CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2021 XIV LEGISLATURA Núm. 551

HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ELOY SUÁREZ LAMATA

Sesión núm. 21

celebrada el jueves,

18 de noviembre de 2021

ORDEN DEL DÍA:


Comparecencia de la señora ministra de Hacienda y Función Pública (Montero Cuadrado):


- Para informar de las líneas generales de la política de su departamento en materia de Función Pública. A propuesta del Gobierno. (Número de expediente 214/000133) ... (Página2)


Acuerdo sobre la celebración de las siguientes comparecencias de la ministra de Hacienda y Función Pública:


- Para informar de la actividad por parte del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas desde que el pasado 16 de marzo el Gobierno aprobara el penúltimo acuerdo por el que se concedía asistencia a cargo de dicho fondo hasta el
20 de junio. A petición del Grupo Parlamentario VOX. (Número de expediente 213/001400) ... (Página45)


- Para que dé explicaciones sobre la recaudación del impuesto sobre determinados servicios digitales y el impuesto sobre las transacciones financieras, su grado de implantación, afectación y las posibles consecuencias sobre el tejido
productivo de España. A petición del Grupo Parlamentario VOX. (Número de expediente 213/001550) ... (Página45)


- Para que explique los compromisos asumidos por el Gobierno, así como los términos y condiciones del 'Operational Arrangement' firmado con la Comisión Europea en relación con los fondos europeos Next Generation EU que el Gobierno intenta
ocultar. A petición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 213/001557) ... (Página46)

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- Para que explique las cesiones que ha comprometido el Gobierno de España con EH Bildu a cambio de su apoyo parlamentario al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022. A petición del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso. (Número de expediente 213/001573) ... (Página46)


- Para que explique las medidas que va a adoptar para compensar la reducción de ingresos municipales tras la Sentencia del Constitucional, anulando el impuesto de la plusvalía municipal. A petición del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso. (Número de expediente 213/001584) ... (Página46)


- Votaciones ... (Página48)


Se abre la sesión a las diez de la mañana.


COMPARECENCIA DE LA SEÑORA MINISTRA DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA (MONTERO CUADRADO):


- PARA INFORMAR DE LAS LÍNEAS GENERALES DE LA POLÍTICA DE SU DEPARTAMENTO EN MATERIA DE FUNCIÓN PÚBLICA. A PROPUESTA DEL GOBIERNO (Número de expediente 214/000133).


El señor PRESIDENTE: Buenos días, señorías.


Damos comienzo a esta sesión que tiene por objeto dos cuestiones. La primera de ellas es la celebración de la comparecencia de la señora ministra, a quien damos la bienvenida, y la segunda es el debate de los siguientes puntos del orden del
día. Se lo comunico a efectos de su organización.


Si les parece, vamos a dar paso al primer punto del orden del día que es la celebración de la comparecencia, a petición propia, para informar de las líneas generales de la política de su departamento en materia de Función Pública.


Tiene la palabra, señora ministra.


La señora MINISTRA DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA (Montero Cuadrado): Muchas gracias, presidente.


Buenos días, señorías. Comparezco por primera vez ante esta nueva Comisión de Hacienda y Función Pública, una Comisión que se constituyó formalmente, como conocen sus señorías, el pasado 20 de septiembre, tras la remodelación del Gobierno y
asumiendo el Ministerio de Hacienda las competencias de Función Pública. Señorías, la coincidencia en el tiempo con la aprobación del anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2022 ha hecho que se retrase esta comparecencia al
día de hoy.


Como no puede ser de otra manera, inicio esta intervención reafirmando el compromiso del Gobierno con unas administraciones públicas modernas, de calidad, adaptadas a las necesidades y a las expectativas de la ciudadanía y, sobre todo,
capaces de afrontar los múltiples retos que tenemos como sociedad. El fin último de las administraciones públicas es servir a los ciudadanos y a las ciudadanas de este país, además de garantizar los derechos y libertades que les reconocen las leyes
y prestar servicios públicos que nos permiten ser una sociedad cohesionada, equilibrada y justa, en definitiva, vertebrando el modelo de Estado autonómico y del bienestar.


Las administraciones públicas son la base sobre la que pivota ese contrato social del que nos hemos dotado para eliminar inequidades, redistribuir parte de la riqueza y, por tanto, aspirar a mejores cotas de bienestar social. Me gusta
decir, respecto a la parte del contrato social, que todos somos conscientes de la necesidad de que, ante la salud, la educación o la vulnerabilidad, todos los ciudadanos tengan una respuesta más allá de su nivel de renta. Cada vez es más visible y
más reconocible el papel que las administraciones han jugado en la sociedad española desde la Transición. Junto a esta parte imprescindible de función que tiene el sector público, también hay un desempeño que cada vez se muestra más decisivo, sobre
todo ante problemas como los que hemos vivido como consecuencia de la pandemia, respecto al dinamismo económico, es decir, la aportación que se hace en términos de empleos directos e indirectos, pero también las inversiones que se movilizan para que
el tejido productivo, fundamentalmente, cuando hay dificultades en otros entornos, sobre todo en el entorno privado, pueda servir de tracción.

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Por otra parte, soy de las que defienden el papel tan importante que han de jugar las administraciones públicas en la innovación, en la investigación y también en la traslación del conocimiento desde el sector público al sector privado y en
la capacitación del capital humano, ya que somos administraciones que formamos de forma adecuada a las personas que trabajan en nuestro entorno. También tenemos que disponer de una red de seguridad que permita una mayor competitividad -simplemente
el sistema sanitario aporta, por ejemplo, una gran garantía a la salud de los trabajadores, elemento que no es baladí para asegurar la competitividad de un país- y de una red de infraestructuras que sostenga el transporte de bienes dirigido al
sector productivo y también la movilidad. En definitiva, de lo que hoy hablamos es de la clave de bóveda de nuestro modelo de convivencia y del bienestar social, pero también del progreso económico.


Por eso, cuando hay ciertos discursos respecto a las administraciones públicas que dicen que son un derroche que no nos podemos permitir, la pregunta sería: ¿qué modelo de sociedad persiguen estas personas o estos grupos de interés que
trasladan estas cuestiones? Porque es evidente que si algo ha quedado claro a lo largo de la pandemia ha sido justamente la necesidad de contar con un Estado fuerte y con administraciones ágiles y coordinadas que sean capaces de responder a retos
imprevistos de estas dimensiones con un resultado globalmente más que satisfactorio. Por eso, cuando en lo peor de la pandemia todo el país se confinó y solo los sectores esenciales y las administraciones públicas trabajaron sin descanso para dar
soporte a las necesidades de la ciudadanía, se puso muy en evidencia realmente cuáles eran los resortes sociales imprescindibles para asegurar esa convivencia. Y fueron los empleados públicos, ellos y ellas, los sanitarios, los docentes, las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y tantos y tantos otros que han estado en primera línea quienes nos han ayudado durante este periodo a superar la crisis con el reconocimiento unánime de profesionalidad, entrega y también vocación de servicio durante
más de un año y medio largo que ha durado esta pandemia, un ejemplo, señorías, de servicio público que no solo se limita a la excelente actuación que han desarrollado los profesionales sanitarios, sino otros muchos profesionales, aunque a veces su
visibilidad no sea tan clara. Pero igualmente ha ocurrido con la tragedia de la erupción del volcán de La Palma, con las inundaciones en Andalucía en meses pasados, en Extremadura y en Baleares, o con los miles de incendios que se han registrado a
lo largo de nuestra geografía el pasado verano. Hay muchos otros ejemplos en los que seguro que sus señorías pueden pensar, pero en todos ellos se ha demostrado ese papel irreemplazable de los servicios públicos y, por tanto, de los empleados
públicos. Por ello siempre combato este discurso que late muchas veces en los relatos que se formulan por parte, como decía antes, de algunas formaciones o de algunos grupos de interés con los que se quiere asimilar lo público a la ineficiencia y
ensalzar la gestión privada como un ejemplo de buena gestión. Diría que ese argumento o esa afirmación no solo falta a la verdad, como ponen en evidencia los datos y las estadísticas, sino que también falta al respeto a casi 3 millones de empleados
públicos que trasladan todos los días toda la fuerza de su trabajo y también de su talento para que esos derechos de los ciudadanos estén garantizados.


Saben las personas que participaban en la Comisión previa de Función Pública que mis predecesores al frente de esta cartera explicaron a sus señorías las líneas generales que teníamos durante la legislatura y que, evidentemente, no varían
sustancialmente de las mías porque, como todas las cuestiones que se trasladan en las comisiones, son objetivos compartidos por el Gobierno y, por tanto, políticas que nos competen a todos. La coincidencia en lo sustancial no es ningún problema
para que hoy les traslade las prioridades que, como nueva responsable de esta cartera, me he marcado para lo que resta de legislatura. Estas prioridades aparecen recogidas ya en el componente 11 del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia cuyo objetivo, como reforma importante que se compromete con la Unión Europea, es la modernización de las administraciones públicas para adaptarlas a los desafíos de la sociedad del mundo post-COVID, desafíos que igualmente tienen su
plasmación en el resto de componentes, retos, hitos y objetivos que se marcaron en el plan, como ustedes conocen, transparente para todos aquellos que lo quieran consultar.


No quiero dejar escapar esta oportunidad para insistir en que esta modernización también es un elemento fundamental para la legitimación social de los servicios públicos. Estoy convencida de que solo si el sector público es capaz de atender
las necesidades y expectativas de la clase media y trabajadora, que sufraga con sus impuestos el Estado del bienestar, y si solo se legitima por parte de este sector de la población, los servicios públicos tendrán sostenibilidad en el tiempo. Dicho
de otra manera, la garantía de que sean unos servicios públicos excelentes es que se utilicen por la sociedad, como digo, normalmente la clase media y la clase media-alta, por los índices de calidad y la seguridad de que están disponibles

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cuando se necesitan, aun teniendo otras alternativas. Este tiene que ser el espíritu que nos conduzca a construir una administración más proactiva y que incorpore derechos y servicios de nueva generación. No se trata solo de prestar
servicios, sino de garantizar tiempos para que los ciudadanos sepan que se va a poder cumplir con sus expectativas y que la respuesta que se proporcione será rápida. Además, señorías, la administración tiene que rendir cuentas de forma más
transparente a través de indicadores que puedan ser homogéneos, medibles y fácilmente utilizables por parte de los ciudadanos y también tiene que facilitar la participación de la ciudadanía en el diseño de esos servicios -algo en lo que la mayoría
de las administraciones llevan trabajando desde hace bastante tiempo y hay algunas experiencias que merecen la pena ser estudiadas y, en su caso, ser llevadas a otros ámbitos de la política o a otras administraciones públicas- para mantener en el
tiempo el reconocimiento y el aprecio de la sociedad, imprescindible para su viabilidad.


Por ello, el Plan de Recuperación y la hoja de ruta del Gobierno establecen varios ejes fundamentales. En primer lugar, tenemos que avanzar en la transformación digital de la administración a nivel transversal en cinco áreas que para
nosotros son estratégicas como la de la justicia, la de los servicios públicos de empleo, el SEPE en concreto, la de la salud pública, la de los consulados, que algunas veces tienen esperas que consideramos francamente mejorables, y también la que
corresponde a la Administración Territorial del Estado. Estas áreas han estado tradicionalmente menos desarrolladas en términos de digitalización y requieren, por tanto, un empuje adicional.


En segundo lugar, tenemos que avanzar en la transición energética en el conjunto también de las administraciones incluyendo medidas que van dirigidas al ahorro, a la eficiencia energética, a la renovación de edificios o al uso de energías
renovables y la movilidad sostenible. Creo que el sector público tiene que dar ejemplo en esta materia y además tiene que ser un potente motor de empleo de las empresas licitadoras que ayude y que conforme también una parte de capacitación del
personal que permita atender los requerimientos del mercado laboral y, como sus señorías conocen, en estas áreas, francamente, podemos incrementar esa formación.


En tercer lugar, esa modernización de la Administración pública nos tiene que permitir una mejora en la gestión administrativa y financiera. Tenemos que ser más rápidos y más ágiles a la hora de prestar los servicios. En las relaciones
interadministrativas hay que establecer puentes y tiene que haber fluidez en el contacto entre las diferentes administraciones pertenecientes al mismo sector o a sectores distintos y también hay que reforzar el marco de la contratación pública, que
suele ser, como sus señorías saben, un área siempre de preocupación de todas las administraciones, o la propia ejecución del Plan de Recuperación. Recuerden sus señorías que en el decreto ley que se tramitó se establecía de forma específica el
refuerzo de aquellas áreas donde va a haber una inyección, una inversión adicional, y, por tanto, tenemos que incrementar las capacidades ejecutoras de los órganos que correspondan. Y en este último, en este refuerzo del Plan de Recuperación,
estamos también trabajando en la creación de un sistema de información y de gestión que permita la correcta ejecución, sobre todo el seguimiento del plan por parte de todos, también de las autoridades europeas, y nos permita el desarrollo de
actividades formativas en aquellos entornos en donde detectemos que realmente pueden existir cuellos de botella o capacidad de mejora en la innovación para que los procedimientos discurran de forma más rápida.


El cumplimiento de todos estos objetivos, así sintetizados, va a requerir una inversión estimada de 4315 millones de euros, una cantidad sin precedentes y que espero que suponga un antes y un después en el desempeño de las administraciones
públicas de nuestro país. Y aquí termina, señorías, esta reflexión general que me parecía imprescindible para poder diagnosticar bien el marco en el que nos encontramos y también los retos a los que se enfrenta el sector público.


A continuación, voy a centrarme en los objetivos específicos que he subrayado para el departamento en los próximos meses en el ámbito de esta Función pública. Les voy a adelantar algunas de las medidas y posteriormente profundizaré en las
más complejas para que conozcan el alcance y la dimensión de lo que estamos hablando.


En primer lugar, creo que, y es una obviedad, hay que apostar por el empleo estable y de calidad y acabar con la excesiva temporalidad en el sector público aprobando las ofertas extraordinarias de empleo y las ofertas ordinarias antes del
día 1 de junio del año 2022. Una vez que el real decreto-ley, que se ha venido a llamar de interinos, esté aprobado, todos hemos de ser capaces de imprimir el ritmo necesario para estabilizar 300 000 puestos de trabajo para acabar con una situación
no deseada por parte de nadie, pero menos por parte de las personas que tienen que posponer la elaboración de su proyecto vital.

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En segundo lugar, apostamos por la flexibilidad y por la conciliación y por ello queremos aprobar el real decreto de teletrabajo en la Administración General del Estado, que es donde tenemos competencia, para que se implante esta modalidad a
partir de enero del año 2022. Con ello también queremos incentivar que haya empleados públicos que elijan como lugar de residencia los territorios que han venido a llamarse territorios en riesgo de despoblación y lograr que el trabajo no sea un
elemento añadido de dificultad para ellos a la hora de vivir dentro de estas zonas. Recuerden también sus señorías que este decreto de teletrabajo es un decreto que nace después de la pandemia y, por tanto, con algunos aprendizajes imprescindibles
que a lo largo de esos meses hemos incorporado para que este real decreto, pactado -estamos en ello- con las organizaciones sindicales, nos permita dar respuesta, sin que eso repercuta en una merma de la calidad del trabajo que producimos.


En tercer lugar, tenemos que apostar por un modelo de empleo público que esté profesionalizado, que sea productivo, que sea eficaz y que sea motivador. Para ello, la nueva ley de Función pública, que vamos a aprobar, como también saben, a
lo largo del próximo año, tiene que contemplar algunos elementos que nos permitan retener y captar talento en las administraciones públicas. Hay que actualizar el catálogo de puestos de trabajo, que no está diseñado para responder a muchos de estos
nuevos retos tecnológicos planteados para el futuro. Hay que incorporar nuevos perfiles profesionales no existentes y también avanzar en métodos más ágiles de selección de personal, métodos que estén descentralizados en su ejecución y, además, a
ser posible, introduciendo la selección por competencia compatible con la evaluación de conocimiento. Creo que, cada día más, tenemos que tender a modelos de selección y a modelos de evaluación del trabajo que no consistan solo en una foto fija de
un examen o de un momento determinado y nos permitan evaluar las competencias que tienen asimiladas esos puestos de trabajo para que la formación y el desarrollo profesional sean un continuo a lo largo de la carrera del servidor público.


En cuarto lugar, apostamos por la igualdad plena y efectiva y, por tanto, tenemos que ejecutar este III Plan de Igualdad y aprobar un protocolo de acoso sexual en la Administración General del Estado. Siempre me refiero a Administración
general, insisto, por el reparto, por la distribución competencial.


En quinto lugar, apostamos por la evaluación de políticas públicas. Creemos que tiene que ser una herramienta imprescindible para la mejora de la calidad, pero también para avanzar en la rendición de cuentas y por ello comprometimos para el
año 2022 la ley de institucionalización de la evaluación de las políticas públicas, que lleva implícita la creación de la agencia estatal de evaluación de las políticas públicas para el año 2023.


En sexto lugar, en el ámbito de Muface me gustaría destacarles también una importante novedad que es la incorporación, a partir de este mes, a la cartera de servicios la reproducción asistida a mujeres sin pareja, lesbianas y bisexuales,
incluyendo igualmente a personas trans con capacidad de gestar.


En séptimo lugar, en el ámbito del INAP queremos profundizar en el aprendizaje y la formación a lo largo de toda la vida y para ello vamos a crear un laboratorio de innovación como punto de debate, de encuentro, de experimentación y de
puesta en común de las buenas prácticas de los paquetes de medidas de transformación que se están llevando a cabo por parte de los diferentes departamentos.


En octavo lugar, en el ámbito de la transparencia y gobierno abierto pondremos en marcha mejoras en el portal de la transparencia, que tiene ámbitos que realmente pueden ser innovados, impulsando la apertura de datos, que es algo que también
es muy importante para este Gobierno, y socializando la información con todas las cláusulas y con todas las garantías, por supuesto, de confidencialidad, pero obteniendo bases de datos que sean sobre todo explotables para que las decisiones
políticas que se puedan adoptar nos permitan también ser bastante correctos y eficaces a la hora de dar soluciones a los problemas que se detectan. Otro compromiso de este Gobierno es la reutilización de la información en el sector público,
mejorando también lo que viene a llamarse la huella normativa, para permitir la trazabilidad en el proceso de elaboración de normas y también de la participación ciudadana, es decir, ser capaces de marcar cómo una norma, desde que nace hasta que
finalmente ve la luz, ha recogido las diferentes aportaciones que los distintos estamentos le van trasladando. Otro compromiso también es regular el Registro de Lobbies modificando la Ley de incompatibilidades del personal al servicio de las
administraciones públicas. Evidentemente, si alguien tiene que dar ejemplo, tiene que ser el Gobierno en un compromiso irrenunciable con la ejemplaridad en el desarrollo de las instituciones públicas.


Señorías, estos podrían ser los epígrafes más importantes en los que se enganchan e incorporan las perchas de cada una de las tareas y de las actividades que vamos a desarrollar a lo largo de los próximos meses y me voy a detener en algunas
que creo que tienen especial trascendencia y que hemos comentado con sus señorías a lo largo de los últimos meses. Espero, como decía, que todo esté coordinado, no

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solamente en la AGE, sino también en los ayuntamientos y en las comunidades autónomas, para que consigamos el objetivo que todos podemos compartir y que nos hemos marcado de forma colectiva.


En primer lugar, el objetivo de reducir la temporalidad en el sector público. En la actualidad, conocen el dato, aproximadamente un 30 % de los empleados públicos son temporales, una cifra realmente intolerable -casi uno de cada tres
empleados públicos- y una temporalidad que está por encima de la del sector privado, que es del 23,6 % según los datos del segundo trimestre de este año. El compromiso del Gobierno es situar esa tasa de temporalidad por debajo del 8 % en el
conjunto de las administraciones públicas, una exigencia que en este momento, si ustedes descienden algo más en la desagregación de datos, verán que solo se cumple por parte de la Administración General del Estado, que tiene una temporalidad del
7,04 %, frente a las cifras mucho más elevadas de otras administraciones territoriales. Es verdad que hay cierta tasa de temporalidad necesaria que tiene que ser aceptable en algunos servicios como, por ejemplo, el servicio sanitario, en alguna
provisión de servicio que tiene que cubrir con urgencia bajas que se presentan en la mañana en la que el trabajador tiene que acudir al servicio o situaciones imprevistas cuando tenemos que desarrollar una atención veinticuatro horas trescientos
sesenta y cinco días al año. Pero no es de recibo que realmente esa temporalidad, hoy por hoy, esté ocupando, a criterio de las propias administraciones, lo que podrían ser puestos estructurales y, por tanto, no hay cabida legal para que esas
personas no tengan un contrato estable como ese trabajo requeriría. Evidentemente, ustedes podrán imaginarse que, si alguien no tiene un contrato fijo, va a tener más dificultades para elaborar su propio proyecto vital, para emanciparse o para
hacer cualquiera de las cuestiones en las que razonablemente todos necesitamos una cierta certidumbre. Por ello el objetivo no es otro que ser capaces de combatir esa temporalidad utilizando algún instrumento como el Real Decreto-ley 14/2021 que se
está tramitando como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia al que estamos incorporando modificaciones que -no tengo dudas- nos van a permitir reducir esa temporalidad y conseguir el objetivo que nos hemos marcado. La ponencia de este
proyecto de ley se constituyó el jueves de la semana pasada en esta misma Comisión, y, por tanto, no voy a entrar en detalle de las cuestiones que se abordan en ella porque entiendo que sus señorías conocen, incluso mejor que yo, los puntos y las
enmiendas que van a discutir y, por tanto, a incorporar al texto definitivo para que demos una respuesta, al menos por un periodo largo, satisfactoria a una situación que nadie desea.


También quiero decirles, señorías, que ya hemos llegado a algunos acuerdos que desde mi punto de vista son trascendentales. Por ejemplo, la semana pasada alcanzamos un acuerdo entre distintas formaciones políticas de manera que los
interinos que lleven más de cinco años en la misma plaza no tendrán que presentarse a la fase de oposición, una medida que va en línea con las disposiciones judiciales y que entendemos razonable, insisto, puesto que no ha habido posibilidad de que
estas personas pudieran optar a una plaza en propiedad en el sector público debido a la limitación que la tasa de reposición ponía al conjunto de administraciones para que el volumen de plazas que se ofertara no coincidiera exactamente con el
volumen de temporalidad que albergaban estas administraciones. Por ejemplo, a fecha de julio de 2021, ya estaban autorizadas en oferta de empleo público un total, fíjense, de 219 464 plazas, evidentemente en Administración central y autonómica, y
se han convocado 159 945 de esas 219 464, de las que se han cubierto 66 715 plazas. Por eso decía que no solo es imprescindible convocar las plazas, sino articular procedimientos de selección que sean realmente mucho más ágiles porque aquellos que
tenéis experiencia en este tipo de áreas sabéis que desde que se autoriza una convocatoria hasta que se resuelve y el funcionario toma posesión, pasan tiempos que son realmente mejorables.


Esa acumulación de este número de funcionarios temporales, en buena medida, como decía antes, se debe a las acciones que se acometieron con motivo de la crisis económica de 2008: se suprimieron importantes ofertas de empleo público
-recuerden que hubo años con tasas de reposición cero- y no se cubrieron las plazas que quedaban vacantes. ¿Significó que se prescindiera de las tareas que se desarrollaban en esos puestos de trabajo? No en aquellos servicios que estaban
descentralizados, básicamente en las comunidades autónomas, y que tenían que ver, como les decía, con los servicios sanitarios y los servicios educativos, porque, en definitiva, la necesidad de la atención estaba por encima de cualquier otra
consideración y esto implicaba que se cubriesen de forma temporal e indefinida. Parece una contradicción la frase en sí misma, pero es la realidad: eran temporales de forma aparentemente indefinida.


En algunos sectores, como ustedes entenderán, donde esa tasa de reposición se suavizó, la situación era distinta y por eso no era homogéneo el reparto por los cuerpos y escalas de las propias

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administraciones, pero la realidad es que la tasa es la que les he comentado anteriormente y, por lo tanto, es una emergencia tener que tomar medidas muy rápidas para que esa situación se pueda corregir.


Quiero decirles también que en los Presupuestos Generales del Estado del año 2021 se elevó por primera vez la tasa de reposición al 100 %, al 110 % y al 115 %, de manera que desde el año 2018 hasta el año 2020, la tasa de reposición alcanzó
el 75 % y en sectores prioritarios el 100 %. Esto también ha permitido que en este momento haya un volumen de plazas convocadas muy importante. Saben ustedes que las administraciones autonómicas están inmersas en un proceso profundo de ofertas
públicas de empleo y que tenemos que ser capaces de que se complete con el resto de plazas que están ocupadas de forma temporal.


En lo que se refiere a la tarea de la Administración central, el Consejo de Ministros aprobó el pasado 27 de julio una oferta récord de 23 491 plazas, por encima de las 20 000 que se ofertaron en el año 2020. A esas 23 500 plazas
prácticamente hay que sumar 1920 para las Fuerzas Armadas y también 5034 para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ambas ofertas de empleo aprobadas previamente a esa sesión del Consejo de Ministros del mes de julio. En definitiva, la
cifra total de la oferta de empleo para este año asciende a 30 445 nuevos puestos de trabajo, lo que supone un incremento del 8,5 % en comparación con el año 2020. Es la mayor oferta ordinaria de empleo de la historia. Del total de plazas, 13 900
corresponden a nuevos ingresos y 9500 se van a ofertar para la promoción interna.


Si ponen ustedes en contexto este volumen de plazas de los tres años de Gobierno del presidente Sánchez, la oferta pública de empleo ha sido un 73 % superior a la de los seis ejercicios previos del Gobierno anterior. Se ofertan en estos
tres años 109 718 plazas frente a las 63 300 que se ofertaron entre 2012 y 2017. ¿Qué vamos a hacer en el año 2022 además de intentar agilizar la oferta pública de empleo? Pues vamos a incluir una tasa de reposición del 110 % como tasa general,
del 120 % para sanidad, para educación o para ciencia, y del 125 % para Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, policías autonómicas y locales. En cualquier caso, si ustedes conocen el real decreto-ley de interinos, verán que la propia
formulación de cómo tienen que constituirse para el futuro las convocatorias de ofertas públicas de empleo prácticamente lleva a la eliminación de la propia tasa de reposición, puesto que hay una obligatoriedad de convocar la plaza antes de que
transcurran tres años desde que la persona la ha ocupado de forma temporal, y esto significará que la tasa de reposición se tendrá que adaptar al volumen de plazas y a la oferta pública de empleo y no al revés. Hasta ahora, solo se sacaba el número
de plazas que cabían -si me permiten la expresión coloquial- en la tasa de reposición, y ahora el cálculo de esa tasa será la consecuencia de que todas las plazas temporales tengan una duración máxima de tres años. De hecho, esto significa que
durante los próximos meses y los próximos años tenemos que hacer un trabajo muy efectivo en esa reposición de las vacantes.


Además, hay que atender una dificultad que están teniendo las administraciones públicas, que es la elevada edad media que están teniendo las plantillas. En enero del año 2020, en la Administración General del Estado esta edad media ascendía
a 52 años frente a los 42 de media que existe en el sector privado. Por ser más concreta, más de un 66 % de los empleados públicos tienen más de 50 años. Esta situación nos permite adivinar que en apenas nueve años, de 2021 a 2030, casi el 57 % de
la plantilla de la Administración General tendrá que jubilarse. Esto, señorías, no puede coger de improviso a ninguna administración, sino que es conveniente que haya una planificación de cómo se tiene que ir produciendo de forma ordenada ese
proceso de recambio de los empleados públicos y aprovechar esa situación, como decía, para incorporar nuevos perfiles, para incorporar nuevas competencias profesionales que hace veinte años no eran necesarias y que ahora son imprescindibles.
Fíjense en que las personas que está previsto que se jubilen solo en la Administración General del Estado son más de 101 000, por tanto, esto es un proceso largo. Y si se lleva al sector de comunidades autónomas o de la administración local, verán
ustedes que la situación no solo se reproduce, sino que se incrementa, porque gran parte de estas jubilaciones coinciden con la apertura hace ya casi cincuenta años de lo que supuso el Estado del bienestar en nuestro país, de los grandes centros
hospitalarios, del desarrollo de la atención primaria, la universalización de la educación, el incremento de las etapas obligatorias, bueno, una serie de acontecimientos que hicieron que hubiera una incorporación masiva de profesionales al sector
público que terminan ya su vida laboral, y, por tanto, hay que prever muy bien cómo y de qué manera vamos a volver a dotarlo y si son o no necesarios otro tipo de perfiles u otro tipo de requerimientos.


Por otro lado, tenemos que ofrecer motivación al conjunto de los empleados públicos, necesitamos que la Administración pública sea una oferta atractiva para las nuevas generaciones. Que alguien quiera incorporarse al servicio de las
administraciones tiene que ser para nosotros un motivo de orgullo.

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Necesitamos captar talento dentro de ese entorno y, por tanto, hay que ofrecer carreras profesionales que sean atractivas para aquellas personas que quieran dedicar su vida al servicio del sector público. Tenemos que incorporar personas que
tengan capacidad en entornos colaborativos, que tengan compromiso con los ciudadanos y, como digo, con lo público. Por lo tanto, teniendo tanto por hacer, pues entenderán sus señorías que se trata de contar con los mejores y de ofrecerles
condiciones de trabajo que realmente les permitan satisfacer sus expectativas.


En ese sentido, el Plan de Captación del Talento, que se presentó en abril de este mismo año, ha permitido llevar a cabo una serie de medidas que tenían dos objetivos: uno es dar a conocer el trabajo de la Administración general, mejorar su
imagen, explicar sus funciones o los principios que inspiran su funcionamiento y dar a conocer los posibles puestos que son susceptibles de interés. Eso significa hablar no solo de sanitarios y de profesionales de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad, que son los más conocidos, sino también de archiveros, bibliotecarios, geógrafos, arquitectos técnicos, ingenieros, en fin, una lista larga de profesionales, y realmente necesitamos hacer atractivos estos puestos de trabajo. Y segundo,
como también indica el nombre de captación de talento -fundamentalmente digital-, necesitamos atraer a personas que estén especializadas en las disciplinas STEM -recuerden: las ingenierías, las matemáticas, la ciencia o la tecnología-, que son,
fíjense, los perfiles profesionales más demandados en este momento en los ámbitos de la Administración General del Estado en todos los niveles, desde las corporaciones locales, que necesitan este tipo de perfiles, hasta las comunidades autónomas,
por supuesto, y también la Administración General del Estado. Para ello desarrollaremos una serie de cuestiones, por ejemplo, el impulso de jornadas divulgativas en las universidades y en los centros de formación profesional, para hacer atractivas
estas especialidades que tienen mucha demanda en el mercado y poca oferta de profesionales; el lanzamiento de una estrategia de comunicación que ponga en valor este empleo público; también el análisis de esos nuevos perfiles profesionales, sobre
todo para que la formación profesional sea capaz de incluir nuevas titulaciones que tengan esa polivalencia que requerimos en este momento; y también la elaboración con el conjunto de administraciones públicas de una suerte de libro blanco, una
suerte de orientaciones para impulsar cambios en los procesos selectivos en la Administración General del Estado y en el resto de administraciones. Lo que les comentaba también es que, por supuesto, respetando los principios de igualdad, mérito y
capacidad, tenemos que ser capaces de ser más rápidos a la hora de culminar los procesos de selección y que no suponga dos o tres años, incluso cuatro o cinco, lo que tarda una persona desde que se convoca la plaza hasta que posteriormente o
definitivamente la ocupa.


El anteproyecto de ley de la Función Pública va a sentar las bases de esa reforma integral del empleo, para que sea productivo, para que sea eficaz y, como decía antes, incentivado o motivado. Este proyecto, que queremos que sea realidad a
lo largo del año 2022, viene a contemplar algunos aspectos que no estaban desarrollados en el EBEP, así como a completar algunas enseñanzas que hemos obtenido posteriormente, desde que se promulgó el EBEP en el año 2007. Han pasado más de trece
años, pero la velocidad de los acontecimientos obliga, en un periodo como este, a poner al día las normas que nos permitan mejorar nuestro funcionamiento.


Necesitamos, por tanto, retener este talento y atraer otro nuevo, y para ello también vamos a incorporar como centro de referencia, como motor de esta formación, de esta profundización en la selección de empleo, al Instituto Nacional de
Administración Pública, al INAP. Queremos que trabaje en colaboración y en coordinación con otras administraciones, insisto, para que seamos capaces entre todos de diseñar esos procesos selectivos que permitan que se cumpla con los principios
constitucionales, pero, por otra parte, para que no se eternicen en la fórmula para la provisión en propiedad o la provisión definitiva de las plazas del sector público. Para ello, en los próximos meses, en el próximo año, tendremos que volver a
actualizar el instrumento de planificación, ordenación y gestión de los recursos humanos; es decir, hacer transparente a la sociedad cuáles son los perfiles que vamos a necesitar en los próximos diez años, para que se sepa cuáles son las
categorías, los puestos de trabajo que probablemente vayan a tener una mayor intensidad en el recambio en esos próximos años, y hacer una cronología de recambio de las personas que sea secuenciada y que sea continuada. Igualmente, tenemos que
establecer garantías básicas de esta carrera profesional vertical y horizontal, que se tiene que acomodar necesariamente a las necesidades de formación. Es decir, no se trata de que las personas en cada momento tengan una foto fija que les permita
ir moviéndose a lo largo de su vida profesional, promocionando a lo largo de su vida profesional, sino también de dotar de instrumentos para que aquellas lagunas formativas que el empleado público tenga y que se presentan como una dificultad para el
ascenso se puedan ir cubriendo a partir de esa formación.

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Igualmente, señorías, tal como establecían las normas previas, y es quizá uno de los aspectos más novedosos, queremos desarrollar la figura del directivo público profesional, que es un elemento importante también para acercarnos a los
modelos de Función pública más avanzada. Esta figura ya se recogía en el EBEP y lo que ahora tenemos que ser capaces de detallar son las funciones, los requisitos, el mandato, la evaluación del desempeño, el régimen de conflicto de intereses o las
causas de cese en aquellas circunstancias que así se produzcan. Para conseguirlo, para hacerlo posible, tenemos que desarrollar una mirada obligatoriamente de género. Tenemos que ser capaces de contribuir desde el sector de la Función pública a la
igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Tenemos que pensar bien cómo se pondera, cómo se puede conducir el funcionamiento de la administración para una mayor presencia equilibrada de hombres y mujeres en los órganos de selección. Tenemos que
incentivar la promoción interna en aquellos cuerpos o en aquellas escalas en las que existe una clarísima infrarrepresentación de la presencia femenina. Y también hay que desarrollar medidas legales, necesarias para que cada vez más mujeres ocupen
puestos de responsabilidad; para que no sea una heroicidad, digamos, que una mujer que está trabajando, que tiene su familia, pueda compatibilizar ese trabajo y que no sea a costa de su propia salud. El III Plan de Igualdad tiene que ser capaz de
encontrar esos resortes, esos mecanismos que nos permitan hacerlo posible y, por tanto, que sea un referente para el ámbito público y también para el privado.


Otra de las cuestiones que les anunciaba antes y en la que creo que merece la pena profundizar es la norma que tiene que amparar el teletrabajo, una nueva modalidad de desarrollo de funciones por parte de los empleados públicos. Quiero
decirles que estamos trabajando con las organizaciones sindicales para hacer posible que esa norma se pueda aprobar y que entre en vigor en enero del próximo año 2022, será un real decreto el que regulará este teletrabajo. De lo que se trata es de
compatibilizar, por una parte, la prestación del servicio, que tiene que ser, si es posible, de mayor calidad para el conjunto de la ciudadanía, pero incorporando una mayor flexibilidad laboral, una mayor capacidad de conciliación y también la...
(Rumores).


El señor PRESIDENTE: Un momento, señora ministra.


Por favor, hay un ruido de fondo que impide que se escuche a la señora ministra. Ustedes reclaman constantemente que venga, escuchémosla.


Muchas gracias. Puede seguir.


La señora MINISTRA DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA (Montero Cuadrado): Gracias, señor presidente.


Decía que, evidentemente, el teletrabajo tiene que garantizar esa prestación de servicio, pero hay que hacerlo compatible con una mayor flexibilidad laboral, para que haya capacidad de conciliación, y también por la apuesta por el hecho de
que un volumen importante de empleados públicos pueda elegir establecerse en el territorio interior, en las llamadas zonas despobladas, que, como ustedes saben, es una prioridad de esta Cámara -creo-, y evidentemente del Gobierno. Esa apuesta por
el teletrabajo se va a fundamentar en la experiencia que hemos tenido en la etapa previa, en donde yo diría que el 100 %, y no creo que me deje a nadie fuera, de las administraciones públicas han desarrollado experiencias en materia de teletrabajo,
sobre todo en los meses donde se impuso el confinamiento y, por tanto, solo aquellos que eran puestos de trabajo esenciales, en los que se requería el contacto con la ciudadanía, estuvieron en modalidad presencial. Hemos tenido un acervo acelerado
de experiencias, también de identificación de dificultades que yo creo que hace bastante realista la propuesta de teletrabajo que tenemos que impulsar para que, como decía, se pueda convertir también en una modalidad de desarrollo de las
competencias y de las tareas en el marco de la Función pública.


Estamos estudiando en este momento los puestos de trabajo de cada departamento ministerial y también de los organismos públicos, identificando las tareas que se pueden realizar a distancia con los criterios que en cada momento se
establezcan. Esto significa que en cada categoría vamos a intentar profundizar al nivel más desagregado que podamos, estamos viendo cuáles son esas tareas que se podrían desarrollar por parte del empleado público sin ningún tipo de menoscabo en la
calidad, desde otro lugar, su domicilio u otro lugar, de manera que no se exija la presencia en el lugar habitual. Esto significa que una vez que se identifiquen, que es la parte más ardua de este reconocimiento, habrá que establecer unas
condiciones generales. También habrá que establecer el procedimiento de evaluación y de autorización de este tipo de trabajo para tener capacidad de darle seguridad al trabajador que esté desarrollando esa función y, por otra parte, también
garantía a los ciudadanos y a los administradores de

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estas funciones y de estas competencias, para que se pueda desarrollar todo sin que implique ningún tipo de merma, insisto, en la prestación de servicios que se dirigen a las personas.


El otro capítulo que también considero de cierta dimensión entre los anuncios que les hacía al principio tiene que ver con la evaluación de las políticas públicas. Las personas que venimos trabajando desde hace años en el sector público
sabemos que es una materia que está permanentemente en revisión, que nunca se termina, porque todo lo que significa evaluar cómo una acción política repercute en la ciudadanía, cómo se mide su eficiencia en términos económicos o de qué manera
incorporamos parámetros que nos permitan objetivar el buen funcionamiento, el buen trabajo vinculado a un puesto, esa es la tarea, yo diría, más importante y eterna que tenemos las administraciones públicas para seguir mejorando.


Como decía, asimismo, esa evaluación tiene que contar con una metodología, con una planificación y, por tanto, hay que poner en marcha un conjunto de evidencias que permitan que cuando se da una orientación, cuando se da una opinión respecto
al desarrollo de un trabajo o de un programa presupuestario, se haga con todas las condiciones que permitan que no sea una opinión subjetiva, en la medida de lo posible, sino que se pueda poner en valor respecto a indicadores que previamente hayamos
podido consensuar. Esto que parece de Perogrullo, señorías, el que nos midamos por indicadores consensuados y que seamos capaces de reflejar en la medición el resultado efectivo de una tarea como la evaluación de las políticas públicas es un
trabajo titánico. De cara a los próximos años, Europa en su conjunto está desarrollando una metodología y una inteligencia artificial que permita incorporarse de forma muy ordenada a todo este escrutinio social antes, durante y después de que se
haya aprobado una determinada política. Por eso, la modernización de la Administración pública obligatoriamente pasa por aquí, no va a haber posibilidad de hacer una administración del siglo XXI si no tenemos realmente una metodología validada de
evaluación de esas propias políticas públicas.


¿Partimos de cero? En absoluto, hay ya muchas experiencias que se vienen desarrollando por parte de las diferentes administraciones, la mayoría de ellas sectoriales, también tengo que decirles, señorías, es decir, dirigidas a áreas
concretas del funcionamiento de la administración: el sector sanitario tiene su propia metodología, el sector educativo la suya, pero tenemos que ser capaces de extrapolarlas como si dijéramos, a una componente trasversal de la Administración
pública y llevarlas hacia otros sectores. Algo parecido vienen realizando algunos organismos de reconocido prestigio, por ejemplo la AIReF, a la que lleva ya tiempo encargándosele lo que hemos venido a llamar los Spending Review, que son una
evaluación de políticas más desde la componente de la eficiencia del gasto, de la eficacia de ese propio gasto. Pero esto que hablamos va más allá, no solamente tiene que ver con el gasto, tiene que ver con el impacto real que puede tener una
política en el devenir del bienestar de los ciudadanos, y creemos que es fuente de inspiración para que podamos desarrollar ese enfoque integral y transversal. Y lo haremos también en línea con la OCDE, que viene trabajando de forma exhaustiva en
esta materia. Esto implicará la aprobación de la ley de evaluación de políticas públicas, puesto que el objetivo es que sea una ley que trascienda a la AGE y vaya también al resto de administraciones. Por tanto, en ese momento tendremos que
evaluar si servirá alguno de los organismos actualmente existentes o tendremos que crear algún instrumento nuevo para que se pueda ocupar de esa tarea, aunque, insisto, lo más importante es ponernos de acuerdo en la metodología y en los indicadores
que tenemos que evaluar.


Y ya para el final de la intervención, presidente, he dejado una cuestión que me parece muy ligada a esto último que acabamos de comentar, como es la transparencia en el funcionamiento de la administración y lo que se ha venido a llamar el
gobierno abierto. Creo que todos y todas estamos de acuerdo en que los ciudadanos tienen derecho a saber y queremos que dicho derecho sea respondido con claridad, es decir, que sea comprensible lo que se les conteste a los ciudadanos; y también
rápido, es decir, que haya celeridad para que una pregunta no se responda al cabo de un tiempo donde ya esa respuesta no puede aportar ningún tipo de solución. Creo además que esa transparencia es una cuestión que va a ser intrínseca al
funcionamiento de las administraciones, porque todo lo que se financie con dinero público debería tener un reflejo cara a los ciudadanos, por ejemplo: cómo es el comportamiento de la administración en términos de eficacia, de impacto, de
eficiencia, o a la hora de que haya una garantía en el manejo del dinero público. Es por ello que la experiencia del portal de transparencia, desde luego, es claramente inspiradora. Les pongo un ejemplo: el 92 % de las solicitudes de información
que se cursaron en el año 2020 ya han sido respondidas y tan solo el 8 % presentó alguna reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. En el transcurso de un año, hemos contestado la práctica totalidad de las solicitudes de
información, aunque es lógico que haya un volumen de ellas que se tenga que dirimir ante el Consejo de

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Transparencia porque se entienda por parte del funcionario que tiene que responderlas que se han de proteger datos confidenciales, y es bueno que este órgano se pronuncie respecto a esta cuestión.


Vamos a seguir trabajando para que el portal de transparencia sea más fácil de utilizar por parte de los ciudadanos, porque detectamos que una gran parte de las solicitudes de información no se corresponde con la proporción de ciudadanos que
cabría esperar que preguntaran de forma espontánea al portal de transparencia, sino que habitualmente tiene que ver más con los entornos que trabajan en el marco político o en el marco del propio funcionamiento de la administración, creo que saben
ustedes perfectamente a qué me estoy refiriendo. Para ello, vamos a incorporar las experiencias que nos da el que España sea miembro de la Alianza para el Gobierno Abierto, que saben que es una fundación que se creó en el año 2011, que actualmente
hay setenta y ocho Estados que están aportando conocimiento, y es muy interesante el conjunto de reflexiones y de herramientas que empiezan a ser útiles para que el resto de Estados miembros las puedan incorporar. Hemos elaborado ya tres planes,
estamos implementando el cuarto, que tiene duración hasta el año 2024, y es la primera vez que se incorporan en este plan vigente propuestas no solo de la AGE, sino también de comunidades autónomas y de la Federación Española de Municipios y
Provincias. Por tanto, como decía, todos a la vez estamos trabajando en cómo mejoramos esa rendición de cuentas a los ciudadanos. Hay diez grandes compromisos y ciento doce iniciativas distribuidas entre las diferentes administraciones. Se está
reevaluando alguna de ellas, y puede ser objeto de comparecencia en esta Comisión si para sus señorías la materia es de interés, no me voy a detener en ello. Simplemente quiero decirles que el balance, a criterio de todos los que participamos, es
francamente positivo.


Por otro lado, ese modelo de trabajo probablemente va a suponer la modificación de la Ley 53/1984, porque se detecta en el desarrollo del mismo la necesidad de reforzar dicha Ley de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las
Administraciones Públicas, una ley que yo creo que la mayoría de sus señorías sabe perfectamente la antigüedad que tiene. Por tanto, tenemos que ser capaces en este Congreso, en esta nueva legislatura, de observar si efectivamente los
requerimientos que se solicitan para la acreditación de la compatibilidad se corresponden en el siglo XXI con las modalidades de trabajo o de participación que se pueden tener por parte de los empleados públicos una vez que cesan en su actividad
pública. No obstante, no es un debate solo de las administraciones públicas, estoy convencida de que en el propio Congreso lo que es el régimen de incompatibilidades de sus señorías está también sujeto a esta misma dinámica, porque aparecen
situaciones nuevas que no están contempladas en los reglamentos previos y a las que tenemos que ir dando respuesta.


En ese mismo sentido, queremos crear un registro, obligatorio, de grupos de interés en el ámbito de la Administración general, que daría cumplimiento a la proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados, que, como
recordarán, incorporaba un nuevo Título XIV para esa regulación de los grupos de interés y que, según tengo entendido, se está tramitando en la Comisión de Reglamento de esta Cámara. Todas esas iniciativas ya están en consulta pública y, por tanto,
nos servirán a todos de base justamente para tomar nota de cuáles son las nuevas necesidades, los nuevos requerimientos, para impedir que haya cualquier tipo de confusión entre los intereses públicos y los intereses privados que las personas puedan
tener a lo largo de su vida profesional.


Por último, señorías, para no extenderme más en esta primera intervención, solamente quiero decirles que el paraguas que alberga todas esas iniciativas que acabo de comentar, más algunas otras que por razón de tiempo no voy a detallar, no
tiene más interés que ser capaces de conducir a la Administración pública, a los servicios públicos del conjunto de administraciones hacia la búsqueda de la excelencia, hacia un camino que permita legitimar aquello que nos permite ser iguales, al
menos en lo esencial, que, como decía anteriormente, es garantizar derechos. Digamos que la gran tarea que las administraciones tienen que desarrollar en el futuro ya no es prestar servicios, sino garantizar derechos y, por tanto, ser capaces
cualitativamente de objetivar cómo esos servicios se tienen que entregar al ciudadano, bajo qué condiciones, bajo qué tiempos y bajo qué personalización en esa propia atención. También ser capaces de dar motivación al conjunto de empleados
públicos, permitiendo el rejuvenecimiento del conjunto de las plantillas después de años en donde las tasas de reposición han limitado la incorporación, luchar contra esa temporalidad. Y, en definitiva, como no puede ser menos, con la vocación de
que todos los ciudadanos disfruten de un Estado del bienestar que les permita ascender en su escala social y que no impida sobre todo, como decía, que cualquier persona por razón de renta, por razón de residencia, tenga unos servicios a su alcance
que tienen que ser universales, accesibles para todos los ciudadanos, en condiciones entendibles y, por tanto, personalizados, siendo ellos el centro de ese trabajo y pivotando el resto de las administraciones en torno a ellos. No es una tarea
fácil, pero, desde luego, sí coincidirán conmigo en que

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es una tarea que merece la pena, es una tarea apasionante para aquellos que hemos dedicado gran parte de nuestra vida justamente al servicio del conjunto de los ciudadanos. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.


A continuación, damos paso a las intervenciones de los grupos parlamentarios. Comenzamos por el Grupo Parlamentario Mixto. El señor Mazón tiene diez minutos, lo cual no quiere decir que los tenga que agotar.


Muchas gracias.


El señor MAZÓN RAMOS: Muchas gracias. Espero no agotarlos.


Buenos días, señora ministra. Muchas gracias por sus explicaciones.


En cuanto a los objetivos generales de su ministerio, prácticamente los podemos compartir todos. Yo no voy a entrar en ese detalle, por lo cual le deseo éxito en su gestión en esta materia, sino que voy a centrar mi intervención en el
proyecto de ley de medidas urgentes de la reducción de temporalidad del empleo público que tenemos en estos momentos entre manos, es muy urgente, y creo que el ministerio todavía puede decir mucho y estar en contacto con los grupos.


Como sabe muy bien, en la disposición adicional sexta, para solucionar ese problema que hay con los interinos y, en fin, las personas que tienen esta problemática en toda España, se establece que las administraciones convocarán las plazas
que han estado ocupadas ininterrumpidamente con anterioridad al 1 de enero de 2016, y lo establece además de una manera imperativa, pone: 'convocarán', aunque luego, en el siguiente apartado habla de que estos procesos que se harán por una sola vez
podrán ser objeto de negociación. Pero, bueno, en este primer apartado la imperatividad es la clave.


Yo creo, en mi opinión y en la de mi grupo político, que esta redacción genera una gran incertidumbre jurídica y establece elementos que van a ser objeto de una gran conflictividad y le voy a citar los siguientes. En primer lugar, se
desconoce la fecha en la que tendrían que estar de alta; por supuesto antes de 2016, pero ¿cuándo termina? Porque dice 'de manera ininterrumpida' y esto se puede interpretar en el periodo de antes del 1 de enero, es decir, hasta el 1 de enero, o
podría estar hasta que se apruebe la ley o alguna otra fecha. Este cómputo de plazo es especialmente relevante para administraciones como la de la Comunidad Autónoma de Cantabria, que se encuentra en plena fase de ejecución de procesos selectivos
que van a reducir de una manera muy importante la temporalidad que hay en estos momentos, con lo cual no se sabe si les va a afectar a los que están en pleno proceso cuando se termine o a los que ya han empezado. Si somos realistas, aquí la
pretensión es claramente congelar la relación laboral de los empleados que cumplan determinados requisitos, pero sin que esta circunstancia pueda verse alterada por otras circunstancias posteriores como, por ejemplo, la modificación de las
relaciones de puestos de trabajo o la ocupación de puestos por procesos de selección que ya hubieran ocurrido. Sería fundamental que esto no afectara a los procesos que están en estos momentos en marcha en base a la normativa de cada comunidad
autónoma.


En cuanto a la libertad de méritos, se supone que la concreción va a depender de la negociación, pero también sería muy importante saber si va a haber algún tipo de limitación desde el punto de vista territorial o no, como luego explicaré.
Porque las noticias que salen en la prensa, que son un poco confusas, están generando unas expectativas que a veces son difíciles de cumplir. Ya sé que ni el Ministerio ni los grupos suelen tener la culpa de lo que diga la prensa, pero en estos
momentos lo que se deduce a veces no se compadece con el texto legal. En cualquier caso, esto genera una gran incertidumbre entre los aspirantes, ya estén dentro o estén fuera. O sea, que esta falta de concreción y de criterio va a llevar a una
judicialización total de estos elementos. Fíjese, en Cantabria, donde se está en las últimas fases, se ha conseguido una reducción muy elevada de la temporalidad, por lo menos en la parte de la Administración General, y va a afectar incluso
posteriormente a las ofertas de empleo público. Por eso nosotros les estamos diciendo a los grupos que esa cláusula no tiene que ser imperativa, tiene que ser 'podrán' para que cada comunidad autónoma tenga libertad para desarrollarlo. Porque
ahora se establece esa obligatoriedad y, además, por el sistema de concurso: Ustedes tienen que hacer eso y, además, por concurso. Esto yo creo que puede generar algún tipo de dudas. El objetivo que está detrás de todo esto, y que debe
mantenerse, es conseguir el 8 % máximo de temporalidad, pero quizá pudiera haber alguna otra manera de conseguirlo porque esto puede dar lugar a distorsiones y a situaciones incluso peores; en el caso concreto de Cantabria que le he dicho puede ser
muy perjudicial.


Además, hay otra cuestión, y es que no se ha convocado a las comunidades autónomas ni siquiera para ver la forma de aplicación. Normalmente, este ministerio siempre ha convocado el domingo por la

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noche para prácticamente el día siguiente y en este caso estamos en una situación parecida. Probablemente se convoque sin remedio cuando surjan verdaderas dificultades y veremos entonces qué ocurre porque, a lo mejor, no va a quedar más
remedio que hacer otro decreto-ley para poder solucionarlo, porque la gestión de recursos humanos va a quedar totalmente enmarañada con esto tal y como se plantea. La judicialización está asegurada porque, en primer lugar, las bases de los
concursos -no nos engañemos- van a acabar siendo un traje a medida si se quiere hacer así y eso es contrario a la Constitución, al artículo 23.2, a las condiciones del mérito y de igualdad al acceso a la función pública, con lo cual ahí vamos a
tener un problema muy importante. Va a haber problemas de inconstitucionalidad porque esto va a afectar, por supuesto, al artículo 103 de acceso a la función pública y también en cierta medida -más dudoso, pero podría también- al 149, porque esa
competencia que le da la Constitución al Estado para legislar las bases es para la legislación básica y es difícil de interpretar que diga 'usted convocará y, además, lo tendrá que hacer por concurso'. Hombre, eso no son las bases de la función
pública. Yo creo que podría haber unos mecanismos muchísimo más generales.


Otra cuestión. En la interpretación de la adicional octava que se ha añadido se establece que los puestos que hubieran estado ocupados temporalmente antes del 1 de enero de 2016 también están ahí. Esto podría cubrir hasta la misma
disposición adicional sexta con que hubieran estado cubiertos temporalmente, no se sabe hasta cuándo; así prácticamente podría dar lugar a que cubriera todo, incluso todas las plazas vacantes que hubieran tenido un temporal en esa fecha. Ya ni
siquiera hace falta la continuidad o la ininterrumpibilidad hasta determinada fecha, que también le he dicho antes que tiene que cubrirse; es decir, con la disposición adicional octava, ya el cajón desastre es total.


Existe otra cuestión. Podría darse el caso de que haya funcionarios o no funcionarios de toda España presentándose a todos los concursos: mañana voy a Cantabria, a los dos meses voy a Castilla y León, etcétera. Se puede ser funcionario y
escoger la que más te convenga. Además, hay otro agravante que es que va contra el principio de igualdad. Pongo un ejemplo, comunidades autónomas que pongan como requisito conocer un idioma, eso excluye prácticamente a la mayor parte de los
funcionarios o no funcionarios o interinos del resto de España. Sin embargo, los que sí hablan ese idioma van a poder ir a todos los demás sitios. En nuestro caso concreto, tenemos unos vecinos, que les apreciamos mucho, pero no vamos a poder
presentarnos a este proceso en el País Vasco y sí que van a presentarse así (juntando los dedos de la mano indicando muchos) funcionarios o no funcionarios -porque no son funcionarios solo, es un concurso abierto en todos los sitios-, pudiendo darse
el caso de que hubiera gente por ahí que consiga muchos méritos y esté presentándose a todos los sitios.


En fin, yo creo que hay una cuestión aquí de responsabilidad; este tema se presenta muy confuso y yo creo que el ministerio todavía tiene algo que decir. También apelo al resto de los grupos políticos para que se le dé una vuelta y
permitir, por lo menos, esa posibilidad de que las comunidades autónomas regulen con un procedimiento que no tiene que ser obligatoriamente solo por concurso, porque, repito, en estos momentos, por ejemplo, en Cantabria hay concurso-oposición.
Todas estas justificaciones que se están diciendo de que la Unión Europea obliga, etcétera, no quieren decir que no se pueda hacer con un proceso en el cual puedan participar todos para llegar al objetivo. Desde luego, esto, tal y como está
planteado -por lo menos así me lo transmiten desde mi partido e incluso desde los competentes en materia de función pública en la Comunidad Autónoma de Cantabria-, va a dar lugar a una conflictividad tremenda. Si se hace tal y como está, con esta
redacción, sin más matices, va a ser un foco de conflictos que yo creo que habría que intentar evitar.


Por lo demás, del resto ya lo hemos hablado otras veces con los anteriores titulares. Creemos que la función pública necesita un repaso impresionante. Se ha deteriorado en los últimos años, yo creo que en las últimas décadas...


El señor PRESIDENTE: Señor Mazón, tiene que ir acabando ya, por favor.


El señor MAZÓN RAMOS: ... de una manera alarmante -termino ya- y no se puede, desde luego, dejar de ser rigurosos para mejorar.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mazón.


A continuación, por el Grupo Parlamentario Vasco, el señor Legarda tiene la palabra.

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El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidente, y muchas gracias también, ministra, por sus explicaciones.


Como decía el portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra, compartimos los objetivos generales. Normalmente, en estas primeras comparecencias suelo desear suerte al responsable de la cartera ministerial, lo que pasa es que, como
usted ha dicho, en esta ocasión se da una circunstancia particular que es que el proceso está lanzado, estamos a mitad de legislatura, por eso apuntaré alguna cuestión general.


Ciertamente, en una sociedad democrática cualquier servicio público y cualquier asunto requiere de la legitimación social y esta pasa, en los servicios públicos y en concreto en la Administración pública, por unos servicios de calidad, en
tiempo, evaluables, lo que se llama la modernización. Respecto a las cuestiones que nos ha planteado, personalmente creo -igual es mi carácter- que son demasiado ambiciosas para el tiempo que nos queda, pero, en todo caso, está bien.


Ahora bien, vinculadas con la cuestión de la modernización, que aunque haya un minuto hay que tenerla presente e intentar realizarla en lo que se pueda, a mí me gustaría centrarme en un par de cuestiones. Trabajo temporal. Me refiero no
tanto a la norma que estamos tramitando ahora en forma de proyecto, sino a uno de los orígenes de la situación, de por qué tenemos esta tasa de temporalidad tan alta, que, obviamente, no hay que desconocer. Me parece interesante lo del libro blanco
de los procesos selectivos porque una parte de esta alta temporalidad se ha ido produciendo por la complejidad de los procesos selectivos, unida al tema en el que me quiero centrar, que son las tasas de reposición. Si una Administración pública
tiene una red estructural y presupuesta sus plazas, no veo la razón -nunca la hemos visto en nuestro grupo parlamentario ni en la comunidad autónoma de la que procedo que es el País Vasco- desde un punto de vista de servicio público -no ya
económico, que esta es otra historia- de las tasas de reposición. Porque si se tienen plazas estructurales en un órgano y se produce una vacante -bien porque son servicios especiales bien porque es una baja de larga duración o bien porque se queda
vacante plena no solo por jubilación, sino por muerte u otras circunstancias-, lo lógico es que si esa RPT está dimensionada para prestar un servicio público de calidad y para quitar tiempo -te has podido equivocar al lanzarla-, decir que no se
pueden cubrir esas plazas vacantes o en sustituciones por cuestiones económicas es un tiro en la rodilla a un servicio, al menos teóricamente, de calidad y en tiempo. Por mucho que ahora pretendamos servicios de calidad, si va a seguir habiendo
tasas de reposición y las vacantes que se cubran con un máximo de tres años -que luego esa plaza el interino tiene que dejarla- no se pueden convocar porque va a haber tasas de reposición, vamos a tener un problema estructural porque nunca vamos a
poder prestar un servicio moderno y de calidad, entendiendo que cada uno dimensiona acorde a sus necesidades. Yo creo que, a pesar de los muchos esfuerzos que se hacen, este año también hemos visto tasas de reposición. Porque no son solo los que
se jubilan, sino que están los embalses de plazas que se han producido, que muchas administraciones tienen vacantes puras, es decir, no tienen a nadie en la plaza y esas plazas no se pueden convocar. Esta es una cuestión.


Usted ha hablado del gobierno abierto, la evaluación de políticas públicas y la transparencia, los grupos de interés, que hay que hacerlo; ministra, todo esto me parece estupendo, pero me gustaría que el Gobierno se comprometiera -porque
cada vez se van a usar más en la administración, de hecho, ya se usan- a que el algoritmo siempre sea abierto en la administración, cosa que hoy en día ya no es así en ciertos servicios públicos. Nuestro grupo ha presentado alguna enmienda para que
en ciertos servicios públicos -que no voy a entrar al detalle porque no viene al caso- el algoritmo sea abierto y se votó que no. No entiendo una administración abierta y transparente que use algoritmos cerrados, y es una tentación y ya se está
haciendo.


Por lo tanto, en relación con las tasas de reposición, sabiendo esta incongruencia de que en una administración moderna, competitiva, ágil y dimensionada haya ciertas plazas que no se cubren por necesidades económicas -y sabemos que, al
final, el capítulo 6 y el capítulo 1 son los que sufren con las crisis porque son los elásticos, por decirlo de alguna manera, por lo menos en cuestión de vacantes-, en la sesión de hoy me conformo con que el Gobierno se comprometa a que la
administración no use algoritmos cerrados porque creo que eso es vital. Todos los prestadores de servicios -y la administración es un prestador de servicios, como una empresa más- necesitan los algoritmos para su gestión, para hacer respuestas y
evaluaciones rápidas, con big data. Pero los algoritmos cerrados no, eso es un desastre. Eso sí, sin que se ponga la cuestión que siempre se pone de que lo he contratado con una empresa privada y, por propiedad intelectual, me pone la limitación
de que el algoritmo sea cerrado;

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entiendo que eso no debería ser así. Lograr este avance en la gestión de la modernidad, desde la inteligencia artificial y desde la inteligencia de autoaprendizaje, lo considero vital para la ciudadanía.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Legarda.


A continuación, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos el señor Espejo tiene la palabra.


El señor ESPEJO-SAAVEDRA CONESA: Muchas gracias, presidente, y gracias, señora ministra, por su comparecencia.


Ha expuesto usted una serie de objetivos generales sobre lo que debe ser la función pública y el desempeño de las administraciones públicas que yo creo que podemos compartir. No hay mucho más que decir respecto a la importancia que tienen
los servicios públicos y los trabajadores que en ellos desarrollan sus funciones para que nuestro país pueda ser un país avanzado y sus ciudadanos puedan tener unos servicios públicos acordes con lo que realmente necesitan.


Ciertamente, viene usted aquí hoy en un momento en el que el asunto principal que nos ocupa en el ámbito de la función pública -y es evidente también por las intervenciones de los portavoces que me han precedido- es la solución que se
pretende dar a la temporalidad en el empleo público. Parece que el Gobierno y sus socios han llegado ya a un acuerdo que supone -y lo voy a decir de manera clara- algunos avances respecto a la regulación que, de modo chapucero, a nuestro parecer, y
a toda prisa, improvisó el ministro Iceta y que usted ha tenido que retomar nada más entrar a asumir estas responsabilidades. Nosotros nos alegramos por lo que suponen esos avances que, sin duda, benefician a muchas personas y a muchas familias y
también a la estabilidad del empleo en las administraciones -que esto beneficia al servicio público-, porque estas personas veían con preocupación la posibilidad de perder sus puestos de trabajo después de estar sometidos a una situación que -hay
que decirlo claramente- es una situación de abuso y así lo han declarado los tribunales.


Ahora bien, también hay que decir que la solución, a juicio de mi grupo parlamentario, no nos parece completa, deja de lado a algunos colectivos de trabajadores que son los que se encuentran en situación de abuso por estar más de tres años
en interinidad pero menos de cinco. La primera pregunta que yo le quiero hacer al respecto es si tiene pensado el Gobierno -porque todavía estamos a tiempo, tenemos una Comisión pronto- o sería favorable a algo más que ofrecerles veinte días por
año trabajado y dejar que cada administración decida si los ejercicios son eliminatorios o no en los procesos selectivos. Porque, como bien ha dicho también el portavoz del Grupo Mixto, yo creo que esto va a llevar a mucha judicialización. También
me gustaría que me justificara por qué las indemnizaciones que se han establecido para los trabajadores públicos en situación de abuso son diferentes -y digo diferentes porque son inferiores- a las que tiene un empleado del sector privado y lo que
ha llevado al Gobierno a considerarlos de manera diferente.


Hay otra cuestión que también a mí me interesa y que nosotros la hemos puesto sobre la mesa en la tramitación y que ha quedado sin solución. Cuando se habla de sanción a la temporalidad en el empleo público se identifica -o esto es lo que
pretende la norma- la sanción con la indemnización que debe recibir el trabajador; indemnización que, lógicamente, sale de las arcas públicas, es decir, que se paga por todos los ciudadanos, pero lo cierto es que la responsabilidad de que se
produzca esa situación de abuso es de algún responsable o de algún órgano responsable de la administración, que está formada por personas que han consentido, permitido o incluso, a veces -y eso lo sabemos-, fomentado el abuso. Entonces, ¿por qué la
sanción a la temporalidad que se establece en las resoluciones que han hablado sobre esto recae o se repercute sobre las arcas públicas, por lo tanto, sobre los ciudadanos y no sobre el responsable último del abuso que es el responsable de una
administración que lo ha consentido? ¿Cómo podemos entender que la sanción por un comportamiento del cual se puede identificar a un responsable la paguen todos los ciudadanos en forma de indemnización al trabajador público? Claro que tiene que
cobrar ese trabajador público, pero el perjuicio que supone para las arcas públicas la indemnización que debe percibir el trabajador no es una sanción para la administración, sino que se convierte en una sanción para los ciudadanos. Debería ser una
sanción para el responsable. Por eso nosotros propusimos que se estableciesen mecanismos de responsabilidad contable para que, cuando eso sucediera, las arcas públicas no sufrieran un perjuicio cuando es debido a la actuación de algún responsable
de la administración; y cuando me refiero a las arcas públicas -y usted mejor que nadie lo sabe porque es la ministra de Hacienda- me refiero a todos los ciudadanos. Esto me gustaría que me lo explicara, porque

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ha hablado usted de que es una situación no deseada y no, es una situación fraudulenta, y así lo han declarado los tribunales.


Sé que tenemos muy pronto una Comisión para debatir, discutir y decidir estas cuestiones, pero el Gobierno y sus socios, ya incluso fuera de la ponencia, llegaron a un acuerdo que avanzaron por la noche del día antes, así que, aprovechando
que está aquí la ministra de Función Pública, me gustaría preguntarle qué piensa sobre estas cuestiones.


Todo esto por lo que se refiere a la temporalidad en el empleo público, pero está claro que no es eso lo único que importa en la función pública. Este Gobierno no ha parado de decir a los demás que arrimen el hombro, que sean conscientes de
la situación que hemos vivido y que estamos viviendo, y estamos de acuerdo, en general, con dicha afirmación. Es decir, la situación ha sido compleja y sigue siéndolo, por desgracia, y creo que es obligación de todos los responsables públicos,
principalmente, arrimar el hombro. Pero, claro, en una época en la que estamos viviendo momentos económicos complicados -al menos en lo que afecta a la situación de las familias- este Gobierno se ha subido el sueldo un 2 % y eso no me parece que
sea arrimar el hombro ni ser conscientes de la situación; por no decir que no solo este Gobierno, sino todos los altos cargos que se han nombrado a dedo y de cuyo número este Gobierno tiene el récord absoluto. Y mientras esto sucede, no es de
recibo que a muchos interinos se les pueda acabar dejando en la calle con una indemnización de veinte días que vamos a pagar todos los ciudadanos y no los responsables.


Otra cuestión que le quería trasladar también en el ámbito de la función pública es que nosotros hemos pedido que se suprima lo que se denomina coloquialmente el nivel 33 de la Administración pública que, como saben ustedes, es el que
permite que algunos funcionarios que han pasado un tiempo en la vida política -en concreto, en este Congreso de los Diputados, en el Senado y en algunas otras posiciones-, al salir de aquí tengan garantizado un sobresueldo para el resto de su
carrera profesional que les pagamos todos los españoles. Eso es así y me gustaría que me diera su opinión, porque sobre la mesa está el poder suprimir esa disposición que, evidentemente, aparte de parecernos injusta en sí misma, supone que una
persona del sector privado que ha pasado por aquí para servir también a su país no tiene ese privilegio. ¿Cómo se justifica ese privilegio de los políticos que vienen de la función pública? No nos parece ni correcto ni justo y me gustaría que me
diera su opinión al respecto.


Por otro lado, ha hablado usted de la modernización de la administración, con lo que estamos de acuerdo, pero también está el asunto de los procesos de selección. Su antecesor, el ministro Iceta, anunció ya un modelo de selección de
personal que no hiciese principal el sistema de oposición y usted hoy ha vuelto a sugerirlo, pero no acaba de concretar a qué se refiere y cómo casaría eso con la exigencia del principio de mérito y capacidad. Me gustaría que me lo pudiera detallar
un poco más. Además, en cuanto a la modernización, agilización y digitalización de la justicia, ha hablado usted de destinar una cantidad aproximada de 4000 millones, pero tampoco ha concretado ningún proceso, servicio, etcétera, al cual se vayan a
dedicar y que pueda suponer realmente un avance muy claro en esa línea de modernización...


El señor PRESIDENTE: Señor Espejo, tiene que ir acabando.


El señor ESPEJO-SAAVEDRA CONESA: Sí, presidente. Diez segundos.


En definitiva, buenas palabras en defensa de lo público, algo que compartimos, pero poca concreción; muchos compromisos genéricos, que compartimos, pero poca concreción.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


A continuación, por el Grupo Parlamentario Republicano la señora Vallugera tiene la palabra.


La señora VALLUGERA BALAÑÀ: Gracias, presidente.


Buenos días, ministra. En primer lugar, déjeme felicitarla por haber comparecido hoy, siendo un día muy complicado porque estamos en medio de la tramitación y el lunes tenemos otra Comisión. Para usted hubiera sido terriblemente fácil
anular la comparecencia, como han hecho algunos compañeros en otras ocasiones, y, en lugar de eso, ha venido. Por lo tanto, debo expresarle mi agradecimiento. Por otra parte, le deseo, como ha hecho uno de los portavoces, mucha suerte. No creo
que su planteamiento fuera asumir una cosa tan compleja como la función pública a media legislatura y, en cambio, creo que ha asumido el reto con ganas y con capacidad de diálogo. Por ello, nuestro reconocimiento a esas cualidades

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que son imprescindibles para el Gobierno. A partir de aquí, ustedes saben que tenemos ámbitos en los que coincidimos y ámbitos en los que no.


Empezaré por el decreto de temporalidad en el que estamos trabajando. La discusión será el lunes a partir de las once y media, que es cuando nos hemos citado para ver cómo terminan las enmiendas; tampoco sé qué margen queda para que otros
grupos puedan introducir otras cosas y hay algunas que sí que nos gustaría arreglar, pero creo que debemos hacer algunas reflexiones en este asunto. Según nuestra posición ideológica y política es evidente que una mirada uniforme y, por tanto,
igualadora para las comunidades autónomas y para los ayuntamientos no vemos que sea una medida esencial, pero siempre nos debatimos entre lo que nos dicen de la igualdad y lo que nosotros explicamos de la especificidad y la capacidad de
autoorganización de las propias administraciones. Disculpe porque no he podido oír toda su intervención ya que he tenido que marcharme un momento, pero supongo que todos los que estamos en esta sala en este momento tenemos claro que la misión de
las administraciones públicas, además de redistribuir la riqueza y prestar servicios, es básicamente estar siempre al servicio de nuestros ciudadanos. Por lo tanto, es evidente que no cumplir el requisito del idioma donde es propio es dejar a una
serie de ciudadanos sin la capacidad de interlocutar con su propia administración; y eso, perdónenme, pero es gravísimo. Nuestra mirada es exactamente la contraria, el idioma debe ser requisito indispensable para justicia, por ejemplo, y para
todos los cuerpos estatales que deban estar en territorios que tengan idioma propio. Porque lo que no nos podemos encontrar -y nos está pasando- es que haya enfermos que vayan a la sanidad y no puedan explicar en su lengua sus síntomas. Eso no
puede ser porque es una desprotección de esos ciudadanos. Ruego la empatía de todos los que quieran ser atendidos en su idioma para que comprendan que nosotros también lo queremos y que también tenemos derecho a ello. Por tanto, el idioma es un
requisito imprescindible.


Usted ha anunciado una revisión del EBEP y una nueva ley de función pública. Le digo de entrada que debe reformarse el EBEP, pero en el sentido de que sea una auténtica ley de bases, porque es mucho más que una ley de bases, ya que acoge en
su seno ámbitos que deberían ser de las propias administraciones territoriales, sean comunidades autónomas o sean cabildos, y de las que tengan o puedan tener competencias en eso. Nosotros lo reduciríamos para que quedara una estructura máxima de
ley de bases. Admitiríamos, por ejemplo, el sistema de acceso y cómo se atribuye la condición de funcionario, pero hay muchas cosas que no son idénticas en todas las partes del Estado y creo que no hacer frente y no responder a las diferentes
casuísticas es hacer un flaco favor a los ciudadanos de esos territorios.


En ese sentido, y de cara a lo que hemos acordado mínimamente de momento sobre el recurso de interinos, la intención, aunque no haya fructificado adecuadamente, era intentar consolidar a las personas en sus plazas. Hemos tenido que hablar
de plazas finalmente porque es cierto que en la Función pública existen plazas, pero también es cierto que entendemos que la mayor parte de los interinos, del personal temporal, laboral o en otro régimen, intentarán presentarse a la plaza que
ocupan. No creemos que las personas a las cuales va dirigida la norma que elaboramos en esta Cámara hagan un uso torticero de ella, pero nos van a caer las mil plagas de Egipto porque dicen que es inconstitucional y nos la van a destrozar desde
todas las partes. Por tanto, lo que hemos conseguido es la habilitación para que las administraciones puedan hacer fijos a los temporales en determinadas condiciones, que es exactamente a lo que nos comprometimos, a que, a través de una previsión
ya contenida en el EBEP, en los artículos 61.6 y 61.7, se solucionara que determinados colectivos no pudieran presentarse en igualdad de condiciones a una oposición que la gente que se había tirado estudiando tres, cuatro o cinco años o salían de
las facultades en aquel momento, porque eran personas que llevaban mucho tiempo trabajando, tenían cargas familiares importantes a su cargo y tampoco se lo permitía la edad. Hablábamos de colectivos básicamente feminizados y vinculados al servicio
de los cuidados y eso es lo que hemos intentado solucionar. Claro, que si todo el Estado decide que no son concursos restringidos, si no lo hemos conseguido -nosotros lo pedíamos, porque nos avisaron del peligro de inconstitucionalidad y de que,
por tanto, todas las comunidades autónomas gobernadas por otros partidos interpondrían el recurso de inconstitucionalidad- ha sido para garantizar esa supuesta seguridad jurídica que da no ser restringido y no para que haya traspasos de unas
comunidades autónomas a otras o de unos ayuntamientos a otros para cubrir plazas cuando tú ya eres funcionario de carrera. Es que al final no vamos a poder legislar nada porque todo va a ser utilizado al revés. Sigo diciendo que no es una solución
completa, efectivamente, pero es lo que pasa cuando negocias. Nosotros dijimos de entrada no a la fijeza, pero, curiosamente, algunos grupos que siempre han defendido el mérito, la igualdad, la capacidad, la publicidad y la libre concurrencia,
ahora

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están por la fijeza. El periodo de tres a cinco años, aunque pueda parecer arbitrario, tiene que ver con el periodo que pasa entre que se convocan las plazas, que es el único momento en el que se suspende la posibilidad de que a los tres
años un interino cese, y se resuelve la convocatoria porque, como entendemos que es un proceso excepcional, equipararlo a los mismos años de un proceso ordinario podría hacer caer la excepcionalidad. No sé si me estoy explicando, pero no hemos
tirado los dados. Es decir, hay argumentos para cada una de las disposiciones y creemos realmente que van a mejorar, facilitar y permitir la estabilización de un porcentaje altísimo de empleados públicos en fraude de ley por abuso de la
temporalidad. Pero tampoco nos hagamos trampas al solitario con las disposiciones europeas, que efectivamente muestran caminos por dónde ir y dan pistas, pero no obligan al legislador a hacerlo de una manera determinada. Lo preguntamos
directamente para que nos contestaran y nos dijeron: Estamos atentos, porque quien debe hacerlo es el legislador y tiene un margen. Pues es lo que estamos haciendo, intentar con el Gobierno que el Legislativo consiga un texto que incorpore la
posibilidad, el mecanismo y la habilitación para hacerlo de una manera sencilla.


Déjenme hacer un apunte. Judicialización y conflictividad jurisdiccional va a haber hagamos A, hagamos B o hagamos C y eso es así porque alguno de los partidos que están aquí va a promoverla y porque, además, todos los que han estado en
situación de abuso de la temporalidad pueden ir a los juzgados para obtener la satisfacción de la estabilización por el perjuicio que han sufrido.


El señor PRESIDENTE: Señora Vallugera, tiene que ir acabando.


La señora VALLUGERA BALAÑÀ: Ahora termino.


No he podido hablar nada de otras cuestiones, pero luego lo haré porque me quedan cinco minutos. En resumen, vamos a tener conflictividad, pero estamos intentando hacer un mecanismo que la reduzca y dé satisfacción a través de la
estabilización y no de la indemnización. Por cierto, lo apunto, si al final terminara todo en indemnizaciones, tendríamos un problema de orden económico muy importante y eso sí que debemos tenerlo presente en las negociaciones de todos los grupos
porque lo vamos a tener en todas las administraciones.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


A continuación, por el Grupo Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común tiene la palabra el señor Honrubia.


El señor HONRUBIA HURTADO: Gracias, señor presidente.


Gracias, señora ministra, por la comparecencia y por todas las explicaciones que nos ha dado. Efectivamente, nuestro grupo también comparte el planteamiento que se hace de los trabajos que quedan por realizar a lo largo de la legislatura,
los anuncios sobre el decreto de teletrabajo, la ley de función pública y todo el proceso de modernización de las administraciones públicas, que además entendemos que no son meras palabras porque ya se está demostrando con hechos en los Presupuestos
Generales del Estado, donde efectivamente se está dotando presupuestariamente mediante el aumento de prácticamente todos los programas que tienen que ver directamente con la Función pública y donde muchas de las cosas que usted ha planteado están
directamente vinculadas a esos programas. Creemos que ese aumento presupuestario demuestra que no solo son palabras, sino que hay un compromiso ya material de trabajar en esa línea y, por tanto, nosotros lo apoyamos totalmente. Pensamos que los
avances que se dan a través de los presupuestos en la ampliación, y es verdad que en nuestro grupo también defendemos la eliminación de las tasas de reposición, no impiden que valoremos en positivo el aumento que se ha hecho en estos dos últimos
años de las tasas de reposición y lo que eso da de margen a las administraciones públicas para seguir contratando el personal necesario para cumplir y satisfacer sus demandas. Por tanto, hacemos esa valoración. Creemos que lo están demostrando con
hechos y les agradecemos el trabajo que están haciendo desde el Ministerio en todo lo que tiene que ver con el Real Decreto-ley de Medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. Sabemos que el contexto era difícil, que
hubo un cambio de ministerio y que cuando ustedes entraron se encontraron con un texto que, cuando se pudo comprobar el apoyo que tenía del resto de los grupos, daba lugar a quejas y planteamientos que no compartían exactamente la propuesta tal y
como venía en un primer momento, sobre todo porque se consideraba de alguna manera injusta con las personas que habían sufrido el abuso de la temporalidad. A su vez, este texto había sido apoyado en una negociación en el

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ámbito del diálogo social, con lo cual las dificultades para establecer cambios y modificaciones eran evidentes y había que hacer un trabajo que requería mucha paciencia y mucho análisis jurídico y creemos que se ha hecho. Así que
igualmente, como ya han hecho otros grupos previamente, agradecemos esa disposición y que el Ministerio haya entendido que había que hacer una serie de cambios para que el decreto fuera más justo y, a su vez, encajara dentro de los límites que
establecen la Constitución y los principios legales de nuestro ordenamiento jurídico. Entendemos que se ha conseguido y eso ha hecho que la propuesta transaccional y el nuevo texto que tenemos encima de la mesa sean, por un lado, mucho más justos
para las personas que están en situación de abuso de la temporalidad porque van a tener más facilidades para quedarse en la plaza que actualmente ocupan. Además, es mejor para las administraciones porque van a poder conservar y retener el talento y
la experiencia que estas personas han acumulado a lo largo de los años.


También creemos que esta propuesta ha servido, como suele ocurrir siempre que hablamos de lo público, para retratar a los partidos de la derecha, que básicamente vuelven a demostrar que su problema no tiene que ver tanto con la ley, sino con
la propia existencia y con el propio funcionamiento de lo público. Las reacciones desmesuradas que hemos visto por parte de algunos consejeros de algunas comunidades autónomas, especialmente del Partido Popular, al sistema de lo público, en el que
no creen, entendiendo que el papel que tienen que ocupar los trabajadores públicos es una especie de alternancia entre lo público y lo privado, una cosa muy extraña, demuestran que realmente no quieren que lo público funcione ni que, como usted bien
ha planteado, esté al servicio de la ciudadanía ni que sirva para que la sociedad sea más justa y más equitativa ni que satisfaga a todo el mundo sus derechos.


No obstante, también tengo que decir que me ha llamado especialmente la atención la reacción de Ciudadanos porque en esta Comisión, tanto su actual portavoz como el anterior portavoz, siempre han defendido como un planteamiento de máximos el
reconocimiento de la fijeza a los trabajadores en situación de abuso de la temporalidad. De alguna manera usted aquí ha reconocido avances, pero ha vuelto a incidir en que no son suficientes y entiendo que es porque no se llega a este objetivo.
Sin embargo, su portavoz, el señor Bal, ha centrado el foco en la posible inconstitucionalidad de la norma. Por lo tanto, aclárense porque, si ustedes entienden que la fijeza puede tener encaje constitucional, con todo lo que eso supondría de
debate jurídico, pero no lo puede tener lo que viene recogido en una normativa, como es el Estatuto Básico del Empleado Público -les recuerdo que tanto el 61.1 como el 61.6 son exactamente igual de legales y constitucionales-, parece un poco, como
mínimo, contradictorio. Por tanto, creo que lo que se ha hecho, como bien ha explicado la portavoz de Esquerra Republicana, ha sido un encaje en el que se da una base normativa para, por un lado, dar facilidades a las personas que están dentro de
la administración en situación de abuso de la temporalidad para quedarse con sus plazas y, por otro lado, respetar la normativa, la autonomía y las competencias que tienen las diferentes administraciones para gestionar sus recursos humanos y sus
procesos. A la vez creemos que se ha hecho llegando a los límites máximos que eran posibles también, teniendo en cuenta el acuerdo previo que existía en el marco del diálogo social.


En definitiva, estamos satisfechos con lo que se ha hecho. Creemos que habría algunas cosas que se podrían corregir, pero, por supuesto, no compartimos este tipo de debates que se están planteando sobre la inconstitucionalidad de la norma o
sobre la judicialización posible de la cuestión porque, como bien se ha dicho, eso es algo que puede ocurrir en cualquier caso. Se haga el planteamiento que se haga, siempre va a haber una parte que no va a estar satisfecha y que va a tener
argumentos legales para pensar que se podría hacer de otra manera y, si tiene una intención política de boicotear lo que se quiere hacer, podrá utilizar las vías legales para hacerlo, pero creemos que no debemos plantear la eficiencia y validez de
la norma que se está proponiendo en clave de las reacciones que pueda haber, principalmente entre los grupos de la derecha, a la misma.


Dicho esto, entendemos que, a raíz del anuncio y de las filtraciones que se han hecho sobre las transaccionales que se han acordado y firmado entre los diferentes grupos, hayan surgido una serie de dudas que sería conveniente aclarar para,
sobre todo, que la derecha no siga haciendo la campaña que está haciendo sobre la efectividad de esta norma.


En cuanto a Sanidad y Educación, es verdad que en el real decreto-ley existe una disposición final que otorga un año para que tanto Sanidad como Educación puedan adaptar sus propias normativas a lo que tiene que ver con las reformas que
mediante este decreto se hacen del Estatuto Básico del Empleado Público, es decir, el artículo 10, el artículo 11 y la disposición adicional decimoséptima, pero no dice nada sobre que tengan un año para adaptar lo que tiene que ver con el artículo 2
de esta norma o las nuevas

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disposiciones adicionales sexta y octava, que son los propios procesos de estabilización. Por lo tanto, creo que estaría bien dejar claro que no es que Sanidad y Educación se vayan a quedar fuera de lo que se regula en esta norma, sino que
simplemente tienen un año para adaptar su normativa a las reformas que se establecen en el EBEP.


También quiero mencionar, y esto sí que puede generar algo más de duda, la situación en la que se queda el personal laboral. Es verdad que la disposición adicional sexta hace referencia al artículo 61.6 del EBEP, que sirve para cubrir las
plazas de funcionarios de carrera. Podemos entender que, si cumplen los requisitos del artículo 2.1 y además los requisitos de la disposición adicional sexta, permitiría que esas plazas, aunque hayan sido ocupadas por personal laboral, se pudieran
funcionarizar, pero sabemos que puede ser problemático porque no todas esas plazas se van a poder funcionarizar. Por tanto, entendemos que habría que introducir algún tipo de mención al artículo 61.7, que permite la utilización del concurso de
méritos para los laborales y que con ello se zanjara esta cuestión, porque es verdad que está habiendo una cierta incertidumbre sobre si los laborales van a poder o no van a poder usar la vía del concurso.


Respecto a la definición del carácter ininterrumpido de la ocupación de las plazas, nosotros entendemos que una plaza ocupada cuyo contrato finalice el 31 de agosto y se firme otro nuevo el 1 de septiembre, como ocurre muchas veces, por
ejemplo, en el sector de la educación y también en el de sanidad, tiene carácter ininterrumpido, pero creemos que también estaría bien que se dejara claro, para evitar los temores que está habiendo entre el personal de educación y sanidad, si las
plazas que han ocupado entran o no entran dentro de los criterios exigidos.


El señor PRESIDENTE: Señor Honrubia, tiene que ir acabando, por favor.


El señor HONRUBIA HURTADO: Termino. En los siguientes cinco minutos les diré un par de cosas más que tengo apuntadas.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


A continuación, por el Grupo Parlamentario VOX se ha solicitado compartir el tiempo entre el señor Ruiz y el señor Segura y tienen cinco minutos cada uno.


Señor Ruiz, tiene la palabra.


El señor RUIZ NAVARRO: Muchas gracias, señor presidente.


Muchas gracias, señora ministra. Se ha hablado aquí de estabilidad en el empleo público y lo cierto es que debemos empezar hablando de la estabilidad en la cartera de la que usted es titular porque en dos años llevamos ya tres ministros de
Función Pública y no sabemos si esto va a continuar. Parece el baile de la silla, ese famoso juego en el que se pugna por sentarse en ella, pero en este caso parece que nadie quiere sentarse en la silla.


Usted en sus intervenciones, repitiendo lo que dice su jefe de Gobierno, presume de que en su modelo de nación cabemos todos, incluidos los de VOX, pero usted nos llama extrema derecha o ultraderecha -no sé qué más cosas dice- y acto seguido
añade que con VOX no se dialoga, sino que se le combate. Comprenderá usted, señora ministra, que millones de españoles no acabamos de ver ningún espacio habitable en su modelo de sociedad.


Lo mismo ocurre con su idea de Función pública. Ustedes están anegando el espacio habitable de miles de empleados públicos españoles -se lo voy a explicar- atacándoles los derechos lingüísticos, el derecho a ser representados de verdad en
la mesa de negociación por sus elegidos en elecciones sindicales, el derecho a ser resarcidos por abuso de la temporalidad realmente como establece la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo o el derecho a elegir en libertad la entidad prestadora
de la asistencia sanitaria.


Usted ha hablado aquí de Muface, pero no como nos hubiera gustado oírla hablar, porque sus socios de cogobernanza, como usted también lo llama, los comunistas, quieren eliminar el sistema de mutualismo administrativo y lo han dicho en
público; esto no es ningún secreto y no me lo estoy inventando. Así que le pregunto directamente: ¿está usted de acuerdo con eliminar Muface? ¿Cree usted que Muface y el mutualismo administrativo es un sistema de éxito o no? Según datos
oficiales, aproximadamente el 80 % de los mutualistas eligen libremente recibir la asistencia sanitaria a través de las aseguradoras privadas concertadas, es decir, que la gran mayoría de ellos deciden que su sanidad pública, porque es pública, se

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la presten entidades no dirigidas por políticos. ¿Por qué cree que ocurre esto, señora ministra? ¿Alguna reflexión sobre la cuestión?


Hablemos ahora de los empleados públicos que sufren abuso de la temporalidad, de lo que también se ha hablado aquí, y del famoso proyecto de ley. Durante los últimos veinticinco años, ustedes, los socialistas y también -hay que reconocerlo-
los populares, han creado este grave problema y, de pronto, a su Gobierno le entra unas prisas tremendas por resolverlo. Veo que está usted muy enterada de la actividad parlamentaria de la Comisión y del texto de la ponencia que se va a aprobar
probablemente el lunes, cuyo informe lo despachamos la semana pasada, cuando se nos convocó, en menos de media hora con un producto ya enlatado con sus socios y que no tuvimos prácticamente tiempo de leer. Pero lo cierto es que, por mucho que
corran ustedes, les va a pillar el toro porque los 52 diputados de VOX hemos recurrido la inconstitucionalidad del real decreto-ley y ya podrá usted imaginar que, si continúa nuestra racha de aciertos en el Tribunal Constitucional, todo lo que hagan
no valdrá para nada, deberán ustedes empezar de cero y buscar mejores fundamentos. Quizá, por miedo a que esto ocurra, se acaban de repartir los sillones con el Partido Popular y con Podemos, ¿verdad? Los comunistas ya han reconocido que hay que
frenar los éxitos de VOX en los tribunales. Lo han dicho abiertamente en la tribuna del Congreso y lo pudimos oír el otro día. Así que fuera caretas, ¿no le parece?


Insistimos en que paren ustedes la aplicación del real decreto-ley con sus nefastas consecuencias y en que empiecen por el principio que se saltaron. Hagan ustedes una auditoría rigurosa de plazas y de personas con nombres y apellidos.
Usted dice que son 300 000. ¿Y cómo lo sabe? ¿Se ha identificado con nombres y apellidos a las personas que están sufriendo abuso de la temporalidad? ¿Las conoce usted una por una? ¿Y conoce las plazas a las que afecta? Creo que no porque nos
lo hubiera contado aquí. No es una tarea fácil, evidentemente, pero, una vez que identifiquen a estas personas y sean reconocidas las víctimas, buscaremos entre todos la solución más justa para todas ellas. En todo caso, esto siempre será mejor
que lo que van a hacer ustedes ahora, que es ir a ciegas, dejar a mucha gente fuera, por ejemplo, a los ya abusados, o crear inseguridad jurídica provocando situaciones de injusticia.


En definitiva, señora ministra, quiero decirle que extender, por ejemplo, también este modelo a chiringuitos públicos en los cuales puede haber personas colocadas a dedo por su carné político, no es una solución adecuada. Y cuando hablamos
de derroche no nos referimos a las administraciones públicas, sino a este tipo de situaciones que usted conoce bien y que se dan, por ejemplo, en la Administración de Andalucía, la famosa administración paralela que ocupa prácticamente el mismo
número de empleados que los que tiene la propia Función pública. Por cierto, señora ministra, redistribuir riqueza no genera bienestar social, lo que lo genera es crearla y ustedes, evidentemente, no saben hacerlo.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Señor Segura, tiene usted la palabra.


El señor SEGURA JUST: Gracias, señor presidente.


Señora ministra, usted se ha referido a un sistema mixto entre el tradicional de oposición y una entrevista, a sustituir una plaza de funcionario por el sistema de entrevista. Bueno, ya hemos visto cómo funciona el sistema de entrevista en
Andalucía. Un señor que quiere acceder a la Función pública, en vez de presentarse a un examen de acceso en una oposición a funcionario del Estado, se entrevista con el examinador, le pone el carné del PSOE encima de la mesa y ese señor ya está
contratado. Este sistema ha funcionado en Extremadura, ha funcionado en Andalucía y ha funcionado en Castilla-La Mancha y la verdad es que a mí ese sistema que ustedes plantean me inquieta bastante.


Usted también ha hablado de un protocolo de acoso sexual para los funcionarios públicos. Entiendo que el acoso sexual al que se refiere usted será bilateral, es decir, hombre que acosa a mujer o mujer que acosa a hombre. ¿Sabe qué pasa?
Que para VOX por encima de todo está el principio de igualdad y los hombres son iguales en todo, hasta en esto también, con lo cual yo entiendo que, si solamente existe un protocolo de actuación por acoso sexual de hombres a mujeres, los hombres
están en desventaja. Porque, ¿qué pasa si un hombre es acosado por una funcionaria? ¿No puede denunciarlo porque no está incluido en el protocolo?


Ahora, señora ministra, le haré una pregunta más que como ministra, como médico, porque me consta que usted es médico. Ha hablado de los transexuales con capacidad de gestar. Insisto, como doctora que es usted, me gustaría que me explicase
cómo un transexual, un travesti, puede tener hijos. No sé si le harán un trasplante de matriz o de ovarios. La verdad es que esto me sorprende mucho.

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El señor PRESIDENTE: Señor Segura, un momento, por favor.


Creo que tiene poco que ver la cuestión que está usted planteando con el objeto de la comparecencia de la ministra. Le ruego que hable del tema, que es la Función pública.


El señor SEGURA JUST: La ministra ha hablado textualmente de los transexuales con capacidad de gestar y yo le estoy diciendo que me argumente cómo un transexual tiene capacidad de gestar, así de sencillo.


También ha hablado de la mirada de género. Supongo, señor presidente, que el tiempo no habrá corrido cuando me ha hecho esta interrupción, ¿no?


El señor PRESIDENTE: Si usted quiere debatir con este presidente, no tengo ningún inconveniente.


Siga, porque su tiempo corre.


El señor SEGURA JUST: Pero quiero decir que usted no me habrá contado el tiempo que ha estado debatiendo conmigo.


Usted ha hablado de la mirada de género. La mirada de género para la contratación también de funcionarios de la Administración del Estado no deja de ser una discriminación positiva. Porque -y también me gustaría, señora ministra, que me
contestase a esto-, ¿qué ocurre a la hora de contratar a un futuro funcionario? ¿A quién cogerán antes? ¿A un hombre con un currículum impresionante o a una señora que no tiene ningún currículum? Porque si la ley de discriminación positiva dice
que a esa plaza tiene que tener acceso por fuerza una mujer, todos los hombres que hayan aprobado la oposición con notas altísimas, y que tengan muy buenos currículos, no podrán acceder a esa plaza.


Usted ha hablado también de que los interinos anteriores al año 2016, que tengan cinco años de experiencia como, entre comillas, interinos-funcionarios, podrán acceder directamente a la plaza. Esto es cargarse directamente el sistema de
oposiciones. En resumen, nadie va a querer estudiar oposiciones. Consistirá en meterte por la puerta de atrás en un ministerio o en una Administración pública del Estado con el correspondiente carné del PSOE o de Podemos, como he dicho antes, y
entonces ya te hacen funcionario fijo.


Usted también ha hablado de los consulados. Le digo una cosa como catalán que soy y es que en los consulados que tiene Cataluña, mal llamados o bien llamados, no lo sé, oficinas de asesoramiento comercial, a los empresarios extranjeros que
van a esos consulados y dicen que quieren invertir dinero en mi comunidad autónoma, Cataluña, se les dice que Cataluña es una nación sometida por la fuerza imperativa del Estado español con el ejército y con la policía. Por tanto, el Estado no ha
hecho absolutamente nada ni con el PSOE ni con el PP para contrarrestar esto. Porque, evidentemente, si hay alguien en el barrio que habla mal de ti, puedes hacer dos cosas: primera, llamarle la atención, que el Estado no lo ha hecho, no ha
llamado la atención a la Generalitat de Catalunya y, segunda, evidentemente, desmentirlo. Ningún cónsul ni ningún embajador español han desmentido absolutamente nada. El otro día estuve hablando con un eurodiputado y me dijo convencido que le
habían dicho en una de estas oficinas que en el referéndum del 1 de octubre de 2017 se votaba que se les dejase hablar catalán a los catalanes y tener un poquito de autogobierno en Cataluña; esto es lo que se ha transmitido en estos consulados.


Y, por último, me gustaría preguntarle también si el hecho de que los funcionarios, también por obra del PP, que no tengan conocimiento de las lenguas vernáculas de Cataluña, Baleares, Valencia y Galicia, no puedan acceder a la plaza en esos
lugares, como han dicho otros compañeros, es progresismo excluyente o es exclusión progresista para usted.


El señor PRESIDENTE: Vaya acabando, señor Segura.


El señor SEGURA JUST: Porque a usted se le llena mucho la boca de la palabra progresista, pero a la hora de la verdad aplican normativas medievales.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora De Luna.


La señora DE LUNA TOBARRA: Gracias, señor presidente.


Gracias, ministra, por sus explicaciones en materia de Función pública, que llegan al cabo de cuatro meses desde que usted tomó posesión de estas competencias.

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Usted es la ministra que huye del control del Congreso, ya que, a pesar de las comparecencias solicitadas formalmente en muchas ocasiones por los grupos de esta Cámara, incluido el mío, no ha venido a esta Comisión a dar explicaciones.


Centrándonos en materia de Función pública, en primer lugar, quiero expresar el reconocimiento de mi grupo parlamentario a todos los empleados públicos por su profesionalidad y por su vocación de servicio, que ha quedado patente, como usted
también ha dicho, durante la COVID y que ha permitido que hayan funcionado normalmente todas las instituciones del Estado y la prestación de servicios públicos. En segundo lugar, quiero señalar que usted es la tercera titular como ministra en
materia de Función pública en menos de dos años, lo cual evidencia el poco interés y respeto que tiene el Gobierno de España por los empleados públicos, a los que se les utiliza como moneda de cambio para obtener los apoyos de otros grupos
parlamentarios con la exclusiva finalidad de mantener a Sánchez en la Moncloa. Esto lo pudimos ver en el mercadeo bochornoso que se produjo con motivo de la convalidación del Real Decreto-ley 14/2021, que le tocó a usted defender en esta Cámara a
los pocos días de haber asumido la competencia de Función pública.


Esa falta de respeto por la administración también ha quedado patente en la desprofesionalización a la que ustedes la están llevando. Sirva como ejemplo la utilización generalizada que están haciendo de la previsión de la Ley de Régimen
Jurídico de eximir del requisito de ser funcionario del subgrupo A1 para ocupar el puesto de director general. Ustedes son el Gobierno que más ha hecho uso de esta excepción, utilizándola como norma para colocar a afines ideológicos o amigos del
colegio o del baloncesto del presidente Sánchez, por poner algún ejemplo.


Ustedes han creado la administración más elefantiásica y mastodóntica de la democracia: 22 ministerios, de los cuales hay tres vicepresidencias, hasta hace poco, cuatro; 31 secretarios de Estado; 50 subsecretarios o cargos con rango
equivalente; 54 directores de gabinete; 136 directores generales, etcétera. Tienen nada menos que 551 altos cargos y 2252 asesores. Espero, respecto a los altos cargos, que no me conteste igual que su secretaria de Estado, que cuando se lo
comenté el día de la comparecencia de los presupuestos, me indicó que este Gobierno -el suyo- tenía menos altos cargos por ministerio que los que tenía el Gobierno del Partido Popular. Claro, ustedes tienen 22 ministerios y nosotros tuvimos 13.
Según este planteamiento, sigan ustedes creando y aumentado ministerios y así a lo mejor baja todavía más la ratio de altos cargos. Solo en altos cargos, el Gobierno de Sánchez nos cuesta 108 millones de euros más que el último Gobierno del Partido
Popular. Mientras las familias, autónomos y empresas tienen que ajustarse el cinturón pagando más impuestos, por el precio inasumible de la luz, por la subida de la cesta de la compra, etcétera, el Gobierno sigue burlándose de los españoles sin
hacer el más mínimo ajuste en el gasto improductivo. Pero no solo es desorbitado el número y el gasto en altos cargos, es que en lo que se refiere a personal eventual, el gasto asciende a más de 68 millones de euros. Esto es lo que nos cuesta a
los españoles la escandalosa cifra de los 1252 asesores de este Gobierno. De estos 1252 asesores, hemos de señalar que la tercera parte no tiene ningún tipo de titulación de grado medio o superior, es decir, los méritos son afinidad ideológica e
incluso en algún ministerio tener alguna condena judicial. El número de asesores y el gasto destinado es el más alto de la democracia. Ahora entendemos el eslogan de Sánchez de que no va a quedar nadie atrás; desde luego, se han convertido
ustedes en una agencia de colocación de amiguetes con cargo al erario público. Todo ello en un momento en el que, tras la salida de la pandemia, aún quedan por incorporar al mercado laboral 239 000 trabajadores en ERTE y 226 000 autónomos en cese
de actividad. Según Cáritas, en 2021, ya son 11 millones las personas que se encuentran en exclusión social en España. Y con este panorama, señora ministra, ¿no han valorado ustedes el gesto de renunciar a la subida de sueldo de los altos cargos
como ha hecho este Congreso con los diputados durante el segundo año consecutivo?


En otro orden de cosas, usted ya sabe que existen unos incentivos económicos para determinadas comunidades autónomas, para los funcionarios de la Administración del Estado en aquellas comunidades o zonas del territorio nacional donde es
difícil la cobertura de las plazas, como, por ejemplo, jueces y fiscales en el País Vasco y Navarra, policías y guardias civiles, o incluso complementos para todos los funcionarios de la AGE en Baleares o en las ciudades autónomas de Ceuta y
Melilla, por citar algunos ejemplos. Cataluña, como sabe, es una comunidad de difícil cobertura por la carestía de la vida, por el hostigamiento del entorno separatista y también por el incumplimiento del bilingüismo en la enseñanza. Entonces,
¿por qué han vetado las enmiendas que proponía mi grupo precisamente para dar mayor estabilidad a las plazas de la AGE en Cataluña, tal como existen, como le digo, en otras zonas de España? ¿Es por el sometimiento al chantaje de los grupos
separatistas que sostienen a Sánchez en la Moncloa? ¿Es una forma de reducir el Estado en Cataluña, dejando morir por falta de personal precisamente las

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instituciones del Estado? Que además, como usted decía, incluso tienen un envejecimiento de las plantillas. Esto ocurre en Cataluña, donde la media, como usted decía, es de 52 años; y si nos vamos a la Seguridad Social, la media es de 58
años, o sea, que allí tenemos carestía de plantilla y además envejecimiento.


Ahora quiero hablar de la Muface, a la que se ha referido y ha dicho que se había ampliado alguna prestación. Pero la realidad, señora ministra, es que precisamente por la falta de una financiación adecuada, las aseguradoras que ahora mismo
tienen el concierto con Muface, que va a empezar a partir del 1 de enero, van a reducir los servicios porque no les trae cuenta, incluso están desconcertando muchos de los hospitales; además, usted sabe que una de las aseguradoras no va a suscribir
el nuevo concierto para el 1 de enero del próximo año. Entonces mi pregunta es si quieren también dejar morir poco a poco el mutualismo administrativo precisamente con la bajada de servicios. Además, han reducido la flexibilidad con la que han
contado siempre los funcionarios de poder elegir dos veces al año quién quieren que les preste la asistencia sanitaria. Ustedes la reducen a una, con lo cual, entre que les reducen esta flexibilidad y los servicios, quiero saber si es que están
haciendo de forma sibilina que vaya muriendo la Muface para así contentar a sus socios de Podemos, que no hace falta que le diga que están absolutamente en contra del mutualismo administrativo.


Quiero plantearle otra cuestión. En los Presupuestos Generales del Estado para 2021, en una de sus disposiciones adicionales se recogía un complemento específico para el personal al servicio de la Administración de Justicia, enumerando los
distintos cuerpos de justicia a los que les afectaría este incremento retributivo, y además se disponía que se negociaría en el ámbito de la Mesa de Retribuciones y Empleo de la Administración de Justicia. En virtud de ello, y durante seis meses,
el Ministerio de Justicia y las organizaciones sindicales más importantes y representativas: CSIF, UGT, Comisiones y STAJ, después de nueve reuniones, han llegado a un acuerdo satisfactorio el día 14 de septiembre. Un mes y medio después, usted,
señora ministra, decide no dar el visto bueno a este acuerdo y, además, pretende reescribirlo con una propuesta que supone un fuerte recorte en las condiciones ya pactadas. Usted ha dinamitado el principio de la buena fe negocial, fundamento de
derecho de la negociación colectiva, al no respetar la palabra que se les dio a los representantes sindicales de los 15 000 funcionarios trabajadores de la Administración de Justicia. Esto ha provocado, como sabe, la convocatoria, que tienen ya
planteada, de distintas movilizaciones para protestar por esta ruptura de un acuerdo y, sobre todo, para exigir su cumplimiento. Señora ministra, ¿cuál ha sido la razón por la que usted ha roto el acuerdo alcanzado con todos los sindicatos en la
mesa de negociación, dejando además en evidencia a la ministra de Justicia y a su propio secretario de Estado de Función pública, que se habían comprometido con los representantes de los empleados públicos? ¿Considera que usted y su equipo, en
general su Gobierno, tienen todavía algún tipo de credibilidad para sentarse en las mesas de negociación de la administración para tratar sobre cualquier tema? Quiero decirle que es la primera vez que se rompe por parte de la administración un
acuerdo fruto de la negociación colectiva.


Hablando de romper acuerdos, también quiero señalarle que ayer precisamente en esta Cámara se votó una enmienda para dar un fondo COVID de 9000 millones a las comunidades autónomas, y ahora estamos viendo cómo desde la Moncloa están ya
buscando pretextos precisamente para no cumplir lo que ha decidido esta Cámara al votar esta enmienda. Quiero preguntarle, ministra, si esto lo arreglará usted también el lunes, porque creo que está todo el mundo pendiente de qué va a ocurrir con
esto.


Y ya por último, para finalizar, quiero preguntarle respecto a la formación de los funcionarios del Instituto Nacional de la Administración Pública. Me gustaría que me dijera cómo se ha hecho la valoración de las necesidades formativas en
la Administración pública y, sobre todo, un tema muy importante: si la programación de los cursos va a redundar en la carrera profesional de los empleados públicos y en su propia formación.


Nada más, señora ministra. Muchas gracias por su atención, y quedo a la espera de sus contestaciones.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora De Luna.


Para finalizar, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra su portavoz, el señor Aceves.


El señor ACEVES GALINDO: Muchas gracias, presidente. Buenos días, señorías.


Buenos días, ministra. En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, bienvenida a esta Comisión, que es la suya, pero ya con el área de Función pública añadida a sus responsabilidades. Y, por supuesto,

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le deseamos lo mejor en esta faceta que añade a la suya conocida de todo lo que significan las competencias de Hacienda en el Gobierno de España.


La verdad es que yo creo que en el contexto en el que estamos, señorías, todavía viviendo una pandemia, y reconociendo como ampliamente ha reconocido la sociedad española, además de forma abrumadora, el papel que tienen los servicios
públicos para mantener una sociedad como la nuestra, para poder mantener el día a día de la ciudadanía en todos los aspectos, en los servicios públicos básicos, en los elementales, en los necesarios para el día a día de la ciudadanía, pues que venga
la ministra hoy aquí y que yo escuche a pocos grupos parlamentarios reconocer lo que ha hecho este Gobierno, que ha sido siempre poner encima de la mesa la mejora de las condiciones de los empleados públicos, el avance de los derechos, que al fin y
al cabo repercuten diariamente en la ciudadanía, pues es, una de dos, o no vivir en el país en el que vivimos o buscar disculpas y pretextos para no reconocer el impulso que este Gobierno ha realizado en los últimos tres años para poner una vez más
el foco en lo importante, que es la mejora de los servicios públicos. Y lo digo, señorías, porque yo no me cansaré nunca de reconocer, y lo digo en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, el papel fundamental que para la salida de una pandemia
como la que estamos viviendo han tenido todos los servicios públicos. Sus empleados, sus empleadas -en general, toda la estructura administrativa- han hecho un esfuerzo ímprobo para estar a la altura de lo que un país como el nuestro necesitaba.
Por lo tanto, una vez más les reconozco -y lo digo efusivamente- y también agradezco el trabajo que han hecho y la profesionalidad que tienen nuestras trabajadoras y trabajadores públicos.


Para avanzar después de una pandemia como la que estamos viviendo hay que tomar decisiones, y, señorías, es obvio, pero lo vuelvo a repetir, que en este país, desde que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno, se ha tenido en cuenta siempre
una línea de ruta clara con respecto hacia dónde tenemos que avanzar: primero, subida de salarios de los empleados públicos. Recuerdo en tribuna al señor Casado, en plena pandemia, ponerlo en tela de juicio, diciendo que, bueno, eso no se podría
producir. Se produjo, el año pasado y este año, con una mejora del poder adquisitivo en estos años del 3,8 % para los empleados públicos, a pesar de vivir una situación tan complicada.


Segundo, aumento de las tasas de reposición. Señorías, el Partido Popular en este país, durante cinco ejercicios seguidos, tasa de reposición cero. Apuestan por la privatización de servicios, no lo olvidemos nunca, porque cuando no hay
tasa de reposición y no se cumplen servicios, las administraciones solo pueden contratar a empresas privadas.


Tercero, aumento exponencial de la oferta de empleo público. ¿Alguien puede negar que hay más de 100 000 plazas desde que Pedro Sánchez llegó al Gobierno de España puestas como oferta de empleo público? Cada año se rompe la barrera
histórica del número de plazas encima de la mesa para volver a poner los servicios públicos en el nivel que necesitan para cumplir y que sean de calidad.


Cuarto, transformación digital, modernización, reducción de la temporalidad. Claro que sí, señorías, porque este Gobierno y este grupo parlamentario -lo dije el día 21 cuando convalidamos el real decreto-ley- es un Gobierno y un grupo que
cumple, dijimos que faltaba la última fase para aprobar la ley, que era la del diálogo entre los grupos, y lo hemos mantenido. Y, señorías, seamos sinceros ante la opinión pública que nos está viendo hoy y que nos verá: todos los grupos han tenido
conocimiento, incluso a las once de la noche, cuando se produjo el acuerdo el otro día, de que habíamos llegado a un acuerdo. Pero importante, señorías: con la mano tendida, lo sigo diciendo, con la mano tendida a todos los grupos que se quieran
incorporar a poner en marcha un sistema que es constitucional, señorías; lo repito: que es constitucional, y, si no, es que no se han leído todavía el informe de ponencia, no se han leído los textos que el otro día comentamos en ponencia. Hay
sentencia del Constitucional, hay encaje para poder ponerlo en marcha y, por lo tanto, no entiendo, o no se lo han leído o vienen aquí simplemente a embarrar el debate político, cuando hay miles de personas esperando que como parlamentarios les
demos una solución.


Quinto: y también, por qué no, con anuncios importantes, como que el año que viene, 2022, será el año en el que por fin haya una ley de Función pública de la Administración General del Estado. El impulso una vez más. Siempre que el
Partido Socialista gobierna lo que intenta es que haya un modelo de evaluación de políticas públicas, algo que el Partido Popular eliminó cuando llegó al Gobierno, porque no le interesa, porque solo de boquilla lo pone encima de la mesa cuando habla
de transparencia, de buen gobierno y de modernización, solo de boquilla, porque hay que evaluar las políticas que se realizan y realmente lo eliminaron al reducirlo prácticamente a la mínima expresión. Y sí, señorías, con diálogo y transparencia,
con diálogo y transparencia, aunque no guste, pero se hace con diálogo y con transparencia

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siempre. Y, por supuesto, con un principio que es nuestro, y lo digo claramente, que es socialista: el de la igualdad, el de la igualdad.


Por otra parte, después de escuchar en esta Comisión lo que he escuchado, pues, señorías, seguramente entenderán lo que voy a decir a partir de ahora, que quería referirme a otros aspectos. He escuchado a la derecha, primero al portavoz de
Ciudadanos y luego al Grupo Popular, y yo creo que ya llegan..., o sea, cuando no se tienen argumentos políticos serios y convincentes, se intenta buscar la anécdota política, y vienen aquí a poner en tela de juicio, digamos, lo que es el sueldo que
se aumenta -como el de los empleados públicos- al Gobierno. Yo les digo a ambos: yo soy segoviano, vengo de Castilla y León, ustedes gobiernan en coalición en Castilla y León; entonces, espero que presenten hoy, que hay debate de presupuestos en
Castilla y León, una enmienda para eliminar la subida de sueldo del presidente y de los consejeros de Castilla y León, que también lo suben (aplausos), porque si ustedes no lo hacen, lo que están demostrando una vez más es que no son coherentes.
Espero que hoy mismo en Castilla y León, hoy mismo, por coherencia, ustedes, los dos que gobiernan juntitos, respecto al sueldo de los consejeros y del presidente de Castilla y León hagan el mismo discurso, el mismo, señorías.


Pero es que digo más, en comunidades como la de Madrid, por ejemplo, es muy fácil decir que en Madrid no se sube el sueldo; claro, cobrando 18 000 euros más la presidenta de la Comunidad de Madrid que el presidente del Gobierno de España es
muy fácil hacer demagogia. Los ciudadanos están hartos de este tipo de políticas, señorías de la derecha, están hartos, porque es ir al mínimo aspecto, a la anécdota, a la chorrada. Vamos a hablar de políticas. En nuestro país, señorías, nadie se
cree los discursos del Partido Popular, porque sabemos cuáles son sus principios: con la boquita pequeña ahora, que están en la oposición, defender lo público, pero con la mano grande, cuando están en el Gobierno, asestar todos los golpes que
pueden a lo público, con privatizaciones, sin tasas de reposición y sin destacar la realidad de las necesidades que tiene nuestro país. Así que, señorías, de verdad, modérense, arrimen el hombro, que España necesita altura de miras en estos
momentos tan complicados, y menos demagogia; más compromiso y menos demagogia, más avanzar y menos retroceder.


De la ultraderecha espero poco, muy poquito, lo digo sinceramente, porque sé que ustedes se han fundado exclusivamente para embarrar la vida pública, para generar odio, exclusivamente; exclusivamente. Pero, hombre, llegar hoy aquí y hacer
el ataque que ha hecho el señor Segura a los empleados públicos poniendo encima de la mesa carnés ideológicos, mire, los empleados públicos son lo suficientemente mayorcitos como para hoy, después de su actuación, reconocer que ustedes jamás los
defenderán. Ustedes son más bien los que defienden otras cuestiones, a los más poderosos, a los que menos dificultades tienen. Utilizan su discurso para intentar llegar a los trabajadores, pero todos sabemos que ustedes son de alta alcurnia, y eso
lo saben todos los españoles; así que, señorías, credibilidad, ninguna. Y, desde luego, no les vamos a permitir en este grupo parlamentario ningún ataque como el que han hecho relacionado con la violencia de género. Es vomitivo que todavía en
nuestro país, con las altas cifras que existen, sigan poniendo en tela de juicio en esta Cámara, donde representan los intereses de los españoles, políticas de discriminación positiva para ayudar a la mujer que sufre malos tratos. Así que ni un
paso atrás, señorías, desde luego, en nombre de este grupo, a pesar de sus soflamas, que se ve que para ustedes es muy divertido, pero para nosotros es demasiado serio cuando está en peligro, como vemos cada día por desgracia, la vida de muchas
mujeres. Desde luego, ahí no nos encontrarán nunca; siempre enfrente, nunca a su lado. (Aplausos).


Y termino, señorías, tendremos luego tiempo de hablar de alguna cuestión más, pero quería terminar con la temporalidad. Señor presidente, diez segundos; termino con esto, que luego tendremos un segundo turno. Sabíamos que ustedes,
señorías de la ultraderecha, hiciéramos lo que hiciéramos lo iban a llevar a los tribunales, pero les hemos pillado con el pie cambiado, ¿saben por qué? Porque ustedes han denunciado en los tribunales el real decreto-ley y ahora va a haber una ley
que va a cambiarlo profundamente. Por lo tanto, se les ha pillado, porque ustedes lo que hacen es ir en contra de los empleados en temporalidad de nuestro país.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Aceves.


A continuación, tiene la palabra la señora ministra para responder a las cuestiones que han planteado sus señorías.

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La señora MINISTRA DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA (Montero Cuadrado): Muchas gracias, señor presidente.


Agradezco a la mayoría de los grupos su intervención y su tono. Voy a ir en el sentido inverso de como se ha intervenido en la Cámara, por intentar no repetirme y fundamentar una parte de mi intervención en la que acaba de hacer el señor
Aceves, que suscribo totalmente respecto a las consideraciones políticas que están detrás.


Señora De Luna, de verdad le digo que espero más del Grupo Popular de lo que usted ha expresado en esta intervención hablando en una comparecencia de legislatura. Sinceramente le digo que creo que el Grupo Popular tiene mucho más que
aportar a este debate que la altura que usted ha cogido aquí expresando la opinión del Partido Popular. ¿De verdad usted cree que las materias que tienen que ver con la modernización de las administraciones públicas se resumen, por cierto, en
bloques similares a los de su socio de ultraderecha respecto a altos cargos, asesores, Cataluña y Muface? ¿No tiene usted nada que decir respecto a cómo resolver la temporalidad en el sector público después de años en los que la nula tasa de
reposición ha generado una altísima precariedad? ¿No hay ninguna reflexión respecto a qué opinan ustedes en esta materia? ¿No hay ninguna reflexión respecto a cómo un país tiene que conducirse en términos de buen gobierno, de transparencia, de
capacidad de evaluar las políticas públicas, de modernizar instrumentos que puedan motivar el desempeño de las tareas de los empleados públicos?


O sea, usted no tiene nada que aportar más que ir a los tópicos de la ultraderecha que previamente la ha precedido en el uso de la palabra respecto a intentar, como siempre, bueno, pues ridiculizar las aspiraciones de los territorios a que
se respeten sus lenguas cooficiales, algo que es constitucional. Esto no es una cuestión que aquí se le ocurra a un grupo de diputados, es que la Constitución obliga, exige el respeto de las lenguas cooficiales, y ustedes directamente lo
desprecian, incluso lo satanizan. No tienen ustedes nada que decir respecto a cómo evoluciona la necesidad de dar respuesta desde las estructuras directivas de las administraciones a los ciudadanos; se quedan ustedes con las cuestiones de si hay
veinte ministerios, diez ministerios, once ministerios. Lleva usted una comparativa, de verdad se lo digo, que me parece infantil respecto a que el número de altos cargos no hay que medirlo. Según usted, el número de altos cargos no hay que
medirlo, hay que medir el número de ministros. Para comprobar el dimensionamiento que tiene una estructura directiva en el marco de una administración, según usted, no hay que mirar los altos cargos, hay que mirar el número de ministros. ¿Que hay
más ministros y menos altos cargos? Eso no importa. ¿Que hay menos ministros y más altos cargos? No importa. O sea, a usted le da igual la dimensión de la estructura, porque usted se abona, señora De Luna, y yo le ruego que usted se escuche, al
discurso de tierra quemada de VOX y de la ultraderecha, poniendo en ridículo todo lo que es el funcionamiento de la Función pública, el funcionamiento de los miles de empleados. No hay nada que haya merecido su comentario ni en positivo ni en
negativo.


Por lo tanto, solamente voy a hacer alguna referencia por alguna duda velada o un par de dudas veladas que usted ha querido plantear. Sobre el respeto de las lenguas cooficiales, creo que está todo dicho, no voy a hablar más. Sobre el tema
de Muface, yo no sé lo que usted ha querido decir con el tema de Muface, pero yo le recuerdo que este año hemos suscrito un concierto para los años 2022 a 2024; o sea, es la primera vez que con Muface se suscribe un concierto que supera una
anualidad. Usted no ha dicho nada de eso, usted ha puesto en cuestión el propio concierto, cuando este Gobierno lo ha llevado hasta el año 2024; por tanto, se cae el argumento. Y con la incorporación de una prima incrementada, que en el último
año de vigencia alcanza la subida del 10 %. Pero es que usted no se ha leído el convenio de Muface, es que usted simplemente ha venido aquí con sus apriorismos. No, no se lo ha leído, porque lo que yo le estoy mencionando es el convenio, que tiene
esas características singulares respecto al convenio anterior. Usted viene aquí, como siempre, metiendo miedo, sí: les van a quitar a ustedes esto, les van a quitar lo otro, a los funcionarios les van a quitar el mutualismo. Tienen ustedes un
problema ideológico. Hechos, señora De Luna, hechos. Este Gobierno cuando ha renovado el contrato de asistencia sanitaria lo ha dispuesto por un periodo superior al que lo había hecho previamente el Partido Popular, y ha adecuado las tasas, en
diálogo con el sector, a los requerimientos de las nuevas demandas sanitarias; incluso, señoría, incorporando en la cartera de servicios algunas prestaciones que hasta la fecha no existían y que permiten seguir trabajando en cuestiones como, por
ejemplo, la protonterapia; la plataforma de telemedicina; la reproducción asistida; en prestaciones para funcionarias víctimas de violencia de género, por ejemplo, en sesiones de psicoterapia ilimitada; también en cuestiones derivadas de
accidentes en acto de servicio, etcétera. Usted no se ha leído el concierto y, por tanto, todas las cuestiones que ha

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mencionado han sido, desde luego, sin ningún tipo de fundamento según lo que se ha firmado, lo que se ha convocado, no según las elucubraciones que cada uno quiera hacer.


Respecto a la Administración de Justicia, es un tema que evidentemente corresponde a la Comisión de Justicia. Porque, claro, si la ministra de Hacienda tiene que hablar de todo en lo que interviene, entonces intervengo en todo el Gobierno,
ya se lo digo, señora De Luna. Es la característica de los ministros y las ministras de Hacienda, que opinamos, intervenimos y evacuamos informes yo diría que para el 100 % de las actividades que desarrolla un Gobierno. Entonces, si cada vez que
sobre los informes que se evacúan tengo que venir a dar explicaciones a esta Cámara, le puedo decir que de aquí, señor presidente, no nos vamos a mover, porque, evidentemente, todo pasa por Hacienda, y esto es algo que alguien que haya gobernado en
alguna ocasión bien lo sabe. Por tanto, señora De Luna, hay acuerdo cuando se firma un acuerdo, y, si no, hay documentos de trabajo, hay borradores, hay relaciones entre los diferentes departamentos, pero es obvio que cuando hay acuerdo es cuando
el Gobierno traslada un acuerdo, y en este momento se está negociando. ¿Que hay tensión por parte de las organizaciones sindicales? Sí, pero se está negociando. Insisto, creo que le corresponde a la Comisión de Justicia abordar esta cuestión,
porque, si no, hablaríamos de todo lo que en este momento en el marco del Gobierno se está discutiendo, puesto que de todo tenemos opinión y además tenemos que expresarla, según marca la legalidad.


De lo único que puedo tomar nota de su intervención para incorporar a las previsiones de futuro tiene que ver con las necesidades formativas y la carrera profesional. Yo lo que he querido decir -creo que usted incidía en esa cuestión- es
que, evidentemente, no se trata solo de hacer un diseño de un itinerario profesional, sino que se trata de ayudar a los empleados públicos a conseguir ese itinerario a partir de la detección y de la completación de aquellas lagunas formativas que le
impiden o que suponen una traba para que el funcionario promocione. Creo que usted se refería también a lo mismo, y si es en ese sentido, pues, como le he comentado, lo comparto, evidentemente.


Sin embargo, respecto al resto de cuestiones, me parece muy seria esta comparecencia cuando se habla de algo tan grave como la temporalidad del sector público, y, por tanto, usted entenderá, señora De Luna, que le podría poner muchos
ejemplos, como ha hecho mi compañero de grupo político, el señor Aceves, respecto a la demagogia que se esconde en su intervención. Básicamente, cuando ha hablado de altos cargos, él se ha referido a Castilla y León, pero yo me podría referir a la
Comunidad de Madrid; y es que también me puedo referir, para que no haya susceptibilidades en Madrid, al Ayuntamiento de Madrid, no solamente a la Comunidad de Madrid. Es que la presidenta de la Comunidad de Madrid cobra 103 000 euros, es que los
consejeros de la Comunidad de Madrid cobran más de 100 000 euros, es que el alcalde de Madrid cobra 108 517 euros, y así tiene usted toda esa información en el portal que se publicó hace escasamente unas cuantas semanas. Si usted quiere hacer un
ranking, hágalo, a ver cuántos responsables autonómicos cobran más que el presidente del Gobierno; hágalo (aplausos), responsables autonómicos o alcaldes. Acabo de poner el ejemplo del alcalde de Madrid. ¿Por qué no se produce una bajada salarial
según lo que usted dice? Si parece que...


¿Sabe usted qué le digo, señora De Luna? Ese camino, el camino de intentar denostar el desarrollo del trabajo de los que están al servicio del conjunto de la comunidad porque así lo han decidido los ciudadanos no se llama democracia.
Intentar denostar desde el planteamiento de que si son personas que se aprovechan de los puestos, que si son personas que cobran más de lo que les correspondería, que si son personas que hacen una utilización según su interés de los recursos
públicos, un partido que tiene aspiración a gobernar, señora De Luna, no se puede permitir ese lujo, no se lo puede permitir. Que lo haga la ultraderecha vale -que ojalá entre todos consigamos que nunca gobiernen-, ¿pero que ustedes, que gobiernan
y han gobernado, denuesten el trabajo de los presidentes autonómicos, del presidente del Gobierno, de los ministros, de los altos cargos? ¿De verdad esta es la tarea que nos permite consolidar instituciones y democracia? Yo creo que no. Yo estoy
en las antípodas de esa cuestión, señora De Luna. Creo que hay que dignificar la tarea política porque si no, ocurre lo que ha comentado el portavoz de Ciudadanos. Según el portavoz de Ciudadanos, el empleado público que va asumiendo
responsabilidades políticas debe tener menos derechos que el funcionario público que va promocionando en su carrera profesional. (Denegaciones del señor Espejo-Saavedra Conesa). Sí, sí, sí, eso es lo que ha dicho. Es que cuando uno promociona en
su carrera profesional consolida niveles y cuando un empleado público presta el servicio -y lo voy a defender- al conjunto de los ciudadanos de aparcar provisionalmente sus tareas profesionales, a veces, créame, cobrando en ellas más de lo que cobra
en las responsabilidades públicas -es que hay que decirlo, hay escalas del Estado que cobran, de forma justa, más de lo que

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cobra la mayoría de sus señorías o de lo que cobra el presidente del Gobierno o un presidente autonómico en su propia comunidad-, según ustedes esto es un demérito, o sea, no hay que contabilizarlo en su carrera profesional ni le tiene que
servir para consolidar niveles. Es decir, que no venga nadie, que se dediquen a consolidar niveles con menos responsabilidad en otros entornos y que se incorporen a las tareas directivas de la Administración pública aquellos que vienen del sector
privado o que no tienen de donde venir, según su planteamiento. Yo no voy a compartir nunca cualquier planteamiento que denueste a aquellos que prestan unos años de su vida al servicio del conjunto de los ciudadanos. Me niego a llamarle a eso
enchufismo, me niego a llamarle a eso paniaguado, como dicen algunas personas, y me niego a que en esta Cámara representantes de la soberanía popular no dediquen unos minutos a defender a aquellos que son representantes de la soberanía popular,
porque si no, estamos haciéndole un flaco favor a la democracia.


Señora De Luna, de su intervención no he podido tomar nota de ninguna cuestión adicional porque, ya le digo, se ha ido usted a los lugares comunes a los que va la ultraderecha, cuestión a la que a mí particularmente no me interesa dedicar
más tiempo.


Señor Ruiz, claro que a la ultraderecha hay que combatirla, lo digo y lo repito las veces que haga falta; a la ultraderecha hay que combatirla. ¿A usted no le ha gustado que diga que su partido es de ultraderecha? (El señor Ruiz Navarro
se encoge de hombros). Ah, ¿no? Es que como usted ha dicho que les llamo de ultraderecha o de derechas, ¿a ver si es que ahora son de izquierdas? (El señor Segura Just: Y usted es de ultraizquierda). Claro, como en esa parte del discurso
político terminan ustedes siempre intentando algo, no sé qué, confundir desde luego que no. Ustedes son un partido de ultraderecha. El señor Espinosa de los Monteros dijo el otro día en tribuna algo muy grave, para que vea si ustedes son o no de
ultraderecha. Yo ya se lo dije. Dijo algo muy grave, dijo que VOX no era un partido, que VOX era un movimiento. ¿Recuerda usted eso del Movimiento Nacional y esas cosas? (Denegaciones del señor Ruiz Navarro). No, no se acuerda. Usted tiene
edad para acordarse de ese momento. (El señor Ruiz Navarro: No, la tiene usted). Yo sí tengo edad para acordarme, claro que la tengo. Dijo que era un movimiento y que al final solo quedaría en pie VOX. Eso lo dijo el señor Espinosa de los
Monteros en tribuna, lo que provocó un comentario de su señoría y que yo dijera 'miedo me da' cuando ustedes se atreven en la tribuna del Congreso de los Diputados a dar ese pequeño paso -gran paso- en el relato y la exposición pública.


De la parte de Muface ya le he trasladado lo que tenía que comentar. Ustedes, como bien ha dicho mi compañero de grupo político el señor Aceves, dicen que van a requerir de inconstitucionalidad todo. No nos extraña, señor Ruiz, ustedes
requieren de inconstitucionalidad todo; ustedes, que no creen en la Constitución. Esto es curioso, el partido que tiene un supuesto ideario claramente anticonstitucional está todo el día de camino al Tribunal Constitucional para intentar ganar por
la vía del Constitucional las cuestiones que ustedes políticamente pierden en esta Cámara o ganan otros grupos políticos en esta misma Cámara.


Habla usted de chiringuitos, señor Ruiz, se lo voy a decir cada vez que lo mencionen para que, en algún momento, tengan algo de pudor. Ya sabe usted lo que voy a decir, ¿no? Para hablar de chiringuitos, el señor Abascal. (El señor Ruiz
Navarro y el señor Segura Just, del Grupo parlamentario VOX: ¡Claro!-Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Socialista). Claro, lo que no se puede hacer es lo que hacen ustedes, que es que el líder de su grupo
político... (el señor Ruiz Navarro: cinco años). Ah, ¿que estuvo cinco años? Perfecto. (El señor Ruiz Navarro: No, usted). Yo jamás he trabajado en lo que ustedes llaman chiringuitos. ¿Sabe por qué? Porque tengo mis oposiciones aprobadas.
No sé si usted las tiene (el señor Ruiz Navarro: Investígueme) y no sé si el señor Abascal las tiene. Esto no es interactivo, señorías, se lo digo porque no se trata de que usted me vaya contestando porque entonces el resto de las señorías se
marchan y empezamos a hablar usted y yo, si le parece conveniente. Es que le duele que se lo diga, pero se lo voy a decir. No tienen legitimidad para hablar de chiringuitos cuando el señor Abascal estuvo en un chiringuito donde prácticamente
estaban él y el chiringuito. (Aplausos). No había ninguna estructura por debajo. Y eso, señorías, les desacredita para hablar de cualquier cuestión que tenga que ver con los chiringuitos.


¿Que no se trata de redistribuir riqueza? Claro que se trata de redistribuir riqueza, claro que sí. (Denegaciones del señor Ruiz Navarro). Se trata de crear riqueza y redistribuirla, predistribuirla y redistribuirla, dos cuestiones,
predistribución -subida del salario mínimo interprofesional- y redistribución a través de una fiscalidad progresiva y justa. Los servicios públicos son un instrumento de redistribución de la renta. ¿Sabe por qué? Porque se financian con
impuestos, el que más tiene más aporta, el que

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menos tiene menos aporta, pero todos recibimos según nuestras necesidades. Se llama redistribución. ¿También ponen en cuestión eso? ¿También creen que la asistencia sanitaria se tiene que dar en función del dinero que tenga en la cuenta
bancaria el ciudadano? Porque eso es redistribución y usted la ha negado.


Señor Segura, en el lío que usted se ha traído respecto al género, como ha dicho el señor Aceves, no voy a entrar. Usted dice que estamos sustituyendo los sistemas de provisión de puestos por entrevistas. ¿Qué entrevistas? ¿Dónde ha leído
usted eso? ¿Dónde se propone que se sustituya un sistema provisión por una entrevista? (El señor Segura Just: En el proyecto). ¿En la ley que se está tramitando en este Congreso? (El señor Segura Just pronuncia palabras que no se perciben).
¿Usted dice que sí? Ustedes no pueden mentir y menos en sede parlamentaria. Dígame usted en qué artículo se dice que el sistema es una entrevista, dígamelo usted. (El señor Segura Just pronuncia palabras que no se perciben). Cuando le toque
hablar; si le va a tocar...


El señor PRESIDENTE: Señorías, por favor. Disculpe, señora ministra.


La ministra hace preguntas y todos los grupos van a tener cinco minutos para responderle. Les ruego que no interactúen porque no es así el formato.


Siga, señora ministra.


La señora MINISTRA DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA (Montero Cuadrado): Dígame usted en qué artículo del real decreto -proyecto de ley ahora- que se está tramitando se expone que el sistema de provisión será una entrevista, porque no lo dice
en ningún artículo. Le digo más, ningún grupo de esta Cámara ha propuesto que la provisión en propiedad de los puestos de trabajo sea a través de una entrevista, nunca. Por lo menos yo no lo he escuchado, no sé si en los debates alguien se ha
deslizado con algún comentario, pero yo no lo he escuchado. Dice usted que como se hace en Andalucía y Extremadura; mienten. No creo ni siquiera que el Partido Popular, actualmente gobernando en Andalucía, haya hecho un solo cambio de provisión a
través de una entrevista. Que yo sepa no, pero de esa parte no respondo, sí de la anterior.


Ah, que usted no sabe lo que es el acoso sexual. Usted tiene un problema, se lo digo desde ya, ustedes tienen un problema con esta materia. Si usted no sabe lo que es el acoso sexual cómo puede decir que el acoso sexual es de hombre a
mujer y de mujer a hombre. ¿Pero cómo puede decir eso? ¿Pero cómo pueden negar que haya miles de mujeres en este país -nuestras hijas incluidas, señoría- que sufren situaciones de acoso sexual? ¿Cómo lo pueden negar si es una realidad? Pero es
que usted ha dado un paso más. Su formación política no se atreve a decir lo que usted ha dicho hoy aquí, y no lo hace porque no lo puede decir públicamente. Y si usted no sabe lo que es un transexual con capacidad de gestar, usted tiene otro
problema. (El señor Segura Just se encoge de hombros). Ah, ¿que no lo sabe? Pues es cultura general. Desde luego, esta ministra no está en la obligación de trasladarle los diferentes tipos de transexualidad que existen y cuáles son las
condiciones para reproducirse. (Aplausos). Eso no se lo voy a explicar porque no estamos para una lección médica, como usted decía. Pero creo que es fácilmente entendible a qué nos referimos con transexualidad y con capacidad de gestar. Es que
usted está todavía en que los transexuales son hombres que se visten de mujer, seguramente está en esa teoría. Como usted está en esa teoría, no entiende que una mujer pueda querer también tener apariencia de hombre. Este es un debate que está en
la calle y que a usted haya que explicárselo me parece realmente complicado. En cualquier caso, también le digo que ninguna aportación por parte de VOX que me haya permitido tomar nota de cuestiones que puedan ser de interés para incorporarlas en
las diferentes normas.


Señor Espejo, no he entendido su intervención, creo que se ha separado totalmente de las declaraciones públicas de Ciudadanos, que ha hecho su portavoz el señor Bal. Ya no me ha quedado claro si ustedes están de acuerdo o no con los
ejercicios eliminatorios. Es que el señor Bal dijo que era inconstitucional, no sé si lo que usted ha dicho ahora es que hay que hacerlo extensivo; es que no sé qué ha querido decir sobre los ejercicios, pero, desde luego, no es lo que ha dicho el
señor Bal, que dijo públicamente que Ciudadanos considera ese mecanismo inconstitucional. Y usted hoy ha ido en dirección contraria. Evidentemente, se judicializan todos estos temas, entre otras cosas porque hay una formación política que todo lo
que sale del Congreso -sobre todo si entienden que puede tener tintes ideológicos- lo lleva al Constitucional, eso que hemos llamado la politización de la justicia que practica VOX. Por otra parte, usted entenderá que la norma se intenta hacer de
forma que respete todo el marco constitucional y todo el marco jurídico. Todos los que gobiernan, incluso este Congreso, cuando aprueban una iniciativa intentan que esté en el marco constitucional y en el marco jurídico. No vamos a hacer normas
desde el Congreso de los

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Diputados inconstitucionales a sabiendas. Yo creo que hay que tener respeto a esta Cámara, es decir, cuando esta Cámara promueve una norma entiende que es constitucional. ¿Que luego el tribunal se pronuncia en otro sentido? Bueno, pues
qué le vamos a hacer, seguro que hay mucho que mejorar. Pero partir de la idea de que el órgano representativo de los ciudadanos va a producir normas a sabiendas de que son inconstitucionales, de verdad les digo que yo no sé en qué instituciones se
manejan ustedes.


Tampoco me ha quedado claro lo que usted ha aportado respecto a las indemnizaciones. No sé si lo que usted ha querido decir es que la indemnización tiene que ser superior o no. Yo lo que le quiero decir es que no se tiene que producir
indemnización porque no hay que llegar a ese extremo, hay que solucionar el problema antes de que se produzca un despido en fraude de ley. Por tanto, señoría, si ustedes tienen alguna aportación que hacer en este sentido, háganla, háganla, y se
podrá estudiar si tiene que ser un cómputo de un tipo o de otro. Tengan en cuenta que, evidentemente, esas indemnizaciones las pagarán las administraciones públicas. Y usted decía: Es que yo no estoy de acuerdo o nosotros como grupo - ya no sé si
hablaba en su nombre o en nombre de su grupo- no estamos de acuerdo con que la paguen las administraciones públicas. ¿Me puede usted identificar entonces, según usted, quién tiene que pagar esa indemnización? ¿Usted está queriendo decir que el
funcionario tiene que pagar la indemnización de un trabajador? ¿O el presidente de una comunidad autónoma, señoría? ¿De su bolsillo? (El señor Espejo-Saavedra Conesa: Podría ser). Ah, podría ser, o sea, Ciudadanos plantea que, si en un momento
determinado se produce una situación de fraude de ley entre los miles de trabajadores que están en una administración, por ejemplo, autonómica, sea el presidente de la comunidad el que pague. (Denegaciones del señor Espejo-Saavedra Conesa). No,
tampoco. Señoría, como no es una propuesta, sino, simplemente, algo que uno desliza -no voy a calificarlo- sin más, pues... Y, además, dice: Y habría que acusarlo, si esto se produce, de responsabilidad contable. Pero, bueno, ¿de qué estamos
hablando, señoría? Es que decimos unas cosas... Si en un momento determinado hay una administración que, por las razones que sean, no puede cumplir lo que la ley establece de que se procurará -ni siquiera la ley puede ser taxativa al cien por
cien- que ninguna persona esté en esa situación, según usted, hay que acusarlo de un delito. (El señor Espejo-Saavedra Conesa: No). Sí, la responsabilidad contable es un delito, señoría. (El señor Espejo-Saavedra Conesa: No). Sí. Dígalo usted
como quiera, la responsabilidad contable la establece el Tribunal de Cuentas. (El señor Espejo-Saavedra Conesa: Y no es un delito). Bueno, pues será como usted quiera jurídicamente.


El señor PRESIDENTE: Por favor, no interactúen.


La señora MINISTRA DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA (Montero Cuadrado): Es que interactúan porque, claro, no tienen más remedio que interactuar porque cuando uno dice cosas de este tipo...


Según usted, responsabilidad contable, no menoscabo siquiera, sino responsabilidad contable, es decir, con dolo, con negligencia, con mala fe. Señoría, ni pies ni cabeza, desde luego son propuestas que no tienen sustento alguno. Y le digo
más, ¿por qué no lo aplican ustedes donde gobiernan, señor Espejo? ¿Por qué no lo aplican ustedes en Andalucía? ¿Por qué no lo aplican ustedes en Castilla y León, que hay fraude en la contratación? ¿Por qué no le piden usted responsabilidad
contable a la persona que usted cree que puede ser el responsable? Seamos serios, estamos hablando de la Administración pública.


Y ahora vamos a ir al debate en serio en la Comisión, si me lo permiten.


Señor Mazón, yo creo que compartimos, por supuesto, los objetivos generales y compartimos la necesidad de estabilizar el empleo. Tomo nota de lo que usted plantea respecto a los procesos en marcha, es algo que nos preocupa a todos. El
literal que incorpore la ley tiene que dejar claro -si no en la ley, en el desarrollo posterior- el alcance de estas cuestiones. Puedo compartir con usted que, evidentemente, los procesos que actualmente se han puesto en marcha, con tanto esfuerzo,
deben tener seguridad jurídica. Por tanto, tomo nota de esa cuestión y me parece importante.


Intentamos evitar la judicialización, señor Mazón. Todos los que hemos trabajado en el ámbito de la Función pública o que hemos tenido responsabilidades a lo largo de nuestra vida en el ámbito de la Función pública sabemos que es un sector
que está judicializado prácticamente de forma intrínseca, porque son miles de personas sobre las que se emiten resoluciones que posteriormente van a los tribunales en el ejercicio de sus derechos, ya que entienden que se pueden sentir vulnerados;
por lo tanto, es algo con lo que convivimos en el entorno de la Función pública, aprendiendo de las sentencias previas. Yo creo que se ha hecho un trabajo -y lo quiero decir, señor Mazón- por parte de los grupos políticos que han querido acordar el
proyecto de ley muy serio de estudio de la jurisprudencia y del alcance de las sentencias del Tribunal Constitucional para evitar la judicialización. Esto no significa que esté garantizado

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al cien por cien, evidentemente, porque hay grupos que de suyo lo van a llevar. Pero yo creo que se ha hecho un trabajo muy serio y se ha profundizado mucho en el sentir de los tribunales respecto a las medidas que se querían incorporar,
como que cuando una situación sea excepcional, que quede en evidencia que es una situación excepcional y que cuando se hace uso de algunos artículos, que quede bien fundamentado. Si se puede mejorar, mejórese, porque el objetivo de este Gobierno
es, evidentemente, que no se judicialice.


Señoría, el real decreto-ley que entró había sido acordado con las organizaciones sindicales y se había hablado con las comunidades autónomas, algunas compartían el sentir y otras lo veían difícil y complicado. Con lo que salga de aquí,
fruto del debate legítimo y de la capacidad legítima de modificación que tiene esta Cámara, volveremos a reunirnos con las comunidades autónomas y volveremos a trabajar de forma coordinada. Eso sí, tengo que respetar como Gobierno, igual que todos,
que la Cámara es soberana a la hora de abordar el proyecto de ley y de corregirlo, modificarlo o de establecer aquello que estime conveniente, incluso aunque sea con criterios que el propio Gobierno no comparta. También se lo digo, no siempre todo
lo que sale del Congreso tiene que ser compartido por el Consejo de ministros.


Estamos teniendo un gran respeto por la distribución competencial. Respecto a la posibilidad de que el examen sea o no un instrumento eliminatorio, se habilita a las comunidades autónomas para que puedan o no ejercer esa potestad. Creo que
hemos sido muy respetuosos con los diferentes niveles administrativos y, por tanto, señoría, si se puede mejorar, mejórese, lo que digo es que estamos en disposición de poder hacerlo.


Señor Legarda, estoy de acuerdo básicamente con toda su intervención. Hay dos cuestiones que quiero significarle. Tasa de reposición. Yo creo que la tasa de reposición por sí misma merece un debate. Ha sido un instrumento que se ha
utilizado por parte de las administraciones públicas para limitar el crecimiento de una partida de gasto que tienen las comunidades autónomas que es significativa y pesa de forma sustancial en el cumplimiento de los objetivos de consolidación
fiscal. Yo creo que hay que decir las cosas como son y llamarlas por su nombre. Por eso, la ley orgánica hace referencia a esa tasa de reposición, al objeto de que se pueda tener un instrumento que permita que no haya un crecimiento que no esté
dentro de unos límites de, insisto, una de las partidas de gasto -o de inversión, si lo prefieren llamar así, porque es inversión- más importantes que tienen las administraciones públicas. Se puede discutir, y se discutirá con motivo de las reglas
fiscales, cuáles son los parámetros que hasta la fecha han servido para hacer ese contexto de perímetro de consolidación, si son útiles, si son adecuados al momento del ciclo económico o si hay que flexibilizarlos. Todo eso en Europa está abierto,
por tanto, cuando terminemos ese debate y lleguemos a un consenso europeo, tendremos la capacidad de ver cómo han existido. Lo que ocurre -y usted lo puede compartir perfectamente, señor Legarda- no es que las administraciones no seamos
conscientes, incluida la Administración vasca, de la necesidad de tener monitorizado el capítulo de gasto de personal, que en algunos departamentos supone más del 50 % del coste total. Todos somos conscientes, sobre todo los ministros de Hacienda y
los consejeros de Hacienda, de que es una partida de gasto que hay que evaluar y monitorizar. El problema surge cuando uno incorpora una tasa de reposición que no se puede respetar. El problema es que, al existir la imposibilidad de sacar las
ofertas públicas de empleo, esas plazas se han ido ocupando con personal temporal. El objetivo no era que se incorporara personal temporal, como podemos todos entender, el objetivo era que no se incorporara nadie, que la plaza se quedara vacante,
pero el funcionamiento de los servicios -y yo soy la primera que lo digo porque he estado trabajando en ese entorno- obligaba a incorporar personas a esos puestos de trabajo que se han jubilado. Como no se puede sacar la plaza fija, se concatenan
contratos temporales, hasta producir la foto aberrante que tenemos en este momento de excesiva temporalidad en los diferentes sectores. ¿En todos? No. Sanidad y educación, lógicamente, son los dos sectores que tienen una mayor temporalidad.
Entonces, al tener una mayor temporalidad y ser sectores cuyo movimiento implica una distorsión en el funcionamiento del servicio público, el decreto-ley da el plazo de un año -esto no es algo que se pueda hacer de hoy para mañana- para poder
adecuar todo ese movimiento sin que se provoquen molestias a los ciudadanos. Le pongo algún ejemplo -y usted lo sabe, señor Legarda-, médicos de familia, sin que se provoque ahora un cambio masivo de esos ciudadanos a otros médicos de familia
porque la plaza la coge una persona distinta o sin que esto implique que a mitad del año los alumnos tengan que cambiar de profesor, lo que dificultaría el desarrollo educativo. Es por lo que se dice que estos dos servicios tendrán un año para que
las comunidades autónomas planifiquen cómo van a hacer esas ofertas de empleo sin que se afecte de manera importante al funcionamiento de los servicios. En cualquier caso, todas las ideas en este contexto son bien recibidas porque lo que se quiere
hacer es preservar el

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funcionamiento del servicio. Por eso le decía que la tasa de reposición yo creo que tendrá una discusión importante en el futuro. Lo que sí establece ya este decreto-ley es que, de aquí en adelante, la tasa de reposición será la resultante
del número de personas que estén ocupando una vacante. Siempre decimos que lo que se sacan son puestos de trabajo para que lo ocupen personas, no para que a la persona que lo está ocupando se le garantice el puesto de trabajo; esto es una
sutileza, pero es importante porque sería inconstitucional establecerlo de esta manera. Se garantiza que todas las plazas que estén ocupadas de forma temporal, en un plazo máximo de tres años tendrán que salir a oferta pública de empleo. Ya da
igual la tasa de reposición que se tenga porque esa plaza se tendrá que sacar obligatoriamente por ley. Cuando hablemos de reglas fiscales discutiremos si tiene sentido la tasa de reposición en este contexto, porque, insisto, no es un instrumento
del Ministerio de Hacienda, es un instrumento de consolidación fiscal para todos aquellos que tenemos la obligación de avanzar en ese camino.


Comparto lo que usted dice de los algoritmos, estoy totalmente de acuerdo, señor Legarda. Los algoritmos que se vayan a utilizar -y cada día más- en la Administración pública tienen que ser transparentes, se tiene que conocer cómo y de qué
manera se construyen. Fíjese que si lo hicimos con la regulación de los riders respecto a las plataformas que utilizaban algoritmos, que les obligamos a que esos algoritmos fueran públicos y estuvieran a disposición de las organizaciones
sindicales, cuanto más si lo hace, por supuesto, una administración pública; por tanto, totalmente de acuerdo.


Tenemos que avanzar mucho en el gobierno abierto. Hay comunidades autónomas, como la suya, que han avanzado mucho más en gobierno abierto, son fuente de inspiración. Yo creo que tenemos que seguir trabajando siempre en esa dirección.


No está ahora mismo la señora Vallugera, de Esquerra. Es difícil poder llegar a una cierta homogeneización para que haya una legislación uniforme para todos los empleados públicos con independencia de a qué administración pertenezcan. Ese
es un objetivo que tenía el proyecto de ley que se está tramitando, pero eso tiene que ser compatible con la singularidad de cada uno de los territorios. Evidentemente, como he dicho antes, la protección de las lenguas cooficiales es una obligación
de todos los poderes públicos. Espero que no se produzca lo que el señor Mazón alertaba, por lo que hay que procurar ir todos con las ofertas públicas de empleo de una manera similar para que no se vaya a producir un movimiento no deseado de
empleados públicos de una parte a otra para consolidar su plaza. Esto es lo que intentamos siempre, pero no hay obligación legal de que todos se regulen por esto, aunque siempre en la Función pública intentamos que todas las convocatorias vayan en
los mismos periodos, para que los opositores se presenten en aquel entorno donde venían ocupando la plaza, a ser posible, y de esa manera evitar que se produzcan movilizaciones de funcionarios. En cualquier caso, todo lo que puedan ustedes aportar,
respetando las competencias que tiene cada administración, también será bien recibido.


Y, por último, agradezco al señor Honrubia y al señor Aceves sus intervenciones y la disposición al diálogo. Era inevitable que en esta Comisión se centrara mucha parte del debate en uno de los problemas más importantes que tenemos que es
la temporalidad. Somos conscientes de que, hoy por hoy, es lo que acapara la actualidad. Estamos intentando entre los grupos -no ya el Gobierno, entre los grupos- llegar a acuerdos legales que nos permitan dar la mayor satisfacción posible desde
la justicia a aquellas personas que, según las sentencias reiteradas, se pueden considerar que han estado o que están en fraude de ley o que se ha hecho un abuso fraudulento de la temporalidad; en eso es en lo que yo creo que todos estamos
inmersos. No es un proceso fácil, no es algo que solo le competa a la AGE, sobre todo le compete a las administraciones autonómicas y una parte a las locales, aunque las administraciones locales tienen menos tasa de temporalidad, pero sigue siendo
alta, en cualquier caso. El gran reto es ver cómo somos capaces de llevar esto a los terrenos sanitario y educativo, que son los que soportan una mayor tasa, sin que eso se traduzca ni en una merma en la calidad de la prestación ni en movimientos
no deseados de personas, con las molestias que ello ocasionaría. Estoy convencida de que con la voluntad de todos seremos capaces de llevarlo a buen puerto.


Gracias, presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.


A continuación, damos paso al segundo turno de intervenciones. Les recuerdo que no es obligatorio.


Señor Mazón, ¿quiere intervenir? Muy bien. Tiene la palabra.


El señor MAZÓN RAMOS: Muchas gracias, señora ministra.


Me alegro mucho de que hayan podido reflexionar sobre lo que he dicho antes. Hasta ahora, apenas había intercambiado alguna opinión con el portavoz del PSOE y con algún otro, y por eso me alegra que

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lo haya recogido. Creo que todavía estamos a tiempo de mejorar esas transaccionales que hay en marcha, sobre todo en la parte que dije antes de precisar los periodos afectados, porque no está muy claro el principio ni el fin y también en
cómo afecta a los procesos en marcha. Si, como dice, esto pudiera dejarse para más adelante, debería quedar claro en la ley qué podría hacerse, pero en estos momentos no se puede, luego, yo creo que esto hay que retocarlo. Por tanto, creo que
estas dos cuestiones evitarían muchísimos conflictos.


La compañera portavoz de Esquerra dijo antes que no se debería hacer un uso torticero de esto, pero, claro, es que está clarísimo que son unos concursos que, tal como están, van a estar abiertos. Antes he tenido ocasión de decirle que se va
a presentar gente de toda España a muchísimas plazas porque no van a tener que estudiar, sino que preparar currículos y, en todo caso, alguna memoria adaptada. Por tanto, muchísimos interinos van a perder la plaza porque habrá gente con sus mismos
méritos que diga: Oye, hay una plaza estupenda en Santander y me apetece ir allí o me presento a esta otra porque mejoro económicamente. Con este mundo abierto, a lo mejor es peor el remedio que la enfermedad.


No tengo nada en contra de que los idiomas sean un mérito, por supuesto que no, pero no pueden ser un mérito excluyente que elimine la posibilidad de que alguien que no los sepa no pueda optar ni tener la oportunidad de aprenderlos en un
plazo determinado para cumplir los requisitos del puesto. Porque hay una cosa clara y es que no todas las comunidades autónomas están en la misma situación y por eso yo decía que habría que poner el verbo podrán.


Fíjese en que una cosa es imponer plazos para la solución, lo cual está justificado por las bases de coordinación económica, por una parte, porque afecta a fondos europeos, y además así se hizo en el decreto-ley de julio, no habría ningún
problema de inconstitucionalidad, y otra cosa es dejar esta libertad a las comunidades autónomas para que solucionen el problema en un plazo determinado que ralentizaría muchas cuestiones. Todas las comunidades autónomas lo van a hacer, no hay
ninguna que no quiera. ¿Quieren hacer concurso-oposición? ¿Quieren hacer cualquier procedimiento? ¿Quieren hacer concurso puro? Pues lo único que tienen que hacer es tener cuidado de no elaborar unas bases que, al final, sean impugnadas, porque
si haces un traje a medida claramente te lo van a anular. Mucho me temo que hay gente que está interpretando que son concursos para personas y no concursos para puestos de trabajo, como debe ser, aunque luego en la realidad todos sabemos que se
arrimará el ascua a su sardina.


En fin, a ver si de aquí al lunes se pueden precisar algunas cuestiones que yo creo que van a facilitar mucho el futuro y no lo digo porque no queramos solucionar esto y seamos rígidos en el aspecto funcionarial. Hay quien me ha dicho: ¡Es
que tú eres funcionario! Y yo he dicho que no tiene nada que ver y que yo estoy siguiendo la política que interpreta qué problemas va a haber. Incluso la directora de Asesoría Jurídica, por cierto, una persona muy seria, me ha dicho que esto va a
ser inaplicable.


Vamos a ver si se puede mejorar y si se puede tomar nota de estas cuestiones antes de que se apruebe la ley en el Pleno.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mazón.


A continuación, por el Grupo Parlamentario Vasco tiene la palabra el señor Legarda.


El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidente.


Muchas gracias, señora ministra, por sus explicaciones.


Seré muy breve porque ya llevamos una sesión muy verbosa. Le planteaba en mi primera intervención tres cuestiones de manera muy sumaria. La primera la he diferido a las negociaciones que vamos a tener el lunes de la semana que viene en
Comisión sobre la norma de interinidad, la segunda es las tasas de reposición, de las que ya hemos hablado y no voy a seguir incidiendo en ellas, y la tercera es la inteligencia artificial en la Administración Pública. Quisiera añadir una cuarta
cuestión de una manera también muy sumaria y es la reforma del EBEP que ha anunciado.


Usted ha hablado, dentro del concepto de modernización de los servicios públicos, del principio de legitimación social, que sencillamente es un principio de aceptación. Le rogaría que tuviera en cuenta también este principio de aceptación
por parte de las comunidades autónomas, porque, al menos en mi impresión y por conocimiento también desde otras administraciones públicas, la percepción que tenemos del EBEP es que ha habido un constante deslizamiento hacia aspectos que nosotros
consideramos más allá de lo razonablemente básico.


Sin más, muchas gracias por sus explicaciones y seguiremos hablando.

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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Legarda.


A continuación, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el señor Espejo.


El señor ESPEJO-SAAVEDRA CONESA: Gracias, señor presidente.


Señora ministra, usted no ha venido aquí a responder preguntas de los diputados, sino a atacar a los diputados. Ha podido escuchar mi intervención que, más allá de ser, por supuesto, crítica, ha sido, creo yo, respetuosa y ha tenido buen
tono; la suya no ha sido así. Así que vamos a empezar.


Usted, ministra de Hacienda de España, no tiene ni idea, ni idea, de lo que es la responsabilidad contable. ¡Pero es que usted es ministra de Hacienda y no tiene ni idea de lo que es la responsabilidad contable! Usted dice que es un delito
la responsabilidad contable porque lo juzga un tribunal. En fin, es que a mí lo que me extraña no es que lo diga la ministra de Cultura o de Sanidad, sino la ministra de Hacienda, que no sabe lo que es la responsabilidad contable. Si quiere le
explico la naturaleza de la responsabilidad contable. Pregúnteles a los abogados del Estado que trabajan con usted para que se lo expliquen porque es muy básico.


Si por dolo o negligencia grave, no necesariamente dolo, sino negligencia grave o culpa, se produce uno de los supuestos de abuso y eso provoca un perjuicio económico a la administración, el que actúa con esa negligencia responde y si actúa
sin culpa, cosa que también puede suceder, no responde y quien enjuicia la culpa, efectivamente, es el Tribunal de Cuentas. Pero no es ningún delito y no es ninguna barbaridad, sino un sistema que funciona en España desde hace muchos años y que
nosotros -como usted dice que pongamos algo encima de la mesa- propusimos como alternativa para que esa sanción a la temporalidad, cuando hay una culpa, la pague el responsable y no todos los ciudadanos. Si quiere más claridad, le remito a mi
enmienda, pero creo que ha quedado suficientemente claro lo que es la responsabilidad contable.


Respecto al nivel 33, usted sencillamente, señora ministra, miente, miente y miente porque dice que yo lo he llamado enchufismo, que lo he llamado paniaguado y que he denostado a no sé quién. Usted miente, y se lo digo claro y conciso, y
miente porque es incómodo defender lo que usted está defendiendo, algo que muchas comunidades con Gobiernos de su color político han eliminado y que los tribunales han declarado ya como un privilegio injustificable. Le leo un párrafo de una
sentencia, que cuestionaba la eliminación que un Gobierno autonómico del PSOE hizo de esto, que dice: El legislador autonómico pone fin a una situación de privilegio denunciada por organizaciones sindicales y que cuestiona un racional gasto público
y el principio de a igual trabajo, igual salario.


Usted ha hablado de la carrera de los funcionarios. Un funcionario cuando llega y desempeña un cargo público para representar a los ciudadanos, algo muy honorable y muy legítimo que hacemos muchos, está dos años en política y tiene para
siempre un sobresueldo o un añadido a su sueldo equivalente al complemento de un director general. Un autónomo tiene muchos más problemas en su carrera profesional si quiere representar -y tiene el mismo derecho constitucional- a los ciudadanos en
el Congreso de los Diputados, en el Senado o en otras instituciones, porque no tiene ese privilegio. ¿Es un privilegio de la clase política? Sí, es un privilegio de la clase política que está en la Función pública. Nosotros pedimos que se suprima
porque no tiene ningún sentido que lo tenga el ámbito funcionarial y no el resto de las personas que también son diputados, representantes públicos, y les afecta a sus carreras porque se dedican a la cosa pública.


Así que yo solo le puedo decir que no es buena manera de buscar acuerdos atacar a quienes intentan, con buen tono, aportar ideas y solucionar problemas. Le pido, por favor, ministra, que sea usted consciente de esto porque nosotros estamos
aquí para intentar ayudar y, si a usted no le parece que sea así, no acepte nuestra ayuda, pero no nos ataque, porque todos sabemos atacar.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Espejo.


A continuación, por el Grupo Parlamentario Republicano tiene la palabra la señora Vallugera.


La señora VALLUGERA BALAÑÀ: Gracias, presidente.


Señora ministra, he tenido que ausentarme porque en estos días coinciden muchas comisiones a la vez, pero he oído parcialmente su respuesta. Le pido mis disculpas.


En mi primera intervención no pude entrar en el tema de la modernización y digitalización y me parece importante sacarlo a colación. Me parece también importante que, en cuanto a los datos abiertos y la reutilización de la información
pública, tengamos muy claro qué tipo de licencias deben abrir los contenidos

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que son originados por la administración a toda la ciudadanía y que además se pueden convertir en material para que las empresas privadas lo utilicen. Es un nicho de negocio que en Cataluña hemos estado, de algún modo, mirando, ya que lo
público en lo privado ha tenido un impacto importante. Por ejemplo, esa reutilización de información a través de apps que facilitan informaciones acerca del tiempo, acerca del tránsito, etcétera. Es importante licenciarlo de manera abierta para
que ese conocimiento que las instituciones públicas generamos y que, al final, ha sido financiado con los recursos que todos aportamos, también revierta a toda la sociedad. Esto por una parte.


Por otra parte, me voy a centrar -y espero que todos ustedes me entiendan en la medida en que lo explico, que es absolutamente radical- en que, de momento, este Estado está organizado de una manera que, por ejemplo, en la Administración de
Justicia, los idiomas del territorio no son requisito, sino mérito. Mi compañero de Cantabria decía hace un momento que le parece muy bien que sea un mérito. Agradecemos esa contemplación, pero lo que es evidente es que los ciudadanos -y ahora me
pongo en el lugar de los ciudadanos de Cataluña- tienen derecho a ser atendidos en su lengua y eso implica que en las oposiciones la lengua sea un requisito y no un mérito. Es impresentable -y la realidad es la que les cuento yo, no la que se
inventan en VOX- que en los juzgados no se pueda utilizar el catalán, que el porcentaje de sentencias emitidas en catalán sea, aproximadamente, del 7 o del 8 % y que no se pueda ir a muchas oficinas de la Administración Central porque sus
funcionarios no hablan el idioma del territorio. Eso es la degradación de los derechos de los ciudadanos.


Debo poner en cuestión el acierto de VOX en el Tribunal Constitucional. Creo que no se llama acierto, sino sintonía política con un tribunal que cada vez hace menos sentencias técnicas y más sentencias políticas. Por eso muchas veces, en
el razonamiento de fondo de una medida, si es constitucional o no es constitucional, no estamos atendiendo a fundamentos de tipo técnico-jurídico, sino a fundamentos de oportunidad política. Creo que en esa clave deben leerse, por ejemplo, las
sentencias sobre el estado de alarma y además les recuerdo que hubo casi empate técnico. Dicho esto, por tanto, déjenme pensar que no es que compren boletos en la primitiva, sino que ya saben cuál será el resultado y que la posible
inconstitucionalidad de las normas aquí emitidas ante determinadas interposiciones de recursos de inconstitucionalidad no es una preocupación técnica, sino una preocupación política, como vienen siendo una preocupación política muchas de las cosas
que están pasando en este Estado, aunque se hayan judicializado.


Déjenme decir también que agradecería al compañero de VOX que nos dijera en qué consulado o en qué agencia comercial han dicho eso, porque es absolutamente increíble y además pone en cuestión la profesionalidad de nuestros funcionarios. (El
señor Segura Just: ¡En todas!). Creo que ir diciendo mentiras sin dar ningún tipo de fundamento empieza a ser ya -de juzgado de guardia ya lo era- francamente aburrido.


Para terminar, quiero decir que el trabajo que se ha hecho, como usted decía, ha sido profundo y delicado en los planteamientos jurídicos y, por tanto, no adolece de ningún modo, pero si tenemos tan claro, tan claro que lo van a llevar
igualmente a los tribunales, pues, ya puestos, nos podríamos volver a pensar el requisito de que los concursos sean restringidos. Porque, si nos lo van a tumbar sí o sí, como mínimo damos salida a lo que han dicho las sentencias de la
jurisprudencia europea -que no es exactamente así, pero puede entenderse así- y es que no podemos hacer concurrir a la misma vez a abusados y a no abusados. Los concursos restringidos resolverían todos esos problemas que usted plantea.


El señor PRESIDENTE: Señora Vallugera, tiene que acabar ya.


La señora VALLUGERA BALAÑÀ: Termino inmediatamente, señor presidente. Esa sería una solución. Les recuerdo que, por la capacidad de autoorganización, cada una de las administraciones va a hacer sus bases y esta sería otra solución al
problema.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


A continuación, por el Grupo Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común tiene la palabra el señor Honrubia.

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El señor HONRUBIA HURTADO: Gracias, señor presidente.


Gracias, señora ministra, nuevamente por sus explicaciones y respuestas. (El señor vicepresidente, Ramos Rodríguez, ocupa la Presidencia).


Antes de nada, quiero trasladarle algo que me quedó pendiente en la anterior intervención que tiene que ver con un conflicto laboral que se está dando en el seno del Inaem, el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, y es
que, según nos trasladan los trabajadores de este organismo, por el nuevo método para la oferta de empleo público se les exige una serie de titulaciones y formación profesional de nueva creación y muchas de las personas que llevan trabajando durante
lustros o décadas en ese organismo podrían quedarse fuera, incluso teniendo titulaciones universitarias superiores, por no tener las específicas. Simplemente, nos trasladaron que se lo hiciéramos llegar para conocimiento del ministerio. Le pedimos
que se atienda esta problemática con sensibilidad y se dé una solución, en forma de moratoria para la obtención del título o alguna otra medida, para que no se les expulse de sus puestos de trabajo.


Dicho esto, querría responder a algunas de las cuestiones que se han planteado también como, por ejemplo, la que tiene que ver con los procesos ya en marcha de oferta de empleo público. Entiendo que esto en la ley que se está aprobando
queda resuelto, en primer lugar, porque los procesos ordinarios no entran dentro del marco de lo que regula esta normativa y, en segundo lugar, porque respecto a los procesos que se vinculan a los procesos de estabilización de 2017 y 2018 existe una
disposición transicional que específicamente dice cómo se tienen que abordar. Es verdad que el anterior real decreto-ley dice que se deberían desarrollar con su propia normativa y que ahora se hace una modificación para que solo quede la fecha en
que tienen que estar finalizados, pero no se dice exactamente cómo se tiene que hacer. Por tanto, los que estén convocados por esa vía, pero todavía no se hayan normativizado podrían salir conforme a lo que se regula en esta ley y, en el caso de
los que ya estén en desarrollo, sería simplemente seguir con su desarrollo o, si hubiera un acuerdo entre la administración y sindicatos para paralizarlos e iniciar el proceso, también se podría hacer, pero no es obligatorio que se haga.


Es verdad lo que usted ha planteado y es que lo que se está ofertando a través de esta ley son plazas y lo que legisla esta ley son las características que tienen las plazas para poder salir a los procesos de estabilización, bien por
concurso de méritos, bien por otro concurso según las características que tengan. No se oferta sobre condiciones específicas de personas porque lleven más o menos tiempo. Eso se tiene que negociar luego en el marco de las administraciones y los
problemas como la movilidad entre administraciones, etcétera, se tendrán que corregir mediante la baremación sin caer en el hecho de que se conviertan en procesos restringidos o determinados para personas concretas. Habrá que jugar con las
diferentes variables de baremación como pueden ser el tiempo de experiencia, el tiempo de servicio a la Administración Pública, la formación o el conocimiento de idiomas para que, con en el cómputo de todo eso, sin que ello lo convierta en un
proceso restringido, sea más fácil para la gente que esté dentro que para otras personas que puedan venir de fuera.


Para terminar, quiero decir que es verdad que yo tampoco tengo conocimiento de que en la Junta de Andalucía se hayan ofertado plazas de trabajo público mediante entrevistas, sin embargo, sí que tengo conocimiento de que se han ofertado
plazas para trabajo temporal por el sistema tan constitucional de: el que primero llegue, se la queda. Hay una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que dijo que eso no se podía hacer porque era inconstitucional y, por tanto,
obligó a paralizar todos los procesos que estaban en marcha por ese método. Porque primero se lanzó un proceso -y se podría entender por la situación coyuntural de la pandemia-, pero como vieron que eso funcionaba, supongo que para meter a la gente
cercana al Partido Popular, intentaron darle desarrollo y todos los procesos vinculados a la contratación de personal por coyuntura de pandemia se vincularon a ese método hasta que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía les dijo que no se
podía hacer. Así que no sé cómo era aquello de no dar consejos en casa ajena, pero en la propia, pues lo de siempre.


Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Ramos Rodríguez): Muchas gracias, señor Honrubia.


El Grupo Parlamentario VOX va a compartir el tiempo. Tiene la palabra el señor Ruiz.


El señor RUIZ NAVARRO: Muchas gracias.


Señora ministra, ¡sí que ha venido usted aquí combativa! Se mete usted con el diputado de Ciudadanos, con la diputada del Grupo Popular y a mí me llama usted viejo en esta Comisión. Será porque soy hombre, quizá. ¿Ese es el sentido que
tiene usted de la Ley de Igualdad? Me preocupa mucho y supongo que, aplicándolo a las administraciones públicas, todavía será peor.

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Dice usted que estamos en las antípodas y es verdad, estamos en las antípodas. Usted está en la extrema izquierda y, lógicamente, cuando uno está en la extrema izquierda, todos los demócratas le parecemos de extrema derecha. Pero, bueno,
pongamos las cartas boca arriba. Usted dice que viene aquí a combatirnos y espero que sea a nuestras ideas y no a nuestras personas, porque, si no, entonces sería para salir corriendo. Nosotros sí que venimos aquí a combatir sus ideas y se lo digo
claramente. Lógicamente, tratamos que sus políticas no se puedan aplicar y lo haremos en cuanto lleguemos al Gobierno, no se preocupe usted.


Usted habla del respeto a las lenguas cooficiales, pero aquí realmente no estamos hablando de respeto a las lenguas cooficiales, sino de imposición: requisito lingüístico en la Ley de Función Pública de la Comunidad Valenciana, de Baleares,
de Cataluña y también de Galicia. Aquí no reparamos en críticas, en Galicia también. Por tanto, la cuestión es qué va a hacer su Gobierno para evitar la discriminación entre españoles, para evitar los muros entre españoles y para evitar el ataque
a los derechos lingüísticos de todos los ciudadanos, los funcionarios inclusive. Creo que mantener estas políticas por parte del Gobierno mirando para otro lado, significa consentir que se establezcan muros que impidan a los españoles moverse
libremente por el territorio nacional y optar a plazas a las que tienen derecho como españoles que son.


¿Quién mete miedo con Muface, señora ministra? Nosotros no metemos miedo con Muface. Tendría usted que preguntarles a sus compañeros de Gobierno, de la cogobernanza, a los comunistas, que son quienes dicen que quieren acabar con el
mutualismo administrativo. Nosotros no hemos dicho eso, todo lo contrario, nosotros lo defendemos. Por tanto, usted debería preguntarles a sus socios de cogobernanza por qué dicen en público que quieren acabar con el mutualismo administrativo y
aclararse entre ustedes, ya que cogobiernan. Porque gobiernan con ellos, ¿no? ¿O gobiernan con nosotros? ¿Con quién gobiernan ustedes? ¿Con ellos, no?


Voy a acabar mi intervención recordándole que usted ha estado de consejera en una consejería, que es equivalente al ministerio que tiene usted ahora mismo, en Andalucía muchos años. Usted estuvo cinco años como consejera de Hacienda y de
Administraciones Públicas con dos presidentes socialistas condenados por corrupción, Griñán y Chaves. Por tanto, le pido, por favor, que no dé lecciones a nadie de chiringuitos porque nuestros compañeros de Andalucía están peleando para que se
cierre esa estructura paralela que ustedes crearon durante cuarenta años en Andalucía para colocar a gente con el carné del PSOE.


Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Ramos Rodríguez): Señor Segura Just.


El señor SEGURA JUST: Señora ministra, contestando a lo que me ha manifestado anteriormente sobre mi intervención, yo he hablado, y lo ha dicho usted, de las pruebas de acceso a la Función pública. Usted ha manifestado que habría un
sistema mixto entre el tradicional de oposición y una entrevista. A mí eso es lo que me da miedo, que el que aprueba la oposición luego tenga la entrevista y ahí entra el sistema del enchufismo, del que ustedes, los socialistas, saben mucho.
(Rumores).


En cuanto a la transexualidad, mantengo que un funcionario hombre que es transexual lo tiene muy complicado para gestar, muy complicado, salvo que se le haga un trasplante de matriz y ovarios. Diferente es una mujer transexual,
evidentemente, porque una mujer transexual por supuesto que puede gestar. ¡Faltaría más! ¿Pero qué ocurre? Cuando la mujer transexual está en gestación tiene los mismos derechos de baja que un hombre, porque hoy en día, afortunadamente, la baja
por maternidad es la misma para un hombre que para una mujer, con lo cual yo no veo ninguna discriminación, ni veo ningún problema.


Por último, yo soy diputado de VOX y le digo una cosa, estoy un poco cansado de que cuando me dirijo a usted -y el otro día lo demostró con nuestro portavoz el señor Espinosa de los Monteros- siempre saca la matraca machacona y aburrida de
la extrema derecha, la ultraderecha, el racismo, la xenofobia y el machismo. No se me haga usted pesadita, de verdad, y lo digo por una cosa que le dijo el señor Espinosa de los Monteros. Usted ya no da miedo con ese discurso, no dan absolutamente
ningún miedo. ¿Y sabe por qué no dan miedo? Porque ese miedo podía funcionar cuando nosotros no estábamos en las instituciones democráticas, pero ahora estamos prácticamente en casi todas y pronto estaremos en todos los parlamentos autonómicos.
De aquí a dos años estaremos en la mayor parte de los municipios españoles y los ciudadanos se darán cuenta de cómo trabaja la gente de VOX por la ciudadanía.


Nosotros vamos a dar un sorpaso, no sé si lo daremos a los señores del PP o a los señores del PSOE, y tengo muy claro que nosotros vamos a gobernar pronto en España y que, cuando gobernemos, vamos a implantar un sistema de medidas sociales a
favor de la clase trabajadora que ustedes, la izquierda, en su vida han soñado.


Gracias.

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El señor VICEPRESIDENTE (Ramos Rodríguez): Muchas gracias, señor Segura.


Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora De Luna.


La señora DE LUNA TOBARRA: Gracias, presidente.


Lo primero que quiero decir es que me he quedado muy sorprendida del exceso verbal y de la extralimitación de la ministra cuando ha empezado a recriminar el contenido de la intervención de una diputada, es decir, lo que yo le tenía que haber
planteado o no planteado.


Señora ministra, le recuerdo -porque como viene tan poco a comparecer en esta Comisión- que quien ejerce el control del Ejecutivo y del Gobierno somos los diputados, es esta Cámara, y no al revés. Por tanto, le ruego que no me diga lo que
yo le tengo a usted que comentar o no en mi intervención. Además, precisamente lo ha hecho usted con la cuestión de los interinos y, por respeto a la Cámara, que usted no lo ha demostrado -esa cuestión acabó en su competencia en el momento en que
usted defendió aquí el decreto-ley de la reducción del empleo temporal-, es en la reunión de la ponencia del lunes cuando se tiene que debatir ese tema y no aquí, como usted lo ha planteado. Ya le digo que usted presentó el real decreto-ley en su
día y, de momento, hasta que no salga de esta Cámara y del Senado, usted carece de competencias y se lo digo además sin tener por qué porque mi contenido lo decido yo a la hora de hablar.


Me ha dejado también patente el desconocimiento absoluto que usted tiene en materia de función pública. No ha contestado a nada de lo que le he planteado, se ha ido usted -tanto que habla de lugares comunes- a los lugares comunes, al
eslogan y al mantra, que debe de estar en el argumentario de las intervenciones del PSOE porque el señor Aceves ha utilizado exactamente los mismos mantras que se repiten constantemente. Además, por el tiempo también que ha dedicado a contestarme
el señor Aceves, ha habido un momento en el que he tenido la duda de quién comparecía y he tenido que mirar a la Mesa porque no sabía si era el portavoz del PSOE o usted.


Respecto a Muface, usted habla de que se ha alargado el convenio. ¡Si es que yo no he tocado ese tema! Ya sé que se ha ampliado el plazo, incluso usted me ha dicho que se ha subido el 10 %, que también lo sé, e incluso el equipo de Iceta
hablaba ya de subir un 12 % de lo que tenían ya negociado o hablado previamente con las aseguradoras para compensar los gastos extra que habían tenido con motivo de la COVID. (El señor Aceves Galindo: ¡Qué curioso!). De lo que yo le he hablado
era de que se estaban desconcertando muchos hospitales porque esto iba a suponer una merma de los servicios que se estaban dando a los beneficiarios y de que ustedes estaban limitando la posibilidad de opción a la que yo me he referido, que antes
era en enero y en junio, y ahora solamente es una vez al año.


Respecto al tema de justicia, que usted dice que no tiene por qué contestar y bla, bla, bla, por supuesto, ya se ha pedido la comparecencia de la ministra por parte de mi grupo en la comisión correspondiente, quiero recordarle que estos
acuerdos o preacuerdos, por supuesto, porque ya estaban cerrados a falta de la firma, ya se habían tomado el 14 de septiembre, como le he dicho, en la Mesa de retribuciones y de empleo de la Administración de Justicia. Se lo he planteado a usted
porque fue usted quien dijo que ese acuerdo no se firmaba.


Por último, no voy a agotar el tiempo, simplemente quiero decirle, señora ministra, que salgo de esta comparecencia más preocupada de lo que entré, y no se lo digo como portavoz de Función Pública ni como diputada, sino como funcionaria.


Muchísimas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Ramos Rodríguez): Muchas gracias, señora De Luna.


Y para cerrar el turno, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Socialista el señor Aceves.


El señor ACEVES GALINDO: Gracias, presidente.


Señorías, la verdad es que es más de lo mismo. Con todo el respeto, señorías, cuando escucho alguna de sus intervenciones me pongo a pensar en qué dirán los ciudadanos de nosotros. Acabo de escuchar ahora al Grupo Popular quejarse de que
todos los grupos parlamentarios preguntan a la ministra por la temporalidad y de que la ministra contesta haciendo referencia a la temporalidad. Si es que parece de chiste, señorías. (La señora De Luna Tobarra pronuncia palabras que no se
perciben). ¡Si es que es el día de la marmota! ¿O qué es esto? Todos coincidimos en que la temporalidad es un tema de actualidad muy importante, que el lunes vamos a debatir en Comisión y a aprobar pronto en Pleno, pero resulta que el Grupo
Popular con esa actitud negacionista, porque comienza a ser el Grupo Popular hasta

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negacionista de la política básica, que es que cuando a una ministra se le pregunta tiene que responder, se pregunta por qué responde la ministra. La verdad es que es increíble lo que sucede.


Les digo una cosa, señorías: ¡Qué piel más fina tienen algunos de ustedes! (La señora Montero Cuadrado, ministra de Hacienda y Función Pública: Exacto). O sea, tienen licencia para matar cuando quieren, pero cuando cualquier miembro de
este grupo o del Grupo de Unidas Podemos, del Gobierno de España o un ministro contesta también, ¡qué miedo da! Pero, bueno, ¿qué es esto? O sea, ¿ustedes pueden hacer lo que quieran y otro interlocutor no tiene capacidad de contestar, con respeto?
Pues la verdad, señorías, se lo tienen que hacer mirar, lo digo sinceramente, porque es un espectáculo para la ciudadanía que se oigan algunas de esas afirmaciones.


En un tema como este que me parece importante, aunque lo vamos a debatir en esta Comisión la semana que viene, yo quería dejar claro un mensaje de tranquilidad, primero, a las personas en temporalidad, porque les dijimos que íbamos a dar una
respuesta que fuera para aportar seguridad jurídica, con encaje constitucional y con respeto a las sentencias europeas, y lo hemos hecho -no lo hemos culminado, nos faltan unos días-. Segundo, a los funcionarios de carrera de nuestro país, porque
también respetamos como grupo, y desde luego el Gobierno, faltaría más, respeta sus derechos y todas las cuestiones que les pueden interesar. Y tercero, a los opositores, que hay muchos en nuestro país, también un mensaje de tranquilidad, ¿por qué?
Lo decía en mi primera intervención sobre el volumen de plazas de empleo público, fundamentalmente por un problema que se ha convertido en estructural, dado que en las administraciones de nuestro país los empleados públicos tienen una edad media muy
alta, se va a producir en los próximos años un número importante de vacantes. Así que los opositores, que tienen todo el derecho de querer formar parte de la Administración pública si así lo desean, y creo que es de agradecer, van a tener
oportunidades de poder ingresar en las administraciones públicas. Por tanto, es importante ese mensaje de tranquilidad.


Y por terminar con la temporalidad, señorías, algo que se obvia y que a mí me parece de capital importancia. Lo que ha hecho este Gobierno, que se ha encontrado con un problema que proviene de años de gobierno del Partido Popular en los que
la tasa de reposición era cero, ha sido afrontar que había que dar una solución, que Europa además nos pedía. ¿Qué hemos hecho? En primer lugar, que no vuelva a pasar, porque se modifica el EBEP, señorías, para que no pueda volver a haber esta
altísima tasa de temporalidad en el empleo público. Se fija una cuantía de tres años para que a partir de ese momento no pueda haber gente que tenga más tiempo de servicio en temporalidad en las administraciones públicas; por tanto, damos
seguridad jurídica al primer asunto importante. Y, en segundo lugar, damos respuesta a las actuales personas en abuso de temporalidad, ¿cómo? Con un sistema muy evidente: el modelo que se hace como global es el del concurso-oposición, pero
ofrecemos la posibilidad mediante este cambio legislativo para que la fase de oposición no sea eliminatoria. Además, de forma excepcional, señorías, a partir de cinco años, en las plazas ocupadas por estos empleados públicos se puede utilizar la
fase de concurso de méritos por parte de las administraciones, lo cual se aplica a todo tipo de entidades públicas empresariales, que era un tema que quedaba con una cierta inseguridad y también lo afrontamos. Asimismo, afecta al personal laboral y
al personal funcionario, importante, con una fecha de caducidad: 31 de diciembre de 2024. Así que, señorías, lo debatiremos, pero hoy lo quería dejar claro aquí...


El señor VICEPRESIDENTE (Ramos Rodríguez): Tiene que ir terminando, señor Aceves.


El señor ACEVES GALINDO: Sí, termino, señor presidente. Diez segundos.


Lo quería dejar claro aquí, porque también en esto hay mucha gente pendiente y creo que el mejor ejercicio de responsabilidad en esta Cámara es hablarle a la gente directamente a la cara, con compromisos y con soluciones.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Ramos Rodríguez): Muchas gracias, señor Aceves.


Para finalizar la comparecencia, tiene la palabra la señora ministra.


La señora MINISTRA DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA (Montero Cuadrado): Muchas gracias, presidente.


Muy brevemente, empiezo igual que empecé anteriormente, contestándole primero a los grupos de mayor representación en la Cámara.

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Señora De Luna, ¿extralimitación? Es decir, ¿que ustedes tienen en esta Comisión la ocasión y la oportunidad de poder expresar su opinión política y usted entiende que la ministra no? (La señora De Luna Tobarra: Usted recrimina). No,
claro, es que, por supuesto, señora De Luna, la ministra va a expresar su opinión política y, por supuesto, la ministra va a trasladar los criterios que crea que son contrarios a lo que ustedes plantean; los va a defender, va a defender la
actuación del Gobierno y va a defender el trabajo de los grupos parlamentarios que en este momento están, yo creo que con una gran voluntad de acuerdo, intentando solucionar un problema, señora De Luna, que generaron ustedes en los Gobiernos del
Partido Popular a través de una tasa de reposición nula o una tasa de reposición, desde luego, venida a menos, con lo que el funcionamiento de los servicios públicos obligó a cubrir esas plazas con personal eventual, y nunca dieron respuesta a esta
situación, a pesar de las advertencias de la propia Comisión Europea al respecto. Entonces, si ustedes quieren arreglar problemas del país, súmense a las soluciones, pero para seguir hablando de altos cargos, para seguir hablando de cuestiones como
la que usted ha señalado al principio de su intervención, yo le digo, señora De Luna, que eso no aporta nada a este debate y que sigue siendo lo que ustedes siempre comentan, de Cataluña, etcétera, de no querer acometer los problemas reales que
tiene este país e intentar aportar soluciones, como le acabo de plantear.


Tienen ustedes la mandíbula de cristal, eh, igual que el señor Espejo; tienen ustedes la mandíbula de cristal. (Rumores). Claro, porque si ustedes, sin utilizar yo ningún tipo de nada más allá de mi opinión política, se sienten ofendidos,
pues imagínese cómo me siento yo cada vez que ustedes intervienen y me llaman mentirosa y me llaman... O que no hago... (La señora De Luna Tobarra: No, no, no). No, no, si yo no estoy diciendo que sea usted, no estoy diciendo que sea usted. (La
señora De Luna Tobarra: Yo respeto). Estoy diciendo cada vez que ustedes, señores del Partido Popular, no digo la señora De Luna, señores del Partido Popular, que intervienen llamándonos mentirosos, aprovechados de la política, bueno, expresiones
que yo no voy a reproducir, al igual que ocurre con otros miembros de esta Comisión. En cualquier caso, lo que sí le digo, señora De Luna, es que aporten soluciones. Estar en la oposición no es dedicarse a criticar o decirle al Gobierno las
palabras que usted ha dicho. No se trata de criticar, se trata de preguntarle al Gobierno y se trata de aportar, es que esta parte se les ha olvidado; y hacer útil el trabajo desde la oposición, intentando llevar al ánimo del resto de los grupos
las propuestas que ustedes entiendan que pueden ser mayoritarias.


Ya se lo ha contestado el señor Aceves, señora De Luna, usted ha visto que he hablado de todo en mi comparecencia, y justamente no he hablado expresamente de la parte del decreto-ley de temporalidad. De eso he hablado como respuesta a los
grupos que han centrado la cuestión, como es lógico, por la actualidad que tiene en este momento esa norma y por la preocupación que ocasiona en determinada ciudadanía, y que han expresado preguntas al respecto, y yo he contestado, evidentemente,
porque no tengo por qué no contestar a lo que plantean.


Y no sé la experiencia que usted tendrá, usted cuestiona la mía, yo no sé la que usted tendrá. ¿Usted ha sido directora de Función pública en algún lugar durante algún tiempo? ¿Sí, me dice que sí? Ah, no. Perdón. Yo no sé si usted ha
tenido responsabilidades en materia de Función pública, usted ha dicho que es funcionaria; yo también. No sé cuánto tiempo lleva usted de funcionaria, yo llevo mucho tiempo y he tenido mucho tiempo responsabilidad en materia de Función pública,
señoría, entonces, no entiendo la crítica de que es una materia que desconozco. Es que mientras he sido consejera de Hacienda también lo he sido de la Función pública en el lugar en donde estaba (la señora De Luna Tobarra: Así nos fue); por
tanto, experiencia tengo (la señora De Luna Tobarra: Antigüedad), otra cosa es que usted la quiera o no poner en cuestión (la señora De Luna Tobarra: Antigüedad, que es peor). Pero creo que usted no tiene ninguna experiencia en esa
responsabilidad; por tanto, no viene a cuento, señoría, el que usted haga comentarios de ese tipo, sobre todo si desconoce mi biografía y no sabe cuáles son las tareas de las que me he ocupado anteriormente. (La señora De Luna Tobarra: Tremendo,
tremendo).


Voy a decirle al señor Ruiz, lo voy a volver a repetir, señor Ruiz: a la ultraderecha se la combate, se la combate. (Risas). A mí me da igual a partir de ahí lo que usted quiera expresar, porque yo no he dado nombres de nadie; yo le he
dicho a usted que a la ultraderecha se la combate, y voy a seguir combatiendo a la ultraderecha, igual que usted ha dicho que va a seguir combatiendo a los partidos de izquierda. (El señor Ruiz Navarro: Las ideas). Sí, por supuesto, aquí todos
combatimos ideas. Aquí los únicos que incitan al odio, señor Ruiz, son ustedes; los demás compartimos ideas. Los que incitan al odio son ustedes (el señor Vega Arias: Ustedes, ustedes), de forma permanente, intentando enfrentar de alguna manera
a los ciudadanos y enfrentando a los colectivos. (Aplausos).

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Sobre el convenio de Muface le he contestado antes a la señora De Luna, y vuelvo a insistir en que no he entendido por qué se pone en cuestión la voluntad del convenio de Muface cuando la convocatoria de Muface está fuera, en la calle, es
pública. Ha dicho usted, señora De Luna, que usted conoce lo que yo le he dicho que aportaba el nuevo convenio con Muface, entonces, ¿por qué se pone en cuestión si estamos hablando de un convenio que va de aquí a 2023, que incrementa un 10 % la
prima? Y ustedes lo ponen en cuestión (la señora De Luna Tobarra: No, no), como si mi socio -ha dicho usted, ¿no?- de Unidas Podemos fuera a imponer su criterio. Pero si acabamos de sacar la convocatoria, si es que hablan ustedes de oídas y no
se estudian las materias cuando vienen a esta Comisión. Lo mismo le digo, señor Ruiz, no se ha estudiado el convenio, entonces, estúdieselo y, con el convenio estudiado, tendrá usted más capacidad de poder hacer el conjunto de preguntas y de poder
trasladar aquellas cuestiones que le parezcan o no más convenientes y que yo le intentaré aclarar.


Yo no le he llamado 'viejo', señor Ruiz, he dicho que usted tiene edad para saber lo que implica el Movimiento Nacional, igual que la tengo yo. Es más, incluso aunque uno fuera viejo o yo fuera vieja, creo que eso no es ningún insulto, eh.
Yo respeto las edades de todo el mundo, cuanto más cuando una las va cumpliendo, creo que esto lo respetamos todos los que estamos en esta Cámara. Pero ya por intentar sentirse y hacerse el ofendido, cualquier cosa vale, después de las cosas que
ustedes dicen.


Yo no voy a hacer chascarrillos con la igualdad, no. Me parece un tema tan serio, una materia tan seria y tan sensible que yo no voy a hacer ni voy a compartir ningún tipo de chascarrillo con la igualdad.


Señoría, chiringuito, el señor Abascal, le vuelvo a repetir. Nunca, jamás, he trabajado en un entorno que no fuera exclusivamente el de la Función pública nunca, ha sido así mi biografía. (El señor Ruiz Navarro se encoge de hombros). ¿Que
dice usted que no? Le insto a que demuestre que yo he estado trabajando en algún chiringuito, como usted dice, o en algún ente paralelo. Nunca, salvo que usted llame a los hospitales entes paralelos claro, cosa que tampoco sería de extrañar, que a
ustedes les pareciera que eso son entes paralelos.


Señor Segura, si usted se quiere corregir a sí mismo, yo estoy encantada, y me alegro de que se corrija. (Rumores). Ya empieza usted a hablar de transexuales hombres, mujeres, bueno, eso va mejor, porque, claro, lo que ha dicho al
principio de su intervención no se sostiene. No pasa nada porque uno reconozca en el Congreso cuando dice algo que no se corresponde, pero no intente usted que comulguemos con ruedas de molino. Usted no entendía qué significa y ridiculizaba lo que
significa transexual con capacidad de gestar. Pero es que, fíjese, hace poco, el Ministerio de Sanidad ha sacado una orden en este sentido para incorporarlos a la cartera de servicios de reproducción asistida. Si es que es algo que está a la orden
del día, no es algo nuevo. No obstante, yo me alegro de que usted haya rectificado respecto a sus palabras originales. No ha dicho si está de acuerdo o no con eso, pero, bueno.


Y si a usted le parece que soy pesada por estar permanentemente diciendo que ustedes incitan al odio y que a ustedes hay que combatirlos, ¡pues no les queda a ustedes nada que escucharme, señoría!, se lo digo ya. O sea, por supuesto, voy a
ser pesada, voy a insistir, voy a intentar que los ciudadanos les conozcan. Si a ustedes les parece que es bueno que los ciudadanos les conozcan, pues me lo tendrían que agradecer, pero, claro, no me lo agradecen porque lo que hacemos con ustedes
es desenmascararlos. Hay personas que también interactúan desde otros grupos para defenderlos. Creo que no hace falta (rumores), los señores de VOX se defienden ellos mismos y, por tanto, no necesitan del Grupo Popular para que los pueda defender.
(Rumores).


El señor VICEPRESIDENTE (Ramos Rodríguez): Señorías, no se trata de un diálogo entre la ministra y sus señorías. (Varios señores diputados: Dígaselo a ella). Dejemos intervenir a la ministra. Gracias.


La señora MINISTRA DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA (Montero Cuadrado): Es que se llevan un poco regular dependiendo de qué cuestiones. (El señor presidente ocupa la Presidencia).


Señor Espejo, ha entrado usted en la cuestión de la responsabilidad contable; es que no sé muy bien hacia dónde quiere conducir este debate. O sea, yo, desgraciadamente, sé cómo actúa el Tribunal de Cuentas en materia de responsabilidad
contable porque he visto muchos expedientes; afortunadamente, no he sido protagonista de ninguno, pero he visto muchos expedientes; entonces, es que no sé muy bien qué quiere usted aportar con eso. Si lo que usted quiere alegar es
desconocimiento, mire, desgraciadamente, conozco perfectamente el menoscabo, conozco perfectamente cuándo concurren circunstancias que pueden dar lugar a la responsabilidad contable y se las he contado yo, el dolo o la negligencia grave, se lo he
dicho yo.

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Tampoco entiendo muy bien, cuando se sienten ustedes sin argumentos, por qué intentan atacar personalmente. Y dice usted que yo le ataco, o sea, usted es que no se escucha, ustedes no se escuchan. Ustedes cuando hablan tienen patente de
corso para poder trasladar sin ningún tipo de inhibición dudas, incluso de delitos que comete la gente, incluso de delitos. (Denegaciones del señor Espejo-Saavedra Conesa). No le digo a usted. En las intervenciones de su grupo, del Grupo Popular
y del Grupo VOX a veces se deslizan cuestiones para poner en duda el comportamiento ejemplar de alguno de los miembros del Gobierno o de algún partido que sustenta al Gobierno. Sin embargo, cuando a ustedes les toca que se les dé una opinión, a
ustedes se les ataca y les parece que eso no tiene ninguna... cuestión. Yo no voy a entrar en algo que me parece que no conduce a ningún lado.


Sí me preocupa la propuesta, se lo digo claramente. Me preocupa mucho que ustedes piensen que el hecho de que las administraciones públicas hayan acumulado un volumen de plazas en temporalidad durante un periodo de tiempo se deba a la
negligencia de una persona. ¿Pero de verdad usted cree que esto es tan simple como eso, que la complejidad del funcionamiento de una administración no conlleva el que hay veces que las administraciones no actúan correctamente y que eso no implica
necesariamente actuación personal? Entonces, según usted, ¿a quién habría que culpar, al presidente de una comunidad? O sea, acusamos de responsabilidad contable a todos los presidentes de comunidades donde hay temporalidad, o al presidente del
Gobierno, que no es nuestro caso, fíjese, que aquí se cumple la temporalidad. Pero, según usted, el señor Moreno Bonilla o el señor López Miras, que vayan... Sí, sí, claro, es que eso es lo que usted está diciendo. Es que hay que concretar lo que
se dice porque, si no, las cuestiones se quedan ahí. (El señor Espejo-Saavedra Conesa: Sí, sí). Según usted, al señor Moreno Bonilla o al señor López Miras habría que acusarlos de responsabilidad... (El señor Espejo-Saavedra Conesa hace gestos
negativos). ¿O al señor Marín? ¿Sí? Bueno, pues póngalo usted por escrito y apórtelo como enmienda, póngalo usted por escrito y apórtelo como enmienda. A ver si el resto de los grupos tiene a bien discutir lo que se plantea de que haya un
régimen de sanción dirigido, por ejemplo, al presidente de una comunidad, en donde responda con su patrimonio, entiendo, por el funcionamiento de los contratos sanitarios, educativos, etcétera. De verdad, señoría, es que aquí no estamos para tener
ocurrencias, es que aquí estamos para hacer propuestas, y, por tanto, hay cuestiones que, como le estoy comentando, evidentemente, no se sostienen y, tal como usted acaba de decir, no hay mayor cuestión.


Respecto a la carrera, vuelvo a repetirle, y con esto termino respecto a su intervención, a mí me parece imprescindible, importantísimo que cualquier persona que tenga una dedicación temporal durante un tiempo a las actividades políticas,
señoría, no tenga penalización en su vida profesional. Yo creo que eso lo podemos compartir, ¿no, señor Espejo? Que las personas que se dedican durante un tiempo a la vida política no tengan penalización en su desarrollo profesional. Por tanto,
decir que los funcionarios que puedan consolidar un nivel por su grado de compromiso -de todos los partidos políticos eh- asumiendo una determinada responsabilidad es poco menos que aprovecharse de la situación o de la clase política, mire, me
parecen unas palabras tan groseras (la señora España Reina: Es que nos regaña) que, de verdad, al final, ¿quiénes creen ustedes que se tienen que dedicar a la actividad política? ¿Tampoco los funcionarios? Entonces, ¿quiénes? Es que no entiendo
quiénes se tienen que dedicar a la actividad política. Pero le digo más: no está bien enfrentar funcionarios y autónomos, señoría, de verdad que no. Es que aquí no venimos a enfrentar gente. Los autónomos tienen su dificultad y tienen su
dificultad cuando salen de la actividad política y los funcionarios tienen también la propia cuando salen de la actividad política. Entonces, no creo que sea bueno decir que los funcionarios son unos privilegiados respecto de los autónomos, ni creo
que sea un buen camino cuando estamos aquí, en la Comisión de Función Pública. Respeto, señoría, y respaldo al trabajo de los funcionarios, también de aquellos que dedican una parte de su vida al compromiso de la sociedad. Lo respeto, lo apoyo y
me parece bienvenido que haya gente que lo haga. No creo que eso les tenga que costar una merma en su propia carrera profesional. Porque, según ustedes, los funcionarios, por tanto, poco atractivo podría tener para poder dejar temporalmente...
Sí, a usted le da igual todo, según me está indicando (el señor Espejo-Saavedra Conesa: No), pero, bueno, como lo ha dicho, me veo en la obligación, por respeto parlamentario, de contestarle para que quede en el Diario de Sesiones.


Continuando con el resto de los portavoces, señora Vallugera, como antes también le comenté, gracias por la disposición al diálogo. A mí me parece muy muy importante el trabajo que está haciendo esta Cámara para intentar tener un texto
equilibrado, un texto prudente. Porque al final lo que estamos intentando entre todos es permitir que situaciones que han sido fraude de ley tengan un recorrido razonable, y que eso en ningún momento suponga un trato discriminatorio respecto a
otras personas, a

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los opositores, a los funcionarios, todo lo contrario, que haya una Función pública que se responsabilice de sus actos y de sus no actos. Y es que en este caso ha habido un no acto, que ha sido congelar durante mucho tiempo las ofertas
públicas de empleo y tener a personas en una situación de precariedad, que la propia Comisión Europea nos ha llamado la atención respecto a esta situación.


Claro que es compatible el funcionamiento de los servicios públicos con una temporalidad razonable, nadie habla del 100 %, todos entendemos que determinados servicios tienen que tener un margen para poder atender veinticuatro horas
trescientos sesenta y cinco días. Pero creo que estamos avanzando mucho, que lo estamos haciendo bien, y el resto de los grupos políticos que están colaborando en esta cuestión son todos testigos de que, desde luego, lo que queremos es contribuir,
aportar y dar soluciones, y en esto estamos todos de acuerdo, compartiendo el respeto y la protección que tienen que tener las lenguas cooficiales, según marca la Constitución.


Señor Mazón, como hemos comentado anteriormente, apertura absoluta a cualquier cuestión que ustedes puedan plantear si la entendemos razonable. Yo creo que el señor Aceves ha aclarado muchos de los extremos que se han ido trabajando a lo
largo de estos últimos días, algunos que ya estaban incorporados a la ponencia, que pueden aclarar alguna de las situaciones de los procesos en curso. Y es verdad, señoría, que hay que tener un respeto competencial. Esto significa que muchas veces
no podemos responder desde la legislación básica por todo lo que vaya a ocurrir posteriormente en las comunidades autónomas o en los ayuntamientos, porque cada uno escogerá la fórmula que entienda mejor, pero lo que sí es obvio es que se ha hecho un
trabajo impresionante de intentar abundar en la doctrina del Constitucional, del Tribunal Supremo, de los tribunales ordinarios, para que, evidentemente, no cometamos errores sobre lo que ya se han pronunciado los tribunales. Dentro de ese margen,
todo lo que sea facilitar, pues yo creo que estamos todos en responsabilidad.


Con el señor Legarda comparto también que, evidentemente, tiene que haber un respeto competencial, eso lo comparto totalmente. El hecho de que se pueda tener un paraguas básico que nos dé más seguridad jurídica a todos no implica, ni mucho
menos, que escamotee las competencias que tienen las comunidades autónomas, porque sería directamente inconstitucional, eso sí que sería invasión competencial. Ese equilibrio algunas veces cuesta, pero en eso estamos. Y totalmente de acuerdo en
que la legitimación social de los servicios públicos, del trabajo de los funcionarios, es algo en lo que tenemos que ser muy pedagógicos y defender siempre. Porque algunos pueden tener la falsa idea de que el trabajo funcionarial o el acceso a la
Función pública, bueno, pues es algo que poco menos que está al alcance de cualquiera, cuando preparar una oposición, desarrollar un trabajo, tener mérito que te dé acceso a una plaza es el trabajo de toda una vida profesional. Entonces, comparto
que tenemos que llevar al ánimo de la gente que el objetivo es tener una administración del siglo XXI, para que los ciudadanos del siglo XXI se sientan satisfechos con los poderes públicos y no haya intentos privatizadores ante la falta de respuesta
de los poderes públicos.


Yo soy de las que defienden con vehemencia que los poderes públicos y que la gestión pública es más eficiente que la privada; tiene, además, elementos añadidos de legitimación respecto a la función privada y es más innovadora, porque alguna
gente piensa que la innovación en el sector público es una contradicción. No, no, el sector público innova mucho más que innovan otros sectores, de la mano del talento, fundamentalmente, de nuestros propios funcionarios.


Agradezco al señor Aceves y al señor Honrubia las intervenciones que han tenido en la defensa de la tarea que este Gobierno está desarrollando y que, además, intenta impulsar a través de los proyectos de ley que se están tramitando y
negociando en esta Cámara. Creo que lo importante es que seamos útiles en la tarea que tenemos encomendada, que seamos capaces de reducir esa temporalidad, que los ciudadanos se sientan orgullosos de los servicios públicos, que eso permita una
legitimación, y que, por tanto, estén dispuestos a financiar con sus impuestos algo que nos pertenece a todos. Los ciudadanos somos propietarios de estos servicios públicos, me gusta recordarlo, porque son ellos los propietarios, los pagan con sus
impuestos. Tenemos que abrir espacios de participación para que la ciudadanía tenga más capacidad de hacer llegar y de decidir a propósito de dónde y cómo hay que orientar estos servicios públicos.


Por otra parte, creo que nos tenemos que sentir muy orgullosos de que estamos dando pasos de gigante durante esta legislatura, porque la herencia que habíamos recibido en esta materia era una herencia muy pesada, y tanto mis predecesores
como yo misma nos hemos empeñado a fondo para intentar solucionar esta situación no solo desde la AGE, sino con el concurso de la administración local y de las administraciones autonómicas, que son más o igualmente importantes que todos los que
estamos aquí a la hora de poner remedio a esto.

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Seguridad, tranquilidad, como decía el señor Aceves, que sepan los ciudadanos que trabajamos por la mejora, por la excelencia de esos servicios públicos, y que sepan los empleados públicos que aquí estamos, desde luego, para motivarlos, para
protegerlos y, por otra parte, para generar condiciones que les permitan el correcto desempeño de su tarea. En eso, desde luego, a esta ministra la encontrarán.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.


Suspendemos un momento la sesión para que pueda abandonar la ministra la sala. (Pausa).


ACUERDO SOBRE LA CELEBRACIÓN DE LAS SIGUIENTES COMPARECENCIAS DE LA MINISTRA DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA:


- PARA INFORMAR DE LA ACTIVIDAD POR PARTE DEL FONDO DE APOYO A LA SOLVENCIA DE EMPRESAS ESTRATÉGICAS DESDE QUE EL PASADO 16 DE MARZO EL GOBIERNO APROBARA EL PENÚLTIMO ACUERDO POR EL QUE SE CONCEDÍA ASISTENCIA A CARGO DE DICHO FONDO HASTA EL
20 DE JUNIO. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO VOX. (Número de expediente 213/001400).


- PARA QUE DÉ EXPLICACIONES SOBRE LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE DETERMINADOS SERVICIOS DIGITALES Y EL IMPUESTO SOBRE LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS, SU GRADO DE IMPLANTACIÓN, AFECTACIÓN Y LAS POSIBLES CONSECUENCIAS SOBRE EL TEJIDO
PRODUCTIVO DE ESPAÑA. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO VOX. (Número de expediente 213/001550).


El señor PRESIDENTE: Señorías, vayan tomando asiento, por favor, para finalizar la sesión.


Señorías, vamos a proceder al debate de los siguientes puntos del orden del día. Por razones de economía procesal, aglutinaremos en un bloque las propuestas de solicitud de comparecencia del Grupo Parlamentario VOX, puesto que tiene dos, y
en otro bloque, las del Grupo Parlamentario Popular, que tiene tres.


Así que pasamos a debatir dos solicitudes de comparecencia, una, para informar de la actividad por parte del Fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas desde que el pasado 16 de marzo el Gobierno aprobara el penúltimo acuerdo por
el que se concedía asistencia a cargo de dicho fondo hasta el 20 de junio, propuesta por el Grupo Parlamentario VOX, y, la segunda, para que dé explicaciones la ministra sobre la recaudación del impuesto sobre determinados servicios digitales y el
impuesto sobre las transacciones financieras, su grado de implantación, afectación y las posibles consecuencias sobre el tejido productivo de España.


Para la defensa de la iniciativa, tiene el Grupo Parlamentario VOX la palabra por cinco minutos.


El señor RUIZ NAVARRO: Muchas gracias, señor presidente.


Mi grupo parlamentario, realmente, lo que quiere dejar patente aquí es la protesta enérgica por el bloqueo que sufrimos en nuestras solicitudes de comparecencias. Hemos pedido más de cincuenta comparecencias de altos cargos de la
administración para que expliquen diversas cuestiones que son de interés general y que afectan a esta Comisión y, por tanto, también a este Ministerio de Hacienda. No entendemos la postura del Grupo Socialista ni del Grupo de Podemos ni de los
socios que tienen que, sistemáticamente, vetan nuestras peticiones de comparecencia, no entendemos si es que tienen miedo a que puedan contar aquí algo que les moleste. En todo caso, creemos que esta insistente obstaculización de las comparecencias
de altos cargos de la Administración pública, en realidad, lo único que hace es dañar la calidad de nuestra democracia. Una sociedad democrática exige que la oposición pueda controlar al Gobierno en todos sus parámetros, es decir, un control de la
labor que realiza el Gobierno en sentido amplio, y, por tanto, esto incluye también a altos cargos, los cincuenta que hemos pedido para esta Comisión.


Por otra parte, también teníamos interés en que la ministra compareciese para que nos explicase la actividad del Fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas. Y es fundamental que lo haga porque debe explicarnos las dudosas ayudas
concedidas hasta la fecha y que este grupo parlamentario ha denunciado. Actualmente, la SEPI, que es el organismo que gestiona este fondo, acumula más de sesenta expedientes de peticiones sin evaluar, cuyos fondos pedidos se acercan a los 4000
millones de euros. Por otra parte, ha concedido ayudas a compañías, que en este caso han sido rescatadas, siete en

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concreto, que entendemos que deben ser explicadas por parte de la ministra y contarnos por qué se han concedido dichas ayudas y si estas empresas -entre las que se encuentra, por ejemplo, Plus Ultra- cumplían o no con los requisitos para
poder obtenerlas.


Nos gustaría, asimismo, que la ministra hablase sobre las famosas tasa Google y tasa Tobin, dado que se basan en unas predicciones financieras de recaudación que son absolutamente irreales y no pueden cumplirse, como ya se ha demostrado
durante este ejercicio, por lo que la recaudación ha sido muy inferior a lo esperado. Por tanto, queremos saber por qué se mantienen estas tasas y qué gastos directos tiene mantenerlas, tanto en materia de coste público como también en la gestión
de la propia Hacienda pública y en cuanto a los propios sujetos a los que se les obliga a contribuir con el pago de una tasa que puede dar lugar a la pérdida de competitividad en España de esas empresas.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


A continuación, el Grupo Parlamentario Republicano. (Denegaciones). ¿El Grupo Podemos quiere intervenir? (Denegaciones). Por el Grupo Parlamentario Popular, la señora España tiene la palabra.


La señora ESPAÑA REINA: Vamos a hacer nuestra intervención en las solicitudes de comparecencia que tenemos.


El señor PRESIDENTE: De acuerdo.


¿Grupo Parlamentario Socialista? (Denegaciones).


- PARA QUE EXPLIQUE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS POR EL GOBIERNO, ASÍ COMO LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL 'OPERATIONAL ARRANGEMENT' FIRMADO CON LA COMISIÓN EUROPEA EN RELACIÓN CON LOS FONDOS EUROPEOS NEXT GENERATION EU QUE EL GOBIERNO INTENTA
OCULTAR. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 213/001557).


- PARA QUE EXPLIQUE LAS CESIONES QUE HA COMPROMETIDO EL GOBIERNO DE ESPAÑA CON EH BILDU A CAMBIO DE SU APOYO PARLAMENTARIO AL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2022. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
EN EL CONGRESO. (Número de expediente 213/001573).


- PARA QUE EXPLIQUE LAS MEDIDAS QUE VA A ADOPTAR PARA COMPENSAR LA REDUCCIÓN DE INGRESOS MUNICIPALES TRAS LA SENTENCIA DEL CONSTITUCIONAL, ANULANDO EL IMPUESTO DE LA PLUSVALÍA MUNICIPAL. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
CONGRESO. (Número de expediente 213/001584).


El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate de las tres cuestiones siguientes. Solicitud de comparecencia de la ministra para que explique los compromisos asumidos por el Gobierno, así como los términos y condiciones firmados con la Comisión
Europea en relación con los fondos europeos Next Generation que el Gobierno intenta ocultar; para que explique las cesiones que ha comprometido el Gobierno de España con EH Bildu a cambio de su apoyo parlamentario al proyecto de ley de Presupuestos
Generales del Estado para 2022; y, por último, comparecencia para que la ministra explique las medidas que se van a adoptar para compensar la reducción de ingresos municipales tras la sentencia del Constitucional, anulando el impuesto de la
plusvalía municipal.


Para la defensa de las iniciativas tiene la palabra la señora España, por cinco minutos.


La señora ESPAÑA REINA: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, la historia se repite y, una vez más, tanto PSOE como Podemos vetan las comparecencias de la ministra y de los altos cargos en esta Comisión de Hacienda. Cuatro meses ha tardado en venir la ministra para dar cuenta de sus nuevas
competencias en la Función pública. ¡Qué falta de transparencia y de respeto de este Gobierno socialista-comunista!


Nosotros hemos solicitado que venga la ministra a explicar las condiciones que ha firmado con la Unión Europea para recibir los fondos europeos. Porque parece que, a cambio, van a imponer el peaje en las carreteras, van a eliminar la
reducción por tributación conjunta, van a subir el diésel, van a subir las cotizaciones sociales a los autónomos y ahora también, por lo visto, se han comprometido a ampliar el

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periodo de cálculo de las pensiones. Es decir, como siempre que gobierna la izquierda, suben los impuestos y bajan las pensiones.


Pues bien, no quiere venir la ministra a explicar estas cuestiones y nos parece una falta de respeto al Congreso, a los ciudadanos y a los diputados. Una falta de respeto que sigue produciéndose en todos los niveles, como hemos visto
recientemente con los presupuestos. Es que no solo vetan las comparecencias, también el Gobierno nos ha vetado más de doscientas enmiendas del Partido Popular y en cien casos el veto tenía un informe en contra de los letrados de las Cortes. Este
es el Gobierno progresista de la izquierda. Vaya rodillo parlamentario. Gracias al veto del Gobierno socialista-comunista, no bajará el IVA de las peluquerías, no bajará el IVA de las mascarillas, no bajará el IVA de la hostelería, no bajará el
IVA de los pañales o de las prótesis y pelucas por necesidad de tratamiento oncológico y tampoco tendrán derecho a subsidio por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave más allá de los dieciocho años.


Si no recapacitan con este atropello, nosotros recurriremos al Tribunal Constitucional, porque este Gobierno está devaluando la democracia parlamentaria al negarse a rendir cuentas ante la oposición. Hay más de 450 solicitudes de
comparecencias que todavía están pendientes de celebrar. En apenas un mes, han contestado con el mismo párrafo a más de doscientas preguntas de los diputados del Partido Popular. Por lo tanto, la izquierda está resquebrajando los cimientos de
nuestra democracia. Y ayer lo volvimos a comprobar, señorías. Se aprobó en la Comisión de Presupuestos una enmienda -por supuesto, con el voto en contra de PSOE y de Podemos- de más de 9000 millones de euros para el fondo pos-COVID para las
comunidades autónomas; porque hay que recordar que se les ha quitado a las comunidades autónomas este fondo de COVID. ¿Cuál es la reacción del Gobierno? Pues ponerse en rebeldía, poner excusas y pretextos para que no se cumpla lo aprobado por el
Congreso. Esto es muy serio, señorías, esto es muy serio. Si ustedes pierden una votación, tienen que cumplir con lo aprobado en este Congreso. Esto no es el cortijo de la señora ministra de 'el lunes lo arreglo yo', esto es el Congreso de los
Diputados.


Y voy terminando. También hemos pedido la comparecencia para saber qué es lo que se ha pactado con Bildu a cambio de la aprobación de los presupuestos. Este Gobierno ha perdido toda la dignidad moral al cambiar presos por presupuestos y
les leo textualmente la frase del señor Otegi: 'Esos doscientos presos tienen que salir de la cárcel. Si para eso hay que votar los presupuestos, los votaremos', cierro comillas. Si para tener presupuestos para inversiones hay que sacar de la
cárcel a doscientos etarras, nosotros preferimos esperar un año más otros presupuestos, porque la dignidad de las víctimas, señorías, no tiene precio.


Al Grupo Parlamentario Popular esto le parece un insulto a la democracia, un insulto a los ciudadanos que representamos los diputados y un insulto a este Congreso de los Diputados donde reside la soberanía popular. Ya basta de vetos. Este
Gobierno socialista-comunista está socavando los pilares de nuestra democracia y desde el Partido Popular no lo vamos a permitir.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora España.


¿Grupo Parlamentario VOX quiere intervenir? (Denegaciones). Por el Grupo Parlamentario Socialista el señor Aceves tiene la palabra.


El señor ACEVES GALINDO: Gracias, presidente.


La verdad, señorías, es que no tenía intención de intervenir, pero después de ver el ejercicio de funambulismo político que he escuchado aquí, lo voy a hacer.


Señoría, yo creo que usted ha pensado que esta era la Comisión bis de Presupuestos, porque repetir aquí lo que ustedes han hecho en la Comisión de Presupuestos es pensar que también faltan al respeto a esta Comisión. Porque ustedes piden la
comparecencia para dos asuntos muy concretos, uno, plusvalías municipales, que no lo ha mencionado ni un minuto. Respuesta del Gobierno: en dieciocho días, aprobado el real decreto para dar respuesta. Posición del Partido Popular en esa historia:
poner pegas. Exigen, pero cuando después hay una solución, ponen pegas. ¿Qué significa esto? Imprudencia e irresponsabilidad, las reglas magníficas del Partido Popular, las mismas de siempre.


Respecto al famoso 'informe fantasma Casado' -que así lo llamamos- en el que ustedes decían que se ponía en tela de juicio los fondos europeos, se ha hecho público el informe y ustedes todavía no se han enterado. Y no tienen ni siquiera un
poquito de dignidad política para retirar la comparecencia cuando se ha hecho público el informe, que lo que demuestra es que España ha sido el primer país que ha recibido la firma de Europa para que los fondos europeos lleguen. (La señora España
Reina: Que

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venga la ministra). Pero ustedes no se alegran, al contrario, ustedes parece que se sitúan en 'la posición contraria', iba a decir otra palabra que me voy a ahorrar. A ustedes les fastidia realmente que a España le vayan bien las cosas.
(Rumores). Sí, pueden mover la cabeza las veces que quieran, pero la realidad es que su líder va a Bruselas a poner pegas a los fondos europeos, a hablar mal de España, a no ser responsable con el interés general de nuestro país y de sus
ciudadanos, y, encima, vienen a esta Comisión a hacer demagogia. Señorías, es mal camino, mal camino para ustedes como grupo y mal camino para nuestro país.


Yo lo digo una vez más, modérense, modérense. Si seguramente en muchos aspectos podemos compartir situaciones, pero en este ejercicio de demagogia, señora España, desde luego, nada. Y ya cuando empieza usted a utilizar otro tipo de
calificativos, mire, los españoles tienen memoria y nosotros como grupo parlamentario también. ¿Qué lecciones sobre comparecencias vienen ustedes a dar en esta Comisión? ¿Qué lecciones sobre comparecencias del propio presidente del Gobierno vienen
ustedes a dar aquí? ¡Pero si en esta mitad de legislatura ha comparecido el presidente del Gobierno cuatro veces más que Rajoy siendo presidente! ¿Qué me están ustedes hablando de comparecencias? (La señora España Reina: Que comparezca la
ministra).


Finalmente, cuando usted utiliza el término cortijo seguramente le traiciona el subconsciente. Ese es el modelo que tienen ustedes, el del cortijo, y, desde luego, enfrente tendrán siempre al Partido Socialista. Así que menos demagogia,
señorías. Al menos hablen de lo que traen a la Comisión, de los temas que piden, y no hagan aquí un batiburrillo por intentar tener un minuto de gloria. Y termino con una cuestión que he oído muchas veces y hoy tengo oportunidad de decírselo.
Ustedes hablan con desprecio del Gobierno socialcomunista, lo hacen con desprecio, pero, mírense ustedes, porque ustedes el Gobierno que tienen es de derecha y de ultraderecha, así que aplíquense el cuento.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Aceves.


VOTACIONES.


El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a pasar a continuación a votar los puntos del orden del día. Lo haremos de forma independiente.


La primera votación es la solicitud de comparecencia para que la ministra informe de la actividad por parte del Fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas desde que el pasado 16 de marzo el Gobierno aprobara el penúltimo acuerdo
por el que se concedía asistencia a cargo de dicho fondo.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; votos en contra, 18.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votación de la solicitud de comparecencia de la ministra de Hacienda para que dé explicaciones sobre la recaudación del impuesto sobre determinados servicios digitales y el impuesto sobre las transacciones financieras, su grado de
implantación, afectación y las posibles consecuencias sobre el tejido productivo de España.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; votos en contra, 18.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votación de la solicitud de comparecencia de la ministra para que explique los compromisos asumidos por el Gobierno, así como los términos y condiciones firmados con la Comisión Europea en relación con los fondos europeos Next Generation.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; votos en contra, 18.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votación de la petición de comparecencia de la ministra para que explique las cesiones que ha comprometido el Gobierno de España con EH Bildu a cambio de su apoyo parlamentario al proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el
año 2022.

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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; votos en contra, 18.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos el último punto del orden del día, solicitud de comparecencia de la ministra para que explique las medidas que va a adoptar para compensar la reducción de ingresos municipales tras la sentencia del Constitucional, anulando el
impuesto de la plusvalía municipal.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; votos en contra, 18.


El señor PRESIDENTE: Por lo tanto, queda rechazada.


Señorías, muchas gracias.


Se levanta la sesión.


Eran las dos y quince minutos de la tarde.