CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2021 XIV LEGISLATURA Núm. 575

COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ LOSADA FERNÁNDEZ, VICEPRESIDENTE PRIMERO

Sesión núm. 26

celebrada el martes,

21 de diciembre de 2021

ORDEN DEL DÍA:


Comparecencia del señor secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa (García Andrés), para informar, en cumplimiento de la disposición adicional primera de la Ley 38/2006, de 7 de diciembre, reguladora de la gestión de la deuda
externa, de los datos y las líneas principales en materia de gestión de la deuda externa. A propuesta del Gobierno. (Número de expediente 212/001285) ... (Página2)

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Se abre la sesión a las doce y cinco minutos del mediodía.


El señor VICEPRESIDENTE (Losada Fernández): Buenos días, señorías. Damos comienzo a la sesión.


Antes de dar la bienvenida al secretario de Estado, me gustaría disculpar a algunos miembros de esta Comisión que han hecho llegar a esta Mesa, a su Presidencia, sus excusas por problemas de salud derivados del COVID. Estamos hablando de,
al menos, tres diputados, entre los que se encuentra también la presidenta de la Comisión.


Damos la bienvenida al secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa y pasamos a sustanciar el orden del día de la presente reunión. Se procede a tramitar la solicitud, y para ello cedo la palabra al excelentísimo señor don Gonzalo
García Andrés.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ECONOMÍA Y APOYO A LA EMPRESA (García Andrés): Buen día, señorías. Gracias, presidente.


Es un honor comparecer por primera vez ante esta Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo para rendir cuentas sobre la gestión de la deuda externa ostentada por el Estado español en calidad de acreedor. Como saben, la
disposición adicional primera de la Ley 38/2006, Reguladora de la Gestión de la Deuda Externa, establece que con carácter anual el Gobierno deberá elaborar y remitir a las Cortes Generales un informe que describa la situación de nuestra posición
acreedora frente al exterior a cierre del ejercicio precedente. El informe correspondiente al ejercicio 2020 les fue remitido el pasado 1 de junio, y de esta forma el propósito de mi comparecencia en la Comisión es profundizar en el contenido de
este documento.


Voy a comenzar con una aproximación breve al origen y a la evolución de la posición acreedora de España frente al exterior para contextualizar la exposición, después abordaré de manera específica la situación de la cartera de deuda externa a
31 de diciembre de 2020, destacando sus elementos más relevantes, y les ofreceré también una actualización de las cifras al cierre del primer semestre de 2021 para que puedan tener información actualizada, dado que ya estamos acabando el año
siguiente al referente a la información que se incluye en el informe. Una vez analizadas las principales magnitudes de la deuda externa, me voy a centrar en cómo se ha gestionado esta deuda por mi departamento durante 2020 y la primera mitad de
2021.


Es obvio que dado este periodo de referencia, la evolución y la gestión de la deuda externa ha estado marcada por la pandemia y su impacto en las economías de gran parte de los países deudores de España, con particular atención a los países
de menores niveles de renta y los países más vulnerables a la pandemia. Por tanto, como verán a lo largo de la comparecencia, ese equilibrio en la gestión de la deuda externa entre tratar de facilitar el recobro por parte de España de las
cantidades, con apoyo en su caso a aquellas economías que tienen un problema de endeudamiento y vulnerabilidad, de acuerdo también a los principios de la cooperación española al desarrollo, de nuevo ha marcado la gestión y la evolución de la deuda
externa durante este periodo, con iniciativas tanto a nivel multilateral, que voy a explicar con detalle, como con iniciativas o impulso a las actuaciones en materia de gestión de la deuda externa bilaterales, que, aunque se han dificultado durante
un periodo largo por el impacto de la pandemia, no hemos dejado de realizarlas, porque la necesidad ha sido más acuciante de lo habitual durante este periodo.


Comienzo, por tanto, con una breve visión de conjunto. La deuda externa se deriva de las relaciones financieras que el Estado español mantiene con el exterior, y estas relaciones no responden, como saben, a un origen único, sino que derivan
de diversas fuentes. En primer lugar, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo dispone de un conjunto de instrumentos de apoyo a la internacionalización de la empresa; son instrumentos financieros. En el caso del Fondo para la
Internacionalización de la Empresa, el FIEM, ofrece financiación reembolsable para contratos logrados por empresas españolas fuera de nuestras fronteras con clientes extranjeros. El otro instrumento disponible en este ámbito, como saben, es el
seguro de crédito a la exportación por cuenta del Estado, que está gestionado por la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación, Cesce. En este caso lo que hace el Estado español para prestar apoyo a las empresas exportadoras no es
garantizar la financiación directa, sino dar una cobertura de riesgo de crédito para que los bancos puedan suministrar la financiación y, por tanto, que estas operaciones, normalmente operaciones de infraestructuras de elevado importe, sean más
fácilmente viables, con el efecto de arrastre e impulso sobre la exportación. Cuando el cliente extranjero no cumple con sus obligaciones de pago con los financiadores de la operación es cuando se genera en este caso la

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deuda externa, porque el Estado pasa a indemnizar al asegurado y así nos convertimos en los titulares de los derechos de cobro frente al deudor. Tanto en el caso de la actividad del FIEM como de Cesce el apoyo financiero otorgado por España
permite que las empresas españolas puedan ejecutar estos proyectos en mercados exteriores, de manera que en este caso la deuda se genera en algunas ocasiones en una parte pequeña de estas operaciones cuando se producen impagos. Y una segunda
dimensión de la financiación exterior es la vinculada a la política de cooperación al desarrollo. El Ministerio de Asuntos Exteriores cuenta con un instrumento específico en este caso, el Fondo para la Promoción del Desarrollo, Fonprode, que ofrece
financiación reembolsable para proyectos de desarrollo. Los receptores de esta financiación habitualmente son Estados soberanos o instituciones de microfinanzas. Las operaciones financiadas son seleccionadas atendiendo a criterios objetivos de la
política española de cooperación al desarrollo y se presta atención a que la financiación otorgada sea coherente con la sostenibilidad de la deuda del país beneficiario. Al margen de las dos dimensiones mencionadas, que generan flujos recurrentes
de deuda externa, el Estado español también puede articular operaciones puntuales de apoyo financiero para otros fines. Estas operaciones durante mucho tiempo no han sido habituales, pero, con ocasión de la crisis financiera, y, en particular, en
la crisis dentro del área euro, se produjeron un conjunto de operaciones de gran volumen destinadas a facilitar la viabilidad y el mantenimiento de Grecia dentro de la Unión Monetaria, y esto ha hecho que en 2010, en respuesta a esta crisis, se
instrumentara en primera instancia un paquete de préstamos bilaterales, que fueron coordinados a nivel multilateral y que ahora son una parte destacable de la cartera de deuda externa de España. Comprender este origen multidimensional de la deuda
externa es importante para poder interpretar y entender bien cuál es la evolución de la cartera y de la gestión.


Antes de proceder al análisis detallado de la cartera, me gustaría incidir en algunos aspectos significativos sobre su evolución con una perspectiva de medio plazo, es decir, más allá de lo que haya ocurrido en el periodo más reciente.
Primero, la deuda total ha mantenido una trayectoria descendente continuada desde el año 2014, y esta evolución es fruto de varios factores: los cobros de deuda por volúmenes superiores a las nuevas disposiciones, las condonaciones de deuda
efectuadas a países de renta más baja y también los efectos de las oscilaciones del tipo de cambio. Segundo, el desglose de la deuda es muy estable. Tomando 2015 como referencia, se aprecia que tanto el reparto de la deuda por categorías como su
distribución geográfica apenas han variado. De hecho, ocho de los diez mayores deudores soberanos en dicho ejercicio siguen figurando entre los diez mayores deudores en la actualidad. Tercero, la financiación otorgada por España se ha dirigido
mayoritariamente a financiar proyectos de inversión en ámbitos como la adquisición de bienes de equipo, la adquisición de infraestructuras de transporte terrestre o la protección medioambiental. Es importante destacar la finalidad última de estos
flujos de financiación, que son los que finalmente se pueden convertir en origen de la deuda para que se vea que, efectivamente, se trata de flujos de financiación que contribuyen a la economía y el bienestar de los países. Por último, me gustaría
destacar que España continúa siendo uno de los acreedores multilaterales de referencia. En 2014 éramos el sexto mayor acreedor del Club de París y en 2020 ocupamos el séptimo lugar sobre un total de veintidós países, y este cambio se explica por la
entrada de un nuevo acreedor miembro con un volumen de deuda que es ligeramente superior al nuestro, que es Corea del Sur.


Paso a referirme a la estructura de la cartera de deuda externa, que es el meollo de la información que está contenida en el informe de la deuda externa del Estado español como acreedor a 31 de diciembre de 2020. Este documento contiene un
primer bloque de información en el que se abordan todos aquellos contenidos exigidos por la Ley 38/2006, a la que me voy a referir, por simplificar, como la Ley de deuda. No obstante, el informe que les hemos remitido va más allá de algunos de
estos contenidos mínimos y proporciona información también sobre algunos aspectos adicionales que consideramos de interés, tales como la implementación de la iniciativa para el alivio de la deuda para los países pobres altamente endeudados, que
normalmente conocemos por sus siglas en inglés, iniciativa HIPC, o la situación de los programas de conversión de deuda.


Espero que el informe les haya resultado de interés, y voy a repasar el contenido de este documento, centrándome en lo que considero que es más destacable. A 31 de diciembre de 2020 la deuda externa total ostentada por el Estado español en
calidad de acreedor alcanzó los 13 375 millones de euros, cifra que supone una reducción interanual del 4,25 %. Se ha mantenido así en un entorno que, como les decía, ha sido complicado desde el punto de vista financiero y económico internacional,
una tendencia descendente que venimos viendo en los últimos ejercicios y que creo que testimonia una evolución más estructural en la dirección correcta. Una parte de esa disminución se ha debido al efecto derivado de la

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variación de los tipos de cambio frente al euro de la deuda denominada en divisas, y con la apreciación eso hace que la deuda en divisas, por la evolución del tipo de cambio, se reduzca. No obstante, el principal factor explicativo ha
correspondido al efecto combinado de una activa gestión de los cobros y al descenso de nuevas disposiciones de deuda. Durante el primer semestre de 2021 la deuda externa ha mantenido su tendencia descendente, y además se ha reducido un 1 % respecto
al cierre de 2020. En este caso la disminución se explica íntegramente por el volumen de cobros obtenido, que ha contrarrestado un efecto de la evolución del tipo el cambio alcista por la depreciación del euro respecto a las divisas en las que está
denominada la deuda. El reparto de la deuda por categorías no presenta variaciones relevantes respecto al ejercicio precedente. Continúa destacando la categoría de otros tipos de deuda, que representa el 49 % de la deuda total y que, como les
decía antes, corresponde en su práctica totalidad a los préstamos bilaterales desembolsados a Grecia en 2010 y 2011 para la instrumentación de la primera fase del apoyo financiero a este país; le sigue la deuda asociada a operaciones del FIEM, del
Fondo para la Internacionalización de la Empresa, que equivale a un 28 % del total; después se sitúa la deuda derivada de operaciones aseguradas por Cesce por cuenta del Estado, con un peso relativo del 20 %, y, por último, la deuda procedente de
las operaciones del Fonprode, que representa una parte pequeña, un 3 %.


En cuanto al desglose geográfico de la deuda por países y regiones, tampoco se han producido modificaciones destacables. Los cinco mayores deudores continúan siendo Grecia, Cuba, China, Túnez y Turquía, por este orden. Destaca
especialmente Grecia, que representa casi la mitad de la deuda total. Ya les digo que el caso de Grecia es excepcional, con un origen que no tiene que ver, en general, en la política habitual con los tres instrumentos financieros que les he
comentado al principio, sino más bien con esa vía de financiación extraordinaria y siempre dentro de un marco multilateral, en este caso como miembro de la Unión Monetaria en una situación crítica que se atravesó hace ahora más de diez años. Cuba
representa un 14 % del total. Les recuerdo que la deuda que el Estado español ostenta frente a este país corresponde en su inmensa mayoría a operaciones que datan de las décadas de 1980 y 1990. Solo un 1 % de las operaciones recientes explica la
deuda, concretamente una línea de seguro de crédito a la exportación gestionada por Cesce por cuenta del Estado que fue aprobada en abril de 2018. Como veremos además, una parte muy sustancial de la deuda de Cuba corresponde a la acumulación de
intereses de demora. Por lo que respecta a los siguientes países en esa lista de cinco, que son China, Túnez y Turquía, la deuda corresponde en su mayoría a operaciones antiguas de apoyo a la internacionalización aprobadas con cargo al antiguo
Fondo de Ayuda al Desarrollo e integradas después en el FIEM, tras la extinción del FAD en el año 2010. Estas operaciones se derivan de contratos obtenidos por empresas españolas en el exterior y, por tanto, esos orígenes geográficos son un mero
reflejo de los principales mercados de exportación en los que las empresas españolas operan con apoyo oficial. Otro aspecto que me gustaría señalar es que la cartera de deuda externa continua estando muy concentrada en un reducido número de países,
puesto que los diez principales deudores soberanos tienen contraído aproximadamente el 80 % del total de la deuda. Por áreas geográficas, sigue destacando Europa, justamente por el protagonismo de Grecia, con un 50 % del total, y la siguiente
región con mayor volumen de deuda es Iberoamérica, donde los mayores importes corresponden a Cuba, Venezuela y Ecuador. Otro elemento a destacar es que un 66 % de la deuda viva ha sido en algún momento reestructurada, si bien de nuevo esta cifra se
encuentra muy condicionada por la deuda de Grecia, que fue reestructurada en su totalidad y representa tres cuartas partes del total de esta categoría.


Por lo que respecta al desglose sectorial, el informe diferencia entre la deuda reestructurada y la no reestructurada y adicionalmente entre categorías de deuda, y voy a comenzar por el desglose con el volumen de la deuda no reestructurada.
Aquí los créditos del FIEM se destinan principalmente a operaciones de transporte terrestre y de medio ambiente. En la financiación otorgada por el FONPRODE destaca la canalizada a través de organismos multilaterales, particularmente a través del
Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola de Naciones Unidas. Por su parte, en el caso de la deuda comercial derivada de operaciones con cobertura de Cesce por cuenta del Estado, presenta un especial protagonismo el sector de bienes de equipo.
Por lo que respecta a la deuda reestructurada, esta se concentra en dos categorías: la de otros tipos de deuda, por el efecto de la deuda griega, si bien esta no tiene asignada un sector específico, y la deuda comercial, en la que nuevamente
destacan las operaciones de bienes de equipo.


En cuanto a los impagos, a 31 de diciembre de 2020 estos ascendían a 883 millones de euros, lo que implica un aumento interanual de 51 millones de euros o, lo que es lo mismo, del 6,1 %. La mayoría de los impagos registrados en 2020
corresponden a economías vulnerables, que se han visto seriamente

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afectadas por el impacto de la pandemia y han tenido dificultades en atender a sus pagos, y se han puesto en contacto con el Club de París para solicitar un tratamiento de su deuda. Destaca en este sentido el caso de Cuba, cuyos impagos se
incrementaron en 46 millones de euros. También se registraron impagos de tipo técnico en otros países de renta baja con los que se estaban negociando tratamientos de alivio de la deuda que a cierre de 2020 no habían podido entrar formalmente en
vigor y en los que, por tanto, la deuda afectada todavía figuraba a esa fecha pagada. Más adelante abordaré con mayor detalle ambos casos. El mayor volumen de impagos continúa correspondiendo a Venezuela y se deriva de una única operación de
seguro de crédito a la exportación de Cesce por cuenta del Estado. Concretamente, se trata de la póliza de cobertura que se suscribió en 2009 y que tenía por objeto cubrir a una unión temporal de empresas españolas del riesgo de impago de un
contrato que la había sido adjudicado para la modernización de una línea del metro de Caracas. Cesce recibió comunicación del siniestro de la operación en 2019, pero no efectuó la indemnización inmediatamente, pues deseaba mantener abierta la
posibilidad de reanudar la ejecución del contrato con su cliente. Esta situación ha cambiado, como les informaré más adelante, porque, efectivamente, ya se ha producido la reclamación de la indemnización. En el primer semestre 2021 la novedad más
relevante en este ámbito ha sido el incremento de los impagos de Argentina. El país solicitó al Club de París un aplazamiento del plazo para efectuar el reembolso de deuda que debía haber realizado en el mes de mayo. Ambas partes han mantenido una
fluida interlocución sobre este asunto y, fruto de ello, se ha alcanzado un acuerdo mediante el cual Argentina realizará pagos parciales de la deuda a corto plazo. Otra novedad relevante en el plano de los impagos es que en el primer semestre de
2021 se ha formalizado la reestructuración de la deuda de Somalia con España, pactada multilateralmente en aplicación de la iniciativa HIPC, para países pobres altamente endeudados. Fruto de esta restructuración, Somalia ya no presenta atrasos con
España, dado que su deuda ha pasado a clasificarse como pendiente de vencimiento.


En lo relativo a los cobros de deuda, en 2020 estos se han situado en 563 millones de euros, lo que implica un descenso interanual del 14 %. Ahora bien, este descenso no se corresponde con una tendencia generalizada en la cartera, sino que
se explica por el descenso de pagos de un deudor concreto, como es Argentina, que en anteriores ejercicios había realizado pagos superiores a los cien millones de anuales, cumpliendo el acuerdo suscrito con el Club de París en 2014. Como ya señalé,
Argentina no realizó pagos por este concepto en 2020 y ello explica la disminución del importe total. De hecho, si Argentina hubiese reembolsado el importe previsto, la cifra total de cobros habría superado a la de 2019. Como muestra del
satisfactorio comportamiento de los cobros en 2020 a nivel general de la cartera, cabe señalar que durante dicho ejercicio veintiún países deudores, casi un tercio del total, han experimentado reducciones significativas de su deuda, superiores al 15
%, que se explican por el cumplimiento de sus compromisos de pago, de manera que este comportamiento global de los cobros responde a un solo país. Me gustaría destacar también como acontecimiento significativo en este ámbito que en 2020 concluyó el
periodo de gracia para el reembolso de capital que se había otorgado a Grecia. Por tanto, a partir de 2020 dicho deudor, además de pagar los intereses de esos préstamos bilaterales, ha iniciado la amortización de capital de su deuda, lo que ha
provocado que el volumen de cobros procedentes de este país se incremente de manera sustancial. En particular, en 2020 se ha recaudado 98 millones de euros, frente a los 21 millones ingresados en 2019. De este modo, Grecia ha pasado a ser el
deudor con mayor volumen de pagos realizados, y este incremento de volumen anual no va a ser coyuntural, sino estructural, y, por tanto, se trata de un factor que previsiblemente va a contribuir a impulsar los cobros en futuros ejercicios.


Hay dos temas adicionales que me gustaría abordar en esta primera parte de mi intervención dedicada al análisis cuantitativo de la cartera. El primero es la deuda derivada de operaciones de microcréditos, que se situó en 83 millones de
euros, con un descenso del 3,8 % respecto a los datos de 2019. Como saben, se trata de un instrumento gestionado por el Ministerio de Asuntos Exteriores a través del Fonprode. La reducción de esta deuda se deriva principalmente del elevado volumen
de reembolsos, que se situó en 20 millones de euros en 2020. Esta es una señal positiva, puesto que muestra que el instrumento está funcionando, que los deudores están siendo capaces de afrontar las obligaciones de pago, y además les va a permitir
acceder a financiación adicional. Y el segundo elemento que me gustaría destacar es que en 2020 la deuda ostentada frente a las economías más pobres y endeudadas, las beneficiarias de la iniciativa HIPC, se ha vuelto reducir, en este caso hasta los
337 millones de euros. Esta es una reducción muy sustancial sobre la que teníamos hace tan solo unos años, por lo que mantenemos así una trayectoria de descenso continuado de la deuda frente este grupo de países que son particularmente vulnerables,
y esto por dos factores. En primer lugar, está el esfuerzo que hemos realizado en términos de alivio de la

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deuda -de nuevo, en el marco de la iniciativa HIPC desde su lanzamiento-, que se ha traducido en condonaciones de deuda por un importe total de 2872 millones de euros; es un esfuerzo significativo, que me gustaría destacar.


En segundo lugar, esta reducción de la deuda de los países más pobres y más endeudados tiene que ver con el impulso de una política rigurosa para la concesión de nueva financiación a estos países, con el objeto de asegurar la sostenibilidad
de su deuda. Ya saben que, en general, en toda la política de crédito y en la regulación de los tres instrumentos el tratamiento de las operaciones con países pobres altamente endeudados es particularmente riguroso, para evitar que se puedan
conceder nuevos flujos de financiación que en el futuro puedan convertirse en deuda externa y dar lugar a situaciones de sobreendeudamiento.


Una vez analizadas las principales magnitudes de la cartera, me gustaría referirme a las actuaciones que hemos realizado en materia de gestión. Esta gestión está guiada por los principios contenidos en la Ley de deuda. En esta norma se
estipula que, con carácter general, tenemos que velar por el respeto de las obligaciones contractuales, es decir, facilitar que recobremos los importes de intereses y el principal asociados a esa deuda y, por tanto, prevalecen las actuaciones
orientadas al recobro que, por otra parte, contribuye a preservar la estabilidad financiera y redunda en beneficio de los propios deudores, con un efecto de disciplina que es fundamental para que puedan hacer buen uso de los recursos externos a los
que tienen acceso para impulsar su desarrollo, su crecimiento y la mejora de sus servicios públicos. No obstante, la normativa contempla que, en aquellos casos en los que el deudor presente una situación de sobreendeudamiento que vaya a lastrar su
desarrollo, se puede negociar con carácter excepcional el tratamiento de alivio de la deuda. Los términos de dichos tratamientos se van a determinar caso por caso, con el fin de que se ajusten a la situación del deudor. La Ley de deuda establece
también que los tratamientos deben ser negociados multilateralmente con el resto de acreedores soberanos para maximizar su impacto sobre la sostenibilidad de deuda del beneficiario. Esta norma alude también a otros aspectos, como la necesidad de
coordinar las actuaciones de alivio de la deuda con otras políticas públicas como la presupuestaria o la de cooperación al desarrollo, que se manifiesta en la cooperación y coordinación estrecha que tenemos con los ministerios de Asuntos Exteriores
y de Hacienda y Función Pública.


Permítanme que proceda ahora a repasar los hitos más destacados en la gestión de deuda, tanto en 2020 como durante el primer semestre de 2021. Como señalé al comienzo de mi intervención, la gestión de la deuda externa lógicamente se ha
visto muy influida por el impacto económico y financiero de la pandemia, porque además ha agravado las vulnerabilidades de deuda a nivel global, pero con un impacto como el resto del impacto económico y financiero de la pandemia, que ha sido muy
desigual por sectores y por países y, por supuesto, ha golpeado más a aquellos países más vulnerables, de menor renta y de menor capacidad financiera, lo que en algunos casos ha generado nuevos riesgos de que estos países se enfrenten a situaciones
de deuda insostenible que requieren un tratamiento por parte de los acreedores en un marco multilateral. Nos tenemos que felicitar porque, frente a este reto, los acreedores soberanos han actuado de forma decidida y coordinada. Debo decir que
España ha tenido un papel muy activo en esta respuesta. Así, los países miembros del G-20 y del Club de París -entre los que se encuentra España- hemos puesto en marcha dos iniciativas conjuntas para proporcionar a los países con menores niveles de
renta un alivio de su deuda externa, tan pronto como en abril de 2020 se lanzó la iniciativa para la moratoria del servicio de la deuda externa, que comúnmente se conoce por sus siglas en inglés como DSSI. El objetivo de esta iniciativa era otorgar
a aquellos países de renta baja que lo solicitasen un aplazamiento de sus vencimientos de deuda más inmediatos, de manera que pudieran reorientar recursos presupuestarios a lo que era absolutamente imprescindible en ese caso, que era tratar de
reforzar los sistemas sanitarios y paliar los efectos sobre las empresas y sobre las familias de la crisis asociada al golpe de la pandemia. Inicialmente, la moratoria resultaba de aplicación durante el periodo comprendido entre mayo y diciembre y
fue, como muchas otras, una respuesta de emergencia que trataba de dar solución a un problema acuciante. No obstante, por parte española considerábamos que este plazo resultaba insuficiente y, por ello, defendimos en los diferentes foros
internacionales una extensión de su validez. Finalmente, en consonancia con esta posición que hemos defendido, se pactaron dos prórrogas por seis meses adicionales cada una, de manera que la moratoria se ha prolongado hasta el 31 de diciembre de
2021, fecha en la que está prevista su finalización definitiva, por tanto, la próxima semana.


Ahora bien, esto no implica que a partir de dicha fecha la comunidad internacional se desentienda de los problemas que ha generado la pandemia en términos de vulnerabilidades de deuda y problemas de sostenibilidad. Para atender a estas
situaciones, que van a ser situaciones más persistentes, más

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permanentes como consecuencia del impacto de la pandemia, el Club de París y el G-20 han lanzado la iniciativa conocida como el Common Framework, cuyo objetivo es asegurar la sostenibilidad de los países pobres a medio y largo plazo, es
decir, aquellos países que no solo enfrentan una situación coyuntural, sino que se van a enfrentar a una situación estructural de insostenibilidad. Se trata de buscar una solución a la altura del carácter estructural de este problema. Está
dirigido a los mismos países elegibles bajo la iniciativa DSSI, es decir, a aquellos que tienen menores niveles de renta; se aplica a iniciativa del país deudor; a continuación, los acreedores analizan la situación de deuda del país sobre la base
de la información actualizada que suministran el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial y, de manera paralela, el solicitante tiene que consensuar con el fondo las condiciones de un programa de apoyo financiero; después, se procede a
negociar con el deudor un tratamiento de alivio de deuda cuyos términos se deciden caso por caso, con el fin de que se ajusten a la situación específica de cada deudor. Dichos tratamientos podrán incluir quitas si estas resultan necesarias para
restablecer la sostenibilidad de la deuda del país. El Common Framework promueve, además, que el resto de los acreedores, tanto soberanos como privados, participen en este alivio, en la línea de los principios de alivio de la deuda que vienen
aplicando las instituciones multilaterales desde hace años.


Permítanme ofrecerles un balance provisional de ambas iniciativas, tanto de la DSSI como del Common Framework. Hasta el momento, son cuarenta y ocho los países de renta baja que han solicitado acogerse a la iniciativa de la moratoria y se
han beneficiado de un alivio de deuda por valor total de 10 250 millones de dólares, que es una cifra que da muestra de la eficacia que ha tenido esta respuesta muy ágil de los acreedores ante las necesidades que ha creado la pandemia. Dichas
cifras incluyen la deuda reestructurada por la DSSI, tanto en 2020 como durante la primera prórroga, que cubrió el primer semestre de 2021; no incluyen el alivio de deuda que se ha proporcionado durante el segundo semestre de 2021 porque,
lógicamente, todavía no conocemos las definitivas. De los cuarenta y ocho países que han solicitado acogerse a esta iniciativa de moratoria, doce tenían deuda elegible frente a España por un importe agregado de 47 millones de dólares y, por tanto,
hemos procedido a negociar con ellos los correspondientes acuerdos bilaterales de reestructuración de deuda. En cuanto al Common Framework, hasta el momento tres países han solicitado su aplicación: Chad, Etiopía y Zambia. En el caso de Chad, las
negociaciones para la implantación del alivio de deuda ya han comenzado y, en cuanto a Etiopía y a Zambia, el próximo hito que debe cumplirse en ambos casos es que sus autoridades suscriban un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para la
implementación de un programa de apoyo financiero. En ninguno de estos tres países España cuenta con deuda contraída, me gustaría destacar este elemento.


Ahora bien, no solo los países elegibles bajo las dos iniciativas han experimentado tensiones financieras derivadas de la pandemia. El Club de París ha tenido también que dar respuesta a las peticiones de otros deudores que han solicitado
alivio de deuda tras el golpe que ha supuesto la pandemia. En junio de 2021, el grupo de acreedores de Cuba del Club de París alcanzó un acuerdo con dicho país para reprogramar varios vencimientos de deuda. Como saben, ambas partes habían suscrito
en 2015 un acuerdo de reestructuración de la deuda cubana de medio y largo plazo. Ese acuerdo preveía la realización de pagos anuales por parte de Cuba desde 2016 hasta el año 2033. Cuba atendió debidamente las cuotas de los años 2016, 2017 y
2018, pero en 2019 presentó atrasos en el pago, si bien las autoridades cubanas comunicaron al Club de París su voluntad de saldarlos a la mayor brevedad posible y de continuar cumpliendo sus compromisos de pago. Sin embargo, el inesperado inicio
de la pandemia agravó las vulnerabilidades de la economía cubana y llevó al país a solicitar una reprogramación de sus próximos pagos. El Club de París ha tratado de ser, en el contexto de la crisis del COVID, un foro útil para contener las
vulnerabilidades de deuda a nivel global y de este modo contribuir a que la recuperación sea lo más robusta y lo más generalizada desde el punto de vista geográfico. Con este espíritu, el pasado mes de junio el grupo de acreedores de Cuba alcanzó
un acuerdo con las autoridades cubanas que implica el aplazamiento de los vencimientos más inmediatos de deuda mediante un acuerdo de reprogramación de esos pagos pero sin quita. Además, las condiciones consensuadas multilateralmente incluyen la
aplicación de un tipo de interés compensatorio, de manera que no se reduce el valor actual neto de la deuda reprogramada, y un interés de demora sobre los importes impagados en 2019. La fecha de finalización de los reembolsos -que, como les
recuerdo, era 2033- se mantiene inalterada.


Asimismo, en junio de 2021 el Club de París alcanzó un acuerdo con Argentina. Con este país se había suscrito en 2014 un acuerdo multilateral para regularizar sus impagos, que se ha venido desarrollando de manera muy satisfactoria. Las
autoridades argentinas fueron cumpliendo todos sus compromisos de reembolso -como hemos visto en el caso de los cobros, porque lógicamente España

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tenía una deuda significativa con Argentina- sin incidencias y les quedaba solo acometer un último pago, que estaba previsto para mayo de 2021. Gracias a este acuerdo y a su desarrollo normal antes de la pandemia, la deuda bilateral que
tenía Argentina con España se ha reducido desde casi 600 millones de euros al cierre de 2013 a 178 millones de euros a finales de 2020. Sin embargo, el deterioro de la situación financiera de la economía argentina, que se agravó por la pandemia, ha
motivado que las autoridades solicitasen al Club de París un aplazamiento del pago que quedaba pendiente. El pasado mes de junio ambas partes alcanzaron un acuerdo por el cual Argentina se comprometió a reembolsar entre 2021 y 2022 una parte de los
importes adeudados y acordar, no más tarde de marzo de 2022, los términos de un programa de apoyo financiero con el Fondo Monetario. Cuando se cumplan ambas premisas las dos partes reevaluarán el calendario de pagos a aplicar a la deuda que
continúe pendiente. Pensamos que se trata de un acuerdo beneficioso para ambas partes y, además, es un acuerdo que apoya los esfuerzos de las autoridades argentinas para reestablecer la sostenibilidad de su deuda, que ya iniciaron en 2020 con la
negociación de una reestructuración con quita de su deuda con los acreedores privados internacionales. Además, les concede tiempo suficiente para completar con éxito la negociación de un programa de apoyo financiero con el Fondo Monetario
Internacional. Desde el punto de vista de los acreedores del Club de París, este acuerdo es positivo, porque permite recobrar parte de la deuda a corto plazo y además favorece que se culmine un acuerdo entre las autoridades argentinas y el fondo
que permita reforzar las perspectivas de sostenibilidad de la deuda del país a medio y largo plazo.


Como se puede apreciar, la agenda del Club de París ha estado muy condicionada por los efectos de la pandemia, pero no por ello se han desatendido otras vertientes de la actuación del club, como es la implementación de la Iniciativa HIPC.
Aquí se han producido también avances recientes muy relevantes. La iniciativa tiene un estado ya avanzado de ejecución, es una iniciativa que se lleva aplicando ya durante años. A finales de 2019, de los treinta y nueve países elegibles solo
quedaban tres, Somalia, Sudán y Eritrea, por cumplir los hitos establecidos en la iniciativa. Desde dicha fecha dos de estos tres países han alcanzado el punto de decisión, el primero de los dos hitos, gracias a los progresos en aspectos como la
implementación de las reformas y la elaboración de una estrategia de desarrollo a medio y largo plazo. El primero que lo hizo fue Somalia, que alcanzó su punto de decisión en marzo de 2020. Como consecuencia de ello los miembros del Club de París
procedieron a negociar un acuerdo multilateral para reestructurar su deuda, que fue suscrito el 31 de marzo -este es el tratamiento que se da al alcanzar el punto de decisión-, y ese acuerdo implica la reprogramación de la totalidad de la deuda
bilateral de Somalia con España a un plazo de nueve años, incluyendo cuatro años de gracia. Este acuerdo sienta las bases para la normalización de las relaciones financieras de Somalia con la comunidad financiera internacional y va a permitir
impulsar el proceso de desarrollo en el país.


Por su parte, Sudán alcanzó el punto de decisión de manera más reciente, en junio de este año, lo que ha dado lugar de nuevo a un acuerdo multilateral con el Club de París para reestructurar su deuda el 15 de julio. Al igual que en el caso
anterior, el acuerdo que se ha alcanzado con Sudán implica la reprogramación de la totalidad de su deuda bilateral con España, en esta ocasión a un plazo de cuarenta años incluyendo dieciséis de gracia. A la vista de los acontecimientos políticos
que tuvieron lugar en Sudán con posterioridad a la firma del mencionado acuerdo multilateral, el Club de París está haciendo un seguimiento estrecho de la evolución de la situación coordinados con el Fondo Monetario y el Banco Mundial. Conviene
recordar aquí que en 2007 el Consejo de Ministros acordó que a los países beneficiarios de la Iniciativa HIPC que alcanzasen el segundo y definitivo hito, es decir, el que denominamos punto de culminación, se les aplicaría con carácter voluntario
una condonación del cien por cien de la deuda contraída con anterioridad a 2004. Desde el Gobierno de España nos reafirmamos en el cumplimiento de este compromiso y, por tanto, una vez que Somalia y Sudán cumplan con las condiciones previstas para
alcanzar el punto de culminación, España procederá a condonar el importe íntegro de la deuda bilateral que ostentamos con ambos países.


En definitiva, el año 2020 y el primer semestre de 2021 han estado marcados por una intensa actividad del Club de París. Me gustaría destacar el papel activo que ha desempeñado España en este foro. Hemos sido uno de los países que más han
participado en el diseño de las iniciativas internacionales de alivio de deuda. Nos parecía una necesidad y una obligación para responder a las necesidades de la pandemia. Hemos logrado, además, que se alcanzasen sendos acuerdos para la prórroga
de la validez de la iniciativa de moratoria de deuda que, como les he dicho, defendíamos desde un principio.


Por otra parte, España ha tratado de implementar con la mayor agilidad posible los acuerdos alcanzados en el Club de París. De hecho, fuimos el primer acreedor en suscribir con Somalia el acuerdo

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bilateral que aplica las condiciones del alivio de deuda pactadas multilateralmente, lo cual nos ganó el reconocimiento en dicho foro por esa agilidad. Creo que, en general, el balance de nuestra actividad en el club durante este periodo es
favorable.


También ha sido intensa nuestra actividad, como les decía al principio, en el ámbito de la gestión de la deuda desde una perspectiva bilateral, en particular en lo que se refiere a la gestión de los programas de conversión de deuda. Saben
bien que este instrumento de los programas de conversión de deuda es uno de los que mejor definen la aproximación que lleva España a la gestión de la deuda para tratar de hacer compatibles el alivio de la deuda con la disciplina y con el uso de esos
recursos para contribuir al desarrollo sostenible de los países acreedores. Aquí las novedades son las siguientes. En julio de 2021 se ha producido la entrada en vigor de un nuevo programa de conversión de deuda con la República de Guinea Bissau,
que se deriva del compromiso voluntario del Gobierno de España de condonación de la deuda a los países pobres altamente endeudados al que he aludido anteriormente. Esta iniciativa se instrumenta en colaboración con el Programa Mundial de Alimentos
de Naciones Unidas, de manera que también supone una oportunidad para el refuerzo de la colaboración de España con esta institución. El acuerdo alcanzado implica la condonación de la totalidad de la deuda ostentada por España frente a Guinea Bissau
-son unos 12 millones de dólares- y la dotación por la parte guineana de 6,7 millones de dólares conforme a un calendario consensuado entre ambas partes, con inicio en 2022 y finalización en 2029. Estos recursos de este nuevo programa de conversión
se utilizarán para financiar un proyecto de refuerzo nutricional y lucha contra la inseguridad alimentaria en el territorio guineano, con especial atención a los colectivos más vulnerables: los niños, los recién nacidos, las mujeres embarazadas y
las personas afectadas por el VIH. Este programa se encuentra estrechamente alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y, concretamente, con la prioridad de la lucha contra el hambre. Además, al encomendar su ejecución al Programa Mundial
de Alimentos vamos a podernos beneficiar de la amplia experiencia que tiene este organismo en la gestión y supervisión de proyectos de lucha contra la inseguridad alimentaria que tan buenos resultados han dado a nivel internacional y que, además, le
ha valido el ser galardonado en 2020 con el Premio Nobel de La Paz.


En segundo lugar, en marzo de 2021 procedimos a cerrar, junto con las autoridades de Costa Rica, el programa de conversión de deuda con ese país tras haberse completado la utilización de sus recursos. Dicho subprograma supuso la condonación
por parte de España de un importe equivalente a casi 5 millones de euros y, a cambio, Costa Rica dotó un fondo de contravalor por un importe análogo que se ha utilizado para financiar proyectos de protección medioambiental.


Me gustaría poner en valor dos elementos de este programa recién clausurado. En primer lugar, este programa, cuando se firmó, fue una experiencia pionera a nivel global en el ámbito del canje de deuda por inversiones en naturaleza.
Concretamente, para Costa Rica, el programa suscrito con España fue la primera iniciativa de este tipo y su buen funcionamiento llevó a las autoridades costarricenses a impulsar en años posteriores actuaciones análogas con otros acreedores, como fue
el caso de Estados Unidos.


En segundo lugar, pese a que el importe objeto de conversión por parte de España es modesto en términos comparativos, con dichos fondos se han financiado proyectos de gran relevancia para Costa Rica, tales como la elaboración e
implementación de la Estrategia Nacional de Cambio Climático o el desarrollo sostenible de cuencas hidrográficas. Se han impulsado, en definitiva, proyectos con un significativo impacto medioambiental y enfocados prioritariamente a acciones de
alcance nacional y marcado carácter estratégico. Así, la cartera de programas de conversión de deuda en la actualidad consta de veintisiete programas en vigor en veintiún países diferentes. En términos agregados, dichos programas implican la
condonación de deuda por contravalor de 1230 millones de euros y la movilización de 862 millones de euros para financiar proyectos de desarrollo en los países beneficiarios.


En cuanto a su desglose geográfico, África, con diecisiete programas en vigor, es el primer país, la primera región, seguida de Iberoamérica con nueve y Oriente Medio con uno. En términos sectoriales, los proyectos financiados con estos
programas de conversión se concentran principalmente en los ámbitos más conectados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible: agua y saneamiento, educación, sanidad y transporte. Se puede apreciar así el vínculo estrecho que tiene esta iniciativa
bilateral Española con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.


Me complace también anunciarles que, pese a las dificultades derivadas de la pandemia, los programas de conversión de deuda suscritos con Camerún, con Etiopía, con República Democrática del Congo, que, como saben, también se instrumentan
mediante un acuerdo tripartito con el Fondo Mundial de la Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria, han completado recientemente la utilización de

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todos sus recursos financieros. Por tanto, una vez se completen las actividades de auditoría externa que se encuentran en curso, se procederá también a su cierre definitivo.


Me gustaría avanzarles algunos datos breves -y estoy terminando ya- sobre los resultados de dichos programas. En el caso de Camerún, los fondos disponibles, que ascendían a 9,3 millones de euros, se han destinado a financiar el suministro
de antirretrovirales; concretamente, han permitido dar tratamiento a 38 000 personas enfermas de sida y han contribuido a elevar la tasa de personas enfermas que reciben tratamiento del 50 al 70 %. En Etiopía se han movilizado 3,2 millones de
euros para cofinanciar el programa de fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud; en concreto, a través del equipamiento de laboratorios regionales para extender el diagnóstico y el tratamiento de la tuberculosis, el sida y la malaria. Y
finalmente, con la República Democrática del Congo se acordó integrar los 2,9 millones de euros disponibles en el presupuesto del Programa Nacional de Lucha contra la Malaria y se han dedicado concretamente a la distribución de casi dos millones de
mosquiteras en uno de los países con mayores tasas de incidencia y mortalidad asociadas a dicha enfermedad.


Por tanto, el año 2020 y el periodo transcurrido de 2021 han resultado productivos en el ámbito de conversión de deuda. Además de los resultados alcanzados, tenemos que destacar la contribución de estos programas en su dimensión intangible.
Como les decía antes, el canje de deuda es una herramienta muy valiosa para reforzar las relaciones que tenemos con los países beneficiarios. Además, esta colaboración se fundamenta sobre principios que inspiran en general la política de gestión de
la deuda externa, como la toma de decisiones por consenso, el fomento de la apropiación de los programas por parte de los propios países beneficiarios, y creo que son un ejemplo en muchas dimensiones de cómo tratar de manera efectiva el alivio de
deuda con el mejor efecto para los dos países. Es más, no solo contribuyen al refuerzo de las relaciones, sino también ofrecen la oportunidad de profundizar en la colaboración con organismos multilaterales que tratamos siempre de asociar, en la
medida de lo posible y cuando los países están dispuestos a ello, a la gestión de los programas. Ya he mencionado en este sentido tanto el caso del Programa Mundial de Alimentos como el del Fondo Mundial de la Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis
y la Malaria. Estos programas también se caracterizan por la estrecha coordinación entre distintos agentes. Es muy complicado porque no son montantes muy grandes, pero se trata de hacer una gestión conjunta de los proyectos de acuerdo a las
prioridades de los países y suponen un esfuerzo de coordinación significativo.


La gestión española de la conversión de deuda se ha identificado por el Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE como un ejemplo de buena práctica en lo relativo a la coordinación que existe entre el Ministerio de Asuntos Exteriores y el
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Esta coordinación se articula mediante un conjunto de mecanismos que van desde la participación conjunta de ambos ministerios en la estructura de gobernanza de los programas hasta la
integración de los programas en los Marcos de Asociación País de la cooperación española, que determinan cómo se van a configurar las actuaciones de la cooperación en un determinado territorio. También es estrecha, como decía, la coordinación con
otros departamentos, como el Ministerio de Hacienda y Función Pública o el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, que también colabora en la gestión por medio de sus oficinas económicas y comerciales. Además, desde mi departamento proponemos
también la inclusión de la sociedad civil en esta estructura de coordinación mediante la incorporación de una organización no gubernamental a los comités técnicos responsables de evaluar la viabilidad, sostenibilidad e impacto en desarrollo de estos
proyectos. Esta participación global a veces es difícil, complica la gestión, pero creo que los datos, la evolución, la trayectoria de los programas de conversión de deuda muestran que ese esfuerzo merece la pena viendo los resultados.


Señorías, concluyo ya mi intervención. Este periodo, como en muchos otros ámbitos de las políticas públicas nacionales e internacionales, ha sido complejo. En un ámbito que está muy conectado con la evolución financiera y económica de los
países y sus capacidades y necesidades presupuestarias, lógicamente hemos tenido que responder con rapidez a las necesidades de los países y, además, seguir tratando de avanzar en los objetivos de la gestión de la deuda externa. Y creo que, en
general, los resultados son positivos. Se ha logrado mantener la tendencia descendente de la deuda externa, tanto para el conjunto de los deudores como, en particular -y creo que esto es muy importante-, frente a las economías más pobres. Se han
impulsado iniciativas sin precedentes de coordinación entre el Club de París y el G-20 para ofrecer alivio a las economías con menores niveles de renta y estas iniciativas han sido fundamentales para paliar el impacto en estos países; además, han
contado con una participación muy activa de España. Y, además, se han continuado realizando progresos en el ámbito de la conversión

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de deuda, que se ha traducido en el lanzamiento de un nuevo programa y en la exitosa ejecución de numerosos proyectos.


No obstante, en este final de año seguimos teniendo, como sabemos todos, elementos de incertidumbre, elementos que van a seguir afectando en particular a los países más vulnerables y, por lo tanto, tenemos que perseverar con este esfuerzo
para seguir siendo eficaces a la hora de garantizar un alivio rápido y eficaz a aquellas economías que puedan seguir sufriendo las consecuencias de la pandemia y, al mismo tiempo, seguir en esta línea de buena gestión, de avance y de reducción del
volumen de gestión de la deuda externa.


Quedo ahora a disposición de las preguntas y cuestiones que quieran plantear sus señorías. Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE: Muchas gracias, señor García Andrés.


A continuación, hacen uso de la palabra, en un primer turno de intervención, los portavoces de los grupos parlamentarios presentes y que lo deseen, de menor a mayor, por un tiempo máximo de diez minutos. Según los presentes que lo hayan
manifestado, empezaríamos por el Grupo Parlamentario Republicano. ¿La señora Dantas quiere intervenir?


La señora CARVALHO DANTAS: Sí, president.


El señor VICEPRESIDENTE: Tiene su señoría la palabra.


La señora CARVALHO DANTAS: Gracias, señor presidente. Buenos días y muchas gracias por su comparecencia, señor secretario.


En este año hay dos temas que nos preocupan bastante, que son la deuda y la austeridad. Nunca ha sido tan necesario -tan necesario- estudiar y analizar los efectos de la deuda sobre los países del sur global, sobre la crisis climática y
cómo los mercados financieros han ignorado y se han engordado tras la pandemia. ¿Y por qué decimos esto? Porque los mercados financieros fueron los únicos que no hicieron confinamiento.


En marzo de 2000, unos y unas activistas realizaron una consulta social por la abolición de la deuda externa, y una de esas activistas era la socióloga Iolanda Fresnillo, que lleva más de dos décadas luchando contra la deuda ilegítima e
ilegal y su uso como herramienta de sometimiento. Estuve hablando con la socióloga; ha sido bastante interesante la charla porque aprendí muchísimo, y es que la deuda crece más que la economía, señorías -y lo sabe también usted, señor secretario,
seguramente-. Como me dijo la señora Fresnillo -abro comillas-: 'mientras en países del norte los Estados siguen inyectando dinero en la economía para recuperarse de la crisis del COVID, en los países del sur ya empiezan a escuchar la mismas
recetas que en crisis anteriores' -cierro comillas-. La cosa se puede resumir en lo siguiente: que tienes mucha deuda, pues aquí tienes otro préstamo; que no puedes devolverla, pues austeridad, recortes, ajustes estructurales... Mientras tanto,
varios países rozan la suspensión de pagos; otros no tienen para comprar vacunas, porque lo primero es siempre pagar la deuda, siempre, y la bola mundial no hace más que crecer. El sur debe estar representado -no lo decimos solo nosotras, lo dice,
por ejemplo, la Coordinadora de ONG-; hay que auditar la deuda y hay que promover reglas más transparentes y justas para los préstamos internacionales. Pues eso, señor secretario, sobre la deuda y sobre la austeridad van nuestras preguntas, porque
creemos que es imprescindible hablar de ello.


Hay dos temas que queremos tocar. El primer tema es ir más allá de la iniciativa de suspensión, o sea, del DSSI, del que usted ha hablado tanto, del G20, de suspensión de deuda, iniciativas de cancelación que se puede invertir en salud,
protección social o desarrollo sostenible. El segundo punto es ir más allá en la donación de los derechos especiales de giro.


Empiezo las preguntas. El Gobierno anunció en la COP26 que España añadirá la asignación del 20 % de sus nuevos derechos especiales de giro -o sea, DEG- a países vulnerables, es decir, un mínimo de 350 millones al Fondo para la Reducción de
la Pobreza del Fondo Monetario Internacional y el resto al nuevo Fondo para la resiliencia y la sostenibilidad, una vez que se haya creado -esto es ipsis litteris de la web de la Moncloa-. Pero es que eso nos parece muy poco: pedimos un 50 % -como
han demostrado otros países, señor secretario-, España debe compartir los 11 000 millones de euros de derechos especiales de giro y que la asignación no genere insostenibilidad de la deuda e implique condicionabilidad -entre paréntesis: las
políticas de ajuste, obviamente-; respeto a la soberanía de los países. La primera pregunta que le hago es en relación con el año 2020 y en previsión para el año 2021: ¿qué países deudores del Estado español se han podido beneficiar de la
iniciativa de suspensión de servicio de deuda,

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aprobada por el G20, y en qué cantidades? O sea: ¿qué países y qué cantidades? Nos gustaría saber, sobre todo, la lista de países, que el Gobierno la publicara, porque, además, es una obligación legal -lo dice la Ley de gestión de deuda
que usted ha citado antes-. Los países beneficiarios del DSSI retoman los pagos de deuda a partir del 1 de enero de 2022, y a partir de 2023 tienen que empezar a devolver a sus acreedores bilaterales -incluida España- los pagos temporalmente
suspensos. Por eso, preguntamos: ¿qué acciones tomará el Gobierno español para garantizar la sostenibilidad de la deuda a esos países? ¿Hay previsto algún tipo de cancelación -no suspensión temporal de pago, sino cancelación- de deuda?


El presidente Pedro Sánchez y la ministra Calviño han participado este año en varios acontecimientos de Naciones Unidas sobre la deuda -me parece que el presidente del Gobierno en abril y la ministra en octubre, hace poco tiempo- y ambos
pusieron sobre la mesa la necesidad de abordar la situación del endeudamiento y la falta de financiación de países de renta mediana -hablo particularmente de América Latina-. Por eso le preguntamos, señor secretario, qué propuestas han avanzado en
ese sentido. Se lo preguntamos porque los países de renta media están fuera de las iniciativas de suspensión de pago de deuda y del marco común. El FMI está abierto a ampliar el marco común a estos países y queremos saber dónde está el Gobierno
español en este tema. La Coordinadora de ONG insiste en que se necesita más democracia en las instituciones financieras internacionales y también dice que la mayoría de las sillas del accionariado pertenecen a los países ricos. Por eso le
preguntamos si las deudas existentes son legítimas, señor secretario, porque España puede promover reglas más transparentes y justas en base al principio de cooperación para los préstamos internacionales, pensamos nosotras.


Para acabar, señor presidente y señor secretario, volvemos a insistir en la condonación de deuda como clave para permitir que los Estados más empobrecidos puedan destinar el máximo de recursos públicos al desarrollo y fortalecimiento de los
sistemas sanitarios públicos. En plena pandemia, el sur global continúa pagando más intereses que la ayuda oficial al desarrollo recibida y este dato es especialmente importante -importantísimo-, señor secretario de Estado, si tenemos en cuenta las
dificultades para acceder a las vacunas que tienen estos países. Así, pues, es importantísimo que la deuda no pueda ir en contra de esa construcción sanitaria estatal.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE: Gracias, señora Dantas.


Por el Grupo Parlamentario VOX tiene la palabra la señora Toscano.


La señora TOSCANO DE BALBÍN: Buenos días, señor secretario de Estado. Al Grupo Parlamentario VOX le complace tenerle hoy entre nosotros, sobre todo por un tema tan fundamental como el de la gestión de la deuda externa. El pasado 1 de
junio su Gobierno nos trasladó el informe de la deuda externa del Estado español como acreedor -datos a 31 de diciembre de 2020- y, tras una detallada lectura del mismo, me gustaría destacar algunas cuestiones que llaman poderosamente la atención.
En primer lugar, aparecen los deudores al Reino de España. Entre estos, destacan Grecia, con 6 572 000 millones de euros, Cuba, China, Marruecos y Venezuela. Cabe apuntar que, de estos deudores, Venezuela se encuentra en la cabeza de los impagos,
con un total de más de 170 millones de euros, siendo Cuba la número dos en esta materia, con 80,44 millones de euros impagados. Me gustaría preguntar a los señores comunistas de la sala si no se les cae la cara de vergüenza al ver que sus sistemas
políticos no solo requieren ayuda en deuda, sino que además son incapaces de pagarnos. No sé si es esto lo que quieren traernos a España. Asimismo, el Reino de Marruecos adeuda al Reino de España un impago de 720 000 euros. Esta situación resulta
paradójica, sobre todo si se tiene en cuenta que estos tres países han demostrado su animadversión hacia el Reino de España y todos los valores que representa. No obstante, más allá del antagonismo evidente entre una democracia liberal consolidada,
como la española, y tres regímenes autoritarios represivos, lo cierto es que estas deudas ponen en entredicho la propia legislación española, la misma que hoy le obliga a comparecer, señor secretario.


La Ley 38/2006, de 7 de diciembre, reguladora de la gestión de la deuda externa, es explícita en su artículo 3 a la hora de los principios rectores que deben regir la política española en esta materia. De forma sucinta, son: a) Respeto a
la estabilidad financiera y de las obligaciones contractuales. El principio general de actuación de la política de gestión de la deuda externa debe ser el de respeto de las obligaciones contractuales y de estabilidad en las relaciones financieras.
b) Cooperación al desarrollo. Las medidas en materia de deuda exterior se adaptarán a las necesidades de desarrollo de los países deudores. Estas medidas se dirigirán preferentemente a los países en vías de desarrollo con menor renta

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y mayor nivel de endeudamiento y, dentro de ellos, a los que sean prioritarios para la cooperación española. e) Se prestará especial atención a que los países beneficiarios de tratamientos de deuda se comprometan de forma expresa y
verificable a reducir el nivel de pobreza, a avanzar en la democratización del país, a progresar significativamente en el respeto de los derechos humanos, a perseguir el crecimiento económico sostenible y el bienestar y el pleno desarrollo social y
humano de sus pueblos, así como la conservación del medio ambiente. f) Las actuaciones en materia de deuda externa dirigidas a los países de origen de los flujos migratorios que recibe España deberían incluir fórmulas de participación de los
propios migrantes, de modo que puedan contribuir al desarrollo de esos países.


Siguiendo estos principios, es evidente que ni Cuba, ni Venezuela, ni Marruecos, ni incluso China deberían haber recibido fondos del erario público español, sobre todo atendiendo a los principios contemplados en los apartados e) y f). Es
público y notorio que ninguno de estos países está avanzando en la democratización ni en el respeto de los derechos humanos.


Por otro lado, somos conscientes de que, en el caso cubano, gran parte de la deuda contraída proviene de operaciones de los años ochenta y noventa. No obstante, la deuda con Venezuela es muy diferente; el informe del ejercicio anterior
mostraba un incremento exponencial del 191,7 % de la deuda externa de este país con el Reino de España. Por tanto, este aumento es una prueba palmaria del posicionamiento internacional de su Gobierno, más cercano a regímenes totalitarios y que
cometen crímenes de lesa humanidad, según la Organización de los Estados Americanos, que a nuestros aliados tradicionales, como por ejemplo los Estados Unidos de América.


Somos conocedores de que este tipo de deuda es, entre otros, un seguro para proteger a las empresas españolas del riesgo de impago en aquellos países; así, si este se produce, el seguro del Estado español lo cubre y el Estado moroso pasa a
tener al Reino de España como acreedor. Pero, señor secretario, desde VOX le queremos transmitir que esta fórmula es también una forma de seguir dando oxígeno a regímenes totalitarios, ya que, finalmente, y a través de mecanismos como los acuerdos
de París, se les condonan los intereses de demora y gran parte de la deuda. Por todo ello, instamos a su Gobierno a que exija el respeto de las obligaciones contractuales y, sobre todo, que aplique los principios rectores contemplados en la Ley
38/2006, reguladora de la gestión de la deuda externa.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE: Gracias, señora Toscano.


Es el turno ahora del Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra la señora Gázquez.


La señora GÁZQUEZ COLLADO: Gracias, presidente.


Buenos días. Muchas gracias por su exposición y también por dar otra vez este año cumplimiento a lo establecido en la Ley 38/2006. Damos las gracias porque de verdad que no estamos muy acostumbrados a que el papel del Parlamento se cumpla
por parte del Gobierno; aquí comparecen poco, comparecen lo justito y necesario, y el hecho de que alguien lo cumpla nos sorprende. También le queremos dar las gracias por el talante que ha mostrado. Desafortunadamente, hemos visto la cara de su
jefa, hemos visto que su errática política económica y su probada incompetencia encima venía agudizada por una nula base moral mirando de lado hacia acosos de niños o abusos a niñas. La verdad es que todo no vale y hemos visto que su talante,
afortunadamente, es diferente y confiemos en que su solvencia también.


En cuanto a su comparecencia, y específicamente a lo que ha citado en el informe, vemos que efectivamente no ha cambiado mucho el informe con respecto al del año pasado. Se destaca la reducción de la deuda, efectivamente, pero en el informe
observamos -como muy bien ha dicho también usted- un incremento de los impagos y una bajada alta en este caso, preocupante, de los cobros, que efectivamente se deben a Argentina. Pero, bueno, eso requiere un seguimiento, requiere un programa y
requiere una línea para ver que esos cobros realmente llegan, que aunque se tenga identificado el país y básicamente correspondan a esa actuación se puedan seguir y podamos hacernos con lo que nos merece.


El año pasado augurábamos en esta comparecencia que iba a pasar esto, que los cobros iban a bajar y que los impagos iban a crecer. Los principales deudores siguen siendo igual que el año pasado Grecia, Cuba, China, Túnez y Turquía, que
abarcaban el 70 %, aunque ahora han subido a un 72 %; o sea, que vemos que el avance de estos países no mengua, sino que sigue creciendo. Así que en el mismo sentido del año pasado volvemos a plantear exactamente las mismas preguntas: ¿cómo han
evaluado el riesgo de impago que se puede seguir sucediendo por la pandemia en los años 2021, 2022 y siguientes? Porque la pandemia sigue aquí desafortunadamente y las consecuencias que se pueden derivar serán

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complicadas. En ese sentido, quisiera saber qué medidas están adoptando, han proyectado, han adoptado o van a adoptar para garantizar el cobro de todas esas deudas.


En cuanto a la condonación de la deuda que ha relatado y el esfuerzo en ello, el año pasado preguntábamos a su antecesora si se planteaban continuar con ese tipo de actuación; ya vemos que sí, pero exactamente no nos quedan muy claros los
criterios que llevan a cabo para estas actuaciones. Primero, ha dicho que sí se basan en ODS, pero ahora ha citado los tres países en los que más se ha condonado y en los que más se ha proyectado y se trata de tres países en los que,
afortunadamente, ha ido a temas de salud, que probablemente ahora serán los prioritarios; pues nos siguen sin quedar claros cuáles son los criterios de condonación. Queremos saber, además, si está previsto seguir con ellos y exactamente con qué
programas, con qué países y con qué criterios se va a alumbrar alguno similar.


En cuanto al Club de París, observamos que casi todo se deja en manos, lógicamente, del Club de París, pero sin protagonismo alguno por nuestra parte; con lo cual, vuelvo a dejar constancia, igual que el año pasado -insisto- a su
predecesora, de nuestra preocupación y la petición expresa de que España tenga el papel relevante que tuvo en el Club de París durante los gobiernos del Partido Popular. Ahora mismo estamos diluidos, no tenemos ningún papel ni importancia;
francamente, lo hemos tenido, muy serio y muy importante, con los gobiernos tanto de Mariano Rajoy como de José María Aznar.


En aras de una mayor transparencia, voy a formularle varias preguntas porque se han diluido y no sé si algún compañero o alguna compañera aquí se han leído el informe. Exactamente, hay temas de los que ha hablado que no corresponden a este
informe. Entonces, yendo por partes, respecto al FIEM, efectivamente, la cantidad es bastante similar a la del año pasado y es, además, interesante, porque es el que ayuda a nuestras empresas; en ese sentido, queremos saber si tienen prevista
alguna estrategia nueva para seguir impulsando la internacionalización del tejido empresarial de la economía española, que está tan dañado en la actualidad por la pandemia.


Dentro de los apartados de los deudores de la deuda correspondiente al FIEM, si no me equivoco, el año pasado eran 410 y este año son 390 millones los que no aparecen asignados directamente a ningún país. Es una cifra importante y
queríamos, igual que el año pasado ya lo pedimos, un mayor desglose de ella.


En cuanto a la deuda correspondiente al Fonprode, también sigue en cantidades similares; es una deuda no estructurada y es la que probablemente corresponda al objeto de esta Comisión. Seguimos en lo mismo: cómo se miden y cuantifican los
objetivos que estaban previstos y que han sido cumplidos.


La deuda comercial, la derivada de operaciones de seguro de crédito a la exportación, apenas ha cambiado, es exactamente igual al año pasado, pero nos sigue importando lo mismo, ¿tienen pensado ampliar, cambiar, restringir o determinar algún
criterio nuevo para las operaciones aseguradas por el Cesce? Porque realmente nos preocupa, viendo la trayectoria.


Seguimos con Cuba y Venezuela, que tienen una cuantía en impagos importante, y de Argentina también lo hemos dicho; son países que, efectivamente, dicen que firman acuerdos y nos dan la palabra de que van a devolver, pero si en esos países
no respetan a su propia población ni respetan ningún tipo de derechos humanos ni ningún tipo de manifestación, cómo vamos a pensar que van a respetar su palabra y a devolver lo que queda. Además, si fuera a la población, poco nos importaría, el
problema es que se queda en manos de los dirigentes.


Por último, en otros tipos de deuda, es Grecia el que ocupa el 50 %; ya sabemos por qué es, pero la reflexión que queremos hacer es relativa al camino que lleva España con una deuda pública absolutamente desbocada y a si este Gobierno nos
abocará a un rescate y resulta que, a lo mejor, dentro de dos, tres o cinco años hay alguien hablando en otro parlamento sobre la deuda pública española y de lo que nos han tenido que prestar a nosotros.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE: Muchas gracias, señora Gázquez.


Para finalizar este primer turno de intervenciones de los grupos parlamentarios, tiene ahora la palabra el señor Cerqueiro, del Grupo Parlamentario Socialista.


El señor CERQUEIRO GONZÁLEZ: Gracias, presidente.


Bienvenido, señor secretario de Estado. En primer lugar, queremos agradecerle su comparecencia en esta Comisión con el objeto de rendir las cuentas en el marco del cumplimiento de la Ley reguladora de gestión de deuda externa. Presentar la
situación de la cartera de deuda externa que ostenta el Estado español y discutir las líneas básicas que había en la gestión es, además de un ejercicio de transparencia,

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un signo de estabilidad y seriedad del Gobierno; pero esto lo hace todo el Gobierno, no solo este secretario de Estado.


Desde este grupo queremos destacar que, en el campo de la cooperación internacional, el Gobierno de España se está enfrentando a un triple reto: la necesidad de un cambio estructural y normativo, afrontar la gestión ordinaria y responder a
las consecuencias socioeconómicas derivadas de la crisis del COVID-19. Consideramos que la gestión de su secretaría de Estado en el ámbito de la deuda es sólida, responsable, totalmente respetuosa y ajustada a la legalidad -así lo dicen los datos y
la activa gestión de los cobros- y, por supuesto, muy importante, sensible al respeto de los derechos humanos de los ODS y de los principios de eficacia de la ayuda, que evita sobrecargar a los países en procesos de endeudamiento.


Desde el Grupo Parlamentario Socialista no queremos dejar de mencionar -y ahora con la variante ómicron- que la pandemia nos demuestra que somos un mundo global, y que son necesarias la concertación y la solidaridad para dar respuesta a los
escenarios que se van planteando en el contexto internacional. Desde nuestro grupo somos firmes defensores de que la cooperación y la gestión de la deuda deben ir siempre encaminadas al fortalecimiento de la sociedad civil, valor indispensable para
poder vivir en democracia, en igualdad y con justicia social. No se puede dejar de ayudar a la sociedad civil, aunque esté bajo un régimen totalitario, porque entonces nunca ese país va a poder evolucionar. Y no, aquí no somos comunistas; se lo
aseguro que no somos comunistas.


En 2005, bajo el mandato del Gobierno socialista, se alcanzaron metas importantes en esta materia. Los recursos que debieron ir destinados al pago de la deuda se destinaron a la financiación de proyectos al desarrollo, promoviéndose así dos
líneas fundamentales: la iniciativa de conversión de deuda por educación en América Latina y el Plan de conversión de deuda en África dirigido a los países más pobres del continente. En este contexto, es importante destacar que la financiación
reembolsable otorgada a países en desarrollo se haya dirigido mayoritariamente a proyectos de inversión. Ello ha contribuido a impulsar el crecimiento y el desarrollo de los países receptores, además de reforzar su capacidad de reembolso de la
deuda contraída.


Desde el Grupo Socialista valoramos positivamente el programa de conversión con Guinea-Bisáu a través del Programa de Alimentos. El Programa de Alimentos proporciona alimentación escolar a 180 000 niños y niñas, lo que representa un 10 % de
la población y el 65 % del alumnado matriculado en escuela primaria. La desnutrición es la causa subyacente del 35 % de la mortalidad entre los menores de cinco años. A pesar del gran potencial agrícola de Guinea-Bisáu, más de dos tercios de sus
habitantes vive por debajo del umbral de la pobreza y el 29 % sufre inseguridad alimentaria.


No podemos dejar de mencionar tampoco -como usted dijo- los buenos resultados del programa de conversión de la deuda con Costa Rica, y, desde el grupo parlamentario, animamos a seguir trabajando y reforzando las relaciones entre ambos países
en temas relacionados con la transición ecológica y la lucha contra el cambio climático, para que Costa Rica juegue un papel aún más dinamizador en un escenario regional centroamericano, una zona de movilización de múltiples flujos, cuyas complejas
interacciones inciden en el desarrollo y esquemas de cooperación del país. En las últimas décadas Costa Rica ha experimentado importantes avances, convirtiéndose en referente en la conservación de la biodiversidad y la protección del medio ambiente
y en la atracción de la inversión extranjera directa. Sin embargo, el crecimiento lento pero constante de su economía contrasta con el aumento de las desigualdades estructurales.


Queremos valorar aquí la iniciativa innovadora del presidente del Gobierno de reforzar las iniciativas de canje de deudas por inversión en desarrollo humano y sostenibilidad ambiental. Es importante también hablar aquí y reconocer los
instrumentos de la DSSI y el Common Framework, pues ambas constituyen un hito sin precedentes de coordinación entre el Club de París y el G-20 en materia de alivio de deuda. Fue importante la prontitud de respuesta y de negociación para no dilatar
el apoyo de los países de renta baja tras el inicio de la pandemia. A través de las DSSI se ha articulado un volumen muy importante de alivio de deuda, que ha permitido a los países beneficiarios disponer de mayores recursos para luchar contra las
consecuencias socioeconómicas de la pandemia. Agradecemos que el Gobierno de España haya participado de forma muy activa en el diseño de ambas iniciativas; sí que ha participado. Y, desde este grupo, queremos agradecer el apoyo a la extensión de
la iniciativa hasta el 31 de diciembre. En este tema tenía una pregunta y era si creía que los países quedaban cubiertos con la iniciativa de la Common Framework, pero usted más o menos ya ha dicho que sí.


Por otra parte, a los diputados de este grupo nos preocupa el impacto de la crisis en los programas en vigor. Por un lado, España ha promovido el uso de los programas de conversión como instrumento de

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apoyo a la lucha contra las consecuencias socioeconómicas desde la pandemia. Los recursos de estos programas tienen la ventaja de encontrarse a menudo ya dotados y, por tanto, están disponibles para su utilización sin verse afectadas las
posibilidades de tensiones financieras experimentadas por los países en desarrollo. Cabe destacar los proyectos de fortalecimiento del sistema sanitario en diferentes países como Ecuador, Mauritania o Uganda, entre otros, o proyectos de mejora de
los sistemas de agua y saneamiento, por ejemplo, en Bolivia, Costa de Marfil o Ghana.


En anteriores comparecencias de esta secretaría de Estado, mencionó la importancia de este tipo de inversiones de saneamiento en la vida de las mujeres. Nuestro grupo comparte la importancia de que la defensa de la igualdad entre hombres y
mujeres en sociedades menos desarrolladas y con menores niveles de educación es de enorme valor, pues la cooperación feminista y de género construye el estándar de calidad de vida que nosotros tratamos de consolidar en nuestro país y en el que
creemos. Es por ello que queremos recalcar en la Comisión la conveniencia de elaborar estudios que midan el impacto en las diferentes perspectivas de los distintos proyectos de cooperación al desarrollo.


La COVID ha incidido sobre algunos de los proyectos, por lo que sabemos que se han ido adoptando medidas de replanificación de las actividades financiadas -usted ya ha hablado algo de este tema- contribuyendo a minimizar el impacto de las
restricciones y a mantener ajustados los plazos de ejecución. Ya ha dicho también y nos gustaría saber, por si quiere profundizar en el tema, cómo ha afectado la pandemia en la implementación de los PCD en vigor.


Es muy interesante el rediseño del PCD de la República Democrática del Congo que ha financiado la distribución de 1,9 millones de mosquiteras para la prevención de la malaria. Inicialmente estaba previsto realizar esta actividad mediante
campañas de distribución masiva, sin embargo, tras el inicio de la pandemia, se rediseñó pasando a centrarse en la distribución puerta a puerta e incorporando acciones de concienciación de los beneficiarios acerca de las medidas preventivas ante el
COVID-19.


Para terminar, diré que las previsiones económicas apuntan a que la renta per cápita podría descender en regiones como Latinoamérica o África subsahariana a niveles inferiores a los de hace diez años, amenazando con revertir importantes
avances en el desarrollo que se lograron en la última década. Por eso, es importante consolidar el camino de la concertación, la innovación y la solidaridad emprendido en ámbitos de decisiones multilaterales donde el Gobierno de España está siendo
un activo importante, defendiendo los valores de la justicia social internacional, cuestión que nos congratula.


Muchas gracias, señor secretario de Estado. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE: Gracias, señor Cerqueiro.


Finalizadas las intervenciones de los distintos grupos parlamentarios, tiene de nuevo la palabra el secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa. Tiene usted la palabra.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ECONOMÍA Y APOYO A LA EMPRESA (García Andrés): Muchas gracias.


Muchas gracias, señorías, por sus preguntas y por las intervenciones. Empezaré contestando a la señora Dantas. Creo que es importante, más allá de los datos de este periodo un poco excepcional de este 2020-2021, evaluar en general la
política de gestión de la deuda externa de España con una perspectiva más amplia. Fue en 2007 cuando el Consejo de Ministros decidió dar un alivio del cien por cien a todos los países pobres altamente endeudados que llegaran al final de la
iniciativa y, como les he comentado en mi intervención inicial, hemos avanzado mucho en ese alivio.


Hay que mirarlo con perspectiva, no solo desde la perspectiva del alivio de la deuda, pues la condonación tiene que hacerse con un proceso y con unas garantías para que sea un elemento de contribución positiva al desarrollo de los países.
Condonar la deuda sin atención a cómo se ha generado, a cuál es la situación del país y a cuáles son los elementos de disciplina y de compromiso de los Gobiernos y las autoridades del país para que esos recursos redunden en inversiones que mejoren
la vida de la gente no es una política que sea ni responsable respecto a la protección de los intereses financieros del Estado ni tampoco responsable respecto a los países. De esta manera, yo creo que el volumen de condonación de deuda que se ha
producido en el marco de esta iniciativa es muy significativo y testimonia que ha sido eficaz para tener una contribución positiva al desarrollo de los países.


Este Gobierno en particular, pero creo que en general España ha sido un país que ha apoyado de manera sostenida esos esfuerzos y ha contribuido de manera generosa y eficaz para que eso se produzca. De nuevo, frente a la situación que ha
generado la pandemia, aplicamos el mismo principio. Por eso la iniciativa DSSI es eficaz, porque no teníamos tiempo durante el año pasado para poner en marcha todo

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ese proceso que sí que se está haciendo ahora con el Common Framework para hacer un alivio más estructural, más ligado a reformas, a un programa financiero, a una mejora estructural del país, sino que era una situación de emergencia. En la
página 44 del informe había información sobre los países que, dentro de esta iniciativa de suspensión del servicio de la deuda, habían recibido alivio por parte de España, pero en todo caso se los voy a facilitar.


A nivel global la iniciativa ha sido solicitada por cuarenta y ocho países. De estos, doce tenían deuda elegible frente a España y hemos procedido a negociar los tratamientos de alivio de deuda entre España y dichos deudores por un importe
agregado de 47 millones de euros. Los países son los siguientes: Angola, Burkina Faso, Camerún, Cabo Verde, Yibuti, Kenia, Madagascar, Mauritania, Mozambique, Pakistán, Senegal y la República de Yemen. Esa es la información sobre esta iniciativa,
que creo que ha tenido un impacto muy positivo. Es verdad que, en conjunto -por los tipos de países y por la estructura de la deuda que nosotros teníamos-, son 47 millones de euros, de un total de 10 250 millones de dólares, pero quería enfatizar
que para ser eficaces en términos de evitar que la deuda externa -como ha sucedido en otras épocas, como sucedió en los años ochenta en América Latina- se convierta en una carga para el desarrollo de los países, es necesario hacerlo con una
perspectiva de medio y largo plazo y con una perspectiva que suponga la implicación de los países y las garantías de que esos recursos se van a hacer adecuadamente.


Al mismo tiempo, no solo tenemos que centrarnos en la política de alivio de la deuda, porque creo que las cifras que les he presentado, y sobre todo esa tendencia que vemos con más perspectiva en la evolución de la deuda externa, responden
también a una responsabilidad que viene de antes de la ley de deuda, pero que creo que se ha ido asentando en el uso que hace el Estado de los instrumentos de financiación nueva; es decir, que hay que tener más en cuenta el riesgo de
insostenibilidad a la hora de conceder la financiación. Lo sé porque, además, soy secretario de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos y, aunque tengan importes bajos en aplicación de la ley y de esta política, todas las
operaciones con países pobres altamente endeudados reciben una atención especial, porque lo que no queremos es conceder esa financiación a través de cualesquiera de los tres instrumentos de apoyo a la financiación y que eso, al final, acabe
añadiendo un problema adicional al país y, por supuesto, un problema adicional a nosotros, que tenemos un impago, una deuda externa y una gestión. Por lo tanto, en este punto creo que los avances son sostenidos y, efectivamente, vamos a seguir
trabajando para extender este alivio y, en el caso de los tres países que he mencionado de la iniciativa para los países pobres altamente endeudados -entre los cuales, les detallo la información, con Somalia España tiene una deuda de 40,9 millones
de dólares, con Sudán la deuda afectada ascendería a 76,3 millones de dólares y con Eritrea España no tiene deuda-, vamos a seguir participando en el marco multilateral y actuando en materia bilateral.


Ha mencionado usted también, señora Dantas, la iniciativa para realizar una nueva asignación, una asignación extraordinaria a derechos especiales de giro. España ha venido siendo uno de los países que más ha defendido no solo esta
asignación, que, como saben, es un instrumento con el que el Fondo Monetario Internacional amplía los activos de reserva que tienen los países miembros que pueden utilizar con facilidad para obtener financiación en divisas. Es un instrumento de
reserva que no se suele utilizar de manera discrecional, se utilizó en el año 2008 con un efecto muy positivo para responder a esta situación y se ha utilizado recientemente -no hace mucho que se ha aprobado, una decisión difícil para que el
directorio lo aprobara- en el Fondo Monetario Internacional. España no solo ha apoyado esa decisión, sino que ha apoyado que pudieran ser beneficiarios del uso del reciclaje de esos derechos especiales de giro países de renta media que han sufrido
por la pandemia. Nosotros, por supuesto, estábamos pensando en particular en los países de América Latina que han tenido un impacto de la pandemia y que pensamos que podían beneficiarse de esta iniciativa. Efectivamente, estamos trabajando para
reciclar en una parte significativa esos derechos especiales de giro y poder hacerlo con un beneficio no solo para los países pobres más vulnerables, sino también para las economías de renta media vulnerables; lo estamos haciendo con nuestros
socios multilaterales, con el Fondo Monetario Internacional, también con el Banco Interamericano de Desarrollo. Vamos a seguir trabajando para que esta iniciativa de aumento de los derechos especiales de giro pueda servir para facilitar la
recuperación que, afortunadamente, se está produciendo, porque América Latina en 2020 tuvo un impacto muy significativo en términos económicos y sociales de la pandemia, pero, afortunadamente, en los últimos trimestres y a lo largo de este 2021 se
está recuperando; que esa recuperación pueda ser impulsada por esta asignación de derechos especiales de giro y que pueda, sobre todo, también utilizarse para

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paliar las consecuencias sociales y el impacto social que ha tenido este gran choque económico que hemos sufrido.


Respecto a lo que comentaba la señora Toscano, a las cifras que daba, creo que hablaba de Cuba que eran 600, pero son 6000, entiendo que es una errata. Como sabe, creo que lo ha mencionado usted misma, tanto la deuda con Cuba como la deuda
con Venezuela, efectivamente, vienen de operaciones antiguas, de manera que, como digo, al final lo que estamos viendo en la cartera de deuda externa responde a las decisiones que se toman de financiación. Y la situación de la cartera de Cuba y de
Venezuela es muy estable desde hace tiempo. En el caso de Venezuela -que ha mencionado usted- ha habido una modificación por un aumento de los impagos, efectivamente no se debe a ninguna operación nueva, sino que se debe a una operación de
aseguramiento por parte del Cesce por cuenta del Estado que data de 2009, es decir data de hace doce años. Como les decía, efectivamente, esto era una operación de 138 millones de euros, ya se produjo el siniestro, pero todavía no se había
producido la indemnización. Les confirmo que esa indemnización se ha empezado a producir ya porque Cesce la desembolsó el 30 de noviembre de este año, pero es el resultado de una operación antigua.


Respecto a esta cuestión que ha suscitado también la señora Gázquez, creo que está claro que la presencia de estos dos países, como otros muchos, dentro de la cartera es por operaciones antiguas, no ha habido operaciones nuevas de
financiación con estos dos países y lo que hacemos es gestionarlas. En el caso de Venezuela las gestionamos para tratar de obtener los repagos y en el caso de Cuba -que creo que también es un caso, lógicamente, de interés de la cartera-, como les
decía al principio, gran parte de esa posición que ostenta Cuba en la cartera tiene que ver con la acumulación de intereses de demora. Si se acumulan intereses de demora es porque se está gestionando de manera diligente la cartera y no se están
haciendo operaciones de condonación.


Creo que en el caso de Cuba es importante referirnos -ya lo he hecho en la intervención, pero creo que es importante- al acuerdo de reestructuración de la deuda a corto plazo que se produjo en 2015. Aquí sí que hubo una quita, no como en el
acuerdo que se ha producido más recientemente, en 2021, del grupo de acreedores, que, como les decía, es un acuerdo de reprogramación que no supone una quita de la deuda. El de 2015 sí que lo supuso, pero, además, había un elemento interesante en
aquel acuerdo, que era un programa de conversión de deuda por parte de 40 millones. Esta es una manera de conseguir que una parte de esos recursos se destine a proyectos que redundan en mejora de la vida de los cubanos. De ese primer programa de
conversión, se han comprometido ya los fondos y creo que es importante. Es verdad que es una situación complicada, pero creo que esta vía de mantener la disciplina y tratar de obtener el recobro y hacerlo además en el ámbito que corresponde, en el
ámbito multilateral, y luego en el ámbito bilateral, con disciplina y sin quitas, como ha sucedido en esta ocasión, es la manera de hacerlo. Sobre todo, creo que es fundamental reconocer que no hay nuevos flujos de financiación hacia estos países y
que, por lo tanto, de cara al futuro lo que no va a haber es claramente un incremento por nuevas operaciones de financiación. Le agradezco que nos haya recordado los principios de la ley, pero creo que queda claro en los datos que les hemos
mostrado que, efectivamente, lo que estamos haciendo es una gestión que permite reducir esa deuda y permite recobrarla cuando tenemos posibilidades de hacerlo. En el caso tanto de Cuba como de Venezuela es lo que vamos a hacer.


La señora Gázquez me preguntaba por el caso de Argentina. Argentina es un país con el que, lógicamente, España tiene no solo unos lazos afectivos y de lengua, sino unas relaciones económicas intensas. Como sabe la señora Gázquez, es un
país donde ha habido mucha inversión de empresas españolas y muchas operaciones de exportación y, por tanto, ha habido muchos flujos de financiación. Además, es un país que ha atravesado no una, sino sucesivas crisis de balanza de pagos
complicadas. Aquí, el acuerdo que suscribió Argentina en 2014 es lo que ha permitido, como les decía, reducir de manera sustancial el peso de la cartera de Argentina en la deuda española. Creo que es algo de lo que nos debemos felicitar. Además,
ese acuerdo de reestructuración de la deuda privada es un elemento que añade, con una quita significativa, a las posibilidades de que la economía argentina entre en una fase más sostenible. Y como me preguntaba respecto a las previsiones, le diré
que, en virtud del acuerdo de junio 2021, Argentina se ha comprometido a realizar pagos al Club de París por un total de 430 millones de dólares. Esto hasta febrero de 2022. A España, de estos, le corresponderían 30,5 millones de dólares. De esta
cifra ya se han cobrado 16,5 millones. Creo que en el caso de Argentina ha funcionado la aproximación, porque la deuda se ha reducido hasta 178 millones de euros al cierre de 2020, cuando teníamos 600 millones de euros en 2013. Creo que es una vía
claramente fructífera.

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También me preguntaba usted respecto a lo que vamos a hacer y lo que estamos haciendo para mejorar el recobro. Desde 2019, hay veintiún países que han reducido más del 15 % su deuda con España. Creo que es un claro ejemplo de que la
gestión es eficaz y de que vamos avanzando -aparte de que algunos países tienen una situación más complicada- en esa clara reducción de la deuda y del importe que tenemos con varios de estos países.


Se ha referido también a las exportaciones y a la deuda derivada del FIEM. Creo que aquí tenemos que reconocer de nuevo el esfuerzo que se está haciendo -liderado en este caso por el Ministerio de Industria, que es el que lidera,
lógicamente, la concesión de estas operaciones ligadas a la internacionalización de la empresa española- para hacer compatible el apoyo a las empresas españolas. Les recuerdo que a septiembre de 2021 las exportaciones de bienes de las empresas
españolas ya superan las de 2019. Una vez más queda patente la capacidad de exportación que tienen las empresas españolas en un contexto que es complicado. Por supuesto, los instrumentos de apoyo a la internacionalización financian una parte
modesta de esas operaciones, pero en muchos casos son operaciones que abren nuevos mercados que tienen un gran valor para la internacionalización. Yo creo que tenemos que reconocer el buen desempeño que ha tenido ese modelo que se estableció cuando
se acabó con el Fondo de Ayuda al Desarrollo. Por supuesto, puede mejorar, pero en términos de rigor de la concesión de la nueva financiación y de eficacia de esos instrumentos, cada uno para sus objetivos -el FIEM para la internacionalización de
la empresa, el Fonprode para la cooperación al desarrollo, y la cobertura de la Cesce, igualmente, para facilitar el acceso a la exportación-, se ha hecho con un grado de rigor y equilibrio con la necesidad de conceder financiación, porque estamos
compitiendo con otros países. En muchos de estos proyectos hay otros países que tienen también financiación, y si no concedemos la financiación, se pierden esos proyectos, se pierden las exportaciones, se pierde la actividad y se pierde el empleo.
De manera que yo creo que es un avance fundamental.


La verdad es que no me ha extrañado esa referencia con la que ha terminado su intervención después de escuchar cómo la inició. Se refería usted a la deuda pública y le voy a dar los datos, porque a veces llama la atención las cosas que se
escuchan con poco respeto a los datos, que tienen que ser la referencia para la conversación y el debate que podamos tener aquí. La deuda pública española durante el año 2021 se va a situar en el entorno del 119,5 %, pero por primera vez en la
historia, señora Gázquez, el coste de emisión de la deuda pública ha sido negativo. Entonces, que me diga usted que vamos a ser rescatados es un poco chocante. Son cosas que chocan mucho con la realidad. Tenemos un coste de financiación muy bajo.
Estamos reduciendo el coste de la deuda. Hemos aumentado su vida media, es decir, tenemos una vida media de nuestra deuda de más de ocho años. Entonces, tenemos una situación muy sólida de nuestra deuda pública, y esto nos va a permitir seguir
avanzando, dentro de la gestión de la deuda externa, no solo como un país desarrollado, un país generoso y comprometido con la cooperación al desarrollo, un país que utiliza los instrumentos de financiación para apoyar a sus empresas en la
internacionalización, sino como un país que, además, gestiona de manera responsable esa deuda externa, y cuando es necesario para aliviar la situación de los países vulnerables y con riesgo de insostenibilidad, los apoya.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE: Muchas gracias.


Seguidamente, hay un turno de réplica para los grupos parlamentarios presentes que quieran intervenir. Empezaríamos, si quieren intervenir, por el Grupo Parlamentario Republicano. (Asentimiento). Tiene la palabra la señora Carvalho
Dantas.


La señora CARVALHO DANTAS: Muchas gracias, señor presidente.


Muchas gracias, señor secretario, por sus respuestas. Permítame, en estos tres minutitos que me quedan, resaltar una de mis preguntas sobre cuáles son las acciones que tomará el Gobierno para garantizar la sostenibilidad de la deuda de los
países beneficiarios de la DSSI que retoman los pagos de deuda a partir del 1 de enero de 2022, ahora, y que a partir de 2023 tienen que empezar a devolver a sus acreedores bilaterales, incluida España, los pagos temporales suspensos. En esta
pregunta también iba si hay algún tipo de cancelación de deuda prevista. Obviamente, he hecho hincapié en que no me refería a la no suspensión temporal de pagos. Si pudiese ser un poco más explícito en este tema -ya sé que son muchas preguntas- se
lo agradecería. Seguramente lo coordina con el G20 y el grupo de París a través de un nuevo marco acordado ahora, en noviembre, del que ha hablado usted también, el Common

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Framework for Debt Treatment, una cosa así como el marco común para el tratamiento de la deuda. Lo que pensamos es que de momento este marco no ha producido resultado alguno, porque solo tres países se han acogido, y creo que ninguno es
deudor de España. Esto no quiere decir, obviamente, que los países no estén ahogados por la deuda, sino que el marco no es suficiente. Por esto, insisto en la pregunta: ¿Hay alguna acción adicional prevista? Ojalá que sí haya, pero está bien
ponerlo sobre la mesa.


Muchas gracias, señor secretario.


El señor VICEPRESIDENTE: Gracias, señora Dantas.


Ahora tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario VOX, la señora Toscano.


La señora TOSCANO DE BALBÍN: Muchas gracias por su intervención, señor secretario.


Me gustaría centrar mi réplica en dos temas. El primero es su afirmación de que España continúa siendo uno de los acreedores multilaterales de referencia. Ya le adelanto que en el Grupo Parlamentario VOX somos plenamente conscientes de que
el monto total de deuda externa de la que el Reino de España es tenedor no es ni remotamente cercana a la deuda que nuestro país acumula. Sin embargo, señor secretario, ¿no le parece ilógico que mientras España se encuentra sumamente endeudada,
dependiendo cada semana de financiación externa a través de deuda a pesar de su coste, usted señale que somos un acreedor de referencia? ¿Cómo les podemos explicar a los españoles que mientras apenas pueden pagar su recibo de la luz, gracias a las
políticas de su Gobierno, ustedes siguen condonando deuda y acumulando impagos de países terceros? Señor secretario, estos países -Cuba y Venezuela- tienen dificultades porque son regímenes comunistas, enemigos de la libertad y del libre mercado.
Una vez más queda demostrado que los regímenes comunistas y socialistas son incapaces de generar riqueza y bienestar para sus ciudadanos.


Dicho esto, me gustaría que me respondiese a las siguientes preguntas. No me ha respondido el motivo por el cual se produjo un aumento de casi el 200 % de la deuda de Venezuela entre el año 2018 y 2019. Le facilito los datos: cuadro 26,
comparación entre la situación de deuda a 31 de diciembre de 2019 y 2018 por país deudor, ordenados de mayor a menor. Está incluido en el informe del ejercicio anterior, de 2019. ¿Considera que países como Cuba, Venezuela, China o Marruecos se
comprometen de forma expresa y verificable a reducir el nivel de pobreza y a avanzar en la democratización del país, a progresar significativamente en el respeto a los derechos humanos? ¿Lo considera? ¿Cómo puede el Gobierno acatar los principios
rectores de gestión de la deuda externa, en especial el referido al respeto a las obligaciones contractuales, mientras aumenta exponencialmente la deuda de países como Venezuela, principal moroso del reino de España? En VOX estamos a favor de la
cooperación internacional basada en la solidaridad, pero también queremos que se cumpla la ley y que el Gobierno promueva la libertad, la democracia y los derechos fundamentales en estos países al menos con la misma vehemencia que dice hacerlo en el
nuestro.


Al portavoz socialista, señor Cerqueiro, que se ha dado por aludido, le diría que yo he hecho alusión a comunistas que hubiera en la sala. Si usted se ha dado por aludido: el que se pica, ajos come. Lo que es un hecho es que hay
comunistas en la sala y que gobiernan con ustedes.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE: Gracias, señora Toscano.


Ahora es el turno de réplica del Grupo Parlamentario Popular, señora Gázquez.


La señora GÁZQUEZ COLLADO: Gracias, presidente, nuevamente.


Esto quizás es un chascarrillo o un comentario, pero nos ha hecho gracia el silencio por parte tanto del Grupo Socialista como del propio secretario de Estado, porque si alguien dice algo de mi compañero Pablo o de mi compañero Gabriel, aquí
presentes, yo saldría a defenderlos, porque los conozco bien. Sin embargo, he dicho que me sorprende la actitud de la ministra Calviño frente a los acosos a niños y abusos a niñas, porque ese silencio -creo que estarán todos de acuerdo- les ha
comprometido a decir que están de acuerdo conmigo en que es francamente lamentable su actitud.


Otro chascarrillo que también hemos comentado aquí mi compañero Pablo y yo es el de las mosquiteras. Quizá no habría que decirlo muy alto...


El señor VICEPRESIDENTE: Señora Gázquez, perdone. No quise hacerlo en su primera intervención y voy a tener que hacerlo ahora. Voy a tener que recurrir al Reglamento, al artículo 102. Yo creo que esas

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afirmaciones que usted hace aquí no tienen nada que ver con este asunto que estamos tratando. Creo que no viene a colación en esta Comisión y, por tanto, le pido que las retire, por favor.


La señora GÁZQUEZ COLLADO: Sí, por supuesto, acabo ya. Va ser corta mi réplica. En el entorno de los derechos humanos, que tanto nos preocupan en esta Comisión, nos preocupaba este tema en España; es decir, los derechos humanos fuera y
los derechos humanos dentro.


En cuanto a las mosquiteras -y perdonadme que me vaya a esto-, hace un poco de gracia y quizá cualquiera puede hacer un chiste de ello, y es que todas las que sobraban de Doñana acabaron en África.


En todo caso, respecto a Argentina, señor secretario -quizá no me he expresado bien-, solo ponía de manifiesto que los impagos son básicamente de este país. Lo que sí cuestionaba es el tema de Cuba y el tema de Venezuela, especialmente de
Cuba, y no por la deuda en sí ni por si es antigua o es moderna, no voy a eso, sino por el seguimiento y la programación para su cobro, porque francamente yo no confío en la palabra de esos Gobiernos. Insisto, si fuera su población, poco me
importaba, al menos a título personal, pero el problema es que no confío en la palabra de esos Gobiernos.


Por último, en cuanto a la deuda pública, ojalá acabáramos en el 119 %; ahora mismo, encantada. Las previsiones son el 125 % -ojalá fueran el 119 %-, pero usted sabe tan bien como yo que, siendo rigurosos como usted pide, es porque la
compra el Banco Central Europeo. Esas han parecido casi unas declaraciones de su jefa Calviño cuando nos miente aquí, en la Cámara, una vez y otra en las comparecencias o en las preguntas, que nos suelta una serie de mentiras que insultan a la
inteligencia. Ojalá acabáramos en esa cifra y ojalá el Banco Central Europeo siguiera comprando nuestra deuda para que el coste de emisión fuera el que fuera.


Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE: Gracias, señora Gázquez.


Por último, tiene la palabra el señor Cerqueiro, por el Grupo Parlamentario Socialista.


El señor CERQUEIRO GONZÁLEZ: Gracias, presidente.


Que sepa, señoría de VOX -no sé el nombre-, que nosotros estamos preocupados por los derechos humanos en Venezuela y en Cuba, pero también en Polonia y en Hungría, porque de ahí no dicen nada. (Aplausos). Nosotros somos demócratas, no sé
ustedes.


A la señora portavoz del PP quiero decirle que no vamos a entrar en ciertos temas. Yo creo que a veces queréis más lío, pero nosotros no vamos a entrar, y creo que el secretario de Estado tampoco, en ciertas declaraciones y ciertas cosas.


Queríamos incidir en esta réplica en que los programas de conversión deben tener a la sociedad civil como núcleo de respuesta y que hay que orientar la política económica hacia un crecimiento inclusivo y sostenible. En eso se debe basar la
gestión de la deuda, en tener esa sensibilidad, pero respetando la ley, y aquí se respeta. Así, por ejemplo, la colaboración con el programa de ayuda alimentaria proporciona un sustento vital para 87 millones de personas. Satisfacer las
necesidades alimentarias inmediatas de las poblaciones vulnerables, estimular los programas de protección social y los programas de educación y salud se debe hacer a través de una estructura de gestión orientada al mantenimiento de la estabilidad
financiera y el respeto a las obligaciones contractuales, lo que supone además la protección del contribuyente y garantías para los países deudores que les permiten mantener un marco institucional. Asimismo, habrá que incidir en la innovación de
los instrumentos que ayuden a facilitar el desarrollo de los países. Investigar, adoptar y proponer nuevos enfoques mejorará sin duda la cooperación al desarrollo. Animamos desde aquí a su secretaría de Estado a seguir trabajando con la
rigurosidad y eficacia con la que lo está haciendo, facilitando el desarrollo de las sociedades civiles que más lo necesitan. Somos conscientes de que lo están haciendo.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE: Gracias, señor Cerqueiro.


Tiene ahora la palabra, en turno de cierre, el secretario de Estado de Economía y apoyo a la Empresa.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ECONOMÍA Y APOYO A LA EMPRESA (García Andrés): Muchas gracias.


Muchas gracias de nuevo, señorías, por sus intervenciones.


Señora Carvalho, respecto a los países que se han beneficiado del alivio de deuda, las iniciativas para seguir asegurándonos de que ese alivio es útil y de que el inicio de los repagos no compromete el

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desarrollo o la recuperación de la pandemia son, en el marco multilateral, hacer un seguimiento de la evolución de estos países, de la evolución de la pandemia y de su efecto -que, como sabemos, es difícil de predecir- y seguir viendo cuáles
son los instrumentos, tanto los de corto plazo y los de alivio de emergencia como los instrumentos del Common framework, los instrumentos estructurales. Creo que los datos que le daba en la respuesta anterior daban una medida de la eficacia de esta
respuesta. Por supuesto, el Common framework tiene la posibilidad de que al final de este proceso se produzca un alivio de deuda, y seguiremos participando con el máximo interés tanto en este caso como en el ámbito de la iniciativa HIPC y, como le
decía antes, con esos principios, con esa estructura y con ese planteamiento de medio plazo.


Respecto a lo que preguntaba la señora Toscano, seguramente no me he explicado bien, porque he intentado responder de manera muy precisa a su pregunta respecto a lo que sucedió con la deuda de Venezuela entre 2018 y 2019, que fue la
introducción de esa operación de Cesce, que son 138 millones, que, como verá, es la diferencia entre esas dos cantidades que me ha dicho usted. A eso es a lo que responde el aumento de la participación de Venezuela como deudor en la cartera.


Respecto a la reflexión general que hace, le invito a mirar cuál es la lista de países que se han beneficiado, por ejemplo, del alivio de deuda del que he hablado. Como sabrá, muchos de esos países tienen situaciones institucionales muy
complicadas, no solo de regímenes de diferente ideología, sino situaciones de conflicto, de Estado fallido. Seguimos aliviando y seguimos financiando a esos países, con un marco restrictivo, con un marco que garantice que esas operaciones tienen un
interés para España y que, además, tienen como requisito no contribuir al sobreendeudamiento o contribuir a mejorar el desarrollo de esos países. Esa esa es la mejor prueba de que esta política es una política general que, por supuesto, sigue los
principios de la Ley de gestión de la deuda externa.


Respecto a lo que comentaba, señora Gázquez, la verdad es que a mí me cuesta bajar al nivel de las insinuaciones y de los comentarios que ustedes siguen haciendo. Me parece que mi jefa está muy por encima de eso. A mí lo que me sorprende,
señora Gázquez, es que ustedes reincidan. Estamos hablando aquí de la gestión de la deuda externa, estamos hablando de algo que es importante para España y para muchos países, y me sorprende que ustedes sigan comportándose como una oposición que
contrasta mucho con la que hay en otros países. Me gustaría que pudieran contribuir con críticas, con datos, en vez de estar de manera permanente tratando de desprestigiar y de utilizar de manera torticera los datos para señalar que estamos en una
situación peor de la que estamos.


En cuanto a su referencia a que la deuda la está comprando el Banco Central Europeo, el Banco Central Europeo compra la deuda de los Estados en ejecución de su política monetaria, y es nuestro Banco Central Europeo el que compra nuestra
deuda, como la de otros países. Por lo tanto, afortunadamente, nuestra situación es muy sólida desde el punto de vista financiero, y simplemente tenemos un pequeño problema, y es que tenemos una oposición que se dedica a decir las cosas que usted
sigue diciendo hoy en esta Comisión en vez de contribuir a tratar de mejorar los problemas del país en esta situación que tenemos, que es complicada. (Aplausos). Yo estoy encantado y muy orgulloso de estar trabajando con la vicepresidenta primera
para sacar adelante el Plan de recuperación y para tratar de apoyar el crecimiento y la transformación de nuestra economía; ustedes sigan a esto que están haciendo.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE: Muchas gracias, señor García, por sus aportaciones y por su comparecencia.


Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión. Gracias a todos.


Eran las dos y cinco minutos de la tarde.