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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 632, de 23/03/2022
cve: DSCD-14-CO-632
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2022 XIV LEGISLATURA Núm. 632
POLÍTICA TERRITORIAL
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª MARÍA LUISA CARCEDO ROCES
Sesión núm. 16
celebrada el miércoles,
23 de marzo de 2022
ORDEN DEL DÍA:
Decaído del orden del día:
Proposiciones no de ley:
- Por la que se insta al Gobierno a reconocer a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) como Entidad de Derecho Público. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/003801) ...
- Sobre brecha digital como causa de exclusión social de los mayores. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/003250) ... (Página2)
- Por la que se insta al Gobierno a traducir las disposiciones generales del Boletín Oficial del Estado (BOE) a las diferentes lenguas cooficiales del Estado, así como a asumir íntegramente el coste de traducción de las mismas. Presentada
por el Grupo Parlamentario Plural. (Número de expediente 161/003548) ... (Página7)
- Sobre la actualización de las indemnizaciones por residencia del personal en activo del sector público estatal destinado en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número
de expediente 161/003596) ... (Página12)
- Sobre la creación y dotación de fondos extraordinarios para paliar los efectos ocasionados por el COVID-19 a las entidades locales. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/003780) ...
- Por la que se insta al Gobierno a modificar el apartado 4 del artículo 2 del Real Decreto 1330/1997, de 1 de agosto, de integración de servicios periféricos y de estructura de las delegaciones del Gobierno. Presentada por el Grupo
Parlamentario VOX. (Número de expediente 161/003822) ... (Página21)
Votaciones ... (Página27)
Se abre la sesión a las dos y veinte minutos de la tarde.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
DECAÍDO DEL ORDEN DEL DÍA.
- POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A RECONOCER A LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS (FEMP) COMO ENTIDAD DE DERECHO PÚBLICO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/003801).
La señora PRESIDENTA: Buenas tardes, señorías.
Ayer se remitió a todos los miembros de la Comisión un correo electrónico advirtiendo de la pretensión del Grupo Parlamentario Socialista de retirar el punto 5.º Se adelantó a efectos de ahorrar esfuerzos de preparación de la iniciativa,
pero el Grupo Parlamentario Socialista tiene que decidir si finalmente quiere retirar este punto del orden del día, y posteriormente someteremos la decisión a la Comisión.
La señora PADILLA RUIZ: Sí, queremos retirarlo, presidenta.
La señora PRESIDENTA: Gracias.
Si no hay inconveniente por parte de ningún miembro de la Comisión, suprimimos del orden del día el punto 5.º, una iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista.
- SOBRE BRECHA DIGITAL COMO CAUSA DE EXCLUSIÓN SOCIAL DE LOS MAYORES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/003250).
La señora PRESIDENTA: Según el orden previsto en la convocatoria, iniciamos el debate del punto 1.º, sobre brecha digital como causa de exclusión social de los mayores.
Tiene la palabra la señora Uxía Tizón.
La señora TIZÓN VÁZQUEZ: Gracias, presidenta.
Señorías, la imparable digitalización de numerosos servicios ha provocado que la brecha digital referente a las personas mayores se incremente cada vez más. Para quienes han crecido en un mundo analógico, en el que jamás imaginaron todas
las opciones digitales del mundo actual, cada día supone una lucha por superar enormes muros y, una vez que lo han conseguido, la vista en el horizonte les sorprende con un nuevo muro más alto que el anterior.
Cuando se habla de brecha digital y tercera edad, el primer ejemplo que podría venir a la mente es la retirada de las cartillas y los trabajadores de los bancos sustituidos por cajeros automáticos y banca online, un hecho respecto del que el
grado de vulnerabilidad fluctúa en función del territorio, llegando alcanzar en zonas rurales incluso el 30 %. Pero el impulso del modelo digital no es exclusivo de los bancos, pues el teletrabajo se ha extendido y las compras por Internet o la
cita médica online son cada vez más la norma.
Asimismo, la Administración ha emprendido también el salto digital, y la posibilidad de suprimir los trámites presenciales facilita la vida a buena parte de la población, aunque no a toda. Sin duda y a causa de ello, las circunstancias del
año 2020, con la pandemia, han evidenciado el desequilibrio en la balanza entre un segmento de la población que ha vivido hiperconectada y ese otro grupo que no tiene los recursos y la habilidad para hacer cualquier gestión en la vida cotidiana.
Con todo este salto de digitalización que se produce en varios ámbitos y sectores demográficos, nuestros mayores se ven en ocasiones obligadas a delegar en otra persona sus gestiones, lo que les hace sentirse ciudadanos de segunda y
excluidos de la sociedad en muchos casos. De hecho, el barómetro UDP marca la dimensión de la brecha: el 40,5 % de las personas mayores aseguran que nunca han accedido a Internet.
Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, en la franja de edad entre 65 y 74 años, el 7,8 % de las personas no tienen habilidades tecnológicas y el 60,2 % tiene habilidades bajas. Sin duda, hay una barrera generacional, que
coloca a los nativos digitales como únicos usuarios de la web, y los que están del otro lado, adultos y mayores, deben hacer un esfuerzo, a veces insuperable, para familiarizarse con estas nuevas tecnologías. Entre los segmentos que se quedan fuera
del ámbito digital se sitúan las mujeres, con un porcentaje del 49,5 %, los mayores de 75 años en un 55,4 %, las personas con bajo nivel formativo en un 61,5 % y las personas que residen en el ámbito rural en un 48,7 %.
Pero hay más, y es que, frente a la problemática expuesta, hay que tener en cuenta que la tendencia en nuestro país hay un envejecimiento progresivo en todas las comunidades autónomas. Territorialmente, muchas zonas cuentan con un
porcentaje cercano al 6 % en cuanto a población por encima de los 85 años, y aquí podría referirme a Ourense, provincia a la que pertenezco, que sufre actualmente un envejecimiento progresivo de la población, una grave sangría demográfica, que se
traduce muchas veces en un escenario de falta de proximidad de los servicios más básicos, una realidad que ya se extiende por numerosas zonas de nuestro territorio, incrementando así la obligación de recurrir al mundo digital para realizar las
gestiones básicas.
Señorías, desde este Gobierno existe un compromiso para afrontar estas barreras. El camino se ha iniciado y así se ha plasmado por Asuntos Económicos y Transformación Digital al acoger la firma del protocolo de las entidades financieras
para garantizar la inclusión financiera y la atención personalizada a los mayores, pero queda mucho trabajo por hacer. No queremos ni podemos abocar a nuestros mayores a ser dependientes sin que ellos realmente lo sean. La tecnología ha de
resultar cercana y fácil, pero no puede ser la única vía por la que realizar determinados trámites.
Por ello hoy presentamos esta iniciativa, para continuar garantizando la alfabetización de nuestros mayores en este campo, potenciando un ecosistema digital mediante el que se les proporcione la información y los medios y herramientas
necesarias para poder disminuir esa brecha, desde la utilización de dispositivos electrónicos accesibles hasta la mejora y ampliación en la formación de agentes de inclusión social. Hay que atender a sus necesidades y demandas partiendo de la
premisa de una constante evolución en la transición digital, y todo ello en permanente colaboración con las comunidades autónomas y también los entes locales. Señorías, promover el envejecimiento activo ha de ser una prioridad. No podemos dejarlos
atrás, porque, cuando el proceso de aprendizaje tiene éxito, los beneficios son evidentes y numerosos. (Aplausos).
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Tizón.
Se han presentado dos enmiendas a esta iniciativa: una del propio Grupo Parlamentario Socialista, que doy por defendida en esta intervención por lo que relató en su defensa, y otra del Grupo Parlamentario Popular, para cuya defensa tiene la
palabra doña Carmen Navarro por tiempo de tres minutos, como siempre.
La señora NAVARRO LACOBA: Gracias, presidenta.
Esta PNL, que versa sobre la brecha digital de la población de más edad y de una serie de medidas que tratan de atajar tal desigualdad, evidencia que la brecha digital es una realidad para las personas de mayor edad y que acometer la
competencia digital es urgente.
La pandemia y sus efectos económicos aceleraron de forma precipitada y masiva la digitalización de todos los ámbitos -administrativo, comercial y bancario-, adelantando los usos y costumbres presenciales a modelos telemáticos, y esta
aceleración ha supuesto un cambio que no todos los españoles han podido sobrellevar, algunos por falta de medios materiales y otros por dificultades para adaptarse a una nueva forma de llevar a cabo gestiones que antes realizaban presencialmente, a
lo que hay que añadir que las medidas de confinamiento impuestas por la pandemia han reducido las comunicaciones al uso de dispositivos móviles, aumentando por ello el grado de aislamiento y de soledad de la población más envejecida. Una vez más,
la llamada tercera edad, debido a su menor formación o aprendizaje informático y a la menor utilización de las redes sociales o aplicaciones informáticas, se ha encontrado con verdaderos impedimentos y barreras de carácter digital que les
incapacitan o les dificultan de forma extraordinaria poder hacer tareas ordinarias. Esta situación les ha abocado a la necesidad de ayuda de terceros, y eso ha empeorado la autonomía de la población de mayor edad, pero también les ha causado una
grave frustración. En determinadas zonas de España, sobre todo en aquellas que están más despobladas y a las que precisamente se refiere la exposición de motivos de esta proposición no de ley del Grupo Socialista -Zamora, Cuenca, etcétera-, no solo
se trata de una brecha digital de uso de las tecnologías, sino lamentablemente también de una brecha de acceso a conectividad de cantidad y de calidad suficiente, lo que hace que la brecha digital se multiplique para algunos mayores en determinadas
zonas.
El Grupo Socialista, agitado por el efecto de la campaña electoral de Castilla y León, hace apenas cuatro semanas presentó una proposición no de ley en el Pleno para el impulso de la conectividad y fue este grupo parlamentario el que pidió
que esa PNL se enmendase con competencia digital también para los mayores y que esto fuese acompasado. Pues bien, precisamente en esta ocasión el Grupo
Parlamentario Popular comparte la urgencia de salvar la brecha digital y nosotros queremos que la capacitación digital vaya acompañada de un impulso de la conectividad. Así, hemos enmendado la laxitud del petitum del Grupo Socialista
añadiendo lo siguiente: la urgencia de las medidas, los programas de capacitación específicos para mayores de sesenta y cinco años y la necesidad de formar a terceras personas para que brinden esa asistencia, ya sea a través de agentes de inclusión
social, mediante entidades del tercer sector o en virtud de la colaboración públicoprivada mediante empresas de innovación que puedan resolver estos problemas sociales. También hemos solicitado que a la disminución de esta brecha de uso de la
capacidad digital se sume la reducción de la brecha de acceso y esto requiere de conectividad y también de cobertura móvil, para que no se olviden de aquellas zonas que no cuentan con ella. Hace diez días que el ministerio ha sacado a trámite de
información la cobertura de banda ancha de los municipios y el Grupo Parlamentario Popular se pregunta para cuándo la información de la cobertura móvil que todavía no llega a muchísimos municipios de España. Por tanto, no empezamos la casa por el
tejado y seamos capaces de trabajar en una enmienda transaccional que posibilite aprobar esta PNL.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Navarro.
A continuación, iniciamos el trámite de fijación de posición, empezando, como siempre, de menor a mayor. Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor don José María Mazón.
El señor MAZÓN RAMOS: Muchas gracias.
Buenas tardes. El contenido de esta proposición no de ley lo podemos asumir casi todos. Está llena de buenas intenciones, pero yo creo que está saltándose un paso importante. La Administración, antes de preocuparse por los mayores y por
los ciudadanos -aunque sí debe preocuparse-, tendría que preocuparse por ella misma, porque lo que está ocurriendo con el tema de las nuevas tecnologías es que hay un gran abandono del servicio público. Hay que actuar en el modo en el que tiene que
dirigirse un ciudadano a la Administración y en las dificultades que hay para los trámites presenciales; y no solamente en eso, sino también en la parte informática.
He leído recientemente un artículo de Javier Carnicero en el Diario de Navarra, que se llamaba 'Vuelva usted mañana', recordando los tiempos de Larra, y que es lo que está ocurriendo hoy en muchísimos sitios. Vas a los sitios y te dicen que
vuelvas mañana pero con cita previa. A veces hasta para presentar un papel en un registro hace falta cita previa. Eso yo creo que es incomprensible. Sobre todo en el tema digital y en el tema informático, no es solo que los mayores no entiendan
el software que utiliza la Administración o el interface para comunicarse -como señala la campaña que ha empezado a hacer este médico y que tiene tanto éxito-, sino tampoco la gente que se supone que sabe algo de esto. Yo mismo, que soy del Cuerpo
Superior de Informática, hay veces que no consigo entrar, que no entiendo bien qué hay que hacer o porqué te remiten a dar pasos atrás en las aplicaciones. Yo creo la Administración tiene que darle una vuelta a las aplicaciones, hacerlas mucho más
sencillas, mucho más amigables y, una vez que se contraten -para el que las contrate-, haya alguien que las chequee para que se puedan usar de una manera realmente interactiva.
Por eso, me parece muy bien que se forme a los mayores y a los ciudadanos, pero yo creo que también tiene que formarse la propia Administración y hacer un filtro propio en todo este aspecto del que estamos hablando de la comunicación con los
ciudadanos desde el punto de vista informático. Sabemos que se tiende a disminuir lo presencial, eso nadie lo discute, pero eso no quiere decir que haya que abandonarlo totalmente.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mazón.
A continuación, por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Legarda.
El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidenta.
Intervendré de manera brevísima para manifestar simplemente que apoyaremos la iniciativa. Nos parece una cuestión de justicia y, además, es un tema candente, como hemos visto en estas últimas fechas por la cuestión bancaria y las
dificultades que tiene la gente mayor para el pleno ejercicio de sus derechos y la plena integración social. En definitiva, haciendo bueno el lema de no dejar a nadie atrás en este sector de la población, tenemos que tenerlo presente de manera
constante y este es un ámbito en el que tenemos que estar especialmente vigilantes.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Legarda.
A continuación, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Espejo-Saavedra.
El señor ESPEJO-SAAVEDRA CONESA: Gracias, presidenta.
También intervengo de manera muy breve para manifestar el apoyo por cuanto esto no deja de ser una serie de declaraciones de principios que, como han dicho algunos portavoces, es difícil no compartir. Por eso, nos gustaría que hubiera un
poco más de concreción, sobre todo cuando se trata de una iniciativa del Gobierno -en este caso, del grupo que apoya al Gobierno-, ya que seguramente podrían concretar más medidas en este sentido, porque ya digo que las declaraciones de principios
que se hacen aquí difícilmente son rechazables. También nos gustaría que estudiasen una posible transacción con las enmiendas que tienen planteadas, que sí que tienen algunas medidas concretas que creemos que puede ser bueno poner en marcha para
pasar de las intenciones a los hechos.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Espejo-Saavedra.
A continuación, por el Grupo Plural, tiene la palabra el señor Bel.
El señor BEL ACCENSI: Gracias, presidenta.
Nosotros vamos a votar favorablemente a esta propuesta, como a casi todas las que presenta el Grupo Socialista, no en esta Comisión, sino en todas las otras comisiones, y no me duelen prendas decirlo. ¡Pero, claro, quién se va a oponer a
continuar, fomentar, seguir proporcionando, favorecer...! Se han olvidado de animar, alentar, instar al Gobierno... Son palabras de mucho ánimo. Parece que al Gobierno le hace falta ánimo y yo creo que hoy va a tener el ánimo unánime de esta
Comisión para que se ponga a trabajar. Está bien...
Nosotros hemos presentado alguna PNL -que no vamos a ver hoy, pero que veremos en las próximas sesiones- para que el Gobierno, aparte de favorecer el diseño de dispositivos electrónicos accesibles, etcétera, se ponga las pilas y actúe en los
ámbitos de su responsabilidad. Porque ya no te dicen 'vuelva usted mañana', sino 'vuelva a conectarse a usted mañana a ver si le damos cita' o 'vuelva a conectarse usted mañana a ver si la aplicación funciona'. ¿Qué ha pasado con la pandemia? Que
la Administración se ha relajado y aquellos trámites que eran presenciales y que la gente hacía de forma presencial en muchas ocasiones, ahora no pueden ser presenciales. Se ha regresado a la normalidad prácticamente en todo menos en la atención al
público y al administrado. Intenten ir a que les atiendan sin cita previa -¡con lo que cuesta conseguir una cita previa!- a la Seguridad Social, al INSS, a la tesorería o a muchos organismos que dependen de la propia Administración General del
Estado. Por tanto, yo votaré a favor y lo único que les pido es que animen, insten y alienten también al Gobierno para que recupere la atención presencial en todos sus servicios.
Muchísimas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Bel.
A continuación, por el Grupo Republicano, tiene la palabra la señora Telechea.
La señora TELECHEA I LOZANO: Gracias, presidenta.
No tengo mucho más que añadir a lo que ya han dicho los compañeros que me han precedido en el uso de la palabra. La verdad es que vamos a votar a favor de esta iniciativa -claro que sí-, pero vemos que el Gobierno es poco valiente a la hora
de exigir el dinero del rescate de la banca. Eso para empezar. No voy a dar cifras, porque tampoco tengo demasiado tiempo, pero todas podemos conocer cuáles son las cantidades de ese rescate de la banca. Por tanto, vemos que hay poca valentía a
la hora de exigir ese rescate, habiéndose quedado además con todos los activos tóxicos de la Sareb, etcétera. En primer lugar, quería hacer esta consideración.
En segundo lugar, la brecha digital en las personas mayores también se produce en muchos sectores. Me ha parecido escuchar al compañero Bel que hablaba de una iniciativa al respecto que se trataría en los próximos días. Estamos hablando
también de una exclusión bancaria en cuanto a los cajeros automáticos se refiere. Vemos cómo muchas personas mayores ante un cajero se tienen que dirigir a alguien de buena fe para que les ayude a sacar dinero. Además, nos encontramos con que hay
una deshumanización añadida; es decir, una persona mayor tiene que pedir ayuda a familiares o amigos para que les administren o les saquen su dinero, una necesidad que no tendrían si hubiera los servicios bancarios que corresponde. En este
sentido, nuestro grupo parlamentario presentó una moción en el
Senado en la misma línea ya hace un mes y medio aproximadamente y, por eso, nos gustaría que el Gobierno, como autoproclamado Gobierno de izquierdas, esté ahí, al lado de las personas que lo necesitan, no solamente con esta iniciativa -a la
que ya digo que votaremos a favor-, sino que sea valiente a la hora de exigir a la banca todas esas medidas que son necesarias por humanidad.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Telechea.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, doña Antonia Jover.
La señora JOVER DÍAZ: Gracias, presidenta.
En nuestro grupo parlamentario compartimos la misma sensibilidad hacia esta problemática que afecta a la población de mayor edad en nuestro país. Se trata de una problemática en la que confluyen dos elementos. Por un lado, la paulatina
inversión de nuestra pirámide poblacional -un envejecimiento de la población que además tiene una mayor extensión en zonas rurales- y, por otro lado, un proceso acelerado de digitalización cada vez en más ámbitos de interacción social. Por lo
tanto, adelantamos nuestro voto positivo a esta iniciativa, pues también estamos de acuerdo con la parte dispositiva. De hecho, el cierre de la brecha digital ya se contempla en los acuerdos de gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos y, por tanto,
consideramos que se deben dar pasos firmes en esta línea de trabajo.
Aunque no se plantea en la exposición de motivos de esta PNL, sí nos gustaría poner de relieve que a esta brecha digital, además de tener un componente generacional y territorial, se le superpone una brecha de género. Según los datos más
recientes publicados por el Instituto Nacional de Estadística, esta brecha de género -por ejemplo, en la utilización de Internet- se expresa especialmente en la cohorte de edad que va desde los 65 a los 74 años. Por tanto, resulta necesario adoptar
una perspectiva interseccional para avanzar de manera eficaz en la corrección de problemas que son complejos y que tienen una expresión diferenciada y discriminatoria en distintos colectivos poblacionales.
Votaremos a favor.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Jover.
Finalmente, por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra don Juan Carlos Segura.
El señor SEGURA JUST: Con la pandemia del coronavirus se han generado dos expresiones malditas, una es 'cita previa' y la otra es 'telemáticamente'. Hay una tendencia de la Administración pública a eliminar el trato humano, en otras
palabras, a quitarse la gente de encima. Hay dos tipos de funcionarios, los que están en el mostrador atendiendo al público -que eso es muy duro y muy farragoso- y los que están detrás en la oficina sentados. Pues, quieren eliminar los mostradores
de la Administración pública y el camino es la digitalización. Es cierto que las personas de mi edad y más jóvenes estamos perfectamente adaptadas. (Rumores). Ahora bien, se ha de reconocer que hay personas de 70, 80 o 90 años que tienen una
sería incapacidad para aprender informática a esas edades tan avanzadas.
Así pues, entendemos que esta PNL es una trampa, porque cuando una persona mayor vaya a la Seguridad Social a hacer una cosa tan sencilla como pedir una cita médica le van a decir que no, que lo tiene que hacer por vía digital. Y cuando
conteste que no sabe hacerlo le contestarán: Ah, pues haga usted el curso ese que es gratuito, que lo tiene muy fácil; si no, contrate usted un gestor o a estas mafias que se dedican a introducirse digitalmente en las páginas web de la
Administración pública. Por cierto, ha dicho aquí alguna de sus señorías que son tremendamente complicadas. Yo creo que a veces las hacen complicadas aposta para que la gente no consiga hacer los trámites que quiere hacer. Nosotros entendemos que
esto es una auténtica tiranía digital. Se quiere imponer a los mayores algo que primero es voluntario y luego se hará obligatorio por el rasero digital. Si saben, bien; y, si no saben, pues que se busquen la vida, que es su problema. Entiendo
que es una falta de respeto para las personas que se han ganado la vida honradamente durante tantos años y que ahora están jubiladas. Estas personas mayores tienen derecho a un trato personal.
Esta es una PNL del Grupo Parlamentario Socialista y la diferencia entre el Partido Socialista y nosotros, VOX, es que el Partido Socialista viene de una raíz del materialismo marxista, una raíz ideológica que antepone la máquina por encima
de la persona, pero nuestras raíces están en el humanismo cristiano y nosotros anteponemos al hombre por encima por encima de la máquina. Añadiendo más, entiendo que
hay que humanizar la Administración pública y hay que humanizar la banca. Ha habido recientemente una huelga de empleados de La Caixa -yo soy diputado por Barcelona- por el maltrato que se está dando a las personas mayores, a las que se
obliga a ir a un cajero cuando lo único que piden es un trato personal. Tiene que haber derecho a pedir un médico por teléfono y tiene que haber derecho a este personal. Para el PSOE las personas son contribuyentes, son como fajos de billetes con
piernas, simples contribuyentes. Nosotros, VOX, a las personas las llamamos su excelencia el ciudadano, y su excelencia el ciudadano tiene todos los derechos del mundo, más incluso las personas mayores por su edad y por el tiempo que han trabajado.
Por tanto -y acabo ya-, señores del Grupo Parlamentario Socialista, dejen en paz a las personas mayores, no les amarguen la vida.
Comunico que en esta PNL nos vamos a abstener por la sencilla razón de que VOX nunca va a ir contra la ciencia y contra el conocimiento. Ahora bien, estaremos vigilantes en el Grupo VOX con esta PNL -porque lo típico es aprobarla y que pase
muchos trámites legislativos- para que lo que se hace primero voluntariamente no se convierta en obligatorio.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Segura.
Le pregunto a su señoría que informe a la Comisión sobre si aceptan las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, porque se supone que la autoenmienda incorporada sí.
La señora TIZÓN VÁZQUEZ: Estamos trabajando en una transaccional.
La señora PRESIDENTA: Vale, pues al final de la sesión, antes de someterla a votación, se comunicará a todos los miembros de la Comisión.
- POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A TRADUCIR LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO (BOE) A LAS DIFERENTES LENGUAS COOFICIALES DEL ESTADO, ASÍ COMO A ASUMIR ÍNTEGRAMENTE EL COSTE DE TRADUCCIÓN DE LAS MISMAS. PRESENTADA
POR EL GRUPO PARLAMENTARIO PLURAL. (Número de expediente 161/003548).
La señora PRESIDENTA: A continuación, pasamos a debatir el punto 2.º, que es una iniciativa del Grupo Parlamentario Plural que se refiere a traducir las disposiciones generales del BOE a las diferentes lenguas cooficiales del Estado, así
como a asumir íntegramente el coste de la traducción de las mismas. Para la defensa de esta iniciativa, tiene la palabra el señor Bel por un tiempo de cinco minutos.
El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, presidenta.
Esta es una iniciativa que en condiciones normales no tendríamos que ver. Y hago una advertencia: esto no se trata de ser independentista o no ser independentista; no, esta PNL no va de esto. Se trata de que si realmente aceptamos que
estamos viviendo en un Estado plurinacional o que tiene diferentes lenguas cooficiales -si ustedes no quieren aceptar Estado plurinacional, porque puedo entender que algunos tengan reticencias-, si estas lenguas son cooficiales, lo normal es que los
ciudadanos podamos acceder a la legislación que se publique en el Boletín Oficial del Estado en nuestra lengua. No tiene ningún sentido que un abogado, un economista o cualquier ciudadano no pueda leer la ley que se le aplica en su idioma o que
aquello que está leyendo no tenga aplicación directa, validez jurídica directa. De eso trata esta proposición no de ley, porque ustedes, los que no son independentistas -que, obviamente, aquí son la mayoría y me parece normal y correcto-, tendrán
que ofrecer a los catalanes una alternativa de modelo de Estado donde puedan decirles que son plenamente aceptados en su lengua en el Estado en que están.
Es una cosa muy sencilla que se tendría que estar aplicando y que desde el año 1998 se venía aplicando con aquella buena intención con la que se hacían las cosas en el siglo pasado: vamos a intentar hacer un convenio y que las comunidades
autónomas pongan de su parte. Luego, había alguna comunidad autónoma que lo ponía -Cataluña- y había otras que no lo ponían aunque también tenían personas que hablaban catalán y, después, se publicaba sobre la base un convenio: tú pagas la mitad y
yo pago la mitad. Pero, cuando te pones a pensarlo fríamente, ¿qué sentido tiene que una comunidad autónoma tenga que asumir el coste de la traducción de lo que se publica en el BOE? ¿El BOE no se publica para toda España? Sí. ¿El BOE no se
publica para que tenga efectos en toda España, también en Cataluña, en el País Vasco, en Galicia, en el País Valencià o en cualquier otro sitio? Pues, esto se trata de una disposición muy fácil: que el BOE se publique y se publique en estas
lenguas. El PDeCAT y yo mismo
hemos hecho diferentes preguntas escritas al Gobierno y, más allá de explicar por qué ahora no se está publicando la diferente normativa en catalán, responden que están trabajando -y leo textualmente- en un proyecto piloto para aplicar
traductores automáticos basados en la inteligencia artificial a los textos consolidados. Es un buen inicio, porque está bien que pongamos la tecnología al servicio de los ciudadanos y, de esta manera, se podría prestar un servicio más eficiente y
útil. Nosotros pretendemos que un abogado catalán, cuando lea en catalán una de estas bonitas normas que solemos aprobar en este Congreso, no tenga que leerla en castellano para conocer de su aplicación, sino que lo que esté leyendo en el BOE en su
lengua sea de inmediata aplicación y validez jurídica.
Por tanto, nosotros hemos propuesto una modificación muy sencilla del apartado 2 del artículo 1 del Real Decreto 489/1997. Hay dos enmiendas. Yo las enmiendas las entiendo como un punto de partida para empezar a trabajar, porque, si no las
entiendo así, es para rechazarlas. La del Grupo Parlamentario Popular es un tanto peculiar, porque donde ponemos 'modificar el apartado 2', el Grupo Parlamentario Popular dice 'continuar aplicando el apartado 2'. Mucha voluntad de acuerdo no acabo
de ver. Y con el Grupo Parlamentario Socialista estamos intentando hacer una transaccional, pero, más allá del proyecto piloto durante los próximos meses -cosa que reconozco que nos parece un avance-, creo que deberíamos dar alguna certidumbre
sobre la plena validez de lo que se publique en el BOE en catalán, en euskera y en gallego.
Muchísimas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias, señor Bel.
Para defender las enmiendas que se han presentado, una por parte del Grupo Parlamentario Popular y otra por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra, por un tiempo de tres minutos, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario
Popular, el señor Casero.
El señor CASERO ÁVILA: Muchísimas gracias, señora presidenta.
Tiene razón el señor Bel cuando hace referencia a que quizá esta iniciativa ni tan siquiera deberíamos estar debatiéndola aquí, en el sentido de que se podía haber establecido o mantenido un convenio por el que se siguiera respetando lo
acordado en ese real decreto del año 1997 en el que se aprobaba la publicación de las leyes en las lenguas cooficiales de las diferentes comunidades autónomas. A eso nosotros no nos oponemos y, por eso, pedimos que se siga cumpliendo ese acuerdo
que se aprobó además en un real decreto y que ahora piden modificar para que sea obligatorio y asuma el coste en su totalidad el Estado, en vez de asumirlo las comunidades autónomas como establecía ese real decreto.
Nosotros entendemos que no debería haber habido ningún problema por parte del Gobierno para que se pudiera haber renovado el convenio en el tiempo que ha transcurrido desde la finalización de la prórroga y después una serie de modificaciones
fundamentalmente normativas en materia administrativa de los convenios del Estado con las diferentes comunidades autónomas en el año 2015, o para que se pudiera haber firmado uno nuevo más adaptado a la realidad, ya que también el señor Bel ha hecho
referencia a la necesidad de que se aprovechen las nuevas tecnologías -como él ha dicho, la inteligencia artificial-, que es lo último de lo que ha hablado el ministerio y los responsables del Boletín Oficial del Estado, para que no solo se traduzca
al catalán, sino que se traduzca al resto de lenguas cooficiales en aquellas comunidades autónomas donde existen. No obstante, creo que el señor Bel ha hecho una mención un tanto peligrosa al decir que se habla catalán en otras comunidades
autónomas. No voy a entrar ahí, pero el catalán se habla solamente en Cataluña y en otras comunidades autónomas hablan otros idiomas -al menos así lo entienden sus habitantes-; otra cuestión es que tengan una matriz común o una rama común. Por
tanto, si se llega a una enmienda transaccional en la línea de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, en la que insta al Gobierno a poner en marcha esa nueva fórmula o a que el ministerio responsable del Boletín Oficial del Estado trabajen
para que se publique en las lenguas cooficiales en las diferentes comunidades autónomas, nosotros no tendremos ningún problema, teniendo en cuenta que tampoco creemos que se esté causando ningún grave perjuicio durante estos meses a nadie, dado que
la lengua oficial en todo el territorio es el castellano o el español y todos tenemos la obligación de conocerla. Otra cosa es que evidentemente exista la necesidad de que las lenguas cooficiales en las comunidades autónomas se conozcan y se hablen
también. No obstante, entendemos que debe respetarse y entenderse que hay muchos ciudadanos que solo hablan castellano pero no hay ninguno que solo hable el catalán, o así lo entendemos.
Por tanto, creemos que es necesario que se vaya en esta línea y que se trabaje, conforme a nuestra enmienda o a una transaccional que vuelvo a decir que apoyaremos, para que se recupere ese espíritu que en el año 1997 un Gobierno del Partido
Popular puso en marcha.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Casero.
Para defender la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora González Pérez.
La señora GONZÁLEZ PÉREZ: Gracias, presidenta.
Buenas tardes, señorías. El artículo 3 de la Constitución española reconoce que la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección. En virtud de esta
previsión constitucional, el catalán, el euskera, el gallego el valenciano y el aranés son proclamadas lenguas cooficiales en determinadas comunidades, según se establece en sus respectivos estatutos de autonomía, reconociéndose así el derecho de la
ciudadanía a emplearlas y la obligación de los poderes públicos de garantizar este derecho, así como de proteger y promover su uso.
De la misma manera, en virtud de los compromisos internacionales asumidos por España en el ámbito de la protección de las lenguas regionales y minoritarias, nuestro país asume obligaciones que se concretan en que las relaciones de la
Administración con la ciudadanía sean accesibles también en lenguas cooficiales.
Existe la obligación por parte de los poderes públicos de garantizar los derechos lingüísticos de la ciudadanía, lo cual incluye el hacer accesibles las publicaciones, documentación y demás contenido normativo que emane de las
administraciones públicas en lenguas cooficiales.
El Grupo Parlamentario Socialista reconoce, defiende y avala el reconocimiento real de la pluralidad lingüística en el marco legal de la Constitución, y prueba de ello es, por citar solo un ejemplo, la nueva Ley General de Comunicación
Audiovisual, que incluye una cuota del 6 % del contenido de las plataformas en lenguas cooficiales del Estado. Por otra parte, la Agencia Estatal del Boletín Oficial del Estado es un organismo público adscrito al Ministerio de la Presidencia,
Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, con personalidad jurídica pública diferenciada y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines. Dispone de patrimonio y tesorería propios y autonomía de gestión y funcional, dentro de
los límites establecidos por la ley de agencias estatales y por su propio estatuto.
Señorías, como dije anteriormente, los y las socialistas reconocemos, defendemos y avalamos el reconocimiento real de la pluralidad lingüística. Por lo tanto, desde el consenso que despierta este asunto en particular nos gustaría poder
transar una enmienda -y en eso estamos- con el grupo proponente, en la cual estamos trabajando y esperamos poder llegar a un acuerdo que haga posible esta necesidad de la traducción del Boletín Oficial del Estado en las distintas lenguas
cooficiales.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora González.
Iniciamos el turno de fijación de posición, empezando por el Grupo Mixto. El señor Mazón, tiene la palabra.
El señor MAZÓN RAMOS: Nosotros estamos de acuerdo con esta proposición no de ley, especialmente con su aplicación, si es paulatina y con todas las garantías. Yo no soy un experto en la materia, pero lo cierto es que cada vez es más fácil
hacer traducciones automáticas de inteligencia artificial, aunque yo creo que hay que tener mucho cuidado con el lenguaje, porque todos hemos utilizado traducciones automáticas y sabemos que hay que darles una vuelta y revisarlas.
Yo veo un problema también de validación, porque cuando se aprueba una ley o una norma, el que la aprueba, la ha aprobado en un determinado idioma y cuando se publica en otro, quizá necesite algún tipo de validación, en la cual no me meto
porque eso se soluciona. Pero lo que sí creo que tiene que quedar claro es que, en caso de dudas de interpretación, tiene que prevalecer la versión en español, porque, a veces, no es obvio ni siquiera en el idioma en que está escrita. Lo estamos
viendo todos los días en algunas leyes y no es culpa de la traducción, sino de la técnica normativa o de nosotros mismos, de los legisladores, que hacemos a veces cosas difíciles, conflictivas o contradictorias. En fin, no siempre es así, pero la
verdad es que existen muchos problemas de interpretación y por eso, al traducir, hay que tener en cuenta que, en caso de discrepancia, tendrá que tener prevalencia la original.
Me parece muy bien la iniciativa, creo que no cuesta tanto y creo que es facilitar su uso al ciudadano y al que la tenga que aplicar. Otra cosa, como he dicho, son los jueces, que en un momento determinado a lo mejor tienen que decidirse
por una interpretación que no coincide exactamente y hay que dominar el idioma para interpretar.
Nada más.
La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias, señor Mazón.
A continuación, por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Legarda.
El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidenta.
Apoyaremos la iniciativa, porque creemos que es un avance después del cambio del régimen de los convenios que estaban vigentes con la entrada en vigor de la ley de régimen jurídico y, sobre todo, su duración, lo que ha supuesto un problema
porque algunos no se han renovado. En ese sentido, apoyamos la iniciativa. Esto es un avance, pero ciertamente nuestro compañero, el señor Mazón, ha señalado el tendón de Aquiles de la cuestión, porque jurídicamente una cosa es la traducción de
una norma y otra la versión auténtica de una norma que se aprueba en esta Cámara o en las Cortes; la aprobación, la sanción, en este caso del rey, y la inserción en el boletín oficial, como manda el título preliminar del Código Civil. La cuestión
es que una traducción no es la versión auténtica de una norma, y eso plantea problemas técnicos importantes, porque aunque se esté haciendo la sentencia y se haya hecho el proceso, en nuestro caso, en euskera, por ejemplo, las citas de las normas
estatales tienen que ser en castellano, porque es la versión auténtica, no hay una versión bilingüe. En el Parlamento vasco y en el catalán -entiendo que en el gallego también o donde haya lenguas oficiales- salen versiones auténticas de la Cámara
en los dos idiomas oficiales de la comunidad.
Esto nos parece una iniciativa loable, pero siempre va a tener el obstáculo de la versión auténtica. Lo ideal sería que no que fuera una traducción, sino que la Cámara hiciera la publicación en bilingüe. Me consta que alguna institución se
ha dirigido a la presidenta de la Cámara, en fecha relativamente reciente, planteándole esta cuestión, que se estudie la posibilidad de que la Cámara apruebe versiones auténticas que se incorporen al boletín oficial, en virtud del 2.1 del Código
Civil, porque aquí no se incorporan en virtud del 2.1 del Código Civil, a efectos de la validez. Entonces, es un avance social importante, es un avance para la lengua importante, es un avance para los derechos lingüísticos de los ciudadanos en
aquellas comunidades autónomas con varias lenguas oficiales, que se puedan relacionar en su lengua. Pero hay un problema que sigue sin salvarse y que habrá que darle alguna vuelta para ver cómo pueden realmente establecerse versiones auténticas
para que las citas por todos de las resoluciones, etcétera, sean en auténtico, porque si no, efectivamente, como señalaba el señor Mazón, es una circunstancia que vamos a tener ahí.
En cualquier caso, nos parece una iniciativa loable y la votaremos favorablemente.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Legarda.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Espejo-Saavedra.
El señor ESPEJO-SAAVEDRA CONESA: Gracias, presidenta.
Nosotros respecto de esta iniciativa, y como parece que se está negociando una transacción, estaremos a lo que resulte de la transacción para definir nuestra posición. Nosotros no tenemos ningún problema, es más, nos parece bien, que los
boletines oficiales publiquen las normas en las diferentes lenguas oficiales. Lo mejor, en nuestra opinión, es que se viniera haciendo como se hacía, mediante convenio, pero nada que objetar, todo lo contrario a que eso se pueda producir. Ahora
bien, sorprende mucho que esto venga de un representante político que puso el grito en el cielo por una sentencia del Tribunal Supremo que obligaba a la Generalitat a impartir, al menos, el 25 % de las clases en castellano a los niños en Cataluña,
diciendo que eso atacaba a la inmersión, que había que blindar la inmersión, etcétera. Porque al señor Bel le preocupan los abogados que no pueden leer las leyes en catalán (entiendo que se refiere no a los abogados catalanes, como ha dicho, sino a
los abogados catalanes catalanoparlantes, porque también hay muchos abogados en Cataluña que están perfectamente cómodos y contentos leyendo las leyes en castellano, incluso las leyes que salen del Parlament de Catalunya, que también se publican en
castellano), pero le dan igual los niños que quieren estudiar simplemente el 25 % de las clases en su lengua materna porque, según el señor Bel, no hay ningún problema en la escuela catalana y esto es introducir un problema donde no lo había. Todo
el mundo sabe que el que no se publiquen determinados reales decretos o decretos del Gobierno en catalán supone un enorme problema operativo y que para los abogados catalanes, para los operadores de justicia catalanes es un enorme problema. Por eso
el señor Bel está tan preocupado por que esto pueda hacerse, pero le dan igual los niños que quieren estudiar el 25 % en castellano en Cataluña.
Lo único que quiero señalar con esto es la enorme hipocresía del nacionalismo cuando se habla de lengua, porque sí, nosotros estamos de acuerdo en que se publiquen en las lenguas cooficiales, pero ustedes no están de acuerdo en que quien
quiera estudiar en una lengua oficial en todo el Estado y en Cataluña, y en la lengua materna de la mayoría de los catalanes, pueda hacerlo libremente y de acuerdo con lo que le reconocen las sentencias de los tribunales. Y eso lo tiene que saber
la gente.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Espejo-Saavedra.
A continuación, por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra la señora Telechea.
La señora TELECHEA I LOZANO: Gracias, presidenta.
De entrada, nosotras, evidentemente, votaremos a favor de esta iniciativa.
Quiero hacer varias consideraciones. La primera es que la Societat Catalana d'Estudis Jurídics, recientemente, dirigió una carta a la presidenta de esta Cámara en la que le requería que diera cumplimiento tanto a la Constitución como a la
carta europea de lenguas para la realización, como se dice en la normativa, de las versiones del BOE en las tres lenguas oficiales del Estado. Esa es la primera consideración.
En segundo lugar, a raíz de esta carta de la Societat Catalana d'Estudis Jurídics, también ha habido varias reuniones con los grupos catalanes, en las que no se informó de que se iba a presentar esta PNL, y ha sido un poco sorpresa para
nosotras. Pero hecha esta segunda consideración, es evidente que la aprobaremos.
Y en tercer lugar, simplemente quiero añadir alguna consideración para dar más fuerza a la proposición no de ley del PDeCAT. No sé si saben cómo funciona: el Estado tenía un convenio con la Generalitat de Catalunya en el que se decía que
las traducciones del BOE las realizaba el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, que hacía la traducción al catalán de las leyes del BOE, y lo enviaba traducido al BOE para su publicación en catalán. Había un convenio en el que se asumían
una serie de gastos repartidos, pero caducó la legislatura pasada, y ese convenio no se ha renovado. Eso no significa que el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya no haya seguido, a pesar de la caducidad de ese convenio, con la traducción de
las leyes que publica el BOE; las ha seguido traduciendo al catalán. Esta cuestión -que para nosotras es importante, porque el mismo derecho que tienen a saber y a leer en castellano también lo tienen en catalán- se ha planteado en diversas
reuniones en las que no se ha conseguido ningún fruto, incluso se ha llegado a plantear en la última bilateral.
Como ha comentado también mi compañero Ferran Bel, el Gobierno habla de un programa de inteligencia artificial para que asuma directamente el BOE la traducción al castellano. Pues bien, preguntamos al Gobierno cuándo va a llevar a cabo este
programa, porque vemos que hay muy poca sensibilidad hacia la diversidad lingüística de las diferentes lenguas oficiales en el Estado.
Aprovecho mi intervención para hacer esta réplica y esta interpelación directa al Gobierno para que solucionen, de una vez por todas, el tema de las traducciones.
Evidentemente, me reitero en mi voto afirmativo a la proposición no de ley.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Telechea.
A continuación, es el turno del Grupo Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, y para su defensa, tiene la palabra el señor Mena.
El señor MENA ARCA: Gracias, presidenta.
Nosotros también vamos a votar a favor de esta iniciativa porque nos parece que es de sentido común, y, como casi siempre en la vida, ante esto hay dos maneras de proceder: una, que es buscar problemas donde no los debería haber, y otra,
que es la de buscar las soluciones, y creo que estamos aquí precisamente para buscar la solución y no para buscar los problemas. Si de verdad nos creemos que estamos en un Estado plurilingüístico y que, por lo tanto, la riqueza lingüística y la
diversidad lingüística que tiene este país la tenemos que poner en valor, no solamente el Gobierno del Estado, sino también esta Cámara, el Congreso de los Diputados, tenemos que dar ejemplo al conjunto de la ciudadanía.
Además, lo dice la Constitución, es casi, casi un mandato constitucional. La Constitución dice que el Estado tiene la obligación de reconocer, de proteger y también de promocionar las lenguas oficiales, y eso tiene evidentemente que ver con
los derechos lingüísticos de todas las personas que viven en el Estado
español. Con lo cual es una anomalía que ni el Gobierno ni tampoco esta Cámara permitan que nos podamos expresar en las diferentes lenguas que son oficiales en este país, en este Estado y que, como decía, ponen en valor la riqueza
lingüística, la diversidad lingüística y la realidad lingüística que tiene España.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mena.
Finalmente, por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Del Valle.
El señor DEL VALLE RODRÍGUEZ: Con la venia, señora presidenta.
El Partido Demócrata de Cataluña pretende, como ya hemos escuchado, que el Boletín Oficial del Estado se publique obligatoriamente en todas las lenguas autonómicas y además con cargo a los presupuestos del Estado, pero el señor Bel, al
defender su proposición, ha reconocido que el Boletín Oficial del Estado se publica para toda España. Es decir, es un boletín para todo el territorio nacional y, por tanto, entendemos que debe estar en castellano. Hay dos problemas: por un lado,
la validación de la norma, que ya se ha apuntado con anterioridad, de tal forma que la versión auténtica va a tener que ser siempre la que está en castellano; y, por otro lado, la interpretación que se está haciendo aquí de lo que dice la
Constitución. Quien me ha precedido en el turno de la palabra ha dicho algo que no recoge la Constitución. Mire, el artículo 3 de la Constitución dice que el castellano es la lengua oficial del Estado y que todos los españoles tienen el deber de
conocerla, es decir, la obligación de conocerla, y el derecho a usarla; derecho y obligación que no reconoce respecto al resto de lenguas españolas, de las cuales se limita a decir que serán también oficiales en las respectivas comunidades
autónomas, de conformidad con lo que prevean sus estatutos, de tal forma que el castellano o español es la lengua oficial para todo el territorio nacional e, insisto, todos los españoles, todos los ciudadanos del Reino de España tienen la obligación
de conocerla. Por cierto, señor Bel, ¿cuándo van ustedes a defender de una vez que la lengua castellana, el español, sea debidamente utilizado en Cataluña? Porque ustedes vienen aquí a que el Estado les pague las traducciones, les pague todo -por
pedir, no paran de pedir-, pero luego, a la hora de la verdad, ustedes no cumplen ni las sentencias, ni la Constitución, ni la legalidad vigente.
Por último -termino ya-, con la justificación que están ustedes poniendo, solo les falta pedir también a Bruselas que el Diario Oficial de la Unión Europea se publique en las lenguas de todos los cantones, de todas las regiones, incluidas
las comunidades autónomas españolas. Pues mire, se publica en las lenguas de los Estados miembros y por virtud de los tratados de constitución. Pero lo que ustedes plantean, insisto, es desproporcionado y, en consecuencia, votaremos en contra.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Del Valle.
Para informar sobre la aceptación o no de las enmiendas presentadas, tiene la palabra el señor Bel.
El señor BEL ACCENSI: No las aceptamos y estamos intentando transaccionar una con el Gobierno. Si la cerramos, obviamente, la vamos a repartir antes de la votación.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Con el Grupo Parlamentario Socialista. (Risas).
El señor BEL ACCENSI: Con el Grupo Parlamentario Socialista, que es el grupo mayoritario del Gobierno.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Bel.
- SOBRE LA ACTUALIZACIÓN DE LAS INDEMNIZACIONES POR RESIDENCIA DEL PERSONAL EN ACTIVO DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL DESTINADO EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número
de expediente 161/003596).
La señora PRESIDENTA: A continuación, pasamos a debatir el asunto incluido en el punto 3.º del orden del día, que presenta el Grupo Parlamentario Popular, sobre la actualización de las indemnizaciones por residencia del personal en activo
del sector público estatal destinado en la Comunidad Autónoma de Illes Baleares.
Para la defensa de esta iniciativa, tiene la palabra el señor Jerez, por un tiempo de cinco minutos.
El señor JEREZ JUAN: Muchas gracias, señora presidenta.
En primer lugar, quiero saludar y dar la bienvenida a los representantes sindicales, a Insularidad Digna y a los miembros de movimientos sociales que se han desplazado desde Baleares hasta el Congreso para seguir desde aquí el debate de esta
iniciativa. Espero y confío que lo sea también para celebrar su aprobación, que el viaje haya merecido la pena.
Señoras y señores diputados, traemos aquí hoy una iniciativa que afecta a cerca de 10 000 personas, funcionarios todos ellos dependientes de la Administración General del Estado en Baleares. Detrás de cada uno hay una historia, una ilusión,
un futuro y, además, en muchos casos una familia. Son empleados públicos que han encontrado en la Administración su trabajo, pero también su vocación de servicio, de servicio a los demás: policías y guardias civiles, funcionarios de Hacienda,
Aduanas, Justicia, Instituciones Penitenciarias, Extranjería, Costas, Defensa, Meteorología, Seguridad Social y Tesorería; empleados públicos todos ellos a los que la vida se les hace imposible en Baleares. Una tierra agradecida y una tierra
amable, también para los funcionarios del Estado, pero en la que no pueden permitirse en muchos casos diseñar planes de futuro ni a corto ni a largo plazo ni de forma inmediata si no se remedia con urgencia su capacidad adquisitiva con el incremento
del complemento por razón de la insularidad, con arreglo a la propuesta que hoy venimos a defender.
Hoy, el complemento que cobran no compensa el coste de la vida en Baleares; el complemento que cobran no compensa el inasumible coste de la vivienda en Baleares, y en concreto el precio en las islas especialmente tensionadas, como la isla
de Ibiza. Pisos compartidos con cuatro compañeros o alquiler de habitaciones en pisos compartidos con terceros ocupantes son las tendencias más habituales, por no mencionar otros remedios a los que recurren para tener un lugar donde vivir, aunque
no sea en condiciones óptimas. Esto hace que se conviertan en funcionarios de ida y vuelta. Algunos llegan a Baleares para marcharse; saben que no les ha tocado un buen destino. Otros ni siquiera lo intentan. Se están empezando a suceder los
casos de funcionarios que solicitan una excedencia para ocupar otro empleo distinto o cuidar de su familia en la Península cuando conocen que su destino se llama Illes Balears. Literalmente, se nos están vaciando las islas de funcionarios del
Estado, y esto incide sobre el resto de empleados públicos, que se ven obligados a doblar turnos en muchas ocasiones y a asumir una sobrecarga de trabajo que no les corresponde y, cómo no, también incide en el ciudadano, que ve cómo la calidad del
servicio disminuye a pesar de la profesionalidad de los funcionarios.
En las Islas Baleares ya no se cubren las vacantes, en Baleares las plantillas no se completan; denuncian los sindicatos que en algunos casos las plantillas solo cuentan con el 60 % de efectivos. Solo en los dos últimos años, Baleares
cuenta con mil funcionarios menos. Y a todo esto hay que sumarle el hecho de que los miembros de muchas de las plantillas cada día están más cerca de la jubilación, plantillas que no encontrarán relevo. El Gobierno nos dice que en la liquidación
del año 2019 a los 9473 efectivos destinados en Baleares se les pagó un total de 8 481 000 euros. ¿Saben ustedes qué representa esto para cada funcionario? Un complemento, sí, de 74,61 euros mensuales. ¿Saben a cuánto ascendería de media el
complemento de destino de aprobarse nuestra iniciativa? Cobrarían de media unos 246,31 euros mensuales. Se trata de triplicar ese complemento. Y en esta situación también se encuentran funcionarios dependientes de la comunidad autónoma a los que
esta medida también debería alcanzar por parte del Gobierno de las Islas Baleares.
Miren, les voy a enseñar una foto de lo que sucedió ayer en el Parlamento de las Islas Baleares. Este es el marcador de la votación de esta misma iniciativa en el Parlamento de las Islas Baleares. Unanimidad. Este voto de aquí es el voto
de la presidenta del Gobierno de las Islas Baleares, Francina Armengol. Espero y confío en que hoy aquí esto se vuelva a reeditar, vuelva a suceder. El calendario es así de caprichoso. Por lo tanto, no entenderíamos que hoy aquí hiciéramos una
cosa distinta de la que se hizo ayer en Baleares; no se entendería que hiciéramos lo contrario, que no apoyásemos la misma iniciativa. Y quien quiera contradecirse -ya sea VOX, PSOE o Ciudadanos- tiene hoy una oportunidad para hacerlo. Quien
quiera contradecir lo que hizo ayer su grupo en Baleares es soberano, tiene esta oportunidad. La política lo aguanta todo, pero no aguanta la incoherencia.
Señoras y señores diputados, esto va de no dejar a nadie atrás; esto no va de aguinaldos, esto no va de pan para hoy, esto va de recuperar un servicio público de calidad, esto va de querer que los funcionarios se queden, que se queden todos
y se queden siempre. En definitiva, esto va de recuperar la dignidad.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Jerez.
Se ha presentado una enmienda por el Grupo Parlamentario VOX. Para su defensa, tiene la palabra el señor Ruiz Navarro.
El señor RUIZ NAVARRO: Muchas gracias, señora presidente.
VOX es un partido coherente, siempre lo es, porque dice lo mismo en todas las provincias de España. Se lo digo al señor Jerez para que lo tenga en cuenta.
Aunque hemos presentado una enmienda a esta PNL, en todo caso, vaya por delante que le anunciamos que vamos a apoyarla, como no podría ser de otra manera, porque entendemos que es una cuestión de justicia. No obstante, no entendemos
realmente qué hace esta PNL en la Comisión de Política Territorial. Creemos que el Grupo Popular y la Mesa debieron haberla remitido a la Comisión de Hacienda y Función Pública, que es la natural competente por razón de la materia. Pero en todo
caso, como decimos, ya que estamos debatiéndola, pues entremos en la cuestión.
La situación que se produce en los territorios extrapeninsulares con la cobertura de plazas de funcionarios de cuerpos del Estado es realmente preocupante. Lógicamente, compartimos el diagnóstico que hace el Grupo Popular, porque, en este
caso, solo mediante compensación económica adecuada se consigue cubrir las plazas por titulares; y esta compensación económica, para que pueda ser atractiva, debe permitir que los funcionarios de cuerpos del Estado que viven en Baleares, en Ceuta,
en Melilla o en Canarias puedan tener unos complementos por residencia adecuados al coste de la vida y, fundamentalmente, a los problemas que en cada territorio puedan existir.
En las Baleares, aunque la distancia no es tan problemática con respecto a la Península como ocurre con Canarias, lo cierto es que el coste de la vivienda, tanto en propiedad como en alquiler, constituye un verdadero problema de primera
magnitud, y esto hay que reconocerlo. El sueldo de un funcionario, incluso el de un funcionario del grupo A1, no da para poder adquirir una vivienda o para vivir en alquiler, por ejemplo, en la isla de Ibiza o en la isla de Menorca, y esto está
generando que tanto letrados de justicia como jueces o, por ejemplo, funcionarios policiales o de la Guardia Civil tengan que rechazar la posibilidad de ir destinados a Baleares porque no pueden simplemente vivir allí. Entendemos, por tanto, que es
vía retribuciones complementarias y, en concreto, a través del complemento de residencia, como se ha de retribuir conveniente, proporcional y adecuadamente a los funcionarios del Estado que puedan ir destinados a las Islas Baleares. Por ello,
nuestra enmienda únicamente lo que hace es mejorar, desde nuestro punto de vista, el sentido del texto de la PNL del Grupo Popular, porque entendemos que la cuantía que se ha de compensar a funcionarios no debe ser en ningún caso inferior a la que
se recibe en otros territorios extrapeninsulares como pueden ser Canarias, Ceuta o Melilla.
Por último, en todo caso, hay que tener en cuenta también, ya que hemos hablado antes de las cuestiones lingüísticas, que en Baleares además hay otro problema vinculado a la falta de cobertura de plazas, y es el tema lingüístico de la
imposición del catalán por parte del Gobierno autonómico balear, que impide que funcionarios cualificados puedan acudir o puedan mantener su plaza en las Baleares. Por eso entendemos que también deberíamos utilizar el español en la propia
denominación de los territorios cuando hablamos en español. Por tanto, Illes Balears, sí, pero Islas Baleares, también.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Ruiz Navarro.
Iniciamos el turno de fijación de posición por el señor Mazón, del Grupo Mixto.
El señor MAZÓN RAMOS: Muchas gracias.
Yo estoy de acuerdo grosso modo con esta propuesta del plus económico para los funcionarios del Estado. Siempre recuerdo que ya hace muchos años había un plus por ir a Canarias, que muchas veces era por temas de reagrupamiento familiar, por
la insularidad, y la verdad es que es un factor que hay que tener en cuenta, pues además favorece la movilidad, que es algo muy necesario.
En aquel momento no era un problema económico el nivel de vida o el coste de la vida. Sí es verdad que en Baleares hoy en día el problema económico es gravísimo, sobre todo el tema de la vivienda. Y, claro, esa carencia de personal, de
funcionarios, es obvio que se va a seguir produciendo puesto que siempre va a haber gente de Baleares que quiera venir a la Península, y si los de la Península no quieren ir a Baleares siempre se va a producir un déficit que hay que compensar. Por
eso esta compensación económica es importante. Aunque también es una buena compensación vivir en Baleares, no nos olvidemos, tampoco es mal sitio para vivir. (Risas). Yo creo que se puede matizar mucho si tiene que ser el nivel de destino, si
tiene
que ser un plus de vivienda... En fin, hay muchos factores y muchos detalles, pero yo creo que lo mejor es dejar eso al Gobierno, que es el que conoce y el que tiene la obligación de hacerlo.
Nada más.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Mazón.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Legarda.
El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidenta, pero no haré uso del turno de palabra.
La señora PRESIDENTA: Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Espejo-Saavedra.
El señor ESPEJO-SAAVEDRA CONESA: Gracias, presidenta.
Simplemente quiero manifestar que apoyaremos la proposición. Gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra el señor Bel Accensi.
El señor BEL ACCENSI: Gracias, presidenta.
Efectivamente, como decía el señor Mazón, les Illes Balears es un sitio magnífico para vivir. También lo es Santander, también lo es Cantabria, aunque a mí me gustaría continuar viviendo en Cataluña, que es mi país.
Respecto a esta obsesión por el idioma, les Illes Balears son les Illes Balears. A mí esta PNL me abre una pequeña esperanza porque tanto el Partido Popular como VOX reconocen que una variable a tener en cuenta en la retribución de los
funcionarios -y después se puede tener en cuenta no solo en la retribución de los funcionarios, sino en el momento de elaborar determinadas prestaciones sociales o en el momento de establecer un sistema de financiación autonómico- sea el mayor coste
o la mayor carestía de la cesta de los bienes de consumo y servicios. Lo digo porque es un antecedente que tendremos que tener en cuenta, porque cuando alguien hemos propuesto que para una determinada fijación, no solo de prestaciones sino también
del sistema de financiación, se tengan en cuenta estas variables, parecía que esto era un anatema. En todo caso, yo me felicito.
Puedo entender el punto primero. Nosotros no compartimos el punto segundo, porque si se abre esta posibilidad de modificar el 19.2 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para les Illes Balears también se debería hablar y poder abrir
para otras comunidades autónomas con una justificación similar. Por tanto, más allá de que no sé si hoy van a acabar transaccionando o no -entiendo que no-, nosotros no lo vamos a apoyar.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Bel.
Por el mismo tiempo de tres minutos tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Republicano, la señora Telechea.
La señora TELECHEA I LOZANO: Gracias, presidenta.
Voy a ser muy breve. Simplemente quiero comentarle al señor Jerez que, aparte de la buena consideración en que le tengo y de las cosas que hemos podido hacer, poquitas, pero empatizamos mucho en cuanto a la defensa de les Illes Balears y
nosotras de Cataluña -hay muchas cosas en las que nos entendemos en esos ámbitos-, nosotras vamos a darle apoyo a esta iniciativa. Además, porque también es una reclamación que nos han hecho llegar muchos de los sindicatos, de los funcionarios de
las Illes Balears, con lo cual creo que es de justicia atender a las reivindicaciones de los sindicatos y, por lo tanto, daremos apoyo.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
A continuación, por el Grupo Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra la señora Jover.
La señora JOVER DÍAZ: Gracias, presidenta.
Nuestro grupo parlamentario está de acuerdo con la actualización de la indemnización por residencia. Lástima que durante los años que ha estado el Partido Popular gobernando con mayorías absolutas le hayan importado un bledo los
funcionarios del Estado.
Los costes de insularidad que padece la ciudadanía de les Illes Balears, al igual que los que sufren los de las islas Canarias, son sustancialmente más elevados que los que se reconocen desde el Estado, un hecho que se ha agravado con las
políticas del PP. En el día de ayer se presentó esta misma iniciativa en el Parlamento balear, que fue aprobada por unanimidad, lo que constata el consenso general que existe en Baleares frente a esta problemática, que tiene repercusiones sobre
todo en la calidad del servicio público que se ofrece a la ciudadanía.
Señores del PP, saben ustedes que esta PNL que presentan es un timo, una estafa, una burla. Se lo está diciendo el Ministerio de Política Territorial: No tiene competencias en la materia. Otra propaganda electoral del Partido Popular, un
engaño más a los funcionarios. También saben que incluso con una actualización, que no saldrá de esta PNL, no es suficiente. Si quieren hacer justicia ya no solo con los funcionarios del Estado, sino con toda la ciudadanía, apoyen la ley de
vivienda que propone Unidas Podemos para bajar los precios de los alquileres, apoyen la creación de una empresa pública de energía y las medidas para eliminar los beneficios caídos del cielo que ustedes crearon, una medida más marca PP para arruinar
a los ciudadanos y enriquecer más a sus amigos y poder seguir usando las puertas giratorias para enriquecerse. Sabemos que ustedes son -como decía su diputada, la señora Andrea Fabra- los del 'que se jodan', los de los recortes a los servicios
públicos que han empobrecido a los funcionarios y a las familias, mientras ustedes se repartían los sobres.
Votaremos a favor, pero explicándoles a los funcionarios cómo y por qué les están tomando el pelo.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Jover.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Losada.
El señor LOSADA FERNÁNDEZ: Gracias, presidenta. Buenas tardes.
El Grupo Parlamentario Socialista y el Gobierno de España han venido demostrando estos años su apuesta por la Función pública y por los empleados públicos, implementando medidas que sin duda contribuyen a garantizar unos servicios públicos
de calidad en todo el territorio nacional.
Durante estos dos últimos presupuestos generales del Estado se han incrementado las retribuciones de los empleados públicos un 3,7 %. En el actual presupuesto 2022, el aumento es del 2 % para los trabajadores del sector público. Por
cierto, presupuestos aprobado a pesar del voto en contra del Partido Popular. Pero además, entre otras medidas, durante estos últimos años se ha aumentado la tasa de reposición en todos los sectores, sobre todo en los sectores más necesarios y
prioritarios en estos momentos. En estos tres últimos años ha aumentado un 73 % la oferta de empleo público y se ha aprobado -como bien saben- la Ley de Medidas Urgentes para la Reducción de la Temporalidad en el Empleo Público.
La indemnización por residencia de los empleados del sector público en zonas insulares o extrapeninsulares del territorio nacional ha tenido diversas soluciones a lo largo de la historia. Durante varios años, esta indemnización era un
porcentaje del sueldo y del trienio, dejándose posteriormente de utilizar, y se establecieron entonces unas cuantías fijas para cada territorio, cuantías a las que le ha sido de aplicación el incremento que para la retribuciones de los empleados
públicos se establecía en las sucesivas leyes de presupuestos generales del Estado para cada año, además de incrementos puntuales que para zonas concretas se podían contemplar en alguna de dichas leyes.
Como dicen en su exposición, el Real Decreto Ley 11/2006 autorizó al Gobierno para que revisara las cuantías de la indemnización por residencia del personal en el sector público estatal destinado en la Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares y en las ciudades de Ceuta y Melilla. Este incremento se materializó en las ciudades de Ceuta y Melilla, pero no se llegó a un acuerdo con las organizaciones sindicales respecto a su aplicación en las Islas Baleares. Desde entonces, la
cuantía de los importes de la indemnización por residencia en las Islas Baleares, al igual que en el resto de los territorios que la devengan, ha sido objeto de modificación anual en el mismo porcentaje que el incremento general establecido para las
retribuciones en las distintas leyes anuales de presupuestos. Así, en los Presupuestos Generales del Estado para 2022 la indemnización por residencia en las Islas Baleares ha sido actualizada de acuerdo con lo previsto en la misma ley para el
conjunto de las retribuciones de los empleados públicos. Este año, como hemos dicho anteriormente, el 2 %.
El Partido Popular conoce perfectamente la complejidad del asunto, un asunto que no solo depende de los presupuestos generales del Estado, sino también de las adaptaciones y modificaciones normativas pertinentes que hagan posible su
solución.
Ha hablado el Partido Popular aquí hoy de incoherencia. ¿Fue incoherente el Partido Popular cuando gobernó durante ocho años en este aspecto? ¿Por qué congelaron la oferta pública de empleo? El Partido Popular gobernó durante ocho años
con una mayoría absoluta que le permitía llevar a cabo todas estas modificaciones normativas necesarias para dar respuesta a esta problemática y, sin embargo, no lo hicieron. ¿Por qué no lo resolvieron? ¿Por qué no tomaron ni siquiera una medida
encaminada a dar solución a este problema?
Hemos mejorado y seguimos mejorando las condiciones salariales y laborales de todos los trabajadores del sector público. También somos conscientes de que residir en un determinado territorio puede suponer un coste adicional y creemos
necesario tener en cuenta esta circunstancia, pero debemos hacerlo con rigor, con seriedad y también con negociación y acuerdo, fundamentalmente con los representantes de los trabajadores públicos. Votaremos en contra.
Gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Losada.
Para informar a la Cámara de si aceptan la enmienda del Grupo Parlamentario de VOX, tiene la palabra el señor Jerez.
El señor JEREZ JUAN: Gracias, señora presidenta.
Votaremos la proposición no de ley tal cual la hemos presentado. Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
- SOBRE LA CREACIÓN Y DOTACIÓN DE FONDOS EXTRAORDINARIOS PARA PALIAR LOS EFECTOS OCASIONADOS POR EL COVID-19 A LAS ENTIDADES LOCALES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/003780).
La señora PRESIDENTA: Finalizado el debate de la iniciativa que figura como punto 3, pasamos a debatir la que viene incorporada en el orden del día como punto número 4. Es una iniciativa del Grupo Parlamentario Popular sobre la creación y
dotación de fondos extraordinarios para paliar los efectos ocasionados por la COVID-19 a las entidades locales. Para su defensa, tiene la palabra el señor Betoret.
El señor BETORET COLL: Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías.
Es una obviedad decir que las entidades locales son las administraciones más cercanas a los ciudadanos. Esta circunstancia se ha puesto de nuevo de manifiesto porque, una vez más, han jugado un papel decisivo en la gestión de la crisis
sanitaria y económica ocasionada por la COVID-19. Desde marzo de 2020, ayuntamientos, cabildos, diputaciones y consells insulars han puesto al servicio de los ciudadanos todos sus recursos humanos, materiales y económicos para contener, paliar y
proteger a los ciudadanos de las consecuencias de las mencionadas crisis. En la primera ola, durante lo más duro de la crisis, hemos visto a los ayuntamientos desinfectar sus calles, atender a aquellas personas que sufrían dificultades para poder
acceder a lo más básico, proporcionar mascarillas a la población, etcétera. Todas estas acciones para ayudar y proteger a los ciudadanos las han ejecutado en la más absoluta soledad alcaldes y concejales de cualquier signo político, así como
funcionarios de la Administración local, que han tenido que movilizar recursos, de los que en muchos casos carecían, para atender a la población. Las administraciones locales han sentido la soledad y el abandono de su Gobierno. Durante este tiempo
han tenido que hacer frente, como digo, en primer lugar, a gastos extraordinarios, y por tanto no previstos, en forma de ayudas para el pago de suministros energéticos, administración, etcétera, para más adelante hacer frente a un reforzamiento
extraordinario de las plantillas para poder atender los trámites burocráticos que muchas ayudas requerían, y, aunque algunas de esas ayudas no dependieran directamente de las administraciones locales, sí se les han encargado las tramitaciones sin
que por ello hayan recibido ni un solo euro de ayuda más allá de la suspensión de las reglas fiscales. Si a esto añadimos la caída de ingresos como consecuencia de la falta de actividad provocada por los sucesivos e inconstitucionales estados de
alarma, la situación se agrava de manera considerable, dado que no solo se han seguido prestando los mismos servicios que en situación prepandemia, sino que se han multiplicado las personas que necesitan ayuda y, por lo tanto, el presupuesto de
gastos, mientras que el presupuesto de ingresos continúa hoy sin recuperar los recursos previos a la crisis. Por eso, estamos planteando la creación de un fondo incondicional de reconstrucción local, dotado con al menos 4000 millones de euros, para
poder
atender todos los servicios públicos que se venían prestando con anterioridad a la crisis y mejorar e incrementar aquellos que se dedican a atender a los más vulnerables, pues en todas las crisis son quienes de una manera más grave cargan
con sus consecuencias.
Por otro lado, en esta situación de crisis reviste especial gravedad la situación de los servicios de transporte urbano prestados, bien de manera directa o indirecta, por las distintas entidades locales, los cuales, siendo un servicio
esencial, no han dejado de prestarse en lo más complicado de la pandemia, sin que a día de hoy hayan recuperado los niveles de usuarios y, por tanto, de ingresos que tenían antes de la pandemia. Esa caída de viajeros ha provocado que estos
servicios, que ya de por sí suelen ser deficitarios porque se pretende con ellos una rentabilidad social más que económica, se encuentren en situaciones económicas muy complicadas. Si bien es cierto que el Real Decreto 407/2021, de 8 de junio,
aprobó un régimen de ayudas para los municipios con transporte urbano, no es menos cierto que estas ayudas han llegado tarde -un año después de la pandemia- y son insuficientes para solucionar de manera mínimamente aceptable las caídas de ingresos y
los desequilibrios en las concesiones que ha generado la pérdida de viajeros. Además, estas ayudas se han circunscrito exclusivamente al presupuesto del año 2021, dado que para este año 2022 únicamente hay previsto 50 millones de euros, cantidad
absolutamente irrisoria en relación con las necesidades que lamentablemente existen aún hoy en día. La situación se agrava más aún si a todo lo dicho sumamos el incremento de los costes en la prestación del servicio por el precio desbocado de los
combustibles, circunstancia esta que previsiblemente se alargue a lo largo de este ejercicio presupuestario como mínimo.
Por último, creemos que ha llegado el momento de poner de relieve el trabajo que han hecho nuestros alcaldes, concejales, presidentes de diputación, cabildos y consells insulars, y el personal a su servicio. Ha llegado el momento de tratar
a las entidades locales con el respeto, el protagonismo y la representatividad que merecen y permitirles la gestión directa de fondos para la reconstrucción, haciendo efectiva la transferencia del 14,56 % de estos, que es el porcentaje que
representa la Administración en el gasto público del Estado. Una transferencia que, sin ninguna duda, gestionarán, como se suele decir, con la diligencia de un buen padre/madre de familia, como han demostrado con los pocos recursos que han
gestionado durante lo más complicado de la pandemia. De ese modo, además será posible llegar a un mayor nivel de absorción de los fondos europeos, dado que hasta el momento, según datos de ejecución presupuestaria del año 2021, no se han ejecutado
más que un 37 % del total de los previstos. El Gobierno se enrocó queriendo ejecutar los fondos en solitario para poder manejarlos políticamente, y en poco tiempo tuvieron que rendirse a la realidad de que no tenían capacidad para su ejecución.
Ahora tienen la oportunidad de hacer justicia con las entidades locales y, a la vez, mejorar en mucho la gestión de los fondos y su aprovechamiento dando a las entidades locales un papel protagonista en su gestión.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Betoret. Doy por defendida la enmienda que han registrado a esta iniciativa.
Iniciamos el turno de fijación de posiciones. Tiene la palabra el señor Mazón por el Grupo Mixto.
El señor MAZÓN RAMOS: Muchas gracias.
El Partido Regionalista de Cantabria apoya sistemáticamente todas las iniciativas que vienen en favor de los ayuntamientos. En fin, en este caso supongo que al Gobierno de España también le gustaría poder aplicarla y, por lo tanto, nosotros
vamos a votar a favor para facilitarle la labor cuando tenga que tomar una decisión en esta línea.
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Mazón.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Espejo-Saavedra.
El señor ESPEJO-SAAVEDRA CONESA: Únicamente quiero manifestar que apoyaremos la iniciativa.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra el señor Bel.
El señor BEL ACCENSI: Gracias, presidenta.
Como el señor Betoret debe intuir, nosotros vamos a votar favorablemente a esta iniciativa, aunque haya alguna cosa que no compartimos al cien por cien. En todo caso, nos parece razonable; de hecho,
habíamos presentado enmiendas en este sentido a los presupuestos generales del Estado. Pero también tenemos que ser un poco justos y estrictos, esto está pasando porque llevamos más de veinte años teniendo que reformar la ley de haciendas
locales y no se reforma, y los ayuntamientos están infrafinanciados. Eso es responsabilidad de todos los partidos que han ostentado el Gobierno durante los últimos veinte años, y aquí habrá para todos, y me temo que en esta legislatura tampoco
vamos a resolver esta situación. Por tanto, cuando hay situaciones especiales los ayuntamientos requieren de financiación adicional extra, que en condiciones normales no tendríamos que tener.
Aquí, en esta Comisión, somos varios los que hemos sido alcaldes de nuestras ciudades o nuestras poblaciones y conocemos perfectamente lo que supone hacer frente a las necesidades de nuestros conciudadanos con una financiación insuficiente.
Y debemos decirlo: que nadie tenga la tentación de pensar que porque los ayuntamientos han generado superávit a lo largo de los últimos ejercicios presupuestarios, esencialmente por la aplicación estricta no solo de la regla de gasto, sino del
conjunto de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, se puede llegar a la conclusión de que están sobrefinanciados. No, los ayuntamientos no están sobrefinanciados. De hecho, había un compromiso por parte del Gobierno del Partido Socialista y Unidas
Podemos de derogar la LRSAL. ¿Se acuerdan ustedes de lo que es la LRSAL, aquella reforma que hizo el Partido Popular y de la que el Partido Socialista y Unidas Podemos dijeron que la reforma ya estaba aquí? Pues he oído que nos va a llegar a esta
Comisión. A ver si es verdad. Si hace falta una PNL para animar, instar o alentar al Gobierno a derogar la LRSAL, yo ofrezco mi cupo, que es pequeño, para hacerlo, pero a ver si nos vamos de esta legislatura habiendo solventado esta situación.
Por tanto, nosotros vamos a votar a favor. Quizá no coincidimos con el último apartado, donde figura que se debe hacer una transferencia del 14,56 % a los ayuntamientos de los fondos europeos, porque los fondos europeos también tienen como
objeto cumplir otra función, y entonces alguien podría llegar a la conclusión de que también se debe hacer una distribución de acuerdo con la población o de acuerdo con otro criterio. En todo caso, entendemos la filosofía. Los ayuntamientos y las
corporaciones locales son capaces de gestionar una parte de los fondos y, por tanto, vamos a votar favorablemente.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Bel.
A continuación, por el Grupo Republicano, tiene la palabra la señora Telechea.
La señora TELECHEA I LOZANO: Gracias presidenta.
Para no repetirme en lo que ha comentado el señor Bel, estamos de acuerdo en los argumentos y no voy a ser reiterativa en los mismos. Por tanto, nuestro grupo votará a favor de esta proposición no de ley porque así lo entendemos y así lo
hemos manifestado. Los ayuntamientos, los entes locales son plenamente autónomos, se ha visto sobre todo durante la pandemia, como bien se expone aquí, en la proposición no de ley, asumiendo funciones incluso fuera de las que tienen asignadas por
ley, con lo cual estamos de acuerdo en que lo pueden gestionar, han demostrado sobradamente que lo pueden hacer y, por tanto, repito, estamos de acuerdo con lo que se propone en ese sentido.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
A continuación, tiene la palabra por el Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común la señora Pita.
La señora PITA CÁRDENES: Gracias, presidenta.
Nosotros compartimos, como no puede ser de otra manera, la importancia que tienen las entidades locales, así como que en el contexto de estos dos últimos años han constituido sin ninguna duda la primera línea de contención en esa crisis
sanitaria tremenda como precuela de la económica que vino detrás, y la primera línea también en la atención a las necesidades, por tanto, de la ciudadanía, lo que consideramos es que esta PNL no está bien fundamentada desde nuestro punto de vista,
entendemos que la problemática que se plantea en la exposición de motivos no refleja de manera fiel la realidad, porque -cito al señor Bel-, para ser justas y serias, no hay suprafinanciación de las entidades locales, pero sí es cierto que ese
subsector de las corporaciones locales viene registrando superávit durante los últimos años, en la última década, para ser exactos, incluidos los años de la crisis. En este sentido, no parece razonable la propuesta que se consigna en el punto 1 de
la parte dispositiva que se nos ha hecho por el Partido Popular acerca de la creación de un fondo de reconstrucción para las entidades locales.
En segundo lugar, hay que destacar que durante los años 2020 y 2021, y se ha hecho extensivo también para este ejercicio 2022, se han suspendido las reglas fiscales y en vista de ello las entidades locales han podido y pueden utilizar los
remanentes de tesorería que habían generado en ejercicios anteriores sin estar sujetos a la regla general de destino del superávit y han podido emplear recursos para contribuir en sus respectivos ámbitos a paliar los efectos de la crisis actual.
Por otro lado, respecto al punto 2 de la parte dispositiva, a través del Real Decreto Ley 407/2021, de 8 de junio, como sus señorías saben, se han concedido subvenciones a favor de las entidades locales que prestan servicio de transporte
público, con un importe alrededor de los 434 millones de euros, por lo que tampoco parece pertinente este planteamiento.
Por último, y para terminar, solo subrayar que el Mecanismo de Recuperación, Transformación y Resiliencia es un instrumento finalista de financiación de la Unión Europea, vinculado a la realización de unas reformas estructurales en
inversiones y que ya se contempla la colaboración de las comunidades autónomas y de las entidades locales en el marco de la cogobernanza, como saben.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Pita.
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Figaredo.
El señor FIGAREDO ÁLVAREZ-SALA: Muchísimas gracias, señora presidenta.
No tiene sentido que las comunidades autónomas se conviertan, al final, en taifas que progresivamente disuelvan y hagan desaparecer las diferencias y la personalidad de las provincias y los municipios porque, al final, estas entidades -las
provincias y los municipios- son a través de las cuales tradicionalmente se gestionaba la diversidad de España y de alguna forma la autonomía que históricamente había existido en España. Por eso, creemos que toda iniciativa que defienda y promueva
la fuerza y la salud de los municipios y de las provincias merece la pena ser apoyada. Por tanto, apoyaremos esta iniciativa, porque tiene muchísimo sentido reforzar a los municipios que, al final, son las entidades que más cercanas están a los
españoles, por encima precisamente de las comunidades autónomas, que se han demostrado como un medio de dilapidar el capital público y, de alguna forma, de ineficiencias en la gestión del caudal público. Así que, apoyaremos esta iniciativa.
Muchísimas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Figaredo.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Ramos.
El señor RAMOS RODRÍGUEZ: Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías.
Señorías del PP, la incoherencia es la antesala de la credibilidad y, ante el relato demagógico que ustedes hacen en esta proposición no de ley, los datos, los datos del partido que ha votado en contra de la mayor entrega a cuenta a los
ayuntamientos en los años 2021 y 2022, porque han votado en contra de 2191 millones, señorías del PP (aplausos); coherencia y credibilidad del partido que ha votado en contra de 1228 millones de transferencias adicionales para los ayuntamientos;
coherencia y credibilidad del partido que ha votado en contra de 2050 millones de participación en los fondos europeos para los ayuntamientos, y coherencia del partido que justamente la semana pasada quería quitar la plusvalía a los ayuntamientos,
que les supone 2500 millones de euros. Si usted, señor Betoret, suma, así por encima a mí me salen 7969 millones de euros que el Partido Popular quería negar a las entidades locales. (Aplausos). Esa es la coherencia y la credibilidad de esta PNL
y de la apuesta del Partido Popular por las entidades locales, el mismo partido que votó en contra del decreto que aportaba subvenciones directas para el transporte, en el año 2021, de 433 millones. Y vienen hoy a pedir 500 millones. ¡Si ya
votaron en contra de 433 millones! Y para redondear la PNL, ustedes saben cómo funcionan los fondos de recuperación -estoy seguro de que saben cómo funcionan- y saben que no son fondos territoriales, son fondos de país basados en distintas políticas
palanca donde las entidades locales no es que vayan a gestionar el 14,56 o el 24,36, es que hay distintos fondos que las entidades locales van a gestionar al 100 % porque depende de la competencia en la materia que tenga cada una de las
administraciones. En eso se basa, señor Betoret, la cogobernanza, y aquí han salido ganando las entidades locales. Por ejemplo, este año están participando al cien por cien en políticas tan necesarias, señor Betoret, para los territorios como la
rehabilitación de viviendas y edificios, la transformación digital, los planes de agenda urbana, la movilidad eficiente y sostenible, la rehabilitación energética. Estas convocatorias suman
casi 4000 millones, señorías del PP. Sigan sumando. Ustedes vienen hoy con un fondo de 4000 y han votado en contra de uno de 9000. ¿No les da vergüenza, señorías del PP, hablar de municipalismo? ¿Esta semana son municipalistas y la
semana anterior no? ¿Y la siguiente, qué van a ser? No podemos votar una proposición no de ley llena de incoherencias. No son creíbles y, por lo tanto, hacen daño a las entidades locales, como vienen haciendo en 2020, en 2021 y en 2022.
(Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Ramos.
Finalmente, señor Betoret, ¿someteremos a votación el texto inicial con la incorporación de la enmienda? (Asentimiento). De acuerdo.
Muchas gracias.
- POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A MODIFICAR EL APARTADO 4 DEL ARTÍCULO 2 DEL REAL DECRETO 1330/1997, DE 1 DE AGOSTO, DE INTEGRACIÓN DE SERVICIOS PERIFÉRICOS Y DE ESTRUCTURA DE LAS DELEGACIONES DEL GOBIERNO. PRESENTADA POR EL GRUPO
PARLAMENTARIO VOX. (Número de expediente 161/003822).
La señora PRESIDENTA: A continuación, pasamos a debatir el asunto incorporado en el orden del día con el número 6. Es una iniciativa del Grupo Parlamentario VOX, en la que se insta al Gobierno a modificar el apartado 4 del artículo 2 del
Real Decreto 1330/1997, de 1 de agosto, de integración de los servicios periféricos y de estructura de las delegaciones del Gobierno. Para la defensa de esta iniciativa, tiene la palabra el señor Del Valle.
El señor DEL VALLE RODRÍGUEZ: Con la venia de la Presidencia.
Miren, por Real Decreto 1330, de 1997, se reguló la estructura de las delegaciones del Gobierno, y en su artículo 2 se estableció que existirá un gabinete como órgano de apoyo y asistencia inmediata al delegado. Es la única referencia que
la normativa vigente tiene respecto al personal de asesoramiento, al personal de confianza que puede tener un delegado del Gobierno. No hay nada regulado sobre el número máximo de asesores, si bien, por el contrario, el artículo 23 del Real Decreto
139/2020, de reforma de la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, sí estableció el número de asesores de otros órganos de los que conforman el Gobierno. Así, los gabinetes de las vicepresidencias del Gobierno -dice este real
decreto- estarán integrados por un director y un máximo de nueve asesores, los gabinetes de los ministros estarán formados por un director y un máximo de cinco asesores y los gabinetes de los secretarios de Estado estarán formados por un director y
un máximo de tres asesores.
Tras largas peripecias para conseguir la información de la Administración General del Estado respecto a cuántos asesores tenían los delegados del Gobierno -y digo largas peripecias, porque solicitamos la información, se nos denegó, hicimos
una queja, volvimos a solicitarla, se nos dijo que nos personáramos en unas dependencias del ministerio para verlas y se nos enseñaron unas fichas en fotocopia manipulada con datos tachados-, acudimos a la jurisdicción contencioso-administrativa.
El 10 de febrero la Sala de lo Contencioso Administrativo ha dictado sentencia, obligando al Gobierno a que se nos facilite absolutamente toda la información que solicitábamos, y concedió un plazo de treinta días para que se nos diera traslado. En
estos treinta días nos han dado traslado tan solo de los currículums de dos delegaciones del Gobierno, de Madrid y de Extremadura. Desde aquí quiero advertir que si se sigue incumpliendo lo que ha manifestado el Tribunal Supremo, nos veremos
obligados a exigir responsabilidades a la autoridad que está inejecutando la sentencia firme y que está siendo irrespetuosa con estos diputados.
Pues bien, nos ha llamado la atención que, de la información que hasta ahora tenemos en nuestras manos, el delegado del Gobierno en Andalucía tiene veintiún asesores; el de Cataluña, catorce; Madrid tiene solo cinco; Asturias, dos;
Cantabria, tres. Es decir, que no solo no está regulado, sino que además esto es un criterio discrecional de colocación de amiguetes. Digo bien de amiguetes, porque, por ejemplo, hemos investigado que en Cataluña, de los catorce asesores que tiene
el delegado del Gobierno, doce están vinculados, han estado vinculados o han ejercido cargos en el Partido Socialista de Cataluña. En Andalucía, de los veintiuno, resulta que a los funcionarios con los que hemos contactado de la delegación del
Gobierno no les salen las cuentas de veintiuno; cobran veintiuno, pero por allí no van veintiuno. Hay asesores que nadie conoce ni saben a qué se dedican, y eso es lo que tienen muy oculto. Ya en el Pleno de los presupuestos le dije a la ministra
que me conformaba con que me diera los currículums de los veintiuno de Andalucía. No hay manera. No sé qué ocultan allí, pero no nos huele muy bien. El caso, insisto, es que ni caben en las oficinas de la Delegación del Gobierno.
Nosotros lo que proponemos es que se haga una modificación del real decreto del año 1997 y donde se habla del gabinete de los delegados del Gobierno se establezca un número máximo. Vamos a aceptar la enmienda que ha presentado el Grupo
Popular, por cuanto que ellos lo que proponen es que antes de modificar el real decreto se haga un análisis de tareas y cargas, de tal forma que se redimensionen las plantillas con criterios de racionalización y eficiencia, y nos parece bien; nos
parece bien por cuanto que lo primero que tendría que hacerse es ver que algunos de estos asesores efectivamente hacen algo, porque ese algo que hacen posiblemente lo tendrían que hacer funcionarios de carrera y posiblemente habría que modificar las
relaciones de puestos de trabajo y, por tanto, crear unidades orgánicas para presentar credenciales de periodistas, para temas de protocolo, etcétera, que lo pueden hacer perfectamente funcionarios de carrera.
Las delegaciones del Gobierno tienen numerosos puestos de libre designación. No nos oponemos a que, si se redimensionan las plantillas, las relaciones de puestos de trabajo sean de libre designación de entre funcionarios de carrera. Pero
para no criticar solo la situación actual del Partido Socialista, que lo mantiene, tengo que decir que esto viene de hace años. Yo puedo decir aquí públicamente que conozco delegaciones del Gobierno donde se colocaba a los concejales, alcaldes,
etcétera, que no obtenían en las elecciones nuevo cargo y que estaban en el desempleo; se los imponían al delegado del Gobierno para que cobraran un sueldo sin cualificación técnica de ningún tipo. Eso es lo que queremos evitar. Es una cosa de
sentido común, y yo pido que, al igual que vamos a aceptar la enmienda del Grupo Popular, el Grupo Socialista, en aras del ejercicio de la transparencia y buen gobierno que debe presidir a cualquier Ejecutivo, lo apoye y, en consecuencia, tras el
estudio oportuno de reimplantación, de reestructuración, se pueda lograr ese número máximo a establecer, como digo, por esa modificación.
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Del Valle.
Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora De Luna.
La señora DE LUNA TOBARRA: Gracias, presidenta.
En primer lugar, hemos de señalar que la Comisión Territorial de Asistencia a los Delegados del Gobierno es un órgano que está integrado por los directores de los distintos organismos de la Administración General del Estado en la comunidad
autónoma y que sirven para llevar a cabo una de las competencias que tienen los delegados del Gobierno, como es la coordinación y dirección de la AGE. Está formada, salvo por el jefe de gabinete, por funcionarios de carrera responsables de los
distintos organismos públicos estatales. En cambio, el gabinete de apoyo y asistencia al delegado está formado por personal eventual y sus funciones son exclusivamente políticas, en la otra virtualidad o competencia que tienen los delegados de ser
los representantes del Gobierno de España en la comunidad autónoma. Este gabinete es del todo necesario precisamente para preservar y garantizar la neutralidad y la objetividad que debe regir la actuación de los funcionarios, que deben verse
absolutamente al margen de la actividad política de una delegación del Gobierno. Mi grupo, como ha dicho, ha enmendado la PNL en el sentido de que debe abordarse un riguroso estudio y análisis pormenorizado de las tareas y cargas de trabajo de los
asesores en cada una de las delegaciones del Gobierno. Han de tenerse en cuenta el número de provincias que integran cada comunidad, así como la intensidad de la vida política, social, económica y cultural de cada una de las comunidades.
Por lo que respecta a Cataluña, ya que es una de las que se mencionan, he de señalar que son muy numerosas las cargas de trabajo que asumen los asesores del delegado del Gobierno. Cataluña es una comunidad donde las visitas del rey, del
presidente del Gobierno, ministros, etcétera, son muy frecuentes. Son actos que, además, organiza la propia delegación del Gobierno. El gabinete se encarga de aspectos como elaborar acreditaciones de los periodistas, ruedas de prensa, notas de
prensa, protocolo, elaboración de informes, discursos, etcétera. También es una comunidad donde hay una intensa vida cultural: se celebran premios nacionales de literatura, deportivos, internacionales, eventos, ferias internacionales de carácter
económico o social, etcétera. También se dedican los asesores a preparar y organizar las relaciones que tiene el delegado, institucionalmente, con otras consejerías o, incluso, con los propios consulados. Voy a decir, como ejemplo, que Barcelona
es la tercera capital del mundo con más cónsules, alrededor de cien; digo la tercera, después de Hong Kong y de Nueva York. Es decir, hay una actividad política importante. Podría seguir describiendo un sinfín de actos, eventos, etcétera, así
como las visitas de las distintas autoridades gubernamentales que acuden a esta comunidad autónoma y que organiza la propia delegación del Gobierno.
Por ello, si bien estamos de acuerdo en que debe regularse el número de asesores que integran los gabinetes de las delegaciones del Gobierno, debe hacerse primero un análisis con rigor, en profundidad de las cargas de trabajo de cada
delegación del Gobierno y, entonces, redimensionar los actuales gabinetes siempre bajo los principios de racionalización y eficiencia.
Por tanto, dado que se han aceptado las enmiendas de mi grupo parlamentario, votaremos favorablemente la proposición de VOX.
Gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora De Luna.
Empezamos el turno de fijación de posición por el Grupo Mixto. Señor Mazón.
El señor MAZÓN RAMOS: Muchas gracias.
Esta proposición no de ley tiene mucha lógica, la verdad, porque pretende poner fin a muchos abusos que se están dando o se pueden dar. El problema es que estas propuestas de VOX suelen ser sospechosas, porque detrás de este tipo de
iniciativas siempre está esta idea, este objetivo o este mantra que tienen de reducir la Administración o reducir drásticamente el sector público. Esta vez, la verdad, he de reconocer que la parte dispositiva es bastante discreta en relación con lo
que nos tienen acostumbrados. Aquí no han pedido la reprobación de nadie. En fin, han puesto algo razonable. La verdad es que si se aprueba algo así, está claro que no va a evitar el nepotismo, pero lo podría reducir en el caso de que se
produjera, que, de hecho, todos sabemos que se produce. Por lo tanto, no nos parece mal tal como está.
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mazón.
Señor Legarda.
El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias.
No voy a hacer uso de la palabra.
La señora PRESIDENTA: Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Espejo.
El señor ESPEJO-SAAVEDRA CONESA: Gracias, presidenta.
Simplemente quiero indicar que, efectivamente, nos parece una propuesta razonable, bien planteada y, además, mejor acabada en el redactado final con la enmienda que plantea el Partido Popular. Por lo tanto, nosotros vamos a votar a favor.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra el señor Bel.
El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, presidenta.
Si me lo permite, y sin ánimo de generar ninguna polémica, simplemente quiero decir al señor José María Figaredo que el mayor esfuerzo para hacer desaparecer las provincias y los municipios no ha sido de las comunidades autónomas, no se
equivoque; el mayor ataque al municipalismo que se ha producido a lo largo de los últimos treinta años ha sido la aprobación de la LRSAL, que debería ser revertida ya. (Aplausos).
Otro apunte a la señora Llanos de Luna. Es que me lo pone muy fácil. Dice que hay muchos asesores en la delegación de Cataluña porque hay muchas visitas del rey. Pues ya se puede imaginar lo que le tenemos que decir: que no vaya tanto al
rey y a ver si se ahorran unos cuantos asesores. (Risas).
Vayamos al fondo de la PNL. Vaya por delante que si el Gobierno no les ha facilitado cuáles son los asesores y su número por cada una de las delegaciones del Gobierno, a mí me parece un escándalo y no estoy nada de acuerdo. Pero cuando uno
se lo mira, dice: Llevar a cabo una drástica reducción del personal eventual de confianza en... La enmienda: Llevar a cabo análisis pormenorizado de las tareas y cargas de trabajo de los gabinetes de apoyo y asistencia de... Y ustedes ponen
delegaciones del Gobierno. ¿Unos y otros no van a constituir de aquí a dos días un Gobierno en Castilla y León? Supongo que van a aplicar los mismos criterios en Castilla y León. (Risas). Supongo que van a revisar a fondo todos los cargos
eventuales que hay en Castilla y León y van a hacer una reducción drástica, porque, si no, vamos
a pensar que es simplemente demagogia barata. Claro, si consiguen reducir los cargos de confianza que estaba ocupando el Partido Popular (un señor diputado: Y los de Ciudadanos) y los de Ciudadanos, tendrán que explicar el Partido Popular
y Ciudadanos a qué se debía este despilfarro. A no ser que también hubiera muchas visitas del rey en Castilla y León. (Risas.-Aplausos).
Miren, yo he sido alcalde, ustedes lo saben. Al final, uno puede hacer la demagogia que quiera, pero los hechos se demuestran con las acciones concretas. (Una señora diputada: Totalmente). Yo en su momento reduje y no hice una gran
ostentación. Reduje de forma drástica las personas del gabinete y las retribuciones de los cargos de confianza, pero eso entra dentro de la capacidad de autoorganización de cada gobierno. Cada gobierno lo que tiene que hacer es ser transparente
con sus actos y explicarlo a los ciudadanos, y los ciudadanos juzgarán si un gobierno abusa, no abusa, si aquellos cargos de confianza son productivos o no son productivos. Pero proponer todas estas medidas cuando estás en la oposición y no cuando
estás en el Gobierno, no hace ningún favor a los partidos políticos ni a la política en general.
Muchísimas gracias. (Una señora diputada: Muy bien.-Aplausos.-Rumores).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Bel.
Por el Grupo Republicano, tiene la palabra la señora Telechea.
La señora TELECHEA I LOZANO: Gracias, presidenta.
No vamos a hacer uso del turno de palabra, gracias.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem Galicia en Común, tiene la palabra la señora Pita.
La señora PITA CÁRDENES: Gracias, presidenta.
Nosotras vamos a repetir que no vamos a colaborar con la propaganda y la normalización de la extrema derecha y, por tanto, no vamos a entrar a contestar a VOX ni a discutir con quienes usan el espacio democrático para destruir el respeto a
la dignidad y valores de la propia democracia. (Rumores). En Europa, señorías, son muchos los partidos políticos, también de derechas, que actúan de la misma forma. Invito desde aquí a que se adopte la misma determinación a quienes nos
consideramos adversarios, sí, pero dentro de las reglas del juego representadas por el avance democrático.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Pita.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Padilla.
La señora PADILLA RUIZ: Gracias presidenta.
La ultraderecha nos trae hoy una proposición no de ley muy extensa en su exposición de motivos, tratando de buscar y rebuscar argumentos para, finalmente, llegar a dos conclusiones que les voy a traducir. Una: reduzcan asesores porque no
son de los nuestros, es decir, de la extrema derecha (una señora diputada: Totalmente); dos: hagan tabla rasa para todas las delegaciones del Gobierno porque no hay que diferenciar número de asesores porque todas las comunidades autónomas son
iguales. Hombre, es grave no conocer la realidad de este país, pero entiendo que, aunque quieran cargarse el Estado de las autonomías antes de entrar en el... (el señor Ruiz Navarro hace signos afirmativos) ... dice que sí; antes de entrar en el
Gobierno de Castilla y León -parece que siguen pensando lo mismo- serán conscientes de que hay comunidades autónomas uniprovinciales y que otras tienen dos, tres, cuatro, cinco o hasta nueve provincias. No hay mayor desigualdad que dar el mismo
trato a situaciones diferentes. Lo que ustedes están planteando es que Madrid tenga el mismo número de asesores, por ejemplo, que la comunidad andaluza. (Rumores.-El señor Del Valle Rodríguez: No, no, no). Sí, sí, lo dicen en su propia
iniciativa. (Rumores.-El señor Guijarro García: Callaos un ratito.-El señor Ruiz Navarro: Tú, cállate tú.-El señor Guijarro García pronuncia palabras que no se perciben). Por cierto, ya que hablan en esa extensa exposición de motivos de
Andalucía, podían haberla alargado también un poquito más y citar experiencias más actuales, como, por ejemplo, cuando hablan de asesores en delegaciones y subdelegaciones del Gobierno que desde 2004 no han cambiado -no hay ni una más-, momento en
el que muchos de ustedes, de VOX, estaban dentro del Partido Popular, incluso alguno pudo ser asesor de alguna delegación del Gobierno. De todas maneras, les decía que podían haber actualizado la normativa a algo más actual y más cercano. En el
decreto de 2019 de la Junta de Andalucía se establecen como personal eventual del presidente, del Partido Popular, 29 asesores;
gabinete del vicepresidente, de Ciudadanos, 8 asesores, y para cada una de las 11 consejerías, 6 asesores, esto es, 66 asesores más. Si atendemos a la comparativa, la Junta de Andalucía, con 11 consejerías, tiene 66 asesores. Tocan a 6.
La Delegación del Gobierno de Andalucía con 8 provincias y 8 delegaciones no llega ni a 3 por provincia. No obstante, les aviso de que la próxima vez, como ha dicho el señor Bel, actualizaremos los datos con los asesores que tienen ustedes en
Castilla y León, ahora que ocupan los sillones del Estado autonómico y derrochador. Por cierto, ¿a cuántos socialistas y comunistas van a contratar de asesores? Porque parece que les molesta mucho eso de Cataluña que dicen en la iniciativa, pero
yo creo que lo que les molesta es que a ustedes no se les llaman. Nosotros no tenemos ningún interés en que nos llamen.
Consejos vendo que para mí no tengo. Esa es su proposición. Demagogia de principio a fin, y el ventilador de las mentiras y las tergiversaciones puesto a lo máximo que dé. Argumentan falta de transparencia, pero no dicen que, en
cumplimiento de la ley de protección de datos, tiene que haber un consentimiento del interesado para dar los datos. (El señor Del Valle Rodríguez: No, no; ha dicho el Supremo que no.-Rumores). Sí, sí. Si quieren les preguntamos a los empleados
públicos o al personal eventual si quieren que les demos a ustedes, a la ultraderecha, sus datos personales. (Rumores.-El señor Guijarro García pronuncia palabras que no se perciben).
La señora PRESIDENTA: Por favor, por favor, por favor.
La señora PADILLA RUIZ: Dicen que no tienen información... (Rumores.-El señor Guijarro García: Callaos ya.-Continúan los rumores.-El señor Del Valle Rodríguez: Cállate tú.-El señor Guijarro García: Calla bocazas.-Protestas.-El señor Del
Valle Rodríguez: No me insultes, yo no te he insultado.-El señor Guijarro García: Que habléis bien, que habléis bien.-El señor Del Valle Rodríguez: No te consiento que me insultes.-Una señora diputada: Es que hay cosas que no se pueden
decir.-Rumores).
La señora PRESIDENTA: Por favor, dejen terminar. Nos estamos deslizando fuera de tiempo. (Rumores.-El señor Figaredo Álvarez-Sala: Es que nos están insultando. Están insultando a mi grupo). Por favor, señor Figaredo, silencio.
(Rumores.-El señor Figaredo Álvarez-Sala: Nos está insultando.-El señor Guijarro: No molesten).
La señora PRESIDENTA: Termine la intervención, señora Padilla.
La señora PADILLA RUIZ: Termino, presidenta.
VOX dice no tener la información a la que aluden, pero saben incluso la afiliación política de esos trabajadores. Quítense la careta sin complejos, como dicen ustedes, y digan a los ciudadanos que les encantan el Estado de las autonomías,
los sillones y todos los asesores que les toquen; si no, empiecen por renunciar a todos los que tienen aquí como grupo parlamentario. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Vaya terminando que, con todos los incidentes, se ha agotado el tiempo.
El señor FIGAREDO ÁLVAREZ-SALA: Señora presidenta, por una cuestión de orden relacionada con dos de los grupos, el Grupo Parlamentario Socialista...
La señora PRESIDENTA: Por qué artículo por favor.
El señor FIGAREDO ÁLVAREZ-SALA:..., respecto a la iniciativa, y el Grupo Parlamentario Podemos, que está insultando a los miembros del Grupo Parlamentario VOX. Creo que esto no se debería permitir. Primero, con una llamada al orden a la
interviniente en su momento y, segundo, con una llamada al orden...
La señora PRESIDENTA: La dirección de los debates de la Comisión la lleva la Mesa.
El señor FIGAREDO ÁLVAREZ-SALA: Por eso le pido amparo.
La señora PRESIDENTA: Amparo, ¿en base a qué artículo?
El señor FIGAREDO ÁLVAREZ-SALA: Al artículo 71.3 del Reglamento del Congreso de los Diputados. (El señor Guijarro García: Dejar de hablar, eso es lo que teníais que hacer, dejar de hablar.-Rumores).
La señora PRESIDENTA: ¿Cuál es la palabra que ha suscitado esta ofensa?
El señor FIGAREDO ÁLVAREZ-SALA: La interviniente ha dicho repetidamente varias falsedades objetivas respecto de la iniciativa parlamentaria presentada. (Protestas.-Varios diputados del Grupo Parlamentario Socialista: ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh?-Un
señor diputado: ¡Venga hombre!).
La señora PRESIDENTA: Eso es una opinión.
El señor FIGAREDO ÁLVAREZ-SALA: Ha dicho que no ha habido un incumplimiento de la normativa de transparencia cuando hay una sentencia que dice que sí lo ha habido.
La señora PRESIDENTA: Ya pero ese es el debate político.
El señor FIGAREDO ÁLVAREZ-SALA: Y lo segundo, el señor de Podemos ha dicho bocazas a un interviniente del Grupo Parlamentario VOX sin motivo, cuando no se le había concedido la palabra. Le ha espetado bocazas. Esas son las dos cuestiones
que se han efectuado. (Rumores).
La señora PRESIDENTA: No le consta a la Mesa porque no tenía el micrófono...
Señora Padilla.
La señora PADILLA RUIZ: Me ratifico en mi intervención. En todo caso, según esas falsedades deberían retirar algunas cosas de su proposición no de ley. (Varios diputados del Grupo Parlamentario Socialista: ¡Muy bien!-Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Cerramos el asunto.
Estamos pendientes de la concreción de varias transaccionales. En primer lugar, la iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista, que tiene una incorporación de su propia enmienda y pendiente de la negociación con el Grupo Parlamentario
Popular. ¿Cómo queda la iniciativa número 1?
La señora TIZÓN VÁZQUEZ: Se vota con la autoenmienda del Grupo Socialista.
La señora PRESIDENTA: ¿Exclusivamente?
La señora TIZÓN VÁZQUEZ: Sí.
La señora PRESIDENTA: La iniciativa número 2, sobre las lenguas cooficiales, estaba pendiente de una transaccional que está en la Mesa, la vamos a repartir.
El señor BEL ACCENSI: La tiene la Mesa, pero me dicen los grupos que no la han recibido.
La señora PRESIDENTA: Ahora repartimos las transaccionales.
A la iniciativa número 3 había una enmienda del Grupo Parlamentario VOX. ¿Se acepta? (Denegación). No se acepta, luego, se vota en sus propios términos.
El señor DEL VALLE RODRÍGUEZ: He dicho que nosotros votaríamos la proposición no de ley tal cual la habíamos presentado.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: En sus propios términos. De acuerdo.
La iniciativa número 4 se vota con la autoenmienda del Grupo Parlamentario Popular.
¿La iniciativa número 6?
El señor DEL VALLE RODRÍGUEZ: Aceptamos la enmienda del Grupo Popular.
La señora PRESIDENTA: Se vota con la incorporación de la enmienda del Grupo Popular.
Entonces está claro qué es lo que vamos a someter a votación en cada uno de los asuntos.
VOTACIONES.
La señora PRESIDENTA: Vamos a iniciar la votación.
Proposición no de ley número 1, sobre la brecha digital como causa de exclusión social de los mayores. Se vota con la autoenmienda del Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 36; a favor, 22; en contra, 5; abstenciones, 9.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Pasamos a votar la segunda iniciativa, del Grupo Plural, con la transaccional acordada con el Grupo Socialista.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 36; a favor, 22; en contra, 5; abstenciones, 9.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Pasamos a votar la iniciativa tercera, que se vota en sus términos. Es la iniciativa sobre la actualización de las indemnizaciones por residencia del personal en activo del sector público estatal destinado en la Comunidad Autónoma de las
Islas Baleares.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 34; a favor, 20; en contra, 13; abstenciones, 1.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada la proposición no de ley.
Pasamos a votar la cuarta iniciativa, con la autoenmienda que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 36; a favor, 17; en contra, 18; abstenciones, 1.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Finalmente, votamos la sexta iniciativa, por la que se insta al Gobierno a modificar el apartado 4 del artículo 2 del Real Decreto 1330/1997, del Grupo Parlamentario VOX, con la incorporación de la enmienda presentada por el Grupo
Parlamentario Popular.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 35; a favor, 14; en contra, 20; abstenciones, 1.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la iniciativa.
Finalizado el orden del día, se levanta la sesión.
Eran las cuatro y treinta y cinco minutos de la tarde.