CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2021 XIV LEGISLATURA Núm. 372

PARA LA AUDITORÍA DE LA CALIDAD DEMOCRÁTICA, LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LAS REFORMAS INSTITUCIONALES Y LEGALES

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ÍÑIGO ERREJÓN GALVÁN

Sesión núm. 9

celebrada el miércoles,

21 de abril de 2021

ORDEN DEL DÍA:


Proposiciones no de ley:


- Relativa a garantizar que el Gobierno respeta al Poder Judicial. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/000771) ... (Página2)


- Relativa a la profesionalización de los máximos responsables y directivos de las entidades pertenecientes al sector público empresarial. Presentada por el Grupo Parlamentario VOX. (Número de expediente 161/001089) ... href='#(Página7)'>(Página7)


- Sobre la urgente necesidad de renovar los órganos constitucionales. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/002223) ... (Página12)


Votaciones ... (Página17)

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Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.


PROPOSICIONES NO DE LEY:


- RELATIVA A GARANTIZAR QUE EL GOBIERNO RESPETA AL PODER JUDICIAL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000771).


El señor PRESIDENTE: Abrimos la sesión. Buenas tardes, señorías.


Como saben, en el orden del día de hoy figura el debate y votación de tres proposiciones no de ley. Tal y como quedamos, el portavoz del grupo proponente dispondrá de seis minutos para la defensa de la proposición no de ley y el resto de
portavoces de cinco minutos para la fijación de posiciones. Seguiremos el mismo orden de debate que se emplea en el Pleno de la Cámara, es decir, todas las votaciones, las tres, se realizarán al final del debate de las PNL.


La primera de las proposiciones no de ley es la del Grupo Popular en el Congreso, relativa a garantizar que el Gobierno respeta al Poder Judicial. Para su defensa tiene la palabra su portavoz, el señor Postigo Quintana.


El señor POSTIGO QUINTANA: Gracias, presidente, y buenas tardes a todos, señorías.


Abril de 2020. Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid condenando a Isabel Serra a 19 meses de cárcel. Varios miembros del Gobierno de España cargaron duramente contra la sentencia y contra los jueces que la habían dictado.
El Consejo del Poder Judicial tuvo que emitir un comunicado por segunda vez en el año, apelando al Gobierno a que mostrase moderación, prudencia y mesura, y recordando que la primera obligación de un responsable político es no contribuir al
desprestigio de la institución democrática, y dentro de ellas, el Poder Judicial.


Septiembre de 2020. Miembros del Gobierno relacionan la sentencia de Bankia con la inhabilitación del presidente catalán, Torra.


Octubre de 2020. El PSOE y Unidas Podemos presentan una proposición de ley para rebajar la mayoría exigida para elegir al Consejo del Poder Judicial y que permita su renovación sin contar con el Partido Popular, el principal partido y
mayoritario de la oposición. El ministro de Justicia calla. Esta proposición de ley sorteaba la obligación de recabar informes de los órganos constitucionales, entre otros del propio Poder Judicial, como muy bien sabían en el Gobierno.


Noviembre de 2020. Las asociaciones de jueces y fiscales piden independencia judicial ante la injerencia del Ejecutivo.


Diciembre de 2020. La vicepresidenta Calvo acusa al Poder Judicial de poner en solfa la democracia.


Enero de 2021. Los tribunales europeos han dejado en mal lugar a la justicia española. Pablo Iglesias.


Abril de 2021. Más de 2500 jueces elevan a Bruselas una queja contra el Gobierno de España por atacar la independencia judicial y el riesgo de violación grave del Estado de derecho. Esto ya pasó en Polonia y Hungría y les ha llevado a que
se les abra procedimiento para aplicar el artículo 7 del Tratado de la Unión de Lisboa. Esta situación está dañando de forma extraordinaria la imagen de España en unos momentos cruciales para nuestra recuperación, pues nos jugamos los fondos
europeos por el atropello del Gobierno a la independencia judicial y la confianza en la seguridad jurídica de nuestro país.


Abril de 2021. Los vocales del Consejo del Poder Judicial nombrados por el PSOE son presionados para evitar que el propio Poder Judicial denuncie a la Unión Europea la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobada por el PSOE,
Unidas Podemos y sus socios, y que limita sus competencias constitucionales.


Abril de 2021. El Gobierno retira la proposición de ley presentada por su partido para rebajar las mayorías para renovar el Poder Judicial pocas horas después del encuentro entre el ministro de Justicia español y la vicepresidenta de la
Comisión Europea. Gracias a la presión política del PP, de la Unión Europea y de los jueces y magistrados españoles, se ha doblegado el pulso autoritario y radical del peor sanchismo, pero, siendo la retirada una buena noticia, no es suficiente, la
fiscal general del Estado puede ser nombrada por el Gobierno, pero no doblegada a sus intereses.


El ministro de Justicia tiene como misión la defensa de la Administración de Justicia y garantizar su independencia, pero no ha cumplido con ella. Su silencio, pasividad y permisividad ha sido atronador ante los permanentes ataques de los
miembros del Gobierno al Poder Judicial. Ayer, el ministro de Justicia y Sánchez se dieron cuenta una vez más de que en la Unión Europea el que juega con fuego siempre sale quemado, y en este caso el varapalo al Gobierno ha sido mayúsculo.
Asimismo, ningún miembro del

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Gobierno ni su presidente Sánchez han dado amparo al Poder Judicial y todos han defendido las críticas de miembros del Gobierno a la justicia, amparándose en que estaban en el ejercicio de su libertad de expresión. ¿Escuchar cómo se acusa
en el hemiciclo que los jueces son golpistas por parte de sus compañeros de viaje les parece libertad de expresión? Pues no solo lo permitieron, sino que lo aplaudieron. Y en otras ocasiones han preferido guardar silencio. En definitiva, el
Gobierno socialcomunista ha atacado en estos quince meses la independencia judicial y esta estrategia de acoso a la justicia cuenta con la complicidad del PSOE, bien por acción, aplaudiendo en el hemiciclo, o bien por omisión, permitiéndolo. Decía
la vicepresidenta Calvo que cuando hay un miembro del Gobierno ahí está el Gobierno, y de la misma manera se puede decir que cuando un miembro del Gobierno habla, el Gobierno habla. Por eso, no solo no tienen excusa alguna, sino que son parte y
cómplices del ataque permanente hacia el Poder Judicial. Señorías del Gobierno, del Partido Socialista y de Unidas Podemos, han politizado la justicia y quieren manejarla a su antojo, y eso no se puede consentir. Les pedimos, les exigimos, que
respeten y defiendan la independencia de los jueces y magistrados, dejen de lanzar acusaciones sobre los mismos y absténganse de atacar al Poder Judicial y a la justicia.


Ya para terminar, y en referencia a la enmienda que se ha hecho a esta PNL por parte del Grupo Parlamentario VOX, quiero decir que agradecemos su enmienda, pero desde luego desnaturaliza y desvirtúa la propia PNL, que habla de los ataques
del Gobierno a la justicia y al Poder Judicial, pero en modo alguno lo hace de la renovación del Poder Judicial. No obstante, de la renovación del Poder Judicial, que nos preocupa y ocupa profundamente, y de su respaldo e impuso a la renovación del
Consejo General del Poder Judicial les cogemos la palabra y hablamos cuando ustedes quieran para volver al sistema de elección de 1980, como nuestro presidente Casado viene diciendo desde hace tiempo. Pero ahora hablamos de los ataques del Gobierno
a la justicia y de cómo gracias al PP la Unión Europea ha impedido que se consumara la mayor tropelía autoritaria de Sánchez contra la justicia.


Gracias, presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Postigo.


Pasamos ahora al turno de defensa de las enmiendas presentadas a esta proposición no de ley. Solo se ha presentado una enmienda por parte del Grupo Parlamentario VOX y para su defensa tiene la palabra el señor Zambrano García-Raez.


El señor ZAMBRANO GARCÍA-RAEZ: Gracias, señor presidente. Con su venia.


Hoy es un día ideal para hablar de la propuesta que traíamos con nuestra enmienda, que, en definitiva, lo que pretendía era añadir que se instase al Gobierno a respaldar e impulsar las reformas legislativas necesarias para retornar al
sistema de asignación de vocales del Consejo General del Poder Judicial de 1980, en definitiva, que doce de los veinte vocales fuesen elegidos entre jueces y magistrados y por jueces y magistrados, porque si hay un ataque a la independencia judicial
es precisamente el actual sistema que se está aplicando, y hoy era un día ideal.


Pero miren, hace muchos años, cuando yo era un estudiante de Bachillerato en el Colegio Liceo Sagrado Corazón de mi ciudad, tuve un profesor de formación británica, don Nicolás, que me explicaba una cosa, nos decía que en su opinión la
inteligencia era una característica esencial del ser humano que le distinguía del resto de seres vivos y que inteligencia era, en definitiva, signo de humanidad, y que en su opinión para el hombre caer en la estupidez significaba darle la espalda a
su esencia misma. Por ello, consideraba la estupidez peor que la maldad porque, a fin de cuentas, la maldad al menos no renegaba de la condición de propia humanidad. No cabe duda de que la actitud de la izquierda respecto al Poder Judicial es una
actitud de pura maldad, ya que forma parte de la pretensión de controlar todos los poderes del Estado desde un partido político que dirija los destinos de la nación, de espaldas a los más elementales principios democráticos, como es el de la
división de poderes. Pero si la maldad dirige las políticas de la izquierda, debo decirles que la actitud del Partido Popular respecto al Poder Judicial ha venido siendo dirigida por la estupidez, que, como ya les decía, según mi profesor, es aún
peor que la maldad. Y les digo que su actitud es estúpida por lo siguiente: pusieron ustedes el grito en el cielo en los años ochenta cuando el PSOE atentó contra la independencia del Poder Judicial en su ley orgánica al imponer la elección de los
vocales por los políticos; luego, y a pesar de prometer lo contrario, cuando ustedes accedieron al poder se aprovecharon vehementemente de las ventajas que entonces les confería la legislación y en lugar de derogar la legislación socialista, se
aprestaron a su juego, nombraron vocales, intercambiaron presidencias de órganos colegiados del Poder Judicial y, en definitiva, colaboraron a la politización del Poder Judicial; llegaron a presumir de todo ello en público y en privado y su
portavoz en el Senado llegó a asegurar que dispondrían del control de la

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Sala segunda del Tribunal Supremo desde atrás. Luego, en la oposición de nuevo, vuelven ahora a prometer lo que antes incumplieron, vuelven a asegurar lo que antes negaban y, en definitiva, se muestran como una veleta que señala en una u
otra dirección dependiendo de si están en el Gobierno o en la oposición. En definitiva, su actitud es estúpida, dándoles la espalda a un mínimo de inteligencia, por cuanto se empecinan ustedes en no querer ver la gravedad del futuro que nos espera
en el caso de que los planes de la izquierda triunfen, pues todo ataque a la independencia del Poder Judicial no es más que un paso más a la instalación de un régimen autoritario, dirigido por un partido político, que lo que pretende es, en
definitiva, acabar con la libertad de los españoles, una libertad que solo es posible si se garantiza un efectivo control del poder político a través de un poder independiente, como es el Poder Judicial.


España dispone de uno de los mejores escalafones judiciales de todo el mundo. Nuestros jueces y magistrados están magníficamente formados, su vocación y esfuerzo es indiscutible y el maltrato desde el punto de vista orgánico y salarial es
notable. Se les exige unos ritmos de trabajo absolutamente inhumanos, a cambio de unas remuneraciones absolutamente deplorables, y a eso habría que añadir que es absolutamente injusto el trato que el Poder Judicial ha venido recibiendo tanto del
PSOE como del Partido Popular en las últimas décadas en lo que se refiere a su independencia. Si la actitud de la izquierda es de pura maldad y la del Partido Popular destaca por su estupidez, desde VOX pretendemos aportar una propuesta basada en
la bondad, que compense esa maldad, y en la inteligencia, que compense esa estupidez, y esta última solo puede venir de la mano de la firmeza de un mensaje constante, de un mensaje claro. Y en este sentido se propone nuestra enmienda, que esperamos
acepten y que respalden, completando así la proposición de su grupo parlamentario. Porque, en definitiva, le repito, el mayor ataque que hoy sufre el Poder Judicial es precisamente el sistema de elección del órgano de sus vocales, y hoy es un
magnífico día para que ustedes se comprometan en esta PNL, añadiendo la parte que proponemos en nuestra enmienda.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Zambrano.


A continuación, para la fijación de posiciones, tiene la palabra en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Vasco, el señor Legarda Uriarte.


El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidente.


Quiero manifestar que nos abstendremos en esta iniciativa porque sabe que consideramos que no es lo más recomendable los cruces de opiniones o de críticas entre los distintos poderes del Estado, en este caso entre el Poder Ejecutivo, según
consta en la iniciativa, y el Poder Judicial. No creo que en el caso de este momento que vivimos haya una relación asimétrica en cuanto a las relaciones de miembros del Poder Judicial o de sus órganos de gobierno hacia el Gobierno o hacia algunas
de sus decisiones, y a la inversa tampoco, es decir, en ocasiones también vemos reacciones de miembros del Gobierno respecto a resoluciones judiciales.


Considero que criticar una resolución judicial entra dentro de la libertad de expresión y de opinión, cosa distinta es cómo se manifieste esa crítica en cuanto al fondo y las formas. Yo creo reo que lo relevante en las críticas que se
puedan hacer a las resoluciones judiciales y lo que entiendo que es defendible en una sociedad democrática es desde luego no intentar incidir en una decisión judicial mientras esta está en curso de formación, pero una vez que la resolución judicial
se ha producido yo creo que cualquier ciudadano y cualquier institución -otra cosa, como he dicho, es cómo la motive en el fondo y en las formas- es lícito y legítimo, es democrático. Sin embargo, las críticas o las opiniones que el Consejo general
como órgano de gobierno o los miembros de la carrera judicial puedan hacer hacia resoluciones del Ejecutivo, las veo mucho más improcedentes, porque soy de los que piensan que el Poder Judicial debe pronunciarse a través de sus resoluciones, no a
través de opiniones, opiniones vertidas a nivel personal, en conferencias, en foros o en artículos, no, y tampoco por el Consejo general. En definitiva, en este contexto no me parece lo más saludable y lo más sano hacer esas críticas, y cuando se
hacen desde el Gobierno, ya lo he dicho en la tribuna, o por algún miembro del Gobierno, claro, es inevitable que el mismo Gobierno se convierta en el pimpampum, porque cuando se critica desde una institución o algún miembro de una institución a
otra, inmediatamente va a haber reacciones de adverso, que es lo que estamos viviendo.


En definitiva, por lo que señalaba al principio, nos vamos a abstener, porque creo que es una situación que no solo fluye en una dirección, sino que está fluyendo en este momento en ambas direcciones.


Muchas gracias.

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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Legarda.


Tiene la palabra a continuación, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, el señor López-Bas, al que además aprovecho para darle la bienvenida a la Comisión.


El señor LÓPEZ-BAS VALERO: Gracias, señor presidente, y buenas tardes a todos.


Señorías, mi grupo cree, sinceramente, que no es posible que el Gobierno pueda caer más bajo en su gestión en materia de justicia, era difícil, porque el listón estaba muy alto, pero el Gobierno del señor Sánchez lo ha conseguido. Ni en
1985 Alfonso Guerra, con su famoso 'Montesquieu ha muerto', ni la gestión de anteriores Gobiernos socialistas, ni tampoco siquiera determinadas actitudes de algunos miembros del PP en alguna ocasión, habían conseguido un desprestigio de la justicia
en un tiempo récord, como lo ha hecho el Gobierno actual. De Podemos conocíamos sus tics autoritarios, sabíamos que de tachar de fachas a todos los que no comulgan con sus posiciones políticas, a descalificar la función de control del poder
político por parte del Poder Judicial cada vez que se ha dictado una sentencia con la que no estuvieran de acuerdo había solo un paso, y lo han dado. Del Partido Socialista conocíamos su afán de politizar y crear redes de clientelismo también en el
ámbito de la justicia. De hecho, no lo han ocultado nunca desde que hace ya treinta y seis años quebraron la independencia del Poder Judicial con una reforma lesiva para ese principio, que es base fundamental de un sistema democrático. Pero es que
después han seguido empeorando la situación, desoyendo advertencias que les han llegado continuamente desde instancias europeas, algo que, debemos reconocer, ha sido igualmente actitud del Partido Popular cuando han estado en Gobierno. Pero del
PSOE nos sorprende incluso todavía hoy su capacidad para tragarse algunos sapos con tal de no generar conflicto con sus socios de Podemos. Todos hemos escuchado declaraciones contra el Poder Judicial del líder de Podemos, de la ministra de
Igualdad, de la secretaria de Estado de Igualdad o del propio portavoz parlamentario de Podemos, y ustedes, señorías del PSOE, las han escuchado impasibles, han oído auténticas barbaridades nunca oídas en democracia, y frente a esto ustedes se han
limitado a callar y mirar hacia otro lado, ni una sola palabra para desautorizar estas actitudes de sus socios de Gobierno. La única esperanza en este momento es formar parte de la Unión Europea, ser parte del club de países con democracias
liberales que garantizan la separación de poderes y la independencia judicial.


Menos mal, señorías, que la Comisión Europea ha puesto orden y ha requerido a través de su vicepresidenta, y muy recientemente, para que se retirara la proposición de ley registrada en esta Cámara, en una maniobra totalmente reprobable del
Gobierno, a través de los grupos Socialista y de Podemos. Han sido las asociaciones judiciales las que han denunciado la propuesta del Gobierno ante la Comisión Europea y la han denunciado por ser antidemocrática, por considerarla populista en
esencia y por tenerla por peligrosa para la propia democracia. La han denunciado porque pretendía que se pudiera nombrar a los veinte vocales del Consejo General del Poder Judicial mediante una simple mayoría absoluta, algo que pretende conseguir
un determinado color político en un órgano llamado precisamente a estar absolutamente despolitizado. Han querido ustedes hacer una reforma a la polaca, criticada por todos absolutamente, pero sobre todo por aquellos a quienes ponen ustedes en
entredicho cuando les colocan etiquetas partidistas e ideológicas con sus nombramientos. Y así tienen ustedes enfrente hoy a los jueces, a la sociedad civil y a la Comisión Europea. Señorías, en poco más de un año este Gobierno ha tomado las
peores decisiones que podía tomar en materia de gestión de justicia, atentando contra la independencia judicial sin ningún tipo de pudor, dañando sobre todo la dignidad profesional de los jueces de una manera lamentable y reprobable. Lo peor que
puede pasar es que sea el propio Gobierno el que genere el desprestigio de su país, y ustedes lo han hecho.


Por ello, reitero, vamos a votar a favor de la proposición no de ley, agradeciendo sobre todo el trabajo de las asociaciones judiciales, de la sociedad civil y de la Comisión Europea en estos últimos días. Esperamos, señorías, que se
detenga de una vez esta deriva autoritaria en la que ustedes nos quieren envolver.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor López.


Tiene la palabra a continuación, por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia En Común, el señor Honrubia Hurtado.


El señor HONRUBIA HURTADO: Gracias, señor presidente.


Nosotros vamos a votar en contra, vamos a hacerlo por dos razones. La primera, como ya se ha dicho, porque entendemos que las críticas a las resoluciones judiciales forman parte de la libertad de expresión, algo que está reconocido
expresamente tanto por el Tribunal Constitucional como por el Tribunal Europeo

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de Derechos Humanos y, por tanto, cualquier persona, incluso los cargos políticos, e incluso los que formen parte del Gobierno del Estado, tienen derecho a ejercerla. Por otro lado, desde nuestro grupo político, evidentemente, no nos vamos
a quedar callados cuando entendamos que desde la justicia se está intentando hacer política y cuando creamos que desde ciertas instancias judiciales se está intentando condicionar el normal funcionamiento de la democracia en una especie de guerra
judicial contra algunos partidos y contra el propio sistema, y, por supuesto, cuando veamos motivos para denunciar estas prácticas lo haremos, lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo. De la misma forma, cuando entendamos que hay determinadas
condenas judiciales que afectan a algunos de los miembros que forman parte de nuestro partido, que por haberse visto involucrados en luchas sociales, en luchas en defensa de los derechos humanos, etcétera, se ven afectados por determinados procesos,
donde entendemos que hay juicios que emiten condenas que no son justas, igualmente apoyaremos a nuestros compañeros y a nuestras compañeras y denunciaremos la situación y lo seguiremos haciendo.


Y la segunda razón es porque la credibilidad del partido que presenta esta PNL para hablar de independencia judicial y de defensa de la independencia judicial nos parece que es ninguna. Ya se ha nombrado aquí la famosa frase de 'controlar
la Sala segunda del Supremo por la puerta de atrás' del señor Cosidó o del señor García Egea, no se sabe bien. Podemos hablar también de la frase del señor Ignacio González de 'los aparatos del Estado y los medios van aparte y o los controlas o
estás muerto'. Podemos hablar del caso Nóos y todo lo que implicó aquello y todo lo que hizo para intentar paralizar investigaciones que afectaban a miembros del Partido Popular, etcétera. Podemos hablar de Kitchen y de cómo se intenta robar
pruebas a personas que puedan testificar contra los intereses judiciales del Partido Popular. Podemos hablar de cómo se destrozan discos duros a martillazos, etcétera, etcétera. En fin, podemos hablar de cómo el Partido Popular cuando es
descubierto en sus prácticas mafiosas de corrupción responde con prácticas mafiosas a nivel judicial y, por tanto, creemos que su credibilidad en este asunto es ninguna. Para nosotros la concepción que tiene el Partido Popular de la justicia es la
que tenía el juez Corrado Carnevale en la Italia de los años noventa y, por tanto, no nos parece que este tipo de PNL vaya a ningún sitio. Por todo ello, votaremos en contra.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Honrubia.


En último lugar, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Ramos Rodríguez.


El señor RAMOS RODRÍGUEZ: Muchas gracias, presidente.


Una previa, presidente. Esta es una Comisión que tiene que velar por reforzar los valores democráticos, y hoy quiero en nombre del grupo al que tengo el honor de representar mostrar nuestra repulsa, nuestro rechazo y nuestra vergüenza al
cartel que ha puesto VOX en el metro de Madrid (aplausos), xenófobo, fascista y que atenta contra los valores democráticos que cada uno de los grupos que nos sentamos hoy aquí estamos obligados a defender.


Se nos presenta por el Partido Popular una PNL que yo la he tenido que leer varias veces, 'garantizar por el Gobierno el respeto al Poder Judicial'. Esto, un partido de Estado y un partido de Gobierno, ¿verdad? Esta garantía está en la
Constitución, exactamente está en el Artículo 1.1, donde declara a España como un Estado social y democrático de derecho; en el artículo 9.3, donde somete a los órganos jurisdiccionales al principio de legalidad, y en el artículo 117, en el que se
declara la independencia del Poder Judicial. ¡Y para esto presentan una PNL! ¿Ustedes creen que el Gobierno está incumpliendo la Constitución? Pues no presenten una PNL, lo tienen mucho más fácil. Claro que el Gobierno, escrupulosamente, respeta
la independencia, la imparcialidad y la separación de poderes.


Miren ustedes, esta PNL describe una visión pequeña, estrecha, limitada y pobre de la independencia del Poder Judicial y de su imparcialidad. Si preguntamos a centenares de jueces y magistrados en este país si se consideran independientes,
la respuesta va a ser sí. Si preguntamos a la inmensa mayoría de jueces y magistrados de este país si cada vez que actúan en sus órganos lo hacen con imparcialidad, la respuesta va a ser sí. Leía este fin de semana una entrevista, creo que en El
País, a los representantes de las principales asociaciones de magistrados que han hecho referencia los grupos, y había una pregunta clara en este sentido, y dijeron sí a esta independencia y a esta imparcialidad.


Yo le voy a dar una fecha, 21 de abril de 2021, hace apenas unas horas, Pleno del Congreso de los Diputados, señor García Egea -abro comillas-: 'Bruselas ha intervenido la justicia española'. ¡Vaya frase!, ¿eh? ¡Vaya frase! 'Bruselas ha
intervenido la justicia española', hace unas horas, 21 de abril. ¿Y nos quedamos igual ante esta frase? Pero ¿habrá un ataque más grande, no ya a la soberanía

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nacional de este país, sino a la separación de poderes y a la justicia española? ¿Cómo se habrán quedado esos millones de magistrados, de jueces, de letrados? 'Bruselas ha intervenido la justicia española', señor García Egea, 21 de abril,
hace apenas unas horas, en el Pleno del Congreso de los Diputados.


¿Y por qué tienen una visión estrecha? Porque, claro, ustedes son de los que opinan que la resolución judicial solo hay que acatarla. Cuando habla la justicia debe de callar la sociedad y debe de callar la política. (El señor Postigo
Quintana hace signos negativos). Eso es un error, señor portavoz del Partido Popular, eso es un error, es un error porque es una visión estrechísima de la justicia. Miren ustedes, los tribunales hablan a través de las resoluciones y a través de
los recursos, pero eso nunca puede impedir, en ningún caso, que las resoluciones judiciales sean objeto de crítica técnica e incluso política. ¿Y saben ustedes por qué? Porque son un poder institucional del Estado, porque son otro poder del
Estado. Y claro que están sometidos al escrutinio social y al escrutinio político, porque sus decisiones afectan también al día a día político, y por eso están sometidos a escrutinio político. ¿Y eso significa que no haya independencia y que no
haya imparcialidad? ¿De verdad esa es la visión de un partido de Estado y de Gobierno como el que ustedes hacen en esta PNL? Es que es muy pobre, es que decir esto es muy pobre.


Y, miren ustedes, hasta mi hijo el pequeño sabe por qué no está renovado el Consejo General del Poder Judicial y tiene 10 años, porque no les ha dado la gana, porque han recusado todo lo recusable, han vetado todo lo vetable, porque en ese
momento no convenía renovar el Consejo General del Poder Judicial. ¿Convendrá el día 6 de mayo? No lo sabemos, a lo mejor sí. Y cuando hablan de Bruselas, no manipulen. ¿Dónde está la resolución de Bruselas? No manipulen, de verdad. ¡De
verdad, no manipulen! Por lo tanto, volvemos a tender la mano. Miren, tenemos que volver a la normalidad democrática en este país cuando hablamos del Consejo General del Poder Judicial, y esa normalidad pasa por que nos pongamos de acuerdo los
grandes partidos en este tema y pasa por que esa renovación se produzca en base a esa normalidad. Pero ni esa renovación la va a imponer Bruselas ni esa renovación la va a imponer con la pobre, limitada y estrecha PNL que ustedes hoy aquí acaban de
presentar y que, por supuesto, tendremos el inmenso honor de votar en contra. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ramos.


A continuación, le ruego al representante del Grupo Popular que nos indique si acepta o no la enmienda presentada por el Grupo VOX.


El señor POSTIGO QUINTANA: No. Creo que lo he dejado claro. Creo que es una enmienda que desnaturaliza y desvirtúa, con lo cual no la aceptamos.


Gracias, presidente.


El señor PRESIDENTE: Se votará entonces en los términos presentados por el Grupo Popular.


Gracias, señor.


- RELATIVA A LA PROFESIONALIZACIÓN DE LOS MÁXIMOS RESPONSABLES Y DIRECTIVOS DE LAS ENTIDADES PERTENECIENTES AL SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO VOX. (Número de expediente 161/001089).


El señor PRESIDENTE: Pasamos entonces al debate de la segunda proposición no de Ley, del Grupo Parlamentario VOX, relativa a la profesionalización de los máximos responsables y directivos de las entidades pertenecientes al sector público
empresarial.


Para su defensa tiene la palabra el señor Ruiz Navarro, por un tiempo de seis minutos.


El señor RUIZ NAVARRO: Con la venia.


Con carácter previo, xenófobo, racista y que atenta contra valores democráticos. Les ha faltado a ustedes continuar con la habitual retahíla de insultos que nos dedican desde su grupo parlamentario, pero lo que está claro, señores del
Partido Socialista es que a ustedes hay temas de los que no les gusta que se hable; por tanto, como este tema no les gusta, parece que hemos acertado. La realidad es que ahí fuera en la calle hay un debate sobre esta cuestión, pese a que ustedes
quieran echar tierra encima. Miren, hemos acertado y, por tanto, partiendo de que en el cartel no hay ninguna mentira, seguiremos adelante, ni un paso atrás.


Señorías, respecto a la cuestión que nos afecta hoy, tenemos que decirles que si algo hemos sacado en claro de los comparecientes que han depuesto hasta la fecha en esta Comisión, es que para garantizar... (Rumores). Rogaría que se
callaran, por favor, señor presidente. ... la independencia de los

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organismos reguladores de España debemos afrontar, entre otras, dos reformas importantísimas. La primera es la del sistema de selección y nombramiento de su personal directivo, y la segunda es la del modelo de plantillas y régimen de
personal que presta servicio en ellos.


Nuestra PNL se ocupa de la primera de las reformas, es decir, la que afecta a la selección y nombramiento del personal directivo, pero nuestra propuesta es más ambiciosa, no queremos limitarla solo a los organismos reguladores y a las
autoridades independientes, sino que nos gustaría que se aplicase a todo el sector público, en especial a todo el sector público empresarial. El objetivo que se propone es sencillo, se trata de profesionalizar y reforzar la independencia de quienes
están llamados a dirigir nuestro sector público empresarial, y esto es algo que se ajusta a los mejores estándares de calidad aplicados en las democracias de nuestro entorno. Tengamos presente que si importante es que los organismos reguladores
actúen alejados de parámetros políticos, no lo es menos que las empresas que cuentan con capital público intervengan en el mercado dirigidas por buenos profesionales. Y es que, señorías, las llamadas empresas públicas y aquellas participadas por el
Estado no son ONG, no son ONG, están para competir en el mercado libre y para ganar dinero, porque con ese dinero también se pagan los servicios públicos. Sí, señorías, cuanto más competitivas sean nuestras empresas públicas, y también las
participadas, y cuanto más éxito tengan, mejor nos irá a todos los españoles, porque más y mejores servicios públicos podremos tener. Los servicios públicos no se pagan solos, pero en VOX lo tenemos muy claro: lo que ganen nuestras empresas
participando en la economía de mercado nos ayudará a todos los españoles a costearlos. Por eso, tal y como denunciamos en esta iniciativa, no tiene ninguna gracia que el Gobierno, este Gobierno o los anteriores o cualquier Gobierno que exista en
cualquier momento, utilice nuestro sector público empresarial como agencia para colocar amiguetes.


Señorías del Partido Socialista, dígannos, ¿qué criterio utilizarían ustedes para valorar, entre otras, la profesionalidad de Beatriz Corredor para dirigir Red Eléctrica? ¿Y la de Óscar López para dirigir Paradores? ¿Y la de Isaías Táboas
para dirigir Renfe? ¿Y la de José Ramón Sempere para dirigir Mercasa? ¿Y la de Juan Manuel Serrano Quintana para presidir Correos? Ya le decimos en VOX cómo se valora su profesionalidad, con el carné del PSOE. Todos los mencionados, y otros
muchos agraciados con similares canonjías lo tienen. Señorías comunistas de Podemos, todavía recordamos cómo a ustedes se les llenaba la boca criticando las puertas giratorias, hablaban de la casta política, del PP y del PSOE, etcétera, pero,
claro, ha sido llegar ustedes a pisar moqueta, ha sido cambiar Vallecas por Galapagar y pasar de los gritos al silencio. Ya no les oímos, señorías, ya no les oímos, un poco de pasta ha bastado para que se conviertan en casta.


La falta de independencia y de profesionalización de los máximos responsables del personal directivo de las empresas públicas afecta directamente a su competitividad y a la de España en el mundo, por eso, proponemos aplicar en España un
modelo de reclutamiento y selección de personal directivo para todo el sector público similar al que utilizan en Portugal con su conocida Cresap, que fue creada por el Gobierno de Cavaco Silva para cumplir con condiciones impuestas en un memorándum
por la Comisión Europea en 2011. De esto va nuestra iniciativa, y que quede claro que no estamos reclamando que se copie exactamente el modelo portugués, pero sí que utilicemos lo bueno que tiene ese modelo para mejorar el nuestro. Y en este
sentido, se han pronunciado hasta la fecha en esta Comisión los profesores Villoria, Boix y Pauner. También se propone que se simplifique y unifique el régimen aplicable a todo el personal directivo del sector público español y que se elabore un
estatuto, un código de conducta y otro de buen gobierno aplicable a las sociedades participadas por el Estado. Creo que no es pedir demasiado.


Hay interesantes artículos de opinión en la propia web del INAP, que le recuerdo que depende del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, en los que se defiende este modelo de profesionalización del sector público y de sus
directivos. Por tanto, les recomiendo que echen un vistazo a esta página, que es oficial, del Instituto Nacional de las Administraciones Públicas de España.


Para finalizar, les pregunto. ¿Qué clase de sector público empresarial quieren ustedes, uno que tienda a la estabilidad, al éxito y a la profesionalidad, o uno que mantenga el nepotismo y el turnismo decimonónico? En su mano está y por sus
votos les conoceréis.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ruiz Navarro.


No habiéndose presentado enmiendas a esta proposición no de ley, pasamos ahora al turno de fijación de posiciones.


Tiene la palabra en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Vasco, el señor Legarda Uriarte.

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El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidente.


Al igual que en la otra iniciativa, nos abstendremos, y no porque esta proposición no carezca de motivación, que, tenemos que decirlo, creemos que está soportada en una amplia motivación y, también lo tengo que decir, a nuestro juicio, con
una alta calidad técnica, sin perjuicio de que se trufe de juicios despectivos hacia el mismo Gobierno o hacia personas concretas identificables por referencia y que en la defensa de la iniciativa se han identificado singularmente, algo que
consideramos totalmente innecesario, gratuito y perjudicial para defender la conveniencia del establecimiento de un régimen jurídico de los directivos del sector público empresarial.


Sin embargo, nuestra abstención trae causa de la hondura de la misma iniciativa, de lo que se propone, y que requeriría, a nuestro juicio, una mayor maduración y no zanjarlo con un único debate de treinta minutos en el día de hoy.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Legarda.


Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra a continuación el señor López Bas.


El señor LÓPEZ BAS: Gracias, presidente.


Señorías, nuestro voto, vaya por adelantado, será afirmativo a esta proposición no de ley presentada por el Grupo VOX, porque entendemos que si hay una reforma necesaria y urgente en este momento es la de nuestra Administración Pública y la
del sector empresarial público, precisamente para adaptarlos a los retos del siglo XXI. En nuestra opinión, son necesarios tres objetivos fundamentales: la profesionalización, la despolitización y la atracción de talento joven. Con una
Administración escasamente profesionalizada, altamente politizada y deficitaria en talento por carecer de atractivo ante quienes podrían estar interesados en incorporarse a la gestión de lo público, lo que tenemos es una percepción por la ciudadanía
de la Administración como una gran maquinaria lenta e ineficaz. Según estudios de la OCDE, en España existe entre un 95 y un 100 % de politización en los altos cargos de la Administración, en particular directores y subdirectores generales, sin
embargo, en países como Canadá, Holanda o Alemania, ese porcentaje no llega ni siquiera al 5 %. Consecuencia de esta situación es otro mal endémico de nuestras administraciones públicas y de nuestro sector público empresarial: la falta de calidad
de las instituciones de Gobierno y la ausencia de un control eficaz para evitar corrupciones y desviaciones de poder en su seno. Ello incide fundamentalmente en el propio desarrollo económico de un país, y esto es así porque la corrupción y la baja
calidad institucional desincentivan el emprendimiento, la innovación, la competencia y el esfuerzo, y esto se traduce en menor productividad, mayor desempleo y remuneraciones más bajas. Las actuales estructuras administrativas se han quedado
obsoletas para afrontar estos retos y están faltas de dinamismo.


Por tanto, entendemos que la primera medida a realizar es la de reforzar el Estado de derecho y el funcionamiento e independiente de sus instituciones. España necesita diseñar un sector público empresarial y unas administraciones públicas
que funcionen con criterios de objetividad en la persecución del interés general, a fin de garantizar un adecuado equilibrio entre los distintos poderes del Estado y un mejor funcionamiento de nuestro Estado de derecho. Por otra parte, para estos
nuevos retos es preciso que el funcionario público sea un auténtico profesional, formado y capacitado para realizar su trabajo, con independencia de los vaivenes ideológicos de los responsables políticos de turno. Esos funcionarios deben ser
imparciales y objetivos, y así nos darán la mejor garantía de un servicio público eficaz en la consecución de sus fines de proteger y tender al mejor y mayor interés general.


Por eso, creemos fundamental desarrollar el estatuto del directivo público, aún pendiente, pese a la previsión contenida en el Estatuto Básico del Empleado Público, y hay que reformar, igualmente, la Ley de la Función Pública, que se aprobó
hace ya más de treinta y cinco años. Es necesario con ello asegurar la separación de las carreras políticas y de las carreras funcionariales. También debemos abordar el reto del relevo generacional, la atracción del talento joven, establecer un
esquema de incentivos adecuados para premiar el mérito y la capacidad e implementar la transformación digital de la Administración en relación con los procedimientos y métodos de trabajo, más allá del front office. En definitiva, solo reforzando el
prestigio de las instituciones y de los funcionarios y directivos públicos, que dedican su vida al interés general, podremos recuperar la confianza de los ciudadanos en las mismas, al tiempo que entendemos que podremos fortalecer el Estado de
derecho.


Muchas gracias.

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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor López Bas.


Tiene la palabra a continuación, por el Grupo Confederal de Unidas Podemos, el señor Honrubia Hurtado.


El señor HONRUBIA HURTADO: Gracias, señor presidente.


Nuestro grupo votará en contra, y lo haremos, una vez más, principalmente porque no nos creemos que la petición que realiza el grupo proponente sea sincera, en tanto que no es coherente con el pasado de algunos de sus miembros o sus
dirigentes, o con el presente de lo que hacen en aquellos territorios, sobre todo en aquellas autonomías donde están apoyando y sustentando gobiernos del Partido Popular y Ciudadanos.


En cuanto a la propuesta de fondo que se plantea, podríamos incluso llegar a coincidir en algunos aspectos, entre otras cosas, porque nosotros también venimos trabajando desde hace tiempo con asociaciones como Fedeca, que hacen un
planteamiento muy similar al que ustedes proponen aquí, en el cual intuimos que puede ser que ustedes se hayan inspirado o sea una referencia, puede ser, o es similar. Pero es que, volviendo con las preguntas, o trasladando las propias preguntas
que usted hace, a mí me gustaría saber, por ejemplo, qué méritos tenía el señor Abascal para trabajar en los sucesivos chiringuitos de la Comunidad de Madrid, donde le puso a dedo la señora Esperanza Aguirre; qué méritos tiene, por ejemplo, el
señor Ernesto Díaz Trincado para ser consejero de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda de Boadilla del Monte; qué méritos tienen, por ejemplo, los hijos o la esposa de su diputado o exdiputado en Murcia, Francisco José Carrera, para ser
asesores del Grupo Municipal de Murcia, con un sueldo de 50 000 euros anuales; también me gustaría saber por qué ustedes no han dicho nada ante el enchufe de la hermana del presidente de Andalucía, Moreno Bonilla, como directora del Conservatorio
Ángel Pericet de Málaga, una noticia, que parece que les ha pasado desapercibida, ante la cual ustedes han preferido no manifestarse.


Por tanto, como entendemos que es simplemente una propuesta para desgastar al Gobierno, que no es coherente con su práctica y que no tienen interés real porque salga adelante, votaremos en contra.


Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Honrubia.


Tiene la palabra a continuación, por el Grupo Popular, el señor Suárez Lamata.


El señor SUÁREZ LAMATA: Muchas gracias, señor presidente.


Si me permiten sus señorías una consideración inicial, les recuerdo que estamos en una Comisión en la que la palabra consensuar debería ser el verbo que todos tuviéramos en la mente, en lugar de imponer o descalificar. Lo digo
fundamentalmente por toda la serie de comparecencias que se vienen produciendo aquí, que deberían concluir en un dictamen, en el que sería recomendable alcanzar esos consensos; pero, a la vista de cómo se plantean o se están planteando los debates,
créanme que me preocupa, y bastante.


Hoy estamos ante una iniciativa que, como ha dicho el portavoz del Partido Nacionalista Vasco, está bien fundamentada. Señorías de VOX, señor Navarro, yo le digo que compartimos el planteamiento que hace, si bien con algunas matizaciones.
La primera e importante es a la que hacía referencia hace un momento, y a la que usted también ha hecho referencia en su exposición. Si esta Comisión se arbitra mediante el sistema de comparecencias, donde los comparecientes explican lo que piensan
sobre determinadas cuestiones, lo lógico y natural sería esperar a completar el procedimiento, es decir, esperar a que finalicen las comparecencias y una vez se hayan realizado las mismas intentar conformar entre todos un dictamen y alcanzar el
mayor consenso posible. Y ustedes con esta iniciativa sencillamente rompen la dinámica de esta Comisión, lo cual es, desde mi punto de vista, completamente inaceptable, porque para qué estamos aquí, para qué venimos aquí; sencillamente que cada
uno proponga lo que quiera, se vota y al final la mayoría acabará imponiendo lo que estime oportuno. Por tanto, desnaturaliza completamente esta Comisión.


Aparte de eso, el tema no es tan sencillo, como usted lo ha dicho. La iniciativa está bien planteada, pero se olvida de que el término directivo tiene muchas aristas, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional avala lo que se está
haciendo hasta ahora, lo que no digo que me parezca bien, y por tanto no es tan fácil, por eso sería recomendable seguir escuchando expertos en la materia.


Le tengo que decir que al final copiar un modelo impuesto por la troika en un país que no fue objeto de rescate gracias a que gobernaba el Partido Popular, la verdad es que tiene lo suyo, pero es que además el Partido Socialista debería
saber que con las agencias estatales entró en vigor el 1 de enero, es decir, ya se está aplicando.

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Lo que menos me gusta de la iniciativa, se lo voy a decir, es la ecuación que establece. Ustedes dicen: Quien ha estado en política está inhabilitado para dirigir cualquier consejo de administración, o presidirlo, de una sociedad estatal.
A mí me costaría muy poco aquí meter presión sobre todos los nombramientos que ha hecho el Partido Socialista, que créame, me gustan casi todos poco o nada, pero, lo que le decía, con demagogia no vamos a ningún sitio. Le digo esto porque el que le
habla, desde luego no entiende la política como una profesión, es un paréntesis en la vida laboral de las personas. Yo tengo una gran amistad y admiración por el señor Aizcorbe, yo le nombraría, si tuviera posibilidades de hacerlo, en cualquier
consejo de administración, y lo nombraría a pesar de haberse dedicado a la política, por su profesionalidad, como nombraría a la señora Olona, no tendría ningún problema, un abogado del Estado que conoce la SEPI pues a lo mejor estaría muy bien en
la SEPI. Y ustedes con esta iniciativa lo que hacen es inhabilitar a todo el que pasa por la política. He leído su iniciativa y, fíjese, me va a hacer a mí defender determinados nombramientos del Partido Socialista, fíjese lo que está haciendo.
Es que, oiga, un abogado del Estado..., no, no, escúcheme, un abogado del Estado, perdón, un interventor y un letrado de Cortes a usted le parecen insuficientes. ¿Qué nivel hay que tener para presidir una corporación? La señora Corredor, es
registradora de la propiedad; dígame qué nivel hay que tener para presidir o para estar en un consejo de administración. El que es técnico de administración comercial del Estado, el señor Sevilla, dígame dónde ponemos el límite. Igual no hay
carrera todavía ni profesión inventada para que ustedes sean capaces de llevar a determinadas personas a los consejos de administración.


No voy a incidir en esto porque, aparte ha sobrevolado en la intervención de alguien. Al final una cosa es predicar y luego otra cosa es hacer lo que ustedes han hecho en otros sitios. Pero me quedo con la reflexión de que sería mucho más
interesante, señorías, en lugar de venir aquí a hacer ruido, intentar llegar a acuerdos, y para intentar llegar a acuerdos, desde luego, la fórmula no es sencillamente insultar, faltar, descalificar o meterse con el rival político.


Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Suárez.


En último lugar, y en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Sarrià Morell.


El señor SARRIÀ MORELL: Gracias, señor presidente.


Señorías, sin entrar en la prolija, y falaz en muchos casos, exposición de motivos de esta proposición, que al final no deja de ser un intento, uno más, de desprestigiar con insidias, con mentiras, la imagen en este caso del sector público
empresarial, descalificando, como si se tratara de antecedentes policiales, el que algún socialista pueda formar parte de los órganos de gobierno de empresas públicas, solo les diré que les traiciona el subconsciente, yo creo que tanto como el
subconsciente el propio consciente, cuando afirman que esto ha sido así en los más de cuarenta años de democracia, y solo les ha faltado añadir que en la época del glorioso movimiento nacional esto no pasaba.


Me centraré en lo que proponen en vista de la necesidad, según dicen, de una ley que regule de forma integral el régimen jurídico de todas las entidades pertenecientes al sector público empresarial. Lo hacen, afirman, al amparo del artículo
4 del Real Decreto 451/2012, y la adicional octava del Real Decreto Ley 3/2012, que hacen estricta referencia al régimen de contratación del personal directivo en sociedades mercantiles, pero en absoluto aluden a una regulación integral de los
directivos de estas entidades. Ustedes engloban en un totum revolutum entidades públicas empresariales, sociedades mercantiles estatales, determinados consorcios, e incluso fondos sin personalidad jurídica, obviando las importantes diferencias y
matices que existen entre los distintos tipos de entidades que forman parte del sector público empresarial. Y lo curioso es que reconocen en la propia exposición que las distintas normas legales que afectan al nombramiento de altos cargos recogen
ampliamente muchos de los requisitos que reclaman en su proposición; entre otras, la Ley 3/2015, reguladora del ejercicio de alto cargo, establece el requisito de idoneidad, así como su sujeción a los principios de interés general, integridad,
objetividad, transparencia y austeridad. Asimismo, la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, afectaría a los máximos responsables de las sociedades mercantiles estatales, cuyo régimen retributivo está
recogido con un alto grado de detalle en la adicional octava de la Ley 3/2012 y en el Real Decreto 451/2012. Como la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, regula la organización y funcionamiento del sector público estatal, incluyendo
las sociedades mercantiles estatales, y establece el régimen de control, de eficacia y supervisión continua de las mismas.

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Por otro lado, implican a la Comisión Nacional del Mercado de Valores en la elaboración de un código de buen gobierno de las sociedades participadas por el Estado, sabiendo que esta solo es competente para velar por el buen gobierno de las
cotizadas en bolsa, y que de las siete participadas por el Estado solo en el caso de Aena el accionista mayoritario es el propio Estado, y se da la circunstancia de estar ya, y esto es ampliamente reconocido, sometida a elevados estándares de
gobierno corporativo. Reclaman también un estatuto del directivo público empresarial, que no nos parecería mal, pero, en todo caso, lo correspondiente podría recogerse en el anteproyecto de Ley de la Función Pública, que está precisamente en fase
de consulta previa pública desde marzo de 2020.


Hay, en todo caso, y, en definitiva, un abanico de normas muy amplio sobre retribuciones, buen gobierno, incompatibilidades, nombramientos, evaluación de resultados, que hacen, a nuestro juicio, innecesaria la regulación que se propone y
que, a nuestro entender, responde únicamente a la voluntad de deslegitimar los nombramientos que en el uso de sus competencias hace un Gobierno democráticamente elegido y abunda, como decía, en su principio, que no es nuevo, en su estrategia de
desprestigiar todo lo público. Por tanto, votaremos en contra.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sarrià.


- SOBRE LA URGENTE NECESIDAD DE RENOVAR LOS ÓRGANOS CONSTITUCIONALES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/002223).


El señor PRESIDENTE: A continuación, pasamos al debate de la tercera proposición no de ley, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la urgente necesidad de renovar los órganos constitucionales.


Para su defensa, y ya sabe que por un tiempo de seis minutos, tiene la palabra su portavoz, la señora González Pérez.


La señora GONZÁLEZ PÉREZ: Gracias, presidente.


Buenas tardes, señorías. Hace un mes y medio, cuando registraba esta PNL, para trasladar a la Cámara la urgente necesidad de renovar los órganos constitucionales y el rechazo a cualquier intento de vulnerar los plazos recogidos en la
Constitución española, confiaba en que no llegaríamos a este debate, confiaba en que durante el periodo de tiempo que se abría lograríamos alcanzar los consensos necesarios para dar por zanjada esta anomalía política que ya se prolonga por más de
dos años. Pero no, por supuesto que no. Mi confianza en la altura política de la oposición debió ser consecuencia de mi compromiso y del de mi grupo con el interés general, que por un momento consideré extrapolable al principal partido de la
oposición. Al escuchar a sus señorías cuestionar la situación de interinidad de los órganos constitucionales, también confiaba en que se lograría un acuerdo para la renovación improrrogable de estas entidades. Pero este tímido ataque de
responsabilidad no pasó de la renovación de Radiotelevisión Española, que no es un órgano constitucional, dejando bloqueadas las renovaciones de órganos que sí están en la Constitución, extendiendo más en el tiempo la vulneración de los plazos
fijados en el artículo 122 de la Constitución, para el Consejo General del Poder Judicial, y en el artículo 159, para el Tribunal Constitucional. Y que tal comportamiento venga de una formación reaccionaria, antisistema y dinamitera como VOX, que a
juzgar por sus discursos se llevaría por delante la mitad de los avances sociales de este país, podría entenderse, pero resulta insólito que una fuerza política gestada durante la transición y consolidada en democracia, como el Partido Popular,
participe en estas vulneraciones flagrantes de la Constitución española, que solo buscan dar al traste con la estabilidad que exige la gestión pública.


Señorías de la oposición, hagan el favor de entender de una vez que de ninguna manera la lícita rivalidad política puede poner en jaque los cimientos de nuestro modelo democrático, justo lo que ustedes están pretendiendo. La renovación en
tiempo y forma de los órganos constitucionales es un elemento imprescindible para la legitimidad constitucional de estas instituciones, forma parte inescindible de su propia naturaleza, y es un elemento relevante del consenso constitucional;
consenso constitucional que se ha visto quebrado por un Partido Popular a la deriva, incapaz de definir su espacio ideológico, que igual un día defiende su moderación centrista y colaboradora y mañana se somete a la extrema derecha y a sus
exigencias radicalmente conservadoras.


Con esta proposición no de ley el Grupo Parlamentario Socialista les traslada la urgente necesidad de renovar los órganos constitucionales, junto a la manifestación pública de nuestro rechazo a cualquier

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intento de vulnerar los plazos recogidos en la Constitución a través del bloqueo a dicha renovación; urgente necesidad que también ha sido trasladada por el comisario europeo de Justicia en el día de ayer. A ver si se aplican, señorías.
Se habla mucho de la lamentable situación en la que se encuentra el Consejo General del Poder Judicial por el bloqueo del PP, pero hablemos también del Tribunal Constitucional. ¿Con qué legitimidad va a afrontar la trascendente labor que tiene en
los próximos meses, sabiendo que tres de sus magistrados debían haber concluido su mandato el 7 de noviembre de 2019 y que desde hace meses existe una vacante sin cubrir? ¿No se dan cuenta de que con su actitud están socavando la legitimidad de una
institución clave para el buen funcionamiento de nuestro Estado constitucional? Insisto, cuando el rédito electoral se impone al interés general, cuando la desestabilización de nuestro modelo de convivencia se convierte en arma arrojadiza contra el
Gobierno legítimamente elegido por el pueblo, solo puede hablarse de corrupción y de perversión del sistema. Cuando el bloqueo a cualquier acuerdo con el Gobierno se hace coincidir con una etapa crítica a todos los niveles, como es la pandemia del
COVID, que ha dañado seriamente el tejido económico y el bienestar colectivo de la ciudadanía, su estrategia, señorías, resulta especialmente obscena. Y no entraré en la indigna campaña electoral madrileña, en el baile de tránsfugas y en las
acusaciones falsas vertidas por sus aspirantes a dirigir la Comunidad. Sepan que hacen un flaco favor a la gente de Madrid y a nuestra democracia.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora González.


No se han presentado enmiendas a esta proposición no de ley, así que pasamos directamente al turno de fijación de posiciones.


En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el señor Legarda Uriarte.


El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidente.


De manera muy breve, para manifestar que votaremos favorablemente, porque es el sentido en el que nos hemos venido pronunciando sobre esta cuestión en las distintas iniciativas que se llevan planteando en la Cámara desde tiempo atrás por
esta misma cuestión.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Legarda.


Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el señor López.


El señor LÓPEZ BAS: Gracias, señor presidente.


Señorías del Grupo Socialista, mi grupo va a apoyar su proposición no de ley porque, como decía Fernando Savater hace unos días, que estemos a favor de la electricidad no quiere decir que estemos a favor de la silla eléctrica. Apoyaremos el
espíritu de su proposición, pero siendo enormemente críticos con su redacción y sobre todo con lo que pretende. Sabemos que los ciudadanos españoles pagamos a ciento veinte diputados del Partido Socialista, que se dedican casi exclusivamente a
cantar alabanzas de Pedro Sánchez en iniciativas de escasa relevancia política y jurídica. Deberían ustedes disimular un poco y preservar algo de su amor propio y de su dignidad. Me voy a referir exclusivamente a afirmaciones literales que
aparecen en su proposición no de ley, porque cuesta creer que están diciendo en serio lo que se lee en la misma.


Hablan ustedes de que la peor de las políticas se instala en nuestra organización colectiva cuando el rédito electoral se impone al interés general, y hemos visto al presidente Sánchez, a su asesor, el señor Redondo, y a su presidente del
CIS, el señor Tezanos, manipulando datos, azuzando el fantasma del fascismo y convocando elecciones cuando mejor le convenía a su partido, después de haber prometido el presidente Sánchez que iba a hacerlo inmediatamente a continuación de ganar una
moción de censura. Hablan ustedes también de que se ha elegido como arma buscar la inestabilidad de la democracia, cuando los socios de Sánchez en el Gobierno son partidos que o bien quieren directamente destruir España o bien en el mejor de los
casos pretenden tumbar lo que ellos llaman el régimen del 78 para imponer quién sabe qué otros tipos de régimen comunista y autoritario. Hablan ustedes, por último, de la flexibilidad del Gobierno que preside Pedro Sánchez, de su capacidad de
diálogo, de su paciencia, y también y sobre todo de su responsabilidad con la nación. Pero es el presidente Sánchez el que está decidiendo cuestiones de Estado con un partido que no condena el terrorismo de ETA, con otro que afirma públicamente que
logrará la independencia de su comunidad autónoma, le guste al resto de España o no, y con otro que amenaza con imponer una república sí o sí y que tacha de fascista a cualquiera que le lleve la contraria.

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Ustedes, señorías del PSOE, pactan con quien pactan y humillan al resto de partidos del abanico parlamentario cuando no pactan con ustedes. Se han atrevido incluso a mencionar como un éxito el acuerdo con el Partido Popular para renovar el
Consejo de Administración de Radiotelevisión Española, cuando su promesa, que parece ahora que olvidan, como lo era también del Partido Popular, era hacerlo mediante un procedimiento transparente y de concurrencia bajo principios de mérito y
capacidad, pero es que en esa misma línea han tratado ustedes de atar al Consejo General del Poder Judicial, como ya se ha dicho aquí, con una reforma legal, que ha sido denunciada por los jueces, censurada por la propia Comisión Europea, y que ya
han tenido ustedes que anunciar que retiran. Claro que se han de renovar todos los órganos constitucionales, por supuesto, pero precisamente no creemos que sea el Partido Socialista quien hoy esté en posición de dar lecciones de ejemplaridad sobre
esto a nadie. No hace falta más que remitirse a los hechos para verlo.


Para nosotros renovar es despolitizar, y despolitizar las instituciones constitucionales, el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial y también el Tribunal Constitucional, el ministerio fiscal o Radiotelevisión
Española. Necesitamos en general unas instituciones fuertes, despolitizadas y libres de corrupción, con controles y contrapesos entre los distintos poderes del Estado. Así tendremos instituciones dignas y una democracia avanzada al nivel de los
países de nuestro entorno, así conseguiremos un prestigio de esas instituciones que se ganen el respeto de la ciudadanía, así reforzaremos el Estado de derecho.


Reitero nuestro voto afirmativo a que se renueven las instituciones del Estado y sus órganos constitucionales, y además a que se renueven cuanto antes, en los plazos que se marcan legal y constitucionalmente, pero no de cualquier manera, no
a cualquier precio; no, desde luego, desprestigiando y perjudicando a esas mismas instituciones, y en eso tienen ustedes toda nuestra crítica, a pesar del voto afirmativo a su proposición no de ley.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor López.


Tiene la palabra a continuación, por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia En Común, el señor Honrubia Hurtado.


El señor HONRUBIA HURTADO: Gracias, señor presidente.


Nuestro grupo votará a favor de la proposición. Entendemos que, como ya se ha dicho antes, es una cuestión de sentido común, que ni siquiera se debería estar debatiendo aquí hoy, pues ya se debería haber hecho en tiempo y forma, pero
entendemos que la posición de bloqueo del Partido Popular nos obliga a que, una vez más, tengamos que venir a denunciar el intento que hacen de patrimonializar y secuestrar determinadas instituciones, determinados organismos constitucionales, que en
el pasado, gracias a la mayoría y a los acuerdos que tuvieron con esa mayoría, les permitieron acaparar. Por tanto, creemos que es necesario que se acabe con esta situación de bloqueo, creemos que es necesario que se entienda que la realidad
bipartidista ya terminó, creemos que es necesario que se entienda que es necesario que haya un amplio consenso, que haya diálogo, que no se excluya a ninguna de las fuerzas democráticas de la negociación de la renovación de estos organismos, y que
se entienda sobre todo que no se pueden utilizar para hacer políticas y que no se pueden utilizar para defender determinados intereses políticos. Como ya se ha dicho, no solo es la renovación del Consejo General del Poder Judicial, es también el
Tribunal Constitucional. Creemos que las mayorías que hoy existen no reflejan la realidad política que han salido de las urnas en los últimos procesos electorales y, por tanto, es necesario que se abandone esa situación de bloqueo y esperamos que
lo antes posible desde el Partido Popular entiendan que la democracia no es algo que se dice con la palabra grande y con la boca grande, sino que se practica en el día a día, principalmente no patrimonializando las instituciones que son de todos y
de todas y principalmente no bloqueando el funcionamiento de la propia democracia.


Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Honrubia.


Tiene la palabra a continuación, por el Grupo Parlamentario VOX, el señor Aizcorbe Torra.


El señor AIZCORBE TORRA: Muchas gracias, señor presidente.


Señores y señoras del Grupo Socialista, citan ustedes en la exposición de motivos a Azaña, con ánimo de destejer más que de tejer, y se empeñan una y otra vez de mostrar a la Segunda República como

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modelo de convivencia, incluso, en boca del presidente del Gobierno, definiéndola como un vínculo luminoso con nuestro pasado. Supongo que hablan del mismo Azaña que refiriéndose al vínculo luminoso, esto es, la República, espetó aquella
célebre frase: 'No quiero ser presidente de una república de asesinos'. Continúan en su paupérrima y sesgada exposición de motivos intentando acaramelar al Partido Popular cual la amante despechada, o despechado -no introduciré más géneros
sustantivos, ya se apañarán ustedes-, que se hace la remolona en la petición de tanda de baile. Rematan la misma calificando a VOX de lo que no es, esfuerzo que no tenemos que hacer nosotros, los hombres y mujeres de VOX, con ustedes, porque así se
definen ustedes, como socialistas; ya lo ven, lo que nosotros consideramos un desaire, incluso un menosprecio, para ustedes es un timbre de identidad. Reconoce la misma proposición no de ley que la renovación de los órganos constitucionales ha
sido tradicionalmente un trámite no excesivamente complejo, basado en un consenso, en definitiva, sin el procedimiento estrictamente pertinente y con reparto en opacas conversaciones bilaterales entre el Partido Socialista y el Partido Popular, y
este escenario ha cambiado. De tal forma que, por ejemplo, en cuanto al Consejo General del Poder Judicial, cuyo plazo de cinco años para su renovación -artículo 568.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial-, concluía en diciembre de 2018, se inició
el procedimiento de renovación en octubre del mismo año, esto es, durante la, decimosegunda legislatura, trasladando el expediente a la siguiente legislatura. A su vez, y finalmente, expirada la legislatura decimotercera, en el Boletín Oficial de
las Cortes Generales de 23 de octubre de 2019, número 70, página 632, se publica el acuerdo por el que de nuevo se declara subsistente el expediente 244/01, relativo a la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que se traslada a la
siguiente legislatura. Como es evidente en esta legislatura decimocuarta, la composición del Congreso dista notoriamente de la que había en la legislatura decimosegunda, en particular mientras en esta el partido político VOX carecía de
representación parlamentaria, en la legislatura decimocuarta se ha convertido en la tercera fuerza política del país, con una representación de 52 diputados. Sin embargo, a través de la insólita actuación de dar por subsistente la tramitación de un
procedimiento parlamentario iniciado en la legislatura decimosegunda, se priva al resto de representantes, y concretamente a los representantes electos de VOX, y al Grupo Parlamentario VOX, de toda participación formal en un procedimiento tan
absolutamente relevante en un sistema democrático como el que debe producirse para la renovación del órgano del Gobierno de los otros tres poderes de un Estado de derecho, el Poder Judicial. Manifestando una vez más, no obstante, nuestra convicción
de que el poder de los jueces debe ser elegido por los propios jueces, pero, a la luz de numerosas resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, conocerán ustedes que la democracia no se reconduce a la supremacía constante de la opinión de
una mayoría, sino que exige un equilibrio que asegure a los individuos minoritarios un tratamiento justo que evite todo abuso de una posición dominante. Y el respeto a ese equilibrio pasa por el respeto a los procedimientos previstos para la
adopción de determinado tipo de decisiones, y dichos procedimientos actúan, entre otras cosas, como salvaguarda del derecho de las minorías políticas a que sus voces sean escuchadas en toma de decisiones.


Así pues, dejen de llorar sobre la leche derramada, apliquen los procedimientos tal como están establecidos y aparten sus caprichos lo más lejos posible de órganos que solo tienen justificación si se garantiza su independencia y aplican la
ley. Pero ustedes siempre van más allá. Ya nos constarán qué ha pasado con lo que comentó ayer el ministro de Justicia sobre la modificación propuesta en la Ley Orgánica 4/2021. Y, en cualquier caso, vuelvan ustedes al espíritu constitucional, el
método previsto en la Ley Orgánica 1/1980. Igual sucede con el resto de las instituciones.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aizcorbe.


Tiene la palabra, en último lugar, por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso el señor Navarro López.


El señor NAVARRO LÓPEZ: Muchas gracias, señor presidente.


Señores del Partido Socialista, respetar la independencia judicial y la separación de poderes, cumplir la Constitución con el Consejo de Europa y con la Comisión de Venecia, son cinco requisitos profundamente sencillos, que son los que hoy
mismo ha vuelto a recordar el presidente de mi partido, el presidente Casado, y que si ustedes son capaces de cumplir el Partido Popular estará para renovar el Consejo General del Poder Judicial mañana; mañana, fíjense qué fácil. Pero al Partido
Socialista y al señor Pedro Sánchez la renovación del Consejo General del Poder Judicial le da igual, y lo sabemos hace meses. Ayer

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volvió a quedar demostrado. Hoy con este texto, que, sinceramente, por decoro deberían haber retirado -por decoro deberían haber retirado-, ustedes lo demuestran. La posición del Partido Popular es clara, lleva siendo clara muchos años,
muchos años, y se basa siempre absolutamente en lo mismo, llevamos diciendo lo mismo años, reforzar la independencia judicial, como pide la Constitución, como pide el Consejo de Europa, y algo que a ustedes les parece muy complicado, que es escuchar
a los jueces, a aquellos que tienen mucho que decir, evidentemente, en sus propios órganos de gobierno. Pero la responsabilidad, por mucho que la escondan -por cierto, luego hablaremos del lamentable texto de la proposición no de ley, señora
Gómez-, por mucho que la escondan, la responsabilidad es del señor Sánchez, que con los comunistas ha intentado por la puerta de atrás renovar el procedimiento haciendo trampas, y gracias a la denuncia del Partido Popular en Europa España ha visto
cómo se afeaba la lamentable intención del Gobierno de socialistas y comunistas de cometer semejante tropelía. Lo que el Grupo Socialista -repito- debería haber hecho era retirar la proposición no de ley tras el ridículo hecho por nuestro Gobierno
ayer en Europa al ser obligado tras las quejas del Partido Popular a solicitar la reforma -aunque parece que Podemos no quiere-, y llamar al Partido Popular y sentarse a negociar de manera inmediata. El Partido Socialista lo que pretende es, o lo
que ha pretendido es reforzar el proceso de elección del órgano de los jueces, del órgano de gobierno de los jueces, con aquellos que hasta hace un año les quitaban a ustedes el sueño.


Abro comillas, 'el anuncio de hoy es una buena noticia, y que tras tantas discusiones se haya decidido en Madrid frenar esta reforma y que se haya abandonado esa senda es positivo, pero no es suficiente. Es muy importante que se complete la
renovación del Poder Judicial para estar en línea completamente con los estándares europeos.' -Hasta ahora, señora Gómez, nos comparaban con Polonia y con Hungría-. 'Completar de una vez la renovación y lograr en la próxima reforma que al menos la
mitad de los integrantes sean elegidos por sus pares'. Didier Reynders, comisario de Justicia de la Unión Europea.


La Asociación Profesional de la Magistratura ya avisó de la pésima calidad legislativa de su proposición de ley, un texto huérfano de informes jurídicos que avalen su contenido, un texto redactado sin escuchar a quienes de esto más saben, un
texto que ha aglutinado el rechazo unánime de hasta nueve tribunales superiores de Justicia de la Comunidad de Venecia, que ha sido criticado por el 90 % de los jueces, que ha sido criticado por la Asociación de Fiscales. Lo que deberían haber
hecho hoy es retirar este texto, señora Gómez, porque, como se ha dicho ya, se han superado. Ustedes, evocan a Azaña, y cito literalmente, hablan de entendimiento como mecanismo político de pacificación, para pasar a decir que entender la búsqueda
de ese entendimiento es que el Partido Popular está a la deriva, es incapaz de definir su espacio ideológico y que está alineado con la extrema derecha. Y ustedes asienten, ustedes, que gobiernan con comunistas; sí, claro, con el apoyo de Bildu,
con el apoyo del partido de Puigdemont o con el partido Esquerra Republicana de Catalunya. ¿Y los que estamos en deriva ideológica somos el Partido Popular? ¿Los que no sabemos cuál es nuestro espacio ideológico somos los del Partido Popular? No
se preocupen, que el espacio ideológico el día 4 se lo van a dejar muy claro los madrileños, ténganlo por seguro.


Le digo algo más, habla usted de reforma del Tribunal Constitucional ; ocho años estuvo el Partido Socialista para permitir que se renovara a un consejero del Tribunal Constitucional que había fallecido, señora Gómez, ocho años; dos años
estuvieron ustedes para renovar el Tribunal Constitucional, porque estaban esperando la sentencia del Estatut. ¿Y viene aquí a dar lecciones de qué? ¿Viene aquí a dar lecciones de qué? Pero es que siguen este despropósito diciendo -mi parte
favorita de la proposición no de ley- que la flexibilidad del Gobierno de Pedro Sánchez, su capacidad de diálogo, su paciencia y sobre todo su responsabilidad con la nación, están logrando un avance. Corea del Norte parece esto. Oiga, ¿de verdad
no les da ni un poquito de vergüenza la PNL que han traído hoy aquí? ¿No les da un poquito de vergüenza, señora Gómez? Es que el hijo de diez años del señor Rodríguez -estoy convencido- lo habría hecho muchísimo mejor, porque este texto, desde
luego, no es propio de un Parlamento serio.


Señorías, el Partido Popular ha propuesto que los vocales tengan, evidentemente, mucho que decir en la renovación del órgano judicial, que se respete lo que nos ha dicho Europa y que se tengan en cuenta las recomendaciones de la Unión
Europea. Lo que verdaderamente distingue al hombre es la libertad, no la inteligencia. Lo digo porque se nos ha acusado antes de falta de inteligencia. Yo creo que el señor Espinosa de los Monteros -con esto termino- es una persona muy
inteligente; lo digo porque hace media hora, actualícense, ha dicho literalmente: Tendremos que negociar.


Gracias, señor presidente.

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El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Navarro.


Acabamos el debate de la tercera proposición no de ley, de la última proposición no de ley. Estábamos viendo si estaban todos los miembros de los diferentes grupos parlamentarios, pero han ido entrando y no tenemos que suspender, por tanto,
la sesión. En un minuto podemos pasar directamente a la votación de las proposiciones no de ley.


Como saben ustedes, les ruego un poco de silencio, como saben ustedes, las votamos a mano alzada.


VOTACIONES.


El señor PRESIDENTE: Comenzamos por la primera Proposición no de Ley, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a garantizar que el Gobierno respeta al Poder Judicial. Se vota en los términos presentados por el Grupo
Parlamentario Popular.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 17; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Segunda proposición no de ley, votamos a continuación, del Grupo Parlamentario VOX, relativa a la profesionalización de los máximos responsables y directivos de las entidades pertenecientes al sector público empresarial. Se vota en sus
términos.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 6; en contra, 18; abstenciones, 10.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


En último lugar, la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la urgente necesidad de renovar los órganos constitucionales, que se vota en los mismos términos presentados por el Grupo Socialista.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 14.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Les recuerdo que la siguiente sesión de esta Comisión es el 12 de mayo a las cuatro de la tarde, previsiblemente en esta misma sala. Nos quedamos ahora en la reunión de la Mesa para ver el orden del día de esa sesión y para las próximas
sesiones.


Muchísimas gracias.


Señorías, se levanta la sesión.


Eran las cinco y veinte de la tarde.