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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 314, de 11/03/2021
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2021 XIV LEGISLATURA Núm. 314
TRABAJO, INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ANTONIO GOMÉZ-REINO VARELA
Sesión núm. 12
celebrada el jueves,
11 de marzo de 2021
ORDEN DEL DÍA:
Proposiciones no de ley:
- Relativa al cumplimiento del artículo 37 de la Constitución, garantizando la compatibilidad entre el ejercicio del derecho a la negociación colectiva en el sector público y la defensa de los derechos laborales con el necesario control del
gasto público. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/000263) ... (Página2)
- Relativa a igualar las condiciones salariales de los trabajadores subcontratados. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/001782) ... (Página6)
- Por la que se insta al Gobierno a adoptar las medidas pertinentes para que los autónomos que se han visto obligados a teletrabajar puedan deducirse fiscalmente los gastos de suministros derivados del ejercicio de su actividad. Presentada
por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001969) ... (Página11)
- Por la que se insta al Gobierno a exonerar, al menos hasta el 31 de mayo, del pago de la cuota a la Seguridad Social a todos aquellos autónomos que carezcan de ingresos. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
(Número de expediente 161/001997) ... (Página15)
- Relativa al control de los datos de holgura laboral. Presentada por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). (Número de expediente 161/002044) ... (Página21)
- Relativa a erradicar la brecha digital como elemento determinante de exclusión social. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/002101) ... (Página25)
- Relativa a permitir la compatibilidad de la deducción por maternidad con los expedientes de regulación temporal de empleo. Presentada por el Grupo Parlamentario VOX. (Número de expediente 161/002154) ...
Votaciones ... (Página33)
Se abre la sesión a las cuatro y veinticinco minutos de la tarde.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 37 DE LA CONSTITUCIÓN, GARANTIZANDO LA COMPATIBILIDAD ENTRE EL EJERCICIO DEL DERECHO A LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN EL SECTOR PÚBLICO Y LA DEFENSA DE LOS DERECHOS LABORALES CON EL NECESARIO CONTROL DEL
GASTO PÚBLICO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/000263).
La señora VICEPRESIDENTA (Crespín Rubio): A ver si somos capaces. Si no, pues ya saben sus señorías que lo llevaríamos hasta donde correspondiera. Pero a ver si para las 17:45, o seis, pudiéramos tenerlo listo.
Empezamos, entonces, con el primer punto del orden del día, una proposición no de ley relativa al cumplimiento del artículo 37 de la Constitución, garantizando la compatibilidad entre el ejercicio del derecho a la negociación colectiva en el
sector público y la defensa de los derechos laborales con el necesario control del gasto público. Es una iniciativa que presenta el Grupo Parlamentario Mixto; por tanto, su portavoz, el señor Martínez Oblanca, tiene la palabra para poder
exponerla. Ya sabe que tiene un tiempo máximo de siete minutos.
El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señora presidenta, y buenas tardes, señoras y señores diputados.
Hace justamente un año que presenté esta proposición no de ley sobre un asunto que hoy continúa en plena vigencia porque se mantiene la misma situación que entonces. Lo resumiré señalando que hay unos trabajadores que están en una especie
de limbo laboral o, por decirlo con mayor precisión, en una especie de purgatorio laboral, por formar parte de las plantillas de entidades colaboradoras con la Seguridad Social, con las administraciones también. Es el caso de los trabajadores de
las mutuas, que no son funcionarios públicos, pero el pago de sus nóminas sí depende de los presupuestos públicos, y sus actualizaciones salariales también dependen de la agilidad con la que se resuelvan distintas autorizaciones de diferentes
departamentos ministeriales.
Solo en el caso de las mutuas, que, como todos ustedes saben, tienen la consideración de entidades colaboradoras con la Seguridad Social, podríamos estar hablando de unos 22 000 trabajadores, que desde hace años sufren los retrasos de sus
actualizaciones salariales por los obstáculos administrativos que tienen que superar. En la práctica esta situación vulnera sus derechos, y más concretamente el Estatuto de los Trabajadores, que establece como uno de sus derechos la percepción
puntual de la remuneración pactada o legalmente establecida.
En el caso que nos ocupa la cuestión se complica, porque si bien el Estatuto de los Trabajadores hace referencia a quienes tienen una relación laboral por cuenta ajena, aquí hablamos de que los incrementos salariales para este colectivo
proceden y están regulados en los presupuestos públicos y consignados en la correspondiente ley anual, o en su caso en la prórroga correspondiente. No es el caso del actual ejercicio 2021, cuyas cuentas se aprobaron por las Cortes Generales a
finales del pasado año.
Sin embargo, con ley prorrogada o con ley vigente, aparece siempre un triple filtro que retrasa la actualización salarial de los empleados que colaboran con la administración a través de sus empresas o de
las mutuas para las que trabajan. En este caso, además, con ocasión de la pandemia que nos azota desde hace un año, han desempeñado una decisiva tarea laboral, profesional, sanitaria y social.
Señorías, el retraso de la Administración General del Estado en el pago de los correspondientes incrementos salariales contemplados en la ley presupuestaria es una liturgia injusta, que se repite desde que en el año 2016 se aprobase la
fórmula para regularlos; porque, a diferencia de los empleados públicos, en el caso que nos ocupa entran en juego varios trámites añadidos. En el primero se aprueba la masa salarial; en el segundo se acuerda la distribución; y en el tercero
tiene que producirse el acuerdo final de una denominada Comisión de Seguimiento de la Negociación Colectiva, que es en la práctica el cuello de botella en el que se frena la actualización salarial correspondiente. Aquí es donde se acentúan las
demoras, incluso de más de un año, que retrasan injustificadamente la actualización salarial. Da igual que todos los demás trámites se aprueben en plazos razonables, porque en la Comisión de Seguimiento de la Negociación Colectiva no se actúa con
la suficiente diligencia, aun existiendo, como es el caso de este ejercicio 2021, una nueva Ley de Presupuestos Generales del Estado.
Para dar solución a este asunto he presentado una proposición no de ley en la que insto al Gobierno, en primer lugar, a la supresión de la aplicación de las pautas de negociación colectiva para las empresas públicas y mutuas colaboradoras
con la Seguridad Social, quedando limitadas tales pautas al cumplimiento escrupuloso por esos entes del respeto a los límites fijados de la masa salarial autorizada en cada momento.
En segundo lugar, insto a la simplificación del proceso de autorización de la masa salarial, mediante la modificación de la Orden HAP/1057/2013, dotando al procedimiento de agilidad y mayor seguridad jurídica, pautas más claras, plazos
tasados, efectos en caso de silencio administrativo y posibilidades de recurso, de acuerdo todo ello con lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Insto al Gobierno, en tercer lugar, a la eliminación del requisito de recabar informe favorable previo de la Comisión de Seguimiento de la Negociación Colectiva de las Empresas Públicas sobre los acuerdos de distribución y aplicación
individual de la masa salarial, siempre que el importe de esta haya sido previamente aprobado por la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas, y la gestión de las entidades esté sometida al control de la Intervención General del
Estado y/o el Tribunal de Cuentas.
En cuarto lugar, subsidiariamente insto al Gobierno a que, en caso de ser necesario el informe previo de la Comisión de Seguimiento de la Negociación Colectiva de las Empresas Públicas, que este sólo pueda versar sobre la adecuación o no del
acuerdo a los límites fijados a la masa salarial, debiendo ser emitido en un plazo máximo, operando el silencio administrativo positivo en caso contrario.
En quinto lugar, en todos los procesos mencionados anteriormente deben ser consideradas como parte legitimada las organizaciones sindicales más representativas, y los representantes de los trabajadores con presencia en la empresa o entidad
concreta, por cuanto de la resolución de estos procedimientos se derivan efectos sobre sus condiciones de trabajo.
En sexto lugar, en el caso concreto de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, teniendo en cuenta que la masa salarial forma parte del presupuesto de esa Seguridad Social aprobado previamente por la secretaría de Estado
correspondiente, la autorización de esta debería conllevar automáticamente la del Ministerio de Hacienda, evitando así efectos contradictorios entre distintos departamentos de un mismo Gobierno.
Finalmente, señorías, quiero recalcar ante esta Comisión de Trabajo que es preciso eliminar la indefensión total para estos trabajadores, porque cumpliendo correctamente sus empresas con los trámites de solicitud, resulta impredecible cuándo
se reúnen los representantes ministeriales que tienen que decidir. No existen plazos; tampoco se pueden instar reclamaciones por intereses de demora. Y como remate, tampoco opera el silencio administrativo positivo.
En definitiva, pensando en los derechos de estos trabajadores, les pido a todos ustedes el voto favorable para instar al Gobierno a tomar cartas en el asunto.
Muchas gracias, señora vicepresidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Crespín Rubio): Muchas gracias a usted. Mantenemos un poquito de silencio, por favor, que si no, no nos podemos oír.
No se han presentado enmiendas a esta proposición no de ley. Por lo tanto, conviene ahora la intervención de los distintos portavoces por grupos. Por lo que veo, tendría la palabra en primer lugar el grupo parlamentario... No va a
intervenir en esta; bien, pues si no va a intervenir, tiene la palabra el Grupo Parlamentario Ciudadanos, la señora Muñoz.
La señora MUÑOZ VIDAL: Gracias, presidenta; buenas tardes, señorías.
El Estatuto Básico del Empleado Público contiene los principios generales de la negociación colectiva de los empleados públicos, su estructura, las materias objeto de negociación y los instrumentos para hacerla efectiva. El resultado de la
negociación colectiva en el seno de las mesas de negociación correspondientes serán los pactos y acuerdos que se aplican a los funcionarios y los convenios colectivos que se suscriban para el personal laboral.
Sin embargo, los artículos 21 y 27 limitan los acuerdos de la negociación colectiva a los incrementos salariales establecidos en los Presupuestos Generales del Estado. En el caso de esta PNL, de esta iniciativa presentada por el señor
Oblanca, se insta al Gobierno a que permita flexibilidad dentro de las empresas públicas y mutuas colaboradoras de la Seguridad Social fijando los límites únicamente respecto a la masa salarial autorizada en cada momento. Con esta iniciativa se
pretende reforzar el papel de la negociación colectiva en entidades del sector público estatal, así como de otras entidades como las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social, que no fueron incluidas dentro del sector público estatal hasta la
publicación de la Ley 47/2003.
Por esto, apoyaremos la iniciativa. Gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Crespín Rubio): Gracias, señora Muñoz.
Tendría la palabra ahora el Grupo Plural, que no está; el Grupo Parlamentario Republicano, que no interviene en esta proposición no de ley. Pasamos, entonces, al Grupo Parlamentario de Unidas Podemos, que toma la palabra su portavoz la
señora Saavedra.
La señora SAAVEDRA MUÑOZ: Gracias, presidenta. Buenas tardes.
En septiembre de 2020 se aprobaron por la Comisión Delegada de Asuntos Económicos las pautas para que las empresas públicas negociaran la extensión a sus empleados de la subida salarial del 2%, de 2020, ya aplicada a los funcionarios y
funcionarias.
Lo que parece denunciar esta PNL es la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores de estas entidades, parejo al experimentado por los funcionarios y funcionarias desde 2010. Si bien es cierto que se ha producido esa pérdida de poder
adquisitivo, ello se debe en gran medida a las políticas del Partido Popular, políticas austericidas, y sobre todo en el inicio de la anterior crisis, que llevó aparejada la congelación del sueldo de los funcionarios o eliminación de pagas extras, y
que se tradujo en condiciones similares para las trabajadoras de entidades de Derecho público.
Pretende esta PNL dar un margen de actuación en negociación colectiva, aunque en realidad solo se refiere a los salarios, a entidades públicas, empresariales y mutuas colaboradoras de la Seguridad Social. La supresión de las pautas de
negociación colectiva, manteniendo el respeto al límite de la masa salarial, es un contrasentido: se pueden negociar condiciones que no afecten a esa masa salarial. De esa forma está garantizada la compatibilidad entre el ejercicio del derecho a
la negociación colectiva de trabajadores pertenecientes al sector público y el necesario control de gasto público, que por otra parte tanto gusta a la derecha.
Entendemos que, en el fondo, lo que esta PNL pretende es que entidades privadas como las mutuas puedan, sin control previo de las administraciones públicas, establecer subidas salariales que vinculan al sector público. Esto no es adecuado,
porque perdería la coherencia con los Presupuestos Generales del Estado, y además conduciría a un reparto asimétrico de la masa salarial.
Por tanto, no podemos estar de acuerdo con el planteamiento de la PNL.
La señora VICEPRESIDENTA (Crespín Rubio): Muy bien, muchas gracias, señora Saavedra.
Toma la palabra el Grupo Parlamentario VOX con su portavoz el señor Aizcorbe.
El señor AIZCORBE TORRA: Muchas gracias, señora presidenta.
Brevemente, muy brevemente, no vamos a reiterar y nos adherimos a las manifestaciones y argumentos vertidos por el señor Oblanca y por la representante del Grupo Ciudadanos. Efectivamente, creemos que es la situación anómala, que hay cerca
de 22 000 trabajadores que están en una especie de limbo laboral y que es necesario normalizar dicha situación.
Sí que es cierto que esa advertencia a la Comisión de Seguimiento de la Negociación Colectiva de las Empresas Públicas ha de referirse única y exclusivamente a lo que manifestaba, a lo que se dice en la PNL, en la proposición no de ley. Y
por lo demás, pues insistir: votaremos a favor de dicha proposición
porque nos parece coherente, acaba con cierta intranquilidad, y la intranquilidad y la provisionalidad siempre son malas en todo esto.
Muchas gracias, señora.
La señora VICEPRESIDENTA (Crespín Rubio): Gracias, señor Aizcorbe.
Tiene la palabra ahora el Grupo Parlamentario Popular, con su portavoz la señora De Luna.
La señora DE LUNA TOBARRA: Muchas gracias, señora presidenta; buenas tardes.
En relación con la PNL presentada por Foro sobre la compatibilidad entre el ejercicio del derecho a la negociación colectiva en el sector público y la defensa de los derechos laborales como el necesario control del gasto público, hemos de
manifestar nuestra conformidad con las propuestas que plantea.
Los trabajadores de las empresas públicas, junto a entes del sector público estatal, consorcios participados mayoritariamente por organismos, administraciones públicas, etcétera, así como las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social, han
pasado de la negociación colectiva plena del sector laboral privado a la negociación colectiva del sector público. Si bien es necesario el escrupuloso control del gasto público, el cambio de naturaleza jurídica de una relación laboral pura a la
laboral con limitaciones en la negociación colectiva ha supuesto un enlentecimiento en la aplicación de determinadas mejoras laborales, por la cantidad de trámites, de informes y de organismos que intervienen y que le restan agilidad, y en donde en
ocasiones se suele prescindir de la audiencia a los representantes de los trabajadores en la determinación y cuantificación de las respectivas masas salariales, por ejemplo.
Nosotros entendemos también que debería existir una mayor transparencia en la Comisión de Seguimiento de la Negociación Colectiva de las Empresas Públicas, de las que depende precisamente la negociación colectiva del personal laboral de
estas sociedades mercantiles públicas, ya que esto determina que en ocasiones se produzca una negociación a ciegas y una clara desincentivación para los representantes de empresarios y trabajadores.
Por ello, como indicaba anteriormente, votaremos a favor de esta PNL, ya que se concilia la necesidad de agilizar los trámites de la negociación colectiva y de dotar de mayor autonomía a los empleados del sector público empresarial y al
personal de las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social, sin restar, que esto es lo importante, el necesario y estricto control del gasto público.
Gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Crespín Rubio): Muchas gracias, señora De Luna.
Y toma la palabra ahora la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, la señora Perea.
La señora PEREA I CONILLAS: Gracias, presidenta.
El Grupo Parlamentario Socialista votará que no a la iniciativa de Foro Asturias, una iniciativa que crea un debate ficticio, que apela a la Constitución Española para argüir una inexistente vulneración de su artículo 37. Y es que negamos
la mayor: la fuerza vinculante de los convenios colectivos, proclamada por el artículo 37, lo es en los términos que establezca la ley. Y negamos totalmente que haya 22 000 trabajadores en el limbo laboral.
Y es que la normativa que rige el sector público y las mutas colaboradoras de la Seguridad Social y sus centros mancomunados, así como las sociedades mercantiles, pertenece por mandato legal a dicho sector, lo que garantiza la compatibilidad
entre el ejercicio del derecho a la negociación colectiva de los trabajadores pertenecientes a dicho sector y el necesario control del gasto público.
Es más, esta proposición no de ley, amparándose en esa pretendida vulneración, elimina los mecanismos procedimentales, que son los que garantizan que entidades que gestionan recursos públicos cumplan con el marco legal y convencional, y
asegura un control riguroso del gasto público.
Argumentan en la proposición no de ley que el triple filtro al que se somete la negociación del convenio supone un quebranto de las condiciones laborales de las personas trabajadoras, que tiene como consecuencia el retraso en la percepción
de incrementos retributivos. Y para ello instan, curiosamente, tres cuestiones.
Una: suprimir la aplicación de las pautas que sigue la Comisión de Seguimiento de la Negociación Colectiva de las Empresas Públicas. Pero es que justamente están suprimiendo algo, que son estas las que garantizan las decisiones que tienen
trascendencia económica y social vinculadas a la negociación colectiva. Es decir, le están hurtando incluso a la propia negociación colectiva ese control.
En segundo lugar, simplifican el proceso de autorización modificando esta orden HAP, y lo previsto en la Ley 39/2015, y con ello actúan en detrimento de las relaciones entre las administraciones públicas y los administrados y administradas,
y las garantías entre estos y aquella. Y la incoherencia del Partido Popular es que ha llegado a un límite, que pretenden suprimir algo que hicieron ellos, la derogación, la reforma de 2015. Con lo cual, creemos que el Partido Popular ni recuerda
ni quiere recordar ni sabe hacia dónde va.
Pero además es que plantea en los puntos 3 y 4 eliminar el informe favorable previo de la Comisión de Seguimiento de la Negociación Colectiva sobre los acuerdos de distribución y aplicación individual de la masa salarial. Y es que ello
precisamente supone eliminar la tutela de los agentes sociales, algo que, entendemos, sería totalmente contradictorio con la PNL.
Señores de Foro Asturias, en ningún caso se puede eliminar mecanismos en garantía del correcto gasto público. Es sorprendente cómo el proponente olvida, por ejemplo, que las mutuas, al gestionar prestaciones económicas y asistenciales del
sistema público de Seguridad Social, forma parte de su régimen público previsto en el artículo 41 de la Constitución. Es más, le recuerdo que hay jurisprudencia sobrada de la Audiencia Nacional que habla en este sentido. Estamos hablando de
otorgar seguridad jurídica en la actuación de las entidades que gestionan recursos públicos, que es garantía para estas mismas entidades y también para las personas administradas, que pueden confiar en su buen hacer.
Y este es el último fin de toda norma: dotar la seguridad jurídica y garantías para la actuación de los poderes públicos, de las entidades públicas, en aras al interés general. Por ello no podemos estar de acuerdo y votaremos en contra.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Crespín Rubio): Muchas gracias, señora Perea.
Había una propuesta de Unidas Podemos, que le he pedido que la hiciera a la Comisión, y que la Comisión ya valorará, porque hoy estamos todos un poco ocupados. Señora Saavedra.
La señora SAAVEDRA MUÑOZ: Sí, era plantear si era posible, si no había inconveniente por los otros grupos, que las dos PNL del Partido Popular se pudieran discutir al final, porque la compañera que tiene que intervenir está en otra
Comisión; si es posible y no dificulta a otros grupos que se hicieran al final de la tarde.
La señora VICEPRESIDENTA (Crespín Rubio): Por lo que veo en los gestos, ese mismo comentario lo he hecho yo sabiendo que estamos hoy todos un poco locos. Así que, nada, no es posible, lo siento, señora Saavedra.
- RELATIVA A IGUALAR LAS CONDICIONES SALARIALES DE LOS TRABAJADORES SUBCONTRATADOS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/001782).
La señora VICEPRESIDENTA (Crespín Rubio): Pasamos, entonces, a la segunda proposición no de ley, relativa a igualar las condiciones salariales de los trabajadores subcontratados, que presenta el Grupo Parlamentario Socialista. Y para su
defensa tiene la palabra la señora Raya.
La señora RAYA RODRÍGUEZ: Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías.
El objetivo que persigue mi grupo parlamentario al presentar esta proposición no de ley no es otro que el de retomar el trabajo que ya iniciamos en la XII legislatura, en la que mi grupo parlamentario presentó una propuesta de ley para
modificar el artículo 42.1 del Estatuto de los Trabajadores, sobre contratación y subcontratación laboral, a efectos de limitar la subcontratación a servicios especializados ajenos a la actividad principal de la empresa. Y aunque no se pudo
concluir, sí que forma parte del programa de gobierno de coalición, junto con el compromiso de derogar los aspectos más lesivos de la reforma laboral de 2012 del Partido Popular.
Y es que, tras la crisis económica de 2008, el Gobierno popular afrontó el camino de la recuperación con una reforma laboral que no solo menoscabó derechos de la clase trabajadora de nuestro país, sino que incidió en la mayor precarización
de las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras, implantando un modelo de empleo precario, de desprotección frente al desempleo y de bajos salarios. En este contexto aumentó de manera considerable la externalización a través de
empresas de subcontratación, agudizándose aún más el deterioro de las condiciones laborales de los trabajadores que prestan sus servicios a través de estas empresas.
Señorías, cabe destacar que el pasado mes de diciembre el Tribunal Supremo modificó su doctrina en materia de subcontratación y rechazó la limitación temporal de los contratos por obra o servicio determinado, y además la decisión se adoptó
por unanimidad. Sin duda, lo que se pretende es lograr, según ha reconocido el propio Ministerio de Trabajo, el uso adecuado de la subcontratación, desincentivando los supuestos en los que es un mero instrumento de reducción de coste caro.
Esta práctica se ha extendido en todos los sectores, pero todos recordaremos un colectivo vinculado a la hostelería, como es el de las camareras de piso, conocidas como las kellys, que han denunciado en reiteradas ocasiones cómo,
desempeñando las mismas tareas que sus compañeras contratadas directamente por la empresa principal, ellas cobraban un 50 % menos. Y aquí quiero hacer un pequeño inciso, porque, si bien es cierto que la subcontratación afecta a todos los
trabajadores, en este caso viene a ahondar un problema que estamos obligados a subsanar, y que es la precarización en el trabajo realizado por mujeres; y esto tiene un impacto directo, no solo en la desigualdad y en la pobreza, sino además, como se
ha publicado recientemente, tiene un coste importante en términos de riqueza para los distintos países.
Y aunque somos conscientes de que nos queda mucho camino por recorrer, ya que la herencia recibida de los gobiernos del Partido Popular nos sitúa en un punto de partida con una clase trabajadora muy empobrecida, quiero poner en valor los
avances que se han hecho, desde que llegamos al Gobierno en 2018, para combatir esa precariedad laboral, la desigualdad y la pobreza heredada, como fueron la subida del salario mínimo interprofesional o el registro de jornada. En esta legislatura
también, la derogación del artículo 52 d) del Estatuto de los Trabajadores, que regula la posibilidad de despido por absentismo causado por bajas por enfermedad. Y todo esto, señorías, lo hemos hecho a través del diálogo social.
Y es que entre los objetivos de este Gobierno no solo está avanzar en la equiparación de condiciones entre trabajadores subcontratados y reforzar la responsabilidad de las empresas contratistas o subcontratistas, como solicitamos en esta
PNL, sino también recuperar la negociación colectiva que ustedes, señorías del Partido Popular, debilitaron provocando un descenso de los convenios registrados y revisados, y que además las personas trabajadoras en subcontratas teman hacer uso de la
negociación colectiva ante la desmejora de sus condiciones laborales, por miedo a perder su empleo.
Señorías, actualmente en nuestro país, como en el resto de países, nos estamos enfrentando a una crisis sanitaria terrible con consecuencias económicas muy graves, afectando de forma muy negativa a nuestro tejido productivo, y por lo tanto
también al empleo de nuestro país. Por eso es necesario adoptar las medidas que permitan la igualdad de condiciones en la prestación de la relación laboral, pues la inequidad en el salario y en el resto de condiciones laborales también impide que
personas trabajadoras ocupadas en el desarrollo de la actividad principal de una empresa se vean beneficiadas, entre otras, por las medidas puestas en marcha para paliar los efectos tan perniciosos de esta crisis, situándolas en una situación de
peor derecho.
En definitiva, señorías, tenemos la obligación de impedir que se produzca una lesión de los derechos de los trabajadores y trabajadoras subcontratados, porque son un claro ejemplo de precarización de las relaciones laborales. Los efectos de
esta práctica laboral implican abaratamiento de la mano de obra, y en consecuencia bajos salarios y peores condiciones laborales, así como mayor temporalidad e inseguridad laboral. Y con esto no estamos diciendo que no deba existir la
externalización: creemos que sí debe existir, pero solo cuando sea necesaria, y que sea condicionada a una especialización, no a un ahorro de salarios que suponga una pérdida, no solo de derechos, sino también que impida a la clase trabajadora
llegar a cumplir con sus necesidades básicas y llegar incluso a cubrir sus gastos mínimos para llegar a final de mes.
Somos conscientes de que en la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social se viene desarrollando un importante esfuerzo de manera continuada para luchar contra este tipo de prácticas, pero desde luego debe haber un compromiso por todas las
fuerzas políticas para acabar con una situación que, además, algunas empresas del propio sector demandan porque no quieren incurrir en la inseguridad jurídica a la que se han visto sometidas en los últimos años.
Muchísimas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Crespín Rubio): Gracias, señora Raya.
Interviene ahora, por el grupo parlamentario que es el único grupo que ha presentado enmiendas, su portavoz, la señora Rosique.
La señora ROSIQUE I SALTOR: Gracias, buenas tardes.
Como bien saben, en el ámbito laboral ningún hecho se puede entender de forma aislada; no podemos hablar de subcontrataciones sin tener en cuenta las reformas laborales del Partido Socialista y del Partido Popular, del mismo modo que no
podemos hablar de otras cuestiones que están en la agenda política, como lo es la ley de los riders, sin tener en cuenta la Ley de Extranjería, el Estatuto del Trabajador Autónomo, y también las subcontrataciones.
Y esta última es de especial relevancia para que la laboralización de los riders que pretende impulsar el Gobierno suponga una garantía efectiva y útil de la mejora de las condiciones materiales de estos trabajadores, entre ellos miles de
jóvenes y personas migrantes en situación de especial vulnerabilidad. Desde Esquerra Republicana y Jovent Republicà exigimos la derogación completa de las dos reformas laborales, y exigimos específicamente en cuanto al artículo 42 del estatuto, el
de las subcontrataciones, que más allá de garantizar la igualdad de derechos entre los subcontratados y los trabajadores de la empresa principal, que nos parece bien, también se combata la temporalidad, impidiendo que las subcontrataciones generen
directamente contratos temporales, y que se impida que las empresas externalicen aquellas tareas que sean de su propia actividad principal. Una empresa de reparto, por ejemplo, tiene que repartir con sus propios trabajadores.
En ese sentido les anunciamos que hoy hemos llegado a un acuerdo con el Ministerio de Trabajo: que antes del 30 de junio de 2021 habrá una reforma de las subcontrataciones. Hay que asegurar que la laboralización de los riders sirva para
ganar derechos, y no puede ser utilizada para rebajar salarios mediante subcontrataciones. Esta era y es nuestra exigencia mínima para poder apoyar el real decreto-ley de laboralización de los riders que se aprobará pronto.
Seguimos trabajando para derogar las reformas laborales y la Ley de Extranjería, para reformar el Estatuto del Trabajador Autónomo, y en definitiva defender los derechos de los trabajadores y las trabajadoras.
Gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Crespín Rubio): Muy bien, muchas gracias, señora Rosique.
Interviene ahora el resto de grupos parlamentarios. Empezamos con el Grupo Parlamentario Mixto, con el señor Martínez Oblanca, por un tiempo no superior a tres minutos, como ustedes saben.
El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señora presidenta.
Cuando se tratan en el Congreso o en el Senado asuntos de índole laboral es frecuente que el Grupo Socialista haga propuestas en las que pone en solfa las medidas que en la etapa de gobierno del Partido Popular se impulsaron entonces, la
herencia, que decía la portavoz.
El rédito político de descalificar las ideas del adversario es absolutamente legítimo y democráticamente muy sano, pero a veces uno se expone a caer en la hipocresía por reclamar cuestiones que contradicen al propio Gobierno que apoyan.
Esta tarde el Grupo Socialista nos recuerda que la reforma laboral del Partido Popular del año 2012 -que, por cierto, Foro apoyó y yo específicamente en el Senado- ha causado precariedad laboral y más desigualdad. Conviene recordar que Pedro
Sánchez lleva gobernando dos años y ocho meses, tiempo que, en principio, parece más que suficiente para derogar aquellas medidas que ustedes pudieran considerar lesivas para los trabajadores. Pero no, aquí seguimos con el PSOE bombardeando la
reforma laboral, y con el mismo PSOE aplicándola en toda su extensión desde hace dos años y ocho meses.
Dejando al margen estas palmarias contradicciones, al hablar de las condiciones salariales de los trabajadores subcontratados me resulta mucho más clarificadora y ambiciosa la propuesta que el Gobierno remitió a Bruselas hace un mes buscando
los avales comunitarios para limitar la externalización de la actividad empresarial e impedir las subcontrataciones que camuflan las rebajas en los costes laborales a costa de mermar el salario de los trabajadores.
Esta proposición no de ley -lo digo en descargo del Grupo Socialista- está fechada a principios del pasado mes de diciembre, hace tres meses y pico, no está actualizada a las nuevas medidas planteadas ante la Comisión Europea en esta
materia, la de los subcontratados, que yo creo que exige menos pirotecnia parlamentaria y mucha más gestión del Gobierno. Dejen ya las críticas a la reforma laboral y aplíquense a gobernar, a ser posible con agilidad.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Crespín Rubio): Gracias, señor Martínez Oblanca.
Tiene la palabra ahora, por el Grupo Parlamentario Vasco, el señor Barandiarán.
El señor BARANDIARÁN BENITO: Muchas gracias, señora presidenta.
Permítanme, señores del Grupo Socialista, que les haga una afectuosa regañina, porque es que esta cuestión debiera estar superada, evidentemente, como curiosamente también les ha recordado el señor Martínez Oblanca.
La modificación del artículo 42 junto con la modificación del artículo 82.3, en el que se regulan las condiciones que deberían suponer garantía de las condiciones de los trabajadores subcontratados, es una materia que no solo fue objeto de
una propuesta de un proyecto de ley en la XII legislatura por parte del Grupo Socialista, sino que lo fue también por el Grupo Podemos, lo que dio lugar también, en una ponencia bastante interesante, a un análisis bastante profundo de la situación,
en la que prácticamente se llegó a acuerdos sobre cuál podía ser el contenido de aquella reforma, la reforma en estos aspectos concretos. No se llegó a materializar como consecuencia de la disolución de las Cortes, pero no por ello podemos dejar en
barbecho todo aquel trabajo.
Es decir, aquellas garantías que está instando la proposición no de ley se debían de haber podido hacer o materializar hace ya tiempo por un Gobierno que lleva ya algún tiempo gobernando, y por lo tanto pudiendo tener la iniciativa
legislativa.
Apoyaré, porque coincide con mi punto de vista, apoyaré porque coincide también con el planteamiento de aquella ponencia, y apoyaré porque creemos que es de justicia esta iniciativa, porque pretende incidir en la misma materia de garantía de
unos derechos de los trabajadores subcontratados, en materia salarial y en otras. Pero sí es cierto que esto debe también suponer un recordatorio al Gobierno, a las dos partes del Gobierno, al Partido Socialista y a Podemos, de que no vale con
tanto venir a las comisiones o a cualquier otro sitio a predicar, sino que lo que procede es dar trigo, hacer efectivas aquellas propuestas que ya han podido tener y que debían haber materializado en el Pleno.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Crespín Rubio): Gracias, señor Barandiarán.
Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, la señora Muñoz.
La señora MUÑOZ VIDAL: Gracias, presidenta.
Yo, como el señor Barandiarán, tengo que pegar también una pequeña regañina. No sé si a sus señorías del PSOE les gustará más o menos la mía, pero me gustaría decirles que esta iniciativa supone una intromisión absoluta en el tráfico
económico y la libre contratación de servicios y trabajadores. Las empresas hacen uso de este tipo de fórmulas contractuales porque la actual normativa no les ofrece una flexibilidad, la flexibilidad que necesitan si su situación
económico-financiera cambia en algún momento.
El problema de la precariedad que ustedes han señalado hace un momento va más allá del mecanismo de la subcontratación. La subcontratación no es más que una simple externalización de la gestión o prestación de servicios en empresas
especializadas en este ámbito. Esta figura contractual existe, y es legal su uso, de acuerdo con nuestro ordenamiento jurídico. Si ustedes, señorías del PSOE, lo que quieren es reducir la precariedad laboral de los trabajadores deberían empezar a
impulsar una reforma del mercado laboral que acabara con esa fragmentación de nuestro mercado, como he dicho, de trabajo, nuestro mercado laboral, distinguiendo entre los protegidos y los vulnerables, estos últimos sometidos a interrupciones
constantes de sus carreras profesionales, marcados por el trabajo temporal y la jornada reducida, azotados siempre por las crisis, como los colectivos de las mujeres, los jóvenes o los trabajadores de baja cualificación.
El PSOE, ustedes, señorías, en vez de defender la intervención constante de las condiciones de mercado, deberían poner en marcha un marco normativo generador de empleo, y no, como parece que va a ser, uno en el que generar empleo no suponga
una labor titánica y que no criminalice a aquellos que lo crean. La solución no es establecer más restricciones o intervenir las relaciones entre los diferentes actores económicos, ese no es el camino, nunca ha sido el camino, sino uno guiado por
las grandes reformas laborales llevadas a cabo en los países europeos, que aporten un equilibrio entre flexibilidad y protección.
Los ejemplos de éxito están ahí, están ahí fuera; nosotros llevamos todo el tiempo de nuestra actividad parlamentaria en política teniendo clara esa reforma del mercado laboral, y se lo hemos hecho saber en contadas ocasiones. Mientras
ustedes se dedican a regular lo micro, la relación laboral en pequeña escala, en determinados sectores, poniendo parches, no solucionan el problema estructural de nuestro mercado laboral.
Vamos a votar en contra de la iniciativa. Gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Crespín Rubio): Gracias, señora Muñoz.
Tiene la palabra ahora el Grupo Parlamentario de Unidas Podemos, con la señora Márquez.
María MÁRQUEZ GUERRERO: Gracias, presidenta.
En el programa de gobierno de coalición ya se recogía de forma expresa, junto con el compromiso de derogar la reforma laboral de 2012, la modificación del artículo 42.1 del Estatuto de los Trabajadores, sobre contratación y subcontratación
laboral, a efectos de limitar la subcontratación a servicios especializados ajenos a la actividad principal de la empresa.
Será abordado lo antes posible el abuso en las prácticas de subcontratación, impidiendo que se utilice la externalización de servicios a través de la subcontratación como un mecanismo de reducción de los estándares laborales de las personas
que trabajan para las empresas subcontratistas, avanzando hacia la equiparación de condiciones de trabajadoras y trabajadores subcontratados, garantizando así un nivel adecuado de protección a las personas trabajadoras de la subcontrata.
Desde la Inspección de Trabajo y Seguridad Social se viene desarrollando un importante esfuerzo de forma continuada para la lucha contra este tipo de prácticas, que suponen, como ya se ha dicho, una precarización de las condiciones
laborales. Como en años anteriores, la actuación planificada prevista para el año 2021 cuenta con un programa específico relativo a subcontratación y cesión ilegal, que incluye subcontratación y cesión ilegal en construcción, porcentaje mínimo de
trabajadores fijos en construcción, subcontratación y cesión ilegal en otros sectores, como empresas de servicios, campaña que se realiza de acuerdo con las pautas señaladas en el criterio operativo 96/2015, de 21 de diciembre, sobre cesión ilegal
de trabajadores y subcontratación en el ámbito de empresas de servicios. Este criterio operativo sirve de guía en las actuaciones inspectoras relativas a la comprobación de las condiciones de trabajo de los trabajadores en los supuestos de
descentralización productiva.
Por supuesto, votaremos a favor de la PNL del Gobierno socialista y de la enmienda de Esquerra Republicana. Muchas gracias, presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Crespín Rubio): Gracias, señora Márquez.
Tiene la palabra ahora, por el Grupo Parlamentario VOX, el señor Aizcorbe.
El señor AIZCORBE TORRA: Muchas gracias, señor presidenta.
Incluso las mejores iniciativas o las que pueden arrojar o parecer con mayor bondad pueden estar al servicio del mal; y lo digo a nivel de hipérbole.
Vamos a ver, aquí efectivamente se está hablando de una cuestión de mucho calado y mucha trascendencia, y la doctrina jurisprudencial así nos lo indica. Señalaba la portavoz del Partido Socialista, se refería a una sentencia de diciembre de
2020, y conocerá seguramente una nueva sentencia de febrero de 2021, donde el Tribunal Supremo dice de forma explícita, de forma clara, que la subcontratación es una actividad lícita con respaldo constitucional y legal.
Y esta manifestación, que es la interpretación que se le da ahora al artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores, que es el que se pretende modificar, se ha de modificar con mucha cautela y con mucho cuidado, porque lo que puede significar
el evitar el fraude, el evitar lo coyuntural, quizás estamos atacando a lo estructural. Para evitar ese fraude estamos atacando a lo estructural en el sentido de la libertad de empresa, porque si bien es cierto que hay empresarios sin escrúpulos
que son capaces de realizar fraudes para evitar o para reducir costes en perjuicio de los trabajadores, es más cierto que muchas subcontrataciones se hacen en el ámbito de la colaboración, donde incluso las empresas subcontratadas, por tener mayor
calidad, tienen mejores condiciones salariales y laborales que la empresa principal.
Hay una cuestión básica aquí, que es definir qué es propia actividad: 'propia actividad', en estas dos palabras está la cuestión que tenemos que dirimir, y lo que no podemos hacer, como ha dicho la portavoz del Partido Socialista, es
delimitarlo solo cuando la subcontratación sea necesaria o especializada. Con ello estamos poniendo un tapón a la libre empresa, que es, nos tememos, lo que se pretende en última instancia.
Por eso vamos a votar 'no' a dicha proposición no de ley. Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Crespín Rubio): Gracias, señor Aizcorbe.
Tiene la palabra ahora, por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Ortiz.
El señor ORTIZ GALVÁN: Gracias, presidenta.
Debatimos una proposición no de ley del PSOE hablando de normativa laboral, y eso, pues la verdad, nos hace saltar todas las alarmas. No me cansaré de decirlo ni se cansará de decirlo este
grupo: PSOE es igual a paro. Y al pasado, al presente, con lo que ha ocurrido y está ocurriendo en este país nos remitimos.
Con la PNL que hoy presentan, señorías del PSOE, ustedes pretenden cargarse literalmente la libertad de empresa recogida en el artículo 38 de la Constitución Española. Con la PNL que hoy presentan se cargan la subcontratación y la
externalización en este país. Es un derecho constitucional, por lo tanto, el de la libertad de empresa, al igual que la subcontratación de obras y servicios, regulado en el artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores, que, por cierto, no fue
modificado en ninguno de sus aspectos en la magnífica -y digo bien-, magnífica reforma laboral que aprobó el Gobierno del Partido Popular, el Gobierno del empleo.
De hacerse lo que solicitan en esta PNL, en España aumentarían los despidos, por lo tanto decenas de miles de trabajadores y de trabajadoras irían a las colas del paro y a las colas del hambre, como vemos que ya está ocurriendo en este país.
Entiendo que eso a ustedes, señorías del PSOE, les guste para tener a más personas subsidiadas, como siempre hace la izquierda. Pero nosotros no; en el Partido Popular defendemos la libertad en mayúsculas, defendemos la libertad de empresa, y por
tanto defendemos la creación de empleo.
Y de hacerse lo que solicitan en esta PNL, España perdería en competitividad, y también se castigaría aún más a las pymes y a los autónomos que tienen a personas contratadas; los autónomos y las pequeñas y medianas empresas necesitan ayudas
directas, no quieren experimentos.
Señorías, hay motivos suficientes para votar en contra de esta PNL, que es lo que va a hacer sin titubeos el Partido Popular. No vamos a votar a favor de una PNL que, además, dice que las recetas de la izquierda son las mejores para crear
empleo.
Miren, señorías del PSOE, la anterior crisis económica comenzó en el año 2008, como ustedes reconocen en la exposición de motivos. ¿Saben quién gobernó en España antes de 2008 hasta 2011? Ustedes. ¿Saben cuántas personas se fueron al paro
con vuestras políticas y vuestros experimentos? Tres millones y medio de personas. En cambio, desde 2011 hasta 2018, bajo un Gobierno del Partido Popular, se crearon cerca de 4 millones de empleos; y ahora, con un Gobierno de coalición PSOE y
Podemos, si sumamos a las personas desempleadas, los ERTE y los autónomos en cese de actividad, nos encontramos con 6,8 millones de españoles y españolas en paro, un panorama desolador. Y es verdad, es verdad que estamos en una pandemia sanitaria
con consecuencias también en la economía. Pero habría que preguntarse por qué el paro en nuestro país sube el triple que en la Unión Europea. La respuesta es simple, y solo basta con mirar quién gobierna de nuevo España.
Señorías de la izquierda, señorías del PSOE, la gente quiere trabajar, la gente no quiere subsidios, que siempre tienen que ser temporales, señal de que esa persona ha encontrado un puesto de trabajo. Y frente a vuestras pancartas de la
precariedad decimos alto y claro que la calidad del empleo empieza por el empleo, y no con los subsidios. Con el paro sí hay precariedad, con el paro sí hay desigualdad.
Concluyo, presidenta: la mejor política social y la mejor política de igualdad es crear empleo, y es lo que volveremos a hacer en este país con un Gobierno del Partido Popular que ha defendido, defiende y defenderá la libertad de empresa,
el Estatuto de los Trabajadores y de las trabajadoras y la Constitución Española.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Crespín Rubio): Muchas gracias, señor Ortiz.
¿El Partido Socialista quiere manifestarse con respecto a la enmienda, o al final?
La señora RAYA RODRÍGUEZ: Sí, estamos trabajando en una transaccional con Esquerra Republicana y se la haremos llegar a la Mesa.
Muchas gracias.
- POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A ADOPTAR LAS MEDIDAS PERTINENTES PARA QUE LOS AUTÓNOMOS QUE SE HAN VISTO OBLIGADOS A TELETRABAJAR PUEDAN DEDUCIRSE FISCALMENTE LOS GASTOS DE SUMINISTROS DERIVADOS DEL EJERCICIO DE SU ACTIVIDAD. PRESENTADA
POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001969).
La señora VICEPRESIDENTA (Crespín Rubio): Pasamos al siguiente punto del orden del día con la proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a adoptar las medidas pertinentes para que los
autónomos que se han visto obligados a teletrabajar puedan deducirse fiscalmente los gastos de suministro derivados del ejercicio de su actividad.
Para ello tiene la palabra la portavoz del grupo proponente, la señora Vázquez.
La señora VÁZQUEZ BLANCO: Muchísimas gracias, señora presidenta.
El colectivo de los trabajadores autónomos es el gran olvidado de este Gobierno; a pesar de ser uno de los grandes afectados por la crisis sanitaria, está siendo tirado literalmente a la cuneta por este Gobierno ausente. Por eso nuestra
responsabilidad, la responsabilidad del Partido Popular es insistir y seguir presentando propuestas a favor de este colectivo, uno de los más golpeados por esta pandemia y por esta crisis económica.
Señorías, alguna se sonreía por ahí, yo creo que no es para sonreír: 5,5 millones de españoles quieren trabajar y no pueden. Se han cerrado durante la pandemia 102 000 negocios para siempre, y prevén cerrar 300 000 negocios más; 36
negocios al día, de la hostelería y del comercio, cierran, cada día 36 negocios; 510 000 autónomos siguen en cese de actividad, que posiblemente, si no hay una respuesta de ayudas directas para ellos, pasarán a formar parte de las listas del paro.
Pero ya que se sonreían ahí atrás, tengo que decirles el dato sangrante, que es: 1188 autónomos de la hostelería han cerrado en el mes de febrero pasado, 1188; un 40 % de esos autónomos que han cerrado para siempre no son capaces ni de
pagar los despidos de sus trabajadores. Acarrearán deudas de por vida. Y señorías, detrás de todos estos datos están personas, están dramas humanos, están familias desamparadas, familias que cada día ven cómo no podrán seguir ni un día más con sus
puertas abiertas. Necesitan ayudas, ayudas directas que este Gobierno les niega. Las ayudas que están dando, por ejemplo, Italia, Alemania, Francia, incluso el país vecino, Portugal, están haciendo más por los autónomos que lo que está haciendo
este Gobierno.
¡Qué pena!, hoy que nos enterábamos que había dinero hasta para comprarle una cinta para correr al señor Marlaska o una niñera para la señora Montero, o ser el Gobierno más caro de la historia de la democracia, que nos cuesta 20 millones de
euros más al año, no hay ayudas para los que están sufriendo realmente la crisis de esta pandemia. Hablar de autónomos, señorías, es hablar de personas que crean más de 4 millones de puestos de trabajo en España; hablar de autónomos es de gente
que lo arriesga todo cada día desde que abre la persiana de su negocio. Por eso tenemos que apoyarles, para que sigan creando empleo, pero sobre todo para que aguanten, porque en estos momentos no van a aguantar.
Por eso traemos esta proposición no de ley, en la que nos acordamos especialmente de esos autónomos que, obligados, han tenido que cerrar sus puertas y teletrabajar desde casa. Para la gente que trabaja por cuenta ajena sabemos que
efectivamente son deducibles esos gastos, pero esos autónomos, que se ha producido un incremento de un 34 % durante la pandemia, que han tenido que pasar a trabajar a sus viviendas, a sus casas, no pueden desgravar los suministros de su actividad,
ni agua, gas, electricidad, telefonía. Es decir, están totalmente abandonados, con unos gastos que se han visto incrementados y que forman parte de su negocio, claro que forman parte de su negocio, pero que no les dio tiempo a comunicarlo a
Hacienda porque son circunstancias extraordinarias las que están sucediendo. Es decir, es una situación excepcional, por eso necesitan nuestra ayuda.
Además, el teletrabajo, y muchos de ustedes de la izquierda lo dicen, vino para quedarse, y de hecho se está legislando. Por eso es incomprensible que desde Hacienda se dictara una resolución de que no se les van a compensar los gastos a
los autónomos. Siempre los autónomos son los penalizados, cuando lo que tiene que hacer este Gobierno es apoyar e incentivar el trabajo; a diferencia de otros gobiernos, el nuestro está haciendo todo lo contrario, no está facilitando la
reactivación de la economía o la conciliación laboral que tanto les gusta, teletrabajo también es conciliación laboral.
Por eso, señorías, tenemos claro que el presente y el futuro de España lo representan los autónomos, los emprendedores; así que presentamos esta iniciativa en la que solicitamos el apoyo claro de todos los grupos parlamentarios a favor de
los autónomos que se han visto durante la pandemia obligados a quedarse en casa y a tener que trabajar desde su casa, y que esos gastos deben ser deducibles. Y pedimos ayudas directas para todos los autónomos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Vázquez.
Pasamos a los portavoces de los grupos parlamentarios, efectivamente. Empezamos por el Grupo Mixto, el señor Oblanca.
El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señor presidente.
Apoyaré esta proposición no de ley, que es una invitación a profundizar y complementar las medidas que se impulsaron con el Real Decreto-ley ómnibus 28/2020, cuya convalidación voté a favor y que lleva por título 'Trabajo a distancia'. Por
cierto, voté a favor y me costó una severa regañina de algunos sindicatos médicos y también de la presidenta de mi partido, que es médica, porque en el totum revolutum de esta iniciativa legislativa de urgencia el Gobierno coló de rondón al hablar
de teletrabajo un conjunto de medidas de ámbito sanitario que yo, con toda mi buena voluntad, pensaba que podrían ser matizadas y corregidas en la tramitación del real decreto como proyecto de ley en las Cortes, pero me quedé de piedra cuando vi
rechazada la tramitación; y a cuenta del teletrabajo, como les digo, me cayó la del pulpo desde los sectores médicos, porque efectivamente ese real decreto aboca al retroceso en la formación de nuestros especialistas médicos.
Apoyaré, en todo caso, la iniciativa del Grupo Popular porque, efectivamente, los autónomos son un pilar fundamental de la economía de nuestro país y precisan de refuerzos, en estas circunstancias de gravedad extraordinaria, de todo tipo;
me parecen oportunas, tanto las deducciones fiscales que plantea la iniciativa, derivadas de esa actividad que tienen que realizar a distancia, como la necesidad de ayudas directas.
Nada más, señor presidente, muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Oblanca.
Por el Grupo Vasco tiene la palabra el señor Barandiarán.
El señor BARANDIARÁN BENITO: Muchas gracias.
Evidentemente, resulta difícil decir que alguien se va a oponer a la posibilidad de que los autónomos puedan hacer frente a sus obligaciones asumiendo además aquellos gastos, o dejando de asumir, mejor dicho, pudiendo deducir los gastos que
efectivamente puedan justificar con relación a sus funciones y a su trabajo.
Sin embargo, hay una cuestión, le quiero indicar al Partido Popular, y es que en su proposición no de ley hace mención a la existencia de una instrucción de la Dirección General de Tributos, y quiero señalar dos cosas respecto a ella: una,
por una parte, en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco son las haciendas forales las que van a poder señalar esta cuestión, con lo cual, en principio no a todos los autónomos parece que puede afectar, y en Navarra igual.
Y segundo, me encuentro además en un dilema, y es que me parece de muy difícil comprensión que la Dirección General de Tributos pueda de alguna manera impedir que los autónomos puedan poder deducir los gastos relativos a la prestación de sus
funciones si es que los pueden justificar. Pero es que además me encuentro con la página del ministerio, de la Vicepresidencia Tercera del Gobierno, que habla de flexibilización de los contratos de suministro de electricidad y gas natural para
autónomos y empresas, y dice: mientras esté en vigor el estado de alarma, autónomos y empresas podrán suspender temporalmente o modificar sus contratos de suministro de electricidad y gas natural, al objeto de adaptar sus contratos a sus nuevas
pautas de consumo. Una vez finalizado el estado de alarma, en el plazo de tres meses el consumidor que haya solicitado la suspensión o modificación de su contrato de suministro podrá solicitar su reactivación o nueva modificación. Etcétera,
etcétera. Es decir, de donde se deduce que parece que hay unas pautas diferentes de las que plantea la propia proposición no de ley.
No conozco la motivación de la resolución de la Dirección General de Tributos, ni tampoco conozco exactamente la de la página del ministerio, también tengo que decirlo. Pero sí da la impresión de que no resulta cabalmente comprensible que
haya una conducta como la que describe la propia proposición no de ley. No es que la quiera dejar de apoyar, pero tampoco voy a llevarle la contra, porque es que de verdad que entiendo que es absolutamente impensable que eso pueda ocurrir, que
alguien que sea autónomo y que pueda justificar sus gastos por prestar sus trabajos en su domicilio no pueda deducir esos gastos. A mí me parece incomprensible.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Barandiarán.
Por el Grupo Parlamentario Republicano no va a intervenir la señora Rosique. Por el Grupo Confederal va a intervenir la señora Saavedra.
La señora SAAVEDRA MUÑOZ: Gracias.
Desde Unidas Podemos entendemos que debe mantenerse la actual regulación del IRPF en esta materia, y por tanto exigí que para poder deducir como gasto los suministros de una vivienda, esta debe
ser la vivienda habitual del contribuyente, y además debe estar parcialmente afectada a la actividad económica. Lo contrario puede llevarnos a conclusiones absurdas. ¿Hay algún tipo de actividad de un trabajador autónomo o autónoma que
pueda realizarse en el propio domicilio y que implique gastos adicionales distintos a los habituales? Pues por ejemplo, un fontanero no puede teletrabajar, por definición; un comerciante no puede teletrabajar tampoco, o un arquitecto, si trabaja
desde casa, sus suministros son los mismos que si no trabajase.
Los gastos a los que alude la PNL son los propios de la explotación, independientemente de si la prestación de servicios se realiza en el propio domicilio o no: teléfono, Internet, etcétera. La afectación parcial de la vivienda habitual a
una actividad económica permite hoy ya las deducciones fiscales por la consideración análoga de una parte de dicha vivienda como coste de un negocio, que no está a disposición de su titular sino a disposición del negocio. Por no hablar de que esta
PNL se presenta en la Comisión de Trabajo y no en la de Hacienda, como correspondería, en un intento, parece ser, por parte del Partido Popular de erigirse en defensor de los autónomos. Esta medida sería puramente cosmética sin trascendencia
económica alguna, entendemos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Saavedra.
Por el Grupo Parlamentario VOX tiene la palabra su portavoz el señor Aizcorbe.
El señor AIZCORBE TORRA: Muchas gracias, señor presidente.
Efectivamente, los autónomos no necesitan defensores, porque ellos son la lucha constante contra la intemperie. Quisiera decir al diputado señor Oblanca, que es un hombre curtido en grandes batallas, que la buena voluntad aquí,
efectivamente, es complicada, y votó de buena voluntad y, como ha dicho textualmente, creo, que se la colaron, y por eso tenemos que ir todos con pies de plomo en este tema.
Y el señor Barandiarán, que es hombre de gran sabiduría jurídica, pues efectivamente también ha manifestado sus dudas del cómo en relación a la Agencia Tributaria. La Agencia Tributaria, ya sabemos que tiene un perfil de control justo, pero
también a veces y en muchas ocasiones se convierte en una depredadora, sobre todo de aquellos autónomos que intentan sacar adelante sus empresas, sus trabajos, sus modestos negocios.
Más de 207 000 empresas, una de cada seis, han cerrado desde marzo de 2020; 323 000 autónomos, el 10 % del total, han cesado su actividad en apenas seis meses. Por supuesto que muchos autónomos, muchos; obviamente, una persona que tenga
un taller, pues no reparará el coche en su casa, pero hay muchos autónomos con muchas actividades, que claro que repercuten unos gastos necesarios para desarrollar su actividad en su domicilio particular.
Nosotros compartimos el espíritu de esta proposición no de ley, si bien ya desde el principio éramos partidarios de una indemnización directa, como se ha hecho en otros lugares, que es lo que se tenía que haber hecho cuando a uno le obligan
a cerrar su negocio, indemnizar directamente.
Así pues, votaremos, con todas esas reservas, porque estamos, obviamente, con los autónomos, a favor de esta proposición no de ley.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Aizcorbe.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra su portavoz, la señora Peña.
La señora PEÑA CAMARERO: Muy buenas tardes.
Debatimos una propuesta para que los autónomos puedan deducirse fiscalmente los gastos de suministros derivados de su actividad, claro que sí. De hecho, esta cuestión ya aparece recogida en nuestro ordenamiento jurídico, regulada en la Ley
35/2006, cuando en su artículo 5 considera el gasto deducible en los casos en los que el contribuyente afecte su vivienda habitual al desarrollo de la actividad económica. De hecho, se da hasta un 30 % de deducción en los gastos de suministro, un
porcentaje totalmente favorable al contribuyente, tanto en relación a la jornada como al grado de ocupación de la vivienda en el desarrollo de la actividad económica.
Pero es verdad que aquí se habló de excepciones. Claro que vivimos en una excepción. Bien lo saben los trabajadores autónomos, que por primera vez de manera inédita han tenido la posibilidad de recibir el conocido paro de los autónomos.
Este Gobierno ha atendido a los autónomos con una respuesta extraordinaria en una situación excepcional; con acuerdo con los representantes de los autónomos se ha
dado apoyo y rentas a un millón y medio de autónomos, y la exoneración temporal de sus cotizaciones sociales. Se ha hecho una aportación de recursos que no se ha hecho jamás en estos 42 años de democracia. Así que claro que es inédito
esto.
Quiero recordarles que algo que ya consideramos como un derecho no existía hace apenas dos años, dos años: fue la ministra socialista Magdalena Valerio la que procuró esta iniciativa que hoy beneficia a tantos, porque antes, ustedes que
tanto hablan de los autónomos, señorías del Partido Popular, nunca habían hecho nada. Y en eso está el Partido Socialista, en ayudar, nada de echarse los trastos los unos a los otros, en ayudar a los trabajadores autónomos, que tienen angustias,
dificultades e incertidumbre.
Porque la verdad es que lo hacen difícil, señores del Partido Popular; qué difícil es aceptar sus propuestas. Y solo un dato muy gráfico: el pasado mes de abril, en pleno inicio de la pandemia, el señor Casado pidió que se implementara un
plan de autónomos con una cuantía de 2000 millones de euros. Pues fíjese: el Gobierno socialista ha puesto ya en ayudas directas, que no es otra cosa que la prestación y las exoneraciones, 13 000 millones de euros. Menos mal que ustedes no están
gobernando, para bien de los autónomos, porque el Partido Socialista ha multiplicado hasta por seis la propuesta de ayudas que el Partido Popular trajo a esta cámara.
Y es que si el modelo del Partido Popular es el de Castilla y León, los de mi tierra, los autónomos estarían en toda España en colapso, como están mis paisanos dueños de hostelería, gimnasios o comercios. Porque mientras el Gobierno de
Pedro Sánchez ha firmado un nuevo acuerdo con los autónomos, en Castilla y León han volado por los aires el diálogo social. Es que de cada 100 euros que recibe un autónomo, 80 los pone el Gobierno de España, 15 el esfuerzo de las entidades locales,
y solo 5 la comunidad autónoma, que es la competente en esto.
Por tanto, señorías del Partido Popular, en las comunidades que gobiernan, en Castilla y León, basta ya de maltrato sistemático; los autónomos quieren trabajar, no que se les vulneren derechos fundamentales, como así ha dicho el Tribunal
Supremo en mi comunidad autónoma. Quieren ayuda, no quieren engaños; quieren certeza, no ocurrencias, como cambiar de criterio cada dos días. Así que frente a su desprecio de los autónomos, no tengo duda de que este Gobierno seguirá adaptándose a
las necesidades de los autónomos, anticipándose y dando certidumbre con ayudas hasta que sea necesario.
Muchas gracias.
- POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A EXONERAR, AL MENOS HASTA EL 31 DE MAYO, DEL PAGO DE LA CUOTA A LA SEGURIDAD SOCIAL A TODOS AQUELLOS AUTÓNOMOS QUE CAREZCAN DE INGRESOS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO.
(Número de expediente 161/001997).
El señor PRESIDENTE: Vamos con la siguiente PNL, proposición no de ley por la que insta al Gobierno a exonerar, al menos hasta el 31 de mayo, del pago de la cuota a la Seguridad Social a todos aquellos autónomos que carezcan de ingresos.
Para defender la PNL del Grupo Popular tiene la palabra su portavoz el señor Movellán.
El señor MOVELLÁN LOMBILLA: Muchas gracias, presidente; buenas tardes, señorías.
Decía Cicerón: dejad que cada cual se entregue a la práctica de aquel oficio que conozca bien. Y eso es precisamente lo que hoy hacemos desde el Grupo Popular, y lo que persiguen las políticas de empleo del Partido Popular y las políticas
que lleva impulsando el Partido Popular desde hace décadas: trabajar y dedicarnos a lo que sabemos, a lo que mejor hacemos, que es crear oportunidades de empleo en nuestro país y ayudar cuando lo necesitan a todos los emprendedores, a los
autónomos, que generan más de 4 millones de puestos de trabajo en nuestro país. Y no es casualidad, pese a quien le pese, que todas las PNL que han tratado sobre ayudas e iniciativas para los autónomos hayan venido de la mano del Partido Popular en
esta legislatura, en esta Comisión.
Nos encontramos, además, esta semana en un aniversario, el aniversario del inicio de la pandemia en España. Sin duda ha sido un año de olvidar, un año fatídico en todos los aspectos, en el sanitario, en el económico, en el social, y muy
especialmente en el laboral. El comienzo de la pandemia trajo consigo el confinamiento, que supuso un golpe mortal al empleo en España, que además ya venía tocado gravemente por las desastrosas políticas de empleo impulsadas por los gobiernos de
Pedro Sánchez. Y lo que parecía que pudiera ser una situación excepcional se está prolongando en el tiempo de una manera descontrolada e insostenible. Seguramente, luego escucharemos a las señorías de PSOE y de
Podemos hablar de pandemia y crisis mundial, echar balones fuera, y no van a ser capaces de asumir y de ver lo que todos los españoles estamos viendo.
Esta vez no ha hecho falta una conjunción interplanetaria, que diría Leire Pajín, para poder ver que este Gobierno ha sido el peor del mundo mundial, si se me permite esta licencia. Y lo ha sido no solo en cuestión de gestión de la crisis
sanitaria, sino también en la económica, en la social, y como decía antes, muy especialmente en la laboral: han convertido ustedes en vulnerables a quienes antes no lo eran; nos han hecho encabezar el ranking de desempleo juvenil, de desempleo
femenino; están abocando a la quiebra y a la ruina a pymes y autónomos, que reclaman ayudas directas que otros países están concediendo y que ustedes no quieren; han sumido en un inédito caos al SEPE, la gestión de las prestaciones, con miles de
trabajadores en ERTE sin cobrar. Incluso hemos asistido a reventas en las citas para la solicitud de prestaciones. Y en los últimos días con pirateos informáticos que ponen en jaque todo el sistema informático, telefónico y de gestión de la
privacidad de los datos de los millones de españoles, que o bien están cobrando o quieren cobrar una prestación.
Señorías de la izquierda, no han entendido ustedes nada; siguen sin entender que la mejor política social es la creación de empleo. Siguen ustedes creyendo en una España de subsidiados en vez de en una España de empleados. Y hablan de no
dejar a nadie atrás, y lo que vemos es que con este Gobierno lo que es difícil es que alguien quede en pie. Señorías, esto no es uno de los eslóganes que a ustedes tanto les gustan: esta es la España real a la que sus nefastas políticas me vuelven
a abocar: 6 millones de personas que quieren trabajar y no pueden, con su Gobierno, nos han llevado a superar nuevamente los 4 millones de parados. Vuelve la izquierda al Gobierno, vuelve la destrucción de empleo: han destruido 400 000 empleos en
el último año, 102 000 empresas han cerrado y tenemos 763 000 nuevos desempleados, 900 000 trabajadores en ERTE, más de 300 000 autónomos siguen en cese de actividad. Y lejos de trabajar por generar oportunidades de empleo, siguen inmersos en sus
líos internos, y en los últimos tiempos desestabilizando gobiernos e instituciones, cuando deberían estar tratando de salvar empleos, autónomos y empresas.
Y los trabajadores autónomos que nos ocupan en esta PNL están siendo los grandes olvidados y afectados por la crisis sanitaria y económica, los grandes olvidados de este Gobierno; las restricciones que a día de hoy continuamos padeciendo
con el estado de alarma, como el toque de queda, los confinamientos, los cierres perimetrales, el cierre de actividades, las restricciones a la movilidad se han convertido en las olas de la peor tempestad que se recuerda para los trabajadores por
cuenta propia. Y todo eso acompañado de las escasas medidas adoptadas por este Gobierno, que hace que las consecuencias económicas derivadas de la pandemia y de la crisis sanitaria sean astronómicas para los autónomos.
Y de verdad, les quiero preguntar, señorías del PSOE: ¿lo único que ustedes proponen para los autónomos es la enmienda que nos presentan hoy aquí, remitirnos a una comisión de seguimiento, remitirnos a una comisión para evaluar y
diagnosticar cómo están siendo las medidas? Por favor, empiecen a tomarnos en serio a los españoles, y no nos remitan a mesas de diálogo, a comisiones de seguimiento, que sabemos que existen. Pero sabemos que las cosas están mal, que no están
funcionando. ¿De verdad creen que sirve para algo esa enmienda que hoy presentan? Cuéntenselo al millón de autónomos que perdieron más de 30 000 euros el año pasado. O explíquenles esa enmienda a los 300 000 autónomos que prevén cerrar este año,
o al millón de trabajadores por cuenta propia que creen que su negocio no se va a recuperar hasta 2023.
¿Qué pensarán los más de 300 000 autónomos que están en cese de actividad? ¿O todos aquellos que mes a mes tienen que pagar las nóminas de sus empleados sin facturar y sin tener ingresos? ¿O a todos aquellos que siguen pagando los
alquileres de sus locales, sus hipotecas, los suministros, las cotizaciones sociales y las cuotas que ustedes les han vuelto a subir? Esta, y no otra, es la dramática realidad que está viviendo la mayoría de los trabajadores por cuenta propia en
nuestro país, con una importante reducción de ingresos, que en muchos casos son casi inexistentes o nulos.
¿Qué más va a hacer falta para que ustedes tomen en serio a los más de 3 millones de trabajadores autónomos que día a día se levantan sin saber si van a poder seguir un día más al frente del negocio, en el que no solo arriesgan su patrimonio
personal, sino en el que han depositado sus sueños e ilusiones para un futuro mejor para ellos y para sus hijos? No han estado a la altura, señorías, durante este año, siguen sin estarlo a día de hoy, y a tenor de lo que ustedes hoy nos presentan,
lamentablemente no lo van a estar en un futuro. Porque a un colectivo que genera 4 millones de puestos de trabajo no se le puede dejar tirado en la cuneta como lo ha hecho este Gobierno y los grupos que lo sustentan.
Y pese a que el pasado mes de enero se prorrogó la prestación de cese de actividad para los autónomos, tal y como venía reclamando desde hace meses el Partido Popular, incluso en los presupuestos, y ustedes lo rechazaban, creemos que esas
medidas no son suficientes. Nosotros somos conscientes de ello, de que hay que dar un paso más, y precisamente por eso desde hace un año venimos defendiendo la necesidad de exonerar del pago de las cuotas a la Seguridad Social a todos aquellos
autónomos que carezcan de ingresos, a todos sin excepción, sean o no beneficiarios de la prestación por cese de actividad.
Es muy sencillo de entender, y ese es precisamente el espíritu de esta iniciativa: a ingresos cero, cuota cero. Y debemos trabajar con propuestas ciertas y reales para garantizar la supervivencia de estos 4 millones de empleos que suponen
los trabajadores por cuenta propia y sus asalariados. Pero hacerlo con hechos y no solo con palabras o pancartas. Y por eso debemos trabajar para que aquellos que no tienen ingresos no tengan que pagar unas cuotas que pueden suponer la puntilla
final para el cierre de su negocio.
Por eso hemos presentado una autoenmienda también, ampliando lo que antes pedíamos hasta el 31 de mayo, hasta final de año. ¿Y por qué? Porque la nefasta acción de este Gobierno hace que se alargue más la crisis económica, y nos aleja
todavía mucho más de la necesaria recuperación de la actividad económica. La falta de ayudas directas a pymes y autónomos, el incumplimiento de los objetivos de vacunación, unido al más que previsible abandono de pymes y autónomos en el reparto
discrecional de los fondos europeos, hace muy necesario extender las medidas de protección del empleo autónomo, y en especial esta medida que hoy debatimos: a ingresos cero, cuota cero.
Y finalizo ya, presidente: desde el Grupo Popular reafirmamos nuestro compromiso con los autónomos y reconocemos además su imprescindible función en la política económica y social de nuestro país. Tenemos claro que el presente y el futuro
de España, claro que pasan por apoyar a los emprendedores, y de manera particular a los autónomos, porque apoyar a los autónomos es apoyar la creación de empleo. Por eso seguiremos siendo desde el Grupo Parlamentario Popular y el Partido Popular,
pese a quien le pese, el mejor aliado para la supervivencia y para la recuperación de los autónomos. Porque hoy más que nunca nuestro país necesita del empuje económico que supone el colectivo de los autónomos para nuestra economía y para la
creación de empleo.
Por eso finalizo ya diciendo a las señorías presentes en esta Comisión que hagan un favor a nuestro mercado laboral y apoyen esta iniciativa, apoyando a todos aquellos trabajadores que no tienen ingresos pero sí numerosos gastos, porque no
solo es de justicia, sino que va a permitir salvar gran parte de nuestro tejido productivo y del empleo en nuestro país.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Movellán.
Para defender su enmienda tiene la palabra, por el Grupo Socialista, la señora Ramón.
La señora RAMÓN UTRABO: Gracias, presidente.
Lo primero que quiero manifestar es el apoyo de mi grupo y el mío propio a todo el colectivo de personas autónomas, porque somos conscientes de que lo están pasando mal, al igual que otros muchos colectivos.
Y precisamente por ese motivo quiero afearle al Partido Popular su demagogia y su falta de sensibilidad. Yo no sé realmente de qué están hablando ustedes. Hay que ser serios, y no se puede venir a una comisión a tocar de oído. Y en ese
sentido va nuestra enmienda: debe ser la comisión de seguimiento de las medidas de apoyo para la recuperación de la actividad de los trabajadores autónomos, porque este es el instrumento del que nos hemos dotado y donde están representadas todas
las asociaciones de autónomos, se sientan a dialogar con el Gobierno y se adoptan las medidas de forma consensuada con las asociaciones mayoritarias de trabajadores por cuenta propia, UPTA, ATA y Uatae. Y si algún colectivo se ha quedado atrás, se
toman las medidas, como este Gobierno lo está haciendo. Así que no vengan ustedes aquí a hacer demagogia, y seamos serios.
¿Saben ustedes lo que hacen donde gobiernan? Yo se lo voy a decir con un simple ejemplo de mi tierra: sacan una ayuda para autónomos en Andalucía, que la hacen incompatible con el cese de actividad. En Granada habían cerrado toda la
actividad no esencial en el mes de noviembre; la hicieron incompatible, con lo cual los autónomos y autónomas de mi provincia no pudieron acogerse a esa ayuda del Gobierno de la Junta de Andalucía porque estaban percibiendo el cese de actividad.
Ante la denuncia del Grupo del Partido Socialista, ustedes y su presidente, el señor Moreno Bonilla, prometen que van a sacar un plan de
ayudas específicas para la provincia de Granada, que, insisto, tenía toda su actividad no esencial cerrada. Ya han pasado más de dos meses. ¿Qué han hecho? Absolutamente nada. Ustedes, donde gobiernan no hacen nada: mentiras, mentiras y
falsas promesas. Y mientras tanto, lo que hace su Gobierno en Andalucía, apoyado por la ultraderecha, es presumir de que tienen un superávit, con la que está cayendo en la actualidad. Eso es lo que están haciendo.
¿Qué ha hecho el Gobierno de España?, al que ustedes acusan de improvisación, ustedes que se han autoenmendado ayer mismo a una iniciativa de febrero cuando ya sabían que se iban a prorrogar las ayudas para autónomos, y que ahora, sin
ningún dato objetivo y de forma demagoga e improvisada, quieren alargar hasta diciembre. Ya iremos viendo en el marco del diálogo social y con los colectivos afectados las medidas necesarias.
Me gustaría señalar algunos datos. Desde el inicio de la crisis, cerca de un millón y medio de autónomos han recibido la prestación extraordinaria por cese de actividad y la exoneración temporal de las cotizaciones sociales. Desde marzo se
han abonado ayudas extraordinarias por un valor superior a los 5000 millones, y en concepto de exención en las cotizaciones del trabajo autónomo 2495 millones durante el año 2020, sin contar otro tipo de ayudas.
La articulación de esta prestación es más amplia que la que se ha hecho en países como Italia, Francia, Alemania u Holanda. Las coberturas, como ustedes saben, se han ido ampliando y adaptando a las necesidades: prestación extraordinaria
por cese de actividad, prestación económica de cese de actividad de naturaleza extraordinaria, prestación extraordinaria de cese de actividad para los trabajadores de temporada, importantes exenciones en la cotización de los trabajadores incluidos
en ERTE, cuya cuantía o porcentaje de exención variará en función del tipo de ERTE. Y podría seguir enumerándoles a ustedes muchas más iniciativas.
Y todo este escudo de protección jamás ha sido visto en este país, y ha tenido y tiene como objetivo estabilizar el empleo, evitar la destrucción de puestos de trabajo y la capacidad productiva del tejido empresarial, y flexibilizar los
mecanismos precisos, evitando cargas adicionales innecesarias.
Y aunque no lo quieran reconocer, ha tenido sus efectos, unos efectos muy positivos; porque, a pesar de la situación que estamos viviendo en nuestro país, se ha aumentado el número de autónomos en 43 799 desde marzo pasado hasta diciembre.
Y eso ha sido gracias a las medidas y al escudo que ha puesto en marcha este Gobierno, lejos, muy lejos de lo que ocurrió en la anterior crisis, donde su número cayó gracias a que ustedes no arbitraron ninguna medida de apoyo al colectivo de
autónomos.
Y además, como ya saben, este viernes se aprobará un paquete de ayudas públicas que ha sido anunciado por el Gobierno por importe de 11 000 millones de euros para el sector de la hostelería, el turismo y el comercio, con ayudas directas a
empresas; porque este Gobierno es receptivo y sensible a las demandas de los autónomos y de las autónomas.
Y en cuanto a futuras medidas que pueda adoptar el Gobierno más allá del 31 de mayo, al igual que ha sucedido con las que se han venido adoptando hasta ahora, serán siempre el resultado de la negociación y del acuerdo con los agentes
sociales. Usted ha presumido al inicio de su intervención de que todas las PNL las trae el Grupo Popular. Pues sigan trayendo PNL, que nosotros traeremos las medidas de apoyo a los autónomos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ramón.
En el turno de fijación de posiciones tiene la palabra, por el Grupo Mixto, el señor Oblanca.
El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señor presidente.
Esta proposición no de ley insiste en la iniciativa anterior a la hora de apoyar a los trabajadores autónomos, y en esta ocasión insta al Gobierno a diferentes exoneraciones de pagos.
Voy a apoyar la iniciativa, como digo, y confiando en la flexibilidad del presidente, al igual que ha hecho el señor Movellán Lombilla, pues quisiera advertir en esta Comisión de los efectos para el mundo laboral que supone el ciberataque
informático que ha paralizado el Servicio de Empleo Público Estatal desde el pasado martes, y que va a prolongarse al menos una semana; ciberataque muy preocupante que no solamente afecta a trabajadores con serios problemas que acuden al SEPE, sino
que también afecta al Instituto Nacional de la Seguridad Social.
Decía la señora portavoz del Grupo Socialista, reprochaba, recriminaba al Partido Popular demagogia. A mí, la verdad es que me sorprende muchísimo que puedan ustedes imputar demagogia a otros partidos políticos anteriormente gobernantes.
Oiga, ¿pero ustedes no se acuerdan cómo dejaron España en el
año 2011? ¿Ustedes no se acuerdan de los millones y millones de parados que quedaron en España en 2011 como consecuencia la política del señor Rodríguez Zapatero? ¿Ustedes no se acuerdan de que España tuvo que reformar el artículo 135 de
la Constitución Española -por cierto, con mi voto en contra- a instancias del Partido Socialista? ¿Cómo pueden ustedes hablar de demagogia en términos laborales? En España, quien crea trabajo, mal que les pese, es el centro-derecha; la izquierda
lo destruye. Estamos en un momento difícil; no se puede atribuir, por supuesto, la destrucción de empleo actual a la gestión del PSOE íntegramente, pero una buena parte sí. Ya en el año 2019 las cifras iban hacia abajo.
En definitiva, señor presidente, apoyaré esta iniciativa, como no puede ser de otra manera. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Oblanca.
Por el Grupo Parlamentario Vasco tiene la palabra su portavoz, señor Barandiarán.
El señor BARANDIARÁN BENITO: Muchas gracias, señor presidente.
Yo confieso que no tengo la solución de casi nada, y que además, cuando suelo intentar hablar lo hago en términos que intentan ser conciliadores además de aportar soluciones.
Con lo cual, la política de 'y tú más' y de que si lo has hecho mejor o peor que el anterior o el posterior Gobierno es algo que, de verdad, les pido encarecidamente a los grupos mayoritarios que dejen de actuar así y se centren un poco en
las medidas efectivas como las que nos pueden ocupar en este debate, pero ya en las medidas concretas.
Y en esta cuestión concreta, en esta concreta proposición no de ley voy a ser muy concreto y breve. Los reales decretos ley 8/2020, 18/2020, 24/2020 y 30/2020, y el nuevo, el 2/2021, ya inciden en medidas concretas de exoneraciones,
aplazamientos, exenciones de cuotas de Seguridad Social, fundamentalmente respecto de empresas y trabajadores por cuenta ajena, pero también en algunos casos respecto de trabajadores autónomos. La filosofía que inspira las dos concretas peticiones
que contempla esta proposición no de ley, al margen de la motivación partidista que unos y otros estoy viendo que están amparando, lo cierto es que contemplan algo que es deseable: si no hay ingresos, que no haya cotización.
Y que además, no obstante, también voy a señalar que hay una pequeña incongruencia, a mi modo de ver -se la ha hecho ver antes el señor Movellán-, y es que parece ser que esa carencia de ingresos y el no ser beneficiario de la prestación
extraordinaria se sitúa en un punto de incongruencia de esa solicitud. Pero al margen de eso, sí entiendo que la solicitud, para los autónomos precisamente, que son un colectivo a quienes también va a costar aún más que a otros justificar
determinadas situaciones frente a la administración de la Seguridad Social, no está de más que el Legislativo le plantee como principio inspirador que exista esa política, la de que si no existen ingresos no debe haber cotización. Eso sí, en el
marco, bien del debate en una concreta comisión, como ha hecho referencia la portavoz del Partido Socialista, o bien en el marco de las modificaciones que sean por políticas anti-covid en los reales decretos ley que se dispongan a partir de ahora,
coincidiendo con los que he comentado, 8/2020, 18/2020, 24/2020 y 30/2020, y 2/2021).
Nada más, muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Barandiarán.
Por el Grupo Parlamentario de Unidas Podemos tiene la palabra la señora Franco.
La señora FRANCO CARMONA: Gracias, señor presidente.
Bueno, aquí nos encontramos al PP otra vez volviendo a la batalla con su papel de caballero andante en defensa de los autónomos, cuando en realidad lo que está haciendo es mentir, en primer lugar, en segundo lugar hacer demagogia, y en
tercer lugar, copiar, literalmente incluso, algunos párrafos de la anterior PNL que se ha defendido aquí por parte del Partido Popular. En fin, pues como siempre, el PP no defrauda.
De fondo, lo que estamos encontrando en esta PNL es el debate real, el de las ayudas directas. El problema nos lo encontramos cuando vemos al Partido Popular diciendo mentiras. En primer lugar, hay que remarcar que se ha abonado por parte
del Gobierno de España, en concepto de exención a las cotizaciones de los autónomos, del orden de 2495 millones de euros durante el año 2020, las cuales han llegado a beneficiar a más de 1,4 o a 1 400 000 autónomos durante la crisis sanitaria de la
Covid-19.
Pero es que además hay que tener la cara dura, muy dura, para ser el Partido Popular y venir a defender este tipo de propuestas. Yo soy andaluza, y creo que hay que decir bien claro las siguientes
cosas: Gobierno de Andalucía, Partido Popular, Moreno Bonilla, gobernando junto con Ciudadanos; Moreno Bonilla saca una ayuda directa de 300 euros en abril para el pago de la cuota de marzo; esa ayuda costó una media de 40 millones de
euros y muchas de esas ayudas quedaron vacías porque ni siquiera los autónomos podían llegar a conseguirla.
Segunda ayuda que saca, una ayuda directa de 1000 euros para cada autónomo, en dos tandas, para el final del año pasado 2020, y que se daría aproximadamente en el primer trimestre de 2021. Otra que ha quedado en gran parte vacía porque los
autónomos no podían acceder a ella. ¿Y saben por qué no podían acceder los autónomos a ella? Pues porque por mucho que aquí diga el señor Movellán que las ayudas directas tienen que ser compatibles con el cese de actividad, el Gobierno de Moreno
Bonilla, Partido Popular en Andalucía, las hacía incompatibles. Por eso muchos autónomos en una situación de vulnerabilidad enorme no podían acceder a las ayudas directas del Gobierno de Moreno Bonilla, porque todo es maquillaje, lo que hace el
Partido Popular es maquillaje.
Pero es que, además, no se queda ahí la cosa. Unidas Podemos, en el Parlamento de Andalucía propone un plan de ayudas de rescate a autónomos y de generación de empleo de 1000 millones de euros, con 450 millones en ayudas directas,
compatibles con el cese de actividad. ¿Qué hace el Gobierno de Moreno Bonilla y qué hace el Grupo Parlamentario Popular? Votar en contra. Eso es lo que hace el Gobierno del Partido Popular y eso es lo que hace el Partido Popular en Andalucía.
Y voy a terminar diciendo una cosa: la Junta de Andalucía ha dicho hace muy poco que va a sacar un plan de 200 millones de euros de ayudas directas, pero hay que decir también que Moreno Bonilla dijo que iba a hacer el mismo esfuerzo que el
Gobierno estatal. Pues bien, el Gobierno estatal va a poner 11 000 millones de euros de ayuda, 7000 de ellos en ayudas directas. Veremos a ver si realmente hace el mismo esfuerzo el Gobierno de Moreno Bonilla o si sigue dejando tirados a las
pymes, a los autónomos y al comercio y a la hostelería como lleva haciendo en estos meses y en este año de pandemia.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Franco.
Por el Grupo Parlamentario VOX tiene la palabra el señor Aizcorbe.
El señor AIZCORBE TORRA: Muchas gracias, señor presidente.
Brevemente, para decir que vamos a votar a favor de la proposición no de ley presentada por el Partido Popular, o con la autoenmienda que ha presentado el propio partido, el 31 de diciembre.
Yo quisiera hacer un comentario sobre la enmienda presentada por el Partido Socialista, donde nos remitimos siempre a que todo vaya a través de la comisión de seguimiento de medidas de apoyo, en la cual nosotros realmente no creemos, como en
algunas muchas comisiones que se han creado ad hoc para marear la perdiz. Pero la señora diputada del Partido Socialista se refería a los socios del Partido Popular en Andalucía hablando de la ultraderecha: no sé si se refiere a los mismos socios
que van a gobernar con ellos en Murcia, porque el partido VOX no gobierna en Andalucía, sino que simplemente apoyó la investidura del actual presidente. Así pues, supongo que se referirá a los nuevos acompañantes que tiene en la Región de Murcia el
Partido Socialista.
Miren, al final tenemos que ir a la causa del mal causado. Y la causa del mal causado son unos estados de alarma que han sido apoyados constantemente por todos, que han excedido lo que era el estado de alarma y se han convertido en estados
de excepción de verdad, donde nosotros, VOX ha presentado los correspondientes recursos de amparo en relación a la vulneración de unos derechos fundamentales, donde estamos esperando que el Tribunal Constitucional despierte de esa gran siesta o
letargo en la que está desde hace tiempo, y en los temas principales. Y ahí viene el mal que estamos sufriendo todos los españoles. Porque tras esos reales decretos, que ya se considera la forma habitual de gobernar, se están implementando normas
que no ayudan en nada a los autónomos y a los trabajadores y a las empresas.
Señor Movellán, no todas las iniciativas a favor de los autónomos las ha presentado el Partido Popular; nosotros hemos presentado algunas, o más, también. Pero lo digo a efectos de puntualización, que además es constatable.
Pero vamos a votar, efectivamente, a favor de dicha proposición no de ley, porque vamos abocados, van abocados los autónomos, van abocadas las empresas directamente a utilizar la Ley 22/2003, de 9 de julio, que ya saben ustedes que es la ley
concursal, para poder salvar todo aquello que tengan que salvar.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Aizcorbe.
Señor Movellán, sobre las enmiendas del Grupo Socialista, entiendo que, evidentemente, aceptan la suya propia, y al respecto del Grupo Socialista. Vale, pues se votará en los términos de la enmienda del Grupo Popular.
- RELATIVA AL CONTROL DE LOS DATOS DE HOLGURA LABORAL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV). (Número de expediente 161/002044).
El señor PRESIDENTE: Vamos con la siguiente proposición no de ley, del Grupo Vasco, proposición no de ley relativa al control de los datos de holgura laboral. Para defenderla tiene la palabra su portavoz, el señor Barandiarán.
El señor BARANDIARÁN BENITO: Muchas gracias, señor presidente, señorías.
De acuerdo a los datos facilitados por Eurostat, que es la oficina estadística europea, con fecha 11 de enero de 2021 el mercado español arroja, junto con Grecia, los datos más altos de lo que se denomina como nivel de holgura del mercado de
trabajo. Este término, que se mide en el grupo de 20 a 64 años, comprende tanto a personas desempleadas, trabajadoras, trabajadores, subempleados, personas que buscan trabajo pero que no están disponibles de inmediato, y personas disponibles para
trabajar pero que no lo buscan debido a la situación actual, de la que no deducen ofertas adecuadas.
Es, por tanto, un indicador que, si bien está determinado por la tasa de paro, incluye en él otras variables y situaciones que integran colectivos que, en resumen, son trabajadores y trabajadoras a tiempo parcial involuntario, o aquellos que
no buscan empleo de forma activa como consecuencia de la precariedad de la oferta. Esto es un gran bolsa, una gran oferta que, si bien en muchos casos incluso cuenta con puestos de trabajo, sobre todo a tiempo parcial, son ejercidos en su mayor
parte de forma involuntaria, es decir, forzados por la inexistencia de alternativas laborales adecuadas.
Como menciona alguna de las enmiendas, son trabajadores desanimados, cuyo número se incrementó durante la crisis, lo que indicaría tanto su escaso peso en términos salariales como que la tasa de desempleo sería mayor que la que reflejan las
estadísticas oficiales. Por explicarlo de otro modo, cuando existen tienen pocas expectativas de encontrar un empleo o un empleo digno, y se desiste de su búsqueda, por lo que su situación no aparece en los registros o estadísticas oficiales.
Es este fenómeno al que se refiere Eurostat como consecuencia de las advertencias del Banco Central Europeo. Y en la misma línea, el Banco de España, en un artículo publicado en el año 2018, que señalaba que en los últimos quince años la
tasa de trabajadores a tiempo parcial involuntario creció rápidamente en España hasta situarse en torno al 8 % de la población activa desde un nivel cercano al 2 %. Y añadía que dicho factor es desencadenante a su vez de un bajo poder adquisitivo,
vinculado a la precariedad de las condiciones en que se prestan dichas labores.
Por el contrario, el aumento de la tasa de parcialidad ha sido en promedio más gradual en la Unión Europea, aunque con importantes diferencias entre países; por ejemplo, más tenue en Alemania y más intenso en Italia. Dicha tónica
caracteriza, por tanto, no solo la precariedad del mercado laboral español, sino que afecta además, y de forma determinante, como vemos, a su nivel salarial; en la medida en que dicha holgura se hace mayor, también disminuyen las exigencias de
revalorización de los salarios, atendiendo a una excesiva oferta con un bajo nivel de exigencia retributiva, ligada a una situación de necesidad y precariedad laboral.
Por ello, esta situación exige la adopción de medidas concretas dirigidas a evitar la proliferación de dichas fórmulas baratas de contratación, o lo que es lo mismo, facilitar la conversión de estos contratos en otros de naturaleza
diferenciada adecuada a las características deseables, no solo por los y las trabajadoras, sino también por los empleadores, cuyo objeto debe ser la creación de puestos estables convenientemente retribuidos, y por tanto con vocación de estabilidad.
Y por ello, y en la misma medida, es trascendente que las estadísticas oficiales revelen cuál es la incidencia de dicho grupo, precisamente porque sin conocer sus datos será más difícil su identificación y el de las medidas pertinentes.
Por ello es por lo que hemos hecho esta proposición no de ley, que la hemos hecho, además, en unos términos que ya conocen ustedes, y además hemos pedido, gracias a la aportación de las enmiendas por parte del Grupo Popular y del Grupo
Socialista, converger en unas transacciones que van a llevar a que la proposición no de ley vaya a tener los siguientes términos: 'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a (1) contabilizar los datos de nivel de holgura del mercado de
trabajo de acuerdo con la
definición que realiza el Eurostat con la finalidad de ejercer un control sobre el porcentaje de trabajadores a tiempo parcial involuntario y aquellos que no buscan empleo de forma activa. Dichos resultados se presentarán, además,
desagregados por régimen de actividad, sexo y ámbito territorial (comunidad autónoma y provincia); (2) en base a los resultados obtenidos del indicador de holgura del mercado de trabajo, adoptar medidas concretas dirigidas a corregir la alta tasa
de trabajadores contratados a tiempo parcial involuntario y el número de los inactivos desanimados. De dichas medidas se dará cuenta por el ministerio a esta Comisión'.
Muchas gracias, espero de ustedes el apoyo a esta proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Barandiarán.
Para la defensa de sus enmiendas, en primer lugar por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Bas.
El señor BAS CORUGEIRA: Muchas gracias, presidente.
Señora Ramón, señoras socialistas, el Partido Popular no toca de oído. Les voy a recordar la partitura del balance de su gestión en relación con el empleo: 4 millones de parados, 360 000 autónomos en cese de actividad, 900 000 trabajadores
en ERTE, 300 000 trabajadores inactivos desanimados, 300 000 no ocupados. En definitiva, alrededor de 6 millones de ciudadanos que quieren trabajar y no pueden. La tasa de paro en España es del 17,54 %. Pero con estos datos, la realidad es que
estaríamos soportando una tasa de paro efectiva del 25 %.
Sigo con la partitura, señores socialistas. Tasa de paro femenino del 21 %, la segunda más alta de la Unión Europea y un 44 % más alta que la masculina. Tasa de paro juvenil del 40 %, la más alta de Europa, y desde que gobierna el señor
Sánchez se ha incrementado un 52 %. La contratación se desploma: en el mes de febrero y en relación al pasado año los contratos indefinidos formalizados han caído un 25 %; han cerrado más de 100 000 empresas en el último año; 300 000 autónomos
prevén cerrar este año; la confianza empresarial vuelve a caer en febrero un 9,6 % después de haber sufrido una caída del 14 % en el pasado año; uno de cada tres desempleados no recibe prestación por desempleo, provocando un incremento incesante
de las colas del hambre.
Señorías, esta es la partitura, este es el panorama desolador del empleo en España; y son ustedes los responsables, señores del Partido Socialista y de Unidos Podemos.
Y ante esta situación dramática que vive España en relación al empleo, la ministra Yolanda Díaz, lejos de aportar soluciones provocará y procederá a agravar más la situación dando su apoyo al artículo 18 de la Ley de Cambio Climático que se
encuentra en tramitación. Y lo hará olvidándose de su tierra, Galicia, y poniendo en riesgo el empleo de decenas de miles de trabajadores en toda España.
Con esta proposición no de ley que debatimos hoy se pretende que el Gobierno establezca y facilite el seguimiento de la holgura de nuestro mercado de trabajo. Desde el Grupo Popular apoyaremos siempre la implementación de todos aquellos
recursos que permitan realizar un mejor diagnóstico que permita realizar una mejor toma de decisiones en un ámbito tan esencial y sensible como es el mercado laboral.
Como ya se dijo, según Eurostat en el tercer trimestre de 2019 este indicador, que tiene que ver con la precarización y con el nivel de desarrollo de los salarios en cada país, marcaba en España un 25,5 %. Y una vez más tenemos el peor dato
de la Unión Europea, con un incremento de más de 3 puntos con respecto al mismo trimestre del año anterior. Según las palabras de Yolanda Díaz pronunciadas hace un año, la precariedad y el desempleo eran los mayores problemas de la sociedad
española, algo que, por cierto, iba a combatir este Gobierno como prioridad.
Sin embargo, con ella al frente del ministerio y con Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, la situación se ha agravado y ha provocado un gran deterioro de nuestro mercado laboral y un incremento de la precariedad. Por cierto,
empeoramiento y deterioro del mercado laboral para desgracia de los trabajadores que lo están sufriendo, pero que utilizando un término empleado en su momento por el portavoz de Podemos, el señor Rodríguez, también lo es para vergüenza de quienes
nos están gobernando en estos momentos.
Se ha cumplido uno de los temores de la ministra: su ministerio ha dejado de ser el de Trabajo para convertirse en el ministerio del desempleo; pero tampoco en la gestión del desempleo las cosas van mejor, ya que ante los problemas
habituales que sufre este servicio, se le ha unido, como ya se dijo, un ciberataque sufrido por el SEPE que ha generado el caos. Y la señora Díaz tampoco ha sido capaz de dar una fecha concreta para la vuelta a la normalidad.
Pues bien, a pesar de los datos tan desastrosos que arroja el empleo en España, parece que a juicio de la ministra estos no son lo suficientemente graves para contar con su presencia en esta
Comisión. Recordemos que tiene veinte comparecencias solicitadas y que lleva casi un año sin comparecer, y que en su presentación Yolanda Díaz afirmó que valoraba mucho el trabajo de esta Comisión y que el diálogo con los portavoces iba a
ser continuo y fluido. Por desgracia, nada que ver con la realidad que estamos viviendo: la ministra no comparece, no rinde cuentas, no hay diálogo y no está valorando el trabajo de esta Comisión.
Y de aquí el motivo de nuestra enmienda, en donde requeríamos la comparecencia de la ministra de Trabajo para que aclarara cuáles son las medidas que está tomando el ministerio para reducir la alta tasa de trabajadores contratados a tiempo
parcial involuntarios y el número de trabajadores inactivos desanimados.
No obstante, como ya se dijo, se ha elaborado una transaccional que recoge el espíritu de nuestra enmienda y que, por tanto, la apoyaremos.
Muchísimas gracias, presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Bas.
Para defender la enmienda del Grupo Socialista tiene la palabra la señora Narváez.
La señora NARVÁEZ BANDERA: Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías.
Respecto a esta PNL, decir que es una PNL muy razonable; es cierto que los datos de Eurostat no son buenos, pero el portavoz del Partido Popular ha descrito un cuadro provocado por la pandemia, que la obvia, y obvia también todas las ayudas
que el Gobierno ha puesto sobre la mesa, hablando de todo excepto de la holgura laboral, que es lo que trata la PNL.
La pandemia ha venido a complicar aún más si cabe la situación de holgura laboral en el mercado español, entendiendo que comprende esto los desempleados, las personas que buscan trabajo pero que no están disponibles de inmediato para
trabajar y las personas disponibles para trabajar pero que no lo buscan debido a la situación actual.
Es llamativo que el aumento es significativo en toda la Unión Europea, en toda la Unión Europea, no solo en España, de las personas disponibles para trabajar pero que no lo buscan debido a la situación de la pandemia, llegando al 56 % en
este último año. En España, es cierto que, junto a Italia y Grecia, las tasas de holgura son las más altas de la Unión Europea. La media en Europa ascendió en 2020 al 14 %, un 1,4 % más que en el segundo trimestre de 2019, y este porcentaje
aumentó en todos los Estados miembros, en todos. En la exposición de motivos, señor Barandiarán, sí tengo que corregirle que no fueron España y Grecia donde más aumentaron; aumentó en Islandia un 4,3 %, en Austria un 3,6 % y en Irlanda un 3,5 %;
en España la subida fue de un 2,9 %.
Sea como fuere, es cierto que son situaciones no deseables que se dan en el mercado laboral español y, tal y como mencionan también en el informe del Banco de España de 2018, desde 2017, 2018 hasta ahora ha habido un aumento significativo de
trabajadores a tiempo parcial, hasta situarse en el 8 %, provocado -y hay que recordarlo- por la reforma que llevó a cabo el PP en el año 2012 y que no hizo más que contribuir a la precariedad laboral y a la devaluación salarial.
De todos modos es, como digo, una PNL lógica que vamos a apoyar en la primera parte de su petición referida a contabilizar los datos de nivel de holgura de acuerdo con la definición de Eurostat. Solo decirle que dichos datos tienen como
fuente la EPA, y que los datos de Eurostat se publican periódicamente en España. En este sentido sí que le hemos presentado nuestra enmienda de solicitar que dichos datos se presenten desagregados por régimen de actividad, sexo y ámbito
territorial, es decir, por comunidades autónomas y provincias, porque las realidades de una u otra comunidad son diferentes.
Con respecto a la segunda parte de su petición, de petición de medidas concretas dirigidas a corregir la alta tasa de trabajadores contratados a tiempo parcial involuntario, decirle que es una de las prioridades de este Gobierno, y que a
pesar de las cifras este Gobierno está trabajando desde su constitución en la recuperación completa del mercado de trabajo en cantidad y en calidad. Desde el inicio de la pandemia se ha trabajado para que tanto los trabajadores como los empresarios
y los autónomos estuviesen cubiertos y protegidos por todas las ayudas que se han puesto sobre la mesa.
¿Que quedan medidas pendientes? Por supuesto, y por eso este Gobierno pretende impulsar e incrementar la contratación indefinida, que debe ser la forma ordinaria de acceso al empleo, y no los contratos temporales que, recordemos, tienen
causas muy tasadas y muy claras recogidas en el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores. Otra cosa es el uso que se ha hecho en la práctica de ese artículo, y que las inspecciones de Trabajo deberán destapar y sancionar en los casos que
corresponda.
Por otro lado, el Gobierno reforzará también el control de la contratación a tiempo parcial, sobre todo en lo relativo a la distribución irregular del tiempo de trabajo contratado, pidiendo que se deje constancia expresa, por ejemplo, del
horario. Se revisará la normativa para prevenir el uso fraudulento de los contratos a tiempo parcial, y se garantizarán los derechos que los trabajadores a tiempo parcial tengan, y que sean los mismos que los de los trabajadores a tiempo completo.
Desde la primera comparecencia de la ministra en la Comisión ha manifestado el refuerzo que tendrá la Inspección de Trabajo en la lucha contra el fraude. Y les recuerdo que esta partida ya creció un 20 % en el presupuesto, con el objetivo
de velar por la salud y la seguridad de los trabajadores.
Votaremos a favor, como he dicho, de la PNL; y creo que el objetivo de todos y todas en esta Comisión y en el Congreso debe ser el mismo: como dicen en su proposición, la recuperación del mercado laboral, la creación de puestos de trabajo
estable y convenientemente retribuido. Y supongo que la ministra, que ha manifestado que no le importa comparecer y que comparecerá en breve en esta Comisión, lo explicará mucho más detalladamente.
Nada más, muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Narváez.
En el turno de fijación de posiciones tiene la palabra en primera lugar el señor Oblanca.
El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muy brevemente, señor presidente, para respaldar la iniciativa presentada por el señor Barandiarán del Grupo Vasco, y con más motivo si se ha llegado a un texto transaccional que es del gusto de los enmendantes.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Oblanca.
Por el Grupo Parlamentario Confederal tiene la palabra la señora Márquez.
La señora MÁRQUEZ GUERRERO: Muchas gracias, presidente.
Bien, la holgura laboral es un fenómeno cada vez más estudiado por el Banco Central Europeo, y como se ha dicho, incorpora tanto a los trabajadores que están en el desempleo como a aquellos trabajadores que tienen de forma involuntaria un
contrato a tiempo parcial pero querrían trabajar más horas.
El término 'holgura total' del mercado laboral comprende a los desempleados, a los trabajadores subempleados, personas que buscan trabajo pero no están disponibles de inmediato, y personas disponibles para trabajar pero que no lo buscan
debido a la situación actual. Claro, el problema de contabilizar adecuadamente la holgura laboral está en contabilizar voluntades, lo que, francamente, es muy difícil.
No obstante, podemos estimar que en gran parte en los contratos celebrados a tiempo parcial el trabajador, seguro, prefería trabajar a jornada completa. El problema de la contratación temporal es recurrente al hablar de la precariedad, que,
como es sabido, afecta especialmente a las mujeres. Aquí estamos ante un problema estructural del mercado de trabajo que debe abordarse en el marco de una reforma que de una vez por todas derogue las anteriores reformas laborales hechas por el PP.
En especial, es necesario el control de la contratación a tiempo parcial, en especial en lo relativo a la distribución irregular del tiempo de trabajo contratado. Y es necesario también prevenir el uso fraudulento de la contratación a tiempo
parcial y garantizar que las condiciones de trabajo y los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras a tiempo parcial son iguales a los de los contratados a tiempo completo.
Votaremos a favor de la PNL del Partido Nacionalista Vasco. Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Narváez.
Por el Grupo Parlamentario VOX tiene la palabra el señor Aizcorbe.
El señor AIZCORBE TORRA: Muchas gracias, señor presidente.
Vamos a ver, menos mal que era una transaccional, esta, porque aquí, uno en medio, le van cayendo los objetos de un lado a otro, ¿no? Por un lado se habla de que si la aurora boreal y que si mi abuelo tenía un ciruelo. Mire, señor
Barandiarán, sabe mi aprecio por usted en todos los órdenes, menos en el político. En lo personal -lo hemos hablado en alguna ocasión- hemos hablado de mi Bella Easo de la infancia, ahí en el barrio de Gros, junto al Kursaal. Pero mire, con toda
su preparación, con toda su capacidad, con todo lo que representa usted, aquí ha traído lo que podríamos llamar una PNL en blanco, que en analogía sería como una norma penal en blanco que necesita de preceptos principales que la acompañen.
Me da la sensación de que es un artículo donde se dan unas cifras, unas cifras que todos conocemos, donde queremos profundizar en estas cifras -y además se pretende que la ministra, la cual sí que nos gustaría que compareciese,
efectivamente, y lo vamos a solicitar formalmente más allá de una enmienda en la proposición no de ley-, en la cual se dice qué medidas vamos a tomar, o qué medidas se van a tomar por parte del Gobierno para acabar con el problema que tenemos de la
temporalidad, etcétera.
Nos olvidamos de lo básico, que aquí lo que necesita España es un cambio estructural radical de nuestro modelo productivo. Y este cambio estructural de nuestro modelo productivo no es algo que se haga de un día para otro, que necesita
tiempo, pero sobre todo necesita ideas claras, ideas importantes. Entendemos que dicha proposición no de ley, que desde el punto de vista de la discusión dialéctica, como he dicho, desde la aurora boreal o mi abuelo tenía un ciruelo o cosas de
estas, bueno, es interesante, pero que no nos aporta nada.
Nos vamos a abstener en la votación de la misma. Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Aizcorbe.
Señor Barandiarán, ya se ha manifestado al inicio; hay una transaccional en la Mesa, se votará en los términos de esa transaccional. Muchas gracias.
- RELATIVA A ERRADICAR LA BRECHA DIGITAL COMO ELEMENTO DETERMINANTE DE EXCLUSIÓN SOCIAL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/002101).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la siguiente proposición no de ley, del Grupo Socialista, proposición no de ley relativa a erradicar la brecha digital como elemento determinante de exclusión social. Para defenderla tiene la palabra la
señora Baños.
La señora BAÑOS RUIZ: Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías.
Me dispongo a presentar esta moción que acoge una brecha digital como no algo tan nuevo, como una discriminación y exclusión social. Vivimos ensimismados en un proceso continuo de evolución constante hacia la digitalización. Todo se
transforma, y ahora, en medio de la pandemia que estamos viviendo, donde la medida que más ayuda a evitar los contagios es la distancia social, la velocidad y los ritmos de la digitalización han avanzado a un ritmo vertiginoso y corremos el riesgo
de dejar a la gente por el camino.
El avance siempre tiene que venir acompañado de igualdad. Si no avanzamos de manera conjunta, el avance será superioridad, y no permitirá que la sociedad evolucione y se convierta en una sociedad mejor. Si los niños y las niñas con menos
recursos no tienen acceso a Internet, viviremos aislando a parte de una generación que sobrevuela las competencias digitales como elementos básicos en el desarrollo de su educación.
Lo vemos con las nuevas tecnologías y las redes sociales: cuántos de los niños y niñas de nuestro alrededor no están en TikTok, no se relacionan con las noticias a través de YouTube o establecen el inicio de muchas relaciones por Instagram,
sin contar con el proceso educativo o sanitario pandémico, que también está evolucionando a un modelo digital; por lo que podemos afirmar que la tecnología venía estableciéndose, pero que ahora más, como un pilar básico de la comunicación, la
formación de la personalidad y las relaciones sociales.
Y señorías, no solo de niñas va el asunto, cuando observamos cómo la brecha digital también diferencia entre generaciones, entre el mundo rural y las ciudades, entre mujeres y hombres y entre personas con más recursos y menos recursos.
Nuestros mayores tienen que acompañarnos también en este proceso, en el que ir al banco cada vez es más complejo con la banca online, en el que solicitar cita al médico hace que sea casi imposible si no es a través de una página web con los sistemas
autonómicos de salud, o que incluso comprar una entrada de cine para ver un estreno se erige en un imposible hacerlo en taquilla.
El 41 % de las personas en edades comprendidas entre los 65 y los 74 años no dispone de una sola competencia informática. En una coyuntura de pandemia donde mantener la comunicación ha sido fundamental tanto para la salud física como mental
de todas las personas, solo un 9 % de los mayores de 75 años usan Internet para comunicarse, y tan solo un 10 % sabe usar el correo electrónico. En el tramo de edad anterior, de 65 a 74, menos de un 30 % realiza videollamadas, y apenas un 21 %
entra en redes sociales.
Hoy podemos destacar que España es líder europeo en el despliegue de fibra óptica, por delante de Alemania, de Francia o de Reino Unido, y es lo que ha soportado precisamente el aumento notable del tráfico durante el confinamiento. La
mayoría de las familias que acceden a Internet lo hacen a través de la fibra, pero hay un porcentaje de la población que está desconectada. La crisis sanitaria ha evidenciado el escenario de desigualdad tecnológica en el que vivíamos.
En el mismo sentido que la proposición no de ley, intentamos ser constructivos y unirnos al trabajo que se está realizando desde el Gobierno en el marco de la agenda digital, el programa de extensión de banda ancha de nueva generación, y el
programa Ceres, que se dirige a la alfabetización digital de las mujeres en el ámbito rural.
Pero es cierto que hay que poner en la agenda las nuevas realidades que a veces pasan desapercibidas y que están marcando el presente de muchas generaciones, de muchas vidas individuales y de una sociedad que avanza empujada por el miedo a
contraer un virus que ya estamos cerca de controlar. Afortunadamente, y junto al trabajo que desarrollan algunas instituciones como las diputaciones provinciales o el Gobierno de España, nos encontramos con organizaciones como Cepaim que también se
implican en el proceso de educación e inclusión de la erradicación de la brecha digital en los sectores más vulnerables. Si no trabajáramos en este sentido de manera unida y con aquellas entidades que ponen caras, nombres y apellidos a aquellas
personas que no están en condición de igualdad que el resto, sería muy complicado combatir estar realidad.
Por eso presentamos cuatro instancias que vienen a subrayar todo lo expuesto hasta el momento. Desarrolla el trabajo realizado desde los distintos ministerios, pero también las necesidades sobrevenidas por la realidad del año 2021. La
brecha digital viene a poner de relieve la necesidad de establecer un nuevo derecho que nos equipare a todos. En un mundo cada vez más conectado donde Internet y las infraestructuras digitales establecen los pilares que sostienen la información y
la interconectividad, en una España donde las experiencias empiezan a confundirse con las sensaciones, necesitamos garantizar la digitalización como un proceso real y efectivo, como un proceso que ampare y que acoja, que vertebre y no excluya.
Necesitamos, por tanto, asumir que la erradicación de la pobreza y la exclusión también se puede combatir garantizando la conexión y la titularidad de un dispositivo electrónico que te permita buscar trabajo o ver las organizaciones cercanas
que pueden orientarte, o ayudarte en la solución de cualquier problema. Avanzar siempre ha supuesto anticiparse; construir siempre vino de la mano de aquellos que tenían una causa por la que luchar; establecer un nuevo horizonte como el de la
inclusión digital nos devolverá a estar a la vanguardia del mundo y a ser referentes en igualdad. Tenemos que garantizar la igualdad de oportunidades de las futuras generaciones, el acercamiento a nuestros mayores con las oportunidades en el mundo
rural. Y estoy segura de que con estas medidas estaremos un poco más cerca.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Continuamos con las enmiendas, con la defensa de las enmiendas de cada grupo parlamentario. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Angulo.
La señora ANGULO ROMERO: Gracias, presidente.
Nos trae el Partido Socialista una iniciativa que habla de brecha digital y de falta de desarrollo de conectividad en España, reconociendo que sobre todo, y es a lo que hace referencia, con la tramitación del ingreso mínimo vital el Gobierno
de Sánchez y de Iglesias ha profundizado en una forma de exclusión para los más vulnerables, como era la desconexión digital.
Los beneficios del uso de las TIC son innumerables, pues permiten mayores oportunidades educativas, laborales, de acceso a la información, por lo que disponer de competencias digitales resulta cada vez más necesario. Y por ello, y a sensu
contrario, carecer de las mismas puede aumentar las desigualdades cuando no resulta accesible para todos.
No es un hecho desconocido, ni lo era, que las personas en riesgo de pobreza padecen en mayor medida las consecuencias negativas de la brecha digital, porque ni disponen de los medios materiales para acceder a Internet, ni en muchas
ocasiones de los conocimientos para manejarse en él. Como señala Cáritas, esa desigualdad se convierte en un factor exclusógeno, es decir, es consecuencia y a la vez causa de la exclusión social. Hoy más de 245 000 hogares sufren apagón
tecnológico, lo que conlleva la cronificación de las situaciones de exclusión y de pobreza.
Pues bien, el Gobierno de Sánchez e Iglesias, a sabiendas de que una de las debilidades de los hogares vulnerables es la falta de digitalización, no dudó en establecer como canal prioritario el telemático para el acceso a las prestaciones
sociales, especialmente el ingreso mínimo vital, no como consecuencia de la pandemia, sino de manera permanente en la norma. Reconocida por el PSOE esta forma de exclusión, lo lógico es que su iniciativa propusiera medidas concretas para
solucionarlo, sobre todo teniendo en cuenta que el IMV solo está atendiendo al 3,6 % de las familias en situación de pobreza. Pero una vez más nos presenta una iniciativa con muchos infinitivos pero sin soluciones concretas, que no se ven plasmadas
esas medidas en lo que el discurso de la portavoz del Partido Socialista aquí nos ha hecho hoy.
Desde el Grupo Popular lo dijimos desde el principio: que la improvisación y la falta de diálogo con comunidades autónomas, ayuntamientos y entidades sociales para elaborar la norma del ingreso mínimo vital supondrían grandes dificultades
de tramitación. Especialmente porque la tramitación telemática y la carga burocrática que han impuesto suponía un cambio brusco para estas personas en su forma habitual de relacionarse con las administraciones, principalmente presencial, a través
de los servicios sociales de las comunidades autónomas y los ayuntamientos.
Ahora también se lo dicen el Defensor del Pueblo, las entidades sociales, como Cáritas, que afirma que el 72 % de las personas que atienden no han podido solicitarlo precisamente porque ni siquiera tienen acceso a la información. Y
mientras, ustedes nos presentan vaguedades y rechazan las iniciativas que nosotros hemos presentado para subsanar estas carencias, en tanto que, claro que sí, estamos de acuerdo, se trabaja en la capacitación digital y el acceso a Internet de todas
las personas incluidas, y sobre todo las más vulnerables.
Rechazaron reforzar los medios del INSS, simplificar la afección y los trámites administrativos, suscribir convenios con las comunidades autónomas y los ayuntamientos para colaborar en la tramitación; y a pesar de que el fin del ingreso y
de cualquier política de inclusión ha de ser la inserción sociolaboral, diez meses después siguen sin desarrollar las estrategias de inclusión, en las que podrían incluirse programas de capacitación digital para quienes carezcan de ella, haciéndoles
perder oportunidades formativas y de empleo.
Cinco modificaciones del real decreto del ingreso mínimo vital y nada sobre cómo evitar estas barreras en la tramitación, que están suponiendo que a miles de personas en situación de pobreza se les esté denegando la prestación precisamente
por los problemas burocráticos y de la documentación.
Y nos hablan también en la iniciativa de ir alcanzando progresivamente mayores cotas de conectividad, sobre todo en zonas rurales, mientras metieron en el cajón el plan 300 % que el Partido Popular dejó aprobado y con 500 millones de euros
en los presupuestos de 2018, y este Gobierno toma decisiones que dejaron sin cobertura de banda ancha a doce provincias españolas precisamente en las zonas rurales. Por eso hemos presentado enmiendas que esperamos que no rechacen, como todas las
demás propuestas que hemos ido haciendo a lo largo de estos meses, para impedir las barreras que están encontrando miles de familias para acceder, no solo al ingreso mínimo vital, sino a otras prestaciones sociales y de la Seguridad Social.
Porque, señorías, no basta con decir 'hay que hacer, hay que hacer, hay que hacer'; también hay que decir cómo hacerlo, porque si no, puede parecer que esta sea otra de esas iniciativas que nos presenta el PSOE a las que uno no puede
oponerse frontalmente, porque al menos sirve para evidenciar la dejadez del Gobierno en su acción política, pero que en realidad lo que hace pensar es que se trata de un mero trámite para cubrir el cupo de iniciativas que le corresponden en la
Comisión, pero sin comprometerse ni a nada ni con nadie, por muy necesario que ustedes mismos reconozcan que es.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Angulo.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo VOX tiene la palabra la señora Ruiz Solás.
La señora RUIZ SOLÁS: Muchas gracias, señor presidente.
El Partido Socialista viene a tratar de paliar hoy con esta PNL el problema de la brecha digital, un problema que es real y que ya teníamos, pero que las circunstancias y el propio Gobierno han empeorado lanzándose precipitadamente a una
administración digitalizada sin haber previsto antes que eran muchas las personas que no iban a poder tener acceso, no solo por un problema de falta de habilidades digitales, por desconocimiento o por discapacidad, sino también por un problema de
recursos. Lo hemos visto recientemente y muy claramente con la tramitación del ingreso mínimo vital, hemos visto el auténtico caos en el que se ha convertido su tramitación, porque muchos de sus posibles perceptores ni tenían acceso a
un simple ordenador, ni mucho menos a una conexión a Internet, y por supuesto ningún conocimiento para hacer los trámites por sí mismos, una realidad que todos conocíamos excepto, por lo visto, este Ministerio de Trabajo, Inclusión,
Seguridad Social y Migraciones.
Lo hemos visto también con esta situación sobrevenida por el virus, cuando nuestros niños se han tenido que quedar en casa para seguir las clases online, sin tener muchos de ellos los recursos para hacerlo. Y lo hemos visto con el
teletrabajo, cuando hemos sido conscientes más que nunca de que hay zonas del territorio español, zonas rurales, donde la conectividad o es inexistente o de ínfima calidad. Por tanto, claro que es necesaria la alfabetización digital, y claro que es
necesario facilitar el acceso a los recursos digitales para evitar desigualdades.
Y por lo tanto, entendemos que esta PNL para erradicar la brecha digital como elemento determinante de la exclusión social es absolutamente pertinente. Sin embargo, y estando de acuerdo en la necesidad de que el Gobierno trabaje en este
sentido, nos parece que se trata de una propuesta redactada en términos muy generales y que aterriza poco en soluciones concretas. Y por esta razón solicitamos al Partido Socialista que, si lo tiene a bien, incorpore las dos enmiendas que le
proponemos y que añada a sus puntos de propuesta acciones concretas para dos colectivos, el de los desempleados y el de las personas con discapacidad, que, a nuestro juicio, sufren especialmente las consecuencias de la brecha digital y que necesitan
urgentemente recursos para poder incorporarse al mercado de trabajo, que es la mejor garantía para evitar la exclusión.
Los puntos que proponemos son: promover cursos de competencias y habilidades digitales en los programas de formación para desempleados, y promover cursos de competencias y habilidades digitales en los centros especiales de empleo, para así
reducir la exclusión social en el colectivo de personas con discapacidad. Proponemos igualmente una mejora técnica suprimiendo el enfoque de género del punto 2, porque entendemos que se trata de un concepto que no debe condicionar ninguna política
social, ya que todos somos iguales en derechos y obligaciones ante la ley.
Nada más, muchísimas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Solás.
Para defender las enmiendas del Grupo Republicano tiene la palabra la señora Rosique.
La señora ROSIQUE I SALTOR: Gracias, buenas tardes.
Nosotros compartimos el análisis que ustedes hacen de que el acceso a la digitalización es esencial desde un punto de vista territorial, laboral, académico, y sobre todo de clase. En ese sentido, nosotros hemos hecho una enmienda que va en
línea de la enmienda que ya hicimos en los Presupuestos Generales del Estado, que se trata básicamente de destinar recursos a las comunidades autónomas para que puedan luchar contra la brecha digital. Solo así creemos que se puede revertir esta
situación que genera desigualdad social.
Teniendo en cuenta que el grupo proponente está en el Gobierno español, creemos, decía la diputada del Partido Popular que no se trata de decir qué hay que hacer, sino cómo hacerlo, yo añadiría que no se trata de decir ni cómo hacerlo, se
trata de hacerlo, ¿no?, si estás en el Gobierno. Entonces, en ese sentido lo que nosotros decimos es que hay que destinar recursos para poder luchar contra la brecha digital, y las comunidades autónomas son las que tienen la capacidad de hacerlo,
de revertirlo.
En ese sentido, nosotros sí que queremos anunciar que si ustedes no aceptan nuestra enmienda, entonces vamos a votar en contra de esta iniciativa, porque creemos que se tiene que ver de una vez por todas que hay una intención real de acabar
con la brecha digital destinando estos recursos a quienes pueden revertirlo, que son las comunidades autónomas.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Rosique.
Entiendo que por el Grupo Parlamentario de Euskal Herria Bildu, no. Vale. El Grupo Vasco, tampoco. La señora Muñoz estaba hace un momento poco por aquí. No está; vale, no interviene. Pues pasamos al Grupo Parlamentario Confederal, la
señora Saavedra.
La señora SAAVEDRA MUÑOZ: Gracias, buenas tardes.
Desde nuestro grupo consideramos necesarios todos los esfuerzos que se realicen por reducir la brecha digital, que constituye realmente un nuevo factor de exclusión ligado a la generalización de las tecnologías de información y comunicación.
En lo referido a los factores territoriales de exclusión se ha avanzado realmente en la conectividad del mundo rural, sobre todo en los últimos años. Para ello, la orden de octubre de 2018 se ha mostrado como un instrumento de especial
relevancia, obligando a los operadores privados a ejecutar desarrollos de la red en estas comarcas. Esto ha marcado una diferencia con el anterior Gobierno del Partido Popular, que no introdujo medida alguna en este sentido en los pliegos de
adjudicación de concesiones de los operadores. No obstante, aún es necesaria, sin duda, la continuidad de estos esfuerzos para alcanzar los objetivos de cohesión y equilibrio social y territorial desde las distintas instancias institucionales.
Existen aún en España más de 17 000 entidades singulares de población sin concesión a Internet o con conexión deficiente; casi un millón de habitantes que no tienen realmente acceso a Internet y, sin duda, queda mucho trabajo por hacer en esta
materia.
En el plano socioeconómico, factores como la renta personal y familiar, el nivel educativo o la edad suponen condiciones en el acceso a estas herramientas, que requiere una mirada amplia y un tratamiento transversal si se desea avanzar en
inclusión y en equidad, como queremos.
En ese marco resulta prioritario el desarrollo de medidas que garanticen la accesibilidad a toda la ciudadanía a las herramientas dispuestas por las administraciones públicas, tanto en el plano material como en el de conocimientos y
servicios de apoyo. No podemos permitir que el proceso de digitalización de las administraciones públicas suponga un empeoramiento de la accesibilidad de la ciudadanía a los servicios y prestaciones, como está ocurriendo en muchos casos.
De manera que, como conclusión, saludamos esta iniciativa y anunciamos nuestro apoyo a la misma, la consideramos muy necesaria.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Saavedra.
Simplemente para saber al respecto de las enmiendas, el Grupo Socialista, si acepta o no acepta. No acepta ninguna enmienda. Perfecto. Pues se votará en sus términos, entonces.
- RELATIVA A PERMITIR LA COMPATIBILIDAD DE LA DEDUCCIÓN POR MATERNIDAD CON LOS EXPEDIENTES DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO VOX. (Número de expediente 161/002154).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la siguiente PNL, y última PNL, del Grupo Parlamentario VOX, proposición no de ley relativa a permitir la compatibilidad de la deducción por maternidad... Señorías, perdón, si tienen que discutir cosas... Es
que no la quiero citar por el nombre. Señorías, perdón, si pueden discutir o hablar fuera, se lo agradeceríamos todos y todas.
Decíamos, la PNL del Grupo VOX, relativa a permitir la compatibilidad de la deducción por maternidad con los expedientes de regulación temporal de empleo. Para defenderla tiene la palabra la señora Ruiz Solás.
La señora RUIZ SOLÁS: Muchas gracias, presidente.
Hoy venimos a traer una propuesta como a la mayoría de ustedes les gusta, una propuesta verdaderamente feminista, una propuesta que solo pretende mejorar la calidad de vida de las mujeres y de sus hijos y hacer justicia con ellas y con el
inmenso valor que tienen, que tenemos todas nosotras por nuestra capacidad para trabajar, para ser madres, para cuidar de los nuestros y para hacer cualquier cosa que nos propongamos.
Y venimos a hacerlo ante un Gobierno que se autocalifica y se autopercibe como feminista, un Gobierno que ha creado todo un ministerio, el Ministerio de Igualdad, para las mujeres, un Gobierno que destina millones de euros a diseñar sus
políticas feministas, a desarrollar informes que demuestren que esas políticas son imprescindibles y a mantener a cientos de asociaciones feministas que lo justifiquen y apoyen. Un Gobierno tan feminista y supuestamente tan preocupado por el
bienestar de las mujeres que ya debería haber implementado muchas medidas para beneficiar realmente y directamente a las mujeres, pero que sorprendentemente todavía no ha hecho nada que las mujeres podamos tocar, más allá de su insistente y
machacona propaganda. Nada para salvar el verdadero obstáculo con el que nos encontramos las mujeres que queremos ser madres y que seguimos sin ser apoyadas por el Estado, tantos años de feminismo después.
Porque, señorías, nunca ha habido ayudas para las mujeres que deciden tener hijos y quedarse en casa a cuidar de ellos, porque nunca el feminismo ha ponderado la maternidad. Pero es que para las mujeres madres que trabajan fuera, en todos
estos años tanto ruido solo se ha traducido en dos ayudas: la deducción por maternidad y la ayuda para gastos de custodia y guardería. Y esa es la cruda realidad.
Evidentemente, mejor algo que nada; pero, señorías, reconozcámoslo, son ayudas pírricas, absolutamente insuficientes que ni sirven para incentivar verdaderamente la natalidad, si es que esa era la intención, ni sirven para compensar a las
mujeres por el esfuerzo que realizan, porque 100 euros al mes por hijo más otros 83 para guardería, solo durante sus tres primeros años de vida, como si a partir de los tres años los niños ni comieran ni vistieran ni fueran al colegio, no parece que
sea un gran avance social. Cuando para más inri, si la madre pierde su empleo, también pierde la ayuda, es decir, vuelve a la casilla de salida, y como no trabaja fuera de casa, su esfuerzo con sus hijos y con su familia ya no vale nada. Como
tampoco vale nada el esfuerzo de las mujeres que después de toda una vida dedicada a su familia ni siquiera merecen una pensión de viudedad completa. Si esto es feminismo, señorías, que venga Dios y lo vea.
Y para acabar de mejorar el panorama, resulta que llega la peor crisis sanitaria y económica a la que nos hemos tenido que enfrentar, y con ella los ERTE, la panacea del Gobierno para solucionar la tremenda crisis laboral que se nos viene
encima, y vuelven a olvidarse otra vez de las mujeres y de sus hijos, y aun tratándose de una suspensión temporal de empleo por una causa excepcional en un momento excepcional, las mujeres pierden las únicas ayudas que recibían. Resulta que este
Gobierno feminista penaliza a las madres trabajadores, en el peor momento y cuando más lo necesitan.
¿Y saben lo que es todavía mucho peor? Que en realidad no están penalizando a las mujeres, están penalizando a los niños, a sus hijos, porque esas ayudas no son para las madres, son para sus hijos, y son en muchísimos casos indispensables
para garantizar el bienestar de los menores y para batallar contra la pobreza infantil. Cuando se retiran las ayudas por hijo se está dejando a muchos niños vulnerables, porque las ayudas por hijo a cargo son en realidad la única ayuda específica
que hay contra la pobreza infantil, porque en realidad son ayudas para la crianza de los hijos.
Señorías, este Gobierno se supone que no es solo feminista, también es socialista, y sus socios, comunistas. Si atendemos a los tópicos, se supone que son ustedes los que han venido a proteger a los más vulnerables y a los más
desfavorecidos. Pero no lo hacen, no se están ocupando de ellos. Están consintiendo que se limiten las ayudas en lugar de aumentar su cuantía, cuando deberían luchar para que la prestación por hijo llegara a todas las madres en cualquier
circunstancia, para fomentar la natalidad, para apoyar a las mujeres y para proteger a sus hijos.
La pregunta es: ¿cuándo van a dejar de lloriquear por nosotras y cuándo nos van a ayudar de verdad? ¿Cuándo van a demostrar que su feminismo es algo más que postureo? Porque de momento, de momento no han conseguido gran cosa con sus
carísimas políticas, al menos no las cosas que de verdad necesitamos las mujeres, que son empleo y ayudas para ser madres, si así lo deseamos.
Señorías, esta proposición no de ley es muy modesta y solo les pide que permitan la compatibilidad de deducción por maternidad con los expedientes de regulación temporal de empleo. Les pedimos que no retiren esta prestación a las madres, al
menos mientras dure su situación en ERTE, para que puedan seguir atendiendo a sus hijos. Solo eso. Demuestren que su feminismo es real y protejan también a las madres. Demuestren que su prioridad es lo social, y protejan también a sus hijos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
En el turno de fijación de posiciones, el Grupo Parlamentario EH Bildu, no; por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, la señora Muñoz.
La señora MUÑOZ VIDAL: Gracias, presidente.
Votaremos a favor de la propuesta presentada por el Grupo proponente, por el Grupo Parlamentario VOX. Es cierto que las mujeres con hijos menores de tres años con derecho a la aplicación del mínimo por descendientes podrán minorar la cuota
diferencial del impuesto sobre la renta de las personas físicas hasta en 100 euros mensuales por cada hijo menor de tres años, siempre que realicen una actividad por cuenta propia o ajena por la cual estén dadas de alta en el régimen correspondiente
de la Seguridad Social o mutualidad.
De acuerdo con el apartado 2 del artículo 208 de la Ley General de la Seguridad Social, en el caso de expedientes de regulación temporal de empleo en los que se suspenda el contrato de trabajo, el contribuyente se encuentra en situación de
desempleo total, y por tanto, en esos casos, en los casos de suspensión del trabajo durante todo el mes como consecuencia de la aprobación de este expediente, de este ERE, deja de realizar una actividad por cuenta ajena y de cumplirse los requisitos
para disfrutar de esa deducción por maternidad y el correspondiente abono anticipado. Solo sería posible realizar un trabajo por
cuenta ajena cuando este se realizase a tiempo parcial en supuestos temporales de regulación de empleo. En estos casos sí se tendría derecho por esos meses a la deducción por maternidad.
Con la aplicación estricta de ese artículo, que estaría en manos del Gobierno cambiar, se priva a las mujeres trabajadores de una de las medidas que están pensadas para favorecer la conciliación, para mejorar las condiciones laborales y
económicas de las mujeres y posibilitar la participación de las mujeres trabajadoras en el mercado laboral. Además, esta realidad no es compatible con las supuestas pretensiones del Gobierno de coalición de utilizar los ERTE como un mecanismo para
el mantenimiento de rentas, mientras se priva a las madres trabajadores de los incentivos fiscales que ayudan a conciliar y compensar la penalización que las mujeres sufren con motivo de la maternidad.
Por tanto, el Gobierno, que tanto uso hace de los reales decretos-ley, incluso en materias que no deberían ser propias de esta técnica legislativa y que no cumplen los supuestos de urgencia requeridos por la doctrina del Tribunal
Constitucional, no lo hace en situaciones como esta, como sería salvaguardar el bienestar de las madres trabajadoras.
Como decía al principio de mi intervención, votaremos a favor de la iniciativa. Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Muñoz.
Por el Grupo Parlamentario Republicano, ¿señora Rosique? No. Vale, gracias. Pues por el Grupo Parlamentario Confederal tiene la palabra la señora Saavedra.
La señora SAAVEDRA MUÑOZ: Gracias, presidente.
Señores y señoras de VOX, ustedes presentan una norma que pide extender una excepción fiscal a algunas madres que estén en ERTE. Sería deseable un poco de coherencia en sus planteamientos. Ustedes votaron en contra del decreto que amparaba
a las víctimas de violencia de género, de explotación sexual, trata o agresiones sexuales durante la pandemia; ustedes niegan que exista una discriminación laboral y salarial que afecte a las mujeres, a pesar de estar avalada y estudiada, y por
tanto se niegan a cualquier medida que intente eliminar esa discriminación laboral. Ustedes exigen eliminar los planes de igualdad en las instituciones, y por tanto las mujeres se ven privadas de instrumentos para reclamar cuando existen
desigualdades. Ustedes el pasado 10 de febrero votaron en el Parlamento Europeo en contra de garantizar que los trabajadores y trabajadoras de la Unión Europea estén protegidos por salarios mínimos adecuados que permitan vivir dignamente, en contra
de garantizar salarios mínimos que protejan a las familias de caer en la pobreza. Ustedes consideran que no hay ninguna condición estructural de desigualdad que explique que la pobreza es mayoritariamente femenina. Votaron en contra de la
derogación de los despidos por bajas justificadas, que afectan sobre todo a las mujeres.
Pero este Gobierno de coalición, sin embargo, ha ampliado la partida destinada a la protección a la familia y pobreza infantil en un 60 % en los actuales presupuestos, hasta alcanzar los 159 millones de euros, es decir, 59 millones más, de
los que dispondrán los ayuntamientos y autonomías para ayudas directas a familias que lo necesiten. Se ha aprobado un ingreso mínimo vital que aspiramos a que cubra a todas las personas en situación de pobreza. Y el Gobierno ha aprobado
recientemente el Plan Corresponsables con 190 millones de euros para la conciliación de las familias en España mediante la corresponsabilidad del Estado en el cuidado de menores. Lo que necesitamos, y en ello estamos, son políticas integrales. Y
esto es lo que plantea el Gobierno.
En cuanto a su propuesta concreta, pues debe tenerse en cuenta que la finalidad de la deducción a la que se refieren es fomentar la incorporación o el mantenimiento de la mujer en el mercado laboral, facilitando la conciliación de la vida
familiar y laboral. Entre los requisitos solicitados, figura, como es lógico al tratarse de una ayuda que compensa los costes económicos de la incorporación de la mujer al mercado laboral, la necesidad de que su beneficiaria realice tal actividad.
Su objetivo de fomentar el trabajo fuera del hogar justifica la no aplicación generalizada a todas las madres con hijos menores de tres años.
Votaremos, por tanto, 'no' a esta iniciativa, por la falta de coherencia y de consistencia también. Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Saavedra.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Cabezón.
El señor CABEZÓN CASAS: Gracias, presidente.
Hoy debatimos aquí en esta Comisión que las madres puedan compatibilizar la deducción por maternidad con los expedientes de regulación temporal de empleo. Y ya les adelanto que esta medida nos parece justa, y más aún en el contexto de
crisis en el que estamos inmersos.
Señorías, no entendemos por qué este Gobierno se empeña en penalizar la maternidad, y especialmente penalizar a las madres trabajadoras. Primero recortan las pensiones de las madres trabajadoras, recortando las pensiones a las que más han
contribuido laboralmente y demográficamente al país; primera medida de pensiones después del Pacto de Toledo, primer recorte a las madres trabajadoras. Y ahora penalizando a las madres que se encuentran en una situación de ERTE en el momento que
más necesitan un apoyo.
¿Esta es la agenda social del Gobierno de Pedro Sánchez? ¿Esta es la agenda feminista de este Gobierno que se autodenomina socialista? ¿Este es el escudo social que ustedes quieren trasladar a las mujeres de este país? ¿Cómo van a mirar,
señoras diputadas socialistas, después de estas medidas que acaban de tomar, a los ojos a las mujeres de este país?
Es cierto que la Ley General de Seguridad Social establece que, aunque el cese de actividad sea de carácter temporal, la trabajadora se encuentra en situación de desempleo total y, por tanto, las madres que se encuentran en situación de ERTE
total se ven privadas del derecho a la deducción por maternidad. Pero esta medida es a todas luces injusta. Señorías, hay que adoptar medidas con urgencia para que a una madre que vea suspendido su empleo temporalmente no se le castigue privándole
de la prestación por maternidad.
Además me gustaría hacer una reflexión. Si, como estamos viendo continuamente en las estadísticas, a los trabajadores en ERTE no se les considera como parados, y así lo manifiesta una y otra vez la ministra de Trabajo, incluso recordamos en
aquella rueda prensa cómo explicaba con dificultad esta medida, ¿por qué a las madres en ERTE sí se les considera paradas? No tiene ninguna coherencia que para lo que nos interese las consideramos paradas y para lo que no nos interesa no las
consideremos paradas y les privemos de la prestación.
Señorías socialistas, señorías del Gobierno, la pésima gestión del Gobierno está afectando muy negativamente a las mujeres. El mes de febrero cerró con más de 477 000 mujeres en ERTE, 55 000 más que hombres. España es el país de la Unión
Europea donde más creció el desempleo entre las mujeres en el año 2020, después de Lituania, casi tres puntos más y más del doble de la media europea. Según el SEPE la tasa de paro femenino es del 20 %, un 43 % más que la tasa de paro masculino.
En el año 2020, de los 400 000 empleos destruidos, 197 000 lo ocupaban mujeres, lo que significa el 49 %; en febrero de 2021 hay 2 millones de mujeres en paro, 31 000 más que en el mes de enero. Desde que gobierna Pedro Sánchez -voy
terminando- hay 846 000 parados más, de los cuales 437 000 son mujeres, lo que supone el 51 %. Según los técnicos de Gesta, aquellos técnicos a que tanto hacen ustedes alusiones, con los datos de febrero de 2021 harían falta 121 años para poner fin
a la brecha de género, señorías socialistas.
Esta es la realidad del empleo femenino en España hoy, y me gustaría recordar al Gobierno que, aunque tenemos tan recientemente el 8-M, las reivindicaciones están muy bien y son necesarias, pero la igualdad no se consigue gritando; el
empleo es la principal herramienta para luchar contra la desigualdad, que no hay nada más excluyente que no tener empleo, y que tener un empleo es la principal herramienta para promover la autonomía de las personas, especialmente de las mujeres.
Desde el Partido Popular vamos a apoyar esta iniciativa porque apoyamos a la mujer, porque apoyamos a las madres, porque es de justicia y porque se lo merecen.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cabezón.
Para finalizar el debate, por el Grupo Socialista tiene la palabra la señora Vilches.
La señora VILCHES RUIZ: Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías.
El Grupo Parlamentario VOX trae a esta Comisión una PNL en la que propone que, como se ha mencionado varias veces, las madres en situación de ERTE con hijos menores de tres años puedan recibir la deducción fiscal en el IRPF por maternidad.
Como saben, actualmente, según la legislación vigente, las mujeres con hijos menores de tres años tienen derecho a minorar la cuota diferencial del IRPF hasta 1200 euros al año, siempre y cuando se realice una actividad económica. Les
recuerdo a sus señorías que la finalidad de esta deducción es fomentar la incorporación y el mantenimiento de la mujer en el mercado laboral, facilitando la conciliación y compensando costes sociales y laborales derivados de la maternidad. Por lo
tanto, pese a estar vinculada a un tronco común de ayudas a las familias, no se aplica de forma genérica a todas las madres con hijos, y si la finalidad y la razón de ser de esta deducción es la incorporación de la mujer al trabajo fuera de casa y
la conciliación, la prestación de servicios en el marco de una relación laboral o como trabajo autónomo es condición, lógicamente, indispensable.
La deducción no es para mujeres con problemas de vulnerabilidad; son deducciones para fomentar la conciliación con el trabajo activo. Si no hay trabajo activo, ya no tiene sentido. Si lo que se quiere es dar cobertura a las mujeres más
vulnerables, el camino no son estas deducciones, precisamente porque el problema de estas es que posiblemente con lo que propone se beneficie mayoritariamente a las rentas más altas, al no aplicarse progresividad.
Sí es curioso que ustedes lo planteen como una medida de fomento de la natalidad o como una medida de conciliación. Y es que me resulta bastante paradójico y desconcertante que el grupo proponente, que ha rechazado el feminismo, que niega
las desigualdades de género, que reniega de cualquier política pública de intervención del Estado para combatir el machismo estructural, que según ellos no existe, y ahora se acuerden de las mujeres y se acuerden de los ERTE. Recuerdo que en
palabras de su portavoz, el señor Espinosa de los Monteros, prorrogar los ERTE no es un éxito sino un fracaso. De hecho, fue el único partido que votó en contra del Real Decreto-ley 2/2021, sabiendo, como saben todos ustedes, que los ERTE han sido
y siguen siendo la medida que nos ha permitido blindarnos ante la destrucción de empleo durante la crisis más cruda de nuestra historia reciente. Y con ello votaron en contra también a las ayudas a autónomos, y votaron en contra del Plan Me Cuida,
necesario para quienes no pueden trabajar por tener que cuidar, y votaron en contra de los presupuestos generales que otorgaban asignación presupuestaria al Plan Corresponsables y dotaban la educación pública de 0 a 3 años. Y nos hablan mediante
esta PNL de impuesto de la natalidad y la conciliación.
Señorías de VOX, conciliar solo concilian las mujeres. Y aclaro una cuestión a la que hoy se ha aludido, esta tarde, por parte del Partido Popular: teletrabajar no es conciliar, o se trabaja o se cuida. El teletrabajo es una forma de
organización laboral. Hablemos, pues, de corresponsabilidad, de la necesidad urgente que tienen las sociedades democráticas de implicar en las tareas de cuidados a los varones; y de igual manera, implicar a los servicios públicos en esta misma
tarea. Son necesarios recursos públicos para permitir a las mujeres que no se vean obligadas en la necesidad de elegir una media jornada; recursos públicos para la profesionalización de los cuidados y para que todas las mujeres tengan un salario
digno y un trabajo digno. Estas son las verdaderas y únicas políticas públicas que nos permitirán abordar todos los retos que tenemos por delante, también el reto demográfico, y nos harán salir de la crisis sin dejar a nadie atrás, tampoco a las
mujeres.
En fin, por todo lo expuesto, mi grupo votará en contra. Gracias, presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Vilches.
En un minuto, si les parece, empezamos la votación, un minuto literal para que llamen si falta alguien. (Pausa.)
Están todos los grupos para votar, ¿verdad?
Iniciamos la votación, si les parece. Empezamos, entonces, la votación. Vamos con la primera proposición no de ley, que se votará en sus términos, proposición no de ley relativa al cumplimiento del artículo 37 de la Constitución,
garantizando la compatibilidad entre el ejercicio del derecho a la negociación colectiva en el sector público y la defensa de los derechos laborales con el necesario control del gasto público, del Grupo Parlamentario Mixto.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: a favor, 15; en contra, 19; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Pasamos a la segunda proposición no de ley, relativa a igualar las condiciones salariales de los trabajadores subcontratados, del Grupo Parlamentario Socialista. Se votará en los términos de la transaccional presentada a la Mesa entre el
Grupo Socialista y el Grupo Republicano.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: a favor, 20; en contra, 15.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Tercera proposición no de ley, del Grupo Parlamentario Popular, proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a adoptar las medidas pertinentes para que los autónomos que se han visto obligados a teletrabajar puedan deducirse
fiscalmente los gastos de suministros derivados del ejercicio de su actividad. Se vota en sus propios términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: a favor, 16; en contra, 17; abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Cuarta proposición no de ley, por la que se insta al Gobierno a exonerar, al menos hasta el 31 de mayo, del pago de la cuota a la Seguridad Social a todos aquellos autónomos que carezcan de ingresos, del Grupo Parlamentario Popular y que se
vota en función de la enmienda presentada por el propio Grupo Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: a favor, 17; en contra, 17; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Pues yendo al voto ponderado, por 169 votos a favor y 155 votos en contra, queda aprobada la PNL.
Seguimos con la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Vasco, relativa al control de los datos de holgura laboral. Se vota en los términos de la transaccional presentada por el Grupo Vasco, por el Grupo Socialista y por el Grupo
Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: a favor, 30; abstenciones, seis.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Pasamos a la sexta proposición no de ley, del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a erradicar la brecha digital como elemento determinante de exclusión social. Se votará en sus propios términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: a favor, 35; en contra, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Vamos a la siete, que somos gente de letras. Proposición no de ley relativa a permitir la compatibilidad de la deducción por maternidad con los expedientes de regulación temporal de empleo, del Grupo Parlamentario VOX, que se votará en sus
propios términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: a favor, 15; en contra, 20.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Por lo tanto, se levanta la sesión.
Eran las siete y diez minutos de la tarde.