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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 383, de 27/04/2021
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2021 XIV LEGISLATURA Núm. 383
POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª MARÍA LUISA CARCEDO ROCES
Sesión núm. 10
celebrada el martes,
27 de abril de 2021
ORDEN DEL DÍA:
Proposiciones no de ley:
- Sobre la necesaria aprobación de una Ley de Función Pública para la Administración General del Estado. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/000973) ... (Página2)
- Sobre la reactivación del Pacto Antitransfuguismo. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/001657) ... (Página6)
- Relativa a la promoción, en el marco del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, de una actuación coordinada a fin de que las comunidades autónomas, en el ámbito de sus competencias, requieran a todos los sanitarios del
sistema público de salud que estén dispensados de prestar servicio total o parcialmente por realizar labores sindicales a incorporarse de forma inmediata a prestar pleno servicio mientras dure la lucha contra la epidemia por COVID-19. Presentada
por el Grupo Parlamentario VOX. (Número de expediente 161/002252) ... (Página12)
- Relativa a la tasa de reposición para la cobertura de los puestos de trabajo reservados a funcionarios de habilitación nacional. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/002280) ...
- Por la que se insta al Gobierno a condenar el acto de ofensa intolerable y agravio a la ciudad de Toledo, a los toledanos, a España y a todos los españoles, al acordar el Ayuntamiento de Palma eliminar del callejero de Palma la 'Calle
Toledo' por franquista. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/002335) ... (Página20)
- Sobre regulación del voto delegado y asistencia telemática. Presentada por el Grupo Parlamentario Republicano. (Número de expediente 161/002365) ... (Página24)
Votaciones ... (Página29)
Se abre la sesión a las once y treinta y cinco minutos de la mañana.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- SOBRE LA NECESARIA APROBACIÓN DE UNA LEY DE FUNCIÓN PÚBLICA PARA LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/000973).
La señora PRESIDENTA: Buenos días.
Vamos a iniciar la sesión de esta Comisión de Política Territorial y Función Pública. Tal como fue acordado, la sesión de hoy versará sobre el debate y votación de proposiciones no de ley.
La primera incluida en el orden del día es la proposición no de ley sobre la necesaria aprobación de una ley de Función pública para la Administración General del Estado. El grupo proponente es el Grupo Parlamentario Socialista. Para su
defensa, tiene la palabra el señor Aceves, por un tiempo de cinco minutos.
El señor ACEVES GALINDO: Gracias, presidenta. Buenos días, señorías.
Debatimos, en primer lugar, en esta Comisión, una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, registrada en junio del año 2020, hace prácticamente un año. Quería comenzar mi intervención, porque lo he escuchado en esta
Comisión en alguna ocasión, explicando y dejando claro que por parte del Grupo Parlamentario Socialista tiene la obligación con los ciudadanos, el derecho de esta Cámara, de presentar proposiciones no de ley, porque, si no, lo demás sería negar la
propia democracia. Como en esta ocasión quiero decir alto y claro que no es la primera vez que algunos grupos parlamentarios ponen en tela de juicio por qué el Grupo Parlamentario Socialista registra proposiciones no de ley, lo quería dejar claro.
Es separación de poderes, es impulso parlamentario. Es respeto al papel que los grupos y, en este caso, el mayoritario en esta Cámara, representan en la ciudadanía y, por lo tanto, señorías, aquellos que algunas veces se quejan que miren lo que
hacen en sus parlamentos donde gobiernan, si registran o no proposiciones no de ley.
Entrando en el quid de la cuestión de esta proposición no de ley, quiero decir que es un mandato del propio Estatuto Básico del Empleado Público, que es la norma básica que en nuestro país regula las condiciones del empleo público; un EBEP
aprobado en el año 2007 por un Gobierno socialista, y ahora otro Gobierno presidido por un presidente socialista desarrollará -y por eso este Parlamento espero que con el apoyo de todos lo impulsará- una ley para la regulación, desarrollo y
modernización de la Administración pública en la Administración General del Estado.
Creo que potenciar el papel de lo público y de los empleados públicos ha sido siempre una seña del Grupo Parlamentario Socialista, pero, además, ahora, en pandemia, ha dejado a la luz de toda la ciudadanía, alto y claro, una necesidad y
también un reconocimiento al trabajo que han realizado. Por eso, en la labor de este grupo parlamentario está el impulsar desde aquí, desde el Parlamento, para que el Gobierno en esta legislatura, entre todos, porque hay que buscar el consenso con
los interlocutores sociales, también en esta Cámara, aprobemos una ley que tiene que servir para que en el propio seno de la Administración General del Estado se haga un texto adecuado, apropiado, moderno, para los retos que tenemos en este caso, y
también que sirva como impulso para que en las comunidades autónomas, en la Administración local también se impulsen los cambios legislativos apropiados en cada territorio para seguir por esta línea, porque creo que es la línea adecuada. Así que,
si necesitamos un desarrollo de un texto legal, como en este caso, si además se necesita consenso, y además creemos que es una herramienta útil, creemos que esta proposición no de ley, señorías, debería ser el impulso para que los trabajos ya
iniciados -repito, esta PNL se registró hace casi un año, pero ya el Gobierno ha empezado los trabajos, como saben, para desarrollar este texto- cuenten con el apoyo de todos y de todas.
Quiero decirles también, señorías, que para buscar una Administración pública inclusiva, ágil, sostenible, proactiva e innovadora tiene que ser fomentada siempre desde lo público y desde una apuesta clara por solucionar los retos actuales,
que se han multiplicado durante la pandemia, pero también tener en cuenta la
experiencia de mucho tiempo, en circunstancias, algunas de ellas, evidentemente, cambiantes, para entre todos, profesionales, representantes de los trabajadores, y también en este Parlamento y en el Gobierno, aprobar un texto legal, que creo
que ya hacía falta en nuestro país, después de que en el año 2007 se aprobara la ley y en 2015, el Real Decreto Legislativo, y creo que ya han pasado demasiados años sin buscar este impulso. Por eso, señorías, les pido el apoyo a esta proposición
no de ley, con la mano tendida para que haya un gran acuerdo en esta Cámara, también en el seno de la futura mesa de negociación, porque eso es lo que le dará realmente utilidad a algo que los empleados públicos y yo creo que nuestro país necesita.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias.
A continuación, para la fijación de posición de los grupos parlamentarios, por el Grupo Mixto el señor Mazón se ha excusado por razones de prevención mayor. El Grupo Bildu no está, y el Grupo Vasco creo que tampoco.
Por el Grupo Ciudadanos, el señor Espejo-Saavedra, tiene la palabra, por un tiempo de tres minutos.
El señor ESPEJO-SAAVEDRA CONESA: Gracias, presidenta.
Desde que Ciudadanos entró en el Congreso, ya en la XI legislatura, venimos proponiendo una reforma profunda de la Administración pública, con el objeto final de adaptarla a los retos del siglo XXI, que son muchos. Uno de los compromisos
más importantes, imprescindibles, que hemos de asumir y que debe tratar esa ley de Función pública, a la que se refiere esta proposición no de ley, es la de eliminar los abusos en la temporalidad, sobre lo que, además, ya se ha pronunciado el
Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La temporalidad en el empleo público constituye un problema estructural de enorme envergadura, y en nuestro país se viene produciendo y agravando desde hace ya demasiados años, una situación en la
Administración pública que genera injusticias entre el personal que trabaja al servicio de la misma, y que afecta, y eso es lo más importante, directamente al servicio público que ofrecen las diversas administraciones. Este abuso sistemático de la
temporalidad en la contratación pública puede advertirse en la constante e impune renovación fraudulenta de los contratos consecutivos, bajo una falsa premisa de necesidades temporales que no son tales. Esta situación afecta también a más de 800
000 familias españolas.
Asimismo, esa ley de Función pública debería abordar un problema que es preciso señalar, el inminente relevo generacional en las administraciones públicas. La edad media de los funcionarios públicos españoles es de unos 53 años, y dentro de
diez o quince años, ante la jubilación de toda esta generación, el problema se habrá agravado considerablemente. En definitiva, hay innumerables problemas de la Administración que se deben solventar. También se ha hablado del EBEP y de la reforma
necesaria o del estatuto del directivo, pero hay muchísimos problemas a solucionar.
Por otra parte, esta iniciativa, estando el Partido Socialista a la cabeza del Gobierno, carece de sentido político. Decía el portavoz del Grupo Socialista que estaba presentada desde junio de 2020. Ha pasado ya casi un año. Ustedes están
en el Gobierno. Son ustedes mismos los que han de elaborar un proyecto de ley de Función pública, y son ustedes, sin embargo, los que no lo están haciendo. Quieren estar en todos los sitios. Hacer oposición a la oposición, y ahora oposición al
Gobierno. Menos gobernar, señor Aceves, hacen ustedes de todo, menos emprender acciones legislativas valientes que ustedes mismos dicen defender y realizar transformaciones reales, están en misa y repicando.
Vamos a votar a favor de su iniciativa, cómo no, pero, por favor, no nos tomen el pelo. Dejen de ocupar su tiempo en la preparación de tantas PNL y díganles a sus compañeros de partido que están en el Gobierno que se pongan a trabajar por
el buen funcionamiento de la Administración, que, según el artículo 97 de la Constitución, son los que tienen la responsabilidad de dirigir.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Espejo.
A continuación, tiene la palabra por el Grupo Plural, el señor Bel, por un tiempo de tres minutos.
El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, presidenta.
Nosotros vamos a apoyar la iniciativa, sin ningún tipo de duda. En todo caso, nosotros, señor Aceves, no vamos a ser los que les digamos que no presenten PNL ni proposiciones de ley ni otras iniciativas parlamentarias, obviamente. Pero sí
que, en alguna ocasión, yo le he manifestado la situación que se produce cuando esto lo hace un grupo parlamentario que apoya al Gobierno. Si realmente para el Partido Socialista el proyecto de ley de Función pública fuese una prioridad, ya no le
digo para el grupo
parlamentario ni para el Gobierno, en estos momentos estaría en marcha, porque ustedes detectaron la necesidad clara y explícita, al menos, en junio del 2020, prácticamente hace un año.
Como a lo único que se le puede instar al Gobierno es a aprobar un proyecto de ley, este proyecto de ley después tiene toda una tramitación. El proyecto de ley, obviamente, antes de ser aprobado, tiene que negociarse, esencialmente, con los
sindicatos, pero tiene que tener un proceso de participación, que ustedes también reconocen en su iniciativa. No obstante, cuando uno echa cuentas, lo único que puede pasar es que el proyecto de ley entre tan avanzada la legislatura que, como en
otras ocasiones, esta finaliza y quedan pendientes algunos proyectos de ley.
A mí me parece poco ambicioso, y no hemos querido presentar ninguna enmienda, lo que propone es que se presente el proyecto de ley durante la presente legislatura. Yo creo que se tendría que acelerar muchísimo este trámite porque quién sabe
cuánto dura una legislatura. Antes uno podía tener una orientación, pero ahora las legislaturas son tan volátiles como el tiempo. Pero, aun así, nosotros lo que le pediríamos al Gobierno es que fuera ágil en su tramitación. La forma más explícita
para pedírselo es votando hoy a favor.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias, señor Bel.
A continuación, es el turno del Grupo Republicano, pero la señora Telechea no va a intervenir.
Por el Grupo Confederal de Unidas Podemos, tiene la palabra la señora Jover.
La señora JOVER DÍAZ: Gracias, presidenta.
En primer lugar, una cuestión previa. Quiero condenar las amenazas recibidas por la ministra Reyes Maroto, por el ministro Marlaska, por la señora María Gómez y por el señor Pablo Iglesias, junto a toda su familia, y enviarles todo nuestro
cariño y nuestro apoyo. Y a todos los que blanquean a los fascistas, quiero recordarles que al fascismo no se le argumenta, se le combate.
Pasando a la PNL, es verdad, necesitamos urgentemente una ley de Función pública, y explicamos el urgentemente. Desde la aprobación de la EBEP estaba previsto el desarrollo de un estatuto de función pública de la Administración General del
Estado, y ya han pasado catorce años. Por otra parte, desde la aprobación de la Ley 30/1984, de medidas urgentes en materia de Función pública, hasta la aprobación de la EBEP, pasaron veintitrés años. Así que vamos bien por ahora.
Dado que ya ha habido un trámite de consulta que se ha cerrado en junio de 2020, y dado que aún no sabemos nada del texto, tantas veces anunciado por la anterior ministra, nos preguntamos cuál será el contenido de dicho anteproyecto.
Suscribimos la idea. Pero claro, nos parece peculiar hacer una PNL para instar al Gobierno a hacer algo que ya se está haciendo y que no ha enseñado públicamente. Pero sí dice que ha dado trámite de audiencia a las organizaciones afectadas. Entre
los anuncios hechos por el ministerio, se dice que será una ley de ordenación u organización de la Función pública, que adaptará el Estatuto Básico del Empleado Público a la AGE, estableciendo un equilibrio entre los derechos reconocidos por esta
norma básica y las potestades de autoorganización de la Administración del Estado.
De las declaraciones de intenciones sobre esta norma no se ha concretado ningún texto, ni sabemos oficialmente qué novedades habrá y cómo afectará a la AGE y a los funcionarios que la integran, por lo que votaremos a favor de esta PNL,
esperando que las dudas planteadas se resuelvan en un futuro.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Jover.
A continuación, por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Ruiz Navarro.
El señor RUIZ NAVARRO: Muchas gracias.
Señorías de Podemos, hay que condenar todas las amenazas y todas las violencias, las de miembros del Gobierno y las de la oposición. Nosotros lo hemos hecho, pero seguimos esperando que ustedes lo hagan. Basta de hipocresía.
El Grupo Socialista quiere que el Congreso inste al Gobierno a la necesaria aprobación de una ley de Función pública para la Administración General del Estado. Para justificarlo, utiliza unos argumentos que, según uno va leyendo en la
exposición de motivos, tienen una consistencia más bien pintoresca. Es que no se comprende muy bien qué tiene que ver aquí el impulso de una nueva legislación con la mención a que se garantice la prestación de servicios públicos en una sociedad
abierta, plural y diversa. Sobre todo, cuando ustedes, señorías socialistas, junto con sus socios comunistas, no creen en una sociedad abierta, plural y diversa, a la vista del poco aprecio que tienen a que se puedan expresar libremente opiniones
contrarias a las suyas. Cuando a ustedes no les gusta un debate, utilizan todos los medios a su alcance para impedirlo, incluyendo las piedras y los adoquines. Esta es su peculiar manera de entender la pluralidad y la diversidad de la
sociedad española.
Tampoco es razonable su empeño por utilizar este lenguaje pomposo y absurdo con el que llenan sus discursos. Esto de buscar una Administración inclusiva, ágil, sostenible, proactiva e innovadora, fomentando un servicio público receptivo y
adaptable, no lo entienden ni ustedes, porque es pura palabrería hueca. Menos juegos florales y más concreción, señorías.
Ustedes son el grupo mayoritario, principal apoyo del Gobierno y, por tanto, lo que ustedes someten a consideración de la Cámara es si los negocios con sus socios habituales, comunistas, filoetarras y golpistas, salen adelante. Es más, han
utilizado su grupo parlamentario, introduciendo iniciativas legislativas en forma de proposición de ley para burlar la necesidad de determinados informes exigidos a los proyectos de ley. Lo hemos visto, por ejemplo, en la reforma de la Ley Orgánica
del Poder Judicial y en la Ley de eutanasia. Así que, señorías socialistas, por qué nos traen aquí ustedes una PNL, cuando podían haber hecho una proposición de ley, y encima tratan de justificarse. Por eso, ustedes no tienen credibilidad.
Miren, a VOX no le parece mal que en España se pueda contar con una ley de Función pública. Pero es que hay cosas que son más importantes y urgentes. Por ejemplo, desarrollar el artículo 13 del EBEP para reforzar la cualificación y la
imparcialidad del personal directivo profesional, o también modificar el artículo 10 para poner fin al abuso que socialistas y también populares han cometido desde hace décadas en perjuicio de decenas de miles de funcionarios interinos, por no
convocar procesos selectivos en tiempo y forma, cuando debieron y pudieron hacerlo.
Nuestro voto será la abstención.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ruiz Navarro.
A continuación, por el Grupo Parlamentario Popular, la señora De Luna tiene la palabra por tres minutos.
La señora DE LUNA TOBARRA: Gracias, presidenta.
En relación con la proposición no de ley presentada por el Grupo Socialista, nos resulta, como mínimo, curioso que el principal grupo parlamentario que sustenta al Gobierno presente una iniciativa instando a su propio Gobierno a que apruebe
y traiga a esta Cámara un proyecto de ley de Función pública. Nos resulta doblemente curioso, porque además se presentó esta PNL cuando el propio Gobierno ya había iniciado el trámite de consulta pública, previo, como saben, a la tramitación del
anteproyecto de ley de Función pública de la AGE, circunstancia que celebramos, teniendo en cuenta el gusto que tiene este Gobierno, de abusar de la figura del decreto ley y de sustraer a esta Cámara su normal competencia legislativa. El citado
trámite de consulta pública fue convocado el 9 de marzo del 2020, habiendo finalizado el 10 de junio del mismo año, fecha desde la que, por cierto, no hemos tenido más noticias al respecto.
La ley de la Función pública de la AGE ha sido una demanda constante tanto de los sindicatos más representativos como de los colectivos de funcionarios públicos. El propio texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público prescribió
en su artículo 6 la necesidad de su desarrollo en el ámbito de la AGE, ya que la aprobación de una ley de Función pública incrementaría la seguridad jurídica, cubriría lagunas normativas y permitiría la implantación de elementos esenciales para una
reforma de la Función pública.
Esta futura ley debe contemplar materias esenciales, como son la regulación del teletrabajo, cuestiones relativas a las jornadas y permisos de los empleados públicos. Debe también contener la regulación sobre cuerpo y escala, sobre las
clases de personal, establecer también las normas sobre el acceso a la carrera profesional, al régimen retributivo, etcétera. Son muchos y trascendentes los aspectos que tendrán que ser regulados en esta ley de Función pública de la Administración
General del Estado. Por ello, creemos que debe ser una ley ampliamente informada por los órganos consultivos correspondientes y absolutamente consensuada con los sindicatos más representativos de la AGE, con los colectivos de los funcionarios
públicos y con los grupos parlamentarios de estas Cortes Generales, al tratarse de una ley que va a regir nuestra Administración General del Estado, una Administración de prestigio, en donde la profesionalidad de nuestros empleados públicos, la
calidad, la transparencia, la neutralidad y la imparcialidad sean sus principios rectores.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora De Luna.
- SOBRE LA REACTIVACIÓN DEL PACTO ANTITRANSFUGUISMO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/001657).
La señora PRESIDENTA: Finalizado el debate del primer punto, pasamos a sustanciar el correspondiente al segundo punto del orden del día, que se refiere a la proposición no de ley sobre la reactivación del Pacto antitransfuguismo, presentada
por el Grupo Parlamentario Socialista. Para su defensa, tiene la palabra la señora Tizón, por un tiempo de cinco minutos.
El señor SANTAMARÍA RUIZ: Una pregunta, presidenta.
La señora PRESIDENTA: Sí, estoy escuchando.
El señor SANTAMARÍA RUIZ: Una pregunta. Por cuestión de orden, nos han presentado una enmienda de modificación y quisiéramos saber si va a ser parte del texto de la PNL que vamos a debatir, si necesita nuestro acuerdo o si no lo necesita.
La señora PRESIDENTA: Supongo que en la intervención del grupo parlamentario nos explicará el sentido de esa autoenmienda. Si ningún grupo parlamentario se opone, normalmente, en esta Comisión solemos ser bastante condescendientes con
autoenmiendas o enmiendas transaccionales, salvo que haya una oposición por parte de algún grupo parlamentario. Pero la práctica habitual en esta Comisión es, encajando dentro de los procedimientos reglamentarios y sin violentar en modo alguno
algún artículo en el Reglamento, solemos ser bastante condescendientes. Esa es la posición de la Mesa.
Por tanto, la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista nos explicará el alcance de esta autoenmienda.
La señora TIZÓN VÁZQUEZ: Gracias, presidenta.
Señorías, el acuerdo sobre un código de conducta en relación con el transfuguismo en las corporaciones locales, más conocido en su momento como Pacto antitransfuguismo, es un acuerdo político por el que los partidos asumen un compromiso de
comportamiento para evitar la alteración de la representación política. Suscrito hace más de dos décadas, en el año 1998, cuenta con varias adendas: una del año 2000, otra segunda del año 2006, y una tercera, que hemos celebrado en el año 2020,
que aprueba el Pacto por la Estabilidad Institucional. En él se define como tránsfuga a los y las representantes locales, autonómicos y estatales que, traicionando al sujeto político que los presentó a las correspondientes elecciones, haya
abandonado el mismo, hayan sido expulsados o se aparten del criterio fijado por sus órganos competentes.
Es un pacto que, sorprendentemente, ha estado diez años inactivo. Quiero remarcar esto, pues solo ha sido en el pasado mes de julio, con este Gobierno, y a instancias de la ministra de Política Territorial y Función Pública, que se convocó
a todas las fuerzas políticas con representación en las Cortes Generales a una reunión, con el objetivo de reactivar el referido pacto.
El fenómeno del transfuguismo político se configura como un profundo problema de nuestro sistema, con efectos inmediatos y debilitando los mecanismos establecidos para reforzar la estabilidad gubernamental. Por ello, señorías, desde este
grupo parlamentario queremos incidir, y también actualizar, tal y como indicamos en la enmienda que a todos les hemos entregado, en la necesidad de continuar trabajando, marcando nuevas líneas, apostando por una participación de todas las fuerzas
políticas, y que periódicamente se pueda continuar analizando cada situación en particular.
El transfuguismo no es sino una actuación desleal hacia la voluntad de los ciudadanos que, por desgracia, algunas formaciones políticas, muchas aquí presentes, parecen practicar últimamente como deporte. Cuando se firman pactos, señorías,
hay que cumplirlos, y lo sucedido en Murcia es corrupción. Una formación política no se hace mejor ni más grande por aunar un mayor número de traidores, y menos aún, premiándolos con consejerías.
Lo del señor Cantó ya no lo menciono, porque eso va más allá de transfuguismo, es puro performance. Ya no es el hecho de faltar al compromiso sujeto a este pacto, que es un verdadero atentado a nuestra democracia, sino que es el propio
Tribunal Supremo el que les da un toque de atención, dictaminando sobre la base de un caso de transfuguismo producido en Valencia y diciendo que los concejales que pasen a la condición de no adscrito por transfuguismo no pueden recibir un sueldo
mayor del que tenían o un cargo más importante.
Quiero destacar, señorías, que desde el pasado verano se han celebrado tres reuniones de la Comisión de Seguimiento del Pacto Antitransfuguismo, en las que se ha debatido una propuesta de nueva
adenda al pacto, como ya he citado, con el objeto de adecuar su funcionamiento a la realidad política actual. Por ello, se convocó una primera sesión de la Comisión de Seguimiento por la Estabilidad Institucional, el pasado 25 de marzo de
2021. Seguimos trabajando.
Señorías, la política no es esto; la política no es transfuguismo. La ciudadanía no nos elige para traicionarnos con este continuo cambio de chaquetas, siempre movidos por los intereses económicos oscuros o de promoción personal. No
podemos banalizar estos sucesos y que ello provoque una relajación del cumplimiento de los códigos de conducta y el control, totalmente carentes de ética.
Fíjense, a mí me preocupa también mi provincia, la provincia de Ourense, en la que las lecciones de transfuguismo parece que rozan el nivel experto. Cito textualmente un titular de prensa que alude a la magnitud del problema: 'Territorio
Baltar: mociones de censura con tránsfugas y ''fichajes'' de independientes alargan el poder del PP en la provincia de Ourense'. Esto fue en agosto de 2020. Y sigo -febrero de 2021-: 'Nuevo caso en la Diputación de Ourense'.
Señorías, esta iniciativa aboga por continuar trabajando en el compromiso por el pluralismo, por la decencia, por la gobernabilidad, por la transparencia y por la calidad democrática de nuestras instituciones, para que el control de la
Comisión de Seguimiento del Pacto Antitransfuguismo sea efectiva y provoque una incentivación del cumplimiento de las medidas en los acuerdos que se recogen, para un mayor compromiso de todas las fuerzas políticas con nuestros y nuestras ciudadanas,
que nos dan su confianza.
Termino con una frase de la obra del pedagogo Paulo Freire titulada Pedagogía del oprimido: 'No hay denuncia verdadera sin compromiso de transformación, ni compromiso sin acción'.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Tizón.
Nos han hecho llegar a la Mesa la propuesta de nueva redacción del texto de la proposición no de ley. Doy por supuesto que se ha remitido a todos los grupos parlamentarios este texto.
Continuamos el debate. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Espejo-Saavedra tiene la palabra por tres minutos.
El señor ESPEJO-SAAVEDRA CONESA: Muchas gracias, presidenta.
Los españoles han asistido en estas últimas semanas a un nuevo escándalo de transfuguismo y corrupción en la Región de Murcia, que se suma a otros que se han producido también en Tenerife o en Málaga o en Orense, como citaba la portavoz del
Grupo Socialista, donde el Partido Popular ha comprado con cargos y prebendas la voluntad de personas que se han valido de unas siglas, por las que fueron elegidos representantes públicos, para obtener beneficios personales a cambio de alterar las
mayorías elegidas democráticamente por los ciudadanos en las urnas. Una situación que es deleznable y que encaja perfectamente con la definición de tránsfuga que antes aquí se ha leído, recogida en el pacto recientemente suscrito por todas las
fuerzas políticas, o por la mayoría de las fuerzas políticas, incluido el Partido Popular, y flagrantemente incumplido en este caso por ese partido. El transfuguismo es una lacra que degrada nuestra democracia y genera una preocupante alarma
social, en unos momentos en los que los españoles necesitan confiar más que nunca en las instituciones.
Desde Ciudadanos recordamos al Partido Popular y al Partido Socialista que ambos adquirieron el compromiso literal -literal, insisto- en un pacto -y abro comillas- 'de impedir la utilización de tránsfugas para constituir, mantener
activamente o cambiar las mayorías de Gobierno de las instituciones públicas'. Manifestamos rotundamente que jamás participaremos nosotros de estas prácticas de transfuguismo, a través de la compra de voluntades ni de presiones intolerables, que
son una de las peores formas de corrupción, cuyos máximos perjudicados terminan siendo los ciudadanos, que ven quebrada la voluntad popular en un mercadeo inaceptable del que sacan partido personas que traicionan a los partidos por cuyas siglas
fueron elegidos, accediendo a un acta y a un sueldo público pagado por todos los ciudadanos.
Para Ciudadanos es fundamental que el conjunto de fuerzas políticas aborde la lacra del transfuguismo y se puedan impulsar reformas legislativas para garantizar algo esencial, que el tránsfuga no pueda verse recompensado por estar dispuesto
a alterar las mayorías y que los partidos no puedan sacar tajada de esta situación, comprando voluntades, porque los votos de los ciudadanos en las urnas no pueden comprarse en los despachos.
En efecto, entre las medidas más importantes, a adoptar en el marco del Pacto Antitransfuguismo -y así se mencionaba- estaba garantizar que los tránsfugas no reciban privilegios ni premios por su actitud;
impedir que el tránsfuga, en el ámbito local, pueda acceder a cargos de responsabilidad, más allá de su acta de concejal; garantizar que el dinero que recibe el tránsfuga no puede ser mayor o igual al que se le hubiese otorgado si se
hubiera mantenido en el grupo por el que fue elegido; y algo muy importante a la que se comprometieron los partidos, a modificar los reglamentos de las Cámaras legislativas, incluida el del Congreso, para prevenir estas situaciones.
Hay que frenar de forma inmediata y con la mayor contundencia estas prácticas corruptas que escandalizan a la ciudadanía y que ponen en riesgo nuestras instituciones. Por tanto, votaremos a favor de esta proposición no de ley.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Espejo-Saavedra.
A continuación, por el Grupo Plural, tiene la palabra el señor Bel.
El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, presidenta.
Vaya por delante que nosotros también vamos a apoyar la iniciativa y que también, incluso, vemos mucho mejor la autoenmienda in voce o el documento que presentan. Por tanto, nosotros instaríamos a que, si todos estamos de acuerdo, fuera
este el acuerdo que pudiéramos adoptar, por más actualizado y ajustado.
El tema del transfuguismo es un tema que nos achaca a todos, y no nos toca cuando nos toca de cerca, sino que es un tema que genera mucha más desafección en la ciudadanía, en un momento que la desafección política es un problema grave. Es
una cuestión que se tendría que intentar regular, desde nuestra óptica, a través de normas legales. Conocemos el antecedente de la anulación por parte del Tribunal Constitucional del artículo 197 de la Loreg o de parte de ese artículo en la
sentencia, como decía, del 2017. Pero quizá, más allá de los pactos -lo hemos visto y lo vamos a escuchar a lo largo de esta sesión, si se cumplen o no se cumplen, si se ajustan o no se ajustan-, lo mejor sería que pudiésemos incorporar a nuestro
ordenamiento jurídico normas específicas al respecto. Seguramente, todos ganaríamos más credibilidad si sustentáramos estas posiciones de forma constante en el tiempo.
Alguien recordaba que ha estado diez años sin reunirse. Durante estos diez años han pasado cosas, y nadie hemos tenido la iniciativa de moverlo. Por tanto, es obvio que cuando instemos a alguna iniciativa en este sentido -y hablo en
primera persona- tendríamos también que levantar una voz de autocrítica, porque hemos celebrado los cuarenta años de la Constitución y de la recuperación de la democracia en el Estado español. Más allá de que hay otros temas -y ustedes los conocen
perfectamente- como la inhabilitación de un diputado hace pocos días, que nos lo cuestionan, seguramente, el tema no resuelto del transfuguismo es otra de las asignaturas pendientes que tenemos. En todo caso, nuestro voto será favorable.
La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias, señor Bel.
A continuación, es el turno del Grupo Republicano. La señora Telechea tiene la palabra.
La señora TELECHEA I LOZANO: Muchas gracias, presidenta.
Vaya por delante que nuestro voto también será a favor de esta proposición no de ley. Cabe decir que Esquerra Republicana siempre ha participado desde el primer momento del Pacto Antitransfuguismo, ya en su creación, en el año 1998, así
como en las sucesivas renovaciones. Hace unas semanas hubo una reunión mediante la cual se reactivó este pacto y, por lo tanto, esta PNL llega tarde, porque todo aquello que contemplaban los tres primeros puntos del pacto ya se ha empezado a hacer.
Sin embargo, creo que debemos reflexionar de por qué lleva diez años paralizado y es porque en el año 2009 el PP y el PSOE rompieron con el compromiso que hubo en el año 1998 cuando se creó. Por tanto, nos parece algo cínico que el PSOE
quiera traer esta PNL para reactivar el pacto, cuando, primero, en 2009 se rompió ese compromiso, y segundo, han tenido que pasar diez años para que se reactivara el mismo, aunque con carencias, porque no tiene demasiado en cuenta lo que se dispone
en el punto 3, que no es otra cosa que hacer extensivo el pacto a otras formaciones políticas y que se han quedado fuera. Ahora parece ser que con la autoenmienda se quiere rectificar esta cuestión. Es un poco extraño también que la PNL inste al
Gobierno, es decir, que el PSOE se inste a sí mismo a reactivar un pacto que ya está en marcha de nuevo.
Más allá de eso, señorías, yo creo que no debemos menospreciar lo que se debate hoy aquí, porque lo que está en juego es la propia defensa de la democracia y de la ética en la política, la pluralidad y el
debate político en el seno de las organizaciones políticas. Hay que llevar a cabo todas aquellas reformas legislativas para expulsar de la política a aquellas personas que sacan un lucro personal de sus nulos principios democráticos y sin
responder ante nadie, o en contra de aquello por lo cual fueron elegidas y votadas por los ciudadanos y ciudadanas. Porque ¿saben a quién va a beneficiar todo esto? Pues a las derechas y a las extremas derechas, que compiten entre sí para ser más
antidemocráticas y pretenden ganar sobre la base de comprar votos. No tienen escrúpulos y por eso no se lo debemos permitir. No hace falta que les diga que también es Ciudadanos quien está haciendo ahora transfuguismo a la desesperada. Pretenden
ganar aquello que están perdiendo en las urnas. ¿Quién es el receptor de ellos? Pues un PP a la baja por culpa de su corrupción endémica. Señorías, necesitamos menos 'tonis cantós' en la política, porque cuánto daño hace todo esto a la política y
a la sociedad.
En definitiva, tenemos la responsabilidad de hacer todas aquellas reformas reales que sean posibles -no PNL como estas, que todos sabemos que de poco sirven-, primero, para ampliar la presencia de nuevas formaciones políticas que ahora mismo
están fuera, y segundo, para encontrar esos nuevos mecanismos legales que eviten que haya tránsfugas y nos permita apartarlos de la vida institucional de los ayuntamientos y de las distintas cámaras parlamentarias.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Telechea.
A continuación, por el Grupo Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra el señor Honrubia.
El señor HONRUBIA HURTADO: Gracias, señora presidenta.
Igualmente, desde nuestro grupo, votaremos favorablemente a la proposición. También nos parece que está más adecuada y actualizada, está mejor planteada, la autoenmienda que nos han presentado. Por tanto, estamos a favor de apoyar esa
enmienda. Creemos, como ya se ha dicho, que la cuestión del transfuguismo es algo que a todos y a todas nos debería preocupar y que es una cuestión que, por higiene y por calidad democrática, nadie debería aceptar y tolerar. Por tanto, nuestro
grupo siempre va a ser partidario, siempre va a ser favorable a cualquier medida, cualquier reforma y cualquier actualización del pacto, a cualquier medida nueva a nivel legal que se pueda tomar, para impedir que estas prácticas se sigan produciendo
en el día a día de la vida política, por lo que suponen de aberración y de atentado contra la democracia.
Creo que lo que hemos visto en Murcia es un claro ejemplo de corrupción. Podrá ser legal, que está por ver. Como saben, desde nuestro grupo, y también desde el PSOE, se ha presentado una denuncia por cohecho contra los diputados tránsfugas
y algunos dirigentes del Partido Popular. Es muy evidente que es una práctica de corrupción que se hace con total impunidad, que se hace de forma orgullosa, y además luego se saca pecho. Es una práctica que en un sistema democrático no puede y no
debe tener cabida. Si la tiene, porque legalmente se tolera, al menos, debería contar con el reproche de todos los partidos que se consideren demócratas.
Por otro lado, además, nos parece más sorprendente cuando, como se ha dicho, después de diez años sin convocar el pacto, se había llegado a una especie de acuerdo de consenso entre diferentes grupos. A la primera reunión de la Comisión del
Seguimiento del Pacto por la Estabilidad, resulta que ante un caso que afecta a algunos partidos, ya lo que se acordó no vale.
Por tanto, votaremos a favor de esta PNL. Nuestra condena máxima a todo caso de transfuguismo y nuestra condena máxima a todo partido que utilice el transfuguismo para hacer corrupción legal y sacar rédito electoral o partidario donde la
voluntad popular no se lo ha dado.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias, señor Honrubia.
A continuación, por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Del Valle.
El señor DEL VALLE RODRÍGUEZ: Con la venia, señora presidenta.
Señorías, dado que estamos debatiendo una proposición del Partido Socialista, sobre calidad democrática y conducta política, permítanme que, en primer lugar, exprese todo mi apoyo a Ana Rosa Quintana y Federico Jiménez Losantos, periodistas
que por expresar libremente lo que piensan, han sido señalados y acusados de blanquear el fascismo por el líder de un partido de base comunista y, como tal, totalitario y antidemocrático. Esos que señalan a Ana Rosa y a Federico, y aquellos que le
siguen el juego y hablan de cordones sanitarios a partidos democráticos y constitucionales, como lo es VOX, esos son los auténticos fascistas.
Nos sorprende que el Partido Socialista venga a hablar de unos acuerdos. Dice literalmente en la proposición 'sobre un código de conducta política, en un compromiso por el pluralismo, por la decencia, por la transparencia y la calidad
democrática'. Lo dicen ustedes, el partido cuyo líder dijo en reiteradas ocasiones que jamás pactaría con los comunistas, que ni él ni la mayoría de los españoles podrían dormir tranquilos si pactaba con la extrema izquierda del señor Iglesias. El
que aseguró que nunca aceptaría los votos de Bildu ni de los independentistas para gobernar, y ha terminado pactando hasta el acercamiento de los terroristas de ETA, condenados por delitos de sangre a territorio vasco.
Hablan de pluralismo, cuando están haciendo una llamada expresa a que se haga un cordón sanitario a la tercera fuerza política de este país. Hablan de transparencia, cuando son el Gobierno más opaco de la historia reciente. El propio
Consejo de la Transparencia se queja de que el señor Marlaska lleva numerosas reclamaciones de dicho consejo sin atender. Ahora, en la campaña electoral madrileña, el presidente de un Gobierno democrático, el señor Sánchez, en su último mitin, de
hace un par de días, dijo literalmente: 'El viernes VOX cruzó una línea y será la última que cruce'. Pero ¿esto qué es? ¿Es una amenaza? Esto nos recuerda a lo que la Pasionaria le dijo a Calvo Sotelo antes de que le asesinaran. Y añadió:
'Todos los demócratas nos hemos puesto en pie para decir basta. La ultraderecha es una amenaza para nuestra convivencia y nuestra democracia'. Pero ¿cómo puede hablar de convivencia y democracia si ha llevado a la dirección del Estado a la ETA, a
los golpistas separatistas y mantiene a ministros comunistas que incitan a la violencia contra el tercer partido de España?
La señora PRESIDENTA: Señor Del Valle, ha finalizaba ya sobradamente su tiempo.
El señor DEL VALLE RODRÍGUEZ: Violencia que jamás ha condenado.
Perdone, señora presidenta, pero yo he puesto el cronómetro antes de mi intervención y solo llevo 2 minutos y 45 segundos. Le ruego que me permita, por lo menos, concluir. La luz roja que tiene es del anterior interviniente. No ha vuelto
a pulsar, lo ha dejado en rojo. Desde el principio de mi intervención está en rojo.
La señora PRESIDENTA: Disculpe entonces. Es que estaba ocupada en otros asuntos. Discúlpeme.
El señor DEL VALLE RODRÍGUEZ: Me queda aproximadamente algo más de un minuto, según mi reloj.
La señora PRESIDENTA: Continúe, por favor.
El señor DEL VALLE RODRÍGUEZ: Gracias.
La señora Reyes Maroto ayer mismo tras recibir amenazas -un tipo de conducta que todos condenamos- aseguró: 'Todos los demócratas estamos amenazados de muerte si no paramos a VOX'. Miren, el Gobierno criminaliza a la oposición, y cuando se
descubre que el autor es una persona con enfermedad mental, el propio Gobierno y los medios subvencionados no piden explicaciones. Es vergonzoso: Marlaska llamando criminal al Partido Popular; la directora de la Guardia Civil saltándose su
obligada neutralidad y participando en un mitin electoral y atacando a la oposición; la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno diciendo que se está conociendo por voz propia cómo se expresa la ultraderecha y cómo la derecha del PP le está
dando carta de naturaleza, que el discurso de VOX tiene que ser combatido.
Son ustedes los que crispan el ambiente. Nosotros condenamos todo tipo de violencia y de amenazas de violencia. Pero somos los únicos que padecemos la violencia física, somos los que recibimos las pedradas cuando queremos celebrar un acto
electoral en libertad.
Termino ya, señora presidenta. Señorías del PSOE, dejen de crispar. Dejen de seguirle el juego a la extrema izquierda, aunque sabemos que es difícil para ustedes, ya Zapatero y Gabilondo -el otro, el periodista- comentaron que la
crispación les iba bien. También es la estrategia de Iván Redondo para esta campaña, que ha dicho: miedo, rechazo y esperanza.
Por supuesto, no cuenten con nuestro voto para un consenso de blanqueo de su actuación. Por cierto, nos oponemos a que sea aceptada a trámite la autoenmienda presentada fuera de plazo.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Del Valle.
A continuación, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Santamaría.
El señor SANTAMARÍA RUIZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, debatimos hoy una propuesta del Grupo Parlamentario Socialista para reactivar el Pacto Antitransfuguismo, lo cual, señorías, es una tomadura de pelo. Por mucho que se intente cambiar el título con esta autoenmienda de última hora,
lo que en el texto de la PNL se reclama carece de sentido, desde que se firmara en noviembre de 2020 una nueva adenda que resuelve todas las pretensiones incluidas en la proposición no de ley y que convierten el texto en el que debatimos en papel
mojado y en una pérdida de tiempo.
Por tanto, señorías, creemos que lo que nos propone el Partido Socialista hoy es una falta de respeto a esta Cámara. Debatir sobre el texto de la PNL que nos propone el Grupo Socialista es tanto como debatir sobre el Código Civil de Alonso
Martínez o el Código Penal de 1822, ambas normas ya superadas. No seré yo quien diga que no son cuestiones importantes para los jurisconsultos, pero no son cuestiones en las que deba estar centrado el Parlamento nacional, el Congreso de los
Diputados, porque simple y llanamente son normas, al igual que sucede con la propuesta por el Grupo Parlamentario Socialista, que han sido sustituidas por otras.
Cuestión diferente es que a los socialistas les sirva un texto obsoleto para sacar a relucir uno de los asuntos que deben ser resueltos por la Comisión de Expertos, como es el caso de la Asamblea de Murcia, y que además lo hagan con
calificativos muy gruesos, propios de los tiempos electorales en los que nos encontramos. Señorías, corrupción en Cataluña es no vacunar a la Guardia Civil y a la Policía Nacional. Corrupción es decirles a los señores de Podemos que tienen a toda
la cúpula de su partido investigada en el Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid. Corrupción es decirle al señor de Podemos que el señor Monedero aparece en las citas de Villarejo para recuperar el dinero que tenía ingresado por Venezuela, en
cuenta de un país africano. Corrupción es recordarle al Grupo Ciudadanos lo que está sucediendo en Melilla y Valdemoro. Voy a ser cortés con el Partido Socialista, porque si a sus casos de corrupción nos referimos, necesitaríamos, lo menos, diez o
doce minutos para poder simplemente abordar algunos de ellos.
Señorías, pónganse ustedes como se pongan, decir que las personas que han garantizado la estabilidad de un Gobierno están actuando contra el Pacto por la Estabilidad Institucional es hacer el ridículo. Si además tenemos en cuenta que una de
esas personas que garantizó la estabilidad del Gobierno es ahora el portavoz de la Asamblea de la Región de Murcia del Grupo Ciudadanos, no podemos más que afirmar que nos estamos moviendo ante el teatro del absurdo de Ionesco y el esperpento de
ValleInclán.
Señorías, el Partido Popular ha pedido que se convoque a la Comisión de Seguimiento del Pacto por la Estabilidad Institucional, porque en el primer intento que ha habido para extender sus acuerdos a las asambleas legislativas, se han puesto
de manifiesto algunas de sus lagunas. Nadie sabe cuál es la naturaleza jurídica de los actos que emite la secretaría del pacto. No se ha producido el desarrollo normativo necesario para que este pueda ser aplicado a los parlamentos autonómicos y
también al estatal. Nada se dicen de los acuerdos sobre cómo articular el pacto con la esencia de la función parlamentaria del artículo 67.2 de la Constitución, que dice que los parlamentarios no están sujetos a mandato imperativo alguno. Las
normas de funcionamiento aprobadas para el Comité de Expertos 2006 también tienen lagunas que es necesario remediar. También creemos, sinceramente, que hay que configurar una comisión de expertos independientes y no directamente vinculados a los
partidos, cosa que no sucede en la actualidad.
Esa comisión no es neutral, no es independiente, no es imparcial, no es profesional, no es rigurosa y, además, tampoco tiene la apariencia de neutralidad a la que se refiere el Tribunal de Derechos Humanos de la Unión Europea. Porque si
hablar de neutralidad es entender que la pareja o expareja de la ministra Montero va a ser quien resuelva el caso de la Asamblea de Murcia, me temo que tenemos conceptos muy diferentes de lo que significa neutralidad.
Muchas gracias, presidenta. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias.
- RELATIVA A LA PROMOCIÓN, EN EL MARCO DEL CONSEJO INTERTERRITORIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD, DE UNA ACTUACIÓN COORDINADA A FIN DE QUE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS, EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS, REQUIERAN A TODOS LOS SANITARIOS DEL
SISTEMA PÚBLICO DE SALUD QUE ESTÉN DISPENSADOS DE PRESTAR SERVICIO TOTAL O PARCIALMENTE POR REALIZAR LABORES SINDICALES A INCORPORARSE DE FORMA INMEDIATA A PRESTAR PLENO SERVICIO MIENTRAS DURE LA LUCHA CONTRA LA EPIDEMIA POR COVID-19. PRESENTADA
POR EL GRUPO PARLAMENTARIO VOX. (Número de expediente 161/002252).
La señora PRESIDENTA: A continuación pasamos a debatir el 3.º punto del orden del día: proposición no de ley relativa a la promoción, en el marco del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, de una actuación coordinada a fin
de que las comunidades autónoma, en el ámbito de sus competencias, requiera a todos los sanitarios del sistema público de salud que estén dispensados de prestar servicio total o parcialmente por realizar labores sindicales a incorporarse de forma
inmediata a prestar pleno servicio, mientras dure la lucha contra la pandemia. Presentada por el Grupo Parlamentario VOX. Iniciamos el debate con la exposición de este grupo parlamentario, por un tiempo de cinco minutos. Señor Ruiz Navarro.
El señor RUIZ NAVARRO: Muchas gracias.
Desde el inicio de la emergencia causada por el COVID, el Gobierno ha aprobado un sinfín de reales decretosleyes, órdenes ministeriales y otras disposiciones normativas. Muchas de ellas han intentado, con poco acierto, optimizar todos los
medios materiales y personales de las administraciones y del Sistema Nacional de Salud para dedicarlos a la lucha contra el virus. Un ejemplo de estas medidas se encuentra en el Real Decreto-ley 29/2020, de 29 de septiembre. Este real decreto-ley,
en resumen, introduce tres elementos para dar respuesta al impacto del COVID: primero, con carácter temporal, la posibilidad de mover forzosamente al personal sanitario a servicios, centros sanitarios y especialidades que lo necesiten; segundo,
con carácter temporal, la posibilidad de mover forzosamente a funcionarios de los servicios generales de las administraciones que ocupen plazas para las que se exigió tener titulación sanitaria a servicios y centros sanitarios que lo necesiten; y,
tercero, con carácter temporal, la posibilidad de mover forzosamente al personal sanitario dentro de una misma provincia, cuando sea necesario. Todas estas medidas, aplicables ante la insuficiencia de personal médico o de enfermería a causa de la
pandemia por el COVID-19.
Sin embargo, llama poderosamente la atención que, a la vista de la dramática tensión que han sufrido y siguen sufriendo muchos de nuestros hospitales, centros y servicios de salud, a causa de la pandemia, solo se impongan obligaciones a
médicos, enfermeros y otros funcionarios en activo, pero no se aproveche el inmenso potencial de trabajo y de refuerzo que supondría incorporar al servicio activo a todos los sanitarios, médicos, enfermeros, auxiliares de enfermería y otros
profesionales que estén dispensados de prestar servicio por realizar labores sindicales. Continuar en esta situación carece de todo sentido. No puede ser que unos trabajadores, incluso los que hace mucho tiempo que ya no se dedican a tratar a
enfermos, puedan verse obligados a realizar estas labores, mientras que otros, los liberados sindicales, que sí tienen experiencia en centros hospitalarios, se queden al margen.
Ya sabemos que ha habido liberados sindicales del sector sanitario que se han incorporado voluntariamente a su puesto de trabajo, y les damos las gracias, pero otros muchos no lo han hecho. En todo caso, no se trata de aceptar gestos
solidarios basados en la buena voluntad, aunque estén muy bien. Se trata de que, ante una situación sanitaria de catástrofe nacional, todos los profesionales disponibles han de estar al servicio de España y de los españoles. No hay excusa sindical
que valga, aunque venga bajo las siglas de UGT o de Comisiones Obreras.
Por estas razones, nos parece inaceptable que el Gobierno, de forma consciente, dejara fuera a quienes están más a mano y plenamente operativos de sus labores en el trabajo sanitario, es decir, los liberados sindicales. Decimos que el
Gobierno actuó conscientemente, porque modificó la Orden SND 295/2020, de 26 de marzo, para dejar al libre albedrío de los liberados sindicales, arrimar o no el hombro, mientras sus compañeros se estaban jugando la vida. Miren, señorías, arrimar o
no el hombro ante una emergencia sanitaria como esta, no puede ser opcional.
Por ello, con esta iniciativa queremos que se corrija esta situación. Proponemos que el Gobierno impulse que las autonomías, en el ámbito de sus competencias, requieren a todo el personal del sistema sanitario público que se encuentre
dispensado de prestar servicios, total o parcialmente, por realizar labores sindicales, a incorporarse de forma inmediata a prestar pleno servicio, con el fin de paliar la
escasez de personal y de contribuir de esta manera a luchar contra la pandemia del COVID-19, mientras dure. Lógicamente, como nosotros respetamos el orden constitucional y el orden legal establecido, queremos que se haga a través de los
cauces instrumentales que se han previsto, que es el Consejo Interterritorial y, por tanto, impulsando a que sean las comunidades autónomas las que realicen esta labor.
Por último, para evitar situaciones de injusticia, sería conveniente que esta incorporación se realizara en las mismas condiciones que son de aplicación al resto de profesionales sanitarios. Es decir, si tiene que haber movilidad forzosa,
que sea también para los liberados sindicales que se incorporen.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ruiz Navarro.
Tampoco se han presentado enmiendas a esta proposición no de ley. Para la fijación de la posición, por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, tiene la palabra el señor EspejoSaavedra.
El señor ESPEJO-SAAVEDRA CONESA: Gracias, presidenta.
Señorías, nos encontramos ante una crisis sanitaria provocada por la pandemia del COVID, de tal gravedad y envergadura que ha motivado, como todos sabemos, la declaración del estado de alarma en tres ocasiones. Dos de ellas en el conjunto
del territorio español por parte del Gobierno, así como siete prórrogas, también con la autorización del Congreso de los Diputados. Como advierte el propio grupo proponente en su iniciativa, el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se
declaró el primer estado de alarma, ya otorgó al ministro de Sanidad, en su artículo 4, la condición de autoridad competente delegada. Por ello, desde el inicio de la emergencia de salud pública, el Gobierno, y también lo ha dicho el portavoz del
grupo proponente de la iniciativa, ha promulgado una multitud de normas, supuestamente, al objeto de concentrar los medios materiales y personales de las administraciones públicas, para garantizar el buen funcionamiento del Sistema Nacional de
Salud.
Sin embargo, existen todavía, y esto es evidente, muchas carencias, en especial en lo que se refiere a la escasez de medios humanos en el sistema sanitario. Pues bien, la proposición de VOX pretende solventar algunas de estas carencias. A
través de la misma se pretende instar al Gobierno a promover, en el marco del Consejo Interterritorial de Salud, una actuación coordinada, a fin de que las comunidades autónomas, en el ámbito de sus competencias, requieran a todo el personal
sanitario, médicos, enfermeros, auxiliares y otros profesionales del sistema público que se encuentren dispensados de prestar servicio por realizar labores sindicales, incorporarse de forma inmediata a prestar el pleno servicio. Ello, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 11 del real decreto al que antes me he referido. El propósito es paliar la escasez de personal sanitario que sufre el Sistema Nacional de Salud y contribuir así a asegurar la superación exitosa de la pandemia que
estamos sufriendo. Tiene sentido, a nuestro juicio, que en situaciones de emergencia como la que vivimos, se incorporen al servicio sanitario todas aquellas personas que se encuentren dispensadas normalmente de prestar dicho servicio por realizar
labores sindicales. Insisto, para nosotros tiene sentido este debate. De hecho, ya tuvo lugar en los meses de marzo y abril del año pasado. Lo fundamental es, a nuestro juicio, determinar los criterios por los cuales se considera que una
situación es de emergencia sanitaria, acotar en qué casos pudiera ser necesario optar por esta medida, con ocasión de la escasez del personal y, sobre todo, establecer cómo puede paliarse la escasez estructural de medios del sistema sanitario a
largo plazo.
Por otra parte, ignoramos también, en cualquier caso, si la propuesta de VOX oculta algún propósito secundario, como, con la habitual brocha gorda que utiliza esta formación, el de tratar de poner en cuestión el sistema laboral y sindical en
su conjunto. En todo caso, compartimos el propósito principal de paliar la escasez de medios humanos, y por ello vamos a votar a favor de esta iniciativa.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Espejo-Saavedra.
A continuación, por el Grupo Plural, tiene la palabra el señor Bel.
El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, señora presidenta.
Más allá del contenido final específico de la propuesta, de su bondad, de su maldad o de su demagogia en relación con las labores sindicales, debo decirles que nosotros vamos a votar en contra. Yo supongo que lo conocen ustedes, pero lo
quieren ignorar. Dentro de pocas semanas, concretamente, el 15 de julio, hará cuarenta años que las competencias en el ámbito de la sanidad fueron traspasadas a la Generalitat. Cuarenta años. El artículo 162 del Estatut de Catalunya establece que
es competencia exclusiva de la
Generalitat de Catalunya la organización, el funcionamiento interno, la evaluación, la inspección, el control de los centros sanitarios, los servicios y los establecimientos sanitarios. Por tanto, yendo a lo importante de la propuesta, no
debe ser el Gobierno quien deba proponer al Consejo Interterritorial. En el caso de Cataluña, si esta medida se debe tomar o no se debe tomar es competencia exclusiva de la Generalitat de Catalunya.
Por tanto, vamos a votar en contra.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Bel.
A continuación, por el Grupo Republicano, tiene la palabra la señora Telechea.
La señora TELECHEA I LOZANO: Gracias, Presidenta.
Simplemente, para anunciar nuestro voto en contra de esta proposición no de ley.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Telechea.
Por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Constela.
El señor CONSTELA CARBÓN: Muchas gracias, señora presidenta.
Hoy nos encontramos debatiendo una PNL presentada por el Grupo VOX, totalmente extemporánea. A escasas dos semanas de finalizar el estado de alarma decretado por el Gobierno, y pasado más de un año, cuando nos encontrábamos en la fase más
aguda de la pandemia, nos presentan una iniciativa con el fin de paliar la escasez de personal sanitario, que puede vulnerar algún derecho fundamental de nuestra Constitución. Con el fin de solucionar el problema de la escasez de personal
sanitario, el Partido Popular, dentro del marco constitucional, ya presentó en su día una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado en la que se proponía una tasa de reposición de 130 % para el personal sanitario del Sistema Nacional de
Salud. Enmienda que no contó con el apoyo de ninguno de los integrantes del Gobierno socialista, progresista, bicéfalo, formado por el Partido Socialista Obrero Español y Podemos.
La iniciativa de VOX nos habla de que, en el marco del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, se establezca una actuación coordinada, a fin de que las comunidades autónomas, en el ámbito de sus competencias, requieran a todo
el personal sanitario que se encuentre dispensado de prestar servicio, total o parcialmente, para realizar sus labores sindicales, que se incorpore de forma inmediata al servicio activo. Pero no podemos ni debemos de olvidarnos de salvaguardar el
derecho fundamental que recoge el artículo 28 de la Constitución. Debemos tener en cuenta los derechos de representación colectiva y de reunión de los trabajadores, que se establece en el Real Decreto 2/2015 y, por supuesto, también hay que tener
en cuenta la Ley de Ordenación de Libertad Sindical. Estamos en el marco del Real Decreto 9/2020, siendo el ministro de Sanidad el máximo responsable en una pandemia, y si quiere establecer medidas con respecto a los representantes sindicales, ya
lo hizo al principio de la pandemia, como se enumera en los diferentes reales decretos que se indican en la exposición de motivos de la iniciativa.
En el Partido Popular consideramos que este es un tema de las mesas sectoriales, con representación de las administraciones autonómicas y de los representantes sindicales, que en su ámbito de competencias tendrán que establecer sus
actuaciones y podrán llevar a cabo ante el déficit de profesionales sanitarios. La postura de los sindicatos ha sido en todo momento de colaboración con las administraciones en las distintas mesas sectoriales de negociación, con el fin de cubrir
las necesidades sanitarias precisas para vencer y salir de esta dramática situación que estamos padeciendo. Por poner un ejemplo, en mi comunidad autónoma, Galicia, gobernada por el Partido Popular, la posibilidad de reincorporación voluntaria fue
recogida en los planes de contingencia de recursos humanos y fue utilizada por muchos liberados sindicales, y en la actualidad siguen siendo utilizadas. Por ello no consideramos necesario el requerimiento de obligatoriedad que se propone.
El Partido Popular no puede apoyar esta PNL, ya que entendemos que es un tema que se ha de definir en el marco de la negociación colectiva y no en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Constela.
A continuación, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Crespín.
La señora CRESPÍN RUBIO: Gracias, Presidenta.
Vaya por delante que este partido es tremendamente respetuoso y responsable con las instituciones democráticas, y la herramienta por excelencia para todos nosotros es la palabra. Dicho esto, señorías de VOX, como se dice en mi pueblo,
cuanto más claros, más amigos. Y tras sus últimas actuaciones y puesta en escena, en este grupo encontrarán una oposición rotunda al clima de crispación, odio y retroceso en los avances de este país en materia de derechos públicos, libertades y
progreso.
Votaremos en contra, no cabe duda, porque no vamos a contribuir con su discurso a que se cuestione el compromiso, la profesionalidad, la dedicación y la respuesta que las trabajadoras y trabajadores públicos de los servicios esenciales han
demostrado en esta gran crisis sanitaria. Muchos profesionales, jubilados y jubiladas, saben ustedes que han contribuido en la pandemia; saben ustedes que muchas enfermeras jubiladas están vacunando, y también muchos liberados y muchas liberadas
sindicales, a lo largo y ancho de este país, se han ofrecido ante la pandemia. Notas de prensa como esta y comunicados como estos, como UGT, Comisiones Obreras y otras organizaciones sindicales, así lo han hecho ver. Nuestro grupo parlamentario
quiere, por tanto, una vez más, agradecer el gran trabajo realizado por tantas trabajadoras y trabajadores de los servicios esenciales.
La contratación de los liberados sindicales ha tenido carácter voluntario. Es así. En ese sentido, debemos respetarlo y mantenerlo en cumplimiento del acuerdo de los derechos sindicales. ¿O son ustedes de los que salen al balcón a
aplaudir, pero aquí cuestionan su profesionalidad, su dedicación y sus derechos? Quiero también decirle al portavoz del Grupo Ciudadanos, no le quepa la menor duda de que esto es brocha gorda, que la intención está oculta.
Sabemos que ustedes están en el cuanto peor, mejor. Pero siento decirles que los hechos les desmontan sus argumentos. La descentralización y el respeto a las comunidades autónomas, la buena coordinación, el acuerdo en la toma de decisiones
están dando frutos, están dando buenos frutos. Casi el 22 % de ciudadanos tienen ya hoy puesta la primera dosis de la vacuna, y más del 8 % de las personas en este país tienen la pauta completa. Señorías, la coordinación territorial es semanal y
las decisiones son acertadas. La colaboración interadministrativa funciona. Sabemos que este no es su modelo, el del Estado de las autonomías, el del acuerdo, el respeto a la pluralidad y diversidad, el de la defensa y refuerzo de lo público, el
de la libertad sindical, el derecho a la huelga. Pero, señorías, esto es la democracia, y este grupo parlamentario está con la democracia.
El Ministerio de Sanidad ha puesto sobre la mesa el mayor número de plazas en muchos años, un 5,9 % ha aumentado la oferta de empleo público en este ministerio. El propio ministro de Política Territorial y Función Pública, en su primera
comparecencia se comprometió a atajar el problema de la temporalidad para con, decisiones como esta, seguir la hoja de ruta que, señorías, siento decirles, este Gobierno tiene, porque este Gobierno tiene una hoja de ruta, y la vamos a seguir, no les
quepa la menor duda. Lo haremos siempre con la responsabilidad de ofrecer lo mejor a la ciudadanía, sin dejar a nadie atrás, y desde las políticas públicas ejecutadas, con la profesionalidad y la solidaridad de todos los empleados y las empleadas
públicas.
Muchas gracias, señoría. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Crespín.
- RELATIVA A LA TASA DE REPOSICIÓN PARA LA COBERTURA DE LOS PUESTOS DE TRABAJO RESERVADOS A FUNCIONARIOS DE HABILITACIÓN NACIONAL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/002280).
La señora PRESIDENTA: Finalizado el debate de este punto, pasamos al calificado con el número 4 del orden del día. Se trata de la iniciativa del Grupo Parlamentario Popular, sobre la reposición para la cobertura de los puestos de trabajo
reservados a funcionarios de la habilitación nacional.
Para la defensa de su iniciativa, tiene la palabra el señor Betoret.
El señor BETORET COLL: Muchas gracias, señora presidenta.
Buenos días, señorías. La pandemia provocada por la COVID-19 ha venido a demostrar de forma más intensa, si cabe, el carácter esencial de los servicios prestados por las administraciones locales, así como la importancia de disponer de
empleados públicos independientes, competentes y cualificados. En la pandemia, el papel de las administraciones locales ha sido fundamental a la hora de mantener el máximo nivel de prestación de servicios esenciales en los momentos más complicados.
Así, en el peor momento
de la enfermedad, y en pleno confinamiento por la primera ola, los ayuntamientos han estado en primera línea de fuego atendiendo a las necesidades más esenciales de sus vecinos. Además, por si esto fuera poco, lo han hecho en solitario, sin
más ayuda que la de sus propios recursos, tanto humanos como materiales y económicos.
En esta circunstancia ha sido clave el papel de los habilitados nacionales de la Administración local. La creación de bolsas económicas de ayudas a los más desfavorecidos; la gestión de la contratación de personal para tareas
administrativas; la ayuda a domicilio; la compra de mascarillas; la compra y realización de test de detección de la enfermedad, en muchos casos; la compra de alimentos para ayudar a los más desfavorecidos, y la gestión de todo tipo de contratos
para desinfecciones de edificios públicos y hasta de la propia vía pública, ha necesitado de la colaboración de todo el colectivo de funcionarios de Administraciones locales y, muy especialmente, de los habilitados nacionales, en la mayoría de los
casos como cabezas visibles de los departamentos de secretaria, tesorería e intervención.
Durante la pandemia han desempeñado sus funciones de forma presencial o telemática, según los medios y las posibilidades a su alcance, y han mantenido, en lo que les atañe, el correcto funcionamiento de las corporaciones locales en
situaciones de especial dificultad y que requerían procedimientos de contratación urgente, como he indicado. Como digo, para ello, el trabajo telemático y la implantación de la Administración electrónica han sido fundamentales. La complejidad e
importancia de estas tareas demuestra la necesidad de que las plazas reservadas a los habilitados nacionales sean ocupadas por funcionarios de carrera que hayan superado la correspondiente oposición. Consideramos esenciales las funciones de los
secretarios, interventores y tesoreros para la Administración local, así como lo es garantizar su independencia, su cualificación y su profesionalidad, para lo que se requiere que se acabe con la desproporcionada situación de nombramientos
accidentales e interinos que padece el colectivo.
Este gran número de plazas ocupadas de forma accidental o interina debería impulsar al Gobierno a permitir cubrir el cien por cien de los puestos de trabajo, reservados a los funcionarios de la Administración local, de habilitación de
carácter nacional de las plazas dotadas presupuestariamente que estén vacantes, al menos, cuando correspondan a aquellas subescalas en las que el porcentaje de plazas reservadas a este colectivo y ocupadas de forma accidental supere el 8 %. Esta
petición ya la formulamos el pasado mes de diciembre, cuando presentamos una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado, que fue rechazada de manera incomprensible. Por eso la volvemos a plantear, convencidos de que es una propuesta positiva
que redundará en un mejor funcionamiento del papel de las administraciones locales en lo sucesivo, más aún, en un momento en el que las mismas deben estar llamadas, o debieran estar llamadas a gestionar una parte importante de los fondos para la
reconstrucción. En esas circunstancias, el papel de los habilitados nacionales de la Administración se tornará indispensable para una correcta gestión y aprovechamiento de los mismos.
El Grupo Socialista ha presentado una enmienda que, como se suele decir, suena bien en la música, pero con una letra difícil de asumir, sin añadir nada más. Digo esto, porque en los tres puntos que propone no se compromete nada más que a
impulsar, analizar y apostar, sin que del texto se desprenda ningún compromiso en firme, ni un solo plazo ni una sola fecha. Entenderán que no podamos aceptarla tal y como la presentan. Por eso proponíamos una transaccional que añadiría a nuestra
propuesta como punto número 1 los tres puntos que propone el Grupo Socialista y un quinto punto que fijaría un plazo máximo de seis meses para la convocatoria de las plazas, de las que trae razón la presente proposición no de ley. Pero no ha podido
ser por la falta de voluntad política del Ministerio de Hacienda y, por tanto, del Gobierno. Una verdadera lástima.
Esperamos que sus señorías tengan a bien votar favorablemente a esta propuesta, que es razonable, porque, fundamentalmente no comporta ningún tipo de incremento de gasto en el presupuesto y, por tanto, es perfectamente asumible por el
Gobierno, ahora mismo.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Betoret.
A continuación, para la defensa de la enmienda presentada, tiene la palabra el señor Losada, por el Grupo Socialista.
El señor LOSADA FERNÁNDEZ: Gracias, señora presidenta.
Buenas tardes. Coincidimos con el grupo proponente en que existe una gran dificultad para cubrir los puestos reservados a funcionarios de la Administración local con una habilitación de carácter nacional, fundamentalmente, en los municipios
de menor población. Pero, señor Betoret, también sería justo
reconocer el esfuerzo de apoyo a las corporaciones locales realizado por el Gobierno en este tiempo de pandemia.
Los Presupuestos Generales del Estado 2021, en su artículo 19.1 establecen una tasa de reposición general del cien por cien, y una tasa superior del 110 % para los sectores prioritarios. Entre estos sectores prioritarios, se encuentra el
desarrollo de funciones de control de la asignación eficiente de los recursos públicos y asesoramiento jurídico, funciones que coinciden con algunas de las que corresponden al funcionario de Administración local con habilitación de carácter
nacional. Por tanto, puede afirmarse que este colectivo tiene un trato preferente en la regulación de la oferta de este año, como también en la de años anteriores.
Pero, sin duda, el problema existe, y esta situación se verá agravada a medio plazo por el envejecimiento de la plantilla. Por ello, la Dirección General de Función Pública ha puesto en marcha un proyecto de captación del talento en el
empleo público, con el objetivo de dar a conocer las oportunidades profesionales del empleo público, del empleado, fomentando, entre otros, el conocimiento de esta escala de habilitados. Este plan de captación del talento se presentará antes del
verano para promover la orientación laboral de la ciudadanía hacia la Administración General del Estado. Recientemente, el ministro, señor Iceta, ha hecho referencia a este plan, que nace con la vocación de que la Administración pública sea una
opción atractiva y real para las nuevas generaciones que se incorporan al mercado laboral. El ministro también se ha marcado como objetivo repensar los mecanismos de selección. En sus palabras: Necesitamos un acceso a la función pública, en el
que se tenga más en cuenta la capacidad y la aptitud y menos la habilidad memorística. Ha añadido que también se estudiará la viabilidad de un sistema de ayudas dirigidas a aspirantes que tienen grandes dificultades para dedicar varios años a
preparar una prueba de acceso. Se han marcado ya plazos concretos. En mayo se presentará una estrategia para reformar el modelo de acceso al empleo público, abierta al debate y a la participación. Hasta tanto, es verdad que hay que acudir a los
nombramientos de funcionarios interinos y nombramientos accidentales de funcionarios propios de las corporaciones locales para cubrir dichas vacantes.
En relación con los funcionarios de nombramientos interinos, con la aprobación del Real Decreto 128/2018 se permite incluir en la bolsa de candidatos de personal interino a aquellos aspirantes que hayan aprobado algún ejercicio de las
pruebas de acceso de las diferentes subescalas. Es verdad también que muchos municipios no cuentan con personal del subgrupo A1 o con la cualificación suficiente para llevar a cabo estas funciones, por lo que se está estudiando la posibilidad de
articular fórmulas que permitan solucionar este problema, sin menoscabar la profesionalización de las funciones.
Hemos presentado, como bien ha dicho el portavoz del Grupo Popular, una enmienda que creemos más completa, más potente, con texto alternativo, que entendemos complementa su PNL, y que viene a impulsar de forma ágil, y de manera coordinada
con las comunidades autónomas y entidades locales, las acciones necesarias para cubrir las vacantes existentes, fundamentalmente, de los ayuntamientos de menos de 5000 habitantes; que pretende completar la necesaria actuación de los trabajadores
públicos en general y, en particular, de los funcionarios con habilitación de carácter nacional en el futuro estatuto básico de los municipios de menor población, y que pretende apostar por la captación de talento en el empleo público, fomentando el
conocimiento de esta escala de habilitación de carácter nacional.
Creemos, repito, que nuestra enmienda, es más completa, más potente. También, desde luego, creemos que podría ser asumible, o debería haber sido asumible por todos los grupos.
Gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Losada.
A continuación, por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, tiene la palabra el señor Espejo-Saavedra, por un tiempo de tres minutos, para fijar su posición.
El señor ESPEJO-SAAVEDRA CONESA: Gracias, señora presidenta.
Sin perjuicio de la oportunidad de la iniciativa presentada por el Grupo Popular, a la que ya anunciamos nuestro voto a favor, lo verdaderamente necesario, y eso es lo que queremos destacar en esta intervención, es un ejercicio de evaluación
de los puestos de trabajo y de las necesidades de personal y capacidades de todas las administraciones públicas. En este sentido, es posible que, en algunos casos, la evaluación de determinados puestos de trabajo en una administración se traduzca
en tasas de reposición, incluso muy por encima del cien por cien, en algunos departamentos. En cambio, también puede suceder que en otras administraciones, debido a la digitalización o por el propio devenir de las necesidades del sector
público, algunos puestos de trabajo se creen, desaparezcan o se conviertan. Por eso nos parece que debemos dejar atrás el enfoque tradicional en cuanto a la gestión de los recursos humanos de la Administración pública se refiere, y optar
por un modelo más dinámico. Lo fundamental es que esas tasas de reposición sean íntegramente evaluadas, conforme a las necesidades de personal en los distintos departamentos y niveles de la Administración pública, con el fin último de definir unas
que sean las adecuadas y que aseguren un funcionamiento eficiente y eficaz del sector público, y no ir parcheando en función de cada una de las áreas de la Administración.
En el caso de los funcionarios con habilitación nacional, es evidente que existe ese problema, y nosotros, por tanto, vamos a votar a favor de la iniciativa del Grupo Popular.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Espejo-Saavedra.
A continuación, por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra el señor Bel.
El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, presidenta.
Nosotros vamos a votar favorablemente a la propuesta, aunque con algunas matizaciones. Esta situación que a veces se produce y que se describe como una situación desproporcionada, la situación de nombramientos de accidentales e interinos
que padece el colectivo, debe también reflejar una realidad, que es que en determinados municipios y en determinadas comunidades autónomas hay una dificultad real en los nombramientos, en tanto en cuanto salen las convocatorias y no son cubiertas,
porque no hay suficientes habilitados nacionales para cubrir esas plazas. Esto es una realidad que debemos afrontar. Con estos cambios normativos se debería también establecer algún tipo de bolsas. En estos momentos, en Cataluña la Diputación de
Barcelona está trabajando en esta línea para favorecer que, aunque fuera de forma transitoria, se pudiesen cubrir estas plazas, que no quedan cubiertas por aquellas personas que tienen la oposición aprobada, por falta de demanda, esencialmente, no
solo con personal propio del ayuntamiento, que sí que puede generar estas situaciones de falta de independencia suficiente, en algunos casos, que yo tampoco comparto.
El portavoz del Grupo Popular ha puesto en valor el trabajo de todos estos colectivos en relación con las situaciones que debido a la pandemia han tenido que afrontar los ayuntamientos. Lo comparto y lo hago extensivo a todos los
trabajadores municipales. Pero también, desde nuestra perspectiva, este trabajo se ha visto dificultado. En muchos ayuntamientos, en muchas corporaciones locales que han querido tomar algunas iniciativas para ayudar al pequeño comercio, para
ayudar a algunas actividades en su municipio, estos mismos secretarios e interventores, en aplicación de las modificaciones que se hicieron a raíz de la LRSAL, han vetado la posibilidad de ponerlas en marcha. En cambio otros, en aplicación de la
misma ley -quiere decir que no se hizo bien- lo han posibilitado.
Por tanto, yo también instaría a los grupos del Gobierno a que el compromiso que asumieron en su momento, de modificación de la LRSAL se materialice lo más rápido posible.
Muchísimas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Bel.
A continuación, por el Grupo Republicano, tiene la palabra la señora Telechea.
La señora TELECHEA I LOZANO: Gracias, Presidenta.
Nosotros vamos a ser muy breves en la intervención, simplemente para fijar un apunte. Nuestro grupo parlamentario, Esquerra Republicana, reclama mucho más de lo que reclama el Grupo Popular en esta PNL. Quiero recordar aquí que nosotras ya
exigimos también en su día la eliminación de cualquier tipo de límite a las reposiciones del personal al servicio de las Administraciones públicas. Por ello, nosotros no vamos a votar en contra, porque vemos bien la proposición de ley, pero sí nos
vamos a abstener.
Simplemente, más allá del personal, de los funcionarios de la Administración local con la habilitación de carácter nacional, hay decir que las administraciones, en general, deben poder hacer todas las contrataciones de personal que estimen
oportunas. Hemos llegado a situaciones tan absurdas como las que están sufriendo muchos ayuntamientos, que muchos de ellos tienen buena salud y mucha solvencia económica, acreditada además, la mayoría también, debido a la buena gestión de la crisis
y de los recursos que tienen, como en Cataluña, y pongo de ejemplo a los ayuntamientos republicanos, que les ha pasado lo mismo, no pueden contratar a más personal. Quiero recordar también lo que ocurrió con este Gobierno, con el rechazo al real
decreto ley sobre el superávit de los ayuntamientos.
Simplemente diré que es necesario que el Gobierno se tome todo esto en serio, que sea valiente y, sobre todo, que no siga teniendo atadas de pies y manos a las administraciones locales, que son las más cercanas a las ciudadanas y a los
ciudadanos.
Nada más.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Telechea.
A continuación, por el Grupo Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra el señor Honrubia.
La señora HONRUBIA HURTADO: Gracias, señora presidenta.
Nuestro grupo también comparte que existe un problema con este personal, y que es una realidad que se tiene que atender. Como ya se ha comentado en ocasiones, directamente sucede porque las plazas que salen no son cubiertas. El
planteamiento de la enmienda del Grupo Socialista nos parece que hubiera podido contar con nuestra aprobación, no así lo que nos plantea el Grupo Popular. No, entre otras cosas, por el uso que hace del propio concepto de tasa de reposición, que es
distinto al que se hace en la Ley de Presupuestos vigente. Pero, sobre todo, porque entendemos que las palabras, tasas de reposición y Partido Popular no cuadran bien. Todos conocemos, lo hemos hablado en esta Comisión, múltiples veces, el uso que
el Partido Popular hizo en su momento de las tasas de reposición, las tasas de reposición cero, el uso que hizo de las mismas para la degradación de las administraciones públicas, entre otras cosas, con la intención de privatizar parte de ellas por
el desgaste de las mismas o mediante externalizaciones. Vemos que el Grupo Popular, ahora, de repente, se da cuenta de que en una situación de pandemia las administraciones públicas no funcionan todo lo bien que deberían funcionar, y se da cuenta
de que esto ocurre, entre otras cosas, porque carecen del personal necesario con las condiciones de estabilidad laboral necesarias. Nos parece que está bien que ahora lo descubran, pero que, lógicamente, no son coherentes con lo que han hecho en el
pasado, mientras han sido Gobierno. Sobre todo, que no son coherentes, en tanto que no aplican la misma lógica para el resto de administraciones públicas y el resto de los servicios públicos, porque, evidentemente, la pandemia ha puesto de
manifiesto las carencias en el ámbito de la Administración local, pero también la ha puesto en el ámbito de la educación, en el ámbito de la sanidad, en el ámbito de los servicios públicos en general. Sin embargo, en esta cuestión no vemos que
demanden la eliminación de las tasas de reposición, y ni siquiera que se incremente significativamente para atender a estas carencias.
Por tanto, mientras no estén en la línea de defenderlo para todos los casos, nosotros no podemos apoyar su iniciativa.
Nada más, y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracia, señor Honrubia.
A continuación, por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Del Valle, y actualizamos el cronómetro.
El señor DEL VALLE RODRÍGUEZ: Con la venia. Muy brevemente en esta ocasión.
En VOX consideramos esenciales las funciones de los secretarios, interventores y tesoreros de Administración local, y también consideramos esencial garantizar su independencia, su cualificación, su profesionalidad, para lo que se requiere
que se acabe con, efectivamente, como decía el Partido Popular en su proposición, la desproporcionada situación de nombramientos accidentales e interinos que ha padecido este colectivo.
Por ello, votaremos a favor de esta proposición no de ley, por la que se insta al Gobierno a adoptar las reformas necesarias para permitir que la tasa de reposición específica para la cobertura de puestos de trabajo reservados a funcionarios
de la Administración local, con habilitación de carácter nacional, sea de un cien por cien de las plazas dotadas presupuestariamente que estén vacantes, correspondientes a aquellas de sus subescalas en las que el porcentaje de las plazas reservadas
a este colectivo, y ocupadas de forma accidental o interina, supere el 8 %.
Nada más, y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Del Valle.
- POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A CONDENAR EL ACTO DE OFENSA INTOLERABLE Y AGRAVIO A LA CIUDAD DE TOLEDO, A LOS TOLEDANOS, A ESPAÑA Y A TODOS LOS ESPAÑOLES, AL ACORDAR EL AYUNTAMIENTO DE PALMA ELIMINAR DEL CALLEJERO DE PALMA LA 'CALLE
TOLEDO' POR FRANQUISTA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/002335).
La señora PRESIDENTA: Finalizado el debate de este asunto, pasamos al debate de la proposición no de ley número 5, del Grupo Parlamentario Popular, por la que insta al Gobierno a condenar el acto de ofensa intolerable y agravio a la ciudad
de Toledo, a los toledanos, a España, y a todos los españoles, al acordar el Ayuntamiento de Palma eliminar del callejero de Palma la calle Toledo, por franquista.
Para su defensa tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Tirado.
El señor TIRADO OCHOA: Gracias, señora Presidenta.
Señorías, presentamos esta PNL mi compañera, Carmen Riolobos y yo, para hacer justicia y reparar el buen nombre de Toledo. Tenemos que corregir el despropósito del alcalde socialista de Palma, y para ello se tiene que revocar el decreto en
contra de la ciudad de Toledo. Se debe anular el decreto oficial y formalmente. Es una ofensa intolerable a la ciudad de las tres culturas. Las meras declaraciones, los deseos son pura retórica que no vinculan jurídicamente. Lo que vincula es
anular el decreto. Los socialistas, si votan en contra, se convertirán en los enemigos de Toledo.
Toledo es un ejemplo de tolerancia y respeto, en el que han convivido pacíficamente cristianos, musulmanes y judíos. Las tres religiones monoteístas. Toledo aporta un testimonio excepcional sobre varias civilizaciones; romana, visigoda,
árabe, judía y cristiana. Paseando por las bellísimas calles medievales de Toledo, podemos visitar y asombrarnos por su hermosura y su historia, mezquitas como la del Cristo de la Luz o Tornerías; sinagogas como Santa María de La Blanca o el
Tránsito; iglesias como la de San Juan de los Reyes o la majestuosa Catedral de Toledo. Toledo es una de las ciudades más bellas del mundo, con más historia y riqueza patrimonial. Por ello fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco,
en 1986. Una visita a Toledo es imprescindible, y les invito a todos ustedes a que contemplen los monumentos y estilos diferentes en un solo paseo: románico, gótico, barroco, mudéjar, plateresco. Contemplen conventos, palacios. Contemplen
iglesias. Es una ciudad maravillosa.
Señorías, solo se pudo tomar este acuerdo como el del Ayuntamiento de Palma, a través de un decreto de alcaldía, desde la incultura, la vacuidad intelectual, el sectarismo, el rencor y el odio. El PSOE y Unidas Podemos han perdido el norte
referencial. Han perdido el pulso de la calle. No saben cuáles son las prioridades de los españoles. Señorías, con la que está cayendo, con 6 millones de españoles que quieren trabajar y no pueden, con el 42 % de los jóvenes en paro, con las
colas del hambre, va el PSOE y Unidas Podemos y se gastan el dinero en cambiar el nombre de las calles, perjudicando el comercio, la hostelería y el turismo de dos hermosas ciudades españolas, como son Toledo y Palma. Señorías, es el momento de
salvar vidas y empleo y no de cambiar la calle Toledo, en Palma.
Decir que Toledo es una ciudad franquista es una falsedad, es una estupidez y es un insulto a la inteligencia. No enfrenten a ciudades, no dividan a la sociedad. Decisiones como la del alcalde de Palma generan crispación, tensión y odio.
Los ciudadanos esperan de nosotros que seamos útiles y aportemos soluciones que generen empleo y bienestar. Además, desde el punto de vista histórico e intelectual, estamos ante una decisión injustificada, errónea y sectaria. Quitar el nombre de
la ciudad de Toledo, en Palma, es un despropósito. Toledo es un crisol de culturas. Toledo tiene el atributo de la tolerancia y el respeto. Toledo es sinónimo de convivencia pacífica y concordia. Toledo fue hasta el siglo XVI centro y corazón de
España, capital del reino visigodo, sede de la iglesia de España, capital del imperio. Figuras como Carlos V, Isabel La Católica, el cardenal Cisneros, Juan de Padilla, María de Pacheco. Alfonso X El Sabio, nacido en Toledo y que impulsó la
Escuela de Traductores, son la historia viva de España.
La importancia de Toledo se refleja no solo en los monumentos y en su historia, sino también en multitud de obras literarias, artísticas y famosos personajes que vivieron en Toledo. El Toledo del gran poeta Garcilaso de la Vega, el Toledo
donde se gestó el cántico espiritual de San Juan de la Cruz, probablemente el poema de amor más hermoso de la literatura universal. El Toledo por donde Lázaro se convirtió en pícaro. El Toledo en cuy alcaná Miguel de Cervantes se encontró el
cartapacio lleno de papeles que contaban la historia del ingenioso hidalgo don Quijote de La Mancha. El Toledo de Bécquer, el Toledo de Zorrilla, el Toledo de los autos sacramentales del gran Calderón de la Barca. El Toledo galdosiano, el Toledo
de Gregorio Marañón y sus amigos de la Generación del 27. El Toledo de Covarrubias y Victorio Macho. El Toledo de El Greco. En fin, el Toledo universal, testigo de la historia de España.
Decía que solo desde la incultura y el sectarismo se puede hacer esta ofensa a Toledo, ciudad de encuentro y concordia, ciudad hospitalaria y acogedora. Señorías, España es plural y diversa, y les recuerdo a los españoles que la unidad nos
fortalece y la diversidad nos enriquece.
Termino, señorías. Como español quiero disfrutar de El Greco y de Miró, de la ensaimada y del mazapán, del Mediterráneo y de los montes de Toledo, y sentirme orgulloso, tanto de Bahamontes, el Águila de Toledo, como de Rafa Nadal. Reitero
mi invitación a que ustedes visiten la maravillosa ciudad de Toledo. Contemplen una ciudad amable y acogedora desde el mirador del Valle o desde la iglesia barroca, o desde los jesuitas, que tienen otro mirador extraordinario, y verán que es una
ciudad amable, acogedora, que es la historia de la humanidad, un ejemplo de tolerancia y convivencia. Una ciudad sencillamente maravillosa.
No digan que se ha retirado. La única manera de retirar la ofensa es anularla jurídicamente, porque lo que vincula jurídicamente es la anulación de un decreto, que es una ofensa a una maravillosa ciudad, que pertenece no solo a los
toledanos, sino a todos los españoles y a toda la humanidad.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Tirado.
No se han presentado enmiendas. Por tanto, pasamos al turno de fijación de posición. En primer lugar, tiene la palabra el señor Espejo-Saavedra, por el Grupo Ciudadanos.
El señor ESPEJO-SAAVEDRA CONESA: Gracias, presidenta.
Compartiendo la intervención del señor Tirado, pero no desde un punto de vista tan sentimental, por su propia procedencia, yo me centraré en esta iniciativa en hablar de lo que la provoca. El clima de polarización en el que nos encontramos
actualmente la verdad es que es asombroso. La mayoría de los ciudadanos asiste con estupefacción al lamentable espectáculo que están ofreciendo, estamos ofreciendo los políticos. Nuestro país se divide cada día más, y los políticos no hacemos sino
contribuir a esa fragmentación social, del modo más criticable, y, en este caso, del modo más patético posible. Porque no hay que olvidarlo, la culpa de todo ello es en gran medida nuestra, de la clase política, enfrascados en nuestro pequeñísimo
mundo y alejados de los problemas reales de la ciudadanía. Lo demuestra el caso al que se refiere esta iniciativa del Partido Popular y que hoy nos ocupa.
El Ayuntamiento de Palma de Mallorca, gobernado por el socialista José Hila, con el apoyo de Podemos y Més per Mallorca, decidió eliminar del callejero de la ciudad el nombre de la calle Toledo. La razón de ello trae causa en una
interpretación delirante de la Ley de Memoria Histórica. Resulta que ahora Toledo, la propia ciudad de Toledo, es facha. Ahora parece que les suscita dudas. Parece que les suscita dudas, y eso está bien. Dudan de si Toledo es facha o no, y de
momento lo paralizan.
Miren, nos resulta incomprensible que en el siglo XXI, sabiendo lo que ha ocurrido en el XX, todavía haya grupos políticos que alimenten una cultura totalitaria, como la que se desprende de las acciones que relata esta iniciativa. No
queremos dedicar más tiempo del necesario a contradecir esta tontería. Ya lo ha explicado bien el portavoz del Partido Popular, y ya hemos perdido demasiado tiempo con ella. Nos parece bochornosa y absurda esta medida, pero sobre todo nos parece
muy peligrosa, porque no hace sino abrir la brecha entre los españoles de un lugar y de otro, de la peor manera posible.
La coalición de Gobierno del Partido Socialista y Podemos hablan continuamente de la memoria democrática, de la memoria histórica, pero nunca plantean una verdadera reconciliación ciudadana, basada en la verdad y en la memoria. Nos presenta
una verdad sesgada, con la que no pretenden reconciliación, sino división. División de la que esperan recoger votos, aunque en este caso se han dado cuenta a última hora de que igual los pierden en alguna ciudad de España, donde también hay
socialistas votantes. Por todo ello, nosotros queremos recordar, reivindicar y apoyar una vez más los principios fundadores y la voluntad de concordia de la Transición española y de nuestra Constitución. Nosotros siempre estaremos del lado de la
moderación y de la política, orientada a la consecución del bien común de todos los españoles. Por ello votaremos a favor de la iniciativa del Partido Popular, como muestra de nuestro absoluto rechazo a la miseria que han demostrado el Partido
Socialista y Unidas Podemos con la medida acordada en las islas Baleares, de la que ahora se dan cuenta, como decía, de que genera rechazo en sus propios votantes toledanos, y por eso, solo por eso, dan marcha atrás temporalmente. Veremos a ver si
anulan el decreto, que es lo que pueden hacer para anular la medida.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Espejo.
Por el Grupo Parlamentario Plural no está tampoco el portavoz. La señora Telechea, por parte del Grupo Republicano, tiene la palabra.
La señora TELECHEA I LOZANO: Muchas gracias, presidenta.
Resulta muy llamativo que el cambio de nombre de una calle, decidido por los cauces legalmente establecidos y por parte de la Administración competente, el Ayuntamiento de Palma, pueda ser visto por alguien como el Partido Popular, que lo
recoge literalmente en su iniciativa, como un acto de ofensa intolerable y de agravio a la ciudad de Toledo o a los toledanos y al conjunto de los españoles. Demuestra un fanatismo que resultaría gracioso si no fuera tan alarmante. Pero lo más
curioso es que el trámite de cambio de nombre no fue fruto de la ocurrencia de ningún concejal independentista, sino que se inició, sencillamente, en cumplimiento de la Ley 2/2018, de Memoria y Reconocimiento Democráticos de las Illes Baleares.
Esta ley creó un censo de elementos que había que retirar en el plazo máximo de un año, y la calle Toledo, de Palma, se encontraba incluida. ¿Dónde está aquí el odio? ¿Por dónde ven esa supuesta ofensa al conjunto de los españoles?
Como es bien sabido, pese a las reiteradas llamadas del PP al orden y a la ley, a ellos solo les interesa que se cumpla la ley cuando va en contra de las reivindicaciones democráticas, sociales y nacionales de la ciudadanía. Resulta que en
este caso traen a debate una iniciativa para pedir que se incumpla, y resulta cuando menos chocante.
Sin embargo, más allá de la torpeza del grupo proponente, al plantear esta iniciativa con total desconocimiento del procedimiento seguido y del motivo de inicio de este cambio en el nombre de determinadas calles, resulta necesario recordar
que esta iniciativa política de los compañeros de Mallorca no tiene su origen en ningún afán antitoledano ni antiespañol. Yo misma he estado en la ciudad de Toledo y es maravillosa. Se trata, sencillamente, de una iniciativa política, democrática
y antifascista. Creo que es un buen momento para recordar que el nombre de esa calle se puso con el fin de ensalzar la gesta del Alcázar de Toledo, del año 1936, un sanguinario asedio perpetrado contra los milicianos y defensores de la democracia.
(Rumores). Concretamente el nombre fue puesto el 3 de diciembre. (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Les ruego silencio, por favor.
La señora TELECHEA I LOZANO: Señorías, respeten mi turno de palabra como yo he respetado el suyo. Además, es que deberían de informarse un poco más, porque es que es torpe la propuesta de la PNL. (Risas). En fin; el nombre fue puesto el
día 3 de diciembre de 1937, y esto está documentado, no me lo invento yo, en plena Guerra Civil, y apenas medio año después del asesinato de Emili Darder, a manos del bando nacional, a manos del fascismo. Para quien no lo sepa, Emili Darder fue el
último alcalde republicano de Palma, demócrata, mallorquinista, de izquierdas, antifascista y militante de Esquerra Republicana de Mallorca. En defensa de su honor, de la memoria de los combatientes republicanos en el asedio de Toledo, y en
recuerdo de todas las víctimas del franquismo, dejen de jugar con las políticas de memoria y reparación. ¡Contra el feixisme ni un pas enrere!
Gracies. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Telechea.
Ahora, recuperamos el turno del Grupo Republicano. Tiene tres minutos.
El señor BEL ACCENSI: Muchísimas gracias.
Miren, nosotros vamos a votar en contra. En contra, esencialmente, por un concepto que es el concepto que tendríamos absolutamente que tener asumido todos, que es el de la autonomía municipal, más allá del contenido o no, más allá de
Toledo, ciudad a la cual yo le tengo un amplísimo respeto. He tenido amistad con alguno de sus alcaldes, y es una ciudad preciosa. Pero miren, miren lo que están pidiendo: exigir a un ayuntamiento la revocación con efectos inmediatos de un
acuerdo en relación con su callejero. Es que esto no tiene ni pies ni cabeza. ¿Quién es el Congreso de los Diputados para exigir la revocación de un acuerdo municipal, tomado por el Pleno de su ayuntamiento, de forma más acertada o menos acertada?
Ya no quiero ni entrar en una discusión. Es un concepto de autonomía municipal.
Yo, de verdad, no sé si ustedes han estado en alguna corporación local, si han sido concejales o si han sido alcaldes. Pero yo, siendo alcalde, a mí me llega una petición del Congreso, que me dice que revoque un acuerdo municipal en
relación con el callejero de mi ciudad, y ni les quiero explicar la carta que les mando, contestándoles a su petición.
Muchísimas gracias. Vamos a votar en contra.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Bel.
A continuación, por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos, tiene la palabra la señora Jover.
La señora JOVER DÍAZ: Gracias, presidenta.
Nosotras vamos a votar en contra de esta PNL que presenta el Partido Popular, que no es más que la demostración de su afán en fomentar el conflicto entre vecinos, ciudades, pueblos e instituciones, en esta triste y clara competición con su
socio, para ver quién fomenta más el conflicto y la violencia. Señorías del PP, ya saben que quien se junta con fascistas, o es fascista o lo acabará siendo.
¿Saben lo que sí es un acto de ofensa intolerable, de agravio a los toledanos y a todos los españoles en su conjunto? La corrupción de su partido, que durante todos estos años ha estado desvalijando el país, estafando a trabajadores,
autónomos y pymes, para favorecer a cuatro poderosos y repartirse sobres, y que hoy en día no estén con la cabeza gacha pidiendo perdón. Saben perfectamente que el alcalde de Palma comunicó públicamente que iba a paralizarse el cambio de calles
para revisar el censo elaborado en las legislaturas pasadas, por lo que esta PNL no tiene ningún sentido. Esto sin entrar en que es competencia municipal el cómo y el porqué de la nomenclatura de sus calles.
Quiero enviar un saludo a todos los toledanos y toledanas, transmitirles el enorme cariño y respeto de los ciudadanos (rumores) -si se callan será mejor- y de las instituciones de las islas Baleares, en particular de la ciudadanía de Palma,
hacia sus tierras y sus gentes. Lamentamos la maldad de esta PNL. Pero es que ustedes son como son. A ustedes, en realidad, lo que les molesta es que se eliminen nombres de fascistas de nuestras calles, para poner nombres de gente decente:
pintoras, poetas, médicos, ingenieras, hombres y mujeres que han trabajado para y por un país mejor. Por esto quiero mandar un saludo y mucho coraje a todas las personas que desde las instituciones de las islas están aplicando la Ley de Memoria
Democrática y la Ley de Fosas del Govern de las Illes Balears, a quienes los fascistas de Palma quieren fumigar, literalmente, y que entre otras cosas ha permitido encontrar más de 160 cuerpos tirados en cunetas, y de los cuales ya se han
identificado más de una veintena. Cuerpos queridos que han podido ser recuperados por sus familias. Sepan que mientras haya un o una demócrata tirada en una cuneta, seguiremos trabajando y pidiendo: (termina su intervención en catalán).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Jover.
A continuación, por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Figaredo.
El señor DEL VALLE RODRÍGUEZ: Intervengo yo en lugar del señor Figaredo, que ha tenido que irse a otra Comisión.
Con la venia, presidenta. El Partido Popular propone una iniciativa que para nosotros es de absoluto sentido común, la deriva absurda y antihistórica de la izquierda radical, encabezada por el Partido Socialista Obrero Español, roza ya lo
surrealista. Pretenden eliminar del callejero la calle Toledo, por considerarla franquista. Es evidente que el nombre de Toledo no tiene ninguna vinculación con el franquismo, como tampoco lo tienen las calles Churruca, almirante fallecido en la
batalla de Trafalgar; Cervera, cuya última acción naval data de 1898; Gravina, fallecido en 1806. Bueno, todas estas calles están incluidas en el censo que se elaboró en aplicación de la Ley de Memoria Histórica balear, y todas ellas por
franquistas. Dicen que son nombres de buques. Hoy hemos oído que lo de la calle Toledo fue por el asedio al Alcázar, interpretando al revés lo que fue la historia. Me ha parecido entender. Con esto, yo ya no sé quiénes son los fascistas, porque
unas veces fascistas son los que están en contra de ellos. Para nosotros los fascistas son ellos, porque son totalitarios, antidemocráticos. Entonces, no me ha quedado muy claro si los fascistas estaban dentro del Alcázar o fuera del Alcázar.
(Risas). Creo que tienen un cacao de historia que no me extraña, con todas esas memorias históricas que hacen. Es todo absurdo. En fin, lo que realmente pretenden, como digo, es borrar la historia de España, tachando todo de franquista, y solo
desde la incultura, el sectarismo y el odio, se pueden tomar decisiones tan injustas y peligrosas.
Esto realmente -estoy de acuerdo con quien ha hablado en nombre del Partido Popular- supone un agravio, una ofensa a la ciudad de Toledo, a los toledanos, a España y a todos los españoles. Por todo ello, votaremos a favor de esta
proposición no de ley.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Del Valle.
Tiene la palabra la señora Padilla, por parte del Grupo Parlamentario Socialista.
La señora PADILLA RUIZ: Muchas gracias, presidenta.
Vaya por delante que todas las referencias históricas, literarias, culturales, patrimoniales de la ciudad de Toledo son ciertas. Esa parte sí que lo es, y además les invito a todos y todas a visitar una ciudad maravillosa como es Toledo.
Dicho esto, sinceramente, pensaba que la iban a retirar en el último momento. Si el Partido Popular lo más importante que tiene que traer a esta Comisión de Política Territorial y Función Pública es esta PNL, realmente, es muy lamentable. No hay
nada que exigir. No hay nada que condenar, porque no hay caso. Les leo literalmente una noticia de hace un mes. No de ayer, por si acaso no se habían enterado, de hace un mes: El alcalde de Palma paraliza el cambio de nombre de calle de Toledo y
solicita que se revise la modificación propuesta. Ha solicitado una reunión urgente para revisar el censo elaborado por una comisión de expertos, que es la que obliga al consistorio a modificar los nombres. De verdad, ustedes no son creíbles. No
son creíbles, y no está el horno para andar jugando, porque lo único que consiguen con esta PNL -y ya nos vamos conociendo, además de que luego moverán este vídeo que ha hecho usted muy cabreado por las redes sociales- es darle gasolina a la
ultraderecha de este país. No sirve para nada más que para eso. Ustedes, señores del PP, de momento, no son VOX. Están a tiempo de no serlo.
No pueden venir a hablar aquí de una ofensa intolerable que no existe, de un agravio a los toledanos y a los españoles que no existe, por un hecho que no se ha producido y no se va a producir. A menos que lo que busquen con esta farsa sea
precisamente dividir y crispar, utilizando, por cierto, a la ciudad de Toledo, que me parece bastante lamentable, con tal de atacar al primer socialista que se cruce. Miren, hemos llegado a un punto de no retorno, y ustedes tienen que decidir lo
que quieren ser de mayores. Si quiere ser un partido de derechas, demócrata, moderado, de corte europeo, o quieren ser VOX; si quieren respetar al adversario, a la verdad, a las instituciones, a la convivencia y a la democracia, o se funden con el
fascismo.
El señor Casado rechaza aplicar un cordón sanitario a VOX. Me imagino que es para no molestarles mucho y no ofenderles. Quizá no es un cordón sanitario lo que hace falta, porque efectivamente la ultraderecha no es un virus que se cure con
una vacuna. Estamos hablando de extremistas que no respetan a las instituciones ni a las libertades democráticas. Por lo tanto, lo que hace falta, lo que urge es un cordón democrático. Ustedes, señores del Partido Popular, lo que tienen que
decidir es en qué lado están. Si están en el lado de la verdad o en la manipulación y la crispación, en el del respeto o la intolerancia, y en el de la democracia o el fascismo.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
- SOBRE REGULACIÓN DEL VOTO DELEGADO Y ASISTENCIA TELEMÁTICA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO REPUBLICANO. (Número de expediente 161/002365).
La señora PRESIDENTA: Pasamos a debatir el último punto del orden del día. Proposición no de ley número 6, sobre el voto delegado y la asistencia telemática.
Para su defensa tiene la palabra la señora Telechea, por el Grupo Republicano, autor de la iniciativa.
La señora TELECHEA I LOZANO: Muchas gracias, presidenta.
En abril de 1985 se aprobó la Ley de Bases de Régimen Local, con el fin de adaptar la Administración local a la nueva realidad territorial y administrativa del Estado español. Esta ley definió y promovió a las entidades locales como la
Administración más próxima a la ciudadanía y, por ende, constituyó a las administraciones locales como pilares básicos de la municipalidad y la sociedad. Cabe señalar además que esta ley ha sido sometida posteriormente a numerosas modificaciones
legislativas, con el objetivo de dotar de más herramientas a las administraciones locales, a fin de adaptarlas a los cambios sociales. Por un lado, la digitalización y la implantación de la Administración electrónica, creando unas nuevas relaciones
del ciudadano para con la Administración pública, siendo así más transparente y eficiente. Por otro lado, la promoción de la igualdad de género y la conciliación familiar.
La crisis de la COVID-19 ha puesto todavía más en alza muchas de las disfunciones de la Administración pública en materia de igualdad. El Gobierno del Estado español, vía la disposición final segunda del Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de
marzo, la modificó añadiendo un nuevo apartado 3 al artículo 46 de esta Ley de Bases de Régimen Local, mediante el cual se regulaba con carácter básico la posibilidad de celebrar aquellas sesiones a distancia, siempre que concurran una serie de
requisitos que todas ya conocemos. Esta modificación se llevó a cabo bajo la vigencia del estado de alarma por la COVID y la consiguiente necesidad de mantener las medidas de confinamiento y evitar el contacto directo entre las personas.
No obstante, hay otras situaciones del ámbito personal y de la conciliación familiar que nos hacen plantearnos ampliar los supuestos de participación a distancia, mediante el voto telemático o incluso la delegación de voto de los cargos
electos, como, por ejemplo, en casos de permisos de maternidad y paternidad. La ausencia de este tipo de mecanismos, en circunstancias como riesgo de embarazo o maternidad, no es más que un reflejo de la realidad social, que claramente castiga a
las mujeres que deciden ser madres, constituyendo una discriminación intolerable. No se puede considerar que exista derecho al permiso de maternidad si nadie puede sustituir a la concejal en el acto más determinante de su labor, como es el
ejercicio del voto. Por ello, ampliamos los supuestos a situación de permiso de maternidad o paternidad, hospitalización o baja médica debidamente acreditada, y también a los casos de defunción, accidente o enfermedad grave, hospitalización o
intervención quirúrgica sin hospitalización, que precise reposo domiciliario, también de parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad. Ya en 2011 este Parlamento modificó su Reglamento, abriendo la puerta al voto telemático en
determinados supuestos. Por lo tanto, les solicito, señorías, cojamos este ejemplo, y otros que ya existen, para allanar el camino hacia la plena igualdad de las mujeres y los hombres en la conciliación familiar.
Se han presentado dos enmiendas por parte del Partido Popular y del Grupo Socialista, que nuestro grupo no puede aceptar, puesto que uno de los puntos principales de nuestra proposición no de ley es el voto delegado, que es al que se acoge
la esencia de nuestra proposición de ley. Ese voto delegado debe de modificarse mediante la Ley de Bases de Régimen Local. Y como, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, no contemplan esta posibilidad, por eso este grupo no podrá
aceptar las enmiendas que han propuesto los dos grupos.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Telechea.
Para la defensa de las diferentes enmiendas, tiene la palabra, por el Grupo Popular, la señora Navarro.
La señora NAVARRO LACOBA: Gracias, señora presidenta.
El Grupo Parlamentario Popular quiere fijar su posición sobre esta proposición no de ley de Esquerra Republicana, al amparo de la enmienda que hemos presentado, que demuestra que tenemos una voluntad de acuerdo en esta materia sobre los dos
puntos que nos unen, que son: en primer lugar, la asistencia a distancia y el voto telemático de los representantes políticos en el ámbito local; en segundo lugar, en determinados supuestos, que lo ha dicho bien la proponente, que son el embarazo
o la maternidad o la paternidad o enfermedad del representante político. Y a mayores, también porque necesitamos mejorar esta iniciativa por respeto institucional. En cualquier modificación de la Ley de Bases de Régimen Local, esta tiene que
coordinarse con la Federación Española de Municipios y Provincias, y esto nos parece capital. Pero también, el Grupo Parlamentario Popular quiere señalar dos líneas infranqueables, que son la delegación del voto y ampliar este a una serie de
supuestos de casuística variada que da lugar a una ampliación muy compleja, porque abren un abanico de posibilidades que generaría expectativas personalistas que darían lugar a carácter de generalidad.
Señorías de Esquerra Republicana, este Grupo Parlamentario Popular les ve venir, y ya sabemos que lo que quieren es que acabe el voto delegado para que puedan votar los presos que cumplen condena o los fugados de la justicia de Waterloo.
No, desde luego que con esta proposición no de ley, la modificación de la Ley de Bases de Régimen Local, no vamos a consentir que sea la puerta de atrás de sus ensoñaciones independentistas.
Que el género ha llegado al derecho parlamentario resulta evidente, como otras disciplinas jurídicas. Conviene recordar la disposición final séptima de la Ley Orgánica de igualdad efectiva entre hombres y mujeres del año 2007, en la que se
señalaba que el Gobierno promovería las modificaciones legislativas necesarias, a fin de posibilitar los permisos de paternidad y maternidad de las personas que ostenten un cargo electo. Si lo que no se tolera es que las circunstancias derivadas de
la maternidad biológica o adoptiva o la paternidad puedan ser obstáculos para la actividad pública, quizás lo que podríamos hacer sería articular mecanismos que permitieran ausencias puntuales. Los sistemas políticos representativos y las propias
instituciones pueden soportar un número amplio de ausencias, sin menoscabar la capacidad decisoria de la Cámara. Pero no se puede poner simplemente el ejercicio del voto, que forma parte de un acervo de derechos del representante político en el ius
in officium que tiene, en favor de las mayorías parlamentarias y, por tanto, de las mayorías de los partidos políticos. El calendario de las sesiones de los plenos ya otorga flexibilidad en las tareas del cargo público para compaginarlo con su vida
familiar.
Queríamos destacar que el voto, según sentencia del Tribunal Constitucional, es un derecho típicamente individual de los representantes, y que este voto es personal. El Grupo Parlamentario Popular acepta que el voto sea telemático o
presencial, pero siempre personal y, por tanto, indelegable. Este es un elemento nuclear de la función representativa, aplicable a todos los niveles institucionales, también a las entidades locales.
Quisiéramos advertirles de que intentar impulsar reformas institucionales que afectan al núcleo de una democracia representativa es muy peligroso.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Navarro.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Andrés.
La señora ANDRÉS BAREA: Muchas gracias, presidenta.
Tras escuchar a mis dos predecesoras, yo me plantearía, ¿qué es lo que queremos? ¿Queremos garantizar los derechos y deberes de los concejales y concejalas en el ejercicio de su trabajo? ¿O lo que queremos es otra cosa? Porque aquí lo que
se ve es que lo que se quiere es otra cosa. Esquerra Republicana plantea la existencia del voto telemático, en lo cual nosotros estamos completamente de acuerdo, y la aplicación de la Ley de Igualdad, que estamos, completamente de acuerdo, no, más
todavía. Es innegociable la no aplicación de la Ley de Igualdad. Pero Esquerra Republicana plantea como una condición inexcusable la existencia del voto delegado. El voto delegado es un voto personal indelegable, según el artículo 79.3 de la
Constitución. Existen doctrinas del Consejo de Estado y sentencias del Tribunal Constitucional, por ejemplo, la 45/2009, la de Puigdemont, que ustedes deben de conocer, que saben específicamente lo que pone.
Por otra parte, tenemos al Grupo Popular, que no ha sido muy explícito, porque en su enmienda lo que hace es desvirtuar completamente la aplicación de la Ley de Igualdad, no asumiendo lo que sería un lenguaje desde el punto de vista de los
derechos de las mujeres y de los hombres. Mantiene la baja maternal y paternal; no reconoce el embarazo, y en la no asistencia a los Plenos, dice, ausencias puntuales. ¿Qué son ausencias puntuales para usted? ¿No ejercer la obligación como
concejal que se debe tener? La verdad es que ustedes, señorías del PP, cuando hablamos de la Ley de Igualdad, no pueden evitarlo. Ustedes han entrado en una carrera feroz con el Partido VOX por igualarse. Aunque decía mi compañera que están
todavía a tiempo, yo a veces lo dudo; creo que son las dos caras de la misma moneda. Hablan ustedes de libertad. ¿Libertad de qué? He visto un autobús esta mañana con la señora Ayuso y la palabra libertad. ¿Libertad es ser la primera comunidad
en número de muertos? ¿Libertad en tener el 40 % de saturación de camas de UCI, como se ha dicho esta mañana? Ustedes no tienen ninguna legitimidad. He visto la enmienda que han presentado. En ningún momento tienen un lenguaje inclusivo, en
ninguno, incluso, rozan el tema desmedido de los miembros de las corporaciones, en los casos de embarazo, maternidad o paternidad... Pero oiga, ¿les cuesta tanto esto? ¿Les cuesta tanto reconocer la existencia de la mujer? ¿Les cuesta tanto
asumir el tema de la Ley de Igualdad?
Nosotros hemos presentado una enmienda, fundamentada en que existan los Plenos telemáticos, como adaptación de la Administración pública a la modernidad, y la aplicación de la Ley de Igualdad. Es cierto que en este Congreso se hace desde el
2011, y que el Partido Socialista presentó una iniciativa legislativa en el 2017. Los concejales y concejalas tienen derechos y obligaciones de control y de fiscalidad en los plenos, por eso se pide la presencia, no esas ausencias, mediante el
debate y el voto, y por eso podemos el voto telemático. ¿Es posible un Pleno telemático? Sí, en este momento sí, porque estamos en estado de alarma. Pero, ¿qué pasará cuando se vaya el estado de alarma? ¿No se podrán realizar los plenos
telemáticos? Por ello, pedimos la modificación de la Ley de Bases de Régimen Local. Pedimos también la adecuación de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, y que los ROM se actualicen para que no nieguen la posibilidad de los
plenos telemáticos, porque existe la autonomía municipal. Menos mal que existe, si no es que el Partido Popular se lo hubiera llevado por delante.
Evidentemente, la aplicación de la Ley de Igualdad es totalmente innegociable para nosotros. Es una ley transversal que pone en valor el artículo 14 de la Constitución: derecho a igualdad y a no discriminación. La igualdad es un derecho
jurídico universal, ratificado por España en 1983. Pedimos poder realizar los plenos telemáticos, en caso de embarazo, nacimiento y cuidado del menor, enfermedad propia y enfermedad o fallecimiento hasta el segundo grado. Se trata de facilitar los
derechos, las obligaciones también, a los concejales, en el ejercicio de su responsabilidad.
Yo creo que los ayuntamientos, que han sido la administración más cercana al ciudadano, que lo son en general, en esta pandemia han dado un ejemplo total de buen hacer y de buen trabajo, y han dado respuesta para ello. Yo creo que también
sería nuestra obligación en estas Cortes legislar e intentar poner en el punto de mira esos derechos y obligaciones de los propios concejales.
Nada más, y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Andrés.
Para la fijación de posición de su grupo, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, el señor Espejo-Saavedra.
El señor ESPEJO-SAAVEDRA CONESA: Gracias, presidenta.
La proposición no de ley de Esquerra se plantea para permitir la posibilidad del voto delegado, o bien la opción de la asistencia a distancia de los cargos electos por los supuestos de situación de baja por maternidad o paternidad,
hospitalización o baja médica, debidamente acreditada, y defunción, accidente, enfermedad grave o intervención quirúrgica y otros supuestos que precisen reposo domiciliario, etcétera. Creo que el texto es conocido por todos. La intención que
subyace bajo la iniciativa a nosotros nos parece apropiada, ahora bien, las medidas que propone para solventarlas, solo nos lo parecen en parte. Es más, nuestro grupo parlamentario ha propuesto en diversas ocasiones medidas similares, en especial,
con ocasión de la presente crisis sanitaria motivada por el COVID. Fuimos los primeros que pedimos en esta Cámara que se pudieran celebrar las sesiones de manera telemática, cosa que no se ha podido conseguir. Se ha habilitado el voto telemático,
pero no la realización de sesiones telemáticas. Nuestro grupo solicitó, mediante escritos dirigidos a la presidenta del Congreso, la realización de todas las funciones del Congreso de manera telemática para no agravar las consecuencias de la
pandemia y cumplir así también las restricciones de movilidad impuestas.
Como es bien sabido, basados en los motivos que he expuesto, algunos órganos e instituciones del Estado y la Unión Europea, adoptaron en su día medidas similares al objeto de minimizar las situaciones que puedan favorecer el aumento de
contagios, también lo hicieron, el Parlamento Europeo y diversas asambleas autonómicas y municipios. Pero, lógicamente, no solo por motivo de la pandemia se debería articular este tipo de soluciones, sino por los motivos que menciona Esquerra
Republicana en su proposición. Por eso consideramos oportuno incluir esos supuestos de baja por maternidad o paternidad, hospitalización, etcétera, entre los motivos por los que se permita la posibilidad de ejercer el voto a distancia o la
asistencia a distancia. Pero el voto delegado es una figura que ofrece actualmente todavía muchísimas dudas sobre su constitucionalidad, y si bien se aplica en algunas instituciones, no ha sido sometida su aplicación para estos supuestos a
enjuiciamiento constitucional. Sí lo ha sido, en cambio, su utilización, precisamente por el grupo proponente, de manera fraudulenta, para posibilitar el voto de personas huidas de la justicia o fugadas.
La intención que pueda tener Esquerra Republicana con esta proposición la podemos tener clara. Yo la tengo clara, porque estaba allí cuando se aprobó la delegación de voto en la Mesa del Parlamento de Cataluña a favor de personas que habían
huido de la justicia. Si eso es un motivo justificable, pues no sé cómo lo podrán explicar.
Estamos a favor de que se permita el voto por medios telemáticos, como ya se hace en esta Cámara, y la asistencia a distancia a las sesiones de las corporaciones locales y del resto de las instituciones, pero no del voto delegado. Por
tanto, nos abstendremos en esta PNL.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Espejo-Saavedra.
A continuación, por el Grupo Plural, tiene la palabra el señor Bel.
El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, presidenta.
Nosotros vamos a votar favorablemente. Haré una reflexión. Cuando hay iniciativas de determinados grupos, por ejemplo, en estos momentos, del Grupo de Esquerra Republicana o del Partit Demòcrata, ustedes se ponen ya en estado preventivo, y
creen que el problema es que si los presos, que si los exiliados, etcétera. Yo les haría una reflexión. Antes de ver las motivaciones ocultas y perversas de los diferentes grupos parlamentarios, plantéense si realmente, en pleno siglo XXI es
normal que existan presos políticos y exiliados políticos en el Estado español. La reflexión que deberían hacer ustedes es esta. Obviamente, cuando en iniciativas con intención, claramente, de conseguir una igualdad real, ven
medidas ocultas para que los presos o los exiliados puedan votar, yo creo que se les está deformando la visión que ustedes tienen o que les está quedando de la democracia española.
Muchísimas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Bel.
Por el Grupo Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra el señor Honrubia.
La señora HONRUBIA HURTADO: Gracias, señora presidenta.
Intervendré muy brevemente porque nuestra posición coincide bastante con lo que se ha planteado ya previamente por otros grupos. Nosotros también estamos a favor de las cuestiones de fondo que se plantean en la proposición. Estamos de
acuerdo con el hecho de que se facilite el funcionamiento democrático de los órganos de Gobierno de las corporaciones locales y la participación efectiva de los miembros electos de estas corporaciones en su órgano colegiado de participación.
Estamos de acuerdo en que el avance de la tecnología y la digitalización existente permiten que se puedan llevar a cabo algunas medidas que favorezcan esta participación. Estamos de acuerdo con medidas como el voto telemático o como que se pueda
participar en las sesiones a través de formatos telemáticos. Sin embargo, la cuestión del voto delegado nos genera mayores dudas y, por tanto, tampoco podemos apoyar esta proposición.
Por otro lado, en lo que ya se ha mencionado previamente, relacionado con las cuestiones que vienen derivadas de la Ley de Igualdad y, en concreto, con el lenguaje que se usa, tanto en la PNL que se nos presenta como en la enmienda que
presentó el Partido Popular, se sigue hablando de permisos de maternidad y paternidad, cuando desde la aprobación del Real Decreto Ley de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantizar la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres en
el empleo y la ocupación, estas prestaciones se unifican y pasan a denominarse prestación de nacimiento y cuidado del menor. Por tanto, pedimos que en adelante se tenga cuidado con el uso del lenguaje y que sea un lenguaje que se ajuste a la ley,
porque esa ley lo que reconoce son derechos que van a favor del avance de la igualdad. Cuando se vuelve a situaciones previas, lo que se hace es no reconocer estos avances y, por tanto, negar un avance en igualdad, que creo que todos y todas
deberíamos compartir.
Nada más, y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Honrubia.
Por parte del Grupo Parlamentario Vox, tiene la palabra el señor Segura.
El señor SEGURA JUST: Con la venia, señoría.
Como cuestión previa, quiero manifestar que, al principio de esta jornada, la compañera del Grupo Unidas Podemos ha hecho una referencia a ciertas cartas amenazantes. Habida cuenta de que las investigaciones policiales están descubriendo
que los que escriben y envían estas cartas son personas con problemas mentales, aquejadas de esquizofrenia, quizás esta cuestión se tendría que plantear en la Comisión de Sanidad, pero no en una Comisión de Política Territorial y Función Pública.
Dicho esto, señorías, y entrando ya en la materia del asunto...
La señora PRESIDENTA: Vaya a la materia.
El señor SEGURA JUST: Para la celebración de reuniones telemáticas y el voto delegado, se pretenden introducir en esta PNL los requisitos de fuerza mayor, grave riesgo colectivo, catástrofe o calamidades públicas que impiden la celebración
de una reunión presencial en sesiones de los órganos colegiados de las entidades locales. El Grupo Parlamentario Republicano, para la participación a distancia mediante el voto telemático, incluso la delegación de voto de los cargos electos,
pretende ahora ampliar estos supuestos o requisitos a los casos de embarazo, maternidad o incapacidad temporal, mediante baja médica que precise reposo domiciliario u hospitalización.
Lo que pasa es que el Grupo Republicano ha introducido aquí un concepto que a mí me genera unas serias dudas, y es que habla de defunción o de fallecimiento, y no ha puesto la coletilla de defunción o fallecimiento de un familiar. Entonces,
se puede interpretar que la PNL se refiere a la defunción o fallecimiento del mismo edil. Evidentemente, esto me produjo extrañeza. Crea una confusión, una gran confusión, porque evidentemente sabemos todos que un finado, una persona difunta no
puede delegar voto alguno, por carecer de capacidad jurídica y de capacidad de voluntad.
Pero, señoría, como yo soy catalán y todo lo que viene de Esquerra produce un cierto resquemor y unas sospechas a los que somos de esa tierra y al resto de los españoles, pensamos -es lo que han dicho otros compañeros aquí- que lo que se
pretende es dar el voto delegado a golpistas evadidos o a delincuentes encarcelados, y a partir de eso que introducen esta PNL luego se consigue el voto de este tipo de personas.
Volviendo al tema de los fallecidos... (Continua su discurso en catalán.)..., sería una sesión de espiritismo. Imagino que tienen que saber a través de un médium a quién está dando el voto el difunto.
Pero bueno, dicho esto, volvamos al fondo del asunto. El Grupo Republicano, amparándose en una situación de excepcionalidad, provocada por la crisis sanitaria de la pandemia del COVID-19, quiere hacerla extensiva a otros supuestos que nada
tienen que ver con esta enfermedad, para implantar de forma definitiva la asistencia telemática y la delegación de voto a las personas que ocupan cargos en órganos colegiales municipales. Lo temporal, por una situación de emergencia se quiere
convertir en definitivo, alegando unas circunstancias impeditivas que nada tienen que ver con la pandemia. De esta forma, la excepción se pretende hacer categoría y lo extraordinario se pretende convertir en ordinario, implantando de forma
permanente la mencionada asistencia telemática o el voto delegado.
El Grupo Parlamentario Vox acepta la aplicación de medidas excepcionales para situaciones excepcionales, pero no puede apoyar una iniciativa legislativa que, amparándose en la excepcionalidad, que siempre es temporal, pretende imponer de
forma permanente una asistencia telemática y un voto delegado en situaciones de normalidad.
Debemos tener en cuenta...
La señora PRESIDENTA: Ya ha acabado su tiempo. Estaba esperando que terminara la frase.
El señor SEGURA JUST: Simplemente para terminar, quiero decir que nuestro grupo, aplicando el principio de legalidad, va a votar en contra de esta iniciativa.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Hemos finalizado el debate del orden del día. Formalmente, debo preguntar a los autores de las iniciativas números 6 y 4, a las que se han presentado enmiendas. Por las intervenciones de los respectivos grupos parlamentarios se entiende
que no se aceptan las enmiendas propuestas. Luego, podemos deducir que se van a someter a votación en sus propios términos todas las proposiciones que hemos debatido a lo largo de la jornada de hoy.
En segundo lugar, está el asunto de la autoenmienda del Grupo Parlamentario Socialista, que todos los grupos tienen el texto. Debo preguntar a los grupos parlamentarios si es posible la votación en los términos de la redacción propuesta,
que sus señorías tienen a su disposición, o si algún grupo parlamentario se opone.
El señor DEL VALLE RODRÍGUEZ: ¿Me concede la palabra?
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra.
El señor DEL VALLE RODRÍGUEZ: Gracias, señora presidenta.
Nosotros ya hemos manifestado en la intervención en este punto nuestra oposición a que sea admitida a trámite por haberse presentado fuera de plazo.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Del Valle.
Pues se someterá a votación en los términos de la iniciativa propuesta. En tercer lugar, quiero solicitar a los distintos grupos parlamentarios que, por favor, hagan llegar a la Mesa las sustituciones, ya que antes de iniciar la votación
los miembros de la Mesa debemos de tener conocimiento a efectos del acta de la sesión.
VOTACIONES.
La señora PRESIDENTA: Pasamos a votar las iniciativas en sus propios términos. Empezando por la proposición número 1, sobre la nueva Ley de función pública.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 28; abstenciones, 6.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Pasamos a votar la proposición número 2, sobre la reactivación del Pacto Antitransfuguismo. Se vota en sus propios términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 5; abstenciones, 9.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Pasamos a votar la proposición número 3, sobre la incorporación de personas con licencias sindicales al Sistema Nacional de Salud.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 6; en contra, 19; abstenciones, 9.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Pasamos a votar la proposición 4, relativo a la reposición para la cobertura de puestos de trabajo reservados a funcionarios de la habilitación nacional.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 17; abstenciones, 1.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Pasamos a votar la proposición número 5, de condena por la ofensa a la calle Toledo, de Palma.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 19.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos la proposición número 6, relativa al voto delegado y a la asistencia telemática. Se vota en sus propios términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 2; en contra, 31; abstenciones, 1.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Si me lo permiten, señorías, solamente quiero expresar que lamento lo que sucede siempre con la salud mental. Seguramente que si la persona que envió ese objeto tuviese otra enfermedad, no lo sabríamos. Por tanto, ruego que colectivamente,
como sociedad, tengamos un poco de sensibilidad con la salud mental, que bien lo necesitamos. (Aplausos).
Muchísimas gracias.
Se levanta la sesión.
Eran las dos de la tarde.