CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2021 XIV LEGISLATURA Núm. 381

DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS ACUERDOS DEL PACTO DE ESTADO EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO

PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª BEATRIZ MICAELA CARRILLO DE LOS REYES

Sesión núm. 7

celebrada el miércoles,

28 de abril de 2021

ORDEN DEL DÍA:


Comparecencia de la señora Delegada del Gobierno contra la Violencia de Género (Rosell Aguilar): ... (Página2)


- A petición propia, para informar sobre las líneas generales y las acciones de su departamento. (Número de expediente 212/001115) ... (Página2)


- Para explicar las medidas y actuaciones que componen la nueva estrategia nacional para combatir las violencias machistas que piensan poner en marcha. A petición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente
212/000515) ... (Página2)


- Para explicar el Estudio 'Mujeres víctimas de violencia de género en el medio rural'. A petición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 212/001005) ... (Página2)

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Se abre la sesión a las cuatro y treinta y cinco minutos de la tarde.


La señora PRESIDENTA: Buenas tardes, señorías.


Comenzamos con la celebración de la comparecencia de la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, como sabrán, a petición propia y también a solicitud del Grupo Parlamentario Popular. Se van a sustanciar dichas comparecencias.
Quiero dar las gracias a la delegada del Gobierno por su presencia y darle la bienvenida, teniendo en cuenta que además la experiencia y la información que nos va a aportar seguramente van a ser de gran valía.


Antes de dar paso a la delegada del Gobierno, me gustaría aprovechar este espacio para condenar las amenazas que están recibiendo miembros del Gobierno y autoridades. Quiero además condenarlas porque hoy los demócratas tenemos que alzar la
voz firmemente para rechazar este tipo de violencia que no cabe en nuestra democracia. (Aplausos). No quería dejar pasar este momento para que, desde esta Comisión, desde esta Presidencia, podamos enviar un mensaje a la sociedad de serenidad, de
tranquilidad, pero también de firmeza democrática.


Sin más, le paso la palabra a la delegada del Gobierno.


La señora DELEGADA DEL GOBIERNO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO (Rosell Aguilar): Buenas tardes. Muchas gracias, señora presidenta, señorías.


Es un honor para mí comparecer por segunda vez ante esta Comisión como delegada del Gobierno contra la Violencia de Género cumpliendo un deber democrático pese a las complicaciones derivadas de esta pandemia de la COVID-19 que sufrimos en
todo el mundo desde hace ya más de un año. Permítanme de nuevo que mis primeras palabras sean de reconocimiento institucional a todas las víctimas de todas las violencias contra las mujeres. Ayer confirmamos la octava víctima del año 2021 en la
provincia de Tarragona. Son ya 1086 mujeres asesinadas por violencia en la pareja desde 2013 hasta el día de hoy; son 8, como digo, en lo que llevamos de 2021; hay 38 niños y niñas asesinados desde el 1 de enero de 2013 hasta el día de hoy, 23
niños y 15 niñas, 1 de ellas asesinada en 2021, el 10 de marzo, junto a su madre, y 307 niños y niñas huérfanos desde el 1 de enero de 2013 por violencia de género, 3 de ellos en lo que llevamos de 2021. Estas cifras ponen de manifiesto la cara más
trágica y más visible de la violencia de género, pero, como saben, la violencia contra las mujeres va mucho más allá de los feminicidios en el ámbito de la pareja, y el Convenio de Europa, conocido como Convenio de Estambul, de 2011, asumido por
estas Cortes Generales en el año 2014, nos insta a hacer visibles en esta comparecencia en el día de hoy y todos los días en nuestra labor a todas las víctimas de todas las violencias contra las mujeres en todas sus manifestaciones, recordando
siempre que la inmensa mayoría de ellas siguen vivas y nos necesitan.


Mis siguientes palabras son de reconocimiento a sus señorías, componentes de la Comisión de Seguimiento y Evaluación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, ya que el cumplimiento y desarrollo de este pacto y de sus medidas en la
lucha contra las violencias machistas nos involucra a todos los poderes del Estado, al Ejecutivo, al Legislativo y al Judicial, y a todos los niveles de la Administración. En realidad, nos interpela a toda la sociedad. Específicamente al Poder
Legislativo, que ustedes representan hoy, corresponde la tarea esencial de aprobación de leyes en el desarrollo del pacto de Estado y de los compromisos internacionales que garanticen la protección integral para todas las violencias machistas, entre
ellas la ley orgánica de garantía integral de la libertad sexual, que está en trámite, la futura ley integral contra la trata de seres humanos, que fue compromiso de este pacto y del Gobierno de coalición feminista y comprometido con los derechos
humanos y los principios constitucionales. Por eso, también me congratula que se haya aprobado en esta Cámara recientemente por el Pleno el proyecto de Ley Orgánica de protección a la infancia y a la adolescencia frente a la violencia, actualmente
en el Senado, con el que también se contribuye el cumplimiento del pacto de Estado en lo que a las medidas de protección de menores que conviven en entornos de violencia se refiere.


En tercer lugar, quería recordar que el desarrollo de todas las medidas del pacto de Estado, además de al Poder Legislativo, nos marca la hoja de ruta a los poderes ejecutivos, que somos tanto el Gobierno central como los de las comunidades
autónomas y las entidades locales, a quienes corresponde ejecución y gestión.


Hasta el momento mi experiencia, mi grata experiencia, ha sido contar con el compromiso político de todos los Gobiernos de las comunidades autónomas. El eje 2 del pacto hablaba de la mejora de la respuesta institucional coordinada y del
trabajo en red, la cogobernanza del respeto competencial y un

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magnífico trabajo conjunto en todos los espacios de coordinación interinstitucional, incluso no ceñido al rígido armazón de los espacios formales de coordinación. En pandemia, en el primer estado de alarma comenzamos a hacer reuniones,
lógicamente, telemáticas y hemos creado unos espacios no ceñidos al rígido corsé de las comisiones sectoriales y nos reunimos con más asiduidad de manera informal, lo cual facilita el trabajo y la aportación de experiencias, así como los espacios y
foros donde participa la sociedad civil, en particular el Observatorio Estatal contra la Violencia de Género y el Foro Social contra la Trata, ambos presididos por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.


Asumo que mi deber principal en esta comparecencia ante esta Comisión es dar cuenta de las principales actuaciones de la delegación en el desarrollo efectivo y seguimiento de las medidas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género
desde mi última comparecencia, de 14 de octubre de 2020, y compartir los proyectos que desarrollamos para impulsar su cumplimiento, el del Convenio de Estambul y las recomendaciones recibidas del grupo de expertas Grevio, así como los compromisos
del Gobierno de coalición, siendo la máxima prioridad de la delegación y su principal línea de actuación el desarrollo efectivo y la ejecución de las medidas incluidas en el pacto y en el Convenio de Estambul. Les hemos facilitado previamente un
informe sobre las principales acciones desarrolladas en cumplimiento de las 290 medidas que se incluyen en el documento refundido, elaborado por delegación del pacto en Congreso y Senado y, además, desde hace unos meses estamos enviando
periódicamente una información con forma de newsletter a esta Comisión del Congreso, para Mesa y portavoces o para quienes pudiera interesar, sobre actuaciones de la delegación y los últimos datos y estudios presentados, que esperemos que esté
siendo de utilidad para tener una información de mayor periodicidad que las comparecencias personales, dada además la situación.


En la primera comparecencia me centré en el impacto de la pandemia de la COVID sobre las víctimas de violencia de género y en las políticas que habíamos puesto en marcha desde el mismo 17 de marzo. A los dos días de la entrada en vigor del
real decreto tenía el Consejo de Ministros encima de la mesa, y aprobó a los tres días, ese 17 de marzo, el Plan de contingencia para víctimas de violencia de género ante la COVID-19. Evidentemente, la situación nos obligó a la adaptación del
funcionamiento de los recursos de atención integral, a reconducir tareas, recursos, presupuesto y a tomar decisiones en situaciones imprescindibles, y hay algunas de estas prácticas y políticas que han llegado para quedarse. Creemos que es así con
la consideración de servicios esenciales de todo los de atención integral a la violencia contra las mujeres, que se vieron reflejados en el Real Decreto 12/ 2020, de 31 de marzo, y ahora, como bien saben, se ha convertido en la Ley 1/2021, de 24 de
marzo, de medidas urgentes en materia de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género. La consideración como servicios esenciales en este real decreto vino acompañada, además, de la flexibilización en la ejecución de los fondos del
pacto de Estado, y han sido clave estos recursos contra la violencia de género para las comunidades autónomas y las propias entidades locales. Como buenas prácticas y recursos que se han consolidado y que creemos que están llamados a quedarse
podemos mencionar el servicio de mensajería instantánea por whatsapp, la posibilidad de teletrabajo de las operadoras del servicio de 016 y de los demás dispositivos que gestiona la delegación, el Programa VioPet, de la Dirección General de Derechos
de los Animales porque hay víctimas que consideran un obstáculo para abandonar su vida con el agresor que sus animales pudieran quedar en compañía de este. Esto parece un detalle menor, pero no ha sido así, pues hay más de 300 animales en acogida
temporal o definitiva. También ha sido muy valorado y se queda el botón SOS de la app AlertCops, un recurso muy bien valorado por las víctimas, que saben que da una alerta geolocalizada y manda un audio de diez segundos automáticamente, que puede
ser esencial en su protección y, además, en la prosperabilidad de las denuncias y, por eso, queda en manos de este servicio gestionado por la Secretaría de Estado de Seguridad. Quizá se pueden destacar las medidas de vivienda y de aprobación del
ingreso mínimo vital eximiendo de los requisitos de residencia legal y continuada a víctimas de violencia de género y de trata o de explotación sexual, y también la acreditación a estas víctimas de trata de seres humanos con fines de explotación
sexual a efectos socioasistenciales.


Durante el primer estado de alarma pusimos en marcha esta certificación, muy de la mano de todas las comunidades autónomas y también de las ONG y entidades especializadas en trata. Este instrumento formal de acreditación es compatible,
evidentemente, con la identificación formal del Cuerpo Nacional de Policía a efectos de persecución del crimen organizado, pero ha supuesto una vía de entrada a los derechos sociales a mujeres que antes estaban prácticamente al margen de todos los
recursos del Estado.


Como he comenzado el relato a partir del 14 de octubre, fecha de mi anterior comparecencia, no quería dejar de situar, por si alguien no pudo asistir, que en aquella presenté los principales resultados de

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la macroencuesta de 2019, que evidentemente no es un trabajo de este equipo de la delegación. De hecho, la delegación se caracteriza por ser una entidad que propone políticas contra la violencia de género a todo el Gobierno con un sentido
de Estado y con una visión transversal de las políticas, de las que estamos orgullosas y que suponen una continuidad digna de elogio por parte de los equipos anteriores con quienes no rompemos en absoluto ese hilo. El mes de septiembre lo empezamos
participando en una campaña con la Agencia Estatal de Protección de Datos para un comienzo de curso seguro respecto de las violencias digitales, que habían sido tremendamente prevalentes durante el momento de mayor confinamiento. Era la campaña 'El
control es tuyo, que no te controlen', dirigida a jóvenes y a adolescentes, y la difusión del canal prioritario de la Agencia Estatal de Protección de Datos para denuncias desde los catorce años de contenidos en redes, que realmente nos parece que
también es un gran recurso, aunque no sea propio de la delegación y lo trabajemos conjuntamente.


Además de la macroencuesta que ya expuse detalladamente el 14 de octubre, la delegación ha continuado con otras operaciones estadísticas que tienen mucha importancia para mostrar la realidad de la violencia contra las mujeres en estos
tiempos en que arrecian los ataques contra la igualdad y contra la verdad, reproduciendo estereotipos y prejuicios retrógrados y machistas que creíamos superados, para proporcionar una visión real, rigurosa, detallada y actual de la entidad de la
violencia contra las mujeres. Es partir de la realidad para definir las políticas legislativas y gubernativas a todos los niveles y no a partir de bulos o mala información.


Además de la macroencuesta, y en línea con el eje 6 del pacto de seguimiento estadístico, la delegación continúa, por supuesto, con otras operaciones estadísticas: la mensual del portal estadístico y los boletines con datos de víctimas
mortales, de llamadas al 016, de usuarias de A Tempro, de dispositivos y los datos de Interior y Consejo General del Poder Judicial, de denuncias, órdenes de protección, las ayudas, etcétera. Además, hay otras actuaciones estadísticas: la
estadística de víctimas de violencia contra la mujer que incluyen otras formas distintas de la violencia en el marco de la pareja; la encuesta que estamos elaborando de violencia de género y mujeres con discapacidad; está prevista la participación
de la delegación en 2022 -ya hemos realizado todos los trabajos previos y firmado todos los compromisos necesarios con la Unión Europea- en la realización de la encuesta europea de violencia de género, que incluye la física, psíquica, sexual, acoso,
acoso sexual en el trabajo y violencia en la infancia; y el DERA, la estadística de recursos autonómicos en materia de violencia sobre la mujer. Aquí quiero destacar que, para pedir todos los recursos y las usuarias, hemos incluido, como gran
novedad, todas las violencias del Convenio de Estambul: mutilación genital femenina, violencia sexual, además de explotación sexual y trata con fines de explotación sexual del Convenio de Varsovia. Y quiero dar las gracias a todos los Gobiernos de
las comunidades autónomas, porque hemos remitido un cuestionario tremendamente exhaustivo y una plataforma digital para hacerlo; se les ha facilitado formación a las técnicas y la respuesta ha sido realmente muy positiva. Solo con esos datos a
nivel estatal, dado que evidentemente no tenemos las competencias centralizadas, es posible hacer estas operaciones.


A partir del 1 de octubre hasta la fecha hemos presentado más estudios; el 1 de octubre uno, que ya les comenté también, de menores y violencia de género, realizado con la Unidad de Psicología Preventiva de la Complutense de Madrid y, a
partir de entonces, el de mujeres víctimas de violencia de género en el mundo rural, realizado con la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales, Fademur; la mutilación genital femenina en España, con la Fundación Wassu y la Autónoma de
Barcelona, en noviembre; la respuesta judicial a la violencia sexual que sufren los niños y niñas, con la Asociación de Mujeres Juristas, Themis, el 20 de noviembre, el Día de la Infancia, y dos estudios de Mujer, discapacidad y violencia de
género, con la Federación de Mujeres Progresistas y de la Violencia Sexual de las Mujeres con Discapacidad Intelectual, con la Fundación Cermi Mujeres, presentados ambos el 3 de diciembre de 2020, en el marco de un acto de tremenda relevancia, que
fue el IV Foro Social de Mujeres y Niñas con Discapacidad. Y, después, la situación de la violencia contra las mujeres en la adolescencia y el análisis temporal de asesinatos por violencia de género en España, de 2003 a 2017, que tiene un valor
intrínseco por tener quince años de datos, ya que pocos países los tienen.


Me pidieron comparecer e hicieron referencia específicamente a la situación de las víctimas de violencia de género en el en el mundo rural. Este estudio que se presentó el 16 de octubre de 2020, con motivo del Día Internacional de las
Mujeres en el Mundo Rural, pretende cumplir la medida 180 del texto refundido del pacto de Estado, que era ofrecer datos y visibilizar específicamente esta violencia que sufren las mujeres en estos entornos. Los resultados los tienen en la web de
Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, el estudio completo y nuestro resumen ejecutivo.

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Quizá lo más destacado es que se percibe todavía la violencia de género más como una cuestión del ámbito familiar y privado que como un problema social y estructural, ya que más del 61 % de las mujeres ha sabido de algún caso de violencia de
género, y que el teléfono de información y asesoramiento 016 es el recurso más conocido. Hay otra parte de ese estudio que son historias de vida, que la verdad es que es duro de asumir, en el que destaca que más del 80 % de las mujeres
entrevistadas habla de una experiencia de machismo generalizado en el mundo rural, y que, de las mujeres víctimas de violencia de género en el ámbito rural, el 100 % relatan haber sufrido violencia psicológica, seguida de la física, un 78,26 %, y la
económica un 56,52 %; la violencia sexual está en un 39,13 % de las mujeres que ya están en intervención como víctimas de violencia de género. El dato que para mí era más estremecedor es que casi todas las mujeres entrevistadas habían permanecido
en las relaciones de maltrato durante muchos años; una media de veinte años; veinte años de silencio que deberían hacer reflexionar a quienes abonan este silencio tan cómplice de la de la violencia de género.


Para el año 2021 se han duplicado, en los Presupuestos Generales del Estado, los fondos destinados a ayuntamientos, de 20 a 40 millones, y el reparto de fondos de las comunidades autónomas tiene en cuenta la dispersión poblacional, la
ruralidad y, en el caso de los dos archipiélagos, la insularidad.


En este mes de octubre, tras dos hitos para la igualdad que supusieron los reales decretos de 13 de octubre, de planes de igualdad y su registro y de igualdad retributiva entre hombres y mujeres, del Ministerio de Trabajo, presentamos, en
ese mismo mes de octubre, el informe final de evaluación el segundo Plan integral de lucha contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, 2015-2018; se sometió al Foro social contra la trata, pocos días después de comparecer yo
ante esta Comisión, y a su posterior aprobación por el Consejo de Ministros.


El 25 de noviembre, con motivo del Día internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres, tuvimos que realizar un acto completamente online, y unas entregas de reconocimientos a distintas categorías de trabajo contra la
violencia de género y en favor de la igualdad. Pero, además, en línea con el eje primero de ruptura del silencio, sensibilización y prevención, se organizó en el Ministerio de Igualdad un ciclo de seminarios de divulgación y debate, bajo el título
'Nos queremos vivas', que abordaron el feminicidio, la violencia sexual, las masculinidades, la violencia machista, la interseccionalidad, la explotación sexual y las obligaciones de los Estados.


Ese mismo día 25 de noviembre presentamos la campaña 'La violencia que no ves'; una campaña dirigida a la población general, que hacía zoom sobre unas situaciones de violencia tan normalizadas que nos pasan a veces desapercibidas o resultan
más individualizadas. Contenía, por primera vez, imágenes de acoso en el transporte público; además, imágenes de acoso en el ámbito laboral, violencia digital y violencia económica. Es la primera que mostraba, por ejemplo, el marco del transporte
público, y se ha ofrecido el material a las comunidades autónomas y unidades de coordinación y de violencia de género de las Delegaciones del Gobierno para su difusión territorializada, incluso en medios de transporte, que parece que ha tenido
bastante aceptación.


Después de esta, del 25 de noviembre, ha habido dos campañas más de sensibilización; una todavía no se ha difundido y otra se está difundiendo ahora, que es la campaña dirigida a hombres, bajo el lema -que creemos que es positivo- 'Eres
parte de la solución'. La de hombres es novedosa y creemos que se tiene que involucrar en la lucha contra los estereotipos de género y contra las violencias machistas. Si estamos todas convencidas de que la única vacuna contra la violencia de
género es la igualdad y la educación para la igualdad, es obvio que no podemos vacunar solo a la mitad de la población, sino a toda la ciudadanía. Tenemos pendiente una dirigida a adolescentes para difundir en redes sociales, a través de Internet y
en las plataformas que usan, entre mayo y junio de 2021, justo antes del verano y para el final de curso.


Este mismo 25 de noviembre de 2020 nos llega, precisamente en esta fecha tan señalada, la evaluación del Grevio, el informe elaborado por el grupo de expertas del Grevio del Consejo de Europa, sobre el cumplimiento por España del Convenio de
Estambul. El 15 de diciembre de 2020, el comité de las partes aprobó, sobre las bases de dicho informe, las recomendaciones para España. Evidentemente, no puedo dar cuenta de todas, pero sí destacar que nos está marcando las prioridades por las
que debe transitar la acción de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género en los próximos años; y, quizá, destacar tres puntos: la necesidad de un abordaje integral de todas las violencias sexuales, tanto las que se producen en el
ámbito de la pareja como fuera de ella, que este es objetivo fundamental del anteproyecto de ley orgánica de garantía integral de la libertad sexual y de la estrategia nacional contra las violencias machistas; la necesidad de mejorar la respuesta
institucional y, sobre todo, la coordinación

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interinstitucional, que es una recomendación común a todos los países de estructura descentralizada y con Gobiernos autonómicos, pero que debe mejorar la confianza de las mujeres en las instituciones y su acercamiento a las mismas; y, en
tercer lugar, la urgente necesidad de abordar la situación de los menores víctimas directas de la violencia machista, a lo cual va a contribuir, sin duda, la ley orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia.


Con respecto a la ley orgánica de garantía integral de la libertad sexual, que seguimos en trámite, ya culminando la incorporación de las aportaciones aceptadas del informe tan positivo del Consejo Fiscal, y tan crítico del Consejo General
del Poder Judicial, se enmarca en el eje octavo del pacto, Otras formas de violencia contra las mujeres. No voy a desgranar aquí, porque sería imposible, el proyecto de ley orgánica de garantía integral de la libertad sexual, cuya parte penal,
conocida como 'Solo sí es sí', ha sido objeto de numerosas noticias e informes, que está aún pendiente de remitir informe al Consejo de Estado, pero sí decir que, desde la perspectiva del pacto de Estado que nos convoca aquí, esta ley cerrará por
fin una brecha histórica en la prevención, protección, punición y, en especial, la reparación de las violencias sexuales, que contiene rutas especializadas para la violencia sexual en la infancia, y que mientras no exista una ley integral contra la
trata y este, mientras tanto, es muy importante porque no sabemos cuándo va a entrar en vigor, las víctimas de trata de seres humanos con fines de explotación sexual también quedarán amparadas en esta ley de garantía integral de la libertad sexual,
si llega a buen puerto. El informe Grevio destaca que España debe proseguir en este modelo penal basado en el consentimiento y no en los medios comisivos -con violencia o intimidación o sin ella-, y en superar esta diferencia de protección entre
las diversas formas de violencia contra las mujeres, en especial la violencia sexual, que forma parte además de la experiencia laboral de muchas de nosotras, no poder ofrecer la misma protección integral a víctimas de violencia sexual que a víctimas
de violencia en la pareja.


En diciembre de 2020 participó la delegación directamente en el diseño del III Plan para la Igualdad de Género en la Administración General del Estado, aprobado por acuerdo del Consejo de Ministros de 9 de diciembre de 2020, y aunque no es
competencia nuestra nos congratulamos de la aprobación también en ese mes, el 29 de diciembre, de la Ley Orgánica 3/2020, por la que se modifica la Ley 2/2006, de Educación, porque adopta un enfoque de igualdad de género a través de la coeducación y
el aprendizaje de la igualdad efectiva de hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género y el respeto a la diversidad afectivo-sexual, en línea con las medidas del eje primero y que, como he dicho antes, estamos seguras de que es la
única prevención posible de la violencia de género en las generaciones futuras. Y también en ese mes de diciembre, como bien saben, el día 30, se aprueba la Ley 11/2020, de Presupuestos Generales del Estado, que entronca directamente con el eje
segundo, el compromiso económico del pacto de Estado. Los Presupuestos Generales del Estado en materia de igualdad se incrementan en un 157 %; en total, 451 millones de euros repartidos en todo el presupuesto, no solo para para las políticas
sectoriales de igualdad, porque insistimos en que es una política transversal. Y en concreto, en cuanto al presupuesto de la delegación para 2021, recoge un incremento de hasta 60 121 060 euros, que suponen 18,9 millones de euros más. Y en el
presupuesto de la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, los 100 millones del pacto de Estado para las comunidades autónomas y, como decía antes, 40 millones, 20 adicionales, para los casi 8000 municipios existentes en
España, porque se exceptúan los del País Vasco por su propio concierto. A continuación, dictamos el Real Decreto 1023, de 17 de noviembre, sobre el reparto de estos fondos a los ayuntamientos, subiendo el mínimo de 689 a 1000 euros, manteniendo los
18 céntimos por habitante y dividiendo el remanente no solo entre los municipios que estaban en VioGen sino también entre los que estaban en Atenpro, previa consulta de la memoria de análisis de impacto normativo con la FEMP, la Federación de
Municipios y Provincias. Respecto a la cantidad que corresponde a cada ayuntamiento -que son 8000-, está en la web el reparto anterior y próximo a realizarse el siguiente.


Quiero destacar la colaboración con el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación -la mejora de la asistencia a las víctimas en el exterior-, que en 2020 atendió 260 nuevos casos de violencia contra la mujer en 63 países. Y el 10 de
febrero de 2021 el Parlamento Europeo aprueba el informe sobre la Aplicación de la Directiva sobre trata de seres humanos entre los Estados miembros y destaca algo que las personas que llevamos una década trabajando con víctimas de trata decimos
siempre -y claro, ya es hora de dejar de decirlo y hacerlo-, la falta de datos coherentes, comparables y pormenorizados sobre trata, que sigue obstaculizando una evaluación adecuada y basada en pruebas de la magnitud y las tendencias que sigue la
trata de seres humanos, y nos pide a los Estados miembros que redoblemos esfuerzos y financiación para la investigación. Evidentemente, no es lo mismo hacer una macroencuesta

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en la calle sobre diversas prevalencias de violencia contra la mujer muy estudiada, con todos los cuestionarios preparados, con las encuestadoras también específicamente formadas, con sistemas mixtos muy estudiados, como Oficina Nacional de
Estadística que es, y dentro del Sistema Estadístico Europeo, la delegación, y con unas magníficas profesionales del Cuerpo Superior de Estadísticos del Estado, que investigar una situación de trata, que evidentemente es siempre un delito y por lo
tanto se encuentra oculta. Pero la delegación por fin ha iniciado unos trabajos encaminados a un ambicioso macroestudio contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, dotado con hasta 400 000 euros en los Presupuestos Generales
del Estado para 2021. Costará menos, pero solo su diseño nos ha costado mucho trabajo. Estamos culminándolo y la verdad es que creemos que va a ser un buen estudio.


Además de haberse avanzado en ese sistema de acreditación socioasistencial de víctimas y de ser beneficiarias de ese ingreso mínimo vital, se han incrementado las subvenciones en 2 millones de euros respecto a los presupuestos de 2018, que
se fueron prorrogando, como saben perfectamente, hasta los actuales, y se ha llegado a alcanzar la cifra de 6 millones de euros para las organizaciones sin ánimo de lucro y entidades especializadas en trata, que son quienes realmente están todos los
días ahí, en el terreno, con las víctimas, saben cómo abordar su atención, su restablecimiento y la reparación integral a las mujeres y niñas más devastadas por un crimen y unas actuaciones que niegan todos los derechos al tratar a las mujeres como
mercancía. Con este marco abordamos, porque es un compromiso del Gobierno de coalición, la ley orgánica integral de lucha contra la trata, que también se incardinaría en el eje octavo, otras formas de violencia contra la mujer, que es una necesidad
de dar respuesta a este fenómeno complejo y global desde un enfoque de derechos humanos de género.


Hemos sacado ya la consulta pública, de conformidad con el artículo 133 de la Ley 39/15, de Procedimiento Administrativo Común, es decir, una consulta pública previa al texto para recibir aportaciones de enfoque, porque hay organizaciones
especializadas que llevan quince años y más trabajando en esto y quieren hacer aportaciones incluso previas al proceso legislativo. Pero de esta ley, aunque hayamos sacado esta primera consulta pública, quiero destacar que exigirá la participación,
como fenómeno complejo y global que es, de prácticamente todos los departamentos del Gobierno: desde luego, Igualdad, Trabajo, Interior, Derechos Sociales, Justicia, Inclusión, pero también Hacienda -la vertiente financiera es importantísima, así
nos lo dice la OSCE-, el Parlamento Europeo, Exteriores, Turismo. En fin, es realmente un gran reto. Y, a su vez, el Ministerio de Igualdad ha comenzado a trabajar, junto con Trabajo y en especial la Inspección y el SEPE, el Plan nacional de
inserción laboral, dotado con 10 millones de euros.


Quiero abordar cuatro cuestiones más, el nuevo servicio 016, la actividad de formación en igualdad y contra la violencia de género, la estrategia nacional, por la que me han preguntado previamente para la comparecencia, y los fondos de la
Unión Europea del Mecanismo de Transformación, Recuperación y Resiliencia. Respecto del 016, el 5 de marzo de 2021 se firmó el nuevo contrato para la prestación del servicio. Les recuerdo que el eje tres del pacto de Estado es el perfeccionamiento
de la asistencia a las víctimas y el eje ocho, el de otras formas de violencia, en el que por fin se ha ampliado la atención a todas las formas de violencia contra las mujeres incluidas en el Convenio de Estambul. Esto ha supuesto un reto tremendo
tanto en formación como en incorporación de profesionales, de líneas de atención. Hablamos de violencia de género, violencia doméstica, violencia sexual, acoso, mutilación genital femenina, matrimonio forzoso, aborto y esterilización forzados o
acoso sexual. Además de ofrecer información y asesoramiento jurídico, otra novedad es que atiende llamadas de víctimas que requieren atención psicosocial inmediata por la inminencia de la violencia, por manifestar intentos autolíticos, incluso por
desahogo emocional, como ha ocurrido mucho en pandemia, que serán atendidas por profesionales en psicología o trabajo social y a las que derivarán posteriormente, si así lo precisa la mujer, a los servicios públicos de atención, asistencia e
intervención psicológica y social. También me parece destacable que incluya nuevos canales de acceso, en particular el whatsapp -para el que afortunadamente pudimos conseguir el número 600 00 00 16, porque en el primer estado de alarma conseguimos
dos números de esos de nueve dígitos que no tenían ninguna facilidad especial y sí, por lo tanto, cierta dificultad de aprendizaje-, que la propia Organización Mundial de la Salud y en reuniones con ONU Mujeres, con representación de distintos
países, se ha valorado como una buena práctica en ese estado de confinamiento en el que las mujeres utilizaban más el 016 online, que lleva vigente muchísimos años, y este whatsapp nuevo que se puso en el estado de alarma y que ahora por fin ya es
estable en el 016. Esto significa mujeres que no podían hacer ni siquiera una llamada en voz alta desde el interior de sus casas; incluso el cribado telefónico de violencia, de enfermedades, se considera menos apto para estas víctimas

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tan particulares porque sufren violencia en donde se deberían encontrar -o los demás creemos que nos encontramos- más seguros y más seguras.


En relación con las medidas relativas a mujeres con discapacidad, mantienen su accesibilidad las mujeres con discapacidad a través de la plataforma Svisual y Telesor, y Atenpro a través del módulo SOTA, y en colaboración con Cermi y la
Confederación Nacional de Personas Sordas están en la web de delegación los documentos de orientaciones prácticas de denuncia de violencia de género para mujeres y niñas con discapacidad en situación de emergencia por coronavirus y el Servicio Alba,
de atención a mujeres sordas víctimas de violencia de género de la Confederación Estatal de Mujeres Sordas. Los menores y las menores de edad son atendidos a través del convenio con la Fundación ANAR -saben que el eje cuarto del pacto de Estado es
el relativo a la atención a los menores víctimas de violencia de género-. Ha sido siempre una prioridad de delegación incorporar a las víctimas menores de edad no como víctimas indirectas, sino como víctimas directas de la violencia de género que
se sufre en sus domicilios. Y me gustaría destacar la buena noticia de que con ocasión de la tramitación de la Lopivi, la Ley de infancia, se han incluido mejoras notables en relación con el régimen de visitas y custodia de padres maltratadores
bajo la premisa evidente de que un maltratador no puede ser un buen padre y la llamada violencia vicaria, así como la prohibición del falso síndrome de alienación parental o de cualquier otro sin evidencia científica, que desaconseja el propio
Consejo General del Poder Judicial.


En cuanto a la formación y especialización de profesionales, la delegación participa en todas las acciones formativas organizadas por los distintos organismos y entidades públicas que tienen asignada la función de formación del personal:
con los ministerios de Justicia, Interior, Sanidad, Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Trabajo. Estamos firmando un convenio con el Centro de Estudios Jurídicos que es importantísimo porque a su vez forma al ministerio fiscal, a los
institutos de Medicina Legal y al personal de la Administración de Justicia en los territorios que siguen siendo competencia del Ministerio de Justicia, pero, además, de las cosas buenas que nos ha dejado la virtualidad que hemos tenido que aprender
a la fuerza algunas durante el estado de alarma, si estos documentos, si estos materiales se encapsulan, se graban y se hacen vídeos dinámicos, pueden evidentemente facilitarse a otras administraciones que requieran esta formación de calidad.
También estamos pendientes de un convenio con Muface para las funcionarias víctimas de violencia de género. Y solo decirles que en los meses de febrero y marzo 2021 hemos participado con el Instituto Nacional de Administración Pública en los cursos
selectivos de los cuerpos de gestión impartiendo la asignatura de Igualdad de género y oportunidades -sobre Igualdad y no discriminación, Igualdad entre mujeres y hombres y Prevención de la violencia-, cursos en los que han participado 1145 personas
de nuevo acceso a la Administración General del Estado. Tomamos este eje de formación como esencial.


En tercer lugar, mencionar el instrumento de coordinación general y de institucionalización del pacto que supondría la Estrategia Nacional contra las Violencias Machistas hasta 2025, que lo que pretende es incluir medidas dirigidas a
combatir todas las formas de violencia de género, desde el reconocimiento de la interrelación de las violencias hasta las características comunes y la superposición entre todas ellas, que será una política pública elaborada a partir de una
metodología de trabajo participativa con todos los ministerios implicados, comunidades autónomas y entidades locales, pero también asociaciones feministas y de mujeres y expertas en la materia desde una perspectiva de cogobernanza eficaz y
responsable. Si quieren más detalles, me extiendo después.


Por último, quiero hacer una referencia a los fondos europeos, al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, desde la premisa de que no hay reconstrucción sin igualdad, que también contribuye a alcanzar el Objetivo 5 de la Agenda
2030. Los datos nos exigen modernizar y avanzar en digitalización de los servicios de atención y protección a las víctimas, ampliar su cobertura tanto objetiva como subjetiva a las mujeres que pueden ser atendidas, que es uno de los objetivos del
Plan España te Protege. De este, voy a detenerme únicamente en el proyecto de creación de servicios de atención integral o de centros de crisis de 24 horas, conocidos como tales, a víctimas de violencia sexual en todas las comunidades autónomas,
que ha sido sometido a conferencia sectorial el pasado 19 de abril y que pretende crear centros de asistencia en todas las comunidades autónomas y ciudades con estatuto de autonomía. El Grevio nos insta a las autoridades españolas a que adoptemos
medidas que establezcan un número suficiente de centros de ayuda de emergencia para las víctimas de violencia sexual que cubran sus necesidades a corto, medio y largo plazo. El importe de la inversión es de 66 millones de euros y será proyectada y
ejecutada, por razón de competencias, por las comunidades autónomas y ciudades con estatuto de autonomía. En 2021, se ha aprobado el acuerdo, en Consejo de Ministros de 6 de abril, para

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el reparto del 30 %, casi 20 millones de euros -19 800 000-. En 2022 se aprobará, si todo va bien, el reparto del 70 %, los otros 46 200 000 euros restantes, y en 2023 el proyecto es tener en condiciones de puesta en funcionamiento los
servicios. El acuerdo de reparto ha sido una cuantía fija para un centro por provincia de 1 millón de euros, teniendo en cuenta también la insularidad, las mujeres de 16 o más años por cada una de ellas y la dispersión de la población. El que se
pueda proporcionar esta atención nos parece que será una gran noticia para las mujeres, atención que no está dirigida solo a la violencia sexual sufrida recientemente, sino también a la de largo recorrido, suministrándose diversos tipos de atención
y de protección. Estas mujeres tienen que tener seguro atención psicológica, social y jurídica. En otros países tienen la atención sanitaria inmediata, pero en España, con el Sistema Nacional de Salud -porque afortunadamente nos hemos dotado de
este magnífico servicio público-, no es necesario. Sin embargo, cada comunidad autónoma, si todo sigue adelante, presentará un preproyecto adaptado a sus propias leyes, porque las leyes autonómicas son muy distintas, de hecho, hay algunas ya muy
avanzadas respecto de todas las violencias machistas, y a su vez aterrizado en los recursos de los que ya disponen. Por tanto, esos preproyectos ya no serán uno, serán individualizados, y veremos si podemos acompañarlos y hacer que desde luego
puedan financiarse con estos fondos de la Unión Europea.


Por último, y entroncando con el eje 10 de seguimiento del pacto Estado, quería comentarles respecto de los instrumentos de seguimiento del pacto que ustedes son los primeros que son conscientes de que el pacto tiene tal cantidad de medidas
-incluso el documento refundido-, que yo les he mandado un informe previo porque creo que la otra vez que comparecí, sinceramente, me resultó hasta atropellado tratar de decir qué medidas se habían cumplido. Además, no deja de ser una información
que es más cuantitativa que cualitativa. Es un instrumento difícil tanto en el sentido recibir la información como de darla y de evaluarla. Es verdad que hasta el momento la delegación realizó la elaboración de ese texto refundido con las medidas
de los informes del Congreso y del Senado, y diseñó unas fichas de recogida de información procedente de las distintas administraciones, organismos y entidades públicas involucradas y un sistema de indicadores de seguimiento y evaluación, que eran
en torno a 2000 indicadores de seguimiento de las 290 medidas. Actualmente estamos preparando una aplicación informática para recoger el progreso del cumplimiento de las medidas. Se acaba de adjudicar el 26 de abril, es decir, antes de ayer, el
desarrollo de este sistema de Administración electrónica, y queremos poder facilitar una información lo más ajustada posible sobre el grado de cumplimiento y, además, más accesible, más manejable y más comprobable en la evolución.


Por último, en la web de la delegación hemos creado un nuevo espacio con una ficha, por una cuestión también de transparencia, de las actuaciones realizadas por las comunidades autónomas para que cualitativamente también se pueda ver un poco
en qué han encajado o destinado sus propios fondos. Hay comunidades que directamente los transversalizan a otros departamentos que no son Igualdad, que son Justicia, Trabajo. Se están desarrollando ya prácticas muy buenas y la cogobernanza, pero
sobre todo el diálogo, incluso informal, entre ellas, y también con la delegación, hace que aprendan unas de otras en cuanto a buenas prácticas, maneras, porque ya sabemos que no entra el capítulo 1, de personal, que siempre es una reivindicación,
pero es inviable con la legislación actual. La verdad es que creo que con esto avanzaremos un poco más en la perspectiva del pacto, de cara al menos a su evaluación final.


Esto es todo. Me someto a sus preguntas, consideraciones y propuestas. Espero que les haya interesado y, sobre todo, que con el informe previo por escrito puedan seguirlo de una manera más exhaustiva.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias, delegada.


Por supuesto, sus señorías han tenido la posibilidad de tener el informe para poder ampliar incluso mucho más la información.


Saben que tienen cinco minutos en el primer turno y en el segundo, en la réplica, una vez que haya intervenido la delegada, tres minutos.


Comenzamos con el portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, señor Guitarte.


El señor GUITARTE GIMENO: Buenas tardes.


Gracias por su comparecencia. Me ha parecido entender, y creo que es así, que valora que ha habido una mejora en la respuesta institucional al problema desde la anterior comparecencia. Nosotros queríamos hacer hincapié en que esa mejora,
en el ámbito rural no se percibe como tal, porque usted sabe que hay unas dificultades específicas de este medio que son muy difíciles de vencer porque hay un acusado

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control social y una normalización de la desigualdad histórica y es un proceso muy lento; también, que los trabajos allí tienen un marcado carácter de género, que hay mucha resistencia a los cambios culturales y que las organizaciones
sociales no reconocen o no aplican la perspectiva de género. En definitiva, que se hace difícil el acceso a los recursos que debería poner la Administración para luchar contra este problema. Falta una visualización real de toda esta lucha y
creemos que las medidas de protección, que deberían estar adaptadas a este medio rural, no lo están tanto. Casi parecen como una segunda declinada de cuando se hace una medida general, que intentamos incorporar unas pequeñas especificidades, pero
pensamos que no se ha analizado a fondo la problemática del mundo rural, que es absolutamente distinta de la general y del urbano.


Creemos que este tipo de medidas de las que hablamos, como, por ejemplo, las órdenes de alejamiento, las casas de acogida, la atención psicológica, el acceso al transporte, tienen unas singularidades muy puntuales que hay que tratar y que
hay que reconocer. Compartimos, por ejemplo, su idea de dar participación a las asociaciones, creemos que es el camino. Ese tipo de asociaciones deben ser todas las que hay. En el mundo rural, por ejemplo, son muy frecuentes y muy activas las
asociaciones de amas de casa, que en su momento probablemente estuvieron denostadas por el nombre, pero que realmente son un tejido social muy extendido y muy generalizado que podrían ser un soporte muy válido para esta acción. Nos parece también
muy interesante la propuesta de Fademur de los locales seguros, incluso los convenios que han realizado con sindicatos agrarios para esos locales, pero hay que extenderlo no solamente han de ser de sindicatos, de ayuntamientos, los propios locales
de las asociaciones; es muy conveniente, y compartimos esa idea, la creación de una red nacional de espacios seguros que incluyese el medio rural y también las campañas de concienciación de las que muchas veces hemos hablado porque, efectivamente,
creemos que llevamos décadas de retraso en cuanto a la concienciación. He comentado antes que hay un acusado control social, que es difícil denunciar en el medio rural porque el contacto casi es directo y la presencia incluso con el agresor en el
mismo núcleo urbano es casi frecuente; es decir, hay una serie de singularidades que hay que tratar muy específicamente y esperamos que se camine en ese sentido. Creemos que todo esto debe estar englobado en un plan general que sería de
empoderamiento del papel de la mujer en el mundo rural, reconocerle, porque de hecho ya lo tiene, el valor que realmente tiene la mujer en este medio, visualizar su trabajo porque lleva tiempo desarrollándolo, pero no se le ha permitido, por
ejemplo, durante décadas acceder a la cotitularidad de las explotaciones agrarias, que es un símbolo de reconocimiento social y también una evidencia de cómo el reconocimiento social todavía no ha llegado a ese nivel de igualdad que debería existir.
Existe ya la legislación que se lo permite, pero es una legislación prácticamente desconocida y que se aplica en muy pocos casos. Esas campañas de difusión, esos pasos hacia la igualdad y el empoderamiento de la mujer creemos que son necesarios.
Simplemente eso, desear que se camine en ese sentido, pero que se dé un impulso mayor a la hora de tratar las especificidades del mundo rural, que a veces no es solo declinar o hacer aplicaciones de las medidas generales, sino tomar medidas
específicas que no tienen por qué ser en el mundo urbano. Por ejemplo, por citarle una que quedaba en el tintero, la necesidad de un transporte entre pequeños núcleos para poder acudir a los centros de acogida; la necesidad de que haya en todas
las provincias jugados de Violencia de Género, que no los hay. Por ejemplo, en Teruel no tenemos juzgado provincial de Violencia de Género. La necesidad de formar, en los juzgados mixtos, a los magistrados y a todos los funcionarios en estas
especificidades, que no lo están, y que fuese una formación no solo voluntaria, sino obligatoria para el tratamiento de estos temas. Simplemente eso.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias.


El siguiente turno lo tiene el Grupo Parlamentario Vasco, señor Agirretxea.


El señor AGIRRETXEA URRESTI: Gracias, señora presidenta.


Señora delegada, bienvenida. Muchas gracias por sus explicaciones y por su intervención. Como usted ha dicho -en la anterior comparecencia ya dejó claro cuál era un poco su posicionamiento-, veníamos de una situación complicada, seguimos
en una situación complicada porque, evidentemente, no es lo mismo el seguimiento del Pacto de Estado contra la Violencia sin pandemia que el Pacto de Estado con pandemia. Evidentemente, cuando hicimos los contenidos del pacto de Estado no
preveíamos, afortunadamente, una situación de pandemia de esta índole a la hora de marcar las medidas, pero hemos tenido que adecuarnos, digamos, simultáneamente y con una especie de provisionalidad, pero que al final de la provisionalidad hemos
pasado casi a la estructuralidad de la misma, a la pandemia, que está siendo

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más larga de lo que quisiéramos -no sé si más larga de lo que esperábamos, pero más larga de lo que quisiéramos sí- y las situaciones de violencia, las situaciones de desigualdad se dan igual. Por tanto, por el agravamiento que esta
situación genera, se ha tenido que recurrir a la improvisación a veces y otras veces a la adecuación, sin duda alguna, por parte de todos los que tienen las responsabilidades ante esta situación, sean los Gobiernos autonómicos, que son los
competentes en la materia, como la delegación que usted dirige. En ese sentido, me gustaría saber si aquellas situaciones que incluso por medio de reales decretos en un momento dado al inicio de la pandemia se tuvieron que solventar, una especie de
fuerza de choque para paliar, siguen en el mismo nivel o se ha tenido que rebajar y adecuar, ya que la marea de alguna manera ha bajado, o se han tenido que seguir utilizando estos cartuchos de calibre importante para hacerle frente porque ya nos
hemos adecuado de alguna manera a esta situación. Entiendo que en un momento dado, la pandemia, el confinamiento, la situación de estrés que generaba convivir con el agresor y no poder incluso tener acceso a un teléfono, todo eso, requería unas
medidas de urgencia que por medio de reales decretos se llevaron a cabo; no sé si se habrá revertido y pudiéramos hablar ya en otros términos.


En cuanto al mundo rural, del que usted ha hablado y el señor Guitarte ha incidido en profundidad, también tendríamos que diferenciar diferentes mundos rurales porque no creo que por ser rural, de por sí tenga unas connotaciones concretas;
creo que la ruralidad en zonas más despobladas, en zonas más amplias del Estado español poco tiene que ver con la actividad rural y con poblaciones rurales en lugares donde entre una población rural y otra no hay ni un kilómetro. En ese sentido
tendríamos que diferenciarlo, aunque la casuística, el hecho, sigue siendo el mismo y sabemos que históricamente -y ha sobrevolado y todos conocemos el fantasma de este tipo de violencia soterrada, silenciosa, oscura, trágica en muchos casos- de la
ruralidad mal entendida, pero que todos hemos conocido, ha llevado a verdaderas tragedias. Por tanto, creo que es un elemento en el que incidir.


En cuanto al informe del Consejo de Europa, usted ha citado tres ejes que ese informe recomendaba. Uno, el tema de acotar la violencia desde una perspectiva integral, no solamente en el planteamiento de lo que se llama violencia de género,
sino otras violencias que también fueran de alguna manera observadas e incorporadas. Pero hay un segundo punto -porque creo que del primero, que está muy relacionado con la Ley de libertad sexual, tendríamos que hablar largo y tendido y cuando
llegue el momento lo haremos- al que se ha referido, la relación interinstitucional. En el segundo punto, cuando habla usted de una necesidad de mejora de la relación interinstitucional, ha dejado caer que se generan ciertas situaciones no sé si de
incompatibilidad o de poca coordinación, y todo el discurso ha sobrevolado sobre algo así como que en España la situación administrativa es la que es, incluso ha llegado a decir en algún momento que esto no lo tenemos centralizado; no sé si era un
deseo, aunque no me gustaría que así fuera.


Para acabar, porque veo que se me enciende la luz y ni me he dado cuenta, sobre el tema de los fondos de resiliencia, le voy a repetir las palabras que le dijo nuestra consejera en la sectorial de Igualdad: La Comunidad Autónoma del País
Vasco, entre otras cosas, cumplirá, como no puede ser de otro modo, con los requisitos que exigen esos fondos...


La señora PRESIDENTA: Tiene que ir terminando, por favor.


El señor AGIRRETXEA URRESTI: ... pero tiene que quedar en manos de las comunidades autónomas decidir sobre la dotación de infraestructura y de personal con el fin de que la propuesta que se plantee se ajuste a las necesidades específicas y
el planteamiento organizativo de cada territorio. Entonces, es clave que confluyan los servicios actualmente existentes con los centros de crisis que pueda haber, porque no me gustaría que por tener algo del Estado acabemos duplicando algo que no
hace falta.


Muchas gracias, señora presidenta. Disculpe y muchas gracias por su amabilidad.


La señora PRESIDENTA: Gracias.


El siguiente turno es del Grupo Parlamentario Ciudadanos, señora Giménez.


La señora GIMÉNEZ GIMÉNEZ: Gracias, presidenta. Muchas gracias por su intervención, delegada del Gobierno.


Voy a destacar algunas cuestiones. En relación con el cumplimiento del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, ya en algunas otras intervenciones hemos destacado desde nuestro grupo parlamentario nuestro compromiso en esta materia,
compromiso que se plasmó en la presentación de una

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proposición de ley de medidas para el desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Concretamente, en lo que se refiere a los puntos 102 y 104 del Pacto de Estado, proponíamos la ampliación del concepto de violencia de
género a todos los tipos de violencia recogidas en el Convenio de Estambul. Usted ya ha hecho referencia a cómo se ha hecho esa extensión en los informes y reportes que se van a realizar, pero creo que habría que avanzarlo de manera ya más
ambiciosa. También establecimos, en relación con la medida 200, que se hiciera extensiva la condición de víctima de violencia de género a todos los efectos a las hijas e hijos menores y a los menores que estén sujetos a la guardia y custodia o el
reconocimiento de la violencia vicaria. Y con relación a la 103, que se ampliara expresamente el derecho a la asistencia social integral reconocida en esta ley a los menores. Son algunas de las medidas que contemplaba nuestra proposición, que no
salió adelante, siempre además lamentando que el Partido Socialista no nos apoyase en esta propuesta mostrando su implicación en el avance de la aplicación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Me gustaría conocer respecto a este tipo
de propuestas cuándo se tiene previsto por parte del Gobierno que se desarrollen esos puntos, el 102 y el 104, del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, y cuándo se tiene previsto que se desarrollen los puntos números 200 y 103 del Pacto de
Estado contra la Violencia Machista.


Nos ha estado comentando también la tramitación de la ley orgánica de garantía de libertad sexual. Como usted bien sabrá, el Consejo General del Poder Judicial emitió un informe sobre este anteproyecto en el que consideraba innecesaria la
definición que introduce el artículo 177.1 del Código Penal, y me gustaría saber cuál es su opinión. Entiendo cuál es la apreciación que se hacía en el informe respecto a este precepto -no lo leeré porque tenemos poco tiempo-, pero me gustaría
saber si se han incluido las recomendaciones del Consejo General del Poder Judicial en la propuesta y cuál es su opinión en referencia a su inclusión en la ley orgánica de garantía de libertad sexual.


En relación con la ley de trata y los propios servicios - y ligo un poco esto con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia-, sé que una de las acciones relacionadas con el refuerzo de la lucha contra la violencia machista
extiende su ámbito a una atención más integral. Me gustaría saber cuál es la previsión para los servicios que se quieren introducir sobre atención directa a las víctimas de trata y a las mujeres víctimas de violencia machista, el encaje con los
propios fondos europeos y la posibilidad de dar continuidad a este trabajo, porque, con la llegada de los fondos, lo que también nos preocupa es que se encaren estructuras administrativas, puesto que luego hay que ver cómo se va a poder seguir
manteniendo todo ello para la propia ejecución y la protección de las víctimas.


Finalmente, en relación con educación, una de las medidas previstas en el eje 1, sobre la ruptura del silencio, que es sensibilización y prevención, el Pacto de Estado sobre la Violencia de Género contempla el mandato de introducir en los
libros de Historia el origen, desarrollo y logros del movimiento feminista. En la Ley de Educación no aparece concretamente que se incluya esta materia. Me gustaría saber si va a ser incluida o no, porque no se hace una mención concreta de ello.
De hecho, nosotros presentamos una proposición no de ley en la Cámara reivindicando el cumplimiento efectivo de esta medida.


Gracias por su exposición e información.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


El siguiente turno es del Grupo Parlamentario Republicano, señora Carvalho.


La señora CARVALHO DANTAS: Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señora delegada del Gobierno.


En el Grupo Parlamentario Republicano estamos de acuerdo en que sea ampliado el concepto de violencia sobre la mujer en los términos del Convenio de Estambul. Estamos de acuerdo con la última compareciente, la señora Martín, la fiscal,
quien también nos comentó que estaba contenta por la mejora en la asistencia y protección a las víctimas, sobre todo en el acompañamiento, incluso antes de la denuncia. También estamos de acuerdo con la formación de los actores jurídicos
asistenciales, que también ha mejorado. También ha mejorado la respuesta institucional con el pacto, con la coordinación de todas las instituciones, la actualización de los protocolos y una mayor y más efectiva atención de la protección a los hijos
y a las hijas de las víctimas en el ambiente de la unidad familiar.


Dicho esto, señora delegada del Gobierno, desde el Grupo Parlamentario Republicano nos gustaría hacer hincapié en un tema, porque, si estamos hablando de Pacto de Estado contra la Violencia Machista, pensamos que, si tocan a una, nos tocan a
todas. Y como siempre insisto en el tema de las mujeres migrantes, continuaré tocando este asunto, cómo no, sobre todo el de las mujeres migrantes sin papeles, que son miles y miles las que viven en el Estado español, la enorme mayoría de las
cuales son trabajadoras

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sin papeles. Hablando del Pacto contra la Violencia de Género -esto lo digo yo, pero también lo dice la plataforma #RegularizaciónYa-, quizás deja claro que unas vidas, unas mujeres valen más que otras mujeres. Me gustaría mucho conocer su
opinión sobre esto. Las mujeres migrantes, las mujeres empobrecidas, las mujeres que se dedican a un sector productivo infravalorado como es el sector primario realmente quedan relegadas al último plano. La mayor dificultad de la lucha contra el
racismo, la violencia sexual y los tratos inhumanos, por ejemplo, hacia las compañeras trabajadoras jornaleras del sur de España, que es un colectivo muy específico, demuestra que estas mujeres están sujetas de forma constante a esos patrones de
violencia. Los delitos que se cometen contra estas mujeres son constantemente invalidados y negados por aquellos que sostienen y se benefician de las condiciones de existencia del capitalismo patriarcal y colonial, según mi punto de vista.


Ello favorece un clima para la revictimización -seguramente lo sabrá usted mejor que yo- y la estigmatización permanente de estas mujeres que sufren, y deriva también en una intimidación, un silenciamiento, una impunidad por desacreditar
constantemente las voces de estas mujeres. Sabemos que la impunidad es la existencia de una estructura de opresión para acallar a las víctimas del sistema, y las víctimas específicas de las que estoy hablando ahora son mujeres, migrantes, unas con
papeles y otras sin ellos, al tiempo que también concede los privilegios para que los sujetos del poder queden eximidos de responsabilidad. Esto pasa cada año, y hablo de la campaña agrícola. Sobre las acusaciones de estas mujeres siempre pende la
duda arrojada desde la opinión pública, como también las calumnias de los empresarios y la difamación de los medios de comunicación. Este clima de normalización de la injusticia permite condiciones para la reincidencia de las agresiones, sobre todo
en los campos del sur de España.


Hace falta, según nuestro punto de vista, una enorme voluntad política, y aquí estamos con este pacto para defender la vida de estas mujeres migrantes. También hace falta asumir la gravedad de las denuncias de estas mujeres, exigir
justicia, sanciones efectivas hacia quienes perpetran estos crímenes con la energía con sí condenan las violencias hacia nosotras, por ejemplo, mujeres como yo, que ya tengo la nacionalidad. Vuelvo a decir: Si nos tocan a una, nos tocan a todas.
Cuando condenamos las agresiones sexuales, abusos, situaciones de explotación y violencias múltiples ejercidas contra las jornaleras en los campos de España por ejemplo, nos referimos a muchos casos de denuncias que no se llevan a término, señora
delegada -seguro que usted lo sabe mejor que yo, vuelvo a decir-, porque los pasos para interponerlas son muy difíciles de concretar: desde su contratación fraudulenta, estar plagada de irregularidades...


La señora PRESIDENTA: Señora Carvalho, tiene que ir terminando, por favor.


La señora CARVALHO DANTAS: Sí, acabo.


... o su llegada en condiciones de vulnerabilidad. Me gustaría mucho saber su opinión, cómo quedan en el pacto esas mujeres, que he cogido como un ejemplo específico.


Muchas gracias por su comparecencia.


La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias.


El siguiente turno lo tiene el Grupo Parlamentario de Unidas Podemos, la señora López.


La señora LÓPEZ DOMÍNGUEZ: Gracias, presidenta. Gracias, señora Rosell, por comparecer de nuevo.


Lamentablemente, nuestro grupo tiene que empezar una vez más condenando el nuevo asesinato que conocimos ayer en La Bisbal del Penedès. Con esta vida arrebatada ya son 1086 mujeres asesinadas por esta causa desde 2003; 1086 es como si
hubieran exterminado más de seis veces el pueblo donde crecí; es absolutamente asombroso. Lamentablemente, una vez más nos encontramos con que la vida de una mujer queda convertida en un número, un número escalofriante, que creo que nos debe
avergonzar como seres humanos. Recuerdo siempre las palabras de la ministra de Igualdad, Irene Montero, cuando dice que realmente el ministerio está haciendo un esfuerzo -usted misma ha expuesto muchas de las medidas que están tomando-, pero al
recordar estas palabras de las ministra también me vienen a la cabeza las que dijo inmediatamente después, y es que, por mucho que están haciendo -porque realmente están haciendo mucho más, tanto en cantidad como en calidad-, la señora Montero
reconoció que no es suficiente. ¿No es bastante? Lo triste es que si bien eran ciertas las palabras exponiendo la buena gestión que está haciendo el ministerio, más ciertas eran las palabras acerca de que no es bastante.

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Nunca será bastante mientras muera otra mujer, mientras se sigan quemando vidas, cuerpos, ilusiones y derechos humanos. No será bastante mientras se siga mutilando a las niñas, mientras siga la trata. Usted ha hecho ya referencia a
actuaciones para intentar acabar con este tipo de prácticas, pero no será bastante mientras sigan los discursos de sometimiento de las mujeres que niegan lo obvio, que las mujeres somos víctimas de violencia por el simple hecho de ser mujeres. De
hecho, es por lo que la gran mayoría estamos aquí. Las mujeres somos víctimas de una violencia estructural que tiene su germen en las sociedades heteropatriarcales que han caracterizado la historia del mundo, en general -no en todas partes-, pero
que en España además se ha visto incentivado por una dictadura fascista que algunos quieren revivir.


La violencia contra las mujeres por el solo hecho de ser mujeres es un intento simplemente de mantener las estructuras de poder, unas estructuras que son caducas, siempre lo han sido, pero que además son dañinas para nuestras sociedades.
Son unas estructuras de poder que lo que buscan es mantener unas situaciones de superioridad autoproclamadas por unos pocos para mantener y someter al resto, a la mayoría. El uso de la violencia para mantener estas estructuras de sometimiento es
verdad que no son solo usadas en las relaciones de género. Recientemente, y lamentablemente, hemos visto el uso de amenazas violentas contra personas del sector político de izquierda, porque la izquierda estamos aquí para cambiar estas estructuras
de poder. Condenamos también, por cierto, toda manifestación de violencia fascista.


La violencia está demasiado generalizada, sí, pero es muy muy peligroso decir que la violencia es simplemente violencia, que no hay distinciones, como hace la ultraderecha. Claro, la violencia es violencia, pero las raíces desde las que se
perpetran estas violencias son distintas, y es ahí adonde tenemos que ir. Para poder acabar con la violencia que tiene causas estructurales, como la violencia que estamos tratando en esta Comisión, es necesario llamar a las cosas por su nombre,
porque solo así podemos ir a las causas. La ultraderecha dice también que los hombres sufren violencia infligida por mujeres, y es verdad. El problema es que quieren utilizar este argumento, que a veces es cierto, a veces parece cierto, para negar
la violencia que sufrimos las mujeres. El gran peligro del discurso de la ultraderecha, aparte del odio que esparcen, es que parten de hechos, como le comentaba, que en algunos casos pueden ser ciertos, y en otros solo lo pueden parecer, para luego
llegar a conclusiones que son ciertamente falsas. Lo que buscan es confundir con el único objetivo de mantener, como le decía, las estructuras de poder de la sociedad heteropatriarcal, para seguir manteniendo un grupo de unos pocos con unos
privilegios detestables a costa en este caso del sufrimiento de las mujeres.


Lo que busca la ultraderecha al negar la violencia de las mujeres por el solo hecho de ser mujeres es que la violencia contra la mujer sea normalizada y, por tanto, que se pueda ejercer de manera totalmente impune.


Tengo el discurso escrito, pero se me pone la piel de gallina simplemente de decir esto en voz alta y constatar que es una realidad. Es por estos motivos, señora Rosell, que, aparte de saber su opinión, también me gustaría que hiciera un
poco más de hincapié en las medidas...


La señora PRESIDENTA: Señora López, tiene que terminar.


La señora LÓPEZ DOMÍNGUEZ: ... que usted ha anunciado: sensibilización, formación y desarrollo para acabar con esta lacra para la sociedad.


Gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias.


Por el Grupo Parlamentario VOX, la señora Toscano.


La señora TOSCANO DE BALBÍN: Gracias.


Gracias, señora Rosell, por su comparecencia.


Usted ha comenzado su intervención recordando a las víctimas de violencia de género. Yo quiero comenzar la mía recordando a las casi mil víctimas de violencia intrafamiliar desde 2003. Usted otra vez se jacta de los logros de la Ley de
violencia de género, de las medidas que han ido incorporando, pero la realidad es tozuda, y la realidad es que el número de víctimas se mantiene año tras año; eso sí, durante el confinamiento el número de víctimas se ha reducido, aunque ustedes
anunciaban una auténtica masacre, y no, no ha habido, gracias a Dios, esa masacre, se han reducido las víctimas. Pero, claro, ustedes, como siempre tienen que inventar un término nuevo para justificar tantas subvenciones y

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tantos chiringuitos, lo llamaron violencia de control; sí, se habían reducido las víctimas mortales, pero había aumentado la violencia de control. ¡Que la mentira no pare con tal de seguir recibiendo subvenciones!


Ustedes se empeñan en malgastar el dinero de los españoles en campañas, en propaganda criminalizando siempre a los hombres, siempre negando las denuncias falsas; niegan la alienación parental, niegan la violencia contra los homosexuales,
los hombres y los niños. Ustedes niegan sistemáticamente la realidad. Y yo le quiero hacer varias preguntas y me gustaría que me contestara sinceramente, por favor. ¿Cree usted, de verdad, que esta ley, viendo las cifras, está funcionando? ¿Cree
que criminalizar a la mitad de la población está sirviendo para algo? La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género que usted preside se dedica a confirmar un día sí y otro también el presunto asesinato por violencia de género de una
mujer. Partiendo de que confirmar algo presunto es un oxímoron, me gustaría preguntarle cómo pueden confirmar algo sobre lo que no se sabe qué ha pasado porque no hay una sentencia. (Rumores).


Sobre la abyecta Ley de infancia y la negación que realizan ustedes sobre la alienación parental, me gustaría preguntarle por qué se niegan a reconocerla. Me gustaría que me mirara a los ojos y me afirmara o negara si de verdad cree que no
hay mujeres que manipulan a sus hijos contra el padre y viceversa. Es una realidad que existe, y ustedes lo niegan. Quisiera que me pudiera contestar cómo lo ve.


¿Por qué no se publican las cifras reales de denuncias falsas? ¿Por qué solo se publican las de determinados juzgados, y usted lo sabe? ¿Por qué no se deduce testimonio cuando una mujer denuncia a un hombre sin pruebas, y la denuncia se
archiva y hay indicios de denuncia falsa? ¿No conoce usted el caso de Infancia Libre -me parece que sí- y demás asociaciones que se han lucrado a base de denuncias falsas? ¿Por qué facilitan la acreditación de la condición de víctima a mujeres
cuando no hay una sentencia? ¿Por qué facilitan la condición de víctima a mujeres inmigrantes ilegales que son supuestas víctimas de violencia de género? ¿No son conscientes de que es un coladero de denuncias falsas para cobrar prestaciones? ¿Por
qué se creen con derecho a incluir en los planes educativos en todas las etapas la materia de violencia de género para que nuestros hijos -nuestros hijos, no sus hijos- interioricen la idea de que el niño, el varón es agresivo por el mero hecho de
ser varón? Me imagino lo que me va a contestar usted. Creo que lo que pasa es que están ustedes obsesionados en crear un estado de paranoia y de pánico, en el que las mujeres son siempre las víctimas, en una sociedad que está llena de depredadores
y el depredador o agresor siempre es el hombre. Y eso es mentira. Están cometiendo una discriminación y un apartheid intolerable contra la mitad de la población. Pero, claro, ¡hoy en día es escandaloso y es muy facha defender la igualdad ante la
ley! (La señora Carvahlo Dantas muestra una pegatina sobre su ordenador en la que lee: 'Stop Vox').


Antes de que me vuelva a decir, como ya me dijo en una ocasión, que estamos de parte de los agresores, me gustaría adelantarme y decirle que pedir protección para todas las víctimas, sin que importe su sexo, edad u orientación sexual, no es
estar de parte de los agresores, es que nos importan todas las víctimas; querer igualdad ante la ley y que se respete la presunción de inocencia no es estar de parte del agresor, es que nos importan los derechos fundamentales; querer que los
fondos se destinen a ayuda directa a las víctimas no es estar de parte del agresor, es estar de parte de las víctimas; pedir que se endurezcan las penas no es estar de parte del agresor, al contrario, y pedir la prisión permanente para los crímenes
más violentos no es estar de parte del agresor. Más bien deberían plantearse si ustedes, que ni condenan la violencia contra VOX, incitan de manera sistemática al odio contra VOX y justifican que se nos agreda y que nos tiren piedras y además
quieren que los asesinos de esas mujeres que estén en la calle...


La señora PRESIDENTA: Tiene que ir terminando.


La señora TOSCANO DE BALBÍN: Habría que plantearse quién está aquí del lado del agresor.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias.


El siguiente turno es del Grupo Parlamentario Popular, señora Álvarez Fanjul.


La señora ÁLVAREZ FANJUL: Buenas tardes, gracias, presidenta. Gracias, delegada.


Es verdad y hay que poner en valor que es la segunda vez que viene a comparecer al Congreso, así que me gustaría darle las gracias, pero también es cierto que estamos acumulando tres comparecencias

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en una sola, con un turno de cinco minutos, con lo que tampoco me va a dar mucho tiempo a poner sobre la mesa ciertos temas que me gustaría haber tratado con más margen. Por tanto, me voy a ceñir a hacerle una serie de preguntas, y, aunque
sé que van unas cuantas, si pudiera contestarme a todas y cada una de ellas, se lo agradecería.


En primer lugar, me gustaría saber por qué prepara el Gobierno de España una nueva estrategia nacional para la erradicación de las violencias machistas cuando el pacto de Estado ya se basaba en una estrategia. No sé si debe a que parte de
los altos cargos del Ministerio de Igualdad no apoyaron ese pacto y no se sienten del todo cómodas con ello.


También ha hablado usted del anteproyecto de ley de trata, y me gustaría saber cómo avanza el trámite de consulta pública para recabar la opinión de las personas y organizaciones potencialmente afectadas por la futura norma. Nosotros, el
Partido Popular, estamos trabajando ya en una proposición de ley en este sentido para traer a esta Cámara que persiga el delito, prevenga y proteja a las víctimas. Me gustaría saber si tienen intención ustedes de sumarse y apoyarnos.


Esta pregunta es muy específica, pero me gustaría obtener una respuesta, y es si va a hacer caso al informe del Consejo General del Poder Judicial sobre la ley de libertad sexual.


La siguiente se refiere más a la pandemia. Uno de los factores de riesgo para las víctimas de violencia de género siempre ha sido la convivencia en el hogar familiar, y me gustaría saber cómo ha afectado la pandemia a las mujeres víctimas
que han tenido que convivir con sus agresores y qué actuaciones se han desplegado para tratar de evitar que eso sucediera.


En cuanto a algunos informes que se han elaborado en este caso sobre si el color rosa oprime o no, me gustaría hacer una reflexión acerca de si no sería mejor gastar ese dinero en medidas que quizá, a mi juicio, fueran más más eficientes.


Respecto al informe (In)seguras online, ya hice alusión a este tema en el propio hemiciclo, a las experiencias de las niñas y las jóvenes en torno al acoso online. Un informe elaborado por una ONG, Plan Internacional, señala que un 88 % se
había enfrentado a más de una forma de acoso. ¿Por qué ante este escenario los partidos del Gobierno y sus socios rechazan las enmiendas del Grupo Popular al proyecto de ley de medidas urgentes en materia de violencia de género relativas a
violencia online y ciberacoso? No sé si tienen algún plan o pretenden implementar algo relativo a esto, pero, desde luego, creo que es un tema también muy importante.


Ahora me voy a centrar un poco más en el estudio de mujeres víctimas de violencia de género en el mundo rural. El pasado lunes, 25 de abril, la presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales, la señora Teresa López, reclamó
en el Senado más recursos y más profesionales para asistir a las víctimas de violencia de género en el mundo rural. Me gustaría saber qué van a hacer al respecto. Asimismo, señaló que el estudio reclamaba una serie de campañas de sensibilización
especialmente dirigidas a este entorno, y quisiera saber si se plantean a lo largo de este año y del próximo llevar a cabo alguna campaña.


Me gustaría preguntarle también qué definición daría usted de la violencia económica, o sea, qué incluye el Gobierno de España dentro de esta categoría y qué casos excluiría.


Y hay algo del estudio que me ha llamado mucho la atención, la referencia a 'las mujeres rurales de nuestra muestra'. La selección de la muestra no ha sido aleatoria, está relativamente sesgada por el hecho de que muchas de las mujeres que
han respondido a las encuestas son cercanas a ese movimiento. Me gustaría preguntarle, con todo el respeto del mundo, ya que quienes están respondiendo a las encuestas son mujeres seleccionadas por la misma asociación, cómo vamos a saber qué
incidencia tienen las políticas en contra de la violencia de género, si lo estamos fijando sobre un solo círculo.


Por último, el propio estudio señala que la vulnerabilidad económica y laboral de las mujeres se revela como el factor principal del riesgo contra las mujeres en municipios de hasta 20 000 habitantes. Me gustaría saber cómo vamos a afrontar
esta situación y qué políticas públicas vamos a impulsar para poder cambiarla o revertirla.


La señora PRESIDENTA: Señora Fanjul, tiene que ir terminando.


La señora ÁLVAREZ FANJUL: Acabo.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Ros.

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La señora ROS MARTÍNEZ: Gracias, señora presidenta. Buenas tardes a todos y a todas.


Las primeras palabras del Grupo Parlamentario Socialista resultan obligadas para condenar el cruel y macabro asesinato machista ocurrido el lunes pasado en La Bisbal del Penedès, Tarragona. Nuestro más sincero pésame a familiares, amigos y
amigas y que caiga todo el peso de la ley sobre el asesino machista. (Aplausos). También nos sumamos a las palabras de condena que ha realizado la presidenta de la Comisión por todas las amenazas que han recibido recientemente diferentes cargos
públicos. Como dijo la periodista Pepa Bueno, estar con los amenazados hoy no es una cuestión política, es un deber moral. O se está con los demócratas o se está con los fascistas.


Bienvenida, señora Rosell, y gracias por su detallada y amplia explicación. Es un ejemplo de dedicación y profesionalidad. Señorías, desde 2003 han sido asesinadas en España 1086 mujeres, 8 en lo que llevamos de año. La violencia de
género mata cada año en el mundo a demasiadas mujeres solo por el mero hecho de ser mujeres y cada asesinato deja siempre niños y niñas huérfanos, las víctimas invisibles. Esto se llama violencia de género, violencia machista y terrorismo machista.
Negar esta realidad pone en riesgo la seguridad, la libertad y la vida de las mujeres, de sus hijos y de sus hijas, y el discurso negacionista culpabiliza a las víctimas y alienta la violencia de género. Hay que decirlo claro, ese discurso
negacionista es una forma de fascismo y se combate con más feminismo (aplausos), y en eso estamos las y los socialistas. Le seguiremos plantando cara una y mil veces, cuantas veces sea necesario, porque la violencia de género no tiene cabida en una
democracia ni en la sociedad igualitaria por la que trabajamos. Por eso nuestra obligación es eliminar esta lacra y proteger a las víctimas. Las mujeres, sus hijos y sus hijas deben saber que no están solas, deben confiar en el amparo y protección
de las instituciones para que caiga todo el peso de la ley sobre el maltratador. Instituciones, sí, instituciones que destinan presupuestos públicos a salvar vidas, instituciones comprometidas con el desarrollo de este pacto de Estado contra la
violencia de género, de la que cada día salen mujeres valientes.


El pasado octubre conocíamos la macroencuesta, como usted ha citado, de violencia contra la mujer del año 2019, que arroja unas cifras muy preocupantes. Todas y todos somos cómplices si no nos implicamos en poner fin a este terrorismo
machista. Por ello, señora delegada, nuestra primera propuesta es poder poner en marcha un mecanismo para identificar públicamente a los maltratadores con nombres y con apellidos. Como usted ha mencionado, el pasado mes de octubre la Delegación
del Gobierno y la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales, Fademur, presentaron el primer estudio contra la violencia de género en el medio rural, un compromiso y obligación del pacto. Las conclusiones destacan la larga duración de las
situaciones de maltrato y la percepción que tienen las víctimas de que es una cuestión del ámbito familiar y privado y no un problema social y estructural, como usted ha mencionado, un tema muy importante, porque la dependencia económica del
maltratador, el miedo a ser juzgadas por su entorno, el desconocimiento de los recursos de protección y la dificultad para acceder a ellos explican que las víctimas hayan sufrido relaciones de maltrato durante una media de más de veinte años. El
Grupo Parlamentario Socialista presentó el pasado mes de febrero una iniciativa para reforzar la lucha contra la violencia de género en el ámbito rural y poner en funcionamiento las medidas que se recogen en el estudio que presentaron el mes pasado
y que, como se ha dicho aquí, el pasado lunes la presidenta de la asociación Fademur presentaba en el Senado.


Permítame que haga mención también al estudio sobre mujeres mayores de sesenta y cinco años víctimas de violencia de género, un estudio que es cumplimiento de este pacto y que arroja también datos que nos reafirman en la necesidad de seguir
invirtiendo en la lucha contra la violencia de género para conseguir esta democracia plena que todos y todas deseamos. Las conclusiones de este estudio de mujeres mayores de sesenta y cinco años indican que el 40 % de las víctimas ha sufrido
violencia durante más de cuarenta años y el 27 % la padeció entre dos y tres décadas. ¡Tremendo! También destaca que el 56 % de las mujeres encuestadas afirma haber mantenido relaciones sexuales contra su voluntad y seis de cada diez han sufrido
violencia económica. El 98 % de las mujeres confesaba sentir miedo de su pareja. También el Partido Socialista, concretamente el 19 de enero, registró ya una iniciativa para reforzar la lucha contra la violencia de género en mujeres mayores de
sesenta y cinco años.


Pero hay otras manifestaciones de violencia de género que en ocasiones se olvidan, como la explotación sexual y el tráfico de mujeres y niñas. No son mujeres prostitutas, son mujeres y niñas prostituidas. (Aplausos). La igualdad entre
mujeres y hombres es inalcanzable en nuestro país mientras se compre, venda y explote sexualmente a seres humanos.


La señora PRESIDENTA: Tiene que ir terminando.

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La señora ROS MARTÍNEZ: El Partido Socialista es un partido abolicionista y esta debía ser la legislatura del fin de la trata y la prostitución. Es necesaria una ley integral contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual
y contra la prostitución, porque sin prostitución no hay trata. Y sobre la tercería locativa, prohibirla y perseguirla.


Acabo. Educación, sensibilización, prevención, ayuda, protección, amparo y reparación. Señora delegada, le pedimos continuar con la formación de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, de jueces y fiscales...


La señora PRESIDENTA: Tiene que ir finalizando, señora Ros.


La señora ROS MARTÍNEZ: Acabo, señora presidenta, dos segundos.


Le pedimos que seamos capaces de agilizar los trámites para que las mujeres no sufran el calvario de la lentitud del proceso judicial que usted muy bien conoce y que las y los profesionales tengan empatía cuando traten con las víctimas.
Diálogo, pacto y frente común para combatir a las y los que niegan la violencia de género. Ni un paso atrás, señora delegada. Cuenta con el Partido Socialista.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


Responde a continuación la delegada del Gobierno.


La señora DELEGADA DEL GOBIERNO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO (Rosell Aguilar): Muchísimas gracias.


Comenzando por el señor Guitarte, de Teruel Existe, sobre las mujeres en el ámbito rural -respondo también a esa parte de las cuestiones de la señora Álvarez Fanjul-, los recursos de la Administración no son recursos solo del Estado,
evidentemente, aunque sí es verdad que el mejor valorado por las víctimas es el 016, así como por los profesionales, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, lo cual es verdad que indica un sesgo de poca visión de género, de transversalidad, de
interseccionalidad. Sí contamos con el tejido asociativo y nos parece absolutamente esencial que federaciones o asociaciones como Fademur promuevan la Red Nacional de Espacios Seguros y sobre todo promuevan ese tejido asociativo tan masculinizado
que hay en el mundo rural. También es verdad -lo decía el portavoz del Grupo Vasco- que la ruralidad en sí no está exactamente identificada, las condiciones de vida no son exactamente el ser un municipio rural. En la macroencuesta de hecho
distinguíamos municipios pequeños de entre menos de 10 000 y menos de 20 000 habitantes como uno de los factores a tener en cuenta. El conocimiento y la sensibilización en el mundo rural son desde luego más necesarios, pero más difíciles de
prestar.


El transporte no es competencia de la Delegación del Gobierno, ni siquiera hay una competencia de coordinación, pero sí está previsto como una de las posibilidades de prestación más interesantes en los centros de crisis 24 horas para las
víctimas de todas las violencias sexuales. De hecho, en el único autonómico que hay en España, que es el del Gobierno del Principado de Asturias, una parte de las partidas y de los múltiples protocolos que ha tenido que realizar para ello va
destinada a transporte. Sin embargo, para las mujeres que viven en municipios realmente opresores en el sentido de muy cerrados, o de demasiado conocimiento como para denunciar una violencia sexual y más si es dentro de la pareja o del entorno, que
son el 82 % de las violencias sexuales, quizás estos centros sí que puedan ser un buen sistema de atención.


Lamento realmente que Teruel no tenga un Juzgado de Violencia sobre la Mujer especializado. Nosotros insistimos mucho en la especialización, incluso en la especialización en todas las violencias. Evidentemente, esto depende del Ministerio
de Justicia y del propio Consejo General del Poder Judicial, pero sí está en nuestra mano impulsar que esta mayor especialización y mayores competencias a su vez conlleve un incremento de los juzgados, de manera que al menos haya uno especializado
por provincia, nos parece un mínimo irrenunciable. Pero también es verdad que con mi experiencia en ese ámbito insisto mucho en no especializar solo al Juzgado de Instrucción de Violencia sobre la Mujer que hace instrucciones y conformidades, sino
a las audiencias provinciales que van a decidir sobre los delitos más graves y las violaciones, a los tribunales superiores de justicia que ahora conocen la apelación y al Tribunal Supremo. En eso le doy toda la razón.


Sobre la muestra seleccionada por Fademur, sí que era una muestra intencional, y lo explicaba Fademur perfectamente en el estudio. No engaña, no hizo una selección aleatoria por el presupuesto que tenía y lo explica perfectamente, que son
ya víctimas en intervención y víctimas de violencia de género y que era un estudio más cualitativo que cuantitativo, y de historias de vida. En eso no hay ni trampa ni cartón.

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Sí quiero decirle que estamos tramitando un convenio con la Federación de Municipios y Provincias para realizar actuaciones de sensibilización y prevención en el ámbito rural. La mera colaboración con aquella campaña de Fademur, que nos
pareció muy buena, muy impactante, muy bonita y que acompañaba muy bien a su estudio, esperamos poder extenderla a todo el ámbito rural. Cuando se habla de interseccionalidad, no solo lo hacemos de discapacidad, de orientación sexual, de mujeres
racializadas, estamos incluyendo también a las mujeres que viven en municipios rurales o municipios pequeños. En cualquier foro te dicen que esto también lo van a incorporar. Esta es una carrera de fondo, pero estamos en ello y no nos falta esa
sensibilidad.


Respecto a la pregunta del señor Agirretxea, del Grupo Vasco, sobre la pandemia y los reales decretos, evidentemente, se recuperaron los servicios presenciales frente a aquella primera ola y confinamiento total, y no hace falta suplir el
teléfono por el wasap de contención emocional y atención psicológica, que aun así se queda porque está demandándose mucho. También es verdad que tenemos detrás una generación de adolescentes y de jóvenes a los que el teléfono incluso les parece un
instrumento más extraño que escribir o que chatear, así que atenderemos por esa vía a todas las víctimas que podamos. Por eso hay servicios que nos parece que están llamados a consolidarse.


También me gustaría aclararle -me debo haber expresado mal- que no me refería a un problema de relación interinstitucional, sino de atención interinstitucional. Nos llama la atención el Grevio, pero no la delegación. Yo no me quejo de no
poder ejercitar un poder centralizadamente -seguro que me he explicado mal-, es que es el Grevio el que destaca la falta de homogeneidad en los recursos. Defendemos que es un Estado autonómico y que es complicado hablar de homogeneidad en los
recursos, pero en el constante diálogo y en la cogobernanza, ese mapa es así, es distinto. Asimismo estamos con iniciativas como ese DERA y ese completísimo cuestionario que hemos enviado a las comunidades autónomas y que realmente está
suponiéndoles un trabajo extra, y además de gran calidad. Con todo ello pretendemos esta buena cogobernanza.


Estoy de acuerdo con su consejera en que el País Vasco, como Gobierno autonómico, tiene que decidir los recursos de personal que destinará al centro de crisis de veinticuatro horas en cada territorio. De hecho, es poco homogeneizante esa
línea, dentro de que hay que cumplir unos parámetros técnicos de atención y otros evidentemente presupuestarios o financieros, marcados por la Comisión Europea y a su vez por el Gobierno de España. La comunidad autónoma responde al Gobierno y el
Gobierno a la Unión Europea, por lo que creemos que el mecanismo va a ser de convenios bilaterales o de transferencias, pero, en cualquier caso, de compartir preproyectos previos, como le decía, adaptados a su legislación y a sus recursos actuales.
Con esto espero haberle aclarado que lo de la homogeneización o la centralización no es mi posición política, es algo que destaca el Grevio a varios países, entre ellos, España.


Contesto a la señora Giménez, de Ciudadanos, que no está ahora, por si después, dentro de sus tareas, quiere prestar atención a mi intervención. Es verdad que se propuso, y lo supimos -no sabemos todo lo que se debate aquí-, que quisieron
ampliar el ámbito de la Ley Orgánica 1/2004 a todas las formas de violencia, pero, finalmente, el acuerdo del pacto de Estado fue una ley para cada forma específica o para cada tipo de violencia. Si les he de ser sincera, como jurista, reconozco
que algunos artículos de las leyes se repiten entre sí, porque se habla de protección integral, violencia pareja; protección integral, violencia sexual; movilidad de la mujer trabajadora, víctima de violencia; movilidad de la funcionaria,
asistencia integral. Pero es que quien manda es el Legislativo y así fue como concluyó el pacto de Estado.


En cuanto a la ampliación a menores, los menores ya son víctimas directas desde 2015. Hemos visto -no recuerdo si fue Ciudadanos o fue otro grupo político- algunas pretensiones de extensión a familiares y allegados. Llega un momento en que
si difuminas tanto la atención, lo que cede es la especialización, la perspectiva y el enfoque de género, imprescindible para esto. Familiares y allegados no nos parece que tuvieran que entrar. En cualquier caso, esta no es decisión nuestra sino
del poder Legislativo.


Sobre los fondos de la Unión Europea y su continuidad en cuanto a los centros de crisis, es un primer impulso para una inversión. Los fondos de la Unión Europea solo pueden ser para infraestructuras, inversión y digitalización, no pueden
ser para otros servicios o personal, son estructurales. El Gobierno quiere dar ese impulso a la atención, un mecanismo que falta en España, en donde hay una cierta brecha, y dotar con un dinero que sin duda va a servir para ese esfuerzo de
inversión y para unas infraestructuras que ahora mismo no existen, que son una reivindicación histórica del movimiento feminista y que en otros países dan mucha seguridad a las mujeres porque es una atención que no precisa denuncia.

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Respondo al Grupo Republicano, a la señora Carvalho, que ha incidido sobre todo en las mujeres inmigrantes sin papeles. Hay que reconocer que algunas medidas, como ese ingreso mínimo vital que eximía de la residencia legal y continuada de
un año a víctimas de violencia de género y víctimas de trata o de explotación sexual, abrió una brecha en el sistema que nunca se había abierto. Este fin de semana he recibido un mensaje de una víctima de trata que había recibido el ingreso mínimo
vital de su acompañante, de la persona que la tenía en un recurso, que después de la pandemia había perdido toda posibilidad y toda esperanza de encontrar un trabajo que no fuera en el ámbito de la prostitución o del trabajo en negro, en la economía
sumergida, de la que tanto se aprovechan algunos para precarizar aún más. Le había correspondido, incluso, retroactivamente. Dijo que iba a estudiar y a sacarse el carné de conducir, era otra persona. De repente, a esa mujer, el Estado le
reconocía por fin una manera de rehacer su vida y no le exigía residencia legal y continuada. Me emociona un poco pensar en el cambio de una mujer que estaba en un recurso y que con la pandemia había perdido el trabajo que tenía, y ya tiene permiso
de residencia y trabajo extraordinario. Realmente son personas que han venido aquí para labrarse un futuro, para formar parte de nuestro futuro y por ese derecho humano de dar de comer a sus hijos.


El artículo 34 de la Ley integral, si sale de aquí como hasta ahora, prevé estos centros de crisis, y el 35, que toda la atención integral a favor de las víctimas de violencia sexual también se aplicará a las mujeres extranjeras,
independientemente de su situación administrativa. Es decir, nosotras legislamos para todas. Conozco algo, aunque no es mi especialidad, la situación de las jornaleras en las campañas agrícolas, su silenciamiento, su impunidad, sus dificultades.
Por eso, hablamos siempre de las otras puertas que no son la denuncia del sistema policial y judicial, aunque evidentemente la jurisdicción penal tiene la exclusiva del castigo del agresor, eso no lo duda nadie. Sin embargo, a veces, es una puerta
demasiado estrecha, casi cerrada, para las mujeres en situación irregular, sobre todo si desoyendo las recomendaciones constantes del Defensor del Pueblo cuando van a presentar una denuncia se les abre expediente de devolución o de expulsión. Por
eso, nosotras insistimos tanto en las otras puertas sin necesidad de denuncia, como serían los centros de crisis 24 horas, como es todo el sistema de atención integral. Es tan fácil, tan obvio, como no exijas denunciar a quien no está en
condiciones de hacerlo, ponle las condiciones para que pueda salir de la violencia y denunciar. En eso estamos.


Respondo a la compañera de Unidas Podemos, la señora López. El discurso de reconocimiento institucional, que también lo ha hecho el Grupo Socialista, a las mujeres víctimas de violencia de género es tan necesario -es la primera parte de la
reparación simbólica- y tan importante, por las que están ahí vivas escuchándonos, como devastador es escuchar discursos negacionistas en el propio Congreso de los Diputados.


Comparto con usted y estoy de acuerdo en que la violencia de género, el fascismo, el racismo, no son más que estructuras de poder. A veces nos cuesta explicar, en determinados foros, que la violencia sexual no tiene nada que ver con el
deseo sexual ni con el atractivo de las mujeres, ni muchísimo menos, que es un sistema de dominación, de subordinación de las mujeres. Por eso, decimos mucho que la violencia de género no es violencia doméstica, es una violencia que domestica, que
te va minando poco a poco, te va haciendo silenciarte, tienes miedo al espacio público, tienes que comportarte de otra manera, no eres ejemplo para nadie, no sales en los libros de historia, no debes ir a carreras de ciencias. Todavía hay demasiada
gente que quiere volver a esa mujer con la pata quebrada y en casa, pero, sobre todo, ese miedo, lo que trabaja esa estructura es el silencio. El silencio es el gran cómplice del agresor. Hasta veinte años de silencio han tenido las mujeres
rurales entrevistadas por Fademur, hasta cuarenta años las mujeres mayores de 65 años en un estudio anterior. El silencio es la mejor arma del agresor. Atacar a las víctimas de violencia de género, ponerlas en duda sistemáticamente; hablar del
bulo de las denuncias falsas, contradiciendo los datos del propio Poder Judicial, de la propia Policía y de la propia Fiscalía, para quienes les gustan más ese sector de poder los derechos sociales del Estado es atacar no solo a las víctimas, a las
feministas, a las defensoras, a quienes las defienden, a quienes necesitan de defensa, es ser cómplice del silencio y por tanto, insisto, cómplices del agresor.


La sensibilización y la formación son un eje esencial que, para nosotras, debería abarcar a toda la sociedad. Efectivamente, a quienes primero se encuentran las mujeres pueden ser esas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, esa Administración de
Justicia. Tenemos una directora del Centro de Estudios Jurídicos feminista con una trayectoria intachable, dentro del Ministerio de Justicia, con quien estamos intentando un convenio -como decía antes- para que llegue a todos estos ámbitos. Está
llegando a la Administración General del Estado y la verdad es que querríamos que se expandiera por todos los poderes públicos y también privados. Con ello quiero decir que cualquier persona de este país que interactuara con

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una víctima de violencia de género, mayor o menor, tendría perspectiva de género y perspectiva de infancia, que no es una sensibilidad, es conocimiento, es algo que se aprende y se aprehende, con hache intercalada.


En cuanto a VOX, a la señora Toscano, no sé de dónde saca sus cifras de violencia intrafamiliar. Yo cuando doy una cifra, digo de dónde sale, de qué estudio y dónde pueden encontrarla, siempre en la web de la delegación. Pero, mire, no me
diga que esperábamos sangre, porque las expertas nunca hemos esperado sangre detrás de las puertas, al abrir esas puertas detrás de las cuales habíamos estado confinadas. Ni esperábamos sangre ni nos hemos inventado la violencia de control.
Precisamente, no esperábamos sangre ni heridas graves, sino víctimas de violencia psicológica y de control, sometidas a su agresor y encima en la compañía de sus hijos e hijas 24 horas al día. El agresor, cuando tiene a su víctima controlada, no
desarrolla una violencia física ni asesina, porque como lo que persigue es el control, es la subordinación, es la violencia que domestica, no necesita desarrollar un grado mayor de violencia. No es sangre lo que esperábamos, no lo hemos dicho
nunca, nos esperábamos lo que encontramos, mucha violencia de control.


Hay algunas frases a las que creo que no merece la pena que conteste, no por mi dignidad -de la suya cuidad usted-, sino por la dignidad de esta Cámara, de la institución. (Aplausos). Ya está bien de degradar las instituciones
democráticas, viniendo aquí como si esto fuera Twitter, a decir lemas que no tienen ningún sentido y nada de verdad detrás. Nadie ha criminalizado a la mitad de la población.


Sí me gustaría aclararle, aunque lo sabe todo el mundo, pero por si fuera ignorancia y no mala intención, que cuando confirmamos, jamás hemos confirmado un presunto asesinato. La muerte violenta no es presunta, ha levantado el cadáver una
autoridad judicial o se lo han encontrado los vecinos o los niños, pero el cadáver está. La muerte es violenta y lo ha certificado un profesional de la medicina forense. Lo que es presuntamente es a causa de violencia de género, y jamás damos el
nombre del agresor. Pero ¿a que ustedes nunca han protestado cuando Tráfico dice que en la campaña de verano ha muerto por intoxicación etílica o alcohólica, que también es delito, el conductor de enfrente no sé cuántos? Es una presunta muerte por
alcohol en carretera, pero ustedes de eso no se quejan. ¿Por qué? Porque así no están atacando a las mujeres. Tengan cuidado con esos mensajes, porque para las víctimas y, sobre todo, para las más jóvenes, es disuasorio. Insisto en que ser
cómplice del silencio es ser cómplice del agresor.


Me dice que cómo facilitamos la condición de víctima sin sentencia. Bueno, pues te lo voy a explicar también, por si de verdad fuera una pregunta con buena intención y partiera de la ignorancia de cómo se facilita la condición de víctima
sin sentencia. Yo soy magistrada de carrera y pongo sentencias. Me creo perfectamente -me parece que no tiene nada que discutir- que un doctor en Medicina o que una especialista en Psicología, diga en sus informes: esta mujer sufre maltrato,
sufre ansiedad, sufre continuas lesiones sin otra causa razonable, sin una explicación coherente con la que ella dice; la han obligado a mantener relaciones sexuales dentro de la pareja o dentro del matrimonio y sufre, por ello, cierta aversión al
sexo, y tiene pesadillas. Y no le hablo ya de las víctimas menores con pesadillas, enuresis, bajo rendimiento escolar, baja autoestima, lesiones continuadas, cosas que estamos acostumbradas a ver en partes médicos. Desde luego, son unos
profesionales absolutamente legitimados para decir mejor que yo -y mejor que usted- si alguien es víctima de violencia de género. El fiarse solo de la jurisdicción criminal, como un poder del Estado que solo está para castigar al agresor, tiene esa
exclusiva, pero, desde luego, no la de determinación de las víctimas. Expertas hay muchísimas que han de decir y deben ser escuchadas, y esas son víctimas sin sentencia. Lo que dicen esos partes médicos, que son todos los días, y que muchas hemos
tenido que leer, no hay nadie que los niegue. Niegan la violencia machista, pero que nieguen también los partes médicos es algo que, sinceramente, no me esperaba. Machado, en Campos de Castilla, retrataba la beata ignorancia: Castilla miserable,/
ayer dominadora,/ envuelta en sus andrajos/ desprecia cuanto ignora. El género se estudia; el feminismo se estudia, se aprende. La diferencia, el trato discriminatorio o desigual que usted dice entre hombres y mujeres se resolvió por el Tribunal
Constitucional en sentencia 59/2008, que declaró constitucional el distinto trato a la violencia de género sobre las mujeres. Explicaba algo tan obvio y para mí tan hermoso como que una agresión supone un daño mayor a la víctima cuando el agresor
actúa conforme a una pauta cultural. Es tan fácil como que quien te agrede, quien te golpea te hace más daño si lo hace con el apoyo del machismo estructural o del racismo estructural -te hace más daño-, y eso lo vio el Tribunal Constitucional hace
más de una década. Ustedes ignoran o no quieren saber.


Para chiringuitos de género, la Fundación Filia, apoyada por el juez Serrano. Fue su líder en Andalucía, lo ficharon tras haber sido condenado en firme por prevaricación. (La señora Toscano de Balbín hace

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gestos negativos). Sigue condenado. Ustedes dicen que el Tribunal Constitucional lo absolvió. No, le rebajó la pena. Miren que es difícil encontrar a un juez con antecedentes penales. Pues ustedes lo encontraron, lo incorporaron a VOX y
ahora está imputado por corrupción y fraude de subvenciones: chiringuitos.


La Fundación Filia promueve el machismo militante institucional y la aplicación del falso síndrome de alienación parental o figuras equivalentes a través de la coordinación de parentalidad. El SAP es un falso síndrome que ustedes de repente
se creen cuando no tienen ninguna evidencia científica. El Consejo General del Poder Judicial lo desestima y recomienda encarecidamente a los jueces no aplicarlo en las resoluciones. Lo inventó un pedófilo, Richard Gardner, que promovía las
relaciones sexuales entre hombres y menores, y consiste en una terapia del castigo, de la amenaza. Cuando una mujer se rebela, cuando una mujer no se doméstica, denuncia agresiones contra ella o abusos contra ella o contra sus hijos, y la terapia
es de arrancamiento de los hijos. Esto es una violencia institucional que su portavoz en la Comunidad de Madrid confunde con la violencia vicaria, que es cuando el agresor le dice a una mujer: Te voy a hacer daño donde más te duele. Y no se
refiere a ninguna parte del cuerpo, se refiere a los hijos. Hacer daño a través de los hijos es violencia vicaria, no es SAP. El SAP no existe, es un falso síndrome de alienación parental. (Aplausos). Por si no se acuerda, piense en sapo. No
existe científicamente el SAP, dejen de meter a la gente bulos que además revictimizan y hacen mucho daño a las mujeres que ya son víctimas de violencia de género y les arrancan lo que más quieren. Donde más les duele, dicen los más miserables.


La prisión permanente revisable como su solución a la violencia de género e incluso a la violencia sexual encierra una trampa evidente camuflada de punitivismo, de proteccionismo de las mujeres. La pretendida solución de encerrar al agresor
y tirar la llave no solo no protege a las mujeres sino que nos desprotege. Si vas a cumplir la misma pena que por feminicidio, siempre merecerá la pena matarnos. No es de primero de Criminología, es de primero de lógica. La prisión permanente
revisable. (La señora Toscano de Balbín hace gestos negativos). Usted me dice que no como si no la hubiera sacado usted aquí. No es la solución y, de hecho, bajo un manto ilusorio de protección, desprotege más a las mujeres. La lógica no es
jurídica, es una lógica criminal. Insisto en que su falacia de protección desprotege a las mujeres.


Y la última gran falacia intelectual es la del agresor extranjero, como si el machismo no hundiera sus raíces en lo más profundo de nuestra tradición patriarcal, de nuestra tradición española patriarcal. Esta tradición machista no es
extranjera. Lo que tienen en común los agresores no es ser extranjeros, es ser hombres machistas, educados en el machismo y contra la igualdad, esa que recortan ustedes y que quieren multiplicar como manadas con el veto parental a la educación para
la igualdad y la no discriminación. (Aplausos). Individualizar, estigmatizar la violencia de género, decir que es un caso aislado de un loco o un extraño -lo sabemos- es una falacia de desprotección de las víctimas, porque niega todo lo
estructural de la violencia machista, les niega protección cuando el problema no es individual. Los juzgados y tribunales penan al agresor. Las políticas públicas, las instituciones estamos aquí para prevenir, para educar, para atender, para
proteger y, a ser posible, para reparar a las víctimas.


Creo que le he contestado más de lo que debía haberle contestado, porque muchas de sus preguntas no serían en serio, pero si esto sirve para que también se establezcan algunos marcos obvios, que ya están en el imaginario de este país maduro
democráticamente, como la violencia de control, la violencia vicaria, bienvenido sea, aunque tuviera peor intención que aquella que yo he querido ver.


Señora Fanjul, respecto de la Fademur, ya le he contestado. La violencia económica está definida en numerosos estudios, pero creo que es fácil imaginarse y conocer a esas mujeres que sufren el hecho de que él tome las decisiones
relacionadas con la economía familiar y les impida no solo tomar decisiones, sino incluso realizar compras de forma independiente; se niega a darles dinero para gastos del hogar o suyos, pero sí tiene dinero para otras cosas. Esto es lo que
verbalizan las mujeres que sufren violencia económica: no te permite trabajar, o formarte, o especializarte para mejorar tu empleo en caso de que lo tengas fuera de casa; menosprecia toda tu aportación a la economía familiar; contrae deudas
comunes sin tu consentimiento, que te endeudan, y en caso de separación no paga las pensiones establecidas pudiendo hacerlo. Esto lo acaba decir el Tribunal Supremo. Eso es una violencia que también mina mucho y crea mucha dependencia a las
mujeres, y esa es por la que se pregunta en esos ítems más complejos en la macroencuesta cuando se habla de violencia.


No conozco su proyecto de ley de trata de seres humanos, y me gustaría conocerlo, pero ya me dice que es una ley que promueve que se persiga el delito. Nuevamente es la misma puerta de punición, que

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ya es competencia del Citco, del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, y del Cuerpo Nacional de Policía, que hacen su parte de la labor perfectamente y sabiendo que es un problema global y de crimen organizado,
pero todo el enfoque de derechos humanos deja fuera a un montón de víctimas. La propia Fiscalía General del Estado se queja de la poca identificación formal que hay en España y, de hecho, en su última memoria ha desaparecido incluso esta cifra
porque cada vez eran menos las identificadas. Entonces, la identificación formal policial es perfectamente compatible con una identificación a efectos socioasistenciales, que procure además su restablecimiento, sin estar condicionado a que tengan
que colaborar contra el crimen organizado cuando son mujeres devastadas que muchas veces no están en situación de hacerlo.


Al Grupo Socialista le quiero dar las gracias por las palabras de reconocimiento. Desde luego, el feminismo está en el mismo barco en una lucha sin cuartel por todas las mujeres, contra todas las violencias de género.


Respecto a la idea de identificar a los agresores, no conozco el proyecto. Me gustaría mucho estudiar la propuesta, siempre partiendo, por supuesto -como harán ustedes-, del respeto a la protección de datos y a la presunción de inocencia,
que no es solo procesal, también conforme a la Directiva de la Unión Europea 2016/334, para que ninguna autoridad pública presente a un sospechoso como culpable, cosa que no hemos hecho nunca, aunque algunas se identifican tanto con el sospechoso
que reclaman más su presunción de inocencia que la protección de la víctima. No son dos derechos que estén en conflicto; nunca lo han estado, salvo en la brocha gorda de las redes sociales. Los datos del silencio que usted entresaca, entre otros
muchos, realmente son impresionantes, y no paramos de incidir en la prevención, en la sensibilización y en la complicidad del silencio, que es tan importante.


En cuanto a la tercería locativa, desde luego, la prohibición va en el proyecto de ley, del cual saben que es proponente el Ministerio de Justicia, pero esta es una ley del Gobierno, no de un departamento, y en este sentido tiene un
recorrido que todavía no ha terminado; faltaría el informe del Consejo de Estado. Estamos integrando las últimas aportaciones. Ha sido una de las leyes más participadas que yo recuerdo en la historia de este país. Era muy importante que la
tercería locativa, que ya estaba en teoría penada, tuviera una punición, una persecución eficaz, porque, efectivamente, la propia memoria de la Fiscalía -a quien cito nuevamente- se quejaba de su ineficacia amargamente. Se incluyen todos los
espacios. Algo que nos dijo el Consejo Fiscal -yo sinceramente aprendo todos los días; los detalles, no lo grueso- fue que la definición incluyera también las roulottes, las casetas, espacios, vehículos. Pues, sí, vamos a hacer una definición que
incluya todos los espacios y, lo que es más importante, no solo la prostitución coactiva. Creo que hay que ir contra la industria proxeneta, contra quienes tratan a las mujeres como mercancía en cualquiera de los ámbitos en los que esto sucede.
Ineludiblemente, ir contra la prostitución tiene que ser una prioridad de un Gobierno que se dice ciertamente con realidad feminista.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias, delegada.


A continuación, intervendrán los grupos parlamentarios por tiempo de tres minutos en turno de réplica. Comenzamos con el turno del Grupo Parlamentario Mixto, señor Guitarte.


Señor GUITARTE GIMENO: Intentaré ser más breve.


Recientemente el Pleno del Congreso aprobó una PNL en la que se instaba al Gobierno a crear lo que se denomina mecanismo de garantía rural, lo que se conoce como rural proofing, que no es sino la necesidad de analizar toda la normativa que
realiza el Gobierno, incluso todos los actos que realiza la Administración, desde la perspectiva de su incidencia en los reequilibrios territoriales y en el mundo rural. Lo digo porque me ha sorprendido cuando ponía como un valor importante -que lo
es efectivamente- que en el estudio se habían llegado a analizar poblaciones pequeñas de hasta 10 000 habitantes. Para nosotros, 10 000 habitantes sería la tercera ciudad de la provincia. Realmente, el mundo rural es mucho más pequeño, es de menos
de 5000, menos de 2000, menos de 1000 e incluso que menos de 500. Simplemente, dado que se ha conseguido que la perspectiva de género -y muy bien conseguido- se aplique prácticamente en toda la normativa que se regula, creo que la perspectiva de
género debería implicar la perspectiva rural, y la perspectiva rural, la perspectiva de género, porque tenemos un problema muy serio, como he denunciado antes, y es un problema que no se ha analizado nunca a fondo.


Parte de ese análisis llevaría a la concienciación. Necesitamos más concienciación, porque al pertenecer a un núcleo rural de población más reducida, la presión que pueden sentir las víctimas por parte de los vecinos es mucho mayor, y
denunciar a veces se hace mucho más duro, porque sabes que

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no vas a tener una red de apoyo. Constituir esas redes de apoyo es imprescindible para que la víctima se sienta animada a denunciar. Por eso es importante, creemos, ese análisis profundo de las especificidades de este mundo singular dentro
de la sociedad española.


Por otro lado, por ejemplo, decía que notamos carencias; una de ellas, la más acusada, es la carencia de viviendas de acogida en este mundo rural. Las pocas viviendas que hay se encuentren en ciudades a las que hay que trasladarse, y te
obligas a abandonar tu medio habitual. Creemos que debe procurarse que existan viviendas de acogida también en los pequeños pueblos y en las pequeñas ciudades, de forma que el que tenga que salir en todo caso de su entorno sea el agresor y no sea
la víctima, porque muchas veces esta situación lleva adicionada una pena de extrañamiento de tu entorno que, obviamente, no mereces.


Esas son las consideraciones que me gustaría hacerle.


La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias.


Por el Grupo Parlamentario Vasco, el señor Agirretxea.


El señor AGIRRETXEA URRESTI: Gracias, señora presidenta.


Señora Rosell, yo no he dicho que usted tenga un fan, sino el conjunto del Gobierno, en el sentido de que, si verdaderamente se le ha dado tanta importancia a crear estos centros y a que cada provincia tenga uno, puede ser porque haya una
cierta desconfianza en que las autoridades propias, autonómicas, sean capaces de gestionar esta materia con sus propios recursos o porque es una interpretación del pacto de Estado, evidentemente bastante progobierno del Estado.


En cualquier caso, como el objetivo ha de ser el de proteger a estas mujeres víctimas de violencia de género machista -que existe, y no vamos a darle vueltas aquí a algo evidente-, no vamos a hacer excesiva crítica al fuero, porque el huevo
es lo más importante, pero no podemos olvidar que esta gestión está estructurada administrativamente, entre otras cosas, porque quizá el crear nuevos espacios puede también generar cierta zozobra entre esas personas que ya tenían un sistema de
atención y ya sabían que existía. Yo conozco la mía; no sé en otras comunidades autónomas, pero conozco la mía. Por tanto, siempre que no sea para dificultar, bienvenido sea. Esa es la precaución que quería manifestarle.


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra la señora Carvalho.


La señora CARVALHO DANTAS: Muchas gracias, señora presidenta.


Muchísimas gracias, señora delegada; de hecho, lo digo de forma personal, aparte de como representante en esta Comisión del Grupo Parlamentario Republicano, porque ha ido usted acabando con los bulos del fascismo sobre la violencia
machista. Se lo agradezco mucho, mucho. Es muy importante lo que ha hecho usted aquí esta tarde. Muchísimas gracias.


Volviendo al tema, quiero continuar hablando -porque creo que de esto se habla muy poco aquí- sobre las personas migrantes sin papeles. Y ya que estamos en esta Comisión, hablemos de las mujeres migrantes sin papeles, mujeres negras,
mujeres racializadas, mujeres que sufren aun más las violencias machistas que las mujeres que no tienen esta condición. Existe el problema, la dificultad de denunciar las violencias, las barreras burocráticas, que están realmente pensadas, están
pensadas. Yo no soy racializada, no puedo sufrir racismo, pero cuando no tenía papeles -y he estado diez años sin papeles-, yo tuve barreras burocráticas y sufrí violencia de género, sufrí violencia machista, la sufrí -y lo digo, aunque no me gusta
hacerlo- en primera persona y sé lo que es. Cuando hablo aquí, yo sé lo que es. El hecho de no creerte, el hecho de no tener los papeles, todo esto hace que las mujeres desistan de pasar por estos procesos, y lo sabe usted muchísimo mejor que yo,
aunque yo lo haya sufrido en mi propia piel.


Se tendría que garantizar la asistencia física y jurídica para las víctimas denunciantes sin temor a ninguna represalia. Si hablamos de las mujeres trabajadoras del campo, se les tendría que proporcionar seguridad y garantía de mejoras en
las condiciones laborales -que también es una forma de violencia machista hacia las trabajadoras migrantes-, así como erradicar las prácticas de explotación, acoso laboral, agresiones sexuales por parte de las personas que están al mando de estas
empresas, acabar con las deportaciones, despidos encubiertos bajo amenazas, que es algo que sucede cada año, intimidaciones, instrumentalizaciones y coacciones hacia esas trabajadoras migrantes, etcétera. Es una tristísima realidad, y seguro que lo
sabe usted muy bien. Ojalá podamos desarrollar un trabajo importante para acabar con esto.


Muchas gracias, señora delegada.

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La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias, señora Carvalho.


Por Unidas Podemos, tiene la palabra la señora Jover Díaz.


La señora JOVER DÍAZ: Gracias, presidenta.


Solo quiero agradecer a la señora Rosell su coraje y su trabajo, porque vivimos malos tiempos, y no solo por la pandemia, sino también por este blanqueamiento que se está haciendo al fascismo y a los fascistas por parte de algunos partidos
de la derecha y algunos medios de comunicación que solo contribuyen a revictimizar a las víctimas y a hacerle más difícil a usted su trabajo. El machismo duele, pero duele más esta violencia cuando es ejercida por mujeres, aunque sea verbalmente,
sobre todo hacia las miles y miles de mujeres que en este momento están sufriendo esta violencia. Por tanto, quiero solo agradecerle su valentía. En esta Comisión siempre estaremos apoyándola en defensa de las mujeres.


Gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias.


Tiene la palabra la señora Toscano.


La señora TOSCANO DE BALBÍN: Gracias.


Pueden seguir insultándonos. Tienen esa consigna desde que entramos en el Congreso, pero ahora, con las elecciones cerca, se les nota mucho más nerviosos. Pueden llamarnos fascistas, decir que somos violentos, que somos totalitarios, que
somos una amenaza para las mujeres y que somos cómplices de los agresores, como imaginaba que diría. Pueden repetir sus mantras de que no existen las denuncias falsas y de que no existe la alienación parental, pueden seguir, pero es que cada vez
hay más españoles que se dan cuenta de que este Gobierno representa la ruina, la miseria y el totalitarismo. Cada vez hay más hombres que sufren, que tienen que pasar la noche en el calabozo, que sufren denuncias falsas y que se quedan sin poder
ver a sus hijos porque a una mujer hay que creerla sí o sí. Cada vez hay más hombres maltratados que ven que no tienen la misma protección y ven que son discriminados y que son demonizados. Cada vez hay más mujeres que son realmente maltratadas y
que ven que no están protegidas y que el dinero va a sus asociaciones y no a ayudas directas para ellas. Cada vez hay más mujeres que son madres, hermanas y novias de estos hombres falsamente denunciados y con las vidas destrozadas. Cada vez hay
más españoles que saben que ustedes mienten y que utilizan a las mujeres y a los niños para adoctrinar y para mantenerse en el poder, no porque realmente les importen.


Así que sigan llamándonos fascistas y llamándonos peligrosos, pero aquí quienes realmente discriminan a la mitad de la población son ustedes; quienes han creado unos tribunales de excepción son ustedes; quienes enfrentan a una mitad de los
españoles contra la otra mitad son ustedes; quienes son totalitarios y quieren imponer una ideología a nuestros hijos y a toda la sociedad son ustedes; quienes incitan al odio contra un partido democrático son ustedes; quienes violan derechos
fundamentales de la mitad de la población son ustedes, y quienes no condenan la violencia contra un partido, que en este caso es VOX, son ustedes. Así que menos lecciones de democracia, porque aquí el único partido que condena la violencia, que
quiere protección para todas las víctimas y que defiende los derechos fundamentales, la igualdad ante la ley y la libertad de los españoles es VOX.


Gracias.


La PRESIDENTA: Muchas gracias.


Por el Grupo Parlamentario Popular, la señora Álvarez Fanjul.


La señora ÁLVAREZ FANJUL: Gracias, presidenta. Gracias, señora delegada.


Sí que es cierto que se me han quedado algunas preguntas pendientes, pero es normal con tantos grupos parlamentarios haciendo tantas preguntas, así que se las haré llegar por escrito.


Señora delegada, me gustaría hacerle un ruego. Echamos en falta el compromiso del Gobierno de investigar los casos de menores de Baleares y de Valencia que precisamente estaban bajo la responsabilidad de la Administración pública,
especialmente en el caso de Valencia, donde se encargó un informe desde el mismo Gobierno para culpar a la víctima de abusos de los propios abusos. Creo que es de derecho decirlo.


En cuanto a la comparecencia, le agradezco una vez más que haya venido y le recuerdo que le mandaremos las preguntas pertinentes.


Gracias.

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La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, la señora Ros.


La señora ROS MARTÍNEZ: Señora Rosell, gracias nuevamente por sus respuestas y aclaraciones. Gracias por su trabajo, por su rotundo compromiso y entrega política personal y profesional en la lucha para eliminar la violencia de género.
Usted ha dado hoy una verdadera lección de lo que es profesionalidad, entrega, política y, sobre todo, feminismo.


Frente a las políticas negacionistas, más igualdad y más feminismo, porque lo que es obvio, y algunos y algunas todavía no se han enterado, es que el feminismo nunca ha excluido a los hombres, y quienes lo afirman mienten, como mienten con
su discurso negacionista sobre la violencia de género. El feminismo lucha por conseguir la igualdad entre mujeres y hombres, el feminismo combate al machismo no a los hombres. Contra la rabia de las y los machistas, la vacuna, como usted bien ha
dicho, es más feminismo y más igualdad, porque el machismo mata y el feminismo nos protege.


En la lucha contra la violencia de género no existen medias tintas, o se está al lado de las víctimas, como usted bien ha dicho, o se está al lado de los agresores, y el Partido Socialista siempre ha estado y estará con las víctimas.
Aquellas y aquellos que defienden teorías negacionistas es evidente, cada día está más claro, que están con los agresores, y si esta sociedad fue capaz de acabar con el terrorismo de ETA, nuestro deber y nuestra obligación es acabar ahora con el
terrorismo machista del siglo XXI, que es la violencia de género.


Señora delegada, le digo nuevamente que en el Grupo Parlamentario Socialista encontrará siempre el apoyo necesario en este combate. Por ello, le animo a seguir impulsando todas y cada una de las medidas previstas en el Pacto de Estado
contra la Violencia de Género, a que se cumplan las leyes para que no haya tregua contra los maltratadores y a acometer nuevas medidas que ayuden a acabar con este cáncer social que es la violencia machista. Aquí encontrará siempre al Grupo
Parlamentario Socialista, porque, acabo diciendo, la España que quiere la mayoría y desea el Partido Socialista es una España que no cede en la lucha por la igualdad entre mujeres y hombres; un país que las quiere vivas, libres e iguales; una
España con nombre de mujer. Feminismo, porque feminismo es igualdad.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias.


Muchas gracias a los grupos parlamentarios por ceñirse al tiempo justo.


La señora MORALEJA GÓMEZ: Señora presidenta, era para aclarar solo que las preguntas que los portavoces hayan hecho a lo largo de la Comisión, la compareciente, si tiene a bien, las puede contestar por escrito. No hace falta que se las
hagamos llegar, porque ella tiene la obligación de contestar por escrito todas las preguntas de los grupos que se hayan formulado dentro de las comparecencias y no hayan tenido contestación en la respuesta de la compareciente. Era para aclararlo
nada más.


Gracias.


La señora PRESIDENTA: Señora Rosell.


La señora ROSELL AGUILAR (Delegada del Gobierno contra la Violencia de Género): Sí, por supuesto. Muchas gracias.


Para terminar y nuevamente empezando con el señor Guitarte, me parece muy interesante el mecanismo de garantía rural y me parece interesante cualquier instrumento de medición que permita adecuar los recursos a la realidad del territorio.


Las viviendas sí son competencias de las comunidades autónomas y los servicios de acogida. Es verdad que cuando una mujer tiene que huir de su domicilio se debate en un equilibrio entre dos valores muy difíciles de conjugar. El primero,
que ella no tenga que ser la que sale de su entorno, su derecho a permanecer en su entorno. Pero si su entorno es violento, es familiar y es amplio en el sentido de parentesco, pero es reducido de tamaño, se produce ese extrañamiento que usted
cita. El segundo, que lo importante es la protección y, sobre todo, la posibilidad de salir adelante, salir de la violencia y construir otra vida. A veces, precisamente quien más arraigo tiene en el territorio es quien más debe salir. Esa es una
de las paradojas de la violencia de género.


Respecto a la última apreciación del portavoz del Grupo Vasco, tengo que decir que son los organismos internacionales los que hablaban de esto y ya nos hemos entendido. Nunca ponemos en duda la competencia y -aprovecho para decirlo- tampoco
la buena labor histórica de Emakunde en el Gobierno

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vasco, pero en cuarenta años de democracia no tenemos centros de crisis de veinticuatro horas autonómicos salvo uno, el de Asturias, con medios propios. Nos parece en principio un buen impulso pedir que la reconstrucción europea no deje
atrás a las mujeres, que intente allanar la brecha o el socavón de protección que existe entre la violencia en la pareja y la violencia sexual y que se dé impulso a esta financiación con un dinero que viene con unas condiciones de la Unión Europea y
que tiene que tener un proyecto, y este era -dentro de la mucha diversidad que hay en nuestro Estado autonómico, salvo esa excepción de Asturias y un centro del Ayuntamiento de Madrid- el que se podía echar en falta ahora. En el momento de adecuar
los proyectos a legislación autonómica, los recursos propios del territorio a la idea que tenga ese Gobierno, a otras formas de violencia o a la atención que ya esté prestando a violencia sexual, habrá que tener, efectivamente, diecinueve proyectos,
no uno. Espero que tampoco cincuenta y dos porque sería inviable, pero esa es la idea.


Al Grupo Republicano solo quiero darle las gracias por su intervención e insistir en que los niños y niñas migrantes son niños y niñas, no son extranjeros. Su estatuto legal -yo no hablo de ideas, no hablo de empatía, no hablo de simpatía
ni de bondad ni de caridad- es de niños y niñas; interna e internacionalmente se les aplican las convenciones de la infancia, no las de extranjería. Igualmente, debemos tender a que las mujeres víctimas de violencia de género -porque así nos
obliga también la legislación internacional y, sobre todo, nuestro orgullo de país defensor de los derechos humanos- son mujeres víctimas de violencia de género, no son mujeres extranjeras víctimas de violencia de género; a eso debemos tender.


A la portavoz de Unidas Podemos, señora Jover Díaz, claro que el machismo duele; no sé si más, querida, cuando lo protagonizan las mujeres. Sí tengo bastante claro que la violencia es más grave cuando la ejerce el Estado y el machismo
duele más cuando se ejerce desde las instituciones. Eso es lo que decía la sentencia del Tribunal Constitucional que les cité antes, la 59/2008, que decía que quien te golpea te hace más daño si lo hace conforme a la pauta cultural, conforme a la
hegemonía de la fuerza, porque no te golpea él solo, te golpea con todo un sistema social o cultural detrás.


Señora Toscano, de VOX, yo no habría venido aquí a darle lecciones de democracia si, por lo menos, usted hubiera asimilado que la democracia son los derechos humanos. ¿Qué es la democracia si no? Un sistema puede tener una separación de
poderes, puede tener una Constitución formal, puede tener unos votos y un sistema de sufragio, pero si no tiene derechos humanos no es democracia. Y esto lo aprendimos a las duras después de la Segunda Guerra Mundial, lo aprendió toda Europa: la
democracia son los derechos humanos. La teoría moderna de las democracias, el constitucionalismo moderno se basa en qué grado de respeto y de garantía eficaz de los derechos humanos tiene tu país. El nuestro es un país respetuoso con los derechos
humanos y no va a dar un paso atrás porque estamos muy orgullosas, muy orgullosas de los derechos humanos. Me da un poco de pena oír ciertos lemas electorales. Quería puntualizar, en esta Comisión del Pacto de Estado contra la violencia de género,
porque era un pacto de Estado, que creo que todas nos permitimos dudar hoy en día de que este pacto de Estado, del que estamos tan orgullosas, fuera posible con ustedes en las instituciones. Negar la asistencia sanitaria o la asistencia integral a
mujeres extranjeras no solo tiene una visión muy estrecha y antidemocrática de los derechos humanos; es que dejar a las personas migrantes sin sanidad, por ejemplo -usted ha dicho que por qué van a tener derecho las extranjeras a esta protección
integral-, no solo afecta a la salud de las directamente afectadas; es que afecta la salud pública. Ese es su patriotismo, poner en riesgo la salud de las personas residentes en España de cualquier origen por discriminar a las que tienen origen
extranjero; de verdad que no solo es antidemocrático, es ilógico.


Por último, me apena aún más oír al final de una comparecencia en la Comisión que se lanza de nuevo lo de las niñas menores de Baleares. Señora Álvarez Fanjul, una vuelve la vista atrás y piensa en lo que hizo el PP contra las mujeres y
contra la igualdad cuando gobernó, aparte de un decreto parecido al que ahora pediría la señora Toscano, el Decreto 16/2012, que dejó a las mujeres y a cualquier persona en situación administrativa irregular sin asistencia sanitaria e incrementar
como nadie la tasa de paro e intentar limitar aún más el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo de lo que ya lo hizo Gallardón antes de dimitir. (La señora Moraleja Gómez: ¿Qué tiene que ver?) -sí, tiene que ver-. ¿Sabe de una ley de
2015 que en la carrera judicial y fiscal hemos hablado poco? Ustedes limitaron la investigación judicial a seis meses sin dotar a la justicia de más recursos. Lo hicieron para que se archivaran sus causas por corrupción, causas complejas de una
investigación superior a seis meses (rumores), como pasó con su presidente de la Comunidad de Murcia. Pero ¿sabe qué causas se archivaron también? Investigaciones de delitos complejos de violencia sexual a menores de edad, que requerían periciales
y otras pruebas

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complejas en sitios de este país donde una prueba de ADN tarda meses y se pedía tarde o se descubrían más víctimas. Ustedes optaron por la impunidad, por tapar delitos, ¡delitos! en vez de dar más medios para investigarlos. Un brillante
magistrado del Tribunal Supremo ya jubilado, de esos que ustedes están sustituyendo por acólitos, dijo: esta ley de 2015 del PP es lo que sucede cuando el legislador legisla desde el banquillo. Ahí sí hubo investigación penal, en esos casos de
víctimas menores de edad que requerían complejas pruebas de delitos sexuales con muchas víctimas, y se archivaron, siendo delictivas, porque ustedes pusieron la ley de impunidad pensando en los corruptos y se llevaron por delante a víctimas de
violencia sexual.


En el caso que usted menciona, el de Baleares, ¡sí hubo investigación penal! ¡A ver si de tanto mentir vamos a creer que no se investigó! Es que se investigó; no hubo pruebas de corrupción de menores para su prostitución y tampoco hubo un
circo político mediático de los que tanto les gusta, solo comparable a lo poco que les gusta su verdad. ¡Sus leyes desprotegieron a muchas víctimas de violencias sexual cuando dijeron: aquí no se investiga más penalmente! (La señora
vicepresidenta, Prohenes Rigo: Señora, presidenta, la señora Rosell no puede hablar así a las diputadas). Y sin embargo, a lo que usted se está refiriendo es a una investigación politizada en el seno de un Parlamento, que se hizo con unos marcos
muchísimo más complejos y de cara al futuro, estableciendo las bases para que eso no volviera a suceder, porque venía sucediendo históricamente desde que ustedes eran responsables de las políticas de menores en las dos comunidades autónomas que ha
mencionado durante años y, la verdad, con bastantes ejemplos de corrupción en el marco de esas políticas autonómicas, tanto en Baleares como en Valencia. De ahí el cambio actual.


La señora PRESIDENTA: ¿Eso es todo?


La señora DELEGADA DEL GOBIERNO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO (Rosell Aguilar): Eso es todo. Perdón, me dejaba al Grupo Socialista. Es que los cambios de tema en los pactos de Estado, sinceramente, a veces duelen y he perdido un poco el
hilo, pensando en esas víctimas.


Le agradezco al Grupo Parlamentario Socialista nuevamente su intervención. Estaremos también donde ha estado siempre, cuando ha habido que elegir entre la desigualdad o el feminismo y los derechos de las mujeres.


Gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias, delegada. Gracias por el compromiso y por el tiempo de aclarar e informar acerca del trabajo que se desarrolla desde el Gobierno, desde la Delegación del Gobierno, para frenar, eliminar y erradicar
todas las violencias machistas.


Quiero finalizar, si me lo permitís, diciendo que se puede estar no de acuerdo -además creo que es fundamental defender siempre el derecho a nuestros oponentes, y la libertad de expresión es un bien supremo-, pero la libertad de expresión
tiene sus límites, que es la democracia. El feminismo es la gran revolución de este siglo XXI. Sin las mujeres, no hay democracia; sin las mujeres, no hay recuperación.


Muchísimas gracias.


Se levanta la sesión.


Eran las siete y diez minutos de la tarde.