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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 655, de 26/04/2022
cve: DSCD-14-CO-655
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2022 XIV LEGISLATURA Núm. 655
POLÍTICA TERRITORIAL
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª MARÍA LUISA CARCEDO ROCES
Sesión núm. 17
celebrada el martes,
26 de abril de 2022
ORDEN DEL DÍA:
Proposiciones no de ley:
- Relativa a seguir reforzando la cooperación interterritorial entre todas las administraciones públicas fomentando el diálogo y el acuerdo. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/003759) ...
- Relativa a garantizar la atención presencial sin cita previa en los centros de trabajo territoriales dependientes de la Administración General del Estado. Presentada por el Grupo Parlamentario Plural. (Número de expediente 161/003700)
... (Página6)
- Sobre la liquidación de los entes locales en 2022 y 2023 respecto a las entregas a cuenta de 2020 y 2021. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/003782) ...
- Relativa a la realización de una auditoría de los recursos humanos en las administraciones públicas. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/003788) ...
- Relativa a seguir promoviendo la descentralización institucional de la Administración General del Estado. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/003917) ... (Página18)
- Por la que se insta al Gobierno a promover, por medio de la Abogacía del Estado, la defensa y protección de los intereses públicos en virtud de las competencias que tiene atribuidas ex artículo 43 del Real Decreto 997/2003, de 25 de julio,
por el que se aprueba el reglamento del Servicio Jurídico del Estado y, en particular, cuantas medidas sean necesarias para hacer efectiva la ejecución de las sentencias en materia de banderas. Presentada por el Grupo Parlamentario VOX. (Número de
expediente 161/003945) ... (Página21)
- Sobre memoria histórica sobre la esclavitud y su relación con España y de medidas de reparación. Presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común. (Número de expediente 161/004060) ...
Votaciones ... (Página29)
Se abre la sesión a las once y diez minutos de la mañana.
La señora PRESIDENTA: Buenos días. Vamos a iniciar la Comisión, porque se nos echa el tiempo encima, con tres cuestiones previas. La primera cuestión son las nuevas incorporaciones a la Comisión. Se incorpora, como vocal, don Percival
Manglano, del Grupo Popular, y nos acaban de comunicar que se incorpora, como portavoz del Grupo Parlamentario de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, don Miguel Ángel Bustamante. En segundo lugar, Mikel Legarda transmite a la Comisión
que excusa su asistencia por coincidirle con otros actos y, en tercer lugar, don Ferran Bel, del Grupo Plural, nos solicita que la proposición no de ley que está en primer lugar, la del Grupo Plural, que es la suya, la pasemos a debatir en segundo
lugar, pasando a debatir en primer lugar la que viene en el orden del día con el número 2, que es la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista. Estas eran las tres cuestiones previas. Si la Comisión no tiene ningún inconveniente,
asumimos las tres. (Asentimiento).
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- RELATIVA A SEGUIR REFORZANDO LA COOPERACIÓN INTERTERRITORIAL ENTRE TODAS LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS FOMENTANDO EL DIÁLOGO Y EL ACUERDO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/003759).
La señora PRESIDENTA: Pasamos entonces a debatir, en primer lugar, la iniciativa que viene en el orden del día con el número 2. Se trata de la proposición no de ley, del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a seguir reforzando la
cooperación interterritorial entre todas las administraciones públicas, fomentando el diálogo y el acuerdo. Para ello tiene la palabra doña Josefa Andrés, como siempre, por un tiempo de cinco minutos para la defensa de las iniciativas y de tres
minutos para la defensa de enmiendas o de fijación de posición. Sin más, tiene la palabra doña Josefa Andrés.
La señora ANDRÉS BAREA: Muchas gracias, presidenta.
Buenos días a todos. Hoy presentamos esta iniciativa donde declaramos, una vez más, que las comisiones bilaterales y la cogobernanza son una forma de gobernar basada en el consenso y el diálogo, fomentando la confianza. Saben que llevamos
toda la legislatura hablando de ello y trabajando por ello. Presentamos esta iniciativa con la voluntad de reforzar la cooperación interterritorial entre todas las administraciones públicas. Insisto, la única vía es el diálogo y el consenso, pero
vamos a ir a la iniciativa. Las comisiones bilaterales arrancaron a finales de los años ochenta sin una previsión legal específica y con la voluntad de diálogo y acuerdo entre el Gobierno y las comunidades autónomas. Se reconocen en la
Constitución española en los artículos 146 y 147. También se reconocen en los estatutos de autonomía que forman parte del ordenamiento jurídico del Estado, pero no fue hasta 1992, hace de ello treinta años, cuando se reguló con rango legal en la
Ley 30/1992, en su artículo 5.2. Este artículo regula los órganos de cooperación determinando cuál es la composición por parte del Gobierno y de las comunidades autónomas, porque la cogobernanza es una manera de gobernar contando con las decisiones
y posturas del Estado y de las comunidades autónomas, pero fue la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que se ha repetido en diversas ocasiones, la que puso negro sobre blanco la importancia del principio de colaboración como criterio que ha
de seguir las relaciones entre los entes que integran nuestro Estado compuesto, señalando expresamente que Estado y comunidades autónomas están sometidos recíprocamente a un deber general de cooperación que no es preciso justificar en el precepto
concreto, sino que es esencial en el modelo de organización territorial del Estado implantado en la Constitución. Todas las comunidades autónomas lo recogen en sus estatutos de autonomía y las dos ciudades autónomas también, les puedo leer la
relación. Pero, por ejemplo, y diríamos así a trasmano, el Estatuto de Autonomía de Cataluña recoge en su articulado diversos órganos para el impulso de las relaciones bilaterales entre el Estado y la Generalitat de Catalunya: Comisión Bilateral
de la Generalitat, artículo 183;
Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales Estado-Generalitat, artículo 210; Comisión sobre inversiones estatales en infraestructuras, disposición adicional tercera. Pero también podríamos hablar de Galicia: la Comisión Bilateral de
Cooperación Administración del Estado-Comunidad Autónoma de Galicia se constituyó el 26 de junio de 1987. Su composición es variable en función de los temas a tratar, aunque cuenta con cinco miembros permanentes por parte de cada una de las
representaciones. La Presidencia de la Comisión corresponde a la Administración del Estado y la vicepresidencia a la Comunidad Autónoma de Galicia. No voy a dejar de decir una cuestión que es evidente: los Estatutos de Cataluña, Islas Baleares,
Andalucía -y repito, Andalucía-, Aragón y Extremadura tienen órganos específicos de cooperación en materia económico y fiscal. Posteriormente, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, en su artículo 153, determinó
la composición, funciones y actividades, pero quiero destacar las decisiones. En el punto 4, las decisiones adoptadas por las comisiones bilaterales de cooperación revestirán la forma de acuerdos que serán de obligado cumplimiento y cuando así se
prevea expresamente por las administraciones que lo suscriban y, en este caso, serán exigibles, sin perjuicio de lo recogido en los estatutos de autonomía. Durante toda esta legislatura, y desde el año 2009, es una forma de gobernar que los
socialistas y el Gobierno de progreso consideramos más adecuada y más efectiva. Se ha demostrado que ha sido efectiva para la gestión de la pandemia, también para actuar ante la Unión Europea para solicitar ayudas económicas por la pandemia, para
ayudar a La Palma, para la guerra de Ucrania, para el plan, que se está estableciendo ahora que hoy probablemente pueda ser aprobado, de lucha por el tema de Ucrania. Sé que a ustedes y a la derecha en muchas ocasiones no les gusta esta forma de
gobernar, que es la cogobernanza, porque a través de estos años, mientras ha durado la pandemia, ustedes lo han denunciado reiteradamente y han llevado al Tribunal Constitucional acciones que han tomado las comisiones interterritoriales. Aunque los
estatutos así lo reconocen y continúan reconociéndolo, por ejemplo, podríamos decir, la cláusula Camps, que el señor Betoret les recordará, era una cláusula muy curiosa por la cual parábamos automáticamente cualquier autonomía que pidiera más que
nosotros, exactamente, o la Comunidad de Madrid, que siempre está gobernando de forma agraviada, o ahora, Castilla y León, sabemos qué opinan sobre la propiedad, con un Gobierno no paritario de nueve hombres y tres mujeres, esta es su carta de
presentación, pero además es que el Partido Popular le ha dado al vicepresidente de VOX, García Gallardo, las competencias para la celebración de convenios con cualquier Administración pública o entidades públicas o privadas o de carácter general, y
las resoluciones de cualquier procedimiento derivado de la gestión de crédito que se le asigne. Esto es todo, señores del Grupo Popular, creo que ustedes deberían hacérselo mirar. Estamos esperando las palabras del señor Feijoo, que es lo que va a
decir. Sabemos lo que decía como presidente de Galicia, a ver qué va a decir ahora como presidente.
La señora PRESIDENTA: Ya ha finalizado su tiempo.
La señora ANDRÉS BAREA: Por tanto, pedimos el voto a favor.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: A esta iniciativa se ha presentado una enmienda por parte del Grupo Popular y para su defensa tiene la palabra doña Milagros Marcos.
La señora MARCOS ORTEGA: Gracias, presidenta.
Muy buenos días a todos. Señora Andrés, ¿cómo se puede tener tan poca consideración a la inteligencia de esta Cámara y de los diputados de esta Comisión? O son ustedes muy despechados o la verdad es que el Gobierno al que representa le ha
puesto en un aprieto muy importante al hacerle defender su capacidad de acuerdo con las comunidades autónomas sobre la base del número de reuniones con un órgano que viene existiendo, como usted bien ha dicho, hace mucho, mucho tiempo y está
totalmente consolidado y funcionando siempre. No sé si le han gastado una broma, pero desde luego que el partido del señor Sánchez hable de cooperación interterritorial entre las administraciones públicas y de que fomenta el diálogo y el acuerdo,
no parece muy razonable. Mire, es el Gobierno que más ha utilizado el real decreto-ley en la historia de la democracia de España. ¿Me puede decir cuántos de ellos han pactado previamente con las comunidades autónomas y con las corporaciones
locales? Es el Gobierno del rodillo y el ninguneo a todas las propuestas de la oposición que llegan también de mano de las comunidades autónomas y de los ciudadanos. ¿Recuerdan cuántas enmiendas del Partido Popular han incorporado al presupuesto y
cuántas han vetado para incluso evitar votar en contra? ¿Sabe usted que por primera vez
en la historia la política europea más importante, la política agraria común, no se ha consensuado con las comunidades autónomas ni con el sector? ¿Sabe que permanentemente están ninguneando y engañándoles con temas que les afectan
directamente? El lobo, sin ir más lejos. No hablan de cogobernanza, es que su apuesta por la cooperación interterritorial de cogobernanza es un cliché propagandístico para eludir responsabilidades exclusivamente: para ustedes, la foto; para las
comunidades autónomas, la responsabilidad y la carga de trabajo.
El concepto de cogobernanza debe ser compartir responsabilidades y resolver los problemas de la gente, pero eso no lo hace el Partido Socialista, lo hace el Partido Popular, así ha sido durante la pandemia y así ha estado siendo hasta ahora
con la crisis a la que se niegan a dar solución. Mientras somos el país en el que más aumenta la recaudación y el único que no baja los impuestos. Es que han hecho oídos sordos a las propuestas del presidente Feijoo, no tienen que esperar nada más
a actuar y qué le tienen que escuchar si se lo ha mandado por escrito hace unos días: bajen impuestos y alivien la carga de las familias. Verá cómo eso sí es colaboración. ¿De qué colaboración pueden presumir? ¿Del número de reuniones? ¿Es ese
el parámetro con el que la miden? ¿Qué nivel? No tengo muy claro qué es lo que mide el número de reuniones cuando no hay ningún acuerdo, quizá la ineficiencia o la cesión en perjuicio de España. Eso sí, porque una cosa es colaborar y cooperar y
otra muy diferente es ceder a los intereses. Usted ha hablado del principio de igualdad de la Constitución. ¿De verdad piensa que hablar de comisiones bilaterales exclusivas con Cataluña es igualdad? ¿De verdad piensa que ceder a las pretensiones
independentistas es garantizar la unidad de España y en eso han estado de acuerdo y han colaborado todas las comunidades autónomas y corporaciones locales? Mire, es que esto es muy fuerte, es que de verdad que le han dejado un papelón y no me
gustaría estar en su lugar.
La señora PRESIDENTA: Tiene que ir terminando, porque ya agotó su tiempo.
La señora MARCOS ORTEGA: Voy a rematar con las enmiendas. Sí, presidenta. La cooperación es imprescindible. Creemos en la cooperación y siempre le hemos practicado, pero le voy a explicar las enmiendas que hemos propuesto con respeto y
con lealtad. Si están de acuerdo con nosotros, no creo que les cueste absolutamente nada apoyar nuestras enmiendas. Hay dos cuestiones bien claras. La primera, como le he dicho, respeto y lealtad, y la segunda, acuerdos y cumplimiento de todos
aquellos que se alcancen en los órganos de coordinación. El primero de ellos en la conferencia sectorial. Dos temas que están pendientes de la Conferencia de Presidentes, dos cuestiones bien claras: el modelo de financiación autonómica lleva tres
años de retraso y la Conferencia de Presidentes acordó abordarlo; bajada de impuestos, han incumplido descaradamente el acuerdo que hace unas semanas en La Palma asumió el propio presidente.
La señora PRESIDENTA: Ya se ha pasado un minuto.
La señora MARCOS ORTEGA: Perdone, termino ya.
Por tanto, apoyo sí, con lealtad, con respeto y con cumplimiento de los compromisos de la Conferencia de Presidentes; trabajar con todo lo que pueda ser la financiación autonómica y el modelo de financiación autonómica y cumplimiento de la
bajada de impuestos del propio presidente Sánchez. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias.
Iniciamos ahora el turno de fijación de posición de los grupos parlamentarios, me parece que no hay representantes de otros grupos, por lo que empezamos por Ciudadanos. Para la defensa de su posición, tiene la palabra don José María
Espejo-Saavedra.
El señor ESPEJO-SAAVEDRA CONESA: Gracias, presidenta.
Mi grupo parlamentario está absolutamente a favor de los mecanismos de cooperación territorial que existen en nuestro ordenamiento jurídico, pero nos parece gracioso y hasta ofensivo que el Grupo Socialista presuma de cómo utiliza esos
mecanismos de cooperación, a la vez que en su acción política contradice absolutamente todos esos principios que ahora dice defender. Si existen tantos organismos de cooperación bilateral y territorial en nuestro ordenamiento jurídico, y además es
un principio inspirador de nuestro modelo territorial, si está en las leyes y hay tantos órganos para ello, y si además funcionan tan bien, son tan eficaces, se reúnen tanto, están en pleno funcionamiento y tienen unos resultados fantásticos, ¿para
qué la mesa de diálogo que tanto han cacareado el Gobierno y sus socios independentistas? ¿Qué diferencia hay entre esos mecanismos de cooperación territorial previstos en
nuestro ordenamiento jurídico y ese otro que se han sacado de la manga y que se han inventado? ¿Es que allí van a discutir cosas que no pueden decir públicamente en los mecanismos de cooperación territorial que existen, de los que ustedes
presumen que utilizan con tanta eficacia y con tanta intensidad? A mí me parece una vergüenza esta PNL, que lo que pretende es justificar los pactos bajo mano que hace el Gobierno con sus socios separatistas, amparándose en que utilizan los
mecanismos de cooperación territorial, cuando realmente los hacen en otros escenarios y en otros foros que no están sometidos al control, a la publicidad y a la transparencia, que efectivamente sí que requieren los mecanismos de cooperación
territorial que prevé nuestro ordenamiento jurídico. Por eso nosotros no vamos a dar apoyo a esta PNL, que sirve o que pretende blanquear los pactos bajo mano que hace el Partido Socialista con sus socios independentistas, fundamentalmente en
Cataluña, a través de la mesa de diálogo. Nos hace gracia también que se refieran a la rebaja de la conflictividad jurídica en recursos de inconstitucionalidad. Claro que sí, porque el Gobierno de España renuncia a recurrir ante el Tribunal
Constitucional normativas que son clarísimamente inconstitucionales y que gracias a recursos de inconstitucionalidad que presentan otros sujetos legitimados así se declaran por el Tribunal Constitucional. No haciéndolo el Gobierno y, por tanto,
dejando desamparados a los ciudadanos de esas comunidades que ven cómo sus Gobiernos publican y promulgan leyes que después son declaradas inconstitucionales, sin que el Gobierno de España haga nada. Así que, por tanto, nosotros votaremos en contra
de esta proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
A continuación, por el Grupo Parlamentario de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra doña Antonia Jover.
La señora JOVER DÍAZ: Gracias, presidenta.
Buenos días, señorías. Desde nuestro grupo parlamentario, y así lo hemos reivindicado siempre, consideramos de vital importancia la descentralización territorial de nuestro marco de cogobernanza. La cogobernanza multinivel a nivel
territorial entre los distintos estamentos de la Administración General del Estado requiere, como condición necesaria, un esfuerzo por generar el espacio permanente de trabajo, de deliberación y de toma de decisiones. Por este motivo, compartimos
el espíritu de la PNL, que anima a reforzar un trabajo en esta línea que, de hecho, viene desarrollándose y ya adelanté estos últimos años que la crisis ocasionada por la pandemia ha supuesto un antes y un después en materia de cooperación
interterritorial y en unas circunstancias terribles consideramos que la cogobernanza ha salido reforzada. Las reuniones y los acuerdos adoptados en órganos como la Conferencia de Presidentes, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de
Salud o las conferencias sectoriales, que se han multiplicado en los últimos dos años, han reforzado esta situación. Debemos seguir en esta misma línea, para una gestión democrática y también eficiente de los recursos y de las reformas que vienen
aparejadas a los fondos europeos, por lo que votaremos a favor de esta PNL.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Jover.
Por el Grupo Parlamentario VOX tiene la palabra don José María Figaredo.
El señor FIGAREDO ÁLVAREZ-SALA: Muchísimas gracias, presidenta.
Acabamos de asistir a una intervención del Partido Socialista que no puede más que ser calificada como delirante y absolutamente surrealista. Faltan ustedes a la verdad de forma absolutamente sistemática, y no son cuestiones de opinión, son
falsedades objetivas. Esta iniciativa que ustedes nos plantean no hace más que reincidir y subrayar esta historia que se han sacado ustedes de la manga, que es la famosa cogobernanza, que al final no es más que una forma de justificar la dejación
de funciones en la que han incurrido e incurren de forma sistemática. El refranero español, que es muy sabio, diría básicamente que por ti y por mí la casa sin barrer. En lugar de ejercitar y ejercer las competencias que cada uno de los niveles
administrativos en España tiene asignados de forma legal y constitucional, ustedes lo que pretenden hacer es un totum revolutum de competencias, distribuirlas a través de conferencias sectoriales, conferencias de presidentes conferencias multinivel,
etcétera, etcétera, etcétera, órganos que no tienen ninguna apoyatura legal, y aprovechan ustedes directamente para no ejercer sus competencias. La prueba es que esto lo pusieron en práctica durante los estados de alarma sucesivos, tres de ellos
declarados inconstitucionales. Rogaría a la portavoz socialista que
me escuchase, o al menos hiciese el amago siquiera... (La señora Andrés Barea: Le estoy escuchando. Tengo esas capacidades). Bien, pues tres estados de alarma -esa capacidad no la han tenido- declarados ilegales e inconstitucionales por
el Tribunal Constitucional; y durante esos estados de alarma ilegales que ustedes promulgaron ninguna de las comunidades autónomas ni entidades locales fueron capaces de seguir o ver claramente cuáles eran las competencias que debían ejercitar y
ejecutar, porque ustedes establecieron precisamente ese sistema de confusión en el cual la inseguridad jurídica fue el marco general que se estableció en España.
Hablan ustedes de la legalidad y del nivel de democracia. Son ustedes, el Gobierno más caro de la historia, para empezar; son ustedes el Gobierno que más ha utilizado el real decreto-ley, para seguir; son ustedes el Gobierno que ha
dirigido sin ningún tipo de apoyo ni consenso, el primero de la democracia -para seguir también-, porque los únicos apoyos que han tenido ustedes han sido precisamente los de los separatistas, que atacan de forma expresa la unidad territorial de
España, los de los separatistas que defienden sin ningún tipo de tapujos la violencia etarra terrorista que ha habido en España. En esos es en quienes ustedes se apoyan. Vienen ustedes aquí a contarnos batallas cuando se apoyan precisamente en
Bildu, que tiene a tres terroristas condenados por delitos de sangre en el Parlamento del País Vasco; cuando ustedes han promulgado tres estados de alarma que han sido declarados inconstitucionales por el Tribunal Constitucional; el Gobierno del
Partido Socialista de los ERE de Andalucía, 680 millones de euros de los parados andaluces robados; cuando tienen ustedes a tres altos cargos de su Gobierno imputados por malversación de fondos públicos en la compra de las mascarillas; cuando se
apoyan precisamente en comunidades autónomas, el Gobierno de Mónica Oltra, apoyado por Ximo Puig, o al revés, el Gobierno de los abusos sexuales a las menores tuteladas; cuando tienen a su representante del Partido Socialista en las Islas Baleares,
Armengol con las menores tuteladas por la Administración pública prostituidas en una comunidad...
La señora PRESIDENTA: Don José María, ha terminado su tiempo.
El señor FIGAREDO ÁLVAREZ-SALA: ... gobernada por su Partido.
No vengan aquí a darnos lecciones de democracia, porque evidentemente ustedes no son quiénes para enseñar absolutamente nada. Votaremos que no.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra doña Josefa Andrés para informar a la Comisión sobre si acepta la enmienda del Partido Popular, a efectos de ir adelantando la votación.
La señora ANDRÉS BAREA: No aceptamos.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
- RELATIVA A GARANTIZAR LA ATENCIÓN PRESENCIAL SIN CITA PREVIA EN LOS CENTROS DE TRABAJO TERRITORIALES DEPENDIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO PLURAL. (Número de expediente 161/003700).
La señora PRESIDENTA: Retomamos el orden del día inicial de la Comisión. Pasamos a debatir el primer punto, la proposición no de ley relativa a garantizar la atención presencial sin cita previa en los centros de trabajo territoriales
dependientes de la Administración General del Estado.
Para su defensa, tiene la palabra don Ferran Bel.
El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, señora presidenta.
Quiero agradecer también el cambio en el orden del día y comunicar que va a continuar la Comisión mi compañero Genís Boadella. Hoy tenemos no sé cuántas comisiones: Comisión de Economía, Comisión de Hacienda, Mesa y portavoces de
Transportes, esta Comisión, etcétera. Alguien debería pensar que los grupos pequeños tenemos cierta capacidad, pero se nos está agotando, y no podemos estar tres veces en el mismo sitio. En todo caso, agradezco el cambio.
Esta esta proposición no de ley es muy sencilla. Se trata simplemente de constatar que, efectivamente, la pandemia generó unos retos al conjunto de la sociedad y unos retos importantes también a la Administración pública para poder
continuar atendiendo a los ciudadanos en unas situaciones excepcionales que no habíamos conocido. Se respondió como se pudo, y se ha ido mejorando a lo largo del tiempo, por parte de todas las administraciones públicas. Pero es verdad que
entendemos que se está
cometiendo un abuso por parte de la propia Administración pública respecto a las restricciones; se está recuperando normalidad y lo que no puede ser es que algunas administraciones públicas, también la Administración General del Estado,
sigan igual en determinados servicios, y no quisiera enumerar ninguno específico, pero estoy pensando en servicios como son los de la Seguridad Social, como los del SEPE, como los de la misma Agencia Estatal de Administración Tributaria, en los que
parece que si no hay cita previa no se puede atender a los ciudadanos, y el acceso a la cita previa es arduo, difícil y complicado, cuando no imposible.
Lo que pretende esta PNL es precisamente recuperar la normalidad y que el Congreso los Diputados inste al Gobierno a adoptar de forma inmediata una resolución por la que se garantice la atención personal y presencial, sin cita previa, en los
centros de trabajo territoriales dependientes de la Administración General del Estado. Así de fácil y así de sencillo. Ha habido interés por parte de los grupos, porque todos han presentado enmiendas y cuando uno recibe enmiendas siempre se siente
satisfecho, porque piensa que su propuesta merece la atención de los grupos. Cuando uno mira las enmiendas normalmente ya no queda tan satisfecho y suele aterrizar en la realidad. Las enmiendas que presentan el Grupo Popular, VOX y el Grupo
Socialista también parcialmente, hacen eso tan fácil de: Oye para no votar exactamente lo que dicen estos, en este caso independentistas -buen chico, pero es independentista-, vamos a presentar enmiendas y que esto afecte a todo, a los
ayuntamientos, a las corporaciones locales y a las comunidades autónomas. Aquí hay un tema conceptual que estaba intentando explicar a los diferentes portavoces. Quien debe instar a los ayuntamientos a que atiendan personalmente a sus ciudadanos
son sus plenos, porque la autonomía municipal significa esto. El planteamiento es: Amparándose en la legislación básica. En cómo se debe atender a nuestros conciudadanos, con cita previa o sin cita previa, yo creo que la legislación básica no
alcanza a tanto. Por tanto, quien debe decidir en un ayuntamiento cómo se atiende a sus ciudadanos es el alcalde, los concejales, y si no lo debe instar el pleno; quien debe decidir cómo atiende cada una de las comunidades autónomas es el Gobierno
de las comunidades autónomas y en todo caso el Parlamento de cada comunidad autónoma. Por tanto, nosotros no vamos a aceptar las enmiendas en la medida en la que no puede ser que desde el Congreso de los Diputados digamos al Ayuntamiento de
Barcelona, al Ayuntamiento de Madrid o al Ayuntamiento de Tortosa cómo deben atender a sus conciudadanos, porque la autonomía local es esto. No vamos a aceptar enmiendas que digan a la Comunidad Autónoma de Cataluña, a la gallega, a la andaluza o a
la de Castilla -La Mancha cómo deben atender a sus conciudadanos, porque eso debe hacerlo el Parlamento de cada una de estas comunidades autónomas.
Vamos a intentar transaccionar con algunos de ustedes si aceptan no hacer ninguna referencia, pero no porque nosotros no queramos que en las comunidades autónomas o en las corporaciones locales no se atienda presencialmente, ya les garantizo
que van a tener el voto del Partit Demòcrata en todas las instituciones, pero en todas las instituciones. Yo he sido alcalde y si desde el Congreso de los Diputados están transmitiendo a mi ayuntamiento cómo debo atender a mis conciudadanos, lo
entendería como una falta de respeto...
La señora PRESIDENTA: Debe ir terminando.
El señor BEL ACCENSI: ...a mis competencias y a la autonomía local.
Espero poder contar con su voto.
Muchísimas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra Juan Carlos Segura.
El señor SEGURA JUST: Buenos días, señora presidenta.
Con la excusa de la pandemia en la Administración pública del Estado se puso de moda la cuestión de la cita previa. Lo que ocurre es que, claro, la cita previa a mí me recuerda un poco el vuelva usted mañana de Larra, del siglo XIX. Si ya
de por sí la Administración pública del Estado es lenta y farragosa en la atención al ciudadano, con la cita previa la cosa ya se alarga mucho más en el tiempo. Yo he acudido a la Administración General del Estado, autonómica o local, a pedir una
entrevista o a hacer una gestión y te dan cita previa. El día que te han dado la cita previa estás contento, como antiguamente, cuando éramos jóvenes y tenías una cita con una chica, porque sabes que llegas y te van a atender; pues no, llegas a la
cita previa y, en vez de atenderte enseguida, te pasan un salón como este, lleno de gente, te
dan un número y estas dos horas allí hasta que te toca. Antiguamente, antes de la pandemia, sin la cita previa era exactamente lo mismo, con lo cual no sé el objeto de la cita previa. Lo de la cita previa me recuerda un poco si uno va a
comer a un restaurante, pides la carta para comer y te dicen: No, no, aquí solamente damos de comer de una a dos y son las tres de la tarde, además tiene usted que pedir cita previa. Oiga, yo quiero comer ahora, no pidiendo cita previa ni de una a
dos; quiero comer ahora porque estoy aquí.
En la Administración pública el Estado tiene que ser exactamente lo mismo, no es cuando el Estado decide que te da la cita previa, cuándo te la da y cómo te la da, sino cuando el ciudadano quiere el acceso a Administración del Estado.
Antiguamente, cuando empezó la pandemia, te daban citas previas para una semana o quince días, pero ahora te están dando citas previas para dos o tres meses, con lo cual, mal invento es. Si ahora podemos aprovechar esta PNL para suprimir la cita
previa, creo que sería que sería bueno.
La pandemia ha traído cosas buenas y ha traído cosas malas, y una de las de las cosas malas es precisamente la solicitud de cita previa. Rompe el principio de inmediatez de la Administración pública, que es un principio que tiene que regir
en la Administración pública; los entes, los funcionarios de Administración pública tienen que estar pensando constantemente en cómo servir al ciudadano de la forma más rápida posible y con la máxima celeridad y no ponerle barreras, como es la cita
previa y también la mascarilla, que afortunadamente no la hemos quitado encima. Simplemente quiero anunciar que presentaremos una enmienda a esta PNL del Grupo Plural diciendo que esta erradicación -vamos a utilizar la palabra erradicación- de la
cita previa sea extensiva a todas las oficinas de la Administración pública del Estado, incluida -querido Ferran- la Generalitat de Catalunya.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias.
Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra doña Beatriz Jiménez.
La señora JIMÉNEZ LINUESA: Gracias, señora presidenta.
Buenos días, señorías. Quiero recordar hoy en esta Comisión de Política Territorial que el Partido Popular siempre ha defendido una vuelta a la normalidad lo antes posible, sin obviar las recomendaciones sanitarias y, sobre todo, dando la
importancia necesaria a minimizar los riesgos, pero no por ello evitando la toma de decisiones para salvaguardar tanto la seguridad sanitaria de los ciudadanos como sus actividades económicas. Es cierto que las restricciones llevadas a cabo por el
Gobierno de España, como consecuencia de la pandemia provocada por la COVID-19, ha supuesto un importante perjuicio para nuestros ciudadanos que se han encontrado enormes dificultades para poder realizar distintos trámites importantes para su vida
diaria o para el buen funcionamiento de sus empresas, y una vuelta a la normalidad segura pasa por una atención personalizada en los diferentes centros de trabajo de la Administración General del Estado. Con respecto a la atención al público, a día
de hoy se continúa dando prioridad a la atención telefónica y telemática y a la necesidad de obtener una cita previa para poder ser atendido.
El Grupo Parlamentario Plural nos ha presentado en esta Comisión de Política Territorial esta proposición no de ley para garantizar esa necesaria atención presencial, sin cita previa, en los centros de trabajo territoriales. El proponente
ya nos ha dejado claro que no va a aceptar las enmiendas que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular, que lo único que pensamos es que enriquecen un poco más, si cabe, el texto, porque ustedes en su exposición de motivos ya nos dicen que la
última resolución dejaba al aire lo de la presencialidad en estos centros de trabajo y todavía dejaban la cita previa. Nosotros proponemos en nuestras enmiendas que se cree una resolución inmediata por la que la presencialidad sea la norma general
y no la excepcional. También creemos que ya que el Ministerio de Política Territorial tiene pocas funciones, una de ellas podría ser la de establecer una vía de diálogo con las diferentes comunidades autónomas, como se ha hecho desde el Gobierno en
otras ocasiones, para que las administraciones locales y las territoriales garanticen la atención sin cita previa en todos los servicios al ciudadano, para no crear desigualdades entre los territorios. Es verdad que seguramente su partido político
cree que cada uno puede hacer lo que quiera, pero nosotros creemos que hay un Estado, respetando la independencia de cada uno de los territorios, que puede coordinar una respuesta a nivel nacional. Creemos que no es nada malo que el propio
ministerio sea el que emplace a las comunidades autónomas a que en cada una de sus administraciones tenga esa cita presencial sin tener que recurrir a la cita previa.
Esperamos que tenga a bien aceptar nuestras enmiendas, y ya le digo que independientemente de ello votaremos a favor, porque creemos que es necesario que los ciudadanos tengan de nuevo ese servicio de forma presencial.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias.
Finalmente, en el turno de defensa de enmiendas, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra doña Raquel Pedraja.
La señora PEDRAJA SÁINZ: Muchas gracias, presidenta.
En el día de hoy debatimos una proposición no de ley del PDeCAT sobre la atención sin cita previa en los centros de trabajo territoriales dependientes de la Administración General del Estado. El Grupo Parlamentario Socialista siempre ha
apostado por la atención presencial, ya que creemos que es necesario atender a los ciudadanos cara a cara. Según el INE vemos cómo el 41,2 % de la población entre setenta y cinco y ochenta y cuatro años nunca ha usado Internet o rara vez lo ha
usado, y eso se incrementa todavía más en la franja de edad de mayores de ochenta y cuatro años, donde vemos que solo un poquito más del 17 % ha usado alguna vez Internet, un 17,5 %. A estos ciudadanos y ciudadanas, a estas personas mayores también
tenemos que sumar otros grupos vulnerables, por ejemplo, personas en riesgo de exclusión social, como pueden ser las personas migrantes que no hablan el idioma y que se encuentran en una situación de exclusión social, pero también puede ser que
estén en exclusión informática por no tener un sistema informático adaptado para poder comunicarse con las diferentes administraciones; también vemos cómo las familias con menos recursos no pueden acceder a unos servicios informáticos de calidad
que les puedan ayudar a tratar con las administraciones públicas.
Conociendo todas esas dificultades, el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado diferentes proposiciones no de ley, tanto en esta Comisión como en otras; una de las últimas fue en la Comisión de Inclusión, en la que se solicitaba que se
garantizase la atención bancaria para que ninguna persona mayor pudiese sufrir dicha exclusión, para que todas las personas mayores puedan asistir presencialmente a los bancos. Como digo, esa propuesta la presentó el Grupo Parlamentario Socialista,
y por ello digo que creo que este grupo apuesta por esa inclusión de todas las ciudadanas y ciudadanos, por una presencialidad dentro de las administraciones públicas, por que nadie quede excluido por no tener recursos. Porque apostamos por esa
presencialidad hemos presentado una enmienda a esta PNL que contiene dos puntos. Estamos trabajándola con el Grupo Parlamentario del PDeCAT. El primer punto dice: Adoptar las medidas que sean necesarias para que la Administración General del
Estado y sus organismos dependientes garanticen la atención presencial y efectiva a la ciudadanía en sus dependencias, valorando que los usuarios puedan acceder sin cita previa, siempre de la mano de las decisiones que la autoridad sanitaria
disponga según la evolución de la situación sanitaria generada por la pandemia, bajo el criterio de gestión de las comunidades autónomas. Creemos que este tiene que ser el primer paso, dependiendo de la situación sanitaria valorarlo y poder ir a
ese acceso a la atención sin cita previa. También vemos que otros grupos han presentado enmiendas, por ejemplo, el Grupo Parlamentario VOX habla de administraciones regionales en vez de hablar de comunidades autónomas o administraciones
autonómicas. Tienen ganas de bailes regionales, con todo el respeto a las asociaciones de bailes regionales. Tengamos un poco de respeto también a las diferentes comunidades autónomas.
Como he dicho, hemos presentado una enmienda. Estamos trabajando en una enmienda transaccional junto al PDeCAT, y la haremos llegar a la mesa en un rato.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
A continuación, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Espejo.
El señor ESPEJO-SAAVEDRA CONESA: Gracias, señora presidenta.
Efectivamente, es una propuesta que proviene de un grupo independentista, como bien dice el señor Bel, que es un buen chico o una buena persona, por decirlo con mayor respeto, pero a mí no me importa en absoluto que sea independentista
cuando lo que propone es algo que compartimos absolutamente como es garantizar la atención presencial en los centros de la Administración Territorial del Estado, como también se ha apoyado de una manera prácticamente unánime facilitar para personas
que tienen dificultades de acceso a los canales por Internet que en entidades privadas también exista o se garantice la atención presencial. No obstante, ello no impide señalar la incoherencia de que también en administraciones que a lo
mejor tienen que ver o tienen responsabilidades de gestión del partido del señor Bel, tampoco se promueva o no se haga; por ejemplo, en el Parlament de Catalunya estoy harto de ver diputados, que ahora forman parte del partido del señor Bel, instar
al Gobierno de España infinidad de veces, y también a administraciones que no están bajo el control del Parlament de Catalunya, incluso a organismos internacionales y demás. Los diputados de su partido votaban alegremente a favor de esas
cuestiones. También es cierto que además en estas enmiendas, que yo espero que alguna se transaccione, porque en todo caso lo que hacen es mejorar el texto, no se insta en ningún caso a las administraciones locales, se insta al Gobierno a que
promueva, cosa que sí puede y debe hacer el Gobierno de España, que también en esas administraciones -por eso existe un Ministerio de Política Territorial- se garantice esa atención presencial, porque es algo positivo, necesario y obligado por parte
de las administraciones garantizarla a toda la ciudadanía, una vez que ya las condiciones sanitarias lo permiten sin ningún tipo de problema; de hecho, ya estamos todos aquí sin mascarilla, gracias, entre otras cosas, a medidas que ha impulsado mi
partido y que han sido aprobadas por este Congreso de los Diputados.
Nosotros vamos a votar a favor tanto si no se acepta ninguna enmienda como si se llega a una transacción, a la espera, por supuesto, de ver el texto, porque en todo caso creemos que mejorará la redacción final de la de la PNL.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, don José María.
A continuación, y finalmente, en este turno de fijación de posición, por el Grupo Parlamentario Unidas Podemos-En Comù Podem-Galicia en Común, tiene la palabra Miguel Ángel Bustamante.
El señor BUSTAMANTE MARTÍN: Gracias, presidenta.
Creo que las administraciones públicas tienen que garantizar la atención presencial sin cita de los ciudadanos. Entendemos que hay que avanzar en la digitalización del sector público, que es positivo, que permite un acceso rápido, ágil y
sencillo, pero eso no puede ir en menoscabo de aquellas personas que por edad, por situación de vulnerabilidad o por otros motivos puedan tener dificultades para relacionarse electrónicamente con la Administración. Por tanto, el impulso a la
digitalización de los servicios tiene que ser compatible con una Administración que sea cercana a los ciudadanos.
Los datos del INE hablaban en 2020 de que un 35 % de los españoles tenían dificultades para comunicarse con la Administración de forma digital. En un momento dado de la pandemia, bajo criterios sanitarios, obviamente, se permite la atención
o la presencialidad en determinados sectores de la economía, como los comercio o los bares, repito, siempre bajo criterio sanitario, pero esto contrasta con la enorme dificultad que han tenido los ciudadanos para gestionar trámites que son
fundamentales, como la solicitud de jubilación, de desempleo, de ingreso mínimo vital, el permiso de residencia, el carné de conducir, etcétera. Por tanto, entendemos que es fundamental garantizarlo.
Entendemos que en la PNL falta establecer, en el ámbito de las competencias del Estado, una serie de requisitos mínimos a aquellas empresas que prestan servicios que son esenciales como, por ejemplo, los bancos, los suministros de agua,
electricidad o gas. Por tanto, creemos que la ciudadanía tiene derecho a relacionarse con la Administración pública de manera digital o de manera presencial, sin que de ningún modo quede obligada a hacerlo de la primera forma.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Para informar si acepta alguna de las tres enmiendas o las tres, tiene la palabra el señor Bel.
El señor BEL ACCENSI: Estamos redactando una transaccional que haremos llegar a la Mesa para que la pueda repartir entre los grupos antes de votar.
Muchísimas gracias.
La señora PRESIDENTA: Perfecto. Muchas gracias.
- SOBRE LA LIQUIDACIÓN DE LOS ENTES LOCALES EN 2022 Y 2023 RESPECTO A LAS ENTREGAS A CUENTA DE 2020 Y 2021. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/003782).
La señora PRESIDENTA: A continuación, pasamos a debatir la proposición no de ley número 3 del orden del día, sobre liquidación de entes locales 2022 y 2023, respecto a las entregas a cuenta de 2020 y 2021, presentada por el Grupo
Parlamentario Popular.
Para su defensa, tiene la palabra el señor Constenla por un tiempo de cinco minutos.
El señor CONSTENLA CARBÓN: Muchas gracias.
Buenas días, señorías. El artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, establece las competencias reservadas a los municipios. Un amplio listado que convierte a las administraciones públicas en la
base de los servicios que el Estado presta a los ciudadanos y que van desde la Policía Local, Protección civil, prevención y extinción de incendios; protección de la salubridad y extinción de incendios, protección de seguridad pública, promoción de
deporte y cultura, la igualdad entre hombres y mujeres y la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria, entre otros. Pero la importancia del ámbito local es doble. Por una parte, los más de 8000 municipios que hay en nuestro país,
garantizan la máxima cercanía al ciudadano, lo que los convierte en el primer lugar a los que acuden las familias cuando tienen problemas, como ha quedado más que evidenciado en la crisis económica y social que ha seguido a la crisis sanitaria. Por
otra parte, su versatilidad permite adaptar las políticas públicas generales a las especificidades y singularidades de cada territorio, logrando que su ejecución sea más eficaz y eficiente y, además, lo puede hacer con una capacidad de reacción de
la que carece la Administración Central del Estado.
Desde el inicio de la pandemia provocada por el virus COVID-19 las entidades locales se adelantaron al propio Gobierno central y pusieron en marcha medidas para controlar la expansión del virus, para preservar la salud de los empleados
públicos y vecinos y también para paliar los efectos de la crisis sanitaria, social y económica derivada de la pandemia. La excepcionalidad de la crisis sanitaria y económica ha impactado de forma directa en los entes locales, que han visto
reducidos sus ingresos, al tiempo que han aumentado sus gastos para poder hacer frente a todas las consecuencias. Un esfuerzo extraordinario realizado por los gobiernos locales, que no se ha visto correspondido por el Gobierno de España, que no
solo no ha destinado un euro a apoyar a las entidades locales en su lucha contra el virus y las negativas consecuencias del mismo, sino que intentó apropiarse de los remanentes de tesorería que estas administraciones fueron ahorrando desde 2012,
cosa que una propuesta de la unión del municipalismo consiguió tumbar, además, ha generado de forma consciente un problema en los años 2022 y 2023. La solución adoptada por el Ejecutivo central en 2020, incrementando las entregas a cuenta en un 1,6
%, a pesar de que se sabía que como consecuencia de la pandemia se produciría una fuerte caída de ingresos tributarios, finalmente, fue alrededor de un 8,8 %, género a las entidades locales un problema en el año 2022, cuando debe realizarse la
liquidación definitiva y tengan que devolver a la Administración Central del Estado el exceso recibido en el 2020. Así, el Gobierno, en los presupuestos generales de este año, recoge en la disposición adicional octogésima octava una dotación
adicional de recursos para incrementar la financiación de las entidades locales con motivo de los saldos globales negativos de las liquidaciones de la participación en los tributos del Estado relativas al año 2020. Pero, ¿qué va a pasar en el año
2023 cuando se realice la liquidación del año 2021? Un Gobierno que en los dos primeros meses de este año recauda más de 7500 millones que en los mismos meses del año anterior, que posee una inflación superior al 40 % de la media de los países de
la Unión Europea, cuando se incrementa la caja pública a costa de que los ciudadanos paguen más por lo mismo, es el momento de buscar mecanismos para devolver a la ciudadanía ese incremento de la recaudación. Está claro que en el 2022 aún no se
habrán recuperado los niveles de actividad previos a la pandemia y que el Gobierno sigue incumpliendo su compromiso de reformar el sistema de financiación local para crear un modelo de financiación local que se fundamente en los principios de
solidaridad, suficiencia, equidad, transparencia, corresponsabilidad fiscal y garantía de acceso a los ciudadanos a los servicios públicos básicos de prestación obligatoria. Las entidades locales se va a encontrar con un grave problema, que no van
a poder hacer frente a esa deuda del Gobierno que está generando de forma consciente, puesto que, desde el Grupo Popular, les seguimos advirtiendo de forma reiterada. Por ello, el Grupo Parlamentario Popular ha presentado una autoenmienda,
enriquecida con la enmienda presentada por el Grupo Socialista, por lo que haremos una transaccional y votaremos a favor y la presentaremos en la Mesa tan pronto termine la Comisión.
Gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias por el adelanto ya de la posición.
Para la defensa de su enmienda tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Socialista, María Dolores Narváez.
La señora NARVÁEZ BANDERA: Buenos días. Gracias, presidenta.
El Grupo Popular presenta una proposición no de ley en la que solicita aprobar los mecanismos necesarios para impedir que se produzca el desajuste financiero resultante del saldo negativo que se generará a futuro en 2022 y 2023 por la PIE de
los años 2021 a 2022. Señorías del PP, desconozco si es que ustedes son adivinos y ya saben cómo van a salir las liquidaciones, aunque supongo que esta es una iniciativa de las de pedir por pedir de todo al Gobierno de España. Cuando se presentan
iniciativas, señorías del PP, debemos tener en cuenta dos cosas. En primer lugar, tener memoria y, en segundo lugar, ser riguroso y conocer lo que se ha legislado ya. Estoy de acuerdo con ustedes en que los ayuntamientos son la primera puerta a la
que llaman las personas cuando tienen un problema y a la que acuden. Lo hemos visto en esta pandemia donde los ayuntamientos han asumido competencias propias e impropias en materia de limpieza, en educación, en sanidad, en ayudas a autónomos y a
pymes, y lo vimos en la crisis del año 2010, cuando las familias llegaban a los ayuntamientos porque se habían quedado en paro o porque los iban a desahuciar y buscaban trabajo y ayuda contra los desahucios. ¿Recuerdan ustedes el apoyo que dieron
entonces a los ayuntamientos? Se lo digo yo porque estaba: ninguno, apoyo cero. Descubrimos lo que era la regla del gasto. Descubrimos el déficit, la imposibilidad de contratar, la imposibilidad de bajar impuestos, la devolución de la PIE de los
años 2008 y 2009, que devolvimos. La frase más repetida entonces por los secretarios e interventores era: Montoro no lo permite. Frente a eso tenemos al Gobierno de España, profundamente municipalista, que ha tomado medidas desde el primer
momento, señorías del PP. Se han suspendido las reglas fiscales, se ha compensado por primera vez la liquidación negativa de la PIE del 2020, se ha abonado en su totalidad la PIE del 2019 y mientras la participación en los tributos del Estado ha
aumentado un 13 % este 2022 con respecto al 2021. Por ejemplo, tenemos al Gobierno del señor Moreno Bonilla que tiene prácticamente congelada la PATRICA, durante el 2022 solo aumenta un 0,98 %, muy por debajo del IPC. La Junta de Andalucía y el
señor Moreno Bonilla han dejado solos a los ayuntamientos, y hay que decirlo: los han dejado solos. Han dejado que los ayuntamientos solos hicieran frente a la crisis sanitaria, a la limpieza de los colegios y que asumieran tareas que van más allá
de sus competencias, como ya he dicho. Esos ayuntamientos han asumido ayudas a autónomos y a pymes, a familias, a trabajadores; han suspendido el cobro de tasas municipales y de impuestos y mientras el señor Moreno Bonilla, ¿que ha hecho con lo
fondos COVID que les ha llegado? Autobombo, hay que decirlo. Ha hecho publicidad y autobombo y devolver, por ejemplo, más de 23 millones de euros, de los 50 que recibió, que podían haber ido a cubrir las necesidades de los autónomos y de las pymes
que no se han gastado.
Señores del PP, este Gobierno ha tomado las medidas y las sigue tomando para reafirmar su compromiso con el municipalismo.
La señora PRESIDENTA: Tiene que ir finalizando.
La señora NARVÁEZ BANDERA: En este sentido, presentamos la enmienda en la que decimos que vamos a seguir apostando con el objetivo de que los ayuntamientos reciban los recursos necesarios para atender a los servicios públicos y si nos la
aceptan, votaremos a favor.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Iniciamos el turno de fijación de posición, por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, tiene la palabra don José María Espejo-Saavedra.
El señor ESPEJO-SAAVEDRA CONESA: Gracias, presidenta.
En este caso, si uno lee la PNL, pues es que dice algo que es poco susceptible de someter a crítica política, como se acaba de hacer ahora por parte del Grupo Socialista, que básicamente lo que ha hecho es un primer discurso de la campaña de
Andalucía. Aquí lo que dice es: aprobar los mecanismos que sean necesarios para impedir que se produzca el desajuste económico-financiero resultante del saldo negativo que se generará en 2022 y 2023. Yo creo que es algo que cualquier partido que
esté en el Gobierno debería poder asumir, porque es aprobar los mecanismos que sean necesarios para impedir una situación de desajuste económico-financiero, pero como siempre tenemos la política que impera en este país que
si lo dice el otro, pues ya hay que criticarlo, estamos en plena campaña electoral, pues ya hay que meter la cuña electoral. Yo les pido, por favor, que sean serios y si el Grupo Popular, como en este caso, propone algo que es poco
susceptible de crítica política en su texto literal. Entiendo que se pueda decir que luego en un sitio no lo hacen ellos, etcétera, pero que no critiquen de por sí algo que es bastante evidente que se tiene que hacer, porque si no se genera un
problema económico para todos los ciudadanos, con independencia de en qué comunidad autónoma o en qué entidad local estén residiendo.
Nosotros vamos a votar a favor, porque, como digo, nos parece absolutamente básico que esto se haga si como, así parece, va a resultar un saldo negativo cuando se calcule la liquidación definitiva respecto de las entregas a cuenta que se
hicieron en su día.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra doña Antonia Jover.
La señora JOVER DÍAZ: Gracias, presidenta.
Nosotros entendemos y compartimos la preocupación de fondo que se expresa en la exposición de motivos acerca de la financiación de los entes locales, un elemento fundamental para disponer de un tejido institucional denso y bien articulado
territorialmente que permita ofrecer servicios solventes y de calidad a la ciudadanía. No obstante, en el primer punto de la parte expositiva se trata de poner solución a un problema inexistente. En la ley que regula los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2022 ya se recoge una disposición adicional al planteamiento que se incluye en este primer punto de la PNL. En concreto, se establece que para las entidades locales con saldo global negativo en la liquidación de 2020 se incluye
una partida presupuestaria por un importe global de casi 732 millones de euros, de carácter ampliable, para dotar de una mayor financiación en 2022 a las entidades locales, con motivo de los saldos globales negativos de las liquidaciones de la
participación en tributos del Estado respectivas al ejercicio 2020. Por otro lado, en lo que tiene que ver con el ejercicio 2021 hay figuras tributarias importantes, como el IRPF, que aún no han terminado de liquidarse, por lo que resulta difícil
calcular o estimar, a ciencia cierta, el saldo de ingresos del Estado para el año 2021.
En cuanto al segundo punto de la parte dispositiva de esta PNL, compartimos la necesidad de que debemos promover una reforma del sistema de financiación local, pero entendemos que esta discusión debe darse en el marco de una negociación que
incluya también, y de manera simultánea, una reforma del sistema de financiación autonómica. Como hay diferentes enmiendas, vamos a ver cómo queda la redacción definitiva para decidir el sentido del voto.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Finalmente, por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra don Pablo Calvo.
El señor CALVO LISTE: Gracias, presidenta.
Esta PNL no deja de ser un mero relato periodístico cuyo contenido no aporta ni una sola propuesta ni contribuye, por tanto, a solucionar un grave problema creado también por los Gobiernos del Partido Popular. La participación de las
entidades locales en los tributos del Estado es un recurso variable cuyo resultado final puede ser positivo o negativo. Desde el inicio del sistema, en el año 2004, son varias las liquidaciones con importes a devolver en los años 2008, 2009, 2013 y
2017. Las medidas tomadas por el Gobierno para paliar esta situación fueron, por un lado, aplazamientos y, por otro lado, fraccionamientos de reintegros a sesenta mensualidades primero, luego a ciento veinte y después reampliados sucesivamente, con
lo que en muchos casos no terminarán de pagarse hasta el año 2032. Aunque el actual sistema trató de huir de presiones políticas bajo el principio de suficiencia para garantizar la financiación, lo cierto es que se encuentran íntimamente vinculados
con la financiación autonómica, con unos presupuestos opacos que dificultan un conocimiento previo con la antelación suficiente de los ingresos municipales que se van a obtener y una falta de previsión también por la propia dinámica o política
económica del Gobierno: elementos que se han conjurado en los últimos años como una auténtica tormenta perfecta. Cierto es que la pandemia ha provocado también la caída de los ingresos tributarios del Estado, pero ustedes no mencionan cuestiones
determinantes para la financiación de los entes locales que, aunque trascienden el ámbito de una PNL, más pronto que tarde
habrá que afrontar, como son, se los voy a decir yo: por ejemplo, número 1, la sentencia del Tribunal Constitucional, de octubre, anulando las plusvalías, por ser un impuesto totalmente desproporcionado y confiscatorio y como consecuencia,
el real decreto-ley, tras las palabras de la ministra Montero dos días después, cuando dijo: el lunes arreglo lo de la plusvalía. Hombre, claro, lo llevó al Consejo de Ministros, dicho y hecho. Recurrido, por cierto, por VOX al Tribunal
Constitucional. Número 2, impacto de los dos reales decretos-ley de medidas urgentes para la reforma laboral y para reducir la temporalidad del conjunto de las administraciones públicas por debajo del 8 %. Muy difícil de cumplir por la
Administración local, ya se lo avanzo. Pese a ello, el Gobierno se ha comprometido ante la Unión Europea. Recurridos ambos dos reales decretos-ley por VOX ante el Tribunal Constitucional. Número 3, suspensión de las reglas fiscales por el
Congreso, sin modificación de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, sin que se plantee la necesidad de reducir deuda por parte de los ayuntamientos. Número cuatro, el impacto en las arcas de las entidades
locales, a raíz de los Presupuestos Generales del Estado del año 2022, como es la disposición adicional introducida por el Partido Nacionalista Vasco en un intento de reformar la Ley de Bases entrando por la puerta de atrás, sin querer transferir al
País Vasco cualquier competencia en materia de habilitados nacionales. También recurrida por VOX ante el Tribunal Constitucional por su indigna cesión y por vulneración del artículo 149.1, apartados 14 y 18 de la Constitución española.
Si los municipios, en sus palabras, garantizan la máxima cercanía al ciudadano donde se prestan los servicios públicos del Estado y los convierten en el primer lugar al que acuden las familias cuando tienen problemas, como ha quedado
evidenciado con la crisis económica, sanitaria y social, ¿para qué necesitamos las comunidades autónomas? Contesten después de la publicidad. Al hilo de la intervención de la portavoz del Grupo Socialista, comiencen por devolver los 680 millones
de euros de los ERTE en Andalucía. Reforcemos los municipios y las provincias.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
- RELATIVA A LA REALIZACIÓN DE UNA AUDITORÍA DE LOS RECURSOS HUMANOS EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/003788).
La señora PRESIDENTA: Finalizado el debate del punto número 3.
Pasamos a debatir el asunto del orden del día con el número 4, relativa a la realización de una auditoría de los recursos humanos en las administraciones públicas, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, y para su defensa, tiene la
palabra don Vicente Betoret.
El señor BETORET COLL: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, me permitirán que inicie mi intervención con un recuerdo emocionado a Rita Barberá después de que ayer el Tribunal Supremo cerrase definitivamente el asunto judicial, que presuntamente le afectaba, ratificando con ello su total y
completa inocencia. (Aplausos).
Señorías, el empleo público creció en España, en 2020, un 6,2 % hasta alcanzar los 159 680 puestos de trabajo, según los datos de la Seguridad Social. Después de este incremento, el número total de empleados públicos, sumando los datos de
la Seguridad Social, MUFACE, ISFAS y MUJEJU llega a los 2,6 millones. En 2021, el número de funcionarios creció hasta alcanzar los 2,71 millones. Como indicamos en la PNL, informes del Instituto de Estudios Económicos ponen de manifiesto la
importancia de la gestión del capital humano al indicar que es una variable crucial para mejorar el desempeño de los gobiernos y las organizaciones públicas. Asimismo, revela que en los últimos veinticinco años el empleo público se ha duplicado.
Pese a ello, el número de empleados públicos se sitúa en una posición intermedia entre los países desarrollados y por debajo de la media de la OCDE. Aunque si bien esto es cierto, no es menos cierto que otros países con un mayor número de empleados
públicos, un porcentaje mayor lo son a tiempo parcial. La mayor parte de las contrataciones en 2020 fueron de las comunidades autónomas y estuvieron relacionadas con la atención a las consecuencias derivadas de la pandemia, las cuales han
incorporado un total de 141 000 empleados, creciendo un 9,34 %; la AGE, 8196 empleados, lo que supone un incremento del 2,34 % y las entidades locales 9979 empleados, que suponen un incremento del 1,42 %.
La realidad actual del sector público español revela que, a nivel comparado y basándose en indicadores indirectos, existen deficiencias en ciertos elementos clave como son la educación, la sanidad y la justicia, servicios públicos cuya
percepción por parte de los ciudadanos ha empeorado a lo largo de la crisis económica y de la gestión de la pandemia. Esta última, la pandemia, ha puesto de manifiesto la falta de personal especializado en áreas como la enfermería o la medicina y
ha revelado deficiencias graves en materia de personal en estas áreas. Todo ello pone de manifiesto la falta de criterios a la hora de incorporar personal a las administraciones públicas estableciéndose como criterio principal el de la oportunidad
política, más allá de otro tipo de consideraciones técnicas o estratégicas, improvisando, según se van produciendo los acontecimientos, sin que exista una hoja de ruta clara y conjunta para todas las administraciones. Hoy, y más aún después de lo
sucedido con la gestión del COVID, nos encontramos en un momento propicio para realizar reformas necesarias en el empleo público con el objetivo de adecuarlo a los retos a los que se enfrenta y a las necesidades que va a exigir una sociedad
cambiante. Es una ocasión histórica en la que se deben integrar, además de los criterios tradicionalmente exigidos al empleo público: mérito, objetividad, imparcialidad, independencia, etcétera, otros que consigan acercarlo a la realidad de la
forma más rápida y eficaz posible. Por todo ello, se hace más que nunca imprescindible la realización de una auditoría de las administraciones públicas en materia de personal para poder planificar y anticiparse a determinadas circunstancias como,
por ejemplo, el envejecimiento de las plantillas de las administraciones.
En relación con las enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios, tal y como les he comunicado a los distintos portavoces, estaríamos dispuestos a transaccionar con el Grupo Parlamentario VOX en el sentido de aceptar que se amplíe el
ámbito de estudio para incluir los organismos autónomos y demás entidades públicas y en el sentido de modificar la redacción para que se hable del ministerio con competencias en materia de Función pública, porque nos parece más adecuado. En
relación con el resto de la redacción que plantea la enmienda, entendemos que el texto originario es lo suficientemente amplio para dar cabida a todos los actores que entendemos necesarios en el mencionado grupo de trabajo y además entendemos
adecuado también vincular al acuerdo tanto a las comunidades autónomas, a través de la Conferencia de Presidentes, como a las entidades locales, por medio de la Federación Española de Municipios y Provincias, y a los sindicatos con representación en
las administraciones públicas. Coincidimos también en la parte en la que se propone que el informe plantee cuáles son, a juicio del grupo de trabajo, los organismos estrictamente necesarios e insustituibles, señalando aquellos que fueran
susceptibles de supresión para el adelgazamiento de la Administración.
Por otro lado, y en relación con la enmienda planteada por el Grupo Socialista, lo lamento, pero la verdad es que no aporta demasiado y se limita a preparar una excusa en la que apoyarse para un posible voto negativo o una abstención a una
PNL que plantea algo absolutamente necesario en cualquier organización medianamente ordenada: conocer cuáles son las carencias para planificar los recursos humanos es algo que cualquier organización hace y a día de hoy, aunque parezca increíble,
las administraciones públicas y sus organismos dependientes aún no lo hacen de manera general.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Betoret.
A continuación, para la defensa de las respectivas enmiendas, en primer lugar, tiene la palabra don Eduardo Ruiz Navarro, por el Grupo Parlamentario VOX.
El señor RUIZ NAVARRO: Muchas gracias, señora presidenta.
En relación con la PNL que nos presenta el Grupo Popular relativa a la auditoría de los recursos humanos en las administraciones públicas, nos manifiestan que el fin por el que se realiza esta iniciativa es por el hecho de lograr unas
administraciones públicas más eficientes, más productivas y mejor dotadas desde el punto de vista de los recursos humanos y nos llaman la atención fundamentalmente dos aspectos de su contenido. El primero de ellos es que hagan mención a las
mutualidades de funcionarios, las mutualidades administrativas, que deberían ser también objeto de este tipo de auditoría: la MUJEJU, la MUFACE e ISFAS, lo cual está muy bien traído a colación, porque nos permite dirigirnos directamente al Gobierno
y también al Grupo Socialista y pedirles que nos expliquen por qué están dejándolas morir, por qué están asfixiándolas económicamente y poniendo con ello en riesgo la salud de decenas de miles de funcionarios públicos del Estado. ¿Por qué lo hacen
calladamente y cobardemente? Señorías socialistas, si han decidido ustedes, siguiendo el consejo de su socio comunista, acabar con las mutualidades de funcionarios, díganlo abiertamente, sean valientes y vayan de cara.
El segundo aspecto que nos llama la atención de esta iniciativa es el hecho de que el Grupo Popular no haya hecho mención en ella a las administraciones paralelas, es decir, a organismos autónomos y entidades públicas, y que lógicamente es
el objeto de nuestra enmienda. Nos llama la atención, porque curiosamente esta tarde supuestamente debatimos en el Pleno una moción, del Grupo Popular, consecuencia de interpelación urgente en la que hablan de medidas para evitar la estanflación y
en cuyo contenido hacen referencia a la necesidad de eliminar chiringuitos y demás entidades superfluas e innecesarias en las administraciones. De eso se trata, efectivamente, de esto va nuestra enmienda, porque son muchos los chiringuitos creados
por el PSOE para enchufar a afiliados especialmente en Andalucía. En Andalucía, la famosa Faffe, en la que recordamos todos a la mujer del señor Espadas o en el caso del Partido Popular, la famosa Trade, como una especie de agrupación de las
entidades chiringuiteras que creó el PSOE y que no acaban de eliminar. Por eso les decimos al Partido Popular que se animen, que no se dejen arrinconar por el marxismo y que hagan lo que les dice VOX, que cojan nuestra mano y que cierren de una vez
esos pozos [putrefactos] 1 de prostitución y de corrupción socialista. No se conviertan ustedes en cómplices por omisión. Acepten nuestra enmienda, porque, efectivamente, les permitirá caminar por el camino de la decencia. Ya que han convocado
elecciones en Andalucía, en la próxima legislatura cojan nuestra mano y ayúdennos a ejecutar esta idea: cerremos estos chiringuitos de colocación [putrefactos] 2.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Señor Ruiz, le rogaría que utilizara algún símil más apropiado para el ámbito en el que estamos, el ámbito parlamentario, para calificar determinadas instituciones públicas u organismos paralelos.
El señor RUIZ NAVARRO: Lo tendré en cuenta, señora presidenta, aunque en realidad no he mencionado ninguna en concreto.
La señora PRESIDENTA: Procuraremos que en el Diario de Sesiones no aparezca la palabra.
A continuación, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Losada.
El señor LOSADA FERNÁNDEZ: Gracias, presidenta.
Buenas tardes ya. El Gobierno de España viene realizando durante este tiempo una importante labor en defensa de la Función pública y de los empleados públicos. Es bueno recordar que durante los últimos dos años se han desarrollado
importantes medidas que vienen precisamente a consolidar nuestro sistema público y a ir resolviendo problemas, muchos de ellos ya enquistados, derivados de la política de recortes e ineficacia del anterior Gobierno del Partido Popular. En estos dos
últimos años, en los dos últimos presupuestos generales aprobados se han incrementado las retribuciones de los empleados públicos un 3,7 %. Se ha aumentado la tasa de reposición en todos los sectores, pero sobre todo en los sectores más necesarios
y prioritarios en estos momentos. En estos tres últimos años ha aumentado un 73 % la oferta de empleo público. Se ha aprobado la Ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. Como saben, el componente 11 del
Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia plantea como objetivo la modernización de las administraciones públicas para adaptarlas a los nuevos desafíos de la sociedad. El plan de recuperación y la hoja de ruta del Gobierno establecen varios
ejes fundamentales: la transformación digital de la Administración; la modernización de la Administración pública que permita una mejora en la gestión; la fluidez en la relación entre diferentes administraciones y la retención y captación del
talento en el sector público. La nueva ley de función pública, que ya anunció la ministra en su comparecencia, contemplará como objetivo muchos de estos aspectos. Es necesario actualizar el catálogo de puestos de trabajo. Debemos incorporar
nuevos perfiles profesionales y avanzar en métodos más ágiles de selección de personal. En todo esto es imprescindible la evaluación de las políticas públicas como herramientas para la mejora de la calidad de nuestros servicios públicos. El pasado
martes el Consejo de Ministro aprobó el anteproyecto de ley de institucionalización de la evaluación de políticas públicas en la Administración General del Estado para fortalecer el proceso de análisis de las diversas políticas puestas en marcha.
Esta ley lleva implícita la creación de la agencia estatal de evaluación de políticas públicas para el próximo año 2023. El plan de captación del talento, presentado en abril del año pasado, ha permitido dar a conocer el trabajo de la
Administración general, explicar sus
1 Palabra retirada de conformidad con el artículo 104.3 del Reglamento de la Cámara.
2 Palabra retirada de conformidad con el artículo 104.3 del Reglamento de la Cámara.
funciones y poner en valor nuestro sistema público. (La señora vicepresidenta, Jover Díaz, ocupa la Presidencia). El anteproyecto de ley de función pública va a sentar las bases de la reforma integral del empleo público que necesitamos y
que contempla algunos aspectos que no estaban desarrollados en el EBEP. Se está trabajando para volver a actualizar el instrumento de planificación, ordenación y gestión de los recursos humanos. Se pretende también desarrollar la figura del
directivo público profesional, una figura que ya se recogía en el EBEP, y lo que ahora tenemos que ser capaces de detallar son las funciones, los requisitos, el mandato, la evaluación del desempeño, el régimen de conflictos de intereses o las causas
de cese en aquellas circunstancias que así se produzcan. Se está trabajando desde el Ministerio de Hacienda y Función Pública en el estudio de los puestos de trabajo de cada departamento ministerial y también de los organismos públicos.
Por todo esto, por el intenso trabajo ya desarrollado por este Gobierno y por los objetivos en los que se continúa trabajando, hemos presentado una enmienda que viene a solicitar precisamente reforzar el trabajo comenzado y continuar en esa
línea, que seguro redundará positivamente en nuestro servicio público.
La señora VICEPRESIDENTA (Jover Díaz): Le pediría que vaya acabando.
El señor LOSADA FERNÁNDEZ: Ya acabo.
Como ya hemos oído del Grupo Popular que no aceptan nuestra enmienda, votaremos en contra.
Gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Jover Díaz): A continuación, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, el señor Espejo-Saavedra.
El señor ESPEJO-SAAVEDRA CONESA: Gracias, presidenta.
Simplemente para manifestar nuestro apoyo a la PNL.
Gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Jover Díaz): Gracias, señor Espejo-Saavedra.
A continuación, por el Grupo Parlamentario de Unidas Podemos, el señor Bustamante.
El señor BUSTAMANTE MARTÍN: Gracias, presidenta.
La iniciativa plantea que el empleo público en las comunidades creció más del 9 % en el año 2020, es fundamental tener en cuenta los recursos que ha puesto el Estado para garantizar y blindar que los servicios públicos como la sanidad o la
educación, que han hecho frente a la pandemia, se pudieran reforzar y eso entra un poco en razón inversa con la respuesta que se dio tras la crisis de 2008 con el primer decreto de ajuste, que fue en mayo de 2010 con el Gobierno socialista, y
fundamentalmente a partir de noviembre de 2011, cuando Rajoy gana las elecciones. Se produjeron políticas de ajustes y de reformas estructurales que vinieron a menguar el Estado del bienestar, que lo que buscaban era implementar políticas
neoliberales que adelgazaran el Estado y la derecha sigue operando en ese marco. Se ha hablado aquí de Andalucía. En Andalucía este año, a pesar de los recursos del Estado, se han quedado sin ejecutar más de 2700 millones de euros. En el próximo
curso se van a cerrar más de 200 aulas en la educación pública, en tres años, en los colegios públicos. De hecho, se está trabajando en una ILP por las AMPA y los colectivos en defensa de la educación pública y en defensa de la bajada de ratio.
Andalucía sigue siendo la segunda comunidad en menos gasto por habitante en sanidad, después de la Comunidad de Madrid, también gobernada por la derecha. Por tanto, hay un intento de derivación de lo público hacia lo privado. Nosotros entendemos
que no solamente el Estado tiene que prestar los servicios que actualmente presta o blindar los derechos y redistribuir la riqueza, sino que además los sectores estratégicos de la economía debieran de ser públicos: hablo de la banca, hablo de las
energías o hablo de las comunicaciones. Por tanto, vamos a ver cómo queda la iniciativa con las enmiendas, pero no vamos a aceptar que se cuestionen las políticas públicas de protección social, de servicios públicos o de profesionalidad de nuestros
profesionales públicos.
La señora VICEPRESIDENTA (Jover Díaz): Gracias, señor Bustamante.
- RELATIVA A SEGUIR PROMOVIENDO LA DESCENTRALIZACIÓN INSTITUCIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/003917).
La señora VICEPRESIDENTA (Jover Díaz): A continuación, pasamos a debatir la proposición no de ley relativa a seguir promoviendo la descentralización institucional de la Administración General del Estado.
Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Socialista, la señora Esther Padilla.
La señora PADILLA RUIZ: Gracias, señora presidenta.
El Grupo Socialista trae hoy a debate a esta Comisión una iniciativa que pretende seguir promoviendo la descentralización institucional de la Administración General del Estado y hacerlo, además, con el impulso y con el acuerdo parlamentario
de la mayoría de los grupos, ojalá de todos y de todas, porque los diputados y diputadas que estamos aquí hoy procedemos de diferentes territorios de nuestro país y creo que es bueno que nos manifestemos a favor de la cohesión territorial y la
promoción de nuevas oportunidades en zonas de riesgo demográfico. Entendemos que la descentralización de centros de referencia de la Administración favorece la cohesión territorial, y por tanto la social, favorece también la igualdad de
oportunidades y la diversificación económica de zonas en riesgo demográfico, objetivos todos ellos con los que está comprometido el Gobierno de una manera rotunda y, por supuesto, el Grupo Socialista, de manera particular, con la presentación de
esta iniciativa.
Sinceramente creo que es fácil que estemos de acuerdo todos y todas los que estamos aquí y tendría, por el contrario, una difícil explicación oponerse a estos objetivos de favorecer la cohesión territorial, favorecer la igualdad de
oportunidades y la diversificación económica en las zonas de riesgo demográfico, porque acercar la Administración pública al territorio ayudará a reactivar esas zonas en declive demográfico mediante el aprovechamiento de recursos endógenos de cada
territorio, y la creación y fijación de empleo de calidad, más allá de los grandes núcleos urbanos. Hay que generar oportunidades en todo nuestro territorio. Entendemos que la Administración General del Estado tiene un papel protagonista en la
vertebración del territorio, y a través de la desconcentración se puede revitalizar esas áreas despobladas o en grave declive demográfico.
Señorías, los retos están no solo para que hablemos de ellos, también para que actuemos, hay que pasar de las palabras a los hechos. Todos y todas prácticamente en el arco parlamentario, y en el exterior en distintos medios sociales de
comunicación, hablamos de reto demográfico, pero, como les decía, hay que pasar de las palabras a los hechos, como lo hace el Gobierno de España, por ejemplo, con el plan de ciento treinta medidas frente al reto demográfico, con un presupuesto de
4200 millones de euros en estos Presupuestos Generales del Estado para 2022 o, permítanme decirlo, como lo hace el Gobierno de mi comunidad, de Castilla-La Mancha, con la aprobación de una ley pionera en España, como es la Ley de medidas económicas,
sociales y tributarias frente a la despoblación. En este sentido, se ha definido un plan de deslocalización de infraestructuras públicas que responde a la estrategia transversal de desarrollo de proyectos que permiten la descentralización de
centros de referencia en la Administración pública.
Como les decía, esta iniciativa rema a favor de la cohesión territorial, no de la confrontación, porque creemos que todos los territorios del país tienen derecho a beneficiarse del valor añadido que supone albergar sedes de la Administración
y que contribuye a la lucha contra la despoblación y el reto demográfico. Además, hay que hacerlo con un sistema de reparto objetivo en España. Por si a alguien le queda alguna duda, desde hace años existen sedes de trascendencia descentralizadas
-y creo que nadie hoy se plantearía retroceder en estas medidas que se tomaron en su día- como la Escuela Judicial en Barcelona, la Escuela Nacional de Policía, en Ávila o el Centro de Referencia Estatal de Enfermedades Raras, en Burgos.
Recientemente se han empezado a descentralizar también algunos procesos de selección, incluso para el ingreso en la Función pública. Pero no sucede solo aquí en España, sino que también países de nuestro entorno, como Portugal y Alemania, tienen
algunos de sus departamentos descentralizados; por ejemplo, en Alemania, la sede del Banco Federal está en Frankfurt y no en la capital, o en Portugal la sede del Tribunal Constitucional está en Coimbra. Varias sedes de las propias instituciones
de la Unión Europea están distribuidas en distintos lugares, como en Bruselas, en Estrasburgo o también en Frankfurt. España se beneficia de esa descentralización también albergando varias sedes y agencias y, sinceramente, lo que queremos para
nosotros a nivel europeo creo que es bueno y justo que lo queramos también internamente para el resto de territorios de nuestro de nuestro país con esa diversificación y esa forma de generar nuevas oportunidades para todos los territorios.
Por eso planteamos esta iniciativa que creemos que es justa, que es solidaria y que, además, sobre todo, como les decía, es pasar de las palabras a los hechos. Les pediría a todos y a todas que consideraran esta iniciativa, porque creo que
es importante para todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país, independientemente de dónde vivan.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Jover Díaz): Muchas gracias, señora Padilla.
A continuación interviene para la defensa de su enmienda a la proposición no de ley, por el Grupo Parlamentario Popular, la señora Beltrán.
La señora BELTRÁN VILLALBA: Gracias, presidenta.
Señorías, escuchadas las palabras de la señora Padilla, le quiero decir que cómo no vamos a estar de acuerdo en el Partido Popular con la cohesión social, con la cohesión territorial, con la vertebración del territorio y con evitar la
despoblación. Claro que sí, por supuesto. A ello debemos tender y, por supuesto, lo que tenemos que hacer es conseguirlo, y ustedes tienen en la mano la capacidad de conseguirlo a través el Gobierno. Por eso, esta proposición no de ley es un
autobombo, una propaganda, y no solo eso, es un brindis al sol, porque en ella no se comprometen absolutamente a nada. Usted ha dicho: Vamos a pasar de las palabras a los hechos. Acepte la enmienda del Partido Popular. En esta enmienda que usted
ha visto perfectamente se concreta exhaustivamente qué es lo que hay que hacer para hacer esto efectivo y para que se pueda llevar a cabo este plan de medidas. Eso, señora Padilla, si me escucha, es pasar de las palabras a los hechos, no un brindis
al sol y contarnos lo que ya sabemos, que para eso presentó el Gobierno de España este plan de medidas ante el reto demográfico; ciento treinta medidas, como usted bien ha dicho, con una inversión de 10 000 millones de euros, y en los Presupuestos
Generales del Estado de este año 4200 millones concretamente para el impulso de la descentralización. Muy bien, pues en el petitum de su proposición no de ley únicamente -por eso hablo de brindis al sol- instan al Gobierno a seguir impulsando,
instan al Gobierno a continuar avanzando. Eso no es eficacia, eso no es eficiencia, eso no es pasar de las palabras a los hechos, señora Padilla. No hay ningún tipo de exigencia ni de concreción en su PNL.
Saben que el Partido Popular ha dicho muchas veces que el Gobierno de España va tarde en la ejecución de los fondos europeos, pero no solo va tarde, que eso, bueno, puede ser permisible, sino que va haciéndolo de forma oscura, sin
transparencia y sin rendir cuentas. Sí señora Padilla, ¿vienen a rendir muchas cuentas a este Congreso? Entonces aceptarán nuestra enmienda, que pide una rendición de cuentas. Por supuesto, esto no es admisible, y por eso hemos considerado
imprescindible presentar esta enmienda, en la que se pide concreción, que obliga al Gobierno al cumplimiento íntegro del Plan de Medidas frente al Reto Demográfico; ciento treinta, señora Padilla, pedimos que se cumpla no solo una, la de la
descentralización, sino las ciento treinta. (La señora presidenta ocupa la Presidencia).
El tercer punto es dar cuenta cada tres meses a esta Comisión. (Rumores). Perdóneme, señora presidenta, solicitaría un poco de respeto porque estoy hablando a la señora Padilla. Lo siento, pero tengo la manía de que cuando le hablo a
alguien me gusta que me escuche, porque me estoy dirigiendo solo a ella. (Rumores). Perdóneme la otra compañera. Es que me descentra un poco. Lo que pedíamos, como decía, es dar cuenta cada tres meses en esta Comisión del grado de cumplimiento
de dicho plan y de la asignación de los fondos europeos. Eso le pedimos desde el Partido Popular, que se concrete, que sepamos exactamente qué se está haciendo, que se pueda fiscalizar y saber a qué van destinados esos fondos, sobre todo porque es
nuestra obligación como diputados exigir y pedir ese control al Gobierno, como es la obligación del Gobierno rendir cuentas a esta Comisión.
Por tanto, quiero solicitar a todos los grupos parlamentarios que sea admitida la enmienda del Partido Popular, porque por supuesto admite la esencia de la PNL del Grupo Socialista...
La señora PRESIDENTA: Señora Beltrán, lleva mucho tiempo.
La señora BELTRÁN VILLALBA: Le agradecería que me deje decir la última frase.
...pero a diferencia de la PNL del Grupo Socialista esta concreta y exige rendición de cuentas para el cumplimiento íntegro de ese Plan de Medidas frente al Reto Demográfico.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Beltrán.
Pasamos, a continuación, al turno de fijación de posiciones, empezando por el señor Espejo Saavedra, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
El señor ESPEJO-SAAVEDRA CONESA: Gracias, presidenta.
Esta PNL propone el reforzamiento del papel de la Administración General del Estado en la vertebración territorial, algo que a nosotros nos parece básico, y una de las cuestiones más importantes que creo que persigue, por supuesto, con el
clásico y hasta cierto punto normal autobombo del proponente cuando ejerce funciones de Gobierno, es seguir impulsando la desconcentración. Bueno, lo de seguir impulsando podemos cuestionarlo, pero en todo caso nosotros estamos a favor de la
desconcentración de organismos públicos estatales para reforzar la cohesión territorial. El grupo proponente ha mencionado varios casos de organismos de la Administración General del Estado que ya están descentralizados, sin embargo, son organismos
que tienen un peso específico seguramente menor que los que ha nombrado en otros países de la Unión Europea, incluso ha nombrado el Tribunal Constitucional en Portugal. Claro, yo estoy encantado de que la academia de policía esté en Ávila, pero la
Academia de Policía no es el Tribunal Constitucional. A mí sí que me gustaría que hubiera órganos del Estado descentralizados, no con una voluntad de premiar a unas comunidades sobre otras ni con criterios políticos, que es el riesgo que yo veo a
las actuaciones que pueda desarrollar este Gobierno por sus hechos previos, sino por la presencia del Estado realmente en las comunidades. Le recuerdo algo que dijo un miembro muy prominente de su partido en Cataluña: El Estado es residual en
Cataluña, y lo dijo jactándose como algo positivo. Yo espero que el Partido Socialista haya cambiado esa visión de considerar que lo bueno, lo positivo es que el Estado sea residual en un territorio de España.
Nosotros estamos a favor de esa desconcentración también por la despoblación, como ha mencionado el Grupo Socialista, y hemos propuesto en esta Comisión facilidades para que los funcionarios de la Administración General del Estado puedan
desplazarse a zonas despobladas. Para eso sería bueno que se desconcentrasen más órganos Me gustaría saber qué piensan sus socios separatistas de que el Estado tenga más presencia en sus territorios con órganos nacionales del Estado español, porque
allí lo que parece que pretenden sus socios de Gobierno, y también miembros de su partido, es que el Estado sea residual, cuando lo que necesitamos en este país es que el Estado sea principal, que sea la principal Administración, junto con las
comunidades autónomas y los entes locales, en todos y cada uno de los puntos de este país. Por eso, nosotros, insisto, con la desconfianza de las expresiones que se plasman aquí de seguir impulsando cuando no se está impulsando realmente, sí
apoyamos que haya desconcentración de los órganos públicos estatales. Vamos a votar a favor.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Espejo-Saavedra.
A continuación, por el Grupo Parlamentario de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra el señor Mena.
El señor MENA ARCA: Gracias, señora presidenta.
Primero, creo que para enfocar el debate de esta PNL es importante diferenciar lo que es el Estado de lo que es la Administración General del Estado, porque no es lo mismo. El Estado son también las comunidades autónomas y los
ayuntamientos, los entes locales y supralocales. Lo digo por las intervenciones que han hecho esta mañana aquí las derechas. Por eso creo que está bien enfocada la proposición no de ley cuando habla de la Administración General del Estado, porque
confundir el Estado con la Administración General del Estado nos puede llevar a determinados problemas políticos.
Dicho esto, en Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común nos parece muy acertada la PNL, porque creemos de verdad que la descentralización de la Administración General del Estado es la única alternativa viable para poder garantizar una
vertebración territorial que es indispensable no solamente en términos del reto demográfico, sino también de la crisis territorial que está sufriendo este Estado desde hace ya demasiado tiempo. En ese sentido, la PNL también apuesta por el respeto
competencial, como no puede ser de otra manera, por el respeto a las competencias autonómicas, pero también a las competencias locales, que muchas veces son las grandes olvidadas cuando hablamos de la Administración General del Estado. Es verdad
que a lo mejor la proposición no de ley podía haber concretado algunos aspectos, pero entiendo que no se ha hecho porque precisamente se tiene que gestionar y se tiene que dialogar y no imponer el Gobierno a las comunidades autónomas, y en este caso
a los ayuntamientos. Por
tanto, es evidente que se tiene que llevar a cabo y se tiene que implementar algún desarrollo específico, juntamente con los gobiernos autonómicos y con los gobiernos municipales, para ver en qué lugares se tienen que ubicar esas sedes
descentralizadas, qué entidades o qué entes tienen que ser objeto de esa descentralización. De todas formas, repito, nos parece acertada. Por tanto, votaremos a favor, porque ese es el único camino viable, repito, no solamente para abordar el reto
demográfico, sino también la crisis territorial que estamos viviendo en el Estado.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mena.
Finalmente, en este turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Ruiz Navarro.
El señor RUIZ NAVARRO: Muchas gracias.
Decía la portavoz del Grupo Socialista que era complicado explicar la oposición a esta iniciativa, pero en VOX entendemos que realmente es bastante sencillo. Dice el refrán que lo que mal empieza mal acaba, y su iniciativa empieza
confundiendo la descentralización administrativa con la desconcentración institucional y continúa mezclándolo todo. Ustedes hablan en su iniciativa de la España rural, de recuperación económica que llegue a los más jóvenes, de un desarrollo
equilibrado y competitivo desde el punto de vista territorial, de ese cambio de modelo productivo y, por supuesto, de su famoso Plan contra el reto demográfico, de sus ciento treinta medidas, y en el que se olvidan ustedes, como siempre, de lo más
importante en este ámbito, que es fomentar la natalidad y proteger a las familias.
En definitiva, acaban ustedes concluyendo en su iniciativa que para lograr todos estos objetivos lo que hay que hacer es desconcentrar organismos públicos estatales. Pero yo les pregunto, ¿ustedes cuándo van a preguntarse cómo afecta el
régimen autonómico a todos estos objetivos que pretenden conseguir? Se lo digo porque los centralismos autonómicos no favorecen a la España rural, no permiten un desarrollo equilibrado de los territorios, no lo hacen, no favorecen la igualdad entre
los españoles y, por supuesto, no son justos ni solidarios. Por tanto, evidentemente, si ustedes parten de este error, lógicamente nunca podremos tener una España justa y solidaria entre los españoles. Y en un contexto de debilidad del Estado, que
todos ustedes han favorecido, con unas comunidades autónomas cada vez más poderosas e insolidarias, aumentar la dispersión de instituciones públicas del Estado por sistema, que es lo que ustedes proponen, no es razonable ni aconsejable.
Realmente no hace falta desconcentrar instituciones del Estado por sistema, no digo que algunas no estén bien desconcentradas, pero lo que quiero decir es que debemos superar el régimen autonómico y dar cumplimiento efectivo a lo que dispone
el artículo 141 la Constitución, cuando dice que es la provincia la división territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado, y eso su Gobierno, ni ningún otro anterior, no lo cumple. Potenciemos la provincia y tendremos una España
más justa, más equilibrada territorialmente, más solidaria y con menos desigualdades. Señorías socialistas, dejen ustedes de una vez de arrastrarse ante los partidos golpistas. No tienen ustedes derecho a pisotear la dignidad del pueblo español de
esta manera, y esto que proponen huele a humillación otra vez. Ya está bien.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
- POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A PROMOVER, POR MEDIO DE LA ABOGACÍA DEL ESTADO, LA DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LOS INTERESES PÚBLICOS EN VIRTUD DE LAS COMPETENCIAS QUE TIENE ATRIBUIDAS EX ARTÍCULO 43 DEL REAL DECRETO 997/2003, DE 25 DE JULIO,
POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DEL SERVICIO JURÍDICO DEL ESTADO Y, EN PARTICULAR, CUANTAS MEDIDAS SEAN NECESARIAS PARA HACER EFECTIVA LA EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS EN MATERIA DE BANDERAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO VOX. (Número de
expediente 161/003945).
La señora PRESIDENTA: Finalizado el debate del punto número 5, pasamos a tratar el incorporado como número 6 en el orden del día, proposición no de ley del Grupo Parlamentario VOX por la que se insta al Gobierno a promover por medio de la
Abogacía del Estado la defensa y protección de los intereses públicos en virtud de las competencias que tiene atribuidas ex artículo 43 del Real Decreto 997/2003, de 25 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Servicio Jurídico del Estado
y, en particular, cuantas medidas sean necesarias para hacer efectiva la ejecución de las sentencias en materia de banderas.
Para su defensa, tiene la palabra el señor Juan Carlos Segura.
El señor SEGURA JUST: Con la venia, señora presidenta.
En mi comunidad autónoma, Cataluña, hay una serie de alcaldes salvajes que son personas que incumplen sistemáticamente la legalidad, porque es una cosa que no va con ellos, es ajena a ellos, fríen a sus ciudadanos con el IBI y si no lo pagan
les embargan las cuentas, promueven ordenanzas municipales absurdas y obligan a la ciudadanía a cumplirlas, pero ellos, que como gestores públicos son los primeros obligados a cumplir la ley, incumplen sistemáticamente la ley de banderas. En
Cataluña, 798 ayuntamientos de mi comunidad autónoma, que equivalen al 84 % del total, no tienen izada la bandera nacional en el balcón de su ayuntamiento. En ningún ayuntamiento de la comarca de Osona, capital Vic, ondea la bandera nacional. De
947 municipios catalanes, tan solo ondea la bandera nacional constitucional en 149 de ellos, lo que equivale a un 13,29 % de los municipios catalanes. La única presencia del Estado español en los municipios es el ayuntamiento, y si en el
ayuntamiento no está ondeando la bandera española el Estado no existe en ese municipio, por no hablar de que en el ayuntamiento directamente ondee la bandera estelada, como pasa en muchos ayuntamientos de Cataluña, que, como usted sabe, es la
bandera independentista. Evidentemente, esto constituye un incumplimiento flagrante de la legalidad establecida en la Ley 39/1981, de 28 de octubre, también conocida como ley de banderas, en cuyo artículo 3.1 dice que la bandera nacional tendrá que
ondear en el exterior en un lugar preferente. El artículo 4 de la Constitución española también va en la misma línea, y dice que la bandera nacional ondeará en todos los edificios públicos del Estado. Una sentencia del Tribunal Supremo de 14 de
abril de 1988, como no puede ser de otra forma, va en esa línea diciendo que los ayuntamientos están obligados a exhibir la bandera del Estado, que es la bandera de España.
Cuando los legisladores, los diputados de la Legislatura del año 81 votaron la ley de banderas no estaban previstas salvajadas como las que se han visto, como es poner en un edificio público una bandera pirata, una bandera del movimiento
gay, una bandera de comunidades extrañas e indígenas que no pertenecen a la nación, etcétera. Contra este tipo de dislates ha habido en mi comunidad autónoma procedimientos administrativos en el Juzgado de lo Contencioso-administrativo que acaban,
como no puede ser de otra forma, en sentencias condenatorias obligando al ayuntamiento a colocar la bandera nacional, pero el alcalde manda alguien o se va a un chino, compra una bandera española pequeñita, la cuelga en el mástil del balcón del
ayuntamiento, y encima la huelga boca abajo, la tiene colgada uno o dos días, al día siguiente la vuelve a retirar y hay que iniciar otro procedimiento contencioso-administrativo.
Esta PNL lo que propone es requerir al Gobierno de España para que imponga multas coercitivas por el incumplimiento de la legalidad. Además, lo importante de esta PNL es que la multa coercitiva sea directamente contra el alcalde, no contra
el ayuntamiento, porque a los alcaldes independentistas les es indiferente, ya que como la multa la paga el ayuntamiento a cargo de los ciudadanos ellos siguen poniendo su bandera estelada o no poniendo la bandera nacional y se quedan tan
tranquilos. En el momento en el que una multa va directamente contra el alcalde y si no la paga le embargan su cuenta corriente, entonces la cosa la cosa cambia mucho. Hay una iniciativa del Juzgado Contencioso-administrativo número 3 de Vitoria
que condenó al alcalde de Llodio, de Bildu, a pagar una multa de 1500 euros diarios por desobedecer una sentencia judicial que le obligaba a exhibir la bandera española en el ayuntamiento. Multa de 1500 euros diarios para el alcalde y su
patrimonio. Simplemente es un criterio de personalización de la responsabilidad en la ejecución en la cual al alcalde se le hace responsable directo del reiterado incumplimiento.
Quiero comunicar a esta sala que la semana pasada el PSC, que es el apéndice del Partido Socialista en Cataluña, en una propuesta de VOX, que era quitar simbología política, lazos amarillos y carteles de presos políticos, en los
ayuntamientos de Cataluña, votó en contra, como me temo que también el PSOE va a votar en contra de esta iniciativa. Señores del PSOE, les recuerdo que ustedes son el Partido Socialista Obrero Español, con lo cual ustedes tienen que promover poner
la bandera española en los ayuntamientos de Cataluña y de todas las comunidades autónomas de España. Piensen que ustedes no van a votar contra VOX, van a votar contra el Tribunal Constitucional y van a votar contra España. Prescindan, señores del
PSOE, de Esquerra, prescindan de Bildu, prescindan de Junts -iba a decir de Junts tres per cent- per Cat, y pónganse del lado de la legalidad y del Tribunal Constitucional.
La señora PRESIDENTA: Tiene que ir terminando, señor Segura.
El señor SEGURA JUST: Acabo ya.
Si ustedes votan en contra, están votando y se están señalando como un partido anticonstitucional. Votan en contra del Estado de derecho, votan contra España y se convierten en un partido traidor de España.
La señora PRESIDENTA: No se han presentado enmiendas a su iniciativa, por lo que pasamos ya al turno de fijación de posiciones.
En primer lugar, por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, tiene la palabra el señor José María Espejo-Saavedra.
El señor ESPEJO-SAAVEDRA CONESA: Gracias, señora presidenta.
Estaba leyendo esta PNL, que aproximadamente es un párrafo de seis o siete líneas, que pide algo tan simple, tan sencillo, tan básico, tan comprensible por cualquier persona en cualquier país, en cualquier democracia como es que se cumplan
las leyes, que se cumplan las sentencias y que si no se cumplen la Abogacía del Estado actúe. Para pedir esto que es tan básico, tan elemental en cualquier Estado de derecho, VOX nos ha hecho una introducción de cuatro o cinco páginas citando
artículos. No hace falta, yo se lo agradezco, pero no hace falta. Esto es básico, esto es elemental. No hace falta justificarlo hablando de banderas gays, no hace falta justificarlo hablando de indígenas, no hace falta justificarlo hablando de sí
mismo, de VOX, de si están votando contra VOX o contra quien sea. No hace falta justificarlo. Es algo básico, es algo elemental, es algo sencillo, es algo que hacen todos los países, es algo que entienden todos los ciudadanos; no hace falta
justificarlo y no es interesante la justificación de por qué se pide. Lo que me resultará tremendamente interesante en esta sala es escuchar la justificación de todos aquellos que vayan a votar en contra de que se cumpla la ley y de que el Estado
haga que se cumpla la ley. Eso es lo verdaderamente interesante en esta intervención. Ni quién lo propone, ni la justificación de por qué lo propone, sino el qué se propone y la justificación de los que van a votar en contra de ello. Eso es lo
que estaré encantado de escuchar y lo que me gustaría que escuchasen todos los españoles, sobre todo los que votan al Partido Socialista Obrero Español, como efectivamente usted ha dicho, que supongo que ahora votará en contra de que la Abogacía del
Estado actúe contra quienes incumplen la ley y las sentencias del Estado español, con independencia de que lo proponga VOX, Ciudadanos, Podemos o quien sea.
Ese es el verdadero problema de este país y de este Gobierno. Me interesa mucho más la justificación del voto del Partido Socialista y de quienes lo sostienen que la justificación y las cosas, sinceramente y perdónenme, señores de VOX, sin
sentido sobre las banderas gays o los indígenas.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: A continuación, pasamos al turno del Grupo Parlamentario de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, y para ello tiene la palabra el señor Bustamante.
El señor BUSTAMANTE MARTÍN: Creo que el objetivo de la iniciativa de VOX es la batalla con el PP por la hegemonía de la derecha en cuestiones culturales, como la apropiación de España por parte de la derecha o de la ultraderecha, o la
confrontación con las fuerzas políticas independentistas a través de la de la bandera. Ha quedado clara la intervención del defensor de la iniciativa, la España tan pequeña que tiene en mente o el proyecto tan pequeño de España que tiene la
ultraderecha. Ha atacado la bandera LGTBI, ha hablado de colectivos extraño como los indígenas o ha dicho que votar en contra de esto es votar en contra de España.
A veces la ostentación de la bandera no te hace más patriota. Veía una foto de uno de los comisionistas de Madrid en un yate con una banderita, con una pulserita de España, porque algunos tienen la bandera muy larga y la vergüenza muy, muy
chica. Por tanto, nosotros somos españoles tanto como vosotros, no menos (Varios señores del Grupo Parlamentario de VOX se ríen), aunque se rían. Yo soy militante del Partido Comunista de España que tiene (El señor Ruiz Navarro se ríe) -usted se
ríe- más de cien años en defensa de la democracia. Mientras ustedes fusilaban... (Varios señores diputados del Grupo Parlamentario de VOX protestan), es el partido que más muertos... (El señor Figaredo Álvarez-Sala: ¡La Pasionaria!), más
desaparecidos y más torturados... (El señor Figaredo Álvarez-Sala: Torturadores) ...tiene en defensa de la democracia. (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Vamos a dejar que el portavoz del Grupo Podemos finalice la intervención.
El señor BUSTAMANTE MARTÍN: De la historia de España algunos han defendido los regímenes autoritarios y las dictaduras fascistas y otros han defendido la .... (El señor Figaredo Álvarez-Sala: Comunistas de Stalin). Bueno, ¿me deja
hablar?. Yo sé que le molesta que le diga a la cara lo que.... (El señor Ruiz Navarro: ¡Mentira!). No, mentira; no. Es la historia de España. (El señor Figaredo Álvarez-Sala: ¿Y los asesinos?). ¡Que te calles, hombre, que me dejes hablar!.
¿Yo te interrumpo a ti?
La señora PRESIDENTA: Don José María, dejemos al portavoz que está en el uso de la palabra intervenir y finalizar su argumentación.
El señor BUSTAMANTE MARTÍN: En la España de la ultraderecha no caben los que defendemos un modelo distinto de España, no caben quienes cuestionan que la monarquía es algo anacrónico y medieval y defienden una república u otro modelo de
Estado, no caben quienes defienden la igualdad de género, no caben quienes defienden las libertades individuales, los colectivos LGTBI, el derecho a ejercer el aborto o la eutanasia, no caben los inmigrantes y, por tanto, nosotros defendemos una
España democrática, republicana, plural, con derechos y, obviamente, votaremos que no a esta iniciativa. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: A continuación, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Popular, doña Llanos de Luna.
La señora DE LUNA TOBARRA: Gracias, presidenta.
Señores diputados, en relación con la PNL presentada por VOX, hemos de significar que en la etapa del Gobierno popular las delegaciones del Gobierno en el País Vasco, en Navarra y en Cataluña interpusieron, a través de la Abogacía del
Estado, cientos de demandas ante la jurisdicción contencioso-administrativa exigiendo el cumplimiento de la Ley de Banderas en los ayuntamientos que no la respetaban. Demandas relativas a la obligatoriedad de que entre las banderas oficiales que
deben ondear en el exterior de los edificios públicos civiles estuviera también la de España. En el País Vasco se hicieron más de 200 requerimientos a los ayuntamientos para colocar la bandera española, otros tantos en Navarra y en Cataluña se
interpusieron también cerca de 200, más de 160, por incumplimiento de la Ley de Banderas. Las demandas abarcaban tanto la obligatoriedad de la colocación de la bandera española, que no estaba, como también la retirada de banderas no oficiales en
las fachadas de los ayuntamientos. Así por ejemplo en algunos ayuntamientos navarros, entre ellos el de Pamplona, ondeaba la ikurriña, una bandera que todos sabemos que no es oficial en Navarra. En Cataluña, en muchos ayuntamientos, desde hace
años, está colocada la llamada estelada, una bandera que carece de toda oficialidad y que es símbolo de una ideología separatista y excluyente, incumpliéndose no solo la Ley de Banderas, sino también la obligación que tienen las administraciones
públicas de servir al interés general bajo los principios de neutralidad y objetividad. Los fallos estimatorios de las sentencias por parte de algunos ayuntamientos que los incumplían, en algunos casos las incumplían totalmente y en otros las
cumplían de una manera -por decir cumplir- irrespetuosa y ofensiva, colocando pegatinas, banderines, etcétera. Tanto en un supuesto como en otro, los delegados del Gobierno impulsábamos su ejecución, que era instada por la Abogacía del Estado ante
el juzgado. Hemos de recordar que la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, atribuye a los delegados del Gobierno en las comunidades el velar por el cumplimiento de las competencias atribuidas constitucionalmente al Estado, así como
velar por la correcta aplicación de su normativa. Por todo lo anterior, vamos a votar a favor de la PNL, ya que incide, primero, en el cumplimiento de la ley y de la ejecución de las sentencias, y también porque incide en la actuación que en su
momento ya llevamos a cabo los gobiernos del Partido Popular.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias.
A continuación, es el turno del Grupo Parlamentario Socialista y para ello tiene la palabra don Mariano Sánchez Escobar.
El señor SÁNCHEZ ESCOBAR: Gracias, presidenta.
Señorías, lo primero que quiero hacer es una pregunta a sus señorías. ¿El sitio ese que vende las banderas de España no será San Chinchón? Es que tengo la duda.
El Grupo Socialista va a votar no a esta proposición no de ley. Pues parecer exigir en todo caso la imposición de multas coercitivas ya previstas en el artículo 112 de la Ley 29/1998, reguladora de la jurisdicción
contencioso-administrativa. Señorías, el Gobierno de España -y ustedes ya lo saben- ya está llevando a cabo las actuaciones necesarias, tanto administrativas como judiciales, con estricta sujeción a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico, con el
fin de cumplir y hacer cumplir la legislación vigente. Pero ustedes no han traído esta PNL a esta Comisión con la intención de que se aclare este punto, ya lo trajeron en el 2021, lo que hacen ustedes es manosear los símbolos dando a entender que
son los únicos defensores de la patria y evidentemente no lo son. La bandera de España es una forma
sencilla de expresar una idea compleja, que fue elegida a través de un proceso constituyente, símbolo de unidad aceptado por todos los partidos políticos en la transición. Por eso no aceptaremos de ningún modo que un símbolo de unidad sea
utilizado por ustedes como un arma arrojadiza contra los que consideran malos españoles, que somos todos aquellos que no miramos igual que ustedes, buscando fracturar y crear un problema de legitimidad de la enseña para que solo puedan asumirla sus
acólitos. Los y las socialistas consideramos que la bandera de España no puede ser motivo de división entre nuestro pueblo y el problema no es solo de símbolos, señorías (El señor Segura Just se ríe). Sí, ríase. Ustedes cuestionan también todos
los derechos básicos provocando que se cuestione la legitimidad de todo, absolutamente de todo, incluso de los símbolos. Una y otra vez agitan la bandera española en la cara de los que no son ultraderechistas como ustedes intentando convertirla en
un ariete que incomode y no en un símbolo que abrigue y represente, que es lo que verdaderamente debe hacer la bandera. Abusan de su defensa para convertirnos a todos en sospechosos de no ser verdaderos españoles y españolas, a quienes aspiramos a
compatibilizar identidades abiertas y plurales en un mundo interconectado, de pueblos y culturas en permanente interacción y transformación. Lo siguiente supongo que será menoscabar los símbolos de la Unión Europea, haciéndose fotos con Marine Le
Pen y compañía. Son ustedes invasivos y distorsionadores, quieren examinarnos, una y otra vez, día tras día, de nuestra españolidad.
Señora De Luna, también mando recado a su socio de la ultraderecha, no nos van a arrebatar nuestra idea y proyecto de una España moderna y solidaria, ni nuestros símbolos comunes que se deben utilizar con sobriedad y vocación inclusiva. Nos
costó mucho dolor y represión recuperar la democracia y avanzar en libertades y derechos, siendo la bandera de España uno de los símbolos recogidos en nuestra Constitución, de cuyos principios ustedes reniegan constantemente. Seguiremos
defendiéndola a pesar de ustedes. Por último, decirle que no vamos a ser extraños en nuestro país, como nos hicieron sentir durante los años de esa dictadura, que ustedes hoy no condenan.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
- SOBRE MEMORIA HISTÓRICA SOBRE LA ESCLAVITUD Y SU RELACIÓN CON ESPAÑA Y DE MEDIDAS DE REPARACIÓN. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDAS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-GALICIA EN COMÚN. (Número de expediente 161/004060).
La señora PRESIDENTA: Finalizado el debate del punto 6.
Pasamos a continuación a debatir la última proposición no de ley relativa a la memoria histórica sobre la esclavitud y su relación con España y de medidas de reparación, presentada por el Grupo Parlamentario Unidas Podemos-En Comú
Podem-Galicia en Común, y para su defensa tiene la palabra el señor Mena.
El señor MENA ARCA: Gracias, presidenta.
Según los datos de la ONU, durante más de cuatrocientos años, 15 millones de hombres, mujeres y niños fueron víctimas del comercio transatlántico de esclavos, escribiendo uno de los capítulos más oscuros de la historia de la humanidad. La
Conferencia Mundial contra el Racismo en 2021 declaró también la esclavitud y el tráfico de esclavos como un crimen contra la humanidad. Para conmemorar la memoria de las víctimas, la Asamblea General de la ONU, en su resolución de diciembre de
2007, declaró el 25 de marzo Día Internacional de Rememoración de las Víctimas de la Esclavitud y la Trata Transatlántica de Esclavos y, en 1997, la Unesco había fijado el 23 de agosto como el Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y
de su Abolición. España, por desgracia, nunca ha conmemorado ninguna de estas dos fechas, ni se ha sentido directamente interpelada a poner de manifiesto su papel en esta historia, cuando ostentamos ser el cuarto puesto de las potencias esclavistas
del mundo, no muy lejos del tercer lugar que le corresponde a Francia. Además, España ha sido el último país europeo en abolir la esclavitud en sus colonias americanas, para Puerto Rico lo hizo en 1873 y para Cuba en 1886, muchos años después de
que lo hiciesen el Reino Unido, Francia, los Países Bajos o incluso los Estados Unidos. Es evidente que los países de nuestro entorno sí que han hecho los deberes en este ámbito de reparación de la memoria de las víctimas de la esclavitud y de la
lucha contra el esclavismo, por ejemplo, Francia, sus principales focos de esclavismo, como fueron Nantes, Burdeos y La Rochelle, han llevado a cabo diferentes proyectos memorialistas. En 2001, el Parlamento francés aprobó la Ley Taubira, que
recogía una explícita condena de la esclavitud e instauró un día propio de conmemoración. En el Reino
Unido se creó el Internacional Slavery Museum, en Liverpool, y en febrero de 2010 la Comisión de Igualdad de este Congreso de los Diputados aprobó una proposición no de ley, promovida por el Grupo Parlamentario Socialista y también por el
Grupo Parlamentario Popular, que instaba a erigir un monumento en rechazo a lo que había supuesto este fenómeno en España. En ese sentido, nos parece fundamental, desde el Grupo Parlamentario de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tener
claro los evidentes proyectos de memoria en cuanto a las víctimas de la esclavitud y es evidente que debería ser oportuno también en España un monumento a la memoria de las víctimas de la esclavitud. Al parecer parece ser que no se ha encontrado
tiempo ni por parte de los Gobiernos del Partido Socialista ni por parte de los Gobiernos del Partido Popular, como digo, pese a tener un mandato de la Comisión del Congreso de los Diputados hace doce años, porque todavía no se ha llevado a cabo
esta iniciativa.
Desde nuestro grupo parlamentario, a riesgo de que los que reparten carnés de buenos y malos españoles, como es el caso de la extrema derecha, nos acusen de traidores a España, lo que estamos defendiendo hoy aquí es precisamente lo
contrario, lo que necesita un país democrático, lo que necesita un país orgulloso de su pasado democrático, es hacer autocrítica de aquellos episodios más oscuros de la historia en nuestro país. Esto es lo que hacen y lo que han hecho los países
democráticos de nuestro entorno y eso es también, sobre todo, lo que tiene que fortalecer el futuro democrático de nuestro país. En ese sentido, hemos llegado a un acuerdo con el Grupo Socialista que lo presentamos en forma de enmienda conjunta y
lo que planteamos básicamente es que se constituya el día 23 de agosto como Día internacional del recuerdo de la trata de esclavos y de su abolición, que se busquen fórmulas adecuadas en coordinación con las comunidades autónomas y también con los
ayuntamientos para la promoción de iniciativas y de medidas en materia de memoria histórica que visibilicen el papel de España en la historia de la esclavitud transatlántica y recuerden a sus víctimas, que se incorporen estos elementos también en el
currículum educativo, porque es fundamental para tener unos niños y unas niñas formados en el espíritu democrático y también trasladar las propuestas anteriores en el marco del Decenio Internacional para los Afrodescendientes, proclamado por la
Asamblea General de las Naciones Unidas. Nos parece que es una proposición no de ley de sentido común, es una proposición no de ley de memoria histórica y también es una proposición no de ley de reparación de las víctimas, del daño que se ha
causado a las víctimas, a tantos millones de víctimas, no solamente en España, sino en todo el mundo. Por tanto, pedimos el apoyo al resto de grupos parlamentarios.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mena.
Se han presentado dos enmiendas, una es a la que el proponente hizo referencia y otra del Grupo Parlamentario Popular, para cuya defensa tiene la palabra el señor Casero.
El señor CASERO ÁVILA: Muchas gracias, señora presidenta.
Buenos días, señoras y señores diputados, o buenas tardes ya. Voy a intentar ser breve en esta explicación. Los que pertenecemos a la Comisión de Cultura hemos llegado a la triste conclusión de que es imposible en este Parlamento poder
llegar a acuerdos en materias de este tipo en homenajes y reconocimientos, en toda esta serie de cuestiones que hacen que siempre estemos divididos, porque en muchas ocasiones prima en ello más la ideología que el fondo verdadero del asunto. No se
trata de negar una realidad que evidentemente fue el esclavismo transatlántico que especialmente desde finales del siglo XVI y hasta finales del siglo XIX fue una vigente lacra en el mundo, que se sirvió de trabajadores y de personas que vivían
libremente en su continente africano, a las que atrapaban para llevarlas a trabajar como esclavo a los territorios de América, fundamentalmente, tanto la del norte, como la central, como la del sur. Pero también es cierto que hay que destacar las
cosas positivas que la contribución que algunos países hicieron con el resto en estas cuestiones. No me valen lecciones ni de británicos, ni de franceses, ni de portugueses, ni de neerlandeses, ni de ningunos otros de los que se habla en el petitum
de esta proposición, puesto que el único país que aprobó la protección de las leyes indígenas que ha habido en América son las leyes que los españoles escribieron y es cierto que los problemas de esclavitud empezaron fundamentalmente tras el
abandono de la Corona española en estos territorios. Es cierto que la mayoría de la llegada de inmigrantes a los territorios españoles, especialmente a Cuba y a Puerto Rico, fue a finales del siglo XIX, porque además el sistema que utilizó España
fue el sistema de asiento, es decir, otorgaba exclusividad a determinadas compañías y esto implicó que mayoritariamente los españoles no participaran en lo que era la trata directa de esclavo, que lo hicieron de forma muy fehaciente los ingleses,
los portugueses y los franceses, que pagaban a la Corona española por esa concesión. Esa es otra cuestión que evidentemente
forma parte de la historia. Hasta 1789 no participaron los barcos españoles de esto, que fue cuando se liberalizó -fíjese qué palabra tan triste- el tráfico de esclavos sobre todo en el Caribe. Es cierto que España se benefició además de
ese tráfico de esclavos especialmente dos comunidades autónomas, Cataluña y el País Vasco, que era donde estaba la mayoría de personas que habían trasladado su territorio y su dinero a los territorios de ultramar para seguir ganando dinero y, por
tanto, nosotros nos mostramos partidarios de que todo esto se reconozca, pero también que se reconozca el papel que los españoles jugaron en la defensa frente a otros países de nuestra poblaciones indígenas, del mestizaje, que es la gran aportación
-yo creo- de España a la historia universal y a ese pasado tan triste que tiene la historia del colonialismo que podría llegar aquí. No creo que sea necesario que en los currículum educativos esté esto cuando por parte del Gobierno se está quitando
hasta de los currículum educativos que se estudie la historia cronológicamente, si no saben ni siquiera que hubo un momento en que se descubrió América es difícil que sepan que después llevaron allí esclavos y si muchas veces ni tan siquiera se sabe
geografía difícilmente van a entender todo este proceso del que estamos hablando.
La señora PRESIDENTA: Señor Casero, es interesantísimo el tema, pero ya agotó su tiempo.
El señor CASERO ÁVILA: Voy terminando.
Es necesario que se conozca a ultranza la historia de nuestro país y del mundo en general, pero no solo sobre esta cuestión. Por tanto, yo me quedo con que no está mal, por supuesto -y no lo digo en tono despectivo-, que todo lo que ustedes
proponen en esta proposición no de ley se haga y se celebre como se celebran cientos de días de homenaje a pueblos masacrados o a cualquier otra cuestión, pero que lo hagamos desde una perspectiva no de división, sino de encuentro verdaderamente y
no de autocastigo permanente a nuestro pasado. No podemos querer borrar la historia. La historia se estudia, se interpreta, pero no se cambia ni se borra.
Muchísimas gracias. (Aplausos.-Una señora diputada: Muy bien).
La señora PRESIDENTA: A continuación, para la defensa de la enmienda conjunta y la fijación de posición de su grupo, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Socialista, doña Ariagona González.
La señora GONZÁLEZ PÉREZ: Muchas gracias, presidenta.
Buenos días, señorías. Tras los largos y oscuros años de la dictadura, los españoles y las españolas vivimos hoy en el marco de un Estado constitucional, por el que se nos garantizan los derechos a la vida y a la integridad física y moral,
los más básicos y primarios de cuantos se reconocen en el texto legal de la carta magna. El aspecto de la integridad personal en su doble dimensión, física y moral, asegura la plena inviolabilidad del ser humano y sienta las bases de su
construcción individual y social en un entorno de convivencia en libertad. Pero, ciertamente, esto no ha sido siempre así, y aunque la distancia temporal y civilizatoria entre la actual sociedad de progreso y aquella que normalizaba y practicaba la
esclavitud es enorme, no por ello debemos olvidar que algo así sucedió. Conmemorar cada 23 de agosto el Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y de su Abolición, establecido por la Unesco, y sensibilizar sobre la historia del
mercado transatlántico de esclavos y sus repercusiones en el mundo moderno, incluido un preocupante legado racista que continúa latente en algunos sectores de la población, pueden ser la proverbial herramienta que nos ayude a conocer los errores
para no repetirlos. Porque la historia no se interpreta, se estudia, porque la historia es real y debemos conocerla para no repetir los errores del pasado. Junto a estas medidas de reconocimiento de un pasado que incluso analizado en su contexto
histórico muestra muchas sombras entre sus luces, debemos reflexionar también sobre lo que se considera hoy una suerte de esclavitud moderna, la que afecta a unos 24,9 millones de personas en todo el mundo en trabajos forzosos y 15,4 millones en
matrimonios forzados, una realidad en la que las mujeres y las niñas se ven afectadas de manera desproporcionada, representando el 99 % de las víctimas en la industria del sexo comercial y el 58 % en otros sectores.
Centrándonos ahora en la parte propositiva de la PNL, hemos registrado una enmienda de modificación, junto al Grupo Parlamentario de Unidas Podemos, en la que incluimos un nuevo punto 3 relacionado con la educación que dice así: Incorporar
en el currículum educativo el conocimiento de la esclavitud como forma de marginación, segregación, control y sumisión en la historia de la humanidad y la conquista de los derechos individuales y colectivos en el mundo contemporáneo. Con esta
modificación pretendemos adaptar la PNL a las enseñanzas mínimas establecidas en los currículos de los diferentes reales decretos y también pretendemos estudiar la historia y no interpretarla. Esperemos que sus señorías tengan a bien aprobarla.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: A continuación iniciamos el turno de fijación de posiciones y me parece que es el turno del don José María Espejo-Saavedra, del Grupo Parlamentario de Ciudadanos.
El señor ESPEJO-SAAVEDRA CONESA: Gracias, presidenta.
Por supuesto que España tiene episodios negros en su historia, episodios de los que no debe sentirse orgullosa, como todos los países del mundo, y tampoco debe sentirse orgullosa de su papel en la inmigración transatlántica, porque todos los
Estados, todos los países, pasan por contextos históricos y son gobernados por personas que hacen cosas bien y cosas mal, y España, en cuanto a lo que se refiere a la esclavitud transatlántica, por supuesto que tuvo un papel activo en esta lacra que
supone para los derechos humanos. Afortunadamente, hoy en día en España absolutamente nadie defiende la esclavitud, ni la ensalza, todos los ciudadanos la condenan y en la historia creo que debe enseñarse lo que supuso y el papel que todos los
países jugaron en la misma y, lógicamente, también España. Lo que pasa es que esta PNL siempre tira hacia un lado, nunca cuenta lo que en el ámbito de la esclavitud también hicieron españoles en favor de su abolición. Entonces, a nosotros nos
parece que la PNL lo que pretende es ensalzar la leyenda negra de España, por supuesto que España tuvo una intervención y un pasado negro en muchos aspectos de la historia, como todos los países, pero parece que para Podemos solo existe esta parte y
que el resto ha de olvidarse y no ha de enseñarse. Nosotros estamos a favor de todas las iniciativas de memoria respecto a la cuestión de la participación de España en la esclavitud, pero no desde la vertiente en la que lo está Podemos. Les pongo
un ejemplo con intención simplemente descriptiva, uno de los miembros del Grupo Parlamentario de Podemos aquí presente se ha sentido orgulloso de su militancia en el Partido Comunista y de los cien años de historia democrática del Partido Comunista,
y yo no dudo que él, por supuesto, sienta que eso es así. Pero durante esos cien años de historia, el Partido Comunista de España tuvo una intensa relación con uno de los mayores esclavistas del siglo XX, que es Stalin. Yo supongo que ustedes
tampoco estarán orgullosos de eso ni que cuando se refieren a esos cien años de historia y de orgullo, olviden esto los que estén de acuerdo, estoy convencido de que no están de acuerdo, pero se centran en lo que les produce orgullo. Yo creo que
hay que mirar las dos partes y mirar tanto lo bueno como lo malo y no centrarse solo, como hace esta PNL, en la parte más negra, sino también poner sobre la mesa, tanto lo negro como lo blanco, que España también tuvo que ver en la abolición de la
esclavitud.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Espejo-Saavedra.
A continuación, y finalmente, es el turno de don Francisco Contreras, por el Grupo Parlamentario VOX.
El señor CONTRERAS PELÁEZ: Gracias, señora presidenta.
Esta PNL de Podemos está bien redactada y los hechos históricos a los que alude son verdaderos. Es cierto que se practicó la esclavitud en las posesiones españolas de América, no esclavitud de la población indígena americana, como se ha
señalado también, cosa que prohibían el testamento de Isabel la Católica, las leyes de Burgos de 1512 o las leyes nuevas de Indias de 1542, pero sí mediante aportaciones de esclavos negros de África. Sin embargo, vamos a votar en contra de esta
PNL, porque no estamos dispuestos a apuntarnos a lo que en Estados Unidos llaman la culpa blanca, es decir, la demonización de la civilización occidental como la más criminal de la historia. Lo cierto es que más bien somos la mejor civilización de
la historia, la que más ha contribuido al reconocimiento de la dignidad humana, como demuestra el hecho de que incluso hoy todavía todo el mundo quiere venir a Occidente y no al revés. O dicho de otra forma, pediremos perdón por la esclavitud
cuando también lo hagan los musulmanes, los hindúes, los chinos, los japoneses o los rusos, y me refiero a los campos de esclavos del Gulag de los que al parecer ese sistema comunista del que el portavoz de Podemos se muestra tan orgulloso y que ha
sido la gran esclavitud del siglo XX: el Gulag. Por supuesto, las otras civilizaciones no van a pedir perdón por la esclavitud, porque están en proceso de autoafirmación, solo Occidente se flagela, solo Occidente se siente culpable y esa
autoflagelación nos lleva a la indefensión moral. Nos sentimos en deuda moral con otras civilizaciones, y esto nos lleva, como digo, a la indefensión. No nos sentimos con derecho, por ejemplo, a proteger nuestras fronteras frente a la inmigración
ilegal o ni siquiera a invertir suficientemente en defensa. Lo cierto es que, desgraciadamente, la esclavitud ha sido la regla en la historia universal. Todas las culturas la han practicado. En cambio lo que es la excepción es la abolición de la
esclavitud. Solo una civilización ha abolido la esclavitud y ha sido precisamente la nuestra. Si otras han llegado a hacerlo después ha sido por presión occidental o por mimetismo respecto a Occidente. Todo el mundo ha oído hablar de la trata
transatlántica de esclavos, casi nadie ha oído hablar, por ejemplo, de la trata
intraafricana, la esclavización recíproca entre pueblos de la África negra, que, por cierto, los reyezuelos de la África negra abastecían a los tratantes occidentales de esclavos. Nadie ha oído hablar de la trata islámica, hasta 12 millones
de africanos negros fueron sometidos a esclavitud por los países islámicos del norte de África o de Oriente Medio y menos aún se ha oído hablar del cautiverio o la reducción a servidumbre de europeos blancos por tratantes musulmanes, es decir, los
piratas berberiscos entre los siglos XV y XIX hacían razias en las costas españolas, francesas, italianas y llegaron tan al norte como Islandia para apresar personas y venderlas como esclavos en los mercados del Imperio otomano. El caso más
conocido entre nosotros es el de Cervantes. Tampoco nadie ha oído hablar de la lucha occidental por la abolición de la esclavitud, que es una de las páginas más luminosas de la historia universal. Es una lucha a la que en España nos incorporábamos
algo tardíamente, la sociedad abolicionista española fue creada en 1865, pero desde finales del siglo XVIII en el mundo anglosajón existió una admirable batalla por la abolición de la esclavitud, por cierto, conducida por cristianos -quizá esta es
la razón por la que no es conocido el episodio-, como William Wilberforce, parlamentario conservador en el Parlamento británico, que año tras año, a partir de 1791 llevaba a votación su moción pidiendo la prohibición de la trata de esclavos, año
tras año era derrotada, pero perseveró, hasta que en 1807...
La señora PRESIDENTA: Tiene que ir terminando.
El señor CONTRERAS PELÁEZ: ...el Parlamento británico, no solo declaró ilegal la trata de esclavos, sino que la flota británica...
La señora PRESIDENTA: Lleva un minuto de más.
El señor CONTRERAS PELÁEZ: Diez segundos.
... dedicó un escuadrón a la persecución de barcos negreros de todos los países. No cuenten con nosotros para suscribir la incriminación de la civilización occidental. Votaremos en contra.
Gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Pido al portavoz de Unidas Podemos, autor de la iniciativa, que exprese si acepta alguna de las enmiendas.
El señor MENA ARCA: Sí, la enmienda que hemos registrado junto con el Grupo Socialista.
La señora PRESIDENTA: Luego se someterá a votación su contenido.
VOTACIONES.
La señora PRESIDENTA: Finalizado el debate de los siete puntos incluidos en el orden del día, pasaremos a la votación.
Vamos a repasar en qué términos se va a someter a votación cada una de las iniciativas. La número 1, del Grupo Plural, se someterá a votación con una enmienda transaccional que ha sido distribuida a todos los miembros de la Comisión. La
número 2, del Grupo Socialista, se votará en sus propios términos. La número 3 también será votada con una transaccional, por la aceptación del Grupo Popular de la enmienda del Grupo Socialista, de cuyo texto también disponen todos los miembros de
la Comisión. La número 4 se votará en sus propios términos. La número 5 también se votará en sus propios términos. A la número 6 no se han presentado enmiendas, por lo que se votará en sus propios términos. La número 7 se someterá a votación con
la enmienda firmada por los grupos Socialista y Unidas Podemos.
En principio, parece que no hay ninguna duda sobre lo que vamos a someter a votación. (Pausa).
Comenzamos las votaciones tal como figuran en el orden del día. En primer lugar, votamos la proposición no de ley relativa a garantizar la atención presencial sin cita previa en los centros de la Administración General del Estado.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 28; abstenciones, 5.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Votamos en sus propios términos la proposición no de ley relativa a la cooperación interterritorial, presentada por el Grupo Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 6; abstenciones, 9.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Votamos la proposición no de ley, relativa a la liquidación de los entes locales en 2022 y 2023. Se somete a votación una transaccional entre la iniciativa propuesta y la enmienda del Grupo Socialista que se ha repartido a todos los
miembros de la Comisión.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 28; abstenciones, 5.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Pasamos a votar, en sus propios términos, la iniciativa del Grupo Popular relativa a la auditoría de los recursos humanos en las administraciones públicas.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 10; en contra, 18; abstenciones, 5.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
A continuación, votamos en sus propios términos la proposición no de ley relativa a seguir promoviendo la descentralización institucional de la Administración General del Estado.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 5; abstenciones, 10.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Votamos la proposición no de ley relativa a la protección de los intereses públicos sobre el cumplimiento de la ley de banderas. Se vota en sus propios términos ya que no se ha presentado ninguna enmienda.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 18.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Finalmente pasamos a votar la proposición no de ley sobre memoria histórica sobre la esclavitud y su relación con España y de medidas de reparación. Se somete a votación en los términos de la enmienda presentada por el Grupo Socialista y
Unidas Podemos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 5; abstenciones, 10.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Antes de levantar la sesión, a efectos del Diario de Sesiones, pido que no conste la palabra putrefacto citada en dos ocasiones y relativa a instituciones públicas.
Se levanta la sesión.
Era la una y cuarenta minutos de la tarde.