CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2023 XIV LEGISLATURA Núm. 859

HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ELOY SUÁREZ LAMATA

Sesión núm. 33

celebrada el lunes,

27 de febrero de 2023

ORDEN DEL DÍA:


Comparecencia del señor secretario de Estado de Hacienda (Gascón Catalán), para exponer la perspectiva de la Secretaría de Estado para 2023, en el ámbito interno y en el marco de la Presidencia española de la UE en el segundo semestre del
año. A propuesta del Gobierno. (Número de expediente 212/002917) ... (Página2)

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Se abre la sesión a las nueve y cincuenta y cinco minutos de la mañana.


El señor PRESIDENTE: Buenos días, señorías. Si les parece, vamos a dar comienzo a esta sesión de la Comisión de Hacienda y Función Pública. Como ya acordaron Mesa y portavoces, comparece el secretario de Estado de Hacienda y Función
Pública, el señor Jesús Gascón. El objeto de la comparecencia lo conocen todos ustedes, es para explicar, desde la perspectiva de la propia Secretaría de Estado en el año 2023, lo que afecta a las cuestiones internas y también en el marco de la
Presidencia española.


Sin más dilación, le doy la palabra al secretario de Estado para que, sin tiempo limitado pero con una duración razonable, dé buena cuenta de todo aquello que nos quiera contar. Suya es la palabra.


El señor SECRETARIO DE HACIENDA (Gascón Catalán): Gracias, presidente. Buenos días.


Es mi primera comparecencia en esta Comisión como secretario de Estado de Hacienda, pero ya he tenido ocasión de comparecer otras veces en mi anterior puesto de director general de la Agencia Tributaria. Lo hago con el mismo gusto, a
petición propia, para poder exponer el estado de situación y las perspectivas en el año 2023 de los trabajos que se están desarrollando por la Secretaría de Estado de Hacienda y también para tener la adecuada retroalimentación de las preocupaciones,
las preguntas y las dudas que se suscitan a los distintos grupos parlamentarios en una situación de incertidumbre como la que seguimos viviendo, en la que habrá que ir despejando muchas incógnitas.


En esta primera intervención pensaba hablar básicamente de cuatro temas, sin perjuicio de que luego podamos ampliar el debate a raíz de sus preguntas y profundizar en las materias que consideren oportunas. En principio, tengo que hacer una
referencia, por supuesto, a la evolución de los ingresos públicos y a las perspectivas que tenemos a lo largo del año. También, cómo no, quiero hacer una pequeña referencia a las normas en tramitación y, en particular, a las que se van a debatir
aquí en sede parlamentaria. En tercer lugar, me referiré a las actuaciones previstas en el año 2023 en los distintos órganos que conforman la Secretaría de Estado (la Agencia Tributaria, la Dirección General de Tributos, el Instituto de Estudios
Fiscales, Catastro, Secretaría General de Financiación) de forma sucinta, pero sí que querría dar alguna pincelada sobre cuáles son sus principales líneas de actuación durante este año. Por último, haré referencia a la Presidencia española de la
Unión Europea, que nos corresponde por turno en el segundo semestre del año y que, desde luego, viene cargada de expedientes fiscales que nos tocará tramitar.


Por lo que se refiere a las cifras, si recuerdan, cerramos el ejercicio 2021 con un crecimiento de la recaudación gestionada por la Agencia Tributaria del 15,1 %. A lo largo del año 2022, la tasa de crecimiento de los ingresos se ha
mantenido en torno a esas cifras, incluso, durante el verano, estuvo por encima de ese porcentaje de crecimiento. En noviembre, la tasa de crecimiento era el 15,9 %.Tenemos pendiente de cerrar y de presentar el dato de diciembre, pero les puedo
anticipar que se moverá en ese entorno, quizá un poco más bajo, porque en el mes de diciembre hemos efectuado aproximadamente unos 3000 millones más de devoluciones que en el mismo periodo del año anterior como consecuencia del incremento de las
solicitudes, porque cuando los precios suben, no solamente suben las ventas, sino que también suben las compras, y esto origina que en aquellos contribuyentes que de manera recurrente solicitan devoluciones, los importes que hay que abonarles sean
superiores. Hemos hecho un esfuerzo de agilización de las devoluciones que representará un incremento del importe de esta y, en consecuencia, una menor tasa de crecimiento, pero ya les digo que se moverá en el entorno de la tasa de crecimiento del
año 2021. Esto quiere decir que las expectativas que teníamos y que plasmamos en el ya famoso escenario dos del plan presupuestario, sobre el que tuvimos un entretenido debate en la Comisión de Presupuestos con motivo de la presentación del
proyecto de ley de presupuestos, se han cumplido. Es decir, hemos obtenido un resultado recaudatorio acumulado en torno a 10 000 millones por encima de lo que estaba previsto en la propia documentación que acompañaba al presupuesto. Por tanto, ha
existido margen fiscal suficiente como para financiar las medidas incluidas en el decreto ley de final de diciembre, prorrogando algunas medidas vigentes durante el año 2022, como son todas las relativas a la reducción o a la suspensión de los
impuestos que gravan los productos energéticos o la también anunciada reducción del IVA para los alimentos más básicos, así como otras muchas medidas en el ámbito del gasto público que conocen sobradamente.


Por tanto, las expectativas recaudatorias se han cumplido. Por supuesto, es demasiado pronto para hablar de cómo vamos en el año 2023. Nosotros pensamos que, en la medida que siga el crecimiento económico, evidentemente, la tasa de
crecimiento de los ingresos va a ser positiva, pero también -lo tengo que decir- es imposible o, por lo menos, es harto improbable que la tasa de crecimiento durante el

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año 2023 alcance las tasas de crecimiento de los años 2021 y 2022, porque nos hemos movido en torno al 14 o 15 % y, desde luego, eso es algo totalmente excepcional, que no se va a consolidar en el tiempo. Con lo cual, seguirán creciendo los
ingresos pero a tasas más moderadas. ¿Cuánto? Es demasiado pronto para decirlo.


Por impuestos, realmente las tasas de crecimiento también han sido, en general, muy elevadas, salvo los impuestos especiales, que se han visto muy afectados por las reducciones de impuestos, es decir, por medidas normativas, que solo han
crecido en torno a un 2 %. En el IVA y en el IRPF las tasas de crecimiento están en torno al 14, 15, 16 %, se han ido moviendo en ese entorno a lo largo del año y, en el impuesto sobre sociedades, la tasa de crecimiento ha sido incluso superior.
Los buenos resultados empresariales han provocado que el crecimiento de los ingresos en este impuesto se sitúe por encima del 20 %. A lo largo de los meses iremos viendo cuál es la evolución. Insisto, será positiva, pero, desde luego, no hay que
esperar tasas de crecimiento del 15 %, como hemos vivido en estos últimos años, porque son situaciones irrepetibles.


En cuanto a las normas en tramitación, quiero decirles que, en este momento, está pendiente de aprobación por esta Cámara el proyecto de ley de trasposición de directivas, un proyecto de ley ómnibus, llamémosle así, en el que en el ámbito
tributario se contienen modificaciones en los impuestos especiales relacionadas con la circulación intracomunitaria de los productos sometidos a este tipo de impuestos y también, en materia de IVA, en relación con el comercio electrónico y con los
proveedores de servicios de pago. Además de esta directiva ómnibus que contiene normas tributarias, hay otro proyecto de ley de trasposición de directivas, en este caso sí que es centrado exclusivamente en el ámbito fiscal, que es la trasposición
de la Directiva de Cooperación llamada DAC7 en el ámbito europeo, que se refiere a las plataformas de intermediación y que contiene importantes medidas de coordinación internacional, por ejemplo, para que las administraciones tributarias de los
países puedan hacer comprobaciones simultáneas respecto de un mismo contribuyente, incluso dar un paso más allá y que las administraciones tributarias de dos o más países puedan hacer una inspección conjunta de un único contribuyente. Es decir, se
tratará de actuaciones coordinadas en los países que participen en la iniciativa, actuaciones que finalizarán con un informe del que se le dará traslado, por supuesto, al contribuyente y, a partir de ese informe, coordinado entre las
administraciones tributarias intervinientes, cada país dictará los correspondientes actos de liquidación si hay algo que regularizar, evidentemente. Con lo cual, se trata de un paso más hacia un modelo cada vez más integrado de funcionamiento de
las administraciones tributarias de los países.


En este proyecto de ley ya les adelanto que, a iniciativa del ministerio, hemos planteado la presentación de alguna enmienda para recoger algunos temas que consideramos de interés, muy especialmente la posibilidad de que en la Ley General
Tributaria se reconozca la posibilidad de que los contribuyentes presenten autoliquidaciones rectificativas, porque nos encontramos con que ahora, cuando el contribuyente comete un error en su autoliquidación que le perjudica, tiene que acudir al
procedimiento de rectificación de autoliquidaciones, que, por decirlo de una manera muy sencilla y fácil de entender, se tramita más o menos de forma similar a la tramitación de los recursos. Claro, hoy en día, ¿qué sucede? Que la tramitación de
los recursos sigue un modelo tradicional de tramitación, mientras que la presentación de autoliquidaciones se caracteriza por su absoluta agilidad y por la utilización de sistemas de ayuda integrados en las aplicaciones de la Agencia Tributaria, lo
que permite que las devoluciones se materialicen prácticamente de forma inmediata después de la presentación de las autoliquidaciones. Entonces, cuando el contribuyente se equivoca y comete un error, por ejemplo, se le olvida la cuota sindical en
su autoliquidación del IRPF, lo lógico es que pueda presentar una segunda autoliquidación, que se tramite como si fuera una declaración más, que se le devuelva por el procedimiento de devolución propio de las autoliquidaciones y no tenga que hacer
algo parecido a la interposición de un recurso. Esto lo vamos a generalizar a todos los impuestos, no solo al IRPF, que es el ejemplo que he puesto, y agilizará bastante la tramitación.


También vamos a intentar resolver un problema clásico, el de las competencias de gestión y el ejercicio de las actuaciones de comprobación limitada en relación con la aportación de la contabilidad del contribuyente. O sea, no queremos que
los órganos de gestión se pongan a analizar contabilidades, no queremos que la comprobación limitada se extienda a la comprobación de la contabilidad. Eso queda reservado a la inspección. Pero, claro, muchas veces lo que sucede es que el medio de
prueba para acreditar un gasto es simplemente un documento contable. Entonces, que se pueda aportar en el procedimiento a los exclusivos efectos de comprobar que lo declarado coincide con lo que figura en la

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contabilidad nos parece que es una reforma de sentido común, que favorecerá la seguridad jurídica y que facilitará la resolución de los expedientes y la aportación de pruebas en el procedimiento de comprobación administrativa.


También tenemos que adaptar la regulación de la trasposición de la DAC6 en España, que es la norma que obliga a los asesores fiscales a revelar su participación en planificaciones fiscales que puedan ser calificadas como agresivas para
reflejar las últimas sentencias en el ámbito europeo respecto del secreto profesional. El asesor, que está amparado por el secreto profesional, evidentemente, no tiene la obligación de proceder a la revelación de estos instrumentos de planificación
fiscal; en su caso, le corresponderá al contribuyente que los utilice. También queremos aclarar que son siempre los órganos de recaudación los competentes para declarar la responsabilidad tributaria, porque en ocasiones existen dudas sobre si
tiene que ser el órgano inspector o el órgano recaudador. Lo lógico es que lo haga siempre el especialista, es decir, el órgano de recaudación. Estas son algunas enmiendas que hemos considerado oportuno que se tramiten en relación con este
proyecto de ley.


Tenemos también en el horizonte -si lo recuerdan ustedes, a final de año trajimos nada menos que seis leyes de cesión de tributos a las comunidades autónomas de régimen común en relación con el impuesto sobre residuos- otras nueve. Estamos
procediendo a acordar en las comisiones mixtas con las comunidades autónomas este cambio normativo, que luego se tiene que traducir en una ley que hay que tramitar en Cortes, porque la relación de tributos cedidos aparece reflejada normalmente en el
artículo 1 de cada uno de los estatutos de autonomía. Afortunadamente, ese artículo se puede modificar por ley ordinaria. No es necesario hacerlo por ley orgánica, como correspondería con cualquier otro ámbito propio de los estatutos de autonomía.
Es un número muy elevado de leyes, pero ya les digo que su contenido es tan simple como incluir un nuevo tributo en la lista de tributos cedidos, y todo ello después de haberlo acordado en las correspondientes comisiones mixtas. Estamos logrando
acuerdos con todas las comunidades autónomas. Quiero decir que aquí no hay ningún tipo de consideración de signo político y demás, porque simplemente es un cambio normativo que responde a la nueva configuración del sistema tributario y a la
necesidad de ir cediendo la recaudación y, en ocasiones, competencias normativas y gestoras, si así lo quiere la comunidad autónoma de cada uno de nuestros ámbitos territoriales.


Más adelante traeremos también un proyecto de ley de trasposición del famoso Pilar 2 de la OCDE, que ya se ha convertido en una directiva, aprobada por unanimidad a finales del año pasado. Se trata de establecer una imposición mínima en el
impuesto sobre sociedades en todos los países de forma coordinada. Ahora estamos a punto de colgar, para consulta pública, el primer borrador; luego pasaremos por la fase de información pública, por el Consejo de Estado. Espero que en pocos meses
podamos traer un proyecto legislativo, porque la trasposición hay que hacerla antes del 1 de enero del año 2024.


En materia de desarrollos reglamentarios, todavía tenemos pendientes algunos importantes desarrollos reglamentarios derivados de la ley de prevención del fraude de 2021, como es el reglamento general, las modificaciones de carácter general
que se derivan de los cambios introducidos en la Ley General Tributaria. En este momento esa norma está pendiente del dictamen del Consejo de Estado, como también está pendiente del dictamen del Consejo de Estado el decreto que desarrolla la
prohibición del software de doble uso.


Por lo que se refiere al ámbito de las órdenes ministeriales que sean especialmente relevantes, hace muy poco hemos publicado la orden ministerial con la lista de jurisdicciones no cooperativas, que también era otro desarrollo pendiente de
la ley de prevención del fraude. Hemos publicado -y ya se ha cerrado el plazo de declaración- los nuevos gravámenes, el gravamen del sector eléctrico y el gravamen correspondiente al sector bancario, con una recaudación que el otro día anunció la
ministra de 1455 millones en el primer pago, el que se realiza en el mes de febrero. Están previstos dos pagos, es decir, más o menos esto apunta a cuál va ser el resultado recaudatorio final en cuanto a que el pago anticipado que se realiza en
febrero corresponde al 50 % de la cifra prevista para todo el año. Son 1455 millones, lo que apunta a un potencial recaudatorio en torno a los 2900 millones por lo que se refiere al ejercicio fiscal 2022, a recaudar en el año 2023. Tenemos
pendiente también de publicar -ya está en fase de información pública- la orden para declarar el impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas. Este es básicamente el abanico de temas, centrándome en los muy relevantes, porque se pueden
imaginar que el número de órdenes ministeriales que aprueban modelos de declaración, empezando por el propio IRPF, es muy grande, pero entra dentro de lo rutinario que iremos publicando a lo largo de las próximas semanas y meses.

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En cuanto a la planificación y a la estrategia de los órganos que dependen de la secretaría de Estado durante el año 2023, empezando por la Agencia Tributaria, hoy se han publicado en el BOE las directrices generales del plan de control para
2023 y hoy también se ha publicado en la página web de la Agencia Tributaria, y se publicará en el Portal de Transparencia, una adenda al plan estratégico de la agencia que abarca el periodo de 2020 a 2023. Como estamos en tiempos cambiantes,
consideramos oportuno que cada año, vía adenda, se vayan modificando esta planificación estratégica. Las directrices generales del plan de control son evidentemente continuistas con las de años anteriores, porque estamos dentro de la estrategia
2020-2023, en la que se van produciendo modulaciones teniendo en cuenta los cambios y las novedades que se van produciendo año a año, pero todo dentro de una línea estratégica que se mantiene. Lo más relevantes es que se apuesta por un nuevo modelo
de asistencia al contribuyente más integrado, que dará lugar a una nueva carta de servicios ofrecida por la Agencia Tributaria, una nueva aplicación para cita previa y, en definitiva, a que al final seamos capaces de que el contribuyente que
necesite ponerse en contacto con la Administración tributaria pueda elegir el canal en el cual prefiere ser atendido. Estamos viendo en estos momentos que hay quien prefiere el canal digital y no quiere relacionarse por otro, hay quien prefiere el
canal telefónico y hay quien sigue prefiriendo el canal presencial, y a cada uno hay que atenderle en función de cuáles sean sus necesidades. La verdad es que es un reto importante los cambios que se están produciendo en los comportamientos
sociales y hay un riesgo que es dejar a alguien atrás. Esto pasa mucho con la política de ayudas públicas, es lo que los anglosajones llaman non take up, que es por qué quien aparentemente teniendo derecho a algo no lo solicita. Esa reflexión
también nos la tenemos que hacer las administraciones públicas, porque sabemos perfectamente qué es lo que quiere quien viene a vernos, ¿pero qué pasa con los que no vienen a vernos? ¿Los que no vienen a vernos no vienen porque no lo necesitan o no
vienen porque hay algún problema para relacionarse con nosotros? Yo creo que la Agencia Tributaria, que siempre ha sido pionera en este tipo de reflexiones, tiene que seguir liderando el proceso y mejorar sus servicios de información y asistencia,
ofreciendo un tratamiento más integrado a los contribuyentes a partir de su nueva carta de servicios.


Como otra cuestión destacada tenemos ahora precisamente en información pública cambios en la regulación de los aplazamientos y fraccionamientos. La decisión estratégica ha sido subir de 30 000 a 50 000 euros el importe por debajo del cual
no es necesario aportar aval o garantía, de tal manera que se puede decir que prácticamente, con este nuevo umbral, todas las deudas de personas físicas en el IRPF se van a poder acoger a la posibilidad de aplazamiento o fraccionamiento sin
garantía, y gran parte, por no decir la práctica totalidad, de las obligaciones de las microempresas y un gran número de pymes también podrán acogerse a esta modalidad.


Pretendemos adelantar las devoluciones del impuesto sobre sociedades. Antes hablaba del esfuerzo hecho a final de 2022 para agilizar las devoluciones. Este año se convierte en un objetivo. Hemos hecho un esfuerzo muy grande en el IRPF;
en el IVA también, sobre todo en las devoluciones mensuales. Quizá el impuesto sobre sociedades es el impuesto que va más retrasado en este ámbito y lo vamos a empezar a solucionar a partir de este año.


En el ámbito de control, constituye una prioridad analizar el correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales por los contribuyentes residentes en España. Ya saben que las deslocalizaciones, en ocasiones, se producen por razones
incontestables de que alguien se va a vivir fuera, por la razón que sea, y eso, evidentemente, tiene toda la lógica y está plenamente justificado, pero en ocasiones se producen deslocalizaciones ficticias. Tenemos muchos inmuebles que son propiedad
de sociedades opacas y hay que saber qué es lo que sucede detrás de esas propiedades opacas, llegar al titular real, al beneficiario efectivo y ver si hay algún problema de residencia fiscal y, en consecuencia, proceder a regularizar ese tipo de
situaciones.


También hay que tener presencia en la calle. Ya no solo se trata de las actuaciones para detectar la utilización de software de doble uso, sino que en muchas ocasiones se producen obras de reforma, de rehabilitación, y tener agentes
tributarios en la calle pendientes de que estas obras se declaran correctamente nos parece que es una línea de actuación imprescindible, teniendo en cuenta que sigue existiendo un problema de economía sumergida que tenemos que combatir y no
solamente centrarnos en el control de los contribuyentes que declaran.


Todo el mundo digital sigue siendo objeto de atención prioritaria: los pagos digitales, las monedas virtuales, y no solo desde el punto de vista de la inspección, sino también desde el punto de vista de los órganos de recaudación, porque,
en definitiva, se trata de activos que están ahí y que, obviamente, en un momento determinado pueden ser objeto de traba o de embargo por parte de los órganos de recaudación.

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Los precios de transferencia son también otro aspecto crítico en el funcionamiento de las multinacionales. Tenemos mucha información y hay que utilizarla integralmente. Una estrategia que utiliza nuestra Oficina Nacional de Fiscalidad
Internacional y nuestra Delegación Central de Grandes Contribuyentes es una estrategia 360º, es decir, que se trata de dar la vuelta a toda la información, tener una visión completa de lo que nos proporcionan las empresas, de la información que
obtenemos del exterior y, de esa manera, poder detectar riesgos fiscales.


Hay otra línea estratégica, que es la reconsideración de las sanciones que se están imponiendo en algunos ámbitos, por ejemplo, en la presentación fuera de plazo de declaraciones tributarias. Hay una reflexión que puede ser compartida por
todos y es que no es lo mismo cometer un error de manera aislada que hacerlo de manera recurrente. Esto los franceses lo llaman el derecho al error y yo creo que es una práctica que nosotros también podemos tener en cuenta en los procedimientos
sancionadores, distinguiendo el que tiene un comportamiento negligente, con incumplimientos recurrentes, de quien, por una vez y sin que sirva de precedente, comete un error o se retrasa en el cumplimiento de una obligación.


Por otra parte, estamos intentando que los órganos de revisión, los tribunales económico-administrativos y la Dirección General de Tributos, como órgano principal de interpretación de las normas tributarias, puedan trabajar con una base de
datos integrada, no solo para agilizar sus procedimientos, sino también para mejorar lo que hoy en día se llama la gestión del conocimiento. Tenemos mucha información y muy dispersa. Se trata de agregarlo todo, estructurarlo y, de esa manera,
conseguir que los criterios interpretativos sean mejor conocidos no solamente por los contribuyentes, sino también por los propios órganos que se ocupan de la interpretación y de la aplicación del sistema tributario, que los tribunales
económico-administrativos se centren en los conflictos más complejos y que la Dirección General de Tributos pueda poco a poco ir especializándose en las consultas que tengan una mayor complejidad técnica, puesto que los criterios interpretativos más
simples serán conocidos por los contribuyentes y podrán ser difundidos por la Agencia Tributaria sin necesidad de que se presenten, si no se desea, consultas tributarias. Los tribunales económico-administrativos están haciendo un gran esfuerzo para
resolver el pendiente. Hace tres o cuatro años estábamos en 300 000 expedientes pendientes y este año el pendiente se va a reducir a 150 000. La buena noticia es que lo reducimos a la mitad. La mala noticia es que nos siguen quedando 150 000. En
definitiva, el objetivo es continuar en esta línea para que lo antes posible podamos estar resolviendo simplemente las entradas porque no tengamos pendiente de ejercicios anteriores y, por tanto, garantizando que se cumplen los plazos previstos en
la norma para la resolución de los conflictos.


Este año va a ser el año de la utilización de la figura del pleito testigo en los tribunales económico-administrativos. Vemos que muchas veces se presentan reclamaciones económico-administrativas que responden a un mismo supuesto, a un
patrón común. Lo lógico es resolver una, paralizar las actuaciones respecto del resto y, una vez resuelta esa reclamación testigo, resolver todas las demás y evitar consumir recursos duplicando trabajos que son perfectamente evitables. Pensamos
que la utilización del pleito testigo puede ser de gran utilidad y queremos darle participación a la hora de detectar cuáles son esos pleitos testigo, tanto a los foros participativos de la Agencia Tributaria con empresas, autónomos, con asesores,
como al Consejo para la Defensa del Contribuyente, que para eso está y puede ayudarnos a resolver este caso, que es paradigmático, y así vamos a ahorrarnos la resolución de muchas reclamaciones individuales y, sobre todo, trabajo que no tiene
sentido por la Administración Tributaria, avanzando expedientes que igual resulta que no tienen sentido porque el pleito testigo es resuelto a favor del contribuyente. Si el testigo es resuelto a favor del contribuyente, la Administración lo que
hará será acomodarse inmediatamente a ese criterio, y si el pleito testigo confirma la tesis de la Administración, entonces también se pueden resolver los demás pleitos pendientes de manera muy ágil, porque lo que quiere el contribuyente es que
cuanto antes le abran la vía para acudir a los tribunales jurisdiccionales, si así lo estima oportuno.


En la Dirección General del Catastro el principal esfuerzo va a ser la actualización para 2023 del valor de referencia. Los datos que tenemos del año 2022 son extraordinariamente positivos. La tasa de cobertura del valor de referencia es
muy alta, el número de litigios está siendo muy bajo. Desde luego, ya saben que siempre me caracterizo en estas afirmaciones por la prudencia; es demasiado pronto como para para hacer una valoración. Los datos van bien, pero, antes de
pronunciarme, prefiero tener más margen de tiempo y más información. Otra cosa que me parece que es muy significativa es que la Dirección General de Catastro ha firmado, de momento, con una asociación de asesores -y hay alguna otra más en puertas-
un sistema preventivo. Es decir, estamos intentando cambiar el chip, el valor de

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referencia es absolutamente transparente, cualquiera puede consultar el suyo y, si alguien detecta un error, no tiene ningún sentido que tenga que esperar a que eso se materialice en una liquidación administrativa para tener que recurrir.
Hay un procedimiento de rectificación que, con la ayuda de las asociaciones de asesores, puede permitir que si hay algún tipo de problema se solucione el problema de manera preventiva. Con lo cual, si conseguimos generalizar este sistema, habremos
avanzado mucho en seguridad jurídica y en prevención.


En el Instituto de Estudios Fiscales la prioridad es formar a los funcionarios y, de manera muy especial, a todos los funcionarios de nuevo ingreso que se están incorporando como consecuencia del mayor tamaño de la oferta de empleo público
que en años anteriores. Estamos analizando la posibilidad, como ya ocurre en la Escuela Judicial, de asignar becas a opositores. Tenemos la posibilidad de hacer una prueba con 210 000 euros que, a razón de 7000 euros por persona, serían treinta
becas para los distintos cuerpos que trabajan en el ámbito de la Hacienda pública. No estoy pensando solo en el cuerpo de inspectores; estoy pensando en Vigilancia Aduanera, estoy pensando en el Catastro, en arquitectos, en ingenieros. Vamos a
ver si conseguimos de esta manera también reforzar la cartera de opositores, desde luego teniendo en cuenta niveles de renta, de tal manera que consigamos que las personas que tienen dificultades para dedicar tiempo a la preparación de las
oposiciones encuentren al menos una pequeña ayuda económica que les pueda echar una mano.


En el ámbito de la Secretaría General de Financiación Territorial, lo primero ha sido empezar a canalizar esos 123 000 millones de entregas a cuenta que van a reforzar la financiación autonómica, son 12 000 millones más que el año anterior,
y también poner en marcha las líneas de financiación del Fondo de Liquidez Autonómica En cualquier caso, la previsión presupuestaria ampliable era de 29 000 millones. En el primer trimestre llevamos ya distribuidos a las comunidades autónomas 10
620 millones. Por ejemplo, el plazo medio de pago a proveedores en las comunidades autónomas estaba en noviembre en 29 días, estaba por debajo del objetivo, lo que quiere decir que en términos de recursos la situación era de cierta holgura, sin
perjuicio, obviamente, de que todas las comunidades autónomas querrían tener un mayor nivel de recursos a su disposición. En el caso de las entidades locales, también estamos canalizando las entregas a cuenta en este caso por 23 000 millones,
igualmente con una importante subida respecto al año anterior, y quizá lo más novedoso sea la recientísima puesta en marcha de un nuevo plan de pago a proveedores por un importe de más de 1000 millones, con una parte obligatoria para los municipios
que están claramente fuera de rango en cuanto a sus plazos medios de pago y una parte voluntaria para otros que también se exceden de los 30 días previstos en la normativa, pero lo hacen en menor medida que los otros. Como digo, está recién
lanzado. Así como les decía que en el caso de las comunidades autónomas estábamos de promedio por debajo de los 30 días, en el caso de los municipios estamos en 46 días o, mejor dicho, estamos en 46 días de plazo en el mes de noviembre, con enormes
diferencias. Hay 8000 municipios en España, se pueden imaginar que la dispersión de cifras es muy grande, pero nos ha parecido que era conveniente volver a poner en marcha otro plan de pago a proveedores para conseguir algo tan simple como que los
proveedores cobren lo antes posible esas facturas que tienen pendientes de pago.


Por último, y termino, respecto de la Presidencia española de la Unión Europea, la verdad es que se presenta intensa en el ámbito de los impuestos. En este momento estamos pendientes de si se va a llegar o no a un acuerdo en el ámbito
multilateral en la sede de la OCDE sobre el Pilar 1, es decir, la distribución de los ingresos tributarios de los mayores grupos multinacionales mundiales con un criterio más orientado a dónde se ubican sus clientes, por explicarlo de una manera
sencilla de entender. Si se llega a un acuerdo, que razonablemente se produciría en el mes de junio, justo cuando arranque la Presidencia española, tendremos que hablar de cómo trasponer ese acuerdo internacional al ámbito europeo. Puede que
necesitemos una directiva, porque si los rendimientos del Pilar 1 se convierten total o parcialmente en un recurso propio de la Comisión Europea, de la Unión Europea, necesitaremos una directiva, si no, no; si no, lo que tendremos que hacer será
coordinar los trabajos entre los 27 Estados para ir en la misma línea. Si no se llega a un acuerdo internacional en el mes de junio, en julio nosotros tenemos que lanzar un debate de orientación para ponernos de acuerdo con el resto de los países y
con la Comisión Europea en qué hacer, si establecemos un levy, si establecemos un gravamen, que probablemente ya no sea resucitar a nivel europeo el impuesto sobre los servicios digitales sino otra cosa distinta, que podría ser, por ejemplo -se ha
empezado a hablar de ello-, un impuesto que pagarían los grandes grupos multinacionales a nivel mundial por el aprovechamiento de las ventajas que ofrece el mercado interior europeo. Es un debate muy abierto y, como ven, de una complejidad y de una
importancia extraordinaria

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de cara al futuro de la fiscalidad de las multinacionales. En función de lo que resulte del Pilar 1 y de estas alternativas que les he planteado, también tendremos que impulsar otro proyecto, que se llama BEFIT, Bussines in Europe, en
definitiva, tributación corporativa, y que es el proyecto heredero de uno que no cuajó hace una década, que era la base imponible común consolidada en el ámbito de la Unión Europea. Sería también para empresas de cierto tamaño, para grupos a partir
de 750 millones de facturación. El Pilar 1 -no lo he dicho- está orientado a grupos multinacionales con más de 10 000 millones de facturación; o sea, este sería otro escalón inferior de grandes empresas, pero no de gigantes multinacionales. Se
trataría también de establecer unas reglas comunes para calcular la base imponible en Europa y un sistema de reparto entre países de esa base imponible; es decir, se trata de superar la existencia de distintas bases imponibles en los 27 países, una
base imponible común, sin perjuicio de que luego se distribuyese entre los 27 y cada país lo gravase de acuerdo con sus propias reglas. Tenemos otros expedientes en tributación corporativa que puede que nos lleguen, puede que no. Por ejemplo,
sobre las llamadas sociedades pantalla, sociedades cascarón, en definitiva, entidades que se crean de manera ficticia. Tenemos un proyecto para unificar en los certificados de residencia, en el ámbito de los 27, otro para agilizar las devoluciones
de retenciones. También hay otro proyecto respecto de los asesores y la planificación fiscal internacional, en este caso más allá de las fronteras de la Unión Europea. En definitiva, multitud de proyectos, alguno de los cuales se aprobarán durante
la Presidencia sueca, otros nos tocarán a nosotros, e intentaremos en la medida de lo posible, desde luego, finalizarlos, aunque les recuerdo que en el ámbito tributario en Europa rige la regla de la unanimidad, con lo cual no es precisamente
sencillo cerrar un expediente.


Tenemos pendiente, está encima de la mesa, ahora se está debatiendo, la llamada DAC8, que es la directiva de cooperación sobre los criptoactivos, y puede que haya una DAC9, que serían las consecuencias administrativas y de intercambio de
información derivadas del Pilar 2, que es posible que se presente durante nuestra Presidencia. Desde luego, se seguirá reuniendo el código de conducta para, entre otras cosas, aprobar la nueva lista de jurisdicciones no cooperativas en el mes de
octubre. En el IVA hay un proyecto importante que se está debatiendo ahora para actualizar el impuesto a la era digital, resolviendo problemas como el de las plataformas de intermediación, las ventanillas únicas o los sistemas de reporting de
facturación electrónica que se están estableciendo en los distintos países. Luego hay iniciativas que veremos si cuajan o no; por ejemplo, hay una reflexión abierta sobre el IVA del turismo, porque el mundo digital ha cambiado la manera en la que
se relacionan los consumidores con la realidad turística. Antes, todo el mundo iba de la agencia de viajes y ahora es algo totalmente residual. Puede que tengamos que hacer una relectura, pero todavía no hay un proyecto encima de la mesa. También
hay una reflexión sobre la directiva del tabaco o qué hacer con los ajustes fiscales en frontera de reciente introducción, en la medida que puedan suponer un recurso propio de la propia Unión Europea, o el debate sobre la unión aduanera, que es un
tema que está muy de moda, porque después de varios años de globalización, con la pandemia y con los problemas en las cadenas de suministro, nos hemos dado cuenta de lo importante que eran y van a seguir siendo las aduanas durante las próximas
décadas. Hay un proyecto de bastante calado en curso y pensamos que habrá una propuesta formal de la Comisión Europea en el mes de marzo, es decir, dentro de unos pocos días, y nos tocará a nosotros gestionar ese expediente, decidiendo cómo ampliar
la figura del operador económico autorizado -es decir, el operador de confianza para todas las aduanas europeas-, cómo mejorar los sistemas de obtención de información por las aduanas, ir menos a sistemas de suministro y más de acceso directo a la
información que manejan los grandes grupos empresariales para reducirles costes. Incluso se valora la posible existencia de una agencia aduanera europea, que podría ir desde la simple centralización de compras o de sistemas informáticos a dar pasos
más allá y unificar, por ejemplo, a nivel europeo, todos los análisis de riesgos, de tal manera que los riesgos utilizados por cualquier aduana de los veintisiete países sean idénticos, o incluso podría ser una agencia aduanera, aunque me parece muy
utópico que en el futuro se pudiera convertir en una agencia aduanera europea con competencias operativas. Bueno, este proceso habrá que lanzarlo en los próximos meses, habrá que ir paso a paso, tampoco hay que despertar grandes expectativas, pero
es un debate de gran calado con el que vamos a tener que lidiar.


Y nada más, porque podría estar hablando horas de todo esto. Como ven, el número de expedientes es muy elevado y los temas en cartera son muchísimos. Quedo a disposición de las preguntas que me formulen.


Gracias.

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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Gascón.


A continuación, y por orden de intervención de menor a mayor, los grupos parlamentarios tienen diez minutos para formularle aquellas cuestiones sobre los puntos que ha suscitado el secretario de Estado o aquellas otras que entienden
convenientes. Por el Grupo Parlamentario Mixto, el señor Mazón tiene la palabra.


El señor MAZÓN RAMOS: Muchas gracias, señor presidente. Buenos días.


Muchas gracias, señor secretario de Estado, también por la información. Voy a intervenir muy brevemente porque solamente quiero preguntarle algún tema general. Evidentemente, esta es una materia muy compleja, es súper variada, podemos
entrar en mil detalles y ya vemos que ustedes están en muchos de ellos. Le quiero preguntar si nos puede avanzar algo en relación con la reforma fiscal, la reforma fiscal de la que venimos hablando en general desde hace mucho tiempo y que está
paralizada. De hecho, se encargó el libro blanco, que estableció unas propuestas, pero la verdad es que se paralizó, se pensaba que no era el momento, llegó la guerra de Ucrania, la crisis, etcétera, y desde entonces no se ha vuelto a hablar.
Entonces, yo le querría preguntar si podría usted profundizar algo más sobre cuáles son los criterios del Gobierno en relación precisamente con las propuestas del libro blanco. También quería preguntarle si ustedes están dispuestos a sentarse con
la oposición para tratarlo, porque yo creo que este es un asunto fundamental. En materia de tributos ya sabemos que todo es muy complicado y que hay que tener en cuenta los nuevos impuestos, Europa, las nuevas tecnologías, todo esto, pero,
básicamente, los modelos de impuestos entre directos, indirectos y los tipos básicos van a seguir siendo los mismos, porque existen en todos los países del mundo, los impuestos sobre el consumo, en fin, los ingresos tanto de sociedades como de
personas. Y hay algo que vengo repitiendo continuamente -y a lo que normalmente no se suele hacer mucho caso, lógicamente-, que son las incoherencias que se acaban produciendo en muchos impuestos con las tablas, con los saltos, con las
acumulaciones que hay en cuanto a las subvenciones, las ayudas. Está ocurriendo en España que hay un segmento de la clase media-baja que no llega a ninguna porque está por encima de 22 000 euros aproximadamente. Los que están un poco por debajo
llegan a todo y, entonces, resulta que se está produciendo un salto en el cual hay un empobrecimiento de este sector medio-bajo, que ya prácticamente es bajo, y el otro sector se está aprovechando mucho de las ayudas y trabajando menos o
esforzándose menos, digámoslo así, le supera. Yo siempre he dicho que, no sé si ustedes tienen un equipo trabajando en esto o no, pero parece que faltan ahí matemáticos, estadísticos e informáticos, para que hagan unas tablas, unos modelos
funcionales y que en cualquier momento se vean todos estos saltos, porque no es tan difícil. Parece que asusta cuando alguien dice que hay que explicar a la gente que los de menos de 20 000 ganan más y hay que poner un salto. Hoy en día ya está
inventado que dándole a una teclita te sale un tipo del 6,28 -si salen dos decimales pues que te salgan- o unos anexos donde hay doscientos escalones y al final le das a los anexos y saben en cuál están. Bueno, todo esto no está ocurriendo e
incluso yo he tenido la ocasión de presentar alguna enmienda aquí, que al final luego se ha recogido aunque de una manera diferente. Pero creo que llega el momento en el que tenemos que aplicar también estas nuevas tecnologías a la coherencia
global, al modelo. Y también creo que no sería tan difícil pactarlo con la mayor parte de los partidos porque, a fin de cuentas, la ideología se va a reflejar luego en los tipos y en las cuotas sobre las exenciones: llega un partido y sube los
tipos y otro los baja; o uno quiere cargar más la imposición directa y otro la indirecta; otro quiere hacer exenciones a los de menos de 15 000 o 20 000, pues que lo haga, y otro las sube. Pero sobre lo básico, lo global creo que tenemos que
llegar a un acuerdo y no tendría que ser tan difícil. Entonces, en estos momentos me gustaría saber, primero, qué criterios tiene sobre aquellas propuestas y, en segundo lugar, si lo ve factible o han avanzado en esta línea; en concreto, si están
trabajando en esto.


Nada más, yo prefiero oírle que contarle mis ideas sobre el asunto.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mazón.


A continuación, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, la señora Martínez tiene la palabra.


La señora MARTÍNEZ GRANADOS: Muchas gracias, presidente.


Muchas gracias, señor Gascón, por su comparecencia. Nos parecen interesantes sobre todo las referencias que ha hecho sobre los proyectos de ley, unos que están pendientes y otros que serán futuros. El que está pendiente de la ley ómnibus
es el primero que inicié en el Congreso a principios de la legislatura, ya casi ni recuerdo las enmiendas que presentamos; pero es algo que queda pendiente y

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tenemos que ponernos a ello porque hay muchos sectores que están pendientes de esa legislación y, obviamente, trabajaremos también en los que vayan llegando en lo que queda de legislatura. En Ciudadanos queremos hacerle una consulta sobre
algo que nos preocupa, mi intervención no pretende ser una crítica vacía para buscar un minuto para las redes sociales ni nada por el estilo. Sabemos que su participación en la reunión con la Comisión que ha venido desde el Parlamento Europeo para
tratar de los fondos europeos ha sido importante, así nos lo ha transmitido nuestra eurodiputada Eva Poptcheva. En reuniones previas y posteriores a esta visita de la Comisión nos dijo que podría ser interesante que aprovecháramos esta
comparecencia para preguntarle sobre muchas cosas, pero yo voy a dejarlo en un par de ellas, que yo creo que serían interesantes.


Se viene criticando al Gobierno por la falta de ejecución de los fondos desde hace mucho tiempo, como digo, a veces son críticas vacías, criticar por criticar; pero es verdad que hay muchas empresas que han denunciado que un 70 % de los
fondos que hasta ahora han llegado no han sido totalmente ejecutados y que han ido a parar muchas veces más a administraciones públicas que a empresas privadas. Por ejemplo, a finales de noviembre de 2022 el Ministerio de Asuntos Económicos y
Transformación Digital afirmaba que la implementación del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia estaba acelerándose con convocatorias de más de 11 000 millones de euros en 53 600 proyectos, de los que 42 000 de ellos eran para empresas.
Pero es verdad que hemos visto un informe que ha elaborado la Oficina Técnica de Apoyo a Proyectos Europeos de la CEOE en el que se expone que el ritmo de publicación y adjudicación de estas convocatorias todavía es muy lento y, según los resultados
publicados previstos para 2022, solo el 9,1 % de los fondos previstos para los PERTE se ha adjudicado; algo más de 3000 millones. Hablamos de una cifra bastante insuficiente, si queremos cumplir los plazos que están establecidos por parte de la
Comisión Europea. Creemos -y nosotros ya de hecho lo avisamos antes de que empezaran a llegar estos fondos- que puede ser que nuestras administraciones públicas no estén preparadas para ejecutarlos. No quiero tampoco que sea una patata caliente
que se pase a las comunidades autónomas, porque realmente el Gobierno tiene mucho que decir sobre la ejecución de los fondos; de hecho, cuando se dan muchos números sobre cómo se están ejecutando los fondos, no es lo mismo ejecutar y que llegue el
dinero a que simplemente se haya aprobado el proyecto al que va dirigido ese dinero. Creemos que hubiera sido muy interesante la creación de una agencia -como propuso Ciudadanos hace ya algunos presupuestos-, que hubiera una colaboración
público-privada para ayudar a la Administración a gestionar, que tuviera cierta experiencia en la gestión de fondos europeos o de otro tipo de fondos, que colaborara de manera privada y que la celeridad fuera uno de los puntos primordiales para
poder ejecutar. Porque también quiero decirles que de las reformas que tiene que hacer nuestro país -que todavía están pendientes- y de la ejecución de esos fondos, dependerá que lleguen el resto de partidas. Existen alguna cifras que nos
preocupan y son cifras que agregadas indican que hay un grado de cumplimiento de esa ejecución de los fondos solo de un 55 % en total. Según estas cifras, solo hay cuatro ministerios, Hacienda; Agricultura, Pesca y Alimentación; Transición
Ecológica y Universidades, que han comunicado un cumplimiento de objetivos de presupuestos fijados por encima del 90 %. Por lo tanto, hay ocho ministerios que presentan porcentajes de ejecución inferior al 50 %, y eso realmente supone que el
potencial de transformación de los fondos europeos va a quedar muy limitado, por lo menos con esos números.


Algo que va unido a la ejecución, que les preocupa mucho a los eurodiputados que han participado en esta Comisión, es que no existen datos públicos fiables de la ejecución real de los fondos. Parece ser que les preocupa que exista poca
transparencia, que no sepamos cómo se están ejecutando y esa plataforma digital donde se vuelcan los datos, que nos debía dar una visión global de qué se está haciendo en las comunidades autónomas, qué se está haciendo en el Gobierno de España y
después, a partir de ahí, hacer una evaluación de esa ejecución. Es decir, ¿está funcionando la asignación de esos recursos de los fondos europeos tal y como se está haciendo? Esas son dos cuestiones muy importantes, y no voy a decir que quizás se
hubiera tenido que hacer de forma más seria, pero sabemos que el CoFFEE era un sistema sobre el que realmente la Comisión Europea puso ciertas dudas, y nosotros creemos que existe poca unión en esa información entre las comunidades autónomas y el
Gobierno de España. Como digo, creo que es importante que se pudiera hacer una evaluación de los fondos ya ejecutados. ¿Para qué? Para saber si se está haciendo adecuadamente. Yo creo que estos dos temas serían un punto de partida interesante
para que estuviéramos tranquilos, sobre todo porque hay muchas empresas que todavía quieren acceder a esos fondos o, incluso, que están esperando que puedan ejecutarse.

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Como resumen o conclusión, todo esto significa que hay muchas empresas que ponen en conocimiento no solo de asociaciones, como puede ser la CEOE, por ejemplo, u otras, que el dinero no está llegando, y eso sí que nos preocupa, porque al
final es lo que necesitamos para que ese potencial transformador sea real y no quede en meros índices de ejecución o en meros mensajes publicitarios del gobierno correspondiente, sea de la comunidad autónoma o del Gobierno central.


Muchísimas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Martínez.


A continuación, por el Grupo Parlamentario Plural, el señor Bel tiene la palabra.


El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, presidente.


Muchísimas gracias, señor Jesús Gascón, por su presencia aquí en la Comisión y por su exposición, que, como siempre, resulta muy interesante y muy sugerente, y nos abre diferentes frentes que seguramente en una sesión tan limitada como esta
no tenemos capacidad de resolver. Yo casi le pediría que viniese más a menudo e incluso que pudiésemos plantear algún monográfico en algún momento.


Tengo varias cuestiones. En el tema de la normativa que usted ha atisbado que de aquí a final de legislatura -que está cerca, aunque prácticamente todavía falta un 20 % de legislatura- debería resolverse, tengo dos cuestiones. No me ha
parecido escuchar nada -no sé si es que tenía un ánimo exhaustivo el repaso que ha hecho o se ha dejado algún anteproyecto adrede o no- sobre un anteproyecto que salió a información pública a mediados del año pasado, que es el anteproyecto de
reforma de la ley de mercado de tabacos y otros productos relacionados, que no sé si tiene intención o no el ministerio de tramitarlo a lo largo de esta legislatura, o si va a quedar pendiente para la próxima; me gustaría conocerlo. Hay otro que
no le corresponde al ministerio, pero que sí que está en esta Comisión y también es de su negociado, si me lo permite, que es una proposición de ley que formuló mi grupo parlamentario, el Partit Demòcrata, en torno a la modificación de la ley de
mecenazgo, sobre la que espero y constato que hay cierta voluntad de trabar acuerdos y, por tanto, aunque no sea propia del ministerio, también sería una modificación normativa relevante que espero que se pueda plasmar a lo largo de los próximas...
Iba a decir de los próximos meses, pero ya llevamos tantos meses, que casi diría que a lo largo de las próximas semanas.


Me gustaría preguntarle, como ha hecho mi compañero Mazón, por la reforma fiscal, aunque me temo que ya sé cuál va a ser la respuesta, pero mi obligación es planteárselo.


También nos congratulamos de algunas de las iniciativas, desde nuestra óptica, acertadas. Usted explicaba ahora que están ya ultimando una ampliación del umbral para el fraccionamiento y el aplazamiento de las deudas tributarias sin
necesidad de garantía de los 30 000 a los 50 000 euros. De hecho, esta es una de las peticiones que hemos reiterado en el Partit Demòcrata a lo largo de esta legislatura. Lo hicimos en plena situación de crisis derivada de la pandemia, que
entendíamos que era un momento también oportuno, pero nos parece razonable y, por tanto, nos felicitamos, aunque sea con un cierto retraso, porque entiendo que a veces las decisiones son más difíciles de tomar. Igual podría decir respecto a una
medida que hemos venido reclamando a lo largo de esta legislatura y que los presupuestos generales del Estado contemplaron, que fue la modificación del artículo 80 de la Ley del IVA en torno a la recuperación de las cuotas de IVA impagadas, donde el
umbral de los 300 euros se rebajó a los 50 euros y, a la vez, se flexibilizaron los criterios por los cuales debía quedar constancia de la reclamación del impago. Por tanto, en esto estamos de acuerdo y nos felicitamos.


Hay dos cuestiones que nosotros les planteamos por escrito de las que tuvimos aquellas respuestas tan típicas de las preguntas escritas, sin concretar nada y a veces incluso contestando a algo que no es lo que se le pregunta, pero yo le voy
a ser muy concreto. La Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude, que aprobamos en esta Comisión, en la disposición adicional sexta -leo textualmente- establecía: 'El Gobierno dictará la normativa necesaria, en
el plazo de seis meses' -es decir, antes de enero de 2022-, 'para que en un periodo de ocho años la ratio de personal de las administraciones tributarias en relación con el número de obligados tributarios se aproxime a la media europea'. Nos
gustaría saber si esta normativa se ha dictado o no, cuáles son estos ratios y cuáles son a lo largo de los próximos años los objetivos establecidos al respecto. Porque, aunque el plan de control 2023 y el plan estratégico de la agencia se han
publicado hoy, no nos ha dado tiempo de verificarlo y nos gustaría saber si está contemplado y, si no, cuáles son los motivos de no poder cumplir con esta disposición adicional sexta.

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También, la misma Ley 11/2021, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, aunque nosotros no lo entendíamos oportuno, redujo la cantidad de pagos en efectivo que se podían realizar de 2500 a 1000 euros. Respecto a esto, yo
creo que no hace ni un año, era marzo de 2022, el Banco Central Europeo emitió un dictamen bastante crítico con esta medida, donde se planteaban diferentes observaciones críticas respecto a la medida, e incluso el régimen sancionador, aquel del 25
%, les parecía exagerado. Yo ya les pregunté el año pasado cuáles habían sido los avances o mejoras en términos de recaudación, desde la perspectiva del Gobierno, con esta medida limitativa de los pagos en efectivo. En aquel momento, esto era
mitad del año pasado, ustedes me contestaron que no había transcurrido un tiempo suficiente. Ahora ya ha transcurrido más de un año y me gustaría conocer si en términos de recaudación ha habido avances importantes por esta medida.


Hay una cosa que sé que en esta legislatura -creo que todavía tengo margen de tiempo- va a ser difícil, pero también se la tengo que preguntar. El artículo 204 del Estatut de Catalunya establece en su punto segundo que la gestión, la
recaudación, la liquidación y la inspección de los impuestos del Estado no cedidos a la Generalitat y recaudados en Cataluña corresponden a la Administración Tributaria del Estado, sin perjuicio de la delegación que la Generalitat pudiese recibir.
También establece que para poder desarrollar esta delegación se tendría que constituir en el plazo máximo de dos años un consorcio o equivalente con la participación paritaria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Agencia
Tributaria de Cataluña. ¿Tienen previsto constituir este consorcio que el estatuto prevé? En caso contrario, ¿cuál es el motivo? ¿No hay una petición expresa del Govern de la Generalitat? ¿Hay voluntad del Gobierno del Estado de constituir este
consorcio?


Creo que no me dejo nada. Le agradezco su presencia, su exposición, y espero que también sus respuestas.


Muchísimas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Bel.


A continuación, por el Grupo Confederal Unidas Podemos-En Comù Podem-Galicia en Común, tiene la palabra su portavoz, el señor Guijarro.


El señor GUIJARRO GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.


Buenos días a todas y a todos. Bienvenido, como siempre, señor Gascón, a la Comisión de Hacienda. Siempre tengo la impresión de que sus comparecencias se mueven en las tablas de la tecnocracia, y permítanme la metáfora. Voy a intentar,
como han hecho ya otros portavoces hoy aquí, procurar que salga usted un poco más al albero político, al centro del redondel, y que pueda expresar algunas opiniones con más enjundia política, si se me permite decirlo. Yo me había preparado aquí
cuatro o cinco temas que me resultan interesantes, sobre todo dado el contexto actual. En primer lugar, el tema de la recaudación, que ya lo ha tratado usted. Se trata de un año en el que, efectivamente, las cosas no han ido para nada mal.
Todavía no podemos cerrar el año, como decía usted, a falta del último dato, pero todo apunta a que los datos son relevantes. Me refiero al aumento de la recaudación, que, por cierto, ha sido capaz de absorber reducciones tributarias importantes, y
estoy pensando en los 6000 millones de reducción en la rebaja eléctrica, en los 1300 y 1700 en rebajas de IVA e impuestos especiales, todo dentro de las cuestiones energéticas, etcétera.


Volvemos a ese debate recurrente que nos hemos encontrado en estos últimos meses. Hay un desacople entre los datos de empleo y recaudación tributaria con los de contabilidad nacional del Instituto Nacional de Estadística. Mientras que los
primeros muestran una evolución más favorable de la economía, superando incluso niveles previos a la pandemia, los datos de contabilidad nacional no siguen posicionando en niveles inferiores a 2019. No sé si usted nos puede facilitar una opinión al
respecto. Llámenme loco, pero yo me aventuraría a pensar que es que en realidad el PIB ha crecido más de lo que se ha podido decir.


Otro de los temas por el que también le han preguntado antes, se refiere a la reforma fiscal pendiente. Yo trato de cambiar el enfoque porque la reforma fiscal se ha dado, es más, yo diría que en esta legislatura se han tomado las medidas
tributarias más relevantes, más radicales, si se me permite la expresión, de los últimos veinte o treinta años; es decir, la reforma fiscal se está produciendo cuando se aprueba un gravamen a grandes fortunas, cuando se aprueba un gravamen a
empresas energéticas, a la banca, etcétera. Estos son hitos que pasarán a la historia. Por tanto, podríamos hablar de que esa reforma se está produciendo. Es verdad, y aquí sí que vendría mi reproche, que la misma se ha producido, por decirlo de
algún modo, sotto voce. Como bien decían otros portavoces, había una perspectiva de una reforma

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fiscal, de un debate después de la publicación de un libro blanco en febrero del año pasado. La ministra Montero advirtió de que dado el contexto bélico que enfrentaba Europa no convenía -decía ella- abrir ese melón. Pero lo cierto es que
el melón se ha ido abriendo y las medidas se han ido tomando. Entiéndaseme que esto no es ningún reproche, eran medidas que había que tomar, por supuesto, sin embargo, el reproche viene más bien quizá por no haber podido enfrentar el mismo con un
debate político, digamos, más transparente. Es verdad que siempre hay una tensión entre lo urgente y lo importante, y lo hemos vivido con especial énfasis en estos últimos meses y años, pero, como le digo, quizá esa reforma fiscal en marcha hubiera
sido bueno poder discutirla también en términos políticos.


Yendo ya a los desarrollos legislativos previstos, algo que usted también ha comentado, me alegro de escuchar que se va a avanzar en la línea de facilitar un poco más la vida a los contribuyentes, de integrar sistemas tributarios europeos,
etcétera. A lo que parece que no va a dar tiempo, como ya le han dicho, es a tocar el tema del sistema de financiación autonómica. Llevamos arrastrando esto desde el año 2014. Hay comunidades autónomas que sencillamente no pueden aguantar más, y
le hablo particularmente de la mía, del País Valencià, donde la situación es crítica. Usted ha hablado de entregas a cuenta. Las entregas a cuenta, efectivamente, han sido muy voluminosas, pero lo que seguimos reclamando muchos habitantes del País
Valencià es que no queremos depender de la buena voluntad de un determinado Gobierno en un determinado momento, sino que tiene que haber un sistema; eso es precisamente lo que venimos demandando.


Hay algunas otras cuestiones pendientes, como usted bien sabe, y reformas que estaban pactadas en el acuerdo de cogobierno que dieron lugar a la investidura. Hablamos del IVA veterinario, que es un IVA que todavía no se ha bajado; del IVA
de imagen personal, porque la peluquería, no sé si usted lo sabe o no, es imagen personal, un sector altamente precarizado, feminizado, con altas tasas de economía sumergida, en el que, desde luego, creemos que convendría aplicar la reducción del
IVA correspondiente. Respecto a servicios veterinarios, creo que sobran las explicaciones, es evidente que redunda en una mejor salud pública general para todas y todos y, por tanto, nos parece también pertinente, más aún sabiendo que dado el buen
comportamiento recaudatorio, creo que tenemos un cierto margen para implementar medidas de este tipo, que, como digo, o bien afectan a sectores vulnerables o bien al conjunto de la ciudadanía en términos positivos.


Respecto al manejo de las cuestiones de recursos humanos y demás, aplaudo con las orejas casi, podríamos decir, esto de las becas opositoras. Esta es una de las cuestiones que veníamos reclamando desde hace tiempo. La única manera de
romper el sesgo de clase que tienen los altos funcionarios del Estado es a través de un sistema de becas, y desde luego la Agencia Tributaria y el sistema impositivo español no podrían quedar fuera. En todo caso, me sigue preocupando mucho, el
envejecimiento de la agencia. Los datos que se siguen publicando hablan de que entre este año y 2030 se va a jubilar hasta un 44 %, cosa que se dice pronto, lo cual me preocupa no solo por la merma evidente, sino porque ahí evidentemente vamos a
perder un capital acumulado por un montón de gente que no sé si estamos preparados para ir recuperando. Como digo, ese es un tema especialmente acuciante. Me consta que desde la agencia se han tomado medidas en este sentido, pero dada la gravedad
del problema no puedo dejar de preguntarle por ello, sobre todo por las perspectivas que a medio y largo plazo podamos manejar ahí.


Para terminar - señor presidente, creo que voy bien de tiempo-, hablaba usted del debate europeo. Esta es una de las cuestiones quizá más centrales. En algún momento ha hablado usted de la lista famosa de países no cooperativos. Claro,
cuando uno habla del debate europeo es impepinable preguntar también por ese mismo debate en el contexto europeo, porque, como nos advierte Oxfam, nuestro país creo que ha perdido este año, según sus cálculos, 4100 millones de euros debido a los
países no cooperativos que tenemos en la Unión Europea, y no voy a decir los nombres porque son ya harto conocidos. En todo caso, como digo, este es un serio problema para nuestro país y para el sostenimiento del Estado de bienestar. En ese
sentido, creo que ese debate tiene que ser resuelto con agilidad y con contundencia verdad.


Hablaba usted del debate dentro de la OCDE sobre el Pilar 1. Este debate es clave, señor Gascón. Si no somos capaces de resolver el dilema político que se nos presenta respecto a las dificultades que tienen los Estados para gravar al
capital transnacional, sencillamente creo que los estados del bienestar europeos a largo plazo están condenados a morir. En ese sentido, animo a que el Gobierno de España sea un dinamizador de este debate durante su Presidencia.


Hay otra cuestión fundamental en relación con debate europeo que son las reglas fiscales. Yo sé que es el Ministerio de Economía el encargado de negociar este hito político, pero es su ministerio el encargado de hacer cumplir. Casi me fío
más del que tiene que hacer cumplir, es decir, del que tiene que estar

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lidiando con el problema o el asunto diariamente, que del ministerio o institución que tiene quizá una perspectiva un poquito más etérea. Digamos que su perspectiva es tan brutalmente física, por decirlo de algún modo, que seguro que su
opinión en ese sentido es especialmente enriquecedora.


Nada más. Confiamos en que en lo que queda de legislatura aún se puedan tomar medidas fiscales importantes. Pero, como decía, creo que esta esta legislatura, en muchos sentidos, ha supuesto un hito y pienso que se sabrá valorar en su justa
medida más pronto que tarde.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Guijarro.


A continuación, por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Jiménez Revuelta.


El señor JIMÉNEZ REVUELTA: Muchas gracias, presidente.


Buenos días, señor Gascón. Bienvenido de nueva a esta casa. Enhorabuena por su nombramiento como secretario de Estado ya que, como ha dicho usted, anteriormente era director general de la Agencia Tributaria, desde junio de 2018. Voy a
hacer un repaso de varios temas que he traído preparados y algunas preguntas que además usted ha mencionado. La primera de ellas es sobre el valor de referencia. Esto nos preocupa, porque hay algunos estudios sobre la valoración de los inmuebles
que hablan de que se han elevado un 17 % dichos valores de referencia, lo que realmente no se ajusta a parámetros reales de mercado que, como bien sabe usted, no tienen en cuenta la reforma o la distribución interior de esas de esas viviendas.
Usted ha hablado de un acuerdo no sé con qué organismo de asesores fiscales para prevenir y rectificar ese valor de referencia. Le agradecería que en la réplica profundice un poco más sobre en qué consiste esa prevención y esa rectificación. Ha
hablado usted de que ha habido poca litigiosidad. Lo ha dicho con prudencia, y ha hecho bien, porque sabe que hasta que pasen unos años no sabremos efectivamente si esa litigiosidad será alta o no. Desde luego, sí le digo por experiencia que hay
algunos casos en los que se está viendo que el valor de referencia es bastante más alto que el valor real de mercado. Además, piense que también ese valor podría interpretarse como poner en duda, de alguna manera, la veracidad de la fe pública
notarial en las compraventas de mercado. Hay algunos expertos que hablan incluso de que pueda ser confiscatorio y anticonstitucional. Como bien sabe, este valor de referencia influirá sobre todo en impuestos que están cedidos a las comunidades
autónomas. Me ha sido harto difícil encontrar datos de 2022 sobre la posible recaudación que haya podido incrementarse tanto en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados y sucesiones y donaciones, pero creo que el
incremento debe ser importante. Yo no sé si tiene usted algún dato, pero si lo tiene le agradecería muchísimo que nos lo proporcionara.


Otro asunto que nos preocupa, y del que ya se ha hablado aquí, es la economía sumergida. Hay un informe de noviembre de 2022, de la Taxation of the informal economy in the European Union que revela importantes datos sobre la economía
sumergida. Al contrario de lo que se podría pensar que parecía que se había reducido la misma debido a la expansión de medios digitales y distintas regulaciones, la realidad es que esto no ha sido así y los datos evidencian todo lo contrario, es
decir, hay una tendencia al alza que afecta a todos los países y, como bien sabe, también en España. Yo no sé si conoce este informe, pero le recomiendo que lo vea. Si se comparan los niveles de actividad B en 2021 con aquellos inmediatamente
anteriores a la pandemia, de 2019, se puede apreciar que en España ha aumentado por encima de los países del bloque sur, y me refiero a Italia, Portugal y Grecia. Lo curioso de todo esto es que, como le digo, con la reducción del uso de efectivo,
que se ha pasado de 2500 a 1000 euros, y, sobre todo con el uso de la tarjeta de crédito y de débito, es llamativo que se haya producido este incremento porque los datos que tenemos solamente son hasta 2021, con un 16,9 % en España de economía
sumergida. Esto es importante para nosotros, porque creemos que este dato de la economía sumergida se debe tener en cuenta a la hora de la presión fiscal en España. Sabe que la presión fiscal en España se situó en 2021 en el 39,3 %, pero si
ajustamos esta economía sumergida del 16,9 % entenderíamos que la presión fiscal en España es del 47,3 %. Esto es así porque hay contribuyentes que cumplen con sus obligaciones tributarias y sufren una gran presión fiscal precisamente porque hay
una importante capa de población que paga poco o nada, sobrecargando de esta manera a aquellos que están al día con Hacienda y realizan actividades de forma transparente.


Otro asunto que nos preocupa es la alta litigiosidad. Con los tribunales económico-administrativos. Ya sabe que esto se lo he dicho cuando ha venido usted aquí como director general de la Agencia Tributaria. Me alegra mucho que hayan
reducido el número de expedientes en el Tribunal Económico-Administrativo de 300 000 a 150 000, es decir, a la mitad, aunque todavía son muchos. Le alabo el hecho de no

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enorgullecerse, sino de decir que todavía tiene mucho que hacer. Pero es cierto que hay algo que nos preocupa muchísimo, y es que ustedes están poniendo el foco de esas directrices de la Agencia Tributaria en los autónomos y las pymes.
Esta es una dinámica que se viene repitiendo desde hace bastantes años. Se están olvidando ustedes del fraude complejo de aquellas y aquellos ciudadanos que se encuentran fuera de los cauces oficiales.


Usted ha hablado de que las directrices de la Agencia Tributaria son continuistas. Señor Gascón, a mí me preocupa bastante porque eso significa que van a seguir persiguiendo a esos autónomos y a esos pequeños empresarios. Voy a poner un
ejemplo. Sabe usted que cuando hacen una comprobación limitada, una paralela, a algunos empresarios, vamos a poner en el caso del IVA, es difícil que no detecten algún gasto que no se ajuste, porque eso siempre a veces es interpretativo, pero lo
que es ilógico es que haya empresarios y autónomos que no lleguen a facturar ni 100 000 euros y que lleven ocho años consecutivos siendo inspeccionados por el órgano de gestión. Creo que esto dice mucho, porque al final, ustedes están recaudando a
través de esos pequeños y medianos autónomos, que muchas veces no pueden recurrir al Tribunal Económico-Administrativo, porque los que lo hacen suelen tener asesores, abogados a los cuales les suelen pagar. Esto es un hecho muy llamativo y creo que
perjudicial, porque no está teniendo en cuenta a esos pequeños empresarios que, al final, lo que acaban haciendo es pagar, y de ahí están sacando ustedes su beneficio de alguna manera. Es sorprendente que hayan descendido mucho las denuncias por
delito contra la Hacienda pública, que han caído un 82,35 % desde 2005. Creo que esto dice mucho de lo que yo le estoy comentando. Los grandes casos parece que han desaparecido y, sin embargo, han puesto ustedes el foco en los empresarios y en los
autónomos.


Por otro lado, el portavoz del Grupo Parlamentario Podemos, el señor Guijarro, ha hablado de la reforma fiscal y de que de alguna manera se congratulaba de que, efectivamente, había habido una reforma fiscal con respecto a determinados
impuestos que se han venido aplicando en estos últimos meses y años. Le recuerdo que desde que usted fue director general de la Agencia Tributaria y ahora secretario de Estado han subido ustedes cincuenta y cuatro veces los impuestos. Sorprende
esa subida con respecto a la recaudación. Se ha referido usted a la de 2021 y a la de 2022, que no tenemos todavía el dato de diciembre, como bien ha dicho, y si no le he escuchado mal hablaba usted de un crecimiento de 10 000 millones de euros.
Yo me he tomado la molestia de mirar los datos de la Agencia Tributaria y ha visto que hasta noviembre ustedes han ingresado 239 000 millones, casi todo lo previsto para el año 2022, que eran 244 000 millones; es decir, estamos hablando de 33 000
millones más. Ha sido usted bastante prudente porque se ha referido en torno a un 15 % con respecto a los impuestos de IRPF, incluso del IVA, y los datos exactos que yo tengo, sacados de la propia página de la Agencia Tributaria, son que el
incremento del IRPF es de un 16,3 %; ha dicho que el del impuesto sobre sociedades está por encima del 20 %, yo tengo que es el 24,1 %; y el IVA EL 19 %. Ha dicho usted que son casos de excepcionalidad. Si pudiese explicar -porque eso de los
datos excepcionales no dice mucho, es una mención un poco vaga- exactamente a qué se ha debido ese incremento se lo agradecería.


Por otro lado, he sacado unos datos relevantes de la memoria de 2020 y de 2021 sobre la estimación de los recursos en los tribunales económico-administrativos. Sigue siendo sorprendente la cantidad de casos estimados por los contribuyentes
y desestimados, es decir, que los contribuyentes ganan en los tribunales económico-administrativos. Le voy a preguntar si existe algún tipo de directriz o han dicho algo a los tribunales económico-administrativos, porque lo cierto es que ha bajado
el porcentaje. Le pongo varios ejemplos. En 2020 el porcentaje de estimados en IRPF era del 50 %, en 2021 ha bajado al 44 %; por ejemplo, en el IVA en 2020 era de un 55 % aproximadamente y ahora en 2021 es de un 50 %. Yo no sé si ustedes han
comentado algo con tribunales económico-administrativos o les han dado algún aviso.


Para terminar, porque veo que se me acaba el tiempo -aunque quedaría mucho que hablar-, hay otra cosa que nos preocupa, que es el nuevo modelo de ascensos de la Administración, que parece ser que reabre una brecha entre inspectores y
técnicos de Hacienda. Por último, quería hacerle una pregunta. Usted ha hablado de la Unión Europea, del Pilar 1 y del Pilar 2, que parece que lo lógico es tener en cuenta Europa, cuando además ahora en el segundo semestre España va a tener la
Presidencia de la Unión Europea. Lo que me sorprende, y me gustaría que me dijese algo, si ustedes están en consonancia con la Unión Europea, es por qué plantearon el impuesto sobre servicios digitales al margen de la de la OCDE cuando se estaba
trabajando en ello. ¿Por qué lo hicieron al margen de la OCDE? ¿No le parece a usted incomprensible?


Nada más. Muchísimas gracias.

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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Jiménez.


A continuación, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra su portavoz, el señor Elorriaga.


El señor ELORRIAGA PISARIK: Muchas gracias, presidente.


Muchas gracias, secretario de Estado, por las explicaciones que nos ha ofrecido. Me gustaría plantearle varias cosas lo más concretas posibles. La primera, en relación a la evolución de la recaudación. Estamos ya aproximándonos al tramo
final de la legislatura y probablemente es momento de hacer balance. Lo que podemos ver en el balance es que la presión fiscal, que en 2018 era de poco más del 35 % del PIB, al terminar la legislatura o en este momento al cerrar el 2022 está por
encima del 42 %. Es decir, en una legislatura el peso de la presión fiscal ha subido significativamente. También ha subido significativamente en el mismo periodo el peso del sector público en la economía española, lo cual probablemente tenga algo
que ver también. El sector público en España ha pasado de 2018, donde representaba un 41,8 % a representar en 2022, con datos provisionales, algo más del 47 %. El balance inicial de la legislatura es el de un notabilísimo incremento del peso del
sector público en la economía española, acompañado de un muy significativo incremento de la presión fiscal. Esto da lugar a muchos debates, y uno que me parece extremadamente delicado, y sobre el que me gustaría tener una respuesta expresa, es que,
como ha deslizado hoy aquí el señor Guijarro, hay quien considera que este brutal crecimiento del sector público y de la presión fiscal es irreal, porque realmente lo que esconde es un mal cálculo del producto interior bruto. Esto que le hemos
escuchado al señor Guijarro está extendido en algunos sectores de la opinión, y creo que es importante dejarlo claro, insisto, porque es extremadamente delicado que portavoces de la mayoría del Gobierno se cuestionen las cifras macroeconómicas que
está ofreciendo el país al resto del mundo. Por tanto, si no es el PIB, y quiero creer que no es el PIB lo que está mal calculado, aquí hay un incremento muy fuerte de la presión fiscal que puede derivarse, como se ha dicho, de la ausencia de
medidas normativas, como es la falta de deflactación de algunos impuestos directos, puede venir de la lucha contra el fraude, que es lo que se ha exhibido en algún momento por parte del Gobierno, puede ser la inflación, puede ser el crecimiento
económico, puede ser el afloramiento del fraude, puede ser el incremento del gasto público, pueden ser muchas cosas, pero convendría tener una idea clara sobre cuál es el origen de estas ganancias de recaudación difícilmente justificables.


En relación con lo que en opinión del Gobierno, según le hemos podido escuchar a usted mismo en alguna ocasión, podría ser el origen más significativo de este incremento de la recaudación fiscal, que es la lucha contra el fraude, enlazo con
una segunda cuestión, que es el incumplimiento de las normas. Se ha hecho una referencia a la Ley 11/2021, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal en relación a una disposición a la que yo también volveré después. Quiero recordar
la disposición adicional cuarta, donde se incluye un mandato que no tiene matices. Esta norma legal establece que se encomiende al Gobierno para que encargue a expertos independientes la elaboración de un análisis y evaluación oficial de la
economía sumergida en el Estado español y le da un plazo de seis meses, que venció hace ya bastante más de un año. Este informe debería haber venido a esta Cámara y ser presentado y debatido en las Cortes Generales, porque afecta al propio
ejercicio de las competencias de esta Comisión. Me gustaría saber cuál es la posición del ministerio. Ante un mandato legal expreso, incumplido ya largamente, quisiera saber si existe o no existe la voluntad de crear esa comisión independiente, de
encargar ese informe y de remitirlo a esta Cámara como la norma legal establece.


Siguiendo con esta ley, quiero insistir en lo que planteaba el señor Bel, que me parece importante. Es decir, también en esta ley se establece con bastante precisión la necesidad de dictar una normativa en el plazo de seis meses -que,
insisto, ha vencido ya hace más de un año-, sobre la oferta de empleo de la Agencia Tributaria para los próximos ocho años, con el objetivo de aproximar la dotación de recursos humanos a la media de la Unión Europea. De nuevo, este es un mandato
muy expreso que está siendo incumplido de forma flagrante y que afecta a un problema efectivo que ha sido mencionado varias veces, que todos conocemos y, por supuesto, lo conoce el secretario de Estado, el problema de la evolución de los recursos
humanos de la agencia. A mí me gustaría que se detuviese un poco en este asunto, tanto en la evolución futura de los recursos humanos como, también se ha hecho referencia, a los conflictos internos de personal que se están produciendo dentro de la
agencia y que pueden complicar de alguna manera su actividad.


En relación con la agencia, también me gustaría conocer su criterio sobre lo que podríamos llamar nuevas funciones impropias de la agencia, que es atribuir a la Agencia Tributaria la gestión de pagos en ejecución de políticas sociales. Esto
ya ocurrió el año pasado con la primera ayuda y ocurre de nuevo con

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esta ayuda de 200 euros. Es cierto que desde 1991 la agencia tiene marginalmente atribuida la posibilidad de ejecutar pagos en nombre de otras áreas de la Administración distintas de la estrictamente tributaria, pero da la impresión de que
esto va a algo más que a sustituir a la Dirección General del Tesoro o a la Tesorería General de la Seguridad Social en la ejecución de pagos. Y lo digo no solo por los recursos internos de la agencia que puede absorber este tipo de encomiendas,
sino también porque se extienden a algunas otras actividades a las que, desde mi punto de vista, veo muy difícil cobertura legal. Y me refiero, por ejemplo, a la publicidad, es decir, a que la Agencia Tributaria, con cargo a sus presupuestos,
publicite campañas de ejecución de gasto público social que nada tienen que ver con sus competencias y que, por tanto, en nada tienen cobertura en sus propios presupuestos.


Se ha hecho referencia, y también quiero insistir en ello, sobre el abandono de la reforma de la financiación de las comunidades autónomas, un tema que forma parte de los compromisos iniciales de legislatura, que efectivamente sigue pesando,
como se ha recordado, singularmente sobre aquellas comunidades autónomas peor financiadas y que parece que está definitivamente olvidado para ser abordado en esta legislatura. El otro día, en el curso del debate sobre la aprobación de la
modificación del Concierto Económico vasco y del Convenio navarro, así como del quinquenio del cupo vasco, surgió la cuestión también -y tiene algo que ver con esto que decíamos de la agencia de quién paga qué y cómo- de la compensación que se
establece en el caso del quinquenio del cupo vasco de una parte del gravamen sobre empresas eléctricas o de los beneficios extraordinarios de empresas eléctricas y bancarias. Ahí se ha llevado una solución un tanto peculiar, la de no convenir estos
gravámenes, pero sí compensar sus ingresos en relación al PIB de estas dos comunidades autónomas, y la pregunta concreta es: bueno, si eso se ha hecho así, ¿por qué no se hace con las diecisiete comunidades autónomas? Es decir, si la conclusión a
la que ha llegado el ministerio es que la naturaleza de los gastos que hay que atender con estos nuevos gravámenes es perfectamente territorializable, es decir, lo pueden hacer el País Vasco y Navarra en su territorio por el tipo de gastos que
compone y, por otro lado, el ingreso es también territorializable en relación al PIB, no se alcanza a ver las razones, puesto que no está incluido ni en el Concierto Económico vasco ni en el Convenio navarro, por las cuales estas cantidades no
pueden ser transferidas a las comunidades autónomas de régimen común.


Yo me quedo aquí. Efectivamente, han salido muchas cosas. Es verdad que hay una agenda legislativa todavía importante pendiente de tramitación en Comisión la mayor parte de ella, y yo creo que estamos todos comprometidos a sacarla con la
mayor agilidad posible, pero, en cualquier caso, quiero terminar deseándole la mejor de las suertes, porque será la de todos, en la gestión del semestre europeo. Lo digo por la larguísima agenda de temas tributarios. Nos acompaña la directora
general de Tributos, la señora Garde, que conoce bien la materia, y estoy seguro de que la tramitará con diligencia, pero es cierto que el paquete de medidas fiscales que se acumula para el semestre español es muy significativo y algunas normas son
de notable importancia. Por lo tanto, ahí también espero que dispongan de los recursos humanos suficientes y del tiempo necesario para poder atender estas obligaciones con la debida diligencia.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Elorriaga.


Para finalizar el primer turno de intervenciones, por el Grupo Parlamentario Socialista, su portavoz, la señora Blanquer, tiene la palabra.


La señora BLANQUER ALCARAZ: Muchas gracias, presidente.


Señor Gascón, bienvenido a esta Comisión. Como siempre que ha pedido usted la comparecencia, ha podido venir aquí. Lo que nos ha llamado la atención es que otros grupos no hayan acumulado sus peticiones de comparecencia a esta petición,
porque normalmente, una vez que han venido los comparecientes, lo lógico es sustanciar todas las peticiones de comparecencia. Así que bienvenido a la Comisión de Hacienda. En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me gustaría también hacer un
poco de balance de esta legislatura en la que, si algo podemos decir, es que el Gobierno ha trabajado muy duro, y el área de la que usted tiene responsabilidad también ha trabajado muchísimo.


A raíz de su comparecencia, me gustaría centrar mi intervención básicamente en tres ideas que me parecen importantes y de ahí iré trasladándole una serie de preguntas. La primera idea importante que me interesa destacar es que podemos ver
que hay dos modelos diferentes de afrontar la crisis: cómo se abordó la crisis financiera y cómo se están abordando las crisis a lo largo de esta legislatura. En segundo lugar, que necesitamos margen presupuestario para poder proteger ante la
adversidad y también necesitamos margen para la transformación digital y para afrontar, cómo no, la globalización. Esto nos

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obliga a tener cuanto antes un buen modelo de fiscalidad internacional, o bien europeo, que armonice y que nos garantice que las multinacionales paguen los impuestos que les corresponde y donde les corresponde. Es una cuestión de calado, es
muy importante y tiene que ser prioritario, como lo ha sido para este Gobierno durante la legislatura.


Por tanto, en primer lugar, tengo que decir que, a diferencia de otros gobiernos en otras crisis, ante la adversidad, el Gobierno ha sido capaz de movilizar todos los recursos posibles para ayudar a las familias, a los trabajadores y a las
empresas, pensando siempre en una mayoría social y en el interés general. Prueba de ello fueron los ICO, las ayudas, los ERTE, etcétera. Unas ayudas que en 2022 han logrado compensar las desigualdades que supone el impacto de la inflación, según
un reciente estudio de Esade. Ayudas que, según estimaciones de CaixaBank Research, habrían permitido reducir la desigualdad más de medio punto en el índice de Gini, después de transferencias, para enero de 2023. Es decir, pasamos del modelo del
'sálvese quien pueda' con el Gobierno anterior, presidido por el Partido Popular, al modelo de proteger y ayudar de este Gobierno. Desde la crisis provocada por la COVID-19, España es el segundo país de la OCDE que más ha elevado el gasto social.
Con datos anuales, según datos de la IGAE, el gasto social en 2021 para sanidad, para educación y protección social era un 15 % superior al de 2019. Estamos hablando de 50 000 millones más, y ello a la vez que se reducía el déficit desde 2021 a un
ritmo mayor del previsto tanto por el Gobierno como por especialistas nacionales e internacionales. Son unos datos que, desde luego, contrastan con las políticas de recortes sociales del Partido Popular a partir del 2012. Un Gobierno que se ha
volcado en la defensa del interés general, con los seis paquetes de ayudas -45 000 millones de euros- para paliar los efectos de la invasión de Rusia a Ucrania. Son medidas urgentes para apoyar a los colectivos vulnerables y a los sectores
productivos más afectados para garantizar los suministros y bajar los precios de los combustibles y la electricidad. No entraré a indicar todas y cada una de las medidas que se han adoptado, pero desde luego la primera idea es que tanto, primero,
la crisis ocasionada por la pandemia de la COVID como, después, la crisis como consecuencia de la invasión de Rusia en Ucrania se han afrontado como nunca, se han afrontado con medidas importantes sociales y fiscales.


La segunda idea que me gustaría trasladar y poner en valor es que lo que está claro es que, para proteger ante la adversidad, necesitamos margen presupuestario, necesitamos ingresos. Somos conscientes de que para quien necesita ayuda esta
siempre puede parecer insuficiente, pero la realidad es que este Gobierno está ayudando como nunca ante la adversidad con los recursos disponibles. Nos movemos en un contexto de máxima incertidumbre. En el momento de la aprobación de los
presupuestos para el 2023 las previsiones económicas eran a la baja y, sin embargo, ahora todos los organismos están revisando al alza las previsiones de otoño. De hecho, a pesar de los malos augurios de algunos, el año 2022 nos deja mejores
resultados de los esperados. Nuestra economía ha crecido un 5,5 % anual, manteniendo el ritmo de crecimiento del año anterior y evitando la anunciada recesión. España lidera las previsiones de crecimiento entre las grandes economías europeas,
según la Comisión, para 2023 y 2024.


Nos ha indicado cuáles son las expectativas de ingresos que se han tenido en 2022. Desde luego, se han superado esas previsiones y se está cumpliendo -creo- el escenario 2 previsto en el plan presupuestario enviado a Bruselas. También me
gustaría, si pudiera, que nos pudiera decir algo sobre esta cuestión, porque se ha permitido, como ha habido margen suficiente, que se hayan podido prorrogar y tomar nuevas medidas para proteger y ayudar ante el conflicto bélico. De hecho, se ha
rebajado el IVA del 4 % al 0 % a los alimentos básicos de primera necesidad, se ha establecido la ayuda de 200 euros para las familias con rentas de hasta 27 000 euros y se ha prolongado la rebaja de los impuestos sobre la electricidad y el gas. Es
evidente que todos siempre queremos disponer de mayores recursos para llegar a más sectores, a más personas, pero para ello se necesitan ingresos. Cabe tener en cuenta que hasta noviembre de 2022 los cambios normativos han tenido impacto por un
importe nada despreciable de 6000 millones de euros, como también indicaba otro portavoz de otro grupo.


El Gobierno ha demostrado durante todo este tiempo prudencia y debe continuar siendo así porque la incertidumbre no ha terminado y debemos cumplir con la senda de consolidación fiscal. También se ha hablado aquí de las reglas fiscales. Nos
gustaría, por tanto, que en su segunda intervención profundizara algo más en los factores que han influido en el crecimiento de los ingresos -algunos portavoces han hablado de ello en sus intervenciones-, porque, según nos ha explicado ya en otras
ocasiones, la inflación realmente tiene un efecto limitado sobre la recaudación total. A fecha del mes de noviembre, el impuesto sobre sociedades crecía mucho más que el incremento del IVA.

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Por tanto, los datos nos dicen que la recuperación económica está siendo fundamental para crecer y poder ingresar. Están creciendo las bases imponibles, han crecido el impuesto sobre sociedades y el de la renta, los beneficios han crecido,
hay más empleo y se han protegido las rentas. Otro portavoz hablaba de deflactar, pero desde luego el Grupo Parlamentario Socialista siempre ha defendido que no era la mejor opción, porque deflactar tarifas beneficia siempre a las rentas más altas
al compensar la llamada progresividad en frío. Es más efectivo -entendemos- subir el mínimo exento y las reducciones focalizadas a rentas más bajas para ayudarles ante la pérdida del poder adquisitivo, como así se ha hecho. Creo que estamos
consiguiendo reducir la inflación -5 puntos en cinco meses- y nos situamos como el país europeo con menor inflación durante los cinco meses anteriores. Según los últimos datos, y por las nuevas medidas, es verdad que la bajada del IVA a
determinados alimentos ha paliado el efecto rebote de los precios, porque al haber eliminado otras medidas como el descuento del carburante, posiblemente el rebote hubiera sido mucho mayor. Por tanto, algún efecto sí ha tenido. Hemos mantenido y
continuamos siendo uno de los países que tienen menos inflación de la Unión Europea. En ese sentido, también me gustaría que nos pudiera señalar alguna cuestión.


Estamos hablando, en primer lugar, de protección; en segundo lugar, de cómo proteger más y de cómo tener margen presupuestario, y, en tercer lugar, de que dar protección ante la adversidad para los socialistas es de justicia social. Es
decir, nosotros necesitamos atender a las personas para que, ante una situación de dificultad como la que han vivido durante toda esta legislatura, primero, con la pandemia y, luego, con los efectos de la crisis, puedan ser ayudadas. Y para eso,
evidentemente, se necesita adoptar también medidas fiscales oportunas y adecuadas que nos permitan una de las cuestiones más importantes que hay en fiscalidad que es, como decía al principio -el tercer aspecto-, que estas multinacionales paguen lo
que les corresponde y donde les corresponde. Esto es en lo que hemos trabajado desde el primer momento, y realmente tanto el impuesto sobre los servicios digitales como el impuesto sobre las transacciones financieras era esto lo que pretendían. Es
verdad que, como usted decía, en octubre de 2021 casi ciento cuarenta países del marco inclusivo de la OCDE y del G-20 alcanzaron un acuerdo histórico sobre la reforma y sobre un plan de acción detallado, pero la verdad es que ¿cuántos años
continuamos diciendo que esto va a llegar, que esto va a llegar, que esto va a llegar pero no llega? Por tanto, es importantísimo.


Y, como decía, sí que se han hecho reformas fiscales. Se han hecho reformas fiscales como las que les acabo de decir, y también se han hecho ajustes puntuales a la baja, bajadas quirúrgicas, precisamente para atender las necesidades. Los
nuevos gravámenes que se han establecido suponen pedir un mayor esfuerzo a quien más tiene y a quien está en una mejor situación, y eso desde luego es justicia fiscal. Tras el primer pago anticipado de febrero, como usted ha indicado, ya se han
recaudado más de 1400 millones de euros, y se estima que es posible que se recaude más, alcanzando incluso los 2900 millones. A mí lo que me llama la atención es que, con los beneficios históricos que han obtenido la banca y las energéticas, haya
grupos parlamentarios que lo único que han hecho durante todo este periodo de tiempo es poner problemas e intentar que estos nuevos gravámenes no salgan y que tengamos muchísimas multinacionales que lo único que están intentando es que no salga el
gravamen a los bancos, que no salga el gravamen a las energéticas y poner en duda la ley de lucha contra el fraude fiscal. Esto es lo que están intentando de alguna forma. Pero lo que está claro es que este Gobierno está trabajando bien y que
tanto la Agencia Tributaria como la Secretaría de Estado de Hacienda han trabajado con seriedad. Y, claro, nos llama muchísimo la atención toda esta especie de bulos que van apareciendo respecto a las retenciones del IRPF: que si se están haciendo
mal las retenciones del IRPF, que si es una trampa y que si las ayudas van a obligar a hacer la declaración de la renta; toda una serie de cuestiones que a nosotros nos parecen un despropósito y que están generando un ruido que desde luego no
aporta absolutamente nada. Durante esta legislatura se han adoptado medidas, por una parte, con las que se pretendía atender a una mayoría social, y, por otra parte, también para las grandes empresas y para hacer lo que decía al principio, que
paguen lo que tienen que pagar y donde corresponde.


Me quedaría, por último, establecer una conclusión, pero luego vamos a tener otro turno de intervenciones. El marco de la Unión Europea es tan amplio, tan diverso y nos ha dicho tantas cosas que necesitaríamos muchísimo espacio para hablar
de todas las intervenciones y de todas las trasposiciones. Para nuestro grupo parlamentario lo prioritario en este momento es todo lo relacionado con la fiscalidad internacional e intentar que las grandes multinacionales paguen donde corresponde.
(Aplausos).

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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Blanquer.


A continuación, y para dar cumplida respuesta a la cantidad de cuestiones que han planteado sus señorías, tiene la palabra de nuevo el señor Gascón.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA (Gascón Catalán): Muchas gracias.


Voy a intentar contestar. Son muchísimas preguntas, desde luego, y muy variadas. Voy a seguir el orden de las intervenciones, porque yo creo que es la única manera de no ir saltándome cuestiones.


Preguntaba el señor Mazón -y no solo él, sino varios de los intervinientes- por la reforma fiscal. Desde luego, el libro blanco nació en un momento crítico, unas semanas antes de la invasión de Ucrania y, por tanto, del detonante de la
crisis energética. En cualquier caso, el otro día leía un artículo del presidente del Consejo para la Defensa del Contribuyente, que hablaba de reforma fiscal silenciosa. En principio, me sorprendió el titular, me leí el artículo y lo que quería
decir es que en algunos ámbitos se ha avanzado bastante en línea con las propuestas del libro blanco y en otros no, y se ha hecho sin aludir expresamente a que hay una reforma fiscal en curso. Si recuerdan ustedes, el libro blanco ponía el énfasis
en cuatro bloques de temas. Uno de ellos es la fiscalidad corporativa, básicamente la tributación societaria, y ahí se ha avanzado bastante, en particular en el ámbito internacional, lo que quiere decir que muy rápidamente se van a producir esos
cambios también en la legislación interna; con lo cual, en un ámbito tan sensible como la tributación del impuesto sobre sociedades, donde tienes que jugar con las cartas de la globalización, lo lógico es avanzar en consonancia con lo que se decida
en los foros europeos y en los foros multilaterales, y así lo estamos haciendo. O sea, que esa parte de reforma se va plasmando.


También había otro bloque importante dentro del libro blanco que se refería a los nuevos modelos de negocio y a la economía colaborativa, y es otro ámbito en el que poco a poco y de manera parcial se ha avanzado bastante, desde la ley de
startups a toda la regulación, incluso criterios interpretativos sobre criptomonedas, sobre monedas virtuales. Es un terreno en el que no hay una gran reforma, es ir retocando el sistema tributario para que se pueda dar cumplimiento a su adaptación
imprescindible a los nuevos tiempos y creo que se está avanzando en la línea correcta. Donde menos avances ha habido, probablemente, sea en la tributación medioambiental, por razones muy obvias, porque todo lo relacionado con la energía se ha
quedado entre paréntesis. Es más, en este momento tenemos reducciones y suspensiones de impuestos que van en dirección contraria de lo que sería normalmente una reforma fiscal con perspectiva medioambiental. Pero mandan las circunstancias y en
este momento la lucha contra la inflación y las medidas de alivio a los más perjudicados son lo fundamental, como decía ahora la señora Blanquer y, en consecuencia, que esa parte quede entre paréntesis, yo creo que no es un problema, sino más bien
una necesidad ineludible. También es verdad que en aspectos más periféricos de la tributación medioambiental, como puedan ser los residuos, los plásticos, etcétera, ahí sí que se ha avanzado de forma decidida. Es decir, tampoco es que estemos con
el folio en blanco; alguna cosa se ha hecho, aunque menos de lo previsible, antes de que estallara la crisis energética.


Y el otro ámbito donde también podemos decir que estamos entre paréntesis es en la tributación medioambiental, porque es cierto que se ha aprobado un impuesto temporal sobre la solidaridad de las grandes fortunas, pero, como acabo de decir,
es un impuesto temporal, es decir, no se entra a resolver desde una manera estructural el problema de la tributación patrimonial. ¿Por qué no? Porque eso está absolutamente vinculado a la reforma del sistema de financiación territorial, tema al
que me referiré más adelante.


Con lo cual, digamos que en unos ámbitos se ha avanzado más que en otros, pero realmente lo que ha habido son distintas normas de carácter, en ocasiones, probablemente muy técnico, pero que han permitido resolver algunas cuestiones que
teníamos encima de la mesa. Desde luego, en cualquier reforma fiscal y en cualquier cambio normativo en el ámbito tributario es necesario alcanzar un mínimo consenso, porque solo hay que ver cuál es la situación en este Parlamento. Quiero decir
que sin diálogo con los demás, una iniciativa del Gobierno es muy difícil que prospere porque no hay votos suficientes como para se apruebe.


Hacía referencia al problema de los errores de salto, a las tablas y a las tarifas que tenemos dentro de los impuestos. Efectivamente, tiene usted razón. No nos hemos atrevido a establecer una cosa que igual es muy lógica, que es una
función continua para evitar los errores de salto. Redactarlo sería una auténtica pesadilla y leerlo e interpretarlo no quiero ni pensarlo. Pero, desde luego, desde el punto de vista tecnológico, hay cosas que están absolutamente resueltas sin
problemas. Por ejemplo, a efectos de retenciones, si metes los datos en el simulador, te sale una cifra con dos decimales y eso lo tenemos

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interiorizado. Ahora, la tarifa del IRPF todavía me da un poquito de vértigo. Llegaremos a ello, pero es un cambio que podría dar lugar a muy malas interpretaciones, porque además cualquier ajuste que se hacen precisamente para evitar los
errores de salto da lugar a todo tipo de lecturas. Por ejemplo, citaba también la señora Blanquer el último ajuste en las retenciones del IRPF, que es un ajuste derivado del incremento de la reducción por rendimientos del trabajo personal entre 21
000 y 27 000 euros, pero lo que pasa es que el ajuste de retenciones lo hemos llevado un poquito más arriba precisamente para atenuar el error de salto. Entonces, enseguida empiezan lecturas raras diciendo: ¿Y por qué se acomodan las retenciones,
aunque sea una cuestión de pocos euros, y no se acomoda la tarifa efectiva? Es una asignatura pendiente, desde luego. Yo creo que también es un tema de madurez, de comprensión del sistema de impuestos y de utilizar la tecnología para resolver
cuestiones que son puramente matemáticas, que tampoco tienen otro tipo de connotaciones.


Es cierto que la política de ingreso y gasto en ocasiones sigue caminos paralelos y, efectivamente, puede haber casos en los cuales un contribuyente que paga impuestos, por otro lado, está recibiendo ayudas. Entonces, al final, saber en el
acumulado si el saldo es positivo o es negativo no es sencillo ni intuitivo ni siquiera para el propio interesado. Hay un estudio de Fedea respecto del año 2020 que dice que el 20 % de mayor renta fue contribuyente neto en ese ejercicio, y el 80 %
restante fueron receptores netos de ayuda. Ese resultado es magnífico y firmaba yo que se cumpliese en todos los ejercicios, no solo en el año 2020. Ese debería ser un poco el objetivo. También tenemos que tener en cuenta que nuestro modelo
territorial es complicado. Tenemos la estructura autonómica, tenemos la estructura local, la estructura estatal y la Seguridad Social; todo el mundo intenta hacer su política social y, en ocasiones, no es fácil y ver el efecto acumulativo
realmente es una asignatura pendiente. Yo espero que el Instituto de Estudios Fiscales asuma cada vez más este tipo de trabajos, porque verdaderamente necesitamos eso, que haya coherencia entre las dos políticas, la de ingresos y la de gastos.
Esto lo enseñaba Fuentes Quintana hace más de cuarenta años y tenía toda la razón. Cada vez estoy más de acuerdo con lo que él decía.


Me preguntaba la señora Martínez por la reunión con los parlamentarios europeos. Yo intenté no salir en la foto, pero veo que no me sirvió de nada, que fui detectado como asistente a la reunión. No es exactamente mi ámbito, porque la
Secretaría General de Fondos Europeos depende de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, pero efectivamente estuve allí y participé del debate. Lo que sucede es que en ocasiones, cuando se utilizan conceptos como ejecución, no todo el
mundo entiende lo mismo, porque para la Comisión Europea los fondos europeos se ejecutan en el momento que transfieren los fondos a los Estados miembros. Para el Estado, en términos presupuestarios, los fondos se ejecutan en el momento en que esos
fondos se materializan, bien en acciones respecto de las empresas o bien en transferencias a otras administraciones públicas. Y las comunidades autónomas, como es lógico, hasta que no reciben el dinero no te pueden empezar a hablar de cuánto han
ejecutado. Si transfiriesen algo a las corporaciones locales, para ellos se habría ejecutado al cien por cien esa línea. Con lo cual, hay dos cuestiones que son totalmente diferentes: una, cuándo llega el dinero al tejido empresarial y, otra,
cuándo cada una de las administraciones públicas va ejecutando el presupuesto. Entonces, claro, cuando se habla de la ejecución del 75 % estamos en la fase de que el Estado tiene un 75 % de los recursos recibidos ya canalizados. ¿Eso quiere decir
que han llegado a la meta, que son las empresas? Pues no necesariamente. Sí que se está notando -y así lo dijeron en esa reunión los representantes de las empresas de la CEOE- un fuerte acelerón en estos últimos meses, pero es complicado de
explicar en términos presupuestarios. También sucede una cosa, y es que la famosa aplicación CoFFEE -que se ha convertido en célebre porque es la aplicación en la que se vuelca la información de la gestión de los fondos europeos- es una aplicación
distinta y diferenciada de las aplicaciones presupuestarias que tienen cada una de las administraciones, estatales o territoriales, que, por supuesto, siguen ejecutando sus presupuestos como lo han hecho siempre. Determinada información la tienen
que cargar en el sistema CoFFEE, porque esa información es la que permite que la Comisión Europea verifique el cumplimiento de los hitos y de los objetivos y las distintas fases de desarrollo de los proyectos, subproyectos, líneas de actuación,
etcétera.


Hay muchísima información, y yo al final llegué a la conclusión de que había tanta información que había verdaderas dificultades para que se hicieran una imagen global de cuál era el estado de situación en cada uno de los niveles de la
Administración. Está claro que habrá que trabajar en esa línea para favorecer que cada vez más haya información agregada fácil de interpretar por la Comisión Europea, por el Parlamento Europeo y por el conjunto de los ciudadanos, porque lo que es
información de detalle hay

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muchísima. De hecho, la participación, por ejemplo, de apoyo que ha realizado la Agencia Tributaria en el ámbito de los fondos europeos ha sido poner a disposición de todos los gestores una nueva herramienta informática, que se llama
Minerva, que permite hacer un control de conflicto de interés ex ante, para que cuando cualquier empresa vaya a participar en una licitación de una contratación pública o solicite una ayuda pública se cruce no solamente a esas empresas, sino también
a los titulares reales que están detrás, es decir, a los propietarios, a los administradores de esas empresas, con los funcionarios que van a decidir en cada uno de los procedimientos, bien sea la mesa de contratación, en caso de una licitación, o
bien sean todos aquellos que intervienen en el proceso de adjudicación de las subvenciones. Eso determina que si hay potencial conflicto de interés se active una bandera roja que permita que el funcionario se abstenga, evitando que se produzca el
conflicto de interés. Ya pueden imaginar el grado de profundidad de la información a la que hay que llegar para hacer estos cruces preventivos; es un volumen de información absolutamente desconocido, con lo cual creo que al final esto puede ser
incluso un revulsivo para el propio sistema de gestión y control de la ejecución de fondos nacionales y no solo para la gestión de los fondos europeos. Mi visión -visto desde un puesto periférico, porque no estoy en el núcleo duro de la toma de
decisiones- es que en este momento el control de fondos europeos está alcanzando un nivel de exigencia incluso mayor que la ejecución presupuestaria tradicional española, con lo cual nos tenemos que plantear de cara al futuro en qué dirección vamos.


Me preguntaba el señor Bel por una serie de temas y poco menos que me comprometía a que viniera más veces -poco menos que a entrar en nómina de la Comisión- para responder preguntas. Algunas las puedo contestar, otras no. No he hablado del
anteproyecto de ley del tabaco porque depende de la subsecretaría y no de mí, y como no tiene normas tributarias, ya bastante tengo con lo que tengo como para meterme en ese terreno. Pero, en cuanto al mecenazgo, efectivamente, no lo he mencionado
y debería haberlo hecho. Hablaba antes de la necesidad de adaptar las normas a los nuevos tiempos y con el mecenazgo pasa eso. Quiero decir que estamos viviendo en una época en la cual hay algo más que el donativo en dinero tradicional que se ha
hecho a este tipo de entidades toda la vida. Hay prestaciones de servicio gratuitas, entregas en especie, existen cesiones de uso que hay que valorar adecuadamente y luego hay un fenómeno en auge que los poderes públicos deberíamos potenciar, que
es el micromecenazgo y la fidelización del propio mecenazgo. Hay ámbitos de mejora y yo creo que la proposición de ley es una buena oportunidad para profundizar en ellos; me parece que es una línea de trabajo muy acertada.


Efectivamente, los cambios de las normas se producen cuando la información disponible te lleva al convencimiento de que es el momento. Quiero decir que subir de 30 000 a 50 000 siempre hubiera sido bien visto por los deudores,
evidentemente; lo que pasa es que en el año 2020 no era la prioridad. En el año 2020 no teníamos un problema de importe, sino de número, porque, desgraciadamente, aquel año los importes bajaron. ¿Por qué? Por la crisis económica y, lógicamente,
la deuda que se iba generando era inferior a la de años anteriores. Lo que teníamos era un volumen enorme de solicitudes de aplazamiento y fraccionamiento que teníamos que gestionar de manera muy ágil. Ahora estamos en otro contexto diferente.
Llevamos dos años de fuerte crecimiento de la recaudación, el ingreso medio de las empresas y de los ciudadanos está creciendo y, en consecuencia, actualizar este límite nos ha parecido que era lo más lógico.


Respecto del seguimiento de la evolución de las plantillas, y muy especialmente de la Agencia Tributaria, aunque la disposición adicional que citaba era más amplia y hablaba también de otros colectivos dentro del ministerio, realmente lo que
hicimos igual es heterodoxo -porque no es cumplir literalmente lo que decía esa disposición-, incluir como compromisos con la Unión Europea el incremento de plantilla de la Administración, en concreto en el componente 27, y les aseguro que hemos
llegado al límite de cumplir esos compromisos, entre otras cosas porque, como bien decían, el porcentaje de jubilaciones es muy elevado y, aunque las ofertas de empleo público se han aumentado, también el flujo de entradas y salidas muchas veces no
coincide en el tiempo. Si tienes la mala suerte de que te midan el cumplimiento del indicador en un momento en el que se han producido muchas jubilaciones y todavía no se han incorporado los nuevos, llegas con el agua al cuello. Pero estamos
haciendo esos análisis y la buena noticia es que hemos conseguido crecer y lo seguimos haciendo. La plantilla de la Agencia Tributaria se ha incrementado y cuando esto pasa, los efectivos que pueden llegar a los tribunales económico-administrativos
y a la Dirección General de Tributos también se incrementan -es decir, beneficia al conjunto de la secretaría de Estado-, pero nos está costando muchísimo. Por eso, vamos a tener varios años de incremento de ofertas de empleo público que vayan
compensando las jubilaciones crecientes para seguir aumentando poco a poco en el número de efectivos. En algún momento hablamos de la cifra

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de 30 000 en la Agencia Tributaria. Partimos de unas cifras -lo digo de memoria-, de hace quince años, de 28 000, que cayeron por debajo de 26 000 con la crisis financiera y que ahora hemos vuelto a recuperar parcialmente y ya estamos entre
27 000 y 28 000. El objetivo sería incluso seguir todavía más hacia arriba, lo que nos permitiría, más o menos, ponernos en línea con los grandes países de la Unión Europea, que son los comparables para nosotros. Y también tenemos que observar
cuáles son las nuevas tendencias de la Administración pública, porque la digitalización, evidentemente, hace cambiar los perfiles. Quiero decir que necesitamos más analistas de datos y menos gente haciendo tareas de tipo repetitivo. O sea, no
solamente es un problema de cuántos entran y cuántos salen, sino de las nuevas necesidades que se van generando y de cómo conseguir captar talento en un mercado extraordinariamente competitivo. Por ejemplo, si hablamos de expertos informáticos, de
tecnologías de la información y la comunicación, es muy difícil captar personal cualificado, porque la competencia es cada vez más feroz.


En cuanto a los pagos en efectivo, efectivamente, hubo un dictamen del Banco Central Europeo en el que se mostraba reacio no solo a bajar el límite, sino al establecimiento de los propios límites. La verdad es que en Europa hay profundas
discrepancias sobre esta materia; por ejemplo, Alemania es un país en el que no existe ninguna limitación al uso de efectivo por razones históricas mientras que sus vecinos daneses prácticamente lo han erradicado. Es decir, cruzas la frontera y te
encuentras con un panorama que no tiene nada que ver en un país y en otro. Ahora estamos en un momento en el que la Comisión Europea quiere establecer un límite para el uso de efectivo único en Europa que pueda ser mejorado por los Estados
miembros. Para que sea admisible para los veintisiete, lo que no es fácil -porque insisto en que Alemania viene de la no prohibición-, estaban hablando de una cifra de 10 000 euros, pero esto sería compatible con el establecimiento de límites más
bajos en algunos países, como es el caso de Francia, España e Italia, con lo cual yo creo que esto es lo que nos espera en el futuro. Es muy difícil vincular este tipo de medidas con resultados recaudatorios concretos. Lo que nosotros observamos
es que en los sectores en los que el uso de efectivo es mayor, en el momento en que se realizan actuaciones de comprobación tributaria, las cantidades regularizadas son superiores a otros sectores económicos. Y sobre si somos capaces de cuantificar
y dar una cifra exacta, desde el punto de vista metodológico, la conclusión a la que llegásemos sería muy débil y por eso no lo hemos hecho.


Me preguntaba también por el artículo 204 del Estatuto de Cataluña. No hace falta que le diga que en estos últimos años no ha habido una negociación abierta sobre el sistema de financiación autonómica, y mucho menos en el ámbito concreto de
Cataluña. Por tanto, como no ha habido negociación sobre el conjunto, no ha habido tampoco negociación sobre aspectos específicos. Es lo más que le puedo decir.


El señor Guijarro me decía que saliese de la zona de confort, porque la intervención era tecnocrática, y después va y me pregunta por las diferencias entre la contabilidad nacional, las cifras de afiliación y la recaudación tributaria, como
si fuera un tema que no tuviera un componente técnico muy elevado. (El señor Guijarro García: ¡Tramposo!-Risas). Lo que le puedo decir es que, desde luego, hay un desacoplamiento entre las cifras al que hay que buscar una explicación. También es
cierto que, normalmente, las cifras de afiliación y las cifras de recaudación tributaria -sobre todo cuando son de caja, el dinero que entra y el dinero que sale- son absolutamente inmediatas, incontestables y no revisables, porque son las que son,
mientras que las cifras de contabilidad nacional son una estimación y esa estimación es susceptible de revisión, con lo cual es bastante frecuente que meses después -e incluso un año y pico después- las cifras se revisen. Y en estos últimos tiempos
está ocurriendo que se revisan al alza. ¿Por qué? Porque los sistemas de medición de la contabilidad nacional en muchas ocasiones adolecen de problemas de inmediatez e incluso los cambios que se van produciendo en el mundo afectan. Si tú tienes
un procedimiento de encuestas para conseguir el conocimiento de la realidad y esas encuestas respondían a muestras que eran representativas hace dos o tres años, puede que hoy no lo sean. ¿Por qué? Porque la sociedad ha cambiado, las costumbres,
la manera de relacionarse los contribuyentes, los modelos de negocio han ido evolucionando. Nuestra percepción es que al principio puede haber un desacoplamiento, pero luego, a toro pasado, se va produciendo esa convergencia. Lo que está claro es
que los cálculos que realiza el INE se hacen de acuerdo con la metodología de Eurostat y, por tanto, para nosotros no ofrece ninguna duda lo que esas cifras reflejan.


En cuanto a la reforma fiscal, me remito a lo que comentaba. Efectivamente, hemos ido avanzando en algunos campos más que en otros y también -por qué no decirlo- hemos establecido normas puente para llegar a la meta. Por ejemplo, en el
ámbito de la tributación societaria todavía no tenemos implantado el Pilar 1 -ni siquiera hay acuerdo internacional al respecto- y estamos pendientes de trasponer el Pilar 2.

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Sin embargo, a efectos internos, tenemos un impuesto mínimo de características exclusivamente nacionales y luego, para determinados sectores económicos, hemos incorporado dos nuevos gravámenes de carácter temporal. En el año 2024 -ojalá-
nos encontraremos ya con un impuesto mínimo a nivel global establecido en Europa y en los principales países del mundo y, probablemente, un acuerdo sobre el Pilar 1. Habrá que plantearse entonces la necesidad o no de estos gravámenes, pero viendo
el contexto y habiendo salvado el problema recaudatorio durante toda esta travesía hasta llegar a la entrada en vigor de los acuerdos internacionales. Y lo mismo pasa con el impuesto temporal de solidaridad sobre las grandes fortunas, que se aplica
a los ejercicios fiscales 2022 y 2023. En buena lógica, la próxima legislatura habrá que resolver el problema de la financiación territorial y ese será el foro en el que habrá que ver qué enfoque se le da a la tributación patrimonial. Mientras
tanto, tenemos una norma puente que nos permite llegar hasta ahí. La idea es que donde se puede avanzar con reformas estructurales, se avanza, y donde no se puede avanzar mediante reformas estructurales, se adoptan medidas coyunturales que, desde
luego, apuntan cuál sería la voluntad del Gobierno si hubiese una nueva legislatura en la que adoptar este tipo de medidas, pero ya con un carácter estructural. O sea, se trata de avanzar en la dirección correcta. El margen fiscal,
afortunadamente, existe, pero lo vamos consumiendo sobre la marcha. Quiero decir que hay muchísimos sectores, obviamente, que piden mejoras para su situación particular, pero en un contexto como el que estamos viviendo yo creo que las prioridades
tienen que estar muy claras. Por un lado, lo que más afecta a la inflación y lo que más afecta a la cesta de la compra de los ciudadanos son la energía y la alimentación, y ahí están puestas las prioridades. Ese ha sido el tema crítico al que
hemos tenido que hacer frente.


En cuanto al reemplazo de funcionarios, como decía, yo creo que la oferta de empleo público tiene que mantenerse en los niveles en los que está ahora y, desde luego, hay que perseverar en las políticas de mantenimiento y fomento de la
cantera de opositores. Vamos a ver si funciona adecuadamente esta figura de las becas y la podemos mantener y extender. Se trata de que la Administración tributaria tenga medios suficientes para hacer frente a labores que, como decía el señor
Elorriaga, se van extendiendo en función de las necesidades del país. Somos conscientes de la importancia que tiene todo lo relacionado con el ámbito internacional y también de las restricciones a la que nos enfrentamos. Por ejemplo, el problema
de la lista de jurisdicciones cooperativas que se aprueba en Europa en el seno del Código de Conducta, que es el nombre del grupo de trabajo que lleva este tema tan sensible -por cierto, el señor Elorriaga citaba a la señora Garde como directora de
Tributos y es también la presidenta del Código de conducta a nivel europeo, con lo cual la coordinación entre Europa y España en este caso no es que esté garantizada, es que la representa una única persona-, es que ha de ser aprobada por unanimidad.
Entonces, es absolutamente imposible plantearse ni siquiera cualquier tipo de reproche respecto de los propios países europeos, que somos los que estamos adoptando la decisión. Por eso, es una lista de jurisdicciones no cooperativas
extracomunitarias.


En cuanto a las reglas fiscales -me preguntaban también por ello y esto daría para hablar aquí durante muchísimo tiempo-, estamos a la expectativa de la propuesta que pueda hacer la Comisión Europea en los próximos ecofines; puede que en el
próximo de marzo, o sea, dentro de nada. La Comisión presentó a finales de 2022 una comunicación marcando líneas. La verdad es que para nosotros es muy interesante, y en particular para la Secretaría de Estado de Hacienda, porque, lógicamente,
luego tendremos que trasladar a nuestra estructura interna, regional y local lo que se acuerde a nivel internacional. Parece claro, según la comunicación de la Comisión Europea, que la exigencia de un techo máximo de 3 % de déficit y 60 % de deuda
se va a mantener, aunque solo sea por la sencilla razón de que está en los tratados europeos y plantearse una reforma de los tratados no parece en este momento demasiado realista. Pero sin perjuicio de esto, el enfoque que apunta la Comisión va a
ser un enfoque mucho más plurianual, y quizá con una mayor importancia y hegemonía del indicador basado en la deuda. Porque no es lo mismo pasarse del 3 % de déficit con un endeudamiento del 50 % sobre el PIB que con un endeudamiento del 180 %
sobre el PIB. Y no es lo mismo incumplir un año por una circunstancia coyuntural que incumplir sistemáticamente ese 3 %. Con lo cual, parece que la cosa va a ir por ahí. Y también va a ir en la línea de unificar documentos y facilitar el
seguimiento para que no tenga que haber una actualización del Programa de Estabilidad, por un lado, y, por otro, un plan nacional de reformas, sino que vayamos a un documento único. Y además con una aportación que me parece muy interesante, y es
que sean los propios países los que se comprometan a cumplir una senda. O sea, no una imposición de la Comisión Europea, de los hombres de negro, que exigen que los países hagan no sé qué. No, sería un formato parecido a los planes de
recuperación; es decir, este es el diagnóstico, usted tiene este problema,

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ahora dígame qué va a hacer y yo, desde luego, verificaré que se cumplen esos hitos, que se cumplen esos objetivos y esos compromisos asumidos por el Estado miembro, insisto, en un enfoque de carácter plurianual. Esta es a grandes rasgos la
dirección en la que parece que vamos a ir, aunque pronto saldremos de dudas y tendremos que abrir el debate para ver internamente cómo trasladamos ese nuevo modelo a nuestras comunidades autónomas y a nuestras entidades locales. O sea, cambios va a
haber, ya veremos si se confirman o no.


El señor Jiménez Revuelta me preguntaba por el valor de referencia y mencionaba una tasa de crecimiento del 17 %. No tenemos un comparable anterior. Quiero decir que, como mucho, se puede ver cuál es el crecimiento que tienen los tributos
más relacionados con el ladrillo, en particular el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, del que sí le puedo decir que miré los datos y vi que estaba creciendo un 16 % respecto al año anterior. Pero, claro, el
crecimiento es absolutamente desigual por territorios, porque el mercado inmobiliario está evolucionando de una manera totalmente asimétrica tanto en volumen de operaciones como de precios. El valor de referencia se va a convertir en hegemónico.
¿Por qué? Porque ya no es una muestra, estamos hablando de la totalidad de las operaciones que se realizan en el país. Si el mercado inmobiliario está activo, evidentemente, tienes testigos suficientes como para poder plantearte la valoración de
un inmueble que todavía no ha sido objeto de oferta o de demanda. Por tanto, es un tema de masa crítica como para que tengas información suficientemente relevante. Luego hay un coeficiente reductor general del 10 %. Es decir, el valor de
referencia tiende a ser algo más bajo de lo que pediría el propietario cuando lanza una oferta buscando clientes. Desde luego, yo les invito a que miren el suyo y me den retorno si ven que está demasiado bajo o demasiado alto. No lo digo de broma;
les ruego que me lo transmitan, porque lo que hacemos cuando alguien detecta un problema es analizarlo e intentar resolverlo.


En este momento, la valoración que hacemos nosotros es muy positiva, aunque insisto en que nos movemos en un terreno todavía transitorio y provisional. La firma de un convenio con una asociación, que vamos a extender al resto de
asociaciones, consiste en algo tan simple como lo que les acabo de decir. Si resulta que mi inmueble tiene un valor de referencia que me sorprende, probablemente sea porque alguno de los módulos en los que se basa el cálculo no está bien definido.
Eso tiene una solución muy fácil, y es comunicar esa circunstancia al Catastro para que lo cambien y, automáticamente, mi valor de referencia responda a lo que yo entiendo que es lo que me corresponde de acuerdo con la situación de mercado de mi
inmueble en concreto. Esa es la filosofía que estamos empezando a poner en práctica.


En cuanto a la economía sumergida, efectivamente, se ha publicado hace poco un estudio encargado -si no recuerdo mal- por el Parlamento Europeo que nos ha sorprendido porque es contraintuitivo a lo que estamos viendo. También es cierto que
cuando se ve la tabla, que incorpora datos provisionales del año 2022, estos son mejores que los de los años inmediatamente anteriores, con lo cual España en este estudio se situaría en torno a algo más del 15 % e históricamente los estudios de
Schneider, que ha participado también en este proyecto, le daban un 17 %. Con lo cual, en serie histórica larga estaríamos por debajo de lo que estábamos en el año 2017 o en 2018 en situación de prepandemia. Pero no hemos participado en el estudio
y, por tanto, desde el punto de vista metodológico, no les puedo dar mucha más información. Quiero recordar que en otros estudios de Schneider -no en este-, él consideraba que un 40 % de la economía sumergida que él mismo estimaba no era
regularizable en términos fiscales y no podía proporcionar ingresos tributarios a los países, bien porque se trataba de economía ilegal, que, obviamente, si se detecta, desaparece; o bien porque hay muchas actividades que están por debajo de los
umbrales de tributación que establecen los sistemas tributarios, como, por ejemplo, en el IRPF o incluso en regímenes de franquicia en otros países o en el régimen de módulos en España. O sea, que ese algo más del 15 % se transformaría en torno a
un 10 %. España aparece por debajo de la media y en el estudio que institucionalmente estamos realizando con la Comisión Europea, en este caso incluso con consecuencias desde el punto de vista legislativo, que es el seguimiento de la evolución del
tax gap en el IVA, sigue dando resultados muy positivos, inferiores al 5 % en el último año en el que hay información disponible. Que haya un 5 % de fraude es un buen dato -en fin, no debería yo decirlo- y, bueno, está por debajo de la media y de
la mediana de la Unión Europea.


La verdad es que estamos prefiriendo participar en este tipo de trabajos a nivel europeo que hacer el estudio a nivel nacional, a pesar de que, efectivamente, hay una previsión legislativa al efecto, entre otras cosas porque la comparación
con el resto de los países va a responder a criterios homogéneos y también, por qué no decirlo, por la dificultad práctica que tiene el cumplimiento de una disposición adicional que

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prevé que se haga el estudio impuesto por impuesto, comunidad autónoma por comunidad autónoma y provincia por provincia. Tendríamos que poner en una sala -y no sé si en un estadio de fútbol- a todas las administraciones territoriales de
acuerdo para establecer una metodología y bajar a un nivel de detalle que probablemente exceda de nuestras posibilidades. Entonces, estamos haciendo otra cosa más armonizada a nivel europeo. Por cierto, los estudios sobre este nivel de fraude,
este tax gap, en el IRPF estaban bastante avanzados y ahora estaban en la fase de comparar datos de unos países con otros para evitar sesgos metodológicos y conclusiones apresuradas que puedan no responder a la realidad.


En cuanto a la conflictividad, la tasa de impugnación de actos de la Agencia Tributaria se mantenía bastante estable y en términos absolutos estaban entrando en los tribunales económico-administrativos 128 000 expedientes por año, una cifra
sobre la que -vuelvo a decir lo mismo- tengo buenas y malas noticias. La buena noticia es que está incluso un poco por debajo de lo que estuvo unos años atrás, desmintiendo que, primero, la pandemia y, luego, la crisis energética fuesen a disparar
los conflictos en el ámbito tributario. Pero, claro, son 128 000 expedientes -esta es la parte negativa- que hay que gestionar, de los que unos 18 000 pueden llegar a los tribunales contencioso-administrativos, que también es una cifra respetable,
y estamos ahí al límite, pues cualquier repunte que se produzca no solo sería una mala noticia en términos de conflictividad, sino también en términos de medios disponibles por los tribunales económico-administrativos y por los tribunales de
justicia y de plazos para resolver. Podríamos retroceder varios años y sería muy mala noticia. Los porcentajes de estimación se han modificado algo a la baja porque la Administración tiene que aprender. Quiero decir que cuando tú tienes un ámbito
en el que el porcentaje de estimación supera el 50 %, tienes un problema, porque eso va más allá de la propensión al recurso, de que sean importes elevados o de que estemos hablando de sanciones y que el contribuyente pueda conseguir la suspensión
sin necesidad de aval o de garantía. No, hay un problema de disfuncionalidad en la Administración que hay que corregir. Yo creo que esa es la explicación, porque los tribunales económico-administrativos, desde luego, son absolutamente celosos de
su independencia y no admitirían cualquier tipo de sugerencia de ser más proclives a los intereses de los contribuyentes, porque no es así.


Respecto de los autónomos y pymes, lo que sucede es que nosotros, como país, tenemos aproximadamente solo 30 000 empresas que facturan más de 6 millones de euros y 3,5 millones de autónomos y pymes. Con lo cual, si medimos la actividad
comprobadora en la Administración tributaria en términos de número de actuaciones, es evidente que va a haber muchas más sobre autónomos y pymes que sobre grandes empresas. Lo que hay que ver es el porcentaje de comprobaciones en cada uno de los
colectivos y la pirámide se cumple. Quiero decir que es prácticamente imposible que una gran empresa o un grupo multinacional no sea comprobado dentro de su periodo de prescripción -un lapso de cuatro años- mientras que una empresa de tamaño
mediano tiene unas expectativas de comprobación inferiores -en cualquier caso, próximas en el tiempo- y una pyme y un autónomo tienen unas expectativas de comprobación muy bajas. También es verdad que hay una tendencia natural a verificar si el
contribuyente regularizado declara bien al año siguiente, de acuerdo con el criterio administrativo, o sigue teniendo problemas. Eso hace que, en ocasiones, un único contribuyente sea comprobado durante varios años consecutivos y entiendo que eso
genera desasosiego y preocupación: Solo me toca a mí, en la lotería me pasa al revés no me toca nunca. Ese sería el tema. La reflexión es que no solamente hay que regularizar, sino también hay que analizar cómo se comporta el contribuyente en el
futuro, porque eso es absolutamente crítico.


En cuanto a los datos de los delitos fiscales, ojalá estuvieran cayendo. A ver, depende, lo que está habiendo es un cambio muy significativo en la persecución del delito fiscal detectado en el curso de una comprobación, en particular de una
inspección, hacia la judicialización temprana de los expedientes. El mundo va mucho más rápido y ahora tenemos mucha más información para los investigadores y una colaboración muy fluida con el servicio de prevención del blanqueo de capitales, con
la Fiscalía Anticorrupción, con jueces y fiscales, por lo que en el momento en que se detecta un problema se produce la judicialización temprana del expediente. Claro, eso no aparece en las estadísticas históricas que, por otra parte, también
tuvieron unos años en los que las cifras eran muy altas como consecuencia del impacto de la burbuja inmobiliaria y también de la utilización de cadenas de fraude en el IVA, que desaparecieron porque se cambió la norma para establecer la inversión
del sujeto pasivo en aquellos ámbitos en los que veíamos que el fraude era un problema muy serio.


En cuanto al número de impuestos que han subido y que han bajado, realmente yo podría ponerme ahora a citar también decenas de rebajas de impuestos, pero, al final, lo que hay que ver es el efecto

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acumulativo de las medidas. Vamos a cerrar el año 2022 con un impacto negativo, en términos recaudatorios, de las medidas discrecionales adoptadas por el Gobierno. En el mes de noviembre llevábamos 6500 millones menos de recaudación. Ha
habido medidas de subidas de impuestos y de bajadas de impuestos, pero el saldo neto ha sido negativo, esa es la conclusión. Cuando antes hablaba de 10 000 millones más, no me refería a más recaudación respecto al año 2021, sino respecto a nuestras
propias previsiones. Nosotros manejábamos unas previsiones en las que íbamos a cerrar el ejercicio con 10 000 millones más, porque efectivamente el importe que va a suponer la recaudación del 2022 respecto al 2021 será con unos 30 000 millones más
de recaudación.


En cuanto al sistema de oposiciones, me remito a lo que decía antes, creo que lo que necesitamos, desde luego, es dar continuidad a los trabajos para que se mantenga la sagrada cantera de opositores, que vean expectativas claras de poder
trabajar en la Administración Tributaria en los próximos cinco o diez años, o sea, que vean que no es flor de un día, sino que haya una convocatoria con un número de plazas muy elevado, sin perjuicio de las mejoras que hayan que incorporarse en los
sistemas de oposición y muy especialmente en el sistema de becas al que me refería.


Sobre la mención al impuesto de servicios digitales, vamos a ver, el impuesto sobre servicios digitales surge de una iniciativa europea, de una propuesta de directiva. Esa propuesta de directiva se traduce en que algunos Estados miembros
-no solo España, porque ni siquiera fuimos el primero, porque fue Francia- establecen su propio impuesto digital y luego, al no alcanzarse la unanimidad a nivel europeo para aprobar la directiva, deciden mantener ese impuesto sobre servicios
digitales. Después empiezan las conversaciones con Estados Unidos, que ve con malos ojos el establecimiento de estos impuestos digitales e incluso pone encima de la mesa la posibilidad de adoptar represalias comerciales frente a los Estados que
sigan en esa línea, y, al final, se llega a un acuerdo global, en el contexto de las negociaciones del Pilar 1, en el cual los Estados se comprometen a que desaparezcan esos tribunos si se llega a un acuerdo global. Esa es la situación. ¿Qué es lo
que pasa ahora? Que si no llegamos a un acuerdo global nos tendremos que replantear qué hacemos a nivel nacional y a nivel europeo. Lo que sí que está claro es que, en defecto de aplicación del Pilar 1 y de esa facultad de gravar el dinero que las
grandes multinacionales, no solo americanas, sino también de otros países, obtienen en Europa, nosotros, como continente, como zona geográfica que actúa con unidad de acción, nos reservamos el establecimiento de algún levy, de algún gravamen, que
pudiera ser, por ejemplo, sobre el aprovechamiento del mercado interior de los grandes grupos económicos multinacionales a nivel mundial. Esa es un poco la idea que estamos manejando.


Me preguntaba el señor Elorriaga por la evolución de la presión fiscal, sobre qué hay detrás y dónde están las claves -y también la señora Blanquer me hacía una pregunta muy parecida-, la verdad es que interpretar el futuro es imposible,
pero interpretar el pasado a veces es complicadísimo. En cualquier caso, lo que vemos, simplemente por centrarnos en el año 2022 con una tasa de crecimiento de los ingresos que les decía que en el mes de noviembre estaba en el 15,9, es que por
segundo año consecutivo el PIB real va a crecer un 5,5 % y el PIB nominal en el año 2022 estará por encima del 10 %, con lo cual esto lleva a pensar que tenemos un crecimiento económico, tanto real como nominal, que no alcanza la cifra de
crecimiento de los ingresos, pero que explica buena parte de los mismos. Les puedo decir, por ejemplo, que el número de perceptores de rentas sometidas al IRPF estaba creciendo un 5,9 % a final del año pasado, incluso por encima de la tasa de
crecimiento medio de afiliaciones que estaba en un 3,9. Lógicamente hay perceptores de rentas que no son necesariamente asalariados. El salario medio en las declaraciones fiscales estaba creciendo un 3,7 %, que yo creo que también es otra cifra
interesante. Los pagos fraccionados en el IRPF estaban creciendo por encima del 20 %. La tasa de crecimiento del impuesto sobre sociedades, es decir, los beneficios empresariales, incluso de personas físicas, son los que más están creciendo. La
tasa de crecimiento final del impuesto sobre sociedades va a ser la más alta de todos los tributos que gestiona la Agencia Tributaria, seguida, más o menos a la par, por la del IRPF y por la del IVA. Evidentemente, el impacto de la inflación
también se nota, sobre todo si comparas la tasa de inflación del año 2022 con la tasa de inflación estándar del 2 %, que es la buscada históricamente por las políticas monetarias del Banco Central Europeo. Lo que pasa es que los efectos por
impuestos son muy diferentes. En el IRPF hay varios factores a considerar, está el número de declarantes, las rentas medias y las subidas de tipos efectivos. La subida de tipos efectivos puede estar en torno a un 3 %, si el impuesto crece un 15
supondría un 20 %, este porcentaje se podría explicar por la subida de tipos efectivos. En el impuesto sobre sociedades, que es el impuesto cuya recaudación está creciendo más, lo que sucede es que los beneficios empresariales están en un buen
momento, porque el impacto de la

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inflación para algunos sectores, porque, efectivamente, los mayores precios han significado más margen de beneficio, pero para otros ha podido suponer exactamente lo contrario, si no han sido capaces de trasladar ese incremento de coste, que
supone sus inputs, a los precios. El impuesto sobre el valor añadido es un impuesto en el que las bases imponibles son básicamente los precios. Ahí tendríamos que descomponer la parte de ese crecimiento de la recaudación que corresponde al
crecimiento real de la economía y la parte que corresponde al crecimiento nominal de la economía, 5,5 y cuatro y pico, más o menos un 50 % como consecuencia del factor precio y un 50 % como crecimiento de los efectos económicos. Lo mismo pasa en el
impuestos sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, que va a terminar probablemente con una tasa de crecimiento superior a la del IVA y a la del IRPF, aunque inferior a la del impuesto sobre sociedades. ¿Influye el factor
precio? Sí que influye el factor precio, pero también influye el dinamismo del mercado inmobiliario, que está siendo realmente alto.


En cuanto a las funciones impropias de la Agencia Tributaria, efectivamente, cuando vienen mal dadas, hay que echar una mano desde todos los frentes. La capacidad que tiene la Agencia Tributaria para gestionar de manera muy ágil una ayuda
pública que se parezca a un impuesto negativo, aunque no se configure como tal, creo que no tiene parangón, al menos, en nuestro país, con lo cual, partiendo de la experiencia de la deducción por maternidad o de la experiencia de la ayuda que se
aplicó durante varios años de 2500 euros por nacimiento o adopción de niños, ahora se ha pasado a gestionar ayudas públicas, como la ayuda de los 200 euros o las ayudas sectoriales orientadas fundamentalmente al sector del transporte y al sector de
la industria gas intensiva. Una Administración pública que presta servicios y que se mueve en un terreno que está muy próximo al non take up, del que hablaba antes, lo primero que tiene que hacer es conseguir que la gente se entere de que hay
abiertas líneas de ayuda, porque, si no, podemos tener un problema de baja cobertura, con lo cual hacer una campaña publicitaria a mí no me parece que sea descabellado en un ámbito tan específico como ese y en el cual tenemos un problema para llegar
al conjunto de los ciudadanos, que yo considero que hay que solucionar como se pueda, hay que explicarle a la gente que tiene la posibilidad de conseguir una ayuda, porque, si no, no conseguiremos alcanzar las cifras previstas.


En cuanto al sistema de financiación, presidente, no sé cómo andamos de tiempo, si me lo puedo guardar para la siguiente ronda de intervención, porque como es un tema sobre el que sin duda me volverán a preguntar, sobre todo si no digo gran
cosa, aunque sí que me gustaría hacer algún comentario, pero no quiero solventarlo demasiado rápido. Sobre los gravámenes, el concierto y el convenio, la propia naturaleza de estas figuras y el hecho de que el gravamen del sector eléctrico haya
surgido además de un reglamento europeo, creo que también limita las posibilidades de concertarlos y convenirlos al modo tradicional. Al final, lo que se ha acordado ha sido decir esto que se gestione de manera unitaria y que luego, en cuanto a los
ingresos, se efectúe la distribución que se considere más oportuna de acuerdo con unas variables que resulten de aplicación. Quiero recordar que el gravamen energético tiene una condicionalidad, es decir, en el reglamento europeo se establecen unos
destinos finalistas acotados que tendremos que cumplir, es decir, el dinero va al Tesoro, no es una afectación jurídica, pero sí que hay una vinculación finalista política que tenemos que cumplir. Respecto al otro gravamen, al final en la norma
también se establece que se va a destinar a las políticas dirigidas a paliar los efectos de la crisis energética, que básicamente son medidas que está adoptando el Gobierno central. Por eso no se ha producido la territorialización completa de los
rendimientos del impuesto.


Respecto a lo que me preguntaba la señora Blanquer sobre el problema de los programas de ayuda, hay que resolver dos preguntas consecutivas. La primera es qué margen fiscal tienes y la segunda es cómo lo compones. La primera pregunta se ve
condicionada por la evolución de los ingresos y de los gastos y el grado de compromiso que tengas con las referencias de estabilidad. Es decir, este año tenemos una previsión de ingresos, una previsión de gastos y un 3,9 % de déficit que
consideramos que tenemos que cumplir en cualquier caso. Entonces, es un paquete que está limitado por el dinero disponible, luego se puede tener más margen o menos a lo largo del año, pero en un momento determinado tienes que tener claro de qué
margen dispones y a partir de ese momento hay que decidir. La decisión es extraordinariamente compleja, porque puedes decidir minorar ingresos o incrementar gastos, puedes decidir atacar a la inflación o compensar los efectos que produce la
inflación, en particular, en los más vulnerables; puedes hacer medidas focalizadas o medidas generales para el conjunto de los contribuyentes, y todo eso teniendo en cuenta que las tienes que poner en marcha de manera inmediata, con lo cual la
practicabilidad de las medidas es absolutamente crítica. ¿No sería mejor, como dicen algunos think tanks, proponer medidas focalizadas y no medidas generalizadas o hacer deflactaciones

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generales del IRPF, como propone algún grupo político? Creo que al final hay que buscar un mix, porque uno de los principales objetivos, no lo voy a poner en primer lugar, pero sí en un lugar tan importante como cualquier otro, es rebajar
la inflación, y no todas las medidas rebajan la inflación. Para rebajar la inflación tienes que afectar a los precios y para ello la forma más rápida de conseguirlo es a través de la imposición indirecta, porque inmediatamente que tú vas a la
tienda y se ha reducido el precio, la lectura de la inflación a partir de ese momento es más baja. Algunos de esos estudios ponían de manifiesto que si fuéramos a un modelo de ayudas focalizadas, suprimiendo todas las medidas generales que tenemos,
aparte de ahorrarnos dinero, porque lógicamente las medidas focalizadas serían menos caras, pero, como contraparte, establecía que eso aumentaría la inflación dos puntos. Considero que eso no va en la dirección correcta en un momento como este,
porque esos propios estudios ponían de manifiesto que cuando la inflación estaba en el 10 %, el 1 % de ciudadanos con menor renta, comparado con el 1 % de más renta, tenían un diferencial de perjuicio derivado de la inflación de 3 puntos
porcentuales, o sea, que la inflación para los más vulnerables era de un 12 % y la inflación para el 1 % con más renta era de un 9 % por la cesta de la compra de los productos que adquirían. Hay que buscar un mix, que es extremadamente complejo.
Tenemos algunas medidas generales que afectan a la inflación y que bajan la tasa de inflación y determinadas medidas focalizadas que lo que hacen es ayudar a los más vulnerables que se ven más perjudicados por el efecto la inflación. Esto es
discutible, por supuesto que sí, pero la fórmula por la que hemos optado es la que acabo de comentar.


Lo voy a dejar aquí y me reservo para la siguiente ronda de preguntas.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Gascón, por las explicaciones.


Abrimos un segundo turno que, como todos ustedes saben, es muy breve, por no más de tres minutos.


Así que, sin dilación, le doy la palabra al señor Mazón por si quiere hacer alguna formulación de preguntas.


El señor MAZÓN RAMOS: Intervengo brevemente. Me alegro de que comparta algo de lo que he dicho, pero también es verdad que comentan que es muy difícil. Hay unas cosas que son difíciles y otras que son fáciles, pero no las hacen. No están
trabajando en el método, no tienen un equipo que por lo menos vaya avanzando, porque esas reformas que han hecho han sido a salto de mata, no han sido algo sistemático. El sistema fiscal es un sistema y cuando tocas un impuesto a veces repercute
sobre otro. Esto de la reforma paulatina o soterrada que se ha hecho -y como decía también mi compañero de Unidas Podemos que ya se ha ido haciendo- realmente no es una reforma fiscal, son parches coyunturales, son temporales, porque el impuesto
sobre las grandes fortunas no es más que un impuesto sobre el patrimonio, que es el que realmente hay que tocar, ya sabemos que tiene connotaciones con la financiación autonómica, pero como eso es tan difícil se podía hacer por separado. Es
complicado, ya lo sé, porque toca el núcleo de algunas competencias, pero si hay que atacarle, hay que atacarle por ahí. Lo mismo que con el otro impuesto a la banca y a las energéticas, que para eso también está el impuesto sobre sociedades, que
encima es discriminatorio, porque, como decía también en una tribuna, también se podía haber cargado a la industria farmacéutica, que se ha forrado, o a la distribución que se aprovecha de la inflación en un momento determinado. Europa ya anuló el
bono social de las eléctricas precisamente por falta de motivación, lo anuló, porque había que motivarlo bien. Todo esto es parte de lo que es el sistema de recaudación. Aparte de que fíjese que en este impuesto a la banca y a las energéticas
también tenemos unos saltos clarísimos, porque resulta que alguien que factura más de 1000 millones paga todo el recargo y el que no llega a 1000 millones no paga nada. Eso también puede dar lugar a que haya muchas empresas que estén alrededor de
ese importe y digan: Espera, este año no factures, no vayamos a llegar a 1000 millones, porque, como te pases un euro, te cuesta un riñón. Eso es más de lo mismo, son los saltos, y considero que esta reforma fiscal es de riesgo fiscal, porque
vamos a ver cómo acaban todos estos impuestos que han aprobado, porque todos tienen una gran inseguridad. En fin, lo que hace falta es tener bien el marco y luego modular, pues cada uno pone la progresividad que quiera. Todos permiten
progresividad, los de derechas ponen menos y los de izquierdas ponen más, pero el marco está ahí y si esto no lo tenemos muy claro, todo esto son parches. Aunque reconozco que se están haciendo cosas y que hay voluntad, pero, por favor, pongan a
trabajar a alguien de verdad para sentarse luego con la oposición y decirles: ¿Qué os parece si pactamos esto básico y no andamos cambiando impuestos y creando impuestos según la coyuntura?


Muchas gracias.

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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mazón.


Por el Grupo Plural, tiene la palabra el señor Bel.


El señor BEL ACCENSI: Intervengo muy brevemente, presidente.


Quiero agradecerle las respuestas al señor Gascón. Yo no había planteado en mi primera intervención el tema de la financiación autonómica, porque creía que este era un tema cerrado. Cuando he visto que se reserva el segundo turno para
hablar de la financiación autonómica, me ha generado muchas expectativas. Desgraciadamente, tengo que coger un avión a las dos y no voy a poder oírlo en directo, pero le aseguro que lo voy a escuchar por streaming o por la grabación, a ver si salta
la noticia y me pierdo algo. Ojalá me equivoque, porque -esto también lo hablo desde Cataluña- en más de una ocasión ya he manifestado que espero que no nos tengamos que arrepentir en la siguiente legislatura de no haber reformado el sistema de
financiación autonómica en esta cuando había una mayoría para poder hacerlo. En todo caso, repito, gracias por las explicaciones, y estaré atento a su disertación en relación con la reforma del sistema de financiación autonómica.


Muchísimas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Bel.


Váyase tranquilo, porque todas las cuestiones que había planteado, el secretario de Estado se las ha contestado, así que no se queje.


A continuación, por el Grupo Parlamentario Unidas Podemos, tiene la palabra el señor Guijarro.


El señor GUIJARRO GARCÍA: Muchas gracias, presidente.


Yo me encuentro en una situación muy similar a la del señor Bel, porque voy a tener que salir con una auténtica pasión por escuchar lo que tenga que decir sobre el tema de la financiación autonómica, porque es verdad que es mucho lo que nos
jugamos. Así que, en primer lugar, discúlpeme, y, en segundo lugar, gracias por lo que tenga que comentar al respecto. No me ha contestado específicamente sobre los IVA veterinario y de imagen personal, pero como, de suyo, soy optimista, ha
hablado usted de un cierto margen y yo, que soy así, interpreto que ese margen podría ser utilizado para implementar estas bajadas comprometidas y pendientes que, por cierto -y según entiendo- también tendrían un efecto importante para paliar la
inflación. No sé si sabrá usted, pero la cantidad de familias en este país que tienen mascotas, serían unos 15 millones en total, creo que estarían por encima de los 4 o 5 millones. Eso quiere decir que, efectivamente, una bajada del IVA
veterinario tendría, sin duda, una repercusión en el IVA. Respecto al IVA del sector de la imagen personal, quizás el efecto inflacionario generalizado sería más bajo, pero le puedo asegurar que al sector al que se estaría ayudando sería un sector
absolutamente necesitado de una medida de estas características.


Por lo demás, solo quiero terminar haciéndole una petición encarecida y es que me consta que usted tiene interlocución con los distintos agentes dentro de la agencia y demás, por lo que entiendo que está usted atendiendo a los inspectores,
al cuerpo de inspectores, como corresponde. Sí que le querría pedir un poquito de mimo, si se puede utilizar esta expresión, con Gestha, con el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, que me parece que también están cumpliendo una función
fundamental para los intereses de todo el país y que en los últimos años se han sentido, si se puede decir así, algo huérfanos o desatendidos por parte de la Administración pública. Sin duda, que el que este Gobierno cambiara esa tendencia sería
una muy buena noticia para todas y para todos.


Muchas gracias por su exhaustiva comparecencia.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Guijarro.


Por el Grupo Parlamentario VOX, el señor Jiménez Revuelta tiene la palabra.


El señor JIMÉNEZ REVUELTA: Muchas gracias, presidente.


Señor Gascón, es un placer debatir con usted. La verdad es que siempre nos quedamos con muchas más ganas. Una primera puntualización con respecto a lo que ha dicho la señora Blanquer sobre el tema de las comparecencias, porque, en nuestro
caso, no se ha sustanciado la comparecencia que solicitamos de la secretaria de Estado, que era para hablar de las líneas generales de actuación, pero como ya lo ha hecho, no tiene ningún sentido. Con respecto a las comparecencias sí que es verdad
que echamos mucho de menos que no comparezca la ministra de Hacienda, que tiene pendientes más de cien comparecencias, y debe de tener mucha confianza en usted, porque creo que le ha mandado como embajador. La verdad es que, hablando de
comparecencias, la que tendría que venir es la ministra. Segunda puntualización, la

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señora Blanquer comentaba también que el tema de la recaudación a las grandes energéticas y a la banca se iba a disparar aproximadamente en 3000 millones de euros, además, como ya le he dicho, la recaudación de este año 2022 supera los 30
000 millones de euros.


Haciendo alusión a lo que ha manifestaba el señor Guijarro sobre el tema de la reducción del IVA, que es una reclamación que llevan haciendo las peluquerías y el sector de la imagen personal desde el año 2011, me sorprende que le pida a
usted que sea el Ministerio de Hacienda el que rebaje el IVA del 21 al 10 % -como sabe usted, en el año 2011 se subió por el Gobierno del Partido Popular, por Mariano Rajoy, del 8 al 21-, porque en esta Comisión, señor Gascón, se debatió
precisamente una proposición no de ley, que presentó este grupo parlamentario en octubre de 2020, que no se aprobó y en la que además el Grupo Confederal de Unidas Podemos votó en contra, pero luego, en marzo del 2021, sí que es verdad que se
presentó una proposición no de ley en la que se pedía que se rebajara el IVA al sector de las peluquerías del 21 al 10 %, que fue aprobada. Este es un mandato expreso de esta Comisión al Gobierno, por lo que este Gobierno debería llevar adelante
esa proposición no de ley, porque lo que no entiendo es qué sentido tiene que se debatan proposiciones no de ley y que se aprueben si luego el Gobierno decide sacarlas adelante o no. Con esta recaudación que está siendo bastante importante y con
esa recaudación extra a la banca y a las energéticas, creo que esta reclamación por parte de las peluquerías podría hacerse realidad, lo que ayudaría a muchísimas familias que lo están pasando mal.


Para finalizar, me voy a quedar con un dato que ha dicho usted, que yo le había comentado sobre el tema del famoso catastrazo, el valor de referencia, de verdad le agradezco mucho que haya dicho que, según los datos que ha consultado, la
recaudación en TP y AJD había crecido, entiendo que fundamentalmente en transmisiones patrimoniales, un 16 %, cuando yo estaba hablando de un 17 %, con lo cual confirma que efectivamente esa subida ha estado sobre ese porcentaje.


Le esperamos pronto y muchísimas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Jiménez Revuelta.


Por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Elorriaga tiene de nuevo la palabra.


El señor ELORRIAGA PISARIK: Gracias, presidente.


Gracias, secretario de Estado, por las respuestas. Simplemente incidiré más en alguno de los temas de manera muy breve. En primer lugar, sobre el incumplimiento del mandato legal para hacer un estudio sobre el volumen de la economía
sumergida en España, me parece que las explicaciones son razonables, pero deberían plasmarse en una ley. Dado que ha anunciado que van a presentar un notable paquete de enmiendas con respecto a uno de los proyectos de ley que ahora está en
tramitación, modifíquese esto. Es decir, no es una buena práctica que por parte de la Secretaría de Estado de Hacienda, cuya misión es precisamente velar por el cumplimiento estricto de la ley en materia tributaria, se incumplan singularmente
mandatos legales explícitos de esta manera, y me gustaría resaltarlo.


En segundo lugar, lo mismo sucede en relación con la evolución de las plantillas de la AEAT y el mandato, el señor Gascón nos dice -y es cierto- que, de alguna manera, se puede entender cumplido por los compromisos introducidos en la Unión
Europea. Ahí solo quiero destacar una cosa, si ese es el planteamiento, sería bueno que en los informes de evaluación intermedia se incorporase ese seguimiento, porque, en diciembre del 2022, se presentó el informe de evaluación de seguimiento en
el que se establecían muchísimas cosas, pero en ningún momento ni en ningún punto se mencionaba la evolución de las plantillas de la Agencia Tributaria y su aproximación a unos ratios deseables.


Sobre el sistema de financiación, ya lo hemos comentado varias veces y solo añadiré una cosa más. Con el sistema de financiación pasa como con la reforma fiscal, que a lo mejor también está habiendo una reforma silenciosa del modelo de
financiación. Porque no se aborda la reforma sistemática del modelo, pero es evidente que se incide sobre el modelo con cada uno de los cambios que se van introduciendo en el sistema tributario, porque no son neutrales desde el punto de vista de la
financiación territorial. Entonces, cuando se dice que las ganancias mayores se están produciendo, por ejemplo, en el impuesto sobre sociedades, lo que estamos diciendo es que las ganancias mayores se están produciendo en un ingreso del que no
participan las comunidades autónomas y, por tanto, no está redundando en una mejoría del presupuesto del Estado. Pero cuando se afrontan reformas en el impuesto sobre la renta o en el impuesto sobre el valor añadido, se está afectando a los
ingresos de las comunidades autónomas, por minoración o por adición, me da lo mismo, pero, en cualquier caso, se está alterando su modelo de financiación. Todos somos conscientes de que el problema de financiación básico que se plantea, más allá de
complejidades y de problemas técnicos, es la excesiva disparidad del saldo final que arroja en

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financiación per cápita. Es una financiación per cápita ajustada, yo creo que es un problema conocido, generalmente compartido y más o menos todas las fuerzas políticas, creo yo, desean una cierta convergencia. Por eso hay que hacer un
seguimiento de lo que va pasando en términos de financiación relativa.


Por eso también -y con una cosa más termino- le diré que me preocupa el tema que le comentaba en relación al País Vasco. Ha habido otros casos similares con anterioridad, pero ahora vemos la incorporación indirecta de los gravámenes sobre
el beneficio de entidades energéticas y bancarias. ¿Por qué? Porque lo que se dice en el acuerdo -y eso es importante- es que, al margen de que se minorará del concierto o del cupo o de la aportación la cantidad que corresponda, se dice que el
País Vasco o Navarra, en su caso, asumirán íntegramente la definición y gestión de aquellas ayudas del Estado que se financien exclusivamente con la recaudación de los gravámenes. El destino final será el tasado de acuerdo con la normativa europea.
Las instituciones vascas se ajustarán a los requerimientos europeos. Finalmente, se adoptarán medidas encaminadas a reducir el consumo energético, a potenciar el consumo de energías renovables y el apoyo a empresas de consumo intensivo. En
relación con las entidades de crédito y los establecimientos financieros, dado que no están tan tasados, se adecuarán los gastos a las finalidades últimas perseguidas por la norma europea.


Mi pregunta es muy sencilla: esto se puede decir de cada una de las comunidades autónomas. Es decir, si el ingreso es territorializable y una o dos comunidades autónomas se pueden hacer cargo de la definición concreta en su territorio del
destino de las ayudas que tienen origen en una normativa europea, lo que no se entiende es por qué razón se aplica en unas sí y en otras no. Eso, de nuevo, es un problema de alteración silenciosa -digamos- del sistema de financiación, aunque su
financiación no se aborde de manera integral.


Por último, en relación con la Agencia Tributaria y lo que hemos llamado acciones impropias. Puede ser perfectamente razonable que se asuman este tipo de tareas. Lo que es menos razonable, desde mi punto de vista, es que se haga con escasa
cobertura legal y utilizando recursos en principio destinados a esta finalidad y, por lo tanto, sin alterar la financiación de la agencia. Es decir, la agencia se rige por una más que escueta norma legal y por un inexistente estatuto que jamás ha
sido aprobado desde 1991 a día de hoy. Por debajo de eso lo único que hay es una orden ministerial, bastante escueta también, que permite muy relativamente asumir en determinados casos la gestión de pagos. Igual es la hora, si se van a asumir
estas funciones, de abrir la reflexión sobre cuáles son las funciones de la agencia y, a lo mejor, impulsar la aprobación del estatuto que tantos años lleva pendiente.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Elorriaga.


Para finalizar, por el Grupo Parlamentario Socialista, la señora Blanquer tiene la palabra.


La señora BLANQUER ALCARAZ: Muchísimas gracias, presidente, y muchísimas gracias, señor Gascón, por toda la información que nos ha facilitado, que es muy amplia.


Permítame antes que nada dirigirme al Partido Popular y decirle que muchas dudas no tendrán cuando votó a favor en el Pleno precisamente de estas medidas, tanto del convenio como del concierto vasco. (El señor Elorriaga Pisarik: ¡Y
vosotros también!). Efectivamente.


Segunda cuestión. Es verdad que en mi intervención hablaba de margen presupuestario, pero me refería al margen fiscal. Necesitamos margen fiscal precisamente para poder adoptar todas las medidas necesarias para hacer frente a la
adversidad. Nos alegramos mucho del trabajo del Ministerio de Hacienda sobre determinadas cuestiones, porque es verdad que la financiación autonómica es un tema que hemos reivindicado desde el principio de la legislatura y, desde luego, el Gobierno
no ha estado parado en ningún momento. Porque, en primer lugar, para atender un momento tan complicado como la pandemia se establecieron dos fondos en los que se hicieron importantes transferencias a las comunidades autónomas precisamente para
afrontar el momento tan difícil. Es decir, las mayores transferencias que se han podido dar a las comunidades autónomas se han dado. Pero, además, me consta que se publicó una propuesta también de cómo calcular la población ajustada y ha habido
incluso distintas comunidades autónomas que habrán hecho su planteamiento ante la propuesta del Ministerio de Hacienda. Por tanto, algo sí que se ha avanzado. Lo tenía que decir, porque me da la sensación, cuando oigo al resto de los grupos
parlamentarios, como que no se ha hecho absolutamente nada y entiendo que algo sí que se ha hecho.


El portavoz de VOX decía que se espera que se recauden más de 2900 millones, que es lo que ha dicho la ministra, por los gravámenes. Creo que las aportaciones que él ha dado no son exactamente así.

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En definitiva, quiero agradecerle su comparecencia, cómo no. Espero que continuemos manteniendo esta buena relación que hay en la Comisión en la que seguro que será posible tramitar las distintas iniciativas parlamentarias que hay previstas
y, por tanto, en ese sentido, el Grupo Parlamentario Socialista trabajará intensamente, como siempre lo ha hecho en esta Comisión, precisamente para que la normativa salga y para que se puedan adoptar las mejores medidas dirigidas a la ciudadanía.
Porque siempre nuestro objetivo es proteger y avanzar y, desde luego, este Gobierno ha sido no solo garantía de protección para la gente más vulnerable, sino también clave para una transformación fiscal y verde que era necesaria.


Muchísimas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Blanquer.


Para finalizar, tiene de nuevo la palabra el señor Gascón.


El señor SECRETARIO DE HACIENDA (Gascón Catalán): Gracias, de nuevo, por las intervenciones y las preguntas.


Señor Mazón, efectivamente, hay que avanzar en esa dirección. La clave está en que el modelo del impuesto sobre la renta de las personas físicas evolucione a una función continua, sin tramos, pero yo no sé si incluso políticamente es
conveniente, porque la comunicación se complicaría mucho. Es decir, a veces, lo que es bueno desde el punto de vista técnico, no es bueno en términos de comunicación política y de transparencia. Con lo cual, estoy convencido de que tenemos que
avanzar en esa dirección como hemos hecho con las retenciones, pero quizá todavía no esté maduro el sistema como para dar ese salto. Veo más complicado eliminar los umbrales, porque es cierto que quedar por encima o por debajo del umbral en
ocasiones puede ser la diferencia entre la noche y el día, pero en el ámbito internacional es la práctica que se está siguiendo últimamente. El Pilar 1, 10 000 millones de euros; el Pilar 2, 750 millones. Con lo cual, nosotros tenemos también
nuestros umbrales: 6 millones para ser gran empresa, 10 millones para ser empresas de reducida dimensión, 10 millones en el concierto y en el convenio económico... En fin, tenemos muchos umbrales y los umbrales son intuitivos. En ocasiones,
efectivamente, puede suponer que un euro marginal te lleve a una situación diferente de la precedente, pero, desde la perspectiva internacional, el criterio para distinguir empresas en función de su tamaño pasa por la cifra de negocios y pasa por el
número de trabajadores. Con lo cual, es una aproximación técnicamente mejorable, pero es la que tenemos. Estoy de acuerdo con usted en hacia dónde tenemos que ir, pero en cuanto a los plazos para avanzar hay restricciones que van más allá de lo
puramente técnico.


Dejo para el final el sistema de financiación. Tampoco quiero yo despertar aquí grandes expectativas. Faltan tres meses y un día para las elecciones, como se pueden imaginar, el escenario es el que es. Pero como es un tema de cierta
complejidad, lo dejo para el final.


Me volvían a preguntar por los márgenes fiscales y por si se puede hacer algo más de lo que se está haciendo. Lo primero que hay que hacer es una relectura permanente de las cifras, porque no es demasiado predecible el futuro en un
escenario tan complejo, con los condicionantes que estamos viviendo. Lo que sí que hemos tenido es margen para el paquete de ayuda del mes de diciembre, pero todavía es demasiado pronto como para saber cuál va a ser la evolución en el año 2023. Si
hubiera margen, tendríamos que ver qué alternativas se ofrecen. Desde luego, por posibilidades de actuación no quedará la cosa; quiero decir que, aunque se reduzca la inflación, durante un tiempo va a estar por encima del 2 %, vamos a seguir
teniendo problemas de vulnerabilidad. Y, luego, por supuesto, hay muchos sectores económicos que tienen su lista de demandas encima de la mesa y todos consideran que ellos son merecedores de ese trato y de esas ayudas con preferencia, con prioridad
sobre otros. O sea, que es un tema muy complicado.


En cuanto a las relaciones con las organizaciones representativas de los trabajadores, ahora menos, pero, como director general de la agencia, tuve ocasión de reunirme muchísimas ocasiones con las distintas asociaciones y sindicatos. El
mayor o menor nivel de interlocución muchas veces se basa en cuestiones tan objetivas como haber firmado un acuerdo sindical determinado que tenga comisión de seguimiento. Claro, solo te reúnes en la comisión de seguimiento con los que han firmado
el acuerdo. Si no han firmado el acuerdo, no te reúnes con ellos, te reúnes con los otros. Entiendo que eso genera agravios, pero son agravios que están absolutamente justificados por haber participado o no en acuerdos anteriores. Pero me consta
que ahora, con la nueva directora de la agencia, el nivel de interlocución con todo el mundo es muy amplio, lo que es perfectamente compatible con que existan conflictos, porque es la dinámica propia de trabajo en una organización tan compleja como
la Agencia Tributaria.

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Por lo que se refiere al valor de referencia, no quiero que se pueda pensar que la subida del 17 % en la recaudación obedece a una revisión de valores de referencia, a una nueva valoración establecida por la Dirección General del Catastro.
Habría que descomponer el factor precios y el factor incremento del número de ventas, porque, como les decía, el mercado inmobiliario está presentando resultados muy asimétricos por territorios. Muchas veces, la incidencia que tienen las
actuaciones catastrales es mayor de la que aparenta. El otro día le puedo contar, como broma, que en una reunión que tuve con funcionarios del Catastro, y con la apelación recurrente a los catastrazos, que es un clásico en España desde hace casi
treinta años cada vez que realizan cualquier tipo de actuaciones, les dije que si aparecía un globo en el cielo, aquí nadie pensaría que era una potencia extranjera espía, pensarían que es el Catastro buscando piscinas (risas), porque tal es la
obsesión que tenemos con las actuaciones catastrales. Pues eso es lo que sucede en algunas ocasiones.


En cuanto a las disposiciones adicionales, prefiero que la norma y la realidad vayan acompasadas. Y, por supuesto, tomo nota de que en los informes que remitimos a la Comisión Europea se incluyan todos los aspectos que hay que considerar,
entre otros, la evolución de la plantilla de la Agencia Tributaria. En el informe que me citaba, señor Elorriaga, que es el informe intermedio, efectivamente, no se incluía nada porque, en principio, el informe iba dirigido no a todo el componente
27, sino concretamente a la aplicación de la Ley 11/2021, y entendimos que eran las disposiciones normativas y no los asuntos que podrían tratarse, por ejemplo, en las disposiciones adicionales. Pero me parece una buena idea y a partir de ahora lo
incluiremos en el análisis. Incluso podemos incluir en el análisis también la evolución del cumplimiento voluntario o su otra cara de la moneda, que es la evolución del tax gap o la evolución del fraude fiscal.


En cuanto a las nuevas figuras como los gravámenes, nacen con vocación temporal y yo creo que tampoco hay que hacer lecturas sobre que representen cambios significativos en los sistemas de financiación. Más bien el objetivo es el contrario,
establecer su carácter temporal para dejar claro que es algo que se adopta entre paréntesis, a la espera de que se pueda llegar a acuerdos de carácter multilateral de forma mucho más global. Esa es un poco la idea. Sí que estoy de acuerdo en que,
efectivamente, cualquier medida normativa que adopta el Estado y que tiene consecuencias en el sistema de financiación va alterando el flujo de ingresos y las expectativas de las comunidades autónomas. Por eso, a la hora de iniciar una reforma del
sistema de financiación, lo primero que hay que hacer es una lectura en dinámico de qué es lo que está pasando y qué venía sucediendo en estos últimos años.


Por acabar hablando de este tema de una manera un poco más sistemática, en primer lugar, estamos en el momento histórico que estamos y, en consecuencia, en puertas de elecciones en doce comunidades autónomas -si no recuerdo mal-, por lo que
no es el momento de abrir una negociación. Yo creo que esto hay que dejarlo claro. También es verdad -lo decía la señora Blanquer- que durante todos estos años se ha estado trabajando y se han estado buscando las aproximaciones técnicas mejores
para que en el momento en que se abra el debate sobre el nuevo modelo de financiación no partamos de cero. Y trabajos técnicos ha habido muchos. Yo me remontaría, porque creo que es significativo, incluso a la comisión de expertos del año 2017.
Es verdad que ese informe, en cuanto a que los expertos que participaron en las reuniones fueron designados por el Estado o por cada una de las comunidades autónomas, tenía más espacio en el informe final dedicado a los votos particulares que a las
conclusiones comunes. En cualquier caso, es un buen trabajo y sienta una base sobre la cual se podía trabajar. En los grupos de trabajo del Consejo de Política Fiscal y Financiera ha habido continuos trabajos orientados a aspectos muy concretos,
pero aportan información necesaria para cerrar un posible nuevo modelo. Y, como decía la señora Blanquer, ha habido una encuesta realizada por la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local del ministerio a las comunidades autónomas sobre
la población ajustada, que es el principal criterio de reparto del Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales, que es una de las piedras angulares sobre la que hay que construir el nuevo sistema. Es decir, tenemos bastante información,
además de sobre cuál es la posición de cada una de las comunidades autónomas, sobre cuáles son los puntos de acuerdo y cuáles son los puntos de discrepancia de cara a poder, cuando surja la oportunidad, lanzar un debate y hablar en profundidad de
todos estos temas.


Hay que decir que el sistema de financiación vigente no ha podido tener peor suerte, porque, claro, nace en un momento en el que estalla una crisis financiera en la que se derrumban los ingresos y, en consecuencia, es imposible ni siquiera
hacer una lectura del punto en el que nos encontraríamos en una situación económica estable. Luego, surge la crisis institucional en Cataluña, que es una de las comunidades autónomas de mayor tamaño, se produce un cambio político, la repetición de
elecciones, la pandemia, la invasión de Ucrania, la crisis energética. En fin, que son momentos convulsos en los que no

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es el mejor momento como para abrir una negociación que, además, tiene hasta un problema de qué cifras utilizas como referencia, porque estos últimos años han sido tan atípicos que, probablemente, para encontrar un año que sea medianamente
representativo hay que irse al año 2019, si no antes, y estamos en el 2023. Con lo cual, tomar como referencia lo que pasaba hace cuatro años, tampoco sé si es lo mejor. Digamos que ese es uno de los aspectos negativos que complican la
negociación.


En cuanto a los aspectos positivos de cara al futuro a medio plazo, estamos en un momento en el que las entregas a cuenta han crecido de manera muy significativa, es decir, dentro de las quejas legítimas respecto de la financiación que
recibe cualquier comunidad autónoma lo que es innegable es que en estos momentos la financiación es más alta de lo que era en el pasado. Además, como el cierre de recaudación, cuando tengamos la cifra definitiva del año 2022, va a apuntar a una
tasa de crecimiento muy alta, las liquidaciones del sistema por el año 2022, a distribuir a las comunidades autónomas en el año 2024, también van a ser muy buenas. Con lo cual, desde la perspectiva de llegar a acuerdos, es mucho mejor estar en una
situación medianamente saneada y con unos ingresos mínimos garantizados que en una situación de incertidumbre en donde la recaudación cae y las perspectivas no ayudan a llegar a acuerdos.


Todo el mundo entiende que el nuevo sistema tiene que favorecer la suficiencia de nuestros entes territoriales, al menos en los años de crecimiento del ciclo económico. Cuando la economía se da la vuelta, no hay sistema de financiación que
lo soporte, centralizado o descentralizado, eso lo tenemos que tener claro. Cuando se diseña un sistema de financiación, se diseña para un ciclo y de acuerdo con un planteamiento de cuál va ser la evolución media de la economía durante ese periodo.
Tenemos que buscar la simplificación y tenemos que buscar una mayor transparencia. ¿Simplificación? Ahora tenemos cuatro fondos. No necesariamente un nuevo sistema de financiación tiene que pivotar sobre cuatro fondos. Puede haber un fondo de
financiación horizontal, un fondo de financiación vertical, tiene que haber un fondo para aquellas comunidades autónomas que asumen competencias no homogéneas. Eso parece claro, pero no necesariamente tenemos que ir a un esquema extraordinariamente
complejo, porque normalmente la falta de simplicidad se traduce también en mayores dificultades para poder ser transparentes y que todo el mundo sepa dónde nos movemos.


Hay un problema, efectivamente, de resultados, probablemente más heterogéneos por territorios de lo que se pretendió cuando se diseñó el sistema de financiación, aunque también es verdad que siempre va a haber una media y, cuando hay una
media, hay quien está por debajo de la media y quien está por encima de la media, porque si todo el mundo va a estar en la media, no necesitamos sistema de financiación territorial, y este es un aspecto a tener en cuenta. Luego, tenemos que mejorar
técnicamente algunas cuestiones, como, por ejemplo, el cálculo de la recaudación normativa, es decir, el impacto que tienen las subidas y bajadas de impuestos, que lo estamos haciendo con una reglas del pasado. Hoy en día tenemos muchísima más
información; las posibilidades de utilizar toda la información disponible y los métodos de análisis que hay hoy en día nos pueden permitir un modelo mucho más evolucionado y mucho más acorde con la realidad. Habrá que sentarse y empezar a tomar
decisiones.


En cuanto al número de fondos, hay quien querría tener un fondo, hay quien diría que mejor dos; o el porcentaje de nivelación, donde hay comunidades autónomas que son partidarias de nivelar al 100 %; otras comunidades autónomas son
partidarias de mantenerlos en el 75 % de nivelación, que es el porcentaje en el que estamos ahora.


Respecto a la población ajustada, hay diferencias, pero yo creo que no son sustanciales. Desde luego, a algunas comunidades autónomas les viene mucho mejor considerar simplemente la población, sin ajustes, y hay otras comunidades autónomas
que tienen población, por ejemplo, más envejecida y por supuesto que quieren que los cálculos se hagan sobre la población ajustada. Y hay comunidades autónomas en las que la dispersión territorial, la orografía o la despoblación son factores muy
relevantes y quieren que se integre en el modelo con más peso que el que tienen ahora, como pueda ser la insularidad u otros factores de esa naturaleza.


Hay una regla que sobrevuela siempre que se abre una negociación de un sistema de financiación territorial, que es la regla del statu quo, porque, en la medida que va a suponer cambios, es una aspiración legítima de las comunidades autónomas
que el nuevo modelo no resulte algo peor del punto del que se partía. Desde el punto de vista político, hay que ser realista. Una regla de ese tipo, evidentemente, supone un condicionante sin el cual difícilmente vas a lograr acuerdos muy amplios.


Tenemos un sistema de liquidez, unos fondos de liquidez autonómica, el FLA, que lo hemos utilizado de manera absolutamente intensiva en estos últimos años y que en un dibujo de futuro yo creo que hay consenso en que tendría que convertirse
en un sistema de financiación de último recurso. Es decir, las

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comunidades autónomas tendrían que salir al mercado a financiarse, sin perjuicio de que en un momento de conflicto o de problemas, de cierre del mercado, de situación de crisis, como la que hemos vivido últimamente, tenga que ser el Estado
el que se endeude en nombre de todas ellas, funcionando como último recurso y no como sistema recurrente de financiación de muchas comunidades autónomas. Eso, evidentemente, hay que hacerlo cuando el mercado lo permita, no en una escalada de tipos
de interés en que podría ser peor el remedio que la enfermedad. Yo creo que este es otro punto muy básico. Desde luego, no es lo mismo el punto de partida de una comunidad autónoma que esté muy endeudada que otra que esté menos endeudada; es
decir, hay que buscar un punto de partida en donde todas ellas se puedan sentir cómodas.


Tenemos que ver qué hacemos con el Fondo de Compensación Interterritorial, que en estos últimos años está teniendo un peso muy reducido. Tenemos los mimbres, luego, hay que sentarse y empezar a negociarlo en un momento en el que la
situación económica sea un poco más plana de lo que está siendo últimamente, que tengamos unas tasas de crecimiento más estables, que no tengamos tantas incertidumbres. Yo siempre prefiero ser optimista. Hay grandes diferencias, son legítimas, las
posiciones de cada comunidad autónoma desde luego responden, como no puede ser de otra manera, a sus intereses, pero también todo el mundo es consciente de que no queda otra que llegar a acuerdos.


El factor reglas fiscales va a ser muy relevante. Si se cambian las reglas fiscales en Europa, las tendremos que cambiar también internamente, con lo cual, tendremos que ver si tiene más importancia en el nuevo esquema el endeudamiento y
ver cuál es la posición de partida de cada una de las comunidades autónomas por cumplir esta idea que yo decía de facilitar la salida al mercado.


En cuanto a las competencias normativas y las competencias gestoras, son importantes, pero la mayor parte de las comunidades autónomas no pone el énfasis en esos puntos, son más importantes las cuestiones financieras. Yo, lo que les puedo
decir, como mi comparecencia era sobre expectativas y perspectivas en el año 2023, es que la Secretaría de Estado de Hacienda y la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local van a seguir los trabajos preparatorios para que, cuando
entremos en un escenario en que política y económicamente se pueda abrir la ventana de oportunidad para cerrar un nuevo sistema de financiación territorial, estén todas las incógnitas pintadas y quien tenga que resolver la ecuación pueda empezar a
negociar en el doble plano, porque aquí hay que negociar en el plano político, muy especialmente en esta Cámara, pero también en el plano multilateral, combinado con el bilateral, con el conjunto de las comunidades autónomas en el Consejo de
Política Fiscal y Financiera, pero también con cada una de ellas para conocer adecuadamente su realidad y sus necesidades.


Nada más. Me he explayado demasiado sobre este tema, pero quería compartir el punto en el que estamos o, al menos, cuál es la visión que yo tengo y dejarles con un poso de optimismo respecto de que en el medio plazo sí que podremos reformar
de forma satisfactoria para todos el sistema de financiación.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Llegados a este punto, despedimos al secretario de Estado de Hacienda, dándole las gracias porque, una vez más, creo que no ha defraudado, ha dado cumplida respuesta a todas y cada una de las cuestiones que le han
planteado.


Se levanta la sesión.


Era la una y treinta minutos de la tarde.