CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2022 XIV LEGISLATURA Núm. 694

DERECHOS SOCIALES Y POLÍTICAS INTEGRALES DE LA DISCAPACIDAD

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOAN RUIZ I CARBONELL

Sesión núm. 29

celebrada el miércoles,

1 de junio de 2022

ORDEN DEL DÍA:


Comparecencia de la señora ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 (Belarra Urteaga), a petición propia, para dar cuenta de la actividad del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. (Número de expediente 214/000164) ... href='#(Página2)'>(Página2)

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Se abre la sesión a las diez y cinco minutos de la mañana.


El señor PRESIDENTE: Vamos a iniciar la sesión para tramitar el orden del día que ya conocen, que no es otro que la celebración de la comparecencia de la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, la señora Belarra. Antes de conceder la
palabra a la señora Belarra y para una mejor ordenación del debate, quiero comentarles que intenté enviarlo a todos los portavoces, pero ayer me encontré con alguien que me dijo que no se lo había enviado, por eso lo repetiré. Les recuerdo cómo se
desarrollará la comparecencia, que es exactamente tal y como fue la vez anterior. En primer lugar, habrá una exposición inicial por parte de la señora ministra para la que no tiene un tiempo prefijado. A continuación, los portavoces de cada grupo
parlamentario dispondrán de un tiempo máximo de siete minutos para la formulación de preguntas, pedir aclaraciones o, en definitiva, sugerir lo que crean conveniente. Será mejor si los grupos, especialmente los que suelen tener diferentes
portavoces, nos hacen llegar en nombre de quién lo va a ser en esta ocasión. Seguidamente, la señora Belarra intervendrá por un tiempo tampoco determinado para contestar conjuntamente a los portavoces en lo relativo a sus preguntas o para dar
explicación de las aclaraciones solicitadas o de las sugerencias hechas. A continuación, los portavoces que lo crean conveniente dispondrán de un minuto, por si quieren utilizarlo, para despedir el debate. Y, finalmente, cerrará la comparecencia
la señora Ione Belarra. Como está siendo habitual en las últimas sesiones de la Comisión, estoy convencido de que todos intentaremos respetar los tiempos que nos corresponden a cada uno.


Señora ministra, bienvenida a esta que no hace falta que le diga que es su casa, naturalmente, y a esta que es su Comisión además. Tiene usted la palabra para dar cuenta de la actividad del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.
Cuando usted quiera.


La señora MINISTRA DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 (Belarra Urteaga): Muchísimas gracias, presidente, y muchas gracias por las explicaciones tan detalladas para que todos nos podamos organizar. Buenos días a todos, bon dia, bos días,
egun on.


Es un placer intervenir de nuevo en esta Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad, especialmente porque pienso que esta comparecencia se produce en un momento político clave para nuestro país. Estamos ya en la
segunda parte de la legislatura y hoy acudo a esta Cámara con el fin de hacer balance de los objetivos que nos habíamos fijado y, también, de analizar lo que está por venir. Estamos satisfechas con lo logrado, pero también somos conscientes de que
nos toca seguir impulsando nuevas medidas que se pongan en marcha cuanto antes y puedan seguir desarrollándose a lo largo de esta legislatura y también de la siguiente.


Siempre he considerado que las políticas públicas no pueden tener un enfoque cortoplacista, sino que deben tener una visión a largo plazo, con un horizonte que vaya siempre más allá de cuatro años. Por eso, hasta el último día de esta
legislatura este Gobierno va a seguir trabajando sin descanso para poner en marcha todas aquellas iniciativas que nos permitan luchar de manera efectiva contra la pobreza, contra la desigualdad y mejorar la vida de la gente. Vamos a seguir pisando
el acelerador para reconocer derechos e ir más lejos que nunca con nuestras políticas. Y es que, más allá de los avances concretos que este Gobierno tiene ya en su historial, creo que si por algo se va a recordar esta legislatura es por ser aquella
en la que se demostró que había otra manera de gestionar las crisis económicas. En esta ocasión los ciudadanos y las ciudadanas se han encontrado con un Gobierno que ha rescatado a las personas y no a los bancos, y que ha optado por proteger lo
público y no por recortar. Si algo demuestran las políticas sociales que hemos desplegado es que hemos hecho lo correcto en el momento más difícil para nuestro país.


Creo que no tendríamos la visión completa de lo que supone la situación de los derechos sociales en nuestro país si no tuviéramos también en cuenta de dónde veníamos. La gestión de la crisis financiera del año 2012 se saldó con una
auténtica década perdida para nuestro Estado del bienestar; se aplicó un duro programa de recortes ideológicos en los servicios públicos del que aún hoy nuestro país se está recuperando.


Cuando este Gobierno echó a andar nos encontramos, de partida, con la necesidad de reconstruir gran parte de lo que se había dinamitado en los últimos años, pero también estábamos y estamos determinadas a avanzar mucho más en derechos y en
políticas ambiciosas. Desde ese momento, como saben tan bien como yo, nuestro país ha vivido varias crisis sobrevenidas de enorme calado y absolutamente imprevistas. Menos de dos meses después de la conformación de este Ejecutivo se declaró la
pandemia de la COVID-19, después se produjo la erupción del volcán de La Palma y ahora mismo nos encontramos con una invasión criminal ordenada por Putin que está sufriendo Ucrania y que

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está teniendo consecuencias sociales y económicas directas en nuestro país, emergencias que nos han obligado a tomar decisiones con una enorme celeridad y en situaciones enormemente difíciles, sabiendo además que tras la durísima década
anterior para mucha gente en nuestro país llovía sobre mojado. Pero si algo hemos tenido claro desde el principio en este Gobierno es que la prioridad absoluta tenía que ser poner a la gente a cubierto, y creo humildemente que con nuestros errores
y con nuestros aciertos -siendo además consciente de que en muchos temas no habremos llegado tan lejos como nos habría gustado- los resultados avalan la gestión de este Gobierno. Hemos demostrado que proteger a la gente ante la crisis no solo es
más ético y más humano, sino que también es lo más eficaz a nivel económico. Los datos nos muestran que la salida de la crisis de la COVID-19 está siendo mucho más rápida que la salida de la crisis financiera del año 2012, gracias en gran medida al
despliegue, por ejemplo, de los ERTE. En la anterior crisis tardamos casi doce años en recuperar los niveles de afiliación a la Seguridad Social, mientras que en esta tardamos apenas año y medio. Además, la conformación del escudo social ha
permitido generar un paraguas de protección con medidas como la prohibición de los cortes de suministro, las moratorias hipotecarias y del alquiler o el refuerzo de los servicios sociales. Se ha demostrado que, esta vez sí, había unas instituciones
preocupadas por la ciudadanía. A las consecuencias de la pandemia han venido a sumarse, como decía, las consecuencias socioeconómicas de la guerra en Ucrania y, muy en particular, su efecto sobre los precios de la energía y de estos sobre la
inflación. El encarecimiento de la factura de la luz y de la cesta de la compra, así como del resto de productos básicos, ha sido y es una preocupación permanente de este Ejecutivo. Por ese motivo, propusimos y acordamos un nuevo escudo social con
medidas entre las que me gustaría destacar el incremento de las cuantías del ingreso mínimo vital; la intervención por primera vez en España de manera masiva de los precios del alquiler, limitando las subidas para estos meses a un 2 %; la
ampliación del bono social eléctrico o las ayudas directas a los sectores más afectados, como el transporte o el sector primario. Este nuevo escudo social acaba de completarse con una medida histórica acordada con Portugal y con la Comisión Europea
para topar el precio del gas, bajar la factura de la luz y frenar la inflación. Por primera vez, las grandes empresas energéticas en España van a tener que arrimar el hombro y bajar sus beneficios para que logremos conjuntamente como país este
objetivo.


Como responsable de Derechos Sociales y Agenda 2030, soy plenamente consciente de la difícil situación que atraviesan muchos y muchas de nuestras compatriotas. Por ello, les anuncio que he trasladado al conjunto del Ejecutivo la necesidad
-que en mi opinión existe- de que seamos capaces de ampliar el nuevo escudo social al menos hasta final de año e incorporemos nuevas medidas. Además, este año vamos a necesitar unos nuevos presupuestos que vuelvan a poner a las personas en el
centro, que pisen el acelerador de la inversión social y que respondan a las prioridades de la ciudadanía y no a intereses externos a nuestro país. En esta segunda parte de la legislatura el Gobierno tiene que subir el ritmo de las grandes
transformaciones y gobernar, gobernar y gobernar. Por tanto, estos van a ser los presupuestos del ahora o nunca. Con ellos tenemos que ser capaces no solo de responder a las consecuencias de la guerra en Ucrania, sino también de hacer frente a los
profundos retos que tenemos como país. Uno de ellos -y que, como saben, me preocupa especialmente como ministra de Derechos Sociales- es el de la desigualdad. Creo que tenemos que ser plenamente conscientes de que solo vamos a poder corregir esta
desigualdad de fondo con una reforma fiscal ambiciosa que haga que los pocos que más tienen en nuestro país paguen lo que les corresponde. Solo así vamos a lograr que mucha gente en nuestro país viva un poquito mejor.


Precisamente, señorías, creo que desde este departamento hemos demostrado que no solo estamos aquí para abordar lo urgente, sino también para transformar lo estructural. Por eso, también me gustaría destacar que, a la vez que hemos
respondido a estas situaciones de emergencia, estamos avanzando de forma simultánea en transformaciones importantes y políticas públicas que recogía el acuerdo del Gobierno de coalición. Gracias a ello, no solo estamos revirtiendo los profundos
recortes en el gasto social y en los servicios públicos sino que, sobre todo, estamos creando y consolidando nuevos derechos que van a contribuir a mejorar nuestro país. Si hoy podemos hablar de pisar el acelerador para impulsar nuevas iniciativas
es precisamente porque durante estos años y a pesar de las enormes dificultades ya hemos avanzado en muchos de nuestros compromisos. Por eso, hoy me gustaría hacerles un breve recorrido general sobre lo que ya hemos conseguido, sobre lo que
seguimos haciendo y plantear hacia dónde queremos ir en lo que resta de legislatura.


Durante la legislatura, como decía, hemos tenido importantes avances implementando el que considero un programa muy coherente para poner las bases de un salto cualitativo en nuestro Estado del

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bienestar. El objetivo ya no es que nadie se quede atrás, sino poder reconstruir nuestro país de la mano de quienes siempre han estado en los márgenes, con los derechos de todas las personas por delante. Por eso, como podré desarrollar
después con más detalle, trabajamos y seguimos avanzando en medidas como la aprobación y el despliegue de la Ley de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia para que nuestros niños, nuestras niñas y nuestros
adolescentes vivan vidas libres y seguras; una ley pionera que coloca a nuestro país a la vanguardia mundial en la lucha contra las violencias. Acabamos de aprobar también la Estrategia de Juventud 2022-2030, elaborada de la mano de los y las
jóvenes, que se ha sumado a otras estrategias muy relevantes que hemos aprobado también, como la de Igualdad, Inclusión y Participación del Pueblo Gitano o la de Discapacidad. Hemos aprobado también una ley para que las personas con discapacidad
puedan ejercer su plena capacidad jurídica, hemos reanudado con éxito los viajes del Imserso y estamos trabajando ya en una estrategia contra la soledad no deseada. Hemos elaborado también una ley de familias que reconocerá la diversidad familiar
en nuestro país y protegerá a todas las familias. En definitiva, este Gobierno sigue avanzando en políticas firmes y ambiciosas que cambien nuestro país y que lleguen a todas las personas.


Si me lo permiten, quiero comenzar hablando principalmente de la dependencia y poniendo en valor el plan de choque aprobado en enero de 2021, así como el aumento de inversión, que nos ha llevado prácticamente a duplicar la inversión del
Estado en dependencia en solo dos años. Creo que es justo decir que ha supuesto un hito sin precedentes en el impulso del sistema de atención a la dependencia. Creo que no era aceptable que en la cuarta economía del euro hubiera personas en
situación de dependencia que mueren sin que se les haya reconocido un derecho que es suyo, que lo necesitan y que les pertenece. No es aceptable que se condene a miles de ciudadanos y ciudadanas a pasar sus días en residencias masificadas sin
cuidados adecuados, como tampoco es aceptable que las personas que cuidan a nuestra ciudadanía más vulnerable lo hagan en condiciones de absoluta precariedad. Para mí, como ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, era una prioridad absoluta
abordar los problemas estructurales que tenía el sistema de atención a la dependencia, como las listas de espera, las prestaciones o las malas condiciones laborales de las trabajadoras del sector, que -como bien saben sus señorías- son
principalmente mujeres. Por eso acordamos este plan y hoy, cuando ya ha pasado más de un año, creo que podemos hacer un análisis retrospectivo muy interesante. Hemos logrado una inyección económica cuyas cifras demuestran la voluntad inequívoca de
este Gobierno de garantizar el derecho al cuidado de las personas en situación de dependencia. Fueron 600 millones de financiación adicional por parte del Estado en 2021 y otros 600 millones de euros adicionales en 2022. En los presupuestos
generales de 2021 esto se concretó en la recuperación del nivel acordado, que fue suprimido por el Partido Popular en 2012. Posteriormente, lo hemos ido canalizando a través de la firma de convenios bilaterales con todas y cada una de las
comunidades autónomas. En los presupuestos generales de 2022 se ha producido -como decía- un incremento similar que se suma al ya hecho el año anterior y que se concreta en un aumento de 200 millones para el nivel acordado y 400 millones del nivel
mínimo mediante una nueva actualización de las cuantías. Como decía, esto nos ha permitido, en el conjunto de los dos años, prácticamente doblar la financiación total del Estado, llegando a los 2600 millones de euros y, por tanto, no solo se han
revertido todos los recortes, sino que hemos alcanzado la mayor financiación histórica en materia de dependencia por parte del Estado desde la aprobación de la ley. Gracias a este aumento de la financiación se ha producido una importante mejora de
las cuantías mínimas de protección por cada persona usuaria del sistema de dependencia. En conjunto, hablamos de incrementos que suponen del 30 % al 50 % en esos niveles mínimos, algo que, como pueden imaginar, ha supuesto un respiro muy grande
para muchas familias en situaciones muy difíciles.


Por otra parte, aunque el reparto del nivel acordado de 2022 aún está pendiente de producirse, sí me gustaría destacar que en los convenios bilaterales firmados durante el año 2021 con todas las comunidades autónomas se incluyeron distintas
medidas ya para mejorar el sistema. Hablamos de medidas de agilización de los trámites administrativos, del desarrollo de los servicios de atención ofrecidos a las personas dependientes y del aumento de las prestaciones económicas, así como,
obviamente, de la mejora de la calidad del empleo de las trabajadoras del sector, que ha sido una prioridad para este ministerio. Además, uno de los objetivos centrales era y sigue siendo la reducción de las listas de espera. A este respecto, en
el último año hemos registrado un aumento muy importante de los solicitantes, con más de 41 600 personas nuevas en 2021, cifra que ha seguido aumentando hasta alcanzar, a fecha 30 de abril -para que tengan las últimas cifras disponibles-, más de 53
500 personas adicionales, que estaban siendo solicitantes. Se trata de un aumento considerable al que las administraciones públicas tenemos

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que responder con eficacia. Por ello, me satisface especialmente poder comunicarles que hemos avanzado de forma muy significativa en el número de personas atendidas por el sistema y que hoy hay 165 395 personas más con prestación efectiva
en el Sistema de Atención a la Dependencia que a comienzos de 2021 Además, todos los parámetros apuntan a que durante el año 2022 los resultados de las medidas del plan de choque seguirán teniendo efectos muy positivos. Este hecho, unido al
incremento de la financiación estatal en 2022, nos hace pensar que lograremos también una reducción muy significativa de las listas de espera. Las cifras que he mencionado obviamente son fundamentales, pero nosotras y nosotros no nos conformamos.
En ese sentido, quiero decirles que este ministerio está trabajando no solo en el aumento de la financiación, que era imprescindible, sino también en una transformación estructural del sistema de cuidados en nuestro país. En ese sentido, quiero
referirme a un avance en el que estamos trabajando con mucha intensidad, como es el nuevo acuerdo para mejorar la calidad de las residencias y del sistema de dependencia. Como todos ustedes saben, seguimos negociando con las comunidades autónomas
para lograr su aprobación y quiero decirles que, como ministra, no voy a cejar en mi empeño hasta que consigamos sacar adelante este acuerdo. Lo quiero dejar claro porque soy muy consciente de que este tema no va a ocupar portadas ni muchos minutos
en la televisión, pero creo que se trata de uno de los elementos centrales, uno de los avances más importantes que podemos desempeñar en esta legislatura.


La crisis de la COVID-19 golpeó de manera muy dura a las residencias -como saben- y evidenció las costuras que tiene este sistema. No podemos ni debemos olvidar tanto dolor como se vivió en algunos de estos centros, que solo se pudo paliar
mínimamente por la dedicación, el compromiso, el esfuerzo y el cariño de los trabajadores y las trabajadoras, que lo hicieron por encima de sus posibilidades. No queremos más imágenes de residencias masificadas ni de pacientes con sujeciones ni de
personas que mueran esperando una plaza pública que no llega nunca. Por eso, este acuerdo es una prioridad para nosotros y para nosotras. Proponemos -como saben- un cambio de modelo que mejore la calidad de nuestras residencias, que aumente las
ratios de personal hasta alcanzar prácticamente un trabajador o una trabajadora por cada dos personas atendidas; que se elimine la posibilidad de utilizar sujeciones y que se ponga en el centro la dignidad de las personas; que se priorice la
atención a domicilio para que las personas puedan permanecer en sus hogares el máximo tiempo posible -que es lo que nos reclama la gente mayor y la gente en situación de dependencia- y, si no pueden, que se encuentren residencias mejor organizadas,
más pequeñas, que se articulen en pequeños núcleos de convivencia de un máximo de quince personas que se parezcan lo máximo posible a un hogar, y también que elevemos el porcentaje de habitaciones individuales en las residencias públicas de nueva
construcción hasta un 65 %. Creo -como decía- que este acuerdo que estamos negociando es una cuestión clave para las personas de nuestro país en situación de dependencia y también para sus familias, y desde aquí me gustaría emplazar al conjunto de
las comunidades autónomas a que tengamos sentido de Estado y trabajemos de la mano por su bienestar. Creo que nadie en este país entendería que después de todo lo que hemos vivido alguien se oponga a estas mejoras en el modelo residencial. No
podemos fallar a nuestra gente mayor y por eso voy a seguir trabajando para que este acuerdo salga adelante a lo largo del próximo mes en el consejo territorial.


Esta reforma, este acuerdo para la mejora de la calidad de las residencias se encuadra -como saben- en un proyecto más amplio de transformación del modelo de cuidados de larga duración que estamos llevando a cabo. El objetivo principal es
la modernización del conjunto de los servicios sociales y el refuerzo de las políticas de cuidado y de apoyo, promoviendo la innovación y un modelo de atención centrado en la persona. Buscamos principalmente facilitar la transición de un modelo de
atención residencial hacia uno basado en el desarrollo de servicios comunitarios y de atención domiciliaria. Nuestra meta es conseguir -como decía antes- que las personas mayores o en situación de dependencia puedan continuar viviendo en sus
domicilios y participando en su entorno comunitario con un proyecto de vida independiente y elegido en libertad; que puedan estar en su barrio; que puedan estar cerca de su gente; que puedan seguir comprando en la panadería de toda la vida; que
puedan seguir viendo a sus vecinos y sus vecinas, porque eso, señorías, es calidad de vida y es felicidad.


Igualmente, buscamos reorientar la atención recibida para los niños, las niñas y las adolescentes acogidas en los centros de protección y para las personas sin hogar, además, obviamente, del resto de colectivos atendidos por los servicios
sociales públicos. De la misma forma, queremos que todo este proceso esté permeado por un enfoque que garantice la accesibilidad integral y universal. Estamos hablando, probablemente, de la transformación más profunda de la forma en la que
pensamos,

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concebimos y actuamos por los apoyos y cuidados para todas las personas. Se trata, por tanto, de un cambio cultural que requiere de procesos de innovación social y de políticas públicas que potencien este proceso. Esto nos permitirá
cumplir con las disposiciones previstas en diferentes tratados y acuerdos internacionales, que apuestan por ir a un modelo de apoyo y de cuidado que esté personalizado y que sea comunitario -hablo de la Convención Europea de Derechos Humanos, de la
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, etcétera-, pero también nos hará mejorar nuestros servicios sociales para que sean más eficientes, más actualizados y generen un mejor apoyo para las personas que los
precisen. Para todo ello están previstas inversiones por un total de 3500 millones de euros durante el periodo 2021-2023, que ya estamos ejecutando en base a tres grandes líneas de inversión: La primera, el Plan de Apoyos y Cuidados de Larga
Duración, del que hablaba hace un momento, con el que vamos a impulsar esa transformación del modelo de cuidados, para pasar de un modelo residencial a un modelo de atención domiciliaria inspirado en los modelos nórdicos. La segunda, el Plan de
Modernización de los Servicios Sociales, que nos va a permitir transformar nuestros servicios sociales y lograr que se ajusten a las necesidades tecnológicas de formación, de accesibilidad y sociales del siglo XXI. Y la tercera, el Plan España País
Accesible, que se centrará en mejorar la accesibilidad desde una perspectiva integral a los diferentes servicios, edificios y equipamientos de las administraciones públicas. Hablamos del sistema sanitario, del sistema educativo, de todo el sistema
AGE. Las comunidades autónomas contarán aproximadamente con el 80 % de este presupuesto, tal y como ya se ha acordado en el consejo territorial. Además, estos fondos se están canalizando a través de la firma de convenios bilaterales de
colaboración entre nuestro ministerio y cada una de las comunidades autónomas. En esos convenios bilaterales se detallan todos los compromisos concretos que adquieren cada una de las comunidades autónomas.


Por otro lado, de los fondos asignados en el 2021 para su ejecución directa por parte de nuestro ministerio hemos canalizado tres grandes programas. En primer lugar, los proyectos piloto de desinstitucionalización y prevención de la
institucionalización, al que destinamos 75 millones de euros en el año 2021 y 35 millones de euros que vamos a destinar en 2022. Con ello buscamos desarrollar soluciones innovadoras de desinstitucionalización y modernización de los servicios
sociales, demostrando con ejemplos concretos cómo funcionan y evidenciando que se pueden hacer políticas públicas de otra manera, de forma que podamos extrapolar esos proyectos piloto a nuevas políticas públicas de amplio alcance. En segundo lugar,
también tenemos asignada ya la ejecución de subvenciones directas a las comunidades autónomas para proyectos de accesibilidad universal en vivienda, para el cual hemos destinado 50 millones de euros, cuyo reparto fue acordado por el consejo
territorial el pasado 27 de octubre. Y en tercera instancia hemos desarrollado también subvenciones nominativas a distintas entidades del tercer sector para catorce proyectos de modernización de los servicios sociales, al que también hemos asignado
50 millones de euros. Todos estos proyectos van a generar aprendizajes de gran importancia que van a nutrir uno de los proyectos más importantes que nos queda pendientes para lo que queda de legislatura, que es la Estrategia Nacional de
Desinstitucionalización. Sí que me gustaría destacar que con todos estos proyectos y las correspondientes transferencias a las comunidades autónomas para sus propias inversiones hemos logrado una ejecución presupuestaria de prácticamente el cien
por cien de los fondos europeos que nos correspondían para el año 2021.


Quiero aprovechar esta comparecencia para agradecer el trabajo ingente de los funcionarios y las funcionarias del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, porque sin su trabajo de gestión durísimo habría sido imposible poder arrojar
unas cifras de éxito como estas, y lo han hecho porque éramos plenamente conscientes de la importancia que estos fondos tenían para llegar a su destino lo antes posible, tanto para reactivar la economía de los cuidados como para abordar las reformas
estructurales que necesita nuestro país. Quiero agradecer, como decía, ese ingente trabajo a los trabajadores y las trabajadoras públicos, porque, desde luego, sin su implicación y sin esa vocación de servicio público habría sido simplemente
imposible. También me gustaría decir que hoy desde aquí y también a lo largo de todo este año vamos a intentar que vuelva a ocurrir lo mismo durante este año 2022 trabajando muy duro.


Si me permiten, ahora me gustaría centrarme en los avances en materia de infancia y de derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, porque, como saben, cuando empezamos la legislatura la primera legislación que impulsó este
ministerio fue la Ley de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, una ley que era necesaria, que era urgente y que también era una declaración de intenciones de lo que quería hacer este Gobierno. La Ley Rhodes nos
ha situado a la vanguardia internacional y ha supuesto muchos avances, como que el plazo de preinscripción de los delitos de

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violencia sexual contra los niños y adolescentes no empiece a contar hasta que la víctima tiene treinta y cinco años; se han incluido procedimientos que eviten la revictimización, o ponerle fin al falso síndrome de alienación parental.
Ahora nos tocaba desplegarla y hacerla efectiva para que llegue a todos los niños y todas las niñas de nuestro país, desarrollarla al máximo para que llegue a cada barrio, a cada pueblo, a cada niño. En ese camino hemos acordado con las comunidades
autónomas, también en el marco de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, un plan de implementación de la LOPIVI, que incluye, entre otras cuestiones, el compromiso de que en el próximo curso escolar las figuras del coordinador o
coordinadora de bienestar infantil y el delegado de protección se encuentren ya plenamente operativas. Paralelamente, nos encontramos desarrollando varias medidas centrales para el despliegue de la LOPIVI. Por una parte, estamos trabajando en la
elaboración de esa estrategia para la erradicación de la violencia contra la infancia en nuestro país y también en un protocolo armonizado para la prevención, la detección precoz y la intervención frente a las posibles situaciones de violencia
contra la infancia en centros residenciales del sistema de protección, tal y como nos indicaba la LOPIVI, y ya se ha presentado el proceso de trabajo a las comunidades autónomas y esperamos tener el documento listo a principios de otoño. Creo que
estamos logrando un cambio de paradigma, un cambio de mirada, porque estamos pasando de considerar a los niños y las niñas sujetos de derecho, que es lo que son, a que sean también considerados sujetos con voz propia, y es algo de lo que me siento
particularmente orgullosa como ministra. En primer lugar, en noviembre del año pasado constituimos la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia y en diciembre tuvo lugar, como sabrán, la primera sesión del Consejo Estatal de Participación de
la infancia y de la Adolescencia. En las primeras sesiones, los propios niños, las propias niñas, definieron cómo quieren que funcione, cómo debe ser su reglamento y cómo van a trabajar en distintos grupos temáticos. Queremos escucharles, que
participen y que sepan que las instituciones también son suyas, y creo que hacerlo a través de este consejo estatal de participación infantil tan largamente esperado es uno de los mejores pasos que hemos dado como Gobierno. Y cuando hablamos de
proteger a la infancia hablamos también de proteger a los niños y las niñas que llegan migrando solos a nuestro país. El Consejo de Ministros aprobó el pasado mes de abril en primera vuelta el anteproyecto de ley por el que se regula el
procedimiento de evaluación de la edad de los niños y las niñas no acompañados; una norma que nos va a permitir cumplir también con lo dispuesto en la Ley Rhodes, con la jurisprudencia de los tribunales y con las muchísimas recomendaciones que nos
hicieron tanto el Defensor del Pueblo como el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas. Con esta ley garantizamos el interés superior del menor como principio esencial que debe regir todo el proceso. Son muchas las novedades que incluye
el anteproyecto, pero me van a permitir que destaque algunas, como la configuración de este proceso como un procedimiento judicial civil y la inclusión de elementos clave como la presunción de la minoría de edad, el derecho a ser escuchado o
escuchada de la niña, la asistencia jurídica gratuita o la reiteración -como ya estableció la LOPIVI- de la prohibición de pruebas invasivas y de desnudos integrales; una práctica intolerable contra la que luche intensamente como diputada y que
desde el ministerio teníamos clarísimo que había que erradicar de una vez por todas en nuestro país. Estoy muy orgullosa de que este Gobierno esté trabajando frente a quienes criminalizan a los niños y niñas por un país que respete y garantice
todos sus derechos. Además, la Conferencia Sectorial Conjunta de Igualdad, Infancia y Adolescencia aprobó el pasado 5 de mayo un primer plan de acción contra la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes del sistema de protección a la
infancia. Somos conscientes de que los niños y las niñas que están en el sistema de protección viven condiciones de especial vulnerabilidad, que son aprovechadas demasiado a menudo por los explotadores sexuales. Por tanto, se necesitan medidas
específicas y estructurales con las que podamos protegerles de las redes de trata y de explotación, como las que hemos recogido precisamente en este plan. Es un desafío que exige la acción coordinada de todas las administraciones y, por eso, es un
plan que hemos acordado con las comunidades autónomas. Poner fin a estas situaciones exige que trabajemos juntas, con altura de miras y con mucha responsabilidad.


Por otro lado, el día 15 de marzo hicimos entrega también a la Comisión Europea del primer borrador del Plan de Acción Estatal de la Garantía Infantil, elaborado conjuntamente con el Alto Comisionado para la Lucha contra la Pobreza Infantil.
Hemos recibido ya las valoraciones de la Comisión Europea y estamos en proceso de cerrar el documento final para que se apruebe en Consejo de Ministros a lo largo de junio de este año. Este plan de acción estatal constituirá una hoja de ruta hasta
el año 2030, que guiará a todas las administraciones públicas en la lucha contra la pobreza infantil. Vamos a hacerlo de una forma integral, porque sabemos que la pobreza es mucho más que la pobreza monetaria o que simplemente el no tener

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recursos económicos suficientes, afecta de manera severa a ámbitos tan distintos como la alimentación o la educación. Por ello, este plan gira en torno a tres ejes: la pobreza infantil y la protección social, el ejercicio de los derechos
sociales a través de servicios públicos de calidad y los entornos protectores, inclusivos y participativos. Acabar con la pobreza infantil es una prioridad de este Gobierno y por eso nos hemos comprometido a dedicarle 983 millones de euros,
sobrepasando ampliamente la obligación que establecía la Comisión Europea de invertir el 5 % del Fondo Social Europeo Plus.


Por último, en lo que tiene que ver también con la atención a los niños, las niñas y los adolescentes que migran solos y que llegan a España, creamos en 2021 por primera vez un fondo de apoyo a las comunidades autónomas para su atención, que
estaba dotado con 27,7 millones de euros, y que ha sido muy útil tanto para financiar traslados desde Canarias y Ceuta a la Península, como para reforzar la situación de aquellas comunidades autónomas que están haciendo un gran sobreesfuerzo para
atender a estos niños y a estas niñas. Este fondo se ha aumentado hasta alcanzar los 35 millones de euros en el año 2022 y un primer tramo ha sido repartido ya a principios de año. Quiero aprovechar también esta comparecencia para dar las gracias
a todas las comunidades, y especialmente a aquellas que están haciendo un gran esfuerzo para acoger a los niños y a las niñas, y tengo que pedir, una vez más, también responsabilidad a todas las administraciones públicas para que, entre todas,
seamos capaces de garantizar los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes migrantes. En este sentido, estamos trabajando en un modelo de respuesta coordinada en contingencias migratorias para la acogida de cara a nuevas posibles crisis
migratorias, garantizando el traslado para la atención integral de niños y niñas. Lo estamos haciendo basándonos en los documentos que ya elaboró el Observatorio de la Infancia y también en el acuerdo y en los criterios de reparto que acordó la
Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia el año pasado.


Por último, no quiero dejar de destacar que, desde el inicio de la invasión de Ucrania, hemos estado coordinándonos con el resto de ministerios, también con las comunidades autónomas, también con las organizaciones de infancia del tercer
sector, para asegurar la protección de los niños y las niñas provenientes de Ucrania. Queríamos garantizar el cumplimiento de sus derechos durante todo el trayecto, protegiéndoles de la violencia, de la trata o de otras violaciones de derechos y
tomar medidas lo más adecuadas posibles para garantizar su bienestar físico y emocional. Este hecho ha supuesto un reto para las administraciones, ya que ni siquiera teníamos un marco normativo que se ajustara adecuadamente a una situación tan
imprevista. Por eso, el pasado 29 de marzo se aprobó también un procedimiento especial para la protección temporal de personas menores de edad que se encuentren afectados por una crisis humanitaria que nos permita responder a la crisis de Ucrania,
pero también a otras de características similares. Además, hemos elaborado unas pautas de recomendación para todas las administraciones públicas según los diferentes perfiles de niños y niñas que estaban llegando a nuestro país.


Me quiero referir a continuación también a otra de las cuestiones más importantes en la que estamos trabajando en el ministerio, como es la protección de las familias. Tengo que empezar reconociendo una cosa que sus señorías supongo que
compartirán conmigo, y es que históricamente las políticas para las familias de este país han sido insuficientes, han estado infrafinanciadas y mal diseñadas y han sido siempre tratadas de manera secundaria dentro del Estado de bienestar. Mientras,
las familias, obviamente, han tenido que seguir adelante sin los apoyos suficientes, con una enorme sobrecarga, exhaustas y, además, recayendo la mayor parte de los cuidados, como siempre, en un enorme sobreesfuerzo de las mujeres. Como siempre
digo, este país pide mucho y les da muy poco a sus familias. Yo creo que es hora de que cambiemos esto y es hora de apoyarlas. Por eso, como anuncié hace unas semanas, me alegra mucho poder comunicar que hemos alcanzado un acuerdo con nuestro
socio de Gobierno para que en septiembre podamos llevar ya al Consejo de Ministros la ley de familias; un compromiso que está en el acuerdo de coalición y que ahora forma parte también de nuestros compromisos con la Unión Europea a través del Plan
de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Como saben, esta ha sido una de las prioridades de este ministerio. No ha sido sencillo alcanzar un acuerdo, pero estoy satisfecha de que podamos tener ya ese texto en septiembre en el Consejo de
Ministros y, por supuesto, esta ministra va a seguir trabajando para que el texto tenga la máxima ambición posible. El primero de los objetivos que nos fijamos con esta norma es el de avanzar en el pleno reconocimiento jurídico de la diversidad de
modelos de convivencia familiar. Queremos mandarle un mensaje alto y claro a todas las familias de nuestro país, y es que vamos a garantizar la igualdad y la plena protección de todos los derechos de todos los tipos de familia, sin ningún tipo de
distinción. Frente a quienes quieren imponer un solo modelo de familia, nosotras defendemos que la diversidad familiar es un valor y un orgullo para nuestro país y que debemos ser

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iguales en derechos. El segundo de los objetivos de la ley de familias es asegurar una protección social y económica suficiente para todas las familias, en especial aquellas que tienen niños y niñas a cargo. Es algo que la propia Comisión
Europea nos ha venido recomendando de manera reiterada, proponiéndonos que apliquemos los cambios normativos necesarios para mejorar la cohesión social y combatir el riesgo de pobreza y exclusión. La ley de familias viene a dar respuesta, en parte,
a esta necesidad. El tercer objetivo es avanzar en una cuestión fundamental que viven muchas familias de nuestro país y que es la falta de tiempo. Esta ley empieza a solventar situaciones urgentes que se producen en nuestro país como, por ejemplo,
que una persona no pueda quedarse en casa cuando su hijo o hija ha pasado una mala noche, cuando hay que acompañar a tu pareja al médico. Comenzamos a dar pasos en una de las claves de bóveda de nuestro futuro: devolver a las familias su tiempo
para que nuestros ciudadanos y ciudadanas estén el mayor tiempo posible con sus seres queridos, que es lo que quiere cualquier persona. Con su elaboración se abre una nueva etapa de avance en la que tenemos que poner, creo, todos nuestros esfuerzos
para ampliar y fortalecer nuestro Estado del bienestar. Las víctimas de esas agresiones a lo público que hemos vivido durante tanto tiempo han sido las familias, especialmente los niños y las niñas que sufren una pobreza insoportable y las mujeres
que han asumido una gran parte de los cuidados. Por tanto, no basta solo con recuperar todo lo perdido durante la anterior década. Al mismo tiempo, tenemos que lograr consolidar nuevos servicios públicos, nuevas prestaciones económicas y, en
definitiva, nuevos derechos. Precisamente por todo ello, apoyar a las familias es la mejor manera, pienso yo, de ofrecer a nuestra juventud la libertad de elegir sus proyectos de vida y de ser capaces de llevarlos a la práctica. Resulta
fundamental que España empiece a parecerse a la mayoría de países europeos y fortalezcamos nuestro Estado del bienestar.


Me gustaría destacar, en concreto, algunas de las medidas de la ley de familias que hemos propuesto incluir en la ley y que van a resultar claves en que tengamos unas verdaderas políticas públicas que garanticen el derecho al cuidado. En
primer lugar, creemos que esta ley debe incluir la creación de una renta crianza universal de 100 euros al mes por hijo o hija a cargo para todas las familias, que se ampliaría a 125 euros en el caso de que las familias sean monomarentales o
familias que tengan algún miembro con discapacidad. En el Gobierno apostamos por la universalidad, porque sabemos que las prestaciones restringidas únicamente a aquellas familias en situación de vulnerabilidad tienen enormes límites. Por un lado,
la estigmatización de las familias receptoras, la dificultad derivada de muchas barreras burocráticas y también, debido a los requisitos exigidos, que muchas familias que sí cumplen con el nivel de renta, debido a otros requisitos, queden finalmente
excluidas de la prestación. En segundo lugar, también proponemos incluir en esta norma la extensión de los permisos de nacimiento y adopción hasta las veinticuatro semanas para cada progenitor y progenitora y, con ella, la equiparación de los
permisos de las familias monomarentales y monoparentales, ya que queremos asegurar los mismos derechos para todos los niños y las niñas, independientemente, obviamente, del modelo de familia en el que hayan nacido. En tercer lugar, pensamos que
esta ley debería establecer un permiso de cuidados de siete días de duración, ampliable a nueve días, si es necesario un desplazamiento, para que, como decía antes, hagamos algo tan necesario como estar con nuestros seres queridos cuando más nos
necesitan.


Me detendré, a continuación, también en la situación de la juventud. Los y las jóvenes de nuestro país llevan más de una década estancados en una profunda situación de inestabilidad ya no solo laboral, sino también de precariedad vital. En
este período, marcado fundamentalmente por dos crisis económicas y sociales, los y las jóvenes han visto fuertemente lastrados sus proyectos de vida. La crisis financiera de 2012 condujo a una generación entera a una situación crítica marcada por
la falta de empleo digno, aulas masificadas, tasas universitarias impagables, familias que no llegaban a fin de mes y también muchas veces al exilio. El diagnóstico está claro: existe una generación de personas jóvenes que sienten que su vida en
España ha sido eso que pasa entre distintas crisis económicas. En el Gobierno somos conscientes de todo ello y desde su inicio estamos dirigiendo nuestras reformas estructurales a la mejora de la situación de los jóvenes, más concretamente a que
todos ellos y ellas sean libres de elegir cómo quieren vivir. Son varias las políticas que hemos aprobado e iniciado y que repercuten directamente en la mejora de los derechos laborales de los jóvenes y las jóvenes: la subida del salario mínimo
interprofesional -que les ha beneficiado especialmente a ellos junto a las mujeres-, la reforma laboral, el Plan de Garantía Juvenil Plus 2021-2027 y también el convenio entre la Inspección de Trabajo y el Injuve para poner fin a abusos laborales
que se dan específicamente contra los jóvenes y que no se tolerarían en ninguna otra generación. Además, también estamos impulsando, como saben, esa ley de vivienda que se encuentra ya en tramitación en esta Cámara, porque precisamente los
alquileres desorbitados y el hecho

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de que los jóvenes no puedan marcharse de casa hasta los veintinueve años hacen que retrasen constantemente sus proyectos de vida. Esto está provocando sensación de inseguridad, de miedo, de frustración en una parte importante de la
sociedad. Creo que los y las jóvenes están hartos y hartas -con razón- de esperar un momento mejor que nunca llega. Por eso, necesitamos cuanto antes una legislación que considere la vivienda como un derecho y no como un bien de mercado y, por
eso, animo a esta Cámara a que podamos tener un acuerdo lo antes posible y esa ley en vigor. En el ámbito cultural hemos puesto en marcha el bono cultural joven, una ayuda directa de 400 euros para que quienes cumplen dieciocho años puedan
destinarlo a acceder a artes en vivo, a patrimonio cultural o artes audiovisuales, entre otros tipos de producción cultural. Además, el Injuve está en negociaciones con diversas entidades y empresas estatales para mejorar los descuentos de carácter
nacional del Carné Joven Europeo en el ámbito del transporte y de la cultura.


A todas estas medidas ya puestas en marcha se unirán las incluidas en la Estrategia de Juventud 2022-2030 que acabamos de aprobar el pasado 17 de mayo en el Consejo de Ministros, ya que el objetivo de esta estrategia es precisamente
integrar, cohesionar, dar coherencia y orientar el conjunto y la totalidad de las políticas sectoriales de juventud que hacen todos los ministerios, para garantizar que hacemos un abordaje integral de los problemas que afectan a la adolescencia y a
la juventud. Me gustaría remarcar que 2022 es el Año Europeo de la Juventud, como imagino que ya sabrán, y la directora general del Injuve, María Teresa Pérez, fue nombrada coordinadora nacional para el diseño de las acciones en nuestro país. El
Injuve liderará el evento central de España para el Año Europeo de la Juventud. Estamos siendo -también quería compartírselo- un país referente europeo por nuestra capacidad de cocreación con la participación de los y las jóvenes, una cuestión que
ha irrigado todo el trabajo que estamos haciendo desde el Injuve, porque la participación de los niños, las niñas y también de los y las jóvenes es un elemento central para que las políticas públicas funcionen y se adapten a sus necesidades.


También estamos satisfechos con el trabajo que estamos realizando en el ámbito de los derechos de las personas con discapacidad. Creo que esta legislatura ha marcado un punto de inflexión con el que por fin podamos entender los derechos de
estas personas como lo que son: una cuestión de Estado. Por ello, estamos trabajando en varios ejes, como ampliar y proteger derechos, garantizar el empleo y la educación de las personas con discapacidad y también fomentar la accesibilidad. Son
requisitos absolutamente indispensables para que podamos hablar de una democracia plena para todas las personas en nuestro país. Aunque queda mucho por hacer, los avances logrados están siendo múltiples. Como saben, al inicio de la legislatura se
aprobó una normativa clave, la ley que asegura que las personas con discapacidad puedan ejercer su plena capacidad jurídica, y también, más recientemente, la Estrategia Española sobre Discapacidad 2022-2030. Además, me gustaría reconocer una vez
más el trabajo de esta Cámara para prohibir las esterilizaciones forzosas de las mujeres con discapacidad, un logro fundamental que estoy convencida de que nos hace mejores como país. Por otro lado, el Consejo de Ministros aprobó ya en primera
vuelta el anteproyecto de ley en materia de requisitos de accesibilidad de determinados productos y servicios. Con este proyecto de ley lo que pretendemos es reforzar el derecho de las personas con discapacidad a acceder a bienes y servicios
disponibles en el mercado interior de la Unión Europea. Además, vamos a impulsar la aprobación del real decreto que dé forma al reglamento de la lengua de signos española y los medios de apoyo a la comunicación oral.


En el ámbito normativo, también me gustaría destacar un hito largamente esperado por las personas con discapacidad, que supongo que será del interés de sus señorías, que es la aprobación del nuevo real decreto para regular el denominado
baremo de la discapacidad. Nuestro ministerio se encuentra trabajando de forma intensa los últimos meses para resolver esta modificación del procedimiento y de los baremos para el reconocimiento, la declaración y la calificación del grado de
discapacidad, que se encuentra pendiente, nada más y nada menos, señorías, que desde el año 2012. Este nuevo baremo va a contemplar mejoras en el procedimiento, posibilitando una mayor agilidad en la gestión e introduciendo una tramitación de
emergencia para situaciones que, por esperanza de vida o por la situación de la persona, precisen acortar los tiempos de los trámites de expedición del certificado del grado de discapacidad. El objetivo es adaptarnos a la Convención Internacional
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y asegurar la accesibilidad universal a todo el proceso de valoración. Esperamos también poder remitirlo al Consejo de Ministros para su aprobación definitiva antes del mes de agosto.


En cuanto a las políticas orientadas al bienestar de las personas mayores, en primer lugar tenemos que señalar la normalización de los viajes del Imserso después de la pandemia. Los viajes, como bien saben sus señorías, fueron suspendidos
por motivos obvios de salud pública y, guiados siempre por la

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prudencia y la atención a las recomendaciones sanitarias, hemos logrado reanudar esta actividad a lo largo del año. Es una actividad que considero enormemente importante para las personas mayores de nuestro país, así que estamos
particularmente satisfechos. Una vez reanudada la actividad en enero de este año, la marcha del proyecto está siendo todo un éxito. Las cifras de reserva y de ocupación ya se mueven en parámetros de normalidad y la actual campaña finalizará con
cerca de medio millón de viajes solo en seis meses desde el inicio, en enero, hasta junio. Por otra parte, los niveles de satisfacción con la actividad, que se evalúan mediante encuesta a las personas participantes, arrojan datos de satisfacción
cercanos al 90 %. La seguridad de los viajes respecto a la COVID se acredita con la monitorización y el seguimiento de los casos; casos que, para que lo conozcan también sus señorías, solo se han dado en el 0,6 % de los viajeros, lo que indicaría
una incidencia acumulada cinco veces menor que la que tiene la población general mayor de sesenta años. Por tanto, los viajes son enormemente seguros y en ningún momento hemos bajado la guardia sobre las medidas de seguridad sanitaria. La
previsión ahora es que la inminente convocatoria 20222023 será la de la normalidad total, con una recuperación del cien por cien de la ocupación, y se podrá ampliar el número de plazas si así se requiriese por la demanda. Recuperamos, pues, esta
actividad con solidez, con seguridad y sin modificar los precios que pagan las personas mayores, que no tendrán ni un céntimo de subida en sus viajes. Más allá de los viajes del Imserso, hay que destacar la futura estrategia contra la soledad no
deseada en personas mayores como otro de los compromisos pendientes del acuerdo de coalición. Ya se está abordando el proceso de participación social que culminará en una estrategia de largo plazo a la que se ligarán planes operativos que van a ser
bianuales. Sí que me gustaría plantear que en esta estrategia van a jugar un papel determinante las entidades locales, ya que las soledades se deben abordar desde el contexto más cercano. Por otro lado, respecto al plan de Alzheimer, ya ha sido
abordado especialmente por el Centro de Referencia Estatal de Alzheimer de Salamanca, y desde allí se está haciendo el seguimiento del despliegue de las medidas de alarma del ámbito social, en estrecha colaboración, como no puede ser de otra manera,
con las entidades de familiares de estas personas. Al igual que en el caso de los y las jóvenes, no me gustaría dejar de hacer referencia también a todas las políticas transversales que está haciendo este Gobierno y que tienen un impacto directo en
el nivel de vida de las personas mayores; por ejemplo, la recuperación de la actualización de las pensiones con el IPC y ese incremento adicional del que se están beneficiando los pensionistas y las pensionistas con pensiones no contributivas creo
que son elementos fundamentales que contribuyen a mejorar la vida de la gente mayor en nuestro país y que se merecen -tienen la garantía por parte de esta ministra- que siempre trabajemos por unas pensiones dignas.


Por último, explicaré nuestras políticas referentes al tercer sector. Creo que todas y todos los presentes compartimos la importancia que han demostrado estas entidades a lo largo de la historia democrática de nuestro país, pero
especialmente durante la pandemia. Quiero también darles las gracias porque ellos y ellas han estado ahí donde las administraciones públicas no han llegado a tiempo, apoyando a las personas que más lo necesitaban. Por eso, es tan importante que
cuenten con nuestro respaldo y, en ese sentido, me gustaría destacar que en 2021 emprendimos un rediseño del marco de su financiación. Este acuerdo se dio simultáneamente con las propias organizaciones del tercer sector y también con las
comunidades autónomas, consiguiendo darle estabilidad y asegurando que los recursos que los ciudadanos y las empresas eligen -como saben, a través de la declaración de la renta y del impuesto de sociedades- vayan a proyectos con una gran capacidad
de incidencia social. Las subvenciones del año pasado ya están puestas en marcha y las entidades sociales ya están ejecutando sus proyectos.


Además, ayer mismo el Consejo de Ministros autorizó ya la convocatoria correspondiente al año 2022. Así que, les comunico que muy pronto las entidades sociales van a poder presentar sus proyectos y podrán recibir la financiación
correspondiente a este año antes de que termine el año 2022. A esta financiación hay que añadir una convocatoria de subvenciones para la transformación digital del tercer sector, que vamos a lanzar también en 2022. Paralelamente, nos encontramos
trabajando en los principales órganos de relación con el sector, el Consejo Estatal de ONG de Acción Social y la Comisión para el Diálogo Civil con la Plataforma del Tercer Sector, en sendos grupos de trabajo para seguir mejorando tanto la
financiación como la normativa que regula la acción del tercer sector en nuestro país. Desde luego, seguimos trabajando de la mano de las entidades sociales para mejorar tanto la financiación como la normativa y pretendemos poder aprobar un real
decreto de entidades colaboradoras del tercer sector con la AGE, la Administración General del Estado, con el que dar estabilidad a la valiosísima colaboración que las organizaciones no gubernamentales de acción social prestan para la implementación
de las políticas públicas.

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Y ya que hoy venimos a hablar de futuro, quiero destacar, antes de terminar mi comparecencia, otra iniciativa legislativa pendiente que tiene una gran importancia, como es la ley de servicios sociales; una ley que también forma parte del
acuerdo de Gobierno y también del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia., pero que ante todo es una reforma necesaria para asegurar la protección de estos servicios esenciales para el bienestar de la ciudadanía. Por eso, esta
legislación va a fortalecerlos regulándolos con un marco legal estatal con pleno respeto a las competencias autonómicas y permitiendo que avancemos hacia unos servicios sociales públicos y universales mediante el trabajo conjunto y la cooperación
entre las distintas administraciones públicas. El acceso a los servicios sociales es un derecho subjetivo y como tal debemos protegerlo y garantizarlo.


Termino con una pequeña reflexión. Si bien este Gobierno ha tenido que hacer frente a situaciones enormemente imprevistas y muy dolorosas, como he dicho al principio de mi intervención, creo que nunca hemos perdido de vista el proyecto de
país que queremos construir. Y en ese sentido, quiero agradecer a la mayoría plurinacional y progresista de esta Cámara el apoyo que ha brindado a este Gobierno, tanto en las situaciones críticas que hemos vivido como en los avances de futuro que
estamos llevando a cabo. Creo, sinceramente, que en este país hay una mayoría que se ha venido expresando desde hace mucho tiempo en las urnas, que tardó demasiado en alumbrar un Gobierno de coalición debido a las fuertes presiones; pero que en
esta legislatura ha sido capaz de dar estabilidad a nuestro país. Y no solo eso, creo que hemos conseguido demostrar sistemáticamente que esta es la única vía para avanzar de manera firme en la garantía de los derechos sociales. Ensamblar esa
mayoría parlamentaria no siempre es sencillo, pero también se ha demostrado que esa mayoría es la condición de posibilidad de los avances en esta materia, en los derechos sociales. Por eso, quiero agradecerles, como ministra de Derechos Sociales y
Agenda 2030, su plena disposición a llegar a acuerdos con el Gobierno en materia de política social.


Soy plenamente consciente de que hoy más que nunca necesitamos un Gobierno que gobierne, que tenga iniciativa, que vaya más rápido, más lejos e impulse aquellas reformas estructurales que son necesarias en nuestro país. Y también sabemos
que esa es una responsabilidad compartida con esta Cámara y que, por ello, nos toca seguir hablando y acordando. Me pongo, una vez más, a su disposición para seguir trabajando en esos avances.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: A continuación tienen la palabra, como ya saben, empezando por el grupo más pequeño hasta el más grande, de menor a mayor, por un tiempo de siete minutos los portavoces de los grupos aquí representados hoy.


En primer lugar, tiene la palabra, por parte del Grupo Parlamentario Vasco, su portavoz Idoia Sagastizabal.


La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias, presidente. Vengo a sustituir a Íñigo Barandiaran hoy aquí, está fuera.


Muchas gracias, ministra, por la comparecencia y por sus explicaciones. La verdad es que yo creo que ha hecho un ejercicio bueno de marketing para decirnos todo lo que ha hecho su departamento. Pero también tengo que decirle que lo cierto
es que muchas competencias en servicios sociales son exclusivas de las comunidades autónomas. Y muchas veces lo que hacen más que coordinar parece que vayan a recentralizar o intentar recentralizar. Usted ha hablado de que hay que ir más lejos y
sí, claro que hay que ir más lejos, pero desde luego que no sea en esa idea de recentralizar. Le pongo un ejemplo, la pretensión de organizar el sistema residencial, como dice, para dar más dignidad a las personas y mejor calidad de vida, creo que
las comunidades autónomas también lo garantizan. Es más, en la comisión delegada nosotros ya adelantamos que el documento que ustedes han presentado va más allá de la fijación de unos criterios mínimos comunes para la acreditación de centros y
servicios. Por tanto, entendemos que vulneran la competencia de Euskadi en materia de asistencia social. Y de hecho, creo que otras comunidades autónomas van en el mismo sentido.


Creemos que la aplicación casuística que hacen excede de lo que se entiende por criterios mínimos comunes, que es la encomienda de la Ley 39/2006. Tal como viene regulado, nos preguntamos qué materias nos dejan para regular a las
administraciones autonómicas. Es que Euskadi ha trabajado mucho en conformar un decreto de residencias para personas mayores con el objetivo de adecuarlo a las necesidades actuales, teniendo en cuenta, además, todo ese aprendizaje de la pandemia.
Se ha trabajado junto a expertos, organizaciones sociales, patronal, sindicatos para la realización de esos decretos. Y creo

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que, además, se está trabajando de manera coordinada con las instituciones. Está costando tiempo, es un decreto que desde luego defenderemos y creemos, además, que es una forma de ejercer la cogobernanza real y efectiva. Pero es que
ustedes nos dicen dónde se deben ubicar las residencias, los indicadores, los equipamientos, requisitos del personal profesional o cómo asegurar la dignidad de trato y el ejercicio de los derechos de las personas residentes. Por todas estas
injerencias nos preguntamos, ¿debemos aparcar todo ese trabajo que se ha realizado cambiándolo por un corta-pega de un acuerdo que no responde a nuestro sistema?


Creemos, como hemos dicho, que ese decreto va más lejos en la injerencia competencial y hemos pedido que ese documento que han elaborado ustedes se convierta en recomendaciones sobre criterios comunes, pero parece que de momento no han
tenido en cuenta esta petición. Ante este planteamiento le vamos a pedir que este punto, por lo menos, se quede encima de la mesa para que desde las competencias, el diálogo y la gobernanza, avancemos en un documento consensuado si lo que de verdad
queremos es priorizar la dignidad y la calidad de vida de las personas.


Por otro lado, me gustaría saber su opinión también en cuanto a la evaluación del Plan de Choque en Dependencia, porque nos ha hecho aquí unas referencias de que todo está fenomenal, pero dicen que no ha servido mucho para el cumplimiento de
la ley ni en prestaciones, ni en servicios, ni en financiación a comunidades autónomas. Porque dicen que se había acordado un 50-50 y estamos en un 18-82 aproximadamente. Entonces, ¿para cuándo cree de verdad que se va a conseguir cumplir la ley?


Asimismo, nos ha hablado de la ley de familia, que van a traer en septiembre, creo que ha dicho usted. Me gustaría saber si en esa ley van a incluir el reconocimiento del estatus legal de familia numerosa a las familias monoparentales con
dos hijos a cargo, sobre las que este grupo había presentado bastantes iniciativas y, además, su antecesor dijo que lo iba a hacer hace ya dos años o más.


En cuanto a la Agenda 2030, en relación con el cumplimiento de los ODS, creemos que es muy difícil hacer el seguimiento del cumplimiento porque faltan instrumentos claros. Además, la estrategia parece que no siempre coincide ni en metas ni
en prioridades con otros instrumentos de planificación, como son el documento España 2050 y el plan de recuperación, que son los documentos referenciales del Gobierno. Estos documentos marcan los retos pero no coinciden muchas veces en prioridades
y, además, cada ministerio dispone de estrategias o planes propios con metas y objetivos que, a pesar de incluir esa referencia a los ODS, todos parecen funcionar en esa clave, pero o bien no comparten el ámbito temporal o los indicadores no son los
mismos. Y, aunque podemos entender esa dificultad, esa falta de coordinación, a lo mejor entre los diferentes ministerios incide directamente en la gobernanza y dificulta el seguimiento. Creemos que no basta con hablar de Agenda 2030, lo esencial
en la década de acción es trabajar en clave ODS, con coherencia de políticas, con indicadores compartidos y actualizados, que nos permitan evaluar y en su caso reorientar esas acciones en la dirección adecuada. ¿Considera, por tanto, el Gobierno
que son adecuados estos mecanismos para el seguimiento de la estrategia de desarrollo sostenible?


Es verdad que estamos en un tiempo de acción y hemos entrado además en ella con una pandemia mundial que ha supuesto el retroceso en muchos de los objetivos, como el hambre, la pobreza o la educación, y ahora sufrimos las consecuencias de la
guerra en Ucrania. No contábamos con tantos obstáculos, pero se ha hecho una adaptación a la situación actual. ¿Cree que se tendría que incidir en algún reto más? ¿Nos lo podría concretar? ¿Qué valoración hace de la implementación de la
estrategia?


Por último, ha transcurrido un año desde la aprobación y entrada en vigor de la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia; la ley incluía la creación de una comisión de seguimiento a propuesta
de la Dirección General de Derechos de la Infancia y de la Adolescencia. Me gustaría saber si se ha creado y, si no es así, a qué se debe el retraso y cuál es la valoración que hace el ministerio en relación con la aplicación de esta ley.


Muchísimas gracias.


El señor PRESIDENTE: A continuación, tiene la palabra, por parte del Grupo Parlamentario Republicano, su portavoz Norma Pujol. Cuando quiera.


La señora PUJOL I FARRÉ: Moltes gràcies, president. Bon dia diputats i diputades. Bon día, ministra y moltes gràcies por su comparecencia hoy en esta Comisión y por sus explicaciones de las líneas estratégicas de su ministerio, unas
explicaciones que han sido muy extensas, muy concretas. Evidentemente, no podré comentar y hacer referencia a todo lo que me gustaría por una cuestión de tiempo.

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En primer lugar, voy a hablarle de la ley de dependencia. Ustedes anunciaron a bombo y platillo un refuerzo a esta ley de dependencia para, por fin, seguir dotándola de instrumentos y sobre todo de recursos, pero seguimos aquí. Y esto no
es un asunto nuevo, desgraciadamente. Quizás me dirán que siempre saco lo mismo, pero es que creo que no avanzamos, seguimos con las mismas carencias y los mismos problemas. Y, como bien sabe y ha comentado también usted, los sectores más
vulnerables son los que siempre sufren más la falta de inversión pública. El sistema, como ha comentado ya mi compañera del PNV, fue concebido por ley con una cofinanciación del 50 % por parte de la Administración del Estado y el 50 % por parte de
las comunidades autónomas. No obstante, hasta el día de hoy, el desequilibrio es tal que lo aportado por el Estado no abarca más del 15 % del total y, como se puede imaginar, esto para nosotros no es concebible y por supuesto no es suficiente. En
consecuencia, creemos que hay una deuda que es histórica del Gobierno estatal hacia la Generalitat. Aunque usted me vuelva a decir -ya lo he entendido- que la inversión que se ha hecho en ley de dependencia es más alta que en los últimos años, hace
un año firmó con sindicatos y patronales este plan de choque que va a tener una inversión de 600 millones de euros más el año 2021 y el año 2022. Creo que este es el camino que tenemos que llevar, pero yo le pregunto, ¿cuándo se va a resolver esta
deuda histórica que tienen con las comunidades autónomas y, en concreto, con la Generalitat de Catalunya?


Usted también ha hablado de las residencias de gente mayor. Creo que están muchas en una situación límite, que el personal está agotado por la crisis de la COVID pero también por un tema estructural, y veo muy bien lo que usted estaba
comentando de poder reducir las ratios del personal con los usuarios, y también creo que la intención que tiene su ministerio de ir hacia una manera de trabajar que tenga mucho más en cuenta la persona, poniéndola en el centro, de intentar que la
gente mayor pueda envejecer en sus casas, en sus barrios, con sus vecinos, con sus entornos, con sus familias, es el camino correcto. También ha hecho usted referencia a los cuidados y en la anterior comparecencia que usted hizo en esta Comisión
nos habló del pacto de Estado para los cuidados, unos cuidados que son feminizados, muchas veces precarizados, y quería saber en qué estado se encuentra este pacto. En la Generalitat de Catalunya han estado trabajando en un programa que se llama
Temps per cures -Tiempo por los cuidados-, y creo que es el camino para avanzar en la corresponsabilidad pública ante los cuidados y que responde a diversos objetivos específicos.


Somos conscientes de la difícil situación a la cual ha tenido que hacer frente el Gobierno durante la legislatura -precisamente porque nosotros también hemos tenido que hacer frente a esta situación desde el Gobierno de la Generalitat y
también desde los distintos ayuntamientos en los que gobernamos- y hemos visto en primera persona que el impacto de la crisis siempre es hacia las clases populares. El Gobierno ha puesto en marcha medidas que han amortiguado este impacto de la
crisis, es algo evidente, pero los datos nos demuestran una situación alarmante, que solo se puede hacer frente de una forma, que es asignando más recursos para que las administraciones competentes puedan atender correctamente las necesidades de la
población. Ha hablado usted también de los temas de accesibilidad, tanto en espacios públicos como en viviendas particulares, que han pasado por el consejo interterritorial. Quería saber cuándo van a llegar estos recursos a las comunidades
autónomas.


Y ya para ir terminando, me quería centrar un poco en la ley de familias. Usted sabe que se la he pedido en numerosas ocasiones. Ha hablado de que en septiembre la intención es pasarla por el Consejo de Ministros. Yo creo que la
legislatura está llegando a su fin; el calendario aprieta y cada vez parece más claro que lo vamos a tener que tramitar con prisas, lo que supondría un nuevo lo tomas o lo dejas, un blanco sobre negro que no favorece a nadie. Necesitamos poder
tener un borrador del proyecto de ley para, con tiempo, poder trabajar nosotros también como grupo parlamentario, para poder ver qué nos parece. Por lo tanto, le pedimos, por favor, que nos haga llegar -si puede ser antes del verano para poderlo
estudiar- este proyecto de ley.


Me dejo algunas cosas para el siguiente turno. Pero, para terminar, señora Belarra, hablaba usted de hacer unos nuevos presupuestos para el año que viene mucho más sociales, y yo quería hacer referencia a que en 2021 el Estado no ejecutó ni
la mitad de la inversión prevista en Cataluña, con un 36 % de cumplimiento, mientras que sí lo hizo en comunidades autónomas como Madrid, donde casi dobló la previsión, llegando al 184 %. Creo que sí, que eso también va de derechos sociales, un
tema que es muy interseccional y muy interdepartamental. A nosotros nos indigna, a mí me indigna, porque estos números afectan directamente a toda la ciudadanía de Cataluña, pero afectan sobre todo a la clase trabajadora cuando hablamos, por poner
un ejemplo concreto, de la red de trenes. Estos recursos no están llegando para ser útiles a la ciudadanía, estos recursos no llegan a las personas que los han generado en parte y

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estas cifras nos demuestran una vez más que, gobierne quien gobierne en el Estado, no son capaces de cumplir los compromisos con Cataluña y que el equilibrio territorial y la distribución de los recursos no son su prioridad. ¿Puede usted,
ministra, darme alguna explicación sobre ello? Al fin y al cabo, estamos hablando de la ejecución del presupuesto de su Gobierno.


Sin nada más que aportar, muchísimas gracias.


El señor PRESIDENTE: A continuación tiene la palabra, por parte del Grupo Parlamentario Confederal Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común su portavoz Pilar Garrido. Cuando quiera.


La señora GARRIDO GUTIÉRREZ: Gracias, presidente.


Bienvenida, ministra, a esta Comisión de Derechos Sociales y muchas gracias por la exposición sobre los principales ejes de trabajo que lleva a cabo su ministerio. Está claro que el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 tenía y
sigue teniendo un reto importante. Estamos hablando, nada más y nada menos, que de algo tan fundamental como es reconstruir el maltrecho Estado del bienestar, que no es fruto de sucesos raros, sino de las políticas públicas austericidas y de
recortes de una amplia década que, como he dicho, dejó en una situación, diría, casi raquítica a nuestro Estado del bienestar. O sea, que mucho ánimo porque tiene tarea por delante.


Hablaba del Plan de Choque en Dependencia. Yo creo que uno de los principales servicios afectados por esas políticas austericidas fue este servicio de atención a la dependencia. En ese sentido, usted y su ministerio se comprometieron en
dignificar y hacer avanzar este servicio, y creo que estamos en el camino. Usted recordaba la inversión tan importante en este servicio, que se ha duplicado, pero yo creo que también hay que resaltar algunos datos que, aunque son humildes, están en
el camino de avanzar, porque, vuelvo a repetir, venimos de una situación bastante difícil. Estamos hablando casi de 40 000 personas menos en la lista de espera, y cada uno de ellos no son números, sino personas, y son 40 000 personas menos en la
lista de espera. Estamos hablando de beneficiarios y beneficiarias, de más de 100 000 personas, mujeres y hombres, que, por lo tanto, ya no están en ese limbo de la dependencia, sino que tienen su prestación reconocida y la están disfrutando, por
decirlo de alguna manera. Por lo tanto, ese servicio se está reactivando, se está reanimando. El camino es largo, pero, como digo, se están dando pasos importantes.


También quería felicitarla porque, si no he entendido mal, usted ha dicho que casi el cien por cien de los fondos europeos en el 2021 han sido ya implementados. Yo creo que una de las dudas que teníamos muchos diputados y diputadas y muchas
administraciones era que sabíamos que íbamos a recibir fondos europeos con ingentes cantidades de dinero, pero una de nuestras preocupaciones era si las distintas administraciones tenían capacidad de gestionar estos recursos. Me alegro de que en un
tema tan fundamental como son los derechos sociales el ministerio esté a esos niveles y seguro que en el 2022 seguirá. En ese sentido, quiero recordar -lo hago siempre- que tenemos que saber de dónde partimos y, por tanto, yo quiero poner encima de
la mesa, sobre todo para las señorías de la derecha, de dónde venimos. Quiero recordar, una y otra vez, para no volver a caer en ese camino y esa salida de las crisis, los recortes y los tijeretazos que el señor Rajoy dio a estos servicios.
Estamos hablando de más de 3000 millones. Dejó el sistema de dependencia en los huesos. Por dar algunos datos, el Gobierno de Rajoy recortó casi 1000 millones de euros en el 2016. En el 2012, 450 000 cuidadores y cuidadoras familiares vieron
reducida su prestación económica un 15 %, se dejó sin cotización a cerca de 150 000 cuidadores y cuidadoras, más de 100 000 personas se hallaban pendientes de valoración y 240 000 estaban en el limbo que llamamos de la dependencia. En el 2016, solo
900 000 personas de un total de 1 200 000 tenían el derecho reconocido, pero no recibían su prestación. Ahí es donde estábamos. Esa situación necesita un enorme esfuerzo para darle la vuelta.


Hablábamos también del modelo de los cuidados. Si algo nos han enseñado estas crisis -hablaría ya en plural-, empezando por la pandemia, son las grietas y la necesidad de repensar nuestro sistema de cuidados. Aquí se hablaba del modelo
residencial y, en ese sentido, podríamos hablar de infrafinanciación, de privatización y de falta de recursos, pero también del tipo de modelo, que es de carácter asistencial y segregador y que no está adaptado a las personas y, como hemos visto,
tienen que ser las personas mayores las que tienen que adaptarse al sistema. Entonces, creo que es importante caminar en un sistema centrado en las personas, en sus necesidades y en su voluntad. Yo espero que finalmente haya un acuerdo en la
actualización de la acreditación de calidad de centros y servicios del SAAD del 2008.


Se ponen encima de la mesa parámetros mínimos básicos que garantizan la prestación de un servicio de calidad y creo que son cuestiones que no son discutibles. Hablábamos de las ratios mínimas, es decir,

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de un cuidador por cada dos personas, y creo que tiene que haber consenso porque no es discutible. O si hablamos de fortalecer el servicio domiciliario, como nos lo piden nuestros mayores, creo que ahí tampoco vamos a tener grandes
diferencias.


Y, cómo no, quiero hacer hincapié en la calidad del empleo de los cuidadores y de las cuidadoras, pues ese tiene que ser un objetivo. Yo, como sus señorías saben, soy vasca, vengo de Euskadi. Las llamadas mujeres de la residencia llevan en
Euskadi peleando mucho, como dicen ellas, para no tener unas condiciones laborales buenas solo para ellas, sino para poder desempeñar su trabajo adecuadamente. Es una lucha que diría que lleva años y, por lo tanto, espero que en esos parámetros
mínimos se comprometan a la mejora de la calidad también de los cuidadores y de las cuidadoras.


Hay muchos elementos para tocar. Me alegro de que en septiembre la ley de familias pase ya por el Consejo del Gobierno, pues creo que tenemos una deuda histórica con las familias y, también, con la infancia. Ese cuarto pilar en España,
como sus señorías saben, no se ha desarrollado nunca y, por lo tanto, como digo, es una oportunidad histórica de proteger a todas las familias garantizando derechos en igualdad. Estamos deseando ver el texto para ver cómo abordan el problema del
tiempo, porque creo que uno de los grandes problemas de las familias es saber cómo pasamos más tiempo con nuestros seres queridos para poder cuidarlos y que se sientan queridos. Para eso, desde luego, hacen falta recursos económicos y servicios,
pero también hace falta tiempo.


Voy acabando. Creo que quedan muchas cuestiones en las que avanzar. Usted hablaba de avanzar, avanzar y avanzar, y de pisar el acelerador, y yo creo que esta segunda parte de la legislatura tiene que ir por ahí. Por lo tanto, tenemos que
empujar desde el Gobierno y, también, desde esta Cámara para que se den esos avances para reducir la desigualdad de la que hablaba usted. Queremos construir un país de personas con iguales derechos y, quizás, acabar con algunos pocos privilegios
que hoy no nos toca comentar. En ese sentido, quiero desearle mucha suerte y darle las gracias por la explicación.


El señor PRESIDENTE: A continuación, tiene la palabra, por parte del Grupo Parlamentario VOX, su portavoz, en esta ocasión Rocío de Meer. Cuando quiera.


La señora DE MEER MÉNDEZ: Muchas gracias, señor presidente.


Señora ministra, usted viene aquí a contarnos que quieren luchar contra la pobreza, la desigualdad y mejorar la vida de la gente, y yo vengo aquí a decirle que esto es radicalmente contrario a la defensa de la Agenda 2030, que tiene por
título su propio ministerio además, y se lo voy a relatar a lo largo de mi intervención.


También ha venido aquí a contarnos cómo cree usted que se va a recordar esta legislatura y yo me veo en la obligación de bajarle los pies a la tierra y decirle que, si por algo se va a recordar esta legislatura, es por ser la legislatura del
Gobierno con la factura de la luz más cara de la historia. Usted, en vídeos, hace cuatro añitos, allá por Navidad, protestaba mucho por la pobreza energética que sufrían los españoles a 64 euros el megavatio/hora -me parece, no lo recuerdo con
exactitud- y hoy, desde hace pocos meses y pocas semanas, a 700 euros el megavatio/hora que se ha alcanzado en los picos, ustedes no hablaban de pobreza energética. Es más, ustedes no han apoyado nuestras iniciativas en torno a la pobreza
energética.


Ustedes van a ser recordados como el Gobierno de la destrucción de los barrios humildes. Ustedes, con su Agenda 2030 y con su política de fronteras abiertas, son la condena de las personas humildes de este país. Ustedes van a ser
recordados por ser el Gobierno que ha permitido los machetazos en las calles y la inseguridad de las personas más humildes y más sencillas de este país. Ustedes van a ser recordados en esta legislatura por la pérdida de poder adquisitivo que han
provocado también en la gente sencilla de este país, por la subida de la cesta de la compra y por haber hecho a los españoles un 10 % más pobres. Ustedes van a ser recordados por ser el Gobierno que ha provocado la ruina de los trabajadores, la
prohibición de trabajar a muchos de ellos y la quiebra de tantos pequeños negocios autónomos y pequeñas empresas, entre otras cosas, señora ministra. También van a ser recordados por ser el Gobierno que ha condenado a los transportistas y a los
camioneros de este país a no poder pagar sus facturas de gasoil y gasolina. Ustedes van a ser recordados como el Gobierno que no ha permitido que estas personas pueden llevar un plato caliente a sus casas. Ustedes van a ser recordados por ser un
Gobierno antisocial en la historia de España, señora ministra, y me veo en la obligación de decírselo.


Nos ha hablado de dependencia y de que usted la considera como una prioridad de su ministerio. Señora ministra, la dependencia en este país es un auténtico desastre y estaría bien que tuviera un poco de humildad y lo reconociera. Estaría
bien que usted reconociera que las prestaciones de dependencia en

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este país son insuficientes. Estaría bien que usted reconociera que, además, la burocracia y las listas de espera son inadmisibles. Y estaría bien que reconociera que la desigualdad autonómica provoca que las personas vulnerables, que las
personas con dependencia y sus cuidadores reciban una prestación u otra en función del código postal en el que vivan. Esto es injusticia social, señora ministra, y estaría bien que usted lo reconociera.


Dice -insisto- que para usted la dependencia es una prioridad. Sin embargo, luego observamos cifras y datos, como los que ha traído a colación CEAPs, y vemos que ha habido 75 millones de euros presupuestados que no se gastaron en
dependencia en 2021, señora ministra, mientras que 46 300 personas fallecieron en la lista de espera. Estaría bien que usted reconociera que esto es un fracaso y estaría bien que decidiera abordarlo de una vez por todas. ¿Sabe lo que sí han hecho?
Modernizar los hoteles para menas, poner puntos violeta en las calles de España, pintar los pasos de cebra de colorines... ¿De verdad estas son las prioridades del Gobierno de España? No es solo atención a las personas con dependencia, señora
ministra. Eso es todo lo que a usted le importan los españoles humildes y modestos.


Señora ministra, ustedes van a ser recordados como el Gobierno que permitió que las residencias se convirtieran en casas de los horrores durante la pandemia. Su predecesor, el señor Pablo Iglesias, el 19 de marzo del año en que empezó la
pandemia se arrogó abordar el problema de las residencias. Dijo que él lo iba a solucionar y a continuación las residencias se convirtieron en auténticas casas de los horrores, a las que solo se enviaba morfina y en las que murieron abandonadas
veinte mil personas vulnerables de este país. Señora ministra, ustedes tienen que dar la cara por esto. Además, los españoles humildes, y fundamentalmente todos aquellos que han gestionado las residencias, lo han visto con sus propios ojos; no
hace falta que ustedes les engañen.


Como se ha referido usted a la soledad, también quiero hablarle de ella. Señora ministra, ustedes son el Gobierno que quiere a la gente sola. Es duro decirlo, pero es verdad y los españoles también se están dando cuenta. Ustedes son el
Gobierno de la destrucción de la familia; ustedes son el Gobierno de la destrucción de la identidad y las raíces; ustedes son el Gobierno que nos quiere perfectos consumidores globales sin identidad y sin vínculos. Eso es este Gobierno, que
además está condenando a los españoles a vivir y a morir solos en muchísimas ocasiones sin atención, sin cuidados, sin perspectiva de familia, sin gente a su alrededor, con todo lo que ello conlleva además en torno a la salud mental y el suicidio.
¿Se han dado cuenta de lo relacionado que está en muchas ocasiones la salud mental y el suicidio con la soledad no deseada, con la pobreza afectiva, con el aislamiento social, con todo esto que ustedes han promovido y generado en nuestra sociedad?
Señora ministra, sé que es duro, pero -insisto-, desgraciadamente, vengo a ponerle los pies en la tierra.


Para ir finalizando, ustedes se han cargado las clases medias y el ascensor social en este país. Ustedes son el Gobierno de la desindustrialización, el Gobierno que ha condenado a la industria de este país. Ustedes son el Gobierno de la
obsesión climática, que se han puesto de rodillas ante los ayatolás climáticos y han prohibido a nuestro país explotar sus propios recursos y el acceso o el camino a una soberanía energética y a una soberanía industrial, que es lo que permitiría y
lo que daría fuerza para proteger de verdad a los españoles. Ustedes son el Gobierno que ha condenado al sistema educativo público de este país. Ustedes han decidido que las familias se enfrenten a la duda de si quieren escolarizar o no a sus
hijos en un centro público porque van a ser adoctrinados por ustedes, señora ministra. Ustedes no están dando oportunidades educativas, están aplicando ideología política en las escuelas públicas de este país. (La señora Seva Ruiz: ¡Los
profesores somos tontitos!). Tranquilas, señorías. Me temo que tendrán que escuchar a VOX con tranquilidad en los próximos años, así que les recomiendo respeto.


El señor PRESIDENTE: Se le ha terminado el tiempo.


La señora DE MEER MÉNDEZ: Voy terminando, señor presidente, muchísimas gracias.


Ustedes -insisto- han condenado a las gentes humildes de este país. La única manera, señora ministra, de proteger fuerte a los españoles es proteger fuerte a su patria. No existen los derechos sociales del mundo y no existen los derechos
laborales del mundo; solo existen los derechos sociales en comunidad y la mejora de la vida de la gente solo es posible en comunidad, señora ministra. La Agenda 2030 es un engaño. Si en su nombre, como además ha reconocido el Ministerio de
Inclusión, lo que quieren es traer a cinco millones de personas -a millones de africanos- sin recursos a este país, esto es incompatible con proteger a los españoles, es incompatible con su bienestar, es incompatible con su seguridad...


El señor PRESIDENTE: Tiene que terminar.

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La señora DE MEER MÉNDEZ: ... es incompatible con sus hogares y es incompatible con sus empleos. Ya termino, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Ya tiene que terminar.


La señora DE MEER MÉNDEZ: Ustedes son un Gobierno antisocial. Dicen muchas veces la palabra social, pero estaría bien que dejaran sus discursitos y pasaran a los hechos.


Muchísimas gracias.


El señor PRESIDENTE: A continuación tiene la palabra por parte del Grupo Parlamentario Popular su portavoz, Alicia García. Cuando quiera.


La señora GARCÍA RODRÍGUEZ: Gracias, presidente.


Señora ministra, tiene más de veinte comparecencias sin atender, todas del Partido Popular, y desde hoy tiene una comparecencia más. Tendrá que dar explicaciones sobre el indulto a quien produce daños a terceros, a su propio hijo, a quien
no se ha arrepentido de secuestrar a su hijo, al que solo dejaba salir media hora al aire libre, derivando esto en graves daños personales y falta de escolarización. Su discurso sobre infancia se cae.


Señora ministra, un discurso de complacencia y autobombo. España lidera el índice de miseria en Europa y estamos a la cola en todos los indicadores económicos. No sé si lo sabe. Visite la España real, bájese del coche oficial y verá cómo
con la subida de precios y la inflación al 8,7 % las familias con rentas medias y bajas no pueden más, no llegan a fin de mes. La verdad es que usted nos presenta una hoja de servicios en blanco, como este folio, trufada de fracasos e
incumplimientos. Mucho bla, bla, bla pero muy poquito Boletín Oficial del Estado.


Usted iba a comparecer aquí el pasado miércoles, día 25. Quería darse un paseo triunfal y vendernos el fracasado acuerdo de residencias que se abordó con las comunidades autónomas el día 24, en la reunión del consejo territorial, pero
apresuradamente aplazó su comparecencia para hoy. ¿Por qué? Porque el martes cosechó un sonoro y rotundo fracaso sobre el acuerdo de acreditación de residencias, acuerdo tumbado por las comunidades autónomas -algunas socialistas-, por la patronal
y por los sindicatos. Hoy comparece aquí para tapar este fracaso y nos viene a contar algo sobre el PERTE de la economía social y de futuribles, de cosas que hará y que no ha hecho durante este año. Es que su ministerio realmente pinta poco, la
verdad. Es una pena, pero es verdad. Este PERTE de cuidados queda invalidado desde que no hay acuerdo en el modelo de residencias y cuando todos -patronal, sindicatos y comunidades autónomas- dicen rechazar su acuerdo, usted debería pensar qué
está haciendo mal. Lo que quieren hacer es imponer un modelo sin un acuerdo con la mesa de diálogo social y sin el consenso de las comunidades autónomas, alguna socialista. Querían imponer un acuerdo sin diagnosticar los problemas del sistema de
dependencia, un acuerdo sin memoria económica y sin financiación, el clásico de la izquierda: yo invito y tú pagas. Según los expertos, es un acuerdo que pretende reducir el número de camas, perder empleos en servicios sociales, que pone trabas a
la iniciativa privada, que impide la elección de centros y servicio, un modelo que discrimina a los centros del medio rural, que las patronales han calificado de inaceptable y que pone en riesgo la calidad de la atención, pero es que además UGT y
Comisiones han indicado que no incluye medidas de mejora de la calidad del empleo. Señora ministra, un varapalo. La verdad es que su único éxito en la legislatura ha sido poner de acuerdo a la patronal y a los sindicatos en contra de su propio
modelo. Usted solo tiene una salida: active la Mesa de Diálogo Civil, escuche a las comunidades autónomas, dialogue con todos, evalúe el impacto económico, cuantifique el coste de los servicios, prepare una memoria económica y destine financiación
adecuada y suficiente para su puesta en marcha. Sentido de Estado, todo, pero financiación también, señora ministra.


En España, hablando de dependencia, durante el año 2021 fallecieron 46 300 personas en lista de espera. Ustedes no han ejecutado 75 millones de euros. Su compromiso aquí hace más de un año fue que iban a reducir la lista de espera en 60
000 personas y resulta que solo han reducido 38 000 personas en lista de espera. Mientras, hay casi 400 000 personas pendientes de un procedimiento y el tiempo de espera medio sigue siendo 421 días. Un fracaso, señora ministra.


Las comunidades autónomas, pese a su superplan de choque que no ejecuta, siguen financiando un 80 % de la dependencia y el Estado solamente un 20 %, lejos de su propio objetivo, lejos de la propia ley, que lo situaba en un 50-50. Y no sé si
lo sabe, pero el Partido Popular ha solicitado que esto sea así vía proposición de ley. Usted habla de 3600 millones de dependencia de los 1200 ya presupuestados,

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pero sus socios de Gobierno dicen exactamente lo contrario y por escrito el día 13 de mayo, porque indican -abro comillas- 'que un incremento del gasto en dependencia para el año 2023, por ejemplo, supone quebrar la estrategia fiscal e
incrementar los fondos de dependencia, puede suponer un incremento de los gastos proyectados en el Programa de Estabilidad 2022-2025', gasto que estiman en 2243 millones. Yo no sé si está usted de acuerdo con lo que usted dice, con lo que afirma la
otra parte del Gobierno o a qué Gobierno creemos, a cuál de los dos.


En el marco del plan de recuperación usted incluyó dos reformas estructurales, dos leyes -se ha referido a ellas-: la de familias y la de servicios sociales. Además, puso fecha, hace más de un año también, para la aprobación en Consejo de
Ministros de estas leyes. Dijo que a comienzos de este año y estamos en junio; y ahora nos dice que será en septiembre. ¿Pero qué problemas está encontrando con sus socios de Gobierno para que la ley no se apruebe en Consejo de Ministros? Aunque
usted hable de acuerdo, no sé si existe tal acuerdo.


Y hablemos de pobreza, de desigualdad. Señora ministra, el Partido Popular está más que legitimado para hablar de pobreza. (El señor Sahuquillo García: ¡Mucho!). Sí, señora ministra, y usted está falta de argumentos para hablar de ella.
Dice que han rescatado a las familias, que van a proteger económicamente a las familias. ¿Ah, sí? ¿Con una inflación al 8,7 %? ¿Sí? ¿Qué siente usted, como ministra, cuando los trabajadores perderán de media 1100 euros por la inflación en este
año 2022? ¿O qué siente cuando sabe que los españoles se empobrecerán un 10 % por la subida de precios? ¿O qué siente usted -me imagino que gusto- recaudando un 15 % en impuestos por la subida de precios y empobreciendo a los españoles? ¿O qué
siente cuando las familias numerosas o las monomarentales tienen que pagar más por la luz, el gas, los carburantes, la cesta de la compra? ¿O qué siente cuando las familias tienen que elegir entre llenar la nevera o llenar el depósito?


Dice que ha puesto a la gente bajo cubierto. Pues, mire, la desigualdad entre ricos y pobres ha crecido un 25 %. ¿Y qué les ofrece usted a los 11 millones de personas en exclusión o al 1 053 000 familias que tienen a todos los miembros en
paro o a las seiscientas mil familias que no tienen ingresos estables? ¿Qué ofrece al 88 % de familias que están en el umbral de la pobreza y no reciben el ingreso mínimo vital? ¿Empatía, señora ministra? ¿Bla, bla, bla, señora ministra?
Ustedes, que venían a saltar al cielo y han saqueado los bolsillos de la gente.


Traigo aquí su último eslogan -ya termino, presidente, un minuto-, 'Un país que siempre se levanta'. Sí, se levanta cuando gobierna el Partido Popular, porque el decreto, su escudo social bis, que aprobó el Gobierno con el apoyo de Bildu,
ha sido un parche; pan para hoy y hambre para mañana. Ha propuesto medidas al Ejecutivo -dice usted-, una reforma fiscal. La realidad económica a lo único que tiene que llevar al Gobierno es a rectificar y a aplicar el plan del Partido Popular,
el plan del presidente Feijóo, un plan serio, riguroso, que seguro que usted no tiene, con medidas dirigidas a las familias de rentas altas y medias. Perdón, medias y bajas. (La señora Guerra López: ¡Altas, altas!). Son, precisamente, las que
peor lo están pasando. Lo que tienen que hacer no es subir impuestos, que es su propuesta, sino devolver a las familias lo que han cobrado de más, hasta 13 000 millones de euros, en estos meses por la subida de precios.


El señor PRESIDENTE: Tiene que terminar.


La señora GARCÍA RODRÍGUEZ: Usted habla de devolver tiempo a las familias. Devuelva el dinero que han recaudado de más; deflacten el IRPF y, desde luego, eliminen el gasto superfluo, improductivo y absurdo, ese que tanto derrocha en su
propio ministerio. España necesita medidas y reformas, como propone el Partido Popular; España no necesita propaganda, bla, bla, bla y gobiernos incapaces de gestionar, como usted. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: A continuación tiene la palabra por parte del Grupo Parlamentario Socialista su portavoz, Sonia Guerra. Cuando quiera.


La señora GUERRA LÓPEZ: Gracias, presidente.


Buenos días, señorías. Ministra, buenos días. Ante todo, me gustaría darle las gracias en nombre del Grupo Parlamentario Socialista por la extensa intervención, que nos ha permitido hacer no solo balance de la gestión del Gobierno, sino
también conocer la hoja de ruta de lo que van a ser las políticas integrales para la discapacidad y los derechos sociales a corto, medio y largo plazo, como usted misma avanzaba. Lo ha comentado usted, pero me gustaría hacerme eco porque, en
realidad, la labor de este Gobierno ha

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sido ingente. De hecho, la gestión de esta crisis -lo anunciaba usted también- ha hecho que se modifique la visión de la ciudadanía respecto a la función del Estado. Los y las españolas ahora son conscientes de que, ante una crisis
económica, el Estado puede suspender los desahucios, puede garantizar los suministros y puede aprobar ERTE; o lo que es lo mismo, que tener una mayor o menor protección ante una futura crisis económica dependerá de la priorización económica de sus
gobernantes, priorización política que se muestra en los presupuestos generales del Estado. Por segundo año consecutivo nos encontramos ante los presupuestos más sociales de la historia de nuestro país, le guste reconocerlo a la derecha y a la
extrema derecha o no: 6 de cada 10 euros se invierten en políticas sociales; 6 de cada 10 euros este Gobierno los destina a las personas más vulnerables. En este sentido, me gustaría destacar dos aspectos claves de la acción gubernamental, porque
considero que son derechos de ciudadanía fundamentales. Por un lado, la garantía de ingresos, a lo que usted se ha referido, y, por otro, la atención a la dependencia.


En primer lugar, durante la pandemia hemos incrementado el poder adquisitivo -digan lo que digan y hagan el ruido que hagan- de los españoles y las españolas, aprobando derechos de ciudadanía que van a formar parte de la estructura de
nuestro Estado del bienestar: el ingreso mínimo vital, que llega a más de 450 000 hogares, siendo el 43 % de los beneficiarios menores de edad. También hemos incrementado el salario mínimo interprofesional, hemos aprobado la reforma laboral y se
han reformado las pensiones. En definitiva, el Gobierno ha tomado medidas valientes para garantizar que la ciudadanía tenga ingresos dignos para una vida digna. Y en segundo lugar, en relación con la dependencia, el Ejecutivo ha puesto punto y
final a la lista de espera heredada de los recortes del Gobierno del Partido Popular, del Gobierno de Mariano Rajoy, con inyecciones de más de 600 millones de euros en 2021 y en 2022, con el fin de recuperar el nivel mínimo y el nivel acordado.


Pero no solo se ha trabajado en esas dos líneas, señorías. También destaca el Plan de Desarrollo del Pueblo Gitano, la lucha contra el sinhogarismo, el programa de protección a la familia y atención a la pobreza infantil o el programa VECA,
del que se van a beneficiar en los próximos meses miles de niños y niñas. Y, sin duda, esta legislatura es también la legislatura de los avances en políticas para personas con discapacidad, porque mientras algunas fuerzas políticas vienen aquí a
darnos lecciones mientras en Castilla y León se anclan en la Edad Media y tratan a las personas con discapacidad con menosprecio y condescendencia, este Gobierno está realizando una verdadera apuesta por la equiparación de derechos y oportunidades
de todos los ciudadanos y ciudadanas, apostando por la accesibilidad universal, tanto a nivel físico como cognitivo, erradicando la esterilización forzosa, suprimiendo la incapacidad judicial de nuestro Código Civil, aprobando la Estrategia Española
sobre Discapacidad 2022-2030 y apostando de manera clara y contundente por la modificación del artículo 49 de nuestra Constitución. Algunas fuerzas políticas que se declaran defensoras de los derechos de las personas con discapacidad tendrán que
explicar en algún momento muy mucho por qué votaron en contra de la modificación de que de nuestra Carta Magna desapareciese el concepto disminuido. (Aplausos). Lo tendrán que explicar en algún momento.


Hoy señalaba la ministra diferentes proyectos estratégicos y legislativos a corto y medio plazo, y me gustaría detenerme en algunos de ellos. En primer lugar, los cuidados de larga duración. La pirámide de edad en nuestro país ha variado
en los últimos tiempos. Hemos triplicado la población mayor de sesenta y cinco años en los últimos cincuenta años y hemos quintuplicado la mayor de ochenta años. El 75 % de la población que vive en residencias es mayor de ochenta años. Señorías,
los y las mayores quieren permanecer en su hogar -lo ha dicho la ministra- todo el tiempo que sea posible y acceden a ir a un centro residencial únicamente cuando dejan de ser autónomos, cuando se convierten en grandes dependientes, pero las
residencias deben transformarse si queremos que sean espacios deseables para los y las mayores.


No debemos olvidar que la dependencia nos afecta a todas las personas en diferentes momentos de nuestra vida, aunque lo haga de manera diferente y con distinta intensidad. Por eso es estratégico la aprobación del PERTE de la economía social
y de los cuidados, que incorpora en la agenda el derecho al cuidado como una obligación política y reconoce social y económicamente a las cuidadoras como se merecen. Lo digo en femenino porque es un trabajo que tradicionalmente hemos hecho las
mujeres; en un primer lugar, como trabajo reproductivo, y en la actualidad, como uno de los trabajos del mercado de trabajo. De la misma manera es importante llegar a un acuerdo en el nuevo sistema de acreditación estatal, un acuerdo con
comunidades autónomas, agentes sociales y agentes económicos, para conseguir unas residencias y una dependencia adecuadas a las nuevas necesidades ciudadanas.

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A la señoría de VOX la he visto muy preocupada por las residencias. Me gustaría saber por qué entonces se negó a que se investigase en la Asamblea de Madrid el protocolo de la vergüenza. Me gustaría saberlo y seguro que a los ciudadanos y
ciudadanas también.


En segundo lugar, la construcción del sistema de servicios sociales. También comentaba la ministra la importancia de avanzar en la ley de servicios sociales, una ley marco que nos permita construir un único sistema de servicios sociales que
garantice las autonomías y que al mismo tiempo garantice la igualdad de oportunidades y de derechos de todos los ciudadanos y ciudadanas, independientemente de donde vivan. Asimismo, esa construcción tiene que ir acompañada de un sistema de
información compartido, que evite la doble discriminación, la victimización secundaria, y también integrado con el sistema de sanidad, ya que son muchas las quejas de los ciudadanos y ciudadanas en las que nos piden esa integración. Una ley que
esperan impacientes los y las profesionales de servicios sociales, pero que sobre todo va a beneficiar a los ciudadanos y ciudadanas.


Finalmente, la ley de diversidad familiar, una ley que debe hacer una fotografía real de los diferentes modelos familiares existentes en nuestro país y equiparar los derechos. Es una cuestión de justicia que se reconozca la idiosincrasia de
las familias monoparentales, más del 80 % de ellas monomarentales, de la misma forma que lo es que se tenga en cuenta también la realidad de las familias de acogida. En ese sentido, y poniendo en el centro a los y las menores, creo que debemos
avanzar en la desinstitucionalización de los niños y niñas tuteladas por la Administración para que crezcan y se desarrollen en hogares lejos de las instituciones.


Acabo, presidente. No puedo sino recalcar que este Gobierno está ampliando los derechos en nuestro país, adoptando las recomendaciones de los tratados internacionales y al mismo tiempo actualizando las políticas públicas para dar respuesta
a las nuevas necesidades ciudadanas y para continuar ampliando derechos y oportunidades para todos y todas, sobre todo para los más vulnerables, que son los que más lo necesitan. Ese es el objetivo con el que debemos trabajar, no debemos olvidarlo
nunca.


Muchas gracias, presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: A continuación tiene la palabra la señora ministra para contestar a todo lo que aquí se ha suscitado. Cuando usted quiera.


La señora MINISTRA DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 (Belarra Urteaga): Muchas gracias, presidente.


Muchas gracias a sus señorías por sus intervenciones, muy interesantes y constructivas. Voy a tratar de dar respuesta al máximo de las cuestiones que se me han planteado. Si me dejo alguna, seguro que me lo recordarán con amabilidad y
después incidiré en ellas.


Respecto a lo que planteaba la señora Sagastizabal, la portavoz del PNV, más allá de las diferencias que podamos tener a la hora de acordar en un consejo territorial los criterios mínimos para la mejora de las residencias y de la calidad de
la atención en las residencias, creo que es importante poner en valor dos elementos. Por un lado, si podemos compartir o no el objetivo. Es muy importante que tomemos conciencia todos los representantes públicos, todas las representantes públicas,
de que es importante aprender la lección y recoger los consensos sociales que se han planteado en nuestro país con respecto al modelo residencial y que eso tiene que tener alguna traducción en políticas públicas. Por otro lado, me gustaría
señalarle que si este Gobierno tuviera algún afán recentralizador, habríamos hecho lo que hizo el Partido Popular: ir a una modificación normativa vía real decreto ley para establecer por ley estos criterios mínimos que yo considero que son los
adecuados para una residencia. Yo no he hecho eso porque no creo en esa forma de hacer política y soy -creo- bastante respetuosa con lo que recoge la ley de dependencia, incluso aunque podamos no estar de acuerdo en este punto concreto. Le
garantizo que la voluntad del ministerio, precisamente yendo al acuerdo en el consejo territorial, es que sea un acuerdo con las comunidades autónomas. Obviamente, el ministerio hace una propuesta inicial, pero eso tiene que estar refrendado por
las comunidades autónomas, y precisamente en ese proceso estamos ahora; si no, lo habríamos hecho por ley, como se hicieron los recortes en materia de dependencia y como lo hizo el Partido Popular, que sí tenía esa voluntad recentralizadora.


Dicho esto, sé que es un acuerdo -lo dijo una de las consejeras que participó en el consejo territorial- que es difícil de sacar adelante porque, como ustedes saben muy bien también como representantes de las fuerzas políticas, hay una serie
de lobbies de presión muy importantes en materia de residencias. Las residencias y los cuidados de larga duración de nuestros mayores en los últimos años, por desgracia, han sido demasiadas veces un negocio. No ha sido un mecanismo de garantía de
derechos, sino un negocio

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y la voluntad que tiene este Gobierno de transformar eso, junto a muchas comunidades autónomas que también creen que tenemos que ir a un modelo de garantía de derechos y de garantía del derecho al cuidado, está encontrando fuertes
resistencias. Esta ministra no se rinde. Yo creo que vamos a lograr el acuerdo porque muy poca gente en nuestro país entendería que no fuéramos a un acuerdo de mínimos con mejoras de las ratios, que haya un trabajador por cada dos personas
atendidas, que seamos capaces de ir a modelos nucleares de convivencia de quince personas. Creo que nadie entendería que no consiguiéramos el acuerdo. Yo voy a trabajar hasta el final, pero le garantizo que, más allá de las diferencias, la
voluntad es el trabajo conjunto y así lo estamos planteando. Confío en que vayamos a llegar a ese acuerdo.


Lamento no haber mencionado en mi intervención inicial que, efectivamente, la ley de familias plantea que las familias monomarentales con dos niños o niñas o niño y niña sean consideradas familias numerosas. Eso estaba incluido, no lo he
mencionado y quiero poner en valor una vez más el aumento muy sustancial de la financiación. ¿Estamos lejos de nuestro objetivo del 5050? Evidentemente, pero creo que la situación de la que veníamos era muy difícil y que la situación económica que
hemos pasado con la pandemia y con la crisis de Ucrania es aún más difícil.


También quiero transmitir una cosa sus señorías, a usted y a la señoría de Esquerra Republicana de Catalunya, y es que creo que habría sido -esto me lo van a reconocer- muy fácil para este Gobierno escudarse en la pandemia y en las
consecuencias de la guerra de Ucrania para no cumplir con sus compromisos de aumento de la financiación en dependencia. Yo quiero poner en valor que este Gobierno haya cumplido con el acuerdo de coalición y con los compromisos de financiación, ya
que en una situación de crisis tan excepcional habría sido muy fácil para otro Gobierno levantar las manos y decir: No, ahora no hay dinero para aumentar la inversión en dependencia; esperen ustedes a que la situación económica mejore. Nosotros
no hemos hecho eso -creo que adecuadamente- porque se ha demostrado que apostar por las políticas sociales públicas realmente contribuye a que salgamos más rápido de la crisis. No solo es una medida adecuada a nivel social, a nivel de garantía de
derechos, sino que además es una medida eficaz a nivel económico.


Me preguntaba usted por la comisión de seguimiento de la LOPIVI. Estamos trabajando en ella y confío en que en los próximos meses la vamos a tener constituida. Sí le señalaría una cosa que me parece muy importante. Es evidente que hay que
hacer seguimiento de cualquier política pública, obviamente, pero me parecía más importante -es lo que le transmitía al equipo del ministerio- que nos diésemos la máxima prisa posible en el despliegue de la ley, en poner en marcha las medidas
concretas de la ley para después, evidentemente, hacer la evaluación correspondiente, para desplegar una ley de estas características que lo que busca es un cambio de mentalidad, un cambio cultural en cómo vemos a los niños y a las niñas y en cómo
tenemos que abordar la violencia hacia ellos. Era necesario correr en el despliegue de la LOPIVI -sé que también se ha dicho que he metido mucha caña para que tengamos el próximo curso escolar los coordinadores, etcétera- porque si no los efectos
van a tardar mucho tiempo en verse. Le garantizo que en los próximos meses lo vamos a tener funcionando, pero estoy bastante satisfecha del esfuerzo que estamos haciendo por parte del resto de ministerios -Ministerio de Educación, especialmente-, y
también con las comunidades autónomas, para llevar adelante esa ley y que se vean efectos concretos pronto.


Señora Pujol, quería hablar de varias cosas que usted comentaba. Yo creo que la situación de la atención a la dependencia en Cataluña, por lo menos las cifras oficiales que tenemos, no responde al trabajo que está haciendo la Generalitat.
Yo lamento decirlo, en el sentido de que creo que se está haciendo mejor trabajo que el que reflejan las cifras. Creo que el que seamos capaces de dar una solución técnica a cómo se contabilizan, por ejemplo, las listas de espera es una urgencia
para este ministerio y que también debe serlo para la Generalitat, porque es fundamental que las cifras oficiales reflejen el trabajo que se está haciendo, que es muy importante. En ese sentido, creo que, por lo menos en lo que respecta a este
ministerio y a este departamento, sí se ha hecho un esfuerzo para ayudar a todos los territorios, para que todos los territorios tuvieran a disposición toda la financiación y, obviamente, por supuesto, a Cataluña en las mismas condiciones que al
resto de territorios. En lo que respecta a la ejecución de los fondos europeos y al plan de choque, creo que Cataluña puede estar satisfecha de que hemos cumplido con nuestra parte y tienen a su disposición los fondos suficientes. Por desgracia,
no puedo responder de la ejecución de otros departamentos porque no sé a qué responden las diferencias en la ejecución.

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Me preguntaba usted por varias cuestiones. Por un lado, agradezco su valoración positiva del acuerdo de residencias porque creo que compartimos que somos capaces de reconocer ese consenso social que se ha generado y que tenemos que ser
capaces de traducirlo en acuerdos, incluso aunque no siempre estemos de acuerdo en cómo hacerlo. Por otro lado, respecto al pacto de Estado de cuidados que me planteaba, estamos desarrollando un trabajo que yo considero de largo aliento, pero muy
importante, conjuntamente con el Ministerio de Igualdad. Supongo que sabe que el comisario Schmit, a cargo también de estas cuestiones dentro de la Comisión Europea, tiene un compromiso muy importante con las políticas de cuidados. Yo creo que esa
es la mejor noticia para este Gobierno. Tener un aliado de estas características dentro de la Comisión Europea es muy buena noticia. La ministra de Igualdad y yo llevamos tiempo trabajando conjuntamente con el equipo del comisario Schmit, porque
ellos están trabajando en una estrategia europea de cuidados que es muy importante que sea suficientemente ambiciosa. Ese es nuestro objetivo también: trabajar conjuntamente con su equipo. Lo que nos gustaría -así se lo transmitimos al comisario,
en nombre del Gobierno de España- es que España sea el primer país en tener una estrategia estatal homologable a la estrategia europea. Yo confío, dado lo avanzados que están los trabajos en la Comisión Europea, en que lo podamos hacer en esta
legislatura. Desde luego, nosotras estamos trabajando ya en la estrategia de cuidados española para acompasarnos a Europa para ser, si podemos, el primer país europeo que tenga esa estrategia.


Después, respecto a la ley de familias, yo le soy completamente honesta. Creo que el Ministerio de Derechos Sociales ha hecho su trabajo. El borrador está, el texto está, hemos cumplido con los tiempos que nos fijamos. Por desgracia, el
acuerdo no ha sido tan fácil como a mí me gustaría, pero lo importante es que tenemos un acuerdo. A mí eso me parece fundamental porque las familias de este país necesitan ese apoyo, necesitamos que todo el Gobierno esté comprometido con las
familias y yo creo que en este momento lo está. Llevaremos esa ley en septiembre, pero sí, me comprometo a que podamos circular previamente el texto, que sé que hay mucho interés en que se conozca y sé que usted también lo tiene, para que lo puedan
trabajar y tengamos tiempo suficiente para discutirlo. También le digo que los tiempos de tramitación parlamentaria extenuantes, a veces, permiten, más que de sobra, que podamos discutir tranquilamente. Comparto con usted que necesitamos esos
nuevos presupuestos y que van a ser muy importantes para acabar de mostrar una voluntad inequívoca de transformación profunda de este Gobierno. Confío en que los podamos acordar, también en esta ocasión, con ustedes y, desde luego, por mi parte nos
ponemos a trabajar ya en ello.


A la portavoz de Unidas Podemos, a la señora Garrido, le agradezco profundamente su intervención. Yo creo que el trabajo que estáis haciendo los grupos parlamentarios es muy importante en un contexto en el que el Gobierno no es monocolor y
no tiene una mayoría simple, digamos, con los grupos parlamentarios que lo componen. En ese contexto, los grupos parlamentarios y el trabajo que hacen ustedes, los parlamentarios y las parlamentarias, se vuelve extraordinariamente importante para
que podamos armar las mayorías suficientes que nos permitan avanzar. Así que me gustaría aprovechar esta intervención para agradecerle el trabajo de su grupo, también el trabajo del Grupo Parlamentario Socialista, porque es lo que nos posibilita
amalgamar las mayorías que nos permiten avanzar. Si no, sería imposible que este Gobierno avanzara. Yo creo que, además, hemos demostrado que esta mayoría le da estabilidad a España y también a este Gobierno.


Planteaba usted algunas cuestiones que comento muy brevemente. En primer lugar, el esfuerzo extraordinario que ha hecho este Gobierno por aumentar la inversión en materia de dependencia. Creo que no es menor lo que señalaba usted.
Veníamos de una situación muy difícil, muy muy difícil. Eso no lo podemos olvidar nunca. Deliberadamente, se gestionó una crisis económica tomando la decisión de recortar en los servicios públicos. Eso es una decisión ideológica que tiene
consecuencias concretas en determinadas personas de nuestro país que, en concreto, fueron las familias en situación más vulnerable. Por tanto, yo creo que destacar eso es fundamental. También quiero poner en valor algo que señalaba usted: la
importancia y la convicción que hemos tenido, desde el principio, de que los fondos europeos tenían que ejecutarse lo más rápido posible. Vuelvo a dar las gracias al equipo del ministerio porque esa ejecución de prácticamente el cien por cien es
muy importante para que los ciudadanos y las ciudadanas empiecen a notar en sus bolsillos, cuanto antes, la llegada de esos fondos. Es lo que nos va a permitir reactivar la economía mucho más rápido de lo que se hubiera hecho sin esos fondos.
También confío en que podamos trabajar en la ley de familias conjuntamente con los grupos parlamentarios, porque estoy convencida de que sus aportaciones van a ser muy interesantes -ustedes que tienen ese contacto

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directo con la ciudadanía, ese trabajo cotidiano con la sociedad civil- para que sigamos mejorando el texto y lo podamos tener aprobado cuanto antes.


Señoría de VOX, señora De Meer, en realidad llevo un rato pensando qué es lo que le voy a responder. Creo que me voy a centrar en dos ideas principales. La primera es que creo que ustedes tienen muy difícil explicar por qué se oponen,
sistemáticamente, a todas las medidas sociales que está trayendo a esta Cámara este Gobierno. La última vez, cuando trajimos el nuevo escudo social, ese que aumenta las cuantías del ingreso mínimo vital, que aumenta el bono social eléctrico,
especialmente para las familias monomarentales, también para las familias que tienen personas con discapacidad, que también limita la posibilidad de aumentar los alquileres a un 2 %, que es una intervención masiva de los precios del alquiler que no
tiene precedentes en España. Ustedes se han opuesto en esta Cámara a esas ayudas específicas a sectores que usted mencionaba, como el transporte o el sector primario. Si ustedes tuvieran una preocupación sincera por la ciudadanía y por la gente
que lo está pasando peor, ustedes no mirarían el color de un Gobierno y lo que harían es apoyar las medidas que realmente mejoran la vida de la gente. Ustedes no lo hacen porque su único objetivo es acabar con este Gobierno y son incapaces de
reconocer cuando este Gobierno hace las cosas bien y se pone realmente del lado de la gente, como hemos visto en el caso del despliegue de los escudos sociales.


Creo, además, que ustedes tienen muy difícil despegarse de algo que es básicamente cierto, que ustedes están aquí para defender los intereses de los sectores más privilegiados de nuestra sociedad. Ustedes nunca van a poder apoyar una medida
que recorta los beneficios caídos del cielo de las grandes empresas eléctricas, porque ustedes están aquí para ser serviles a las clases económicas más empoderadas de este país, para defender a las élites económicas. Entonces, mientras sean
incapaces de demostrar eso con hechos, es muy difícil que ustedes resulten creíbles cuando vienen aquí a hacer un discurso que, aparentemente, es social, pero que nunca se concreta en votos que realmente mejoran la vida de la gente, apoyando los
escudos sociales; que nunca se concreta, realmente, en enfrentar a los poderosos de este país y luchar por bajar los beneficios caídos del cielo para que la gente pague una factura de la luz más baja, como ha defendido esta ministra
particularmente, desde el mes de septiembre del año pasado.


Simplemente le diría una cosa. A ustedes se les llena mucho la boca con la palabra España y dicen ustedes que aman a su patria y que aman a su país, pero yo le diría, señora De Meer, que es imposible querer bien a alguien o querer bien a un
país cuando se desprecia la mayor parte de lo que ese país es. Ustedes desprecian la mayor parte de lo que este país es: desprecian a las familias diversas, desprecian a las madres que crían solas, a las familias LGTBI, a las que tienen dos mamás
o dos papás, a las parejas que no están casadas, a todo el mundo que no responde a su modelo de familia; desprecian las lenguas de este país, la riqueza territorial, la diversidad de lo que somos. No se puede amar un país que se desprecia en su
mayor parte y, por eso, yo creo que van a tener ustedes muy difícil llegar al Gobierno y convencer a los españoles y a las españolas para que les voten.


A la señora portavoz del Grupo Popular, le diría que también tienen ustedes muy difícil no dar la impresión de que están haciendo un ejercicio de hipocresía muy fuerte cuando hacen ese tipo de intervenciones, especialmente en esta Comisión
de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad. Le voy a leer solo algunos datos para que consten en acta: la mayor tasa de desempleo que ha habido en España en los últimos años fue con el Partido Popular, año 2013, un 26,94 %; la
mayor tasa de jóvenes en paro, también año 2013, un 56,92 %; la mayor tasa de pobreza de las últimas décadas, 29,2 %, año 2014, Gobierno del Partido Popular; de pobreza infantil, 30,5 %, también año 2014 y también Gobierno del Partido Popular; la
desigualdad más alta de las últimas décadas, 34,7 %, índice de Gini, año 2014, Gobierno del Partido Popular. Esto no es fruto de un fenómeno meteorológico, sino una consecuencia de las políticas públicas que ustedes decidieron implementar cuando
estaban en el Gobierno. Este Gobierno ha tenido martes de aprobaciones de escudos sociales, frente a los Gobiernos del Partido Popular que lo que hicieron fue aplicar viernes de recortes en los servicios públicos. Y esos recortes en los servicios
públicos no solo trajeron un enorme sufrimiento para la gente de nuestro país, que hizo que muchísimos jóvenes se fueran y que la sanidad pública quedara en una situación lamentable, lo que nos ha dificultado mucho defendernos después, por ejemplo,
en la pandemia, no solo tuvo una consecuencia humana superfuerte en la ciudadanía española, sino que además nos trajo una dificultad muy importante a la hora de recuperarnos económicamente, y creo que eso es lo que hay que decirles a ustedes.

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Si queríamos salir de una crisis económica, lo que necesitábamos eran políticas de refuerzo de lo público, que es lo que ha hecho este Gobierno, y los datos están ahí. Aplicando los ERTE, hemos conseguido recuperar las afiliaciones a la
Seguridad Social en un año y medio; con su gestión de la crisis, tardamos prácticamente doce años, señoría. Entonces, usted puede venir aquí a hacer la crítica y la intervención que considere, pero creo que ustedes no resultan creíbles y que mucha
gente puede acabar pensando que es un ejercicio de hipocresía que hagan una intervención social cuando no fueron capaces de llevarlo a cabo ni son capaces de llevarlo a cabo allí donde ustedes gobiernan. Le vuelvo a dar los datos. En el sistema de
atención a la dependencia, en solo dos años, hemos conseguido que haya 165 395 personas atendidas más que cuando este Gobierno llegó a la Moncloa; eso lo hemos conseguido con un aumento de la inversión muy importante. Le vuelvo a decir, como a la
portavoz de Esquerra, ¿suficiente? No. De hecho, tenemos ya un compromiso para que en los presupuestos del año que viene volvamos a hacer un incremento adicional de 600 millones de euros, que daría 1800 millones de euros adicionales en estos tres
años, porque sabemos que el Estado tiene que seguir haciendo un esfuerzo para garantizar el derecho al cuidado, pero, aun así, la situación de la que veníamos era lamentable, porque ustedes dejaron la inversión en dependencia en mínimos históricos.
La menor inversión en dependencia desde la aprobación de la ley fue con el Partido Popular, y fue dejar tirada a la gente -ahí sí- en listas de espera sin recibir la prestación cuando tenían derecho. Nosotros hemos demostrado una voluntad
inequívoca y, además, en un momento en el que era extraordinariamente difícil hacerlo. Yo estoy segura de que cualquier otro Gobierno hubiera aprovechado, utilizando la pandemia como excusa, para no cumplir con sus compromisos de aumento de la
inversión, pero este Gobierno no ha hecho eso. Hemos cumplido y yo estoy muy orgullosa de que los datos nos avalen. Estamos mejorando muy rápidamente los niveles de atención a la dependencia y estoy convencida de que, con el esfuerzo compartido
con las comunidades autónomas, vamos a mejorarlos muchísimo más.


Se opone usted al acuerdo de residencias y yo lo entiendo, porque ustedes han sido los principales defensores de un lobby muy poderoso que lo que quiere es hacer negocio con nuestras personas mayores. Yo le preguntaría, y le pediría que me
responda con honestidad, si usted llevaría a sus padres, a su padre o a su madre, a una residencia en vez de tenerle en casa con los apoyos necesarios, si pudiera elegir. Yo no quiero que la gente tenga que elegir la peor de sus opciones, quiero
que la gente tenga disponible la opción de tener a su padre o a su madre en su casa, con los apoyos necesarios, todo el tiempo que sea posible y que, si finalmente una persona mayor tiene que ir a una residencia, lo haga en una residencia con un
núcleo pequeño de convivientes, con un equipo que sea estable, con una cocina, con un salón, con un lugar que sea lo más parecido posible a un hogar. Yo quiero eso para mi familia y para todas las familias de nuestro país. La diferencia es que
ustedes quieren lo bueno para ustedes y, para los demás, les da igual que la gente mayor tenga que ir a una residencia masificada. Entiendo que se opongan y que las comunidades del Partido Popular se opongan a este acuerdo de residencias, pero yo
le garantizo que vamos a ir hasta el final, y confío en que vamos a conseguir la mayoría suficiente para tener ese acuerdo y mejorar, de raíz, la estructura del modelo de cuidados de larga duración en España, que buena falta le hace, para pasar de
un modelo que es básicamente residencial a un modelo mucho más comunitario, mucho más de atención centrada en la persona y de atención en el domicilio.


Por último, a la portavoz del Partido Socialista, le quiero dar las gracias por su intervención. Me alegra mucho que haya mencionado usted la modificación de la Constitución española. Es un tema que he obviado en mi intervención inicial y
me alegro de que lo traiga a colación porque me parece muy importante. Creo que se lo debemos a las personas con discapacidad. Que en nuestro texto constitucional nos sigamos refiriendo a un colectivo tan importante en nuestro país como el de las
personas con discapacidad como disminuidos no responde ni a la voluntad de la ciudadanía ni tampoco al talante que tiene la ciudadanía española, que es muy abierta y muy respetuosa. Creo que hemos avanzado muchísimo en la garantía de los derechos
de las personas con discapacidad, así que la mejor noticia sería que en esta legislatura pudiéramos también impulsar, de una vez por todas, ese acuerdo que teníamos y que al final no pudo ser.


Respecto a la ley de servicios sociales, comparto con usted que es un texto muy importante, porque los servicios sociales han sido durante demasiado tiempo en España el hermano pequeño del Estado de bienestar. Creo que no podemos sostener
eso así por más tiempo. Los servicios sociales han dado el do de pecho durante la pandemia y siempre llegan allí donde no llega nadie más. Precisamente por eso, creo que este texto es fundamental. Comparto con usted que tenemos que correr para
poder hacerlo, por supuesto siempre respetando el marco competencial español, porque es un texto muy urgente.

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Como le decía a la portavoz de Unidas Podemos, le agradezco mucho el trabajo que están haciendo ustedes desde el Parlamento. Me parece que el trabajo de los grupos parlamentarios de gestión, en una legislatura que a priori podría parecer
compleja, está dando muy buenos resultados y está demostrando que tenemos capacidad de dar estabilidad a nuestro país, y eso tiene mucho que ver con el trabajo que hacen ustedes aquí tejiendo las mayorías, tejiendo los acuerdos, tejiendo la letra
pequeña de cada uno de los acuerdos. Sé que es muy difícil y le quería dar las gracias.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: A continuación, los portavoces que quieran utilizarlo, tienen un minuto, en el mismo orden que en el turno anterior, para despedir el debate; repito, un minuto para despedir al debate. Se entiende, ¿no? Iré
citándoles. En primer lugar, la portavoz del Grupo Parlamentario Vasco, Idoia Sagastizabal.


La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias, presidente.


Seré breve. Gracias ministra, por sus respuestas. Además, espero que, con ese objetivo que compartimos respecto a las residencias, desde la competencia el diálogo y la gobernanza avancemos en un documento consensuado, porque la finalidad
es mejorar la calidad de vida de las usuarias y los usuarios, envejecer con dignidad donde cada uno quiera y que el centro residencial sea lo más parecido a un hogar. Espero que podamos llegar a un acuerdo.


Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: A continuación, tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Republicano, Norma Pujol.


La señora PUJOL I FARRÉ: Moltes gràcies, president.


Muchísimas gracias, ministra, por sus respuestas. Hay alguna cosa que ha quedado pendiente. Por ejemplo, cómo se va a resolver la deuda histórica con las comunidades autónomas por la ley de dependencia. Pero, bueno, voy a hacerle un par
de preguntas sobre el plan de implementación de la LOPIVI. Usted hablaba de que en el nuevo curso quieren ya que las escuelas tengan la figura de la persona coordinadora de bienestar activada, nos parece muy justo y que es la manera de ponernos en
marcha con lo que atañe a la ley de infancia. Pero, ¿podría usted concretar cómo se va a implementar? ¿Cómo van a recibir las escuelas esta figura?


Por otra parte -muy rápidamente presidente-, quería hablarle del suicidio juvenil. Hemos hablado de infancia y ahora quería hablarles de la juventud, en lo relativo al suicidio, que es la primera causa de muerte no natural de personas
adolescentes y jóvenes. Le quería preguntar si tiene usted, su ministerio, algún plan de choque activado o previsto para salvar estas vidas, para ayudar a esas personas jóvenes a no llevar a cabo estas acciones y a que estén mejor consigo mismas.


Gracias, ministra.


El señor PRESIDENTE: A continuación, tiene la palabra la portavoz del Grupo Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, Pilar Garrido.


La señora GARRIDO GUTIÉRREZ: Gracias, presidente.


Intervendré muy brevemente, solo para poner encima de la mesa dos ideas. Una, que no me resisto a volver a repetir, es que me llama la atención la falta de memoria de las derechas. Quiero volver a recordar cómo nos llevaron a la crisis
financiera e inmobiliaria más importante de este país en el 2008 y cómo salimos de esa crisis o cómo nos quisieron hacer salir rescatando a los bancos y dejando a su suerte a miles de familias españolas. En ese sentido, es un esfuerzo discursivo,
una y otra vez, por representar a esa España que madruga, pero los hechos nos dicen otras cosas. No han aprobado -como ha dicho la ministra- ni una sola medida que venía a rescatar a las familias que peor estaban. En ese sentido, solo quería poner
de manifiesto eso y agradecer a la ministra las respuestas y darle mucho ánimo para que siga adelante.


El señor PRESIDENTE: A continuación, tiene la palabra, por parte del Grupo Parlamentario VOX, su portavoz Rocío de Meer. Cuando quiera.

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La señora DE MEER MÉNDEZ: Gracias, señor presidente.


Señora ministra, la gente tiene que saber que ustedes están en el mismo equipo de los poderosos, en el mismo equipo de Davos y del Banco Mundial y de los de los multimillonarios que quieren la destrucción de las patrias. Daré solo un dato
-que he relatado alguna vez en esta Cámara-, el Banco Mundial estima que si aumentamos la emigración masiva en torno a un 3 % de la masa laboral de los países desarrollados, repercutiría en un beneficio -que ellos necesitan- de 356 000 millones de
dólares para los grandes capitales. Es decir, que los poderosos necesitan las fronteras abiertas, necesitan la Agenda 2030, señora ministra. Ustedes están a las órdenes de los privilegiados. Por eso vienen aquí a darnos discursitos sobre lo
maravilloso que es convertir las calles de Usera, de Santa Coloma o de las Norias en Nairobi o en Saint-Denis, que es muy parecido.


Muchísimas gracias.


El señor PRESIDENTE: A continuación, tiene la palabra, por parte del Grupo Parlamentario Popular, su portavoz Alicia García. Cuando quiera.


La señora GARCÍA RODRÍGUEZ: Gracias, presidente.


Señora ministra, usted ha dicho que van a liderar el Año Europeo de la Juventud, pero de momento solo lidera la tasa de paro juvenil, además, también la tasa de paro femenina y durante su mandato la tasa de exclusión ha crecido en 2,5 medio
de personas y 2 millones de personas más se encuentran en carencia material severa. Es que los que no resultan creíbles son ustedes. Y mire, donde gobierna el PP es capaz de hacer política social, porque no sé si sabe que Castilla y León es la
primera comunidad en gestión en la dependencia y la primera comunidad también de régimen general en servicios sociales. Y no lo digo yo, lo dicen organismos independientes. Yo no he dicho que me oponga al acuerdo de las residencias. ¿Sabe quiénes
se oponen? Los sindicatos y las comunidades autónomas, algunas del Partido Socialista. Me pregunta si llevaría a mi padre a una residencia, pues llevamos a mi suegro y falleció por COVID, ¿sabe usted? En esa trampa mortal en la que convirtió el
señor Iglesias las residencias (protestas), porque no fue capaz de anticipar medidas con un poco de visión.


Y mire, también le tengo que decir una cosa, hablan de recortes y hablan de falta de memoria. Pues le voy a recordar, porque hay falta de memoria en otros grupos -y acabo-, que fue el Partido Socialista -al que usted nunca menciona en los
recortes- el que recortó los sueldos públicos, congeló las pensiones, el que no pagaba la deuda contraída con la Seguridad Social por las cuotas de los cuidadores no profesionales que generó una deuda de 1034 millones, el que recortó 234 millones de
financiación a la dependencia, el que llevó a cabo una nefasta gestión del sistema -ni dinero ni control-, y tampoco habla de su falta de ejecución.


El señor PRESIDENTE: Tiene que terminar.


La señora GARCÍA RODRÍGUEZ: Por tanto, ustedes tampoco están acreditados, y mucho menos con su gestión, que ha sido nefasta. Porque, mire usted, lo único que podemos decir es que usted está alejada de la calle y atrapada en las redes
sociales.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: A continuación, tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Sonia Guerra. Cuando quiera.


La señora GUERRA LÓPEZ: Muchas gracias, ministra, por su respuesta.


El Grupo Parlamentario Socialista y el Gobierno de España han demostrado que este país necesita grandes reformas y que para que estas grandes reformas tengan recorrido y se conviertan en estructurales son necesarios el diálogo, la
negociación y el pacto. No se me ocurre mejor ámbito para negociar, dialogar y pactar que el ámbito de derechos sociales y de políticas integrales para la discapacidad. Desgraciadamente, no todas las fuerzas políticas -lo acabamos de comprobar-
piensan lo mismo. Creo que es importante la lealtad entre nosotros, entre los dos socios del Gobierno, contribuyendo y trabajando para conseguir grandes consensos con otras fuerzas políticas, para conseguir ese pacto que este país necesita y, sobre
todo, para cerrar el paso a la ultraderecha y -desgraciadamente, también cada vez más- a la derecha del Partido Popular. Sus discursos de odio y que fomentan las fake news y la rumorología innecesaria muestran claramente que para defender los
derechos de la ciudadanía y, sobre todo, los de los más vulnerables, necesitamos muchas legislaturas como estas.


Muchas gracias. (Aplausos).

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El señor PRESIDENTE: Pues bien, tiene usted la palabra para cerrar la comparecencia. Cuando usted quiera.


La señora MINISTRA DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 (Belarra Urteaga): Gracias.


A la portavoz del Partido Nacionalista Vasco, le tomo la palabra. Veo que se ha marchado. Le tomo la palabra -en la distancia- y espero que podamos tener ese acuerdo lo más pronto posible, especialmente con aquellas comunidades autónomas
con las que compartimos el objetivo de mejorar de raíz el modelo de cuidados de larga duración, ese modelo residencial y el modelo que tenemos que potenciar de atención domiciliaria.


A la portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya, la señora Pujol, quiero decirle que estamos trabajando el desarrollo y despliegue del coordinador o coordinadora de bienestar en cada centro educativo con las comunidades autónomas, en el
marco de la conferencia sectorial. Lo estamos haciendo así porque, obviamente, gran parte de las competencias educativas residen en las comunidades autónomas -como bien sabe- y cada comunidad autónoma tiene que tener la capacidad de tener margen de
acción para desarrollarlo a su manera, pero estábamos trabajando conjuntamente para ir trabajando paralelamente con ellas y avanzar lo máximo posible. Yo creo que el trabajo va bien. Fuimos capaces de alcanzar, allá por noviembre, el acuerdo de
que en el siguiente curso escolar ya lo pondremos en marcha y creo que irá bien.


Respecto al tema que apuntaba, lamento que sea -digamos- en el tiempo de descuento, porque es un tema muy importante, que es el del suicidio juvenil. Es un tema central para nosotros y para nosotras. Yo quiero hacer dos cosas. Por un
lado, agradecer a la ciudadanía y a la juventud española la capacidad que ha tenido de colocar encima de la mesa de la agenda pública un tema que era completamente invisible, que es el de la salud mental. Yo creo que eso lo han hecho nuestras
jóvenes y nuestros jóvenes, y hay que agradecérselo porque si no, seguiría en la oscuridad que nadie mira en las políticas públicas. Este Gobierno se lo está tomando en serio. Hemos puesto ya en marcha ese teléfono contra el suicidio, el 024, ese
teléfono público; pero queda mucho por hacer, evidentemente. Nosotros estamos participando de la definición de la Estrategia de Salud Mental y también dentro de la Estrategia de Juventud, que acabamos de aprobar, tenemos un pilar fundamental en el
trabajo de la salud mental, como un eje que preocupa a la juventud y que es fundamental para que puedan desarrollar sus proyectos de vida con total libertad. Me preocupa eso, porque han sido unos años en los que les hemos pedido a nuestros y
nuestras jóvenes un esfuerzo muy importante. Me gustaría que todos hiciéramos la reflexión de cómo nos habríamos sentido si algunos de nuestros mejores años -entre los dieciséis y los veinticinco años- los hubiéramos pasado encerrados en nuestras
casas con nuestros padres, cuando lo que apetece es ir a la universidad, estar con amigos, ir a la FP... Creo que han hecho un esfuerzo muy importante y que se lo tenemos que reconocer. No me gustan los discursos de criminalización a la gente
joven, creo que no responden a lo que hace la mayoría de las personas jóvenes en nuestro país, siempre lo reivindico y lo vuelvo a hacer hoy aquí.


A la portavoz de Unidas Podemos, como le decía antes, gracias por su ejercicio de memoria, porque es fundamental saber de dónde venimos, para saber dónde estamos y adónde queremos ir, y yo creo que es importante que este país no olvide cómo
se gestionó la anterior crisis financiera para no repetir los errores del pasado. Ahí vamos a estar para seguir haciéndolo esta vez también, para hacer frente a las consecuencias de la guerra en Ucrania como lo hemos hecho hasta ahora, poniendo a
las personas en el centro y protegiéndolas con el máximo de nuestras capacidades. Por eso decía al principio de mi intervención que, como ministra de Derechos Sociales, he propuesto al conjunto del Ejecutivo que prorroguemos esas medidas del nuevo
escudo social hasta diciembre por lo menos y que seamos capaces de incorporar alguna medida nueva, respondiendo a las circunstancias habituales.


A su señoría de VOX, solamente quiero decirle una cosa más. Yo creo que de qué lado se está se demuestra con hechos y se demuestra con las votaciones, y ustedes, cada vez que tienen la oportunidad, demuestran con hechos y con votaciones que
están del lado de las élites económicas y de los poderosos, y nosotros hemos demostrado con nuestra gestión que, con nuestros aciertos y con nuestros errores, con nuestras limitaciones, nos hemos puesto sistemáticamente del lado de la gente más
humilde de este país, creando un nuevo derecho social -como el ingreso mínimo vital-, ampliando el bono social eléctrico, limitando las subidas de los precios del alquiler, limitando los desahucios... Creo que los hechos están ahí y que por mucho
que ustedes tergiversen la realidad -que digamos que es su especialidad-, la realidad está ahí.

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Habla usted de poderosos internacionales. Yo le hablo de poderosos de aquí, y cuando ha habido que votar en contra de los intereses de las grandes empresas energéticas para que bajen sus beneficios y que así podamos reducir la factura de la
luz, ustedes siempre han votado en contra de esas medidas, colocándose del lado de la defensa de los privilegiados. Esos son los hechos.


Y a su señoría del Partido Popular quiero decirle que yo creo que usted puede intentar retorcer los datos todo lo que quiera, pero la realidad es tozuda, y le voy a dar simplemente un dato: más de 20 millones de personas trabajando. Los
datos que le he dado antes muestran clarísimamente cómo las peores tasas de desempleo, las peores tasas de desempleo juvenil, la peor tasa de pobreza infantil -que yo creo que es uno de los peores datos que puede tener un país democrático- fueron
con los Gobiernos del Partido Popular, y esto se sigue demostrando además en la gestión cotidiana que hacen ustedes en las comunidades autónomas que gestionan. Menciona usted a Castilla y León; ya se preocupa de no mencionar Madrid. Le voy a
decir algo con muchísima claridad: creo que, además con los socios que tienen y utilizando una estrategia que es indistinguible de la estrategia de la extrema derecha, le hacen ustedes un flaco favor a este país siendo ustedes el principal partido
de la oposición.


Para terminar, doy de nuevo las gracias a la portavoz del Partido Socialista. Creo que tenemos mucho trabajo por delante y que esta segunda mitad de la legislatura, como decía al principio, tenemos que pisar el acelerador para llevar hasta
el final el máximo de transformaciones sociales que nos permitan no solo parar el golpe -que es lo que hemos sido capaces de hacer en estos años-, sino también avanzar en esas transformaciones estructurales que tanto necesita nuestro país. Estamos
en ello, pero si hay un momento para pisar el acelerador son estos dos años. Así que muchas gracias y adelante.


El señor PRESIDENTE: Pues solo nos queda agradecerle hoy su presencia aquí y, naturalmente, sus explicaciones.


Al no haber más asuntos que tratar, les agradezco que hayan estado bastante respetuosos con los tiempos y espero que en una próxima vez podamos decir que el camino hacia la reforma de la Constitución sobre la que ha hablado está abierto y lo
podemos recorrer.


Se levanta la sesión.


Eran las doce y treinta y cinco minutos del mediodía.