CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2020 XIV LEGISLATURA Núm. 33

TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y RETO DEMOGRÁFICO

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JUAN ANTONIO LÓPEZ DE URALDE GARMENDIA

Sesión núm. 2

celebrada el miércoles,

19 de febrero de 2020

ORDEN DEL DÍA:


Ratificación del acuerdo de la Mesa, oídos los portavoces, sobre las siguientes solicitudes de comparecencia de la señora vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Ribera Rodríguez), a
efectos del artículo 44 del reglamento:


- Para que explique las líneas generales de actuación de su departamento en la XIV Legislatura. A petición del Grupo Parlamentario Ciudadanos. (Número de expediente 213/000023) ... (Página2)


- Para informar sobre las líneas generales de la política de su departamento. A petición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 213/000057) ... (Página2)


- Para informar sobre las líneas generales de la política de su departamento. A petición del Grupo Parlamentario Republicano. (Número de expediente 213/000099) ... (Página2)


- Para informar de las líneas generales de actuación de su departamento en la XIV Legislatura. A petición del Grupo Parlamentario VOX. (Número de expediente 213/000124) ... (Página2)

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Comparecencias de la señora vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Ribera Rodríguez):


- Para informar sobre las líneas generales de la política de su departamento. A propuesta del Gobierno. (Número de expediente 214/000004) ... (Página2)


- Para informar sobre la evaluación del impacto en España de la borrasca 'Gloria', así como sobre las actuaciones previstas al respecto. A propuesta del Gobierno. (Número de expediente 214/000024) ... (Página2)


Celebración de las comparecencias votadas favorablemente por la Comisión ... (Página2)


Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.


RATIFICACIÓN DEL ACUERDO DE LA MESA, OÍDOS LOS PORTAVOCES, SOBRE LAS SIGUIENTES SOLICITUDES DE COMPARECENCIA DE LA SEÑORA VICEPRESIDENTA CUARTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO (RIBERA RODRÍGUEZ), A
EFECTOS DEL ARTÍCULO 44 DEL REGLAMENTO:


- PARA QUE EXPLIQUE LAS LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN DE SU DEPARTAMENTO EN LA XIV LEGISLATURA. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS. (Número de expediente 213/000023).


- PARA INFORMAR SOBRE LAS LÍNEAS GENERALES DE LA POLÍTICA DE SU DEPARTAMENTO. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 213/000057).


- PARA INFORMAR SOBRE LAS LÍNEAS GENERALES DE LA POLÍTICA DE SU DEPARTAMENTO. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO REPUBLICANO. (Número de expediente 213/000099).


- PARA INFORMAR DE LAS LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN DE SU DEPARTAMENTO EN LA XIV LEGISLATURA. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO VOX. (Número de expediente 213/000124).


El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.


Vamos a comenzar la reunión de la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico, que todo apunta a que puede ser muy larga, dando la bienvenida a la señora ministra.


En primer lugar, tenemos que ratificar el acuerdo de la Mesa, oídos los portavoces, sobre las distintas solicitudes de comparecencia de la vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica. Según acordamos el otro
día, se trata de cuatro peticiones, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, del Grupo Parlamentario Popular, del Grupo Parlamentario Republicano y del Grupo Parlamentario VOX, para informar de las líneas generales de la actuación de su departamento en
la XIV Legislatura. Si nadie se opone, podemos aprobarlo por asentimiento. (Asentimiento). Queda aprobado.


COMPARECENCIAS DE LA SEÑORA VICEPRESIDENTA CUARTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO (RIBERA RODRÍGUEZ):


- PARA INFORMAR SOBRE LAS LÍNEAS GENERALES DE LA POLÍTICA DE SU DEPARTAMENTO. A PROPUESTA DEL GOBIERNO. (Número de expediente 214/000004).


- PARA INFORMAR SOBRE LA EVALUACIÓN DEL IMPACTO EN ESPAÑA DE LA BORRASCA 'GLORIA', ASÍ COMO SOBRE LAS ACTUACIONES PREVISTAS AL RESPECTO. A PROPUESTA DEL GOBIERNO. (Número de expediente 214/000024).


CELEBRACIÓN DE LAS COMPARECENCIAS VOTADAS FAVORABLEMENTE POR LA COMISIÓN.


El señor PRESIDENTE: Al haberse ratificado el acuerdo, estas comparecencias se tramitarán de forma acumulada, según el acuerdo de Mesa y portavoces del 11 de febrero.

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Pasamos al segundo punto del orden del día, que es la comparecencia de la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, para informar de las líneas generales de la política de su departamento y para informar sobre la evaluación del
impacto en España de la borrasca Gloria, así como de las actuaciones previstas al respecto.


Tiene la palabra la señora ministra.


La señora VICEPRESIDENTA CUARTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO (Ribera Rodríguez): Muchas gracias, señor presidente.


Señores vicepresidentes, Mesa, señorías, comparezco ante esta Comisión para dar cuenta de las líneas generales del trabajo que desde la Vicepresidencia cuarta y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico queremos
impulsar durante esta XIV Legislatura, así como para informar sobre la evaluación del impacto en España de la borrasca Gloria y sobre las actuaciones al respecto.


Me gustaría comenzar esta comparecencia dando la enhorabuena a todos por formar parte de esta Comisión que, como no puede ser de otra manera, me parece que es una de las más importantes de esta Cámara. Por supuesto, me pongo a su
disposición para cualquier asunto que consideren necesario para el buen funcionamiento y éxito de sus trabajos. Confío en que sea una relación fructífera, productiva, en que podamos trabajar, como ya ha sucedido en ocasiones anteriores, con
lealtad, cooperación y diálogo, dado que aquello que nos une en esta Comisión es precisamente el presente y el futuro de nuestro país y de nuestros compatriotas.


Permítanme que mis primeras palabras sean de solidaridad con los afectados por la borrasca Gloria. Trece personas fallecidas, cuatro desaparecidas, que se suman a un montón de personas y de familias que se han visto afectadas en su vida
cotidiana y en su realidad de cada día como consecuencia del temporal, así como aquellas otras que se vieron afectadas por los temporales que precedieron a Gloria este año.


Inicio mi intervención, por tanto, comentando las afecciones y la respuesta del Gobierno a Gloria, para pasar, a continuación, a comentar las líneas maestras para la legislatura. La semana del 19 al 24 de enero pasado, el temporal Gloria
azotó las costas del Mediterráneo. Fue un episodio duro, el primero en el año 2020, pero fue el séptimo de la temporada. Entre el 20 y el 23 de enero la tormenta manifestó su máxima virulencia con fuertes vientos acompañados de precipitaciones
intensas y persistentes, nevadas y fenómenos costeros, afectando gravemente a extensas zonas de la península y Baleares. Estamos ante un fenómeno extremo, poco habitual en nuestras latitudes que, sin embargo, este año se ha producido en siete
ocasiones, frente a un promedio, como mucho, de entre dos y cuatro cada año. Por tanto, nuestra impresión es que no es una cosa aislada, sino que se trata de fenómenos que nos acompañarán, lamentablemente, con intensidad y frecuencia crecientes.
Hace apenas seis meses, el pasado 12 de septiembre, comparecí en esta Cámara precisamente para dar cuenta de qué actuaciones en materia de prevención, mitigación y protección frente al riesgo de inundaciones son necesarias en un contexto de
adaptación al cambio climático. Muchos de ustedes lo recordarán.


Gloria ha batido récords de todo tipo: de espesor de nieve, de altura de olas significante en el Mediterráneo occidental, de precipitación máxima recogida en veinticuatro horas durante el mes de enero y de rayos caídos en un mismo día en el
mismo mes. El mar se adentró hasta tres kilómetros en tierra en el delta del Ebro, el nivel aumentó en algunos puntos hasta casi ochenta centímetros. Además de la irreparable pérdida de vidas, Gloria ha provocado daños en dominio público
hidráulico, daños y acumulaciones de arrastres de la vegetación de ribera con caída en el cauce y precariedad posterior, formación de tapones y obstrucciones como consecuencia de los arrastres, limitando la capacidad de desagüe de los cauces en caso
de nuevas lluvias, erosiones en lechos, taludes y riberas con desprotección de las márgenes de ríos, rotura de elementos de protección antiinundaciones que es preciso restituir para evitar nuevas inundaciones, daños y roturas en infraestructuras
hidráulicas como tuberías, desagües, depósitos de agua, caminos, redes de seguimiento causados por las avenidas e inutilización de elementos de presas en las maniobras que fue preciso llevar a cabo durante el temporal dada la magnitud de las
lluvias, puesto que en aquella ocasión tuvimos que operar intensamente en las presas de distintas cuencas para disminuir los volúmenes desembalsados y limitar los impactos potenciales del incremento del caudal.


Junto a las afecciones en dominio público hidráulico, hemos vivido afecciones en la red eléctrica. El viento, la lluvia y la nieve afectaron a diversas instalaciones eléctricas, lo que produjo varios cortes de suministro. Las incidencias
de mayor repercusión han sido aquellas que han acaecido en la red de

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transporte, ya que son los nudos de esta red los que vehiculan una mayor cantidad de energía, pero los daños en instalaciones eléctricas se han producido en todos los niveles de tensión. Fueron incidencias que afectaron en mayor o menor
medida a usuarios de Cataluña, Aragón, Andalucía, Canarias, Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana y Murcia. Con carácter general, la falta de suministro eléctrico fue consecuencia de árboles y
ramas caídas sobre las líneas y también la dificultad de acceso a las zonas afectadas para poder recuperar el servicio con normalidad, y fue puntual en las instalaciones de distribución en Cataluña y Comunidad Valenciana. En la mayor parte de los
casos, el suministro se restableció en horas, y para la gran mayoría de los afectados duró menos de treinta minutos. Lamentablemente, no fue así en todos los casos, pero sí en una inmensa mayoría.


También se produjeron incidencias en la red de transporte e hidrocarburos gaseosos por inundación en una de las posiciones del gasoducto primario Martorell-Figueres, aunque se pudo efectuar el suministro desde otra posición alternativa, con
lo que la incidencia no afectó a los consumidores finales.


En el litoral mediterráneo vimos una afección generalizada en Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia e Islas Baleares, produciéndose daños importantes en infraestructuras como paseos marítimos, acceso a las playas e instalaciones de
servicios de vigilancia. También fue generalizada la pérdida de arena en tramos de playa, los arrastres de material, la acumulación de suciedad, así como daños en sistemas dunares y escolleras en menor medida que en zonas urbanizadas o con
infraestructuras. Además, el temporal inundó zonas colindantes con el tramo litoral, afectando a numerosos edificios e infraestructuras situadas en primera línea de playa. La magnitud de los daños da una idea de la vulnerabilidad de nuestro
litoral ante fenómenos extremos que cada vez presentan un periodo de retorno menor, lo que obliga a plantearse estrategias distintas como la retirada de la franja más expuesta e intensificar medidas de lucha contra la erosión y de adaptación a los
efectos del cambio climático.


En comunicaciones, vimos cierres en puertos, cortes en carreteras por inundaciones o por intensas nevadas, lo que provocó que hubiera pueblos aislados, sobre todo en Aragón, y retrasos en trenes de cercanías, suspensión de clases y de
transporte escolar. También gracias a eso muy probablemente se mitigaron posibles afecciones más serias o más graves en las personas.


Las consecuencias de la borrasca Gloria, como las de la DANA del mes de septiembre pasado, producen una grave alteración de la vida de las personas que viven en las zonas afectadas. Lo más grave son los daños personales irreparables. Pero,
como decía antes, también ha habido pérdidas muy cuantiosas en bienes de titularidad pública y en bienes de titularidad privada, en explotaciones agrarias y ganaderas, en la industria, en el sector del comercio y de los servicios. Todas estas
pérdidas y daños justifican la intervención de la Administración General del Estado desde el principio de solidaridad interterritorial, y de manera subsidiaria, completando las actuaciones que en ejercicio de sus competencias tienen encomendadas y
ejercitan también las otras administraciones territoriales. Es cierto que es imprescindible actuar conjuntamente, con rapidez y coordinación, entre todas las administraciones y sectores afectados, y creo que así ha sido en general.


En la reunión interministerial de urgencia, celebrada el día 24 de enero, los miembros del Gobierno realizamos una primera estimación de los daños producidos por el temporal, y ese mismo fin de semana el presidente visitó las zonas más
afectadas para conocer de primera mano esas afecciones. En el Consejo de Ministros del 28 de enero se analizaron los informes preliminares elaborados por los distintos ministerios y se iniciaron los procedimientos necesarios para activar las ayudas
dependientes de la Administración General del Estado. Esta celeridad ha sido posible porque en el Real Decreto-ley 11/2019, aprobado con ocasión de un episodio similar en el mes de septiembre, se adoptaron medidas urgentes para paliar los daños
causados por temporales y otras situaciones catastróficas, dejando abierta la vigencia del decreto-ley hasta finalizar el mes de marzo, lo que ha permitido agilizar la ayuda a los más afectados.


El 17 de febrero el Gobierno declaró de emergencia las obras para reparar los daños provocados por Gloria y para asegurar la ejecución de intervenciones sin demora, especialmente en los puntos afectados del dominio público marítimo
terrestre. Ante los daños del temporal, las reparaciones necesarias se valoran en 19,75 millones de euros, que se destinarán de la siguiente forma: Islas Baleares, 4,4 millones; Cataluña, 5,7 millones; Comunidad Valenciana, 9,6 millones, a los
que se suman las previsiones anteriores ya disponibles para Murcia. La prioridad actual del Gobierno es garantizar la seguridad y agilizar los trámites para que las ayudas lleguen cuanto antes a los vecinos, a los trabajadores autónomos, a los
negocios afectados, para que las explotaciones agrícolas y ganaderas recuperen su normalidad productiva, para que se pueda restaurar el patrimonio cultural afectado y restablecer las infraestructuras antes de que se inicie la temporada de Semana
Santa.

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Pero más allá de la respuesta de emergencia y de la reparación de daños, es inaplazable fortalecer nuestra capacidad de anticipación ante los riesgos físicos que genera el cambio climático. Informar futuras decisiones de política pública y
de inversión, realizar un mantenimiento adecuado de las infraestructuras, aprovechar la reconstrucción para introducir medidas de resiliencia y de adaptación que reduzcan nuestra vulnerabilidad se convierte en una obligación colectiva de primer
orden. Es una tarea de todos, de las distintas administraciones, de los colectivos expuestos, de la sociedad en su conjunto y, por supuesto, aquí nos van a encontrar para acompañar ese proceso.


Comienzo ahora mi intervención destinada a compartir con ustedes las líneas de acción más importantes de este ministerio. Quisiera iniciar mi exposición mostrando el agradecimiento a quienes nos han traído hasta aquí, a pioneros que han
abierto caminos, despejado sendas y sembrado conciencia en materia ambiental, haciendo ver hasta qué punto lo que nos jugamos es uno de los asuntos más serios para nuestro presente y nuestro futuro. Tenemos una deuda impagable con nuestros primeros
maestros, con los impulsores de la ecología de nuestro país. Pero también tenemos una deuda que debemos no dejar abierta, con más razón si cabe, ante nuestros principales deudores quienes ya están aquí reclamándonos atención. Jóvenes que nos
exigen la defensa de un legado digno para poder tener una vida digna. Es particularmente significativo que mi intervención hoy en esta Cámara coincida con el informe, hecho público esta mañana por la Organización Mundial de la Salud, denunciando
que ningún país está protegiendo adecuadamente la salud de los niños, ni su futuro ni el medio ambiente que les vamos a dejar. Esta es la principal conclusión de un estudio encargado por la Organización Mundial de la Salud, Unicef y de Lancet a
cuarenta expertos mundiales en salud y medio ambiente. Según el informe, las mejoras que se han producido a lo largo de los últimos veinte años en países como el nuestro corren riego de estancarse o revertirse debido a nuevos y generalizados
riesgos, en particular, el cambio climático, la degradación de la naturaleza o las presiones comerciales sobre la infancia. De hecho, el estudio establece una doble comparativa. En la primera, que atiende a criterios como calidad de vida,
nutrición o educación, debemos sentirnos orgullosos, dado que España sale bien parada, situada en el puesto 17 de un total de 180 países. Sin embargo, cuando los autores toman en consideración las emisiones de CO2 por habitante de nuestro país, la
situación cambia radicalmente y pasamos a ocupar el puesto 136 de la tabla. Por tanto, una obligación y un deber importante para el tiempo por venir. Niños y jóvenes que se están formando y preparando para construir una sociedad mejor, más
sostenible y más inclusiva, reclaman más que nunca un cambio de modelo de desarrollo, un golpe de timón para proteger su futuro y con todos estos jóvenes creo que es importante comprometerse hoy aquí donde reside la soberanía del pueblo español.
Estamos atentos, les escuchamos, nos importan, queremos volcarnos en las soluciones de problemas y construcción de alternativas, porque cada generación debe responder a los problemas de su tiempo, pero debe ser capaz también de visualizar por
anticipado cuáles son los problemas de la generación siguiente para ir disminuyendo sus consecuencias y orientando sus soluciones. Así que me comprometo a que esta sea una de las líneas maestras, uno de los principios básicos, que guíe la acción de
este ministerio.


El presidente Sánchez recordaba recientemente en el Congreso de los Diputados que uno de los grandes retos del país al que nos enfrentamos es precisamente el de la emergencia climática. Apuntando que si bien no es un desafío específico o
exclusivo de España, sino del conjunto de la Humanidad, nuestro país está singularmente expuesto y debe afrontar, en todo caso, con responsabilidad sus obligaciones frente a sus ciudadanos de hoy y sus ciudadanos de mañana. Nuestra respuesta debe
de ser la de liderar la adaptación y mitigación frente al cambio climático, convirtiendo nuestra actuación en una gran oportunidad de prosperidad y progreso seguro para el conjunto de la ciudadanía española. Desde junio de 2018, incluso con casi un
año de permanencia en el Gobierno en funciones, hemos ido asentando las bases, reorganizando cuestiones prioritarias para facilitar una transición ecológica de manera justa y este es un trabajo que debe permitirnos iniciar la legislatura con un
legado que nos permita lograr, que nos permita corregir los desequilibrios que padecemos y que se han venido acumulando a lo largo de décadas. Desequilibrios asociados a una forma de entender la economía que no integra adecuadamente los recursos
naturales y, por tanto, amenaza con convertirse en una economía depredadora en lugar de una economía sostenible, que desgasta el capital físico sobre el que se asienta. Desequilibrios con incidencia social, con desigual acceso a beneficios
ambientales o en la exposición a las consecuencias del deterioro ambiental o la socialización de costes de su deterioro. Quién gana, quién pierde, cómo se gestionan las grandes transformaciones de nuestro sistema productivo sin dejar a nadie atrás.
Desequilibrios también territoriales, minando la posibilidad de proporcionar una respuesta mucho más justa y razonable que

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reconozca el valor de preservar el entorno, que facilite la vida de las personas sin generar un sentimiento de contar con ciudadanos de primera o de segunda en acceso a servicios y derechos en función de donde se resida. No podemos seguir
aceptando con naturalidad ese hecho gráfico de vivir en una rosquilla en la que territorial y demográficamente podemos identificar al país, con personas concentradas en la costa y el centro, abandonando el gran espacio interior y viéndose obligadas
a vivir en lugares en los que en la búsqueda de oportunidades a veces encuentran grandes dificultades. Realidades duras que pueden ser algo tan sencillo, tan evidente, como buscar en la periferia de las grandes urbes urbanas habitaciones,
apartamentos, pisos, en los que a duras penas pueden pagar el alquiler o costes, en términos de tiempo, salud o movilidad, con los que no contaban en los lugares de donde venían. Por ello, debemos garantizar que cada cual pueda quedarse a vivir
donde quiera y ello exige ofrecer y garantizar servicios, conectividad y oportunidades reales de futuro. Debemos crear las condiciones que faciliten el que esos lugares sean atractivos para una diversificación de actividades, para absorber talentos
distintos y para reequilibrar en grupos de edad nuestra realidad territorial.


Este es un Gobierno que entiende el pasado, comprende los desafíos del presente e intenta afrontarlos dándoles respuesta, pensando también en el futuro. Por ello, nuestra actuación está orientada a generar oportunidades, manteniendo y
reforzando medidas de solidaridad con los más vulnerables. Somos conscientes de que tal y como señala el Foro Económico Mundial en su informe anual sobre grandes riesgos para la economía mundial, los cinco primeros, los cinco a la cabeza, tienen
carácter ambiental. Por ello, queremos hacer de los pilares de la transición ecológica y el reto demográfico una apuesta por el empleo. Una oportunidad para la inversión solvente y sostenible que favorezca una modernización de los sectores
productivos y de nuestras infraestructuras haciéndolas resilientes al cambio climático y acomodadas a las necesidades de las personas. Una garantía de prudencia contable, asegurando la plena integración del valor del capital natural en nuestras
decisiones y medición de progreso. Unas prioridades, cuya aplicación genera un efecto que no es otro que el de una inyección de productividad para nuestra economía, de modernización y de reducción de desigualdades para nuestra sociedad. Porque nos
permite hacer las cuentas bien, integrando el valor del capital natural y el desvalor en caso de destrucción, impulsando una economía más robusta y perdurable, eficiente y beneficiosa. Poner en su sitio el peso del componente social humano,
laboral, la incidencia social desigual de los costes ambientales o la diferencia en las oportunidades de beneficiarse de los servicios y riqueza que la naturaleza proporciona. Porque incentiva la innovación. Porque actualiza la formación de
nuestros trabajadores y el impulso de nuevas habilidades para el empleo, porque fortalece una cohesión territorial que genera otras oportunidades más allá de las ligadas al sector agropecuario, al que, en todo caso, hay que cuidar. Porque no puede
haber una única actividad en ningún sitio. Lo equilibrado y lo razonable es que haya distintas opciones para que cada cual encuentre el perfil de aquello con lo que más disfruta y en lo que siente que contribuye más al bienestar colectivo. Es
cierto que no cabe otra respuesta que la acción multilateral e inmediata para hacer frente a las crecientes alertas que emite la ciencia, que nos conmina a revertir la dinámica actual de degradación ambiental si queremos evitar superar umbrales
catastróficos y puntos de no retorno. En esta sala no hay nadie hoy seguro que, honestamente comprometido y preocupado por sus hijos, pueda negar lo que la ciencia y nuestro día a día nos confirman: la realidad de un cambio climático peligroso y
nuestra responsabilidad en su origen. Nadie niega la magnitud del desastre de los incendios en Canarias, Portugal, California o Australia; los fenómenos meteorológicos extremos en el Mediterráneo, a los que hemos aludido; la pérdida acelerada en
biodiversidad; la masiva contaminación por plásticos de nuestros mares y océanos; la contaminación de acuíferos por nitratos; la asfixia de ecosistemas locales o los problemas de calidad del aire en grandes ciudades y las consecuencias que esto
tiene para la salud de las personas. Se trata de un reto de gran transcendencia, lo que explica por qué la Unión Europea, con la presidenta de la Comisión a la cabeza, haya situado la Agenda Ambiental y de Clima al más alto nivel de las
prioridades. Nos conviene, a nosotros españoles, ser protagonistas activos en la Unión Europea y nos conviene que la Unión Europea sea protagonista activa en esta época que nos ha tocado vivir en el diseño, en el trabajo, en la construcción de la
realidad interdependiente de un mundo que se ha hecho pequeño. Pero no podemos ni esperar ni escondernos, toca hacer nuestra parte en todo caso, con la apuesta por la neutralidad climática, el Pacto Verde Europeo y la revisión al alza y el objetivo
de reducción de emisiones a 2030, Europa está enviando mensajes claros a los Estados miembros, a la comunidad internacional y a los inversores. Queremos estar preparados y a la altura. Queremos pensar en hoy y en mañana y somos conscientes de que
las amenazas y desafíos a escala global en un mundo y economía tan complejos como los actuales requiere habilidad, audacia, pero también acompañamiento y sensibilidad

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social. Sabemos que hablar de clima, biodiversidad y energía es hablar de seguridad, de migraciones, de competitividad entre sistemas de producción industrial, del modo en que se resuelven conflictos o se anticipan. Por eso, nuestro
objetivo, en línea con Naciones Unidas y la Unión Europea es lograr una economía plenamente descarbonizada y resiliente al cambio climático en el año 2050, conectando con la agenda urbana, la movilidad, la innovación, nuevas cualificaciones
profesionales, la fiscalidad, el empleo, el bienestar, anticipando riesgos y asegurando una transición justa, con trabajadores, territorios y consumidores vulnerables. Consumidores, también. No son acciones puntuales de una legislatura, llevan
tiempo, necesitan estabilidad, respaldo y consenso en su establecimiento y en su desarrollo, aunque pueda haber discrepancias con respecto al alcance, la intensidad o el orden en el que se desarrollan las distintas medidas. Pero el mayor consenso,
el mayor diálogo es también la mayor garantía de éxito. Se trata de un proyecto de país para el que estamos bien posicionados de cara al nuevo ciclo que se abre en Europa, todos iniciamos una nueva legislatura y nos pilla en el mismo momento.


El Gobierno, como ya hizo el Congreso de los Diputados en su última sesión plenaria, ha declarado la emergencia climática, comprometiéndose con un paquete de prioridades que ilustra la acción del Gobierno en los primeros meses de esta
legislatura. Cinco medidas para los cien primeros días, veinticinco más para los meses siguientes. Una ley que debe llegar a esta Cámara antes del fin de marzo. Un plan nacional de adaptación al cambio climático, el segundo, con una visión
estratégica diferente, una estrategia de plena descarbonización de la economía 2050, la creación de una asamblea ciudadana y una generalización, un acicate, un acelerón en el trabajo relativo a la estrategia de transición justa. Queremos actuar
sobre la base del diálogo, la participación, la escucha y la transparencia con todos los actores de la sociedad, como ya se comprometió a hacer el presidente del Gobierno en su discurso de investidura, dado que trabajamos en una agenda transversal
entre generaciones, territorios, actores públicos y actores privados. Queremos reforzar y actualizar canales clásicos de participación y facilitar nuevos, como pueden ser la asamblea ciudadana o el comité independiente de expertos de cambio
climático. Queremos recordar la necesidad de conectar esta agenda con la agenda de inclusión social de las personas y los territorios más vulnerables, trabajando para desencadenar círculos virtuosos y combatir la brecha de desigualdad. Contratos
de transición justa, participación e impulso de iniciativas laborales. Queremos la inclusión transversal de esta nueva realidad en la educación reglada, así como la generalización de información accesible para toda la ciudadanía. Queremos
liderazgo del Estado, coherencia y armonía en las políticas públicas, pero también máxima oportunidad al diálogo y consenso entre administraciones, entre instituciones públicas y privadas, entre ciencia y sociedad, porque cuanto más certera sea la
base sobre la que tomemos decisiones, mejor, más certero, más correcto será el diagnóstico y las soluciones. Queremos apostar por el multilateralismo y el liderazgo europeo. Hemos vuelto a un lugar relevante, acabamos de demostrarlo, con un
respaldo unánime por parte de la sociedad, por parte de los grupos parlamentarios -muchas gracias-, haciendo un esfuerzo en el país acogiendo en diciembre la COP 25 de clima en una situación de emergencia imprevista en la que España demostró una
gran generosidad, pero también un gran compromiso con esta agenda. Queremos apostar por la solidaridad entre países. Vamos a seguir impulsando la lucha contra el cambio climático desde la locomotora europea y propiciando el desarrollo sostenible a
través de los compromisos internacionales de la Agenda 2030 y la acción a nivel nacional en este campo. Debe suponer mayor ambición en nuestras políticas de cooperación internacional, mayor coherencia en nuestras políticas nacionales. Es decir, no
hay mucho tiempo y sí mucho que hacer. Necesitamos una sociedad plenamente preparada para los impactos del cambio climático que resulten inevitables, que cumpla su obligación de conseguir una economía neutra, encargada o no, en el año 2050 y esto
implica incidir de manera radical en modelos de producción y consumo, movilidad, en nuestros entornos urbanos, en nuestros edificios, aprovechamiento de recursos o consecución de una economía circular.


Necesitamos estrategias de adaptación, solventes y transversales. Fortalecer soluciones basadas en la naturaleza para afrontar desafíos como la desertificación, la disponibilidad de recursos hídricos, la preparación frente a fenómenos
meteorológicos extremos e integrar, en estrategias de negocio y en nuestra economía, una mejor comprensión del riesgo climático. Es ya una realidad innegable que los impactos previstos por la comunidad científica se aceleran, se adelantan y se irán
agravando. Por ello, la priorización que se ha dado a la presentación del nuevo Plan nacional de adaptación como una de las medidas para los primeros cien días es fundamental. Queremos destacar en este plan el énfasis en aspectos transversales y
críticos para la gestión de riesgos y definición de acciones de adaptación: las dimensiones social y territorial de la vulnerabilidad climática, que ha de entenderse, conocerse y trabajarse

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para evitar que se amplíen las desigualdades; los efectos transfronterizos del cambio climático, identificando cadenas de impactos que requieran estrategias de reducción de la vulnerabilidad coordinadas con otros países -piensen en flujos
de agua transfronterizos, cadenas de suministro industrial, flujos de personas, incidencias en la previsión de disponibilidad de alimentos- o el análisis de costes y beneficios de las medidas de adaptación para comparar con los costes de la inacción
e informar las decisiones de inversión, priorizando la buena gestión de recursos y las decisiones de modo que sean lo más inteligentes posible.


La necesidad de anticiparnos a la variabilidad del clima y poder dar respuesta a eventos extremos nos exige muchas cosas. La primera de ellas es entender nuestro clima, actualizando periódicamente los escenarios climáticos, reforzando la
red de observación y alerta y, en consecuencia, obteniendo, recabando datos que, puestos a disposición de la comunidad, puedan ayudar a mejorar, fortalecer e incrementar la variabilidad de los servicios climáticos, cada vez más fidedignos y
solventes y a los que recurriremos con mayor asiduidad.


Debemos, asimismo, incrementar la cooperación internacional en este terreno, en el contexto de la Organización Meteorológica Mundial y sus regiones, facilitando la observación, cooperando en la mejora e incremento de inversiones de servicios
meteorológicos en países vecinos. Por ello, pondremos en marcha una red de vigilancia meteorológica para reforzar las respuestas a situaciones de emergencia que acompañará la puesta en marcha de un centro regional del Mediterráneo y un centro
meteorológico y climatológico subtropical.


Desde esta perspectiva de la construcción de resiliencia y anticipación, debemos abordar las amenazas que acechan a nuestro territorio. Por ello, tenemos que pensar en cuáles son algunas de ellas y cómo priorizamos nuestra respuesta. Paso
a comentar algunas de las incidencias físicas más importantes en nuestro país.


Es más que probable el endurecimiento de las condiciones climáticas, agravando de forma generalizada los problemas y amenazas de desertificación. Así pues, entre nuestras prioridades se encuentra el desarrollo de un nuevo programa de acción
nacional de lucha contra la desertificación, que contribuya a mitigar los efectos de las sequías, prevenir la degradación de tierras y estimular la recuperación de tierras desertificadas; no todas las causas las origina el cambio climático, pero sí
las agrava de forma importante.


Los grandes incendios nos enfrentan a una realidad de episodios novedosos, más peligrosos, rápidos, con mayor dificultad de control al combinarse con subida de temperaturas, olas de calor, periodos de sequía prolongados, y dan como resultado
mayor sequedad del suelo; son incendios de gran magnitud que nos preocupan particularmente. Frente a esta realidad, sabemos que una correcta gestión forestal es la mejor medida de prevención, porque un bosque bien gestionado y ordenado tiene menos
riesgo de incendio y, si se materializa, tiene mejor capacidad de actuación, de incidencia en la gestión y extinción del mismo. Por ello, debemos contar con una estrategia y un plan forestal desde una perspectiva transversal en conexión con otras
políticas, como cambio climático, lucha contra el despoblamiento, bioeconomía o desertificación. Necesitamos intensificar la colaboración con comunidades autónomas y representantes del sector, buscando en los trabajos para la conclusión de esta
cooperación soluciones a la estrategia nacional de defensa contra incendios forestales actualmente en elaboración, una estrategia llamada a establecer principios orientadores que aseguren la coherencia en la gestión de los distintos incendios que
puedan producirse en España, reforzando los dispositivos de prevención y extinción en apoyo de las comunidades autónomas.


Nuestros bosques, nuestros montes han de ser prioridad; desempeñan un papel fundamental en el mantenimiento de procesos ecosistémicos y contribuyen al desarrollo social y económico de los pueblos del entorno. Necesitamos saber bien qué
hacemos con nuestro territorio, porque estamos hablando de palancas de preservación, de infraestructura verde, de lucha contra la desertificación; estamos hablando de generar espacios para la biodiversidad autóctona cuando se hace bien y es un
reconocimiento de una tarea importante de custodia del territorio y de preservación de los habitantes de proximidad. Representan un gran potencial para la bioeconomía, la industria y servicios enormemente atractivos para una economía nueva y de
futuro que genera también nuevas oportunidades para los habitantes de zonas rurales. Es hora de poner en valor los bosques, su capacidad de reforzar la adaptación a las nuevas condiciones climáticas, así como la resiliencia, generación de empleo,
valor añadido y actividad económica, y esto necesita, eso sí, una nueva visión estratégica y un acompañamiento para la ordenación de un sector económico enormemente atomizado, maltratado, mal gestionado y mal reconocido.

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Quizá la siguiente gran prioridad de la que no podemos escapar es el agua. Debemos prepararnos para una relación distinta con el agua, un recurso natural clave en el bienestar de las personas y el desarrollo económico, sensible al cambio
climático, que obliga a planificar y gestionar de otra manera, teniendo en cuenta además escenarios extremos de inundación y sequía que cada vez serán más frecuentes. Debemos prepararnos para el incremento del riesgo de inundaciones y prevenir y
reducir los riesgos asociados a las mismas. Basándonos en la Directiva 2007/60, sobre evaluación y gestión de riesgos de inundación, promoveremos la reordenación de territorios inundables, la recuperación de riveras y meandros y la ampliación de
espacios fluviales. Estamos ultimando ya la actualización de los mapas de peligrosidad y con ello queremos actualizar medidas y estrategias como, por ejemplo, apostar por la restauración fluvial y las infraestructuras verdes. Este año revisaremos
los planes de gestión de riesgo de inundación. El pasado mes de noviembre, en 2019, se publicaron una serie de guías para mejorar la adaptación al riesgo de inundación de elementos vulnerables en zonas inundables y este mismo mes está previsto que
se adjudique un contrato para el fomento de la adaptación al riesgo de inundación en los sectores de la agricultura y la ganadería, las instalaciones e industrias y los edificios y equipamientos urbanos. Estamos reorientando la forma en la que se
gestionan las aguas pluviales, de manera que podamos conducirlas hacia sistemas urbanos de drenaje sostenible, evitando así que el agua de tormenta acabe convertida en vertidos directos. Frente a la inundación hay mucho por hacer, desde una mejor
prevención hasta la retirada y recuperación de espacios, como con valentía -permítanme hacer una mención específica- propone el alcalde de Onteniente.


Pero quizás las medidas más importantes y estratégicas de esta legislatura son las relativas al nuevo ciclo de planificación del agua que se inicia ahora. Debemos anticipar las necesidades en la gestión de los recursos hídricos, asegurando
el buen estado de las masas hídricas y el respeto a los caudales ecológicos; debemos reforzar la protección de los ecosistemas asociados al agua y su biodiversidad; debemos garantizar una disponibilidad sostenible del recurso, un acceso equitativo
y asequible al agua potable y una mejora de su calidad; debemos incorporar las llamadas infraestructuras verdes, a las que aludía antes, basadas en la propia naturaleza, que contribuirán a adaptar nuestro territorio al cambio climático y que pueden
proporcionarnos ahorros significativos frente a alternativas convencionales; y, por supuesto, debemos cumplir con nuestras obligaciones de saneamiento y depuración. Es un nuevo ciclo de planificación complejo que deberá preparar una concepción del
acceso al agua distinta a la tradicional, asegurando la capacidad de gestión en escenarios extremos y no solamente en escenarios promedio. Un entendimiento del recurso como recurso único -aguas subterráneas, de superficie, desaladas o
reutilizadas-; una previsión de corredores de precios razonable, compatibilizando las señales adecuadas para un bien básico cuyo acceso calificamos como derecho humano, junto con la valoración de ser un bien escaso y precioso que no se puede
despilfarrar; una atención especial a las cuestiones relativas a calidad, lucha contra la contaminación, extracciones ilegales o amenazas en ecosistemas protegidos.


Al tiempo, estamos trabajando en otra de las cuestiones pendientes. Una de las grandes cuestiones pendientes, quizá la preocupación heredada más acuciante en materia de agua, es la relativa a nuestros deficientes y preocupantes niveles de
depuración de aguas residuales, poniendo en peligro la sostenibilidad del ciclo hidrológico del agua. En julio de 2018 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea condenó a España a abonar a la Comisión una multa coercitiva de 10,95 millones de
euros por cada semestre de retraso en la aplicación de las medidas necesarias para dar cumplimiento a una sentencia del año 2011, una sentencia que determinaba el incumplimiento de nueve aglomeraciones urbanas mayores de 15 000 habitantes que
vierten sus aguas a zonas normales. Nos condenaba también a abonar una suma a tanto alzado de 12 millones de euros. Semestralmente se remiten a la Comisión informes sobre el grado de avance en el cumplimiento de la sentencia de julio de 2018, que
sirve de base a la Comisión para calcular el importe de los pagos semestrales -el último informe ha sido el remitido este mes de enero-. Las aglomeraciones eran entonces nueve -siete en Andalucía, una en Asturias, una en Canarias-, pero la Comisión
Europea consideró acreditado el cumplimiento de una de ellas, la de Tarifa, por lo que las aglomeraciones hoy por hoy incluidas en el procedimiento son solo ocho; en cuatro de ellas interviene la Administración General del Estado y cuatro son de
dependencia autonómica o local. Debemos activar un plan de choque de depuración. No podemos aplazar estas actuaciones imprescindibles para acabar con pobres niveles de depuración que presentamos y que nos están costando vergonzantes sanciones
económicas en la Unión Europea.


Hay otras lagunas, algunas particularmente llamativas, no incluidas en esta lista. En todo caso, a lo largo de este año debemos aprobar el plan DSEAR, Plan de depuración, saneamiento, eficiencia, ahorro

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y reutilización, y sus actuaciones. El plan recoge y clarifica las actuaciones a llevar a cabo y establece los criterios generales, económicos, sociales y ambientales, que permitan estudiar la viabilidad de estas y priorizar su ejecución.
Pero también tenemos por finalidad en este plan garantizar una gestión sostenible basada en el ciclo integral del agua, aportando transparencia a los escenarios de gestión, prestando especial atención al aprovechamiento del potencial tratamiento de
las aguas residuales, impulsando medidas como la reutilización de aguas depuradas o el aprovechamiento de los lodos de depuradora.


Permítanme ahora llamar la atención sobre otro aspecto crítico que mina nuestro patrimonio y nuestro futuro: la pérdida de biodiversidad. Nuestro planeta sufre una pérdida acelerada de biodiversidad a escala global. Destrucción del
hábitat, sobreexplotación de especies, contaminación, cambio climático provocan lo que ya se ha denominado la sexta extinción masiva de especies. España es uno de los países con mayor diversidad biológica de la Unión Europea, concentramos el 18 %
de la Red Natura 2000 en nuestro territorio, pero la biodiversidad no ha formado parte de las prioridades al nivel que hubiera debido. Debemos abordar de forma acuciante la pérdida de biodiversidad que asola nuestro patrimonio, identificando los
factores que están en el origen y atajándolos de raíz. Frente a los riesgos a los que nos enfrentamos, como la desertificación, debemos valorar nuestros parques nacionales, nuestros humedales, nuestros territorios y ecosistemas más ricos como
palancas para un mejor entendimiento del territorio, vinculando algunas de las herramientas de las que ya disponemos -hablaba antes de la política forestal o del aprovechamiento del territorio del agua- como elementos clave en su preservación. La
biodiversidad es fundamental para generar reconocimiento social y económico a quien la custodia, como señalaba antes también. Nuestros compatriotas no siempre reciben el respeto ni el reconocimiento social y económico que merecen. Este va a ser,
sin duda, el año de la biodiversidad. Naciones Unidas quiere lograr la protección del 30 % de la biodiversidad en la tierra y el océano de aquí a 2030 y, en este sentido, ha publicado al inicio de año el borrador de programa para la Convención para
la Diversidad Biológica, que recoge objetivos para estos próximos diez años. En estos momentos, en India se está celebrando la XII Conferencia de las partes del Convenio para la conservación de especies migratorias, conocido como Convenio de Bonn,
y, además, a lo largo del año tenemos citas internacionales de primer orden en este ámbito. Antes de que concluya este mes, se reunirá en Davos el Foro Mundial de la Biodiversidad, que pasa a ser elemento de interés también para los actores
económicos. Del 2 al 6 de junio, Portugal y Kenia acogerán de forma conjunta en Lisboa la Conferencia sobre el Océano, de Naciones Unidas. Un poco más tarde, también durante el mes de junio, en Marsella, tendrá lugar el Congreso Nacional de la
Naturaleza, de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, que se reúne cada cuatro años; la última en Hawai, con el presidente Obama, declaró la mayor reserva marina en territorio americano nunca antes hecha. En septiembre, durante
el 75.º periodo de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, se reunirán los líderes asistentes en una cumbre en torno a la biodiversidad. Finalmente, tras una serie de reuniones preparatorias, la primera de las cuales
tendrá lugar dentro de pocas semanas en Italia, se celebrará en Kunming, en Yunnan, China, la Conferencia sobre Diversidad de Naciones Unidas, la XV Conferencia del Convenio de Naciones unidas sobre Biodiversidad Biológica, que, entre otras
cuestiones, revisará el logro y los resultados del Plan Estratégico para la Diversidad 2011-2020, el marco de Aichi, que, lamentablemente, certificará el fracaso de aquello a lo que nos comprometimos hace ahora casi diez años. No nos presentamos
nada bien de cara a la rendición de cuentas ante la opinión pública mundial.


España debe desempeñar un papel de liderazgo con vistas a alcanzar un acuerdo multilateral ambicioso en este campo. Debemos trabajar para que esta nueva conferencia sea un éxito, fortalezca compromisos, aprenda de las causas que han llevado
al fracaso de Aichi y superemos la frustración diez años después, trabajando sobre la base de objetivos, entendiendo, acercando, aproximando el valor de la biodiversidad a los ciudadanos. Por ello, entendemos que la propuesta a la que estamos
dedicando recursos e inteligencia es acertada: identificar objetivos concretos, como cero pérdida neta de superficie o integridad de ecosistemas de agua dulce y marino-terrestres para 2030; aumentos de, por lo menos, un 20 % para 2050 en estos
espacios, garantizando la resiliencia de los ecosistemas; reducción del porcentaje de especies en peligro de extinción, facilitando y asegurando la diversidad genética en términos equivalentes a los actuales o aumentando su promedio para el año
2030, destacando además los beneficios que genera a las personas, contribuyendo a las mejoras en nutrición, a las mejoras en el acceso sostenible al agua, en la mejor resiliencia frente a desastres naturales, etcétera. Como recuerda Naciones
Unidas, los próximos diez años son clave para acabar con el declive y desaparición de las especies en el planeta, porque, de no ser así, se produciría la debacle de un millón de ellas. Esto nos obliga a marcar objetivos de otra manera, a asumir la
responsabilidad para con nuestra sociedad.

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En consonancia con la concepción de la Unesco sobre las reservas de la biosfera, tenemos que pensar en el modo en el que nos relacionamos de forma natural con nuestro entorno. Por ello, entre nuestras prioridades se encuentra elaborar un
nuevo plan estratégico de patrimonio natural y biodiversidad que permita anticipar el horizonte a 2030 con medidas de conservación, uso sostenible, mejora y restauración del patrimonio natural y la biodiversidad. Debemos referirnos, obviamente, a
la protección de espacios singulares, espacios naturales integrados en la red de parques nacionales o en humedales particularmente significativos, cuya preservación resulta fundamental; espacios llenos de vida que conservan una gran calidad y
cantidad de especies; espacios a los que quizá no hemos prestado la atención que merecían. Vemos como en los humedales se ha generalizado la extracción ilegal de buena parte de sus recursos hídricos. Hemos contaminado sus aguas, hemos contaminado
los suelos que los nutren. En poco más de un siglo han desaparecido de nuestro territorio entre el 60 y el 70 % de los humedales originales. El colapso de un espacio rico en biodiversidad como este, sometido a fuertes presiones urbanísticas y
agrícolas, ha sido particularmente visible en uno de los tesoros del Mediterráneo, que de alguna manera simboliza el Mediterráneo en su conjunto, como es el Mar Menor. Llevará tiempo recuperarlo, pero queremos acompañar a la sociedad murciana en lo
que esté en nuestras manos para contribuir a una recuperación que exige cambios estructurales a los que hay que hacer frente de manera sistémica y continuada en el tiempo. Los humedales no son solo fuente de riqueza en biodiversidad, también nos
protegen frente a fenómenos meteorológicos extremos, como incendios y sequías; son eso que llamamos una solución basada en la naturaleza frente a determinados efectos del cambio climático. Por ello, queremos presentar en 2021 un nuevo plan
estratégico de humedales, para que entre todos, administraciones públicas y ciudadanos, preservemos espacios tan emblemáticos como pueden ser, por ejemplo, la Albufera, el Delta del Ebro, las Tablas de Daimiel, el Mar Menor o Doñana.


Déjenme que haga alguna precisión adicional respecto a algunos de ellos. Por ejemplo, el Mar Menor. Además de las actuaciones de emergencia llevadas a cabo tras los temporales del pasado mes de octubre, cuya finalización está prevista para
finales del mes que viene, hemos adoptado una hoja de ruta, anunciada el pasado mes de octubre, que nos permitirá acabar de completar un plan de protección integral del Mar Menor, elaborado por el Cedex y que se someterá a información pública, a la
máxima participación -por supuesto por parte de todos, pero, en particular, por parte de los actores locales-, presentándose, por tanto, como las líneas de acción para actuación en el Mar Menor, incluyendo medidas de control en la fertilización,
control en las extracciones, control del perímetro de riego, medidas de mejora del conocimiento, así como actuaciones estructurales, algunas ya previstas en el Plan Vertido Cero, y otras no estructurales que, en todo caso, hay que acometer en el
territorio. En el caso del espacio natural de Doñana, sometido a una presión ambiental derivada de la actividad agraria y la demanda urbana, las medidas que está previsto adoptar y que ya se encuentran en información pública tienen que ver, entre
otras, con el refuerzo del control y vigilancia del dominio público hidráulico, con el fin de que los aprovechamientos se ajusten a los títulos y derechos de uso del agua; el seguimiento mediante técnicas de teledetección, satélites y drones; la
identificación, control y cierre de captaciones no autorizadas, etcétera; la aplicación de la declaración en riesgo, de no alcanzar el buen Estado, y la constitución de comunidades de usuarios de aguas subterráneas y el estudio del impacto del
cambio climático en la dinámica natural del sistema que nos permita reforzar y mejorar su protección. Por lo que se refiere a la Albufera de Valencia, desde enero de este año se encuentran en información pública esquemas provisionales de temas
importantes de la demarcación del Júcar, que incluyen medidas del Plan especial de la Albufera. En cuanto al Delta del Ebro, hemos comenzado los trabajos de redacción del plan para la protección del litoral del Delta del Ebro, que esperamos poder
presentar en el entorno del verano, con una inmensa y valiosísima participación, por un consenso social muy elevado, de los ayuntamientos, de los alcaldes, de los regantes y de los pescadores locales. De acuerdo con nuestra especial preocupación
por la gestión de sedimentos en la cuenca, se ha creado una mesa técnica de diagnóstico y acción, formada por representantes del ministerio y expertos, que deberá reunirse en las próximas semanas y que irá incorporando a otras administraciones.
Entre las alertas, destaca también Las Tablas de Daimiel. Las actuaciones previstas exigen la restauración de zonas degradadas o colmatadas, el soterramiento de líneas eléctricas, la adquisición de fincas de especial interés para su
renaturalización y la disminución de la presión de regadío en el entorno del parque; un plan especial de control y uso del agua en la zona de influencia que se hace imprescindible, permitiendo la recuperación y sostenibilidad del Alto Guadiana.


En los últimos meses hemos dado también un importante impulso a la ampliación de la red de parques nacionales, ampliando los límites del Parque Nacional de Cabrera. Y, en esta misma línea, queremos

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remitir en este primer periodo de sesiones al Parlamento un proyecto de ley por el que se incluye en la red de parques nacionales el Parque Natural de la Sierra de las Nieves, que será, junto con el primer parque nacional marino, el del Mar
de las Calmas, en la isla de El Hierro, uno de nuestros objetivos básicos para esta legislatura. Los avances son considerables, pero tenemos que seguir trabajando al respecto, potenciando planes de preservación y recuperación de especies,
consolidando bancos genéticos, protegiendo espacios vitales, etcétera.


Necesitamos un programa, una estrategia de infraestructura verde, conectividad y restauración ecológicas, que contribuya a conservar y mejorar nuestro capital natural, evitando la fragmentación de ecosistemas. Necesitamos también reforzar
los esfuerzos conjuntos entre el Ministerio de Agricultura y el de Transición Ecológica para impulsar la progresiva sustitución de plaguicidas, fertilizantes y otros biocidas, que puedan tener mayor impacto sobre la biodiversidad por alternativas
existentes más sostenibles.


La biodiversidad marina también celebra este año 2020 de forma especial. Esperamos culminar este año las negociaciones para llegar a un acuerdo y poder firmar y ratificar el primer tratado internacional, por el que se facilite la protección
de la biodiversidad más allá de las aguas jurisdiccionales. El mar, el océano, refleja un ecosistema especialmente amenazado hoy en día, al que los ciudadanos prestan especial atención y por el que muestran particular preocupación, dada la
importancia vital para nuestro planeta de los océanos, dada la simpatía y la proximidad que se ha despertado tras décadas en las que se nos olvidó que la inmensidad marina escondía tesoros mucho más próximos de lo que pensábamos.


Un país como España, rodeado de mar, debe prestar particular atención a la mayor sostenibilidad de nuestros mares y océanos, así como a la gestión del litoral. La mayor parte de las amenazas proceden de tierra. El océano es el termómetro
del sistema climático, es el termómetro de su buena salud. Dependemos del océano para gozar de una mayor protección frente a los efectos más violentos del cambio climático. Vemos con preocupación los datos que nos ofrece la evolución de las
corrientes o de la acidez y vemos con preocupación el impacto que esto pueda tener en la estabilidad del sistema climático del planeta en su conjunto. Hasta el momento, según los datos del programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, solo el
6,97 de los océanos tiene algún tipo de protección, y solo el 2,25 del total cuentan con algún tipo de medidas efectivas reguladas para dicha protección. Esto supone estar muy por debajo de las necesidades recomendadas por la ciencia. Necesitamos
limitar las actividades que puedan perjudicar la preservación del océano, pero también las actividades económicas e industriales, algunas conocidas y otras por descubrir, todas necesitadas de una mejor regulación.


La superficie marina protegida en nuestro país es todavía insuficiente. Nuestra red de protección contempla el 7 % de los hábitats marinos considerados en la Directiva de Hábitats como de valor importante para el conjunto de la Unión
Europea, cosa que es un buen dato todavía susceptible de ser mejorado. Nos hemos marcado como objetivo lograr que el 30 % de la superficie marina llegue a estar protegida de aquí al año 2030, para que mediante la planificación, declaración y
gestión de áreas marinas protegidas podamos garantizar la conservación de la biodiversidad marina. Esto supone incrementar el espacio protegido y la declaración como área marina protegida del corredor de migración de cetáceos del Mediterráneo. A
la ampliación del Parque Nacional de Cabrera, como decía, habrá que sumar el Parque Nacional de la Isla de El Hierro. Asimismo habrá que mejorar el estado ambiental del medio marino a través de las estrategias marinas de España y sus programas de
medidas, incidir en la mejora de la gobernanza basándonos en el mejor conocimiento científico y reforzar la gestión de las áreas marinas protegidas, a través de un real decreto en el que se establezca el Plan director de áreas marinas protegidas.


Quizá uno de los elementos más gráficos que irrumpe en nuestros salones son esas islas de plástico que aparecen en el telediario. Han generado una gran alarma social y son solo la punta del iceberg. A nivel mundial, de 5 a 13 millones de
toneladas de plásticos, del 1,5 % al 4 % de la producción de plásticos, termina en los océanos cada año a través de las grandes cuencas hidrográficas, a través del litoral. A nivel de la Unión Europea, se estima que esta cifra oscila entre 150 000
y 500 000 toneladas. En todo caso, Naciones Unidas alerta de que en 2050 es más probable que haya más plásticos que peces en el océano. La durabilidad de estos residuos facilita además la creación de nuevos vectores para el recorrido de especies
invasoras, la ingestión de plástico por las especies marinas provoca un aumento de su mortalidad y los microplásticos acaban entrando en la cadena alimentaria como consecuencia de su ingesta por los peces y, al final, en una cadena alimentaria en la
que nosotros mismos nos encontramos consumiendo microplásticos.

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Decía que son solo la punta del iceberg. Hay que añadir otra serie de amenazas para nuestros mares: la contaminación, la sobrepesca, la acidificación vinculada al cambio climático. Por ello, resulta prioritario que se puedan ordenar los
posibles usos del espacio marino de forma compatible con la preservación de la biodiversidad, de acuerdo con la Estrategia española de adaptación al cambio climático y buscando y prohibiendo todos aquellos usos de riesgo no asumibles ni ambiental ni
socioeconómicamente. Tal y como se recogió en el acuerdo de la COP25 de Madrid, los océanos son esenciales para la mitigación y la adaptación al cambio climático. Su futuro sostenible mediante la preservación y protección de los espacios marinos,
la lucha contra la contaminación marina y la contaminación por plásticos es una responsabilidad ineludible para todos, como también lo es, en un país en el que un porcentaje importante del PIB está asociado a turismo y turismo de litoral, proteger
nuestra franja litoral.


El crecimiento de la urbanización costera en nuestro país representa uno de los mayores en Europa y este hecho contribuye a la insostenibilidad de los ecosistemas marítimo-terrestres, tal y como decía antes, y repercute negativamente en la
calidad del agua, pero ahora descubrimos que tiene otras variables, otros riesgos importantes a los que debemos hacer frente inmediatamente. Debemos anticiparnos a nuevos episodios dramáticos como los que hemos vivido. Debemos trabajar en una
estrategia de fondo que nos permita ir recuperando lo que durante años ha sido una aplicación, con cierta dejadez, de una Ley de Costas extraordinariamente positiva o moderna para el tiempo en el que se promulgó, el año 1987. Es verdad que la
modificación del año 2013 agravó el problema y generó una irresponsabilidad a la que ahora hay que hacer frente con lagunas y con complicaciones a la hora de interpretar qué queda en vigor, qué no queda en vigor o cómo se recuperan niveles de
protección. Por ello, resulta decisivo acometer determinadas reformas que no pueden esperar más, algunas a través del reglamento, otras a través de una ley que traeremos a su consideración tan pronto como sea posible.


Los impactos de fenómenos meteorológicos extremos en nuestro litoral han provocado profundos cambios en la sensibilización y concienciación de la población. Muchos de los municipios costeros afectados por estos episodios entienden y aceptan
que, en lugar de recuperar lo que había, hay que pensar en una reconstrucción diferente. Hay que pensar en una liberación del espacio en todo o en parte y hay que pensar en alternativas de ordenación del territorio que en un medio plazo puedan
ofertar soluciones estables para la protección de las personas y de los bienes. Por ello, en coordinación con las instituciones locales fomentaremos las inversiones enfocadas al desarrollo de medidas de adaptación al cambio climático, favoreciendo
soluciones basadas en la naturaleza y favoreciendo, a través de un debate y un amplio consenso social, el esponjamiento de la costa y la capacidad de garantizar su disfrute público. Proponemos transformar la gestión de la franja del litoral, de
conformidad con la Ley de Costas, teniendo en consideración los impactos del cambio climático, con el objetivo de desarrollar una gestión integrada con la gestión de recursos hídricos, incorporando, por tanto, el debate sobre la aportación de
sedimentos.


También nos fijamos como objetivo presentar antes de que acabe el año una estrategia para la protección de la costa española, enmarcando los planes de protección de cada tramo de costa, priorizando aquellos más afectados por el proceso de
erosión y contemplando las medidas de gestión y las inversiones necesarias. Reconsideraremos los regímenes jurídicos de la costa y del mar, integrándolos y abordando las interacciones tierra-mar y los objetivos generales para la planificación del
conjunto del dominio público marítimo-terrestre en un contexto de cambio global.


En definitiva, deberemos entre todos replantearnos qué hacemos con nuestro litoral, qué queremos hacer y qué riesgos estamos o no dispuestos a asumir. El impacto de la desertificación, los incendios, las inundaciones y la erosión costera en
nuestra realidad socioeconómica -infraestructuras críticas, edificaciones, vías de comunicación, etcétera- nos exige reforzar nuestra capacidad de anticipación, resiliencia y cobertura de riesgos. Supone revisar la planificación y el modo en el que
diseñamos políticas públicas, el modo en el que los agentes económicos y los ciudadanos construyen estrategias de negocio, de inversión, de consumo, y también el modo en el que somos capaces de defendernos frente a impactos que nos acompañarán mucho
tiempo. El mayor riesgo de todos, sin duda, es el que se deriva de no actuar o retrasar nuestra actuación. Debemos trabajar en adaptación y en mitigación. Y esto supone activar muchas palancas y muy distintas. Sabemos que esto representa un
nivel de reducción de emisiones muy significativo, porque de poco sirve adaptarse o preparar resiliencias si no abordamos una lucha contra las causas que originan el cambio climático. Y en ese contexto la referencia a nuestro Plan Nacional
Integrado de Energía y Clima, con sus previsiones de reducción de emisiones por sectores, con la identificación de oportunidades de medio plazo, resulta fundamental.

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Permítanme que empiece hablando de una transición en la que la energía sigue siendo un referente fundamental; una transición en la que la energía es fundamental, aunque se verá acompañada de otras cuestiones relativas a otros paradigmas
como al tejido industrial, al desarrollo tecnológico e innovación, pero en la que la energía requiere un planteamiento muy distinto al que tradicionalmente ha acompañado nuestra política energética. La mejor solución energética es hacer un uso
inteligente de las posibilidades que ahora tenemos ante nosotros: consumo eficiente, ahorro al máximo, electrificación de usos finales en la medida en que sea la mejor respuesta, generalización de soluciones de energías renovables, combinación de
gran generación y generación distribuida, integración de soluciones en infraestructuras y edificios construidos, aprovechamiento de la revolución digital, etcétera. Supone innovación, empleo, liberar recursos, y es verdad que hasta tanto esta sea
una posibilidad que cubra el cien por cien de la realidad nos queda mucho por hacer.


Pero es verdad también que hemos hecho mucho y que si las renovables y la eficiencia energética son fundamentales para el cambio de paradigma, algunas de las noticias de hoy empezarán a dejar de serlo, serán normalidad cotidiana. Por
ejemplo, los días del año en los que el cien por cien de la generación eléctrica proviene de fuentes renovables. En el año 2019 hemos conseguido batir varios récords históricos tanto en la generación eólica como en fotovoltaica. En concreto, el
domingo 3 de noviembre, a las 5:20 horas peninsulares la eólica cubrió la demanda instantánea de la península en un 76 %, que es el mayor valor alcanzado hasta la fecha. Por su parte, la solar fotovoltaica nacional ha incrementado su producción en
un 19 %, registrando el valor de generación anual más elevado hasta la fecha. Una fuerte penetración de energías renovables es uno de los factores que explica la evolución de los precios en el último año. La fuerte penetración de energías
renovables muestra una incidencia positiva en nuestra factura eléctrica. Los precios de la electricidad para el consumidor doméstico tipo han bajado desde que comenzó este Gobierno en junio de 2018, cuando estaban en torno a 60,33 euros, a 59,95,
que está hoy; una señal de precios que se deja notar en el mercado mayorista de la electricidad, en el que a lo largo del año 2019 el precio ha bajado un 17 %; una señal de precio bajista que recogen también los futuros de precios, que dan una
señal todavía más baja para finales de 2020, situándola en el entorno de 40-42 euros el megavatio/hora. Es decir, el mercado está descontando ya la importante apuesta de este Gobierno por las energías renovables. Es por esto que la mejor política
energética es ofrecer precios baratos en el largo plazo, lo que en la actualidad se consigue de la mano de la implementación de energías renovables eléctricas.


Otra gran noticia es que el pasado año ha sido el del desarrollo regulatorio de un elemento clave: el autoconsumo, que está demostrando resultados contundentes. Más allá de la eliminación de las trabas administrativas, técnicas y
económicas existentes -cosa que era urgente e imprescindible-, el nuevo marco normativo del autoconsumo abre un abanico de posibilidades. Hoy por hoy tenemos que celebrar que la potencia instalada en autoconsumo esté próxima a 1 gigavatio,
creciendo el doble en un solo año. En las islas hemos lanzado dos líneas en el año 2019: 80 millones de euros para Canarias en energía eólica y 40 millones de euros para energía solar en Baleares. Este año seguiremos trabajando para conseguir que
siga siendo así, con un objetivo destacado, recalcado a nivel europeo, de lograr islas cien por cien renovables, facilitando, por tanto, poco a poco su completa descarbonización.


En todo caso, como decía antes, a medida que profundicemos en la transición energética es probable que aparezcan nuevas necesidades, nuevas capacidades tecnológicas, nuevos desafíos, nuevas capacidades de innovación, de generación de empleo,
de valor añadido, de servicios, de liberación de recursos. Por ello, el seguimiento del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, su revisión, según establece el reglamento europeo, y su consideración como un suelo sobre el que todavía podemos
seguir construyendo en la medida en que generalicemos y aceleremos el proceso de cambio, nos va a permitir aprovechar las oportunidades que identifiquemos en el horizonte.


Algunas de las líneas maestras que generarán un gran potencial con respecto a este ámbito las tenemos a la vista, aunque luego haré mención a ellas. Las cuestiones relativas a la edificación y rehabilitación energética de viviendas a gran
escala -no cambiar ventanas, sino cambiar barrios enteros para lograr que el conjunto de nuestras ciudades, de nuestros edificios y de nuestras infraestructuras construidas se acerquen al consumo prácticamente cero de energía- es fundamental porque
genera calidad, confort, ahorro público y ahorro privado, supone la reducción y el ataque a uno de los nichos fundamentales de pobreza energética y, a su vez, permite también la creación de empleo, la reorientación del sector de la construcción
hacia la mejora del parque edificado existente, nuevas cualificaciones profesionales e integración y asimismo permite la movilidad, pensando en el conjunto de la cadena de valor, es decir, fabricantes de componentes, ensambladores, servicios
posventa, infraestructuras, es decir,

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aprovechamiento digital. Un año en el que hemos detectado un interés creciente en la movilidad eléctrica, que probablemente sea una de las partes de la solución a un debate, a una necesidad, a una demanda en la que la normativa europea se
ha venido posicionando, pero en la que nos ciudadanos van por delante. Se trata de una necesidad que requerirá también bienes de equipo para la carga, para la recarga; bienes de equipo para la mejor integración de la electrónica; bienes de equipo
para la utilización de estos productos o de estos servicios que cambiarán de forma profunda nuestro modo de desplazarnos y para los que España no se puede permitir el lujo de que le pille con el pie cambiado.


Vamos en la buena dirección. Falta acelerar las palancas de cambio. Precisamente ayer Martin Wolf en Financial Times, en su expresivo artículo titulado 'Última oportunidad para la transición ecológica', señalaba la imprescindible e
ineludible reducción de emisiones para el año 2050 tomando como referencia varios elementos clave con una solución tecnológica al alcance de la mano. Indicaba que el núcleo de la nueva energía del sistema es la electricidad generada por medios
renovables, hoy solar y eólica. Esto necesita un respaldo por una serie de mecanismos de almacenamiento: baterías, energía hidroeléctrica, hidrógeno, gas natural con captura y almacenamiento o la reducción en costes, que ya es suficientemente
interesante y atractivo como para saber que todo lo nuevo puede ocurrir de forma suficientemente rápida y a precios razonables para hacer de esta transición una oportunidad a un costo manejable. Por tanto, las preguntas son otras: cómo facilitar
ordenadamente la penetración de renovables, cómo combinar nuevas fuentes, como puede ser la geotermia en Canarias o en otros lugares con potencial; cómo abordar la generación distribuida, en la que más que consumir un recurso escaso como es el
suelo debería poder aprovecharse la integración de estas soluciones en espacios ya antropizados.


Y todo esto nos obliga a poner encima de la mesa varias líneas que centrarán nuestro trabajo de forma importante en los próximos meses. Una estrategia de almacenamiento para dar plena viabilidad y seguridad al sistema. Qué métodos, qué
técnicas de almacenamiento, qué marco regulatorio para facilitarlo, cómo enfrentamos el uso del hidrógeno o nuevos potenciales que nos permitan dar respuesta al consumo energético de la industria y al mismo tiempo estabilidad, capacidad de
almacenamiento, movilidad. Una evolución en la que el modo de fijar precios cada vez más va a responder a varios canales y no a uno único. Por tanto, qué significa esto desde el punto de vista del modelo de negocio, de la rentabilidad, del
atractivo para los inversores, de la productividad del funcionamiento del mercado o incluso de la necesidad de ordenar, de ensayar subastas organizadas no solo porque permiten acercar la bajada de precios y costes al consumidor de hoy sino también
porque necesitamos generar algo atractivo desde el punto del inversor que dé estabilidad y previsibilidad a la capacidad de recuperar costes.


Cómo ha de trabajar el Estado en esto, cómo aprovechar los elementos instrumentales, de qué modo emplear la digitalización, las señales de valor, la regulación o la fiscalidad son las grandes cuestiones que tenemos pendientes. A partir de
aquí, nuestras prioridades siguen siendo el fomento del uso de las energías renovables, el impulso de la electrificación de nuestra economía, la consecución de altos grados de eficiencia energética como principio básico y eje transversal de la
política energética y la priorización de los intereses del ciudadano consumidor haciendo hincapié, como hasta ahora, en la reducción de la pobreza energética, el impulso a precios de consumo eléctrico más competitivos y el estímulo del autoconsumo.
Para esto tenemos que desplegar un marco regulatorio propicio que permita clarificar y dotar de transparencia el acceso y conexión a las redes de electricidad, agilizar la tramitación de plantas generadoras con energía renovable, eliminar barreras
al despliegue del vehículo eléctrico y aplicar la estrategia nacional contra la pobreza energética. Permítanme un par de comentarios importantes para los actores que trabajan en este sector.


Dentro de este marco es imprescindible abordar la regulación del acceso y conexión para ordenar el aluvión de solicitudes de acceso en la red eléctrica por instalaciones de energías renovables que están acaparando la capacidad de evacuación
de la red y que no nos dejan tener una visión de conjunto realista sobre cómo puede evolucionar la inversión o la realidad de los proyectos que se supone que están detrás. Desde esta perspectiva hay que abordar también el aprovechamiento de acceso
existente para incorporar otras tecnologías de generación, lo que llamamos hibridación, o el incremento de la capacidad de generación permitiendo un mayor uso de la capacidad de red existente. Aquellos espacios donde existen ya plantas que tienen
una capacidad de evacuación autorizada no agotada deberían poder trabajar en una hibridación que les permita la instalación rápida en un corto plazo de tiempo y aprovechando el recurso suelo y la capacidad disponible de ese mejor aprovechamiento de
redes eléctricas y también de esa solución desde el punto de vista de la gestión administrativa y de proceso. La autorización de instalaciones con una potencia instalada superior a la potencia de acceso, siempre que se respeten estos límites de

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evacuación en la operación de la planta, es una herramienta esencial que aumenta la eficiencia, el aprovechamiento óptimo del recurso renovable y permite el aprovechamiento de emplazamientos existentes, por tanto, con un menor impacto
ambiental. La nueva aprobación de estas medidas implicaría retrasar o paralizar un elevado número de proyectos solventes y, por otra parte, podría generar un indeseado efecto llamada que agravaría aún más el elevado contingente de solicitudes.


Pero debemos, asimismo, revisar el diseño de los mercados mayoristas de electricidad. Las nuevas subastas de renovables aportarán mayor certidumbre a los promotores, facilitando el impulso a nuevos proyectos, y trasladarán de manera más
directa el menor coste de generación -como decía antes- al precio final de la electricidad. Y estos son también los objetivos del fomento de la contratación bilateral de energía eléctrica por parte de grandes industriales, eliminando barreras al
despliegue de renovables a través de garantías públicas para la financiación y ofrecer precios competitivos a la industria. El desarrollo de un mercado de capacidad será indispensable para dotar de la necesaria seguridad de suministro a un sistema
donde las renovables ganan peso en el mix de generación eléctrica, pero donde no podemos pensar siempre en una duplicación de la capacidad instalada para dar solvencia, para dar seguridad y firmeza al sistema. Por tanto, los mecanismos de capacidad
y la estrategia de almacenamiento ganan peso en nuestras estrategias.


Con la trasposición de la nueva Directiva de renovables se introducirán además garantías de origen que ofrecen incentivos adicionales para los productores de electricidad a partir de renovables, y todo esto requerirá un esfuerzo de
financiación. Buscaremos apalancar esta inversión a través de acceso a fondos de proyectos europeos, pero también haciendo seguimiento del interés que en inversores privados nacionales e internacionales estas opciones generan. Con la introducción
de herramientas de prospectiva en nuestra planificación energética reforzaremos nuestra capacidad de anticipar retos futuros a corto, medio y largo plazo, analizando impactos y necesidades para la edificación y la movilidad libres de emisiones,
necesidades para almacenamiento y operación del sistema renovable y, por tanto, para la implementación de la estrategia de plena descarbonización de la economía, sabiendo que aparecen nuevos actores pequeños con gran incidencia social que no
necesariamente responden ni a la misma inquietud ni al mismo interés que grandes actores comerciales. Es nuestra responsabilidad asegurar que puedan participar de un sistema en el que desean ser actores principales y para los que los requerimientos
técnicos, la estabilidad técnica, no debe ser una respuesta negadora u obstaculizadora de su voluntad de participación.


Pero la exigencia de poner a las personas como objetivo último de estos objetivos nos exige solidaridad. La reducción de la pobreza energética y el empoderamiento de los consumidores son fundamentales. Junto a la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia establecimos en la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética hacer un seguimiento del mercado para identificar áreas de mejora que contribuyan a precios más competitivos para el consumidor final que permitan el
acceso a los datos y establezcan un sistema más inteligible para la factura energética. El interés del consumidor inspira también otras actuaciones pendientes: fomento del autoconsumo, comunidades locales de energía, reformas urgentes del sector
eléctrico sobre las que existe un amplio consenso o la búsqueda de soluciones concretas a través de la Estrategia de pobreza energética.


Y al tiempo que se impulsa todo este protagonismo, no podemos olvidar a los grandes contribuyentes del desarrollo energético de nuestro país. Estamos asistiendo a un cierre gradual y ordenado de instalaciones ligadas a otras fuentes de
energía, como son los combustibles fósiles o la energía nuclear. El Gobierno debe anticipar los impactos sociales asociados a este cierre gradual, planificando los trabajos de desmantelamiento, secuenciando medidas para reducir los efectos
negativos sobre el territorio, propiciando sinergias entre transición energética, diversificación de la economía y nuevas oportunidades de empleo. Por ello, un eje fundamental de nuestra actuación debe ser la de consolidar dentro de la política
energética la transición justa con participación de los distintos actores sociales y las administraciones concernidas, una estrategia que forma parte fundamental del marco estratégico de energía y clima.


Sabemos que no basta con fijar población, necesitamos dinámicas activas que generen oportunidades sobre el territorio y pretendemos publicitar el calendario de firma de convenios de transición justa y proceder al lanzamiento del instituto
para la transición justa anunciado por el presidente del Gobierno en su discurso de investidura, un instituto que deberá asumir las funciones que actualmente desempeña el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras y añadir las nuevas, las de generación de alternativas, las de generación de consensos con

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formación y seguimiento de los convenios de transición, acentuando su capacidad de interlocución con las administraciones y los agentes sociales implicados, porque sin el pleno consenso, sin la plena participación, sin la plena complicidad
en la definición de su futuro es difícil que estas estrategias tengan éxito. Tenemos ya muchas experiencias fallidas como consecuencia de una mala identificación o una insuficiente apropiación de alternativas en las regiones. Por ello, estamos
trabajando intensamente para que en un plazo de tiempo muy corto, los próximos dos meses, podamos firmas los distintos protocolos para cada una de las catorce regiones afectadas por el cierre de centrales térmicas y en paralelo suscribir este mismo
mes o al inicio del mes de marzo un acuerdo tripartito Administración General del Estado, sindicatos y empresas concernidas en relación con el futuro de las centrales térmicas.


Este es un aspecto fundamental en la reorientación de nuestro modelo económico y generador de emisiones, pero no es el único. Permítanme apuntar a otro con modestia cuya tutela, cuyo liderazgo, le corresponde desempeñar a una compañera mía
de gabinete, la ministra de Hacienda, pero que es clave si queremos construir una fiscalidad propia del siglo XXI. Ayer dimos un gran paso con la creación de un impuesto a las transacciones financieras internacionales y otro a la economía digital,
llena de oportunidades, la que más crece, enormemente interesante, pero, si se fijan ustedes, hasta la fecha exenta de cualquier tipo de contribución a la financiación de causas comunes y creciendo a costa en gran medida de una economía analógica
que sí contribuye financieramente, a través del sistema fiscal, a las cargas comunes.


Estas son algunas de las cuestiones más importantes para actualizar la fiscalidad a un modelo propio del siglo XXI, pero no son las únicas. Quedan muchas actualizaciones pendientes, también en el ámbito ambiental. Economistas,
organizaciones ecologistas, partidos y organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, la OCDE o la Comisión Europea coinciden en que la fiscalidad ambiental es una herramienta imprescindible ante una crisis con connotaciones
sociales y con graves alteraciones en las señales económicas que ofrece el sistema fiscal, una manifestación del consumo de la riqueza colectiva que no ha encontrado todavía en España una respuesta fiscal suficientemente adecuada. En el año 2017
España recaudó 21 382 millones de euros en concepto de impuestos ambientales, según el INE, y a pesar de ello permanecemos por debajo del promedio de los países OCDE. En porcentaje sobre el PIB esta cifra supone un 1,83 %, lo que sitúa a España por
debajo de la media de la Unión Europea, que está en el entorno del 2,4 %, ello a pesar de que en todo el mundo la presión fiscal de estos impuestos se ha reducido en dos décimas en promedio en la OCDE entre 2000 y 2016, y pasó del 2,5 % al 2,4 % en
la Unión Europea entre 2012 y 2017. Es una asignatura pendiente y compleja en la que intervienen distintas administraciones en las que hoy por hoy mandamos con frecuencia señales contradictorias, pero los tributos deben poder activarse de modo que
esa etiqueta ambiental resulte de manera correcta, envíe las señales correctas, definiendo y vinculándose directamente a las externalidades ambientales negativas y ofreciendo el nivel de alcance adecuado, sin por ello obviar que estas señales
correctoras necesitarán destinar una muy buena parte de sus ingresos a políticas sociales de acompañamiento en ese momento de transición.


Si al hablar de fiscalidad abordábamos la necesaria eficiencia de nuestro sistema, el uso de las materias primas en nuestra economía también plantea un reto fundamental. Distintos estudios sostienen la necesidad de contar con casi dos
planetas para satisfacer la demanda anual de recursos y productos, lo que supone una alerta mundial de primer orden. Esto es insostenible, esto sí que es mentira, esto sí que es inviable, esto sí que es engañarse. En 2015 la Comisión Europea
adoptó un plan de acción para contribuir a acelerar la transición de Europa hacia una economía circular impulsando la competitividad mundial, promoviendo el crecimiento económico sostenible y generando nuevos puestos de trabajo.


Nos corresponde ahora a nosotros trabajar a nivel nacional, y lo estamos Haciendo en torno a los siguientes ámbitos: primero, trabajando en las distintas etapas del ciclo de vida de productos, y segundo, identificando cinco grandes áreas
consideradas prioritarias por la Comisión para iniciar nuestras actuaciones: plásticos, desperdicio alimentario, materias primas críticas, construcción y demolición y biomasa y productos con base biológica. Todas estas medidas deben conducirnos a
nuevos modelos de negocio circular basados en el uso compartido, reutilización, reciclaje, eficiencia energética y de materiales y nuevos patrones de consumo. Con ello se obtiene un gran potencial para reducir emisiones, para innovar, para reducir
la factura de procesos industriales, para facilitar nuevos nichos de empleo y de negocio y modernizar nuestra economía liberando recursos. Esta concepción, ligada a una economía circular, impregna nuestra estrategia y plan de acción, así como
nuestra legislación en relación con el uso de plásticos y la imprescindible actualización de nuestra normativa, dado que en este ámbito estamos lejos de cumplir los objetivos a 2020. En los próximos meses traeremos a esta Cámara el proyecto de ley

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de plásticos de un solo uso y el proyecto de ley de residuos, con medidas como la recogida separada de residuos textiles, adelantando calendario para biorresiduos, estableciendo objetivos más ambiciosos de reciclado de residuos municipales,
etcétera.


En relación con los plásticos se precisa un enfoque sistémico, como el planteado en la estrategia de la Unión Europea en este ámbito. Para todos es conocido el problema de plásticos en el medio ambiente, como decía antes, y esto nos hace
imprescindible actuar. Hay muchos motivos. Nuestro país, nuestros hijos, nuestro empleo, nuestra salud son una buena muestra de ello. España necesita un plan actualizado de salud y medio ambiente, una estrategia de salud y medio ambiente que
queremos compartir, hacer pública, el ministro de Sanidad y yo misma antes de que acabe el año. Hablamos de ruido, de químicos, de incidencia climática, de calidad del aire y otros muchos temas. Entre las medidas tendremos que incluir la creación
de una red de vigilancia de salud pública de enfermedades transmisibles y no transmisibles que estén condicionadas por factores de riesgo ambientales y determinantes sociales.


Pero permítanme que me detenga en calidad del aire, dado que debemos actuar de forma urgente. Las medidas de mejora de la calidad del aire tienen un efecto directo en la salud de las personas. Los datos oficiales nos recuerdan que la
exposición a la contaminación provoca siete millones de muertes prematuras al año y la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer incide en que la contaminación del aire es un cancerígeno de grupo 1, al mismo nivel que el tabaco. La
Organización Mundial de la Salud nos advierte que los factores ambientales son responsables del 20 % de la mortalidad total y del 25 % de la carga total de morbilidad. Si esto fuera insuficiente, hay normativa europea, y hay normativa europea en la
que España todavía no sale bien retratada. Acabamos de ver cómo España, en un procedimiento de infracción en el que llevaba mucho tiempo trabajando la Comisión, ha sido remitida al Tribunal de Justicia de la Unión Europea por incumplimiento de
algunos parámetros de calidad del aire concentrados en grandes zonas metropolitanas o en áreas industriales en las que los parámetros son incumplidos de forma sistemática y las medidas propuestas son consideradas insuficientes. No es un tema sobre
el que frivolizar, es un tema que requiere reforzar el Plan Nacional de Calidad del Aire, pero, cómo no, reforzar de la mano del plan nacional las medidas en nuestras ciudades y en nuestros ámbitos de mayor riesgo, reduciendo la mortalidad de las
ciudades en torno a un 20 % anual, así como otras variables asociadas a partos prematuros o enfermedades cardiorrespiratorias de todo tipo.


Por último, afrontar el reto demográfico es quizá uno de los compromisos más importantes asumidos por este ministerio y por esta vicepresidencia por encargo del presidente del Gobierno de España. Debemos cumplir con el mandato de elaborar y
aprobar una estrategia nacional frente al reto demográfico y hacer cambiar el ritmo de un transatlántico que hace demasiadas décadas que había dejado de mirar a una muy buena parte de nuestro territorio. Se trata de una cuestión de cohesión, de
cohesión territorial y de cohesión entre ciudadanos. Se trata, como decía antes, de recuperar equilibrios en áreas rurales, en grandes ciudades, en los espacios de montaña, en los valles, en zonas desindustrializadas, en aldeas, en espacios donde
primaba la agricultura de secano, que ha caído en desuso, o en espacios donde determinadas amenazas hacen difícil encontrar alternativas, pero tiene incidencia en infancia, en juventud, en personas mayores, en alteraciones importantes de la pirámide
poblacional y de grupos de edad.


Nos enfrentamos a un cambio estructural importante demandado por un cambio de mentalidad del que en definitiva nos debemos felicitar colectivamente porque por fin nos miramos con complicidad, sabiéndonos aliados, urbanitas y habitantes del
campo, entendiendo nuestra mutua interdependencia y la necesaria solidaridad para garantizar que servicios y derechos son accesibles en igualdad de condiciones se viva donde se viva, porque la gente debe vivir donde quiera. Por eso nuestro
objetivo, el de los poderes públicos, sumando esfuerzos por parte de todos, debe ser el de facilitar esa capacidad dinamizadora generadora de las condiciones por las que resulte atractivo permanecer o volver a entornos rurales buscando una forma
mucho más equilibrada para el conjunto del país. Esto significa fundamentalmente garantizar conectividad y servicios, significa pensar en las necesidades y oportunidades de municipios pequeños y no solamente legislar para ciudades de tamaño medio;
significa quebrar círculos viciosos que hemos acumulado durante décadas en las que la despoblación llevaba a la supresión de servicios, y la supresión de servicios a la pérdida de infraestructuras, y la pérdida de infraestructuras y la supresión de
servicios a mayor despoblación. Debemos alterar esto.


Tenemos una estrategia, directrices, hay un mandato de la última Conferencia de Presidentes y hay una enorme expectativa que no podemos defraudar. No será un asunto que podamos resolver de forma definitiva a lo largo de una legislatura,
pero sí tenemos la oportunidad de sentar las bases para una realidad diferente. Debemos trabajar sobre aquello que se ha hecho hasta ahora en cosas comunes que interesan

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a todo el territorio y atendiendo al mismo tiempo las especificidades propias de cada uno de ellos, contando con el tercer sector, pero también con las empresas interesadas en hacer cosas, ensayando nuevas formas para ver hasta dónde podemos
llegar, empleando elementos tractores que se conviertan en referencia de cada uno de nuestros espacios y consolidando modos en los que podamos acordar y garantizar la coherencia de las políticas en todos los frentes, desatascando el atractivo, el
potencial de captura para gente joven, para gente nueva, para gente que quiera iniciar nuevas actividades, pero también para garantizar la renta, la calidad de vida de aquellos que siguen allí y que siguen asociados a actividades clásicas del campo.
Los datos son demoledores y solo pueden incitarnos a la acción: el 48,1 % de los municipios han perdido entre el 10 y el 50 % de la población en los últimos diez años; no en los últimos cincuenta años, sino en los últimos diez. La Unión Europea
califica como riesgo severo de despoblación aquellos municipios por debajo de ocho habitantes. Nos jugamos mucho, nos jugamos calidad de vida, servicios, pero también la confianza de una muy buena parte de nuestros compatriotas en las
instituciones, en la capacidad de nuestro país, de nuestra sociedad de pensar y no olvidar cuáles son sus necesidades. Por tanto, nos jugamos un elemento básico de nuestros principios de un Estado social y democrático de derecho para el que la
Constitución garantiza que todos sus habitantes tendrán igualdad de derechos, quedarán sometidos a la ley y para el que todos los gobernantes trabajarán en la misma dirección.


El éxito de esta estrategia exige un nivel de participación y consenso muy elevados. Contamos con unas directrices generales aprobadas el 29 de marzo del año 2019, y en los próximos meses tenemos que consensuar con comunidades autónomas y
entes locales un calendario de trabajo específico. Crearemos una comisión delegada para el reto demográfico que nos permita coordinar, impulsar y dar garantía en el conjunto de la acción del Gobierno. Pero, como digo, nada de esto será posible ni
viable sin la participación activa de los actores directamente involucrados y, por supuesto, de los distintos niveles de administración.


Sabemos que hay algunas cuestiones transversales que necesitan ser revisadas, como, por ejemplo, tal como recogen la estrategia y las directrices, las normas que deben pensar en su impacto en el territorio; una modificación que nos permita
incorporar la perspectiva demográfica en las memorias de análisis de impacto o una guía que nos permita identificar qué impactos demográficos pueden ocurrir y cómo se pueden incorporar algunas de las recomendaciones del mecanismo rural de garantía,
conocido desde hace tiempo y que ha tenido algunas experiencias de éxito en nuestro país. Afrontar el cambio demográfico, luchar contra la despoblación requiere una acción pública decidida para la promoción de la actividad económica y del empleo,
para garantizar la conectividad, para facilitar el acceso a la financiación de proyectos de empleo, autoempleo y emprendimiento colectivo en entornos en los que en muchos casos es más difícil que en entornos dinámicos, urbanitas acostumbrados a
ello.


Intensificaremos los proyectos de formación y emprendimiento de la mujer en el ámbito rural y trabajaremos junto con el resto de los ministerios en fijar alternativas y herramientas específicas para este territorio, incluido ese mensaje
fundamental, ese compromiso fundamental de conectividad digital del territorio en banda ancha y telefonía móvil. Pensamos también en vivienda, en cómo afrontar los desafíos de la pirámide demográfica y en los servicios específicos que requiere la
población de hoy y los que requeriría, si fuésemos serios, ese nuevo atractivo de población joven que queremos fijar en el territorio. Son proyectos personales y familiares fundamentales, son economía variada que tendrá que encontrar su reflejo en
nuestras decisiones.


Contamos con una agenda amplia, interesante, transversal, cuyo objetivo fundamental es superar la falsa dicotomía entre desarrollo o protección del medio ambiente, entre economía o personas, entre medio ambiente o personas. Necesitamos
tender puentes entre generaciones, territorios, países, actores públicos y privados; necesitamos movernos con urgencia. Sabemos en gran medida lo que hay que hacer. Lo podemos mejorar, podemos actualizar nuestro conocimiento y debemos permanecer
atentos y a la escucha, pero el momento es ahora, y para mí será un inmenso placer poder hacerlo con todos ustedes.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora vicepresidenta.


Tal como acordamos en la reunión de Mesa y portavoces, la ordenación del debate será la siguiente: un turno de diez minutos para cada grupo; a continuación, responderá la vicepresidenta; posteriormente tendremos una contrarréplica y
cerrará el debate la vicepresidenta. Les pido que sean estrictos en el cumplimiento del tiempo, porque si no, nos vamos a alargar muchísimo. Por favor, ajústense a los diez minutos para que el debate fluya según lo acordado. Comenzaremos con los
grupos de menor a mayor.


Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Guitarte.

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El señor GUITARTE GIMENO: Quisiera comenzar con las últimas palabras en las que se habla de tender puentes entre desarrollo y medio ambiente, porque precisamente lo que nos trae aquí, que es el tema del reequilibrio territorial y la
despoblación, tiene mucho que ver con esto.


De forma un poco provocativa hablamos de que hay una especie que tenía censados 235 000 individuos a principios del siglo XX, que ahora ha reducido a la mitad su población y que tiene muchos problemas también con su hábitat natural, con sus
desplazamientos, con sus medios para facilitar esa especie a la que llamamos el homo turolensis, que también está casi en peligro de extinción. Esto requiere ese consenso, esos puentes entre personas y medio ambiente, entre personas y naturaleza,
de forma que sean compatibles las dos cuestiones.


Entendemos que hoy, obviamente, el desarrollo no puede ser más que sostenible, pero hay que ofertar posibilidades a todos los territorios para que se desarrollen de forma equilibrada. También hemos oído hablar de los graves problemas que
está trayendo la concentración de actividad en las ciudades. Por ejemplo, se habla de que los servicios sanitarios en el medio rural tienen unos costes desmesurados porque hay grandes desplazamientos, y nosotros decimos que los costes de la sanidad
en el mundo urbano son mucho mayores, porque en él hay enfermedades que son consecuencia de la contaminación, de la concentración, de las deseconomías que provoca esa acumulación y que no se contabilizan de ninguna manera; sin embargo, en el mundo
rural cuando un médico tiene que coger el coche para desplazarse a treinta kilómetros se los contabilizan como una deseconomía, como un impedimento para que ese servicio se dote. Realmente, la sanidad es más cara en las grandes ciudades que en el
medio rural. Igual que ese, hay multitud de casos.


Es importantísimo que la legislación tenga esa perspectiva del mundo rural y de la despoblación, porque hay cuestiones que hasta ahora se vienen legislando solo para las grandes ciudades y se siguen tomando medidas pensando solo en los
elementos desarrollados. Por ejemplo, hay una cuestión muy evidente y es que con las últimas borrascas inmediatamente se han realizado acciones para recuperar el dominio público marítimo terrestre, probablemente porque eso va vinculado con el
turismo que tiene que venir en Semana Santa. Tenemos otros dominios públicos, como los montes, en los que no se ha adoptado ninguna medida, cuando esos montes y los caminos están destrozados, el arbolado está caído, etcétera. Es un dominio público
que también tiene atractivo, pero que siempre queda olvidado. Hay montes en Teruel que llevan cinco o diez años, desde las últimas grandes tormentas, sin que se arreglen los caminos, sin que se talen los árboles caídos y ese también es un dominio
público al que hay que prestar atención.


Nosotros no decimos que haya que hacer las cosas desde la perspectiva del medio rural, sino que hay que hacer dos legislaciones distintas. No podemos aplicar la legislación urbana en un medio totalmente distinto. Lo que en un entorno rural
es una agresión al medio natural, en un entorno urbano la dificultad es precisamente vivir en el medio natural. La perspectiva tiene que ser muy distinta. Hay que cambiar ese criterio, porque vemos que todavía se hace por inercia desde las grandes
ciudades.


Nos importan muchísimo los convenios de transición justa, porque realmente estamos siendo líderes en Europa en la descarbonización, cuando otros países han dejado un periodo de reflexión más largo, hasta 2030. Compartimos la posición de
descarbonizar cuanto antes nuestra economía, pero exigimos un compromiso muy serio de que la transición sea realmente justa. En nuestro caso, en Andorra -en Andorra de Teruel, no en Andorra del Pirineo-, la central térmica ha dejado de funcionar,
creo que le queda carbón para tres o cuatro días, unas 25 000 toneladas, y sin embargo todavía no se ha firmado ningún convenio. Ya empieza a aumentar el paro. En nuestra tierra contemplamos un futuro que hemos visto otras veces: ya hemos visto
cerrar minas, se nos han hecho muchas promesas y hay pueblos que han perdido más del 70 % de su población en apenas cinco años en cuanto se ha cerrado la actividad minera. Pedimos que la reconversión sea de verdad justa y que sea sobre todo rápida.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Guitarte. Eso es ajustarse al tiempo.


Por el Grupo Bildu, tiene la palabra el señor Matute.


El señor MATUTE GARCÍA DE JALÓN: Muchas gracias, señor presidente.


En primer lugar, quiero agradecerle su prolija exposición de hoy. Coincidimos en buena parte de los diagnósticos que realiza sobre la situación. También podemos mantener altos niveles de concordancia con buena parte de las soluciones que
plantea para salir de esta encrucijada histórica en la que nos encontramos. Sin embargo, no podemos ser tan optimistas a la hora de valorar lo que se ha hecho o de lo cerca o lejos que estamos de los objetivos perseguidos. Usted decía que vamos en
la buena dirección, pero que falta acelerar las palancas de cambio, o algo así, pero yo ni siquiera sé si hemos pasado la ITV.

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Creo que hay buenas intenciones, las ponemos en valor, creemos que la dirección que se apunta es la adecuada, pero pensamos que hace falta intensificar mucho más la acción política y la acción institucional para que eso que decimos que son
buenas palabras sean en la práctica hechos tangibles.


Al final -creo que usted lo ha señalado-, estamos ante un choque entre un sistema productivo como el actual y el propio funcionamiento del medio natural. El sistema productivo actual tiene un modo de funcionamiento lineal, que creo que se
delimita claramente en la extracción de los recursos, en la transformación de los mismos para producir productos y servicios y, finalmente, en la generación de residuos que vuelven a depositarse en la naturaleza. Ese sistema no es viable ni
sostenible, porque lo único que hace es agotar los recursos materiales y energéticos y generar impactos como la contaminación del aire, del agua, de la tierra o incluso, como señalaba, la pérdida de biodiversidad. La naturaleza es bastante sincera
y no permite que dejemos para la retórica o la imaginación lo que nos quiere trasladar; a veces lo hace con dureza, con crudeza, pero de manera tangible. Estamos viviendo en Zaldibar el derrumbe de un vertedero, con dos personas sepultadas allí
desde hace trece días, y hemos visto las consecuencias de la acción del hombre y de la falta de control institucional sobre una realidad, que es la existencia de residuos -no digo solo en Zaldibar, puede suceder en cualquier lugar del Estado español
donde haya actividad industrial-. La naturaleza nos muestra cuáles son las consecuencias de la apuesta por un determinado modelo económico, por un determinado modelo de producción industrial. Digo que puede suceder en cualquier lugar porque hoy
mismo he leído que el 54 % de los residuos que se producen en el Estado español van directamente al vertedero, no encuentran otra forma de reutilización o de reciclaje que no sea el depositarlos como inertes, sin atender a que sus niveles de
toxicidad puedan ser variables y que puedan permear hacia otras dimensiones, ya sea el agua o el aire.


Me gustaría trasladarle algunas preguntas. Para toda esa realidad que seguramente existe en muchos lugares de la geografía del Estado español -ya he dicho que nosotros la estamos sufriendo en Zaldibar, pero entendemos que podrá existir en
muchos otros lugares, ya que hay depósitos de sustancias tóxicas en diferentes lugares-, ¿existe la voluntad de elaborar algún tipo de normativa que obligue a que haya un control público más efectivo, por ejemplo, en el desarrollo, funcionamiento y
recepción de residuos de los vertederos? ¿Existe voluntad de que los vertederos cumplan unas normas mínimas de depósito y de tratamiento? Digo esto porque sé que algunas comunidades autónomas han podido decidir que sean las propias empresas
adjudicatarias de los vertederos las que se hagan cargo del control, gestión y buen funcionamiento de la instalación, sin tener la visita de la propia institución pública. No sé si el Gobierno ha pensado elaborar algún tipo de normativa o si se van
a destinar más recursos a este tipo de cuestiones.


Como le decía, si este es el funcionamiento lineal del sistema de producción, nos encontramos con que el funcionamiento de la propia naturaleza es circular. Usted hablaba de la economía circular, y en eso estamos de acuerdo con usted, como
lo estamos con todo aquel o aquella que plantee la necesidad de tornar de una economía lineal, como la que deriva del sistema productivo actual, hacia una economía circular. Al final no sería sino una especie de adaptación de eso que llaman la
biomimesis, la adaptación del ser humano al medio en el que está y no la utilización por parte del ser humano del medio en el que está sin atender a las consecuencias. Creemos que esa transformación del sistema productivo lineal en uno circular se
tiene que basar al menos en dos fundamentos, y creo que usted lo ha señalado -quizá con otras palabras- cuando hablaba de que el sistema productivo tendría que ser capaz de cerrar los ciclos materiales no generando residuos o yendo a la idea de no
generar residuos en ningún momento, al igual que lo hace la propia naturaleza, y que el sistema productivo ha de alimentarse con el consumo de los flujos de energías renovables, evitando de ese modo el agotamiento de los recursos fósiles, ya sea el
carbón, el petróleo o el gas. Pero para que eso pueda ser posible hay que buscar el cierre de los ciclos materiales del sistema productivo y nosotros y nosotras entendemos que solo puede hacerse de dos formas. Una con el diseño de productos para
que al final de su vida útil -y estoy hablando de otra cosa diferente a la obsolescencia programada que tiene un componente más mercantil y de reproducción del consumo hasta morir que otra cosa- puedan ser reciclados o reutilizados para otros usos
diferentes. La otra tiene que pasar ineludiblemente por procesos que se diseñen para que las salidas materiales de unos procesos puedan ser las entradas materiales mismas de otros procesos, que en definitiva es un cambio drástico de rumbo, lo
asumimos y lo decimos además con esa sinceridad. Es decir, no estamos planteando parches, no estamos planteando enmiendas, no creemos que unas políticas que mitiguen sean suficientes, porque creemos que estamos en un momento crucial. Seguramente
todo el mundo acompaña a los tiempos que vive de la denominación de momento histórico, pero creo que si algo se merece, porque se

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está jugando la propia supervivencia del Planeta, la dimensión de histórico es un momento como este. Como usted decía, esto tiene que ver con el cambio del modelo socioeconómico, pero también con los cambios de actitud con lo que usted ha
llamado hábitos de consumo, y es verdad. Hace falta cambiar los hábitos de consumo y de producción de residuos. Probablemente ahí a veces hay que tomar medidas que si no se hacen con el consenso necesario pueden ser tildadas de impopulares, aunque
tengan resultados positivos. Nosotros en Guipúzcoa en los años 2011-2015, gobernando la Diputación Foral de Guipúzcoa, conseguimos elevar la tasa de reducción de residuos hacia unos niveles que no son equiparables con los que existen en ningún otro
lugar del Estado español. Tuvo un coste, porque tuvo un rechazo social, porque planteaba la modificación de hábitos de consumo para evitar -otra pregunta que le quiero realizar- una forma de administrar o de dar salida a los residuos que nos parece
altamente nociva. Queremos conocer la opinión del ministerio con respecto a las incineradoras. Si considera que las incineradoras tienen que jugar un papel fundamental en el tratamiento de los residuos o si por lo contrario tendríamos que ir hacia
modelos que tiendan a hacer desaparecer, como antes ha señalado con el tema de las energías nucleares, el propio papel de la incineración como fuente de solución.


La otra cuestión tiene que ver también con los residuos y es la necesidad de los residuos cero, de la reutilización del reciclaje, pero también pasando ya, para no agotar todo el tiempo, hacia el modelo energético, sí querría -entendiendo lo
que ha dicho y compartiendo lo que ha dicho en torno a la necesidad de apostar por un nuevo modelo energético- conocer la opinión de su Gobierno, por ejemplo, con las prácticas extractivas que pueden ser, aparte de dudosa eficacia por la cantidad
obtenida de energía, potencialmente nocivas para el medio natural como, por ejemplo, el fracking. Me gustaría también saber qué política mantiene su Gobierno en torno a esa práctica extractiva, por conocerla. Es decir, entendiendo que comparto
buena parte del discurso que ha señalado en torno a la necesidad de transitar hacia otro modelo energético, me gustaría saber si es compatible esa transición hacia el modelo energético con prácticas extractivas como la del fracking. Porque comparto
que hay que ir hacia la racionalización del consumo, que hay que buscar que el cumplimiento del modelo energético se dé por energías renovables y creo además -y eso se lo digo con absoluta sinceridad- que hace falta elevar el nivel de control
público también sobre el modelo de producción. Porque lo que vemos en la actualidad no es suficiente. Creemos que se puede hacer mucho en la comercialización con la generación de comercializadoras públicas de electricidad, ya sea para los
edificios públicos y para los clientes vulnerables, que se puede hacer mucho más en la creación de cooperativas energéticas, en los proyectos de producción local y/o comarcal, en marcos normativos, en definitiva, y en subvenciones para fomentar el
autoconsumo.


También queremos hablar de la movilidad sostenible, porque creemos que lo peor que se puede hacer cuando se habla de la movilidad es generar procesos de demanda inducida que es buena parte de la base de las políticas que se han venido
realizando en materia de transporte en el Estado español y también en la realidad en la que nosotros vivimos en la Comunidad Autónoma Vasca. Nosotros apostamos por una planificación urbana que minimice el uso del suelo, que hable de un urbanismo
compacto, que hable de un calmado del tráfico, que hable de una ordenación del territorio que limite la necesidad del uso de vehículo privado y ahí también querríamos conocer la opinión del ministerio en torno a cómo ir hacia todo ese cambio en la
movilidad hacia movilidades más necesarias y no necesariamente inducidas con la lógica deconstrucción de macroinfraestructuras. Le pregunto: ¿No sería más viable, más lógico, más racional, que se apostara por optimizar o por mejorar aquellas que
ya existen en lugar de generar nuevas macroinfraestructuras?


Termino ya con una cuestión, para no excederme del tiempo, y es que cuando usted señalaba todos los retos, yo no conozco los datos del Estado español, como seguramente usted -y es lógico que así sea- puede conocer, pero por ponerle un
ejemplo de lo que sí conozco algo más sí le hablaría de, por ejemplo, las emisiones de gases contaminantes en la Comunidad Autónoma Vasca. El 80 % de las emisiones tienen que ver con el sector energético en un 32 %, el transporte en un 28 %, la
industria en un 22 %, los residuos en un 5 % y en lo que tiene que ver con el modo agrario, residencial y de servicios en un 4 %. Creo que esos porcentajes nos señalan dónde podemos realizar un mayor trabajo, dónde tenemos que hacer una mayor
intensidad. Finalizo con una pregunta. ¿Todo esto que usted ha planteado y que, como le digo, compartimos en líneas generales, se puede hacer con un límite de déficit como el que nos ha impuesto la Unión Europea? Es decir, ¿es posible invertir
todo lo que es necesario invertir cuando la Unión Europea nos ha puesto un techo de gasto o un límite de déficit que hace muy difícil encontrar los recursos necesarios para poder ser ambiciosos en esta materia? Muchas gracias.

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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Matute.


Por el Grupo Vasco, tiene la palabra doña Idoia Sagastizabal.


La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias, señor presidente.


Arratsalde on. Buenas tardes, vicepresidenta. Desde el Grupo Parlamentario Vasco queremos darle la bienvenida, la enhorabuena por su nombramiento y desearle, desde luego, suerte y aciertos en la gestión y en las áreas de su competencia que
creemos que son muchas y de gran relevancia. Usted ha empezado a hablar por el fenómeno atmosférico Gloria. Nosotros en su día, en la comparecencia de julio, ya se lo dijimos. Es verdad que el cambio climático está ahí. Cada vez va a haber más
fenómenos de este tipo y, por tanto, es necesario adoptar medidas de sistemas de alerta temprana, planes de adaptación, evaluaciones de vulnerabilidad, planificación urbanística, planes de gestión de riesgo y en este contexto además teniendo en
cuenta que muchas veces a lo mejor no son suficientes, porque se desconocen o se rebasan las previsiones que puedan ofrecer estos fenómenos extremos. Es verdad que además en este sentido usted como también ha dicho es necesaria una coordinación
entre las distintas administraciones implicadas y, desde luego, para nosotros entendemos que aquí habría que evitar demagogias y, desde luego, usos partidistas ante este tipo de catástrofes. Es verdad que durante la última década el cambio
climático se ha convertido en uno de los retos económicos, sociales y ambientales, y donde, como también usted ha dicho, el factor de sostenibilidad ha de ser un pilar fundamental para el crecimiento económico, que tenga como origen y destino para
nosotros las personas y que nos lleve a un desarrollo inclusivo, poniendo en el centro la sostenibilidad del Planeta y, desde luego, para no implicar a generaciones futuras. Compartimos que la sostenibilidad de los recursos naturales y de los
energéticos es hoy en día no solo una necesidad, sino una prioridad en las políticas públicas y que para luchar contra el cambio climático es necesario transitar hacia un modelo energético basado en la descarbonización del sector eléctrico, en la
electrificación de la economía y en el aumento de la eficiencia energética. El cambio climático además presenta variables que obligan desde luego a planificaciones amplias y muy flexibles y a implicar a diferentes agentes de la sociedad y a
gestionar esa incertidumbre que suele estar asociada a sus impactos. Creo que también usted lo ha comentado.


Ha hablado de la Ley del Cambio Climático y de la Transición Energética, para nosotros es una ley que tiene que erigirse como un instrumento clave para abordar esa transición hacia una economía baja en carbono y garantizar los compromisos
adquiridos por España ante la Unión Europea. Por eso, creemos -como ya ha dicho usted que van a traerla aquí en marzo- que tiene que haber una planificación en este sentido y además que la traigan aquí como proyecto de ley para poder hablar,
negociar y consensuar en un tema tan importante. Es verdad que le vamos a exigir que haya una planificación o una hoja de ruta en coordinación con las comunidades autónomas, porque hay competencias en las mismas y porque la política energética
tiene que desarrollarse teniendo en cuenta las necesidades de cada territorio. Usted ha comentado: hay que fomentar la bioeconomía, estamos de acuerdo, integrando el sector forestal, el mar, residuos y la agricultura. Ha hablado también del agua
que para nosotros es importante promover un uso sostenible del agua y considerando no solo la red hidrográfica como una infraestructura hidráulica, sino también como una infraestructura ambiental que debe de ser gestionada de forma coherente.


Hoy tenemos la comparecencia de la ministra de Industria y nosotros vamos a solicitarles a ustedes que haya coordinación constante entre ambos ministerios. Para nosotros la política industrial tiene un peso muy importante en el PIB, en
Euskadi, impulsamos esa política industrial y vamos a solicitar esa coordinación sobre todo en la parte de energía para procurar que las decisiones de uno no afecten de manera negativa en el otro, para evitar distorsiones e inseguridad jurídica que
puede llevar a una pérdida de competitividad de estas empresas.


También hay que decir que la energía, como usted ha dicho, es uno de los principales costes del sector industrial y es necesario articular un conjunto de medidas que permitan a la industria disponer de unos costes eléctricos competitivos
para fortalecer su capacidad, su actividad y su capacidad exportadora. En este sentido, sí tengo que decirle que valoramos el trabajo conjunto que se ha realizado por ambos ministerios con el estatuto electrointensivo y con el fondo de transición,
entre los dos ministerios, como le digo, que llegará en breve. También valoramos el fomento de la potenciación de los contratos a largo plazo, los PTA, con renovables a precios competitivos. Pero hay otras cuestiones que sí nos preocupan porque a
lo mejor esa coordinación no ha sido del todo efectiva, como lo ocurrido con los vehículos diésel o en el último mes con el tema de la retribución a la cogeneración, en la que parece que se hace necesario un ajuste de los parámetros de rendimiento
de las cogeneraciones a la situación actual de las plantas. La

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cogeneración de gas es un aliado para la industria y los sistemas energéticos, porque aportan competitividad y eficiencia. Nosotros en Euskadi tenemos setenta y dos cogeneraciones en sectores importantes como el papelero, el refino, que
tienen en común varias características: que son intensivas en calor y compiten en mercados exteriores. Es verdad que con la actual propuesta de parámetro retributivo hay una reducción, que puede suponer un pacto de unos 40 millones de euros
anuales, que pueden incidir en esa competitividad industrial. Por eso sí me gustaría conocer su opinión al respecto y si estarían dispuestos a una revisión en este sentido. Porque creemos que no podemos hipotecar la política industrial por
decisiones cortoplacistas. Hay que acompañar a la industria para que pueda transitar a una industrialización sostenible y circular.


Estamos de acuerdo en que Europa, en ese sentido, también está enviando una serie de señales a los Estados miembros, pero a la hora de adoptar determinadas medidas entre la industria vamos a solicitar por lo menos que haya un equilibrio
entre todos los entes implicados. Al hilo de esto es verdad que algunas comarcas del norte han vivido del carbón y que ahora se tienen que transformar. Ha habido un fondo en Europa que parece que no ha cubierto las expectativas para España para
hacer esa transición justa. Me gustaría saber su opinión al respecto.


Por otro lado, usted ha hablado de las subastas, me gustaría saber si tiene previsto implementar medidas necesarias para que este sistema, que puede ser injusto, sea equilibrado y que puedan optar al mismo todas las industrias
electrointensivas en igualdad de condiciones. Como le he dicho, valoramos lo que son los contratos bilaterales. Ha hablado del fomento a las renovables y de la directiva. Usted sabe cuándo se va a trasponer. También me gustaría conocer su
opinión acerca del gas como combustible de transición hacia un modelo libre de emisiones en 2050, teniendo en cuenta que Europa ha señalado al gas natural como el renovable que va a desempeñar un papel clave en la transición hacia la neutralidad
climática. Me gustaría saber si para su ministerio es una tecnología de transición.


Ha hablado usted de desigualdades y que hay que ayudar a los más desfavorecidos, estamos de acuerdo. Es verdad que ha dicho que el precio de la luz ha ido bajando, pero sigue siendo alto. Si entendemos la electricidad como un servicio
básico o de primera necesidad, me gustaría saber si su ministerio prevé rebajar ese IVA que se aplica a la electricidad del 21 % al 10 %, como lo ha hecho Portugal con el beneplácito de Europa.


Ha hablado del fomento de la eficiencia energética en el sector edificatorio, estamos muy de acuerdo y nosotros creemos se ha necesitado un fuerte impulso público, porque los plazos de retorno son muy amplios, que si no se acomete con
impulso público sería muy difícil llegar a una eficiencia energética en este sector. En este sentido hay un proyecto del EuroPACE, me gustaría saber cómo se va a aplicar la política de gestión de estos fondos para el plan de rehabilitación que se
vaya a proponer si serán gestionados por las comunidades autónomas.


También al hilo de la transposición de las directivas, me gustaría saber si tiene un plazo ya previsto para la trasposición de la directiva relativa a la eficiencia energética de los edificios y la relativa a la eficiencia energética. Ha
hablado de impuestos y me gustaría saber si prevé esa reforma integral de la fiscalidad energética actual por una fiscalidad verde, basada en costes asociados a las emisiones del CO2 y qué plazos se prevén para ello. Desde luego, fomento a la
movilidad alternativa, compartimos el impulso del vehículo con energías alternativas y de una infraestructura de recarga adecuada. Pero siendo necesario también incentivar la renovación del parque móvil, estableciendo periodos transitorios sin
discriminar tecnologías y facilitando los cambios mediante el desarrollo de la infraestructura necesaria para garantizar la movilidad con las nuevas energías. Me gustaría saber si tiene en mente en este sentido aplicaciones de IVA superreducidos a
vehículos ligeros 100 % eléctricos o IVA reducidos a vehículos híbridos y propulsados a gas. También si hay una aplicación del IVA superreducido a equipos de suministro y suministros de combustible alternativos. Si tienen algo en mente en cuanto
al impuesto de matriculación y si hay un calendario de supresión de fuel pesado en la navegación, institución por gas. Además me gustaría saber más concretamente si tiene algo en mente en cuanto a los peajes de recarga de gas natural licuado para
el bunkering. Por otro lado, y hablando de nucleares, me gustaría saber si se va a aprobar ese plan de residuos que todavía falta y qué planteamientos tiene en cuanto a lo que es el almacenamiento de residuos, si se descarta ya un ATC o se
contempla un almacén geológico profundo.


En cuanto a las renovables, a nosotros también nos preocupa -usted lo ha comentado- el tema de acceso y conexión a las redes de transporte y distribución porque no sabemos si esos proyectos van a ser reales o no y, por tanto, entendemos que
hay que abordar esta cuestión. Por otro lado, y como se trata de promocionar las energía renovables, me gustaría conocer si podrían tener las comunidades autónomas

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mayor peso en cuanto a la tramitación administrativa para la construcción de parques eólicos, ya que actualmente se realiza a nivel autonómico hasta los 50 megavatios y a nivel estatal desde los 50 megavatios. Le pregunto al respecto si se
podrían cambiar esos porcentajes para agilizar estos procesos. Estamos también de acuerdo con la hibridación. Nos gustaría saber si hay algún planteamiento en cuanto a la lucha contra el fraude eléctrico.


El señor PRESIDENTE: Señora Sagastizabal, tengo que cortarla.


La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Finalmente, darle las gracias, volver a reiterarle nuestro ofrecimiento al diálogo, mantener las vías abiertas en materia energética y medioambiental para que se den pasos firmes hacia esa
transición ecológica, pues también entendemos que abren un escenario apasionante en múltiples direcciones y que desde luego nos atañe a todas y a todos.


Le pido disculpas porque me tengo que marchar a la Comisión de Industria y seguramente no pueda escuchar su respuesta. Lo siento.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Por parte del Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora María Muñoz.


La señora MUÑOZ VIDAL: Buenas tardes. Muchas gracias, señor presidente.


Gracias, ministra, por su comparecencia y extensas explicaciones esta tarde aquí. Esperamos volver a verla pronto. Entre todo lo que nos ha contado esta tarde, coincidimos en que el cambio climático existe y es necesario adaptarse a él,
además de realizar una transformación energética para mitigarlo. Ahora bien, eso no significa que España tenga que hacer una tarea quijotesca. Ha hablado usted de economía circular, de fiscalidad ambiental, residuos y plásticos, salud y factores
ambientales, así como de energía. Sin embargo, echo en falta algunas aclaraciones sobre determinadas cuestiones. En primer lugar, sobre los costes del apagón nuclear. El Gobierno ya presentó su versión actualizada del Pniec, del Plan Nacional
Integrado de Energía y Clima, donde se mantiene el cierre progresivo de las centrales nucleares españolas en torno al año 2030, una decisión injustificable desde nuestro punto de vista, así como desde el punto de vista económico y, sobre todo,
medioambiental. Esta decisión fue forzosamente consensuada por las empresas propietarias debido a la actitud interesada del ministerio a la hora de promover el cierre. La ministra se ha referido a que el coste de cerrar las centrales nucleares no
debe ser mucho mayor al de mantenerlas abiertas, y lo cierto es que sí que existen importantes diferencias cuando se atiende a los números reales. Algunas estimaciones señalan que si el cierre nuclear inmediato se realizase con una penetración
masiva de energías renovables, aumentarían los costes del sistema más de 4000 millones de euros al año y, con ello, la factura sobre el consumidor más del 10 %, al ser previsiblemente necesarios más incentivos a las renovables, mayor esfuerzo de la
red y mecanismos de retribución al respaldo. Por su parte, hay un informe de los expertos para la transición energética, compuesto, entre otros, por Luis Atienza -antiguo miembro del Gobierno de Felipe González-, que analizaba la posibilidad del
cierre inmediato de las instalaciones nucleares sustituyendo dicha capacidad por la de los ciclos combinados de gas natural infrautilizados en nuestro país. El resultado es que encarecería la factura de la luz a los españoles en un 20 % y
duplicaría las emisiones de CO2 contraviniendo el objetivo europeo propuesto.


Por si esta evidencia no fuera suficiente, se puede mirar hacia el contraejemplo alemán, país que optó por el cierre anticipado de las centrales nucleares, viéndose obligado a quemar carbón como forma de garantizar el suministro del sistema
eléctrico dada la intermitencia de la producción renovable. Tras más de 150 000 millones de euros gastados entre los años 2000 y 2015, el 40 % de la generación eléctrica alemana procede del carbón. El Ejecutivo alemán se ha visto obligado a
suspender su objetivo de reducción de emisiones del 40 % para 2020, y en los últimos años la tarifa de la luz se ha incrementado un 22 % hasta colocarse como la segunda factura eléctrica, para el consumidor medio, más alta de toda Europa. Además de
los motivos económicos, el cierre de la primera fuente de generación eléctrica en nuestro país -recordemos que más del 20 % de la cobertura de la demanda viene por esta vía-, que además no emite gases de efecto invernadero y que tiene una capacidad
de producción constante, nos parece que carece de toda lógica en un discurso que apela simultáneamente a la emergencia climática. Por último, pero no menos importante, conviene recordar que su propio plan ofrece serias dudas sobre la seguridad de
suministro, dado que se descarta la probabilidad de que la interconexión con Francia pueda

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ser inoperante en momentos puntuales y delicados, y se cierra una enorme cantidad de potencia disponible en el sistema, singularmente las nucleares.


Nos gustaría saber -estas son las preguntas que le transmito- cómo justifica la apelación a la emergencia climática a la par que se propone cerrar las centrales nucleares que no emiten gases de efecto invernadero. ¿Puede asegurar que los
precios de los consumidores no se verán afectados por este cierre? ¿Puede asegurar que la cobertura del suministro eléctrico no sufrirá un deterioro a causa de este cierre? A día de hoy, el Fondo Enresa, destinado al desmantelamiento de las
centrales nucleares, muestra un déficit de 1425 millones de euros de cara a 2028, año de cierre de la última central nuclear, según las previsiones de la ministra para afrontar el coste previo de dicho desmantelamiento. En cambio, si las centrales
continuasen operando hasta los cincuenta años en total, se prolongaría la recaudación otros diez años más, aumentando considerablemente la viabilidad del sistema de financiación actual. En estas circunstancias, según las estimaciones de Enresa,
serían necesarios 9328 millones de euros para cubrir los costes esperados para las actividades de desmantelamiento, cantidad sufragada sobradamente con un fondo que contaría con un superávit de 1500 millones de euros a fecha de 2038.


En el último Plan de Residuos Radiactivos aprobado en 2006, es decir, en pleno Gobierno de Rodríguez Zapatero, del que usted formó parte, Enresa indicaba que el desmantelamiento y clausura de centrales puede verse dificultado o incluso
impedido ante la falta de capacidades de gestión del combustible gastado, siendo la actuación ideal iniciar el cierre de las plantas al menos siete años después de tener disponible un almacén temporal centralizado, instalación inexistente a día de
hoy a causa de la oposición del Partido Socialista manchego y cuestión sobre la que usted no ha sido muy clara y determinante.


El citado informe de la Comisión de Expertos de Transición Energética expresa la necesidad de realizar un nuevo plan, que contemple la posible ampliación temporal de la explotación de las centrales nucleares activas en nuestro país y dé
solución a los problemas de almacenamiento de combustible gastado que se detectan ante la inexistencia del almacén temporal centralizado. En esta misma línea se ha pronunciado reiteradamente Ciudadanos, e incluso el Partido Socialista ha llegado a
expresar la necesidad de un nuevo plan de residuos que debe contar con unas previsiones de almacenamiento realistas y, por ende, con el citado ATC, almacén temporal centralizado. Actualmente se estima que la inexistencia de este almacén temporal
nos cuesta más de 60 000 euros diarios a los españoles, además de suponer un riesgo para la seguridad de las centrales cuyas piscinas de almacenamiento se encuentran en límites máximos. Esta situación se torna aún más alarmante una vez constatado
el desinterés de la ministra y del PSOE por afrontar la construcción de un almacén temporal y condenar a la energía nuclear a un cierre anticipado sin ninguna justificación medioambiental o económica. ¿Va a seguir dando la espalda a la realidad de
las cifras y abocando a los españoles a costear un carísimo desmantelamiento de una tecnología que abarata el precio de la electricidad en el Mix actual? ¿Va a comprometerse a retomar el plan de construcción del almacén temporal como instó el
Congreso de los Diputados al Gobierno de Zapatero? Estas son de momento nuestras preguntas.


Gracias, ministra.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Muñoz.


A continuación, por el Grupo Plural, tiene la palabra Inés Sabanés.


La señora SABANÉS NADAL: Gracias, presidente. Buenas tardes, ministra.


En primer lugar, por el orden de intervención que se ha planteado, primero me gustaría hablar de lo que suponen las medidas económicas que se están tomando, y que nos ha explicado, para las zonas afectadas del litoral mediterráneo con
respecto a los diversos temporales que las afectaron. En ese caso, solo dos cuestiones rápidas, que ya tratamos de introducir en el debate de la proposición no de ley del Partido Socialista. La primera es en qué situación está la evaluación y el
grado de cumplimiento de los planes de gestión de riesgo de cada demarcación. La segunda se refiere a cómo están las medidas que hacen referencia a las áreas de riesgo potencial significativo. En segundo término, y respecto al mismo tema,
siguiendo las recomendaciones de la Unión Europea, si en todos los trabajos que se están haciendo de reducción de daños o de evaluaciones se está incorporando la evaluación de impacto de cambio climático con respecto al crecimiento y al impacto de
esos fenómenos climatológicos y catástrofes y, en segundo lugar, si también se están evaluando los factores de riesgo urbanísticos que están afectando, fundamentalmente, a la fragilidad del litoral mediterráneo.

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Sigo con la parte general, relacionando, por un lado, la transición ecológica y, por otro lado, la declaración de emergencia climática y sus medidas. Para nosotros, la transición ecológica es la columna vertebral de la economía española del
siglo XXI; nos ha dado ya el plazo previsible de la ley de cambio climático, en el mes de marzo; nos parece que todo lo que se pueda acelerar, dialogar y trabajar, mejor, y nos gustarían unos objetivos algo más ambiciosos y le pregunto si no es
posible hablar de un horizonte 2040 en lugar de 2050 en cuanto a la neutralidad climática. Queremos saber si la mesa de diálogo que nosotros planteábamos, una mesa de diálogo de transición ecológica, se relaciona con la asamblea climática ciudadana
que usted nos ha planteado.


En cuanto a los renovables, los plazos. ¿En qué momento estamos de tramitación de plazos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima? ¿En qué momento nos encontramos y qué previsiones hay? Nosotros entendemos que es momento
espectacular para impulsar el autoconsumo y producción cooperativa y comunitaria. En cualquier caso, ¿van a plantear a corto plazo una reforma urgente del mercado eléctrico cuyos objetivos sean disminuir la factura eléctrica, favorecer la
introducción de renovables en el Mix eléctrico y que los beneficios de las empresas eléctricas sean más ajustadas a las necesidades de este país? ¿Cómo va a ser el calendario de cierre de las nucleares y de las centrales de carbón, sin olvidarse
del ATC de Villar de Cañas?


En cuanto a la rehabilitación de edificios, ¿tiene pensado coordinar con las comunidades autónomas planes específicos de rehabilitación integrales de edificios con criterios de eficiencia energética? ¿Pueden conectar y sumar la actuación
del Estado, del Gobierno, con las comunidades autónomas? En cuanto a la fiscalidad verde y movilidad sostenible, me interesa mucho destacar que es necesaria una ley de movilidad sostenible y de financiación del transporte público, aunque no
correspondería a este ministerio; no es posible alcanzar los objetivos si no hablamos de la ley de movilidad sostenible y financiación del transporte público. Si se van a eliminar las subvenciones a los combustibles fósiles, hablo en aquellos
casos en que no tengamos alternativas, aunque haya que buscarlas a la mayor rapidez posible, como en la agricultura o en determinados niveles de transporte de carretera. Usted lo ha anunciado, pero ¿qué plazos se manejan para la ley de economía
circular? Tenemos unos riesgos evidentes ahora mismo en la gestión de residuos, como se ha planteado en el caso del vertedero del País Vasco. Creo que lo ha planteado, pero me gustaría que me informara si se va a tramitar en breve limitar o
eliminar el plástico de un solo uso. ¿Ha hecho el ministerio el estudio que anunció en su momento sobre el sistema de depósito, devolución y retorno, en combinación también con el actual sistema y la evaluación de ambos sistemas, sobre todo, en lo
que hace referencia, como se planteaba desde Bildu, a la situación de riesgo y peligrosidad de los vertederos?


En biodiversidad, nosotros queríamos que nos explicara sobre la posibilidad de una estrategia nacional referente a las especies exóticas y si se va a derogar la Ley 7/2018, de julio, de patrimonio natural y de la Biodiversidad, que en el
aspecto concreto de especies exóticas significó descatalogar algunas especies, de acuerdo con el dictamen del Supremo de 2016. En cuanto aguas, sobre todo, ¿hay posibilidad de reformular la planificación hidrológica? Me interesa mucho que nos
avance cómo se piensan superar los graves incumplimientos en cuanto a la depuración de aguas residuales que afectan, sobre todo en este momento, a Andalucía y a Asturias, pero no solo. ¿Cómo cumplir en este caso o cómo revertirlo? ¿Se ha planteado
un plan estratégico para la conservación y el uso racional de humedales, tan importante para todo lo que se ha planteado de Doñana, Albufera, Delta del Ebro, Mar Menor, y completar el inventario de zonas húmedas? ¿Va a haber reformas en la Ley de
Costas para adaptarnos al cambio climático? Finalmente, ¿va a haber un plan de acción, que creo que sí, de educación ambiental para introducir e incorporar el conocimiento del cambio climático en el sistema educativo?


Termino, porque le voy a dejar dos minutos al diputado de Junts per Catalunya. Continuaré en la segunda intervención.


Gracias.


El señor MIQUEL I VALENTÍ: Muchas gracias.


Gracias, vicepresidenta, por acompañarnos hoy aquí. Es evidente que su ministerio va a tener un papel importante en esta legislatura y sabe que nos va a encontrar para trabajar conjuntamente en aquellas cosas que sean de especial interés,
porque nosotros creemos que el cambio climático es un tema que debe ser abordado de forma inmediata; creemos en el compromiso de los que vienen trabajando y en el compromiso de los que se suman a la lucha, especialmente de aquellos jóvenes a los
que el ministro Borrell pone en duda y que nosotros, en cambio, creemos que deben seguir trabajando y sentirse apoyados por este Gobierno.

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Quiero formular tres cuestiones muy rápidas, señora vicepresidenta. En su primera intervención en esta Cámara usted hablaba de las plantas cogeneradoras y de la necesidad de revisar su funcionamiento y su estructura. Usted sabe que en la
última cifra del borrador presentado por el Gobierno compromete su actividad, la actividad industrial, que puede verse afectada, incluso puede darse una deslocalización. Nosotros queremos saber cuál es la previsión del Gobierno, si es mantener esa
cifra, si tienen previsto modificarla o si tienen previsto incrementarla. Esta es la primera cuestión. La segunda es si tiene previsto el Gobierno revisar o diferenciar viajes eléctricos entre territorios, lo que dificulta a aquellos territorios
como Cataluña, que respecto a otros territorios tiene un incremento de ese coste.


Una última cosa, pero no menos importante, es que en diciembre de 2018 el Gobierno presentó el Real Decreto de medidas urgentes para el impulso de la competitividad económica en el sector de la industria y el comercio en España. En este
mismo real decreto ustedes comentaban que, a pesar de que la trasposición de la directiva europea no era de obligado cumplimiento eso reduciría los costes económicos de la energía eléctrica para la mediana y gran industria concentrada en ámbitos
territoriales reducidos mejorando su competitividad en unos momentos en que es caro el mantenimiento de la industria existente. En este mismo real decreto ustedes decían que al cabo de seis meses como muy tarde se debería aprobar un reglamento que
aún no ha sido aprobado, por lo que queríamos saber si está calendarizada o programada la aprobación o la redacción de este reglamento previsto en el artículo 3 de este mismo real decreto.


Eso es todo. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Miquel.


Por el Grupo Republicano tiene la palabra Xavier Eritja.


El señor ERITJA CIURÓ: Buenas tardes, vicepresidenta.


Ante todo quisiera agradecerle su intervención y comentarle que básicamente compartimos la mayoría de los planteamientos que ha comentado hoy. En todo caso, su ministerio engloba diferentes ámbitos de especial relevancia en el momento
actual y son ámbitos muy grandes, y por eso creo que es importante que tenga presente esta cuestión. Abarcamos mucho con todo lo que está planteando y creo que es importante concretar. Esta es una percepción que tiene todo el mundo: son ámbitos
muy amplios y deberemos concretar mucho más para que las propuestas sean realmente efectivas. (El señor vicepresidente, Vicente Viondi, ocupa la Presidencia).


Esta intervención se va a centrar básicamente en los tres puntos que ha comentado: el tema de transición energética, el del cambio climático, sobre todo, con relación a la gestión del agua y el reto demográfico. Son los tres puntos básicos
que hemos enfocado. No quisiera empezar sin antes felicitarles por la declaración de emergencia climática, que creo que es importante. En ese sentido, también celebramos que la transición energética por fin ocupe un lugar relevante en la agenda
política y que ya no existan más excusas para analizar los cambios necesarios e inevitables que hace tiempo que se están enfocando.


La transición energética se ha de ver ante todo como una oportunidad para dejar atrás un modelo energético centralizado copado por el oligopolio eléctrico, un modelo ineficiente y caduco que ya no tiene más recorrido. Porque ya no basta con
pasar de un modelo basado en energías fósiles a un modelo de energías renovables; hay que ir incluso mucho más allá. Debemos orientar esa transición hacia un modelo descentralizado de kilómetro 0 y democratizar la energía. Este sería realmente el
cambio profundo. En ese sentido, valoramos positivamente que su ministerio incorpore el reto demográfico. Entendemos la generación distribuida como oportunidad para arraigar a la población en el territorio, porque cuando hablamos del modelo
energético también estamos hablando del modelo de sociedad que queremos. Debemos trabajar por una transición energética justa que no deje a nadie atrás.


En esta línea es importantísimo empoderar al consumidor, que pase de un rol pasivo a un rol activo. Estaremos a la expectativa de la Directiva 2019/944 para que se incorpore a nuestro ordenamiento jurídico por la franja ambiciosa. Este
grupo parlamentario volverá a incidir precisamente en iniciativas presentadas en anteriores legislaturas, destacando de una manera relevante la ampliación del contrato de potencia estacional. Esta medida que presentó el Grupo Republicano permitía
aumentar la potencia contratada en periodos cuando así se requiriera, pero era necesario hacerlo durante todo el año. Eso se traducía en una rebaja en los costes y una mejora de la competitividad. Evidentemente, afectaba a aquellas empresas que
ejercen una actividad de carácter estacional, por ejemplo, en el sector agrario que afectaba al tema de las cámaras frigoríficas de los propios agricultores, por tanto, es un asunto que

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nosotros consideramos importante. La pregunta que nos hacemos es: ¿Piensa desarrollar el ministerio esa figura que se planteó en su momento?


Aprovechando los saludos de Joan Capdevila, quien seguirá siendo portavoz en esta Comisión para temas de energía y que se disculpa porque en este momento está presidiendo la Comisión de Industria, donde comparece la ministra del ramo, le
adelanto algunas propuestas de nuestro grupo para este ámbito energético que no difieren mucho de lo planteado en anteriores legislaturas. La contratación directa consumidor-productor. Con el desarrollo reglamentario para posibilitar que el
consumidor tenga derecho a contratar energía de forma bilateral a un producto renovable sin necesidad de ser consumidor directo del mercado. Otra propuesta sería operación del sistema a nivel de distribución, de DNO a DSO. Si al distribuidor se le
reconoce la capacidad de operar en la red podrá aprovecharla para gestionar todos los recursos disponibles a nivel descentralizado para mejorar la gestión de red, entregando los recursos más económicos en cada momento. Para ello, se deben impulsar
también los mercados locales, que solo tendrán sentido en ese escenario.


Viajes dinámicos. La nueva propuesta de cálculo de peajes continúa repartiendo el peso de los peajes en función del nivel de tensión, considerando el sistema unidireccional, donde la energía solo fluye de la alta tensión hasta el punto de
suministro en baja. Resulta sorprendente que en un nuevo marco validado por la normativa europea imperante del sistema energético descentralizado, clean energy of all europeans, se proponga una nueva circular de cálculo de peajes que responda a un
modelo todavía centralizado. Finalmente, otra propuesta sería una nueva circular de acceso y conexión. Diferenciar entre generación distribuida y centralizada, como aquella que conecta a redes de distribución de media tensión. Este tipo de
generación puede aportar importantes beneficios al sistema sustituyendo inversión en redes y reducción de pérdidas.


En cuanto al punto del cambio climático y al agua, concretamente al tema del agua, los retos a los que nos enfrentamos como consecuencia de los efectos del cambio climático son de dimensión civilizadora, son de grandes dimensiones, de cambio
de modelo realmente, y requieren de acciones integrales que afronten con medidas estructurales un cambio de paradigma en nuestro modelo económico y social en pro incluso de una justicia global. Necesitamos herramientas científicas que nos permitan
tratar objetivamente dichos objetivos y plantear propuestas, y en ese sentido la Subcomisión de Agua y Cambio Climático constituida durante la XII Legislatura nos permitió contrastar algunos elementos como el argumento de la variabilidad climática y
problemática mediterránea, que acaba suponiendo una alteración importante de los patrones temporales y espaciales de la lluvia. Estos nuevos patrones se traducirían en un fuerte incremento de riesgos y sequía, que serán más frecuentes, largas e
intensas, y por otro de inundaciones con crecidas más frecuentes y caudales máximos fuertes.


La ponencia de dicha subcomisión aprobó unas conclusiones que nos alertan sobre el posible impacto del cambio climático, sobre la gestión del agua y las deficiencias actuales, pero además dicho informe recoge diversas propuestas a tener en
cuenta; propuestas que creemos que deberían convertirse como mínimo en compromisos. Una era desarrollar redes separadas para drenar el agua de lluvia al margen de los retornos domésticos en nuevas urbanizaciones y promover planes que extiendan
estas redes a medio y largo plazo en cualquier espacio urbano; otra sería aprovechar humedades naturales o artificiales en los entornos urbanos para gestionar el drenaje pluvial de grandes tormentas, y otra sería promover en toda nueva urbanización
de los planes de reforma urbana de medio y largo plazo estrategias para permeabilizar los espacios urbanos, con incentivos a la captación de agua de lluvia para utilizarla o inyectarla en el subsuelo alimentando los acuíferos y reduciendo la
escorrentía que colapsa el saneamiento y genera vertidos directos sin depurar cuando hay tormentas. De hecho, la pregunta sería si están asumiendo -seguramente sí- los planteamientos y las conclusiones que se plantearon. Lo digo porque no lo he
oído y creo que es importante tener en cuenta ese esfuerzo; fue un documento que se generó precisamente en el Congreso y que supuso un esfuerzo.


Creemos que es importante que las secciones que plantean no solo se limiten a medidas de emergencia ante fenómenos extremos, sino que los esfuerzos deben derivarse poco a poco hacia planes de prevención y adaptación. En ese sentido, el
Delta del Ebro y su problemática particular de desaparición no se resuelve solo con acciones coyunturales de urgencia, sino que necesita de propuestas estructurales y de medidas de prevención que a medio y largo plazo garanticen un cambio en el
modelo de gestión actual. En este caso, precisamente el plan de liberación de sedimentos de los embalses iría por ese camino.


Finalmente, quiero hacer algunas reflexiones sobre el entorno del reto demográfico. La despoblación del mundo rural es un fenómeno global que afecta de forma muy especial a determinadas zonas del

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Estado español, sobre todo, a aquellas consideradas como rurales. El desequilibrio regional producto de ese despoblamiento genera y acrecienta enormes desigualdades económicas entre territorios y favorece un proceso de periferización y
exclusión de importantes capas de la población que se ven desplazadas de los centros de decisión y abandonadas por las administraciones en cuanto a su incapacidad para garantizar el acceso a servicios básicos, como sanidad, educación o movilidad.
Dicho proceso de desequilibrio regional genera un gran malestar en el medio rural y, tal y como estamos viendo estos días en el sector agrario, que ve que sus expectativas de desarrollo se desvanecen día a día.


La sensación objetiva de exclusión y abandono de una parte importante de la sociedad refuerza el relato de confrontación entre modelos rural y urbano y, en ese sentido, creemos que es importante tener en cuenta esto. De hecho, nos aleja
cada vez más incluso de la idea de que el medio rural actúa directamente sobre ámbitos estratégicos de primer orden, como la seguridad alimentaria y el modelo de producción sostenible con el entorno, el equilibrio territorial y, por lo tanto, la
cohesión social del medio rural o incluso el papel fundamental en la prevención y gestión de los efectos del cambio climático en cuestión de inundaciones e incendios. Por otro lado, no podemos afrontar la lucha contra la despoblación rural ni
hablar de políticas de prevención ante los efectos del cambio climático sin tener en cuenta -es importante- que es la pequeña y la mediana explotación agraria la que garantiza básicamente la fijación de la población al medio rural y que participa
directamente de la gestión integral del territorio. Creo que es fundamental tener en cuenta esto, porque lo que no se puede hacer es gestionar sin tener en cuenta los agentes propios que dinamizan el propio territorio.


El proceso de despoblación es el resultado de la interacción de diferentes causas. Por tanto, su tratamiento requiere de una gestión transversal integral en toda su complejidad, por lo que tiene un reto realmente importante en el momento de
enfocarlo. Ante un reto de tal envergadura creemos que para abordar ese problema hace falta un cambio en el modelo de desarrollo territorial, pasar de un modelo centralizado que solo favorece a las grandes urbes, a otro modelo descentralizado que
ceda protagonismo a nodos territoriales, a espacios, a territorios. Eso significa garantizar conectividad y servicio, como ha dicho usted, redistribuir infraestructuras, recursos, inversiones, servicios, todo sobre la base de un reequilibrio
territorial; de hecho, un modelo territorial más sostenible y menos extractivo que el que se plantea en estos momentos. Creemos sinceramente que la España vaciada es consecuencia muchas veces de la España radial y, por tanto, es una concepción de
modelo. Es muy importante acertar en el modelo y en el enfoque y evitar propuestas no consensuadas con el propio medio rural. Lo digo porque, si se plantea enfocar ese tema, es básico hacer un buen enfoque. Por tanto, debemos evitar en muchos
casos comentarios como el que ha hecho usted: a esos que siguen ahí asociados a actividades clásicas. Las formas de enfocar el proyecto son muy necesarias e importantes de cara a hacer un enfoque real y objetivo sobre cuáles son los problemas
reales del mundo rural y las cuestiones de despoblación asociadas a ellos.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Vicente Viondi): Muchas gracias, señor Eritja.


En nombre del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Común Podem-Galicia en Común, tiene la palabra el señor López de Uralde.


El señor LÓPEZ DE URALDE GARMENDIA: Muchas gracias.


Señora vicepresidenta, en nombre del Grupo Parlamentario de Unidas Podemos queremos agradecer su discurso y ofrecer toda nuestra colaboración para que este programa pueda ir hacia delante en los plazos más breves posibles. Cada día nos
desayunamos con nuevos datos que confirman la gravedad de la situación en la que estamos inmersos. Ha hablado usted del informe de la Organización Mundial de la Salud sobre la infancia, pero es que hoy se ha conocido también que las concentraciones
de CO2 llegarán a 417 partes por millón en la atmósfera, una cantidad que no se alcanzaba desde hace muchos años y que cambia cada vez más las condiciones de vida de este planeta; o un informe del Consejo Superior de Investigaciones Científicas que
advertía de que los niveles de CO2 en nuestros mares están aumentando, con las consecuencias que eso tiene de acidificación y, por tanto, las derivadas que supone para el medio marino. Nosotros consideramos imprescindible que esa ley de cambio
climático salga adelante. Ya en el año 2011 la Comisión para el Estudio del Cambio Climático de este Parlamento recomendó al Gobierno elaborar una ley de cambio climático. Estamos en 2020 y desde entonces la situación no ha hecho más que
agravarse. Ha citado usted algunos datos, pero podemos continuar repasando los propios informes de Aemet, de la Agencia Española de Meteorología, en los que señala que en la región mediterránea

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hemos alcanzado ya ese aumento de 1,5 °C, que la comunidad científica nos dice que en ningún caso debemos superar; el aumento de las temperaturas de las aguas, la subida del nivel del mar, la reducción de la escorrentía en nuestros ríos
debido al aumento de la evaporación y la evapotranspiración a consecuencia de ese aumento de temperaturas; el incremento en el número y en la intensidad de los grandes incendios forestales... Es decir, no cabe ninguna duda, tal y como en su
momento y por mayoría absoluta este mismo Parlamento acordó, de que estamos ante una situación de emergencia climática que requiere de herramientas legales, de herramientas legislativas para hacerle frente.


Ni siquiera es solo ya el consenso científico, que lo es, no estamos ante un consenso progre; estamos ante un consenso científico y también de la opinión pública. Las encuestas de opinión, por ejemplo la publicada por el diario El Mundo,
que es poco sospechoso de bolchevismo ecologista, hace solamente unas semanas señalaba que el 91 % de los entrevistados está de acuerdo con que el cambio climático es un problema muy o bastante grave, frente a solo un 7 % que piensa que es poco o
nada grave. Lo interesante de esta encuesta es que analiza la opinión de los votantes de los distintos partidos y no hay grandes diferencias, no hay un negacionismo climático en la población española o es muy reducido. Por los hechos que la
comunidad científica nos narra, cada vez es más evidente que la propia ciudadanía los percibe con mayor intensidad y con mayor evidencia. El cambio climático ha pasado a ser una preocupación importante para la población española y, en ese sentido,
le animamos a que tenga audacia y valentía porque realmente existe un gran apoyo de la ciudadanía para adoptar medidas en contra de este fenómeno en la medida en que se pueda, porque no cabe duda de que estamos ante un esfuerzo que requiere de
medidas globales, pero también de liderazgo. Yo creo que nuestro país ya llegó a tener un importante rol de liderazgo a comienzos de este siglo en materia de energía renovable, donde llegamos a ser el segundo país de la Unión Europea pero,
desgraciadamente, por malas decisiones políticas luego hemos bajado al puesto número dieciséis. Creo que es el momento de dar la vuelta a esta situación porque, como hemos dicho en muchas ocasiones, no tenemos petróleo, no tenemos prácticamente
combustibles fósiles, pero tenemos mucho sol y mucho viento. Por tanto, tenemos un enorme potencial de generación de energía y de generación de empleo. Le animamos en ese reto.


Hay muchas cuestiones en el borrador de la ley de cambio climático que nosotros queremos aportar y que iremos aportando. Por ejemplo, la ambición, nosotros vamos a apostar sin duda por ser ambiciosos y vamos a ir al alza en esa ambición.
Vamos a apostar por una reforma del sistema eléctrico. También es muy importante la rehabilitación, de la que usted ha hablado, para que haya un plan ambicioso de rehabilitación de viviendas. Creemos que hay que introducir y apoyar muchísimo al
ferrocarril, tanto en cercanías como en el transporte de mercancías donde todavía estamos muy abajo.


Discrepamos con la portavoz de Ciudadanos en materia de energía nuclear. Me ha sorprendido un poco su posición puesto que hasta ahora, por lo menos en la anterior legislatura, la postura de Ciudadanos no era tan radicalmente pronuclear. En
todo caso, tendremos mucho tiempo de debatirlo. Hay una cuestión que se olvida, y es que la energía nuclear genera gran cantidad de residuos radiactivos que luego tenemos que pagar entre todos. Ese problema no está resuelto, no es que no esté
resuelto aquí con el tema del ATC, es que no hay una solución para los residuos radiactivos. La energía nuclear no es limpia, genera problemas diferentes al CO2, pero genera problemas ambientales que la hacen indeseable. Además, nuestras centrales
nucleares están cumpliendo ya su vida útil y, por tanto, desde nuestro punto de vista ha llegado el momento de irlas cerrando.


Hay algunas cuestiones que para nosotros son importantes en otros ámbitos ambientales también competencia del ministerio. El Partido Popular durante sus años de Gobierno hizo una contrarreforma ambiental y modificó todas las leyes
ambientales, normalmente para beneficiar a determinados intereses económicos ya fuera en el ámbito de las costas como en el ámbito de la Ley de Montes, de la Ley de Parques Nacionales o de la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, a la
que ya se ha referido la diputada de Más País. Nosotros creemos que ha llegado el momento y tenemos una ventana de oportunidad de avanzar, de superar aquella contrarreforma y de poner nuestras leyes ambientales al día en la nueva realidad que
estamos viviendo, que es esa realidad de cambio climático que, por ejemplo, afecta de forma dramática a nuestras costas, como muy bien ha expresado y como hemos visto con mucha claridad en el caso de la borrasca Gloria y en otros casos. Creemos que
hay que hacer frente a la situación del litoral de manera diferente a como se ha hecho hasta ahora. Una vez más se ha demostrado que las estructuras naturales que se han podido conservar, como las dunas, etcétera, son las que mejor han soportado
los impactos del litoral. Por tanto, no tiene sentido que se siga construyendo en primera línea, como se está haciendo en algunos lugares, sino preservar lo que nos queda de litoral y plantear qué

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hacer en aquellas zonas que en este momento se están viendo fuertemente sacudidas cuando hay temporales como consecuencia del cambio climático.


Estamos de acuerdo -nos parece muy buena propuesta y ojalá que en esta legislatura podamos llevarla adelante- con la ampliación de los parques nacionales. Creemos que los espacios naturales son imprescindibles para la preservación de la
biodiversidad. La conservación de nuestros espacios nos permite mantener un patrimonio natural único en Europa que debemos apoyar y mantener. Hay un tema que nos preocupa -compartimos la preocupación que han manifestado otros grupos- referido a
los residuos. Creemos que en los últimos años se ha ido produciendo un relajamiento del cumplimiento de la normativa en materia de residuos. Consideramos que eso tiene que ver no solamente con lo que ha ocurrido en Zaldívar, sino con incidentes en
otros vertederos en una situación que nosotros denunciamos en su momento ante la Fiscalía, que es la creciente quema de plantas de reciclaje de residuos cada vez con mayor asiduidad. Es decir, hay toda una serie de cuestiones en materia de residuos
que necesitan una puesta al día, también el análisis del rol de Ecoembes, la necesidad de introducir los sistemas de evolución y retorno como elementos de gestión de residuos. Veo que ya se me está acabando el tiempo.


Sobre el reto demográfico, desde luego apoyamos muchas de las cuestiones que se han dicho ya, pero también creemos que es necesario apostar por nuevos modelos, por nuevas fórmulas, y no solamente garantizar los servicios públicos como la
sanidad, la educación, no solamente garantizar el transporte de cercanías, sino también introducir nuevas estrategias para la recuperación de esa actividad y de la vida en nuestra España vaciada.


No me da tiempo a más. Muchas gracias, señora ministra.


El señor VICEPRESIDENTE (Vicente Viondi): Gracias, señor López de Uralde.


En representación del Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra don Ángel López.


El señor LÓPEZ MARAVER: Buenas tardes, señora Ribera. Ha contado usted demasiadas cosas y tengo la sensación de que cree que van a ser usted y su Gobierno los líderes del mundo verde con su megalómana transición ecológica y, sin embargo,
por este camino van a ser los líderes de la transición a la ruina. Empecemos por el despropósito que supone dividir esta Comisión en cuatro subcomisiones que dan lugar a cuatro portavoces por cada grupo parlamentario y así con el resto de
Comisiones. En España y con ustedes el principal problema ambiental es la inacción del Gobierno al que usted pertenece para hacer políticas medioambientales solidarias con las personas. Lo más sonado en su política ambiental ha sido la cumbre de
la ruina, la que ha costado a los españoles millones de euros y que ha sido verde verde. Los participantes, todos en coches verdes, en aviones verdes, en tecnología verde, pero aquí la única que vino en verde fue la pobre niña que les gusta usar
como icono, y que Dios se apiade de ella si es cierto que vino a vela, porque con las condiciones climatológicas del momento o fue un milagro o fue una tomadura de pelo a toda la sociedad española. Ya que esto fue una tomadura de pelo, espero que
no lo sea lo del cambio climático, en el que nosotros no vamos a entrar porque consideramos que tiene que ser toda la comunidad científica, y no solo la del globalismo progresista, la que dé fe de ello. Pero, como digo, vamos a ver si lo del cambio
climático es la amenaza para el desarrollo sostenible o la verdadera amenaza es su política y su proyecto de ley de cambio climático y transición energética, que veremos cómo sostiene la economía de miles y miles de españoles, cómo mantiene el mundo
rural, cómo sujeta los millones de empleos de la industria tradicional, porque la transición tiene que ser justa no solo con el medio ambiente, sino con todos los españoles.


Señora Ribera, a ver lo que nos cuesta este plan suyo y del progresismo globalista, primero con la cumbre de la ruina y ahora con los supuestos problemas técnicos del almacén temporal centralizado de Villar de Cañas, en el que llevamos
millones de euros gastados, al que el Consejo de Seguridad nuclear ha dedicado 47 000 horas para hacer un informe de evaluación y al que Enresa ha dedicado un millón de horas de ingeniería para diseñar y hacer sondeos para su viabilidad. Deje
acabar la evaluación de un órgano independiente como es el Consejo de Seguridad Nuclear y no haga política y favores al señor García-Page con un tema tan serio como es un almacén nuclear. Pero continuaremos con el gasto a diestro y siniestro,
seguiremos haciendo política en busca de un mundo ideal con energías renovables, y ¿cuánto va a costar la transformación de toda nuestra industria?, ¿cuántos miles de empleos se van a quedar por el camino?, ¿cuánto va a suponer la estampida
demográfica de nuestras zonas rurales, donde miles de familias viven de las plantas energéticas tradicionales y de la energía nuclear? ¿Va usted a cumplir la promesa de su socio de Gobierno, el señor Iglesias, de crear dos puestos de trabajo por
cada uno que se pudiera perder con la transición energética o eso eran solo promesas electorales?

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La verdad es que hoy me he quedado perplejo, señora Ribera, cuando usted ha dicho que ha pedido a las empresas que emiten CO2 que hagan propuestas para una reconversión. Por favor, las propuestas póngaselas usted encima de la mesa. Es su
Gobierno el que plantea una ley de cambio climático y transición energética y dice que va a haber una transición justa, sin embargo, las propuestas que las hagan los afectados por su ley; una ley que contenta a sus amigos de las ONG -mal llamados
ecologistas, cazasubvenciones- y a las grandes eléctricas, y que tanto perjudica a las pequeñas y medianas empresas y a los hombres y mujeres de a pie.


Vamos a ver dónde acaba esto de la transición energética porque por ahora, con lo que ha empezado es con acabar con una energía limpia, segura y rentable que da de comer a miles de personas en nuestro mundo rural: la energía nuclear. El
cierre de las centrales nucleares no obedece nada más que a una política ideológica, egoísta, absolutamente errónea que contradice su proyecto de transición. Las centrales nucleares españolas, esas que su Gobierno quiere cerrar, son absolutamente
seguras. Usted sabe que se construyeron desde la base de la seguridad, sabe que realizaron programas de mejora con inversiones en torno a los 30 millones de euros por central nuclear y año, incorporan las experiencias operativas de centrales de
otros países del mundo, y esto conduce a que los procesos de envejecimiento sean contrarrestados por los procesos de mejora. ¿Esto qué quiere decir? Lo que usted ya sabe, que una central nuclear en España es mucho más segura cuando alcanza los
cuarenta y cinco años de vida que a los cinco años de uso. Usted también sabe que la energía nuclear es limpia, no emite gases contaminantes, es absolutamente compatible con sus planes de transición energética y, hoy por hoy, es la base de nuestra
energía. Sin embargo, usted se debe a quien se debe y ya nos tiene preparado el plan de muerte nuclear español. Eso sí, nosotros matamos la energía nuclear española y compramos la francesa, que nos cuesta infinitamente más y no da de comer a
ningún español. Esto es la transición a la ruina, le repito. En el camino de la transición a la ruina tiene usted preparado un plan integral de energía y clima que nos va a costar a todos los españoles varios millones de euros al año y, sin
embargo, no es capaz en su hoja de ruta de dar soluciones de adaptación a toda la industria que se ve perjudicada por sus megalómanas ideas verdes. Espero que dentro de sus planes y objetivos 2030 y 2050 haya contado con una política hidráulica
nacional. Para hacer frente al cambio climático es fundamental resolver el problema de la escasez y sequía estructural. Y no se lo digo yo, se lo dicen los agricultores todos los días. Sin un sistema nacional de gestión de recursos hídricos, su
transición nos conduce de nuevo al empobrecimiento de nuestro territorio. Le pido que sea consciente de la importancia de la elaboración de un plan hidrológico nacional, le exigimos que cumpla las normas que regulan los trasvases Tajo-Segura y que
no ponga más trabas a que llegue el agua a los agricultores de Levante, sencillamente porque ya no les votan. Por cierto, no solo no van a darles agua, sino que por lo que se ve van a dar cero ayudas a Murcia por la borrasca Gloria y se las
conceden, eso sí, a Cataluña y Baleares. Ya suponemos cuál es el criterio: no les votan. La cabecera del Tajo también lleva muchos años seca; años en los que ustedes han gobernado, y la solución pasa, y ustedes lo saben, por el trasvase del
Ebro. Nada mejor para un planeta verde que el campo cultivado por quien de verdad conoce el campo, una agricultura de regadío que da vida y fija población. Su Ministerio de Medio Ambiente ha anunciado el fin de las transferencias de caudales, al
mismo tiempo que la Confederación Hidrográfica del Segura anuncia la interconexión de las desaladoras en el Levante español, a sabiendas de su insuficiencia y del enorme coste energético y medioambiental que tienen. (El señor presidente ocupa la
Presidencia). Todo sea por criminalizar al campo, como vemos cuando dice usted que no manda agua a Murcia porque los agricultores son los responsables de contaminar el Mar Menor. Eso sabe usted que es completamente falso, pues los agricultores no
han hecho otra cosa que cumplir las normas que ustedes les dieron. Desde VOX hemos pedido cuatro simples y baratas medidas para mejorar la situación del Mar Menor, que ustedes no quieren aplicar porque están en desgastar a un Gobierno autonómico
que no piensa como ustedes.


Como decía, para hacer frente al cambio climático es fundamental hacer frente a la escasez y sequía estructural; algunos modelos alarmantes predicen una caída de las precipitaciones y la proliferación de fenómenos climáticos extremos.
Algunas agencias de seguridad internacionales ya alertan de graves conflictos y riesgos sociales debido a este problema. Pero el riesgo social debe importarles poco porque, tal y como se encuentra nuestro país demográficamente y en la línea de sus
políticas ideológicas, aquí en pocos años riesgos para la sociedad no habrá ninguno porque seremos cuatro gatos. El invierno demográfico es una auténtica amenaza existencial para España. En 2018 las mujeres con nacionalidad española tuvieron 1,19
hijos. Estamos un 43 % por debajo de la tasa de reemplazo generacional. En solo

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ocho años, entre 2008 y 2016, España perdió 2,8 millones de personas en la franja de edad de veinte a cuarenta años. Ninguna guerra produce una sangría demográfica como esta. Los veinteañeros y treintañeros son la columna vertebral de un
país. Es la edad en la que se es más productivo, se asumen riesgos, se emprende, se compran casas, se forman familias y se tienen o no se tienen hijos. De mantenerse las tasas actuales de natalidad y de esperanza de vida, el tramo quinquenal de
más edad y más numeroso en 2055 será el de 75 a 79 años y el segundo más numeroso entre 80 y 84; en todas las provincias, menos en siete, hubo más muertes que nacimientos en 2018. Parece que está muy lejos 2050, y a lo mejor incluso ni vivimos,
pero lo que es una realidad es que usted va a hacer una transición ecológica para un auténtico geriátrico. Quizá los tacatacas no sean diésel y vayan fenomenal con placas solares, pero nuestros hijos estarán en plena madurez y se les caerá el país
encima por muy descarbonizado que quiera usted dejarlo. Una sociedad con más ancianos que jóvenes no es sostenible. Vayan ustedes estando atentos porque su eslogan de la España vaciada va a ser la España de la santa sepultura. ¿Será la España
ecológica la que sostendrá las pensiones y el gasto público? La inmigración masiva no es la solución. Los inmigrantes detraen de nuestro sistema de bienestar más de lo que aportan; son ya el 12 % de la población, pero aportan un 3 % de la
recaudación del IRPF. Su tasa de paro es un 50 % superior a la de los españoles nativos y sus sueldos son muy inferiores. Además, la inmigración de procedencia islámica y africana plantea problemas evidentes de adaptación cultural y choque de
valores.


Me da la sensación de que esto, además de ser la transición a la luna va a ser la transición a la imposición y al amiguismo. Nuestro grupo parlamentario ya le preguntó por ello y espero que tenga a bien contestar a las preguntas por
escrito, pero el caso del presidente de Red Eléctrica de España es el claro ejemplo de la transición a la imposición. Ya lo dijo usted: un operador regulado tiene que convivir con el regulador. En este caso debe ser que más que convivir debe
someterse.


Señora ministra, ojalá pudiéramos creer el idílico marco que usted nos pinta de desarrollo sostenible y de transición justa que la izquierda global progresista avala, pero la realidad en el mundo es otra. Los mayores desastres ecológicos de
la historia los ha provocado la izquierda. El mayor desastre de la humanidad en energía nuclear lo provocó la Unión Soviética. En España no son ustedes diferentes con esa pésima gestión administrativa en protección del medio ambiente, señora
ministra. ¿Sabe usted qué tienen en común el vertedero fraudulento de Estepa, el vertedero ilegal de Utiel y el vertedero mortal de Zaldívar, donde todavía están sepultados dos trabajadores y hay 48 000 vecinos bajo emergencia ambiental? Pues que
todos ellos están gestionados por Gobiernos socios de su Gobierno. Nos prometen proyectos ejemplares de reciclaje y gestión medioambiental hacia una transición ecológica estupenda, y lo único que producen ustedes son problemas para el campo, para
la ciudad, para las industrias, para las pequeñas y medianas empresas y para la sociedad en general. Esto es una transición mucho más ideológica y tiene poco de ecológica.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor López.


La intervención del Grupo Parlamentario Popular se va a dividir entre cuatro portavoces. En primer lugar, tiene la palabra Carmen Navarro.


La señora NAVARRO LACOBA: Muchas gracias, señor presidente.


Bienvenida, señora vicepresidenta cuarta de la Comisión del ramo. Desde luego, nos ha sorprendido que una persona que aglutina tanto poder en una sola cartera, sin embargo, haya venido esta tarde aquí como si fuese una observadora
privilegiada de un organismo internacional o una simple conferenciante. Nos ha sorprendido también que no haya dedicado ni diez minutos a uno de los retos más importantes de esta legislatura, que es el reto demográfico. Además, tenga en cuenta que
este apellido es sin duda el que le ha valido la ansiada consideración de vicepresidenta, así que ejerza como el reto merece, que esto no es para quitar y poner a su antojo a presidentes de las empresas participadas del Estado. No éramos
optimistas, claro que no, teniendo en cuenta que tenemos un presidente del Gobierno que confunde Palencia con Zamora y Teruel con Aragón; además, es un presidente del Gobierno que mira más a Cataluña que al resto de España.


Señora vicepresidenta, usted se ha vanagloriado esta tarde aquí de una política ambiental competitiva, sostenible y que cuenta con todos -ha dicho inclusiva-, pero, mire, su política del diésel está friendo a los agricultores de España. Sin
duda, también choca con los cazadores y la caza es muy importante en tierras como la mía, Castilla-La Mancha, donde representa el 4 % del producto interior bruto. Y no hay

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nada que decir de su empecinado no al ATC de Villar de Cañas. También nos podrá decir que acaba de llegar a esta materia, pero es que ustedes llevan dos años en el Gobierno, va ya para dos años, y ¿dónde tenemos la estrategia de
despoblación? Pues ni está ni -con lo que nos ha desvelado aquí esta tarde- se la espera. Aprobaron unas directrices generales con alevosía electoral, ¿y sabe qué?, unas directrices generales que no dicen absolutamente nada, y mucho me temo que
también tendremos que esperar hasta los próximos presupuestos generales que no tendrán visos de salir adelante hasta que Esquerra Republicana no dé su OK. Sepa que en la más inmediata actualidad también tienen que negociar el marco financiero
plurianual en Europa 2021-2027, y el Grupo Parlamentario Popular no renunciará ni a un solo euro ni en la PAC ni en los fondos estructurales. Así que lo que supo ganar y negociar el Partido Popular y los Gobiernos del Partido Popular en Bruselas es
la obligación que usted tiene que hacer llegar a su presidente Sánchez, ya que tiene tanto ascendente sobre él.


Por otro lado, nos produce estupor y decepción que hayan dejado abandonado y hayan dejado caer el Plan 300×100 para llevar fibra óptica a 300 megabits al cien por cien de los núcleos de población, una vez presupuestados y pagados más de 500
millones de euros por el Partido Popular. Les dejamos toda una autopista digital y ustedes la han sustituido por carreteras comarcales. Esta tarde también se ha vanagloriado aquí del 3G, pero ¿sabe que en el pueblo de mi compañero, Tomás Cabezón,
en Castilfrío, Soria, ya existe el 4G?


Mire, no perdemos las esperanzas. Nos tendrán a su disposición. Fuimos los primeros en abordar este problema con el comisionado del reto demográfico, que su intencionada e interesada moción de censura nos frustró. Desde luego, señora
ministra, suerte y al toro, aunque no le gusten. (Risas).


El señor SÁNCHEZ PÉREZ: Muchísimas gracias.


Voy a intentar ser directo porque hay poco tiempo. Señora vicepresidenta, en una hora y media de comparecencia -aunque podríamos llamarla también casi conferencia por el exceso de teoría y la falta de concreción- no ha mencionado ni una
sola vez la palabra euro para referirse a inversiones presentes y futuras de su ministerio; sí ha dicho muchas veces, incontables, la palabra palanca. Queremos hacerle algunas preguntas. En primer lugar, en relación con la crisis del vertedero de
Zaldívar, ¿piensa el Gobierno aclarar lo ocurrido y depurar responsabilidades y, al mismo tiempo, evitar que estos hechos se vuelvan a producir? Señora vicepresidenta, usted lleva casi dos años en el cargo. Creo que no es el momento de contar lo
que va a hacer en el futuro, sino de contar lo que ha hecho durante estos dos años y lo que está haciendo en estos momentos. Por ejemplo, dentro de la Estrategia española de economía circular, que le enseño (muestra un documento), que estuvo en
exposición pública en febrero de 2018 y puso en marcha el Partido Popular, ¿puede explicar a la Comisión cuántas medidas ha puesto en marcha durante los dos últimos años? Por otro lado, en su intervención ha dicho que debemos contar con un plan de
actuación forestal. No sé si sabe que cuando llegó a la casa, al ministerio, había encima de la mesa un plan de actuación forestal que dejó hecho el Partido Popular. ¿Puede explicar qué ha hecho durante estos dos años en este ámbito su Gobierno?
En materia de saneamiento y depuración, el PP puso en marcha el Plan Crece, 1200 millones de euros, ¿cuántas medidas ha puesto en marcha en materia de depuración y saneamiento su Gobierno durante estos dos años para evitar esas sanciones a las que
usted se ha referido? En cuanto al agua, nos preocupa el programa de Gobierno PSOE-Podemos. Hemos leído que quieren acabar con las concesiones de gestión de agua, ¿puede explicarnos cómo piensa hacerlo teniendo en cuenta que es una competencia
exclusiva de los ayuntamientos, según la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local? También en materia de agua, ¿puede explicar cuál va a ser la política de agua? Le hago otra pregunta, ¿seguirá suscribiendo, como aprobaron en las conclusiones
de la subcomisión de agua y cambio climático, que es preciso revisar, es decir, rebajar, la demanda? ¿Cuántas infraestructuras en materia hidráulica ha puesto en marcha durante estos dos años? Pero no me hable de teorías y de futuribles sino de
euros, de inversiones reales que ha puesto en marcha su Gobierno. En lo que se refiere a biodiversidad, le podría decir que lleva usted dos años sin hacer nada, porque el Parque Nacional Marino del Mar de las Calmas y el Parque Nacional de Sierra
de las Nieves los dejó el Partido Popular prácticamente para su aprobación.


Para terminar, el empleo verde. Hace casi dos años nos hablaba de 250 000 o 300 000 puestos de trabajo que había que crear en empleo verde, ¿sabe usted que más de 30 000 mujeres han perdido su puesto de trabajo desde que usted es ministra,
señora vicepresidenta?


Muchas gracias.

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El señor PRESIDENTE: Para las taquígrafas diré que por parte del Grupo Parlamentario Popular ha intervenido Carmen Navarro, después César Sánchez, Diego Gago y, por último, hablará Juan Diego Requena.


El señor GAGO BUGARÍN: Muchas gracias, presidente. Buenas tardes a todos de nuevo.


Vicepresidenta, hablemos de cambio climático y, en primer lugar, como decía, lo que queremos desde el Grupo Parlamentario Popular es, como no puede ser de otra forma, fijar y dejar patente nuestro compromiso en la lucha contra el cambio
climático desde la óptica del sentido común, del rigor y de la responsabilidad. Es imposible avanzar en este proceso de descarbonización y de transición energética de las empresas españolas sin generar una importante inversión. Mi compañero
anterior ya le dijo que usted no ha citado las palabras 'euros' ni 'inversión' absolutamente para nada. No ha dado ni un solo dato económico ni ha dado una sola planificación financiera y económica que nos permita visualizar con garantías cómo
vamos a afrontar los retos que tienen que transformar de forma masiva la industria, la empresa y la sociedad española y, desde luego, tampoco ha hablado de inversión. Solo la ha citado una vez y ha sido para hablar de la inversión que han de hacer
los países vecinos.


En relación con la fiscalidad, usted ha dicho aquí que el único motivo por el que se cita la fiscalidad impositiva es para el crecimiento, es decir, para el aumento impositivo. Nosotros nos preguntamos cuál es su preocupación y cuál es la
opinión que usted tiene respecto a los territorios de la España despoblada, que son precisamente los que están ayudando y que nos van a ayudar a que consigamos ese objetivo de neutralidad climática. ¿Mantenemos la fiscalidad, aumentamos la
fiscalidad o cambiamos esa fiscalidad hacia una fiscalidad positiva que nos permita agradecerles el esfuerzo que van hacer en esa materia?


Si hablamos de la acción y la inacción, tenemos que decirle, señora ministra, que su discurso de hoy es prácticamente idéntico al que nos lleva dando desde abril del año pasado. Ustedes llevan dos años en el Gobierno y siempre hablan, o
bien de análisis estadístico y casuístico de lo que está pasando, o bien de muchos tiempos en futuro. Pero a la hora de medidas, leyes y actuaciones no puede usted poner encima de la mesa prácticamente ninguna, porque en los dos años que lleva en
el Gobierno no las han materializado. Su Gobierno por lo único que se caracteriza es por la inacción o por las decisiones inoportunas que usted misma tiene que rectificar con el paso del tiempo. Podemos hablar del diésel o hace tres semanas
podemos hablar del Reglamento de Costas, que contravenía artículos de una ley de rango superior y, por lo tanto, era una cuestión absolutamente incoherente.


Señora ministra, son muchísimas las preguntas, pero una cosa está clara. Nosotros hemos estado ocho años en el Gobierno y hemos cumplido con el Protocolo de Kioto y con el Acuerdo de París.


El señor PRESIDENTE: Señor Gago, les queda un minuto.


El señor GAGO BUGARÍN: Por lo tanto, creo que ustedes no pueden poner encima de la mesa ninguna otra victoria ni logro que se haya materializado en la lucha contra el cambio climático.


El señor REQUENA RUIZ: Muchas gracias, señor presidente.


Buenas tardes, señora ministra. La gran ley que se va desarrollar durante esta legislatura será la de cambio climático y transición energética. Hace un año y medio usted dijo eso mismo aquí. Dijo que antes de terminar 2018 traerían la
ley. Usted no ha cumplido, eso no se ha producido. Hoy hemos asistido a una conferencia en la que usted ha explicado las líneas generales como si fuese un cuento. La transición energética de este país es mucho más que simples y grandilocuentes
palabras, esas a las que la izquierda nos tiene acostumbrados. Detrás de cada gran anuncio que hacen ustedes siempre hay un gran fracaso. Fracaso como el que ya reconoció su compañero Miguel Sebastián, cuando aseguró que cometió graves errores en
política energética cuando fue ministro con Zapatero, en ese Gobierno en el que usted tuvo la primera oportunidad como secretaria de Estado de hacer algo por la transición energética y por el cambio climático. Pero eso es lo habitual, a lo que nos
tienen acostumbrados. Los errores aparecen siempre en el tiempo y las consecuencias las pagamos todos. Señora ministra, esta es su segunda oportunidad de hacer algo. No la desaproveche. ¿Por qué le digo esto? El otro día la escuché decir que la
ley por sí sola no era suficiente, que no la tomáramos como unas páginas amarillas en las que consultarlo todo. No desmerezca la ley. Trabajemos por una buena ley. Mi grupo le tiende la mano para la consecución de los objetivos 2030 y 2050.


Yo le quiero hacer unas cuantas preguntas, señora ministra. Ustedes utilizan el eufemismo para hablar de la transformación en varios centros de producción de energía. Eso se traduce en cierres, despido de

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trabajadores y trauma social. Ha dicho que no van a dejar a nadie atrás y, por eso, yo sé que me va decir concretamente qué van hacer y qué va a pasar con los trabajadores de As Pontes, de Andorra, del litoral de Almería, de Lada, de
Compostilla o de Soto de la Barca, por ejemplo. ¿Qué va a pasar con los trabajadores cántabros? ¿Qué van a hacer con esos 8000 trabajadores que están pendientes de su decisión en ese modelo de transformación energética? También le quiero
preguntar qué va a hacer para evitar el trasvase de energía sucia proveniente de Marruecos. Le quiero preguntar qué opinión le merece que en los veinte meses que lleva usted como ministra, casi dos años, su saldo en gestión energética sea cero
megavatios renovables subastados. Usted vive de las rentas de la última gran subasta del Gobierno del Partido Popular de 8000 megavatios en renovables. ¿Ha hecho balance de su gestión energética en el último año? Se lo digo yo: un aumento de la
generación no renovable en 2,2 gigavatios por hora y una disminución en la generación renovable de 2,52 gigavatios por hora. Hoy nos encontramos además con que no han sido capaces ni siquiera de entregar a tiempo el Plan Nacional Integrado de
Energía y Clima. Es que nos quedamos otra vez descolgados y ya pasó con el borrador. No van a ser capaces de subastar este año nada en energías renovables. ¿Está orgullosa?


El señor PRESIDENTE: Tiene que ir acabando, por favor.


El señor REQUENA RUIZ: Termino con esta pregunta.


Señora ministra, ¿qué le podemos decir al mundo rural que preferentemente utiliza el vehículo diésel para su trabajo, cuando usted señala que tiene los días contados? ¿Qué alternativas propone para el acceso a las nuevas tecnologías
energéticas de transporte que a día de hoy ni son accesibles ni están operativas en el mundo rural? ¿Sabe usted que 7000 de los 8000 municipios que hay en España viven preferentemente de la agricultura? ¿Y sabe que en esos 7000 municipios los
vehículos diésel son los vehículos principales de uso? ¿Qué alternativas les propone? ¿O es que va a ser el mundo rural otra vez el que pague su falta de previsión en transformación energética en nuestro país?


Termino, señora ministra. ¿Nos podría explicar a todos, para que nos enteremos, cuáles son sus planes para Red Eléctrica Española? Hasta ahora lo que usted ha demostrado en materia energética ha sido que sabe maniobrar muy bien para forzar
la salida del presidente de Red Eléctrica Española. Por lo demás, vive de las rentas, de la inercia y no ha hecho nada. Este es su retrato, señora ministra.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Por parte del Grupo Parlamentario Socialista también han dividido la intervención. Les ruego que se ajusten al tiempo. Intervendrán Helena Caballero, Eva Patricia Bueno, Germán Renau y Antidio Fagúndez.


La señora CABALLERO GUTIÉRREZ: Señorías, la ciencia es clara. Debemos limitar el aumento de la temperatura global a 1,5 grados y revertir el colapso de nuestros sistemas naturales o nos arriesgamos a perderlo todo, como estipula el Acuerdo
de París. Tenemos que recordar -porque a veces la memoria es frágil- que veníamos de una enorme inacción del Partido Popular en materia de cambio climático, liderada por el expresidente Aznar que consideraba que la política climática era -abro
comillas- una teoría científicamente cuestionable o -abro comillas- una religión inquisitorial; siguiendo con el primo de Rajoy como gurú climático del Gobierno, que también negaba la existencia del problema, y continuando -abro comillas- con 'la
contaminación no mata', frase dicha hace escasamente un mes por la presidenta de la Comunidad de Madrid. Por cierto, esta misma España es la que hoy nos ha reflejado el portavoz de VOX, una España que parece más bien la España de Franco en cuanto a
política del agua o en cuanto al cambio climático, olvidando que desde 1986, hace treinta y cuatro años ya, entramos en la Unión Europea. Por cierto, una entrada facilitada por el fallecido ministro Morán, al que quiero hacer un reconocimiento hoy
con este recuerdo. Desde que estamos en Europa tenemos una serie de obligaciones normativas y, para ajustarnos precisamente a ellas, el Gobierno socialista presentó en febrero de 2019 -es decir, hace ahora un año- un marco estratégico y normativo
en línea con los compromisos de la Agenda 2030 que nos ha posicionado en el liderazgo europeo en la lucha contra el cambio climático que ahora ostentamos. Ese paquete completo tiene tres cosas: el anteproyecto de ley de cambio climático y
transición energética, que establece la senda de descarbonización a 2030 y a 2050; el Plan Nacional de Energía y Clima, que recoge los esfuerzos que tienen que hacer todos los sectores a 2030, así como las aportaciones de los sumideros naturales, y
la Estrategia de Transición Justa para favorecer la empleabilidad de los trabajadores que el Ejecutivo de Rajoy empujó al paro sin alternativas al solicitar en

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Bruselas el cierre de las minas de carbón el 7 de febrero de 2012, según documento de la Comisión Europea, contemplando el cierre de quince empresas.


Solo un año después, el 19 de febrero de 2020, el Congreso ha aprobado pedir al Gobierno la declaración de emergencia climática del país. El primer Consejo de Ministros la ha declarado. La ley de cambio climático y transición energética
llegará en marzo al Congreso. El Plan Nacional de Energía y Clima ya está en evaluación ambiental estratégica y se van a firmar también en breve los primeros contratos en el marco de la Estrategia de Transición Justa. Todo esto sin olvidar la
realización de la Cumbre Mundial del Clima en Madrid, la COP25, que fue un éxito de nuestro país, posicionándonos en el lugar que debemos ocupar en la Unión Europea en cuanto a liderazgo climático. Solo ha pasado un año, vicepresidenta, pero ha
supuesto de verdad un salto de gigante para nuestro país, que en 2017, cuando el Partido Popular abandonó el Gobierno, se encontraba en el furgón de cola de la lucha contra el cambio climático, siendo el campeón de las emisiones de CO2. Nuestra
enhorabuena por el excelente trabajo realizado y para el que contará con nuestro apoyo.


La señora BUENO CAMPANARIO: Buenas tardes, ministra. Gracias, presidente.


Yo, a diferencia del señor Ángel López, creo más en usted, ministra, que en Dios, al que ha apelado usted con esto del cambio climático. Yo creo que, si existe, francamente estará muy descontento por cómo estamos cuidando su legado. Dicho
esto, voy a centrarme en dos cosas que me parecen muy importantes, a pesar de todo lo que nos ha contado la ministra -estoy un poco acelerada porque hay poco tiempo y mucho que decir-. Son dos cosas: una, cómo el Gobierno, y desde su ministerio,
ha puesto en el centro de la agenda las políticas ambientales y cómo en el centro de las políticas ambientales el Gobierno, y el ministerio por ende, ha colocado a las personas... (Rumores). Disculpe yo miraré a quien decida mirar. Estoy
mirándole porque le he aludido, simplemente. Discúlpeme. Y, dos, cómo, además de poner en el centro a las personas, vuelve a mirarse hacia unas políticas interesantes para este país, que usted ha nombrado -yo no voy a volver a contarlas porque ya
lo ha hecho usted de manera amplia y rigurosa- y que hasta hace muy poco tiempo no tenían ninguna presencia en el anterior Gobierno.


Querría destacar esta situación de la agenda política: cómo las políticas ambientales están en el centro de esa agenda y de cómo las personas están en el centro de esas políticas ambientales con la COP, que ya ha comentado mi compañera;
cómo la asamblea ciudadana del cambio climático que propone el ministerio es muy interesante para que los jóvenes pasen de la acción a tomar parte en las decisiones en políticas ambientales; cómo se dará cumplimiento también al plan de género: se
ha adoptado el compromiso en la COP25 para que la mujer sea -es ya- un agente fundamental de cambio y tenga mayor participación en las negociaciones internacionales y en la toma de decisiones, porque está claro que la igualdad de género es esencial
para alcanzar el desarrollo sostenible, eliminar la pobreza y hacer prevalecer los derechos humanos en la toma de decisiones políticas y en la acción política. De la misma manera, nos hemos comprometido como país con la Agenda 2030.


Asimismo, el plan de acción de la educación ambiental me parece esencial: su inclusión en la formación reglada es fundamental; como profesora de secundaria y de bachillerato, creo que es preciso que se tengan en cuenta la energía, las
ideas y el potencial de los jóvenes que están tirando ahora de este carro tan importante que es la lucha contra el cambio climático. Los convenios de transición justa y el traslado a las comunidades autónomas del plan estratégico denotan
transparencia, cooperación y participación, que es la manera de trabajar desde su ministerio -y yo la felicito por eso- con los diferentes agentes sociales que forman parte del cambio y, por tanto, de la búsqueda de alternativas.


Para terminar, el ministerio, por fin, vuelve a mirar de forma rigurosa, ambiciosa y también sensible a las políticas de agua, a la estrategia de economía circular, a las políticas de residuos, a nuestros montes. Hay una nueva visión
estratégica, por fin; por cierto, sé que hay un colectivo, el de agentes forestales, que está preocupado, que tiene una reivindicación de su estatuto básico y me gustaría que la ministra nos contara algo al respecto. También se prevé una
modificación de la Ley de Costas; hay una nueva mirada a las políticas de costas y a la biodiversidad -por fin-, a los espacios naturales y a los océanos, tan fundamentales en la lucha contra el cambio climático; en definitiva, a las políticas de
las que depende nuestra supervivencia.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Renau.

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El señor RENAU MARTÍNEZ: Presidente, señora vicepresidenta, compartimos el diagnóstico de que, debido a evidencias incontestables, las dudas sobre el cambio climático van abandonando el debate político y hoy, salvo deshonrosas excepciones,
ya nadie pone en duda la emergencia climática en la que nos encontramos.


La creación en su momento de este ministerio, ahora como vicepresidencia, ha sido un clarísimo mensaje en esta dirección y los trabajos realizados hasta este momento en materia de energía creo que así lo atestiguan. Desde un primer momento
se volvieron a poner las energías renovables y la protección de los consumidores en el centro de las políticas energéticas después de los años de Gobierno del Partido Popular, en los que las continuas trabas al autoconsumo y las renovables fueron la
tónica habitual de sus actuaciones. Así, se eliminó el denominado impuesto al sol, se reguló el autoconsumo, se incluyeron importantes medidas específicas para la protección de los consumidores y especialmente se amplió el bono social y la
protección a las personas más vulnerables. Tenemos claro que hay que afrontar una transición energética y que esta además debe ser justa y, en ese sentido, creo que el Gobierno ha demostrado su compromiso, por ejemplo, con la firma del Acuerdo
marco para una transición justa de la minería del carbón, pero hay que seguir trabajando para generar nuevas oportunidades en este sentido. Sabemos también que, a diferencia de lo que se ha hecho en tiempos anteriores, es imprescindible una buena
planificación para el futuro, y nos consta que se está trabajando en esta dirección, concretamente, como ha mencionado antes, con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética. En ellos se
establecen las bases para el futuro de la energía, la descarbonización, la sostenibilidad, la eficiencia y el acceso a la energía como un derecho básico para la ciudadanía.


Ahora tenemos que pisar el acelerador y por eso se ha hecho la reciente declaración de emergencia climática, apoyada, por cierto, en el Congreso por casi todos los grupos. Antes he mencionado excepciones y, con su voto en contra, VOX queda
perfectamente retratado en su confusa e hiperbólica intervención de hoy, pero creo que tenemos que ser ambiciosos, seguir trabajando y devolver a España al lugar que no debía abandonar, a la vanguardia de la lucha contra el cambio climático y la
generación de energías renovables. Yo creo que la desidia de estos últimos años de Gobiernos del Partido Popular nos ha hecho perder un tiempo precioso que no teníamos. Ha faltado una planificación seria que ahora finalmente se está poniendo sobre
la mesa.


El señor PRESIDENTE: Les queda un minuto.


El señor RENAU MARTÍNEZ: Concluyo.


No debemos relajarnos. No podemos perder impulso porque estamos ante enormes desafíos de vital importancia. Para trabajar por el futuro podrá contar con nosotros y aquí estaremos.


El señor FAGÚNDEZ CAMPO: Buenas tardes.


Señora vicepresidenta, en primer lugar, le agradezco su comparecencia.


El pasado 29 de marzo el Consejo Ministros aprobaba las directrices generales para el desarrollo de la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico. En este documento se detallan una serie de medidas con carácter global y transversal,
cuyo objetivo es sentar las bases de un proyecto de país que garantice la igualdad de oportunidades y el libre ejercicio de derechos en la ciudadanía en todo su territorio. Esta estrategia suponía un hilo de esperanza para todos aquellos municipios
en los que sus habitantes sufren la honda amenaza de la despoblación. El Gobierno de España, que emana de esta XIV Legislatura, ha dado varios pasos más allá. Consciente de esta problemática y de la inquietud de los ciudadanos de nuestro país, ha
creado un ministerio ad hoc, en este caso dándole el rango máximo, el de vicepresidencia del Gobierno.


Señorías, ha llegado el momento de realizar políticas del siglo XXI en esta materia. El modelo demográfico que sustenta nuestro país es obsoleto. Tenemos que ser valientes para aportar un valor añadido a los habitantes de esta España
peyorativamente designada como vaciada, y es que no es que haya una España vacía: hay una España cuyos habitantes necesitan más atención, más oportunidades y mejores servicios. Ese es el vacío que tenemos que llenar con servicios públicos de
calidad y recuperando aquellos servicios desaparecidos, entre ellos, los acuartelamientos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o del ejército. Nuestros derechos no pueden depender del número de vecinos por kilómetro cuadrado que tenga
el territorio. Yo vengo de Zamora y creo que algo sé de este tema. En el fondo estamos hablando de un asunto de libertad de elección, de que nadie esté obligado a tener que abandonar su territorio y de igualdad de oportunidades para todos.

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Debemos impulsar una cultura de la cooperación: en primer lugar, cooperación institucional, y las comunidades autónomas tienen mucho que decir en un asunto que es de su competencia y que no pueden derivar solo a las competencias del Estado.
Instituciones, agentes sociales, sector privado: todos juntos deben aportar un valor añadido para los que quieren quedarse en su territorio, en el lugar de origen, y también para los que decidan regresar. Hemos de ser consecuentes con estos
principios, hemos de propiciar una necesaria descentralización que será bienvenida por los núcleos superpoblados y por el litoral.


Hemos de hacer todo esto con un firme compromiso de país, país con mayúsculas. No es posible que nacer en uno u otro lugar de España suponga una desigualdad. Por ello, desde este grupo, desde el Grupo Parlamentario Socialista, y
especialmente en esta Comisión, impulsaremos el diálogo en la búsqueda de consenso y de acuerdo, que es lo que nos demandan los ciudadanos, porque permitan que les recuerdes, señorías, que el reto demográfico ya no admite ni dilación ni
enfrentamiento.


Termino, señorías. Somos la esperanza de muchos hombres y mujeres de este país que no tienen oportunidad de quedarse ni de regresar. No defraudemos la confianza que ellos han depositado en nosotros.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias a todos y a todas por atenerse al tiempo.


Tiene la palabra la vicepresidenta. Ya sabe usted que tiene la posibilidad, por motivos de tiempo o de información, de responder algunas de las preguntas por escrito si así lo prefiere. Luego daremos otra ronda de contrarréplica de cinco
minutos.


La señora VICEPRESIDENTA CUARTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO (Ribera Rodríguez): Muchas gracias, presidente.


Muchas gracias, señorías, por todos sus comentarios y propuestas. Soy por naturaleza persona optimista y dada a la paciencia infinita a la hora de conseguir consensos y avances en una agenda que me parece fundamental porque estamos
invirtiendo en lo más importante, que son nuestros hijos, como decía al principio. Voy a hacer un repaso de alguna de las cuestiones que han suscitado, organizadas más o menos por temas que hayan salido en las intervenciones y comentarios de los
distintos grupos, empezando por aquellas que han planteado en torno al reto demográfico y la preocupación por las políticas de despoblación.


A su señoría de Esquerra le diré que el máximo respeto; al contrario, yo creo que he dicho: las personas nuevas que se incorporan y aquellos que están allí se dedican a actividades clásicas. Pero, por supuesto, que tengo el máximo
respeto, y he subrayado una y otra vez la trascendencia que tiene asegurar los servicios, la dignidad, la renta y la actividad del sector agrario, del sector primario y, junto a eso, lograr para asegurar una economía sólida, una estabilidad sólida,
facilitar nuevas oportunidades, nuevos atractivos para otras personas y alguna integración mucho más equilibrada de la pirámide de edad.


Han contado otras cosas muy interesantes. Me ha gustado esa comparación entre la recuperación del litoral y la dificultad para recuperar nuestros montes, poner en valor nuestros montes, con una capacidad de actuación que desde el Estado se
orienta en torno a la estrategia forestal, el Plan de acción nacional, pero que evidentemente tienen mucho que decir las comunidades autónomas, los entes locales y los actores locales; como también he querido subrayar en mi primera intervención, y
como también forma parte de esos consensos en torno a que los actores puedan ser protagonistas de sus decisiones, los actores pegados al terreno con todo el respeto y con todo el derecho que tienen a formar parte de las decisiones sobre su propio
futuro.


Añadiré dos cosas más que me parecen importantes. Nosotros queremos impulsar una línea de acompañamiento en la financiación de instalaciones de autoconsumo o hibridación para el mundo rural, para cooperativas agrarias, para empresas
agrarias. La posibilidad de duplicar tarifas es mucho más complicada, pero creemos honestamente que la mejor opción, la más barata, la más asequible, la que mejor puede encajar, son cuestiones de hibridación, de pequeñas instalaciones de generación
distribuida y de autoconsumo; por cierto junto a otra línea de acompañamiento en nuestros programas de eficiencia energética, el achatarramiento y sustitución de vehículos de uso agrario que puedan renovarse y facilitar la renovación del parque.


Como todos han destacado, creo que es absolutamente fundamental acompañar todas estas estrategias con los protagonistas de este sector y otras muchas iniciativas que tienen que ser completadas. Porque lo cierto es que, a pesar de que en la
Conferencia de presidentes de 2017 se acordó por

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unanimidad impulsar una estrategia de reto demográfico, en junio de 2018 no había ni media línea redactada ni media conversación entablada. Por tanto, está muy bien hablar, pero una cosa es predicar y otra dar trigo, como no han citado
ustedes pero yo les cito de vuelta. En nueve meses, tenemos unas directrices, unas estrategias, unas líneas maestras, una preocupación levantada, una voluntad y una expectativa que no podemos defraudar y en la que debemos sumar todos.


Lo mismo ocurre con el acceso a la banda ancha. En 2019 se ha conseguido una penetración en municipios que supera con creces el número de municipios que recibieron banda ancha durante el periodo 2013-2017, y esto creo que es un dato
importante, insuficiente, sobre el que hay que seguir trabajando y, como decía antes, sobre todo con los protagonistas locales, que son quienes más tienen que decir y quienes mejor pueden identificar dónde, cómo y en qué quieren hacer sus apuestas,
y dónde cómo y por qué esperan a las administraciones en su acompañamiento.


Hay un segundo tema que ha salido a relucir que son los convenios de transición justa. Efectivamente, estamos trabajando con seriedad. Aquí tampoco encontramos ninguna anticipación, a pesar de que estaba claro cuáles eran las obligaciones
europeas en materia de carbón, tanto para minas como para centrales térmicas, y la verdad es que fue bastante desolador. Quizá es de los aspectos más desgarradores, desde el punto de vista humano, tener la sensación de que se estaba dispuesto a que
la gente se encontrara de un día para otro de patitas en la calle y sin ninguna alternativa.


Por eso hemos hecho un esfuerzo particular en este terreno durante todos estos meses, en la convicción de que es importante trabajar los temas bien y no precipitarse. No ha habido evidentemente ninguna otra razón que la económica, plantas
que funcionaban a pérdida que no podía seguir funcionando, con un beneficio ambiental probable, con un beneficio de posicionamiento financiero de la empresa titular de la planta, y sí una gran preocupación social y una gran preocupación por el
Gobierno, que es lo que nos ha permitido marcar una diferencia notable con respecto a los países de nuestro entorno, respecto a la necesidad de un acompañamiento social; un acompañamiento social que nos parece fundamental también en el ámbito de la
Unión Europea. Por esa razón hemos criticado un diseño del fondo de transición justa cuyo mapa, a la hora de repartir la primera previsión de recursos disponibles, no se corresponde con el mapa de la mayor incidencia del carbón en minería y del
carbón en plantas térmicas; sobre todo, teniendo un cuenta que el empleo y el desempleo deben ser factores determinantes y no es lo mismo cuando ocurre en zonas que están viviendo un proceso de desempleo progresivo desde hace tiempo a zonas que
cuentan con pleno empleo.


Otro tema que han sacado ustedes a relucir, que yo creo que también es muy interesante, son las cuestiones que tienen que ver con la energía nuclear. Han dicho muchas cosas que me parece importante comentar o compartir de vuelta. La
primera es que desde el año 2015 nos falta un plan nacional de residuos radiactivos, que esperamos poder empezar a tramitar inmediatamente. Acabamos de recibir una primera propuesta completa, seria, elaborada por Enresa, sobre la base de algo que
era imprescindible, tener un entendimiento de cuáles eran los planes de las empresas, titulares de las plantas nucleares con respecto a sus expectativas de reinversión, para mantener en un nuevo ciclo las plantas nucleares en condiciones de
seguridad o de cierre, sabiendo que en todo caso también el operador del sistema debe determinar que ocurra lo que ocurra tiene que ser compatible con la seguridad de suministro. Por tanto, no es posible pensar en el cierre de ninguna planta si no
está perfectamente asegurado, cosa que ocurrirá.


Esto nos lleva a una propuesta de actualización de la tasa Enresa, siguiendo el criterio, la llamada reiterada del Tribunal de Cuentas, que ponía de manifiesto cómo se había ido produciendo un desfase porque no se habían actualizado las
tasas, a pesar de que cada año, en su informe anual, Enresa transmitía al ministro de Energía la importancia de actualizar esa tasa para no incurrir en situaciones de peligro, con respecto al riesgo financiero para no poder cubrir sus obligaciones,
y el Tribunal de Cuentas, como digo, lo subrayaba una y otra vez. Pues hemos actualizado esa tasa en un 20 %, del 6,69 al 7,98, un incremento que sobre todo va a esos beneficios, a ese diferencial, entre los costes operativos de producción y el
retorno, el precio cobrado por el titular de la planta de generación con arreglo al precio único que marca el pool eléctrico. Es importante contar con una previsión de cómo puede evolucionar esa parte tan significativa del parque, y el criterio
generalizado de las empresas ha sido más bien tendente a planificar cuándo podía ocurrir el cierre de sus centrales, y no tanto a invertir en un nuevo ciclo, porque desde el punto de vista económico probablemente consideran que había opciones
preferidas a mejor coste. Por cierto, yo creo que todo el mundo está de acuerdo en que la mejor gestión de los residuos es probablemente contar con un almacén centralizado, un almacén temporal centralizado; fue una pena que se gestionara tan mal
en su momento la finalización de ese proceso. Nosotros creemos que es importante

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seguir haciendo esta apuesta, y vamos a trabajar a lo largo de todo el año para poder tener una respuesta lo antes posible y una claridad lo antes posible sobre cómo gestionar esos residuos con arreglo a lo que disponga el propio Plan
nacional de residuos radiactivos que se presente y que se vaya tramitando.


Otras cuestiones que se han suscitado tienen que ver con el nexus industria-energía. Quiero clarificar a todas sus señorías que la relación que existe entre todos los integrantes del Gobierno, pero en particular -dado que parece que alguien
tiene dudas al respecto- entre la ministra de Industria y yo misma es excelente. No hay nada que salga de un ministerio que no tenga el perfecto respaldo de los demás departamentos, con independencia de que cada cual pueda poner el énfasis más en
los temas que le preocupan por ser de su propia agenda.


Tenemos una inmensa lista de oportunidades industriales asociadas a esta transformación: bienes de equipo eléctricos y electrónicos, con una capacidad de crecimiento en su producción muy grande, y de nuevos empleos asociados a su
instalación, mantenimiento y demás; es decir, cómo transformamos los electrones marrones en verdes, pero cómo los electrones verdes necesitan soporte físico que debe producirse en España. Piensen en los cargadores, en las baterías de un nuevo
modelo de movilidad, piensen ustedes en las torres de aerogeneradores offshore, flotantes, producidos precisamente, entre otros, por Navantia, etcétera. Es verdad que en este proceso los costes, el incremento del coste de la energía, que puede
asociarse a las emisiones de CO2 o a etapas de transición, podrían tener una repercusión a la que hay que prestar atención, hay que estar pendiente para que la industria esté en buenas condiciones.


Tengo varios comentarios al respecto. El primero lo he hecho en mi primera intervención, se ve que no han tomado ustedes nota, y es que se ha producido una reducción importante de los costes de electricidad en un año y medio. Esto es
positivo para los ciudadanos, es positivo para la industria, es positivo para el país y está asociado a varios factores, entre otros, al incremento, al peso, a tomarse en serio y a la estimación que hacen los propios operadores del peso creciente de
la energía renovable, cosa que explica también un interés muy grande por invertir, un incremento de la demanda, un incremento de la potencia instalada, con independencia de la ausencia de subastas. No se trata de otra cosa que de generar subastas
de energía que nos permitan beneficiarnos de esa reducción de costes y no en el modo en el que están diseñadas ahora que, básicamente, funcionan como un precio suelo que se acerca mucho al precio actual de la electricidad. Pensemos que el señor
Nadal no consiguió que bajara el megavatio/hora de alrededor de 67 euros, mientras que nosotros hemos vivido durante muchos meses en torno a 40 y creemos que podemos todavía mantener una reducción significativa gracias a ese incremento del peso de
las renovables en nuestro sistema. Por tanto, debemos organizar un nuevo sistema de subastas tecnológicamente neutro, pero no destinadas a un consumidor particular, sino al conjunto de los consumidores que se beneficien a través del mercado.


Hay iniciativas que acompañan y que dan estabilidad y predictibilidad a la industria electrointensiva, hay un real decreto en tramitación que habrá presentado mi colega Reyes Maroto, en el que quizás el elemento más novedoso es precisamente
ese aval público a la contratación bilateral de energía eléctrica que creemos puede resolver muchas de las cuestiones y que lo importante será que se active cuanto antes. Con respecto a la cogeneración, porque también creo que esto es importante,
la cogeneración cuenta con un marco estable, predecible, con una rentabilidad razonable, fijada y garantizada por encima del 7 %. Lo que hemos hecho en la propuesta de orden ministerial que ha estado circulando este último mes y medio es,
precisamente, producir el ajuste para garantizar que esa rentabilidad razonable es lo que finalmente se cobra y no casi 600 millones por encima de esa rentabilidad razonable, que era lo que se venía cobrando en las liquidaciones provisionales
durante estos dos últimos años. Es verdad que esto supone un ejercicio en el que muchos de los titulares de las plantas de cogeneración muestran su preocupación. De hecho, hemos estado atendiendo todas las alegaciones para poder asegurar que,
efectivamente, se reconocía el precio del combustible incluso en los meses más cercanos en los que podría haber subido o el precio del CO2, que se había calculado por parte de la orden anterior en torno a 4 euros y que está en 24. Creo que es
significativo pensar que junto a las cogeneraciones que ya están amortizadas y que tienen un ciclo que puede estar próximo a su finalización, debemos contar con un colchón, como recoge el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, de en torno a
1200 horas y a eso sumar un plan de acompañamiento, de transformación, de modernización, que estará basado finalmente en redes cerradas, en hibridación, etcétera. Se trata de soluciones próximas a la cogeneración basadas en soluciones
fundamentalmente renovables y, por tanto, evitar quedarnos anclados en soluciones que puedan quedarse antiguas y sean más complicadas de gestionar en el tiempo por venir.

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En el anteproyecto de ley de cambio climático tenemos una previsión que apunta al papel del gas en la transición, sabiendo que cualquier decisión que se tome en torno al gas ha de ser extraordinariamente cauta para evitar caer en lo que
todos los financieros del mundo califican como activos hundidos que generan costes importantes a posteriori y, sin embargo, una transformación orientada hacia el gas renovable o el hidrógeno. Decía antes que es fundamental el potencial que se abre
con las estrategias de almacenamiento y de hidrógeno, un potencial que viene acompañado de otras medidas en la ley como puede ser la prohibición de nuevas autorizaciones de explotación de hidrocarburos, incluido el fracking, instalaciones de
fractura hidráulica de hidrocarburos. No tenemos, sin embargo, previsto por ahora modificar la Ley de evaluación de impacto ambiental en materia de participación de comunidades autónomas en la tramitación de nuevos proyectos. Sí somos muy
conscientes de la trascendencia que tiene, el esfuerzo y el valor que tiene, todo el trabajo que se desarrolló en la Subcomisión de agua y cambio climático, una subcomisión cuyos resultados han sido incorporados tanto al Plan Nacional de Adaptación
al Cambio Climático como una muy buena parte de los instrumentos hidráulicos a los que he hecho referencia.


Contemplamos una previsión que introduce algunas referencias importantes en cuestiones concretas que hemos comentado como puede ser la alteración en la dinámica de riesgos de inundación, que exige la aprobación de una cartografía actualizada
que tendrá lugar este mismo año, o la incorporación de otras muchas variables como pueden ser todo el proceso que acompaña una buena aportación de sedimentos a través de los ríos en sistemas deltaicos como es el del Delta, donde estamos también
trabajando a nivel técnico para ver cómo asegurar que esto se haga de la mejor manera posible. La Ley de costas, la Ley de biodiversidad, especies invasoras u otras actividades gestionadas de forma laxa durante todo este tiempo, cuando podría haber
habido alternativas mucho más compatibles con nuestra biodiversidad, forman parte de las propuestas en las que estamos trabajando, como decía antes, propuestas que tenemos intención de poder activar.


Quiero subrayar la trascendencia que tiene, al hilo de la trasposición de distintas directivas asociadas a energía, un megaprograma de rehabilitación energética de edificios. Es algo sobre lo que se ha hablado mucho en este país. Creo que
todavía, a pesar de todo, nos faltan cualificaciones profesionales para completar bien toda esa etapa de integración, de incorporación, de modificación de la envolvente. Piensen que es una gran apuesta del Plan Nacional Integrado de Energía y
Clima, 300 000 viviendas de promedio al año requieren intervenciones a nivel de barrios, a nivel de pueblos, como decía antes. Empezamos con unas aportaciones relevantes del IDAE de 300 millones de euros con esa intención, trabajar vivienda social
y barrios enteros, edificios enteros, pero esto tiene que ir en aumento. Estamos trabajando ya en ello con el Ministerio de Transporte, Movilidad Sostenible y Agenda Urbana. Parte de las trasposiciones de las directivas, tanto en el RITE como en
otras cuestiones de eficiencia, se incorporan en la ley o en la ley de movilidad sostenible. Debe haber una ley de movilidad sostenible, está programada, junto a un programa o estrategia de movilidad sostenible que incorpora todas las referencias
industriales y de cualificación profesional y de empleo.


Es cierto que estamos en un momento importante. Nos hubiera gustado no haber estado un año en funciones, pero hemos estado un año en funciones, lo que ha impedido que pudiésemos tramitar algunas disposiciones importantes como la ley de
cambio climático. En esta ley hemos procurado introducir objetivos que sabemos que están por debajo de lo que nos pide la ciencia. La ciencia nos pide reducciones de emisión de en torno al 7,6 % por año. Nosotros hemos llegado a poder calcular
-poniendo encima de la mesa todas las medidas de las que hemos sido capaces sin poner en riesgo ningún elemento económico ni de empleo y, al revés, sirviendo de factor tractor interesante para inversores y para generación de empleo o para
acompañamiento de programas europeos- un objetivo que equivale a algo parecido a 3,5 % de reducción anual en promedio, casi un 40 % de reducción al final del período con respecto a las emisiones del año 1990. Se trata de un esfuerzo muy
considerable, que ha sido alabado y acogido con satisfacción por parte de la Unión Europea sobre un criterio fundamental: queremos la confianza de los inversores, la capacidad de generar empleo, de nuevas actividades profesionales, queremos que
esto se convierta en una gran oportunidad. Este es un punto de partida importantísimo, en el que ese movimiento, ese cambio de rumbo del trasatlántico, debe poder acelerar mayores reducciones en el tiempo por venir. Creo que, como muy bien han
dicho ustedes, es bueno que en el debate parlamentario cada cual aporte lo mejor de sí mismo para reforzar esa ley marco tan relevante, con independencia de que haya otras muchas leyes complementarias y otras muchas medidas complementarias
interesantes e importantes. Lo cierto es que, desde el punto de vista de los inversores internacionales, se está generando un gran

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interés. Es un gran foco de atracción. Incluso sin haber sido aprobadas, como he dicho antes, el interés por invertir en energía en España y en otros activos, incluida la movilidad sostenible, se ha elevado enormemente.


Es fundamental gestionar también esa aproximación a las políticas de despoblación, ensayando nuevas propuestas, ensayando cuestiones que han sido tomadas en consideración en terceros sitios, acercando los servicios a los vecinos, buscando
nodos territoriales -como hemos dicho antes-, y sobre esto podremos, sin duda, seguir trabajando.


Me he quedado un poco más desconcertada con la preocupación por los niños y el eventual geriátrico de España. La explicación, la reacción y los comentarios a lo que nos llevan más bien es a que no tendremos niños, porque antes se habrán
sufrido todas las consecuencias en términos de salud, de cambio climático y de otras amenazas, incluido, por cierto, el agua. El Programa de Desarrollo de Naciones Unidas hoy publicaba el índice de desarrollo humano. España no sale mal parada, sin
embargo, sí sale mal parada con respecto a cómo gestiona el agua. Antes he aludido a las grandes dificultades que hemos encontrado en materia de depuración y en materia de gestión y contratación hidráulica que, entre otras cosas, hace que Acuaes
esté sometida a una tutela judicial y a una intervención de la Fiscalía enormemente compleja. Algo parecido ocurre en el entorno del Mar Menor, con los acuíferos llenos de nitrógeno, que ponen de manifiesto, como muy bien decía su señoría de VOX,
que es fundamental cumplir las normas, cumplir la ley. Este es uno de los esfuerzos que está haciendo la Confederación Hidrográfica del Segura, junto con la Fiscalía y la Guardia Civil, y esperamos que esto nos ayude a replantear las cosas de una
manera mucho más sostenible, en lugar de dilapidar generando grandes y costosas hipotecas para la población local, que se hacen visibles en la sopa verde, pero no solo en eso, porque tiene problemas de fondo mucho más estructurales y más serios que
una foto, que por lo demás es bastante lamentable.


También me preocupa la política y, sobre todo, la legislación en materia de residuos, en materia de vertederos, que necesita una actualización. Ha habido episodios dramáticos, y vaya por delante un saludo afectuoso a las familias de Alberto
y Joaquín, personas desaparecidas en Zaldibar, a los que tienen muy cerca de su memoria y recuerdo los vecinos de Eibar, Ermua Zaldibar y, en general, toda la sociedad vasca.


Quisiera clarificar una cuestión, porque no me parece que ayude para nada hacer comentarios demagógicos como los que he oído esta mañana. Los cables con Marruecos son los únicos cables intercontinentales que existen en el mundo. Desde
luego, no se hacen de la noche a la mañana, lleva décadas su planificación e instalación. Estaban pensados para favorecer la seguridad de suministro eléctrico en Marruecos y también facilitar la interconexión entre los dos países. Detectamos con
preocupación que había una exportación de energía eléctrica desde Marruecos que podría no estar gravando el CO2 si procedía de fuentes térmicas. Por eso, la ministra de Economía y yo misma mandamos una carta al comisario Cañete pidiendo que, por
favor, introdujera las medidas correspondientes, dado que se trataba de una frontera comunitaria. El hecho es que esta carta y la política que ha mantenido y defendido España en el seno de la Unión Europea ha hecho que, dentro de las cartas de
emisión que la presidenta de la Comisión enviaba a todos sus comisarios, se introdujera en la carta al comisario de Comercio una referencia explícita a la necesidad de incorporar con todas las garantías de compatibilidad con las normas de comercio
mundial un impuesto en frontera para garantizar que hubiera equidad de trato, que hubiera un suelo equivalente.


Más o menos he contestado a todas las cuestiones. Perdón, se me olvidaba un tema fundamental. Sí, hay un compromiso firme con la aprobación de un estatuto de los agentes forestales. Queremos impulsar el estatuto básico de los agentes
forestales. Mi compañero, Luis Planas, ha estado trabajando en este tema para que el marco fundamental de este colectivo, en lo que dependa del Estado, este año sea mejorado. Estamos en ello, pero además debemos establecer un mínimo común
denominador de la figura de estos profesionales, los agentes forestales, en atención a su especial naturaleza, para todo el territorio, evidentemente respetando el hecho de que, como ocurre con el estatuto básico de cualquier empleado público, puede
haber normativa adicional por parte de las comunidades autónomas. Me habré dejado cosas. Espero que me disculpen, pero, como dice el presidente de la Comisión, podemos... (El señor Gestoso de Miguel: La ayuda a Murcia. De la ayuda a Murcia no
ha dicho nada).


En cuanto a la ayuda a Murcia, puedo decirle que estamos en ello. El año pasado destinamos 3 millones... (El señor Gestoso de Miguel: El año pasado no, este).


El señor PRESIDENTE: Perdone, ¿le importa respetar? No es su turno. (El señor Gestoso de Miguel: Ha preguntado si se ha dejado algo y yo se lo he recordado).

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El señor PRESIDENTE: No es su turno. Tenemos unos turnos establecidos.


La señora VICEPRESIDENTA CUARTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO (Ribera Rodríguez): Me lo ha recordado informalmente.


La DANA de los días 11 y 14 de septiembre provocaron inundaciones severas y diversos daños en la costa de varias provincias, incluida Murcia, con pérdida de arena, socavones y grandes daños en Águilas, Cartagena, Lorca, Los Alcázares,
Mazarrón, San Javier y San Pedro del Pinatar. Estos daños en infraestructuras nos han llevado a aprobar unas obras de reparación que ascienden a 4,620 millones de euros, con una anualidad de 3,150 para el año 2019 y 1,479 para el año 2020. Se
están ejecutando desde entonces. En paralelo, digo que, en lugar de hacernos trampas en el solitario y pensar que se puede vaciar un acuífero, desnitrificar, llevar el nitrógeno no se sabe dónde y volver a nitrificar para volver a entrar en una
rueda, que, como digo, implica ya a la Fiscalía, queremos trabajar con seriedad con las autoridades y la sociedad murciana para abordar con éxito un esponjamiento de la zona próxima al Mar Menor, una capacidad de recuperación basada en soluciones
naturales, una renaturalización y reducir todos esos aportes procedentes de una actividad agraria, que no siempre ha sido respetuosa, y de una actividad urbanística, que no siempre ha sido respetuosa, que ha funcionado, junto con los vertidos
asociados a la cuenca minera, como enormes limitaciones. Esto a pesar de que en el año 1987 el Gobierno socialista de Murcia lograra aprobar una ley de protección integral del Mar Menor, que algunos se empeñaron en dejar sin efecto hasta que
lograron derogarla. Así que yo sí creo que Murcia y la población murciana merecen recuperar lo que es una joya de la corona, muy representativa de lo que puede ser una implosión parecida en el conjunto del mar Mediterráneo. Nuestro empeño será
recuperar todo esto para poder demostrar que se impone, en una nueva oportunidad para el conjunto de la sociedad murciana, un modelo de desarrollo compatible con los límites ambientales y la capacidad de carga de los ecosistemas.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora vicepresidenta.


Precisamente, para organizar el debate hemos acordado una contrarréplica de cinco minutos que cada grupo puede utilizar. Por tanto, les ruego que en futuras reuniones se atengan a la ordenación del debate tal y como está establecida en el
Reglamento.


Empezamos con el turno de cinco minutos de los grupos de menor a mayor, comenzando por el Grupo Mixto, Tomás Guitarte.


El señor GUITARTE GIMENO: La primera conclusión que observo en la Comisión, como ya he comentado alguna vez, es que es una Comisión con cuatro áreas competenciales importantísimas. Me da la impresión de que no sé si vamos a ser
operativamente capaces de tocar todos los temas con la profundidad que se merecen. Alguna vez he comentado que quizá fuera mejor separarla en dos comisiones, como sucede en el Senado, una de transición ecológica y otra de despoblación. Es un
comentario por el inmenso trabajo que tiene que hacer esta Comisión y este ministerio.


En un turno que sería casi por alusiones respecto a otras intervenciones, como veo que ya empieza a ser una cantinela lo de decir que la España vaciada es un tema peyorativo, voy a explicar de dónde sale la España vaciada y cómo son los
propios habitantes de esa España los que la han autodenominado vaciada. Ese término nace en el año 2018, en un primer encuentro contra la despoblación, que se celebra en una localidad del maestrazgo turolense que se llama Allepuz, y donde su
alcalde, Ignacio, lee un pequeño manifiesto. Como antes no he consumido todo el tiempo, voy a leerlo, porque es pequeño. Viene a decir: Un drama recorre el interior del Estado español, es el drama de la despoblación. Cuando por ineptitud,
inacción u omisión no se actúa frente a las históricas carencias del medio rural en materia de infraestructuras, vías de comunicación, sanidad, educación, servicios sociales o telecomunicaciones, lo que se está haciendo es despoblar unos territorios
para abarrotar las grandes urbes. ¿Puede haber mayor desigualdad y falta de oportunidades? ¿Hay mayor necedad en arrancar de un trozo de tierra a quien nació y quiere vivir y morir en él? Podría decirse que, en el hipotético caso de que existiera
un plan preconcebido para despoblar, la Administración lo está cumpliendo a rajatabla. No somos la España vacía, somos la España vaciada; vaciada, pero aún viva, y harta, muy harta. Esa política activa de despoblar muy pocas veces ha tenido
consecuencias políticas para quienes la han llevado a cabo. No ha sido cuestión de Estado ni ha aparecido entre las prioridades de la mayor parte de la población, hacinada en áreas metropolitanas. Sus responsables siguen legislatura tras
legislatura en su escaño, ahora en la oposición reclamando lo que falta por hacer, ahora en el Gobierno sin poner las máquinas a trabajar. Sin embargo,

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esta desidia ha tenido consecuencias fatales para los territorios abandonados. ¿Hasta cuándo hemos de esperar para revertir dicha desidia? Por desgracia, nuestro tiempo no es ilimitado. Las políticas despobladoras han sido las que han
sido y la España vaciada ha tenido muchos verdugos. Va siendo hora de que el pueblo los señale y pida la restitución de todo lo arrancado, incluidos los que emigraron. Esa definición, ese manifiesto lo hacen los propios habitantes del pueblo, un
pueblo que tiene 128 habitantes y una densidad de 1,90 habitantes/kilómetro2. Para ellos no es peyorativo llamarse vaciada porque lo que quieren indicar es que la despoblación no ha sido un proceso natural, sino que ha sido provocada por la acción
del Estado, que decidió qué territorios estaban destinados al desarrollo y cuáles al abandono y a la emigración. A nosotros nos tocó el abandono, y hemos tenido que ver desde ferrocarriles que pese a estar construidos no se ponían en marcha hasta
cómo todas las infraestructuras del Estado durante cuarenta años nos han bordeado como si estuviésemos apestados. Por eso nos define la palabra vaciada, no vacía, no despoblada; no estamos abandonados, existimos, vivimos, pero nos han vaciado, nos
han creado el problema en la acción del Estado.


Salvando esta discusión, voy a pasar a referirme a la intervención de la ministra. Como he comentado, tenemos muchísimo trabajo que hacer. Vemos que hay un tema que se ha puesto en marcha que son los convenios de transición justa que
parece que se anuncian ya para el próximo mes. Sí que queremos destacar que, como decíamos en el acuerdo que firmamos con el PSOE para la investidura, consideramos imprescindible que en esos convenios participen todos los agentes implicados en el
territorio. Nos están llegando noticias de una primera reunión técnica que se convoca para el día 24 y a la que no están convocados elementos determinantes como, por ejemplo, las empresas que llevan las subcontratas de mantenimiento en la central
térmica; agentes económicos como la Cámara de Comercio de Teruel; asociaciones muy prestigiosas como Apadrina un Olivo. Pedimos que, por favor, se convoque a todos los que tienen algo que decir en el territorio, sobre todo para que las
soluciones, difíciles y complejas, puedan salir con el consenso de todos los que allí están.


Creo de especial interés para estas áreas la cuestión de la rehabilitación de edificios, porque curiosamente al hablar de despoblación parece que nuestros municipios estén despoblados. No están ni despoblados ni los edificios abandonados.
Realmente hay un problema de acceso a la vivienda muy importante, que es el primer problema que declaran todos aquellos que quieren participar en la repoblación o en mantenerse donde están. Una de las propuestas importantes que hacíamos de la
España vaciada era conceder ayudas para la rehabilitación de viviendas -bien rehabilitación energética o bien rehabilitación funcional, que es muy importante-; ayudas de cuantía importante condicionadas a que las viviendas rehabilitadas se pongan
en alquiler por un periodo de cinco o diez años, y crear con esas viviendas un parque de vivienda controlado por un organismo público que se pueda ofertar en alquiler a todos aquellos que quieran iniciar una nueva vida o intentar una vida en este
territorio donde, paradójicamente, el principal problema, como en las grandes ciudades, empieza a ser la vivienda.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Guitarte.


Tiene la palabra Óscar Matute.


El señor MATUTE GARCÍA DE JALÓN: Muchas gracias, señor presidente.


Señora ministra, yo voy a ser breve. No le oculto mi sorpresa porque a una prolija intervención inicial le acompaña una parca réplica para todos y todas. Usted ha dicho que va a contestar a todo; lamento decirle que yo no me siento
respondido en nada de lo que le he planteado, pero tampoco me preocupa en exceso en muchas de las cuestiones porque tiempo tendremos en esta legislatura de conocer sus opiniones. Yo le he preguntado qué opinión tenía y hasta qué punto veía
compatibilidad en el sostenimiento de infraestructuras como las incineradoras, ahora llamadas de valorización energética, con lo que tiene que ver con la lucha contra el cambio climático, con la emisión de gases contaminantes, con el derecho a la
salud de la población. Seguiré insistiendo en esta legislatura, porque creo que en este tema, como con el fracking o como con las macroinfraestructuras que se construyen, la opinión de una ministra y la acción decidida de un ministerio pueden tener
bastante más influencia -por aquello de la rivalidad política- de la que pueda tener Euskal Herria Bildu sobre otros agentes políticos de los presentes en Euskadi -no digo de los nos presentes- para torcer determinados apoyos que todavía sostienen a
este tipo de infraestructuras, y que -ese es mi punto de vista- entiendo que poco o nada tienen que ver con la filosofía y con las líneas de acción que usted ha trasladado que quiere llevar a cabo desde el ministerio.


Tampoco me ha contestado a lo que tiene que ver con cuáles son las medidas que se iban a llevar a cabo para cambiar eso que usted llamaba, y que yo también he señalado, hábitos de consumo. He puesto

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encima de la mesa una práctica que llevamos a cabo en su momento, y también he señalado las dificultades que tuvimos por la falta de consenso. Me hubiera gustado conocer en qué se van a traducir esas políticas para cambiar los hábitos de
consumo, ya que es bastante complicado, porque al final afecta a lo individual y a las costumbres de cada cual.


Tampoco me ha contestado sobre las posibilidades de llevar a cabo un plan ambicioso con un límite de déficit como el que impone Europa, pero como digo todo esto tendrá desarrollo en la legislatura y tendremos oportunidad de ir profundizando
en todo ello. No era tampoco un requisitorio lo que le trasladaba, sino una petición de opinión.


Pero hay una cuestión que sí me ha preocupado un poco más, que tiene que ver con Zaldíbar. Yo comparto con usted la preocupación y la solidaridad por los dos trabajadores todavía hoy enterrados bajo una montaña de residuos, pero no he
querido -y no creo que se haya entendido así- que usted tomara partido ni que señalara responsabilidades ni que decidiera qué se había hecho mal. Simplemente he cogido el ejemplo de Zaldíbar para poner encima de la mesa una cuestión que creo que va
a ser problemática no ya solo en Euskal Herria, sino en el Estado español, como lo será también en Europa, que es la gestión de los residuos y los riesgos ciertos que tenemos por el propio pasado que hemos tenido. Es decir, yo vengo de una comarca
industrial, de la margen izquierda, de ezkerraldea; nosotros sabemos lo que es el indano, sabemos lo que son los residuos tóxicos peligrosos conocidos ahora, y seguramente tratados con cierta o muy alta ligereza en décadas anteriores por
desconocimiento de los riesgos que podía comportar para la salud, y que pueblan la realidad y la geografía de nuestro territorio. Y supongo que, como de nuestro territorio, de otros muchos que tengan un pasado industrial parecido al nuestro.
Quería saber en torno a eso qué se podía hacer para evitar situaciones como la que, por desgracia, nos está tocando vivir a nosotros y a nosotras. No he encontrado la respuesta; esa sí que creo que tenía más urgencia que todas las demás que he
señalado antes, aunque tiempo habrá. Pero, en cualquier caso, como me voy a tener que ausentar -y le pido disculpas por eso- estaré atento a lo que pueda decir.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Matute.


El Grupo Vasco se ha ausentado. Pasamos al Grupo Ciudadanos. Tiene la palabra María Muñoz.


La señora MUÑOZ VIDAL: Gracias, presidente.


Yo también seré muy breve, tenemos toda la legislatura por delante para trabajar, pero sí quería hacer unos comentarios.


Señor López de Uralde, como portavoz de Unidas Podemos, usted se ha dirigido a mí y a mi grupo y nos ha dicho que nos hemos convertido en pronucleares. No es que seamos pronucleares, es que somos procambio climático, y como ya hemos
avanzado aquí la energía nuclear es mucho más limpia, como ya sabíamos. Criticar la energía nuclear y hablar de emergencia climática es intrínsecamente incompatible, así que la cuestión que recalcaba usted de los residuos nada tiene que ver con el
cambio climático. Tiene que ver con los residuos, que son fácilmente gestionables si se tiene voluntad de hacerlo, y en ese aspecto la señora ministra ha dicho que vuelven a poner en el radar el proyecto del almacén temporal centralizado, cosa que
me congratula. Podremos ver a Enresa iniciar esa construcción de la instalación que lleva esperando desde el año 2006. Y aunque en la réplica usted, ministra, ha vuelto a obviar los euros que costará el quijotesco plan de su Gobierno ni cómo lo
vamos a pagar ni si vamos a cumplir con la senda de estabilidad, sí ha sacado pecho -eso me ha parecido entender- hasta tres veces de que con su gestión en el último año ha bajado el precio de la luz. Lo que ha bajado el precio de la luz ha sido el
fuerte descenso, la caída de las cotizaciones del gas, que es el que marca el marginal al precio del mercado mayorista; un derrumbe del 60 % de las cotizaciones del gas ha provocado un mercado mayorista con unas caídas del 41 % en el último año en
el precio de la luz.


No tengo nada más que decirles. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Muñoz.


Por el Grupo Plural, Inés Sabanés.


La señora SABANÉS NADAL: Gracias.


En primer lugar, creo que al analizar y al reivindicar todo el tema territorial y reto demográfico, así como una creciente urbanización que no ha traído ni este Gobierno ni esta ministra, sino que es un problema estructural muy importante,
quizá se nos ha olvidado una parte que creo que también nos corresponde evaluar. No es muy de esta Comisión, pero a mí me importa especialmente, porque agrava

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determinadas situaciones: la vulneración del principio de autonomía local con las normativas del señor Montoro, que significaron un vaciamiento y una incapacidad de actuación de las entidades locales. Eso ha marcado un elemento muy
importante en el conjunto de los ayuntamientos, pero que afecta a aquellos que tienen una necesidad más imperiosa de reestructurar su movilidad, de su comunicación y de unas inversiones en este terreno. Ese sería un elemento.


En cuanto al segundo elemento voy a separar muy rápido la estrategia de las urgencias de las emergencias. Estoy de acuerdo con la estrategia y con el horizonte que se ha marcado: la ley, las normas, los planes, las estrategias, que creo
que nos encaminan bien a la lucha contra el cambio climático y a la transición. Por lo que se refiere a las urgencias no es su responsabilidad ni la mía posiblemente, pero la realidad es que hemos sido advertidos por la Unión Europea por temas
tales como la depuración de aguas, la gestión de residuos y la calidad del aire. En el año 2018 fuimos el país con más expedientes por incumplimientos ambientales, y desde luego no se han producido, señores del Partido Popular y señores de VOX, en
este Gobierno. Vienen de donde vienen, mírenlo bien. Yo me he estudiado bien de dónde vienen los inicios de las infracciones europeas, así que vamos por lo menos a intentar ser constructivos en el trabajo de esta Comisión, que es muy importante.
Y por último, por lo que se refiere a las emergencias, tienen que ver claramente con la restauración y el foco de atención del litoral mediterráneo y con los riesgos en la gestión de residuos. Más allá de que estamos denunciados por la Unión
Europea ahora mismo hay una situación no solo en Zaldibar, sino también en Madrid, de colmatación de vertederos, una situación muy preocupante y arriesgada, y aunque sean competencias compartidas, dados los riesgos para la salud pública y para la
salubridad, hay que dialogar y recomponer una situación muy complicada.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Sabanés.


Por el Grupo Republicano tiene la palabra Norma Pujol.


El señor GESTOSO DE MIGUEL: Señor presidente...


El señor PRESIDENTE: Perdone, vamos a...


El señor GESTOSO DE MIGUEL: No, es que es una cuestión de orden público, al amparo del artículo 72.1 del Reglamento.


El señor PRESIDENTE: ¿De orden público?


El señor GESTOSO DE MIGUEL: Sí, para denunciar una infracción del artículo 103.1 del mismo Reglamento.


El señor PRESIDENTE: ¿Puede explicar a qué se refiere?


El señor GESTOSO DE MIGUEL: Le ruego, por favor, que diga a esa señora diputada que todas las frases y alusiones que tiene puestas en el ordenador relativas a mi grupo faltan al decoro de esta Comisión, y que las retire inmediatamente o se
marche de la sala o lo que usted estime conveniente que tiene que hacer, porque es reincidente. Ayer en la Comisión de Interior pasó igual, y se le dijo, pero como no atienden a las normas ni a nada, lo pongo en su conocimiento para que ustedes
actúen y hagan lo que tengan que hacer.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Bueno, vamos a continuar con el debate y luego hablaré con la diputada.


El señor GESTOSO DE MIGUEL: Si no es que hable con la diputada, es que tiene usted que buscar una solución, digo yo.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la diputada del Grupo Republicano.


La señora PUJOL I FARRÉ: Muchas gracias, señor presidente.


Buenas tardes, señora vicepresidenta. También voy a ser muy breve. Me voy a centrar en un tema concreto: el temporal Gloria. Comentaba que todas las administraciones de las zonas afectadas tendrán que coordinarse y que, tras la primera
estimación de los daños en Consejo de Ministros, acordaron que en Cataluña harían falta más de 5 millones de euros para paliar los daños. Solo le pido una cosa: que los

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criterios para acogerse a las ayudas sean asumibles por todos los ayuntamientos. No hay nada peor que el hecho de que algunos de ellos se vean obligados a renunciar a los fondos por exigencias burocráticas de difícil cumplimiento. Y en el
óptimo caso de que esto se llegue a cumplir, estaremos hablando una vez más de actuaciones de reparación en lugar de actuaciones de prevención y planificación.


Tenemos que dejar un legado digno para un futuro digno. Ha sido una de sus frases. Y cogiéndole el guante, quiero decirle que, como ebrenca, me preocupa mucho qué legado vamos a dejar a las personas que viven en el delta del Ebro, porque
la preservación del delta requiere de actuaciones inmediatas y urgentes y de soluciones integrales y duraderas que exigen, tanto al Gobierno como a la CHE como a las eléctricas, una gestión diferente de la cuenca y del tramo final del río Ebro.


Me ha gustado oír lo que comentaba sobre la necesidad de unos caudales ecológicos. Hace años que Esquerra presenta enmiendas a todos los Presupuestos Generales del Estado para revertir la regresión del delta, que ahora, después del Gloria,
se ha visto aún más acentuada, pero también presentamos una moción en 2016, en las Cortes, donde pedíamos tres cosas: la redacción de un plan de gestión de sedimentos de la cuenca del Ebro, un proyecto piloto de transferencia de sedimentos
controlados desde la presa de Riba-roja d'Ebre hasta la desembocadura, porque recuerden que recuperando sedimentos recuperamos también el río, y por tanto la hidromorfología, y por último -y no menos importante- una partida para poder llevar a cabo
todo esto. Ha comentado usted el compromiso de la redacción de un plan contra la regresión del delta, y lo celebramos, pero también ha dicho que se hará con consenso del territorio. No olvidemos que ha sido el territorio, con ayuntamientos y
regantes y científicos, quien hace casi dos años lo ha articulado, porque veían que quien tiene las competencias no hacía nada al respecto. Creo que ahora es el momento de que el ministerio que usted lidera y el Gobierno apoyen esta necesidad tan
urgente, con partidas reales en los presupuestos y en definitiva con hechos tangibles. Espero que esta melodía que hoy ha sonado bien de las pinceladas que usted ha hecho llegue a ser una realidad, y no nos tengamos que lamentar por haber perdido
una de las más preciadas zonas húmedas de Europa. Necesitamos concreciones y un calendario claro para un asunto que ya es extrema urgencia.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Por el Grupo de Unidas Podemos tiene la palabra Isa Franco.


La señora FRANCO CARMONA: Muchas gracias, señor presidente, y gracias también por sus explicaciones, señora vicepresidenta.


Este es un ministerio que tiene un importante trabajo por delante. Sabemos que es imposible poder concretarlo en el transcurso de una sola legislatura, pero va a sentar las bases para que pueda ir caminando hacia una mejora de nuestra
ecología, hacia una defensa del medio ambiente y hacia un cambio del modelo energético para abordar el reto demográfico. En cuanto al reto demográfico, aunque a algunos diputados que están aquí -ayer lo vimos en el Pleno y me refiero al Grupo VOX-
les parezca que consiste en que las mujeres tengamos más hijos sea como sea, y consideren que las mujeres feministas no somos mujeres, la realidad es que es muy importante hacer un trabajo encaminado a visibilizar y poner en valor el trabajo de las
mujeres en las zonas rurales, pues realmente hacen un trabajo muy importante que en la mayoría de los casos es absolutamente invisible, pero que permite que la vida en los pueblos y en las zonas rurales salga adelante en muchas ocasiones. Como
decía al principio, este ministerio va a tener un trabajo muy importante, sobre todo en coordinación con el conjunto del Gobierno, con los otros ministerios, y es que el reto demográfico no solamente implica que podamos cuidar nuestros campos,
nuestra agricultura, algo que es fundamental -es muy importante el paso que va dar el ministro Planas en cuanto a la intervención de la cadena alimentaria-, sino que también se necesitan otras cuestiones, como los trenes de cercanía y de media
distancia y servicios de autobuses que conecten las cabeceras de comarcas, especialmente en territorios grandes, pero también en territorios pequeños.


También quiero señalar la importante noticia de que se ha convocado por la Secretaría de Estado de Transporte, en concreto por el secretario Saura, una reunión para la firma del convenio para que vuelva a circular el tren de Osuna a Pedrera,
algo que nos parece fundamental y por lo que la plataforma PETRA por el tren rural de Andalucía lleva mucho tiempo trabajando, Pero también es necesario en otras zonas de Andalucía, igual que en el resto del Estado. Igualmente se necesita el
cuidado de servicios públicos, como la sanidad, tanto en la atención primaria como en la pediatría; la rehabilitación de viviendas, la educación, en cuanto a colegios y escuelas infantiles y de cercanía. Y en cuanto a la economía me refería
anteriormente al campo y a la necesidad de precios justos y a la intervención de la cadena alimentaria, en

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lo que está trabajando el ministro de Agricultura, pero también es necesaria la actuación en el sector servicios y en la pequeña y mediana industria. Aquí quiero señalar la necesidad de instalación de energías renovables también a pequeña
escala.


Voy terminando. Quería señalar una cosa más que afecta especialmente a Andalucía. Usted habló de la declaración de nuevos parques nacionales y nosotros tenemos un parque nacional del que estamos especialmente orgullosos, y que amamos con
locura, no solamente los andaluces y andaluzas, sino también el resto España, y me consta que fuera de España en la Unión Europea. Hace muy poco tiempo, en septiembre de 2018, el Partido Popular pedía al Gobierno del Estado que pusiese fecha para
revertir los proyectos de gas, pero realmente se pudieron parar esos proyectos de gas natural gracias al trabajo coordinado entre la Junta de Andalucía del anterior Gobierno y el Gobierno del Estado, así como a la movilización de las plataformas
ciudadanas y de los vecinos y vecinas. Ahora bien, Doñana sigue estando afectada y amenazada por el cambio climático; por eso es tan importante la declaración de emergencia climática que ha hecho este ministerio y esta vicepresidenta. En último
lugar quiero decir que es importante para Doñana, pero también para los otros parques nacionales y naturales apostar por las energías renovables para acabar con el calentamiento global que tanto les está afectando.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Franco.


Por el Grupo VOX, tiene la palabra don Ángel López.


El señor LÓPEZ MARAVER: Señora Ribera, por resumir, España tiene que frenar el despoblamiento del medio rural y el invierno demográfico al que estamos abocados en los próximos treinta años por culpa de políticas contrarias a fijar población
y a garantizar el relevo generacional. Tiene que recuperar la rentabilidad de los sectores agrario y ganadero para que no se abandonen estas actividades que son inminentemente conservacionistas. En este momento concreto nos preocupa especialmente
lo que está sucediendo con los agricultores murcianos, parece que se les quiere criminalizar y usted mejor que nadie sabe que el problema del mar Menor está en la gestión de las cuencas y su falta de mantenimiento en la apertura de golas y en un
plan de salmuera cero, y no en los agricultores. España tiene que mantener la caza, la pesca, los usos forestales y tradicionales de nuestro campo porque permiten la conservación de los ecosistemas. Tiene que impulsar una política hidráulica
nacional que sea justa de verdad, que sea sostenible en materia ecológica, y por supuesto económicamente viable. Tenemos que ser absolutamente solidarios con el agua. El agua debe repartirse entre todos los españoles. España tiene que definir una
política de usos energéticos acorde con las posibilidades económicas y sociales reales de nuestro país. Debe planificar una política de tratamiento y evaluación de residuos no agresiva con el medio ambiente. Necesita establecer mecanismos sensatos
para el logro de emisiones limpias y reducción de energías contaminantes de manera solidaria y acordada con los consumidores de energía tradicional, especialmente en las grandes ciudades. España necesita activar una política integral de
conservación y regeneración de costas, ríos y montes, y también por supuesto necesita coordinar, unificar y simplificar la multiplicidad de disposiciones normativas que conducen a la contradicción en las diferentes regiones. Es decir, todo lo que
necesita España es aplicar sentido común, lo contrario a lo que el señor Sánchez está haciendo con su discurso universalista, que nada tiene que ver con las necesidades del medio ambiente, del reto demográfico y del uso de energía que demandamos en
nuestro país.


Señora ministra, por favor, le pido que no prometan proyectos ejemplares de reciclaje y gestión ambiental hacia una transición ecológica justa y lo único que hagan es aplicar sus políticas verdes prohibicionistas a todos los españoles. Por
favor, hagan transición de verdad.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular van a hablar tres personas; en primer lugar, Diego Gago, luego Carmen Navarro, y por último César Sánchez. Les ruego que se ajusten al tiempo.


El señor GAGO BUGARÍN: Buenas tardes de nuevo, señora vicepresidenta y señor presidente de la Comisión.


Nosotros hemos llegado a la conclusión de que en materia energética el debate que aquí se ha establecido ha quedado un poco cojo, y por tanto estamos preocupados. En mi calidad de diputado gallego, como ustedes sabrán, realmente la cuestión
de las industrias electrointensivas es un problema

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que nos está preocupando bastante por lo que afecta al empleo y por lo que afecta igualmente a una economía importante para la zona noroeste de España. Lo que nosotros queremos trasladarle, señora ministra, es que se debería valorar mucho
más positivamente el esfuerzo que han hecho las industrias electrointensivas, y también las térmicas en este caso, para conseguir mediante la hibridación utilizar cada día menos carbón, y por lo tanto, a través de biocombustibles, conseguir el mismo
poder calorífico. Yo creo que es importante que eso se tengan en cuenta a la hora de ese plan de cierre de las térmicas, porque yo creo que no todos hacen el mismo esfuerzo, y por tanto el Gobierno tiene la obligación y debería tener el compromiso
de tenerlo en cuenta. Por otra parte, con relación a la industria electrointensiva, usted lleva prometiendo y anunciando la aprobación de un estatuto electrointensivo, y en julio de 2019 ha venido a Galicia a decirnos que iba a suponer una rebaja
significativa en el precio del megavatio y resulta que aplicando el borrador que ya tenemos encima de la mesa tan solo supondrá 5 euros de rebaja del megavatio/hora, es decir, de 50 a 45, y usted entenderá que no competimos por lo tanto con esa
rebaja en condiciones de igualdad contra motores tractores de la economía europea mundial, como es Alemania. Nosotros queremos hacer en Galicia aluminio primario y no chatarra. Por lo tanto yo creo que es importante que esto quede claro en esta
Comisión: que efectivamente estamos en condiciones, como lo hemos estado hasta el año 2020, de poder hacerlo.


Termino con las renovables, señora ministra. Usted ha dicho en una entrevista recientemente, en febrero, en El País concretamente, un diario de tirada nacional, que España no estaba en condiciones de cumplir con el objetivo de renovables de
2020, y yo creo que nosotros debemos hoy poner aquí en valor que el Partido Popular sí ha sido capaz de sacar a subasta megavatios que han garantizado el desarrollo de las energías renovables en España, y sin embargo usted y su Gobierno en el año
2018, en el año 2019 y en el presente año 2020 de momento -hay que ver en el futuro- han sido incapaces de sacar a subasta ni un solo céntimo.


Finalizo con el vehículo eléctrico. Si queremos avanzar en la lucha contra el cambio climático, como bien sabe, uno de los mayores riesgos y problemas que tenemos es la contaminación generada a través del transporte. Si queremos
desarrollar e impulsar el vehículo eléctrico, desde luego el Gobierno central tiene mucho camino por recorrer a la hora de trasladar a las comunidades autónomas y a las ciudades un marco normativo que les permitan, en definitiva, garantizar la
instalación de nuevos puntos eléctricos en el país.


Muchas gracias.


La señora NAVARRO LACOBA: Muchas gracias.


Señora vicepresidenta, en el turno anterior me ha quedado una pregunta en el tintero. Anunciaba el presidente en su debate de investidura veinte oficinas comarcales ¿Dónde van a ir estas oficinas comarcales? ¿Cuáles serán los criterios
para ubicarlas? ¿Y qué competencias concretas en la materia van a tener esas oficinas comarcales?


Al señor Guitarte, de Teruel Existe, simplemente quiero decirle que con tanto pesimismo no contribuye a cambiar el relato del que hablaba la vicepresidenta, y en eso desde luego desde el Grupo Parlamentario Popular estamos de acuerdo.
Quizá, señor Guitarte, es que, desde Valencia, Teruel se ve diferente.


Por último, señora ministra, no olvide que su misión es llenar los pueblos y que en esa misión el Grupo Parlamentario Popular le va a ayudar.


Muchas gracias.


El señor SÁNCHEZ PÉREZ: Muchas gracias, señor presidente.


Espero que sea un poco generoso porque somos tres portavoces y lo que queremos es hacer bien nuestro trabajo y poder interpelar a la señora vicepresidenta.


Señora vicepresidenta, nosotros compartimos la lucha contra el cambio climático y compartimos buena parte de todo lo dicho en materia de medio ambiente, la única diferencia es que usted lo hace desde un punto de vista teórico -nos ha dado
dos conferencias esta tarde que han sido maravillosas, teóricas-, pero no ha hablado de hechos, de inversiones, y nos vamos de aquí esta tarde sin saber cuánto ha invertido su Gobierno ni cuánto prevé invertir a medio plazo para mitigar las
consecuencias del cambio climático y en materia de política medioambiental. Tampoco nos ha explicado, porque creemos que es importante, qué ha pasado en Zaldívar; esperemos que el Gobierno lo haga en un futuro. Se mitigan las consecuencias del
cambio climático con economía circular, y no nos ha dicho nada en ese sentido. Tampoco nos ha dicho nada con relación a la actuación en materia forestal o saneamiento y depuración. Hay algo muy importante, señora vicepresidenta, y es que no nos ha
aclarado cuál es la

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política de agua de su Gobierno, ni en materia de gestión, si la va a ceder a Podemos para acabar con las concesiones en materia de agua, ni tampoco en materia de transferencias. Queremos que nos aclare cuál es la política de agua del
actual Gobierno.


Señora ministra, ¿le parece que 19 millones de euros son suficientes para solucionar los problemas que ha ocasionado Gloria en la costa, en el litoral español? Finalmente, ¿por qué Teruel está fuera de esas ayudas?


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sánchez.


Por el Grupo Socialista hablarán don Germán Renau Martínez y doña Eva Patricia Bueno.


El señor RENAU MARTÍNEZ: Señor presidente, seré muy breve.


Señora vicepresidenta, agradecemos la claridad de su exposición. El ministerio, esta Comisión, este Congreso, pero también toda la sociedad en su conjunto tenemos por delante una tarea enorme. Estas políticas son más que necesarias, son
imprescindibles, afectan a todo el mundo y definirán el futuro de todos, de quienes creemos que son fundamentales y también de los negacionistas o de aquellos que prefieren dibujar una especie de realidad paralela. Señora vicepresidenta, desde que
usted está al frente de estas políticas están al máximo nivel en la agenda política del Gobierno y España está recuperando su posición a la vanguardia de la lucha contra el cambio climático.


Concluyo diciendo que oigo al PP hablar de industria, de inversiones, de transición justa, de reconversión, de prisas, y no puedo más que preguntarme en qué estaban pensando durante todos los años del Gobierno de Rajoy, cuando todo esto ya
era una realidad y debería haber estado en su agenda. Igual es que querían dejarlo todo para el último momento y les pilló el toro. Ya lo hicimos nosotros. Llega un momento en el que ya no cuela.


Muchas gracias.


La señora BUENO CAMPANARIO: Gracias, señor presidente.


Señora vicepresidenta, gracias de nuevo por su exposición. Me dirijo, en general, a las afirmaciones que han hecho los portavoces y la portavoz del Grupo Popular, porque cuando se ha Estado en el Gobierno hay decisiones y acciones políticas
que están ahí. Ahora vienen ustedes aquí a dar lecciones de muchas cosas y a contarnos lo que debió hacer la vicepresidente en el año escaso que lleva en el ministerio. Señores del Grupo Popular, esto va simplemente de cumplir la ley, va de
cumplir la ley. El PP jamás anticipó que era una cuestión fundamental para la gestión del riesgo. Va de cumplir la ley, porque como ustedes no la cumplieron, el ministerio va corriendo detrás del calendario porque se agotan los plazos.


El señor SÁNCHEZ PÉREZ: Señor presidente, le rogaría, por favor, que le dijese a la portavoz del Grupo Socialista que cumpliese con su función en esta comparecencia, que no es la de hacer oposición al Grupo Popular.


La señora BUENO CAMPANARIO: Me resulta un poco incómodo, pero volveré el sillón, porque parece que molesta. Señor presidente, ¿estoy obligada a mirar donde digan los señores del Grupo Popular? ¿Hay algo en el Reglamento que me impida
mirar a los señores del Grupo Popular cuando hago alusión a ellos?


El señor SÁNCHEZ PÉREZ: Puede mirar donde quiera.


El señor PRESIDENTE: Puede usted mirar hacia donde desee.


La señora BUENO CAMPANARIO: Menos mal.


Esto va de cumplir la ley. Se lo voy a explicar intentando ser breve. El Grupo Popular, que se está dando golpes de pecho con la Constitución y con el Estado de derecho, no cumplió la ley y nos multaron. ¿Quién pagó esa multa? Los
ciudadanos y las ciudadanas. No cumplen la ley en el Gobierno ni en su partido, porque también los condenan, y esos incumplimientos de la ley los pagan los ciudadanos y las ciudadanas. Paga siempre la ciudadanía y vienen a contarnos aquí cosas
como que no se han nombrado las palabras inversión y euro -creo que han aludido a ello algunos de ustedes, pero me da miedo mirarlos, no vaya a ser que me riñan otra vez-. Pregunten a los pequeños y medianos inversores en energías renovables qué
hicieron con ellos. Pregunten y que les cuenten qué pasó.

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Por otro lado, como han intervenido los tres quería referirme a cada una de sus afirmaciones. Hacen alusión a que la vicepresidenta no ha cumplido porque se comprometió a traer la ley antes de lo que va a venir. ¿Cumplió el Partido Popular
cuando la Unión Europea obligaba al cierre de la minería a 31 de diciembre de 2018? Todo esto que está pasando ahora, y las prisas por los plazos, viene porque el Partido Popular no cumplió con la ley. No hicieron absolutamente nada, señores del
Grupo Popular. Ahora España está en primera línea en la lucha contra el cambio climático, que no es una tomadura de pelo, porque lo que sí parece que lo sea son las afirmaciones que hemos tenido que escuchar hoy aquí. Esta lucha contra el cambio
climático va a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y de las ciudadanas, también de los que no creen en esto o la de los que nunca hicieron nada por mejorar la de la ciudadanía en general. Estas políticas son necesarias para nuestra
supervivencia.


Doy las gracias de nuevo a la vicepresidenta por su exposición. Tiene un gran trabajo por delante, una oportunidad de hacer justicia social, justicia ambiental y justicia territorial. Aquí estaremos para colaborar con usted. Le pido que
sea audaz, porque se lo van a poner muy difícil, pero sabe que, repito, aquí estaremos cuando haga falta para lo que nos requiera.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Bueno.


Tiene la palabra la señora vicepresidenta para cerrar el debate.


La señora VICEPRESIDENTA CUARTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO (Ribera Rodríguez): Muchas gracias, señor presidente.


Gracias, señorías, por sus intervenciones. Haré un repaso rápido y, siguiendo la sugerencia, cualquier cuestión que se me pueda pasar será contestada por escrito, aunque seguro que tenemos ocasión de volver a vernos. Tomo nota de los
comentarios en torno al acceso a la vivienda, que es un problema serio también en el ámbito rural. En todos los programas de rehabilitación de edificación, incluso de acceso a vivienda, debe contemplarse ese retrovisor que activamos en torno al
desafío demográfico y las políticas contra la despoblación. Hoy han salido las invitaciones para la mesa de Andorra-Teruel, con la intención de convocar esa reunión de participación el día 24. Se han enviado setenta invitaciones a distintas
organizaciones. Podemos ver si falta alguien, pero va a ser un proceso enormemente participativo, como le decía antes.


Pido disculpas al señor Matute, porque es verdad que probablemente he ido deprisa. Haré unos comentarios rápidos. La incineración, que evidentemente, debe ir cada vez a menos y quedar desplazada, gracias a los objetivos de reutilización y
reciclado 2025-2030, sigue estando en las prioridades de gestión de residuos por encima del vertedero. Es verdad -lo ha dicho el señor Matute, lo ha dicho la señora Sabanés, así como muchos de ustedes- que la política de residuos, la gestión de
vertederos, la seguridad de los vertederos existentes es algo que debemos reforzar al máximo. Por tanto, tendremos que ver qué significa, qué ha ocurrido y cómo lo podemos mejorar junto con las administraciones autonómicas, que son las competentes
en este ámbito. También es cierto que lo más importante de todo es generar cambios en prioridades y hábitos de consumo que tienen que ver con cómo producimos y consumimos, pero también con cómo consumimos otro tipo de bienes y servicios en
movilidad, en energía, etcétera. Aquí hay un montón de medidas a activar. La primera de ellas es contar con ciudadanos bien informados. Se debe poder acceder a información solvente que permita entender las cadenas que se activan cuando tomamos
decisiones que pueden generar impactos muy lejos -acordémonos de que uno de los temas más preocupantes es la pérdida de biodiversidad importada-, es decir, cadenas como el cacao, la palma o la soja tienen consecuencias fuera de nuestras fronteras,
aunque no lo veamos. Todo esto es un proceso complejo de cambio de valores y de información y por ello hay otros hábitos sobre los que se puede incidir a través de la regulación, como puede ser el establecimiento de zonas de bajas emisiones o la
alternativa del transporte público.


Me parece muy interesante -no he hecho hincapié en ello, pero les invito a que lo lean despacio y a que lo consulten, porque es público- la cantidad de recursos que moviliza y el atractivo que está generando el Plan Nacional Integrado de
Energía y Clima. Hay una memoria económica que es pública, está en la página web del ministerio, que ha sido alabada por la Comisión Europea como una memoria de altísimo valor añadido, en la que se escenifican las grandes cifras y se pone de
manifiesto que el conjunto de la aplicación de las medidas allí incluidas tiene beneficios positivos en empleo, salud, recorte de importaciones de bienes, incrementos en eficiencia, que es una inyección de productividad en nuestra economía,
movilización de nuevos recursos, que es enormemente interesante, hasta incrementa en 1,8 % el PIB con respecto a lo que podría ser lineal, general, y, además, genera un beneficio adicional con

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respecto a lo que podrían ser costes inducidos a medio y largo plazo en un retraso de la acción. Contamos con movilizar 241 000 millones de euros, el 80 % de ellos privados y el 20 % público, a través de distintos instrumentos y distintas
administraciones. Se está activando ya un proceso sumamente positivo. No hay más que ver el interés mostrado en Davos por fondos de inversión, por inversores de todo tipo, pero también por industriales y por banca y fondos institucionales en
nuestro país, sobre todo en los sectores de energía limpia y movilidad sostenible. Repito que les invito a leer la memoria, las estimaciones y las cifras. Está ya activándose un trabajo intenso de coordinación interministerial para poder facilitar
el mejor uso de los recursos públicos, la identificación de potenciales cuellos de botella, la generación de nuevo empleo o de nuevas oportunidades de inversión que cuenta con toda la confianza de los sectores, porque la confianza en sí misma es un
activo notabilísimo que no debemos desperdiciar. Esto es así, evidentemente, también en el sector de las renovables.


Les invitaría, en línea con lo que decía mi compañera del Grupo Parlamentario Socialista, a que pregunten a las asociaciones grandes y pequeñas, a los pequeños consumidores, a los industriales, no solamente a los inversores, instaladores o
fabricantes, a que se paseen por la feria Genera, que es el máximo exponente del interés industrial en materia de energías renovables, porque saben que esto es de suma importancia.


Es fundamental, eso sí, cambiar las premisas de nuestro sistema de subastas, porque queremos que siga siendo así. Para la gran industria renovable, activar un mecanismo predecible de esos tiempos en los que se subasta energía renovable es
fundamental de cara a los pedidos, a nuevos encargos, y detrás de ello está toda la industria de componentes o de materias primas con las que se fabrican esas torres u otras alternativas. Por tanto, creo que es clave seguir trabajando en esta
dirección.


Haré un comentario sobre el sentido común que no puedo dejar de hacer. Las cosas que estamos diciendo, la preocupación, la acción contra el cambio climático es tan de sentido común que en la encuesta de Sigma Dos, publicada por el diario El
Mundo a principios de enero, se percibe como una cuestión muy grave y bastante grave que merece atención a todos los niveles por un 73 % de los votantes de VOX, cifra que se eleva al 97 % y al 96 % cuando hablamos de Unidas Podemos y del PSOE, al 91
% cuando hablamos de Ciudadanos y al 84 % cuando hablamos del PP. Creo que es una cuestión de sentido común compartida por todos. Insisto en que es obvio, es normal que pueda haber discrepancias con respecto a cuestiones puntuales, a cómo encajar
las distintas piezas, pero me parece que es algo compartido por el conjunto de la ciudadanía y no podemos fallar.


Cuestiones adicionales que han destacado ustedes y que también me parecen importantes. He tomado nota de las preocupaciones con respecto a la financiación de los ayuntamientos para la regeneración de la primera línea del litoral. No hay
dinero de la Dirección General de Costas para Teruel porque Teruel puede tener muchas cosas, pero costa, por ahora, no tiene. A propósito de esta capacidad de reacción rápida, he de decir que gracias a una dinamización importante del Fondo de
Compensación de Seguros, del sistema de seguros agrarios y de la propia iniciativa de la Administración pública, a la que no es ajeno el hecho de que este decreto-ley aprobado en septiembre extendiera su vigencia y su capacidad de intervención
durante unos meses, podemos actuar muy rápidamente, porque hay que recordar que el año pasado seguíamos pagando desperfectos y reconstrucción del terremoto de Lorca.


Creo que ha habido una mejora muy sustancial en la gestión de tiempos por parte de la Administración. Es importante que aseguremos, porque es dinero público -si no, preguntaré al respecto-, que la estimación, la cuantificación, la
aportación de las credenciales con respecto a los daños esté bien establecida con arreglo a la metodología y a los protocolos que corresponden. Honestamente, creo que está funcionando muy bien ese nivel de colaboración entre todos, aunque es cierto
que a veces puede resultar engorroso y hay que acompañar ese proceso, pero es parte del mandato que reciben los funcionarios de las subdelegaciones del Gobierno en el territorio, de las demarcaciones de costas, para poder asegurar que no haya
problema.


Creo que hay otras cuestiones fundamentales que también han salido a relucir. El delta del Ebro -también ha salido Doñana- es un espacio sumamente querido. Ha sido enormemente impactante ver las imágenes. Sabíamos que esto podía ocurrir,
pero nos ha impactado verlo en directo y en tan poco tiempo. Sabemos que casi el 20 % del deslinde del dominio público marítimo terrestre hace no tantos años se encuentra ya permanentemente dentro de la línea de mar. Sabemos que los actores
locales han trabajado intensamente en un esfuerzo muy relevante, con distintos colores políticos, con distintas sensibilidades, desde el punto de vista de la actividad económica o del interés por el territorio y apreciamos enormemente el valor que
tiene esa aportación conjunta y, como digo, nuestra intención es, junto con la

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comunidad científica, con la Universidad de Barcelona, con nuestros expertos de la Dirección General de Costas, poder tener este plan integral de protección del Delta del Ebro en torno a este verano. Es un asunto al que le tengo particular
cariño y que he reencontrado en prácticamente el mismo estado que lo dejé cuando fui por allí en el año 2011, la última vez.


Es cierto también que el Parque Nacional de Doñana necesita reforzar sus mecanismos de protección, sus almacenes de gas o las explotaciones de agua o las presiones que se puedan generar con nuevas vías rápidas que lo rodean. Son cuestiones
preocupantes. Es verdad que son espacios dinámicos que pueden ir cambiando porque la arena se aporta por un lado y por el otro. Es decir, porque van evolucionando de forma natural. Es verdad también que merecen protección e ir reduciendo las
amenazas a las que se ven sometidas. Ha habido un Plan Especial de Doñana en el que hemos intentando acelerar el cumplimiento y la ejecución de sentencias cerrando pozos ilegales y, finalmente, los ayuntamientos que estaban particularmente
concernidos se han sumado a este esfuerzo. Creo que el siguiente desafío es encontrar las mejores maneras para conciliar esa convivencia de actividades económicas y actividades sociales con la protección de un espacio tan emblemático como es
Doñana.


Han salido otras cuestiones que tienen que ver con la movilidad en el territorio, la presencia de mujeres rurales, los servicios de atención sanitaria. Muchas cuestiones que son competencia de las comunidades autónomas, pero que, como decía
antes, la suma de las distintas sinergias -y agradezco mucho la contribución de la diputada Navarro para operar en la mejora de las condiciones de servicios, de capacidad de atracción y de garantía de calidad de vida de los compatriotas que viven en
el entorno rural- es fundamental y creo que es bueno, conveniente y nos esperan sumando.


Por último, algunos comentarios en torno a la política de agua, porque creo que quiere usted como una frase muy sencilla, porque la política de agua es muy complicada. Pero yo he hecho los comentarios relevantes, creo, y es pensar que
estamos en escenarios complejos y es un bien público escaso precioso, donde el recurso debe de ser único, pero la planificación tiene que acostumbrarse, tiene que integrar esos escenarios extremos y no escenarios promedio, tiene que pensar en cómo
garantizar la disponibilidad del recurso, que no deja de ser un bien ambiental y buscar todas las fórmulas para que las intervenciones, la regulación, la planificación y la gestión del día a día sean compatibles con este criterio. Junto a esto,
otras particularidades preocupantes como es el retraso en la depuración o la necesidad de actualizar los sistemas de gobernanza. A partir de ahí creo que es un tema con el que vamos a convivir intensamente los próximos años. Quiero decirles que no
me siento particularmente relajada ni particularmente teórica, creo que cada uno de los días del año y medio largo que llevo en el Gobierno, incluso en ese año en que he estado en funciones, y me he quedado con la frustración de no poder llevar a la
práctica cosas que me parecían que eran importantes, he mantenido el privilegio de contar con un equipo extraordinario, que ha trabajo intensamente en la búsqueda de soluciones concretas, pensando en las personas. Creo que las políticas ambientales
son políticas para las personas. Pero son políticas para las personas bien pensadas. Es decir, entendiendo e integrando los límites ambientales como un factor determinante para que las personas tengan éxito en su progreso y no que se encuentren
con que compran hipotecas de las que después es difícil salir. Creo que con este tiempo que tenemos por delante en esta legislatura, como decía antes, con su siempre apreciadísima contribución podemos hacer mucho por España y los españoles y yo
estaré siempre a su disposición para poder hacer lo más que se pueda. Muchas gracias, presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora vicepresidenta; muchas gracias a todos y a todas por el debate y se levanta la sesión.


Eran las ocho y cuarenta y cinco minutos de la noche.