CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2020 XIV LEGISLATURA Núm. 67

JUSTICIA

PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª ISAURA LEAL FERNÁNDEZ

Sesión núm. 4

celebrada el lunes,

4 de mayo de 2020

ORDEN DEL DÍA:


Minuto de silencio ... (Página2)


Ratificación del acuerdo de la Mesa de 22 de abril de 2020, sobre las siguientes solicitudes de comparecencia del señor ministro de Justicia (Campo Moreno), a efectos del artículo 44 del Reglamento:


- Para informar sobre la crisis del COVID-19 en el ámbito de sus competencias. A petición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 213/000244) ... (Página2)


- Para informar sobre la crisis del COVID-19 en el ámbito de sus competencias. A petición del Grupo Parlamentario VOX. (Número de expediente 213/000276) ... (Página2)


- Para que informe sobre las cifras totales de fallecidos en España en los meses de febrero, marzo y abril de este año en comparación con el mismo periodo de los dos años precedentes, así como de los motivos que impiden a los registros
civiles informar sobre la cifra real de fallecidos por causa del COVID-19. A petición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 213/000320) ... (Página2)


Comparecencia del señor ministro de justicia (Campo Moreno):


- Para informar sobre las medidas adoptadas por el ministro de Justicia frente a la crisis sanitaria del COVID-19 y sus consecuencias. A propuesta del Gobierno. (Número de expediente 214/000040) ... (Página2)


Celebración de las comparecencias votadas favorablemente por la Comisión ... (Página2)

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Se abre la sesión a las doce del mediodía.


MINUTO DE SILENCIO.


La señora PRESIDENTA: Se abre la sesión.


Buenos días, señorías. Buenos días, señor ministro. En nombre de la Mesa de la Comisión de Justicia, y por acuerdo de todos sus miembros, al que se ha sumado también el ministro de Justicia, les propongo a sus señorías que hagamos un
minuto de silencio en memoria de las personas que nos han ido dejando en estas semanas en el camino y como adhesión y afecto a las personas que en estos días combaten y sufren esta pandemia. (Las señoras y los señores diputados, puestos en pie,
guardan un minuto de silencio).


Muchas gracias.


RATIFICACIÓN DEL ACUERDO DE LA MESA DE 22 DE ABRIL DE 2020, SOBRE LAS SIGUIENTES SOLICITUDES DE COMPARECENCIA DEL MINISTRO DE JUSTICIA (CAMPO MORENO), A EFECTOS DEL ARTÍCULO 44 DEL REGLAMENTO:


- PARA INFORMAR SOBRE LA CRISIS DEL COVID-19 EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 213/000244).


- PARA INFORMAR SOBRE LA CRISIS DEL COVID-19 EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO VOX. (Número de expediente 213/000276).


- PARA QUE INFORME SOBRE LAS CIFRAS TOTALES DE FALLECIDOS EN ESPAÑA EN LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE ESTE AÑO EN COMPARACIÓN CON EL MISMO PERIODO DE LOS DOS AÑOS PRECEDENTES, ASÍ COMO DE LOS MOTIVOS QUE IMPIDEN A LOS REGISTROS
CIVILES INFORMAR SOBRE LA CIFRA REAL DE FALLECIDOS POR CAUSA DEL COVID-19. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 213/000320).


La señora PRESIDENTA: Señorías, someto a ratificación el orden del día que les ha sido comunicado. ¿Se acuerda por asentimiento? (Asentimiento). Por asentimiento se acuerda su ratificación. Muchas gracias.


COMPARECENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DE JUSTICIA (CAMPO MORENO):


- PARA INFORMAR SOBRE LAS MEDIDAS ADOPTADAS POR EL MINISTRO DE JUSTICIA FRENTE A LA CRISIS SANITARIA DEL COVID-19 Y SUS CONSECUENCIAS. A PROPUESTA DEL GOBIERNO. (Número de expediente 214/000040).


CELEBRACIÓN DE LAS COMPARECENCIAS VOTADAS FAVORABLEMENTE POR LA COMISIÓN.


La señora PRESIDENTA: Por tanto, vamos a proceder al desarrollo de la comparecencia del señor ministro de Justicia, conforme al acuerdo adoptado por la Mesa de la Comisión. En primer lugar, intervendrá el señor ministro; a continuación,
habrá un turno de diez minutos por parte de los portavoces de los grupos parlamentarios que se iniciará de mayor a menor, conforme a la petición de comparecencias, y ese turno de intervenciones se cerrará con la intervención del portavoz del Grupo
Socialista; nuevamente, tomará la palabra el señor ministro y, en su caso, los portavoces que quieran hacer uso de un turno de réplica por un máximo de tiempo de tres minutos; y por último, procederá al cierre de la sesión el señor ministro de
Justicia. Sin más, tiene la palabra el ministro de Justicia. Bienvenido, señor ministro.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Campo Moreno): Muchas gracias, presidenta.


Señorías, para mí siempre es un placer acudir a esta Cámara, quienes me conocen saben que mis palabras son ciertas. En las actuales circunstancias creo que la obligada rendición de cuentas parlamentarias es, sin duda, más necesaria que
nunca. Por tanto, agradezco esta posibilidad porque me va a permitir, por un lado, exponer la labor realizada por mi departamento, y por otro, clarificar algunas cuestiones; cuestiones que a pesar de su sencillez han sido instrumentalizadas sin
pudor e incluso

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malinterpretadas -y ello intencionadamente- para generar alarma e inestabilidad. Espero poder dar cumplidas explicaciones en consecuencia, respecto a todos los puntos del orden del día.


El pasado 17 de febrero, hace más de dos meses y medio, comparecí en esta misma Comisión y les presenté las líneas maestras de lo que hemos definido como Plan Justicia 2030. Hoy les puedo decir que el programa de Justicia 2030 sigue, pero
con las necesarias adaptaciones a las terribles circunstancias que nos afectan. Cuando comparecí, ni ustedes ni yo sabíamos lo que se nos venía encima, ya que la virulencia de la COVID-19 y sus trágicas consecuencias no estaban en la mente de
nadie. Pese a ello, debemos estar a la altura de las circunstancias por difíciles que estas sean y tenemos que adaptarnos a ellas. Lo que pensábamos que era bueno para la justicia, aún lo es, pero además debemos hacernos cargo de la situación y
responder de la mejor manera posible. Es nuestra responsabilidad ofrecer medidas que sean realmente útiles para superar los estragos de esta pandemia. Todavía nos encontramos en medio de la crisis, hemos conseguido con el esfuerzo colectivo
doblegar la curva, pero nos queda mucho camino y mucho trabajo por delante. Tanto en la fase de contención como en la de desescalada, que ahora comenzamos, el ministerio ha trabajado con celeridad y, sobre todo, con planificación y consenso. Hemos
trazado una hoja de ruta basada en la creación de los consensos, en el marco de Justicia 2030, que debe servir para afrontar tanto el escenario de servicios esenciales -el actual-, como la progresiva reactivación que esperemos comience muy pronto.
La hoja de ruta COVID-19 es el primer paso necesario para hacer de la justicia un elemento capital para la recuperación social y económica que debe afrontar nuestro país. Por ello, la concibo necesariamente como el plan 0 del proyecto de Justicia
2030, el primer paso para la transformación de nuestra Administración de Justicia. No perdamos, por tanto, de vista las oportunidades de mejora de los servicios públicos que se abren en esta dificilísima situación.


Antes de detallarles las medidas concretas que hemos adoptado y las que pensamos adoptar en el futuro inmediato permítanme que les hable del método de trabajo que hemos seguido y que permea toda nuestra actividad: la coordinación y el
consenso. He repetido muchas veces, señorías, en salas como esta o en el salón del Pleno, que el consenso no es un fin en sí mismo, pero es una magnífica forma de trabajar. Creo que no les sorprenderá, pues vengo hablando de todas estas cuestiones
-de consenso, de colaboración interinstitucional y de coordinación- con bastante frecuencia. Y como no podía ser de otro modo, esa ha sido la tónica general que ha regido la actividad del ministerio en este tiempo de excepcionalidad. Un tiempo en
el que resulta doblemente importante la búsqueda de consensos, de otro modo será imposible superar de forma pronta y segura los difíciles retos de futuro que actualmente se nos presentan. Como saben sus señorías, la justicia es un sector muy
singular donde intervienen muchos actores. Los medios materiales y personales dependen del ministerio en cinco territorios, mientras que en el resto del país lo hacen las respectivas comunidades autónomas que han asumido esa competencia. En la
prestación del servicio público de justicia interviene también, y de forma muy destacada, el Consejo General del Poder Judicial y las estructuras gubernativas de ese poder. Un actor tan relevante como la Fiscalía cuenta con autonomía organizativa y
funcional y los principales profesionales privados: abogados, procuradores, registradores y graduados sociales que tienen estructuras colegiales y además gestionan servicios tan importantes como el de justicia gratuita, sobre todo los dos primeros.
A todo ello se suma, o más bien resta, el histórico abandono que en nuestro país ha vivido el sector justicia y el retraso en la implementación de políticas públicas con la excepción de aquellos que fueron fruto de ese gran consenso al que yo
aspiro. En los territorios donde el ministerio aún mantiene las competencias nuestra principal responsabilidad durante la crisis ha sido garantizar el funcionamiento de los servicios esenciales y hacerlo priorizando la salud y la seguridad de todo
el personal que ha seguido desempeñando funciones presenciales, así como de la ciudadanía que debía acudir a los órganos judiciales.


Por otro lado, en los lugares donde las competencias están transferidas, y en general en todo el Estado, el ministerio ha desempeñado y sigue desempeñando una función de coordinación, no solo de coordinación sino también de impulso de las
políticas de justicia. Este papel se ha revelado esencial durante esta crisis. Desde el primer minuto todos los actores implicados hemos asumido que la respuesta a la crisis tenía que ser necesariamente coordinada y a ello hemos dedicado, me
atrevería a decir, que todos los esfuerzos. Puedo decir que todos los interlocutores han demostrado su plena predisposición a alcanzar acuerdos allí donde se requerían. Pues bien, desde el inicio de la crisis el Ministerio de Justicia ha
organizado y liderado un amplio conjunto de reuniones de trabajo con todos los actores del sector justicia. Se han establecido vías de comunicación permanente y se han programado contactos periódicos con todos los intervinientes en la
Administración de Justicia. Como saben, el 19 de marzo, el Ministerio Sanidad emitió la Orden 261/2020 por la que se encomendaba al Ministerio de Justicia la coordinación de

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la actividad profesional de los funcionarios al servicio de Administración de Justicia en todo el territorio del Estado. Solo un día después el Ministerio de Justicia y las consejerías de las doce comunidades autónomas con competencias
constituyeron formalmente la Comisión de coordinación de crisis de la Administración de Justicia para la lucha contra el coronavirus. A esa comisión se han unido también el Consejo General del Poder Judicial, el ministerio fiscal y el Consejo
General de la Abogacía Se trata un mecanismo de coordinación reforzada que tiene por función principal consensuar actuaciones para la adecuada prestación de lo que denominamos servicios esenciales. Fruto de esa coordinación y el esfuerzo y el
consenso de todos, todas las actuaciones -todas, señorías, todas- que se han llevado a cabo en el ministerio en el ámbito de la Administración de Justicia han sido consultadas, han sido adaptadas y han sido ajustadas a resultas de dichas consultas.
Hemos abordado aspectos tan importantes como qué servicios se consideran esenciales y debían seguir pese al estado de alarma o las dotaciones de personal necesaria para esos servicios, así como las subsiguientes modulaciones dinámicas de su medición
para hacer estas dotaciones más efectivas.


Otro aspecto de enorme importancia, que también se ha consensuado, es el referido a las medidas sanitarias en las sedes judiciales. También ha sido objeto de acuerdo el establecimiento de quiénes deberían acudir a su puesto de trabajo y
quiénes y cómo podían teletrabajar. Quiero destacar que la coordinación reforzaba que hemos potenciado no equivale a una centralización o injerencia, sino que responde a la necesidad de maximizar la eficacia en el uso de la información y unificar
el diagnóstico, dos factores imprescindibles para dar una respuesta contundente a la crisis entre todas las instituciones implicadas. Ninguna institución, mucho menos las comunidades autónomas, han perdido sus competencias, al contrario, las
ejercen con plenitud con la única obligación de participar en la necesaria coordinación que la situación requiere, y vaya -lo haré a lo largo de mi intervención- mi felicitación a todos y cada uno de los que han formado parte de esta coordinación,
ya que sin el esfuerzo de todos no habríamos conseguido nada.


Más allá de la actividad realizada en el marco de la comisión de coordinación, el ministerio también se ha puesto en contacto con los distintos colectivos del sector: asociaciones de jueces, fiscales, letrados, abogacía procuradores,
traductores, graduados sociales, notarios, registradores o sindicatos de funcionarios. Estos contactos se han mantenido y se mantienen de manera fluida, pero también de manera constante, con unos objetivos claros: dialogar y apoyar en todo lo que
sea necesario. Conseguir que la justicia sea capaz de hacer frente a la emergencia, y que además salga reforzada de esta situación, ha sido y sigue siendo el único objetivo, pese a no resultar en absoluto, como pueden imaginarse, una tarea
sencilla. En las siete semanas que llevamos del estado de alarma hemos celebrado más de veinte reuniones virtuales con distintas instituciones y colectivos con un objetivo claro: en aras de garantizar el intercambio fluido de información y
fortalecer la unidad de acción -sí, han oído bien, la unidad de acción-. No puedo dejar de insistir sobre este punto. En este momento es más necesario que nunca que todos los actores de la justicia actuemos coordinados. Tal y como hemos venimos
haciendo, debemos seguir buscando el más amplio consenso en todas las decisiones que se adopten con un objetivo claro: gestionar la progresiva vuelta a la normalidad y para implantar las necesarias medidas de refuerzo. Con este objetivo en mente
les invito a que profundicen conmigo en el entendimiento en aquello que nos une y no en la crispación, que les puedo asegurar que en nada ayuda.


La función social que cumple el sector justicia es de una vital importancia y cuando hablo del sector justicia no me refiero solo a jurisdicción que permite tutelar los derechos de la ciudadanía a la par que asegura el imperio de la ley. Si
bien esta es una pieza del engranaje, no es la única, también ha de tenerse en cuenta otros servicios como los notariales o registrales, nacionalidad, antecedentes penales indultos y cooperación jurídica internacional, ya que todos ellos afectan
decisivamente a la vida de miles y miles de ciudadanos.


Dedicaré esta primera parte de mi intervención a exponer de manera muy sucinta las principales actuaciones que hemos llevado a cabo en el ámbito de la Administración de Justicia. En todo caso, nos hemos tomado la libertad de prepararles un
dosier, que creo que ya tienen en sus manos, donde podrán encontrar información más detallada. Como saben, la pandemia obligó a suspender plazos y procedimientos, pero hay cuestiones que no pueden esperar: personas detenidas o en internamiento
forzoso, víctimas de violencia de género, menores en situación de desamparo o afectados por un conflicto colectivo. Hay vidas que dependen de la actuación de la justicia y en estos casos no podemos guardar silencio; debemos actuar. No duden que
así lo vamos a hacer. Por todo ello, pese a la necesidad de reducir la actividad con el fin de prevenir el contagio, esta Administración no podía detenerse por completo.

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La justicia es un servicio público; echar el cierre total hubiera supuesto un perjuicio irreparable para un grandísimo número de personas. Así las cosas, nuestro objetivo fundamental ha sido mantener activas las estructuras institucionales
necesarias que velan por los derechos de la ciudadanía y establecer unos servicios esenciales que, pese al coronavirus, garantizasen a la sociedad poder seguir contando con el servicio público de justicia siempre que fuera necesario y urgente. La
justicia es un pilar esencial del Estado de derecho, que debe mantenerse activado en cualquier situación; también bajo una alarma. Como es obvio, esta ingente labor de gestión y organización de los servicios en tiempos de crisis sanitaria ha
tenido que hacerse dando absoluta prioridad a la seguridad laboral de todo el personal. El estado de alarma, declarado para evitar la expansión de la enfermedad, nos ha impuesto extraordinarias restricciones a la movilidad, que se han trasladado
necesariamente a todas las administraciones públicas, también a la Administración de Justicia. El teletrabajo, por un lado, y los equipos de protección individual, por otro, han definido estas siete semanas la actividad de toda la ciudadanía,
también del sector justicia.


En resumen, la actuación del ministerio en relación con la prestación de los servicios ha girado en torno a tres pilares o ejes. En primer lugar, garantizar el servicio público de justicia en lo que hemos denominado servicios esenciales.
En segundo lugar, asegurar la seguridad y la salud de todos los trabajadores del sector, tanto funcionarios como profesionales. Y en tercer lugar, el diálogo, la coordinación y el consenso con todos los actores implicados. El esfuerzo realizado
por todos los miembros de mi departamento para seguir prestando servicios ha sido ímprobo. En este mes y medio que dura ya el estado de alarma el Ministerio de Justicia ha dictado cuarenta resoluciones dirigidas a adaptar de forma dinámica, y en
consulta permanente con todas las instituciones implicadas, el funcionamiento del servicio público a un contexto de crisis sanitaria. La pandemia es cambiante y exige que estemos permanentemente atentos y nos adaptemos a cada circunstancia.


Como saben, el 13 de marzo se dio a conocer el pacto entre el Ministerio de Justicia, el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado sobre los servicios esenciales del sistema judicial. El acuerdo se trasladó luego a
una disposición adicional segunda del Real Decreto 463/2020, por el que se declara el estado de alarma, aprobado el día 14, como saben. Es importante destacar una vez más que la fijación de estos servicios se ha realizado de común acuerdo. Gracias
al buen entendimiento entre los principales actores del sector, se pudieron establecer unos servicios esenciales capaces de garantizar el funcionamiento del Estado de derecho y la tutela de los derechos de la ciudadanía en todo aquello que resultara
prioritario e inaplazable.


Otro claro ejemplo de cómo actuar a partir del consenso ha sido el establecimiento de quiénes debían seguir prestando los servicios esenciales. El mismo día 14 de marzo, como consecuencia de la declaración del estado de alarma, el
secretario de Estado de Justicia dictó la resolución por la que se establecían las dotaciones del personal para esos servicios esenciales, una resolución que había sido previamente pactada con las comunidades autónomas y que dio lugar en sus
respectivos ámbitos a resoluciones similares, con regulación basada en normas coordinadas o normas espejo. El resultado fue una drástica reducción del personal presencial, hasta el 10 % del total. Conseguir que el sistema funcione con una décima
parte de sus integrantes realizando trabajo presencial ha conllevado -no les quepa duda- a un esfuerzo de gestión y organización conjunta sin precedentes. Y vaya mi respeto y mi enorme satisfacción por los funcionarios de Justicia, que, estando
mínimamente presenciales, han hecho un trabajo que algún día espero que les sea reconocido por la sociedad.


Fue un fin de semana muy intenso, si me permiten la digresión. Todos los equipos ministeriales -también el de Justicia- trabajamos sin descanso para articular una respuesta adecuada a una situación de extrema gravedad.


Creo sinceramente que la respuesta del sector justicia fue ejemplar. Los acuerdos de fijación y dotación de los servicios esenciales suponen, en mi opinión, un hito histórico en la medida en que han supuesto una unidad de acción y una
coordinación pocas veces alcanzada en el sector. Por eso, tengo que insistir en que no puedo dejar pasar la ocasión para trasladar mi profundo agradecimiento a todas las instituciones implicadas y, de manera muy particular, a las doce consejerías
de Justicia de las comunidades autónomas con competencias, al Consejo General del Poder Judicial y a la Fiscalía. Pese a nuestras lógicas diferencias y -no se lo oculto- algún roce, hemos sido capaces de articular una respuesta durante la fase de
contención de la que me siento -insisto- muy orgulloso.


Como imaginan sus señorías, las medidas necesarias no se limitaron a la puesta en marcha de los servicios esenciales. Durante estas semanas hemos realizado un seguimiento muy estrecho de la situación para ir adaptando los protocolos y las
medidas a las orientaciones y recomendaciones sanitarias.

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De manera muy significativa, y de conformidad con el Real Decreto-ley 10/2020 que redujo aún más la actividad en nuestro país, dicté una nueva resolución para adaptar la cobertura de los servicios esenciales. Una vez más, la cifra ilustra
la medida, solo un 5 % del personal con asistencia presencial, y una vez más, el consenso como método de trabajo, pues esa resolución contó también con la contribución y el apoyo firme de todas las instituciones afectadas, además de los colectivos
profesionales y sindicales.


Señorías, en la gestión de esta crisis hemos tratado siempre de conjugar la salvaguarda de los derechos y las libertades de los ciudadanos con la necesaria e irrenunciable protección de la salud de todo el personal. No me cansaré de decir
que la seguridad laboral ha sido uno de los principios rectores de toda nuestra acción. Se trata de un ámbito que ha centrado buena parte de nuestros esfuerzos. Como saben, la principal medida de protección es el distanciamiento social. Ya he
explicado que la reducción de la actividad presencial ha sido muy significativa, quedando reducida incluso en un 95 % -sí, han oído bien- durante el período más duro de la crisis. Paralelamente, para quienes no podían realizar teletrabajo hemos
puesto en marcha un paquete global de medidas de protección en colaboración con las comunidades autónomas. El objetivo ha sido reorganizar las tareas y el entorno físico en las oficinas, protocolizar las actuaciones en el nuevo escenario y, sobre
todo, distribuir equipos de seguridad y elementos de protección en todo el territorio nacional. Sí, han vuelto a oír bien. El espíritu de estas medidas se encuentra recogido en la Resolución sobre seguridad laboral de la Administración de Justicia
durante la pandemia COVID-19, que firmé el pasado 23 de marzo y que contó con un amplio consenso de las comunidades autónomas y de los sindicatos. En los próximos días adaptaremos conjuntamente un esquema de seguridad laboral que amplíe esta
actividad de coordinación, una vez más consensuado con dichos actores.


Me gustaría detenerme un momento en la cuestión de los equipos de protección individual. Sí, me refiero a los ya famosos EPI. A nadie se le escapa la importancia que tienen y las dificultades que estamos teniendo todos y todos los países
del mundo para abastecernos. En un mercado internacional saturado, estresado y complejo, el Ministerio de Justicia ha coordinado la compra y distribución de EPI para todo el territorio nacional, también para las comunidades autónomas, sin perjuicio
de las respectivas competencias que, como ya he dicho y no me cansaré de repetir, en ningún momento han quedado ni atenuadas ni suspendidas ni mermadas. En la práctica hemos creado una especie de cámara de compensación interinstitucional. La
primera distribución realizada el 23 de marzo comprendió más de 600 dispensadores de gel y casi 100 000 guantes. En la misma semana, el 30 de marzo se distribuyeron 41 000 mascarillas, 164 600 guantes y 16 356 geles directamente a los 432 partidos
judiciales españoles. Entre las fiscalías también se distribuyeron 4100 mascarillas, 8200 guantes y 822 geles. En escasos diez días desde la declaración del estado de alarma todos -y, repito, todos- los partidos judiciales de España empezaron a
recibir equipamiento de protección. Sinceramente, creo que en esta materia hemos estado a la altura desde el primer momento. Cuando las medidas de confinamiento se recrudecieron diseñamos una segunda fase de importación y distribución de EPI en
todo el territorio del Estado para cuarenta y cinco días. Se trata de un contrato de emergencia por un importe aproximado de 830 000 euros que permitirá una distribución adicional de 350 000 guantes, 175 000 mascarillas y 30 000 dispensadores. Por
otro lado, desde el Ministerio de Justicia también se procedió a realizar un envío de EPI al Consejo General de la Abogacía, al Consejo General del Notariado y al Colegio de Registradores de España durante la semana del 6 de abril, a fin de cubrir
las necesidades de los profesionales que desempeñan su trabajo en los respectivos campos. En concreto, se repartieron entre tales instituciones un total de 145 400 mascarillas quirúrgicas y 89 034 guantes de látex.


Pero nuestra actividad en este aspecto está lejos de acabar, ya que hemos diseñado una tercera fase en la adquisición y reparto de materiales de protección para la desescalada. Concretamente, está previsto que la tercera ronda de reparto se
inicie durante la primera quincena de mayo, o sea, estos días. Me he permitido ser muy riguroso y detallado en esta exposición. Quiero con ello evidenciar la importancia que tiene para el ministerio la protección de todas las personas al servicio
de la Administración de Justicia. Se trata de personas que siguen desempeñando su labor cada día, y aunque no resulta tan visible como la de los cuerpos y fuerzas de seguridad, los transportistas o los trabajadores de los supermercados, también es
importante para la tutela de nuestros derechos. Por ello merecen -como ya he dicho antes- mi más firme reconocimiento y agradecimiento, y no me cansaré de decirlo. Gracias a ellos el servicio público de la justicia sigue respondiendo ante quienes
no pueden esperar.


Señorías, como he dicho, la primera medida de protección es sin duda el distanciamiento social. Para que pudiera producirse ese distanciamiento se ha establecido como norma general el teletrabajo. En un

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tiempo récord hemos habilitado más de 5572 puestos de teletrabajo para jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia, gerentes territoriales y de informática, así como el personal perteneciente al Instituto Nacional de
Toxicología y Ciencias Forenses. Además, hemos dispuesto de otros 1757 puestos de teletrabajo habilitados para el Registro Civil. En paralelo, se han creado 117 salas de videoconferencia para facilitar la celebración de reuniones entre los
juzgados de guardia y las comisarías de Policía, y también se han creado otras dieciséis para las fiscalías. Se ha facilitado el acceso remoto al sistema de gestión procesal Minerva, al de grabación de salas de vistas eFidelius y al sistema de
comunicaciones electrónicas LexNET. En este punto cabe destacar que los servicios digitales se han prestado con el cien por cien de disponibilidad desde que se decretara el estado de alarma. A tales medidas citadas les ha acompañado una campaña de
formación y concienciación en el uso de estas herramientas, incluyendo aspectos claves sobre su uso, seguridad, salud y ergonomía. En definitiva, las medidas adoptadas en el ámbito tecnológico se han orientado a desarrollar una infraestructura que
permita generalizar el trabajo remoto. Obviamente, nuestra aspiración es crear un proyecto interinstitucional con las comunidades autónomas para asegurar unas horquillas porcentuales mínimas de teletrabajo a medio plazo. No hace falta decir que
todos sabemos que esto no existe. Tenemos que asegurar que la Administración de Justicia está preparada para cualquier eventual crisis futura, algo que es sin duda totalmente necesario.


Tengo que confesarles en este punto una sensación ambivalente. Por una parte, los datos que les he expuesto son espectaculares teniendo en cuenta la situación previa y el corto periodo de respuesta, pero, por otro lado -y los que me conocen
saben que hablo con el corazón-, no puedo ocultarles que el grado de penetración y versatilidad tecnológica que estos datos muestran es, en mi opinión, inaceptable en el siglo XXI. Todos sabemos que la situación tecnológica de nuestra justicia es
muy limitada y también es una de nuestras grandes asignaturas pendientes como sociedad. La crisis del COVID-19 ha hecho aún más visible esta carencia. Quizás la crisis sirva para acelerar un proceso inevitable y, sobre todo, para convencer a todos
los actores implicados de la necesidad de avanzar de manera decidida hacia una transformación del sistema que pivote sobre un uso más integrado y estructural de las herramientas informáticas.


He repasado pormenorizadamente las principales actuaciones en el ámbito de la Administración de Justicia, y no quiero terminar este capítulo sin referirme de una manera muy destacada al del Registro Civil. Como saben, el Registro Civil es
un servicio que forma parte de nuestra Administración de Justicia y que desgraciadamente ha cobrado un inusitado protagonismo por la brutal letalidad del virus. Los profesionales que llevan los registros se han visto, como todo el mundo, afectados
por las restricciones de movilidad. La actividad presencial se ha reducido, sin embargo, su carga de trabajo, en particular en relación con las defunciones, se ha multiplicado de una manera triste. Para atender esta situación, el 23 de marzo dicté
una resolución sobre medidas excepcionales para el Registro Civil, por la cual se acordó su apertura en horario de mañana y tarde los siete días de la semana. Asimismo, en resolución de 27 de marzo aprobamos un protocolo para la inscripción de los
fallecimientos en el Registro Civil y para la expedición de licencias de enterramiento. Este protocolo posibilita la remisión de solicitudes por correo electrónico por parte de las funerarias y establece la tramitación telemática en los registros.
Sí, señorías, esto, aunque les suene extraño, no existía. Estas medidas se han sumado al importante desarrollo del teletrabajo que tanto el ministerio como las comunidades autónomas estamos haciendo y al que me acabo de referir. El ministerio ha
dictado en este tiempo diez disposiciones normativas específicas en materia de Registro Civil, de las que tienen la información detallada en el dosier que ya tienen en sus manos. El esfuerzo de todo el personal está siendo extraordinario, y no
puedo dejar pasar la ocasión para mostrarle públicamente mi agradecimiento. En circunstancias muy difíciles, quienes llevan los registros civiles tanto en el territorio gestionado por el ministerio como en el adscrito a las comunidades autónomas
han trabajado, créanme, sin descanso para responder a las necesidades sociales en esta terrible situación. Aún así, durante las peores semanas de esta crisis se han producido retrasos, en ocasiones muy importantes, en la inscripción de los
fallecimientos. Esta circunstancia ha afectado sobre todo a los registros civiles de las grandes ciudades en las comunidades más afectadas por el virus; sí, hablo de Madrid y hablo de Barcelona. Otras comunidades como Castilla y León o
Castilla-La Mancha también han acumulado importantes demoras. En consecuencia, algunas familias han tenido dificultades para iniciar los trámites que se derivan de un deceso. Afortunadamente, los fallecimientos se están reduciendo muy
significativamente y, aunque uno ya sería de lamentar, tenemos que decir que las medidas adoptadas están dando resultados. En consecuencia, poco a poco se va normalizando el funcionamiento de los registros civiles y las inscripciones se están
poniendo al día.

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No cabe duda de que el elevadísimo número de fallecidos que está causando el COVID-19 es lo peor de esta crisis. Todos, especialmente quienes tenemos responsabilidades públicas, debemos arropar a aquellas personas que más directa y
dramáticamente han sufrido y sufren sus consecuencias. Vaya, por tanto, para todos ellos nuestro ánimo, apoyo y cariño. Al dolor individual por la pérdida de un ser querido se suman el miedo y el desconcierto que estamos experimentando como
sociedad. Estamos ante una profunda conmoción colectiva. Es necesario que, como servidores y representantes de la ciudadanía, seamos conscientes de ello y actuemos con la sensibilidad y la responsabilidad que las circunstancias reclaman. Tratar
de obtener un rédito político del sufrimiento generado por esta calamidad sería algo imperdonable, el peor insulto a las personas fallecidas y a sus seres queridos. Por este motivo, me entristece profundamente, y no se lo puedo ocultar, el tono de
algunas formaciones políticas a la hora de pedir explicaciones de los datos de fallecidos por COVID-19, y me entristece porque creo que la solicitud de comparecencia a las administraciones públicas por parte de algunos dirigentes políticos parten de
algunas premisas, cuando menos, torticeras, irresponsables y, algunas veces, peligrosas. Trataré de justificar estas tres afirmaciones.


Es rotundamente falso que en España se oculten datos sobre las personas fallecidas por COVID-19; de hecho, España es uno de los países más transparentes en cuanto a la información pública disponible sobre la pandemia y su impacto. En
nuestro país, los datos sobre nuevos contagios, número de hospitalizaciones, ingresos en UVI, UCI y fallecimientos con diagnósticos confirmados de COVID no solo son públicos sino que además se actualizan diariamente. Pueden consultarse incluso los
estudios epidemiológicos diarios, que incluyen fecha de diagnóstico, de aparición de síntomas, afectación por grupos de edad y sexo, junto con otro buen número de datos sobre la incidencia de la pandemia. Tanto es el ánimo de transparencia que,
desde el principio de la crisis, se están ofreciendo ruedas de prensa diarias con tales datos. Por otra parte, son igualmente públicos los datos de fallecimientos inscritos en el Registro Civil. Con estos datos, el Instituto Carlos III elabora los
estudios de exceso de mortalidad, que se actualizan con periodicidad casi diaria y están disponibles a través de la página web del Ministerio de Sanidad; de hecho, España es uno de los pocos países que publica este tipo de estudios, y ofrece no
solo porcentajes sino también datos absolutos, desagregados territorialmente y actualizados, como digo, de una manera permanente. Precisamente por eso es absolutamente falso y tendencioso acusar a las instituciones españolas de ocultación u
opacidad, y, por tanto, hacerlo constituye una actuación, en mi sincera opinión, irresponsable. Tanto el Gobierno central como las comunidades autónomas están haciendo un esfuerzo extraordinario, y lo están haciendo con una sola finalidad:
recopilar la mayor cantidad de información posible, mejorar la calidad de los datos y ofrecerlos de forma clara y puntual a la ciudadanía, y ello con independencia del partido o partidos que sustentan al Gobierno. Como saben ustedes, actualmente
disponemos de dos fuentes en relación con la mortalidad: los datos de los servicios autonómicos sanitarios y los datos provenientes de los registros civiles. Ambas son fuentes oficiales, cada una con sus respectivas limitaciones. Son dos tipos de
datos muy distintos, que describen también realidades distintas. Los datos de los servicios sanitarios que diariamente recopilan las comunidades autónomas y difunde el Gobierno responden a criterios científicos homologables internacionalmente.


Toda la información de la que disponemos en materia de fallecimientos por COVID-19 se ha recabado cumpliendo los criterios de la Organización Mundial de la Salud y el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias. Eso no quiere
decir que tanto los sistemas de recuento como los criterios científicos adoptados no puedan ser debatidos o discutidos. Estamos ante una situación desconocida y, a medida que vamos conociendo más sobre el virus, perfeccionamos nuestra forma de
combatirlo. En todo caso, es un debate técnico en el que no me corresponde entrar. Pero la crítica no puede derivar en un cuestionamiento institucional o en acusaciones falsarias; sería mezquino e injusto para quienes se están dejando la piel en
combatir la enfermedad. Tanto los profesionales de la sanidad como las autoridades sanitarias de todas, todas, señorías, las comunidades autónomas responsables de estos datos cuentan con mi total y absoluta confianza y respeto, y también con el del
conjunto de la ciudadanía, con independencia -insisto- del color político.


Por otra parte, los datos del Registro Civil tienen como función principal dar fe pública del fallecimiento; es una información esencialmente jurídica, de tal forma que puedan desplegarse todos los efectos civiles que ello conlleva, desde
el enterramiento hasta la sucesión o la terminación de vínculos contractuales civiles. Estos datos tienen, además, una importante función estadística y sociológica. Periódicamente, el Instituto Nacional de Estadística recibe y trata
estadísticamente los boletines estadísticos de defunciones provenientes de los registros civiles. A partir de ello, se analiza la mortalidad en España.

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Estos pormenorizados estudios demográficos se publican en España -van a oír bien- desde 1858; actualmente los últimos datos publicados son los del primer semestre del año 2019. En la actual crisis -como ya expuse- los datos del Registro
Civil tienen la utilidad de que permiten analizar el exceso de mortalidad. Para ello, se comparan los datos de fallecidos que recoge el registro con la mortalidad esperada; es decir, con la media de la mortalidad para la misma fecha o en periodos
anteriores. En la actualidad es posible realizar ese estudio sin esperar a los datos que proporciona el INE real gracias al sistema informático registral Inforeg. Este sistema cubre aproximadamente el 93 % de la población e integra a 3929
registros civiles informatizados; aún tenemos 4100 sin estos avances tecnológicos. Es importante destacar, sin embargo, que la información ofrecida por esta plataforma no incluye la causa de la muerte, puesto que esa circunstancia no se inscribe
en el Registro Civil para proteger -como todos saben- la intimidad del fallecido y su familia. A pesar de las limitaciones de los estudios de exceso de mortalidad, estos son tremendamente útiles para analizar la incidencia de la pandemia de manera
retrospectiva y sirven a las autoridades sanitarias para tener un parámetro adicional del seguimiento epidemiológico. En todo caso, como he explicado, el estudio más completo de la mortalidad será el que realice el INE, una vez disponga de todos
los datos.


En definitiva, señorías, los estudios que distintos organismos, como el INE o el Instituto Carlos III, realizan a partir de los datos del Registro Civil serán útiles, tremendamente útiles, para entender mejor la pandemia. Sin embargo,
tienen una finalidad muy distinta a los recuentos de fallecimientos por coronavirus que realizan y ofrecen los servicios sanitarios autonómicos. Lo repetiré una vez más, los datos sanitarios de fallecidos por COVID-19, y los estudios de excesos de
mortalidad u otros estudios similares son dos tipos de información distinta, elaborados con metodologías y fuentes muy distintas y que sirven a objetivos bien diferentes. Es absurdo y grotesco pretender que coincidan o deducir falsedades de la
discrepancia. De hecho, en todos los países que publican estudios de exceso de mortalidad se observan diferencias. Y esto que les digo tiene una fácil constatación. Por ejemplo, en un reciente estudio publicado por el Financial Times o en
conclusiones a las que llega la Universidad de Oxford en estudios sobre el Reino Unido, es algo normal en esta situación. En suma, faltan a la verdad quienes acusan al Gobierno de ocultar los datos del Registro Civil, y faltan al rigor y a la
responsabilidad quienes pretenden comparar los datos por fallecimientos por COVID-19 con las estimaciones de exceso de mortalidad. Se puede decir más alto, pero, señorías, soy incapaz de decirlo más claro.


El coste en vidas humanas de la pandemia es inmenso y debemos conocer esta información con exactitud para mejorar nuestra respuesta y para anticiparnos mejor a la crisis que pueda producirse en el futuro. Las exigencias de un mayor
conocimiento deben servir también para honrar y reconocer a todas esas personas que han fallecido, así como a sus familiares, pero creo que es profundamente irresponsable intentar utilizar políticamente los datos de fallecimientos para atacar a un
Gobierno. En mi opinión, el calificativo de irresponsable se queda corto para describir a quien utiliza el dolor y la tragedia humanas como arma política. Es una situación la que vivimos de extrema sensibilidad social. Cuestionar la credibilidad
y la confianza en las instituciones es muy peligroso, señorías, y puede dificultar la salida de la crisis.


Creo que no son tiempos propicios ni para la mentira ni para la irresponsabilidad, pero sobre todo no es momento de dificultar la necesaria reconstrucción del país. Por eso, quiero cerrar este apartado con un ofrecimiento dirigido a todos
los grupos políticos, fundamentalmente a aquellos que exacerban la crítica. Centrémonos en lo importante. Ustedes han solicitado unas explicaciones que he dado cumplidamente. No les pido que se den por satisfechos, no les pido que renuncien a la
sana crítica o al constitucional legítimo control parlamentario. Les pido simplemente que dejen a un lado acusaciones infundadas que dañan la credibilidad y la legitimidad de las instituciones implicadas en la lucha contra el virus. Les pido que
entre todos, comunidades autónomas, Gobierno central, partidos políticos y demás actores del sector justicia, nos centremos ahora en las medidas adoptadas para contener la crisis y sobre todo en las que de una manera colegiada tendremos que adoptar
en un futuro inmediato. Espero sinceramente que recojan este ofrecimiento en sus intervenciones.


Señorías, he expuesto hasta aquí las principales actuaciones que ha llevado a cabo el Ministerio de Justicia que dirijo en el ámbito de la Administración de Justicia, sin embargo, como señalé al comienzo, la acción del departamento abarca
otros muchos ámbitos de los que igualmente me gustaría hacerles un resumen. El ministerio no ha cerrado. En un tiempo récord, y gracias al esfuerzo de la subsecretaría, hemos logrado organizar sistemas de teletrabajo para casi el 80 % de la
plantilla. De manera paralela a la reorganización del trabajo, hemos podido retomar la tramitación de procedimientos que habían quedado

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suspendidos. Les ilustraré con algunos datos: 11 400 resoluciones de expedientes de nacionalidad por residencia; 23 756 certificados de última voluntad expedidos; 15 891 certificados de contratos de seguros de cobertura por
fallecimiento.


Otro ámbito de actuación afectado por la crisis ha sido la cooperación jurídica internacional. Sin embargo, la actual situación de emergencia sanitaria declarada a escala mundial no ha impedido que el ministerio continué auxiliando a las
autoridades judiciales en la tramitación de sus procedimientos con dimensión internacional. En esa línea, la tramitación de los expedientes de extradición y de auxilio judicial penal se han declarado como servicios esenciales, especialmente cuando
se refieren a causas con personas detenidas. En consecuencia, se ha dado trámite a 30 expedientes de extradición; igualmente se han tramitado 13 expedientes de extradición de personas reclamadas por la justicia española. También en el marco de
las relaciones internacionales es importante resaltar la celebración de una videoconferencia con los ministros de Justicia el pasado 6 de abril del ámbito europeo. Igualmente, tuvimos una reunión con los ministros iberoamericanos el 22 de abril.


Nuestra actuación también ha considerado las necesidades de determinados colectivos profesionales, singularmente el de la abogacía procura, registradores y notarios. Estos colectivos se han integrado en nuestro esquema de coordinación
reforzado desde el minuto uno. Así, en este periodo el ministerio ha concluido los trámites para el pago de la asistencia jurídica gratuita, de tal forma que en la actualidad esos pagos se encuentran al día. Además, por la Circular 1/2020, de la
Secretaría General de Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, se estableció la transferencia bancaria como medio general para realizar los pagos en los procesos judiciales, asegurando así que nadie pudiera quedar en situación de
vulnerabilidad por la falta de percepción de los mismos y evitando el riesgo de contagio de letrados y profesionales. La crisis también supuso la suspensión del examen nacional de acceso a la Abogacía, dejando a casi 7000 candidatos pendientes de
una solución. A la vista de la duración de la crisis, y considerando todos los intereses en juego, hemos decidido realizar el examen de una forma telemática a través de la UNED. Esta misma semana se anunciará la fecha.


En cuanto a la actividad notarial y registral, quiero destacar que se ha garantizado el funcionamiento de los registros de la propiedad, mercantiles, de bienes muebles y del registro concursal, así como de las notarías. Todos estos
servicios han mantenido su actividad en niveles muy reducidos y centrados en aquellas cuestiones urgentes e inaplazables. De este modo, han seguido desempeñando su importante papel para la actividad económica. En concreto, en este periodo el
número de escrituras autorizadas y pólizas intervenidas ascendió a 135 322 documentos.


En este rápido repaso final quisiera también referirme al importante paquete de medidas normativas de carácter tanto procesal como sustantivo que hemos venido adoptando. Señorías, como saben, el Gobierno ha puesto en marcha un amplísimo
abanico de normas destinadas a regular la situación de emergencia y paliar sus efectos. En esta ingente tarea el Ministerio de Justicia, como ministerio de la legislación, ha tenido un importante papel, esencialmente en la regulación de cuestiones
civiles y mercantiles. Así, se han suspendido los plazos para la caducidad de los asientos del registro o para el deber de solicitud del concurso. Igualmente, se ha regulado la adopción telemática de acuerdos societarios y se han pospuesto
determinadas obligaciones mercantiles. Otras medidas incluyen la regulación excepcional de los contratos de arrendamiento o la moratoria de las hipotecas sin coste registral o notarial para los ciudadanos que la soliciten.


La contención del virus ha requerido importantes esfuerzos y, por qué no decirlo, enormes sacrificios. Como vengo exponiendo, el sector justicia también ha contribuido al funcionamiento del Estado durante este difícil periodo y, como es
lógico, ha sufrido el oportuno desgaste. Ahora que por fin estamos doblegando la curva, entramos en un nuevo tiempo que exige medidas orientadas a lo que se conoce como desescalada, pero que no son otra cosa que la reactivación y la reconstrucción.
Y les insisto, como hasta ahora, el plan del ministerio solo tiene un engranaje: el consenso. Quiero subrayar esto una vez más porque aspiro a tener en esta Cámara un amplio y generoso apoyo para el conjunto de las actuaciones normativas que
debemos poner en marcha, centradas en una mejora de la eficiencia del servicio público y por tanto en cómo administramos la justicia.


Señorías, traslademos una imagen de unidad en un ámbito institucional, la justicia, que necesita de enorme confianza. El plan para la desescalada que les propongo orbita sobre tres ejes: el organizativo, el tecnológico y el procesal. A su
vez, las medidas previstas para cada uno de ellos se contendrán en tres instrumentos normativos distintos, de los que ya conocen el primero. Mediante los mismos se pretende concentrar nuestros esfuerzos en fortalecer la justicia para que sea parte
de la solución y no otra arista del

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problema. El primer eje ya está en marcha. Para afrontar los problemas del COVID-19 en el sector de la justicia aprobamos la semana pasada un real decreto ley, dada la urgencia y necesidad, que precisa la reactivación de los tribunales
para la recuperación social y económica. Del mismo modo, debemos acometer reformas estructurales a través de un proyecto de ley para la mejora de la eficiencia organizativa, procesal y telemática del servicio público de justicia, con un especial
énfasis en la transformación digital y, de manera muy particular, en la mediación y en una ejecución eficiente de las resoluciones judiciales. Se trata de un proyecto que ya se incluía en Justicia 2030 pero que hemos tenido que adaptar y acelerar
para dar adecuada respuesta a la pandemia. Esperemos contar con este bloque normativo en unas fechas próximas en el Consejo de Ministros. Para ello, tomaremos en consideración las numerosas y muy interesantes aportaciones realizadas desde todo el
sector de la justicia. Finalmente, de acuerdo con la disposición adicional decimonovena del Real Decreto-ley 11/2020, se desarrollarán planes de reactivación en los órganos jurisdiccionales más afectados por el COVID-19, debido al parón de la
actividad que ha supuesto el confinamiento: contencioso-administrativo, laboral o juzgados de lo mercantil, aunque también alcanzarán a los órdenes penal y civil. Este plan de choque será aprobado por el Gobierno en el plazo máximo de quince días
desde que se levanten las medidas acordadas por el estado de alarma.


Permítanme que me centre, para concluir, en las principales medidas contenidas en el real decreto ley. El objetivo, como saben, es prepararnos para una desescalada eficiente y segura que permita el progresivo incremento de la actividad,
maximizando los niveles de respuesta. Preparar, en suma, la Administración de Justicia para la nueva normalidad. Les confirmo que ante todo, señorías, hemos intentado hacer un uso muy medido de esta fórmula, utilizando el decreto ley solo para
medidas realmente urgentes y excepcionales. La mayor parte de ellas, de hecho, tienen un tiempo de vida muy limitado: a la vigencia del estado de alarma y los tres meses siguientes. El decreto ley incluye un primer bloque de medidas organizativas
de impulso y refuerzo. Impulso y refuerzo para que el sector justicia supere las consecuencias del parón de la actividad derivado de la crisis. Quizás la medida más representativa sea la previsión de convertir órganos judiciales en órganos
asociados temporalmente a los asuntos derivados de la crisis del COVID. Estos juzgados COVID están concebidos como las UCI de nuestra justicia, destinados a enfrentar, con la necesaria especialización y dedicación, las peores consecuencias de la
pandemia para nuestra Administración de Justicia. Otras medidas importantes son la habilitación de parte de agosto a efectos procesales, la previsión de refuerzos con jueces de adscripción territorial y letrados en prácticas o la movilidad entre
órganos judiciales del personal judicial; insisto, todo ello con un tiempo brevísimo.


Quiero hacer un inciso en la habilitación de los días de agosto, del 11 al 31, con excepción de sábados, domingos y festivos, porque se han recibido algunas críticas, creo -lo digo honestamente- que injustificadas. Como bien saben, se
adoptan para paliar el acusado descenso de la actividad judicial que ha provocado el estado de alarma. No sería responsable, después de varios meses de paralización de la justicia y con el gran número de procedimientos que precisamente se pueden
generar de las consecuencias sociales y económicas de la pandemia, volver a parar un mes entero con motivo de las vacaciones estivales. Sin embargo, tampoco podemos olvidar que para hacer posible la reactivación esta medida supone exigir un
esfuerzo extra a jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia, funcionarios de los cuerpos de gestión, tramitación y auxilio, abogados, procuradores y graduados sociales, que se verán conminados a prestar sus servicios en un mes que
tradicionalmente es inhábil. Por este motivo es necesario coordinar ahora las medidas encaminadas a la agilización judicial con el derecho de estos profesionales a conciliar su vida personal y profesional, permitiendo además que funcionarios y
trabajadores independientes se centren en el despacho de sus asuntos, evitando una nueva interrupción y desplazamientos físicos innecesarios. En este sentido, el Ministerio de Justicia pretende impulsar, en colaboración y coordinación con el
Consejo del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado, un instrumento normativo complementario que permita optimizar el rendimiento y la eficacia de la habilitación. El objetivo es que sirva para dar celeridad a la tramitación de aquellos
asuntos que hayan podido quedar atrasados como consecuencia de los efectos de alarma y al mismo tiempo hacer efectiva la necesaria conciliación antes expuesta. En todo caso, me interesa destacar que todas las medidas del decreto ley cuentan con el
apoyo y consenso de todas las comunidades autónomas, con independencia de su signo político. Todas han contado con una información puntual sobre el contenido de la norma con anterioridad a su publicación y, como saben, ninguna comunidad autónoma ha
mostrado ningún tipo de discrepancia.


Señorías, el real decreto-ley contempla un segundo bloque de actuaciones relacionadas con la seguridad en el trabajo y tiene como finalidad básica garantizar la salud de los funcionarios y operadores para evitar nuevos contagios. Se trata
de una serie de limitaciones que deberán contemplarse durante lo

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que quede de estado de alarma y en los tres meses posteriores. Quiero destacar aquí la regulación de dos turnos de trabajo, de mañana y tarde, que permitirían incrementar la actividad presencial sin aumento del riesgo de contagios. Otras
medidas importantes incluyen la limitación del acceso de público a las vistas, la atención del público por teléfono o e-mail o dispensa del uso de la toga. Como he repetido a lo largo de mi intervención, la seguridad de todo el personal al servicio
de la Administración de Justicia es la prioridad; para todas las instituciones, no solo para el Ministerio de Justicia. Por eso me honro en decirlo.


El tercer bloque recoge algunas medidas de transformación digital. Ya comenté que la crisis nos está empujando con mayor velocidad hacia ese cambio, cambio estructural, necesario, y el decreto ley incluye algunas medidas en esa dirección.
De manera muy particular habilitamos y potenciamos las vistas y los actos procesales telemáticos, manteniendo las necesarias garantías, sobre todo en el ámbito penal. La norma también habilita y mejora el uso de los sistemas de identificación y de
firma digital y establece una obligación general para las administraciones prestacionales de garantizar que los sistemas de gestión procesal permitan el teletrabajo.


No quiero dejar de mencionar las medidas procesales extraordinarias que hemos adoptado. De un lado, los plazos procesales que hubieran quedado suspendidos con la declaración del estado de alarma comenzarán su cómputo desde cero; si son
plazos para presentar recursos, se ampliarán por un periodo igual al previsto por la ley. Por otra parte, se regula un procedimiento especial preferente y sumario para cuestiones de familia derivadas de la pandemia. Igualmente, destaco la
prioridad procesal que se establece para asuntos exacerbados durante esta crisis: protección de menores, incumplimiento de las moratorias excepcionales para rentas de arrendamientos, recursos contra las administraciones por las denegaciones de
ayudas COVID-19 o los asuntos laborales relacionados con despidos o extinción de contratos de trabajo y los derivados de la recuperación de las horas de trabajo no prestadas durante el permiso retribuido. Vamos a tratar de agilizar en lo posible de
una manera particular esta litigiosidad que trae causa directa de la crisis.


El real decreto contiene un quinto bloque para hacer frente al previsible incremento de asuntos concursales. Estas medidas tienen como prioridad el mantenimiento de la continuidad económica de las empresas y los autónomos que con
anterioridad al estado de alarma venían cumpliendo sus obligaciones derivadas de un convenio o un acuerdo de refinanciación. Asimismo, con las mismas se busca incentivar la financiación de las empresas para atender sus necesidades transitorias de
liquidez.


Finalmente, no puedo dejar de referirme a algo que he debatido con algunos de ustedes durante varios años: la necesaria prórroga de la vacatio legis de la Ley del Registro Civil. Saben que la entrada en vigor de esa norma se viene
posponiendo desde hace ya demasiados años. Mi compromiso es poner en marcha el nuevo modelo registral, pero las actuales circunstancias lo hacen inviable en este momento. Por otra parte, creo que el modelo pensado hace casi diez años necesita
ajustarse a la realidad actual. En este sentido, como ya he anunciado, trabajaremos sobre la base de la propuesta que realizó el Partido Popular, al que agradezco su presentación, para poder entre todos definir cómo debe entrar en vigor la ley
referida del Registro Civil.


Señorías, les invito -y los que me conocen saben que lo hago con vehemencia- a que lean ese real decreto ley. Es un real decreto-ley que cumple escrupulosamente con las exigencias constitucionales. Por eso, y en esta breve presentación de
la norma, me gustaría aclarar alguna duda técnica que he visto reflejada en algún medio de comunicación. Es cierto que algunos aspectos afectados por el decreto ley están actualmente regulados en nuestra Ley Orgánica del Consejo General del Poder
Judicial, como casi todo lo que afecta a la justicia; no obstante, también es cierto, en nuestra jurisprudencia constitucional y del Tribunal Supremo, que nada impide la modificación de una ley orgánica mediante el real decreto ley, siempre que la
materia afectada no tenga esta reserva de ley orgánica. Como saben, las materias reservadas a ley orgánica vienen determinadas en el artículo 81 de nuestro texto constitucional y no incluye la regulación de los periodos hábiles o de las jornadas
laborales y tampoco el hecho de que esas materias estén ya reguladas por ley orgánica supone una congelación de rango. Este efecto está también expresamente prohibido por nuestro Tribunal Constitucional.


En el mismo sentido clarificador, me gustaría recordar que las medidas del decreto ley en modo alguno desapoderan a las comunidades de sus competencias en la materia ni de su capacidad de decisión sobre la distribución de la jornada u
horario de funcionarios o de cualquier otro etcétera que puedan ahí tener considerado. De hecho, ya la semana pasada hemos iniciado los trabajos técnicos con las comunidades, el Consejo, la Fiscalía, para implementar de una manera coordinada las
medidas organizativas del decreto ley y estamos trabajando en ello conjuntamente con enorme celeridad, como no podría ser de otro modo.

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En definitiva, señorías, y como se desprende de este sucinto repaso, el real decreto-ley incluye un paquete de medidas extraordinarias para mejorar la respuesta a corto plazo de la Administración de Justicia a la crisis. Sin duda, algunas
de ellas supondrán un esfuerzo adicional para los profesionales y el personal del sector, pero no debemos olvidar que hay una exigencia social de esfuerzo para salir de la crisis. La sociedad no nos entendería, no entendería que el resto de las
administraciones no se pusieran a la altura del personal sanitario o de las fuerzas de seguridad, como tampoco entendería, creo, que los responsables públicos no hiciéramos un esfuerzo para alcanzar acuerdos y fortalecer así las instituciones.
España es sus instituciones, como defendía Fernando de los Ríos. Los representantes públicos hemos de apostar siempre, y en particular en las situaciones de crisis, por el diálogo, la coordinación interinstitucional y el consenso. En este marco,
señorías, les pido su apoyo a la convalidación del real decreto-ley porque es un instrumento medido, urgente y necesario para preparar al servicio público de justicia para salir de la crisis.


Muchas gracias por su atención.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.


Vamos a proceder a dar inicio al turno de intervención de los portavoces de los grupos parlamentarios. Tiene la palabra el señor Santamaría Ruiz, por el Grupo Parlamentario Popular.


El señor SANTAMARÍA RUIZ: Muchas gracias, presidenta.


Buenas tardes, señor ministro. Señorías, antes de comenzar quiero expresar en nombre de mi grupo el sentimiento de nuestro más hondo pesar y nuestras más sentidas condolencias a todos los familiares y allegados de los miles de españoles
cuyas vidas se ha cobrado esta terrible pandemia; toda nuestra empatía y afecto a todos ellos, también todo nuestro afecto a quienes a día de hoy siguen luchando contra la enfermedad y también a sus familiares para desearles ánimo y transmitirles
un mensaje de esperanza y confianza en los magníficos profesionales de la sanidad española. También un mensaje de sincera admiración y reconocimiento a todos los españoles que desde los muy diferentes frentes combaten el COVID-19, y muy
especialmente a los empleados públicos de la Administración de Justicia y al resto de operadores jurídicos, cada uno de ellos en su respectivo ámbito.


Señor ministro, lamento el tono de su intervención, alejado de la realidad, que demuestra que vive usted en un palacio de cristal que nada tiene que ver con la realidad. Permítame decirle que llega usted a esta comparecencia con varias
semanas de retraso y que si usted ocupa hoy esa tribuna lo hace porque mi partido y la oposición no le hemos dejado otra opción. Los miles de españoles fallecidos no pueden ser falsamente corteses. Puede que ustedes estén muy a gusto en el palacio
de cristal en el que habitan, pero nosotros estamos obligados a llamar a las cosas por su nombre.


Vamos a comenzar diciéndole a usted que ha sido un ministro a la fuga y el titular de un ministerio de Estado y que, sin embargo, no ha creído ni en el Estado ni en sus instituciones. Ha huido de esta Cámara cuando de rendir cuentas se
trataba, anunció usted por sorpresa la puesta en marcha del grupo de expertos encargado de redactar la nueva Lecrim cuando no parecía ni un asunto más urgente ni la cuestión más perentoria, optó usted por aprobar su plan de reactivación como
decreto-ley cuando ese decreto-ley debería haber sido fruto del debate parlamentario y también ha anunciado que no será su ministerio quien redactará el proyecto de ley de defensa jurídica, y lo ha hecho mientras los abogados del turno de oficio
exigían medios telemáticos para proteger su salud -que usted no les ha proporcionado-, prevenir riesgos y evitar contagios. Confundió usted, señor ministro, prioridades y eligió mal, porque, si había que elegir entre los abogados del turno, que son
el mejor ejemplo de la enorme riqueza y diversidad jurídica de este país, y los grandes nombres, usted debería haber estado con los primeros, y por supuesto siempre respetando a los segundos, y escucharle todo ello ha sido motivo de tristeza, como
tristes han sido también las dos ruedas de prensa, señor ministro, en las que usted ha participado en esta crisis.


En la primera reconoció estar estudiando cómo profundizar en la geolocalización de los españoles con o sin su consentimiento y estar estudiando medidas para el confinamiento no voluntario de las personas asintomáticas en lo que ustedes
llaman arcas de Noé. ¿Sigue usted, señor ministro, estudiando estas cuestiones? Explíquenoslo, porque nuestras libertades exigen esa transparencia que usted predica pero que no ejerce. Y en la segunda rueda de prensa pretendió limitar la libertad
de prensa excluyendo a tres medios de comunicación, entre ellos Okdiario -y lamento no recordar el nombre de los otros dos-, siguiendo el ejemplo de su líder, el señor Sánchez. Ha permanecido usted silente, callado, cuando el señor Marlaska
reconocía estar monitorizando las redes sociales de los españoles para luchar contra las opiniones contrarias al Gobierno, retrotrayéndonos a los peores

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tiempos del nodo, y lo ha hecho siendo sabedor de que el artículo 20 de la Constitución prohíbe la censura previa y también que solo a los tribunales compete el control sobre el ejercicio de la libertad de prensa. Le pregunto: ¿siguen
monitorizándonos? ¿Han puesto fin ya a esta infame actuación? Su mutismo, señor ministro, ha servido para desautorizar a la Abogacía del Estado cuando esta informó sobre la ausencia de base legal en las más de 800 000 sanciones que, al amparo de
la ley que ustedes llaman mordaza, ha impuesto su Gobierno. Contéstenos, señor ministro, en esta cuestión. ¿Está usted del lado del derecho y de la Abogacía del Estado? ¿Respalda sus informes? ¿O está del lado de quien está sancionando sin base
legal?


Son ustedes maestros de la mordaza, maestros de la manipulación de la realidad vía CIS o vía Televisión Española y en su caso, señor ministro, maestros del silencio y también del escapismo. Señor ministro, como principal partido de la
oposición no hemos querido ser nunca partícipes de su patada a seguir, y por eso le hemos pedido que comparezca para dar cuenta de su gestión durante esta crisis, para que informe sobre la cifra real de fallecidos, cosa que parece no gustarle, y
también hemos pedido su comparecencia para que nos explique si respalda, comparte o desautoriza las críticas del señor Iglesias al Poder Judicial, de las que nada ha dicho. No podemos evitar preguntarnos por qué el ministro de Justicia no defiende
a los jueces y por qué se ha convertido usted en un peón del señor Iglesias en su proceso para ocupar el Poder Judicial.


En relación con su gestión de la crisis de la COVID-19, debo decirle que hemos presentado cerca de cien iniciativas, que esperamos que tengan pronta respuesta, porque en la gestión de su ministerio apreciamos que hay muchas más sombras que
luces. En primer lugar, ¿por qué una de las primeras medidas que adoptó su ministerio tuvo como objetivo permitir que se reanudaran los procedimientos en materia del ejercicio del derecho de gracia? ¿Era realmente urgente? Explíquenos de dónde
vinieron las presiones. ¿Se trataba de aprovechar la crisis para enviar a casa a los sentenciados por el procés, como más tarde intentaría la Generalitat de Catalunya?


En segundo lugar, en relación con las medidas de protección adoptadas, que usted considera consensuadas y suficientes y que, según usted, tan alto grado de consenso han alcanzado entre los distintos agentes del mundo de la justicia, ¿usted
considera que fueron suficientes? La respuesta es bien sencilla. ¿Estuvieron lo suficientemente coordinados? Porque le vamos a pedir y le estamos pidiendo datos concretos, no estimaciones ni valoraciones ni tampoco intenciones. Usted sabe que la
realidad demuestra que en algunos casos las medidas de protección fueron adoptadas por los titulares de los órganos jurisdiccionales, en otros casos por los decanatos, en otros casos por los presidentes de los TSJ, en otros casos por el Consejo
General del Poder Judicial, en otros casos fueron adoptadas por las comunidades autónomas, en otros casos por el Ministerio de Justicia, en otros casos por las comisiones de seguimiento provinciales y en otros casos por las comisiones de seguimiento
autonómicas. ¿No cree usted, señor ministro, que esto es un galimatías de organización que impide tener un criterio homogéneo aplicable a todo el territorio nacional? ¿Por qué no se utilizaros los mecanismos que prevé la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales? ¿Sabe usted que en las comisiones de seguimiento no están representados los funcionarios de la Administración de Justicia? ¿Nos podría explicar por qué? A nadie nos extraña que los empleados públicos denuncien la absoluta
inexistencia de criterios homogéneos de protección en todo el territorio nacional, como acabo de decir. Le pregunto si es usted consciente de ello. Parece que no, a raíz de su intervención.


Díganos también, ¿cuáles son las cifras de afectados por la enfermedad en la Administración de Justicia? Sé que acaba de enviar, precisamente con fecha de hoy, un escrito a las organizaciones sindicales, pero ¿puede usted aclararnos cuáles
son las cifras de los afectados? ¿Por qué no se dan datos desde el 8 de abril? ¿Por qué los últimos datos se refieren al 16 de abril y precisamente los acaban de comunicar hoy? ¿Por qué no nos cuentan los datos? No sé si piensa el señor ministro
que por ocultar los datos los enfermos dejan de existir. ¿Recuerda usted también el contenido de una carta de los letrados que, según usted, tan contentos están, que dirigieron a su ministerio y en la que le decían -y leo textualmente- que
consideraban que su ministerio había demostrado alcanzar límites de ineficacia y descoordinación elevados al aprobar resoluciones múltiples, ineficaces, contradictorias e ineficientes? ¿Es este el grado de consenso al que usted aspira y el que
usted persigue, señor ministro? Explíquenos la docena de denuncias presentadas en los tribunales reclamando la distribución de medios de protección.


En relación con el número de fallecidos, que tanto parece molestar al señor ministro, le diré que lo verdaderamente irresponsable es esconder la verdad y, por tanto, permita que reitere las preguntas que

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considero imprescindible que tengan respuesta. ¿Cuántas personas han fallecido desde que se declaró la pandemia? ¿Cuántas lo han hecho por el coronavirus? ¿Por qué no publican ustedes las cifras reales de fallecidos? ¿Cuál es la media de
defunciones en la serie histórica, señor ministro? Porque usted esos datos los tiene; a fecha 30 de abril se han recogido los datos del Registro de Madrid. ¿Sabe usted que, si comparamos la serie histórica en el caso de la ciudad de Madrid, hay
entre cuatro y cinco veces más de lo que suele haber en la serie histórica comparada? Usted lo sabe y, sin embargo, este tema le resulta espinoso, y como le molesta, usted ha cometido el terrible error de decir que no le gusta hablar de un debate
técnico; no, no es un debate técnico, señor ministro, es una cuestión de humanidad, es una cuestión humanitaria explicar la realidad y la dimensión de la crisis. No se trata de hablar ni de números ni de picos ni de curvas; hablamos de personas,
de familias, de dolor; hablamos de sueños truncados y de un enorme drama humano que ustedes se empeñan en ocultar.


Una última pregunta, ¿ondean las banderas de su ministerio a media asta, señor ministro? ¿Por qué no? Se lo pregunto porque, según tengo entendido, no es así. ¿Cuántas personas más tienen que fallecer para que usted muestre públicamente
su duelo, y cuando digo usted me refiero a todo su Gobierno?


Con respecto a las normas que están por venir, esperaremos a conocerlas para poder emitir una opinión, pero sí tenemos el conocimiento del real decreto que se acaba de aprobar. No hace falta que sea usted paternalista y nos mande leer,
porque es nuestra obligación y lo hacemos, además lo hacemos con gusto porque es cumplir con nuestro deber. Permítame que le diga en relación con otros dos ministros que hemos perdido en esta crisis, Landelino Lavilla y Enrique Múgica, que ellos sí
que fueron capaces de encontrar escenarios de consenso y de encuentro que usted, por mucho que presuma, no ha sido capaz de hallar.


Disfrute del momento, del efímero respaldo de los señores de Podemos por los que ha pagado el alto precio de permanecer en silencio mientras el señor Iglesias agredía a quienes ustedes debían proteger. Ya le advertimos de que este no sería
el único precio que tendrá usted que pagar en ese camino del señor Iglesias hasta ocupar el Poder Judicial. Déjeme que le resuma algunas de las frases que han dicho, por ejemplo, organizaciones sindicales como CSIF: ineficientes, que no garantizan
la reincorporación segura del personal. Por su parte, UGT dice que se venga del personal de la Administración de Justicia. Hablan de cacicada, denuncian su intransigencia. El STAJ denuncia la nula voluntad de diálogo. Comisiones Obreras lo
califica de vulneración del artículo 28 de la Constitución. La APM habla de que no hay dinero y de que las medidas no se corresponden con la realidad de los juzgados. La Asociación Francisco de Vitoria habla de medidas cosméticas. La Asociación
de Fiscales dice que falta un estudio para la reincorporación de los funcionarios con todas las garantías, algo que no existe en su real decreto. El Consejo General de la Abogacía se queja no solo de que el mes de agosto haya sido declarado como
útil, sino que hablan de la inexistencia de un consenso que exigen para ser eficaces en las medidas adoptadas; un consenso que, según ellos, usted no ha conseguido. Por lo que se refiere a los letrados, que han ofrecido un trabajo para poder poner
en circulación...


La señora PRESIDENTA: Debe ir terminando, señor Santamaría.


El señor SANTAMARÍA RUIZ: Voy terminando.


... 1800 millones de euros, han denunciado el desprecio a sus propuestas de negociación. Pero el ejemplo de Sevilla es donde mejor se resume la posición que unánimemente mantienen los distintos operadores. En primer lugar, hablan de
maquillaje y cosmética, de medidas ineficaces e ilusorias, de un falso consenso, de un lavado de cara ante la opinión pública, de caos, de demagogia, de inoperancia, e incluso del país de Nunca Jamás. Ese es el consenso al que ha estado usted
constantemente refiriéndose.


Me referiré a algunas cuestiones relativas al decreto que nos acaba de presentar. La primera es que ha traído usted un decreto a esta Cámara en el cual no nos establece cuáles son las previsiones del Gobierno sobre el incremento del volumen
de los asuntos que está previsto que ingresen en los órdenes jurisdiccionales. ¿Cómo vamos a hacer un real decreto-ley de medidas preventivas sin conocer a qué realidad nos enfrentamos? ¿La conoce? Estoy seguro de que sí, ¿por qué no nos la
cuenta, por qué nos la esconde? En segundo lugar, no incluye ninguna previsión de refuerzos ni tampoco de dotaciones presupuestarias. La tercera, el plan para nosotros tiene puntos que rozan la inconstitucionalidad. Entender que su real
decreto-ley es una ley procesal y, por lo tanto, susceptible de acogerse al 183 de la Ley Orgánica del Poder Judicial nos parece, cuando menos, atrevido. También consideramos arriesgado y de dudosa legalidad la adopción del procedimiento especial y
de sumario ex novo para la resolución de las

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cuestiones relativas a derecho de familia. Hablábamos también de cómo se ha vulnerado, según las organizaciones sindicales, el artículo 28.


La señora PRESIDENTA: Su tiempo ha terminado, señor Santamaría.


El señor SANTAMARÍA RUIZ: Voy terminando, un segundo.


Permítame una última referencia, relativa a las disposiciones finales cuarta y quinta, lo que se refiere al trágala de Podemos. Ha inventado usted una técnica legislativa. Con el real decreto que nos presenta modifica el Real Decreto-ley
11/2020 que ya ha sido convalidado y que está tramitándose como proyecto de ley. ¿Cómo puede ser que el Ejecutivo invada las facultades y atribuciones que en este momento tiene el Legislativo?


Muchas gracias, presidenta, por su cortesía.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Ortega Smith-Molina.


El señor ORTEGA SMITH-MOLINA: Muchísimas gracias, señora presidente.


Señor ministro, muchas gracias. No se olvide de felicitar, cuando llegue al ministerio, al departamento de prensa y propaganda, realmente magnífico. Ha hecho usted un alegato de descargo de acusaciones brillante y, además, un argumentario
de la propaganda que realmente le pone a la cabeza de los ministros que mejor han venido a defender lo indefendible. No actúa usted como magistrado, no es usted el abogado de defensa, es usted el ministro de Justicia. Se ha llenado la boca de
repetirnos hasta la saciedad, de manera machacona, dos argumentos -no crea que no nos hemos dado cuenta-, porque se lo han dicho los del departamento de prensa y propaganda. Repita usted veinte veces la palabra consenso y machaque a la oposición
llamándoles de todo: irresponsables, falsarios, faltos de rigor, faltos de credibilidad, movidos por el odio, premisas torticeras y peligrosas. No le ha faltado a usted nada, pero es que nuestro trabajo es denunciar ante la opinión pública lo que
yo ahora voy a denunciar. Lo que usted ha dicho es falso; es falso y yo le acuso públicamente de estar ocultando desde su ministerio y desde el Ministerio de Sanidad los datos de los fallecidos por COVID. Lo repito por si no ha quedado claro:
ocultar ante la opinión pública los datos de los fallecidos por COVID. Y, además, ha actuado usted desde su ministerio a espaldas de los operadores jurídicos: jueces, magistrados, secretarios, abogados, registradores, procuradores, funcionarios.


Hagamos un repaso para que entienda el porqué de estas afirmaciones. Mire, el 11 de marzo la instrucción del Consejo General del Poder Judicial sobre las prestaciones del servicio público ante el COVID. Vamos a hablar de consenso. Todas
las asociaciones judiciales -la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Francisco de Vitoria, el Foro Judicial Independiente, Juezas y Jueces para la Democracia, todas- lo han calificado como verdaderamente indignantes, porque no se
suspendían los juicios, porque no tenían el material suficiente, salvo que lo suspendiera el presidente del tribunal y fuese ratificado luego por la comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial. ¿Ve usted? Consenso. El 14 de marzo,
tras la declaración del estado de alarma, el Consejo General del Poder Judicial acuerda suspender actuaciones judiciales y plazos procesales, garantizando servicios esenciales. El 14 de marzo hay una nueva instrucción precisando el alcance y la
aplicación de esos servicios esenciales. El 18 de marzo, el Consejo General del Poder Judicial dice que se podrá tramitar y que reforzará los sistemas de LexNET y la suspensión de plazos. Vuelvo a hablarle a usted de consenso, señor ministro. El
18 de marzo, las asociaciones judiciales envían un escrito al Consejo General del Poder Judicial diciendo que cerrarán los órganos judiciales si en el plazo de veinticuatro horas no se les dota de -atención entrecomillado- medios reales de
protección individual y colectiva. Medios reales, no propaganda. No nos diga usted en sus reales decretos que se dotará de medios de protección a la salud de jueces, de abogados, de procuradores. Medios reales para la protección y que lo harán al
amparo de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Le piden, señor ministro, lo mismo que yo le pido aquí o que nuestro grupo le pide aquí, coherencia entre las instrucciones que emanan del ministerio y del Consejo General del Poder Judicial y el
material real de protección, que no ha existido.


El 19 de marzo, el propio Consejo General del Poder Judicial amplía los servicios esenciales, modifica en materia de horarios, reducción de jornada. Más adelante, el 20 de marzo, nos da medidas en relación con la custodia de menores,
derecho de familia, inscripciones de nacimiento, Registro Civil, etcétera. El 23 de marzo, un nuevo protocolo de medidas preventivas. El 24 de marzo -atención, más consenso, más

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consenso-, los secretarios judiciales, les toca ahora a las asociaciones de secretarios judiciales, directamente se van ante la jurisdicción social, en base a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y logran que se ordene inmediatamente a
su ministerio -eso se le ha pasado contárnoslo- la entrega inmediata de equipos de protección individual, mascarillas, guantes, desinfectantes, etcétera. Segundo, le ordena la evaluación individual del riesgo de cada uno de los trabajadores de la
Administración de Justicia. Le ordena paralizar cualquiera de las funciones hasta no tener los equipos de protección. Ya ve usted que estaban en pleno consenso con el ministerio. Seguimos el 25 de marzo, nuevamente el Consejo General del Poder
Judicial establece un horario para jueces, para registros civiles, les dice que van a trabajar toda la semana, que se da despacho preferente a las licencias de enterramiento; 25 de marzo. Un mes después, 28 de abril, más consenso, el Sindicato de
Trabajadores de la Administración de Justicia mayoritarios hablan de colapso en el Registro Civil Único de Madrid, que no logran ya inscribir los muertos a fecha del 2 de abril. Habiendo pasado, señor ministro, a 500 fallecidos diarios, cuando la
media en los años anteriores era de 90, y ahora la media está en 150 por día, colapsados. Y el personal de los registros denuncia que es absolutamente insuficiente, sin tener material de EPI y sin tener test.


Creo que la mejor manera de explicarle todo esto va a ser a través de la nota de las instrucciones -que usted conoce bien y que también ha omitido- que remitió el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, el señor
Vicente Rouco, que mandó una serie de diligencias para que, durante esta situación de emergencia, se llevase a cabo diligencia en cuanto a las causas por las que se estaban produciendo las licencias de enterramiento. Durante el mes de marzo, señor
ministro, se incrementaron en un 96,3 % las licencias de enterramiento. ¿Sabe lo que significa esto? Que, una vez analizados los datos -no lo dice VOX, lo dice el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha-, solo en
Castilla-La Mancha, señor ministro -y que lo sepan los españoles-, ha habido una diferencia del 69,7 % de más fallecidos en relación con los datos publicados por el Ministerio de Sanidad. Si esta cifra se extrapola al resto de España, es
terrorífico de lo que estamos hablando. Un 69,7 % más de fallecidos por el COVID, señor ministro.


Permítame que le lea un párrafo -que, a lo mejor lo ha leído usted ya, pero seguro que los españoles lo van a entender-, porque los datos a veces son muy fríos, por tanto, vamos a ponerle razón, sentimiento jurídico y un poco de dignidad.
Estamos ante un problema general que afecta a muchas personas, a las que por falta de corroboración analítica de la infección del COVID se está tratando como unos muertos cualesquiera, sin que conste de una manera suficientemente cierta la causa del
fallecimiento, lo que constituye un problema jurídico. Pero, además de un problema jurídico, constituye un problema de dignidad y de nuestra dignidad como sociedad civilizada, asociada a la identidad de esas personas. Una sociedad verdaderamente
civilizada no puede sepultar en el olvido y en la ignorancia, sin nombre, sin identidad, sin memoria, sin conocer las causas, la desaparición de tantas y tantas personas. Me mueven, ante todo, deberes jurídicos y profesionales, pero también deberes
éticos y morales, para con estos conciudadanos míos que están muriendo a centenares y el principal deber, insisto, es asegurar que quede lo más claramente posible recogida la causa de la muerte. Es un deber ético que se remonta a las leyes más
ancestrales en respeto de nuestros muertos. Este es un artículo del 30 de abril, como usted conoce, del mismo presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, al que me he referido. Habla de obligación legal, habla de dignidad
hacia nuestros compatriotas.


El 28 de abril ustedes adelantan el Real Decreto 16/2020, de medidas procesales y organizativas para el COVID. Pues mire usted, claro que ha leído muy bien en la prensa y ha salido usted a hacer su alegato de descargo, hay serias dudas
sobre la constitucionalidad de este real decreto que está modificando una ley orgánica, una ley orgánica que usted sabe que debe tener esa mayoría especial en el Congreso. Usted por vía de real decreto está modificando una ley orgánica. Además,
crean juzgados especiales, que choca también contra el principio general del juez natural y no el juez especial. Además, para colmo, hablan de declarar hábil el mes de agosto, que ya le digo que la inmensa mayoría de los operadores jurídicos
considera algo inútil porque no va a resolver de ninguna manera el atasco; atasco, por cierto, que ya venimos padeciendo en la Administración de Justicia, y usted lo conoce bien, desde hace décadas por esa falta de recursos en la Administración que
defiende los derechos y obligaciones de todos los españoles. En definitiva, nos parece a priori que este real decreto, que además tiene una vigencia de tres meses, no es más que un parche ante una terrible fuga en la situación.


No nos ha hecho caso hablando de...

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La señora PRESIDENTA: Señor Ortega, debe ir terminando.


El señor ORTEGA SMITH-MOLINA: Señora presidente, según el cronómetro que yo tengo aquí: ocho minutos cincuenta y tres segundos, o sea, que todavía no ha llegado a los diez minutos.


La señora PRESIDENTA: Pues mire, según el cronómetro de la Cámara, ha pasado usted ya quince segundos de los diez minutos.


El señor ORTEGA SMITH-MOLINA: Bueno, si me lo permite, intentaré no pasarme del tiempo que ha estado mi compañero del Grupo Popular.


En cualquier caso, estaba terminando, señora presidente. Le detallaré las iniciativas del Grupo Parlamentario VOX que no han tenido ninguna respuesta: una proposición no de ley para la asistencia letrada, para garantizar los derechos de
asistencia letrada al detenido de los abogados y de los intervinientes sin riesgo para su salud; la creación de un comité de emergencia con la necesidad de un protocolo de medidas de seguridad, que no ha tenido respuesta; la posibilidad de que
todos los estudiantes que están deseando poder celebrar su examen de acceso a la Abogacía, al igual que los de a tramitadores procesales y los administrativos puedan examinarse, esos más de 6800 aspirantes, aunque sea un examen por vía telemática o
un examen presencial con las medidas sanitarias correspondientes. Asimismo, hemos presentado una proposición sobre custodia del menor y del régimen de visitas que garantice, al no haber desplazamientos, la salud de los padres, pero sobre todo de
los menores. Le hemos preguntado y tampoco hemos tenido respuestas sobre qué apoyo económico van a dar a abogados y procuradores, qué exenciones fiscales, qué exenciones en aplazamientos de obligaciones para quienes no están pudiendo trabajar.
¿Qué medidas reales, reales y efectivas, señor ministro, no de propaganda, van a adoptar para proteger la salud de fiscales, abogados, procuradores y funcionarios que tienen que ir presencialmente? ¿Qué criterios han utilizado -díganoslo- para
lograr computar el número real de fallecidos: los que fallecieron en las residencias de ancianos, los que han fallecido en su casa, a los que no se les ha hecho ninguna prueba? Voy terminando. ¿Han dado instrucciones a jueces de los registros
para que identifiquen las causas reales de la muerte desde el pasado mes de marzo? ¿Creen que el cómputo de las licencias de enterramiento no es un dato a tener en cuenta a la hora de valorarlas?


La señora PRESIDENTA: Su tiempo ha terminado.


El señor ORTEGA SMITH-MOLINA: Muchas gracias, señor ministro. Muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Gracias.


A continuación, por el Grupo Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, el señor Asens Llodrà tiene la palabra.


El señor ASENS LLODRÀ: Gracias, presidenta. Buenos días, señor ministro.


Lo primero que quería hacer es agradecerle sus explicaciones y la presencia en esta Comisión. Creo que ha hecho un informe muy extenso y muy detallado del contenido del decreto-ley. Y también quiero agradecerle que haya recogido algunas de
nuestras sugerencias. Lo segundo que quería hacer es una reflexión que creo que compartimos la mayoría o todos los que estamos aquí: es evidente que la crisis, a raíz de la expansión del COVID-19, está poniendo a prueba el sistema judicial, igual
que los otros servicios públicos, y tenemos enfrente un reto sin precedentes en nuestra democracia. Usted, que lleva poco tiempo en el cargo y es el ministro de Justicia, tiene por delante un reto más grande, precisamente ahora en este tiempo de
pandemia. Estos días se ha hablado mucho de la sanidad y de otros servicios públicos; como decía usted, es verdad que es un pilar fundamental del Estado social y democrático el de la justicia y, obviamente, la pandemia le somete a un test de
estrés, pero, como afirmaba usted, es obvio que puede ser una oportunidad para fortalecer esa Administración de Justicia que lleva tanto tiempo de retraso en muchas asignaturas -faltan recursos, faltan medios, falta modernización, etcétera- y es
evidente también que la pandemia no puede ser una excusa para poner en cuarentena ciertos derechos de los justiciables.


En ese sentido, el Consejo General del Poder Judicial se equivocaba en su plan cuando pretendía recortar derechos para aligerar la carga de trabajo de los juzgados, por ejemplo, cuando pretendía que los internos en los centros penitenciarios
no pudieran recurrir las denegaciones de sus permisos de salida.

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Eso va en la dirección contraria a la que nosotros creemos que debe ir el sistema judicial y también, evidentemente, el funcionamiento de las cárceles españolas que no son ajenas a la pandemia; de hecho, nosotros hemos planteado una batería
de propuestas entre las cuales está precisamente el confinamiento domiciliario, no solo para las personas que están en el tercer grado, sino también para todas aquellas que están en régimen de semilibertad. Es una propuesta que creo que tendríamos
que plantearnos tanto nosotros como la Generalitat, porque es absurdo que los internos que salen a trabajar o a hacer voluntariado vuelvan al centro penitenciario con el riesgo que eso representa de contagio para los otros internos. Es difícil
garantizar la seguridad, la higiene, en un centro penitenciario. ¿Cómo se garantiza cuando hay comedores comunes, cuando hay celdas con varios internos? La OMS y los organismos internacionales nos dicen que tenemos que intentar descongestionar los
centros penitenciarios y nos indican el camino. Creo que deberíamos en ese punto ser un poco más ambiciosos y seguir la estela de lo que nos marcan los organismos internacionales. En todo caso, el plan era absolutamente necesario, va en la buena
dirección, construye un escudo judicial absolutamente imprescindible, a diferencia del plan de choque del Consejo General del Poder Judicial, que, como decía, tenía muchas deficiencias.


Déjeme que le haga un par de observaciones que también creo que son ampliamente compartidas: una es que el COVID ha roto muchos prejuicios, uno de los cuales es precisamente el de la viabilidad de celebrar declaraciones o audiencias
públicas a través de las videoconferencias acompañadas de la gestión procesal remota. ¿Tiene sentido estar todos presentes en un lugar para resolver problemas? Creo que ese es un debate que también tenemos que hacer en el Congreso y que ahora la
pandemia nos obliga a afrontarlo. Eso tiene relación con una asignatura pendiente en nuestra Administración que usted ha señalado y que señaló en su primera comparecencia, que es la transición a la digitalización. Es una carencia crónica de
nuestro sistema judicial que hace que se arrastre una burocracia excesiva, que haya dificultades para asimilarnos a las administraciones de Justicia de otros países de nuestro entorno. Hay que modernizar los medios informáticos en la línea de lo
que nos dice la Comisión Europea. La eficiencia depende de eso y el clima de confianza en el entorno económico y social de la ciudadanía también. El objetivo de papel cero, ahora más que nunca, es absolutamente imprescindible. Eso tiene que ver
con la puesta a punto de las oficinas judiciales. Ahora no lo están, admitámoslo. Las medidas que se han aprobado con este decreto-ley son importantísimas y quiero valorarlas muy positivamente. Usted ha señalado algunas de ellas: la suspensión
de los plazos procesales, la garantía de los servicios esenciales, la seguridad de todos los intervinientes, los procesos especiales y sumarios que se han habilitado. Todo eso es imprescindible, así como también la dispensa de las togas, algo que
agradecen mucho los abogados y abogadas. En todo caso, las oficinas judiciales todavía no tienen medios para habilitar la comunicación y las grabaciones en los términos que serían deseables. En este sentido, hay que recordar que tenemos una
asignatura pendiente, como decía, la que establece la Ley 18/2011, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia, que prevé un proyecto de ley, que todavía no se ha elaborado, que regule
de manera integral el uso de los sistemas de videoconferencia en la Administración de Justicia.


La segunda observación tiene que ver, precisamente, con el plan de desescalada que seguramente debería acompañar a este decreto-ley, un plan que sirva para todas aquellas actividades que necesiten la presencia de los operadores jurídicos.
Hay que ser muy sensibles. Me consta que usted está en contacto con todos los colegios de abogados, y precisamente por eso sabe que están pidiendo garantías de que haya limpieza, que se desinfecten las sillas y los micrófonos, como se hace aquí, en
el Congreso, las salas de espera, etcétera.


Otro elemento importante, otra observación que quería hacerle -lo han comentado también los compañeros que me han precedido en el uso de la palabra- es la habilitación de los días 11 y 31 de agosto. Usted decía que es necesaria esa
habilitación, que es exigible un esfuerzo extra para evitar el colapso. No lo discutimos y seguramente no habrá más remedio que hacerlo en los términos en los que se ha planteado, pero es verdad que eso genera una situación de desigualdad entre los
abogados, que no tienen derecho a vacaciones, y los otros operadores jurídicos. Hay que ser sensibles a las demandas de los colegios de abogados, que están señalando esa cierta incongruencia. Es obvio que tenemos que ejercer el derecho de defensa
-bueno, yo todavía no ejerzo de abogado- de los abogados, que tienen que actuar en unas condiciones diferentes y muchas veces incómodas. Tenemos que intentar mantener ese equilibrio, y el equilibrio entre el derecho de defensa y las condiciones de
seguridad no siempre es fácil. Creo que el plan va en una buena dirección, pero tendría que ir acompañado de otras medidas.

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Otra cuestión que nos preocupa es la garantía del acceso al expediente judicial a las partes y también la obligación de la presencia del acusado en los juicios. Está bien eso que se ha adoptado respecto de los acusados de delitos graves, de
más de cinco años, pero creemos que se podría hacer también extensivo a los acusados de más de dos años. Es una medida garantista que podría hacerse extensiva a esos acusados.


Por último, al señor Santamaría -a los otros diputados no he podido escucharlos porque he tenido que ir a votar a otra Comisión- quería recordarle que otra vez confunde la libertad de expresión con el derecho a mentir, que precisamente
vulnera la libertad de expresión, la información veraz, recibir información veraz, que es fundamental para poder conformarse una opinión. Una cosa no tiene que ver con la otra. Y también confunde otra vez la independencia judicial con un
privilegio corporativo para blindarse de un escrutinio público por parte de los jueces y en concreto de la cúpula judicial, que hay que recordar que está con el mandato caducado y por tanto con un grado de ilegitimidad muy grande. No tiene
legitimidad democrática porque ahora mismo su mandato está caducado y eso es muy grave. Esta es una de las asignaturas que tendremos que resolver en este mandato, más allá de la pandemia.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Asens.


Ahora es el turno de la portavoz del Grupo Republicano, la señora Telechea i Lozano. Muchas gracias.


La señora TELECHEA I LOZANO: Gracias, presidenta.


Buenos días, señor ministro. El estado de alarma ha sido la excusa perfecta para el Gobierno para centralizar y concentrar todas las competencias de los distintos territorios; y en el caso de la organización y gestión del Poder Judicial se
ha visto más acentuado aún, incluso me atrevo a decir que el Gobierno del Estado ha perpetuado un 155 encubierto. El Ministerio de Justicia, facultado por el estado de alarma, ha asumido las competencias sobre la Administración de Justicia con una
actuación absolutamente recentralizadora e innecesaria, ya que no responde en ningún caso a los criterios de necesidad para hacer frente a la grave emergencia sanitaria. Es el Govern de Catalunya el que gestiona la Administración de Justicia en
Cataluña, con la consellera Ester Capella al frente, y como administración más cercana que conoce la realidad que se vive en todos y cada uno de los juzgados de Catalunya. Por ello, es la Administración que mejor respuesta puede dar a la situación.
Sin embargo, la actuación del Govern se ha visto condicionada y limitada por esta usurpación de competencias. Por ejemplo, el llamado marco único de actuaciones ha impedido al Departament de Justícia de la Generalitat poder implementar soluciones
propias para prevenir y proteger la seguridad individual y colectiva de las trabajadoras y los trabajadores de la Administración de Justicia. Su ministerio estableció que un 10 % del total de la plantilla debía estar en los juzgados para prestar
servicios esenciales. Ustedes saben que esta cifra se podía haber reducido a menos de la mitad ante el descenso de la actividad de estos días. Su ministerio los expuso innecesariamente al riesgo de contagio, cuando la mayoría de funcionarios
hubieran podido permanecer en sus domicilios en situación de disponibilidad y solo ir a los juzgados en caso de necesidad. Este ha sido el posicionamiento de los sindicatos que representan al personal que trabaja en la Administración de Justicia y
también lo que ha defendido en todo momento el Govern de Catalunya. A pesar de ello, desde el Govern de Catalunya se han tomado todas las medidas necesarias para hacer frente a la pandemia y evitar la propagación del virus. Por ello, el Govern de
Catalunya aprobó la Instrucción 1/2020 con este objetivo. Ustedes desde el Ministerio de Justicia la pararon, obligaron a los funcionarios a estar presentes en los juzgados, incluso en aquellos casos en que no era necesaria su presencia. Lo que se
espera de un Gobierno es que proteja a sus ciudadanos y vele por su seguridad y no todo lo contrario, como ha hecho el ministerio poniéndolos en riesgo.


Por otro lado, debemos denunciar que la adquisición y distribución de los equipos de protección, como mascarillas, batas, viseras, etcétera, para el conjunto del personal de la Administración de Justicia ha sido nefasta. ¿Sabe cuántas
mascarillas FFP2 y FFP3 ha proporcionado el ministerio al personal de la Administración de Justicia de Cataluña? Cero. ¿Sabe cuántos chubasqueros con capucha de un solo uso ha proporcionado su ministerio? Cero. ¿Sabe cuántas batas impermeables
ha proporcionado su ministerio también? Cero. Su ministerio, con su afán de recentralizar, ha arrinconado a un papel de mera gestión al Departament de Justícia de la Generalitat. Ustedes querían la imposición y la uniformidad, cargándose así la
proximidad del servicio público, cuando precisamente un servicio público es bueno cuando es cercano al ciudadano. En este sentido, su ministerio ha asignado la tarea de distribución del material a los secretarios y letrados de la Administración de
Justicia, sin que sea esta su responsabilidad, pero además

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sin instrucciones ni criterios claros de asignación por parte del ministerio. Esto ha perjudicado a las trabajadoras de la Administración de Justicia, que han acudido a los juzgados a prestar sus servicios sin tener garantizados los equipos
de protección con la cantidad e inmediatez suficientes, solo con las pocas reservas de material que se ha proporcionado por parte del Ministerio de Justicia y del Departament de Salut, con la consellera Alba Vergés al frente, a la que aprovecho para
felicitar por su gran labor al mando de esta crisis humanitaria.


Pero quizá el elemento más negativo de su gestión en esta crisis ha sido ceder buena parte de la acción política al Consejo General del Poder Judicial. En un Estado social y democrático de derecho ha de regir una escrupulosa separación de
poderes. El Poder Judicial debe limitarse a juzgar y a ejecutar lo juzgado. Esta es y debe ser su única función. El Consejo General del Poder Judicial es el Gobierno de los jueces, no es en ningún caso el Gobierno de la Administración de
Justicia. Corresponde al Poder Ejecutivo -en Cataluña, a la Generalitat- la gestión de la Administración de Justicia. Es el Gobierno quien tiene la legitimidad democrática en la toma de decisiones. Parece que la separación de poderes a menudo ha
degenerado en una confusión de poderes, sin olvidar que el presidente del Consejo General del Poder Judicial está en el cargo casi en fraude de ley. El estado de alarma nos ha cercenado todo lo que ya teníamos hecho y avanzado. El ministerio ha
dotado de unas funciones a los tribunales superiores de justicia que no les corresponden y eso es un error monumental, es no asumir el Estado de derecho. Ha sido una centralización abusiva e ineficaz de funciones y competencias. Se ha dotado
precisamente al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de las funciones ejecutivas en materia de justicia, amparado por el Consejo General del Poder Judicial, haciendo y deshaciendo a su antojo, pasando por encima de la Generalitat de Catalunya
como administración competente. Lamentablemente en Cataluña estamos acostumbrados a que no exista esa separación de poderes, y un claro ejemplo ha sido el que nos hemos encontrado estos días con el auto de procesamiento precisamente del Tribunal
Superior de Justicia de Catalunya dictado contra nuestros compañeros Lluís Salvadó y Josep María Jové, y este último cabe recordar que forma parte de la mesa de negociación. Otro ejemplo también ocurrido recientemente son los whatsapps del Tribunal
Supremo que envió a los funcionarios de las prisiones catalanas, amenazándolos y condicionando su decisión. Esto es impropio de un Estado de derecho, algo por lo que Oriol Junqueras ha presentado el debido recurso. No han tenido en cuenta al
Govern de la Generalitat de Catalunya, que es el que tiene las competencias. Están preparando un plan de desconfinamiento que quieren que les aprobemos, pero no nos han tenido en cuenta para nada. La consellera Ester Capella le hizo llegar antes
de la aprobación de este real decreto-ley una batería de medidas legislativas urgentes y de impacto para el impulso del servicio público de la Administración de Justicia para la gestión del escenario post-Covid. Dígame, señor ministro, una sola de
las propuestas que le hizo llegar la consellera Capella que hayan aceptado, solo una. Por lo tanto, ¿qué piensan usted y su Gobierno de las propuestas que la Conselleria de Justícia de la Generalitat les ha hecho llegar? Porque buena parte de las
propuestas de nuestra consellera van en la línea de corregir el malestar expresado por la usurpación de competencias y si ustedes, tanto en justicia como en otros ministerios, deciden mantener esa usurpación de competencias, nos obligarán a pasar de
la abstención al no en la votación del real decreto-ley. Y siento ser pesada con el tema, porque lo he repetido en varias ocasiones, pero no olvidemos la deuda que el ministerio tiene con la Administración de Justicia de Cataluña, que aún nos debe
la puesta en marcha de los últimos órganos judiciales, y ahora más que nunca ante la situación en la que nos encontramos, en la que el Estado ha seguido cobrando las tasas judiciales a pesar del Covid, tasas que deben ir a la Generalitat, como el
fondo de las consignaciones, así que cómo pretenden que funcionen los órganos judiciales si no nos pagan lo que nos deben. Pero como ya le he dicho, nosotros estamos dispuestos a colaborar y a trabajar por una justicia al servicio del ciudadano, y
creemos que deben trabajarse con urgencia muchas materias, en especial la descongestión de los asuntos judiciales, tanto en el Estado como en Cataluña.


Usted sabe que la crisis económica y social derivada del Covid va a hacer aumentar la conflictividad y sería una estafa social y política pretender salir de esta crisis con las mismas medidas que se adoptaron en 2009. No podemos permitir
que esta crisis la acaben pagando los de siempre, la parte más débil de la sociedad, y que los bancos sean los grandes beneficiados. Debemos revertir situaciones como las que se dieron con las cláusulas suelo y que se volverán a dar con el IRPH,
debemos garantizar que al consumidor se le devuelvan todas las cantidades retenidas de manera ilegal por parte de los bancos. Esquerra Republicana hace tiempo que insiste en esta cuestión y en cambio ustedes quieren habilitar parte del mes de
agosto a descongestionar los juzgados, pero su Gobierno votó en contra iniciativas de nuestro grupo

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que precisamente iban en esta línea. O por ejemplo también la Ley de impulso a la mediación, la mediación que pone a la persona en el centro de la solución, diálogo, negociación y acuerdo. Porque, ¿cuántos conflictos que han acabado en los
juzgados se podrían haber evitado con un proceso de mediación? Precisamente a Esquerra Republicana nadie nos gana en diálogo. Debemos también garantizar que el propietario de la vivienda antes del desahucio presente de manera obligatoria una
oferta de alquiler social. Para nosotras es una prioridad, y por hechos como este la sociedad catalana se declara mayoritariamente independentista, porque no debemos permitir que la Administración con sus leyes desahucie a las personas.


Estas son algunas de las muchas propuestas que se deberían abordar y trabajar de manera urgente. Como puede ver, nosotros tenemos un modelo de justicia donde ponemos en el centro al ciudadano, al consumidor, a la parte más débil, y por ello
nosotras tenemos otro modelo de país. Por eso nosotros queremos la independencia y, como bien dice nuestro presidente, Oriol Junqueras, nosotros queremos las herramientas de un Estado porque estamos convencidas de que es la mejor manera de ayudar
más y mejor a nuestros conciudadanos.


En resumen, señor ministro, recojan en el real decreto-ley algunas de las propuestas que el Departament de Justícia de la Generalitat le ha hecho llegar, y si no accede a dicha petición, comprométase públicamente a tramitarlo como proyecto
de ley para que podamos enmendarlo y mejorarlo.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Telechea.


A continuación, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Bal Francés.


El señor BAL FRANCÉS: Muchas gracias, presidenta.


Buenas tardes, señor ministro. Nos ha regalado usted efectivamente un discurso en su línea, con sus típicas intervenciones llenas de grandilocuencia, pero con los pies muy separados de la tierra, muy de política de despacho, muy de norma
hecha en un despacho cuando a alguien ya se le ha olvidado cómo funciona de verdad un juzgado o cuáles son los problemas que arrastramos endémicamente, ya desde hace cuarenta años y muy agravados en los últimos diez años, en el sector Justicia.
Efectivamente, usted saca pecho respecto a los equipos de protección individual, que es lo que le tenemos que preguntar primero. Nos regala usted una serie de deslumbrantes cifras respecto al reparto que se ha ido haciendo de estos equipos de
protección individual, con los juzgados sin funcionar. Lo que usted no nos dice es qué va a pasar cuando los juzgados funcionen de verdad, si hay suficientes equipos de protección individual, y no solamente para los funcionarios del juzgado, para
los jueces, para los letrados de la Administración de Justicia, sino también para abogados, para procuradores, para peritos, para policías que tienen que ir al juzgado, para detenidos, para esos pobres olvidados que son los letrados del turno de
oficio, muy mal pagados y que realizan un enorme servicio público. ¿Los va a haber?


Pero sobre todo quiero hacerle una segunda pregunta, porque no me valen solo los equipos de protección individual como si fueran la panacea. ¿Se van a hacer test de diagnóstico? ¿O se va a sentar a trabajar en un sitio pequeño, como la
Oficina Judicial, como conocemos bien los que hemos arrastrado la toga por ella durante muchos años, una persona que no sabemos si va a poder contagiar a su compañero de al lado? ¿Con las mascarillas va a ser suficiente? ¿Con la distancia social
va a ser suficiente? Se lo digo porque su Gobierno ni siquiera es capaz de garantizar los equipos de protección individual y los test de diagnóstico para el personal sanitario de este país, tampoco para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado. Permítame que sea escéptico respecto a su orgullo en relación con el reparto de los equipos de protección individual, con que estos sean suficientes y con que se vayan a hacer test.


El segundo problema es la avalancha de procedimientos, el colapso de la justicia. Mire, señor Campo, ya vivíamos en el colapso de la justicia antes del virus. En terminología del presidente del Gobierno, quizá debería usted acuñar el
término de nueva normalidad, esa terminología tan extraña que se está acuñando ahora. A lo mejor vamos a vivir en una situación de colapso agravado. Suena un poco a agravante del Código Penal, pero es que ustedes tienen, precisamente, mucha culpa
de ese colapso anterior y de no resolver el colapso que viene. En los últimos diez años ha empeorado mucho la justicia, y es por falta de jueces, por falta de inversión, por falta de dinero. Se ha producido un parón muy grave y muy mal gestionado,
por otra parte, en el trabajo. Es incomprensible que se haya prohibido presentar escritos judiciales a través de LexNET. Los plazos estaban paralizados y el abogado estaba confinado en su casa. El letrado de la Administración de Justicia podía
haber presentado el escrito, podía haberlo tramitado,

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y hubiéramos avanzado un poco antes de rehabilitar el portal de LexNET. No sé si usted lo sabe, porque no lo he escuchado antes, pero funcionarios de la Administración de Justicia, salvo en alguna comunidad autónoma bastante más previsora
que el Estado, no tienen teletrabajo. No le he escuchado decir que les vaya a poner teletrabajo a los funcionarios de la Administración de Justicia. Si se acuerda, aunque sea remotamente, de lo que es un juzgado, el juez al final es un cuello de
botella, al que suben los papeles, pero si abajo no hay unos funcionarios trabajando no se tramitan los papeles. No puede ser, y lo hemos descubierto con ocasión de esta crisis, que solo puedan teletrabajar los jueces, los letrados de la
Administración de Justicia y todos esos a los que se lo ha puesto y por lo que usted se enorgullece, pero no he escuchado nada de los funcionarios. Creo que la Comunidad Autónoma Asturiana tiene teletrabajo para los funcionarios y los jueces me han
dicho que han funcionado mucho mejor.


Además, está la avalancha que viene, cuatrocientos mil ERTE que afectan a cuatro millones de trabajadores. Como consecuencia de la tacañería de las ayudas económicas de este Gobierno con respecto a los empresarios, se van a convertir en
ERTE muchos de ellos. Va a haber muchos concursos de empresarios, porque no han ayudado ustedes ni al autónomo ni al pequeño empresario. Incluso habrá supuestos, ya lo leemos en la prensa, de responsabilidad patrimonial de la Administración por
funcionamiento normal o anormal en el contencioso. También escuchamos que puede haber algún caso penal, simplemente por los periódicos, y probablemente también la jurisdicción de familia tendrá un fuerte empujón. Yo, sin embargo, me encuentro con
que su solución es su real decreto-ley.


Mire, yo me pongo a pensar y hago ese ejercicio que hacemos los juristas a veces de imaginarnos la realidad quitando un elemento de ella a ver qué pasaría; y yo pienso, ¿qué pasaría si no se aprobara, si no se convalidara, el real
decreto-ley de la justicia? La respuesta es evidente; nada, no pasaría nada, todo seguiría igual, todo seguiría gravitando sobre el voluntarismo y la abnegada dedicación de los profesionales al servicio de la justicia, que se empeñan en invertir
sus vacaciones, sin medios, sin reconocimiento, sin posibilidad de ascender desde los sitios donde se encuentran, porque para ascender hacen falta otros caminos que el trabajo; y, gracias a ellos, saldremos de este colapso, no de su real
decreto-ley. Porque un real decreto-ley -cómo les gusta el real decreto-ley- sí o no nos maniatan a la oposición, no nos escuchan absolutamente ninguna medida, cuando usted, al inicio de la crisis, podría haber tramitado un proyecto de ley
ordinaria por la tramitación de urgencia escuchando a la oposición, no solamente a los agentes sociales; no ha querido.


Yo, desde aquí y en público, le agradezco que me haya llamado. Usted, por lo menos, es el miembro del Gobierno por el que me entero por teléfono de las cosas que va a hacer usted, y no a través de una simple rueda de prensa en la televisión
o, finalmente, en el Boletín Oficial del Estado. Le pido que me siga llamando, ¡pero, hombre, para negociar, no para informar! No vista usted de consenso lo que es una mera unilateralidad de su ministerio.


Ya le han preguntado antes, y no me voy a repetir, sobre su opinión como ministro y como juez respecto a la independencia de la justicia y los intolerables ataques que, desde Podemos, se están haciendo a la independencia de la justicia por
la condena de Isa Serra; hechos de empujones, insultos y lanzamiento de objetos, que han sido probados. El señor Echenique ha llegado a decir que se ha dictado una sentencia sin pruebas que es una vergüenza. Y a usted le preguntan el miércoles
pasado y no se le ocurre otra cosa que decir que el vicepresidente del Gobierno tiene libertad de expresión. ¡Hombre, solo faltaría! Claro que tiene libertad de expresión, España es un país enorme, reconocemos la libertad, incluso, al que no la
defiende. Claro que tiene libertad de expresión, pero no es esa la cuestión. La cuestión es si es prudente, en su opinión, que un altísimo miembro con rango de vicepresidente del Poder Ejecutivo se permita atacar a tres jueces que han dictado una
sentencia viendo inmediatamente las pruebas y apreciándolas según su conciencia, su leal saber y entender, en un resultado condenatorio. Es una vergüenza; eso sí que es una vergüenza. Y eso es lo que usted tiene que condenar, señor Campo; tiene
la obligación de hacerlo.


Ha hablado usted de la Agenda Justicia 2030. Mire, por favor, cámbiele el nombre. Ya sé que, efectivamente, el ministerio siempre ha sido muy dado a estas etiquetas que quedan bonitas en el periódico. Los profesionales de la justicia
llevamos esperando mucho, ¡pero hasta 2030 no queremos esperar! No queremos esperar más. Y luego, además, es que suena como que usted cree que en 2030 va a seguir siendo ministro o algo así. No, ya verá 2020, como mucho, por favor, 2021.


Y no crea que esto es un objetivo de desarrollo sostenible, no; a la justicia le hace falta una revolución de dinero, de inversión, de jueces; que le he escuchado muchas veces decir que el problema de la justicia es la organización, no;
12 jueces por cada 100 000 habitantes, cuando la media europea es de 21 jueces

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por cada 100 000 habitantes. Ese es el problema, dinero, ese es el problema. Planes de refuerzo, no se los he escuchado mencionar, los planes de refuerzo que muchas asociaciones de jueces están precisamente reivindicando para salir de este
colapso. Bueno, pues esta es la cuestión; efectivamente, esta es la cuestión. Ante esto, usted no dice, primero, cuándo van a abrir los juzgados. Estaba hablando usted y me estaban mandando whatsapp mis compañeros abogados y me decían:
pregúntale cuándo van a abrir. ¡Claro, dígalo! ¿Cuándo, condicionado al estado de alarma? ¿Cree usted que vamos a tener paciencia para prorrogar este estado de alarma? ¿Cuánto, cuatro o cinco meses? ¿Eso es lo que de verdad se cree? Quíteselo
de la cabeza. Lo veo verde todavía, señoría.


La señora PRESIDENTA: Señor Bal, tiene que ir terminando, le quedan cuarenta y seis segundos.


El señor BAL FRANCÉS: No me extenderé mucho más.


Pues, dígalo. Y, luego, sobre todo con respecto a la habilitación del mes de agosto ha incendiado usted sin motivo al sector de la justicia. ¿Usted cree de verdad que del 12 al 31 de agosto vamos a poder reunir presencial o telemáticamente
a abogados, procuradores, partes, peritos, policías? ¿De verdad cree usted que va a haber vistas? No va a haber vistas, no va a ser posible, se van a suspender. Como es lógico, no les va a privar de sus vacaciones a los jueces, a los funcionarios
y a los letrados de la Administración de Justicia, por lo tanto, estarán a turnos. Creo que les ha prometido usted a los funcionarios que trabajarán menos si voluntariamente van a dos turnos, de mañana y de tarde. ¿Con menos horas de trabajo va a
agilizar usted la justicia? ¿Cree usted que en veinte días va a quitar el tapón de la justicia? ¿De verdad lo cree? ¿Sabe lo que ha hecho? Lo que ha hecho ha sido expropiar las vacaciones de los abogados, de los procuradores y de los peritos de
parte; expropiarlas sin indemnización, sobre todo del pequeño y mediano despacho, del profesional individual y de ese pobre abogado del turno de oficio al que usted desprecia. Expropiación de vacaciones, porque los plazos en esos veinte días
seguirán corriendo, y me reservo para la réplica.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Bal.


A continuación, por el Grupo Vasco tiene la palabra el señor Legarda Uriarte.


El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidenta, y muchas gracias, también, ministro, por sus explicaciones.


Intervengo rápidamente. Es de rigor empezar estas intervenciones con un agradecimiento a todas las personas e instituciones que en estos momentos difíciles con su trabajo están permitiendo mantener un cierto tono en la actividad -menor,
pero un cierto tono-, y también deseo manifestar nuestra solidaridad hacia todas las personas que están sufriendo y hacia la ciudadanía en general por su buen comportamiento. También tengo que reconocer en la medida que toca a su ministerio el
trabajo que se está desarrollando, como al resto de profesionales e instituciones, en este marco de incertidumbre. Por eso se hacen necesarios, tanto un apoyo como una ineludible crítica cuando así se considere.


Se ha referido usted a ello, y efectivamente creemos que es digno de apoyo el mantenimiento de la actividad -un poco en stand by, pero mantenimiento de la actividad- en los servicios de atención al ciudadano, como la expedición de
certificados penales, seguros y últimas voluntades y registro de documentos. Sí le tengo que manifestar que la única vía que se ha dejado a la ciudadanía es la vía telemática, y hay ciudadanos que lo pueden hacer a través de gestorías, pero hay
otros que lo solicitarán individualmente. Nos parece que con esta circunstancia se protege a los trabajadores del ministerio, pero supone una situación gravosa para la ciudadanía, máxime -como luego le comentaré- cuando las notificaciones de la
propia Administración de Justicia, esas que ustedes instan para ir desatascando el papeleo, se dice que se notificarán por medios telemáticos, si es que cuentan los juzgados con los medios telemáticos. Nos parece un tratamiento asimétrico de la
ciudadanía que luego no se aplica a la propia Administración de Justicia.


También nos parece loable la exención de costes de notario y procurador a los ciudadanos que habían solicitado moratorias hipotecarias o bien otros préstamos no garantizados, la renovación de la subvenciones para atender a las víctimas y la
justicia gratuita, tanto a psicólogos como a procuradores, así como que se haya podido seguir contando con las cuantías depositadas en los juzgados y en las que había riesgo de bloqueo para subvenir a las indemnizaciones de las víctimas, al pago
pendiente de alimentos y también al pago de salarios que devienen de la jurisdicción social. He de hacerle una crítica, y es que nosotros no tenemos la habilitación de continuar los procedimientos administrativos habilitados

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durante la reforma del decreto del estado de alarma, en su segunda prórroga, siempre que hubiera un interés general. Quiero manifestar que los indultos responden a la justicia material, y tengo que recordar también que la justicia es uno de
los valores constitucionales que aparecen en el artículo 1 de la Constitución.


Creemos que con carácter general, por lo menos respecto a las comunidades autónomas, el ministerio ha desempeñado un modelo de codecisión que le agradecemos. Nuestro grupo parlamentario ha criticado a otros ministerios u otras actuaciones
gubernamentales que no han participado de este principio de codecisión, sin perjuicio de que al final se tome una decisión si no hay acuerdo. En ese sentido, el método de trabajo conjunto que se ha seguido para poder subvenir los procedimientos no
aplazados, las actuaciones judiciales no aplazadas a través de los servicios esenciales, y también para salvaguardar la salud de los empleados públicos, que era básicamente el marco colaborativo al que llamaba la orden de delegación de Sanidad en el
Ministerio de Justicia -era para esos dos ámbitos-, ha ido generando unos protocolos de actuación para coordinar la prevención de riesgos laborales.


Del Real Decreto 11/2020 dimana otro mandato para el ministerio. Había uno, que era el de coordinación para prestación de servicios esenciales y seguridad de los trabajadores y de los usuarios, pero del Real Decreto 11/2020 dimana otro
marco, el Plan de agilización de la actividad judicial, para cuando decaiga el estado de alarma, considerando la justicia como un factor de impulso económico y en aquellos ámbitos u órdenes jurisdiccionales que puedan estar más afectados o tengan
una relación más directa con la actividad económica: mercantil, contencioso y laboral, y luego se añade civil y penal. Esto se preveía para volver a la normalidad en los quince primeros días.


Retomo un tema que había señalado, que era el de las notificaciones. Siempre se está hablando de desatascar la justicia e, incluso en este momento, de usar los medios digitales. Sin embargo, el 13 de abril, pocos días después de aprobado
el Decreto 11/2020, se levanta la limitación a la presentación telemática de escritos por parte de los abogados -sin que, lógicamente, afecte a la suspensión de términos y plazos del Decreto del estado alarma- y se modifican los servicios
esenciales. Pero, ¿cuál es la sorpresa? Que no se produce el correlativo trabajo que se debía esperar de los servicios de la Administración de Justicia, sino un considerable desfase entre los documentos presentados por abogados, procuradores y
graduados sociales y las notificaciones a las partes por parte de la Administración de Justicia telemática. Aquí se dice: si hay medios telemáticos, en cualquier proceso, bien sea de trámite o que pongan fin al mismo. Llama la atención que se
abra el trabajo a la abogacía para la presentación de escritos-por decirlo con carácter general-, pero que no haya una respuesta equivalente, sino un desfase.


Ese escenario me lleva a un asunto que ya se ha comentado aquí: el mes de agosto, tema del que ya anticipa algún comentario el decreto-ley. A nosotros, ministro, nos han llamado y hemos recogido la sensibilidad de los colectivos o colegios
que trabajan en el ámbito de la justicia, principalmente procuradores, abogados y graduados sociales, y tengo que decirle que hay un rechazo unánime. Parte de las razones que aducen, más allá de las que aquí ya se han dicho y que no voy a repetir,
es que el personal al servicio de la justicia -magistrados, jueces, etcétera- en realidad van a seguir disfrutando de las vacaciones en lo que queda de año. Se concentra el trabajo y se declaran hábiles los días desde el 11 hasta finales de agosto.
A pesar de que se supone que va a haber esa concentración de trabajo, va a haber una porosidad en el resto de los meses porque las vacaciones se van a ir tomando, excepto en el ámbito de los pequeños y medianos despachos de abogados. A los grandes
despachos, por lo que hemos podido contrastar, no les afecta tanto porque tienen capacidad de turnarse entre ellos y pueden dejar a gente de guardia. La 'clase media' y la 'clase baja' de la abogacía, de la procura y de los graduados sociales lo
van a sufrir intensamente, sin poder conciliar, pero la otra parte de la pata judicial va a poder seguir conciliando y tomándose vacaciones, que no van a perder.


Plan de agilización de la justicia. ¿Cuánto me queda, presidenta?


La señora PRESIDENTA: Le queda un minuto y dieciocho segundos.


El señor LEGARDA URIARTE: Sí, acabo pronto. Como decía, el Plan de agilización de la justicia, como así lo llama la disposición adicional 19 del Real Decreto-ley 11/2020, vemos que ha ido mutando, ministro, porque eran unos planes de
choque para reactivar la economía a través de los órganos jurisdiccionales que, aparentemente, más incidencia tienen; sin embargo, han mutado hasta un plan integral de la justicia, que es de lo que últimamente se habla, y que tiene tres patas, como
usted ha manifestado en alguna declaración. Ha dicho que es un decreto-ley, una ley futura, que ya ha habido una

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serie de propuestas del Consejo General de la Abogacía, y ahí ya le anticipo que puede haber un choque entre relajación de garantías procesales y facilitación o agilización de la labor judicial y los planes de reactivación. Yo querría
hacerle una pregunta: ¿este decreto-ley, en cierta medida, no ha ocupado el terreno o no ha ganado el espacio a estos planes de reactivación contemplados en el Decreto-ley 11/2020? Con una diferencia, eso sí, que tiene un tiempo limitado hasta
final de año. Pero, quitando esa circunstancia temporal, prácticamente el decreto-ley está ocupando parte del espacio de los planes de reactivación.


La señora PRESIDENTA: Su tiempo ha terminado, señor Legarda.


El señor LEGARDA URIARTE: Una última cosa respecto al decreto-ley, pues no quiero hacer un uso del turno de réplica muy extenso. Creemos que la vía elegida en lo que respecta a los asuntos de familia es una medida muy bien intencionada,
pero si hay algo que usted también conoce es que los juicios orales no funcionan porque, aunque los plazos sean cortos, se terminan colapsando en la agenda judicial y en los señalamientos. Eso lo hemos visto en la jurisdicción contenciosa, en los
juzgados de lo Contencioso y en todos los juicios verbales. No va a funcionar y va a producirse un colapso.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Legarda.


A continuación, por el Grupo Euskal Herria Bildu, tiene la palabra el señor Iñarritu García.


El señor IÑARRITU GARCÍA: Muchas gracias, señora presidenta.


En primer lugar, querría comenzar mostrando mis condolencias a todas aquellas personas que han perdido a un ser querido durante esta crisis sanitaria y de igual forma desear un pronto restablecimiento a todas aquellas personas que están
padeciendo esta enfermedad.


Comienzo agradeciendo al ministro su comparecencia hoy aquí, en esta Comisión, y que nos haya facilitado información tanto de manera escrita como exponiendo cuáles son las intenciones de su ministerio. Pero debo empezar siendo crítico con
algunas de las actuaciones que se han tomado. Como comentaba la portavoz del Grupo Esquerra Republicana, desde nuestro punto de vista, el Gobierno ha acertado en algunas medidas y en otras no. Y si en asuntos como puede ser la militarización, que
ya hemos comentado, hemos sido críticos, también debemos ser críticos con la centralización. Hablaba de consenso, pero, desde nuestro punto de vista, han confundido el consenso con el concentro y la unidad con la unilateralidad. No puede ser que
un Estado que se tiene por uno de los más descentralizados del mundo, de Europa, en cuanto hay una crisis, cierra filas y recupera el control de ciertas materias.


Con respecto al primer punto, me gustaría señalar -y usted ha estado hablando largo y tendido intentando desmontar los bulos de la extrema derecha, que les acusan de que ustedes ocultan un gran número de las personas que están falleciendo-
que creo que es cierto que se trata de un bulo de la extrema derecha y que genera, además, alarma social. Pero de igual forma creo que hay errores en los cálculos y no solamente en su Gobierno. La semana pasada se publicó un artículo interesante
en el diario The Economist que citaba los baremos de confusión en el recuento en los diferentes Estados miembros, y es cierto que los cálculos para España eran altos, pero no eran de los más altos. Ayer mismo, un diario, El Confidencial, publicaba
una noticia referente a un estudio de la Universidad Politécnica, que no debía ser un artículo científico, en el que se informaba de que unos ingenieros habían hecho una estadística con la que puedes hacer unos cálculos de mortandad mucho más altos
que los que tiene el Gobierno en este momento. Yo sí le pediría -ya sé que lo están haciendo- que intenten buscar las fórmulas idóneas para corregir esas cifras, por un principio de transparencia, pero también porque creo que son el mejor
instrumento contra la extrema derecha y contra esa creación de bulos.


Ahora, cuando le escuchaba, recordaba que en el año 2003 -iré rápido por la anécdota- se produjo la canicule, una ola de calor en toda Europa, especialmente en Francia, y en ese momento las primeras estimaciones del Gobierno de Chirac fueron
que se produjeron 3000 muertos debido a esa ola de calor. Unos meses después se multiplicaron por cuatro o por cinco, cuando hicieron los cálculos reales y vio la sobremortalidad que había habido en esos meses en comparación con los meses
anteriores. Usted mencionaba los datos del INE, pero como normalmente se sabe al año siguiente, a ver si tiene algún método de adelantar esos cálculos y de poder informatizar aquellos registros que no pueden llevar el cómputo de manera
informatizada.


En segundo lugar, ante la propuesta de habilitar agosto y los juicios telemáticos, yo soy un poco reacio teniendo en cuenta que ustedes quieren recuperar el colapso de la justicia, que ya venía de antes, que no

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es de ahora, y con estos dos meses -veremos si tres- de estado de alarma y con una situación complicada en los tribunales, en quince días hábiles de agosto no sé yo cuánto se va a poder desatascar, si además tiene la oposición de algunos
sectores y ya hay varios colegios de abogados que han mostrado sus críticas; uno, incluso, le ha nombrado persona non grata. Leía una entrevista este mismo fin de semana del presidente de la Audiencia de Guipúzcoa, el señor Iñaki Subijana, que
decía que quizá sería mejor concentrar todas las vacaciones en agosto, porque cuando los funcionarios recuperen esas vacaciones posteriormente tendremos los tribunales al 70 %, y además porque agosto no solo no es el mes más idóneo en sí para
trabajar en la Administración, sino porque es muy difícil contactar con el resto de personas implicadas. Me gustaría saber qué nivel de desatascamiento calculan tras esos quince días.


Sobre los juicios telemáticos, yo creo que es interesante, pero hay una falta de cultura digital o informática. Hoy mismo estamos aquí y, desde mi punto de vista y con todo el respeto -ya digo que agradezco su comparecencia y que dé
explicaciones-, no tiene ningún sentido que estemos de manera presencial poniéndonos nosotros en riesgo, poniendo en riesgo a los y las trabajadoras desde el punto de vista de la salud e incluso corriendo el riesgo de que un agente policial mal
informado o mal intencionado nos multe cuando nos dirigimos a esta Cámara o nos vamos de ella. Dicho esto, me gustaría saber qué medios van a poner, porque es cierto que en algunos tribunales faltan medios, en otras ocasiones se ha hablado de las
carencias de LexNET y de los fallos que produce y no sé si va a ser la manera idónea de desatascar.


En tercer lugar, y sobre asuntos penitenciarios, es cierto que en España, junto a esa gran democracia -lo digo irónicamente- que es Hungría, Instituciones Penitenciarias no depende del Ministerio de Justicia, sino del Ministerio del
Interior, pero teniendo en cuenta que ante esta pandemia ha habido recomendaciones de organizaciones internacionales -ya puede ser la OMS, Naciones Unidas o el Consejo de Europa- solicitando a los Estados que busquen alternativas a las penas de
prisión, es cierto que en España 3000 internos o internas que estaban en tercer grado o en un régimen abierto han tenido medidas alternativas, como el cumplimiento en casa o las pulseras telemáticas, pero es cierto también que otros Estados de la
Unión Europea han sido mucho más avanzados, por ejemplo, en el caso de Francia, multiplicando por tres estas cifras y teniendo una población penitenciaria similar. Digo esto porque veo con preocupación cómo desde el Consejo General del Poder
Judicial se ha podido hacer una recomendación intentando eliminar la segunda instancia en asuntos que tienen que ver con temas penitenciarios, lo que desde nuestro punto de vista es gravísimo. Me gustaría saber cuál es su opinión o cómo valora esta
propuesta desde la perspectiva de los derechos humanos, si considera adecuado o no que se elimine esa segunda instancia como parte de la tutela judicial efectiva.


Por último, haré referencia -lo hacía la diputada Telechea, portavoz del Grupo de Esquerra Republicana- a que en muchas ocasiones se ha hablado en esta Cámara y otras instituciones y organismos europeos e internacionales también sobre la
falta de independencia del Poder Judicial, en este caso en el Estado español, un problema más significado en las altas magistraturas del Estado, en los altos tribunales, y hemos visto algo inaudito: una amenaza vía wasap, de ese tribunal y de esa
sala que el Partido Popular decía que controlaba por atrás, a funcionarios de prisiones para ver qué medida tomaban respecto a los presos políticos catalanes. Creo que esto no es de recibo; me gustaría saber su opinión porque me parece un
escandalazo. Ahí están el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea de no discriminación por motivos ideológicos, y los principios de imparcialidad e igualdad ante la ley o, de igual forma, la Directiva de la Unión Europea 2016/343, sobre
presunción de inocencia. Desde mi punto de vista, siempre ha habido un contenido político en todas las medidas que se han tomado y todas las resoluciones que ha habido sobre estas personas, pero me parece muy grave el asunto de ese mensaje de
wasap.


Acabo deseándole suerte y salud, a usted y a todos los miembros de esta Comisión.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Iñarritu.


Vamos a dar cierre a este turno de portavoces. Habrán comprobado ustedes que se encuentran ausentes los portavoces del Grupo Plural y del Grupo Mixto. Por lo tanto, vamos a finalizar con la intervención, por parte del Grupo Socialista, del
señor Aranda Vargas.


El señor ARANDA VARGAS: Gracias, presidenta.


Gracias, ministro, por comparecer hoy aquí ante la Comisión de Justicia del Congreso y gracias por su intervención detallada, ambiciosa y transparente.

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Antes de comenzar, quisiera decirles que es para mí un inmenso honor estrenarme como orador en esta casa de la democracia, la casa de toda la ciudadanía; una ciudadanía que deposita en el conjunto de todos nosotros y nosotras su soberanía y
su confianza. Espero ser digno de esta confianza y dar a mis palabras la fuerza de la verdad, la riqueza de los argumentos y el valor del respeto y la tolerancia. Quisiera también sumarme a las palabras de quienes me han precedido para transmitir
mi más sentido pésame a los familiares y amigos de los fallecidos en esta pandemia, desear la pronta y segura recuperación a quienes están convalecientes y loar a todos los y las profesionales que combaten en primera línea cada día y nos garantizan
nuestra salud.


Como ustedes saben, esta pandemia es una enfermedad que asola nuestro planeta y no entiende de fronteras; una crisis sanitaria inédita en el último siglo. Señorías, uno no elige cuándo llega una pandemia, como tampoco elige cuándo se
produce un tsunami o un terremoto; uno no elige el lugar desde el que le toca asumir sus responsabilidades cuando la crisis nos golpea; pero uno sí elige dónde ponerse y cómo actuar, uno sí puede elegir entre sumar sus capacidades al conjunto de
las capacidades de todos y todas o restar. Hoy aquí me gustaría hablarles -y lo haré más adelante- de esa capacidad de elección ante situaciones que nos ponen frente a nuestros límites y delante de nuestros valores y nuestra ética.


Señorías, citemos la Constitución, esta norma que a todos ampara y que todos debemos cuidar. Nuestra Constitución establece en su artículo 1 que España es un Estado social, democrático y de derecho. Ciertamente, nuestro pilar judicial
aparece ya en el frontispicio de la norma máxima, en la definición misma de nuestro Estado. Es por ello que sin justicia no hay democracia; sin justicia, en definitiva, no hay sociedad. Dice la Constitución en su artículo 24.1 que todo ciudadano
tiene derecho a una tutela judicial efectiva, y es por ello que el Gobierno tanto en el inicio del estado de alarma como en sus sucesivas prórrogas y normas complementarias siempre ha velado por la conciliación del derecho a la salud y nuestra
protección colectiva ante el virus, con el efectivo derecho a esta tutela judicial efectiva.


Señorías, el Gobierno ha velado por nuestro sistema judicial, por la arquitectura de este pilar básico del Estado. El ministerio, como bien ha explicado el ministro, ha actuado de manera diligente, sensata y eficaz para dictar las normas
necesarias que garanticen tanto el buen funcionamiento de los procesos que no han parado como para establecer la guía necesaria para evitar un colapso por todos anunciado tras el levantamiento de la alarma. Estamos, por tanto, ante un Gobierno que
actúa y un ministerio que lidera. El Gobierno, señorías, ha reaccionado a tiempo ante una pandemia mundial sin precedentes. El Gobierno ha puesto en marcha la mayor batería de medidas sanitarias, higiénicas, logísticas, de protección social, de
garantías laborales y económicas de toda la historia, y lo ha hecho en un tiempo récord. Por ello no puedo por menos que agradecer, sinceramente, el trabajo de tantos servidores y servidoras públicos que en estas siete semanas han sostenido nuestro
Estado. Su esfuerzo, abnegación y entrega han sido nuestro sostén como sociedad. Todo ello en una crisis impredecible, cambiante y que desafía nuestras certezas y nos pone a todos a prueba, también a la oposición.


Dijo el ministro en febrero, cuando acudió a esta Comisión a presentar su Plan 2030, que sus objetivos eran consolidar los derechos y garantías de los ciudadanos, promover una mayor eficiencia del servicio público y garantizar el acceso a la
justicia en todo el territorio. Creo sinceramente que tanto las medidas tomadas estas semanas por el ministerio como el real decreto-ley responden al mismo espíritu. El ministro ya ha citado las medidas tomadas por el ministerio en estos cincuenta
y dos días y no les cansaré repitiéndolas, pero sí he de decir, señorías, que han sido cuarenta y cinco disposiciones que han acompasado la actuación del Estado para combatir los efectos de la pandemia en la justicia, desde el 14 de marzo al 4 de
mayo.


Señorías, la justicia no cierra ni ha cerrado. El Gobierno, a través de la coordinación dirigida por el ministro de Sanidad, se ha enfrentado a una infinita casuística en la pandemia y siempre lo ha hecho velando por la ciudadanía. El
ministerio en este tiempo no se ha mantenido de brazos cruzados, siempre en aras de atender los derechos de la ciudadanía a la que todos nos debemos. Ante un presente que era y es cambiante y ante un futuro que se nos antoja incierto y donde la
ciudadanía, con lógica razón, ha demandado y demanda seguridad y certezas -y no los bulos patrocinados por la ultraderecha-, el Gobierno ha trabajado incansablemente de la mano de la ciencia y lo ha hecho abriendo la mano desde el primer día a la
unidad en el presente y a la reconstrucción en el futuro; por más que desdeñen nuestra mano, esta seguirá ahí. Por ello nos preocupa el cariz de algunas actitudes y comentarios y algunas decisiones ajenas a la lógica, a no ser que respondan a
equivocadas estrategias partidistas. Ante el trabajo incansable les pedimos constructividad; critiquen, sí, pero no le hagan el juego a quienes solo buscan crear confusión. Trabajemos juntos y juntas porque aún es posible.

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Señorías, el ministro asumió el cargo en enero; en febrero presentó en esta Comisión el Plan 2030; en marzo estalló la crisis y en abril presentó el plan justicia post-COVID. Se podrán señalar errores, pero que este ministro y este
ministerio no se creen la justicia no es uno de ellos. En este plan de justicia post-COVID el real decreto contempla medidas necesarias e imprescindibles, todas ellas dirigidas a evitar el colapso judicial y a procurar una mayor diligencia. Cobra
por ello especial relevancia la medida adoptada sobre los ERTE por la que se permite que los que no alcancen los umbrales de despido colectivo se puedan regir por un proceso más simple y rápido como es el de conflicto colectivo. Este decreto sitúa
a las personas en el centro de los procesos al dar un trato preferente a causas vinculadas al periodo de confinamiento. Gracias, señor ministro, a usted y a todo su equipo así como a todas las asociaciones e instituciones implicadas en este
esfuerzo colectivo. Quiero reconocer, por ello, el esfuerzo que durante tres meses van a realizar todos los operadores jurídicos y funcionarios y funcionarias para prestar un servicio público que en estos momentos es determinante. Señorías, la
justicia no puede llegar tarde. Los ciudadanos han necesitado, necesitan, de la ciencia y de la medicina; ahora también necesitan a la justicia. Y la justicia necesita reincorporarse a la normalidad.


Todos somos conscientes de las necesidades de la justicia, señorías; no es solo una administración o un conjunto de procedimientos, sino que representa la gestión de problemas diarios y urgentes, de problemas que tienen rostro como la
violencia de género, por poner un ejemplo. Por cierto, señores del PP, nos hubiera gustado verles apoyar el decreto que protege a las víctimas de la violencia machista durante la pandemia, por aquello de decir una cosa y hacer la misma.


Señorías, les decía que merece la pena estar unidos o, al menos, trabajar constructivamente. No olvidemos que, como decía al inicio de mi intervención, nuestro Estado se define como social democrático y de derecho. La justicia es y debe
ser tomada como un eje imprescindible para la salida de esta crisis con garantías y de acuerdo a nuestros principios más básicos como demócratas. Como dijo María Zambrano, si se hubiera de definir la democracia podría hacerse diciendo que es la
sociedad en la cual no solo es permitido sino exigido el ser persona.


Señorías, llegados a este punto, me surgen algunas preguntas, con todo el respeto, sobre todo a la oposición. Primera, señores del PP, ¿cuál es su papel aquí? Ustedes no son VOX. Entonces, ¿por qué se empeñan sistemáticamente en
parecerse? Segunda, ¿por qué niegan la convalidación de un decreto al que ustedes no se habían opuesto hasta ahora, o sus comunidades, durante las largas reuniones mantenidas? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se dejan arrastrar por la corriente de lodo
del cuanto peor, mejor? Créanme que lo lamento profundamente. El Gobierno, el Poder Ejecutivo, señorías, el Poder Legislativo, se deben a la ciudadanía, somos depositarios de su confianza. Les pedimos sacrificios a ellos, les pedimos esfuerzos y
no somos capaces de dejar a un lado intereses electorales para sumar. Señores del PP, otra pregunta que me surge es: ¿Vale la pena? ¿Les vale la pena? ¿Creen que iremos mejor así? Sinceramente, yo creo que no. Y ustedes creo que también opinan
como yo.


Les decía al principio y se lo repito ahora -y con estoy voy terminando, señora presidenta- que uno no elige cuándo llega la pandemia o un tsunami o un terremoto, pero sí elige qué hacer ante ello, cómo reaccionar, qué ofrecer y, sobre todo,
de qué parte ponerse. Señores del PP, les pregunto: ¿de qué parte están, de los que arriman el hombro desde la posición que les ha tocado, o de los que bloquean y entorpecen sin más argumento que la táctica interesada? Hemos de aspirar -ustedes y
nosotros, todos, en conjunto- a representar el sentir general de la sociedad, que no es otro que el de la colaboración. Señorías, el gran reto no es generar problemas, sino generar soluciones. Tenemos clara la oposición, pero no tenemos tan claro
cuál es la alternativa que ofrecen para mejorar nuestra vida, más allá de la trilogía: corbatas, bandera, bocata de calamares. Ustedes, señorías, no han de ser leales al PSOE ni a este grupo parlamentario. Les pido altura de miras y lealtad con
la ciudadanía.


Todos somos humanos y todos nos equivocamos, nadie está exento, pero créanme que en esta pandemia los hay que, aun equivocándose y desde la izquierda a la derecha, están haciendo lo humano y lo inhumano para paliar los efectos, para auxiliar
a los afectados y para derrotar al virus. Lo hacen de buena fe y sometidos a una presión para la que nadie estaba avisado. Otros se han situado detrás de una indigna barrera conformada por la mentira, el bulo, la desestabilización y los palos en
las ruedas. Quisiera recordarles también que ha sido este Grupo Socialista el que más veces ha apoyado un pacto de Estado. Este grupo ha demostrado que no le tiene miedo al pacto, pero tampoco tenemos miedo al compromiso. Este grupo ha sido
protagonista los últimos cuarenta años de los mayores avances sociales en este país. Y ahora la justicia necesita de nuestro trabajo, un pilar que ha sido sacudido como nunca hasta ahora. Solo podremos sostenerlo, enderezarlo y reforzarlo con el
concurso de todos.

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Porque si no es así, señores del PP, aquí viene mi última pregunta: ¿por qué?, ¿por qué lo hacen? Esa pregunta se la deberían contestar a los españoles y españolas.


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Aranda.


Terminado el turno de portavoces, tiene usted la palabra, señor ministro.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Campo Moreno): Gracias, señora presidenta.


En primer lugar, quiero agradecer a todos los portavoces sus aportaciones, porque, aunque les pese, este ministro sabe oír. Eso no quiere decir que participe de muchas de las cosas que han tenido a bien comunicarme. Pero voy a empezar con
lo que debería de terminar: ahí siguen teniendo mi mano tendida para dar a la ciudadanía lo que legítimamente nos reclama, que es una tutela judicial efectiva en tiempos razonables.


Señorías, podría referirme a un ámbito general y después intentar contestar a muchas de las preguntas que han hecho, pero para intentar que se me olviden las menos posibles, voy a seguir el esquema de sus propias intervenciones.


Señor Santamaría, tengo que reconocer que me conoce, algo me conoce, y le han hablado de mí. Sabe que voy directo, que hablo, que no siempre vamos a coincidir, pero que jamás me despego de la realidad. Oírle eso de su parte es triste, pero
después oyendo toda su intervención, realmente creo que se estaba mirando en un espejo. El que está alejado de la realidad es usted, perdóneme que se lo diga, es usted y no su partido. Porque le podría relatar todas y cada una de las reuniones por
videoconferencia que hemos tenido, y hay muchos testigos porque estaban todas las comunidades autónomas, por cierto, varias gobernando en solitario o junto a otros partidos como al que usted representa hoy. Y nada más alejado de la realidad, porque
en esas videoconferencias de los viernes -de no pocas horas-, más todo el trabajo diario a niveles de secretarios de Estado y viceconsejeros, todo lo que se ha tocado ha sido precisamente para atender una situación crítica por la pandemia,
solapándose con una situación de una justicia que no es, desde luego, la modernidad en lo que a los servicios públicos se refiere. Por eso oír palabras y frases grandilocuentes -'palacio de cristal', 'usted está alejado de la realidad'- me da una
cierta sensación de tristeza, pero no me arrugan, se lo puedo asegurar. Decir que constituir la comisión para una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal es estar alejado de la realidad es que no se sostiene, tengo que decírselo. Es un compromiso que
asumí en esta Cámara el 17 de febrero y es un compromiso que no se tiene por qué ver afectado por la pandemia. Es un equipo -y en muy pocos días verán quiénes están ahí- que ya ha trabajado sobre los dos textos, sobre los que existe un enorme
consenso, que son los textos que se hicieron bajo el mandato del ministro Caamaño y del ministro Gallardón. Por tanto, es una refundición con una actualización, como dije en mi comparecencia, y utilizarlo como arma arrojadiza de la política no dice
mucho de usted, señor Santamaría.


Entrando en un capítulo más general -pero usted ha sido el primero que lo ha sacado-, la Abogacía, desde el minuto uno que llegaron este ministro y este Gobierno, ha estado solventando problemas. Asumimos que había un descuadre
presupuestario en el sentido de que hacía falta un decreto para poder pagar, porque se habían producido unas incidencias, y lo saben perfectamente. Hoy estamos al día, ojalá no volvamos a tener problemas, pero la Abogacía siempre ha sido motivo de
preocupación. Pero es que cuando desde el 14 de marzo se produce el decreto de alarma, la Abogacía ha estado presente en todas las resoluciones, y así nos lo han agradecido, pero no tienen que hacerlo porque no olvide que jueces, abogados,
funcionarios, todos somos servidores públicos cuando hablamos del servicio público de la justicia, y los que nos lo creemos apostamos por eso. Por tanto, vimos que no había por qué impedir que fueran a los despachos; les hemos facilitado sus
tareas en los ámbitos de videoconferencias; hemos tenido incidencias porque era lógico; es lógica la preocupación. Y ahora es muy fácil decir: es que la justicia no está modernizada; claro que no lo está. Y si repasa mi comparecencia del 17 de
febrero o mis intervenciones de los últimos quince años, verá cuál es mi lucha, y algunos ya veteranos saben lo que intentamos en legislaturas anteriores en orden a la modernización. No voy a hablar de culpas, pero la realidad es esta.


Mire, se lo dije el otro día a su portavoz: hacemos mucho ruido. Sigamos a Azaña, callémonos y vamos a aprovechar ese silencio para trabajar. Yo lo he hecho con el Partido Popular de una manera absoluta, como con todos los demás partidos
que representaban a los miembros de las comunidades autónomas. Hable con su representante de las tres comunidades que le estoy diciendo y vea cómo ha sido el trabajo: constante, detenido, pormenorizado, con todos y cada uno, con transparencia, con
escritos,

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con manifiestos. Nada de lo que hemos hecho es revolucionario, claro que no, claro que no; ojalá pudiera colgar un cártel de cerrado por obras y ahora ponernos de acuerdo y modernizar y levantar el nuevo equipo de la justicia, pero eso no
se puede; no se puede porque los ciudadanos tienen que seguir despachando todos los días. Pero, señor Santamaría, de verdad, pregúntele a su responsable político si no ha estado presente en todas y cada una de las intervenciones, si no ha
aportado, si no ha enriquecido cada una de estas actuaciones, porque las ha enriquecido y mucho, es un gran conocedor del mundo de la justicia y ha aportado, como muchos otros; pero él específicamente ha participado en todas, ha mostrado
iniciativas que después se vieron en el real decreto-ley. Por eso no puedo entender cómo desde un partido de responsabilidad se es capaz de hacer tanto daño a la ciudadanía diciendo lo que se ha oído en esta última semana. Estoy convencido de que
van a cambiar su postura, o por lo menos quiero pensarlo, porque está en su mano. Habla desde los titulares de periódico y no desde el conocimiento; yo le pido, y si quiere usted me autoriza a que hablemos de las conversaciones privadas que usted
y yo hemos tenido las últimas semanas, no lo voy a hacer por respeto absoluto. (El señor Santamaría Ruiz: Hable en singular, una llamada). No señor, hemos hablado tres, pero bueno. Si me autoriza hablamos de ellas, si no, no tengo ningún interés
en sacar conversaciones privadas, pero lo que sí le digo es que no le consiento que utilice la mentira como arma arrojadiza.


Habla desde titulares de prensa: geolocalización, arcas de Noé, pasa de las libertades, libertad de prensa. Mire, me he pronunciado, lo he defendido en las Cámaras legislativas y lo digo a boca llena: el derecho de los españoles es a una
información veraz; el campo de la libertad de expresión es muy abierto, muy amplio, la doctrina jurisprudencial y de nuestro Tribunal Supremo ya lo ha dicho, pero eso no es el derecho a la mentira. Eso es lo que he dicho, que, como sociedad, y lo
dije en esa rueda de prensa -que por cierto confunde, ahora se lo diré- en Moncloa, con la serenidad necesaria, de todo lo que afecta a los derechos deberíamos hablar sin pudor, desde la academia, desde la política; deberíamos hablar sobre si esa
es la sociedad que queremos: una sociedad intoxicada con mentiras grotescas que pueden provocar mucho daño. Esto no es una cuestión de sacar cotilleos de alguien, es mucho más doloroso que eso porque estamos hablando de comportamientos colectivos
que sobre todo se ponen de relieve en situaciones de alarma como estas para ver la fragilidad social y el daño que podemos hacer. ¿Usted cree, de verdad -míreme a la cara-, mirando a los ciudadanos, que no tenemos que hacer una reflexión sobre eso?
Porque yo estoy convencido -y fíjese lo que le digo, aunque lo conozco más de referencia que de otra cosa-, estoy seguro de que usted piensa exactamente igual que yo. No se escude en pronunciamientos -igual ahora en su turno de palabra me dice que
no-; no es una limitación de la libertad de expresión, todo lo contrario, es precisamente engrandecerla, porque la libertad de expresión es absolutamente necesaria y, cuidado, es un derecho de cada ciudadano, aunque a usted no le gusten las
manifestaciones que se hayan podido realizar -han aludido dos o tres grupos políticos al vicepresidente segundo-. Lo dije el otro día, se lo respondí a su portavoz: tengo una clara opinión y la mejor de las consideraciones sobre mi carrera. Soy
juez hace treinta y tres años, como pudo oír y, por tanto, cómo no voy a defender a los jueces, claro que sí y defiendo la tarea constitucional que realizan porque es una tarea exclusiva y excluyente; claro que sí, pero también defiendo la libertad
de expresión, y la tienen todos. No quise entrar -y no lo voy a hacer ahora- en responsables políticos de muy alto rango de su partido señalando a jueces en concreto y le dije a su portavoz -y se lo repito a usted ahora como portavoz de justicia-
que no hay problema, que creo tanto en la libertad de expresión que, a pesar de lo que ha dicho usted aquí, le tiendo la mano y le pido que apoye a la justicia, que apoye a sus consejeros de Justicia, que cada viernes -y toda la semana los demás
responsables políticos- nos dicen cómo podemos mejorar un servicio público que nos afecta a todos.


Indultos. Es tan claro lo que se ha hecho que lo único que le puedo decir es que sigan tramitándose. Y le puedo decir que esos sobre los que usted piensa y lanza aquí cosas -y esto vale para los demás- no se han tocado, no están
registrados. Hay un volumen enorme de peticiones de indulto y lo único que le puedo decir es que en el primer trimestre de 2020 he llevado al Consejo de Ministros 958, y solo ha habido 10 favorables y 948 denegatorios. No hay ningún plan urdido
con nadie. Eso se analizará en su momento, cuando toque, porque hay dos peticiones, por cierto, que ni están registradas. El problema es que no hay necesidad de interrumpir unos plazos procesales que no tienen ni el contacto. Y no olvidemos una
cosa, que toda la pandemia viene con un frontispicio de actuación, que es la salud de las personas, de los ciudadanos, también de los funcionarios de justicia.


Le voy a dar un dato, porque me lo han preguntado varios: España tiene un contagio por cada 100 000 habitantes de media de 0,43. Afortunadamente -y lo digo con absoluta grandeza-, el sector justicia se

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ha visto contagiado en un 0,002, cosa que es maravillosa en el sentido de que el índice es mínimo. Hemos tenido defunciones y en la primera oportunidad que he tenido he mostrado mis respetos, con algunos hasta personalmente porque los
conocía, como es el caso de una compañera de mi promoción. Lo que le quiero decir es que no nos puede decir eso. Establecimos una reducción del personal al 10 %, diez de cada cien, señor Santamaría, porque había una finalidad, por encima de una
tutela judicial efectiva estaba la salud de los profesionales y de cualquiera que se acercara. Después se redujo al 5 % porque había un motivo mayor, teníamos que hacer que la movilidad de lunes a viernes fuera la de sábado y domingo, y justicia
hizo un esfuerzo, pero lo que le tengo que decir es que justicia no puede cerrar porque hay que expedir licencias de enterramiento, hay que atender a casos de violencia de género, hay que atender a cuestiones de cooperación jurídica internacional;
justicia no puede pararse. Otro dato les voy a dar: justicia no puede pararse, pero es que el decreto de alarma no ha anulado ningún derecho, no ha supuesto una merma del Estado de derecho. Y con esto contesto, aunque después entraré en otro
detalle. Mire, hablar de los fallecimientos duele, claro que duele, pero le puedo asegurar una cosa: no hay ningún afán de ocultamiento de datos. No olvide, señor Santamaría -y sé que lo sabe-, que son las consejerías de Sanidad, los
departamentos responsables de Sanidad de cada comunidad autónoma los que basculan. Le he dicho que hay dos fuentes de información sobre los fallecimientos y en eso estamos, porque claro que tenemos la obligación de dar a la sociedad científica y a
la sociedad en general un conocimiento lo más exhaustivo posible del origen, pero vamos actuando en función de los criterios porque esa ha sido una marca de este Gobierno, se han atendido todas las recomendaciones de la Organización Mundial de la
Salud y de los responsables sanitarios. Y todas las decisiones, por muy dolorosas que hayan sido social y económicamente, se han regido por esa pauta: el criterio de los sanitarios. Son los que la han marcado.


¿Cuánto incremento de asuntos? No lo sabemos. Se han paralizado muchísimas causas porque el decreto lo que hace es eso. Les he dicho -sirva como carácter general- que Justicia 2030 se ve asaltada, como toda la sociedad, por la alarma y
por una pandemia que nos afecta a todos, también a la justicia. Y, efectivamente, claro que se solapa con una Administración que no es precisamente un modelo de fluidez por razones organizativas, tecnológicas y normativas, claro que sí, pero lo
cierto es que no le da al ciudadano la tutela judicial que reclama legítimamente. Nadie duda de que tenemos unos jueces maravillosos -por lo menos yo no lo dudo-, pero la efectividad no es tan maravillosa como quisiéramos, de ahí que la dilación
sea siempre uno de los elementos.


Cuestión de inconstitucionalidad. Hable con los asesores jurídicos o con las personas que saben muchísimo de derecho que han estado en nuestras reuniones. Le puedo asegurar que no hay absolutamente nada. Aquí hay una tripleta de
actuaciones, un esquema trifonte para afrontar el primer momento. En primer lugar, los planes de refuerzo, disposición adicional decimonovena del Real Decreto-ley 11/2020. Se compromete a una dotación económica de 40 millones, como habrán visto en
la prensa de ayer -lo digo por si alguno no tenía el dato-, para afrontar el colapso llamativo de unos órdenes jurisdiccionales que se presume con facilidad. ¿Cuánto? Habrá que acudir a alguna bruja. No, mire usted, no hay proyección porque no se
sabe lo que ha estado paralizado, no se sabe cuántas reclamaciones va a haber de todas esas ayudas que se han articulado por el Gobierno, ya sé que absolutamente insuficientes según ustedes, pero son las que son y las que se han podido dar. Ya
están viendo el despliegue que ha habido y el escudo protector que se ha forjado. ¿Ha llegado a todos? Ha llegado a todos los que se puede y ojalá no se quede nadie atrás, porque esa es la obsesión de este Gobierno, que nadie se quede atrás.
Insisto en que hay tres paquetes. Uno, un decreto de economía, señor Santamaría. Un decreto de economía, no sé si le suena. Dos, una cuestión transitoria, un real decreto-ley para cuestiones muy urgentes, porque es lo único que consolidaría este
estado. Y todos ustedes me han oído decir -lo manifesté en esta misma Comisión el 17 de febrero y algunos me han escuchado personalmente- que no va a haber nada que pueda empañar la constitucionalidad rabiosa de este decreto, un decreto que yo no
me atrevería a decir que es de mínimos, puesto que tiene cosas muy importantes. Con que se arreglara un paquetito -un paquetito- de la tortuosa lentitud de la justicia me daría por satisfecho, se lo puedo asegurar. Y después hay un tercer bloque,
que tenemos ya escrito, de todas las comunidades autónomas, del Consejo, de la Fiscalía, de la Abogacía, en orden a una ley que traeré a este Parlamento, donde se contemplan medidas claramente estructurales, de procedimiento. Y claro que hay que
hacerlo, pero no puede decir usted -no puede decirlo, señor Santamaría, infórmese, por favor- que hay inconstitucionalidad por tocar materias de ley orgánica, y esto vale para algunos compañeros que también lo han invocado. (El señor Santamaría
Ruiz pronuncia palabras que no se perciben). Por

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eso digo que también vale para algunos compañeros, señor Santamaría. Que esté establecido por ley orgánica, como casi todo en el ámbito de la justicia, para nada es un obstáculo para que se pueda articular. Fíjese, por ejemplo, en el turno
de tarde y mañana. Eso lo establece una ley orgánica del Poder Judicial. No termino de encontrarlo -permítame la ironía- en el artículo 81, no lo encuentro. Es tan antigua que no contempla lo que dice hoy la doctrina del Tribunal Constitucional,
donde hay que señalar en las disposiciones adecuadas que esto tiene rango ordinario. Curiosamente, si nos vamos al artículo de la ley orgánica, dice que las jornadas se establecerán por las leyes procesales o por el reglamento del Consejo, y yo
creo que ni las leyes procesales ni el reglamento del Consejo tienen rango orgánico. Ahí estamos hablando de cuestiones de derecho de familia. Esto es puntual, solo vale para tres meses, porque puede haber madres, padres, que hayan tenido
problemas precisamente por el confinamiento y puede haber problemas relacionados íntimamente con el COVID. De eso se trata nada más, no hay más. ¿Alguien duda de que va a haber conflictos con los ERTE? Darles ese tratamiento de superespecial
protección y agilidad, como en el caso del tratamiento con conflictos colectivos. Sinceramente no los puedo entender. Por eso -lo digo con vehemencia y saben que soy sincero- ojalá que la semana que viene o cuando tenga la posibilidad de presentar
el real decreto se reconozca en todas y cada una de las medidas y no pueda decir que no lo apoyó. Espero que lo apoye y con ganas. Nos pelearemos en la ley, porque es lo lógico. La discrepancia es enriquecedora y legítima, pero algo que está
absolutamente pactado, absolutamente consensuado, con unas condiciones absolutamente reducidas, se habla. No se puede decir que no van con planes de memoria. Me parece que fue el señor Bal el primero que lo manifestó. Un real decreto que contiene
estas medidas no los lleva. Estamos obsesionados con una idea, la justicia necesita medios, claro, y por eso el plan de choque contiene los millones que le he dicho, pero la clave es que este decreto lo único que hace es dispersar porque sigue
siendo una obsesión la salud de nuestros profesionales. Por tanto, lo que se hace es separar en dos grupos, con carácter de voluntariedad, durante tres meses, y para que haya un incentivo se reduce en una hora y media la jornada diaria. Esta es la
realidad de lo que pone en el decreto y lo que está negociado, porque hay ámbitos competenciales que tienen que ponerse, pero se está trabajando de manera consensuada para que haya esto e incluso algo menos. ¿Dónde está el atropello a los derechos
de los trabajadores? No lo hay.


Señor Ortega, no voy a contestar a los conceptos de propaganda, argumentario, defender lo indefendible, ocultación de los datos, etcétera. Mire, su forma de actuar la respeto, pero no la puedo compartir. Ojalá pudiéramos abrir una puerta
para que pudiéramos entendernos, me encantaría. Les tiendo la mano, lo que pasa es que sé que su abrazo está más lejos porque no les interesa; no les interesa lo que de verdad les preocupa a los ciudadanos. Usted me ha articulado que solo me
interesa la actividad propagandística y que el discurso lo han hecho mis personas responsables de la comunicación. Mire, eso es tan falso como muchas de las argumentaciones que ha utilizado, pero le tiendo la mano, se lo digo, porque no hay ningún
otro afán. Ojalá pudiera decir al final de la legislatura: estoy de acuerdo con usted en el 2 %. Eso quizás hasta me consolaría, pero se lo digo, no estamos actuando a espaldas del sector; no creo que haya habido más actuaciones consensuadas por
parte de ningún ministerio nunca, y lo digo con respeto hacia todos, porque todos lo han intentado. Niega lo de los EPI. He dado lectura precisamente pensando en su hipotética intervención y esperando que me oyera. Le puedo volver a relatar cómo
el 23 de marzo llegaron los primeros; no había, nadie tenía. Usted ve la prensa internacional, sabe lo que le estoy diciendo, sabe que ha habido problemas, el mercado estaba estresado. Han actuado los listillos, han actuado los sinvergüenzas, ha
habido una necesidad brutal en la humanidad de acaparar material, y hemos tenido que ponernos en manos de la producción internacional y después reconvertir la producción nacional, pero le puedo asegurar que Justicia, desde el minuto uno, la primera
-cuidado, para un 10 % reducido al 5 %-, repartió las cantidades que le he dicho, y no tengo ningún inconveniente en volver a decírselas, pero me parece innecesario. Le estoy dando un dato que no puede olvidarse, y esto no es precisamente su grupo
el que lo mantiene. Pero le puedo asegurar que el decreto de alarma no quita a nadie ni una sola competencia, porque el 116 no es un 155, lo que hay es una tarea de coordinación. Por eso todos los responsables políticos que han venido de todas las
comunidades autónomas han entendido que eran los responsables, sin fisuras; han entendido que es mejor ir juntos en esto y tener un cinturón que nos abrace, porque la situación era muy dura para todos. Y aquello de que la unión nos facilita el
acierto en el resultado es lo que nos ha guiado a las doce comunidades, a las que les agradeceré siempre todas y cada una de las reuniones, porque todas han sido constructivas, enriquecedoras y participativas. Se lo puedo asegurar, tenemos todo
archivado y clasificado, porque esa es la responsabilidad de los

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responsables políticos, y ahí tenemos cómo se ha ido construyendo todo, pero no solo el real decreto-ley. Porque ya les digo, estamos trabajando en esa ley, en ese borrador o ese anteproyecto, que se traerá a esta Cámara para ver todos esos
paquetes de reformas normativas, organizativas y tecnológicas; ahí sí pueden ser estructurales. Incluso el paquete de la disposición adicional decimonovena. Se está coordinando todo con ellas, todo, las jornadas, los EPI, el número de personas,
todo, y esto ya vale para lo que después diré, para no extenderme en todos y cada uno.


Nadie está ocultando datos de nada, lo que pasa es que la realidad nos ha sorprendido a todos. Hay fuentes de conocimiento que tienen distintas finalidades y, por tanto, hay que cohonestar en una situación como la que se ha producido. Les
invito a que vean todos los días la página de Sanidad en la que aparecen todos los datos que diariamente les suministran el MoMo o el Instituto de Salud Carlos III. Hay una información diaria, pero hay que cohonestar todo eso para sacar las
conclusiones. Le aseguro que toda la sociedad está rabiosamente interesada, pero este Gobierno también, porque hay que prepararse para lo que pueda venir. No sabemos si vamos a tener un rebrote de esta o de otras pandemias y, por tanto, el
conocimiento es clave; y no digo ya para la comunidad científica. ¿Cómo hemos tenido que actuar? El Registro Civil no anota desde hace mucho tiempo, por la protección de datos y por proteger la intimidad, ciertos datos de causas de fallecimiento.
Lo que hemos hecho han sido resoluciones, como hicimos la guardia o la petición de lugares de procedencia del fallecimiento -hospitales, residencias de la tercera edad u otros lugares- y esa es la información que gota a gota estamos intentando
compendiar para obtener un resultado con transparencia absoluta desde el minuto uno para poder obtener la mejor radiografía de cómo la pandemia nos ha afectado. No le tengo que recordar el gran número de asintomáticos, etcétera.


Sobre las serias dudas constitucionales, usted es jurista y me consta que sabe que lo que dice no se sostiene. Puedo entender que lo diga en términos políticos, pero le aseguro que no tengo ninguna duda de que usted, como fino jurista,
tiene muy claro que lo que dice no se sostiene. No hay ninguna tacha de inconstitucionalidad en decir que los abogados pueden ir sin toga, y cualquiera de los instrumentos que están articulados ahí ni por su urgencia ni por su provisionalidad ni
por su rango normativo tienen la más mínima mácula de inconstitucionalidad. Le puedo asegurar que he tenido presiones, sugerencias y recomendaciones de incorporar otras cosas, pero hemos deliberado y entre todos hemos resuelto que no, que eso a la
Ley de agilización, porque esto es anecdótico y temporal. Además, sigue una pauta básica y nuclear que modula todo, que es continuar en una situación de alarma. Por eso el decreto tiene vigencia mientras dure el estado de alarma y tres meses más,
porque la preocupación es que se pueda prestar un poco de servicio público, el esencial, con el menor riesgo para nuestros funcionarios. Y cuando digo funcionarios, me refiero a toda persona que pisa un juzgado, porque le puedo repetir que se
dieron también al Consejo General de la Abogacía, a registradores, a notarios y, por supuesto, a todos los funcionarios. Los ha dado el ministerio incluso sabiendo que en un primer momento no había, entendiendo que, si habíamos tenido la
posibilidad de adquirir esos paquetes, había que repartirlos entre todos. Aquí no había competencias, que nunca se han quitado. Se ha repartido a todos lo que había. Usted puede decir que es mucho o es poco, pero le puedo asegurar que es lo que
hubo, y, para el porcentaje que hubo, ahí están los datos. Ahora hemos intensificado labores de desinfección, labores de separación con mamparas e iremos atendiendo a las recomendaciones de las autoridades sanitarias y acomodándonos a ellas. Le
puedo asegurar que nos acomodaremos y tendremos la protección. Por tanto, rechazo con toda energía -y así quiero que conste en el Diario de Sesiones- la imputación de irresponsabilidad. Es intolerable que un responsable político se conduzca así
conociendo la realidad.


Agosto, tema recurrente. Agosto no es la panacea, claro que no. Somos conscientes de que sometemos fundamentalmente a la abogacía y a la procura a un plus de sacrificio, pero le voy a decir una cosa, utilicen bien los términos. Estamos en
plena coordinación con todos los demás actores. Es muy fácil decir que se cierre en agosto, pero eso es desconocer la realidad de nuestros tribunales y la realidad de nuestras leyes. Hay cuestiones que no se pueden parar y también está el derecho
de miles y miles de personas a coger unas vacaciones cuando lo consideren pertinente. Sin embargo, para concederlas las salas de Gobierno -y esto no se establece para el COVID, sino que lo establece la ley orgánica- se tendrá que demostrar que
están atendidos los servicios básicos de la Administración de Justicia, porque la justicia ni en agosto se puede cerrar, y todos los que hemos administrado esto lo sabemos. Hay juzgados abiertos con muy poco personal, porque está en función de sus
competencias. ¿De qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de que va a haber muchos juicios? Claro que no. Lo que estamos intentando es que esos hábitos tradicionales no impidan que, al menos, se mueva el papel. Y de lo que

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estamos hablando es de que corren los plazos. Esperemos que para la abogacía y la procuraduría tenga la menor incidencia, del 11 al 31, salvando todos los sábados y domingos. Y, cuidado, que ya había unos servicios esenciales que no se
paraban, todos lo sabemos: jurisdicción social, penal, etcétera. Por tanto, agosto es inhábil para lo que es inhábil; y ya decimos que para lo que estaba declarado inhábil vamos a atender a que corran los plazos, porque todos sabemos que la
justicia no anda bien y un parón es mucho más difícil, como el de un alto horno o una gran siderurgia, cuando se para, su puesta en marcha no es un día, como la parada, es mucho más. Eso es lo que hemos intentado, y todas las comunidades autónomas
tomaron iniciativas y se han adherido, y todas manifestaron que les parecía bien, incluso muchas de ellas pidieron todo el mes. Entendimos que había que conjugarlo, y así se llegó a esa situación.


Señor Asens, le doy las gracias por su tono -que conste en el Diario de Sesiones-. Hay unas cuestiones que escapan a la competencia del Ministerio de Justicia. El tema de la habilitación lo doy por reproducido, porque lo he argumentado
todo lo que he podido. En cuanto al tema de la transición a la digitalización, parte de esto está ahí. Ojalá tuviera la Administración de Justicia lo que otras administraciones y la posibilidad de hacer un teletrabajo que afectara al máximo de
personas. ¿Qué ocurre? Que hemos intentado utilizar esta situación para ver, en primer lugar, la necesidad de que Justicia se sume a ese carro de la modernidad telemática y, en segundo lugar, para potenciar todo lo que se pueda, con firmas
autorizadas. No nos engañemos, mucho del teletrabajo de la Administración de Justicia se reduce a un correo electrónico o un wasap con el órgano oficial, y sabemos que es así. Afortunadamente, cada vez hay más excepciones a esto, pero no se puede
hablar de generalización. Por eso, el decreto establece cosas en ese doble sentido y habilita temporalmente la validez de montones de actos, que entendemos que se puede hacer por la excepcionalidad, salvando el penal, como he dicho, y que valga lo
realizado desde el juzgado telemáticamente; constituido el juzgado, se va a dar validez. Es una aspiración que la abogacía representó como nadie, porque era lógico, eran los más afectados, venían de fuera al órgano. Pues está recogido y todos los
actos que tengan validez se podrán dar por válidos. Es una manera de impedir que la pesadez de la máquina de la Administración de Justicia nos bloquee. Por tanto, hemos tenido que estirar y romper comportamientos, para ver, además, cómo funciona
el sistema. Ninguna de las medidas del real decreto es revolucionaria, se lo puedo asegurar, pero todas articuladas individualmente pueden aportar un poco, un margen. He oído la palabra revolución. En Justicia no cabe la revolución, porque el
ciudadano tiene que seguir día a día recibiendo la tutela judicial de nuestros órganos judiciales. Por tanto, lo que hay que hacer es consensuar, consensuar entre todos y equivocarnos lo menos posible.


Señora Telechea, reconozco que su discurso me ha impactado; me ha impactado por la invocación tanto a la consejera como a la persona designada por ella para cubrirla cuando ella no ha estado, por la preocupación constante por todos y cada
uno de los temas que se han abordado, por la aportación constante de temas, pero sinceramente creo que no se puede sostener el discurso del 155. No hay ninguna recentralización. Incluso yo me comprometí en la primera reunión, al día siguiente de
aparecer en el boletín oficial la resolución del Ministerio de Sanidad que permitía en su tercer punto el mando, a que no hubiera necesidad de ella, porque estábamos funcionando ya con pleno consenso, y cuando digo pleno estoy hablando de pleno. No
ha habido nadie que haya manifestado su discrepancia respecto a ninguna de las resoluciones. Por tanto, no le puedo admitir, y se lo digo con todo el respeto que le tengo, que sabe que es mucho, que digan que es un 155. No, esto es un 116, y lo
único que hay es una labor de coordinación por parte del Gobierno ante una pandemia, que es justo lo que establece la Ley 4/1981 que regula el decreto del estado de alarma.


No hemos puesto a nadie en riesgo. Los porcentajes de los que hemos hablado del 10 % y el 5 % -afortunadamente, y lo digo con enorme satisfacción- y del 0,002 de contagio del personal de Justicia nos dicen que las cosas no las hemos hecho
demasiado mal. Pero, diría igual: si las hubiéramos hecho mal, las hubiéramos hecho mal entre todos. Afortunadamente, la unión de esfuerzos ha hecho que nos equivoquemos lo menos posible. Seguro que hemos cometido errores, seguro -yo el primero
y el que más-, pero le puedo asegurar que todas las decisiones han sido deliberadamente consensuadas y todas las resoluciones así lo ponen de manifiesto. Creo que tienen la relación, y en todas pone: de consenso con las comunidades autónomas. Por
tanto, de verdad, no me diga eso.


Señora Telechea, ha habido aportaciones magníficas y muchas tremendamente coincidentes con la idea de este ministro, pero yo no puedo cambiar en un real decreto-ley la Ley de mediación, que es una apuesta. Lo dije en la comparecencia del 17
de febrero: por supuesto que vamos a apostar por la mediación. Ojalá logremos articular un mecanismo altamente satisfactorio, y no solo en los ámbitos

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tradicionales, sino en todos aquellos en los que sea posible, que son muchos, se lo puedo asegurar. Me han oído en esta Cámara hablar de la mediación en todos los órdenes jurisdiccionales. Por tanto, claro que trabajaremos; ya estamos
trabajando. Si quiere le enseño los borradores en los que ha participado la consejería catalana de la que usted me hablaba. Claro que estamos ahí, claro que la mediación va a ocupar un papel absolutamente importante en esa ley de agilización, pero
no lo podíamos meter en un real decreto-ley porque todos éramos conscientes de que es un ámbito que afecta al proceso y que requiere reformas estructurales. En esas es en las que nos vamos a meter, y ojalá lo hagamos como hasta ahora, con el
consenso de todos. Pero no me pidan, porque ese sea su deseo, que lo meta en un real decreto-ley, porque me tendría que desdecir de lo que he dicho, que ninguna de las medidas adoptadas roza ni de cerca la inconstitucionalidad. No hay esa urgencia
para hacerlo ahora. Metámosle la urgencia en la tramitación, pero salvaguardando las competencias de esta Cámara, que creo que casi todos saben cuánto respeto me genera: es mucho y lo sabe, señora Telechea.


En cuanto a los funcionarios, estamos hablando de turnos de mañana y de tarde para tres meses, de voluntariedad, de favorecer el teletrabajo. Está en el real decreto-ley, señora Telechea; por favor, repáselo, porque sé que lo ha leído,
pero se le ha escapado. Está absolutamente medido lo que se puede hacer en un decreto-ley que es urgente y con un espacio temporal mínimo.


Sobre la atención ciudadana, estamos establecidos, pero ¿podemos hablar de una asistencia telemática de verdad? El real decreto es humilde, y lo ha dicho: se dará la cita previa por teléfono o por un correo. Es lo que tenemos. Y este
ministro, señor Bal -que esto va para usted-, no se aleja de la Administración de Justicia; no se me olvidan mis treinta y tres años de ejercicio profesional, se lo puedo asegurar. Podríamos haber hecho un canto de sirenas, pero no; he hablado de
teléfono y de correo electrónico porque es lo que tiene la Administración de Justicia y, a veces, hasta falla. Por eso, de verdad, no me alejo de la realidad. Eso es lo que hemos puesto: cita previa de esa manera. Ojalá tuviéramos el expediente
electrónico. Aspiro a que con la ayuda de todos lo logremos.


Señor Bal, ya sabía yo que estábamos cerca, ya le toca. No estoy separado de la tierra, créame, de verdad. Sé que es una frase hecha, pero no lo piensa. Le conozco y sé que es un jurista muy fino y sus palabras lo evidencian. No pierda
eso que nos ha traído aquí, que es nuestro amor por la justicia. Yo sé que todos tenemos que defender posiciones de nuestros partidos políticos y a veces tenemos que decir, estirando un poco, cosas que no nos gustan. Como decía el otro día en la
sesión de control, los políticos tendemos a hablar mucho, tenemos que opinar de todo y de lo que han opinado otros de todo y estamos todo el día hablando, pero usted y yo sabemos que se han hecho las cosas razonablemente bien. ¿Hemos cometido
errores? Seguro, y si volviéramos a caer, seguro que lo haríamos de forma distinta, pero le voy a decir una cosa: la tranquilidad de este ministro es que lo hemos hecho entre todos, y en Justicia más que en ningún lado. Está en todas las
resoluciones que tienen, en todas. No he oído a una sola comunidad decir: esa resolución que se ha dictado por el ministro de Justicia, por el secretario de Estado o por el secretario general dice que está consensuada con las comunidades
autónomas, pero es mentira, no lo ha sido. Sí lo ha sido; por eso, ninguna ha alzado su voz, ninguna, porque todas se han sentido representadas y coordinadas. Nadie ha perdido sus competencias, nadie.


En cuanto a las cifras de los EPI, mire, para el 10 % y el 5 %, le puedo asegurar que los envíos del 23 de marzo..., y ya habrá tiempo de hablar y de agradecer comportamientos de ámbitos de este país que la gente no puede ni imaginar, porque
ha habido una enorme carga heroica por parte de algunas personas que ya habrá tiempo de agradecer. Pero ¿de verdad piensa que la idea del test es un argumento que usted puede traer a la Comisión de Justicia? Mire, el Ministerio de Justicia
proveerá y realizará los test cuando las autoridades sanitarias lo digan. Cuando lo digan, por supuesto, hará el esfuerzo, y si no los tiene no mandará a los funcionarios al juzgado, pero le puedo asegurar que hoy no se está diciendo eso. Por
tanto, qué arma política, qué forma de arrojar la palabra contra una actuación global. Su partido está representado en comunidades autónomas que lo están haciendo lo mejor que pueden y ejerciendo sus competencias. Artículo 6 del Real decreto de
alarma. Nadie pierde sus competencias, por tanto, tampoco en justicia, pero han entendido que el consenso es una buena forma de actuar.


Señor Bal, me va a permitir un desahogo; tenemos una buena relación personal como para que lo pueda hacer. No me diga lo de justicia 2020 porque me duele en el alma. No; tiene que ser justicia 2030, porque ojalá la justicia se haga entre
todos. Solo puede hacerse entre todos y, por tanto, necesita tiempo. Por ejemplo, respecto a Lecrim. ¿Alguien piensa de verdad que la Lecrim, que se ha puesto en marcha el otro día, la vamos a ver en un año, en dos años, en tres años, en cuatro
años, en cinco años? Seguro que no. Yo no sé dónde estaré en 2030, pero sí me gustaría, donde estuviera, sentirme orgulloso de mi

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Administración de Justicia. Por eso, tiene que ser una cosa dilatada en el tiempo. Se tiene que hacer con sosiego. No se puede hacer por real decreto-ley lo que me gustaría a mí o a usted o a cualquiera de los que han hablado, porque
vivimos en las leyes. Este ministro, desde hace mucho tiempo, viene diciendo que o lo hacemos entre todos o no vale, porque no vale de nada utilizar una mayoría parlamentaria para hacer algo que, cuando el turnismo democrático cambie la mayoría, se
pueda destrozar. Si yo me siento representado en el 2030, quiero que lo sientan todos. Por eso le puedo asegurar que en estos pocos pero intensos meses Justicia no ha dado ni un solo paso en contra de todos los responsables. Sé que, por ejemplo,
lo de agosto no ha gustado a la abogacía, y lo lamento de verdad, pero también le digo que le puedo enseñar cientos de wasaps de letrados que decían: por favor, hacedlo, porque, si no, voy a tener que cerrar el despacho. Conozco el informe de la
abogacía institucional y lo respeto, y ojalá logremos articular los mecanismos que estamos elaborando con las comunidades autónomas y sobre todo con el Consejo General del Poder Judicial para que la perturbación de agosto sea lo menor posible.
Insisto, nunca me habrán oído decir que eso es para que se celebren vistas en agosto, pero sí es bueno. Todos los que han ejercido la abogacía -y aquí hay representantes de ella- saben que otra cosa son los plazos procesales para presentar
escritos. ¿Alguien duda de que la medida de articular LexNET para la presentación de documentos haya sido bien intencionada? Todos sabíamos que muchos de ellos estaban suspendidos, pero no todos. Estoy leyendo cosas muy raras estos días con
interpretaciones variopintas. Da igual, se utilizó LexNET. Logramos sacar una resolución espejo entre el Consejo General del Poder Judicial y el ministerio para recomendar. El ministerio no puede decir que se notifique en un tema jurisdiccional
-cómo lo va a decir-, pero sí dice que se recomienda a los letrados de la Administración de Justicia que se notifique. No corren los plazos, pero se descongestiona el juzgado, permite que ese profesional de la abogacía tenga más tiempo, aparte de
lo que se añade. Y no es solo para favorecer al abogado -no consiste en eso- o a la Fiscalía si es el recurrente. De lo que estamos hablando es de no atascar el conducto fino que tienen los juzgados, porque, efectivamente, como decía el señor Bal
-que conoce muy bien la realidad de nuestros tribunales-, es un canal de fluidez muy estrecho y se colapsa enseguida. Tenemos cuellos de botella en un lado y en el otro. Por tanto, intentemos que este real decreto sea ese fluidificante que permita
por lo menos no provocar un atasco como el de las toallitas. Intentemos que el ciudadano pueda tener su tutela judicial en el menor tiempo posible. Sinceramente, invito a cualquiera a que repase las medidas. No hay ninguna estructural, son
auténticas sumas de pequeñas cosas, pero creo que son importantes y creo que es lo que nos pide la ciudadanía, sobre todo porque ha habido mucha gente implicada, muchas personas, muchas autoridades y muchos ámbitos competenciales comprometidos en
que ese decreto vea la luz. Le puedo decir que habido conversaciones muy amplias en ese sentido.


Señor Santamaría -creo recordar que lo ha dicho usted, no el señor Bal-, no se ha excluido a nadie. No fue en una rueda de prensa, fue en un briefing para comunicar a la prensa, en un off the record, de qué iba esto y el gran consenso con
el que se contaba. Sí, señor Santamaría, cien por cien. No me haga gestos detrás de la cámara, no se oculte detrás de la máscara, que se le ve. (Rumores). Se contó con el consenso de todos -si quiere le enseño papeles- y todas y cada una de las
medidas estaban negociadas. La abogacía, efectivamente, no mostró su acuerdo a lo de agosto, literalmente; todo lo demás estaba acordado con las doce comunidades, que unas veces eran proponentes y otras decían que les parecía bien. Fue comentado
el viernes, previamente al Consejo de Ministros; se ultimó -ya se había pedido mucho antes- y saben desde cuándo -usted lo sabe perfectamente por mí- empezamos a mover esto. En ese briefing no cabían todos, porque las videoconferencias son
limitadas hasta para el Ministerio de Justicia, y tres medios se quejaron con toda la razón. Por eso hice otra rueda de prensa para ellos tres -sin decirles que únicamente tenía, creo, una hora; ellos me podrán desmentir- y se lo simplifiqué,
pidiéndoles perdón, porque el problema es que no se cabe, y ya cuando ya se pone una pantalla... Le voy a dar otro detalle. En esas videoconferencias de los viernes están las doce comunidades autónomas que tienen competencias, el ministerio, la
abogacía, la Fiscalía General del Estado y el Consejo General del Poder Judicial, del que generalmente -porque el Consejo es un ente colectivo- vienen tres vocales. Nos pidieron estar los procuradores y graduados sociales, pero no caben; también
los sindicatos, pero no caben. Tenemos reuniones específicas con ellos. Yo, antes de tener esa reunión de todos los viernes, tengo una con los tres ámbitos profesionales de abogados, registradores y notarios, que podrían decir lo mismo. El
problema es que no se cabe, y por eso se dio la exclusión, pero no fue en una rueda de prensa, sino en un briefing. Se lo digo solo por fidelidad a la verdad.

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Si no se aprueba, no pasará nada. Señor Bal, me ha dolido esa frase, me ha producido tristeza. Si no se aprueba, la voluntad concorde de las doce comunidades autónomas con competencias en materia de justicia, algunas sustentadas por su
partido, y de este ministerio, oído el consejo del Poder Judicial, con toda la aquiescencia también de la Fiscalía general, responsables de que este mundo de la justicia y, sobre todo, de la administración prestacional vayan un poco mejor, no
estaría dando a los ciudadanos aquello para lo que está. Por tanto, ¿no pasaría nada? Sí, pasaría mucho. Pasaría que esos ciudadanos que tienen su pleito familiar, que tienen problemas en su empresa, en su pequeño negocio, a lo mejor ven
retrasado su tema quince o veinte días o seis meses, porque sabe que la lista de la justicia es bastante imprevisible. Sí, pasaría mucho; sería tremendamente grave, porque significaría la deslegitimación de la política para arreglar la vida de los
ciudadanos, y ahí no me va a encontrar nunca, y sabe el respeto que le tengo.


Sobre las manifestaciones del vicepresidente segundo, tanto lo que dije en la sesión de control como lo que he dicho hoy aquí es suficiente.


Las posturas incrementalistas no son suficientes. Es una frase muy mía, porque he dicho que hace falta dinero en justicia. Ya he dicho los millones que lleva el plan de la disposición adicional, pero ¿usted cree que este decreto
precisamente necesita una memoria económica para que los abogados se pongan toga, señor Bal? ¿De verdad? ¿Para que vayan los funcionarios por la mañana o por la tarde voluntariamente? ¿De verdad? Estamos hablando de que estamos en un periodo de
alarma, con la excepcionalidad y el confinamiento que lleva aparejados. Señor Bal, de verdad, pida la memoria económica para la ley de agilización de la justicia o para la disposición adicional decimonovena o para los planes. Ahí sí necesitamos
dinero, además de acierto. Le voy a decir una cosa, y usted lo sabe mejor que yo; no igual, sino mejor que yo: si tuviéramos ahora mismo aquí 200 millones y no articuláramos medidas de reorganización del sistema de nuestra Administración de
Justicia, nos los acabaríamos fagocitando y en muy poco tiempo volveríamos a tener los mismos males y volveríamos a estar aquí hablando de lo mismo, porque la justicia necesita por primera vez en su historia -y me lo han oído millones de veces- un
diseño que ahora no tiene; ahora tiene una superposición de cosas. La democracia, que ha tenido momentos de esplendor económico, no ha arreglado la justicia porque las posturas incrementalistas por sí solas no son suficientes.


Señor Legarda, muchísimas gracias por su tono y por sus acertadas palabras. Poco puedo decirle. Tengo que agradecer su aportación, la de la Consejería de Justicia, que ha sido -como todas las demás, insisto- tremendamente solidaria y
buscando articular todos estos mecanismos.


El tema notarial lo estamos estudiando, pero no podíamos meterlo en un real decreto-ley. Claro que es un tema extraordinario y ojalá podamos darle viabilidad. Estoy en contacto permanente tanto con el colectivo de registradores como, en
este caso, con el de los notarios; me he reunido con ellos físicamente cuando se podía y a través de videoconferencias en no pocas ocasiones, porque son temas tremendamente importantes y ¡claro que tienen modernidad! Nos hemos preocupado de ellos
porque hay unos servicios, pero también nos hemos preocupado de la seguridad jurídica y del papel de los registros, que todos hemos seguido por la prensa. Creo que hemos obtenido el respaldo de esos colectivos en orden a no perder su esencia, es
decir, el papel que juegan en el tráfico jurídico y la importancia de los mismos. Y ahí podríamos hablar de la obligación unilateral de elevación de escrituras públicas por parte de los bancos, que no se va a molestar al ciudadano, etcétera,
etcétera. No quiero cansarle.


¿Es posible que la disposición adicional y el decreto se solapen? Pues sí, dependiendo de lo que dure el decreto de alarma, pero creo que no hay problema ninguno en que se solapen. Son mecanismos absolutamente articulables, son realidades
diferentes, porque en uno sí hablamos de la necesidad de establecer pluses.


Se ha hablado aquí -no lo ha dicho usted, señor Legarda, creo que ha sido el señor Ortega, pero lo tengo anotado y no quería que se me olvidara- del juez natural predeterminado por la ley. Señor Ortega, de verdad, sabe que el juez natural
predeterminado por la ley, de conformidad con la doctrina unánime del Tribunal Constitucional, es conocer qué juez le corresponde a uno por carácter legal antes de la presentación de su pleito. Por tanto, no dude de que el Consejo en montones de
ocasiones hace uso del artículo 98 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Por normas de reparto, se puede eximir a un juzgado de otro, y esto es de lo que estamos hablando aquí. ¿Cómo puede decir eso? ¿A quién se lo está diciendo? Yo sé que
usted no se lo cree, porque es un jurista avezado y sabe perfectamente que el juez natural predeterminado por la ley no tiene nada que ver con esto. Por favor, no intoxiquemos a la ciudadanía, porque no se lo merece, no se lo merece y tampoco los
miembros de esta Comisión.

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Señor Iñarritu, gracias por su tono, tengo que agradecérselo de corazón, pero, de verdad, no hay ninguna recentralización, no la hay en absoluto, de verdad. Lea una tras otra las resoluciones que se han dictado y verá como todas están
consensuadas; lea el artículo 6, verá como nadie pierde sus competencias. Hable con representantes políticos que tienen competencias y están en esas reuniones y lo verá. Por ejemplo, el ministerio no es el que tiene que suplir los EPI; los
tienen que buscar ellos, porque son sus ámbitos competenciales, pero por esta situación de estrés del mercado, les hemos apoyado y seguiremos apoyándoles hasta el último minuto y, después, donde falten, estableceremos los mecanismos de compensación.
No confunda, porque creo que no es bueno, de verdad. Estamos en un momento en el que las palabras son muy importantes. No confunda la recentralización con la comunión y la colegiación de esfuerzos en pro de un objetivo. Eso es lo que estamos
haciendo, es lo que estamos haciendo con todas y cada una de las comunidades autónomas. Nadie les ha quitado sus competencias y, por eso, todas se han defendido y han dicho lo que han considerado, y si han aceptado todas y cada una de las medidas,
lo han hecho de una manera voluntaria. Nadie puede obligarles, porque dije que no iba a hacer uso de esa posibilidad legal. Ni una sola resolución se ha impuesto, ni una. Todas, todas -el diez, el cinco, los servicios esenciales, las
notificaciones- han sido no solo habladas, sino consensuada. Todas.


No me parece prudente, en el momento de crisis y de angustia social que vivimos por la pandemia -porque todos tenemos un legítimo miedo o inseguridad-, utilizar palabras que puedan distorsionar. Sé que no lo ha hecho con intención y he
agradecido el tono de sus palabras, se lo digo de corazón, pero no hay ningún bulo sobre los muertos. Lo que hay es una búsqueda de la verdad, y eso es lo que está haciendo este Gobierno en colaboración con las comunidades autónomas, porque son las
que tienen las competencias en materia sanitaria, y la parte de Justicia está intentando, con esas distintas fuentes y cometidos, poder aclarar. El ejercicio de transparencia es diario, hay comparecencias diariamente sobre los contagiados y demás,
se ha explicado hasta la extenuación cuáles son los criterios que utilizan las sanidades de las distintas comunidades autónomas. Eso está ahí y es una realidad. No me parece que debamos alimentar la confusión. Creo que son elementos
verdaderamente de un ejercicio de altura. Sé que su partido lo está haciendo y le he agradecido el tono de sus palabras.


Precisamente estos institutos nacen para ver el exceso de mortalidad por las olas de calor y están dando información diaria, pero nadie sabe cómo tratar la realidad, nadie en el mundo. Tenemos que estar ahí apoyando, corrigiendo errores,
matizando. La mascarilla hoy es más obligatoria que hace dos meses, eso es así. ¿Cuál es la fuerza y la salvaguarda de este Gobierno? Que ha seguido las indicaciones de las autoridades sanitarias. Cuando decían que no era obligatorio, se decía:
no es obligatorio. Cuando han dicho que es más que recomendable en los transportes públicos, ahí está. Pero tenemos que atender a la realidad, y la mejor forma de hacerlo, porque es la única seguridad, es como nos dicen las autoridades sanitarias,
que desde luego saben más que este ministro de Justicia.


Concentración de todas las vacaciones en agosto. Creo que algo he dicho, pero esto es desconocer la realidad de nuestros tribunales. No se puede cerrar. Esto no es una empresa en la que se pueda cerrar, porque hay montones de actuaciones
que no admiten cerrar en agosto. De hecho, lo que hay es una orientación en la ley orgánica para que el mundo de la justicia ejercite su derecho en el mes de agosto para poder organizar mejor y -algo que vivimos todos- no se produzca una atenuación
a finales de julio, una superatenuación en agosto y una atenuación en los primeros días de septiembre. Intentemos reducir al máximo este año por lo que nos está pasando; esa es la bien intencionada medida que todas las comunidades y este
ministerio han asumido en el real decreto-ley, y estamos ahora en plenas negociaciones con el Consejo del Poder Judicial, que es quien tiene la posibilidad de hacer estas recomendaciones al Poder Judicial, en orden a fastidiar -si lo quieren ver
así- o a tener la menor incidencia en profesionales que legítimamente tienen todo el derecho del mundo a tener sus vacaciones. Hemos potenciado esas vías telemáticas, estamos intentando que solo sea que corren los plazos y, cuidado, las mismas
vistas que ya se estarían celebrando, porque el que está en el turno de oficio y está en el mes de agosto tiene que ir. Por tanto, efectivamente, estará fastidiado. O los despidos. Todo el que ejerce la profesión sabe qué actuaciones hay. Por
tanto, no se puede cerrar en agosto, solo en un mundo quimérico. No es la realidad de nuestros tribunales.


¿Si la medida está calculada? Claro que no, y se lo digo con humildad, ojalá. Si no tenemos ni los datos de la justicia ni el informe del Consejo, porque no lo pueden tener, porque la mayoría de las actuaciones están sin registrar, ¿cómo
vamos a hacer una proyección cabalística? Vamos a intentar no despegar los pies de la tierra. En cualquier caso, es una medida con estos daños colaterales, soy consciente que la ciudadanía nos reclama, al igual que todas y cada una de las medidas,
pero, insisto,

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están hechas todas en función de preservar el alejamiento de los componentes del sector Justicia para evitar los contagios y mirando al ciudadano, porque la justicia no puede pararse.


Señor Aranda, muchas gracias por sus palabras. Este ministro no tiene más que agradecer el apoyo del grupo parlamentario.


Nada más, presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.


Señorías, para el buen desarrollo de este segundo turno de intervenciones, les voy a rogar a la señora portavoz y a los señores portavoces, y se lo voy a agradecer, que se ciñan en la medida de lo posible a los tres minutos de tiempo
acordados.


Sin más demora, le doy la palabra al señor Santamaría, por el Grupo Popular.


El señor SANTAMARÍA RUIZ: Muchas gracias, presidenta.


Señor ministro, la verdad es que, dicho sea con todo el cariño, creo que abusa usted de ese tono paternalista en sus intervenciones. Parece que los que nos sentamos aquí, enfrente de usted, seamos lactantes que no tenemos opinión alguna. A
mí me encanta cuando viene usted a explicarme qué es lo que en realidad pienso, y me encanta escuchar qué es lo que en realidad piensa el señor Ortega o lo que en realidad piensa el señor Bal explicado por usted. A mí me deja anonado que una
persona que tiene esa capacidad no sea capaz de lograr ningún consenso por parte de quienes nos sentamos aquí enfrente. También me llama la atención que a usted la discrepancia siempre le produzca tristeza; señor ministro, pues que le produzca
estímulo para mejorar en su labor, en su gestión. No se nos apene con tanta facilidad; le necesitamos al frente del ministerio trabajando activamente.


En segundo lugar, me va a permitir que le agradezca que reconozca usted la lealtad institucional con la que los consejeros del Partido Popular de las distintas comunidades autónomas han colaborado en la elaboración de este decreto, pero
también le pido que no confunda lealtad institucional en la elaboración y en los trabajos con aquiescencia con el acuerdo en el documento que ha salido y que le hemos pedido desde el primer momento que se trajera a esta Cámara. No dudo para nada de
su buena voluntad y no me gusta oírle a usted cuando duda de la buena voluntad de algunos de mis compañeros. Yo puedo dudar del acierto de su gestión o de su conclusión, pero no dudo de la buena voluntad.


En relación con el decreto que ha propuesto, sigue hablando de consenso. Le vuelvo a repetir las palabras: cacicada, brindis al sol, ineficiencia, intransigencia, caos, inoperancia, país de nunca jamás, demagogia, lavado de cara, ilusoria,
cosmética, irrealidad y venganza. ¡Bendito consenso sea este, señor ministro! Espero que todas las medidas que usted nos proponga alcancen no este mismo nivel de consenso, algo mejor si es posible. Le pido también que recuerde lo que le han dicho
los letrados de la Administración de Justicia en las dos cartas que le han dirigido al ministerio.


En definitiva, señor ministro, estamos apenados porque usted ha perdido la oportunidad de defender al Estado de derecho frente a las agresiones del señor Iglesias; ha perdido la oportunidad de explicarnos por qué las banderas no ondean a
media asta en su ministerio; ha perdido la oportunidad de contestar al señor de Bildu para defender al Tribunal Supremo; es decir, vuelven a perder oportunidades en la defensa del Estado de derecho.


Han dicho los compañeros socialistas que el Partido Socialista no tiene miedo al pacto. Yo recuerdo que en la XII Legislatura hubo una Estrategia nacional de justicia, constituida en el Congreso de los Diputados, que llegó al acuerdo y al
consenso con cien medidas. Y recuerdo que el día que se tenía que votar parece ser -por lo que me pasaron- que hubo un teletipo en el que ustedes hacían público que no podían asistir a la votación, desmarcándose a última hora, porque tenía usted
que ir al médico -espero que le sanaran su dolencia-. Da la casualidad de que todo el Partido Socialista debió caer enfermo ese día, porque no acudió nadie. Y yo hago una pregunta: ¿Qué hubiera pasado si en aquel momento el Partido Socialista
-ese que no tiene temor a llegar a pactos- hubiera asumido su responsabilidad y hubiéramos comenzado a aplicar las normas que teníamos consensuadas? Porque este sí que es un partido, el nuestro, capaz de consensuar en el Congreso cuando llega al
Gobierno.


Con respecto a los fallecidos y al Registro Civil, lo tiene muy sencillo, señor ministro: la serie histórica es conocida. El día 30 de abril se han terminado de hacer las inscripciones registrales de los fallecimientos en la ciudad de
Madrid y faltan algunos de la provincia. Ya nos anticipan los funcionarios, porque también hablamos con ellos -es nuestra obligación-, que se multiplica el número de fallecidos en relación con años precedentes entre cuatro y cinco veces, a expensas
de los datos finales, que se pondrán de manifiesto cuando concluyan todos los registros. Esa cifra nos la podría dar usted perfectamente.

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A nosotros también nos preocupa que esta pandemia, que se está cobrando miles de personas como víctimas, se lleve por delante el Estado de derecho. Por eso le pedimos a usted, que es el ministro de Justicia, que dé la cara por delante de
cualquier otro ministro. Además, es usted magistrado. Lo que usted dijo literalmente -y no lo que usted nos ha contado- en la rueda de prensa fue: Si me piden que controle la movilidad, es porque es la manera de evitar contagios, y tenemos que
buscar los mecanismos; ese mecanismo que usted me cita, no voluntario, está ahí. ¿Qué estamos haciendo? Estudiándolo. Nosotros pedimos que esta crisis, esta pandemia, no se lleve por delante el Estado de derecho. Se lo pedimos, se lo exigimos
y, a partir de ahí, nuestra posición es poner pie en pared ante cualquier agresión a los derechos y libertades fundamentales.


Muchísimas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Santamaría.


Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Ortega.


El señor ORTEGA SMITH-MOLINA: Muchas gracias, señora presidente.


Como cuestión previa, el portavoz del Partido Socialista, de manera solemne, ha manifestado: No se dejen ustedes llevar por los bulos de la extrema derecha. Le faltó decir: Déjense llevar por los bulos de la extrema izquierda, que para
eso tenemos más experiencia, tenemos mucha más profesionalidad y, además, tenemos una coalición de Gobierno.


Señor ministro, al mencionar al juez predeterminado por la ley, al juez natural, me he referido a la prohibición -que usted conoce también perfectamente- de los tribunales especiales, porque ya hemos tenido un triste ejemplo de tribunales
especiales que han sido un rotundo fracaso, como, por ejemplo, los de las cláusulas suelo, que están citando para juicio para dentro de cuatro años, como así atestiguan todas las asociaciones profesionales. Hoy ha salido un artículo muy interesante
-le recomiendo que lo lea- que comienza diciendo: 'El sistema no ha funcionado y es un ataque frontal a la tutela judicial efectiva y al juez predeterminado por la ley'. A eso me refería.


Dicho esto, sobre su contestación, que le agradezco, vamos a aclarar algunas cuestiones. Usted afirma, rotundamente: Es que no teníamos test. Claro que no tenían test, porque, a pesar de tener la información desde el mes de enero de la
OMS y de la Unión Europea, ustedes no hicieron nada, porque había que llegar en la hoja de ruta sectaria al 8M. Y no hicieron nada; no hicieron acopio de material, como sí hicieron otros países; no compraron los equipos de protección individual,
que eran necesarios; no dieron las instrucciones necesarias. Luego añade: Es que, claro, el mercado internacional está saturado, está tensionado. ¿Y por qué no acudieron al mercado nacional? Esta mascarilla y estos guantes que llevo son de
producción nacional. La mayoría de los equipos de protección que llegaron primero a las comisarías, que llegaron primero a las residencias y que llegaron primero a los centros de salud están hechos por industria nacional, magnífica. ¿Por qué no
acudieron a ello? Entre otras cosas, porque hubo mucho chanchullo en contratos, test falsos, mascarillas caducadas, respiradores que se quedaron en frontera, contratación fraudulenta, de la que pronto tendremos noticia y llevaremos a los
tribunales, y amigos que se han lucrado en todo esto. Y dice usted: Es falso que nosotros hagamos propaganda. ¿Tan falso como las cifras de fallecidos por el COVID-19? Le he puesto un ejemplo. Donde se han computado realmente las cifras, en
Castilla-La Mancha, hay un 69,7 % más de fallecidos por coronavirus que lo que dijo el Ministerio de Sanidad; 69,7, casi un 70 % más. Es que ustedes no han computado los fallecidos por coronavirus en las residencias, ustedes no han computado los
fallecidos en sus domicilios, ustedes, señores del Gobierno -y usted es un representante del Gobierno, señor ministro-, no han hecho test ni a los vivos ni a los muertos, así que es imposible que tengan ustedes una aproximación.


Termino diciendo, señora presidenta, que lo que necesita la justicia lo venimos diciendo desde hace cinco años, desde que nació este partido político: primero y por encima de todo, independencia de los partidos políticos; segundo, medios
suficientes, presupuestos necesarios para que haya personal, para que haya sedes, para que tengan infraestructuras; tercero, recuperar de una vez por todas las competencias de justicia y devolvérselas al Gobierno de la nación, a la Administración
General del Estado, porque será eficiente y, además, no estará al servicio de Gobiernos autonómicos a los que, desgraciadamente, sólo les interesa su hoja de ruta separatista.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ortega.


Por el Grupo Republicano tiene la palabra la señora Telechea.

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La señora TELECHEA I LOZANO: Gracias, presidenta.


Señor ministro, con el respeto que yo también le tengo, creo que hay un problema de percepción, porque consideramos que sí ha habido una centralización. Por ejemplo, se ha dado a los diferentes tribunales superiores de justicia capacidades
o competencias que no deberían tener precisamente a través de la comisión especial de seguimiento. Pero insisto en que hay una serie de reformas para garantizar los derechos de la ciudadanía y que son irrenunciables en una futura ley. No hemos
hablado de que, precisamente, la eliminación deba ir contenida dentro del real decreto-ley. Entiendo que quiere limitar el real decreto a la excepcionalidad y, por tanto, con una vigencia limitada, y también entiendo que no va a tramitarlo como
proyecto de ley. Pero por eso es necesario una futura ley que contenga cuestiones como todas las reformas organizativas y procesales de urgencia, sobre todo en cuestiones de mediación, como ya le he comentado antes, respecto de las que podríamos
estar hablando muchísimo más tiempo. Y medidas normativas concretas de carácter generalista, como las relativas a alquileres sociales de viviendas, protección de los consumidores, cláusulas suelo o el IRPH, como ya le he comentado antes. En
referencia a los temas sobre reclamaciones por transporte aéreo, el sistema de mediación también es bueno. Y medidas concretas en cuanto al Registro Civil, es necesario establecer medidas específicas. Respecto a la entrada en vigor de la nueva
ley, por ejemplo, su artículo 3.2 dispone que el Registro Civil es electrónico. Y medidas puntuales para agilizar la justicia, por ejemplo, utilizando la figura del procurador, la liquidación concursal y subastas para facilitar la ejecución del
plan de liquidación, así como la mejora de la actividad de la oficina judicial, por ejemplo. Son medidas que se le han trasladado desde la Conselleria de Justicia y que creemos que son necesarias en esta futura ley.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Telechea.


Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el señor Bal.


El señor BAL FRANCÉS: Gracias, presidenta.


En primer lugar, ya veo que, efectivamente, conoce cuáles son las opiniones de la representación de los abogados en relación con la habilitación del mes de agosto. En concreto, sí, el Consejo General de la Abogacía dijo: Son ineficaces,
perjudican la buena marcha de la Administración de Justicia, resultan lesivas al derecho de la defensa. No se nos apene, señor ministro, por el hecho de que el Consejo General de la Abogacía discrepe.


En segundo lugar, también con respecto a esta cuestión, que se me quedó en el tintero con anterioridad, no voy a meterme en el tema de si ley orgánica o no, pero, que yo sepa, el 183 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece la
competencia para la habilitación del mes de agosto al Consejo General del Poder Judicial; así lo dice la ley. Y usted en el real decreto-ley ordena al Consejo General del Poder Judicial que habilite el mes de agosto. Esto, con la división de
poderes, la verdad es que tiene poco cartel.


Sí, claro que le pido dinero. Lo que echo en falta en el decreto-ley son los planes de refuerzo, que son la forma idónea a través de la cual se sale de un tapón judicial. Sí, le pido dinero, le pido inversiones, le pido presupuesto, le
pido que nos explique este dinero, porque el otro día en el Pleno del Congreso tanto el señor Casado como yo le preguntamos al presidente del Gobierno si estaba negociando el rescate económico de España en Europa y no nos contestó. Y estoy
preocupado por esa cuestión, por si va a haber dinero para la justicia, porque esa parte que se llama medidas de agilización en el real decreto-ley y que usted ha incorporado con palabras muy bonitas, como transformación digital, teletrabajo, vistas
telemáticas, son presupuesto, presupuesto y presupuesto, dinero, dinero y dinero. Si no, es humo, son magníficas palabras. Si yo fuera el ministro, me haría una camiseta que pusiera: Soy el ministro de la transformación digital; suena
maravillosamente bien. Pero, como no haya dinero, no vale de nada, son solo palabras. Herramientas informáticas, personal encargado de su gestión, órganos administrativos competentes para ponerlo en marcha, y de eso no sabemos nada. Se lo
reconozco, soy muy partidario de la vista telemática, me parece una buena idea. Pero me pongo, como se dice ahora, en mis propios zapatos de abogado del Estado de hace un año y veo que es imposible, por lo menos lo que me ha tocado vivir a mí, y a
lo mejor he tenido peor suerte que cualquier otro abogado; es imposible, no hay salas de videoconferencia. ¿Cómo se van a celebrar? Como, por cierto, también ha dicho el portavoz de Podemos, que me ha sorprendido, siendo usted juez penalista,
¿cree de verdad que se puede condenar a una persona a cinco años de cárcel viéndole a través de una pantalla de televisión? No, no se puede. Letrados en prácticas que van a poder hacer sustituciones y refuerzos, ¿con el sueldo de prácticas o con
el sueldo

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de verdad? Porque, claro, tienen una responsabilidad muy grande ante el Tribunal de Cuentas. Y sobre el Registro Civil, a ver si nos decidimos de una vez, porque quieren sacar los registros civiles de los pueblos de España, incrementando
el problema de la despoblación. Coja de una vez el toro por los cuernos en este problema, porque los sindicatos de los funcionarios me dicen que usted no quiere resolverlo. Por último, también con la mano tendida, pero para que me explique qué
pasa con el examen de la Abogacía; 6780 personas han puesto una queja en el ministerio. No sé si usted quiere dar aprobado general, no sé si nos dice algo sobre reformar este sistema de acceso a la Abogacía.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Bal.


A continuación, por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el señor Legarda Uriarte.


El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidenta. Intervendré muy brevemente, para compensar el pequeño exceso que he tenido en la otra intervención.


Simplemente, ministro, quiero agradecerle sus explicaciones, y sé que usted practica la atenta escucha. Le sugiero, porque prácticamente se ha expresado por parte de todos los grupos parlamentarios, excepto por los que directamente
conforman o apoyan la conformación del Gobierno, el problema que hemos recogido, la sensibilidad de haber habilitado agosto plenamente, declarando cualquier actuación urgente. Le sugiero -como le decía, ya sé que usted practica la escucha atenta-
que reflexione, porque siempre hay caminos intermedios entre el todo y la nada. Evidentemente, no estamos en una situación normal, pero, al dar ese paso, recogiendo el rechazo que ha recogido, creemos que es peor el remedio -valga la expresión en
este momento, aunque no es muy afortunada- que la enfermedad. Usted ya sabe, señor ministro, que el diablo se esconde en los pequeños detalles.


Muchas gracias, presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Legarda.


A continuación, por Euskal Herria Bildu, tiene la palabra el señor Iñarritu.


El señor IÑARRITU GARCÍA: Muchas gracias, presidenta. Y muchas gracias también al señor ministro. Yo también le agradezco el tono.


Empezando por la cuestión en la que se ha centrado, podemos estar debatiendo horas sobre si ha habido recentralización o no, es una cuestión de percepción. Creo que el mejor ejercicio sería que, para aquellas comunidades que tienen las
competencias de Justicia, usted les ofrezca volver a esa situación y aquellas que lo deseen lo cojan, y aquellas que no, que sigan con su consenso y su acuerdo, porque ya digo que creo que es obvio que ha habido una recentralización. Hay un
ejercicio muy simple: vemos a Alemania, un Estado federal y descentralizado; vemos a Francia, un Estado unitario y centralizado, y podemos hacer el ejercicio de ver a cuál se está pareciendo más en este momento España, si a Francia o a Alemania.
Es un ejercicio comparativo.


Respecto al tema de los registros de las muertes y demás, que es un tema desagradable, y no sé si me he explicado mal, estoy más de acuerdo con usted que con aquellos que están emitiendo bulos. Lo que digo es que también es cierto que
parece ser que no solamente en España, sino en la mayoría de Estados donde estamos padeciendo esta pandemia el cálculo de fallecimientos llega tarde y hay muchos errores, pero debido a multitud de problemáticas. Le decía que a ver si pueden
mejorar, precisamente para tener un ejercicio más real de conocimiento y acabar con aquellos que emiten bulos sobre un tema tan sensible.


Sobre el desbordamiento y el colapso que hay en los tribunales no solamente debido a esta situación dramática que vivimos, le quería preguntar si contemplan medidas de desjudicialización más allá de medidas como la mediación o el arbitraje.
Justamente, leía un artículo esta mañana acerca de que falta cultura en el Estado español sobre esta resolución de conflictos por vía de la mediación y del arbitraje. Pero también creo que se podrían desjudicializar asuntos. He leído recientemente
que las reclamaciones áreas ustedes proponen sacarlas de los tribunales. También hay otras propuestas sobre cláusulas suelo, IRPF y un Código Penal de los más severos de la Unión Europea. ¿Piensan ustedes entrar en ese asunto también?


Por último y para acabar, fuera del asunto, pero aprovechando también que es usted notario mayor del Reino y miembro del Consejo de Ministros, acaba de llegar una solicitud del enclave de Treviño, un enclave burgalés en medio de Álava, en el
corazón de Araba. Sus dos ayuntamientos hacen la solicitud

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urgente al Gobierno español de que para la fase de desescalada tengan en cuenta a este enclave, a Treviño, como Araba, Álava, teniendo en cuenta que su relaciones de trabajo, comerciales y familiares son con Álava, porque donde hacen vida es
en este territorio histórico. Por tanto, les hacen este llamamiento, que dicen además que es urgente, de sentido común y lógico, para que lo tengan en cuenta.


Y acabo con lo dicho, deseándole suerte y salud. Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Por último, le corresponde intervenir al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, señor Aranda Vargas.


El señor ARANDA VARGAS: Muchas gracias.


Con todo el cariño, señor Bal, no sé si ha escuchado al ministro, que ha dicho claramente que el examen será por medio telemático y que anunciará en breve la fecha. Esa era la pregunta y todo el mundo lo ha escuchado.


Señores del PP, que el día en que su líder pone en duda el voto al estado de alarma nos hablen de responsabilidad es cuando menos curioso. La realidad es tozuda, ustedes se desmarcan de un acuerdo consensuado con las comunidades donde
gobiernan y una vez más anteponen sus estrategias partidistas al interés general, y, sinceramente, creo que ahí se equivocan. Si en momentos normales es importante la confianza y la altura de miras, en un estado de crisis aún lo es más, con lo cual
creo que ustedes vuelven a decepcionar.


Señores de VOX, sus intervenciones en los plenos de febrero no dejan en muy buen lugar su teoría, a no ser que Venezuela sea una palabra en clave del virus que no conocíamos. Creo que ustedes son poco patriotas. El patriotismo no se mide
ni por el tamaño de la bandera ni por el rojo del pimentón, se mide por saber estar a la altura en que la historia les ha situado. A ustedes, que son maestros del bulo, se les puede aplicar esa máxima de Marco Aurelio que decía: Si no es correcto,
no lo hagas; si no es verdad, no lo digas.


Señor ministro, le honran su actitud y sus palabras. Muchas veces creemos que para ganar un debate hemos de aceptar el terreno de juego que se nos ofrece aunque este sea ponzoñoso y ahí ganar con las mismas armas a nuestro adversario, pero
no es así. La democracia se engrandece con la palabra y el parlamentarismo se reivindica desde el respeto. Hay terrenos de juego que en política no se han de pisar, por mucho que nos jaleen. Hay terrenos que merecen ser esquivados, aislados y
rechazados por el bien de la higiene parlamentaria. Le doy las gracias por su intervención, por mantenerse fiel a una manera de entender la política, aquella política que vale la pena.


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Aranda.


Señor ministro, tiene usted la palabra.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Campo Moreno): Muchísimas gracias, presidenta.


Me encantaría contestar a todos -los que me conocen saben que tengo apuntado todo lo que ha dicho cada uno-, pero creo que sería casi trato inhumano y degradante. Creo que es mucho mejor hacer lo que se ha hecho desde el minuto uno desde
este ministerio, que es tender la mano. Les agradezco todas sus intervenciones, incluso las que podríamos calificar de más ácidas; las agradezco con generosidad, porque sé que están bien intencionadas. En ese sentido, es lo que intentamos. Les
puedo asegurar que no hay desprecio hacia esta Cámara, todo lo contrario, y solo con haberles oído a ustedes se pone de relieve el acierto. Hay paquetes de materias que no podrían entrar nada más que en una ley de agilización, pero ustedes me piden
que rápido se incorporen al real decreto-ley. Otros dicen que apelemos al consenso. Les puedo asegurar que todo está consensuado. Cuando digo que con las comunidades autónomas todo está consensuado créanme, está consensuado, porque no es fruto de
una imposición, es fruto de un trabajo colectivo. Por ejemplo, sobre esto mismo del mes de agosto, que nos ha ocupado unos minutos, hay comunidades autónomas que piden el mes entero, porque entienden que eso es lo que les reclama la ciudadanía.
Llegamos a ese punto de consenso de que era mejor del 11 al 31. ¿Hubiera sido mejor desde el 15? No lo sé, pero está estudiado y consensuado. En este sentido -eso es lo que les he intentado explicar-, como decía al comienzo de mi intervención, el
consenso nunca es un fin en sí mismo, pero es una manera magnífica de trabajar, y me precio de haber trabajado con las

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comunidades autónomas, consejo, fiscalía y los profesionales codo con codo, con lealtad y sacándolo todo, sin pérdida de competencia alguna, en pro de lo que hemos entendido que las circunstancias estaban requiriendo.


Solo les doy mi agradecimiento. Saben que venir a esta casa es un placer, aunque haya tan poca gente; es por las circunstancias y ojalá sea durante poco tiempo. Como buen andaluz, me gusta el contacto físico y prefiero verles las caras en
directo que en una videoconferencia.


Una última cuestión: artículo 18 -lo siento, sale el juez que llevo dentro-, respecto a los ámbitos penales, solo si el tribunal lo considera, se establece una previsión. De verdad, está todo muy medido, puntualmente observado y muy
consensuado. No hay atropello de los derechos de nadie, porque el Estado de derecho en un decreto de alarma no se devalúa.


Señorías, muchísimas gracias. Muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor ministro, por su comparecencia.


Muchas gracias, señorías, también por facilitar el trabajo de esta Presidencia; mis mejores deseos para ustedes y sus familiares. Señor ministro, mis mejores deseos, por el bien de todos y de España. Muchas gracias.


Se levanta la sesión.


Eran las tres y cincuenta minutos de la tarde.