CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2021 XIV LEGISLATURA Núm. 526

CONSULTIVA DE NOMBRAMIENTOS

PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª MERITXELL BATET LAMAÑA

Sesión núm. 13

celebrada el martes,

2 de noviembre de 2021

ORDEN DEL DÍA:


Comparecencias de candidatos para la elección de cuatro magistrados del Tribunal Constitucional (número de expediente 235/00001) y seis consejeros del Tribunal de Cuentas (número de expediente 252/000001).


- Del candidato a magistrado del Tribunal Constitucional don Enrique Arnaldo Alcubilla ... (Página2)


- De la candidata a magistrada del Tribunal Constitucional doña Concha Espejel Jorquera ... (Página15)


- De la candidata a magistrada del Tribunal Constitucional doña Inmaculada Montalbán Huertas ... (Página23)


- Del candidato a magistrado del Tribunal Constitucional don Juan Ramón Sáez Valcárcel ... (Página28)


- Votación para la elección de cuatro magistrados del Tribunal Constitucional ... (Página35)


- De la candidata a consejera del Tribunal de Cuentas doña Enriqueta Chicano Jávega ... (Página35)


- De la candidata a consejera del Tribunal de Cuentas doña Isabel Fernández Torres ... (Página42)


- De la candidata a consejera del Tribunal de Cuentas doña Dolores Genaro Moya ... (Página47)


- Del candidato a consejero del Tribunal de Cuentas don Diego Íñiguez Hernández ... (Página54)


- Del candidato a consejero del Tribunal de Cuentas don José Manuel Otero Lastres ... (Página58)


- Del candidato a consejero del Tribunal de Cuentas don Miguel Ángel Torres Morato ... (Página61)


- Votación para la elección de seis consejeros del Tribunal de Cuentas ... (Página67)

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Se abre la sesión a las nueve y treinta minutos de la mañana.


COMPARECENCIAS DE CANDIDATOS PARA LA ELECCIÓN DE CUATRO MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (número de expediente 235/00001) Y SEIS CONSEJEROS DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (número de expediente 252/000001).


La señora PRESIDENTA: Buenos días, señorías. Se abre la sesión.


El objeto de la presente sesión de la Comisión Consultiva de Nombramientos es sustanciar las comparecencias de los candidatos a magistrado del Tribunal Constitucional y de los candidatos a consejero del Tribunal de Cuentas propuestos por los
grupos parlamentarios Socialista y Popular en el Congreso, de acuerdo con lo previsto en la resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados relativa a la intervención de la Cámara en el nombramiento de autoridades del Estado, de 25 de
mayo de 2000. A tal efecto procede, en primer lugar, ratificar el orden del día de esta sesión y, en consecuencia, constatar que los currículums presentados cumplen los requisitos legalmente establecidos. ¿Se acuerda así por la Comisión?
(Asentimiento). Muchas gracias.


En tal caso, procedemos a sustanciar las comparecencias de los candidatos para el Tribunal Constitucional, don Enrique Arnaldo Alcubilla, doña Concepción Espejel Jorquera, doña Inmaculada Montalbán Huertas y don Juan Ramón Sáez Valcárcel; y
los candidatos para el Tribunal de Cuentas, doña Enriqueta Chicano Jávega, doña Isabel Fernández Torres, doña María Dolores Genaro Moya, don Diego Íñiguez Hernández, don José Manuel Otero Lastres y don Miguel Ángel Torres Morato. Los candidatos
comparecerán por este orden y de forma sucesiva conforme al siguiente esquema: empezará con una intervención el candidato, por tiempo máximo de diez minutos; seguidamente, intervendrán los representantes de los grupos parlamentarios que quieran
tomar la palabra, en orden de menor a mayor, por tiempo máximo también de cinco minutos cada uno, y finalmente, una nueva intervención del candidato para cerrar la comparecencia.


La Comisión, como todos ustedes saben, debe expresar su criterio sobre la idoneidad de los candidatos, lo que se hará una vez que se hayan celebrado todas las comparecencias. Si les parece, cuando acabemos de sustanciar las comparecencias
del Tribunal Constitucional haremos la evaluación de la idoneidad de los candidatos a ocupar las plazas del Tribunal Constitucional y, después, al final de las comparecencias del Tribunal de Cuentas procederemos a hacer lo mismo con los candidatos
al Tribunal de Cuentas.


- DEL CANDIDATO A MAGISTRADO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DON ENRIQUE ARNALDO ALCUBILLA.


La señora PRESIDENTA: Comenzamos, pues, con las comparecencias de los candidatos a magistrado del Tribunal Constitucional para lo que, por favor, llamo al primer compareciente, don Enrique Arnaldo Alcubilla. (Pausa).


Muy buenos días, don Enrique Arnaldo, me parece que ha tenido la posibilidad ya de escucharlo, pero le explico un poco cómo va a configurarse la sesión. Le voy a dar, en primer lugar, la palabra para que pueda usted, por un tiempo máximo de
diez minutos, exponer aquellas líneas que considere oportunas; después, los distintos grupos parlamentarios tendrán la oportunidad de hacer también sus respectivas intervenciones, y finalmente, le volveré a dar la palabra para que usted cierre la
comparecencia. En primer lugar, por tanto, tiene la palabra don Enrique Arnaldo Alcubilla, candidato a magistrado del Tribunal Constitucional.


El señor CANDIDATO A MAGISTRADO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (Arnaldo Alcubilla): Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señores portavoces.


He de expresar, en primer lugar, mi satisfacción por estar aquí esta mañana con motivo de ser, eventualmente, nominado para acceder al cargo de magistrado del Tribunal Constitucional que, en palabras de Hans Kelsen, es el garante del propio
Estado constitucional. Supone esta la mayor honra y el más alto reconocimiento para un jurista y, si me permiten, aún mayor como es mi caso que he dedicado mi quehacer al derecho constitucional. Comparezco en mi casa, el Congreso de los Diputados,
que lo es por dos razones: una, porque es la casa de todos los españoles, en cuanto representa la soberanía nacional residenciada en el pueblo español, y segunda, porque sirvo en esta casa como letrado desde 1986.

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Mi vocación por el derecho es muy temprana, mediado el bachillerato, quizá porque la idea o, mejor, el valor justicia -entendido como el reto o aspiración permanente, tanto en el ámbito inmediato como en el social o colectivo- es la
respuesta o el ideal que busca cualquier joven. Desde luego que hacer o realizar la justicia no es tarea solo de los juristas, sino de todos, pues los contornos de la justicia son amplísimos, pero yo, como otros muchos, tomamos el camino del
derecho en cuanto expresión acabada de la razón en la comunidad, razón que se condensa en la Constitución como norma fundamental del Estado.


Estudié la carrera de derecho en la Universidad Complutense entre 1974 y 1979, y conté con extraordinarios profesores que modelaron mi vocación. En primer lugar, Santiago Varela, profesor del entonces llamado derecho político, que nos
explicó por supuesto en aquella época derecho constitucional comparado, pues no había Constitución en España, y que fue quien hizo nacer mi vocación por el derecho constitucional. En segundo, lugar, Gregorio Peces-Barba, que era profesor de Derecho
Natural y Filosofía del Derecho, con quien me incorpore al seminario de derechos humanos en la Facultad de Derecho de la Complutense, y que dirigía y me facilitó, junto con Joaquín Ruiz-Giménez, matricularme en el Instituto de Derechos Humanos de
Estrasburgo. También el gran procesalista español Jaime Guasp Delgado, fuente de sabiduría jurídica, que hizo que una asignatura aparentemente árida, el derecho procesal, me entusiasmara. Superé entonces el llamado examen de licenciatura y, tras
el entonces servicio militar y una larga y penosa enfermedad que padecí, comencé la preparación de las oposiciones de ingreso en el Cuerpo de Letrados de las Cortes Generales, bajo la dirección de los grandísimos maestros Luis María Cazorla y Emilio
Recoder de Casso. Durante la preparación, hice los cursos de doctorado de la Complutense y me incorporé como profesor colaborador con otro letrado de las Cortes, Manuel Fraile Clivillés, también en la Universidad Complutense. Obtuve primero la
plaza de técnico de la Administración Civil del Estado, TAC, en 1983, e hice el curso de la Escuela de Administración Pública y obtuve destino en la Dirección Provincial de Educación del Ministerio de Educación, en Toledo. Pedí la excedencia y a
finales de 1985 logré superar el último examen de ingreso en el Cuerpo de Letrados de las Cortes Generales incorporándome a esta casa a primeros de 1986. Por aquel entonces, la sede del Congreso terminaba en lo que llamamos ahora la Ampliación 1,
donde todo era mucho más reducido y también más pequeño el número de personas que trabajábamos en la Cámara. Había una única cafetería y en ella compartíamos café los diputados, los periodistas y los funcionarios en un ambiente que ha descrito
extraordinariamente en días pasados la extraordinaria escritora Julia Navarro, entonces cronista política y parlamentaria.


En el Congreso los Diputados he prestado servicios en la Dirección de Asuntos Económicos y en la de Estudios y Documentación, como responsable de publicaciones, en la de Asistencia Técnico-Parlamentaria y en la de Relaciones Internacionales,
como secretario de la delegación española en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, presidida por Miguel Ángel Martínez. En el ejercicio de la función de asesoramiento técnico-jurídico de las comisiones he prestado servicios en la de
Presupuestos, Industria, Obras Públicas y Servicios, Constitucional, Peticiones, y de forma permanente en la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca, así como en las ponencias del Plan de Empleo Rural o la del Sector Pesquero, así como en la de
Ciclismo y Seguridad Vial, que coordinaba Javier Martín del Burgo. En la actualidad lo soy de la Comisión de Seguridad Vial y de la Comisión Mixta de Estudio del Problema de las Adicciones.


A los dos meses de incorporarme al Congreso los Diputados, el letrado mayor nos llamó a otro compañero y a mí para incorporarnos a la Junta Electoral Central para cubrir una vacante por enfermedad. Entonces se había convocado el referéndum
sobre la incorporación de España en la OTAN; desde entonces, la primavera de 1986, hasta 1996 estuve destinado en el órgano superior de la Administración electoral, siendo nombrado jefe de los servicios de asistencia jurídica de la Junta Electoral
en 1991, primero con rango de jefe de departamento, y luego de director.


He sido y soy un estudioso del derecho electoral. Mi tesis doctoral, dirigida por Luis Aguiar de Luque, se titula El derecho de sufragio de los emigrantes en el ordenamiento español, que es un estudio pormenorizado del artículo 78.5 de la
Constitución y de su desarrollo de la Loreg. La leí en el salón de grados de la Universidad Complutense en 1995, ante un tribunal presidido por Jorge de Esteban Alonso, y del que formaban parte Luis López Guerra y Juan José Solozábal, y obtuve la
calificación de apto cum laude por unanimidad, y publiqué la tesis en la Colección de Estudios Constitucionales dirigida por el profesor Rubio Llorente.

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Tengo que hacer mención de un libro que inicié con mi compañero Manuel Delgado-Iribarren en 1989, que ha llegado a la novena edición, el Código Electoral. Me siento particularmente orgulloso pues todos los actores que intervienen en los
procesos electorales lo consideran imprescindible e incluso lo han denominado, si me permite, exageradamente 'la biblia electoral'. He de citar también otro libro, el de El carácter dinámico del régimen electoral español, que también fue publicado
en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, y que presenté para el acceso a la condición de profesor titular de universidad en el año 2002, en el que estudio las posibles reformas de carácter procedimental y adjetivo que se pueden
acometer en la Ley Electoral para la mejor consecución del principio democrático. Decía Ortega que la bondad o no bondad de una ley electoral depende a veces de un mínimo detalle técnico del procedimiento electoral, de lo adjetivo. También he de
citar uno de mis trabajos más recientes, Urnas, legisladores y togas, en el que recojo distintos estudios sobre derecho electoral, sobre el voto por correo o sobre un tema que está sobre la mesa del Congreso los Diputados en este momento, que es el
llamado voto CERA, el voto de los españoles inscritos en censos recientes ausentes, en el que hemos participado además en un grupo de trabajo en el Centro de Estudios Constitucionales hace unas semanas.


He comparecido en ponencias y comisiones de estudio sobre reformas electorales en el Senado, en los parlamentos de Andalucía, de Galicia, de La Rioja, de Canarias y en la Asamblea de Madrid, y he impartido distintas conferencias en esta
materia. Y, en fin, he participado como observador internacional en las elecciones a la Presidencia de México del año 2000, las primeras en las que ganó un partido distinto del PRI, en las elecciones a la Presidencia de la Federación Rusa, en 1995,
con la delegación parlamentaria en aquel caso, o en las elecciones presidenciales de Colombia de 2018, o en el plebiscito sobre los acuerdos de paz con las FARC en el año 2016.


No voy a detenerme en otros estudios sobre derecho parlamentario, si me lo permiten, y voy a continuar mi exposición para explicar mi relación con el tercer poder del Estado, con el Poder Judicial. En 1996 fui elegido por el Congreso de los
Diputados como vocal del órgano de gobierno del Poder Judicial, del órgano garante de la independencia del Poder Judicial, por el turno de juristas o laicos, como se dice en Italia. Fui adjunto al presidente, con Javier Delgado Barrio, a quien
quiero rendir el homenaje más sentido por su condición de maestro y de quien aprendí los principios de organización y funcionamiento del Poder Judicial, que son las garantías para el ejercicio de la función jurisdiccional. Fui presidente del
Consejo de la Comisión de Estudios e Informes y miembro de distintas comisiones, también incluso de la Comisión Mixta de Relaciones con el Ministerio de Justicia. Al concluir el mandato, me incorporé a la Comisión de Estudios del anteproyecto de
ley de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que presidió el entonces presidente de la Sala tercera el Tribunal Supremo, Ángel Rodríguez García, de la que formaban parte Manuel Campos, hoy abogado general del TJUE, y Francisco Marín,
presidente de la Sala primera del Tribunal Supremo. Aquel consejo -en el que, por cierto, coincidí con todos los candidatos llamados a comparecer esta mañana, Ramón Sáez, con el que trabé una extraordinaria relación- es conocido por la elaboración
del Libro Blanco de la Justicia, pero también por poner en marcha las medidas de protección de los jueces que servían en el País Vasco en un momento dramático para la carrera judicial ante el terror etarra, la puesta en marcha de la Escuela Judicial
en Barcelona, del Cendoj, en San Sebastián, la base de datos de jurisprudencia digitalizada, la mejora de la informatización judicial y por supuesto una serie de informes sobre leyes importantes como la Ley de Enjuiciamiento Civil, la Ley de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, la de Control Judicial del CNI. Asimismo aquel consejo es conocido, y así lo recuerdo, como un consejo en el que se alcanzó un elevado grado de acuerdo o consenso también en materia de nombramientos.


Al concluir el mandato en el Consejo del Poder Judicial, me reincorporé al servicio activo en las Cortes Generales y, una vez que las mesas conjuntas me reconocieron la compatibilidad para el ejercicio de la abogacía, me sumé con otro
compañero y maestro, Ramón Entrena Cuesta, desgraciadamente fallecido, a un despacho especializado en derecho público. Advocare significa abogar. La palabra abogado es igual en prácticamente todos los idiomas, pero no aparece en castellano hasta
primeros del siglo XIII, y corresponde no solamente a la función de defensor, sino también a la función preventiva de consejero, de asesor e incluso de mediador. Así he entendido y entiendo la abogacía como complemento imprescindible para un
académico a efectos, como decía el maestro Díez Picazo en sus Experiencias jurídicas y teoría del derecho, de uncir teoría y práctica. Por lo demás, como abogado, soy árbitro de varias cortes de arbitraje, entre ellas la del Colegio de Abogados de
Madrid y la de la Cámara de Comercio de Madrid, y he dictado como árbitro más de una docena de laudos arbitrales, y en la actualidad soy copresidente, junto

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con Joaquín García-Romanillos, de la sección constitucional y parlamentaria del ilustre Colegio de Abogados de Madrid, nombrada por su Junta de Gobierno.


La señora PRESIDENTA: Señor Arnaldo, perdone que le interrumpa, pero he de decirle que ha consumido más de los diez minutos. Si puede ir concluyendo, se lo agradecemos.


El señor CANDIDATO A MAGISTRADO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (Arnaldo Alcubilla): Gracias, señoría.


Tenía dos partes finales, señora presidenta, para terminar: una, el ámbito académico, en donde, como decía, empecé como profesor colaborador de derecho constitucional y derecho parlamentario en la Complutense, luego fui nombrado profesor
asociado de derecho constitucional en la Universidad Carlos III, en el momento de su creación, y en 2002 accedí a la condición de profesor titular de derecho constitucional en la Universidad Rey Juan Carlos, y después en 2013 a la de catedrático de
dicha universidad.


He dirigido tres tesis doctorales ya leídas, y en la actualidad dirijo otras cuatro. Soy coordinador del área de Litigación Constitucional del máster de acceso a la abogacía en la universidad, y he llevado a cabo una amplia actividad
investigadora en una serie de libros colectivos e individuales de comentarios a la Constitución.


Finalmente quería destacar la actividad internacional. Ya he dado cuenta de algunas cosas, pero quería citar alguna otra. La primera, como letrado de esta casa, en la misión de observación internacional del juicio celebrado en 1991 contra
los entonces presuntos asesinos de los padres jesuitas, en la UCA de El Salvador, redactando el informe que fue después aprobado y que se incorporó al sumario que dio lugar a la condena reciente por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de
otro de los implicados en el asesinato, juicio en el que comparecí como testigo, a solicitud del ministerio fiscal y de la acusación particular. Fui designado visiting proffesor de la Universidad Luigi Vanvitelli, de Caserta, Italia, un doctorado
Honoris Causa de una universidad pública peruana, y una serie de participaciones en misiones académicas en distintas universidades europeas y americanas, como consultor en el proyecto de reforma constitucional de la República Dominicana, y en varios
libros de acción formativa del Parlamento Europeo así como en el programa de conmemoración del 50.º aniversario de la Declaración de Derechos Humanos de 1948.


En fin, quiero dejar expresa constancia -termino, señora presidenta, señores portavoces- de mi compromiso con los valores constitucionales tan admirablemente sintetizados en el mismo pórtico de la Carta Magna, con todos ellos, pues son el
sustento necesario de una sociedad libre, solidaria, cohesionada, justa y equitativa. Quiero terminar con las palabras con las que concluyó su comparecencia ante esta Comisión, el 9 de julio de 2012, la entonces candidata y después magistrada del
Tribunal Constitucional doña Encarna Roca: 'si ustedes consideran que, después de afrontar mi trayectoria y la forma en la que he afrontado mi trabajo hasta ahora, soy una persona adecuada para ocupar una plaza de la magistratura del Tribunal
Constitucional, les aseguro que afrontaré honestamente esta nueva responsabilidad', con la honestidad con la que he afrontado toda mi vida profesional y personal.


Muchas gracias por su atención y disculpe, señora presidenta, por la extensión.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias a usted, don Enrique Arnaldo, por el esfuerzo de síntesis también.


A continuación, intervienen los representantes de los grupos parlamentarios. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Bal Francés.


El señor BAL FRANCÉS: Muchas gracias, presidenta.


Buenos días, don Enrique. Créame de verdad que lamento mucho tener que estar aquí para decirle a la cara que no me parece usted una persona idónea. Usted y yo nos conocemos desde hace muchos años, pero participa usted en este teatro que
hemos montado en la sala Constitucional, y la obra se llama: La idoneidad del candidato al Tribunal Constitucional y al Tribunal de Cuentas, cuando ya está todo el pescado vendido, cuando ya de antemano sabemos quiénes van a ser los magistrados del
Tribunal Constitucional. Créame también que le digo con sinceridad que, además de tenerle un gran aprecio, aprecio mucho su currículum, un currículum espectacular, porque esto no va de su currículum, esto va de que usted es nombrado por ser amigo
de alguien del Partido Popular, lo mismo que el señor Juan Ramón Sáez Valcárcel, lo mismo que la señora Espejel. Son amigos de personas que mandan en el Partido Popular, en Unidas Podemos o en el Partido Socialista. Y, claro, nos permitimos dudar
de su imparcialidad cuando le han grabado esas conversaciones en la Operación Lezo diciendo que iban a nombrar a un fiscal razonable, a un

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fiscal bueno, cuando esa operación llegue a ser enjuiciada en un eventual recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, como nos sucede con la señora Espejel, que fue también recusada en el caso Gürtel por no tener imparcialidad, porque
ya sabe usted, efectivamente, con la experiencia que usted tiene, que la justicia no solamente debe ser imparcial, sino que debe parecerlo. Y la verdad es que ninguno de los cuatro candidatos del Tribunal Constitucional y del Tribunal de Cuentas lo
parecen, ninguno de ellos.


Asistimos al viejo truco del bipartidismo. Los dos partidos de toda la vida, a cuyo club se ha unido ahora Unidas Podemos, se reparten el Estado, se reparten los puestos. No llegan a acuerdos en otras cosas muy importantes para nuestro
país, como podría ser por ejemplo el reparto de fondos europeos, pero que no quede ninguna silla vacía: yo nombro a los míos, tú nombras a los tuyos, porque de esa forma controlamos o ponemos amigos en las más altas instituciones del Estado, y se
hace con tal falta de vergüenza, con tan poco sonrojo, que nos encontramos cómo, por ejemplo, el abogado de Puigdemont se felicita de los nombramientos en el Tribunal de Cuentas porque le han quitado de en medio, gracias al Partido Popular, a
Margarita Mariscal de Gante, que es quien está llevando a cabo ese procedimiento de responsabilidad contable contra los que fueron condenados por malversación, como consecuencia del procés del día 1 de octubre, y se mantiene sin embargo a la señora
Genaro, que luego entrará por esa puerta, que no ve responsabilidad contable en el Tribunal de Cuentas. O sea, que con tal de poner a mis amigos, los demás que nombren a quien quieran, me da igual si esto es bueno o es malo para España, me da igual
si esto alimenta a los independentistas que quieren romper nuestro país. Usted participa de este procedimiento. Como digo, para lo importante no se ponen de acuerdo, se ponen de acuerdo para los puestos y, como le digo, lo importante de este cargo
no es solamente el currículum, sino también parecer imparcial.


Usted va a entrar ahora en un órgano -no diga usted que vamos a ver si esta sala le da la idoneidad, claro que se la va a dar, si se han puesto de acuerdo el Partido Popular y el Partido Socialista-, que es el más alto tribunal de nuestro
país, el tribunal de garantías constitucionales, y usted será el magistrado conservador, con la señora Espejel, y los señores Sáez Valcárcel y la otra candidata serán los magistrados progresistas, y seguiremos hablando de magistrados conservadores y
de magistrados progresistas, lo cual supone un grave descrédito para el Tribunal Constitucional cuando podríamos establecer un proceso previo con unas bases, con una convocatoria, con unos méritos, con una capacidad, con transparencia, no negociando
en el cuarto de atrás, para que se presentaran los candidatos que quisieran, y este acto fuera un acto realmente de valoración de la idoneidad de los méritos y de la capacidad. Mi grupo parlamentario va a registrar una proposición de reforma de
leyes orgánicas para que se establezca ese sistema de convocatoria y de análisis del mérito y de la capacidad, con publicidad y con transparencia.


En definitiva, me voy a quedar a escucharle, por supuesto, es una regla básica de educación. Vuelvo a insistirle en que esto no va de usted, que le tengo un gran aprecio, y usted lo sabe, pero en cuanto usted termine me voy a levantar y me
voy a ir, y mi grupo parlamentario no va a participar en este teatrillo que se llama La idoneidad de los candidatos al Tribunal Constitucional y al Tribunal de Cuentas. Me quedaré a escucharle, por supuesto, pero después no seguiré en esta sala
porque este acto no sirve para nada, absolutamente para nada.


Gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Bal.


Quiero recordar al compareciente que está aquí efectivamente para evaluar su idoneidad para el cargo para el que ha sido propuesto, que es magistrado del Tribunal Constitucional, y por supuesto no tiene por qué pronunciarse ni sobre el
procedimiento ni sobre las decisiones o acciones de los grupos parlamentarios, puesto que no es un debate entre grupos parlamentarios.


Tiene la palabra a continuación, por el Grupo Parlamentario Plural, el señor Pagès i Massó.


El señor PAGÈS I MASSÓ: Buenos días, señora presidenta.


Señor Arnaldo, sin la brillantez del compañero de Ciudadanos, el señor Bal, pero en la misma línea de cuestionamiento desde una perspectiva de los principios constitucionales, voy a hacer una serie de reflexiones sobre su comparecencia de
hoy.


En primer lugar, soy profesor de Derecho Constitucional y, cuando explico la composición de los miembros del Tribunal Constitucional, acostumbro a explicar que se trata de personas con reconocidísimo y singularísimo prestigio, que están por
encima de toda sospecha de partidismo y también por encima de toda sospecha de presiones de los grandes cuerpos de la Administración pública, incluida la judicatura. Es lo que dicen los manuales.

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Por otro lado, García-Pelayo -seguramente, sabrá quién fue: el primer presidente del Tribunal Constitucional, un gran constitucionalista y una figura respetada desde todos los ámbitos ideológicos del Estado español-, en el discurso de
inauguración del primer curso del Tribunal Constitucional, o sea, en el momento en que se estaba constituyendo el Tribunal Constitucional, reflexionaba lo siguiente: 'Peor que el riesgo impensable -impensable, decía- de que unos y otros quieran
hacer presiones sobre el Tribunal, es el riesgo mucho más probable y más grave de que unos y otros entiendan que sus soluciones son las únicas constitucionalmente posibles y acudan al Tribunal Constitucional en demanda de que se declaren ilegítimos
los enfoques y soluciones discordantes'. Como constitucionalista, me parece que el señor García-Pelayo tiene toda la razón, pero, como independentista que está deseando que este Estado y su régimen de 1978 queden en evidencia para abrir una vía
democrática a la independencia, me parece perfecto que perfiles como el suyo estén encima de la mesa. Esto es lo que quiero decirle.


Nosotros no estamos para defender la Constitución española, evidentemente -no por constitución, sino por española, porque nosotros queremos constituir nuestro propio Estado con nuestra propia constitución-, pero se va demostrando que
nosotros, los independentistas, en muchos aspectos somos más respetuosos con los principios constitucionales, que son universales -y no españoles-, que ustedes, los constitucionalistas.


Fíjense, cómo está el patio que no voy a hablar tanto de quién se propone, sino de cómo se propone, en la línea del señor Bal. Como ya dijimos en la comparecencia del señor Villarejo, no nos interesa tanto el títere, sino los hilos que lo
mueven y quién lo mueve, y aquí pensamos que se debe hacer la misma reflexión. El PP propone unos determinados perfiles totalmente inapropiados para los puestos de magistrados del Tribunal Constitucional por su historial de parcialidad, falta de
independencia e incluso sospechas de corrupción -caso Lezo, su relación con el señor Matas-, y también ideológico, por los ciento cincuenta actos de la FAES en los que ha participado, por los artículos publicados, etcétera. Pero lo que nos parece
más grave no son los nombres que propone el Partido Popular, sino que se dé por bueno un procedimiento totalmente opaco, del que salen estos nombres, y que perfiles partidistas del Partido Popular -y del PSOE también-, de entrada, se den como
buenos, se acepten como tales. Al aceptar estos nombres, el PSOE y Podemos se ponen en situación de cómplices, de responsables en tanto que colaboradores necesarios de este paripé. Aceptar que los magistrados del Tribunal Constitucional son
propiedad de un partido o de otro, del PP o del PSOE, en realidad es destruir el prestigio del Tribunal Constitucional; son tan responsables -entendemos nosotros- los unos como los otros.


Quizá esto es incluso más grave -repito- que los nombres propuestos, y además creemos que es directamente pernicioso para los derechos de los ciudadanos el procedimiento sectario, cerrado, oscuro por el que se ha llegado a estos nombres. Yo
le planteo esta cuestión, señor Arnaldo: Después de años en los que no se han pactado los nombres de los candidatos al Tribunal Constitucional, en los que no se han propuesto miembros al Tribunal Constitucional, ¿cree que en veinticuatro horas dos
señores, García Egea y Bolaños, se ponen a hablar y de inmediato consiguen coincidir en cuatro nombres? ¿Usted cree realmente que aquí ha habido un proceso de ponderación de méritos, capacidades, currículums, etcétera? ¿Ha habido este proceso de
reflexión en los nombres que se proponen o bien ha sido un intercambio de nombres basado estrictamente en cuestiones partidistas? Como constitucionalista, como persona identificada con los principios del Derecho constitucional -división de poderes
y derechos fundamentales, porque es esto el Derecho constitucional-, me preocupa; me preocupa que estemos en un país donde los dos principales partidos...


La señora PRESIDENTA: Señor Pagès, tiene usted que ir terminando, por favor.


El señor PAGÈS I MASSÓ: Gracias.


Le expreso esta preocupación, y voy a terminar con una última cuestión que quiero plantearle, y es que aquí no estamos en un hearing americano, como en Estados Unidos, ni en una comparecencia de la Unión Europea, y quiero expresar mi
insatisfacción, mi total rechazo a esta forma de comparecencia de candidatos, en la que prácticamente no se discute la idoneidad, y a lo único que se viene es a dar un masaje sobre los nombres ya pactados.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Pagès.


Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia En Común, tiene la palabra el señor Guijarro García.

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El señor GUIJARRO GARCÍA: Gracias, presidenta. Buenos días, señor Arnaldo.


La verdad es que no iba a hacer ninguna pregunta ni declaración, y que sirviera como tal el posicionamiento de mi grupo parlamentario. Pero, después de haber revisado su extenso trabajo, no me puedo resistir a mencionar algo que usted ha
tocado: el rol que jugó en el juicio de los jesuitas asesinados en San Salvador. Por razones que no vienen al caso, es un tema que me toca muy cercano. Como digo, me ha sorprendido y solo le puedo decir que confío en que el ejemplo de aquellos
hombres buenos y estudiosos que fallecieron en la UCA de San Salvador en aquella jornada terrible le sirvan de inspiración no solo para el estudio -usted dice ser un importante aficionado al mismo-, sino también por la altura ética que demostraron.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Guijarro.


Por el Grupo Parlamentario Vox, tiene la palabra el señor Espinosa de los Monteros de Silos.


El señor ESPINOSA DE LOS MONTEROS Y DE SIMÓN: Muchas gracias, señora presidenta.


Buenos días, señor Arnaldo, y gracias por su comparecencia esta mañana en la que es su casa, como usted dice, en el Congreso de los Diputados, institución por la que en el Grupo Parlamentario VOX sentimos el mayor de los respetos, y
precisamente por eso no vamos a participar en la Comisión de Nombramientos hoy más allá de esta primera intervención, porque nos parece que lo de hoy es la culminación de un proceso en el que se falta al respeto a las instituciones. Por tanto, voy
a hacer una única intervención en todo el día, esta, despersonalizada y aplicable a todas las comparecencias que se presenten hoy. Por eso, señora presidenta, le agradezco mucho su flexibilidad si consumo un minuto más de lo establecido.


En su libro Por qué fracasan los países, los profesores de Economía Acemoglu y Robinson trazan un análisis histórico demostrando que lo que hace que una nación prospere no es su acceso a las materias primas ni sus condiciones políticas ni
sus condiciones climáticas ni su posición geoestratégica, no es nada de eso. Lo que distingue a las naciones que prosperan es que crean y defienden instituciones sólidas, fuertes, creíbles, instituciones respetables y respetadas por todos. Por eso
es tan importante que las instituciones de una nación como España sean también de un rigor, una fortaleza y una independencia incuestionables, porque, si nuestros cimientos no son sólidos, difícilmente podremos construir sobre ellos la edificación
de una gran nación.


Hoy no es un buen día para el fortalecimiento de nuestra democracia. Gracias a un acuerdo entre el PP, el PSOE y Podemos los candidatos van a salir de aquí confirmados para ocupar cargos muy relevantes en las instituciones más importantes
del Estado, pero con el propósito precisamente de debilitar el Estado. Ni siquiera es un buen día para los candidatos, que están hoy aquí por los motivos equivocados, y, con independencia de su trayectoria, que no entro a valorar, nadie cree que
ustedes comparezcan hoy aquí por sus méritos profesionales ni por la solidez de su criterio. La realidad es que están ustedes aquí porque han recibido una llamada de Ferraz o de Génova, de eso no cabe ninguna duda. La única duda que cabe es qué
van a hacer ustedes, qué van a hacer los nombrados cuando reciban la siguiente llamada. ¿Van a acudir físicamente a Ferraz o a Génova cuando les llamen o van a seguir las instrucciones que, sin duda, les van a mandar los políticos que les han
nombrado? ¿Va a resultar que en algún caso incluso sea innecesario porque llegan ya con las instrucciones recibidas? Todo eso depende de ustedes, de los nombrados, y el tiempo será el mejor juez.


Los nombrados hoy sustituyen en el cargo a personas que también fueron nombradas por políticos, eso es cierto, pero también lo es que algunos de los que están siendo sustituidos salen porque defendieron el prestigio de las instituciones por
encima de las líneas partidistas, porque fueron dignos, aún a sabiendas de que eso les podía llegar a costar el puesto, como así ha sido, y es que con su trabajo han contribuido a fortalecer nuestra democracia. Y los que salen lo hacen culminando
un proceso de degeneración democrática grave. Desde la llegada al poder de Pedro Sánchez nunca en tan poco tiempo tantas instituciones del Estado han sido tan sistemáticamente atacadas y nunca ha sido tan urgente blindarlas, defenderlas y
protegerlas de la injerencia del Ejecutivo. El Poder Judicial, el Congreso de los Diputados, el Tribunal Constitucional, la Fiscalía General del Estado, el CIS, RTVE, la Guardia Civil, la Abogacía General del Estado y el Tribunal de Cuentas, todas
instituciones del Estado creadas como garantía de los derechos y libertades de los españoles y todas atacadas por un Gobierno que ha hecho del deterioro institucional uno de sus principales objetivos. Y no es de extrañar: con deficiencias, con
demoras y grandes dificultades, nuestro Estado de Derecho todavía funciona y se ha convertido en el mayor

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obstáculo para el proyecto de cambio de régimen impulsado por Pedro Sánchez y sus socios, que son los grandes enemigos de la nación.


Hoy tratan de neutralizar a dos de esas instituciones. Ha sido el Tribunal Constitucional el que ha puesto freno a alguno de los desmanes inconstitucionales del Gobierno de Pedro Sánchez cuando ha fallado tres veces seguidas a favor de
recursos interpuestos por VOX con tres sentencias que sin ningún lugar a dudas harían caer a un Gobierno en cualquier país serio, y parece que no se puede consentir que los siguientes veinte recursos planteados por VOX sigan el mismo camino de
éxito, es necesario domarlo. Y lo mismo ocurre con el Tribunal de Cuentas. Una vez superado el Tribunal Supremo, cuyo criterio despreció por completo el Gobierno a la hora de aprobar unos indultos indignos e ilegales, el órgano encargado de
fiscalizar las cuentas públicas se convirtió en la bestia negra del separatismo. El día 14 de octubre el Tribunal de Cuentas rechazaba el aval de la Generalitat y anunciaba el embargo a veintiocho dirigentes golpistas, para escándalo de ERC, y el
Estado de derecho estaba por fin respondiendo, así que el PSOE y Podemos tenían que neutralizarlo rápidamente, su gobernabilidad estaba en el aire. Lo curioso es que encontraron un aliado inesperado, porque solo cuatro días después Pablo Casado
sellaba su rendición ante el sanchismo. Y esto sí es llamativo, el pacto de las tres pes: PSOE, Podemos y PP para la rendición de las instituciones y el debilitamiento de la defensa del Estado de Derecho justamente frente a aquellos que están
empeñados en atacarlo. Es la entrega de las últimas posiciones de resistencia del Estado al separatismo. No es fácil imaginar una traición mayor.


Del PSOE y de Podemos no esperamos nada. Del Partido Popular, cada vez menos, la verdad. Solo ellos sabrán por qué lo hacen, si es por un pacto para tapar dos escándalos, sean Gürtel, Kitchen, u otros que estén por llegar, pero lo que está
claro es que con este pacto el PP da oxígeno a los separatistas y a un Gobierno que pisotea la Constitución y favorece a todos los enemigos de España, una traición que los españoles olvidarán con mucha dificultad.


Desde VOX solo podemos agradecer una cosa al Partido Popular, al PSOE y a Podemos, y es que no hayan intentado salpicarnos con semejante indignidad, porque una vez más no es que VOX se quede solo, sino que solo queda VOX.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Espinosa de los Monteros.


Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra la señora Borrego Cortés.


La señora BORREGO CORTÉS: Gracias, presidenta. Bienvenido, señor Arnaldo.


Señor Arnaldo, reúne usted las condiciones de profesionalidad y trayectoria que le avalan como candidato a magistrado del Tribunal Constitucional desde el punto de vista objetivo de capacidades y mérito, y así lo hemos visto en su exposición
y leyendo su experiencia en la documentación que nos ha remitido. Pero los que hemos podido tener como referencia, como ha expresado, su Código electoral, que todos los agentes electorales hemos estudiado y utilizado, sabemos que es un referente en
el estudio también del Derecho electoral, por ejemplo, o en el estudio de otros temas de tanta actualidad que están siendo objeto de estudio y debate en esta Cámara, como el voto de los residentes ausentes y el análisis de medidas para mejorar el
funcionamiento del Tribunal Constitucional. Pero, señorías, lamento que se esté deslegitimando el acto de hoy en el que se dota de legitimación a los miembros del Tribunal Constitucional. Aquí se juzga la idoneidad del candidato, la idoneidad
objetiva del perfil del candidato, eso que hoy el señor Arnaldo nos ha demostrado, su perfil idóneo para ser magistrado del Tribunal Constitucional. No deslegitimemos este acto. Hemos llegado a un acuerdo, me alegra que se haya llegado a un
acuerdo, pero eso no significa otra cosa que tener una lista para que el Congreso la valore y la apruebe si así se considera, y que se haga por una mayoría cualificada, que las personas que elijamos sean profesionales cualificados y puedan realizar
un trabajo con independencia, como lo puede hacer el señor Arnaldo, y así lo ha expuesto. Las exposiciones anteriores de alguno de los portavoces nos recuerdan otra vez al debate de 2012. Esto es un revival, otra vez estamos poniendo en cuestión
este acto, y no debería ser así. Señor Arnaldo, no se sienta usted condicionado por este debate, su perfil es el idóneo y aquí simplemente viene a exponerse, a valorar su idoneidad y que esta lista, a la que se ha llegado por un acuerdo, por
supuesto, entre el Partido Popular y el Partido Socialista, se apruebe por una mayoría cualificada.


En su exposición ha hablado del Derecho electoral, sobre el que he tenido como referente su Código electoral, por ejemplo, y hemos dicho que muchos de los temas que usted ha expuesto son objeto de estudio ahora mismo en el Congreso de los
Diputados, como el análisis de medidas dirigidas a incrementar

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la eficacia del Tribunal Constitucional en el régimen de sus funciones, en la resolución de recursos, en cuestiones de inconstitucionalidad, evitando las parálisis injustificadas durante años del control sobre la constitucionalidad de
algunas leyes y la valoración de plazos realistas, o también el régimen del recurso de amparo o la actuación en los estados excepcionales. Evidentemente, no le pido un pronunciamiento expreso, que estaría totalmente fuera de lugar, pero quisiera
escuchar alguna línea interpretativa sobre estos temas que ustedes en el Tribunal Constitucional van a ver cómo funcionan y en esta Cámara están siendo objeto de debate, estudio y análisis.


Señor Arnaldo, bienvenido a esta casa, que es la suya, como antes ha dicho. En mi grupo consideramos totalmente idóneo su currículum, porque su trayectoria le avala como candidato a magistrado del Tribunal Constitucional y su
profesionalidad aporta a la institución en la que va a estar si esta Cámara así lo considera.


Muchísimas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Borrego.


Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Elorza González.


El señor ELORZA GONZÁLEZ: Gracias, señora presidenta.


Señor Enrique Arnaldo, siendo sincero, he analizado su currículum, y, por lo que cuenta en él y por lo que no nos cuenta, su candidatura genera desconfianza a la hora de garantizar a la sociedad democrática la independencia e imparcialidad
en el ejercicio de la función en el Tribunal Constitucional. Para los socialistas no se trata de vetar a nadie o a quien tenga una ideología o un pensamiento político concreto. En expresión de Tomás y Valiente, el difícil equilibrio entre
convicciones propias y razonamientos jurídicos es el quid de la jurisdicción constitucional. No cuestionamos, en absoluto, señor Arnaldo, que cumpla los requisitos por sus méritos profesionales de años, su capacidad personal y sus publicaciones
especializadas. Lo que hoy también está en juego en estos próximos nombramientos del Tribunal Constitucional es la recuperación de la confianza de una buena parte de la ciudadanía en la institución del Tribunal Constitucional. Hablamos de
percepciones importantes sobre su candidatura, de dudas aparentes sobre los exigibles comportamientos éticos y de buenas prácticas de un alto funcionario de esta casa, hablamos de sospechas de un claro partidismo político, que deben ser objetivadas
y, en su caso, aclaradas.


Mi objetivo y el del Grupo Parlamentario Socialista es que usted ofrezca una expectativa razonable sobre la inexistencia de perturbaciones y condicionantes personales o externos para, en su caso, hacer bien su labor en el Tribunal
Constitucional, con honestidad. Las preguntas que le voy a formular buscan aclarar si reúne condiciones para confiar en que será imparcial a la hora de establecer sus criterios jurídicos para un ejercicio independiente en su responsabilidad como
magistrado del Tribunal Constitucional. Una politización partidista de los órganos constitucionales, a la que dice haber renunciado el señor Casado en sus candidaturas -algo que no creo-, causaría un daño irreparable a unos órganos claves al
servicio de la democracia en España. Le formulo las siguientes preguntas. Primera, señor Arnaldo, siendo usted letrado del Congreso, ¿cuándo obtiene la plaza y cuándo la empieza a simultanear con el trabajo en su despacho particular? Segunda,
¿cuándo obtuvo la compatibilidad del Congreso para trabajar en el ámbito privado desde su cargo en la empresa Estudios Jurídicos y Procesales, y durante qué periodo? Tercera, los trabajos desempeñados desde su empresa para otras administraciones
públicas, ¿eran compatibles con el Estatuto del Personal del Congreso, en concreto, con el artículo 60.c)? ¿Podemos saber el número de contratos que obtuvo desde 2003 hasta 2011? Cuarta, ¿ha respetado el régimen legal de incompatibilidades?
Quinta, supongo que ha obtenido alguna vez la excedencia del Congreso. ¿Cuándo y con qué extensión? Sexta, ¿durante cuántos años y hasta cuándo ha realizado actividades privadas gestionando contratos públicos no compatibles con su plaza de letrado
en esta casa? Séptima, ¿cuándo cesó en el despacho Estudios Jurídicos y Procesales, de la que era socio administrador? Octava, usted apunta en su currículum que fue en mayo del año 2017, pero en el Boletín Oficial del Registro Mercantil aparece su
cese como administrador solidario de la empresa con fecha 26 de noviembre de 2020, es decir, tres años después. ¿Es esto cierto o se ratifica en que dejó de pertenecer a esa empresa en 2017? Novena, ¿siguió compatibilizando su función como letrado
con su trabajo particular entre 2017 y 2021? ¿Cómo se explica realmente eso? Décima, señor Arnaldo, ¿obtuvo o no un contrato de servicios para la defensa jurídica por adjudicación a su empresa desde la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Las
Rozas del Partido Popular con fecha 29 de noviembre de 2020 y un importe de 133 000 euros al año y una duración de cinco años? ¿Cómo es posible que usted figure adscrito

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expresamente al contrato si cesó en su empresa tres días antes según el registro y tres años antes según su declaración de currículum? Decimoprimera, ¿mantiene el señor Arnaldo la opinión de que la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional
es anticonstitucional y ofrece contradicciones frontales con la Constitución, según analizó usted en un artículo titulado Oración por el Tribunal Constitucional, publicado el 27 de enero de 2011? ¿En qué basa esa afirmación? Decimosegunda, en su
carta de presentación, señor Arnaldo, no cita sus colaboraciones habituales con el periódico El Imparcial, del señor Ansón, desde 2007 hasta la actualidad. Son 331 artículos de opinión pública muy ideológicos y partidistas. En este puente he leído
unos cuantos de sus artículos, así como las recientes entrevistas especiales que usted realiza, y los artículos y las entrevistas de alguna manera son especialmente beligerantes contra el Gobierno, en especial, por supuesto, la referida a los
estados de alarma. ¿No cree usted que, más allá del libre ejercicio de opinión, esos 331 artículos pueden llevar a cuestionar su imparcialidad o ser causa de abstención o recusación? Decimotercera, tras constatar su larga y profunda implicación e
identificación con la Fundación FAES, del Partido Popular, desde 2004 a 2020 -que yo sepa-, con la elaboración de estudios y documentos, con la coordinación de cursos y ponencias, ¿no se plantea que le fuera de aplicación, como magistrado del
Tribunal Constitucional, llegado el caso, la doctrina Pérez Tremps en el tratamiento y la resolución de un buen número de litigios? ¿Estaría dispuesto a abstenerse para evitar posibles recusaciones? ¿Cree usted que su expresada beligerancia contra
el Gobierno actual le permitiría ser imparcial en el posicionamiento ante ciertos recursos? Decimocuarta, ¿es usted militante del Partido Popular? ¿Es consciente del caso que acontecía a quien fuera presidente del Tribunal Constitucional, Pérez de
los Cobos? Decimoquinta, en las cuentas de pérdidas y ganancias de su empresa -me refiero a la memoria del ejercicio de 2019-, sigue usted figurando como administrador solidario, explique esta contradicción.


La señora PRESIDENTA: Señor Elorza, tiene que terminar, por favor.


El señor ELORZA GONZÁLEZ: Voy acabando. ¿Es partidario de que los jueces elijan a los vocales jueces del Consejo General del Poder Judicial? ¿Confirma usted el dato que refleja en una entrevista en El Imparcial de 24 de octubre de 2020 de
que los autodenominados jueces progresistas solo representan al 14 % del total de los jueces? Señor Arnaldo, una pregunta final, ¿es usted activista del equipo jurídico del Partido Popular, a la vista de su destacado papel en FAES y sus partidistas
y continuados artículos en El Imparcial contra todo lo que se refiere al PSOE, a la izquierda y ahora al Gobierno de coalición? Queda la percepción de que le puede resultar difícil, de entrada, ser un magistrado independiente y ejercer con
imparcialidad -es el alma de la justicia- su función en el Tribunal Constitucional para conocer una serie de recursos. Convénzame, convénzanos de lo contrario respondiendo a estas preguntas.


Gracias, señor Arnaldo.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Elorza.


Para cerrar la comparecencia tiene la palabra don Enrique Arnaldo Alcubilla, candidato a magistrado del Tribunal Constitucional.


El señor CANDIDATO A MAGISTRADO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (Arnaldo Alcubilla): Señora presidenta, señores portavoces, muchas gracias. Agradezco sus intervenciones. Mi comparecencia, si me permiten, es como jurista con una amplia vida
profesional. El constituyente quiso que llegaran al Tribunal Constitucional personas con una amplia experiencia jurídica que representaran distintas sensibilidades, y el pluralismo es la base de nuestra acción política y también del modo de
deliberación y decisión del Tribunal Constitucional. Lógicamente, mi respuesta a sus preguntas y observaciones ha de ser la propia de un jurista y, por tanto, ha de ser jurídica, con absoluto respeto a sus consideraciones políticas, que
necesariamente debo obviar. No soy más digno que ninguno de ustedes, pero tampoco menos. No soy más honrado que ninguno de ustedes, pero tampoco menos. No tengo más méritos que ninguno de ustedes, pero tampoco menos. Soy una persona templada,
mesurada, un jurista vocacional, comprometido con los valores constitucionales, persona abierta que sabe escuchar y creo que también equilibrada, aunque, como decía Mario Benedetti, para ser equilibrado se necesita bastante valor, y algunos
consideran que el equilibrio además es aburrido y el aburrimiento quizá sea una gran desventaja. Por supuesto, soy también una persona muy trabajadora, como me enseñaron mis padres, cuya tumba visité hace dos días. Soy también amante de la
libertad, la adoro, como nos enseña Cervantes cuando por boca de don Quijote dice que por la libertad se puede y se debe aventurar la vida.

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Voy a intentar agrupar las consideraciones que se han hecho en varios bloques. En relación con las distintas acciones sobre una presunta vinculación política, efectivamente, he acudido a la Fundación FAES en algunas ocasiones, pero, desde
luego, que yo sepa, no en tantas como ha dicho el portavoz del Grupo Plural. Puedo decir que eran debates abiertos, plurales, con personas de distintas sensibilidades, debates académicos y, desde luego, no políticos, eran debates basados en el
acercamiento a cuestiones desde el punto de vista técnico-jurídico, pero repito, no político. Si me permiten, en mi vida he participado en más de cuatrocientos foros de debate en España, Europa e Iberoamérica de distintos signos, con personas que
representaban distintas sensibilidades, y muchas personas pueden testimoniárselo. Y los temas sobre los que discutíamos en esos debates eran la asistencia jurídica gratuita, la instrucción del proceso penal, la policía judicial, el jurado, la
acción popular. Nunca he militado en ningún partido político, nunca, aunque ya saben que no está impedido a los magistrados del Tribunal Constitucional y que incluso una candidata que compareció en el Senado en 2017 para ser designada magistrada
del Tribunal Constitucional reconoció que había militado en un partido político y que lo había abandonado. Nunca he pertenecido a ningún partido ni he participado en ningún acto de campaña electoral. Yo me aplicaba a mí mismo la regla que
establece la Ley Orgánica del Poder Judicial respecto a los jueces y magistrados: Los jueces y magistrados no podrán pertenecer a partidos políticos y sindicatos y les está prohibido tomar cualquier participación más allá del voto personal. Yo me
he limitado a emitir el sufragio, y en las últimas elecciones generales fui elegido vocal de mi mesa electoral.


Conozco a casi toda la clase política española desde hace treinta y cinco años; he estado en esta casa, conozco a todos. Mi trabajo en distintas comisiones pueden acreditarlo a través de los presidentes y portavoces, y trabajo con absoluta
imparcialidad y dedicación a la labor integrada que se desarrolla en sede parlamentaria. No tengo amigos en la política, mis amigos están en otros círculos. Es verdad que los he tenido, pero dos han fallecido -y sus cuadros están en esta sala-:
Gabriel Cisneros y José Pedro Pérez-Llorca. Ambos, como diría Tomás Moro de Erasmo, hombres para todas las horas. Solamente tengo un amigo vivo en la política, un exdiputado socialista por Ciudad Real, Javier Martín del Burgo, a cuyo cumpleaños
acudo puntualmente y con quien he participado en varios libros sobre los valores educativos del deporte, que es otra de las cuestiones a las que en parte he dedicado mi vida. Cuando fue vocal del Consejo, nunca recibí instrucción alguna de ningún
partido, y, evidentemente, ni la aceptaría ni la aceptaré; no soy persona que reciba mandatos e instrucciones.


La independencia -y paso a la segunda cuestión, que está relacionada evidentemente con la anterior- yo la entiendo como la falta de dependencia. Yo no estoy sujeto a ninguna dependencia ni orgánica ni funcional, ni objetiva ni subjetiva.
Decía Rousseau que toda dignidad se apoya en la independencia y que estar manipulado es estar esclavizado. Pues bien, gozo de esa dignidad y la practico, como lo he hecho en toda mi vida profesional. Soy y me siento plenamente independiente, sin
condicionamientos, ni equipajes ni peajes, que nunca -repito- aceptaría. Por la naturaleza del Tribunal Constitucional creo que una vez que se accede al mismo lo importante no es lo que se haya desempeñado antes de entrar en el mismo, sino
garantizar que en el desempeño del tribunal los magistrados se manejen con completa independencia de criterio y que queden cortadas de raíz todas las actuaciones anteriores. La ley orgánica rodea a los magistrados del Tribunal Constitucional de un
estatuto de autonomía e independencia que permite a sus miembros actuar con plena libertad, por encima de cualquier consideración política y ello, por supuesto, independientemente de que cada uno de los magistrados tenga su propia sensibilidad,
porque el pluralismo es el que enriquece la deliberación del tribunal. Es un órgano deliberante y decisor, es como el Parlamento, órgano que delibera y de la deliberación sale la luz. Como no lo recuerdo bien no se lo voy a reproducir, pero hay un
poema de Walt Whitman sobre lo que significa saber escuchar. Yo creo ser una persona que sabe escuchar y razonar; no soy una persona de prejuicios sino de juicios una vez ponderadas las distintas cuestiones, los distintos temas que están encima de
la mesa.


Quiero aprovechar también la oportunidad, a raíz de algunas de las intervenciones recientes, sobre lo que podríamos denominar el síndrome del deber de abstención o de la recusación. La imparcialidad de un magistrado del Tribunal
Constitucional es un inexcusable presupuesto para el legítimo ejercicio de las funciones que la carta magna les atribuye. Nadie puede cuestionar tan elemental punto de partida de forma injustificada, arbitraria o perniciosa. Iría incluso más allá;
tan importante como la imparcialidad es la apariencia de imparcialidad, como bien ha dicho su señoría. Vuelvo ahora a invocar la doctrina del Tribunal Constitucional, del Tribunal de los Derechos Humanos, la dogmática del Derecho Constitucional y
algún trabajo escrito sobre las conexiones entre la imparcialidad del juez y el derecho a un proceso justo.

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Precisamente por ello, me gustaría compartir con sus señorías la idea de que la imparcialidad no se pierde por el hecho de haber pronunciado una o varias conferencias en una fundación. Tampoco se erosiona por el hecho de haber opinado en un
foro o haber publicado en una revista o en un medio especializado una reflexión sobre cualquiera de los temas que van a ser objeto o que pueden ser objeto de análisis después por el tribunal. Mal favor haríamos a los principios democráticos si
concluyéramos lo contrario. Son muchas las razones que desaconsejan ese reduccionismo, ese etiquetado que se pretende.


Permítame, señora presidenta, un recorrido por la actividad académica o profesional que desarrollan los magistrados de los tribunales constitucionales europeos o del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Como saben ustedes, el Tribunal
Supremo americano asume también el control de constitucionalidad. En las respectivas páginas web de carácter institucional de estos tribunales se da cuenta de las actividades de estos magistrados en foros, en centros universitarios o en otra
actividad profesional, y en foros incluso de marcado carácter ideológico. Pero si el ejemplo del derecho comparado no nos vale, intentaremos evitar un ejercicio selectivo arbitrario de las fuentes que contaminan la imparcialidad de origen tanto más
cuanto, como he dicho, he acudido a foros muy distintos en mi condición de profesor, de académico, y nunca en la de político, que nunca he sido ni lo seré. Esta actividad académica profesional entiendo que no menoscaba mi idoneidad para enjuiciar
los conflictos que corresponde resolver al Tribunal Constitucional. Del mismo modo que tampoco se resiente su compromiso con los valores constitucionales el que otros candidatos pueden haber participado en foros de otra naturaleza. Así lo
considero.


Me gustaría, señorías, que no frivolizáramos sobre el significado de la abstención y recusación de un magistrado del Tribunal Constitucional. Por cierto, un órgano que carece de suplentes y que tiene un quórum mínimo para la deliberación y
adopción de decisiones. Que no lo convirtiéramos en un extravagante y peligroso instrumento al servicio de la batalla política. La recusación o abstención de un magistrado del Tribunal Constitucional debe basarse exclusivamente en su relación con
el objeto del proceso o los sujetos del proceso constitucional. Solamente en ese caso; solamente debe dirigirse a garantizar su distancia respecto al objeto del proceso. Si hacemos de la abstención o recusación un arma para lapidar a quien
injustamente se considera un enemigo político estaremos pulverizando las bases de nuestro sistema constitucional.


Tercera cuestión. Nunca imaginé como profesor de Derecho Constitucional que me iba a ver obligado a reivindicar en sede parlamentaria el derecho a la presunción de inocencia, pero asumo el desafío con una cierta mezcla de perplejidad y de
orgullo por hacerlo en un escenario tan privilegiado como la sala Constitucional del Congreso. Voy a prescindir del relato de los hechos; es posible que algunos de ustedes los conozcan mejor que yo, porque lo han difundido algunos medios en el
libre ejercicio de su derecho a la libertad de información, pero sí quiero hacer alguna reflexión. El derecho a la presunción de inocencia es algo más que un enunciado formal. Estamos hablando de un derecho constitucional proclamado en nuestra
carta magna, y tanta el Parlamento como el Tribunal de Justicia de la Unión Europea como la jurisprudencia constitucional como esta misma Cámara en la exposición de motivos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en sus sucesivas reformas ha dicho que
la presunción de inocencia es una regla de tratamiento no solo jurídico sino también social. Yo fui exonerado y me gustaría ser tratado como tal. Mi paso por un juzgado de Instrucción se limitó a declarar en un proceso, en una instrucción y
-repito- fui exonerado cuando el juez dictó el auto de archivo; auto de archivo que se hizo firme. No fui considerado responsable, no fui acusado ni fui tratado como tal ni por el ministerio fiscal ni por las acusaciones populares. Entiendo que
los representantes de la soberanía popular me deben reconocer esa misma condición que me han atribuido los jueces y fiscales, que son los que tienen esta misión constitucional. Me gustaría también aprovechar esta comparecencia para decir que cuando
alguien acude a un juzgado y es exonerado de su responsabilidad no se puede convertir en un eterno sospechoso. Pertenece a otras épocas pasadas, felizmente superadas, la condición de sospechoso de por vida. Reivindico el derecho a ser tratado como
lo que fui tratado, no ya como un derecho personal irrenunciable sino también en nombre de tantas personas de toda condición que han sido también exonerados de toda responsabilidad. Lo digo con toda humildad. Soy un profesional honrado y lo seré
toda la vida. Me van a permitir que tampoco me pronuncie sobre la revelación de documentación incorporada a determinadas diligencias de un procedimiento archivado hace más de diez años; documentos incluso sobre los que no tuve conocimiento, sobre
los que no fui preguntado y que no están sujetos por tanto a contradicción. Lamento profundamente que las cosas solamente sean de este modo y quiero invitarles a la reflexión sobre la necesaria ponderación de derechos. Ciertamente, dice la
novelista italiana Elena Ferrante, la verdad es ardua pero

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la búsqueda de la verdad es una tarea a la que debemos dedicar todas nuestras energías. Evidentemente, como decía Winston Churchill, por la libertad de información hemos de dar parte de nuestra vida. Decía Churchill, respondiendo a un
diputado británico de la oposición: No estoy de acuerdo con nada de lo que usted afirma, pero daría mi vida porque pudiera decirlo. Estoy de acuerdo.


En cuanto a cuestiones concretas como la forma de elección del consejo, es una de las cuestiones más debatidas durante años. Podemos decir que la designación de los demás órganos constitucionales del Estado es una cuestión cerrada, pero
esta es una cuestión abierta, ha sido objeto de cuatro reformas. Y yo solamente me atrevo, señorías, a instar a que los grupos políticos busquen el mejor acuerdo posible para, cuando sea, cerrar este tema abierto durante más de cuarenta años en
nuestra vida jurídico-política.


En cuanto a la cuestión que me planteaba el señor portavoz del Grupo Plural en relación con su confesión cuando ha dicho que no defiende la Constitución española pero que comparte sus valores -que son valores del constitucionalismo
democrático-, tengo que decirle que el Tribunal Constitucional -y lo sabe- se ha pronunciado reiteradamente en el sentido de que la Constitución española no es intangible y no contiene cláusulas de intangibilidad; prevé incluso su reforma total,
algo muy singular en el derecho comparado. Por tanto, puede reformarse en su integridad. Eso sí, señoría, sabe que a través de los propios procedimientos de reforma previstos en la Constitución, no de otra manera.


En cuanto a las cuestiones referidas a las posibles reformas de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, hay algunas iniciativas en curso en este momento en el Congreso de los Diputados y habrá que esperar, evidentemente, a lo que sus
señorías decidan. Es verdad que algunas de estas reformas de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional han sido sometidas después -algunas de las del pasado- al control de constitucionalidad y ha habido sentencias por parte del Tribunal
Constitucional.


Si me permiten, voy a referirme a un tema que para mí es especialmente querido, señor Guijarro, que es el juicio de El Salvador. Siento extenderme pero para mí fue, probablemente, una de las experiencias vitales más importantes de mi vida.
Gabriel Cisneros estuvo en aquella delegación que presidía el presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores, Luis Fajardo. Nos atendió el embajador de España en El Salvador, pudimos asistir -si me permiten- a esa forma poco ajustada a las reglas
de derecho de ese juicio o apariencia de juicio. Si me permiten, aquello sí fue un cierto teatro. Hicimos un informe. Tuvimos dificultades personales porque éramos la única delegación internacional que había en el juicio. Había algún embajador
de algún país europeo, pero éramos la única delegación internacional y sufrimos unas ciertas presiones, coacciones, además de un terremoto, por cierto, en El Salvador. Y al volver el presidente me encargó redactar el informe, lo redacté y lo
asumieron todos los diputados. Ese informe llegó al juez de Instrucción de la Audiencia Nacional -que entonces era Eloy Velasco-, nos citó a mí, a otro compañero también y Antonio García Fonseca, que era miembro de la delegación y había sido
diputado -no me acuerdo si de Izquierda Unida o del Partido Comunista en aquel momento- y comparecimos como testigos. Y luego fuimos llamados al juicio, que se celebró en San Fernando de Henares hace unas semanas, cuya sentencia condena a un
implicado que había quedado fuera del proceso en aquel año. Entiendo que los padres jesuitas, la Compañía de Jesús, la Iglesia católica, se ha sentido bien -no me sale el adjetivo-, amparada digamos por la aceleración de este juicio, no con ánimo
de venganza sino con ánimo exclusivamente de justicia, porque no puede ser de otra manera.


Efectivamente, obtuve la compatibilidad para el ejercicio de la abogacía en el año 2002 y la sigo teniendo en la actualidad, concedida por las Mesas de las Cámaras. Es verdad que terminé la relación con esta sociedad en el 2017, lo que pasa
es que la venta de las participaciones y por tanto la desaparición en el registro se produce en fechas posteriores. También una de las personas que estaba allí falleció y se dieron una serie de condicionantes para retrasar esa salida formal, aunque
se había producido la salida de hecho. En cuanto a esta cuestión que usted menciona, señoría, de Las Rozas, puede que se haya incorporado mi currículum ahí, pero no he tenido ninguna intervención de ninguna clase en relación con ese ayuntamiento en
los últimos años. Estaría incluido mi currículum, yo no lo sé o no he sido consciente de ello, pero en modo alguno he tenido relación. He mantenido el régimen de compatibilidades, efectivamente, previsto en el Estatuto del Personal de las Cortes
Generales, que se refiere a los contratos de servicios y estos eran contratos con administraciones públicas de consultoría y no contratos de servicios y, por tanto, estaban excluidos de lo que usted comenta.


En modo alguno tengo ningún género de beligerancia con este ni con ningún Gobierno, lo descarto absolutamente. Soy absolutamente respetuoso, por carácter soy templado y prudente. Efectivamente, puede que haya alguna afirmación que sea
desafortunada, pero entiendo que en modo alguno eso me condiciona para el ejercicio independiente e imparcial de la función.

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La señora PRESIDENTA: Señor Arnaldo, tendría que ir concluyendo.


El señor CANDIDATO A MAGISTRADO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (Arnaldo Alcubilla): Se lo agradezco mucho, presidenta, no quiero alargar más la comparecencia. En todo caso, me someto tanto en esta sala como fuera de esta sala a contestarles a
cualquier pregunta, acercamiento, etcétera. Y me encantaría, sin duda -si lo desean-, ampliar con un café esta intervención, aunque esto sea poco protocolario o poco adecuado a las reglas de corrección parlamentaria.


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias a usted, señor Arnaldo, por su comparecencia y aquí finaliza la misma. (Pausa).


- DE LA CANDIDATA A MAGISTRADA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DOÑA CONCHA ESPEJEL JORQUERA.


La señora PRESIDENTA: Doña Concepción Espejel Jorquera, bienvenida a la Comisión Consultiva de Nombramientos del Congreso de los Diputados. Le voy a dar en primer lugar la palabra por un tiempo de diez minutos -si puede atenerse al tiempo,
se lo agradeceremos-, luego los distintos grupos parlamentarios tendrán la posibilidad de plantearle cuestiones que consideren oportunas por un tiempo de cinco minutos y, finalmente, le volveré a dar la palabra para que usted cierre la
comparecencia, dando respuesta a las cuestiones o añadiendo aquellos elementos que considere oportunos.


En primer lugar, tiene la palabra doña Concepción Espejel Jorquera, candidata a magistrada del Tribunal Constitucional.


La señora CANDIDADA A MAGISTRADA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (Espejel Jorquera): Muchas gracias, señora presidenta. Es un honor estar ante esta Comisión.


Excelentísima señora, señorías, mis primeras palabras me permitirán que sean de saludo respetuoso a los miembros de esta Comisión y de agradecimiento por la posibilidad de comparecer en esta Comisión para exponer algunas pinceladas de mi
currículum profesional, que es el de un magistrado en ejercicio durante muchos años. Creo que es conveniente en un órgano como el Constitucional, que haya juristas de distinta procedencia porque pueden aportar una visión enriquecedora del tribunal.
Por supuesto para mí es un honor el simple hecho de haber sido propuesta como candidata para formar parte del tribunal, que es el supremo órgano intérprete de la Constitución. Mi exposición va a ser breve y me voy a ajustar a los tiempos que me ha
señalado la Presidencia.


Yo nací en Madrid, en el año 1959, y me licencié en Derecho por la Universidad Pontificia de Comillas, donde cursé estudios entre el año 1977 y 1981 en E-3 ICADE. Me licencié en julio de 1981, con la calificación de sobresaliente y premio
extraordinario fin de carrera. Inmediatamente comencé la preparación de la oposición, que había sido mi vocación y la ilusión de mi perspectiva profesional y -en un margen de preparación muy breve- en diciembre de 1982 accedí a la carrera judicial,
con veintitrés años de edad. Llegué como una joven juez con mucha ilusión y puedo decir que, al cabo de treinta y nueve años de servicio, sigo manteniendo esa ilusión por el estudio del derecho y por servir a la ciudadanía, que es lo que he hecho
durante toda mi vida profesional. Como juez estuve durante tres años y poco -porque en aquella época había mucha carencia de magistrados y se ascendía bastante rápido-, pase por los juzgados de Vinaroz, de Valls y de Reus. Una vez que ascendí a
magistrado, lo cual ocurrió en el año 1987, tras un breve plazo de tiempo que estuve como magistrado de Trabajo en Vizcaya, pasé a desempeñar el cargo en órganos colegiados. Mi primer destino en un órgano colegiado fue la Audiencia Provincial de
Tarragona donde llegué, como he dicho, en el año 1987, primero a lo que era una Sección única de la Audiencia y en el año 1990 pasé a presidir la Sección segunda de esa Audiencia. Era un órgano con una carga de trabajo extraordinaria, había
muchísimo trabajo penal, pero además la sección era mixta y había trabajo civil, mercantil, e incluso una importante carga de trabajo complejo de derecho marítimo. Presté servicios en esa Audiencia durante ocho años. A continuación, fui destinada
como magistrado a la Audiencia Provincial de Segovia, permanecí allí hasta que en el año 1999 fui nombrada presidenta de la Audiencia Provincial de Guadalajara, cargo que ostenté hasta el año 2008, en que tuve el honor de pasar a ser vocal del
Consejo General del Poder Judicial. Una vez reincorporada a la jurisdicción, me hice cargo de la presidencia de la Sección segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y, en julio del año 2017, accedí a la presidencia de la Sala Penal de
la Audiencia Nacional, cargo que en la actualidad ostento. En la actualidad ocupo el puesto 171 del escalafón de magistrados y tengo

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la especialidad tanto en el orden civil como en el orden penal por ejercicio durante más de veinte años en ambas jurisdicciones, de conformidad con la disposición vigésimo segunda de la Ley Orgánica del Poder Judicial.


Esta ha sido mi trayectoria jurisdiccional, que parece breve, pero detrás de esa trayectoria existen miles de juicios celebrados, algunos de ellos de una gran complejidad, que han exigido meses de enjuiciamiento y exigen después un minucioso
estudio del derecho -que es a lo que me he dedicado toda la vida con gran ilusión- para dictar resoluciones de gran complejidad jurídica. Algunas de ellas las he aportado y luego, si es posible porque tuviera tiempo, haré algún comentario sobre los
criterios de elección, pero en cualquier caso he dictado miles de resoluciones que pueden consultar fácilmente en las bases de datos comerciales, en los últimos años en materia penal -materia que me apasiona-, también en materia penitenciaria,
porque la sección en la que estoy, la Sección primera, por reparto de trabajo es la que lleva vigilancia penitenciaria, y también, en la época anterior, en materia civil y en materia mercantil.


Además de esta actividad estrictamente jurisdiccional, he estado en diversos órganos de gobierno del Poder Judicial. El más significativo obviamente como vocal del Consejo General del Poder Judicial, pero también he formado parte -cuando
era presidenta de la Audiencia Provincial de Guadalajara- de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, y en la actualidad -como presidenta de la Sala de lo Penal- soy miembro de la Sala de Gobierno de la Audiencia
Nacional. Durante el tiempo que estuve en el Consejo General del Poder Judicial fui vocal delegada para los territorios de Castilla-La Mancha, que era mi territorio jurisdiccional de origen, y de Canarias. Fui también vocal delegada del Foro de
inmigración y vocal delegada para los órganos de Vigilancia Penitenciaria. Durante todo el mandato permanecí en la Comisión de Calificación y también fui miembro de la Comisión de Estudios e Informes. Fue un trabajo enriquecedor, se sometieron
multitud de informes a la consideración de la Comisión, que era entonces la que emitía las propuestas de este tipo de informes -como saben, en la actualidad, después de la reforma, esa función está encomendada a la Comisión de Calificación, pero en
aquella época correspondía a la Comisión de Estudios e Informes- y fui ponente de borradores de numerosos informes de todo tipo de materias. Aunque la facultad consultiva que corresponde al consejo es la que está establecida en el actual artículo
561 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, al margen de lo que eran materias propias del enjuiciamiento -como por ejemplo reformas de la Ley Orgánica del Poder Judicial, todo lo referente al estatuto de jueces, magistrados, miembros del ministerio
fiscal, secretarios judiciales y cuerpos al servicio de la Administración de Justicia y materia penal y penitenciaria-, también se remitían para su informe -porque hay una cláusula que permite al Gobierno, a Las Cortes y a las Asambleas de las
comunidades autónomas mandar todo tipo de anteproyectos- muchos de diversas materias -y en algunos fui ponente-, en materias civiles, mercantiles y de otro tipo.


Como actividad complementaria -yo la cito únicamente como actividad complementaria porque, ya les digo, mi actuación ha sido siempre fundamentalmente jurisdiccional- he participado en diversos cursos como ponente, en publicaciones de tipo
jurídico sobre muchas materias, fundamentalmente sobre derechos fundamentales; también sobre los órganos de gobierno del Poder Judicial; alguna cuestión en materia electoral, porque durante mi paso por diversas audiencias he presidido juntas
electorales de zona y provinciales en reiterados procesos electorales; también sobre modificaciones de todo tipo de la Ley de Enjuiciamiento Civil, Criminal y en materia sustantiva, y sobre todo en la última etapa, como es natural, en materia penal
de las cuestiones de los delitos que son competencia de la Sala Penal de la Audiencia Nacional. Saben ustedes que son tipos muy complejos, hay una importante carga de trabajo en materia de terrorismo yihadista. Todavía hay una parte de trabajo de
asuntos de terrorismo de ETA, de criminalidad organizada y de delitos de corrupción. Durante el tiempo que he ejercido en la Audiencia Nacional he presidido juicios de larga duración. En mi carrera he presidido tribunales durante veintiún años en
total: primero en Tarragona, luego en Guadalajara, después en la sección segunda y, actualmente, en la sección primera de la Sala de lo Penal. Como fruto de ese trabajo, he aportado un grupo de resoluciones únicamente a título de ejemplo. Las he
seleccionado porque, de alguna manera, han sido resoluciones pioneras en las materias de las que se trataban. La primera de ella es la conocida como Jabhat al Nusra, que fue la primera vez que se enjuiciaba el envío de combatientes desde una célula
terrorista que se encontraba radicada en Melilla -junto con otra que existía en Marruecos, captando, adoctrinando, enviando combatientes y, por supuesto, sufragando y financiando la actividad terrorista- a zonas de conflicto, a Siria e Irak. La
sentencia tuvo una extensión de unos cuatrocientos folios y fue recurrida en casación con cuarenta y dos motivos que fueron desestimados por la Sala segunda. En ella se hacía con carácter previo un tratamiento muy minucioso de alegaciones de
vulneraciones de derechos fundamentales

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que fueron desestimadas por la Sala y, seguidamente, también lo fueron por el Tribunal Supremo, en el cual puedo decir con satisfacción que se valoró mi trabajo diciendo que se había efectuado con una precisión y una minuciosidad dignas de
ejemplo. He aportado también alguna sentencia compleja del caso Pretoria de muchos folios de extensión, mil trescientos folios. Fue un juicio muy complicado y muy largo porque en él se trataron problemas de carácter fáctico y también jurídico de
compatibilidad de tipos delictivos y demás. Asimismo, hay muchas de la época de ETA. Una de ellas -la primera que se ha dictado en la Sala de lo Penal, aunque después ha habido otras en otras secciones- condenando a María Soledad Iparraguirre,
Anboto, como autora por cooperación necesaria en un atentado terrorista. El recurso de casación llegó al Tribunal Supremo y fue desestimado. Hay otras en materia de ejecución que he considerado relevantes como, por ejemplo, la cuestión del no
computo en el límite de cumplimiento de las condenas impuestas en Francia; resolución que pasó por el Tribunal Supremo y que llegó al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que confirmó también el criterio. También hay muchas en materia de
extradición. Durante el tiempo en el que he estado en la Audiencia Nacional he adquirido experiencia en mecanismos de cooperación jurídica internacional, Ley de reconocimiento mutuo, extradiciones y extensiones de jurisdicción. He aportado algunas
resoluciones en esta materia porque entiendo que pueden ser de interés, ya que contienen un tratamiento minucioso de la doctrina constitucional que se ha dictado al respecto.


Por otro lado, y sobre todo en la época final, he participado como ponente en numerosos encuentros que han tenido lugar en el extranjero, algunos en el seno de la Organización de los Estados Americanos sobre el Foro contra la corrupción;
muchos a nivel europeo en materia antiterrorista de radicalización yihadista y protección de las víctimas, y encuentros que se han ido sucediendo y que han sido muy enriquecedores con magistrados de otros países, fundamentalmente, en Bruselas y en
París. En los últimos años, también he sido miembro de los grupos de trabajo hispanofranceses en materia de lucha contra la droga y contra el terrorismo.


Finalmente, en cuanto a algunas de las distinciones que he recibido durante mi carrera, cuando era presidente de la Audiencia de Guadalajara se me concedió la Cruz de Primera Clase de San Raimundo de Peñafort; también la Cruz al Mérito
Policial y de la Guardia Civil; posteriormente, a la salida del Consejo, como a los restantes vocales, la Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort y la Medalla de Oro a la Justicia en Canarias por la labor que desarrollé, junto con mi compañera
Inmaculada Montalbán que luego pasará. Coincidimos en el mismo Consejo del Poder Judicial, trabajamos mucho en aquel territorio y recibimos ambas la Medalla de Oro a la Justicia de Canarias. Por último, un mérito que para mí no es menor porque
muestra el reconocimiento de la Abogacía, lo que me parece que es muy importante para un magistrado; cuando cesé como presidenta de la Audiencia de Guadalajara fui nombrada colegiada de honor del Colegio de Guadalajara por unanimidad y recibí la
Medalla de Oro del colegio.


Cierro mi intervención -no he controlado el tiempo, pero temo que pueda haberlo superado- agradeciendo nuevamente la posibilidad que se me brinda y haciéndoles saber que toda mi vida he ejercido la jurisdicción con imparcialidad, atendiendo
exclusivamente a criterios de tipo jurídico y que, por supuesto, asumo el compromiso -en el caso de que fuera finalmente designada para el cargo para el que he sido propuesta- de desempeñar el cargo con toda lealtad y al servicio de los ciudadanos y
de la Constitución.


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias a usted, señora Espejel.


El tiempo, ciertamente, siempre pasa más rápido de lo que nos gustaría y le agradezco su esfuerzo de síntesis.


A continuación, intervienen los representantes de los grupos parlamentarios. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra el señor Pagès i Massó.


El señor PAGÈS I MASSÓ: Muchas gracias, señora presidenta, señorías.


Señora Espejel, en la anterior comparecencia del señor Arnaldo se ha comentado por parte de algunos de los diputados aquí presentes que lo que está en juego hoy es la confianza en la institución del Tribunal Constitucional. Hemos coincidido
algunos de los que hemos intervenido anteriormente en que precisamente no da mucha confianza en la institución del Tribunal Constitucional, como órgano constitucional, el sistema por el cual se proponen, se aprueban y, en definitiva, se nombran los
miembros del Tribunal Constitucional por su parcialidad, porque es un procedimiento opaco, etcétera. Yo quería poner de relieve esta cuestión. En este acto en el que están compareciendo ustedes para ser escrutados

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por el órgano legislativo, nos encontramos con que lo único que podemos hacer aquí es dar por buenos los currículums aportados sin hacer una verdadera valoración de sus perfiles profesionales y también de sus perfiles personales. Un órgano
constitucional como el Tribunal Constitucional debería estar exento de toda sospecha de parcialidad y yo creo, sinceramente, que no es ni su caso ni el del señor Arnaldo. El Tribunal Constitucional debería ser un foro de personas de reconocidísimo
y singularísimo prestigio que estuviera por encima de toda sospecha de partidismo, pero también que estuviera por encima de toda sospecha de presiones de los grandes cuerpos de la Administración Pública, incluida la judicatura. Creemos,
sinceramente, en el partido Junts per Catalunya que esta sospecha continúa existiendo. En su caso, señora Espejel, es de todos conocido su voto particular en la sentencia del caso Trapero y una pregunta muy concreta que queremos hacerle es si usted
piensa que su participación y el voto particular la invalidan para formar parte de las deliberaciones sobre todos los recursos que pueda haber ante el Tribunal Constitucional de presos y de exiliados políticos. También si usted piensa que se
tendría que abstener por su vinculación política con personajes públicos como la señora María Dolores de Cospedal -que, por cierto, fue la que le otorgó la Medalla de San Raimundo de Peñafort- y, principalmente, por su vinculación con el Partido
Popular por el hecho de ser apartada del caso Gürtel precisamente por estas afinidades políticas.


Finalmente, le quería hacer una pregunta muy concreta. ¿Qué le parece a usted la forma con la que se han pactado los nombres para formar parte del Tribunal Constitucional? ¿Le parece que se corresponde con las funciones del máximo
intérprete de la Constitución, la norma de normas, que los que tienen que concretar las funciones del Tribunal Constitucional sean elegidos por un sistema de cuotas entre los dos partidos mayoritarios? ¿Cree usted que respeta el espíritu
constitucional que un órgano como el Tribunal Constitucional se provea mediante nombres propuestos en veinticuatro horas y pactados por los dos fontaneros de los principales partidos del bipartidismo en España, el Partido Popular y el Partido
Socialista -García Egea y Bolaños-, después de dos años en que no se propusieron nombres ni se proveyeron estos puestos? ¿A usted le parece normal? ¿Le parece que los representantes del pueblo, que somos los diputados y senadores, podemos tener la
absoluta tranquilidad de que no habrá ninguna mancha de parcialidad en sus decisiones después de que el proceso por el cual ustedes son propuestos haya sido tan absolutamente opaco?


Por último, insistiré en lo que he dicho antes. ¿Usted cree que se tendrá que abstener en todas las causas relativas al procés? Le recuerdo todos los recursos pendientes en el Tribunal Constitucional de Oriol Junqueras, Raül Romeva, Dolors
Bassa o Joaquim Forn y los recursos que se hayan presentado o se puedan presentar contra las euroórdenes y las órdenes de detención estatales de los exiliados. ¿Piensa usted abstenerse o no?


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Pagès.


Le recuerdo a la compareciente que está aquí en calidad de candidata a ser magistrada del Tribunal Constitucional y que esta comparecencia es una evaluación de la idoneidad de esta candidatura, por lo que no tiene por qué dar respuesta ni al
procedimiento ni, por supuesto, a las decisiones de los grupos parlamentarios.


Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra el señor Guijarro García.


El señor GUIJARRO GARCÍA: Muchas gracias, presidenta.


Buenos días, señora Espejel. No tengo ninguna pregunta.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Guijarro.


Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra la señora Borrego Cortés.


La señora BORREGO CORTÉS: Gracias, presidenta.


Bienvenida, señora Espejel. Su trayectoria la avala como candidata a magistrada del Tribunal Constitucional leyendo objetivamente su currículum y escuchando su exposición. Si los candidatos que se han presentado no tuviesen una categoría
adecuada para estar hoy aquí, yo personalmente no estaría haciendo este trámite, porque quiero hacerlo con dignidad. Tengo el firme convencimiento de que los

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candidatos que se han presentado aportarán prestigio y fortalecerán con su presencia las instituciones a las que van a servir, como ha quedado y está quedando demostrado por su trayectoria profesional.


Por eso, querría plantearle una cuestión sobre un tema de actualidad que las últimas sentencias del Tribunal Constitucional han puesto de relieve, como son las razones de urgente necesidad en la intervención de los decretosleyes. Señora
Espejel, ¿cree usted que el Poder Legislativo está en este momento siendo vulnerado en su capacidad de legislar por un trámite que le obliga a ratificar o a convalidar textos legales complejos? Yo no le pido por supuesto un pronunciamiento expreso,
ya que estaría totalmente fuera de lugar, pero sí una línea interpretativa sobre el mismo. Además, si pudiera ser, y como última pregunta o cuestión, le pediría un análisis de medidas dirigidas a incrementar la eficacia del Tribunal Constitucional
en el ejercicio de la función de los recursos y cuestiones de inconstitucionalidad, evitando las parálisis injustificadas durante años sobre el control de inconstitucionalidad de algunas leyes y valorando con unos plazos realistas. Y, por lo que
hemos visto en los últimos meses y años debido a la crisis del COVID, ¿cómo podríamos actuar y cómo podría actuar el Tribunal Constitucional en los estados excepcionales? Con esto quisiera terminar mi intervención no sin antes agradecerle su
presencia en esta Cámara.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Borrego.


Finalmente, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Aranda Vargas.


El señor ARANDA VARGAS: Gracias, señora presidenta.


Señora Espejel, bienvenida a la sede de la soberanía popular, la casa de todos españoles y españolas.


Señorías, la sesión de esta Comisión Consultiva de Nombramientos del Congreso constituye un peldaño más en la restauración de la normalidad democrática. Aunque con retraso y con carencias significativas, se ha de dar un definitivo paso para
completar -esperemos que en un futuro no muy lejano- nuestra arquitectura constitucional. Pero no podemos parar aquí. Es de imperiosa necesidad acabar con la anomalía institucional de tener nuestros máximos órganos bloqueados y paralizados sin
renovar. No obstante, en mi opinión, hoy no es día de reproches. Hoy es día de dar ejemplo y trasladar al conjunto de la ciudadanía el normal funcionamiento de las instituciones y de sus mecanismos.


Para mi grupo, el Grupo Parlamentario Socialista, y para el PSOE, cumplir la Constitución no solo es obligado, sino necesario en cada momento y toda ella. Por eso, celebramos que hoy podamos cumplir con nuestra máxima en lo que se refiere a
la renovación de los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional que ha de elegir este Congreso. Por eso, corresponde a esta Comisión, como paso previo al debate y votación que se ha de dar en el Pleno, conformar una opinión sobre la idoneidad
de los candidatos propuestos para la renovación de estas cuatro plazas de magistrados al Tribunal Constitucional que le corresponden a esta Cámara. En este sentido, quiero saludar el acuerdo que ha que permitido que hoy comparezcan ante esta
Comisión los candidatos a tan alta magistratura.


Señorías, me permitirán una breve reflexión. Acordar con el afín constituye, a mi modo de ver, un pilar del progreso y acordar con el contrario es, junto con lo anterior, esencia misma de la democracia, porque nuestra democracia es más
fuerte si el acuerdo vence al disenso, nuestra democracia es más robusta si la búsqueda del bien común prevalece sobre el particular y, en definitiva, nuestra democracia más fuerte si la descalificación y el embrollo son marginados en pos del
respeto, el debate analítico y la confrontación respetuosa.


Es por ello que hoy le doy la bienvenida, señora Espejel, a esta sesión, donde hemos podido escuchar por sus palabras cuál es su trayectoria jurídica y cuál es su visión de una tarea para la que intuyo que se necesitan altas dosis de
capacidad técnica, imparcialidad, ponderación y defensa de la vigencia de nuestra Constitución. Porque la Constitución, principal pacto político y ejemplo del poder del acuerdo y de la palabra, es una norma viva. Su vigencia y vigor lo son en
cuanto se acompasan al progreso de la sociedad para la que fue dada. En palabras de Rubio Llorente, la Constitución evoluciona hacia una profundización de los derechos fundamentales. Por ello -decía-, es preciso hacer una reforma pausada y
mesuradamente. Hubiera sido milagroso, decía Rubio Llorente, que hubiéramos elaborado una Constitución perfecta y armada en todas sus formas; hicimos la Constitución que se podía hacer. Además, la propia Carta Magna ha ido conformando una
realidad que aconseja la reforma. Quiso nuestro constituyente que los tres poderes del Estado, los tres pilares, dentro del máximo respeto a la separación de poderes, no se constituyeran en atalayas aisladas y confrontadas, sino en tres pilares de
cuyo funcionamiento acompasado dependiera la fortaleza de nuestro sistema democrático.

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Señora Espejel, hoy podríamos objetar o no su trayectoria judicial, aunque no creo que sea mi función principal, y podríamos remarcar algunas dudas y diferencias -que las hay-, pero sinceramente creo que mi función hoy aquí es la de
acreditar su persona como parte de una renovación necesaria en nuestro alto tribunal y desearle, en caso de que cuente con la mayoría parlamentaria necesaria, el mejor de los desempeños. Señora Espejel, le otorgo sinceramente esta presunción de
imparcialidad en un ejercicio de confianza y por el respeto que me merece nuestro alto tribunal. Sin duda, el normal funcionamiento del Tribunal Constitucional es parte consustancial de nuestra democracia y es por ello que hoy este acto requiere
más relevancia si cabe. Así lo entiende mi grupo.


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Aranda.


Para cerrar la comparecencia, tiene la palabra doña Concepción Espejel Jorquera, candidata a magistrada del Tribunal Constitucional.


La señora CANDIDATA A MAGISTRADA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (Espejel Jorquera): Muchas gracias, señorías, a todos por sus intervenciones.


Voy a intentar dar respuesta sintéticamente a algunas de las cuestiones que se me han planteado, a las que considero que puedo respuesta, pero no, evidentemente, a las que pueden incidir en materia de ulteriores pronunciamientos
jurisdiccionales, ya fuera en el Tribunal Constitucional, ya en el órgano en el que actualmente trabajo.


En cuanto al tema de la confianza en el sistema de designación, no voy a entrar en cómo se han efectuado las propuestas porque es una cuestión política en la que no puedo participar. Únicamente puedo decir, porque así lo creo, que los
nombres que se han podido introducir no eran desconocidos. Todos tenemos una trayectoria profesional muy dilatada; yo, en concreto, al frente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, un destino relevante cuyas resoluciones son conocidas.
Por tanto, no creo que el currículum de ninguno de los candidatos pueda ser sorpresivo, porque todos nos conocemos en el mundo del derecho y en el mundo de la judicatura y sobre ello no tengo que hacer ninguna otra manifestación.


Sí quiero dar una respuesta enérgica a la posible duda sobre la imparcialidad en el ejercicio de mi función. Efectivamente, fui recusada en el procedimiento de la denominada trama Gürtel, pero creo que una lealtad mínima exige leer las
resoluciones en su contenido íntegro. Por tanto, les ruego que lean íntegramente el auto en el que el pleno de la Sala de lo Penal, que yo actualmente presido, acordó apartarme de ese procedimiento, porque en ese auto se desestiman categóricamente
algunas de las cuestiones que ahora se me achacan para sugerir que podría tener que abstenerme en futuros procedimientos. En concreto, la alegación del grupo Adade y de Izquierda Unida sobre la posible proximidad ideológica a un determinado partido
político fue expresamente rechazada por el pleno de forma contundente. Es decir, a mí se me apartó de ese procedimiento, pero no por esa circunstancia, que fue expresamente rechazada por el pleno.


Igual ocurre en cuanto a la vinculación o la amistad con la señora De Cospedal, que era en la época en la que se me efectuó la imposición de esa medalla la presidenta de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y que, como tal, acudía
reiteradamente, por su condición de abogado del Estado, a todas las invitaciones que le cursaba el presidente del Tribunal Superior de Justicia para la imposición de condecoraciones a diversos magistrados del territorio; una de ellas fue la mía.
Ese motivo fue también totalmente desestimado y se dijo en el auto de la Sala que parecía desproporcionado e injustificado por los términos elogiosos vertidos en la imposición de una condecoración -yo he asistido a muchas imposiciones durante mi
carrera- y por utilizar términos coloquiales. No obstante, respecto al tema del 'querida Concha', que no ha mencionado su señoría pero sí sale en los medios de comunicación, yo aporté en su momento en el expediente la grabación íntegra del acto de
imposición de esa medalla de San Raimundo de Peñafort en la que se recoge cómo discurre el acto. El primero que intervino e introdujo esa expresión fue el presidente del Consejo de la Abogacía de Castilla-La Mancha. Él empezó como se suele empezar
protocolariamente en este tipo de actos: Excelentísima señora doña... Y después añadió: Bueno, querida Concha, porque tú para los colegiados de Castilla-La Mancha siempre serás querida Concha, porque has sido y eres colegiada de honor del Colegio
de Guadalajara. Acto seguido fueron interviniendo otros compañeros, algunos con los que yo había ejercido durante muchos años -por ejemplo el fiscal superior-, que me conocían y que me trataban con la familiaridad propia del trabajo cotidiano. Y
cuando llegó el turno a la presidenta de la comunidad autónoma empezó de la misma manera: Excelentísima

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señora..., querida Concha, yo me voy a sumar al tratamiento que ha utilizado el presidente del Consejo de la Abogacía. Es decir, ello no tiene ninguna incidencia, no demuestra ningún tipo de amistad y menos una amistad íntima que no tengo.
Mi trato profesional con la entonces presidenta de la comunidad autónoma, siendo yo vocal del Consejo General del Poder Judicial, fue el que habitualmente tienen los magistrados con quienes pueden contribuir a mejorar la situación de la
Administración de Justicia en los territorios. Es decir, yo he ido en numerosas ocasiones a hablar con ella y con otros presidentes de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha -y también con el presidente de la Comunidad Autónoma de Canarias y
con el consejero de Justicia, con el que me une una buena amistad, que era del Partido Socialista- para lo de siempre: para decir que necesitábamos tantos magistrados más en determinado territorio, que necesitábamos la dotación de edificios dignos
en determinados territorios, que necesitábamos mejorar los medios tecnológicos al servicio de la Administración de Justicia... Para exponer esas necesidades es para lo que yo he ido, siempre o casi siempre acompañada por el presidente del Tribunal
Superior de Justicia de cada una de las comunidades. Por tanto, esa frase fue un motivo expresamente rechazado por el pleno y además creo recordar que en la resolución decía que el pleno lamentaba que se hubiera utilizado un recurso como la
recusación para montar una campaña de desprestigio de un magistrado.


Es muy fácil montar una campaña de desprestigio a la trayectoria profesional de un magistrado desde un sector de los medios, teniendo en cuenta que por naturaleza los magistrados somos gente que tenemos pocos contactos y que consideramos que
no debemos entrar en ese tipo de discusiones a nivel mediático. Lo que sí le digo es que sí hay alguna resolución del propio Tribunal Constitucional en la que se señala que el estado de opinión que se pueda plantear en un determinado sector de la
prensa no convierte en verdad los hechos que se alegan y mucho menos comporta que concurran las causas de recusación que se formulan. Yo fui recusada exclusivamente por uno de los motivos que alegaba la parte recusante: por haber sido nombrada
vocal del Consejo General del Poder Judicial por el Senado a propuesta del Partido Popular y por el hecho de que, al concluir el mandato, me incorporé a la sección segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, a la que concursé y cuyo
destino se me dio por estricta antigüedad; era un destino de antigüedad y por ello fui nombrada. Por esa proximidad cronológica y ante una posible apariencia de imparcialidad de las personas que habían formulado la recusación fue por lo que se me
apartó del procedimiento, exclusivamente. También he de decir que, como saben, la votación fue muy reñida -hubo muy poca diferencia de votos-, que la resolución llevó muchos votos particulares -entre ellos, el del entonces presidente de la Sala y
actual ministro del Interior- y que en alguno de esos votos particulares se puso de relieve que la manera en la que yo había accedido al consejo era la manera en la que entraban todos los candidatos, porque era el único sistema vigente que existía.


Lo que sí quiero añadir en cuanto a mi concreta designación es que tengan en cuenta que, antes de ser nombrada por el Senado a propuesta de un determinado partido, yo pasé una rigurosa selección en el ámbito de mis compañeros. Yo me
presenté por la Asociación Profesional de la Magistratura e iba en las listas de la Asociación Profesional de la Magistratura, como otros vocales, y otros compañeros que van a hablar ahora figuraban como candidatos de Jueces para la Democracia;
este era mi caso y el de la compañera que hablará a continuación. No sé si ustedes conocen el sistema con el que funcionan las asociaciones, pero en sitios grandes existe un número de candidatos que van por Madrid, otros por Cataluña, otros por
Andalucía y otros por la Comunidad Valenciana. Sin embargo, todos los demás territorios tenían un cupo determinado y un número de candidatos. Ese sistema exigió una votación entre compañeros de la carrera judicial de muy distintos territorios, que
se presentaron y que expusimos nuestros programas -yo al menos mandé una carta abierta a mis compañeros exponiendo cuál era mi programa de actuación-; compañeros de Castilla-La Mancha -que era de donde yo procedía-, de Castilla y León, de Canarias,
de Baleares, de Galicia, de La Rioja y de todos los territorios que no son las comunidades que inicialmente he mencionado. En la votación entre los compañeros fui de las más votadas y, finalmente, fui elegida dentro de los más votados por los
propios compañeros de la carrera. En cualquier caso, en ese voto particular también se puso de relieve que la circunstancia de haber sido vocal a propuesta de un determinado partido concurría en otros miembros de la Sala que entonces votaron mi
recusación con el resultado que es de todos conocido.


No quiero olvidar ninguna cuestión. En cuanto a presiones, mantengo aquí públicamente y con la cabeza muy alta que yo jamás he recibido ningún tipo de indicación, ni siquiera cuando estaba en el Consejo General del Poder Judicial en el que,
por cierto, en muchas ocasiones se criticó el sentido de mi

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votación porque no era la que, con los clichés previos preestablecidos, parecía que debía ser esperable. Yo he mantenido mi imparcialidad y la mantendré siempre.


En cuanto al tema que se me plantea de una posible abstención en asuntos a los que he formulado voto particular, en su momento, si se plantea cualquier necesidad de abstención o de recusación, lógicamente se estudiará con unos datos de los
que yo ahora mismo no dispongo, porque yo no tengo constancia de cómo están planteados los asuntos ante el tribunal, cuáles son los hechos en que se fundan y a los que el tribunal ha de atender o cuáles son los pedimentos que se formulan. En
cualquier caso, únicamente le puedo decir que el hecho de formular un voto particular en un órgano penal en el que la sentencia fue dictada por otro de los candidatos -compañero al que aprecio y que hablará a continuación- es un enfoque y una
naturaleza del procedimiento totalmente distintos de la perspectiva con que ha de abordar el Tribunal Constitucional las cuestiones. En un procedimiento penal se imputan unos determinados hechos, se valoran las pruebas que se han practicado, el
tribunal considera que han quedado probados determinados hechos o no -el que formule un voto particular puede considerar lo contrario valorando minuciosamente la prueba practicada- y después se efectúa una subsunción jurídica de los mismos.
Evidentemente, el recurso de amparo, como todos saben, tiene un contenido totalmente distinto: por un concreto demandante de amparo se alega que le ha sido vulnerado un concreto derecho fundamental y sobre eso es sobre lo que basa la cognitio del
tribunal. En esa y en cualquier otra cuestión, sería aventurado decir si me puedo abstener o si puedo ser recusada. Si se plantea, se analizarán los motivos, los hechos y el principio de prueba que se establezca. Por supuesto, le digo que después
de celebrar ese juicio que duró muchos meses llegué a una valoración probatoria distinta de a la que llegó la mayoría y ahí se plasmó con criterios, como siempre, estrictamente jurídicos, porque mi perfil profesional no es un perfil político, sino
que es un perfil estrictamente técnico tras llevar toda la vida al servicio de la Administración de Justicia en este país y de la ciudadanía.


Respecto del tema de la afinidad política, ya les digo que no la tengo ni la he tenido nunca. Fui propuesta con el sistema legalmente establecido por un determinado partido y he resuelto siempre en los informes y en las resoluciones que he
dictado con estricta sujeción al principio de legalidad, como no puede ser de otra manera.


En cuanto a cuestiones que se me plantean de lege ferenda, no puedo dar respuesta por varias razones. La fundamental es por el respeto que he tenido durante toda mi carrera al principio de separación de poderes. Entre las diversas opciones
legislativas que se pueden plantear, la decisión la tienen ustedes, la tiene el Poder Legislativo, siempre dentro del respeto al marco constitucional. Por tanto, yo no tengo que hacer ninguna manifestación, porque me parece imprudente y además
podría incurrir en una falta de respeto a la función legislativa que a ustedes les corresponde.


De todas maneras, en cuanto a otras cuestiones que se han planteado de orden constitucional o sobre el tema independentista, únicamente les puede decir que son cuestiones que han sido tratadas por el Tribunal Constitucional, que tiene un
nutrido cuerpo de doctrina. Y, evidentemente, la Constitución es reformable, naturalmente que lo es, pero el sistema de reforma de la Constitución es el que prevé el artículo 168 de la propia Constitución en lo que se refiere a temas que incidan en
el Título preliminar de la Constitución, en derechos fundamentales o en el Título II, de la monarquía. Entonces, a ello me remito. Más o menos he dado respuesta a las cuestiones en que puedo darla.


En cuanto a las medidas de mayor eficacia del Tribunal Constitucional después de la pandemia y la posibilidad de agilizar los procedimientos, sería una osadía por mi parte dar una opinión de un tribunal cuyo funcionamiento interno,
evidentemente, desconozco. Supongo que los tiempos de espera son los que han impuesto las circunstancias al propio tribunal, como ha ocurrido en otros órganos. En la jurisdicción ordinaria sufrimos las consecuencias todavía de la paralización que
se produjo durante la pandemia, porque hubo numerosos juicios que hubo que suspender y que, por el número de personas enjuiciadas, no se han podido señalar por motivos de seguridad, por falta de aforo y de distancia reglamentaria en las salas.


Si me lo permiten, quiero terminar mi intervención -porque creo que me he extendido tal vez en exceso- dándoles unos apuntes que, de verdad, les planteo con honestidad. A la hora de valorar la trayectoria profesional de un magistrado se
debe atender a unos criterios objetivos que les voy a sugerir, si me lo permiten: en primer lugar, el resultado de los recursos interpuestos contra sus resoluciones; qué han dicho, cómo han salido esas resoluciones que ha dictado un magistrado de
los recursos de casación, por ejemplo, ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Como les he dicho, yo he ejercido en materia civil y en materia penal y hay muchas sentencias, de fácil acceso en las bases de datos, dictadas en

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asuntos de los que yo he sido ponente en diversas audiencias y ahora en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Creo que puedo decir, sin que puedan considerar que es una falta de modestia, que el trabajo que he hecho en esas
resoluciones se ha plasmado en muchos folios tras meses de riguroso estudio del derecho -porque un magistrado no tiene, evidentemente, el perfil de un catedrático o de otro tipo de profesionales del derecho, pero es un estudioso del derecho-, detrás
de esas sentencias que ustedes ven hay muchas horas de estudio minucioso, privado, en la soledad del despacho y con un gran sacrificio personal y familiar también. Me remito al resultado de esas muchas sentencias que se han dictado por la Sala
Segunda y por la Sala Primera en las que se ha valorado el rigor técnico de mis resoluciones y la minuciosidad en el estudio de las cuestiones que se me han planteado.


Otro elemento es la valoración de las salas de gobierno en las que uno ha tomado parte. Yo fui nueve años presidenta de la Audiencia Provincial de Guadalajara, a la que accedí con cuarenta años de edad. Después de mi cese, la sala de
gobierno, por unanimidad, mandó un acuerdo al Consejo General del Poder Judicial, que obrará en los archivos de la institución, donde se agradecía mi labor al servicio de la Administración de Justicia en la Audiencia Provincial de Guadalajara, que
quedó totalmente al día -en el momento en que yo me fui tenía una carga de trabajo importante- y se valoró mi colaboración leal con la sala de gobierno en ese periodo.


Igualmente, ya les he dicho que me parece muy importante la valoración de los profesionales del derecho. Eso me parece esencial, y los que hemos ejercido en la jurisdicción lo valoramos, o por lo menos yo lo valoro mucho. Yo presté
servicios durante ocho años en la Audiencia Provincial de Tarragona, era un órgano con una carga de trabajo muy importante, no solo penal, sino también civil y mercantil. Yo he celebrado en esa audiencia durante muchos años juicios mañana y tarde
más de la mitad de los días que tenía el mes y las restantes tardes, los fines de semana y mis vacaciones, las he dedicado a poner las sentencias. Cuando yo me marché de ese órgano -me enteré accidentalmente, porque me lo comentó un compañero
abogado-, el Colegio de Abogados de Tarragona también tomó un acuerdo unánime que dirigió al consejo agradeciendo la labor jurisdiccional que yo había prestado por el rigor de las resoluciones, agradeciendo el buen estado de la Sección Segunda de la
Audiencia cuando yo la dejé y, sobre todo, el trato cordial y cortés hacia los compañeros abogados. Está ahí ese acuerdo. Finalmente, cuando me marché de Guadalajara, igualmente, el Colegio de Abogados, por unanimidad, me otorgó esta distinción
-que yo valoro mucho- de considerarme colegiada de honor de ese colegio y darme la medalla de honor del colegio. Creo que esos son elementos objetivos que pueden despejar cualquier duda que ustedes puedan tener sobre mi imparcialidad.


He trabajado lealmente durante treinta y nueve años para la Administración de Justicia, aplicando la ley y la Constitución, como no puede ser otra manera, y con criterios estrictamente jurídicos, y públicamente me comprometo, como es
natural, a seguir haciéndolo en el cargo, en este o en cualquiera, que desempeñe durante mi carrera profesional. Lo que sí quiero hacer constar es que esa labor que hay detrás de esas miles de sentencias dictadas ha comportado para mí -no sé si por
las circunstancias, por ser mujer, o no- una carga personal y profesional, porque es muy difícil, en esas circunstancias que les he expuesto, compatibilizar la vida personal y la familiar. Ese trabajo de tantos años ha ido en detrimento de mi
familia.


No me quiero extender más, pero esta trayectoria que les he expuesto de tantos años al servicio de la Administración de Justicia es la que yo, con todo respeto, someto a la consideración de esta Comisión y del Pleno. Les agradezco mucho sus
intervenciones.


Muchas gracias


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Espejel, por su comparecencia y por su intervención, que aquí damos por finalizada.


- DE LA CANDIDATA A MAGISTRADA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DOÑA INMACULADA MONTALBÁN HUERTAS.


La señora PRESIDENTA: Muy buenos días, doña Inmaculada Montalbán Huertas, bienvenida a la Comisión Consultiva de Nombramientos del Congreso de los Diputados. Enseguida le voy a dar la palabra por un tiempo de diez minutos. Le
agradeceríamos, si puede, que atendiera esta petición y esta limitación. Sabemos que es poco tiempo, pero piense también que los grupos parlamentarios han tenido acceso a su currículum. A continuación, daré la palabra a los grupos parlamentarios
para que, por un tiempo de cinco

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minutos, le planteen las cuestiones que consideren oportunos y, finalmente, le volveré a dar la palabra para que usted cierre la comparecencia y dé cumplida respuesta a aquello que considere oportuno.


Por tanto, en primer lugar, tiene la palabra doña Inmaculada Montalbán Huertas, candidata a magistrada del Tribunal Constitucional.


La señora CANDIDATA A MAGISTRADA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (Montalbán Huertas): Gracias, señora presidenta del Congreso de los Diputados. Buenos días, señorías.


En primer lugar, quiero expresar mi agradecimiento a todos los grupos parlamentarios de la Cámara, tanto a los que han propuesto mi nombramiento como magistrada del Tribunal Constitucional, como a quienes se han reunido para valorar la
propuesta. A lo largo de treinta y cinco años que llevo en el oficio de jueza y magistrada he tenido el honor de comparecer ante varias comisiones de estudio convocadas por este Congreso de los Diputados. Tengo que decir que, en el día de hoy,
convocada por esta Comisión Consultiva de Nombramientos, me embarga la misma emoción por encontrarme en la casa de la soberanía popular. Por eso, mi agradecimiento.


En el tiempo estipulado trataré de trazar las líneas maestras que han guiado mi trayectoria profesional y también mi actividad de docencia e investigadora y mi actividad de sensibilización en los derechos fundamentales. Ya anticipo que
subrayaré mi empeño en ejercer la magistratura del Tribunal Constitucional, caso de ser nombrada, con arreglo al espíritu de concordia de nuestra Constitución y pleno sometimiento a su Ley Orgánica 2/1979.


Señorías, permítanme compartir una experiencia de vida. Cuando terminé el Bachillerato mis padres me preguntaron qué quería estudiar. Era la etapa de la Transición política hacia la democracia. Yo dije que derecho. Ellos se quedaron muy
sorprendidos, porque nadie en la familia había estudiado leyes. Ellos no pudieron obtener un título universitario y, entonces, se consideraba que para las mujeres era más adecuado otro tipo de profesión relacionada con los cuidados. Pero me
apoyaron; con su esfuerzo y trabajo, me proporcionaron tiempo y recursos para poder estudiar. Era 1977, en la Facultad de Derecho existía un hervidero de corriente de ideas, y el primer año de la licenciatura nos dedicamos a estudiar los
borradores, los documentos, los anteproyectos y los proyectos de la Constitución que se estaba elaborando entonces. Es así que mi primer año fue todo conocer cómo se estaba elaborando la que sería nuestra Carta Magna, y el resto de la licenciatura
ya era la Constitución como la Carta Magna que culminaba la pirámide de Kelsen y daba validez al ordenamiento jurídico. Es entonces, señorías, cuando yo decidí ser jueza. Yo quería participar en la construcción del Estado social y democrático de
derecho que mencionaba el artículo 1.1 de la Constitución, y de los principios informadores del ordenamiento jurídico, como la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Quería contribuir de manera especial a hacer efectivo el
artículo 14 de la Constitución y la prohibición de discriminación, entre otros factores, por razón de sexo. Porque, señorías, yo conocía la desigualdad y discriminación que sufrían las mujeres y sabía que para conseguirlo tendría que acceder a la
llave que estaba diseñando la Constitución, en concreto, al artículo 9.2, que mandata a los poderes públicos remover los obstáculos que impiden hacer realidad la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra.


Me esforcé, y al año de terminar la carrera superé las oposiciones a la judicatura por el turno libre en primera convocatoria y obtuve mi primer destino en 1985. Desde entonces, la función judicial la he compatibilizado con actividades
gubernativas, porque fui miembro de la sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, pero también con actividades de docencia y difusión de los derechos fundamentales. De hecho, una de mis primeras conferencias se titulaba Diez
años de Constitución: relaciones de las mujeres con la Administración de Justicia Penal. Era 1988, y entonces ponía énfasis en la aplicabilidad directa de las normas constitucionales.


Esta ha sido una experiencia de vida decisiva para la que después fue mi experiencia profesional, porque desde el principio los valores constitucionales han guiado mi actuación, reconociendo que esa Carta Magna nos ha proporcionado un largo
periodo de paz social. Estuve en la jurisdicción penal cerca de quince años, tanto en juzgados de distrito como en órganos colegiados, como en la Sección Penal de la Audiencia Provincial de Valencia, investigando y enjuiciando. Esta experiencia la
recogí en un trabajo denominado Perspectiva de género: criterio de interpretación internacional y constitucional, que obtuvo el prestigioso Premio Rafael Martínez Emperador en el año 2003, y en él analizaba el derecho comparado, la práctica
judicial y la interpretación de las leyes como factor de eficacia en torno a la materia de la violencia contra las mujeres. Ya entonces era consciente de que no basta el derecho penal para eliminar las lacras sociales y que es importante la
actuación de las administraciones públicas y de los poderes

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públicos. Por ello, me introduje en la Jurisdicción Contencioso-administrativa, tras superar el correspondiente curso de adaptación. En esa jurisdicción estoy en la actualidad; presido la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Granada. Por si resultara de su interés, en la base de datos del Consejo General del Poder Judicial podrán ver más de 2500 sentencias de las que he sido ponente
en diversas materias, tales como medioambiente, Función pública y, sobre todo, procedimientos de derechos fundamentales. Pero quiero subrayar que también en este ámbito me he guiado por el artículo 9.2 de la Constitución, desvelando aquellas normas
neutras que, sin embargo, impactan de manera negativa en los derechos de las mujeres. Mencionaré una sentencia pionera que dio origen a reformas legales, y que fue confirmada por el Tribunal Constitucional en el año 2006, por la que concretamente
se condenó a la Administración debido a que un organismo público de empleo discriminó a una demandante de empleo al considerar que su incapacidad laboral por maternidad le impedía acceder a un trabajo.


Finalmente, he de decir que este compromiso con la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres me llevó a asumir la responsabilidad de ser miembro del Consejo General del Poder Judicial en el periodo 2008-2013, donde, entre otras
responsabilidades, asumí la vocalía para Relaciones con la Jurisdicción Contencioso-administrativa, la presidencia del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género y la copresidencia de la Comisión de Igualdad, instrumentos muy importantes
para el análisis, coordinación y mejora del sistema judicial en estas materias. De hecho, el observatorio obtuvo reconocimientos por ser una buena práctica y ha sido replicado por otros países.


Concluyo, señorías. En el caso de ser nombrada magistrada del Tribunal Constitucional, quiero seguir mi experiencia de vida y mi experiencia profesional reiterando mi compromiso y empeño con los valores constitucionales y con la función
asignada de ser garante del Estado de derecho, con imparcialidad e independencia de los demás órganos constitucionales.


Gracias, de nuevo, a los grupos parlamentarios que consideran que puedo realizar esta importante labor y a todas las personas que han hecho posible esta comparecencia, y quedo a su disposición para sus preguntas.


La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias, señora Montalbán, por su exposición y por atenerse al tiempo.


A continuación, intervienen los representantes de los grupos parlamentarios. Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra el señor Pagès i Massó.


El señor PAGÈS I MASSÓ: Muchas gracias, señora presidenta, señorías.


Señora Montalbán, lo primero que quiero es felicitarle por su propuesta de nombramiento. En Junts, Grupo Plural, consideramos que su perfil es absolutamente idóneo para el puesto propuesto, especialmente atendiendo a esta vertiente de
atención a las cuestiones de género que acaba de explicar ahora, al final de su intervención, entre otras muchas cuestiones. Pero también quería plantearle una cuestión, que es la siguiente -lo he comentado en algunas intervenciones anteriores-, y
es que nos preocupa especialmente no tanto a quién se nos está presentando como personas para proveer los puestos en el Tribunal Constitucional, sino cómo está funcionando este sistema. Lamentablemente, creemos que este procedimiento es
absolutamente opaco, incluso inconstitucional, porque está en contra de los principios de la propia Constitución que en veinticuatro horas los fontaneros del PP y del PSOE, después de dos años largos de no encontrar un momento para sentarse y elegir
unos nombres, que los señores García Egea y Bolaños decidan que ya se pueden poner de acuerdo y coincidan en unos determinados nombres. Esto es sencillamente un acto de partidismo extremo -en el que usted, repito, no tiene ninguna responsabilidad;
sinceramente, creemos que su perfil es perfectamente idóneo-, pero la forma en la que su nombre nos llega aquí la encontramos absolutamente contraria a los principios constitucionales. ¿Qué valoración hicieron los señores García Egea y Bolaños de
los perfiles profesionales de las cuatro personas propuestas para los puestos del Tribunal Constitucional? Sinceramente, creemos que ninguna, no se hizo ninguna valoración. No sé ni si se sentaron en una mesa para hablar de estos perfiles, no sé
ni si miraron los currículums. Sencillamente, cada uno puso sus nombres y p'alante. Esto no es manera de proveer nombres para el Tribunal Constitucional. Por tanto, le quiero preguntar qué le parece a usted la forma con la que se han pactado los
nombres. ¿Le parece que se corresponde con las funciones del máximo intérprete de la Constitución, la norma de las normas, que los que tienen que concretar su aplicación sean elegidos por un sistema de cuotas entre los dos partidos mayoritarios?

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Finalmente, quiero poner de relieve esta paradójica situación en la que nos encontramos. Como independentistas, nos parece perfecto que se esté abusando de las normas constitucionales porque demuestra lo que estamos diciendo siempre, que el
régimen del 78 no respeta derechos, no respeta la división de poderes. Pero, por otro lado, como constitucionalistas verdaderos, es decir, como personas que están imbuidas por los valores constitucionales, este sistema por el cual se proponen
nombres y se dan por aprobados nos parece un abuso.


Porque hay otra cuestión. En esta comparecencia, usted -y, repito, su perfil nos parece absolutamente idóneo- no va a salir de aquí sin ningún cuestionamiento en la propuesta que se le ha hecho, porque aquí no podemos hacerlo, sencillamente
tenemos que valorar el currículum y nada más. Pero si considerásemos que este currículum no es adecuado, no podríamos recusar su propuesta, no tenemos margen. Por tanto, estamos en realidad en un teatro, en una especie de paripé que no tiene mucho
sentido, más allá de exponer a las personas que se sientan aquí enfrente de nosotros.


Estos son los comentarios que quería hacer. Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Pagès.


Le recuerdo a la compareciente que está aquí, en esta audiencia destinada a valorar la idoneidad de su currículum para el cargo por el que ha sido propuesta y no tiene por qué hacer ninguna valoración sobre el procedimiento ni, por supuesto,
sobre las decisiones que los partidos políticos han tomado.


Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra el señor Guijarro García.


El señor GUIJARRO GARCÍA: Muchas gracias, presidenta.


Buenos días, señora Montalbán. Es un placer tenerla en el Congreso de los Diputados. No me voy a extender mucho, puesto que mi grupo parlamentario considera que su aptitud técnica está sobradamente demostrada. No solo eso, sino que
pensamos que su propia biografía ahonda en la pertinencia de que usted pueda representar tan altas funciones. Así que, muchas gracias, le deseo mucha suerte y buenos días.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Guijarro.


Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra la señora Borrego Cortés.


La señora BORREGO CORTÉS: Gracias, presidenta.


Bienvenida, señora Montalbán, bienvenida de nuevo al Congreso de los Diputados, al que ha venido en diversas ocasiones en su calidad de experta jurista en igualdad y contra la violencia de género.


Señorías, me alegro mucho de que se haya llegado a este acuerdo entre los dos partidos mayoritarios en la buena dirección de trabajar por el fortalecimiento de las instituciones del Estado, ese acuerdo que no significa más que tener una
lista para que el Congreso la apruebe por una mayoría cualificada. Las personas que queremos elegir son profesionales cualificados que pueden realizar su función con independencia, como seguro lo puede realizar la señora Montalbán. Porque si los
candidatos que se han presentado no tuviesen la categoría adecuada para estar hoy aquí, estaríamos haciendo un trámite inadecuado. Estamos haciendo este trámite porque todos tenemos el firme convencimiento de que los candidatos presentados aportan
prestigio y fortalecimiento con su presencia al Tribunal Constitucional. El acuerdo responde al compromiso de elegir profesionales de reconocido prestigio. La separación de poderes opera en España y hay que renovar las instituciones como marca la
Constitución y el ámbito de actuación europeo, y así podremos ir avanzando.


Señora Montalbán, quería plantearle si nos puede exponer su criterio. No le pido un pronunciamiento expreso, porque sería inadecuado, pero sí escuchar alguna línea interpretativa sobre el establecimiento del recurso previo de
inconstitucionalidad a los proyectos de ley orgánica de estatuto de autonomía o de su modificación. Con esta cuestión, querría terminar mi intervención, no sin antes agradecerle de nuevo su presencia en esta Cámara y decirle que consideramos idóneo
su currículum, su planteamiento y su perfil para ser magistrada del Tribunal Constitucional.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Borrego.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Elorza González.


El señor ELORZA GONZÁLEZ: Muchas gracias, presidenta, señorías.

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Señora Montalbán, gracias por acompañarnos, en especial se lo digo porque ha presentado usted un currículum, una carta de presentación, realmente extensísima, que me he tenido que leer como los demás currículums de las candidatas y
candidatos en el día de hoy. Sus 81 páginas dan para mucho, y esas 81 páginas, a cualquier observador u observadora neutral les llevará a algunas conclusiones, yo diría que objetivas, que, de entrada, llevan a reconocer la total idoneidad de su
persona para ocupar un puesto en un organismo tan relevante, tan decisivo y tan fundamental para la credibilidad de la democracia por la que estamos luchando en España como es el Tribunal Constitucional. Le cabe a usted el honor, casi la gloria, de
participar en este Tribunal Constitucional porque su trayectoria, además, bien lo merece. Estamos con un Tribunal Constitucional que en la actualidad tiene dos mujeres sobre doce miembros: hay dos mujeres y diez hombres. Pero es que, además, debo
significar lo que usted aporta -y no se trata, porque igual alguien lo malinterpreta, de una sesión de masaje-, porque realmente en este momento histórico para los procesos de igualdad, en la lucha contra la violencia de género, en la reducción de
las discriminaciones, la presencia de las mujeres en los grandes organismos para la toma de decisiones, como es este órgano constitucional, me parece que es fundamental. Y el Tribunal Constitucional está muy necesitado de una magistrada con ese
perfil, con su perfil, con su experiencia acreditada por esa trayectoria que, más allá del ejercicio de la judicatura, le lleva también a un conjunto inmenso de publicaciones, de entrevistas, de artículos, que usted detalla en el currículum; por su
trabajo docente, su esfuerzo en la formación continuada, por las conferencias que ha dado, por su proyección a nivel internacional en distintos países del mundo, trabajando especialmente en materia relacionada con la violencia de género, con la no
discriminación de la mujer, con la creación de observatorios. Ojalá este proceso de incorporación de la mujer en paridad, como corresponde a este alto órgano constitucional, se vea acompañado de una elección también paritaria -la próxima que venga,
por parte de quien corresponda, que será el Gobierno de la nación- del Consejo General del Poder Judicial, para igualar la presencia de hombres y mujeres, que es en este momento fundamental.


Por otra parte, quiero destacar que haya hecho usted referencia al artículo 9.2 -creo que es fundamental- y también esa referencia ligera, pero que ha sido objeto aquí de varias intervenciones, sobre la independencia, no dependencia, de
otros poderes, independencia real que se le presupone, porque es la base, desde esa independencia no condicionada a la llamada de ningún teléfono, al seguimiento de la instrucción de nadie, para poder ser realmente imparcial en el juicio y en la
valoración jurídica de los casos que se le vayan a presentar. Es fácil aquí dar lecciones, y miro hacia un determinado sector de esta sala. Todos sabemos muy bien qué criterios, cómo se eligen, con qué contenidos, con qué perfiles, por ejemplo, a
representantes en TV3, como para que aquí alguien venga a dar lecciones a esta Cámara en relación con la solución de un problema que era un bloqueo tremendo de los órganos constitucionales y que, con sus limitaciones y con algunas trágalas, es
posible que se vaya a conseguir.


Acabo. Le pregunto: qué pensaría usted o cómo se puede conseguir que, por ejemplo, cuestiones, expedientes, sentencias pendientes tan importantes como la referida a la Ley sobre el Aborto puedan realmente ya avanzar y emitir sentencia con
carácter más o menos inmediato, porque es realmente un desprestigio para la institución. En segundo lugar, cómo entiende usted -y lo hemos citado antes- las condiciones para el ejercicio de esa independencia para llegar a una actitud imparcial en
el desempeño de su función.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Elorza.


Para cerrar la comparecencia, tiene la palabra doña Inmaculada Montalbán Huertas, candidata a magistrada del Tribunal Constitucional.


La señora CANDIDATA A MAGISTRADA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (Montalbán Huertas): Muchas gracias, por todas las intervenciones, propuestas y sugerencias.


Señor Pagés, yo desconozco las circunstancias que usted ha relatado, y me permitirá que no pueda entrar en ellas. Simplemente yo he venido a someter mi currículum de vida y mi currículum profesional a esta Comisión para que ustedes los
valoren.


En cuanto a la pregunta de la señora Borrego, en mi opinión eso finalmente tendrá que conocerlo el Tribunal Constitucional, por lo tanto habrá que estar a ese momento, y prefiero no decidir sobre algo que puede llegar a la mesa del propio
Tribunal Constitucional para no tener que contaminarme. Por eso le ruego que me disculpe, señora Borrego, probablemente habrá que decidirlo en el pleno del Tribunal Constitucional.

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Respecto a la cuestión del señor Elorza, realmente es deseable que todos los órganos constitucionales y judiciales den una respuesta pronta y eficaz a los problemas que se les plantean, porque uno de los requisitos de la eficacia de las
resoluciones es la prontitud, la rapidez. Yo confío en que el Tribunal Constitucional adquiera un momento adecuado para poder finalmente decidir sobre todas estas cuestiones de inconstitucionalidad que tiene pendientes. Pero realmente desconozco
cómo está en la actualidad el sistema y cómo está en la actualidad programado el señalamiento de las cuestiones.


Quiero agradecer nuevamente esta oportunidad, y decir que me siento muy honrada de haber estado esta mañana aquí.


La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias, señora Montalbán, por su comparecencia, por su intervención y también por el esfuerzo de dar respuesta a las cuestiones planteadas por los grupos parlamentarios. Muchas gracias.


Vamos a hacer un pequeño receso de cinco minutos. (Pausa).


- DEL CANDIDATO A MAGISTRADO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DON JUAN RAMÓN SÁEZ VALCÁRCEL.


La señora PRESIDENTA: Don Juan Ramón Sáez Valcárcel, bienvenido a la Comisión Consultiva de Nombramientos del Congreso de los Diputados, puede usted tomar asiento aquí mismo donde está.


En breve le voy a dar la palabra para que tenga la posibilidad de hacer una intervención introductoria de diez minutos como máximo, también le agradeceremos si puede atender el tiempo solicitado. Le informo de que los grupos parlamentarios
han tenido acceso a su currículum y, por tanto, también conocen sus principales méritos. A continuación, después de su intervención, daré la palabra a los distintos grupos parlamentarios que podrán hablar por un tiempo de cinco minutos. Y
finalmente, le volveré a dar la palabra a usted para que cierre la comparecencia para dar respuesta a las cuestiones que hayan planteado los grupos parlamentarios.


Tiene la palabra pues, en primer lugar, don Juan Ramón Sáez Valcárcel, candidato a magistrado del Tribunal Constitucional.


El señor CANDIDATO A MAGISTRADO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (Sáez Valcárcel): Buenos días, excelentísima señora presidenta del Congreso de los Diputados, excelentísimas señoras y señores diputados y portavoces de la Comisión Consultiva de
Nombramientos, vaya por delante mi satisfacción por recibir la propuesta de candidato para cubrir una plaza de magistrado en el Tribunal Constitucional. Es una satisfacción porque el Tribunal Constitucional, órgano específico de garantía de la
Constitución, es un destino único para un jurista práctico, no solo por la relevante misión que desempeña, sino también por la estimulante labor intelectual que el juez constitucional ha de desarrollar. No en balde, al primer Tribunal
Constitucional -al de la década de los ochenta- le debemos la configuración de una auténtica cultura jurídico-constitucional, de la que carecíamos, cuando afirmó y asentó la primacía normativa de la Constitución sobre el resto del ordenamiento
jurídico. Y al tiempo, recibo esta propuesta con la responsabilidad a la que obliga el reconocimiento de los espléndidos juristas que asumieron la función de juez constitucional, y por citar solo dos de ellos, los dos primeros presidentes, Manuel
García-Pelayo y Francisco Tomás y Valiente.


En cuanto a mi carrera profesional, soy juez y ejerzo la jurisdicción desde hace treinta y seis años. Ingresé por oposición en 1986, antes me licencié en Derecho y en Ciencias de la Información, rama de Periodismo, y ejercí la abogacía en
Madrid. Soy fiscal en excedencia con el número uno de mi promoción. He desarrollado mi tarea jurisdiccional primero como juez de primera instancia de instrucción en una localidad gaditana, después siempre en Madrid como juez de instrucción, como
juez penal y, desde primeros del año 2007, en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Hubo un pequeño paréntesis -entre 1996 y 2001- en el que fui vocal del Consejo General del Poder Judicial, en el consejo presidido por Javier Delgado, donde
me encargué del servicio de Inspección de Tribunales y formé parte de la Comisión de Escuela Judicial. En el año 2012 superé las pruebas de especialización en materia penal para cubrir vacantes en las salas de casación y en las salas de apelación y
fui calificado con el número uno. Esas pruebas fueron convocadas por el consejo por primera y única vez. Merece destacarse que la segunda fase de aquel concurso-oposición, definitiva en la baremación, consistió en la redacción de dos sentencias y
que esa fase fue anónima, algo inédito en la evaluación, en la selección de candidatos para nombramientos discrecionales.

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En el capítulo de formación, he investigado, he dado clases y conferencias en instituciones académicas, he escrito y publicado artículos en revistas y libros sobre materias estrechamente vinculadas con los problemas de la jurisdicción o con
los problemas que la jurisdicción me planteaba, y de los derechos fundamentales; lo que me ha llevado a profundizar en cuestiones de derecho penal, de derecho penitenciario, de derecho procesal, de extranjería y asilo, y de derecho penal
internacional. En los últimos doce años he estado vinculado a la universidad en cuatro sucesivos proyectos de investigación. El primero sobre la justicia restaurativa en la mediación penal. Yo había desarrollado en el juzgado penal una
experiencia piloto en los años 2005 y 2006 de mediación penal intraprocesal, con un resultado altamente positivo. El segundo proyecto, sobre víctimas, los mundos de víctimas y la crisis de la ciudadanía; el tercero, sobre la protección que la ley
y el Estado otorgan a las personas mediante la garantía de los derechos fundamentales, aquello que denominó Hannah Arendt como 'el derecho a tener derechos', a propósito, en este caso, de la fascinante categoría de la desaparición forzada y su
potencialidad para iluminar otras realidades de desamparo y vulnerabilidad. Y en la actualidad, sobre espacios de protección y desprotección y modos de habitar esos espacios, como son campos de refugiados -ya sean institucionales o informales-,
centros de internamiento, casas refugio de emigrantes, de mujeres y de menores. Las publicaciones que aparecen en mi currículum dan cuenta del resultado de esos proyectos. Dirijo también una revista cuatrimestral de cultura jurídica general, de
título, Jueces para la Democracia, Información y Debate.


Considero que la experiencia, el conocimiento y las habilidades del juez de la jurisdicción en el orden penal son adecuados para iniciarse en el desempeño de la función de juez constitucional. Incluso en cierta manera podría pensarse que es
un aprendizaje para ello. Lo intentaré justificar. Por un lado, el constituyente encargó al Tribunal Constitucional la defensa del orden constitucional mediante el control de la validez de la ley -que es su competencia básica-, la protección de
los derechos fundamentales, la protección de la distribución territorial del Estado y de la separación de poderes. Pues bien, para ello configuró un órgano jurisdiccional, el Tribunal Constitucional, no integrado en el Poder Judicial, cuyos actos
controla a través del recurso de amparo, y que opera -el Tribunal Constitucional- bajo el esquema del proceso jurisdiccional, es decir, del proceso de partes. Pues bien, con distinto objeto en algunos casos, con una técnica diferente -por lo que
exige los recursos de inconstitucionalidad y la técnica del amparo-, el juez constitucional sin embargo comparte con el juez de la jurisdicción una misma dinámica y una misma cultura. Interviene a instancia de parte, nunca de oficio; recopila
información bajo el método del contradictorio; prepara ponencias para deliberar en un colegio donde aprende que la razón jurídica se forma de manera colaborativa, y con el diálogo, lo que debilita el perfil subjetivo o personal de las voces de sus
miembros para hacer surgir una decisión bajo la autoridad del tribunal; argumenta el juez siguiendo una técnica que le aporta la teoría del derecho; pondera principios y derechos, subsume en los marcos legales, para motivar la decisión; redacta
sentencias y autos, que zanjan el conflicto. En su caja de herramientas cuenta el juez de la jurisdicción y el juez constitucional con las razones del derecho, incluso o aunque el asunto tenga un alto perfil o un alto relieve político. Además,
resulta que el derecho penal, en la mejor tradición liberal del pensamiento ilustrado, se concibe como un sistema de garantías del individuo para lo que articula un conjunto de límites y vínculos al poder punitivo y, de esa manera, se convierte en
un modelo normativo del derecho en el Estado constitucional como sistema de garantías de los derechos fundamentales. Y la doctrina del poder limitado que lo sustenta resulta productiva, primero, para vincular a todos los poderes, no solo al poder
punitivo y a los poderes públicos, sino también a los poderes privados, y, al mismo tiempo, resulta productiva para proteger todos los derechos, incluidos los derechos sociales, económicos y culturales.


De esa manera el juez de nuestro Estado de derecho hace hábito de la Constitución y la sumisión exclusiva a la ley, que es una referencia que debe entenderse a la Constitución: ley más Constitución o Constitución y ley. Constitución e
independencia, que la independencia articula precisamente la vinculación del juez a la ley, se convierten para el juez no solo en un hábito intelectual, sino también en un hábito moral. En las resoluciones y en la práctica del juez, la Constitución
se hace norma de aplicación cotidiana, porque en el campo de los derechos fundamentales la jurisdicción penal es un espacio privilegiado de tutela y garantía. Por ello, solo se puede acceder al recurso de amparo una vez agotada la vía judicial, que
se configura como el cauce de amparo ordinario de los derechos fundamentales.


En mi ámbito de experiencia profesional, la Constitución es la primera norma, la norma supraordenada. Así ocurre -por citar algunas áreas de mi trabajo profesional- en la prisión provisional; en el procedimiento de habeas corpus; en los
de extradición pasiva, donde se cuestiona la libertad personal; en

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el análisis de la detención incomunicada y de sus consecuencias, donde interesa la confesión como medio válido de prueba y se interroga por la libertad de la declaración. En la depuración de las fuentes de prueba, para controlar la
información que accede al proceso, es habitual examinar si se ha respetado la libertad domiciliaria, el derecho a la intimidad y el secreto de las comunicaciones. En la subsunción de los hechos en los tipos penales se opera con el contenido
esencial de los derechos fundamentales, como la libertad ideológica y de conciencia, la libre información sobre hechos, la libre expresión sobre opiniones y pensamiento, la libertad de creación artística, el núcleo intangible de los derechos de
reunión y asociación, incluso la objeción de conciencia. Desde luego forman parte de ese bagaje común y de la práctica profesional los derechos y garantías procesales del artículo 24 de la Constitución, desde la tutela efectiva o garantía
jurisdiccional a todas las dimensiones del proceso debido. Además, en la última etapa, en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, me he dedicado a los derechos de los reclusos, al resolver la apelación de los juzgados de vigilancia
penitenciaria. Todos estos derechos -y ya termino- son el objeto del recurso de amparo constitucional, que, como todos saben, constituye la primera fuente de ingreso de asuntos para el Tribunal.


Concluyo diciéndoles que en esta cultura de la jurisdicción y del garantismo me he formado y me reconozco y que, al mismo tiempo, considero que es un modelo para el juez constitucional.


Muchas gracias por escucharme.


La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias a usted, señor Sáez, por su exposición.


A continuación intervienen los representantes de los grupos parlamentarios. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra el señor Pagès y Massó.


El señor PAGÈS I MASSÓ: Muchas gracias, señora presidenta.


Señorías, señor Sáez, primero quiero felicitarle por su futuro nombramiento como miembro del Tribunal Constitucional. Considero que presenta una idoneidad total y absoluta para el cargo para el que se le propone.


Usted ha hablado de juez constitucional y aquí ya me ha ganado, porque usted sabe perfectamente que un juez no es lo mismo que un juez constitucional, aunque tienen muchas cuestiones en común. Ha hablado de la cultura de las garantías; ha
hablado de la cultura de los derechos; ha hablado de la importancia de los derechos fundamentales, incluso en la aplicación de los tipos penales, y esto, la verdad, es una mentalidad que no es común en la judicatura, incluso no es común en la alta
judicatura. Me felicito especialmente de tenerle ante nosotros, pues es una persona realmente imbuida de los principios constitucionales universales.


La verdad es que no he leído su currículum, solo lo he leído superficialmente, pero sí que leí con mucha atención la sentencia del caso Trapero, en la que usted evidentemente participó, y me felicito de que la persona que presidía la sala
que dictó aquella sentencia sea una de las personas propuestas, porque la perspectiva de derechos es muy presente y esto es algo por lo que nos tenemos que felicitar.


Solo le voy a preguntar una cuestión muy pequeña al respecto, y es si usted considera que va a tener que abstenerse en los casos relacionados con el procés independentista que se planteen ante usted en el Tribunal Constitucional, los
diferentes casos de los exiliados y de las personas que aún tienen casos pendientes ante el Tribunal Constitucional por su participación en aquella sentencia.


Por otro lado, usted está aquí en base a la resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados, de mayo de 2000, relativa a la intervención de la Cámara en el nombramiento de autoridades del Estado, que dice que durante la
comparecencia los miembros de la Comisión consultiva podrán solicitar al candidato aclaraciones sobre cualquier extremo relacionado con su trayectoria profesional o académica o sobre sus méritos profesionales, sin que se puedan admitir cuestiones
que menoscaben o pongan en cuestión el honor o el derecho a la intimidad del candidato. Nosotros, sinceramente, pensamos que este sistema no es bueno. No se pueden escoger los candidatos al Tribunal Constitucional simplemente con una Comisión que
está aquí para oír, preguntar cuestiones sobre el currículum, y nada más. Aquí tendríamos que entrar a fondo en la idoneidad. En su caso, la idoneidad la doy absolutamente, usted es un candidato perfectamente idóneo. Pero no es el caso de otros
candidatos que han comparecido hoy, sobre los que, como representantes de la soberanía popular, no podemos hacer ningún cuestionamiento o, en definitiva, no podemos impedir que sean nombrados. La cuestión que se nos plantea es que los candidatos
vienen cerrados por un pacto previo entre dos partidos al que se ha llegado a oscuras, al que se ha llegado en veinticuatro horas, después de que dos personas que no necesariamente han de tener conocimiento sobre las trayectorias de las personas
candidatas ni sobre derecho constitucional ni sobre

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derecho pactaran unos nombres; en este caso, los fontaneros del Partido Popular y del PSOE, el señor García Egea y el señor Bolaños. Hasta aquí hemos llegado, y no tiene nada que ver con usted, sino con el procedimiento. No es el quién,
sino el cómo lo que cuestionamos.


Antes el señor Elorza ha dicho que no somos nadie los de Junts para cuestionar nombramientos ni dar lecciones, y ha puesto como ejemplo la falta de nombramientos en el Consejo de TV3. Yo me pregunto: ¿Esta es la mentalidad que subyace en
este debate, si en el consejo de la televisión pública catalana se hacen o no se hacen nombramientos y si Junts participa o no participa? Aquí estamos para otra cosa, señor Elorza, aquí estamos para debatir, para cuestionar, para plantear preguntas
a los candidatos que serán miembros del Tribunal Constitucional. No estamos para hacer política en minúsculas, estamos para debatir sobre cuestiones constitucionales. En cambio, parece que ustedes han venido aquí a defender el bipartidismo, y no
es eso, señor Elorza. Y en esta línea, le voy a preguntar si usted cree que este procedimiento, señor Sáez, es adecuado para garantizar unos perfiles imparciales en el Tribunal Constitucional, si se garantiza la imparcialidad con este tipo de
procedimiento, en el que los nombres vienen cerrados de entrada.


Voy a hacer una última reflexión: ¿cómo van a poder votar los diputados socialistas o de Podemos a candidatos de forma tan radicalmente vinculada a unas posiciones politizadas, como en el caso de los dos primeros candidatos que hemos visto
aquí? Siguiendo la línea de romper el debate que estamos teniendo y que ha iniciado el señor Elorza, ¿cómo ustedes, señores diputados del Partido Socialista y de Podemos, van a votar a candidatos que son claramente parciales para formar parte de un
órgano constitucional como el Tribunal Constitucional, que es el máximo intérprete de la Constitución? ¿Qué prestigio se da al Tribunal Constitucional si se le compara con TV3 o se votan perfiles claramente parciales? Entiendo que no es a usted a
quien se lo tengo que preguntar, pero lo planteo aquí porque este sistema es absolutamente desaforado, absolutamente inútil en relación al fin que se persigue.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Pagès.


Efectivamente, este no es un debate entre grupos parlamentarios, sino para calibrar, para valorar la idoneidad de los nombres propuestos por los distintos grupos parlamentarios, y yo sí quiero recordar al compareciente que no es necesario,
en absoluto, que usted entre a valorar ni procedimientos ni decisiones que han correspondido a los grupos parlamentarios, sino exclusivamente, efectivamente, a lo que ha venido y a lo que corresponde en esta audiencia en el Congreso de los
Diputados.


Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común tiene la palabra el señor Guijarro García.


El señor GUIJARRO GARCÍA: Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes ya, señor Sáez Valcárcel. Es un placer tenerle en el Congreso de los Diputados.


Voy a ser también muy breve en esta comparecencia, en primer lugar para destacar que su pertinencia técnica ha sido subrayada incluso por los medios de comunicación de la derecha, lo cual no es común, sobre todo, por ese ejercicio de
sinceridad, algo que me lleva a felicitarle, porque, como digo, no es nada frecuente en este país que se reconozcan las capacidades técnicas de una persona desde sectores ideológicamente tan encontrados. Y el comentario que más he visto en esa
misma prensa de la derecha -se podría llamar reproche, por decirlo de algún modo-, según alguno de estos periodistas, es relativo a que presenta usted una cierta carga ideológica. Yo me pregunto quién no presenta una carga ideológica -que sea un
ser humano, evidentemente, y no un pazguato-. Se lo digo porque este es un debate que tenemos mucho en esta casa en cuanto a acusaciones sobre si se es ideológico o no. Me ha escuchado usted bien, en el sentido de que parece mentira que en un
Congreso muchas veces se esté debatiendo sobre si las cuestiones son ideológicas o no. Supongo que lo que quieren decir muchas de sus señorías cuando se refieren a este tema es si están partidizados, si tienen algún tipo de vínculo de partido.
Ahora bien, acerca de ser ideológico, me pregunto quién no es ideológico si tiene un cerebro y sabe utilizarlo.


Por lo demás, sencillamente, le quiero desear mucha suerte y espero que, para los años que vengan, tenga usted la luz para alumbrar muchos de los temas que van a pasar por un tribunal tan importante.


Gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Guijarro.


Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso tiene la palabra la señora Borrego Cortés.

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La señora BORREGO CORTÉS: Gracias, presidenta. Bienvenido, señor Sáez.


Las personas que el Congreso de los Diputados apruebe o elija mediante una mayoría cualificada suponemos que pueden realizar sus funciones en el Tribunal Constitucional con independencia. El acuerdo al que han llegado el Partido Popular y
el Partido Socialista no deslegitima, en absoluto, este acto, y no debe deslegitimarlo, desde luego, pues en él se dota de legitimación a los futuros miembros del Tribunal Constitucional. El acuerdo que he citado responde al compromiso de elegir a
profesionales de reconocido prestigio, y no entiendo la expresión que antes hemos escuchado: un trágala; trágala con el que se rompe la presunción de inocencia o lo que se escribe en los medios se convierte en realidad. El acuerdo al que ha
llegado el Partido Popular es para elegir a profesionales cualificados que puedan realizar su función con independencia, como el señor Sáez. Si los candidatos que se han presentado no tuvieran la categoría adecuada para estar hoy aquí, no
celebraríamos este acto con firme convencimiento, como lo estamos haciendo, para que aporten su prestigio y fortalezcan con su presencia el Tribunal Constitucional.


Quisiera plantearle una cuestión, aun sabiendo que no hará un pronunciamiento expreso ya que estaría totalmente fuera de lugar, porque quisiera escuchar alguna línea interpretativa sobre algunos temas que se están debatiendo en estos días en
la Comisión Constitucional, como son las medidas dirigidas a incrementar la eficacia del Tribunal Constitucional en el ejercicio de sus funciones en la resolución de los recursos y cuestiones de inconstitucionalidad, evitando la parálisis
injustificada durante años del control de constitucionalidad de algunas leyes, valorando plazos realistas -antes lo ha referido quien le ha precedido en el uso de la palabra-, o también hablando del régimen del recurso de amparo, al que usted hacía
referencia en su intervención, o la actuación en los estados de excepción.


No quisiera terminar sin agradecerle su intervención y presencia en esta Cámara, que tiene como fin que se elijan a los mejores para formar parte, como magistrados, del Tribunal Constitucional, que, como usted ha dicho al inicio su
intervención, es un privilegio o un orgullo para un jurista -no recuerdo exactamente la palabra-. Desde luego, para mí, que no tengo su cualificación profesional como jurista, lo sería.


Muchísimas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Borrego.


Finalmente, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Aranda Vargas.


El señor ARANDA VARGAS: Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señor Sáez Valcárcel, y bienvenido esta casa.


Antes que nada, quisiera dejar constancia del significado que supone su candidatura al Tribunal Constitucional, una candidatura que entronca, creo yo, con una larga tradición de magistrados que llegaron al alto tribunal tras una impecable
trayectoria y una solidez jurídica robusta. Representa usted una sensibilidad que va más allá de la solvencia y la capacidad jurídica y, por tanto, ha demostrado en su trayectoria construir una visión avanzada y garantista de los derechos y
libertades. Por eso, en este sentido quisiera reiterar mis palabras de la anterior comparecencia respecto de la solidez y la robustez de nuestro sistema institucional y cómo el Tribunal Constitucional se erige como un pilar fundamental del mismo.
Y por eso creo importante a estas alturas de la comparecencia orientar esta parte de la intervención a destacar la vigencia del tribunal y su función como garante de la salud de la propia Constitución. El pacto político y ciudadano que surgió
alrededor de la Constitución de 1978 se renueva permanentemente, y lo hace en un progresivo avance en su interpretación, conforme a los tiempos que se van sucediendo. Por ejemplo, hoy en 2021 España es un pilar fundamental de la Unión Europea, y en
1978 no lo era.


Por eso creo que podemos convenir que estamos asistiendo a la construcción de una nueva generación de derechos civiles que aumentan y complementan la esfera garantista de las libertades y que tienen en la población potencialmente más débil o
con especiales dificultades buena parte de sus principales destinatarios, y me quiero centrar en dos para conocer su opinión. Por un lado, debe ser conocedor del debate actual acerca de la conveniencia de modificar la Constitución en su artículo 49
para eliminar el término disminuido, por su carga peyorativa y no adecuarse a los tratados internacionales firmados por España en garantía de los derechos de las personas con discapacidad y también para alinear nuestra Constitución al cuerpo de
leyes destinadas a la mejora del tratamiento jurídico y social que estamos teniendo en estos años. Cuando se trata de encorsetar la Constitución, a veces se confunde defensa con cerrazón y se hace un mal favor a la propia Constitución y, en mi
opinión, también al propio deseo del constituyente. Si nada se cambia, si nada se adecua, si nada se lee a la luz de nuevas luces,

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se petrifica y deja de servir para lo que fue concebido. En segundo lugar, quisiera hablar también de la violencia contra la mujer, de la que también se ha hablado en esta sesión, y me gustaría tener un recuerdo para la fiscal Soledad
Cazorla, la primera fiscal de sala de violencia contra la mujer. Sus palabras en 2011 aún un resuenan en nuestros oídos. Decía: 'La violencia machista persiste porque ha estado consentida durante veintiún siglos. Con miedo no se debe vivir. La
mujer maltratada debe protegerse, y proteger a su familia, y la vía es denunciar'. Creo, sinceramente, que nuestro país, que ya es pionero y líder en derechos civiles, ha de profundizar en la defensa de la mujer ante los ataques y la protección de
sus derechos y libertades, como es, por ejemplo, la libre interrupción del embarazo, ejercicio reconocido por nuestra legislación y que ha de poder hacerse en un entorno libre, seguro y sin coacciones. Asimismo, señor Sáez Valcárcel, quisiera
referirme a su experiencia y su opinión sobre la justicia restaurativa, un término que en alguna ocasión usted ha dicho que ha calado en el debate de las ideas pero, en cambio, en la práctica es una cuestión marginal frente a la exaltación del
castigo y la prisión. Es un debate amplio, lo sé, y tiene muchos ángulos, y no tenemos tiempo para tratar todos los extremos, pero me gustaría conocer brevemente su opinión sobre esta cuestión en relación a aquellos otros debates conexos sobre las
penas.


Para finalizar, quisiera reiterar también el compromiso de mi grupo con el pacto, con el acuerdo, con el normal funcionamiento de las instituciones, porque es síntoma de salud democrática y las fortalece. Fruto de ese talante y esa vocación
permanente de trabajo y servicio público, hemos podido hoy tener esta sesión de evaluación de los candidatos a magistrados del Tribunal Constitucional, lo que de por sí hace aún más urgente acabar de completar las renovaciones pendientes desde hace
más de mil días, que impide un normal funcionamiento de instituciones claves. El cumplimiento de la Constitución nos obliga a todos cada día, máxime a los responsables políticos, que han de velar por ella, y no esconderse tras ella. Por eso -me
perdonará esta digresión, que quizá no viene al caso-, quiero reiterarle mi agradecimiento y desearle un buen trabajo en caso de que alcance la mayoría del Congreso.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Aranda.


Para cerrar la comparecencia, tiene la palabra don Juan Ramón Sáez Valcárcel, candidato a magistrado del Tribunal Constitucional.


El señor CANDIDATO A MAGISTRADO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (Sáez Valcárcel): Muchas gracias por sus palabras y reconocimiento, que me enorgullece.


En primer lugar se me plantea la posibilidad de que, por mi experiencia profesional o mi trayectoria, tenga que abstenerme. Creo que solo estaré objetivamente obligado a presentar mi abstención en aquellos asuntos que haya conocido en el
ámbito de la jurisdicción. Pero no creo que por mi reflexión, por los proyectos de investigación, que no han sido sobre problemas de la política diaria o del conflicto político, sino sobre problemas más bien doctrinales, relacionados con la
justicia restaurativa, las víctimas, la ciudadanía, etcétera, pueda haber ningún problema.


En segundo lugar, creo que esta es una cuestión capital, que concierne incluso a la propia legitimidad de la justicia constitucional, pero es un problema que los jueces de la jurisdicción vinculados a la Constitución y a la ley nos
planteamos en aquellos asuntos que tienen un alto perfil político, y esto se produce tanto en el ámbito del proceso penal como en el ámbito del proceso contencioso-administrativo, sobre todo. Lo importante, además de las legitimidades de origen -ya
se ha dicho que precisamente la legitimidad de origen del juez constitucional está en el nombramiento por los órganos constitucionales que tienen esa competencia en la Constitución-, es el problema de su propia actuación. El dilema es si la
política puede ser sometida a la juridicidad, si el debate político puede ser trasladado y resuelto o zanjado en términos, en criterios y pautas que solo obedezcan a la Constitución y a las leyes, es decir, al mundo del derecho. Y yo creo que sí, y
este es precisamente un avance en nuestra civilización, y una reflexión constante, pero también una fuente de tensión permanente para el juez constitucional y para el juez ordinario. Creo que el juez en nuestro Estado de derecho, de nuestro Estado
constitucional vive esa tensión, y solamente está apartado de la política de partido, por lo que no puede vincularse ni militar en partidos políticos ni en sindicatos de clase, es decir, solamente tiene la posibilidad de las asociaciones judiciales.
Por tanto, la vinculación o relación que tiene el juez con la política siempre está mediada por la Constitución y el derecho. Y este es un aprendizaje. Los jueces, como creo que somos en este país, formados en el Estado de derecho, en la
Constitución y en el sistema de garantías de los derechos

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fundamentales, tenemos claro que en nuestra caja de herramientas, que en la caja de herramientas del juez solamente están esas razones jurídicas y que es posible, aunque sea un problema habitual.


Se refiere al reproche sobre la carga ideológica. Precisamente, el propio lenguaje tiene un amplio espacio para la discrecionalidad, pero en la reflexión sobre su trabajo y labor jurisdiccional creo que el juez es consciente de que hay un
margen irreductible a la introducción de decisiones que nunca pueden ser sometidas o no están controladas, y es todo el ámbito de la subjetividad. En cuanto a la carga ideológica, les puede decir que lo que tiene prohibido el juez no es tener una
idea, porque todos tenemos ideas, ya sea sobre la interrupción del embarazo, la forma del Estado o la forma de Gobierno. El juez y quienes acuden a la justicia y, cómo no, ustedes, diputados, que son los que trabajan en el espacio de la competición
del debate político, saben que el hábito para el juez, como he dicho anteriormente, no es solo intelectual sino moral, y es ese compromiso través de la independencia con el derecho y ser conscientes de ese margen irreductible en el que interviene la
subjetividad para intentar someterla o, por lo menos, para prevenirse frente a ella.


Se habla de que el juez tiene una carga ideológica, y les puedo citar una anécdota referida a mi trabajo. En el año 2018 en la Sala de lo Penal donde trabajo planteé en una de las piezas -ya saben que en los macrojuicios se forman piezas
para hacer posible el juicio en un plazo razonable- el hecho de que estaba presente un partido político que había propuesto mi candidatura veintidós años antes como vocal del Consejo General del Poder Judicial. Yo soy consciente de que la
imparcialidad del juez se juega también en una tensión en la que no solamente está la propia vivencia o la propia conciencia del profesional, sino esencialmente pensando en la legitimidad de la justicia, lo que, por tanto, tiene que ver con las
apariencias y el juego de las apariencias, por lo que planteé al pleno de mi sala que había este problema y que posiblemente los medios de comunicación o incluso alguna parte interesada en el proceso podría aducirlo. Yo informaba al pleno de ese
hecho y sometía al mismo mi abstención, pero, por unanimidad de los quince miembros que formaban entonces -con mi exclusión, claro está- la Sala Penal de la Audiencia Nacional, en un auto de primeros de abril de 2018 el pleno consideró que no había
ningún problema en cuanto a mi imparcialidad. Por tanto, les puedo decir que me muevo con una cierta comodidad en este sentido.


Respecto a los problemas que me planteaba, no son nuevos, vienen desde el principio, desde el diseño del modelo del juez del Tribunal Constitucional. El problema de los plazos de resolución y renovación que se plantea está en todos los
discursos de los presidentes sucesivos del Tribunal Constitucional. Cuando el Tribunal Constitucional está juzgando la validez de una ley, está entrando en un terreno en el que ha habido un conflicto y una disputa política que sigue viva, y, por
tanto, es muy difícil. Los tiempos deben jugar siempre para intentar apaciguar, para hacer factible que esa disputa política se convierta en una disputa estrictamente jurídico-constitucional. Por tanto, es posible poner tiempos. Pero me parece
que era el primer presidente del Tribunal Constitucional, Manuel García-Pelayo, quien decía que el Tribunal Constitucional no solamente debe ser valorado por lo que hace, sino también por lo que se hace con él, por lo que otros hacen con el Tribunal
Constitucional. Evidentemente, igual que ocurre con la justicia ordinaria, con la jurisdicción ordinaria, ahí está la responsabilidad de la opinión pública, de los medios de información y comunicación, del propio espacio público en el debate de
política.


Es evidente que la violencia contra la mujer es uno de los temas de actualidad, uno de los temas candentes, igual que todos los referidos a los derechos que afectan a los sujetos y colectivos débiles de nuestra sociedad, que tienen que ser
amparados por la justicia, por la justicia ordinaria en este caso.


En cuanto a la justicia restaurativa, solamente un dato, y es que es cierto que vivimos un tiempo en el que parece que es el mejor programa de crítica a la forma de funcionamiento de la justicia penal ordinaria, una justicia penal ordinaria
en la que, posiblemente por todo lo que ocurrió a principios de este siglo -los atentados terroristas y el nuevo orden mundial que generó-, fundamentalmente se ponen en valor o se realzan los fines retributivos de la pena y del castigo. Sin
embargo, hemos de ser conscientes de que una sociedad como la nuestra, una sociedad que se quiere civilizada y quiere apaciguar los conflictos a través del derecho y la justicia pero también a través de la política, no debe estar satisfecha viéndose
obligada o necesitada de penas cuyo recorrido las convierte en penas de difícil compatibilidad con criterios de humanidad. Por eso es por lo que la justicia restaurativa -yo participé en una experiencia piloto- lo que demuestra es que se puede
trabajar primero pensando en las víctimas, poniéndolas en el centro. Y pensar en las víctimas es escucharlas, pensar en las víctimas es darlas un protagonismo, pensar en su reparación, y hay que poner todos los dispositivos públicos institucionales
del proceso penal y también del sistema penitenciario en pensar en cómo reparar a las víctimas, en cómo ayudarlas, para lo cual la justicia

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restaurativa abre espacios de diálogo y asunción de responsabilidades, de reconocimiento del daño causado y también, cómo no, de desaprobación del acto ilícito, pero la vida nos enseña que el acto ilícito es irreparable o irreversible.


Con esto me parece que ya me he excedido del tiempo que me habían dado. Termino reconociéndoles mi agradecimiento y satisfacción por esta comparecencia y sus palabras.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Sáez, por acudir a esta cita, por comparecer y también por su intervención. Finaliza aquí la comparecencia. Muchas gracias.


- VOTACIÓN PARA LA ELECCIÓN DE CUATRO MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.


La señora PRESIDENTA: Señorías, tal y como hemos acordado al inicio de la sesión, finalizada la última comparecencia de los candidatos a magistrado o magistrada del Tribunal Constitucional, procede que la Comisión emita su criterio sobre la
idoneidad de los candidatos que han comparecido ante la misma. Procede emitir criterio sabiendo que esta Comisión adopta sus acuerdos conforme al sistema de voto ponderado. Pregunto a los grupos parlamentarios si podemos hacer una votación de
conjunto de los cuatro magistrados. Si nadie se opone, podemos proceder a ello. (Pausa).


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 242; abstenciones, 12.


La señora PRESIDENTA: Se declara la idoneidad de los candidatos.


El criterio de la Comisión, favorable a las candidaturas presentadas, se comunicará a la Mesa de la Cámara a los efectos de su elección por el Pleno de la Cámara. (Pausa).


- DE LA CANDIDATA A CONSEJERA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS DOÑA ENRIQUETA CHICANO JÁVEGA.


La señora PRESIDENTA: Pasamos a las comparecencias de los candidatos a consejeros del Tribunal de Cuentas. Le doy la bienvenida a doña Enriqueta Chicano Jávega a la Comisión Consultiva de Nombramientos del Congreso de los Diputados.
Enhorabuena por su candidatura, por haber sido propuesta.


En primer lugar, le voy a dar la palabra a usted para que tenga la oportunidad de hacer una pequeña intervención introductoria de un máximo de diez minutos. Le voy a pedir que se atenga al tiempo. Seguidamente, les daré la palabra a los
distintos representantes de los grupos parlamentarios, que podrán hacer intervenciones por un tiempo de cinco minutos para plantearles las cuestiones que ellos consideren pertinentes. Finalmente, usted tendrá la oportunidad de dar respuesta a esas
cuestiones en una última intervención de cierre de la comparecencia.


Tiene la palabra, por tanto, en primer lugar, doña Enriqueta Chicano Jávega, candidata a consejera del Tribunal de Cuentas.


La señora CANDIDATA A CONSEJERA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Chicano Jávega): Gracias, presidenta.


En primer lugar, quiero agradecer a los grupos parlamentarios que han presentado y avalado mi candidatura como consejera del Tribunal de Cuentas la confianza que han depositado en mí. Al mismo tiempo, quiero expresar mi plena conciencia de
la responsabilidad que asumo si la Cámara ratifica la propuesta.


Señorías, para quien ha dedicado su vida profesional y personal al servicio público figurar de nuevo entre los candidatos a desempeñar una tan relevante función como es la de integrar el órgano máximo fiscalizador de la actividad
económico-financiera del sector público, no puede ser más que la culminación, en muchos sentidos, de tal trayectoria. Comparecer ante el órgano representativo del titular de la soberanía no hace sino acrecentar la trascendencia que para mí tiene
tal nominación. Siempre, por diversos motivos, me he sentido muy ligada a la institución parlamentaria, estando firmemente convencida de que es el centro de la vida pública nacional y de que, en buena parte, de aquí arranca la legitimidad del resto
de poderes y órganos que tienen en el servicio a los intereses generales su leitmotiv. Precisamente, ello es especialmente evidente en el caso del Tribunal de Cuentas, por cuanto el Constituyente consideró -a mi

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modo con acierto- que una actividad tan capital como es el control del gasto público debería hacerse por una institución especializada, eso sí, pero inextricablemente unida y ligada a las Cortes Generales. A este respecto, no quiero dejar
de referirme al debilitamiento que venimos observando del concepto mismo de institución, sin duda por un uso indiferenciado y no claro del mismo. Me parece de gran importancia recordar que cuando nos referimos a instituciones, en este caso al
Tribunal de Cuentas, estamos ante una organización y una estructura democráticas, garantizadas por normas constitucionales, con vocación de trascender lo partidario y lo personal, y que cumple una función en el Estado como garantes de derechos y del
interés general.


No cabe ignorar que muchos españoles han sido conocedores por primera vez de la actividad del Tribunal de Cuentas de manera reciente, al hilo de actuaciones que han tenido gran eco en los diferentes medios de comunicación. Al margen de
casos concretos, cuya valoración no es este el momento de realizar, es necesario difundir la relevante misión cumplida por el Tribunal de Cuentas. La ciudadanía debe ser consciente de la importancia de su actividad y debe estar suficientemente
informada para exigir a la institución los más altos parámetros de calidad y transparencia en su actuación. Me parece especialmente relevante, cuando el foco ha sido el estudio del ingreso como principal instrumento para hacer posible un Estado
social, el análisis del gasto público. Señorías, quien les habla es una convencida de la virtualidad del gasto público como motor para el progreso del país, así como un formidable instrumento para corregir desigualdades. Junto a ello, pero más
bien precisamente por ello, creo que el empleo de recursos públicos ha de ser sometido a rigurosos escrutinios. El campo de mejora en la optimización del gasto es muy amplio, y querría compartir con ustedes algunas de las que, a mi juicio, son las
principales oportunidades y desafíos que tiene el órgano al que la Constitución Española define como el órgano supremo fiscalizador, y a la que la Ley Orgánica del año 1982 configura con dos secciones: Enjuiciamiento y Fiscalización. El
reconocimiento constitucional del Tribunal de Cuentas entronca con la relevancia que organismos como la OCD o Naciones Unidas confieren a las entidades fiscalizadores superiores, a su independencia y profesionalidad, como instituciones centrales
para la promoción de la eficiencia, la rendición de cuentas, la eficacia y la transparencia de las administraciones públicas. Además, tenemos que ser conscientes de que tanto la previsión constitucional como las leyes nacionales o el reconocimiento
internacional han de ir acompañadas de una legitimidad de origen que le da, a mi juicio, en primer lugar, la elección de los miembros de la institución por una mayoría cualificada de las Cámaras; además, en una sociedad como la actual, de la propia
legitimidad que se procure el órgano permanentemente a través de su actividad y de su profesionalidad.


Señorías, ustedes conocen mi currículum, por lo que solamente me referiré a algunos aspectos que he desarrollado en mis funciones como servidora pública sin perjuicio de que, si necesitan saber alguna cosa más, en su momento estaré dispuesta
a contestarles, por supuesto. Llevo en el Tribunal de Cuentas expresando mi labor profesional desde hace más de veinticinco años. Primero, como subdirectora en el departamento de corporaciones locales; fui durante diez años directora técnica del
departamento segundo y, después, consejera de ese mismo departamento. Mientras yo fui directora técnica, el departamento segundo estuvo dirigido por el tristemente fallecido Luis Martínez Noval, a quien aprovecho para rendir en esta Cámara mi más
sincero homenaje y agradecimiento en esta casa, que fue suya, y en la que todos los que le trataron, fueran del signo que fueran, reconocieron en él a un profundo creyente en las virtudes del parlamentarismo o, lo que es tan igual, del diálogo
sincero y leal entre quienes representan las diferentes sensibilidades presentes en una sociedad tan rica en matices como la española. Durante los años en que he sido consejera -ya les digo, fui del mismo departamento en el que fui antes directora
técnica- me ha correspondido el control de la actividad económico-financiera de una parte de la Administración del Estado, los departamentos que integraban el área político-administrativa, alrededor de diez, en función de las diferentes
modificaciones de los diferentes Gobiernos, con un total además de los setenta organismos aproximadamente que están adscritos o que dependen de estos organismos. En este período he sido ponente de más de sesenta informes de fiscalización que han
abarcado áreas muy importantes. De igual modo, sus señorías me van a permitir que, con legítima satisfacción, pueda señalar que en estos años he contribuido, siempre con la imprescindible e inestimable colaboración de las personas que trabajan en
el departamento que he dirigido, a iniciar el camino hacia un efectivo control de la ejecución e implantación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por ejemplo, con la fiscalización que se llevó a cabo, en coordinación con la Organización
Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores, del objetivo 5, equidad de género. Este procedimiento, esta fiscalización, ha hecho que se hayan producido importantes novedades en la propia actividad del tribunal. La
institución ha avanzado en su cultura hacia

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postulados inexcusables en las actuales situaciones de desarrollo democrático y exigible a todas las instituciones del Estado como, por ejemplo, la participación ciudadana.


En esta línea, he de destacar que la función del tribunal fue objeto de ampliación a partir de la Ley Orgánica 3/2015, que supuso la modificación del marco tradicional en el que se ha desenvuelto la actividad del tribunal. El legislador
incorporó en aquel momento a los vectores de legalidad, eficacia y eficiencia que venían siendo los tradicionales, tres dimensiones nuevas para el análisis: la transparencia, la sostenibilidad ambiental y la igualdad de género. En este último
aspecto he impulsado fiscalizaciones en línea con uno de estos objetivos básicos y transversales, no solo como objetivo común de todas las fiscalizaciones, sino de una manera específica con la fiscalización específica de igualdad de género en el
ámbito del Ministerio de Exteriores recientemente aprobada por las Cámaras.


Como ya indiqué también, cuando fue nombrada consejera en el 2012, la actividad internacional ha sido prioritaria en mi gestión. Entiendo que no podemos quedarnos al margen de avances e iniciativas de otros países ni dejar de aportar en
este ámbito las nuestras propias. Por eso, desde el departamento que he dirigido, he impulsado la participación del tribunal, especialmente de los funcionarios de mi departamento en diversas organizaciones y actividades internacionales. Por
ejemplo, durante cuatro años, la fiscalización de la OSCE ha estado encomendada al Tribunal de Cuentas de España; el seguimiento de los pagos realizados por la agencia de OTAN Netma, que es la de gestión de Eurofighter y Tornado también; la Occar,
que es la Organización para la Cooperación Conjunta de Armamento.


Como pueden ver sus señorías, desde esta atalaya de control de la eficiencia en la gestión, pueden y deben abordarse tareas de gran importancia para la mejora de las administraciones y demás entidades del sector público y, por ende, en
beneficio de la ciudadanía. La actividad de control externo desarrollada por el Tribunal de Cuentas no es ajena a la configuración territorial del Estado y a su configuración multinivel. La situación actual ha evolucionado respecto a la existente
cuando fue aprobada la ley de funcionamiento del tribunal. Doce comunidades autónomas cuentan con órganos de control externo maduros que configuran una realidad que ofrece oportunidades muy enriquecedoras desde un punto de vista técnico para
alcanzar resultados que pueden ser socialmente relevantes y útiles. Un Estado descentralizado en el que la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales ejercen sus respectivos ámbitos competenciales, hace
imprescindible la intensificación de la cooperación entre el tribunal y estos órganos de las comunidades autónomas. Más allá de evitar las duplicidades a las que se refería la ley de 1988, durante estos años hemos tenido ocasión de comprobar la
existencia de ámbitos en los que la colaboración es muy fructífera. Compartir experiencias, configurar un marco técnico homogéneo, colaborar en el desarrollo de soluciones tecnológicas o realizar fiscalizaciones cooperativas son instrumentos en los
que debe profundizarse para alcanzar la más alta calidad de los informes. En definitiva, aprovechar al máximo el potencial que ofrece la existencia de unos sólidos órganos de control externo.


No podemos dejar tampoco de mirar a la Unión Europea. La elevada incidencia de la normativa europea está fuera de toda duda. En consecuencia, tiene máximo interés y relevancia tanto la definición de metodologías en el ámbito europeo como
la coordinación de actuaciones que permitan un control externo efectivo, complementario y cooperativo entre las diferentes entidades fiscalizadoras superiores. Será especialmente útil y relevante ante el reto crucial al que nos enfrentamos todos
los países, como es la recuperación económica tras la pandemia por la COVID-19 y, particularmente, al que se enfrenta la Administración española ante la eficaz absorción de los fondos europeos dispuestos para ello. La Comisión Europea está
proporcionando ayuda financiera a gran escala para inversiones públicas y reformas que aumenten la resiliencia de las economías de los Estados miembros afectando a ámbitos como el social, el empleo, las capacidades, la educación, la investigación,
la innovación o la salud, pero también en cuestiones relacionadas con el entorno empresarial y, en particular, las administraciones públicas y el sector financiero. El presupuesto Next Generation garantizará que estas inversiones y reformas se
centren en los retos y en las necesidades de inversión relacionados con las transiciones ecológica y digital. El tribunal tiene ante sí, junto a otras instituciones, la ingente tarea de supervisar esta gestión, acompañando a las administraciones en
el desarrollo de las mejores prácticas de gasto, apoyando a la modernización y digitalización de los procedimientos administrativos y proporcionando al Parlamento información pertinente sobre la rendición de cuentas y todo esto.


Por otro lado, un Tribunal de Cuentas con vocación de ser socialmente relevante debe utilizar adecuadamente los instrumentos de comunicación que la sociedad pone a su alcance, no solo para transmitir eficazmente su actividad, sino también
para incorporar adecuadamente la pluralidad de visiones,

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inquietudes, perspectivas e intereses que conviven en la sociedad acerca de cualquier ámbito de la gestión pública. La norma internacional Issai 12 señala que las entidades fiscalizadoras superiores que aspiran a ser socialmente útiles y
relevantes deben ser organizaciones modelo a través del ejemplo. En este sentido, la actividad del Tribunal de Cuentas debe desarrollarse desde los máximos niveles de exigencia ética y transparencia. Por último, quiero señalar que mi experiencia
en el Tribunal de Cuentas -primero como funcionaria y como consejera en los últimos años- me ha permitido constatar que el gran activo de esta institución son las mujeres y los hombres que la integran, profesionales de gran competencia técnica y que
están comprometidos con los apasionantes retos que tiene ante sí la institución.


Señorías, presidenta, mi convicción personal es que los próximos años serán decisivos en la consolidación del reconocimiento del Tribunal de Cuentas. El camino recorrido en casi cuarenta años, que transcurren desde su ley orgánica, ha
permitido configurar ya un auténtico acervo consolidado en materia de fiscalización y de enjuiciamiento contables. Contamos con un cuaderno de bitácora claro y unos grandes profesionales. Nos falta mejorar algunas estructuras que encaucen estos
esfuerzos y dotar al tribunal de medios y también de instrumentos legales que permitan alcanzar a la institución la velocidad de crucero. Solamente permítanme insistir, porque realmente me preocupa, en que no debemos consentir determinados
interesados presagios de debilitamiento de las instituciones, de esta institución a la que hoy le estamos dedicando nuestra atención, evitando el menosprecio e incluso el desprecio de las mismas. Es objetivo crucial para todos evitar la
identificación de las debilidades posibles de las personas que gestionamos las instituciones con las de las mismas instituciones, y tal deseo no responde a un prurito puramente institucional.


Como les señalé al comienzo de mi intervención, estoy convencida de que las trascendentales funciones que la Constitución atribuye a las Cortes Generales -legislativa, presupuestaria y de control- tienen en el Tribunal de Cuentas, ahora y en
el futuro, a un colaborador imprescindible. Quedo a su disposición.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias a usted, señora Chicano, por su intervención.


A continuación, intervienen los representantes de los grupos parlamentarios. Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra el señor Pagès i Massó.


El señor PAGÈS I MASSÓ: Buenas tardes, señora Chicano.


En primer lugar, la renovación del Tribunal de Cuentas forma parte de un pack en el que se incluye también la renovación del Tribunal Constitucional; un pack pactado por los dos partidos con más escaños en el Congreso de los Diputados. Yo
lo primero que le quería preguntar es si usted sabe si ya va a ser presidenta del Tribunal de Cuentas; si en este acuerdo entre el Partido Popular y el Partido Socialista ya se ha determinado quién será el futuro presidente o presidenta -que en los
medios de comunicación aparece que sería usted-, si se ha pactado ya este nombre para presidir el futuro Tribunal de Cuentas. Para nosotros este tribunal que, aparentemente, va a contar con una nueva mayoría de signo ideológico diferente a la que
tenía hasta ahora tendrá que afrontar un grave caso -entendemos nosotros- de abuso de derecho como es el caso de que el propio Tribunal de Cuentas haya pasado a controlar el ejercicio de una competencia legítima de una comunidad autónoma como es la
competencia en materia de acción exterior. Por eso le planteo estas cuestiones: si usted será la presidenta y si considera que es competencia del Tribunal de Cuentas controlar la actividad exterior que, por estatuto, es una competencia legítima de
las comunidades autónomas.


Otra cuestión que quería preguntarle, señora Chicano -por otra parte, aprovecho para dejar claro que su perfil es perfectamente idóneo para el puesto para el que se la propone-, es si el Tribunal de Cuentas no debería remitir o hacer constar
o, en definitiva, informar a las instituciones europeas, y concretamente al Greco, de la actividad jurisdiccional que lleva a cabo, porque es indudable que el Tribunal de Cuentas realiza una actividad jurisdiccional; un actividad jurisdiccional
que, por cierto, no está claramente explícita en la Constitución sino que se desarrolla en las leyes orgánica y ordinaria que desarrollan la regulación constitucional del Tribunal de Cuentas. Le quería preguntar si a usted no le preocupa que esta
actividad jurisdiccional sea ejercida por personas que no necesariamente han de tener una formación jurídica -pueden ser economistas-; si no le preocupa que esta actividad jurisdiccional no esté controlada por el Poder Judicial stricto sensu,
porque las sentencias del Tribunal de Cuentas solo son susceptibles de recurso de casación y, por tanto, no hay un control sustancial en segunda instancia de las resoluciones del Tribunal Constitucional. También le quería preguntar si no considera
que esta actividad del Tribunal de

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Cuentas entra en contradicción con el artículo117.5 de la propia Constitución, que establece el principio de unidad jurisdiccional, ya que -insisto- el Tribunal de Cuentas no está formado por jueces o magistrados ni se incardina en el Poder
Judicial, aunque de hecho sí que ejerce funciones jurisdiccionales, como es evidente que las ejerce.


Otra cuestión. Le quería preguntar, ya que estamos en el Congreso de los Diputados, acerca del artículo 136 de la Constitución, que establece que el Tribunal de Cuentas depende de las Cortes Generales. ¿Hasta qué punto entiende usted que
llega esta dependencia? ¿Depende de las directrices que le puedan dar los partidos que han propuesto los nombres? Esta dependencia, ¿cómo se entiende desde el punto de vista de un miembro del Tribunal de Cuentas?


Finalmente, le quería preguntar si usted cree que el Tribunal de Cuentas aún necesita ser dotado de más medios, como usted acaba de expresar, cuando se ha publicado que hay más de setecientas personas trabajando para el Tribunal de Cuentas,
con un presupuesto realmente superior al de órganos comparables y, además, con unos sueldos que sobrepasan la media de los puestos equivalentes en otros órganos.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Pagès.


Quiero recordar a la compareciente que esta es una audiencia para evaluar la idoneidad de su candidatura a ocupar la plaza de consejera en el Tribunal de Cuentas y no tiene por qué entrar a hacer ninguna consideración ni ninguna otra
valoración que escape, precisamente, del objeto de esta comparecencia.


Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra el señor Paniagua Núñez.


El señor PANIAGUA NÚÑEZ: Muchas gracias, presidenta.


Bienvenida, señora Chicano, gracias por su comparecencia en el día de hoy. Los dos grandes partidos de este Parlamento hemos llegado a un acuerdo y hemos traído unas candidaturas en las que hay profesionales que vienen de distintos orígenes
y de distintas especialidades profesionales, también personas que tienen ya una experiencia dentro del Tribunal de Cuentas y personas que vienen de fuera del Tribunal de Cuentas, es decir, savia nueva. Yo creo que es un buen conjunto, un buen
equipo, en el que hay experiencia y personas que pueden aportar una visión diferente, y diferentes especialidades profesionales, por lo cual yo creo que es en general una muy buena candidatura. Le iba a preguntar por alguna de sus ideas sobre el
Tribunal de Cuentas, pero ya nos las ha desarrollado en su presentación, lo cual le agradezco. Pero como sí que ha representado al tribunal en el exterior y ha tenido bastante relación con otras instituciones internacionales, quería preguntarle
cómo podemos comparar nuestro Tribunal de Cuentas con otras instituciones internacionales de la misma categoría y cómo nos ven también desde el exterior, cómo se ve el prestigio del Tribunal de Cuentas desde otros países. Usted tiene un amplio
conocimiento de la Administración pública, como se ve perfectamente en su currículum, y también del Tribunal de Cuentas por los años que lleva de experiencia y esto seguro de que es un valor añadido para este nuevo periodo del Tribunal de Cuentas.
Estoy también totalmente de acuerdo con usted sobre la importancia de las instituciones y de su defensa. Para ello creo, aparte lógicamente del comportamiento de todas las personas que estén dentro de la institución, que debe ser impecable, también
creo que todos los demás debemos ayudar. Por eso yo creo en la necesidad -y lo pido-del apoyo del resto de instituciones del Estado para colaborar en la defensa y la salvaguarda de todas las instituciones. Espero que todos podamos colaborar en
este aspecto.


Nada más, porque ya le digo que tenía algunas preguntas sobre su visión del tribunal pero nos las ha expresado en su presentación. De nuevo quiero agradecerle su presentación, su trabajo hasta ahora en el Tribunal de Cuentas y espero que
nos podamos sentir orgullosos también de este nuevo periodo como consejera del tribunal.


Muchísimas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias, señor Paniagua.


Finalmente, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Ramón Utrabo.


La señora RAMÓN UTRABO: Buenas tardes. Gracias presidenta.


En primer lugar, quiero darle la bienvenida a la señora Chicano a esta casa, que es la suya, y darle las gracias por su amplia y detallada exposición acerca de su trayectoria profesional, que sin duda ha

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contribuido a lo largo de todos estos años a la mejora del funcionamiento de este órgano que, en cumplimiento de sus funciones de fiscalización y elaboración de informes, tanto contribuye a mejorar el nivel de transparencia y la calidad de
nuestro sistema democrático.


Pero antes de entrar en el detalle de su exposición, si me permiten, quisiera hacer una intervención de carácter general al tratarse de la primera comparecencia de los candidatos y candidatas al Tribunal de Cuentas y que daré por reproducida
en el resto de ellas. En primer lugar, quiero mostrar mi satisfacción y la del grupo al que represento por iniciar los trámites para dar cumplimiento al mandato constitucional recogido en la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas para proceder a la
renovación de este órgano tan importante en el funcionamiento de nuestra democracia. Como todos ustedes saben, las Cortes Generales, como depositarias de la soberanía popular, designan a los consejeros y consejeras del Tribunal de Cuentas por
mayoría de tres quintos de cada Cámara a partir de los nombres propuestos entre personas de acreditado prestigio y cualificación profesional. En este sentido, hemos de celebrar que por fin iniciemos los trámites para que las Cortes puedan acordar
la renovación de este órgano -si así lo deciden ambas Cámaras- unos meses después de concluir el mandato del anterior equipo a finales del mes de julio. Confío en que pronto también se pueda abordar la renovación del Consejo General del Poder
Judicial, cuyo mandato lleva mucho más tiempo finalizado, porque su renovación es de vital importancia. Por encima de cualquier planteamiento político o ideológico -que puede ser legítimo y respetable-, los órganos que garantizan el normal
funcionamiento de nuestra democracia no pueden estar prisioneros de distintos intereses partidistas. Las fuerzas políticas tenemos la obligación y la responsabilidad de preservar la calidad de nuestras instituciones y debemos contribuir al normal
funcionamiento de las instituciones democráticas de las que nos hemos dotado.


El Tribunal de Cuentas es un órgano constitucional regulado en el artículo 136 de la Constitución, que en su punto 4 establece que una ley orgánica regulará su composición, organización y funciones. Como consecuencia de este mandato
constitucional, se promulgó la ley orgánica que regula este órgano y su composición se regula en el artículo 21, como todos ustedes saben. Se eligen doce consejeros y consejeras, seis por cada Cámara, para lo que se requiere una mayoría
cualificada. Aquí quiero resaltar que cualquier fuerza política, como en todo sistema democrático, puede presentar su propuesta y se elige a aquellos que, de acuerdo con la normativa establecida, cumplen los requisitos y obtienen el apoyo exigido
-como todos ustedes saben- que requiere esa mayoría reforzada. Todos y todas somos conscientes de la importancia de este órgano.


Pero, volviendo al tema que nos trae aquí esta mañana y que no es otro que el de valorar la idoneidad de las personas que han sido propuestas para acceder a este cargo, en primer lugar, quiero felicitarla por ser una de las candidatas
propuestas. Su amplia experiencia dentro de otros órganos de la Administración General del Estado y, por supuesto, su experiencia dentro del propio tribunal, siendo una gran conocedora del funcionamiento de este órgano, la hacen merecedora de su
continuidad en él.


Me gustaría resaltar, dentro de su amplia trayectoria, señora Chicano, su experiencia y su formación en temas de género, donde destacan sus trabajos de investigación sobre la situación sociolaboral de las mujeres, sobre violencia de género,
etcétera. Esta formación y esta experiencia, como usted misma ha resaltado, sin duda van a contribuir a desarrollar un mejor trabajo en este órgano, que debe verse impregnado de la transversalidad de las políticas de género. Quiero aprovechar
también mi intervención para reconocerle en nombre de mi grupo, el Grupo Parlamentario Socialista, y en el mío propio su acreditada solvencia profesional. Al hilo de su dilatada experiencia en el propio tribunal, me gustaría preguntarle qué
aportaciones considera usted que puede realizar en esta nueva etapa en el Tribunal de Cuentas. También al hilo de su intervención, en la que ha manifestado que es necesario mejorar algunas estructuras y dotar al tribunal de más recursos, le pediría
si puede también indicar o profundizar en algunas de las mejoras que a su juicio serían necesarias para el buen funcionamiento del tribunal.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Ramón.


Para cerrar la comparecencia, tiene la palabra doña Enriqueta Chicano Jávega, candidata a consejera del Tribunal de Cuentas.


La señora CANDIDATA A CONSEJERA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Chicano Jávega): Gracias, presidenta.


Muchas gracias a todos los intervinientes por las preguntas y por la atención que han prestado a la comparecencia. Intentaré contestar a algunas de las preguntas. Digo a algunas porque, efectivamente,

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todos tenemos opiniones personales sobre todo, pero yo creo que el momento, el espacio y las características de este acto no dan mucho para esto. Esa es mi opinión.


Simplemente, me gustaría aclarar una cosa, porque me parece fuerte la expresión utilizada por el señor Pagès de 'abuso de derecho'. Realmente, no es un abuso de derecho el control del gasto público en cualquiera de sus facetas y en
cualquiera de sus ámbitos territoriales, puesto que el Tribunal de Cuentas tiene competencia al mismo tiempo, además y sin embargo en las comunidades autónomas. Creo que la fiscalización de cualquier área y del gasto público que se realiza en
cualquier tipo de actividad entra absolutamente dentro de la competencia del tribunal, con lo cual nunca es un abuso de derecho; y muchísimo menos esa a la que usted se refiere, independiente del fondo de la cuestión, porque esta fue solicitada por
las Cámaras. Fue solicitada por la Comisión mixta y eso entra de lleno en otra pregunta referida a la manera de relacionarse el tribunal con el Congreso. Nosotros nos relacionamos con el Congreso por mor constitucional. Somos un órgano auxiliar
de las Cámaras en todos aquellos aspectos que se refieran al control de los ingresos y de los gastos públicos como órgano especializado, fundamentalmente para coadyuvar y para aportar a sus señorías los mimbres necesarios para el control del
Ejecutivo y de las administraciones públicas con nuestros informes. Ese es el cordón umbilical básico del Congreso y el Tribunal de Cuentas. Formalmente nos relacionamos con la Comisión Mixta para el Tribunal de Cuentas que, como usted sabe, la
forman senadores y diputados a los que se da cuenta de los informes que se hacen en el tribunal. Con mucha frecuencia se hace eco esta Comisión mixta de un porcentaje altísimo de las recomendaciones que se hacen desde tribunal y las hacen suyas,
sin perjuicio de otras que suelen añadir. La capacidad para la iniciativa de fiscalización la tienen la Comisión mixta y el Tribunal de Cuentas. No hay otras iniciativas a atender necesariamente desde el punto de vista de incluir fiscalizaciones,
pero la Comisión mixta sí propone -en función de los temas que trate- fiscalizaciones al Tribunal de Cuentas y este, al hacer su propio programa, las incluye o las incluye en otro momento en función de los tiempos en los que se pueden ir haciendo
las cosas. Con esto me gustaría haber llegado a que usted dejara de pensar que es un abuso de derecho. Puede pensar que se ha hecho muy mal -está en su derecho- o que se ha hecho muy bien -también está en su derecho-, pero me gustaría haberle
convencido y que entienda que esta fiscalización no es un abuso de derecho.


Por otra parte, no quiero obviar que todo es susceptible de cambio y que necesariamente habrá que pensar en adaptar unas normas que tienen cuarenta años a las situaciones de este momento. Entonces la Constitución consideró el
establecimiento de este órgano y después entendió que la jurisdicción contable tenía sustantividad propia, aunque no estuviera dentro del Poder Judicial; de hecho, no está ni forma parte del Poder Judicial ni la jurisdicción contable ni el propio
Tribunal de Cuentas. No es un poder del Estado. Digamos que el poder está en el Legislativo, que es el que le da el poder a la institución; no está para nada en el Judicial. Por tanto, sí tiene esa función jurisdiccional de exigir
responsabilidad contable y después, como usted ha dicho muy bien, el Tribunal Supremo revoca o, al contrario, confirma las eventuales responsabilidades contables que se hayan podido establecer en el proceso. Sí le voy a confesar que entiendo que la
legislación de los procesos de jurisdicción contable puede ser más detallada. En cualquier caso, le diré que las normas supletorias son las normas procesales generales y, cuando no tenemos regulado algún aspecto, están las normas procesales de
carácter general para acudir en nuestra ayuda.


¿Por qué entiendo que aún necesitamos más medios? Siempre que se intenta una labor y que se está en un órgano de gestión de esa labor se es bastante ambicioso. Siempre intentas hacer lo más posible y siempre parece que todo lo que tienes
es poco. Digamos que el tribunal, como he dicho, está dotado con funcionarios de gran cualificación; lo que pasa es que nuestra aspiración -y con esto intento contestar también a parte de lo que me ha planteado la señora Ramón e incluso el señor
Paniagua- es avanzar en algunos aspectos que ya se tratan en algunos otros tribunales europeos e incluso en el Tribunal de Cuentas americano o canadiense. En ese sentido, entendemos que debe exigirse una formación continua, que es una de las
propuestas que tenemos por desarrollar. Entendemos que ahora el nuevo tribunal debe abordar una formación continua para que los funcionarios estén siempre al día. Los funcionarios del tribunal, que saben ustedes que lo son por oposición, deben
estar siempre al día de la legislación, de los procedimientos, etcétera.


En cuanto a esa diferencia que hay con otros tribunales, somos muy parecidos en muchas cosas, sobre todo en el objetivo último, pero igual nosotros tenemos cometidos más medidos que los que tienen ellos a la hora de hacer otro tipo de
informes o de ejercer una función asesora que sería a las Cortes. Hay quien entiende en algunos tribunales que la función asesora se hace al Ejecutivo o a las Cámaras. Mi

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punto de vista particular es que debería ser a las Cámaras, no al Ejecutivo, puesto que las Cámaras son el órgano de control del Ejecutivo, pero hay ejemplos incluso de eso.


Nuestra relación con todos los tribunales hermanos es magnífica. De hecho, ya le digo que en las participaciones internacionales hemos estado incluso presidiendo los grupos de trabajo de la fiscalización de órganos internacionales. El
Tribunal de Cuentas lleva la Secretaría Permanente de Intosai, que es la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores, con lo cual la tendencia es mejorar hacia ahí; y entendemos que el enriquecimiento con otros procedimientos
que se hacen en otros sitios -y que nosotros no hacemos porque seguramente no están escritos taxativamente en la ley- es una especie de pie forzado para entrar en algunas cosas. Por ejemplo, la posibilidad de valorar los impactos económicos de
nuestras propias fiscalizaciones es algo que siempre nos ha resultado muy interesante, incluso para dar respuesta a lo que me preguntaba el señor Pagès cuando decía: Señores, ¿ustedes para qué valen? Espero que esté claro que incluso sería bueno
intentar poder hacer eso. Estoy segura de que me dejo cosas que, si hay otro turno, no tengo ningún problema en contestar. No faltaba más.


Estoy de acuerdo en que es posible constituir un buen equipo porque hay buenos mimbres, aunque tengo que decirles en ese momento que, quitando a las personas con las que he coincidido en el Pleno anterior, no conozco personalmente a ninguna
de las personas propuestas por ninguna de las fuerzas políticas. He leído sus currículums y pienso que con eso podemos trabajar estupendamente. Lo demás lo iremos haciendo por el camino. Reitero, porque me parece que es muy importante y porque
además creo que se critica muchísimo, que para mí la mayor legitimidad la da el hecho de que una mayoría tan cualificada de las Cámaras refrende la designación de las personas que han de conformar este tipo de órganos. Creo que no hay mayor
legitimidad que esa y el hecho de necesitar una mayoría de tres quintos también necesariamente exige un consenso entre las fuerzas que suman tres quintos. Eso parece que está claro.


Simplemente, quiero volver a darles las gracias a la presidenta y a los señores diputados y senadores si los hay. Espero que, si somos al final elegidos como miembros del Tribunal de Cuentas, podamos responder a la expectativa que creo que
en este momento -y por muchas razones que conocen ustedes mejor que yo- tienen no solo ustedes, sino también la sociedad.


La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias, señora Chicano, por sus reflexiones, por su comparecencia y por esa intervención que ha querido responder vastamente a las preguntas de los grupos parlamentarios. Termina aquí su comparecencia.


Muchísimas gracias.


Se suspende la sesión hasta las 15:30 horas.


Era la una y cincuenta y cinco minutos de la tarde.


Se reanuda la sesión a las tres y treinta y cinco minutos de la tarde.


- DE LA CANDIDATA A CONSEJERA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS DOÑA ISABEL FERNÁNDEZ TORRES.


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muy buenas tardes. Se reanuda la sesión y, para ello, tiene la palabra doña Isabel Fernández Torres, candidata a consejera del Tribunal de Cuentas.


La señora CANDIDATA A CONSEJERA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Fernández Torres): Muchas gracias, presidente.


Señorías, comparezco ante esta Comisión que ha de valorar la idoneidad de mi candidatura para el desempeño del cargo de consejera del Tribunal de Cuentas y, ajustándome a las indicaciones que se me han trasladado, procuraré, en el tiempo que
también se me ha concedido, resaltar aquellos aspectos de mi trayectoria profesional que considero que pueden resultar de mayor interés para sus señorías. Sin embargo, antes de entrar en ello me gustaría dejar constancia de mi agradecimiento
sincero a quienes han hecho posible que comparezca ante ustedes hoy. En primer lugar, doy las gracias, por supuesto, a los grupos que han propuesto esta candidatura, pero también a todos los grupos por reunirse para valorarla.


Al derecho he dedicado mi vida profesional y por ello, como jurista, es para mí un honor comparecer hoy ante esta Cámara. Tras un breve paso por la empresa privada, decidí dedicar mi vida profesional a la universidad pública en exclusiva, a
la docencia universitaria y a la investigación, porque no concibo la universidad sin investigación. Tanto es así que, en los momentos de mayor carga de trabajo por

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encontrarme desempeñando un cargo de gestión, he continuado, y no he dudado en hacerlo, con esa labor de investigación intensa y también impartiendo docencia.


En una reciente intervención mía en el Colegio de Abogados de Madrid, y teniendo en cuenta quienes eran mis compañeros de mesa, señalé que ese día mi ponencia iba a ser la propia de un académico de formación, porque eso es lo que soy, pero
también por deformación. Quería con ello expresar que lo que iba a hacer ese día era una exposición eminentemente crítica. Y es que quienes nos dedicamos a la universidad estamos acostumbrados a cuestionar, a analizar en profundidad todas las
cuestiones que se nos plantean, todas las instituciones y las figuras, y lo hacemos siguiendo una determinada sistemática. Tratamos de buscar soluciones acudiendo muchas veces a instituciones, modelos o sistemas jurídicos distintos al nuestro.
Formulamos propuestas, pero siempre con el máximo rigor, objetividad y prudencia, pero también, y por encima de cualquier otra consideración, atendiendo a criterios de legalidad, porque ante todo, y como jurista, el principio de legalidad ha
constituido siempre, como no puede ser de otra manera, la brújula que ha guiado mi actividad profesional. Estos criterios son siempre los que me han guiado y, sin duda, si ustedes y estas Cámaras lo consideran oportuno, serán los que guíen también
mis funciones en el puesto para el que se me propone hoy.


Todos ustedes han visto que soy mercantilista. Sin embargo, mi interés por el derecho público ha estado muy presente en toda mi trayectoria investigadora. Hace tiempo que decidí abrir una nueva línea de trabajo en la que, desde una
perspectiva iusprivatista, analizaba instituciones diversas en las que lo público y lo privado se entremezclan y para las que la solución propuesta no siempre resulta sencilla o en ocasiones es discutible. Más allá de temas como la resolución
bancaria, los derechos de emisión, las ayudas públicas a las aerolíneas o las ayudas públicas a los aeropuertos, quiero hoy destacar otros. El análisis del régimen aplicable a las sociedades públicas, la insuficiencia en su regulación o la
existencia de zonas grises cuyos contornos no resultan fáciles de dibujar me pusieron sobre la pista y sobre la conveniencia de analizar en profundidad esa materia, y eso es lo que hice en una monografía que vio la luz el pasado mes de marzo. Antes
de eso, había publicado otros trabajos sobre el concurso de las entidades del sector público y sus contratistas y todos los efectos que esa declaración de concurso puede producir. En todos esos casos se plantean problemas de difícil solución y a
los que las normas, por el momento, no han prestado la atención que merecen o no lo han hecho con la suficiente intensidad. He analizado instituciones y cuestiones pensando cómo ambos sectores normativos, el público y el privado, pueden acompasarse
mejor, lo que no siempre es fácil, porque, más allá de la complejidad y de la dificultad evidente de analizar ambos sectores, tradicionalmente ambos se han dado la espalda, como si pertenecieran a realidades diferentes. Sin embargo, siempre he
tenido tendencia a pensar que el derecho es un todo y, por lo tanto, que las instituciones no pueden estudiarse y analizarse de forma aislada.


Además, me gustaría destacar que en mi trayectoria he procurado siempre estar en los temas de máxima actualidad. Así, en 2017 publiqué una monografía cuyo título ha podido despistar a algunas personas y que se refiere a las loyalty shares,
que no son sino la atribución de un derecho de voto doble por lealtad y que han sido incorporadas a la Ley de Sociedades de Capital este mismo año 2020-2021. O, más recientemente, me he ocupado de las conocidas como SPAC, por su acrónimo, que son
las sociedades con propósito especial para la adquisición, que, sorpresivamente, aparecieron en el anteproyecto de ley del mercado de valores y sociedades de inversión el pasado 5 de mayo.


En este contexto, hace tiempo que entendí que la digitalización era una realidad a la que también era preciso atender y de la que era preciso y conveniente ocuparse. La digitalización ha penetrado de lleno en nuestra vida y debe ser un
hecho y una realidad en las instituciones públicas también. Es imprescindible que estas se adapten y que adapten sus procesos para ganar en eficiencia, pero también en transparencia. Mi antigua condición de gestora pública me hace saber de
antemano que esta no es una tarea sencilla, ni mucho menos, y que queda, sin duda, un largo camino por recorrer. Así, en el siglo del desarrollo de la sociedad de la información es preciso modernizar y dotar de medios a todas las instituciones
públicas para mejorar su rendimiento y la mayor interactividad con los ciudadanos. Por todo ello, me formé en las nuevas tecnologías, en blockchain, y pasé luego a formar parte del consejo académico del Blockchain Intelligence Law Institute.
Recientemente también me concedieron un proyecto de investigación para el estudio de la digitalización de los mercados financieros. El recurso a estas nuevas tecnologías impregna el conjunto de las instituciones y debe ser una realidad que es
preciso conocer y manejar.


Es evidente, como han podido comprobar sus señorías, que no he desempeñado previamente un cargo similar a este para el que se me propone hoy, pero no es menos cierto que en mi trayectoria he tenido ocasión de desempeñar relevantes cargos de
gestión universitaria. Más allá de haber sido adjunta

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al Defensor Universitario en la Universidad Complutense en el año 2012, fui vicerrectora de Relaciones Institucionales y Gabinete del rector de la Universidad Complutense, entre 2015 y 2019, una universidad que por su tamaño y antigüedad
bien pueden imaginarse que no es tan sencilla de gestionar. Posteriormente, ocupé el cargo de secretaria general de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Creo que todos estos puestos no solo reflejan mi vocación de servicio público, sino
una experiencia que me ha enriquecido personalmente, pero que también ha reforzado, de alguna manera, mis capacidades y me ha preparado para asumir otras tareas más complejas, como quizás esta, para la que ahora se me propone.


Señorías, no quiero abusar de su tiempo ni de su atención. Quedo a su disposición para responder o aclarar aquellas cuestiones que estimen oportunas.


Nada más. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchísimas gracias.


A continuación, intervienen los representantes de los grupos parlamentarios. Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra el señor Pagès i Massó.


El señor PAGÈS I MASSÓ: Buenas tardes, señor presidente, señorías.


Señora Fernández, usted es la primera compareciente con perfil jurídico que ha comparecido ante nosotros hoy y le quería hacer la misma pregunta que a la anterior compareciente, la señora Chicano, en relación con la función jurisdiccional
del Tribunal de Cuentas, porque la tiene; no es un órgano judicial, pero ejerce funciones jurisdiccionales. Lo que quería plantearle es cómo interpreta usted, como jurista de dilatada experiencia académica y, como ha dicho usted, con una
demostrada capacidad de estudio sistemático de los temas que decide tratar, esta posibilidad de que haya un órgano que, sin pertenecer al Poder Judicial, sin estar formado por jueces, sin estar formado por personas que tengan necesariamente
formación jurídica, pueda dictar sentencias. Además, son unas sentencias que no solo no son recurribles desde un punto de vista sustancial -solo son recurribles en casación-, sino que incluso se dictan en segunda instancia dentro de un mismo
órgano, que a la vez ha sido responsable de la tramitación administrativa. Se lo planteo porque pertenecer a este órgano tan mal estructurado institucionalmente pone en una situación profesional muy complicada a las personas que tienen formación
jurídica. La cuestión que le planteo es si no le causa incomodidad dictar sentencias -porque, literalmente, son sentencias, y tienen un contenido judicial- que afectan a los derechos de las personas en un órgano que no está formado por jueces y
que, además, no son controlables por jueces. Esta es la primera pregunta que le quería hacer.


Le quería hacer una segunda pregunta. El Tribunal de Cuentas es un órgano constitucional, no hay ninguna duda, un órgano regulado en la Constitución y desarrollado por la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas y por la Ley de Funcionamiento
del Tribunal de Cuentas, pero, curiosamente, la responsabilidad disciplinaria de los consejeros de Cuentas depende de nosotros, del Congreso de los Diputados. ¿Cree usted que esta configuración avala una suficiente independencia del Tribunal de
Cuentas y de sus miembros o puede haber algún tipo de capacidad por parte de los partidos proponentes de influir en las decisiones de los miembros del Tribunal de Cuentas?


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Paniagua Núñez.


El señor PANIAGUA NÚÑEZ: Muchas gracias, presidente.


Bienvenida, señora Fernández, y gracias no solo por su comparecencia, sino también por dar el paso de formar parte de una institución como el Tribunal de Cuentas, un órgano fiscalizador tan importante para nuestra democracia y para nuestro
sistema democrático. Aunque usted lleva ya en gestión pública unos cuantos años, creo que este es un trabajo realmente especial.


Hablábamos en la comparecencia anterior de que a esta candidatura venían personas con experiencia dentro del Tribunal de Cuentas y que otras personas venían sin ninguna experiencia, pero que ese era también un valor añadido, la doble
versión. Usted viene del mundo académico, del mundo investigador, fundamentalmente, en el que ha profundizado en muchísimos campos, como hemos visto aquí y nos ha transmitido usted en su discurso. Por tanto, me gustaría preguntarle en qué áreas o
sectores, dentro de la

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funciones de Tribunal de Cuentas, puede aportar algo especial, algo diferente, por su experiencia y por su trayectoria.


También hablábamos antes de la importancia de las instituciones y de la colaboración del resto de instituciones públicas para su defensa, y me gustaría que nos diera también su opinión -supongo que estará a favor- sobre la importancia de las
instituciones públicas españolas y su defensa y cómo tenemos que abordar el resto instituciones esa defensa de las instituciones, en este caso del Tribunal de Cuentas.


Asimismo, quería saber cómo se ve al Tribunal de Cuentas en las administraciones públicas, en este caso en la universidad, que es donde usted ha tenido y tiene experiencia en gestión. Creo que es importante que sepamos cómo se ve desde
fuera el Tribunal de Cuentas, porque ayudará a los grupos parlamentarios y al tribunal en su gestión futura.


Me alegra que defienda el principio de legalidad y que sea una base de su trabajo, porque espero que aquí pueda seguir en la misma línea. Me gusta también que haya investigado en el tema mercantil y que haya profundizado en el mismo, sobre
todo en la colaboración público-privada, que creo que va a tener un desarrollo en el futuro bastante importante. Su experiencia y conocimiento serán bienvenidos. También en temas futuros, como la digitalización, las nuevas tecnologías, que se van
a ir implantando poco a poco en toda la Administración pública, seguramente su experiencia y su conocimiento serán un punto importante para el Tribunal de Cuentas.


Muchísimas gracias y espero que, si al final es elegida consejera, desarrolle un trabajo importante para todos.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchísimas gracias.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Ramón Utrabo.


La señora RAMÓN UTRABO: Gracias, presidente. Buenas tardes.


En primer lugar, señora Fernández, le doy la bienvenida y la felicito por haber sido elegida como candidata para obtener la idoneidad de esta Cámara y, en su caso, proceder posteriormente a su elección como consejera del Tribunal de Cuentas.
Como bien sabe, este es el procedimiento reglado y hoy valoramos la idoneidad de las futuras y los futuros consejeros del Tribunal de Cuentas.


Aparte de darle la bienvenida, quiero agradecerle su amplia exposición acerca de su trayectoria profesional y su formación. Después de oírla y de conocer su currículum, tengo que reconocer en mi nombre y en el del grupo parlamentario al que
represento, el Grupo Socialista, su acreditada solvencia profesional. Su amplia trayectoria profesional ha estado ligada siempre al ámbito de la universidad y a su formación y va acompañada, como usted ha señalado, de una vocación de servicio
público, que creo que debe ser una de las cualidades principales de cualquier candidato o candidata a consejero o consejera del Tribunal de Cuentas. Como he dicho, su currículum es amplio y destaca, como también ha señalado en su intervención, su
participación en numerosos proyectos de investigación, entre los que destaca, como principal investigadora, el de digitalización de los mercados financieros. Estoy de acuerdo con el portavoz del Grupo Popular en que su amplia trayectoria y
formación en materia de nuevas tecnologías va a ser muy útil para el trabajo posterior que realice, en caso de ser elegida -en los procesos democráticos tenemos que ser tremendamente respetuosos con los procedimientos que nos hemos marcado-, como
consejera del Tribunal de Cuentas. Va a ser muy útil para esa modernización, que ya ha iniciado el Tribunal de Cuentas en estos últimos tiempos pero que debe completarse en el futuro.


Decía también en su intervención que nunca ha desempeñado un cargo de esta índole, pero tiene una amplia trayectoria ligada a la gestión pública en el ámbito universitario. Aquí quería plantearle una pregunta. ¿En qué medida cree que su
experiencia en gestión universitaria, donde ha llegado a ser vicerrectora, entre otros cargos, puede ser útil para contribuir a desempeñar el cargo como consejera del Tribunal de Cuentas?


Solo me queda felicitarla, darle la bienvenida y, en caso de ser elegida consejera, le deseo un magnífico trabajo en este órgano.


Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchísimas gracias.


Tiene de nuevo la palabra para finalizar la señora compareciente, doña Isabel Fernández Torres, por tiempo de cinco minutos.

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La señora CANDIDATA A CONSEJERA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (Fernández Torres): Muchísimas gracias por su amabilidad y por sus palabras. Es verdad que mi vocación de servicio público es evidente a la luz de lo que les he comentado y de mi
currículum.


¿Cómo se ve desde fuera el Tribunal de Cuentas? Pues yo le diría que resulta un tanto desconocido. Es una figura que para el común de la ciudadanía no resulta tan cercana como el Tribunal Supremo o el Tribunal Constitucional, quizá porque,
generalmente, es posible que haya hablado menos de ello en prensa. En ese sentido, quizá se pueda hacer -no lo sé, habrá que valorarlo en su momento- una labor más didáctica. Evidentemente, quienes nos dedicamos al derecho sabemos que es un órgano
constitucional al que se le presta atención y todos hemos visto, al menos, las normas fundamentales de funcionamiento. Pero si hiciera esa pregunta a compañeros de otras facultades o a estudiantes, probablemente, no la sepan contestar. Por tanto,
ahí hay un trabajo por hacer. Creo que las instituciones y las administraciones deben cumplir con eso de acercarse a los ciudadanos, con eso de ser una Administración más cercana a los ciudadanos. Probablemente, eso sea algo pendiente en relación
con el Tribunal de Cuentas. Si finalmente resulto elegida y nombrada consejera, puede que ese sea un punto en el que trabajar e incidir.


¿Dónde puedo aportar? Buena pregunta. Es evidente que en mi caso, y lo quiero destacar así porque creo que es algo particular -siempre he sido una rara avis dentro del derecho mercantil-, más allá de las cuestiones tradicionales del
derecho mercantil, que, evidentemente, he estudiado y analizado y en las que he trabajado con intensidad, por alguna extraña razón decidí que esas zonas limítrofes entre el derecho público y el derecho privado suelen producir bastante miedo. No es
fácil enfrentarse a normativas complejas como la Ley de Contratos del Sector público, la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público o la Ley de patrimonio. No es sencillo y, realmente, produce un cierto rechazo. Bien, pues por circunstancias
diversas acabé analizando muchas cuestiones poquito a poco, paulatinamente. Por tanto, yo creo que puedo aportar más en aquellos ámbitos en los que haya esa relación entre lo público y lo privado, dado que es algo particular en mi trayectoria.
Para mí no es extraño analizar sociedades públicas, no me resulta extraña su normativa, no me resulta extraño conciliar lo público y lo privado en ese ámbito. Pudiera ser -no lo sé- un ámbito en el que aprovechar esas capacidades o habilidades que
he podido desarrollar a lo largo de estos años. ¿Defensa de las instituciones? Pues toda. ¿Respeto? Máximo. Es evidente. Para mí es incuestionable cualquier otro planteamiento, tanto de este órgano como de cualesquiera otros.


Me han preguntado en qué medida mi experiencia como gestora pública puede ayudar o influir en mi actividad si finalmente resulto elegida consejera del Tribunal de Cuentas. La verdad es que el vicerrectorado que gestioné era peculiar, y lo
era porque destacar dos grandes áreas de trabajo. Por un lado, está el desarrollo de las competencias delegadas del rector -convenios, voluntariado, imagen institucional; y le podría decir muchas- y, por otro, está la parte de gabinete, que me
obligó a hacer un gran trabajo de coordinación de equipos, de coordinación del propio equipo desde una perspectiva interna o de coordinación con otros miembros de la comunidad universitaria. Ahí desempeñé un papel importante, pero también -quizá
esto pueda servirme en un futuro si finalmente soy elegida- acabé formando parte de muchas comisiones y de muchos grandes proyectos de la universidad, como la implementación de la Administración electrónica -que no dependía obviamente de mí, pero
estuve al tanto de ella- o la implementación de la Ley de Contratos del Sector Público, que en la universidad nos dio muchos quebraderos de cabeza en aquel momento, sobre todo por la parte de investigación, hasta que finalmente aquello se resolvió.
Formé parte de la Comisión Económica y Financiera, por lo tanto, estaba al tanto de la actividad presupuestaria, de cómo se desarrollaban las cuestiones presupuestarias. Formé parte de la Comisión de Reestructuración y, por lo tanto, cuando la
universidad decidió afrontar una reducción de sus centros y departamentos, estuve implicada y en primera línea. Fue un trabajo ímprobo, que requirió de todos un esfuerzo de diálogo, un esfuerzo de consenso, un esfuerzo para pensar qué era lo mejor
para el interés de la universidad más allá de los intereses particulares de cada uno de los centros. En definitiva, fue una experiencia sumamente enriquecedora, si bien no siempre fácil, evidentemente.


En relación con las preguntas que me han formulado desde el Grupo Plural, yo le diría que, precisamente por la situación en la que estoy hoy y mi comparecencia aquí, probablemente no sea el momento más idóneo para abordar estas cuestiones,
porque tampoco sé muy bien -si finalmente resulto elegida- cuál será mi posición ni cuáles serán mis funciones. Si me permite, creo que no es hoy el mejor momento para abordarlo.


Yo creo que con esto he contestado más o menos a las preguntas que se me han formulado. No sé si hay alguna cuestión adicional.

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El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Nada más. Muchísimas gracias por su presencia y por su intervención. Le agradecemos, como le decía, que haya contestado a todos los grupos presentes.


Muchas gracias. (Pausa).


- DE LA CANDIDATA A CONSEJERA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS DOÑA DOLORES GENARO MOYA.


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muy buenas tardes, bienvenida.


Tiene la palabra doña Dolores Genaro Moya, candidata al Consejo del Tribunal de Cuentas. Tiene diez minutos.


La señora CANDIDATA A CONSEJERA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Genaro Moya): Buenas tardes, señorías.


Quisiera comenzar mi intervención ante esta Comisión agradeciendo la confianza que han depositado en mí los grupos parlamentarios que me han propuesto como candidata para un nuevo mandato como consejera del Tribunal de Cuentas.


Ha sido un honor haber formado parte del pleno de la institución durante los pasados nueve años y supone una gran responsabilidad volver a comparecer -esta vez en el Congreso de los Diputados- para tratar de exponerles a los miembros de esta
Comisión las razones por las que, humildemente, creo que soy idónea para continuar con la labor que he venido desarrollando en la institución. Por ello emplearé los minutos de los que dispongo para tratar de sintetizar mi trayectoria profesional,
así como mi contribución como consejera al impulso de las funciones constitucionales encomendadas al tribunal y a la modernización de la institución en el mandato del pleno que finalizó el pasado mes de julio.


Permítanme que comience exponiendo mi experiencia profesional en el ámbito académico, tanto docente como investigador y de gestión. Soy doctora en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Granada desde el año 1998, y desde
2001, profesora titular de dicha universidad, si bien desde 2012 me encuentro en situación de servicios especiales en el Tribunal de Cuentas.


Mi trayectoria docente comenzó en 1994 y, desde entonces, he impartido clases en diversas asignaturas en distintos títulos universitarios tanto de grado como de posgrado. Esta vocación docente me ha llevado a intervenir durante estos
últimos nueve años en más de treinta conferencias y ponencias en cursos y congresos, tanto de carácter profesional como académico, centrándome en ámbitos relacionados con la actividad del Tribunal de Cuentas. Asimismo, he contribuido a promover el
conocimiento de las funciones de control externo y jurisdiccional del tribunal dirigiendo cursos de verano de la institución.


En lo que respecta a la investigación, muy brevemente, les diré que participé en su momento en convenios, en contratos y en proyectos de I+D+i. Además, he publicado varios libros, capítulos de libros y numerosos artículos en revistas de
difusión nacional e internacional.


Por lo que se refiere a la gestión universitaria, destacaría mi labor como gerente de la Fundación General Universidad de Granada entre los años 2008 y 2011, entre otras.


Este conocimiento y experiencia, así como el espíritu crítico e innovador que caracteriza a los miembros de la comunidad universitaria he intentado trasladarlos a mi labor como consejera en el pasado mandato. En el año 2012 me incorporé al
Tribunal de Cuentas como consejera del Departamento del Área de la Administración Socio-Laboral y de la Seguridad Social, poniendo todo mi empeño desde el primer momento en aportar a la institución algunos de los valores que siempre he defendido:
el sentido de servicio público, la máxima transparencia y apertura a la sociedad y la aplicación de los principios de buena gestión, eficacia, eficiencia y economía en mi trabajo y en el de aquellos que colaboran y han trabajado conmigo. A partir
del año 2015 he venido codirigiendo además el Departamento de Partidos Políticos junto con otra consejera de Cuentas, tal y como les expondré a continuación.


Como consejera del Departamento de Seguridad Social, he sido ponente de cuarenta y cinco informes, aprobados por el pleno del tribunal, en materias relacionadas con el ámbito del departamento, cuyas recomendaciones han dado lugar a
modificaciones normativas o a mejoras introducidas en la gestión de los organismos o políticas públicas fiscalizadas en los ámbitos -por ejemplo- del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, del Sistema de Formación Profesional para el
Empleo, en la gestión de los deudores por prestaciones indebidas y en su registro contable, entre otras modificaciones. Estas mejoras en la gestión constituyen sin duda -en mi opinión- a uno de los objetivos principales que debemos perseguir en el
tribunal como entidad fiscalizadora del conjunto del sector público.

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Recientemente, por su relevancia, merece la pena destacar el Informe de fiscalización sobre la evolución económico-financiera patrimonial y presupuestaria del sistema de la Seguridad Social y su situación a 31 de diciembre de 2018, a cuyo
resultado se hace referencia en el Informe de evaluación y reforma del Pacto de Toledo, aprobado en octubre de 2020 por la Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos de dicho pacto.


Por otra parte, como consejera cotitular del Departamento de Partidos Políticos desde 2015, se han aprobado bajo mi codirección veinte informes de fiscalización de la contabilidad electoral y de la contabilidad ordinaria de los partidos
políticos, sus fundaciones y otras entidades dependientes o vinculadas. Asimismo, el pleno aprobó recientemente la moción relativa a la financiación, a la actividad económico-financiera y el control de las formaciones políticas y de las fundaciones
y demás entidades vinculadas o dependientes, que ya ha sido remitida a las Cortes Generales para su consideración. Adicionalmente, he impulsado la modernización de este departamento, poniendo en marcha en 2018 la Plataforma de Rendición de Cuentas
de los Partidos Políticos, consiguiendo que la presentación de las cuentas se realice de forma completamente telemática, agilizando el proceso, lo que constituía, además, una demanda por parte de las propias formaciones políticas fiscalizadas.


Hace unos días, con el objetivo de incrementar la información disponible y la transparencia en un ámbito como es este, el de la financiación y la actividad de los partidos políticos, de especial interés para la ciudadanía, se puso en
funcionamiento un observatorio de rendición de cuentas de partidos políticos, también impulsado desde el departamento, dirigido al público en general, con el que se pretende organizar y aglutinar en un mismo sitio web abundante información y
noticias de interés sobre la función fiscalizadora del Tribunal de Cuentas en relación con la actividad económico-financiera de las formaciones políticas. Asimismo, en los años 2019 y 2021 se impulsó la realización en el Senado de sendas jornadas
sobre el plan de contabilidad adaptado a las formaciones políticas, dando así respuesta a la resolución de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas de 27 de febrero de 2018, en la que se instaba al tribunal precisamente a
promover una actitud más proactiva como institución con capacidad formativa en relación con los desarrollos normativos y tecnológicos.


En otro orden de cosas, muy brevemente, quisiera llamar su atención sobre mi papel en diversas iniciativas que se han llevado a cabo en el tribunal durante estos últimos años, que han contribuido al progreso, la modernización y la
actualización de las prácticas fiscalizadoras del Tribunal de Cuentas. Como consejera representante de la Sección de Fiscalización en la Comisión de estrategia TIC del Tribunal de Cuentas, creada en el año 2015, he contribuido a impulsar la
creación y utilización de herramientas electrónicas corporativas en el ámbito fiscalizador, con el objetivo de lograr una mayor eficacia y eficiencia en el trabajo de los equipos de auditoría. Asimismo, he promovido otras iniciativas tendentes a la
utilización de las TIC, de las tecnologías, en el Tribunal de Cuentas, dirigidas a la rendición telemática por parte de las entidades auditadas y a la eliminación del uso del papel en la gestión ordinaria de la institución. Además, como presidenta
de la Comisión de Coordinación del Tribunal de Cuentas, órgano de control externo de las comunidades autónomas para el impulso de la Administración electrónica, he promovido la firma de un convenio entre estas instituciones, para lograr sinergias en
la transformación digital de los órganos de control externo de España. En la actualidad se está trabajando en la adaptación y creación de herramientas electrónicas comunes, porque creo firmemente en la colaboración y cooperación entre el Tribunal
de Cuentas y los órganos de control externos de las comunidades autónomas, y este, el de la Administración electrónica, es un campo en el que todos nos podemos beneficiar con apoyo mutuo.


Otro de los ámbitos hacia los que creo que debe avanzar el tribunal en su labor fiscalizadora en los próximos años es en la incorporación de la evaluación de políticas públicas en los enfoques de su auditoría operativa. Por ello, vengo
impulsando la renovación del Convenio del curso de evaluación de políticas y programas públicos, suscrito por el Tribunal de Cuentas, los órganos de control externo, el Instituto de Estudios Fiscales y el INAP, con el objetivo de facilitar al
personal al servicio de las instituciones de control externo la especialización adecuada en materia de evaluación de su metodología, enfoques técnicos y herramientas necesarias para contribuir al logro de un sistema de gestión público más moderno y
eficaz. De nuevo, como ven en esta iniciativa, es esencial la colaboración entre los órganos de control externo de las comunidades autónomas y el Tribunal de Cuentas, pero también con otros actores públicos con los que buscamos estas sinergias
desde el tribunal.


En relación con la cooperación y colaboración con organismos internacionales del ámbito del control, he participado activamente en estos años representando al Tribunal de Cuentas en diversos foros

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internacionales, la mayor parte de los cuales se desarrollaban en inglés o francés, entre los que destacaría principalmente la III Conferencia Conjunta entre Eurosai-Asosai, en la que pude explicar a los asistentes, todos miembros de
tribunales de cuentas de Europa y de Asia, el proceso de modernización del Tribunal de Cuentas en estos últimos años, así como la conferencia organizada en el año 2019 por la OSCE, en Vilna, Lituania, sobre diferentes experiencias en Europa en la
rendición telemática de la contabilidad de los partidos políticos.


Desde el año 2013, soy miembro también del consejo editorial de la Revista Española de Control Externo del tribunal, habiendo coordinado algunos números monográficos e impulsado la actualización y modernización del formato de edición y la
elaboración de una web propia de la revista que previsiblemente se pondrá en producción a finales de este mes de noviembre.


A pesar de los avances logrados en el Tribunal de Cuentas en estos últimos nueve años, considero que la institución deberá enfrentarse a grandes desafíos en el mandato que ahora comienza, y debemos prepararnos para ellos. Decía Francis
Fukuyama, en su obra Los orígenes del orden político, que las instituciones adaptables son las que sobreviven, ya que los entornos siempre cambian. Por ello, el Tribunal de Cuentas debe ser una institución adaptable a los cambios en el entorno,
para, de esta forma, poder contribuir a que nuestro sector público también lo sea. Tengan la certeza de que, si finalmente cuento con el apoyo de esta Comisión y, consecuentemente, de los plenos del Congreso y del Senado, afrontaré este nuevo
mandato con mayor ilusión y compromiso, si cabe, respecto del año 2012, poniendo todo mi esfuerzo, mi empeño y mi conocimiento al servicio de la institución y de un gran objetivo: poner en valor el buen trabajo que hacen cada día los grandes
profesionales que conforman el Tribunal de Cuentas y que la institución sea considerada una institución moderna, abierta y útil para las Cortes Generales y, por ende, para la sociedad española.


Esto es todo por mi parte, señorías. Finalizo agradeciéndoles su atención durante estos minutos y quedo ya a su disposición para cualquier aclaración o pregunta que me quieran plantear.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchísimas gracias.


A continuación, por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra el señor Pagès i Massó.


El señor PAGÈS I MASSÓ: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, señora Genaro, lo primero de todo, quiero felicitarle por su seguro nombramiento como miembro del Tribunal de Cuentas. Le voy hacer una reflexión, si me permite. El artículo 30 de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas prevé
expresamente que el perfil de los consejeros de Cuentas debe ser técnico y de reconocida competencia, con más de quince años de ejercicio profesional. No obstante, históricamente, en los nombramientos han primado criterios como las afinidades
políticas de los candidatos. ¿A qué se debe esto? Aquí quería hacerle una reflexión que no tiene que ver exactamente con la idoneidad de su perfil, que afirmo ya de entrada que es perfectamente asumible por nuestro grupo, como se ha demostrado
además en su larga trayectoria profesional y académica y también en su práctica en el propio Tribunal de Cuentas. Como le decía antes, le voy hacer una reflexión: en esta Comisión no vamos a poder controlar la idoneidad de los perfiles
profesionales. Repito, no es que el suyo esté en cuestión por mi parte, sino que no podemos cuestionar estos perfiles profesionales. ¿Cómo se proponen los nombres que nos han llegado aquí? ¿En qué momento se produce la ponderación, la valoración
de los perfiles propuestos, de los méritos y de las capacidades? La verdad es que estas comparecencias están siendo realmente surrealistas, porque tenemos aquí una serie de nombres que nos han venido propuestos, cerrados ya por un acuerdo a oscuras
entre los fontaneros del PP y del PSOE, y en ningún momento se hace una ponderación de los méritos y capacidades de estos nombres; no lo podemos hacer aquí, ni tampoco se ha hecho en sede de las negociaciones previas y, si se ha hecho, no lo
sabemos. Ustedes, las personas que comparecen aquí, evidentemente tienen la capacidad, la competencia y los requisitos necesarios -esto ya lo han dicho los servicios técnicos y jurídicos de la Cámara y es indiscutible-, pero en cuanto a la
valoración de la idoneidad, nosotros -porque al final vamos a ser los representantes de la soberanía popular los que vamos a votar su pertenencia o no al Tribunal de Cuentas- no lo podemos hacer. Esta es la cuestión que quiero poner de relieve,
aunque, repito por enésima vez, no tenga nada que ver con su perfecta idoneidad para el puesto para el que se la propone.


Toda esta reflexión viene al caso porque el artículo 5 de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas establece la sujeción de la actividad del Tribunal de Cuentas a los principios de independencia, legalidad y sometimiento al ordenamiento
jurídico, y el 24 de la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas

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prevé que los consejeros del Tribunal de Cuentas ejercerán sus funciones de acuerdo con los principios de imparcialidad y dignidad inherentes a las mismas. Yo le pregunto si usted cree que realmente un sistema de nombramientos como el
previsto por las leyes actuales, por la ley orgánica y por la ley ordinaria de funcionamiento del Tribunal de Cuentas, puede garantizar realmente este funcionamiento independiente del órgano constitucional del Tribunal de Cuentas.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.


Tiene la palabra a continuación, por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, el señor Suárez Lamata.


El señor SUÁREZ LAMATA: Muchas gracias, señor presidente.


Señora Genaro, bienvenida. Felicidades por su nueva propuesta de nombramiento y por el trabajo que ha hecho estos años. Voy a utilizar un momento de mi intervención para agradecer el magnífico trabajo del Tribunal de Cuentas durante estos
nueve años, en un periodo crítico, con una crisis económica importante, donde los más de 450 informes, que superan -me atrevería a decir- en tres veces a los realizados en el anterior mandato, dan buena prueba de lo que se ha hecho. Han sido
informes de todo tipo. Usted se refería a su ámbito, a informes sobre la dependencia e informes importantes que, por decirlo de alguna forma, unas veces criticaban a unos y otras a otros; usted ya sabe lo que yo he sido en la Comisión y, por lo
tanto, a lo mejor me lleva un poco la pasión. Yo he visto informes de todo tipo, informes que quedan para la historia, del ICO, del FROB, del Banco de España -que nunca se había atrevido a fiscalizarse-, de comunidades autónomas, entidades locales,
etcétera; en definitiva, un importante trabajo. Por mucho que aquí, al final, se intente atacar a la institución -y todos sabemos por qué-, hay un porcentaje altísimo de acuerdo. Me atrevería a decir que en el 98 % de los informes todos los
consejeros han estado de acuerdo. Luego, se desmontan muy fácilmente críticas que permanente y constantemente vengo oyendo a lo largo de la mañana y a lo largo de la tarde, que me voy conteniendo en responder, pero que no sé si seré capaz.


Yo le voy a preguntar sobre el futuro. Su antecesora decía que el Tribunal de Cuentas es una institución desconocida. Yo me atrevo a decir que era una institución desconocida hasta que un informe la ha puesto en el candelero, pero el
Tribunal de Cuentas es mucho más que ese informe. Yo creo que esa es la primera reflexión, y estoy convencido de que usted estará de acuerdo conmigo. Decía: Hay que darlo más a conocer. Yo le pregunto: en un tema tan complejo, tan árido y tan
poco divertido como son las cuentas, ¿cómo es posible hacerle llegar más al ciudadano el trabajo que hace el Tribunal de Cuentas?


En cuanto a cómo mejorar el funcionamiento, es evidente que todo es manifiestamente mejorable, pero en este momento tienen ustedes el personal que tienen. Los distintos presidentes que han pasado por esta Comisión se quejaban relativamente
de que hacían falta más recursos, pero sobre todo por la necesidad que demanda la sociedad de más fiscalización. Luego, a mí me gustaría que hablara un poco de esto.


Y puesto que usted está en Partidos Políticos -hay cuestiones de las que he ido tomando nota-, le pregunto por algo que he observado y para lo que seguro que tiene una explicación. Hubo un momento en el que la sociedad demandaba, por
determinadas circunstancias, esa fiscalización de los partidos políticos, y hubo un tiempo en el que se aceleró ese proceso; en la Comisión -usted lo sabe, además- prácticamente estuvimos a la par del tribunal en la emisión de informes. Ahora se
ve que se ha producido un distanciamiento temporal -no sé cuál es la causa o el motivo- de Partidos Políticos respecto a los años fiscalizados.


Hablaba usted de colaboración con otras administraciones, y este es otro tema recurrente en la Comisión. Me gustaría que precisara un poco más con quién entiende usted que habría que colaborar y cómo se tendría que producir esa
colaboración. Ya sabe que hay, por decirlo de alguna forma, algún resquemor en otras instituciones o administraciones por no colaborar o no colaborar tan activamente como reclamaba. Me estoy acordando de algunas cuestiones, pero estoy convencido
de que usted me las va a matizar mucho mejor.


Hablaba usted de auditoría operativa. Yo creo que, al final, ese tiene que ser el fin del camino. Ojalá todas las auditorías fueran operativas o una parte muy importante de las auditorías fueran operativas, porque podríamos llegar a hacer
efectivo el principio del artículo 31.2 de la Constitución, ese que habla sobre la asignación equitativa de los recursos y la ejecución y programación del gasto. Pero, fíjese, si en la mayor parte de las auditorías -en una parte, porque es verdad
que otra parte se hace operativa-, que

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son financieras, se montan los líos que se montan, imagínese usted en una auditoría operativa, donde evidentemente los criterios no están definidos, porque por mucho que uno intente definirlos y por mucho que se concrete con qué criterio se
hace esa auditoría, siempre va a haber subjetividad, sobre todo porque son muy complicados los presupuestos por programas. En definitiva, sabe usted perfectamente lo que estoy preguntando, imagínese la que se puede organizar en cuanto un informe no
le guste a alguna parte de la Cámara.


Por mi parte, no quiero extenderme más, así que la vuelvo a felicitar. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchísimas gracias.


A continuación, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Socialista, la señora Ramón Utrabo.


La señora RAMÓN UTRABO: Gracias, presidente. Buenas tardes, señora Genaro.


En primer lugar, quiero darle la bienvenida a esta que es su casa, la sede de la soberanía popular, y mostrarle mi satisfacción, como andaluza y como paisana de Granada, por que sea usted una de las candidatas propuestas a obtener el
reconocimiento de idoneidad para acceder al puesto de consejera del Tribunal de Cuentas.


Antes de entrar en la cuestión concreta de su intervención, al hilo precisamente de cuál es la función de esta Comisión y de la intervención del portavoz del Grupo Plural, quería repetir parte de lo que he dicho esta mañana en mi
intervención general, y es que las Cortes Generales, como depositarias de la soberanía popular, designan a los consejeros y consejeras de Cuentas por una mayoría reforzada de tres quintos. Es por mandato constitucional, y así lo regula la Ley
Orgánica del Tribunal de Cuentas. Llegado este momento, nada de oscurantismo. Cualquier fuerza política puede presentar su propuesta y, si cumple con los requisitos y de acuerdo con la normativa establecida, puede obtener el respaldo de esta
Cámara. Creo que no es lógico ni natural cuestionar el procedimiento actualmente vigente, que es del que nos hemos dotado, sino todo lo contrario, creo que los representantes políticos tenemos la obligación y la responsabilidad de preservar la
calidad de nuestras instituciones y de contribuir con nuestro trabajo al normal funcionamiento de las instituciones democráticas.


Sin más dilación, quiero entrar en la intervención que ha tenido. Quiero agradecerle, en primer lugar, su exposición detallada, dando cuenta de su formación y de su amplia trayectoria profesional, mostrando a esta Comisión que tiene méritos
más que suficientes para el cargo al que opta y que la hacen sobradamente merecedora de su continuidad como consejera. Además, me gustaría resaltar la ilusión y el compromiso que traslada en su intervención para afrontar esta nueva etapa en el seno
del Tribunal de Cuentas en caso de salir elegida por esta Cámara.


Es conocedora del Tribunal de Cuentas, puesto que ya desde el año 2012 es consejera del mismo, en el que además de realizar informes muy significativos, que han contribuido a que, como usted misma ha resaltado, se tenga en cuenta dentro de
las recomendaciones la reforma del Pacto de Toledo, ha tenido una contribución muy significativa y decisiva impulsando la modernización del propio Tribunal, impulsando la Administración electrónica, incorporando las nuevas tecnologías y, en
definitiva, contribuyendo de forma decisiva a la modernización de la Sección de Fiscalización del Tribunal.


Ha hecho usted una rápida mención al hecho de que el tribunal se enfrenta a importantes desafíos en los próximos años. Me gustaría pedirle que especificara algunos de esos desafíos y retos a los que se podría enfrentar el Tribunal de
Cuentas y a los que ha hecho usted referencia, y que nos dijera cuál considera que podría ser su aportación para afrontar esos desafíos.


Como consejera cotitular del Departamento de Partidos Políticos, ha participado en numerosos informes de fiscalización sobre contabilidad electoral y sobre contabilidad ordinaria de los partidos políticos. Aunque es un tema que se está
abordando en la actualidad por el Poder Legislativo en esta Cámara, que es a quien compete si procede la oportuna modificación de la legislación actual, me gustaría preguntarle, si así lo estima conveniente, si podría indicar algunos aspectos de los
que considera más relevantes que se deberían abordar, en su caso, en esa posible modificación legislativa.


Por mi parte nada más. En caso de que sea elegida -porque, como he dicho antes, creo que hay que ser respetuosos con los procedimientos de los que nos hemos dotado y ahora mismo es candidata a obtener la idoneidad-, quiero trasladarle mis
mejores deseos en esta nueva etapa que afrontaría.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchísimas gracias.


Tiene la palabra, para cerrar la comparecencia, la señora doña María Dolores Genaro Moya.

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La señora CANDIDATA A CONSEJERA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Genaro Moya): Muchas gracias. Gracias, señorías.


Agradezco todas las intervenciones, por supuesto las que han alabado mi trayectoria, porque detrás de todas estas palabras que hoy he pronunciado aquí hay siempre un gran esfuerzo y muchas horas de trabajo, no solamente mías sino de muchos
de los funcionarios que trabajan en el Tribunal de Cuentas que han logrado -quizá con mi papel, digamos, más de liderazgo pero con su trabajo- que la institución esté donde está en el año 2021.


Agradezco también las cuestiones que ponen sobre la mesa. Voy a tratar de responderlas de manera breve, quizá haciendo algún bloque para no ir individualizando cuestiones que se han podido repetir. En primer lugar, señor Massó -si no he
tomado mal nota de su apellido-, me permitirá que no entre en la reflexión que ha realizado en torno al proceso o al procedimiento, porque creo que no es una cuestión en la que deba entrar hoy, en esta sede. Respecto a la cuestión que planteaba en
cuanto a la independencia, la dignidad y la imparcialidad con la que los consejeros debemos ejercer nuestro cargo, lógicamente, solo puedo hablarle de mí personalmente. Durante estos nueve años he intentado tener presente estos principios en todo
momento y cualquier pronunciamiento técnico que he realizado en el Pleno, o a través de los informes o de cualquier otra forma, ha sido siempre desde esa imparcialidad y rigurosidad técnica, porque así lo he aprendido desde el inicio de mi carrera
universitaria, con lo cual respondo a lo que planteaba en relación con nuestra normativa y lo que se supone que es inherente a nuestro desempeño.


En cuanto a la intervención del señor Suárez Lamata, efectivamente, el trabajo que se ha hecho durante estos nueve años ha sido un trabajo ímprobo, ha sido un trabajo muy fructífero en algunos ámbitos, en otros quizá menos porque las
instituciones tienen su inercia y el punto de partida no es el mismo en todos dentro de la propia institución, pero hago un balance muy positivo de cómo hemos trabajado toda la institución en modernizarnos, en intentar proyectarnos hacia la sociedad
y en ir cambiándola progresivamente. Además, como bien decía, de esos 450 informes -hoy estaba calculando más o menos cuántos habrían sido, no tenía la cifra concreta pero es alrededor de esta- muy pocos han sido aprobados sin unanimidad, con algún
voto en contra o con alguna circunstancia que no haya permitido la unanimidad. Yo creo que eso da una idea de cómo los consejeros hemos intentado -yo creo que todos y así lo hemos demostrado con esa unanimidad en la mayor parte de los acuerdos-
ejercer nuestro cargo de esa manera que antes comentaba: imparcial, digna e independiente.


En cuanto al ámbito -y le contesto también a la señora Ramón Utrabo- y los desafíos de futuro -que implican algunas de las cuestiones que me planteaba el señor Suárez Lamata-, creo que tenemos grandes retos. Uno de ellos, obviamente, es la
comunicación. Hay múltiples vías para comunicar. Creo que deberíamos comenzar intentando producir unos informes más asequibles aun cuando los informes tienen que tener rigor técnico. Siempre se ha criticado, por ejemplo, la declaración del
tribunal sobre la cuenta general del Estado. Lógicamente, es un documento muy técnico y cualquiera no está capacitado para entenderlo, pero sí podemos producir síntesis, resúmenes o algún documento como los que se realizan en otro tipo de
instituciones, como oficinas nacionales de auditoría o tribunales de cuentas similares al Tribunal de Cuentas de España, las cuales tienen esto algo más superado, en cuanto al formato en el que se transmite la información. Eso es, obviamente, un
objetivo a lograr y no es tan difícil conseguirlo. Pero, además, de alguna manera tenemos que utilizar los medios de comunicación, incluso las redes sociales, para difundir nuestro trabajo. No se entiende que en el año 2021 no tengamos
determinados canales como tiene, por ejemplo, el Tribunal de Cuentas de Francia, que tiene un canal de YouTube donde en tres minutos explican el contenido de un informe. De esa forma puede llegar a los ciudadanos sin tecnicismos, de una manera muy
directa y muy rápida. La Oficina de Auditoría de Estados Unidos, por ejemplo, tiene podcasts. Yo creo que hay muchas ideas -por lo menos por mi parte y seguramente por parte de algunos de los consejeros que integran el Pleno- que, seguramente con
el acuerdo de todos, lograremos ponerlas en marcha para dar un paso más hacia esa comunicación, para ser una institución más abierta. Bien, ese era un gran reto, como decía el señor Suárez Lamata.


Mejora interna. Lógicamente, hay otros desafíos, como puede ser incrementar -ya se ha hecho durante este mandato, pero hay que darle aún más relevancia- la auditoría operativa e ir caminando hacia enfoques de evaluación de políticas y de
programas públicos que introducen elementos novedosos, que creo que son interesantes y más fácilmente transmisibles para la sociedad, e incluso en los que la sociedad pueda ser partícipe de alguna manera. Esto también es una práctica habitual en
otras instituciones como el Tribunal de Cuentas de Francia, la Oficina de Auditorías de Suiza o la NAO británica. No es algo ajeno a otras instituciones y creo que en algún momento -me parece que lo he dicho antes-

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también llegará a nuestra institución ese enfoque. Esto es, simplemente, algo que está ahí, que está esperando y creo que lo vamos a iniciar en breve. Así lo espero y ahí pondré todo mi empeño.


Pero, además, tenemos grandes retos. Por ejemplo, el uso de grandes volúmenes de datos. En algunos de nuestros informes -hablo de los que más profundamente conozco, que son los del departamento de Seguridad Social- hemos manejado datos de
fallecidos, de pensionistas, grandes volúmenes de datos que nos han proporcionado distintas instituciones que siempre colaboran con el tribunal. Existe la obligación de colaboración, de modo que hay muy pocas excepciones de entidades públicas o de
gestores que no colaboren. Según mi experiencia, sobre todo en el sistema de Seguridad Social, la colaboración es máxima. En nuestros informes debemos tener mucho más implementado, o con más frecuencia, el manejo de grandes volúmenes de datos.
¿Qué va a ocurrir en el futuro próximo en relación con la auditoría de los algoritmos y de todos aquellos procesos en los que la Administración está empleando inteligencia artificial o algoritmos, como digo, y donde en algún momento tendremos que
llegar? Es decir, todo lo que está relacionado con la auditoría y ese mundo de datos, de algoritmos, que parece tan ajeno, está ahí, a la vuelta de la esquina. Creo que ese es uno de nuestros grandes retos.


Para ello, lógicamente, necesitaremos formación continua de nuestros empleados, quizá estructuras más flexibles o incluso la incorporación de perfiles algo diferentes a los que se han venido incorporando al Tribunal de Cuentas, con otra
especialización más dirigida a cuestiones novedosas como las que le he mencionado. Tenemos grandes retos como, por ejemplo, acercarnos a temas relevantes para la sociedad. Igualmente, tenemos que fiscalizar el avance en los Objetivos de Desarrollo
Sostenible y cuando se gestionen los fondos Next Generation también tendremos que entrar en ese ámbito.


El periodo que nos espera es para mí apasionante, porque -como decía la señora Ramón Utrabo- la ilusión y el compromiso con la institución la mantengo intacta como el primer día -o quizá más, como les comentaba a algunos compañeros estos
últimos días- para abordar esta tarea que nos espera que, sin duda, es ingente.


Termino tratando de contestar a la pregunta de la señora Ramón Utrabo en relación con los partidos políticos. En estos seis años de experiencia en la fiscalización, junto con mi compañera consejera del Tribunal de Cuentas, que ha sido
codirectora del departamento, hemos hecho un esfuerzo enorme en modernizar el departamento, hemos hecho un esfuerzo enorme en agilizar los procesos, en hacer más eficiente y eficaz el trabajo de fiscalización y en ponernos al día, hasta que llegó el
año 2019, en el que -como recordarán todos- coincidieron elecciones autonómicas, europeas, locales y dos elecciones generales. En ese momento, lógicamente, todos los trabajos de fiscalización de los efectivos del departamento tienen que dar
prioridad a esas fiscalizaciones para obtener los resultados, tal y como establece la normativa, cumpliendo con los setenta días de plazo -una de las modificaciones que habría que hacer en la Loreg probablemente sea esta- que disponemos para
pronunciarnos, que para elaborar un informe es imposible, obviamente, e intentar darle celeridad. Ustedes bien saben que, hasta que el informe del Tribunal de Cuentas no ha sido expuesto en la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de
Cuentas, los partidos políticos no pueden recibir esas subvenciones por los gastos electorales. Por lo tanto, parte de nuestra obligación es dar celeridad para el cumplimiento de la normativa y por otras razones.


Una vez finalizados los trabajos relativos a los informes de las elecciones del año 2019, se han retomado esos trabajos de fiscalización de contabilidad ordinaria, y esperemos que en breve comiencen a aprobarse los informes -algunos están
prácticamente terminados y otros en un punto medio- para llevarlos al Pleno.


En relación con los cambios normativos...


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señora, debe ir finalizando.


La señora CANDIDATA A CONSEJERA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Genaro Moya): Termino ya.


Creo recordar que en la moción que se llevó a las Cortes había cuarenta y tres propuestas; no las recuerdo todas, pero sí aprovecho que estoy en esta sede para recordar una que es fundamental, que es la de infracciones y sanciones por la
superación del límite de gasto electoral de las formaciones más pequeñas, de las que tienen un ámbito exclusivamente local y que está llevando al Tribunal de Cuentas a imponer -porque debemos cumplir la normativa- unas sanciones que, verdaderamente,
parecen fuera de toda lógica y proporcionalidad. Este es uno de los temas que yo destacaría de la moción.


No me quiero extender más para que no vuelvan a llamarme la atención por el tiempo. Lo dejo aquí y, en todo caso, quedo a su disposición para cualquier otra cuestión que quieran comentarme en el futuro.


Muchas gracias.

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El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchísimas gracias por su presencia.


- DEL CANDIDATO A CONSEJERO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS DON DIEGO ÍÑIGUEZ HERNÁNDEZ.


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Buenas tardes.


Tiene la palabra don Diego Íñiguez Hernández, candidato a consejero del Tribunal de Cuentas. Tiene la palabra por diez minutos.


El señor CANDIDATO A CONSEJERO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Íñiguez Hernández): Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes.


En primer lugar, muchas gracias por su invitación para esta comparecencia. Para un servidor público es un gran honor ser considerado por el Congreso de los Diputados para un cargo de la relevancia del de consejero del Tribunal de Cuentas.


Debo exponer brevemente por qué creo que mi experiencia profesional de veintiocho años al servicio de diferentes administraciones y de la jurisdicción Contencioso-administrativa puede cualificarme para esa posición, si la Cámara resolviera
darme su confianza. Lo haré rogando su benevolencia, pues hablar de uno mismo en términos inevitablemente positivos en este contexto es siempre un poco incómodo.


De mi cualificación profesional puedo decir que me licencié en Derecho en la Universidad Autónoma de Madrid. Soy funcionario de carrera del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado desde 1993. Me doctoré en Derecho en 2005 con
la tesis Separación de poderes y gobierno del Poder Judicial, bajo la dirección de Pablo Santolaya Machetti. He desarrollado una cierta actividad docente universitaria a tiempo parcial y en el año 2011 ingresé como magistrado en la jurisdicción
Contencioso-administrativa por el sistema de concurso-oposición, conocido como cuarto turno.


Voy a dividir la exposición de mi actividad profesional en tres bloques. Los dos primeros me han dado una experiencia que quizá sus señorías consideren útil para la actividad de fiscalización que se desarrolla en el Tribunal de Cuentas y el
tercero pudiera serlo para la de enjuiciamiento. Como administrador civil del Estado he trabajado en una secretaría general técnica, una subsecretaría, una secretaría general y tres gabinetes de ministerios. En todos estos puestos he desarrollado
labores de asesoramiento de informe jurídico y de producción normativa. En la secretaría general técnica, de normas reglamentarias y también de coordinación de la parte del ministerio en las leyes de Presupuestos Generales del Estado y de
acompañamiento. En los gabinetes he colaborado en la elaboración de anteproyectos de leyes -por ejemplo, en el de la radio y televisión de titularidad estatal de 2006 y en el de la lectura, el libro y las bibliotecas de 2007- y en su tramitación
parlamentaria.


También he desarrollado labores internacionales. En el inicio de la cooperación europea en materia de justicia e interior, en estos dos ministerios, en los que también colaboré en la organización de la Presidencia española de la Unión
Europea de 1995; en el Ministerio de la Presidencia y en el de Defensa lo hacía ahora en la preparación de la próxima cumbre de la OTAN. En los gabinetes he tenido también labores de coordinación. Recientemente, en la crisis migratoria de
Canarias del año 2020 o en la evacuación de Afganistán de este verano.


En el segundo bloque me refiero a mis dos periodos como consejero de Educación en las embajadas de España en Alemania y los países escandinavos, con sede en Bonn y Berlín. Y ya como magistrado trabajé en la Oficina Europea de Patentes en
Múnich. Han sido trabajos de una gran riqueza de gestión organizativa, jurídica, de personal y presupuestaria. Tanto en las labores de educación y ciencia de la embajada como en la Oficina Europea de Patentes desarrollé un intenso trabajo con las
administraciones respectivas en los niveles nacional, regional y local para negociar, formalizar y ejecutar acuerdos y programas. Durante mi trabajo en la Oficina Europea de Patentes -una organización internacional muy avanzada en su organización y
funcionamiento-, la representé en el comité administrativo sobre pensiones de las organizaciones coordinadas, que reunía unas veinte organizaciones internacionales, y en el comité presupuestario de los colegios europeos. Durante mi tiempo como
consejero de Educación en Alemania y Escandinavia fui parte de un grupo de trabajo que elaboró un plan de acción educativa en el exterior.


El tercer bloque de mi experiencia profesional ha sido mi trabajo jurisdiccional como magistrado en un juzgado central de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional y en un juzgado de lo Contencioso-administrativo de Bilbao. Que
la función de enjuiciamiento contable del Tribunal de Cuentas de naturaleza jurisdiccional tenga como norma supletoria de primer orden de prelación la Ley de la

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Jurisdicción Contencioso-Administrativa hace que esta experiencia sea especialmente relevante. De hecho, el juicio de cuentas sigue el procedimiento contencioso-administrativo ordinario; lo mismo ocurre con los recursos contra providencias
y autos de apelación, de casación y de revisión, y también con la terminación del procedimiento jurisdiccional contable por allanamiento, desistimiento o caducidad. Además, la Ley Orgánica del Poder Judicial rige para las incompatibilidades y
prohibiciones de los consejeros del Tribunal de Cuentas y para el auxilio judicial que aquel precise, y en la jurisprudencia contable tiene una especial relevancia la jurisprudencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. Algunas de las materias
sobre las que he resuelto como magistrado de lo Contencioso son particularmente cercanas a la labor de enjuiciamiento contable: contratos públicos, personal al servicio de las administraciones públicas, régimen disciplinario, responsabilidad
patrimonial de la Administración, tributos y Seguridad Social.


Una última experiencia profesional que quisiera señalar es mi conocimiento de otras administraciones territoriales también en España: la de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en la que tuve la experiencia de ser secretario
general de Administraciones Públicas y Economía, y las diversas nacional, autonómica, foral y local, activas en Vizcaya, que he conocido desde la perspectiva que ofrece un juzgado de lo Contencioso-administrativo.


Me atrevo, en fin, a mencionar la modesta labor académica que he desarrollado a tiempo parcial y como complemento de una concepción reflexiva de la Función pública y del albor jurisdiccional, como colaborador del departamento de Derecho
Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid, como profesor asociado de esa materia en la de Alcalá y como docente en un máster en la Universidad del País Vasco. Fruto de esa labor han sido también varias publicaciones, algunas de las
cuales pudieran tener relevancia para su decisión. Mi análisis en la tesis electoral y en libros, artículos y cursos posteriores sobre la realidad constitucional, la organización y el funcionamiento del Poder Judicial, por su metodología realista,
que han tenido la amabilidad de mencionar autores como Alejandro Nieto o Perfecto Andrés Ibáñez, y el trabajo Administración y coste de las elecciones, un manual práctico para organizar procesos electorales, del que fui coautor con Pablo Santolaya
por encargo de una agencia de las Naciones Unidas y del Instituto IDEA de Estocolmo, que se ha mantenido actualizado y traducido a diversos idiomas.


Concluyo apelando de nuevo a su benevolencia, pues hablar de uno mismo no es tarea fácil ni -no puedo de pensarlo- elegante.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchísimas gracias.


A continuación, por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra el señor Pagès i Massó.


El señor PAGÈS I MASSÓ: Muchas gracias, señor presidente.


Señor Íñiguez, sin duda su currículum -que nos ha sido proporcionado- no alberga dudas. No podemos albergar dudas sobre su competencia, capacidad y los méritos que usted puede presentar para este cargo de consejero del Tribunal de Cuentas.
Pero al ser un candidato con un perfil claramente jurídico -administrador civil, jurista, magistrado del orden Contencioso-administrativo-, quería hacerle algunas reflexiones.


En primer lugar, entendemos que el Tribunal de Cuentas ante todo es un órgano estructuralmente deficiente, con una arquitectura jurídica que ya desde la propia Constitución no es del todo completa y seguramente se necesitaría una reforma de
la propia Constitución, pero, sobre todo, de las leyes que lo desarrollan. Usted, como jurista, aunque yo no sé si esto está decidido o no, es muy posible que entre en la función jurisdiccional de este órgano constitucional. Desde este punto de
vista, el Tribunal de Cuentas no encaja, ni de lejos, en los parámetros europeos de independencia judicial y de respeto por el derecho de acceso a una verdadera jurisdicción. El Tribunal de Cuentas es un órgano administrativo de control contable
que, además, ejerce una función judicial, jurisdiccional, al dictar autos y sentencias.


De hecho, a los diputados se nos remitieron hace unos meses las resoluciones del año 2020 del Tribunal de Cuentas y vemos que dicta sentencias en virtud de la soberanía popular y en nombre del rey, exactamente igual que los órganos del Poder
Judicial. Dicta sentencias sin que los consejeros de cuentas deban tener conocimientos jurídicos ni ser miembros del Poder Judicial. Sin independencia de ningún tipo porque responden disciplinariamente ante las Cortes Generales, que los nombra y
los puede destituir. Además, es un mismo órgano que decide en vía administrativa en primera y segunda instancia jurisdiccional -ya no me atrevo a decir instancia judicial- y, además, después de esta segunda instancia jurisdiccional o judicial, que
se llama comúnmente de enjuiciamiento contable, solo existe la posibilidad de

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casación ante el Supremo por unos supuestos muy concretos. No hay un verdadero control judicial de la actividad del Tribunal de Cuentas.


Aunque la verdad es que esto no tiene nada que ver con su idoneidad, desde Junts per Catalunya hacemos una reflexión sobre el funcionamiento del Tribunal de Cuentas. Consideramos que el Tribunal de Cuentas es un agujero negro del Estado,
una jurisdicción especial fuera de control judicial que atenta contra los principios de unidad jurisdiccional, independencia judicial y acceso a la jurisdicción. Todo esto se lo explico porque voy a hacerle una pregunta, que es si usted considera
que se puede sentir cómodo como jurista en caso de que acabe siendo nombrado -cosa que asumimos todos: que los que comparecen hoy van a ser miembros del Tribunal de Cuentas-, si a usted no le genera incomodidad esta situación de poder dictar
sentencias con unas graves consecuencias para las personas destinatarias de estas decisiones sin que tengan un verdadero acceso al Poder Judicial. En definitiva, que se esté produciendo una especie de agujero no controlado ni siquiera por las
organizaciones de control del Poder Judicial europeas sobre una actividad jurisdiccional que ocurre en España. Le pregunto si esto le preocupa de alguna manera.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.


Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso tiene la palabra el señor Suárez Lamata.


El señor SUÁREZ LAMATA: Muy buenas tardes.


En primer lugar, quiero pedirle disculpas porque he tenido que acudir un momento al médico. Le doy la enhorabuena por su propuesta de nombramiento. Había leído su currículum y le he preguntado a mi compañero, que básicamente me ha
explicado que ha hecho lo mismo en su intervención, reproducir su currículum. Si yo fuera Odón Elorza, que afortunadamente no lo soy, podría comenzar esta intervención -que no lo voy a hacer- diciendo que genera desconfianza, fundamentalmente
porque usted ha desempeñado funciones vinculadas a gobiernos socialistas. No las voy a detallar, no voy a incurrir en ese error porque prefiero quedarme con su currículum. Por lo tanto, usted es una persona que ha ejercido labores en la
Jurisdicción Contencioso-administrativa y que tiene además una tesis doctoral muy interesante en estos días: Separación de poderes y Gobierno del Poder Judicial. Le voy a hacer una pregunta, que ya le digo que no está obligado a responder, pero me
aprovecho de su tesis. Llevan toda la mañana aquí cuestionándose permanente y constantemente el sistema de elección. Yo participo en una comisión que se llama Comisión de Calidad Democrática y llevamos año y medio intentando saber si es posible
elegir a los miembros de este tipo de órganos de otra forma, y todavía nadie ha sido capaz de proponer un sistema alternativo. Pero cuando uno analiza Europa ve que el sistema de elección español es perfectamente homologable. En cualquier caso, le
pregunto a usted si lo considera adecuado o idóneo o si considera que hay otras posibilidades. Ya le digo que no tiene obligación de contestarme. Y le voy a preguntar, fundamentalmente dada su condición de magistrado, por algunas cuestiones que
afectan a la función jurisdiccional, que también se está cuestionando permanente y constantemente. ¿Cree usted que el Tribunal de Cuentas es un órgano administrativo, y sobre todo cuando realiza la función jurisdiccional? Evidentemente, la
fiscalización es otra cosa, pero en ese ámbito en concreto me interesa su opinión.


Por otro lado, me está sorprendiendo, pero hay una especie de nube y se va dejando la necesidad de reformar la institución del Tribunal de Cuentas. Varios de los intervinientes así lo han puesto de manifiesto. Yo le pregunto si cree usted
necesario reformar la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas, de 1982, o la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, del año 1988, fundamentalmente en lo que afecta a la función jurisdiccional. Realmente me interesaría saber su opinión sobre
esa función, si cree usted que es homologable a lo que se hace en otros países de Europa con ordenamientos jurídicos de corte muy parecido al español, como Portugal, Italia, Francia, Bélgica; si es perfectamente homologable o no. En cualquier
caso, y por último, ¿qué cree usted? Porque esta es una cuestión que subyace durante todas las intervenciones. Se viene a decir que el Tribunal de Cuentas es un órgano que se ve muy lejos, dada la complejidad de las materias que trata, tanto en el
ámbito de fiscalización como en el ámbito de responsabilidad contable, puesto que son cuestiones complejas. ¿Cree usted que es posible acercarlo algo más -ya no digo mucho, yo creo que lo de mucho es muy complicado, pero algo más- a los ciudadanos?


Muchas gracias y le reitero mi felicitación por su propuesta.


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchísimas gracias.


Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Socialista, la señora Ramón Utrabo.

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La señora RAMÓN UTRABO: Muchas gracias, señor presidente.


Antes de entrar en la cuestión me gustaría decirle al señor portavoz del Grupo Popular que con la que les está cayendo a ustedes con la propuesta que han hecho del señor Arnaldo para el Tribunal Constitucional, que usted diga pero no diga
que le causa desconfianza el hecho de que el señor Íñiguez pueda ser idóneo o no por haber desempeñado cargos ligados al Gobierno socialista lo cierto es que me causa rubor, por no decir otra cosa.


Centrándome en la comparecencia del señor Íñiguez, lo primero que quiero es darle a usted la bienvenida y felicitarle por haber sido elegido como candidato para obtener la idoneidad de esta Cámara para ser consejero del Tribunal de Cuentas.
Tiene usted, como así ha expuesto, una dilatada trayectoria ligada al ámbito de lo público, destacando esa vocación de servicio público que usted mismo mencionaba, que me parece una cualidad fundamental para desempeñar este cargo y que, en
definitiva, le hace merecedor de obtener esa idoneidad. Esa trayectoria la ha desarrollado tanto en el ámbito nacional como en el ámbito internacional. En este sentido, me gustaría preguntarle si ha tenido ocasión de conocer en el exterior
organismos de fiscalización similares a nuestro actual Tribunal de Cuentas y qué percepción tienen en el exterior de este órgano de fiscalización.


Por parte del grupo al que represento, el Grupo Parlamentario Socialista, no albergamos dudas de su idoneidad para el desempeño de este cargo y estamos convencidos y convencidas de que, dada su experiencia, es mucho lo que podrá aportar para
mejorar el funcionamiento del tribunal, haciéndolo más ágil, más moderno y, en definitiva, más conocido en el ámbito de la sociedad, en el caso de que salga elegido, porque siempre digo que tenemos que respetar los procedimientos de los que nos
hemos dotado. Pero tenemos el convencimiento de su aportación para la modernización y la agilización del funcionamiento del propio tribunal.


Mucha suerte y los mejores deseos en el desempeño futuro de ese cargo, en el caso de que así proceda.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchísimas gracias.


Para finalizar, tiene la palabra don Diego Íñiguez Hernández, candidato a consejero de Tribunal de Cuentas.


El señor CANDIDATO A CONSEJERO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Íñiguez Hernández): Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, muchas gracias por sus preguntas y por sus consideraciones; por todas sus consideraciones. Trataré de darles respuesta en el breve tiempo de esta segunda intervención.


Al señor diputado del Grupo Plural le puedo contestar que sí, que me sentiría cómodo como jurista en el Tribunal de Cuentas, como lo he estado en cada uno de los órganos administrativos y jurisdiccionales en los que he trabajado, y además lo
haré poniendo mi modesto talento, mi experiencia y mi compromiso público al servicio del órgano para el que esté trabajando, que es lo que hace que las cosas funcionen, dar lo mejor que uno pueda de sí. Sí, espero sentirme cómodo y estaría muy
contento si tuviera la ocasión de hacerlo, si el procedimiento conduce a esto.


Al señor diputado del Grupo Parlamentario Popular le agradezco su elegante contención. Muchas gracias. En relación con las preguntas que hacía, sobre el Consejo General del Poder Judicial hablaremos con mucho gusto, pero quizás en otra
ocasión. Creo que hoy no debo aburrirles con mis teorías sobre eso; tengo alguna idea sobre qué se podría hacer en ese órgano malhadado, pero quizá no es el momento ni el lugar.


Sobre la naturaleza jurídica del Tribunal de Cuentas, en realidad lo ha dicho usted en la pregunta: tiene una doble naturaleza. La parte jurisdiccional de su función la ha declarado el propio Tribunal Constitucional, pero la lleva
declarando la doctrina administrativa, en lo que he podido leer estos días, desde muchos años atrás. Mendizábal en los años sesenta ya escribía sobre esto y hablaba de la función constitucional del Tribunal de Cuentas antes de que tuviéramos una
Constitución en España o en el largo intervalo de no tenerla y hablaba de la función jurisdiccional que inequívocamente cumple el Tribunal de Cuentas cuando desarrolla esa función de enjuiciamiento contable, de alcance, etcétera. Indudablemente,
tiene varias, como ocurre en distintos órganos, que tienen funciones de un tipo o de otro. La clave está en el régimen jurídico, en las garantías y en la ejecutoria.


En cuanto a la necesidad de reformar la Ley de funcionamiento, sería atrevido por mi parte decirlo antes siquiera de haber empezado a trabajar allí, pero no dude su señoría que tendré una impresión y

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posiblemente una opinión que dar, fundada en la modesta capacidad de mi experiencia de trabajos anteriores en los que he solido hacer eso, al cabo de un cierto tiempo, con humildad, con discreción y con la mejor forma posible de exponerlo.


A la señora Ramón le agradezco muchísimo su intervención, sus buenos deseos y su confianza. Sí he conocido en el exterior, en parte, algo del funcionamiento del Tribunal de Cuentas de la Unión Europea, porque en algún momento he trabajado
cerca de órganos que hacían eso, y conocí el sistema peculiar de la Oficina Europea de Patentes, que es una organización internacional independiente, no es Unión Europea, que tenían sistemas frente a los cuales el Tribunal de Cuentas español tiene
incluso algunas garantías que no tienen ellos en algunos elementos. El Tribunal de Cuentas español no desmerece los modelos que yo he conocido, es verdad que lateralmente y sin estudiarlos de un modo sistemático, como tendré ahora ocasión de hacer
en esta posición.


Creo que no es preciso que me extienda en lo que elegantemente no ha mencionado el señor diputado del Partido Popular. Sí quería decir que estos días, pensando cómo presentarme ante ustedes, preparaba, nada originalmente, que somos el fruto
de nuestra formación y nuestra experiencia profesional. Mi formación la he explicado, como doctor en derecho, funcionario de carrera y magistrado, creo que puede ser útil para las funciones del Tribunal de Cuentas, tanto de fiscalización como de
enjuiciamiento, porque no tengo la menor idea de dónde prestaré mis servicios si soy elegido por la Cámara para hacerlo. La de este alto tribunal es una función del Estado regulada en la Constitución y desempeñar la cual sería la culminación de una
carrera que me ha permitido satisfacer mi interés activo por la diversa organización y por las regulaciones de los distintos países, administraciones y organismos en los que ha trabajado, mi vocación de servicio público y que ha enriquecido también
mi perspectiva sobre los principios de economía y eficiencia que inspiran la labor de fiscalización del Tribunal de Cuentas.


Respecto a otro valor, el de la independencia o, mejor, el de la imparcialidad, al que han hecho referencia sus señorías -porque las garantías de independencia se reconocen a un funcionario o a un juez no como privilegio, sino para que sea
imparcial en los asuntos en los que interviene; son instrumentales, para asegurar su imparcialidad en el ejercicio sus funciones-, solo quería decir que un funcionario público debe ajustarse a ellas al conducirse con arreglo a los principios
constitucionales de legalidad, de objetividad, al servicio de los intereses generales, de eficacia y de igualdad. Y si me permiten la confesión, ser aún más independiente fue lo que me movió a preparar el examen nada fácil para ser magistrado y
cambiar de carrera cuando tenía una posición razonablemente buena en la Administración. Desde esa vocación reflexiva de servicio público agradezco la atención y las consideraciones de todas aquellas señorías que han intervenido, y si el Congreso de
los Diputados me honrara con su confianza haré cuanto de mí dependa por atenderlas al cumplir con objetividad e imparcialidad mis deberes como consejero del Tribunal de Cuentas.


Muchas gracias y buenas tardes.


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por su presencia.


- DEL CANDIDATO A CONSEJERO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS DON JOSÉ MANUEL OTERO LASTRES.


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muy buenas tardes y bienvenido.


Tiene la palabra don José Manuel Otero Lastres, candidato a consejero del Tribunal de Cuentas. Tiene usted 10 minutos.


El señor CANDIDATO A CONSEJERO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Otero Lastres): Con la venia del señor presidente.


Ilustrísimos miembros de la Comisión de Nombramientos, comparezco ante ustedes porque he sido llamado para exponer, en primer lugar y brevemente, mi curriculum vitae.


Soy, básicamente, un universitario. Le he dedicado casi todos los años de mi vida a la universidad desde que acabé en junio de 1970 en Santiago de Compostela. Seguí mi carrera en la misma universidad hasta el año 1981, fecha en la que me
desplacé a la Universidad de León ya con el cargo de catedrático, y desde 1986 he estado hasta mi jubilación en la Universidad de Alcalá de Henares. Es mi primera y gran vocación. Pero en un momento determinado de mi vida decidí iniciar el
ejercicio de la abogacía, una actividad que consideraba que era absolutamente necesaria para complementar mis conocimientos del

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Derecho, porque hasta entonces los tenía, básicamente, desde un punto de vista teórico y quería completarlos con la visión práctica de la abogacía. Al principio tuve una sensación de haber sido algo infiel con la universidad porque dejaba
lo que era la gran pasión de mi vida, por lo menos dejaba de estar en primer plano, pero los años me han demostrado que fue una buena decisión, porque le devolví a la universidad, junto con mi maestro y otro catedrático de Santiago de Compostela, un
manual de novecientas hojas en el que combinaba la visión teórica y práctica de la propiedad industrial, que fue el sector del ordenamiento jurídico al que me dediqué profesionalmente. Por tanto, esas son las dos actividades profesionales que
constituyen mi vida académica.


Y tengo otras dos actividades, que también forman parte de mi vida y que nos las puedo separar de las otras dos, pero que tienen que ver con el mundo del ocio. Una es mi dedicación al mundo del deporte. He sido vicepresidente del Comité
Español de Disciplina Deportiva y actualmente soy miembro de la junta directiva de un club de fútbol de Primera División.


Y la otra actividad reciente, insospechada, fue dedicarme al mundo de la literatura, donde ya he publicado cinco novelas. Acabo de publicar la quinta. Dedicarme al mundo de la creatividad también me produce un gran goce individual y una
gran satisfacción.


Básicamente, esta es mi vida y quiero iniciar ahora una nueva etapa y entregarme en la medida de lo que pueda al servicio público porque se me ha propuesto, y creo que cuando se te propone para un cargo de esta importancia hay que dar un
paso al frente por España. Lo haré encantado si gozo de la confianza de esta Cámara y de las Cortes Generales.


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchísimas gracias.


Por el Grupo Parlamentario Plural tiene la palabra el señor Pagès i Massó.


El señor PAGÈS I MASSÓ: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, señor Otero, no voy a cuestionar su currículum porque, desgraciadamente, en este foro no tenemos la capacidad de cuestionarlo para luego poder oponernos al nombramiento. Aquí, sencillamente, venimos a escuchar sus currículums y en
su caso me parece un currículum extenso. Reúne una actividad práctica como abogado y una actividad académica, y además estas dos dedicaciones. Realmente le felicito porque demuestra que es usted una persona que tiene una vida muy rica y amplia,
con amplitud de intereses.


Yo me voy a centrar en una sola pregunta, que es la siguiente: ¿Qué piensa usted como jurista -aunque por lo que veo no es publicista, sino más bien iusprivatista- de que un solo órgano, aunque sea un órgano constitucional, reúna dentro de
su organización única -al final, es una organización única- la tramitación de un expediente administrativo -contradictorio, etcétera-, la decisión final en este expediente administrativo -entiendo que es una decisión de tipo administrativo, porque
no es judicial-, que en el mismo órgano, ya en fase de enjuiciamiento, se encuentre una primera decisión de tipo judicial, una sentencia en primera instancia, y que en el mismo órgano se encuentre también una segunda resolución de tipo judicial, la
sentencia en segunda instancia? ¿Qué piensa usted de esta concentración de decisiones en un único órgano? ¿Altera el derecho a un procedimiento justo? ¿Puede comportar algún tipo de vulneración de derechos para las personas que son objeto de
estas tramitaciones por parte del Tribunal de Cuentas? Todo esto teniendo en cuenta que el Tribunal de Cuentas es un órgano que no pertenece al Poder Judicial, como usted perfectamente sabe, que sus componentes no tienen que ser necesariamente
juristas y cuyas decisiones solo son recurribles ante la justicia propiamente dicha, concretamente ante el Tribunal Supremo, por la vía de un recurso estrictamente tasado, como es el recurso de casación. ¿Qué piensa usted ante esta situación, ante
este estado de cosas que hace que un solo órgano decida en vía administrativa, en primera y en segunda instancia judicial?


Muchas gracias y felicidades por su futuro nombramiento.


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.


Tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso el señor Suárez Lamata.


El señor SUÁREZ LAMATA: Muchas gracias, señor presidente.


Señor Otero, bienvenido a esta Comisión, en la que se analiza la idoneidad de los candidatos. Le doy la enhorabuena por la propuesta.


A mí me cuesta entender determinados discursos. Precisamente esta Comisión es para valorar si las personas que comparecen y sus currículums se adecúan o no, si son idóneos o no, y el escenario en el

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que estamos es fácil. En su caso, si lo tuviera que repetir, igual nos daban las dos de la madrugada y no nos habríamos ido, así que lo voy a omitir. Y recogiendo sus hobbies, hablaba de disciplina deportiva y de fútbol. Le advierto que,
según en qué sección caiga, si es que le toca alguna, puede acabar fiscalizando a la federación de fútbol u otras cuestiones. No sé ya si haría o no muchos amigos, eso el tiempo lo dirá.


Hablaba usted de una nueva etapa de servicio público. Lógicamente, usted viene de unos ámbitos, pero en la vida todo se puede aprender y más viendo -insisto- su currículum. Estoy convencido de que usted se adaptará rápidamente a la
cuestión, pero por entrar en materia, en esa aproximación que supongo que habrá hecho en estos días al Tribunal de Cuentas, ¿considera que es una institución homologable en todos sus términos a cualquier institución fiscalizadora del ámbito
occidental? No solamente me refiero al ámbito europeo, sino comparándola con la canadiense y la americana. Porque alguna formación política lleva toda la mañana intentando desprestigiar a esta institución y más que una comisión de idoneidad, da la
sensación de que lo que se está haciendo es enjuiciar a la propia institución. Ahora mismo se vuelve a insistir en la naturaleza administrativa de los procedimientos del enjuiciamiento y eso tiene una clara finalidad: desprestigiar lo que en estos
momentos ha hecho el Tribunal de Cuentas en un determinado procedimiento de responsabilidad contable. Yo le pregunto: ¿qué concepto tiene de la función jurisdiccional, que al parecer es lo único que interesa en esta Comisión, a la vista -insisto-
de cómo va el desarrollo de la misma? Y con la precaución debida le hago otra pregunta: ¿Cree que serían necesarias algunas modificaciones tanto en la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas, del año 1982, como en la Ley de funcionamiento, del año
1988, a la vista de que, evidentemente, son leyes que ya tienen años? La institución ha funcionado razonablemente, a pesar de todo lo que se quiera insistir, pero, lógicamente, con el transcurso del tiempo surgen nuevos problemas. Ha habido un
debate en la Comisión del Tribunal de Cuentas sobre si el Tribunal de Cuentas tiene que ser un órgano de lucha anticorrupción o no; cada uno tenemos nuestra opinión. En definitiva, problemas ambientales, problemas de género; todo esto son retos a
los que el Tribunal de Cuentas ya se está enfrentando, pero yo creo que habrá que acelerar. Desde ese punto de vista, ¿cree que es necesario algún tipo de modificación al respecto?


Por mi parte, no le voy a hacer más preguntas. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.


Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Ramón Utrabo.


La señora RAMÓN UTRABO: Muchas gracias, presidente.


En primer lugar, señor Otero, quiero felicitarle por su propuesta como candidato a obtener la idoneidad de esta Cámara para ser elegido consejero del Tribunal de Cuentas. Quiero darle la bienvenida a esta casa y agradecerle su exposición,
en la que ha dado muestras de su amplia trayectoria, la mayor parte del tiempo ligada a la universidad, con la pasión que ha demostrado en su intervención por esta institución pública y con un marcado perfil jurista. Como abogado en ejercicio -lo
ha manifestado en su intervención y además tuve la oportunidad de verlo en su currículum-, me gustaría preguntarle cuál cree que podrá ser su aportación en caso de ser elegido consejero del Tribunal de Cuentas. También quiero preguntarle qué
desafíos considera que deberá afrontar en este próximo periodo el Tribunal de Cuentas.


Por mi parte, le agradezco su intervención y le deseo mucha suerte en el desempeño de su función, en caso de ser elegido, como consejero del Tribunal de Cuentas.


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchísimas gracias.


Para finalizar, tiene la palabra don José Manuel Otero Lastres, candidato a consejero del Tribunal de Cuentas.


El señor CANDIDATO A CONSEJERO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Otero Lastres): Con la venia del señor presidente.


En lo que se refiere a las preguntas, agradezco las de todos ustedes y las palabras que me han dedicado sobre mi currículum.


A la pregunta que me formula el señor Pagès i Massó le respondo lo siguiente: yo soy una persona que he vivido muchos años de mi vida sin Constitución. Nací en 1947 y gocé por primera vez de Constitución en el año 1978. Tengo delante de
mí a los padres de la Constitución española y les estoy profundamente agradecido por haberme dotado de una norma jurídica de altísimo nivel que me ha permitido vivir el resto de los años de mi vida en plena libertad. Yo, como ciudadano, estoy
satisfecho del campo de libertad en el que he vivido durante todos estos años. Soy una persona individual y no tengo

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criterio para promover posibles modificaciones de la carta magna, pero estoy en el Congreso, de aquí pueden salir modificaciones si se creen convenientes. Y, si se creen convenientes y se realizan por el cauce que prevé la Constitución y
las aprueba el pueblo español, las defenderé tanto como estoy defendiendo desde que tengo el privilegio de vivir en libertad. Muchas gracias.


El señor Suárez Lamata me preguntaba básicamente si es una institución homologable a las constitucionales. Yo, personalmente, creo que sí. Ha sido su labor, incluso controlada por el Tribunal Constitucional. Me parece un órgano
constitucional que está a la altura de cualquier otro país europeo y homologable con nosotros perfectamente.


En lo que se refiere, en concreto, a la función jurisdiccional, es una función que es casi una consecuencia de todas las competencias que tiene. Si tiene competencias de fiscalización, tiene competencias para enjuiciar las posibles
incidencias que se produzcan en el ámbito de esa fiscalización. Yo no dudaría nunca del nivel ni de la adecuación de los consejeros del actual Tribunal de Cuentas para ejercer su función, porque así está previsto en la Constitución.


Y vuelvo a decir lo de antes, la Constitución española es de 1978. En su momento fue una de las más avanzadas de todas las que había. Es posible, señor Suárez Lamata, que se haya quedado obsoleta en algunos puntos. Si se puede modificar,
que se modifique. Yo lo veo difícil. No estamos en unos momentos en los que vaya a ser fácil modificar la Constitución, porque va a ser muy difícil lograr un consenso tan impresionante como el que hubo en los años 1977 y 1978; pero, si se hace,
la defenderé como he defendido esta desde que la tengo.


Por otro lado, ni siquiera he entrado en el Tribunal de Cuentas, por lo que no me puedo atrever a decir si hay que modificar o no su actuación, porque la conozco muy por encima.


En lo que se refiere a la señora Ramón, le agradezco también sus palabras. Efectivamente, puede que yo tenga que ejercer una función jurisdiccional, no sé dónde voy a ir destinado, si a fiscalización o enjuiciamiento, lo que sí le puedo
decir es que por mi trayectoria profesional he intervenido muchas veces en tribunales arbitrales comerciales internos e internacionales, he ejercitado desde esa perspectiva la labor de juez, de árbitro, y es una labor que no me resulta extraña.


En lo que se refiere a la relación con mi materia, usted sabe muy bien que yo soy catedrático de Derecho Mercantil. Derecho mercantil es el derecho de la empresa y está muy conectado con las sociedades anónimas; y dentro de las sociedades
anónimas sabe usted que hay un apartado que son las cuentas anuales, que también tenemos que explicárselas a los alumnos. O sea, que no es una materia que me resulte muy alejada de lo que vaya a hacer en el futuro. Siempre uno puede dudar de si es
el idóneo o no, pero yo me siento con fuerzas para iniciar esta nueva vida, si me dan ustedes su confianza.


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchísimas gracias y muy buenas tardes.


El señor CANDIDATO A CONSEJERO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Otero Lastres): Buenas tardes. (Pausa).


- DEL CANDIDATO A CONSEJERO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS DON MIGUEL ÁNGEL TORRES MORATO.


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muy buenas tardes. Bienvenido.


Comenzamos la intervención. Para ello tiene usted la palabra, señor don Miguel Ángel Torres Morato, candidato a consejero del Tribunal de Cuentas. Tiene usted diez minutos.


El señor CANDIDATO A CONSEJERO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Torres Morato): Con la venia, señor presidente. Y también con la venia de los ilustres miembros de la Comisión.


En primer lugar, quiero manifestar que para mí es un honor comparecer ante esta Comisión para solicitar la confianza de la Cámara para un puesto, evidentemente, de significativa responsabilidad, como es el de consejero del Tribunal de
Cuentas. Quiero exponer brevemente mi currículum, puesto que ya ustedes tienen conocimiento de él en un sentido más amplio, y también exponer algunas líneas de actuación que creo que son interesantes dentro del próximo pleno del Tribunal de
Cuentas.


No quiero ocultar a la Comisión que mi vinculación con el Tribunal de Cuentas es de más de catorce años y que considero que tengo un cierto conocimiento de los procedimientos que se siguen en el propio tribunal.


Brevemente, señalaré que soy licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid en el año 1977, con la calificación de premio extraordinario. Ingresé por oposición como juez en el año 1978

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y desempeñé funciones judiciales durante los años 1979 a 1981. En el año 1982 ingresé en la carrera fiscal, en la que he servido ininterrumpidamente durante estos treinta y nueve años. He estado destinado como fiscal en lo que era la
denominada Audiencia Territorial de Barcelona y, luego, en la Audiencia Territorial de Madrid, y en el año 1990 fui destinado al Tribunal de Cuentas. En el año 1998 pasé al Tribunal Supremo, a la Sección Penal, donde estuve hasta el año 2015,
cuando fui nombrado fiscal jefe del Tribunal de Cuentas. Desde esta posición de pertenecer al pleno que ahora sale del Tribunal de Cuentas, he tenido la posibilidad de conocer ampliamente tanto la función fiscalizadora como la función de
enjuiciamiento.


Entre las publicaciones que aparecen en mi currículum, sí quisiera destacar dos de ellas. En primer lugar, la que se refiere a la prueba ilícita en el proceso penal, que me parece que es de interés en lo que se refiere a los procesos
penales, pero que no tiene relación, lógicamente, con la función del Tribunal de Cuentas, pues el Tribunal de Cuentas no es un órgano penal. Sin embargo, otra publicación que me parece interesante es la que hace referencia a la contratación
irregular en el sector público como supuesto de responsabilidad contable. Como es sabido, la contratación pública es un área de riesgo dentro de lo que es el contexto de la fiscalización y, por tanto, sí tiene una singular importancia. Desde este
punto de vista, creo que los sistemas de control y prevención, así como la determinación de las posibles responsabilidades contables de los gestores públicos, sí tienen una enorme importancia. Sí me parece relevante señalar que en ese artículo se
hace referencia al momento en que se produce el daño en los caudales públicos, y ha tenido influencia o ha sido admitida esta tesis que se mantiene en este trabajo en cuanto al momento en que se produce, que hace referencia al flujo financiero y no
a la corriente monetaria de dinero. Por otra parte, me parece que también es relevante señalar un estudio que realicé sobre la prescripción de la responsabilidad contable derivada del ilícito penal. Esta tesis también ha tenido acogida por la Sala
tercera del Tribunal Supremo, en la sentencia de 10 de diciembre de 2020.


En cuanto a las líneas de actuación, creo que debe partirse de lo que es -y así aparece configurado- el Tribunal de Cuentas, un órgano técnico de control externo del gasto público que depende de las Cortes. Entiendo que son muy importantes
estas funciones, como así se desarrolla también en el derecho comparado, puesto que las sociedades democráticas avanzadas tienen en estos órganos de control externo un elemento de referencia, como es la buena administración, la buena gestión de los
fondos públicos. Desde esta perspectiva, considero que la ineficiencia de estos recursos públicos constituye un grave problema, puesto que esto normalmente suele estar unido al tema de la corrupción de las administraciones y al tema del
despilfarro.


En cuanto a la importancia que tienen estas áreas de riesgo a las que me refería anteriormente, como son el tema de las subvenciones y ayudas públicas y el tema de la contratación pública, creo que las líneas que debe seguir, porque así se
ha hecho hincapié en el pleno saliente, es fomentar y profundizar sobre estas fiscalizaciones de estas concretas actuaciones de los gestores públicos y si, además, se producen en todo el sector público. Por otra parte, considero que dentro del tema
de la contratación un elemento clave es la justificación de esta contratación, puesto que a través de ella se puede llevar a cabo un mayor control de esta gestión. También considero que es importante el control de estos fondos que se han dedicado y
se dedican actualmente a la pandemia del coronavirus, y también al Fondo de recuperación Next Generation.


Me parece fundamental implementar aquellos elementos que puedan introducir mejoras en los procedimientos de gasto, así como establecer una coordinación entre el control interno y el control externo, puesto que, evidentemente, son áreas del
control del gasto que necesariamente deben estar coordinadas. Resulta de especial importancia también el control de las sociedades públicas dependientes de las distintas administraciones, y me parece de especial trascendencia no solo la realización
de fiscalizaciones de cumplimiento y financieras, sino también las fiscalizaciones operativas o de gestión en lo que afecta a los sistemas y procedimientos y en lo que hace referencia a los principios de economía, eficacia y de eficiencia. Desde
este punto de vista, y en esta materia de fiscalización, debe atenderse no solo a la contabilidad financiera, sino también a la contabilidad analítica.


En materia de enjuiciamiento, quiero destacar una característica muy importante, y es que el enjuiciamiento está realmente constitucionalizado -así se desprende del artículo 136.2 de la Constitución- y, por tanto, es una faceta secular en la
propia actuación del Tribunal de Cuentas durante los siglos XIX y XX. Me parece que es de especial interés la defensa del interés público, y más en concreto del patrimonio público, puesto que a lo largo de los años se ha producido una progresión en
esta protección de lo público. En un primer momento se hablaba de fondos o caudales públicos, después se ha pasado a

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efectos públicos, y actualmente se habla de patrimonio público. Esto lo ha visto muy bien el legislador desde el punto de vista penal cuando reformó los artículos 432 y siguientes del Código Penal en la reforma de 2015, en donde se habla
abiertamente de patrimonio público y de la administración desleal. Creo que sería conveniente que se introdujera una modificación en el artículo 72.2 de la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, de 1988, estableciendo la conexión de lo que
debe ser la malversación contable en relación con este tema de la administración desleal, siempre desde el punto de vista de la responsabilidad contable.


Por otra parte, considero que la conexión entre fiscalización y enjuiciamiento, que no es un atributo exclusivo del derecho español, sino que también existe en otros tribunales de cuentas, no solo europeos, sino también en Iberoamérica, es
perfectamente lógico, puesto que el hecho de que se haga una fiscalización de la que puedan deducirse indicios de responsabilidad contable y que tengamos un tribunal especializado en estas materias económico-financieras permite que se pueda realizar
una aproximación más exacta para la determinación de esta responsabilidad y, además, al mismo tiempo, tiene unos efectos disuasorios en la erradicación de comportamientos inadecuados de la gestión del gasto.


Por todo ello, considero que la función de enjuiciamiento debe estar unida a la función de fiscalización, en el sentido de que ambas funciones sean desarrolladas, no que se realicen por los mismos órganos, sino en departamentos distintos.
Me parece también importante que el propio tribunal, en el pleno que comienza ahora, lleve a cabo el reglamento de régimen interior, sobre el que se ha estado trabajando en el anterior pleno. Y me parece que una reforma legislativa en lo que afecta
a la fase administrativa o a la fase de actuaciones previas, junto con la fase procesal en lo que se refiere al enjuiciamiento de la responsabilidad contable, de que en vez de existir dos procedimientos, como existen actualmente, el del juicio de
cuentas y el procedimiento de responsabilidad por alcance, existiera un solo procedimiento, puesto que ha demostrado tener una dinámica enormemente trascendente e importante y una facilidad en el desarrollo de esas actuaciones. Así pues, salvo
mejor opinión, considero que el procedimiento de reintegro por alcance cumpliría perfectamente las funciones encomendadas a la Sección de Enjuiciamiento.


Nada más. Me pongo a disposición de ustedes para contestar a sus preguntas.


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchísimas gracias.


A continuación, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Plural, el señor Pagès i Massó.


El señor PAGÈS I MASSÓ: Muchas gracias, señor presidente, señorías.


Señor Torres, primero de todo, quiero felicitarle, darle la enhorabuena por su futuro y seguro nombramiento por parte del Congreso de los Diputados. Aquí no habrá margen para que no sea nombrado, porque la decisión ya se tomó hace unas
semanas por parte de los representantes en una negociación del Partido Popular y del PSOE. Por tanto, aquí no hay margen, sencillamente quiero felicitarle porque usted va a ser miembro del Tribunal de Cuentas. También quiero decirle que su
currículum, evidentemente, reúne los requisitos de mérito y capacidad sobradamente, y esto no lo vamos a poner en cuestión aquí, aunque en otros procesos semejantes a este como los hearings americanos se podría cuestionar; pero aquí, la verdad, no
tiene mucho sentido hacerlo, porque la decisión ya está tomada.


Lo que sí quiero hacerle, señor Torres, es una pregunta, y es la siguiente. Usted, como jurista y como penalista, concretamente como fiscal jefe de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas durante muchos años, desde el 2015, qué piensa y cuál es
su opinión sobre el hecho de que un mismo órgano asuma el expediente administrativo, la tramitación administrativa y la decisión administrativa. Que el mismo órgano, en secciones, departamentos o instancias diferentes -eso sí- asuma una sentencia
en primera instancia en ejercicio de la jurisdicción contable y que otro departamento del mismo órgano, una sala de enjuiciamiento, asuma la segunda instancia. Expediente administrativo, primera instancia y segunda instancia en un único órgano.
Tramitación administrativa y recursos jurisdiccionales, sin posibilidad de recurso sustantivo ante órganos judiciales, porque, como usted sabrá, el Tribunal de Cuentas no es un órgano del Poder Judicial ni sus miembros son jueces o magistrados ni
necesariamente tienen por qué tener formación jurídica. ¿Cuál es su opinión sobre esta cuestión? ¿Cómo queda aquí el derecho de acceso a la jurisdicción de las personas afectadas por estas decisiones tan determinantes de un órgano que no es Poder
Judicial ni tiene, digamos, la composición propia de un órgano judicial, que garantizaría su independencia e imparcialidad? De hecho, desde el punto de vista constitucional, el Tribunal Cuentas pone en cuestión la unidad jurisdiccional predicada en
el artículo 117 de la Constitución.


Le hago esta pregunta porque veo que usted incluso ha hecho algunas reflexiones sobre mejoras legislativas que, la verdad, comparto plenamente, y también ha hecho una reflexión sobre las funciones

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de fiscalización y enjuiciamiento del Tribunal Constitucional. Usted defiende que es habitual en otros órganos constitucionales, pero el derecho comparado no lo dice así, al contrario, normalmente los órganos de fiscalización acaban su
trabajo de fiscalización, emiten una resolución y esta resolución se puede recurrir ante los órganos judiciales. Esto realmente es lo más razonable y yo creo que el sistema español de fiscalización de cuentas debería tender a este camino si quiere
realmente ser constitucionalmente respetuoso, principalmente, con el derecho de acceso a la jurisdicción.


Además, aprovechando su condición de penalista, de fiscal jefe de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas, le quería preguntar también qué opina usted sobre que la actividad del Tribunal de Cuentas no llegue al grupo Greco, que es uno de los
órganos y de las instancias de control de la actividad judicial europea. Si es una actividad judicial, por qué no llega al grupo Greco la actividad jurisdiccional del Tribunal de Cuentas. Esta es una pregunta que quiero plantearle, si considera
pertinente que todas las resoluciones del Tribunal de Cuentas puedan ser notificadas y que el grupo Greco tenga constancia, conocimiento y pueda valorar si la actividad de este órgano no judicial pero que ejerce funciones jurisdiccionales sin las
garantías de un órgano judicial actúa correctamente.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchísimas gracias.


Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, el señor Suárez Lamata.


El señor SUÁREZ LAMATA: Muchas gracias, señor presidente.


Señor Torres, bienvenido. Enhorabuena por esta propuesta como candidato a ser miembro del Tribunal de Cuentas. Y le quiero agradecer expresamente el trabajo de estos nueve años, aunque usted ha dicho que lleva catorce. Yo he vivido más de
cerca estos nueve años en los que, sin lugar a dudas, el Tribunal de Cuentas, como decía antes, ha experimentado un cambio importante, se ha modernizado y es una institución moderna; no en vano pasó un control efectuado por el Tribunal de Cuentas
Europeo y el Tribunal de Cuentas portugués, y perfectamente se determinó que era homologable a cualquier otra institución. Qué duda cabe que es mejorable, como todo en la vida.


Llevo aquí todo el día y tengo la sensación de que más que de la idoneidad de los candidatos, de lo que algunas fuerzas políticas están hablando es de la idoneidad de la institución. Me voy conteniendo, y voy a intentar hacerlo hasta el
final, porque esto de insistir tanto en la función administrativa -ustedes han preguntado por tierra, mar y aire- tiene una finalidad, y la finalidad es de quien está en estos momentos inmerso en un proceso y es desacreditarlo ante Europa. Yo se lo
voy a preguntar directamente, sabiendo la respuesta, se lo digo claramente. ¿Usted entiende que la función jurisdiccional es una función administrativa? Porque, claro, esto al final es tanto como decir que la justicia militar es una función
administrativa del Tribunal Constitucional. Es decir, que existe el Consejo General del Poder Judicial es evidente, pero luego hay otras jurisdicciones. Desde ese punto de vista, a ver si usted es capaz de aclararlo y así acabamos con esta
cuestión.


Respecto al funcionamiento de la Sección de Enjuiciamiento, evidentemente usted lo ha visto en estos años. ¿Usted qué cree que habría que cambiar en el funcionamiento propiamente dicho de esa sección para mejorarla? Lo digo porque yo creo,
por lo que le he leído a algunos de sus compañeros, que en estos años se reclamaba quizás una mayor cooperación con los juzgados de lo Penal y en las instrucciones de determinados procedimientos en los que, como sabe usted perfectamente, coincide,
por un lado, la responsabilidad contable y, por otro, la responsabilidad penal; incluso los juzgados de lo Penal a veces recurren a la jurisdicción contable, puesto que hablamos de una cuestión muy técnica para delimitar claramente cuáles son las
cantidades que han sido objeto de malversación.


Otra cuestión que está en el aire, ¿usted cree que el procedimiento tiene garantías suficientes? Da la sensación de que el procedimiento jurisdicción contable no las tenga, pero, cuando uno acude a ver cómo está regulado en la ley de
funcionamiento y en otras leyes que son aplicables, evidentemente desde mi punto de vista es homologable, pero se lo pregunto a usted, que indudablemente sabe mucho más.


Es como el tema de los recursos, esto es reiterativo. Es decir, hay una primera instancia, hay una segunda instancia y todo es susceptible, al final, de recurso de revisión o casación. La excepción tercera. ¿Usted cree que no da
suficientes garantías cuando se amplió incluso el objeto de la casación, porque no estuviera tan cerrado? Eso da garantías a aquellas personas que se pueden ver inmersas en el proceso.


Y poco más. Tengo algunas cuestiones, pero tampoco me quiero extender mucho en esta intervención.


Muchas gracias.

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El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchísimas gracias.


Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Socialista, la señora Ramón Utrabo.


La señora RAMÓN UTRABO: Muchas gracias, presidente.


Señor Torres, en primer lugar, quiero darle la bienvenida y, también, la enhorabuena por haber sido elegido como candidato para obtener la idoneidad por esta Cámara en esta Comisión. Quiero agradecerle su exposición, su dilatada carrera
como fiscal y su vinculación durante los últimos catorce años al Tribunal de Cuentas.


Conoce en profundidad el funcionamiento del mismo, como usted mismo ha manifestado, tanto en la Sección de Fiscalización como en la de Enjuiciamiento. No dudo ni dudamos en mi grupo que va a obtener la idoneidad en esta Comisión, ya que su
perfil y su trayectoria dan muestra de ello y avalan la obtención de esa idoneidad para el puesto.


Solo quiero desearle un buen trabajo, un trabajo fructífero en el caso de salir elegido por esta Cámara, cuando proceda la elección. Y antes de finalizar mi intervención, sí me gustaría plantearle alguna cuestión. Usted ha indicado a lo
largo de su exposición algunas modificaciones, y sería conveniente abordarlas. Me gustaría que profundizara un poquito más en las posibles reformas, en las que considera usted prioritarias, dado su conocimiento del funcionamiento interno de este
órgano. También me gustaría que nos contara cómo considera que su trayectoria y su carrera de fiscal, en los últimos años ligada -como he dicho- al tribunal, pueden ayudar a afrontar los desafíos del Tribunal de Cuentas en estos próximos años. Por
último, ha planteado dentro de esas posibles reformas que se lleve a cabo la función de fiscalización y de enjuiciamiento desde departamentos distintos. Me gustaría también, si es posible, que profundizara en esta reforma que ha planteado.


Por mi parte, nada más. Le deseo éxito en su trayectoria, como he dicho, en caso de salir elegido. Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchísimas gracias.


Para finalizar, tiene la palabra don Miguel Ángel Torres Morato.


El señor CANDIDATO A CONSEJERO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Torres Morato): Muchas gracias, señor presidente.


Son variadas las cuestiones y voy a tratar de ordenar las respuestas. En cuanto a la interesante primera intervención del señor Pagès voy a tratar de clarificar en la medida de mis posibilidades algunos conceptos. Se ha hablado de que el
Tribunal de Cuentas es un órgano administrativo. Entiendo que no se puede establecer una definición de ese tipo para el Tribunal de Cuentas. Yo creo que la definición que debe tener el Tribunal de Cuentas es el de un órgano de control externo, de
carácter técnico, dependiente de las Cortes. Y dentro de esa definición de órgano técnico de control externo de las cuentas existen dos funciones, la función de fiscalización y la función de enjuiciamiento. La función de fiscalización sí tiene un
componente procedimental de tipo más administrativo, si bien es verdad que los informes que se aprueban por el pleno no son recurribles ante el Tribunal Supremo ni ante la jurisdicción contencioso-administrativa, porque tienen una naturaleza de
informe que se presenta y se rinde ante la Comisión Mixta de Relaciones con el Tribunal de Cuentas. Independientemente de esta función fiscalizadora, en el derecho comparado, sobre todo en el derecho anglosajón -Estados Unidos e Inglaterra-, donde
además suelen ser órganos unipersonales, la única función que desarrollan las auditorías son el control y la fiscalización del gasto público, no teniendo un componente de enjuiciamiento. Si bien junto a esto hay otros órganos, por ejemplo en
Francia, que sí tienen este componente de enjuiciamiento. Esta función de enjuiciamiento es netamente distinta y diferenciada de la anterior. En esta función de enjuiciamiento he de manifestar que se trata de verdaderos órganos judiciales. Eso es
una cosa admitida, puesto que se dictan autos y sentencias, y es distinto a que no pertenezcan al Poder Judicial.


Efectivamente, el Tribunal de Cuentas no pertenece al Poder Judicial, pero sin ninguna duda está admitido desde hace muchos años que son órganos judiciales, porque tienen un componente jurisdiccional. Órgano judicial es equivalente a órgano
jurisdiccional. Podría decirse que su actuación es irregular porque no pertenece al Poder Judicial, pero yo tengo que decir que el tribunal del jurado tiene potestad para dictar veredictos y vincula, puesto que el magistrado tiene que atender al
veredicto que ha manifestado. El órgano decisor es el jurado. Los miembros del jurado no son stricto sensu personas que pertenezcan al Poder Judicial, ni tampoco tienen por qué ser licenciados en Derecho, puesto que están elegidos entre un
universo de ciudadanos. Pero, además de este ejemplo, tenemos el del Tribunal Constitucional. El Tribunal

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Constitucional es un órgano de funciones judiciales, pero no pertenece al Poder Judicial. ¿Podría ser mejorable el sistema de elección? Ese es un problema que tendrán que decidir las Cámaras. Tendrán que decidir si los consejeros que
vayan adscritos a la Sección de Enjuiciamiento, que tienen unas competencias judiciales indudables y que sujetan, efectivamente, el patrimonio de los ciudadanos con sus resoluciones, podrían ser elegidos de otra manera, y eso no plantearía a nivel
teórico ningún problema, además de poder estar adscritos también a la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas.


El hecho de que haya una unidad de actuaciones previas y que tiene un contenido administrativo está perfectamente diferenciado, puesto que en el artículo 47 de la Ley de funcionamiento se establece la regulación de los delegados
instructores, que tienen un contenido administrativo, y esas resoluciones de los delegados instructores son recurribles ante la Sala de Justicia del propio Tribunal de Cuentas. Puede plantearse que todo se hace allí, pero hay que tener en cuenta
que, por ejemplo, en el proceso penal existe un juez de instrucción y una audiencia donde se ven los recursos, y a nadie se le ocurre pensar que exista una problemática por eso. Cada unidad tiene sus propias competencias y en el desarrollo de las
mismas se pueden interponer los correspondientes recursos. La Sección de Enjuiciamiento consta de tres departamentos y cada uno está dirigido por un consejero, que tiene las potestades propias de los jueces, porque así lo dice la Constitución y
porque así lo dice la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas, y en su desempeño no estando vinculado por ningún tipo de actuación de otro órgano del propio tribunal ni tampoco externo, sino que tiene las prerrogativas propias de la independencia y de
la inamovilidad, y no existe ningún problema en ese sentido. Y el hecho de que exista una Sala de Justicia compuesta por aquellos miembros que no han visto el asunto en primera instancia es un elemento de garantía. Creo que las reticencias que
existen no son tales, puesto que si cada miembro del tribunal actúa con arreglo a lo establecido en la propia ley, y yo estoy convencido de que así lo hacen, no existe ningún problema el hecho de que existan tres departamentos, de que exista una
Sala de Justicia, de que existan unos procedimientos a través de los cuales se trata de llevar a cabo el ejercicio de la acción contable.


Y como culminación a esta estructura judicial, la propia Sección de Enjuiciamiento, como es lógico y natural, depende de la Sala tercera del Tribunal Supremo, que es la Sala de lo Contencioso-Administrativo. El hecho de que se trate a
través de un recurso de casación no ha impedido que en determinados supuestos el Tribunal Supremo haya revocado sentencias de la Sala de Justicia. Es un hecho que ha ocurrido y que ocurre. De manera que los cauces podrán ser más estrechos de lo
que es un recurso ordinario, pero eso no impide, y así se puede constatar en los repertorios jurisprudenciales del Tribunal Supremo, que existan sentencias que revocan sentencias de la Sala de Justicia.


Por tanto, el procedimiento contable está sometido a las mismas garantías que todos los procedimientos judiciales que se siguen en cualquier jurisdicción. La jurisdicción contable es una jurisdicción especializada, pero sujeta al artículo
24, tutela judicial efectiva, al artículo 14, principio de igualdad, y al sistema de pruebas. El sistema de pruebas es, simplemente, el establecido con carácter general en los procedimientos de naturaleza civil. Es un procedimiento de naturaleza
civil con algunos componentes contencioso-administrativos donde no es de aplicación la presunción de inocencia, porque, tal y como ha dicho el Tribunal Constitucional, en los procedimientos civiles no se aplica la presunción de inocencia, porque no
se imponen penas, porque no se imponen sanciones. Lo que se establece a través de los procedimientos de reintegro por alcance, que son en su mayoría los que se tramitan, son acciones de resarcimiento, donde eventualmente se han producido algunos
perjuicios en los caudales públicos y de lo que se trata es de reintegrarlo. Es como cuando existe una deuda entre particulares y uno le reclama al otro la devolución de una determinada cantidad. En este caso, aquellos que tienen legitimación
activa para el ejercicio de la acción contable, como es la propia entidad perjudicada, la acción pública -que técnica y correctamente sería una acción popular- y el ministerio Fiscal, son los legitimados activamente de acuerdo con el artículo 47 de
la Ley Orgánica y los artículos 55 y 56 de la Ley de funcionamiento.


El procedimiento es de plenas garantías. Se puede recurrir -de hecho, se han recurrido las sentencias- ante el Tribunal Constitucional una vez agotada la vía del Tribunal Supremo. Por eso, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado
reiteradamente sobre cuestiones jurisdiccionales del Tribunal de Cuentas. Y ahí está esa jurisprudencia para poder consultarla.


En cuanto a si llegan las sentencias al Grupo Greco, no veo ninguna dificultad para que lleguen o no y que puedan ser sometidas a escrutinio. Las sentencias del Tribunal de Cuentas son unos documentos normalmente muy trabajados, unas
sentencias densas, donde se tratan materias muy técnicas. Porque el Tribunal de Cuentas es un órgano técnico, estrictamente técnico; tiene unos cuerpos de letrados y unos cuerpos de auditores y, además, existen otros funcionarios de otras
administraciones que también prestan

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servicios en ellos. De manera que, precisamente el aprovechamiento de las sinergias de personas que tienen unos grandes conocimientos en economía y las de otras que los tienen en materia jurídica le da esa diferenciación y ese matiz al
Tribunal de Cuentas de órgano especializado en materias económicas, presupuestarias y contables. El mundo cada vez se diversifica más y se va especializando, y no está de más que haya un tribunal que conozca las responsabilidades que puede tener el
cuentadante en la gestión de los fondos públicos.


No quiero cansar a los miembros de la Comisión, pero en cuanto a las modificaciones de la ley he apuntado algunas que podrían ir en la dirección que dice el señor Pagès, que es la de dar unos contornos más definidos a la actuación o a la
operativa del delegado instructor. Yo sí que creo que la figura del delegado instructor podría ser tratada- desde luego, las Cortes tienen mucho que decir en ello- para establecer unos perfiles, unos procedimientos, unas matizaciones en la
actuación en toda esa fase. Porque los procedimientos que se seguían en los años ochenta o noventa lógicamente son distintos a los que se siguen ahora, porque la materia económica se ha ido desarrollando más. Efectivamente, la ley orgánica es de
1982 y la Ley de funcionamiento es de 1988, que actualmente tienen unos retos a los que hay que enfrentarse y que deberían adornarse de todas las garantías necesarias para que no exista la menor duda de que ese procedimiento previo de las
actuaciones previas tenga todas las garantías, que yo creo que las tiene, pero si se pueden reforzar y establecer unas mayores redundaría en una mayor confianza de la ciudadanía, unas actuaciones que, por otra parte, son de naturaleza pública, de
conocimiento público, y están bajo el escrutinio de la sociedad y, desde luego, de los poderes públicos.


Yo no tengo la menor duda -y así se ha seguido durante el pleno saliente- del ejercicio de la mayor transparencia de todo lo que se realiza en el Tribunal de Cuentas, obteniendo, por los órganos que emiten las calificaciones de
transparencia, unas calificaciones muy altas, puesto que ese es el deseo de todas las personas que trabajan en el Tribunal de Cuentas, y que no exista la menor duda de su actuación.


No quiero cansar a la Comisión. Si necesitan alguna ampliación más estoy a su disposición.


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchísimas gracias y muy buenas tardes.


Esperamos unos minutos y votamos. (Pausa).


- VOTACIÓN PARA LA ELECCIÓN DE SEIS CONSEJEROS DEL TRIBUNAL DE CUENTAS.


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Finalizada la última comparecencia, procede que la Comisión emita su criterio sobre la idoneidad de los candidatos a consejeros del Tribunal de Cuentas que han comparecido ante la misma.
Procede emitir criterio sobre las candidaturas a consejeros del Tribunal de Cuentas, sabiendo que esta Comisión adopta sus acuerdos conforme al voto ponderado.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 242; en contra, 12.


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Por lo tanto, se declara la idoneidad de los candidatos y el criterio de la Comisión favorable a las candidaturas presentadas.


Se comunicará a la Mesa de la Cámara, a los efectos de su elección por el Pleno de la Cámara. (El señor Pagès i Massó pide la palabra).


Señor Pagès.


El señor PAGÈS I MASSÓ: Señor presidente, solo para que conste en acta, quiero decir que el voto desfavorable del Grupo Plural no es en relación con los perfiles de los candidatos, sino en relación con el procedimiento por el que nos han
llegado estos nombres aquí.


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Yo creo que ha quedado claro en todas las intervenciones que ha realizado, pero constará en acta.


Muchas gracias.


Se levanta la sesión.


Eran las seis y veinte de la tarde.