CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2022 XIV LEGISLATURA Núm. 706

DERECHOS SOCIALES Y POLÍTICAS INTEGRALES DE LA DISCAPACIDAD

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOAN RUIZ I CARBONELL

Sesión núm. 30

celebrada el martes,

21 de junio de 2022

ORDEN DEL DÍA:


Comparecencia del señor secretario de Estado de Derechos Sociales (Álvarez Peralta), para informar de la transformación del modelo de cuidados para una vida digna y elegida. A propuesta del Gobierno. (Número de expediente 212/002231) ...
(Página2)

Página 2

Se abre la sesión a las diez y treinta y cinco minutos de la mañana.


El señor PRESIDENTE: Abrimos la sesión para celebrar la comparecencia del secretario de Estado, el señor Álvarez Peralta.


Antes de concederle la palabra y para una mejor ordenación del debate, les recuerdo que se desarrollará tal y como se han desarrollado en anteriores ocasiones cuando ha venido un miembro del Gobierno a esta Comisión. Primero habrá una
exposición inicial por parte del señor Álvarez Peralta, para la que, como saben, no tiene tiempo prefijado, pero que me ha indicado que a los treinta minutos le avise. ¿Eso no lo tenía que decir? (Risas). Se me ha escapado. A continuación, los
portavoces de cada grupo parlamentario, de menor a mayor, dispondrán de un tiempo máximo de siete minutos, como en otras ocasiones, para la formulación de preguntas, pedir aclaraciones o sugerir lo que crean conveniente. Mejor si los grupos
-especialmente los que suelen tener diferentes portavoces- nos hacen llegar el nombre de quién será hoy su portavoz. Después, el secretario de Estado de Derechos Sociales intervendrá por un tiempo tampoco determinado para contestar conjuntamente a
los portavoces a sus preguntas, dar explicaciones de las aclaraciones solicitadas o lo que crea conveniente. A continuación, los portavoces que lo deseen tendrán un minuto, si quieren utilizarlo, para despedir el debate. Suelen ustedes alargarlo
un poco, pero les agradeceré que no sea demasiado largo. Y, finalmente, cerrará la comparecencia el señor Álvarez Peralta. Como está siendo habitual en las últimas sesiones de la Comisión, estoy convencido de que todos intentaremos ser respetuosos
con los tiempos que nos corresponden a cada uno.


Señor Álvarez Peralta, bienvenido a su Comisión. Tiene usted la palabra.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE DERECHOS SOCIALES (Álvarez Peralta): Muchas gracias.


Buenos días, comparezco hoy en esta Comisión de Derechos Sociales para hablarles de la transformación del modelo de cuidados en nuestro país. Quiero empezar mi intervención compartiendo unas palabras que he escuchado recientemente a una
persona querida, Carmen, que, tras salir de una macroinstitución en la que ha vivido muchos años para vivir en un hogar, decía sencillamente que nunca se imaginó que pudiera vivir en un piso, que ella nunca había concebido ni pensado -una persona
con una discapacidad- que pudiera vivir de forma independiente. Un sueño hecho realidad, decía ella. Y lo pongo como ejemplo porque me va a permitir introducir lo que hoy les quiero trasladar, que es una reflexión a propósito de cómo están
funcionando los sistemas de apoyo y cuidados en nuestro modelo de cuidados en general, en particular de larga duración, para el conjunto de las personas de nuestro país que los requieren.


Venimos de un modelo de prestación de cuidados en nuestro sistema de servicios sociales de característica fuertemente asistencial en el que la atención a las personas se ha articulado fundamentalmente en torno a lo que las administraciones
públicas y los prestadores de servicios han pensado que era bueno para las personas, pero no necesariamente contando con las personas; bueno para las personas, pero sin las personas en muchas ocasiones. Y esto ha generado, a lo largo de las
últimas décadas, una suerte de prestación de servicios que a menudo ha caído en el tutelaje, en el desarrollo de vidas encorsetadas y predeterminadas por las necesidades de las organizaciones y de las instituciones y no tanto por las necesidades y
las preferencias de las personas y de las usuarias y usuarios que forman parte de ese sistema de cuidados.


Puede que haya quien tenga la tentación de pensar que tener una discapacidad o ser una persona mayor justifica una forma de vida segregada o tutelada o limitada o estrecha en el marco de una institución, y yo creo que es un error caer en
esta tentación porque en muchas ocasiones lo que nos pasa a muchas de nosotras y de nosotros es que seguramente no escuchamos con el suficiente oído fino cuáles son las necesidades y cuáles son las preferencias de estas personas y, de alguna forma,
vinculamos su destino irremediablemente al hecho de estar institucionalizados. Pero la institucionalización no es un destino natural en nuestro sistema de servicios sociales y, además, frecuentemente la institucionalización no es la intervención
más eficiente desde el punto de vista de los servicios sociales. Antes de proseguir, quiero dejar muy clara una cuestión. Cuando hablamos de una nueva estrategia de desinstitucionalización, en ningún momento se cuestiona el trabajo de las
comunidades autónomas, entidades locales, profesionales de los servicios sociales y entidades del tercer sector, que desarrollan un trabajo excelente y maravilloso y que lo desempeñan en el marco de un sistema de cuidados y de servicios sociales en
el que en muchas ocasiones tienen recursos limitados y donde se dejan la piel. Quiero reconocer, antes de nada, los esfuerzos de estos profesionales de los servicios sociales y también los esfuerzos y la dedicación de las entidades locales y de las
comunidades autónomas para mejorar constantemente la atención.

Página 3

Dicho esto, creo que es clave que los responsables de las administraciones públicas demos un paso atrás y podamos también pensar y reflexionar sobre una idea muy clara, que es la que quiero desarrollar. Es tiempo de repensar los modelos de
atención en nuestro país, los apoyos que deben tener las personas vulnerables y, concretamente, las personas que viven en el ámbito de la dependencia, porque existe evidencia del impacto negativo que tienen las macroinstituciones en las
intervenciones de los servicios sociales para estas personas.


Desarrollaré la intervención en tres bloques. En primer lugar, quiero analizar lo que no está funcionando y argumentar por qué debemos cambiar nuestro modelo de cuidados. En segundo lugar, quiero detenerme en lo que debemos hacer entre
todas las administraciones. Y, en tercer lugar, me referiré a lo que ya está haciendo la Administración General del Estado y, en particular, el Gobierno.


Vamos con el primer bloque, ¿por qué avanzar hacia otra forma de cuidar y de brindar apoyos? Antes de nada, insisto, quiero reiterar y poner en valor el sistema de cuidados que tenemos. Es un eje vertebrador de nuestra sociedad. Los
servicios sociales son ese cuarto pilar del Estado del bienestar que no siempre ha llegado a desarrollarse como debiera. En nuestro país, además de la sanidad, de la educación y de las pensiones tenemos un sistema de servicios sociales en el que
los profesionales y las administraciones desarrollan una encomiable tarea con una enorme profesionalidad, pero que no siempre ha podido alcanzar las cotas y los servicios que debiera, en muchas ocasiones debido a la infrafinanciación. Reconociendo
y poniendo en valor esto -y vaya por delante-, quiero trasladar por qué pensamos que en este momento es necesario reflexionar sobre un cambio de modelo. En un momento de profundo cuestionamiento, que se inicia antes de la pandemia -pero que, desde
luego, la pandemia pone aún más de manifiesto y relieve-, conviene pensar sobre cómo se ha articulado nuestro sistema de cuidados tradicionalmente, un sistema de cuidados que ha colocado -y podemos decir literalmente que ha colocado- a las personas
mayores, a las personas con discapacidad, a las niñas y a los niños en desamparo en lugares específicos, muchas veces segregados y separados del resto de la comunidad, un sistema basado en instituciones fuertemente asistenciales. Permítanme,
señorías, que ponga un ejemplo, yo diría histórico: el de los orfanatos. Creo que hoy nadie en esta sala cuestionaría que es una institución del pasado. Hoy, estos servicios ya no se prestan así, y esto es una evidencia cuando no lo era hace
treinta o cuarenta años. Hay evidencias que se abren paso también en el sistema de cuidados en otros países europeos y creo que conviene que también las vayamos desplegando en nuestra realidad. Buena parte de las instituciones residenciales se
crearon como una respuesta comprensible y lógica a la realidad del momento de hace décadas para organizar cuidados de personas con discapacidad, personas con problemas de salud mental o mayores, niñas o niños, con una atención y una orientación
médico-rehabilitadora. Pero hay que aclarar que no todos los modelos residenciales tienen por qué ser así. De hecho, no todos son así. Basta con ver los países de nuestro entorno o algunos de los ejemplos que ya tenemos en nuestra realidad.
Existen otros modelos más personalizados, también residenciales, de pequeña escala, cuya característica central es ajustarse mejor a las prioridades y a las necesidades que tienen las personas que los utilizan.


En este sentido, conviene revisar también lo que las instituciones europeas nos han ido comunicando a lo largo de los últimos años. Los modelos tradicionales residenciales reproducen un modelo de atención uniforme y despersonalizado, que
prima lo organizacional frente a la voluntad y las prioridades de las personas. La Comisión Europea definió a estas instituciones fundamentalmente con tres características: residentes que viven aislados de la comunidad y obligados a vivir juntos
en muchas ocasiones, que no tienen el suficiente control sobre sus vidas -o, al menos, no tanto como ellos desearían- y con requisitos en los que la propia organización tiende a tener prioridad sobre las necesidades individuales. De hecho, la
Comisión Europea emitía un informe en 2020 a propósito de esta cuestión en el que señalaba que todavía un millón y medio de personas en Europa, en los países de la Unión Europea a veintisiete, viven en este tipo de instituciones. Y, en particular,
señalaba a España como un caso en el que todavía el desarrollo de los nuevos modelos es muy incipiente y tiene que ser completado. ¿Y por qué tiene que ser completado? ¿Por qué pensamos que hay que avanzar en esta dirección? Yo diría y citaría
fundamentalmente cuatro razones y me voy a detener en ellas. En primer lugar -y por ser muy claro-, porque existe un mandato internacional. Existe un mandato de los organismos internacionales y, en particular, de la Comisión Europea en este
sentido que creo que nuestro país debe atender, dado el retraso que tenemos respecto a otros países de nuestro entorno. En segundo lugar, porque este camino no es inventar la rueda, el camino ya está iniciado. España -no solo otros países de
nuestro entorno- ya cuenta con experiencias alternativas muy relevantes, desarrolladas por algunas entidades del tercer

Página 4

sector y por algunas administraciones autonómicas y locales, de las que creo que conviene sacar las lecciones correspondientes. En tercer lugar, porque las instituciones asistenciales no ofrecen, como decía, condiciones para ejercer con
plenitud los derechos humanos. Yo diría que hay una cuarta razón -y paso a explicar cada una de ellas- quizá más importante y es que la sociedad nos lo reclama. Creo que es deber de quienes ostentamos responsabilidades públicas en uno u otro
ámbito, en uno u otro nivel de la Administración, escuchar lo que la sociedad reclama en materia de envejecimiento y en materia de atención a las personas con discapacidad.


Decía, en primer lugar, que hay una primera razón y es que avanzar hacia un nuevo modelo de cuidados es un mandato y una hoja de ruta internacional. Los organismos europeos llevan años manifestando la necesidad de desarrollar una asistencia
con un mayor carácter local, de pequeña escala y más personalizada. Esta es una prioridad. De hecho, los fondos estructurales de inversión de la Unión Europea -incluido el Fondo Social Europeo Plus- se han convertido en instrumentos que financian
estas prestaciones, y la Comisión Europea traslada a los países la necesidad de avanzar en la utilización de estos fondos precisamente para financiar este cambio de modelo de cuidados. Hay Estados que ya nos llevan una importante ventaja, llevan un
largo camino recorrido: es el caso de Irlanda, Italia, Portugal, Suecia y Alemania. Creo que hay caminos que quizás nosotros iniciemos más tarde, pero no por eso lo vamos a hacer con menos espíritu constructivo. Además, tenemos la experiencia de
nuestros socios que, de alguna forma, también nos hace tener más claridad respecto del camino que debemos recorrer.


En concreto, en el informe de la Comisión Europea de 2020 -el que citaba anteriormente- se hacía una serie de observaciones sobre la situación particular de España al respecto de las políticas de prestación de apoyos y recursos para los
cuidados en los distintos ámbitos de la vida y para los distintos sectores de personas con vulnerabilidad. No existen políticas específicas que promuevan la desinstitucionalización -nos decía la Comisión Europea en 2020- y el sistema de protección
a la infancia en España en buena medida se basa en el acogimiento residencial, lo cual, en comparación con otros países de nuestro entorno, yo diría que es un lastre todavía importante. Además, decía el informe de la Comisión que hay una falta de
servicios basados en el apoyo a la vida independiente. Citaba también la Comisión que hay importantes desigualdades regionales en nuestro país. Es más, el Comité Económico y Social Europeo emitía un importante dictamen recientemente en el que se
exponía -y cito literalmente-: Para las personas más dependientes es necesaria la reconversión de las residencias tradicionales en línea con el modelo de vivir como en casa. Creo que el dictamen del Comité Económico y Social Europeo es
sencillamente una obviedad entre miles de expertos en Europa y, por lo tanto, adaptarlo a nuestra realidad es un imperativo importante.


La segunda razón es que el camino ya está iniciado. Efectivamente, en nuestro país el camino ya está iniciado, no solo tenemos ejemplos en otros socios europeos, es que en España el camino ya está iniciado y tenemos -ya lo decía antes-
importantes ejemplos en el tercer sector y entre las administraciones autonómicas y locales. Me limitaré a citar algunos de ellos sin ánimo de que se tome la parte por el todo, hay muchos más, seguramente. Pensemos, por ejemplo, en la Estrategia
para la transformación del modelo de cuidados de larga duración que existe en el Principado de Asturias, cuidando personas y acompañando vidas y que constituye un auténtico ejemplo en esta materia. Pensemos en el trabajo desarrollado por la
Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León en torno al programa Dependencia 5.0, con el que se han puesto en marcha experiencias de atención dirigidas a desarrollar un modelo de red que persigue la desinstitucionalización.
Pensemos en la modernización de los servicios de atención domiciliaria del Ayuntamiento de Barcelona, en los que pequeños equipos de profesionales, en torno a diez o doce, están atendiendo a usuarios que viven próximos unos de otros, en torno a
cuarenta o sesenta personas, creando comunidades de cuidados estables en el ámbito de la atención domiciliaria. Estos modelos ya existen en nuestro país y creo que es responsabilidad de las administraciones públicas y, en primer lugar, de la
Administración General del Estado, tomar nota de estas buenas prácticas que existen en algunos ámbitos de la Administración, también en entidades del tercer sector, para utilizarlos como punto de apoyo para impulsar y avanzar en este nuevo modelo de
cuidados.


Citaba antes una tercera razón, las instituciones no siempre ofrecen condiciones para ejercer con plenitud los derechos humanos, y esto es una realidad. Esto no quiere decir que debamos avanzar hacia un modelo donde las instituciones no
existan, las instituciones van a seguir existiendo porque van a seguir siendo necesarias, pero tenemos que reorientar en muchas ocasiones los procesos de institucionalización, porque estos tienen múltiples impactos, deslocalizan y segregan a las
personas de sus entornos, donde han vivido durante toda una vida; desconectan de las redes de apoyos familiares y de amistad a muchas

Página 5

personas; impulsan vidas uniformes y, en muchas ocasiones, las personas no quieren verse encorsetadas, y, además, en muchas instituciones no se respeta, por ejemplo, el derecho a la intimidad que muchas personas desearían tener. Hoy no se
envejece como se envejecía hace treinta o cuarenta años y creo que seguir manteniendo un modelo de hace cuarenta o cincuenta años en nuestro país es impropio de una democracia avanzada y de un país rico como es España.


La Organización Mundial de la Salud nos recordaba recientemente que incluso las personas con alguna demencia siguen teniendo la capacidad de comunicarse a través de sus conductas y pueden perfectamente tomar decisiones confiables sobre sus
preferencias. Desde luego que tomar esto en consideración es clave, igual que es clave tomar en consideración el artículo 19 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que reconoce el derecho a vivir en la comunidad a
aquellas personas que tienen una discapacidad con opciones iguales a las de las demás personas. Esto no siempre se garantiza en residencias segregadas en lugares alejados de la comunidad. Y en el ámbito de la infancia creo que esto resulta
evidente. En el último examen que hacía en 2018 el Comité de los Derechos del Niño recomendaba a nuestro país, y cito literalmente, acelerar el proceso de desinstitucionalización a fin de asegurar que la atención en centros de acogida se utilice
como último recurso -se tiene que utilizar, pero que se utilice como último recurso- y que vele por que todos los centros de acogida restantes cumplan por lo menos unas normas de calidad mínimas. De hecho, esto llevó al Gobierno a pronunciarse y a
acordar con el conjunto de las comunidades autónomas del país el pasado 5 de mayo -si no recuerdo mal la fecha- que en 2026 no haya ningún menor de seis años viviendo en ámbitos residenciales -hoy tenemos casi mil menores- y que en 2031 no haya
ningún menor de diez años viviendo en ámbitos residenciales, es decir, que lógicamente deben pasar a una estructura de acogida familiar.


La última razón a la que me refería, a propósito de por qué debemos avanzar hacia otro modelo de cuidados, es muy clara: la sociedad nos lo está pidiendo y creo que hay que escucharla. La sociedad nos lo está pidiendo en un contexto en el
que el envejecimiento y la longevidad constituyen, desde luego, un logro, pero también un reto para las administraciones públicas. En 2050, una de cada tres personas tendremos sesenta y cinco años o más y, por lo tanto, el reto al que nuestro
sistema de cuidados se enfrentará en ese momento será mayúsculo. El deseo de la mayor parte de las personas -no de todas, pero hay que respetar o tratar de respetar el conjunto de los deseos que son plurales y diversos- es vivir en su casa todo el
tiempo que sea posible y, cuando esto ya no sea posible, vivir en ámbitos residenciales que sean lo más parecido posible a un hogar. No lo olvidemos, las personas mayores viven en hogares y para las personas mayores que viven en residencias esa
residencia constituye su hogar. Por lo tanto, creo que debemos escuchar esta petición de la sociedad, que en ocasiones se organiza también a través, por ejemplo, de la carta que hace apenas dos años firmaron cientos de expertos y expertas de
nuestro país a propósito de una declaración para reivindicar la necesidad, literalmente, de apostar de forma decidida por nuevos diseños arquitectónicos y nuevas fórmulas organizativas y de gestión lo más similares a un hogar, en los que se
garantice la intimidad, se personalice el cuidado, se evite la continua rotación de profesionales y donde el tiempo y las actividades se organicen pensando en las personas y en alinear y alimentar una vida con sentido. Urge el cambio de modelo, y
trabajar por dejar atrás definitivamente un diseño residencial que responde al modelo institucional del siglo XIX en absoluto supone hacer tierra quemada con lo que son y han sido los servicios sociales en nuestro país. Muy al contrario, significa
poner en valor una tarea de miles de profesionales en nuestro país que ha de adaptarse al siglo XXI y ha de seguir la estela que han seguido en otros países de nuestro entorno los sistemas de servicios sociales.


Paso al segundo bloque de mi intervención, que es el relativo al camino a seguir y en qué hay que avanzar. Como sociedad tenemos, sin duda, el reto -y me he referido anteriormente en varias ocasiones a ello- de brindar apoyo a las personas
que lo necesitan y de tratar de hacerlo en la medida de lo posible respetando sus prioridades, sus necesidades y sus deseos. Para avanzar en esa hoja de ruta creo que hay tres claves que son fundamentales. En primer lugar, tenemos que invertir en
alternativas; hay que crear las alternativas, porque no siempre existen, no siempre están creadas, de hecho en muchas ocasiones no están creadas. En segundo lugar, tenemos que transformar lo que existe. Y, en tercer lugar, tenemos que poner a las
personas en el centro de los sistemas de atención. Cuando digo que, en primer lugar, hay que invertir en alternativas y en nuevos servicios comunitarios, me refiero en particular a alternativas al modelo residencial para que, en el caso de las
personas mayores, las que lo deseen puedan permanecer en sus domicilios; para que las personas con una discapacidad puedan tener acceso

Página 6

verdaderamente a una vida independiente cuando cuenten para ello con los apoyos necesarios y para que la infancia pueda desarrollarse en entornos seguros, es decir, en entornos familiares.


En segundo lugar, transformar lo que existe significa hacerse cargo de la realidad de nuestro país. No significa echar por tierra la realidad que tenemos, significa tomarla como punto de partida y significa tratar de avanzar en un proceso
que tiene que ser gradual, que tiene que ser acompasado y que pasa por transformar las estructuras y también los modelos de intervención. Cuando digo que la reforma debe ser gradual y acompasada -y después me referiré a ello con más detenimiento-
me refiero precisamente a esto, el Gobierno está impulsando en el ámbito de la atención a la dependencia un nuevo acuerdo de acreditación para el conjunto de las residencias y de los servicios de atención a la dependencia en nuestro país que no va a
cambiar el modelo mañana, pero que establece una nueva hoja de ruta para la próxima década y plantea un horizonte de transformación que hará que a lo largo de los próximos años este cambio sea una realidad.


En tercer lugar, poner a las personas en el centro de los cuidados y de los apoyos significa que todo el sistema de cuidados tiene que adoptar un nuevo enfoque. Es importante cambiar las estructuras, pero es crucial poder cambiar el modelo
de intervención, y para poder cambiar el modelo de intervención creo que es esencial este enfoque basado en los derechos humanos y centrado en la persona. Es la única manera de garantizar la plena inclusión de aquellas personas que por su
dependencia o por su discapacidad no pueden en otras circunstancias acceder a esa inclusión si no es con este tipo de apoyos.


Y paso al tercero de los bloques y con el que querría ir terminando mi intervención, el relativo a qué se está haciendo, en qué están trabajando el Gobierno y la Administración General del Estado para avanzar en este nuevo modelo de cuidados
en el ámbito de la dependencia, en el ámbito de la discapacidad, en el ámbito de la infancia o del sinhogarismo y, en general, en la atención de los servicios sociales. Permítanme, en todo caso, señalar una obviedad, ya que no está de más señalar
las obviedades porque a veces no se les da el suficiente valor. Transformar el modelo de apoyos y el modelo de cuidados es un proceso enormemente complejo, es un proceso que tiene su punto de partida en esta legislatura, pero que va a durar años y
que, en todo caso, compete al conjunto de las administraciones y, seguramente, habría que decir que al conjunto de la sociedad. Transformar el modelo de apoyos, el modelo de cuidados, es un proceso enormemente complejo, es un proceso que inicia y
tiene su punto de partida en esta legislatura, pero que va a durar años y que en todo caso compete al conjunto de las administraciones, y seguramente habría que decir que al conjunto de la sociedad. Es imposible avanzar en este proceso si no es de
la mano de los tres niveles administrativos que tenemos en nuestro país: la Administración General del Estado, muy en particular las comunidades autónomas y también las administraciones locales. Permítanme que me centre, evidentemente, en el
trabajo que está desarrollando la Administración General del Estado, pero quiero trasladarles que lógicamente no es la única Administración desarrollando tareas y trabajos y que también las comunidades autónomas y las entidades locales se encuentran
inmersas en un proceso de transformación de los sistemas de cuidados muy relevante.


En primer lugar, se trata de invertir en alternativas y nuevos servicios comunitarios, como decía anteriormente. Bien, pues para poder invertir en alternativas y en nuevos servicios comunitarios es fundamental contar con financiación. Este
Gobierno ha tomado una decisión -una decisión que no todos los Gobiernos en Europa tomaron-, que es dedicar parte de la financiación del Plan de recuperación a financiar la transformación del modelo de cuidados. En particular el componente 22, el
Plan de choque para la economía de los cuidados, plantea que haya una línea de inversión -la primera línea de inversión de ese componente 22- que esté orientada específicamente a la desinstitucionalización y al desarrollo de equipamientos y
tecnologías orientados al cambio de modelo de cuidados en nuestro país. Hablamos de una financiación que, como saben, compete en buena medida, a la hora del reparto competencial que tiene nuestro país, a inversiones que tienen que desarrollar las
comunidades autónomas. En particular, el 80 % de esta inversión se ha trasladado a las comunidades autónomas para que sean estas administraciones las que desarrollen, lógicamente bajo la orientación que el Gobierno negoció con la Comisión Europea,
este cambio en el modelo de cuidados de larga duración. Pero permítanme que les diga una cosa, hemos negociado con todas y cada una de las comunidades autónomas cuál debe ser el uso de esa financiación y no recuerdo en ninguna de esas reuniones, en
ninguno de esos diálogos, que haya diferencias importantes. Hay un alineamiento importante en materia de políticas públicas con el conjunto de las administraciones competentes y, por lo tanto, creo que esto es muy reseñable porque señala que el
proceso de cambio está maduro y que no solamente es asumido por esta secretaría de Estado, sino que es asumido por el conjunto del sistema de servicios sociales en este momento en nuestro país.

Página 7

También una parte de esa financiación, de la financiación del componente 22 del Plan de recuperación, se retiene en la secretaría de Estado para desarrollar inversiones específicas y, en particular, para invertir en alternativas que
requieren un proceso de innovación social. Es la primera vez que este ministerio, el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, anteriormente bajo otra denominación, apuesta por una inversión tan relevante, tan importante en el ámbito de la
innovación social. En particular, se han financiado 20 proyectos de innovación con 150 millones de euros y 140 entidades están participando en estos proyectos, porque son proyectos en donde las entidades del tercer sector concurren de forma
agrupada para poder desarrollar proyectos de gran potencia, de gran capacidad innovadora a gran escala, y que planteen soluciones innovadoras, surgidas precisamente del diálogo entre las propias entidades del tercer sector y su capacidad de confluir
y converger en proyectos conjuntos. Las soluciones innovadoras se desarrollan en proyectos en el ámbito de las personas mayores, en el ámbito de las personas con discapacidad, en el ámbito de la atención a personas con sinhogarismo o de la infancia
y la juventud, y el objetivo es muy claro. El objetivo de esta innovación social es ser capaces de transferir aprendizajes a las administraciones públicas. Las entidades del tercer sector están desarrollando una tarea de innovación social que es
muy relevante y cuyos aprendizajes van a resultar fundamentales, no solo para la Administración General del Estado, sino también para las administraciones locales y las autonómicas.


Me voy a referir simplemente a algunos de estos proyectos, sin ánimo de nuevo de que tomemos la parte por el todo, sino como botón de muestra de lo que en este momento se está avanzando en materia de innovación social en el ámbito de los
servicios sociales en nuestro país. Plena inclusión España, junto con otras cuarenta entidades autonómicas y locales, está inmersa en un proyecto enormemente interesante que busca nuevas soluciones para que las personas con grandes necesidades de
apoyo puedan transitar desde recursos residenciales -aquellas que no quieren vivir en estos recursos porque no todo el mundo quiere abandonarlos lógicamente- a viviendas comunitarias de pequeña escala.


Asimismo, hay dos proyectos de Jubilares y de Coceder que buscan sistemas de cuidados comunitarios para que aquellas personas mayores que no quieren abandonar sus pueblos puedan seguir viviendo en sus pueblos. La Sociedad Española de
Gerontología y Geriatría, en colaboración con la Comunidad de Navarra, desarrolla un proyecto vinculado al proceso de desinstitucionalización de las personas mayores en las residencias públicas, del mismo modo que la Fundación Matia, sobradamente
conocida por todo el mundo en el ámbito de los servicios sociales, acompaña los procesos de transformación de recursos residenciales en el caso de la Comunidad autónoma vasca y de Asturias.


También hay dos proyectos particularmente importantes en el ámbito de la infancia. Aldeas Infantiles y FICE protagonizan proyectos que buscan las mejores formas de desplegar la figura del acogimiento especializado, con dedicación exclusiva
en el ámbito de la infancia. Insisto, estos proyectos no son mera financiación a la actividad que desarrolla el tercer sector, para eso está el 0,7 del IRPF y de sociedades; estos proyectos son una búsqueda muy particular de innovación social que
permita obtener resultados extrapolables y buenas prácticas que sean transferibles a las políticas públicas de los distintos niveles administrativos.


Transformar lo que existe -me refería anteriormente a esto- significa efectivamente avanzar en un proceso de cambio de los servicios, sistemas, estructuras y prestación de servicios que tenemos en este momento. Desde el ámbito del Gobierno
se está trabajando, yo diría que con particular intensidad desde que se inició la legislatura, en lo relativo a la dependencia. Se puso en marcha el Plan de Choque en Dependencia en un acuerdo del Consejo Territorial con el conjunto de las
comunidades autónomas y en acuerdo también con los interlocutores sociales en la mesa de diálogo social. Este Plan de Choque en Dependencia ha supuesto que pasemos de una financiación de 1400 millones de euros en el año 2020 a una financiación de
casi 4000 millones de euros en el año 2022, en particular 3864 millones, sumando la financiación de los presupuestos generales ordinarios y del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia, que va a parar al ámbito de la dependencia.


Como decía anteriormente, son las comunidades autónomas las que tienen asignadas el 80 % de esta financiación, algo más, unos 3200 millones de euros. Estamos hablando de una financiación que tiene que servir para ejecutar nuevos proyectos
de inversión hasta diciembre de 2023 y que están sirviendo ya, en primer lugar, para que las comunidades autónomas desarrollen proyectos de reforma y mejora de los centros residenciales; en segundo lugar, para garantizar el compromiso del Plan de
Choque en atención a la dependencia de mejora e implementación universal de la teleasistencia avanzada, con una cobertura que debe de superar el 90 %, y finalmente, para modernizar los centros de menores en las comunidades autónomas.

Página 8

Pero no basta con añadir financiación -es condición necesaria pero no condición suficiente- para avanzar hacia un nuevo modelo de cuidados y en particular hacia un nuevo modelo de cuidados de larga duración. Además de incorporar
financiación, trabajo que ha ido por delante por parte de este Gobierno, es necesario modificar el llamado Acuerdo de acreditación, el acuerdo que acredita los centros y los servicios que se prestan en el ámbito de la dependencia. En esa tarea está
en este momento inmerso el Gobierno en negociación continua con el conjunto de las comunidades autónomas en el seno del Consejo Territorial, y que es un acuerdo que se alcanzó en el propio Plan de choque firmado en 2021 y que en este momento se
desarrolla, como decían, en el seno del Consejo Territorial.


¿Cuál es el objetivo de este nuevo Acuerdo de acreditación? Bueno, en primer lugar, qué duda cabe que superar el acuerdo que tenemos en vigor. En este momento tenemos en vigor el acuerdo del 2008, que es un acuerdo que lleva ya mucho
tiempo en vigor y yo creo que a todas luces ha quedado superado y desfasado, y más teniendo en cuenta los retos a los que nos ha sometido la pandemia. Por lo tanto, se trata de avanzar en la superación de este acuerdo y poder lograr una
transformación profunda de nuestro modelo de cuidados, pero que, en todo caso, combine esta vocación de profundidad con el carácter paulatino y con el carácter progresivo que tiene este Acuerdo de acreditación. Un Acuerdo de acreditación que, en
particular, en el ámbito de la atención de la dependencia, de la atención residencial, implica las siguientes transformaciones.


En primer lugar, terminar con las macrorresidencias en nuestro país y fijar una horquilla del número de personas que con carácter máximo puede haber en las residencias, entre 75 y 120 plazas, en función de la ubicación de los centros para
las construcciones de nueva creación, no para las construcciones actualmente existentes. Si ustedes revisan los tamaños máximos de plazas que existen en los ámbitos residenciales en los países de nuestro entorno, podrán encontrarse que estos están
fijados en 50 plazas, por ejemplo, en el caso de Hungría, o incluso en media docena de plazas en el caso de Suecia. Creo que el modelo que planteamos se adapta a la realidad española, y además es un modelo que incluso ha tenido precedentes y ha
tenido lugares en donde mirarse como ha sido el del mundo de la discapacidad. En el mundo de la discapacidad en particular ya tenemos un tamaño máximo para el ámbito de las residencias de 50 personas y ha venido funcionando históricamente bien, ha
venido permitiendo no solo la solvencia económica y la posibilidad de desarrollar los servicios para las entidades y empresas que lo hacen, sino también la calidad de los servicios que se prestan en esos ámbitos.


En segundo lugar, las residencias deben ser lo más parecido a un hogar, porque es el lugar donde viven las personas mayores. Por ello, tanto para las residencias de nueva creación como muy en particular para las residencias actualmente
existentes, y que no van a verse obligadas a reducir el tamaño máximo de plazas que tienen, va a ser sin embargo preceptivo que se adapten a organizar unidades de convivencia en el entorno de 15 personas. Esto es un mínimo, y lógicamente las
comunidades autónomas podrán ir más allá. Tenemos leyes en nuestro país que plantean unidades de convivencia menores y más avanzadas, pero, en todo caso, la tarea del Gobierno es establecer un umbral mínimo. Básicamente deben facilitar espacios de
organización de la vida de los usuarios de las residencias que sean más flexibles y que faciliten la personalización y la posibilidad de tener en cuenta con un mayor grado de detalle sus preferencias.


En tercer lugar, se trata de aumentar la disponibilidad de habitaciones individuales, ya que el hecho de cumplir años no resta derechos y, desde luego, tampoco resta el derecho a la intimidad. Por tanto, en el nuevo Acuerdo de acreditación
se plantea que el 65 % de las habitaciones sean individuales en el ámbito de las residencias de nueva creación, la horquilla es notablemente menor para los centros cuya construcción ya se ha iniciado o ya están construidos.


En cuarto lugar, no hay justificación alguna para aplicar sujeciones a las personas que viven en los ámbitos residenciales, ni físicas ni mecánicas ni químicas y, por lo tanto, en el plazo de tres años estas deberán quedar superadas. Se
debe respetar el derecho y los apoyos personalizados recogidos en un plan personal para los usuarios, otra de las claves de este Acuerdo de acreditación, al igual que lo es garantizar la participación de las familias, de forma que los usuarios en
las residencias puedan recibir visitas siempre que lo consideren y que los allegados lo deseen, y también que se establezcan y se refuerzan los canales de comunicación permanentes que hay con las familias desde estos centros.


Se trata de permitir a toda persona que lo desee permanecer el máximo tiempo posible en sus hogares. No siempre todo el mundo desea esto, no siempre es posible, pero aquellas personas que lo deseen deben de poderles garantizar y, por tanto,
este Acuerdo de acreditación también acompaña el propio Plan de choque y la financiación trasladada a las comunidades autónomas en el ámbito del Plan

Página 9

de recuperación para desarrollar la teleasistencia avanzada y la atención domiciliaria. Hoy tenemos las posibilidades de la inteligencia artificial y el despliegue de nuevas aplicaciones que facilitan esto enormemente y, por lo tanto,
tenemos que hacer uso de esas inversiones, que además los fondos europeos están facilitando a las comunidades autónomas ya en este 2022 y en el próximo 2023.


El nuevo Acuerdo de acreditación establece también que haya más profesionales de atención directa para el cuidado de las personas mayores. En concreto, esta es una medida que irá entrando en vigor, igual que el resto de medidas que he
planteado de aquí al 2030. El proceso es paulatino, no hay un cambio abrupto. Estamos girando unos grados, el trasatlántico del modelo de atención a la dependencia es un barco y es un buque que cuesta moverlo, pero que esperamos que al girarlo
unos grados termine teniendo un rumbo a lo largo de esta década distinto. ¿Y ese rumbo adónde nos debe llevar? Nos debe llevar a que a finales del 2029 tengamos un profesional por cada dos personas residentes y, por lo tanto, unos ratios de
atención que se comparezcan con los países de nuestro entorno y que de hecho establezcan como mínimo lo que ya hoy existe en algunos territorios de nuestro país.


Asimismo, mejorar la calidad del empleo es otro de los objetivos de este Acuerdo de acreditación. Por ejemplo, en el servicio de ayuda a domicilio se contemplará una reserva de al menos el 5 % de la jornada laboral para las tareas de
coordinación de los equipos de estos servicios de ayuda a domicilio. El Plan de Choque en Dependencia contempla, y la financiación que se reparta entre las comunidades autónomas así lo contempla también, un apoyo a la contratación indefinida de los
profesionales, y además, los trabajadores y trabajadoras que trabajan por cuenta ajena deberán quedar siempre encuadrados en el Régimen General de la Seguridad Social y los que lo hagan por cuenta propia deberán quedar siempre encuadrados en el
Régimen Especial de Trabajadores Autónomos.


Por último, hay una cuestión crucial, que el Acuerdo de acreditación contempla y que no podemos olvidar: mejorar la coordinación sociosanitaria. Garantizar la atención sanitaria en igualdad de condiciones a toda la población que vive en el
ámbito de las residencias de personas mayores es una lección más que aprendida después de la pandemia y que contempla este Acuerdo de acreditación. Los acuerdos de acreditación sitúan a nuestro modelo de cuidados en una nueva hoja de ruta, en un
nuevo rumbo. Pero para avanzar en esto no solo hace falta nueva normativa, no solo hace falta nueva financiación, hace falta también transformar los factores culturales, sensibilizar. Por eso el Gobierno -y voy a ir acabando- no solo plantea esta
transformación de las estructuras y de los recursos, sino también de los factores culturales que determinan los estilos de vida y la propia intervención de los servicios sociales. El desarrollo de una estrategia española de desinstitucionalización
para transitar hacia un modelo de apoyo comunitario y de apoyo personalizados es otra de las líneas de trabajo de esta secretaría de Estado, que pretende abrir un proceso de reflexión de debate social con el conjunto de los interlocutores, que de
facto ya está abierto porque lo tenemos en los medios de comunicación, como sus señorías conocen, y que pretende definir una visión compartida del modelo de cuidado y de apoyos.


No me quiero olvidar tampoco, por último, de la formación. La parte del Plan de recuperación que corresponde a la Secretaría de Estado de Derechos Sociales contempla, porque así nos pareció importante hacerlo, una partida de 20 millones de
euros dirigida al personal de los servicios sociales, que es el personal que tiene que participar activamente en el propio cambio de modelo. No hay cambio de modelos si los profesionales del sistema de servicios sociales no comparten, no sienten y
no hacen suyo las prioridades de ese cambio de modelo. Por lo tanto, la formación de los profesionales es una tarea crucial.


Termino con la intervención, me he alargado un poquito más de lo que quería. En todo caso quiero terminar planteando una reflexión. Me parece que estamos en un momento clave. Lo que era una evidencia antes de la pandemia -la necesidad de
transitar hacia un modelo de cuidados de cuidados de larga duración y, en general, de cuidados para las personas con alguna vulnerabilidad, personas con discapacidad, personas en sinhogarismo o para niñas y niños en el sistema de acogida- hoy es una
obviedad y es la necesidad de transitar hacia un nuevo modelo. Nos lo ha dicho la Organización Mundial de la Salud desde hace años, nos lo ha dicho la Comisión Europea desde hace tiempo y muy en particular en el informe de 2020. Creo que este
momento clave, este momento histórico, constituyen yo diría un privilegio para quienes estamos aquí, pero también una responsabilidad para todos los que estamos al frente de los servicios sociales en los distintos niveles de la Administración.
Poder ampliar, poder elevar la mirada respecto de lo que significa una vida digna, una vida que necesita de apoyos y que necesita de servicios para aquellas personas que en nuestro país se encuentran en circunstancias de discapacidad o en
circunstancias de ser atendidas por el sistema de dependencia, o de niñas y niños que no tienen en

Página 10

este momento más remedio que estar en el ámbito de la acogida, creo que es una responsabilidad que todos tenemos la obligación de alguna forma de empujar, de definir cuál es el sistema de cuidados y de apoyos que queremos y que creemos que
merecen estas personas. Atender esta responsabilidad yo creo que significa situarse claramente, con nuestros debates y nuestras diferencias que podamos tener, del lado de quienes empujan este cambio o del lado de quienes ponen palos en las ruedas.
A mí me consta que el conjunto de las administraciones públicas en este país, que el conjunto de las comunidades autónomas se sitúan desde luego del lado de quienes quieren acompañar este cambio, insisto, con los tiempos, con los debates, con los
avances que en ocasiones se pueden producir a mayor o menor velocidad. Este proceso gradual responsable pero profundo hacia un sistema de cuidados que ayude a las personas y a sus familias a definir claramente la vida que quieren vivir y a poder
vivirla dignamente y en igualdad de condiciones me parece que es un reto ineludible.


Termino. Me parece que estamos ante la hora -todos los grupos parlamentarios, el Gobierno y todas las administraciones- de tomar decisiones valientes, responsables, pausadas y taimadas, pero también profundas, en el ámbito de los cuidados
de larga duración. Podemos contribuir a construir un futuro mejor para estas personas. Yo diría que no debemos dejar pasar la oportunidad de poder responder a este reto.


Gracias, y quedo dispuesto a todas las preguntas que sus señorías tengan a bien hacer.


El señor PRESIDENTE: Como ya he dicho con anterioridad, a continuación todos los portavoces de los diferentes grupos parlamentarios tendrán un tiempo de hasta siete minutos para preguntar, sugerir o lo que crean conveniente al
compareciente.


En primer lugar, por parte del Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra su portavoz, señora Giménez.


La señora GIMÉNEZ GIMÉNEZ: Gracias, presidente.


Señor secretario de Estado, muchas gracias por su comparecencia y por la exposición realizada. A este respecto, quiero hacer alguna reflexión sobre la importancia también de las políticas preventivas para garantizar una vejez autónoma y
saludable. Abordar un debate sobre las personas dependientes en el marco de un sistema para la autonomía y la atención a la dependencia, sin mencionar o abordar las políticas de promoción y prevención de la salud, me parece que es totalmente
necesario porque, por ejemplo, la demencia es una enfermedad neurodegenerativa de las más relevantes; es la principal causa de dependencia de las personas mayores de 65 años y afecta a entre un 5 un 8 % de la población mundial mayor de 60 años.
Por tanto, tenemos que tener también en cuenta la necesidad de esta política preventiva para garantizar una vejez autónoma y saludable, porque en España los estudios poblacionales recientes nos demuestran cómo la demencia la padecen entre un 5,5 un
5,8 % de las personas mayores de 65 años y entre el 8,5 y el 9,4 % de los mayores de 70 años. Por estas razones queríamos poner encima de la mesa la necesidad de estas políticas preventivas.


En relación con los servicios de atención residencial y, tal como usted ha estado exponiendo, vemos, según los estudios del Instituto Nacional de Estadística, cómo el punto álgido del proceso de envejecimiento de nuestra población se
producirá previsiblemente en el año 2050, ya que para esa década vamos a sufrir un importante aumento del número de las personas mayores de 65 años, por lo que hemos de preparar el sistema para el abordaje del envejecimiento y para el abordaje de
los servicios de atención residencial.


Como bien se ha dicho, tenemos referencias europeas. El tipo de políticas que han impulsado los países del norte de Europa o Dinamarca se encuentran en la línea de las propuestas de la Unión Europea, que también es el modelo que se está
proponiendo desde el Gobierno, que es priorizar los cuidados en el hogar; cuidados que se tienen que caracterizar por incrementar la teleasistencia, por aumentar las plazas en los centros diurnos, aumentar los recursos que favorezcan la permanencia
en el domicilio de los dependientes, especialmente aquellos que son moderados, y que tenemos que asentar en nuestro país de una manera eficaz, teniendo también en cuenta cuál es nuestro contexto territorial, sin olvidarnos de la situación de las
personas que viven en el mundo rural.


Cuando hablamos de implementar este nuevo modelo -creo que prácticamente todas las formaciones políticas estamos de acuerdo en que había que dar un giro sobre cuál era el modelo de atención a nuestros mayores- no debemos perder de vista la
atención residencial porque tiene un papel fundamental en el conjunto de prestaciones. En el año 2019 el 12 % del total de las prestaciones hacían referencia a la atención residencial, y la dotación de plazas es muy variable territorialmente
-aspecto que hay que tener en cuenta-, así como su titularidad. En general, hay un predominio de las plazas de titularidad privada, que sobre la media que tienen un peso de un 73 %; la financiación del 63 % de plazas son públicas,

Página 11

mientras que el 40 % se sufraga de forma privada, pero, sobre todo, quería resaltar las diferencias que hay entre comunidades autónomas. A la inequidad territorial y a la falta de programación coherente por parte de las diferentes
administraciones, habría que añadir todo lo que hemos vivido y la gran lamentable letalidad que hemos tenido por el COVID en los centros residenciales durante la pandemia. Ambas situaciones nos ponen a la clase política entre dos líneas de trabajo
encima de la mesa. Por un lado, debemos evaluar en profundidad lo ocurrido en los centros residenciales durante la pandemia para valorar de qué manera influyeron los diferentes factores en las altas tasas de mortalidad, y por otro lado, adoptar
medidas de carácter estructural, como la mejora de la coordinación sociosanitaria, tal como usted nos ha estado exponiendo, de la insuficiencia de personal en las residencias, o la aproximación de criterios en aquellos aspectos de funcionamiento del
sistema de contratación pública que puedan revertir en una mejora de la calidad de las prestaciones y en una mayor equidad interterritorial.


Me gustaría resaltar también que hemos de tener en cuenta que tanto las beneficiarias como las cuidadoras son normalmente mujeres, por lo que en esta cuestión nos estamos refiriendo a un sector de la dependencia que tiene un importante
componente de género, que creo que hay que tener muy presente. Por otro lado, hay que tener presente la sostenibilidad del propio sistema. El gasto en cuidados de larga duración ha crecido en los últimos veinte años en la práctica totalidad de los
35 países de la Unión Europea, y se espera que este gasto en cuidados esté dentro de las prioridades de la mayoría de los países. En el ámbito europeo van a pasar de un 1,6 % a un 2,7 % del producto interior bruto dedicado a este gasto, y en España
se ha anunciado que se va a aumentar en 2 puntos porcentuales de aquí al 2050. En consecuencia, tenemos que seguir avanzando en la asunción de este gasto, pero tenemos que ser consecuentes y saber que al aumento de la presión sobre las finanzas
públicas hay que sumarle el gasto que vamos a tener en pensiones, que aumentará de manera paralela el gasto público del cuidado de larga duración. Todo este escenario hace que nos tengamos que plantear que vamos a sufrir tensiones en dos frentes:
la sostenibilidad del gasto público y el pacto intergeneracional.


España tiene desde hace años un enorme déficit público que debe ser corregido con el objetivo de comprometer el mínimo gasto público posible a medio plazo, posibilitando que el Gobierno de la nación pueda hacer frente a contingencias como
las crisis económicas o pandemias. Del mismo modo, reducir el gasto en deuda y el pago de sus intereses es necesario para que los Gobiernos puedan afrontar el futuro con la neutralidad en carbono o la adaptación de las infraestructuras de nuestro
país en el cambio climático. Me parece importante que tengamos un buen sistema de evaluación de las políticas de cuidados porque realmente en el último informe del Consejo Económico y Social también se hacía referencia a ese déficit y en cómo
podíamos evaluar. Se decía que entre las carencias evidentes estaban la falta de información que se tenía en relación con las coberturas de las prestaciones y su intensidad, el perfil de las personas beneficiarias, las características del empleo,
los equipamientos, los servicios propios y concertados, o sea, que si queremos realmente generar un buen sistema debemos partir de la necesidad de una buena evaluación.


Termino, presidente. Yo querría saber qué le parecen las propuestas que ha hecho la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales sobre la creación de un registro de personas condenadas por abuso de personas mayores, que
los familiares puedan comer en el centro con la persona residente contando con espacios que garanticen la intimidad en un acto social como es la comida, que se incrementen los salarios del sector entre un 15 y un 20 % de manera inmediata, y que se
facilite normativamente que los centros residenciales puedan prestar servicios materiales y profesionales en el entorno.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: A continuación, tiene la palabra por parte del Grupo Parlamentario Republicano, su portavoz, Norma Pujol.


La señora PUJOL I FARRÉ: Moltes gràcies, president.


Buenos días, señor Álvarez, y muchísimas gracias por su comparecencia hoy en la Comisión. Para comenzar, quiero decirle que nuestro grupo, Esquerra Republicana, comparte en general muchas de sus reflexiones, aunque seguramente encontraremos
pequeños matices donde tendríamos alguna discrepancia, que seguro podríamos salvar.


En primer lugar, nosotros estamos muy a favor de la desinstitucionalización tanto de la gente mayor como también de todos los chicos y chicas, y de la infancia en general, tanto de las residencias como de los centros de infancia. Tenemos
que tener presente que las residencias son el hogar de las personas

Página 12

mayores y que también los centros son en muchos casos el hogar de muchos niños y niñas. Tenemos que ir trabajando por la atención integral orientada a las capacidades de las personas y a su autonomía en el caso de las personas mayores. Los
servicios residenciales son relacionales y son de acompañamiento a la persona en cuestión, pero también a la familia y, como decía, son y tienen que ser de promoción de sus capacidades y de atención a su autonomía y a la calidad de vida.


Tenemos muchísimos retos, uno de ellos es reflexionar sobre cómo queremos afrontar el reto del envejecimiento de las personas de nuestra sociedad. En nuestro grupo, el Grupo Republicano, lo tenemos muy claro, porque tenemos que saber
construir un sistema de derechos sociales que dé respuesta a las necesidades que surjan a cada edad, un sistema social de kilómetro 0 que sea próximo a las necesidades de las personas, que sea flexible, que tenga la capacidad de adaptarse y que
pueda ser muy personalizado a las necesidades de cada momento vital de cada persona en particular. Y no se tendría que basar solamente en una secuencia de instituciones, sino que se tendría que basar en la atención, en la máxima autonomía, en la
máxima capacidad y en la máxima personalización de todos los servicios, y siempre con el mejor acceso a bienes y servicios públicos. También debemos tener claro que una mejor atención sanitaria no tiene que ser siempre igual a una mayor
institucionalización. Por otra parte, como decía, este envejecimiento tiene que ser un envejecimiento de kilómetro 0 que debe potenciar la autonomía personal, la vida en las casas de las personas o en domicilios compartidos, asistidos, e ir hacia
modelos de residencias, porque puede que en algún caso sean necesarias estas residencias, sean mucho más próximas para envejecer en y con la comunidad, y que, en función de que la persona tenga más necesidades, tenga derecho a recibir más servicios.
Hay que envejecer con calidad y también con dignidad, y este envejecimiento tiene que producirse cuanto más cerca de las casas de las personas, mejor. Y como máxima, los servicios tienen que estar centrados en la persona y en su calidad de vida.


En cuanto a los servicios sociales, hemos dicho siempre que es el cuarto pilar del sistema de bienestar y que su personal tendría que ser valorado como personal esencial. No sé, secretario, qué opina sobre ello, pero para nosotros es
imprescindible, porque creemos que los servicios sociales en todos sus ámbitos y funciones hacen un trabajo que siempre es imprescindible, un trabajo que es importantísimo para la sociedad de hoy y para la sociedad del futuro. Sabemos que es un
sector que ha sufrido desde siempre el problema de no ser un sector estructurado como un veritable pilar, que todos queremos que lo sea, pero no lo acaba siendo porque le falta estructura, le falta financiación y también de alguna forma
consideración por parte de todos los que estamos en las políticas públicas. Por lo tanto, estaría bien que los servicios sociales estuvieran equiparados a lo que hoy conocemos como el sistema de salud o el sistema de educación, que sí han
conseguido ser un pilar.


Como decía, tampoco creo que haya recibido una consideración suficiente en el ámbito de la financiación de las políticas públicas, porque tenemos que ir hacia el objetivo de que el sistema de servicios sociales sean servicios universales,
porque todos tenemos que tener claro que todos y cada uno de nosotros también podemos necesitar los servicios sociales en un momento puntual de nuestras vidas y que todos en algún momento podemos ser o seremos dependientes. Por lo tanto, falta
financiación, falta estructura y falta esta valoración de los profesionales en este ámbito. Para ello -nosotros lo reclamamos cada vez que tenemos ocasión porque creemos que es de justicia-, es imprescindible que el Estado cumpla con la
financiación de la ley de dependencia, que podamos recuperar una deuda histórica que tiene el Estado con todas las comunidades autónomas, y yo le voy a pedir la deuda histórica con la Generalitat de Catalunya. Si nos remontamos a cuándo empezó este
traspaso de competencias, fue, si no me acuerdo mal, a mitad de los años ochenta. Se traspasaron las competencias a las comunidades autónomas, pero se olvidaron de traspasar la financiación necesaria para cumplir con ella. Le quería preguntar cómo
tiene previsto el Gobierno, en este caso, solventar la deuda histórica que tiene con la Generalitat de Catalunya. No hablo de incrementar esta financiación ahora mismo -sé que estáis en camino de ello-, sino de cómo solventaremos la deuda histórica
de este incumplimiento que el Estado lleva tantos años por resolver.


Sin nada más que decir, muchísimas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muy bien.


A continuación, tiene la palabra por parte del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común su portavoz, Marisa Saavedra.

Página 13

La señora SAAVEDRA MUÑOZ: Gràcies, president. Bon dia.


En primer lugar, quiero agradecer al secretario de Estado de Derechos Sociales su comparecencia en esta Comisión explicando algo tan importante para nuestro país como es el nuevo modelo de cuidados de larga duración, el nuevo modelo
residencial y el proceso de desinstitucionalización puesto en marcha.


Para valorar el calado del trabajo que impulsa este ministerio, conviene contextualizar y recordar que en nuestro país, con un Estado del bienestar infradotado tradicionalmente, venimos padeciendo años de recortes, de retrocesos en derechos
y en servicios sociales con la nefasta gestión del Partido Popular en la crisis financiera, lo que generó mucho sufrimiento, pobreza y aumentó la desigualdad. Venimos de años de maltrato institucional a las personas en situación de dependencia, con
la práctica de demolición de la ley de dependencia, copagos, recortes en servicios de prestaciones, eliminación de las cotizaciones de las personas cuidadoras. En fin, años de políticas nefastas también en relación con las residencias, muchas de
ellas en manos de fondos buitre, que han hecho negocio con las vidas de nuestras personas queridas. La pandemia, que llegó -recordémoslo- recién constituido este Gobierno de coalición, encontró a nuestro país en una situación lamentable en este
ámbito. La pandemia realmente reforzó las prioridades que ya contemplaba el acuerdo de Gobierno de coalición, que ya recogía este compromiso de repensar el modelo de cuidados y promover la autonomía personal de todas las personas. Este Gobierno de
coalición y este ministerio, pese a las sucesivas crisis que están debiendo afrontar y a pesar de la herencia de recortes del Partido Popular, están fortaleciendo el sistema de protección social en nuestro país, impulsando este cambio que usted ha
explicado, un cambio de modelo de cuidados, que son medidas largamente demandadas por profesionales, por colectivos de personas afectadas y también por las instituciones europeas. Esto se da en dos niveles. Ha explicado usted el aumento
exponencial en la inversión en el sistema de atención a la dependencia, las transferencias a las comunidades autónomas, no solo revirtiendo los recortes del Partido Popular desde 2012, sino duplicando, primero, las inversiones en dependencia y,
finalmente, cuando acabe la legislatura, habrá una inversión adicional de más de 5000 millones de euros para acabar con las listas de espera y fortalecer el sistema de atención a la dependencia. Y además de toda esta mejora en la financiación, se
ha iniciado este camino, que usted ha explicado, de cambio de rumbo hacia un nuevo modelo de cuidados que permitirá que en unos años en nuestro país se respeten mucho más los derechos y la dignidad de todas las personas.


Es sabido que las comunidades autónomas tienen las competencias en cuanto a recursos y centros de atención a la dependencia, pero el consejo territorial debe acordar criterios de acreditación y calidad de los servicios. Es en este ámbito
donde el ministerio, como se ha explicado, negocia con las comunidades autónomas y en el diálogo social un nuevo acuerdo de acreditación para este nuevo modelo de cuidados más respetuoso con los derechos de las personas y que fomente su
participación, su autonomía y la gestión de sus vidas con los apoyos que necesitan. Es un acuerdo que viene de 2008 y que es importante renovar, sobre todo con esta nueva perspectiva. Este acuerdo de acreditación esperemos que sea pronto una
realidad porque tiene elementos, como usted ha desgranado, importantísimos para este nuevo modelo de cuidados, con atención y apoyos más personalizados, atención a la intimidad y a la privacidad de las personas, acabar con las macro residencias
atendiendo a residencias más reducidas y más parecidas al hogar, la participación de las familias, contemplar el entorno comunitario, más profesionales y más calidad en el empleo -esto es esencial- y la mejora de apoyos domiciliarios y asistencia
personal para que las personas al máximo puedan vivir en su entorno mientras lo deseen. Son muchas las entidades y plataformas de profesionales y personas expertas que han manifestado su apoyo a este acuerdo de acreditación y a este nuevo modelo de
cuidados, que nos acercará a la experiencia y a la realidad de países de nuestro entorno que realmente tienen sistemas de petición más consolidados.


Hay que decir y recordar -usted lo ha dicho- que los fondos europeos ya estaban puestos al servicio de este cambio de modelo. El componente 22, denominado Plan de choque para la economía de los cuidados y refuerzo de las políticas de
inclusión, que este Gobierno ha planteado, está siendo ya una oportunidad extraordinaria para implementar este nuevo modelo de cuidados. Esa inversión del 80 % serán transferencias a las comunidades autónomas y será esencial para la transición de
un modelo de cuidados institucionalizado a otro basado en un marco de derechos humanos. La línea 1 de inversión en este componente, que se llama desinstitucionalización, equipamientos y tecnología, contempla, como ha dicho, esta financiación de
proyectos piloto de innovación social. Esto es importantísimo y, sin duda, el aprendizaje de estos proyectos servirá para esa futura estrategia nacional de desinstitucionalización que también contempla este componente. En este sentido, estamos en
un cambio de modelo espectacular. Recordemos que la Comisión Europea insta a todos los Estados miembros a introducir medidas en este

Página 14

sentido de transición de servicios institucionalizados a los que están insertos en la comunidad. Hay que recordar -usted lo ha hecho- que el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad desde 2019 recomienda a España una
estrategia de desinstitucionalización, mejorando los apoyos a las personas y los servicios de asistencia personal, y que, según la Red Europea de Vida Independiente, la desinstitucionalización es un proceso imprescindible para disfrutar de la
ciudadanía de pleno derecho y que las personas puedan tomar las riendas de su propia vida. Estos procesos requieren también servicios -vivienda, sanidad, educación, cultura- que sean accesibles para toda la población y este Gobierno y este
ministerio están trabajando ya en esta cuestión. Son normas y estrategias que llevaban años a la espera de voluntad política, y en este momento existe en este Gobierno.


Acabo mi intervención preguntándole si tiene alguna información adicional en relación con esta puesta en marcha de los servicios de asistencia personal, largamente esperados por el sector de la diversidad funcional y que desde la ley de
dependencia son todavía de escasa aplicación. Y, finalmente, quiero manifestarle el apoyo de nuestro grupo parlamentario, Unidas Podemos, en la implementación de estos avances, que harán del nuestro un país más justo, más inclusivo y, en
definitiva, más digno.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


A continuación, tiene la palabra por parte del Grupo Parlamentario VOX su portavoz, Reyes Romero.


La señora ROMERO VILCHES: Muchas gracias, señor presidente.


Señor Álvarez, tengo que reconocerle que me quedo perpleja al escuchar a personas que forman parte de partidos que están en el Gobierno que no solamente aprueban, sino que fomentan el aborto y la eutanasia al hablar de la dignidad de las
personas. Seguro que tanto usted como su partido tienen buenísimas intenciones, pero nosotros, en VOX, pretendemos analizar en detalle su gestión al frente de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, en especial en lo referente al nuevo modelo
de cuidados a personas dependientes y también en lo que se refiere a las residencias. En este sentido, VOX tiene el deber moral de denunciar una vez más la calamitosa gestión que realizaron los responsables del Gobierno de su partido durante la
pandemia, declarando un estado de alarma abusivo que, gracias a nuestra denuncia, fue declarado ilegal por el Tribunal Constitucional, sin que ningún miembro de su Gobierno, a fecha de hoy, haya asumido responsabilidad alguna. En nuestras
residencias se produjo un verdadero desastre sin precedentes, un verdadero gerontocidio de más de 33 000 personas en toda España, según cifras oficiales, que fallecieron solas y aisladas y en circunstancias penosísimas ante la indiferencia de los
responsables políticos, que estaban más preocupados por transmitir una falsa imagen de fortaleza y resiliencia que de ofrecer ayuda real a quienes lo necesitaban. Es la impresión que nos ha dado hoy en su intervención. Todo a futuro, con unas
perspectivas de aquí a diez años, que esperemos que los españoles no le den esa oportunidad, porque en un año tendrán que desarrollar las políticas que pretenden para los próximos diez años. Esperemos que no tengan tiempo para ello.


La pésima gestión de las residencias, posiblemente, fue el motivo de la espantada del señor Pablo Iglesias y de sus responsabilidades políticas. Eso carece, desde luego, de toda importancia ante el drama que viven nuestros mayores, y esa es
la realidad por más que ustedes sean auténticos maestros en hacer piruetas y en echar la culpa de sus incompetencias a terceros, ya sean Franco, Putin, Donald Trump, la guerra de Ucrania o el cambio climático. La cruda realidad es que el sistema de
cuidados de las personas en situación de dependencia y de las personas mayores es verdaderamente precario en España, con largas listas de espera, con un gasto que es insuficiente para nuestra capacidad y que además no hace más que crecer por razones
naturales. En este sentido, tenemos una tormenta perfecta que no se ha provocado por casualidad, sino que la han preparado ustedes a conciencia, una tormenta ocasionada por unas necesidades objetivas crecientes, un gasto político insostenible y una
obsesión intervencionista que lastra todo crecimiento económico. Nuestra pirámide poblacional está invertida. Las políticas antifamiliares y antinatalistas que se han venido aplicando durante años y que todos ustedes, señorías, han apoyado sin
rechistar nos han llevado a una sociedad envejecida, en la que nos presentan la eutanasia como una vía para aliviar estas crecientes necesidades, porque parece que no son conscientes de la contradicción que supone pretender amparar a las personas
dependientes y a la vez abrir la posibilidad legal de eliminarlas, porque se está minando desde la base todo el sistema de cuidados sociales, que está basado en la confianza entre generaciones.


Por otro lado, tenemos un verdadero caos autonómico -también se ha denunciado aquí- que provoca desigualdades indignantes. Además, tenemos un sistema público-privado muy variado, con

Página 15

entidades con y sin ánimo de lucro y también con centros públicos dotados todos ellos de excelentes profesionales. Evidentemente, hay mucho que hacer para completar y perfeccionar todo el sistema, pero ustedes, conforme a sus prejuicios, lo
que quieren es cargárselo desde el Boletín Oficial del Estado. Desconfían siempre de las iniciativas sociales espontáneas y quieren reducirlo todo a un sistema enteramente público, un modelo que suponemos entre cubano y norcoreano, pero mientras
tanto tenemos un sistema mal gestionado, lleno de trabas burocráticas para las personas dependientes y sus familias. Por eso, nosotros vemos la necesidad de cambiar el sistema. Además, insistimos en ese gasto legítimo que la sociedad española
tiene el deber de dar a sus mayores y a las personas dependientes, que está limitado e hipotecado por la gigantesca factura que tienen ustedes que pagar. Bueno, que pagamos todos con nuestros impuestos y que dedican ustedes a sus chiringuitos
ideológicos y a la elección de cargos y cargas innecesarias con las que ustedes han engordado la Administración del Estado.


Las cuentas públicas tienen que ser sostenibles porque de ellas dependen los derechos de los ciudadanos españoles. Por eso, no nos cansaremos de repetir que la mejor política para garantizar, consolidar y ampliar los derechos sociales es
una política que favorezca la prosperidad, el crecimiento económico, el pleno empleo y la productividad de nuestras empresas. En cambio, desde el Gobierno no hacen más que poner palos en las ruedas de los que tiran del sistema productivo, con una
política energética suicida que está ahogando a las familias, defendiendo medidas intervencionistas que merman la competitividad, como es la semana de cuatro días, los subsidios generalizados o las subidas salariales lineales. En definitiva, en VOX
creemos que carecen ustedes de toda credibilidad para formar el sistema de cuidados y atención a las personas dependientes, por la misma razón que un pirómano no puede ser un bombero. Nos ha gustado que haga referencia a las políticas sociales de
Hungría, porque yo creo que ellos han entendido las políticas que son necesarias para tener mejores cuidados para todas las personas y la familia y ponen en valor el sentido de la familia.


Muchísimas gracias y en la próxima intervención le comentaré más cuestiones.


El señor PRESIDENTE: A continuación, tiene la palabra por parte del Grupo Parlamentario Popular su portavoz, Alicia García.


La señora GARCÍA RODRÍGUEZ: Gracias, presidente.


Bienvenido, secretario de Estado. Me ha disgustado la enmienda a la totalidad que ha hecho a la ley de dependencia y al sistema de cuidados que hay en España. Ha desacreditado el trabajo de la iniciativa privada, que ni siquiera ha
mencionado, de las administraciones públicas, regionales y locales del tercer sector, diciendo que es un modelo del siglo XIX y un modelo asistencialista. Yo creo que no es así. Es un modelo avanzado y la ley de dependencia, precisamente, se
aprobó sin memoria económica, con muchos defectos, pero también con muchas virtudes.


En definitiva, usted hoy viene aquí a contarnos su modelo, un modelo que, por lo que conocemos, tiene un sonoro y rotundo rechazo de muchas comunidades autónomas, incluso algunas del Partido Socialista, que dicen que habrá pérdida de plazas,
pérdida de empleos, que discrimina a los centros rurales, que no hay financiación. Las patronales -las cuatro- también han indicado que es un acuerdo inaceptable que pondría en riesgo la atención, que habría pérdida de plazas, que discrimina entre
personas que reciben el servicio de manera pública y los que lo hacen desde el modelo público-privado. Los sindicatos UGT y Comisiones Obreras dicen que no incluyen sus propuestas en la calidad de empleo, que renuncian a la mejora de la calidad en
la atención. Este es el panorama que tenemos. Han conseguido poner de acuerdo a las cuatro patronales y a los sindicatos en contra, precisamente, de la propuesta del ministerio.


Me preocupa que usted, dentro de la ley de dependencia, que sabe que habla de un sistema de colaboración público-privada, no haya mencionado a la iniciativa privada expresamente. Parece un acuerdo que ustedes intentan imponer prácticamente
con todos en contra, sin diálogo, sin diagnosticar, además, los problemas de la dependencia y sin financiación. El único objetivo que yo veo de su comparecencia hoy aquí es la imperiosa necesidad que tiene usted de conocer qué opina el Partido
Socialista, porque muchas comunidades autónomas del Partido Socialista están en contra e incluso algún presidente ha hecho declaraciones diciendo que es un modelo que triplica el coste de la plaza. Por tanto, yo creo que intentar imponer un modelo
sin resolver los problemas que tiene y las ineficiencias del propio sistema de autonomía personal y atención a la dependencia es un error.


Partimos de una ley de dependencia que no es un modelo asistencialista ni del siglo XIX; integra lo público y lo privado, que yo creo que es la forma de trabajar conjuntamente, y por eso se ha desarrollado

Página 16

durante estos años, claramente con mejoras. Es verdad que el acuerdo de 2008 hay que mejorarlo, pero también es verdad que ustedes han anunciado y aprobado un plan de choque en dependencia en enero de 2021, diciendo que reducirían las
listas de espera y que mejorarían los servicios y las prestaciones, pero es verdad que las inyecciones económicas, que no se las voy a negar porque están ahí, tienen que ir acompañadas de gestión, de estudios, de diagnósticos, de mejora de
procedimientos y de mejora de la coordinación y cooperación entre todos.


Me sorprende que en el año 2020, con 55 000 personas fallecidas en la lista de espera de la dependencia -152 personas al día-, ni el ministerio ni el Gobierno prácticamente no destinaran ni un euro de los fondos COVID, que eran 16 000
millones, que hubo para sanidad, para educación y para transporte, pero no para la dependencia y los servicios sociales. Por los datos de 2021, sabemos que no han ejecutado sus propios compromisos de reducir la lista de espera en 60 000 personas,
solamente 38 000 personas; que no han ejecutado 76 millones de euros, que habrían atendido a 13 000 personas nuevas; que fallecieron 46 300 personas en la lista de espera; que hay una lista de espera de 400 000 personas y que esperan más de 400
días. En definitiva, no han conseguido, en dos años o en cuatro del señor Sánchez, paliar todas estas ineficiencias del sistema, producto de no haber tenido una memoria económica desde el inicio. E igualmente no existe la financiación 50-50, sino
que, a pesar de los 1200 millones, sigue siendo un 80-20. Y luego los expertos dicen que no han mejorado las prestaciones, los servicios, y dicen también que en el año 2021 son de menor intensidad e insuficientes para las personas con dependencia.
Las cuantías para abonar una plaza residencial son insuficientes y la intensidad horaria de la ayuda a domicilio es insuficiente; prestaciones y servicios low cost de menor intensidad e insuficientes para las personas de grado 2 y 3.


Ustedes, en su horizonte morado, es decir, en su programa electoral, dijeron que crearían 400 000 nuevos empleos. No sé si esto es así, pero creo que no. Y luego está el PERTE de Economía Social y de los Cuidados, de la ministra Yolanda
Díaz. Me sorprende que ni usted ni la ministra Belarra hayan hecho ninguna mención ni aquí, en el Congreso, ni en el Senado a este PERTE, que también pretende transformar los cuidados. Sin duda, a mí lo que más me ha llamado la atención del PERTE
o del anuncio que hizo la ministra Yolanda Díaz es que se va a hacer una atención en remoto y que se va a monitorizar a las personas mayores. ¿Así es como quieren atender a las personas mayores en el domicilio, en remoto o monitorizándolas? Y
luego es un PERTE que, si va a transformar la política de cuidados, la verdad es que con 800 millones, que suponen el 0,54 % de todos los fondos del Plan de Recuperación y Resiliencia, me parece muy pretencioso por su parte. Hablemos del modelo de
transformación, que es para lo que usted está hoy aquí compareciendo, que no es ni del siglo XXI ni asistencialista. No sé cuántas versiones del borrador de trabajo llevan ustedes con las comunidades autónomas, reuniones bilaterales infructuosas;
no sabemos cuándo se va a aprobar; mucha filosofía. Parece que usted hoy ha descubierto la pólvora, pero la iniciativa privada y la pública llevan años hablando de atención centrada en la persona, de la participación activa de las personas mayores
y de sus familias en los centros y de la reducción de restricciones y eliminación de sujeciones. Las patronales han alertado de un recorte de plazas en 72 500, un 25 % de las plazas privadas, con su modelo, estableciendo unidades de convivencia
estables de 15. ¿Por qué 15 y no 25, como Alemania, por ejemplo? ¿Tiene sentido limitar el tamaño de los centros residenciales y se obliga a vivir en unidades de convivencia a 120 o a 75 en el medio rural? ¿Por qué en el medio rural 75? Porque
entiendo yo que los tamaños de las residencias se hacen con criterios técnicos o en función del entorno o en función de la atención centrada en la persona, no por población o por ubicación en zonas urbanas o rurales. Sin duda, con plazas de 75
discriminan a la España vaciada.


Y en cuanto a la retroactividad, no me ha quedado claro qué va a ocurrir, porque tendrían que realizar grandes inversiones la iniciativa pública y la privada para adaptarse a su nuevo modelo. Eso supondría la pérdida de plazas o el
incremento de los costes, que muchas personas mayores no podrán ni pagar. Y luego parten de la premisa de que no son necesarias plazas residenciales porque las personas tienen que ser atendidas en sus casas, en remoto, monitorizadas, con un
incremento de los costes que se estiman hasta 3000 euros. ¿Cuántas personas mayores van a poder pagar 3000 euros? ¿Serán atendidos en su casa con la ayuda a domicilio, que son dos horas y media o tres horas al día, de lunes a viernes? ¿Qué ocurre
con las veintiuna horas restantes? ¿Los tendrá que cuidar la hija, la mujer, la hermana? ¿Arrastrarán a las mujeres a los cuidados en casa?


Voy terminando, presidente. Entiendo que este modelo también pone un freno a la iniciativa privada, que ahora mismo está en promoción, en construcción, más de 38 500 plazas. Este acuerdo, que no se llega a aprobar, está generando una gran
inseguridad jurídica y está ralentizando el crecimiento de un

Página 17

sector. ¿Y qué va a pasar con las 180 000 personas que viven en residencias y con las más de 33 000 que acuden al centro de día, que están en el limbo de la dependencia y que verán incrementado el precio de su plaza como consecuencia de su
modelo? ¿Qué va a pasar con ellas?


El señor PRESIDENTE: Tiene que terminar.


La señora GARCÍA RODRÍGUEZ: Y la última pregunta. ¿Van a garantizar la financiación de este acuerdo? ¿Habrá memoria económica?


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: A continuación, tiene la palabra por parte del Grupo Socialista su portavoz, Sonia Guerra.


La señora GUERRA LÓPEZ: Gracias, presidente.


Secretario de Estado, buenos días y muchísimas gracias por su intervención y por explicarnos la hoja de ruta que en materia de cuidados de larga duración tiene el Gobierno de España. Se lo agradezco porque la pandemia, sin duda, nos ha
mostrado aquellos aspectos de nuestro sistema de bienestar, de nuestro Estado de bienestar, que debemos mejorar y, sin duda, los cuidados de larga duración es uno de ellos. Tener la voluntad, cuando se gobierna, de evaluar las políticas públicas,
de ver si realmente estamos consiguiendo los impactos que habíamos pensado y, por lo tanto, transformando a mejor la vida de la ciudadanía, requiere de valentía y de voluntad de transparencia. Tras lo sucedido en la pandemia, revisar los cuidados
de larga duración es una obligación moral y política a la que no todos los gobiernos están dispuestos a exponerse. Lo hemos podido ver ni más ni menos que en el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Comentaba la señoría de VOX que había habido a
nivel estatal un gerontocidio. A mí me resulta chocante que usted hable en esos términos y, en cambio, se negarse a que se constituyese una comisión de investigación en la Comunidad de Madrid para ver qué había sucedido en el tema de las
residencias en esta comunidad. Donde están los protocolos de la vergüenza es aquí en la Comunidad de Madrid (aplausos) y ustedes dijeron que no hacía falta investigar nada.


Me gustaría hacer un ejercicio de memoria. La señoría del Partido Popular hablaba de memoria económica. Yo le voy a hablar a ella de memoria histórica. La primera vez que se habló del derecho a cuidar y el derecho a ser cuidado fue en el
año 2006, con José Luis Rodríguez Zapatero y la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a la dependencia. Gracias a él pasamos de un modelo del sistema de bienestar familista, que era en el que se basaba nuestro modelo de bienestar, a
un modelo de bienestar en el que trataba de que los cuidados no recayesen única y exclusivamente en las mujeres de la familia, debido a la división sexual del trabajo tradicional y machista imperante en nuestra sociedad, esa que le gusta tanto a las
señorías de VOX. De esa forma, el cuidado era naturalizado como femenino en el pasado, invisibilizando en el espacio doméstico y privado y careciendo de salario y de reconocimiento de valor. Fue Rodríguez Zapatero -como decía- quien reconoció el
derecho de cotización a la Seguridad Social de las cuidadoras no profesionales, señorías del Partido Popular. En cuanto llegaron al Gobierno quitaron ese derecho a las cuidadoras no profesionales. No es casual. Usted habla de lista de
dependencia. Yo le voy a recordar que cuando ustedes dejaron el Gobierno, debido a la moción de censura, dejaron 235 000 personas con grado reconocido y sin ningún tipo de prestación. Esa es la herencia que dejó el Partido Popular, no otra. Este
Gobierno ha recuperado el nivel acordado y el incremento de las cuantías del nivel mínimo, digan ustedes lo que digan. Comentaba antes el tema de la feminización de los cuidados, unos cuidados que, cuando se han profesionalizado, se han
mercantilizado, continúan siendo precarizados. Seguimos sin dotarlos de valor y en demasiadas ocasiones ha formado parte de la economía sumergida. Desgraciadamente, lo vimos también en la pandemia, cuando muchas cuidadoras no pudieron recibir el
subsidio por desempleo al no estar contratadas legalmente. Y ante eso tenemos que dar respuestas. No es que estemos diciendo que sean del siglo XIX o del siglo XX. Efectivamente, cuando el sistema no funciona se tiene que evaluar la política
pública y modificarla.


Coincidimos con el secretario de Estado -ya que le preocupa a la señoría del Partido Popular tanto la posición del Grupo Parlamentario Socialista- en que uno de los aspectos más relevantes y necesarios de abordar desde el ámbito de los
derechos sociales es, sin duda, los cuidados de larga duración. Por eso, desde el Grupo Parlamentario Socialista celebramos que se haya puesto en el centro de la agenda política y de la estrategia y se haya priorizado en los fondos Next Generation.
Pero hay una serie de factores que debemos tener en cuenta si queremos hacer bien nuestro trabajo. En primer lugar, la pirámide de edad en

Página 18

nuestro país ha variado en los últimos tiempos. La población mayor de 65 años se ha triplicado en los últimos cincuenta años en España y la mayor de 80 años se ha quintuplicado. El 75 % de las personas que viven en residencias son personas
mayores de 80 años. No podemos seguir haciendo las mismas políticas públicas que se hacían antes de esta realidad. Debemos adaptar los servicios de atención a la dependencia de los cuidados de larga duración. Las residencias también deben
adaptarse a esa realidad, no pueden vivir ajenas a la misma, al perfil de personas que atienden y, por lo tanto, a los servicios que estas personas precisan. Si el perfil de residentes de las residencias es de mayor de 80 años, es obvio que el
grado de dependencia será mayor, lo que está vinculado con las necesidades de atención y, por lo tanto, con las ratios de profesionales, profesionales que deben estar -coincido también- debidamente formados, reconocidos y remunerados. Sin duda,
este sector es una oportunidad laboral y tanto la nueva ley de Formación Profesional como la Formación Profesional dual pueden y deben ayudar en ese sentido.


Partiendo de la base de que no todas las personas con dependencia tienen las mismas necesidades -lo comentaba también el secretario de Estado-, debemos dejar de tratar a las personas dependientes como un colectivo homogéneo. Son sujetos
políticos, ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho, con deberes, pero también -no lo olvidemos- con derechos. Señorías, los y las mayores quieren permanecer en su hogar todo el tiempo que sea posible -no estamos descubriendo nada nuevo-, por eso
es importante que dotemos de los recursos suficientes los servicios de atención domiciliaria: la atención domiciliaria, la comida a domicilio, la teleasistencia avanzada, porque tenemos que poner en el centro a las personas, pero también desde el
punto de vista económico, defendiendo el sector público, es importante porque optimizamos recursos y ganamos en eficacia, eficiencia y efectividad. Los centros residenciales siempre han sido para las personas mayores y para sus familiares la última
alternativa, el lugar al que ir cuando la dependencia es ya tan alta que no pueden ser autónomos. No podemos seguir mirando para otro lado. Las residencias deben transformarse si queremos que sean espacios deseables para los y las mayores. Las
residencias deben estar integradas en entornos comunitarios, deben tener espacios y tiempos para compartir y promover la participación comunitaria y política, pero también momentos y espacios de privacidad, como los tenemos todas y cada una de
nosotras. Es importante organizar los centros, transformándolos en verdaderos hogares -comentaba el secretario de Estado-, vivir como en casa. Pues, efectivamente, vivir como en casa, transformarlos en hogares. Por eso, urge repensar y redefinir
el modelo de residencias, y en ese sentido me consta, secretario de Estado, que usted está trabajando con las comunidades autónomas para llegar a un acuerdo en el nuevo sistema de acreditación estatal de las residencias y la dependencia. Señoría
del Partido Popular, espero que deje la lógica de cuanto peor, mejor. Hay ejemplos que ha citado el secretario de Estado y que se referían a comunidades que gobiernan ustedes. Yo creo que ese tiene que ser el camino por el bien de las personas
mayores y de las personas dependientes y con discapacidad.


Acabo, presidente. No debemos olvidar que la dependencia nos afecta a todas las personas en diferentes momentos de nuestra vida y aunque lo haga de manera distinta y con diferente intensidad a todos nos afecta, desde la infancia hasta
cuando nos hacemos mayores. Por eso es necesario -decía la señoría del Partido Popular que no lo habíamos mencionado- la aprobación del PERTE de Economía Social y de los Cuidados, e incorporar en la agenda política el derecho al cuidado como una
obligación política y reconocer social y económicamente como se merecen a las cuidadoras.


Muchísimas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Después de las intervenciones de los portavoces de los distintos grupos parlamentarios, vuelve usted a tener la palabra para dar respuesta a lo que han planteado o añadir lo que crea conveniente. Antes no le he dicho
que si tiene datos o algún documento que quiera trasladar a todos los miembros de la Comisión, nos los puede enviar y los haremos llegar a todas las señorías.


Cuando usted quiera.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE DERECHOS SOCIALES (Álvarez Peralta): De acuerdo.


Gracias por sus preguntas, afirmaciones, críticas. Intentaré ser conciso y breve. Les anticipo ya que será imposible, lógicamente, responder a todo, porque es inviable, pero creo que han aparecido muchas cuestiones que son relevantes.


Hablaba la diputada Giménez, del Grupo Ciudadanos, del reto del envejecimiento. Yo creo que el reto del envejecimiento es clave para este país, y cuando yo terminaba mi intervención hacía precisamente referencia a esta cuestión. Hoy
podemos tomar decisiones que van a condicionar las próximas décadas, y lo estamos haciendo, y lo están ustedes haciendo aquí todos los días con relación, por ejemplo, al

Página 19

sistema de pensiones y otras cuestiones, pero hablamos muy poco de algo de lo que en otros países se habla mucho, que es precisamente de cómo queremos ordenar, organizar y orientar nuestro sistema de cuidados de larga duración; no solo de
larga duración, pero particularmente de larga duración, porque es el que implica un mayor contingente de personas. Estoy muy de acuerdo con lo que usted planteaba. Me parece que en ocasiones, aquí sí que de forma interesada, a veces se toma la
parte por el todo. Creo que hay que ver el conjunto, como usted hacía. Cuando yo decía que es necesario avanzar hacia un nuevo modelo, lo decía mirando la imagen completa, la fotografía completa en su conjunto, y esto significa algo de lo que a
veces se habla poco -yo lo he dicho en mi intervención, lo seguiré diciendo y seguramente en los medios de comunicación tendremos noticias sobre otras cosas- pero que me parece esencial, que es priorizar los cuidados en el hogar. Priorizar los
cuidados en el hogar no es inventar la rueda, no es tener ninguna idea especialmente novedosa, porque es algo que los países de nuestro entorno, algunas comunidades autónomas y, desde luego, muchos municipios vienen haciendo desde hace años, pero en
este momento la prioridad es todavía más urgente y más relevante si cabe. De hecho, por eso una parte muy relevante de los fondos europeos, de ese 80 % dedicado a las comunidades autónomas, se ha destinado a la promoción de la teleasistencia, a la
garantía de que esta sea un derecho subjetivo reconocido para todas las personas dependientes ya en 2022, a la financiación de los centros de día y a la atención a domicilio. En realidad, este es el modelo en el que nos han precedido los países
nórdicos. Pero es inevitable, como decía usted -y por eso digo, insisto, que no cojamos la parte por el todo y que veamos el conjunto de la fotografía-, que siga existiendo la atención residencial; esta no va a desaparecer, va a seguir existiendo,
tiene un valor, lo ha tenido y lo va a seguir teniendo y es necesaria, y en esto quiero ser muy claro. En todo caso, ha de modernizarse, ha de adaptarse y ha de convertirse en verdaderos hogares para las personas que viven en instituciones
residenciales, y esta es la tarea que estamos empujando desde la Administración General del Estado. Insisto, el conjunto de la tarea es lo que hay que ver. Hace falta adoptar medidas estructurales; incrementar las ratios -ya desde el 20232024,
por cierto-; impulsar esa coordinación sanitaria a la que me refería anteriormente con carácter inmediato, y avanzar en ese modelo de unidades de convivencia en los centros actualmente residenciales. Pero no hay que elegir, esto no es o papá o
mamá, es que son las dos cosas a la vez, necesariamente han de ser las dos cosas a la vez. El plan de choque en dependencia y el acuerdo de la acreditación trabajan en ambas cuestiones de forma simultánea y, por lo tanto, me parece que nos hacemos
trampas al solitario cuando queremos poner el acento en una u otra cosa, porque el acento está puesto en todas las sílabas de la palabra y en el conjunto de las actuaciones que están coordinando Administración General del Estado y comunidades
autónomas.


Hablaba usted también de la necesidad de evaluar el sistema de atención a la dependencia, y no puedo estar más de acuerdo con esto, pues creo que es una evaluación largo tiempo pospuesta. En este momento, precisamente, forma parte de la
financiación del plan de recuperación una licitación orientada a hacer una evaluación en profundidad del sistema de atención a la dependencia. En el próximo consejo territorial o quizás en el siguiente, depende de los plazos, tendremos ya una
primera exposición de esta realidad y se licitará un concurso en donde con carácter profundo se va a llevar a cabo esta evaluación, que nunca se ha hecho y que, en todo caso, es más que necesaria más allá de los estudios que ha habido en nuestro
país. Por ejemplo, el Consejo Económico y Social tiene un estudio especialmente interesante, pero nunca se ha hecho una evaluación en profundidad y es más que necesaria en nuestro país.


Citaba usted a la Asociación estatal de directores. Creo que es una asociación que hace un trabajo encomiable en el ámbito de la dependencia y de los servicios sociales en general desde hace muchos años, y creo que muchas de sus propuestas
han sido tenidas en cuenta en este acuerdo de acreditación. Usted hablaba de algunas de ellas. Fijar el nivel salarial de los trabajadores del sector no es una responsabilidad directa de la Administración General del Estado, dado el reparto
competencial que existe, pero, en todo caso, el compromiso del plan de choque por seguir incrementando los salarios del sector es un compromiso claro y, más allá de esta propuesta, buena parte de las propuestas de la asociación han entrado a formar
parte, por mérito propio y no por ningún otro motivo, del acuerdo de acreditación que en este momento discuten las comunidades autónomas.


La diputada Pujol, del Grupo Republicano, hablaba de una visión compartida en el ámbito del cambio de modelo, y creo que es así. Citaba, además, una cuestión que en muchas ocasiones se pasa por alto. Cuando hablamos del sistema de atención
a la dependencia -mis propias palabras me delatan-, en realidad hablamos del sistema de promoción de la autonomía y de atención a la dependencia y, sin embargo, hablamos muy poco de la promoción de la autonomía en muchas ocasiones, cuando, por

Página 20

supuesto, la atención a la dependencia es clave, pero la promoción de la autonomía es igual de importante o más, en particular, teniendo en mente el reto del envejecimiento hacia el que vamos. La promoción de la autonomía es una tarea que
debe de ir ganando peso; de hecho, así lo entendemos nosotros, de ahí ese acento tan fuerte que hemos puesto en la financiación del plan de recuperación trasladada a las comunidades autónomas al desarrollo de la teleasistencia y de la asistencia en
centros de día y en hogares. Creo que la promoción de la autonomía es seguramente la asignatura pendiente de todas las pendientes que tenía nuestro sistema de atención a la dependencia, que eran muchas; quizá la más relevante era precisamente la
relativa a la promoción de la autonomía.


Estoy de acuerdo y estamos de acuerdo con la visión que planteaba la diputada Pujol respecto a un sistema de servicios sociales que debe impulsar esta promoción de la autonomía, que debe de ser flexible y adaptable, y cuyo personal es
esencial. Pero es que no hace falta que ninguna Administración pública diga que es esencial, porque de facto lo es; el personal de los servicios sociales de facto es un personal esencial, es una realidad. Y es una realidad en la que seguramente,
y creo que tiene razón la diputada, las administraciones públicas -y vaya por delante la responsabilidad de la Administración General del Estado-, como se hizo en el periodo de la pandemia, tenían que haber puesto de relieve y en mayor consideración
el trabajo que hace este personal, que -insisto- de facto es esencial. Es un personal que trabaja sin descanso, es un personal que trabaja haciendo una tarea encomiable y en muchas muchas ocasiones lo hace con sueldos que, desde luego, son
claramente mejorables, porque este es un sector, como es sabido, en donde la remuneración no es especialmente elevada y, además, en unas condiciones de infrafinanciación de los servicios en ocasiones claramente duras. Por lo tanto, señorías,
cuenten con que este secretario de Estado se va a seguir dejando la piel para que la consideración de los servicios sociales y de los profesionales que trabajan en ellos sea la máxima.


Hablaba también la diputada del Grupo Republicano de la deuda histórica de la dependencia. Yo soy secretario de Estado desde enero de 2020 y nosotros llegamos al cargo con una financiación en donde la Administración General del Estado
asumía el 15 % de la financiación del sistema de la dependencia y el otro 85 % lo asumían las comunidades autónomas. De alguna forma, entiendo la legitimidad del planteamiento político, pero que no se echen sobre nuestras espaldas los recortes de
toda una década previa y la responsabilidad de un sistema como es el de la dependencia, que sin duda hay que ir cambiando. Me parece que si un Gobierno en la historia de este país le ha imprimido un cambio de tendencia al sistema de atención a la
dependencia, sin quitarles valor a gobiernos previos, es este. Si ha habido un Gobierno con un cambio en la tendencia de la financiación del sistema de atención a la dependencia, es este, que va a pasar de haberse encontrado una financiación del 15
% del total del sistema a dejar una financiación al menos 10 puntos superior, en torno al 25 % al final de la legislatura.


Yo creo que las posiciones del Grupo Republicano y también del Gobierno de la Generalitat, por extensión, son lógicamente legítimas. Creo que la afinidad que tenemos respecto de lo que necesitan los servicios sociales es muy alta, pero, en
todo caso, quiero ser muy claro también: en el marco del consejo territorial se está discutiendo un acuerdo que no entorpece el ejercicio pleno de las competencias por parte de todas las comunidades autónomas y, por lo tanto, creo que esta no debe
ser una excusa para no impulsar o apoyar ese acuerdo de acreditación, dado que en el fondo estamos claramente de acuerdo y hemos sido escrupulosos en el Ministerio de Derechos Sociales para no invadir las competencias que tienen las comunidades
autónomas.


Hacía referencia la diputada Saavedra, del Grupo Parlamentario de Unidas Podemos, a una cuestión a la que luego también me querré referir, que es la cuestión de la negociación. ¿Cómo hemos visto nosotros la reforma de la dependencia, que
era necesaria, y en particular del modelo de cuidados de larga duración, desde el primer momento? Como un reto al que esta secretaría de Estado no puede enfrentarse en solitario, y creo que esto es una obviedad, una constatación. Primero, porque
es una competencia transferida a las comunidades autónomas. La atención de las personas mayores y la atención residencial les recuerdo, señorías de VOX, por si han olvidado el reparto competencial en nuestro país, que es una competencia de las
comunidades autónomas que, en todo caso, el Gobierno, la Administración General del Estado, tiene la tarea de coordinar, impulsar y tratar de establecer y fijar niveles mínimos de calidad para que esas competencias se puedan ejercer con la máxima
calidad posible. Pero en todo caso, insisto, hemos querido hacer un ejercicio entre dos posibilidades que teníamos inicialmente, que eran haber modificado la ley de la dependencia o haber avanzado en el establecimiento de meras recomendaciones del
acuerdo de acreditación. Entre una modificación de la ley de la dependencia o las meras recomendaciones, hemos optado por la vía difícil, hemos optado por la vía complicada, que es negociar

Página 21

con el conjunto de las comunidades autónomas, como sugería la diputada, precisamente para poder poner en común los matices, los intereses, las preocupaciones, las orientaciones de política pública que tienen aquellas autoridades que son
competentes en esta materia. Lo hemos hecho así por una cuestión de convencimiento, porque las reformas que se consensuan, las reformas que se dialogan, las reformas que se negocian son más duraderas. Creo que esta es una experiencia que ha
constatado este país, empezando por la reforma laboral del 2012, que ha tenido la vida que ha tenido en parte por la oposición que tuvo enfrente. Nuestro éxito será mayor o menor en esa negociación, pero el convencimiento, desde luego, es muy
claro, el convencimiento es clarísimo.


Me preguntaba usted también, diputada Saavedra, por la cuestión del asistente personal. Este acuerdo de acreditación que se lleva al consejo territorial recoge ya una apreciación sobre el desarrollo del asistente personal, pero, en todo
caso, no se incorpora plenamente como tal porque será cuando se apruebe este acuerdo de acreditación, de acuerdo con la hoja de ruta que se han marcado las comunidades autónomas en el plan de choque, cuando abordemos con los interlocutores sociales
y con las comunidades autónomas la definición legal del asistente personal, que, en todo caso, viene siendo urgente en ausencia de una normativa estatal, como no ha tenido nuestro país en la última década, aunque hay comunidades que han regulado ya,
lógicamente, la figura del asistente personal. Como nos pasa en otros tantos ámbitos de los servicios sociales, empezamos a tener una manta de retales que tiene que ser, de alguna forma, coordinada y que ha de establecer una regulación mínima
común, también en materia de asistente personal, para que no crezcan las disparidades regionales y para que el conjunto de las personas con discapacidad tengan una normativa y una regulación clara, unívoca y coordinada en el conjunto del Estado.


Diputada del Grupo Parlamentario VOX, decía usted que todo lo fiamos a futuro. No es así. El acuerdo de acreditación es para ahora. El acuerdo de acreditación es un acuerdo que esperemos que se apruebe en el consejo territorial en los
próximos días y que entrará en vigor con carácter inmediato. Me explico. Con carácter inmediato, año 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029, se establece un horizonte hasta el 2029, tendrá que elevarse el personal de atención directa en las
residencias. Lógicamente, hay un proceso de transición para que la ratio alcance su punto máximo, pero ya con carácter inmediato tendrán que adecuarse las residencias a esa nueva realidad. Con carácter inmediato la atención a la dependencia tiene
hoy 1200 millones de euros más de los que tenía hace dos años; es decir, se ha duplicado la financiación de la atención a la dependencia, con carácter inmediato. Un acuerdo de acreditación que será de obligado cumplimiento y que, desde luego, no
nos sitúa -me resulta irónico- en los modelos que usted cita, sino precisamente en la estela de los modelos nórdicos. Creo que nuestro país ha de congratularse por avanzar en la dirección de países como Suecia, Noruega, Dinamarca, pero también
Alemania, Irlanda o el Reino Unido, son muchos los países europeos que han transitado hacia un modelo algo más desinstitucionalizado. La realidad social no es una realidad que se cambie de la noche a la mañana. Tiene que ser un modelo más flexible
y un modelo que tenga en cuenta los intereses y las preferencias de las personas. Creo que hay que escuchar un poco más lo que las personas mayores están diciendo en las encuestas de opinión respecto de cómo quieren envejecer hoy y cómo quieren
vivir su vejez el día de mañana.


Me parece curioso que al tiempo que ustedes, señorías de VOX, piden recortes en un conjunto de gastos de forma sistemática, plantean, de forma contradictoria, que falta inversión en el ámbito de la dependencia. Bienvenido sea en todo caso.
Si ustedes consideran que hay que invertir en el ámbito de la dependencia, no obstaculicen esas inversiones en los gobiernos de los que ustedes formen parte cuando esta se produzca. Por cierto, me sorprende ver que critican las subidas salariales
en un sector como es el de la dependencia o el de los servicios sociales, que necesita esas subidas salariales como agua de mayo, porque es un sector históricamente lastrado precisamente por condiciones de trabajo muy duras y por condiciones
salariales muy bajas. Por cierto, una cuestión obvia, la sociedad española está envejecida, pero también lo están las sociedades del conjunto de la OCDE. Creo que convendría revisar el argumentario porque eso que usted llama políticas natalistas
no puede explicar lógicamente el envejecimiento del conjunto de los países de la OCDE. Creo que enfrentamos problemas demasiado serios como para que el argumentario nos sirva para hacer frente a esa realidad.


Diputada García, del Grupo Popular, o yo no me he explicado bien o usted no me ha entendido bien, en todo caso reitero lo que he dicho inicialmente para que no quede ningún lugar a dudas. La intervención que hago hoy aquí no es una enmienda
a la totalidad, en absoluto, y se hace desde el pleno respeto, desde hacerse cargo de la realidad de los servicios sociales y del sistema de atención a la dependencia. Es lo primero que he dicho en mi intervención y quizá usted no me haya
escuchado, pero he sido muy

Página 22

claro: el pleno respeto a los trabajadores de los servicios sociales, a los profesionales, al trabajo que desarrollan las propias comunidades autónomas y las entidades locales, porque solo desde ese trabajo podemos cambiar la realidad.
Señoría, evaluar los sistemas cuando no funcionan bien y pretender cambiarlos cuando estos sistemas necesitan mejoras no significa hacer tierra quemada ni derribar los puentes, significa sencillamente evaluar una realidad que es compleja, y, por
cierto, por eso cuesta que la gente se ponga de acuerdo. Es normal. Los motivos por los cuales las organizaciones empresariales o las organizaciones sindicales han planteado voces discordantes es porque están también muy en desacuerdo entre ellas
mismas. Es decir, es un tema con la suficiente complejidad como para que la negociación siga su curso e intentemos esta negociación. Usted dice que no se ha negociado, pero al mismo tiempo dice que hemos tenido sucesivos borradores del acuerdo de
acreditación e innumerables reuniones bilaterales infructuosas. ¿Por qué se cree usted que hemos tenido sucesivos borradores del acuerdo de acreditación, porque cada tarde, yo en mi casa, me dedico a reescribir el acuerdo una y otra vez?
Lógicamente no, porque hemos negociado con el conjunto de las comunidades autónomas, porque ha habido reuniones bilaterales con el conjunto de las comunidades autónomas, porque se ha llevado a la Mesa de Diálogo Social, donde, por cierto, los
interlocutores sociales no estarán del todo de acuerdo -y es legítimo-, pero se han incorporado buena parte de las aportaciones que han hecho estos interlocutores sociales. Si uno ve el último documento de acuerdo de acreditación y el primero de
ellos, uno puede ver los cambios que ha habido. Esos cambios no salen solamente de mi cabeza y de la cabeza de mi equipo, salen de las cabezas de los gestores, de las comunidades autónomas, de los sindicatos y de las organizaciones empresariales.


Dice usted que no he hablado del ámbito de lo privado, pero, si se da cuenta, tampoco he hablado del ámbito de lo público, porque me he referido al conjunto del sistema. El sistema de atención a la dependencia, lógicamente por su
constitución y por las decisiones tomadas por las comunidades autónomas, que son las competentes, es un sistema prestado por entidades del ámbito público y del ámbito privado, y el acuerdo de acreditación que se someterá a votación en el consejo
territorial es un acuerdo que afecta al conjunto, que afecta a todos, que sitúa umbrales mínimos de calidad. Nosotros no vamos a decir a las comunidades autónomas cómo tienen que desarrollar sus competencias. No hemos modificado la ley de
dependencia, lo que estamos haciendo es intentar una negociación donde acordemos, entre todos o al menos una mayoría de comunidades autónomas, cuáles deben ser los criterios mínimos para establecer esos niveles de calidad. Niveles mínimos que hacen
referencia a muchas cuestiones y que, desde luego, remiten a toda una literatura empírica, científica y al conocimiento experto que existe en esta materia. ¿Por qué el número de plazas de 75, de 90 o de 120, por ejemplo, en zonas rurales? Porque
está sobradamente demostrado, y por eso tenemos países que han ido de forma mucho más rápida que nosotros en esa dirección, que tener enormes centros residenciales en lugares muy pequeños supone un impacto que no se corresponde con las necesidades,
que no se corresponde con las prioridades de los servicios prestados. Esto es una realidad y es una obviedad en muchos países de nuestro entorno. ¿Por qué unidades de convivencia -dice usted- de 15 y no de 25 como Alemania? Yo preferiría unidades
de convivencia como las que plantea la ley del propio Partido Popular en Castilla y León, preferiría esas unidades de convivencia, pero no me corresponde a mí enmarcarlo, 12 personas; les corresponde a los gestores de las comunidades autónomas
definir cuál es ese tamaño. Nosotros establecemos un mínimo que ordena la vida en las residencias, y a partir de ahí, lógicamente, cualquier mejora añadida podrá ser realizada por los gestores y los consejeros en el ámbito de la dependencia.


Me pregunta usted por la retroactividad; no hay retroactividad, quiero ser claro. Los centros actualmente existentes no tendrán que adaptar el tamaño total de sus plazas a un tope máximo, pero sí tendrán que afrontar aquella reforma que
nosotros y el conjunto de los expertos entendemos que es fundamental para garantizar la calidad de vida en las residencias, que es la ordenación en unidades de convivencia de pequeño tamaño. Ya digo que me hubiera gustado que hubiera sido como su
propia ley, pero yo tengo que negociar con diecisiete comunidades autónomas y dos ciudades autónomas y, por lo tanto, no hemos podido llegar tan lejos. En todo caso -insisto-, la ordenación de estas residencias es un proceso ambicioso, es un
proceso de cambio profundo y es un proceso que tenemos de aquí al 2030.


Preguntaba usted por la financiación, habrá financiación porque en buena medida ya la hay, y le explico a qué me refiero. No solo la hay, sino que se ha remitido una memoria económica -usted también preguntaba por ella- al conjunto de las
comunidades autónomas con una estimación de los costes que tendrán, por ejemplo en materia de incremento de personal, las propuestas que se recogen de aumento de ratios en las residencias. El nivel acordado que nosotros dejaremos al finalizar la
legislatura, el nivel

Página 23

acordado que quedará el año que viene cuando finalice la legislatura es un nivel acordado que permite cubrir el incremento de costes asociado a las ratios de personal que establece el acuerdo de acreditación, y lo establece para 2030; ojo,
ese nivel acordado ya lo permite cubrir. Este acuerdo de acreditación no pone en riesgo el sistema de atención a la dependencia, al contrario, lo moderniza, lo actualiza. Lo que pone en riesgo el sistema de atención a la dependencia son los
recortes, y no creo que vaya a haber en el futuro un Gobierno en este país que se vuelva a atrever a realizar recortes ni sobre el nivel mínimo ni sobre el nivel acordado. Por lo tanto, esos dos niveles quedarán para la posteridad y servirán para
garantizar la financiación continua de este acuerdo de acreditación que esperemos que entre en vigor.


Desde que se puso en marcha el plan de choque en atención a la dependencia -y fíjese que no digo desde que llegamos a la secretaría de Estado, sino desde que se puso en marcha el plan de choque de atención a la dependencia-, hemos
incorporado al sistema de atención a la dependencia 180 000 personas más. Hoy hay 180 000 personas más atendidas por nuestro sistema de atención a la dependencia. Se está reduciendo la lista de espera y se están incorporando nuevas personas al
sistema. Por tanto, esta tarea está permitiendo dar respuesta hoy a cientos de miles de personas que no tenían esta respuesta hace un tiempo.


Me pregunta usted sobre la ejecución de la financiación y sobre la propia financiación. Me resulta irónico que sea el Partido Popular quien pida que alcancemos ese umbral de financiación del 50 % de la Administración General del Estado y 50
% de comunidades autónomas recogido en la ley de la dependencia después de lo que hemos visto esta última década, pero en todo caso compartimos el objetivo. Si ustedes han cambiado de opinión y consideran que debemos llegar al 5050 y que el nivel
mínimo y el nivel acordado que se queden al final de esta legislatura tiene que ser un suelo y que debe ser completado pero nunca recortado, creo que estaremos de acuerdo. Por lo tanto, bienvenidos todos a este consenso que compartimos.


Ahora le hablaré de la ejecución de la dependencia. El nivel acordado dotado en años previos y en este año ha sido y va a ser ejecutado al cien por cien. El nivel mínimo fijado en la atención a la dependencia fue ejecutado al 97 % el año
pasado. Como usted sabrá, la ejecución del nivel mínimo no depende de la Administración General del Estado, depende de la capacidad de las comunidades autónomas de incorporar nuevos beneficiarios al sistema. En todo caso, nosotros hemos elevado
las cuantías del nivel mínimo en un 30 % para, precisamente, facilitar que esa incorporación sea lo más ágil, lo más rápida y en las mejores condiciones posibles.


Hablaba usted del PERTE de la economía de los cuidados. El PERTE de la economía de los cuidados engloba parte de lo que esta secretaría de Estado está haciendo en el ámbito de los cuidados de larga duración, pero no todo lo que esta
secretaría de Estado está haciendo en ese ámbito de los cuidados de larga duración forma parte del PERTE de los cuidados. Es un PERTE de cuidados y economía social en el que algunas de las tareas que nosotros venimos desarrollando -y que se
desarrollarán-, además del componente 22, se han incorporado, pero hay mucha más financiación y mucho más trabajo del que se contempla en ese dispositivo.


Termino con una cuestión que creo que es esencial. No identifico la propuesta del Partido Popular, sinceramente, y lo digo con voluntad de identificarla. Mi impresión es que en este momento la propuesta es algo así como que no cambie nada.
Reconozco, y les doy la razón, porque creo que todo el mundo en esta sala estamos de acuerdo en esto, que los servicios sociales y los servicios de atención a la dependencia son servicios que han de ser revalorizados y puestos en valor; ha sido lo
primero que he dicho. Pero ¿cuál es su propuesta, que nada cambie, que el modelo se quede como está? ¿Que después de la pandemia que ha vivido este país y de las lecciones que hemos aprendido, sencillamente no seamos capaces de evaluar el sistema
y de movernos hacia un futuro hacia el que ya se han movido los países de nuestro entorno? ¿Que no seamos capaces de avanzar con profundidad, con ambición, pero también con la cautela de un acuerdo de estas características? Me parece que, desde
luego, esa no es la hoja de ruta del Gobierno. El Gobierno tiene la obligación de trascender el inmovilismo, el Gobierno tiene la obligación de trascender intereses particulares de grupos empresariales, que los hay, existen; pero aunar los
esfuerzos de todos los interlocutores en este sector va más allá de convertirse en mero lobista de algunos intereses particulares. Yo creo que lo que realmente puso en riesgo el sistema fueron los recortes de 2012. En 2012 el sistema fue
dinamitado y ha costado una década darle de nuevo al restart de la máquina. Creo que no es de recibo impedir el cambio del sistema en 2022. Por lo tanto, esperemos encontrarnos de la mano en el consejo territorial para poder avanzar conjuntamente.

Página 24

Diputada Guerra del Grupo Socialista, constata usted algo que también constatamos nosotros, y es que el Gobierno y nuestros grupos parlamentarios caminan de la mano en esta tarea. Han sido muchas las horas de diálogo desde hace meses; han
sido muchas las horas de negociación con el conjunto de las comunidades autónomas; nos hemos influido mutuamente en una visión compartida. Creo claramente que hay que congratularse por una tarea que en este momento está completamente alineada y
por el esfuerzo del Gobierno de coalición, que tanto el Grupo Parlamentario de Unidas Podemos como el Grupo Parlamentario Socialista han hecho, que de alguna forma han enfocado en la dirección que este país necesitaba, que no es otra que la de la
modernización del sistema de atención a la dependencia.


En todo caso, quiero retomar una de sus afirmaciones porque me parece especialmente relevante: ¿qué mensaje lanzamos a la ciudadanía de este país cuando ante cualquier intento de evaluación del sistema lo que le devolvemos es crispación?
Creo que tiene usted mucha razón. Debemos, podemos y tenemos que evaluar aquello que falla en las políticas públicas, en particular en el ámbito de los cuidados de larga duración. Debemos, podemos y tenemos que hacerlo sin hacer tierra quemada de
lo que hay, porque lo que hay es muy valioso y porque los profesionales de los servicios sociales han hecho un enorme esfuerzo durante todos estos años, trabajando con poca financiación y escasos recursos, y esto significa poder avanzar hacia el
futuro en la modernización que nuestro sistema necesita. Así que le doy las gracias por una tarea tan colaborativa, tan clara y tan honesta, al expresar los acuerdos y los desacuerdos cuando así se requiere.


Sin más, gracias por todas las aportaciones, y quedo de nuevo a su disposición.


El señor PRESIDENTE: Muy bien.


A continuación, los portavoces de los diferentes grupos parlamentarios tienen, en el mismo orden que la vez anterior, un minuto por si quieren utilizarlo para puntualizar algún detalle de lo que crean conveniente o cerrar el debate, como
quieran. En primer lugar, tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Sara Giménez.


La señora GIMÉNEZ GIMÉNEZ: Gracias, presidente.


Señor secretario de Estado, le agradezco las explicaciones. Al final, creo que estamos ante una de las materias en las que hay que promover la búsqueda de soluciones, de acuerdos para llegar a una respuesta efectiva a medio y largo plazo,
porque realmente lo que nos jugamos -creo que todos estaremos de acuerdo en esto- es el futuro de nuestros mayores, el futuro de nuestra construcción social, teniendo en cuenta las situaciones de dependencia y envejecimiento.


Se me había quedado pendiente una pregunta, y es si tiene información sobre cómo se va a garantizar la construcción de centros residenciales en zonas con poca disponibilidad de suelo para que cumplan el criterio de garantizar a las personas
usuarias el acceso y la proximidad a espacios de actividad social y comunitaria. Me gustaría, si puede, que me proporcionara alguna información al respecto de esta cuestión. Y nos ponemos a su disposición para seguir trabajando en esta línea.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: A continuación, tiene la palabra, por parte de Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, su portavoz, Marisa Saavedra.


La señora SAAVEDRA MUÑOZ: Gràcies, president.


En primer lugar, manifiesto mi asombro ante las declaraciones de esta derecha del cuanto peor, mejor, que habla de preocupación por la escasa financiación cuando el Partido Popular se dedicó a demoler el sistema de la dependencia y a
recortar financiación. Por otro lado, hablan de demasiado gasto social, de preocupación por las mujeres, a la vez que hablan de que es un modelo muy caro. Un Partido Popular que se dedicó en Europa a intentar evitar que llegaran los fondos
europeos a nuestro país, fondos que son esenciales para todo este cambio de modelo y para esta financiación. Un partido que ha demostrado en la práctica que dilapida el dinero público con la corrupción y con los regalos a los ricos a través del
modelo económico del pelotazo.


Frente a eso, hay que valorar y agradecer al secretario de Estado el esfuerzo realizado por este ministerio, así como valorar que este Gobierno de coalición tiene unas prioridades muy distintas respecto de lo que decíamos anteriormente,
porque realmente está demostrando esa voluntad de aumentar la financiación, de cuidar el sistema de protección; tiene voluntad política de transformar, de mejorar el sistema, y voluntad de diálogo con las entidades, con las comunidades autónomas,
al igual que una

Página 25

voluntad de consenso, de escucha y de incorporar las mejoras planteadas. En definitiva, la voluntad de este ministerio, de este Gobierno de coalición de atender a este reto de país en cuanto a la atención a las personas en situación de
dependencia y la promoción de la autonomía personal.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: A continuación, tiene la palabra, por parte del Grupo Parlamentario VOX, su portavoz, Reyes Romero.


La señora ROMERO VILCHES: Señor Álvarez, usted sabe bien, como yo, que aumentar el presupuesto no garantiza el avance en el desarrollo de los cuidados a las persona dependientes. No es contradictorio pedir subir inversiones para lo que
realmente es ayudar a nuestros dependientes y querer acabar con el despilfarro en políticas de género, por ejemplo, o en subvenciones a sindicatos y a partidos políticos. ¿Me podría usted explicar que no es un despilfarro, por ejemplo, pagar miles
de euros en informes de género a la hora de construir un puente, una carretera o una pasarela para acudir a la playa? ¿Me lo puede usted explicar?


En VOX creemos que la familia es el pilar fundamental para el desarrollo y el cuidado de las personas, y en su fomento y protección se basan nuestras políticas sociales, entre otras cuestiones. Les animo a asistir el próximo viernes a las
jornadas sobre despoblación organizadas por nuestro grupo en la sala Ernest Lluch, en las que se hablará y debatirá sobre el suicidio demográfico en España y sobre la gravedad y causas del invierno demográfico y de cómo combatirlas. Si pueden
asistir, creo que les vendrá muy bien para las políticas que piensan desarrollar en el próximo año.


Muchísimas gracias.


El señor PRESIDENTE: A continuación, tiene la palabra, por parte del Grupo Parlamentario Popular, su portavoz, Alicia García.


La señora GARCÍA RODRÍGUEZ: Gracias, presidente.


A la señora de Podemos, que se ha ido, le diré que siga con su discurso porque los ciudadanos seguirán respaldando sus políticas en las urnas como han hecho en Andalucía. (Aplausos).


En cuanto a los recortes, el Partido Socialista hizo recortes cuando gobernó Zapatero y nos encontramos una deuda de 1034 millones de las cotizaciones de la Seguridad Social de los cuidadores no profesionales. Recortaron, asimismo, 300
millones de euros de la dependencia, congelaron las pensiones, eliminaron el cheque bebé, redujeron el sueldo a los funcionarios y así suma y sigue. Hablemos de todos los recortes.


Hablan de la profesionalización de los cuidadores no profesionales y de las cotizaciones de la Seguridad Social, pero igual deberían de saber que solamente el 13,9 % del total de las personas cuidadoras se encuentran dadas de alta en el
Convenio especial de cuidados no profesionales, un verdadero fracaso. Y si hablamos de atención domiciliaria, resulta que el 94 % de la gestión es gestión indirecta, colaboración público-privada. Ni siquiera donde gobierna Podemos en los
ayuntamientos han municipalizado la atención domiciliaria. En fin, cambian de discurso cuando quieren. Es un modelo que, como digo, ustedes han intentado acordar, pero que creo que quieren imponer.


No me ha contestado prácticamente a nada. Lo que piden las residencias, lo que piden las comunidades autónomas es que no se pierda empleo, que no se pierdan plazas, y saber por qué las residencias en el medio rural tienen que tener 75
plazas si ustedes en el Imserso tienen en el medio rural residencias con más plazas que 75. (Aplausos). ¿Van a cerrarlas, van a remodelarlas, van a echar a la gente? ¿Qué van a van a hacer? Al igual que hay residencias del Imserso, hay
residencias públicas y residencias privadas que están en esa situación, donde no va a haber carácter retroactivo, pero que van a tener que adaptarse. Eso supone pérdida de plazas y un incremento de costes que las personas mayores no pueden pagar.


Habla de reducción de las listas de espera de la dependencia. Mire, la reducción a la mitad de la lista de espera de la dependencia ha sido gracias a las políticas de Madrid, que las ha reducido un 62 % (aplausos) y en Andalucía, un 32 %;
frente a esto, Canarias, un 23 %; La Rioja, con un 16,4 %, y Cataluña ha incrementado las listas de espera.


El señor PRESIDENTE: Tiene que terminar.

Página 26

La señora GARCÍA RODRÍGUEZ: Termino.


En cuanto a la financiación 50-50, señor secretario de Estado, el Grupo Popular ha presentado una proposición de ley para modificar la Ley 6/39, de la dependencia, precisamente para mejorar esa redacción y para que quede claro. Cuando hemos
gobernado en las comunidades autónomas, estuviera en el Gobierno quien estuviera, siempre hemos reclamado que había que cumplir la ley, el 50-50.


El señor PRESIDENTE: Cumpla también el horario.


La señora GARCÍA RODRÍGUEZ: Termino.


Esa proposición de ley que hemos presentado la ha vetado el Gobierno aludiendo a que incrementar la dependencia quebraría la fiscalidad y también supondría un incremento de gastos del programa de estabilidad 2022-2025. Alguien nos está
engañando, no sé si quien nos veta la proposición de ley o ustedes.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: A continuación, tiene la palabra, por parte del Grupo Parlamentario Socialista, su portavoz Sonia Guerra.


La señora GUERRA LÓPEZ: Gracias, presidente.


Señoría del Partido Popular, recortes los que ustedes hacían para la ciudadanía, sobre todo para los que más lo necesitaban, mientras se llenaban los bolsillos unos cuantos, todos con apellidos del Partido Popular. Se ha hablado de
reconocimiento, y no hay mayor reconocimiento que la priorización presupuestaria, y el secretario de Estado ha dado los datos: 600 millones... (La señora García Rodríguez: Comparece él, no yo). No, no, es que tú me has interpelado y yo te
contesto. No hay mayor reconocimiento que la priorización presupuestaria, no hay mayor reconocimiento que la voluntad de consensos, como el que se está intentando, y no hay mayor reconocimiento para los profesionales de servicios sociales que la
futura ley de servicios sociales que vamos a tener próximamente, y en la que ya está trabajando este Gobierno.


Pone usted como ejemplo a la Comunidad de Madrid, y yo le voy a dar otro ejemplo de la Comunidad de Madrid: Ayuso cierra definitivamente veinte de las treinta y siete urgencias de atención primaria de la región. (La señora García
Rodríguez: ¡Por eso no la votan!).


Muchas gracias, presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Tiene usted la palabra, señor Álvarez Peralta, para cerrar la comparecencia.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE DERECHOS SOCIALES (Álvarez Peralta): Muchas gracias.


Preguntaba la diputada Giménez, de Ciudadanos, a propósito de cómo garantizar algo que yo creo que ha sido muy relevante en muchos ámbitos residenciales en el pasado, que es el acceso el acceso a núcleos residenciales cuando se ubica en
zonas rurales. Creo que esto es clave en la medida en que hay que evitar y terminar con una situación, que es la de los centros segregados y aislados, construidos en zonas donde no existe este acceso. Por tanto, el acuerdo de acreditación, una vez
que quede aprobado, lo que recoge es que las residencias deberán construirse en suelo urbano en adelante y, en consecuencia, ese suelo urbano tiene que estar próximo a los núcleos residenciales. Precisamente por eso también se adapta la realidad
del tamaño de los centros a la propia realidad de esos núcleos residenciales, como, por cierto, sucede en otros países de nuestro entorno. Puede haber alguna excepción en este sentido en la medida en que, por ejemplo, hay algunas comunidades
autónomas de carácter plural que necesiten modificar ligeramente el criterio, pero en lo fundamental el criterio es muy claro: las residencias, de ahora en adelante, tienen que quedar edificadas en suelo urbano próximo a núcleos residenciales que
permitan precisamente no una vida segregada, sino una vida integrada en la comunidad.


La familia desde luego que es un pilar fundamental, qué duda cabe, pero en el ámbito de la dependencia decir que la familia es un pilar fundamental y decirlo sin hablar de apoyo, sin hablar de recursos y sin hablar de servicios sociales es
decir que sobre las espaldas de las mujeres recaerán los cuidados de los dependientes y recaerán los cuidados de las personas con discapacidad. Por lo tanto, esa tarea de la familia, precisamente para que exista libertad, para que las familias
puedan ver que tienen opciones de elegir y cómo las personas con dependencia, con discapacidad, pueden desarrollar proyectos de vida autónomos deben de ser construidas y complementadas sobre la base de apoyos, sobre la base de recursos y sobre la
base de un nuevo modelo de cuidados de larga duración. Lo contrario es

Página 27

sencillamente lo que ya existe; lo contrario es sencillamente lo que ha tenido nuestro país durante décadas: millones de mujeres dedicadas a cuidar de los mayores, millones de mujeres dedicadas a cuidar de las personas con discapacidad,
que es un modelo que debemos superar con la construcción de un nuevo sistema que brinde los apoyos, que brinde los recursos, que brinde las instituciones para que sea superado.


Por parte de la portavoz del Grupo Popular me sigue sin quedar claro cuál es la propuesta, porque mi impresión es que seguimos sin entrar en el debate. ¿La propuesta es que nos quedemos como estamos? (La señora García Rodríguez hace gestos
negativos). ¿La propuesta es que nos quedemos con el acuerdo de acreditación del 2008? Desde luego, este debate va a seguir en el consejo territorial, mi compromiso es discutirlo, como así venimos haciendo con el conjunto de las comunidades
autónomas, al margen del signo político de cada comunidad autónoma, porque la propuesta no puede ser sencillamente que nos quedemos como estamos. La propuesta no puede ser que, después de la pandemia que hemos vivido, después de las carencias que
ya tenía nuestro sistema de cuidados de larga duración antes de la pandemia y de lo sobrepasado que ha quedado el acuerdo del 2008, no avancemos en una tarea que es insoslayable, porque la sociedad española no entendería que no la abordáramos en los
próximos meses.


No hablemos de proposiciones de ley, hablemos de la realidad. ¿Va el Partido Popular a comprometerse en que los niveles mínimos, los niveles acordados se mantendrán en el futuro? Esta es la clave. ¿Estos niveles mínimos y estos niveles
máximos acordados se van a mantener? ¿Se mantendrán el día de mañana si alguna vez el gobierna el Partido Popular? Esto es lo que les importa a los españoles; esta es la clave. ¿Van a ser incrementados? Porque esto es lo fundamental del debate;
y ya veremos. Pero este acuerdo acreditación solo se podrá cumplir, lógicamente, si se mantienen los niveles mínimos y acordados que existen en este momento -de los que el Gobierno de coalición ha hecho gala porque existía una clarísima voluntad
política de incrementar la financiación, de remodelar y de impulsar el sistema de atención a la dependencia- y si se siguen reforzando a lo largo del tiempo.


Muchas gracias. Mantenemos el diálogo abierto. Saben ustedes, señorías, que la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, por así decirlo, no cierra y que el teléfono funciona en todas las direcciones, con todos los grupos parlamentarios,
para todos los proyectos de ley y también para el conjunto de actuaciones que, sin pasar por el Congreso, tienen lugar en el consejo territorial. Estamos abiertos a seguir negociando todo lo que haga falta.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Tiene la puerta siempre abierta a que venga a explicarnos cualquier tema que crea usted conveniente.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE DERECHOS SOCIALES (Álvarez Peralta): Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Se levanta la sesión.


Eran las doce y cincuenta y cinco minutos del mediodía.