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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 413, de 26/05/2021
cve: DSCD-14-CO-413
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2021 XIV LEGISLATURA Núm. 413
EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. SERGIO GUTIÉRREZ PRIETO
Sesión núm. 14
celebrada el miércoles,
26 de mayo de 2021
ORDEN DEL DÍA:
Comparecencia de la señora ministra de Educación y Formación Profesional (Celaá Diéguez):
- A petición propia, para explicar las actuaciones a realizar en el ámbito de la Formación Profesional. (Número de expediente 214/000115) ... (Página2)
- Para dar cuenta de las medidas que va a poner en marcha su departamento para garantizar la libertad de los padres para elegir el tipo de educación que quieren que reciban sus hijos, dentro del marco de la Constitución. A petición del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 213/000104) ... (Página2)
- Para informar sobre las actuaciones de la Alta Inspección Educativa con ocasión de las denuncias y recursos formulados ante la misma por supuestos incumplimientos del derecho a recibir la enseñanza en castellano en aquellos territorios con
más de una lengua cooficial. A petición del Grupo Parlamentario VOX. (Número de expediente 213/000560) ... (Página2)
- Para explicar los criterios adoptados por su ministerio para determinar cuándo los alumnos pueden obtener los títulos de la ESO, de Bachillerato y de Formación Profesional. A petición del Grupo Parlamentario VOX. (Número de expediente
213/000686) ... (Página2)
- Para explicar las actuaciones previstas por su departamento para garantizar el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que establece la obligación de impartir al menos el 25 % de las clases en castellano
en los
centros educativos de la comunidad autónoma. A petición del Grupo Parlamentario Ciudadanos. (Número de expediente 213/000750) ... (Página2)
- Para informar de las actuaciones que va a llevar a cabo el Gobierno para garantizar la defensa y el cumplimiento del fallo de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por la que se obliga a la Generalitat a impartir al
menos un 25 % de enseñanza en castellano en el sistema educativo. A petición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 213/000757) ... (Página2)
- Para informar sobre el calendario, los agentes y los criterios objetivos de reparto entre las diferentes comunidades autónomas respecto a los recursos procedentes de la Unión Europea destinados a educación. A petición del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 213/000867) ... (Página2)
- Para informar de la actuación de la Alta Inspección Educativa para velar por el cumplimiento de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de sus derechos lingüísticos. A petición del Grupo
Parlamentario VOX. (Número de expediente 213/000898) ... (Página2)
- Para informar si la propuesta del ministerio sobre el desarrollo curricular para la elaboración de las enseñanzas mínimas garantiza una educación de calidad y la igualdad de oportunidades de los alumnos. A petición del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso. (Número de expediente 213/000981) ... (Página2)
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
El señor PRESIDENTE: Buenas tardes.
Comenzamos esta sesión de la Comisión de Educación y Formación Profesional dando, en primer lugar, las buenas tardes a todos los compañeros y compañeras diputadas que se encuentran en la sala y especialmente la bienvenida a nuestra querida
ministra de Educación y Formación Profesional, que comparecerá a petición propia y también para cumplir las peticiones de otros grupos parlamentarios para tratar las siguientes cuestiones. Para explicar las actuaciones a realizar en el ámbito de la
formación profesional, a petición propia. Para dar cuenta de las medidas que va a poner en marcha su departamento para garantizar la libertad de los padres para elegir el tipo de educación que quieren que reciban sus hijos, dentro del marco de la
Constitución, del Grupo Popular. Para informar sobre las actuaciones de la Alta Inspección educativa con ocasión de las denuncias y recursos formulados ante la misma por supuestos incumplimientos del derecho a recibir la enseñanza en castellano,
del Grupo Parlamentario VOX. Para explicar los criterios adoptados por su ministerio para determinar cuándo los alumnos pueden obtener los títulos de la ESO, de Bachillerato y de Formación Profesional, también de VOX. Para explicar las actuaciones
previstas por su departamento para garantizar el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que establece la obligación de impartir al menos el 25 % de las clases en castellano en los centros educativos de la
comunidad autónoma, de Ciudadanos. Para informar de las actuaciones que va a llevar a cabo el Gobierno para garantizar la defensa y el cumplimiento del fallo de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, por la que se obliga a la
Generalitat a impartir al menos un 25 % de enseñanza en castellano en el sistema educativo, del Grupo Parlamentario Popular. Para informar sobre el calendario, los agentes y los criterios objetivos de reparto entre las diferentes comunidades
autónomas respecto a los recursos procedentes de la Unión Europea destinados a educación, del Grupo Parlamentario Popular. Para informar de la actuación de la Alta Inspección educativa para velar por el cumplimiento de las condiciones básicas que
garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de sus derechos lingüísticos, del Grupo Parlamentario VOX. Y para informar si la propuesta del ministerio sobre el desarrollo curricular para la elaboración de las enseñanzas mínimas
garantiza una educación de calidad y la igualdad de oportunidades de los alumnos, del Grupo Parlamentario Popular.
Por acuerdo de Mesa y portavoces del 12 de mayo, todas las comparecencias se celebrarán acumuladamente, interviniendo, en primer lugar, la ministra sin tiempo limitado y después los grupos parlamentarios, de menor a mayor, por un tiempo de
diez minutos. Tiene, pues, la palabra, para hacerse cargo de este extenso orden del día nuestra ministra, la ministra de Educación y Formación Profesional, doña Isabel Celaá.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez): Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias, señorías, por estar aquí. Me alegro de volverles a ver. Comparezco en esta ocasión a petición propia para compartir con ustedes las actuaciones que el Ministerio de Educación y Formación Profesional está llevando a cabo en
el proceso de modernización e impulso del Sistema Integrado de Formación Profesional, pero antes de abordar la explicación de las líneas maestras, y tal y como ha dicho el presidente de la Comisión, me dispongo a dar respuesta a las cuestiones
planteadas en varias peticiones de comparecencia presentadas por diversos grupos parlamentarios y agrupadas en esta sesión. Comienzo, por tanto, respondiendo a las cuestiones planteadas por sus señorías.
En relación con el punto del orden del día en el que se me pregunta sobre las medidas que vamos a poner en marcha para garantizar la libertad de los padres para elegir el tipo de educación que quieren que reciban sus hijos e hijas, debo
comenzar afirmando con rotundidad que tanto el pluralismo educativo como la libertad de elección están plenamente garantizados tras la aprobación de la Lomloe. En efecto, ya en su exposición de motivos se señala que en la admisión del alumnado en
centros públicos y privados concertados las administraciones públicas garantizarán el derecho a la educación, el acceso en condiciones de igualdad y no discriminación y la libertad de elección de centro por padres, madres o tutores legales.
Asimismo, velarán para evitar la segregación del alumnado por razones socioeconómicas o de otra naturaleza. La libertad de enseñanza, que reconoce expresamente el derecho a elegir el tipo de educación y el centro, se incluye de manera inequívoca
entre los principios del sistema educativo español, en el artículo 1,q) de la ley consolidada. Otro tanto sucede en lo que respecta a la admisión de alumnos, mencionándose nuevamente la libertad de elección de centro en el artículo 84.1 y en otro
artículo más, en este caso el 109.2, se vuelve a insistir en la libertad de elección de padres, madres y representantes legales del alumnado. Así pues, la legislación que este Gobierno ha promovido y sus señorías han aprobado reconoce expresa y
adecuadamente dicha libertad. Además, puedo afirmar que estas disposiciones de la ley están perfectamente alineadas con la doctrina del Tribunal Constitucional sostenida en más de treinta sentencias, como he tenido ocasión de señalar en numerosas
comparecencias parlamentarias en el hemiciclo, al igual que en esta Comisión. Como no puede ser de otro modo, todas las actuaciones que este ministerio lleve a cabo respetarán dicho mandato legislativo. Tienen sus señorías, en consecuencia,
cumplida constancia de la garantía legal que existe respecto a la libertad de elección de centro educativo. En absoluto está en riesgo ni la libertad de enseñanza ni la de los padres, madres y representantes legales del alumnado para elegir el tipo
de educación que deseen para sus hijos. En cualquier caso, no quiero dejar de recordar el papel central que, en aplicación de la ley, corresponde a las administraciones autonómicas, que deben actuar como garantes en la regulación del proceso de
admisión del alumnado en centros sostenidos con fondos públicos, siguiendo lo dispuesto en la ley vigente. Además, habrán de tener en cuenta los derechos y libertades y la elección de los interesados en la programación de la oferta existente de
centros públicos y la autorizada en los centros privados concertados.
En relación con las actuaciones del Consejo Escolar del Estado en la crisis sanitaria y la postura del Gobierno ante la propuesta de creación de un certificado que sustituya al título de la ESO, quiero señalar con carácter previo que el
consejo, en el que está representada toda la comunidad educativa, es una entidad que tiene un funcionamiento autónomo. Realiza aportaciones muy valiosas que siempre escuchamos con atención; alguna de esa información proviene de informes que
resultan prescriptivos y otra de informes que no tienen ese carácter. En todo caso, la información de la que dispone el ministerio es la que facilita el propio consejo. Según esa información, y sin ánimo de exhaustividad, puedo responderles que la
comisión permanente del consejo ha realizado diferentes propuestas durante el último año ante la situación creada por la pandemia en el ámbito educativo. A modo de síntesis, el 20 de marzo de 2020 formuló siete propuestas de carácter general; el 7
de abril propuso veintitrés recomendaciones sobre la reanudación de clases, el acceso a la universidad, los ciclos formativos o la educación especial, que también las administraciones educativas tuvieron en cuenta; el 16 de junio elaboró treinta y
una propuestas para este curso, considerando diferentes escenarios y modalidades de enseñanza; asimismo,
en enero de 2021 publicó el estudio 'Situación actual de la educación en España a consecuencia de la pandemia'. Como pueden ver sus señorías, el Consejo Escolar del Estado ha desplegado una actividad intensa de apoyo al sistema educativo en
las circunstancias de pandemia que quiero agradecerle.
En respuesta a la segunda cuestión que me plantean dentro de este bloque, relativa a las titulaciones y certificaciones al final de la escolarización obligatoria, el consejo publicó en octubre pasado un estudio comparativo denominado 'El
éxito en la educación primaria y secundaria', cuya elaboración se inició meses antes del inicio de la pandemia a iniciativa del entonces presidente Enrique Roca. En él se analizan las circunstancias que explican en buena medida el éxito educativo
de los países que se estudian. El documento analiza los distintos procedimientos utilizados en dichos países para certificar la finalización de los estudios obligatorios y orientar al alumnado para el acceso a niveles posteriores. El estudio
expone la conveniencia de poner en marcha las medidas necesarias para conseguir que todo el alumnado pueda alcanzar la titulación de la ESO y tenga un futuro formativo en las diferentes opciones de la educación postobligatoria. Si leen con atención
el informe verán que en ningún momento propone sustituir el título de graduado en ESO por un certificado; lo que realmente propone es otorgar a ese título el carácter de una certificación para todos los alumnos y alumnas, que incluya sus
respectivas cualificaciones y habilite así el acceso a diferentes vías formativas, con el objetivo de hacer posible el éxito escolar de todo el alumnado.
De acuerdo con esa sugerencia, la Lomloe estableció en el artículo 31.1 de la ley consolidada que todos los alumnos y alumnas -todos- recibirán al concluir su escolarización en la Educación Secundaria Obligatoria una certificación oficial en
la que constará el número de años cursados y el nivel de adquisición de las competencias de la etapa, certificación que será tenida en cuenta en los procesos de acreditación y para la continuación del aprendizaje a lo largo de la vida. Es una buena
decisión que me alegro que sus señorías incluyesen en el texto legal.
Respondo a continuación a la cuestión que ustedes me formulan sobre las actuaciones llevadas a cabo por la Alta Inspección educativa en relación con el derecho a recibir la enseñanza en castellano en aquellos territorios con más de una
lengua cooficial y sobre el cumplimiento de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de sus derechos lingüísticos. Debo comenzar, señorías, diciendo que la normativa que estaba vigente cuando
llegamos al Gobierno resolvía mal el anclaje entre lenguas oficiales y cooficiales en el sistema educativo. La prueba es que pasó por diferentes tribunales e incluso recibió alguna sentencia contraria. Confiamos en que la nueva regulación que
aprobaron sus señorías hace unos meses ponga más sentido en esta cuestión.
Señorías, el derecho a recibir enseñanza en ambas lenguas cooficiales en las comunidades con régimen de cooficialidad lingüística ha quedado garantizado en la redacción que da la Lomloe a la disposición adicional trigésima octava, como a
menudo he reiterado. A tal efecto, el artículo primero dispone que 'las Administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos y las alumnas a recibir enseñanzas en castellano y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos
territorios, de conformidad con la Constitución Española, los Estatutos de Autonomía y la normativa aplicable'. Pero la ley dice más -y sigo leyendo textualmente-: 'Al finalizar la educación básica, todos los alumnos y alumnas deberán alcanzar el
dominio pleno y equivalente en la lengua castellana y, en su caso, en la lengua cooficial correspondiente'. Pero no solo eso, señoras y señores diputados, la ley establece que 'las Administraciones educativas aplicarán los instrumentos de control,
evaluación y mejora propios del sistema educativo [...] e impulsarán la adopción por parte de los centros de las medidas necesarias para compensar las carencias que pudieran existir en cualquiera de las lenguas'.
Dicho esto, quiero dejar claro que la Alta Inspección tiene reconocida la función estatal de vigilancia normativa, sin que ello suponga el desarrollo de una facultad de control directo. Es decir, en el supuesto de que detecte algún presunto
incumplimiento de normativa básica por parte de las administraciones autonómicas puede instar la modificación de la norma observada y, en su caso, proponer la adopción de las medidas de corrección establecidas en la normativa vigente a través de los
órganos constitucionalmente establecidos. Vigilancia normativa, señorías. Los conflictos jurídicos que pudieran presentarse entre administraciones se dirimen de acuerdo a los procedimientos legalmente establecidos. La Alta Inspección solo alerta
de la posibilidad de iniciar esos procedimientos, siendo en último término los tribunales de Justicia los únicos que pueden determinar si se han producido o no vulneraciones y sus efectos en la normativa. Por tanto, no puede llevar a cabo -la Alta
Inspección- medidas ejecutivas y/o sancionadoras sobre lo que ocurre en los centros educativos. En consecuencia, la Alta Inspección no recibe denuncias propiamente dichas sino información, hechos puestos en conocimiento del ministerio, que
tramitaría por las vías legalmente previstas para su posible atención por la Administración educativa competente. Y es
así como viene siendo y como continuará actuando, en el respeto a las competencias respectivas en materia de educación, tanto en materia de la enseñanza de las lenguas cooficiales como en cualquier otra que se plantee. En todo caso, y según
la información facilitada por las altas inspecciones de las comunidades con lengua cooficial, en este año no se ha recibido ninguna comunicación o recurso sobre la enseñanza en castellano. Los últimos escritos, del año pasado, fueron respondidos a
los interesados y en ninguno de esos casos resultó necesario iniciar ninguna actuación adicional.
En relación con la cuestión planteada acerca de los criterios adoptados por el ministerio para determinar cuándo los alumnos pueden obtener los títulos de Enseñanza Secundaria Obligatoria, de Bachillerato y de Formación Profesional entiendo,
dada la fecha de la solicitud, que hace referencia al Real Decreto-ley 31/2020 de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la educación no universitaria. Este real decreto-ley propuso medidas que se debatieron con
las comunidades autónomas en la Conferencia Sectorial de Educación celebrada el 24 de septiembre. Con esa norma se dio respuesta a las circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia adoptando medidas de adecuación y flexibilización de la
normativa vigente, manteniendo el funcionamiento del servicio público de la educación. El real decreto-ley resolvió necesidades que no podían esperar por la situación extraordinaria y la urgente necesidad que concurrían en aquel momento. Esas
medidas iban encaminadas a asegurar la continuidad de la actividad lectiva, el ajuste de las programaciones y la adaptación de los mecanismos de evaluación, promoción y titulación para posibilitar un buen desarrollo del curso. Se trata de medidas
transitorias pero que aseguran los niveles comunes de exigencia y la calidad de los títulos académicos. Las administraciones educativas y los centros educativos han trabajado con los equipos docentes y han sido, son y serán los equipos docentes los
que a final de curso valorarán de manera global y colegiada, no aislada -y esto es lo relevante por su valor añadido en términos de más garantía y mejor criterio-, si se han alcanzado los objetivos de cada etapa. La decisión de titulación se
adoptará garantizando la adquisición de los objetivos generales de la etapa -lo reitero-, de manera que el alumno o la alumna pueda continuar su itinerario académico. La mejor respuesta, señorías, no es la homogeneización, sino la adaptación a cada
necesidad o circunstancia. Y permítanme que les manifieste mi satisfacción por el hecho de que si bien algunas autoridades autonómicas, cuatro en concreto, mostraron su disconformidad desde el plano teórico con algunas medidas incluidas en esta y
en otras normas anteriores, todas las administraciones educativas -repito, todas las administraciones educativas- han terminado actuando de un modo similar, lo que pone en evidencia el acierto de las medidas propuestas.
En relación con las dos cuestiones relativas al cumplimiento de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que establece la obligación de impartir al menos un 25 % de las clases en castellano en centros educativos de esa
comunidad autónoma, quiero señalar, en primer lugar, que esa sentencia deriva de la anterior del Tribunal Supremo de 28 de abril, que estableció un porcentaje en el uso de la lengua castellana, en concreto el 25 %. Con la nueva redacción dada a la
Lomloe se garantiza -como les he dicho anteriormente- el derecho a recibir enseñanza en castellano y, en su caso, en la lengua cooficial. La ley destaca la obligación por parte de administraciones y centros de asegurar que el alumnado adquiera
altos niveles de competencia en las lenguas oficiales según dónde resida. Además, las sentencias mencionadas establecen, como hemos reiterado desde el ministerio, que la formulación de la disposición adicional 38 de la Lomloe recoge la doctrina del
Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, por lo que el estatus del castellano, su carácter de lengua vehicular en el sistema educativo deriva directamente de la Constitución española, a la que se remite expresamente la ley aprobada por sus
señorías en diciembre. Dada la formulación de la cuestión que me plantean, una vez más tengo que aclarar -como señalaba anteriormente- que la Alta Inspección de Educación no puede adoptar medidas ejecutivas y/o sancionadoras, pues serían
inconstitucionales por invadir competencias autonómicas. Corresponde a la Inspección educativa de cada administración autonómica velar por el cumplimiento de las leyes, reglamentos y demás disposiciones, así como supervisar el funcionamiento de los
centros educativos, la práctica docente y la función directiva y, si procede sanción -leo textualmente la sentencia-, habrán de ser en todo caso los órganos competentes de la comunidad y no las autoridades del Estado. En consecuencia, los
tribunales de Justicia son los únicos órganos competentes para determinar un posible incumplimiento de sus sentencias e instar a su cumplimiento. Y por lo que respecta a la sentencia a la que se refieren, quiero recordarles que no tiene todavía
carácter firme al haber sido recurrida en casación al Tribunal Supremo por la Generalitat de Cataluña; dejemos que los tribunales actúen en uso de sus atribuciones, entre las cuales están las relativas al cumplimiento de sus sentencias.
Respondo a continuación a la cuestión que me plantean acerca del calendario, los agentes y los criterios objetivos de reparto de los recursos destinados a educación procedentes de la Unión Europea. Quiero señalar que los nuevos instrumentos
comunitarios de financiación, los denominados Next Generation European Union, son el mayor paquete de estímulo jamás financiado a través del presupuesto de la Unión Europea; un gigantesco esfuerzo concebido para impulsar la recuperación y
contrarrestar el impacto de la pandemia sobre la inversión y la actividad económica, 750 000 millones de euros que se unen al más de un billón de euros del marco financiero plurianual. Está previsto que España reciba hasta 140 000 millones de euros
en transferencias y créditos en el periodo 2021-2026, que se unirán al resto de instrumentos previstos en el marco financiero plurianual. Como ya se ha anunciado, tres de los treinta componentes del plan se dedican a educación y conocimiento,
formación continua y desarrollo de capacidades. El componente 19 asciende a 3593 millones de euros, y nuestro ministerio gestionará en dicho componente 1496 millones de euros para la transformación digital de la educación. El componente 20,
exclusivamente del Ministerio de Educación y Formación Profesional, Plan Estratégico de Impulso de la Formación Profesional, gestionará 2076 millones de euros en el periodo 2021-2023. Y el componente 21, modernización con equidad y digitalización
del sistema educativo, incluirá la educación temprana de 0 a 3 años y recibirá 1648 millones de euros en el periodo 2021-2023, de los que este ministerio gestionará 1115 millones de euros. En conjunto, como pueden ver, al Ministerio de Educación y
Formación Profesional le corresponderán 4687 millones de euros. En todo caso, esa concreción todavía está en el último tramo de conciliación con las autoridades europeas. Esta planificación y ejecución de las inversiones se llevará a cabo
fundamentalmente mediante programas de cooperación territorial, como sus señorías conocen. Para ello llevamos meses trabajando con las comunidades autónomas en los criterios de reparto y distribución y ejecución para este año, que ya se han
debatido en los órganos correspondientes de cooperación alcanzándose acuerdos acerca de los mismos. Además, como ustedes saben, serán aprobados por el Consejo de Ministros y la conferencia sectorial correspondiente de educación o de empleo.
Respondo ya a la última cuestión planteada por sus señorías. A la pregunta de si el nuevo currículo en el que ya trabajamos en la actualidad garantiza la educación de calidad y la igualdad de oportunidades, la respuesta es afirmativa,
señorías; el desarrollo curricular para la elaboración de las enseñanzas mínimas las garantiza plenamente. Como saben, la Lomloe establece el marco para el desarrollo de un currículo competencial. La nueva redacción dada al artículo 4.4 define un
doble objetivo para los alumnos y las alumnas que cursan la educación obligatoria. Por un lado, debe procurar los conocimientos y competencias indispensables para su desarrollo personal: resolver situaciones, problemas complejos de los distintos
ámbitos de la vida y crear nuevas oportunidades de mejora. Y, por otro lado, debe desarrollar su socialización, lograr la continuidad de su itinerario formativo e insertarse y participar activamente en la sociedad en la que vivirán y en el cuidado
del entorno natural y del planeta.
En consonancia con ese doble objetivo el nuevo modelo curricular está orientado hacia un enfoque competencial, cuya estructura refuerza la integración de las competencias clave planteadas en la Recomendación del Consejo de la Unión Europea
de 22 de mayo de 2018 y las áreas y materias curriculares, es decir, conectamos con el currículum europeo. Esa integración hace que los contenidos aportados por las distintas áreas y materias se conviertan en la referencia necesaria para cada una
de las dimensiones competenciales: conocimientos, destrezas y aptitudes. Además, esta estructura reduce la complejidad de modelos anteriores y representa una síntesis más inclusiva, mejor integrada entre competencias y contenidos. Por ello,
además de los currículos de las diferentes áreas o materias que conforman la educación básica, se está elaborando ya un perfil de salida del alumno que identifique las competencias clave que todo el alumnado sin excepción debe haber adquirido y
desarrollado al término de la educación básica. Es obviamente un perfil de salida que cohesiona las competencias clave y las competencias específicas de cada una de las áreas o materias, y efectivamente las conecta con un afrontamiento de las
necesidades del siglo XXI. En definitiva, el nuevo currículo está elaborándose desde un enfoque que asegura un aprendizaje por competencias, haciendo que estas sean las que vertebren los contenidos, y no al contrario.
El Gobierno fija los objetivos, competencias, saberes y aptitudes de evaluación de los contenidos, de los aspectos básicos del currículo. Las enseñanzas mínimas, como ustedes bien conocen, señorías, son los elementos curriculares que define
el ministerio, que luego han de conformarse también con las enseñanzas que elaboren las respectivas comunidades autónomas y en último término los centros educativos. Conscientes de la importancia de la participación, el Ministerio de Educación y
Formación Profesional está impulsando desde hace meses un debate constructivo y plural en torno a esta reforma
del currículum. A tal efecto, estamos llevando a cabo actos y jornadas para promover el debate de la comunidad educativa y del mundo académico. En ellas están participando expertos, profesores de todos los niveles y directores de centros
de todos los territorios, responsables políticos y de organismos internacionales y miembros de colectivos representativos del sector. Por último, debo indicarles que el desarrollo de la propuesta curricular se está trabajando con todas las
administraciones autonómicas, como ustedes bien conocen, en un enfoque colaborativo que augura muy buenos resultados; en él están participando, como les acabo de mencionar, especialistas del Ministerio de Educación y Formación Profesional y casi
cien docentes de todas las etapas, especialidades y territorios. Como en el caso de la Ley de formación profesional -a la que me voy a referir ahora mismo-, contamos con su participación y sus propuestas.
En consecuencia, finalizo la primera parte y paso a continuación a presentarles los planes de reforma y transformación de la formación profesional, para la que he pedido comparecer a petición propia. Por tanto, señorías, paso a esta segunda
parte, en la que voy a informarles de las actuaciones que el Ministerio de Educación y Formación Profesional está llevando a cabo en el proceso de modernización e impulso del Sistema Integrado de Formación Profesional. Como saben, el ministerio que
dirijo asumió hace casi año y medio las competencias en materia de formación profesional para el empleo vinculadas al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales; competencias que se suman a las relativas a la formación profesional del
sistema educativo. De esta manera toda la formación profesional que puede acreditarse formalmente en nuestro país se encuentra bajo la responsabilidad de un único ministerio, como paso previo y necesario para desarrollar un nuevo modelo de
formación profesional.
Concebimos, señorías, la formación profesional como un pilar básico del proceso educativo y formativo de las personas. Es un modelo capaz de brindar oportunidades de aprendizaje en todas las etapas de la vida, así como de facilitar el
acceso a un empleo de calidad. El modelo ha de ser necesariamente integrador, ha de ser un modelo integrado, es decir, que supere la separación entre la formación profesional inicial y la formación profesional para el empleo. La primera venía
estando tradicionalmente asociada al sistema educativo, con los jóvenes que finalizaban las etapas educativas en Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato como colectivo prioritario. La segunda ha sido la destinada a la cualificación y la
recualificación de la población activa, sean trabajadores ocupados o personas en búsqueda de empleo. España se sitúa entre los países de la Unión Europea que están implementando un modelo de formación profesional basado en el aprendizaje a lo largo
de la vida, lo que abre importantes oportunidades a los ciudadanos, destinatarios finales de la gestión y de las políticas públicas. Estamos trabajando en una formación profesional sin apellidos, una formación profesional al servicio de la
ciudadanía.
La decisión de abordar un cambio tan colosal en el modelo de formación profesional obedece a un análisis profundo y reflexivo de la situación y de los resultados del modelo vigente en los últimos años. Como saben, la base de nuestro
ordenamiento en materia de formación profesional, la Ley Orgánica 5/2002, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, que tuvo como referente europeo la Declaración de Copenhague de 2002, creó un sistema ligado al Sistema Nacional de
Cualificaciones Profesionales que supuso un indudable avance, pero los dos sistemas creados desde entonces, la FP del sistema educativo con sus correspondientes ciclos formativos y la formación profesional para el empleo a través de certificados de
profesionalidad, no nos sirven hoy para dar una respuesta eficaz, tras veinte años de esa ley, a las necesidades y al modelo que la nueva economía, la cuarta revolución industrial, requiere. Estamos llevando a cabo una verdadera revolución de la
formación profesional. Estamos construyendo un modelo reconocido y reconocible que sirva para afrontar con éxito los retos estructurales de nuestro país, que quiero resumir en estos datos que nos invitan a la reflexión y la acción.
Primero, el 48 % de la población activa, es decir, 11 millones de personas según la última encuesta de población activa, señorías, no dispone de un título de formación profesional y no tiene reconocidas formalmente sus competencias
profesionales.
Segundo, según los datos del Cedefop el 50 % de las oportunidades de empleo en la segunda mitad de la década 2020-2030 estará reservado -esta es una información muy relevante- a personas con cualificación intermedia, es decir, a técnicos de
grado medio y a técnicos superiores. En la actualidad solo el 24 % de la población activa cuenta con ese nivel de cualificación. Paralelamente tenemos a un 35 % de nuestra población activa con bajos niveles de cualificación, cuando el mercado
laboral no va a ofrecer más del 14 % de los empleos para este nivel de formación.
Tercero, la tasa de jóvenes matriculados en enseñanzas de formación profesional es del 12 % frente al 25 % de la OCDE y al 29 % de la Unión Europea. Entre las causas de esta diferencia, señorías, cabe
citar tanto el desconocimiento de la importancia real de la formación profesional en los nuevos entornos laborales como esa imagen desenfocada que arrastramos desde hace años y en cuya erradicación trabajamos mano a mano con las empresas,
con las comunidades autónomas y con los profesionales de primer nivel, entidades de todo tipo están trabajando junto al ministerio.
Señorías, la formación profesional es desde hace tiempo un itinerario de primera en los países más avanzados de nuestro entorno, donde se valora de manera creciente la formación de las personas tituladas en estas enseñanzas. Nuestras
grandes y medianas empresas son conocedoras ya de las oportunidades que supone contar con titulados de formación profesional. La alianza por la formación profesional que presentamos el pasado lunes y que contó con la presencia del presidente del
Consejo Económico y Social, los presidentes de la CEOE y Cepyme y los secretarios generales de la Unión General de Trabajadores y Comisiones Obreras es la mejor expresión del compromiso de los agentes sociales con la transformación de la formación
profesional que lidera el ministerio, una alianza que se configura como una verdadera estrategia de país y que se fundamenta en la capacidad de anticipación para saber qué se necesita en el sistema productivo español y en la voluntad de permanencia.
Añado dos retos estructurales más. Según los datos de la EPA del primer trimestre de este año, la tasa de actividad se sitúa en el entorno del 55 % para ciudadanos con formación general, mientras que se eleva a un 75 % para ciudadanos que
tienen estudios de formación profesional o universitaria. El último dato que les ofrezco ahora es que, en el ámbito de la formación de la población activa, el Foro Económico Mundial sitúa a nuestro país en el puesto 61. España se mueve en un
volumen de formación de diecisiete horas por trabajador y año; en Alemania, cincuenta horas por trabajador y año. A la vista de esta situación, el Gobierno está actuando de forma decidida para llevar a cabo una gran transformación de la educación
y la formación profesional. Estamos trabajando en un sistema que forme, acompañe y oriente en el momento de adoptar decisiones, tanto en el ámbito de la formación como en el del empleo, desde antes de terminar la escolarización obligatoria y
durante toda la vida laboral. Esa orientación permite que la toma de decisiones se adecue a las expectativas y circunstancias de cada persona, reduciendo notablemente el abandono de los estudios. Trabajamos para consolidar un sistema dual,
flexible, potente, reconocible, capitalizable y de calidad que forme a los mandos intermedios y técnicos cualificados y mantenga permanentemente actualizados a los trabajadores y trabajadoras para asegurar empleo de calidad y competitividad a
nuestra economía. La educación y la formación son los principales factores de desarrollo económico. Por esta razón el Gobierno las ha situado entre las prioridades de la presente legislatura.
Veamos las líneas de trabajo que venimos desarrollando ya en el ámbito de la formación profesional, el fuerte impulso modernizador e inversor. La primera de carácter plenamente transformador ha sido la aprobación y puesta en marcha en 2018
del primer Plan Estratégico de Formación Profesional del Sistema Educativo 2019-2022, un plan reforzado por el compromiso y la corresponsabilidad de los interlocutores sociales. La segunda línea es el Plan de Modernización de la Formación
Profesional presentado por el presidente del Gobierno, el 23 de julio de 2020, que supone la continuidad y mejora de las actuaciones previstas en el primer Plan Estratégico de Formación Profesional y que tiene entre sus principios vertebradores la
colaboración público-privada, y singularmente la participación de las empresas en la definición de perfiles de competencia y establecimiento de programas formativos.
El plan ha funcionado a pleno rendimiento, en todas sus líneas, desde el año pasado. En 2020 invertimos 316 millones de euros adicionales a las inversiones corrientes ya previstas por el ministerio en materia de formación profesional, que
han ido al incremento de la oferta en relación con la que venían haciendo las comunidades autónomas. En concreto se han creado ya 60 000 nuevas plazas de FP de las 200 000 previstas hasta 2023 y se han flexibilizado los procedimientos de
acreditación de competencias laborales que nos van a permitir acreditar este curso, es decir, hasta final de año, la competencia de 500 000 trabajadores y trabajadoras.
Además, el Ministerio de Educación y Formación Profesional ha actualizado ya más de un 60 % de las cualificaciones profesionales y ha creado 63 nuevas, diseñando 10 nuevas titulaciones y 15 cursos de especialización dirigidos a titulados de
grado medio y superior de formación profesional. Estos cursos de especialización, que no venían existiendo ni ofertándose hasta ahora, están vinculados a sectores emergentes con alta empleabilidad. Se trata de una oferta formativa de alrededor de
seis meses y para su diseño se ha contado con la colaboración de empresas punteras de cada sector.
El Mecanismo Europeo de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el plan España Puede, dedica el componente 20, como antes les he dicho, a las reformas e inversiones previstas en el plan de modernización, elevando su nivel de ambición y
dotando presupuestariamente, comprometiéndose
con 2075 millones de euros para el periodo 2021-2023. A continuación señalo brevemente algunas de las líneas de actuación e inversión que están en marcha, son verificables, todas ellas funcionando. Primero, la acreditación de competencias
profesionales, que llegará a más de tres millones de ciudadanos. Segundo, el aumento de 200 000 plazas en la oferta de formación profesional en el sistema educativo. Tercero, la creación de tres mil aulas Mentor en zonas rurales. Cuarto, el
impulso a los proyectos de innovación y transferencia del conocimiento entre centros educativos, empresas y entidades. Quinto, creación de aulas tecnológicas y aulas de emprendimiento en los centros educativos. Sexto, internacionalización -esta es
una cuestión relevante- de los ciclos formativos mediante la transformación del 10 % del total en oferta bilingüe -es decir, incorporando una lengua europea, una lengua extranjera, bien inglés, francés o alemán- y, por último, el compromiso de
renovación permanente del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, títulos de formación profesional, cursos de especialización y otras ofertas formativas.
En el ámbito de la formación profesional para el empleo también hemos avanzado enormemente. Recuerden que es nuestra responsabilidad. Este ministerio ha pasado a ser el competente en la formación profesional para el empleo de carácter
estructural, es decir, la que está ligada al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, y sirve por tanto para construir la formación acreditable. Es una formación de calado, estructurada formalmente y con significación frente a terceros
en forma de certificación o titulación oficial.
En lo relativo al desarrollo de las competencias del ministerio, pusimos en marcha a finales del año pasado la Conferencia Sectorial del Sistema de las Cualificaciones y de la Formación Profesional para el Empleo. Por tanto, tenemos la
Conferencia Sectorial de Educación y la conferencia sectorial que acabo de mencionarles para el empleo. En su sesión constitutiva, que tuvo lugar el 30 de noviembre de 2020, aprobamos su reglamento de funcionamiento. Hemos creado también su
correspondiente comisión sectorial y una serie de grupos de trabajo.
Menciono a continuación los principales trabajos llevados a cabo en este ámbito del empleo en los últimos meses. En primer lugar, se han acordado los criterios de distribución de créditos 2021 por una cuantía de algo más de 683 millones de
euros. Las transferencias se harán efectivas en breve y para ello se ha revisado con las comunidades autónomas la orden que formaliza la distribución de fondos. Todas las comunidades han estado conformes, excepto una. En segundo lugar, se ha
modificado el real decreto de acreditación de competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral, lo que está permitiendo a las comunidades autónomas abrir un procedimiento permanente para acreditar a la ciudadanía sus
competencias profesionales.
Como ya he comentado, una de las dificultades en cuanto a la formación en nuestro país es que casi la mitad de la población activa trabajadora no dispone de titulación profesional, y esta es una cuestión que nos debe ocupar. No tienen
reconocidas las competencias que han adquirido a través del desempeño profesional durante años y no mediante la formación.
Esto les deja en una situación muy frágil en periodos temporales de crisis como el actual. El primer paso para mejorar esta formación es conocer el punto de partida en el que se encuentran las personas trabajadoras o desempleadas a fin de
proponer una formación ajustada a sus necesidades y a las de las empresas. Durante los últimos diez años solo se acreditaron, señorías, las competencias profesionales de 310 000 personas. Resultaba imprescindible transformar el procedimiento y
ponerlo realmente al servicio de los ciudadanos de una manera estructural, sistemática. Así, el objetivo es la acreditación de competencias adquiridas a través de la experiencia laboral de más de 3 millones de personas y unidades de competencia en
cuatro años, este mismo año, 500 000. Para lograrlo hemos transformado el procedimiento para que cualquier persona pueda obtener en cualquier momento la acreditación de competencias que ha adquirido trabajando, es decir, articulamos un
procedimiento abierto para cualquier unidad de competencia sin necesidad de condicionarlo a convocatorias que limiten el número de candidatos y las unidades objeto de acreditación. La modificación ha quedado contemplada ya en el Real Decreto
143/2021, de 9 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral. El papel conjunto de las administraciones competentes en formación
profesional es nuclear para lograr este objetivo. Por ejemplo, no debe haber ninguna persona inscrita en búsqueda de empleo en una oficina de empleo a quien no se le proponga o no se le derive a acreditar sus competencias profesionales.
Flexibilización de los requisitos exigibles para impartir ofertas formativas conducentes a la obtención de títulos y certificados de profesionalidad. En la conferencia sectorial hemos analizado conjuntamente y
hemos acordado el proyecto de real decreto en tramitación, que busca promover la eficacia y eficiencia en la planificación y desarrollo de la oferta mediante la utilización de los centros del sistema de formación profesional y también
aquellos centros de formación profesional autorizados para empleo. Este real decreto homogeneiza los requisitos de espacios, instalaciones, equipamientos y formadores para que puedan utilizarse todos los recursos materiales y humanos en el
desarrollo de toda la oferta de formación profesional. Estamos trabajando también las cuestiones relativas a la autorización de los centros y a la formación a distancia. Continuamos con la tramitación y elaboración de certificados de
profesionalidad y estamos impulsando la red de centros de referencia para que sirvan a los objetivos de experimentación e innovación que inspiró su creación.
Como afirmé al principio de esta comparecencia, señorías -y estamos ya casi concluyendo-, estamos dando el paso definitivo de la integración de los dos sistemas de formación profesional que nuestro país necesita. El ciudadano tiene que
saber que cuando quiera, donde quiera y en las condiciones de las que disponga va a poder acceder a la formación que necesita y sin las dificultades que venía encontrando hasta ahora y, lo que es más importante, que no lo perciban como un sistema
para una etapa de formación inicial, sino para un proceso de formación permanente. Estamos creando un sistema de formación profesional al servicio de todas las personas. Toda esta profunda y radical transformación requiere la consolidación
estructural del modelo mediante la futura ley orgánica de formación profesional, en cuyo proceso de elaboración nos encontramos en la actualidad.
Trabajamos para sacar adelante una ley que abra oportunidades; una ley que establezca itinerarios formativos que acompañen a las personas desde antes de acabar su escolaridad obligatoria, a lo largo de la vida laboral y que generalice una
nueva cultura del aprendizaje; una ley que se sustenta en dos criterios fundamentales: el desarrollo personal, tal y como afirma nuestra Constitución, y el fortalecimiento de la competitividad de nuestro sistema económico. El desarrollo personal
se ve amparado por la legislación que consagra los derechos individuales. La Constitución en su artículo 27.2 dice sin ambages que el objetivo de la educación es el pleno desarrollo de la personalidad humana. Además, el pilar social europeo recoge
en el primero de sus veinte principios que toda persona tiene derecho a una educación, formación y aprendizaje permanente inclusivo y de calidad, a fin de mantener y adquirir capacidades que le permitan participar plenamente en la sociedad y
gestionar con éxito las transiciones en el mercado laboral. En el principio número 4, relativo al apoyo activo para el empleo, se establece el derecho a una asistencia personalizada, a fin de mejorar las perspectivas de empleo o trabajo autónomo;
el derecho de los y las jóvenes a educación continua y formación como aprendices; el derecho a la formación durante las transiciones profesionales o el derecho a la permanente actualización profesional. El segundo criterio es el fortalecimiento de
la competitividad del país y del tejido productivo, basado en el conocimiento para un mejor posicionamiento en la nueva economía a partir de la satisfacción de las necesidades formativas de los trabajadores a medida que se producen y para la mejora
de la cualificación y recualificación del capital humano y de las empresas.
Señorías, el instrumento clave para la consolidación del cambio de modelo es, como acabo de señalar, la nueva ley orgánica que sustituirá a la Ley Orgánica 5/2002 y regulará lo contenido en ella, es decir, un sistema de formación profesional
vinculado a un catálogo nacional de cualificaciones que facilite la formación para que sea acreditable, acumulable y capitalizable. Con la nueva ley, toda la formación tendrá carácter dual, con las adaptaciones a cada sector productivo y a cada
familia de titulaciones. Toda la formación profesional contará con suficiente formación en centros laborales. No toda tendrá la misma intensidad, es evidente, pero toda será dual.
El modelo integrará las ofertas de formación profesional, la orientación profesional y la acreditación de competencias adquiridas por otras vías no formales, en particular la experiencia laboral. La oferta de formación se estructurará en
una dimensión vertical, escalonada, que establezca un continuo ascendente en función de la amplitud de cada oferta formativa. Las ofertas se organizarán según incluyan un único resultado de aprendizaje, uno o varios módulos profesionales, un
paquete completo de módulos o ciclos formativos y cursos de especialización, manteniendo en todo momento su carácter acumulativo.
Este modelo facilita la generación de pasarelas, itinerarios, la transitabilidad. Así, cualquier oferta se organizará en unidades que tengan en cuenta la progresión y que puedan proporcionar continuidad. Todas las ofertas permitirán
progresar en itinerarios de formación conducentes a acreditaciones, certificaciones y titulaciones con reconocimiento estatal y europeo. Cada oferta contará con un nivel de referencia en el MECU, también a punto de iniciar su tramitación normativa.
La ley orgánica regulará el conjunto del sistema de formación profesional, es decir, tendrá carácter estructural, lo que permitirá la comparabilidad con el resto de sistemas europeos. Este carácter estructural incluye, como acabo de
señalar, uno, la ordenación básica de la formación básica dual y la participación activa de la empresa en la formación. Dos, el marco de las cualificaciones profesionales o, en términos europeos, de estándares de competencia profesionales. Tres,
el modelo y las ofertas de formación, microformaciones, ofertas modulares de duración media y títulos; todas ellas acumulables, acreditables y capitalizables. Cuatro, el reconocimiento de otras vías de adquisición de competencias como la
experiencia laboral o vías no formales. Cinco, la innovación, la investigación aplicada y el emprendimiento. Seis, los elementos básicos: los centros y las empresas, contemplando la necesaria relación entre las dos redes de centros hasta ahora
estancas -me refiero a los centros de formación profesional del sistema educativo y las entidades autorizadas para impartir FP para el empleo, y la imprescindible colaboración mucho más estrecha entre los centros y las empresas-. En siguiente
lugar, la gobernanza del sistema en la que es fundamental el papel de los interlocutores sociales para crear un sistema sostenible, inteligente y dinámico. La calidad y evaluación del sistema de formación profesional será otro punto de la ley y,
por supuesto, un gran punto de la ley lo configura el profesorado, verdadera alma de la educación.
Quiero detenerme, señorías, especialmente en un elemento esencial de la transformación de la formación profesional: el profesorado. Estamos convencidos de que el éxito de esta trascendental reforma pasa por la excelencia del profesorado,
los formadores y los colaboradores. Todas y todos son necesarios en este nuevo modelo que se amplía y se transforma, por eso el ministerio hace una apuesta sin precedentes por la dignificación del profesorado de la formación profesional, por su
excelencia. Necesitamos el talento de todos los y las docentes y formadores, por lo que tenemos que aprovechar y elevar al máximo cualquier talento individual que pase por la formación profesional. Para ello contamos con el profesorado que pasará
a tener acceso al cuerpo de profesorado de secundaria, y con los profesionales de formación profesional de grado superior, que pasarán a integrarse en un cuerpo de nueva creación y que, obviamente, son imprescindibles.
Como saben sus señorías, las 54 especialidades docentes de formación profesional estaban divididas en dos cuerpos diferenciados, heredados de décadas anteriores. Había 25 especialidades docentes de formación profesional que pertenecían al
grupo funcionarial A 1 y otras 29 especialidades que pertenecían al grupo funcionarial A 2, que era el cuerpo de profesores técnicos. En ambos, los requisitos académicos de acceso establecidos eran los mismos desde la reforma universitaria hasta
hace casi dos décadas: grado universitario o equivalente. Como saben, para 10 de las 29 especialidades del grupo A 2 se permitía el acceso con una titulación declarada equivalente a efectos de docencia, que se corresponde con las titulaciones de
formación profesional superior.
Atendiendo a una reivindicación histórica que todos ustedes llevaban en sus programas, hemos hecho posible que todos aquellos profesores técnicos que cuenten con titulación de grado, licenciatura, ingeniería o arquitectura, diplomatura
universitaria, arquitectura técnica o ingeniería técnica puedan acceder al cuerpo de profesores de enseñanza secundaria. La nueva ley de formación profesional creará un nuevo cuerpo docente denominado profesores especialistas en sectores singulares
de la formación profesional, en el que estarán incluidas las 10 especialidades para cuyo ingreso se requerirá el grado o equivalente. En dicho cuerpo se permitirá el acceso con una titulación declarada equivalente a efectos de docencia que se
corresponde con los títulos de formación profesional de grado superior que se determine. Ustedes saben que esas 10 especialidades son cocina y pastelería, estética, fabricación e instalación de carpintería y mueble, mantenimiento de vehículos,
mecanizado y mantenimiento de máquinas, patronaje y confección, peluquería, producción en artes gráficas, servicios de restauración y soldadura. Son efectivamente especialidades que no tienen su contraparte en el ámbito universitario, pero que,
obviamente, son imprescindibles para la formación profesional. Por tanto, se podrá seguir accediendo a estas especialidades con un título de formación profesional superior equivalente a efectos de docencia. Además, facilitamos el acceso al cuerpo
de enseñanza secundaria a todo el profesorado técnico que cumpla con esos otros requisitos de titulación que hemos dicho y, por tanto, pueden acceder al cuerpo de secundaria. Para ello el ministerio está trabajando ya en las modificaciones
normativas necesarias, tanto en la ley como en los reales decretos que regulan el ingreso, acceso y las especialidades de la Función pública docente. En definitiva, señorías, nuestro objetivo es que la ley dote a la formación profesional del
dinamismo y la inmediatez que son condición sine qua non para el nuevo sistema, de acuerdo con la Declaración de Osnabrück sobre la Formación Profesional como dispositivo de recuperación y transformación justas hacia economías digitales y verdes del
pasado mes de diciembre.
Finalizó ya, efectivamente ahora sí, esta exposición dándoles cuenta de nuestra previsión de calendario de elaboración de esta ley. Trabajamos para disponer de un primer borrador articulado para una primera lectura en Consejo de Ministros a
mediados del mes de junio. He de decir que para ese primer borrador de primera lectura hemos contado con numerosas aportaciones de grupos y expertos. A partir de ahí, de esa primera lectura, iniciaremos los procedimientos que exige cualquier
tramitación normativa. Espero contar, señorías, en estos meses de trabajo con las aportaciones de todos ustedes, de todos los grupos a los que ustedes representan a fin de lograr la aprobación y entrada en vigor de la ley que necesita nuestro país
en el plazo más breve posible.
Ahora quedo a su disposición, señorías, para escuchar sus comentarios, propuestas o preguntas que estimen oportuno formular.
Muchas gracias por su amable atención. Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señora ministra.
Seguidamente abrimos el turno intervención de los portavoces de los grupos parlamentarios por un tipo de diez minutos. En primer lugar, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Mixto, el señor Sayas.
El señor SAYAS LÓPEZ: Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías.
En primer lugar, quiero dar las gracias a la ministra por comparecer en esta Comisión y darle bienvenida. Creo que casi se le habría olvidado esta Comisión porque, la verdad, es llamativo que en un año como el que estamos pasando la
ministra de Educación y haya comparecido tan poco. Eso, al final, no deja de ser una muestra evidente del respeto que se tiene por esta Cámara. Creo que hubiese sido conveniente que un año especial, con un curso muy especial, hubiésemos escuchado
más veces en esta Comisión a la ministra y no que hayamos tenido nueve o diez comparecencias pegadas para que en una hora las hayamos podido ventilar.
Voy a ir repasando algunos de los temas y acabaré también con la formación profesional, que es el tema con el que ha acabado usted, pero voy a empezar con el tema de la libertad. Usted hablaba de la libertad y yo creo que no es verdad que
esté garantizada, pienso que la verdad es exactamente la contraria. La libertad está atacada y no solo con la Lomloe, sino con la acción del ministerio con una ley que, además, está recurrida ante el Tribunal Constitucional. Nuestro partido firmó
el recurso y esperamos ganar porque hay motivos suficientes. Creo que ha quedado de manifiesto que el modelo por el que apuesta el Ministerio de Educación no es el de la libertad, es el de la imposición, y eso lo hemos visto con la educación
concertada, lo hemos visto con la diferenciada. Lo hemos visto particularmente también en Navarra con una cuestión que preocupa mucho la sociedad navarra, que es la imposición del programa Skolae y yo le quiero preguntar sobre eso. En el año 2017,
el entonces Gobierno de Navarra puso sobre la mesa la imposición de un programa sectario e ideológico que no pretende ni coeducar ni hacer educación sexual, sino que pretende adoctrinar en ideología. Un programa que fue tumbado por el Tribunal
Superior de Justicia de Navarra, y ratificada después esa anulación del programa por el Tribunal Supremo. Pero lejos de eso, el Gobierno de Navarra sigue erre que erre queriéndoselo imponer a las familias. Y yo le pregunto, ¿qué le parece al
Ministerio de Educación que el Gobierno de Navarra se empeñe en imponer un programa que no solo no coeduca, que no solo no enseña nada en materia de educación sexual, sino que es doctrinario y que, además, está anulado por los tribunales?
Segundo tema. A mí me parece, señora ministra, y se lo digo de verdad, que permitir pasar con tres suspensos es un ataque a la calidad educativa, y que, desde luego, si como se pretende acabar con el fracaso escolar es regalando los
títulos, es evidente que no vamos a acabar con ese fracaso. Regalando los títulos es evidente que no vamos a acabar con el fracaso escolar, que lo que vamos a hacer es convertir el fracaso del alumno en un fracaso del sistema. Y tenemos unos datos
que dicen que España es el país de la Unión Europea con mayor fracaso escolar, y el fracaso escolar no puede combatirse con mediocridad, no puede combatirse regalando títulos, hay que combatirlo con calidad, hay que combatirlo con libertad, hay que
combatirlo con equidad, y son justo los tres principios que le faltan a la educación española. La educación española, desde que ustedes están en el ministerio, no es de más calidad, no está garantizando la libertad, porque se ha hecho una ley que
impone una forma de entender la educación y que resta libertad a las familias y, por tanto, hay menos equidad, porque están dejando un modelo educativo para que lo puedan cursar solamente aquellos que se lo puedan pagar. Y eso va en contra de la
libertad de acceso al modelo educativo que cada uno quiera, y que den igual los recursos que se tengan.
Por último, en relación con esos temas en los que usted se ha centrado, me referiré a la enseñanza del español. Yo creo que el Ministerio de Educación ha hecho más por erradicar el español de la enseñanza que los propios independentistas.
Hay muchas veces que me pregunto para qué necesitamos independentismo con un Ministerio de Educación así. Y se lo digo así, porque ha tenido que venir el Ministerio de Educación a quitar de la ley educativa el español como lengua vehicular. ¿Es
que se puede humillar alguien más ante las pretensiones insaciables del independentismo? La respuesta es no, porque lo que estamos viendo en este Gobierno es inadmisible, señora ministra. Lo hemos visto con el español, pero es que lo hemos visto
también con los indultos, que vamos a tener a un presidente del Gobierno arrodillado otra vez al independentismo, y ese no puede ser el camino. ¿Qué queda del socialismo? Porque no vemos socialismo en este Gobierno del sanchismo. Y yo le digo:
las lenguas son elementos de riqueza cultural que hay que fomentar. Todas las comunidades que tenemos una lengua propia, y vengo de Navarra y tenemos una lengua propia, tenemos que impulsarla y que ayudarla; lo que no se puede consentir es que se
imponga. Y es que hay quien quiere imponer la lengua, y decía muy bien Alex Grijelmo que una cosa es el derecho de los hablantes a hablar la lengua que quieran, y otra cosa es el derecho de las lenguas a tener clientes obligatorios. Las lenguas no
tienen derecho a tener clientes obligatorios. No podemos pasar por ese aro que nos pone siempre el independentismo.
Acabadas estas cuestiones, voy a ir a otra en la que sí vamos a estar más de acuerdo, que es la formación profesional. Yo comparto el análisis que hace el ministerio sobre la necesidad de impulsar la formación profesional, y le tiendo la
mano para que podamos alcanzar un consenso en una materia que es clave para nuestro país. Y le tiendo esa mano de verdad. Espero que el compromiso del ministerio también sea de verdad, y que no se hable de diálogo igual que se habló de diálogo en
la Ley de Educación, y luego tuvimos una ponencia para la Ley de Educación donde debatíamos las enmiendas como si fuesen la pedrea, que no sabíamos ni qué estábamos votando, porque entonces no haremos una ley de calidad. A mí la música me suena
bien. Ahora habrá que bajar a la letra. Ojalá podamos ponernos de acuerdo en la letra también. Mi voluntad es que podamos hacerlo. Creo que es importante iniciar un camino de diálogo con los agentes económicos y sociales. Si hay ese acuerdo,
ese será un buen camino. Creo que poco más tengo que decir. Lo que hasta ahora hemos conocido de esta ley, a falta de tener el texto cuando se envíe a esta Cámara, es lo que usted nos ha contado hoy, lo que vaya a ir al Consejo de Ministros, y lo
analizaremos cuando venga. Pero yo le digo que la música no suena mal, habrá que bajar a la letra, que el escenario lo compartimos, que la necesidad también, y que espero que esa voluntad de diálogo sea una voluntad real.
Acabo diciéndole que no sé si me podré quedar a la réplica, porque nos coincide otra Comisión; haré todo lo posible y, si no, la escucharé después.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sayas.
Tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Bildu la señora Pozueta Fernández.
La señora POZUETA FERNÁNDEZ: Muchas gracias. Buenas tardes, señora ministra.
Agradezco la amplia exposición que nos ha hecho. Sí que esperaba más profundización y más conocimiento con respecto al proyecto sobre la ley de FP, pero vamos a tener tiempo y vamos a seguir encontrándonos y escuchándonos. Sí quería
realizar una puntualización al señor Sayas, antes de que se vaya. Como tutora e impulsora del Programa Skolae me parece que educar en la diversidad, en el respeto y en la igualdad son valores que deberían estar en todos los centros de educación, en
todos los ámbitos educativos y más, sobre todo, en lo público o en aquellos centros que se valen de lo público. Me parece que son valores que deberían estar en toda educación. No es ideología, sino que son valores en positivo para todas las
personas.
Centrándome más en el tema de la formación profesional, sabiendo que la educación es la mejor herramienta para la cohesión social, ha planteado el objetivo de mayor inversión, ha hablado también de los fondos europeos, ha hablado también de
los componentes del 2021, y estamos viendo que es necesaria la inversión, tanto en personal como en los otros ámbitos, y espero que se vayan concretando. Me congratula también que haya acuerdo en cuanto a los criterios de reparto. Sí que me
gustaría quizá conocer un poco más esos criterios de reparto, si me puede informar algo hoy. Me parece que es importante, pero no podemos olvidar lo que usted misma ha dicho, y también en los propios componentes lo pone, que estamos hablando del
período 2021-2023, y el hecho es qué ocurrirá en 2024, 2025 y 2026, porque también se está hablando de una revolución, y para realizarla
se necesita tiempo y se necesitan medios y herramientas. Es importante también si puede informarnos sobre esto.
También me congratula que haya hablado de la dignificación y la excelencia del profesorado, y nos había planteado una posible solución a la queja y a la situación de que no se iba a saber qué iba a ocurrir con los técnicos especialistas que
no tenían la formación que se les planteaba, para poder tener la formación en cuanto a la licenciatura o tener formación superior. Esperamos también que sea una solución que sea bienvenida por ellos y por ellas, y esperamos también que esto se
concrete.
Quiero compartir una preocupación, y es con respecto al bajo nivel educativo con el que comienza y finaliza la FP el alumnado. Esto no lo digo yo. Es una preocupación que es transmitida y compartida por el profesorado y las propias
empresas. Las empresas recalcan que hace años llegaban con más conocimientos y con más destrezas que en la actualidad. Me parece que es un elemento que también tenemos que tener en cuenta de cara al futuro cercano.
Con respecto a la formación dual, tendremos tiempo de hablar sobre esto, pero sí que me gustaría saber de qué manera se pretende lograr que realmente se cumplan los objetivos educativos de la dual, y que estos estudiantes no cubran puestos
que no aporten conocimiento.
Por finalizar, voy a ser breve, otra de las preocupaciones que está muy presente en nuestro grupo es sobre la brecha de género en FP. ¿Qué medidas pretende tomar el Gobierno para que se equilibre la brecha de género en FP? Actualmente, y
ya llevan años, la fotografía que tenemos con respecto a la FP de los ciclos de mecánica, de industriales, son totalmente masculinos, eso lo sabemos todos, y los ciclos de cuidados o administrativos están mayormente feminizados. En esa revolución
que usted ha planteado, necesitamos una revolución real también en este ámbito.
Por ahora no voy a plantear más, también quiero mostrar nuestra actitud desde luego a colaborar, participar, escuchar, y también que seamos escuchados.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Pozueta.
Por el Grupo Parlamentario Vasco tiene la palabra la señora Gorospe.
La señora GOROSPE ELEZCANO: Gracias, presidente.
Buenas tardes a todas y a todos. Arratsalde on, ministra. Eskerrik asko. (Continúa su intervención en euskera).
En primer lugar, empezaré por el final. Se ha referido usted a la situación de los profesores técnicos de formación profesional. Sabe que para nuestro grupo era y es un tema que nos preocupa mucho, nos preocupa mucho la situación, lo hemos
venido hablando desde el ámbito institucional donde tenemos responsabilidades de gobierno con ustedes, también a nivel político, y consideramos que se debe solucionar. Nos ha hecho una propuesta que ha puesto sobre la mesa, y nuestro grupo ha
apoyado todas las iniciativas que en este sentido se han ido planteando. En Comisión se planteó una proposición no de ley por el Partido Popular, hicimos una enmienda transaccional; ayer se planteó una enmienda por parte del PdCAT, hicimos una
enmienda transaccional; apoyamos la propuesta que presentó el Partido Socialista y estamos dispuestos a apoyar todas las iniciativas que se planteen, porque hay que dar una salida a esta situación, pero hay que darle una salida que solucione el
problema de todo el colectivo. La realidad es distinta en cuanto a la titulación con la que acceden y, por tanto, nuestra petición es esa. Vamos a apoyar todo lo que se ponga encima de la mesa, pero que se resuelva la situación del conjunto del
colectivo.
Por otra parte, como cuestiones previas, hablaré de dos. En cuanto a los programas de coeducación. Antes el señor Sayas se ha referido a uno de los programas de coeducación que se puso en Navarra. La entonces consejera María Solana -ahora
parlamentaria también de nuestro grupo- le dio impulso político a ese programa y, desde luego, nos parece muy importante decir que ese tipo de programas, los programas de coeducación, son fundamentales si queremos avanzar, y a nuestro grupo no le
parece que sea una cuestión solo de un deseo, sino de una absoluta necesidad, de avanzar hacia la profundización de una sociedad igualitaria.
En segundo lugar, en cuanto a los modelos lingüísticos, que aquí también usted ha respondido a las peticiones de su comparecencia para informar sobre este tema, quiero decir que nos parece fundamental, pero desde luego está claro que todas
las administraciones educativas competentes planifican la oferta de los modelos lingüísticos según el marco legal vigente. Son las familias, en nuestro caso las vascas o navarras, quienes deciden libremente de manera responsable en qué modelos
quieren escolarizarles. Siendo así, por ejemplo, a fecha de hoy, en Euskadi más del 95 % de las familias vascas han optado por
matricular a sus hijos y a sus hijas en modelos D o B. Además, el sistema debe avanzar hacia una evolución en el plurilingüismo, siendo el eje central el euskera en nuestro caso, pero avanzando en el conocimiento de otros idiomas como el
inglés, al que usted se ha referido por ejemplo en el caso de la formación profesional.
Y paso ahora a la formación profesional, que entiendo que era el eje central de su intervención hoy en esta Comisión. Lo hemos dicho en más de una ocasión, nuestro grupo aplaudirá y aplaudió la apuesta por un sistema integrado de formación
profesional, de educación y empleo. Consideramos que es un pilar básico, niego la mayor de que el alumnado salga mal preparado de la formación profesional. Saldrá mal preparado de la formación profesional o del bachillerato o de la universidad
dependiendo de cuál sea la apuesta, pero con carácter general hay que superar ese tipo de afirmaciones. La gente sale de formación profesional tan bien preparada como sale de otros modelos o de otras vías e itinerarios educativos. Tiene que ser un
discurso muy claro, porque tenemos que convencer a las familias de que la apuesta que hagan por la matriculación de sus hijas y de sus hijos en formación profesional es acertada para el futuro del alumnado.
Decía usted que estaban construyendo un modelo, y ha hablado previamente de un enfoque colaborativo en el trabajo. Nos parece fundamental pero, ministra, si están construyendo un modelo de formación profesional y quieren trabajar con
enfoque colaborativo, no pueden ningunear ni olvidar, en ningún momento de este itinerario, de este viaje de construcción del modelo de formación profesional, a las administraciones competentes en formación profesional en muchos ámbitos, que son las
autonómicas. No puede ser, y le digo esto al hilo de la Alianza por la Formación Profesional que usted ha presentado recientemente. Las administraciones competentes se han enterado porque ha habido agentes a los que se les ha invitado con carácter
de urgencia a firmar un protocolo para adherirse a esa alianza, y no se les ha informado de ese proyecto en las comisiones correspondientes, en las sectoriales o en las de FP o en los consejos distintos que se hacen desde su ministerio. Y mi
pregunta es: por qué no se ha informado a las administraciones autonómicas educativas en esos órganos de un proyecto tan importante para la estructuración o para el futuro de la formación profesional. Cuál era la prisa y la urgencia para que
tuvieran que firmar ese protocolo o adherirse a esa propuesta sin que tuvieran antes, no ya que informar, sino consultarse, coordinarse, plantearse, coger ideas, establecer una dinámica de trabajo, un enfoque colaborativo, efectivamente, como usted
planteaba, para que realmente la apuesta fuera acertada.
En cuanto a este modelo de formación profesional que están construyendo y también a la ley de formación profesional, nos preocupa que cuando usted está estableciendo como un eje determinante la construcción de este modelo, cuando se refiere
a la colaboración público-privada, la dinámica que establezca entre esos dos conceptos sea: la pública es la formación y la privada es el ámbito empresarial que permite que exista una relación. Nos preocupa eso, porque le hemos preguntado alguna
vez en pleno también sobre los criterios que se han establecido para la distribución de fondos, y la ausencia absoluta de criterios en cuanto a los centros concertados, y muchas veces cuando se refiere a esa colaboración público- privada dice eso:
lo privado es la empresa, lo público es el ámbito público. Y desde luego nosotros creemos que tenemos que avanzar en la construcción y en fortalecer el ámbito de la educación pública, sin ir en ningún caso en contra o en detrimento de la
concertada, porque desde luego en Euskadi la realidad de los centros que conozco es un trabajo colaborativo de todo el sistema de centros, y que realmente da unos resultados excelentes.
Me gustaría preguntar una cuestión concreta, porque nos ha dado distintas líneas de actuación, cuando ha estado hablando de los fondos europeos, y a qué líneas de intervención se dirigirán. Hay una de ellas que siempre me sorprende, no sé
cómo lo tienen planificado: la acreditación de competencias adquiridas por trabajo. Ministra, dice usted que se van a acreditar estas competencias a 3 millones de personas en un periodo de cuatro años. Este primer año serían 500 000, según ha
dicho, en torno a un 15 %. ¿Cómo tienen planificado, cómo van a poder llegar, cuál es la previsión que tienen para llegar realmente a acreditar a todas estas personas? Es un volumen de trabajo, es una cantidad ingente.
En cuanto a la ley de formación profesional, para nosotros es fundamental que ese marco dé cabida a los distintos modelos de formación profesional que existen en los distintos lugares. Usted conoce perfectamente el modelo vasco de formación
profesional y, desde luego, en su condición de ministra también conoce otros modelos. Y sabe que no tiene nada que ver el modelo que a lo largo de los años se ha desarrollado en Euskadi con el que se ha podido desarrollar en Andalucía o en Madrid.
Nos preocupa que se pretenda aprobar una ley que lleve a estandarizar toda la formación profesional y toda la formación profesional dual cuando realmente se han desarrollado modelos muy dispares.
Veo que se me termina el tiempo. Le agradezco las explicaciones y podré escucharla, si no es ahora, más tarde.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Gorospe.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Giménez.
La señora GIMÉNEZ GIMÉNEZ: Gracias, Presidente.
Señora ministra, voy a empezar haciendo una referencia al último de los temas, el relativo a la formación profesional. Me parece importante que tengamos en cuenta -y además sé que es usted consciente- de que estamos a la cabeza del paro
juvenil en la Eurozona, con un porcentaje del 37,7 % entre los menores de 25 años; que hay grandes problemas estructurales en nuestro mercado laboral que introducen barreras en el acceso a empleos estables y bien remunerados para los jóvenes y que,
debido a eso, tardan muchos años en firmar su primer contrato de carácter indefinido; que, en lo relativo a los problemas educativos, existen distintos elementos que aumentan las trabas de las personas jóvenes a la hora de acceder a su primer
empleo; que hay un desajuste entre la oferta de estudios -en particular de grado y de la formación profesional media y superior- y la demanda que existe en el mercado, y que la propia Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, en relación
con el sistema universitario de la Comunidad Autónoma de Andalucía, ya demandó y dijo que había que orientar la oferta de grado y de máster hacia titulaciones con una elevada inserción laboral. Por lo tanto, estamos conformes con que hay una
disfuncionalidad entre el desarrollo del tejido productivo, la formación que se ofrece y las posibilidades de encontrar empleo por parte de los jóvenes.
Creemos que es necesario poner en marcha una modificación de todo lo que conlleva la propia formación profesional. Dentro de lo que son las acciones, hay que casar el mercado de trabajo con esas formaciones y además tener en cuenta los
límites que supone la falta de dominio de las lenguas extranjeras por parte de nuestros jóvenes. A este respecto, y teniendo en cuenta que nos tenemos que poner a trabajar en esa normativa para que realmente el sistema que ofrezcamos sea de éxito y
de calidad, nos gustaría saber cómo tiene previsto el Gobierno modernizar la oferta de títulos en materia de formación profesional para actualizarlo a las necesidades de las empresas y de la propia sociedad; qué especialidades cree su departamento
que deben potenciarse, teniendo en cuenta las necesidades futuras de nuestro tejido productivo y la sociedad; qué incentivos piensa impulsar su departamento para que las empresas se adhieran a estos programas de formación profesional; qué medidas
se van a impulsar para fomentar la propia participación del alumnado en la formación profesional; si se han identificado prácticas o disposiciones en las normativas de las comunidades autónomas en materia de formación profesional que tengan
previsto incorporar a la normativa estatal; si tienen previsto incorporar la regulación estatal de la red vasca de centro especializados en el modelo combinado de formación profesional, y que su departamento valore si va a tener un sistema de becas
al estudio para estudiantes de formación profesional homologable al sistema de becas universitario para incentivar la participación del alumnado en estos estudios.
En relación con el uso del castellano, me gustaría que profundizásemos. Después de la sentencia el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en diciembre, que estableció la obligación de impartir al menos un 25 % de las clases en castellano
en los centros educativos de las comunidades autónomas, me parece importante la acción del Gobierno de España a la hora de garantizar los derechos lingüísticos del alumnado castellanoparlante en Cataluña, que en la actualidad es inexistente.
Durante la tramitación de la Lomloe, nuestro partido presentó numerosas propuestas para mejorar la redacción del proyecto de ley orgánica que estaba modificando la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Llevamos años reclamando que los
distintos Gobiernos de España adopten medidas efectivas para garantizar la vehicularidad del castellano en aquellas comunidades autónomas donde los Ejecutivos autonómicos han limitado su uso en las aulas a un carácter residual. Esta cuestión, lejos
de que ustedes a veces la defiendan y de que los grupos parlamentarios independentistas y nacionalistas la argumenten, no va en detrimento del conocimiento de las lenguas oficiales en las comunidades autónomas que las reconocen estatutariamente,
sino lo contrario.
En relación con el rendimiento educativo, hay estudios que indican que utilizar la lengua materna como medio de aprendizaje en las etapas de educación temprana facilita al alumnado el aprendizaje de segundas y terceras lenguas. A este
respecto, hay que tener en cuenta la sentencia del Tribunal Superior de Justicia relativa -y le vuelvo a insistir- al uso del español en las escuelas catalanas, que dice que es residual y que por eso la Generalitat debe adoptar las medidas
necesarias para garantizar que, de forma
inmediata, todos los alumnos reciban sus clases en catalán y castellano. En concreto, el Tribunal Superior obliga a la Generalitat, de nuevo, a impartir al menos el 25 % de las clases en cada una de sus lenguas. Nosotros celebramos
claramente este pronunciamiento, pero, a pesar de eso, se hace caso omiso por parte de la Generalitat de Cataluña. Nos gustaría saber cuál va a ser la posición del Ministerio de Educación, si realmente va a apoyar el uso de la lengua castellana de
una manera real y efectiva. No solo que conste en la letra de la ley, sino que se lleve a la práctica, porque este es el gran problema que tiene una gran parte de la población catalana en Cataluña. ¿Cómo vamos a pasar página cuando se incumple la
ley de manera sostenida en el tiempo? ¿Cómo se puede pasar página en una región donde el sistema educativo no garantiza los derechos de la mayoría del alumnado? ¿Qué valoración le merece a usted como ministra la sentencia del Tribunal Superior de
Justicia de Cataluña? ¿Tiene previsto que el Gobierno de España actúe en caso de que la Generalitat de Cataluña no garantice que al menos el 25 % de las clases se realice en castellano? ¿Considera que la Lomloe garantiza la vehicularidad del
castellano como lengua de enseñanza en Cataluña? ¿Y qué opinión le merecen los estudios que afirman que el sistema de inmersión lingüística tiene efectos negativos para el rendimiento educativo del castellanoparlante? Nos gustaría saber su opinión
con respecto a estas cuestiones.
Finalmente, en relación con el uso de los fondos europeos y del nuevo plan Next Generation, yo quería centrarme en dos cuestiones. En España hay un grave problema, tanto de abandono escolar como de fracaso escolar. Creo que queda claro en
las altas tasas y en el alto fracaso que hemos tenido. Me gustaría saber, dentro de ese avance que hacen en el apoyo a los PROA PLUS, si va a haber líneas específicas para abordar problemas relevantes. En algunas ocasiones -ya lo he dicho en
alguna otra Comisión- el 64 % del alumnado gitano no termina la Educación Secundaria Obligatoria. ¿Se va establecer una línea específica para abordar este problema? ¿O lo vamos a mezclar en un totum revolutum que al final nos va a llevar a que no
haya una solución específica a un problema de fracaso escolar que en la actualidad es alarmante? Me gustaría saber si va a haber esa concreción y si tiene previsto convocar a la Conferencia Sectorial de Educación para acordar indicadores objetivos
para garantizar una distribución equitativa de los fondos adaptada a las necesidades de cada comunidad autónoma. ¿Qué medidas específicas tiene contempladas para mejorar los resultados del alumnado en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla
mediante el uso de los fondos europeos? ¿Cómo piensa su departamento garantizar la ejecución de los fondos que provengan de la Unión Europea en el marco de este plan Next Generation? ¿Ha tenido en cuenta el Gobierno el invierno demográfico a la
hora de fijar la partida presupuestaria destinada a ampliar las plazas de educación infantil?
Finalmente, me gustaría saber por qué el programa destinado a la formación permanente del profesorado no abarca otros ámbitos, como la capacitación en otras lenguas extranjeras o sobre nuevos métodos de enseñanza, y por qué el Gobierno
rechazó la creación de una agencia independiente de evaluación educativa que tuviera entre sus objetivos, entre otros, evaluar el impacto de los fondos europeos que se destinan a fortalecer nuestro sistema educativo. Porque, si no hay una buena
evaluación del uso de los fondos con objetivos medibles, al final nos podemos quedar en un in albis en el uso de los fondos, en no tener la información precisa para poder buscar las soluciones. Nos parece muy importante que nos explique cuál va a
ser la fórmula de evaluar el impacto en el ámbito educativo del uso de los fondos europeos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Giménez.
Tiene ahora la palabra, por el Grupo Republicano, la señora Bassa Coll.
La señora BASSA COLL: Muchas gracias, presidente.
Yo voy a empezar comentando un tema que veo que les preocupa enormemente a los señores de PP, VOX y Ciudadanos referente al dominio efectivo de la lengua castellana de los alumnos que están estudiando en catalán. Señoras y señores del PP
-como les decía-, VOX y Ciudadanos, ¿conocen ustedes los datos reales del dominio efectivo de la lengua castellana de los alumnos catalanes? Se lo pregunto porque creo -y además invito al Gobierno a que publique los datos, como hacían
anteriormente- que se quedarían sin argumentos para atacar la inmersión lingüística. No están hablando ustedes de educación, no están hablando ustedes de preocupación sobre los estudios de nuestros alumnos catalanes, porque los datos hablan por sí
mismos; están hablando de otros temas, y ustedes saben a qué me refiero.
Y alargándome en este tema, doy la razón a la señora ministra, que ha dado una respuesta muy clara. Ustedes saben que hemos presentado un recurso sobre la obligación de imponer el 25 % de la enseñanza
en castellano y, por tanto, no es una resolución firme. Hecha esta aclaración previa, quiero recordarles una vez más que la Lomloe blinda la inmersión lingüística en tanto que establece que es la LEC, nuestra ley, la ley que rige en
Catalunya, la que lo regula. Pero, señoras y señores, un tribunal ha decidido que, por encima de la Ley catalana y por encima de la Ley educativa estatal, sea la que sea y diga lo que diga, hay una Constitución que supuestamente afirma que debe
haber un mínimo de horas de enseñanza en castellano. Señoras y señores, lean la Constitución a ver si encuentran dónde lo dice. No solo no lo dice sino que la interpretación que hace el Tribunal Constitucional del artículo 3 está claramente
sesgada por su ideología jacobina y reaccionaria.
Según la sentencia, ningún redactado de la ley hubiera impedido imponer el castellano en la escuela catalana, tampoco el texto que pretendían los compañeros de Junts per Cat, porque en la sentencia no se apela a la Lomloe, ni siquiera a la
Lomce, que era la ley de aplicación en aquel momento, sino a la Constitución. Pero en esta España, por soberana voluntad de la supuesta Cámara de representación de la ciudadanía del Estado, están los poderes de la sombra y, así, un tribunal puede
tener el poder de desafiar a todo nuestro Poder Legislativo, que, como sabéis, representa a la mayoría democrática elegida a las urnas [sic].
El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya demuestra que en pleno siglo XXI resulta ser más involucionista que los propios redactores de la Constitución, buena parte de ellos franquista, y me sabe mal porque es curioso comprobar cómo el
Tribunal Constitucional de los años ochenta, en plena transición de una dictadura que practicaba la persecución lingüística y cultural, demostraba mucha más empatía hacia las naciones que conformamos el Estado español que cuarenta años después, en
pleno siglo XXI, cosa que no hace más que reafirmarnos en nuestras convicciones republicanas y evidentemente independentistas.
Nosotros continuaremos aplicando la LEC, que es nuestra ley. Les recuerdo que la LEC ni siquiera el PP la impugnó y recuerden que la inmersión lingüística radica en creer que somos un solo pueblo y que las lenguas no se aprenden por
porcentajes, ya que desde un punto de vista pedagógico no tiene ningún sentido. Modificaremos la LEC para que haya una visión más integral de las lenguas y porque existe un consenso social y político mayoritario en Catalunya, y estamos orgullosas
de que nuestros alumnos acaben la educación básica conociendo y tuviendo [sic] un dominio muy elevado de la lengua catalana, de la lengua castellana y de la lengua inglesa.
Dicho esto, en cuanto al ámbito de la formación profesional, al que se ha referido la señora ministra, también quiero agradecer sus palabras porque desde Esquerra Republicana y también desde el Govern de la Generalitat deseamos consolidar el
sistema de formación y cualificación profesional en Catalunya. Creemos que si trabajamos de forma coordinada seguro que podemos lograr cuatro propósitos básicos que, a nuestro a nuestro entender, son imprescindibles. El primero es consolidar el
modelo de concertación del sistema de formación profesional dual, al que la señora ministra se ha referido, alcanzando un consenso entre los interlocutores sociales y la Administración educativa. El segundo punto o propósito que quisiéramos lograr
es impulsar los instrumentos de concertación social y los específicos de la gobernanza del sistema, de manera que el diálogo social se convierta en el principal instrumento de orientación del sistema. Por ello, tal y como ya ha comentado usted,
creemos que la formación dual debe ser el referente para el futuro de la formación profesional. En tercer lugar, avanzar regulando en la nueva ley, no solo con el consenso de los interlocutores sociales sino también, como acabo de detallar,
coordinándonos especialmente con el servicio público de ocupación. Y, por último, el cuarto punto es apostar para que la nueva ley continúe situando al alumno en el centro del sistema educativo como protagonista de su propio proceso de aprendizaje.
Señora ministra, con su exposición inicial en su comparecencia ya nos ha avanzado las grandes líneas que van a configurar la nueva ley. Creemos que estamos en un punto de vista muy muy parecido sobre la enseñanza que nosotros entendemos que
está funcionando en Catalunya en los últimos cursos. Tendremos tiempo de ver el borrador del articulado y entrar en más concreciones, porque deseamos tener ocasión sobre todo de regular también sobre innovación, sobre investigación, sobre
transferencia de conocimientos, sobre formación del alumnado con orientación a las empresas, la evaluación del sistema, todo un capítulo especial para hablar del profesorado, etcétera. Y evidentemente también esperamos que haya un capítulo dedicado
a la formación profesional en el ámbito de la Unión Europea.
Dicho esto, señora ministra, hay algunas consideraciones sobre la futura ley que nos gustaría que se tuvieran en cuenta, y por ello desde Esquerra Republicana le planteamos varias preguntas generales. Primera: ¿esta ley será lo
suficientemente abierta? ¿Se configurará como un marco mínimo básico que
permita su posterior desarrollo normativo por las administraciones competentes? Se lo pregunto porque tenemos claro que las competencias sobre el desarrollo de la formación profesional del sistema educativo corresponden evidentemente a las
comunidades autónomas, por tanto, señora ministra, esta ley no puede suponer, como usted sabe, una invasión competencial. Además, todos sabemos que la formación profesional es muy diversa tanto desde el punto de vista de las familias profesionales
como de las titulaciones de que dispone, por tanto, es imprescindible que los diferentes ámbitos de la ley sean adaptables a la diversidad de las necesidades y las situaciones contextuales, que son muy distintas según los territorios.
Señora ministra, usted ha hecho referencia también a la formación inicial y a la formación para la ocupación. Se lo digo porque creemos que en cuanto a la oferta los centros autorizados para impartir la formación profesional, ya sean
públicos, privados o concertados, deberían ofrecer tanto la formación inicial como la formación para la ocupación, las dos. Es decir, necesitamos que los certificados de profesionalidad se correspondan con las mismas cualificaciones y también la
formación continua, y es que las mismas condiciones requeridas para impartir los títulos previstas en los correspondientes reales decretos de mínimos de cada titulación deben ser exigidas para impartir los certificados de profesionalidad tanto en el
ámbito de la titulación del profesorado como de los espacios y equipamientos requeridos.
También le queremos preguntar por un tema que nos preocupa. Queremos saber si quedarán reguladas las enseñanzas de régimen especial de las artes plásticas y de diseño, música, danza y las enseñanzas deportivas, ya que todas ellas son
enseñanzas profesionalizadas y por el momento están integradas en diversos ámbitos. Si puede contestar, señora ministra, sabremos qué línea seguimos.
Otro de los temas estudiados en estos últimos cursos en Catalunya y que hemos trabajado ampliamente es la formación dual. La experiencia nos ha demostrado que debería ser mucho más flexible y simplificar la gestión de los contratos. ¿Están
ustedes de acuerdo? Sabemos por experiencia que las limitaciones de los horarios de estudio y de trabajo no facilitan las cosas y que los contratos específicos de prácticas deberían ser mejorados. La nueva ley, además, debería establecer un
sistema de reconocimiento o compensación a las empresas, sobre todo a las micro y pequeñas empresas, ya que en la práctica son las que dan más servicios. Así también facilitaremos un mejor seguimiento y una mejor acogida a nuestros alumnos de
formación profesional.
Acabo ya, señora ministra. Respecto de la formación profesional no presencial, no sé si prevé el ministerio el establecimiento de acuerdos de colaboración entre comunidades autónomas con la finalidad de garantizar la calidad de la oferta
del alumnado de la formación profesional no presencial.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Bassa.
Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra el señor Miquel. (La señora vicepresidenta, Castillo López, ocupa la Presidencia).
El señor MIQUEL I VALENTÍ: Gracias, presidente. Señora ministra, muy buenas tardes.
Cuando uno escucha o intuye determinadas solicitudes de comparecencia, tiene la impresión de que el sistema educativo catalán vive al margen de la ley, y alguien podría pensar, por algunas de las cosas que hemos escuchado y escucharemos hoy
aquí, que esto es así. Sabemos todos que la Llei d'Educació de Catalunya, que ha sido recurrida en varios de sus artículos por el Partido Popular, no lo ha sido, por ejemplo, en los artículos que blindaban y garantizaban la inmersión lingüística
como elemento de cohesión de todo el sistema educativo catalán y de buena parte de la sociedad catalana. Aquellos que vienen aquí a criticar la inmersión lingüística no son conscientes de que no hay mejor aliado para la construcción, como ya se ha
dicho aquí, de un solo pueblo que la inmersión lingüística, que la mejor forma de evitar que haya ciudadanos de primera y de segunda es justamente que todos los ciudadanos tengan la misma educación, tengan los mismos derechos y tengan las mismas
opciones de encontrar trabajo gracias al pleno dominio de sus dos lenguas, sea cual sea la lengua materna. Por tanto, ya me adelanto a lo que escucharemos después e intento paliar lo que ya se ha dicho al inicio de la comparecencia y a las
respuestas por parte de algunos grupos. Nosotros ya defendimos en el marco de la reforma de la ley educativa nuestro punto de vista sobre esta cuestión, por tanto, creo que no merece la pena darle muchas más vueltas, pero sí que creemos interesante
hacer estas reflexiones.
Con respecto a las cuestiones referidas a la formación profesional, ministra, en las conversaciones que hemos podido mantener con miembros del ministerio o con usted misma, hemos trasladado cuáles
son algunos de nuestros puntos de vista, y hoy quería destacar tres de ellos, que, a la espera de ver cómo es el redactado de la ley que nos presenta el ministerio, le adelantamos.
El primero tiene que ver con la arquitectura del sistema. Creemos que esta ley puede y debe servir para hacer una reforma profunda del sistema y que debe ser ambiciosa. Cuando veamos los temas que el ministerio abordará en esta reforma, ya
entraremos con más detalle en esta cuestión y discutiremos y debatiremos sobre aquellos aspectos que sea necesario. Creemos que esta ley debe ser ambiciosa, sobre todo por el interés que tiene o que debería tener el buen funcionamiento de la
formación profesional por parte de los que estamos aquí, especialmente por parte del ministerio. En segundo lugar, nos preocupa el papel de los centros concertados. Es evidente que en la reforma de la ley educativa nuestro modelo ideal no quedaba
recogido en la reforma de la ley, y así lo dijimos en los distintos debates, por eso también nos abstuvimos en la votación. Estamos convencidos de que esta vez el ministerio abordará esta cuestión de forma diferente, de manera que los centros
concertados se sientan cómodos con esta nueva reforma educativa. Y por último, y este punto tampoco es nuevo ni sorprendente, tiene que ver con el respeto competencial a las leyes autonómicas, en este caso a la Llei catalana de la Formació
Professional, que ya están defendiendo un modelo, que están definiéndolo, que hablan de un proyecto que funciona y que siempre, como todo, puede ser mejorado, pero que debe ser respetado también desde un punto de vista competencial. Estas tres
cuestiones van a ser nuestros principales argumentos durante el debate de la ley, por eso quería hoy comentarlos y adelantárselos a la ministra para que los tenga en cuenta, puesto que se van a repetir más adelante.
Le agradezco, ministra, su comparecencia y que haya expuesto aquí tan detalladamente su modelo para la ley de formación profesional, y nos emplazamos a debatir y discutir todo lo que sea necesario para que esta ley salga con el máximo número
de apoyos posibles.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Castillo López): Gracias, señoría.
A continuación, tiene la palabra el señor Mena Arca.
El señor MENA ARCA: Gracias presidenta. Buenas tardes, señora ministra.
Estamos a las puertas de acabar el curso 2020-2021 y, sinceramente, después de cómo tuvo que acabar el curso pasado, y sobre todo cómo tuvimos que empezar este nuevo curso, en un contexto de pandemia mundial, donde las dudas nos invadían a
todos, y eso hay que reconocerlo, creo, ministra, que es el momento de felicitarnos y esta es probablemente la mejor Comisión para hacerlo. Quiero felicitar a la comunidad educativa por el gran trabajo que han hecho para garantizar la mayor
normalidad posible en un contexto tan complicado como el que hemos vivido, también a las familias y al alumnado por entender la excepcionalidad en la que vivimos y hacer fácil lo que parecía imposible y, por último, a las administraciones públicas,
evidentemente al Ministerio de Educación, pero también a todas y cada una de las consejerías de educación de los Gobiernos autonómicos porque han demostrado que la cooperación entre administraciones y no la competencia entre las mismas es el camino
que nos debe marcar el futuro, también en esta Comisión.
Dicho esto, y habiendo abordado el reto excepcional de la COVID-19 en la educación, nuestro sistema sigue teniendo grandes desafíos, que son desafíos estructurales y que debemos abordar. Uno de ellos es el motivo de su comparecencia: la
formación profesional. En España arrastramos una asignatura pendiente desde hace ya demasiados años en torno a la formación profesional. Partimos de una radiografía que usted ha expuesto y que muestra la debilidad histórica del sistema de
formación profesional en España. El 48 % de la población activa no tiene ningún título de formación profesional y tenemos uno de los índices de matriculación en FP más bajos de toda Europa, el 12 %, mientras que la media de la Unión Europea es del
25 y la de los países de la OCDE es el 29. Hay que destacar también dos elementos importantes que tenemos que corregir: el alto índice de abandono escolar, que también se produce en la formación profesional, pese a un mercado laboral saturado como
el que tenemos, y el hecho de que en los titulados de formación profesional el porcentaje de paro juvenil se reduce en hasta seis veces, pasando del 42 % al 7 % en titulados de FP, que debe ser también el camino que marque el futuro de la
empleabilidad en nuestro país.
Estos datos indican probablemente que ninguno de los Gobiernos de la democracia ha apostado decididamente por la formación profesional y ahora lo estamos pagando como país. Tenemos una doble oportunidad: los cambios normativos y
legislativos que está impulsando el ministerio en el marco de la formación profesional, y que son compromisos de este Gobierno, y también los fondos europeos, que vendrán destinados a potenciar la formación profesional. (El señor presidente ocupa
la Presidencia).
Tendremos tiempo, evidentemente, para debatir en torno a la FP, pero yo le quería plantear tres cuestiones que para Unidas Podemos y En Comú Podem son fundamentales. La primera, las plazas públicas. El gran déficit que tiene España
respecto a la formación profesional se da, sin ningún tipo de duda, en el ámbito de la oferta pública. Como país tenemos el deber de ampliar la oferta de plazas y garantizar que todas estas plazas sean públicas y también fomentar, especialmente en
los grados medios, una mayor titulación de nuestros profesionales, porque eso querrá decir mejores puestos de trabajo, puestos de trabajos más cualificados, que son sinónimo de mejores sueldos, mejores condiciones laborales y también mejores
servicios para el conjunto de la ciudadanía. En segundo lugar -y usted también lo ha abordado-, las condiciones laborales. Nos preocupan también las condiciones laborales de los profesores de la formación profesional, fundamentalmente desde dos
puntos de vista; el primero es el personal interino. Usted sabe, porque se lo venimos repitiendo desde nuestro grupo en todas las comparecencias, que, según los tribunales europeos, en España estamos desde hace ya demasiados años en situación de
fraude de ley en la contratación de personal interino, convertida por el Partido Popular en estructural gracias a la tasa de reposición que en su momento impulsaron y que fijó una cifra del 24 % de interinidad en la función docente en nuestro país,
algo que este Gobierno y usted como ministra tienen el compromiso y la obligación de resolver. Queríamos saber, ministra, qué hay detrás de lo que se publicaba ayer en esos borradores que parece que se han filtrado a la prensa sobre la propuesta
que tenía el Ministerio de Política Territorial y Función Pública en torno a este tema. Nosotros creemos que hay solucionar la situación de la interinidad eterna en puestos estructurales, pero se debe hacer, evidentemente, garantizando -como bien
el ministerio ha dicho muchas veces- las condiciones laborales, evitando cualquier tipo de inestabilidad y fomentando la transparencia en la negociación en el marco del diálogo social, como siempre hace usted como ministra.
El segundo elemento de las condiciones laborales tiene que ver con el profesorado técnico de la formación profesional. Usted ya ha planteado una solución. Creemos que esa solución tiene que garantizar derechos laborales a este cuerpo
docente y, evidentemente, la equiparación salarial. Nosotros, como grupo parlamentario, la analizaremos, la estudiaremos, pero lo que usted nos plantea parece que puede ser una buena solución estructural a un problema que era de una compleja
solución, como usted muy bien sabe.
Y el tercer elemento de la ley de la FP tendría que ser el de la transformación ecológica, no solamente digital, sino también ecológica. Los fondos europeos, la nueva Ley de cambio climático y la amenaza real por la que atraviesa el
planeta, que ha hecho que la mayoría de los países del mundo estén comprometidos con el cambio verde que necesitamos, son también una oportunidad para la FP. España debe ser referente en la ocupación y el empleo cimentado en la transición verde y,
por tanto, esta ley de formación profesional también tiene que impulsar un cambio de modelo productivo en nuestro país, que buena falta nos hace.
Estos tres elementos que le decía son fundamentales para Unidas Podemos-En Comú Podem. Además, nos preocupan otros elementos en el marco de la educación obligatoria. Como decía antes, estamos viendo la luz al final del túnel de esta
pandemia. Se ha demostrado que las escuelas son espacios seguros y la responsabilidad de la comunidad educativa y también de las administraciones públicas es el mejor antídoto contra el virus. Esta semana ha habido una Conferencia Sectorial de
Educación de la que se han derivado algunos acuerdos. Yo querría señalarle uno. Se ha abierto la posibilidad de que las comunidades autónomas puedan volver a las ratios de antes de la pandemia; eso afectaría, desde nuestro punto de vista, a la
calidad de nuestro sistema educativo, por el innegable impacto que tienen las ratios en el éxito educativo, y también a las condiciones laborales de esos 35 000 nuevos profesores que fueron contratados para poder superar la pandemia.
Quería hacer una reflexión que también hemos hecho más veces en esta Comisión: la rebaja de ratios tendría que haber venido para quedarse; no solo por cuestiones de seguridad sanitaria motivadas por la COVID, sino fundamentalmente por
cuestiones pedagógicas, porque la ratio del aula impacta directamente en la calidad del sistema y en el éxito de una atención más individualizada. La rebaja del número de alumnos por aula debería quedarse para siempre en nuestro sistema. Es verdad
que las comunidades autónomas van a tener la competencia para decidir si mantienen esas ratios o no, pero podría ser una reclamación que ya planteamos, como usted sabe, en el marco del debate de la Lomloe. Nos gustaría, pues, ver de qué manera
podemos conseguir que se incentive que las comunidades autónomas no aumenten la ratio dentro del aula, repito, no solamente por cuestiones sanitarias, sino fundamentalmente por cuestiones pedagógicas. El sentido común, en plena pandemia, dijo que
hacía falta contratar más profesores para garantizar que la educación no perdiera calidad. Hace falta rebajar las ratios para poder atender a los alumnos de una manera más individualizada y mantener las distancias que
la COVID exige. Esa decisión la tomaron muchos Gobiernos autonómicos, y fue acompañada, en todo momento, por el Ministerio de Educación, cosa que, evidentemente, nosotros queremos reconocer. Ahora corresponde que ese sentido común se siga
convirtiendo en realidad dentro de nuestras aulas.
También quería plantearles, sobre el despliegue de la Lomloe, que es importante, como usted sabe, el desarrollo curricular de esta ley, porque es donde se observará la concreción que persigue la ley en cuanto al trabajo competencial para
garantizar una mejor formación para el futuro. Queríamos saber de qué manera se está desarrollando, se está implementando ese despliegue curricular.
Me va dar tiempo, creo. No quería acabar sin volver al bucle que las derechas del PP, Ciudadanos y VOX nos traen siempre a esta Comisión. Primero, una reflexión que me surgía en torno al debate. Curiosamente, cuando la derecha está en el
Gobierno, quien adoctrina son los profesores; cuando la derecha está en la oposición, quien adoctrina es el Gobierno. Creo que la derecha tiene un problema que en algún momento se tendría que hacer mirar.
Sobre el tema de las lenguas. Primero, me parece una clara irresponsabilidad asociar el independentismo a la defensa de la lengua, porque yo soy catalán, soy castellanoparlante, hablo catalán y defiendo mi lengua, no desde una posición
independentista, sino desde una posición de convivencia entre las realidades lingüísticas que tenemos en nuestro país. Creo que en torno a este elemento, y acabo, presidente, en torno al tema lingüístico solo hay que hacer dos cosas. La primera,
seguir haciendo lo que se está haciendo. Lo decía la diputada Bassa y tiene razón. Todos los datos indican que el modelo lingüístico catalán es un modelo de éxito. Lo dicen así incluso los datos de los ministerios de Educación del Partido
Popular, los ministerios de Educación del Partido Popular también recogían esos datos. La segunda cosa que hay que hacer, evidentemente...
El señor PRESIDENTE: Señor Mena, tiene que acabar.
El señor MENA ARCA: Sí, acabo, presidente.
..., es cumplir la ley. La ley se llama Lomloe, y la ley en Cataluña se llama Llei d'Educació de Catalunya.
Gracias, presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mena.
Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario VOX, en primer lugar, la señora Trías.
La señora TRÍAS GIL: Señora ministra, todos estamos de acuerdo en que la formación profesional de nuestro país necesita un fuerte empuje y en la urgencia de que se convierta en un referente formativo de calidad, alternativo, atractivo y con
prestigio.
La FP en España no está a la altura del resto de Europa ni de las necesidades del tejido productivo español. Encabezamos la lista europea de tasa de paro juvenil, casi el 40 %, y manejamos las cifras más altas de abandono escolar, tasa del
16 % en España frente al 10 % europeo. Además, destaca el hecho de que, según nota del ministerio, el abandono escolar masculino es un 74 % superior al de las mujeres. De eso nadie habla. ¿Es que a nadie le importan en este país los varones
jóvenes y adolescentes? ¿Se imaginan si el fenómeno fuera a la inversa? Ya habrían aflorado toda clase de teorías conspiranoicas contra la mujer y el heteropatriarcado, concretadas en el abandono escolar. Pero, como son hombres, se silencia. Por
otro lado, les importa mucho la promoción de vocaciones femeninas STEM y dedican presupuesto, energía y recursos para fomentarlas. Sin embargo, sobre el abandono escolar masculino, ni se reflexiona ni se interpreta, tampoco sobre el hecho de que
haya un mayor porcentaje de mujeres universitarias, un 41 %, frente al de hombres, 27,9 %. Señorías, el abandono escolar es la mayor. Si los alumnos abandonan, todo lo que estamos hablando es una entelequia. Nunca ponen el acento en esta
cuestión, en ese momento vital tan delicado y decisivo en las vidas de los jóvenes españoles, donde se gesta su futuro y donde su talento, en su diversidad, puede aflorar o apagarse.
Por otro lado, según datos del Gobierno, observamos que en 2020 la tasa de abandono escolar de la población que no posee la nacionalidad española se sitúa en el 32,5 %, superando en más del doble a la tasa con nacionalidad española, del 13,6
%. ¿Qué medidas va a adoptar el Gobierno para revertir esta situación? Llama también la atención que sean Ceuta y Melilla las que registran la tasa mayor de abandono escolar de toda España, más del 25 % y del 22 % respectivamente. A este
respecto, como es sabido por todos, últimamente han entrado en España de forma irregular más de 1500 menores marroquíes sin el consentimiento de sus padres. Es de todos sabido que los problemas familiares, que las familias desestructuradas y
situaciones familiares similares son el caldo de cultivo idóneo para el abandono
escolar. ¿Qué podremos esperar entonces de la trayectoria académica de estos niños arrancados de sus padres, que han llegado a España engañados? Por ello, insistimos en que se tomen todas las medidas para que vuelvan a sus países con sus
padres, que los están buscando.
Hay que profundizar y analizar con detalle las causas estructurales de estas deficiencias de nuestro sistema educativo, para una formación profesional de calidad y acorde a nuestra realidad social y también para conocer las verdaderas
necesidades del sector docente, del alumnado y de la empresa, así como los requerimientos de las propias titulaciones. Muchas empresas se quejan de que no encuentran los profesionales que buscan. Hay que articular bien la manera de integrar a las
mypes, a las pymes y a las microempresas en este círculo formativo e implementar la formación profesional dual, que apenas constituye el 4 % del total de la formación profesional, cuestión agravada por el caótico sistema autonómico que, con la
disparidad legislativa, dificulta mucho al pequeño empresario la agilidad en los convenios de formación.
Otro de los motivos por los que se ha solicitado su comparecencia es para preguntarle acerca de cómo va a garantizar el Gobierno la libertad de los padres para elegir la educación que quieren para sus hijos. Señora ministra, en este ámbito
nuestra pregunta es clara y sencilla: ¿En qué términos plantea el Gobierno la educación afectivo-sexual con perspectiva de género y en toda su diversidad, tal y como se formula en la Lomloe? ¿Consiste acaso en sembrar la duda en nuestros hijos
acerca de su identidad sexual, diciéndoles que pueden ser lo que quieran ser, luego engañándoles acerca de la naturaleza de la libertad humana, y negar la mayor, la información que nos da nuestro propio cuerpo acerca de quiénes somos, hombres o
mujeres, negar lo que la más elemental biología y antropología natural nos indican desde la constatación de nuestras evidencias corporales? ¿Va a seguir la línea trazada por el Programa Skolae de Navarra, replicado en innumerables municipios e
institutos a lo largo y ancho de toda la geografía española? Ustedes quieren introducir contenidos cuasipornográficos en las aulas bajo las falsas banderas de la tolerancia, la pluralidad y el respeto a la diversidad, banderas que enarbolan para
luego mostrarse radicalmente intolerantes con el que piensa y vive diferente y no comparte sus delirios ideológicos.
Gracias, señorías.
El señor PRESIDENTE: Señor Robles.
El señor ROBLES LÓPEZ: Gracias, señor presidente. Gracias, señora ministra por su exposición.
La verdad es que no me dan ganas de preguntar nada, porque ha dicho usted, en primer lugar, que las competencias educativas son de las comunidades autónomas; en segundo lugar, que la Alta Inspección no es operativa, que es meramente
consultiva, y en tercer lugar, que los conflictos los deciden los tribunales. La pregunta es: ¿Para qué sirve el Ministerio de Educación? Esa es mi primera pregunta.
Debería servir, por ejemplo, para garantizar que todos los alumnos que tienen como primera lengua, como lengua materna, el español reciban sus clases en español. Mire, este es un estudio acerca del informe PISA, que ustedes sistemáticamente
ignoran o del no quieren saber. Los alumnos que tienen en Cataluña como primera lengua el español sacan 10,85 puntos menos en ciencias y 10,30 puntos menos en lectura en el informe PISA. Usted siempre me dice que no. Este es un informe hecho por
la Universidad de Barcelona, por el señor Jorge Calero y el señor Álvaro Ochoa, de la Universidad Autónoma de Barcelona. Vaya usted a Barcelona y les dice a ellos que están equivocados. (Rumores.-El señor Mena Arca: Vengo de allí todos los días).
Vale, muy bien.
El señor PRESIDENTE: Por favor. (Risas).
El señor ROBLES LÓPEZ: Dígaselo a ellos, que se han equivocado con eso, no me lo diga a mí.
El señor PRESIDENTE: Por favor.
El señor ROBLES LÓPEZ: En cuanto a la defensa del español, claro que la defensa del español está asociada a la defensa de la unidad nacional. Ha descubierto la señora Bassa el Mediterráneo. Dice que la competencia lingüística de los
catalanes en español es alta, pero ella, desde luego, no predica con el ejemplo, porque nos ha pegado aquí tres patadas al idioma que nos están sangrando los oídos. Nos ha pegado un 'habemos' que, ¡por Dios!; después ha dicho que se decida 'a las
urnas', confundiendo la preposición a con en, y después, se ha inventado el gerundio del verbo 'tuvir', por lo visto, porque ha dicho 'tuviendo'. Si ese es el ejemplo de la competencia lingüística que tienen los catalanes en español, desde luego la
señora Bassa no es un ejemplo a seguir. (Rumores).
Bien, otra cosa que quiero recordar aquí, que además me parece que es obvia y que he dicho muchas veces -sé que el señor Mena tiene su particular síndrome de Estocolmo-, es que la lengua materna de la mayor parte de los alumnos con rentas
bajas en Cataluña es el español. Esto es algo que no se puede disimular, de manera que se junta el hambre con las ganas de comer. Tenemos a unos alumnos que proceden de familias humildes y que sabemos que sistemáticamente obtienen peores notas.
Naturalmente, estamos de acuerdo con todos ustedes en que hay que hacer lo posible para igualar esto mediante becas y mediante estímulos para el estudio, por supuesto, pero es que ustedes no les ayudan, porque en lugar de ofrecerles las clases en su
lengua materna, lo que están haciendo es todo lo contrario, obligarles a la inmersión lingüística y, desde luego, es indisimulable. Dicen: Es que a ustedes no les interesan los alumnos catalanes. Claro que nos interesan los alumnos catalanes, y
el resto de los españoles, y nos interesa una educación nacional igual para todos. A quienes no les interesa es a ustedes, a los señores independentistas, que lo único que les interesa es romper la patria española, evidentemente. No vengan aquí
con cuentos. Les recuerdo, ya que hablamos de marco legal y de la legalidad, que existe un artículo de la Constitución, que es el artículo segundo, que habla de la unidad indisoluble de la patria española. ¿Tenemos que recordarlo todos los días
aquí, en la sede de la soberanía nacional?
Otra cuestión -por pasar de este asunto, porque estamos siempre dándole vueltas a lo mismo- es que tenemos dentro de poco la EvAU. La prueba de EvAU se la van a dar a los alumnos castellanoparlantes en catalán. Si quieren hacerla en
español, la tienen que solicitar, con lo cual, aparte del nerviosismo que naturalmente genera una prueba en la que se juegan su futuro, se añade ese nerviosismo de tener que pedir que les den, por favor, un examen en español. ¿Por qué no se ofrece
el examen de EvAU en las dos lenguas y que ellos elijan la que quieran? ¿Por qué tienen que solicitarlo? ¿Por qué añadir incertidumbre a ese examen?
Ya para acabar, los currículos. Bien, estoy seguro de que usted, con la mejor intención, va a introducir unos currículos que eleven la calidad del sistema educativo; lo espero fervientemente, aunque no tengo muchas esperanzas, pero alguna
tengo. Ahora bien, una pregunta que le quiero hacer acerca de la transversalidad de los currículos. Ustedes, para evitar que los padres puedan hacer uso de sus funciones respecto de las charlas extraescolares, lo que van a hacer es introducir
transversalmente en el currículum cuestiones que son ideológicas y cuestiones que son acientíficas, como la ideología de género, que es una verdadera aberración acientífica, que no tiene ninguna base científica. Nosotros no nos oponemos a la
ideología de género por lo que tenga de ideología, sino mucho más por lo que tiene de acientífica. Nos oponemos a la ideología de género como nos opondríamos a un señor que quisiera poner en el currículum la astrología o la teoría del flogisto.
El señor PRESIDENTE: Tiene que ir acabando, señor Robles.
El señor ROBLES LÓPEZ: Bien. Entonces, la pregunta es: ¿Van a introducir, como parece que van a hacer, estas cuestiones ideológicas de modo transversal para sortear el control paterno?
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario... (El señor Mena Arca pide la palabra).
El señor MENA ARCA: Sí, presidente. Simplemente quiero pedirle al portavoz de VOX que del Diario de Sesiones la acusación que ha hecho de que tengo el síndrome de Estocolmo. (Risas). No porque a mí me moleste nada, sino porque me parece
que es una banalización intolerable por esta Cámara ante una enfermedad psicológica que pueden padecer muchísimas personas. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias.
El señor ROBLES LÓPEZ: Perdón, pero el síndrome de Estocolmo no es ninguna enfermedad psicológica, es un síndrome que sufren los que están secuestrados. (Rumores). No, no; no existe ninguna etiología clínica...
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Robles.
El señor ROBLES LÓPEZ: Aparte, usted, como es profesor de Lengua, entenderá perfectamente la diferencia entre una metáfora...
El señor PRESIDENTE: Señor Robles, no vamos a entrar en un debate ni léxico ni profundo. Ha hecho una petición...
El señor ROBLES LÓPEZ: He hecho una metáfora y, en fin, debe saberlo, porque es profesor de Lengua. No retiro nada.
El señor PRESIDENTE: Señor Robles, yo le agradezco que haya venido hoy con intención de dar clases sobre el significado de todas las palabras. Simplemente, entiendo que no retira del Diario de Sesiones lo que le ha pedido el señor Mena.
En todo caso, lo estudiará la Mesa.
Muchas gracias.
Señor Clavell, tiene un tiempo de diez minutos.
El señor CLAVELL LÓPEZ: Gracias, señor presidente.
Bueno, volvamos a la realidad y a tratar los problemas que realmente preocupan a los ciudadanos españoles y dejemos los debates dialécticos que no van a ningún lado.
Señora Celaá, buenas tardes y bienvenida de nuevo a esta Comisión. Mire, en pocos días cumplirá su tercer aniversario como ministra de Educación del Reino de España, tiempo más que suficiente para hacer balance de su gestión, que de entrada
no sé si calificar como nula o nefasta. Escoja usted lo que quiera. Estos tres años dan para asumir algún tipo de responsabilidad, ¿no cree?; responsabilidad que desde el primer instante ha eludido y derivado a otras administraciones públicas.
Por cierto, ¿opina usted como su compañera, la ministra de Exteriores, que considera que acudir a la educación pública es perder el tiempo?
Empezaré prácticamente por el final, con una Ley de educación aprobada como nunca se había visto en esta Cámara, sin escuchar a los colectivos implicados, cerrando las puertas del Congreso a todos aquellos que querían venir a expresar su
opinión, con una Comisión de Educación secuestrada -esta sí que tenía síndrome de Estocolmo- por el Gobierno, prohibiendo -sí, prohibiendo, verbo antidemocrático donde los haya- las comparecencias y sin contar con los informes preceptivos de órganos
como el Consejo de Estado, aunque, eso sí, como usted bien dice, es una ley con marcado sello ideológico, reconociendo que se trata de una ley totalmente sectaria, admitiendo también como propios del socialismo todos los fracasos educativos que se
han ido acumulando curso tras curso con sus respectivas leyes y, sin entrar en demasiados detalles, cometiendo verdaderos atropellos a nuestro sistema educativo y a la educación en general que ya hemos analizado en otras comparecencias o actividades
parlamentarias.
Durante el precipitado trámite parlamentario de la Ley Celaá, con el debate y votación de alrededor de 1200 enmiendas en cinco ponencias durante dos semanas, hubo momentos verdaderamente vergonzantes, como el día 13 de noviembre, que nunca
olvidaremos, cuando una enmienda transaccional presentada por Esquerra Republicana y apoyada, entre otros, por su partido, el Partido Socialista Obrero Español, retiraba la categoría de lengua oficial del Estado al castellano, que dejaba de ser
lengua vehicular. Que esta iniciativa la presente Esquerra Republicana de Catalunya no me sorprende ni lo más mínimo; que la apoye Podemos tampoco significa novedad, pero que la apruebe el PSOE es el mayor ataque que un partido que se considera
español puede cometer contra la lengua de más de 500 millones de hablantes y lengua oficial en muchos países a lo largo y ancho del globo terráqueo. La Ley Celaá elimina el último reducto que permitía a los padres reclamar que sus hijos utilizasen
el castellano como lengua vehicular, incluso se considera a la lengua de Cervantes como ajena, extraña, impuesta, es decir, una lengua extranjera más en el Estado. ¿Qué va a hacer el Gobierno de España ante las numerosas sentencias que fallan en el
sentido en que las dos lenguas cooficiales -donde existan- se han de impartir en porcentajes no inferiores al 25 %? ¿Se están impartiendo con ese porcentaje mínimo, señora Celáa? ¿Se está impartiendo el castellano con ese mínimo porcentaje en
Cataluña, Comunidad Valenciana, Islas Baleares y el resto de comunidades donde existe la cooficialidad? El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dice que el uso del castellano en aquella comunidad es residual, lo dice el Tribunal Superior de
Justicia de Cataluña. Además, este mismo año tres sentencias de aquel mismo tribunal anulan tres proyectos lingüísticos. El Partido Popular siempre ha defendido un bilingüismo integrador. La lengua nunca ha de ser un elemento de separación, sino
de riqueza cultural. Por este motivo, entre otros, hemos presentado un recurso de inconstitucionalidad a su ley, que ha sido admitido a trámite.
Hablemos del currículum. Tenemos las grandes líneas que el Gobierno quiere introducir en el currículum. Se basan en Portugal, Gales, Escocia, Finlandia o Quebec, pero lo que realmente oculta es una idea de los años noventa, que nos
retrotrae a la Logse, para promover las habilidades frente a los conocimientos. Se presenta como algo novedoso cuando, en realidad, ya está caduco, está finito. Los
propios líderes educativos de Portugal y Finlandia reconocieron una caída del sistema educativo en 2006 -por cierto, año de la LOE- y adoptaron nuevas medidas, como la atención a las disciplinas esenciales, aprendizaje estructurado,
currículo ambicioso, evaluaciones y apoyo a los que tienen más dificultades, sin con eso bajar el rigor, que es lo que pretende usted. En resumen, el proyecto de currículo que está preparando el Gobierno no solamente aumentará las diferencias entre
las comunidades autónomas, sino también entre los centros educativos, y todo agravado con la ya archiconocida dejación de funciones del ministerio. Por cierto, la palabra esfuerzo desaparece del texto. Todas las enmiendas que el Partido Popular
presentó a la Lomloe sobre esta cuestión y que recogían la recomendación del Consejo de la Unión Europea del 2018 fueron rechazadas.
¿Y qué opinan los expertos sobre esta materia? Se lo voy a decir. Según López Rupérez, se trata de una excusa para introducir el facilismo; los países asiáticos que alcanzan los primeros puestos en los rankings internacionales optan por
no prescindir de la ambición por el conocimiento. José Antonio Marina defiende que la memoria nos permite comprender, y si no tenemos los suficientes contenidos en la memoria no comprenderemos nada. Andreu Navarra dice que ponemos nota en empatía,
amistad, solidaridad, pero se desdeña el suspenso en lo académico. Según Xavier Masó, el nuevo currículo que prepara el Ministerio de Educación, al dejar los contenidos tan abiertos, va a generar más desigualdad, porque en unas comunidades
autónomas y en unos centros darán más cosas que en otros. Por supuesto que va a bajar el nivel; el objetivo final es que todo el mundo apruebe para que se reduzca el abandono escolar, afirma el presidente de la Fundación Episteme. Como dicen
todos estos expertos en educación, al ministerio le interesa rebajar el nivel educativo para igualar por debajo. Es decir, se apunta a una visión de simplificación y empobrecimiento en el conocimiento, por lo tanto, a devaluar la calidad y equidad
del sistema educativo y, por ende, de la sociedad, convirtiéndola en una masa acrítica y dócil para los intereses partidistas e ideológicos del Gobierno. Nos sirva como muestra que un alumno pueda presentarse a las pruebas de acceso a la
universidad con tres asignaturas suspendidas. Además, el informe de la OCDE dice que el estado de la educación en las escuelas, un año dentro de la pandemia COVID, ha advertido a España que el incremento de la tasa de titulados no indica jóvenes
más cualificados, sino que se rebajaron los criterios de éxito. Resumiendo, es un verdadero fraude educativo encubierto.
Hablemos de fondos europeos. Uno de los principales hitos que se ha marcado el Gobierno es la educación digital, pero a finales de curso todavía no ha llegado a los 500 000 dispositivos que había prometido para el primer trimestre del
curso, y estamos acabándolo. Sin embargo, en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia enviado a la Comisión Europea se dice que se alcanzó en abril del 2021, otro fraude más, mientras, según fuentes del INE, 1,1 millones de escolares
no tienen ordenador o tableta, 792 000 hogares con hijos no disponen de ordenador -con un promedio de 1,5 escolares por hogar-, 425 000 escolares no tienen acceso a Internet y hay 284 000 hogares con hijos sin acceso a Internet, con un promedio de
1,5 escolares por hogar. El informe del Defensor del Pueblo ha advertido que la pandemia ha estancado la función de ascensor social de la educación en su informe anual correspondiente a 2020. Entre las mayores preocupaciones, ha destacado el
impacto por las clases presenciales y la activación del modo semipresencial y la brecha digital, lo que supondrá un desfase curricular significativo. Pero el Gobierno, a diferencia de otros países, ha rechazado realizar una evaluación
extraordinaria y urgente, que el Partido Popular ha pedido, para conocer el impacto de la crisis sanitaria del COVID en el aprendizaje.
Se sigue discriminando a los centros de Educación Infantil, que tanto empleo, especialmente femenino, ofrecen, cuando solo se anuncian plazas de titularidad pública. Incluso se afirma que esta iniciativa cuenta con un alto consenso político
y unanimidad parlamentaria, social y territorial, cuando sabemos que es totalmente falso, ya que la política educativa del Gobierno es imponer un modelo educativo monolítico. De hecho, nuestras enmiendas a la Lomloe sobre esta cuestión en concreto
también fueron rechazadas, otro fraude más. No se hace mención a la disposición adicional tercera de la Lomloe, que establece que en el plazo de un año el Gobierno elaborará un plan de ocho anualidades para la extensión de la Educación Infantil,
que avance hacia una oferta pública suficiente. ¿Despiste o mala intención, señora ministra? ¿Miente el Gobierno aquí, en España, o lo hace en la Unión Europea? La Educación Especial continúa siendo perseguida por el ministerio, de lo que se
deduce que no existe ni en la memoria económica de la Lomloe ni en este plan una financiación para lo dispuesto en la disposición adicional cuarta de la Lomloe, cuya supresión seguimos pidiendo. Pero, eso sí, usted, como todo el Gobierno, pensando
en el 2050, ni más ni menos que a treinta años vista,
cuando a día de hoy es incapaz de resolver los problemas de la educación. Poca fe tiene en la Lomloe cuando lo vincula todo a la reducción de la natalidad.
Muchas gracias, señor presidente. Continuaré después.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Clavell.
Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Socialista, en primer lugar, el señor Sancho.
El señor SANCHO GUARDIA: Buenas tardes, ministra, a usted y al equipo que la acompaña. Bienvenida.
Yo voy a hablar de FP. Creo que es de justicia que mis primeras palabras sean de agradecimiento y de reconocimiento, y lo es por un doble motivo. En primer lugar, porque usted se comprometió a presentar las líneas generales de la nueva ley
de FP aquí en la Cámara, y hoy lo acaba de hacer, cumpliendo la palabra dada, presentando un proyecto de ley para una formación profesional, moderna y europea que articule todos los sistemas de formación. En segundo lugar, porque debe reconocerse
su apuesta y la apuesta de este Gobierno por la FP, una clara y decidida demostración de voluntad política, de prioridades en la legislatura desde su toma de posesión, con hitos destacables, transformadores -decía usted-: el primer plan estratégico
de FP, la denominación del Ministerio de Educación y FP con la creación en su estructura de su secretaría general, incorporando competencias de FP que pertenecían a Trabajo, y el Plan de modernización 2020, que está actualmente en desarrollo. Y lo
que consideramos más importante e imprescindible, todo ello aplicando el 'obras son amores y no buenas razones' con amplia dotación presupuestaria, porque solo con presupuesto es posible garantizar la transformación y modernización de la FP y su
papel fundamental como eje vertebrador de la economía y del Estado del bienestar.
Usted ha dado un dato muy relevante: 2076 millones de euros para el periodo 2021-2023 en el plan de modernización. Hoy nos presenta el proyecto de ley que desde nuestro grupo parlamentario consideramos absolutamente necesario, porque es
necesario consolidar estructuralmente el modelo de FP, configurando un sistema de formación profesional a lo largo de su vida que permita la comparabilidad con el resto de sistemas de formación profesional europeos. Compartimos con usted el
objetivo que se habían marcado: modernizar y consolidar la formación profesional como enseñanzas de éxito asociadas al talento, la innovación, la empleabilidad y la mejora de la competitividad de nuestras empresas. Decía usted: un modelo de
formación dual acreditable, acumulable y capitalizable, un único catálogo de cualificaciones para una formación profesional flexible, modular y adaptada a las necesidades de cualquier persona o colectivo. Un proyecto de ley del que hoy, por tiempo,
no podemos hablar en profundidad, pero puedo asegurarle sin banalizar el término que sí, estamos ante una situación histórica para la formación profesional y para el país, porque la formación profesional es un pilar para el desarrollo económico
sostenible, la competitividad y la cohesión social. Porque después de diecinueve años ya tocaba dotar a la formación profesional del dinamismo y de la inmediatez que deben ser esencia del nuevo sistema, y porque este proyecto de ley parte desde el
consenso en colaboración con empresarios, sindicatos, otros ministerios y comunidades autónomas. Por si no fuera suficiente, el lunes se presentó la Alianza por la Formación Profesional, una estrategia de país, una iniciativa que pretende
consolidar la red de corresponsabilidad para afianzar la trasformación de la formación profesional. Además, porque esta ley va a regular y ordenar legislativamente el conjunto de un sistema que ya no responde a las necesidades del país y es
imprescindible actualizar.
Finalmente, quiero agradecerle y comparto con usted el reconocimiento que ha hecho del profesorado. Decía: elemento esencial de la transformación de la FP, alma del sistema educativo. Así es, porque usted lo ha dicho reiteradamente:
todas y todos somos necesarios, no sobra nadie. Se ha atendido una reivindicación histórica de los profesores técnicos y hoy nos anuncia la creación de un nuevo cuerpo docente.
En definitiva, quiero reiterar nuestra satisfacción y apoyo para una nueva ley de FP integradora, flexible, de excelencia, dual, que forme y acompañe y oriente al docente a lo largo de la vida. Esperamos que cuente con las propuestas y el
apoyo del resto de los grupos parlamentarios.
Gracias, presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sancho.
Ahora tiene la palabra -le quedan seis minutos treinta y seis segundos- la señora Martínez Seijo.
La señora MARTÍNEZ SEIJO: Gracias, señor presidente.
Muy buenas tardes, señora ministra, y gracias una vez más por comparecer en esta Cámara. Quiero agradecerle todas sus explicaciones en nombre una vez más del Grupo Parlamentario Socialista, y no
simplemente por informar sobre una necesaria y urgente ley, que es la ley de formación profesional, sino también por explicar aquellas cuestiones que han sido suscitadas por parte de otros grupos parlamentarios. Debo decir que usted sí
comparece aquí, siempre viene cuando se le ha demandado, y así ha sido. Esto por contestar a algún parlamentario de algún otro grupo que debe de estar muy desubicado y que, desde luego, no mantiene la asiduidad de las comparecencias en esta Cámara.
Verdaderamente usted ha hablado de lo que era importante, la formación profesional. A mí no me han sorprendido algunas intervenciones que, como ya nos esperábamos, se han centrado mucho más en hablar de lo de siempre, del monotema y de los
temas más manidos que se han abordado aquí en múltiples ocasiones, y que parece que obedecen a los únicos temas que tiene la derecha en su discurso educativo. Me habría gustado escuchar algo más positivo sobre esa ley tan necesaria como es la de la
formación profesional. No tenía pensado hacer referencia a algunas cuestiones que han introducido la derecha y la ultraderecha, pero me parece que algunas afirmaciones son tan ofensivas y hasta cierto punto tan vergonzosas que no puedo estar
silenciada ante algunas, como que la educación afectivo-sexual puede incluso implicar pornografía infantil. (Aplausos). Lo que se ha dicho me parece una auténtica temeridad y, desde luego, nos reafirma en nuestra convicción de la necesidad
absoluta que hay de introducir la educación afectivo-sexual en el currículo educativo en todas las etapas educativas y de manera transversal porque, evidentemente, con educación, en este tipo de temas posiblemente se evitarían ese tipo de
planteamientos, de pensamientos y de afirmaciones tan desafortunadas.
En segundo lugar, que ese tipo de afirmaciones parta de una mujer me parece, también como mujer, un discurso vergonzoso, porque no nos representa a las mujeres y, desde luego, me habría gustado escuchar en alguna ocasión un discurso no
machista y no xenófobo proviniendo de una mujer como la señora Trías.
Por otro lado, en política hay que tener corazón y hay que tener sensibilidad cuando se habla de determinados temas, sobre todo cuando se está abordando algo tan vulnerable como es la inmigración y, en este caso, sobre todo, de menores no
acompañados que tienen que abandonar sus países de origen por situaciones verdaderamente lamentables y tristes. Por eso pido más empatía, mucha más sensibilidad y mucho más respeto hacia la vida de esas personas.
Me voy a centrar en el tema de la comparecencia, de algunas de las comparecencias que han solicitado otros grupos parlamentarios. Voy a empezar concretamente con el tema de las lenguas. Debería recordarle a la derecha que ellos exigen una
intervención educativa ante un proceso que es judicial e incluso pretenden, según he escuchado, ignorar derechos y competencias que vienen claramente recogidos en el artículo 3 de la Constitución española, relacionado con las lenguas. Debemos
recordar que uno de los objetivos de la Lomloe fue rehacer, reformar y corregir algunos de los errores que se habían cometido en la Lomce, y hay que recordar también que fue precisamente la Lomce la que fue recurrida en el Tribunal Constitucional en
el tema de las lenguas, y que además esa disposición adicional 38 se consideró inconstitucional y, por primera vez, fue recurrido ese artículo ante el Constitucional en una cuestión lingüística. Señorías del Partido Popular, les pido que tengan un
poquito más de memoria sobre las consecuencias de su gestión, y no vengan a reclamar ahora que los demás arreglemos una situación que ustedes ya provocaron antaño. Puestos a solucionar, eso es lo que ha hecho la Lomloe, porque en esa disposición
adicional 38 lo que venimos a recoger en esta ley que hemos aprobado es que se pongan los medios para lograr la adquisición plena de la competencia lingüística, tanto en la lengua castellana como en las lenguas cooficiales, allá donde estén
reconocidas esas lenguas cooficiales que, por cierto, tienen que ser recogidas en sus estatutos de autonomía para que se consideren así. Por eso mismo precisamente es por lo que hay un proceso judicial en el Tribunal Superior de Justicia de
Cataluña, no en el Tribunal del Estado español, porque es una cuestión de competencia autonómica. Para ser exactos, también cabe recordar que las competencias del Estado estrictamente son regular y recoger los contenidos curriculares para que todo
el alumnado acabe su escolarización dominando y siendo plenamente competente en castellano. Por tanto, diría que zapatero, a sus zapatos, y las competencias del Gobierno de España, concretamente en este tema, es regular el currículo en el ámbito
estatal, pero no la regulación de las demás lenguas cooficiales en las comunidades autónomas porque, insisto, eso viene determinado por el estatuto de autonomía y, lógicamente, tienen que recogerlo las comunidades autónomas.
El segundo tema clásico de la derecha es la libertad de los padres para elegir centro. Le diría al señor Sayas que es curiosa su preocupación, porque a la vez que estaba firmando ese recurso ante el
Constitucional, en Navarra en los centros de educación diferenciada estaban apoyando el acuerdo con el Gobierno vasco. En fin, simplemente para recordar que no estarán tan enfadados cuando estamos ya con el marco legislativo de la Lomloe y
los centros concertados han apoyado ese proceso de regulación. Lo que me sorprende es que se haga ese discurso de que, por la Lomloe, los niños van a salir perjudicados y no van a tener la misma igualdad de oportunidades, cuando en principio lo que
está haciendo la derecha es mantener el privilegio de determinados centros y el privilegio de los centros para seleccionar al alumnado, y no al revés, que es lo que se deberá garantizar, que sean los alumnos los que tengan derecho de elegir su
centro educativo y no que sean los centros los que seleccionan y, por tanto, segregan y, por tanto, excluyen al alumnado. Eso precisamente es lo que ha venido a corregir la Lomloe.
Señor presidente, por ir finalizando, y en relación también al tema del currículo educativo, quiero decir dos cosas concretas. Avancemos un poco, no nos quedemos en esas metodologías que están estrictamente basadas en memorizar contenidos y
vomitarlos en los exámenes. Eso evidentemente no nos lleva a ningún progreso y lo único que ha conseguido ha sido mayor fracaso escolar, mayor tasa de repetición, mayor abandono escolar y, desde luego, lo que no ha permitido ha sido el avance según
los propios ritmos de aprendizaje que el sistema educativo requiere. Por tanto, creo que hay que ser un poquito más coherentes, mirar hacia el futuro y mirar por el bien de la educación española y por el conjunto del sistema educativo para todos
los niños y niñas, y repito, sin dejar a nadie atrás. Ese es el objetivo fundamental.
Muchísimas gracias una vez más, señora ministra, y al señor presidente por el tiempo concedido.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Martínez Seijo.
Tiene la palabra para contestar a los portavoces la señora ministra de Educación y Formación Profesional.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez): Muchas gracias a todos y a todas, señorías, por sus aportaciones.
Iba a contestar al señor Sayas, pero, desafortunadamente, no está. Pero sí quiero decir que la libertad está plenamente garantizada en la ley. Es una ley orgánica y la libertad está plenamente garantizada en su exposición de motivos y en
todos sus artículos. Como ven ustedes, en este momento estamos en proceso de admisión de alumnos y no veo que nadie, no veo que ninguna familia ni ningún grupo afirme que se haya recortado su libertad en la elección. Por tanto, los hechos son
verificables y nos dicen que no hay ningún recorte de libertades. Es una ley que se afinca en el pacto constitucional. No tiene mucho sentido contestar al señor Sayas porque no se encuentra en la sala, pero quizá tenga posibilidad de hacerlo a
través de otros grupos que han reproducido algunos aspectos. Le agradezco su disposición a apoyar la formación profesional; creo que los demás argumentos prácticamente están reproducidos por los representantes del Grupo Popular y, por tanto, así
lo haré.
A la señora Pozueta Fernández, muchas gracias. Efectivamente, Skolae educa en la diversidad y además fue reconocido por numerosas entidades, entre ellas Alboan, que es de los Jesuitas, precisamente. Por tanto, no creo que a nadie de la
sala, sea de una o de otra representación, organización o concepción ideológica, pueda suscitarle suspicacias esta cuestión. Skolae -que fue, además, reconocido por algunas de las entidades- educa en la diversidad y recientemente, además, hemos
tenido resultados de estudios que nos afirmaban que, lamentablemente, los niños y las niñas empiezan a aprender la pornografía desde Internet. Nosotros preferimos que la aprendan en la escuela y, evidentemente, es por esa razón por la que la Lomloe
incorpora la educación afectivo-sexual durante todo el recorrido educativo. Más, sobre todo, en secundaria y secundaria posobligatoria, pero, desde luego, creemos en la educación afectivo-sexual, tenemos confianza en los profesionales y estará
presente en la educación mientras seamos responsables. Por tanto, es educación frente a pornografía en la red.
Me hablaba la señora Pozueta de mayor inversión. Efectivamente, estamos haciendo una mayor inversión. Creemos en la educación no como gasto público, sino como inversión, y todas las comunidades autónomas -las 17 comunidades autónomas-
conocen los recursos adicionales que desde 2019 y 2020 estamos incorporando al sistema. Si ustedes hacen una comparativa entre antes y ahora podrán comprobar cuál es el resultado neto. Reitero: esto es verificable, no es opinión. Estos son
hechos. Los criterios de distribución, señora Pozueta, efectivamente, iban al 2020, pero luego tendremos presupuestos europeos, porque hay un plan de financiación europea que dura hasta el 2027. Por lo tanto, sí que, de alguna manera, sabemos que
las comunidades autónomas son las competentes en materia educativa, pero sí respaldaremos un way out, es decir, una forma de hacer esta incorporación, porque esta
incorporación que vamos a hacer en próximas fechas -y estamos haciendo ya, reitero- es muy potente en términos de inversión, porque no solamente son los 317 millones adicionales que hemos incorporado a la formación profesional, son los más
de 500 millones que hemos incorporado a las becas. Y esta es una cuestión bien importante, señorías, cuando me preguntaban por la igualdad de oportunidades. Significa un 35 % más de lo que teníamos. Yo encontré un Ministerio de Educación que
tenía apenas 1500 millones de euros para becas y hoy está en 2097 o 2079, no recuerdo exactamente la cifra. Por lo tanto, ha significado un esfuerzo importante por parte del ministerio, y eso es igualdad de oportunidades y procurar y hacer que,
efectivamente, el más vulnerable pueda incorporarse a los estudios superiores, a aquellos que no están financiados por no ser obligatorios, en igualdad de condiciones.
El profesorado, desde luego, nos importa. Esta es otra de las obligaciones que incorporamos en la Lomloe: vamos a atender una mayor y mejor actualización de la formación del profesorado, y vamos a atender a la presentación de un proyecto
que irá desde la formación inicial hasta la incentivación y evaluación, pasando por un proceso de acompañamiento del profesorado en las aulas. Por tanto, esto también lo hemos incorporado como parte de nuestras responsabilidades; es decir, que
nuestras responsabilidades son amplias y las hemos venido desarrollando desde junio de 2018, hace ahora tres años.
Me pregunta usted por los objetivos de la dual y, efectivamente, esta es una cuestión muy importante, porque no tenemos el mismo tejido productivo en todas las comunidades, no tenemos el mismo tejido empresarial. Y sabemos que, si es más
fácil avanzar con aquellas grandes compañías del IBEX, es más difícil con las pequeñas y medianas empresas, pero eso no quiere decir que sea renunciable. Tenemos que hacer un esfuerzo mayor y lo vamos a hacer. Tenemos conversaciones maduras con
las pequeñas y medianas empresas, y estamos buscando las fórmulas para hacer que, efectivamente, esto sea efectivo y productivo.
Es verdad, como dice usted, que hay una brecha de género. No solamente en los estudios universitarios, porque es cierto que tenemos más de un 40 % de mujeres estudiando carreras de ciencias, pero esta magnitud se reduce de manera
significativa cuando vamos a otras especialidades, como puede ser electricidad, electrónica o, en el ámbito universitario, ingeniería, matemáticas, etcétera. También en la formación profesional ocurre esa brecha y estamos trabajando, precisamente
con STEM y con otras fórmulas de recursos para procurar que entidades, empresas, formación profesional dual y centros educativos sean muy conscientes de la importancia que tiene ir orientando. Por eso, la orientación es uno de los componentes
esenciales de la nueva formación profesional. Ir orientando, precisamente, a las mujeres a esas especialidades que son ahora también demandadas y que necesitan el talento de todos. Y estamos hablando, como digo, de máquina-herramienta, de
electricidad y electrónica, de inteligencia artificial y de otras muchas. Así que, señora Pozueta, le agradezco mucho su apoyo y, efectivamente, ustedes también habrán de ser y serán escuchados a este respecto.
La señora Gorospe tampoco está, debe haber otra Comisión en este momento en marcha, por lo que también diré algunas cosas muy breves. En relación con Skolae, ya lo he dicho, los modelos lingüísticos se asumen en libertad por las familias.
En la FP habla de sistema integrado; ese es justamente el apoyo que también tenemos y, por lo que hemos venido hablando con todos los grupos, tenemos el apoyo de sus señorías a un sistema integrado que, efectivamente, nos incorpore a una buena
formación profesional, de mucha calidad, y que sea un modelo efectivamente comprensivo que recoja la enorme versatilidad, la enorme diversidad que hay en nuestras comunidades autónomas, en nuestros territorios, que tienen desarrollos económicos
diferentes, pero quieren estar incorporados, todos, desde Galicia hasta Andalucía, pasando efectivamente por las demás comunidades autónomas. Por lo tanto, ella hablaba de la alianza, que tenía y tiene el objetivo de incorporar a las empresas, es
decir, tratar de visibilizar delante de las familias que las empresas de este país están por la formación profesional.
Creo que también ha hablado de mecanismos de cooperación territorial. Obviamente, trabajamos con las comunidades autónomas, como ustedes bien saben, en la Comisión de Formación Profesional -o Conferencia Sectorial de Formación Profesional-
y con todas ellas estamos haciendo el modelo.
Claro que vamos a acreditar a 3 millones de personas, y claro que vamos a acreditar en este primer año a 500 000 personas. El procedimiento -la fórmula- es el siguiente. Como saben ustedes, existían convocatorias que atendían esta cuestión
de manera bastante fragmentada, es decir, en el sentido de que la convocatoria tenía que hacerse, aunque no siempre se mantenía, y era de distintas especialidades. Sin embargo, ahora vamos a mantener un servicio permanente, estructural, abierto,
que se ofrecerá a través de los centros educativos de formación profesional y de los centros autorizados, también en la red, y que
tendrá un asesor y un evaluador, y aquella persona que quiera que su formación profesional de base, que su capacitación sea acreditada, tendrá que entrar en contacto y obviamente podrá ser acreditada. ¿A qué nivel? Al que tenga, y ese
nivel tiene que estar relacionado con el sistema de cualificaciones profesionales, pero, como digo, será acumulable, será capitalizable, será reconocible, y por lo tanto a la persona le servirá como una mochila formativa que podrá acreditar a través
de un registro de formación profesional que se creará con la ley, a través del cual se podrá comprobar -en cualquier comunidad y en cualquier lugar podrá comprobarse- en qué nivel de formación está la persona. Aquí lo verdaderamente significativo
es que necesitamos transitar desde una formación inicial, en la que tenemos un 35 % de conciudadanos, a una formación o una cualificación intermedia, porque esa va a ser la exigencia de los nuevos puestos de trabajo, y ahí estamos en un 25 %. Por
lo tanto, el camino está expedito, es claro, está diagnosticado -tenemos el diagnóstico, tenemos el tratamiento y tenemos el proyecto-, y una cosa muy importante es que tenemos los recursos económicos para poder recorrer ese camino. Así que, que
nadie piense que obviamente el modelo general va a descuidar o no va a ser lo suficientemente comprensivo como para no atender los distintos tejidos que hay en nuestro país.
Señora Giménez, me ha formulado usted muchísimas preguntas, algunas de las cuales le tendré que explicar en otro momento debido a la cantidad, a la suma de preguntas, pero quiero decirle, en primer lugar, que efectivamente el alumnado gitano
está siendo atendido, lo cual no es nuevo tampoco, pero esta atención se ha visto muy intensificada por este ministerio. Tenemos políticas preparadas con el Secretariado Gitano y con algunos otros representantes del alumnado gitano, y desde luego
conocemos la realidad, hemos colaborado en su mejora, sobre todo en la mejora de las mujeres dentro del alumnado gitano que, como usted bien ha dicho, es un asunto de interés y que merece toda la atención y todos los recursos.
En cuanto al paro juvenil, efectivamente tenemos un nivel de paro juvenil insoportable, y he de decirle que ese paro juvenil, como también se ha dicho en la sala -y estos son datos del SEPE-, un paro juvenil superior al 30 %, se convierte en
un paro juvenil de un 7,5 si esa persona ha conseguido su ciclo formativo de grado medio -estos son datos, como digo, del Servicio de Empleo-, y si tiene ciclo formativo de grado superior entonces la proporción de demandante de empleo va hasta el
6,5 %. Por tanto, tenemos muy claro que lo que necesitamos, lo que España necesita, lo que el país necesita son graduados en formación profesional, graduados en ciclos formativos de grado medio, en ciclos formativos de grado superior y
especializados. Esto es lo que necesitamos y además tenemos que hacerlo visible todos los grupos parlamentarios que aquí estamos para que las familias no tengan ningún sentimiento de que la formación profesional pueda llegar a ser un itinerario de
segunda. Es un itinerario de primera y en cuanto traspasamos muchas veces el ámbito meramente educativo y pasamos al ámbito económico esto se percibe con una claridad absoluta, y desde luego si nos comparamos con cualquier país europeo, también.
Por tanto, la formación profesional es itinerario de primera en las especialidades que va asumiendo la formación profesional, son especialidades demandadas y absolutamente contemporáneas, conectadas -porque usted también me preguntaba acerca de eso-
con las demandas que actualmente tenemos, es decir, demandas en inteligencia artificial, en 5G, en Big Data y en otras como la economía verde o incluso el tratamiento de residuos, la economía circular, además obviamente de aquellas que son
tradicionales, y que sigue siendo absolutamente imprescindible desarrollar. Por tanto, todo eso se está incorporando. Como digo, hay una actualización constante de las cualificaciones profesionales, que creo recordar que son 686 o 684, y ya hemos
actualizado más de la mitad y además hemos generado nuevos títulos de formación profesional. Pero, como digo, lo que estamos pretendiendo hacer y estamos haciendo es ofertar la formación profesional desde microformaciones, o sea, estándares de
competencia, unidades de competencia, elementos de competencia, módulos que son parte -si usted me permite la expresión- de un título y para así llegar al título. ¿Para qué? Para que todo el mundo, hombres, mujeres que están trabajando, que están
en su casa, puedan acceder al sistema, bien parcialmente, bien online, y puedan ir haciendo su propio menú de formación. Estamos trabajando con más de 300 empresas, con entidades, con las cámaras de comercio, y en esa relación evidentemente también
damos una formación profesional a la carta cuando hay una magnitud de demanda lo suficientemente sostenible, importante, como para merecer esa oferta. Esta es una cuestión importante. Estamos en este momento también formando a 125 000 trabajadores
y desocupados en un módulo digital de treinta horas, en colaboración también con empresas, es decir con la CEOE, con Cepyme y con la Unión General de Trabajadores. Por tanto, nuestro trabajo es de 360 grados, es un trabajo completo en este sentido.
En cuanto a becas al estudio, como le digo, señora Giménez, hemos incorporado las becas al estudio no solamente en cuestión de diversificación, de tratamiento de la diversidad, de nuevas capacidades, de aquellos alumnos que tenían espectro
autista o dificultades en el aprendizaje o en la comunicación, sino que también hemos hecho una incorporación económica importantísima, un incremento de alrededor de un 35 %, y también hemos resuelto todo el tema de los requisitos para la
incorporación a una beca. Le puedo decir que hemos tenido en esta nueva convocatoria de becas a 92 000 personas más que han querido acceder. Por lo tanto, estamos en unas cifras muy importantes de alumnos y alumnas becarias a este respecto.
No existe una jerarquía. Yo aprovecho para decir que efectivamente tenemos un sistema autonómico, que el sistema que perfila, diseña y fija la Constitución no establece ninguna jerarquía entre el Gobierno central y las comunidades
autónomas; no hay esa jerarquía. Por esta razón el Tribunal Constitucional no permitió y además anuló una parte de aquella disposición que ha mencionado la portavoz del Partido Socialista, la disposición adicional 38, so pretexto de que
efectivamente era una injerencia por parte del Gobierno de la nación en la competencia propia de una comunidad autónoma. Por tanto, sí hay jerarquía normativa entre lo que significa una ley orgánica y una ley de una asamblea legislativa. Esa ley
de asamblea legislativa no puede contravenir una ley orgánica, pero no hay una jerarquía, como usted sabe, entre la Administración central y las administraciones autonómicas; las competencias, las relaciones, se establecen de otra manera.
Creo que me preguntaba también, señora Giménez, por el Programa PROA Plus, que es el PROA. Quiero decir que realmente es el Programa de Refuerzo, Orientación y Ayuda, que había sido retirado y hemos recuperado, y que nos sirve precisamente
para trabajar con los más vulnerables. Es un programa que queremos intensificar de manera notable precisamente con parte de los fondos europeos.
Sí, tenemos conferencias sectoriales, y con mucha asiduidad. Precisamente acaba de reunirse la de Educación para organizar el comienzo del curso, a la que han asistido el Ministerio de Sanidad y también el de Política Territorial.
Tendremos otra antes de finalizar el curso para hablar de cuestiones propiamente educativas en el comienzo de curso y para hablar también de la distribución -no de la formación profesional, que ya tenemos absolutamente acordada con las comunidades
autónomas, pasada por el Consejo de Ministros y desde luego también por la conferencia sectorial- en relación con la cuestión del 0-3, que ha sido motivo de preocupación del señor Clavell, del que hablaré ahora. En cuanto a las sentencias, le diré
que nosotros no opinamos sobre las sentencias de los tribunales ni las comentamos. Nosotros acatamos las sentencias.
En cuanto a Ceuta y Melilla, hemos hecho notable esfuerzo. Se han incorporado trescientos nuevos profesores a Ceuta y Melilla en las últimas fechas, en el último curso -repito, trescientos nuevos profesores- y estamos también trabajando en
un par de centros educativos, de lo que le daremos razón más detallada.
En relación con las lenguas extranjeras, hay que decir que están incorporadas en la Lomloe durante todo el proceso educativo, pero, sabemos que el sistema educativo español tiene necesidad de incorporar con más intensidad, si cabe, el
inglés, que puede ser en otros centros educativos con otras vocaciones y con otras cercanías, el francés o el alemán. Pero, desde luego, hay que hacer un esfuerzo importante, y estamos en ello.
Nosotros nos hemos comprometido, y esta es una cuestión que también nos diferencia de aquellos que nos precedieron, con objetivos cuantificables; es decir, nos la jugamos en los objetivos cuantificables. Así que ustedes podrán decir con
tranquilidad, después de un tiempo: oiga, allí donde dijo que iba a generar 200 000 nuevas plazas de oferta de formación profesional no ha generado más que 155 000; faltan. Pero, ahora, señores míos, y desde junio de 2018, ustedes pueden repasar
mes a mes o año a año lo que este ministerio ha venido haciendo; lo pueden repasar y puede que no les guste, pero lo que no es aceptable porque no es verificable, porque no es real y los hechos están ahí, es que no se haya hecho política y que no
se haya hecho política educativa -repito, política educativa-. Esto es algo que ustedes no pueden decir, salvo que quieran mentir o salvo que quieran poner unos datos donde hay otros. Eso no podrán decirlo. Podrán decir: no me gusta, yo habría
hecho esto otro. Pero yo me encontré, y ustedes lo saben, con una situación en que ni aquellos que habían impulsado la ley orgánica precedente, es decir, la Lomce, pudieron sostenerla hasta el final. No pudieron ni aquellos mismos que la
impulsaron, por la resistencia absoluta de la comunidad educativa. No pudieron, y tuvieron que suspender en el año 2016 todo lo que fueron las supuestas reválidas. Por tanto, lo que había encima de la mesa era no finalización
de los alumnos, estaban suspendidos en algo que realmente no les había llevado al final. Esto es un hecho también verificable, el real decreto-ley de 2016.
Efectivamente, señora Giménez, es a los tribunales a quienes corresponde dictar sentencias y hacer que se cumplan. Esto es así en derecho constitucional, es así nuestro sistema autonómico y es así como hemos de comportarnos, respetando,
obviamente, las sentencias de los tribunales, que nosotros no interpretamos.
Señora Bassa -tampoco está en la sala-, quiero decirle, no con la intensidad que se lo diría si estuviera en la sala, que la FP dual es el elemento sustentante del sistema de la formación profesional, en el sentido de que nunca hemos pensado
que pudiera haber una formación profesional sin empresa; y desde luego las empresas necesitan trabajadores bien formados. Por tanto, estamos trabajando en que haya un tutor de empresa, también cuando lo hacemos con las pequeñas y medianas
empresas. Ahí es donde estamos componiendo todo el sistema. Iniciativas, innovación, por supuesto investigación o transferencia de conocimiento son justamente los elementos que componen la nueva formación profesional. Me preguntaba también la
señora Bassa por la colaboración online con las demás comunidades autónomas. Por supuesto que tendremos establecer -ya lo tenemos- un sistema muy abierto y muy colaborativo entre lo que se oferta online en las comunidades autónomas y lo que se
oferta a partir del ministerio.
Sergi, del PDeCAT, hablaba también de la inmersión lingüística. Efectivamente, como ha dicho, la inmersión lingüística jamás fue recurrida por el Partido Popular; jamás. Este es un hecho también verificable. En cuanto al papel de los
centros públicos y centros concertados, como sabemos, la formación profesional se nutre de ambos en una proporción diferente. Yo creo que la formación profesional en centros concertados está en torno a un 16 % y la distribución de fondos es un poco
superior a lo que significa su inserción en el territorio. Hay un respeto competencial absoluto en lo que es el diseño de la nueva ley de formación profesional.
Joan Mena, muchas gracias, como siempre. Efectivamente, tienes mucha razón en que hemos de felicitarnos por tener los centros abiertos. Creo que solo hemos sido dos países en toda Europa los que hemos mantenido los centros abiertos, Suecia
y nosotros mismos. Esto ha puesto de manifiesto el músculo del sistema educativo español en el sentido de que el profesorado, verdadera alma de los centros, ha estado completamente a nivel, midiendo, adaptándose a cualquier situación de la pandemia
y, desde luego, haciendo una labor importantísima no solamente desde el punto de vista educativo sino también desde el punto de vista de detección precoz de la pandemia. Las comunidades autónomas y el ministerio hemos trabajado codo con codo en
esta cuestión y no hemos fallado. Hemos estado muy de acuerdo en que mantener los centros abiertos era una gran ventaja, la mayor ventaja, mayor que cualquier eventualidad o riesgo, y en que ese era nuestro trabajo, que creo que hemos hecho de
manera satisfactoria. Esto es muy importante para todos, particularmente para aquellos que tienen una situación más desfavorable de entrada. Por tanto, ya que a los españoles parece que nos gusta mucho zaherirnos, al menos deberíamos estimar que
somos flexibles, que somos adaptables y que somos fuertes en muchas ocasiones.
La cooperación entre administraciones es un valor importante. El sistema autonómico es un valor frente al centralismo, y no hay más que repasar la historia de nuestro país para ver dónde se producen las mayores innovaciones, dónde se
produce la mayor cantidad y calidad de conocimiento, con qué fórmulas, de todas las posibles fórmulas políticas por las que hemos podido transitar a lo largo de la historia, nuestro país ha prosperado más. Yo creo firmemente, además con convicción
plena, que este sistema autonómico es el que da muchísimo mejor resultado. Si nos acercamos a las circunstancias en las que vive un alumno, a las circunstancias en las que se educa o aprende un alumno y personalizamos esa enseñanza, el resultado es
muchísimo mejor. Si salvamos la distancia, lo mismo ocurre en los ámbitos territoriales, es decir, el acercamiento al punto de necesidad, al punto de diversidad, es el que precisamente nos da mejores resultados.
Efectivamente, como dices, Joan, hay un alto índice de abandono escolar. Ahí estamos. Si yo tuviera que designar, diseñar o subrayar alguna preocupación, esta sería una de las importantes. No podemos tolerar que todavía haya un 16 % de
abandono escolar temprano, y digo 16 %, aunque yo me encontré con un 17,8 %. Es verdad que este abandono escolar está muy relacionado con el mercado. Es decir, cuando el mercado está más abierto lleva a más alumnos de la escuela al puesto de
trabajo y al revés. Pero tiene también muchísima conexión con lo que significa nuestra cultura. En un mundo como en el que vivimos, en el que nos enfrentamos generalmente a la incertidumbre y a muchas dificultades, a cambios disruptivos,
etcétera, no debemos permitir de ninguna manera, y esto es muy importante que lo extendamos a los centros educativos -yo lo hago siempre con las comunidades autónomas-, que haya alumnos salgan del sistema con dieciséis años sin más que el
graduado de secundaria. También he de decir que, efectivamente, hemos mejorado mucho - lo decía la señora Trías también, y ahora vamos a hablar de eso- en el graduado de secundaria, es decir, ya un 84 % consigue el graduado en enseñanza secundaria.
También he de recordar a este respecto que los países europeos colindantes no suelen tener esa barrera en el graduado de secundaria. Si ustedes observan, hay promociones automáticas -aquí también se ha hablado de la EBAU- y, por lo tanto, cuando
habido pandemia, en algunos países -ustedes los conocen- no ha habido prueba personal, prueba presencial, se ha suspendido la prueba, pero los alumnos no se han quedado en ese curso, han pasado de curso. Nosotros sí hicimos causa de que hubiera
prueba presencial y los llevamos a la EBAU, y para ir a la EBAU tuvieron que tener primero la evaluación de los centros educativos correspondientes, y tuvieron una evaluación de los centros educativos correspondientes, que fue respaldada más tarde
por la universidad. Luego, dos evaluaciones.
Efectivamente, señor Mena, necesitamos grados medios y necesitamos grados superiores. Las condiciones laborales, como he comentado, van a tener seguridad. La formación profesional se ensancha, no se restringe. Necesitamos a todo el
profesorado y a más. Los técnicos de grado superior son imprescindibles, ya que tenemos especialidades como las que he mencionado antes que solamente pueden ser ocupadas ellos. Por tanto, necesitaremos a estos y a muchos más, porque la formación
profesional, como le digo, cada vez va a tener más oferta de plazas y más diversidad. Es ahí donde tenemos un desafío importante como país.
Me dice que las ratios es un tema importante para usted. Obviamente, lo es para todos. Como usted sabe, las ratios no se han modificado. Las ratios están configuradas por ley, están reguladas por ley, y lo que se ha modificado ha sido el
número de alumnos por clase. Este ministerio ha tomado dos decisiones. Una de ellas es, efectivamente, reducir de cara al próximo curso, y esta es una media sanitaria, la distancia interpersonal de 1,5 a 1,2 en mayo. Como le digo, esta es una
medida sanitaria, el protocolo higiénico-sanitario ordenado por el Ministerio de Sanidad. Pero estamos en mayo y aspiramos a encontrarnos en las puertas de septiembre en unas mejores condiciones epidemiológicas, que nos permitirán incluso
establecernos de otra manera también en las aulas, aunque quizá eventualmente, debido a la marcha que lleva la vacunación, etcétera. Pero sí he de decirle que la segunda cuestión de la que hemos hablado con las comunidades autónomas en la última
conferencia sectorial ha sido la de que interesa seguir manteniendo los efectivos contratados por las comunidades autónomas, por las distintas administraciones, para este curso. Esto interesa mucho. Ahora bien, los espacios físicos son los que son
y no podemos dejar a la mitad del aula en otro lugar, es decir, que aquellos que realmente puedan disponer de esos recursos adicionales, muy importantes para los centros, deberán establecer mecanismos de refuerzo; si tienen espacios, estupendo.
Pero lo realmente más importante para nosotros es mantener los 35 000 efectivos. Esta es una cuestión muy relevante. Necesitamos diagnosticar para evitar las repeticiones, necesitamos tratar y necesitamos reforzar. Por eso, estos 35 000 están
bien.
Además, tenemos que empezar -ya hemos empezado- con codocencia, porque nuestras innovaciones van en la línea de aulas incluso mayores, de hiperaulas atendidas por más de un profesional, con el fin de poder trabajar en grupos diversos. La
digitalización nos ofrece a este respecto oportunidades muy interesantes, nos abre muchas vías y nos permite disponer de espacios adicionales. Al ser una formación mucho más ubicua, menos física, nos permite tener muchos más espacios, incluso más
tiempo. Por eso, tiene mucho interés empezar ya a pensar en innovaciones en relación con la codocencia y en otras formas o en otras iniciativas que tienen que llegar a polinizar los centros educativos. Nos hemos encontrado con verdaderas oleadas
de innovación que se han suscitado durante la pandemia y debemos aprovecharlas.
Usted ha preguntado por el desarrollo curricular. El desarrollo curricular se está llevando con las comunidades autónomas de manera muy satisfactoria, porque hemos adoptado una fórmula de ejemplificaciones también conjuntas, de tal manera
que trabajando con cada una de las comunidades autónomas podemos configurar el modelo curricular completo, la parte que pone el ministerio, la parte que pone la comunidad e incluso dejando un espacio para el centro educativo. Estamos también en
conversaciones con las editoriales para que ellas vayan también propiciando su propio trabajo.
Señora Trías, como he dicho ya en la sala, el paro juvenil y el rescate de los jóvenes es una cuestión importantísima. Es insoportable el paro juvenil. Necesitamos superarlo con más conocimiento. Hay que tratarlo. En fin, yo no tengo
aquí la varita mágica del empleo, ya me gustaría, pero creo que tenemos que
pensar en un eslabón anterior, que es la formación. Eso sí lo podemos aportar nosotros y debemos hacerlo. En bachilleres estamos en la media europea, en universidad estamos en la media europea, incluso un puntito igual más alto en alguna
de estas cuestiones, pero en formación profesional, como le he dicho anteriormente, estamos por debajo de la media europea, ya que tenemos un 12 % de matriculados en FP frente al 25 % de la OCDE. Por tanto, el camino está claro. Tenemos muy claro
el diagnóstico y, por eso, estamos aumentando la oferta con respecto a las ofertas de las comunidades autónomas en 200 000 nuevas plazas, de las cuales 64 000 están funcionando ya este curso. Por eso le digo que no le estoy hablando de planes,
estoy hablando de realidades que ya están en marcha. Tenemos un 16 % de abandono, pero todo tiene que describirse teniendo en cuenta de dónde venimos. Tuvimos un 28 y tuvimos un 30 -España tiene su historia- y ahora estamos, efectivamente, en un
16 %, que aspiramos a recortar pronto, pero no sobre la base de la mediocridad, como aquí se ha dicho, de ninguna de las maneras.
Usted apunta una cuestión en relación con los varones, que también ha sido motivo de reflexión en el ministerio y que solo es explicable por la cercanía de esos varones jóvenes a un puesto de trabajo que es más fácil -permítame-, que no
requiere tanta competencia. Esta es la razón por la que vienen abandonando su formación mucho antes que las mujeres. Luego, efectivamente, cuando el carril se torna de otra manera, son las mujeres las que pueden tener una mayor proporción en
alguno de los ciclos y, sin embargo, finalmente terminan -o terminamos; me siento mujer- con una brecha incluso salarial, porque las mujeres se vienen alineando a especialidades que en el mercado laboral se dotan con una cuantía menor. Este es el
eslabón de la cadena. Pero, efectivamente, hemos de hacer un trabajo no solamente con las mujeres, que sí hay que hacerlo, porque hay especialidades que tienen solamente un 4 % de mujeres, porque las mujeres se inhiben de determinadas
especialidades, sino también con los varones para que no abandonen la formación por un puesto de trabajo que hoy se promete muy prometedor -permítame que lo reitere- pero que mañana no es más que precariedad y temporalidad. Por eso si unimos el
esfuerzo de todos, podremos trabajar también en ese campo.
Me habla de Ceuta y Melilla. Nada me parece más doloroso que, efectivamente, se hayan servido de adolescentes y niños para esta crisis migratoria importante en Ceuta y Melilla. También he de decirle que nos importa mucho salvaguardar el
interés superior del menor y que muchos de los menores han sido ya devueltos con todo rigor a las familias que los reclamaban. Todavía se está en ese trabajo.
Respecto a la educación afectivo-sexual, por la que usted me pregunta, le seré muy clara, como siempre lo he sido. La educación afectivo-sexual ha de ser tratada en la escuela. Es una realidad que los alumnos, que los jóvenes, que los
niños incluso con menos de once años se sirven de Internet para observar, ver, alimentarse de pornografía. Nosotros, señora Trías, tenemos muchísima más confianza en los profesionales, muchísima más confianza en la educación -repito, muchísima más
confianza en la educación-. No queremos que nuestros jóvenes, por curiosidad elemental a esa edad, se eduquen a través de Internet en la pornografía. Por tanto, la educación efectivo-sexual está ya en la Lomloe y desde luego seguirá estando en
todo su desarrollo curricular.
Me dice el señor Robles que para qué sirve el ministerio. Pero, señor Robles, usted es un estudioso, creo yo, usted nos viene ilustrando. Usted es parlamentario español, miembro del Congreso los Diputados, y obviamente sabe para qué sirve
un ministerio de Educación. Si no, tendría que estudiar un poquito de derecho constitucional, la Constitución, el artículo 2 de la Constitución y todo lo que se desarrolla en el Título VIII, porque igual a usted no le gusta y a lo mejor resulta que
lo que le gusta es otro modelo, legítimamente, pero eso hay que ganarlo. Estamos en el modelo autonómico, y se lo digo con todo afecto, como usted ve. Pero es este el modelo que defendemos con toda convicción y, además, con toda lealtad al pacto
constitucional. Este modelo, en su artículo 3, se habla, efectivamente, del castellano como lengua oficial del Estado y se habla del necesario reconocimiento y respaldo que hay que prestar a la riqueza lingüística, a las demás lenguas españolas
cooficiales en sus respectivos territorios, cuando las haya. Artículo 3, puntos 1, 2 y 3.
No sé lo que es la ideología de género, señor Robles. No sé lo que es. Usted habla de la ideología de género y yo no reconozco ninguna ideología de género, para nada, y desde luego no hay ninguna ideología de género en nuestra ley
orgánica, ni la habrá en la ley de formación profesional. Por lo tanto, no hay nada de eso, no hay nada que nosotros estamos cultivando, iniciando o suscitando. Lo que hay es violencia de género, eso sí que hay, pero ideología de género no
conocemos.
Señor Clavell, usted puede afirmar lo mismo sin necesidad de decir que nuestra gestión es nula o nefasta, que elija. Puede decir lo que quiera, evidentemente, pero sabe que es feo decir eso y que, además, no se atiene a los hechos. No se
atiene, porque ¿cómo podríamos calificar los demás algunas
de las actuaciones en Educación que han protagonizado ustedes? ¿Nulas o nefastas, como dice usted? No sé, nos parece poco justo. En fin, usted es dueño de sus palabras y de sus silencios, desde luego.
Mire usted, le voy a decir algo. La palabra esfuerzo aparece diecinueve veces en la Lomloe. Es más, nosotros no hablamos del esfuerzo del alumno, hablamos del esfuerzo del alumno y del esfuerzo del sistema, porque, fíjese, le voy a dar un
dato, señor Clavell. Resulta que en el examen PISA -nosotros no estábamos cuando se hizo el examen PISA; hemos tenido los datos del examen PISA que se hizo en su época- la media de repetidores de quince años en el sistema educativo español es de
casi un 29 % y de un 11 % de la OCDE. Es decir, un 11 % en la OCDE frente a un 29 % en el sistema educativo español, es decir, casi tres veces más, señor Clavell, cuando estaban ustedes gestionando el sistema. Por tanto, no me lo impute, por
favor, porque este es otro hecho verificable. Resulta que esos repetidores son españoles, fíjese usted; de los países estudiados, es el sistema educativo en el que más se suspende, no sé si después de Estonia o una cosa así. ¿Qué ocurre? ¿Que
los alumnos españoles son más lentos que los otros? ¿Estudian menos que los demás europeos? Pues yo le digo que no -repito, yo le digo que no-. Los alumnos españoles y las alumnas españolas trabajan muchísimo, tienen muchísimos deberes, trabajan
una barbaridad, y usted lo verá en derredor, usted lo verá en las familias que le rodean. Trabajan muchísimo. Entonces, ¿qué pasa? Si no son más lentos que los demás ni más torpes que los demás y trabajan muchísimo, ¿qué ocurre?, ¿por qué esa
cantidad de repetidores? ¿No tendrá algo que hacer el sistema? ¿O puede seguir estando el sistema en su zona de confort y que siga todo lo demás igual? El esfuerzo del que habla la Lomloe es esfuerzo del alumno y esfuerzo del sistema.
Le voy a decir algo más. Me dice usted que nosotros le hemos dado jaque mate al castellano por lo de retirar el término vehicular. Yo le voy a decir que hasta 2013, el de la Lomce, el término vehicular no existía en ninguna ley orgánica.
Ustedes también las gestionaron. ¿Me va a decir usted que las leyes, mientras estaba de presidente el señor Aznar, y no tenía el término vehicular, eran inconstitucionales? Usted me dice que ha llevado esto al Constitucional porque no pone
vehicular. ¿Me quiere decir que todas las leyes que ha gestionado el Partido Popular hasta que llegó el ministro Wert con la Lomce eran inconstitucionales? Eran inconstitucionales porque no ponía vehicular. Es que en la Constitución tampoco pone
vehicular. Hablemos claro, el artículo 3 de la Constitución dice lengua oficial del Estado de obligado conocimiento -de obligado conocimiento- y de utilización voluntaria, obviamente. De obligado conocimiento, oiga. Entonces, si todos los
recursos que hemos visto, del que trae causa la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de la que hemos hablado hoy, se produjeron, se dieron, se interpusieron en la época de la Lomce, porque es así, ¿quiere decir que la Lomce no
daba satisfacción? Pero ¿es esto racional o no, señor Clavell? Después no vale volver a decir que no, porque usted no ha puesto vehicular y, por lo tanto, es inconstitucional. Oiga, eso no se entiende. Una aspiración mínima -mínima- de los que
estamos aquí sería intentar ser razonables, y si para usted que no diga la palabra vehicular es que ha matado al castellano, ¿de qué me está hablando? El estatus del castellano viene directamente de la Constitución. Por lo tanto, como le he dicho
muchas veces, la Lomloe ni quita ni pone, cuestión que asevera con toda rotundidad la última sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. De este modo, si todos aquellos recursos que se interpusieron justo cuando estaba la Lomce quieren
decir que no protegía a pesar de que ponía vehicular, pues no se hubieran interpuesto esos recursos. Entonces, por favor, vayamos a cumplir la ley, pero no le digamos a la comunidad, no les digamos a las familias una cosa que no es. Y esto a mí me
parece que no debemos hacerlo porque tenemos una dignidad como parlamentarios, aunque seamos de la oposición, y tenemos el deber de decir la verdad. Le hubiera gustado que pusiera vehicular, me parece bien. ¿Debiéramos meter otro artículo en el
que lo pusiera? Pero si eso está garantizado, está asegurado, porque dice: conforme a la Constitución y a los estatutos autonomía, que son bloque de constitucionalidad, y a las leyes que los desarrollan.
Otra cosa que voy a decir porque usted lo ha mencionado: ¿cómo puede llegar a decir que el castellano es una lengua indigna? No sé para quién lo será. Yo me he preocupado toda mi vida profesional, siempre vinculada a la educación, de que
el castellano tenga su estatus en los sistemas educativos, incorporando incluso, en el País Vasco, el castellano, el inglés, el euskera. Y midiéndolo científicamente para que no se dijera que el euskera se quedaba atrás. Con buenos resultados, por
cierto.
Se llama lengua propia a las lenguas cooficiales en cada uno de los estatutos de autonomía aprobados por las Cortes Generales, y esto es importante conocerlo, pero no porque el castellano sea impropio, sino porque al decir lengua propia dice
específica, y esto está aprobado por letrados de gran prestigio y está aprobado por la Cámara. Todos los estatutos de autonomía llaman a sus lenguas cooficiales lenguas propias y todos están aprobados por las Cortes Generales. Entonces, el
castellano tiene su estatus
constitucional y, por lo tanto, el que ponga vehicular o no, eso es un adjetivo, es connatural. Señor Clavell, no me diga sí, argumente. No ponía vehicular hasta el 2013, esto es lo importante, no lo ponía, y resulta que estaba
funcionando, y cuando lo pone, se interponen recursos. Pero ese ya es otro debate.
Me dice también que ustedes han defendido siempre un bilingüismo integrador. Y nosotros, y nosotros, siempre hemos defendido un bilingüismo integrador. ¡Cómo vamos a defender un bilingüismo desintegrador! Defenderemos un bilingüismo
integrador. Pero ustedes jamás denunciaron la inmersión, jamás la recurrieron. ¿Por qué será que ustedes actúan de una manera cuando gobiernan y de otra cuando están en la oposición? (El señor Robles López: En eso tiene toda la razón). ¿O es
que, efectivamente, la inmersión lingüística es un procedimiento lingüístico que se usa en el Colegio Americano, en el Liceo Francés, en el Colegio Inglés, cuando se llevan a los niños al extranjero? ¡Es inmersión! Nosotros nos apuntamos también al
bilingüismo integrador. Es más, yo lo tengo escrito desde hace muchísimo tiempo y, además, desarrollado.
El currículum. Nos dice que se ha apuntado a Gales, a Escocia, y no sé qué más me ha dicho. Pero, mire usted, si es que el currículum competencial está conectado con las ocho competencias europeas, y, dentro de lo que significa la conexión
con las ocho competencias europeas, también han visto los expertos que había interés -y también esos cien profesores- en determinadas innovaciones de Gales, en determinadas innovaciones de Escocia. Pero, vamos a ver, si la comunidad educativa
siempre ha sabido asumir aquello que era bueno, viniera de donde viniera. Pero, le reitero: ocho competencias va a tener ese currículum, que son las competencias europeas; estará conectado con las competencias europeas.
Me dice que es la Logse. Pues no, señor, no. Yo me presto, señor Clavell, a darle alguna explicación en relación con el currículum, de verdad, pero genuinamente, le digo. ¿Y sabe por qué no es eso?, ¿sabe por qué no es la Logse? Porque,
mire, es que incorpora un elemento sustantivo; aparte de lo que es el perfil de salida -de todo eso que le he comentado antes-, incorpora un elemento muy sustantivo, que es el afrontamiento con los desafíos del siglo XXI. Es decir, la Logse
hablaba de desarrollo de destrezas, pero no para sustituirlas por conocimiento. No. Mire, es que esto también es otra desconsideración con respecto a la verdad. Usted no me puede decir: Es que, ¡bah!, desprecia la memoria. ¡Pero cómo vamos a
despreciar la memoria, si la memoria forma parte de la inteligencia, si la memoria es la que nos sirve para conectar y referenciar una cosa con la otra! Lo que hacemos es poner el énfasis en lo que significa la superación de una situación de
desempeño. ¡Ahí! ¿Mezclando qué? Conocimientos matemáticos, físicos... Esto es lo que hacemos, trabajar por ámbitos, trabajar aprovechando todo lo que significa un desarrollo competencial, conocimientos para aplicar. ¿Para qué? Para superar las
situaciones que puedan venir, porque no sabemos lo que va a pasar, no lo sabemos, nadie lo sabe, nunca se ha sabido. Pero ahora, que todo va mucho más deprisa, menos.
Entonces, no sabemos qué va a necesitar la ciencia, no sabemos qué nos va a dar la ciencia, no sabemos qué puestos de trabajo específicos se van a dar. Por eso tenemos que preparar a la gente, para que esté preparada para eso. Luego tiene
que tener un desarrollo competencial muy diverso, muy rápido, muy ágil, y en eso estamos trabajando. Pero no significa que despreciemos la memoria sino que, frente a acumulaciones memorísticas, de listados memorísticos, hacemos prevalecer lo que
significa la aplicación del conocimiento a las situaciones. Eso es lo que quiere decir.
Yo respeto muchísimo todos los autores que me ha citado -Rupérez, Marina, Andreu-, los respeto muchísimo. Obviamente, estoy absolutamente convencida de que en un debate estaríamos muy de acuerdo, porque, claro, que me hable Marina de la
memoria... Es que yo estoy de acuerdo con la memoria, ¡solo faltaba! No queremos enfermedades de la memoria, no las queremos.
Mire usted, que hablen de la empatía... Claro, pero es que esto es de nuevo una simplificación, señor Clavell, y usted lo sabe. Lo que pasa es que usted quiere hacer su discurso, pero usted sabe que esto es una simplificación. Usted qué
prefiere, ¿que el alumno que salga del sistema educativo esté empoderado porque piense que sabe -y sabe realmente-, o que salga con muchos suspensos? No le ha aprobado nadie, porque, claro, el supuesto nivel era muy alto, y entonces sale destrozado
para la vida. ¿El primer puesto de trabajo? Ese. ¿Pero es de verdad? No me diga que a mí lo que me vale es la empatía. No, señor; a mí lo que me vale es generar, construir personas -es lo que nos debe valer a todos- y para eso necesitamos que,
efectivamente, el sistema haga un esfuerzo también. Eso es lo que intentamos. Y no me diga lo de los suspensos. ¿Qué suspensos? Esto es otra deformación de la realidad. Le voy a decir lo que dice la Lomloe. ¿Qué dice la Lomloe? He oído decir:
se saca el título de Bachiller con tres suspensos. Leo: Podrá obtener el título de Bachiller el alumno o alumna que haya superado todas las materias, salvo una,
siempre que en relación con ella no se haya producido una inasistencia continuada y no justificada y se considere que ha alcanzado los objetivos y competencias vinculados a este título. ¿Sabe qué hemos hecho, pero con todas las comunidades
autónomas? Porque comprenderá que yo no he ido a cada centro educativo a poner la nota con la junta de evaluación, ¿verdad? ¿Sabe lo que han hecho las comunidades autónomas? ¿Sabe lo que han hecho los centros educativos? ¿Sabe lo que hemos hecho
entre todos? Buscar la verdadera sustancia. Es decir, la evaluación colegiada es un valor añadido y en esa evaluación colegiada, concertada, del profesorado, se dice: este alumno tiene competencias suficientes como para superar el grado. Eso es
lo que se ha hecho. Y es curioso, porque se ha evaluado por el centro educativo, que ha dado un pase a determinados alumnos, y se ha evaluado más tarde por la universidad, que ha dado el pase a esos mismos alumnos, pero comprenderá que la ministra
no ha estado allí. Todas las comunidades autónomas y todos los centros educativos lo han hecho, libremente, racionalmente, razonablemente.
Me dice que he bajado el nivel y que quiero superar por bajar el nivel. No, señor. Si me conoce, yo no voy a bajar ningún nivel; todo lo contrario, queremos subir los niveles. Queremos que haya más calidad y más cantidad de educación y
que nadie se marche a los 16 años, como decía la señora Trías. No queremos, ni varones ni mujeres. No queremos que se marchen, sino que se queden en la posobligatoria, y para eso tenemos que hacer un esfuerzo conjunto. Eso es lo que queremos, así
que ni tres asignaturas suspendidas ni nada. Queremos superar los problemas que tiene el sistema.
Y me habla de unos datos que ¡qué quiere que le diga!, no se corresponden con la realidad. Le voy a pasar datos que no sean míos y ya procuraremos buscar, señor Clavell, un árbitro para que usted se fíe de los datos que se le van a
proporcionar.
Con respecto al 0 a 3 años, me ha hecho una pregunta concreta. Sabe que el estudio TIMSS, que analiza matemáticas -las analiza a los 10 años- dice que cuando los niños que están en riesgo de pobreza acuden... Bueno, todos los niños, pero
ahora tenemos que hacer un esfuerzo con aquellos que están en riesgo de pobreza y le voy a decir por qué. Sabe muy bien que los que no están en riesgo de pobreza ni son vulnerables generalmente tienen los caminos más abiertos. Eso lo dice
cualquier estudio, ¿verdad? Los caminos mucho más abiertos. Por tanto, un país tiene que procurar que esos recursos que son escasos por naturaleza, los recursos públicos, vayan justamente a alinearse con aquellos que más necesidades tienen, puesto
que los otros ya suelen caminar; con todos -efectivamente, con todos-, pero con más intensidad, si cabe, con aquellos que tienen más dificultades. Bien, pues el estudio TIMSS dice que aquellos niños que han ido a los centros educativos de 0 a 3
años obtienen muchos mejores resultados en matemáticas. Antes hemos dicho que el inglés era una cuestión en la que teníamos que poner recursos e impulsar en el sistema educativo español, pero las matemáticas es otro punto. ¿Por qué? Porque se
acostumbran, porque aprenden mucho más pensamiento abstracto, etcétera. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Ayudar a los más vulnerables. El capital que tenemos lo tenemos que utilizar no perdiendo un euro.
¿Qué queremos hacer, señor Clavell? Poner plazas públicas donde no hay nada, porque ya hay otras plazas que están funcionando con becas. Pero es que socialmente todavía hay, y lo tenemos identificado, un veintitantos por ciento de niños en
riesgo de pobreza que no tienen nada, según Save de Children. Tengo la cantidad exacta, pero para qué la voy a decir. Por tanto, tenemos que generar unas plazas para que puedan ir. No se trata de una cosa teórica de aquí pongo público pero
debería poner todo. La ley dice: plazas públicas, en colaboración con otras entidades, etcétera. Aquí estamos trabajando también con ayuntamientos, por tanto, es importante.
Señor Clavell, yo aspiraría a que podamos llegar a acuerdos que sean útiles. Todos nosotros pasamos por aquí y nos sustituyen, procuremos hacer un trabajo de interés para la comunidad, hagamos oposición, pero hagamos una oposición que sea
productiva.
Al señor Sancho le agradezco todo su apoyo, él sabe mucho de formación profesional y obviamente toda su colaboración es importante y, por tanto, de utilidad. La señora Martínez Seijo ha afeado, como yo también afeo, eso de la pornografía
infantil. Señora Trías, no hay tal, no nos diga eso. A Escolae, le vuelvo a decir, la ONG Alboan la defiende. No nos diga esto porque es muy duro. Si usted tiene identificado eso en algún centro educativo lo que tiene que hacer es denunciarlo.
(La señora Trías Gil: Ya se está haciendo). Usted tiene que denunciarlo, pero individualizándolo e identificándolo. Por lo demás, no le ponga usted el sello al sistema educativo español de pornografía infantil, por Dios. (La señora Trías Gil:
Yo no he dicho eso.-Rumores). Yo lo que le pido, porque no es la primera vez que se lo oigo, señora Trías, es que lo denuncie. (La señora Trías Gil: Sí, sí, tranquila, va a haber muchas denuncias). Por
lo tanto, no hay que confundir educación afectivo-sexual, que es necesaria porque es educación emocional, es educación para la salud, es educación para no tener enfermedades venéreas, es educación para no tener embarazos no deseados, y es
importantísima. Pero no me diga que eso es pornografía. Sobre las lenguas, ya he hablado suficiente, y de la libertad, igual.
Ya sé que queda otro turno, pero les voy a pedir un esfuerzo. Ya sé que tienen que hacer oposición, pero vamos a hacer un esfuerzo de oposición productiva, que sirva para la sociedad, que nos lo van a agradecer.
Muchas gracias. Y gracias, presidente. Lo siento. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señora ministra.
Todos los portavoces agradecen que se contesten a todas sus intervenciones y se agradece el compromiso con la Cámara, con la rendición de cuentas y el debate.
Entramos en el turno de réplica de los portavoces de los grupos parlamentarios. En primer lugar, si desea hacer uso del turno, tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos, la señora Giménez.
La señora GIMÉNEZ GIMÉNEZ: Gracias, presidente.
Señora ministra, únicamente, como he hecho una batería de preguntas bastante extensa en mi primera intervención, espero poder tener la información de algunas de ellas. Más que hacer nuevas preguntas, porque creo que han quedado unas cosas
en el tintero, únicamente voy a esperar la respuesta, y nos ponemos a disposición para trabajar en la legislación en el ámbito de la formación profesional. No quiero hacer más preguntas, quiero el resto de las respuestas que se han quedado en el
tintero.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Giménez.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos, el señor Mena.
El señor MENA ARCA: Gracias, presidente.
Yo voy a ir muy telegráficamente, me centraré en el tema de la lengua que es el que no me ha dado tiempo antes a analizar. Primero, simplemente me gustaría recordar, como hemos hecho muchas veces en esta Comisión, que el principal motivo de
desigualdades que hay en España son las motivadas por la condición socioeconómica de las familias y no por la lengua materna que hable el alumnado. Todos los estudios coinciden en decir que un alumno pobre tiene siete veces más posibilidades de
fracaso escolar que un alumno de una familia rica, y eso pasa en Barcelona, en Madrid, en Málaga, en Bilbao, en Murcia y en A Coruña. Es decir, que no tiene que ver con la lengua que habla la familia sino con la condición socioeconómica y cultural
de la familia.
Segundo, lo decía la ministra, en la Constitución española no existe el concepto de lengua vehicular; en la Ley de Educación de Cataluña sí que existe ese concepto y es una ley plenamente constitucional. Y es constitucional porque así lo
ha dicho el Tribunal Constitucional, que declaró inconstitucionales diez artículos de la Ley de Educación de Cataluña; artículos que tenían que ver con el currículum porque invadía competencias del Estado; que tenían que ver con la evaluación;
que tenían que ver con la creación de un cuerpo de docentes autonómicos, cuando eso no lo permite la Constitución, pero no dijo nada el Tribunal Constitucional del régimen lingüístico que establece la Ley de Educación de Cataluña. Bueno, miento, sí
que dijo una cosa, dijo que la inmersión es constitucional siempre y cuando se garantice el pleno dominio del castellano al final de la etapa de enseñanza obligatoria. Y eso es lo que dice la Lomloe, y lo dice precisamente para enmarcarse en la
Constitución y también en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. El problema que hay aquí -y con eso acabo, señor presidente- es que el intento de cargarse el modelo de inmersión lingüística en Cataluña es el intento de cargarse un modelo
de sociedad bilingüe, porque detrás del bilingüismo integrador del que habla el Partido Popular, detrás de ese bilingüismo integrador yo lo que veo, por ejemplo, es el decreto del TIL, en las Islas Baleares, impulsado por el Partido Popular cuando
gobernaba allí, con una huelga histórica de la comunidad educativa en contra de esa imposición lingüística por parte del Gobierno del Partido Popular; una huelga que se cargó a todo un Gobierno autonómico y a todo un presidente autonómico. Y veo
también el modelo del presidente Feijóo al que, hasta en dos ocasiones en los últimos diez años, la Unión Europea le ha tirado de las orejas por no respetar la Carta de Lenguas Minoritarias o Regionales en Europa.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mena.
Por el Grupo Parlamentario VOX, tomarán la palabra la señora Trías y el señor Robles, por tiempo de un minuto y medio cada uno.
La señora TRÍAS GIL: Gracias.
No sé por qué la señora Martínez Seijo contesta a las cuestiones que debe contestar la ministra, pues ella ya sabe hacerlo. Hay que reconocer que los miembros de su partido son muy rápidos para llamarnos xenófobos y machistas solo porque
decimos que los niños donde mejor están es con sus padres y porque nos preocupemos por el futuro de los varones adolescentes. Sobre este particular agradezco su respuesta más sosegada y centrada.
También son todos ustedes muy rápidos en tergiversar palabras. He hablado de contenidos cuasi pornográficos, no de pornografía infantil. Y, en cualquier caso, si los padres no quieren su educación afectivosexual, con ideología de género
-bueno, ustedes lo llaman con perspectiva de género- no pueden imponerla, y así lo hemos expresado en el recurso que hemos interpuesto ante el Tribunal Constitucional. Ustedes dan prioridad al Estado sobre los padres en la educación de los hijos y,
en particular, en los aspectos que afectan a su intimidad, consumando la hoja de ruta que usted planteó en enero de 2020, que sintetizó en la idea de que los hijos no son de los padres. Es inconcebible que vea a los padres como una interferencia en
el desarrollo pleno de la personalidad del niño, cuando en circunstancias normales son sus máximos garantes, y que sin embargo crea también que sea el Estado el que sí lo puede garantizar.
Señora ministra, mejore el sistema educativo, desarrolle el currículo de contenidos enfocados a la excelencia, haga de la educación un verdadero ascensor social en el marco de la libertad y deje a los padres ser padres y educar a sus hijos
según sus convicciones, tal como usted misma ha podido hacerlo con sus propias hijas.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Señor Robles.
El señor ROBLES LÓPEZ: Señora ministra, muchas gracias por su respuesta. La pregunta que yo le hacía, obviamente, era una pregunta irónica, no una pregunta descriptiva. Por supuesto que sé cuáles son las atribuciones del ministerio, pero
como usted había hablado de estas cosas en las que no podía entrar, yo le hice una pregunta irónica, no tenía un sentido descriptivo.
En cuanto a la ideología de género, no sé cuál es la autoridad que tiene usted para decir que no existe. Desde luego, si asumimos el concepto de ideología de Destutt de Tracy o de Karl Mannheim o del propio Marx, se ajusta perfectamente a
eso: una deformación de la realidad que puede ser total o parcial. En este caso, una deformación parcial de la realidad, cuando dice que existe una cosa, que es el género, que no tiene ni fundamento biológico ni antropológico. Puesto que no es
algo científico y tampoco se puede sostener con perspectiva filosófica, no nos queda más remedio que decir que es una ideología, cosa que, por cierto, saben muy bien las feministas que están protestando, y con razón, en este asunto.
Por último, tengo que decir que nos hemos enterado de muchas cosas que no sabíamos. Por ejemplo, que los jacobinos eran retrógrados o que el Síndrome de Estocolmo es una enfermedad o que los jesuitas apoyan el programa de Escolae... La
verdad, yo me voy de aquí muy contento porque he aprendido muchas cosas. (Risas). También he aprendido que el Partido Popular solamente se dedica a lo más importante. Yo espero que hablen con Feijóo para que puedan advertirle de la importancia de
promocionar el español en Galicia, porque Feijóo está haciendo una política lingüística muy similar a la que hace el PNV o los señores de Esquerra Republicana.
Termino agradeciéndole a la ministra sus respuestas, que han sido muy comedidas y muy en razón.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Robles.
Señor Clavell.
El señor CLAVELL LÓPEZ: Gracias, presidente.
Políticas lingüísticas de Feijóo que le dan la mayoría absoluta convocatoria electoral tras convocatoria electoral, y siendo ustedes invisibles en Galicia. (El señor Robles López: Como el PNV.-Rumores).
Dicho esto, señora ministra, con todo el respeto que le tengo -que sabe que es todo-, creo que ha tenido lapsus, por no utilizar otro término. Usted sabe perfectamente que no se aplicaron ciertos aspectos de la Lomce buscando un pacto
educativo, sobre todo el de las evaluaciones, lo sabe perfectamente. Un pacto educativo que abortaron ustedes mismos, ustedes y Podemos fueron los que se levantaron de la mesa de aquel pacto educativo. Pero bueno, señora ministra, solamente
contésteme sí o no: ¿Es cierto o no que su partido apoyó una enmienda de Esquerra Republicana a la Lomloe que hacía desaparecer los conceptos de lengua vehicular y lengua oficial del Estado, respecto al castellano? ¿Sí o no? Solamente responda sí
o no. Por cierto, ¿sabe, señora ministra, cuántas sentencias ha perdido en materias educativas y, por tanto, lingüísticas, la Generalitat Valenciana, no catalana, valenciana? Más de cuarenta, señora ministra; más de cuarenta. El Gobierno de Ximo
Puig, de su partido, ha perdido más de cuarenta sentencias en la Comunidad Valenciana en materia educativa y lingüística. Y hablo de su partido, ya no hablo de Cataluña, hablo de la Comunidad Valenciana.
Los datos que usted pone en duda son del INE, del Institución Nacional de Estadística, no son del Partido Popular. Son del INE. Si ya usted misma, miembro del Gobierno, pone en duda los datos ofrecidos por el INE, ya me dirá. Es
preocupante, es alarmante la afirmación que usted lanza.
Por último, y centrándome en los últimos segundos que me quedan en la nueva ley de formación profesional que ustedes están preparando en el ministerio, sabe perfectamente, señora ministra, que nosotros le damos la misma importancia al
contenido que a las formas. Lo sabe, señora ministra. No caiga en el error de la tramitación de la Lomloe, no caiga. Por eso, reivindicamos, exigimos -póngale usted el verbo que quiera- un plazo de comparecencias en esta Comisión. Por tanto,
señor presidente, espero que ya la semana que viene convoque Mesa y portavoces para cerrar esos plazos de comparecencias. Solicitamos esos informes previos, para no caer en errores como ha caído la Lomloe. Por ejemplo, ha explicado ya usted una
posible solución, que se puede analizar, para los profesores técnicos de formación profesional. Pero ayer mismo se aprobó aquí una enmienda -en otra Comisión que no tiene nada que ver, en una ley de teletrabajo- sobre esta cuestión. Espero que no
nos engañe, señora ministra, porque ayer esta Cámara aprobó algo distinto a lo que usted ya ha anunciado. Esperemos que eso aparezca en la ley de formación profesional. Por supuesto, marque mucho el peso de este ministerio, de su Ministerio de
Educación, frente a otros ministerios como el de Empleo, que querrán hacer injerencias en la ley de formación profesional. El área de la ley de formación profesional debe ser, no exclusivamente, pero sí mayoritariamente, del Ministerio de
Educación. Haga valer su peso frente a otros ministerios y, por supuesto, coja como ejemplo la tramitación de la Ley de formación profesional del 2002, que fue un ejemplo de tramitación.
Muchísimas gracias.
Señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Clavell.
Señora Martínez Seijo.
La señora MARTÍNEZ SEIJOO: Gracias, señora ministra, por sus explicaciones.
Permítame comenzar contestando a la señora Trías. Evidentemente, yo en mi turno de palabra, igual que hace usted, hablo de lo que verdaderamente a mí me importa, que es la educación y, entre otras cosas, respondo a algunas cuestiones que,
evidentemente, nos han llamado más que la atención.
Y otra cuestión. Yo debo recordar, señor Clavell, que una ley se tramita aquí, en el Parlamento, en el Congreso. Por tanto, no nos quiten competencias legislativas por lo menos a la hora de organizar el trámite de la futura ley de
formación profesional. Yo recuerdo que le compete a la Comisión y, por tanto, a la Mesa de la Comisión de Educación y al resto de los portavoces, acordar cuál va a ser el procedimiento de trámite, si va a haber comparecencias o no, y por supuesto
por nuestra parte no habrá ningún problema al respecto. Pero vuelvo a decir lo mismo, a cada uno lo que le compete.
Señora ministra, yo me voy a quedar con lo importante de esta comparecencia, que es el trámite de la futura ley de Formación Profesional. Como le decía en mi anterior intervención, es una ley necesaria, urgente y esencial, no simplemente
para los jóvenes que están en el sistema de la Formación Profesional reglada, sino también para dar una salida de adquisición de competencias y de recualificaciones a un sector muy importante de la población, que son también las personas adultas.
Como usted decía anteriormente, estamos en un proceso formativo ya y solo se puede considerar así un proceso que tiene que ser considerado a lo largo de toda la vida, desde el inicio de la escolarización de un niño hasta casi la edad de jubilación,
todos tenemos que pasar por esa fase de formación permanente.
Yo le tengo que felicitar por las formas y por el método que se ha iniciado en esta futura ley de Formación Profesional trabajando con los grupos parlamentarios, viniendo aquí a comparecer, a marcar las grandes pautas por las que se va a
regir esta ley y, sobre todo, por esa sinergia tan importante entre el mundo empresarial y la formación. Es evidente que un sistema formativo, educativo potente solo puede obedecer a esa comunicación permanente y directa con el sector económico y
laboral, es necesario que haya una comunicación directa y por supuesto que responda a aquellas necesidades del mercado.
Debo finalizar dándole de nuevo la enhorabuena por esto que creo que es una cuestión compartida, y es que estamos a punto de finalizar este difícil curso y ha habido un éxito muy importante de mantener las aulas abiertas, casi el 99 % de las
aulas han estado en pleno funcionamiento en España. Desde luego hay que agradecer el esfuerzo impresionante que ha realizado la comunidad educativa, padres, madres, alumnos, directivos y las distintas administraciones educativas, todo ello con una
coordinación que ha venido marcada por el Ministerio de Educación y Formación Profesional y que ha culminado ya en un nuevo acuerdo para el próximo curso, que fue aprobado la semana pasada en la Conferencia Sectorial de Educación. Yo creo que estos
son hechos, estos son los resultados de una buena política educativa que está marcando desde luego un cambio de renovación y transformación muy importante en las aulas de nuestro país y, por tanto, que es una garantía para el futuro de los jóvenes,
que yo creo que es con lo que nos tenemos que quedar en esta Comisión, que para eso estamos aquí trabajando por el bien de la educación en este país.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Martínez Seijo.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez): Efectivamente, señora Giménez, usted me ha formulado muchísimas preguntas, pero quizás le pueda contestar a tres más. Orientación. Siempre, punto capital; en la ley
de Formación Profesional la orientación tendrá un apartado importantísimo, y nos estamos refiriendo a que no solamente tiene que haber en todos los centros orientación psicológica, sino una orientación laboral, esto es muy importante. Por lo tanto,
habrá orientación fuerte, potente. Inmersión. Ya se lo ha contestado el señor Mena. El Tribunal Constitucional consideró que la inmersión era constitucional, efectivamente; como siempre decimos, siempre que al final de la enseñanza obligatoria
además se conozcan las lenguas cooficiales, es decir, el castellano, la lengua cooficial. Me preguntaba también por los incentivos. Nosotros estamos colaborando con las empresas para que se sientan corresponsables del sistema a modo de otros
países, como Alemania, Suiza, o los países nórdicos. Fíjese usted qué incentivo han de tener cuando ellas van a poder trabajar no solo desde el observatorio, al que ya las hemos incorporado, sino también desde el puente de mando, desde el puente de
cogobernanza. Qué mayor recurso puede tener una empresa que un trabajador formado. Nosotros los vamos a formar junto con ellas, que nos van a decir cuáles son los perfiles profesionales que a medio y largo plazo se van a tener que generar. No
renuncio a poder contestarle otras en otro momento, que seguro que alguna se ha quedado sin contestar.
Y, señor Mena, efectivamente yo estoy muy de acuerdo con usted. El desfavorecido tiene fracaso escolar en cantidad siete veces mayor que el resto. Señorías, con el corazón en la mano, es decir, racional y emocionalmente, ¿dónde un sistema
o una institución han de poner el mayor esfuerzo? Yo creo que la cuestión está clara. Eso sí, obviamente, sin olvidar a nadie. Nosotros somos promotores de talento, lo que queremos es que los ciudadanos tengan la mayor cantidad y calidad en
educación. La condición socioeconómica afecta, y mucho. La Lomloe -dice algún constitucionalista, además cercano al partido de la oposición o que por lo menos tuvo alguna responsabilidad- que, efectivamente, es la primera ley orgánica que pone
encima de la mesa la segregación escolar, una realidad muy incómoda, pero también establece las medidas para combatirlo, y la segregación escolar puede ser por extracción socioeconómica, puede ser por motivo étnico o racial, puede ser efectivamente
por orientación sexual y puede ser por discapacidad. Por lo tanto, hay que combatir eso y tenemos que combatirlo a través de la educación.
Señora Trías, yo no puedo estar de acuerdo con usted. Es decir, a mí me parece que los padres y las familias son importantísimas, pero sobre todo la capacitación profesional que tiene la escuela, que es el único espacio organizado que
tenemos. Y no es el Estado, es la capacidad de desarrollo de cada una de las personas, que tienen reconocido, a través de la Constitución, un derecho fundamental a ser educadas. La escuela ayuda a construir esa personalidad, pero le reitero que si
usted conoce algún caso que efectivamente sea abusivo, usted tiene la obligación de denunciarlo. Entonces, cuando yo digo lo que
usted ha repetido quiero decir que el interés superior del menor prevalece. Y esto no es que lo diga yo, lo dice la Organización de Naciones Unidas, lo dice Europa, lo dice la Agenda 2030. Entonces, ese interés es al que tenemos que
servir. ¿Con qué? Con profesionalidad. ¿Eso quiere decir que retiramos a los padres y a las familias? Por favor, no, pero usted también tendría que reconocerme que la profesionalidad se concentra sobre todo en la escuela.
Y, señor Robles, ya sabe que yo también puedo entrar en la ironía; entonces, yo no conozco ideología. Nosotros no practicamos la ideología de género, hablamos de la violencia de género pero no de la ideología de género y, como le digo, la
segregación escolar también se puede establecer, se puede dar en la realidad por la orientación de género que pueda haber. Entonces, eso también tiene que tratarlo la escuela y cuando hay una comunidad educativa consciente de que eso debe ser
evitado para evitar el bulling, para evitar el acoso a un alumno o alumna que está en una situación delicada, ha de hacerlo, tiene la obligación de hacerlo.
Señor Clavell, efectivamente, pone: para buscar un pacto educativo. Créame que lo buscamos -créame que lo buscamos-, y usted lo sabe además, lo que pasa es que a veces cuando uno no quiere es imposible ponerse de acuerdo, pero
efectivamente ustedes retiraron las reválidas. Ustedes no pudieran resistir el embate, el frente que le estaban oponiendo todas las comunidades autónomas y la comunidad educativa en su conjunto, pero esto es así, y mi buen predecesor tuvo que
intentar apagar un fuego que él no había encendido de ninguna manera. Pero, en fin, yo estoy muy de acuerdo con usted en compartir los datos que usted quiera; los podemos compartir cuando quiera. Y antes se me ha olvidado decirle que
efectivamente el informe del Consejo de Estado no es preceptivo; no era preceptivo para la ley. Es preceptivo para los reales decretos, pero no es preceptivo para la ley. Pero no se preocupe, porque también tendremos informe del Consejo de
Estado.
En definitiva, la ley que queremos alumbrar entre todos tiene efectivamente una parte de formación, pero conecta con el empleo. Por lo tanto, vamos a hacer una buena ley que sirva a la persona primero y desde luego a la comunidad, porque
necesitamos competitividad y necesitamos más conocimiento para superar la precariedad y la temporalidad en el empleo.
Sencillamente, señora Martínez Seijo, le agradezco muchísimo su apoyo como siempre, y a todos les agradezco su intervención porque siempre hay ángulos que se iluminan con sus intervenciones.
Nada más y muchísimas gracias por todo. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señora ministra de Educación y Formación Profesional, por su presencia hoy en esta Comisión y por su comparecencia. La próxima vez en lugar de limitar el tiempo, limitaremos las preguntas.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez): Me puede limitar a mí también.
El señor PRESIDENTE: También es verdad (risas), pero no; eso en el Reglamento es más difícil.
Se levanta la sesión y buenas noches.
Eran las ocho y quince minutos de la noche.