CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2021 XIV LEGISLATURA Núm. 425

POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª MARÍA LUISA CARCEDO ROCES

Sesión núm. 11

celebrada el jueves,

10 de junio de 2021

ORDEN DEL DÍA:


Comparecencias del presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (Rodríguez Álvarez):


- A petición propia, para informar sobre la memoria anual 2019 elaborada por el citado Consejo sobre el desarrollo de sus actividades y grado de cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 19/2013, de 9 de
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. (Número de expediente 212/001064) ... (Página2)


- A petición propia, para informar sobre la memoria anual 2020 elaborada por el citado Consejo sobre el desarrollo de sus actividades y grado de cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 19/2013, de 9 de
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. (Número de expediente 212/001281) ... (Página2)


- Para informar sobre las dos destituciones acordadas y que recaen sobre la exdirectora de reclamaciones y el expresidente en funciones. A petición del Grupo Parlamentario Ciudadanos. (Número de expediente 212/001043) ... href='#(Página2)'>(Página2)


- Para que explique y justifique los ceses y nombramientos en el organigrama del citado Consejo. A petición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 212/001044) ... (Página2)

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- Para informar sobre los motivos por los que el Presidente del organismo, don José Luis Rodríguez Álvarez, ha procedido a la destitución de dos altos cargos, don Javier Amorós Dorda y doña María Esperanza Zambrano Gómez, hasta ahora
subdirector del organismo y directora general de reclamaciones, respectivamente. A petición del Grupo Parlamentario VOX. (Número de expediente 212/001049) ... (Página2)


- Para informar de la presunta reunión que mantuvo, según el periódico ABC, con la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática para tratar 'el nuevo reglamento de
Transparencia', así como con el secretario general de la Presidencia del Gobierno, y para detallar las razones por las que mantuvo encuentros con miembros clave del Gobierno. A petición del Grupo Parlamentario VOX. (Número de expediente
212/001125) ... (Página2)


Se abre la sesión a las tres y cuarenta minutos de la tarde.


La señora PRESIDENTA: Buenas tardes.


Comenzamos la sesión de la Comisión correspondiente al día de hoy. Como acordamos en la reunión de Mesa y portavoces, vamos a sustanciar las comparecencias del presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, al que aprovechamos
para dar la bienvenida de nuevo, porque no es la primera vez que acude a la Comisión. Le damos la bienvenida para que pueda sustanciar dos tipos de comparecencias: dos de ellas, que son a petición propia, para rendir explicaciones sobre la memoria
de actividades del Consejo de transparencia correspondiente a los ejercicios 2019 y 2020, que, según lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, regula que debe comparecer ante
esta Comisión. Por tanto, un primer bloque de la comparecencia correspondería a las memorias de los dos ejercicios que antes he mencionado.


El segundo bloque de comparecencias corresponde a cuatro peticiones de miembros de la Comisión, que versan sobre dos asuntos: tres de ellas para que explique asuntos relacionados con la gestión interna del consejo, que tienen que ver con
ceses y nombramientos, y un segundo asunto, también sobre demandas de solicitud de comparecencia, que tiene que ver con la supuesta reunión mantenida con la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes
y Memoria Democrática.


Vamos a empezar la sesión de hoy con la intervención, en primer lugar, del presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, para que realice una primera intervención sobre todos estos asuntos, sobre las dos modalidades de
comparecencia. A continuación, tal y como acordamos en Mesa y portavoces, habrá un primer turno de los grupos parlamentarios por un tiempo de diez minutos, que habíamos ampliado precisamente por la acumulación de los dos tipos de comparecencia.
Tras la respuesta del presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, habrá un segundo turno de los grupos parlamentarios por un tiempo de tres minutos. Finalmente, cerrará el señor don José Luis Rodríguez Álvarez, en calidad de presidente
del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.


Bienvenido de nuevo a la Comisión, señor Rodríguez. Y ya, sin más, le damos la palabra por el tiempo que acumulamos como consecuencia de las dos modalidades de comparecencias.


El señor PRESIDENTE DEL CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO (Rodríguez Álvarez): Muchas gracias, presidenta.


Buenas tardes, señorías. Con sumo agrado comparezco de nuevo ante esta Cámara, en esta ocasión para presentar las memorias de actividad del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno correspondientes a los ejercicios 2019 y 2020, y para
informar sobre las cuestiones planteadas por varios grupos parlamentarios en sus correspondientes iniciativas. Y la satisfacción es mayor aún si cabe por cuanto se trata de la primera vez que, desde la puesta en funcionamiento del consejo en el año
2014, se celebra una comparecencia de estas características en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, según el cual el Consejo de Transparencia y Buen
Gobierno elevará anualmente a las Cortes Generales una memoria sobre el desarrollo de sus actividades y sobre el grado de cumplimiento de las disposiciones establecidas en esta ley, y a continuación dice: El presidente del Consejo de Transparencia
y Buen Gobierno comparecerá ante la Comisión correspondiente para dar cuenta de tal memoria, así como cuantas veces sea requerido para ello.

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En el consejo nos congratulamos de ello, tanto por lo que supone de efectiva institucionalización de esta previsión legal, hasta ahora inédita, como por cuanto comporta una expresión del interés de sus señorías por las actividades que
estamos llevando a cabo.


Se da, sin embargo, en este acto una importante asincronía que necesariamente he de comenzar subrayando, y es que, aunque por mi condición de presidente actual de la institución soy yo quien comparece, las memorias que hoy se presentan
recogen las actividades desarrolladas por el consejo durante los años 2019 y 2020, y, por tanto, responden prácticamente en su totalidad, salvo dos meses del año 2020, a la presidencia por vacancia ejercida por el subdirector de Transparencia y Buen
Gobierno, don Javier Amorós Dorda, quien nos acompaña en la sala y al que, como máximo responsable de la institución durante este periodo, se han de atribuir los méritos que de ella se derivan.


Dicho esto, son muchas y muy variadas las actividades de las que se rinde cuenta en estas dos memorias, y sus señorías ya disponen de ellas. Para no excederme en demasía de un tiempo razonable y no poner a prueba su paciencia, me limitaré a
exponer resumidamente aquellos aspectos que considero más relevantes, prestando mayor atención a los dos ámbitos que conforman el núcleo esencial de las funciones atribuidas al consejo, que, como saben, son: por un lado, evaluar el grado de
aplicación de la ley y, por otro, resolver las reclamaciones presentadas en defensa del derecho al acceso a la información pública.


Comienzo con las actividades de evaluación. La Ley de transparencia encomienda al consejo evaluar su grado de aplicación, lo cual implica que le corresponde examinar y determinar el grado de cumplimiento de las obligaciones que impone,
tanto en materia de publicidad activa como en relación con el ejercicio del derecho al acceso a la información pública.


Sin embargo, la ley no contiene ninguna previsión respecto de la metodología que se va a emplear en la evaluación y, ante esta carencia y dado que tampoco se contaba en nuestro país con una metodología estándar de medición de la
transparencia adaptable a los parámetros de la ley, el Consejo de transparencia en su momento decidió desarrollar una metodología propia, específica para realizar sus evaluaciones, y suscribió con este objeto un convenio con la extinta Aeval, la
Agencia de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios. El fruto de esta colaboración fue el desarrollo de la metodología de evaluación y seguimiento de la transparencia de actividad pública, conocida como Mesta, que es la
que se está aplicando en las evaluaciones del consejo.


Lamentablemente, ante el elevado número de sujetos obligados y la escasez de recursos humanos y materiales que sufre el consejo, esto ha obligado a que hasta el momento se haya tenido que hacer un ejercicio de pragmatismo y acomodar el
alcance de las evaluaciones a las posibilidades reales de la institución, a las posibilidades que tiene de abordar estos procesos con rigor. Así, en algunos casos se optó por limitar el objeto de la evaluación y en otros el número de sujetos
evaluados, reduciendo a una muestra estadísticamente representativa cuando su volumen impedía realizar un estudio omnicomprensivo.


Siguiendo esta pauta, en la memoria del año 2019 se recoge la evaluación realizada a cinco grupos de entidades públicas y a una muestra de cincuenta entidades seleccionadas a partir de la base nacional de datos de subvenciones de la
Intervención General de la Administración del Estado. El primer grupo de sujetos evaluados estuvo integrado por los órganos constitucionales y de relevancia constitucional, junto con el Banco de España y las autoridades administrativas
independientes de ámbito estatal, diecisiete en total, a los que se revisó el cumplimiento de las recomendaciones efectuadas en las evaluaciones realizadas en los años 2016 y 2018. El segundo ámbito de evaluación fue la Administración General del
Estado. En este caso la evaluación se limitó al análisis de los indicadores de publicidad activa suministrados por el portal de transparencia y a una valoración realizada de acuerdo con la técnica del cliente misterioso de la gestión de las
solicitudes de acceso a la información pública. En cuanto al tercer grupo de sujetos evaluados en el año 2019, en primer lugar se encontraba un conjunto de quince entidades del sector público estatal que ya habían sido evaluadas en el año 2018, y
en segundo lugar, los cuarenta y nueve consejos generales de colegios y colegios profesionales de ámbito nacional existentes hoy en día. En cuarto lugar, se evaluaron determinadas comunidades autónomas teniendo en cuenta que muchas de ellas cuentan
con consejos o comisionados de transparencia y, por lo tanto, la evaluación se limitó a las obligaciones de publicidad activa en las administraciones de las seis comunidades y las dos ciudades autónomas con las que el Consejo de Transparencia y Buen
Gobierno tiene suscrito convenio y se consensuó previamente con ellas. Lo mismo sucedió con la evaluación de las entidades locales que se circunscribió a las propuestas por estas seis comunidades autónomas con convenio.

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Sin poder descender ahora a los detalles por obvias razones de limitación de tiempo, sí me gustaría exponer al menos alguna de las principales conclusiones obtenidas en estas actuaciones evaluadoras. La primera y la principal es que los
procesos de evaluación tienen un gran valor y una notable utilidad como herramienta para impulsar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia, y así se pone claramente manifiesto al comprobar los resultados de las evaluaciones realizadas en
2019 con las de 2018 y años anteriores. El índice de cumplimiento se ha incrementado casi en un 25 % pasando en un promedio de un 62 % a un 77,3 %.


En segundo lugar, se observa que en el ámbito de la publicidad activa y pese a que se da una clara evolución positiva, sigue existiendo un amplio margen de mejora para alguno de los sujetos obligados. Algunos organismos y entidades carecen
de un apartado específico dedicado a la transparencia en su web y en muchos casos la información no está organizada de una manera que facilite su localización. Se constató también un importante déficit del cumplimiento en determinadas categorías de
informaciones y de datos, y en cuanto a la calidad de la información los defectos más sobresalientes que se han identificado son no fechar la información, el empleo de formatos no reutilizables y las dificultades para acceder a la información cuando
se redirigen a fuentes centralizadas como sucede con la plataforma de contratación del sector público o la base de datos nacional de subvenciones.


Pese a ello, también deben destacarse varios aspectos positivos. En primer lugar, el hecho de que casi todos los sujetos obligados por aplicación de su normativa específica o por voluntad propia publican en régimen de publicidad activa
abundante información adicional que es exigida por la Ley de transparencia, que, como saben, en todo caso constituye un mínimo necesario. Así, por ejemplo, se publican agendas de trabajo, códigos éticos o deontológicos, informes de auditoría y
otras informaciones económicas, reglamentos de régimen interior, retribuciones de equipos directivos, etcétera. En segundo lugar -y esto quiero subrayarlo especialmente-, valoramos muy positivamente la disposición de la mayoría de los evaluados
para aplicar las recomendaciones formuladas. De hecho, muchos de ellos las han implantado incluso en el periodo de alegaciones al borrador del informe de evaluación, lo cual también evidencia la gran utilidad que tienen estos procesos de
evaluación.


Como habrán podido comprobar, en la memoria del año 2020 no se recogen evaluaciones de cumplimiento y la razón estriba en que, tras analizar la programación temporal de los últimos años y sus efectos sobre la publicación de los resultados,
he considerado pertinente implantar un nuevo modelo que necesariamente implica un año de cesura. El planteamiento seguido hasta ahora comportaba necesariamente un notable desfase temporal entre el período en el que se realizaban las evaluaciones y
la fecha de publicación de los resultados. Obviamente, este desfase no ha sido un resultado buscado a propósito, sino una consecuencia del diseño del proceso. Al haberse configurado como una evaluación del cumplimiento anual, se consideró
necesario esperar a la finalización del año para iniciar la evaluación. Ello comportaba que el proceso se desarrollase a lo largo del primer semestre del año siguiente y que los trabajos de documentación de los resultados y de la elaboración de la
memoria se prolongasen hasta los últimos meses del año siguiente. Como consecuencia de ello, las evaluaciones venían haciéndose públicas con un año de retraso en relación con el ejercicio al que correspondían como sucedió, por ejemplo, con la de
2019 que se publicó a finales del año 2020.


Con el fin de corregir estos desajustes, hemos diseñado una nueva programación de las evaluaciones que afecta a su periodo de realización, a su publicación y a su reflejo en la memoria anual, que a su vez pasa a elaborarse durante los
primeros meses del año siguiente. A partir de este ejercicio 2021, las evaluaciones se llevarán a cabo con arreglo a un plan anual publicado al principio de cada año en la web del consejo, que incluirá, además, un cronograma con las fechas en las
que se practicarán a los distintos grupos de sujetos obligados. Esto es un cambio muy importante y a medida que se vayan concluyendo las de cada grupo se irán publicando individualmente en la web del consejo los respectivos informes de evaluación
junto con las observaciones realizadas por las entidades evaluadas. Finalmente, al cierre de cada ejercicio se elaborará un compendio de todas ellas para incorporarlo a la memoria anual del consejo, que, como ya he dicho, se va a publicar y remitir
a las Cámaras a finales del primer trimestre del año siguiente.


Con estos cambios pretendemos dotar de mayor inmediatez y de mayor eficacia las actuaciones del consejo y conferir más valor a la información generada, que estará a disposición de todos los demás sujetos obligados para que tengan pautas
actualizadas, pero también de los medios de comunicación, de la academia, de las organizaciones de la sociedad civil y de las ciudadanas y los ciudadanos interesados, en un momento siempre mucho más cercano al tiempo que se practicó la evaluación,
con el fin de que a

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su vez puedan ellos también realizar sus propias valoraciones sin perjuicio de la rendición final de cuentas ante las Cortes Generales.


Siguiendo este nuevo enfoque, en el mes de enero de este año ya publicamos el Plan de evaluación para el año 2021, para el año actual, que pueden consultar en nuestra web y que en materia de publicidad activa prevé la evaluación de
diecisiete órganos constitucionales y autoridades administrativas independientes, cuarenta y nueve colegios profesionales y consejos generales, administración de siete comunidades autónomas, de once entidades locales, cincuenta entidades del sector
público estatal, además del portal de transparencia de la Administración General del Estado. Las evaluaciones de los órganos constitucionales y los órganos de relevancia constitucional, incluida por supuesto la evaluación que se ha hecho a esta
Cámara, y la de las autoridades administrativas independientes, ya han concluido y están publicadas, se pueden consultar en nuestra página web.


Paso al segundo bloque. En lo que respecta al otro ámbito capital de las funciones del consejo, la actividad relacionada con la tramitación y resolución de reclamaciones presentadas frente a resoluciones expresas o presuntas en materia de
acceso a la información pública, está teniendo un aumento sostenido desde el inicio de la entrada en vigor de la Ley de transparencia a finales del año 2014. Año tras año se viene apreciando un incremento de las reclamaciones recibidas: si en el
año 2015 fueron 517 y en 2018 ya se habían elevado a 1338, en el año 2019 se registraron 1780. El año 2020 concluyó ligeramente por debajo, con 1704 reclamaciones, a pesar de las singularidades de ese año. En estas cifras se incluyen tanto las
dirigidas contra organismos de la Administración General del Estado y del sector público estatal como las presentadas frente a órganos o entidades pertenecientes a alguna de las ocho comunidades o ciudades autónomas que han atribuido la competencia
al consejo mediante convenio, con arreglo a lo previsto en la disposición adicional cuarta de la Ley de transparencia, que actualmente son: Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja, Madrid y las ciudades autónomas de Ceuta y
Melilla.


Quiero hacer una precisión adicional. Aunque las cifras del año 2020 son en conjunto ligeramente menores que las de 2019, el descenso solo se ha producido en el ámbito autonómico, mientras que en el estatal se experimentó un incremento de
casi 10 puntos porcentuales. Por otra parte, ha de tenerse en cuenta que durante dos meses y medio la tramitación de las reclamaciones se mantuvo suspendida en virtud de lo establecido en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, con motivo de la
pandemia causada por el COVID-19. Eso supuso que ese año el periodo real de tramitación de reclamaciones fuera de menos de diez meses, en lugar de doce, por lo que, si tenemos en cuenta el promedio mensual, a cada mes hábil de 2020 le
corresponderían unas 170 reclamaciones, mientras que en el año 2018, que fue el mayor en números totales, el promedio sería de unas 148 por mes.


En los meses siguientes a la reapertura de los plazos de los procedimientos administrativos se vivió un fuerte crecimiento, especialmente en los meses de julio y agosto de 2020, en los que se llegaron a presentar 466 reclamaciones, el 27,35
% de todas las del año. Transcurridos esos meses, el registro frenó esa línea ascendente para situarse en una media de 160 al mes, pero en lo que va del año 2021 se aprecia una tendencia al alza continua, lo que hace prever que podamos cerrar el
año con cerca de dos mil reclamaciones.


En cuanto a los destinatarios, en 2019 los departamentos que más reclamaciones recibieron fueron el Ministerio del Interior, con 134, y la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno, con 62. En el 2020 los más demandados fueron, otra
vez, el Ministerio del Interior, con 171 reclamaciones, y el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, con 59 reclamaciones. Este año se da también el dato significativo, aunque nada sorprendente de que el Ministerio de Sanidad, que en
2019 estaba en el undécimo puesto, pasó a situarse en el tercero, con 55 reclamaciones.


Por lo que respecta a las comunidades autónomas, las dos primeras, tanto en 2019 como en 2020, fueron Madrid y Castilla-La Mancha, con un porcentaje significativamente mayor que el resto.


En cuanto al sentido de las resoluciones, en 2019, de las 900 reclamaciones de ámbito estatal, 407, esto es, el 45,22 %, fueron estimatorias. De las 866 de ámbito autonómico, 431, el 49,77 %. Por su parte, en el año 2020, el porcentaje de
las estimatorias se situó en el 42, 69 % en el ámbito estatal y en el 53,17 % en el ámbito autonómico. Como puede comprobarse, la tasa de estimación se mueve en una horquilla entre el 40 y el 50 %. Conviene señalar que no en todos los casos se
trata de estimaciones totales, sino que estos porcentajes incluyen también las resoluciones en las que solo se estima una parte de las pretensiones, y así está identificado en la memoria, y también las estimaciones por razones

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formales, que en su mayoría responde a los casos en los que la información se proporcionó cuando ya había transcurrido el plazo de un mes establecido en la ley.


En la memoria se pueden encontrar otros muchos datos y valoraciones que no voy a poder detallar aquí porque haría aún más farragosa, con tantas cifras, mi exposición, pero sí considero necesario recoger dos cuestiones a las que se alude en
la memoria de 2020 por cuanto reflejan otras tantas disfuncionalidades en la gestión de las solicitudes de acceso a la información pública; en este caso, se dan tanto en los órganos y entidades de la Administración General del Estado y en el sector
público estatal como en el ámbito autonómico en el que el consejo ejerce sus competencias.


La primera es el elevado número de reclamaciones presentadas frente a las solicitudes de acceso que no fueron resueltas de manera expresa en el plazo legalmente establecido y que, por tanto, resultaron desestimadas por silencio
administrativo; en el ámbito estatal fueron el 47,06 % y en el ámbito autonómico nada menos que el 70,3 %. Y la segunda, a nuestro juicio, esta es más valorativa, la excesiva preponderancia de los motivos formales frente a los materiales en la
denegación de las solicitudes de acceso a la información. Se observa un uso extendido, a la hora de denegar el acceso, de las causas de inadmisión previstas en la ley, que, como saben, es que la información esté en curso de elaboración o de
publicación general, que tenga carácter auxiliar o de apoyo, que sea necesaria una acción previa de reelaboración o que sean manifiestamente repetitivas o tengan un carácter abusivo no justificado con la ley. Digo que se aprecia un uso extensivo de
estas causas de inadmisión y, si bien en muchos casos su invocación está justificada o al menos es algo discutible y hay que valorarlo, en otros muchos casos se emplean más bien como un recurso fácil para evitar la complejidad de valorar la
aplicación de los límites de los artículos 14 y 15 que requieren un mayor esfuerzo para denegar, requieren una ponderación razonada, requieren una justificación suficiente y clara de las denegaciones de acceso basadas en ellos.


Por otra parte, es obligado hacer referencia a una cuestión que es particularmente problemática y que viene generando fundadas críticas desde diversos ámbitos, cual es la relativa al cumplimiento de las resoluciones del Consejo de
Transparencia y Buen Gobierno. Y es que, ciertamente, hay un importante porcentaje de resoluciones que sufren retrasos, que no se ejecutan por los órganos responsables en el plazo señalado al efecto, y también otras cuyo cumplimiento queda
postergado sine die. A 31 de diciembre de 2019 ese porcentaje de incumplimiento se situaba en el 29,10 % en la resoluciones de ámbito estatal y en el 36,20 % en la resoluciones de ámbito autonómico. A 31de diciembre de 2020, por hacer referencia a
las dos memorias, los porcentajes fueron del 30,65 % en el ámbito estatal y del 30,61 % en el ámbito autonómico.


En relación con este punto hay que hacer una precisión, porque para una valoración exacta es muy importante tener presente que estos datos que acabo de señalar, que son los recogidos en la memoria, corresponden a una fecha concreta y no
permanecen estables en el tiempo porque van variando según se van produciendo cumplimientos o se añaden incumplimientos. En este sentido, en los últimos meses el consejo ha reforzado su política activa de seguimiento en este ámbito, reiterando
periódicamente a los órganos correspondientes la falta de cumplimiento de las resoluciones e instando a su ejecución. Yo mismo he tratado directamente este problema en mis reuniones con los responsables de los departamentos ministeriales. Y estos
esfuerzos están empezando a dar sus frutos; de hecho, en la última revisión se ha detectado una evolución positiva en el ámbito estatal, se ha reducido en 10 puntos el porcentaje de incumplimiento en relación con los datos del año 2020 antes
mencionados, situándose en el 18,98 %, pero es evidente que queda mucho por mejorar en este terreno y seguiremos perseverando en ello. En todo caso, considero que es imprescindible dotar a los ciudadanos, por un lado, y al consejo, por otro, de
remedios jurídicos eficaces para asegurar el cumplimiento efectivo de sus resoluciones, y esta es una de las cuestiones capitales que deberán abordarse en el proceso de reforma de la Ley de Transparencia, que figura entre los compromisos asumidos
por el Gobierno de España en el IV Plan de Acción de Gobierno Abierto.


Junto a las evaluaciones de cumplimiento y a la tramitación o resolución de reclamaciones, el consejo ha desarrollado en estos años de referencia otras muchas actividades que se detallan en los apartados de la memoria relativos a asuntos
generales, tramitación, cooperación y colaboración, interpretación e informes, formación, difusión y rendición de cuentas, a los cuales necesariamente me he de remitir para no prolongar en exceso esta intervención, sin perjuicio de atender cualquier
duda o consulta que consideren oportuno formular el respecto.


Antes de concluir esta primera parte de mi intervención, me gustaría dedicar unos minutos a exponer algunas cuestiones más directamente relacionadas con la situación actual del consejo y su gobernanza.

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Como es bien conocido, desde el tristísimo fallecimiento en noviembre de 2017 de Esther Arizmendi Gutiérrez, que fue nuestra primera presidenta y, en la práctica, su fundadora, la Presidencia del consejo permaneció vacante hasta mi
designación, a finales de octubre del año 2020. La institución vivió de este modo casi tres años de interinidad, con un subdirector general ejerciendo las funciones de presidente -un presidente en funciones, por tanto-, que, sin embargo, y a pesar
de las limitaciones que estas situaciones comportan, no solo mantuvo un notable ritmo de actividades, sino que continuó profundizando y avanzando con éxito en algunas de las líneas de actuación iniciadas por la presidenta Arizmendi, y las dos
memorias que hoy presento dan buen testimonio del encomiable esfuerzo realizado por todo el personal del consejo durante este periodo.


Tras asumir la Presidencia, una de las primeras iniciativas que tomé fue instar al Ministerio de Política Territorial y Función Pública la puesta en marcha del procedimiento para nombrar los vocales de la Comisión de Transparencia y Buen
Gobierno, que, como saben, es el otro órgano que, junto con la Presidencia, integra el consejo y cuyo mandato había expirado ya el 19 de enero de 2020. Una vez completado el proceso, el 29 de abril el Consejo de Ministros adoptó el acuerdo por el
que se renueva el mandato y se nombran los vocales de la comisión, que fue publicado en el BOE el 12 de mayo, y dos semanas después, el 25 de mayo, hemos celebrado ya la primera reunión, la reunión constitutiva, pero ya con acuerdos de la comisión,
en la que, entre otros asuntos, se aprobó la memoria del año 2020 para su remisión a esta Cámara.


Con el nombramiento del presidente y de la nueva comisión se cierra el periodo de interinidad y se sientan las bases para iniciar una nueva etapa en la que el consejo ha de afrontar con solvencia los múltiples retos que el cumplimiento de
sus funciones plantea en el complejo contexto actual, caracterizado, como saben, por el galopante desarrollo tecnológico, el incremento exponencial del volumen de información y las dificultades que de ello se derivan para lograr un adecuado
equilibrio entre, por un lado, garantizar el mayor grado de transparencia y de acceso a la información pública posible y, por otro, preservar la necesaria protección de los derechos fundamentales de las personas afectadas y también los bienes de
interés general que la propia ley sitúa como límites.


Para que el consejo pueda abordar con garantías no solo los nuevos retos, sino el eficaz ejercicio de las funciones básicas que tiene encomendadas, es necesaria una condición previa que a estas alturas probablemente a alguno le puede
resultar sorprendente, pero no por ello es menos imperiosa. Esta condición es ni más ni menos que la de completar la creación de la institución, porque el consejo nació en un contexto de crisis económica y de austeridad a finales del año 2013, se
le proporcionó una dotación inicial mínima para su puesta en funcionamiento y, lamentablemente, en los más de siete años transcurridos desde entonces, su presupuesto no solo no ha mejorado, sino que ha empeorado sensiblemente. En el año 2018 sufrió
un recorte del 22 % que se mantuvo con las prórrogas sucesivas hasta el actual, en el que se ha incrementado un 5,67 %, lo cual valoramos muy positivamente, pero obviamente estamos aún lejos de recuperar el 22 % perdido y ya no digamos de contar con
una dotación mínima necesaria y aproximarnos al resto de las autoridades administrativas independientes. De hecho, si comparamos el presupuesto del consejo con el de las demás autoridades administrativas independientes, no solo estamos a la cola,
sino a gran distancia de las dos autoridades con menor dotación, cuyos presupuestos son respectivamente 4,1 y 6,6 veces el del consejo.


Actualmente el presupuesto del consejo es de 2 386 010 euros, manifiestamente insuficiente para cumplir las funciones que tiene encomendadas, para lo cual se necesitaría, según las estimaciones más conservadoras, al menos duplicar la
cuantía. Hay que tener en cuenta que además el 97 % del total está destinado a gastos de personal y otros gastos corrientes, con lo cual solo se dispone de un 3 % para otras actividades.


La plantilla actual del consejo es casi idéntica a la que recibió como dotación inicial en el año 2013. Actualmente somos veinticuatro personas contando al presidente y a dos administrativos de nuevo ingreso. No hace falta, por tanto, un
estudio muy profundo para darse cuenta de que la dotación actual, a pesar del compromiso que todos los funcionarios tienen y demuestran cada día, que merece un gran reconocimiento por su dedicación y desempeño, es notoriamente insuficiente para que
el consejo gestione de manera eficiente la carga de trabajo actual, que además, como ya he indicado, se está incrementando sensiblemente en lo que va de año. Esta falta de medios materiales y personales del consejo es algo que ya ha sido denunciado
en varios informes de relevantes organismos nacionales como el Tribunal de Cuentas, supranacionales -la Comisión Europea en su informe sobre el Estado de derecho- e internacionales, como el grupo Greco en su informe de evaluación de junio del año
2019.

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Por otra parte -con esto ya concluyo-, las carencias del consejo afectan también a su estructura orgánica. La estructura actual es la misma que la que se dotó inicialmente de manera provisional para su puesta en funcionamiento, es muy
elemental y está inspirada en un modelo básico de dirección general que no se ajusta en modo alguno a lo que debería corresponder a una autoridad independiente y a la dinámica de sus procesos de trabajo. Por poner solo dos ejemplos, carece de una
secretaría general, con lo cual gran parte de las actuaciones burocráticas se desplazan hacia la propia Presidencia al no tener un órgano en el que delegar, y por otra parte no dispone de un gabinete jurídico, algo que considero inconcebible
teniendo en cuenta que su función principal es precisamente la garantía de un derecho, teniendo en cuenta también la complejidad técnica de las reclamaciones y el abundante número de procesos contenciosos a los que tiene que hacer frente.


Como ya he tenido ocasión de manifestar en esta Cámara en mi comparecencia del pasado 12 de mayo ante la Comisión para la auditoría de la calidad democrática, esta situación de precariedad de recursos y de inadecuación de la estructura
orgánica, si bien no afecta a la independencia del consejo entendida como imparcialidad, sí está afectando gravemente a su independencia entendida en sentido amplio, en la medida en que le impide cumplir eficazmente con las funciones que tiene
encomendadas, debiendo necesariamente priorizar unas en detrimento de otras, que en algunos casos ni siquiera se pueden llegar a ejercer.


En definitiva, para que el Estado español cuente con un órgano garante de la transparencia y del acceso a la información pública alineado con sus homólogos europeos y que cumpla con los estándares exigidos por la Unión Europea y el Consejo
de Europa, urge completar la creación del consejo. Se trata de una institución que quedó a medio hacer y es necesario acabar de crearla dotándola de una estructura orgánica adecuada, de los recursos humanos y materiales necesarios, lo cual exige
lógicamente como paso previo incrementar sensiblemente su presupuesto anual.


Con esto, presidenta, concluyo la exposición del objeto de mi comparecencia a petición propia, quedando a disposición de sus señorías para aclarar o completar lo que consideren conveniente, y paso a continuación, si lo considera oportuno, a
tratar las cuestiones planteadas en las solicitudes de comparecencia presentadas por los grupos parlamentarios de Ciudadanos, Popular y VOX. Como ve, presidenta, estoy intentando apurar al máximo el tiempo, pero son muchas cuestiones. (Risas).


Comienzo por las cuestiones referidas a las decisiones de personal. Aquí, si me lo permiten los grupos proponentes, las abordaré conjuntamente, porque, aunque contienen algunas singularidades, presentan muchos elementos comunes. Lo primero
que tengo que decir a este respecto es que no ha habido destituciones ni ceses en plural, sino únicamente la sustitución de una subdirectora, a la que luego haré referencia. En este sentido, no puedo más que lamentar que sus fuentes les hayan
inducido a error y que ese error se haya trasladado al Diario de Sesiones de esta Cámara. El señor Amorós Dorda, a cuyo cese se hace referencia sin fundamento alguno, ha desempeñado la Presidencia del consejo durante los casi tres años de vacancia
con encomiable profesionalidad, y desde el primer día ha estado colaborando estrecha e intensamente conmigo en la configuración del actual proyecto y en la elaboración del plan estratégico. Ha contado y cuenta con mi confianza y, por lo tanto,
mientras que estas circunstancias no cambien y, por supuesto, que él lo desee, continuará ejerciendo funciones directivas en el consejo, sean las actuales u otras. Lo que sí se ha producido, en efecto, es la sustitución de una subdirectora general,
la señora Zambrano, a la que también se hace referencia nominativa en las iniciativas que hoy se sustancian. Esta fue una decisión de política de personal, adoptada en el ejercicio de las competencias que me corresponden como presidente del
consejo, plenamente ajustada a derecho y que, por otra parte, como ustedes saben bien, no tiene nada de excepcional, más bien todo lo contrario. No es infrecuente, ni mucho menos, que cuando un nuevo responsable asume la dirección de un organismo
público se produzcan cambios en el equipo directivo. Estoy seguro de que muchos de ustedes, cuando han tenido este tipo de responsabilidades, lo han hecho. Y quienes no las han tenido y las asuman en el futuro, probablemente también lo harán. Es
algo que sucede con bastante frecuencia y que forma parte de la normalidad y, como tal, debe valorarse.


Además, me piden mi opinión sobre estas cuestiones. A mi juicio, existen buenas razones para que así sea, porque todo máximo responsable de una institución debe poder configurar su equipo directivo con personas que compartan su proyecto,
sus objetivos y algo que, a mi juicio, es muy importante, su estilo de dirección. Lo contrario sería, en todo punto, contraproducente para el normal desarrollo de las funciones de una institución, también para su eficacia e, incluso, un
contrasentido, desde el punto de vista de la atribución y exigencia de responsabilidad, porque, en último término, quien tendrá que rendir cuentas y

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responder del funcionamiento de la institución será su máximo responsable, en este caso yo, y no los miembros del equipo directivo preexistente, mantenidos o no mantenidos en el organigrama. Por eso, dentro de las responsabilidades de
dirección en el sector público, al igual que en el sector privado, está también la responsabilidad de seleccionar al equipo directivo adecuado y de rendir cuentas de estas decisiones, que es lo que yo, con mucho gusto, hago ante todos ustedes.


Precisamente porque así ha de ser en la Administración pública, existen determinados puestos, como es, destacadamente, el de los subdirectores generales, que no se proveen por concurso, sino por libre designación. Lo cual no significa que
se pueda designar a cualquier persona para ocuparlos, tendrá que ser, por supuesto, un funcionario o una funcionaria, y en el caso de los subdirectores, además, deberán pertenecer a la máxima categoría funcionarial y reunir todos los demás
requisitos legalmente exigidos. Pues bien, en el caso del consejo, se sustituyó a una funcionaria perteneciente a la escala superior de técnicos de Tráfico por otra funcionaria perteneciente al cuerpo superior de administradores civiles del Estado,
con más de quince años de experiencia profesional y que ha desempeñado diversos puestos de gran responsabilidad en la Administración General del Estado, habiendo sido nombrada previamente en puestos similares de libre designación por Gobiernos de
distinto signo. De hecho, para el último puesto que ocupaba en el Ministerio de la Presidencia había sido nombrada en marzo del año 2017.


Por lo demás, el procedimiento de sustitución fue previsto legalmente a estos efectos, que es el mismo que se había empleado, por cierto, para el nombramiento de la sustituida, que, como les he dicho, ocupaba un puesto de libre designación
al cual no había accedido por concurso, sino en virtud de una libre designación basada en criterios de confianza personal. En definitiva, como les decía, yo no veo en esto nada excepcional. Estamos ante una sustitución que en nada se distingue de
los centenares de sustituciones en subdirecciones generales que se han llevado a cabo tras la incorporación de un nuevo responsable o cuando se ha producido una pérdida de confianza, que es el otro supuesto en el que se suelen producir las
sustituciones.


Paso ya a la última iniciativa, cumpliendo evidente con el ritmo que me ha impuesto la presidenta, aunque ya un poco sin resuello, tengo que confesarlo. En lo que concierne a la iniciativa referida a reuniones, les participo que desde el 26
de octubre del pasado año, en que asumí la Presidencia del Consejo de transparencia, he mantenido múltiples reuniones, con altos cargos del Gobierno, con representantes de organizaciones de la sociedad civil comprometidas con la transparencia, con
responsables de organismos y entidades sometidas a la ley, con titulares de los órganos garantes de ámbito autonómico, con académicos y con diversas personalidades relacionadas con el sector. Considero que este tipo de reuniones son una actividad
esencial para el cumplimiento de las funciones que la ley encomienda al presidente del consejo. En este sentido, como no puede ser de otra manera, mi propósito es no solo mantenerlas, sino incrementarlas en los próximos meses, en la medida en que
la mejora de la situación sanitaria lo permita.


Por otra parte, todas las reuniones se han celebrado y se seguirán celebrando con total publicidad y transparencia. Siguiendo la política de máxima transparencia que tenemos en el consejo, todas las reuniones, tanto del presidente como del
personal directivo, se publican con anterioridad en la agenda pública en la web del consejo, con indicación del día, la hora, los participantes y el asunto o motivo principal de estas. Además, todas ellas quedan registradas indefinidamente,
pudiendo ser consultadas en cualquier momento por quien tenga interés en ello, incluso al final de mes se elabora un archivo descargable, con formato reutilizable para que sirva, de alguna manera, a quien quiera hacer un seguimiento más preciso.


Por lo que respecta a las concretas reuniones con altos cargos del Gobierno, durante los meses de noviembre y diciembre de 2020 he mantenido reuniones institucionales, en primer lugar, con la ministra de Política Territorial y Función
Pública el mismo día del acto formal de toma de posesión y, posteriormente, con la vicepresidenta primera del Gobierno, con el secretario general de Presidencia de Gobierno, con el secretario de Estado de Función Pública, con el subsecretario del
Ministerio de Sanidad y con el subsecretario del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática; esto por referirme solo a los meses de noviembre y diciembre. Como pueden apreciar, todos ellos son cargos públicos con
muy relevantes competencias de responsabilidades en materia de transparencia. El objeto de estas reuniones fue, principalmente, poder conocer de primera mano las políticas y los proyectos del Gobierno en materia de transparencia, en particular el
estado en el que se encontraba la tramitación del reglamento de desarrollo de la ley, porque de eso dependían determinadas decisiones de funcionamiento interno y organizativas que tenían que adoptar. Por mi parte, trasladar una primera valoración
sobre cómo

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veía el cumplimiento de las obligaciones legales, sobre algunas deficiencias observadas ya en un primer análisis y cómo corregirlas y, en general, intercambiar puntos de vista sobre cómo seguir avanzando en el fortalecimiento y la
transparencia en la Administración General del Estado. Y en todos los casos ambas partes hemos considerado que este tipo de reuniones son muy positivas, muy útiles, y hemos convenido en darles continuidad; por lo tanto, habrá más. Las razones por
las que, de entre todas estas reuniones celebradas con anterioridad a la publicación a la que ustedes se refieren y que, además, estaban todas igualmente publicitadas en la agenda del consejo, solo se explican dos para hacer conjeturas sobre su
objeto y aventurar ciertos juicios de intenciones, eso ya es algo, señorías, a lo que yo no puedo dar respuesta.


Aquí sí, concluyó ya la intervención inicial. Quedo a disposición de sus señorías para lo que consideren oportuno.


Muchas gracias, presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias, presidente.


Antes de pasar al turno de portavoces, quisiera aprovechar la presencia de don Javier Amorós Dorda para agradecerle la deferencia de estar hoy aquí, en esta sesión, pero no solo quisiera agradecerle el trabajo. Como hemos podido comprobar
en las memorias correspondientes a los años 2019 y 2020, han seguido manteniendo de forma sostenida la actividad del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Quisiera aprovechar también esta oportunidad para poner en valor el trabajo de tantas y
tantos funcionarios y empleados públicos de nuestro país que, cuando son necesarios, ahí están, mucho más allá de sus concretas obligaciones. (Aplausos). Por tanto, sea este reconocimiento particular a don Javier, pero quisiera en este momento
hacerlo extensivo, porque muy pocas veces nos acordamos de nuestros empleados públicos y de la labor que cada minuto, cada hora, cada día y cada año están realizando, y más en situaciones de gran estrés como el que vivimos con la pandemia. Tenemos
una muy buena Función pública que la ciudadanía española conoce muy poco y, a lo mejor, nosotros tenemos una gran responsabilidad en difundirlo. Muchísimas gracias, don Javier Amorós Dorda.


Pasamos al turno de portavoces. Como siempre, haremos el turno de menor a mayor de los grupos parlamentarios que están presentes y por un tiempo, en esta primera intervención, de diez minutos. Empezamos por el Grupo Parlamentario Mixto.
Tiene la palabra el señor Mazón.


El señor MAZÓN RAMOS: Buenas tardes. Muchas gracias, señor Rodríguez, por sus explicaciones.


Voy a ser muy breve. Solo me voy a referir a una cuestión, que es el control del Gobierno por parte de este Congreso y la labor que puede hacer el Consejo de transparencia sobre ello. En concreto, tengo alguna queja, luego le preguntaré su
opinión. Lo que sí le quiero preguntar es si en este consejo se reciben quejas de los propios parlamentarios, sean diputados o sean senadores. Yo no he visto que esto sea algo importante o al menos no lo he leído ni lo he oído tampoco en la
explicación. Tengo ciertas dudas sobre si es un carril adecuado, puesto que también es verdad que nosotros tenemos otros procedimientos de control del Gobierno. Yo, de momento, no lo he utilizado, pero también me lo planteo.


Le puedo plantear un caso de una petición de documentación. Hago una petición al Ministerio de Hacienda y recibo una contestación con generalidades. Yo les pido algo muy concreto sobre el reparto de los fondos entre las comunidades
autónomas, de algunos de estos fondos que ha habido. No quiero entrar en detalle, pero lo que quiero es que me den las tablas que han utilizado con los coeficientes que han utilizado, y lo único que te responden es lo mismo de la nota de prensa,
cuestiones que están publicadas pero que no son lo que yo les estoy pidiendo. Yo les digo: denme ustedes las tablas completas donde sale el dato por el cual a Cantabria le llegan 15,6 millones y a Cataluña le llegan 96. Esto no lo consigo y lo
vuelvo a reiterar, les digo que no me contesten con generalidades, que es una petición de documentación. Y ya, de paso, añado otra cuestión, que es que nadie firma esos informes. Yo creo que, además de que va contra la transparencia, están
incumpliendo la Ley del régimen jurídico, porque cualquier documento administrativo o cualquier informe tiene que estar firmado, con su firma y antefirma, pero no vienen firmados por nadie. Si lo que quieren decir es que vienen del Gobierno, por lo
menos que lo firme el secretario del Consejo de Ministros. Es un hábito y yo creo que es fundamental saber quién ha hecho ese informe, quién envía esa documentación y de dónde la ha sacado. Yo lo he vuelto a reiterar, pero también es cierto que me
entra la duda ahora de si ir por otros caminos aparte de la situación parlamentaria. Por eso, quiero que luego me conteste si usted cree que casos como este, que lógicamente están relacionados con la transparencia, por supuesto, tendrían un carril
adecuado también con quejas a este consejo.


Nada más. Muchas gracias.

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La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias, señor Mazón.


Por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, tiene la palabra su portavoz, el señor Espejo Saavedra.


El señor ESPEJO-SAAVEDRA: Muchas gracias, presidenta. Gracias, señor Rodríguez, por su comparecencia, por el trabajo realizado durante este tiempo y por la presentación de las memorias. Y gracias también al que fue presidente en
funciones, señor Amorós -que nos acompaña- por su trabajo.


En los últimos meses, sobre todo desde que comenzara la pandemia, hemos visto cómo el Gobierno ha eludido sus responsabilidades en materia de transparencia, o así lo hemos considerado nosotros. Tanto es así, que el Gobierno, sobre la base
de las resoluciones de su organismo, del organismo que preside, podría considerarse el más opaco desde que hay registros. El primer intento claro de bloquear el acceso a la información fue la suspensión de los plazos administrativos; después ha
optado por el silencio administrativo negativo ante numerosas peticiones relacionadas con la gestión sanitaria de la pandemia, para acabar incumpliendo también resoluciones de la institución que usted representa. Además, el Gobierno no ha dudado en
defender, a pesar de todo ello, la rendición de cuentas y la trasparencia como uno de los prioritarios. Que nos conste, ha llegado a estar envuelto en tres procesos por el incumplimiento del libre acceso a la información, o por lo menos envuelto de
una manera más pública y notoria. El primero fue el relativo al envío de inmigrantes desde Canarias a la Península. En este episodio el Gobierno no hizo más que alimentar las especulaciones y la confusión. Mientras miles de inmigrantes llegados a
las islas Canarias se trasladaban a la Península por su cuenta -según el Gobierno-, los ministros de Interior e Inclusión se negaron a dar datos sobre cuántos viajes se hicieron, por qué y con qué destino se efectuaron. El Gobierno dijo que esos
datos no estaban en posesión de los ministerios implicados y, además, acusó a los periodistas de estigmatizar a los inmigrantes por preguntar y por sus indagaciones.


El segundo tiene que ver con el despido del jefe policial que alertó de la pandemia en enero de 2020, que adquirió mascarillas en febrero y que las distribuyó con indicaciones de autoprotección a los agentes. Fue destituido en marzo por
crear alarma, aunque en su expediente se dejó en blanco el motivo del cese. El Consejo de Transparencia ordenó en noviembre de 2020 al ministro que dejase de ocultar los motivos por los que relevó el 12 de marzo a dicho funcionario. El Ministerio
del Interior tenía diez días para hacer constar por escrito lo que le dijeron de palabra sus superiores, que creó alarma entre los agentes al comprar y distribuir mascarillas, guantes y EPI desde enero porque venía una pandemia de coronavirus. De
nuevo, el Gobierno no dudó en obstaculizar la información.


Y el tercer proceso es el que exigió a Salvador Illa, por aquel entonces ministro de Sanidad, dar a conocer los nombres del supuesto consejo o comité de expertos que asesoró a su ministerio en la desescalada de la primera ola del COVID.
Pero el Ejecutivo, después de decir que estudiaría la orden, se negó a cumplir con el requerimiento por la vía del silencio administrativo. Su institución resolvió que no había ninguna causa que impidiese conocer las identidades de los miembros de
uno de los comités de expertos que han asesorado a Sanidad en la gestión del coronavirus, concretamente el formado por funcionarios de la Dirección General de Salud Pública y del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, que se
mantienen en secreto. El Gobierno, mientras tanto, se escondía tras la Ley de Protección de Datos para no proporcionar esa información.


Yo le pregunto si estas actuaciones, más allá de sus resoluciones, pueden considerarse ajustadas al espíritu que emana de la Ley de Transparencia, teniendo su organismo que velar por su cumplimiento. Han sido otros muchos los intentos del
Ejecutivo para ocultar información, entre ellos los proveedores de material de protección -hemos presentado diferentes proposiciones sobre esta cuestión-. También podemos sumar a esto la opacidad del Gobierno sobre los viajeros de los trayectos
efectuados en el avión puesto a disposición del presidente del Gobierno, sobre el motivo y la necesidad de este medio de transporte o sobre los invitados a la residencias oficiales vacacionales del presidente, entre otras muchas que muestran la más
absoluta asimilación, a nuestro juicio, que ha hecho el presidente de los bienes y recursos públicos.


No obstante, todo esto no nos impide hacer un balance positivo del papel de la Ley de Transparencia y de la existencia de un órgano como el que usted preside en los últimos siete años, que calificamos de altamente positivo si se tiene en
cuenta la situación de la que partíamos. En pocos años España ha pasado de ser un país sin una política y sin instrumentos efectivos de transparencia a alcanzar un nivel homologable al de los países de nuestro entorno, al menos en lo que se refiere
a los instrumentos para la defensa de la transparencia. Las comunidades autónomas también han hecho suyos estos principios y la gran mayoría cuenta con leyes propias, en gran parte por el trabajo de los diputados autonómicos de

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nuestra formación, que han hecho de este asunto también una bandera. Sin embargo, ni una pandemia ni un Gobierno desidioso pueden suponer un retroceso en los avances ya conseguidos. Para evitar justamente esta discrecionalidad que hemos
presenciado, comentábamos hace escasamente un mes en la Comisión de Calidad Democrática, a la que se refería, la necesidad de asegurar la independencia de los nombramientos del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. El Ejecutivo, a nuestro
juicio, ha demostrado no tener muchos escrúpulos en lo que se refiere a la colonización de organismos independientes, y creemos que el suyo también se ve afectado por esta deriva. La destitución de la señora Zambrano la ha explicado usted aquí fue,
evidentemente, por un motivo de confianza. No fue tanto la destitución sino el nombramiento que se hace para sustituir a la señora Zambrano, puesto que se nombra a una persona hasta entonces también en un puesto que era de confianza del Ministerio
de la Presidencia o de la Vicepresidencia. Por lo tanto, hay unas relaciones de confianza, a las que usted ha hecho referencia, entre la persona que antes estaba bajo la confianza de una persona respecto de la cual ahora puede tener que mostrar
criterios en su labor de control que la contradigan. Es esta la verdadera razón. Usted ha explicado los motivos formales y legales que le autorizan a hacer esos nombramientos, pero no podemos olvidar que esto es lo que hay en el trasfondo de las
críticas que se han hecho a esta cuestión, dada la naturaleza del órgano que usted preside. Si fuera un órgano puramente de acción política de un Gobierno, no tendría nada que objetar a ello, pero es que el consejo que usted preside tiene,
precisamente, una clarísima labor de control a la acción de la Administración en cuanto a lo que se refiere a transparencia y, por lo tanto, requiere de una apariencia de independencia e imparcialidad, que pueden verse cuestionadas con nombramientos
como este, al menos a nuestro juicio. Yo le digo que, según el argumento de la confianza que usted ha esgrimido para la destitución -yo no puedo criticar nada porque, efectivamente, es un puesto de confianza-, esa persona estaba también en un
puesto de confianza de una persona a la cual el consejo tiene que controlar. Por este motivo, pedimos su comparecencia aquí, para explicarlo. Más allá de eso, unido también a la financiación insuficiente del consejo -es una cuestión que
compartimos-, a la que se ha referido aquí y de la que alertó en la Comisión de Calidad Democrática, entendemos que podría suponer una dificultad para el ejercicio de las funciones atribuidas por la ley a su entidad y que puede generar desconfianza
también en la ciudadanía. Eso es lo que le quería trasladar. También quisiera pedirle una reflexión sobre estas decisiones de nombramientos bajo esta premisa que le he hecho antes.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias, señor Espejo Saavedra.


A continuación, es el turno del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común. Tiene la palabra el señor Honrubia.


El señor HONRUBIA HURTADO: Gracias, señora presidenta. Gracias, señor Rodríguez, por su comparecencia y por sus explicaciones. Le doy de nuevo la bienvenida a esta Comisión. Quisiera decirle que, como ve usted, parece que sobre usted
cae, una vez más, una especie de sombra de sospecha, que no tiene que ver tanto con su trabajo sino con su propia trayectoria personal. Nuestro grupo entiende que no debería ser objeto de debate ni motivo para una comparecencia en esta Cámara,
pero, bueno, es lo que hay. Me gustaría también darle las gracias por el trabajo que viene realizando desde su nombramiento.


Quisiéramos plantearle cuatro cuestiones muy concretas y de manera muy breve. En primer lugar, el tema presupuestario. Efectivamente, cuando usted vino por primera vez a esta Comisión para que se le otorgara la conformidad ya expresó su
queja llamémosla así sobre la falta de presupuesto para poder realizar los trabajos que le corresponden al organismo que usted dirige; cuando compareció en la Comisión de Calidad Democrática nuevamente expresó su queja al respecto, y hoy de alguna
forma la ha vuelto a reiterar. Es verdad que se produjo un aumento en los Presupuestos de 2021 de un 5 %, pero entiendo que para usted no sea suficiente. Como próximamente entraremos a debatir los siguientes presupuestos, nos gustaría que nos
explicara de manera más precisa, si es posible, cuáles son las necesidades a nivel de personal y las necesidades presupuestarias. No sé si las tienen calculadas o si entiende que puede decírnoslas.


Por otro lado, respecto a los informes que nos ha presentado sobre el impacto que la pandemia ha tenido sobre la actividad del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, me gustaría preguntarle, como a los representantes de los diferentes
organismos y autoridades que comparecen en el resto de comisiones, por las lecciones o aprendizajes de lo ocurrido durante este tiempo, porque si se volviera a repetir una situación similar ojalá que no se podrían afrontar de manera diferente
algunos de los problemas

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que hemos tenido en esta etapa. En concreto, me gustaría preguntarle por las cuestiones que están bajo su competencia, relacionadas con el funcionamiento del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.


Hay otro dato del informe que presentan del año 2020 que nos llama la atención y que, además, parece que se repite respecto a otros años. Es el que tiene que ver con la brecha de género respecto a iniciativas que se presentan a través del
Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Parece que hay un claro sesgo en las iniciativas que se presentan: los hombres presentan un 78 %, frente al 22 % que se presentan por parte de mujeres. En la sociedad hay un 50 % de hombres y un 50 % de
mujeres y, por tanto, este dato llama la atención. Nosotros podemos hacer nuestra propia interpretación de por qué ocurre esto diferentes formas de ocupar el espacio público que tenemos hombres y mujeres; diferente visión que tenemos de cómo
funcionan las instituciones o las relaciones que tenemos con las instituciones, etcétera, pero nos gustaría saber si ustedes han hecho o tienen pensado hacer algún tipo de estudio para explicar por qué ocurre esta situación y, en su caso, para
adoptar las medidas necesarias y que en un futuro dejen de ocurrir. Entendemos que es importante que se corrija esta brecha y que las mujeres y los hombres tengan la misma iniciativa a la hora de plantear demandas que tengan que ver con el
funcionamiento y la transparencia de las instituciones.


Asimismo, me gustaría que nos diera su opinión entiendo que no está bajo el ámbito sus competencias sobre lo siguiente. En esta Cámara, los grupos parlamentarios hemos tenido que presentar una declaración de intereses a efectos de las
incompatibilidades con nuestro trabajo o los diferentes intereses que tenemos o hemos tenido en el pasado cada uno de los parlamentarios y parlamentarias de esta Cámara. Pero ha habido un grupo que ha utilizado una argucia legal, con una fórmula
genérica, para saltarse esta obligación que tenemos todos y todas y no dar la información que se le exigía. ¿Qué opinión le merece que esto sea posible? ¿Cómo se podrían corregir estas argucias legales para no explicar de dónde vienen y a qué
intereses políticos o económicos sirven, más allá de lo que dicen representar como partido?


Finalmente, me gustaría preguntarle sobre la transparencia en relación con la Casa Real. Ustedes hicieron una evaluación sobre el nivel de cumplimiento de las obligaciones de transparencia de la Casa Real, de la información que tiene que
dar a través de su página web, que dio como resultado que cumplían con el 78 % de lo que se les exigía. Nos parece llamativo que la Casa Real, la primera institución del Estado, no cumpla con el cien por cien de sus obligaciones y que esté por
debajo del Congreso, del Senado o del Tribunal Constitucional, que llegan al 85, al 87 o al 90 % de cumplimiento, instituciones que ustedes también evalúan. Me gustaría preguntarle si tiene usted conocimiento de que la Casa Real esté haciendo algo
para mejorar su nivel de transparencia y si ese nivel de transparencia que actualmente se le exige a la Casa Real y a sus miembros se corresponde con lo que se espera de un sistema democrático como el nuestro. Por ejemplo, todas y todos los que
estamos aquí tenemos la obligación repito de publicar nuestros patrimonios, nuestras relaciones de intereses, etcétera, obligación que no tienen los miembros de la Casa Real. Nos gustaría preguntarle su opinión al respecto. ¿No le parece que lo
primero que debe hacer un país para dar ejemplo de transparencia a nivel mundial es asegurar y garantizar que la Jefatura del Estado sea el primer organismo que cumpla con estos valores democráticos y estos niveles de transparencia?


Nada más, muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias, señor Honrubia.


A continuación, por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Del Valle.


El señor DEL VALLE RODRÍGUEZ: Con la venia de la Presidencia.


Señor Rodríguez Álvarez, en su comparecencia ante esta Comisión en su sesión de 14 de octubre y en contestación a este diputado, que mencionó que el diario El Mundo del día 1 de octubre publicaba un artículo titulado 'Rechazo del sector a la
propuesta del Gobierno al Consejo de transparencia por sus vínculos con el PSOE' y sacaba una foto suya con la actual fiscal general del Estado, usted nos dijo, literalmente, entre otras cosas, lo siguiente: '... tenga absoluta certeza de que el
mandato del artículo 11 del estatuto será cumplido por mi parte, como cualquier otro mandato legal. En todo caso, tendrán ocasión de examinar el grado de cumplimiento en mis comparecencias posteriores en esta Comisión'. Y añadió: '... espero que
mi actuación al frente del consejo le permita cambiar de opinión y tenga la certeza de que cumpliré fielmente lo que dice el artículo 11, que tengo aquí recogido literalmente: El presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desempeñará
su cargo con dedicación absoluta, plena independencia y total objetividad. No estará sujeto mandato imperativo ni recibirá instrucciones de autoridad alguna'.

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Pues bien, no ha pasado ni un año y esa independencia y objetividad han sido ya puestas en duda por los medios de comunicación. Así, el pasado 14 de febrero se publicaba en Ok diario lo siguiente: 'La independencia del Consejo de
transparencia está en cuestión después de que Pedro Sánchez pusiese al frente del organismo a un antiguo cargo del Gobierno de Zapatero, José Luis Rodríguez Álvarez. En un nuevo movimiento, hace unas semanas, Rodríguez Álvarez cesó a la directora
de reclamaciones, Esperanza Zambrano. El cese se entendió como un intento de Pedro Sánchez de controlar una institución que, en los últimos tiempos, ha sido especialmente incisiva con algunas cuestiones delicadas para el dirigente socialista, como
sus viajes en Falcon, sus estancias de vacaciones o, precisamente, la gestión de la crisis de la COVID. Cabe recordar que el Consejo obligó a Sanidad a revelar la identidad de los funcionarios que habían decidido qué comunidades pasaban de fase
durante la desescalada, algo que el Gobierno había intentado mantener en secreto'.


En el ABC del día 21 de enero se publicaba el siguiente titular: 'Ofensiva a la posición contra el 'asalto' del Gobierno al Consejo de transparencia'. El independiente, 22 de enero: 'Una funcionaria de Presidencia resolverá las
reclamaciones contra el Gobierno en Transparencia'. Agencia Europa Press, 21 de enero: 'Encontronazos con el Gobierno. Estos ceses se producen después de varios encontronazos entre el Consejo de transparencia y el Gobierno. En los últimos
tiempos, el organismo ha aprobado resoluciones para que el Ejecutivo hiciera públicos datos sobre desplazamientos del presidente Pedro Sánchez en el Falcon presidencial o diera a conocer los nombres de los expertos que le asesoraron durante la
primera ola del coronavirus y la desescalada. Además, las destituciones han tenido lugar tres meses después del desembarco en el organismo de Rodríguez Álvarez, un alto cargo de la Administración Zapatero'.


Periodista Digital, día 25 de enero: 'La suciedad del Consejo de transparencia no se va ni con Cillit Bang. Don Pedro Sánchez Pérez-Castejón ha ensuciado tanto el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno que ni las más reputadas marcas de
limpieza pueden con la mugre. El nuevo presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (...) ha hecho lo que a un personaje de su catadura se le ordena: cesar ipso facto a María Esperanza Zambrano Gómez, subdirectora de Reclamaciones, y a
Javier Amorós Dorda...'. De ahí venía la duda, porque lo había publicado un medio de comunicación. Y continúa: '... director en funciones desde que, en 2017, falleció la primera presidenta del organismo. Los dos represaliados por Sánchez habían
cometido el crimen de lesa patria de cumplir con los fines del organismo, al que se destinan 2,4 millones de euros y dieciocho funcionarios. Sánchez, que 'no sabe' si invitó a sus amigos y parejas para que le acompañaran en sus días de asueto,
tampoco quiere que el ciudadano sepa de sus otros tejemanejes. Y es humano. ¡A dónde vamos a llegar!'


Compromiso Empresarial, día 16 de febrero: 'La reciente destitución de Esperanza Zambrano como subdirectora de Reclamaciones en el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha sido la primera medida de calado que ha tomado el nuevo
presidente del organismo, José Luis Rodríguez Álvarez, y ha causado una notable preocupación en las voces de la transparencia en España'. ABC, el día 2 de marzo: 'Ocho días. Ese es el tiempo que tardó el presidente del Consejo de Transparencia,
José Luis Rodríguez, en desfilar por los despachos del Gobierno. Apenas una semana después de asumir oficialmente el cargo, el hombre designado por Pedro Sánchez para vigilar al poder se citó con la vicepresidenta primera, Carmen Calvo. Fue el 12
de noviembre de 2020 y acto seguido, el 16, Rodríguez hizo lo propio en la Moncloa con Félix Bolaños, secretario general de Presidencia y uno de los hombres de máxima confianza del líder del Ejecutivo. Fuentes oficiales de Vicepresidencia
defienden, pese a que desde el Consejo admiten la cita (...) que no les consta ese encuentro'.


Mire, señor Rodríguez Álvarez, evidentemente, usted, como presidente, está en su perfecto derecho de cesar y nombrar cargos de su confianza en los puestos más altos del organigrama del Consejo, por mucho que la prensa puede estar en contra
de su decisión. Yo también lo estoy, pues el cese de la señora Zambrano es incomprensible, dada su experiencia y su especial dedicación y honestidad demostrada, amén de que su sustituta era hasta ahora la vicesecretaria general técnica del
Ministerio de la Presidencia, curiosamente nombrada tras su reunión con la ministra del ramo, la señora Calvo, y con el secretario general de la Presidencia, si bien usted mantiene que ambas reuniones tuvieron por objeto hablar del reglamento de
Transparencia, que no es de su competencia, sino que lo es del Ministerio de Política Territorial. Además, usted no ha explicado claramente los motivos que le han llevado a tomar esta decisión, lo que daña a la propia institución.


El pasado 12 de mayo -hoy lo ha reiterado- durante su comparecencia ante la Comisión para la Auditoría de la Calidad Democrática usted se limitó a decir que se trata de una decisión de política

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personal, que está completamente ajustada a derecho y que no tiene nada de excepcional. Es algo habitual cuando un nuevo responsable asume la dirección de un órgano político que se produzcan cambios en el equipo directivo. Sucede con
frecuencia y afecta con toda normalidad. Y añadió que todo máximo responsable de una institución tiene que poder configurar su equipo directivo con personas que compartan sus proyectos, sus objetivos y su estilo de dirección. Lo contrario sería un
sinsentido.


Curiosamente, unos días después, a mediados de mayo, se hace público un documento, una nota de régimen interior del presidente del Consejo dirigida a la jefatura de Unidad de Apoyo, de fecha 10 de diciembre si bien esta fecha no está
mecanizada y no consta en registro alguno en la que le pide que adopte las medidas necesarias con el fin de acordar el cese de la funcionaria y donde expone que su falta de confianza hacia Zambrano se había visto reforzada por la forma en que
aquella se relaciona con el resto de empleados, tanto de su departamento como del resto del organismo. Sorprende que el documento no incorpore firma digital y, como ya he dicho, no lleve sello de registro ni conste fecha mecanizada. Según se ha
filtrado desde el Consejo, la práctica habitual es firmar electrónicamente todos los documentos, lo que deja registrado el día y la hora de la firma, por lo que se pone en duda que dicha nota fuera realmente firmada en diciembre. Es más, nos dicen
las mismas fuentes que la señora Zambrano no ha tenido problemas de relaciones con el personal, salvo los propios que se pueden dar en cualquier organismo público entre funcionarios. Y es que, señor presidente del Consejo, hay que reconocer que
parte usted de una situación que coloca bajo sospecha la decisión tomada. Resulta que la señora Zambrano habría cometido el grave pecado de tratar de poner luz donde hubo oscuridad, el coste y los detalles de los viajes en el Falcon del presidente
del Gobierno y el nombre de quienes integraron ese famoso comité de expertos que asesoraba al Gobierno durante el inicio de la pandemia del COVID.


Por otro lado, en la referida comparecencia de esta Comisión del 14 de octubre -hoy lo ha reiterado- manifestó que es una institución todavía en proceso de construcción, que se vio reducido el presupuesto en un 22 % en el año 2018 y que casi
el 95 % se encontraba ya comprometido a principios del ejercicio. Pero dijo usted: 'Confío en el compromiso del Gobierno y de todos los grupos aquí presentes (...) para que, en la medida de lo posible, en los próximos presupuestos se atienda esta
necesidad'. Sin embargo, vemos que la realidad no se corresponde con lo comprometido. ¿O considera usted que una subida de apenas 90 000 euros con respecto a 2020 le sirve para solucionar los problemas de financiación? Durante su comparecencia
ante la Comisión para la Auditoría de la Calidad Democrática -hoy también lo ha dicho- habló de la precariedad crónica y que así es difícil desarrollar eficazmente todas las funciones que tiene encomendadas.


Así las cosas -voy terminando, señora presidenta- me pregunto y le pregunto también a usted cómo puede seguir en el cargo cuando le han engañado con los presupuestos, le han obligado a cesar a la señora Zambrano y a nombrar a la hasta ahora
vicesecretaria general técnica del Ministerio de la Presidencia para resolver, entre otras, las reclamaciones que afecten al Gobierno e incluso le han forzado a desestimar una reclamación para que el Gobierno facilite copia de todos y cada uno de
los informes que el Ministerio de Sanidad llevó al Consejo de Ministros sobre la pandemia del coronavirus. ¿Merece la pena jugarse su prestigio ganado en la Agencia de Protección de Datos siguiendo el dictado ahora del peor Gobierno y el más opaco
de la historia democrática de España?


Señor Rodríguez Álvarez, si quiere tener la conciencia tranquila y que su entorno familiar no piense que se ha avenido con el poder, presente su dimisión.


Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Del Valle.


A continuación, por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora De Luna.


La señora DE LUNA TOBARRA: Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señor Rodríguez Álvarez, y gracias por su exposición. En el año 2020 se presentaron casi tres reclamaciones al día contra el Gobierno por parte de ciudadanos, que lo
intentaron sin éxito desde los distintos ministerios y empresas públicas, para que les aportasen la información requerida. La palma se la llevó el Ministerio del Interior, donde la opacidad constituye ya marca de la casa, seguido de los ministerios
de Política Territorial y Función Pública, de Sanidad y de la Presidencia. Más de un tercio de las reclamaciones contra el Gobierno se recibieron entre junio y agosto, justo después de que se levantara la suspensión de los trámites y de los plazos
administrativos que el Gobierno acordó con el decreto del estado de alarma, plazos suspendidos que no afectaron a los procedimientos de la Agencia Tributaria y de la Tesorería. Por tanto, el Gobierno suspendió dar información a los ciudadanos, pero
no suspendió exigirles el pago de impuestos y

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cotizaciones en un momento en que la población estaba confinada y, por tanto, la actividad económica prácticamente paralizada.


Este apagón informativo del portal de la transparencia durante la pandemia ha hecho que España haya retrocedido dos puestos en el ranking mundial contra la corrupción por la oscura gestión llevada a cabo por el Gobierno, al que también el
Consejo de Europa en su informe de 2020 ha criticado duramente. La opacidad ha sido alarmante por la nula transparencia habida respecto al uso de los recursos económicos y ante el despilfarro en la contratación de material sanitario a empresas
dudosas, que en algunas ocasiones no entregaban los productos y otras veces no reunían los estándares de calidad. Los ciudadanos se han dado cuenta de la importancia que tiene la transparencia como derecho esencial para la calidad democrática
precisamente durante la pandemia.


La Asociación Profesional de la Transparencia, Acreditra, ha censurado al Gobierno declarando que el estado de alarma puede limitar derechos que estén en relación con la salud pública, pero no puede limitar la transparencia en unos momentos
en los que es un elemento fundamental del contrapeso democrático al poder gubernamental, a lo que yo añadiría 'al abuso del poder gubernamental'. Es un abuso que se ha evidenciado en la suspensión de los plazos administrativos; en la negativa de
Sanidad a facilitar los nombres de los expertos que le asesoraban durante la desescalada; en la negativa a facilitar los datos sobre el viaje de Sánchez, la agenda en Nueva York, como también el coste del innumerable séquito que acompañaba al
presidente; en la negativa a dar información sobre el gasto de la reunión del Gobierno en la finca en Quintos de Mora, así como también sobre lo que ha costado llevarse a una docena de amigos al Palacio de Doñana, o sobre cuánto nos cuesta a los
españoles sus constantes viajes en el Falcon o en helicóptero para ir a festivales o hacer trayectos cortos encima tiene la desfachatez de recomendar a los ciudadanos que para esos trayectos utilicemos el tren. Respecto a muchas de estas
cuestiones, Transparencia ha estimado las reclamaciones de información solicitada, información que en la mayoría de los casos el Ejecutivo sigue sin facilitar, pese al pronunciamiento del citado consejo. Hemos de señalar que este Gobierno
PSOE-Podemos es el que más resoluciones tiene del consejo en contra y el que menos las cumple. Apenas llega a un 6 %, a diferencia del Gobierno del Partido Popular, que cumplía con un 85 % de estas resoluciones. Esta es la consecuencia de que el
Consejo de transparencia carezca de facultades coercitivas para exigir el cumplimiento de sus resoluciones.


Señor Rodríguez, nos gustaría saber qué opina acerca de establecer legalmente medidas que garanticen el cumplimiento de las administraciones, como, por ejemplo, imposición de sanciones a funcionarios o a altos cargos que las desobedezcan. Y
dado que usted se ha referido antes a las causas de inadmisión de estas solicitudes, me gustaría saber también qué le parecería apostar por limitar todavía más esta causa de inadmisión de solicitudes, porque usted decía, además, que era un recurso
fácil, donde se escudaban, precisamente, las administraciones para no dar información. El Consejo de transparencia amparó más de la mitad de las reclamaciones que resolvió en 2020 contra el Gobierno, y aquí quiero poner de relieve la
profesionalidad de la subdirectora de Reclamaciones, Esperanza Zambrano, funcionaria que hasta el pasado 8 de enero desempeñó el puesto. Un cese en el que se dan unas circunstancias en las que precisamente la transparencia ha brillado por su
ausencia. Un medio de comunicación les solicitó que les facilitara el documento en el que usted detallaba los motivos del cese. El documento que les aportaron fue una mera nota interna enviada por usted a la Jefatura de Unidad de Apoyo el 10 de
diciembre de 2020, en la que pide que adopte las medidas necesarias con el fin de acordar el cese y donde expone que su falta de confianza hacia Zambrano se ha visto reforzada por la forma en que ella se relacionaba con el resto de empleados, tanto
de su departamento como del resto del organismo. Nos llama la atención que sea un documento interno dirigido a un tercero en donde se detalla el motivo de la destitución en vez de adjuntarse a la resolución de cese que se le notificó a la propia
interesada, tal como tiene consagrada la jurisprudencia, que, aunque sean de libre designación los nombramientos, los ceses tienen que ir motivados.


También nos llama la atención que en su comparecencia -a la que también ha hecho referencia- del pasado 12 de mayo, en la Comisión de la Auditoría de la Calidad Democrática de esta Cámara, no hiciera ninguna mención a ese supuesto
comportamiento con la plantilla -ni hoy tampoco lo ha hecho- para justificar su decisión cuando le contestó a mi compañero, Jaime de Olano, cuando le recriminó la destitución de una excelente profesional. La funcionaria nombrada para sustituirla
como subdirectora de Reclamaciones ha sido una persona de la máxima confianza de la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, con la que casualmente usted se reunió el 12 de noviembre, tan solo unas semanas antes de enviar esta nota interna a la que me
he referido con este motivo del cese. Esta reunión consta en la memoria de

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actividades del 2020, como también aparece otra reunión cuatro días después -el día 16 de noviembre- con el secretario general de Presidencia del Gobierno. Y no nos consta, tal y como ha dicho usted hoy, que su primera reunión fuera con la
ministra de Política Territorial, que usted ha referido que fue inmediata pero que supongo que sería una visita más de cortesía, de presentación, etcétera, porque en esta agenda no consta como reunión de trabajo -además, tengo la foto hecha de esta
página-. ¿Podría explicarnos por qué su primera reunión de trabajo no consta -si usted mantiene que sí que la ha tenido- en esta agenda que se ha publicado dentro de las memorias del 2020, cuando, además, el consejo que usted preside está vinculado
a este ministerio en concreto? Nos gustaría también que nos contestara si en estas reuniones con la vicepresidenta y con el secretario general de Presidencia le manifestó usted la necesidad de refuerzo de la plantilla del consejo y el aumento del
presupuesto que tanto reclama usted en esta Cámara, ya que -cito sus palabras- la precariedad de recursos impide cumplir eficazmente con las funciones que tiene encomendadas, sobre todo cuando el Gobierno, además, ha reforzado con cuatro
funcionarios al CIS de Tezanos o cuando no existe ningún límite ni de asesores ni de presupuestos para el gabinete de Redondo; evidencias de que este Gobierno gasta sin límite nuestro dinero para manipular a la opinión pública, pero no lo tiene
para que los órganos democráticos de control puedan hacer su trabajo.


También nos gustaría saber si le planteó en estas reuniones contar con mayor presupuesto -que hoy también lo ha aludido- para contratar unos servicios jurídicos externos, toda vez que al dirigirse las reclamaciones contra la Administración
suele haber conflicto de intereses. Y, además, el tener poco presupuesto para este servicio jurídico -que, por otra parte, sé que se ha aumentado este año en 20 000 euros, a 80 000- y la complejidad y la cantidad de asuntos que ustedes tienen hace
que no se pueda contratar, como es lógico, a gabinetes altamente especializados en materias complejas, como es lo contencioso-administrativo. Con lo cual, también es una forma de que en la vía judicial no prospere tampoco el control que se puede
hacer a estos órganos de gobierno de la Administración que no estén cumpliendo con las resoluciones de este consejo.


Para finalizar he de decirle que, dado que sus primeras actuaciones como presidente no han hecho honor precisamente a la transparencia, nos crea fundadas dudas de que vaya a desempeñar su cargo al frente del Consejo de Transparencia y de
Buen Gobierno con la plena independencia y la total objetividad que se le requieren.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora De Luna.


A continuación, y ya para finalizar este primer turno, tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, la señora Andrés.


La señora ANDRÉS BAREA: Muchas gracias, presidenta.


Gracias, presidente, por venir a comparecer, a dar explicaciones de las memorias del 2019 y 2020. Por textualizar, memorias que usted y su equipo han realizado sin haber tenido la responsabilidad de la acción, porque usted fue nombrado
aquí, en estas Cortes, en octubre y luego tomó posesión el día 4 de noviembre del 2020. Así que le damos las gracias por dar continuidad a una cuestión que los socialistas creemos con firmeza: la transparencia, porque es un valor de la democracia
y no la utilizamos cuando nos interesa, como se ha visto aquí. Por lo que vemos en los señores del PP -que todo mal-, en los señores de VOX -que nos han leído titulares y, además, se ha quedado fuera de lugar lo de su familia, creo que deberían de
retirarlo-, unido a lo que dice el señor de Ciudadanos -que todo está mal-, tienen ustedes un objetivo: ir contra el Gobierno, y uno de los medios que utilizan es el Consejo de transparencia, es atacar constantemente al Consejo de transparencia.


Así que, en un principio, vamos a hablar de la memoria, porque es sobre lo que veníamos aquí a hablar, aunque seguramente no coincidiremos en los datos, señora De Luna, seguramente no. Hay que hablar de la importancia de la COVID, del
impacto de la COVID, que ha afectado a la salud y a la vida de nuestros ciudadanos, que ha impactado a la economía y también a la Administración, no nos olvidemos. Hemos vivido y estamos viviendo una situación excepcional, aunque ustedes lo
nieguen; lo hemos hecho tal mal que estamos saliendo de la situación pandémica gracias a un excelente plan de vacunación, ¡por eso lo hemos hecho tan mal!


En relación con la memoria, hay que destacar el aumento de interés de los ciudadanos por la información que se da en el Portal de Transparencia. En el 2018 fueron 12 728 visitas; en el 2019, 16 901, y en el 2020, 21 870. O sea, que hay un
incremento casi de un 60 % del interés de la ciudadanía por

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obtener información a través del Portal de Transparencia. Respecto a las reclamaciones, cuando un usuario considera que no se le ha contestado o no se le ha contestado totalmente, en 2019 fueron a la Administración General del Estado 679, y
hay que destacar que, de ellas, estimadas y admitidas -o sea, que el Consejo de transparencia reconoce que hay que mejorar esa contestación- fueron 375, el 52,30 %. En el 2020 fueron 876, que estimadas y admitidas fueron 717, el 81,85 %. O sea,
que este Consejo de transparencia en el 2020, en el poquito tiempo que ha estado en 2020, ha aumentado casi un 30 % el número de veces que ha admitido que debe de mejorar las contestaciones al ciudadano. Si eso no les parece importante, me parece
que habría que verlo por otra parte.


¿Por qué preguntan los ciudadanos?, porque eso es un tema importante. Preguntan por el empleo público en general, retribución y forma de acceso, información jurídica también e información estadística. Casi el 60 % de la gente pregunta por
conceptos generales, no por las cuestiones que hoy ha planteado aquí la oposición, ¡no se ha planteado eso! Y el 59 % lo hace de manera individual, el otro suponemos que serán colectivos, el 25 % son periodistas. Por tanto es evidente que los
ciudadanos tienen interés por lo que se dice en el Portal de Transparencia, aunque ustedes hoy aquí solo han planteado preguntas y cuestiones que piensan que les son rentables para desgastar al Gobierno, no son preguntas de interés de los
ciudadanos.


Quiero destacar también que estas memorias recogen las reclamaciones a nivel territorial, como ha dicho usted. 724 reclamaciones de las cuales el premio se lo lleva la Comunidad Autónoma de Madrid con 299, el 42,29 %. Solo por una
curiosidad, ¿qué es exactamente lo que reclaman? El 13,54 información institucional, el 9,39 temas relacionados con el transporte -que, con la pandemia y con las borrascas, me parece poco- y los procedimientos específicos, por ejemplo los
contratos. Hay una accesibilidad muy importante, una publicidad activa, se pueden ver todos los contratos, se puede filtrar por ministerios, por órganos de contratación, por procedimiento, por fecha, por adjudicación, por importe. Presidencia de
Gobierno: 4033 contratos, ¡se puede ver todo!; Igualdad, 33 contratos -poquitos-; Sanidad, 1119 contratos; esto se puede ver.


Respecto a los recursos contenciosos-administrativos, aquellos que ya dan un paso, recurrir a la justicia: en el 2019, en el ámbito estatal, había 38; en el 2020, 32 -ha disminuido-. En el ámbito territorial, 22; en el 2020, 12. A
particulares: en el 2019 había 14; en el 2020, 10; en el 2019, 3, y en el 2020, 1. O sea que ha disminuido la litigiosidad. Podemos ver también la evaluación mensual de solicitudes. Lo tienen aquí (muestra un documento), pueden consultarlo en
el Portal de Transparencia, aquellos que decían que permaneció cerrado. En el Portal de Transparencia, en marzo de 2019 se hicieron 669 solicitudes; en el 2020, 729. Podríamos hablar de septiembre, 460, o agosto, 1655. ¿Saben ustedes por qué?
Porque entró el tema del ingreso mínimo vital y la gente estaba preocupada por eso, no por lo que ustedes plantean. Y así existe una gran diferencia. Si leemos las resoluciones, que son muy importantes, también han aumentado. En el 2019 teníamos
el 73,4 de resoluciones y en 2020, el 81,1. O sea, hemos mejorado mucho.


Ahora vamos a entrar en el tema que se ha planteado aquí, que es la cuestión política de rentabilizar el desacreditar a este Gobierno. Ustedes acusan al presidente del Consejo de transparencia de parcialidad y de no actuar de forma
independiente, salvan su profesionalidad porque está muy cerca y no quedaría nada bien, no la ponen en duda porque conocen su currículum y le desacreditan porque ha sido un alto cargo del Gobierno socialista. Lo dijo cuando vino a ser examinado por
esta Comisión y lo ha dicho ahora. ¿Es un demérito? Les digo: lo mismo, lo mismo, lo mismo que la anterior presidenta del Consejo de transparencia con el Gobierno del Partido Popular. No es un demérito.


Por último, y mucho más importante, lo ha dicho el presidente pero ha quedado así como agua de borrajas, no hay constancia de que con Gobiernos del PP se haya venido aquí a dar cuenta de las memorias de transparencia. No hay constancia, no
hay memorias. El Consejo de transparencia gobernando el PP no ha rendido cuentas ni en el 2017 ni en el 2018. Ha venido aquí por otras cuestiones por las que se le han pedido comparecencias, pero no ha venido aquí a rendir cuentas y esto es una
cuestión que tendrían que hacérselo ver. Por lo tanto, es evidente que no coincido para nada con lo que están ustedes diciendo. Estamos viendo en este Congreso que ustedes, el Partido Popular y los que fueron cargos del Partido Popular,
interfieren en la vida pública y privada. Lo hemos visto en la Comisión en relación con la Operación Kitchen o anuncios judiciales que ustedes no quieren contestar. Esta misma semana pasada el señor Casado dijo que estaba de acuerdo con unos que
abucheaban a la prensa. Eso es un elemento fundamental de transparencia, ¡menuda imagen para la transparencia! Se reconocen ustedes más entre PP y VOX.

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El cierre del Portal de Transparencia que ustedes tanto han criticado no fue un cierre, fue una suspensión de plazos. (Risas). Se ha explicado por activa y por pasiva. Ustedes lo niegan, ahora se ríen, da igual. Se trata de una medida
tomada con carácter excepcional por la situación excepcional de pandemia. ¿Qué pasaría si no se hubieran cortado los plazos? ¿Cuántos perjuicios se hubieran producido? ¿Ustedes han pensado en eso? ¿Cuántas personas hubieran salido dañadas?
Muchísimas, pero eso ustedes no lo piensan.


Respecto a las solicitudes de comparecencia por el cese de la señora Zambrano -porque vemos que el señor Amorós está aquí sentado, continúa trabajando en el Consejo de transparencia, no sé porque lo liaron. Por cierto, señor Amorós, me uno
a las felicitaciones que ha dado la presidenta por su continuidad y por su trabajo y también a todos funcionarios-, no comprendemos el interés que tienen por esta persona en concreto -la verdad es que no lo podemos llegar a entender-, que está
trabajando con un traslado porque no obtuvo la confianza de la nueva dirección. Es curioso esta preocupación por la señora Zambrano y me parece incluso hasta discriminatorio con el resto de funcionarios de libre designación. ¿Se preocupan ustedes
por otros funcionarios, ustedes que tanto han practicado cuando han llegado al Gobierno quien libremente es nombrado, libremente es cesado? ¡Eso lo hemos visto todos! ¡Todos lo hemos visto! Ustedes inciden sobre preguntas reiteradas. El señor de
Ciudadanos se ha destapado hoy completamente: Consejo Asesor de Sanidad, viajes del presidente, también han salido las retribuciones de Radiotelevisión Española, los altos cargos...


La señora PRESIDENTA: Señora Andrés, ya ha finalizado su turno.


La señora ANDRÉS BAREA: Sí, un segundo. Enseguida termino.


Vemos con interés lo que están ustedes preguntando, pero la verdad, ustedes lo único que hacen es perseguir al Gobierno a través del Consejo de transparencia. Por tanto, señor presidente, yo quisiera hacerle una pregunta de futuro: ¿qué
reformas considera usted que hay que hacer respecto a la futura ley de transparencia? Independientemente de las mejoras que usted ha planteado a nivel de presupuesto, que las entendemos pero que sabemos que existen problemas, ¿qué reformas
abordaría usted?


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Andrés.


Para responder a todas las cuestiones que han planteado los grupos parlamentarios, tiene la palabra el presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.


El señor PRESIDENTE DEL CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO (Rodríguez Álvarez): Muchas gracias, presidenta.


Son muchas y de muy diversa naturaleza las observaciones que se han hecho. En todo caso, quienes me conocen -muchos de ustedes me conocen, los demás espero que nos vayamos conociendo más los próximos meses- saben que agradezco siempre las
observaciones, agradezco las críticas y no echo nunca nada en saco roto. Me puedo sentir incómodo con algunos términos, pero en fin, yo no sé hasta qué punto puede establecerse una diferencia entre una comparecencia de control del responsable de
una institución independiente, por mucho que algunos tengan dudas o se lo cuestionen, y una comparecencia de control del Gobierno, pero en fin, es un tema sobre el que a lo mejor me pongo a reflexionar cuando retorne a la universidad. Dicho esto,
voy a entrar a comentar algunas de las observaciones y preguntas que se han formulado.


Comienzo por el señor Mazón a quien le agradezco las palabras, los términos en los que se ha expresado. Precisamente plantea una cuestión que, como mínimo, requiere una tesis doctoral. Estamos en un Estado democrático de derecho que tiene
una pluralidad de instrumentos de control de la acción de gobierno y que cada uno de ellos responde a finalidades distintas y tiene un régimen diferenciado; por lo tanto, aunque en parte sean coincidentes y sirvan a algunas finalidades, no son
completamente intercambiables. Eso no quiere decir que para determinadas finalidades no pueda haber efectivamente la posibilidad de optar por uno u otro, pero siempre y cuando se atenga a las normas que rigen cada uno de esos procedimientos. Son
dos cauces, el cauce del artículo 7 del Reglamento de petición de informes -usted lo conoce mucho mejor que yo por la experiencia práctica-, y el cauce que se ha introducido con la Ley de transparencia, que es un cauce para el acceso a información
que ha de tener unas determinadas características, básicamente información que se encuentra en poder de alguno de los sujetos obligados y que no se vea afectada por alguna de las causas de inadmisión o por alguno de los límites. En ese

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sentido, si lo que se pide, por ejemplo, es elaborar un informe ad hoc, no se puede obtener por este cauce porque es, precisamente, una de las causas de inadmisión que ha establecido el legislador. Distintos también son los sujetos
legitimados; el acceso a la información pública por la Ley de transparencia se reconoce a cualquier persona.


Me preguntaba si tenemos noticia de que se ejerza o no se ejerza por parte de parlamentarios. En el consejo todas las solicitudes se atienden haciendo abstracción de quién las presenta. En muchos casos los funcionarios que las tramitan
tampoco tienen por qué saber que tal nombre corresponde con una persona u otra, igual que puede suceder con un periodista o con un interesado directamente en un procedimiento, porque, además, la ley tampoco exige motivar, aunque la motivación se
puede tener en cuenta en caso de que haya que hacer una ponderación con los límites. Por lo tanto, son dos vías con dos regímenes distintos y para transitar por cada una de ellas hay que seguir los parámetros, los requisitos, las condiciones de
ejercicio que en cada una de ellas se establece. No sé si con esto he avanzado un poco en su explicación.


En cuanto a la intervención del señor Espejo, al que le agradezco también particularmente el tono en el que la ha expresado, en primer lugar lo que le quiero trasladar es que en un Estado, que usted conoce bien -no voy a entrar en más
detalles-, cada institución tiene su función y, por lo tanto, el control político está residenciado principalmente en la sede parlamentaria y el ejercicio del derecho al acceso a la información sirve también al control de la actuación de los poderes
públicos, pero no es un control directamente de primera línea de carácter político equiparable al que se pueda hacer en sede parlamentaria. Por lo tanto, algunas de las cosas que usted ha manifestado sí creo que son propias de este contexto de
control parlamentario, pero sobre eso entenderá que yo no le puedo hacer ninguna manifestación.


No he acabado de entender muy bien cuál es el motivo de su preocupación en relación con el nombramiento de la actual subdirectora general. Como ya les he dicho, se trata de una persona que pertenece a uno de los cuerpos, si no el más
prestigioso, de la Administración General del Estado, con quince años de ejercicio profesional, que ha desempeñado puestos de libre designación porque es algo habitual. Como saben, los funcionarios, cuando alcanzan un determinado nivel, aspiran a
tener puestos de libre designación. Ha desempeñado puestos de libre designación con Gobiernos de distinto signo. Yo creo que ustedes como parlamentarios tienen que medir -y aquí perdonen que me manifieste con esta naturalidad- hasta qué punto
ponen en cuestión la profesionalidad de funcionarios que están durante toda su carrera profesional sirviendo con objetividad al interés general y sometidos a cambios de Gobierno, porque en eso consiste un Estado de derecho, un Estado democrático, en
el que hay un régimen funcionarial profesionalizado y los funcionarios tienen que prestar sus servicios con objetividad, con neutralidad y con independencia del Gobierno que en cada momento haya sido elegido por los ciudadanos. En este caso,
además, como ya les he dicho, se da la circunstancia de que ha desempeñado responsabilidades con Gobiernos de distinto signo, y no se debe desconocer que para el último puesto que ha desempeñado de confianza, aunque todos son de confianza en las
subdirecciones generales, había sido nombrada en marzo de 2017. Por lo tanto, cuando menos están dando ustedes un salto lógico, difícilmente justificable, al vincular el desempeño de esa función con quien actualmente ocupa la Vicepresidencia del
Gobierno. Si además tienen un mínimo conocimiento de cómo es la estructura del Ministerio de la Presidencia y de la Vicepresidencia del Gobierno -donde yo tuve también el honor de trabajar-, sabrán que la distancia que hay entre la Vicepresidencia
del Gobierno y una vicesecretaría general técnica hace que probablemente nunca hayan intercambiado una palabra. Entonces, yo creo que estas cuestiones resultan un poco incómodas para la opinión pública en general si no se tienen en cuenta. En este
caso, y esto creo que lo puedo hacer extensivo al resto de los grupos que han hecho manifestaciones sobre esta cuestión, el hecho de que proceda del Ministerio de la Presidencia es absolutamente circunstancial. Por cierto, la anterior subdirectora
general procedía también, exactamente, del Ministerio de Presidencia, y eso no fue óbice para que desempeñara su trabajo en los términos en los que los ha desempeñado y siendo reconocido también por mí. No es esa la razón del cese. Y no quiero
avanzar mucho más por este camino porque creo que es un terreno en el que tenemos que mostrar más respeto. Tenemos que mostrar más respeto hacia el funcionariado, hacia el trabajo que están realizando.


Son demasiadas cosas, pero voy a intentar darles respuesta a todas. Señor Honrubia, le agradezco sus palabras, la confianza que con ellas expresa. Ha planteado también una buena cadena de preguntas a las que voy a intentar dar respuesta.
En primer lugar, en cuanto al presupuesto y las necesidades, ya he

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apuntado que una estimación conservadora exige duplicar el presupuesto; obviamente, no es realista probablemente que esto se produzca en el próximo ejercicio, pero sí que tiene que ser el objetivo para dotar al consejo de la estructura y de
los recursos humanos y materiales necesarios para desempeñar las funciones que tiene atribuidas y que están creciendo. Hay incluso estudios sobre las necesidades de personal que lo sitúan por encima de 50 -entre 50 y 60-; estamos en 24. Este es
el escenario en el que nos estamos moviendo.


En cuanto al impacto de la pandemia, que lógicamente también en el consejo se ha sufrido, ha habido que tomar las medidas sanitarias y de precaución que todas las instituciones y en general la sociedad española han tenido que adoptar; en
gran parte todavía se mantienen. A pesar de lo que esto comporta, no ha tenido ni está teniendo una repercusión en el rendimiento del consejo. Es decir, aunque no estaba preparado para el teletrabajo, los funcionarios han sabido adaptarse con
rapidez a la nueva situación, utilizando muchas veces medios personales porque no estaba previsto ni hay una dotación suficiente para proporcionarles a todos los medios que realmente exige el teletrabajo, y el rendimiento, como decía, es
absolutamente encomiable, por cuanto no ha sufrido ningún demérito.


¿Qué lecciones importantes se han sacado? Pues la primera es precisamente esta -yo creo-. Permítanme que subraye dos lecciones. La primera es precisamente la importancia -lo apuntaba antes la presidenta- de no solo cuidar, sino fortalecer
el sector público y el funcionariado, que una vez más han puesto de manifiesto que en sus manos tenemos gran parte de nuestra salud, de nuestro bienestar y de nuestro desarrollo personal. Por tanto, esta es, creo yo, una de las lecciones más
importantes que se pueden extraer de esta durísima experiencia. La otra es que creo que hay que dar pasos decididos y urgentes hacia la implantación de la tecnología y la digitalización de la Administración pública. En parte nos ha salvado tener
ya una infraestructura modesta en tecnología y en informatización en general de la Administración, pero esta experiencia ha puesto de manifiesto que hay que dar un impulso decidido en esta dirección para afrontar cualquier reto futuro.


Hacía referencia también al dato llamativo de la brecha de género y el fuerte sesgo que hay, y preguntaba si hay un estudio. Efectivamente, hay un estudio que no se pudo presentar en público -incluso estaba ya convocada la presentación- por
la irrupción de la pandemia y que quizás ahora, por el tiempo transcurrido, ha perdido un poco de actualidad, pero con mucho gusto se lo haremos llegar. Y me preguntaba además cuál era mi opinión sobre la declaración de intereses y determinadas
prácticas en esta Cámara. Obviamente, mi valoración general siempre va a ser a favor de la transparencia, y en ese sentido creo que se deben conducir no solo el Gobierno, sino también todas las instituciones y quienes en ellas desempeñan sus
labores o ejercen sus funciones. Pero entenderán también que, dada mi posición institucional y lo acotado de mis competencias, lógicamente no me manifieste sobre cómo se debe regular o no regular en las Cortes Generales, que tienen reconocido un
estatuto propio de autonomía. Por tanto, corresponde a los órganos de dirección de las Cortes Generales analizar y determinar cuáles son las fórmulas más adecuadas para trasladar la competencia. Nosotros tenemos una función muy acotada de
evaluación de la publicidad activa, y esa la ejercemos porque es la única que tenemos atribuida por la ley. Hemos publicado los resultados de las evaluaciones que hemos llevado a cabo.


Algo similar es lo que le tengo que decir en relación con su pregunta sobre la transparencia en la Casa Real. Me dice que es llamativo que no cumpla al cien por cien. Aquí, siendo objetivos, no hay ninguna institución todavía -esto quizá
es lo llamativo- que en la evaluación haya alcanzado el cien por cien. Me preguntaba también cuál es la disposición y si se está haciendo algo, y en este sentido le tengo que decir que la reacción desde el primer momento por parte de la Casa Real
ha sido muy muy positiva, muy favorable; cuando conoció el borrador de la primera evaluación puso en marcha ya la corrección de algunas de las deficiencias, y en el informe que publicamos se reflejan aquellas carencias que incluso durante el
periodo de evaluación se han subsanado. Me consta porque así nos lo han trasladado expresamente, igual que otras instituciones. Porque un, digamos, método de trabajo que considero esencial en esto de la transparencia es estar en diálogo continuo
con las instituciones. Cuando hemos hecho ahora esta evaluación del cumplimiento de la publicidad activa por parte nada menos que de los órganos constitucionales y órganos de relevancia constitucional, hemos buscado siempre el diálogo. Hemos
buscado el rigor en la evaluación; se ha hecho la evaluación de lo que hay, se les ha trasladado la fotografía para que hagan alegaciones, en aquellas en las que a lo mejor hemos hecho una mala interpretación o simplemente nos hemos equivocado han
aceptado y se han hecho las correcciones, y en aquellas otras que han corregido durante ese periodo lo hemos valorado positivamente pero no lo hemos podido incorporar a la evaluación porque, si no, tendríamos que estar permanentemente y no

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terminaríamos nunca la evaluación. El próximo año se verá quien ha corregido las deficiencias que se han detectado este año; se verá y quedará reflejado.


En cuanto a si hay que establecer más o menos transparencia, es una cuestión que tienen que decidir ustedes aquí. Esto solo se puede establecer por ley y el consejo se tiene que limitar a cumplir con el mandato legal y las funciones que la
ley atribuye.


Señor Del valle, me cuesta mucho hablar sobre conjeturas, sobre especulaciones o suposiciones. Yo lo que les puedo traer aquí -creo que lo que les he traído- son hechos, actuaciones concretas. De eso es de lo que tengo la obligación de
rendir cuentas, y además lo hago con convicción y con sumo agrado, pero lo que pido es que nos juzguen por los hechos, no por titulares o por informaciones que pueden ser más o menos parciales o imparciales. Juzguen y critiquen lo que hacemos.
Además, en nuestro caso es muy sencillo, pues todas nuestras resoluciones se publican y se someten al escrutinio general. Y se publican con plena transparencia, porque en nuestras resoluciones están la solicitud inicial; la respuesta del sujeto
obligado del departamento correspondiente, si la hubo; la reclamación del ciudadano que no está de acuerdo; las alegaciones que ha hecho el sujeto obligado, y luego está la fundamentación íntegra. Por tanto, aquí se puede hacer una valoración
objetiva de si estamos siendo o no independientes.


Ya le he dicho que estoy abierto a todo tipo de críticas, siempre que estén fundadas en hechos. Le pido que la crítica la haga a partir de nuestras actuaciones. Convengo que leerse las resoluciones del consejo es algo exigente, incluso
también le admito que puede ser aburrido, pero si tiene alguna duda sobre alguna decisión en concreto, ya sabe que puede venir al consejo y podemos hablar, con el texto delante, sobre por qué se ha decidido en este sentido u otro; si no, va a ser
que le han inducido a un error. De hecho, como bien sabe, han solicitado venir al consejo y les he dicho que encantado, que cuando ustedes quieran, incluso hemos fijado unas fechas. No han venido, pero el consejo sigue abierto a recibirles en el
momento que consideren oportuno y nos encajen las agendas. Puede haber un día o dos que precisamente no pueda, pero los demás ahí estamos. Es que me coloca en una situación muy incómoda, porque le tengo que decir que la mayor parte de las cosas
que dice no se ajustan a la realidad. Cada uno elige las fuentes de las que se fía, pero si alguien, intencionadamente o no -que yo no lo juzgo-, dice o publica algo que no se ajusta a la verdad y, posteriormente, otra persona lo repite fiándose de
él, aunque sea involuntariamente también está diciendo algo que no se corresponde con la realidad. Como le digo, no le puedo responder a juicios de valor, suposiciones o especulaciones. Se lo digo con toda cordialidad, igual que le repito, como al
resto de grupos, que podemos hablar sobre cuestiones concretas en cualquier momento en la sede del consejo o donde consideren oportuno.


Señora De Luna, sobre todas las consideraciones y críticas que ha formulado en relación con el nivel de transparencia del Gobierno, efectivamente, estamos en sede parlamentaria, pero yo creo que el momento oportuno es cuando asista un
representante del Gobierno. Poco le puedo decir. Nuestra valoración es la que se refleja en las resoluciones y está publicada. Creo que tiene algún dato que no es correcto, porque lo del 6 % del cumplimiento está muy muy alejado de los datos
reales; en ese sentido, tiene que revisar las fuentes.


En cuanto a la cuestión de la causa de la sustitución, que haya dicho o no, como ya he comentado desde el primer momento, se trata de una cuestión de confianza y de estilo de dirección. Y me voy a quedar aquí. Vuelvo al respeto que hay que
tener a todos los funcionarios; creo que no se debe ahondar en este tema. La verdad es que me está sorprendido mucho el interés. Usted pide transparencia, pero a lo mejor también tienen que hacer ustedes un ejercicio de transparencia y decir por
qué hay tanto interés en este caso concreto. Y en relación con la persona que ha sustituido, le vuelvo a decir lo mismo que le he dicho al señor Espejo. Antes de poner en marcha, permítame que se lo diga con una figura, la máquina de triturar
responsabilidades o la máquina de triturar reputaciones, hay que documentarse un poco, porque se puede hacer mucho daño a personas que tienen una trayectoria profesional objetiva de dedicación al servicio público incuestionable. Y que en este caso
concreto lo diga el Partido Popular, cuando ha sido nombrada en el puesto anterior precisamente mientras su partido estaba en el Gobierno, resulta, cuando menos, sorprendente; incluso desafortunado. Pero insisto en que me siento incómodo hablando
tanto de una subdirectora como de otra porque, al final, estamos aquí hablando públicamente, con repercusión mediática, de reputaciones de personas, de funcionarios que han estado y seguirán trabajando con plena dedicación, con neutralidad y con
objetividad al servicio público.


En cuanto a la reunión con la ministra, quizás hay un equívoco. Efectivamente, la primera reunión que tuve con la ministra fue el 4 de noviembre, con motivo de mi toma de posesión formal. Ya sabe que está el nombramiento, la publicación,
la toma de posesión funcionarial y, luego, suele haber un acto de toma

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de posesión ya formal, que en este caso fue el 4 de noviembre en el ministerio. Estuve previamente reunido con la ministra y después también estuve con ella, y así figura en la agenda: toma de posesión del presidente en reunión con la
ministra.


Respecto al tema de la falta de recursos, esta es una cuestión central, capital. Creo que no puedo ser más claro. Efectivamente, en todas las reuniones que estoy teniendo, y en las que tendré, este es uno de los puntos principales que
estoy tratando y estamos evaluando. Lo dije ya incluso en una comparecencia, soy plenamente consciente de que son tiempos difíciles, de que probablemente hay otras prioridades, incluso, digamos, muchísimo más importantes, pero no se puede dejar de
apostar en este contexto por la transparencia, porque apostar por la transparencia es también apostar por la confianza de los ciudadanos en las instituciones, apostar por la calidad democrática, y en esa línea estoy y seguiré trabajando.


Señora De Luna, no sé si me ha quedado algún asunto, porque han sido tantos...


En cuanto a la intervención de la señora Andrés, en primer lugar le agradezco sus palabras; se las agradezco en mi nombre y también -porque estoy seguro de que lo agradecen- en nombre de los funcionarios del consejo, porque el hecho de que
centre su intervención en el análisis del contenido de las memorias refleja, efectivamente, un interés por lo que estamos haciendo, por el intenso trabajo que se está llevando a cabo con, insisto, muy pocas personas y muy pocos medios.


En cuanto a cuáles serían a mi juicio los asuntos que se deberían incluir en la reforma de la ley, le diré que son muchos y de diversa naturaleza, pero puedo espigar alguno. En primer lugar, creo que hay que delimitar mejor el ámbito de
aplicación de la ley. La diferenciación entre entidades públicas y privadas no está correctamente establecida; hay que establecer una determinación mucho más precisa de cuáles son los sujetos públicos obligados, atendiendo a su naturaleza y
funciones. También, claro, hay que actualizar y unificar la terminología; esto se ha quedado desfasado con la ley 40/2015. Y en el aspecto orgánico institucional, más allá de lo que ya he hecho referencia de que sea en la ley o en el estatuto, es
necesario dotar a la institución de una estructura orgánica propia, de una autoridad administrativa independiente. Además, probablemente también hay que mejorar la definición y la articulación de las funciones de la presidencia y de la comisión,
los dos órganos superiores, algo que quedó sin hacer en la ley y que probablemente en el estatuto se perfiló sin tener todavía una noción muy clara de las necesidades y de qué podían hacer un órgano y otro. Yo creo que este aspecto debería estar
regulado, además, en la ley, no dejarlo para el reglamento.


Un ámbito muy importante de mejora, a mi juicio, es el de la publicidad activa. Aquí cabe ampliar y mejorar la determinación de las obligaciones. Hay que simplificar y objetivar los requisitos y las condiciones técnicas y hay que ver
también cómo se articula mejor el Portal de la Transparencia de la Administración con la publicación en las páginas web departamentales. Pero, en general, creo que se deberían dar avances en los contenidos de publicidad activa porque ese es el
camino, y el camino también de descargar a las unidades departamentales de tramitar tantas solicitudes de acceso como reciben. Si muchas de estas informaciones estuvieran ya previamente publicadas en publicidad activa, se cumpliría el doble
objetivo: el que ya pueda acceder cualquiera y el de descargar de trabajo a los departamentos ministeriales o a los demás sujetos obligados.


En cuanto al derecho de acceso a información pública, aquí cabe todavía precisar un poco mejor qué se entiende por información pública. Y sí que es importante, a la vista de la experiencia que tenemos, determinar mejor cuáles son los
órganos competentes para resolver las solicitudes.


También, una cuestión que está dando lugar a interpelaciones distintas y a bastante debate en la doctrina, es el deslinde del acceso al conocimiento por la Ley de transparencia y el acceso a la información por los cauces establecidos en
normativas específicas en sectores como el ambiental -lo que también planteaba el señor Mazón- o que tienen una regulación específica; es decir, cómo se articulan esos cauces. Convendría también profundizar aquí.


Hay otra parte en lo que a lo mejor hay que reflexionar, y esto es un poco de más calado. Saben ustedes que la Ley de Transparencia y Buen Gobierno regula cuestiones de transparencia y regula cuestiones de buen Gobierno, saben que el
Consejo se denomina de Transparencia y Buen Gobierno, pero prácticamente no tiene ninguna competencia en materia de buen gobierno. Aquí quizás hay que ser coherente: o hacemos dos leyes separadas, o realmente atribuimos la competencia en ambos
ámbitos a la misma institución. Y sin duda -y esta es la cuestión que tenía aquí anotada y no entendía muy bien; perdone, señora De Luna- hay que hacer avances en el tema de identificar instrumentos, remedios jurídicos para que tanto los
ciudadanos como el propio consejo puedan asegurar el cumplimiento de las resoluciones. Esto requiere una reflexión compleja. A veces, fijándonos quizás en unas soluciones

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introducidas en otros textos legislativos o en otros contextos, se invocan inmediatamente las multas coercitivas. Aquí estoy rodeado de juristas y no hace falta que les explique que esta fórmula requiere un estudio muy detenido por los
problemas que plantea la imposición de multas coercitivas por parte de una autoridad administrativa. Por otro lado, tampoco es necesariamente la única solución; hay otros remedios que hay que analizar y esto requiere un debate, porque aquí no hay
soluciones mágicas. Siempre partimos de que la Administración que no ejecuta es contumaz y no tiene voluntad de cumplir, pero ya sabemos por otros sectores de la Administración que muchas veces hay dificultades y también puede haber incidentes de
ejecución. Todo esto no se ha abordado, está sin regular en la ley, y este sí que es uno de los puntos centrales que hay que tratar en la reforma.


Por último, y ya con esto concluyo -no sé si me estoy excediendo, pero son todas cuestiones tan interesantes que me gustaría tener más tiempo para tratarlas-, hay que plantearse si se reconoce el derecho de acceso a la información pública
como derecho fundamental. Lógicamente, la situación actual es muy distinta a la del año 2013, a la del año 2011 o incluso a la del año 2009, cuando se empezaron a elaborar los borradores de la ley y había una jurisprudencia del Tribunal
Constitucional muy restrictiva en este punto, con algunos autos recientes que habían negado que fuera un derecho fundamental. Entretanto, se ha avanzado mucho. Hay pronunciamientos muy significativos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y
creo que el contexto es distinto para abordar una reflexión sobre si realmente el derecho de acceso a la información pública ha de ser reconocido como un derecho fundamental. A mi juicio, de constitutione ferenda, como decimos un poco
peyorativamente los juristas, sin ninguna duda: si se cambia la Constitución, si hay una reforma constitucional, uno de los derechos que tiene que necesariamente incorporarse como derecho fundamental sería este. Incluso sin reformar la
Constitución es necesario evaluar si, como sucedió con el derecho a la protección de datos, se puede conectar con alguna de las cláusulas constitucionales. En este caso claramente tenemos el artículo 20, sobre el derecho a acceder libremente a la
información, y también el artículo 23, en cuanto a la participación directa o indirectamente en asuntos públicos, que permiten un engarce claro.


No me extiendo más, aunque lo haría encantado. Concluyo aquí esta segunda intervención.


La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias por todas las respuestas y explicaciones.


Como saben, tenemos un segundo turno de tres minutos por si alguna cuestión quedó pendiente. Realizamos con dicho procedimiento las intervenciones. El señor Mazón no va a intervenir, así que tiene la palabra el señor Espejo, de Ciudadanos,
por tres minutos.


El señor ESPEJO-SAAVEDRA CONESA: Gracias, presidenta.


Señor presidente del Consejo de transparencia, la verdad es que yo, si fuera usted, hoy estaría un poco preocupado, porque viene a esta Comisión parlamentaria, el órgano que tiene como función controlar la transparencia de las actuaciones
gubernamentales, y recibe alabanzas del Gobierno y unas críticas bastante generalizadas de la oposición. Realmente eso es un poco preocupante porque, más allá de que exista razón o no, lo que está claro es que su independencia está cuestionada por
una gran parte de esta Cámara y eso es ya preocupante. Insisto, más allá de que se tenga razón o no.


Usted ha cuestionado lo que yo decía sobre la confianza en el nombramiento del nuevo cargo. Pero ¿sabe una cosa? Esto se lo tengo que decir y se lo digo de manera seria: creo que ha utilizado usted una fea manera de escabullirse de la
pregunta. Y se lo digo porque ha dicho de una manera literal que los diputados deberíamos medir la puesta en cuestión de la profesionalidad -y ha utilizado esa palabra- e incluso le he oído decir la reputación de funcionarios. Yo, si quiere, le
reto a que lea mi intervención, que está en el Diario de Sesiones, y me diga en qué punto he puesto yo en duda la profesionalidad de la señora Montero como funcionaria del Cuerpo de Administradores Civiles del Estado, de la cual no dudo en absoluto.
Me parece una fea manera la que usted ha utilizado para escabullir la reflexión que, como usted ha reconocido, le he hecho en buen tono. Porque si fuera así, yo le podría decir a usted que está poniendo también en cuestión, cuando hace afirmaciones
sobre cómo trata a sus compañeros la señora Zambrano, el desempeño profesional de otra funcionaria. Y no lo voy a hacer porque no sería justo, pero le pido que reflexione sobre esa manera de escabullirse de esa pregunta acusando a los diputados que
tienen alguna crítica que hacer respecto de un nombramiento de estar cuestionando la profesionalidad de alguien. Porque usted como jurista debería conocer bien la diferencia entre la aptitud profesional, que no se pone en duda, y la idoneidad para
el desempeño de un cargo sobre la base de la trayectoria o la procedencia del funcionario que es designado para ello, que es a lo que yo me estaba refiriendo cuando le decía que proviene de un puesto que también es de confianza de una persona del
Gobierno cuya

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transparencia debe garantizar. Y eso es básicamente lo que le quería decir, porque no me ha parecido correcta esa aseveración por su parte, sin perjuicio de que entiendo que en la otra parte de su intervención sobre lo que es competencia de
control al Gobierno tiene razón, es así, es materia de control al Gobierno. Pero como presidente del consejo le pedía alguna reflexión respecto a si esas actuaciones, más allá de lo que se deduce del contenido de sus resoluciones, tenían algún
comentario desde un punto de vista general de la transparencia y el buen gobierno.


Nada más, porque el tiempo es muy junto. Gracias por su comparecencia.


La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias.


A continuación, el señor Honrubia tiene la palabra por un tiempo de tres minutos.


El señor HONRUBIA HURTADO: Quiero darle nuevamente las gracias. Creo que las respuestas que ha dado a las preguntas que le he planteado no han sido satisfactorias. Le pido de alguna manera nuevamente disculpas porque, como ha visto, aquí
viene y ya se le juzga de antemano no por su trabajo, sino por su pasado, y creo que no da mucha imagen de lo que representamos en esta Cámara, pero es lo que hay.


Con respecto a las afirmaciones que ha hecho, entiendo el planteamiento que hace respecto del grado de transparencia de la Casa Real. Efectivamente, si hay que hacer algún tipo de cambio para que sea más transparente, se tendrá que hacer en
esta Cámara. Es bueno que se diga, porque muchas veces, cuando se habla sobre estos temas, parece que la iniciativa para que se haga cualquier tipo de reforma que implique transparencia respecto de la Casa Real la tiene que llevar la propia Casa
Real, algo con lo que nosotros no estamos de acuerdo y que no entendemos, pero que muchas veces se ha planteado por alguno de los grupos de esta Cámara y no nos parece correcto.


También quiero agradecerle que haya sido usted bastante educado con respecto a la valoración que ha hecho de alguna de las actitudes en términos de transparencia que tienen algunos de los grupos de esta Cámara. Le diré que entiendo su
posición, pero yo, como diputado, creo que puedo ser más claro y cuando algunos grupos vienen aquí a pedir según qué explicaciones, pero luego resulta que se niegan sistemáticamente y en conjunto como grupo a cumplir con sus obligaciones de
transparencia, no parece muy buena señal.


Por nuestra parte, bienvenido y esperemos que para futuras ocasiones se le evalúe por su trabajo, que hasta ahora está siendo bueno, como ha demostrado en su intervención la portavoz del Partido Socialista, y no por otras cuestiones que nada
tengan que ver con ello.


Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias, señor Honrubia.


A continuación, tiene la palabra el señor del Valle.


El señor DEL VALLE RODRÍGUEZ: Con la venia.


En primer lugar, he terminado mi intervención anterior diciendo entorno familiar y no familia. En cualquier caso, si al compareciente le incomoda el término, retiro la palabra familiar y dejo exclusivamente su entorno. (La señora Andrés
Barea: ¿El entorno es familia nuclear o es más amplio?).


En segundo lugar, he comentado en mi intervención principalmente lo que dicen los medios de comunicación, medios de distintos signos que desde luego no perciben subvención alguna de VOX. Por ejemplo, lo de la mugre que no quita ni el Cillit
Bang no lo digo yo, lo dice un medio de comunicación que no tiene relación alguna con mi grupo parlamentario.


Quizá, derivado de que me gusta leer la prensa y los medios de comunicación también vía Internet, todo eso influye en lo que puede apreciar una persona respecto a un órgano y más cuando lo dicen mayoritariamente los medios de comunicación, y
no solo eso, porque las asociaciones protrasparencia, que no las he mencionado, están diciendo lo mismo. A usted le dicen una cosa y a los demás otra. Igual que los funcionarios del consejo posiblemente a usted le dicen otra cosa (la señora Andrés
Barea: ¡Ay, ay, ay!). Yo soy funcionario público y tengo amigos que a su vez tienen conocidos trabajando en el consejo y lo que opinan es distinto a lo que usted dice. Pero eso es así, la vida es así y hay que aceptarlo.


Una cosa que no quería dejar pasar es que en la última resolución a favor del Gobierno, en la que se ha aceptado el llamado test de daños sobre el tema de la documentación, expedientes, informes -como lo quiera llamar- que van al Consejo de
Ministros respecto al tema de la pandemia del coronavirus, se ha dado la razón al Gobierno de que no tienen por qué darlos, porque la resolución derivada de ese test

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dice que se pone en cuestión el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros. Por esa regla de tres, de lo que va al Consejo de Ministros no se nos podría facilitar nunca nada a ninguno, porque dice: no, porque como la pandemia
está todavía sin resolver y hay temas que siguen yendo al Consejo de Ministros y en unas reuniones se puede adoptar una postura y en otras otra, quedarían en duda los secretos de las deliberaciones de los Consejos de Ministros. Pues, mire, yo he
sido consejero en una comunidad autónoma y el equivalente es el Consejo de Gobierno. Cuando un consejero o un ministro llevan un tema que se retira de la reunión y vuelve a otra y se aprueba, hay dos criterios y, por esa regla de tres, en esos
casos tampoco se podría facilitar la documentación porque se cuestionaría el secreto de las deliberaciones.


Esto está siendo muy criticado por la doctrina, y usted lo sabe, y lo sabe mejor que yo, que está siendo analizado y parece que la objetividad, en este caso, sí. ¿Que a usted no le parece? ¡Claro!, porque usted es el que lo está haciendo,
pero la realidad es esa y tiene que asumirlo. Usted está en un cargo donde va a recibir críticas, pero no solo críticas, es que su actuación tiene que ser impecable por lo que usted representa.


La señora PRESIDENTA: Ya han finalizado los tres minutos.


El señor DEL VALLE RODRÍGUEZ: Como se acaba el tiempo, nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora De Luna.


La señora DE LUNA TOBARRA: Gracias, presidenta.


Señor Rodríguez, en primer lugar, quiero decirle que me ha parecido un exceso y una extralimitación que usted haya valorado, por no decir recriminado, el contenido de mi intervención, lo que tengo que decir o no en esta comparecencia, cuando
he dicho que le hacía una relación de la falta de trasparencia por parte del Gobierno y le hacía una breve enumeración de supuestos que, además, han sido estimados y amparados por el propio Consejo de transparencia. Precisamente, pongo en evidencia
delante del presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno la falta de transparencia en temas que, como digo, fueron estimados por las reclamaciones que se hicieron por parte de los ciudadanos. Por tanto, creo que se ha extralimitado.


Otra cuestión, a la que también se ha referido el representante de Ciudadanos, es que usted ha hablado de poder o, supuestamente, de triturar la reputación de funcionarios. En mi grupo tenemos un inmejorable concepto de todos los empleados
públicos, pero es que, además, si alguien ha puesto en cuestión o ha dejado alguna duda sobre la posible reputación fue usted en esta nota interna, cuando dijo que su decisión de cese de la señora Zambrano se veía reforzada por la forma en que ella
se relacionaba o cómo trataba a la plantilla, circunstancia a la que usted no ha aludido en esta comparecencia ni tampoco en la de mayo en la Comisión de calidad democrática, pero que tampoco ha desmentido.


Para finalizar, simplemente quiero decirle a la portavoz del PSOE que me ha resultado muy gracioso cuando ha dicho que durante la pandemia el Portal de Transparencia no se cerró, sino que se suspendió. Me ha recordado a la señora Montero
cuando dijo que el líder del Frente Polisario no vino con una identidad falsa, sino con otra. Debe ser la factoría Redondo, que veo que ya les va dando el argumentario en estos términos.


Nada más. Gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señora De Luna.


Finalmente, por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Andrés.


La señora ANDRÉS BAREA: La oposición no es la mayoría de esta Cámara, por eso es oposición, y tiene que hacer su labor, que es la crítica. Ahora, cuando damos un paso y entramos a utilizar a los funcionarios para criticarlos o utilizarlos,
es un problema bastante mayor; es falta de respeto y de calidad democrática. No se había hecho todavía en esta Cámara, pero se está empezando a hacer por la oposición. Porque allá donde ustedes gobiernan no lo cumplen y porque personalmente
tampoco lo cumplen.


Entre anuncio y anuncio de periódico podrían ustedes leerse una resolución. Esta resolución está publicada, no es que la saque yo, ustedes la pueden buscar. Es del Consejo Asesor Científico del ministerio, donde le decía que, en el plazo
de diez días, el Comité de transparencia debía decir el número de miembros, el procedimiento de selección, el régimen económico y que debía transmitir una copia. Pero

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si nos vamos a los titulares, le puedo leer titulares de prensa sobre los viajes de Rajoy. ¿Quiere que le lea los viajes de Rajoy y por dónde se movió en Falcon? Está publicado también en esa prensa que ha utilizado el señor Del Valle. Lo
podemos hacer si queremos entrar a esos juegos. ¿O queremos hacer política de verdad? ¿Vamos a entrar en el sistema rastrero, o vamos a hacer política de verdad? Porque ese es el problema, esa es la diferencia, eso es lo que hoy se está haciendo
aquí. En fin, no quiero extenderme más.


Muchas gracias, presidenta, por su tiempo, y muchas gracias, presidente. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias, señora Andrés.


Finalmente, para aclarar alguna cuestión que pueda quedar pendiente, tiene la palabra el señor presidente del Consejo de transparencia.


El señor PRESIDENTE DEL CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO (Rodríguez Álvarez): Muchas gracias, presidenta.


Retomando la línea de las intervenciones, en primer lugar, señor Espejo, creo -y lamento- que por ambas partes ha habido malentendidos, si tomo al pie de la letra su intervención. Tendré que volver a leer también lo que yo he dicho y lo que
usted ha dicho, pero creo que, innecesariamente, se han producido malentendidos. Si por mi parte los he generado, retiro en este mismo acto el fundamento que pueda haber. Nada más lejos de mi intención que hacer críticas o valoraciones personales
directas sobre el contenido de la intervención de los diputados, aunque tendrán que reconocer que quien se sienta de este lado está en una situación realmente de debilidad, entre otras cosas porque no gozo de la inviolabilidad para expresarme con
absoluta libertad. En todo caso, no debe de ser esto motivo para agrandar el malentendido. Si considera que todavía persiste, lo aclaramos cuando considere conveniente.


Señor Honrubia, le agradezco de nuevo sus palabras, el contenido y también el planteamiento que en ellas subyace, porque creo que es constructivo y sensato. Y en un alarde de sinceridad también ha reconocido cuáles son mis limitaciones en
esta intervención; es una cosa que también creo que tengo que agradecer.


Señor Del Valle, le reitero lo mismo que ya le he dicho: podemos, cuando usted quiera, hablar de esta resolución o de cualquier otra, pero el consejo no está haciendo una interpretación restrictiva del acceso a la información del Consejo de
Ministros. Todo lo contrario; todo lo contrario. Hay abundantísimas resoluciones en la que se estima la solicitud de acceso a actas y a documentación, siempre y cuando se respeten los límites legalmente establecidos. Pero como hablar de esto así
en abstracto solo lleva a equívocos, reitero que lo podemos hablar directamente sobre resoluciones concretas.


Señora De Luna, le reitero también mi disposición a tratar sobre estos temas cuando considere. Lo lamento porque, desde luego, no era mi intención, pero veo que estamos en un clima en el que no se puede hacer abstracción y en mis palabras
no hay ningún reproche a su intervención; ninguno. Simplemente le he dicho que sobre esa parte no me voy a pronunciar porque no forma parte de mi ámbito de funciones, pero nada más.


En cuanto a la objetividad y la independencia, lo he dicho la primera vez y lo vuelvo a decir: estoy dispuesto a aceptar todas las críticas que estén fundadas. Y vamos a seguir dialogando, pero les insisto en que yo no me siento cómodo en
el terreno de las conjeturas, de las especulaciones, de los grandes titulares, y quiero trabajar sobre hechos y sobre cuestiones concretas. Ya les he dicho: analicen las resoluciones. Si analizan las resoluciones, verán que desde mi nombramiento
-llevo siete meses y nueve días en el ejercicio del cargo- he dictado, entre otras, algunas que no sé por qué se atribuyen a etapas anteriores, porque la del acceso al comité de expertos de Sanidad es una resolución que lleva mi firma. Pero, como
les decía, en este periodo, en relación con la Administración General del Estado, se han resuelto en total y he firmado 586, de las cuales 311 son estimatorias y solo 171 son desestimatorias. Luego hay 83 inadmisiones, 23 archivadas y un caso de
suspensión. Sobre esto podemos hablar y seguiremos hablando cuando quieran. ¿Que dentro de estas hay algunas en las que se hayan cometido errores? Seguro, porque es inevitable. Por mucho cuidado que pongamos en analizar cada una individualmente,
los problemas de personal y la presión temporal con la que tienen que estar trabajando los funcionarios hace que haya veces en que se escapen cosas, incluso se escapa algún dato que pueda ser relevante para la decisión final. Pero se hace con la
máxima transparencia porque están todas publicadas íntegramente. Además, con un retraso máximo de un mes, que es el tiempo que necesitamos para analizarlas. A partir de ahí, están sometidas al escrutinio de sus señorías y de cualquier estudioso,
analista o crítico que quiera valorarlas, enjuiciarlas y pronunciarse sobre ellas.

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Les agradezco la paciencia que han tenido con mi larga intervención -me excuso por ello- y les reitero que mi capacidad para combatir prejuicios es muy limitada. La única que conozco es que trabajemos sobre hechos. Ahí siempre me
encontrarán.


Muchas gracias de nuevo.


La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias, don José Luis. Como esta es su Comisión de referencia, no será la última comparecencia.


El señor PRESIDENTE DEL CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO (Rodríguez Álvarez): Espero que no. Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Iremos mejorando en el rodaje mutuamente. Muchísimas gracias.


Se levanta la sesión.


Eran las seis y treinta y cinco minutos de la tarde.