CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2022 XIV LEGISLATURA Núm. 783

IGUALDAD

PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª CARMEN CALVO POYATO

Sesión núm. 25

celebrada el martes,

18 de octubre de 2022

ORDEN DEL DÍA:


Comparecencias de personalidades y funcionarios de la Administración del Estado, al objeto de informar sobre temas relativos al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023. (Número de expediente 121/000125).


- De la señora secretaria de Estado de Igualdad y Contra la Violencia de Género (Rodríguez Martínez). A petición de los grupos parlamentarios Ciudadanos (número de expediente 212/002533), Plural (número de expediente 212/002581), VOX
(número de expediente 212/002378), Popular en el Congreso (número de expediente 212/002808), Socialista y Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común (número de expediente 212/002692) ... (Página2)


- Del señor subsecretario de Igualdad (Sola Barleycorn). A petición de los grupos parlamentarios VOX (número de expediente 212/002377), Popular en el Congreso (número de expediente 212/002809), Socialista y Confederal de Unidas Podemos-En
Comú Podem-Galicia en Común (número de expediente 212/002694) ... (Página14)


- De la señora delegada del Gobierno contra la Violencia de Género (Rosell Aguilar). A petición de los grupos parlamentarios Ciudadanos (número de expediente 212/002534), VOX (número de expediente 212/002375), Popular en el Congreso (número
de expediente 212/002810), Socialista y Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común (número de expediente 212/002693) ... (Página25)

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Se abre la sesión a las cuatro y treinta minutos de la tarde.


COMPARECENCIAS DE PERSONALIDADES Y FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, AL OBJETO DE INFORMAR SOBRE TEMAS RELATIVOS AL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2023. (Número de expediente 121/000125).


- DE LA SEÑORA SECRETARIA DE ESTADO DE IGUALDAD Y CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO (RODRÍGUEZ MARTÍNEZ). A PETICIÓN DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS CIUDADANOS (Número de expediente 212/002533), PLURAL (Número de expediente 212/002581), VOX
(Número de expediente 212/002378), POPULAR EN EL CONGRESO (Número de expediente 212/002808), SOCIALISTA Y CONFEDERAL DE UNIDAS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-GALICIA EN COMÚN (Número de expediente 212/002692).


La señora PRESIDENTA: Señorías, buenas tardes.


Iniciamos la sesión de la Comisión de Igualdad con el punto único del orden del día correspondiente en estas fechas a todas las comisiones de la Cámara y que, como bien saben sus señorías, es la comparecencia de altos funcionarios o
responsables de los correspondientes ministerios para informar sobre el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado, como bien saben sus señorías.


Vamos a tener por parte del Ministerio de Igualdad tres comparecencias. Saben sus señorías que en este caso sí están tasados los minutos de intervención. En primer lugar, vamos a escuchar a la secretaria de Estado de Igualdad y contra la
Violencia de Género, que va a disponer de veinte minutos para posicionar los presupuestos en la parte que corresponde a su secretaría como considere oportuno. Después tendrán lugar las intervenciones, como siempre de menor a mayor, que están
tasadas en siete minutos, de cada una de las y los portavoces que hayan de intervenir en nombre de los grupos.


Sin más, tiene la palabra la secretaria de Estado, doña Ángela Rodríguez Martínez. Como siempre, bienvenida, secretaria, a la Comisión y tienes la palabra.


La señora SECRETARIA DE ESTADO DE IGUALDAD Y CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO (Rodríguez Martínez): Gracias.


Para poder explicar con la mayor brevedad posible la sección 30 de los presupuestos generales del Estado, mi departamento ha considerado oportuno hacerlo a través de una presentación de Power Point para poder ver con claridad las cifras y,
por tanto, ir con la mayor celeridad posible.


Quiero comenzar, obviamente, con una reflexión que no es ajena a cualquiera de las comparecencias de los altos cargos del Gobierno en estas fechas y que tiene que ver con que estos son unos presupuestos con una inversión en gasto social
histórica y que, desde luego, posibilitan afianzar el compromiso del Gobierno de coalición de que podamos tener unas cuentas que cambien la economía de los cuidados y, por supuesto, que tengan un impacto de género muy positivo, y hablaré de ello más
adelante.


Es importante tener presente en este sentido que en esta legislatura el techo de gasto suma en total 73 157 millones, algo que es desde luego histórico. Se puede ver en la gráfica cómo en periodos anteriores estaba muy lejos de esta suma.
Además, y creo que es la reflexión política más importante, no solamente estas son unas cuentas con un techo de gasto que permite proteger a quienes están en una situación de vulnerabilidad, sino que también revierten la receta que contra la
austeridad se había tomado en otras ocasiones por parte de otros gobiernos. Este Ejecutivo, frente a una crisis económica, pandemia mediante y otras inclemencias políticas y económicas que ha sufrido nuestro país durante los últimos dos años, ha
tomado una senda de inversión y gasto público muy diferente a la de gobiernos anteriores. Creo que esto consolida la idea de que frente a las crisis los gobiernos tienen que invertir más y proteger a la ciudadanía, y el resultado está siendo de
éxito.


Les presento en primer lugar, por tanto, la cifra total del presupuesto para nuestra sección: estamos hablando de 573 millones de euros. Como saben, esta es una cifra que cuenta en su haber también la suma de lo que se llama el Servicio
50, de los Fondos Europeos de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El motivo por el que sumamos esto y hacemos esta comparación es porque es el dato que hemos dado en el anterior ejercicio presupuestario y creemos que, por tanto, debe ser
señalado de este modo, si bien es cierto que se puede diseccionar y consultar en los libros que corresponden a cada sección y yo misma lo haré a continuación, y por supuesto también el subsecretario y la delegada del Gobierno contra la Violencia de
Género, que me acompañan hoy. Como pueden ver, estamos hablando

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de un incremento total de 47 millones de euros, lo que supone un 9 % más respecto del presupuesto del ejercicio 2022, que eran 525 millones de euros, y nos coloca muy cerca de los 600 millones de euros, los cuales superaremos en 2023, y
hablaré más delante de ello. Además, y como pueden ver aquí, supone un incremento muy significativo respecto del histórico de todas las políticas de igualdad.


Si se fijan en la gráfica, en el año 2002 estábamos hablando de una inversión de 23 millones de euros, cifra que fue notablemente incrementada en el periodo en que existía un Ministerio de Igualdad, y que volvió a ser recortada durante las
siguientes legislaturas para ir recuperándose a medida que nos acercamos a la fecha actual, en la que, como digo, hemos alcanzado un máximo histórico. Este máximo histórico desde luego supone un incremento notable para nuestro ministerio. Como les
decía hace un momento, en lo que tiene que ver con el incremento con fondos europeos estamos hablando de un incremento del 9,3 %. Sin contar estos fondos el incremento es de un 14,3 %. Y si se compara con el presupuesto general de todo el Estado,
sin los Fondos Europeos estamos hablando de un incremento del 2,7 %; es decir, que el incremento del Ministerio de Igualdad está por encima del incremento medio del resto de los ministerios.


Paso a continuación a la distribución por políticas. Como saben, siempre presentamos estas cuentas distribuyéndolas por grandes bloques de políticas públicas. Creo que es bastante significativo el porcentaje de inversión que se hace en
cada una de ellas, que veremos a continuación, empezando por la que tiene mayor inversión, que es la prevención de la violencia de género y estamos hablando de 320 millones de euros, que también es una cifra histórica, es el 56 % del presupuesto del
Ministerio de Igualdad. Le sigue lo dedicado a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, concretamente 232 millones de euros, que también es una cifra histórica y que supone el 40 % del Ministerio de Igualdad. Después, los servicios
generales, que podrá detallar con mayor rigor el subsecretario. Aquí estamos hablando de 15 millones de euros, lo que supone un 3 % del ministerio, y le sigue lo dedicado al programa 2.3.2, de igualdad de trato y diversidad, que, como saben, agrupa
dos direcciones generales -les hablaré más adelante por separado- y que supone tan solo un 1 % del ministerio, que en este caso son 7 millones.


Pasamos a continuación a analizar la distribución del presupuesto consolidado por los distintos centros directivos y las distintas políticas públicas, y creo que es importante también analizar cómo cada uno de los centros directivos ha ido
incrementando su presupuesto. En este sentido, y a pesar de que es un organismo autónomo, también detallaré a continuación cuál es el incremento y en qué se incrementa el presupuesto del Instituto de las Mujeres, que crece porcentualmente un 17 %,
aumentando la cantidad presupuestaria en 4 millones. Si bien esta no es una cifra histórica para el Instituto de las Mujeres en el histórico del instituto, sí que revierte la mayor parte de los recortes en la última década del instituto y, por
tanto, creemos que es una muy buena cifra. Por otra parte, y este es el órgano que más se incrementa en cuantía presupuestaria, la secretaría de Estado ve incrementados sus programas en 43 millones, lo que supone una subida del 13 %. La Delegación
del Gobierno contra la Violencia de Género aumenta en un 15 %, lo que supone 10,3 millones más. Como saben, este es el 15 % que preveía el dictamen del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, si bien es cierto que para el ejercicio 2023 no
estaría vigente ya este compromiso puesto que lo que establecía el dictamen era para los cinco primeros ejercicios económicos, aunque este Gobierno, y también lo explicaré a continuación, ha querido mantener esos compromisos y redoblarlos en la
medida de lo posible. A continuación, Servicios Generales, que, aunque es una cuantía muy pequeña, el incremento es muy notable, estamos hablando de un incremento de un 32 %. Algunos de estos incrementos tienen que ver con los servicios de cara a
la Presidencia española del Consejo Europeo; el subsecretario podrá detallar esta cuestión más pormenorizadamente. Y, como digo, igualdad de trato y diversidad sexual crecen respectivamente 1 y 2 millones, lo que supone, fijaos de qué presupuesto
tan exiguo hablamos, un 58 y un 88 % de incremento.


Me adelanto ya con el primer bloque de políticas públicas, que tiene que ver, por supuesto, con las políticas de igualdad entre mujeres y hombres. Digamos que la partida fundamental, como ya saben, va dedicada al Plan Corresponsables, la
primera política pública de conciliación estatal que tiene este alcance. Pueden ver en el histórico cómo otras políticas similares -algunas de ellas residían en la secretaría de Estado de Igualdad en anteriores legislaturas- tenían un presupuesto
mucho más pequeño y, por tanto, a pesar de que este año el presupuesto es un presupuesto continuista, que se consolida respecto de los dos ejercicios presupuestarios anteriores y que solamente hay un incremento de 7 millones, digamos que se
consolida el Plan Corresponsables como una política pública que en este momento está sirviendo para financiar en todas las comunidades autónomas de nuestro país todo tipo de actividades relacionadas con la conciliación, como puede ser la
contratación de personas que cuidan a

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menores de 16 años, prestar este servicio a través de contratación pública, ludotecas, campamentos de verano o de Navidad, comedores escolares, jornadas matinales en las escuelas que sirven para ampliar los horarios de los colegios y todo
tipo de actividades extraescolares que ayudan a la conciliación de las familias.


Respecto del Instituto de las Mujeres, segundo gran bloque de políticas dentro de las políticas de igualdad, el centro directivo crece este año 4 millones, una cifra muy notable, y me gustaría señalar, respecto de los 24 millones del año
anterior, algunos elementos importantes para analizar a qué va a ir este incremento. En primer lugar, como saben, en el año 2023 el Instituto de las Mujeres, además de contar ya con una nueva sede, la cual animo a todas sus señorías a visitar, va a
celebrar su 40.º aniversario, lo cual implica el desarrollo de una agenda cultural descentralizada y desterritorializada, lo cual será especialmente relevante para cumplir con la agenda habitual del Instituto de las Mujeres en lo que tiene que ver
con las mujeres en el ámbito rural y también en lo que tiene que ver con la consolidación por segundo año consecutivo de un programa de salud sexual y reproductiva, que va a incluir, entre otras cuestiones, guías de educación sexual y reparto de
productos de gestión menstrual, como pueden ser tampones y compresas, y también y de manera muy significativa el desarrollo a través de la colaboración con los sindicatos de las herramientas de asesoramiento que están previstas en los reales
decretos 901 y 902 en materia de igualdad retributiva, que, como saben, van a ayudar a que los planes de igualdad lleguen a todas las empresas y centros de trabajo que tienen la obligación de tenerlos. Más adelante podré detallar si así lo desean
en qué cifra estamos hoy en el registro de estos planes de igualdad, porque está siendo particularmente difícil conseguir que las empresas que tienen la obligación de desarrollar estos planes puedan registrar los mismos. Además, las subvenciones a
las entidades feministas entran dentro de este incremento del Instituto de las Mujeres.


Paso a detallar a continuación lo que tiene que ver con las políticas contra la violencia machista, contra la violencia de género. Como saben, nuestra prioridad ha sido consolidar el pacto de Estado. Quiero dar a sus señorías la
enhorabuena por esa subcomisión, de la que espero unos trabajos fructíferos. Si lo son, lo serán para todo el país, así que quiero darles la enhorabuena en nombre del Ministerio de Igualdad y también trasladarles la idea con la que hemos diseñado
estos presupuestos en materia de violencia de género, que ya les adelanto que si hubieran dependido de este ministerio nosotras hubiéramos incrementado más la cuantía, pero creemos que son unos buenos presupuestos. En cualquier caso, les diré
cuáles son las líneas generales de actuación política que incluimos en estos incrementos. En primer lugar, la idea de que tenemos que extender todas las políticas que ya veníamos desarrollando a todas las formas de violencia contra las mujeres. Si
bien es cierto que este ya era el leitmotiv del dictamen en 2017, el nuevo marco normativo, que incluye la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, la ley de infancia y también lo relativo al real decreto ley de Ucrania, artículo 47,
para la acreditación de víctimas de trata y la aprobación del plan operativo y también del PENTRA, obligan a una serie de despliegues en materia presupuestaria que se van a traducir en algunos casos en políticas públicas desarrolladas por la
Administración General del Estado y en otros casos por las comunidades autónomas. En este sentido, queremos destacar cuatro elementos fundamentales a los que van a ir dedicados los incrementos en materia de violencia contra las mujeres. En primer
lugar, las transferencias a las comunidades autónomas para el Plan de acción contra la Explotación Sexual de Niñas y Niños y Adolescentes y todo lo derivado de la ley de infancia. Como saben, este plan fue aprobado en una conferencia sectorial
conjunta con el Ministerio de Derechos Sociales, concretamente lo que tiene que ver con las competencias de infancia, y creemos que es un elemento fundamental pues a día de hoy no existen en nuestro país recursos especializados para niñas menores de
edad y adolescentes que puedan estar sufriendo explotación sexual. Creemos que es fundamental que se desplieguen estos recursos y, por tanto, vamos a ampliar y a abrir nuevas líneas de transferencias en las comunidades autónomas en este sentido.
También, nuevas transferencias a las comunidades autónomas para las responsabilidades derivadas de la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual. En este sentido, estamos trabajando en desarrollar con las comunidades autónomas un plan conjunto
que, a través de un catálogo de referencia, nos permita, según lo que establece la Ley del Sector Público, poder desarrollar planes plurianuales y que dedique una buena parte de estas transferencias a capítulo 1 y, por tanto, a la contratación de
personal estructural. Los trabajos van muy bien, mañana vamos a celebrar la cuarta sesión relativa a la coordinación con las comunidades autónomas y en este momento tenemos ya unas tres cuartas partes de lo que va a suponer este catálogo aprobado y
esperamos que el mes próximo pueda entrar ya en vigor, una vez aprobado en la conferencia sectorial. Y, por supuesto, también el Plan de Inserción para Víctimas de Trata, Explotación Sexual y

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Mujeres en Contextos de Prostitución, que, como saben, ya está en vigor este año, con una cuantía de 12,9 millones de euros y que va a reiterar esta cuantía este año. Yo creo que es muy positivo porque es la primera vez que existe un plan
de inserción para mujeres en contextos de prostitución, víctimas de trata y de explotación sexual a nivel estatal en nuestro país y estaremos de acuerdo en que necesitamos darles a estas mujeres una salida y que esa salida pasa por que puedan tener
formación y un trabajo digno. Además, y como les mencionaba al principio, el incremento del presupuesto de la delegación del Gobierno es del 15 %. Si me lo permiten, esto lo desarrollará la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género con
todo el detalle que ustedes consideren oportuno.


Es importante que tengan presente que, si bien la cantidad que manejábamos el año pasado en materia de violencia contra las mujeres sumaba 285 millones de euros, nuestra previsión a principios de 2023 es poder llegar a los 350. Si ustedes
suman lo que actualmente está en la sección 30 y el Servicio 50 verán que son 320 millones de euros, y los 30 millones de euros restantes están en este momento en el Ministerio de Derechos Sociales. Es la suma de estos 30 millones de euros lo que
nos hace llegar a 100 nuevos millones de euros en materia de violencia de género, a los que hay que restar los que perdemos en materia de centros de crisis de los Fondos de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que tenían las inversiones en
los dos primeros años de los fondos europeos. Para que puedan entender de qué estamos hablando con esta inversión, digamos que el procedimiento que hemos seguido con el Ministerio de Hacienda es análogo al que se siguió para el incremento de la
financiación a las entidades locales en relación con el Pacto de Estado. Si no me equivoco, era ministra de Igualdad en ese momento la presidenta de esta Comisión y se incrementó en 40 millones de euros, 20 de los cuales residían en el Ministerio
de Hacienda y no en el Ministerio de Igualdad. Es una cuestión contable, pero me parece importante señalarla porque, evidentemente, si ustedes buscan esos 30 millones extra ahora mismo no los encontrarán en el Servicio 50, lo cual no quiere decir
que no estén presentes en el resto del presupuesto.


Paso a continuación a igualdad de trato y no discriminación étnico-racial. Aunque es un programa muy pequeño el de esta dirección general, el incremento fundamental tiene que ver con la puesta en marcha del teléfono 021 para denunciar casos
de racismo y discriminación. Este servicio ya existía, pero de una manera mucho más pequeña y con capacidad para atender a muchos menos casos. Es un servicio que gestiona el Secretariado Gitano en este momento y está intentando dar respuesta al
incremento inaceptable que estamos viendo de delitos y casos de discriminación asociados a esta causa, y además con el compromiso de convertir este servicio en un teléfono de tres cifras que nos permita dar un mejor servicio. Y se trata también de
dar a conocer la existencia de ese servicio. Si bien es un incremento muy pequeño, creemos que esta puede ser una de las políticas más útil que esta dirección general puede desarrollar.


¿Cuánto tiempo me queda, presidenta?


La señora PRESIDENTA: Cinco minutos.


La señora SECRETARIA DE ESTADO DE IGUALDAD Y CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO (Rodríguez Martínez): Gracias.


Lo mismo digo en relación con la Dirección de Derechos LGTBI. En este momento saben que estamos trabajando en la puesta en marcha del 028, un servicio que, de manera análoga al 021, quiere tratar, atender, hacer seguimiento de todos los
casos de delitos de odio por razones de orientación sexual e identidad de género, y el incremento fundamentalmente de esta dirección general se debe a esta materia.


Impacto de género. Como saben, es competencia del Ministerio de Hacienda la elaboración del informe de impacto de género, pero nos ha parecido que como el Ministerio de Igualdad colabora en la elaboración de este informe a través del
Instituto de las Mujeres, como no podía ser de otra forma, debería ser comentado en esta Comisión de Igualdad. Concretamente estamos hablando de un informe de impacto de género que dice que estos presupuestos son probablemente los que mayor impacto
de género tienen de toda la historia de nuestra democracia, al menos desde que se hace este informe de impacto de género. Y atiendan bien a esta cifra aquellos a quienes les molestaban los 20 000 millones del Plan Estratégico de Igualdad; en este
caso el informe de impacto de género habla de que hay 57 018 millones de euros que tienen impacto de género con una pertinencia muy alta. Son veinticinco las secciones afectadas; es decir, que estamos hablando de setenta y cinco programas
presupuestarios con pertinencia muy alta en su impacto de género. Creo que es una de las cifras mejores que podíamos dar, porque esto quiere decir que hay transversalidad de género y que funcionan las políticas de igualdad de forma que a

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cada rincón de nuestra Administración puedan llegar los análisis de género y la perspectiva de género necesaria para que el impacto sea positivo para las mujeres.


Pero no solamente la sección 30 es positiva, sino que de estas secciones y programas con alta pertinencia en el impacto de género nos gustaría destacar algunas: como no podía ser de otra forma, la tasa morada; la eliminación de esa tasa
rosa para los productos de gestión menstrual, que pasará a tener un IVA del 4 %, una muy buena noticia; la creación de esa nueva prestación, esa llamada renta crianza, de 100 euros para las familias con menores de 0 a 3 años; que el ingreso mínimo
vital se revalorice con arreglo al IPC; que el IPREM suba a los 600 euros mensuales; que en la prestación por desempleo se recuperará el 60 % de la base reguladora para el cálculo, algo que se había recortado en la anterior legislatura; lo que
tiene que ver con la inversión en dependencia, que con un plan de choque se recuperan otros 620 millones, ya hemos dejado los recortes en dependencia atrás y creo que esta es una muy buena noticia, y también lo que tiene que ver con las pensiones
contributivas y no contributivas, que también se van a revalorizar al IPC. Va a haber también medidas que tienen un impacto de género muy positivo, como es el bono social térmico o también los abonos de transporte, las ayudas al alquiler de
viviendas y lo que tiene que ver con las becas o la protección de la salud, que desde luego son medidas que, como saben, siempre tienen un impacto de género muy positivo.


Voy a terminar ya, creo que prácticamente en tiempo, más o menos. He intentado ir lo más rápido posible, pero desde luego invito a sus señorías a hacernos cuantas preguntas consideren necesarias, tanto a mí como al resto de altos cargos que
me acompañan hoy en esta comparecencia.


Y para terminar mi exposición, quisiera hacer un ruego a esta Comisión y también a su presidenta, a todos los miembros y a su presidenta. El ruego tiene que ver con la agilización y la no obstaculización de la ley trans. Creo que los
derechos de las personas trans no pueden esperar ni un minuto más y estoy segura de que este país, si conseguimos aprobar la ley trans, si este parlamento escucha lo que las personas trans y todo el colectivo LGTBI necesita, será un mejor país.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Ahora es el tuno de los grupos parlamentarios presentes, y digo presentes porque muchos de ellos no están. La señora Pozueta me dice que no interviene. El Grupo Parlamentario Vasco no está, Ciudadanos tampoco y al
Grupo Plural no lo veo tampoco. Creo, señora Castañón, que es usted la que interviene. Sabe que dispone de siete minutos de tiempo.


La señora FERNÁNDEZ CASTAÑÓN: Gracias, presidenta. Buenas tardes.


Bienllegada, secretaria, y gracias por una exposición que además ha ido al completo detalle y nos ha facilitado mucho la comprensión. Ojalá encontrásemos siempre explicaciones no solo tan detalladas, sino además tan accesibles para poder
comprender las cifras y para poder también compararlas. Sin duda, nos debería hacer sentir orgullosas al conjunto del Estado y como país de poder estar dando aplicación al mandato feminista que hace años ya nos recordaba que los presupuestos tenían
que estar atravesados por una perspectiva de género y que necesitábamos destinar más recursos tanto para afianzar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, como para luchar contra las violencias machistas y para, además, asegurar la igualdad
radical de todas las personas. Por lo tanto, creo que este aumento sustancial que vemos en la sección 30 -hablamos de un 217 % más- es muy importante. Todavía queda por hacer, pero es necesario señalar el enorme avance que supone y que ya hemos
visto desplegado.


Me pare importante también el dato que se ha dado respecto a lo que nos dice el informe de impacto de género. Lleva señalándonos desde hace mucho tiempo la ausencia de una transversalidad de perspectiva feminista en los presupuestos
generales del Estado y que estemos encontrando ahora que son más de 57 000 millones de euros los que tenemos destinados a estas políticas nos enorgullece. No dejan de ser políticas que colocan los cuidados en el centro, porque al final son esas las
políticas que tienen que ver con los servicios públicos, que tienen que ver con la sanidad, que tienen que ver con recuperar la dotación para las personas que están en situación de dependencia, que tienen que ver también con cuestiones profundamente
vitales en el día a día. Estar hablando del ingreso mínimo vital, estar hablando del IPREM, estar hablando de ayudas a la crianza me parece que es algo para estar saludando esta sección 30, respecto a la cual mi grupo no tiene excesivas preguntas
que formular en lo concreto porque ya ha sido muy detallada la exposición. Sí me interesaría, si encuentra un momento entre las distintas respuestas al resto de preguntas que formulen otros grupos, que pudiera desarrollar un poco más ese plan de
inserción que tiene que dotar para acabar con el proxenetismo: papeles, derechos, techo,

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trabajo, dignidad. Si pudiéramos podemos conocer más en ese sentido de la apuesta que se hace desde los presupuestos, nuestro grupo lo agradecería.


Por último, quiero sumarme a la petición última que ha realizado la secretaria de Estado. Nuestro grupo confederal quiere hacer un llamamiento, porque si estamos hablando al final de algo tan material como son los presupuestos generales del
Estado, tenemos que tener presente que las políticas de igualdad son de reconocimiento y de redistribución, y no vamos a poder hablar sin sonrojo de una verdadera democracia si no tenemos a toda la ciudadanía en igualdad de condiciones y no tenemos
reconocidos y puestos en pie de efectiva igualdad los derechos de la comunidad LGTBI, y especialmente los derechos de las personas trans, y eso es estar hablando de educación, de sanidad, de servicios públicos, de reconocimiento de la ciudadanía.
En ese sentido, nuestro grupo quiere pedir que no se siga demorando con prácticas que nos suenan a filibusterismo parlamentario una ley que lleva demasiado tiempo aplazándose y que no es otra cosa que el reconocimiento y los derechos humanos de
muchísimas personas que llevan mucho tiempo peleando con el cuerpo, con el nombre y con la vida por ello.


Nada más. Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Es el turno del Grupo Parlamentario VOX. Tiene la palabra la señora Toscano.


La señora TOSCANO DE BALBÍN: Gracias.


Ha empezado su intervención, señora secretaria de Estado, diciendo que frente a una crisis económica como la que estamos viviendo, más gasto. Frente a una crisis, a tirar la casa por la ventana. Son 573 millones de euros divididos entre
los programas de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, actuaciones para la prevención de la violencia de género y la ley de igualdad de trato y diversidad. Me llama la atención el Plan Corresponsables, con 190 millones para las
comunidades autónomas y un millón para formación y sensibilización.


Sobre el Plan Corresponsables, me gustaría dejar dicho que, entre que tienen la intención de educar y adoctrinar a nuestros hijos, ya solo nos falta que en el tiempo que nos dan del colegio también sean educados por el Estado. Me parece
importante resaltar que la conciliación la tienen que decidir en libertad los hombres y las mujeres; ustedes no pueden imponerles cómo tienen que conciliar, qué es lo que hacen.


En cuanto al famoso Instituto de las Mujeres, que nos cuesta 27 millones de euros, quiero señalar que más del 22 % del presupuesto se destina a gastos de personal y más del 37 % a gastos corrientes en bienes y servicios; es decir, el 60 %
del presupuesto es para mantener el chiringuito. Y la otra parte se destina a fomentar el aborto y a propaganda feminista.


A igualdad de trato y diversidad destinan más de 7 millones, que dedican a adoctrinamiento de profesores, a adoctrinamiento de niños, a elaboración de recursos para hacer más propaganda de la ideología de género, al fomento de la inserción
de personas LGTBI, o séase, a darles privilegios para trabajar, que no estén en las mismas condiciones que el resto, a organización de exposiciones, a la creación de un consejo de participación. Resumiendo mucho, porque son infinitas las campañas,
proyectos, etcétera, es propaganda, adoctrinamiento y privilegios. Para eso son esos 7 millones. En España tenemos el artículo 14 de la Constitución, según el cual todos somos iguales ante la ley; tenemos el artículo 27.3 de la Constitución, que
garantiza el derecho de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones y tenemos el Código Penal. Y esta es básicamente la única pregunta que tengo que hacerle: ¿Para qué hacen falta todos esos millones si ya está contemplada la igualdad y
castigada la discriminación? ¿Por qué?


Respecto a la violencia de género, 320 millones. Cada año aumentan más el presupuesto y las cifras siguen igual. No funciona, aquí falla algo; no sé si lo quiere reflexionar. Estos presupuestos son para unos colectivos que ustedes han
inventado y que quieren proteger, a los que tratan como discapacitados, por cierto: mujeres, personas homosexuales, personas trans, personas que no son de raza blanca. En cuanto a la ley trans -aquí estaba metiendo prisa-, tiene mucha prisa y la
verdad es que es muy grave, porque no sé si se han parado a reflexionar lo que implica para un niño y para un adolescente un cambio registral. No hablan de la disforia de género de iniciación rápida, que cada vez sufren más niñas y que es por
imitación, no porque realmente tengan un problema biológico. Está ocurriendo que cada vez más adolescentes tienen problemas personales, trastornos de alimentación, trastornos sexuales o de identidad y se refugian en creer que son trans. No se
pueden tomar a la ligera este tema y creo que esta prisa que tienen por adoctrinar a nuestros hijos, por sacar estas leyes, obedece a imponer la ideología de género.

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Son unos presupuestos de propaganda, unos presupuestos que no buscan la igualdad; al contrario, buscan que haya ciertos colectivos con privilegios. Son unos presupuestos -573 millones- que quieren imponer una única visión del mundo y que
los que no estemos de acuerdo no tengamos cabida en ese mundo. Ahora me llamará fascista, ultraderecha, que negamos derechos, cuando quiero recordar, hablando de violencia de género, que, precisamente, VOX es el único partido que pide igualdad.
(Risas). Ese trato tan especial que dan a las mujeres con la ley de violencia de género, que no sirve para nada, ese trato privilegiado y ese cuidado en prevenir la violencia y en intentar solucionarla queremos que lo tengan también los hombres y
las personas homosexuales. Precisamente, estamos pidiendo más derechos para las personas homosexuales. Respecto a la idea en conjunto, se trata de quitarnos la libertad. Son unos presupuestos de adoctrinamiento, de pensamiento único.


Por lo que se refiere a la discriminación, me gustaría comentar algo, porque se supone que tratan de evitarla. Me acordaba el otro día de su video, el que subió a Tik Tok. No sé si es porque es lesbiana o bisexual -no sé lo que es y no me
importa, francamente-, pero usted recalcaba que por qué le decían esto y por qué le preguntaban lo otro. La discriminación, cuando implica violencia o maltrato, hay que combatirla, pero que alguien le pregunte a usted lo que es -o a mí- o que
alguien no entienda lo que somos... Ya es hora de rebatir su premisa de la discriminación. Que alguien no entienda o no le guste cómo somos o cómo pensamos es normal y natural. Se nutren de la victimización: es que alguien me ha preguntado que
si soy lesbiana. ¿Y qué? ¿Y qué?


Quiero terminar pidiendo a los españoles que reflexionen, a los españoles que están pasando un momento muy malo, a los españoles que no pueden pagar la factura de la luz, a los españoles que no tienen trabajo, a los españoles a los que les
cuesta mucho llegar a fin de mes, a los que les cuesta mucho pagar el colegio de sus hijos. Quiero que reflexionen sobre si es correcto y moral que se destinen 573 millones a la promoción y a la imposición de la ideología de género.


Gracias. (Un señor diputado: ¡Madre mía, qué barbaridad!).


La señora PRESIDENTA: Es el turno del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Señora Pérez, tiene la palabra.


La señora PÉREZ DÍAZ: Gracias, presidenta.


Señora secretaria de Estado, bienvenida. Señorías, estamos ante unos presupuestos irreales, electoralistas y ajenos al interés general y no solo porque lo dice el Partido Popular, que también, sino porque hemos visto cómo han ido saliendo
organismos independientes a corregir las previsiones del Gobierno y a desmontarlos. Primero la AIReF, después el Banco de España, luego el BBVA y, finalmente, el Fondo Monetario Internacional. A pesar de todo ello, usted, señora secretaria, sigue
insistiendo en que son unos buenos presupuestos para la ciudadanía, y especialmente para las mujeres. Dígame, ¿a quién piensa que creerán las españolas, a usted o a estos organismos independientes?


Cada vez son más las españolas que piensan que el Ministerio de Igualdad no está respondiendo a la realidad que están viviendo en su día a día; todo lo contrario, piensan que está en las antípodas de esa realidad cuando no han visto mejorar
sus vidas en estos años, a pesar del aumento de los presupuestos. ¿Usted cree que con estos presupuestos las mujeres españolas van a encontrar oportunidades y empleo en 2023? Porque si hablamos de brechas de género, no han dejado de aumentar y
ahora presentan estos presupuestos incrementados un 9,3 % como la herramienta que producirá su cierre. La verdad es que resulta hiriente que traten de esta manera estos asuntos cuando saben que el 57 % de las mujeres españolas han sufrido pérdidas
salariales al convertirse en madres, tras verse obligadas a reducir la jornada laboral, coger una excedencia o directamente dejar el empleo. ¿Para cuándo una apuesta decidida y firme por la conciliación y la corresponsabilidad en nuestro país?
¿Qué ocurre con el Plan Corresponsables, señora secretaria? Porque digo yo que su tarea no solo consiste en repartir fondos entre las comunidades y ciudades autónomas, sino también en comprobar que lo realizado se atiene a unos estándares de rigor
en el trabajo por la igualdad, que creemos que en muchos casos no se da. Me gustaría que nos explicara con más detalle el nivel de ejecución, si lo han evaluado y qué resultados está teniendo.


Violencia de género. Es una satisfacción ver que incrementan el presupuesto destinado a violencia de género, pero deberían dedicarlo a los fines para los que se previó y no para lo que a ustedes les parece más interesante, que suele ser una
acción que pueda ser contratada por una de sus empresas amigas. Por poner algún ejemplo -después comparecerá la delegada y tendremos más oportunidad de hablar del tema-, ¿dónde están las inversiones que deberían haberse destinado a mejorar las
instalaciones de los

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juzgados para impedir que víctima y maltratador tengan que verse las caras? ¿Dónde están las mejoras en los equipos psicosociales que atienden a las víctimas en el ámbito judicial?


Y ahora analicemos los clásicos del ministerio. Personal. ¿Nos puede explicar a qué se debe el aumento de casi el 20 % en el capítulo 1? ¿Es que van a contratar a más asesores de esos que tienen en el ministerio: imputados, condenados?
Por cierto, recientemente hemos conocido que uno de cada tres funcionarios abandona el ministerio, y ya son cincuenta y cinco. ¿Por qué será? ¿Qué les dan? ¿Nos lo puede explicar? (Risas).


Estudios y trabajos técnicos. Presupuestan casi 12 millones de euros. Hace un año le dije que estudiar era muy saludable, sobre todo si uno tiene necesidad de aprender, pero ¿les parece decente este dispendio cuando todos los españoles
tenemos que economizar ante la subida de los precios? ¿Podría detallarnos qué estudios tienen previsto encargar con este dineral?


Y tercero, subvenciones nominativas. Van ustedes a repartir más de 17 millones de euros solo en subvenciones nominativas, es decir, subvenciones con nombre y apellidos, con las que van a regar muchas entidades amigas y afines, y en algunos
casos quizá como pago por los servicios prestados. ¿No es cierto, señora secretaria? Y hay que dejar el dinerito bloqueado -abro comillas-, 'no vaya a ser que mañana se acabe' -cierro comillas-. ¿Le suena la expresión? Porque es suya. Y, claro,
a las puertas de unas elecciones no se pueden permitir, por ejemplo, que el Grupo Cooperativo Tangente, fiel compañero de viaje de su organización política en instituciones donde reparten dinero público, cuya subvención a dedo ha pasado de 180 000 a
350 000 euros en solo dos años, se les quede colgado. ¿No es así? Cuánta generosidad de la ministra para con sus amigos allegados; eso sí, con dinero público, con el dinero de todos los españoles. O los coloca en el ministerio o los colma de
contratos menores para la realización de estudios de lo más variopinto o los agasaja con subvenciones nominativas, y cada año con más desparpajo.


Mientras ustedes en el ministerio se dedican a cuidar de los amigos y afines, a irse de viaje y a no perderse una fiesta, de lo que tan alegremente presumen en las redes sociales, mientras el Gobierno de Pedro Sánchez se dedica a hipotecar
el futuro de los españoles, que pagarán nuestros hijos y nietos, la mujer española sigue perdiendo empleo y sigue retrocediendo económica, laboral y socialmente. Económicamente, porque en España tenemos casi tres millones de parados y seis de cada
diez son mujeres. Laboralmente, porque en el ámbito de la conciliación es donde se produce la brecha más grande, empeorando del año pasado a este del 40,8 al 44 %. Y socialmente, porque a la misma madre a la que este Gobierno da 100 euros para la
crianza de su hijo de 0 a 3 años le endosa una deuda de 6000 euros a ella y de otros 6000 a su hijo. ¿Y estos son los presupuestos feministas de los que tanto alardean? Afortunadamente, son los últimos, porque después de estos años de Gobierno nos
dejan ustedes un país más pobre, más desigual, con menos oportunidades para las mujeres, para las familias, y con más desprotección para los menores, para las personas con discapacidad y para las personas en riesgo de exclusión social; en
definitiva, para las personas más vulnerables.


Señora secretaria, han tenido ustedes la oportunidad y el enorme honor, como miembros del Gobierno de España, de trabajar y de hacer políticas para la mujer, políticas buenas; sin embargo, no lo han hecho. Se han dedicado al activismo de
alto standing o de altos vuelos, como prefieran. Las mujeres españolas, las mujeres reales, las mujeres de carne y hueso se merecen más y mejores políticas públicas; se merecen políticos responsables que generen consensos, no activistas en coche
oficial que crispan y generan conflictos y divisiones en la lucha por la igualdad entre mujeres y hombres.


Termino ya, presidenta. Señora secretaria, en nombre de mi grupo le manifesté a la ministra en su última intervención en esta Comisión que contaba con nuestro respeto en lo personal y ese mismo respeto quiero expresárselo hoy a usted en su
última comparecencia de presupuestos, porque tenemos la intuición, como la tienen millones de españoles, de que su fiesta es más pasado que presente, en absoluto futuro, y toca a su fin. Tenemos la esperanza de que los siguientes presupuestos sí
que serán un motivo de reconciliación de las mujeres y los hombres de nuestro país con las políticas de igualdad.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Para finalizar el turno de intervenciones en la comparecencia de la secretaria de Estado, tiene la palabra la señora Lima en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.


La señora LIMA CID: Gracias, presidenta.


Gracias, secretaria de Estado, por su exposición. Decía Martin Luther King -creo que a veces hay que recordarlo-: comprométete con la noble lucha por los derechos humanos. Harás una mejor

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persona de ti mismo, una gran nación de tu país y un mejor mundo para vivir. Creo que es bueno recordarlo después de los mensajes que hemos escuchado. Esa noble lucha ha sido la lucha de siempre de nuestro Gobierno y la lucha de ahora, la
andadura de toda la historia política de nuestro partido. No renunciamos ni renunciaremos a la igualdad real y efectiva mediante el avance y la igualdad formal y legal -nos corresponde a las 24,2 millones de mujeres que habitamos este país-,
porque, además de fortalecer nuestra democracia, es una cuestión de derechos humanos y de justicia social. Nuestro compromiso es firme en la lucha por la igualdad y contra la violencia machista; lo decimos, lo legislamos y lo dotamos. Ese firme
compromiso lo hemos demostrado año tras año, pasando de 181 millones en 2019 a 573 para el año 2023, pero nuestro compromiso real va mucho más allá de las cuentas que se presentan aquí hoy. Va hasta los 379 programas presupuestarios, sobre los que
se ha hecho el análisis del impacto de género, de los cuales 372 tienen un impacto directo sobre los presupuestos. Esto quiere decir que trabajan en líneas de actuación fundamentales, en programas de formación e inserción en materia de violencia
machista, que mejoran la capacitación de las mujeres, que promueven el uso del lenguaje no sexista, que apoyan la formación e inclusión del principio de igualdad, que facilitan la conciliación de la vida laboral, personal y sobre todo que trabajan
en actividades formativas y en campañas de sensibilización.


Por otra parte, tal como mandata nuestra normativa vigente, las políticas tienen que ser transversales y por eso se llevan a todos los ministerios. Y se llevan a todos los ministerios, como ha dicho la secretaria de Estado, con la bajada
del IVA al 4 % de los productos de gestión menstrual, incrementando el gasto social, con la nueva prestación por hijos e hijas menores de tres años, asimilando como familias numerosas a las familias monomarentales, porque la mayoría tienen dos hijos
a cargo, aumentando la partida para las personas dependientes y sus cuidadoras, con el incremento de la prestación por desempleo, con la subida de las pensiones contributivas y no contributivas, con la propia revalorización del ingreso mínimo vital,
con la subida del IPREM o ampliando el bono social térmico e invirtiendo también en la educación como elemento fundamental para construir personas tolerantes e iguales y sobre todo apostando por nuestra juventud. Y les digo por qué. Porque en cada
una de esas políticas estamos nosotras; estamos quienes padecemos discriminaciones, quienes sufrimos la pobreza, quienes estamos tirando de mayores cargas y de mayores mochilas y también las que tenemos menos oportunidades. Con todas esas
políticas hacemos también igualdad.


Ciñéndonos al presupuesto que nos ha presentado, tenemos muy en cuenta a las 1164 mujeres que han sido asesinadas por el hecho de serlo, porque es una barbarie perpetuada en la sociedad y a veces hasta normalizada. Debemos ser conscientes
del papel fundamental que jugamos los poderes públicos y que nos mandata la Constitución. ONU mujeres nos muestra cuál es el camino y aborda diez elementos fundamentales: romper el ciclo del maltrato, garantizando a las víctimas un espacio seguro
donde poder hablar, donde ser escuchadas y donde no se crean que están mintiendo; enseñar a las generaciones futuras dándoles ejemplo como elemento determinante para el desarrollo de su vida en la tolerancia y fuera de la violencia; ofrecer
servicios esenciales integrales; saber que el consentimiento solo permite una palabra: sí; conocer los indicios del maltrato y saber qué papel jugamos cada uno y cada una de nosotras; no permanecer en silencio ante la violencia contra las
mujeres, que es omnipresente y una violación de los derechos humanos que se viene perpetuando durante décadas. Esto son los principios que mueven a este Gobierno.


En estos presupuestos destinamos el 56 % a la prevención integral de la violencia de género, renovando firmemente nuestro compromiso político con el Pacto de Estado contra la Violencia de Género; cumpliendo con nuestras comunidades
autónomas transfiriéndoles los 100 millones; cumpliendo con las entidades locales, no solo con los 20 millones del pacto de Estado, sino con los 40 millones y cumpliendo con la conferencia sectorial, que nos pedía que esas transferencias fuesen
plurianuales. Y sobre todo asumimos las nuevas competencias que hemos legislado aquí y que hemos aprobado democráticamente: cumplir con la Ley orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia y con la Ley
orgánica de garantía integral de la libertad sexual. En este apartado, a través de los fondos europeos, no solo hemos garantizado que haya centros de crisis 24 horas en cada una de nuestras provincias, sino que también lo haremos sostenible con
estos presupuestos para el año 2023.


Al programa de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres se destina el 41 % de los presupuestos, y preguntaba la ultraderecha para qué. Pues para cuidar a esos niños y niñas menores de dieciséis años cuyos padres y madres no tienen
otra posibilidad y necesitan del apoyo de lo público y para crear empleos de cuidado y de calidad.

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Termino. Decía Angela Davis: no estoy aceptando las cosas que no puedo cambiar, estoy cambiando las cosas que no puedo aceptar. Este Gobierno -las socialistas- no permitirá que se demonice o tache de chiringuito al movimiento feminista,
elemental en la lucha por los derechos de todas las mujeres del mundo. Aumentaremos las partidas para seguir ayudando y apoyando a las mujeres que lo necesitan de verdad.


Gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Terminado el turno de intervenciones, tiene la palabra nuevamente la señora secretaria de Estado para cerrar su comparecencia.


La señora SECRETARIA DE ESTADO DE IGUALDAD Y CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO (Rodríguez Martínez): En primer lugar, muchísimas gracias a todas las portavoces por sus intervenciones. Comienzo por la portavoz de Unidas Podemos, la señora
Castañón, con quien comparto -también, por supuesto, con la señora Lima, portavoz del Grupo Socialista- el alto impacto de género -quizá es la mejor noticia en términos de perspectiva feminista- que tienen estos presupuestos. Este es un debate que
viene de largo y que se ha tenido en muchas administraciones y en muchos lugares del movimiento feminista. Seguramente, muchas de sus señorías recuerden todas las intervenciones que con muchísimo cariño y cuidado ha hecho siempre Begoña San José
cada vez que se presentaban unos presupuestos, llamando la atención donde aún estaban esas zonas grises. Sigue habiendo zonas grises, pero creo que hay un salto cualitativo importante y de algún modo se lo debemos a quienes han insistido tanto en
que ese impacto de género debiera ser analizado. Desde luego, nosotras compartimos que esta es una muy buena noticia y creemos que abre una senda que tiene que ser compartida con el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades. En esto quiero ser
clara. El Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades consignaba unos 5000 millones de euros anuales, con medidas de impacto de género alto o positivo, en función de las medidas que establecía el plan. Sin embargo, es extraño que el informe del
impacto de género llegue a la cantidad que llega. No se asusten, no hay nada raro aquí; esto tiene que ver con las herramientas que utilizamos para analizar el impacto de género. Cada vez más los distintos ministerios, con sus oficinas
presupuestarias, tienen capacidad para hacer este análisis con más detalle. Probablemente, el refuerzo de las unidades de Igualdad pudiera servir o ayudar a que se hiciera este análisis del impacto con más detalle y creo que el plan estratégico va
a ayudar en conjunto con lo que está haciendo el Ministerio de Hacienda, a cuyo equipo quiero agradecer el sacar adelante estos presupuestos. Me consta que no solo la ministra, sino también la secretaria de Estado, María José Gualda, con todo su
equipo han hecho un trabajo ingente para que esto saliera adelante. Han hecho un muy buen trabajo y esto se refleja también en el impacto de género. Las feministas, por suerte, no solo estamos en el Ministerio de Igualdad en este Gobierno y eso es
evidente, especialmente cuando se analiza este informe del impacto de género.


Me preguntaba usted también por el plan de inserción. El plan de inserción es la parte de inserción social y laboral dentro del plan operativo. El plan operativo que aprobamos recientemente en septiembre en el Consejo de Ministros y
ministras tiene varias patas y, como usted muy bien decía, pone de manifiesto una cuestión muy clara. El INE habla de que puede haber unas noventa mil mujeres que están en contextos de prostitución; no discrimina, no dice de qué delitos son
víctimas, sino que por motivos económicos sospecha que hay esa cantidad de mujeres. Es muy fuerte que pensemos que puede haber noventa mil mujeres que están en riesgo de sufrir vulneraciones de derechos humanos de las más graves que pueden existir
en nuestro país y que, sin embargo, no haya ningún recurso para darles alternativas. A nosotras -esto es público- nos gustaría que hubiera una ley de trata aprobada ya; mientras tanto, con la ley de libertad sexual tenemos herramientas con las que
trabajar y por eso hemos desarrollado este plan operativo que dice una cosa muy sencilla: si ya no necesitamos que haya una acreditación a efectos policiales o judiciales para las víctimas de trata, como se aprobó con el real decreto ley de
Ucrania, démosles la posibilidad de acceder a los derechos sociales que tienen como titulares de derecho que son por ser víctimas de trata o de explotación sexual. ¿Qué se incluye ahí? Evidentemente, el acceso al acompañamiento y la atención
integral socioasistencial que tienen las víctimas de violencia de género y de violencia sexual. Esto incluye atención psicológica, por supuesto contención emocional y asesoramiento por parte de las trabajadoras sociales y de las juristas para que
puedan pensar cómo ponen su denuncia, porque aquí hay un cambio muy grande. Antes a las víctimas de trata las obligábamos a denunciar para que pudieran tener acompañamiento y ahora estamos dando la vuelta a esto: lo primero es que tú estés bien y
cuando estés bien ya podrás poner la denuncia.

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Por supuesto -quiero ser muy clara-, sabemos perfectamente dónde están -no sé por qué niegan esto también las señorías de VOX- las víctimas de trata y de explotación sexual. Están en los parques y en los puticlubs y si queremos sacar a
estas mujeres de esos clubs, ¿dónde las vamos a llevar? Tienen que tener un alojamiento seguro, tienen que tener vivienda y tienen que tener formación para que el día de mañana puedan tener un trabajo que no las haga volver a esa espiral de la que
han conseguido salir. Y, por supuesto, los casos de situación administrativa irregular, que, según datos del Ministerio del Interior y de la Fiscalía General y según estudios de la propia Delegación, es un porcentaje elevadísimo en el caso de estas
mujeres. Sin papeles van a tener muy difícil hacer todo esto. Cosas tan básicas como, por ejemplo, tener una cuenta en Vodafone para tener un teléfono propio y que el teléfono no sea el del putero o el del proxeneta no se puede hacer si una no
tiene papeles a su nombre. Por tanto, modificar la ley de extranjería es uno de los elementos fundamentales para proteger a las víctimas de trata y de explotación sexual. Sin esto va a ser difícil.


Yo confío en que pueda llegar una ley de trata a este Parlamento que incluya también las modificaciones necesarias en materia de extranjería para complementar en lo normativo este plan operativo que ya inicia igualmente algunas vías de
regularización que ya están previstas en el reglamento de extranjería por razones humanitarias y que dependen de la Secretaría de Estado de Migraciones. Creo que este plan es un buen paso. Quizá la metáfora no es suficientemente explicativa, pero
queremos dar un camino a estas mujeres que hasta ahora no tenían. Hace un año las víctimas de trata tenían la obligación de colaborar con la policía para poder salir de ahí y ahora pueden llamar al 016 y con una acreditación social que hacen los
servicios sociales o las entidades especializadas pueden estar protegidas. El cambio es radical; es pequeño, pero es radical y estamos convencidas de que este es el camino por el que tenemos que continuar.


Señora Toscano, se le han hecho largos los siete minutos. Hay que decir que cuando el tema es un poco más complejo, como los presupuestos generales, se le hace larga la intervención, porque muy preparado no se lo traía usted. Eso es lo que
tengo que decirle en primer lugar. Entiendo que repita sus mantras y están bien repetidos, no pasa nada, pero se le han hecho largo los siete minutos; de hecho, le han sobrado casi dos. Igualmente, usted me dice que el Plan Corresponsables no
sirve para nada. Debe ser que usted es millonaria, pero las personas normalmente no lo son. Normalmente, no; la media lo dice. La mayor parte de la gente de este país no es millonaria. Cuando una madre tiene que trabajar... De esto hablaba
mucho la señora Olona, que ya no está en su partido. Hablaba mucho de esto y quizá ella sí lo entendía e igual por eso no está en su partido. Ella decía, precisamente, que como madre soltera le costaba muchísimo conciliar y esta es la realidad de
muchísimas mujeres, sean de ultraderecha... (La señora Toscano de Balbín pronuncia palabras que no se perciben). La suya también. La mía no porque no soy madre; a mí me cuesta conciliar, precisamente, el cuidado de mi madre, que es una cosa que
también hay que poner en valor. Decir que el Estado tiene que poner servicios públicos para que las madres y los padres puedan conciliar vida laboral y familiar no es un capricho del Ministerio de Igualdad, lo dice la ley para la igualdad que está
aprobada en nuestro país. Usted dice que el derecho a la conciliación no lo pueden garantizar los servicios públicos. ¿Entonces qué propone usted, que lo garanticen las abuelas, que lo garanticen las madres teniendo dobles, triples y cuádruples
jornadas, que lo garanticen las amigas? ¿Quién lo garantiza? Porque la mayor parte de las mujeres, por ejemplo, cuando no hay plazas en las escuelas públicas de 0 a 3 no se pueden permitir pagar una guardería privada por una cuestión económica.
Esta es la diferencia entre ustedes y nosotros; no solo son las batallas culturales. Usted es una neoliberal y yo no, yo quiero proteger a la gente. Esa es la diferencia entre usted y yo, señora Toscano. Usted dice: si te va mal, te fastidias y
el Estado no va a hacer nada para protegerte. Y nosotras decimos: si te va mal es por unas condiciones estructurales y el Estado tiene que poder cambiar esas condiciones. La diferencia entre usted y yo es que usted cree que la economía son
números y yo creo que la economía es política, es una decisión política, y se puede cambiar la política para hacer que la vida de la gente sea mejor, también la de las madres de este país. Creo que eso lo hace el Plan Corresponsables.


Por cierto, la ejecución de dicho plan, señora Pérez, va muy bien, aunque no en la Comunidad de Madrid, tampoco le voy a engañar. La verdad es que la Comunidad de Madrid es un poco desastre en general con todo lo que tiene que ver con el
Ministerio de Igualdad. Yo le ofrezco venir al ministerio y le enseño, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la ejecución de nuestros programas, pero le puedo asegurar que comunidades como la gallega o la andaluza tienen una muy buena
ejecución del Plan Corresponsables. ¿Por qué? Porque todas estamos de acuerdo en que tiene que haber servicios públicos

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de conciliación. Entonces, ¿qué le digo yo a usted? Que los 190 millones de euros son insuficientes. Son insuficientes. Yo hubiera metido muchísimos más, es evidente, lo hemos dicho hasta la saciedad. Fíjese que este puede ser uno de
los acuerdos de esta Comisión. Ojalá pudiéramos tener un pacto de Estado por la conciliación en España que obligara a que, en vez de haber 190 millones, hubiera 1000, porque sigue habiendo un montón de madres en este país -voten a VOX, a Podemos o
al Partido Popular- que no tienen cómo conciliar. Esta es la realidad y yo estoy de acuerdo con usted en que esto tiene que mejorar. No se lo escondo -en ningún caso se lo escondo-; al contrario, le digo: y una magdalena. Ojalá tuviéramos más
conciliación pública en este país. Ahora dicen otras cosas que no son tan ciertas. No voy a decir hoy nada de los bulos. Yo creo que el otro día deje claros unos cuantos. Por ejemplo, ustedes insisten todo el rato en lo del empleo. Dicen que
hay un montón de gente en este país que no tiene trabajo y que el Ministerio de Igualdad... Yo quiero recordar que la que tiene las competencias en empleo es Yolanda Díaz; por suerte, porque ha sido la mejor ministra de Trabajo que ha tenido la
democracia. Además, les voy a explicar, porque ustedes no leen los datos; es que vienen aquí y me cuentan cosas que son mentira. No leen los datos. ¿Qué dice la EPA? En el año 2018, cuando se fue el señor Rajoy, había 8 815 700 mujeres
trabajando, 8 millones. En el año 2022 hay 9 491 400 mujeres trabajando, 600 000 más. Lo dice la EPA. No lo dice el Ministerio de Igualdad, no lo dice la 'chupipandi', lo dice la EPA. La EPA dice que hay 600 000 mujeres que, gracias a las
políticas de Yolanda Díaz, a día de hoy están trabajando. Entonces, ¿qué me viene a decir usted a mí aquí de que las mujeres no tienen trabajo en este país? ¡Si le hemos dado la vuelta a las cifras del señor M. Rajoy! (Rumores). Como ha insinuado
que yo soy una corrupta, quiero recordarle los motivos por los cuales se fue este señor de la Presidencia del Gobierno. Y le digo más. Hay 521 000 contratos indefinidos más y 499 000 empleos temporales menos en mujeres. Esas cifras se explican
con la reforma laboral, señoría. Por tanto, creo que la próxima vez que vuelvan a plantear que las mujeres en este país están en peores condiciones laborales, tienen ustedes que venir aquí con los deberes hechos y leerse la EPA antes, porque a esas
600 000 mujeres que ahora tienen trabajo y con ustedes no lo tenían y a esas 500 000 mujeres que ahora tienen un contrato indefinido y con ustedes tenían un contrato precario les ha cambiado la vida, les han cambiado las condiciones materiales
gracias a las políticas de este Gobierno de coalición. Estaban en una situación de precariedad con sus políticas. Esa es la diferencia entre ustedes y nosotras, que nos tomamos en serio la desigualdad, que nos metemos en eso. ¿Se acuerda de
aquello de Mariano Rajoy de 'no nos metamos en eso' en referencia a la brecha salarial? Nosotras nos metemos y le damos la vuelta y hoy en día hay 600 000 mujeres más trabajando y 500 000 mujeres más con un contrato indefinido.


Sobre la cuestión del personal, como ustedes ven mis tiktoks, igual entienden mejor una imagen. Yo intento expresarme bien, pero puede que no lo consiga. Me he traído un gráfico que es maravilloso. (Muestra un gráfico). ¿Veis el gráfico?
Se ve, es cómo círculo morado. ¿Ven la rayita gris? No la ve usted, ¿verdad, señora Pérez? Claro, yo casi tampoco; es que eso es lo que ocupa el gasto en personal eventual del Ministerio de Igualdad. Es que no se ve. ¿Sabe cuál es el problema?
Se lo puedo dejar aquí y usted después, si quiere, lo coge y lo analiza, porque la verdad es que el personal eventual es un 0,1 %. Y le voy a dar algunos datos porque son importantes. ¿Sabe cuánto gasta en personal eventual el resto de la
Administración? Un 4,9 % frente al 0,1 % que gasta el Ministerio de Igualdad. Pero es que esto le va a encantar: no solo gastamos menos que el señor Mariano Rajoy, sino que el histórico de gasto en personal lo tuvo el señor Aznar. ¡Y usted viene
a decirme aquí con este 0,1 %, que es insignificante en esta gráfica, que el problema es que nosotros nos gastamos dinero en personal eventual! No solamente no hay ni un euro más para personal eventual, no solamente tenemos el personal eventual que
tiene el resto de los ministerios -si quiere le vuelvo a leer el real decreto de estructura, que es igual al del resto de los ministerios que tuvo el Partido Popular-, sino que organismos y poderes ajenos a la Administración General del Estado, como
el Consejo General del Poder Judicial -esos que no hacen los informes- se gastan 33 veces más, 33 veces más, que nosotras en personal eventual.


¿Sabéis en qué nos gastamos el 99 % restante en el Ministerio de Igualdad? Se lo voy a leer: 68 714 consultas del 016; 2393 dispositivos de COMETA; 17 281 mujeres atendidas en ATENPRO; ayudamos a la inversión de 4872 recursos de
atención a víctimas de violencia de género en todo el Estado; 52 centros de crisis; asistencia a las víctimas de violencia sexual; 712 casos en VioGén, de los que también tiene que tener constancia nuestro ministerio; los planes de igualdad que
tienen que atender con todas estas medidas de violencia de género a 90 000 mujeres que creemos que están en contextos de prostitución; 13 000 de trata; más de 2 millones de mujeres que dicen haber sufrido agresiones sexuales en el último año; 162
000 denuncias de violencia de género. ¿Cómo se atreve usted a decirme que el

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problema es el 0,1 % de nuestro ministerio, señoría? Le leo, a ver si adivina de quién es este tuit: La lucha contra todas las formas de violencia contra las mujeres y la defensa de la igualdad de oportunidades es un compromiso de todos
por todas. Redoblemos nuestra implicación para prevenir y perseguir el delito y proteger y apoyar y acompañar a las mujeres. Ni una menos. No es Irene Montero, es Cuca Gamarra. Piensen en él ustedes la próxima vez que vuelvan a venir aquí a
plantearme que estos presupuestos tienen poco rigor. Si quieren redoblar el compromiso en la lucha contra la violencia machista, analicen bien los presupuestos antes de venir. Estos presupuestos hacen lo que el pacto de Estado dice que hay que
hacer y redoblan el esfuerzo, y ustedes, señorías, votaron a favor. Piénsenselo de nuevo.


Para terminar, señora Toscano, usted me dice que el problema es que a mí me puedan preguntar si soy lesbiana. No, eso no es una discriminación. Y soy bisexual, por cierto (rumores); debería usted conocer que existen distintas
orientaciones sexuales. No tengo ningún problema en decirlo. Y sí es una cuestión pública, porque a día de hoy nos siguen discriminando por esta causa. A mí lo que me preguntan por ser bisexual no es si me acuesto con mujeres o con hombres, es si
quiero hacer tríos, y si lo hago porque como soy fea no me puedo acostar con hombres o si lo hago porque soy gorda y no me puedo acostar con hombres. Esas cosas, desgraciadamente, no es que me las hagan a mí por ser pam; se las hacen a muchísimas
mujeres y a muchísimos hombres por el hecho de nuestra orientación sexual o nuestra identidad de género. De hecho, ojalá exista una ley el día de mañana que impida que en esta Comisión usted me diga esas barbaridades y que no haya nadie,
absolutamente nadie, que impida que eso suceda, porque eso es lo realmente doloroso en este país. Se nos sigue tratando en muchísimas ocasiones al colectivo LGTBI como si fuéramos enfermos y enfermas y se juega con nuestros derechos y, por eso, se
tontea con la idea de no aprobar la ley trans, y no hay derecho. Nos merecemos igualdad y, por desgracia, a día de hoy en este país aún no la tenemos.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Suspendemos un segundo la sesión para despedir a la señora secretaria de Estado y llamamos al subsecretario del ministerio para comparecer. (Pausa).


- DEL SEÑOR SUBSECRETARIO DE IGUALDAD (SOLA BARLEYCORN). A PETICIÓN DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS VOX (Número de expediente 212/002377), POPULAR EN EL CONGRESO (Número de expediente 212/002809), SOCIALISTA Y CONFEDERAL DE UNIDAS PODEMOS-EN
COMÚ PODEM-GALICIA EN COMÚN (Número de expediente 212/002694).


La señora PRESIDENTA: Señorías, reanudamos la sesión de la Comisión y le damos la palabra al señor subsecretario del Ministerio de Igualdad. Como advertimos al inicio, dispone de quince minutos de tiempo para su intervención y, luego,
habrá los mismos turnos que hemos tenido de siete minutos para que sus señorías intervengan. Señor subsecretario, tiene la palabra.


El señor SUBSECRETARIO DE IGUALDAD (Sola Barleycorn): Muchas gracias, presidenta.


Buenas tardes. Presidenta, señorías, es un honor para mí comparecer por segunda vez en la Comisión de Igualdad para exponer el presupuesto del Ministerio de Igualdad; un presupuesto enmarcado en la sección 30 del proyecto de presupuestos
generales del Estado. Se trata de un presupuesto que, en línea con el proyecto general, se caracteriza por tratar de impulsar una serie de medidas que consoliden un crecimiento justo e inclusivo. Se trata, por tanto, de enmarcarse en un
presupuesto de marcado carácter social, donde el 58,5 % del gasto es de estas características, y que tiene como objetivo fundamental proteger a las clases medias y trabajadoras, que son los colectivos más afectados por la escalada de precios.


En este sentido, entre las prioridades señaladas por el presupuesto se encuentra el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones, el mantenimiento de las condiciones de la autonomía personal y la dependencia y las políticas de
educación, sanidad, vivienda y empleo, pero también las políticas que hacen referencia a la eliminación de toda clase de violencia contra las mujeres, el impulso de una nueva economía social y de los cuidados y, al fin y al cabo, el impulso de la
transversalidad de igualdad de género del que ya se ha hablado aquí en los presupuestos. Reflejo de esto último es que el 98 % los programas presupuestarios, es decir, 379 programas, tienen alguna pertinencia de género y pueden identificarse además
con alguna de las medidas del Plan estratégico para la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres aprobado el pasado mes de marzo. Además, en la necesaria alineación que

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tienen estos presupuestos con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el objetivo número 5, igualdad de género, es uno de los objetivos con mayor número de correlaciones. Más allá de este presupuesto nacional, el Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia vuelve a tener reflejo en el presupuesto del ministerio con la financiación de una serie de proyectos que se enmarcan dentro de la inversión 4 del Plan España te protege contra la violencia machista del
componente 22, que tiene como objetivo ampliar la protección de las víctimas de todas las formas de violencia contra la mujer. (La señora vicepresidenta, García Puig, ocupa la Presidencia). En este contexto que acabo de describirles, hemos
elaborado un proyecto de presupuesto para el Ministerio de Igualdad que, por un lado, respeta los principios de rigor presupuestario -como no puede ser de otra forma en un contexto económico marcado por las consecuencias de la guerra de Ucrania- y,
por otro, asegura el impulso de políticas de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres, la lucha contra todo tipo de violencia contra las mujeres y el impulso del principio de igualdad de trato y no discriminación y atención a la
diversidad. Además, como ha señalado ya la secretaria de Estado, es un presupuesto que se encuentra fuertemente influido por la aprobación de diversas normas, la incorporación al ordenamiento jurídico español de compromisos internacionales y la
aprobación de planes de políticas públicas que sin el necesario respaldo presupuestario y de estructura administrativa quedarían en papel mojado y cuya aplicación se dificultaría. Esta es una cuestión que nos compete al conjunto de administraciones
públicas y, concretamente, al Ministerio de Igualdad, que debe impulsar -no es otra cosa más que cumplir con un mandato legal- la aplicación de estos planes.


Como consecuencia de lo anterior, en términos de presupuesto nacional y sin tener en cuenta el Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia, hemos estimado unas necesidades presupuestarias para el ejercicio 2023 que ascienden a 504,9
millones de euros, lo que supone 64,2 millones de euros más que el ejercicio anterior, un 15 % de incremento. Si se considera la financiación del Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia, el presupuesto de 2023 asciende a 564,3 millones de
euros, que supone 48 millones más que en el ejercicio anterior, un 9,3 % de incremento respecto al año anterior. Centrándonos en el presupuesto nacional -al que habría que incrementar la parte correspondiente al Instituto de las Mujeres; ya más
adelante me referiré a ello- y en el presupuesto del Ministerio de Igualdad, y atendiendo a la naturaleza económica del gasto, nos encontramos con la siguiente distribución presupuestaria.


En lo que se refiere a gastos de personal, capítulo 1, se incrementan en en un 20 %, 2,4 millones de euros, pasando de 12 000 153 a 14 532 810 euros, debido esencialmente a las nuevas incorporaciones de personal funcionario que se esperan
durante el año en curso.


Asimismo, los gastos corrientes en bienes y servicios, capítulo 2, se incrementan en un 40 %, con 5,5 millones de euros, pasando de 16 491 250 euros a 22 009 030, suponiendo un 4 % del total del presupuesto. Este incremento obedece
fundamentalmente, por un lado, a la consignación de una partida presupuestaria específica para atender los gastos derivados de la Presidencia española del Consejo de la Unión Europea. Esta parte la pueden encontrar dentro del presupuesto con una
aplicación específica, que es la 278, que se distribuye a lo largo de los presupuestos de todos los centros directivos o de todos los programas presupuestarios que gestiona el ministerio y que asciende a un total de un 1 934 500 euros. Por otro
lado, obedece a la puesta en marcha de servicios para prevenir y erradicar cualquier forma de discriminación -como los teléfonos 028 o 021 ya mencionados y el funcionamiento ordinario del Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o
Étnica o del Consejo de Participación de las personas LGTBI-y, finalmente, a un aumento de 1 100 000 euros de las actividades a realizar por convenio con otros organismos oficiales por parte de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de
Género.


Los gastos correspondientes a transferencias corrientes, capítulo 4, se incrementa en un 16 %, 61 096 210 euros, pasando de 372 946 260 a 434 042 470 euros, lo que supone el 86 % del presupuesto que se explica a través de los siguientes
incrementos: el aumento de 4 279 070 euros en la transferencia al Instituto de las Mujeres para el cumplimiento de sus fines; la inclusión de 1 millón de euros en subvenciones destinadas a centrales sindicales y a la entidad MenEngage en el marco
de ejecución del Plan Corresponsables para formación y sensibilización; la introducción de 40 202 000 euros en transferencias a las comunidades autónomas para la atención a mujeres víctimas de todas las formas de violencia, que vienen a sumarse a
los 140 millones destinados al cumplimiento del Pacto de Estado contra la Violencia de Género -este incremento tiene su origen, como señalaba al comienzo de mi intervención, en el cumplimiento de la normativa aprobada durante esta última legislatura
y, singularmente, en la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual y la ley de infancia-; un incremento de 618 000 euros en el Programa Igualdad de Trato y Diversidad, destinados fundamentalmente al fomento de la actuación

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de entidades sin ánimo de lucro que realizan programas de interés general, y un aumento de 15 037 120 en las transferencias gestionadas por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Este aumento se explica, por un lado, por
un incremento en 2 800 000 euros en las transferencias realizadas a comunidades autónomas para los programas de asistencia social para víctimas de violencia de género y otras formas de violencia contra las mujeres, el programa para el apoyo a
víctimas de agresiones y/o abusos sexuales y el programa de prevención de abusos sexuales en menores tuteladas; y, por otro lado, en el aumento en 12 237 120 euros en las transferencias realizadas a familias e instituciones sin fines de lucro,
fundamentalmente destinadas a la mejora de la dotación del servicio ATENPRO gestionado por la Federación Española de Municipios y Provincias; la convocatoria de subvenciones públicas en régimen de concurrencia competitiva destinadas a programas y
proyectos de concienciación, prevención e investigación de las distintas formas de violencia contra las mujeres; la puesta en marcha de las ayudas sociales previstas -volvemos aquí a la aplicación de la norma- en el artículo 41 de la Ley Orgánica
de Garantía Integral de la Libertad Sexual, y al fomento de la actuación de entidades sin ánimo de lucro que realizan programas de interés general.


Por otro lado, en relación con las inversiones reales, capítulo 6, el presupuesto del ministerio está dotado con 26 753 740 euros, 4 711 760 euros menos que en el ejercicio anterior, lo que representa un descenso del 14,97 % que se explica
por la reducción de 6 millones en esta partida de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género y los incrementos producidos de manera mucho más reducida en el programa presupuestario 232.M y en el programa presupuestario 232.D.


Finalmente, en lo que se refiere a las transferencias de capital, capítulo 7, el presupuesto del ministerio asciende a 10 365 000 euros, sin presentar variaciones respecto del ejercicio anterior e incluyendo, como entonces, las
transferencias para el desarrollo de competencias derivadas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.


Tampoco presenta variaciones el capítulo 8, activos financieros, que mantiene estable su dotación en 25 000 euros.


Hasta aquí la distribución del gasto en lo que se refiere al presupuesto nacional, pero, como he adelantado al comienzo de mi intervención, el servicio 50 del ministerio, que recoge los gastos imputables al Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia, contempla una serie de inversiones en una serie de gastos en relación con las inversiones contenidas en el componente 22; concretamente, la inversión en el Plan España te protege contra la violencia machista y una
pequeña inversión en el Plan de Modernización de los Servicios Sociales: transformación tecnológica, innovación, formación y refuerzo a la atención de la infancia. En términos globales y con carácter inicial, se prevé una dotación de 59 453 850
euros, lo que supone una reducción de 16 200 000, aproximadamente un 21 %, lo que se explica por la próxima finalización del periodo de ejecución de estos proyectos, que además avanza a un ritmo satisfactorio. Llevamos ejecutado el 80 % de las
dotaciones de los fondos comunitarios puestos a disposición de este ministerio. Y señalo aquí lo de inicial, porque, como bien ha explicado la secretaria de Estado, nos encontramos ante fondos de carácter finalista; es decir, se caracterizan
porque se vinculan no tanto a la realización de unas actuaciones concretas, sino al cumplimiento de unos objetivos. En línea con las necesidades que pueden presentar el cumplimiento de estos objetivos, es probable que el presupuesto imputable al
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia crezca a través de la transferencia proveniente del programa del Ministerio de Derechos Sociales de 30 millones.


En este sentido, los fondos consignados para este ejercicio para el Ministerio de Igualdad presentan dos novedades fundamentales. Por un lado, la financiación del plan de inserción sociolaboral de mujeres en contextos de prostitución con un
total de 12 941 310 euros y, por otro lado, la dotación de 17 068 700 euros inicialmente no previstos para los centros de crisis, lo que permitirá la ampliación de los servicios prestados por parte de las comunidades autónomas y que además encajan a
la perfección con el objetivo marcado en la inversión 4 del componente 22, que habla de la ampliación de los servicios de atención a las víctimas de todas las formas de violencia contra las mujeres a través de la ampliación de su ámbito subjetivo y
la aplicación de nuevas técnicas de digitalización.


En lo que se refiere a la naturaleza del gasto asociado a este plan, de manera breve quiero señalarles que en el capítulo 2, gastos corrientes en bienes y servicios, el gasto se mantiene estable en 2 861 850 euros. En capítulo 4,
transferencias corrientes, el presupuesto se eleva de 23 433 300 a 12 941 300 euros -el incremento al que me refería anteriormente- para la financiación del plan de inserción sociolaboral de mujeres víctimas de trata y en contextos de prostitución
-a lo que se refirió anteriormente la secretaria de Estado- y que se suman a los 10 492 000 destinados a la modernización de los dispositivos de

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atención y protección a las víctimas de todas las formas de violencia contra la mujer, gestionados a través de una subvención directa concedida a la Federación Española de Municipios y Provincias. En el capítulo 6, inversiones reales, el
gasto se mantiene estable en 16 millones correspondientes a la inversión en los dispositivos de alejamiento y, finalmente, en el capítulo 7, transferencias de capital, se contempla la ya mencionada transferencia de 17 058 700 euros a comunidades
autónomas que, si bien supone un descenso en 29 141 300 euros, es en términos consolidados de los proyectos europeos una inversión de 17 millones que parte de cero, es decir, que no estaba inicialmente prevista.


Finalmente, simplemente quiero señalar que en el servicio 50 del ministerio también se contemplan los 100 000 euros de transferencia al Instituto de las Mujeres para el desarrollo de la plataforma online que centralizará la información
disponible en materia de cuidados ejecutada en el marco de la inversión del plan de modernización de los servicios sociales.


Hasta aquí la exposición del presupuesto en atención a la naturaleza del gasto. A continuación, y de manera muy breve porque ya lo ha hecho la secretaria de Estado, haré una pequeña explicación de los presupuestos por política de gasto y
servicios presupuestarios. El programa presupuestario 232.M, denominado dirección y servicios generales, está dotado con 14 770 720 euros, centrándose sus partidas en los capítulos de personal y de gastos corrientes en bienes y servicios. En
valores absolutos, el programa crece respecto a 2022 en 3 571 270 euros, un 31,89 % más concentrado en el aumento de gastos de personal -1 501 400 euros- y en los gastos derivados de la Presidencia española del Consejo de la Unión Europea, 1 470 000
euros consignados en el capítulo 2, que se gestionarán en su mayoría desde la subsecretaría. En relación con los gastos destinados a las políticas de promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, estos ascienden a 223 107 920
euros, produciéndose un incremento de 7 081 800 euros, alrededor de un 3 %. Estas políticas incluyen, entre otras, las actuaciones para la ejecución del Plan Corresponsables y se encuentran consignadas en los servicios correspondientes a los
programas 232.B y las transferencias realizadas al Instituto de las Mujeres para el cumplimiento de sus fines, 0200.X, y para la ejecución del proyecto europeo enmarcado en el PRTR cuya gestión corresponde al Instituto de las Mujeres y contemplado
en el programa 000.X del servicio 50. Además, las políticas de igualdad entre mujeres y hombres se ven reforzadas por los 8 803 560 euros que se suman a la transferencia de 18 millones que realiza la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la
Violencia de Género correspondiente al presupuesto o que eleva el presupuesto en estas políticas hasta los 231 911 480 euros a los que se refería a la secretaria de Estado.


En cuanto a las políticas de lucha contra todos los tipos de violencia contra la mujer, el presupuesto asciende a 319 095 840 euros, lo que supone un incremento de 34 353 310 euros, aproximadamente un 12 % de aumento en las dotaciones
presupuestarias dispuestas para tal fin, a las que previsiblemente haya que sumar los 30 millones a los que nos hemos venido refiriendo hasta ahora, elevando, por tanto, la cifra a los 350 millones de euros a los que se refería a la Secretaría de
Estado. Estas dotaciones presupuestarias se encuentran consignadas en los dos programas destinados a las actuaciones para la prevención integral de la violencia de género 232.B, 232.C y 23.VB del servicio 50 del presupuesto del ministerio.


Finalmente, y en lo que se refiere a las políticas de igualdad de trato y diversidad financiadas a través del programa presupuestario 232.D, el gasto de las mismas asciende a 7 345 670, lo que supone un aumento de 3 109 590 euros, más de un
73 % respecto al ejercicio anterior, lo que, si bien supone un importante incremento en términos porcentuales, no lo es tanto en términos reales si tenemos en cuenta el punto de partida, que se nutren dos direcciones generales y sobre todo la
pertinencia de las actuaciones que se van a desarrollar dentro de ese programa presupuestario a la luz, por ejemplo, de los últimos datos ofrecidos por el informe sobre delitos de odio e incidentes discriminatorios del Ministerio del Interior que
cifraba el incremento de estos hechos en el 28 %, situando a la cabeza los producidos por la orientación sexual o la identidad de género, el origen racial o étnico, el racismo o la xenofobia.


Siento hoy tan rápido, casi volando, porque se me acaba el tiempo. Simplemente, el presupuesto del instituto para el año 2023 que ya ha tenido ocasión de comentar la secretaria de Estado asciende a 27 711 000 euros, sin incluir los 100 000
euros de las transferencias del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, frente a los 23 536 010 euros del presupuesto en vigor, lo que supone un incremento de algo más del 17 % que se orienta a las distintas medidas que lleva a cabo el
Instituto de las Mujeres en pos de alcanzar la igualdad real entre mujeres y hombres.


Pongo fin a mi intervención agradeciéndoles su atención y quedo a su disposición para todas aquellas preguntas que quieran realizar.


Muchas gracias.

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La señora VICEPRESIDENTA (García Puig): Muchas gracias, señor subsecretario, y también por limitarse al tiempo estipulado.


Pasamos ahora a la intervención de las portavoces de los diferentes grupos. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Confederal, la señora Castañón.


La señora FERNÁNDEZ CASTAÑÓN: Gracias, presidenta.


Muchas gracias, subsecretario. No estaba previsto que la intervención de nuestro grupo la hiciera yo, sino que la hiciese nuestra compañera Mar García Puig, pero está presidiendo la Comisión y, por tanto, no puede hacerlo. Así pues, voy a
hacer mías las palabras que ella tenía preparadas, sobre todo porque, como diputada y como ciudadana, no puedo más que hacerlas mías por lo acertadas que considero que son.


Es muy triste escuchar en esta Comisión las barbaridades acerca de las personas trans que estamos escuchando día tras día -el día de hoy no ha sido una excepción- y que podrían hasta resultar cómicas, por lo alejadas que están de la realidad
y por el poco apego que tienen por la misma, si no estuvieran fomentando odio. Dicen las señorías de la ultraderecha que estamos buscando privilegios para la comunidad LGTBI y, especialmente, para las personas trans, cuando lo que estamos buscando
es poner en pie el término igualdad de manera efectiva. Es una palabra a la que habrá quienes le tengan alergia, pero quizás sea porque temen perder los propios privilegios. No se olviden, señorías, que estar hablando en estos espacios cada vez
que nos ponen un micrófono delante, ya sea en la institución, ya sea a las puertas en la institución, es un privilegio que también genera y construye realidades con lo que decimos. Les voy a dar unos datos que recoge nuestra compañera. Según el
Ministerio del Interior, los delitos de odio aumentaron en 2021 casi un 6 % y esto lo que hace es confirmar una tendencia alcista. Los motivos de odio son precisamente los que ustedes más fomentan: el racismo o la xenofobia, con un crecimiento del
24 % respecto al año 2019, y la discriminación sexual por identidad de género o por orientación sexual, que se dispara a un 55 % más que antes de la pandemia.


Esto nos demuestra no tanto lo que está ocurriendo, sino la capacidad de reconocimiento y ponerle nombre al tipo de discriminación y de delitos de odio que están sucediendo.


Parece que vamos a peor este 2022 porque es lo que nos avalan los datos del Observatorio contra la Homofobia de Cataluña. Según un estudio del primer cuatrimestre de este año, han crecido en un 70 % las agresiones físicas contra la
comunidad LGTBI y los actos discriminatorios se han disparado un 50 % respecto del año 2021 y no creo que sorprenda a nadie que precisamente hayan crecido de manera especial cuando afectan a las personas trans.


Cuando se discrimina se está ejerciendo una violencia, porque la discriminación es una manifestación de violencia que puede acarrear además otro tipo de violencias verbales u otro tipo de violencias físicas y tengan en cuenta que esto que
les estamos diciendo es tan solo la punta del iceberg. Según la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, la denuncia de este tipo de delitos es prácticamente inexistente en comparación con la realidad; el 93 % de las agresiones
físicas y sexuales que las personas LGTBI sufren en España no llegan nunca a ser denunciadas y todas estas cifras, esta violencia y esta discriminación tienen muchísimas causas, pero una con mucho peso es precisamente la que se ejerce desde ese
discurso de odio. Y siento tener que añadir que aquellos que bloquean la ley, la ley LGTBI y trans, están haciendo un juego perverso y duro para que se sigan manteniendo estas violencias y discriminaciones contra la comunidad LGTBI y,
especialmente, contra las personas trans.


Ustedes dicen que buscamos que las personas trans tengan privilegios, pero yo no sé si es desconocimiento porque a estas alturas no debería ser tal cosa, ya que hemos dicho de manera muy clara que no hay ningún privilegio posible porque
ahora mismo no existe una efectividad de la igualdad.


Ustedes no dan un solo dato, se mueven siempre con términos conspiranoicos e invierten totalmente la idea de la victimización. Les voy a dar algunos datos como, por ejemplo, los que da el sindicato UGT -y esta no es la primera vez que los
decimos- que es que más del 80 % de las mujeres trans están en el paro y que el 44 % del colectivo LGTBI oculta, y especialmente las personas trans, su identidad de género en el trabajo. No sé dónde está el privilegio que pueden tener, pero lo que
veo de una manera clara es que no estamos en términos de igualdad. No tenemos datos respecto a la esperanza de vida de las personas trans en nuestro país, otra señal de la discriminación que viven, pero sí tenemos datos de la esperanza de vida en
Latinoamérica. Según la Organización de los Estados Americanos, las mujeres trans suelen morir antes de los cuarenta años. El Gobierno uruguayo ha realizado un estudio y la esperanza de vida de las personas trans en ese país se sitúa en treinta y
cinco años y las causas son la violencia y la

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precariedad. Así que insisto, no sé dónde ven ustedes los privilegios. (La señora Toscano de Balbín: Comparece él, no yo).


Señor subsecretario, por último, querría trasladarle -si no me interrumpen- que tanto usted como quien escribe estas palabras que he leído y que está presidiendo hoy la Comisión, como yo misma y también la secretaria de Estado, que acaba de
comparecer, estuvimos trabajando cuando nuestro grupo parlamentario no estaba en el Gobierno en una ley LGTBI y trans parecida a la que ahora mismo este Gobierno impulsa. Desafortunadamente entonces, en aquella duodécima legislatura, no llegamos a
tiempo para que pudiera salir adelante porque hubo un adelanto electoral que nos impidió finalizar y aprobar esa ley y yo querría, todo nuestro grupo en realidad lo querríamos, saber cuál es la valoración que usted hace de la situación actual de las
personas LGTBI y trans y también cómo valora los presupuestos en ese sentido.


Muchas gracias por su detallada explicación.


La señora VICEPRESIDENTA (García Puig): Muchas gracias.


Es turno ahora del Grupo Parlamentario VOX.


La señora RUIZ SOLÁS: Muchas gracias.


Muchas gracias, señor subsecretario. Un año más y, a pesar de que la situación económica de nuestro país es todavía mucho peor que la del año pasado, vemos cómo este ministerio vuelve a aumentar su presupuesto, cosa que evidencia de forma
muy clara cuáles son las prioridades de este Gobierno.


Hablamos de un crecimiento, como ya se ha dicho, de un 1,3 %, de 573 millones de euros, que si algo demuestran es que esas prioridades siguen siendo fundamentalmente ideológicas, porque, después de escucharles, es muy evidente que este
Gobierno antepone su interés por cambiar la sociedad hacia el modelo que quiere y por privilegiar a los colectivos a los que abandera al interés común del conjunto de los ciudadanos españoles.


Lo que se desprende de su exposición es que vamos a gastar cientos de millones de euros en propaganda, porque no dejan de ser propaganda los estudios, las campañas, la organización de actos, las exposiciones, los recursos didácticos,
etcétera, en los que van a invertir tanto dinero en un momento de crisis en el que las necesidades básicas de los españoles en absoluto están garantizadas y en el que nos enfrentamos a un millón de personas más en riesgo de pobreza, y ya van 13
millones de españoles los que están en riesgo de pobreza, a que cada vez hay más españoles que no pueden pagar sus facturas, a que a duras penas llegan a fin de mes y a que no dan crédito cuando ven en qué se gasta este Gobierno el dinero de sus
impuestos.


Es verdad que en la vida todo es cuestión de prioridades y que eso es exactamente lo que diferencia a unos partidos de otros y a unos Gobiernos de otros, pero, para nosotros y para los 4 millones de personas a los que representamos hoy en
esta Comisión, gastar el dinero en según qué cosas cuando, por poner un ejemplo, hay personas que mueren antes de tiempo porque el Estado no les proporciona recursos para continuar con su vida, es sencillamente descorazonador. Hablo de los enfermos
de ELA, por ejemplo, a los que seguimos sin atender, y de tantos otros enfermos terminales que necesitan cuidados paliativos. Para el Estado no puede haber necesidad más importante que la de proteger la vida de sus ciudadanos con todos los recursos
de los que disponga. Y hay muchos más ejemplos de las cosas que para nosotros son mucho más necesarias que la mayoría de las que ustedes contemplan en este desproporcionado presupuesto que manejan.


Sé que usted es técnico y que se limita a hacer su trabajo con el presupuesto que le asignan, pero su subsecretaría ha visto aumentado su presupuesto en un 13 %, 46 millones de euros más que se van a destinar, fundamentalmente, a combatir la
discriminación, que vemos que solo es una parte de la discriminación, solo la parte de la discriminación que ustedes abanderan, abandonando otras discriminaciones igual de injustas e importantes. Me gustaría preguntarle por qué el ministerio solo
se ocupa de un tipo de discriminación y no de todas, por qué solo se atiende a unas víctimas de un tipo de discriminación y no a todas las víctimas, por qué solo se centra en la discriminación racial o étnica y especialmente en el colectivo de los
afrodescendientes y no en otros colectivos, por ejemplo, qué justifica que se destinen tantísimos recursos al colectivo LGTBI y si considera que han aumentado en los últimos años tanto los delitos de odio e intolerancia, más allá de los porcentajes,
la cifra cuantitativa, como para que exista una dirección general de diversidad sexual y una Dirección General para la Igualdad de Trato y Diversidad Étnico Racial, con todo lo que esto implica económicamente.

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Y, por último, de todos estos recursos que se habilitan al final solo una pequeña parte, una parte demasiado pequeña, es la que va a parar a las víctimas de esta discriminación, mientras que el resto acaba en empresas de formación, agencias
de publicidad, imprentas y demás negocios que han nacido a la sombra de estas políticas tan dirigidas que no hacen sino privilegiar a unos colectivos más que a otros.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (García Puig): Muchas gracias.


Es ahora el turno de la portavoz del Grupo Popular.


La señora ROMERO SÁNCHEZ: Muchísimas gracias, presidenta.


Muy buenas tardes, señor subsecretario, y bienvenido a esta Comisión en el trámite de comparecencias para el proyecto de presupuestos del próximo ejercicio. Este proyecto y esta comparecencia nos retrotraen a la del año pasado y, por qué no
decirlo también, a lo que ha sido el trámite presupuestario 2021-2022 porque nos encontramos en la misma situación: suman cifras de millones de euros que, a la hora de la verdad, sinceramente se lo digo, no se materializan en políticas efectivas de
igualdad real para las mujeres. Se les llena la boca con un autobombo más característico de un cuento a modo de Alicia en el País de las Maravillas, un país idílico y, a la hora de la verdad, es un presupuesto poco serio y con muy poco rigor.
Usted hacía referencia al inicio de su intervención a que este era un presupuesto elaborado desde el rigor y, precisamente, si de algo adolece este presupuesto, es de rigor. Decía que era un presupuesto social y para proteger a las clases medias
trabajadoras y, precisamente, este presupuesto va justo en la línea contraria de proteger a las clases medias trabajadoras y a las familias, que son las que más están sufriendo las políticas de este Gobierno y de estos presupuestos también que nos
traen aquí.


Empezaba diciendo que no tienen rigor porque parten de unas previsiones erróneas y no lo dice el Partido Popular, sino los organismos autónomos aquí en sede parlamentaria, la presidenta de la AIReF esta mañana y el presidente del Banco de
España, que estas previsiones de crecimiento económico no se van a cumplir, como tampoco se cumplieron las del año pasado.


Entrando en materia y en el presupuesto, la igualdad real no se puede basar en un incremento en el capítulo 1 de personal de un 19,58 %. Me gustaría saber en qué se aplica ese incremento. La secretaria de Estado antes en su intervención se
puso muy enfadada al decir que no había más eventuales, pues si sube este capítulo en más de 2 millones de euros, 2 379 000 euros, evidentemente si no es en más eventuales y si no es en más altos cargos, que ya sabemos que es la línea de este
Gobierno, puesto que estamos en el Gobierno más caro de la historia con más ministerios, más altos cargos y más asesores que nunca hubo en un Gobierno, tendrá que ser también en la subida del salario del Gobierno, ya que en un momento tan difícil
como el que estamos viviendo el Gobierno y todos sus altos cargos se lo suben un 4 %.


Deberían aprovechar este incremento presupuestario, el del capítulo 1 y el de todo el ministerio, 47 millones de euros más respecto al año pasado, en políticas efectivas -eso es lo que pide el Partido Popular-, políticas para las mujeres que
de verdad hagan mejorar sus vida y afrontar los problemas que tienen. Ayer fue el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza y se publicaron los datos: hoy hay 13 millones de personas en riesgo de pobreza y exclusión social. La tasa
Arope, en concreto la femenina, es del 28,9 %, porque quien más está sufriendo esta situación son las mujeres y el índice ClosingGap, también publicado en estas últimas semanas, dice que se ha intensificado la brecha de género. Si algo tienen peor
todavía las mujeres hoy son la conciliación y la corresponsabilidad.


Por tanto, cabe preguntarse, ya que usted es subsecretario, se sienta ahí en ese sillón y tiene que planteárselo, para qué este Ministerio de Igualdad y en qué ha mejorado la situación de las mujeres, ya que seis de cada diez parados son
mujeres, estamos a la cola de Europa en desempleo femenino y esta desigualdad evidentemente imposibilita alcanzar las metas profesionales, laborales y personales de las mujeres, que debe ser lo más importante; la creación de empleo femenino es la
mejor política de igualdad que un Gobierno puede emprender.


Se les llena la boca de que este presupuesto tiene más gasto, pero ¿más gasto para qué? Más gasto superfluo y gasto improductivo por completo. Este presupuesto tendría que bajar el IVA de la cesta de la compra, que es insoportable para las
mujeres y para las familias, y bajar el recibo de la luz, del gas y del precio del combustible. ¿O acaso a las mujeres no les afecta esto? Nos hace pensar que para lo único que sirve el Ministerio de Igualdad es para financiar esta
supermegaestructura ministerial a costa del bolsillo de las clases medias trabajadoras, de las familias y del sablazo fiscal que conlleva este presupuesto, por cierto, poco claro y poco transparente en muchas partidas que no sabemos para qué se

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van a utilizar y por las que yo le quiero preguntar hoy aquí. En concreto, me gustaría que explicase la partida correspondiente al capítulo 2 sobre trabajos realizados por empresas y profesionales. ¿A qué se va a destinar? ¿Cómo? ¿A
quién se van a adjudicar? ¿A las amigas y amigos de los que están sentados en el Ministerio de Igualdad? ¿Y qué trabajos se van a desarrollar con esos más de 1,5 millones de euros? ¿Para qué la partida? ¿En qué van a gastar estos gastos de
inversión del capítulo 6 nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios o la de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios y la de inversión de carácter inmaterial? Me gustaría conocer de forma pormenorizada en
qué se van a utilizar esas partidas presupuestarias.


Usted hacía referencia también a una partida de gasto para la Presidencia Europea y me gustaría que nos contara a qué se van a dedicar esos más de 1,5 millones de euros, he creído escucharle, porque nos preocupa que, con una oportunidad tan
importante para España y para las mujeres españolas, como es la Presidencia Europea española, se dediquen otra vez a propaganda, campañas y estudios inocuos, por no hablar de esos carteles de publicidad que han sido todos ellos dignos de reproche,
polémica y poca ayuda para las mujeres.


De verdad, dejen ya esta política ideologizada que solo sirve para paliar sus luchas internas de quién enarbola más la bandera del feminismo, fomentando siempre el enfrentamiento, que es en lo que se basa este ministerio, a ver con quién
hago polémica y a ver dónde busco la confrontación hoy, entre mujeres contra hombres, mujeres de izquierdas y de derechas, las malas y las buenas, y ahora también, y eso ha sido un hilo conductor de esta legislatura, las feministas contra las
propias feministas. El último bochorno ha sido el proyecto de ley trans y la última pirueta la del Partido Socialista, que no me extraña que se la reprochen desde los escaños de Podemos porque la verdad es que es una pirueta retrasar un proyecto de
ley que presentó con urgencia, decía, el Partido Socialista. Ese proyecto de ley se tenía que tramitar de forma urgente y ahora lo retrasan. Claro que el Grupo Popular solicitó ampliación de enmiendas y presentó una enmienda para devolver ese
proyecto de ley, porque consideraba que podía ser muy lesivo para las niñas y adolescentes y lo que queremos es que se escuche a los expertos.


En definitiva, polémicas que no resuelven los problemas de los ciudadanos ni de las familias ni mucho menos de las mujeres. Estos presupuestos no son sociales ni feministas, no ayudan a las mujeres ni a las familias ni a los más
vulnerables, no van a crear empleo y lo que van a hacer es empobrecer más a las familias. Si para alguien son malos estos presupuestos es para las mujeres y por eso nosotros solicitamos que se retiren cuanto antes estos presupuestos, unos
presupuestos con los que no podemos estar de acuerdo, como no puede ser de otra manera.


Muchísimas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (García Puig): Muchas gracias.


Es ahora el turno de la portavoz del Grupo Socialista.


La señora VILCHES RUIZ: Gracias presidenta.


Señor Sola, buenas tardes y muchas gracias por su comparecencia prolija en datos y detalles que realmente vienen a darnos luz en cuestiones tan importantes como los presupuestos generales del Estado aplicados a la política de igualdad. Toda
la información que nos ha trasladado es muy importante porque un año más evidencia el compromiso del Gobierno de España con las políticas de igualdad, compromiso que no sería tal sin las dotaciones presupuestarias necesarias y que, al fin y al cabo,
es lo que nos permite pasar de las palabras a los hechos.


Señorías del Grupo Popular, es estupendo que se declaren feministas, pero pasar a la palabra sin obras resulta omisión y no olviden que el equilibrio entre decir y hacer define quién eres realmente. Esto es importante porque la indignación
y el asombro que produce el mensaje de la ultraderecha, que hoy también oímos, es directamente proporcional al daño que hacen a nuestra sociedad y a la necesidad de combatir desde las instituciones públicas todas las discriminaciones y formas de
odio.


Estos presupuestos que usted nos desgrana vienen a consolidar y consolidar significa hacer que una cosa inmaterial adquiera firmeza. Utilizo esta palabra, consolidar, porque en España las políticas de igualdad partieron de una idea
inmaterial cuando en 2008 Bibiana Aído abrió el envoltorio de un ministerio nuevo sin estrenar, pero, sobre todo, por construir. En aquel año los derechos sexuales y reproductivos, abarcar y abordar la brecha salarial entre hombres y mujeres e
implantar el lenguaje no sexista estaban en la agenda feminista, pero no todavía en la mayoría de los grupos políticos. Pero con aquel 'que ladren' de Aído, que hizo oídos sordos a los insultos y las tergiversaciones, construyó el armazón que dio
impulso a la ley de igualdad y a la ley del aborto. Sobre ese armazón, cuando en 2018 la igualdad entraba por la

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puerta de La Moncloa y el Gobierno de Rajoy saltaba por la ventana, Carmen Calvo convirtió la igualdad en la savia que nutría a todos y cada uno de los ministerios, alimentando así la agenda política de una transversalidad como nunca antes
había ocurrido y, además, lo hizo al más puro estilo María Cambrils, clave en la historia del socialismo español y de nuestra memoria democrática, cuya frase resume perfectamente ese proceder: construir siempre construyendo, he aquí la labor
constante de las mujeres socialistas.


Y sobre este sólido edificio, este Gobierno de coalición, presidido de Pedro Sánchez, construye año a año, ley a ley y presupuesto a presupuesto con partidas específicas y cada vez mayores para las políticas de igualdad, políticas públicas a
la altura de los tiempos que nos toca vivir y gestionar. Primero, una pandemia con los presupuestos de 2021 para la transformación, después la recuperación con los presupuestos de 2022 y ahora gestionamos los efectos de una guerra a las puertas de
Europa con los presupuestos de la justicia social. Y la transversalidad de la igualdad en estos presupuestos funciona, efectivamente, como un hilo conductor, por eso tal y como ha manifestado el subsecretario de Estado, cerca del 98 % de los
programas presupuestarios presentan sensibilidad al género. ¿Y qué significa esto? Pues significa que las pensiones mínimas y no contributivas subirán conforme al IPC, así como el ingreso mínimo vital, que caen mayoritariamente sobre las mujeres;
significa que las políticas activas de empleo tengan como eje prioritario a las mujeres, con acciones dirigidas a mejorar su capacitación digital y su formación, mujeres desempleadas en pequeños municipios o en sectores más vulnerables, que es la
medida para incrementar sus oportunidades laborales, y significa la aplicación del Plan Corresponsables donde mi comunidad autónoma, Castilla-La Mancha, con un Gobierno socialista, ha sido precisamente pionera. Tengan en cuenta que, con un total de
919 municipios, se han adherido en su segunda edición 648, ha generado 1514 puestos de trabajo y de ellos el 90 % ha sido ocupado por mujeres. Se trata, además, en su mayoría de pueblos tan pequeños que los niños se cuentan solamente con los dedos
de una mano, pero que tienen ludoteca, guardería, cuidado a domicilio, aulas matinales y campamentos. Eso para un pueblo como el mío, que tiene 300 habitantes, nos da oportunidades de conciliación, servicios nuevos y oportunidades laborales que de
ninguna manera pueden tener marcha atrás.


La transversalidad de la igualdad significa que el Ministerio de Agricultura con la nueva PAC consolide el peso de las mujeres en el medio rural y en la actividad agraria como titulares de explotaciones agrarias, emprendedoras de nuevos
modelos de negocio e integrantes o líderes en empresas, en organizaciones y en cooperativas porque las mujeres rurales son determinantes para la vertebración social y territorial. Por tanto, las oportunidades de empleo, junto a los servicios
públicos de calidad, son razones más que suficientes para que las mujeres nos quedemos en los pueblos. Y si las dos patas del banco de lo público son igualdad entre hombres y mujeres e igualdad territorial, que nos quita el sambenito de ciudadanos
de segunda a quienes vivimos en los pueblos, tendrán que explicar sus señorías de la derecha en la calle cómo tienen el valor de votar en contra de estos presupuestos si, según el informe del Banco de España, cumplen con los ingresos y permiten
seguir reduciendo deuda y déficit, con qué valor niegan estos presupuestos que reparten las cargas de la crisis para engordar el Estado del bienestar y proteger a la gente y con qué valor los rechazan si aumentan en un 24 % la dotación para las
comunidades autónomas y un 5 % para las entidades locales donde también gobiernan ustedes y que además sirven para mejorar y garantizar ni más ni menos que educación, sanidad o dependencia entre otras. Será con ese valor pepero del cuanto peor
mejor, del sálvese quien pueda, del dinero en el bolsillo del contribuyente, de que cada cual pague lo suyo, del rescate a la banca, de la amnistía a los grandes defraudadores o del apriétense los cinturones que lo público no es sostenible.


En definitiva, señor subsecretario de Estado, nosotros sigamos a lo nuestro, como decía María Cambrils, construyendo y consolidando, en resumen, mejorando la vida de la gente. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (García Puig): Muchas gracias.


Tiene ahora el turno de palabra el señor subsecretario.


El señor SUBSECRETARIO DE IGUALDAD (Sola Barleycorn): Muchas gracias.


Pasaré directamente a las contestaciones. En relación con la intervención de la diputada del Grupo Confederal de Unidas Podemos, la señora Fernández Castañón me pedía una valoración de la situación de las personas LGTBI y trans y si era
suficiente el gasto destinado para la protección de estas personas. Conoce de sobra que en vidas pasadas he tenido una relación mucho más cercana con esta materia y cuál es mi posición y mi posición es que, todas aquellas leyes que concedan
derechos, no

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pueden perjudicar nunca a nadie. Pasó, ha pasado y seguirá pasando con muchas leyes que consistían fundamentalmente en que las personas adquiriesen derechos de ciudadanía. Iban a ser un desastre, iban a acabar con la familia e iban a
acabar con el matrimonio y nunca nada de eso sucedió. Tengo la sospecha de que sucederá lo mismo con todas las leyes que consistan en el otorgamiento de derechos a personas.


¿Es suficiente el presupuesto? Para mí nunca es suficiente el presupuesto en esta materia, debería incrementarse más y lo digo claramente porque así lo pienso. Es un presupuesto, si se me permite la expresión, ridículo, ya que son 7
millones de euros. Desde el punto de vista de las políticas públicas, 7 millones de euros es poco dinero tanto para la formulación y la ejecución como para la propia evaluación de la política pública.


Antes se ha hecho aquí un repaso por los distintos artículos del texto constitucional que garantizan la igualdad, pero ha habido una omisión muy llamativa, la del artículo 9.2 de la Constitución, que habla de que los poderes públicos tenemos
la obligación de procurar las condiciones para que la igualdad de todos los individuos y de los grupos en que se integra sea real y efectiva. Esa es la razón de ser de la ejecución presupuestaria y esa es la razón de ser de la formulación de
políticas.


En esta línea, y en relación con las preguntas de las señorías de VOX, evidentemente, el ejercicio presupuestario no es un ejercicio ideológico, faltaría más, sino un ejercicio de rigor porque es la ley más importante de una legislatura, ya
que decide a qué se destinan los recursos públicos para el ejercicio de qué política o para el impulso de qué prioridades, y esto vale para otras preguntas. Cuando se cuestiona no solo lo ideológico, que es normal y en esto consiste el juego
democrático, sino también lo técnico, yo, desde la posición de técnico que ostento dentro del ministerio, siento cierto dolor porque detrás de estos presupuestos y detrás de este trabajo hay muchos funcionarios y funcionarias implicadas en él que
hacen fichas presupuestarias, generaciones de crédito y consultas a distintos organismos desde el rigor que caracteriza a la función pública española y que debemos dignificar, porque también el ataque a lo público es el ataque a los funcionarios y a
las personas que se integran en esa función pública. Con lo cual, yo pediría también un poco de respeto a ese rigor con el que trabajan los empleados públicos que además lo hacen y lo hacemos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 103, con
objetividad y al servicio de los intereses generales.


Si en algo trabajamos es en proteger la vida de las personas. Efectivamente, trabajar contra la violencia de género y trabajar para garantizar que las personas no sufran agresiones ni discriminaciones por su orientación sexual, su identidad
de género, por su origen racial o étnico, por su enfermedad o por su discapacidad, que también la sufren, es tratar de garantizar la vida de las personas. Y por supuesto que trabajamos contra todos los factores de discriminación. No hay nada más
que consultar el Real Decreto 455/2020 a través del que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Igualdad para advertir cómo tenemos competencia para la lucha contra cualquier tipo de discriminación -vuelvo al texto
constitucional que tanto se cita- por cualquier circunstancia personal o social, de acuerdo con lo recogido en el artículo 14.


Además, nos hemos dotado en este último año, y la diputada Fernández Castañón hacía mención a mi pasado, de un instrumento maravilloso que es la ley integral para la igualdad de trato, mejorable en algunas cosas, evidentemente, pero ahí lo
tenemos y quien tan preocupado está de la lucha contra todo tipo de discriminación podía haber votado a su favor porque en esta ley se contempla la lucha contra múltiples motivos, entre otros, por no hablar de los clásicos y que tanto preocupan, la
lengua, la situación socioeconómica, etcétera.


En cuanto a las cuestiones suscitadas por sus señorías del Grupo Popular, el gasto en personal en capítulo 1 crece un 19,58 %, cerca de un 20 %. Este crecimiento se debe fundamentalmente al crecimiento de personal funcionario que viene a
prestar sus servicios al Ministerio de Igualdad. Me llama mucho la atención que se hable de megaestructura porque somos probablemente, no tengo el dato exacto, el ministerio con menor dotación de personal de toda la Administración General del
Estado y estamos nutriéndonos de personal de nuevo ingreso que accede a la Administración a través de las oposiciones. Evidentemente, hay que pagar a ese personal. Además, se acumulan en este incremento los incrementos salariales pactados por el
Gobierno y las centrales sindicales de la función pública para el número de personal eventual o de asesores para ser exactos, porque aquí se confunde mucho el concepto eventual con el concepto de asesor. Los asesores están tasados por la ley del
Gobierno. Los gabinetes de los secretarios de Estado cuentan con cuatro asesores y los gabinetes de la ministra cuentan con cinco asesores, más una jefe de gabinete. No hay más y es así

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en todos los ministerios. Es verdad que el personal eventual puede variar, pero le aseguro que el Ministerio de Igualdad no destaca por la cantidad de personal eventual en relación con otros ministerios.


Gasto superfluo. Me habla del capítulo 2 y efectivamente este capítulo tiene un crecimiento importante en términos porcentuales y no en términos reales. Efectivamente, gran parte de ese crecimiento se acumula en el concepto 278, destinado
a la financiación de las actuaciones que se realizan en la Presidencia. Las actuaciones que se van a realizar en la Presidencia, que están todavía por cerrar y existen una serie de mecanismos en los cuales estamos participando como el resto de
departamentos ministeriales, hacen referencia fundamentalmente a la celebración de reuniones tanto de carácter político como de carácter técnico. Sabe usted que, cuando se celebran presidencias en algún país de la Unión Europea, muchos de los
grupos de trabajo que se vienen realizando en el seno del Consejo o de la propia Comisión se realizan en el país que es sede de la Presidencia.


Esas reuniones tienen un coste, tienen un coste el desplazamiento de los ponentes, tienen un coste el desplazamiento de los participantes, se ofrece como es normal algún servicio de restauración porque la gente viene aquí, pasa día y medio
de reunión en reunión, hay que darle de comer. Se van a celebrar eventos, eventos de carácter público y eventos de carácter social, y por cierto vamos a celebrar una de las pocas reuniones informales de ministros en materia de igualdad de toda la
Presidencia. No le puedo detallar evidentemente dato por dato o acto por acto, pero ya le digo van a ser en principio siete u ocho actos de carácter público más los grupos de trabajo y reuniones de trabajo que se realicen en el seno de grupos de la
Comisión y del Consejo de la Unión.


En cuanto al resto del capítulo 2, efectivamente se produce un ligero incremento, muy ligero si descontamos esto de la Presidencia de la Unión Europea, estudios y trabajos técnicos, que es parece el concepto presupuestario que más le
preocupa. Siento decirle que en este momento y, salvo los compromisos adquiridos en ejercicios anteriores y que le remitimos a ellos porque son públicos, porque se encuentran publicados tanto en plataforma de contratación como en otros instrumentos
de transparencia, salvo los que responden a compromisos adquiridos en ejercicios anteriores, yo desconozco a quién se van a adjudicar porque como nosotros actuamos conforme a la legislación en materia de contratos pues estos expedientes o este
dinero que se gastará en estudios y trabajos técnicos será sometido a licitaciones, entonces de verdad, créame, no tenemos adjudicado previamente ningún tipo de contrato, salvo, vuelvo a repetir, los que se arrastran de ejercicios anteriores.


En cuanto al gasto del capítulo 6, es precisamente la partida del presupuesto que más desciende, desciende en un 15 %. El capítulo 6 consta tanto de inversiones de carácter material como de carácter inmaterial, las de carácter material van
asociadas a la reposición y puesta en marcha de nuevos servicios, son -perdóneme la expresión, porque es una de las cosas de las que me toca ocuparme y de las que estoy aprendiendo- obras, entre otras cosas. Se nos cae el edificio a trozos. Por
otro lado, en las inversiones de carácter inmaterial, están las campañas. Efectivamente, son campañas, a nuestro juicio, muy necesarias, campañas que abundarán en el ejercicio de la corresponsabilidad, campañas que abundarán en la prevención de la
discriminación y la prevención de la violencia de género. Si quiere y si necesita datos más concretos sobre dónde se van a ir destinando cada una de las partidas de las aplicaciones del capítulo 6, tiene los medios necesarios como para preguntar
por ellas. (La señora presidenta ocupa la Presidencia).


A este respecto, en cuanto a la transparencia o no del Ministerio de Igualdad, quiero comentarles que este es el ministerio que probablemente más preguntas responde a través del portal de transparencia, se elevan este año, y no ha acabado el
ejercicio, a 451 preguntas. Estaremos encantados de facilitar todas aquellas preguntas que quieran realizarnos.


Creo que no me dejo nada más. Quiero agradecer a las diputadas del Partido Socialista las reflexiones, porque efectivamente estamos todos y todas en el mismo barco, estamos todos y todas convencidos de que, con un país más equitativo, más
igualitario, viviremos en un país mucho mejor, mucho más seguro, mucho más justo y mucho más próspero. Así que, creo que hemos hecho un buen trabajo, creo que tenemos un presupuesto riguroso, y no nos queda nada más que decir.


Muchas gracias a todos y a todas por su atención y hasta la próxima.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor subsecretario. Un minuto para despedirle y para dar la bienvenida a la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género. (Pausa).

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- DE LA SEÑORA DELEGADA DEL GOBIERNO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO (ROSELL AGUILAR). A PETICIÓN DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS CIUDADANOS (Número de expediente 212/002534), VOX (Número de expediente 212/002375), POPULAR EN EL CONGRESO (Número
de expediente 212/002810), SOCIALISTA Y CONFEDERAL DE UNIDAS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-GALICIA EN COMÚN (Número de expediente 212/002693).


La señora PRESIDENTA: Señorías, continuamos con la sesión de la tarde y damos la bienvenida a la tercera comparecencia, que es la última de explicación de los presupuestos del Ministerio de Igualdad, en la persona de doña María Victoria
Rosell, que es la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género y que ya sabe, porque lleva toda la sesión, que cuenta con quince minutos para su exposición.


Tiene la palabra señora delegada.


La señora DELEGADA DEL GOBIERNO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO (Rosell Aguilar): Muchísimas gracias, presidenta. Es un honor como siempre participar y poder comparecer ante esta Comisión para presentar las líneas de presupuestos generales
del Estado de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género para 2023.


Como saben, se cumplen los cinco primeros años de vigencia de ese pacto de Estado en materia de violencia de género, que debía alcanzar el horizonte temporal necesario para materializar el conjunto de medidas acordadas en el mismo, que el
propio informe preveía que este horizonte temporal pudiera actualizarse y redefinirse dentro de la propia Comisión de seguimiento del pacto constituida en el Congreso. En este sentido, quiero recordar que el 25 de noviembre del 2021, con motivo del
Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la mayoría de los partidos políticos con representación parlamentaria en esta Cámara de representación popular firmaron el acuerdo de renovación del dictamen del pacto de
Estado y que entre esos puntos cabría destacar el de hacer permanente la obligación de dotar de una financiación pública estable, suficiente, adecuada para sostener las actuaciones dirigidas a prevenir la violencia contra las mujeres, mejorar su
detección y asegurar una respuesta integral y especializada a las víctimas y supervivientes por parte de la Administración General del Estado, comunidades autónomas y entidades locales.


Por su parte, a continuación, la Conferencia Sectorial de Igualdad el 22 de julio de 2022 en que nos reunimos en Tenerife alcanzó un acuerdo a un nivel de comunidades autónomas y Estado que tuvo como finalidad consolidar ese trabajo frente a
la violencia contra las mujeres, avanzando en la institucionalización y la permanencia de los compromisos del pacto y diseñar mecanismos para la estabilidad presupuestaria y administrativa que permita sostener los actuales y futuros servicios
vinculados al pacto de Estado. Y así previmos un plan conjunto, un catálogo de referencia que serán los estándares mínimos para todo el Estado en recursos y políticas públicas, que es algo complicado de llegar a acuerdos entre los distintos
gobiernos autonómicos, pero que creemos muy necesario para precisamente llevar a cabo también unas políticas de calidad y compartiendo incluso las buenas prácticas entre unas y otras y que se están definiendo en unas sesiones de un grupo de trabajo
que se está reuniendo quincenalmente -mañana tenemos la próxima sesión por la mañana- y está siendo realmente productivo aunque fatigoso, pero es la primera vez que se están poniendo encima de la mesa constantemente las políticas y esos estándares
mínimos en todo el territorio del Estado, y esto como finalidad tiene el ejercicio efectivo de los derechos de las víctimas de la violencia, tanto de los derechos que prevé la Ley Orgánica 1/2004, de protección integral contra la violencia de
género, como la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual.


Este marco de cooperación se articula a través de este plan conjunto, el catálogo de referencia del que les estoy hablando de estándares mínimos, y se complementará también. Queremos definir, aunque esto todavía nos falta, un sistema común
de información y evaluación y todo esto para cumplir el Convenio de Estambul del Consejo de Europa, de Varsovia sobre víctimas de trata y el objetivo 5 de la Agenda 2030 en cuanto a los convenios y los compromisos internacionales adquiridos o
asumidos, mejor dicho, por nuestro país, que, conforme a la Constitución, también son ley interna y que además han de regir la interpretación de nuestros propios derechos, incluida la propia Constitución.


Aquí no puedo olvidar referirme a la reciente publicación y entrada en vigor de la mayoría del contenido de la Ley Orgánica 10/2022 el pasado 7 de octubre, por lo que, además, doy las gracias a las diputadas de esta Cámara, porque sin duda
va a redundar en un bienestar, en una gran seguridad para las mujeres y las niñas y niños de este país como víctimas absolutamente mayoritarias de las violencias sexuales.

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Esta ley supone el reconocimiento de un conjunto de derechos y el establecimiento de una red de recursos de atención, de asistencia, de protección que añade un marco de responsabilidad institucional al ya existente porque nosotras tenemos
muy claro que el reconocimiento de los derechos de las víctimas sitúan en la otra cara de la moneda o en el reverso del folio los deberes y la responsabilidad del Estado en términos de diligencia debida, como nos indica la CEDAW también, pero que
evidentemente esto requiere también una financiación y esa disposición adicional cuarta de la Ley Orgánica 10/2022 mandata a las administraciones públicas a establecer este sistema de financiación, articulado por el Pacto de Estado contra la
Violencia de Género, que permite destinar entre otras partidas presupuestarias vinculadas al pacto, dirigidas a las comunidades autónomas y entidades locales.


El proyecto de ley de presupuestos generales del Estado 2023 incluye entre los programas el 232.C, actuaciones para la prevención integral de la violencia de género, que se han elaborado bajo el prisma de esa medida 277 del texto refundido
del pacto de Estado que preveía el incremento de un 15 % anual con respecto al ejercicio inmediatamente anterior, de lo que desde luego tendremos que estar agradecidas a las firmantes y al acuerdo de ese pacto en el conjunto de esta Cámara y que en
la actualidad serían ese total de 76 983 810 euros, sin incluir el capítulo 1 de personal conforme a lo que ya les han detallado. Para 2022 eran 67 200 000 y en 2023 la previsión es de 76 983 000.


Este programa 232.C no es el único que contiene las medidas financieras del Gobierno central ni siquiera todas las del Ministerio de Igualdad, como ya se ha explicitado por la secretaría de Estado para políticas públicas en materia de
violencia, hay que sumar los 180 millones del pacto de Estado y los fondos del Mecanismo de Transformación, Recuperación y Resiliencia en cuanto al componente de España te protege contra las violencias machistas, que en 2023 serán 10,5 millones para
Atenpro y 16 millones para dispositivos más 17,1 millones para los centros de crisis de las comunidades autónomas que estaban requiriendo una cierta continuidad en ese gasto que estaba previsto que terminara con los presupuestos de este año para esa
inversión inicial, en la infraestructura y la digitalización de estos centros que van a ser esenciales para esa protección integral de las víctimas.


Dado el interés de su pregunta sobre los gastos de personal -y disculpando que se hable de mantener el chiringuito o los privilegios-, hay que dejar sentado que el gasto de personal de la delegación en relación con el presupuesto que se
gestiona supone en este caso un 3,2 % respecto de esos 76,9 millones de euros de la delegación y un mísero 0,85 % sobre el total de fondos destinados a la lucha contra las violencias machistas.


Ya comentaba en mi anterior comparecencia del año pasado que no hay empresa pública ni privada que destine a un gasto de personal una proporción menor o al revés una mayor productividad de gestión con la misma RPT desde el año 2005 en la que
se creó con la Ley Orgánica 1/2004 y además a esto las políticas feministas no denominamos al personal gasto sino inversión porque es precisamente lo que tiene retorno. El personal especializado es una inversión esencial en la detección, la
prevención y la protección integral contra las violencias de género y machistas, las políticas públicas las hacen evidentemente personas.


A continuación, les detallo en la medida de lo posible la distribución de estos 76 millones y si tengo que dejar algo necesariamente pues me someto, desde luego, a sus preguntas.


El capítulo 2 de transferencias corrientes de bienes y servicios tiene los subconceptos de publicidad, en el que se mantienen los 150 000 euros, y el segundo subconcepto de reuniones, conferencias y cursos en el que se ha disminuido 50 000
euros por lo ejecutado hasta ahora, ajustando la ejecución actual y en el que se incluyen los actos conmemorativos del 25 de noviembre y todas las reuniones y conferencias. Y el otro subconcepto, el 22610 son las actuaciones realizadas mediante
convenio, que aquí sí ha habido cambios más sustanciales, está dotado con 2 100 000 y sí que se ha incrementado en 1 100 000. Estos convenios son a la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, a MUFACE 500 000 euros, que es la primera
vez para que se refuerce un programa de ayuda a víctimas de violencia de género elaborado por la propia MUFACE, al Ministerio de Política Territorial 1 millón de euros, que se incrementa en medio para las unidades de violencia contra la mujer y las
unidades de coordinación de las delegaciones o subdelegaciones del Gobierno, que llevaba parado en medio millón de euros muchísimo tiempo y que están realizando realmente una labor que merecía este complemento de la dotación. La última vez que nos
hemos reunido ha sido hoy mismo -se acaban de marchar a las cinco a sus respectivos territorios- hoy 18 de octubre en la sede del Ministerio de Igualdad. Estas unidades son los brazos, las manos, los ojos y la cabeza de la Administración General
del Estado y, en concreto, de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género en los territorios y la verdad es que tienen una dedicación con mínimo

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personal digna de encomio y muchas veces también coordinan ante las víctimas y supervivientes en el territorio a las demás administraciones y además hacen los exámenes críticos de los casos en los que haya habido contacto previo de víctimas
con las instituciones y luego haya posibilidades de mejora que analizar.


También por convenio se dota al Ministerio de Asuntos de Exteriores, Unión Europea y Cooperación con 500 000 euros, que se mantienen pero que son nuevos de los presupuestos del año pasado, los del 2022 para asistencia jurídica a víctimas de
violencia de género españolas en el exterior. En este país podemos presumir de tener la asistencia jurídica gratuita garantizada desde hace muchos años a las víctimas de violencia de género y a partir de esta ley a las víctimas de violencia sexual,
pero esto es absolutamente excepcional en el marco internacional y ahí fuera pedir asesoría jurídica en París, Londres, Berlín puede ser completamente disuasorio para cualquier mujer española residente en el exterior. Esta partida está destinada
para ello a través, lógicamente, del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y, en concreto, de asuntos consulares. Y también es nueva por convenio la del Ministerio del Interior, la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias, con 100 000 euros para intervención con agresores.


En el subconcepto siguiente, estudios y trabajos técnicos, con 4 102 270 euros, se reduce en 437 000 porque ya hemos hecho la dotación de la encuesta europea que se ha realizado en 2022 el gasto y no está previsto gasto en 2023, por eso
decrece. La mayor dotación de este subconcepto de los 4 millones es la financiación del servicio 016, que en agosto del año 2022 ha recibido ya más de un millón de llamadas pertinentes a este servicio y que, como saben, ya atiende a todas las
formas de violencia contra las mujeres del Convenio de Estambul y, además, la explotación sexual o trata de seres humanos con fines de explotación sexual desde marzo de 2022 en el marco de las medidas excepcionales referidas a la relación con la
guerra en el territorio de Ucrania. Y hay un pequeño concepto por la Presidencia española de la UE de 25 000 euros, ya les ha explicado el subsecretario perfectamente a qué tipo de gastos se destinan.


Del capítulo 4, las transferencias corrientes, con 53 millones de euros, a comunidades autónomas son 19 800 000 euros, el concepto 450 es el programa de asistencia social, el de siempre de delegación para mujeres víctimas de violencia de
género, que son este año 8 500 000 euros, se incrementa en estos 500 000 euros. El programa para implementación de la mejora de coordinación y planes personalizados también de los fondos de delegación es 1 millón de euros que se mantiene y el
programa para el apoyo a víctimas de agresiones de abusos sexuales son 9,5 millones y este sí se incrementa en 1,5 millones como efecto directo de la Ley Orgánica 10/2022 porque precisamente es para agresiones y abusos sexuales, se sigue diciendo
abuso porque todavía no estaba en vigor la ley. Y el concepto 456, el programa de formación especializada de profesionales en materia de prevención y detección de explotación sexual de menores, este es nuevo, se dota con 800 000 euros y obedece a
la primera conferencia sectorial conjunta que celebramos Igualdad y Derechos Sociales en cuanto a infancia y adolescencia precisamente por el problema detectado en todas las comunidades autónomas, el problema del riesgo de explotación sexual de
infancia institucionalizada y, por lo tanto, la conveniencia de las ayudas para su detección.


Después están el programa de las ayudas del artículo 27 a mujeres, con 8 millones de euros, que se reduce un poco en medio millón de euros; las becas de formación del Observatorio Estatal de Violencia, que son 100 000 euros, se ha
incrementado en 20 porque en vez de cuatro personas becarias van a ser seis con unos curriculums impresionantes y la verdad que dotan de mayor confianza en la juventud que viene, pese a otros indicadores, y se incrementa también el servicio Atenpro
cuyo número de usuarias activas actuales es de 17 281 en agosto de 2022 y se ha incrementado un 5,48 % respecto del año pasado.


Se incrementan también en 1 millón de euros la atención a víctimas de trata con fines de explotación sexual a 7 millones, pero, pese a ello, los proyectos que nos han presentado las entidades especializadas ascienden a 11 200 000, se ha
incrementado sólo 1 millón pero realmente creemos que debería incrementarse más, se incrementa un poco en 3000 euros los premios a tesis doctorales sobre violencia de género, se incrementan las subvenciones nominativas que van precisamente por ley
que pasa por el Congreso de los Diputados porque no son las subvenciones en concurrencia competitiva, sino que se justifica la directa o nominativa cuando es una entidad la que presta ese servicio digamos con carácter prácticamente único, por alguna
razón que se justifica.


En cuanto a las transferencias corrientes al exterior de 50 000 euros tiene por destinataria la SEGIB, la Secretaría General Iberoamericana, porque en la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de

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Gobierno de Andorra de 2021 se comprometió esta aportación y es la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género la que se designa como representante del país y, además, España es quien va a asumir la Presidencia para el próximo
periodo 2022-2023 después de República Dominicana.


Y, por último, en el capítulo 6 en inversiones reales, como se ha mencionado antes en una pregunta, la inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios -yo sé que a veces la ley de presupuestos utiliza y arrastra
además este lenguaje- son los dispositivos, los dispositivos de violencia en la pareja o expareja que la verdad pregúntenles a las mujeres si funcionan y el resultado que tienen porque no ha habido ninguna mujer asesinada que estuviera portando un
dispositivo; en cualquier caso, se colocan por orden judicial y la gestión es lo que lleva la delegación. Eso son 7 500 000 euros.


Los gastos en inversiones de carácter inmaterial son 9 050 000, son sobre todo las aplicaciones informáticas y portales web y el plan anual de publicidad institucional y además de otros 7 millones y el macroestudio sobre trata de mujeres y
niñas, 300 000 euros más otros 100 000 para la estrategia estatal para la erradicación de las violencias machistas que está llevándose a cabo de manera participada, no sólo entre comunidades autónomas, sino también con los demás ministerios.


Por último, las transferencias a comunidades autónomas se incrementan en 40 millones de euros, eran 100 las del pacto de Estado y se incrementan en 40 y las entidades locales se mantienen en 40 porque ya crecieron el año pasado de 20 a 40.
Estas son las especializadas.


Omito por falta de tiempo y porque lo ha tratado creo que suficientemente el subsecretario el Plan España te protege contra las violencias machistas, sin perjuicio por supuesto de contestar a todas sus preguntas. Únicamente quiero terminar
diciendo que ya les señalaba el año pasado en mi anterior comparecencia que detrás de todas estas cifras están esas vidas de mujeres y niñas y niños y que el EIGE, el Instituto Europeo para la Igualdad de Género, calculaba extrapolando el dato que
la violencia machista le podía costar a España 30 500 millones de euros al año y, sin embargo, las luchas contra estas violencias suman 300 millones, esta violencia no es gratis y no solo nos empobrece en igualdad y en calidad democrática, sino
económicamente, que cuesta anualmente 107 veces más la violencia contra las mujeres que las políticas que vamos a dedicar a combatirlas y que, por lo tanto, seguimos convencidas de que no hay dinero mejor invertido.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora delegada.


Es ahora el turno de las portavoces y para ello tiene la palabra la señora Franco. Pensé que intervenía la señora Fernández Castañón, que le quito siempre el apellido de su padre, por lo que pido disculpas. Tiene la palabra, señoría, siete
minutos.


La señora FRANCO CARMONA: Gracias presidenta, le damos también un descanso a la portavoz, a Sofía.


Gracias como decía, presidenta, y gracias también a la señora Rosell por toda la explicación y por el trabajo ingente que llevan haciendo todos estos años en el ministerio para acabar con la violencia machista, para acabar o por lo menos
para ponerle freno en la medida de lo posible en una sola legislatura contra las violencias machistas, contra la trata y contra todos los tipos de explotación y de violencia que sufrimos las mujeres. Como decía, es un trabajo ingente y ese trabajo
se ha visto en cada año reflejado en los presupuestos, este año vamos a tener un aumento de 35 millones en los presupuestos para 2023, que significa un 12,1 % más que en 2022 y que esto va a ayudar a desarrollar todas las normativas que se han
desplegado para dar cumplimiento al Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que, como bien ha dicho la señora Rosell, ya vamos a cumplir los cinco años, por tanto hay que renovar este pacto de Estado y el Congreso está trabajando en ello.


Respecto a esa normativa, yo quería señalar alguna, como la LOGIL, la Ley Orgánica de garantía de la libertad sexual. Esta ley está consiguiendo cosas absolutamente inéditas hasta este momento, una de ellas es el cumplimiento con la
normativa internacional, entre ellos el Convenio de Estambul y otro tipo de normativa sobre las necesidades, hablar de la violencia y de legislar y de proteger a las mujeres contra todos los tipos de violencia, no solamente en el ámbito de la
pareja, sino fuera de ella, y eso es uno de los trabajos que está consiguiendo la LOGIL. Además, concede esa definición de tipo de violencia a la mutilación genital femenina, el matrimonio forzado y algo que era absolutamente imprescindible y que
todavía no había pasado hasta ahora, por más que se lleva hablando de ello en este Parlamento durante años, de la necesidad de acabar con la trata con fines de explotación sexual y con todos los tipos de trata, no solamente con los fines de
explotación sexual. Pues bien, esta ley por primera vez lo califica como

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violencia. Este es un paso enorme y muy importante a tener en cuenta. También la definición de violencia en los menores con la ley de infancia.


Hablaba usted de las transferencias a las comunidades autónomas y, en concreto, del programa 232.C, proveniente de los fondos europeos, para mantener los fondos del pacto de Estado más allá de lo obligado en dicho pacto. Creo que es
importante recalcar que la plurianualidad del pacto conllevaba una necesidad de que esa financiación fuese más allá, es decir, que fuese una financiación plurianual y no solamente de año a año, con la posibilidad que conllevaba de que hubiese algún
año que no se financiase el pacto de Estado o, al menos, que no se financiase de la forma necesaria. Siempre hemos dicho que no solo son necesarios los pactos, los proyectos, las palabras, sino que también son necesarios los presupuestos, es decir,
el dinero para dar cumplimiento, en este caso, a este pacto de Estado.


Por otro lado, hay que traducir esos presupuestos a los desarrollos legislativos. Aquí nosotras vemos cómo una ley que se podría quedar en un cajón, en este caso no se ha quedado en el cajón y está sirviendo para mejorar la vida de la
gente. Me refiero en concreto a los centros de crisis para las víctimas de explotación sexual, incluyendo la trata, con 29 millones de euros para los dispositivos, con 12,9 millones de euros para el plan de inserción previsto en el real decreto -un
plan de inserción que es realmente fundamental- y los 17,1 millones de euros para los centros de crisis, que además se prevén aumentar en 30 millones de euros en 2023, a través de una transferencia de derechos sociales. Como bien ha dicho usted y
también las intervinientes anteriores, a las víctimas de trata no las podemos sacar simplemente de esos ámbitos, de esos lugares donde están siendo explotadas sexualmente, sino que hay que garantizarles que puedan tener una formación, que puedan
tener una vivienda, que puedan tener todas las condiciones para salir de esos ámbitos de violencia y, en consecuencia, de esas situaciones de vulnerabilidad total y empezar a tener una vida que cure las heridas producidas por esas situaciones de
explotación y de falta de derechos humanos.


Para ir terminando, creo que es importante explicar en qué consisten esos centros de crisis y los derechos de las mujeres que llegan a esos centros de crisis cuando han sido víctimas de violencia. Estamos hablando de la asistencia integral
veinticuatro horas para víctimas de violencia sexual en todas las provincias y en las ciudades con estatutos de autonomía, a mujeres de más de dieciséis años víctimas y supervivientes de la violencia sexual, tanto si se ha producido la violencia de
una forma reciente o en el pasado. Y para poder acceder a estos recursos, no será necesaria la interposición de una denuncia, y esto es fundamental, porque significa que el enfoque se centra en la víctima y en la superviviente. Otra cuestión es el
trabajo, que en estos centros se va a adaptar a las demandas y a los tiempos y necesidades de las víctimas, y los profesionales del centro van a tener formación especializada en violencia de género, en enfoque de género, derechos humanos y en la
interseccionalidad de la violencia contra las mujeres, de las violencias sexuales, del trauma, de la crisis y de la emergencia.


Por último, simplemente quería preguntarle sobre las entidades subvencionadas, de las que tantas veces se habla en esta Comisión y que tan denostadas están por algunos grupos parlamentarios, que parece que no saben el trabajo ingente que
hacen, porque el ministerio no llega a todos lados; los gobiernos, no solamente el del Estado sino los de las comunidades autónomas y los ayuntamientos, no llegan a todos lados, y necesitamos a esas entidades. Nos gustaría que nos concretase a qué
materias va dirigido el dinero que se destina a estas entidades.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias señora Franco.


Tiene la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario VOX, la señora Toscano.


La señora TOSCANO DE BALBÍN: Gracias señora Rosell.


En primer lugar me gustaría decir que en VOX creemos que hay que invertir en asistencia jurídica, asistencia psicológica para las víctimas de violencia doméstica, porque existen, aunque luego se dedican a contar que nosotros negamos que
exista la violencia contra las mujeres. Jamás la negamos, y por eso pedimos más medios que vayan para ellas, porque consideramos que necesitan medios para formación -se ha comentado aquí- y demás, para empezar una vida nueva. Creemos que es
imprescindible agravar las penas para los agresores. Pero dicho esto, me gustaría preguntarle, en primer lugar, cómo explica que cada año se invierta más dinero, estamos en 320 millones de euros, y el número de víctimas no se reduzca. Me gustaría
que lo explicara.


Sobre su delegación, los cambios que hay este año son un aumento de gastos de personal y de gastos corrientes. De novedad tenemos subvenciones a determinadas asociaciones y centros de crisis.

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Sobre los centros de crisis me gustaría decir que es muy peligroso salirse del sistema judicial. Los centros de crisis al final son, aunque les duela, muchos chiringuitos más, donde se va a tratar a una persona como si fuera víctima sin que
haya una sentencia, porque así captan a más mujeres para que se consideren víctimas.


Cuando hablan de víctimas, también me parece muy importante que nos lo aclare, se refiere obviamente a mujeres, pero ¿mujeres que se sienten mujeres?, ¿hombres que se sienten mujeres?, ¿mujeres biológicas? Me gustaría que nos lo dijera, y
también si esas víctimas son víctimas porque tienen una sentencia que acredita que han sido víctimas de violencia o porque ellas dicen que son víctimas. ¿Por qué no destinan el presupuesto de violencia de género, como he dicho antes, a ayuda
directa a las mujeres que realmente han sido víctimas y no a asociaciones como Themis o Arcoíris, por ejemplo? ¿Qué opina de que esas asociaciones reciban subvenciones en función de las denuncias? ¿No es evidente que eso fomenta las denuncias
falsas?


¿Contempla en su presupuesto que la policía realice estudios de perfil del agresor?, porque en los cuestionarios de valoración policial, ya lo he explicado alguna vez, se habla de problemas de conducta, problemas psicológicos en las
agresiones, de adicciones, pero nunca se habla del patriarcado, porque el patriarcado no es la razón por la que se agrede a una mujer. Me gustaría saber si con este presupuesto van a empezar a investigar un poco las causas reales de la violencia.


Los datos del Instituto Nacional de Estadística -y creo que no es sospechoso de fascista-, nos dicen que hay 491 personas condenadas en 2021 por delitos de agresión sexual, 267 españolas y 224 extranjeras. Si nos vamos a las condenas por
violación, la proporción es bastante parecida. Me gustaría saber si con este presupuesto van a ahondar en esta población inmigrante que viene de culturas que no respetan a la mujer, si van a tomar alguna medida o van a invertir algo de esfuerzo,
porque es un problema real, que existe.


Año tras año el número de denuncias aumenta; últimamente además están recordando mucho que cada vez hay más denuncias, y lo dicen muy contentas, pero me gustaría recordar que el número de archivos y sentencias absolutorias aumenta también.
Se sigue manteniendo esa proporción de un 80 % -suele oscilar entre el 78 y el 82 %- de archivos de las denuncias y absoluciones de hombres que han sido falsamente denunciados y un 20 % que acaban en condena. ¿Se ha planteado perseguir estas
denuncias falsas con deducciones de testimonio, que son un 80 % -que es mucho-, perseguirlas y que sea quien denuncie y no consiga la condena quien cargue con las costas del proceso? Creo que esto ahorraría bastante a estos presupuestos. ¿Cómo
explica el incremento de denuncias si va aparejado, como acabo de decirle, con el incremento cada año de personas declaradas inocentes?


También me gustaría resaltar que 90 personas al día mueren por falta de ayudas a la dependencia, repito, 90 al día. Al año son 32 850, en cinco años, 164 250; mujeres que han muerto por violencia de género son 250 en cinco años. Quiero
recalcar que cada vida es preciosa y cada vida vale infinito, pero ¿por qué esa causa de muerte -250- recibe 320 millones de euros y las otras 87 000 no reciben nada? Creo que los millones que invierten no sirven. Muchas mujeres en España sufren
agresiones en el ámbito familiar. Estas mujeres necesitan recuperarse, salir de su casa, pero no es justificable que 320 millones de euros se pierdan en el camino de propaganda y chiringuitos. Creo que estos 320 millones son los presupuestos de la
criminalización del hombre; son 320 millones para victimizar a la mujer; son 320 millones para educar a nuestros hijos en que por ser hombres son violentos; son 320 millones para campañas para que la sociedad crea que la mujer siempre es víctima
y el hombre siempre es agresor. Creo que esa incidencia en que al hombre, cómo el hombre blandengue, hay que explicarle que no tiene que agredir es incitación al odio contra el hombre, porque el hombre no es agresor; el hombre no agrede, agraden
unas personas en concreto que son violentas, y hay que investigar por qué causas, que es lo que ustedes no quieren hacer. Son 320 millones para imponer otra vez la ideología de género, para imponer un feminismo victimista, y son 320 millones que,
por desgracia, no salvan ni una vida.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias señora Toscano.


Tiene la palabra la señora Fanjul, en nombre de su grupo parlamentario.


La señora ÁLVAREZ FANJUL: Gracias presidenta, buenas tardes señora delegada.


Después de escucharla y sobre todo después de estos años de gobierno socialcomunista, nos ha quedado una cosa clara a todos los ciudadanos: España es un país más pobre, menos para ustedes; con más desigualdad, menos para ustedes; con
menos oportunidades para las personas y sobre todo para las mujeres, las familias, especialmente las numerosas y monoparentales, y con más desprotección para

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los menores, para las personas con discapacidad, en riesgo de exclusión social, en definitiva, para los más vulnerables. Resumiendo, quien no se les haya arrimado es imposible que haya prosperado bajo su Gobierno y, por si fuera poco, su
macroestructura gubernamental no se corresponde con lo que necesitamos los españoles. Ya se lo dije a la ministra en aquella ocasión en la que se dignó a pisar la Comisión de seguimiento del pacto de Estado, allá por mayo de 2020, pero quiero
repetirlo hoy: deberían empezar su operación bikini y adelgazar el Gobierno y deberían empezar por suprimir el Ministerio de Igualdad.


¿Por qué le digo eso señora delegada? Es muy sencillo. El Ministerio de Igualdad no responde a la realidad de este país, pero eso ya lo sabemos, porque ustedes viven a espaldas de los ciudadanos y de sus problemas, pero es que tampoco está
respondiendo a la realidad en la que viven las mujeres españolas. En España tenemos 2 941 919 parados, pero 6 de cada 10 parados son mujeres. El aumento de los presupuestos de 2022 no ha contribuido a mejorar el empleo y la empleabilidad de las
mujeres en nuestro país, ni parece que vaya a hacerlo la nueva subida que se produce en los del año 2023. Este Gobierno destina 573 millones al Ministerio de Igualdad, computado el Instituto de las Mujeres, y cuenta con 462 nóminas atribuidas a su
capítulo 1. Queda claro que todos los españoles se están apretando el cinturón, todos menos ustedes. En 2018 las políticas de igualdad y contra la violencia de género se desarrollaban desde una secretaría de Estado y una delegación del Gobierno.
Para que lo entiendan hoy todos, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad de Mariano Rajoy tenía 13 altos cargos y 18 eventuales -ahora son 3 ministerios al completo y, en particular, el actual Ministerio de Igualdad, con 372
funcionarios, 73 más que en 2022- y contaba con una estructura mucho más eficiente y reducida.


Señalan que son unos presupuestos feministas, pero no engañan a nadie. Se les recordará siempre por sus luchas internas -lo hemos visto hoy- para ver quién enarbola más la bandera del feminismo y por su célebre viaje a todo lujo a los
capitalistas Estados Unidos. A eso se han dedicado, y la verdad es que es una lástima. En cuanto a las brechas de género, no han dejado de aumentar. Ahora presentan los presupuestos de 2023 como la herramienta que producirá su cierre como
consecuencia de un aumento del 9,3 %. Resulta frívolo que traten de esta manera estos asuntos cuando el 57 % de las mujeres españolas han sufrido una pérdida salarial al convertirse en madres, tras verse obligadas a reducir la jornada, coger una
excedencia o directamente dejar el empleo. En materia de violencia de género, se han dedicado a torpedear el Pacto de Estado contra la Violencia de Género mientras las víctimas siguen aumentando y una normativa como la ley contra la trata sigue sin
publicarse. En consecuencia, el incremento de la partida destinada a implementar las medidas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género resulta insuficiente.


La delegación, en el presupuesto aprobado 2020, tenía en el capítulo 2 un total de 1687,40 mientras que ahora tiene 6742,27, 717 más que en 2022. Me gustaría, señora delegada, que me puntualizara alguna de forma más pormenorizada.
Nuevamente incrementan la partida de gastos diversos y especialmente la relativa a actividades realizadas mediante el convenio 1050. Me gustaría también que hablase de cuál es el objetivo, qué convenios tienen previsto firmar, con qué entidades y
cuánto va destinado a cada una de las mismas.


También me gustaría que nos detallara la partida de estudios y trabajos técnicos. La indefinición de la descripción de esa partida, así como su destino, los gastos corrientes en bienes y servicios, supone que su finalidad será aquella que
al ministerio le parezca más conveniente, sin objetivo definido y evaluable desde el punto de vista presupuestario.


Como se ha comentado, se observa también un incremento en el capítulo 4. Quisiera destacar alguna de las partidas y hacerle algunas consideraciones. La partida de comunidades autónomas se incrementa respecto a 2022 en 2800. ¿Piensan
ustedes seguir el camino marcado por el Gobierno en estos presupuestos de priorizar la financiación de comunidades socialcomunistas o, en su caso, al tratarse de un tema tan delicado, nos van a presentar otros criterios de distribución de estas
cuantías?


Sí me gustaría reconocer que han creado una nueva partida para un programa de prevención de abusos sexuales a menores tutelados, dotada de 800. Me agrada que por fin quieran poner remedio a una dejadez de funciones que se ha advertido con
claridad en comunidades como Baleares y Valencia, donde uno de los casos con presuntos encubrimientos se ha cobrado la cabeza de la titular de la cartera de igualdad y vicepresidenta de la Generalitat. Me gustaría que nos diera algún detalle más
sobre dicho programa, sus implicaciones, repartos, etcétera. La partida de familias e instituciones sin ánimo de lucro tiene un presupuesto de 33 768 incrementándose en unos 12 000. ¿Podría desglosarnos los criterios por los que se están fijando
los destinatarios de estas cuantías? Me gustaría saber qué ha motivado ese

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aumento, por qué han decidido una bajada de 565 en las ayudas sociales para las mujeres. Y también me gustaría conocer la valoración que hace del convenio de la FEMP, para teleasistencia móvil a víctimas de violencia de género. He
comprobado la subida de los 2900, respecto a 2022, y me parece bastante interesante conocer qué ha motivado la misma, de qué forma efectúa esa teleasistencia y si los resultados de esa colaboración son satisfactorios para el Gobierno y para los
usuarios.


En estos presupuestos también aparece una nueva partida, denominada subvenciones nominativas para combatir las violencias machistas, por 1380, y en ellas aparecen los siguientes conceptos: Fundación Anar, Asociación Themis, Fundación Emet,
Arcoíris, Unión Profesional, Consejo General de la Psicología de España, Mujeres Separadas y Divorciadas. Sería conveniente que nos indicaran a qué tipo de acciones irán dirigidas estas subvenciones, cuáles han sido los criterios para determinar
estas entidades, las cláusulas genéricas de concurrencia para darlas, etcétera.


También veo que hay novedades en una partida denominada subvenciones públicas en régimen de concurrencia competitiva destinadas a programas y proyectos de concienciación, prevención, investigación de distintas formas de violencia contra las
mujeres, por valor de 7000. Me gustaría también que nos detallara esa cuantía, si pudiera ser.


En definitiva yo creo que las mujeres necesitan propuestas eficaces para conseguir la igualdad real en todos los ámbitos. No creo que estemos para gastar un presupuesto público en informes y campañas más bien vacuas e hirientes para las
personas con discapacidad. El presupuesto del Ministerio de Igualdad ha crecido respecto del actual, pero debemos preguntarnos cuáles son los verdaderos motivos de ese incremento: ¿abonar los salarios de la superestructura de altos cargos y
eventuales?, ¿más propaganda?, ¿más autobombo?, ¿más autocontradicciones? La verdad es que es una pena.


Muchísimas gracias señora delegada.


La señora PRESIDENTA: Gracias señoría.


Para finalizar el turno de intervención de los portavoces, tiene la palabra la señora Guinart, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.


La señora GUINART MORENO: Gracias presidenta.


Muchas gracias delegada por las explicaciones.


Enfrentamos el trámite de unos presupuestos generales del Estado sociales y con marcado perfil feminista. El compromiso con la igualdad los atraviesa de parte a parte, y un año más la prevención y la lucha contra la violencia machista
supone más de la mitad del presupuesto del Ministerio de Igualdad. Si en los presupuestos de 2022 hablábamos del 54 %, en este nuevo ejercicio presupuestario el impacto de estas políticas sube hasta el 56 % del total del ministerio, esto es, 320
millones de euros, incluidas las partidas provenientes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Además, durante el próximo año, como se ha explicado, está prevista la incorporación de otros 30 millones de euros adicionales de los fondos
europeos, lo que situará las partidas contra la violencia hacia las mujeres en 350 millones de euros, un 23 % más que el año pasado.


Nos parece importante destacar que sin esos fondos europeos que el presidente Pedro Sánchez reclamó y peleó, pese a la rémora obstruccionista del principal partido de la oposición, los presupuestos de igualdad no serían lo mismo. Atrás
quedan las escasas dotaciones presupuestarias de los gobiernos del Partido Popular. El Gobierno de Pedro Sánchez dedica siete veces más recursos a la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres y a combatir y prevenir la violencia de género
que el promedio de los del Partido Popular entre los años 2011 y 2018. De 181 hemos pasado a 573 millones de euros, una diferencia ostensible y que se traduce en multitud de políticas que favorecen el avance en el camino hacia la plena igualdad
real entre los dos sexos.


La igualdad atraviesa los presupuestos generales del Estado para el año que viene. Encontraríamos multitud de ejemplos, pero como el tiempo apremia solo citaré algunos de los ministerios que más impulso están dando al Pacto de Estado contra
la Violencia de Género, uno de ellos el Ministerio de Justicia. En este ejercicio, Justicia destinará más de 3 millones de euros para la implementación de 27 unidades administrativas de asistencia a las víctimas. Tal como adelantó hace unos días
la ministra Pilar Llop, esta partida presupuestaria está alineada con el Plan Estratégico Justicia 2030, para facilitar el acceso a la justicia de las personas más vulnerables, también de las víctimas de violencia de género, reforzando la protección
a las víctimas y la asistencia y apoyo que les prestan las administraciones públicas. Así, el Ministerio de Justicia continúa fortaleciendo la atención a las víctimas de delitos violentos, especialmente a las mujeres que sufren violencia de género,
en línea con lo recogido en el pacto de Estado y en el

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Convenio de Estambul. También el Ministerio del Interior continúa prestando especial atención a esta tipología de víctimas. Los datos de VioGén, tras quince años de funcionamiento, revelan el empeño para hacer de VioGén una herramienta
cada vez más eficiente. A finales de julio, eran 700 000 los casos analizados y 5,4 millones las valoraciones realizadas. El sistema de seguimiento integral de los casos de violencia mantiene activos más de 73 000 casos. Ahora se trabaja en el
diseño y desarrollo de VioGén 2. Asimismo, el número de efectivos destinados a la lucha contra la violencia de género se ha incrementado en un 28,5 % en 2022, y ya suma más de 2800 agentes de Policía Nacional y Guardia Civil, la mayor cifra en la
historia de VioGén.


Otro dato -creo que en este Día Europeo Contra la Trata de Seres Humanos es importante subrayarlo- nos habla de la liberación por parte de Policía Nacional y Guardia Civil en 2021 de más de mil víctimas de trata y explotación de seres
humanos, en buena parte con fines de explotación sexual, y de dos niñas que fueron liberadas antes de ser sometidas a matrimonios forzosos. Todo ello recogido en el Pacto de Estado, de la misma manera que el despliegue de unidades especializadas,
acciones formativas, integración de diferentes sistemas de información, y algo que claramente tiene impacto presupuestario, como es la adecuación de las dependencias policiales donde se atiende a las víctimas, sin olvidar los convenios con
ayuntamientos para incorporar la Policía Local a VioGén y los convenios con las comunidades autónomas, estos últimos renovados en su totalidad con excepción, hay que decirlo, del de Murcia, reclamado por parte del ministerio, pero aún pendiente.


En cuanto al Pacto de Estado contra la Violencia de Género que suscribimos en 2017, estamos en un momento crucial, transcurridos cinco años de vigencia. La mayoría de los grupos parlamentarios, la totalidad de los que reconocemos la
necesidad de continuar con el compromiso político, institucional y también social que es la esencia de este histórico pacto, hemos registrado una petición de creación de una subcomisión que trabaje en los próximos meses en la renovación y
actualización del pacto. Lo haremos en sede parlamentaria, que es donde se gestó; lo haremos escuchando las aportaciones de la sociedad civil y personas expertas, como hicimos hace cinco años, y lo haremos con el firme propósito de continuar
mejorando la sensibilización, prevención y atención a las víctimas, formación y reparación. Para ello serán necesarios más y mejores recursos y la responsabilidad de todos los operadores y de toda la sociedad.


Por eso es importante el compromiso reflejado en estos presupuestos generales del Estado. Necesitamos más recursos en tanto en cuanto el avance legislativo comporta nuevos retos. Atender a las víctimas de violencia sexual implica nuevas
necesidades. El 016 continúa atendiendo mayoritariamente a víctimas de violencia de género, porque son ellas las que hacen un uso prioritario de este recurso, pero está también abierto a la atención a víctimas de otras violencias machistas. Los 40
millones adicionales que se transferirán el próximo año a comunidades autónomas tienen como finalidad atender esas tipologías de víctimas en cada uno de los territorios una vez transferido el dinero necesario para la creación de los centros de
crisis.


No podemos pasar por alto tampoco el significado de que las diferentes administraciones puedan ejecutar los fondos del pacto de manera plurianual y que los puedan destinar ahora también al capítulo 1, esto es, gastos de personal, para poder
consolidar plantillas que trabajen en la prevención y atención a las víctimas. Conocida es esa reclamación expresada por parte de las comunidades autónomas en la sectorial de Igualdad, una demanda que este grupo parlamentario ha recogido y
abanderado desde el inicio; de hecho, ya en mayo de 2020 registramos una proposición no de ley que reclamaba la plurianualidad de los fondos del pacto.


En definitiva y para ir concluyendo, son estos unos presupuestos comprometidos con la lucha contra la violencia machista y en el abordaje de todas las caras que el machismo criminal ofrece aún en pleno siglo XXI.


Gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Guinart.


Para terminar, tiene la palabra nuevamente la delegada, la señora Rosell.


La señora DELEGADA DEL GOBIERNO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO (Rosell Aguilar): Muchas gracias presidenta y gracias a todas las intervinientes.


Intentando agrupar por temas en vez de por preguntas para tratar de adecuarme al tiempo, comenzaré por los centros de crisis veinticuatro horas de asistencia integral, que son unos centros muy valorados por todas las víctimas, que le añaden
muchísimo al sistema actual.

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Si la Ley Orgánica 10/2022, en general, cierra una brecha entre víctimas de primera y de segunda. Cualquiera que haya trabajado en primera línea sabe que España es un referente en violencia contra las mujeres por el hecho de ser parejas o
exparejas de alguien. Había que alcanzar el mismo nivel de protección integral respecto de todas las demás violencias del Convenio de Estambul, y lo hacemos con esta ley a un nivel muy destacado internacional y mundialmente. Lo que pretende este
servicio precisamente es que una mujer que llega con una agresión sexual a la policía o al Juzgado de Guardia, sobre la que recae todo el peso de la denuncia y la responsabilidad de lo que pase después y que no tiene todo ese sistema alrededor,
salvo en algunos sistemas autonómicos que sí que tienen las políticas más desarrolladas que otros y que a nivel estatal, vaya desde el principio acompañada. Es verdad que, gracias a nuestro sistema sanitario, no se necesita que, como en el sistema
anglosajón, allí se le preste también la asistencia médica, pero a la que se asista sin denuncia -como dice el artículo 48 de esa magnífica ley que han aprobado en esta Cámara- se le recogerán los vestigios y pruebas biológicas con su consentimiento
informado, pero sin necesidad de denuncia, lo cual quiere decir que no has de tomar esa decisión en ese momento traumático, en ese momento de shock. Nuestra vivencia es que cuatro horas y cuatro días después la mujer o la niña lo que quieren es
irse, ducharse, descansar, que se les pase todo lo que han sufrido, incluso todo lo que hayan podido ingerir voluntaria o involuntariamente, y en esas horas y en esos días es precisamente cuando se pierden estas pruebas. Además, atenderán, como han
dicho, a violencias recientes o pasadas, y no hay ningún recurso cero para violencias pasadas, incluso para violencias prescritas, pero las mujeres muchas veces cuando verbalizan estas violencias pasadas sí necesitan esa asistencia psicológica, esa
asistencia integral, probablemente no un asesoramiento jurídico, porque puede no haber nada que hacer ahí jurídicamente, pero en el momento del fallecimiento del familiar o del agresor sexual -la casuística es enorme- todas valoran estos servicios.


Han insistido también casi todas en las entidades subvencionadas. Se las detallo en el concepto 486, en el nuevo concepto de subvenciones nominativas que se recogen por ley. En esta ley de presupuestos generales del Estado está la
Fundación ANAR, con 300 000 euros, destinados al servicio de atención telefónica a víctimas de violencia de género menores de edad, que no pueden ser atendidas ni como llamada pertinente en el 016, pero que tienen que recibir una asistencia
especializada para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres entre la población infantil, adolescente y joven, no sólo género, aunque hasta ahora ha atendido género, y también la hay.


Hay otros 300 000 de subvención nominativa a Mujeres Juristas Themis, para víctimas de violencias machistas que se encuentren en procedimientos judiciales. Requieren una visión holística o una visión más amplia de su problema judicial, no
solo ellas como parejas, como víctimas de otras violencias, sino sus hijos e hijas, sus problemas de vivienda, laborales y de todo tipo. Además, en violencia sexual, tanto por la LOPIVI, que ha ampliado el plazo de prescripción y reformado los
tipos penales, como por la LOGILS, con su mayor protección a nuevas y graves manifestaciones de violencia sexual, como la de la sumisión química o las nuevas tecnologías, van a requerir una formación especializada que todavía no tiene el conjunto de
la abogacía. De todas maneras, se trata de estos casos que requieren más estrategia jurídica.


La tercera es EMET Arco Iris, con 200 000, que lidera el Programa Ödos que es de mujeres subsaharianas con personas menores de edad a su cargo. Este es el único programa que conocemos de prevención secundaria de la trata, antes incluso de
que sean abocadas a este destino, después de llegar a nuestras cosas, y tiene unos efectos magníficos, pero necesita, evidentemente, el sostenimiento, y es único en su dedicación a esta prevención secundaria de la trata de seres humanos con fines de
explotación sexual.


La cuarta es la subvención nominativa a Unión Profesional, con 200 000 euros -como verán, no estamos hablando de millones de euros para ninguna-, que es la asociación que agrupa a las profesiones colegiadas de los consejos generales y
colegios profesionales y la subvención es para un programa formativo de profesionales.


La siguiente, de 30 000 euros, es para un colegio específico, el Consejo General de la Psicología de España, para atender psicológicamente, conforme a la medida 139 del informe del Congreso del pacto de Estado, a esas madres que han sufrido
violencia vicaria o violencia por persona interpuesta, que es algo muy especializado y ni siquiera tenemos una palabra para nombrarlas; no son huérfanas, que es cuando pierdes a tus padres, no son viudas, que es cuando pierdes a tu pareja, son
estas madres que han perdido a sus hijos e hijas. El agresor las ha dañado donde más les duele, y esto tan específico, se va a dotar a través -en España el año pasado se han producido siete asesinatos de hijos o hijas- del Consejo General de
Psicología para que las atiendan y apoyen con ayuda psicológica especializada.

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La siguiente subvención nominativa es a FAMUVI, de 50 000 euros. Es la Federación de asociaciones de asistencia a víctimas de violencia sexual y de género, que integra nueve asociaciones especializadas.


La última, a Mujeres Separadas y Divorciadas. Esta es un poco mayor, 300 000 euros. Es la única que lleva desde 1973 acompañando a las mujeres víctimas de violencia de género. La Comunidad de Madrid no ha asistido, como creemos que
debería, al primer centro de recuperación integral para mujeres, niñas y niños víctimas de violencia, que lleva abierto desde 1991 en Coslada. Se le dota para su supervivencia, porque es un servicio del que no podemos prescindir. Sí me gustaría
que no hablaran, por favor, cuando se refieren a estas subvenciones, de amigas y amigos. Cuando se crea esta asociación ni la ministra ni la secretaria de Estado habían nacido, y no tiene nada que ver con nosotras. De hecho, les extrañará, dada la
habitual corrupción de algún grupo político de esta Cámara -en particular me estoy refiriendo al Partido Popular- que quienes tienen algo que ver con la delegación, conmigo como delegada, como la Asociación de Mujeres Juezas de España, o la Comisión
de Igualdad de Jueces y Juezas para la Democracia, ni se presentan. Ya sé que no están acostumbradas a esto, pero no solo no son amigas, sino que las pocas a las que he pertenecido o contribuido a fundar o a mantener no se presentan. Y les habla
quien no solo nunca ha cometido malversación, tráfico de influencias o prevaricación, sino que ha sido víctima de este tipo de delitos y, además, por personas muy próximas a su fuerza política. Les rogaría que no hablaran de amistad. Si dijeran
esto fuera de aquí sería calumnioso. Sé que disfrutan de su inmunidad parlamentaria cuando nos lo dicen, pero al menos sean conscientes de que ya no disfrutan de inmunidad judicial. Hoy sean conscientes de que ya no disfrutan de inmunidad
judicial.


Aparte de las nominativas, que no son para amigas de nadie de este ministerio, porque no somos todas de la misma condición -ya me he entretenido tanto en esto-, la asistencia jurídica o la mejora del sistema judicial no es nuestra
competencia, es del Ministerio de Justicia, pero cuando las comunidades autónomas tienen competencias transferidas sí se dotan con pacto de Estado; de hecho, lo ha hecho Canarias, con las salas Gesell, y lo ha hecho Andalucía, que nos ha presentado
medidas de este tipo sobre personal de gestión procesal contratado para reforzar las fiscalías y los juzgados de violencia sobre la mujer, sin embargo Galicia no ha invertido nada en esto. Quiero decir que cada una decide, pero no es estrictamente
nuestra competencia.


Sobre el perfil policial del agresor les rogaría que no insistieran en el bulo de que los agresores son extranjeros, y menos cuando tienen nuestras cifras en el portal estadístico de los homicidios por violencia de género. En 2022, víctimas
españolas eran 28 y víctimas extranjeras 6; agresores españoles eran 25 y 9 extranjeros. Y en 2021 eran 38 y agresores también 9. No les salen las cuentas, porque la violencia machista no es extraña ni extranjera a nuestro sistema, sino que hunde
sus raíces en lo más profunda de nuestra tradición cultural y patriarcal. Ese es el perfil del agresor; lo único que tienen en común es su educación y sus vivencias machistas, ni la raza ni la condición socioeconómica. Están todos los días y en
todas partes, y es evidente con los datos en la mano.


Yo entiendo la brocha gorda, pero no diga 320 millones para unas pocas decenas de víctimas asesinadas, cuando luego ha dicho 320 millones para educación, 320 millones para estadística, 320 millones para publicidad. No son 320 millones para
esas pocas asesinadas. Respecto de las muertes en dependencia, que tampoco son, evidentemente, competencia de este ministerio, y menos de la Delegación del Gobierno Contra la Violencia de Género, yo lamento mucho las muertes que sobre todo se han
producido de manera injustificable e inhumana en la Comunidad de Madrid, donde ustedes prestan este apoyo al Gobierno Autonómico, y que ya ha quedado claro hasta por Ayuso que no eran competencia del Gobierno central, pero no son 320 millones que
vayan a esas víctimas, sí son para evitarlas.


Me gustaría terminar con los datos económicos, por un lado, que ha sacado sobre todo el Partido Popular y, luego, con los datos de víctimas. Vamos a ver, no se incrementa por incrementarse el presupuesto, no solo no se incrementan las
víctimas, sino que, cuando estamos hablando de estas cifras negras de víctimas de violencia de género y de violencia sexual, las mujeres mayores de dieciséis años residentes en España que dicen que reconocen haber sufrido violencia sexual solo
denuncia un 8 % de ellas, según la macroencuesta 2019, entre una cifra negra sangrante del 90 %, del 92 % en este caso. Para lo que se invierte el dinero es para que salga esa denuncia, y claro que se incrementan las denuncias, pero eso no es que
se incrementen las violencias; de hecho, la mayor cifra negra de denuncias es evidente que era durante el franquismo, nadie denunciaba su propia violencia y vivíamos en esos tiempos en los que se decía: 'mi marido me pega lo normal'. Así que
alegrémonos de prevenir estas violencias y, desde luego, de destinar el dinero que merecen la prevención y la evitación, porque esto es también salvar vidas.

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Los detalles de los convenios los he dicho. Quizá no estuvieran atentas, pero los he dicho uno por uno, los de Asuntos Exteriores, el de Interior y todos los demás convenios entre Administración General del Estado. No responderé a lo de
suprimir lo del Ministerio de Igualdad, pero sí, habiendo detallado tanto las subvenciones, diré dos cosas. Primero, sobre las brechas de género y la brecha de paro. En el momento de la moción de censura eran 8,8 millones de mujeres trabajando y
ahora son 675 000 mujeres más, hasta 9,4 millones de mujeres, 851 000 más en concreto que en la crisis de 2008, que afrontaron ustedes con políticas absolutamente contrarias a la igualdad. Se ha disminuido la brecha de género en las tasas de empleo
y, desde luego, la tasa de pobreza. Luego ustedes hablan de honorarios, quizá porque les traiciona un poco su costumbre o su ideología neoliberal o sus trabajos neoliberales. Lo que hay en la Administración son salarios, sueldos. Y sí que les
daré el dato del incremento o del gasto en personal eventual y asesoras en la Delegación del Gobierno Contra la Violencia de Género, que es realmente fácil de encontrar, porque es cero.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias señora delegada.


Con la réplica de la delegada termina la sesión de esta tarde, señorías. Se levanta la sesión. Gracias.


Eran las siete y cuarenta y cinco minutos de la tarde.