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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 639, de 29/03/2022
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2022 XIV LEGISLATURA Núm. 639
SANIDAD Y CONSUMO
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª ROSA MARÍA ROMERO SÁNCHEZ
Sesión núm. 60
celebrada el martes,
29 de marzo de 2022
ORDEN DEL DÍA:
Proposiciones no de ley:
- Relativa a la mejora de la formación y el reconocimiento académico y profesional de los técnicos superiores sanitarios. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/003047) ...
- Sobre despilfarro alimentario. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/003694) ... (Página6)
- Sobre aumento de inspecciones a las empresas que sigan usando los teléfonos 901 y 902 para la atención al cliente. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/003866) ...
- Relativa a reclamar más claridad y bajada de la factura eléctrica de los consumidores. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/003319) ... (Página12)
- Relativa al reconocimiento del derecho al acceso al agua potable y saneamiento. Presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común. (Número de expediente 161/003778) ...
- Por la que se insta al Gobierno a llevar a cabo mejoras retributivas en el colectivo de los médicos internos residentes, así como a los demás colectivos que se incluyen en la formación sanitaria especializada (FSE). Presentada por el
Grupo Parlamentario Plural. (Número de expediente 161/003728) ... (Página20)
- Relativa a exigir el fin inmediato de la obligatoriedad del uso de mascarillas en todos los espacios interiores y exteriores. Presentada por el Grupo Parlamentario VOX. (Número de expediente 161/003942) ...
Votaciones ... (Página28)
Se abre la sesión a las once y cinco minutos de la mañana.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- RELATIVA A LA MEJORA DE LA FORMACIÓN Y EL RECONOCIMIENTO ACADÉMICO Y PROFESIONAL DE LOS TÉCNICOS SUPERIORES SANITARIOS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/003047).
La señora PRESIDENTA: Señorías, se abre la sesión.
Buenos días a todos. Vamos a proceder a tramitar el orden del día, pero antes de entrar en él, voy a proponer una serie de cambios que solicitan portavoces que tienen algún problema de compatibilidad con otras comisiones para ver si es
posible. La propuesta que les hago, en función de la información que me han dado, es que el punto segundo, proposición relativa a reclamar más claridad y bajada de la factura eléctrica de los consumidores, del Grupo Parlamentario Popular, la
pasemos al punto cuarto y la cuarta, que es del Grupo de Unidas Podemos, relativa al reconocimiento del derecho al acceso al agua potable y saneamiento, la pasemos al punto quinto. La sexta y la séptima no se pueden tocar en el orden del día porque
fue petición expresa de VOX y del Grupo Plural, que ya nos pidieron en la reunión de Mesa y portavoces, puesto que tenían problemas, que fueran las dos últimas. Repito los cambios: la segunda pasarla a la cuarta y la cuarta a la quinta. ¿Hay
problema con sus portavoces y con los que tengan que defender las iniciativas? (Denegaciones). Las proposiciones no de ley, por tanto, se debatirían en el siguiente orden: La número 1, la 3, la 5, la 2, la 4, la 6 y la 7. Las votaciones se harán
tal como figuran en el orden del día.
Procedemos a tramitar del orden el orden del día que tenemos por delante. Les recuerdo los tiempos para el desarrollo del debate, aunque ya se los saben. El autor de la iniciativa tiene siete minutos, para defender las enmiendas se darán
cinco minutos y para fijación de posiciones dispondrán de tres minutos. Iremos de menor a mayor, como siempre hacemos en esta casa.
En primer lugar, proposición no de ley relativa a la mejora de la formación y el reconocimiento académico y profesional de los técnicos sanitarios superiores, presentada del Grupo Parlamentario Popular. Número de expediente 161/003047.
Para la defensa de la iniciativa, tiene la palabra la portavoz señora Moro.
La señora MORO ALMARAZ: Buenos días, presidenta.
Señorías, en esta iniciativa recogemos y reiteramos las demandas que los técnicos superiores sanitarios vienen realizando hace muchos años. La Mesa y los portavoces de esta Comisión han tenido la oportunidad de escucharlos muy recientemente
y de apreciar sus documentados y razonables argumentos. No es posible, en esta como en otras materias profesionales, mantener una posición inmovilista y caminar a diferente ritmo de lo que lo hacen los países socios de la Unión Europea, porque ello
nos coloca en peor situación y hace inaplicable el Plan Bolonia y el Espacio Europeo de Educación Superior para nuestros titulados. Como los interesados señalan, la actual situación del marco regulatorio de las distintas especialidades de técnicos
superiores sanitarios en España plantea problemas para la libre circulación por Europa, carencias formativas en el plano comparativo con los mismos profesionales en ese entorno, dificultades para contar con oportunidades en el progreso profesional,
en la gestión, la educación y la investigación.
Como señalamos en nuestra iniciativa, que es la de los técnicos superiores sanitarios, alrededor de 30 000 de distintas especialidades realizan una labor imprescindible para la organización de la asistencia sanitaria. Existen once
titulaciones diferentes, hasta once. Principalmente, por lo que ahora abordamos, nos fijamos en las siguientes especialidades: los técnicos en imagen para el diagnóstico y medicina nuclear, en radioterapia y dosimetría, anatomía patológica y
citodiagnóstico, laboratorio clínico y biomédico, y los técnicos superiores en dietética. La normativa vigente en materia educativa, que afecta
a los técnicos superiores, los sitúa actualmente en el ámbito de la formación profesional de grado superior y tendríamos en la iniciativa el iter normativo desde 1984 hasta la actualidad. Cabe destacar ahora que en el Real Decreto 96/2014,
de 14 de febrero, que modificó los decretos de 2011 en materia del marco español de cualificaciones y también el de ordenación de enseñanzas universitarias, las titulaciones quedan situadas básicamente en el nivel 1 del MECES, mientras que en el
resto de la Unión Europea el tratamiento que se hace de las mismas es muy distinto, haciendo incompatible la equivalencia de los respectivos marcos de cualificaciones, impidiéndose a los titulados españoles el acceso a los máster y doctorados con
los que avanzar en la capacitación y desarrollar su profesión, al contrario de lo que ocurre con sus homólogos europeos. Por otra parte, en el Espacio Europeo de Educación Superior las titulaciones de sus homólogos europeos que realizan funciones
análogas exigen una formación y reconocimiento de grado universitario con una exigencia de carga lectiva superior y desarrollando otras competencias -estamos entre los 180 los 240 créditos ECTS-. Esto obliga a los técnicos superiores sanitarios
españoles que desean ver reconocida su titulación o ejercer en otro país europeo a realizar una profunda formación y el desarrollo de prácticas formativas que compensen la diferencia entre los programas formativos entre los países para lograr una
equiparación académica, ser aceptados como profesionales y poder trabajar fuera de España. Por otra parte, es evidente que una mejora de la formación y cualificación de estos profesionales redundaría sin duda en la mejora de la calidad
técnico-asistencial que reciben los usuarios de la sociedad española en las áreas técnicas diagnósticas y de tratamiento, por otra parte, sometidas como ustedes bien saben, a una acelerada innovación y tecnificación en muchas de sus especialidades y
esas mejoras son avaladas desde la sociedades médico científicas españolas ante la falta de formación adecuada en esas necesidades asistenciales.
El último informe que se conoce, realizado por el Ministerio de Sanidad y Consumo en agosto de 2006, ya avanzaba que en esos años la mayoría de los países europeos estaban revisando sus planes de estudio para adaptarlos al marco educativo de
Bolonia. Lo cierto es que hoy esas reformas ya han concluido en esos países, lo que nos coloca en situaciones muy diferentes. Los propios técnicos sanitarios nos proporcionan gráficas (Muestra una gráfica). Solo señalaré esta, pero podemos ver
otras muchas. Aquí observamos la grandísima diferencia entre nuestros países. También es verdad, y lo plantean, que en la mayoría de los países europeos existe una titulación única para las especialidades del laboratorio, por un lado, y otra para
las especialidades radiológicas. A ello hay que unir otro fenómeno, y es que en España ahora mismo coexisten titulaciones de formación profesional superior sanitaria con nuevos grados universitarios en el mismo espectro de competencias, como es el
caso de dietética y nutrición o ciencias biomédicas, por poner un ejemplo.
Todo ello pone de manifiesto, señorías, que es necesario y urgente elaborar un plan de reordenación de estudios y titulaciones respecto a los técnicos sanitarios. Sobre esta materia existen antecedentes de acuerdo entre las fuerzas
políticas parlamentarias. En mayo de 2018 se aprobó una iniciativa del Grupo Socialista con contenido y alcance equivalentes. Incluso en esta misma legislatura, el Grupo Parlamentario Socialista ha registrado una iniciativa semejante, aunque no
alcanza a todos los profesionales que incluye nuestra proposición, porque todos ellos demandan esta revisión y las propuestas que formulamos.
Los técnicos superiores sanitarios españoles llevan muchos años reclamando y luchando por una mejor formación, cualificación y reconocimiento académico y profesional. De hecho, han llevado sus peticiones, sus protestas ante la Comisión de
Peticiones del Parlamento Europeo reclamando que la situación española hace que se incumpla la normativa del Espacio Europeo de Educación Superior que exige que las titulaciones sean fácilmente comprensibles, comparables con unos prerrequisitos que
les permitan la adecuada movilidad como ciudadanos europeos y que no encuentren barreras de acceso.
Creemos, señorías, que debemos sumarnos, y les pedimos que se sumen, a sus justas reivindicaciones, que hay que escucharles y que los ministerios competentes, sobre todo, se pongan sin dilación manos a la obra para que se cumplan sus
objetivos. Por ello, solicitamos -y no les canso con la lectura de toda la propuesta- elaborar ese plan de reordenación de las titulaciones; incluir los procedimientos necesarios para que los actuales técnicos sanitarios puedan adaptarse a esa
recualificación; la unificación de especialidades en el sentido que se está haciendo en Europa; estudiar con todas las entidades -y ahora además que se está pretendiendo reformar la Ley Orgánica de Universidades- su situación, los planes de
estudio y que no les planteemos dificultades sino oportunidades en su camino.
Muchas gracias, señorías. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Pasamos a la defensa de las enmiendas presentadas. Tiene la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario VOX, la señora Jara.
La señora JARA MORENO: Gracias, señora presidenta.
Señorías, la proposición no de ley que trae hoy a esta Comisión el Grupo Parlamentario Popular se debe analizar en el fondo y en la forma. El problema que plantean los técnicos sanitarios es complejo y no tiene una solución sencilla.
Partiendo de esa base, creemos que nuestro deber como diputados es exclusivamente preguntarnos: ¿esto que proponen es bueno para los españoles? ¿Es bueno que se solicite que a una persona con una determinada formación se le reconozca otra de forma
automática? ¿Por ese automatismo los españoles van a estar mejor atendidos? ¿Creemos lógico que se nos aduzca que ese reconocimiento debe ser llevado a cabo porque así los técnicos superiores podrán emigrar al resto de Europa? ¿Es suficiente esa
razón? Señorías, la dignificación del trabajo no viene por ponerle un título más bonito, sino por su reconocimiento, y ese reconocimiento viene por el respeto, y no hay mejor manifestación del respeto que un salario digno. Si los sanitarios
tuvieran salarios dignos de acuerdo con su formación, su responsabilidad y, por qué no decirlo, su penosidad no habría tanto deseo de subir artificialmente de estamento ni tanto intrusismo.
La PNL que propone el Grupo Parlamentario Popular intenta unificar de un plumazo, bajo un mismo título, especialidades distintas. Desde nuestro punto de vista, lo único que cabría es lo que se dice en el punto 4: Recabar de la comisión de
recursos humanos del Sistema Nacional de Salud, una posición sobre lo adecuado de estas peticiones. Pensamos que también deberían ser consultadas las sociedades científicas correspondientes. Tienen razón los técnicos superiores al decir que desde
el PSOE y el PP se les ha querido engañar con falsas promesas. La prueba de ello es que esta PNL que el Grupo Popular presenta es un plagio al 90,4 % del texto utilizado en la PNL presentada por el Grupo Socialista hace cinco años, y que fue
aprobada. Nos ha sorprendido desagradablemente que el Grupo Popular haya cometido tamaño error, porque o bien han calcado la de los socialistas o bien han copiado en un 90 % un texto que algún externo al Congreso les ha pasado. Desde VOX
denunciamos este engaño y estas promesas falsas.
Lo que se debe exigir al Gobierno es que ordene de una vez las profesiones sanitarias, ya sean de grado o no, con la premisa de que no será posible una buena solución si los salarios son insuficientes, y poner condiciones: que queden
fijadas por un tiempo mínimamente exigible las fronteras educativas, laborales y jerárquicas de cada estamento, sobre todo pensando en si dicha ordenación sirve a los intereses de los pacientes. Ese es el objetivo que nos debe guiar a todos, y
hacerlo sin trampas.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Pasamos al turno de fijación de posiciones. En primer lugar, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Bildu, el señor Ruiz de Pinedo.
El señor RUIZ DE PINEDO UNDIANO: Buenos días.
A nadie se le escapa la complejidad de este problema que en lo formativo afecta a la organización de recursos, plantillas, en lo económico, etcétera. Pero que exista esta complejidad no quiere decir que no haya que afrontarlo, y en ese
sentido sería conveniente hacerlo desde el máximo conocimiento de la realidad y desde el consenso. Tengo que decir, además, que las realidades dentro del Estado van a ser diferentes, en nuestro caso, por ejemplo, están reconocidos dentro del grupo
B, aunque siguen con remuneraciones del grupo C. Esto lo digo como ejemplo de la complejidad que tiene el problema. Estamos de acuerdo con este reconocimiento que en lo formativo no es un reconocimiento automático de las formaciones actuales, sino
que tiene que ir también bien estudiado cómo se hace precisamente el proceso de formación y las posibilidades de formación para adaptarse a los nuevos grados que se vayan a hacer.
Nuestro voto va a ir en el sentido de pedir el máximo consenso entre todas las fuerzas políticas que creamos que hay que ir en esta línea y por eso me gustaría escuchar qué es lo que va a decir el resto de fuerzas políticas y si va a haber
una posibilidad de consenso.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Unidas Podemos, tiene la palabra la señora Medel.
La señora MEDEL PÉREZ: Buenos días.
Estoy totalmente de acuerdo con lo que ha expuesto el diputado de Bildu. Creo que el Partido Popular ha expuesto muy bien la situación de los técnicos superiores de Sanidad, por lo que no creo que tenga que añadir nada al respecto. También
estoy de acuerdo con que se debería llegar a un consenso e intentar solucionar realmente este problema, por lo que votaremos a favor de la PNL del PP.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Sandra Guaita.
La señora GUAITA ESTERUELAS: Muchas gracias, presidenta.
Buenos días. El Grupo Parlamentario Popular nos presenta esta proposición no de ley relativa al reconocimiento académico y profesional de los técnicos superiores sanitarios para su debate en esta Comisión. Como ya han dicho la misma
portavoz y algunos grupos parlamentarios, el Grupo Parlamentario Socialista en el año 2018 presentó una proposición no de ley sobre la mejora de la formación y el reconocimiento académico y profesional de los técnicos superiores sanitarios. Además,
en esta legislatura, hace un par de meses, registramos otra PNL, que tenía unos acuerdos un poco diferentes de los que presenta la del Grupo Popular, que instaba al Gobierno a impulsar un grupo de trabajo en el seno de la comisión de recursos
humanos del Sistema Nacional de Salud que analice la situación actual relativa al reconocimiento académico y profesional de los técnicos superiores en imagen para el diagnóstico y medicina nuclear, radioterapia y dosimetría, así como su adaptación a
la realidad técnica actual y futura de las instituciones sanitarias. El segundo punto era, a partir del análisis de la situación, valorar la conveniencia, por existir ya una clara armonización europea, de la unificación de las especialidades de
imagen para el diagnóstico y medicina nuclear y radioterapia y dosimetría en una sola que fuese un grado en imagen médica y radioterapia, homologando su formación a los estándares europeos.
Como ya hemos comentado, es un tema que nos preocupa -ya presentamos una proposición no de ley en 2018 y hemos registrado otra en esta legislatura- y consideramos necesarias y adecuadas las demandas del colectivo. Tendremos que ver cómo se
encajan y se abordan. Creemos que se necesita una regulación adecuada de la situación actual de los técnicos sanitarios superiores. Pensamos, como se ha comentado también por parte de algunos grupos parlamentarios, que es un problema complejo, que
la situación no es fácil, porque si lo fuera haría años que estaría arreglada; por tanto, es un problema complejo y por eso creemos que es necesario un trabajo conjunto, primero interministerial entre los diferentes ministerios implicados, como
Sanidad, Universidades y Educación, para encontrar una solución, y después con las comunidades autónomas, que son una parte implicada muy importante. También creemos que se tienen que analizar, a través de la comisión de recursos humanos del
Sistema Nacional de Salud, las necesidades formativas de los actuales títulos de técnico superior de formación profesional y la posibilidad de la fusión de los títulos de imagen para el diagnóstico y medicina nuclear, radioterapia y dosimetría y de
anatomía patológica y citodiagnóstico con laboratorio clínico y biomédico.
Pensamos que se tiene que trabajar para normalizar esta situación porque estos técnicos son imprescindibles para el sistema sanitario español. Por tanto, seguiremos en esta línea de trabajo conjunto.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Pregunto a la señora Moro, del Grupo Parlamentario Popular, si acepta o rechaza la enmienda presentada.
La señora MORO ALMARAZ: Desconocíamos que existía la enmienda, señora presidenta, pero, dada la intervención de la ponente, no podemos aceptarla.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: En todo caso, el letrado se ha puesto ya en contacto con los servicios de la Cámara para que pudieran tener la enmienda todos los grupos, porque efectivamente no la tenemos. Muchas gracias.
- SOBRE DESPILFARRO ALIMENTARIO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/003694).
La señora PRESIDENTA: Pasamos a debatir la proposición no de ley sobre el despilfarro alimentario, del Grupo Parlamentario Socialista.
Para defensa de la iniciativa, tiene la palabra su portavoz la señora Andrés Añón.
La señora ANDRÉS AÑÓN: Muchas gracias, señora presidenta.
Buenos días, señorías. Esta iniciativa es continuación de otra, también de nuestro grupo, presentada en mayo de 2021, que fue aprobada por todos los grupos parlamentarios, y que incide en la necesidad de insistir en el consumo responsable y
la reducción del despilfarro alimentario. La producción y el consumo responsable son uno de los diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y mejorar las vidas y las perspectivas
de cada persona. Cumplir con este reto supone evitar el deterioro del medio ambiente, aprovechar más los recursos y promover estilos de vida sostenibles. En concreto la meta 12.5 dice que de aquí a 2030 reducir considerablemente la generación de
desechos mediante actividades de prevención, reducción, reciclado y reutilización es el objetivo a conseguir, y como señala Naciones Unidas en el desarrollo de este objetivo, reducir los desechos y actuar de forma reflexiva a la hora de comprar y
optar por una opción sostenible, siempre que sea posible, son las dos fórmulas a través de las que podemos contribuir como consumidores a la consecución de este objetivo.
En el ámbito de la Unión Europea, el Pacto Verde Europeo es parte integrante de esta estrategia para aplicar la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo de las Naciones Unidas. La nueva Agenda del consumidor señala que existe un interés
creciente entre los consumidores por contribuir personalmente a la consecución de la neutralidad climática, a la conservación de los recursos naturales, a la diversidad y a la reducción de la contaminación del agua, del aire y del suelo. El
Eurobarómetro de marzo de 2020 señala que las actitudes de los ciudadanos europeos hacia el medio ambiente han puesto de manifiesto este interés del conjunto de los consumidores europeos y han mostrado una especial preocupación de los consumidores
españoles hacia la protección del medio ambiente. El 98 % de los consumidores españoles consideran que la protección del medio ambiente es muy o bastante importante, y el 36 % considera que cambiar nuestra forma de consumir es una manera efectiva
de combatir los problemas medioambientales.
Esta actitud de una amplia mayoría de consumidores constituye un enorme capital que se debe aprovechar mediante la adopción de medidas que faculten, apoyen y permitan a cada consumidor, independientemente de su situación económica,
desempeñar un papel activo en la transición ecológica, sin imponer un estilo de vida específico y sin ninguna discriminación social. En la Estrategia española de economía circular, la implicación de los consumidores, sus decisiones en la compra de
productos y su comportamiento en la separación de residuos son importantes para conseguir los objetivos tanto de la Agenda 2030 como de la Agenda europea.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente proposición no de ley. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a la adopción de medidas que faculten, apoyen y permitan a cada consumidor, independientemente de su
situación económica, desempeñar un papel activo en la transición ecológica, sin imponer un estilo de vida específico y sin ninguna discriminación social. Entre otras, se estudiará la adopción de las siguientes medidas. Promover, a través de
campañas de comunicación, en colaboración con el Consejo de Consumidores y Usuarios de España, la elección por parte de los consumidores de productos y servicios menos contaminantes, la compra de productos duraderos y la cultura de la reparación, el
reciclado y la reutilización; impulsar en el ámbito de la Unión Europea un etiquetado obligatorio que informe a los consumidores de manera comprensible sobre la vida útil estimada y la reparabilidad de un producto, y mejorar la información de los
consumidores respecto a sus derechos en relación con la garantía legal de los productos.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: En defensa de la enmienda presentada, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Riolobos.
La señora RIOLOBOS REGADERA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, los consumidores están viviendo un momento convulso por la subida imparable de los precios, fundamentalmente de la cesta de la compra, como consecuencia de la subida de la factura
eléctrica y de los precios de los combustibles. Es increíble que, con el momento que están viviendo los consumidores, lo único que se le ocurra al Grupo Socialista en esta Comisión es traernos una proposición no de ley sobre despilfarro
alimentario, que ya trajeron en el mes de mayo. Como les decía, los consumidores están viviendo un momento convulso, porque están viendo cómo día tras día, cuando tienen que ir a comprar, los precios de los productos básicos de la cesta de la
compra se están incrementando de una forma alarmante. (Muestra un gráfico). El último estudio que ha realizado el Observatorio ConsumoClaro habla de que una compra media de productos básicos, que antes nos costaba 70 euros, ahora nos cuesta 90
euros, es decir, 20 euros más. Hay productos que se han incrementado hasta en un 30 %. En este gráfico se puede ver cómo, por ejemplo, las carnes han subido más de un 8 %, la fruta fresca más de un 15 %, los aceites y las grasas más de un 30 %,
los huevos más de un 20 % y los refrescos más de un 10 %. Esto está suponiendo una carga para las familias absolutamente inaceptable y estamos hablando en muchos de los casos de productos básicos. Ayer yo compré un kilo de calabacín, que hace un
año costaba 1,20 euros, a 3,60 euros y, probablemente mañana, si voy a comprarlo, estará más alto todavía.
¿Y por qué razón esta subida de la cesta de la compra es inaceptable para las familias? Porque hemos tenido un incremento del precio de la luz en el último año que ronda en algunos casos el 100 %. El que pagaba 50 euros, ahora paga 100
euros y el que pagaba 100 euros, ahora paga 200 euros. La subida de la luz es sistémica y afecta a todos los sectores. Todos los productores de alimentos, sean básicos o sean transformados, necesitan repercutir en el precio del alimento el
incremento del precio de la luz. Pero es que, si la luz se ha ido por las nubes, los combustibles, que son también fundamentales para el transporte de los alimentos, y vemos lo que está pasando ahora, se han ido también por las nubes. Es que
estamos hablando de que el diésel hace un año estaba en 1,21 euros y ahora está en casi 2 euros y de que la gasolina estaba en 1,18 euros y ahora está en casi 2 euros. ¿Y qué significa eso? Pues que los ciudadanos no podemos llegar a final de mes
porque la cesta de la compra ha subido como consecuencia de la subida de la energía eléctrica y de los combustibles. El consumidor paga la luz, los combustibles, lo que le incrementa, por ejemplo, la comunidad de propietarios y lo que se incrementa
de la suma de todos los incrementos en la cesta de la compra. Por tanto, es el último eslabón de la cadena y el que más está sufriendo. Y el Grupo Socialista trae una proposición no de ley sobre despilfarro, que no tiene nada que ver. ¿Y qué hace
el Gobierno? Inflarse a cobrar y a ganar dinero; se están forrando. (Rumores). ¿Cómo es posible que el Gobierno no sepa reducir, o no lo quiera hacer, los precios de la energía eléctrica y de los combustibles, cuando en este momento están
ingresando, y lo ha dicho la AIReF, 3500 millones de euros más solo por el incremento del IVA en la luz, en los combustibles y en el resto de productos? Tenemos una inflación de 7,6 puntos, que es estructural y no coyuntural como decía el Gobierno.
Las previsiones son que llegaremos al 10 % de la inflación, es decir, que los consumidores, especialmente las clases medias y las personas en situación de vulnerabilidad, no vamos a poder llegar a final de mes. Han subido el 80 % de los productos,
183 de los 221 de la cesta de la compra, y el compromiso del Gobierno es bajar 0,20 euros, según ha dicho, ya veremos mañana lo que nos explica el presidente de Gobierno, los combustibles. Pero si han subido casi 0,80 euros y ustedes van a bajar
0,20 euros, eso no es bajar, eso es subir 0,60 euros porque al final vamos a tener que pagar mucho más de lo previsto. ¿Y qué ha hecho el Partido Popular? Decirle al Gobierno que lo que tiene que hacer en este momento es bajar la luz, pero de
verdad, bajar los combustibles, pero de verdad para que baje la cesta de la compra y hacer un control de precios, porque, si no, las familias no van a poder llegar a final de mes.
Y en relación con la proposición no de ley del Grupo Socialista, que es extemporánea y no tiene ninguna urgencia, nosotros le pedimos que haga una evaluación de la Estrategia Más alimento, menos desperdicio. ¿Por qué? Porque la puso en
marcha el Partido Popular en 2013, la amplió en 2017 hasta 2021 y el Gobierno tiene que evaluarla y, si tiene que hacer una nueva, que la ponga en marcha, pero no hacernos perder el tiempo permanentemente. Ya lo hicimos en mayo y ahora vuelven
ustedes otra vez aquí con lo mismo. Bajen la luz, pero de verdad, bajen los combustibles, pero de verdad, bajen el gas, pero de verdad y bajará la cesta de la compra porque, si no, ustedes estarán machacando a las familias porque, como ya se ha
explicado en datos publicados por especialistas, desde que empezó a subir todo, las familias han perdido 30 000 millones de euros que tenían ahorrados durante la pandemia.
Buenos días y muchas gracias, presidenta. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
A continuación, tiene la palabra por el Grupo Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, el señor Delgado.
El señor DELGADO RAMOS: Muchas gracias, señora presidenta.
Apoyaremos esta iniciativa porque mi grupo parlamentario cree que la sostenibilidad en la industria alimentaria es fundamental tanto para la buena alimentación de los consumidores como para la reducción de la huella de carbono.
Dicho esto, señora Andrés, déjeme decirle que me sorprende mucho que digan -le cito textualmente- en esta iniciativa lo siguiente: 'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a la adopción de medidas que faculten, apoyen y permitan a
cada consumidor, independientemente de su situación económica, desempeñar un papel activo en la transición ecológica sin imponer un estilo de vida específico y sin ninguna discriminación social'. Este párrafo está cogido con pinzas y lo podría
haber escrito perfectamente el Grupo Popular al dar a entender que la reducción de la huella de carbono o los cambios de la industria alimentaria dependen de los consumidores solamente y no de los productores. Me parece que ustedes no han entendido
que la crisis climática es una oportunidad para vivir mejor y con más salud y afrontar los cambios en positivo y con más sentido de la justicia. Tal como ustedes lo plantean, parece que entienden que la ecología está pensada para fastidiar. La
crisis climática y sus consecuencias no son una batalla cultural, señora Andrés, ni una moda ni una feria de colores y, por tanto, no es posible lanzar mensajes para todos los públicos con el objetivo de que no se molesten los sectores más poderosos
de nuestra sociedad.
Vamos a apoyar esta iniciativa, como dicho, porque suma, pero si de verdad queremos que la industria alimentaria trabaje con lógica de sostenibilidad, se tire menos comida y la crisis climática sea una oportunidad para construir una sociedad
más amable, justa y sostenible, lo que necesitamos es aprobar en el Congreso leyes y textos legislativos que vinculen jurídicamente a las empresas alimentarias y que obliguen por ley a producir de un modo más justo y más sostenible.
Y para finalizar, el Grupo Popular se pone aquí en modo populista y de postureo del lado de las clases con menos recursos, pero, a la hora de la verdad, cuando tiene que tomar decisiones como, por ejemplo, crear empresas energéticas para
bajar el precio de la luz, como hay en otros países de Europa, vota en contra. Francia, Alemania y otros países tienen sus propias empresas eléctricas. Aquí el Partido Popular vota en contra y, aunque quiere bajar el recibo de la luz, no quiere
que haya una empresa pública. Ya sabemos que el postureo se les da muy bien.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra la señora Jara.
La señora JARA MORENO: Gracias, presidenta.
Señorías, durante la última legislatura del PP y primera parte de la actual se estaba llevando a cabo la Estrategia Más alimento, menos desperdicio, con dos períodos, de 2013 a 2016 y de 2017 a 2020, con un discurso perfectamente alineado
con la Unión Europea en cuanto a economía circular y los puntos de la Agenda 2030. Se paró en 2020, pues comenzó la tramitación del Proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que podía interactuar con dicha estrategia, y desde
entonces no se oye hablar de la misma. Es lógico que se parara la estrategia, pues esta ley es un canto a las agendas globalistas encaminadas a transferir ingentes cantidades de dinero de las clases medias y trabajadoras a las élites que impulsan
la agenda climática. Si en este momento hiciésemos una encuesta a las 4000 mismas familias que se entrevistaron en 2016 para la elaboración de la estrategia, nos encontraríamos con el fallecimiento de muchos de sus miembros por la pandemia y con el
empobrecimiento de estas familias. En la actualidad posiblemente puede que tiren menos alimentos o incluso que estén en las colas del hambre.
En el día de hoy nos vuelven a traer ustedes el más que sobado tema de desperdicio alimentario en el momento por el que atravesamos tras un empobrecimiento muy marcado de España por la pandemia y ahora con una guerra que, aunque
objetivamente no tenía que influirnos en demasía, el Gobierno aprovecha como excusa para no bajar el precio de los combustibles con cuyos impuestos están engrosando las arcas públicas y hacer poco o nada por la carestía de la energía eléctrica y el
empobrecimiento de toda la población. Igual ahora habría que desarrollar una estrategia sobre cómo ha cambiado el derroche alimentario y si realmente aún existe. El menú diario de muchas familias es pasta con tomate frito a mediodía, huevos con
salchichas por la noche y bollería industrial, que es barato, por la mañana. A esto le añadimos el ataque continuo al sector primario con el encarecimiento de los costes de producción que hace imposible el sostenimiento de pequeños productores, el
ataque a la pesca,
subvencionando el desguace de la flota pesquera, y la no aplicación de aranceles a los productos provenientes de terceros países, una vez que se sobrepasa el tonelaje anual acordado por la Unión Europea y que para marzo o abril ya se ha
copado, pero que siguen sin aplicarse aranceles a partir de ahí. ¿Por qué? De hacerlo, el precio de los productos agrícolas de terceros países subiría y los agricultores no se verían obligados, como ha ocurrido el año pasado con la campaña de la
sandía, naranjas y limones, a no recoger sus cosechas.
Puntualizando todos esos temas, también les diré que, tras hacer un estudio somero de las iniciativas sobre este tema presentadas desde 2017, se podría objetivar un copia y pega continuo tanto de las preguntas de los distintos grupos
parlamentarios entre ellos, así como de las respuestas del Gobierno del PP y del Gobierno actual, por lo que se puede inferir que todos los grupos piensan lo mismo, con leves matices y cambios de tono cuando están fuera o dentro del Gobierno.
No vamos a apoyar esta iniciativa porque no confiamos en que, si no fue efectiva hasta el año 2020, lo vaya a ser ahora, y seguimos confiando en el buen criterio de las empresas, del sector primario, de la pesca y de los ciudadanos para
reciclar los alimentos sin ayuda de un Gobierno paternalista.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Le pregunto a la portavoz del grupo autor de la iniciativa solo a efectos de aceptar o rechazar la enmienda presentada.
La señora ANDRÉS AÑÓN: Rechazamos la enmienda del Grupo Popular porque entendemos que ya se hace una evaluación anual.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
- SOBRE AUMENTO DE INSPECCIONES A LAS EMPRESAS QUE SIGAN USANDO LOS TELÉFONOS 901 Y 902 PARA LA ATENCIÓN AL CLIENTE. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/003866).
La señora PRESIDENTA: Pasamos a la proposición no de ley sobre aumento de inspecciones a las empresas que sigan usando los teléfonos 901 y 902 para la atención al cliente del Grupo Parlamentario Socialista. Número de expediente 161/003866.
Para la defensa de la iniciativa, por el Grupo Socialista, tiene la palabra su portavoz, el señor José Ramón Ortega.
El señor ORTEGA DOMÍNGUEZ: Gracias, presidenta.
Buenos días, señorías. Traemos una proposición que ha tenido una evolución en relación con los número 902 y 901, ya que no era razonable que al consumidor se le cobrara en sus relaciones con las empresas con las que tiene contrato o se le
cobrara directamente por reclamar. Era incluso un abuso y era una manera de evitar que en las reclamaciones a los consumidores se les obligara a un sobrecoste con números 902 y 901 que quedan fuera de las tarifas planas habituales que la mayoría de
los consumidores tienen. Por eso, en su momento se obligó, para empezar, a las compañías de gas y electricidad a disponer de teléfonos gratuitos de atención al cliente y esto siguió evolucionando de tal manera que en diciembre de 2020 esta
obligación se amplió a las empresas que prestan servicios básicos de interés general y que deben ofrecer esas líneas gratuitas. Estamos hablando de agua, gas, electricidad, servicios financieros y de seguros, servicios postales, transporte aéreo,
ferroviario y por carretera, protección de la salud, saneamiento y residuos. El resto de empresas deben de tener numeraciones móviles o fijas con prefijos geográficos, números que al consumidor, como digo, en la mayoría de las ocasiones no le van a
suponer un sobrecoste porque vienen en sus tarifas planas, pero sí lo tenían estos 901 y 902. De hecho, en 2019 las líneas 902 costaron a los consumidores unos 99 millones de euros en llamadas según los datos existentes. Este cambio se produjo a
finales de 2020, pero es cierto que desde las asociaciones de consumidores se han denunciado reiteradamente a diferentes empresas que siguen sin cumplirlo. Por eso, parece razonable que en nuestra función como Legislativo instemos al Gobierno de
España, para que lo traslade también a su vez al Consejo Interterritorial y a las comunidades autónomas que tienen competencias en la materia, a hacer esa llamada de atención y acelerar ese proceso de implantación de
esta norma porque, como digo, está habiendo bastantes denuncias a día de hoy de asociaciones y colectivos a diferentes empresas.
Del mismo modo, y también lo planteamos, se ha de avanzar en facilitar este contacto telefónico sin costes adicionales entre Administración y consumidores. Si era lógico para las empresas, parece lógico también que las administraciones
vayan planteándose eliminar sobrecostes en su relación con los administrados. Nosotros lo planteamos en esta proposición, porque entendemos que, pese a que hay administraciones públicas que también han llevado a efecto estos cambios a los que no
están obligadas, por cierto, pero lo han hecho a la vista de las peticiones de los consumidores y los colectivos, que, de alguna manera, se vaya haciendo norma lo que debería de ser razonable y es que si las empresas están obligadas a no añadir
sobrecostes en sus relaciones telefónicas, tampoco los añadirán las administraciones.
Se ha presentado alguna enmienda a esta proposición no de ley. Seguramente vamos a alcanzar un acuerdo en una transaccional con el Grupo Popular, pero no podemos aceptar otras enmiendas que se han presentado porque hablan, por ejemplo, de
establecer unos plazos muy estrictos de tres meses para que las administraciones cambien estos número 901 y 902 por números gratuitos. No nos parece que tenga que llevarse a efecto de una manera tan estricta, en solo tres meses, algo que no es ni
siquiera obligatorio y algo que también compete a las comunidades autónomas. Creo que tenemos que tener esa sensibilidad y respetar los ámbitos de cada uno. Por lo tanto, esperamos que tenga el apoyo de una amplia mayoría, porque entendemos que la
propuesta es razonable, que además es real en el sentido de que se están produciendo esas denuncias por parte de las asociaciones y de los consumidores y que, por lo tanto, las administraciones tienen que responder intensificando las campañas de
inspección y haciendo campañas de información a los consumidores, que no a la empresas, porque las empresas deben de saber cuáles son sus obligaciones. No podemos poner en plano de igualdad a consumidores y empresas porque el propio derecho de
consumo así lo establece; la parte débil es siempre el consumidor, con lo cual tampoco podemos aceptar una enmienda en esa línea.
Por lo demás, entendemos que tendremos un apoyo mayoritario.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
En defensa de las enmiendas presentadas, en primer lugar, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario VOX, el señor Rodríguez Almeida.
El señor RODRÍGUEZ ALMEIDA: Muchas gracias, señora presidente.
Las señorías del Grupo Parlamentario Socialista nos traen una iniciativa para instar a este Gobierno socialcomunista a cumplir la legalidad vigente. Si esa es la única aportación que pueden hacer en este principio de separación de poderes
como Grupo Parlamentario Socialista es sorprendente, pero no es extraño porque, efectivamente, ustedes mismos son conscientes de qué Gobierno han apoyado y han constituido, de que se materializa en un reiterado incumplimiento de la legalidad vigente
en el ámbito ordinario, como han puesto de manifiesto los recursos de inconstitucionalidad que los 52 diputados del Grupo Parlamentario VOX hemos presentado y han sido estimados, y de que se subvierte el orden constitucional.
Por otro lado, hemos presentado una enmienda de modificación que ya han adelantado que no la van a aceptar, nada extraño, por otra parte. Parece que la tónica habitual del Grupo Parlamentario Socialista es no aceptar nada de lo que propone
este grupo parlamentario, el Grupo Parlamentario VOX, pero poco tiempo después presentan iniciativas que instan al Gobierno a hacer exactamente lo mismo que nosotros les habíamos indicado.
Ha dicho que le parece que tres meses es un plazo muy estricto. Perfecto, pues, si usted tenía voluntad de acordar alguna transaccional con este grupo parlamentario, podría haberse sentado con nosotros para trasladarnos qué plazo le parece
razonable para que las administraciones públicas apliquen o asuman algo que se exige a las empresas. Es verdad que es algo voluntario, pero, como ustedes mismos cuentan en su propia iniciativa, es razonable que la Administración pública asuma las
obligaciones que exige a las empresas en el ámbito de su actividad, como es en este caso que la atención en líneas telefónicas no tengan un sobrecoste para el administrado ni, en el ámbito de la vida privada, para el consumidor.
En cuanto a esas campañas que ustedes llaman de inspección, que entiendo que el término más adecuado sería un plan de inspección respecto a la aplicación de esta normativa de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, el
matiz que hemos dado nosotros es que, antes de empezar
un plan de inspección, que es lo propio y siempre se ha hecho así en cuanto a la actuación, por así decirlo, bien intencionada de la Administración, hay que avisar e informar a las empresas de ello, porque, en caso de incumplimiento de la
norma, en la siguiente actuación inspectora podrán actuar en consecuencia con lo que tenga establecido la norma.
Otra cosa que también hacemos es dirigir esa campaña informativa especialmente a las grandes y medianas empresas. Creo que, tal y como está el patio, parece razonable que en un principio de proporcionalidad y gradualidad se exija el
cumplimiento de este funcionamiento en la relación con los consumidores y usuarios primero a quienes tienen más capacidad y no al pequeño y mediano empresario. Parece que todavía ustedes no se han dado cuenta de que lo están pasando muy mal desde
que ustedes llegaron al Gobierno, y no me refiero a que sea por la pandemia, sino por las medidas que han tomado, muy en contra de las que han tomado otros países de nuestro entorno para proteger y blindar la supervivencia de nuestro tejido
productivo en estos escenarios tan complejos.
Les animo a recapacitar sobre su negativa a aceptar nuestra enmienda y, si quisieran sentarse para discutir sobre los plazos o los detalles, estaríamos encantados, porque estamos seguros de que mejoraría sustancialmente su iniciativa.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
A continuación, en defensa de las enmiendas presentadas, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Castillo.
La señora CASTILLO LÓPEZ: Gracias, presidenta.
Buenos días, señorías. La PNL que hoy nos trae a debate el Grupo Socialista es una demanda razonable, real y necesaria del ciudadano e insta a su Gobierno o, mejor dicho, a su socio de Gobierno, a solucionar problemas reales como los abusos
tarifarios a los españoles de los números de teléfono de las empresas y de las administraciones públicas y entes dependientes para prestar el servicio de atención al ciudadano.
Con la tormenta que está cayendo, señorías, creemos que es importante solucionar estos pequeños detalles que afectan al ciudadano y, si es con el consenso de todos los que les representamos, mucho mejor. Este problema se ha puesto en
evidencia en los últimos informes del Defensor del Pueblo, en esa radiografía de la realidad social de España que muestra no solo el estado de la Administración, sino del conjunto de la sociedad. En el informe de 2019 ya se dio cuenta de la
situación planteada por los ciudadanos, que consideraban excesiva la facturación que debían abonar por la realización de llamadas a los servicios de atención al cliente 901 y 902 de las empresas, y las administraciones deben dar ejemplo, eliminando
esos sobrecostes, algo que, como bien se ha dicho ya en esta sala, se les exige a las empresas. Y si bien es cierto que algunas entidades ya lo han puesto en marcha como el SEPE, hay otras que todavía no. Por eso, el Grupo Popular ha enmendado
esta iniciativa pidiendo habilitar en las Administraciones territoriales de toda índole, Administración General del Estado, administraciones autonómicas y entidades locales, así como en los diferentes organismos públicos dependientes de estas
administraciones, esos números de teléfonos gratuitos o con prefijo provincial.
En el año 2019, como les estaba diciendo, se formuló la recomendación instando a modificar el artículo 21 de la Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios, pero en 2020 en el informe se vuelve a poner en evidencia que hay quejas
en relación con el sobrecoste económico que han tenido que abonar a lo largo del año 2020 esos mismos ciudadanos. Fruto de dicha recomendación, el Gobierno puso remedio a ello con el Real Decreto-ley 37/2020, de 22 de diciembre, modificándose el
artículo 21.2 -pese a que en la iniciativa ponen 21.1 es 21.2-, para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica en el ámbito de la vivienda y del transporte y en el que introdujeron esas obligaciones de las compañías de
servicios de carácter básico para que contaran con ese número de teléfono gratuito. Pero en el año 2021 nos encontramos con que en el informe del Defensor del Pueblo se siguen recibiendo quejas. Luego, pese a estar contemplado en el real decreto,
se sigue haciendo un abuso de ello. Por tanto, nuestras enmiendas, además de pedir a la Administración que dé ejemplo, pretenden poner en marcha campañas informativas y divulgativas dirigidas a consumidores y usuarios para que dispongan de
información actualizada sobre los servicios de atención telefónica, con especial atención a los servicios de carácter básico de interés general, que no contemplaba la iniciativa planteada por el Grupo Socialista, como los suministros de agua, gas y
electricidad, los servicios financieros y de seguros postales, transporte, etcétera.
También intensificar las campañas de inspección de las medidas contempladas en ese real decreto, pero refiriéndose no solamente a lo que planteaba el Grupo Socialista, sino a toda la modificación contemplada en el 21.2 para que sea realmente
efectivo.
El ciudadano necesita, señorías, que le simplifiquemos los procesos, que se los hagamos más transparentes y que le ayudemos en su día a día.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Pasamos al turno de fijación de posiciones. Por el Grupo Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra la señora López.
La señora LÓPEZ DOMÍNGUEZ: Muchas gracias, presidenta.
También muchas gracias al Grupo Socialista por esta iniciativa. Nosotros queremos destacar que cuando hace poco en esta misma Comisión tuvimos la oportunidad de escuchar al secretario general de Consumo qué medidas tenía previsto tomar en
los próximos meses, dentro de esas medidas estaba la ley de servicios de atención al cliente, que aprovecho para decir que es una buena noticia que esté a punto de empezar a tramitarse, ya que en otras legislaturas otros partidos se han dejado
convencer por los intereses de las multinacionales y han parado finalmente esta tan necesaria ley para proteger a los consumidores.
En el citado proyecto de ley, según palabras del propio secretario, se prevén, en el sentido de que ya se inició en diciembre, con la regulación de los servicios gratuitos de los teléfonos 902, también otros derechos de los consumidores como
pueden ser la atención presencial y la separación de los servicios comerciales de atención al cliente, para que no pase aquello de que te quieres dar de baja y te intentan convencer durante unos cuantos minutos en el teléfono. Han de ser servicios
evaluables y las empresas han de contar con formación y capacitación especializada para las personas que atiendan a los clientes.
Así que, como esta iniciativa del Grupo Socialista va en la línea de lo que ya se está haciendo en el ministerio y de lo que pensamos en Unidas Podemos, la apoyaremos.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Finalmente, pregunto al señor José Ramón Ortega a efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas de VOX y del Grupo Popular.
El señor ORTEGA DOMÍNGUEZ: Estamos preparando una transaccional y se las remitiremos a la Mesa, señora presidenta.
Gracias.
- RELATIVA A RECLAMAR MÁS CLARIDAD Y BAJADA DE LA FACTURA ELÉCTRICA DE LOS CONSUMIDORES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/003319).
La señora PRESIDENTA: Pasamos a la siguiente proposición no de ley, relativa a reclamar más claridad y bajada de la factura eléctrica de los consumidores, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Número, expediente 161/003319.
Tiene la palabra la portavoz del Grupo Popular, por un tiempo de siete minutos, la señora Riolobos.
La señora RIOLOBOS REGADERA: Muchas gracias, señora presidenta.
Desde el mes de octubre, el Partido Popular -y habíamos empezado ya con Filomena a principios de año- está reclamando tres cosas importantísimas. Una, la bajada del precio de la luz; dos, que se simplifique la factura de la luz, y tres,
que se mejore el bono social. En relación con la claridad de lo que tiene que ser y de lo que es el recibo de la luz, tengo aquí en mis manos un recibo de la luz (Muestra un recibo). La letra es muy pequeña, ustedes no la ven, pero yo que estoy
aquí cerca casi tampoco la veo. Este recibo de la luz tiene veintidós conceptos, y luego los explicaré. Lo que mejor se ve es que a este consumidor que pagaba el año pasado por estas fechas 140 euros de luz, le ha llegado un recibo de 243 euros,
100 euros más que lo que pagaba el año pasado. Pero es que además de esto, este recibo tiene un montón de datos, ya les decía que veintidós conceptos, de los cuales muchos de ellos son incomprensibles. De hecho, la OCU ha hecho un estudio y dice
que el 88 % de los consumidores españoles no comprenden el recibo de la luz que reciben; no lo entienden. Yo les digo una cosa: si alguno de ustedes
es capaz de explicarme y de explicarnos el recibo de la luz, yo retiro la PNL, fíjense si tengo claro que la mayor parte de los que estamos aquí probablemente tampoco lo entendemos. Aparte de ser geroglífico, farragoso, muy prolijo en
datos, tiene mucha letra pequeña y además unos términos técnicos, como PVPC, CUPS que nadie entiende lo que son. Todo el mundo dice: ¿Qué es eso de PVPC? Es el precio voluntario del pequeño consumidor, donde están once millones de consumidores,
que son los vulnerables y los que únicamente si están ahí pueden pedir, por ejemplo, el bono social. La CUPS es el código unificado de punto de suministro. Aparte de que se clarifique, nosotros pedimos que se baje el precio de la luz por lo que
les estaba diciendo. Cómo puede ser que un consumidor vulnerable de noventa años tenga que pagar 180 euros de luz, porque lo que le rebajan del bono social -tiene bono social- son solo 28 euros; al final paga 180 euros porque todo lo demás son
impuestos y otros gastos. Sin duda, hay que mejorar sin ninguna duda el bono social.
¿Qué es lo que está ocurriendo? Que se está incrementando la pobreza energética en nuestro país de forma espectacular. El último informe del propio Gobierno dice que en 2020, cuando no había subido la luz en España todavía porque empezó en
febrero del 2021, se había incrementado tres puntos la pobreza energética. En nuestro país teníamos ya cuatro millones y medio de consumidores con pobreza energética, porque o bien no tenían la temperatura adecuada en las casas o bien el retraso en
el pago era constante y permanente. ¿Sabe lo que dice la OMS al respecto? Pues que entre el 30 y el 40 % del incremento de mortalidad durante el invierno se achaca a no tener la temperatura adecuada en las viviendas. La Asociación Española de
Calidad Ambiental habla de que puede haber 8100 muertos vinculados precisamente a este tema. ¿Qué dicen ahora el Gobierno y dos partidos como el PSOE y Podemos? Que no hay que bajar la luz, pero lo que han hecho hasta ahora prácticamente no ha
servido absolutamente para nada, porque mientras ellos están recaudando, que se lo decía a ustedes antes, solo por el IVA de la luz, los carburantes, el petróleo y el gas 3500 millones de euros en lo que va de año, los consumidores nos hemos gastado
30 000 millones en el incremento de precios.
Les decía que este es un recibo de la luz. (Muestra de nuevo un recibo). Tiene veintidós conceptos. Ustedes deben saber lo que se paga por la luz. Por ejemplo, hay que saber si estás en el mercado libre o en el mercado regulado; hay que
saber que pagas a la comercializadora y a la distribuidora; hay que saber que hay un coste fijo y un coste variable; hay que saber que en el mercado fijo todos los recibos supuestamente son iguales, pero en el mercado libre cada compañía
distribuidora o comercializadora puede hacer un recibo diferente, aunque los conceptos deberían utilizarse y tenerse siempre. Se lo voy a relatar muy rápido porque no voy a hacer todo el seguimiento aquí ya que esto es muy complejo, muy complicado.
Nombre de la compañía, número de la factura, periodo de consumo, código unificado de puntos de suministro, tipo de contrato, peaje de transporte, distribución, potencia contratada, referencia del contrato de acceso, fecha final del contrato,
información del consumo eléctrico, lectura actual, consumo de cada tramo horario, atención al cliente y reclamaciones, factura por potencia contratada fija y no, peajes y cargos, margen de la comercializadora, facturación por energía consumida -la
facturación por energía consumida en este caso es este, pero tengo aquí otro que es una página entera grande-, y al final te sale una cantidad de 171 euros. ¿Y de dónde sale? No hay manera de saberlo. Si alguno de ustedes me lo adivina y me lo
sabe decir aquí repito que retiro la PNL en este momento. Pero es que además de esto tiene los costes y cargos, el coste de la energía, si tiene paneles fotovoltaicos hay que meter dos conceptos más que en la facturación por energía excedentaria, y
el ajuste de compensación por autoconsumo, y si tiene bono social, el descuento del bono social y en cuánto queda; finalmente, impuesto sobre la electricidad y alquiler de equipos de medida, más el IVA, que sigue siendo del 21 %, aunque ahora se
esté aplicando a algunos, no a todos, el 10 %. Desde luego, no es sostenible la situación que están viviendo los consumidores por el precio de la luz, el recibo que no lo entiende nadie, el bono social, que está siendo un auténtico fracaso, porque
sobre esos precios desorbitados de la luz el bono social se queda en nada, ya que si de 180 euros descontamos 28, y al final los impuestos son 28, pues se queda en 180, y una persona no puede pagar eso. A eso hay que sumarle algo espectacular, y es
que a partir de junio del año 2021 tenemos el nuevo sistema de tarifa, que ha complicado de una forma espectacular la factura de la luz para los consumidores. Miren, les voy a enseñar el recibo de una persona vulnerable de noventa años. (Muestra
un recibo). La parte frontal es igual que la que antes les he enseñado, con los conceptos, pero luego la parte del desglose de la factura es de aurora boreal, pero de aurora boreal. Esto no lo entiende nadie y mucho menos una señora de noventa
años.
Algo tenemos que hacer. Este Gobierno, en lugar de meter la cabeza debajo de no sé dónde, lo que tiene que hacer es coger el toro por los cuernos y hacer lo que le está diciendo el Partido Popular desde
hace siete meses: Baje usted la luz un 20 %, retire de la factura eléctrica conceptos que no se tienen que pagar en ella, retiren 9000 millones, porque ahora, en este momento, con esos 9000 millones descontados, estaríamos con los precios
de los carburantes más bajos, con los precios de la luz más bajos y también con los precios de la cesta de la compra más bajos. Pero no nos han hecho caso durante todo este tiempo. En la factura de la luz -se lo voy a leer porque, claro, las
comercializadoras quieren que los consumidores sepan qué están pagando- hay cargos que no tiene nada que ver con lo que yo consumo, como es la retribución de las renovables, la cogeneración...
La señora PRESIDENTA: Debe terminar, señoría.
La señora RIOLOBOS REGADERA: Ya termino, presidenta.
... los residuos y el Recore, las anualidades del déficit tarifario y el sobrecoste de generación TNP, que significa el transporte no peninsular. Esto hay que quitarlo del recibo de la luz, y si lo hubiera hecho el Gobierno no estaríamos en
la situación que estamos.
Por tanto, resumo, señora presidenta, pedimos, en primer lugar, que se simplifique el recibo, como dice el Defensor del Pueblo, que ha empezado a investigarlo, para sea más sencillo y que lo entienda todo el mundo; en segundo lugar, que se
baje el recibo de la luz, y, en tercer lugar, que se mejore el bono social.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
A continuación, en turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario de Unidas Podemos, tiene la palabra la señora López.
La señora LÓPEZ DOMÍNGUEZ: Gracias, señora presidenta.
Señora Riolobos, sé que a usted le preocupa este aspecto, cosa que me alegra porque veo que todavía le queda una pizca de realidad para empatizar con los problemas que tienen nuestros compañeros y compañeras de España. Le digo que le queda
una pizca de realidad porque lo único que ha dicho de verdad es que esto supone un problema para la gente. Todo lo demás que usted ha comentado, que lleva comentando reiteradamente y de manera muy, muy, muy cansina en todas las comisiones, es que
el Gobierno no hace nada. Eso no es verdad, porque no solo el Gobierno sí está haciendo, sino que en Unidas Podemos tenemos una propuesta muy clara en este sentido. Hay una cosa por la que no podemos hacer nada, que es que realmente si ahora nos
encontramos con este problema es porque su partido tiene ciertas tendencias a lo que hemos llamado puertas giratorias o a colocar a amigos en los sitios. Por eso ahora no quieren tocar los beneficios de las grandes empresas...(La señora Riolobos
Regadera: Bajen un 20 %. No sean cabezotas). Yo la he dejado hablar. Con esto ya no podemos hacer nada, pero sí podemos revertirlo; lo hecho, hecho está, pero se puede revertir. Por eso nosotros siempre decimos que debemos crear una empresa
pública y que debemos limitar los beneficios de las grandes empresas. De esta manera, además de las medidas circunstanciales que se están tomando en este momento, los españoles y las españolas van a ver cómo tienen una factura de la luz justa.
También le tengo que decir que cuando se toman medidas sociales recuerde usted a la hora de votar si las apoya o no, porque las palabras no sirven para nada más que para que usted haga creer a la gente que defiende una cosa que el PP no defiende.
Por último, claro que se tiene que simplificar la factura de la luz, pero me consta que ya se estaba trabajando en ello -frase que parece divertida hablando con usted- y que se van a tomar las medidas oportunas para poder comprender este
galimatías de números, de conceptos incomprensibles.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
A continuación, por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Rodríguez Almeida.
El señor RODRÍGUEZ ALMEIDA: Gracias, señora presidente.
En primer lugar, quiero decir que me ha sorprendido oír a la portavoz del Grupo Confederal de Unidas Podemos recriminar al PP esto de las puertas giratorias, porque parece que se olvida de sus socios de Gobierno del Partido Socialista, que
también hacen uso de las puertas giratorias. Acuérdese también de sus compañeros de viaje, por favor.
Señorías del Grupo Parlamentario Popular, vuelven a traer a debate otra proposición no de ley a esta Comisión de Sanidad y Consumo sobre un tema que nada tiene que ver con las competencias del ministro de Consumo. La claridad de la factura
sí guarda algo de relación, pero el precio de la electricidad depende de la Secretaría de Estado de Energía y, por tanto, debería debatirse en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico, es decir, la ministra Ribera Rodríguez para más
señas. Y si estuviesen interesados en la supervisión del mercado eléctrico español, encomendada a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, deberían debatirlo en la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Señorías del
Grupo Parlamentario Popular, no le siguen el juego al ministro comunista de Consumo, que es un experto en tirar bombas de humo, haciendo declaraciones sobre materias que nada tienen que ver con su ministerio con el único fin de distraer la atención
de la ruinosa gestión del Gobierno y de cada uno de sus ministros.
Por otro lado, su iniciativa es exageradamente breve. Leo literalmente. Insta al Gobierno a defender los derechos de los consumidores garantizando más claridad y bajada en la factura eléctrica a los consumidores. No tengan miedo, señorías
del Grupo Parlamentario Popular, de hacer propuestas concretas para conseguir esa bajada en la factura eléctrica, se darán cuenta de que no existen atajos ni soluciones mágicas. La única manera de bajar el precio de electricidad es actuar, no solo
de manera coyuntural sino de manera definitiva, sobre la tributación del consumo eléctrico como bien de primera necesidad. También tendrán que proponer algo sobre el mix energético. La propia Unión Europea ha dado la razón a VOX considerando la
energía nuclear y el gas como energías limpias. No tengan miedo a ser señalados por este Gobierno socialcomunista de la ruina y de la miseria, serán bienvenidos al sentido común. La energía nuclear es, hoy en día, la única posibilidad para
alcanzar la tan necesaria soberanía energética que exige VOX desde hace años. Tensiones coyunturales, como la actual invasión de Ucrania, ponen de manifiesto que la Agenda 2030, que ustedes han suscrito, expone a España a gravísimas
vulnerabilidades.
Nunca nos ha importado predicar en el desierto verdades elementales ante el consenso progre que ustedes han suscrito. Estamos muy orgulloso de que las movilizaciones sociales de la clase trabajadora exijan a la clase política española algo
muy elemental que desde VOX también reivindicamos: los políticos españoles deben defender los intereses de los españoles por encima de los intereses globalistas de unos pocos.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra Sánchez Jódar.
La señora SÁNCHEZ JÓDAR: Gracias, señora presidenta.
En primer lugar, les diría a las señorías de VOX, que hablan de ruina y de miseria, que yo que ustedes empezaría por decirles a los señoritos aristócratas que les dirigen a ustedes que paguen lo que deben, que paguen lo que deben.
(Aplausos). Porque, señorías de VOX, en democracia los señoritos también pagan, también pagan. ¿O es que acaso pretenden ustedes que sus deudas públicas las tengamos que pagar todos los españoles de a pie?
Señorías del Partido Popular, los que hoy dicen que el Gobierno se forra con los impuestos son los mismos que subieron el IVA general del 18 al 21 %; son los mismos que subieron el IVA de la luz del 10 al 21 %; que subieron el IBI; que
subieron el impuesto de sucesiones, el impuesto de patrimonio, el IRPF, en todos sus tramos, cinco veces; que subieron las tasas universitarias, las tasas judiciales; que crearon, además, nuevos impuestos, como el impuesto al sol, el copago
farmacéutico y uno nuevo también en el recibo de la luz, el impuesto a la producción eléctrica. Pues bien, estos mismos partidos son los que dicen ahora que hay que bajar drásticamente los impuestos, cuando un periódico nada sospechoso para
ustedes, como es el diario El Mundo, dice que son ustedes el partido que en toda la democracia ha hecho una mayor subida de impuestos en este país. Estos son ustedes, y así podríamos hablar de más de sesenta impuestos. Todo ello, mientras que, por
un lado, rescataban a la banca y planteaban una amnistía fiscal para sus amiguetes y, por el otro, nos crujían a recortes a todos los españolitos de a pie. Este es el PP, esta es su manera de forrarse, también con su caja B, cómo no, el que hoy
exige bajar el IVA de la luz, el mismo que se opuso a la bajada del 10 % hace unos meses -el mismo- y el mismo que lo subió al 21 % en plena crisis económica. Así que basta de mentiras y basta de hipocresía.
No vamos a apoyar su proposición no de ley, en primer lugar, porque no se la creen ni ustedes y, en segundo lugar, porque este Gobierno progresista esta misma mañana presenta a la Comisión Europea
una propuesta para topar el precio del gas de forma excepcional y rebajar significativamente los precios finales de la luz de forma inmediata, una vez que tenga el visto bueno de Bruselas. Además, se va a aprobar una rebaja de hasta el 55 %
en los cargos de la factura mediante una actualización del régimen retributivo de primas a las renovables, cogeneración y residuos, que va a permitir recuperar por adelantado 1800 millones de euros que las empresas debían devolver a partir de enero
por los altos precios del mercado mayorista. Además, el Gobierno va a ampliar el número de beneficiarios del bono social eléctrico a 600 000 familias, hasta casi dos millones de hogares, algo a lo que ustedes también votaron en contra en los
Presupuestos Generales del Estado. También se amplían hasta junio las medidas fiscales en la factura de la luz, la rebaja del IVA que ustedes votaron en contra, la suspensión del 7 % del impuesto a la generación eléctrica, que ustedes votaron en
contra de su supresión y que además crearon ustedes. También se extiende hasta el 30 de junio el mecanismo para reducir el exceso de beneficios en el mercado eléctrico, algo a lo que ustedes también se opusieron. Así que mejor pregúntense...
La señora PRESIDENTA: Señora Sánchez, tiene que terminar.
La señora SÁNCHEZ JÓDAR: Termino ya, señora presidenta.
Termino ya, presidenta. Finalizo invitando a las señorías del Grupo Popular a que se pregunten si van a volver a votar en contra de un paquete de medidas destinadas a ayudar a la ciudadanía española en unos momentos tan difíciles como
estos, con las consecuencias de una guerra y de una pandemia. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
- RELATIVA AL RECONOCIMIENTO DEL DERECHO AL ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDAS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-GALICIA EN COMÚN. (Número de expediente 161/003778).
La señora PRESIDENTA: Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es la proposición no de ley relativa al reconocimiento del derecho al acceso al agua potable y saneamiento, del Grupo Parlamentario de Unidas Podemos. Número de
expediente es el 161/003778.
Para la defensa de la iniciativa, tiene la palabra su portavoz, la señora Laura López.
La señora LÓPEZ DOMÍNGUEZ: Gracias, presidenta.
En 2002 el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas adoptó una observación general que definió el derecho humano al agua potable, como el suministro de agua continuo y suficiente para cubrir los usos
personales y domésticos, que se estima que vendrían a ser entre 50 y 100 litros de agua por persona al día, y que, además, esta sea salubre, libre de microorganismos, sustancias etcétera, que sea aceptable, es decir adecuada a las características
organolépticas de color, olor y sabor, físicamente accesible, se entiende a menos de un kilómetro del hogar, que el tiempo de recogida no exceda los treinta minutos, y que también sea asequible, es decir, que si puede ser no se tenga que dedicar al
agua más del 3 % de los ingresos. Fue en 2010, no obstante, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció explícitamente el derecho humano al agua estableciendo el acceso al agua suficiente y salubre como una precondición para la
realización de todos los derechos humanos. Asimismo, la Agenda 2030 prevé en su punto sexto el compromiso de garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible de las aguas y el saneamiento para todas las personas. Actualmente estamos en el
periodo para trasponer la Directiva 2021/ 84, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano, en la que nos consta que los ministerios de Sanidad, de Consumo y de Agricultura ya están
trabajando.
Hasta el momento en España, a pesar de algunos intentos, todavía no hemos conseguido avanzar suficientemente en reconocer de manera legislativa el derecho al agua y al saneamiento. El Real Decreto Legislativo 1/2001, impulsado por el
Gobierno de Aznar, introducía la posibilidad de compraventa de derechos del agua. Mal íbamos. En 2016, la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente aprobó en su sesión del 14 de diciembre una PNL sobre la mercantilización de derechos
concesionales del agua en la que se ratificaba el agua como un bien público cuyo uso debería responder a criterios de interés general por encima de la iniciada tendencia a su patrimonialización privada y su mercantilización, iniciada, como les he
comentado, por el Gobierno del PP.
En 2018, Unidas Podemos registró una proposición de reforma de la Ley de Aguas para reconocer legislativamente el derecho al agua y al abastecimiento. Esta propuesta fue vetada por la Mesa de la Cámara, con mayoría de PP y Ciudadanos, pero
pudo ser presentada de nuevo después de la sentencia del tribunal que limitaba el veto de la Mesa. Así que aquí estamos de nuevo, porque el derecho de acceso al agua todavía no está garantizado como consecuencia, entre otros factores, de que la
vivienda en España es también considerada una mercancía y el derecho a la vivienda no está garantizado. Otro factor que incide en que el acceso al agua todavía no esté garantizado en España es lo mal que tratamos a los temporeros que recogen esas
frutas que luego disfrutamos todos porque muchas veces esas personas tienen que intentar descansar en entornos húmedos, sin agua y sin luz. No solo no está garantizado el acceso al agua, sino que tampoco está garantizado que el agua sea asequible,
a pesar de que se han hecho avances relevantes, por ejemplo, durante la pandemia, cuando se prohibió de manera expresa el corte de suministros a personas vulnerables.
Si la pobreza hídrica es todavía una realidad en España, me parece que es responsabilidad de esta Cámara revertir esta tendencia. El Grupo Confederal cree que la principal causa de esta realidad es la mercantilización del agua, que permite
que multinacionales hagan negocio con el agua, que debería ser un derecho, como, por ejemplo, lo demuestra la presión que ejerce AGBAR. Recientemente, la alcaldesa Ada Colau ha tenido que personarse por una querella que la Fiscalía Anticorrupción
ya había archivado; también AGBAR, se está querellando contra cuarenta y dos municipios que han iniciado la recuperación del servicio público del agua. No solo es AGBAR, también tenemos Aqualia, Fomento de Construcciones y Contratas y Acciona. Me
parece que es correcto llamar las cosas por su nombre. Estas corporaciones privadas no solo están ejerciendo presión aquí en España, sino que en 2015, cuando el Parlamento Europeo aprobó la iniciativa legislativa procedente del Right2Water,
presionaron en contra a través de los lobbies de la European Federation of National Associations of Water Services. También aquí en España las distintas asociaciones que engloban estos lobbies, a estas empresas privadas, hicieron campaña en contra
de las medidas del escudo social para hacer frente a la COVID-19 y, como he dicho antes, prohibir los cortes de suministro a los hogares vulnerables.
A pesar de todo lo contado, vemos la buena voluntad del Partido Popular que ha presentado una enmienda. Estamos trabajando para ver si nos podemos poner de acuerdo para que esta PNL sobre el derecho al agua y al abastecimiento salga
adelante.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
En defensa de la enmienda presentada, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Popular, la señora Riolobos.
La señora RIOLOBOS REGADERA: Gracias, señora presidenta.
Con esta proposición no de ley me pasa lo mismo que con la del Grupo Socialista. Con la que está cayendo y con los problemas que tienen en este momento los consumidores, que el Grupo de Unidas Podemos traiga esta proposición no de ley sobre
temas de agua que están superados me hace mirar hacia atrás porque parece una proposición no de ley del siglo XIX, desde luego, nunca del siglo XXI; no digo siglo XX he dicho del XIX al XXI. En el petitum de la proposición no de ley dice: Adoptar
las medidas necesarias para garantizar el acceso universal a los servicios de abastecimiento y saneamiento -100 % en los municipios de nuestro país, no hay ningún problema-: garantizar el derecho de las personas consumidoras a una información sobre
calidad. Hace cuarenta años que hay una red de vigilancia de control de calidad de las aguas potable, que está totalmente informatizada, que la lleva al Ministerio de Sanidad y cuyos datos son públicos, más luego el control que llevan los
ayuntamientos y las empresas. Esto está absolutamente superado. Hombre, en un pueblo, en un país de África o en otras zonas en vías de desarrollo tiene sentido. Ustedes no están en la realidad, no entienden cómo es nuestro país, no lo comprenden.
Esto está completamente superado. He trabajado toda mi vida en esto y cuando yo llegué a trabajar hace veinte o treinta años ya estaba superado.
Seguimos: Declarar el agua potable y el saneamiento como bienes de titularidad exclusivamente pública. Es que es público. Otra cosa es que la gestión pueda ser privada. Titularidad 100 % pública. En nuestro país, todos los sistemas de
abastecimiento de agua son públicos, todos, y puede haber de gestión privada, pero desde luego son públicos 100 %. Luego piden establecer una garantía de acceso mínimo a los servicios de agua potable y saneamiento para la población vulnerable y en
riesgo de exclusión. Lo tienen en este momento, porque no se corta el agua a nadie; pero además con medidas que ustedes han
puesto en marcha y que llevan así toda la vida. Nunca se corta el agua a nadie, jamás, y menos a los vulnerables. Quinto punto: Instituir cuantas medidas sean necesarias para declarar el agua potable y los servicios de saneamiento como
derechos de ciudadanía. Pero si lo son, es un derecho universal. Termina diciendo: Adoptar medidas para garantizar la salubridad y la limpieza de las aguas de consumo humano. Pero vamos a ver, si las aguas de consumo público en nuestro país
están todas depuradas, potabilizadas u ozonizadas si hace falta; todas controladas y vigiladas por los sistemas de abastecimiento de agua y los controles de los ayuntamientos o de las empresas que la gestionan. Ustedes no están en la realidad.
Para un país en vías de desarrollo esto me parece fenomenal, pero en España es absolutamente inaceptable.
Por eso, porque esto está todo superado, hemos presentado una enmienda que va en los siguientes términos. Decimos que no incrementen la fiscalidad del agua, que lo están haciendo en algunas comunidades autónomas, y que utilicen los fondos
europeos para mejorar algunas infraestructuras y evitar, como puede ocurrir, cortes de agua en algunos momentos de sequía extrema en algunos municipios pequeños, y, sobre todo, que se trabaje por el Pacto estatal por el agua, que es lo que en este
momento se necesita.
Quiero aprovechar esta proposición no de ley para denunciar aquí que, por ejemplo, en Castilla-La Mancha, hace apenas un mes, en el mes de febrero, se ha puesto en marcha la Ley de Aguas de Castilla-La Mancha. ¿Y sabe lo que hacen? Lo que
sabe hacer el Partido Socialista, subir impuestos. Han puesto un impuesto nuevo, que llaman canon de la Directiva Marco del Agua, y han incrementado las tasas de aducción y de depuración de aguas. ¿Sabe lo que han conseguido? Por ejemplo, que una
familia media de tres miembros tenga que pagar por el agua 50 euros más solo por el canon, pero si a eso le sumamos las tasas son 76,5 euros; o que una familia de cuatro miembros tenga que pagar 60 o 100 euros más al año. Y le digo más. ¿Sabe lo
que va a ocurrir? Que van a subir los gastos de todas las empresas que tienen que ver con servicios básicos para los ciudadanos, porque se va a incrementar el precio del agua; por ejemplo, en un lavadero de coches puede rondar los 1500 euros más
al año o en una bodega 1000 euros más. ¿En qué se va a traducir eso? En que todas las subidas de agua para todas las empresas, industrias y servicios al final se van a repercutir en el consumidor, y el consumidor va a pagar más por el recibo del
agua, más por la depuración y más por poner el incremento de gastos del resto de servicios. Eso es lo que hace el Partido Socialista, subir, subir y subir precios a los consumidores.
Espero que lleguemos a un acuerdo, pero yo le digo que esta proposición no de ley no tiene el más mínimo sentido, excepto que dijera: Vamos a invertir fondos de la Unión Europea para mejorar los sistemas de distribución de agua, las
potabilizadoras, las redes de distribución o la depuración de aguas residuales o para bajar los impuestos a los ciudadanos en lugar de subirlos como hace el Partido Popular, perdón, el Partido Socialista en Castilla-La Mancha. (Risas.-Rumores).
Ríanse, pero luego hacen lo que les digo, aunque lo hacen con ocho meses de retraso.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por favor, ruego silencio para que nos escuchemos todos.
Pasamos al turno de fijación de posiciones. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Díaz.
El señor DÍAZ GÓMEZ: Gracias, presidenta.
Seré muy breve. Nos han pasado una propuesta de enmienda transaccional que nos movería del voto en contra a la abstención y les digo por qué. Porque en el marco del agua, y más vinculado al consumo, hay una constante que se da en esta
Comisión y es que en el momento en que la gestión de algo, aunque sea pagado con recursos públicos, intervenga una gota -nunca mejor dicho al ser esta proposición no de ley- privada, automáticamente ya es todo privado y ya está todo demonizado. (La
señora Medel Pérez hace gestos afirmativos). Gracias, Rosa, porque me lo confirmas con la cabeza. Efectivamente, en cuanto hay una molécula privada para Podemos es privado. Para mí en cuanto hay una molécula de demagogia podemil, yo no la apoyo y
aquí ahí hay kilos de demagogia podemil. (La señora Medel Pérez: Podemita, no podemil). Me recuerda a otros tiempos en los que se dijeron cosas tan célebres como que somos del viento. Esta no es una comisión de poesía en la que se dice que el
agua es de todos y el agua es pública. Pues claro que el agua es pública, claro que hay derecho al agua y claro que tiene que haber acceso al agua. Entiendo que ustedes no sepan qué proponer y que ustedes en lo referente a Consumo no quieran tocar
al ministerio del señor Garzón, es más, no quieren ni recordarnos que está ahí, pero creo que estas cosas que ustedes presentan no sirven para nada y, además, se instan ustedes mismos a que el agua sea pública.
Señores de Podemos, cada vez que ustedes quieran demonizar la colaboración público-privada, se van a encontrar con el voto en contra de Ciudadanos. Señora Medel, si usted cada vez que intervenga un factor privado en un servicio que se da a
la ciudadanía lo considera privado, aunque todo lo demás sea público, está usted privatizando España entera. (La señora Medel Pérez: ¡Es un fraude!).
Nos abstendremos si la enmienda transaccional continúa hacia delante. Si no, votaremos en contra.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra la señora Jara.
La señora JARA MORENO: Gracias, presidenta.
Señorías, hacer una iniciativa sobre algo que ya está en marcha en Europa y que ya está en fase de trasposición en nuestro país es un canto al sol para hablar de la Agenda 2030 y además no debería estar aceptada en la Comisión de Sanidad y
Consumo, porque entiendo que tendría que ir encajada en la Comisión de Agricultura y Pesca o en la Comisión de Agenda 2030. En nuestro grupo parlamentario pensamos que el tema del agua es un tema mucho más amplio. Hay que garantizar que el agua
sea un recurso accesible a todo el mundo para uso agrícola, ganadero, industrial y humano, pues gran parte del problema de despoblación lo tenemos en la España seca. Hay que interconectar todas las cuencas hidrográficas y hacer posteriormente
canalizaciones hacia todos los núcleos de población en los lugares donde no estén hechos.
Respecto al uso humano, con una buena red de distribución estaría asegurado, aunque no creemos que sea un problema de gran envergadura, pues, dentro de las normativas, cualquier construcción que se haga tiene por obligación tener
abastecimiento de agua potable y saneamiento para obtener los permisos de habitabilidad.
Pensamos que es imprescindible promover estrategias que posibiliten la comunicación entre todas las cuencas hidrográficas del territorio nacional, a fin de paliar la falta de agua que aqueja a diferentes puntos de España y las subsiguientes
canalizaciones hacia los núcleos de población o puntos estratégicos que aseguren el riego. Creemos que es importante hacer también una reglamentación acerca de la construcción de pozos ciegos que puedan contaminar los acuíferos con bacterias
multirresistentes provenientes de humanos y animales y promover estrategias que optimicen los estudios microbiológicos, así como detección de tóxicos en aguas residuales y acuíferos de forma reglada y que mejoren y modernicen las actuales.
El agua es un bien común al que tiene derecho todo español, viva en el territorio que viva, y del que debe tener un uso y disfrute equitativo con el mismo precio por metro cúbico en todo el territorio nacional. El estudio de las
características farmacológicas y microbiológicas de las aguas de desecho puede ayudar a la detección precoz de enfermedades transmisibles entre humanos o animales, así como de tóxicos industriales y de antibióticos en las aguas.
No apoyaremos esta iniciativa porque es pura Agenda 2030 y una vieja táctica comunista que consiste en trasladar un problema que sucede en otros países de forma artificial al nuestro y ofrecer soluciones socialistas.
En España, el sistema de vigilancia de la calidad de las aguas, a pesar de ser un país sin pluviometría abundante, es razonablemente bueno y se basa en la colaboración público-privada que el proponente quiere abolir. Además, la redacción
del punto tres del petitum contraviene el contenido de la Ley de Aguas en la modificación operada según el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, en particular en lo relativo a
los derechos concesionales.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Julio Navalpotro.
El señor NAVALPOTRO GÓMEZ: Muchas gracias, presidenta.
Para nosotros el agua es un bien público que el Estado debe proteger y amparar, así como garantizar su acceso a todos los ciudadanos. El agua es básica para el desarrollo de los territorios y la dignidad de quien los habita. Ningún
proyecto de avance social podrá salir adelante sin la disponibilidad de agua de calidad. Así lo hemos entendido siempre. Ya en 1985 la Ley de Aguas, aprobada durante el Gobierno de Felipe González, estableció el carácter público del agua en
nuestro país. Asimismo, en nuestro programa
electoral planteamos que el derecho a los servicios básicos del agua y al saneamiento se consideran como un bien de interés general y de dominio público, un bien común imprescindible para la vida, cuyas carencias afectan especialmente a las
personas y sectores vulnerables y que incluye también la prohibición de realizar cortes de suministro.
Apostamos por la gestión directa de los servicios públicos en todos los casos en los que sea posible y, en los que no lo fuera, por regular y controlar el acceso al agua de todos los ciudadanos. La PNL que presenta el Grupo de Unidas
Podemos hace referencia a la Directiva 2184 del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano, directiva cuya trasposición debe estar hecha en enero de 2023. La directiva, que responde a distintos
acuerdos internacionales de las Naciones Unidas, la Comisión Europea y la Organización Mundial de la Salud y que recoge anteriores directivas europeas, dando respuesta a la preocupación por mejora del acceso al agua de consumo, especialmente de los
grupos vulnerables, se está trasponiendo al derecho español en el real decreto por el que se establecen los criterios técnicos sanitarios del suministro y el control de la calidad de agua de consumo.
En definitiva, aunque hay que recordar que la prestación del servicio de abastecimiento y saneamiento es competencia de los municipios a través de las empresas operadoras, según establece la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, este
grupo votará a favor de la PNL de Unidas Podemos.
Gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Solo a los efectos de aceptar o rechazar la enmienda presentada, tiene la palabra la señora López.
La señora LÓPEZ DOMÍNGUEZ: Hemos acordado una transaccional que se remitirá a la Mesa en su momento.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
- POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LLEVAR A CABO MEJORAS RETRIBUTIVAS EN EL COLECTIVO DE LOS MÉDICOS INTERNOS RESIDENTES, ASÍ COMO A LOS DEMÁS COLECTIVOS QUE SE INCLUYEN EN LA FORMACIÓN SANITARIA ESPECIALIZADA (FSE). PRESENTADA POR EL
GRUPO PARLAMENTARIO PLURAL. (Número de expediente 161/003728).
La señora PRESIDENTA: Pasamos a la proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a llevar a cabo mejoras retributivas en el colectivo de los Médicos Internos Residentes, así como a los demás colectivos que se incluyen en la
formación sanitaria especializada del Grupo Parlamentario Plural. Número de expediente 161/003728.
Para su defensa, por un tiempo de siete minutos, tiene la palabra la portavoz, la señora Cañadell.
La señora CAÑADELL SALVIA: Muchas gracias, presidenta.
Como todos ustedes sabrán, cuando un estudiante finaliza el grado de medicina y realiza el examen mir, antes de poder ejercer una especialidad tiene que formarse durante cuatro o cinco años bajo un contrato mixto laboral-formativo.
En 2006, en el marco del Consejo Interterritorial de Salud, se llegó a un gran acuerdo entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas para sacar adelante el Real Decreto 1146/2006 en el que viene fijado el marco regulador del
contrato de los mir y también para incrementar en un 18 % el sueldo de los residentes en todo el Estado. Dieciséis años después reclamamos al ministerio que vuelva a tener esta misma voluntad de acuerdo porque, dieciséis años después, un residente
sin guardias cobra tan solo un 12 % más que en 2006. Ha pasado de 1112 euros en 2006 a 1245 euros en 2022. En este mismo periodo de tiempo el salario mínimo interprofesional ha aumentado casi un 85 %, pasando de 541 euros a 1000 euros. (Muestra
un gráfico). Además, mientras que un residente de primer año en España percibe entre 1100 y 1400 euros brutos al mes -varía en función de la comunidad autónoma-, un residente de primer año en Alemania cobra entre 4600 y 5100 euros, en Bélgica
alrededor de 2600 euros y en Portugal alrededor de 1571 euros.
Nuestros futuros médicos han perdido poder adquisitivo y su salario es apenas un 26 % superior al salario mínimo, cuando el trabajo que en realidad desempeña un mir en un centro sanitario no es solo formativo, sino también de ayudante del
médico adjunto.
Esta proposición no de ley llega a esta Comisión después de varias huelgas de los mir en los últimos años, unas huelgas que han conseguido mejoras salariales en algunas comunidades autónomas, pero que no son suficientes. Ahora le toca al
Ministerio de Sanidad poner de su parte. Esperemos que la reciente dimisión del director general de Ordenación Profesional, que en cierta manera era el interlocutor del ministerio con los mir, no demore más la mejora de las condiciones de los mir.
Por todo ello, con esta proposición no de ley queremos emplazar al Gobierno a que se tome en serio las reivindicaciones de los residentes y que se ponga manos a la obra para materializar un incremento salarial significativo durante este año
2022 en aquellos conceptos que dependen del Ministerio de Sanidad tanto para los médicos residentes como para el resto de los colectivos que se incluyen en la formación sanitaria especializada.
El Grupo Popular y VOX han presentado enmiendas a la proposición no de ley. Ya he hablado con sus portavoces y vamos a presentar la proposición no de ley en sus términos iniciales.
Espero y deseo que esta proposición no de ley sea aprobada por unanimidad de los grupos que están hoy en la Comisión en beneficio de los médicos residentes y del resto de los colectivos que se incluyen en la formación sanitaria
especializada.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Se han presentado enmiendas y tiene la palabra, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Popular, la señora Velasco.
La señora VELASCO MORILLO: Muchísimas gracias, presidenta.
Muy buenos días, señorías. Debatimos una iniciativa que afecta a las mejoras retributivas en el colectivo de los médicos internos residentes, así como de los demás colectivos que se incluyen en la formación sanitaria especializada:
enfermeras, farmacéuticos, psicólogos, biólogos y bioquímicos, propuesta con la que estamos totalmente de acuerdo. Este tema se enmarca en el Real Decreto 1146/2006, de 6 de octubre, por el que se regula la relación laboral especial de residencia
para la formación de especialistas en Ciencias de la Salud. Este real decreto precisa de una modificación en los aspectos del ámbito formativo, laboral, retributivo y de conciliación de la vida familiar y profesional, modificación que, desde el
Grupo Parlamentario Popular, ya pedimos mediante una enmienda con una disposición adicional nueva en la tramitación del Real Decreto-ley 21/2020, que posteriormente dio lugar a la Ley 2/2021. Dicha enmienda no fue aprobada en esta Comisión y, en
lugar de contar hoy con un nuevo real decreto que contemple las mejoras del sistema de formación sanitaria especializada en nuestro país, nos encontramos en el debate de esta proposición no de ley, que está bien, pero que pasará a ser uno más de los
temas que apruebe esta Comisión y posteriormente el Gobierno no haga nada. Esperemos que esta vez no sea así.
Señorías, nos encontramos ante una situación que requiere tomar medidas ya porque, a pesar del reconocimiento del sistema sanitario español y de la excelencia del modelo de formación sanitaria especializada, la realidad de la práctica diaria
saca a la luz graves problemas como el déficit de supervisión, las escasas actividades formativas, la asunción de responsabilidades que exceden de sus competencias, las jornadas de treinta y seis horas ininterrumpidas, los sueldos bajos, como ha
indicado la proponente, las camas calientes y la imposibilidad para la conciliación familiar.
Las consecuencias directas de estos problemas, señorías, no solo afectan a los residentes, sino que constituyen un empeoramiento de la calidad asistencial y, en ocasiones, riesgos para la seguridad del paciente. La solución que viven los
especialistas en formación actual y los futuros hace que abordemos ya una mejora en sus condiciones formativas, laborales y retributivas que aseguren una mayor calidad asistencial y seguridad del paciente. Para mejorar es necesario modificar el
Real Decreto 1146/2006, que es el que fija el marco de la regulación laboral de los especialistas en formación. Ha quedado, señorías, obsoleto y actualmente no refleja la realidad asistencial y formativa de los hospitales.
Los mir han perdido entre un 20 y un 25 % de poder adquisitivo en el período 2009-2021, según datos del Centro de Estudios del Sindicato Médico de Granada. Un mir en 2021 trabaja más horas y por una retribución menor que en el año 2009. La
realidad es que el trabajo que desempeña un mir no es formativo, sino el de un ayudante más del adjunto. El Gobierno, que solo destina un 1,5 % del Fondo de Recuperación europeo a sanidad, de los 70 000 millones que recibirá España, no destina nada
a mejorar los sueldos de los mir y eso que una de las condiciones que imponía Bruselas era la mejora de los sueldos de los profesionales sanitarios.
Señorías, tenemos hasta una diferencia de 895 euros entre las comunidades que mejor y peor pagan a los mir. Existe una apabullante inequidad en función del territorio donde hagas la residencia por el mismo trabajo.
Señorías, es urgente mejorar las condiciones laborales, no solo las retributivas, que también, y formativas para la especialidad en formación en toda España. El Sistema Nacional de Salud necesita a los sanitarios especialistas y, desde el
momento de su elección, el Gobierno les está poniendo trabas mediante un sistema de elección de plaza mir, este año, por ejemplo, que no es en tiempo real y muestra es la manifestación que la semana pasada ellos mismos realizaron.
Posteriormente, cuando están en formación de su especialidad, se encuentran con graves problemas en el ámbito formativo, sueldos pírricos o jornadas sin descanso, sin libranzas después de la guardia y sin establecer un mínimo de horas
semanales para la formación teórica. Esto lleva a tener sanitarios especialistas quemados desde el inicio de acceder al sistema y no es lo que necesitan los futuros especialistas sanitarios de nuestro país ni nuestro Sistema Nacional de Salud.
La señora PRESIDENTA: Tiene que terminar ya.
La señora VELASCO MORILLO: Desde luego, lo que se necesitan y muestra nos han dado con la pandemia es que les cuidemos y consigamos de una forma ordenada, reglada y mediante las mejores condiciones que sean los mejores sanitarios tanto en
la formación como posteriormente en el ejercicio de su profesión.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Hay una enmienda de VOX que por error se presentó en el primer punto del orden del día. La enmienda pertenece a este punto, con lo cual le doy la palabra al señor Salvá Verd y, lógicamente, queda anulada en donde en
un principio estaba.
Tiene la palabra.
El señor SALVÁ VERD: Muchísimas gracias.
Antes de empezar, aunque no admitan nuestra enmienda, nosotros vamos a votar a favor, puesto que los mir tienen todo nuestro apoyo.
Es una pena que no se admita nuestra enmienda porque es muy concreta. La voy a leer. 'Materializar en el presente ejercicio un incremento significativo de la retribución en aquellos conceptos que dependen del Ministerio de Sanidad, de los
Médicos Internos Residentes, MIR, que presten servicios en las entidades titulares docentes dependientes del Sistema Nacional de Salud, mediante modificación del Real Decreto 1146/2006, de 6 de octubre, por el que se regula la relación laboral
especial de residencia para la formación de especialistas en Ciencias de la Salud'. Se garantizará 'el incremento de las pagas extraordinarias, de junio a diciembre, mediante la adición al salario bruto mensual del complemento de grado de
formación; un incremento de 120 euros en el complemento de grado de formación de R1 a R5; el establecimiento de un plus de insularidad tanto para los médicos internos residentes de Islas Baleares como de Islas Canarias y el establecimiento de un
plus de COVID-19 para los residentes asignados a dichas zonas de trabajo asistencial'.
He buceado en Instagram y en Twitter y esto es lo que ellos solicitan. (Muestra un documento). Para que vean lo mal que se paga a los mir, estas son las guardias y lo que ellos proponen. (Muestra otro documento). Hablan de explotación.
Les pagan 9,78 euros la hora y ellos lo llaman explotación y nosotros nos sentimos totalmente identificados con ellos.
Hablando de la iniciativa del PDeCAT, que yo agradezco, hay un punto con el que no estamos conformes que dice: 'consideramos inaceptable que nuestros futuros médicos se encuentren en una situación de precariedad...' No son futuros médicos,
sino médicos reales y presentes, están colegiados y pueden recetar.
También hay otra cosa que queríamos decir y es que ellos hacen una serie de reivindicaciones. Son muy largas y no me da tiempo a enumerarlas, pero hablan del complemento de grado, de programas de acción social, del caso de baja laboral de
los residentes que han trabajado en las zonas de COVID-19, quienes han recibido muchos aplausos, pero después se olvidan de ellos, de la posibilidad de recibir los trienios, de un plus de residencia y de los contratos de interinidad.
Otra cosa que también es de sentido común es que en muchos países, por ejemplo, en Francia y en Alemania, por no decir Estados Unidos, hay intercambio de mir en los hospitales del que nosotros somos
partidarios. Pedimos que en los hospitales se hable un solo idioma y se escriba en un solo idioma, el castellano, aunque sean bilingües, para que puedan circular con toda libertad por todo el territorio nacional, según convenga, y pasen de
una materia a otra que pueda tener un déficit de su especialidad en el hospital donde están asignados.
En España solamente en el año 2020 casi 4000 médicos más pidieron certificados de idoneidad para salir al extranjero, siendo las cifras oficiales de casi 24000 médicos. O cuidamos nosotros a nuestros médicos internos residentes,
farmacéuticos residentes, químicos residentes, etcétera o el relevo generacional cada vez va a ser más difícil.
Atendámosles y hablemos con ellos. El Gobierno no puede dejar sin médicos a España. Solamente en las Islas Baleares hay más de mil médicos sin titulación que trabajan en el Insalud. Esto no es presentable. Hagámoslo.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Pasamos al turno de fijación de posiciones. En primer lugar, por el Grupo Ciudadanos, tiene la palabra el señor Díaz.
El señor DÍAZ GÓMEZ: Gracias, presidenta.
Seré muy breve. Vamos a apoyar esta iniciativa. Todos los miembros de esta Comisión hemos conocido el esfuerzo que han hecho tanto los mir como la formación sanitaria especializada a lo largo de la pandemia. Hemos visto cómo se les
exigían esfuerzos muy superiores a los que éticamente debían hacer, que se han esforzado hasta límites insospechados y que, a cambio, han recibido del Gobierno un trato que no quiero calificar porque no quiero caer en apelativos muy gruesos. Lo que
hemos vivido con los mir, la asignación de plazas y los exámenes a lo largo de la pandemia, ha dejado mucho que desear e incluso el trato que se les ha dado en conversaciones por parte del ministerio ha dejado mucho que desear. Toda iniciativa que
intente subsanar el maltrato que han recibido por parte del ministerio tanto los mir como el resto de profesionales de la sanidad con formación especializada en este período es bienvenida y creo que esta mejora de sus condiciones laborales y
salariales es más que merecida. Las cosas se olvidan muy pronto, ya no estamos hablando de la pandemia, sino de otra cosa, vamos saltando de tema en tema con una velocidad vertiginosa y se nos olvida todo lo que nos hemos dejado en el camino y una
de las cosas que nos hemos dejado en el camino son los aplausos en los balcones y demás. Por tanto, que se materialice.
Han hecho muy bien en presentar esta propuesta y nosotros la apoyaremos.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos tiene la palabra la señora Medel Pérez.
La señora MEDEL PÉREZ: Nosotros también vamos a apoyar esta PNL del PDeCAT. Es necesaria una mejora retributiva para los mir porque es evidente que han perdido poder adquisitivo durante este periodo. En 2007 su sueldo era el doble del
salario mínimo interprofesional y en la actualidad apenas está un 26 % por encima. Creo que hacer comparaciones con los salarios de otros países no nos toca sencillamente porque no es comparable. El sueldo mínimo interprofesional en 2022 en
Alemania es de 1621 euros y solo basta decir eso. Pero quiero decir que no es solamente un problema de salario. Quiero recordar aquí que Unidas Podemos presentó una PNL que fue aprobada por unanimidad en esta Comisión hace un año sobre la
necesidad urgente de poner en marcha las auditorías de las unidades docentes y no parece que el ministerio haya hecho nada al respecto. No solamente es un problema de salario, que es importante, sino de supervisión de la calidad, que es fundamental
para el caso de un mir.
Otro tema más. Según la Amyts y Comisiones Obreras, el 40 % de los mir que terminaron la residencia en 2021 no han aceptado los contratos que se les han ofrecido. Esa es la media en España. Voy a dar las cifras de Madrid y de Asturias
porque son opuestas. En Madrid, de los que acabaron medicina de familia en 2021, 224 médicos especialistas, solo 17 recién formados eligieron plaza en los centros de salud de Madrid, el 92 % decidió no coger esas plazas. En Asturias, se quedó sin
contratar solo el 5,98 % de los médicos de familia y no fue porque no hubiera ofertas laborales. Es posible que muchos residentes de familia decidan hacer otra especialidad porque hay veces que lo hacen así, pero lo que creo que es indicativo de
este hecho es que los contratos que se ofertan son precarios, pese a que aparentemente
todos estamos de acuerdo en reforzar la atención primaria, pero debe ser solo aparentemente y la realidad va por otro lado. Quiero decir que la problemática no es solo salarial, sino mucho más amplia.
De todas formas, vuelvo a repetir que votaremos a favor.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Elvira Ramón.
La señora RAMÓN UTRABO: Gracias, presidenta.
Vaya por delante nuestro reconocimiento a todos los profesionales sanitarios y, cómo no, también al colectivo de médicos internos residentes y a los demás colectivos que se incluyen en la formación sanitaria especializada.
La Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, constata que la regulación de la relación entre el residente y las entidades titulares docentes en su vertiente laboral se asienta básicamente sobre el contrato
individual de trabajo. En su artículo 20.3 f) y en la disposición adicional primera se ordena al Gobierno a la aprobación de un real decreto que regule la relación laboral de carácter especial de este personal, estableciendo por primera vez un
nuevo marco general. Eso fue lo que hizo el Gobierno de España en el año 2006, un real decreto aprobado por unanimidad por todas las comunidades autónomas. Quiero poner en valor que este real decreto se aprobó por un Gobierno socialista. Este
real decreto mejora notablemente las condiciones de los MIR, por primera vez tienen un contrato laboral con los mismos derechos que cualquier trabajador o trabajadora; se pone una horquilla que va de los 2100 euros para los R1 a los 2900 para los
R5; se fija también una jornada laboral para que, si en un determinado momento hay abuso, pueden reclamar como el resto de los trabajadores y de las trabajadoras, porque por primera vez los MIR tienen una norma que les protege de posibles abusos y
pueden reclamar y exigir su estricto cumplimiento, y por primera vez se especifican medidas para conciliar la vida familiar y laboral para proteger a la mujeres víctimas de violencia de género y para garantizar la igualdad de los discapacitados y
discapacitadas. En la disposición adicional primera de la citada ley se indica que los residentes tendrán la consideración de personal laboral temporal del servicio de salud o centro en el que reciban la formación, que deberán desarrollar el
ejercicio profesional y las actividades asistenciales y formativas que de los programas de formación se deriven y que el Gobierno regulará mediante real decreto la relación laboral especial de residencia, de acuerdo con las normas de la comunidad
europea que resulten aplicables y estableciendo, además de las peculiaridades de su jornada de trabajo y riqueza de descansos, los supuestos de resolución de los contratos cuando no se superen las evaluaciones establecidas.
Dado que los residentes, de acuerdo con la normativa vigente son personal laboral temporal del servicio de salud correspondiente, la regulación de su salario corresponde a las comunidades autónomas. De la misma manera, el reconocimiento de
la función tutorial o del jefe de estudios de la formación sanitaria especializada es una competencia también de las comunidades autónomas. Por eso no podemos apoyar esta proposición no de ley.
Antes de finalizar me gustaría decirles tanto a la portavoz del Grupo Popular como al de Ciudadanos que, como dice el refrán, obras son amores y no buenas razones. Está muy bien que digan que hay que cuidar y proteger a los profesionales,
cuestión con la que mi grupo, el Grupo Socialista, está totalmente de acuerdo, pero allí donde gobiernan, como en Andalucía, que lo lleven a la práctica, porque a finales del año pasado pusieron en la calle a más de 8000 sanitarios. (Una señora
diputada: Mentira).
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Tiene la palabra, señora Cañadell, autora de la iniciativa, solo a los efectos de aceptar o rechazar las dos enmiendas que se han presentado, la de VOX y la del Grupo Popular.
La señora CAÑADELL SALVIA: Ya lo he dicho durante mi exposición. Vamos a votar el texto en su formato original. Agradezco a los grupos sus enmiendas, pero lo mantengo como estaba.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias.
- RELATIVA A EXIGIR EL FIN INMEDIATO DE LA OBLIGATORIEDAD DEL USO DE MASCARILLAS EN TODOS LOS ESPACIOS INTERIORES Y EXTERIORES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO VOX. (Número de expediente 161/003942).
La señora PRESIDENTA: Pasamos a la última iniciativa, que es la proposición no de ley relativa a exigir el fin inmediato de la obligatoriedad del uso de mascarillas en todos los espacios interiores y exteriores. El autor es el Grupo
Parlamentario VOX, número de expediente 161/003942.
Para la defensa de la iniciativa, tiene el grupo parlamentario autor de la iniciativa por tiempo de siete minutos.
Tiene la palabra el señor Steegmann.
El señor STEEGMANN OLMEDILLAS: ¿Tanto?
La señora PRESIDENTA: Si es menos, mejor.
El señor STEEGMANN OLMEDILLAS: Voy a ser más breve, señora presidenta. Muchísimas gracias.
Señorías, nuestra proposición no de ley insta al Gobierno a retirar la obligatoriedad del uso de las mascarillas en todos los ámbitos y para cualquier edad -aquí pensamos mucho en los niños-, salvo en el interior de los centros sanitarios y
sociosanitarios y esto solo hasta que sea imprescindible. Es decir, el énfasis que hacemos en esta PNL -como hemos dicho en repetidas ocasiones- es que debemos instar al Gobierno a que recomiende y no obligue.
Como me van a sacar seguramente los informes del ECDC, hay que resaltar que en ningún momento abogan por que las mascarillas sean obligatorias. Textualmente dice la última revisión del 7 de febrero: Una opción adicional es centrarse en el
uso de mascarillas en entornos específicos para proteger a las personas vulnerables al COVID-19 grave, como los ancianos y las personas con enfermedades subyacentes, y para las personas que interactúan habitualmente con ellas, como los entornos
asistenciales. Continúa: Otros factores a tener en cuenta son la proporcionalidad con respecto a otras medidas, la aceptabilidad por parte de la población y el acceso, la disponibilidad -aquí viene siempre el pasteleo del ECDC que tanto le gustaba
al señor Simón- y la tolerabilidad -esto es importante-, además de la eficacia. Y yo les digo a ustedes, señores de la siniestra, si nos vamos al acceso, ¿qué tipo de acceso han facilitado ustedes cuando las clases trabajadoras han tenido que
elegir entre mascarillas y alimentos? Han tenido que reutilizar las mascarillas porque, como demostró ingeniosa y habilidosamente y, además, con razón, la señora Ríolobos el día 24 de febrero, en España se han utilizado dos mascarillas por
habitante y mes, en vez de una mascarilla al día. ¿Por qué? Porque ustedes las han puesto caras, claro. Y si nos vamos a la eficacia tenemos que acudir al que posiblemente es el mejor centro universitario de epidemiología de Estados Unidos, el
CIDRAP de Minnesota que afirma -escuchen-, primero, que las mascarillas de tela -esas que alguna de sus señorías lleva- tienen una utilidad casi nula con la variante ómicron; segundo, que no hay evidencia sólida de la utilidad de mascarillas frente
a ninguna variante, salvo para entornos sanitarios y solo de forma clara para las mascarillas N-95, o sea FFP2 y FFP3.
Por lo tanto, las mascarillas deben dejar de ser obligatorias. Nuestros compatriotas y los residentes que viven entre nosotros lo que precisan son recomendaciones que se adapten a la realidad cambiante de la epidemia. Lo que precisamos en
España -y ustedes lo hurtan en el momento actual- es información continua, verdadera y verificable sobre la epidemia para dotar al ciudadano de conocimiento suficiente para que adopte sus propias decisiones con libertad para proteger su salud y su
economía. En el momento en que se suspenden los aislamientos de personas contagiosas, en el momento en que se nos dice por decreto que la epidemia se ha terminado y, además, se nos quiere hurtar información crucial para que los ciudadanos sepan
cuál es la situación legal de la epidemia, señorías, es un insulto a la inteligencia y es despótico mantener imposiciones injustas por arbitrarias e ineficaces.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
En defensa de la enmienda presentada tiene la palabra el Grupo Parlamentario Popular, la señora Angulo.
La señora ANGULO ROMERO: Gracias, presidenta.
Señorías, de nuevo tratamos una iniciativa en la que se pide al Gobierno la eliminación del uso de las mascarillas en espacios exteriores e interiores, algo que también se tratará en el Pleno de esta semana.
Iniciativas de los grupos parlamentarios que son consecuencia directa de la negativa del Gobierno a aprobar un instrumento jurídico que fije las decisiones a adoptar en cada fase de la pandemia conforme a criterios técnicos y científicos,
una ley de pandemias que hubiera evitado las improvisaciones, bandazos e inseguridad que ha caracterizado la gestión de la pandemia por el Gobierno de España, más preocupado por la propaganda y el autobombo. En el concreto caso de las mascarillas
voy a recordarles lo que ya nuestra compañera Ana Pastor les ha reiterado en varias ocasiones en la tribuna, su incoherencia en este tema. Primero nos dijeron que las mascarillas no servían para contener el virus; lamentable fue -y lo recordamos
todos los extremeños- la intervención del consejero de Sanidad de Extremadura, el señor Vergeles, en la primera fase de la pandemia diciendo que las mascarillas no tenían ningún sentido contra el COVID, que si las veía por la calle esperaba que
fueran para prevenir las alergias. Ese era el nivel. Por eso no fue hasta mediados de mayo de 2020, con más de 27 000 muertos, cuando aprobaron su obligatoriedad. El 29 de junio, por real decreto, le añaden lo del metro y medio, aunque días
después Sánchez anunció que habíamos vencido al virus. El 29 de marzo de 2021 obligaron a su uso independientemente de la distancia y el 24 de junio volvieron a rebajarlo porque las mascarillas debían dejar paso a las sonrisas. El pasado 1 de
febrero convalidaron el Real Decreto 30/2021 para restablecer la obligatoriedad de las mascarillas al aire libre, que eliminaron solo tres días después. Todo, porque nunca han tenido un informe científico-técnico que avalase sus decisiones, que es
en lo que hay que basarse para tomar estas y otras decisiones y es lo que pedimos en nuestra enmienda.
El Partido Popular insiste en la necesidad de contar con instrumentos legales en materia de salud pública para que, en base a la evidencia científica, el Estado pueda luchar contra esta o cualquier otra crisis sanitaria, otorgándole
capacidad para proteger la salud de los ciudadanos, pero, a su vez, respetando sus derechos y libertades. Pero dos años después el Gobierno sigue sin aprobar una ley de pandemia, sigue negándose a poner en marcha una agencia estatal de salud
pública integral y calidad asistencial, órgano encargado de generar y recabar pautas e indicadores sobre los que tomar decisiones frente a situaciones de crisis sanitaria. Dado que el Gobierno no ha permitido una comisión de investigación de la
pandemia en esta Cámara, reiteramos la necesidad de que el Gobierno realice una auditoría objetiva de la gestión de la pandemia realizada en España por respeto al sufrimiento de los españoles, a quienes ni tan siquiera se nos ha dicho por parte del
Gobierno el número real de fallecidos. Estas son propuestas que hacemos en nuestra enmienda.
Por último, pedimos efectivamente que el Gobierno fije en el 4 % el IVA de todas las mascarillas mientras su uso sea obligatorio por la pandemia del COVID, cumpliendo así -como aquí se ha dicho- la proposición no de ley del Partido Popular,
magníficamente defendida por nuestra compañera Carmen Ríolobos, y que fue aprobada en esta Comisión. Su voracidad recaudatoria, también en este tema, ha reducido el uso de las mascarillas cuando eran más necesarias para la protección frente al
virus, habiendo tenido que elegir los españoles, como ha dicho el doctor Steegmann, entre usar las mascarillas o comer.
Por eso esperamos que el proponente acepte nuestra enmienda, porque en ella pedimos que el Gobierno apruebe ese ordenamiento jurídico estatal para luchar con criterios científicos y claros contra esta o cualquier otra crisis de salud pública
futura.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Pasamos al turno de fijación de posiciones. Tiene la palabra, por tiempo de tres minutos, el Grupo Parlamentario Ciudadanos, el señor Díaz.
El señor DÍAZ GÓMEZ: Gracias, presidenta.
Trae hoy VOX la constatación de que es un movimiento netamente estético, tiene un buen pelaje, buen aspecto, buena semblanza, miran al horizonte en las fotos, pero a la hora de votar son mansos y me explico. El martes Ciudadanos llevó una
norma con rango de ley, que era una enmienda a la totalidad de un real decreto, en la que pedíamos la supresión de la obligación de las mascarillas en interiores, y que hubiese sido eficaz desde ese momento. Inicialmente, en rueda de prensa,
anunciaron su voto en contra, pero después, por el follón que se montó, cambiaron a la abstención. Es más, hay disparidad entre los votos telemáticos y los que se produjeron en el Congreso. Esto lo votaron el jueves y hoy martes nos presentan una
petición: por favor, señor Sánchez, pudimos el jueves quitar las mascarillas y nos abstuvimos; hoy VOX, partido manso, le pedimos al Gobierno que considere nuestra necesidad de que piensen en quitar la mascarilla en interiores. Esto lo hicieron
ya con el real decreto de los fondos europeos, un partido de semblante duro y con muchas barbas, pero de pronto, cuando llegó la hora de la verdad,
cuando había que votar, ayudaron al Gobierno de Pedro Sánchez. Cuando el Gobierno del PSOE y Podemos tiene el agua al cuello para salvarle, efectivamente, solo queda VOX.
Yo voy a apoyar esta enmienda porque yo no soy como ellos, el partido del Scattergories de o lo presento yo o lo voto en contra -que es realmente lo que hay detrás de todo esto-, pero sí les quiero llamar a una reflexión, porque ellos -y con
esto termino, presidenta- son como el toro que ves en la carretera: una silueta elegante en lo alto de un monte, pero cuando lo rebasas con el coche y miras hacia atrás ves que es todo chapa, pintura y un montón de alambres que la sostienen.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos tiene la palabra la señora Medel.
La señora MEDEL PÉREZ: Gracias, presidenta.
Votaremos no.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Josefa Andrés.
La señora ANDRÉS BAREA: Muchas gracias, presidenta.
Volvemos a hablar de mascarillas. La verdad, señor Steegmann, es que hoy usted no se ha referido a la PNL que ha presentado, que es un tocho importante que no sabemos si es propaganda, bulos, confusión de ideas o un plan negacionista de
VOX. (El señor Steegmann Olmedillas: Que no se la ha leído). Esa es la verdad.
La mascarilla es un sistema preventivo para evitar el contagio y se utiliza desde finales de 1800. Es el avance en salud pública más importante que ha habido y es un hecho demostrado científicamente, lo dice el CSIC, lo recomienda la OMS y
las autoridades sanitarias de Estados Unidos, pero, además, lo indica la resolución que se tomó aquí en este Congreso con la Ley 2/2021 de que las mascarillas eran obligatorias para proteger a los ciudadanos, y así se mantienen. El cronograma es
fácil. Pandemia, se indican las mascarillas. El 26 de junio del año 2021 se dijo que, dados los datos, retirábamos las mascarillas en el exterior, pero en noviembre tuvimos la crisis de ómicron y se dijo que volvíamos a poner las mascarillas. En
el consejo interterritorial siete presidentes de comunidades autónomas lo pidieron y ya en febrero de este año 2022 se han retirado las mascarillas en el exterior y la situación se mantiene. El día 6 de marzo el presidente anunció la reducción de
las mascarillas en el interior, ¿pero de qué depende? De que el consejo interterritorial diga la situación epidemiológica y las cargas asistenciales, que es el elemento fundamental que hay que debatir. Subiremos y bajaremos, subiremos y bajaremos,
habrá sectores de población que habrá que proteger, tendremos que ir con mascarilla en el metro, pero, señores, no nos digan de inmediato que nos quitemos las mascarillas. Este lunes 28 de marzo se ha terminado la cuarentena, con lo cual mantener
la mascarilla hoy es más importante. (Rumores). Hemos ido avanzando y se han tomado medidas efectuando los ajustes que se consideraban.
Pero a mí me gustaría, señor Steegmann, hablar de su PNL porque de verdad que es increíble. Nos habla de un centro de investigación que se encuentra en la universidad de Minnesota que dice que es el mejor del mundo y se creó en el año 2021,
ya ve, el año pasado. El centro de Minnesota no forma parte del centro de enfermedades infecciosas de Estados Unidos ni del instituto nacional de salud pública de Estados Unidos ni la Universidad de Minnesota está entre las cinco primeras ni entre
las diez primeras. Su señor director, el especialista, escribió un libro que creó mucho movimiento titulado La amenaza es más letal, al parecer muy bien recibido por los populistas y negacionistas. Con lo cual, ¿esta PNL qué quería decir? (El
señor Steegmann Olmedillas: ¡Si no se la ha leído!).
Señores del PP, solamente quiero decirles que no blanqueen a VOX y a iniciativas como esta que presentan hoy con una enmienda transaccional. Su categoría no debería estar por ahí o, por lo menos, su nivel, porque haciendo este tipo de
acciones políticas se sitúan al nivel del contrato del hermano de Ayuso. (Una señora diputada: ¡Qué tendrá que ver!). Esas son las situaciones que ustedes plantean. (Aplausos.-Rumores). Hoy por hoy las mascarillas están vigentes porque los
datos hay que corroborarlos y hay que determinarlo cuando la población lo necesite y cómo lo necesite.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Solamente a los efectos de aceptar o rechazar la enmienda presentada, señor Steegmann.
El señor STEEGMANN OLMEDILLAS: Le damos la gracias al Grupo Parlamentario Popular, pero sintiéndolo, no vamos a poder aceptar su enmienda.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Hacemos un breve receso y enseguida empezamos la votación. (Pausa).
VOTACIONES.
La señora PRESIDENTA: Reanudamos la Comisión.
Ruego el máximo silencio. Sometemos a votación la proposición no de ley relativa a la mejora de la formación y al reconocimiento académico y profesional de los técnicos superiores sanitarios.
Se somete a votación la proposición no de ley en sus propios términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; abstenciones, 18.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Proposición no de ley relativa a reclamar más claridad y bajada de la factura eléctrica de los consumidores. Se somete a votación en sus propios en sus propios términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 18; abstenciones, 1.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Proposición no de ley sobre despilfarro alimentario. Se somete a votación en sus propios términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 5; abstenciones, 9.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Proposición no de ley relativa al reconocimiento del derecho al acceso al agua potable y saneamiento. Se somete a votación en sus propios términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 7; abstenciones, 9.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Proposición no de ley sobre el aumento de inspecciones a las empresas que sigan usando los teléfonos 901 y 902 para la atención al cliente. Esta proposición no de ley se somete a votación con la incorporación de la enmienda transaccional
presentada por el Grupo Socialista y el Grupo Popular.
Efectuada la votación, dijo
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada por unanimidad.
Proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a llevar a cabo mejoras retributivas en el colectivo de los médicos internos residentes, así como a los demás colectivos que se incluyen en la formación sanitaria especialidad. Se somete
a votación en sus propios términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; abstenciones, 13.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Por último, proposición no de ley relativa a exigir el fin inmediato de la obligatoriedad del uso de mascarillas en todos los espacios interiores y exteriores. Se somete a votación en sus propios términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 6; en contra, 19; abstenciones, 9.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión.
Era la una y treinta minutos de la tarde.