CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2021 XIV LEGISLATURA Núm. 494

DE DERECHOS DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA

PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª NORMA PUJOL I FARRÉ

Sesión núm. 9

celebrada el martes,

28 de septiembre de 2021

ORDEN DEL DÍA:


Comparecencias:


- Del señor director de la Plataforma de la Infancia (Ibarra Roca), para informar sobre la situación de los derechos de la infancia en la coyuntura presente. A petición del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú
Podem-Galicia en Común. (Número de expediente 219/000188) ... (Página2)


- Del señor coordinador interno y responsable del grupo de trabajo de salud del Consejo de la Juventud de España (Blázquez Fernández), para explicar la problemática y abordar soluciones en relación con la salud mental de los adolescentes. A
petición del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 219/000591) ... (Página12)


- El señor presidente y socio fundador de la Asociación Justicia Poética (Díez Fernández), para dar cuenta sobre la propuesta de enmiendas al Proyecto de Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la
violencia, así como para dar cuenta de la situación de la infancia en España. A petición del Grupo Parlamentario VOX. (Número de expediente 219/000330) ... (Página21)


- De la señora secretaria de la Plataforma Familia y Derecho (Winkels Arce), para explicar las conclusiones del I Congreso de la Infancia y Adolescencia celebrado en Madrid los días 25 y 26 de marzo, organizado por el ilustre Colegio de
Abogados de Madrid, el ilustre Colegio de Abogados de Barcelona y la Plataforma Familia y Derecho. A petición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 219/000451) ... (Página30)

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Se abre la sesión a las diez de la mañana.


COMPARECENCIAS:


- DEL SEÑOR DIRECTOR DE LA PLATAFORMA DE LA INFANCIA (IBARRA ROCA), PARA INFORMAR SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA EN LA COYUNTURA PRESENTE. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDAS PODEMOS-EN COMÚ
PODEM-GALICIA EN COMÚN. (Número de expediente 219/000188).


La señora PRESIDENTA: Señorías, se abre la sesión.


Procedemos a tramitar el orden del día. Antes les informo, tal y como acordamos en la reunión de Mesa y portavoces, de que los tiempos de intervención serán los siguientes: quince minutos para la persona compareciente; tres minutos por
cada grupo parlamentario, comenzando por el autor de la iniciativa y a continuación, de menor a mayor, el resto de los grupos parlamentarios, y quince minutos más para la contestación por parte del compareciente a las cuestiones planteadas. Pedimos
ceñirnos escrupulosamente a los tiempos con tal de que podamos celebrar las cuatro comparecencias en cuatro horas, y que lleguemos todas y todos puntualmente al Pleno.


Vamos a empezar por la primera de las cuatro comparecencias que tenemos hoy, dando la bienvenida a don Ricardo Ibarra Roca, director de la Plataforma de la Infancia, que tiene la palabra, como hemos dicho, por quince minutos.


El señor DIRECTOR DE LA PLATAFORMA DE LA INFANCIA (Ibarra Roca): Muchísimas gracias, presidenta; muchas gracias a todas las señorías presentes hoy en la Comisión de Infancia por invitar, una vez más, a la plataforma y poder participar en
esta Comisión, y en concreto para lo que nos habéis pedido, que es hablar de la situación de los derechos de la infancia en la coyuntura presente.


Esta comparecencia, además, tiene lugar en un momento muy oportuno, porque ahora mismo España va a ser examinada sobre la situación de los derechos del niño, un proceso que inicia Naciones Unidas y que concluirá en 2023, y es en este momento
en el que ahora mismo las organizaciones de infancia que participan en la plataforma, que son 74, hemos trabajado en un informe de análisis de cuál es esa situación de los derechos del niño desde el último examen, que se hizo en 2018, y que aunque
haremos público en noviembre, vengo a esta comparecencia con los datos bastante actualizados y las reflexiones y las propuestas muy claras.


Antes de comenzar a valorar la situación de los derechos del niño quiero destacar que vengo a esta Comisión con el privilegio de haber venido en el pasado y además con la situación, que quiero remarcar, de que ha habido muchísimos avances
desde la última vez que estuve aquí. Se ha aprobado la Lopivi; se está desarrollando el ingreso mínimo vital; ayer mismo se anunció la creación del consejo estatal de participación infantil, que son políticas en las que veníamos trabajando desde
hace muchísimos años, con diversos Gobiernos, y que finalmente ya han visto la luz y ya son una realidad. Sin embargo, tenemos que ser conscientes también de que partíamos de una situación muy precaria en políticas de infancia, España está muy
detrás de la media de la Unión Europea en muchísimos datos que tienen que ver con los derechos de los niños y las niñas, y además en este marco en esta legislatura hemos sufrido una pandemia que va a empeorar la situación de muchos niños que están
en situaciones socioeconómicas complicadas. Por tanto no debemos caer en la autocomplacencia cuando hablamos de políticas de infancia, porque nos queda mucho, mucho, mucho por hacer en temas de infancia.


Como dispongo solamente de quince minutos, quiero abordar algunas cuestiones que, ya sea porque son prioritarias por la temática que abordan o la gravedad de la misma, y sobre todo porque creo que esta Comisión debe dar la posibilidad de
abordarlas en esta legislatura, voy a intentar centrarme solamente en ellas, a pesar de que hay muchos temas que me gustaría mencionar. Son cuatro los temas que abordaré. Por un lado, la desigualdad, sobre todo medidas para reducir el impacto en
la pobreza infantil, pero también empezaré a enfocar medidas, programas y políticas para prevenir que esta se produzca, y sobre todo apoyar a la crianza y a la conciliación como grandes retos. El segundo bloque de cuestiones que abordaré, son los
retos legislativos que ya se han asumido por parte del Gobierno, y que por tanto la Comisión y el Congreso en su conjunto deberán trabajar, como es el desarrollo de la Lopivi y otras cuestiones. El tercer bloque de cuestiones que abordaré son los
retos pendientes, que todavía no tenemos claro cómo se van a producir pero que han sido, al menos, comprometidos por parte del Gobierno, como son el tema de la atención temprana o la desinstitucionalización existente. Y por último terminaré con el
abordaje de algunas

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vulneraciones muy graves de infancia que nos preocupan y que creemos que hay que empezar a trabajar. Me gustaría hablar de más cosas, de verdad, pero creo que el tiempo da para lo que da.


El primer bloque de cuestiones, la pobreza infantil y la desigualdad, es un tema que nos preocupa por la gravedad de lo que supone y la envergadura de este problema en España, un problema que ustedes conocen perfectamente, porque se ha
trabajado aquí y porque hemos podido hablar de esta cuestión en el pasado, y porque no es un tema nuevo, es un problema estructural en nuestro país, donde ya venimos sufriendo tasas de pobreza infantil muy por encima de la media europea,
lamentablemente. Actualmente, la cifra de niños en riesgo de pobreza supera el 27,4 % y estamos hablando de datos previos a la pandemia; por tanto, las estimaciones que tenemos en las organizaciones nos indican que es probable que esta cifra se
incremente aún más, hasta el 33 %. Pero creo que lo que es más importante es que nos vayamos de esta comparecencia sabiendo la importancia de abordar la pobreza más severa, una pobreza más severa y un fenómeno que se está incrementando en los
últimos años, pues prevemos que pueda llegar a alcanzar al 15 % de los niños de nuestro país y, lógicamente, es la que más afecta al desarrollo de sus derechos. Es cierto que el despliegue del ingreso mínimo vital lo hemos recibido con muchísimo
entusiasmo por parte de las organizaciones expertas en la materia; es un avance notable, indudable y que además se aprobó por consenso de esta Cámara, porque recoge, en primer lugar, en temas de infancia, cuantías muy superiores a las que ya
teníamos antes; la prestación por hijo a cargo, como saben, no llegaba a los 30 euros de media y excepcionalmente a los 50 para niños en situación de pobreza, y es cierto que el ingreso mínimo vital supera esas cuantías notablemente, a cerca de 138
euros por niño, que es lo que supone el ingreso mínimo vital para las familias que lo reciben. Esta es una cuantía, lógicamente, mucho más acorde para el problema que se quiere abordar. Sin embargo el ingreso mínimo vital no ha estado exento de
problemas y de carencias. En primer lugar, como ya manifestamos en su momento, cambia los umbrales de percepción frente a la prestación por hijo a cargo, y esto hace que muchas familias y muchos niños se queden fuera de estas prestaciones; está
claro que son niños que están en una pobreza más moderada, no tan severa, pero aun así nos preocupa que más de dos tercios de los niños que están en riesgo de pobreza puedan quedar fuera de la percepción de esta prestación. Además el ingreso mínimo
vital tiene problemas en su configuración, como hemos trasladado alguna vez, con las familias numerosas con cuatro o más hijos, con casuísticas como los hijos de solicitantes de protección internacional que no están en el sistema de acogida o
familias jóvenes de menores de veintitrés años. Traslado esto porque creo que hay muchas posibilidades de mejorar el ingreso mínimo vital; está ahora mismo en tramitación parlamentaria y creo que hay ese ánimo de cambiar y mejorar una política que
puede funcionar muy bien, y que además también tiene problemas no solamente en su configuración y en su diseño, sino también en su funcionamiento. Nos preocupa mucho la burocracia y la complejidad que tiene para muchas familias el acceso al ingreso
mínimo vital, creemos que se puede potenciar la participación del tercer sector en su despliegue, y tenemos que garantizar, además, que no suponga menoscabo de las rentas mínimas autonómicas existentes, como estamos viendo que algunas comunidades
autónomas están haciendo. Creemos que podemos abordar y mejorar la situación de la pobreza más severa a través de esta tramitación parlamentaria. Y como decía, hay un tema y un fenómeno que estamos viendo más novedoso en los últimos años que nos
preocupa muchísimo, que es el incremento de la pobreza más intensa y más severa. Creemos que además hay que incorporar enmiendas en el Congreso en la tramitación del ingreso mínimo vital sobre todo para focalizar e intentar aumentar las cuantías en
los niños más pequeños, en los niños que más están sufriendo la pobreza y sobre todo en los más pequeños por el impacto que tiene en ellos.


Pero en la pobreza no solamente tenemos que tener un efecto paliativo, sino también preventivo, como decía al inicio; creemos que uno de los grandes debates o cuestiones que tenemos que empezar a afrontar como sociedad es el tema de la
crianza y la conciliación. Como sabemos, las familias tienen menos hijos de los que quisieran, hay muchísimas dificultades que se manifiestan constantemente en las encuestas del INE sobre la tasa de fecundidad y sobre las dificultades de las
mujeres para tener hijos, donde sobre todo se habla de problemas de conciliación, de políticas inadecuadas de permisos de maternidad y paternidad y de apoyo a la conciliación y acceso a servicios. Creemos que el anuncio de una ley de diversidad
familiar y apoyo a las familias es una gran oportunidad para que en esta legislatura también se aborden cuestiones en esta línea. Para nosotros es importante que el permiso de maternidad y paternidad, que se ha incrementado notablemente en los
últimos años, siga aumentando, al menos hasta los seis meses que recomienda la OMS para, por ejemplo, garantizar la lactancia materna a estos niños. También hay que abordar, por fin, un permiso de cuidado parental remunerado para menores de

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doce años, como existe en otros países de la Unión Europea; creemos que es uno de esos retos. Y alguna de las medidas que hemos experimentado durante la pandemia tienen que quedarse y potenciarse por parte de las administraciones en temas
de conciliación, como el aumentar y potenciar esa conciliación a través de la flexibilidad horaria, el teletrabajo o, sobre todo, la universalización del 0-3, que tiene tantos beneficios en estos niños. Pero, como decía antes, también el apoyo a la
crianza tiene que ir con un mayor apoyo económico a todas las familias, no solo aquellas que están en situación de pobreza; creemos que ahora se abre otra oportunidad importante también en esta legislatura, como es la reforma fiscal, que se ha
anunciado que se quiere abordar de manera más progresiva, y creemos que tiene que tener también un enfoque de infancia muy claro esa comisión de expertos que está trabajando en esa reforma fiscal. En la comparecencia que tuve hace un año ya
hablábamos de la necesidad de afrontar las deducciones fiscales reembolsables como un instrumento muy positivo para llegar a más familias, buscar esa universalidad y mejorar esas barreras de acceso que a veces tienen las prestaciones.


Como decía, el segundo bloque, más allá de la pobreza y la desigualdad que quería abordar, son esas oportunidades y compromisos que esta Cámara va a tener que abordar antes de que acabe la legislatura, según los compromisos que ya se han
asumido por parte del Gobierno. La Lopivi, que tanto hemos aplaudido y tan importante es, tiene que desarrollarse normativamente, y parte de ese desarrollo que no se hizo en esta Cámara es el compromiso de que se va a desarrollar antes de junio de
2022: la especialización de los órganos judiciales, de la Fiscalía y de los equipos técnicos que presten asistencia especializada a los juzgados y tribunales. Esto es algo que deberá llegar antes de nueve meses a estas Cortes y que por tanto
tendrán que trabajar los diputados y diputadas, y esperemos que vea la luz en esta legislatura.


Más allá de este compromiso, lógicamente como Congreso de los Diputados, deberemos garantizar que los Presupuestos Generales del Estado tienen una dotación presupuestaria adecuada para implementar todas las bondades y las cuestiones
positivas que tiene esta ley, que tienen que tener presupuestos suficientes. También se tienen que concretar en los próximos meses cuestiones que la Lopivi tiene que desarrollar, como son los canales de denuncia accesibles para la infancia, la
creación de un registro central de información coordinado con las comunidades autónomas o figuras que deben desarrollarse normativamente, en este caso por las comunidades autónomas.


Otro de los grandes compromisos que anunciaron en su momento los partidos que están en el Gobierno y que queremos que salgan en esta legislatura es la ley de atención temprana y el compromiso de avanzar hacia la desinstitucionalización. Los
servicios públicos de España tienen aproximadamente el 40 % de los niños que necesitan atención temprana. Estos son muy pocos niños y, como sabemos, las consecuencias de no atender a estos niños, no detectar estas situaciones son muy graves en el
desarrollo de los niños y las niñas. Hay una situación muy desigual, según las comunidades autónomas, en recursos, en apoyo, en estadísticas, especialmente en entornos rurales. Por eso ese anuncio de la ley de atención temprana es tan necesario
para garantizar esto como un derecho universal y gratuito para los niños entre cero y seis años de edad. Y más allá de eso, como decía, otro de los compromisos en los que debemos avanzar es en la desinstitucionalización; España debe priorizar el
acogimiento familiar que lamentablemente cada año es menor frente al acogimiento residencial. Tenemos que conseguir prohibir la institucionalización de menores de tres años que lamentablemente, aunque la Lopivi lo recoge, sigue produciéndose en
muchos lugares. Y más allá de potenciar este acogimiento familiar, tenemos que empezar a trabajar en prevenir que los niños entren en el sistema de protección. Eso es posible con un mayor apoyo a las familias en riesgo, un mayor apoyo al trabajo
de servicios sociales con las familias, y también ofreciendo más garantías a los procesos de retirada de tutela y favorecer la reintegración en las familias una vez que se hayan eliminado las circunstancias que promovieron esa retirada de tutela.


Concluyo ya, para no extenderme más allá de mi tiempo, con el último bloque que mencionaba antes, que son esas grandes vulneraciones de los derechos del niño, que lamentablemente se siguen dando en nuestro país y que nos preocupan. Hemos
visto y hemos recibido con mucho apoyo y mucha felicidad que finalmente se resolviera un problema enquistado que teníamos desde hace más de tres años en Melilla, con muchos niños y niñas que estaban fuera del sistema educativo, a pesar de que el
Defensor del Pueblo, el Comité de Derechos del Niño y las organizaciones que trabajan allí sabían que estos niños tenían residencia efectiva en Melilla y lamentablemente quedaban fuera del sistema educativo. Es un problema que por suerte se ha
resuelto este año y nos congratulamos de ello, pero que no debería haber pasado en ningún caso. Lamentablemente también vemos grandes vulneraciones de los derechos del niño cuando hablamos de infancia migrante, sobre todo de migrantes no
acompañados, Hace nada en Ceuta vimos vulneraciones de derechos muy graves, que esperemos que no vuelvan a suceder, porque así lo recoge nuestro ordenamiento

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jurídico y nuestras obligaciones internacionales con los derechos humanos. Y es importante para ello que tomemos medidas y desarrollemos políticas efectivas más allá de situaciones coyunturales. Hay un compromiso de desarrollar una
estrategia integral de derechos de la infancia emigrante, que esperemos que vea la luz en las próximas semanas o meses; estamos trabajando ya con el ministerio para que esta estrategia tenga lugar, y seguramente esta Comisión tendrá un gran rol en
poder participar en mejoras de la propia estrategia. Tenemos también que contar con un plan de contingencia para esas situaciones puntuales y garantizar que en esos momentos tengamos asistencia letrada para todos los niños y niñas, una
identificación de los más vulnerables y recursos adecuados, porque no puede ser que solamente las comunidades autónomas con cercanía de frontera o con cercanía geográfica tengan que asumir este tipo de situaciones. Eso implica que cambiemos un
modelo en el cual las comunidades autónomas tienen que cambiar su rol de manera solidaria y responsable con la atención de los niños y niñas más vulnerables. También debe reformarse el reglamento de extranjería, algo en lo que hemos trabajado con
el Ministerio de Inclusión, que se ha anunciado, pero que todavía no se ha aprobado en el Consejo de Ministros para garantizar que los niños que están en el sistema de protección, que son extranjeros y no acompañados, tienen las mismas oportunidades
que sus iguales a la hora de acceder, por ejemplo, al mercado laboral. Y la propia Lopivi también aborda el compromiso de desarrollar una cuestión tan importante para estos niños como son los procedimientos de determinación de la edad, que es un
compromiso que en principio también se va a ver en esta legislatura antes de junio de 2022 y que aplaudimos que así sea.


Siento no poder mencionar más temas, de verdad que me gustaría poder abordar cuestiones como la salud mental, cuestiones que tienen que ver con la discapacidad, con muchos otros temas que trabajamos en la plataforma en nuestro día a día,
pero les invito a que conozcan el informe que presentaremos en Naciones Unidas el próximo noviembre, dentro de ese marco de examen a nuestro país que hace el Comité de Derechos del Niño, algo que haremos público.


Quería agradecerles a todos los diputados y diputadas las oportunidades que nos ofrecen a las organizaciones de infancia para trabajar con ustedes, también con el Gobierno y con las distintas administraciones, porque creo que esa es la
manera para conseguir mejorar las políticas de infancia.


Muchísimas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias, señor Ibarra, por sus explicaciones y también por cumplir con los tiempos establecidos, que era todo un reto. Muchas gracias.


A continuación es el turno de los grupos parlamentarios, empezando por el proponente, en este caso el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común. Tiene la palabra la señora Muñoz.


La señora MUÑOZ DALDA: Muchísimas gracias, presidenta.


Muchas gracias, don Ricardo Ibarra, director de la Plataforma de la Infancia. En primer lugar, quiero agradecerle que haya accedido a la invitación, que haya podido comparecer aquí, además para hacernos un análisis, un spoiler de lo que van
a presentar en Naciones Unidas. Compartimos el análisis, desde luego; desde que empezamos la legislatura, en que partíamos de una situación muy precaria, en términos de derechos de la infancia, con la llegada de la pandemia también se ha visto
agravada, pero desde luego creo que desde las instituciones y desde el Gobierno de España se han podido impulsar avances, como son la Lopivi, el ingreso mínimo vital o, muy recientemente -y esto es muy importante señalarlo, porque es también una
reivindicación de hace muchos años y que previmos su desarrollo en esa Ley de Infancia- el Consejo Estatal de Política Infantil.


Sobre las cuestiones que ha subrayado, efectivamente creo que tenemos retos pendientes, también tenemos retos legislativos, como es el desarrollo de esa Ley de Infancia; tenemos que estar muy atentos también porque se continúan vulnerando
los derechos de la infancia. Lamentablemente hemos podido ver episodios absolutamente despreciables, como lo que ha pasado con la escolarización en Melilla o todo lo que pasó en Ceuta, que nos parece muy grave, pero también creo que estamos
intentando desde el grupo parlamentario y desde el propio Gobierno poner encima de la mesa esas cuestiones, además de otras como las medidas contra la pobreza infantil, y en este sentido queremos que en los Presupuestos Generales del Estado se
prevea ese impulso de la red pública de escuelas infantiles, también todas las medidas que tienen que ver con el apoyo a la crianza, que no es solo esto, sino también esa prestación por crianza universal. Así que esperamos que podamos seguir
viéndonos por aquí, también fuera, y estaremos muy atentas a la presentación de vuestro informe en Naciones Unidas.


Muchas gracias.

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La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Muñoz.


A continuación tiene la palabra el señor Martínez Oblanca, por el Grupo Parlamentario Mixto.


El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muy buenos días, señoras y señores diputados. Muchas gracias, señora presidenta.


Comienzo, como es natural, agradeciendo la presencia del señor Ibarra Roca, al que vamos a tener que declarar miembro honorario de esta Comisión, pero no en su favor, sino en el nuestro precisamente, porque creo que la representatividad de
la plataforma que usted representa y que además aglutina, como ha ciado usted, a 74 organizaciones, creo que nos proporciona una serie de datos imprescindibles, y nos viene fenomenal que periódicamente podamos hacer este tipo de comparaciones con
ellos.


También me alarman los crecientes datos sobre la pobreza infantil de la que usted vaticina, desgraciadamente, porcentajes más elevados todavía de lo que lo son en el presente, y el panorama que nos ha descrito parece que va a ser incluso
peor. Tomo nota de los problemas que usted ha subrayado sobre el ingreso mínimo vital, y sobre todo las posibilidades de mejora para que se despliegue una mayor participación, creo haberle entendido, del tercer sector para afrontar ese aumento de
la pobreza severa infantil.


He repasado los datos que usted nos facilitó en un interesante análisis que realizó aquí en el Congreso de los Diputados el pasado 18 de junio sobre la Convención Internacional de los Derechos del Niño; constato que las mejoras no las ha
habido, probablemente muy condicionado por este episodio pandémico que ha atravesado el mundo y singularmente España, que ha impedido avanzar significativamente en este sentido.


También he tomado nota de su llamada de atención en el avance de la legislación y de la normativa en España, que efectivamente nos aboca a un trabajo parlamentario intenso. Pero a mí me gusta decir que los avances legislativos y normativos
dependen sobre todo del grado de interés que pongan los partidos que apoyan al Gobierno, porque tenga usted la completa seguridad de que la oposición, en esta materia relacionada con la infancia, les pedimos un cheque en blanco, y por tanto
cualquier avance o todos los retrasos -que mucho me temo que vamos a tener en relación con estos cambios legislativos-, la responsabilidad a quien corresponde.


Por último, las vulneraciones de los derechos del niño. Dejó usted caer de pasada, por la escasez de tiempo, lo sucedido en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, y quisiera pedirle una valoración actualizada, a día de hoy, de cómo está
la situación en relación con los menores.


Veremos con atención el informe que presentarán ante Naciones Unidas y le invito de antemano a presentarlo también aquí en el Congreso en cuanto sea posible.


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Martínez Oblanca.


A continuación, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor López-Bas.


El señor LÓPEZ-BAS VALERO: Gracias, presidenta.


Buenos días a todos. Señor Ibarra, bienvenido a esta Comisión.


Desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos siempre hemos sido sensibles a los temas de políticas públicas de infancia, y de hecho se han impulsado ya desde la XI Legislatura incluso solicitando el aumento de plazas de cero a tres años y su
gratuidad: se llegó incluso también en su momento a un acuerdo con el Partido Popular para incrementar las deducciones que en su momento ya había para las prestaciones por hijos menores de tres años, y en esta legislatura incluso hemos presentado
una PNL precisamente para mantener esas prestaciones y para, en su caso, incrementarlas para las familias más vulnerables, porque al final la pobreza infantil siempre está en la pobreza de sus entornos familiares, evidentemente.


Le quería pedir una opinión sobre el hecho de que se hayan eliminado esas prestaciones, y también sobre si considera necesario que hubiera becas de conciliación, porque es uno de los elementos fundamentales, y consideramos que deben
utilizarse herramientas para luchar contra la pobreza infantil como precisamente la conciliación de las familias, sobre todo con hijos en esas edades menores.


En segundo lugar, me hago eco también de lo mismo que se ha dicho aquí de la situación de los menores, que hemos vivido hace semanas en Melilla. A nuestro grupo desde luego le parece una situación lamentable que haya tenido que intervenir
la justicia ante la propia actuación de la Administración pública, además en el Gobierno, y además cuando el Defensor del Pueblo en su momento ya había denunciado la falta de colaboración de la Dirección Provincial de Educación, que es una
competencia estatal en el caso de Melilla. En ese aspecto creo que es evidente, y vamos a estar todos de acuerdo, que el cumplimiento de la ley es la solución, no solo de la ley española, sino de las convenciones y convenios en

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los que España es parte en el ámbito internacional, porque ante la situación de extranjería está la situación de minoría de edad, siempre con un carácter prioritario, y creo que nosotros eso lo tenemos claro. Pero le preguntaría si desde la
perspectiva de su sector no se percibe, porque es lo que al final parece que hay, una desconexión o una falta de interlocución precisamente con las organizaciones de infancia por parte de la Administración pública a la hora de haber tomado
determinadas decisiones que se han demostrados ilegales, y han sido así rechazadas por los jueces, si ahí se hubiera podido hacer más y no ha habido una especie de cortocircuito en esa comunicación que usted además nos ha comentado que mantiene no
solo con este Congreso, sino con el Gobierno.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor López-Bas.


A continuación, por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra la señora Dantas.


La señora CARVALHO DANTAS: Muchas gracias, señora presidenta.


Gracias al señor Ibarra por venir a esta Comisión. Creo que es muy importante resaltar que todas las enmiendas de la Plataforma de la Infancia a la Lopivi han sido realmente imprescindibles para mejorar el texto; consideramos que es una
lástima que no se hayan aceptado todas y cada una de ellas.


Desde el Grupo Parlamentario Republicano apuntamos todos los retos que usted acaba de exponer, y desde este grupo continuaremos trabajando incansablemente, como lo hemos hecho hasta ahora, en las iniciativas parlamentarias. Desde aquí
quiero agradecer a la Plataforma de la Infancia la escolarización de los niños y niñas de Melilla, un tema que desde nuestro grupo hemos estado trabajando incansablemente en esta legislatura, y esperamos que haya un compromiso general en esta
Comisión en este sentido, porque los datos realmente son escalofriantes, como acaba de exponer usted: uno de cada cinco niños migrantes que viven en España se encuentra en una situación irregular, con todo lo que conlleva este dato horrible; un 37
% de estos niños sin papeles son bebés, entre el 0 y 4 %, y un 19 % tiene entre cinco y nueve años. El Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil pone de manifiesto, entre otras cosas, la dificultad en el acceso a la vivienda, que usted también ha
comentado. Ahora hay una caída en la escolarización de 0 a 3 años, una etapa educativa clave para acabar con la desigualdad, y es que de los 4,5 millones de personas en España que viven en situación de pobreza severa, el 14,1 % son niños, niñas y
adolescentes que viven en esta situación, según la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social. Las violaciones de derechos son tremendas, son muchas; hay deportaciones, hay todo lo que conlleva no tener papeles, hay niños que
viven en condición de pobreza, en una condición de vulnerabilidad severa, y tenemos que ponemos en marcha. Muchas gracias por su por su comparecencia.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Dantas.


A continuación, por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Calvo.


El señor CALVO LISTE: Muchas gracias, presidenta. Buenos días. Muchas gracias, señor Ibarra Roca, por su exposición.


Me referiré a un aspecto poco tratado por el asociacionismo infantojuvenil y, a nuestro modo de ver, de una gran importancia: la violencia institucional ejercida por el propio organismo o por sus representantes, ya sea por acción o por
omisión consciente. La institucionalización de una persona menor de edad ya es en sí misma una forma de violencia como contraposición al derecho a vivir en familia. Permítame que fije unos puntos que pronto será preciso abordar reglamentariamente.


Las instituciones están conformadas por personas que deben ser profesionales cualificados, y se hace por ello imprescindible concretar cuáles son sus competencias y sus límites. Hasta ahora, los servicios de protección de menores y
servicios sociales centralizaban la información y coordinaban las actuaciones de los distintos organismos. La introducción de un nuevo organismo, como es el de la Oficina de Asistencia a Víctimas, puede dar lugar a confusión de competencias o a una
duplicidad de actuaciones, haciendo perder eficacia. Se hace necesario, además, una formación de los trabajadores de la Administración pública en esta materia de derechos fundamentales de la infancia y adolescencia. En cuanto al ámbito específico
de la violencia, solo debería competer a los profesionales cuyo trabajo guarde relación directa con esta problemática. Hacer hincapié y focalizar su atención en las agresiones les predispone a afrontar su trabajo y las situaciones en las que
intervienen desde la perspectiva de la violencia, es decir, actuar con una visión en la que todo el mundo, los padres, los ciudadanos, los compañeros y las nuevas tecnologías, son agresivos con los niños y quieren hacerles daño. En muchas ocasiones
se aprecia en los procesos de

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institucionalización una vulneración de las causas y procedimientos. No se deberían concentrar en una sola persona las funciones de denunciante, supervisor, decisor y ejecutor. Habría que reducir al máximo la estancia en estos centros y
tener celo exquisito para evitar que se conviertan en lugares de malos tratos o que sean un vehículo que facilite o permita situaciones deleznables y delictivas, como las vividas por las niñas de Baleares o Canarias. Precisamente hoy sale en la
prensa la denuncia de una madre de una menor tutelada en la que habla de la desesperación por los abusos y explotación sexual que sufren sus hijos. Ha presentado una denuncia y además manifiesta que cuando su hija se fuga, vive entre drogas,
delincuentes y haciendo felaciones en un piso okupa en el número 63 de la calle Manacor, que hace dos semanas fue desalojado por la Policía y que ahora ya vuelve a estar habitado. En definitiva, solo un juez debe de poder declarar el desamparo y
adoptar o revisar las decisiones sobre la desaparición de un niño de su entorno. Ello en relación también con la recomendación que hace la ONU a España a través del Comité de los Derechos del Niño. Se hace necesario, por tanto, aumentar los
recursos destinados a evitar la separación de los niños de sus familias, promover que los centros de acogida se utilicen como último recurso y asignar recursos humanos y financieros para promover la atención de familias de acogida, definir además
los planes de desamparo, acciones para realizar una reintegración familiar y, antes de la solución institucional, incluso la preferencia por la familia extensa.


Voy a dar unos datos -y voy terminando-, solo el 9 %, acaba regresando con su familia, cerca del 50 % termina en las instituciones, sin referentes, sin hábitos, sin motivación, donde solo el 8 % comienza estudios de Bachillerato. Son vidas
sin aliciente alguno, vidas que muchas veces se truncan, y me estoy refiriendo a los suicidios. Este es otro tema, el de los suicidios, muy importante que merece ser tratado en otra ocasión...


La señora PRESIDENTA: Señor Calvo, lo siento, pero se le agotado el tiempo.


El señor CALVO LISTE: ... y que excede con creces el tiempo del que hemos dispuesto.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


A continuación, tiene la palabra, por el Grupo Popular, el señor Ortiz.


El señor ORTIZ GALVÁN: Gracias, presidenta.


En primer lugar, quiero agradecer al señor Ibarra su exposición y, al mismo tiempo, que haya accedido a comparecer aquí en esta Cámara. Felicitamos también a la Plataforma por la Infancia por liderar la Alianza por la Primera Infancia,
formada por dieciocho organizaciones. Nos identificamos desde el Grupo Parlamentario Popular con el objetivo de conseguir que la primera infancia, de 0 hasta 6 años, sea una prioridad para todas las administraciones públicas. Está demostrado que
las experiencias vividas en la primera infancia influyen en el desarrollo saludable de niños y niñas; por ejemplo, la educación gratuita de 0 a 3 años. Los datos establecen que las familias con rentas altas son aquellas en las que el 62,5 %
escolarizan a sus hijos en la educación de 0 a 3 años. En cambio, el porcentaje baja para las familias con rentas bajas hasta el 26,3 %. Aquí tenemos que aplaudir la iniciativa ya anunciada por Castilla y León, por el Gobierno del Partido Popular,
de establecer la educación gratuita desde los 2 años en el curso 2022 o 2023, o lo que ya hace Galicia con la educación gratuita de 0 a 3 años a partir del segundo hijo. Le preguntamos en qué medidas podemos ahondar aquí en el Congreso de los
Diputados a favor de esa iniciativa de la primera infancia.


Nos centramos también en el primer bloque, relativo a la pobreza infantil. Los datos son escalofriantes, España lidera la tasa de pobreza infantil en la Unión Europea; la tasa es del 27,4 %, similar a países como Rumanía o Bulgaria. Urge
revisar el sistema de protección de la infancia. Durante los últimos años, y más con la pandemia sanitaria, la pobreza infantil severa ha aumentado en este país, insisto, liderando la tasa de la Unión Europea. Ante ello, la respuesta que ha dado
el Gobierno ha sido el ingreso mínimo vital, que usted ha explicado, pero nosotros queremos poner de relieve, desde el Grupo Parlamentario Popular, que de los 350 000 hogares prometidos en un año y algunos meses desde su tramitación solamente han
llegado a 300 000 hogares en España. Qué mejoras propone la Plataforma de la Infancia para mejorar la tramitación pero, sobre todo, para el acceso de las familias en riesgo de pobreza al ingreso mínimo vital. ¿Tiene datos la Plataforma de la
Infancia de aquellas familias con niños en riesgo de pobreza a los que no les está llegando el ingreso mínimo vital y los motivos por los cuales no les está llegando?


Nosotros estamos muy preocupados, porque la pobreza infantil nos tiene que preocupar y ocupar a todos los responsables públicos. Le formulo dos últimas preguntas antes de que se me agote el tiempo.

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La primera, ¿qué respuesta le dio el Gobierno a la Plataforma de la Infancia a lo que ya ustedes manifestaron por la gestión que hizo el Gobierno ante la devolución de menores marroquíes en la última crisis de Ceuta? Y la última pregunta:
¿qué opinión le merece a usted, como representante de la Plataforma de la Infancia, la actuación que han realizado el Gobierno de España y el Govern balear por los casos de prostitución de niñas tuteladas en Baleares.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Ortiz.


A continuación, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Tizón.


La señora TIZÓN VÁZQUEZ: Gracias, presidenta.


En primer lugar, quiero darle la bienvenida y agradecer siempre su presencia y colaboración en favor de los y las menores en nuestro país, preocupación que compartimos y por la que trabajamos con compromiso, porque los menores son ciudadanos
de derecho que requieren una adecuada protección jurídica y administrativa, de forma que se garantice la atención de sus necesidades. Sin duda, la aprobación de la conocida como Ley Rhodes ha supuesto un hito histórico en cumplimiento de la
obligación de proteger a los niños, niñas y adolescentes de nuestro país, como así nos reclamaban los organismos internacionales, una legislación pionera con la que hemos logrado, entre otras medidas, generalizar la obligación de denunciar ante la
autoridad competente cualquier situación de violencia que ellos sufran, así como también que la prescripción de los delitos por abusos a menores no empieza a contar hasta que la víctima cumpla 35 años. Supone también la introducción de
modificaciones necesarias para garantizar la especialización dentro del orden jurisdiccional civil en infancia, familia y discapacidad, y la regulación de nuevos delitos de odio para evitar la victimización secundaria. Quiero también poner en valor
desde ayer, como bien has dicho, la creación del Consejo estatal para la Participación de la Infancia y la Adolescencia.


Sin duda, se ha trabajado también incansablemente en la lucha contra la violencia vicaria, modificando el artículo 94 del Código Civil, de modo que los padres acusados de maltrato no podrán visitar a sus hijos -es un gran logro-, al hilo de
lo acordado en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Y no podemos ignorar, tal como como ha indicado, que el colectivo de la infancia es uno de los más protegidos por el ingreso mínimo vital, poniendo especial énfasis en el objetivo de
combatir la pobreza infantil. En mayo de este mismo año, el 44 % de las personas que viven en hogares titulares de la prestación eran menores y más del 60 % de las unidades de convivencia tenían, al menos, un menor en ellas. Quiero poner en valor
también la enmienda que mi grupo parlamentario ha introducido en el proyecto del ingreso mínimo vital, que es la de un complemento familiar que extiende la protección a la infancia vulnerable más allá del umbral del propio ingreso mínimo vital. Sin
duda, los acontecimientos vividos a raíz del confinamiento han dejado huella. De ahí la intensificación también en la protección de la salud mental de la infancia y la adolescencia, que así se contempla en la Estrategia de Salud Mental para el
Sistema Nacional de Salud, con la creación de la especialidad de psiquiatría. Me gustaría también, porque no ha tenido tiempo de hablar sobre este tema, que se extendiera un poquito más.


Quiero destacar también la aprobación de la Lomloe, que es la primera ley educativa que incluye el enfoque de los derechos de la infancia entre los principios rectores del sistema. Y somos conscientes de que, a pesar de los numerosos
avances, todavía quedan retos pendientes en nuestro país, como la tasa de pobreza infantil o el abandono escolar. Además, sin duda, valoramos muy positivamente sus propuestas y nos gustaría -ya que ha hablado de la atención temprana- que ampliase
su estrategia respecto al desarrollo de la primera infancia.


Termino. Sin duda, el bienestar de nuestros menores es el motivo por el que consideramos que se debe trabajar sin descanso, y así lo hemos hecho desde este grupo parlamentario, para que los niños, niñas y adolescentes disfruten con la mayor
garantía de un presente cargado de futuro.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Uxía Tizón.


A continuación, por un tiempo de quince minutos, tiene la palabra el señor Ibarra Roca para contestar a los señores diputados.


El señor DIRECTOR DE LA PLATAFORMA DE LA INFANCIA (Ibarra Roca): Muchísimas gracias a todos y todas por el tono, por las palabras y por los cumplidos que nos habéis lanzado a la Plataforma de

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la Infancia, y espero no ser miembro honorífico de esta Comisión (risas), sobre todo porque la plataforma la formamos mucha gente, muchas organizaciones y estoy seguro de que igual que han venido otros compañeros y compañeras, habrá muchos
otros que podrán participar, así que no acapararé más la participación en la Comisión.


Agradezco -por ir en orden- a Lucía, de Podemos, que nos haya ido trasladando algunas de las cuestiones y de los retos que compartimos y que están pendientes en esta legislatura. Yo estoy seguro de que se van a abordar; soy muy optimista y
sé que vamos a seguir mejorando esos retos, porque además tenemos que hacerlo. Se nos preguntaba también por parte del diputado Martínez Oblanca qué opinión nos merecían las actuaciones en Ceuta. Bueno, lo he mencionado en la intervención. Yo
creo que ahí se ha producido un hecho muy grave, porque lo marca nuestro ordenamiento jurídico y el derecho internacional, en la actuación de las administraciones. Las organizaciones que trabajaban allí, en Ceuta, lo advertimos. Por suerte, se ha
reconducido ese planteamiento y se está planteando seguir el procedimiento que marca la Ley de extranjería, que es muy claro cuando considera a estos niños antes como niños que como migrantes y, por tanto, en hacer un informe adecuado a su situación
y su vulnerabilidad. Nos preocupa que se esté hablando mucho de un interés superior del menor colectivo. El interés superior del niño es de cada niño, hay que estudiar cada uno de esos casos y buscar soluciones a cada caso. En ese sentido, lo que
estamos trasladando es una preocupación de por qué no se está preparando ya una situación de contingencia para aquellos niños cuyo interés superior indica que tienen que quedarse en España, porque la vuelta y la reagrupación familiar es contraria a
sus intereses porque la situación en casa puede ser un auténtico drama, ya que hay niños que viven en entornos muy complicados, y hay que preparar el derecho a la educación de estos niños, en qué entornos van a estar, dónde van a estar acogidos, y
Ceuta no tiene la capacidad para asumir una situación de esta envergadura. Por eso decíamos que es importante trabajar en una estrategia integral, y estamos trabajando con el ministerio para buscar otro modelo de atención a los niños migrantes no
acompañados, para que no sean solo las comunidades autónomas en frontera o con cercanía geográfica, como ha pasado también en Canarias, las que tengan que asumir situaciones excepcionales para las que no tienen capacidad. Creo que ahí todas las
comunidades autónomas tienen que tener un sistema de reparto equitativo y de atención a los niños y, aparte, dotar de recursos suficientes a estos niños. De ahí nuestra preocupación sobre todo en que ese interés superior del menor se aborde
adecuadamente y que a aquellos niños cuya situación recomiende quedarse se les atienda adecuadamente porque son muy vulnerables.


Se comentaba también por parte de Ciudadanos cómo valorábamos la eliminación de la prestación por hijo a cargo, que es algo que nosotros no compartimos en ningún momento. Creíamos que era una política que estaba funcionando muy bien, que
estaba llegando muy bien y que lo que había que hacer era mejorar su cuantía. Es cierto que el ingreso mínimo vital, como he dicho antes, ha mejorado mucho las cuantías, pero hay problemas burocráticos que esperemos que se aborden en esta
tramitación parlamentaria, aparte de que no se ha podido hacer un despliegue total de la partida presupuestaria prevista precisamente por estas limitaciones. De hecho, por ir ligando temas y no repetirme, se me preguntaba también qué planteábamos y
lo he intentado trasladar en mi comparecencia, pero tenemos también las enmiendas y podemos hacéroslas llegar. Sobre todo pensamos en dos cuestiones. Una ya se está abriendo en el debate público que creemos que tiene que ser apoyado por consenso
de la Cámara, que es precisamente enfocar un refuerzo mayor todavía en los niños en situaciones más severas, con mayores cuantías, si cabe, y especialmente hay que priorizar en los niños de 0 a 3 años, que creemos que son los que creemos que tienen
más necesidad de apoyo económico, y también, lógicamente, mejorar esos umbrales, como también se ha trasladado en alguna intervención, para llegar a más niños que están en una pobreza más moderada y mejorar todo el diseño que tienen. Un problema
por el que nos preguntaban, que tienen muchas familias, es que cuando se analiza su situación económica se está haciendo desde hace mucho tiempo, cuando la situación económica ha cambiado recientemente y, por tanto, no pueden acceder a ese ingreso
mínimo vital. También una estrategia fácil para que el ingreso mínimo vital funcione mejor es que tenga un mayor rol el tercer sector. Es algo que estamos hablando con el Ministerio de Inclusión, el que las entidades que tienen intervención
directa con familias en riesgo puedan facilitar esa mediación con un registro que se está creando pero que todavía no está en marcha.


Más allá de eso, se me planteaba también qué percepción teníamos con la situación de Melilla. Nosotros estamos muy contentos de las informaciones que nos llegan de las organizaciones que trabajan allí de que se ha generado un derecho de
acceso a la educación. Nos preocupa que los mayores de 16 años no tengan alternativa dentro del sistema educativo. Se está hablando de algunos cursos, pero todavía no

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tienen una alternativa dentro del sistema educativo, que sería importante. Y nos preocupa que esto vuelva a ocurrir. Sobre todo lo que hay que ofrecer son garantías para que no vuelva a pasar en el futuro, y además hay que entender que
Melilla tiene la situación económica complicada y es necesario reforzar la atención de estos niños y de todos los niños de Melilla en el sistema educativo. Hay una saturación peor que en otras comunidades autónomas o ciudades autónomas en cuanto el
número de niños por aula, las ratios y el apoyo que tienen, y creo que es un abordaje que tiene que hacerse a medio y largo plazo.


En cuanto a VOX, he trasladado algo que nosotros compartimos y que además creo que lo he manifestado en mi comparecencia, que es la necesidad de trabajar en la desinstitucionalización. Es algo que compartimos fielmente, es un compromiso,
además, de la estrategia de la Comisión Europea, que, de hecho, en los propios programas y fondos europeos de recuperación y resiliencia aparece mencionado. Creemos, por un lado, que hay que mejorar las condiciones en el sistema de protección.
Nosotros, cuando estuvo la Lopivi, hicimos muchas enmiendas para abordar mayores garantías en el sistema de protección. Algunas se incluyeron en el artículo 13, punto 1, creo que era, donde se habla de los conflictos de interés, que usted ha
mencionado, entre el tutor y el victimario, y el artículo 55, que también habla de cómo gestionar las visitas del ministerio fiscal para garantizar una mayor vigilancia del sistema. Sin embargo, nosotros apostábamos por más figuras y más
instrumentos dentro de la propia ley, dentro del sistema de protección, para ofrecer más garantías, y creo que ahí también tenemos mucho margen de mejora para que todavía haya más vigilancia dentro del sistema de protección. Y, como usted ha
mencionado, algo que nosotros compartimos es que hay un reto que es la prevención, intentar que los niños no lleguen al sistema de protección. Ahí hay margen de mejora, como he dicho en mi comparecencia, en apoyar sobre todo a las familias que
están en riesgo, apoyar también a los servicios sociales que están trabajando con estas familias, y además creo que hay que ofrecer más garantías en un procedimiento como la retirada de tutelas para que tenga garantías judiciales, que es algo que
también trasladamos como enmiendas a la Lopivi y que creemos que es un tema también que habrá que abordar.


Se ha abordado también por otros comparecientes el tema de la desinstitucionalización y las garantías del sistema de protección que a nosotros nos preocupan, y no solo en Baleares, con los casos que han salido, que además lo dijimos aquí en
el Congreso cuando pasó, sino porque hay muchas más situaciones que se pueden estar dando en otras comunidades autónomas, porque precisamente nos faltan instrumentos de vigilancia, de control y de apoyo al sistema de protección. Ahí creo que
tenemos margen de mejora porque hay muchos claroscuros sobre este sistema de protección de niños que son especialmente vulnerables dentro de los vulnerables.


Y hay algo que no he abordado porque no me ha dado tiempo a trasladar todas las cuestiones, que es el tema de qué pasa con esos niños cuando salen del sistema de protección, porque en muchos casos no hay políticas de apoyo a la emancipación
suficientes y a esos niños muchas veces los condenamos a la pobreza más absoluta. En el caso de muchas niñas, acaban en la prostitución y la trata, y en el caso de muchos niños, en criminalidad o en otro tipo de situaciones que son realmente
reconducibles si damos alternativas a estos niños y niñas de acceso al empleo, vivienda, etcétera, lo que es una política de emancipación. Es muy desigual el trato, el apoyo y las políticas a nivel autonómico, y creo que también será uno de los
retos que tendremos que abordar como sociedad.


Se hablaba de la primera infancia, tanto por el Partido Popular como por el Partido Socialista. Nosotros, efectivamente, hemos lanzado esta alianza por la primera infancia porque creemos que hay que divulgar y sensibilizar a la sociedad
sobre la importancia de los 0 a 6 años, y sobre todo los mil primeros días. Hay muchísimos estudios sobre la materia de cómo afectan a un niño de 0 a 3 años las condiciones en que viva para toda su vida. Hablamos de su desarrollo cognitivo,
hablamos de su salud, de efectos que tendrá en la posible obesidad que tenga cuando sea mayor por cómo ha vivido esa primera infancia, del desarrollo que tiene en la escuela y las posibilidades de fracaso escolar o de oportunidades laborales en el
futuro. Hay estudios, en concreto en Irlanda, muy interesantes que hablan de que la rentabilidad de esa inversión de 0 a 3 años es de hasta por 4 y hasta por 7 en ahorro futuro de políticas sociales de todo tipo, desde la conciliación y el acceso
al trabajo, en muchos casos, de las madres, como también en reducción del fracaso escolar, repetición, etcétera, con lo cual creemos que hay mucha abordaje en esa línea.


En cuanto a propuestas, sobre todo hay un tema -porque esta es una competencia autonómica que la Lomloe ha mejorado- que es reconocer esta etapa como una etapa educativa muy importante, pero, como decía, la primera infancia nos preocupa
mucho y hay algo que creemos que el Congreso debería abordar y el Gobierno se ha comprometido a hacerlo, que es una ley de atención temprana. En el tramo de 0 a 6 años, como ha dicho, no es un derecho reconocido y tenemos unas grandes discrepancias
en los

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tiempos de espera, la capacidad de detección que tienen las administraciones públicas y la atención que reciben estos niños, y muchas veces se produce una desigualdad porque aquellos padres y madres que pueden ir a atención temprana van a
tener que hacer un uso privado para poder atender a sus niños, y los que no tienen ese dinero ni esa capacidad muchas veces quedan fuera del sistema. Po eso creo que tenemos que reconocer un nuevo derecho en nuestra sociedad.


Se nos hablaba también de ingreso mínimo vital, que lo he mencionado antes, y la valoración sobre el tema de Ceuta, que creo que también lo he comentado. Solamente quiero trasladar que estamos a la espera de cómo se va a ir desarrollando y
vamos a estar muy vigilantes de que se lleva adelante adecuadamente, y estamos comprometidos con que esto sea una realidad.


Por parte del Partido Socialista se mencionaban las enmiendas del ingreso mínimo vital. Para nosotros es importante que también vaya en esa línea. Creo que es muy positivo que se hable en la línea que se ha mencionado aquí de reforzar
sobre todo a los niños en situación de mayor pobreza, como han mencionado antes, y creo que es algo que tiene que asumir el Congreso, ojalá otra vez también por consenso parlamentario. Se hablaba de la salud mental. La verdad que el impacto de la
pandemia todavía lo estamos analizando, pero es brutal en los niños y las niñas, especialmente en los niños y niñas más vulnerables, desde el confinamiento, con lo que implicó que no pudieran salir de los hogares, las carencias de espacios de
socialización, el cierre de parques infantiles, situaciones de ansiedad en casa... Pero, más allá del confinamiento, la exposición a pantallas, el tiempo que han perdido de estar en espacios de socialización, como decía antes, el no estar en el
colegio o incluso la violencia física que hayan podido sufrir porque ya no hay un elemento de control y de prevención como es la escuela, que a veces evita que situaciones que se dan en casa se puedan detectar por el profesorado. Creo que la
creación de la psicología infantil es una de las peticiones que nos hace específicamente el Comité Derechos del Niño, ya en 2010, con lo cual es un gran avance que esto se aborde. Es muy positivo que empecemos a hablar con tranquilidad de la salud
mental. Creo que en el Congreso se están dando grandes pasos en esa línea y en la sociedad de empezar a hablar con normalidad de la salud mental y también de la salud mental de niños y adolescentes, y creo que es algo que claramente tenemos que
abordar y dejar de infravalorar o menospreciar, como hemos hecho en algunos casos cuando hablamos de los problemas de los niños y de las niñas.


Se mencionaba también la Lomloe, a la que presentamos también muchas enmiendas. Creo que hay muchos avances en la Lomloe y queremos ver cómo se desarrollan en torno a la participación infantil. Se menciona también que se recoge la
Convención de los Derechos del Niño en su propio preámbulo, o cuestiones relativas al apoyo a medidas contra el fracaso escolar o al refuerzo escolar, como la recuperación de lo que era el antiguo PROA. Son medidas muy positivas y muy muy
necesarias. Queda camino todavía por andar en la Lomloe, pero en eso estamos trabajando ahora con el Ministerio de Educación y Formación Profesional.


Creo que he contestado a todo el mundo en tiempo y forma. Así que, muchísimas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias, señor Ibarra, en nombre de toda la todos los miembros de esta Comisión. Has tenido tiempo suficiente. (Risas). Esperamos volver a vernos pronto en esta sala con la Plataforma de la Infancia.
Damos 5 minutos de descanso para empezar la próxima comparecencia. (Pausa).


- DEL SEÑOR COORDINADOR INTERNO Y RESPONSABLE DEL GRUPO DE TRABAJO DE SALUD DEL CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ESPAÑA (BLÁZQUEZ FERNÁNDEZ), PARA EXPLICAR LA PROBLEMÁTICA Y ABORDAR SOLUCIONES EN RELACIÓN CON LA SALUD MENTAL DE LOS ADOLESCENTES. A
PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 219/000591).


La señora PRESIDENTA: Damos la bienvenida a Ricardo Blázquez Fernández, coordinador interno y responsable del Grupo de Trabajo de Salud del Consejo de la Juventud de España, quien -como ya le he explicado- tiene el uso de la palabra por un
tiempo de quince minutos.


Ricardo, cuando quieras.


El señor COORDINADOR INTERNO Y RESPONSABLE DEL GRUPO DE TRABAJO DE SALUD DEL CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ESPAÑA (Blázquez Fernández): Buenos días a todos y a todas.


En primer lugar, permitid que me presente. Como ha comentado la compañera, me llamo Ricardo Blázquez Fernández. Soy coordinador interno y vocal de Salud del Consejo de la Juventud de España.

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En segundo lugar, quiero agradecer a los diputados y diputadas que me hayáis permitido estar aquí con vosotros, que hayáis permitido al Consejo de la Juventud estar hoy aquí y hablar de salud mental. En particular, me vais a permitir que me
tome la licencia de agradecer al Grupo Parlamentario Socialista y a Omar que hayan pedido nuestra comparecencia. Desde el consejo consideramos que este tipo de participaciones de la sociedad civil favorecen mucho el debate político. Sabemos que
esta Comisión suele hacerlo bastante y estamos contentos de poder estar aquí hoy con vosotros y vosotras. Os pedimos que en el futuro estas comparecencias sean más frecuentes, porque estamos encantados de estar con vosotros y vosotras.


Como sabrán, desde finales de 2019 y principios de 2020, España, al igual que resto del planeta, tuvo que hacer frente a la pandemia provocada por la COVID-19. Esta pandemia no solo ha provocado cambios físicos y fisiológicos en aquellas
personas que tuvieron, por desgracia, la desafortunada ocasión de infectarse con el virus y sentirlo, sino que ha provocado grandes cambios en nuestra vida diaria. Este virus ha provocado cambios en la economía, en la educación, en la cultura y en
nuestra forma de relacionarnos. Sin embargo, desde el consejo hemos observado que muchas veces las consecuencias se han analizado simplemente desde una perspectiva centrada en la persona adulta, obviando un poco a la infancia. Es cierto que hay
muchos estudios que avanzan en las consecuencias que ha podido tener esta pandemia, como pueden ser desapego, ansiedad, irritabilidad, insomnio o falta de concentración, pero están enfocados en la persona adulta, obviando a los niños y a las niñas.
El único que hemos encontrado al respecto es un estudio de la Universidad Miguel Hernández de Elche, un estudio sobre niños y niñas tanto de España como de Italia. En este, el 80 % de los padres y madres decían que sus hijos habían tenido una serie
de consecuencias bastante distintas de las consecuencias que tenían los adultos. Por destacar algunas, recordaré: mayor dificultad para concentrarse, mayor irritabilidad y nervios, mayor inquietud. Decían que hasta un 25 % consumían más comida de
la habitual y que un 73 % de los niños y las niñas consumían más de hora y media de pantallas, ya fueran televisión, ordenadores o cualquiera, frente a un 15 % antes de la pandemia. Esto se puede entender teniendo en cuenta que la juventud, la
infancia, la adolescencia han sido los colectivos que más han hipotecado su vida, entendiendo que no son las mismas consecuencias las que tiene en la salud mental aislarte durante tres o cuatro meses cuando eres una persona de treinta o cuarenta
años, que ya es una persona adulta, una persona desarrollada, que sufrir esto cuanto tienes ocho, nueve, diez años, cuando estás en un proceso de socialización, de desarrollo de la autoestima, de desarrollo de tu personalidad. No son las mismas
consecuencias. Esto no solo lo decimos nosotros, lo dicen algunos expertos, entre otros, Abigail Huertas, psiquiatra del Hospital Gregorio Marañón, quien relata la importancia que tienen los cambios comportamentales, los cambios de horarios y la
pérdida de relaciones sociales en los niños y en las niñas. Aún es demasiado pronto como para saber cuáles son las consecuencias que habrá a largo plazo. Sin embargo, sí hay indicadores que nos hacen plantearnos cómo debe evolucionar el Sistema
Nacional de Salud, porque, si observamos los datos, se puede mostrar que actualmente el Sistema Nacional de Salud tiene un flagrante fallo en lo concerniente a la salud mental.


Para poder hablar de salud mental, primero es necesario entender cuál es el concepto de salud. Si nos vamos a la definición de la Organización Mundial de la Salud, en 1948 ya definía que la salud es no solo la ausencia de enfermedad, sino
el estado de completo desarrollo físico, mental y social. Es importante centrarnos en esto, ya que esta definición y otras definiciones pasadas nos permiten encontrar que el concepto de salud es multifactorial, es decir, cuando hablamos de salud,
hablamos de suicidio, hablamos del consumo de sustancias, sean legales o sean ilegales, y hablamos de un componente, seguramente el más importante junto con el genético, que es el condicionante social.


Como decía, uno de los aspectos más importantes es el consumo de sustancias en las personas jóvenes, ya sean niños, adolescentes o de mayor edad. Un estudio del Ministerio de Sanidad, el estudio Estudes, muestra cuáles son las tres
sustancias más consumidas por los niños y las niñas, que son, en este orden: alcohol, tabaco y marihuana. Les voy a dar unos datos un poco más concretos. El alcohol es la sustancia psicoactiva más consumida en España y en el mundo, siendo la edad
media de inicio de 14 años. Niños de 14 años ya se inician en el consumo de alcohol. Además, este estudio remarca que en los últimos treinta días hasta el 58 % de ellos decían haber hecho un consumo moderado. El tabaco es la segunda sustancia
psicoactiva más consumida, siendo la edad de inicio 14,1 años, y en los últimos treinta días, un 26,7 % habla de haber fumado. El cannabis es la tercera sustancia más consumida, siendo la primera de las ilegales. Aquí la edad de inicio es más
elevada, pero sigue siendo demasiado baja, 14,9 años; personas que todavía no tienen derecho a voto, no tienen derecho ni a plantear desarrollo sexual, sí tienen acceso a una sustancia psicoactiva, y el 19,3 % consume en los últimos treinta días.
Quiero

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remarcar también que el consumo de heroína también se da en menores, con una edad de inicio en 14,5 años, y los imnosedantes, también en 14 años.


Cuando hablamos de salud mental, no hablamos solo de consumo de sustancias, hablamos de otra temática invisibilizada, que es la ludopatía. La Federación Española de Jugadores Rehabilitados dice que hay más de medio millón de personas sin
diagnosticar de ludopatía en España, siendo el 9,4 % menores de edad.


Si hablamos de salud mental, evidentemente tenemos que hablar de suicidio. Desde 2010, la causa de muerte de personas jóvenes por suicidio ha aumentado un 30 %, supone ya la primera causa de muerte externa en personas jóvenes, siendo el
doble que los accidentes de tráfico. Si estos datos ya son alarmantes, este año lo son mucho más, pues según diversos estudios, tanto del hospital Sant Joan de Déu, como del hospital Gregorio Marañón y de varios hospitales de referencia, en 2020
las tentativas de suicidio aumentaron un 250 % y las urgencias psiquiátricas se duplicaron.


Como decía, todo esto es importante, pero la primera cuestión que hay que abordar, junto con la genética, es el condicionante socioeconómico. Hay muchísima bibliografía que habla sobre cuál es su importancia, porque está demostrado que
cuando tu nivel socioeconómico es más bajo, tu capacidad de tener una salud mental correcta es mucho menor. Esto se suma a la incapacidad ahora mismo del Sistema Nacional de Salud de dar una respuesta. Esto se debe principalmente a dos datos,
comparándonos con la Unión Europea. La figura que en atención primaria ejerce la labor de acompañante de salud mental es el psicólogo clínico: España tiene 6 por cada 100 000 habitantes, cuando la media de la Unión Europea son 18. Estamos en un
tercio. Por su parte, psiquiatras tenemos 9,8 por cada 100 000 habitantes, cuando la media de la Unión Europea son 17,2. Si juntamos ambas cosas, que tu capacidad socioeconómica determina el riesgo que tienes de sufrir una patología mental y la
incapacidad del sistema sanitario, el resultado es que solo aquellas personas con un nivel socioeconómico alto pueden tener una salud mental adecuada. Por poner un ejemplo, en el tema de salario joven, para que una persona joven pueda pagarse solo
una consulta privada tiene que trabajar nueve horas y cuarenta y un minutos.


Como verán, datos para demostrar la importancia de trabajar en la salud mental de los niños y de las niñas abundan, y al tratarse de un componente multifactorial las medidas deben ser también multifactoriales. La salud mental no se puede
solucionar solo si pones más psicólogos o si pones más psiquiatras, hay que abordar todas y cada una de las causas. Por ello, desde el Consejo de la Juventud proponemos una serie de medidas que nos gustaría que a largo plazo se implantaran,
principalmente la actualización sistemática de las estrategias de salud mental, pues entre la estrategia nacional y las estrategias autonómicas hay solo siete de dieciocho que están actualizadas. Proponemos también el desarrollo de un plan de
nacional de prevención del suicidio, pues es la primera causa de muerte en personas jóvenes. Al mismo tiempo, dentro de este plan, se debería implantar un teléfono de tres cifras gratuito al cual se pudiera solicitar ayuda, pues esto ahora mismo no
existe y se suple con la sociedad civil. La sociedad civil sabe que debe dar el paso para poder trabajar esto, pero entiende que el derecho a la vida debe estar protegido por el Estado. La medida fundamental debería ser abordar las causas
socioeconómicas, y aquí podemos hablar de medidas como las rentas, como mejorar el ingreso mínimo vital o como desarrollar la garantía infantil, que comentaba antes Ricardo Ibarra. También defendemos que se incorpore la figura del psicólogo clínico
en la unidad básica asistencial de atención primaria, así como un aumento de las plazas de formación sanitaria especializada tanto para Psicología Clínica como para Psiquiatría.


Para concluir, viendo que me sobra un poco de tiempo, les voy a hacer una reflexión. Ustedes tienen la oportunidad de tomar las medidas para que los niños y las niñas puedan tener una salud mental adecuada. Ningún padre, ninguna madre
debería plantearse elegir entre poner un plato de comida a sus hijos o que vayan al psicólogo. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Blázquez, por sus explicaciones y por estar aquí, en esta Comisión.


A continuación, los grupos parlamentarios van a tener el turno de preguntas. Empezamos por el Grupo Socialista, como proponente de este compareciente. Tiene la palabra el señor Anguita.


El señor ANGUITA PÉREZ: Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, señor Blázquez, por aceptar la propuesta de comparecencia del Grupo Socialista.


He ido tomando notas de cosas que ha ido comentando en esta primera intervención. Le agradezco que haya sacado temas que habitualmente no se sacan en las comisiones, no se sacan en los espacios públicos y políticos. Evidentemente, uno de
ellos, que quiero resaltar, es el abuso del ocio no saludable

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que tiene mucha gente joven. Ha sacado el tema del alcohol, de las drogas y del uso excesivo de las pantallas. Cuando nosotros planteamos esta comparecencia, lo hicimos por tres motivos. Primero, porque es un tema de actualidad, por
desgracia, de rabiosa actualidad, y es importante que las instituciones vayan al mismo ritmo que la sociedad. Segundo, porque no solamente hace falta que vayamos al mismo ritmo, sino también que podamos utilizar las aportaciones que van haciendo
ustedes dentro de los espacios de los que nos hemos dotado para poder coexistir el mundo institucional con el mundo asociativo. Y tercero, porque considero que el Consejo de la Juventud de España es un espacio muy importante para la juventud, donde
no solamente se aprende a convivir, sino también a defender tus propios derechos como joven. Por tanto, vaya por delante mi agradecimiento a todos los consejos de la juventud, no solamente el de España, sino también los de las comunidades
autónomas.


Quiero aprovechar esta comparecencia, para, una vez explicados todos los problemas que tenemos, explicar también lo que hemos hecho como Gobierno, que, evidentemente, no será suficiente mientras sigamos teniendo los datos que tenemos, pero
que es un paso importante. En primer lugar, estamos corrigiendo los focos que causan los problemas de salud mental. Estamos tomando decisiones que dignifican la vida de las personas, en especial de dos partes esenciales de la sociedad: la
juventud y las mujeres. La subida del salario mínimo interprofesional y la aprobación del ingreso mínimo vital repercuten directamente en muchísima gente joven y en muchísimas mujeres de este país. Además, estamos dotando de mayores recursos a la
Administración pública. En la última convocatoria que se ha hecho de plazas de formación sanitaria especializada, comparándola con la del año 2018, ha habido un aumento de un 32 % en enfermería de salud mental, un 47 % en psicología clínica, un 20
% en psiquiatría, un 117 % en enfermería familiar y comunitaria y un 29 % en medicina familiar y comunitaria. Esto es importante, porque tenemos que dotarnos no solamente de recursos materiales, sino también de recursos humanos para todos los retos
que tenemos por delante, también para este de la salud mental.


En segundo lugar, hacía usted referencia a que la llegada de la COVID ha hecho que todas aquellas propuestas que tuviésemos preparadas hubiera que sacarlas mucho antes. Saben que en enero del año 2020, cuando se presentó el presidente Pedro
Sánchez a la investidura, ya habló de la actualización de la Estrategia de Salud Mental. Saben, señorías, que ese trabajo se está haciendo, que está muy cerca de ser llevado al consejo interterritorial, donde se han presentado más de setecientas
alegaciones, de las cuales se han incorporado cuatrocientas.


Voy terminando, señora presidenta. Yo quería hacerle tres preguntas, señor Blázquez. Primero, no hemos hablado casi de ello, pero quería referirme a la estigmatización que sufren las personas que padecen cualquier problema de salud mental.
Segundo, cómo podemos ayudar a crear un ocio mucho más saludable. Tercero, dado que soy un defensor de los consejos de la juventud, me gustaría que nos explicara la importancia de tener consejos de la juventud en todas las comunidades autónomas y
de evitar que se vayan cerrando estos espacios de participación ciudadana que tenemos los jóvenes.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Anguita.


A continuación, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Martínez Oblanca.


El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señora presidenta. Quiero expresar mi gratitud al compareciente, al señor Ricardo Blázquez, y agradecer también la presencia, a través de él, del Consejo de la Juventud, que, efectivamente,
debería ser habitual en el Congreso de los Diputados, porque, por decirlo gráficamente, tiene una gran papeleta ante el creciente deterioro de la salud mental de nuestros jóvenes. Es una papeleta que, hay que reconocerlo, es objeto de especial
atención parlamentaria en esta XIV legislatura, y valga de muestra que dentro de cuatro horas se van a debatir iniciativas de relieve en el Congreso de los Diputados, como la toma en consideración de una ley general de salud mental o una moción de
Ciudadanos, del incansable diputado don Guillermo Díaz, que es consecuencia de la interpelación a la ministra de Sanidad sobre salud mental que debatimos aquí hace una semana.


Se trata, por tanto, de un tema candente, que tiene una derivada en los jóvenes, en algunos casos muy alarmante, como ha señalado usted, por esa tendencia al suicidio. En este sentido, hay que valorar la importancia del papel del movimiento
asociativo juvenil para tratar de sensibilizar a la población joven sobre los graves efectos de las malas conductas sobre la salud. Si hay un deterioro de la salud mental de nuestros jóvenes y de nuestros niños, quiere decir que en España estamos
fracasando en las medidas de promoción de su salud. En ese fracaso, puestos a buscar responsables y causas, diré que, efectivamente, cuando se banaliza el consumo de sustancias -y conviene recordar que el alcohol es una droga-,

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cuando hay medios de comunicación y redes sociales que divulgan informaciones y tutoriales que fomentan la ludopatía, el uso compulsivo de los videojuegos y otras conductas que derivan en patologías mentales -usted ha citado algunos nombres
propios que señalan y definen esos peligros-, estamos fracasando clamorosamente. He escuchado al señor Anguita hacer un resumen de lo que está haciendo su Gobierno en relación con estos temas de salud mental de los jóvenes, pero hay que decir que,
paradójicamente, tenemos un Ministerio de Consumo cuya inutilidad para acometer políticas que respalden, por ejemplo, la limitación de salas de juego y su distanciamiento de los centros escolares es paradigmática. Es un desperdicio absoluto,
políticamente hablando, tener un ministerio que en cuestiones decisivas para acometer políticas preventivas de las patologías de salud mental no hace nada.


Planteaba usted, en nombre del Consejo de la Juventud, una medida para actualizar la Estrategia de Salud Mental. Tiene usted toda la razón. La Estrategia de Salud Mental está pendiente de actualización nada menos que desde hace doce años.
Tenemos el compromiso del presidente del Gobierno de que en el próximo trimestre se actualizará, pero mientras tanto es importante el papel político en la prevención de los problemas de salud mental y también el papel del Consejo de la Juventud para
prevenir este deterioro de la salud mental entre nuestros jóvenes.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Martínez Oblanca.


A continuación, por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, tiene la palabra la señora Pozueta.


La señora POZUETA FERNÁNDEZ: Buenos días a todos y a todas.


Yo he llegado tarde y no puedo valorar la intervención, aunque sí he escuchado el final, y lo que he escuchado me lleva a hacer una reflexión. Comparto que el concepto de salud y de salud mental es multifactorial y, tal como se ha
planteado, hay diversas causas, pero cuando nos centramos en el tema de la prevención, tendríamos que incidir en qué estamos ofreciendo a la juventud, qué realidad le estamos ofreciendo: una realidad totalmente estresante. Se está hablando de
prevención, pero hay que ver qué hacemos con las realidades que generan esos niveles preocupantemente altos de problemas de salud mental, qué vamos a hacer con esta realidad que oferta una precariedad laboral, que oferta un no futuro. Estamos
hablando del ocio consumista, y ahora, de repente, todo el mundo se está echando las manos a la cabeza con el tema de los botellones. Sin embargo, no nos planteamos que el modelo de ocio del mundo adulto es un modelo también consumista, y si
estamos en un modelo consumista de ocio, eso es lo que nuestros jóvenes van a repetir.


Estamos hablando también -que es algo muy importante- del condicionante socioeconómico. Realmente, qué se puede hacer para superar ese rasgo tan claramente condicionante de que quien puede, se puede costear un tratamiento en la salud
mental, y quien no puede, ahonda en las dificultades y en lo que supone estar viviendo día a día con altos grados de ansiedad, de estrés y con falta de herramientas para abordarlo claramente.


También preguntaría qué podemos hacer para dar otras opciones reales que no sean los tratamientos farmacológicos, que es lo que hoy en día se está dando como solución primaria, pero que a la larga tampoco ayuda a la gestión de esas
dificultades.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias, señora Pozueta.


A continuación, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Giménez.


La señora GIMÉNEZ: Gracias, presidenta. Muchas gracias, señor Blázquez.


Comienzo agradeciendo el trabajo del Consejo de la Juventud en distintas materias, muy proactivo en ingreso mínimo vital, en visibilizar cuál es la situación a la que se enfrentan los jóvenes y hoy, concretamente, alertando sobre cuál es la
situación de la salud mental.


Hasta el momento, lamentablemente, los temas de salud mental han estado relegados en nuestra vida política a un segundo plano e incluso ignorados dentro del propio ámbito de la atención sanitaria, y esa falta de visibilidad ha tenido como
resultado un grave perjuicio para las personas que tienen problemas de salud mental.


Se ha hablado del estigma que sufren las personas que lo padecen, de las dificultades en el acceso a los servicios. Como bien saben, mi grupo parlamentario tiene un compromiso firme con el abordaje de la salud mental y la situación de los
menores. Quiero destacar que la tasa de suicidio entre los hombres es superior que entre las mujeres, una tasa de 10,9 % por cada 100 000 habitantes, y me parece importante

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tener este dato encima de la mesa. Por grupos de edad, igualmente, los hombres entre los cuarenta y uno y los sesenta y cinco años son los que más riesgo tienen. Es algo que venimos diciendo desde hace tiempo en todas las iniciativas que
nuestro grupo parlamentario ha presentado. Ya hace un año, en la mesa de reconstrucción, pusimos de manifiesto la importancia del abordaje de la salud mental, cómo iba a afectar la pandemia a nuestros jóvenes en esta materia, y en las conclusiones
de la propia Comisión se incluyó la elaboración de una nueva estrategia de salud mental. En Ciudadanos creemos que se debe actualizar la Estrategia de Salud Mental, que además tiene que venir acompañada de los recursos económicos necesarios,
porque, si no, como bien se ha dicho, no la vamos a poder ejecutar. Estamos en el momento idóneo para hacer referencia a los recursos económicos que se necesitan para poner en marcha esta estrategia. Debemos poner en marcha medidas específicas que
desestigmaticen los problemas de salud mental e incluir, además, un plan de prevención del suicidio. Creemos que las labores de prevención, como bien se ha dicho, son muy relevantes, sobre todo para los jóvenes, jóvenes también en situación de
vulnerabilidad, jóvenes que se sienten rechazados, porque hoy vemos que el rechazo social entre los jóvenes también se ha elevado y ahí nos van a tener a su lado.


Por otro lado, compartimos la necesidad del aumento de psicólogos, de psiquiatras clínicos, como usted ha dicho, estableciendo una ratio según la población que se debe atender, sin superar el número de profesionales que hay que establecer
por cada 5000 habitantes, y una mejor accesibilidad. Creo que la prevención, la accesibilidad, los recursos necesarios y la actualización deben ser los pilares de esa estrategia en la que tenemos que trabajar y en la que esperamos contar con el
apoyo del Consejo de la Juventud.


Gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Giménez.


A continuación, por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra la señora Dantas.


La señora CARVALHO DANTAS: Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señor Blázquez, por venir a esta Comisión. Es importante resaltar que la mitad de los trastornos mentales comienzan en esta época y que la mayoría no se detectan y
siguen en la vida adulta, por lo que es muy importante haberle escuchado hablar sobre esa problemática y abordar soluciones en relación con la salud mental de los y las adolescentes.


Agradecemos también que usted haya hablado bastante en su ponencia ahora de la pobreza, de la inseguridad, de los entornos de vida adversos, de las situaciones de discriminación -que son muy importantes-, de la discapacidad o del estatus
socioeconómico, porque tienen un impacto drástico en la capacidad de los padres y madres de ofrecer a sus hijos e hijas unas condiciones de vida dignas, en un ambiente seguro y saludable, así como oportunidades de juego, aprendizaje, etcétera. En
este sentido, los y las adolescentes que están expuestos a factores de riesgo, como la pobreza, la violencia o las malas experiencias, son muchísimo más vulnerables y tienen más posibilidades de desarrollar problemas de salud mental, como acaba de
exponer usted.


En 2020 el Defensor del Pueblo hizo recomendaciones al Gobierno español; de hecho, vino aquí la semana pasada a exponer su informe de 2020, casi mil páginas de informe, y en sus recomendaciones pedía al Gobierno de España que estudiara
urgentemente cómo incrementar el servicio de atención psicológica que ofrece el Sistema Nacional de Salud, tras constatar -dice el Defensor del Pueblo- que la ratio de psicólogos y psicólogas por habitante apenas ha variado en la última década.
Recomendó también al Ministerio de Sanidad que llevara ese asunto lo antes posible al seno del Consejo Interterritorial de Salud. Según los datos del Defensor del Pueblo en el informe del año pasado, Cataluña -digo Cataluña que vengo de allí- ha
pasado de veintiséis a cuarenta y una plazas. Cataluña registra, según el Defensor del Pueblo, el mayor incremento en la oferta de formación de todas las comunidades, seguida por el País Valencià. Mi pregunta es: ¿Cree usted que este tipo de
política pública es esencial, según dice la defensoría del pueblo? ¿Qué propuestas concretas hace el Consejo de la Juventud de España en este sentido?


Muchísimas gracias por su comparecencia.


La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias, señora Dantas.


A continuación, por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra la señora García Puig.


La señora GARCÍA PUIG: Muchas gracias, presidenta.


Primero, quiero dar las gracias al compareciente por la labor que realizan desde el consejo y también por una intervención que me ha parecido sumamente interesante y muy certera en el diagnóstico y en las

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posibles soluciones que apunta y que, además, está muy en línea con lo que defiende mi grupo parlamentario.


Tengo un dato que para mí es muy significativo y acostumbro a repetir mucho, un dato respecto a cómo afectan los condicionantes socioeconómicos a la salud mental, y es que en la crisis económica de 2018 la tasa de suicidio aumentó de forma
brutal en los países golpeados por la crisis. El caso más emblemático fue el de Grecia, que pasó de tener la tasa más baja de suicidios de la Unión Europea antes de 2007, a tener la más alta a partir de 2012 con todas las consecuencias de la
crisis. Realmente es un tema fundamental que abarquemos esa realidad socioeconómica como un factor determinante en la salud mental. Aquí quería hacerle una pregunta al interviniente. Esta tarde se lleva al Pleno para su consideración la ley de
salud mental que propone nuestro grupo parlamentario. Es una ley que tiene como objetivo un cambio de paradigma, porque no solo reconoce los condicionantes biológicos, sino que quiere avanzar en el reconocimiento de los componentes históricos,
socioeconómicos, culturales y psicológicos que se encuentran detrás de los problemas de la salud mental. Además, tiene capítulos específicos sobre la salud mental de las mujeres y también sobre la salud mental de niños, niñas y adolescentes. Es
una ley muy importante en cuando al avance respeto a los derechos humanos de las personas que han sufrido un diagnóstico psiquiátrico. Pensamos que tenemos que tender a la eliminación total de la coerción que se da en los pabellones psiquiátricos
de nuestro país y no ocurre en muchos otros países que tienen otros tipos de alternativas. Además, propone dos figuras que me parecen fundamentales: una es la defensoría del paciente con problemas de salud mental y la otra es el consejo de
participación de salud mental.


Quería preguntarle cuál es su opinión, porque, además, apunta a algo en lo que estamos de acuerdo prácticamente todos los grupos, que es el tema de la ratio. Esta ley propone que en cuatro años alcancemos la ratio europea de psiquiatras,
psicólogos, enfermeras y enfermeros en las unidades de salud mental.


Quería también preguntar por un tema que preocupa muchísimo a nuestro grupo parlamentario y es la excesiva medicalización de niños, niñas y adolescentes con problemas de salud mental. No se trata de demonizar la medicalización, por
supuesto, pero sí se trata de apostar por tratamientos que tiendan más a la escucha y a la psicoterapia. Por tanto, quería preguntarle también por este tema.


Por último, respecto a la vinculación de la salud mental con la pandemia y el tema del ocio nocturno que ha sacudido a Madrid y que ha sacudido a mi ciudad, Barcelona, en estos últimos días, quisiera saber qué propuestas más allá de las
meramente policiales y securitarias podemos encontrar para poder hacer un cambio de paradigma en este ocio nocturno.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora García Puig.


A continuación por el Grupo Parlamentario VOX tiene la palabra la señora López.


La señora LÓPEZ ÁLVAREZ: Gracias, presidenta.


Buenas tardes, señor Blázquez. Gracias por su comparecencia. En primer lugar, durante la pandemia hemos conocido esos estragos en la salud mental en la infancia y en la adolescencia en el contexto de la COVID-19, tal y como usted ha
comentado en su discurso respecto al suicidio. Además de los datos que ha dado usted, elcomercio.es en abril de este año publicó una información referente a que el confinamiento había disparado los ingresos de jóvenes en las unidades psiquiátricas.
Se ofrecían datos, por ejemplo, que en el Principado de Asturias se produjeron 695 internamientos psiquiátricos -eso fue durante el año 2020-, un 17 % más que en 2019. Me gustaría preguntarle por las campañas realizadas por el Consejo de la
Juventud para ayudar a los jóvenes a superar el confinamiento, cómo se intentó llegar a esa población, qué resultados obtuvieron, y si esas campañas se llevaron a cabo en toda España, así como cuál fue la inversión el Consejo de la Juventud de
España en ese tipo de campañas.


También a la luz de esos datos que indican la patología psicológica y psiquiátrica asociada a la irrupción de la COVID y las medidas de confinamiento que se adoptaron, ¿cree que el Gobierno se ha ocupado y preocupado lo suficiente en atender
las necesidades de los jóvenes? ¿En qué cree que se ha podido equivocar para que a día de hoy tengamos esos datos, eso altos índices de afectaciones psicológicas en nuestros adolescentes y nuestros jóvenes?


Por otra parte, ¿qué medidas piensa que debería llevar a cabo el Gobierno para ayudar a esos jóvenes para los que la COVID y las secuelas del confinamiento han afectado hasta el punto de tener que ser internados en unidades psiquiátricas,
por ejemplo? ¿Piensa que el trabajo que se hace en prevención,

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diagnóstico, tratamiento y rehabilitación es el adecuado, o piensa que hay determinados aspectos en los que se debe mejorar?


Por otra parte, en relación con las intervenciones psicoterapéuticas ofrecidas por el Sistema Nacional de Salud, por el Gobierno, ¿cree que responde a las necesidades de la población infantil y juvenil? Ha comentado ya algunas carencias que
se observa en el sistema actual. ¿Cómo y con qué medios mínimos cree que se podría mejorar esa asistencia? En relación con esto, ¿cree que se producen desigualdades en esa asistencia para los niños y adolescentes de una comunidad u otra, como
consecuencia del Estado de las autonomías existente y que hace que dependiendo dónde resida ese joven tenga mejor o peor asistencia al no contar con un marco unitario de trabajo para todos, independientemente de donde nazcan o vivan?


En otro orden de cosas, en relación con las campañas llevadas a cabo, bien por el Gobierno o bien por su plataforma como entidad juvenil, en la mayoría de los casos vemos cómo son propagadoras de la ideología de género y en su existencia en
el concepto de violencia de género, mostrando siempre al hombre como un único posible agresor dentro de una relación de pareja. ¿Comparte que esas campañas no ayudan en nada a la salud mental de los jóvenes, ya que con ellas las chicas asumen desde
un principio que un hombre siempre les va a hacer daño y los chicos asumen ser señalados como agresores por el simple hecho de ser varones?


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señora López.


A continuación por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Vázquez.


La señora VÁZQUEZ BLANCO: Gracias, señora presidenta.


En primer lugar, quiero dar la bienvenida a don Ricardo Blázquez y agradecerle la exposición. Quería comenzar recordando un caso que ha sucedido recientemente en mi provincia, en Ourense, y que ha salido en todos los medios de comunicación
donde un joven con 14 años intentó asesinar, matar o agredir a una amiga y cuando le detuvieron lo primero que dijo era que quería sentir cómo era matar a alguien. Ante eso, creo que todos hemos fallado como sociedad. Cuando preparaba esta
intervención a lo largo de este fin de semana, leí los datos que tenía la Organización Mundial de la Salud y eran preocupantes, como por ejemplo que entre el 10 y el 20 % de los adolescentes sufren trastornos mentales, y que efectivamente el
suicidio es la cuarta causa de muerte entre los jóvenes. Los trastornos mentales comienzan a una temprana edad pero después es verdad que no se les hace un seguimiento, con lo cual este trastorno continúa en la edad adulta. Después de mirar los
datos en España veía datos del Hospital Sant Joan de Déu que decía que el 47 % de las urgencias habían sido de salud mental en adolescentes y que se había registrado un incremento en autolesiones de un 25 %. A esto hay que añadir lo que usted ahora
comentaba a raíz de la pandemia. En la pandemia, según los expertos, quedó demostrado que adolescentes que no tenían una buena salud mental sí que pudieron recuperarla medianamente a lo largo de la pandemia, en cambio los que gozaban de salud
mental sí empeoraron su situación. Aquí casi todos los expertos hacen hincapié en las desigualdades en las familias monoparentales. Me gustaría que nos dijera si se está haciendo algún estudio por parte del Consejo de la Juventud sobre mitigar los
efectos de la pandemia en la salud mental de los jóvenes, teniendo en cuenta esas desigualdades. Después me gustaría que también nos hiciera hincapié sobre cómo están actuando los medios digitales, es decir, los medios de comunicación, la atención
médica y social y las escuelas. Yo creo que hay que prevenir, detectar y tratar y como sociedad -como digo- estamos fallando.


¿Cómo ve usted el no priorizar los enfoques -como dicen los compañeros- farmacológicos? Es decir, se quejan muchas veces los expertos de la medicación excesiva que se les da a los jóvenes adolescentes. Me gustaría que hiciera un poquito
más de hincapié en el tema de la ludopatía. Yo le puedo decir, por conocimientos personales con temas familiares que me toca vivir, que no hay una solución para estas familias, que los jóvenes que están con juegos online no están en estos momentos
considerados en el Sistema Nacional de Salud cuando son muchísimos. Entonces en ese nuevo ministerio que se llama Ministerio de Consumo, sin más propuestas que una ley que todavía no entró en vigor, ¿qué más podíamos hacer para no dejar a estas
familias desamparadas en una situación que es muy preocupante y en la que se encuentran cada vez más número de ellas?


Por último, aquí se habló de la preocupación en el consumo de sustancias, del alcohol. A mí me preocupa, por ejemplo, ahora la propuesta de ley de Podemos de legalizar el consumo del cannabis y las plantaciones de cannabis. Si ustedes
tienen algún informe, me gustaría que nos dijera qué opina al respecto.


Muchas gracias.

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La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Vázquez.


A continuación, al haber terminado de intervenir todos los grupos parlamentarios, por un tiempo de quince minutos, tiene la palabra para contestar el señor Blázquez Fernández.


El señor COORDINADOR INTERNO Y RESPONSABLE DEL GRUPO DE TRABAJO DE SALUD DEL CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ESPAÑA (Blázquez Fernández): Voy a ir por orden. En primer lugar, contestaré a Omar Anguita del Partido Socialista en relación a tres
preguntas. Voy a empezar por el papel del Consejo de la Juventud que quizás sea el más sencillo de contestar. Aquí me voy a remitir a la Declaración de Alma-Ata de 1978 que definía cómo debía ser la atención primaria. Uno de sus capítulos -creo
que el 6 si no recuerdo mal- habla de que la atención primaria debe ser participativa. Esto quiere decir que para poder tener un buen sistema sanitario, independientemente del país en el que se viva, se debe contar con la sociedad civil, es decir,
no se debe contar solo con los profesionales sino también con los pacientes. Los consejos de la juventud en este aspecto son el mayor garante de los derechos de las personas jóvenes y, por tanto, no solo no deben cerrarse sino que debe potenciarse
su participación, recuperar aquellos que se cerraron después de la crisis de 2008 y evitar el cierre de algunos que están amenazados y, sobre todo, apostar por ellos como interlocutores válidos de la juventud.


En cuanto al ocio saludable, se ha comentado varias veces, ahora mismo hay un consumo demasiado elevado de alcohol. Me gusta que haya salido en la Comisión que no es solo de personas jóvenes sino que es un consumo generalizado. La
diferencia con una persona joven es que esta puede ir de botellón y una persona adulta puede beber esa misma ingesta de alcohol masiva dentro de un bar o un restaurante. Creo que es importante poner el foco en que es un problema de salud pública y
que se debe apostar por un modelo distinto de ocio que nos aleje del consumo excesivo.


En cuanto a la pregunta sobre la estigmatización también voy a tratar de contestar a la pregunta de la compañera del Partido Popular. Para trabajar sobre este asunto lo que hay que hacer es trabajar en positivo, cuando hablamos de salud
mental no se debe tratar solo los problemas de salud mental, sino que se debe abogar por alejarnos de esa hospitalización y medicalización. Se debe también trabajar por mejorar la salud de las personas jóvenes. Cuando una persona joven tenga una
patología evidentemente debe tener un tratamiento ya sea farmacológico o no -ahí iré un poco más adelante-, pero la salud mental debe ampliar su concepción, debe trabajarse en positivo, debe ser capaz de solucionar los problemas de aquellas personas
que los tengan y evitar que aquellas personas que no los tienen lleguen a tenerlos.


En relación con otro tipo de preguntas, comentaba la compañera de Esquerra Republicana que cuáles son las medidas del Consejo de la Juventud y cuáles son las propuestas de salud pública. Evidentemente, un aumento de las plazas en la salud
pública siempre se agradece porque es un derecho constitucional, ya que artículo 43 trata del derecho de acceso a la salud pública. Por tanto, desde el Consejo de la Juventud siempre abogamos por la defensa de la salud pública y por el incremento
de plazas. (La señora vicepresidenta, Seva Ruiz, ocupa la Presidencia). Es cierto que ha habido un aumento del 50 % y es verdad que es un aumento sustancial, pero que cada año salgan 52 plazas -creo que son- para psicología en Cataluña, siendo una
de las comunidades autónomas más pobladas, continúa siendo insuficiente. Abogamos por un incremento mayor, es lo que consideramos.


Por parte del Grupo Parlamentario Ciudadanos, muchas veces habéis trabajado con nosotros. Sara, te agradezco que estés hoy aquí, al igual que estuviste cuando también se debatió el ingreso mínimo. Gracias por estar. Es cierto que sois uno
de los grupos que más habla de salud mental y muchas veces hemos trabajado conjuntamente. Por responder al tema que comentabas del estigma, me remito a lo dicho anteriormente. Hay que alejarnos de ese modelo de que un problema de salud mental es
algo negativo, es una casuística, es un problema de salud pública y tiene que trabajarse cuando se tenga el problema y también para evitar que surjan esos problemas, sobre todo, basándonos en la prevención independientemente de cuál sea, primordial,
secundaria, terciaria o cuaternaria.


En respuesta a la señora López, del Grupo Parlamentario VOX, aquí le voy a comentar que en función de las desiguales entre comunidades autónomas existe la figura de la cartera común de servicios, la cual establece que todas las personas del
país tengan el mismo derecho a la sanidad y en caso de que el territorio de su comunidad autónoma no pueda aportarlo tiene el derecho de ser derivado a otro sistema autonómico de salud.


En cuanto a la ideología de género y la violencia de género, nosotros consideramos que no es ideología de género, consideramos que la violencia de género es una lacra de la sociedad que debe

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abordarse. Desvirtuar el término no consideramos que sea lógico para este tema que causa una tasa de muertes tan elevada en este país.


En cuanto a las medidas para jóvenes le comento que el Consejo de la Juventud es un espacio en el que trabajamos con ustedes para exigir a las administraciones que desarrollen las medidas correspondientes. En cuanto al ingreso de jóvenes
dice que ha habido un 17 %, evidentemente es un dato de ingresos preocupante y un tanto alarmante, pero, bueno, esa situación ha sido a nivel generalizado. El incremento de las demandas de salud mental a lo largo y ancho del país ha sido totalmente
igualitario, aunque creemos que se deben tomar medidas urgentes.


En cuanto a la señora Pozueta del Grupo Parlamentario Bildu, le comento algún aspecto. Hablaba de los tratamientos farmacológicos, aquí es cierto que los tratamientos farmacológicos no se deben ni demonizar ni desprestigiar. Los
tratamientos farmacológicos deben existir para aquellas situaciones en las cuales sean necesario. Sí es cierto -y aquí aprovecho la ocasión para decirlo- que muchas veces se opta desde atención primaria por un modelo medicalizado, pero no porque
sea la mejor respuesta sino porque es la mejor respuesta que se puede dar ante la incapacidad de hacer un seguimiento a largo plazo. La medida de tomar ansiolíticos, como pueden ser las benzodiazepinas, puede verse como beneficiosa a corto plazo,
pero estas tienen un efecto de adicción cuando este suceso dura más de tres meses. Por supuesto no queremos atacar al uso de estos medicamentos cuando sean necesarios, pero sí es cierto que hay que decir públicamente que se hace un exceso de
medicalización realmente no por una causa sino como una consecuencia. Se hace ese exceso de medicalización por la incapacidad actual del Sistema Nacional de Salud de prestar una atención sanitaria adecuada.


Por terminar, voy a referirme a la intervención de la señora Mar García del Grupo de Unidas Podemos. Cuando habla de aumentar las plazas públicas para alcanzar la ratio en cuatro años esperamos que sea viable, pero nos queda mucho para
alcanzar esas plazas. Esperamos que el Gobierno tome las medidas adecuadas para que puedan verse desarrolladas. Respecto a los capítulos específicos de los que habla en su proposición, evidentemente cada grupo de edad y cada grupo de género tienen
casuísticas distintas y deben ser interpeladas y trabajadas todas. Como comentaba al principio de mi intervención, no es la misma problemática la que pueda tener una persona de 8 años que una persona de 25 o 40 años, ambas tienen casuísticas y
condicionantes distintos y ambas deben ser tratadas. Que se haga especificidad a estas diferencias es totalmente lógico y desde el consejo lo aprobamos.


Por terminar, quisiera hacer una última reflexión, que ha sido la más comentada, sobre el condicionante socioeconómico. Desde el Consejo de la Juventud de España hemos apostado por estudiar la bibliografía existente y el condicionante
socioeconómico junto con el genético son los principales causantes o determinantes de desarrollar o no una patología mental. Consideramos que para la parte genética debe apostarse por modelos preventivos, que cuando existan estos casos puedan
diagnosticarse y dar un tratamiento correspondiente y adecuado, y en el caso de condicionantes socioeconómicos, espero que ustedes, su grupo parlamentario, puedan tomar las medidas necesarias en el Congreso para que ningún padre ni ninguna madre
tenga que determinar si pone la comida en el plato a su hijo o le pone un psicólogo.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Seva Ruiz): Muchas gracias al señor Blázquez Fernández por su comparecencia en esta Comisión.


Hacemos un receso de cinco minutos para dar la bienvenida al siguiente compareciente. (Pausa.-La señora presidenta ocupa la Presidencia).


- DEL SEÑOR PRESIDENTE Y SOCIO FUNDADOR DE LA ASOCIACIÓN JUSTICIA POÉTICA (DÍEZ FERNÁNDEZ), PARA DAR CUENTA SOBRE LA PROPUESTA DE ENMIENDAS AL PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN INTEGRAL A LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA FRENTE A LA
VIOLENCIA, ASÍ COMO PARA DAR CUENTA DE LA SITUACIÓN DE LA INFANCIA EN ESPAÑA. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO VOX. (Número de expediente 219/000330).


La señora PRESIDENTA: Señorías, si les parece, empezaremos la siguiente comparecencia, ya que vamos muy bien de tiempo lo vamos a aprovechar. Ahora tenemos entre nosotros al señor Mario Díez Fernández, presidente y socio fundador de la
Asociación Justicia Poética que tendrá el uso de la palabra por un tiempo de quince minutos. Así que, señor Díez, cuando quiera.

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El señor PRESIDENTE Y SOCIO FUNDADOR DE LA ASOCIACIÓN JUSTICIA POÉTICA (Díez Fernández): Buenos días a todos. En primer lugar, voy a exponerles hoy aquí mi experiencia como abogado de trinchera en la defensa de menores de edad -nuestra
asociación defiende también a mujeres víctimas de delitos contra la libertad sexual-, es decir, voy a trasladarles lo que entiendo que es la situación de la infancia en España en cuanto a sus derechos y el ejercicio de los mismos. En ese sentido me
gustaría que cuando acabe mi intervención fueran todos ustedes capaces de despojarse de todas las siglas porque los niños no entienden de siglas. Asimismo, me gustaría al finalizar proponerles dos medidas que a mí me parecen esenciales en la
defensa de los niños y en el ejercicio de sus derechos en nuestro país. De tal manera que si son ustedes capaces de visualizarme durante estos quince minutos como un niño que les habla en vez de un adulto -porque habitualmente los adultos hablamos
de los derechos de los niños, pero los niños son invisibles en ese procedimiento, rara vez se les escucha a ellos, en ninguna instancia, esa es mi experiencia-, con la voz de esos niños que tienen unos derechos y ven dificultado su ejercicio, yo
entenderé que habré tenido éxito en esta intervención. Me parece que hay un grandísimo vacío en lo que es el ejercicio de derechos por parte de la infancia, y no es un vació legal porque todos los instrumentos internacionales reconocen a todo niño
dos cosas que para mí son esenciales. Desde los preámbulos de las normativas básicas hasta la Convención Internacional sobre Derechos del Niño dicen que para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad debe crecer en el seno de la familia.
Asimismo, el artículo 9 dice: 'Los Estados Partes velarán por que el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de estos, excepto cuando, a reserva de revisión judicial...'. La reserva de revisión judicial es un matiz superimportante
porque en este país no se produce de oficio. La Administración cuando entiende que un niño está desprotegido y dicta una orden de desamparo, esa orden, salvo que una familia pleitee, no es revisada judicialmente y el niño no es objeto de escucha
respecto de la medida que se va a tomar. Cuando las instituciones europeas hablan de la revisión judicial, quiero que ustedes se planteen lo que supone la revisión judicial en la detención de un criminal porque un niño en este país tiene menos
derechos que un criminal. Cuando un funcionario público detiene a un asesino o un violador, da igual cuantas pruebas haya en su contra, en 72 horas tiene que estar puesto frente a un juez que determinará si ese funcionario ha actuado conforme a
derecho en la práctica de esa detención y si la medida es adecuada. De tal manera que si yo asesino a alguien, me voy a casa con mi madre y viene la policía y me lleva, en 72 horas un juez determinará si me puedo volver a casa con mi madre porque
no es la detención adecuada o la separación no es procedente conforme a derecho. Un niño no tiene ese derecho en este país. No es comprensible que el legislador no estipule la revisión judicial con la misma inmediatez que se le reconoce al peor de
los criminales cuando se trata de un niño en este país. Y no es por una cuestión de medios, porque en este país se producen más de cuatrocientas mil detenciones anuales por comisión de delitos, que tienen que ser puestos a disposición judicial en
72 horas y se decide sobre si esa actuación de la Administración ha sido adecuada. Se dicta entre diez mil y quince mil acuerdos de declaración de desamparo sobre niños anualmente también y ningún problema legal supondría que toda declaración de
desamparo requiera en el plazo de 72 horas la ratificación judicial, que es un derecho básico que tiene desde el peor de los criminales -y nuestros niños no lo tienen- hasta sus padres, porque la misma situación que tiene un presunto delincuente
cuando comete el peor de los crímenes y es detenido, esa exigencia de puesta a disposición judicial de 72 horas la tienen sus padres también en este país y se llama habeas corpus. Yo lo he tratado de ejercitar con niños y la magistrada me decía
confidencialmente que no lo podía tramitar, que la sacarían en los telediarios de todo el país. ¿Por qué el legislador no recoge el mismo derecho para un niño que el que tiene un criminal?


Si vamos al convenio europeo sobre el ejercicio de los derechos de los niños pasados los años noventa, unos cuantos años después de la Convención de Derechos del Niño, se habilita una nueva herramienta para facilitar el ejercicio de esos
derechos. En el preámbulo dice que los niños deberían tener la posibilidad de ejercitar sus derechos, en particular en los procedimientos de familia que les afecten. Los niños deberían recibir la información pertinente, con el fin de que puedan
promoverse sus derechos e intereses superiores y debería tenerse en cuenta su opinión. Esto ya les digo que es ciencia ficción. Las partes examinarán la oportunidad de conceder a los niños derechos procesales complementarios a los procedimientos
que les afecten ante cualquier autoridad judicial, en particular el derecho a solicitar por sí mismos la designación de un abogado. Les invitaría a revisar cuántas resoluciones llevo en mi ejercicio profesional con actas notariales en las que niños
comparecen a designarme como su abogado por estar en conflicto con sus padres o por estar en desacuerdo con la medida tomada por la Administración, pero los niños no tienen capacidad jurídica y la Administración dice que sus padres tampoco porque
les han

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retirado la capacidad jurídica. Por tanto, los niños son invisibles y da igual cuánto esgrima uno los tratados internacionales. No es posible ser abogado de un niño en este país y eso es cosa del legislador. Por cierto, es un derecho que
también tiene el mayor de los criminales, le llevarán ante un juez en el plazo de 72 horas, pero el juez no va a poder decir si la detención fue legal o ilegal sin la presencia de un abogado. El criminal estará defendido por un abogado y entonces
el juez decidirá, tampoco eso lo tiene un niño. Un niño es arrancado del seno de su familia o es objeto de un delito, como los he tenido también, niños objetos de delito que sus padres se desentiende de la comisión del delito y el menor no tiene la
forma de instrumentalizar su defensa, no puede tener a un abogado que lo defienda. Y los jueces no admiten la personación de un niño por sí solos, si no es ratificada por sus padres. Entonces, cuando un niño sufre un abuso sexual, el delito no
comenzará a prescribir hasta que tenga treinta años. Señorías, no les dejan ejercitar su defensa con quince, dieciséis años. ¿Cómo puede ser eso? Entonces, tenemos una situación legal que me parece muy gráfica en la comparación que les hago con
la situación de cualquier criminal. ¿Por qué un niño no tiene esos mismos derechos? Un niño inocente, frente a un presunto culpable, tiene cero derechos respecto a los que tiene el criminal.


¿Qué dificultad hay en implementar setenta y dos horas para la revisión judicial de cualquier medida que arranque a un niño de su entorno familiar, que es lo que Naciones Unidas y la Convención de Derechos del Niño determinan, puesto que es
el derecho básico de un niño, el derecho a crecer con sus padres? Efectivamente, hay padres que no tienen a sus hijos como los deberían tener; de acuerdo, ahí puede entrar la Administración, pero habrá que controlarla. Y la pregunta es: ¿Por qué
el legislador no implementa esto que está en la normativa europea con claridad? Quisiera que cualquiera de ustedes en su turno de intervención me dijera si tendría algo en contra respecto de que una medida como la declaración de desamparo pueda ser
revisada por un juez en setenta y dos horas, de implementar esto en la ley, como ya ocurre y es un proceder habitual respecto a cuando una persona es detenida, que pasa setenta y dos horas a disposición judicial, se decide si es correcta o no la
detención y se toman medidas o no se toman. ¿Qué problema hay con que un niño tenga ese derecho y con que un niño pueda defender sus derechos con un abogado propio, haciéndose escuchar, puesto que hoy es imposible que sea escuchado en nuestras
instituciones?


Con esta exposición, la pregunta es. ¿Adónde conduce privar a los niños de esos derechos? Y con esto entramos -en lo que también ha sido mi experiencia profesional- en qué es lo que ocurre con los niños que se entiende que están en
situación de desamparo. Esos niños van a instituciones, ¿y cómo se financian esas instituciones? Soy incapaz de que alguien me dé un dato oficial respecto de qué supone presupuestariamente la declaración de desamparo de un menor. Respecto a
cuando uno piensa acerca de si estamos privando a los niños de derechos que tienen los criminales, ¿cuál es el móvil de eso? Yo lo único que veo son instituciones que mueven un caudal de dinero público que nadie me sabe determinar y que luego
tenemos situaciones de prostitución. Esta semana pasada hemos visto que la Fiscalía pide cien años de prisión por situaciones en el centro de tutelas de Sansoheta en que los niños eran prostituidos. O situaciones similares en Baleares. He sido
letrado de un niño que se retiró a su abuela porque no era apta para cuidarlo y seis meses después apareció ahorcado en el centro en el que vivía.


Sucede que las instituciones que deberían protegerlos no ejercitan esas acciones. Mi asociación ha formulado una querella contra el instituto mallorquín de asuntos sociales por el delito de abandono de menores, porque, cuando vas a la
jurisprudencia del Tribunal Supremo, este dice que cualquier dejación que sitúe a un menor en riesgo es un delito de abandono de menores, pero solo cuando es respecto de sus padres. En mi opinión, si se retira la tutela de los padres y pasa a ser
de la institución, esta adquiera las obligaciones que tenía el padre. Sin embargo, me encuentro con que Fiscalía solicita que se impute a padres por abandono de menores porque deciden no llevarlos al colegio, y esa misma Fiscalía en la situación de
Baleares dice que no se puede apreciar delito porque no hay una omisión del instituto mallorquín concreta. ¡Oiga que todas son víctimas de redes de explotación sexual!


¿Y qué ocurre? Si se pudieran fiscalizar las declaraciones de desamparo y que los niños tuvieran posibilidad de defenderse, les diría que un porcentaje elevado de declaraciones de desamparo no prosperarían ante un juez. Cuando sí prosperan
es dos años después, cuando, por fin, uno consigue llegar a un juzgado y la Administración ya ha construido todo. ¿Se imaginan ustedes que pudiéramos detener a un delincuente, tenerlo durante un año y medio sin control judicial de ningún tipo, para
pasado ese tiempo, con las pruebas que hemos conseguido, ir a acusarle? Señorías, nos sacarían de cualquier lista de países que respeten los derechos humanos. Y, sin embargo, esto está pasando con los niños.

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Entonces, mi asociación está particularmente implicada en este asunto. Sabemos que hay un protocolo ante la Unión Europea para la denuncia de situaciones que se produzcan en los Estados parte que supongan vulneraciones graves de derechos de
colectivos concretos. Nosotros consideramos que hay una gravísima vulneración en la implementación de los derechos de los niños y en el acceso al ejercicio de su defensa y entendemos necesaria la implementación de esas dos medidas, de la revisión
judicial, como tiene derecho cualquier delincuente, a las setenta y dos horas, y que en la ley ustedes incluyan un protocolo claro para que cualquier niño pueda nombrar a un abogado ante cualquier autoridad pública, sea una comisaría, un notario, un
juzgado o un agente de policía que encuentre en la calle. Me gustaría que reflexionen al respecto y me planteen qué problema puede haber en que un niño pueda ejercitar sus derechos. Estoy a su disposición para esta problemática que vivo en primera
persona y que no se ve aquí. Cuando en los juzgados uno ve a niños que son ceros a la izquierda, te entrevistas con ellos y les escuchas contarte sus cosas temblando como una hoja, ves que no hay manera de ejercitar sus derechos, señorías. Son
ustedes el Legislativo, hagan que puedan ejercitar sus derechos.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Díez Fernández.


Es el turno de intervención de los grupos parlamentarios. Empezaremos con el proponente, en este caso el Grupo Parlamentario VOX, y tiene la palabra el señor Calvo.


El señor CALVO LISTE: Gracias, presidenta.


Muchas gracias, señor Díez Fernández, por su comparecencia y aportaciones. Permítame que comparta y resalte alguna de las reflexiones sobre las propuestas de enmiendas al proyecto de ley de protección a la infancia y adolescencia frente a
la violencia, de una gran importancia para el desarrollo de los menores en el momento actual y en su proyección de futuro, como la consideración de que la Ley de infancia recién aprobada es la principal adalid, seguida, en paralelo y muy de cerca,
por la Ley Celaá, ambas recurridas por este grupo parlamentario ante el Tribunal Constitucional, de que los niños se encuentran en un ambiente hostil en una sociedad peligrosa y rodeados de personas dañinas, especialmente de quienes proceden de su
familia, y el Estado debe ser guardián y evitar a toda costa las influencias ajenas. Esta premisa llevó a que la ley obviara la vital importancia de los vínculos y lazos afectivos entre padres e hijos, y es que las familias, en general, no precisan
ser acompañadas, un concepto indeterminado que suena a supervisadas o tuteladas. Tampoco hay por qué dotarlas de herramientas de parentalidad positiva, ya que la forma de educar debe quedar a la libre elección de los padres. Tampoco es conveniente
enseñar a los niños aspectos específicos de violencia; con la socialización y la escolarización los niños aprenden las costumbres y los comportamientos que son normales y adecuados y los que no lo son. Hacer hincapié en la violencia hacia ellos
les predispone negativamente contra los padres, los compañeros y otros adultos, les hace desconfiar de ellos. Este tipo de enseñanzas infunde a los niños la percepción de que las personas, en especial las más cercanas, suponen una amenaza; unas
enseñanzas absolutamente negativas para un crecimiento sano, que se basa en confiar en quienes le cuidan. Las denuncias sin las debidas garantías, sin tener en cuenta la presunción de inocencia, sin intervención de los padres, con comportamientos
expeditivos y sumarios y, lo más grave, lo que usted ha referido, sin jueces, en contra de las propias recomendaciones de la ONU a través del Comité de los Derechos del Niño, serán generadoras de conflicto más que facilitadoras de soluciones.


Las políticas de izquierdas se caracterizan por encontrarse cómodas en el enfrentamiento y la polarización social, puro totalitarismo. El Estado fija dónde está el peligro y cómo se debe conducir, y el concepto de parentalidad positiva no
deja de ser un eufemismo en este sentido. El Estado quiere combatir el adoctrinamiento, pero la última legislación lo que practica y lleva a cabo con sus famosas perspectivas es precisamente esto. Sin embargo, nosotros creemos que la familia es la
base de la sociedad y por donde mejor se previene y combate la violencia. Por tanto, los esfuerzos deben dirigirse a proteger ese entorno familiar, tanto social como económicamente, promoviendo incentivos fiscales, cheques escolares, educación de
calidad, eliminando la brecha digital, etcétera. Les voy a leer unas líneas escritas en los años cuarenta y cuya identidad con lo que hoy se promueve por este Gobierno es poco alentadora: 'Era casi normal que las personas de más de treinta años
tuvieran un miedo cerval a sus hijos, y con razón, pues apenas pasaba una semana sin que The Times publicara unas líneas describiendo cómo alguna viborilla -la denominación oficial era heroico niño- había denunciado a sus padres ante la policía del
pensamiento, contándola a ésta lo que había oído en su casa'. Es una cita textual de 1984, de George Orwell; la pueden encontrar en la página 34 de Ediciones Destino.

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Animo a Justicia Poética a seguir en la lucha por la infancia y la adolescencia como hasta ahora, tomando como eje único sobre el que debe pivotar toda actuación el bien superior del menor.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Calvo.


Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Martínez Oblanca.


El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señora presidenta.


Quiero sumarme yo también a las palabras de agradecimiento sincero por la comparecencia del señor Díez Fernández, de la Asociación Justicia Poética. Me parece muy importante el papel que ustedes realizan para que no queden impunes aquellas
conductas delictivas sobre menores víctimas de ataques a su dignidad sexual, en particular, pero, en general, a favor de los menores como víctimas de cualquier tipo de delito. Me parece especialmente significativo su compromiso relativo a la
vigilancia sobre el poder político para denunciar sus excesos y combatirlos judicial y extrajudicialmente. Viene al caso que unos partidos que se atribuyen la iniciativa en el avance legislativo para la protección de niños y adolescentes bloquean
sin pudor que en Baleares se investigue parlamentariamente los casos de prostitución de menores que están bajo la teórica protección institucional. Desconozco si el ámbito de actuación de la asociación que usted representa ha tenido participación
-me parece que lo ha señalado usted en su intervención- en este vergonzoso caso, pero le pido que amplíe el comentario, porque considero que lo de Baleares refleja el mayor cinismo político de quienes presumen aquí de elaborar leyes de protección a
los menores y, sin embargo, aplican allí el rodillo parlamentario para tapar la prostitución de menores tuteladas. Lo ha mencionado usted en el caso del instituto mallorquín, que además del bloqueo parlamentario, por lo que acabo de escuchar,
también hay un bloqueo desde la Fiscalía. ¿Y la Fiscalía de quién depende? Ya lo sabemos, ya nos lo dijo Pedro Sánchez en una celebérrima entrevista radiofónica.


Señor Díez, también quiero pedirle otro comentario sobre su lucha contra aquellas irregularidades y actuaciones en el sistema de justicia en este tipo de casos que afectan a delitos sexuales contra los menores. Se ha definido usted como
abogado de trinchera, y me ha recordado inmediatamente a la protagonista de la película Erin Brockovich, que en ese caso luchaba contra un gigante empresarial, y en el suyo nada menos que contra la Administración de justicia, que es, recordémoslo,
un poder independiente.


Finalmente, me confieso muy agradablemente sorprendido por su comparecencia y su compromiso frente al desamparo familiar, que usted ha resumido en una afirmación estremecedora en el seno de esta Comisión, y es que un niño en España tiene
menos derechos que un criminal. Por tanto, animo a su asociación a perseverar en su tarea y recojo su invitación para que el legislador se aplique en dar una respuesta en las Cortes Generales que permita atender más ampliamente los derechos de los
niños en la línea que usted ha señalado en esta breve pero interesantísima comparecencia, en este interesantísimo paso por una Comisión que lleva por nombre Derechos de la Infancia y la Adolescencia.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Martínez Oblanca.


Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra la señora Giménez.


La señora GIMÉNEZ GIMÉNEZ: Muchas gracias, presidenta.


Muchísimas gracias, señor Díez, por su exposición y por el trabajo que desarrollan en la función de velar por el interés superior del menor. Me gustaría incidir en algunas cuestiones preventivas y conocer su opinión al respecto.


Cuando hablamos de proteger los derechos de los menores, creo que debemos tener en cuenta las situaciones de vulnerabilidad en las que muchas veces se encuentran, también por pobreza. Al final, hay determinadas condiciones ex ante en las
que debemos trabajar desde los distintos grupos parlamentarios a fin de que estos niños no se vean en esas condiciones de extrema vulnerabilidad, a veces en hogares con situaciones muy complejas.


En lo que se refiere a la necesidad de la defensa de los intereses de los menores y su representación, consideramos que los niños, las niñas, los adolescentes deben ser escuchados en todo momento en referencia a sus opiniones, necesidades e
inquietudes en el ejercicio de su defensa y sobre cualquier tipo de decisión que les afecte. Entendemos que la defensa de los menores en los tribunales ha de ser desarrollada por profesionales especiales, y resulta vital la especialización de sus
abogados y fiscales.

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Creo que debemos abandonar el concepto de juzgado de familia en las condiciones que actualmente lo tenemos y adaptar el del menor en el propio sistema jurídico. Ante las situaciones de desamparo, se podrían mejorar los procedimientos a fin
de una mejor defensa de la situación de los menores. Lamentablemente, ayer vimos un suceso en Mallorca que creo que nos debe estremecer a todos los presentes en esta sala. Desde mi grupo parlamentario hemos solicitado las comparecencias oportunas
en referencia a derechos sociales, también del propio ministro del Interior y respecto a Igualdad, porque en Mallorca ha habido un suceso lamentable y en Baleares también se han producido hechos lamentables. Consideramos que cuando los menores
están en centros tutelados deben recibir una máxima protección, y, ante cualquier indicio, lo que hay que hacer es velar por el interés superior del menor.


Por tanto, agradecemos el trabajo realizado y me gustaría conocer su opinión respecto a esas labores preventivas que debemos desarrollar para que ningún niño se encuentre en esa situación de vulnerabilidad.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Giménez.


A continuación tiene la palabra la señora Saavedra por el Grupo Parlamentario de Unidas Podemos.


La señora SAAVEDRA MUÑOZ: Gracias, presidenta.


Gracias, señor Díez, por su comparecencia. Compartimos la preocupación por el bienestar de la infancia. Entendemos que, por suerte para nuestro país, para los niños y las niñas y adolescentes, la Ley Orgánica de protección integral a la
infancia y la adolescencia frente a la violencia, que estaba pendiente desde hacía más de diez años y fue impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales, entró en vigor el pasado 25 de junio; una ley largamente demandada por las entidades del
sector y el Comité de Derechos del Niño de la ONU. Como afirman entidades como Save the Children, Unicef o la Plataforma de la Infancia, conformada por más de setenta y tres entidades, esta ley ha supuesto un gran avance para los derechos de la
infancia, y no solo en nuestro país, puesto que también es una referencia a nivel internacional. Esta ley busca proteger a la infancia y la adolescencia en todos los ámbitos donde se desarrolla su vida y tiene en cuenta todas las fases necesarias
en la lucha contra la violencia: la prevención, la detección temprana, la atención inmediata y la recuperación. Esta ley incluye avances importantes, como el Registro Unificado de Casos de Violencia, el deber de denuncia, la ampliación del plazo
de prescripción de delitos, la previsión de crear juzgados y fiscalía especializados o la prevención a través de la educación, tan importante, además de protocolos de actuación en todos los ámbitos en que los niños se desenvuelven.


Una cuestión muy importante es la ampliación del plazo de prescripción de delitos, que empezaba a contar a partir de los dieciocho años de la víctima y ahora se amplía hasta los treinta y cinco años. Y un gran avance, que tiene mucho que
ver con lo que usted ha expuesto, es el referido a la capacidad de denuncia por parte de los niños y niñas, sin necesidad de que se evalúe su madurez. Es fundamental que menores y adolescentes sean escuchados en todos los procedimientos que les
afecten, así como que existan entornos seguros en ámbitos tan importantes como Internet, la familia o los centros educativos. Igualmente importante es la introducción de mecanismos adecuados, seguros y confidenciales para que la infancia y la
adolescencia puedan comunicar situaciones de violencia, así como el refuerzo de la prevención en el entorno educativo. Por otra parte, en cuanto al funcionamiento de los sistemas de protección, desde Unidas Podemos manifestamos y trasladamos a toda
la sociedad nuestra confianza en los servicios sociales, en los profesionales que día tras día trabajan por la protección de la infancia. Desde luego, entendemos que en los casos en que se producen irregularidades existen los cauces administrativos
y legales para su denuncia y resolución. En todo caso, el Ministerio de Derechos Sociales estará muy atento en la implementación de esta ley y, efectivamente, en disposición de mejorar los procedimientos y las garantías necesarias de cara a la
protección de los menores, que es la preocupación central.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Saavedra.


A continuación, por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Clavell.


El señor CLAVELL LÓPEZ: Gracias, presidenta. Gracias, señor Díez Fernández, por su exposición.


Ha tratado usted temas que considero importantísimos. El primero de ellos es que debemos dar a la familia el peso que la corresponde. Las familias son como cada piedra de las que aguantan el muro, como sucede en la sociedad, es decir, sin
esas piedras no existe el muro y sin las familias no existe sociedad. Por tanto, debemos tener en cuenta ese valor trascendental, fundamental que siempre ha tenido la familia.

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¿Qué pasa cuando esta falla? ¿Qué ocurre cuando esa piedra no está? Efectivamente, están las administraciones, están las instituciones públicas, las que deben hacerse cargo y ocupar el hueco o el espacio vacío que deja la ausencia de ese
peso de la familia. Pero ¿qué ocurre cuando fallan esas instituciones o administraciones públicas, que son las que deberían ocupar el lugar de la familia? Ya se ha hablado de los diferentes casos en las Islas Baleares. Muchos de los diputados, en
referencia a cuando usted ha sacado pecho en defensa de los menores y muy especialmente de las menores, son los mismos que se han negado, que han rechazado que se investiguen tanto aquí, en esta casa, como en Baleares todos los casos de violación a
menores en lugares tutelados por la Administración pública.


Pero le diré otra cosa todavía peor; si gravísimos son los hechos de las Baleares, le voy a comentar otro caso, como valenciano que soy. Imagínese que quien comete ese delito en esa época era el marido de la máxima responsable de los
centros de menores, es decir, Mónica Oltra, vicepresidenta del Gobierno valenciano y consejera del ramo. Es así, cuando se cometieron los hechos era el marido de la actual vicepresidenta del Gobierno valenciano por Compromís, y eso también se ha
negado a esta Cámara y a las Cortes Valencianas. Y aquí también hay diputados de la Comunidad Valenciana, entre ellos la portavoz de Podemos, señora Saavedra, que sabe perfectamente de lo que estoy hablando y sabe perfectamente que su partido,
Compromís, y el Partido Socialista se han negado a que se clarifiquen estos hechos en Cámara legislativa. Y repito, condena, condena firme ya de un abusador, exmarido ahora de la vicepresidenta del Gobierno valenciano, Mónica Oltra, de Compromís.
Por eso, mi grupo parlamentario, el Partido Popular - por supuesto, la vía judicial tiene que seguir su marcha-, siendo que aquí se abren tantas comisiones de investigación, cuestiona: ¿Por qué en este caso la izquierda da cerrojazo en falso?


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Clavell.


A continuación por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Marí Klose.


El señor MARÍ KLOSE: Gracias, señora presidenta. Gracias, señor Díez.


Le agradezco su compromiso y que detallara asuntos que cree que son de la máxima importancia y que deben ser considerados por este Parlamento. Quiero recordarle que lo hemos hecho en los últimos dos o tres años, cuando en este Parlamento
hemos debatido extensamente, hasta la extenuación, y hemos examinado con todo tipo de detalles este tipo de situaciones y otras, lo que ha dado lugar a una ley que se ha considerado modélica desde muchos ámbitos, la Ley de protección a la infancia y
la adolescencia frente a la violencia. Es una ley aplaudida por casi todo el mundo en este país y también por organismos internacionales por cuanto que avanza en muchos aspectos, también en algunos que usted denuncia, por ejemplo, en cuanto al
derecho a la escucha. Así, el artículo 11 dice: 'Los poderes públicos garantizarán que los niños, niñas y adolescentes sean oídos y escuchados con todas las garantías y sin límite de edad, asegurando en todo caso que este proceso sea
universalmente accesible en todos los procedimientos administrativos, judiciales o de otra índole relacionados con la acreditación de la violencia y la reparación de las víctimas. El derecho a ser oídos de los niños, niñas y adolescentes solo podrá
restringirse, de manera motivada, cuando sea contrario a su interés superior'. Es decir, si estas situaciones que usted relata se daban de forma generalizada, como viene a plantear, este artículo y la ley, en su conjunto, que presta mucha atención
al derecho de los niños a ser escuchados, entiendo que contribuirán a reparar estas situaciones.


En todo caso, no le acepto la comparación que hace usted entre los procedimientos que se llevan a cabo cuando se atiende a una víctima por desamparo, violencia y abuso con los procedimientos que garantizan una defensa en condiciones, es
decir, estamos hablando de dos situaciones completamente diferentes. Comparar a un niño con un delincuente me parece absolutamente improcedente. Si la situación que dibuja, en términos tan hiperbólicos, es tan preocupante, lo que resulta
sorprendente es que organismos internacionales como el Comité de Derechos del Niño, atendiendo al artículo 9 de la Convención de Derechos del Niño, que usted no ha leído completo, no nos alerten sobre ello, sino sobre otras cuestiones, como la
pobreza, y tomamos cartas en el asunto, y sobre las situaciones de violencia, y tomamos cartas en el asunto, es decir, nos alertan sobre muchas situaciones que resultan inquietantes para el bienestar de la infancia, pero no ponen el acento sobre
este aspecto de absoluto desamparo a la voz y los derechos de los niños. Hace un momento hemos tenido aquí a la Plataforma de Infancia y, a partir del diagnóstico que recibe de las más de setenta organizaciones que forman parte de la misma, nos ha
destacado cuáles son los grandes problemas de la infancia, y este tema no ha salido. Entonces, insto

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a los diputados a no dejarse arrastrar por ciertos relatos sobre casos puntuales de mal funcionamiento y elevar eso a categoría, sino a hacer un análisis mucho más ponderado de la situación.


Gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Marí Klose.


A continuación tiene la palabra el señor Díez por tiempo de quince minutos para responder a sus señorías.


El señor PRESIDENTE Y SOCIO FUNDADOR DE LA ASOCIACIÓN JUSTICIA POÉTICA (Díez Fernández): Bueno, lo primero que quiero trasladarles es que, en líneas generales, creo que he fracasado en el sentido de que me vieran como un niño, como les pedí
que hicieran. Si yo fuera un crío, no entendería que, respecto a lo que manifiesto, no se nos dé respuesta. Ustedes son parlamentarios, son políticos, pero me habría gustado que en casi todas las intervenciones se hubiesen despojado de las siglas,
como les pedía al principio. Ellos no entienden la batalla política, ellos entienden sus derechos y que no pueden ejercitarlos.


Yendo punto por punto e interviniente por interviniente, en relación con su intervención, señor Calvo, efectivamente, todo el Estado legisla desde el punto de vista de que tiene que proteger a la infancia, considerando que la infancia no
tiene mecanismos para protegerse a sí misma, pero, paradójicamente, se despoja a la infancia de cualquier posibilidad de defenderse a sí misma y el Estado se convierte en un tutor absoluto. Si tutelara bien, nadie tendría ningún problema, pero la
pregunta es: ¿y cuando se dan situaciones como las que estamos viendo a diario? ¿El Estado protege a la infancia de los padres que no les cuidan como deben o de los cometen delitos sobre ellos? Al final la pregunta es: ¿quién les defiende del
Estado si el Estado no está implementando las medidas que tiene que implementar? Lo vemos a diario en las estadísticas en relación con los niños sometidos a tutela que, cuando cumplen la mayoría de edad, son de futuro cero: indigencia,
delincuencia...


Salto a otra intervención, porque esto conecta mucho con lo que decía el señor Marí Klose del Grupo Socialista. Efectivamente, se ha dictado una Ley de protección de la infancia y, desde la perspectiva de la Asociación Justicia Poética, lo
que ha hecho la ley es blindar a la Administración todavía mucho más frente a situaciones en las que los menores tienen que tener la posibilidad de ejercitar sus derechos. Los menores son seres humanos y son pequeños, pero no son tontos. Cuando tú
hablas con ellos y te trasladan su situación, te das cuenta de que las instituciones son sordas respecto de ellos. No es un caso aislado, es que no tengo un solo caso en el que haya podido ejercitar la defensa de un menor en un procedimiento
judicial. Vengo de Murcia de un procedimiento en el que tres hermanos fueron al notario para designarme abogado para poder ejercitar una acción criminal contra su progenitor, del que dicen que comete abusos sexuales sobre ellos. Aun con informes
psicológicos, no se me admite la personación por esos menores; no puedo defenderlos, no hay un mecanismo. Me citaba el artículo que me ha leído. El artículo que me ha leído es maravilloso, pero no está implementado en la sociedad. Dígame un solo
menor que haya podido decir: Oiga, yo quiero que este señor me represente como abogado; y que se le admita. Lo primero que dicen los notarios es que el menor no tiene capacidad jurídica para designar a nadie. Dicen: Yo le haré una escritura y
usted tiene que ir al juzgado y que el juzgado entienda que es el defensor judicial del menor. O sea, una burocracia imposible que aboca a un callejón sin salida. La situación es la de tres hermanos que relatan abusos sexuales de su progenitor y
un procedimiento civil en el que también he solicitado personarme, porque, cuando los padres tienen disputas, los jueces resuelven sobre las situaciones de los niños. Hasta en cuatro ocasiones he solicitado la personación para defender los derechos
de esos niños que saben lo que quieren ellos, con independencia de lo que quiera su madre y su padre. Se me ha denegado y tendrán que visitar a su padre sin que se les haya escuchado. No es que el juez de lo Civil cite a los tres niños y les
pregunte cuál es su situación con su padre. No, toma una decisión y luego dice: Bueno, voy a reunirme con los niños para explicársela. Y el juez le explica la situación al niño a solas y, por supuesto, no se cumple lo que dice la ley de que toda
actuación con un menor tiene que ser grabada. No se cumple en Servicios Sociales eso. He tenido situaciones de defensa de expedientes de desamparo en los que he reclamado que la ley dice que toda actuación y toda exploración judicial del menor
tienen que ser grabada. Me dicen: No, aquí no lo hacemos así. Oiga, es que es lo dice la ley, que no es cómo lo haga usted, sino lo que dice la ley. ¡No se cumple! Implementen, por favor, las medidas.


Ninguno me ha contestado sobre qué problema habría para que en setenta y dos horas un juez pueda intervenir para validar una medida de declaración de desamparo, que es lo más grave que le

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puede pasar a un padre y lo más grave que le puede pasar a un niño. Y tampoco me han explicado qué problema hay en que habiliten un protocolo legal específico y clarísimo, para que cuando un niño vaya a una comisaría, a un notario o a
cualquier autoridad pública -ante cualquier funcionario que esté dotado de autoridad pública- pueda efectuar una designación de la persona que le defienda y que le represente: abogado colegiado, etcétera.


La ley está genial, pero es que es literatura hasta que no la implementen. Desarrollen esas dos cositas. Desarrollen que en setenta y dos horas un juez entre a conocer, porque no hay nada más terrible que le pueda pasar a un padre que eso.
Me decía -y estoy de acuerdo con usted- que no es comparable, pero, precisamente porque no es comparable, es tan sangrante. Es que no es comparable un niño con un criminal; y que yo tenga que hacer esa comparación aquí para trasladarles la
ausencia de derechos de un niño me produce bochorno. No es comparable, efectivamente, no lo es; y, porque no es comparable, es tan sangrante. Dicen que los mecanismos europeos no alertan de esto. ¿Cómo van a alertar? ¿Quién les va a alertar?
Ya le digo yo que si esas dos medidas no se implementan en un futuro próximo, mi asociación llevará a la Comisión Europea una denuncia contra España por vulnerar derechos básicos de los menores. Entonces, veremos si alertan o no alertan, porque
vamos documentando casos sangrantes con niños. ¡Es que son niños! Y, luego, todos nos llenamos la boca con el interés superior del menor. ¡Escucho tanto eso del interés superior del menor! Siempre hay alguien que se arroga ese interés, pero no van
al niño y le preguntan: Oye, niño, ¿cuál es tu interés superior? Nadie hace eso. Todos dicen que el interés superior del menor es separarle de su padre y de su madre y para acá, pero el menor está mudo frente a las instituciones.


No quiero dejarme a nadie. El señor Martínez Oblanca me pedía una aclaración pequeña respecto de la actuación de la asociación en Baleares. La Asociación Justicia Poética interpone una querella por delito de abandono de menores, artículos
226 y 229 del Código Penal, contra el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales y contra su presidente Javier de Juan. Esa querella permanece en un cajón de sus señorías seis meses y se nos dicta una no admisión a trámite el último día del año
judicial; el día 30 de julio, un auto de inadmisión a trámite. El Ministerio Fiscal dice que no aprecia delito ninguno. Por un lado, el artículo 226 requiere denuncia del perjudicado, lo cual es fantástico, porque un niño no tiene capacidad para
denunciarse como perjudicado y quien tendría que hacerlo es contra quien nos querellamos. Es decir, el que tiene que protegerle es el que podría iniciar la acción penal -reflexionen sobre esto- con lo cual no hay acción. Nos dicen: Ustedes no
pueden, ni como acusación popular ni como nada, porque el artículo 226 recoge un delito privado. Por otro lado, sobre el artículo 229 no dicen nada. Ese auto está recurrido ante la audiencia provincial. Es inaudito que ocurra algo como esto,
cuando hay padres que están siendo imputados porque no llevan al niño al colegio; la Fiscalía abre un expediente, denuncia y abre un procedimiento penal que tiene unas consecuencias gravísimas. Sin embargo, esa misma Fiscalía dice aquí que
pelillos a la mar, que no hay ninguna omisión concreta. Claro, como digo en el recurso, es que no hay ninguna acción concreta de protección. Omisiones las hay todas, lo que no hay es ninguna acción concreta respecto de esto. Iremos a la audiencia
provincial, iremos al Tribunal Supremo si no lo admiten a trámite en casación, iremos al amparo al Tribunal Constitucional y, a lo mejor, dentro de doce años en Estrasburgo alguna institución europea alerta de lo que pasa en España. Las situaciones
que les cuento las he vivido en distintos grados; la he vivido en el caso de Murcia o con la situación del niño de Tudela. Cuando la protección es frente a la Administración, es ciencia ficción. La Administración se blinda y no hay manera de
defender a un niño cuando se trata de ir contra la Administración.


Respecto de lo que me planteaba la señora Giménez del Grupo Ciudadanos, me imagino que se refería al caso de la niña desaparecida en Mallorca a la que el IMAS acompañó a abortar y luego volvió a desaparecer. Preguntaba qué se puede hacer a
nivel de prevención y hablaba del tema de la pobreza. Está reconocido que la pobreza en ningún caso puede ser causa de desamparo. No se le pueden quitar sus hijos a nadie porque sea pobre. Y vuelvo a qué interés tiene el legislador en no proteger
a los niños y en habilitar un sistema de tutelas en el que hay un pastel económico que nadie sabe cuál es; yo, por lo menos, no sé cuál es. ¿Cuánto le supone a las arcas del Estado, en dinero público, cada niño tutelado? En los preámbulos de
todos los organismos internacionales lo que se dice es que hay que ayudar a las familias a que asuman sus responsabilidades. A lo mejor la prevención está en ayudar a las familias y en destinar ese dinero a programas que a las familias les permitan
reconducir las actuaciones que no estén siendo adecuadas. Sin embargo, no se opta por eso. Yo he vivido un caso de ir a un paritorio en el que a una madre le llegan de Servicios Sociales y, tras parir, le dicen: Tienes veinte minutos para
despedirte de tu hija. Todo esto porque ocho años antes le dictaron un desamparo -a mi entender, bien dictado- y eso se ve que la invalida ya para ser madre durante el resto de su vida. Ocho años más tarde, como tuvo otro

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niño, se lo quitaron veinte minutos después. Ese fue el caso por el que yo planteé un habeas corpus en un juzgado de Alicante y la magistrada, que tuvo a bien hablar conmigo por teléfono, me decía: Letrado, no lo voy a tramitar porque al
día siguiente saldría en los telediarios; yo tengo este sueldo y no sé ganarme la vida de otra manera. Yo le contestaba: Pero, señoría, es que este niño no es sustraído a su madre por su voluntad. Los jueces saben lo que hay, pero tienen un
camino marcado. Faciliten al Poder Judicial que un niño pueda nombrar representante legal y que pueda ejercitar sus derechos.


Con esas dos medidas que yo les digo, no se imaginan cuánto se solucionaría de todo lo que hemos estado hablando y de todo lo que han hablado los anteriores ponentes. Porque, al final, cuando alguien representa a un menor -los que lo
hacemos-, sobre todo a menores en situación de desprotección, lo hace sin recursos económicos; es decir, que lo hacemos por amor al arte. Todo eso solventaría un montón de problemas que vienen después, porque lo que vemos es que al final los niños
son números. Si en alguna ocasión ustedes pueden documentar que en un procedimiento se ha llamado al niño, se le ha preguntado qué problemas tiene con sus padres y se le ha escuchado de principio a fin, háganmelo saber, porque quiero conocer esa
institución, quiero conocer a ese juez, quiero conocer a ese fiscal. Estoy en procedimientos de menores y no he conocido todavía a un fiscal que conozca al menor que se supone que defiende y yo les digo: Oiga, es que usted representa la defensa de
la legalidad y de este niño. ¡Ni los conocen! Tienen 200 000 asuntos y los niños son números. Vale, un expediente, a ver este niño, ¿qué dice Servicios Sociales? El grandísimo problema es que, cuando no se habilita al menor para que pueda elegir
a alguien que le defienda, la palabra de Servicios Sociales se convierte en palabra de Dios y los jueces no tocan un informe de Servicios Sociales, porque, si pasa algo, que se lo coma otro. Esto viene a colación por lo que manifestó la señora
Saavedra del Grupo de Unidas Podemos. No es verdad que los menores sean escuchados, señora Saavedra, no es verdad. En el día a día no es real eso. Ojalá fuera real, pero no es real. Entonces, trabajen en eso, en implementar medidas para que de
verdad los menores sean escuchados.


Finalmente, respecto de lo que me manifestó el señor Clavell del Grupo Popular, desde luego, la Asociación Justicia Poética ha interpuesto una querella contra el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales porque, evidentemente, no entiende que
nadie pueda negar una investigación sobre hechos tan graves como esos. Eso es indudable. Yo creo que nadie entiende eso. Eso forma parte de ese blindaje de la Administración del que hablamos. Tenemos la sensación de que, donde la Administración
falla, la Administración busca blindarse y, al final, todo sale del legislador. ¡Es que tienen ustedes una responsabilidad y un poder! Es tan sencillo como implementar esas dos medidas: control judicial inmediato y que los niños puedan tener un
abogado. Creo que con esas dos cosas ustedes habrían hecho algo grande con la responsabilidad que los ciudadanos les asignan.


Gracias a todos por la oportunidad de expresar mis inquietudes aquí.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Díez Fernández. Gracias por estos minutos de respuesta a los grupos parlamentarios.


Vamos a hacer un breve descanso de tres minutos y después continuamos con la siguiente comparecencia.


Gracias. (Pausa).


- DE LA SEÑORA SECRETARIA DE LA PLATAFORMA FAMILIA Y DERECHO (WINKELS ARCE), PARA EXPLICAR LAS CONCLUSIONES DEL I CONGRESO DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA CELEBRADO EN MADRID LOS DÍAS 25 Y 26 DE MARZO, ORGANIZADO POR EL ILUSTRE COLEGIO DE
ABOGADOS DE MADRID, EL ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE BARCELONA Y LA PLATAFORMA FAMILIA Y DERECHO. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 219/000451).


La señora PRESIDENTA: Señores y señoras diputadas, vamos a continuar con el orden del día.


Ahora tenemos la última compareciente de la mañana. Damos la bienvenida a la señora Isabel Winkels Arce, secretaria de la Plataforma Familia y Derecho. Por un tiempo de quince minutos tiene usted la palabra para que nos dé sus respectivas
explicaciones.


Gracias.


La señora SECRETARIA DE LA PLATAFORMA FAMILIA Y DERECHO (Winkels Arce): En primer lugar, muchas gracias por haberme acogido y haberme invitado a venir aquí a explicar las conclusiones de un congreso realmente importante, el I Congreso de
Infancia y Adolescencia, que celebramos en

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Madrid la Plataforma Familia y Derecho junto con el Colegio de Abogados de Madrid y el Colegio de la Abogacía de Barcelona. Mi presidente, que es Xabier Abel, es un magistrado de familia en Barcelona. La comparecencia fue solicitada con el
tiempo bastante justo y le pedimos, obviamente, que viniera, pero me dijo: Isabel, tengo ocho juicios y ocho familias que dependen de mi resolución, y no puedo aplazar la resolución de la vida de ocho familias por venir a Madrid. Es una cosa que
todos entendemos y que es de agradecer y, por eso, estoy aquí yo, como secretaria, e intentaré suplir su presencia, que sería, desde luego, mucho más solvente que la mía.


La Plataforma Familia y Derecho es una asociación que constituimos hace dos años con una vocación clara, que es lograr la especialización, transformando juzgados de todos los juzgados de familia que hay en España. (Apoya su intervención en
un powerpoint). Es una asociación interdisciplinar -les he mandado el link de la página web y me consta que algunos la han visto ya; también me consta que uno de los aquí presentes estuvo en nuestro congreso interviniendo- y formamos parte de ella
todos los profesionales que intervenimos en los procedimientos de familia: magistrados, fiscales, mediadores -que son importantísimos en los procedimientos de familia, como todos sabemos-, fiscales, letrados de la Administración de Justicia,
psicólogos, psiquiatras, pediatras sociales; todos aquellos que intervenimos y tenemos una gran inquietud porque hay procedimientos que no se tramitan como se debería. Hay niños que son expuestos a crisis y a una duración innecesaria de los
conflictos que podrían ser evitables. Por ende, hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda en pleno siglo XXI y cuarenta años después de que se haya aprobado la Ley de divorcio; y esto es literal.


Tengo que decir que en este congreso intervinieron un total de ochenta y siete profesionales. Les he dado en papel los intervinientes, aparte del comité de honor y el comité científico. Además, acudieron todas las asociaciones y personas
importantes que tuvieron conocimiento de que lo estábamos organizando y quisieron intervenir. Todos vinieron físicamente y, por supuesto, fue absolutamente gratuito; no hubo remuneración por parte de nadie y la respuesta fue unánime. Si tienen
ahí el programa, pueden ver ustedes el nivel de los participantes. Asistieron magistrados de las más altas instancias y también políticos, uno por cada partido. Como le comentaba antes a la presidenta, el moderador de la mesa, Joaquim de Miquel,
que es el vicedecano de Colegio de la Abogacía, no se ganó el sueldo, porque entre todos los miembros de los partidos políticos había unanimidad. Todos eran absolutamente conscientes de que resulta imprescindible que todos los ciudadanos tengan
acceso a una justicia especializada. Tuvimos además mesas muy técnicas. Estuvo la gran Amparo Quintana, que en mediación es una referente, y Javier Forcada, magistrado de enlace y también un absoluto referente en conflictos internacionales cada
vez más complejos. Muchos magistrados no saben ni que hay convenios o reglamentos que tienen que ser antepuestos a la ley interna en los conflictos, las expatriaciones y todo lo que ello supone.


En cuanto a la audiencia al menor, en la plataforma estamos preparando un protocolo para articular las audiencias del menor cuando los menores tienen que acudir a los juzgados, que van los pobres nerviosos no, otra dimensión; pues es
necesario articular protocolos, articular sistemas, tenemos aquí trabajadoras sociales, Amelia de Andrés, por ejemplo, que ella se inventó un sistema con perros, traen perros a los juzgados y los niños tocan a los perros y se tranquilizan antes de
hacer las exploraciones o someterse a la evaluación de los equipos técnicos, el EICAS. Toda la problemática que hay de abusos sexuales desgraciadamente, de la adicción a las nuevas tecnologías, la adicción a las redes sociales, todos esos
procedimientos que afectan a la infancia tienen que ser tratados de una manera especializada dentro de los procesos. No es lo mismo articular custodias o medidas de protección de los niños, en unos niños normalizados o niños con unos problemas que
son absolutamente reales y concurrentes. El otro día leíamos que habían tenido que ingresar a un niño porque tenía una adicción al Fortnite. Son juegos que son tremendos. Vino Mar España, la directora de la Agencia de Protección de Datos y nos
contó un dato que nos dejó a todos espeluznados. Los niños tienen el móvil cada vez a edad más temprana; la media de acceso a pornografía es de 10 años. Hay niños que con 10 años tienen acceso a través de un botoncito a imágenes que evidentemente
no condicionan ni van a crear adultos sanos en sus relaciones, esa es una realidad que aquí tenemos y que tiene que ser también valorada ante una crisis familiar por expertos en este caso.


Se presentó un libro, Lo que he aprendido de las niñas y los niños, un proyecto precioso de la plataforma -se lo podría haber enviado-, en la que miembros de la plataforma, profesionales de todas las ramas, explican sus experiencias con
niños, son tres folios cada relato, y la manera en que les ha impactado. Realmente es precioso, estamos ahora con la segunda edición haciéndolo con Iberoamérica. Se lo voy a mandar y echen un ojo a alguna de esas historias porque realmente
impactan las experiencias de los niños que tienen que verse sometidos a conflictos de sus padres en los juzgados.

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Los desafíos en la especialización de los NNA como los llamamos, los niños, niñas y adolescentes, las declaraciones de desamparo, la implementación de juzgados especializados, con una propuesta que ahora les voy a explicar, y luego tuvimos
una mesa de periodistas, chulísima, con periodistas especializados, estaban Ángela Martialay, María Peral, Arcadio García Montoro, por supuesto Carlos Berbell. También tuvimos unanimidad y tampoco tuvieron que ganarse de manera importante el
sueldo, porque estaban todos conformes y además de una manera muy razonada en que esto tenía que hacerse y tenía que suceder.


La situación jurídica que afecta a las familias es cada vez más compleja, cada vez son más complejas las relaciones, la internacionalización de los conflictos, los expatriados, la globalización es una realidad. Uno de los datos que se daban
es que tenemos ahora mismo más de un millón de niños Erasmus, niños nacidos de los chavales que se van en Erasmus y que conocen a sus parejas fuera, y tenemos un millón de niños de padres de distintas nacionalidades en el seno de la Unión Europea.
Eso nos da una idea de cómo en el momento en que hay un elemento extranjero los procedimientos se tienen que adaptar a esa normativa. Asimismo, las adicciones, de las que hemos hablado también ahora; las convivencias-ruptura de parejas more
uxorio, las parejas homosexuales, su ruptura y el trato con los menores, los padres o madres trans, cómo afecta eso a los niños. Estas son situaciones que están llegando ya a los juzgados y hay que saber, evidentemente, tratarlas. Hay liquidación
de gananciales cada vez más complejas. A mí me entró el otro día una con bitcoins, que me tocó a mí ponerme a estudiar este asunto, ver cómo lo valoro y cómo lo encajo, pero son realidades en las que hay que estar al día, pero yo como abogado, el
juez y el letrado de la Administración de Justicia. Y un montón de técnicas que hay para relajar a menores, a las cuales solo tienen acceso 22 millones de nuestros ciudadanos, hay otros 25 millones de españoles que no tienen acceso, se lo explico
aquí.


Todos estos datos están sacados del Consejo General del Poder Judicial del año 2019, de 2020 están también publicados, pero fue un año muy atípico y no es un año representativo y el 2021 todavía no ha terminado, por eso me he remitido a
2019. En el año 2019 tenemos que el total de asuntos civiles ascendió a 2 300 000, y 557 000 a temas exclusivamente de crisis familiares. Es decir, un 20 o 25 % de los temas que afectan a la ciudadanía. Y para eso tenemos un total de 1077
juzgados mixtos, los mixtos son de Primera Instancia e Instrucción, como bien saben, y con competencias para valorar una custodia, decidir un divorcio y cosas que realmente son bastante determinantes, pero el juicio siguiente es levantar un cadáver
de un homicidio, el siguiente es un desahucio por falta de pago o una negligencia médica. Es materialmente imposible que un magistrado, por mucho que trabaje y por listo que sea, tenga, adquiera y conozca las competencias necesarias para abordar
algo tan crítico en la vida de un menor como es su futura custodia, a quién le va a ser confiada y qué medidas de protección han de ser adoptadas. Si ese niño tiene que ir a un CAF para ser supervisado, si ese niño debe ser sometido a una terapia
especializada y por quién, y no lo que los padres, que normalmente están fuera de sí, en un momento determinado proponen, sino cuál es realmente esa necesidad que tiene ese niño en ese momento puntual.


Hay 1077, como he dicho, juzgados mixtos, y 872 juzgados de Primera Instancia, o sea en total son unos dos mil juzgados con competencia de familia. Y luego tenemos un total de 163 juzgados de los 872 juzgados de Primera Instancia, 163 en
toda España están especializados en familia y en capacidad, que tienen competencias exclusivas y excluyentes. Adelanto que la propuesta de la plataforma es que estos nuevos juzgados que pedimos -no crear sino transformar-, sea añadir a los 163 que
ya existen 80 más, que sean llamados y conozcan materias que sean de infancia, familia y capacidad. Porque los skills necesarios, las actitudes, los apoyos, los médicos forenses y los equipos técnicos que tienen que tratar cualquiera de estas
cuestiones son ambivalentes. Todos llegaremos a mayores y todos nosotros llegará un momento, ojalá no, en que podemos perder nuestras capacidades, y creo que todos queremos tener un médico, una persona, un profesional que realmente vele por
nosotros y que sea capaz de complementar, ahora a la luz de la nueva ley, las competencias que nos faltan, pero protegernos a nosotros y no proteger a nuestro entorno. Y para hacer esa valoración de las capacidades que nos faltan, son necesarios
los mismos profesionales que los que tienen los niños para determinar qué carencias tienen, qué problemas tienen, cuál de sus progenitores es el más capacitado, si lo están los dos o no lo está ninguno y hay que quitarle esa competencia.


Tenemos que, en esos 163 juzgados que hay en toda España, atienden a 22 millones de ciudadanos; los restantes 25 millones de ciudadanos -estoy hablando de todo el territorio nacional-, por razón de su domicilio, no tienen acceso a una
atención especializada. Es decir, vivir aquí en Madrid o vivir en Majadahonda o en Torrelaguna es una diferencia tan sustancial como que si vivimos en Madrid tenemos

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acceso a un juez especializado, con un fiscal especializado adscrito y un equipo técnico que va a solventar nuestro asunto con agilidad, y si vivimos en Torrelaguna o en Pozuelo, que está aquí al lado, nos vamos a un juzgado mixto, con un
juez que tiene competencias, absolutamente dispersas, sin un fiscal adscrito, que, aunque debería estar, los abogados -y lo siento si hay algún fiscal aquí- le llamamos el misterio fiscal, porque no aparece nunca, y con un equipo técnico que atiende
a toda la comarca de partidos judiciales. Es decir, cuando te toque, te toca. Y mientras tanto, una familia en crisis, cronificada, un conflicto en el que los niños son los principales; por supuesto los padres, por supuesto las madres, pero esos
niños están viviendo, mamando en muchos casos, porque son muy pequeñitos, una violencia que es realmente innecesaria y una violencia que es absolutamente prescindible.


Ahora mismo hay 431 partidos judiciales en España; en estos partidos judiciales hay, como he dicho, prácticamente dos mil, aparte de los de instrucción, social, etcétera, dos mil juzgados con competencia en familia. Estos partidos
judiciales con la nueva ley pasarán a llamarse tribunales de instancia, pero el reparto es exactamente el mismo. Ahora les muestro los partidos judiciales, que son 56, en los que están ubicados los 163 juzgados especializados en familia y en
capacidad, 56 partidos de los 431 que hay en España. Los habitantes, que hemos dicho que son 22 millones que residen en estos 56 partidos judiciales, en estos domicilios, tienen realmente un privilegio, el privilegio de acceder a una justicia, que
ojo a los tiempos de tramitación. Esta es la propuesta, que ahora vuelvo a ella, que hace la plataforma. En un juzgado de familia, el tiempo de tramitación media -como en todo hay excepciones y una media, evidentemente es una media- es entre seis
y ocho meses en el que podemos ver resuelto un procedimiento de familia en Madrid, con un fiscal y un equipo técnico especializado. En los juzgados no especializados: de año y medio a dos años, con el misterio fiscal y con un equipo técnico que
tiene que ir atendiendo a un montón de partidos distintos y que se crean por comarcas. ¿Hay o no hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda?


Es más, en la Comunidad de Madrid -que ahora voy a pasar a la Comunidad de Madrid-, hay proporcionalmente muchos más juzgados de violencia de género que juzgados especializados, cuando, si se invirtiera esta ecuación, una resolución ágil y
profesional de conflictos de familia evita muchos de los traspasos que se producen en violencia de género, porque muchos de los casos que recalan en los juzgados de violencia de género son casos que vienen de un procedimiento de familia que está
estancado y que está cronificado. De verdad, son muchos casos que se podrían perfectamente evitar.


He cogido datos concretos de la Comunidad de Madrid porque es en la que estamos y la que más conozco. Año también 2019, por ser un poco el último que tenemos estandarizado. En total, sin ejecuciones, 45 000 asuntos ingresados relativos a
derecho de familia: divorcios, separaciones, modificaciones de medidas, jurisdicciones voluntarias, 45 000. En la Comunidad de Madrid tenemos 20 juzgados de familia en cinco partidos judiciales que ahora veremos; en la Comunidad de Madrid hay 21
partidos judiciales y cinco de ellos tienen juzgados especializados, 14 en Madrid capital y los otros ahora veremos dónde están. Los 20 juzgados de familia de estos 45 000, ventilaron 25 000 casos; 20 juzgados especializados, 25 000 casos. Los
restantes 20 000 casos hasta completar los 45 000 se los ventilaron entre los 129 juzgados restantes que hay en Madrid con competencias en familia y juzgados mixtos. O sea, 20, 25 000, 129, 20 000. Con esos plazos de dilación a los que he hecho
referencia antes y, de verdad, con esas carencias en la calidad de las resoluciones, que, repito, no estamos hablando de una resolución de un contrato o de unas acciones, que por supuesto también es importante, estamos hablando del futuro de una
familia y de una estabilidad de unos niños que, cuando crecen, y lo decimos siempre, una custodia mal dada es un roto, es una situación que el niño arrastra el resto de su vida.


Este es ahora mismo el actual reparto en Madrid capital de los 20 juzgados de familia en los 21 partidos judiciales. Tenemos, en Alcobendas, un partido especializado, en total hay seis, uno especializado, que libera a los otros cinco de los
temas de familia; en Móstoles hay dos; en Alcalá de Henares hay dos, antes había uno y ahora hay dos, los restantes juzgados de Alcalá de Henares quedan liberados de familia. En Madrid hay 14, que es el núcleo más fuerte; en Fuenlabrada hay uno,
también de reciente creación; en Móstoles hay dos, en total hay ocho, los restantes seis de Primera Instancia quedan liberados en materia de familia que son los que ven, como hemos dicho, esos 25 000 casos.


¿Cuál es la propuesta de la plataforma? A nivel nacional -y aquí he concretado con un ejemplo que, por supuesto, hay que estudiar volumen de situación, pero es una propuesta que hemos hecho- para iniciar un trabajo la propuesta que hemos
hecho sería esta: repartir la Comunidad de Madrid dejando Madrid capital, que tiene sus 14 juzgados y queda bien atendido, podría haber alguno más pero no nos vamos a quejar, y crear cuatro comarcas y en estas cuatro comarcas, si hemos visto que en
la comarca

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norte tiene cinco partidos judiciales, crear cuatro juzgados nuevos. Madrid capital, en Alcalá de Henares, que hay dos, crear otros dos juzgados, y cuando digo crear no es crear, es coger dos de los que hay, quitarles todas las competencias
y centralizar esas competencias en familia y que todos los restantes juzgados de los restantes partidos judiciales en Alcalá, en la comarca este donde está Alcalá de Henares hay tres partidos; todos los restantes juzgados quedarían liberados de
materia de familia, se quedarían concentrados en cuatro. Esos juzgados existen, tienen un juez que a lo mejor si ese juez dice a mí no me gusta familia puede haber cambios, pero tienen un juez, hay una oficina judicial y lo que habría que crear, el
único coste añadido a esto sería, evidentemente, crear una plaza de un fiscal adscrito a cada uno de los nuevos juzgados, que el cálculo que hemos hecho es que con 80 juzgados más en todo el territorio español será suficiente; crear más plazas de
fiscales y crear, evidentemente, más equipos técnicos.


Hay que crear un equipo técnico, es imprescindible, adscrito a cada juzgado y poner en común los recursos de médicos forenses, de psiquiatras, de expertos en bulimias, etcétera, que estos son profesionales que estarían a disposición de todos
estos juzgados especializados. Estos magistrados no harían otra cosa que familia y como digo yo, que solo me dedico a familia, estudio muchísimo y no hago otra cosa, y no hay fin de semana que no me tire tres o cuatro horas leyendo doctrina, nuevas
sentencias porque el Supremo dispara familia en las audiencias y hay que estar, evidentemente, al día. Es imposible que nadie no le dedique tiempo a ello por la complejidad de todas las materias, como lo que he dicho antes de los bitcoins. Cada
vez son cosas nuevas, el concurso de la persona física, eso afecta a las pensiones de alimentos. Cómo computan una liquidación de una sociedad de gananciales, una sociedad anónima, todos estos temas los tenemos que conocer, pero nosotros y los
jueces y los letrados de la Administración de Justicia, que son los que ven las liquidaciones de gananciales. Con esta fórmula, con un coste, evidentemente, pero que no es un coste de decir vamos a crear ex novo 80 nuevos juzgados, sino que vamos a
reconducir algunos de los que hay y vamos a reorganizar el territorio, racionalizando de alguna manera la materia que tratan todos los demás, evidentemente favoreceríamos y tendríamos ese acceso a una justicia especializada, y esa discriminación que
actualmente existe la paliaríamos y, de hecho, la eliminaríamos buscando esa especialización.


Si quieren, ahora contesto encantada a sus preguntas; tengo algún comentario más que puedo hacer luego cuando concluya y les escuche a ustedes.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias, señora Winkels por sus explicaciones y presentación.


A continuación, los grupos tienen un tiempo de tres minutos para hacer las pertinentes reflexiones y preguntas, empezando por el grupo proponente, en este caso el Grupo Popular, con la señora Redondo. Adelante.


La señora REDONDO CALVILLO: Muchas gracias, presidenta.


Buenas tardes ya, señora Winkels, muchas gracias por su magnífico resumen del I Congreso de la Infancia y la Adolescencia, por explicárnoslo con tanta claridad y, sobre todo, por esta pasión que ha puesto en la vocación, evidentemente, que
tiene su trabajo y en las conclusiones que al final es lo que venía a explicarnos de este congreso.


Ustedes argumentan, y lo hemos visto en el powerpoint que ha presentado, que mientras en un juzgado especializado se puede resolver entre seis y ocho meses, en el no especializado nos íbamos a año y medio o dos años. Además, ponen de
manifiesto que actualmente hay audiencias que están resolviendo demandas de 2017. Y la pregunta, aunque lo ha respondido, es cuántas cosas ocurren durante esos años que se puede tardar en resolver, qué situaciones se ven en esas familias en las que
todavía se ha agravado más la situación una vez que ya está el asunto en marcha; y qué ocurre con el efecto irreversible que tiene en los niños y las niñas, es decir, cuando los niños van creciendo y las necesidades que tienen son diferentes a las
que tenían cuando se inició el asunto, por decirlo de alguna manera. Es evidente que las características de los litigantes son diferentes, pero todavía más si los litigantes, por decirlo así, no son menores. Está claro que nada tiene que ver un
mercantil, un contrato, con una separación de una familia, y es clarísimo también que por muy competente que sea un juez no puede tener conocimiento de la realidad de un menor; por eso nos cuesta tanto trabajo entender que se avance tan poco en
este sentido aun sabiendo todos, y usted lo ha dicho, que incluso en el congreso teníamos unanimidad y consenso en eso, aun sabiendo que va en contra del interés superior del menor. Ustedes, lo ha dicho al final de su intervención, no proponen la
creación de nuevos juzgados, sino reconvertir los juzgados existentes y conseguir la especialización, y he leído que lo hacen con una única

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inversión a través de la distribución de las competencias. Me gustaría que nos explicara un poco más ampliamente cuál es la propuesta, porque llama mucho la atención lo de la única inversión.


Argumentan igualmente un descenso muy importante de los costes marginales. Entiendo que en tanto que disminuyen considerablemente el gasto añadido que supone recurrir a otra instancia, me imagino que se refieren a eso. Nos gustaría saber
si lo tienen cuantificado, cuánto podría suponer esa disminución de los costes marginales de ahorro para la Administración.


De la celebración del I Congreso de la Infancia y la Adolescencia extrajeron ustedes una serie de conclusiones, que muy amablemente nos han hecho llegar a todos los grupos, me gustaría saber si también se las han trasladado al Gobierno y si
han recibido algún tipo de respuesta y en qué términos.


Voy a terminar con unas palabras que le van a sonar. Estadísticamente la mitad de la población se encuentra o se encontrará inmersa en un conflicto de familia, y esos ciudadanos tienen derecho a que todos los profesionales que tengan
intervención en las decisiones que van a marcar su vida y las de su hijo, abogados, magistrados, fiscales, etcétera, estén absolutamente especializados y conozcan perfectamente las materias que van a evaluar. Yo añadiría a sus palabras: más aún si
sabemos que la separación y el divorcio es una de las situaciones más estresantes por las que pasamos, y todavía más si son niños y niñas que llegan en muchas ocasiones aterrorizados al juzgado.


Para terminar, hay que recordar que el 11 % de los jueces de Primera Instancia están especializados y, como usted ha puesto de manifiesto, están atendiendo 22 millones con mucha suerte y hay otros 25 millones con menos suerte.


Quiero agradecerle la labor que llevan haciendo mucho tiempo individualmente, y ahora a través de la plataforma.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Redondo.


A continuación, tiene la palabra el señor Martínez Oblanca, por el Grupo Parlamentario Mixto.


El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señora presidenta.


Agradezco a la señora Winkels Arce su comparecencia, que ya suponía yo que iba a ser enriquecedora para esta Comisión porque he tenido la oportunidad de leer en el Diario de Sesiones la extensa intervención que usted realizó hace casi tres
años en la Comisión de Justicia del Senado; de ahí que sugiera a mis colegas de esta Comisión que recuperen aquella comparecencia, en la que entonces se subrayaron las carencias del derecho de familia en la violencia de género.


Hoy nos ha trasladado usted las conclusiones del I Congreso de la Infancia y la Adolescencia, y quiero felicitar por su esfuerzo a sus participantes, a todos los que lo han hecho posible, que no habrá sido fácil llevarlo a término. Entre
los participantes ha habido varios diputados de esta Comisión, que estoy seguro de que habrán dejado el pabellón parlamentario muy alto.


La verdad, señora Winkels, es que tanto usted como muchos de los que como usted acuden al Congreso nos desvelan carencias muy significativas, y a veces preocupantes. Además, nos dejan una mochila de trabajo, una carga muy grande en la que
no en pocos casos hay una urgencia y una necesidad, porque las reformas legislativas se van empantanando, cuestan muchísimo tiempo adaptar la jurisprudencia de los tribunales en relación con el derecho de familia y, desgraciadamente, mucho más
tiempo añadido como secuela de una inestabilidad política que nos arrastró, por ejemplo, a dos legislaturas fallidas y, por tanto, al reinicio de aquellos pasos para la actualización de las leyes, que es el caso que usted y la plataforma que usted
representa señalan y que tiene mucha importancia para el conjunto de la sociedad.


Los gráficos con los que usted ha acompañado su comparecencia revelan que en esa mochila de trabajo hay también una carga importante para el Gobierno, que son materias en las que estas necesidades para nuestros juzgados especializados son
importantes, pero eso solamente puede acometerse por la vía presupuestaria. No sé si en los próximos presupuestos de 2022 habrá partidas significativas para las carencias que usted señalaba, pero efectivamente en materia de justicia también hay
importantes carencias que solamente pueden resolverse por la vía económica, por la vía de dotación de personal, etcétera.


Dicho esto, señora presidenta, y con disculpas a la compareciente y a toda la Comisión, me voy a ausentar porque a las tres de la tarde comienza una sesión plenaria, necesito reordenar mis papeles y, sobre todo, algo tan importante como es
comer un poquito antes de afrontar la tarea.


Muchas gracias. La felicito en todo caso, y traslade mi felicitación, por supuesto, a todos los que han hecho posible este I Congreso de la Infancia y la Adolescencia, que confío en que sea el primero de los muchos que van ustedes a
celebrar. Me alegra muchísimo y mucho ánimo.

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La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Martínez Oblanca.


A continuación, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Giménez.


La señora GIMÉNEZ GIMÉNEZ: Gracias, presidenta.


Muchísimas gracias a la compareciente. Es para mí un honor el haber sido de los diputados que participaron en ese I Congreso de la Infancia y la Adolescencia que tenía una visión muy integral y un abordaje realmente muy especializado, que
me parece que todos los que pudimos escuchar algunas de las intervenciones acabamos aprendiendo de aquellos ámbitos del derecho, de aquellos ámbitos profesionales que no se corresponden con el ámbito del derecho lo que es la defensa de los menores.


La propuesta es clave, cualquiera que ha estado, como bien hablas, desde la experiencia del propio tribunal ve los déficits que en tu día a día te impiden un ejercicio adecuado de la defensa de los intereses, en este caso de los menores. Me
parece totalmente fundamental, dada la desigualdad que nos habéis visualizado en la exposición, trabajar realmente por esa igualdad territorial. Hablamos del ejercicio del derecho a la defensa de los menores y estamos en situaciones de desigualdad
muy graves, y estas situaciones de desigualdad se dan por la falta de inversión en justicia. Somos un país que en otras cuestiones parecemos muy avanzados; nosotros, desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos, incluso en la propia Comisión de
Justicia, no hacemos otra cosa que decir que hay que actualizar nuestro sistema de justicia. Todos vamos a los juzgados y vemos las grandes torres de papel que todavía nos inundan cuando se puede desarrollar cualquier tipo de actividad; hay pocos
profesionales, viendo las ratios que se dedican a la defensa, y hablo un poco con visión general de nuestro sistema de justicia, y la inversión es mínima. Se están dedicando esfuerzos a otras cosas cuando realmente nuestra democracia y nuestro
sistema fundamentado en la defensa del derecho viene por invertir de una manera rigurosa en justicia, pero además con la especialización. Has hecho incidencia en la necesidad de la especialización de los abogados, de los fiscales, de los equipos
técnicos; se necesita especialización y más en materia de infancia. Ahí creo que todas las propuestas que hacéis, que se cambie el nombre me parece una aportación necesaria: infancia, familia y capacidad, porque realmente en cada uno de esos
ámbitos hay que especializarse, no metido todo en el mismo saco roto porque todos sabemos que exactamente no es eso.


Me parece importante también reformar el sistema de declaración de desamparo, que también realizáis en vuestras recomendaciones, encomendando al juez esa decisión en lugar de a autoridades administrativas, porque a lo largo de toda esta
mañana han salido algunas reivindicaciones en relación con esta materia; estamos hablando de una de las cuestiones más importantes para los menores y que actualmente la resolución es administrativa y no pasa por un juzgado. Y ahí me parece que
también tenemos un fleco importante, y aprobarse esa especialización, como hemos dicho, con igualdad de acceso en toda la jurisdicción, incluso mejorar los canales para que los niños, las niñas y los adolescentes sean escuchados a lo largo de todo
el procedimiento.


Nos brindáis, a lo largo de todo vuestro trabajo, unas propuestas que creo que a nivel de los distintos grupos parlamentarios son oro para mejorar la situación que tenemos en nuestro país, con una herramienta tan relevante como es la
justicia, como son los juzgados de familia. Y lo que quiero es poner a disposición el Grupo Parlamentario Ciudadanos para que realmente podamos ir avanzando en una cuestión que creo que merece la pena para todos.


Gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Giménez.


A continuación, la señora Dantas tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Republicano.


La señora CARVALHO DANTAS: Muchas gracias, presidenta.


Muchas gracias a la señora Winkels por venir a esta Comisión. Es importante resaltar la gran importancia de abrir una jurisdicción especializada y, sobre todo, es muy importante, como acaba de decir la diputada Sara Giménez, dotada de
recursos económicos y personales que permitan el acceso a la jurisdicción en igualdad de condiciones a toda la ciudadanía allá donde viva, para garantizar los derechos de la infancia en los procesos de familia, para garantizar también la igualdad en
el acceso de la ciudadanía a los tribunales, a proteger a los menores en los procesos judiciales.


Con todo lo que ha hablado usted y he leído rápidamente su powerpoint, me gustaría hacerle cuatro preguntas rápidas. La primera, ¿cómo está la situación en las localidades pequeñas que solo cuentan con juzgados de Primera Instancia no
especializados o mixtos y sin recursos de apoyo?

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La segunda pregunta es cuáles son las consecuencias reales en los niños, niñas y adolescentes en relación con la dilación de los procedimientos, que también consta en su powerpoint, en los juzgados de familia de seis a ocho meses y en los
juzgados no especializados de un año y medio a dos años, sobre todo las consecuencias.


En tercer lugar, me gustaría que hablara usted, si es posible, de la problemática, si hay realmente una problemática específica de la falta de las competencias especializadas en relación con los niños, niñas y adolescentes migrantes y
también niños, niñas y adolescentes migrantes, que en España son 147 000 menores migrantes, en condición administrativa irregular, datos de Save the Children y la Fundación porCausa, con los enormes desafíos que sabemos que existen cuando se trata
de protegerlos porque están sujetos a la exclusión social de facto.


Por último, me gustaría saber su opinión en relación con que en la Ley de protección integral a la infancia y a la adolescencia, que hemos aprobado hace poco, la especialización y la formación inicial y continua de los profesionales en
contacto con los menores son criterios esenciales, así como que en su disposición final vigésima contemple un mandato directo al Gobierno para la elaboración de dos proyectos de ley, con el fin de establecer la especialización de la jurisdicción
penal y civil, así como del ministerio fiscal.


Muchísimas gracias por su comparecencia.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Carvalho Dantas.


A continuación, por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra la señora Muñoz.


La señora MUÑOZ DALDA: Gracias, presidenta.


Muchísimas gracias, Isabel Winkels Arce, secretaria de la Plataforma Familia y Derecho. En primer lugar, quería darle la enhorabuena por ese primer congreso que creo que ha sido todo un éxito, por el dosier que acabamos de ver y por lo que
acaba de contar. Desde luego, creo que hacen ustedes un análisis y unas aportaciones muy pertinentes y coincidimos totalmente en que es imprescindible que se acceda a una justicia especializada. Usted ha dicho literalmente que el acceso a la
justicia no puede ser un privilegio, estamos absolutamente de acuerdo. Y este análisis, desde una perspectiva territorial, desde luego nos muestra que la justicia no es igual para todos y que hay ciudadanos de primera y de segunda, y cuando lo
miramos desde una perspectiva de la infancia esto se agrava aún más. Sabiendo un poco el diagnóstico, en la Ley de infancia dimos un mandato al Gobierno para la elaboración de dos proyectos de ley con el fin de establecer esa especialización de la
jurisdicción penal y civil. Creo que esta es la oportunidad que tenemos para plantear este tipo de propuestas. Es un momento muy oportuno para abrir este debate; a lo mejor el marco no es si establecer nuevos juzgamos o reorganizarlos, quizá
tiene que ser una combinación de ambas propuestas. En cualquier caso, estamos en un momento muy oportuno y, desde luego, lo que usted nos ha contado sobre que en los especializados se va bastante más rápido que en los no especializados es un hecho
a tener muy en cuenta.


Simplemente quiero agradecerle su comparecencia y esperamos verles aquí de nuevo. Muchísimas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Muñoz.


A continuación, por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra la señora López.


La señora LÓPEZ ÁLVAREZ: Gracias.


Buenas tardes, señora Winkels, gracias por su comparecencia hoy en esta Comisión de Derechos de la Infancia y la Adolescencia.


Por lo que nos ha expuesto de esas conclusiones del I Congreso de la Infancia y la Adolescencia, se percibe que al final lo que se pone de manifiesto son las numerosas carencias o deficiencias en el sistema actual. Y me quedo con la
referencia que hacen en esas conclusiones en su apuesta decidida por la especialización para garantizar la igualdad de acceso a la jurisdicción de todo ciudadano español, tal como establece el artículo 14 de la Constitución española, con
independencia de su lugar de residencia, pues es contrario a dicho principio que en la actualidad algunos juzgados dispongan de jueces especializados en materia de infancia, familia y capacidad. Y esto me hace preguntarle varias cosas. En primer
lugar, si comparte con VOX que sería necesario, como así lo hemos propuesto, una ley de violencia intrafamiliar y la derogación, por su ineficacia y fracaso, de la llamada Ley integral contra la violencia de género, que al final viola ese mismo
precepto del artículo 14 de la Constitución española por cuanto criminaliza al hombre por el hecho de serlo, y si en ese mismo sentido no ven

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desde su plataforma ineficaz el Ministerio de Igualdad y no sería infinitamente más necesario un ministerio de la familia.


Sobre ese mismo punto, que se especialicen jueces en materias de infancia, familia y capacidad, sobre este último aspecto, la capacidad, me gustaría conocer la opinión de su plataforma sobre la reforma de la legislación civil y procesal para
el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, que incluye la nueva norma de apoyo a la capacidad jurídica de las personas con discapacidad respecto al régimen de visita o estancia respecto del progenitor, incluso
en un proceso penal iniciado por violencia de género, esto es, la prohibición de visitas de un padre a sus hijos por la mera denuncia de la mujer. Me gustaría saber si comparten que ese planteamiento vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva
sin indefensión y vulnera, por tanto, derechos fundamentales.


Por otra parte, apuestan en sus conclusiones por una reforma del sistema de declaración de desamparo, encomendando al juez esta decisión en lugar de a las autoridades administrativas que lo tienen actualmente reconocido. Me gustaría que
ahondara un poco más en esa conclusión, puesto que me parece muy interesante, ya que si lo solicitan es por importantes motivos. ¿Cuáles son? ¿Conocen casos de abusos de la Administración a la hora de declarar ese desamparo? Le solicito, si las
tiene, cifras o alguna estadística que ponga en relieve esos casos o, en su caso, los motivos que les han llevado a esa conclusión.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora López.


A continuación, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Seva.


La señora SEVA RUIZ: Gracias, señora presidenta.


Gracias a la señora Winkels por compartir su experiencia como abogada de Derecho de Familia y secretaria de la Plataforma Familia y Derecho en esta, ya, su Comisión.


Los grupos parlamentarios debemos ser escuchantes activos, para eso estamos aquí, y bajo esa responsabilidad dar traslado e intentar que esa realidad que ustedes nos transmiten se materialice en propuestas y proyectos de ley. Su
conocimiento sobre los derechos de la infancia me consta, porque he estado viendo su trabajo. Trae a esta Comisión, a través de la plataforma a la que pertenece, la satisfacción, el acierto de haber presentado y aprobado, no por todos los grupos
parlamentarios aquí presentes, una ley de protección de la infancia y la adolescencia, que recoge el objetivo final de su plataforma, que es garantizar la especialización en infancia, familia y capacidad. Buceando en la web de la plataforma es
gratificante también observar la cantidad de profesionales que intervienen de diferentes ámbitos en los procedimientos de familia, todos ellos abogan por esa especialización de la justicia, tan necesaria para que se agilicen los casos, como usted ha
comentado, sobre todo cuando afectan a los niños y a las niñas.


Quería conocer su opinión, de acuerdo con la Ley de protección de la infancia y de la adolescencia frente a la violencia, que en su disposición final vigésima da ese plazo para especializar y garantizar esa especialización del Poder
Judicial, si piensa -ya lo ha explicado por encima- que es posible adaptar juzgados de familia a juzgados de infancia, además de la nueva creación, como ha ocurrido en Canarias o en otros puntos de España, de juzgados específicos para la infancia.
También si considera fundamental la modificación del Estatuto del Ministerio Fiscal para esa especialización de los fiscales que usted comentaba y qué papel tendrían las entidades del tercer sector en la composición de esos equipos técnicos que
deben prestar atención a los órganos judiciales. Teniendo en cuenta la diversidad familiar, los diferentes tipos de familias que ahora nos encontramos, cuáles son para usted las razones que justifican esa especialización judicial en los juzgados de
infancia.


Para finalizar, respecto a las conclusiones de ese primer congreso, que ha sido un éxito de participación y de puesta en valor de esas conclusiones, ¿cómo sería posible esa comunicación por la que ustedes optan y esa relación de confianza
entre profesionales y víctimas? Me parece fundamental la escucha de los menores y me preocupa sobre todo la internacionalización de algunos conflictos, ya no de esos bebés Erasmus que ustedes comentan, sino de matrimonios, de familias de diferentes
partes de la Unión Europea o de otros países. ¿Cómo se pueden tratar esos conflictos en un marco supranacional?


Muchísimas gracias de nuevo. Gracias por su magnífica intervención. Quedamos a su disposición.


La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias, señora Seva.


A continuación, la señora Winkels Arce tomará la palabra por un tiempo de quince minutos para contestar a las señoras y los señores diputados.

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La señora SECRETARIA DE LA PLATAFORMA FAMILIA Y DERECHO (Winkels Arce): Gracias por sus comentarios, todos ellos evidentemente incisivos y todos ellos recogidos dentro de un proyecto que tenemos muy claro.


No lo había dicho en mi exposición original, pero, evidentemente, dentro de mi guion estaba hacer referencia a esa disposición adicional final, que está aquí y que les he traído en la documentación que les he dado, porque, evidentemente, es
crítica.


Empiezo por aquí porque es un tema que ha sido recurrente en la mayoría de las intervenciones. Efectivamente, el Gobierno tiene un mandato de un año para crear esta ley de especialización. Da prioridad a la creación de juzgados de
violencia contra la infancia y la adolescencia, pero en el mismo rango, porque así quiere decir del mismo modo. En el mencionado proyecto entra con esto.


Me han invitado y me han dicho claramente que estoy en mi Comisión, y así me siento. Lo que quiero de verdad es ofrecer, y tengo ese mandato. Tenemos ahora mismo 1350 socios. No podemos decir a los 1350 socios que vengan todos a la vez
-haríamos una selección-, pero sí que vinieran a participar en esta elaboración, porque los que estamos, estamos con los pies y las manos en el barro, es decir, conocemos perfectamente las carencias, conocemos perfectamente las necesidades,
conocemos perfectamente cómo se puede articular esa transformación. A lo mejor en algunas cosas hay que crear, pero se podría perfectamente transformar, de manera que realmente llegara a funcionar y, lo que es prioritario, desapareciera esa
discriminación, porque es una discriminación real. Cualquier abogado, cuando viene un cliente, pregunta: ¿Dónde vives? Vivo en Alcorcón. Pensamos: ¡Dios santo! O nos dice: Vivo en Móstoles. Y pensamos: Bien, tenemos dos juzgados. O nos
dice: Vivo en Alcobendas. Y pensamos: ¡Hombre!, tenemos uno; va un poco atascado, pero tenemos por lo menos un juez especializado con su fiscal. Es que es la primera pregunta que hacemos, porque a partir de ahí podemos dar una previsión de cómo
va a ir el asunto. Majadahonda, El Escorial son dos años. Es así, es literal; es una estadística aproximada, pero es literal. Y realmente no hay derecho. Niños pequeños, bebés; cuando digo que muchas veces maman el conflicto es en el sentido
literal. No hay derecho a esto.


Esta disposición es un regalo de los dioses. Había un borrador anterior bastante más concreto que fue modificado, y nos quedamos con esto. Estábamos ahí, empujando con el primer borrador, pero por lo menos tenemos el mandato. Y de verdad,
estamos a disposición de todos ustedes todos los integrantes de la plataforma, de todas las especialidades, para ayudar. Porque, ¿cómo se puede hacer esa conexión? Si creamos, como hemos dicho, un total de 265 -creo que son- juzgados
especializados en toda España, esos jueces que tienen que pasar necesariamente por la Escuela Judicial para actualizar su formación, porque todos los jueces se reciclan. Los días 3, 4 y 5 de noviembre tenemos un encuentro de abogados de Familia con
magistrados de Familia, entre otras cosas para estudiar todas estas nuevas leyes que se han aprobado y su aplicación práctica. Es decir, todos seguimos estudiando, pero, evidentemente, hay que estar en esa especialización diaria.


¿Y cómo nos podemos conectar, que es otra pregunta que me han hecho, con esos otros profesionales? Si hay una red de jueces de Familia y hay unos criterios más o menos pacíficos sobre cómo interpretar las distintas disposiciones, es muy
fácil crear una red de profesionales, que además se sabe cómo funcionan, y decir: aquí podemos contar esto, aquí claramente con un equipo técnico; aquí hay un caso de bullying, hay que avisar a no sé quién; aquí hay un caso claro de maltrato, a
veces por parte de los dos progenitores, pues vamos a llamar a un sistema de protección que funcione. Hay muchos recursos, están los CAEF y demás, o sea, recursos hay, lo que falta, de alguna manera, es esa coordinación. Una de las mesas trataba
del necesario diálogo entre los psiquiatras y los jueces. Es fundamental. Un padre o una madre está haciendo una determinada solicitud y uno de los recursos habituales del otro abogado es muchas veces que está grillado. A ver, ¿realmente estas
peticiones son coherentes o no? Vamos a hacer una evaluación porque a veces hace falta. Si un padre o una madre no está bien equilibrado en un momento dado, no le vamos a dejar a los hijos, vamos a dejárselos al otro, por lo menos mientras esa
situación sea transitoria, pero para eso hay que detectarlo y hay que tener los recursos y la capacidad de saber detectarlo.


Me han preguntado cómo evolucionan las situaciones de las familias en esos procedimientos que se prorrogan tantísimo tiempo. Pues inundando los juzgados con lo que llamamos hechos nuevos. Los hechos nuevos se refieren a un artículo, no
recuerdo exactamente el número, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que dice que cuando se produzca alguna circunstancia nueva en una familia se pondrá en conocimiento del juzgado para que sea tenida en consideración a la hora de resolver. Hay veces
que hay procedimientos que se han terminado en Primera Instancia y hay unos hechos nuevos; el juez ha

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omitido los hechos nuevos y esa sentencia está en apelación, y se producen unos segundos hechos nuevos cuando ya se ha metido una modificación en Primera Instancia. Esto que estoy contando no es un chiste, es una realidad. Hay veces que
hay cuatro procedimientos abiertos, paralelos, de la misma familia por nuevas circunstancias. Es que volvemos loco a todo el mundo. Aparte del propio sistema, al que literalmente desbordamos, porque los recursos son los que son, esa propia familia
no sabe a qué atenerse: si a la primera resolución, si a la segunda; si es que he pedido y ahora voy y ejecuto; ahora cambio esto, quito la pernocta, cambio no sé qué, porque al niño le ha pasado... Con agilidad, con un recurso con una previsión
de resolución ágil... Evidentemente, puede pasar, porque el procedimiento de familia si algo tiene es que está abierto. Las vicisitudes de la vida son incontrolables. Nadie sabe si pasado mañana se va a encontrar en el paro o si va a tener un
accidente que le deja en coma en un hospital -todas estas son situaciones reales- y cualquier circunstancia sobre la que hemos hecho pivotar una sentencia se ha modificado, pero recursos hay: los hechos nuevos y, en su caso, las modificaciones de
medidas, que son muy numerosas, acreditando al juzgado que esas medidas que fueron tenidas en cuenta en la primera resolución tienen que ser modificadas, adaptadas a la nueva realidad de esa familia.


Me han preguntado sobre el tema de la especialización de los fiscales, del estatuto fiscal: imprescindible. De hecho, a los fiscales ahora mismo les van a especializar. Dijeron el otro día que iban a crear una especialización concreta
para los fiscales en un tipo de delito concreto. Es verdad que, en general, a pocos fiscales les gusta Familia; es como la hermana pobre. Una persona que prepara una oposición como Judicatura o Fiscalía, a lo que se va es a los delitos. La parte
civil de familia les gusta poco. A los que les gusta, les apasiona, las cosas como son, pero en general gusta poco. Pero, evidentemente, para eso están las especializaciones. Se aprueba una oposición y se accede al turno del ministerio fiscal:
me voy a Penal, me voy -como digo yo- a Penal sangriento, me voy a Penal financiero o me voy a Familia, que es Penal civil, o a capacidad, que debe estar todo metido en el mismo. Infancia, familia y capacidad, deben estar las tres materias, pues
están profundamente interrelacionadas. Esperemos que estos nuevos juzgados que salgan de este mandato del Gobierno sean juzgados que se llamen de infancia, familia y capacidad, y con estos recursos, porque van a tener la perfecta capacitación para
resolver todo esto, eso sí, desde la premisa de la especialización. La disposición adicional vigésima, cuando se refiere a la inclusión de juzgados de violencia contra la infancia y la adolescencia, expresamente prevé que tal especialización se
realizará tanto de órganos judiciales como de sus titulares. No es que lo llamemos de una manera, es que lo llamamos y además especializamos a los titulares y a los que intervienen, especialización real.


En las audiencias provinciales, que era otra de las preguntas que he apuntado, pasa un poco lo mismo. En la Comunidad de Madrid, por el volumen -creo recordar que la última cifra es 6,5 millones de habitantes-, teníamos dos secciones, donde
vertían los casi 200 juzgados que hay en general en Madrid; en concreto, ahora mismo, con estos 20, son ciento cuarenta y algo, y todas las resoluciones vierten en Familia. Cuando hablamos en congresos que tenemos con magistrados que están en la
Audiencia Provincial, sobre todo los que pasan de Primera Instancia, nos dicen que notan de una manera bárbara la diferencia de las resoluciones que vienen de juzgados mixtos no especializados a los juzgados de Familia; nos dicen que no tienen nada
que ver, ya no solo por el tiempo que tardan, sino por la calidad, la efectividad y la ratio de la revocación de las resoluciones, que no tienen nada que ver. Pensemos que una revocación es volver otra vez para atrás y volver otra vez para
adelante, es decir, más inseguridad. No tienen nada que ver en la ratio. En Madrid había dos secciones especializadas, la 22 y la 24, y había tal cúmulo que se duplicaron, y se hicieron 24 bis y 22 bis, y tenemos cuatro, y está prevista la
creación para finales de año de una nueva sección, integrando una nueva sección de Familia en Madrid. En otras provincias está previsto lo mismo, pero evidentemente las audiencias provinciales se tienen que especializar también, porque en Madrid
las tenemos -ahora mismo cuatro y vamos a tener el lujo de tener cinco-, pero ¿en todas estas provincias de este mapa que había presentado yo aquí? Ahora mismo algunas lo tienen; las que están en blanco, desde luego, ninguna, y las que están en
verde, alguna tiene una o, como mucho, dos especializadas; en Barcelona tienen cuatro o cinco especializadas, pero poquitas, y esos jueces tienen que tener la misma especialización de los de abajo para, evidentemente, resolver y dar la segunda
vuelta a esa resolución que se ha tenido en Primera Instancia. Por supuesto, las audiencias tienen que entrar en el mismo cómputo de especialización, en el mismo turno, lo dicho, quitando unas y mermando competencia en otras o creando nuevas cuando
sea necesario, pero exactamente en la misma línea que los juzgados de Primera Instancia.

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Sobre el tema de los costes, la verdad es que lo desconozco, porque sobre la base de la implantación de la plataforma no es necesario crear. Lo más caro es el edificio, la oficina judicial, que son normalmente ocho o nueve oficiales, la
plaza del juez y el letrado de la Administración de Justicia, que también está, y habría que especializarlos. La inversión estaría en crear nuevas plazas de fiscales hasta alcanzar todos los juzgados que hay especializados en familia y crear los
nuevos equipos técnicos especializados; porque esa es otra: equipos técnicos, haylos. Yo me encontré el año pasado un informe que no entendía cómo podía haber sido escrito por un psicólogo; me metí en Google y vi que era un psicólogo que estaba
especializado en selección de personal; estaba en una bolsa de trabajo y le habían metido en un equipo técnico a valorar familias. A ver, a ver. Yo leía aquello y decía: ¡Madre mía! ¿Dónde vamos a ir con esto? Es decir, los que integran esos
equipos tienen que estar especializados, como tenemos que estar todos, abogados incluidos, por supuesto.


Me preguntaban cómo afectan los procedimientos a las familias. De una manera terrible, son procedimientos invalidantes. Yo he tenido en el despacho directivos que normalmente son capaces de gestionar y que están absolutamente fuera de
combate, idos, incapaces hasta de trabajar; políticos algunos, tela marinera, y también magistrados. Son procedimientos que afectan, porque es tu vida, es tu hogar, son tus hijos y de repente: ¿qué va a pasar con esto? Ya no voy a poder ver a
mis hijos todos los días, me tengo que ir de mi casa. Normalmente en una vivienda están metidos la mayoría de los ahorros de una persona. ¿Qué pasa con la casa? La estabilidad. Todos llegamos a casa, es nuestro descanso del guerrero: ¿qué pasa
con esa casa?, ¿qué pasa con mi vida?, ¿qué pasa con mis hijos? Mucha gente se queda fuera de combate, y si esto lo prolongamos en el tiempo y tenemos resoluciones como algunas que vemos, evidentemente, ayudar, no ayuda. Porque una vez que
tienes tu sentencia pasas página, ya dices: ahora ya empiezo, ya tengo mi statu quo, a partir de ahora avanzo y tiro para adelante y me adapto a lo que tengo. Entonces, vamos a hacerlo, por lo menos, con agilidad. Ojo, que la ratio de crisis creo
que alcanza al 56 % de las parejas; el 56 % de las familias acaban en crisis. Esa es otra, son porcentajes de la sociedad a la que vamos.


Creo que he contestado todas las preguntas del Grupo Popular. Paso a las del grupo Mixto, que nos ha dicho que le hemos cargado con una mochila. Pues, efectivamente, le hemos cargado con una mochila, pero también le ofrecemos la ayuda para
cargarla. De verdad, estamos a su disposición encantados; somos unos cuantos que estamos en ello y que estamos deseando crear algo que finalmente funcione y resuelva. Todos los que estamos en esto lo estamos de forma altruista. La plataforma no
tiene ni una subvención ni nada, o sea, todo lo que estamos haciendo lo hacemos literalmente a pulmón los que estamos trabajando en esto. Es por pura vocación y porque vemos, después de tantos años, que esto tiene una vía de solución, y por eso la
estamos peleando de esta manera. Después de cuarenta años, creo que ya toca que esta situación se normalice.


Respecto a la intervención de Ciudadanos, efectivamente, hay una falta de inversión. Según tenemos oído, de los famosos fondos que van a venir de Europa va a ir un piquín a Justicia. Vamos a ver si ese piquín se aplica. Evidentemente, el
tema de los legajos en el suelo es una realidad que nos encontramos. Lo de LexNET y papel cero da risa, porque tú haces el listado y haces el escaneo de cada documento -que es un trabajo-, pero luego, cuando llega al juzgado, te dicen: apórteme
tres copias, para el ministerio fiscal, para la parte contraria y para el juzgado. O sea, te tomas el trabajo de escanear y de hacer el índice, pero luego está el tráigame usted las tres fotocopias. O sea, lo del papel cero es un poco entelequia.
Evidentemente, un poquito más de inversión en el tema de la tecnología sería muy deseable. Y en esto, es hacer números. Inversión real, muy elevada no es; es factible con voluntad y con ganas de tomar conciencia del problema.


El Grupo de Esquerra ha hablado del tema de las pequeñas localidades. Evidentemente, las pequeñas localidades padecen, como padecen todas las localidades a las que el juez que les toca por domicilio es un juez de un juzgado de Primera
Instancia e Instrucción, lo que llamamos juzgados mixtos, porque es imposible que se especialicen, porque no tienen un equipo técnico en su entorno y porque no tienen un fiscal al lado que les asesore sobre estos temas, y ahí nos encontramos con
esas dilaciones. Hay territorios, por ejemplo, Castilla-La Mancha, donde creo que hay un único equipo para todos los juzgados: telita marinera cómo tiene que ser eso. Pues en una localidad pequeña, eso multiplicado por tres. Y me puedo imaginar
en las localidades pequeñas, donde todo el mundo se conoce. Ya no es solo el problema dentro de la casa, sino el problema cuando salimos al entorno y todo el mundo lo sabe porque te ve cualquiera entrando en el juzgado. Evidentemente, una justicia
cercana implica eso, pero ayudar, ayudar a normalizar una vida al lado de unos niños, con todo el mundo diciendo que tus padres están ahí o que

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tus padres están allá, tampoco ayuda mucho, teniendo además esa situación pendiente durante tantísimo tiempo.


La consecuencia real de la dilación -me preguntaba- es el incremento de la violencia. El incremento y la cronificación de los conflictos es real. No tengo el porcentaje, pero lo voy a buscar. No debe ser fácil de obtener, pero voy a
intentar buscarlo, por lo menos en la Comunidad de Madrid: cuántos casos se trasvasan desde un juzgado civil que en la tramitación acaban en violencia. Son muchos, son muchos durante esa tramitación. Acaba generándose cualquier situación y acaba
perdiendo la competencia automáticamente el juzgado de Familia para adquirirlo un juzgado de Violencia, con lo que ello supone, evidentemente, para toda la unidad familiar. No es positivo. Las consecuencias son negativas.


La problemática de los migrantes es un problema gordo y, además, estrictamente vinculado con la declaración de desamparo. Ese problema no tiene tanto que ver en Familia; evidentemente, sí dentro de las familias. El problema sociológico es
importantísimo. Son familias que vienen con unos modelos sociales completamente distintos, que no hablan el idioma y a cuya disposición hay poner intérpretes; que muchas veces con los intérpretes, tela marinera lo que sucede. Además, el arraigo y
el desarraigo de estas familias que vienen aquí y además entran en crisis es muy superior. Unos conocimientos de sociología por parte de esos profesionales serían críticos. Esa es una de las patas que es imprescindible -y está también metida en
todos lados- dentro de esa especialización de todos los que nos dedicamos a esto. Es un problema, y no tiene en este momento ninguna solución, precisamente, por esa dispersión que hay de asuntos de familia en todos los juzgados. Y la
especialización, efectivamente, lo que ya he dicho: les lanzo el guante y espero que me lo recojan. Aquí estamos.


La señora Muñoz me preguntaba por el tema del mandato en un año, y sí, deseando ver el resultado y deseando intervenir.


Paso a las preguntas de la representante de VOX. ¿Una ley de violencia intrafamiliar? Desde luego, hay violencia en los dos sentidos. Es mayoritaria la violencia de género del hombre a la mujer, pero también hay violencia de la mujer
sobre el hombre. Yo tengo en el despacho fotografías de hombres con unos arañazos en la espalda...; hombres que son realmente maltratados y tienen vergüenza, les da vergüenza denunciarlo. Eso es una realidad. Y, evidentemente, hay una
discriminación, es real: una denuncia de una mujer por violencia de género va a un juzgado de Violencia y una denuncia de un hombre que finalmente se atreve -porque de verdad hay muchos que no se atreven- va a un juzgado de Instrucción. Va en
paralelo, no se acumulan los procedimientos. ¿Hacer algo? Esa es labor del legislador; evidentemente, si de aquí, del Congreso, saliera una ley que unificara este tema habría que aplicarla y, desde luego, desde mi punto de vista, siempre desde un
órgano especializado. Si se unifican ambos conflictos, evidentemente, hay menos trabajo. Con el sistema que tenemos ahora tenemos que aplicar la ley y los juzgados que existen. Lo que sí estamos pidiendo es que los juzgados de Familia, fuera de
la parte de violencia, unifiquen sus criterios y se especialicen en ese tema.


Respecto a crear un ministerio de familia: todo lo que sea apoyo a familia, infancia y capacidad, maravilloso, porque, evidentemente, son las tres patas. La infancia y las personas que se pueden ver afectadas por una posible discapacidad
en un futuro son las patas más vulnerables de la sociedad, y cualquier protección que les demos es poca.


Me preguntaba mi opinión sobre la reforma. Personalmente, creo que ha mejorado, aunque hay cosas que todavía son susceptibles de mejorar. No he hecho un estudio en profundidad. Es una reforma que abarca muchísimas partes del procedimiento
y estamos todos que nos salen canas con el tema y, además, venga a hacer cursos; mañana tenemos uno para intentar adaptar a la práctica, porque yo tengo muchos tutores, hasta ahora denominados incapaces: Oye, y yo ahora ¿cómo hago esto? Pues,
espérate, que vamos viendo por procedimientos de jurisdicción voluntaria cómo se modifican las anteriores tutelas y los anteriores procedimientos de incapacidad y vemos cómo los adaptamos a la nueva ley. A mí, personalmente, me parece más humano.
Me parece más reconocer a la persona, identificar qué carencia tiene y decir: voy a suplirla. No eres incapaz. Hay muchos hijos que vienen al despacho por padres con alzhéimer u otras enfermedades, que es una situación tremenda, y les da apuro,
porque piensan que incapacitar a su padre es como una traición. Hay un sentimiento de culpa en la gente de buena fe; también hay gente que incapacita al tío para desplumarle, pero la gente que va de buena fe, que es la mayoría, va con un cargo de
conciencia terrible. Poder decir: mi padre necesita estos cuidados; mi padre ahora mismo está en una situación de movilidad que necesita una residencia y tengo que poder decidirlo. Pues esta nueva ley lo que hace es dulcificarlo de alguna
manera, porque lo que hace es completar esa capacidad de la que por los años o por una enfermedad nos estamos viendo mermados. A mí, en general, me parece

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un proyecto positivo. Ahí hay algunas cosas que, de entrada, nos han chocado, sobre todo procedimentalmente, y tendré que hacer un estudio mayor porque no hemos tenido tiempo material.


Sobre la reforma del artículo 94, estamos muy preocupados todos, porque no sabemos cómo se va a interpretar. Es un artículo que se ha reformado y por el que, aparentemente, un juez de Familia tiene la capacidad, si detecta un indicio de
violencia, de privar o suspender las visitas de los niños. Todos, jueces y abogados, estamos viendo cómo se interpreta esto. Entiendo que en la práctica se va a ir matizando. ¿Por qué? Porque hay un artículo en la Ley de Enjuiciamiento Civil,
que es el 49 bis, por el que en el momento en que un juez o un fiscal en cualquier procedimiento de una demanda, en una declaración, en un interrogatorio, deduce que existe un elemento de violencia de género, ordena en veinticuatro horas -y además
esas veinticuatro horas se cumplen- la celebración de una comparecencia con la fiscal o con el fiscal del juzgado adscrito -en este caso, siempre- para detectar si esa violencia concurre. Se practica un interrogatorio exclusivamente sobre ese tema,
y esa grabación se manda al juzgado de Violencia correspondiente. Allí lo ve la Fiscalía de Violencia y determina. Si efectivamente concurre violencia, dice: trae para acá el asunto y me lo llevo a Violencia. Si no, dice: pues mira, esto no
conlleva violencia, esto son situaciones desagradables que suceden en una casa o en una convivencia o palabras más o menos afortunadas, pero violencia no es; Familia, quédatelo. Un juez que se pueda ver ante la situación: yo veo aquí violencia,
voy a suspender... Lo normal es que un juez que ve violencia convoque una comparecencia del 49 bis y mande el tema a Violencia. Eso sería lo normal para los que estamos en esto. ¿Qué puede hacer un juez que ve el tenor literal de la ley y que
realmente no está especializado y no conoce? Pues cualquier cosa. El artículo está bastante abierto y en su redacción se hubiera agradecido una matización un poquito más afinada. Iremos viendo cuál es el desarrollo y la aplicación práctica en los
distintos juzgados. Creo que he contestado a sus preguntas.


Me quedan las preguntas de la señora Seva. El mandato otra vez; en el mandato lanzo mi guante nuevamente. ¿El ministerio fiscal? Por supuesto, reforma del estatuto del ministerio fiscal, necesariamente, para que esté encima de estos
temas. Además, en estas comparecencias del 49 bis a las que he hecho referencia el ministerio fiscal lleva la voz cantante. Cuando se convoca esa comparecencia porque se detecta una situación de violencia, es el ministerio fiscal el que emite un
criterio que es el que manda a la Fiscalía de los juzgados de Violencia. Es absolutamente fundamental que tenga callo, que tenga experiencia, que conozca el tema y que sepa ver si efectivamente a esa familia la sacamos de Familia y la mandamos a
Violencia o si dejamos que siga su tramitación en un procedimiento normal. Es crítico que tenga esa especialización, fundamental.


Las entidades del tercer sector, para colaborar, siempre. De hecho, en el congreso teníamos una mesa absolutamente favorable de todos. Además, son entidades que se dedican en muchos casos al estudio y al análisis, son de cátedras de
universidades y tienen profesionales muchas veces teóricos, y esa teoría muchas veces, para solucionar problemas prácticos, es realmente interesante, con lo cual, clarísimamente, hay que tenerlos. De hecho, una de las conclusiones del congreso fue
establecer comunicaciones con entidades del tercer sector y crear acuerdos de colaboración, precisamente con propuestas de mejora, propuestas que les podamos trasladar luego a todos ustedes.


Las razones de la especialización. Realmente, la agilización y -no me canso de repetirlo- el tecnicismo de la sentencia evitan violencia. Daba antes el dato -lo tengo aquí- de que en la Comunidad de Madrid, donde tenemos ahora mismo veinte
juzgados de Familia, de Violencia hay veintitrés exclusivos y excluyentes, más ocho que comparten, es decir, no de competencia exclusiva, sino con competencia compartida. O sea, treinta y uno de Violencia frente a veinte de Familia. De verdad,
démosle la vuelta a la ecuación, porque si le damos la vuelta a la ecuación y conseguimos que esos procedimientos vayan con eficacia, los de Violencia van a pasar a veinte en lugar de los treinta y uno que hay actualmente. Creo que ese argumento es
muy de peso.


¿La internacionalización? Qué le voy a decir. Nosotros en el despacho tenemos una pata de derecho internacional muy fuerte y llevamos muchos temas internacionales, y la complejidad es inmensa. La competencia que muchas veces se produce de
manera simultánea de los países, la ley aplicable -que puede ser la de un país o puede ser la de otro-, con todos los expatriados nuestros hacia fuera y de fuera en España, matrimonios mixtos, niños que se van, niños que se van por un año..., eso,
por no hablar de las sustracciones de menores, que ya es para poner los pelos de punta. El reglamento que ahora va a entrar en vigor, que seguramente lo llamarán de Bruselas 3 bis, el 1111/2019, que ya ha sido aprobado y que creo que entra en vigor
en agosto del año 2022, refuerza el procedimiento de prevención y de restitución en los casos de sustracción, que es una de las cosas más terribles que hay, que un padre coja

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a un hijo, se lo lleve dónde sea y ya no lo devuelva. El Convenio de La Haya necesita también un poquito más de refuerzo, pero lo que necesitamos son jueces que sepan. Fíjense ustedes qué curioso: en la reforma que se hizo en la Ley de
Enjuiciamiento Civil, precisamente el procedimiento de restitución -que la llamamos la reforma Forcada, básicamente porque la hizo Javier Forcada, como juez Rejue, que conocía muy bien los mecanismos- introdujo una modificación que sí que
especializa, y es que en aquellas provincias en las que exista un juzgado especializado en familia, será ese juzgado el que vea el tema de la restitución, y donde no lo haya, será un juzgado de Primera Instancia de la capital de provincia. Es
decir, directamente les quita a las pequeñas localidades, donde normalmente están los juzgados mixtos, las competencias para tramitar los temas de restitución, ¡ojo, eh! Y aquí tenemos el mapa, que de los 431 partidos, solo en 56 tenemos un
juzgado... ¡Ojo!, aquí meto los dos, aquí meto Familia -hay 128- y los restantes -hasta 163- que son exclusivos y excluyentes de Capacidad. O sea, solo en estos 56 partidos puede haber un juez que se haga cargo en las seis teóricas semanas que
marca de plazo la ley para tramitar todo el procedimiento de restitución. ¿Y en los restantes? Pues por lo menos garantiza que sea un juez de Primera Instancia. Pero esta reforma es ya de 2015, creo recordar. O sea que ya la especialización,
necesaria evidentemente, va entrando.


Creo que he respondido a todas las preguntas. Si queda alguna, encantada de responder. Quedo a su disposición absoluta y con muchas ganas además.


La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias, señora Winkels, por su presencia en esta Comisión, por su amable comparecencia y por sus respuestas a los diferentes grupos parlamentarios. Y a las señoras y señores diputados, quiero decirles que,
ahora sí, hemos cumplido el objetivo de poder hacer las cuatro comparecencias en una mañana, y aún tenemos tiempo, como decía Isidro, de ordenar los papeles y llenar un poco el estómago.


Muchas gracias, señorías.


Se levanta la sesión.


Eran las dos y diez minutos de la tarde.