de lesa humanidad?


Termino con una pregunta que es muy fácil, señora ministra. ¿La Abogacía del Estado se va a personar para averiguar, en el caso Tito Berni, casos de corrupción, tráfico de influencias, cohecho, drogas o prostitución?


Muchas gracias


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ortega.


A continuación, por el Grupo Popular su portavoz, el señor Santamaría, tiene la palabra.


El señor SANTAMARÍA RUIZ: Muchas gracias, señor presidente. Señorías, buenas tardes.


Señora ministra, la verdad es que el tono de su intervención ha estado a medias entre la regañina y la moralina. Nos ha sorprendido también ese tono en el que ha venido a exigirnos lo que el Legislativo tiene que hacer. Nos ha parecido que
le ha salido ahí el deje autoritario que tantas veces gotea este Gobierno, el Ejecutivo de Sánchez. También nos ha sorprendido el tono como de balance, como si de fin de legislatura se tratara, un punto final a su etapa al frente del ministerio,
que es lo que nosotros hemos venido a reclamar. Nosotros esperábamos que en lugar de esta comparecencia, en la que ha venido a blanquear su etapa al frente del Ministerio de Justicia, usted hubiera presentado su dimisión. Eso es lo que reclama el
Grupo Parlamentario Popular. (El señor vicepresidente, Rojas García, ocupa la Presidencia).


Ha hablado usted del Consejo General del Poder Judicial, que es una coletilla que utiliza habitualmente para intentar deslegitimar la labor de este grupo, y nos ha preguntado -ustedes, que están condenados por dos sentencias del Tribunal
Constitucional- si respetamos la Constitución. Pero déjeme que le enseñe una cosa que debería quizás explicar antes de exigirnos a los demás entrar a pactar con ustedes, porque ustedes no cumplen ni siquiera aquello que hacen público. Mire, un
tuit del PSOE (lo muestra en una tablet): Hay que despolitizar el Consejo General del Poder Judicial, que los partidos dejen de proponer candidatos @sanchezcastejon#Pedro SánchezAR. Tiene 407 me gusta, 868 retuits y 693 citas. ¿Por qué no nos lo
explica? ¿Por qué han cambiado de opinión? Estamos convencidos de que si mantuvieran esa posición, sería muy fácil pactar con ustedes.

Página 21

Señora ministra, dado que usted no se prodiga mucho por esta Cámara -ha venido usted en 613 días una vez; el ministro Campo en 564 días vino cuatro veces-, vamos a aprovechar para comenzar y hacerle alguna de esas preguntas. ¿Nunca
consideró que en alguna de esas veintitrés comparecencias que tiene usted pendientes merecía la pena venir para comparecer en esta Cámara y dar explicaciones? Es una comparecencia en 613 días, 87 semanas y 4 días para ser exactos. ¿No cree usted
que ese estado de levitación institucional, por calificar de algún modo el escapismo parlamentario al que nos tiene acostumbrados, es una falta de respeto con esta Cámara y con lo que esta Cámara representa? También, permítame, aunque se ha ido el
señor presidente, una observación, dado que es el máximo responsable del Legislativo en esta sala. Hubiera sido muy conveniente, en opinión de mi grupo y respetando el mínimo decoro parlamentario, que se hubiera exigido a la ministra por lo menos
una leve reprimenda a su actitud escapista. Luego se lo contaremos al señor Sicilia.


En fin, dado que usted nos visita, como digo, en tan contadas ocasiones, vamos a hacerle algunas preguntas, comenzando por el tema de indultos, porque usted sucedió a Juan Carlos Campo después de haber concedido los indultos del procés,
exactamente dieciséis días después, que fue lo que tardó Sánchez en cesarlo. Mire, otra imagen que también define lo que es decir las cosas y luego no cumplirlas. (Muestra un documento). Dice: PSOE -otro tuit-, por una política limpia,
prohibiremos los indultos por corrupción política y castigaremos el enriquecimiento ilícito. Ojo, ustedes que acaban de rebajar las penas por malversación. ¿Ese es el grado de cumplimiento de su palabra?


En relación con los indultos, hago una pregunta: ¿Ha modificado, en cumplimiento con lo prometido, la Ley reguladora del ejercicio del derecho de gracia, o más bien han utilizado ustedes esa gracia para indultar a los condenados del procés,
para beneficiar a dos políticos del PSOE condenados por corrupción y también para indultar a dos madres ejemplares, condenadas por la comisión de delitos gravísimos contra la infancia? Y ya que el otro día no tuvo usted a bien contestar a mi
compañero Diego Gago, permítame que le haga una pregunta, a ver si esta vez tenemos suerte: ¿Van ustedes a indultar al funcionario que enchufó a la cuñada de la presidenta de los socialistas gallegos y de la Diputación de Pontevedra, que se llevó
108 000 euros del ala sin ir a trabajar? ¿Van a indultar a ese funcionario, condenado por corrupción, que en su solicitud de indulto -ojo- aduce como mérito haber sido militante del PSOE y de la UGT durante más de veinte años? Han pasado más de
doce meses desde que presentara esta solicitud. ¿Puede usted explicarnos qué es lo que van a hacer? En definitiva, ¿van a cumplir lo que ustedes prometieron? ¿Van ustedes a seguir condenando a personas condenadas por corrupción? ¿Van a seguir
ustedes con los indultos a la carta?


Señora ministra, en otro orden de cosas -porque usted lo ha omitido y no ha dedicado ni un solo segundo de su intervención a esta cuestión-, es usted coautora de la ley del sí es sí, que para lo único que ha servido es para liberar a 721
monstruos, que ven rebajadas sus penas, cuando no directamente -74- para ponerlos en libertad. Según Podemos, no yo, fueron usted y Justicia quienes fijaron las penas de esa ley que hoy solo sirve para liberar a agresores sexuales. ¿Usted sigue
considerando -y a fecha de hoy todavía no ha rectificado- a los niños, niñas y mujeres víctimas de delitos atroces como efectos indeseados? ¿No cree usted que esas personas que han sido víctimas de delitos atroces merecen que tanto usted como el
presidente del Gobierno les pidan perdón? ¿Sigue usted pensando que la ley del sí es sí es una buena ley? ¿No cree usted que hablar de buenas intenciones de la norma para justificar el voto afirmativo del PSOE el día de su aprobación es tanto como
afirmar que un asesino en serie que paga sus impuestos es un buen ciudadano? Basta ya de utilizar ese argumento, señora ministra, porque no convence. Las buenas o las supuestas buenas intenciones de quienes votaron sí a la ley no sirven para
esconder una norma que perpetra el mayor daño jamás ocasionado a las mujeres en este país. Mírenos y díganos, sin agachar la mirada, si su propuesta de proposición de ley para reformar el sí es sí nace del convencimiento o simplemente del pánico
electoral en el que se encuentra. También le preguntamos -se lo acaba de decir la portavoz de Podemos- por qué guarda usted silencio cuando se acusa a los jueces y magistrados de aplicar mal la norma. ¿Va a salir usted alguna vez a defender a sus
compañeros de carrera judicial? ¿Alguna vez por lo menos?


Señora ministra, cambio de tema. Fiscalía General del Estado. Ayer, en el diario El Mundo, Ángela Martialay publicaba un artículo en el que el fiscal general del Estado persiguió -según el tenor literal de una sentencia, de una resolución
judicial- con meras conjeturas y sospechas al fiscal que se plantó en el caso de Miguel Ángel Blanco. Ustedes, que han permitido que la Fiscalía General del Estado del Partido Socialista jamás venga a esta Cámara a comparecer, convirtiéndola en la
institución más opaca del Estado, podrían respondernos a varias preguntas. ¿Va el Gobierno de España a impedir que se juzgue a

Página 22

los responsables del execrable asesinato de Miguel Ángel Blanco al perseguir al fiscal que intenta garantizar la imprescriptibilidad de aquellos hechos o van a apoyar al fiscal que busca que este delito no prescriba? A día de hoy no sabemos
dónde están ustedes y las noticias son contradictorias, así que, sáquenos de dudas.


En línea de lo que ya se ha dicho, que quede bien claro, le pedimos al Gobierno que haga todo lo que esté en su mano para garantizar que el 11 de marzo del año que viene no prescriban los delitos del 11-M, que no prescriban porque está por
determinarse quiénes fueron los autores intelectuales de aquellos delitos y porque los españoles no podrían aceptar jamás que nunca pudieran ser investigados esos delitos y que esos autores intelectuales y quienes los financiaron no fueran
identificados. La pregunta es muy clara: ¿De qué lado va a estar usted, de qué lado va a estar el Gobierno, de qué lado van a estar ustedes? (El señor presidente ocupa la Presidencia).


Otra pregunta. En relación con el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, ¿para cuándo el sometimiento del fiscal general al consenso, a la negociación, al acuerdo para que sus decisiones sean consensuadas en el marco del Consejo Fiscal?
¿Para cuándo? ¿Cuándo vamos a poder evitar las cacicadas, como la que hizo el fiscal general del Estado colocando a Dolores Delgado en la Sala de lo Militar del Supremo, saltándose cuatrocientos escalones del escalafón contra el criterio del
Consejo Fiscal?


Señora ministra, en otro orden de cosas le recordaré que hace unos días el Partido Socialista perdió una votación en esta Cámara en la que todos los grupos parlamentarios, también los que sustentan al Gobierno, le pidieron a usted, le
exigieron que terminara con prontitud con el conflicto de los letrados de la Administración de Justicia. Ya se ha dicho aquí y lo vuelvo a reiterar. También se lo ha pedido el Consejo General de la Abogacía, pero, ¡ojo!, también se lo pide el
Partido Socialista de Aragón, que votó a favor de una PNL presentada por el Partido Popular en las Cortes de Aragón reclamando una pronta solución a esta cuestión. No nos ha explicado nada, más allá de que tiene la culpa el Partido Popular y que
los letrados de la Administración de Justicia están empecinados en una reivindicación que a usted no le parece justa. ¿Podría usted decirnos, después de cincuenta días, si este asunto sigue encallado en un callejón sin salida?, porque a todas
luces así lo parece? Yo le recuerdo que son 329 000 los juicios y vistas suspendidos, 392 000 las demandas pendientes de calificar y 1184 millones de euros las cantidades consignadas que están paralizadas. Una pregunta: ¿Tienen ustedes programada
alguna reunión con el comité de huelga, porque mañana -creo- se reúnen y han convocado una rueda de prensa? Y otra pregunta. Para cuando se supere el conflicto, aunque usted parece haber tirado la toalla en esta cuestión, ¿se ha sentado usted ya a
hablar con las asociaciones de la magistratura y con las organizaciones sindicales para analizar cómo recuperaremos la normalidad? Explíquenoslo, si es que se han producido esas reuniones.


Señora ministra, los años que ha estado usted al frente del Ministerio de Justicia no se recordarán como años de grandes avances ni tampoco de los pequeños. Vamos a ir muy rápido. En materia concursal, no está puesta en marcha la
plataforma para la venta de unidades productivas. En materia del Estatuto de la Administración Concursal, ¿se ha hecho algo? No. En cuanto a la conocida ley trans, habla usted mucho de la digitalización del Registro Civil, pero todavía no están
los formularios para poder proceder con arreglo a lo que en esa nefasta ley, que también cuenta en su currículum, se establece. Se ha producido una contratación del DICIREG en el que se han excluido determinados territorios de España, ¿nos podría
usted explicar por qué? Proyecto estrella de su departamento, 2030: ¿ha aprobado alguna de las leyes en las que se concreta? La respuesta es: No. ¿Organizativa? No. ¿Procesal? No. ¿Digital? Tampoco. ¿Puede usted explicarnos por qué la ley
de eficiencia organizativa vino a este Congreso con la coletilla de que no tenía implicación de coste alguno y, en respuesta a las enmiendas presentadas por este grupo, el Ministerio de Hacienda las cuantificó en 144 millones de euros? ¿Nos lo
puede explicar?


Justicia gratuita. Se han dicho muchas cosas que reiteramos y que debe usted responder, pero añado una nueva. ¿Ha adoptado usted alguna medida para proteger a los abogados del turno de oficio de las agresiones de las que son víctimas
cuando ejercen su labor? En materia de los derechos de los empleados públicos, ¿ha desarrollado la carrera profesional?, ¿ha aplicado algún protocolo para proteger a los funcionarios de las agresiones que reciben en el ejercicio de sus funciones,
como han hecho comunidades autónomas como Galicia o Andalucía?


Voy concluyendo porque el presidente me está mirando ya con malos ojos. Le ruego veinte segundos nada más, presidente. En primer lugar, usted dijo en su primera comparecencia -y leo textualmente- que venía a incorporar la perspectiva de
género en el trabajo del ministerio. Era uno de sus objetivos. Los datos del ministerio demuestran que los delitos en el último año contra la libertad sexual se han

Página 23

incrementado un 16,35, un 21 % las violaciones y un 15 % las agresiones. ¿Cree usted que está consiguiendo su objetivo? ¿Sabe usted que la Policía se encarga de 70 víctimas por cada policía?


El señor PRESIDENTE: Señor Santamaría, debe terminar.


El señor SANTAMARÍA RUIZ: Termino ya. Mire, esta es la realidad de la ley del sí es sí. (Muestra un recorte de prensa). También para la portavoz de Podemos: La nueva ley rebaja la pena al monitor que abusó de varios menores en Játiva.
¿Asumirán alguna vez la responsabilidad? Estas cuestiones la inhabilitan y la incapacitan para ejercer el cargo, como nosotros venimos defendiendo, señora ministra.


Muchas gracias, presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Santamaría.


A continuación, por el Grupo Socialista, su portavoz, el señor Aranda, tiene la palabra.


El señor ARANDA VARGAS: Muchas gracias, señor presidente.


Señora ministra, señora Llop, muchas gracias por su comparecencia, por su disección de la justicia, por una intervención -creo sinceramente- alejada del triunfalismo fácil y ajustada al realismo que supone haber trabajado con ahínco por
nuestro servicio público de Justicia. Usted -ya lo ha comentado alguna vez- es una servidora pública, magistrada de amplio recorrido y experiencia, miembro de diferentes cámaras legislativas y ahora ministra de Justicia del Gobierno de España.
Ciertamente, el calor o a veces el tufo de alguna intervención manifiesta la falta de respeto mínimo exigible, compatible con la legítima crítica política. No es raro tener que dedicar de manera reiterada una parte de mi intervención no ya para
desmontar las críticas que se plantean -legítimas, faltaría más-, sino para afear el trato dispensado y reivindicar una vez más la honorabilidad de estas salas, porque en la arena política no todo debe valer.


Señora ministra, mi grupo, todos y cada uno de sus diputados y diputadas y sus portavoces estamos orgullosos de nuestra labor parlamentaria, de la labor legislativa, obviamente, de la negociadora y de nuestras intervenciones, todas y cada
una de ellas, expresadas siempre con rigurosidad y respeto, aunque a veces nos cueste no rebajarnos e igualarnos a los expertos del barro, porque la arena política se convierte en barro por el impacto de las palabras falsas, las falacias, las
calumnias, y las faltas constantes de respeto.


Señorías, estamos en marzo de 2023 y ya hace algún trienio que nos vamos viendo en estas salas de esta magnífica sede de la soberanía popular, y me gusta pensar -así lo digo siempre y algunos de ustedes me han oído hablar- que llevamos un
buen tiempo trabajando juntos -reitero, juntos- porque todos nosotros, representantes legítimos de nuestros votantes, elegidos democráticamente en un país que tiene la democracia plena, tenemos un bien común a proteger por encima de nuestros
intereses partidistas. Tenemos la obligación de trasladar a quienes nos miran hoy, por ejemplo, que, entre estas paredes con tanta historia, sus representantes, en su mayoría, dignifican esa representación y usan la fuerza parlamentaria para
construir una agenda legislativa que ha de impactar de manera positiva en los destinatarios finales de nuestras políticas, que no son otros que los ciudadanos. En nuestro caso, además, para dotar a todos los operadores jurídicos y a todos aquellos
que trabajan, se vinculan o se relacionan con la justicia de las mejores herramientas posibles -legales, administrativas, económicas- para hacer de la justicia, de este pilar del Estado, de este poder un servicio público eficiente, rápido, justo,
eficaz, transparente, moderno y digital.


Por eso, por ejemplo, estoy muy satisfecho de que el primer decreto que se aprobó en 2020 en estas Cortes fuese el decreto de pandemia que regulaba la justicia; aquel primer decreto en ser convalidado por una Cámara que sufrió también los
embates de la pandemia desde marzo de 2020. Por eso, desde ese primer decreto hasta la última de las leyes aprobadas en esta Comisión, el trabajo del Poder Legislativo ha sido sobradamente prolijo, pero aún nos queda tela que cortar, como usted
bien ha expresado y sus señorías también conocen. Las tres leyes de eficiencia, las trasposiciones pendientes, el derecho de defensa, la modificación de las penas y la ley de libertad sexual son algunos de los ejemplos que tenemos en nuestro
horizonte.


Por cierto, ya que se ha hecho mención a mi grupo por la portavoz de Unidas Podemos, con todo el respeto, haré dos puntualizaciones sobre la posición de mi grupo en la reforma puntual de la ley del sí es sí. Es una reforma necesaria. La
propuesta es adecuada a la situación que se está dando. No puedo aceptar que se diga que se vuelve al modelo anterior, porque hablamos de penas, no de cuestionar el modelo. Miren, creo que simplificar nunca ayuda a la calidad del debate. La
solvencia legislativa de mi grupo, sobradamente contrastada durante más de cuarenta años, no merece la simplificación que estamos

Página 24

escuchando una y otra vez. Por cierto, para que haya un acuerdo, todos han de estar dispuestos a moverse de sus posiciones. De la enmienda en la ley de eficiencia organizativa sobre las ocupaciones ilegales, no me gustaría pensar que la
autonomía de mi grupo a la hora de presentar enmiendas trabajadas lleve a otros grupos a bloquear leyes trascendentales que son necesarias y que transforman nuestro país.


Dicho lo cual, señora ministra, sigo. Yo agradezco de su intervención que haya hecho un exhaustivo repaso por las mejoras implementadas en la Justicia, así como por la apuesta del sistema de cogobernanza con agentes jurídicos y con las
administraciones públicas. Miren, las cosas pasan cuando pasan y dejan de pasar cuando dejan de pasar. Me explico. Es un axioma fácil de entender y que se aplica a la política, tanto cuando se está en el Gobierno como cuando se está en la
oposición. Miren, es verdad que hay cosas que responden a modelos diferentes de justicia que pueden ser divergentes, matices diferentes. Unos apuestan por la elitización de la carrera judicial, del acceso a la carrera judicial; otros apostamos
por la ampliación y la extensión de las capacidades para un acceso lo más universal posible: que ninguna niña, ningún niño que sueña con ser juez o fiscal, que ningún estudiante que tenga preparación y capacidad quede marginado por un sistema que
pueda penalizar la capacidad económica. Pero hay cosas que pasan porque hay la obstinada implicación de un grupo de personas, de servidores públicos, que ponen todo su empeño en que pase. Es ese trabajo el que hoy estamos aquí analizando y le he
de decir, señora ministra, que la capacidad, la determinación y -por qué no decirlo- su resiliencia -y aguante en algunos aspectos- nos lleva a esta sesión parlamentaria con una excelente carta de hechos probados. Porque sí, las cosas pasan cuando
pasan y ha tenido que ser un Gobierno socialista el que afronte, de cara y sin paños calientes, la reforma profunda de nuestra justicia. Ha tenido que ser un Gobierno socialista el que traiga proyectos de ley y trasposiciones olvidadas por otros
ministros de Justicia populares. Es este Gobierno el que apuesta por las becas en el acceso a la judicatura; es este Gobierno el que pone a la justicia en el lugar que le corresponde. En el otro lado es el PP, que ahora no está gobernando, el que
bloquea la justicia, sistemáticamente, negándose a ejercer el papel constitucional que otros hemos jugado cuando estábamos en la oposición. No me cansaré de repetirlo y quisiera que quienes nos escuchen, nos vean o nos lean sepan de la gravedad de
la negativa del PP a renovar el Consejo General del Poder Judicial; que sepan de la importancia de este bloqueo. Las cosas pasan cuando pasan y no es casualidad que esta omisión constitucional pase con el PP en la oposición. Yo entiendo que el
señor Bal es coherente. Dice: Oiga, este no es mi modelo, a mí qué me explican, yo tengo otro y no me meto. Perfecto. Ojalá fuera todo tan honesto en esta Cámara. Lo que no vale, lo que es una trampa como un piano, es reformar la ley a solas
cuando gobiernan, apostar por el mismo modelo durante años, pactar con el PSOE cuando estaba en la oposición y girar 180º cuando son ellos los que están en la oposición. (Aplausos). Por eso digo que el problema de raíz del PP, de su estructura,
desde su fundación, de la arquitectura que sostiene sus grandes decisiones es su concepción patrimonial no ya de la justicia, sino del poder incluso de España. Miren, hay partidos de ultraderecha que tienen una concepción monolítica, cerrada,
casposa, antigua de España y su España no es la España de todos porque no cabemos todos. Eso se entiende, pero el matiz del PP es diferente. En su España sí cabemos, pero ha de quedar claro que es su España, que es la suya, que aquí las cosas
pasan cuando ellos gobiernan; si no, no pasan. Señorías, eso va en contra de todo lo que nos han enseñado que es una democracia y la legítima alternancia política. Fíjese, yo no valoro la actitud personal, el talante, el acuerdo puntual, el
respeto político que tenemos algunos portavoces. Yo impugno la raíz estratégica de un partido que, usando de paraguas la nefasta expresión de VOX de Gobierno ilegítimo, se sirve de ella impunemente para dejar pasar, literalmente, los años y, sin
tener escrúpulos en la sucesión de excusas, hace dejación consciente de sus obligaciones constitucionales por intereses partidistas.


Señorías -acabó-, en esta legislatura -no fácil, ciertamente- hemos afrontado numerosos retos, algunos nunca antes vistos. La justicia no ha sido ajena a esto, pero tengo el convencimiento de que la labor del Ministerio de Justicia está
contribuyendo, y mucho, a redefinir las líneas históricas de la justicia. Señora ministra, como decía al principio, aún queda mucha tela que cortar en esta legislatura. Aún quedan muchas leyes que aprobar, tenemos faena por delante; cuente, como
siempre, con este grupo, con su lealtad, para un trabajo leal y para seguir transformando la justicia y hacerla más accesible, eficaz y moderna, poniéndola al servicio de sus operadores jurídicos y de la ciudadanía.


Muchas gracias. (Aplausos.-Varios señores diputados: ¡Muy bien!).


El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señor Aranda.


A continuación, de nuevo tiene la palabra la señora ministra para contestar aquellas cuestiones que le han planteado. Señora ministra, cuando quiera.

Página 25

La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Llop Cuenca): Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, en primer lugar, lo que más me agrada de todas sus intervenciones es que no han hecho críticas a los proyectos que estamos afrontando en materia digital. No han hecho grandes referencias a ese gran proyecto de digitalización de la
justicia. Por lo tanto, yo entiendo que, de alguna manera, legitiman, avalan lo que está haciendo el Ministerio de Justicia. En este ámbito, es evidente que la justicia no puede renunciar a la tecnología, no puede renunciar a la digitalización,
porque si no la justicia estaría renunciando a su propio futuro. En un mundo cada vez más digital donde los ciudadanos y las ciudadanas realizan transacciones económicas a través de las nuevas tecnologías, se relacionan con la Administración a
través de plataformas y de programas informáticos e, incluso, tienen relaciones personales también a través de las nuevas tecnologías, sería una pena, un atraso, evidentemente, que la justicia no se involucrara también en todo este proceso
digitalizador. Precisamente por eso, una de las iniciativas que tomó mi predecesor, el ministro Campo, fue crear una dirección general de tecnologías de la Administración de Justicia, con profesionales especializados en ese ámbito, que está dando
grandes resultados, que está siendo puesto en valor no solo aquí -en las conferencias sectoriales, como ya les he dicho, con el resto de comunidades autónomas, que también así lo están reconociendo y que están apoyando el proyecto, también
recibiendo fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para que sus programas informáticos, sus sistemas de gestión procesal también avancen hacia ese diálogo tecnológico-, sino también por otros países. Les puedo decir que estuve
hace poco en el Consejo de Ministros de Justicia de la Unión Europea, en el JAI, y allí, en Bruselas, muchos de los países estaban interesados en cómo estamos llevando a cabo este proceso digitalizador de la justicia: Francia, Alemania, Austria.
En la Cumbre de Lanzarote también he tenido ocasión, ayer mismo, de hablar con mi contraparte, la ministra de Justicia portuguesa, sobre el proceso digitalizador y les puedo asegurar que deben sentirse orgullosos y orgullosas, realmente, de cómo
está avanzando su país, España, en la digitalización de la justicia. Lo estamos haciendo, además, acompañando a los ciudadanos, acompañando a las administraciones territoriales, a las comunidades autónomas -las doce de las diecisiete que tienen
competencias en materia de justicia- y también a las entidades locales, a los ayuntamientos, porque, una vez que sea aprobada la ley de eficiencia organizativa, como saben, se harán esas oficinas de Justicia municipales, evolucionando los juzgados
de paz hacia un espacio mucho más profesionalizado y con los medios adecuados para que los ciudadanos no tengan que hacer grandes traslados, que puedan servirse del acompañamiento en estas oficinas municipales para hacer gestiones con la
Administración de Justicia; es decir, una puerta abierta a los juzgados y tribunales de todo nuestro país. Imagínense lo que significa esto en términos de cohesión social y territorial, poder ahorrar gastos, poder ahorrar tiempo en
desplazamientos, así como los riesgos que conllevan también los desplazamientos, evitando accidentes in itinere, por ejemplo, y también lo que conlleva de cuidado del medioambiente, como ya he dicho en mi comparecencia. Además, protegiendo a
personas vulnerables, a personas con discapacidad o víctimas de violencia de género que puedan hacer estas gestiones de una manera mucho más amable, que puedan declarar con mayor tranquilidad desde sus propias localidades sin tener que acudir a un
tribunal de Justicia que, a lo mejor, está en la Península o está en alguno de los territorios insulares o está a una distancia más o menos larga.


Es evidente que en estos últimos veinte meses hemos avanzado, sin precedentes, en todo este proceso de transformación de nuestra justicia y que, además, lo hemos hecho con diálogo. Lo hemos hecho con diálogo, con cogobernanza; lo hemos
hecho mirando hacia el ciudadano y poniendo a la ciudadanía en el centro. Y no estamos al final del mandato. Todavía nos queda mucho por hacer. Nos queda mucho trabajo. A ustedes aquí, en la Comisión de Justicia, todavía les queda muchísimo
trabajo legislativo. Déjenme recordar -porque yo agradezco de verdad todas las intervenciones que se han hecho-, por ejemplo, la primera de las intervenciones. El diputado Legarda ha hablado de las distintas normas que están todavía en
tramitación, las prioridades de las normas. Algunas de ellas no son decretos leyes, son reales decretos. Por lo tanto, no llegarán aquí al Parlamento. Pero lo que sí que tengo es confianza en que se llegará a esos amplios acuerdos parlamentarios,
dando prioridad a las leyes de eficiencia, que son -ya lo sabemos todos- los pilares, los andamiajes que sustentan la transformación de la justicia en nuestro país, que es al final lo que todos queremos y también quienes gestionan la justicia en las
comunidades autónomas. Asimismo, la ley de trata, también la ley de determinación de la edad -una ley de justicia pero con un carácter social importantísimo-, la ley de defensa y las trasposiciones de directivas que aún están pendientes. Pero
parece que solo se habla de determinadas reformas, parece que aquí se ha ocupado mucho tiempo hablando de reformas sobre los delitos contra la libertad sexual o

Página 26

reformas operadas en otro tipo de delitos, y a mí me gustaría también poner en valor que se han hecho reformas muy importantes en el ámbito del Código Penal, como han sido las imprudencias en materia de seguridad vial para la protección de
los ciclistas. También se han regulado castigos penales a quienes acosan a las mujeres que van a interrumpir su embarazo delante de las clínicas donde se practican interrupciones voluntarias del embarazo; un hecho que lógicamente merecía un
reproche penal claro ante la actitud agresiva de determinados grupos que estaban impidiendo un derecho fundamental a la salud de las mujeres. Asimismo, se ha regulado el incremento de penas por delitos de trata en caso de conflicto armado o
catástrofe natural, que también supuso una importante reforma en el Código Penal. También la ocultación de cadáver tras homicidio o asesinato, una cuestión que iba dirigida precisamente a mitigar o paliar en parte el sufrimiento de las familias
cuando, después del asesinato, se ocultaba el cadáver. Sé que hay muchos diputados y diputadas que están muy sensibilizados con esta cuestión y me lo han hecho saber directamente. También ha habido reformas en materia de estafas, fraudes,
falsificaciones de medios de pago. Aquí tengo que recordar que el Grupo Popular, como hizo también en otras iniciativas, votó en contra. Asimismo, reformas sobre la exención de responsabilidad criminal para directivos que cooperen en determinados
delitos societarios, cuestión que también el Grupo Popular votó en contra. Igualmente, reformas sobre el contrabando de armas, donde el Grupo Popular también ha votado en contra. Algunas de ellas además son trasposiciones de directivas y, de esta
manera, hemos evitado ser sancionados por parte de las instituciones europeas.


Se ha hablado de un tema que a mí me preocupa muchísimo, como también han manifestado ustedes, que es la cuestión de la huelga de los letrados y las letradas de la Administración de Justicia. Yo también quiero que se acabe la huelga. Es
evidente que se está generando un grave daño al sistema de justicia, porque además es una huelga de carácter indefinido. No es una huelga puntual, no son paros puntuales, es una huelga indefinida que lo que significa es que cualquier letrado o
letrada en cualquier momento puede decidir ejercer su derecho fundamental a la huelga y en ocasiones se generan perjuicios muy importantes para los profesionales, porque es verdad que hemos tenido quejas de situaciones en las que no se les ha
avisado con tiempo suficiente de que el letrado o letrada iba a acogerse a su derecho fundamental. Yo quiero que termine la huelga, pero no defiendo los intereses particulares, no defiendo los intereses de personas de mi familia ni defiendo los
intereses de mis amigos o amigas o los de compañeros de trabajo; yo defiendo el interés general, y el interés general no pasa por aprobar cualquier acuerdo y hacerlo además a cualquier precio. Hay que escuchar las propuestas. Estamos esperando
que nos hagan una propuesta realista, y así se lo he pedido públicamente al cuerpo de letrados y letradas.


Vamos a ver algunas cuestiones concretas sobre los letrados y letradas de la Administración de Justicia. Tienen un salario que ronda aproximadamente entre los 40 000 y los 60 000 euros anuales y además tienen retribuciones por
productividad, complementos y también por sustituciones. Como ya les he dicho, se ha realizado un incremento retributivo de 206 euros mensuales como complemento específico en relación con las nuevas funciones, la adecuación salarial, lo que ha
supuesto un incremento de un 5,26 % de media de su salario anual, cumpliendo el acuerdo sindical de 15 de diciembre de 2021. Nosotros estamos dialogando, seguimos dialogando con los letrados y letradas de la Administración de Justicia -el
ministerio no es el único ministerio involucrado-, pero la capacidad negociadora corresponde a los sindicatos. Con los sindicatos es con los que se tienen que negociar estos acuerdos. Permítanme que les diga que este colectivo evidentemente es un
colectivo imprescindible para el buen funcionamiento de la Administración de Justicia, son funcionarios de excelencia que hacen unas oposiciones muy difíciles, y precisamente por eso hemos aprobado en ese paquete de becas un porcentaje importante
para evitar que personas que no tienen recursos suficientes o que padecen cualquier otro tipo de vulnerabilidad no puedan afrontar estudiar una oposición como la de letrados y letradas de la Administración de Justicia. Partiendo de estos datos, el
Ministerio de Justicia entiende que cualquier tipo de reclamación salarial que haga este colectivo debe responder no únicamente a un deseo de que se les suban sus retribuciones o de tener un incremento salarial, sino que también debe estar ligado al
propio servicio público de justicia. Así se lo hemos solicitado, les hemos pedido que hicieran propuestas que fueran encaminadas a la mejora del servicio público de justicia, ver cómo pueden aportar, y todavía -ya les digo- estamos esperando.
Seguimos dialogando con ellos, hemos tenido reuniones y hemos hablado, a nivel nacional -porque es una huelga nacional, no es una huelga que afecte solo a una comunidad autónoma-, con responsables de la abogacía, con la presidenta del Consejo
General de la Abogacía Española. Les hemos explicado cuál es nuestra postura, cuál es la postura que nos han transmitido los letrados y letradas. También hemos hablado con el presidente del Consejo General de Procuradores de España, a quien se lo
hemos explicado. Y vamos a seguir

Página 27

hablando con otros cuerpos, magistrados y magistradas, jueces, fiscales y otros cuerpos involucrados como los graduados sociales. También queremos hablar con ellos porque la suspensión de estos procedimientos efectivamente les ocasiona un
daño muy importante. Yo espero que cuanto antes podamos hallar un punto de encuentro, porque los ciudadanos no se merecen que haya estas paralizaciones en los procedimientos, la paralización que hay en cuanto a la cuenta de consignaciones también,
cuando tienen que emitir las órdenes de pago, etcétera. Pero también pido al colectivo de letrados y letradas de la Administración de Justicia que haga una propuesta razonable. Ellos mismos han reconocido que son reivindicaciones que vienen muy de
atrás, de 2009, incluso en algunas ocasiones nos han dicho que vienen todavía de más atrás, de 2003, y ahora en esta situación en la que tenemos unas elecciones muy próximas, en la que hay un Parlamento muy fragmentado -como nunca había ocurrido en
la historia parlamentaria de nuestra democracia- es cuando se han planteado estas reivindicaciones.


He escuchado atentamente las intervenciones que han hecho los señores del Grupo Parlamentario VOX, diez minutos en los que prácticamente solo han hablado de los LAJ. Da la impresión de que ustedes únicamente quieren hablar de conflictos, no
quieren hablar de otra cosa, no quieren hablar de futuro y yo estoy segura de que este no querer hablar del futuro, este no querer hablar de los desafíos que enfrentamos y de cómo podemos hacer frente a todos los retos que tenemos en el presente y
por delante, lo vamos a confirmar en la moción de censura de la próxima semana.


Han hecho una mención al terrorismo. Es un tema, evidentemente, al que tengo un enorme respeto, lo he tenido siempre como persona, como ciudadana, como jueza y ahora también como responsable pública. En primer lugar, respeto a las víctimas
del terrorismo, a todas las víctimas del terrorismo, lógicamente. Hemos conmemorado el 11-M, este recuerdo iba dirigido a las víctimas del terrorismo y especialmente a las víctimas que sufrieron esos ataques en el mes de marzo. Quiero señalar que
el Gobierno tiene confianza en la democracia. Este Gobierno confía en la democracia y confía en la separación de poderes y tiene confianza en el Estado de derecho, en que las actuaciones que están en manos del Poder Judicial se van a investigar y
se van a llevar a cabo con la mayor profesionalidad y respeto al Estado de derecho.


Por otra parte, también se me ha interpelado sobre la cuestión relativa a los bebés robados. Es un asunto que está en tramitación parlamentaria, no es un asunto que esté ahora en manos del Gobierno. Está en tramitación parlamentaria
mediante una proposición de ley y las proposiciones de ley las presentan los grupos parlamentarios. El Gobierno ha dado pasos importantes, lo ha hecho en la Ley de Memoria Democrática. Además, el Ministerio de Justicia tiene una responsabilidad.
Nos sentimos responsables en estas cuestiones tan duras y tan dramáticas. Yo soy madre y no me puedo imaginar lo que supone dar a luz a un bebé y que te lo arrebaten de tus manos. Estamos a punto de suscribir un convenio entre el Ministerio de
Justicia, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Sanidad y la Fiscalía General del Estado para el desarrollo de actuaciones en el ámbito del servicio de información a afectados por la posible sustracción de recién nacidos. Este convenio va a
sustituir a otro que había anteriormente y el objeto es crear un mecanismo de comunicación e intercambio de datos entre las partes que lo van a firmar con la finalidad de facilitar el legítimo acceso a la información por parte de los afectados por
la sustracción de recién nacidos. Yo estoy con las familias, estoy con las víctimas y desde las competencias que tenemos en el Ministerio de Justicia, ya que se nos ha puesto de manifiesto en esta comparecencia el interés que hay en esta cuestión,
vamos a poner todo de nuestra parte.


También quiero decirles que ciertamente -ya lo he dicho antes- todos quienes están aquí deberían sentirse orgullosos de los grandes pasos que estamos dando en la transformación de la justicia en nuestro país. Aprobar las leyes de eficiencia
va a ser vital para la Administración de Justicia, para descargar de trabajo a los profesionales y para que los ciudadanos tengan esa justicia más ágil, que es tan deseable. Quiero transmitirles que mi equipo y yo creemos en estos proyectos, que
conocemos el sistema, que respetamos a las personas que trabajan en el sector, que tenemos vocación, que somos personas creativas, que somos personas que no tenemos miedo a los desafíos -de eso pueden ustedes estar seguros porque ya me conocen- y
que tenemos perspectiva de futuro. Además, en el Ministerio de Justicia contamos con una óptima organización para poder hacerlo y con un personal que está muy motivado e ilusionado. Tengo un equipazo, se lo puedo asegurar, en el Ministerio de
Justicia. Con esto lo que les quiero transmitir es que no se ha terminado la legislatura, que queda mucha, y seguramente tengo una mala noticia para muchos de ustedes: seguirá habiendo un Gobierno progresista en las siguientes legislaturas, en las
que también seguiremos avanzando en estos proyectos. (Aplausos). Lo siento por esos agoreros, por los profetas del fin del mundo, del fin de todo el progreso, del fin de estar centrados en las personas.

Página 28

También se nos ha hecho referencia a la conciliación y tengo que decir que para nosotros es fundamental. Creo que lo hemos demostrado también con nuestro apoyo a las enmiendas que se presentaron por parte del Grupo Parlamentario Socialista
en la reforma del Código Penal de diciembre, en la que se introdujo esta inhabilidad de los días vacacionales de las Navidades. Lógicamente, todos los proyectos de las leyes de eficiencia van orientados y tienen la perspectiva de la conciliación,
del cuidado a los profesionales del sector. Por lo tanto, una vez que se aprueben, creo que realmente va a suponer una revolución en el sector de la justicia. Hemos hecho algunos proyectos piloto, por ejemplo, con el decano del Colegio de Abogados
en Gijón. Hicimos una prueba con una letrada que estaba en un pequeño pueblo de montaña que en solo dos minutos hizo una diligencia de una ratificación en un juzgado. De otra manera, hubiera tenido que desplazarse una hora en su coche, con el
riesgo que ya he dicho que eso conlleva, y hubiera tenido que esperar en el juzgado a hacer la diligencia y volver a su domicilio. Además, en el vídeo -esto es una curiosidad- su hijo pasaba por allí. Es decir, realmente se permite esa
corresponsabilidad, esa conciliación corresponsable que todos deseamos.


Por otra parte, se nos ha hecho referencia a la reforma de la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual. Yo tengo que decir al Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, a la señora
Velarde, que yo también estoy deseando que pueda haber un acuerdo, pero ahora son ustedes quienes tienen en sus manos la posibilidad de llegar a ese acuerdo. Lo que se ha presentado por parte del Grupo Parlamentario Socialista es una solución
técnica, con apoyo lógicamente del Ministerio de Justicia. No se vuelve al modelo anterior. Cualquiera puede coger el Código Penal antes de la ley del sí es sí, el de la ley del sí es sí y la reforma que se ha presentado y lo puede ver. Antes de
la ley del sí es sí, las dos conductas, que eran heterogéneas, la agresión sexual y el abuso sexual, se contemplaban en dos capítulos diferentes del mismo título, de los delitos contra la libertad sexual, con las propias circunstancias de cada una
de esas conductas. Ahora no, ahora están en un mismo capítulo de un mismo título y en ese capítulo están todas las circunstancias que rodean a la misma conducta, que es agresión sexual. Se unifican los dos tipos delictivos anteriormente
heterogéneos en el mismo capítulo y se aplican para la misma conducta. No se ha tocado tampoco el modelo del consentimiento, que queda absolutamente intocable e íntegro. Lo único que se ha hecho es introducir una solución técnica para que lo más
grave sea castigado con penas más graves y evitar de este modo que lo más grave pueda tener unas penas más leves. Esto lo digo porque la introducción de los conceptos de violencia o intimidación -que no desaparecen en la fórmula del consentimiento,
que ya digo que es de la ley del sí es sí y que sí contempla la violencia o intimidación el modelo del consentimiento- únicamente para moderar la pena lo que hace es que se mantengan las penas intermedias, que es lo que desaparece con la reforma del
sí es sí. Fundamentalmente, esto es lo que ha provocado la bajada de penas en las revisiones, la desaparición de las penas intermedias. Imagínense un delito que se comete por varios agresores en el que hay penetración o acceso anal, bucal o
vaginal en el que concurre violencia o intimidación, antes tenía una pena de doce años y ahora tiene una pena mínima de siete años. Cuando se aplican las reglas generales de las penas del Código Penal, si hay una bajada en grado, ya no se baja de
doce años, se baja de siete años. Por lo tanto, es evidente -y lo hemos visto en las revisiones- que hay una bajada muy importante de las penas. Lo único que ha buscado el Grupo Socialista es una solución técnica para que las víctimas vean su
derecho retribuido de manera adecuada, porque una proporcionada imposición de la pena retribuye moralmente a las víctimas. Estamos buscando la retribución de las víctimas, la reparación a las víctimas, y una pena adecuada y proporcionada es también
una manera de satisfacer, en la medida de lo posible, de manera adecuada a las víctimas. Hablen con las víctimas, hablen con los padres de los niños y las niñas afectados por la bajada de las penas y, luego, si quieren, podemos también hablar
nosotros. Por otro lado, la reforma tiene un informe de la Comisión General de Codificación; lo digo porque me hablaban de una persona que no ha participado en esa redacción. Pido respeto para todas las personas, e incluso -fíjese- lo pido hasta
para mí. Pido respeto para mí, igual que yo respeto a todos ustedes. (Aplausos). Llevo toda mi vida dedicándome a este tema, toda mi vida. Llevo veintipico años en el sistema judicial viendo víctimas de delitos muy graves, mirándoles a los ojos.
Pido respeto también para mí.


El señor Rego, de BNG, nos ha hablado de la creación de juzgados de violencia sobre la mujer en la comunidad gallega. Ha hecho una pregunta por escrito y, en breve, le daremos contestación al escrito. Usted puede estar seguro de mi
absoluta sensibilidad con este tema, y no solo porque mi destino sea un juzgado de violencia sobre la mujer -ahora estoy en servicios especiales-, sino porque se han hecho grandes esfuerzos en nuestro país desde el año 2004 creando unas estructuras
judiciales, que son un

Página 29

tesoro, como los juzgados de violencia sobre la mujer especializados, con 106 juzgados exclusivos en toda España y 355 compatibles; además, todas las audiencias provinciales de nuestro país tienen secciones especializadas -Madrid tiene dos-
en violencia sobre la mujer.


Hay que seguir avanzando, evidentemente, porque la violencia sobre la mujer es una cuestión muy específica y requiere una formación muy especializada: no es lo mismo que cualquier otro tipo de delito y, por tanto, el abordaje y el
tratamiento a las víctimas no puede ser igual que en cualquier otro tipo de delitos. Sabemos cómo funciona el ciclo de la violencia, y eso es lo que tienen también que saber los profesionales, alejándose de cualquier tipo de prejuicio o de
estereotipo de género que pudiera suponer un obstáculo a una adecuada investigación y a un adecuado enjuiciamiento de estos hechos. Precisamente yo creo que la ley de garantías de la libertad sexual en este ámbito de la formación, en el ámbito de
las ayudas, en el ámbito de la atención y de la reparación social de las víctimas, también con la creación de centros de crisis 24 horas, crea un sistema que es muy positivo para las víctimas, similar a lo que ya se creó con la Ley de Medidas de
Protección Integral contra la Violencia de Género. Estas partes tan positivas de prevención y de ayudas contra estos delitos de violencia contra las mujeres son un referente para otros países de nuestro entorno y para terceros países. Cuando
buscan soluciones a lo que está pasando -ni tan siquiera recogen datos para analizarlos- giran sus miradas hacia España para ver cómo nosotros hemos sido capaces de dar solución a una cuestión de pura democracia, como es la igualdad de las mujeres
en nuestro país.


La señora Telechea también me preguntaba por los avances en el ámbito de la justicia en materia de conciliación. En primer lugar, el Gobierno de España está realizando un trabajo muy importante en todos los ámbitos, en el laboral, desde el
Ministerio de Igualdad, el de Derechos Sociales, el Ministerio de Sanidad, el de Inclusión y Seguridad Social y el de Hacienda. Hoy mismo se ha aprobado un proyecto de la ley de Función pública, un importante trabajo en materia de conciliación.
Además, en el último Consejo de Ministros se aprobó ese anteproyecto de ley de cuotas, que, como saben, fue una idea que se recogía ya en la ley orgánica de igualdad de mujeres y hombres, de 22 de marzo del año 2007, pero lo que ocurría era que esa
participación equilibrada de mujeres y hombres en los ámbitos de toma de decisión al final dependía más de la buena voluntad que de la propia ejecución de la ley, porque no establecía ningún tipo de sanción. Viviane Reding, la entonces comisaria,
en el año 2011-2012 comenzó a trabajar en esa directiva de cuotas en el ámbito de la Unión Europea, incluso también se mostró muy interesada por la ley de igualdad española, y por fin hemos visto que ha dado fruto en esta legislatura. Pero nosotros
vamos a ir más allá, vamos a avanzar más allá de lo que es la propia ley de cuotas, la directiva que únicamente se refiere a las empresas participadas, a las empresas que cotizan en bolsa. Nosotros lo que queremos es ir más allá.


Pero vamos concretamente a lo que estamos haciendo en el ámbito de la conciliación. Me decían que habían hecho aquí, en el ámbito parlamentario y con ocasión del 8 de marzo, una serie de actos en los que se ponía de manifiesto que el
sistema judicial todavía tenía pocas mujeres en los puestos de mayor trascendencia o de mayor toma de decisión. Es una cuestión que atañe también al Consejo General del Poder Judicial. Yo sé que la Comisión de Igualdad y el observatorio de
violencia de género trabajan decididamente en que haya una mayor participación de mujeres, por ejemplo, en el Tribunal Supremo, donde todavía son muy pocas las mujeres que presiden secciones; de hecho, solo hay una. Al menos, el órgano de gobierno
sí es un órgano paritario y, por mi parte, en los altos puestos directivos del Ministerio de Justicia tenemos también paridad y equilibrio en la participación de mujeres y hombres.


Se me ha preguntado también por la evolución que van a tener los juzgados de paz hacia oficinas de justicia municipales. Estamos muy cerca de un acuerdo en el ámbito parlamentario para que las comunidades autónomas puedan continuar con sus
proyectos en ese sentido y para que los ayuntamientos también puedan nombrar a esos nuevos conciliadores en los que se transformarían los jueces de paz, a los que se van a dar funciones de conciliación; incluso se está trabajando en la posibilidad
de que puedan conciliar demandas de hasta 15 000 euros, o sea, que se les podrían incluso ampliar sus competencias actuales. Es evidente que se trata de una figura histórica muy importante en la justicia de proximidad. Es verdad que las distintas
reformas que se han ido sucediendo en la historia jurídica de nuestro país han ido vaciándoles de competencias, porque cuando se destipificaron las faltas ya no tenían esas competencias en el ámbito penal, porque el Registro Civil también está más
profesionalizado y porque en demandas civiles únicamente tenían competencias en demandas hasta 90 euros y ya prácticamente nadie acude a un juicio por esa cantidad. Pero por esta labor de conciliación que tienen, como amigables componedores, porque
son quienes mejor conocen la singularidad del territorio en el que el que ejercen sus funciones y los que mejor conocen a los vecinos de esas pequeñas localidades, hace que sean una figura muy

Página 30

preciada y que, por tanto, estemos buscando una solución para mantenerles, pero con funciones que sean muy tangibles y que acompañen también al sistema judicial. Como tenemos los medios adecuados de solución de controversias en la ley de
eficiencia procesal y como están todas las leyes interrelacionadas, creo que también van a tener un papel importante. Seguro que los grupos parlamentarios pueden encontrar una solución para modernizar esta figura, que, como digo, es histórica y a
la que le debemos agradecer todo lo que han hecho por la justicia en los territorios de nuestro país.


Por otra parte, el Partido Popular se ha referido a que la renovación del consejo es una coletilla. A mí esto de que la renovación del consejo se convierta en una coletilla, que se pueda renunciar a cumplir la Constitución, me resulta
realmente decepcionante, sobre todo viniendo del principal partido de la oposición, un partido que ha sido de Gobierno y que tendrá, probablemente, no lo sé, aspiraciones de gobernar nuestro país. Me resulta realmente decepcionante y preocupante.


También me ha preguntado si vamos a prohibir los indultos por corrupción. Yo he dicho varias veces en sede parlamentaria que este Gobierno tiene criterios claros a la hora de conceder los indultos y tiene también líneas rojas. Los
criterios son claros: los indultos se conceden cuando concurren motivos de justicia, de equidad, de utilidad pública e incluso de interés superior de los menores. Pero, también hay líneas rojas: los indultos por violencia de género, indultos por
corrupción o indultos por tráfico de droga en el Campo de Gibraltar. No sé cuáles eran sus líneas rojas cuando concedieron el indulto a un familiar de quien era entonces uno de los miembros del Gobierno que se sentaba en ese Consejo de Ministros
que concede el indulto. No sé cuál era la línea roja que tenían ustedes cuando concedieron un indulto a un conductor kamikaze, que estaba defendido por un despacho donde trabajaba el hijo del entonces ministro de Justicia. Se concedían indultos
sin criterio claro. Era el festín de los indultos. Nosotros los estudiamos, damos el mismo tratamiento a todos los indultos, recabamos todos los informes preceptivos y, como digo, tenemos criterios claros y también líneas rojas.


Muchas son las cuestiones que hemos tenido ocasión de debatir y muchas más serán las que tengamos que debatir de aquí a un futuro. El futuro está aquí mismo, señorías. Ahora ustedes tienen la oportunidad extraordinaria de ser partícipes
del gran cambio de la justicia española. Yo creo que es un proyecto de país, no un proyecto del Ministerio de Justicia, se lo puedo asegurar; no soy dada a patrimonializar las iniciativas, es algo de todos y de todas. Yo les invito a que se
pongan con estos proyectos en serio. Sé que hay muchos de ustedes que creen en los proyectos de Justicia y que han visto la necesidad de hacerlo, pero también han visto la potencialidad tan enorme que tiene la dinamización de la economía, no solo
en términos de democracia, en términos de igualdad o en términos de derechos fundamentales, sino también en que los juzgados y tribunales no sean vistos como obstáculos al desarrollo social y económico de nuestro país, en que sean motores de ese
desarrollo social y económico. Lo estamos viendo con la Ley Concursal, por ejemplo, que pretende proteger el tejido productivo de nuestro país y que permite que en momentos de crisis, como el de la COVID o el de la guerra en Ucrania, las empresas
que sean viables no tengan que ir directamente a esos procesos de liquidación, que son tan desgastantes no solo para las empresas, sino también para las personas que están en esas empresas. Por lo tanto, hay que permitir, como digo, esa
dinamización del tejido productivo de la economía de nuestro país.


También les pido que sean congruentes con los grupos políticos que gobiernan en las comunidades autónomas que gestionan justicia. Es una competencia muy complicada de gestionar, ya que distintas administraciones y distintas instituciones
tienen competencias en un mismo espacio: Ministerio de Justicia, Consejo General del Poder Judicial, Fiscalía y comunidades autónomas. Yo lo que les pido es que tengan altura de miras y hagan caso a sus compañeros y compañeras de las comunidades
autónomas que nos están diciendo que necesitan que se aprueben estas leyes de eficiencia para lograr esa justicia ágil que queremos en nuestro país.


Por último, permítanme que agradezca todas las intervenciones. Tomo nota de las críticas que se han hecho, tomo buena nota, como siempre he hecho, pero también quiero agradecer esas intervenciones más constructivas, que nos ayudan a mejorar
y a ver otras vías para poder solventar los problemas que ahora nos desafían. Quiero agradecer especialmente la intervención del Grupo Socialista, del diputado Aranda. Muestra que el Grupo Parlamentario Socialista comprende el momento en el que
estamos, todo lo que estamos afrontando y los retos que tenemos en el presente y los que tenemos por delante. También ha puesto en valor la igualdad de oportunidades, estos proyectos transformadores y los proyectos en materia formativa, de igualdad
de género, etcétera.


Cierro esta intervención reiterándoles que me tomo muy en serio la cuestión de la huelga. Seguimos dialogando con los letrados y las letradas de la Administración de Justicia y deseo más que nadie que

Página 31

haya un acuerdo, un punto de encuentro con los letrados y las letradas. Ellos en alguna ocasión han manifestado públicamente que van a llegar hasta el final. Yo no sé cuál es el final, no sé a qué final se refieren, si al final del día,
que es lo que espero, al final de la legislatura o al final del Gobierno. No lo sé, porque ya les he dicho que queda todavía mucho Gobierno y que quedará mucho progresismo en los futuros gobiernos.


Nuevamente les agradezco todas sus intervenciones y me pongo a su disposición para cualquier cosa que necesiten del Ministerio de Justicia. Ya saben que nuestras puertas siempre están abiertas.


Muchas gracias, presidente, miembros de la Mesa, letrado, portavoces y señoras y señores diputados. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señora ministra.


Una vez que hemos visto el orden del día y agradeciendo a la ministra su comparecencia y el tono de todos los portavoces y las portavoces, damos por terminada la sesión.


Se levanta la sesión.


Eran las cuatro y veinte minutos de la tarde.