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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 560, de 01/12/2021
cve: DSCD-14-CO-560
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2021 XIV LEGISLATURA Núm. 560
DERECHOS SOCIALES Y POLÍTICAS INTEGRALES DE LA DISCAPACIDAD
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOAN RUIZ I CARBONELL
Sesión núm. 19
celebrada el miércoles,
1 de diciembre de 2021
ORDEN DEL DÍA:
Comparecencias.
- Del señor presidente de la Federación Empresarial Española de Asociaciones de Centros Especiales de Empleo, FEACEM (García Diego), para exponer la visión de la situación actual y las perspectivas de futuro de los centros especiales de
iniciativa social, así como las necesidades y retos a los que se enfrentan. Por acuerdo de la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad. (Número de expediente 219/000658) ... (Página2)
- De la señora directora en Unión de Asociaciones Familiares, UNAF (Echevarría Merino), para abordar la necesidad de poner en marcha, de manera urgente, un nuevo marco legislativo que avance en el reconocimiento de la diversidad familiar,
equiparándola en derechos, y que vertebre, coordine e impulse al apoyo económico y social al conjunto de las nuevas estructuras familiares. A petición del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común. (Número de
expediente 219/000614) ... (Página14)
- Del señor presidente de la Asociación Nacional de Personas con Discapacidad Cota Cero (García Fuentes) y del señor representante de la Asociación Nacional de Personas con Discapacidad Cota Cero (Castro Belmonte), a fin de explicar la
situación que viven quienes fueron sobrevivientes de la pandemia de poliomelitis que sacudió la población infantil del Estado español entre 1956 y 1963 y exponer las necesidades de este colectivo afectado, entre otras consecuencias de la enfermedad,
por el denominado 'síndrome postpolio'. A petición del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu. (Número de expediente 219/000523) ... (Página27)
Se abre la sesión a la una y cinco minutos de la tarde.
COMPARECENCIAS:
- DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN EMPRESARIAL ESPAÑOLA DE ASOCIACIONES DE CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO, FEACEM (GARCÍA DIEGO), PARA EXPONER LA VISIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL Y LAS PERSPECTIVAS DE FUTURO DE LOS CENTROS ESPECIALES DE
INICIATIVA SOCIAL, ASÍ COMO LAS NECESIDADES Y RETOS A LOS QUE SE ENFRENTAN. POR ACUERDO DE LA COMISIÓN DE DERECHOS SOCIALES Y POLÍTICAS INTEGRALES DE LA DISCAPACIDAD. (Número de expediente 219/000658).
El señor PRESIDENTE: Buenas tardes.
Iniciamos la sesión de la Comisión. En primer lugar, como ha habido varias preguntas al respecto, quiero decirles que al terminar la Comisión se reunirá la ponencia encargada de la proposición de ley de modificación del texto refundido de
la Ley general de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, para establecer y regular la accesibilidad cognitiva y sus condiciones de exigencia y
aplicación. Según me han informado los ponentes, el objeto de la reunión es, en primer lugar, constituir la ponencia y, en segundo lugar, acordar el calendario de trabajo -me parece que será corto-, con el objetivo de intentar que haya una reunión
de la Comisión la semana que empieza el lunes día 20 para aprobar el dictamen de la ponencia. Hay que recordar que el mes de enero las comisiones no se reúnen como no sea por algo muy extraordinario, de ahí la celeridad.
En el orden del día de hoy figura la celebración de tres comparecencias, la del presidente de FEACEM, don Daniel-Aníbal García Diego, la de la directora de UNAF, doña Amalia Echevarría, que a última hora sustituye a la presidenta por motivos
de agenda, y la del presidente de la Asociación Nacional de Personas con Discapacidad Cota Cero, don Javier García Fuentes. Antes de empezar, les recuerdo que el debate se desarrollará de la misma manera que el de las últimas comparecencias de
entidades. Primero intervendrá el compareciente por un tiempo de quince minutos. A continuación, por un tiempo de cinco minutos intervendrá cada uno de los portavoces de los diferentes grupos parlamentarios, empezando por el menor y acabando por
el mayor. Les agradecería que nos indicaran por escrito quién representa a cada grupo parlamentario en cada una de las comparecencias. Finalmente, contestará el compareciente por tiempo de diez minutos. Si fuera necesaria alguna aclaración,
alguna puntualización o añadir algún detalle, tendría lugar un segundo turno de intervención de los portavoces por un tiempo máximo de un minuto.
Damos la bienvenida al señor Daniel-Aníbal García Diego, presidente de la Federación empresarial española de asociaciones de centros especiales de empleo, Feacem, para exponer su visión de la situación actual y las perspectivas de futuro de
los centros especiales de iniciativa social, así como de las necesidades y retos a los que se enfrentan. Su mejor carta de presentación es que Feacem agrupa a quince asociaciones empresariales -lo he sacado de su web- vinculadas al movimiento
asociativo de personas con discapacidad, a través de las cuales integra y representa a más de 650 centros especiales de empleo y de economía social, y que -es lo más importante- aglutinan a más de 48 000 trabajadores con discapacidad.
Señor García Diego, tiene usted la palabra por un tiempo de quince minutos.
El señor PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN EMPRESARIAL DE ASOCIACIONES DE CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO, FEACEM (García Diego): Señor presidente, miembros de la Mesa, portavoces, señorías, letrado, personal al servicio de la Cámara, buenos días y
muchas gracias por haber solicitado nuestra comparecencia para explicar qué opina el movimiento social de la discapacidad, el movimiento de asociaciones de empleo, sobre la situación actual del empleo, los retos y, sobre todo, el futuro.
Lo ha explicado muy bien el presidente, pero me van a permitir que dé un par de pinceladas para explicar qué es Feacem. Lo primero que quiero decirles es que hemos crecido debido a la reciente incorporación de la asociación autonómica
navarra. Tenemos más socios y, por lo tanto, seguimos creciendo. Tenemos cinco entidades de ámbito estatal, que representan al movimiento ONCE, a Plena Inclusión, a Cocemfe y a Salud Mental, y entidades autonómicas. Tenemos representación en
todas las provincias españolas, incluso en aquellas provincias de la llamada España vacía. Además, tenemos actividades en sectores de lo más variado, desde el sector de las lavanderías hasta el de componentes de automoción. Por lo tanto, el sector
especial de empleo es muy amplio, y nosotros tenemos esa gran
experiencia al representar a casi cincuenta mil trabajadores con discapacidad y unos doce mil o trece mil sin discapacidad. Por tanto, somos un importante empleador en nuestro país. Además, somos la entidad más representativa del mundo
especial de empleo y la única de la iniciativa social. Esta gran representatividad viene refrendada, por ejemplo, por nuestro papel predominante en la negociación colectiva. Además, estamos en fase de crecimiento. Hemos podido sufrir, como todas
las entidades, pero hemos llevado bastante bien la pandemia.
Nuestra hoja de ruta es la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, principalmente su artículo 27, el del derecho al empleo. Como ya conocen, somos parte del movimiento social de la discapacidad, de las
personas con discapacidad y sus familias, y miembros del Cermi, con los cuales participamos en la junta directiva; de Cepes, la patronal de la economía social; del Foro de la contratación socialmente responsable. Participamos, por supuesto, en
plataformas internacionales. Y recientemente tenemos el orgullo de participar en el Consejo Nacional de la Discapacidad, tratando de manifestar la opinión de la economía social en este órgano. Como ya he dicho, somos la patronal de los centros
especiales de empleo y de iniciativa social.
Me van a permitir que hable brevemente de lo que es un CEE y un CEEIS, aunque ustedes ya los conocen. Los CEE, centros especiales de empleo, son una tipología de empresas recogidas en la normativa nacional, en el texto refundido de la Ley
general de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social. Tienen unos objetivos básicos. En primer lugar, dar trabajo remunerado al máximo número de personas con discapacidad y contar en plantilla con al menos un 70 % de
personas con discapacidad en la actividad productiva. Ese es el carácter básico de un CEE, y para ello, obviamente, tiene que operar regularmente en el mercado creando bienes o servicios. Otro de sus objetivos es ayudar al tránsito de empresa
ordinaria a empleo protegido y la obligación legal de dar servicio de apoyo personal y social a las personas con discapacidad. Esto lo tenemos que hacer todos los CEE.
Pero hay otra tipología reciente, el centro especial de empleo de iniciativa social, que en nuestro ordenamiento jurídico viene regulada por la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público. Esta ley reguló la figura del centro de iniciativa
social, que es aquel en el que concurren cumulativamente dos características. La primera es la característica de la titularidad. Estos centros son, mayoritariamente, por titularidad o por control, de entidades sin ánimo de lucro, de entidades
sociales. La segunda característica, desde mi punto de vista muy relevante, es la reinversión de beneficios. En el caso de que alguno de esos centros obtenga un beneficio, tiene que ser reinvertido obligatoriamente en la creación de más
oportunidades laborales para las personas con discapacidad, en el empleo, en el centro especial de empleo propio o en otro centro de iniciativa social. Si me permiten decirlo, somos un ejemplo virtuoso de economía social, pues creamos empleo para
personas con discapacidad y con condiciones dignas y decentes y, en el caso de que haya algún beneficio, tiene que ser reinvertido en el centro o en otro centro, en dar más empleo y de más calidad o en ser más productivos. Luego comentaremos
brevemente qué impactos tiene nuestra normativa y cuál debe ser el futuro de estos centros, pero es necesario visibilizar nuestra existencia porque es una tipología reciente y no todo el mundo nos conoce.
Voy a pasar a lo que quizá sea más interesante, a nuestra visión actual y de futuro. Como ya he dicho, somos una entidad del Cermi, de la junta directiva, y no podemos estar aquí sin recordarles la petición unánime del sector social de la
discapacidad para que se pueda llegar a consensos y modificar el artículo 49 de nuestra carta magna, la Constitución española. Esta modificación, aunque se oye por ahí que es meramente terminológica, va mucho más allá. Además de erradicar la
palabra disminuido, que a mí como persona con discapacidad me ofende cada vez que ojeo la carta magna, se trata de incluir una perspectiva de derechos humanos y no exclusivamente médico-rehabilitadora. Es necesario llegar a este consenso para la
primera reforma social de la Constitución. Como bien saben, hemos tenido una reforma política para ampliar el derecho al sufragio y también una reforma económica, y ahora hace falta hacer la primera reforma social de la Constitución. Sería un
orgullo para el sector social de la discapacidad que se pudiese reformar el artículo 49 para erradicar la palabra disminuido, también desde la perspectiva médico-rehabilitadora. Y me van a permitir otro comentario. Es necesario usar la
terminología adecuada, y no porque sea terminología marcada en una convención, sino por todo el contenido dogmático que conlleva la discapacidad. A mí personalmente me ha resultado muy duro recibir una comunicación de esta Comisión en la que se me
preguntaba si tenía algún tipo de necesidad por razón de diversidad funcional. Yo soy una persona con discapacidad y si tengo algún tipo de necesidad es por razón de mi discapacidad, que es el problema que tengo yo como persona con una deficiencia;
la barrera la pone el entorno. Eso es lo que somos, personas con discapacidad. Por tanto,
les pedimos que nos ayuden a quitar la palabra disminuido de la Constitución y que esta Comisión y todos los organismos públicos utilicen el término personas con discapacidad a la hora de comunicarse.
En el dosier normativo que les he hecho llegar tienen una gran cantidad de información estadística, mucha es reproducida porque, si no, prácticamente sería hacer comentarios a la normativa del INE, pero me van a permitir que les haga unos
comentarios. El gran problema del empleo de la persona con discapacidad es un problema de actividad. Somos un colectivo que está desactivado para el empleo. En España hay casi dos millones de personas con discapacidad en edad laboral, un 6 % de
la población en edad laboral, de las cuales solo 640 000 somos población activa; hablamos de casi dos millones y de poco más de medio millón activos, y solo una de cada cuatro personas con discapacidad en edad laboral trabaja o busca empleo, lo
cual es un grave problema. La alta tasa de inactividad es la característica distintiva de las personas con discapacidad en edad laboral. Otra característica es la del envejecimiento de las personas con discapacidad en edad laboral. El 72 % de
este colectivo -es un dato que les sorprenderá- tiene más de cuarenta y cinco año. Una distribución etaria no se explica si no es por otro elemento, y es que tenemos una característica muy propia: muchos de nosotros tenemos discapacidades
sobrevenidas durante la edad laboral y que suponen un gran cambio en nuestra vida, en nuestro mundo laboral y, por supuesto, en la situación de discapacidad. Luego también comentaré brevemente un elemento respecto a la misma. La tasa de actividad,
como saben, es 44 puntos más baja que la de la población general; la de empleo es 40 puntos más baja en las personas con discapacidad. Hace falta abordar la nueva demografía de la discapacidad. Pero aquí también habría que comentar un elemento
que a veces obviamos, el salario: hay personas con discapacidad pobres.
Tenemos que atajar esta brecha salarial, tenemos que atajar la brecha de actividad, la brecha de empleo, la brecha demográfica y, por supuesto, la brecha salarial, y esto se consigue, desde mi punto de vista, con políticas de inclusión
sociolaboral. Aquí tengo que hacer mías las palabras de Luis Cayo, presidente del Cermi, que en octubre del año pasado -si no me equivoco- habló en esta Comisión de la necesidad de hacer una nueva legislación de inclusión sociolaboral de las
personas con discapacidad que superara el marco actual, que, como bien saben, es un marco heredero de la Lismi, la Ley de Integración Social de los Minusválidos, que se ha venido actualizando pero que no llega a ser una nueva normativa, sino
aportaciones puntuales que hacen que esta normativa no dé cabida a la nueva realidad de la discapacidad, de la nueva demografía de la discapacidad, de la discapacidad sobrevenida, de la discapacidad del envejecimiento, de las nuevas etiologías de la
discapacidad. Ahora se habla, ustedes bien saben, de la enfermedad mental, del TEA, formas emergentes que no estaban en los años ochenta o no con el papel que tienen actualmente, y eso es importantísimo. Esta normativa también tiene que abrazar la
convención. Nuestro ordenamiento jurídico ha ido adaptándose a la convención en casi todos los ámbitos, menos en el laboral. Hace falta -permítanme la expresión- abrir las ventanas del ordenamiento jurídico laboral para que entren los aires de la
convención, que es la hoja de ruta que nos damos las entidades de la discapacidad.
Otro elemento básico, y que ustedes conocen bien, es el de la pasarela que existe en nuestro ordenamiento jurídico entre discapacidad e incapacidad laboral. Una persona con una incapacidad laboral, hasta tiempos muy recientes, tenía
automáticamente reconocida la situación de discapacidad. Sentencias de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo declararon esta equiparación ultra vires, y además en sentencias con voto particular. Esta jurisprudencia está teniendo un impacto muy
negativo y muy dañoso para estas personas con una incapacidad laboral que no tienen grado de discapacidad. Estas personas, como bien saben, en muchos casos podían trabajar en empleos adaptados, en empleos que dábamos los CEE en gran parte, pero
desde noviembre de 2018 estamos viendo cómo estas personas tienen una tasa de actividad francamente negativa; es decir, la persona con una incapacidad laboral sin reconocimiento del grado de discapacidad es el colectivo, según los últimos datos,
que tiene peor tasa de actividad. Les pedimos que sean conscientes de esta realidad y que puedan arreglar este problema, esta declaración de ultra vires que hizo el Supremo, que hemos de recordar que era una declaración por motivos meramente
formales, no se metió en el fondo del asunto. Además también he de decirles que nosotros defendemos y queremos que estas personas con una incapacidad laboral sean personas con discapacidad porque tienen el problema que les he comentado: la
interacción con el entorno, que les provoca -los datos lo dicen- una bajísima tasa de actividad.
Respecto a los CEEIS, los centros especiales de empleo de iniciativa social, como saben, fueron introducidos por la Ley de contratos y la gran diferencia que tuvimos fue la de la reserva de contratación pública a nuestro favor y a favor de
las empresas de inserción. Estamos francamente contentos con una
sentencia muy reciente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 6 de octubre, que reconoce que España hizo una buena trasposición de la normativa comunitaria sobre reservas. Reconoce esta jurisprudencia -les recomiendo la lectura de
la sentencia porque es muy interesante- cómo este criterio de la titularidad de los CEEIS y la reinversión del beneficio son un buen marcador para dar más empleo a personas con discapacidad o personas desfavorecidas cumpliendo el criterio de
proporcionalidad, que es el gran criterio que debe haber en el caso de la trasposición de la normativa comunitaria, como ustedes bien conocen.
Voy acabando, presidente, porque el tiempo va pasando. Simplemente voy a dar un par de pinceladas de elementos básicos. El primero ya lo comenté, es importante visibilizar al centro especial de empleo como un elemento virtuoso de la
economía social, como ese elemento que es dirigido por personas con discapacidad o sus familias de manera directa, con emprendimiento colectivo, o de manera indirecta, por asociaciones. Y el segundo, es cómo reinvierte el beneficio en la sociedad,
cómo el apoyo público -no podemos olvidarlo- que tenemos vuelve a ser reinvertido en la sociedad en este famoso círculo virtuoso del que somos parte.
Hemos pedido al Gobierno que esta labor de discriminación positiva se realice en todos los ámbitos del ordenamiento jurídico laboral y hemos entendido que fue una oportunidad perdida que en el Real Decreto 818/2021 de programas comunes de
activación para el empleo no existiese esta discriminación positiva a favor de los centros especiales de empleo de iniciativa social. Aplaudimos que este real decreto tenga medidas de acción positiva a la interseccionalidad, cosa que defendíamos.
Defendemos que ser una mujer de 45 años es un elemento de gran estigma social y, por supuesto, un estigma de inclusión sociolaboral, pero también pedíamos que se hiciese esta diferenciación también teniendo en cuenta cuál es la tipología del centro,
y como ya he dicho, qué va a pasar con el beneficio, que en nuestro caso será la reinversión.
Para ir concluyendo, señor presidente, nosotros estamos muy orgullosos de lo que hacemos, pero, por supuesto, tenemos un gran sentido crítico. Somos personas con discapacidad al cargo de empresas para dar empleo a personas con discapacidad.
Por tanto, defendemos lo que hacemos pero queremos mejorar y para mejorar necesitamos reconvertirnos y cambiar. Por tanto, hemos solicitado que en los paquetes de los fondos Next Generation, del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia o
del Plan España Puede haya una partida específica o al menos un Perte, o la figura que sea necesaria, a favor de la economía social. Tenemos que reinventarnos, tenemos que cambiar hacia la economía digital, hacia la economía verde, hacia los nuevos
nichos del mercado. Nosotros somos los primeros conscientes en que tenemos que cambiar para seguir haciendo las cosas bien como las hacemos, pero no en un inmovilismo y he de reconocer, señorías, que es complicado poder acceder a este tipo de
ayudas.
Sin más, les he dejado en la mesa un pequeño dosier normativo, un pendrive con toda la información. Quedo a su disposición para cualquier apreciación, comentario o sugerencia que quieran hacerme.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: A continuación intervendrán los portavoces de los diferentes grupos parlamentarios por cinco minutos. Como el portavoz del Grupo Mixto no está, tiene la palabra por el Grupo EH Bildu, Mertxe Aizpurua.
La señora AIZPURUA ARZALLUS: Gracias, presidente.
Gracias por su intervención y por las informaciones que nos ha dado. Usted ha dicho que están orgullosos de lo que hacen y creo que tienen motivos y razones fundadas para estarlo. En ese sentido no podemos por menos que reconocer la gran
labor que estos centros especiales de empleo están haciendo en la Comunidad Autónoma Vasca y en Navarra. Los conocemos perfectamente y realmente es una buena labor la que están haciendo, así como también reconocemos la importancia de la economía
social y cooperativa. Enlazando con esto y lo último de su intervención, creemos totalmente necesario que ese Perte que se ha presentado de economía social y cooperativa a nivel de todo el Estado es fundamental porque hay Perte que pueden no llegar
a los objetivos fijados. Este yo creo que tiene todos los elementos necesarios para que sea un buen Perte y además para que asegure la creación de empleo, que es algo que no se puede perder de vista también.
También estoy de acuerdo en lo que ha explicado del artículo 49, es totalmente necesario y muchísimas cosas más. Reconociendo la labor que hacen, yo sí creo, o por lo menos siempre me queda la duda, de que se corre el riesgo de que estos
centros especiales de empleo se conviertan en una especie de gueto donde solo trabajan o mayoritariamente trabajan las personas con discapacidad. Usted se ha referido al tema de la empleabilidad de la actividad como uno de los problemas
fundamentales que tienen y creo que
el reto de las personas con discapacidad también es que de alguna forma trabajen en el mercado de trabajo ordinario. Creo que facilitar esa labor es lo que debería hacerse. Soy consciente de las dificultades que tiene, pero creo que no se
debe de olvidar ese objetivo. De alguna forma que la empleabilidad en las personas con discapacidad sea algo normalizado.
Hay otra cuestión. Yo creo que es público y notorio que en las empresas normales -ni siquiera en las administraciones y quizás esto sea más lamentable- no se respeta el porcentaje de empleabilidad de personas con discapacidad que la propia
ley marca. No sé si hay alguna fórmula que no sea únicamente sancionadora para poder cambiar esto. En Europa hay experiencias que lo que hacen es eliminar incentivos, podría ser una fórmula. Estas dos cuestiones serían las que le plantearía
porque prefiero que hablen los comparecientes que no yo.
Muchísimas gracias por su intervención.
El señor PRESIDENTE: A continuación sería el turno de Iñigo Barandiaran del Grupo Vasco que no está aquí. Acaba de enviarme un mensaje disculpándose, diciendo que tiene mucha tos y catarro y que por prudencia se tiene que hacer una prueba
de antígenos y no va a venir por aquí hasta que no sepa el resultado. En todo caso, estoy convencido de que todos esperamos verle pronto.
¿Sara no está? (Denegaciones). Pues entonces tiene la palabra, por el Grupo Plural, Genís Boadella.
El señor BOADELLA ESTEVE: Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias también al compareciente. Quiero trasladarle el agradecimiento no solo por venir hoy aquí y darnos este enfoque del mundo de los centros especiales de trabajo, sino por la gran labor que todo el mundo relativo a los centros
especiales de trabajo hace en relación con dar trabajo, actividad laboral, con dar normalidad a la vida de muchas personas con discapacidad, por lo cual nuestro más absoluto reconocimiento.
Usted apuntaba a dos temas que yo quería también ahondar en ellos, el primero, la reforma del artículo 49 de la Constitución. Desde el PDeCAT, por supuesto, que estamos de acuerdo en que esto es más que necesario, ya que es un término
totalmente desfasado en los tiempos en los que estamos. Por tanto, que en la Constitución se reconozca a las personas con discapacidad, en vez de con el término actual tendría que ser prioritario para esta Cámara. No entendemos el bloqueo que
tiene actualmente esta cuestión. Por tanto, tienen nuestro apoyo total a esta petición y que sepan que vamos a seguir trabajando para tratar de impulsarlo e introducir este cambio.
Por otro lado, respecto a la parte más interesante, la tarea que hacen los centros especiales de trabajo en la integración de personas con discapacidad en el mundo laboral, nosotros hace tiempo que desde el PDeCAT estamos denunciando o
poniendo encima de la mesa una cuestión importante: las subidas del salario mínimo interprofesional son también política, en la medida en que todos nos hemos comprometido a que tenían que ser más o menos equivalentes a los salarios mínimos
interprofesionales europeos, Sin embargo, siempre alertamos que esto tiene unas derivadas y consecuencias lamentables para todo un sector, como son los centros especiales de trabajo, porque cada vez que se produce una subida del salario mínimo, se
produce un incremento de los costes de producción. Me gustaría que nos confirmara esta tesis porque es la nuestra y la de mucha gente, porque entendemos que es un tema en el que hay que poner el foco. No solo la subida de salario mínimo
interprofesional afecta a la cuestión laboral y a los salarios, sino que tiene derivadas muy importantes en el ámbito de los centros especiales de trabajo. Esta cuestión está ligada a todo el tema de las ayudas que reciben de los costes de
producción porque sabemos que son trabajos que productiva y económicamente no son rentables, pero en cambio sí que son rentables socialmente que esta actividad exista. Por tanto, quisiera saber cómo ve todo el sistema de reparto de lo relativo a
las ayudas a los centros especiales de trabajo.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: A continuación tiene la palabra también por cinco minutos la portavoz del Grupo Republicano, Norma Pujol.
La señora PUJOL I FARRÉ: Gràcies, president.
Muchas gracias y buenas tardes, señor García Diego. Gracias por estar aquí y por explicarnos cuál es su labor, la de todas las entidades a las que representa. La verdad es que es una labor imprescindible para la sociedad y para las
personas con discapacidad. Nuestro grupo lo entiende así y esperamos que nuestras acciones también estén hacia esta dirección.
Quería hablar de dos temas. El primero, usted ha comentado un tema pendiente que tenemos, que es la reforma del artículo 49 de la Constitución. Nuestro grupo está totalmente de acuerdo en esta modificación. No entendemos cómo aún no se ha
hecho. Creemos que es una falta de respeto enorme que en la Constitución aún haya una terminología tan antigua, tan desfasada como puede ser la terminología de hablar de personas disminuidas. Para nosotros no existen las personas disminuidas,
existen las personas con discapacidad y con capacidades diversas. Quería transmitirle, por parte del Grupo Republicano, que estamos a favor de esta modificación y creemos que se tiene que hacer cuanto antes mejor, por un tema de respeto para las
personas con discapacidad y por un tema de los derechos de las personas con discapacidad.
Por otra parte, quiero comentarle que en Cataluña, que es de donde somos nosotras, hay actualmente aproximadamente unas dieciséis mil personas trabajando con discapacidad. Estamos hablando de contratos temporales e indefinidos, aquí también
están incluidas las diferentes discapacidades, ya sea psíquica, física o sensorial. Es la comunidad autónoma que tiene más personas con discapacidad en inserción laboral. Aun así, creemos que es insuficiente y que hay mucho trabajo por delante.
En nuestra obligación también está legislar para tener las herramientas oportunas para que estas personas estén cuanto antes en el mundo laboral y necesitamos estas herramientas y mecanismos para hacerlo así.
Necesitamos mantener -esto también lo ha comentado mi compañero Genís Boadella- pero también incrementar las subvenciones para los colectivos de especial dificultad, especialmente en el contexto del incremento del salario mínimo
interprofesional para garantizar que todas las comunidades autónomas -yo hablo por Cataluña- reciban lo que les corresponden por el volumen de trabajadores que tienen. Por eso le decía que tenemos una inserción alta, pero aún insuficiente y
necesitamos también las subvenciones necesarias para trabajar en esta dirección.
Hace unas semanas estuve de visita en algunos centros especiales de trabajo de mi territorio -soy de las Terres de l'Ebre, que pertenece a la demarcación de Tarragona-. Allí pudimos ver en primera persona cuáles son estas dificultades que
tienen los centros especiales de trabajo para tirar hacia delante, para poder equiparar bien los sueldos de los trabajadores. Quería preguntarle, por desconocimiento, si por ejemplo el centro Jeroni de Moragas, de Móra d'Ebre forma parte de vuestro
colectivo o no.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Por parte del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra su portavoz, Marisa Saavedra.
La señora SAAVEDRA MUÑOZ: Gràcies, president. Gracias también al compareciente.
Efectivamente, estos centros especiales de empleo realizan un trabajo imprescindible con este colectivo tan maltratado durante muchos años y donde realmente hay un problema importante de brecha laboral y salarial, así como de condiciones de
vida que tenemos que trabajar por mejorar. Estos centros especiales de empleo por la función que realizan y el colectivo con el que trabajan disfrutan de incentivos, de subvenciones para el mantenimiento de estos puestos de trabajo que ya se
establecieron en 1998, en ese 50 % del salario mínimo profesional. Atendiendo a las circunstancias de estos años, de esta legislatura, y con la cuestión de la pandemia y el salario mínimo, bueno, desde este Gobierno de coalición se ha incrementado
esta aportación del 50 al 55 % para ayudar a esa adaptación al nuevo contexto. Creo que es importante recordarlo. En un contexto en el que realmente se están revisando las políticas activas de empleo, porque es importante avanzar en esta inclusión
en la línea de la convención como usted planteaba, tenemos que avanzar en la inclusión en el mercado laboral ordinario. Se están revisando todas las políticas activas de empleo y también estas, en concreto para este colectivo. Se está trabajando
desde el Gobierno con las entidades sociales en la elaboración de un libro blanco para adaptar el empleo protegido, la inserción laboral y la inclusión en el mercado ordinario de trabajo para adaptar la normativa que en este momento es muy antigua
al nuevo contexto laboral. Es un trabajo imprescindible para avanzar en la inserción, en el mercado de trabajo y para acabar con esta brecha de empleo que realmente es dramática en este colectivo. De manera que se está trabajando muy seriamente.
En septiembre entró en vigor la nueva regulación de los programas de activación de empleo por el que la subvención de estos costes salariales se gradúan, teniendo en cuenta el tipo y el grado de discapacidad también y la estabilidad de
puestos de trabajo. Pensamos que es un avance en buena dirección y también es un avance ese aumento de un 30 % en la partida de los Presupuestos Generales del Estado en cuanto a políticas activas de empleo que también irán en parte a esta inserción
laboral de este colectivo para
acabar con esta brecha laboral que es dramática. De manera que contamos con la mayor financiación histórica, la mayor dotación en cuanto a políticas de empleo en nuestro país.
Por último, coincido con la afirmación que usted ha hecho, o la petición que ha hecho de consenso para la modificación del artículo 49 de la Constitución desde una perspectiva de derechos humanos y para acabar con cuestiones no solo como
usted decía, el término disminuido -no sé ni cómo calificarlo, desde luego, está superado-, sino para atender a un enfoque de derechos humanos. Es una cuestión urgente y aquí es importante que las derechas de este Parlamento acaben con el bloqueo
para lograr una modificación constitucional y social que urge de cara a dignificar, no solo a este colectivo sino también la democracia en nuestro país.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: A continuación tiene la palabra por parte del Grupo Parlamentario VOX su portavoz, Reyes Romero.
La señora ROMERO VILCHES: Muchas gracias, señor presidente.
Señor García Diego, nuestro partido VOX valora muy positivamente la actividad empresarial realizada por la federación a la que usted representa. VOX es un partido que cree firmemente en la dignidad de la persona humana, sin exclusiones de
ningún tipo y sin restricciones relacionadas con las circunstancias de vida que estemos considerando. Por tanto, vemos de manera muy positiva el que la sociedad civil y la libre iniciativa social hayan puesto en marcha empresas que apuesten por la
inclusión y el respeto a los derechos de todos en un marco económico de eficacia y de eficiencia. Lo hemos dicho y lo repetimos constantemente desde VOX: el mejor escudo social que cabe diseñar para proteger a la sociedad española consiste en
crear las condiciones idóneas para una economía que se acerque lo más posible al pleno empleo, facilitando el que los ciudadanos, independientemente de sus condiciones especiales, puedan ganarse la vida con un sueldo digno; un sueldo que se
corresponda de manera equitativa a un trabajo realizado en condiciones razonables.
Sin embargo, somos conscientes de que incluso en las mejores circunstancias hay grupos sociales que quedan marginados y de alguna manera fuera del mercado de trabajo. En este momento en el que nos encontramos, con una pandemia muy dura y
muy torpemente gestionada, precisamente en esta circunstancia de recesión, nos consta que existen sectores vulnerables que se resienten de una manera especial, empezando por aquellos a los que no se les ha dejado trabajar. A todos hay que atender
porque en un Estado social y democrático de derecho no se puede permitir el lujo de dejar a nadie atrás, pero en VOX entendemos que hay que evitar la tentación socialista de acudir de forma sistemática y permanente a la subvención o al subsidio
porque esto en el fondo no es más que una manera de marginar a la gente y hacerla dependiente y desvalida. En cambio tenemos que optar por una inclusión activa, creando de manera inteligente las posibilidades de que todos puedan integrarse en el
ciclo económico, contribuyendo en la medida de sus posibilidades a la creación de riqueza y siendo protagonistas de sus vidas. Nosotros, los políticos, no tenemos que controlar el ciclo económico ni para ser empleadores ni emprendedores, nuestra
misión en realidad consiste en crear el marco legal adecuado para que las empresas a las que usted representa interactúen en el mercado español e internacional en condiciones justas y de equidad. Teniendo en cuenta que la legislación para el
fomento del empleo protegido de las personas con discapacidad viene inicialmente regulada por una norma estatal, pero que son las comunidades autónomas las que la desarrollan, ¿no piensa usted que esta realidad genera diferentes prestaciones según
el territorio donde se encuentren estos centros y produce discriminación entre las personas más vulnerables según el territorio en el que hayan nacido o vivan?
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: A continuación tiene la palabra por parte del Grupo Parlamentario Popular su portavoz, Diego Movellán.
El señor MOVELLÁN LOMBILLA: Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias al compareciente, porque la exposición que nos ha hecho, la radiografía del presente y sobre todo los objetivos de futuro de la economía social, y en este caso, los centros especiales de empleo y de inclusión social, creo que
es muy fructífera para todos y nos pone también deberes sobre la mesa para atender a las principales demandas del colectivo de personas con discapacidad en nuestro país. Además, yo creo que el modelo de los centros especiales de empleo ya se ha
consolidado y es un
modelo de éxito, no solo a nivel europeo sino internacional. Creo que se ha convertido en una verdadera palanca de inclusión laboral para las personas con discapacidad, y además estos resultados son positivos tanto desde el punto de vista
social, por esa inclusión de un colectivo con especiales dificultades para la inserción del mercado laboral, como desde el punto de vista económico. Hoy nos ha dado datos, pero es verdad que al final siempre que se ha comparecido y se ha hablado de
los centros especiales de empleo se ve que es mayor el retorno a las arcas del Estado. En algunas se sitúa que por cada euro invertido, cada ayuda que se da de un euro a los centros especiales de empleo, se retorna al Estado por impuestos y por el
ahorro de gasto social, en torno a un 1,42 o un 1,44. Sin duda, hoy es un modelo de éxito, como decía, desde el punto de vista económico y por eso tienen nuestro compromiso, el del Partido Popular y el de este grupo parlamentario, de seguir
impulsando y fortaleciendo todas estas iniciativas y sobre todo contribuir a la sostenibilidad y la viabilidad de los centros de empleo y los miles de puestos de trabajo que están generando en nuestro país.
Se hablaba del presente y del futuro, pero también creo que la pandemia ha sido desoladora. Creo que ese escudo social del que tanto presume este Gobierno ha fallado estrepitosamente con la inclusión laboral de las personas con
discapacidad. Los datos aquí están, ese 30 % de disminución de los contratos a personas con discapacidad en 2020, esos cien mil empleos destruidos o cómo siguen esas brechas salarias, cómo sigue esa tasa de actividad muy por debajo de las personas
con discapacidad y esa tasa de empleo también muy inferior.
Además, al hilo de lo que comentabas del real decreto, me sorprende que los grupos que sustentan al Gobierno digan que se está revisando. Yo creo que ya ha habido tiempo suficiente y además, sobre todo, con un colectivo que sufre también
una triple discriminación. Estamos viendo cómo es mucho mayor el paro femenino entre aquellas personas con discapacidad y cómo es hasta veinticinco puntos mayor la tasa de paro juvenil, solo uno de cada diez jóvenes, si no me equivoco, tienen
empleo. Además, las medidas a contracorriente que ha tomado el Gobierno, como esas subidas del salario mínimo del 30 % que al final se trasladó en un gran incremento de costes salariales, no han ayudado nada a la creación y al mantenimiento del
empleo. No ayudan nada, si no van acompañadas de las medidas que ha aprobado este Congreso pidiendo aumentar ese porcentaje de subvención de la contratación de trabajadores. Por eso nos hemos encontrado con una falta de sensibilidad de este
Gobierno ante un colectivo que ha sido además esencial. Me gustaría conocer cómo ha afectado la pandemia a los centros especiales, sectores donde hay centros especiales de empleo que estuvieron al pie del cañón durante toda la pandemia sin cerrar.
En cuanto al futuro, aquí el Grupo Popular tiende la mano para asumir esos objetivos y esos retos que se han fijado, que son retos compartidos porque nosotros sí que trabajamos y queremos trabajar para dar verdaderas oportunidades de
inserción laboral a las personas con discapacidad. Hay varias preguntas y varias anotaciones a las que voy a referirme.
En cuanto a esa reforma de la Constitución, esa gran reforma social, afortunadamente hay términos que ya se han superado. Es muy triste que en estos momentos, en este Congreso, no se pueda afrontar algún tipo de reforma. No se puede porque
tenemos un Gobierno irresponsable y unos socios de Gobierno realmente peligrosos. Por eso creo que llegarán otros momentos donde se puedan afrontar este tipo de reforma y otras que se necesitan.
Quería preguntarle sobre la actual regulación del régimen financiero de las ayudas que se sitúan en ese 50 % del salario mínimo, que se sube al 55 % cuando son personas con discapacidad severa. En ese nuevo marco regulatorio que se tendrá
que trasponer a las comunidades autónomas con esa horquilla del 40 a 60 % que se propone ahora mismo, quería preguntarle qué opinión le merece y si cree que se va a garantizar el cumplimiento porque al final hay una fuerte dependencia de los centros
especiales de empleo de esas ayudas, de esas subvenciones y si se harán en tiempo y forma las transferencias estatales a las comunidades autónomas, o vamos a ver cómo hemos visto en algunos momentos que los centros especiales tienen serios problemas
a la hora de ese mantenimiento.
Quería también preguntarle sobre el Real Decreto 8/2018, respecto a esa activación para el empleo. Las últimas noticias que he leído sobre Feacem, también pedían al Ministerio de Trabajo que pusiera a los centros especiales, a la inclusión
laboral de las personas con discapacidad en la agenda prioritaria de este Gobierno y reclamaban su participación en la elaboración, en el diseño de la estrategia española de activación para el empleo. Quería preguntarle si han atendido como
movimiento social sus peticiones, si se han sentido partícipes, si tienen una interlocución directa en el real decreto y en algo importantísimo, en el futuro reparto y diseño de los fondos europeos, que pueden ser importantísimos para crear
oportunidades de futuro para la inclusión de las personas con discapacidad. Si hay un turno de réplica, haré otras preguntas que me han quedado pendientes.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: A continuación tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Raquel Pedraja. Cuando quiera, tiene cinco minutos.
El señor PRESIDENTE: A continuación, tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Raquel Pedraja. Cuando quiera. Tiene cinco minutos.
La señora PEDRAJA SÁINZ: Muchas gracias, presidente.
En primer lugar, quiero agradecer al señor Daniel Aníbal su presencia hoy aquí, su intervención y las grandes ideas que nos ha transmitido. Creo que hay que tomar nota de todo lo que aquí se habla porque puede ser muy importante para
mejorar la vida de personas con discapacidad. Quiero agradecer también la labor de su federación empresarial. Como bien ha dicho antes el presidente, contempla 650 centros especiales de empleo, unas 48 000 personas, y hay que reconocer esa labor
de inclusión social que realizan todos ellos.
Además, desde este grupo parlamentario nos gustaría agradecer la gran labor que realizan los centros especiales de empleo, esa labor de inclusión social, pero también de inclusión laboral; esa labor que facilita una remuneración a cambio de
un trabajo a las personas con discapacidad, que, la verdad, es una labor muy importante. Al final, es no excluir a personas que ya tienen una vulnerabilidad, y eso hay que agradecérselo a estos centros especiales de empleo, esa forma de asegurar un
empleo remunerado para estas personas.
Además, este grupo parlamentario cree que hay que reconocer -y hay que reconocerlo altamente- la gran labor que han realizado estos centros especiales de empleo durante la pandemia. Es cierto que estos centros se podían acoger a los
préstamos ICO y se podían acoger también a los ERTE, pero hay que reconocer -y me consta- que muchos decidieron no acogerse a los ERTE y continuar con estas personas empleadas para poder facilitarles el único ingreso que tenían, ese ingreso que no
solo era un ingreso económico para ellos, sino que muchas veces se convertía también en el único ingreso económico, en el único sustento para todas sus familias. Desde luego, hay que agradecerles esa labor humana más que económica, esa prioridad
humana más que económica que supieron hacer y que fue una maravilla. De verdad que hay que agradecérselo y de corazón. Además, como comentaba, muchos de ellos decidieron acogerse a los préstamos ICO solo para poder mantener a todos sus empleados,
porque tenían en cuenta, como comentaba antes, que el único ingreso económico de muchos de sus empleados era este, y entonces decidieron acogerse a esos préstamos ICO para no tener que mandar a ningún empleado al ERTE o al paro. Yo creo que hay que
agradecérselo.
Para este Gobierno han sido una prioridad estos centros especiales de empleo. En 2019 se produjo una subida del salario mínimo interprofesional que les afectó y, por ello, se decidió subir la subvención del 50 al 55 %, un 5 %; en 2020 se
volvió a aumentar el salario mínimo interprofesional y se decidió mantener esa subida del 5 %, y hace muy poquito, en el Pleno del Congreso de los Diputados, en el hemiciclo, se aprobó una propuesta a petición de un grupo parlamentario, que apoyamos
numerosos grupos, para poder hacer esta subida de forma estable y poder subir esos salarios de esas personas con un mayor índice de discapacidad. Yo creo que eso debe ser prioritario para todos los grupos políticos de la Cámara. Desde luego,
quiero agradecer las buenas propuestas que puedan tener otros grupos, como pudo ser esa, que nosotros, desde el Grupo Parlamentario Socialista, respaldamos. Como comentaba, el Gobierno de Pedro Sánchez siempre ha tenido la prioridad -durante esta
pandemia y siempre- de mejorar las condiciones de estos centros especiales de empleo, pero también las condiciones de vida de estas personas con discapacidad. Nuestra intención es seguir haciéndolo.
Considerábamos que el cambio de nomenclatura de 'disminuidos' a 'personas con discapacidad' era necesario, era muy necesario, y me gustaría pedir tanto a la derecha como a la extrema derecha que se tomen esto un poco más en serio, que
vuelvan a la cordura, que piensen que esto es una cuestión de justicia social, de derechos humanos y que no es una cuestión política, como comentaba su portavoz Cuca Gamarra, que cuando se presentó esta propuesta dijo: No es el momento oportuno
políticamente hablando. Es que con todo no se hace política en la vida, y esta es una cuestión con la que no se puede hacer política. De verdad les animo y les tiendo la mano para que todos vayamos a una para poder hacer esa modificación y, sobre
todo, poder luchar por todos los derechos de las personas con discapacidad y
también por estos centros especiales de empleo. En este tipo de temas, de verdad, vayamos unidos, y se lo digo a todos. De verdad, les tendemos la mano para ir todos los grupos políticos unidos. Debe ser nuestra obligación.
Por último, quiero preguntarle con qué medidas cree usted que podríamos dar visibilidad a estos centros especiales de empleo. Yo creo que es bueno que toda la sociedad sepa qué funciones realizan, qué tareas realizan. ¿Con qué medidas cree
usted que esto sería posible?
Y ya por último, desde este grupo parlamentario quiero tenderle nuestra mano, mostrarle nuestro apoyo y agradecerle todo lo que aquí ha comentado. Desde luego, tomamos nota de todo e intentaremos ayudarles en todo lo que sea posible y tener
en cuenta sus medidas. De nuevo, quiero agradecerle esa labor que realizan tanto su federación empresarial como todos los centros especiales de empleo. Aquí nos tienen para lo que podamos serles de ayuda.
Muchísimas gracias.
El señor PRESIDENTE: A continuación, tiene diez minutos para contestar a lo que le han preguntado o añadir aquellas cosas que crea convenientes. Cuando usted quiera.
El señor PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN EMPRESARIAL DE ASOCIACIONES DE CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO, FEACEM (García Diego): Muchísimas gracias, señor presidente.
Si les parece, voy a responderles por orden, y si hay alguna omisión, luego me lo comentan.
Me comentaba la señora Aizpurua, el papel que tiene la economía social en el País Vasco y Navarra. Tenemos el tremendo orgullo, como comenté, de que nuestro último socio autonómico es precisamente el socio navarro. Por lo tanto, seguimos
creciendo en el ámbito tanto del País Vasco, con un socio relevantísimo como es Ehlabe, como en Navarra, con nuestro nuevo socio Ceisna.
Respecto a la idea del gueto del centro especial de empleo, que comentaba la señora Aizpurua, hace unos años la Universidad Carlos III hizo un informe sobre si el centro especial de empleo cumplía con la convención, y ahí se dieron medidas
de cómo teníamos que trabajar para ser un entorno inclusivo, para ser un entorno en el que hubiera personas con discapacidad -un número elevado según marca la normativa-, pero sin ser un gueto. Y en esa idea, señora Aizpurua, estamos trabajando.
Como dije previamente, estamos orgullosos de lo que hacemos, pero siempre queremos mejorar, y seguimos pensando permanentemente en favorecer la mayor inclusión, en hacer entornos lo más inclusivos posible. Esa es nuestra idea. No obstante, como
bien sabe, es el entorno laboral el que no es inclusivo. El centro especial de empleo es un centro en el que hay un nivel de apoyo importante a la persona. Hay unidades de apoyo, la persona está en el centro, y eso es lo que hacemos con un número
muy importante de personas con discapacidad. Pero, por supuesto, señora Aizpurua, sea consciente de que luchamos y trabajamos para hacer inclusivo el entorno en el que nos desenvolvemos.
Respecto a la idea de la reserva del 2 %, es una reserva no cumplida. Además, a veces hay un uso fraudulento de las medidas alternativas a la misma. Nosotros tenemos la propuesta, que creo que tienen en el dosier que les hemos hecho
llegar, de que no sea posible acceder a ningún tipo de ayuda o incentivo si no se cumple con este requisito. Saben que para la compra pública hay que acreditar por una declaración responsable que se cumple con el 2 %. Nuestra idea es que no se
pueda acceder a ningún tipo de ayuda pública o incentivo si no se cumple con esta normativa, porque es una pena que haya medidas obligatorias en el ordenamiento jurídico que no se cumplen y que parece que son medidas de segunda. A nadie se le
ocurriría acceder a ayudas públicas sin cumplir con la obligación tributaria de la Seguridad Social, pero sí se puede concurrir a ayudas públicas sin cumplir con la tasa de reserva, y entendemos que debería tener el mismo régimen. Si no cumples con
el 2 %, no cumples con una obligación legal y no puedes acceder a la ayuda.
Y, por supuesto, como comentaba, el País Vasco y Navarra son para nosotros socios relevantes y quizás también un modelo en el que nos miramos. Es un socio nuestro. Por tanto, qué puedo decir sino que les queremos y que para nosotros son un
elemento básico y de mejora.
Señor Boadella -si no me equivoco en el orden-, respecto a la subida del SMI, nosotros como Feacem, como patronal, aplaudimos en público la subida del SMI, porque nuestras personas tienen el derecho a tener un salario lo más elevado posible
y, sobre todo, lo más cercano posible al de la población general. Yo creo que nosotros somos la única patronal que ha salido diciendo: aplaudimos la subida del SMI, pero queremos disminuir la brecha salarial entre la persona con discapacidad y la
persona sin discapacidad. Como bien ha dicho, para nosotros el salario es un componente básico de nuestra estructura de costes. Por lo tanto, aplaudimos la subida del SMI, pero decimos: acompáñese de la subida
correspondiente de las ayudas. Porque entendemos que ese es nuestro objetivo: dar empleo remunerado, empleo de calidad e intentar disminuir la brecha salarial entre personas con y sin discapacidad. Para eso planteábamos -y es público- que
haya un escalado de ayudas, como el nuevo real decreto ha realizado, pero esta es nuestra postura oficial: aplaudimos el SMI, pero necesitamos ayudas mayores para poder seguir dando empleo a personas con discapacidad. Porque el otro escenario es
el que no querríamos ninguno: subida del SMI, no tener un nivel mayor en el número de apoyos y tener que cerrar. Nosotros lo que queremos es dar a nuestras personas con discapacidad, a nuestros trabadores, las mejores condiciones posibles, pero,
por supuesto, siempre con ese equilibrio de que no cerremos. Necesitamos tener un equilibrio económico y social.
Respecto a la señora Pujol, si no me equivoco, el centro del que me habla no lo conozco, pero si es un centro de iniciativa social, es socio nuestro, porque tenemos una implantación territorial en Cataluña muy importante, con dos socios
autonómicos, Feacem Catalunya y Fecetc, y además con una patronal catalana, como es Dincat, que aunque no es miembro directo nuestro, es un miembro muy relevante del movimiento social de la discapacidad. Por lo tanto, casi seguro que el centro que
conoció era un centro de nuestro movimiento.
En Cataluña, como bien sabe, el modelo de los CET, de los centros especiales de trabajo, es un modelo muy relevante. Asimismo, estamos trabajando para que la adaptación normativa correspondiente a Cataluña también reconozca esta
diferenciación entre los CET y los CETIS, entre CPA de Trabajo y CPA de trabajo de iniciativa social, y ahí trabajamos de la mano de Cocarmi, el Cermi de Cataluña, y por supuesto de nuestros socios autonómicos, que ya he dicho que son Feacem
Catalunya y Fecetc.
Respecto a la financiación crediticia, es uno de los grandes problemas que tenemos los centros especiales de empleo históricamente, cuando vas a la subvención correspondiente y no hay crédito adecuado y suficiente. Ahí, luego lo
comentaremos, trabajamos intensamente con SEPE, con el centro directivo correspondiente, para que estas transferencias sean adecuadas, suficientes, incluso hemos planteado que sean finalistas para que realmente la transferencia que va a favor de las
ayudas de mantenimiento del empleo en los centros especiales de empleo, los CET en el modelo catalán, sean realmente para financiar estas ayudas y no se vayan a otras actividades.
Respecto a lo que comentaba la señora Saavedra respecto a los incentivos, nosotros hemos aplaudido el nuevo Real Decreto 818/2021, pero creemos que se ha quedado corto. Aplaudimos el escalado de ayudas, entendemos que el tipo de grado y el
tipo de contrato es un elemento favorable, pero hemos echado en falta que la idea del género y de la edad no esté en todo el escalado. Saben que la ayuda sí tiene en cuenta el género en las ayudas para colectivos con especial dificultad, pero no en
la ayuda ordinaria, y entendemos que el género y la edad debían haberse encontrado en todo el escalado de ayudas y no solamente en una tipología de la ayuda. Entendemos que es una oportunidad perdida para financiar, para apoyar más a centros
especiales de iniciativa social, a aquellos centros que, como ya he dicho, son auténticamente de economía social y que, en caso de tener beneficios, los reinvierten en la sociedad. Para nosotros era un debe, y hemos planteado al centro directivo
correspondiente que aplaudimos que se recoja el género y la edad en una ayuda, pero que entendemos que tiene que reconocerse en todas las ayudas dirigidas a personas con discapacidad, porque el empleo de la mujer con discapacidad es mucho menor que
el del hombre con discapacidad en todos los grupos de tipología o grado, o sea, es una discriminación totalmente transversal y que no se encuentra limitada a un tipo de ayuda.
Por supuesto, el libro blanco del empleo o de la ocupación de las personas con discapacidad es una reivindicación histórica del movimiento Cermi y de Feacem, y aplaudimos que el Ministerio de Trabajo y Economía Social y el Ministerio de
Derechos Sociales y Agenda 2030, en colaboración con Cermi y con Fundación ONCE, se pongan a la labor. Como bien saben, estas entidades tienen la mano tendida de Feacem para trabajar en este libro blanco del empleo, porque nosotros -y se me ha
olvidado comentarlo- creemos en esta forma de empleo, pero creemos en todas las formas de empleo, o sea, nosotros defendemos el empleo en la empresa ordinaria, el autoempleo, el empleo público, el autónomo, el cooperativismo, el empleo protegido,
Nosotros creemos en el empleo en su totalidad, y esto tiene mucho que ver con lo que contaba la señora Romero. Nosotros creemos -y creo que lo he dicho- que el empleo es la principal palanca de inclusión social de las personas, con y sin
discapacidad; nosotros creemos en el empleo. Por eso hablamos muchas veces, señora Romero, de la inclusión sociolaboral, porque creemos que el empleo digno, bien remunerado es la principal forma de poder llegar a tener esa inclusión social, que es
lo que realmente queremos las personas con discapacidad, y creo que todas las personas, tengan o no discapacidad, estoy convencido.
Y respecto a las diferencias entre comunidades autónomas, hemos trabajado mucho con el ministerio para marcar un régimen de mínimos. El real decreto actualmente publicado dice 'cuantías mínimas'. En el primer borrador aparecía el término
'cuantía de referencia', y entendíamos que no podía venir ese término, sino que tenía que poner 'cuantía mínima', para garantizar a nivel nacional un marco de ayudas públicas que permitiese la sostenibilidad de las mismas. Si hablábamos de cuantía
de referencia, teníamos miedo a llegar a diferencias entre comunidades autónomas que provocasen la difícil viabilidad económica de los centros. Dentro de estas cuantías mínimas, como ya he comentado a la señora Saavedra, entendemos que podía haber
sido otro el escalado, pero estamos muy contentos de que aparezca la expresión 'cuantía mínima', porque permitirá a cada comunidad autónoma decir que se puede ir a más, pero nunca que se puede ir a menos, o ese es al menos el planteamiento y cómo se
publicó, y lo sabe perfectamente el centro directivo correspondiente.
Y para ir acabando, el señor Movellán ha comentado una cosa sobre la pandemia en nuestros centros. Lo primero que tengo que hacer es agradecer a los trabajadores de los centros especiales de empleo que hayan trabajado en pandemia, porque
muchos trabajadores han ido a trabajar a los centros en los periodos más complicados de nuestro país. Como comentaba un compañero, imagínense a las personas que se dedicaban al sector de la lavandería, que tenían que lavar ropa proveniente de
centros en los que el COVID predominaba y de bolsas en las que ponía: COVID positivo. Pues esas personas con discapacidad han ido todos los días a trabajar, y creo que como sector se lo hemos agradecido mucho, pero como sociedad hay que agradecer
a los trabajadores que hayan estado allí, al pie del cañón, en los momentos más duros. Y quiero mencionar -y no puedo olvidarlo, aunque no es estrictamente el centro- al ámbito residencial, porque también tenemos algunos centros que han dado ese do
de pecho y en los momentos más complicados han estado allí cuidando, atendiendo y apoyando a las personas con discapacidad. Mi reconocimiento más intenso a estas personas cuyo mérito creo que nadie pone en duda; aprovecho para reconocerles su
trabajo.
Nosotros estamos en todos los sectores de actividad, y en sectores que son esenciales, y además hemos sido un sector especialmente dinámico. Cuando hacía falta hacer mascarillas, fuimos de las primeras entidades que hicieron una revolución
en su proceso productivo para hacer mascarillas. Cuando hacía falta hacer batas o cualquier tipo de apoyo, nuestras empresas textiles dejaron de hacer uniformes para hacer batas. O sea, el sector social, los centros de empleo y de iniciativa
social han sido muy flexibles, porque lo que nos ha movido no ha sido el retorno económico, sino el retorno social. Hacíamos batas, aunque no fuese rentable económicamente, porque era rentable socialmente y era nuestra obligación y para lo que
estamos y somos.
Respecto al régimen financiero, se lo comentaba a la señora Romero, hemos trabajado para que no sean cuantías de referencia en el real decreto. Ahora hay que trabajar para que las transferencias crediticias estén bien calculadas, con las
plantillas correspondientes, y no den pie a que pueda haber algún caso en el que no haya crédito suficiente, porque lo que ha ocurrido y lo que a veces ocurre es que nos quedamos sin crédito y que las entidades sociales o los centros especiales de
empleo tienen claras dificultades para poder tener una sostenibilidad.
Y en relación con el centro directivo, nosotros defendemos que nada de temas de discapacidad sin las personas con discapacidad. En el movimiento representativo, somos el Cermi, y en el mundo del empleo, somos Feacem. Recordamos y
respetamos el diálogo social entre las patronales y los sindicatos, pero no puede haber cosas, temas o programas de personas con discapacidad sin nuestra presencia.
Y ya para acabar, señora Pedraja, nuestra prioridad es la humana y lo es también, lo ha comentado, la economía social en general. Somos más resilientes y hemos aguantado más. Los ERTE han sido menos; aunque ha habido ERTE, han sido menos,
han sido más tarde y, cuando los ha habido, los hemos levantado antes, porque nuestra prioridad es lo humano. Por eso tenemos centros en la España vaciada, porque nuestra idea es poder dar trabajo a la persona que está en ese sitio; aunque no sea
la idea económicamente más viable, sí es la que humana y socialmente es más rentable.
Y cómo dar visibilidad, pues con lo que hemos dicho aquí. Creemos que las reservas a nuestro favor deben extenderse a todo el ordenamiento jurídico.
Muchas gracias, presidente, y perdóneme por estos minutos que le he robado.
El señor PRESIDENTE: Es un minuto, pero antes ha hablado un minuto menos, o sea, que ha compensado.
A continuación, tenemos el turno de los portavoces. Ya les he dicho que un minuto para alguna aclaración o una puntualización. Ya les iré diciendo y les iré enumerando.
Mertxe Aizpurua.
La señora AIZPURUA ARZALLUS: Simplemente agradecerle su presencia aquí, sus explicaciones y las respuestas que ha dado, que me han parecido muy concretas y, por lo que a mí concierne, satisfactorias para las preguntas que le he hecho.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: ¿Genís Boadella? (Denegación). ¿Norma Pujol? (Denegación). ¿Marisa Saavedra? (Denegación). ¿Reyes Romero?
La señora ROMERO VILCHES: Yo quería agradecerle su comparecencia aquí esta tarde. Me ha gustado mucho lo que ha dicho. Poner a la persona como centro fundamental para nosotros, en VOX, es muy importante.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: ¿Diego Movellán?
El señor MOVELLÁN LOMBILLA: Se me quedó en el tintero algo que yo creo que es muy importante, referente a esa Ley de Contratos del Sector Público, que fue, como decía, reconocida por esa buena trasposición. Si no me equivoco, incluso el
propio Ministerio de Hacienda ha recibido por esta reforma, gracias al impulso del ministro Montoro, un reconocimiento por esa reserva de la contratación pública. Es verdad que esa sentencia del 6 de octubre de la Unión Europea ha afectado, y me
gustaría preguntar cómo lo ha hecho y qué alcance tiene.
Sobre todo me quedo con dos frases. Una es que son un colectivo desactivado; hagamos todo lo posible para que se sientan realmente activados para el empleo. La otra es que espero que los grupos que apoyan al Gobierno le hayan escuchado
bien, porque tomar decisiones importantísimas de futuro, como esos fondos europeos o como medidas que afectan al colectivo de personas con discapacidad, no puede hacerse a espaldas del movimiento y de vosotros como interlocutores directos. Espero
que de aquí salga ese compromiso del Gobierno de escucharles y de dar respuesta a sus principales demandas.
El señor PRESIDENTE: Clavado un minuto.
A continuación, por parte del Grupo Socialista, Raquel Pedraja.
La señora PEDRAJA SÁINZ: Simplemente agradecerle de nuevo que haya comparecido aquí ante nosotros y mostrarle todo el apoyo del Grupo Socialista. Vamos a intentar trabajar conjuntamente para poder llevar a cabo nuevas medidas para los
centros especiales de empleo y para las personas con discapacidad.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Hemos terminado la comparecencia.
Muchas gracias, por unanimidad.
Antes de iniciar la siguiente, pararemos un minuto para recibir a la compareciente. (Pausa).
- DE LA SEÑORA DIRECTORA DE UNIÓN NACIONAL DE ASOCIACIONES FAMILIARES, UNAF (ECHEVARRÍA MERINO), PARA ABORDAR LA NECESIDAD DE PONER EN MARCHA, DE MANERA URGENTE, UN NUEVO MARCO LEGISLATIVO QUE AVANCE EN EL RECONOCIMIENTO DE LA DIVERSIDAD
FAMILIAR, EQUIPARÁNDOLA EN DERECHOS, Y QUE VERTEBRE, COORDINE E IMPULSE EL APOYO ECONÓMICO Y SOCIAL AL CONJUNTO DE LAS NUEVAS ESTRUCTURAS FAMILIARES. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDAS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-GALICIA EN COMÚN.
(Número de expediente 219/000614).
El señor PRESIDENTE: Vamos a iniciar la segunda comparecencia.
Comparece doña Amaia Echevarría Merino, directora de UNAF, que agrupa a veintiuna asociaciones familiares, para abordar la necesidad de poner en marcha de manera urgente un nuevo marco legislativo que avance en el reconocimiento de la
diversidad familiar, equiparándola en derechos, y que vertebre,
coordine e impulse el apoyo económico y social al conjunto de las nuevas estructuras familiares. Quien en principio tenía que comparecer era doña Ascensión Iglesias Redondo, presidenta de la entidad, que a última hora no ha podido acudir
por motivos de agenda.
Como sabe, tiene usted quince minutos para exponernos lo que crea conveniente. Cuando usted quiera.
La señora DIRECTORA DE UNIÓN NACIONAL DE ASOCIACIONES FAMILIARES, UNAF (Echevarría Merino): Muchas gracias.
Señor presidente, miembros de la Mesa, señorías, la Declaración Universal de Derechos Humanos define la familia como el elemento natural y fundamental de la sociedad y establece la obligación de que sea protegida por la sociedad y el Estado.
La Carta Social Europea establece el compromiso de todos los países firmantes con el fomento de la protección económica, jurídica y social de la familia en tanto que célula fundamental de la sociedad. La Constitución española, como saben, en su
artículo 39.1 establece como principio rector de la política social y económica que los poderes públicos aseguren la protección social, económica y jurídica de las familias. Y en el marco de la Unión Europea destacamos las conclusiones del Consejo
en 2017, refiriéndose a la importancia de las políticas favorables a las familias e instando a los Estados miembros a tomar en consideración las necesidades de las familias y a adoptar las medidas necesarias para un reparto equitativo entre mujeres
y hombres de las responsabilidades del cuidado familiar.
La familia es la estructura básica donde se construyen los vínculos afectivos vitales y donde se practica con mayor intensidad la solidaridad intrageneracional e intergeneracional. En la misma línea, la familia es un agente clave para la
cohesión social y uno de los círculos principales que articulan las relaciones de las personas, siendo en consecuencia un marco jurídico de referencia.
Las familias en España han experimentado en las últimas décadas una profunda transformación, que ha dado lugar a una pluralidad y diversidad de modelos familiares y formas de convivencia; una transformación que es fruto de cambios
sociodemográficos, económicos, avances legislativos y cambios en el sistema de valores, que enfatiza más la tolerancia, la igualdad y la justicia social. La familia se ha convertido en una institución más democrática y diversa, y coexistiendo con
la familia nuclear tradicional, crecen y se consolidan otros modelos familiares que aspiran, como no puede ser de otra forma, al mismo grado de reconocimiento y protección social.
Las estadísticas reflejan la importancia cuantitativa de modelos de familias y hogares no tradicionales. En concreto, crecen los hogares unipersonales, las parejas de hecho y las familias monoparentales, así como otros modelos de familias
que están invisibilizados por la estadística, como las familias reconstituidas. Según la Proyección de Hogares 2020-2035 del INE, en los próximos quince años se incrementaría el número de hogares en 1,1 millones y se reduciría a su vez el número de
personas que viven en cada hogar, aumentando significativamente el número de hogares unipersonales hasta alcanzar los 5,7 millones en 2035, suponiendo casi un 30 % del total. En definitiva, se espera que en los próximos quince años se materialice
el profundo cambio que ya se está produciendo en los modelos de familias, desvaneciéndose la imagen única de la familia tradicional formada por padre, madre, hijos e hijas conviviendo en el mismo hogar, que ahora supone apenas un 20 % de los hogares
españoles.
La pluralidad de tipologías familiares, con familias en las que incluso pueden converger varios modelos, nos obliga a un reconocimiento de la familia amplio, variable, no excluyente y diverso, y nos empuja a prepararnos para atender
diferentes realidades familiares y modelos de convivencia. Esta diversidad creciente, esta transformación de las estructuras familiares conlleva la aparición de nuevas necesidades sociales, que no están siendo tenidas en cuenta ni atendidas
adecuadamente desde el marco actual de políticas públicas, y esto supone la discriminación de determinados modelos familiares y de sus miembros, rompiendo el principio de equidad, justicia social e igualdad de oportunidades.Las familias, sea cual
sea su estructura, constituyen un pilar fundamental del desarrollo individual y colectivo y del progreso económico y social de un país. Por ello, y porque es responsabilidad de los poderes públicos asegurar la protección social, económica y
jurídica de la familia, así como la protección social de los hijos y las hijas ante la ley, con independencia de su filiación, tal y como establece el artículo 39 de la Constitución, es preciso y urgente dar respuesta a esta nueva realidad social
mediante un marco legislativo que reconozca y equipare en derechos a la diversidad familiar, y que vertebre, coordine e impulse el apoyo económico y social al conjunto de las nuevas estructuras familiares.
La Unión de Asociaciones Familiares, UNAF, como organización sin ánimo de lucro, lleva más de treinta años promoviendo los derechos y el bienestar de las familias desde un enfoque inclusivo de diversidad familiar. Las 21 entidades sociales
que la integran trabajan en esta misión en representación de los diversos modelos familiares y desde diferentes ámbitos: salud, educación, infancia, jóvenes, mayores, igualdad, discapacidad, lucha contra la violencia de género, etcétera. Desde
esta experiencia, queremos dar hoy voz a la diversidad familiar, a una pluralidad de modelos de convivencia que nos enriquece y que es propia de sociedades libres y democráticas, donde las personas se relacionan, se expresan, se aman y desarrollan
sus proyectos vitales libremente. Así pues, a partir de nuestro trabajo diario, con y para las familias, exponemos a continuación las necesidades que hemos detectado en las diferentes estructuras familiares y los factores de vulnerabilidad a tener
en cuenta para garantizar los derechos y la protección de todas las familias y todas las personas, sea cual sea el modelo familiar en el que nazcan o del que decidan formar parte en su vida adulta.
Familias monoparentales. En España hay censados en la actualidad 1 944 800 hogares monoparentales, según la encuesta del INE actualizada en abril de 2021, lo que representa más del 10 % del total de hogares españoles, y la gran mayoría, el
81,4 %, está encabezada por una mujer, con lo que el fenómeno debe analizarse con enfoque de género. Es necesaria una definición de estas familias para salir del limbo administrativo en el que se encuentran y, además, un procedimiento de
acreditación, con carné y registro, que las identifique como familias monoparentales ante organismos oficiales, centros educativos o empresas, similar al que actualmente tienen las familias numerosas; un marco mínimo de protección y ayuda desde el
primer hijo equiparable también al de familias numerosas; y políticas específicas en las siguientes áreas: empleo, conciliación, vivienda, salud, educación, protección social, criterios de acceso a ayudas y prestaciones, así como fiscalidad para
familias monoparentales vulnerables o en riesgo de vulnerabilidad.
Familias reconstituidas. Este es un modelo de familia con tendencia ascendente en España, pero invisibilizado por la estadística, ya que el censo solo recoge datos de las personas que viven permanentemente en el hogar, por lo que no
contabiliza a aquellas familias en las que hijos e hijas no conviven con la pareja. Cambiando la definición estadística de familia y realizando estudios e informes se avanzaría en la visibilización y aceptación de este modelo familiar. Es
necesario el reconocimiento institucional del grado de parentesco que se crea entre miembros de familias reconstituidas, de modo que se vea reflejado en la esfera administrativa, por ejemplo, a la hora de admitir a un miembro de una familia
reconstituida en un colegio donde vayan sus hermanastros o hermanastras, y en la institucional, por ejemplo, el reconocimiento de formas de parentesco de los miembros de las familias reconstituidas. Además, se deben reconocer los derechos de
conciliación de la pareja del progenitor, teniendo en cuenta su rol parental; por ejemplo, si el menor o la menor vive con la pareja del progenitor y este asume roles parentales, pues debería tener derecho a disfrutar de permisos parentales.
Asimismo se debería eliminar el mantenimiento de la unidad familiar matrimonial como eje central de la fiscalidad y, por lo tanto, adecuarla a las familias reconstituidas y a sus situaciones y la diversidad que existe en ellas. Por ello, es
importante efectuar un cambio de definición de familia que incluya el desdoblamiento de los hogares donde vive el menor o la menor. Además, las familias reconstituidas presentan dificultades específicas de convivencia y surgen conflictos debido al
desdoblamiento del hogar y a la duplicidad de figuras adultas, por lo que son necesarios recursos y servicios de apoyo.
Familias homoparentales. Son necesarias medidas que eviten la discriminación, como el reconocimiento de derechos de maternidad a la madre no gestante sin necesidad del matrimonio en el caso de parejas de lesbianas; el impulso de currículos
escolares que incluyan la diversidad familiar y visibilicen los diferentes modelos de familias; y la formación del profesorado en diversidad para ayudar a resolver posibles problemas de discriminación en el aula.
Familias con progenitores separados. Es necesaria la supresión de la imposición o preferencia de la guardia y custodia compartida de hijos e hijas en los procesos de atribución de la misma y en la separación o divorcio. Los niños y las
niñas no tienen por qué padecer las consecuencias de una custodia desestabilizadora que solo tiene razón de ser cuando ambos progenitores la demandan, y existiera constancia de la atención y cuidado de los menores en proporciones equivalentes por
parte del padre y de la madre. Además, habría que tener en cuenta que el incumplimiento del pago de las pensiones de alimentos coloca a los hijos y a las hijas en la penuria, y que el coste económico de la reclamación es un impedimento para
hacerlo. Por eso consideramos que en estos casos debería destinarse un fondo
económico para pagar los alimentos debidos a los hijos y las hijas y repercutir este coste el Estado a través de la Hacienda pública contra el deudor.
Familias adoptivas y de acogida. Las familias que adoptan requieren de un proceso de asesoramiento y apoyo continuado, no solo en los momentos anteriores a la adopción, sino también durante los años que la siguen, para ir viendo el modo en
el que las personas se adaptan a esta nueva realidad. Además, las familias de acogida, que suponen un apoyo fundamental a la infancia en situación vulnerable, requieren de un proceso también de asesoramiento y atención, así como apoyo jurídico y
económico.
Familias transnacionales e interculturales. Con la emigración muchas familias se separan temporalmente de sus hijos e hijas y también de sus parejas o de otros familiares cercanos, son las llamadas familias transnacionales. Es necesario
atender una realidad tan creciente, de forma más profunda, como son las familias migrantes y adoptar medidas específicas para trabajar con ellas, por ejemplo, a través de políticas migratorias que tengan en cuenta la dimensión y los lazos familiares
que las personas migrantes mantienen, permitiéndoles decidir libremente si continuar viviendo transnacionalmente o volver a reunirse a través de la reagrupación familiar, y medidas de apoyo en su integración y en el acceso a la educación, para
compensar los problemas de discriminación, identidad y diferencias en el estilo educativo hacia sus hijos e hijas que suelen experimentar estas familias.
Familias con personas con discapacidad. De acuerdo con la base estatal de datos de personas con valoración del grado de discapacidad, a 31 de diciembre de 2019, en España había 3 257 058 personas con un grado de discapacidad reconocido. La
pobreza severa es más elevada entre estas personas -1,1 puntos- que en el resto de la población y, además, la situación de discapacidad genera un gran impacto económico en las familias. Se estima que el gasto monetario medio por causa de
discapacidad está alrededor de 3000 euros anuales, una cifra muy elevada si tenemos en cuenta que la mayor parte de estos hogares tienen menos ingresos y menos recursos. Por lo tanto, es necesario apoyar con recursos a estas familias e impulsar
medidas que faciliten el acceso de las personas con discapacidad, física o intelectual, a la educación, el empleo y la participación social. Se debe prestar también especial atención a las situaciones de violencia contra esta población por su
dificultad para solicitar ayuda, en especial, contra las mujeres, que son especialmente vulnerables, por unirse a la discriminación por discapacidad, la de género.
Personas dependientes. El progresivo envejecimiento de la población en España hace que cada vez haya un mayor número de personas mayores dependientes, a las que hay que sumar otras con algún tipo de discapacidad o enfermedad. Es necesario
garantizar la atención a estas personas y crear medidas de apoyo a las personas cuidadoras.
Además de estas medidas por tipología familiar, también creemos necesarias otras medidas generales de apoyo a las familias. Es necesario, por ejemplo, apoyar a las familias en la crianza, con programas de parentalidad positiva que les
permitan desarrollar adecuadamente sus competencias y responsabilidades parentales. También prestar especial apoyo a situaciones familiares de elevado riesgo psicosocial, para evitar que terminen impactando en la vida de los y las menores o que
entrañen graves riesgos de desprotección. Es necesario poner a los niños y las niñas en el centro de las medidas para conseguir que tengan el mejor comienzo en la vida, apoyando a su entorno familiar. Para ello se deben tener en cuenta dos
variables de forma interrelacionada: la vulnerabilidad o riesgo de pobreza y la estructura familiar. Así, para que las ayudas puedan realmente llegar a las familias que más lo necesitan, sería necesario tener en cuenta el número de menores, los
ingresos familiares y los distintos factores de vulnerabilidad.
Cambio en la definición estadística de familia reconocida en las encuestas censales, ya que se equipara familia y hogar, y esta situación supone una sobreestimación de la importancia de la familia nuclear tradicional, y no atiende a la
diversidad de las familias en nuestros días. Se produce una estimación a la baja del número de familias monomarentales o reconstituidas, porque no permite detectar los casos en los que se comparte piso o en los que el progenitor no residente con
hijos e hijas vive con otra pareja.
Equiparar los derechos subjetivos de las parejas de hecho registradas, con independencia del sexo de ambos, a los derechos de las uniones matrimoniales. Realizar encuestas y estudios sobre la percepción de los nuevos modelos familiares por
parte de la sociedad española, para así poder poner en práctica medidas encaminadas a la sensibilización y normalización de los distintos modelos de familias. Efectuar investigaciones periódicas sobre el bienestar familiar, y especialmente de los y
las menores y de los nuevos modelos familiares, para poder efectuar acciones eficientes de protección de la infancia en forma preventiva con base científica. Medidas de conciliación, de tiempo, servicios y prestaciones económicas desde un enfoque
de corresponsabilidad, ya que el cuidado y el bienestar de personas menores, mayores
y dependientes es una responsabilidad colectiva, y desde un enfoque de diversidad familiar, teniendo en cuenta las características de los distintos modelos familiares. Y medidas para el impulso de la natalidad, creando condiciones
favorables en el ámbito laboral, familiar y social, para que las personas que desean tener hijos puedan tenerlos. Acceso, estabilidad y calidad del empleo para las personas jóvenes, redistribuir los costes asociados a la crianza, conciliación,
vivienda, etcétera.
Con estas propuestas la Unión de Asociaciones Familiares desea contribuir a la próxima ley de diversidad familiar y de apoyo a las familias, de forma que se reconozcan los derechos de la diversidad y pluralidad actual de las familias en
España y la protección a todas ellas, independientemente de su tipología o estructura.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: A continuación empezamos el turno de intervención de los portavoces de los diferentes grupos parlamentarios. En primer lugar, tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, Mertxe Aizpurua.
La señora AIZPURUA ARZALLUS: Muchas gracias por su intervención, por haberse desplazado hasta aquí, y por haber puesto sobre la mesa un tema al que yo creo que a veces no le damos la importancia que tiene, porque a veces nos parece que este
tipo de cuestiones, como las que usted ha planteado aquí, son problemas individuales, y no lo son. Es un problema social, y creo que esa dimensión social debe ser tenida en cuenta y no se nos puede olvidar.
Es cierto que los cambios sociales que ha habido durante las últimas décadas han promovido que haya diferentes tipos de familia, como usted ha comentado, familias reconstituidas, las monoparentales, otras con padres o madres homosexuales,
hijos adoptados, hijos de acogida, en fin, hay una variedad infinita, pero creo que respecto a todo este ámbito tan variopinto, por así decir, la principal dificultad que tiene esta problemática es -en algunas nuevas familias, fundamentalmente- la
visibilización. No me refiero a que no se conozca su existencia, que sí que se conoce, sino a que todos esos modelos, hoy por hoy, no están igualmente representados en la sociedad, es decir, ni en los medios de comunicación, ni en materia
educativa, que me parece fundamental, ni en el ámbito administrativo. Creo que ese es el principal problema que hay, y es cierto que también, dependiendo de la visibilización que tienen, unos modelos son más aceptados que otros en la sociedad.
Se ha referido usted a aquellos modelos de familia cuyos componentes son migrantes, y, efectivamente, ese es un gran problema, o los de etnia gitana, por ejemplo, que se siguen enfrentando, yo creo, a una discriminación que a veces no nos
parece evidente, pero que es real. Yo soy vasca, y en la Comunidad Autónoma Vasca se ha hecho recientemente un estudio sobre la predisposición de la gente hacia los gitanos, y realmente nos ha puesto ante el espejo, porque no somos tan progresistas
como creemos ser en algunas cosas. En este tema, es verdad que genéricamente no es una sociedad racista la vasca, sin embargo, con el tema de la etnia gitana se ha visibilizado que efectivamente hay muchísimos problemas.
Se ha referido usted al tema educativo, y creo que este es muy esencial, creo que es esencial para poder desarrollar ese colchón social que necesita cualquier implementación de medidas para que resulten exitosas. En ese sentido, me gustaría
que ahondara un poco más en qué esfuerzos se pueden hacer desde el plano educativo para dar una respuesta eficaz a estas nuevas realidades. Yo recuerdo que hace unos años, bastantes ya, creo que fue en el Gobierno de Zapatero, se implementó la
asignatura de Ética y Ciudadanía. Esto desapareció después con el Partido Popular del currículo y hoy en día no hay ninguna asignatura similar, que podría servir muy bien a lo largo de todo el desarrollo educativo de las personas para tener respeto
a estos temas y respeto a ciertos valores que van cambiando y a los que hay que dar respuesta. Yo creo que sería una buena idea volver a retomarlo. Entonces, me gustaría que en el tema educativo, si pudieses, ahondaras un poco más y nos dieras tu
opinión.
Muchísimas gracias.
El señor PRESIDENTE: A continuación tiene la palabra por parte del Grupo Parlamentario Republicano su portavoz Norma Pujol.
La señora PUJOL I FARRÉ: Moltes gràcies, president.
Muchísimas gracias por su detallada exposición. Estamos de acuerdo con usted en la necesidad de que haya un nuevo marco legislativo que avance en el reconocimiento de la diversidad familiar, equiparándola en derechos, y que vertebre,
coordine e impulse el apoyo, tanto económico como social, al
conjunto de las nuevas estructuras familiares. Porque estamos en el siglo XXI y aceptar y sobre todo normalizar la diversidad, sea cual sea: sexual, cultural, funcional o de género, de todas las personas y garantizar que todas podamos
vivir en plena igualdad de derecho, de respeto y de dignidad también pasa por respetar y aceptar las nuevas dinámicas familiares.
De entrada, todas las personas somos distintas, todas somos diferentes, y merecemos que se nos respete y que podamos disfrutar de nuestros derechos en igualdad de condiciones. Sin embargo, la realidad que nos encontramos es que en esta
sociedad, generalmente, se rechaza o se menosprecia la diferencia y lo que se sale de la estructura convencional o más clásica, como está concebida culturalmente. Para valorar el nivel de aceptación que tiene o puede tener una familia, tenemos que
analizar primero el nivel de aceptación que tienen los individuos que la conforman. Familias monoparentales o monomarentales, familias extensas, familias sin niños y niñas, familias con distintos niveles socioeconómicos, familias adoptivas, de
acogida, LGTBI, nosotros, Esquerra Republicana, creemos que no hacen falta etiquetas que encasillen, pero sí que necesitamos y creemos que lo que hace falta es un lenguaje inclusivo, una mirada respetuosa y una mirada que tenga en cuenta y que
reconozca oficialmente todas las opciones y posibilidades, y también una mirada más amplia, más amable, respetuosa, plural y, sobre todo, inclusiva que huya de estereotipos y que sea generosa. La sociedad es plural y las familias también.
Tenemos que alejarnos del discurso heteropatriarcal y homogéneo, poner en valor los distintos modelos familiares más allá de la biparentalidad y del modelo patriarcal, alejarnos de la distribución de roles y tareas internas de las familias
clásicas, antiguas y obsoletas, y para ello creo que es importantísima la labor dentro de las propias familias, en el núcleo de todas las familias, sean cuales sean, para educar en estos valores imprescindibles a los niños y las niñas. Es
imprescindible también que estos valores se transmitan en la escuela, como decía mi compañera Mertxe, y también es importante que estos valores se transmitan en aquellas actividades de tiempo libre donde están los niños y las niñas, para que puedan
crecer en estos valores y concienciarlos y sensibilizarlos sobre todas estas cuestiones, para poder luego crecer en una sociedad mucho más respetuosa entre todos y todas.
Nosotros, como diputadas y diputados, tenemos también una responsabilidad que es tomar las medidas y legislar para que así sea, para que todas las familias sean respetadas y tengan igualdad de oportunidades y justicia social. Para nosotros,
para Esquerra Republicana, la diversidad es riqueza siempre.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: A continuación tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, Marisa Saavedra.
La señora SAAVEDRA MUÑOZ: Moltes gràcies, president.
Muchas gracias a la señora Echevarría por el análisis que ha hecho de la situación de las familias en nuestro país y las propuestas que hace en relación a una cuestión que es esencial para la calidad de vida de la población, de las personas,
por su análisis y por sus propuestas. Efectivamente, como usted decía, en las últimas décadas han aparecido nuevas formas de relacionarse y nuevos vínculos familiares, y el Estado del bienestar en España -aparte de que es incompleto y muy limitado
todavía en nuestro país- además ha descansado sobre una estructura familiar muy concreta, esta familia nuclear tradicional, con lo cual debe adaptarse, debe abrirse a estas nuevas realidades familiares y demográficas porque, en definitiva, la
familia sigue siendo el criterio nuclear o básico para tener acceso a determinadas prestaciones. A pesar de esta situación de diversidad familiar, tenemos un diseño de políticas familiares que se articulan en España en base a una definición muy
rígida de la familia, heteronormativa y biparental. Tenemos unos sistemas de protección que deberían ser capaces de adaptarse a estas nuevas situaciones y proteger a todas las familias respecto a los riesgos sociales.
Ha hablado usted de la necesidad de ese reconocimiento, de esa visibilización, de ese reconocimiento legal y regulación de las diversas estructuras familiares como un mecanismo clave para la inclusión social. Tenemos como país una deuda con
las familias, con todo tipo de familias, con niños y niñas, con familias monoparentales -la mayoría, como ha dicho, encabezadas por mujeres-, con familias LGTBI, familias acogedoras, partos múltiples, personas con discapacidad, que han sostenido la
vida en situaciones muy difíciles de las personas.
Consideramos fundamental desde Unidas Podemos poner en marcha la ley de familias, que va a ser inminente, y en la que estamos trabajando, una ley de familias que recoja y reconozca en el marco legal
estatal toda esa diversidad, equiparando en derechos a estas familias, con una definición de familia amplia que sea además inclusiva, y que reconozca toda esa diversidad y medidas de protección específicas para cada tipo de familia. Esta
ley es necesaria debido a que el marco actual no se ajusta a la realidad.
España, además, invierte casi un punto menos del PIB en las familias que el resto de países de nuestro entorno, esto supone unos 11 000 millones menos. Esto es terrible y ha provocado unas altas tasas de pobreza infantil. Además venimos de
la década anterior, con unas políticas neoliberales en la anterior crisis, unas políticas articuladas por el Partido Popular de recortes y de desmantelamiento de políticas sociales, que ya eran bastante precarias, de desmantelamiento de la Ley de
Dependencia, con todo el sufrimiento que ha provocado a muchas familias, y de reducción y recorte en prestaciones familiares que eran imprescindibles para la vida de las personas. De manera que estamos en un momento en el que este Gobierno de
coalición está intentando revertir esos recortes y se está trabajando, desde luego, para fortalecer estas políticas públicas. Los derechos de la infancia no pueden depender de la cuenta corriente de las familias. Una de las medidas clave de esta
nueva norma será la prestación por crianza, de carácter universal, que permita la crianza a las familias en condiciones dignas. Las políticas públicas, como usted ha dicho, deben ser corresponsables en esa facilitación de la crianza. También vamos
a seguir avanzando en ampliar los permisos de maternidad y de paternidad a seis meses. Creemos que es imprescindible también el derecho a la educación de 0 a 3 años, aumentando esa oferta de escuelas públicas, y acabar, cómo no -es otro reto-, con
esa precariedad laboral endémica de nuestro país y fomentada por las últimas políticas y reformas laborales. Con precariedad laboral y sin trabajo digno no es posible que las familias, sean del tipo que sean, puedan asumir su responsabilidad.
Necesitamos trabajo digno y condiciones de vida y de trabajo dignas para las personas.
También en estos presupuestos se hace un avance importante en cuanto al Plan de Choque en Dependencia, para atender a las situaciones de dependencia y la autonomía personal, y un replanteamiento de los cuidados de larga duración, que creo
que tiene relación también con lo que usted ha dicho de estas situaciones donde hay personas mayores, personas en situación de dependencia que no pueden ser atendidas, y donde recae toda la responsabilidad y la exigencia sobre las familias, sin
apoyo. Será un avance, sin duda, esta implementación del Plan de Choque en Dependencia y este cambio de modelo de cuidados de larga duración, donde realmente habrá una corresponsabilidad del Estado en esta cuestión.
Son retos de país que tenemos muy presentes y en los que, desde luego, este Gobierno de coalición y esta fuerza política de Unidas Podemos estamos trabajando.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: A continuación tiene la palabra por parte del Grupo Parlamentario VOX su portavoz, Lourdes Méndez.
La señora MÉNDEZ MONASTERIO: Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias por la comparecencia en la mañana de hoy en esta Comisión. Le agradecemos mucho la misma. Nuestra postura en relación a lo que usted ha dicho a lo largo de su intervención difiere bastante de las conclusiones que usted
realiza. Nosotros consideramos que los Gobiernos no tienen por qué entrar en las diversas y varias opciones familiares, ni en las opciones afectivas que pertenecen al ámbito de la intimidad de la persona. Cosa distinta es que haya que proteger de
manera especial y específica a aquellas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, pero si nos referimos a la familia, a la institución familiar, tal y como usted ha afirmado al inicio de su exposición, por ser la célula básica de la
sociedad, creemos que realiza una función social y es por ello por lo que el Estado debe protegerla. Pero no todas las diversidades familiares que usted ha enunciado realizan y producen la misma función social, porque la función social de la
familia, cuya raíz está en el matrimonio de hombre y mujer, es, obviamente, la que realiza la función social por excelencia. Es en esta familia donde nacen y crecen los niños de forma más equilibrada, y, además, no lo digo yo, lo dicen las
diferentes encuestas y los diferentes datos que se pueden extraer de todas las realidades en todos los países del mundo. Precisamente por esa diversidad familiar que usted dice que ahora mismo existe, por esos diversos modos familiares y por la
falta de apoyo de los diferentes Gobiernos a esta institución familiar, es por lo que se está produciendo en nuestro país un suicidio demográfico.
Sin ánimo de entrar en debate con usted, obviamente, lo que sí que me ha parecido que le ha faltado en su exposición es decir la baja financiación, apoyo y protección por parte del Gobierno -lo acabamos de ver ahora mismo en los Presupuestos
Generales del Estado, donde tenemos un porcentaje que llega al 1,2 desde hace muchísimos años en cuanto al PIB nacional- a la familia y a todas las políticas de
carácter familiar. En el presupuesto de este año hemos visto también cómo no existe ni una sola partida, ni un solo apoyo a políticas de apoyo, valga la redundancia, a la mujer embarazada. En un país con unos partidos o unos Gobiernos que
se denominan feministas, no tienen ni una sola política de apoyo a la mujer embarazada, cuando precisamente esa es la causa de la brecha salarial profesional de las mujeres, cuando esa es la causa de que muchas mujeres no puedan tener hijos, cuando
esa es la causa de que se produzcan abortos en nuestro país, obviamente, nosotros creemos que quizá usted ahora en su intervención nos podrá decir qué es lo que considera o qué es lo que opina en relación a la mujer embarazada. Sé que en su
asociación también tienen determinados departamentos de mediación, también de salud sexual y reproductiva. Entonces, si tiene tiempo, nos gustaría que nos comentara si en esas labores de mediación ustedes atienden aquellas crisis de carácter
matrimonial para que, cuando existen esas situaciones, se intente que esos matrimonios puedan reconsiderar su familia y los bienes que ese ambiente y esa situación familiar producen. Por lo tanto, nosotros ya le digo que no aspiramos a que tengan
el mismo grado de apoyo todas estas situaciones porque consideramos que son situaciones que proceden muchas de ellas de la libertad que tiene cada persona de formar la familia que realmente quiera. Cosa diferente son aquellas situaciones
sobrevenidas de familias monoparentales, que usted ha dicho que hay casi dos millones de familias de este tipo, y aquí sí que el Estado debe intervenir de una manera especial por los verdaderos esfuerzos que estos padres tienen que hacer para llevar
adelante a sus hijos de manera solitaria. Me ha sorprendido mucho que haya dicho usted que en años sucesivos, en un corto periodo de tiempo, los hogares unipersonales alcanzarán -me parece que es eso lo que ha dicho- un número de cinco millones.
Obviamente, nosotros consideramos que no existen los mismos beneficios para las personas -incluso usted lo ha afirmado al inicio de su intervención- que vivan en una familia, que compartan padre, madre, niños, que compartan esa afectividad y esas
situaciones familiares, no es lo mismo que en un hogar unipersonal. Por lo tanto, pensamos que los Gobiernos, que el Estado debe intervenir para proteger la situación familiar, ya digo, y el modelo familiar y la institución familiar que ustedes
llaman de carácter tradicional. Nosotros creemos que es la institución familiar natural, en la que los miembros de la misma tienen los mayores beneficios en esas situaciones de compartir afectividad entre los mismos.
El señor PRESIDENTE: Se le ha terminado el tiempo.
La señora MÉNDEZ MONASTERIO: ¿Ya se me ha terminado el tiempo? Entonces, ya no le pregunto nada más. Quiero volverle a reiterar nuestro agradecimiento por su intervención aquí. La última pregunta que le quiero plantear está relacionada
con saber -ustedes son una asociación sin ánimo de lucro- qué financiación obtienen y de qué administraciones.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: A continuación, por parte del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra su portavoz José Ortiz. Cuando quiera.
El señor ORTIZ GALVÁN: Gracias, presidente.
Señorías, estamos hablando de familias y yo pienso que no se les ayuda a las familias haciendo que cada día sean más pobres, como está ocurriendo con este Gobierno, pero tampoco se ayuda a las familias, digo bien, familias, con discursos con
olor a alcanfor. Agradecemos, señora Echevarría, su presencia en esta Cámara, agradecemos sus palabras y la labor que están haciendo al frente de la Unión de Asociaciones Familiares. Nos alegra que estemos hablando de familias aquí, en esta
Comisión, porque está demostrado que el Partido Popular es el partido y, en este caso, el grupo parlamentario que más propuestas ha presentado a favor de las familias en esta Cámara y también el partido que más ha legislado a favor de las familias
en nuestros años de gobierno. Con un Gobierno del Partido Popular -que hay que recalcarlo frente a discursos que se han hecho aquí hoy alejados de la realidad- se reguló el teletrabajo; con un Gobierno del Partido Popular se amplió la reducción de
la jornada para padres y madres con hijos hasta doce años frente a los ocho de antes; con un Gobierno del Partido Popular se aprobó asimismo que el permiso de lactancia también lo pudieran disfrutar los padres, y con el Partido Popular en el
Gobierno se amplió, de manera transitoria, el permiso de paternidad hasta las dieciséis semanas.
Las familias, digo bien, las familias en su conjunto, son uno de los pilares, yo diría el que más, sobre el que pivota nuestra sociedad, y en este tiempo de pandemia lo hemos vuelto a comprobar. En estos meses complicados, como cada vez que
hay problemas, siempre acudimos a nuestras familias. Siempre
que tenemos un problema, primero buscamos el hombro, la ayuda, la mano de nuestros familiares, y de ahí que sea importante seguir apostando por las familias en sus múltiples manifestaciones, como usted ha expuesto. En el Partido Popular
defendemos a las personas, defendemos a las familias, defendemos su libertad, defendemos su dignidad, defendemos su intimidad. Dejemos de clasificar a las personas y, por lo tanto, dejemos de clasificar a las familias. Cada persona tiene derecho a
desarrollar su vida como quiera, amen a quien amen, quieran a quien quieran, sin que los políticos entremos en su dormitorio. Por lo tanto, protejamos a las familias sin etiquetas, sin excluir a nadie. Y proteger a la familia supondría haber
incorporado en los Presupuestos Generales del Estado, que han sido aprobados en esta Cámara y que ahora se encuentran en trámite parlamentario en el Senado, propuestas y medidas en beneficio de las familias, lo cual no ha ocurrido por el rechazo de
este Gobierno. ¿Qué opinión tiene la Unión de Asociaciones Familiares de la propuesta que hemos presentado para ampliar el permiso de paternidad de cuatro a seis meses y que el Gobierno ha vetado? ¿Qué opinión tiene la Unión de Asociaciones
Familiares que usted representa de la propuesta de cheque bebé que hemos presentado desde el Partido Popular y que el Gobierno ha vetado? ¿O qué opinión tiene la entidad que usted representa, señora Echevarría, para bajar el IVA a los productos de
higiene sanitaria femenina, pañales, y que el Gobierno ha rechazado?
Señorías, para que existan familias es fundamental que haya natalidad. De todos es conocida nuestra defensa en favor de la vida y de medidas para impulsar de manera real la natalidad en nuestro país, también medidas que ayuden a la
conciliación de la vida laboral y familiar, muchas propuestas que tenemos en el Partido Popular que hemos debatido, que hemos traído a esta Cámara. Por ejemplo, una PNL que presentamos también en esta Comisión en favor de las familias numerosas,
que también son familias que tenemos que seguir apoyando; un conjunto de medidas que presentamos, que debatimos y que contaron con el rechazo del Grupo Socialista y de Unidas Podemos, un amplio catálogo de medidas en favor de las familias
numerosas, pero también en favor de las familias monoparentales, que ya representan, como usted ha recalcado en su intervención, más del 10 % de los hogares existentes. En esa PNL sobre las familias monoparentales, en el Partido Popular solicitamos
modificar la normativa relativa a los permisos de paternidad y maternidad para que, cuando exista un único progenitor, este permiso se amplíe a veinticuatro semanas en el interés superior del menor, dado que tiene que disfrutar del cuidado de sus
progenitores en igualdad de condiciones tenga dos progenitores o tenga solo uno. Algo tan simple o algo tan necesario como impulsar una ley de familias monoparentales que otorgue reconocimiento, seguridad y medidas que ofrezcan cobertura social a
este tipo de familias, lo hemos debatido, lo hemos presentado y, sorprendentemente, ha contado con el voto contrario del Partido Socialista y de Unidas Podemos. Pero también hemos presentado una serie de medidas, de enmiendas a todo el articulado,
a favor de las familias, un plan de acción de protección de las familias, y cuando digo familias digo cualquier tipo de familia, porque nosotros no entramos en quiénes forman parte de esa familia sino que sean una familia en su conjunto, y que
también ha sido rechazado por el Partido Socialista y por Unidas Podemos. En definitiva, defendemos propuestas, defendemos medidas y estamos muy contentos de tener este debate hoy aquí porque defendemos a las familias. Y la última pregunta que me
gustaría hacer es si usted, o el colectivo al que representa, ve necesario impulsar una ley de familias monoparentales cuanto antes en nuestro país y que, insisto, han rechazado el Partido Socialista y Unidas Podemos.
Muchas gracias, presidente.
El señor PRESIDENTE: A continuación, tiene la palabra por parte del Grupo Parlamentario Socialista su portavoz, en este caso, Fuensanta Lima. Cuando usted quiera.
La señora LIMA CID: Gracias, presidente.
Bienvenida, señora Echevarría. Siento que tenga que escuchar tales barbaridades. Seguramente entrarán para algunos grupos políticos en la categoría de chiringuito, por lo tanto, no entre al trapo, porque yo tampoco voy a entrar.
Le reconocemos a UNAF toda la labor que hacen en pro de la libre elección del modelo de convivencia y los derechos de la familia, sea cual sea su estructura. Me va a permitir que compartamos como espacio de reflexión, además de los datos
que usted ha puesto encima de la mesa, algo que está recogido por el Instituto Nacional de Estadística, que no nos hemos inventado. Hogares en España -y estoy de acuerdo con usted en que hay que empezar a profundizar no en hogares sino en las
estructuras familiares que tiene nuestra sociedad-: 18 754 800 hogares. Personas solas menores de sesenta y cinco años: 2 758 500; las dejamos, tal y como dice VOX, no les damos ningún tipo de ayuda. A las personas que están solas y son mayores
de sesenta y cinco años o más -2 131 400- las dejamos en la
cuneta a lo que puedan hacer con sus vidas. A las parejas que no tienen hijos o hijas porque no han cumplido con el precepto que ustedes marcan, que son 3 913 800, pues las dejamos también a su suerte. O a las parejas con hijos o hijas,
que son 6 208 100, tampoco. Pero a las familias monoparentales -que en el 90 % son monomarentales-, que son 1 944 800, esas tampoco tienen derecho a nada. Yo no sé en qué parte de la Constitución viene recogido que la pareja que está reconocida en
nuestro país es la de un hombre y una mujer, con sus hijos y con sus hijas, o en qué normativa. Es por eso que a veces tengo dudas de si ustedes cumplen con la Constitución realmente.
Luego tenemos el informe Arope de 2021, y creo que es en el primer tema en el que nos tenemos que centrar, los 12,5 millones de personas que están en riesgo de pobreza o exclusión social, o los 3,3 millones que están con privación material
severa. También hemos repasado los informes que ustedes han publicado, en donde hacemos especial hincapié en las personas migrantes, que acumulan mayores desventajas, o las personas con niveles educativos más bajos. O sea, la pobreza va por
barrios y por espacios territoriales: la mujer en general y, sobre todo, nuestra juventud de veinticinco a treinta y cuatro años, que tienen mayor tasa de desempleo; o quizás las personas entre treinta y treinta y nueve años, que tienen que
posponer sus planes para conformar una familia; o el sistema de cuidados, que sigue recayendo sobre nosotras, las mujeres.
En el Grupo Socialista no vamos a entrar en ninguna confrontación en un tema como este, en el que hay que respetar las decisiones personales, pero también las situaciones personales que por imperativo de vida te ves abocado a tener que
padecer. Hemos hecho un esfuerzo grandísimo con el ingreso mínimo vital, aumentándolo este año en un 3 %. Sabemos y reconocemos las dificultades que ha habido al principio, no vamos a ponernos medallas. Estamos haciendo todo el esfuerzo posible
sabiendo que es una herramienta viva y que hemos ido mejorando poco a poco con las aportaciones que habéis hecho, añadiendo también los 100 euros por hijo o hija menor de dieciocho años para este año; o los 200 millones, por ejemplo, de la ayuda al
alquiler para jóvenes; el aumento en materia de dependencia en un 23,3 %, cuando ha enumerado todos los tipos de estructuras familiares; la subida del Iprem, del salario mínimo interprofesional o la subida de las pensiones, que me acuerdo sobre
todo de estas personas que están solas y que dependen de eso, de las no contributivas, en este caso; o el sistema de becas para esas familias que no tienen más linaje -como he dicho muchas veces- que lo público, que se ha aumentado históricamente
en 2150 millones; o el aumento de plazas de cero a tres años; o el bono cultural, porque parece que las personas que son más vulnerables no tienen derecho a la cultura. Tienen derecho a todo, a una educación pública digna, a poder ir a un teatro.
Tienen derecho a todo, tengan un hijo, tengan dos, vivan solas, no vivan solas, sean homoparentales o sean lo que quieran ser en la vida, que ese no debe ser nuestro problema, sino el reconocimiento. Por lo tanto, coincido plenamente con usted, y
permítame esta primera reflexión después de haber escuchado lo que se ha dicho. No sé si es antes el huevo o la gallina; si es la concienciación ciudadana de que en el espacio en el que nos movemos las estructuras familiares han cambiado
totalmente, pero también es muy necesario, por eso le digo que no sé si es más importante primero la concienciación y posteriormente la reforma legislativa del reconocimiento de esas distintas estructuras, pero, por supuesto, en el Grupo Socialista
le tendemos la mano, no para escucharla hoy sino para reunirnos las veces que haga falta, para seguir implementando todas esas pautas que ha puesto encima de la mesa para que podamos seguir dando protección a todas las familias y a todas las
personas, sin dejar absolutamente a nadie atrás.
Gracias, presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: A continuación, señora Echevarría, tiene diez minutos para contestar a lo que le han preguntado y añadir lo que crea conveniente. Cuando usted quiera.
La señora DIRECTORA DE UNIÓN DE ASOCIACIONES FAMILIARES, UNAF (Echevarría Merino): En primer lugar, voy a contestar yo creo que a la señora Pujol y a Mertxe a la vez porque hablaban las dos de la necesidad de la educación. Nos parece
absolutamente fundamental que se vuelva a meter en el currículum educativo toda la información y toda la formación necesaria para visibilizar los distintos modelos familiares, las distintas opciones familiares, para que luego esos niños y esas
niñas, cuando crezcan, puedan llevar a cabo el proyecto de vida que realmente deseen y puedan desarrollarse plenamente.También considero que a la vez es necesario sensibilizar a la población en general, o sea, actuar paralelamente tanto con los
niños y las niñas a nivel educativo como con la sociedad en general, para visibilizar que hay distintos modelos de familias, que todos, para nosotras, son válidos y son igualmente importantes. Para ello, lo que nosotras proponemos es hacer estudios
sobre la percepción
que tiene la sociedad española de los modelos familiares y crear un plan de sensibilización también para la sociedad y para los y las profesionales que desde la Administración pública trabajan con familias. Eso, por ejemplo, es algo que ya
llevamos haciendo con población migrante, con la que se hace formación, se hacen talleres de sensibilización para que sepan cómo comunicarse, se utiliza la mediación intercultural. Pues para la diversidad familiar también consideramos que es
necesaria esta labor de sensibilización, para romper estereotipos, para romper mitos y para que realmente todos estos modelos familiares sean plenamente aceptados por la sociedad, lo cual nos va a hacer más plurales y más inclusivos y vamos a salir
ganando todas.
En cuanto a lo que ha comentado la señora Saavedra, es cierto, se invierte muy poco. España invierte muy poco en infancia, mucho menos que países de nuestro entorno. Siendo un país dentro de los considerados ricos, es de los que menos
invierten en Europa. Por eso tenemos las cifras de pobreza infantil que tenemos. Las familias con niños en España están en un riesgo de pobreza muy superior al de las familias que no tienen descendencia, y esto es grave. Esto es necesario
atajarlo y es necesaria una inversión en infancia. Las políticas deben ir acompañadas de medidas presupuestarias porque si no son imposibles de aplicar, con lo cual es fundamental.
Comentaba también el derecho a la educación de cero a tres años. Esto también nos parece un tema muy importante. Tradicionalmente, se ha considerado la educación infantil de cero a tres años como una medida de conciliación, pero no es así,
es también una medida para reducir la brecha de pobreza y para poner a los niños y niñas en riesgo de vulnerabilidad, que nacen en familias que no tienen tantos recursos, en una situación mejor y para que puedan comenzar su vida de la mejor forma
posible, lo cual nos va a enriquecer como país. La prestación por crianza también, por supuesto, nos parece que es una medida muy oportuna porque se ha demostrado, además, que estas medidas hacen que se reduzca la brecha de pobreza, que, como ya
comentaba antes, es muy elevada en España.
En cuanto a la señora Méndez, no compartimos..., o sea, estamos de acuerdo en que no estamos de acuerdo, como suele decirse. Nosotras creemos que la crianza debe ser corresponsable, y cuando hablamos de corresponsabilidad en la crianza no
solo hablamos de género, hablamos también de corresponsabilidad de la Administración pública e incluso corresponsabilidad del sector empresarial, porque los niños y las niñas son un bien común que tenemos en nuestro país y creemos que deben
protegerse todas las familias, porque para nosotras todas realizan una función social muy importante. La evidencia científica de la que hablaba, nosotras la que tenemos, los estudios que tenemos, es que el modelo tradicional biparental no es
necesariamente mejor para los niños y las niñas que otros modelos familiares. Entonces, ahí sé que discrepa, pero nosotras trabajamos desde el rigor científico, de hecho, una parte de la actividad que tenemos es elaborar encuestas y elaborar
estudios, y los datos que nosotras manejamos, de universidades de otros países, apuntan a que el modelo biparental tradicional no es necesariamente mejor, no es mejor para los niños y las niñas, con lo cual tenemos datos distintos.
Hablaba del impacto demográfico. Es cierto, se deben tomar medidas de natalidad. Para nosotras, España es el país de Europa en el que hay mayor diferencia entre el número de hijos e hijas deseados y el que al final se tienen, y esto nos
parece grave. Hay que impulsar la natalidad y sobre todo hay que permitir a las personas que tengan el número de hijos e hijas que deseen y formar una familia si así lo desean. Para ello, hay medidas que ya he comentado que son necesarias, como
son empleos de calidad, como es poder tener un nivel de vida adecuado, como es el acceso a la vivienda. Estamos viendo que los datos de jóvenes que no pueden emanciparse son altísimos y así no pueden formar un proyecto de vida. Entonces, para
impulsar la natalidad es necesario tomar medidas urgentes, transversales, que cubran desde empleo, vivienda, conciliación, y así permitir que las familias o las personas puedan tener el número de hijos e hijas que deseen.
La mediación no es lo mismo que la terapia de pareja. Nosotros hacemos mediación familiar. La mediación familiar, si no la conocen, es una forma en la que unas personas que tienen un conflicto pueden llegar a un acuerdo beneficioso para
ambas partes gracias a la ayuda de un tercero imparcial que es la persona mediadora; esta persona lo único que facilita es que las partes se pongan de acuerdo. Nosotros trabajamos mediación familiar en procesos de ruptura, pero esto lo que hace es
que la pareja, sobre todo en interés de los hijos e hijas comunes, se pueda poner de acuerdo, pero no es terapia de pareja, con lo cual no trabajamos que la familia vuelva a reunirse porque eso no es el objetivo de la mediación familiar.
En cuanto a los datos que comentaba antes de los hogares unipersonales, son del INE, es la Proyección de Hogares 2020-2035, del Instituto Nacional de Estadística. Pueden consultarlo. Y en cuanto
a las subvenciones que tenemos, le invito a visitar nuestra página web. Tenemos un plan de transparencia y tenemos todo perfectamente auditado, publicado en la web. No tenemos nada que ocultar.
Al portavoz del PP, estamos de acuerdo, queremos que cada persona desarrolle su vida como quiera. En cuanto a las medidas que nos comentaba, estamos de acuerdo y las hemos impulsado. Nosotros formamos parte de la junta directiva de Coface,
que es la Confederación de Organizaciones Familiares a nivel europeo que trabaja con la Unión Europea, y se están impulsando las medidas de la ampliación del permiso de paternidad a seis meses, también lo ha comentado su compañera, o el cheque bebé
o, como se llama también, la prestación por crianza, que es lo mismo y que, por supuesto, es una ayuda a familias que también puede permitir la conciliación, puede permitir establecer un proyecto de vida y puede fomentar la natalidad.
También estaríamos de acuerdo en bajar el IVA a los productos básicos de infancia y de familias, o sea, que en eso estamos de acuerdo. Y en cuanto a conciliación, UNAF acaba de presentar un estudio de conciliación tras el COVID en el que
plantemos una serie de medidas muy específicas. Aquí, en diez minutos antes y cinco ahora, no podría desarrollarlas todas, pero, por supuesto, se las podemos hacer llegar, son muy detalladas, así que ahí las tenemos.
En cuanto a la ley de familias monoparentales, por lo que nosotras entendemos, esas políticas se van a incluir en la ley de diversidad familiar o la ley de familias; entonces, luego veremos cómo se incorporan y si es necesario ampliarlo.
Haremos una valoración cuando veamos si se han incluido o no se han incluido. Entendemos que deben incluirse y que así se está haciendo; de hecho, las entidades que trabajan con familias monomarentales de UNAF han enviado sus aportaciones, así que
entiendo que se incluirán, pero, bueno, podremos valorar la ley y estaremos en posición de decir si nos han incluido. Sí es necesaria una ley complementaria y en principio nos parece bien que se incluya dentro de la ley de diversidad familiar.
Por lo que se refiere a la señora Fuensanta, ya he hablado de la concienciación, es totalmente necesaria. Estamos de acuerdo con las políticas que han promovido y nos parece que es muy importante apoyar estas medidas de protección, sobre
todo de protección a la infancia. UNAF siempre ha trabajado desde un marco de derechos humanos y sobre todo desde el interés superior de los y las menores, eso para nosotras es lo fundamental y es lo que vamos a defender siempre.
Me ha sobrado tiempo.
El señor PRESIDENTE: Le ha sobrado tiempo, sí.
A continuación, vamos a hacer un segundo turno de portavoces, de un minuto, por si hay alguna aclaración o alguna cosa que quieran puntualizar. Les voy a ir citando y, si quisieran intervenir, tendrán un minuto. ¿Mertxe Aizpurua?
(Denegación). ¿Norma Pujol? (Denegación). ¿Marisa Saavedra?
La señora SAAVEDRA MUÑOZ: Únicamente quiero agradecer su intervención, esa aportación de esa perspectiva inclusiva y transversal de la cuestión de la familia, y reiterar nuestro compromiso para avanzar en el sentido de los retos que usted
ha aportado, para vidas dignas, sea cual sea el modelo de familia en el que viva cada persona.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: ¿Lourdes Méndez?
La señora MÉNDEZ MONASTERIO: Muchas gracias.
Le agradezco la respuesta. Obviamente, no estamos de acuerdo.
Simplemente dos ideas. Con tanta diversidad, en poco tiempo, se encontrará en España un marido con cinco mujeres, porque, claro, la diversidad familiar de culturas musulmanas no sé si será igual de protegible para usted.
En cuanto a las causas para proteger a las familias, nosotros hemos dicho que existen dos causas: una, la función social que realizan, que obviamente es la familia natural; y otra es la vulnerabilidad, que también el Estado tiene que
proteger. Le rogaría a la portavoz del Partido Socialista que sea más rigurosa en sus afirmaciones y manifestaciones y que no ponga en nuestra boca cosas que no hemos dicho, con su poco talante democrático.
Por último, obviamente, tampoco compartimos el que usted denomine que tienen rigor científico sus encuestas. También el comité de expertos del Gobierno decía que tenía rigor científico y no tiene ninguno. Y le animo a que usted mire y
consulte los datos del Ministerio del Interior para que llegue a la conclusión
de que los niños y adolescentes que más delinquen son los que vienen de familias desestructuradas. Por lo tanto, le ruego que mire esos datos para no hacer las afirmaciones que usted dice en cuanto a rigor científico. También quiero
decirle que no ha contestado a mi pregunta sobre qué financiación tienen ustedes y de qué administraciones les viene esa financiación.
El señor PRESIDENTE: José Ortiz, del Grupo Parlamentario Popular.
El señor ORTIZ GALVÁN: Muchas gracias, presidente.
Solamente quiero recalcar nuestra defensa a favor de las familias y de lo que representan, a favor de la natalidad y de que esos niños y niñas se críen con cariño, educación y tolerancia, y que en el Grupo Parlamentario Popular vamos a
seguir defendiendo medidas a favor de las familias numerosas y monoparentales, sin etiquetas. Asimismo, quiero agradecer al colectivo, a la Unión de Asociaciones Familiares, la labor que hacen. Muchos de los objetivos que plantean son también
objetivos que este partido está defendiendo en esta Cámara sin contar con el voto afirmativo de PSOE y de Unidas Podemos. Vamos a seguir trabajando a favor de las familias, que en definitiva es defender también a la sociedad y defender,
evidentemente, a las familias, insisto, algo importante, lo recalco, como pilar fundamental de la sociedad y a la que siempre recurrimos cuando tenemos un problema, por lo tanto, apoyar a las familias es apoyar a la sociedad.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Por parte del Grupo Parlamentario Socialista, Fuensanta Lima.
La señora LIMA CID: Primero, quiero agradecer, que es lo más importante, toda la información que nos ha dado y volver a brindarle desde el Partido Socialista todo el tiempo, sin prometerle nada, pero con todo el trabajo e intentando
acometer todas las iniciativas. Y no le voy a decir qué es lo que tiene que hacer porque sabe perfectamente lo que tiene que hacer; simplemente animarles, reconocerles y que sigan impulsando todas las medidas que tienen encima de la mesa y ese
espíritu crítico.
Y sí le voy a pedir al Grupo VOX que retire que no tengo talante democrático porque creo que con estos cincuenta y cinco años he demostrado en política durante muchos años que mi talante es democrático. Y no espero una respuesta suya, lo
estoy pidiendo a la Mesa y se lo pido a ustedes. Hay cosas por las que no se puede pasar y hasta aquí he llegado. Eso no se lo voy a permitir porque soy demócrata. Quizás quienes se lo tienen que preguntar son ustedes. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Continuamos.
La señora MÉNDEZ MONASTERIO: Perdón, señor presidente. Creo que procede que me pregunte si lo retiro o no lo retiro antes de que usted diga que lo retira.
El señor PRESIDENTE: Yo no he dicho nada, ¿eh? No he abierto la boca.
La señora MÉNDEZ MONASTERIO: ¿Qué ha dicho usted entonces?
El señor PRESIDENTE: No he dicho nada.
La señora MÉNDEZ MONASTERIO: ¿No ha dicho 'retirado'?
El señor PRESIDENTE: Yo no he dicho nada, se lo aseguro.
¿Qué iba a decir? ¿Quiere que le dé la palabra cinco segundos? Diga, diga.
La señora MÉNDEZ MONASTERIO: Muchas gracias, presidente.
Solamente quiero decir que, si se retira lo que yo he dicho, habría que retirar obviamente la mitad de la intervención de la representante del Grupo Parlamentario Socialista, porque ha puesto en nuestra boca cosas que no hemos dicho.
El señor PRESIDENTE: He entendido que no lo retira.
La señora MÉNDEZ MONASTERIO: Muchas gracias, presidente.
El señor PRESIDENTE: Muy bien.
Señora Echevarría, tiene un minuto para contestar, para despedirse y para indicar lo que crea conveniente.
La señora DIRECTORA DE UNIÓN NACIONAL DE ASOCIACIONES FAMILIARES, UNAF (Echevarría Merino): Muchas gracias.
Simplemente, quiero agradecer la oportunidad de estar aquí, en representación de las veintiuna entidades que forman parte de UNAF, para defender la diversidad familiar y animarles a trabajar siempre por y para las familias, en defensa de la
infancia y en defensa de la diversidad familiar que tanto nos enriquece.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias por su intervención. Le aseguro que la información nos servirá para mucho. Además, creo que más de uno de los miembros de esta Comisión a partir de hoy pensarán que eso de las familias es más que lo que
hasta ahora consideraba.
Muchas gracias.
Suspendemos un momento para iniciar la tercera comparecencia. (Pausa).
- DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD COTA CERO (GARCÍA FUENTES) Y DEL SEÑOR REPRESENTANTE DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD COTA CERO (CASTRO BELMONTE), A FIN DE EXPLICAR LA
SITUACIÓN QUE VIVEN QUIENES FUERON SOBREVIVIENTES DE LA PANDEMIA DE POLIOMELITIS QUE SACUDIÓ A LA POBLACIÓN INFANTIL DEL ESTADO ESPAÑOL ENTRE 1956 Y 1963 Y EXPONER LAS NECESIDADES DE ESTE COLECTIVO AFECTADO, ENTRE OTRAS CONSECUENCIAS DE LA
ENFERMEDAD, POR EL DENOMINADO 'SÍNDROME POSTPOLIO'. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO EUSKAL HERRIA BILDU. (Número de expediente 219/000523).
El señor PRESIDENTE: A continuación, iniciamos la tercera de las comparecencias, la de la Asociación Nacional de Personas con Discapacidad Cota Cero. En este caso, los comparecientes, cuando les toque hablar, lo harán sin mascarilla. Nos
lo han pedido porque luego cuelgan los vídeos en YouTube y el traductor para hacer los subtítulos necesita verles la cara y los labios. ¿Es así?
El señor REPRESENTANTE DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD COTA CERO (Castro Belmonte): Exactamente. De esta manera, las personas sordas pueden seguir perfectamente la intervención.
El señor PRESIDENTE: Se repartirán el tiempo Alberto Castro, representante de Cota Cero Cataluña, y Javier García Fuentes, que es el presidente de la Asociación Nacional de Personas con Discapacidad Cota Cero. La suma de los tiempos no
aumenta, ¿eh?
El señor REPRESENTANTE DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD COTA CERO (Castro Belmonte): Lo sabemos.
El señor PRESIDENTE: ¿Quién hablará primero de los dos?
El señor REPRESENTANTE DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD COTA CERO (Castro Belmonte): Seré yo.
El señor PRESIDENTE: Intervendrá primero el señor Alberto Castro. Representan ambos a la Asociación Nacional de Personas con Discapacidad Cota Cero y vienen a explicarnos la situación en que viven quienes fueron sobrevivientes de la
pandemia de poliomielitis que sacudió a la población infantil del Estado español entre 1956 y 1963 y a exponer las necesidades del colectivo afectado -entre otras consecuencias de la enfermedad- por el denominado síndrome pospolio.
En primer lugar, por cinco minutos, tiene la palabra el señor Alberto Castro. Cuando quiera.
El señor REPRESENTANTE DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD COTA CERO (Castro Belmonte): Buenas tardes. Ante todo quiero agradecer que nos hayan permitido esta comparecencia.
Señor presidente, señoras y señores diputados, compañero y amigo Javier García, he de confesar que no tengo ninguna esperanza de que esta comparecencia provoque un cambio en su forma de pensar. Nos olvidaron en la época franquista,
dejándonos a nuestra suerte. Nos olvidaron y nos utilizó la clase médica durante los primeros años de la enfermedad, haciendo con nosotros lo que quisieron, sin consultar con nuestros padres y muchísimo menos con nosotros. Nos olvidaron en toda la
lucha de reivindicación de cambio social en la época antifranquista y tuvimos que salir nosotros a la calle con nuestra propia reivindicación. Nos chantajearon con un grupo y un paquete de leyes extraordinarias que se han venido incumpliendo de
forma impune a lo largo de la historia. Y yo os pregunto: ¿por qué iba a ser diferente ahora? Pero si algo nos ha enseñado la polio es a resistir, a sobrevivir y a luchar, y por eso estamos hoy aquí y estaremos hasta el último día de nuestra
vida.
Señoras y señores diputados, lo que yo les voy a explicar no es un largo discurso sobre detalles y características de la época franquista. Les recomiendo y les aconsejo la lectura de los diferentes trabajos que ha realizado, entre otros,
Juan Antonio Rodríguez Sánchez, profesor de la Facultad de Medicina de Salamanca que, a encargo de esta casa y subvencionado por el CSIC, dedicó parte de su vida al estudio del tratamiento de la pandemia de polio entre los años 1955 y 1963, con todo
lo que ello implica. Por lo tanto, los detalles, estadísticas o documentos que demuestran que fuimos víctimas del franquismo están sobradamente expuestos en publicaciones como 'Las campañas de vacunación contra la poliomielitis en España' -un
artículo de la revista Asclepio-, el libro La erradicación y el control de enfermedades infecciosas, etcétera.
Como quiero contextualizarles -porque no tienen por qué estar al día de lo que ocurrió-, les informaré en forma de titulares de lo que está pasando. Una previa. Les pido disculpas de antemano si la vehemencia de mi argumentación puede
ofenderles en algún momento. Les pido disculpas, pero es mi carácter y es mi manera de defender eso en lo que creo.
Vayamos al grano. A mediados del siglo XX, en Estados Unidos aparece una epidemia de polio que se extiende por todo el mundo de una forma rápida y tremenda; de hecho, la poliomielitis ha sido la segunda pandemia más importante del siglo XX
después de la de la mal llamada gripe española. Esa epidemia provocó que la clase médica -en concreto, el doctor Jonas Salk- trabajara sobre una vacuna, vacuna novedosa que supuso una revolución a nivel médico y que el 12 de abril de 1955 se
declaró como válida y practicable. El doctor Salk puso a sus hijos esa vacuna para demostrar que era realmente eficaz. Atención: esa vacuna disminuyó en más del 90 % los casos de polio en las personas vacunadas. Esa vacuna se empieza a
distribuir a toda Europa, a todo el planeta, a todo el mundo civilizado, a partir del año 1955. ¿Qué países no tuvieron esa vacuna? España. ¿Por qué? Porque -atención al dato- el señor Bosch Marín, jefe de Pediatría de la Sanidad Nacional y
vicepresidente de la Asociación Europea contra la Poliomielitis, dijo en el año 1958 que en España no había epidemia. España negó la evidencia porque en el manual del político que gestiona una epidemia la lección número 1 dice: 'Niégala'. Y eso
es lo que hizo España: negó la existencia de la epidemia desde el primer momento. ¿Por qué? Pues, hay muchos motivos y variados. ¿Porque no sabían que existía una epidemia? Falso. España conoció la existencia de la epidemia, hasta el punto de
que en el año 1957 España organiza un congreso de medicina sobre el tema de la polio. ¿Para decir qué? Que la sanidad española era tan fantástica y los niños españoles tan castos y puros, frutos del amor, que no había epidemia de polio. A lo
mejor fue por mala praxis, porque España lo hizo mal. No, España no lo hizo mal; simplemente no hizo nada. ¡No hizo nada! Negó la evidencia. ¿Y por qué? Porque en el Gobierno español de la época había una gran disputa interna entre los
falangistas y los militares, que tenían visiones diferentes sobre cómo debía plantearse la sanidad, hasta el punto de que sobre un mismo tema había leyes completamente diferentes.
El señor PRESIDENTE: Se le han terminado los cinco minutos.
El señor REPRESENTANTE DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD COTA CERO (Castro Belmonte): Voy acabando.
Señoras y señores diputados, independientemente de lo que ustedes opinen al respecto, independientemente de lo que ustedes voten -si toca- referente a este tema, independientemente de que aprueben o no incorporar al colectivo de la polio
como víctimas del franquismo, que fuimos víctimas es un hecho, es un hecho irrefutable que no depende de lo que ustedes opinen, sino que depende de la historia, porque centenares de niños y niñas murieron por la inacción y por el olvido de ese
tratamiento médico a los
niños con polio. Y la pregunta es: ¿cuántos murieron? No les puedo contestar a eso. Lo que sí les pregunto es: ¿cuántos se hubieran salvado si se les hubiera puesto la vacuna? Lo dejo ahí para su consideración.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: A continuación, tiene la palabra por diez minutos el señor García Fuentes.
El señor PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD COTA CERO (García Fuentes): Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, la compareciente que nos ha precedido ha comentado el sobrecoste que experimentan las familias que tienen en su seno a algún miembro con discapacidad. Hay muchos datos, pero yo me remito, por ejemplo, al estudio
de la Universidad Pompeu Fabra de finales del año 2019, que especifica de una manera concreta, después de un exhaustivo estudio y análisis, que este sobrecoste podría estar entre 17 000 y 40 000 euros al año. ¿Esto qué significa, señorías?
Significa que las personas con discapacidad y sus familias necesitan ayuda.
Aquí a todo el mundo se nos llena la boca -por meternos todos en el bote- con el tema de la igualdad, pero aquí hay una desigualdad palmaria y absolutamente injustificable. El compañero Alberto decía que, ciertamente, estuvimos censurados
en la época del franquismo, pero es que en la actualidad tampoco tenemos ningún tipo de apoyo especial ni de reparación. La mayoría de nosotros hemos sido abandonados a nuestra suerte y hemos tenido que salir adelante con inmensas dificultades para
nosotros y también para nuestras familias, en el caso de los pocos afortunados que hemos podido tenerlas. Este es un tema absolutamente indigno y yo creo que en algún momento tendremos que establecer algún punto de inflexión para cambiar la forma
de pensar sobre esto.
Se ha hablado también anteriormente sobre si había problemas para el acceso al mercado laboral. Desde la ley de 1982, la famosa Lismi que yo creo que muchos de ustedes conocerán, se habla -creo que era en el artículo 38.1- de que la empresa
pública y la privada están obligadas a contratar a no menos de un 2 % de trabajadores con discapacidad. Pero eso a fecha de hoy no se cumple, ni siquiera en la empresa pública, que es la que debería ser ejemplarizante. Entonces, se destinan
ingentes cantidades de recursos a entidades privadas para que creen empleo para personas con discapacidad, pero, una vez que se acaban los recursos, esas personas vuelven otra vez a engrosar las listas de desempleo. Eso es tremendamente absurdo.
Yo no sé si ustedes alguna vez se han parado a reflexionar sobre este tema. Y lo más peliagudo del asunto es que, si la Administración pública cumpliera, el coste de la incorporación de las personas con discapacidad al mercado ordinario de trabajo
sería cero. Señorías, luego dicen que no hay dinero para la discapacidad, que hacen falta muchos más recursos, que hacen falta más medios, pero a mí me da la sensación de que tiramos muchísimo dinero en cosas que no son realmente necesarias.
Por eso, nosotros planteamos aquí una serie de puntos para su consideración. Por ejemplo, el primero habla de la eliminación del copago farmacéutico. Ustedes saben que en la actualidad eso es así para las personas con discapacidad que son
perceptoras de una pensión no contributiva, pero, en cambio, a todos los que hemos tenido la suerte a pesar de nuestra dificultad -y ya no sé si decir la suerte o la desgracia- de habernos incorporado al mercado ordinario de trabajo y haber
contribuido al sostenimiento del sistema ahora, cuando estamos en un estado de necesidad, el sistema nos dice que nos lo paguemos de nuestro bolsillo si tenemos dinero. Me parece que esto es una tremenda aberración, porque el coste económico para
poder soslayar esa tesitura -es decir, para que todas las personas con discapacidad tengan esa prebenda- sería absolutamente irrelevante.
En el punto segundo se habla de las familias numerosas, como también ha hecho la señora que nos ha precedido. Yo tenía la alternativa de hacerme una batería de asuntos y pedirles que tengamos ayudas a la hora de los viajes, a la hora de las
matrículas de las universidades y de los colegios, en el tema del IBI a nivel municipal, etcétera. Pero, en vez de decirles todo eso, me parece que hay un concepto que lo engloba, que es el de la familia numerosa. Yo me pregunto: ¿tan difícil es
que sea condición necesaria y suficiente que exista una persona con discapacidad en una familia para que esta tenga la condición de familia numerosa? Lo dejo ahí. No me parece muy complicado. Incluso me permito hacerles alguna observación porque,
como ustedes saben, las familias numerosas son de tipo general y de tipo especial. Bueno, pues, si quieren ustedes, una discapacidad superior al 33 % podría equivaler al tipo general y a partir del 65 % a una familia numerosa especial.
En el punto tercero les hablo de jubilación anticipada para todos los empleados públicos de la Administración pública que tengan en sus familias una persona con dependencia o con discapacidad. Hablamos mucho de conciliación, pero vean
ustedes las circunstancias tan lamentables en las que se
encuentran muchas familias que tienen que hacer de tripas corazón para poder trabajar, porque necesitan el importe de sus nóminas para poder mantenerse, pero también necesitan el tiempo para poder dedicárselo a quien lo necesita. Aquí les
hago algunas observaciones como, por ejemplo, si quieren ustedes establecer algunos límites, que la persona en cuestión tenga más de sesenta años de edad, que tenga más de treinta años de servicio, que la persona que esté a cargo del dependiente al
menos sea un cuidador no profesional que tenga diez años de servicio y, obviamente, que esta jubilación sea con el 100 % de la pensión.
En el punto cuatro, hay una observación que a nosotros nos molesta muchísimo -por lo menos, a mí-, que es condicionar al nivel de renta todo el tema de ayudas y de prestaciones a las personas con discapacidad. Yo digo que, si esto hay que
hacerlo así necesariamente, por lo menos no sea por la renta bruta, sino, en todo caso, por la renta disponible. Una persona con discapacidad y su familia tienen que detraer de su renta un montón de dinero como consecuencia de su propia
discapacidad. Si hay que ajustar las rentas para la obtención de esas ayudas, que sea, como digo, en función de la renta disponible y no de la renta bruta.
En el punto cinco les hablo de la fiscalía para la discapacidad. Seguramente muchos de ustedes sabrán que desde hace poco tenemos ya una fiscal superior de sala para la discapacidad, la señora Segarra. Nuestra organización Cota Cero luchó
de una manera decidida por este tema e incluso realizamos una campaña de adhesiones que duró cerca de un año, en la cual solicitábamos que diversas instituciones públicas se adhirieran a esa petición que hacía la Asociación Nacional de Personas con
Discapacidad Cota Cero respecto a la creación de esta fiscalía. Entre estas entidades -por nombrarles algunas, porque fueron muchas-, estuvo el Parlamento de Andalucía, donde hubo una declaración institucional. Saben ustedes que las declaraciones
institucionales tienen un procedimiento complejo porque requieren unanimidad, pero, fíjense, en el Parlamento de Andalucía salió adelante. También salió adelante en el Ayuntamiento de Málaga o en el Ayuntamiento de Sevilla y nos quedamos aquí a las
puertas de la Asamblea de Madrid y de otras instituciones porque empezó el COVID y la verdad es que nos complicó mucho este tema. Por tanto, como consecuencia de eso ya tenemos fiscalía, pero la fiscalía ahora necesita algunos medios. La única
fiscalía que nosotros entendemos que tiene medios suficientes para desempeñar sus funciones es la de Madrid. La Fiscalía de Madrid tiene cinco fiscales adscritos con dedicación exclusiva, así como un montón de empleados alrededor para poder
gestionar la tarea administrativa. Pero, por ponerles un ejemplo, en Andalucía tenemos un solo fiscal y este fiscal no tiene dedicación exclusiva; es decir, además de su cupo ordinario de trabajo, tiene que atender los temas propios de la
discapacidad. Como ustedes verán, esto es absolutamente inoperativo; esto no funciona. Entonces, ¿qué es lo que pedimos? Que comunidades como Andalucía, que tiene un millón de habitantes más que Madrid, que tiene una dispersión geográfica
muchísimo mayor y que tiene un nivel de renta media inferior también -con lo cual la casuística de la lesión de los derechos de las personas con discapacidad es mayor-, tengan los mismos medios. Entonces, habrá que pedirle al Ministerio de Justicia
y a la Fiscalía General del Estado que hagan lo que sea preciso para dotar de los recursos técnicos, humanos y económicos necesarios a todas las fiscalías para que puedan desempeñar correctamente su trabajo.
Además, hay una tendencia habitual en los últimos tiempos -ustedes lo sabrán- en el momento en el que en la familia aparece una persona con discapacidad o con problemas de dependencia. ¿Qué es lo más socorrido? Pues, internarla en una
residencia. Claro, la familia se quita el problema de encima. Sí, con mucho dolor y con toda la pena que ustedes quieran, pero al final al que le zumban bien es al dependiente, a la persona con discapacidad. Si ustedes les preguntan, ellas les
van a decir que no quieren irse de su casa. Entonces, ¿cuál es la solución, señorías? Pues, la solución es muy sencilla: vamos a darles un poquito de apoyo y unos pocos recursos a las familias para que estas personas puedan permanecer en su
entorno familiar, que además les garantizo que incluso es mucho más económico. Saben ustedes que el mantenimiento en una residencia puede estar entre 1700 y 3000 euros al mes, dependiendo de la patología de la persona. Pues, con muchísimo menos
les puedo garantizar que esas personas en su propio domicilio podrían disponer de los medios necesarios para no tener que abandonarlo. Y, sobre todo, responderíamos de una manera seria a lo establecido en la propia Convención Internacional sobre
los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU. Por cierto, señorías, ustedes sabrán que España suspende de forma sistemática y recurrente todos los años. A mí
me da la sensación de que estos informes que se presentan son un corta y pega de los del año anterior. Yo no sé si ustedes los han visto, pero es una pena, y yo creo que también habría que hacer algo para intentar cambiar esta dinámica.
No sé cómo vamos de tiempo, señor presidente. ¿Vamos bien?
El señor PRESIDENTE: Le quedan ocho segundos.
El señor PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD COTA CERO (García Fuentes): Pues, como conclusión, tenemos que desligar de una manera radical y absoluta todo lo relativo a la discapacidad y a la dependencia de la
perspectiva de negocio. Hoy hay mucho negociete por ahí montado con estas cosas y concretamente esto no se puede hacer de esta forma. ¿Cuál es la máxima de la actividad empresarial? Pues, maximizar el beneficio, algo tan sencillo como eso.
Entonces, intentar conjugar una cosa y otra es como intentar mezclar el agua y el aceite: por mucho que ustedes remuevan, al final siempre se van a separar.
Muchas gracias, señorías, por su atención.
El señor PRESIDENTE: A continuación, es el turno de los portavoces, que tienen cinco minutos cada uno de ellos para pedirles explicaciones o preguntarles. Bueno, ustedes han seguido la anterior comparecencia, así que no hace falta que se
lo explique.
En primer lugar, tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, Mertxe Aizpurua.
La señora AIZPURUA ARZALLUS: Gracias, presidente.
Gracias a vosotros también, gracias por venir aquí y por explicarnos que la poliomielitis no fue una cuestión de mala suerte que les dio la vida, sino que fue el resultado de un problema político e ideológico del franquismo. Tal y como has
dicho, se utilizó por parte del régimen franquista como una estrategia política, como una maniobra propagandística; una terrible negligencia que, en nuestra opinión, ha causado una deuda histórica que todavía está por resarcir.
Son cifras que se dieron a nivel del Estado: 42 561 personas fueron las afectadas por la polio. Y respecto a la enfermedad, lo más duro es precisamente quizás algo que se nos olvida a los que no la tenemos: no es solamente es la polio,
sino el síndrome pospolio. Eso es algo duro porque no es cosa del pasado, ya que los problemas se agravan con el tiempo y es una enfermedad inacabada y presente continuamente. Ha habido una gran labor de sensibilización al respecto; la habéis
hecho asociaciones como la vuestra y se ha hecho también en Euskal Herria por parte de Euskadiko Polio Elkartea. Gracias a vuestro trabajo en favor de la sensibilización y también de la investigación y la búsqueda de tratamientos, es una labor
enorme la que se está haciendo en este terreno y esperamos que tenga sus frutos.
Yo voy a hablar de la memoria democrática, de la nueva ley que entrará pronto -el año que viene ya- al Congreso. La presión que habéis ejercido ha tenido precisamente como consecuencia que al menos se os reconozca en el articulado de la
ley. Hay una disposición adicional, la undécima, que expresa ese reconocimiento. Se dice que va a promover un estudio de los casos de polio y se plantea además que se adoptarán medidas de carácter sanitario y social, contando con las entidades que
trabajan en el campo. Entonces, mi pregunta es si estáis satisfechos, si creéis que esto es suficiente. Yo ya os adelanto que desde Euskal Herria Bildu hemos presentado ya dos enmiendas pidiendo que en el artículo 3 se reconozcan como víctimas del
franquismo a los afectados de la polio y también que haya reparación, porque es algo que creemos que es necesario. Esto está de plena actualidad, es un logro vuestro el hecho de que se haya incluido al menos teneros en cuenta y creo que hay que
felicitaros por ello también, por esa gran labor que habéis hecho.
Y respecto a las derivadas que hay y ha explicado Javier García, me gustaría poder ahondar un poco más en el tema de las familias numerosas y en la vertiente que, quizás por tiempo no has explicado, acerca de que, si no me equivoco, se
pierden los beneficios por familia numerosa cuando los hijos se van. Creo que habría que mantener este título y que no es justo que se pierdan esos beneficios.
Muchísimas gracias a los dos.
El señor PRESIDENTE: A continuación tiene la palabra por parte del Grupo Parlamentario Plural su portavoz, Genís Boadella.
El señor BOADELLA ESTEVE: Muchas gracias, presidente. Muchas gracias a los dos comparecientes.
La verdad es que mi intervención va a ser muy breve pero de pleno apoyo, es decir, en primer lugar, apoyo a la reivindicación y a hacer evidente esta situación. Creo que al inicio el tono era beligerante, y se lo digo con toda la
cordialidad, respecto a la reivindicación acerca de que en esto no se había hecho nada. Pero me da la sensación de que hoy aquí sí que estamos haciendo algo, que es poner luz y taquígrafos sobre esta realidad, hacer que conste en el Diario de
Sesiones del Congreso e incluso que pueda tener plasmación, como comentaba la compañera de Bildu, en la ley de memoria democrática. Es evidente que llega completamente tarde y, por lo tanto, la responsabilidad de los diputados que hoy estamos aquí,
no los de las legislaturas anteriores, es la de velar por esta línea en la que usted nos emplaza a trabajar. Por eso tengan la certeza de que desde el partido político que represento, el PDeCAT, lo tomamos en consideración, lo cogemos como línea de
trabajo y celebramos que hoy se ponga luz y taquígrafos en el Congreso sobre esta cuestión a fin de que no sea algo que quede en las actas de sesiones, sino que se convierta en una realidad. Por tanto, cogemos este compromiso formalmente, por
supuesto que sí.
Me ha parecido muy interesante la cuestión relativa a las residencias, los apoyos y los soportes que la gente puede necesitar, porque creo que es el modelo hacia el que realmente tenemos que ir evolucionando en referencia a este caso y
también respecto a muchos más. Es decir, la gente, como en casa, no está en ningún sitio. Es cierto que los recursos residenciales son necesarios, que hacen falta y tienen que ser de calidad, pero también hay que empezar a trabajar de forma
global, con perspectiva de futuro, todo el apoyo que se pueda dar en el propio domicilio, que muchas veces resulta incluso mucho más agradecido y querido por la persona que necesita de esos cuidados. Por tanto, ya se apuntaba, pero realmente no se
trata solo de un apunte o de una cuestión a tener en cuenta; ha de ser una línea de trabajo en referencia a cómo afrontamos el cuidado de las personas que lo necesitan, no solo en el ámbito de las residencias y los centros residenciales, sino, si
es posible, en el propio entorno, en pisos compartidos por gente mayor o personas con discapacidad. Desde nuestra perspectiva, desde el PDeCAT, creemos que son líneas de trabajo que tenemos que poner en marcha ya o pedir a las administraciones que
pongan en marcha, ya que pueden resultar mucho más eficientes en la gestión de los recursos y mucho más satisfactorias para las personas a las que van dirigidas.
En definitiva, deseo trasladarles esta solidaridad y estas líneas de trabajo, que creemos que, efectivamente, son prioritarias.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE (Ruiz i Carbonell): A continuación tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Republicano Norma Pujol.
La señora PUJOL I FARRÉ: Moltes gràcies, president. Bona tarda, buenas tardes, señor Castro, señor García. Muchísimas gracias por su comparecencia hoy en esta Comisión para explicar en primera persona la problemática y la situación que
vivís las personas afectadas por esta terrible enfermedad, esta terrible pandemia, la poliomielitis.
Y estamos de acuerdo, estamos de acuerdo en que el franquismo hizo muchísimo daño. El franquismo quitó a las personas derechos fundamentales, y, entre muchos, quitó también el derecho en este caso, en concreto, a las vacunas para niños y
niñas, que por su culpa murieron. Por su culpa, por culpa del franquismo, por quitar este derecho fundamental, os visteis dentro de esta terrible situación. Y estamos de acuerdo en que este daño es irreversible e irreparable, pero lo que sí
podemos hacer hoy aquí, como mínimo, es hablar de ello, hacer que se conozca, que los portavoces que estamos aquí podamos hacer de altavoces de esta injusticia y este dolor, porque creemos que es necesaria la reparación del daño ocasionado. Por
eso, a Esquerra Republicana nos vais a tener a vuestro lado. Y aprovecho también para deciros que, si en algún momento queréis una reunión con nuestro grupo parlamentario, no habrá ningún problema.
Pasando a la otra parte que ha comentado el señor García, sobre todas estas medidas que habéis señalado que serían necesarias para, como mínimo, poder reparar hoy el dolor en el campo de la dependencia y facilitar la vida de las personas con
discapacidad, aprovecho para poner otra vez de relieve mediante este altavoz que tenemos hoy aquí el incumplimiento del Estado - y lo digo cada vez que tengo ocasión, porque es muy grave y muy serio- en referencia a la Ley de dependencia, la cual
indica que se tiene que cofinanciar con las comunidades autónomas, pero eso no se está cumpliendo, y las comunidades autónomas, como, por ejemplo, Cataluña, de donde somos nosotros, vemos que tenemos que financiar una parte que por ley tendría que
financiar el Estado. Quería decirlo y que ustedes lo conocieran si es que no lo conocían.
Les reitero nuestro agradecimiento por estar hoy aquí y la predisposición a hacer las reuniones que crean convenientes, así como las actuaciones que estén en nuestras manos para ayudarles.
Muchísimas gracias.
El señor PRESIDENTE: A continuación tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem- Galicia en Común, Mercedes Pérez Merino. Cuando usted quiera.
La señora PÉREZ MERINO: Buenas tardes. Muchísimas gracias a los comparecientes.
La verdad es que tenía apuntadas una serie de cuestiones, pero sería reiterarme, así que voy a empezar por el final. Y tienen ustedes absolutamente toda la razón. Ciertamente, todo este drama se ha vivido por una actuación -no la vamos a
calificar en este momento- del franquismo. Esos niños, ahora adultos, han tenido una vida llena de dolor, de sacrificio, de operaciones, de exclusión, sin poder participar, y además tuvieron que estar callados durante todos aquellos años; yo soy
de esa quinta y he conocido muy de cerca esas situaciones. Y no solamente fue en esa época, puesto que, como muy bien han dicho, después la sociedad ha permanecido en silencio, porque no se ha declarado, no se ha querido ver cuál fue la situación,
aquella actuación. Sin embargo, en la parte que corresponde a este Grupo confederal y al Gobierno, este Gobierno de coalición progresista, estoy completamente convencida de que lo incluirá, porque ya estamos trabajando en ello y ya está incluido en
la ley de memoria democrática, y por una razón, porque verdaderamente ustedes son víctimas del franquismo, víctimas de la historia.
Además, quiero añadir algo que ustedes no han comentado pero que me gustaría que constara, es decir, dicho esto, que está incluido en esta ley de memoria y reparación, en los ministerios también estamos -y es una de las aportaciones sobre
los puntos que usted planteaba- por el cambio en el modelo residencial, lo que también atañe mucho a toda esa situación que se ha vivido por la polio y el síndrome pospolio, que repito que conozco bastante de cerca. Por ejemplo, estas personas
viven y han vivido situaciones por despidos de trabajos que han resultado nefastas. En muchas ocasiones les costó tener que salir de un trabajo, no ser reconocidos y no poder realizar un proyecto vital que les correspondía, y no han tenido las
ayudas. Pero, afortunadamente, insisto, esto se va a empezar a revertir. Llevará tiempo, porque todas estas cosas -no nos vamos a dejar engañar ahora-, todas estas cuestiones llevan mucho tiempo, porque hay muchos a quienes convencer y muchos de
quienes hicieron ese daño que todavía siguen aquí.
Respecto a cuando usted hablaba de que hubo miles de afectados y fallecidos cuando decían que no había polio en España, quiero añadir que después de ese simposio se autorizó la vacuna pero en el ámbito privado, quiero matizarlo y dejarlo
bien claro. El Gobierno se jactaba en aquel momento de haber vacunado a un millón de niños, cuando tenía que haber vacunado a tres millones de criaturas. Pero es que no podían llegar a todos, no querían llegar a todos. ¿Y saben ustedes por qué?
Por un motivo muy simple y muy trágico. Entre otros, los que ustedes han aportado, pero yo les aporto uno más, y es que cada pinchazo costaba nueve pesetas de las de entonces, y eran tres vacunas las que tenían que inyectarse a aquellos niños, es
decir, costaba veintisiete pesetas por niño. Por tanto, el precio fue una de las causas que motivó que a los niños no se les vacunara.
Además, hay que añadir que no se dio información. De hecho, se está constatando que hubo personas que ahora están sufriendo un síndrome pospolio porque la pasaron y no lo supieron. Sus padres fallecieron y no tuvieron la oportunidad de
preguntárselo, pero los neurólogos ahora se lo confirman. 'Sí, estuve muy malo, es verdad, pero no sé...', responden, y es que ni tan siquiera sabían que existía esa enfermedad. Y estoy hablando de que, cuando se tomaron cartas en el asunto, para
mayor desgracia, deshonra y desdoro por lo que pasó en este Estado, en este país, la vacuna se trajo me parece que en el año 1963 -no estoy muy segura-, y se tenían que guardar algunas normas, como que no podía ponerse en verano, creo recordar,
porque tenía que estar a una temperatura menor de 4.º Pero el Gobierno franquista se lo pasó exactamente por donde se lo tenía que pasar, e incluso puso la vacuna a niños y niñas que no tenían la polio, de modo que cuando fueron vacunados la
contrajeron, y, por cierto, estando gravísimos. En definitiva, esas situaciones se agravan con el síndrome pospolio, que no es ni más ni menos que la continuación de lo que ustedes vivieron antes.
Por eso, simple y llanamente, quiero decirles que tenemos con ustedes una deuda histórica y que nos va a costar muchísimo trabajo revertirla.
El señor PRESIDENTE: A continuación tiene la palabra por parte del Grupo Parlamentario Vox su portavoz, Rocío de Meer.
La señora DE MEER MÉNDEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Vaya por delante mi apoyo a todos los afectados por la polio en aquella época.
Usted ha dicho que iba a ser muy claro, yo voy a ser cristalina; voy a dividir mi intervención en dos partes: en primer lugar, me voy a referir a lo surrealista de lo que estamos viviendo hoy en estas comparecencias y, en segundo lugar, a
lo realista.
Lo surrealista es el perfecto retrato que acaba de hacer la portavoz de Unidas Podemos de esta situación. En medio de una pandemia, de la COVID-19, con 88 000 fallecidos en este país, está diciendo esta portavoz que a todos los afectados
por la polio, por una suerte de deuda histórica, tenemos que considerarlos víctimas del franquismo; esto como resumen de lo surrealista de la situación, con una portavoz de un partido que gobierna un país que ha sido negligente en la administración
de una pandemia que se ha cobrado la vida de casi cien mil compatriotas. Pero no hay una deuda histórica, está sucediendo hoy, y, por lo tanto, si eventualmente aquellos hubieran de ser considerados víctimas del franquismo, ¿los 88 000 compatriotas
fallecidos son víctimas del sanchismo?
La señora PÉREZ MERINO: ¿Me lo está preguntando?
El señor PRESIDENTE: No, no está preguntando nada.
La señora DE MEER MÉNDEZ: Esta es la parte surrealista de esta comparecencia. Lógicamente, yo no soy experta en polio e insisto en que he comenzado mi intervención diciendo que vaya por delante mi total apoyo a todos los afectados, pero lo
primero que se encuentra uno -ya que el señor compareciente ha dicho que el Gobierno de entonces no hizo absolutamente nada- en una web muy poco sospechosa de ser franquista, como es la del Gobierno de España, es que hubo una vacunación masiva en el
año 1963 y que, de los dos mil casos anuales en 1960, se redujo a sesenta y dos casos en el año 1965. Insisto en que no soy experta en la temática y, por tanto, no lo considero veraz ni no veraz; sencillamente, manifiesto que es lo primero que me
encuentro en la web del Gobierno de España con relación al tema que hoy venimos a tratar.
La segunda parte de mi intervención es realista. Nosotros somos un partido político que probablemente acabaremos gobernando este país y que tenemos una visión de Estado por la que, por supuesto, pensamos en proteger a todas las personas con
discapacidad y dependencia. Es una de nuestras banderas y además lo vivimos en muchísimas de nuestras familias, entre ellas, en la mía. He ojeado atentamente su documento, en el que observo propuestas bastante interesantes, y en primer lugar vaya
una certeza, que encabeza su propio documento, cual es el sobrecoste que sufren las familias que tienen un miembro con discapacidad o dependencia. Este es un hecho, y desde nuestro grupo parlamentario hemos presentado ya una proposición no de ley
en la que instamos al Gobierno a que elabore un estudio efectivo sobre en cuánto consiste este sobrecoste, incluso individualizado y dividido entre discapacidad psíquica y discapacidad física o para aquellas familias que tienen un componente que
sufren ambas discapacidades. Nosotros ya lo hemos solicitado, pensamos que es importantísimo, pero consideramos que este es un Gobierno antisocial. Entendemos que este Gobierno no está haciendo un gasto público, ya que un gasto público se
corresponde con un servicio público, sino que está haciendo un gasto político. Este Gobierno está dejando morir a ochenta personas dependientes al día, sin recibir la correspondiente prestación; este Gobierno está permitiendo que haya prestaciones
diferentes en función de cuál sea el código postal, de cuál sea la comunidad autónoma en la que se reside, y este Gobierno está permitiendo que en muchísimos casos estas familias que tienen un miembro con dependencia no puedan sobrevivir. Y
nosotros pensamos que esto hay que revertirlo, que el gasto público debe ir dirigido directamente y ante todo a las personas que más lo necesitan, y no el gasto político, como, entre otros, observamos en estos presupuestos generales del Estado.
Tenemos un Gobierno que, en lugar de invertir en dependencia, pone luces moradas en las comisarías. Tenemos un Gobierno que, en lugar de invertir en que no mueran ochentas personas al día sin una prestación por dependencia, pinta los pasos de cebra
de colores. Tenemos un Gobierno que se dedica a hacer puntos violetas, en lugar de asistir a todas aquellas personas con discapacidad y dependencia de este país. Por lo tanto, por supuesto que es necesario un gasto público y, desde luego, es
innecesario un gasto político, que es el gasto por el que ha optado este Gobierno. Y, por supuesto, también estamos de acuerdo con su documento en la parte en la que se afirma
que esta desigualdad territorial existe; es parte de nuestro credo y hay que revertirla. Y, por último, dice su documento que hay que reformar el sistema actual para posibilitar la permanencia de las personas con discapacidad en su
domicilio, y, desde luego, estamos absolutamente de acuerdo, pensamos que es una prioridad e insisto en que el gasto público tiene que ir al servicio público y al bien común, y no en lo que todos estos sucesivos Gobiernos están invirtiendo.
Muchísimas gracias.
El señor PRESIDENTE: A continuación tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Carmen González Guinda.
La señora GONZÁLEZ GUINDA: Muchas gracias, presidente.
Ante todo, agradecer su intervención, señor Castro, señor García, y entender su vehemencia en defensa de una realidad que tristemente ha estado relegada, por no decir negada, durante demasiado tiempo.
Claro que coincidimos en el reconocimiento del gran esfuerzo económico que las personas con discapacidad y sus familias tienen que soportar, de ahí la defensa que en todo momento hacemos desde el Partido Popular de las familias y sus
derechos y de la necesidad de mayores apoyos y prestaciones. Por otro lado, todo el reconocimiento al gran esfuerzo que las entidades del tercer sector han hecho especialmente durante esta pandemia. Han sido los grandes olvidados. Su esfuerzo y
el de los profesionales para mantener terapias y apoyos, así como el esfuerzo de los propios usuarios y sus familias merecen un claro reconocimiento. Por eso quiero resaltar que en la tramitación de la Ley de presupuestos se haya vetado al Partido
Popular la creación de un fondo COVID para las asociaciones del tercer sector por importe de cinco millones de euros, que considerábamos y seguimos considerando imprescindible para tratar de compensar el esfuerzo inversor del sector durante la
pandemia.
Me van a permitir traer aquí el tema de los fondos europeos. Todos estamos de acuerdo en que han de llegar a las asociaciones del tercer sector, a las personas con discapacidad, y en esa línea también iban nuestras enmiendas -vetadas, por
cierto- a los presupuestos. Quería preguntarles si ustedes como entidad del tercer sector se han podido acoger a la última convocatoria de proyectos para el fomento de la desinstitucionalización del pasado 4 de noviembre. ¿Han contado con tiempo
suficiente para presentar algún proyecto de la envergadura que estas subvenciones requieren? Somos conscientes de los problemas que las pequeñas asociaciones están teniendo para acceder a estos macroproyectos y son muchas las entidades que nos
transmiten su preocupación por quedar fuera, algo en lo que se ha incidido en cuanto a las dificultades de estas pequeñas entidades. Hoy hemos tenido la resolución de esta subvención y solamente se han aceptado proyectos para seis entidades de las
diecinueve que optaron, y eso que muchas de las pequeñas, repito, quedaron fuera.
En cuanto a la situación actual de los afectados por polio y síndrome pospolio a los que hacía alusión el señor Castro, quiero recalcar que una de las mayores necesidades que nos han transmitido las asociaciones con las que nos hemos reunido
no es otra que la necesidad de la corrección del real decreto de 2009 respecto a la flexibilización de las jubilaciones anticipadas. El requerimiento del Real Decreto 8/2015, de 30 de octubre, por el que se establecía que la edad de jubilación
podría ser anticipada en el caso de personas con discapacidad en un grado superior al 45 % siempre que se tratara de discapacidad en la que concurrieran evidencias que determinasen de forma generalizada y apreciable una reducción de la esperanza de
vida, entre las que evidentemente se encuentran los afectados por polio y síndrome pospolio, era ni más ni menos que un reconocimiento al mayor esfuerzo y la penosidad que el desarrollo de una actividad profesional comporta para una persona con
discapacidad, entendiendo que ese era el motivo de la promulgación del Real Decreto 1539/2003, que establece los coeficientes reductores de la edad de jubilación a favor de los trabajadores que acrediten un grado importante de discapacidad. Pues
bien, la realidad es que muchas de las personas con las discapacidades contempladas en el artículo 2 del Real Decreto 1851/2009 contaban con los más de quince años exigidos con una discapacidad superior al 33 %, lo cual hasta entonces había sido
suficiente para acceder a las ventajas que con anterioridad a la publicación del real decreto de 2019 existían para personas con discapacidad, es decir, la subida de grado no habría producido ningún efecto y por ello no solicitaron en su momento un
reconocimiento de un grado superior que sin duda poseían, de ahí que las cifras de las personas que pudieron acceder a dicha jubilación anticipada sean tan bajas, es decir, en los últimos diez años solo 2675 con discapacidad reconocida superior al
45 %.
Con todo ello, quiero decirles que el PP en el Senado se sumó a la moción del pasado mes de julio instando al Gobierno a la flexibilización en cuanto a la exigencia de que el grado de discapacidad del 45 % se mantenga durante los quince
años, así como la flexibilización de los requisitos respecto a la acreditación, que salió adelante por unanimidad. Por eso quería plantearles esta pregunta: ¿Qué opinan de que en la reciente tramitación del anteproyecto de ley de reforma de la
Seguridad Social en esta Cámara no se haya contemplado nada al respecto? Únicamente se ha contemplado instar al Gobierno a remitir a la Comisión del Pacto de Toledo en el plazo de seis meses un informe acerca de los aspectos relacionados con la
recomendación 18 del Pacto de Toledo. ¿No creen que hubiera sido más fácil tener ya ese informe y así se hubiera introducido ya en la citada modificación de la Ley de Seguridad Social? Por otro lado, en la tramitación de los presupuestos, ¿no les
ha extrañado que EH Bildu, grupo que hoy les ha convocado aquí, retirara todas las enmiendas referidas a la modificación del sistema de pensiones? Queda claro que para ellos existen otros acuerdos más prioritarios.
Pues bien, estaremos expectantes a estos plazos para que no quede todo en falsas promesas de este Gobierno, puesto que al respecto nos han anunciado en múltiples reuniones las asociaciones con las que nos hemos reunido que están hartos de
iniciativas parlamentarias bienintencionadas que quedan simplemente en eso y nos exigen dar un paso adelante, en lo que ya digo que hay consenso. De lo que no estamos seguros es de si este Gobierno y sus socios, incluido quien aquí les ha traído,
están dispuestos a darlo.
Muchas gracias, presidente.
El señor PRESIDENTE: A continuación tiene la palabra por parte del Grupo Parlamentario Socialista su portavoz, Luisa Carcedo.
La señora CARCEDO ROCES: Muchísimas gracias, presidente. Muchísimas gracias a los comparecientes por sus intervenciones y por trasladarnos su situación para que nos hagamos cargo de sus inquietudes y necesidades.
Estamos ante la historia de un negacionismo, de un negacionismo en este caso de las vacunas pero que es un negacionismo al conocimiento, eso de que inventen ellos. Estamos hablando de un negacionismo al respeto a la condición humana en los
aspectos de la democracia, de las libertades de verdad -y, en fin, podríamos hablar mucho de esto de la libertad de verdad-, y estamos hablando de los resultados de un desprecio a todo ello, no solamente de un negacionismo a la propia existencia de
las vacunas, que como consecuencia ocasionó que muchos niños se contagiaran, algunos con síntomas evidentes, y otros con síntomas solapados y en los que ahora aparece el síndrome pospolio.
También se ha puesto de manifiesto la carencia de un sistema sanitario que preservara la cadena del frío en las vacunas, lo cual hace que, efectivamente, resultaran ineficaces. ¿Cuándo se administran? En los años sesenta, sí, pero son
ineficaces porque se ha roto la cadena del frío y, por tanto, no sirven. En definitiva, estamos hablando de una triste historia de este país, una expresión más de todas las tristes y tristísimas historias que se vivieron en este país en esos
cuarenta años de dictadura; una expresión más, y aquí tenemos que solidarizarnos con las personas que, además de todo lo que vivimos colectivamente, sufrieron específicamente una nueva agresión.
Saben que la ley de memoria democrática se está tramitando en el Congreso y que se está trabajando en la ponencia para reflejar una consideración específica sobre su situación, al igual que en la ley de Seguridad Social. El Partido Popular
ya dijo antes de que llegara aquí que no la iba a apoyar, de modo que papel mojado todo lo que están manifestando. O sea, se puede hablar lo que sea, pero luego la realidad es otra, el trigo que hay que dar, lo mismo que en la dependencia, porque
hay no sé cuántos que la padecen y no se les atiende: 4600 millones de recorte durante la etapa de Gobierno del Partido Popular. Y respecto al plan de choque que se está llevando a cabo para recuperar esos recortes, por importe de 3600 millones,
votan en contra en todos los presupuestos. En fin, no sé de qué hablamos. A lo largo de la historia de la democracia se fueron tomando medidas, entre ellas, por ejemplo, la Ley de atención a la dependencia, para atender la situación de personas
dependientes, el empleo subvencionado para las personas con discapacidad, todo un conjunto de medidas. Lo que ocurre es que en algunos colectivos la legislación general encaja mal, y pongo el ejemplo de la ley de Seguridad Social y los requisitos
para las jubilaciones anticipadas, porque algunas personas, cuando la enfermedad vuelva a aparecer en forma de síndrome pospolio, sufrirán unas discapacidades que antes no tenían, de modo que resultará difícil que se cumpla con esos requisitos. Y
de eso se trata, eso es lo que hay que estudiar y es en lo que hay que trabajar, para que la legislación, en casos específicos como el de este colectivo de personas que han sido
enfermas de esta epidemia, pueda encajar ante esa situación, por las propias características de la enfermedad; sin duda, en otros casos es posible que eso suceda y que se puedan cumplir los requisitos. En el caso de los copagos, en los
presupuestos del año 2021 se incluyó al colectivo de menores, que estaba excluido y tenían que pagar el copago de sus padres.
Por tanto, como corolario de todo ello, me parece importantísimo que se asocien, que hagan un manifiesto de su situación concreta para que el legislador tenga en cuenta esas circunstancias que impiden que la legislación general se pueda
concretar en casos específicos que conllevan padecimientos concretos. Por tanto, les agradezco muchísimo su comparecencia, que nos pone negro sobre blanco algunas situaciones, y, aprovechando que están en tramitación en esta Cámara leyes que tienen
que ver con sus situaciones específicas, permite que lo tengamos en cuenta y lo recojamos, y no digamos que no la votamos simplemente porque la propone un Gobierno -en fin, no voy a decir cómo se le califica- que es progresista.
Muchísimas gracias por sus intervenciones y por su vehemencia, que yo también la tengo.
El señor PRESIDENTE: A continuación, tienen ustedes la palabra. Tienen diez minutos. Cuando ustedes quieran.
El señor REPRESENTANTE DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD COTA CERO (Castro Belmonte): Ante todo, quiero agradecer la tolerancia y la comprensión, aunque sea surrealista. Nuestra realidad, por desgracia, a pesar de que
es completamente real, tiene atisbos de surrealista muchas veces.
A la pregunta de si nos vemos recompensados, la respuesta es que queremos reconocimiento y queremos que se nos incluya como víctimas del franquismo. Y como viene siendo una característica histórica en los afectados de polio, nuestras
reivindicaciones son para todo el colectivo de personas con discapacidad, por lo tanto, cualquier cosa que se trabaje en función de mejorar las condiciones de las personas con discapacidad la damos por buena como recompensa. Pero sí queremos
reconocimiento, porque, señoras y señores diputados, España, desde el punto de vista de la discapacidad, es lo que es gracias al colectivo de la polio, y perdonen ustedes la falsa modestia, pero es así, es gracias a los que salimos a la calle, los
que nos encadenamos reivindicando, los que conseguimos la Lismi y los que a día de hoy, con más años que vergüenza, seguimos en la lucha, y seguiremos hasta el último día. Lo que no queremos es, dentro de veinticinco años, un monumento en una plaza
emblemática: 'Homenaje al cojo desconocido'. ¿De acuerdo? Queremos soluciones ahora.
En relación con lo que comentaba su señoría respecto a las causas que llevaron al franquismo a esto, he de decirle que el postpolio es un tema grave, es un tema en el que no puede haber debate médico. Podemos negar también la evidencia del
postpolio, pero es una realidad, si no, que nos lo pregunten a más de uno de nosotros que, cuando se tienen que levantar por la mañana, se tienen que tomar lo que no está escrito para poderse mantener en pie.
A su señoría le he de decir que, efectivamente, en 1963 hubo un descenso notable de los casos de polio, pero es que la epidemia se inició y la vacuna se debió empezar a repartir en el año 1955, no en 1963. Toda Europa empezó a vacunar en el
año 1955, por lo tanto, España llegó con ocho años de retraso, y la evidencia de disminución de casos pone de manifiesto que algo no se hizo, voluntariamente. ¿De acuerdo?
Voy a dejar aquí mi intervención. Quiero gradecer la comprensión y el apoyo, pero, cuidado, señoras y señores diputados, porque yo tengo muy buena memoria, y cuando una persona representa a la ciudadanía y se compromete a apoyar, no lo
vamos a olvidar. Les vamos a perseguir, no les quepa la menor duda.
El señor PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD COTA CERO (García Fuentes): Gracias, presidente.
Por hacer un recorrido cronológico, primero, a Mertxe Aizpurua, quiero decirle que efectivamente, como acaba de comentar el compañero Alberto, lo que pedimos es reconocimiento y reparación, lo que la ley les reconoce o les pretende reconocer
a todos los demás, no queremos ser ni más ni menos, pero por lo menos estar ahí.
Me preguntaba sobre la ampliación del concepto de familia numerosa. Efectivamente, como usted bien dice, yo, por ejemplo, soy uno de los damnificados. Yo tengo dos hijas, éramos cuatro en casa y yo tenía la consideración de familia
numerosa. Cuando mis hijas ya se convierten en mayores de edad y
vuelan del nido, a partir de ese momento yo ya pierdo esa consideración, por tanto, yo ya no tengo descuentos en el impuesto de bienes inmuebles, yo ya no tengo el bono social de la energía, en fin, una serie de circunstancias. Por ejemplo,
si yo ahora me quiero apuntar a cualquier tipo de estudios, pues no tengo tampoco el descuento propio que te aplicaban en el tema de las matrículas. Y, por ejemplo, hemos venido en el AVE, y si yo hubiera tenido la consideración de familia
numerosa, pues a mí me hubieran aplicado hoy un descuento, que me lo quitaron en el momento en que mis hijas se emanciparon. Eso es tremendamente injusto. ¿Y saben por qué? Porque, básicamente, el 90 % de los costes los seguimos manteniendo
igual, o sea, yo pago más o menos la misma luz que cuando estaban mis hijas. Es decir, que hay cosas de ese tipo que son absolutamente irracionales, y por eso es por lo que consideramos que es importante que se nos incluya a las personas con
discapacidad en el régimen de las familias numerosas.
Quiero comentarle al representante del PDeCAT que, efectivamente, con mantener a las personas con discapacidad y a los dependientes en su propio domicilio, primero, se cumpliría por primera y única vez un mandato expreso de la Convención
Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es de 2008, que ya ha llovido, y sistemáticamente estamos incumpliendo en todos los parámetros, en accesibilidad, etcétera, en fin, en todo lo que usted me pregunte estamos
incumpliendo. Entonces, en algún momento también tendremos que hacer algo para cambiar esta dinámica. ¿O vamos a seguir así eternamente? Y, sobre todo, me ha encantado lo que usted ha dicho, que además es infinitamente más sostenible mantener a
estas personas en sus domicilios que no generar estos mamotretos donde, al final, lo que hay es el puro negociete de toda la vida y lo que prevalece es eso, el sostenimiento de ese tinglado en defecto del bienestar de los propios ingresados, que,
por cierto, en la inmensa mayoría lo están en contra de su voluntad. Yo les invito a ustedes a que en cuanto tengan ocasión de acudir a una residencia o a algún sitio de este tipo, al margen de que vayan acompañados de los directivos, etcétera,
pregunten ustedes a los propios afectados y además pregúntenles en condiciones de intimidad, o sea, que no les puedan luego sancionar o repercutir algún tipo de comentario que la dirección considere inapropiado. Háganlo ustedes y verán cómo el
sistema hace aguas por todos los lados. Pero yo les diría más, no lo hagan solo por ellos, háganlo por ustedes también. Es que ustedes pasado mañana pueden verse en unas circunstancias parecidas y el sistema los va a coger y los va a meter ahí.
Entonces, sean ustedes también un poco egoístas, si se quiere, y digan, miren, esto no es bueno para ellos, pero es que para nosotros tampoco sería bueno. Entonces, háganlo ustedes bajo esa perspectiva y seguro que lo harán bien.
Al Grupo Republicano le comentaría que yo soy del año 1961, y si a mí me hubieran vacunado, pues yo seguramente no hubiera tenido que arrastrar y soportar la polio durante el resto de mi vida, entonces, miren ustedes, que me digan a mí dónde
habría que firmar para echar marcha atrás y que me vacunaran, porque yo lo haría. O sea, que efectivamente aquello fue una circunstancia que se podría haber evitado, sin lugar a dudas.
También ha comentado sobre la Ley de dependencia y la financiación. Ciertamente, hay mucho ruido con este tema y, efectivamente, hace falta más dinero para la dependencia, pero también hace falta un poco de coherencia. Les contaré algo
sobre las auxiliares que atienden a los dependientes, las auxiliares que están metidas dentro de la Ley de la dependencia. Saben ustedes que las administraciones dedican, aproximadamente, unos 15 euros/hora a las sociedades intermediarias que
contratan a las auxiliares, que son las que dispensan el servicio. Bueno, pues lo que cobran por el trabajo estas auxiliares está en torno a 6 euros/hora. Entonces, nosotros, que somos los afectados, nos preguntamos cómo podemos aspirar a tener un
servicio de calidad si está tan infrafinanciado. Por eso existen modelos como el holandés o el modelo suizo, donde son las propias administraciones las que dedican ese dinero directamente al dependiente y a la persona con discapacidad, y es esta la
que contrata directamente a la persona que le presta los servicios. Ahí se eliminan intermediaciones onerosas que, a nuestro juicio, no son necesarias y que, desde luego, lo que hacen es encarecer el coste del servicio, y sobre todo que ese dinero
lo perciba quien realmente ejerce el trabajo que son las auxiliares de la dependencia y no las entidades intermediarias.
Nos dice la representante del Grupo de Unidas Podemos que reformar el sistema lleva tiempo. ¿Pero sabe usted lo que pasa? Que nosotros cumplimos los años de dos en dos o de tres en tres. Nosotros estamos en tal tesitura que nos quedan dos
telediarios, entonces, en fin, yo creo que esto, si hay que establecer algún tipo de prelación entre lo urgente y lo prioritario, pues, mire usted, lo nuestro habrá que abordarlo con seriedad porque, si no, la mayoría de nosotros, desde luego, no lo
vamos a vivir.
A la representante de VOX, muchas gracias por su intervención. Quiero decirle que comparar el tema del COVID con el de la polio no es relevante por una razón, porque, como decía el compañero, es que
desde el año 1955 ya había vacuna y en España no se dispensaba porque los de la época decían que aquí no había pandemia y que aquí estábamos todos muy sanos y que estábamos todos muy bien, cuando ya había habido miles de fallecidos y decenas
de miles de afectados. Entonces, por eso decimos que somos víctimas del franquismo, porque en esa época estaba Franco en el Gobierno, que si hubiera estado quien fuera, pues sería quien fuera, por tanto, evidentemente, es el Estado el responsable
de aquello, y fue precisamente por eso, porque estábamos circunscritos a esa época.
Por otro lado, hablaba de encargar estudios para valorar el sobrecoste. No se puede usted ni imaginar la de estudios que hay ya por ahí dando vueltas, hay 200 000, para todos los gustos, para todos los colores, para todas las cantidades, en
fin, no lo sé. A mí la sensación que me da es que en las últimas tres décadas se han hecho un montón de estudios, se han hecho un montón de congresos, un montón de jornadas, un montón de todo lo que ustedes quieran, pero, al final, la realidad de
las personas ha sido la misma, no ha variado ni un pelo. Entonces, bueno, pues a ese tipo de cosas también habrá que darles una vueltecilla y decir, mira, vamos a dejarnos ya de liturgias, de filosofías y de historias y vamos a abordar el tema con
la seriedad que requiere.
Me dirijo ahora al Grupo Popular, a nuestra amiga Carmen, que dice que si nosotros hemos solicitado acceso a los fondos europeos y si hemos encontrado alguna dificultad. Nosotros somos fervientes defensores de que los servicios públicos
tienen que darlos las propias administraciones. A mí eso de que ahora surjan un montón de asociaciones o de grupos que quieran administrar y gestionar cosas para tal, yo dudo de la capacidad de muchos de ellos. Porque, claro, se juntan cuatro
amiguetes y dicen, venga, vamos a hacer una asociación, vamos a gestionar recursos, ¿y dónde está la capacidad técnica de esas personas para gestionar esos recursos? Así pasa lo que pasa, que al final pues hay muchísimas entidades de este tipo que
incluso tienen que cambiar hasta de nombre, es decir, entran por un nombre para gestionar unos servicios y llega un momento en el que hasta se desprestigian socialmente y lo que tienen que hacer es cambiar de nombre para no generar conflicto en la
sociedad. Eso es una mala praxis total. Los servicios, por favor, que los dé la Administración pública, porque, primero, así se le garantiza a la persona que verdaderamente los necesita que los va a tener. Aunque no sé quién mencionaba también,
no me acuerdo quién era, que se había hecho un esfuerzo sobrehumano por parte de las asociaciones con el tema de la COVID para poder seguir dispensando servicios, no sé quién lo decía. Bueno, les diré que la experiencia práctica puede ser muy
controvertida. Yo les puedo decir que, por ejemplo, personas de nuestra organización nos decían que las personas que se presentaban allí a prestarles los servicios...
El señor PRESIDENTE: Siento decirle que tiene que ir terminando. Yo creo que le podemos dar todos un minuto más, pero vaya terminando.
El señor PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD COTA CERO (García Fuentes): Perdón.
Decía que las personas que prestaban los servicios iban con los mismos guantes de un domicilio a otro, eso ha sido así, y muchas personas se presentaban incluso allí y no tenían tampoco material aséptico para hacer el servicio. Esto, por un
lado.
Por otro lado, respecto de la jubilación anticipada, voy a intentar ser telegráfico porque también quiero contestar al Grupo Socialista, si me lo permite, presidente. Respecto a la jubilación anticipada, creo que es un error el tema de los
quince años. Mantener el 45 % de discapacidad en los últimos quince años para poder acceder a la jubilación anticipada es un tremendo error. Es un tremendo error porque ustedes pueden tener un accidente mañana mismo y como consecuencia del mismo
quedarse usted incapacitado y a usted las administraciones sí le reconocen el derecho a su pensión, entonces, esto es algo muy similar. A una persona que con infinita dificultad ha estado soportándolo y llega un momento en el que dice, bueno, mire
usted, yo me jubilo ahora, pues tener que exigirle lo de los quince años me parece una barbaridad.
Para terminar, me dirijo al Grupo Socialista. Decía María Luisa que las vacunas eran ineficientes porque se había alterado la cadena de frío. No solo eran ineficientes, es que produjeron parálisis a las personas a las que se inyectaron y
que no estaban enfermas previamente. Es que fue todavía mucho más gravoso el tema, o sea, no solo es que no cumplieran con su misión, es que contagiaron del poliovirus a las personas.
Reitero lo mismo que he dicho en relación con la jubilación anticipada, lo de los quince años. Ese es un tema al que habrá que dar una vueltecilla, porque a la persona que esté en un estado deplorable no se
le puede decir: bueno, mira, tú tendrás que seguir arrastrándote a tu puesto de trabajo porque resulta que se te olvidó actualizar la discapacidad y ahora resulta que no estás en condiciones. Eso no puede ser.
Respecto al copago farmacéutico, me decían ustedes que habían añadido a los menores. Muy bien, pero es que, fíjense, yo, por ejemplo, durante toda mi vida laboral y profesional he estado contribuyendo al sostenimiento del sistema, y en
aquellas fechas todos los jubilados y pensionistas pagaban cero. En nuestros ámbitos de trabajo comentábamos esa tesitura y pensábamos: cuando nosotros lleguemos, también estaremos amparados por la misma norma. Y es una pena, señorías, que no sea
así.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias por su exposición.
Ahora, todos los portavoces tienen un minuto para alguna puntualización, alguna aclaración o lo que crean conveniente. De todos modos, me permito decirles que les agradecería, creo que los comparecientes también, que su aclaración o su
puntualización tuviera que ver con las cosas que han expuesto los comparecientes. ¿De acuerdo?
Les iré citando. Mertxe Aizpurua.
La señora AIZPURUA ARZALLUS: Muchísimas gracias.
Nada más. Muchas gracias por venir
El señor PRESIDENTE: Genís Boadella. (Denegación). Norma Pujol. (Denegación).
Por el Grupo Confederal, Mercedes Merino.
La señora PÉREZ MERINO: Quiero darles las gracias, apoyarles y conminarles a seguir, tanto ustedes como nosotros, en esta pelea que es la de todos, por muy surrealistas que algunos se crean que somos.
El señor PRESIDENTE: Rocío de Meer.
La señora DE MEER MÉNDEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Bueno, yo en ningún momento he negado la polio, de hecho, tampoco niego el COVID. Yo he perdido, además, a dos familiares por COVID, de los cuales no me he podido despedir precisamente por culpa de este Gobierno. Negacionista además será
el señor Echenique, que decía que esto era solo una gripe más fuerte que la del año pasado. Y, en cualquier caso, lo que me parece surrealista es que hoy nos encontremos debatiendo sobre si los afectados por la polio en los años cincuenta o sesenta
han de ser considerados víctimas del franquismo en medio de una pandemia con 88 000 víctimas, y si esto no les parece surrealista, yo ya no sé.
La lucha de verdad, tanto de los afectados por la polio como de todas las personas con discapacidad de este país, es la lucha por la dependencia, es la lucha por las ayudas reales, es la lucha por que el gasto público verdaderamente llegue a
las personas que lo necesitan y, en definitiva, es la lucha por el bien común.
Muchísimas gracias.
El señor PRESIDENTE: Por parte del Grupo Popular, Carmen González Guinda.
La señora GONZÁLEZ GUINDA: Gracias, presidente.
Yo simplemente, desde el respeto que sabe que le tengo, señor García, quiero decirle que no comparto esta demonización que usted ha hecho de los centros residenciales o de los centros de empleo como mamotretos o negocietes. Eso no lo
compartimos en el Partido Popular y tampoco la utilización que ha hecho del término 'amiguetes' refiriéndose a las entidades del tercer sector.
En la primera comparecencia que hemos tenido, creo que ha quedado clara la gran labor que desde los centros residenciales y los centros especiales de empleo se ha estado haciendo durante la pandemia. Creo que están haciendo una gran labor
de inserción en los centros especiales de empleo y una gran labor en los centros residenciales, independientemente de que el proceso hacia la desinstitucionalización vaya a progresar, como yo le decía, respecto a las subvenciones, que creemos que
son importantes y que es importante que estos fondos europeos -y por ello hemos luchado desde el Partido Popular- lleguen a las entidades, que creemos es una forma de que lleguen a las personas con discapacidad y a sus familias.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Por parte del Grupo Parlamentario Socialista, Luisa Carcedo.
La señora CARCEDO ROCES: En resumen, de lo que se trata es de que las personas que están en determinadas circunstancias o con determinados padecimientos puedan acceder a las prestaciones, a los beneficios o a los servicios que requieran, y
eso se establece por derechos, y los derechos se regulan aquí, en Cortes Generales, y eso es lo que tenemos que hacer y ese es nuestro trabajo, y se hacen efectivos a través de servicios públicos que te garantizan la universalidad, la equidad y la
calidad para todos igual. Esa es la clave, no hay más, es así de sencillo.
Por otro lado, decir que los muertos por la COVID son por el Gobierno, en fin, no creo que tenga tanto poder. Porque el coronavirus parece que fue porque saltó de un animal salvaje, de un murciélago, al ser humano por la pérdida de
biodiversidad, y también eso es negacionismo del cambio climático, todo eso está ahí. No creo yo que este Gobierno tenga tantísimo poder como para ser la causa de esta pandemia.
Muchísimas gracias.
El señor PRESIDENTE: Tienen la palabra para decirnos adiós, para decirnos lo que crean, y también para reñirnos.
El señor REPRESENTANTE DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD COTA CERO (Castro Belmonte): De verdad, con el debido respeto, a mí me parece incorrecto -y estoy siendo muy amable- comparar la epidemia de polio con la COVID.
Yo tengo mi opinión respecto al tratamiento y a cómo se ha gestionado la COVID, pero lo que no me cabe ninguna duda es que Franco nos abandonó, y eso está demostrado, queramos justificar o desviar la atención como queramos. Franco abandonó a los
niños y niñas de este país, provocando centenares de miles de muertos, y eso es así independientemente de que el Madrid gane la Liga, llueva mañana o aparezca el sol, porque cada uno de esos problemas hay que abordarlos de forma diferente.
Y con el debido respeto también, les agradezco la atención y les pido premura. Como decía el compañero, no nos queda mucho tiempo, pero tengan la certeza de que moriremos matando.
Gracias.
El señor PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD COTA CERO (García Fuentes): Yo quería agradecer también a todos la benevolencia que han tenido para con nosotros y simplemente comentar algo. La integración laboral
de las personas con discapacidad se tiene que hacer en el mercado ordinario de trabajo. Yo, que he trabajado en una entidad financiera, sé lo que es venir con un contrato de trabajo de una empresa que no es solvente, por ejemplo, a la hora de pedir
un préstamo hipotecario. ¿O es que una persona con discapacidad no tiene derecho a pedir un préstamo hipotecario y comprarse una vivienda y tener a su familia? Claro, miren ustedes, eso se hace con un contrato de trabajo en condiciones, no con un
centro especial de empleo, que se caracteriza fundamentalmente, primero, por la precariedad y, en segundo lugar, por la escasa cantidad económica que se percibe. Es que solo con que la función pública cumpliera con su objetivo, el tema estaría
soslayado.
Muchas gracias, señorías. Agradecido, de verdad, por su benevolencia y estamos a su disposición para cuanto ustedes necesiten de nosotros. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias a ustedes.
Ahora se levanta la sesión y, al mismo tiempo, comienza la ponencia.
Se levanta la sesión.
Eran las cuatro y cuarenta y cinco minutos de la tarde.
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