CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2023 XIV LEGISLATURA Núm. 852

CONSTITUCIONAL

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ROBERTO URIARTE TORREALDAY, VICEPRESIDENTE PRIMERO

Sesión núm. 27

celebrada el miércoles,

22 de febrero de 2023

ORDEN DEL DÍA:


Comparecencia del señor secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y Asuntos Constitucionales para la presentación del borrador del segundo Plan de Derechos Humanos (2023-2027) (Simancas Simancas). A propuesta del Gobierno. (Número
de expediente 212/002904) ... (Página2)

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Se abre la sesión a las dos y veinticinco minutos de la tarde.


El señor VICEPRESIDENTE (Uriarte Torrealday): Señorías, comenzamos esta nueva sesión de la Comisión, en este caso para la comparecencia de don Rafael Simancas, secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y Asuntos Constitucionales,
para la presentación del borrador del II Plan Nacional de Derechos Humanos.


Me ha pedido que excuse su presencia el señor presidente, así que vamos a proceder en su ausencia. Pero, antes de dar la palabra al secretario de Estado, señor Simancas, les aclaro que la primera intervención de cada uno de los grupos
tendrá una duración de diez minutos y la segunda será de tres.


En nombre de la Comisión, damos la bienvenida al señor secretario de Estado; es un auténtico placer recibirle. Tiene usted la palabra.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE RELACIONES CON LAS CORTES Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES (Simancas Simancas): Muchísimas gracias, presidente. Muy buenas tardes, señorías.


Comparezco a petición propia con un motivo de gran satisfacción entiendo que no solo para quien les habla, no solo para el Gobierno que represento hoy, sino también para esta Comisión Constitucional, para esta Cámara, que representa al
conjunto de los españoles, y para la sociedad española, en general. Vengo a presentarles el borrador del II Plan de Derechos Humanos de España. Permítanme que les adelante que, a nuestro juicio, no se trata de un documento más, fruto de la
burocracia autosatisfactoria, ni de otra ristra de buenas intenciones sin demasiado fundamento, ni de la carta a los Reyes Magos de un puñado de ingenuos y bienintencionados. El Plan de Derechos Humanos que se está pergeñado en nuestro país
pretende ser mucho más que eso. Se trata de establecer un conjunto de propósitos relevantes y de planes eficaces para su consecución que han de hacer de la sociedad española que sea más justa, más democrática y más digna, porque en eso consiste
precisamente la gran tarea de hacer efectivos los derechos humanos en una sociedad, en avanzar en justicia social, en democracia y en dignidad.


Circunstancialmente, me corresponde a mí dirigir la elaboración de este plan como secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y Asuntos Constitucionales. Pero este no es el plan de esta secretaría de Estado ni de este Gobierno. Este
es un plan de y para el conjunto de la sociedad. Esta es su vocación; así se concibe, así se trabaja y así se hará realidad. Insisto, esto es lo que pretendemos. Por tal razón, lo que presentamos hoy aquí no es el documento definitivo del Plan
de Derechos Humanos, sino un borrador, porque su opinión, la opinión de sus señorías, sus propuestas, su participación, su compromiso en la elaboración definitiva de este plan no resulta para nosotros tan solo un aderezo interesante. La opinión, la
propuesta, la participación plural de la representación política de la sociedad española forma parte de la vocación y la identidad misma de este documento.


Antes de escuchar sus consideraciones respecto al borrador -que les fue remitido, por cierto, hace unos días-, quisiera informarles brevemente sobre su contenido y el trabajo realizado hasta el momento para su elaboración. Es en este año
2023 precisamente, en el que se conmemora el 75.º aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuando presentamos este plan, un plan decisivo, que, como les decía, supone un compromiso de país para orientar el conjunto de
nuestras políticas públicas hacia el pleno ejercicio de los derechos humanos. Como saben, los planes nacionales de derechos humanos fueron propuestos en 1993, en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de Viena, con el fin de determinar las
medidas necesarias para que cada Estado promocionara y protegiera los derechos humanos, independientemente del color del gobierno en el poder. España por primera vez dio cumplimiento a este compromiso internacional a través de la elaboración y la
puesta en marcha de su primer plan de derechos humanos, que tuvo vigencia entre los años 2008 y 2012, como recordarán ustedes. Más recientemente, con motivo del último examen periódico universal, celebrado en el año 2020 en el marco del Consejo de
Derechos Humanos de Naciones Unidas, España aceptó la recomendación conjunta de varios Estados para elaborar, actualizar, en definitiva, adoptar un nuevo plan mejorado en la medida de lo posible. La Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes
y Asuntos Constitucionales del Ministerio de Presidencia -cuya titular por entonces era, por cierto, mi compañera Carmen Calvo, que está aquí presente- aceptó este compromiso por encargo del Consejo de Ministros y, en mi caso, en el caso del equipo
que tengo el honor de dirigir, nos hicimos cargo del mismo a principios de 2022.


Desde entonces, las fuentes que nos han servido de documentación e inspiración han sido múltiples y variadas. En primer lugar, desde luego, la Constitución española, el conjunto de tratados y leyes que sostienen la arquitectura de los
derechos humanos tanto a nivel nacional como europeo e internacional.

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También hemos tenido en cuenta el plan de acción de los derechos humanos y la democracia 2020-2024 de la Unión Europea, y, por supuesto la Agenda 2030, para el Desarrollo Sostenible. De especial relevancia hay que calificar las enseñanzas
que adquirimos tras la implementación de aquel primer plan 2008-2012 y el trabajo desarrollado hasta el momento desde entonces por el Gobierno de España y el conjunto de las administraciones públicas en materia de derechos humanos, así como los
compromisos que se han ido adquiriendo por unos gobiernos y otros. Los informes anuales, las recomendaciones y sugerencias que formula el Defensor del Pueblo en el ejercicio de sus funciones están siendo también de gran utilidad.


Por último, en relación con las fuentes, me gustaría indicar que el plan no es un instrumento aislado, sino que complementa e integra el trabajo de otros planes y estrategias del Gobierno de España y de otras instituciones públicas y
privadas. Planes y estrategias que comparten asimismo ambición de país, al aglutinar el esfuerzo compartido de nuestra sociedad y sus instituciones a favor de la transformación y el cambio que demanda el momento actual, también en relación con los
derechos humanos, sobre todo en relación con la garantía en la preservación y el ejercicio de los derechos humanos. Basten como ejemplos del propio Gobierno español, la Estrategia de Desarrollo Sostenible, el Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia, o el Plan Anual Normativo que, por cierto, el ministro de Presidencia presentará ante esta misma Comisión en solo unos días.


Señorías, un plan de derechos humanos no es un documento estático, como no lo son el conjunto de instrumentos internacionales y nacionales indicados para protegerlos. Los derechos y, sobre todo, las medidas que los garantizan deben
adaptarse en cada momento a la realidad que enfrentan. A esta garantía de los derechos humanos, haciendo frente a los retos del momento, intenta responder este segundo plan muy especialmente. No podemos olvidar que fenómenos como el avance de las
tecnologías, la crisis climática, los cambios demográficos, las amenazas al Estado de bienestar, la persistencia de las desigualdades o las demandas de la ciudadanía para ampliar su participación en la toma de decisiones son elementos que nos
obligan a emprender políticas en actualización continua y que debe recoger cualquier plan de derechos humanos con vocación de una mínima eficacia. También hemos de tener en cuenta los acontecimientos vividos en el mundo en los últimos tiempos, como
la pandemia o la guerra de Putin, y ser capaces de plantear acciones que hagan frente a estos desafíos desde el objetivo irrenunciable de la garantía de los derechos humanos. Porque un plan de derechos humanos como el que hoy traemos aquí no solo
debe contribuir a reforzar e incrementar la estructura de derechos en nuestro país, sino que, además, debe aspirar a la extensión de los mismos en todo el mundo en la medida de nuestras posibilidades, buscando la coherencia en las políticas que
hacemos aquí en nuestro país con aquellas que promovemos y con las que nos comprometemos en nuestras relaciones internacionales.


Los principios que orientan el plan están recogidos en el documento que han recibido ustedes y responden fundamentalmente a las prioridades marcadas por Naciones Unidas: la universalidad de los derechos para todas las personas y en todos
los ámbitos, así como su indivisibilidad y su interdependencia. Indivisibles e interdependientes; universales, pero indivisibles e interdependientes. Se trata de un principio vital, puesto que entiende los derechos desde una perspectiva integral,
sin jerarquías de unos derechos sobre otros, de forma que el borrador del plan resalta la importancia de los derechos civiles y políticos indudablemente, como es tradicional por otra parte, pero no desmerece la relevancia de los llamados derechos
sociales y económicos. Sin derechos sociales difícilmente se pueden disfrutar los derechos civiles y políticos. La pobreza, la desigualdad, las dificultades de acceso a la educación, la sanidad o la protección social limitan de una manera
definitiva el acceso a la ciudadanía plena. Además, hemos orientado el plan desde los principios de la progresividad y no regresividad de los derechos, y esto supone que adquirimos el compromiso -espero que compartido por todas las fuerzas
políticas- de que siempre debemos avanzar y ampliar derechos y nunca retroceder, ni siquiera en el marco de las crisis, por graves o duras que sean. Nunca una crisis puede utilizarse como excusa o coartada para retroceder en derechos, como
lamentablemente ha ocurrido en alguna ocasión en épocas de recortes al Estado de bienestar. Otros principios orientadores del plan, y por lo tanto presentes en todos sus objetivos y medidas, son los siguientes: la igualdad entre mujeres y hombres,
irrenunciable; la igualdad de trato y la no discriminación, sea cual sea su origen o la circunstancia que la provoca; la accesibilidad universal; la participación ciudadana; el enfoque de la infancia; la solidaridad y la cooperación
intergeneracional; la cooperación institucional, y la transparencia en la información y la rendición de cuentas en las políticas públicas. Estoy convencido de que estos principios serán ampliamente compartidos por todos ustedes.


Con estos principios orientadores como hoja de ruta para garantizar el disfrute real y efectivo de los derechos humanos, el borrador del plan que les presentamos se estructura en cuatro ejes de actuación,

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dieciséis objetivos generales, setenta y un objetivos específicos y hasta cuatrocientas quince medidas. Los cuatro ejes de actuación son los siguientes: primero, obligaciones internacionales y de cooperación; segundo, garantía de los
derechos humanos; tercero, igualdad de mujeres y hombres como garantía de los derechos humanos y, cuarto, igualdad de trato y protección de grupos específicos vulnerables amenazados como garantía de derechos. Esta estructura no surge por
casualidad. Esta estructura responde a aquellos principios de universalidad, indivisibilidad y progresividad que he mencionado con anterioridad y que queremos poner en valor.


Con el eje primero dejamos constancia en el plan de nuestros compromisos y nuestras obligaciones internacionales. Es voluntad inequívoca del plan de nuestro país trabajar por los derechos humanos en todo el mundo, como hemos dicho, y lo
hará con su participación en la Unión Europea, en Naciones Unidas, en el Consejo de Europa y en la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. Como también lo hará impulsando la cooperación con la Corte Penal Internacional, la
cooperación bilateral, regional y multilateral con otros países comprometidos con los derechos humanos y mediante las loables iniciativas de cooperación al desarrollo en los cinco continentes que suele protagonizar nuestro país desde hace mucho
tiempo. En todos estos ámbitos, el plan se compromete para reforzar y ampliar los derechos fundamentales en todo el mundo en la lucha contra la discriminación y a favor de la igualdad, en el respaldo a quienes defienden los derechos humanos, a
menudo incluso con sus vidas, con toda humildad y para todo el mundo en la medida de nuestras posibilidades. Además, en el marco todavía de este primer eje, quiero poner en valor dos cuestiones también relevantes. Este plan deja constancia
expresa, específica y subrayada del compromiso de nuestro país con los derechos de las mujeres, mediante una política exterior orientada claramente a defender la igualdad por encima de cualquier otra consideración. Queremos que esta sea una seña de
identidad del plan español de derechos humanos. De hecho, una de las grandes diferencias entre este plan y el anterior está en que en este nuevo borrador la referencia a la igualdad entre mujeres y hombres atraviesa todo el documento y no
protagoniza tan solo uno de sus apartados. Por otra parte, también queremos significar la apuesta por trabajar con las empresas, con los empresarios, con sus trabajadores y trabajadoras, para garantizar la vigencia y la progresión efectiva de los
derechos humanos también en las actividades empresariales, aquí y fuera de aquí, lo que hacen las empresas aquí y lo que hacen las empresas de aquí fuera de aquí -esto es importante-, en lo que se hace en África, en Latinoamérica, en Asia y en el
mundo. Este compromiso se desarrolla en línea con el trabajo que está realizando la Unión Europea al respecto, muy interesante, por cierto.


El eje segundo, acerca de la garantía de los derechos humanos, recoge lo más tradicional, los objetivos y compromisos sobre los que avanzan el pacto de los derechos civiles y políticos y el pacto de los derechos económicos, sociales y
culturales. Como señalaba con anterioridad, son derechos que hemos querido equiparar, dada la importancia capital y decisiva de los mismos en la configuración de nuestro Estado del bienestar, sin jerarquías. Por tanto, recogemos en este eje
aquellos derechos relativos a la defensa de las libertades, incluida la libertad de expresión, la información veraz, la participación cívica, la lucha contra la corrupción, los derechos de las personas privadas de libertad, así como la lucha contra
la trata o la explotación de seres humanos. Sin lugar a dudas, esta última, la trata, es una gravísima vulneración de los derechos humanos. También recogemos los derechos de las víctimas del terrorismo, el reconocimiento de la libertad religiosa
y, por supuesto, el derecho a una educación de calidad en condiciones de igualdad, el derecho a la salud, a la protección social, a los cuidados, el derecho a los buenos empleos, el derecho a unos ingresos adecuados, así como a una vivienda digna.
Todos ellos derechos humanos de rango económico y social. Además de este conjunto de derechos hemos querido incorporar -como les decía con anterioridad- aquellos que responden a desafíos más recientes, como el relativo a los llamados derechos
digitales. Se trata tanto de favorecer el acceso al mundo digital en condiciones de igualdad como de evitar los riesgos que también conlleva este nuevo reto. Igualmente, consagramos el derecho al medio ambiente, un derecho que es vital para
nuestra salud y la del planeta que habitamos. Por otra parte, este eje se complementa con un objetivo -el 2.10- cuya finalidad es avanzar en el refuerzo de nuestro compromiso con el sistema de derechos humanos de Naciones Unidas. Es muy importante
hacer seguimiento, evaluación y compromiso constante en relación con los derechos humanos en el ámbito global. Reconocemos en el borrador la importancia de la función que tienen los informes, los pronunciamientos de los órganos de tratados de
derechos humanos de los que España es parte, buscando mecanismos de seguimiento y respuesta y apoyando a las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en este ámbito. No se trata solo de hablar y hablar, de escribir y escribir, de
comprometer

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y comprometer acerca de los derechos humanos, se trata también de seguir, de evaluar, de rendir cuentas, de corregir, de asegurar que lo hablado, que lo escrito y que lo comprometido se convierte en esfuerzo real, comprobable, constatable y
efectivo; discutible, sin lugar a dudas, pero evaluable, contrastable y efectivo.


Junto a este desarrollo de derechos, que podríamos calificar como sectoriales, el plan incorpora de manera transversal, insisto una vez más, la igualdad de mujeres y hombres, así como la no discriminación. Como les adelantaba, la
perspectiva de género y feminista está presente en todo el texto, pero además este compromiso se refuerza con un eje propio específico, el tercer eje de igualdad de mujeres y hombres, que quiere dejar claro algo muy simple y elemental, que los
derechos de las mujeres también son derechos humanos. Por eso, este eje afronta la necesidad de seguir trabajando para combatir lacras como la desigualdad y la violencia de género, así como luchar a favor de la igualdad real y efectiva de las
mujeres en el conjunto de la sociedad y en el empleo de una manera muy especial y específica.


Así queda plasmado también en el eje cuarto, en el que recogemos aquellas políticas dirigidas específicamente a combatir la discriminación que sufren las personas por diferentes causas. Además del impulso a la Ley integral para la igualdad
de trato y no discriminación -que conocen ustedes porque se ha aprobado aquí-, y de acuerdo con las orientaciones de Naciones Unidas, el plan deja constancia de su compromiso en la lucha contra el racismo y la discriminación racial, la
discriminación que sufren las personas LGTBI y también la que tiene su origen en la discapacidad. El plan refuerza el objetivo de la igualdad del pueblo gitano, combate la discriminación con la que pueden encontrarse las personas mayores o las
familias en su conformación diversa en línea con las conclusiones, por cierto, de la Subcomisión que ha trabajado al respecto en este Congreso de los Diputados con un resultado muy alentador. El borrador del plan combate el odio y apuesta con
contundencia por la protección de los derechos de la infancia y de las personas migrantes, de los solicitantes de asilo y de las personas beneficiarias de atención humanitaria. Por supuesto, el plan enfrenta las nuevas situaciones de
discriminación. Por ejemplo, hemos hablado de las nuevas tecnologías, que a menudo son un instrumento que nos permite acceder a derechos pero que pueden convertirse también -hablamos de las brechas- en una dificultad. Nos lo están haciendo ver,
por cierto, muchas personas mayores, y es nuestra obligación dar respuestas que eviten su exclusión, la exclusión de las personas mayores en los ámbitos que van dominando las nuevas tecnologías. Las brechas digitales son una realidad cada vez más
preocupante y responder a esta realidad también es luchar por los derechos humanos. El reto de la inmigración, el incremento de las solicitudes de asilo y protección humanitaria en un mundo con grandes dificultades también está presente. La
situación en Ucrania, en Siria, en Afganistán, en tantas partes del mundo, ha hecho que tengamos que adaptar y mejorar nuestros sistemas de protección para acoger a las personas que sufren. Hay mucho por mejorar a este respecto y el plan intenta
apuntar en esa dirección.


Como ustedes saben, el Centro de Investigaciones Sociológicas ha publicado recientemente un amplio estudio que recoge el enorme valor que los españoles y las españolas conceden a los derechos humanos. Es una buena muestra de la vigencia de
la Declaración Universal en su 75.º aniversario: hasta el 94,4 % de la ciudadanía de nuestro país considera que los derechos humanos son importantes para garantizar una sociedad justa. La ciudadanía española pone en valor algunos de los avances
que hemos pretendido recoger en este plan, como la incorporación de los derechos medioambientales, que apoya casi un 74 % de la población, o el derecho a la sanidad, a una sanidad que proteja a nuestras familias, que defiende hasta el 73 % de la
población como un derecho humano clave. El estudio muestra también el importante compromiso de toda la sociedad española, independientemente de su adscripción ideológica, con valores como la democracia, la libertad, la igualdad, el bienestar social
y la paz, que son conceptos que, como es lógico, tienen cabida y relevancia en un documento como este. La ciudadanía asegura también que habría que erradicar de este mundo con mucha urgencia el trabajo infantil, los matrimonios forzados o que
existan niños soldados, un 87 % se manifiesta al respecto; la falta de acceso a agua potable, 86 %; la privación de alimentos, 84 %; la tortura, la pena de muerte o la esclavitud, 83 %, así como la violencia ejercida contra las mujeres, alrededor
del 80 %. Todos estos son compromisos que la ciudadanía reclama y que hemos intentado recoger razonablemente en este plan de todos.


Después de haber dado un repaso a los contenidos del plan, para terminar quisiera hacer referencia también a cómo se ha elaborado. La característica más relevante del proceso de elaboración del plan es que está siendo un proceso
extraordinariamente compartido y participado. Esta es también -lo pretendemos así- su seña de identidad. Comenzamos, como es lógico, con los ministerios. En la elaboración del plan han estado directamente involucrados hasta catorce ministerios
del Gobierno de

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España, que nos han acompañado durante todo el proceso y han conformado el núcleo más activo en su definición, así como en el análisis y en la valoración de las propuestas que nos iban llegando. Paralelamente, ha sido clave el papel de la
comisión asesora del plan, que está conformada -tienen ustedes la relación de sus integrantes en el borrador que les hemos enviado- por personas expertas en derechos humanos procedentes de diversas organizaciones e institutos universitarios. En
fin, gente solvente y entendida en la materia. Su identidad y referencias están reflejadas, insisto, en el anexo al borrador del plan que les hemos enviado. Sus miembros han tenido un papel muy destacado en la elaboración de este plan. Por
cierto, quiero subrayar muy especialmente el esfuerzo invertido en esta tarea por la vicepresidenta de la Comisión, Purificación Causapié, y la secretaria de la misma, Violeta Martín -que nos acompañan-, para que quede reflejado su trabajo en el
Diario de Sesiones. Desde luego, también merece especial mención -quiero subrayarlo- la participación de la institución del Defensor del Pueblo, Alto Comisionado de estas Cortes Generales, para la garantía de los derechos fundamentales y como
institución nacional de derechos humanos acreditada al máximo nivel. Con el trabajo de la comisión asesora de la Defensoría del Pueblo hemos logrado mejorar notablemente el plan, a nuestro juicio, no solo desde el punto de vista cuantitativo, por
la cantidad de medidas incluidas, sino también en clave cualitativa gracias al rigor, al alcance y a la actualidad de sus aportaciones. De ellos proceden muchas de las medidas que componen el borrador que tienen en sus manos. Han hecho
aportaciones expertas en la estructura, los contenidos y, muy importante, al proceso de gobernanza, seguimiento y evaluación, que quiero subrayar muy especialmente.


Además, nos propusimos hacer un plan que fuera referente para el conjunto de la sociedad española. Por eso, también los ciudadanos y las ciudadanas, a título particular, han contado con su espacio de participación directa en el mismo.
Primero, a través de una consulta pública durante la primavera del año pasado, habilitada en la web del Ministerio de la Presidencia. Por medio de este procedimiento recibimos centenares de aportaciones de gran interés, tanto de personas a título
individual como de organizaciones de defensa de derechos civiles, políticos, sociales, educativos, culturales, sanitarios, institutos universitarios de derechos humanos y un etcétera largo y diverso. Quisimos también dar a conocer al gran público
lo que estábamos haciendo y cómo lo estábamos haciendo. Por ello, como recordarán, organizamos el pasado 22 de junio un acto abierto bajo el lema 'Los derechos humanos, nuestro compromiso'. Allí desgranamos el proceso de elaboración del plan.
Aprovechamos la ocasión también para dar voz a alguna de las personas, muy representativas, que han visto vulnerados sus derechos humanos, aquí y fuera de España. Fue un acto realmente emocionante.


Además, con la intención de abrir en mayor medida el proceso participativo, mejorar los contenidos y conseguir el mayor grado de participación y compromiso, el pasado mes de octubre hicimos público el primer borrador del segundo plan. Se
puso a disposición del conjunto de la ciudadanía a través de la web de la secretaría de Estado y también se envió directamente a consejerías de Presidencia de todas las comunidades autónomas, a las principales organizaciones sindicales y
empresariales, a los partidos políticos con representación parlamentaria y a todas aquellas entidades y organizaciones que habían participado en la consulta pública, además de a las principales organizaciones y plataformas de derechos humanos, de
las que, por cierto, hay en España un espléndido elenco. Enviamos el borrador a la Federación Española de Municipios y Provincias y, como es lógico, a todos los ministerios implicados en el plan para que lo distribuyeran en sus propios consejos de
participación ciudadana. La respuesta -he de reconocerlo- superó nuestras expectativas y no fue fácil de gestionar. En el anexo del borrador pueden consultar la relación de participantes. Recibimos miles de respuestas y un total de novecientas
cincuenta y siete aportaciones estructuradas y fundamentadas a modo de propuesta formal, casi mil, que afectaban a prácticamente todos los objetivos generales del borrador. El resultado de este amplio proceso participativo ha dado lugar al borrador
que hoy les presentamos, sin duda perfectible, sin duda mejorable, sin duda criticable, pero fruto de una tarea -y quiero subrayarlo- ampliamente participada, transversal y de colaboración muy diversa. Iniciamos el documento con doscientas noventa
y cuatro medidas y hoy tiene cuatrocientas quince, ciento y pico más nuevas gracias a la participación de sectores diversos de la sociedad española. Fruto de esta participación, no solo se han incorporado nuevas medidas, sino que hemos ampliado los
principios orientadores, las introducciones de los ejes y se han precisado y mejorado, completado incluso, muchas de las medidas que ya estaban propuestas con anterioridad.


En definitiva, tengo que decirles que no hubiéramos podido llegar hasta aquí sin cada una de las personas, de las instituciones, de las organizaciones, que nos han acompañado durante estos meses en el proceso de elaboración del II Plan
Nacional de Derechos Humanos. La experiencia ha sido grata y

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satisfactoria. Entre mis tareas -como saben todos ustedes, que son compañeros además de escaño- hay muchas otras que no son tan gratificantes como esta. Por eso, me recreo tanto en la suerte. No obstante, les dejo a ustedes la valoración
final del escrito. Solo añadiría que si fue importante la participación en la elaboración del plan, la participación va a ser incluso más importante en la fase posterior, cuando se trate de implementar el plan, de hacerlo realidad y de impedir que
se quede solo en el papel; papel interesante, bienintencionado, pero, si no se hace efectivo, pues relativamente poco útil.


En este contexto, adelanto que hemos entendido que es fundamental que los grupos parlamentarios tengan un espacio en las tareas de puesta en marcha, seguimiento y evaluación del plan. De hecho, lo traemos aquí antes de aprobarlo en el
Consejo de Ministros para ver la posibilidad de incorporar sus propuestas, si las hubiera. Una manera de garantizar su presencia en el futuro consiste en que los informes anuales de evaluación sean presentados aquí de manera periódica ante esta
Comisión Constitucional del Congreso. Ese es el compromiso que aparece, además, consignado y reseñado en el propio plan. Igualmente, las comunidades autónomas, las administraciones locales, en el ejercicio de sus competencias, juegan un papel
esencial en la prestación de los servicios públicos asociados al disfrute de muchos derechos humanos. Por eso, en la fase de desarrollo del plan se arbitrarán mecanismos orientados a facilitar su cooperación y participación. Por supuesto, formarán
parte de la estructura operativa de gobernanza y seguimiento a través de su participación en el comité de dirección. Queremos seguir contando con el conjunto de la sociedad civil organizada en torno a la defensa y promoción de los derechos humanos,
por lo que vamos a seguir articulando vías de participación activa a través de foros, encuentros, eventos públicos. Vamos a habilitar procesos de consulta y de información pública y, desde luego, mantendremos una coordinación estrecha con las
organizaciones especializadas en materia de derechos humanos, que también estarán en el comité de dirección para la implementación del plan.


Por último, en relación con la gobernanza, el seguimiento y el sistema de evaluación y rendición de cuentas, está previsto que el plan sea objeto de seguimiento continuado para garantizar su ejecución, evaluación sistemática durante todo su
tiempo de vigencia para garantizar su ejecución. Como les avanzaba, vamos a contar con una estructura operativa, compuesta por un comité de dirección, una comisión interministerial de seguimiento y una secretaría ejecutiva. Nada de esto supondrá,
por cierto -y me adelanto-, un aumento en el número de cargos de asesores o de trabajadores en la secretaría de Estado. Los mismos que hemos hecho el trabajo hasta ahora, vamos a seguir haciéndolo en el futuro, me temo. El comité de dirección será
el encargado de seguir la ejecución del plan y, por tanto, tendrá competencias para proponer la adopción de medidas de corrección, actualizaciones precisas para la mejora del mismo; estará compuesto por representantes de los ministerios, de las
comunidades autónomas, de la Federación Española de Municipios y Provincias, así como de personas expertas, organizaciones de derechos humanos, representantes de la sociedad civil e interlocutores sociales, como les avanzaba. La comisión
interministerial de seguimiento se encargará de supervisar el desarrollo del plan, garantizar su comunicación y difusión y en ella estarán presentes los catorce ministerios involucrados. Por último, la secretaría ejecutiva se encargará de prestar
apoyo a la comisión y al comité. Por lo que se refiere a la vigencia, hemos querido que el plan no fuera un plan de legislatura. Hemos pretendido que este esfuerzo colectivo por mejorar y aumentar la garantía y eficacia de los derechos y las
libertades públicas fuera más allá de los tiempos que marcan la política partidaria. Por eso, hablamos de que el plan se desarrolle a lo largo de los próximos cinco años; que comience este año y está previsto que finalice su vigencia en 2027.
Ahora bien, con las revisiones, con las actualizaciones, con las adaptaciones que sean precisas y que están previstas, por cierto, como les vengo contando.


Acabo ya. Por tanto, cuando comenzamos esta aventura, allá por el mes de enero del año pasado, nos planteamos dos metas que quiero compartir con ustedes. En primera instancia, podrían considerarse incompatibles, incluso contradictorias,
pero que hemos querido mantener. Se trataba de hacer un plan ambicioso, más allá de formulaciones tópicas y típicas sobre los derechos humanos; un documento con objetivos de los que sirven para lograr nuevas conquistas, para avanzar, para
progresar, para ganar en convivencia, en bienestar, en justicia; un plan con suficiente concreción, aun sin llegar a la concreción propia de un proyecto de ley, de un plan de Gobierno o de un plan normativo al uso. Y se trataba también -ambición-
de hacer un plan de consenso; ambición y consenso no suelen casar bien. No queríamos un plan de partido; no queríamos un plan de coalición; no queríamos un plan de Gobierno o de mayoría circunstancial. Queremos un plan que represente a una gran
mayoría de ciudadanos y ciudadanas, una gran mayoría plural, diversa, comprometida, eso sí, con el avance en materia de derechos humanos, esa mayoría que recoge el estudio sociológico del que les hablaba hace un momento. Y eso es lo que hemos

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intentado hacer en este tiempo, un plan ambicioso que sirviera para guiar la actuación de las administraciones públicas, del conjunto de la sociedad civil en relación con la garantía de derechos; un plan riguroso tanto en sus planteamientos
como en el camino a seguir, y un plan muy participado, que contara con la mayor variedad de actores, que apuntaran hacia el mayor consenso posible. Ojalá compartan conmigo la opinión de que lo hemos conseguido razonablemente.


Tras mi comparecencia hoy aquí, la semana próxima compareceré en la Comisión Constitucional del Senado, vamos a recoger las propuestas que nos envíen los grupos parlamentarios en esta sesión o durante los próximos días por correo o a través
de la fórmula que consideren, y trasladaremos el plan al Consejo de Ministros para su valoración, para su aprobación y para compartirlo con las instancias internacionales correspondientes. Una vez hecho todo esto, nos queda -como les decía- la
parte más importante, que es la de cumplir con los compromisos que recoge el II Plan Nacional de Derechos Humanos, garantizando su disfrute real y efectivo a todas las personas. También les espero a todos y a todas en esta tarea.


Muchísimas gracias por su atención. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Uriarte Torrealday): Muchísimas gracias, señor secretario de Estado, señor Simancas, tanto por su voluntad de venir a esta Comisión como por enviar los materiales y por esa defensa que ha realizado de esos
materiales remitidos con claridad para que podamos valorarlo.


Es el momento de proceder a la valoración de la intervención por parte de los grupos parlamentarios representados. Si no me equivoco, no hay representación en este momento del Grupo Parlamentario Mixto, con lo cual, daríamos su turno de
palabra a la representante del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, doña Mertxe Aizpurua.


La señora AIZPURUA ARZALLUS: Eskerrik asko.


Gracias, señor Simancas, secretario de Estado, por sus explicaciones. Es verdad que el papel lo aguanta todo, pero es cierto también que es conveniente que estén las cosas escritas sobre un papel. Eso también es cierto. Página a página,
este borrador creo que puede firmarlo cualquier defensor de los derechos humanos. Le he dado una lectura un poco rápida, así, en diagonal, pero es cierto, y usted también lo ha remarcado, que quizá está repleto de buenas intenciones. Bien, de eso
se trata, de que no quede únicamente en buenas intenciones, porque quizá lo que sobran muchas veces son los enunciados, o no, puede que ni siquiera sobren los enunciados y que también estén bien, pero es verdad que en este Estado quizá lo que más
falla en ese terrenos son precisamente las garantías de que lo que se anuncia, lo que se suscribe, lo que se firma en materia de derechos humanos se cumpla realmente. Lo digo porque hay un espacio de cierta nebulosa, a veces muy espesa, para las
conculcaciones de derechos humanos en las que tiene la responsabilidad el Estado o las estructuras del Estado. Respecto a ese tema, sí encuentro que hay un vacío en esta lectura rápida que he hecho del documento.


El borrador potencia la perspectiva de derechos humanos en el trabajo de las fuerzas de seguridad del Estado, por ejemplo; promueve también los principios de justicia, verdad y reparación para las víctimas de la Guerra Civil o del
franquismo, de la dictadura; refuerza los derechos de las víctimas del terrorismo, pero no habla para nada de las conculcaciones de derechos humanos que se hayan podido producir durante la Transición y durante el periodo democrático actual. El
tema es que se producen y, si no hablamos de ello, no quiere decir que no existan, porque existen. Me voy a detener únicamente en un caso para que se entienda lo que estoy diciendo. Lo traigo porque se han cumplido veinte años esta semana del
cierre ilegal del único periódico en euskera que existía en aquel momento, hace veinte años, el periódico Egunkaria. Es un buen ejemplo de todo lo que estoy diciendo. La Audiencia Nacional ordenó el cierre -que, ya digo, posteriormente fue
declarado ilegal-; se detuvo a su equipo directivo -diez personas detenidas, torturadas y encarceladas-, y años más tarde los propios tribunales dictaminaron que fue un cierre ilegal y el Tribunal de Estrasburgo condenó al Estado español por ni
siquiera haber investigado las torturas. Esto fue un ataque a la libertad de expresión, a los derechos humanos, y veinte años después no ha habido por parte del Estado ni reconocimiento ni resarcimiento ni justicia para las personas que sufrieron
aquel ataque antidemocrático. Es solo un ejemplo. Entonces, me permito hacer una sugerencia al borrador. En su página 68 -y usted precisamente ha dado lectura a este párrafo en concreto- se compromete a reforzar el compromiso con el sistema de
derechos humanos y pone sobre el papel el reconocimiento de los informes, dictámenes y pronunciamientos de órganos de los tratados de derechos humanos de los que España forma parte. Lo ha dicho usted y, además, lo ha remarcado. Bueno, pues
faltaría el cumplimiento de todo esto. Faltaría el cumplimiento no de reforzar, no de reconocer, no de tomar en consideración, no

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de ningún eufemismo de este tipo a los que estamos acostumbrados en esta clase de textos, sino que se incluya el compromiso firme de cumplir esos dictámenes que vienen de los tribunales europeos. Creo que sería un avance sustancial el que
plantearía este documento.


El plan es muy completo, es verdad que abarca muchos campos y de muy diferentes ámbitos y está bien que así lo haga. Me voy a detener en algunos de ellos. El tema de la información veraz. Me parece importante también que haya un artículo
en el que se hable de combatir la desinformación y, acertadamente, además, se incluye ahí la ley de información clasificada, que sustituye a esa legislación franquista que tenemos y que viene de 1968. Está en la página 43. Vienen a decir que la
legislación regulará la información clasificada como excepción y que, en ningún caso, las violaciones de derechos humanos podrían entrar en esta categoría. Ojalá sea así, pero el camino que parece que se está vislumbrando hasta el momento en esa
nueva Ley de Secretos Oficiales no parece que vaya por esta senda, en nuestra opinión.


Otro punto positivo -hay más, ya digo, esto es un recorrido muy somero de todo-, el tema de los derechos digitales. Está bien que entren los derechos digitales también. Es positivo que se contemple la aplicación en el Estado español de la
Ley europea de Servicios Digitales, la DSA, porque hay que solucionar, en la medida de lo posible, ese gran problema que se ha suscitado con las plataformas digitales, que se han convertido en juez y en parte de todo y que directamente censuran
conforme a sus propios sesgos, a sus propios criterios, cuando, además, son criterios secretos y son criterios privados los que imperan. En líneas generales, diré que nuestra valoración es positiva, pero queremos recordar que en un Estado los
derechos humanos valen lo que valen sus garantías. Eso es lo que valen los derechos humanos. De ahí la necesidad de cumplimiento real de lo que se escribe sobre el papel y de tomar garantías con respecto a este tema. Precisamente, desde el ámbito
de la izquierda, sea esta más o menos moderada, eso da igual, pero específicamente desde ahí, yo creo que es importante tener en cuenta que desde el mismo momento en que dejan de promoverse o de defenderse esos derechos estos comienzan a debilitarse
poco a poco.


Y ya que hablo de defensa de los derechos humanos, creo que tengo que decir que echamos en falta una acción más proactiva de este Gobierno en favor de la situación de un periodista vasco, Pablo González, que está encarcelado en Polonia. Se
va a cumplir el 28 de febrero, el próximo martes, un año desde que fue detenido. Está en una situación yo diría que irregular, porque la acusación de espionaje que se cierne sobre él no tiene ni pruebas ni tiene garantías procesales. Está
ocurriendo en la Unión Europea, está ocurriendo en Polonia. El ministro Albares nos ha dicho, una y otra vez, que está atendido desde el Gobierno. No creemos que sea así, porque la realidad es que Pablo González solo ha tenido en todo este tiempo
una visita de un familiar directo y sus tres hijos menores llevan un año sin ver ni poder hablar con su padre. Esta es la realidad y creemos que Pablo González debe ser defendido y, como secretario de Estado, ya que estamos hablando de derechos
humanos, creo que es de justicia pedírselo.


Eskerrik asko.


El señor VICEPRESIDENTE (Uriarte Torrealday): Mil esker, Aizpurua andrea. Gracias.


Si no van a intervenir el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) ni el Grupo Parlamentario Ciudadanos, pasamos la palabra a la representación del Grupo Parlamentario Plural que, si no me equivoco, va a ser compartida por la señora Illamola y el
señor Pagès. Tiene usted la palabra, señora Illamola.


La señora ILLAMOLA DAUSÀ: Gràcies, senyor president, bona tarda. Esta primera intervención la haría yo y, como tengo que salir, continuaría después mi compañero Josep Pagès.


Tenga usted en cuenta que las aportaciones que haremos tanto mi compañero como yo serán aportaciones para la mejora del borrador que nos ha presentado. Usted decía hace un momento que se las hiciésemos llegar. Se las hacemos llegar ahora
mismo con lo que vamos a ir diciendo. Yo voy a ir tratando distintos temas, no sé si de una forma muy ordenada o no. Lo lamento. Mi intención es hacerlo ordenadamente, no obstante. Empezaré por la participación, porque no me ha quedado claro.
No me quedó claro en la lectura del texto y ahora, con su explicación -es culpa mía, seguramente-, no me ha quedado claro cómo han intervenido realmente las comunidades autónomas y la Administración local en la elaboración del plan. En el texto se
habla de ejecución y de rendición de cuentas, pero en la elaboración no sé si solamente ha sido en ese proceso participativo del que usted ha hablado al final, en el que todo el mundo podía participar, o si han tenido un papel más específico, que es
lo que nosotros creemos que debería haber ocurrido.

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Se ha dicho también ahora por la portavoz del Grupo Parlamentario Bildu que la ratificación es importante, pero que se deben cumplir, que el papel todo lo aguanta. En este sentido, en su texto hablan de que España ha tenido un intenso
periodo de ratificación de tratados. Muy bien, ¿y el cumplimiento de esos tratados dónde está? Hay una parte en la que ustedes dicen que, con motivo del examen periódico universal, España aceptó la recomendación de varios Estados de elaborar y
adoptar un nuevo plan de derechos humanos. Claro, el anterior plan es de 2008 a 2012. Han sido lentos -bastantes años- en adoptar el segundo o en proponer el segundo, los gobiernos que hayan sido, y en su propio texto dicen que España aceptó.
Buena parte de la doctrina y de los expertos en derecho internacional nos dicen que los informes y los dictámenes del Examen Periódico Universal vinculan a los Estados. Además, en otra parte ustedes dicen que uno de los objetivos que tienen es
colaborar activamente en el Examen Periódico Universal, realizando recomendaciones a otros Estados. ¿Cómo lo harán? Si el otro Estado les dice que no acepta una recomendación que ustedes han hecho, ¿en qué queda esa colaboración entonces? Nos
parece una postura un poco contradictoria. También hablan ustedes de apoyar la labor del GRECO. Nosotros consideramos que no se debe apoyar la labor del GRECO, sino que se debe cumplir lo que indica el informe del GRECO. También hablan de
impulsar la adhesión a convenios del Consejo de Europa de terceros países. Habrá que impulsar la adhesión, pero también habrá que impulsar el cumplimiento de lo que dicen esos convenios, porque, si no, son nada más que fotos y para eso no estamos.


En otra parte hablan de mejorar el acceso a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Con lo de mejorar el acceso a la jurisprudencia no sé si se refieren a que se puedan encontrar fácilmente las sentencias, porque eso es
fácil, o a la segunda parte en la que dicen que garantizarán la introducción de esos estándares en cursos formativos a los servidores públicos. Supongo que es eso y que esto ayudará a mejorar el nivel de cumplimiento que se tiene en España de las
sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, porque, según la información que tenemos, no llega al 61 % el cumplimiento de las sentencias. Además, esperemos que en estas formaciones se explique bien qué comportan las sentencias del Tribunal
Europeo de Derechos Humanos, porque a veces hay algunos órganos judiciales que parece que lo desconocen; no todos, por suerte.


También hablan de impulsar la ejecución de las recomendaciones del Consejo de Europa en materia de protección a periodistas. Esto nos ha sorprendido, porque ¿qué pasa en las demás materias? ¿No se impulsará en las demás materias que no son
de protección a periodistas? Además, nos sorprende porque hace poco el Partido Socialista, en una resolución del Parlamento Europeo, votó en contra de un tema de protección de periodistas. Sin embargo, en el texto de su borrador se habla de que se
quieren adherir a una alianza de protección de periodistas. No nos encaja una cosa con otra.


En julio pasado, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas emitió un dictamen afirmando que la suspensión de los parlamentarios independentistas basada en el artículo 384 bis de la LECRIM vulneró los derechos políticos reconocidos por
el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, e instaba a España, entre otras medidas, a evitar que ello pueda repetirse y le daba ciento ochenta días para informar de las acciones realizadas. Ayer mi compañero de Junts Josep Pagès
defendió una propuesta legislativa de reforma del artículo 384 bis que pretendía dar cumplimiento a ese mandato y, entre otros, el Grupo Socialista votó en contra. Usted ha dicho que van a respetar y van a dar seguimiento a todos estos informes.
¿Cómo lo van a hacer? ¿Van ustedes a reformar el artículo 384 bis para dar cumplimiento a ese informe? Ya le digo que no lo entendemos.


En el texto también hablan de mejorar las formas de promover el respeto a los derechos humanos. Nosotros les decimos que estamos de acuerdo, pero no se trata de hacerlo solo sobre el papel o con proclamas, se trata de predicar con el
ejemplo. Y le pongo varios ejemplos en los que España no cumple, con alguna posible solución. El informe Cilevics de mayo de 2021 de la PACE reafirmaba la persecución arbitraria al movimiento independentista. A pesar de las presiones de su
partido, el Partido Socialista, en la asamblea parlamentaria, se adoptó. Hay informes del grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias en el año 2019 y sobre la presión a líderes independentistas. Una de las últimas sentencias del Tribunal de
Justicia de la Unión Europea, en enero de 2023, dice claramente que dichos informes no pueden obviarse y que deben tenerse en cuenta. Como le decía, una forma de solucionar los problemas que tiene España con estos informes de organismos
internacionales podría ser la modificación de la ley de tratados, introduciendo un procedimiento para su aplicación. ¿Son obligatorios y vinculantes? Sí. Pues pongan un procedimiento para que se puedan aplicar efectivamente y para que todos los
poderes de la Administración lo sepan.

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Hay también repetidos informes de Amnistía Internacional según los cuales la libertad de expresión y el derecho de protesta siguen amenazados en España, entre otras causas, por la represión al independentismo y también por la ley mordaza.
Otro ejemplo: nosotros consideramos que una buena forma de promover los derechos humanos sería una separación real de poderes en el Reino de España. Por ejemplo: 'El interés del Gobierno es juzgar a Puigdemont'. Esta es una frase que demuestra
que no hay una separación real de poderes y nosotros consideramos que los miembros del Gobierno, incluido su presidente, deberían dejar de hacer declaraciones expresando que su deseo es que antes del fin de la legislatura el molt honorable president
Puigdemont sea extraditado. Nosotros creemos que España debe moverse dentro de los parámetros de la protección de los derechos humanos de la Unión Europea y del Consejo de Europa. Creemos que ustedes también defienden esto -o nos gustaría
creerlo-, porque en la esfera internacional la justicia no está politizada y hay separación de poderes, pero es que a veces creemos que en España esto no se respeta, y en el borrador que nos ha presentado, en la fase en que está ahora, no vemos que
se incluyan medidas para cambiar esta visión.


Ustedes hablan también de profundizar en la incorporación sistemática de los derechos humanos en las relaciones bilaterales. ¿Lo van a hacer en sus relaciones con Marruecos? Porque el último caso lo hemos tenido en junio pasado en la
valla, y hay personas desaparecidas y hay expulsiones en caliente, que se pueden llamar rechazos en frontera pero que son lo mismo. Entonces, ¿dónde queda allí la protección de los derechos humanos?


El borrador establece, y usted lo ha mencionado, la defensa activa de los derechos del pueblo gitano. Lo celebramos, celebramos el pacto de Estado que se adoptó. Ya mi compañera Pilar Calvo en su momento explicó las iniciativas que desde
hace más de treinta y cinco años se están llevando a cabo en Cataluña. Lo que hemos echado en falta es que no se ha introducido la necesaria petición de perdón de la Corona al pueblo gitano, y creemos que estaría bien que la incluyesen.


Otra cuestión. No hace ni un año CitizenLab de la Universidad de Toronto informo que durante años -y también durante esta legislatura- se ha llevado a cabo un espionaje masivo a políticos, activistas, periodistas y abogados catalanes. Este
escándalo democrático sin precedentes únicamente ha quedado en una investigación a algunos miembros de su Gobierno. Para la defensa del derecho a la intimidad y a la vida privada, entre otros derechos vulnerados, el Gobierno de España no ha
adoptado ninguna medida útil para esclarecer los hechos; las que se han adoptado a nosotros, sinceramente, no nos parece que sean efectivas. A diferencia de lo que sí ha hecho el Parlamento Europeo o el Parlamento de algún otro Estado, que han
creado comisiones de investigación, esta Cámara no las ha creado. ¿Cómo pretende su plan proteger este caso concreto? ¿Cómo pretenden en su plan proteger en el futuro casos similares? En el texto final que todavía están elaborando, ¿lo
contemplarán?


Por último, porque se me acaba el tiempo, le pregunto por otro caso también relacionado con lo anterior, en concreto, por la infiltración de policías en movimientos políticos y colectivos sociales. ¿La seguridad nacional lo justifica todo?
¿Incluso una grave alteración del consentimiento en las relaciones personales? ¿No hay ningún límite?


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Uriarte Torrealday): Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra la señora Bassa Coll.


La señora BASSA COLL: Muchas gracias, señor Simancas.


De entrada, quiero decirle que en mi grupo, Esquerra Republicana de Catalunya, realmente somos muy escépticos a creernos las buenas intenciones del borrador que hoy nos presentan; evidentemente, por el continuo ataque que percibimos a los
derechos humanos. Justo ayer salió mi compañera Carolina Telechea a la tribuna y empezó su discurso diciendo literalmente: Ya sabemos que en España las personas condenadas por delitos de opinión se cuentan por docenas; que en España se ha espiado
a líderes políticos independentistas y al president de la Generalitat, quebrantando todos sus derechos civiles; que en España está vigente una ley mordaza pensada y aplicada para combatir la disidencia política y la movilización social; que en
España se han infiltrado policías en movimientos sociales y vecinales en los països catalans para realizar investigaciones de forma absolutamente ilegal e inmoral; que en España están en pleno funcionamiento los CIE, que conculcan cada día los
derechos más básicos de las personas muy vulnerables; que en España hay jueces que retuercen la ley y aplican un régimen de arbitrariedad que viola el Estado de derecho y el principio de legalidad de forma flagrante; que en España han existido
presos y presas políticas y aún existen exiliadas y exiliados, etcétera. Porque la lista no termina. ¿Por qué

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digo esto? Porque justo ayer denunciábamos esta situación en el Pleno y vienen hoy ustedes y nos presentan el gran borrador de plan de derechos humanos.


Pero centrémonos en su I Plan de Derechos Humanos, que aprobaron ustedes en 2008, un plan elaborado para dar cumplimiento a la propuesta surgida en la Conferencia Mundial de Derechos humanos en Viena en 1993; hablamos de hace muchos años.
Ustedes se comprometieron en aquel momento a que dicho plan establecería dos ejes prioritarios, el de igualdad, no discriminación e integración y el de la garantía de los derechos humanos, pero el tiempo nos ha dado la razón y no ha sido así para
nada. Ya por entonces el proceso no fue precisamente transparente. Pese a las palabras y voluntades expresadas, el Congreso de los Diputados no contó con un papel protagonista en el proceso de elaboración y hasta ahora, con la presentación del
borrador del segundo plan, solamente conocíamos la escueta información que, como usted ha comentado, aparece en la web del ministerio. Además de escueta, esta información es confusa, pues, según el BOE, la comisión asesora se creó el 21 de enero de
2019 y, según la información de dicha web, se creó el 21 de enero de 2021. Solo conocemos a través de la web -sabemos que el borrador llegó hace pocos días- los nombres de las personas que forman parte de la comisión asesora, así como las fechas en
las cuales tuvo lugar el proceso de consulta a la ciudadanía o el hecho de que se hizo una presentación del proceso de elaboración del plan que contó con la inauguración del propio ministro; poca cosa más. De nuevo, la absoluta falta de
transparencia dificulta el papel del Congreso, puesto que en ningún momento ha sido informado de la elaboración de este plan, pese a que en el apartado sobre la consulta ciudadana se puede leer que el proceso de participación continuará para que el
plan sea compartido por todas y todos: ministerios, organizaciones sociales y de derechos humanos, entidades locales, comunidades autónomas y grupos parlamentarios.


Por todo ello, desearíamos saber cómo ha sido proceso de elaboración general de este borrador del segundo plan de derechos humanos en España, sobre todo el calendario y cómo se va a trabajar a partir de ahora. También queremos saber de qué
manera han participado las comunidades autónomas en dicho proceso; aunque usted ha mencionado un poco el tema, la pregunta concreta es si ustedes han tenido en cuenta el Pla de Drets Humans de Cataluña. También le preguntamos de qué manera han
participado las organizaciones de la sociedad civil en dicho proceso -usted también ha hecho un poco de referencia a ese tema, pero nos gustaría más concreción-; qué criterios cumplen las organizaciones que el Gobierno reconoce como entidades
significadas; si participará de alguna forma el Congreso en el proceso de elaboración del plan, con qué previsión temporal y qué papel jugará el Congreso posteriormente a la aprobación de dicho plan, y por qué motivos se está impulsando ahora la
aprobación de este plan, cuando queda un año de legislatura y cuando, de hecho, el periodo de ejecución será posterior a la legislatura actual. Se pasa de un plan de legislatura a uno de cinco años, de 2023-2027; usted ha hecho mención a este
periodo, pero nos gustaría saber cuál es exactamente el motivo.


También queremos saber si ustedes, antes de la elaboración del segundo plan, se han planteado la evaluación de los resultados del primer plan, que sería lo lógico; qué cambios se han incorporado a raíz de dicha evaluación, y cómo se ha
hecho o se va a hacer esta evaluación, si es que ustedes tienen pensado hacerla. Insistimos mucho en estos indicadores de evaluación, porque nos parece que un plan de derechos humanos en una democracia como la española es irrisorio por todos los
temas que he mencionado al principio del discurso.


Y es que nos preguntamos: ¿qué plan de derechos humanos pueden hacer ustedes cuando en el Pleno de esta Cámara ha votado en contra de implementar las recomendaciones sobre los derechos humanos del informe Cilevics de la Asamblea
Parlamentaria del Consejo de Europa y también en contra de otros informes internacionales? Les recuerdo que incluso el Partido Socialista votó en contra de seguir las recomendaciones de defensa de los derechos humanos. ¿Qué plan pueden hacer
ustedes cuando no se garantiza el derecho a la vivienda y actúan contra las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, desahuciando a la gente sin garantizarle una alternativa
habitacional y cuando, después de tumbar la ley catalana en el Tribunal Constitucional, no son capaces de hacer una ley de vivienda que garantice el derecho a la vivienda? También nos preocupa qué tipo de plan de derechos humanos pueden hacer
cuando no han sido capaces de derogar todavía hoy la ley mordaza y se sigue siendo legal el uso de las pelotas de goma, quedando impunes aquellos policías que en Cataluña dispararon directamente a la cara, amputando ojos. ¿Qué plan de derechos
humanos puede haber cuando son legales las devoluciones en caliente y las muertes -incluso asesinatos- en la valla de Melilla, que han quedado impunes no solo con el Gobierno socialista, sino también con el Gobierno popular, como recordarán ustedes,
con las quince muertes que hubo en El Tarajal? ¿Qué clase

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de derechos humanos puede haber cuando a una persona, por tener una situación administrativa irregular, se la encierra en una especie de cárcel -en ilegales guantánamos-, negándoles a todos los migrantes los derechos por el hecho de no estar
regularizados aunque no hayan cometido ningún tipo de delito? Y voy terminando. ¿Qué clase de derechos humanos puede haber cuando impunemente los jueces interpretan la ley como les sale de la toga? Lo repetimos día sí y día también; lo vemos en
la ley del sí es sí, en la abolición del delito de sedición y en tantas otras cosas. Además, quien debe velar por que los jueces cumplan con la legalidad resulta que son tribunales ilegítimos en tanto que están caducados.


Así pues, la pregunta final es: ¿no creen ustedes que cualquier plan de derechos humanos que haya en el Estado español es papel mojado y está condenado al fracaso?


Muchas gracias.


La señora SECRETARIA (Narváez Bandera): Gracias, señora Bassa.


Por el Grupo Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra el señor Uriarte.


El señor URIARTE TORREALDAY: Muchísimas gracias.


Señor secretario de Estado, en primer lugar, le expreso nuestro agradecimiento por estar aquí presente y por la documentación que nos ha enviado. Estamos de acuerdo con usted en que se trata de un plan amplio que busca básicamente suscitar
consensos, pero, en la medida en que es amplio y busca el consenso, quizá le falta un poquito de concreción o de compromiso, como alguno de los que me han precedido en el uso de la palabra han advertido. Me gustaría con mi intervención contribuir
en lo posible a concretar un poquito los compromisos de Gobierno en esta materia de los derechos humanos.


En primer lugar, nos hubiese gustado como grupo parlamentario un planteamiento de mayor radicalidad democrática o de mayor audacia en los objetivos a perseguir. Estamos básicamente de acuerdo en prácticamente todo lo que viene en su
documento, en casi todos los objetivos, pero nos gustaría haber ido más allá en algunas de las materias. Y, simplemente como aportación, le voy a plantear algunos de los problemas.


Por una parte, creemos que en el documento falta un poco de sociedad civil, es decir, hay una falta del sentido bueno de la colaboración público-privada, de valorar suficientemente la aportación que hacen las organizaciones no
gubernamentales en materia de derechos humanos y apelar a ese concepto de diálogo civil que ellas plantean entre las administraciones y la sociedad civil organizada. Por otra parte, como le decía, nos gustaría un mayor compromiso que se debería
concretar tanto en las medidas concretas a adoptar como en la inclusión de indicadores, de medidas indicadoras de la eficacia del cumplimiento de los objetivos aquí recogidos. Son objetivos correctos, pero estaría bien que se pudieran evaluar más
detalladamente con indicadores objetivables.


Uno de los elementos que para nosotros es fundamental en materia de derechos humanos es la cuestión de la transparencia y, desgraciadamente, igual que este país tiene elementos democráticos que pueden ser considerados muy avanzados, la
transparencia no es el elemento más brillante de nuestro sistema democrático. Como es sabido, tenemos limitaciones importantes en materia de transparencia y tenemos mucho camino que andar. En este sentido, creo que es muy importante plantear
avances, en primer lugar, en cuanto a la limitación del secreto. Ya se ha mencionado aquí que el secreto es obstáculo para el conocimiento de la verdad, y la verdad es fundamental para la implementación de los derechos humanos; no hay derechos
humanos sin posibilidad de acceso a la verdad y sin conocer plenamente la verdad de las violaciones y de los perjuicios sufridos en materia de derechos humanos. Aquí le formulo ya una pregunta concreta. Llevamos tres años de legislatura, ¿usted
cree que podemos hacer una autocrítica si dejamos pasar la legislatura, si acaba el año escaso que queda, sin que hayamos conseguido enterrar definitivamente la Ley sobre Secretos Oficiales de la dictadura militar? En nuestra opinión, las futuras
generaciones de este país no se merecen tener que arrastrar ese saco pesado.


Por otra parte, junto con limitar el secreto, creemos que es importante promover la legislación de transparencia en esta materia. Regular la transparencia y la legislación existente en materia de transparencia nos parece fundamental, y le
quisiera preguntar concretamente si es usted partidario de que el Consejo de la Transparencia tenga potestad disciplinaria en esta materia, y esto ya sería una medida muy concreta importante.


Tercera cuestión en materia de transparencia: el apoyo a los alertadores, a las personas que denuncian. De nuevo, aquí hay una buena colaboración público-privada. Es decir, las personas particulares que por sus relaciones laborales, por
su relación de servicio público, tienen conocimiento de violaciones

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de derechos humanos, conocimiento de abusos de ley, conocimiento de corruptelas, requieren su apoyo. Hemos aprobado y es muy importante, aunque desgraciadamente ha pasado un poquito desapercibida para la opinión pública -quiero dar la
enhorabuena al Ministerio de Justicia por el trabajo realizado- la ley de whistleblowers. Creemos que apoyar a los alertadores es importantísimo. Ahora toca implementarla, y le pediría, por favor, la máxima celeridad en los plazos que tenemos.
Tenemos tres meses para implementar los canales de las administraciones públicas; son muchísimas administraciones públicas, van a necesitar ayuda. Por ello, pedimos todo el apoyo de este ministerio, por favor, hagamos que no se agoten los tres
meses y que en esos tres meses queden perfectamente introducidos esos canales seguros para las alertas de casos de corrupción y violaciones de derechos y abusos.


Por otra parte, tenemos un año para crear la autoridad independiente. También aquí, y aprovechando, además, que se ha abierto un expediente sancionador por parte de la Unión Europea,, démosle una muestra de unidad a la Unión Europea, de
nuestra voluntad de avanzar, no dejemos agotar este plazo de un año y vayamos lo más rápido posible, intentemos crear la autoridad independiente con la máxima celeridad.


Otro de los elementos que le quería plantear junto con la transparencia es el elemento de la discriminación. Es uno de los grandes enemigos de los derechos humanos junto con la cuestión de la pobreza, que se aborda con mucha profundidad a
lo largo de su borrador. La pobreza está muy valorada como elemento condicionador de los derechos humanos y junto con ella estaría también la cuestión de la discriminación. En este sentido, hay sectores específicamente que ven sus derechos humanos
conculcados, ahí estarían, por ejemplo, los grupos de personas con discapacidad. Hay una serie de objetivos establecidos por el Comité de Derechos Humanos de la ONU, sobre los que hizo una serie de observaciones a España en materia de restaurar el
derecho de sufragio, en materia de erradicar las esterilizaciones forzosas, en materia de revisar las leyes de guardia y custodia y en materia de privación de libertad. ¿Qué medidas concretas se van a tomar a lo largo de este año para conseguir
desarrollar esos cuatro objetivos concretos, esos cuatro deberes que nos impusieron las Naciones Unidas?


Otra cuestión importante junto con la discapacidad es la extranjería, es otro elemento de discriminación fundamental y de violación de derechos humanos muy muy importante. Ya se ha hablado de la cuestión de los CIE, en su borrador hay una
voluntad clara de garantizar los derechos fundamentales en los CIE, pero es muy importante una actitud vigilante por parte de este ministerio y de los demás ministerios implicados, del Ministerio del Interior, del de Asuntos Exteriores, para que
todos los funcionarios públicos, todos los servidores públicos garanticen absolutamente los derechos fundamentales en sus relaciones con las personas extranjeras. También es muy importante que en aquellos países con los que cooperamos a través de
Frontex, por ejemplo, también sus servidores públicos, no solo los nuestros, sean absolutamente cuidadosos en el respeto de los derechos humanos de las personas que se ven obligadas a emigrar. Aquí es importante recordar que un emigrante es
básicamente una persona que ejerce un derecho humano fundamental reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos -firmada por España-, en su artículo 14, y que simplemente lo que hace es ejercer el derecho a huir de su país porque la
vida en su país no es digna. En ese sentido, creemos que es fundamental que, aunque esas personas cometan incumplimientos burocráticos o administrativos, sin embargo, se tenga en cuenta que están ejercitando un derecho humano a huir. No es de
recibo, como sucedió desgraciadamente con legislación del anterior Gobierno, del Gobierno del Partido Popular, que hubiera personas acusadas y en la cárcel por delito de sedición cuando simplemente habían intentado huir de un avión; es decir, a
unas personas jóvenes que huían de su país, que intentaban huir como fuera, y que se les considere equiparables a quienes realizan una rebelión o un golpe de Estado. Es algo que no es tolerable en nuestro país y, en ese sentido, enhorabuena por
esta reforma legal que no va a permitir que esto vuelva a suceder. Por lo tanto, es fundamental exigir a los países con los que cooperamos que también ellos implementen, de cara a sus funcionarios, a sus autoridades, garantías de respeto de los
derechos humanos de las personas que están ejerciendo el derecho a huir de su país, porque no les ofrece esas condiciones de dignidad.


Un punto más que quisiera añadir es la cuestión de la pandemia. La pandemia nos tenía que haber servido para entender un poco mejor al ser humano, para entender nuestras debilidades como personas y como país. El derecho a la salud es un
derecho humano absolutamente fundamental y, en este sentido, tenemos unos países, unas sociedades muy débiles frente a las pandemias y a otros riesgos para nuestra salud. Creo que nuestra soberanía como país y nuestra soberanía en materia de salud
se ponen en riesgo por nuestra excesiva dependencia respecto del negocio farmacéutico. Nuestro grupo parlamentario ha

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pedido siempre la creación de una farmacia pública que garantice al menos unos mínimos de soberanía farmacéutica para nuestro país. Hemos pedido también que la única farmacia pública en este momento existente, que es la farmacia militar,
adecúe sus capacidades, no tiene por qué estar produciendo pasta dentífrica o cremas para la piel, que son tremendamente baratas en el mercado, y no es necesario que eso lo cubra el sector público. Sin embargo, el sector público sí debería
garantizar la posibilidad de producir vacunas, aunque sea comprando los derechos, para hacer frente a futuras pandemias. Sería triste que nos quedáramos en la misma situación que teníamos en la prepandemia y que no hubiéramos aprendido ninguna
lección respecto a nuestras necesidades de garantizar la salud de la ciudadanía por encima del negocio de unas pocas empresas.


Para terminar, me gustaría pedirle compromisos concretos, que concretara compromisos en cuestiones que se han planteado anteriormente, como, por ejemplo, puede ser la lucha contra la tortura o la lucha contra la trata de seres humanos. Creo
que son cuestiones fundamentales. Espero que no considere esta una intervención excesivamente crítica. Simplemente pretenden ser aportaciones de buena fe para que la implementación de estos objetivos, que son objetivos compartidos y que podrían
ser incluso mucho más ambiciosos y también los compartiríamos, sea más eficiente. Quiero decir que a pesar de todos los pesares, es evidente que este Gobierno de coalición ha realizado una aportación muy importante al avance en esta materia. No es
algo que tenga que decir este grupo o que lo tengan que decir otros grupos, es algo que se puede objetivar desde organismos internacionales. La Organización de Naciones Unidas, la ONU, en la evaluación que hace de todos los países del mundo de su
cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, que incluyen la lucha contra la desigualdad y contra la pobreza, entre otros, ha valorado muy positivamente la acción de este Gobierno, de forma que el año pasado España pasó de ser el país
número veinte, el vigésimo en cumplimiento de objetivos de desarrollo sostenible, a ser el número dieciséis, con mención especial para los avances realizados en materias de trabajo digno y de igualdad de género. Por lo tanto, quiero expresar
nuestra enhorabuena en nombre de este grupo parlamentario a todo el Gobierno de coalición por ese avance del puesto veinte al dieciséis y, especialmente, a los ministerios implicados en los avances en materia de trabajo digno y de igualdad de
género.


Muchísimas gracias.


La señora SECRETARIA (Narváez Bandera): Gracias, señor Uriarte.


Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Contreras.


El señor CONTRERAS PELÁEZ: Gracias, señora presidenta. Y gracias, señor Simancas, por su comparecencia hoy aquí.


Mi intervención tendrá que ser muy muy dura, muy crítica, y bien que lo siento. (El señor vicepresidente, Uriarte Torrealday, ocupa la Presidencia). Casi le pido disculpas, ya me gustaría poder ser más positivo respecto a la aportación del
Gobierno en un asunto tan importante.


La política de derechos humanos de este Gobierno, tal como es dibujada en este informe, a nuestro entender, consiste más bien en una política de destrucción progresiva de la categoría misma de los derechos humanos. La categoría está siendo
asesinada, por ejemplo, a través de la ampliación infinita. Cada semana o cada mes sacan ustedes de la manga un derecho nuevo, y si todo es derecho, entonces nada lo es realmente, o si todo puede llegar a ser derecho, nada lo es realmente. Para
poder tomar en serio los derechos humanos -parafraseando a Volker- es preciso que estos sean pocos en número y conectados directamente con la naturaleza humana. Además, usted sabe que este fue el origen histórico, el concepto original de los
derechos humanos. Eran entendidos como límites morales absolutos a la acción de los Gobiernos, eran barreras de protección del ciudadano frente al Gobierno. Por tanto, eran cumplidos cuando el Gobierno no hacía ciertas cosas, no cuando concedía
determinadas prestaciones. En cambio, ahora los derechos ustedes los entienden como dádivas que un Gobierno paternal, un Gobierno bondadoso, va a dispensando a los ciudadanos, creando así, por cierto, un vínculo de dependencia entre el Gobierno y
el ciudadano.


Estos derechos infinitamente ampliados, además, son contradictorios entre sí y, sobre todo, contradictorios respecto a los derechos verdaderos, los derechos clásicos, sobre todo el primero de ellos, que es el derecho a la vida -reconocido,
por cierto, por el artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos-. Me refiero, por supuesto, a la institucionalización del falso derecho al aborto, que no data de este Gobierno, data del año 2010; pero este Gobierno acaba de aprobar
una ley de ampliación, de facilitamiento del aborto, que implica la eliminación del ser humano en su etapa de desarrollo fetal.

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Ustedes en el documento demuestran estar obsesionados por una serie de discriminaciones imaginarias, porque en España no se discrimina a la mujer ni a los homosexuales, y pasan por alto una discriminación real. Les voy a hablar de ella. En
España se estima que son abortados un 90 % de los fetos con síndrome de Down. En unos años no nacerán ya síndrome de Down en España, igual que ya han dejado de nacer en Islandia. Esto es una política de eugenesia prenatal que hubiera hecho
palidecer de envidia a los Himmler, Rosenberg, etcétera. Ellos practicaban la eugenesia posnatal, por ejemplo con el programa Aktion T4, de eliminación de disminuidos físicos y mentales.


¿Qué son los derechos humanos? No es este el lugar para disquisiciones filosóficas, pero apuntemos simplemente que los derechos humanos siempre han sido entendidos como derechos morales, por tanto, anteriores a la ley positiva, que debe
reconocerlos; derechos naturales, es decir, derivables lógicamente de la naturaleza humana. Pero ustedes rechazan el concepto de naturaleza humana, piensan que es un invento de los curas y, por ejemplo, inventan el nuevo derecho de cambiar de
sexo, cosa que es biológicamente imposible. Y sobre todo -lo que me interesa más-, los derechos siempre fueron entendidos como derechos universales, derechos que se poseen en tanto que miembros de la especie humana, en tanto que ser humano, y no en
tanto que miembros de tal o cual subgrupo humano, sea una nación, sea una clase social, un estamento, un sexo, una raza o una orientación sexual. Por tanto, los llamados derechos de grupo en ningún caso pueden contar como derechos humanos. Sin
embargo, es lo que promocionan ustedes todo el tiempo: derechos de grupo, derechos de las mujeres, derechos de los homosexuales, derechos de las razas, etcétera. Por cierto, la Declaración Universal de 1948 enfatiza esta universalidad de los
derechos humanos en su artículo 1 cuando dice: 'Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos [...]'. O en su artículo 2, cuando dice que 'Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración
[...]'. 'Toda persona', 'todos los derechos'.


Esta obsesión por los derechos de grupo está relacionada, a nuestro modo de ver, con el espíritu de la nueva izquierda woke o la izquierda neomarxista. Pensamos que la esencia de la izquierda ha sido siempre dividir a la sociedad en grupos
enfrentados entre sí, declarar a unos opresores y a otros oprimidos y asumir la representación de los oprimidos, o más bien arrogarse, adjudicarse la representación de los oprimidos. Esto se conjugaba más bien en clave de lucha de clases en el
marxismo clásico y se conjuga más bien en clave de lucha de sexos, lucha de razas y lucha de orientaciones sexuales en el neomarxismo woke. De ahí la obsesión por los derechos de grupo, pero, claro, esta obsesión les está llevando a destruir la
igualdad ante la ley. Recordemos que en España existen tipos penales que por su propia estructura legal solo pueden ser cometidos por varones, perpetrados por varones; me refiero, obviamente, a la llamada violencia de género. En España existen
tribunales solo para hombres: los juzgados de violencia de género; de la misma forma que en el antiguo régimen preliberal existían tribunales solo para aristócratas o en la Sudáfrica del apartheid existían tribunales solo para negros. Es decir,
están destruyendo ustedes la gran conquista liberal del siglo XIX, XX, es decir, la igualdad ante la ley, que implicaba leyes ciegas al color y ciegas a los genitales. Es decir, el legislador debe hacer abstracción de la raza de la persona y del
sexo de la persona a la hora de distribuir derechos y deberes.


Por supuesto, esta política de derechos de grupo, es decir, de discriminación en razón del sexo, la raza o la orientación sexual -porque en la medida en que se atribuyen privilegios a unos se penaliza a los otros- alimenta el resentimiento
entre los sexos, las razas y las orientaciones sexuales, y pocas cosas podría haber más tóxicas para una sociedad. Especialmente inquietante es la forma en que ustedes fomentan la desconfianza entre hombres y mujeres, presentando la relación entre
hombres y mujeres como una relación de lucha por el poder. Están siempre con el empowerment, con el empoderamiento de las mujeres, como si lo importante fuese la lucha por el poder y como si fuesen ejércitos rivales. Todo esto es profundamente
tóxico y está teniendo ya un impacto en la sociedad. Si salen un poco a la calle, encontrarán a muchos jóvenes varones españoles que dicen abiertamente que no se van a casar, ni siquiera se van a embarcar en relaciones de pareja duraderas porque
tienen miedo de verse atrapados en acusaciones falsas de violencia de género, por ejemplo. El resultado de todo esto es que cada vez se casa menos gente, no se forman familias y, por tanto, nacen cada vez menos niños, y ese es nuestro gran problema
nacional. Nuestro gran problema nacional no es que se discrimine a la mujer, sino que no nacen suficientes niños.


El señor VICEPRESIDENTE (Uriarte Torrealday): Señor Peláez, si es tan amable, podría centrarse en el tema que nos ha traído aquí y hablar del plan que estamos evaluando. Muchísimas gracias.

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El señor CONTRERAS PELÁEZ: Es exactamente este tema. Sí, sí. Yo he leído el plan, y en las 132 páginas una y otra vez habla de los derechos de las mujeres, de los derechos de los homosexuales, etcétera, y proclama la discriminación de
todos estos grupos en la sociedad española. Eso es lo que estoy impugnando, y los efectos.


Decía que nuestro verdadero problema, por supuesto, es el hundimiento de la natalidad y el hecho de que nacen en España un 45 % menos de los niños que serían necesarios para, simplemente, garantizar el recambio generacional. Pero en esta
obsesión por los derechos de grupo no solo están sacrificando la igualdad ante la ley, sino también la misma presunción de inocencia, que no es ya un principio de las constituciones liberales, es muy anterior, del derecho romano, in dubio pro reo;
por cierto, presunción de inocencia reconocida como derecho humano por el artículo 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos: 'Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad
[...]'. Pues bien, por ejemplo, el artículo 178.1 de la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, establece que '[...] solo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las
circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona'. Es decir, aquí se está invirtiendo la carga de la prueba, se está dando por supuesto que toda relación sexual en principio es una agresión y, eso sí, el acusado de
agresión tendrá que demostrar que hubo consentimiento, cuando lo lógico -principio de presunción de inocencia- sería lo contrario, que hubiese que probar la coacción, no el consentimiento.


Otro de los mantras -sí me he leído el documento, señor presidente- de este borrador...


El señor VICEPRESIDENTE (Uriarte Torrealday): Pues le agradecería mucho que se centrara en él, por favor.


El señor CONTRERAS PELÁEZ: Sí, voy a ello.


Se habla de medidas de acción positiva, la llamada discriminación positiva, para combatir la supuesta discriminación de mujeres, razas distintas de la blanca, homosexuales, etcétera, en la sociedad española. Se dice varias veces en el
documento que en España están discriminadas las mujeres, los homosexuales y transexuales, los niños, los ancianos, los discapacitados. Es decir, parece que la sociedad española es un infierno de discriminación; y para compensar esas supuestas
discriminaciones, el Gobierno impulsa estas políticas de acción positiva. Pero ya dije antes que no existe tal cosa como la discriminación positiva, es un oxímoron; en la medida en que se adjudican ventajas a unos grupos por el hecho de serlo se
está penalizando a los otros grupos por el hecho de serlo. Esto tiene consecuencias sociales muy graves, una de ellas es el fin de la meritocracia. La meritocracia está siendo desplazada por la diversocracia, es decir, se seleccionará a las
personas para el puesto de que se trate no en función de sus méritos, conocimientos y capacidades, sino en función de su sexo, raza u otra circunstancia no elegida. Por cierto, esto es muy interesante, el hecho de que parece que para ustedes lo que
define a la persona son los rasgos hereditarios; uno no escoge su sexo, uno no escoge su raza o su orientación sexual. Eso es lo moral y jurídicamente relevante para ustedes, cuando parece que los que creemos en el individuo entendemos más bien
que lo que define a la persona son los rasgos que ella ha elegido o construido: sus conocimientos, sus capacidades sus opiniones, no su sexo o su raza. Pero, en definitiva, si proveemos los puestos en función de factores como el sexo o la raza y
no en función del mérito o la capacidad, inevitablemente la calidad de nuestra ciencia, de nuestra universidad, de los consejos de administración de nuestras empresas o de nuestros gobiernos va a decrecer, porque primarán las ratios políticamente
correctas sobre el criterio del mérito, y esto conduce en una sociedad inevitablemente a la decadencia. Por cierto, nuestros rivales mundiales, China por ejemplo, se estarán frotando las manos. Ellos no se pegan un tiro en el pie de esta forma, y
están encantados con que esta obsesión por el sexo y la raza nos conduzca a nuestro autodebilitamiento.


Concluidos los diez minutos, imagino que debo parar aquí.


El señor VICEPRESIDENTE (Uriarte Torrealday): Muchísimas gracias, señor Contreras Peláez.


Hemos escuchado no solo sus opiniones sobre el plan que se ha sometido aquí, sino también sus opiniones sobre la meritocracia, su criterio de igualdad personal, etcétera. Lo hemos escuchado con el respeto con el que la democracia escucha a
quienes no la escuchan con el mismo respeto. Muchas gracias.


Pasamos a la siguiente intervención. En nombre del Grupo Parlamentario Popular, corresponde intervenir a doña María Jesús Moro. Adelante, por favor.

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La señora MORO ALMARAZ: Muchas gracias, presidente.


Señor Simancas, bienvenido como compareciente a su Comisión más de un año y medio después de su nombramiento como secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y Asuntos Constitucionales. En esta ocasión, usted ha solicitado su
comparecencia para informar en la Comisión Constitucional de este borrador del II Plan de Derechos Humanos y se lo agradecemos. Hubiera sido bueno que al tomar posesión hubiera presentado aquí sus líneas de trabajo como secretario de Estado de
Asuntos Constitucionales. Está con nosotros mucho tiempo, pero lo digo como compareciente; pero, bueno, lo tenemos aquí.


El 7 de diciembre de 2018, el Consejo de Ministros adoptó acuerdo para constituir una comisión asesora para elaborar este plan. Cuatro años, y decirnos ahora en el preámbulo algunas cosas que ya forman parte del argumentario del Partido
Socialista de todos los días, como es el mantra de que de crisis anteriores se salió con el recorte de derechos y que esta actual es un ejemplo, nos ha llamado poderosamente la atención, sobre todo si se pretende un consenso con un plan de esta
naturaleza y con este alcance. Por más que lo repitan, no se convierte en verdad, pero elijan otro lugar, no un plan sobre derechos humanos. El plan está previsto, según el Boletín Oficial del Estado y la creación de la comisión, para 2019-2023, y
nos encontramos hoy en febrero de 2023 y usted nos ha dicho que realmente han comenzado el trabajo en enero de 2022. Nos gustaría saber qué es lo que ha ocurrido, porque, indudablemente, esto modifica la consideración sobre el plan.


Señor Simancas, hemos oído muchas cosas, pero usted seguro que tendrá clarísimo que el Partido Popular sobre Constitución, sobre los tratados internacionales, sobre los compromisos internacionales, ahí está; no tenemos nada que decir, salvo
defenderlos, alentarlos, y ahí nos vamos a encontrar siempre. Sin embargo, nos llama la atención que nos presenten un borrador con esta excusa, que nos puede parecer bien, pero no sabemos si no es una excusa de que se quieren incorporar
aportaciones, porque da la sensación, quizá por aquello que usted ha dicho, porque por ese afán de integración, a veces el documento parece un corta y pega de otros documentos y planes, salvo que no hayamos manejado el documento correcto. Sorprende
tanto tiempo para incorporar en forma de plan un diagnóstico que es más partidista, incluso no es tanto de Gobierno y tampoco es de Estado, a pesar de querer utilizarlo como tarjeta de presentación en el semestre europeo, y con nula capacidad de
autocrítica sobre las medidas más duras en intensidad y extensión, en la limitación y suspensión de derechos fundamentales que se dieron con los sucesivos estados de alarma declarados inconstitucionales. Esto tratándose de un plan de derechos
humanos, cuando menos, es poco edificante.


Me fijaré, evidentemente, no en aquellas cosas con las que estamos de acuerdo, sino en algún tema recurrente y sobre el que yo creo que hay que afinar. Hay que afinar en aquellas apreciaciones que son más partidistas porque, si no, es
imposible conseguir un consenso y también hay que reflexionar sobre estos temas.


Feminismo. Es el término y concepto que más repiten y al que más está atacando el Gobierno en esta legislatura por dejar hacer la parte del Gobierno socialista a sus socios para que no se enfade. Insisten en este documento en hablar de
igualdad real de hombres y mujeres, nada que objetar, pero es que han dado soporte a la aprobación al menos de dos leyes que suponen el mayor recorte de derechos de las mujeres en democracia: la llamada ley del sí es sí y la recientemente aprobada
ley trans; leyes, señor secretario de Estado, y se lo dice una mujer, que son antifeministas. Las mentiras en las que se sustentan esas leyes no pueden ser feministas.


El presidente del Gobierno ayer no contestó al presidente Feijóo sobre la ley trans y hoy ha evitado referirse a ella como ley trans. ¿Cree usted que va a ayudar a mejorar la igualdad real de hombres y mujeres una ley que permite la
autodeterminación de género por la mera declaración del interesado y el borrado del sexo? Porque también lo han incorporado en este plan, y supongo que rectificarán en su versión definitiva, que es una ley ya aprobada. ¿Cree usted de verdad que
hasta que se ha aprobado esta ley en nuestro país no se respetaban los derechos de las personas LGTBI y de las transexuales, como dicen las promotoras de esa ley y defensoras gubernamentales? Dando nosotros siempre por hecho que es evidente que
siempre hay que mejorar y que siempre se debe mejorar. ¿Cree entonces usted que la Constitución es papel mojado? Porque a nosotros nos parece que no, que si no hubiéramos tenido la Constitución de 1978, estaríamos en una posición muy diferente en
este país. Porque, si no, la pregunta siguiente es: ¿cree usted que estamos a la altura de Irán o de Afganistán? No por lo que usted haya dicho, no me lo tome en consideración, sino por lo que han dicho las promotoras de esta ley, la cual es el

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descubrimiento de la defensa de todos los derechos, no de la mejora, no del refuerzo, donde podemos estar de acuerdo en unas partes de la ley y evidentemente en otras no.


Han multiplicado, por tanto, en esta legislatura leyes supuestamente basadas en la igualdad, pero además procedentes de un Ministerio de Igualdad cuyo objetivo es justamente el contrario, y eso porque son especialistas en hacer una cosa y
decir otra completamente distinta. La titular de Igualdad ahora ha encontrado un nuevo mantra: hablar del Código Penal de la democracia aprobado en 1995 por un Gobierno socialista como el código de La Manada, una nueva falta de respeto a la
inteligencia y a los jueces, bueno, y a ustedes y a su partido, señor Simancas, porque ese código de la democracia, no de La Manada, permitió condena de quince años a La Manada de Pamplona, que con la modificación de la ley del sí es sí en el Código
Penal no sería hoy posible, como ya se ha puesto de manifiesto. La verdad es que querían rebajar las penas, está en su ADN, está bien, nada que objetar, pero no mientan; las rebajaron. Se enfrentan a los juristas sin conocimiento alguno y sin
rubor, pero lo que es aún peor, emplean alevosía en engañar y confundir, faltando al respeto una y otra vez a las víctimas. No cabe hablar en este plan, si quieren que sea de todos, como un logro ni como una tarjeta de presentación.


Y la propia ministra de Justicia en el último o penúltimo episodio reconoce ignorar las implicaciones que la ley trans tiene en leyes de protección de mujeres y en sus derechos. El presidente del Gobierno tampoco contesta. ¿Usted es
consciente de esas implicaciones? Porque la relatora especial de Naciones Unidas contra la violencia de las mujeres y las niñas, Reem Alsalem, sobre la ley trans ha dicho -ya lo había anticipado, y yo lo mencioné en la intervención en Pleno-:
'Lamento la aprobación de la ley trans', sobre la que advirtió que tiene muchos artículos sumamente preocupantes.


Y si hablamos de la posición española en política exterior, respecto a la que tantas ramificaciones tiene este plan, nominalmente nos encontramos con una gran tibieza del Gobierno de España ante países cuyos regímenes persiguen y matan a las
mujeres, como Irán. Decía no hace mucho mi compañera Belén Hoyo en la Comisión de Exteriores que el Gobierno no está defendiendo a las mujeres de Irán, un país en el que la discriminación y el conflicto son permanentes, y tampoco está haciendo
suficientemente por las mujeres de Afganistán, donde han sufrido una verdadera y dramática involución, y ello pese a que se hizo un plan de mujer, de paz y seguridad, que entronca necesariamente con el que ustedes nos presentan.


Y qué decir de Hispanoamérica. El Gobierno de España ha hecho dejación de su responsabilidad en Hispanoamérica. En este sentido, si el Gobierno considera que la política exterior es una cuestión de Estado y que Hispanoamérica es una
prioridad para nosotros, debería denunciar en cuantos foros internacionales participe -singularmente en la próxima Cumbre los días 24 y 25 de mayo en República Dominicana- las violaciones de derechos humanos, que se siguen produciendo a diario en
dictaduras como las de Cuba, Nicaragua, o Venezuela. O deberíamos traer a este plan lo que ya nos dijo la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo sobre la investigación de los crímenes todavía no resueltos del terrorismo de ETA.


Señor secretario de Estado, este plan, ¿podemos creer en él o es un ejercicio de arrepentimiento, una cortina de humo sobre aquello de lo que se siente avergonzada la parte socialista del Gobierno? ¿Por qué hacer un plan normativo 2? Esto
no puede ser un plan normativo 2, eso ya lo conocemos y nos lo presentará, como usted bien ha dicho, el ministro.


Concluyo en este momento con algo que yo creo que es muy importante. Hay una equivocada priorización y se pone de manifiesto. Claro que es importantísima ya una ley integral sobre la trata de personas. Esto tenía que haber constituido
objetivo central de esta legislatura y, por dime tú que yo lo pongo o que yo lo quito estamos todavía sin eso. Ahí tenemos que estar y ahí estará el Partido Popular. Por lo tanto, ténganlo en cuenta como prioridad absoluta de este plan de derechos
humanos.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Uriarte Torrealday): Muchísimas gracias, señora Moro.


A continuación, para terminar este turno de intervenciones, tiene la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, la diputada doña Uxía Tizón.


La señora TIZÓN VÁZQUEZ: Gracias, presidente.


En primer lugar, quisiera agradecer al secretario de Estado, el señor Simancas, y al Gobierno lo oportuno y necesario de la presentación de este borrador del segundo plan nacional, un plan transversal para poner de manifiesto la capital
importancia de los derechos humanos en nuestro país, algo que ayuda a crear un clima de confianza. Nuestro país, señorías, está profundamente comprometido con los derechos humanos, que necesitan un cuidado diario tanto por los poderes públicos como
por la propia ciudadanía.

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Por eso su promoción y protección constituyen un eje prioritario, porque los derechos humanos siempre son una cuestión prioritaria de Estado. Hablamos hoy de un plan donde también se recogerá el amplio desarrollo legislativo de este
Gobierno, mostrando el avance en la garantía de derechos en nuestro Estado social y situando al ciudadano en el centro de la acción pública y de la acción política. Así ha quedado reflejado en estos últimos años con situaciones como la reforma
laboral, las diferentes subidas del salario mínimo interprofesional, la subida de las pensiones acorde al IPC, el tope al gas, el mayor incremento de becas para jóvenes, la ley de eutanasia o el pacto contra la violencia de género, entre muchos
otros. Y lo más difícil es que todo se ha hecho con el viento en contra, porque a algunos de ustedes los avances sociales les vienen mal.


A la ultraderecha le vienen mal los derechos en general; habría que borrar el programa electoral que abanderan, con una agenda -como hemos visto- racista, machista, homófoba y xenófoba, que, de llegar a ser realidad, sería un punto de no
retorno, señorías, una agenda plagada de mensajes excluyentes que no muestran sino una oposición devastadora para los derechos humanos y un verdadero despropósito lleno de toxicidad. Y así están codo con codo con el Partido Popular. Le recuerdo,
señoría del Partido Popular, que el primer plan, el plan pionero, se dio durante el Gobierno socialista bajo la presidencia de Rodríguez Zapatero, plan que no ha tenido relevo hasta hoy, plan que se quedó en un cajón hasta que otro Gobierno -también
de izquierdas, por cierto- ha vuelto a reivindicarlo, porque a ustedes les ocupaban y ocupan más los recortes en sanidad y educación, pero no les ocupaba por ejemplo el olvido de las víctimas del franquismo. Y no lo digo yo, lo decía, entre otros,
el Comité de la ONU cuando hablaba de que los derechos humanos eran una asignatura pendiente de su Gobierno. Pero ahora les entra la prisa y fíjense cómo ha cambiado la balanza en estos últimos días, cuando expertos y expertas, también de la ONU,
han valorado leyes como la ley del aborto -y cito textualmente- como parte de una ambiciosa agenda para el progreso de la sociedad, y aplauden la ley trans, que -cito textualmente- elimina obstáculos arbitrarios humillantes y dañinos para la persona
humana. Pero, ¡qué les voy a contar a ustedes, defensores de la gente de bien! No sé qué gente de bien, pero lo que sí es cierto es que parece que les causa molestia que se legisle para impulsar derechos civiles. En todo caso -así lo dice el texto
de este borrador y creo que es muy oportuno- el avance de nuestro país en la conquista de derechos durante estos años de democracia se ha hecho realidad no solo con la Constitución y con el desarrollo de una amplia legislación que garantiza
derechos, sino también con el impulso de un Estado de bienestar que los hace efectivos, pero, a pesar de ello y de ser pioneros en leyes que han garantizado el ejercicio pleno de la ciudadanía a muchas personas que se encontraban en situación de
desigualdad, somos conscientes de que nos queda mucho camino por recorrer.


Señorías, nuestros derechos fundamentales son la conquista de democracias avanzadas como la nuestra luchando contra el totalitarismo, contra la intolerancia y contra los fascismos, una lucha que no se quedaría solo en este plan y que hace de
muro de contención de nuestros derechos fundamentales, una lucha por los derechos que protegen a los más vulnerables, combatiendo la violencia machista, la trata o la desinformación, una lucha contra la corrupción, por ejemplo a través de la
reciente ley de protección de informantes, de la que ya se ha hablado. Es igualdad de trato y no discriminación, como así se plasmó en la ley Zerolo. Es la memoria democrática, como así se aprobó con la ley del mismo nombre. Son los derechos a la
salud y a la atención sanitaria, y aquí podríamos hablar de Madrid o de Galicia, que menudo desastre tienen montado, señorías del Partido Popular. Es la protección contra la pobreza y la desigualdad salarial, con el salario mínimo y la subida que
este Gobierno ha llevado a cabo. Es la protección del medio ambiente.


Pero esto no termina aquí porque existe asimismo una apuesta decidida de este Gobierno para crear vínculos con los derechos humanos y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, unos vínculos sólidos y explícitos. De hecho, el propio preámbulo
de la Agenda 2030 reafirma explícitamente que estos objetivos pretenden hacer realidad los derechos humanos de todas las personas, y quisiera destacar precisamente el número 17, que habla de alianzas para lograr los objetivos, porque ahora más que
nunca es necesaria una sólida cooperación internacional, como decía el señor Simancas. Ya lo hicimos con la crisis de la COVID y ahora tenemos el gran reto de la crisis de Ucrania. Y este año toma especial relevancia precisamente por la
Presidencia europea, que España asumirá en julio, un momento en el que se celebrará también el 50.º aniversario de la adopción de la Declaración de los Derechos Humanos y el 30.º aniversario de la Declaración y Programa de Acción de Viena, un
momento culmen para afrontar estos y otros desafíos de relevancia. Por eso quisiera, señor Simancas, reflexionar sobre ello y que pueda usted

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abordar las prioridades en materia de derechos humanos que se darán desde esta Presidencia de la Unión Europea que España asumirá en los próximos meses.


Quisiera poner también en valor, como usted ya ha resaltado, la participación en la elaboración de este borrador de la institución del Defensor del Pueblo como Alto comisionado para la garantía de los derechos fundamentales y como
institución nacional de derechos humanos acreditada al máximo nivel, así como las diferentes instituciones a todos los niveles y de la propia sociedad civil. Solo así se puede construir un texto que no tenga fisuras en la defensa de estos derechos
y contemple lo relevante de esa participación posterior de la que usted hablaba.


Para concluir, señorías, las democracias no son perfectas, por eso creemos que hay que estar vigilantes, no perder el norte y evitar que quede en el olvido el amplio camino recorrido de la defensa de nuestros derechos fundamentales, de
nuestros derechos humanos. Con este segundo plan se dará otro paso frente a la amenaza de este retroceso, poniendo encima de la mesa una hoja de ruta global con una brújula que marque el camino de la acción política en su defensa. Por ello solo
podemos celebrar que hoy este borrador de este plan se presente en esta Comisión y seamos partícipes de ello. Y acabo con una cita de Martin Luther King, activista y gran defensor de los derechos humanos: Siempre es el momento apropiado para hacer
lo que es correcto.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Uriarte Torrealday): Moitas grazas, señora Tizón.


Con esto terminamos las intervenciones de los grupos y tiene ahora su turno de palabra para responderles el señor secretario de Estado.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE RELACIONES CON LAS CORTES Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES (Simancas Simancas): Muchas gracias, señor presidente.


Muchísimas gracias a los portavoces de todos los grupos parlamentarios por sus intervenciones, sus valoraciones, sus aportaciones y propuestas. Tenía la firme intención de elevar esta intervención, incluso en su réplica, por encima de las
controversias habituales que tenemos en esta casa en honor y en respeto al objeto de la comparecencia, el plan, y resulta difícil sustraerse a la tentación, pero creo que lo voy a conseguir. Vamos a hablar fundamentalmente en términos del plan y no
vamos a entrar en las diatribas más habituales de esta casa.


Voy por orden de grupos. Por el Grupo Bildu, la señora Aizpurua reivindica un papel no solo lleno de buenas intenciones, sino con garantías, y créanme que este ha sido el propósito del borrador que hemos elaborado y lo será en todo su
desarrollo. No queremos un papel más, no queremos un documento de referencia más, que siempre es interesante -lo decía la propia señora Aizpurua-, pero queremos algo que además se aplique y sobre lo que podamos vigilar, reclamar, rendir cuentas y
mejorar constantemente. Por eso en este plan hemos dado tanta relevancia a las tareas de seguimiento, de evaluación, de gobernanza y de rendición de cuentas, con instrumentos, con herramientas concretas que no aparecen en otros planes y que no
aparecían de este modo en el plan anterior. Están previstos trabajos de diagnóstico inicial, durante el desarrollo y la implementación del plan y al final. Queremos que el seguimiento en la implementación del plan se lleve a cabo a través de
indicadores, no de referencias vagas, de indicadores objetivables de proceso, de actividad, de resultados; evaluación por eje y evaluación por medida en cuanto a acciones, en cuanto a gasto, en cuanto a producción de normas, en cuanto a la eficacia
de las normas. Tendremos un plan de gasto anual previsto, seguido y evaluado; estableceremos sistemas de medición, sistemas de garantía desde la Administración Central del Estado y con la colaboración, como les decía, del comité de dirección de
seguimiento del plan con otras administraciones públicas y con organizaciones de la sociedad civil especializadas en materia de derechos humanos.


Me hablaba la señora Aizpurua también de los derechos de las personas privadas de libertad. Es un tema habitual a tratar en este tipo de documentos. Cunado hablamos de derechos humanos también hablamos de los derechos de las personas
privadas de libertad. Nos hemos dedicado a ello; la institución del Defensor del Pueblo dedica mucho tiempo, incluso un informe anual que se ve en esta casa. Entiendo que se han recogido propósitos y compromisos concretos de una manera bastante
razonable en cuanto a las condiciones de internamiento, en cuanto a la formación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en cuanto a los procedimientos integrales en el trato con las personas privadas de libertad. Creo que el trabajo está
razonablemente bien hecho en lo que tiene que ver con este plan.


Se nos ha hablado del cumplimiento de los dictámenes, de las recomendaciones de las organizaciones internacionales que tratan sobre derechos humanos. El cumplimiento de estas recomendaciones, incluso

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de estos mandatos, llamémoslos así, es nuestra vocación, es nuestro compromiso. Entiendo que con mucha probabilidad el grado de satisfacción en cuanto a cómo vamos haciendo esto es diferente entre su organización y la mía, pero forma parte
explícita del plan y formará parte de su seguimiento y de su evaluación en manos del Gobierno y en relación a lo que ustedes, en las comparecencias anuales que yo me he comprometido a sustanciar aquí, nos trasladarán.


Se ha referido, como algunos otros grupos, a la regulación sobre la información clasificada. Es verdad, tenemos una legislación franquista, literalmente franquista, porque es del año 1968. Que se hagan reproches a este Gobierno, que es el
primero después de más de cuarenta años que se atreve a elaborar un texto, es un tanto paradójico. Sí, nos hemos atrevido, hemos llevado un texto en primera lectura al Consejo de Ministros y lo hemos sometido a los órganos consultivos del Gobierno.
Algunos han cumplido; otros no. El Consejo General del Poder Judicial tiene nuestra propuesta desde el mes de agosto del año pasado, pero ya sabemos todos que allí se toman las cosas en general con mucha relajación. Todavía no hemos recibido
ningún informe. Eso sí, hemos podido leer en algún diario conservador algún adelanto, pero solo el adelanto, el informe no lo tenemos.


¿Cuál es nuestro propósito con relación a esta normativa? No nos escondemos; nosotros queremos hacer compatible el derecho a la información, la obligación de transparencia que tiene el conjunto de las administraciones públicas, con algo
que también es absolutamente legítimo, yo diría obligado para cualquier Estado, que es clasificar una parte de la información disponible para proteger a la población. No toda la información puede ser perfectamente transparente, ustedes lo
entenderán. Hay algunas informaciones que por motivos de seguridad, para preservar la seguridad de los ciudadanos y las ciudadanas, hay que mantenerlas con cierto grado de discreción. Hacer compatibles estas dos voluntades es el propósito de la
ley. Yo creo que lo estamos haciendo razonablemente. ¿Es perfectible la norma que hemos planteado? Sí, por eso está sometida a los órganos consultivos y pasará la tramitación parlamentaria. Hacía usted alusión a algo muy concreto, que la
información relativa a los derechos humanos, cuando haya riesgo de vulneración de derechos humanos, no sea objeto de clasificación. Es objeto de un artículo específico en el anteproyecto de ley de información clasificada que cuando llegue el
momento vendrá por aquí. Insisto, el Consejo General del Poder Judicial todavía no ha tenido a bien ilustrarnos con sus reflexiones al respecto. Estamos esperándolas con avidez; ya que se han tomado tanto tiempo, serán extraordinariamente
interesantes con toda seguridad.


Hablaba usted también del caso de Pablo González. Nos consta porque hemos hablado muchas veces usted y yo con el ministro de Asuntos Exteriores y sabemos que el interés es sincero y efectivo. No obstante, no tiene el resultado que todos
esperamos, y bien que lo lamento. Perseveraremos.


Intentaré ir más rápido. La señora Illamola, del Grupo Plural, me adelanta que nos enviarán propuestas por escrito. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Cómo han intervenido las comunidades autónomas y los ayuntamientos? Hicimos un envío en su
momento, en otoño del año pasado, a las comunidades autónomas a través de las consejerías de Presidencia y a los ayuntamientos a través de la FEMP, y algunas nos respondieron y otras menos. Estamos razonablemente satisfechos al respecto. ¿Cómo
pretendemos que continúe siendo la participación? Pues pretendemos que las comunidades autónomas formen parte del comité de dirección de seguimiento y evaluación del plan a través de las consejerías de Presidencia con el interlocutor que
consideren, y desde luego estaremos al tanto de lo que nos vayan planteando.


Cumplimiento de los tratados, cumplimiento de las recomendaciones de organismos internacionales. Insisto -se lo adelantaba también a la señora Aizpurua- en que siempre es mejorable y no vamos a ponernos un 10, pero hay algunas cuestiones
que no vamos a poder compartir ustedes y nosotros. Nosotros entendemos que aquí no se persiguen ideas; se persiguen a través de las herramientas de la justicia las vulneraciones de la ley. Eso no podemos aceptarlo como un incumplimiento de los
mandatos de organismos internacionales especializados en derechos humanos. Aquí hay un Estado de derecho, mejorable, sí, pero firme y equiparable a los mejores. Aquí hay separación de poderes. Hay una justicia independiente, cuyos mandatos y
cuyas sentencias a veces compartimos y a veces no, como en todos sitios, Aquí hay unas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado -incluida Cataluña- y se cumplen las leyes, y cuando no, hay instrumentos para perseguirlos. No vamos a aceptar, desde
luego, la categoría de que España no cumple en general los tratados internacionales, las recomendaciones, los mandatos de los organismos internacionales que tienen que ver con los derechos humanos.


Ley mordaza. Depende de nosotros; digo nosotros colocándome el gorro de diputado. Hay conversaciones al respecto entre los grupos. Yo creo que la tarea está muy avanzada. Todo aquello que

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le dio nombre de mordaza a aquella reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, que sacó adelante el Grupo Parlamentario Popular por sí mismo, se ha revertido. Hablábamos de la prohibición de grabar imágenes en manifestaciones. Eso ya está
corregido. Hablábamos de la prohibición y de la sanción a las manifestaciones espontáneas. Eso ya está corregido. Hablábamos entonces de los períodos de hasta seis horas en comisaría para identificar a las personas; se ha reducido a dos.
Hablábamos de los posibles registros hasta el desnudo integral de las personas en la calle para identificarles; eso se ha corregido. Hablábamos de sanciones, a veces impagables para personas de escasos recursos, y hemos establecido un sistema que
pondera la sanción en función de la renta. Yo creo que hemos avanzado muchísimo en los acuerdos. Quedan algunas cosas, sí, algunas cosas que a veces no tienen que ver con la seguridad ciudadana. Los rechazos en frontera no tienen que ver con la
seguridad ciudadana; es una cuestión importante, interesante, de alcance, pero no es propio de una ley de seguridad ciudadana. Hemos recogido ya por consenso la prohibición de utilizar material especialmente lesivo para las personas, una
categoría, pero dicen ustedes: no, vamos a hablar de un mecanismo concreto. Un mecanismo concreto en un artículo de una ley que tiene expectativa de vigencia nos parece, al menos, discutible. Pero creo que estamos cerca, ¿por qué no la sacamos
adelante? Hay ya un dictamen de ponencia, queda la convocatoria de la Comisión y el Pleno. Y estamos hablando de una proposición de ley, esto no es un proyecto de ley del Gobierno, sino que es una proposición de ley de los grupos. Estamos
dispuestos a colaborar al respecto con entusiasmo, como pueden comprobar; en fin, por nosotros no va a quedar.


Protección de los derechos humanos en las relaciones bilaterales. Sí, con todos los países, créanme. Esta es una exigencia que planteamos a todos los países.


La señora portavoz de Esquerra, señora Bassa, se manifiesta escéptica en cuanto a los propósitos reales del papel que hemos distribuido y, sobre todo, en relación con el cumplimiento de los derechos humanos hoy en nuestro país. Ahí tenemos
que discrepar. Nosotros sí creemos que se cumplen los derechos humanos en nuestro país, como en las mejores democracias, como en los Estados de derecho más consolidados de nuestro entorno. Y cuando hay vulneraciones de derechos humanos, entendemos
que hay mecanismos y herramientas para hacer prevalecer la justicia. Y me ha hablado también usted de algunos supuestos incumplimientos en relación con dictámenes de organismos internacionales. No coincidimos en cuanto al grado de cumplimiento de
estos mandatos y recomendaciones, como podrá usted entender.


Dice también la señora Bassa que se ha enviado poca información. Yo creo que sí ha habido información. Durante el otoño del año pasado lo enviamos a los propios partidos políticos, a las comunidades autónomas. Yo creo que sí ha habido
información; todavía estamos a tiempo en todo caso para mejorar el texto en lo que ustedes consideren y sea razonable. ¿Ha habido poca participación? Estamos aquí; no todos los planes de todos los gobiernos en todas las administraciones
atraviesan un proceso como este. Hemos traído un borrador: Oigan, aquí está el borrador, ¿qué opinan ustedes? Estamos dispuestos a mejorarlo. No he venido a presentar el plan, he venido a presentar un borrador. Alguien ayer en el Senado me
preguntaba que cómo el Gobierno pide comparecencias para presentar borradores. Me lo tomo casi como un halago, porque yo he estado ahí muchas veces y, claro, ver documentos elaborados de manera definitiva sobre los que solo cabe una crítica un
tanto ineficaz... Aquí tenemos un borrador, estamos dispuestos a revisar y algunas de las ideas que se han planteado aquí son perfectamente plasmables y, de hecho, las vamos a recoger con toda seguridad.


¿Por qué cinco años? Porque queríamos diferenciarlo de la legislatura. ¿De qué sirve un plan de derechos humanos para este Gobierno? Queremos que sea algo que vaya más allá de la tarea de un Gobierno, no sé con qué éxito. Algunos grupos
han sido muy críticos al respecto e incluso han visto un cierto cariz partidista en su redacción. Créanme que yo no lo veo tanto y, desde luego, nuestra intención ha sido huir al respecto de una manera clara. Cinco años es para alejarlo de una
legislatura de partido, para que sea efectivamente transversal y de país. ¿Indicadores objetivos? Sí, de proceso, de actividad, de resultado.


Vivienda. Pues digo lo mismo que en relación a la derogación de la ley mordaza, que está en nuestras manos. Ayer mismo hubo una reunión entre el Gobierno y su grupo que yo creo que fue bastante productiva al respecto. Ojalá podamos
ponernos de acuerdo el conjunto de los grupos parlamentarios de esta Cámara para sacar adelante la primera ley del derecho a la vivienda de toda la democracia. Porque, efectivamente, este es uno de los grandes problemas que tenemos en el país.
Antes el señor portavoz de VOX, en esa intervención tan particular, nos decía: Es que los jóvenes no se quieren emancipar ni se quieren casar ni quieren vivir en pareja por miedo a que se les apliquen las leyes de género. En fin, yo

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creo que los jóvenes tienen dificultad para emanciparse porque no tienen vivienda fundamentalmente. A lo que tienen miedo es a no encontrar una vivienda, un alquiler accesible. Pues vamos a resolver este problema, que sí es un problema
real. El problema del miedo de los jóvenes, supuestamente a las leyes contra la violencia de género no me parece un problema real, con todo respeto.


Hablaba también usted de la ley mordaza y me hablaba de Melilla. Claro, ha habido ya una investigación por parte de la Fiscalía. La Fiscalía ha dicho que no hay delito al respecto. Fue una tragedia, sin lugar a dudas. Lo que ocurrió allí
fue absolutamente dramático, pero, claro, no hay una responsabilidad para con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y nosotros tenemos que referirnos al respecto a las resoluciones de la Fiscalía.


El portavoz de Unidas Podemos, señor Uriarte, ha dado muy buenas ideas, algunas aportaciones de interés que vamos a recoger sin lugar a dudas en el borrador. Nos pedía algo de concreción. Claro, este es uno de los problemas de este tipo de
planes. Si concretas demasiado, lo conviertes en otra cosa, lo conviertes en un remedo de plan normativo. Alguien me decía algo al respecto. Claro, no era nuestra intención hacer otro plan normativo, ni un plan de gobierno, ni un programa
electoral, ni una relación de leyes, aunque algunos compromisos legales hay. Sí creemos que están apuntadas algunas cosas. ¿Qué hay que concretar más en algunas medidas? Vamos a discutirlo. Creo que sí ha habido una gran participación de las
organizaciones especializadas en la materia, Amnistía Internacional, la Asociación Pro Derechos Humanos, la Coordinadora Nacional de ONG, institutos universitarios de comunidades autónomas diversas. ¿Todavía hay más gente interesada, más sociedad
civil organizada? Pues seguro que sí, vamos a ver si de aquí a que aprobemos el plan en Consejo de Ministros pueden participar y, si no, tenemos el proceso -insisto- de evaluación, de seguimiento por delante.


En relación con los secretos oficiales, ya he contestado, creo, con profusión a otros portavoces. En relación con la transparencia, estoy de acuerdo con usted en que quizás haya que revisar las funciones y las prerrogativas del Consejo de
Transparencia. También creo que tenemos que darnos prisa en desarrollar los mandatos de la ley de protección de denunciantes, con la que hemos traspuesto una directiva europea al respecto muy muy importante en la lucha contra la corrupción. Se ha
hablado de la lucha contra la discriminación de determinados colectivos en relación con la discapacidad y, por cierto, esos cuatro apuntes que usted nos hacía me parecen muy interesantes para incorporarlos inmediatamente al borrador en materia de
extranjería. Muy interesante también el planteamiento que ha hecho usted en relación con la farmacia y las enseñanzas de la pandemia; no se nos había ocurrido, pero me parece muy interesante. Y en cuanto al compromiso sobre la regulación de la
normativa de la trata, sabe usted que está en conversación ahora mismo también entre el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Igualdad, Derechos Sociales, etcétera.


Con relación al portavoz de VOX, cuando yo hablaba de consenso, en fin, créame, no me refería a usted, descuide. (Risas). No, porque estamos en desacuerdo incluso en la categoría, en lo que son los derechos humanos, es evidente, usted
mismo lo ha reconocido. Nos ha llegado a decir usted que hay demasiados derechos humanos, demasiados. ¿Y cuál suprimiría usted? ¡Qué miedo! Casi prefiero que no me conteste. ¿Cuáles de los derechos humanos que aparecen en la Declaración
Universal de Derechos Humanos suprimiría usted porque hay demasiados? ¡Madre mía! No sé.


Eso sí, nos ha dicho usted que en la Declaración Universal de Derechos Humanos hay unos derechos verdaderos y unos derechos falsos. ¿Y esto cómo se determina? ¿En función de principios religiosos? ¿Los derechos humanos que aparecen en el
catecismo son derechos verdaderos y los que no aparecen en el catecismo no? Claro, es que estamos hablando conceptualmente de maneras muy distintas de organizar la convivencia. Usted ha hablado de la meritocracia, que es el poder de los que reúnen
méritos. ¿Qué méritos? No sé. ¿Los de arriba, los de buena familia, los de algunos apellidos, los que hayan nacido en un sitio adecuado? Claro, podríamos hablar también de teocracia, el poder de los que se creen representantes de Dios, o, no sé,
de la plutocracia, el poder de los que tienen mucho dinero. No, es que nosotros creemos en la democracia, que es distinto, es distinto. Es el poder de todos residenciado, representado en esta casa. Claro, es muy difícil hablar de derechos humanos
con usted, yo lo entiendo.


Dice que tenemos un problema de diagnóstico. Dice: En España no se discrimina a las mujeres y no se discrimina a las personas LGTBI. Pero ¿en qué España vive usted? ¿Cómo que no se discrimina? ¿Usted no tiene mujeres a su alrededor que
han sufrido una entrevista en la que les han preguntado por cosas que jamás nos preguntarían a usted ni a mí? ¿Usted no tiene cerca mujeres y hombres que cobran distinto por el mismo trabajo? ¿Usted no conoce a personas que han sido agredidas o
con intentos de agresión sexual y que siempre o casi siempre son del mismo género? ¿Cómo que no hay discriminación?

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Sí, claro que hay discriminación. Por eso hay un plan de derechos humanos que intenta luchar contra esa discriminación. Dice: Ustedes intentan crear derechos de grupo, de las mujeres, de las personas LGTBI, de las personas trans. No, los
derechos son de cada persona. Nosotros atribuimos los derechos humanos a cada una de las personas, nosotros luchamos contra la discriminación de cada una de las personas, oiga, pero es que la lucha en defensa de la igualdad sí es de grupo, y no
solo es legítimo, es eficaz. Claro que las mujeres se tienen que organizar para defender sus derechos, y las personas LGTBI, incluso los socialistas nos organizamos -ya sé que a usted no le gusta-, hasta ustedes se organizan en grupo. En fin, es
que, claro, pensamos en coordenadas tan distintas que cuesta mantener una conversación mínimamente eficaz. No creen en la discriminación, hablan de lucha de géneros. No; lucha por los derechos de las mujeres.


No me queda más remedio que mirarle a usted, señora portavoz del Grupo Parlamentario Popular. De verdad, ¿con estas personas se puede ir a algún sitio? ¿Se puede gobernar con ellos? Reprochaba usted el feminismo del Partido Socialista.
Nosotros no tenemos compañeros de Gobierno como el portavoz de VOX, que no creen en la discriminación de la mujer. Decía usted: Pues no persiguen ustedes suficientemente la discriminación de la mujer en Irán o en Latinoamérica. Oiga, ¿y por qué
no la persiguen ustedes en Castilla y León, que está más cerca, y es donde tienen un vicepresidente que comparte carné o lo que sea con este señor? En fin, perdónenme, porque he hecho propósito de no entrar en asuntos de nuestra controversia diaria
y no sé si estoy cumpliendo.


Dice: Es que su planteamiento es tóxico. No; tóxico es buena parte de lo que ha planteado usted con educación, pero con una dureza y un alcance terrorífico, permítame que le diga.


La señora portavoz del Grupo Parlamentario Popular me planteaba al principio por qué no había comparecido para hablar de las líneas generales de mi tarea. Hombre, compareció el ministro de Presidencia, hablando del conjunto del
departamento. No creo que hubiera una solicitud para mi comparecencia, pero no estoy cerrado en absoluto a hablar cuando ustedes quieran de mi tarea aquí, que es absolutamente transparente y la ven ustedes día a día y semana a semana.


Hubo mucha espera desde que esto se planteó hasta que les hemos traído un borrador. Bueno, en nuestro caso la espera ha sido importante, yo lo reconozco, pero en el caso de los gobiernos del Partido Popular ha sido infinita, porque no han
traído ningún plan; ha habido dos planes, uno con el Gobierno de Zapatero y otro con el Gobierno de Sánchez.


Partidismo. No hay partidismo; desde luego no hay partidismo en la intención, y si usted ve alguna redacción establecida en términos partidistas de lo que hace el Gobierno o de sectarismo en algunas de las medidas, señálemelo porque créame
que estamos en disposición de corregirlo. Claro, a no ser que considere usted que es partidismo hablar de la igualdad entre mujeres y hombres, la reivindicación de los derechos sociales, los buenos empleos, considerar la protección de la salud como
un derecho humano. Claro, si esto es partidismo..., desde luego mi partido lo defiende, y yo creo que el suyo también, permítanme que lo considere así.


Nos habla de la ley del sí es sí. Claro, era raro que no nos hablaran ustedes de la ley del sí es sí o de la ley trans. Yo le voy a decir con toda tranquilidad que nosotros estamos muy satisfechos de haber implementado estas dos leyes y
otras muchas en defensa de la igualdad entre mujeres y hombres, y cuando nosotros encontramos alguna dificultad en relación con una ley -y la ley del sí o sí la tiene-, trabajamos para corregirlo. En eso estamos. Claro, para ustedes es más
difícil, porque ustedes no promueven leyes de igualdad de la mujer, y cuando hay leyes que luchan por la igualdad entre los derechos de las mujeres y los hombres en tramitación parlamentaria, suelen votar en contra y, cuando salen adelante, las
suelen llevar al Tribunal Constitucional. En fin, es muy difícil que nosotros aceptemos de ustedes recomendaciones al respecto. No obstante, insisto, esta es nuestra manera de trabajar.


En el plan se implementan objetivos que tienen que ver con la igualdad entre mujeres y hombres, y yo creo que, tal y como están redactados y planteados, ustedes los pueden compartir perfectamente; el señor portavoz de VOX, no, pero yo creo
que ustedes, sí. Esta es nuestra vocación y nuestro propósito.


Pregunta: ¿La Constitución no es suficiente para proteger a las personas LGTBI y para proteger a las mujeres? La Constitución las protege en el artículo 14 de la discriminación, pero hace falta más, señora Moro. Nosotros entendemos que
hace falta más; no basta con la Constitución, faltan leyes que desarrollen algunos de estos derechos y normas y acciones políticas que establezcan medidas que de facto promuevan la igualdad y combatan la discriminación. No basta con la
Constitución. La Constitución es un marco de convivencia absolutamente razonable, que nosotros celebramos, es un gran éxito de país; nosotros creemos que la Constitución española y la Transición democrática son probablemente los

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mayores éxitos de la España contemporánea, nosotros lo consideramos así, pero no es suficiente. Esa era su pregunta y yo le respondo al respecto.


Al escarceo internacional ya le he respondido. Sobre los derechos de las víctimas del terrorismo están explicitadas, pero si hace falta desarrollarlas más, dígannoslo; estamos dispuestos a ampliarlo en la medida en que sea preciso y en el
sentido que ustedes planteen. En cuanto a la trata, tendremos una legislación sobre trata; esa es nuestra vocación. Está en el plan normativo, y espero su colaboración al respecto, porque, efectivamente, es uno de los problemas importantes que
tenemos.


¿Y por qué ahora? Porque es necesario un plan de derechos humanos. No solo es una invitación de las instituciones europeas, no solo es una obligación institucional. Creemos que es interesante y positivo que aparezcan en un papel una serie
de propósitos en materia de derechos humanos y que todos nos comprometamos a su cumplimiento a medio plazo.


En relación con la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, hace una pregunta muy interesante -con esto termino- que tiene que ver con las prioridades de la Presidencia española en relación con la promoción de los derechos humanos. Va a
dar la casualidad de que el 75.º Aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos se va a celebrar bajo Presidencia española en Europa. Claro, vamos a contribuir desde la Presidencia española a celebrar, a conmemorar esta
declaración, y el Gobierno ya establece una serie de prioridades al respecto. La primera tiene que ver con la pena de muerte, con la abolición de la pena de muerte en todo el mundo, como es lógico, promoviendo la consecución de una moratoria
universal, que es en lo que está el escenario internacional como paso previo a la abolición total y efectiva en todo el mundo. La promoción del Estado de derecho dentro de las fronteras de la Unión Europea, que todavía hay cosas que decir y que
hacer al respecto, y fuera, desde luego, en la defensa de las personas defensoras de los derechos humanos que están en situación de riesgo. Con los panoramas que tenemos en algunas instancias, desde luego, esto hay que tenerlo siempre presente. En
cuanto a los derechos digitales, de lo que hablaba antes, aquí, en España, hemos aprobado una carta de derechos digitales. Vamos a intentar promover este tipo de iniciativas en el conjunto del continente. La libertad de prensa y la política
exterior feminista también son las prioridades de la Presidencia española en relación con los derechos humanos.


Bueno, espero haber acertado en el tono y no haber sido excesivamente hiriente, porque, créanme, no era mi intención, todo lo contrario, recoger buenas ideas en relación con un plan que queremos que sea de todos.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Uriarte Torrealday): Muchas gracias, señor Simancas.


A continuación, vamos a dar la palabra de nuevo a los distintos grupos, en el mismo orden en el que han intervenido anteriormente y por un tiempo de tres minutos. Igual que hemos sido laxos en la primera parte, en la fijación de posición,
les pido que se ajusten a los tres minutos y, en la medida en que sea posible, que se ajusten a lo explicitado por el señor secretario de Estado en las respuestas.


Muchas gracias.


En primer lugar, tiene la tiene la palabra, en representación del Grupo Euskal Herria Bildu, la señora Aizpurua.


La señora AIZPURUA ARZALLUS: Gracias, presidente.


Intervengo muy brevemente, porque tampoco creo que sea cuestión de empezar a polemizar sobre tantos temas que han ido saliendo.


Ha dicho usted que es paradójico y, de alguna forma, se ha quejado de que se les critique con el tema de la Ley de Secretos Oficiales cuando son el único grupo al que se le ha ocurrido, que se ha aventurado o se ha atrevido a hacerlo. Que
se les critique -ha dicho- es paradójico. Quisiera que se entendiera esto, pero a mí me parece muy paradójico que cincuenta y cinco años después -porque de 1968 hasta hoy han pasado ya cincuenta y cinco años- lo que se traiga sea una ley en la que
se plantean cincuenta años prorrogables a diez más para los altos secretos de Estado. Esto sí que no es compatible con la transparencia y, además, complica enormemente que se pueda acceder a muchos documentos de la Transición que todavía hoy están
bajo siete cerrojos. No se trata de polemizar, pero sí quería decirlo, porque de paradoja a paradoja, creo que hay una diferencia sustancial.


Creo que me ha quedado claro, pero se supone que las aportaciones que los grupos quisiéramos hacer a este plan se pueden enviar por correo durante un tiempo equis. No sabemos cuál es y estaría bien

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saberlo. Luego, considerarán si las toman en consideración o no y, después, el Consejo de Ministros lo aprobará y se implementará. Es así ¿no? (Asentimiento).


Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Uriarte Torrealday): Muchas gracias, señora Aizpurua.


A continuación, tiene el uso de la palabra el señor Pagès, en representación de Grupo Parlamentario Plural.


Adelante.


El señor PAGÈS I MASSÓ: Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor Simancas.


Yo voy a complementar la intervención de la diputada, Mariona Illamola, y lo voy a intentar hacer con ánimo de mejora del borrador del plan de derechos humanos que se nos presenta. Voy a pedir un poco de indulgencia en el tiempo, unos
segunditos más, y lo que voy a explicar va a tratar de dos temas: el primero, la memoria democrática y, el segundo, el eje cuarto del borrador del plan.


En primer lugar, en relación con la memoria democrática, en el texto se dice que se quiere poner en valor la Transición española. Tememos que esto vuelva a ser una alfombra para tapar muchas decepciones democráticas que se han vivido en los
años desde la muerte del dictador Franco. Junts per Catalunya votó en contra de la Ley de Memoria Democrática porque consideraba que era insuficiente en coactividad y vinculatoriedad. Aquel era el momento de hacer una ley efectiva para los
derechos humanos, y yo creo que se perdió una buena oportunidad, aunque si se puede mejorar en el futuro, bienvenido sea. En todo caso, quedó una ley bastante más retórica que efectiva para restaurar la memoria democrática, una ley que permite que
queden impunes los crímenes del franquismo. Si realmente se quería hacer justicia, no justicia reparativa, no justicia retórica, sino justicia de verdad, lo que se debería haber hecho hubiera sido, como en Argentina, permitir que los crímenes del
franquismo no quedaran impunes y se pudiera condenar a los criminales.


Hay una segunda cuestión muy concreta sobre la Ley de Memoria Democrática. Voy a hacer un apunte sobre el pueblo Amazigh. En la Ley de Memoria Democrática no se valoró una enmienda que presentó Junts relativa al pueblo Amazigh, en
concreto, al daño perpetrado por España por el uso de agentes químicos, incluido el gas mostaza, durante la guerra del Rif. Se solicitaba que se pidiera perdón, que se investigara si hubo armas biológicas, si el uso de estas armas por parte de
España dio lugar a casos de cáncer en la región y, también, que las consiguientes reparaciones económicas se ejecutaran en aquel territorio del norte de África, del Estado de Marruecos.


Hay una tercera cuestión que queríamos apuntar relacionada con la Ley de Memoria Democrática. En el texto se afirma que hay una voluntad de revisión de la regulación relativa a la competencia de los tribunales internos. La pregunta es:
¿Van ustedes a reformar el artículo 24 de la Ley Orgánica del Poder Judicial?, porque construye un régimen para hacer efectiva esta jurisdicción universal tan complejo y con tantos requisitos que en la práctica la impide. Por ejemplo, en relación
con el genocidio y crímenes contra la humanidad del Ejército ruso en Ucrania, al contrario que en Francia, en Alemania y en otros países, los tribunales en España no pueden juzgar, sino solo cooperar con el CPI, porque en 2014 se abolió la
jurisdicción internacional. En esta legislatura se ha debatido este tema y, de hecho, su partido vetó la posibilidad de que prosperara la jurisdicción universal. Esperamos que con este plan se abra la puerta otra vez a que la jurisdicción
universal se ponga en funcionamiento.


Hay un segundo bloque que quería tratar; lo haré lo más brevemente que pueda, señor presidente. Se trata del eje 4 del documento, igualdad de trato y protección de grupos específicos como garantía de los derechos humanos. No sabemos dónde
está esta igualdad de trato y no discriminación en relación con las minorías nacionales. Querríamos saber si este olvido forma parte de la lógica del borrador, es decir, si forma parte de la filosofía de fondo de este borrador obviar la existencia
de minorías nacionales, de pluralismo nacional en el Estado español y de pluralismo cultural; un pluralismo nacional que, por la simple intervención de los que estamos aquí presentes, es evidente. Concretamente, no vemos ninguna referencia a los
derechos lingüísticos de los hablantes del catalán, del euskera o del gallego, unos derechos que son cotidianamente vulnerados por las administraciones, por las fuerzas y cuerpos de seguridad y, diariamente, por los tribunales. Y tenemos una
pregunta en relación con las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que fijan un porcentaje concreto de castellano en las escuelas catalanas. Desde el punto de vista de los derechos humanos, del respeto a los derechos de las
minorías...

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El señor VICEPRESIDENTE (Uriarte Torrealday): Señor Pagès, ya le hemos concedido un minuto de más sobre su tiempo, y tiene que terminar. Unos segundos nada más.


El señor PAGÈS I MASSÓ: Voy acabando. Solo quería poner sobre la mesa la cuestión del 25 %.


Para acabar, nos preguntamos si todas las medidas y previsiones del plan van a contemplar la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea referente a las cuestiones prejudiciales presentadas por el juez Llarena, porque
creemos que esta sentencia -y acabo enseguida, señor presidente- es una sentencia constitucional que pone los derechos humanos por encima de la integración europea, por encima de la cooperación judicial y por encima de la automaticidad de las
euroórdenes, y lo hace en relación con los grupos objetivamente identificables.


El señor VICEPRESIDENTE (Uriarte Torrealday): Moltes gràcies, señor Pagès. Tenemos que continuar con la sesión.


El señor PAGÈS I MASSÓ: Queremos saber si va a incorporar estas cuestiones en su escrito.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Uriarte Torrealday): Moltes gràcies.


Vamos a continuar con las intervenciones. A continuación, le corresponde el turno, en nombre del Grupo Parlamentario Republicano, a doña Montserrat Bassa.


La señora BASSA COLL: Gracias, señor Simancas, por afirmar que solo era un borrador y que se va a mejorar con nuestras aportaciones; así lo haremos y se las haremos llegar.


En consecuencia, aprovecho rápidamente la réplica para añadir un par de comentarios en ese sentido sobre el plan que hoy tratamos. Dicho borrador detalla un plan de gobierno en el que se recogen las iniciativas legislativas y de política
pública que el actual Gobierno de coalición está llevando a cabo, pero lo grave es que dejan fuera aspectos muy importantes en cuanto a las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos que tiene el Estado español y a las que no está
dando respuesta el Gobierno actual. De hecho, tan solo han seleccionado aquellas recomendaciones que coinciden con su programa de Gobierno. Un claro ejemplo es el apartado del borrador que trata de cómo reforzar el compromiso con el sistema de
derechos humanos. En este epígrafe se hace referencia a la importancia de los órganos, de los tratados y de sus diferentes pronunciamientos, pero tan solo se establece que se creará un protocolo o algo similar para el seguimiento, evidentemente, de
estos dictámenes. Esta medida no representa ningún avance. De hecho, ya existe, y sabemos que en la práctica los dictámenes no se ejecutan por parte del Estado español. En la práctica, por ejemplo, personas a las que el Estado ha vulnerado sus
derechos están más de diez años en un proceso judicial para que el Estado español cumpla sus obligaciones.


Señor Simancas, a pesar de todo lo comentado, tengan claro que si presentan un plan de derechos humanos, nuestro grupo posiblemente les dé apoyo, pero no por creer que este plan de derechos humanos se vaya a implementar de la manera que a
nosotros nos gustaría, sino por tener una herramienta con la que, en caso de no cumplir, podamos denunciarlo ante la Unión Europea.


Muchas gracias.


La señora SECRETARIA (Narváez Bandera): Gracias, señora Bassa.


Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario de Unidas Podemos, el señor Uriarte.


El señor URIARTE TORREALDAY: Muchísimas gracias, presidenta.


Señor Simancas, le estoy muy agradecido por la receptividad que ha mostrado hacia las propuestas de nuestro grupo, concretamente sobre la revisión de las funciones del Consejo de Transparencia, para evaluar la posibilidad de la potestad
sancionadora en cuanto a la celeridad en la implementación de la ley de denunciantes -la ley de whistleblowers-, en cuanto a la incorporación de los objetivos de derechos humanos de la ONU en materia de discapacidad y, por último, en cuanto a
implementar los medios necesarios para garantizar un mínimo de soberanía en materia sanitaria por parte de nuestro país ante posibles futuras pandemias. Creo que en este sentido es fundamental escuchar a las ONG que han trabajado en la materia, y
es fundamental crear los mecanismos para controlar que los derechos intelectuales industriales no acaben resultando perjudiciales para el derecho a la salud de la ciudadanía en caso de pandemia. Creo que el Estado tiene que armarse frente a estas
cuestiones.

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Y, simplemente, para terminar, hago un llamamiento a todos los grupos de la Cámara para que leguemos a las siguientes generaciones dos elementos troncales de un sistema democrático avanzado: la ley de seguridad y la ley de secretos. Creo
que son cuestiones en las que, entre todas y todos, deberíamos sentar las bases para un modelo diferente.


Muchas gracias.


La señora SECRETARIA (Narváez Bandera): Gracias, señor Uriarte.


Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario VOX, el señor Contreras.


El señor CONTRERAS PELÁEZ: Gracias, presidenta.


Le pediría la misma indulgencia en los límites de tiempo que ha mostrado con el diputado que intervino anteriormente, porque el señor Simancas me ha planteado cuestiones muy jugosas.


Señor Simancas, me parece que lo ha tergiversado absolutamente todo, quizá porque no me expresé bien en mi intervención anterior. Me pregunta: ¿Considera usted que hay demasiados derechos humanos? No, no; yo creo en todos y cada uno de
los derechos humanos verdaderos. Lo que he explicado precisamente es que ustedes van inventando nuevos derechos que no son derechos humanos, que no deberían ser considerados derechos humanos. Para mí, los derechos humanos son los de 1948, los de
la declaración universal, y de esos no sobra ni uno, es decir, todos ellos son verdaderos derechos humanos. Precisamente mi intervención se basó en ir mostrando cómo su política de derechos de grupo contradice precisamente artículos concretos de la
Declaración Universal de Derechos Humanos. Por ejemplo, el falso derecho al aborto contradice el derecho a la vida de todos los seres humanos consagrado en el artículo 3 de la declaración universal; por ejemplo, el concepto mismo de derechos de
grupo contradice la universalidad de los derechos humanos consagrada en los artículos 1 y 2 de la declaración, o por ejemplo, la inversión de la carga de la prueba en la ley del solo sí es sí contradice el principio de presunción de inocencia
consagrado en artículo 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. (El señor vicepresidente, Uriarte Torrealday, ocupa la Presidencia).


Antes, por falta de tiempo, no pude hablar de otro artículo de la declaración que me parece vulnerado por sus políticas, que es el artículo 19 de la declaración universal, que trata sobre la libertad de pensamiento, de opinión, de expresión,
etcétera. Sus políticas están consagrando una especie de nueva ideología de Estado, una nueva religión de Estado, que sería este neomarxismo woke, que tiene una serie de dogmas intocables como que las mujeres están discriminadas o que los
homosexuales están discriminados, y quien discrepe públicamente de estas normas se ve señalado públicamente como ultra, racista, machista, fascista, etcétera, como me acaba de ocurrir a mí antes en esta misma sala. Esto es una forma de
totalitarismo. Señalar al discrepante como antisistema y como irracional o como una amenaza a la democracia es totalitarismo blando, si llamamos totalitarismo duro al del Gulag o al del Lager, donde se mataba al discrepante. Aquí no se le mata,
pero se le se le etiqueta como infame, y esto basta para que muchos se autocensuren y no expresen lo que realmente piensan.


Esta nueva religión de Estado la van ustedes inculcado en la sociedad por todo tipo de vías. Es muy interesante el hecho de que todas las leyes con carga ideológica que han aprobado en los últimos tiempos, todas ellas, ya sea la Ley de
Memoria Democrática, la ley del solo sí es sí o la ley trans, incluyen una serie de artículos sobre educación. Por ejemplo, la Ley de Memoria Democrática prevé un plan de memoria democrática cuatrienal -artículo 12-, prevé que todos los programas
escolares estén impregnados con contenidos de memoria democrática -artículo 44.1- y también los programas de formación inicial y permanente del profesorado y los programas de formación de los funcionarios de Administración General del Estado, es
decir, adoctrinamiento en sectarismo histórico para toda la población, desde los niños a sus profesores y a los funcionarios. Y digo sectarismo histórico porque la esencia de la Ley de Memoria Democrática es una visión maniquea de la historia
española reciente, según la cual la izquierda representaría la democracia y la libertad y la derecha el fascismo y la represión. Nuestra historia es reinterpretada como una lucha entre buenos y malos, y en eso quieren adoctrinar a toda la
población. Pero ya digo, hay otras leyes -no tengo tiempo de entrar en detalles- que también incluyen siempre artículos sobre educación, es decir, sobre adoctrinamiento.


Me preguntaba usted si no conozco mujeres que sean discriminadas por el hecho de serlo o que se les pague menos. No, no las conozco. Mi ámbito de trabajo, como el suyo, es la universidad. ¿Me dirá usted que nuestras compañeras profesoras
cobran menos que nosotros, desempeñando el mismo trabajo, a igualdad de categoría académica? Por supuesto que no. Pero lo mismo ocurre en los demás ámbitos, porque en España, afortunadamente, desde hace cuarenta y tres años, desde el Estatuto de
los

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Trabajadores, es ilegal pagar distinto por el mismo trabajo a hombres y mujeres. Utilizan ustedes, como siempre, la falacia estadística de la brecha salarial. Es verdad que el salario promedio del varón es 5000 euros superior al salario
promedio de la mujer, pero eso no es porque se pague distinto por el mismo trabajo, es porque hombres y mujeres, en promedio, escogen profesiones y estudios distintos. Las mujeres están más atraídas por estudios o profesiones que implican
interacción humana -esta es una diferencia constatada por los psicólogos desde hace mucho tiempo-, en tanto que los hombres, en promedio, están más atraídos por profesiones o actividades que impliquen interacción con objetos, entre ellos los
tecnológicos; claro, la tecnología es manipular objetos y dominar las fuerzas de naturaleza. El hecho de que solo haya un 20 o un 30 % de mujeres en las facultades de ingeniería no se debe a una conspiración patriarcal para impedir que las mujeres
accedan al poder tecnológico,...


El señor VICEPRESIDENTE (Uriarte Torrealday): Disculpe, pero han pasado ya más de cuatro minutos, así que tiene que terminar ya. Tiene tres segundos para terminar.


El señor CONTRERAS PELÁEZ: ... sino que se debe a que las mujeres, en uso de su libertad, prefieren estudiar otras cosas. Claro, las profesiones tecnológicas están fuertemente remuneradas y esto explica parte de la brecha salarial.


Finalmente, solo quiero decir que, de verdad, es insultante para...


El señor VICEPRESIDENTE (Uriarte Torrealday): Muchas gracias. Ha terminado usted el uso de su palabra.


El señor CONTRERAS PELÁEZ: El otro diputado tuvo dos minutos más.


Gracias por su tolerancia, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Uriarte Torrealday): En este momento tiene la palabra la señora doña María Jesús Moro, del Grupo Parlamentario Popular, adelante por favor.


La señora MORO ALMARAZ: Gracias, presidente.


En primer lugar, señor Simancas, en Castilla y León no se violan los derechos de las mujeres, no lo consentimos y no lo vamos a consentir. Se discrepa de las opiniones y de las posiciones políticas. Está perfectamente delimitado en el
pacto que el marco son el Estatuto de Autonomía de Castilla y León y la Constitución española, y las propuestas que no se corresponden a ese marco y al pacto de Gobierno las puede hacer desafortunadamente el que quiera, incluso con cargo de
vicepresidente, pero esa no es la posición del PP.


Yo creo que también ustedes están muy incómodos gobernando con algún socio que les ha hecho firmar alguna enmienda en la Ley de Memoria Democrática en la que se pone en duda los Gobiernos de Felipe González sobre la violación de los derechos
humanos. Sin embargo, me ha tranquilizado mucho, porque usted es muy hábil, pero no me ha interpretado bien. Yo creo que sí, que sabe perfectamente lo que he querido decir cuando dice que no hay violación de derechos humanos en España, que
estructuralmente no se puede hablar de violación de derechos humanos, y, cuando la gente falla, cuando la gente comete delitos, cuando la gente comete faltas, ahí están los instrumentos. Yo creo que también en el año 1982 había instrumentos; hemos
ido mejorando, hemos ido evolucionando, pero a mí se me pusieron los pelos de punta cuando el Partido Socialista firmó la sospecha de que en el año 1982 se violaban estructuralmente los derechos humanos. Por tanto, me ha quedado muy claro y me
quedo tranquila. Llevo oyendo en la Comisión de Interior tantas veces que en este país los jueces violan los derechos humanos en España y la Policía viola los derechos en España y no. Y si hay un juez que se equivoca y comete un delito,
instrumentos de la democracia.


No he dicho que la Constitución española sea suficiente, le he preguntado porque no sabe hasta qué punto en todos los ámbitos -en ponencia, en comisión, en Pleno...- he tenido que oír del grupo que apoya a las ministras proponentes que,
hasta que no hemos aprobado la ley trans, en España no se reconocían derechos y no había instrumentos contra la discriminación, y esto es falso. Eso es lo que yo quería decir. Claro que la Constitución tiene que ser desarrollada. No vamos a hacer
una teoría porque lo sabemos usted y yo. Claro que se ha desarrollado, ustedes y nosotros, no voy a hacer aquí una carrera contra el tiempo, no voy a hablar de quién negoció los objetivos 2030, etcétera, porque durante mucho tiempo con el Partido
Socialista hemos trabajado en la construcción, no en la deconstrucción, porque eso es lo que permite que avancen las sociedades.

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En ese punto es lo que yo le planteaba: por favor, usted sabe que se ha vetado una iniciativa nuestra para rectificar errores en la modificación del Código Penal en el caso de los delitos contra la libertad sexual y ustedes han presentado
una prácticamente gemela. Nosotros lo que queremos es que cuanto antes se rectifiquen errores. Las consecuencias de algunos ya son irreversibles.


Por lo tanto, estamos en esos puntos, en que algunos artículos de algunas leyes no son feministas, no lo son. No estamos en contra de determinadas leyes, no estamos en contra de que se avance en la defensa de los derechos y en la ausencia
de discriminación, de exclusión, en absoluto, usted lo sabe y quería dejarlo claro en nombre de mi grupo parlamentario. Pero el plan -por eso también le preguntaba por el tiempo- se anunció para un periodo que era ese, del 2019 al 2023 y luego no
se hizo y aquí se nos dice que comienza en el 2022 y tenemos un borrador y es para un quinquenio, justo -y se ha dicho por otra persona que no es de mi grupo parlamentario- cuando se va a acabar la legislatura. Por eso yo se lo he preguntado,
porque llamaba la atención. Por eso ahí, le pido que se pula lo más posible...


El señor VICEPRESIDENTE (Uriarte Torrealday): Señora Moro, tiene que ir terminando ya.


La señora MORO ALMARAZ: ... un plan -termino ya- que no es un balance de Gobierno, no es un balance de cumplimiento programático, como usted en algún momento ha dicho, y estoy de acuerdo con usted.


Muchas gracias por su benevolencia, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Uriarte Torrealday): Muchísimas gracias.


La compañera del Grupo Socialista me dice que renuncia a su intervención.


Por lo tanto, damos por terminado este turno y damos de nuevo la palabra al señor secretario de Estado para que haga sus últimos comentarios. Adelante.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE RELACIONES CON LAS CORTES Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES (Simancas Simancas): Muchísimas gracias, presidente.


Con mucha brevedad, para no abusar de la benevolencia y de la amabilidad de los portavoces de los grupos, cuyas intervenciones han sido también de interés en esta segunda ronda.


En relación con los secretos oficiales, nosotros nos hemos atrevido y somos los que más críticas estamos recibiendo, de ahí mi alusión a la paradoja. Nos hemos atrevido a enfrentar este debate incluso en los medios de comunicación y con
ustedes. Nosotros sí creemos que hay que actualizar esa normativa, hacerla democrática y constitucional. Que nosotros, que nos hemos atrevido y hemos puesto negro sobre blanco y sometido a órganos y a consulta pública, recibamos críticas por
nuestro planteamiento, créanme que de alguna manera tenemos que expresar nuestra queja.


No había controles. Nosotros hemos planteado controles: control administrativo, control judicial, control parlamentario... Ahora no hay desde la ley de 1968. Tenemos que confiar en que se utilice esa prerrogativa de la clasificación de
información de una manera razonable. Nosotros lo hemos puesto encima de la mesa, con plazos. Ha dicho que los plazos son largos. Claro, ¿y cuánto plazo hay que dar para mantener clasificada una información sensible que puede poner en riesgo la
seguridad de la gente? Pues todo el tiempo que sea necesario, señora Aizpurua. Todo el tiempo que sea necesario. Si el conocimiento público, si la traslación pública de una información que es sensible y de la que depende su seguridad, la mía, la
de su familia y la de la mía tiene que estar clasificada, me dice usted, ¿y por qué la retiene usted tanto tiempo? Pues todo el tiempo que sea necesario, porque el objetivo de la seguridad pública es un objetivo lícito. ¿O no? Es un propósito
razonable. Pues habrá que ponerse de acuerdo. A lo mejor es demasiado tiempo en algunos casos y a lo mejor es demasiado poco en otros. Me pregunta usted, así en general, que cuánto tiempo. Pues todo el que sea necesario, porque tenemos que
reconocer el principio. ¿Es preciso clasificar alguna información? ¿Es preciso tener en reserva algún tipo de información porque de ella depende la seguridad de su familia y de la mía? Yo creo que sí. Y esto necesita una regulación. No voy a
insistir mucho en esto porque esto dará para largos e interesantísimos debates cuando tengamos la ley encima de la mesa.


Me habla usted de los tiempos. Pongámonos como referencia el próximo Pleno, que empieza el 7 de marzo. De aquí al 7 de marzo, a nuestro despacho, a la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes, pueden ustedes enviarnos todas las
aportaciones al correo y las tendremos en cuenta. Y me ha preguntado que cuáles sí y cuáles no. Después tendrá usted y todos los grupos la oportunidad de venir

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aquí a reprocharme si no las hemos tenido en cuenta. Por eso existe el control. Efectivamente, el Consejo de Ministros determinará cuáles sí y cuáles no y, después, nos someteremos al control, insisto.


El Grupo Plural me hablaba de la ley de memoria. Ley de Memoria Democrática, sí claro. Si algunos grupos pretendían que nosotros en la Ley de Memoria Democrática pusiéramos en solfa la Transición democrática, yo no siento haberles
defraudado, porque nosotros creemos en la Transición democrática. Estamos no solo satisfechos, yo diría que orgullosos de la Transición democrática y de la Constitución española de 1978, con todas sus limitaciones. Nos ha proporcionado un marco de
convivencia, un Estado de derecho, una democracia al uso de la que queremos presumir. Y, a la par, queremos seguir avanzando y perfeccionando nuestro régimen democrático, sin lugar a dudas. Creemos que en la Ley de Memoria Democrática hemos hecho
lo que teníamos que hacer, llamar a los verdugos, verdugos y llamar a las víctimas, víctimas, y condenar el franquismo y condenar aquel régimen que privaba de libertades a los españoles.


En relación con la jurisdicción universal, en la medida 42 hablamos de una regulación relativa a la competencia de los tribunales españoles acerca del alcance del principio de jurisdicción universal favoreciendo la persecución de crímenes
internacionales. A lo mejor podemos ir un poquito más allá pero, claro, eso también tiene una discusión en el ámbito de la doctrina a la que no podemos ser ajenos, y usted lo conoce.


Respecto a la discriminación de minorías nacionales, nosotros creemos en la pluralidad nacional, en las identidades nacionales libres y las respetamos, pero no creemos que haya una discriminación por razón de identidad nacional en nuestro
país. Sinceramente, no creemos en eso, y por eso no lo hemos incluido en la lucha en favor de los derechos humanos. Sí me parece interesante la referencia que ha hecho usted a los derechos lingüísticos porque por ahí puede haber una ventana de
oportunidad para incluir alguna idea sobre derechos lingüísticos. Es verdad que hay lenguas cooficiales en nuestro país y el derecho a poder utilizarlas y vamos a ver si se puede hablar sobre esto. En cuanto al juez Llarena, me permitirá usted que
no hable de él en esta comparecencia porque creo que no es el lugar.


La señora portavoz de Esquerra sigue en su escepticismo, pero, bueno, ya me ha concedido algo cuando ha dicho: Está bien que tengan ustedes al menos un documento de derechos humanos, aunque solo sea para denunciarlo aquí y fuera. No está
mal, me quedo con eso. Además, promete hacernos aportaciones. Nos hablaba de protocolos para los dictámenes de los organismos internacionales especializados en materia de derechos humanos. Sí, protocolos es lo razonable, porque una ley que nos
obligue a aceptar o asumir cualquier determinación de cualquier organismo internacional choca con una concepción mínimamente admisible de soberanía, incluso para ustedes, que son soberanistas. De verdad, ¿ustedes admitirían cualquier recomendación
de cualquier organismo internacional? (La señora Bassa Coll asiente). En fin, dice ahora que sí, pero yo estoy pensando en tres o cuatro que me gustaría que se aplicaran de una manera automática, pero piénselo usted en general y piense también en
su propia concepción y en su propio ideario de soberanía.


El señor portavoz de VOX dice que no le hemos entendido, pero yo creo que le hemos entendido perfectamente. Nos ha dicho que aquí hay demasiados derechos y que todos los días creamos uno, pero no nos ha dicho cuáles suspendería o cuáles
suprimiría. Yo le he entendido que los derechos de igualdad de la mujer, porque son los que ha criticado, o los derechos en relación con las personas LGTBI o los derechos que tienen que ver con la memoria. Desde luego, no estamos en las mismas
coordenadas no voy a decir ya políticas, sino ideológicas y de valores elementales de concepción de una convivencia democrática. Para nosotros el aborto es un derecho, sí, es un derecho, es el derecho que tienen las mujeres a decidir sobre su
propio cuerpo y sobre su maternidad sin que ningún señor pueda decir nada al respecto. Para nosotros es un derecho humano, para nosotros sí, y por eso actuamos en consecuencia. Ha hablado de lecciones de totalitarismo y nos ha puesto antes como
ejemplo a China diciendo que los chinos son los que van bien, pero no sé yo si en este momento ese es el modelo de democracia para la ultraderecha española. Ha condenado el totalitarismo duro, nos decía, de los Gulag, pero no se tiene que ir tan
lejos ni en geografía ni en el tiempo, que condene el totalitarismo que tuvimos aquí hasta hace cuatro días, hasta 1975. Como se ha ido, no creo que merezca la pena que continúe comentando su intervención. Me ha vuelto a llamar la atención aquello
de que hacemos leyes con carga ideológica, y lo dice en términos peyorativos. Pues sí, claro, nuestras leyes tienen carga ideológica. Cuando hacemos leyes por la igualdad entre hombres y mujeres, estamos defendiendo una determinada ideología, la
ideología de la igualdad. Cuando defendemos la universalidad de la sanidad pública, estamos defendiendo una ideología, y creemos que es una ideología que aporta a los intereses de la mayoría, pero ideología

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es. ¿Promovemos valores constitucionales o valores referenciados en las leyes en la enseñanza? Creemos que sí y, además, no creemos que sea nada malo, sino todo lo contrario.


A la señora portavoz del Partido Popular, le agradezco su tono y su disposición. Nosotros creemos que el vicepresidente de la Junta de Castilla y León sí ha amenazado en términos de coacción los derechos de las mujeres y, ojalá, no
estuviera ahí; si bien, es un asunto, efectivamente, de otro contexto y de otro escenario. Ya he constatado en su presencia nuestra reivindicación de la Transición democrática. El precepto que hemos incluido en esta ley, que tiene que ver con el
estudio de las violaciones de derechos que se produjeron entre demócratas perseguidos por no demócratas entre 1978 y 1982, no es una enmienda a la totalidad a la Transición democrática. El franquismo no se extendió hasta los años 1982 o 1983, lo
que nosotros decimos es que entre los años 1978 y 1982 todavía había algunos demócratas perseguidos por algunos que no eran demócratas, y esto hay que estudiarlo para ver hasta qué punto esto tuvo su efecto, quiénes fueron sus víctimas, para
reivindicarlas, y cuáles fueron los culpables, para señalarlos también. Pero la Transición democrática, insisto, es un episodio que este Gobierno reivindica.


En cuanto al quinquenio, pretendemos que este plan sea de todos, por lo que está redactado en esos términos y con esa vocación, y esperamos que supere una legislatura partidaria y pueda ser de todos.


De su discurso e incluso del tono de su intervención, me quedo con que no ha encontrado usted grandes contradicciones o medidas que no respeten su ideario más importante, lo que me parece un avance significativo. Aunque no podamos estar de
acuerdo con un programa político, al menos en relación con la defensa de los derechos humanos a medio y largo plazo he entendido que sí puede haber cierto grado de entendimiento. Esa es la vocación de este plan para el conjunto de esta Cámara, a
excepción del señor portavoz de VOX que se ha autoexcluido.


Termino agradeciendo nuevamente su atención y su colaboración. Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Uriarte Torrealday): Muchísimas gracias, señor secretario de Estado.


Muchísimas gracias a todas las personas que han intervenido porque prácticamente todas ellas se han ceñido al orden del día y a los tiempos asignados. Sin más temas que tratar, damos por finalizada esta sesión.


Muchas gracias. Se levanta la sesión.


Eran las cinco y veinte de la tarde.