CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2021 XIV LEGISLATURA Núm. 298

HACIENDA

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ELOY SUÁREZ LAMATA

Sesión núm. 13

celebrada el martes,

23 de febrero de 2021

ORDEN DEL DÍA:


Acuerdo sobre la celebración de la comparecencia de la señora ministra de Hacienda (Montero Cuadrado), para que explique los criterios utilizados para distribuir los fondos europeos del Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia (MRR)
entre las distintas comunidades autónomas y del nuevo fondo europeo REACT-EU que se realizó el mes de diciembre de 2020, así como todas las cuestiones relacionadas con la asignación territorial de los distintos fondos europeos. A petición del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 213/000808) ... (Página2)


Comparecencia del señor director general de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, AEAT (Gascón Catalán), para informar acerca del Plan de Control Tributario 2021. A propuesta del Gobierno. (Número de expediente 212/001083)
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Se abre la sesión a las diez de la mañana.


ACUERDO SOBRE LA CELEBRACIÓN DE LA COMPARECENCIA DE LA SEÑORA MINISTRA DE HACIENDA (MONTERO CUADRADO), PARA QUE EXPLIQUE LOS CRITERIOS UTILIZADOS PARA DISTRIBUIR LOS FONDOS EUROPEOS DEL MECANISMO PARA LA RECUPERACIÓN Y LA RESILIENCIA (MRR)
ENTRE LAS DISTINTAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y DEL NUEVO FONDO EUROPEO REACT-EU QUE SE REALIZÓ EL MES DE DICIEMBRE DE 2020, ASÍ COMO TODAS LAS CUESTIONES RELACIONADAS CON LA ASIGNACIÓN TERRITORIAL DE LOS DISTINTOS FONDOS EUROPEOS. A PETICIÓN DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 213/000808).


El señor PRESIDENTE: Buenos días, señores diputados.


Señorías, antes de dar paso al compareciente en el día de hoy, vamos a proceder a tramitar el primer punto del orden del día, que tiene que ver con la celebración de otra comparecencia, la de la ministra de Hacienda, para que explique los
criterios utilizados para distribuir los fondos europeos del Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia entre las distintas comunidades autónomas y del nuevo fondo europeo, que se realizó el mes de diciembre de 2020, así como todas las
cuestiones relacionadas con la asignación territorial de los distintos fondos europeos. Saben que la Mesa de la Comisión, en reunión celebrada el 16 de febrero, decidió por mayoría no celebrar la comparecencia. Dado que no se obtuvo la unanimidad
que requiere el Reglamento, es de aplicación el acuerdo de delegación condicionado de la Mesa, el cual determina que es competente esta Comisión. Y, antes de adoptar una decisión, lo primero que pregunto es si hay alguien que quiere intervenir a
este respecto. (Pausa.-Varios portavoces de distintos grupos parlamentarios piden la palabra.) Veo que quiere intervenir el Grupo Parlamentario Popular, el Grupo VOX y el Grupo Socialista. Por tiempo de tres minutos el portavoz de VOX tiene la
palabra.


El señor GONZÁLEZ COELLO DE PORTUGAL: Muchas gracias, señor presidente.


Sesión tras sesión de esta Comisión estamos votando la solicitud de la comparecencia para hacer nuestra labor de control al Gobierno y, sesión tras sesión, los grupos del Gobierno votan en contra. No ha venido nadie salvo la ministra a
comparecer a esta Comisión. Hoy tenemos una honrosa excepción, que además lo hace por voluntad propia. Entonces volvemos a insistir, a rogar, a suplicar a los Grupos PSOE y Podemos que atiendan nuestras demandas naturales de que vengan una serie
de cargos que creemos que es fundamental asistan a esta Comisión para que podamos hacer nuestro trabajo. Creo que es la cuarta o la quinta sesión en la que lo traemos a votación y volverá a votarse en contra, y eso es mermar el trabajo que debemos
hacer.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos la señora Martínez -que había levantado también la mano- tiene la palabra por tres minutos.


La señora MARTÍNEZ GRANADOS: Gracias, presidente.


Desde Ciudadanos queremos decir que el hecho de que se eviten las comparecencias de los ministros es ya algo habitual en esta legislatura, y la verdad es que nos entristece porque esta Cámara necesita que comparezcan aquí los ministros de
todas las materias, sobre todo en relación con temas tan importantes como el de los fondos europeos.


Ciudadanos ha planteado muchísimas propuestas y muchísimas iniciativas buscando que haya independencia y transparencia en la asignación de esos fondos. ¿Cómo se va a hacer? Los ministros no vienen a dar explicaciones suficientes al
Congreso y creemos que la comparecencia de la ministra de Hacienda sería necesaria ahora, no cuando vayan pasando los meses y ya no haya nada que contar o no haya nada que contar antes de que lleguen esos fondos aquí y empiecen a repartirse entre
Pablo Iglesias y Pedro Sánchez, porque no habrá ningún control. Por tanto, qué menos que venir a la Comisión para dar explicaciones sobre qué se hará con esos fondos.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Martínez.


Por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Píriz tiene la palabra.

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El señor PIRIZ MAYA: Gracias, señor presidente.


Son dieciocho las comparecencias pendientes, dieciocho las comparecencias pendientes de la ministra de Hacienda, más las que tiene pendientes en la Comisión de Presupuestos, otras cuantas, dieciocho. Nuestra función, las funciones de los
diputados aquí, en este Congreso, son legislar y controlar. Legislar no nos está dejando este Gobierno, legislar no nos está dejando la Mesa del Congreso, con la paralización todas las leyes que tiene en esa Mesa, con el trámite continuo y semanal
de aplazamientos de la presentación de enmiendas para que no se legisle en esta Cámara. Y en cuanto al control, no se nos permite porque huyen de esta Cámara, porque el Gobierno huye continua y reiteradamente de esta Cámara. Señores del Partido
Socialista, solo usan e invocan la democracia cuando están en la oposición. Yo, que he convivido con ustedes siendo Gobierno mi partido y oposición ustedes, doy fe de ello; solo invocan la democracia cuando están en la oposición, pero cuando están
en el Gobierno pisotean, pisotean, los derechos de los diputados de esta Cámara.


Yo no les voy a suplicar nada, como ha hecho mi compañero de VOX, porque creo que en esta Cámara no hace falta suplicar; simplemente piensen en los que están ahí fuera, piensen en los españoles, piensen en lo que piensan de nosotros, en lo
que piensan de una ministra que huye del control parlamentario, que huye de venir a esta Cámara a dar explicaciones a estos diputados que fueron elegidos -en mi caso, por el voto de más de 90 000 pacenses- para poder controlar la acción de la
ministra; una ministra que no tiene nada en la agenda de esta semana ni de la semana que viene, ni de la siguiente, nada. Entren en la web de Moncloa y compruébenlo. Es una ministra que huye, una ministra que es portavoz del Gobierno y que lo que
debería de portar en esta Cámara es la decencia.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Píriz.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Blanquer por tiempo de tres minutos.


La señora BLANQUER ALCARAZ: Muchísimas gracias, señor presidente.


Efectivamente, señor Píriz, algunos de nosotros hemos convivido con ustedes en otras legislaturas y por eso tenemos datos y los podemos explicar. En estos momentos, desde luego, ningún ministro huye y la ministra de Hacienda, mucho menos,
del control parlamentario y todas las semanas en las sesiones de control da respuesta a todas las preguntas que ustedes quieren formularle; de hecho, sobre los fondos la semana pasada contestó sobre estas cuestiones. Por tanto, están plenamente
garantizados el control y la transparencia. En el anterior periodo de sesiones también comparecieron todos los miembros del Gobierno para dar cuenta de las peticiones que ustedes habían formulado, por ejemplo, en el trámite de los presupuestos y,
por tanto, ustedes sí que tienen garantizado ese control que les otorga su condición como parlamentarios de esta Cámara. De hecho, no hay mejor prueba de que se garantizan la transparencia y el control, pues hoy mismo comparece el director de la
Agencia Tributaria a petición propia porque eso es lo que se tiene que hacer en estos momentos, y más en un momento en el que se está tramitando un proyecto de ley tan importante como el de la lucha contra el fraude fiscal. Además, si quiere datos,
se los voy a dar. Comparemos periodos equivalentes con la X Legislatura. En 363 días de legislatura, el presidente Sánchez ha comparecido ocho veces en Pleno; los ministros en Comisiones, 83, justo el doble que el presidente Rajoy y sus ministros
en la X Legislatura. El Gobierno ha respondido a 573 preguntas en Congreso y Senado; se ha respondido a 51 857 preguntas escritas; se ha atendido a 53 532 solicitudes de informes, un 320 % más que en la X Legislatura; y todo esto en un momento
de pandemia, en un momento en el que el Gobierno está plenamente trabajando para garantizar prestar los servicios a los ciudadanos. Ustedes lo único que están intentando hacer en cada momento es boicotear. Y es lo que pretenden hoy, boicotear
continuamente al Gobierno y evitar que lleve a cabo su acción.


¿Cómo que no tiene nada la ministra esta semana? ¿De verdad usted piensa que la ministra de Hacienda no tiene absolutamente nada que hacer esta semana? ¿Usted de verdad está pensando eso? Pues con eso lo dice usted absolutamente todo. No
tiene respeto a las instituciones ni al Gobierno ni absolutamente a nada, y lo único que busca en esta Cámara es la crispación continua. Haga el favor, haga el favor, se lo dije desde el primer momento de la legislatura. Creo que en estos momentos
es muy importante tener mucha conciencia de lo que está ocurriendo con las personas. Tenemos que atenderlas, y cada uno en su papel; el Gobierno en el suyo y nosotros en el nuestro, y desde luego el control parlamentario al Gobierno está
garantizado, y a las pruebas me he remitido. (Aplausos.)

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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Blanquer.


A continuación, vamos a votar. La votación es en los siguientes términos, lo digo porque a veces se suscitan dudas. Primero serán votos a favor de que se celebre la comparecencia, luego votos en contra y abstenciones. Lo haremos a mano
alzada.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 19; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la comparecencia de la señora ministra. Interrumpimos un minuto para que entre el compareciente. (Pausa.)


COMPARECENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE LA AGENCIA ESTATAL DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, AEAT (GASCÓN CATALÁN), PARA INFORMAR ACERCA DEL PLAN DE CONTROL TRIBUTARIO 2021. A PROPUESTA DEL GOBIERNO. (Número de expediente 212/001083).


El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a sustanciar la comparecencia del señor director general de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, don Jesús Gascón Catalán, para informar sobre el Plan de Control Tributario del año 2021.
Dicha comparecencia se sustancia a petición propia. Sin más dilaciones, tiene usted la palabra por el tiempo que estime oportuno.


Muchas gracias.


El señor DIRECTOR GENERAL DE LA AGENCIA ESTATAL DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, AEAT (Gascón Catalán): Muchas gracias, señor presidente.


Buenos días a todos. El artículo 116 de la Ley General Tributaria prevé que se publiquen en el Boletín Oficial del Estado las directrices generales del Plan de Control Tributario y Aduanero de la Agencia Tributaria de cada año.


El día 19 de enero se firmó la resolución que aprueba las directrices para el año 2021, que se publicaron en el BOE pocos días después. El Plan de Control Tributario y Aduanero forma parte de los instrumentos de planificación de la Agencia
Tributaria, que consta, en primer lugar, de un plan estratégico, un plan plurianual para el periodo 2020-2023, que se va concretando año a año en planes de control anuales, cuyas directrices se publican en el BOE para conocimiento general.


El plan de control, en la medida en que describe las actuaciones en materia de prevención y control del fraude fiscal de la Agencia Tributaria, tiene una parte estructural fija, puesto que como en cualquier otra organización o institución la
planificación estratégica marca unas líneas que se siguen durante distintos años, sin perjuicio de que en todos los ejercicios se subrayen cuáles son las principales novedades, tanto debido a los cambios normativos que se van produciendo en el
ordenamiento jurídico como a mejoras tecnológicas o nuevas prioridades en el ámbito de control tributario. El Plan de Control Tributario también está directamente relacionado con uno de los componentes estructurales del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia, puesto que la prevención y la lucha contra el fraude suponen una de las reformas clave en cualquier sistema tributario y en cualquier país de nuestro entorno. La estructura del plan responde a una configuración
tradicional de lo que son las actuaciones de las administraciones tributarias, comenzando por la información y la asistencia del contribuyente, siguiendo por la prevención, continuando por las actuaciones de control y de lucha contra el fraude en
sentido estricto, con especial referencia al ámbito aduanero y de impuestos especiales, también al control en la fase de recaudación, es decir, en el ámbito del cobro de las deudas tributarias y, por último y no menos importante, a la cooperación
con otras administraciones tributarias, muy especialmente con las autonómicas y también con las administraciones tributarias forales.


La verdad es que es una distinción teórica entre información y asistencia, prevención y control, porque todo está cada vez más interrelacionado, pero, en cualquier caso, por razones sistemáticas y de claridad, lo mejor es seguir el orden que
sigue la propia resolución publicada en el BOE y empezar a hablar de información y asistencia. En el ámbito de información y asistencia, lo más significativo durante el año 2021 va a ser la consolidación de las administraciones digitales
integrales. Nosotros tenemos una red de oficinas distribuidas por todo el territorio, muy amplia y que se va a mantener, porque la demanda de servicios presenciales por los contribuyentes sigue siendo grande, pero pensamos que está apareciendo una
nueva demanda de servicios telemáticos de contribuyentes, en general, jóvenes, que están más acostumbrados a la utilización de este tipo de herramientas y para los que asistir presencialmente a una oficina no es un problema de pandemia, de
aislamiento o de distancia social, sino simplemente cultural y que se quieren relacionar con las administraciones públicas de otra manera. Hemos abierto ya una Administración digital

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integral en Valencia; este año queremos abrir otra en Galicia; vamos a tener otra en Madrid; también abriremos una en Andalucía. Van a prestar servicio a todo el territorio nacional, puesto que son digitales no tiene sentido focalizarlas
en contribuyentes de cercanía, sino que van a prestar servicio con carácter nacional, pero van a estar ubicadas físicamente en los lugares que les he dicho. Estas administraciones, básicamente, van a prestar servicios por vía telemática. No son un
servicio telefónico más, el teléfono incluso es residual. Para que se vea con un ejemplo, cuando el contribuyente realiza una consulta o utiliza un asistente virtual, muchas veces entra en bucle porque no consigue avanzar más, porque el sistema no
le da la respuesta que espera. Entonces puede aparecer una pantalla emergente ofreciéndole un chat para que pueda interactuar con uno de nuestros funcionarios, y el teléfono sería el último recurso, si no se lo conseguimos solucionar por la vía de
la interactuación telemática. Como en el IRPF nuestros servicios están mucho más consolidados y son de uso generalizado por los contribuyentes, vamos a especializar estas Administraciones digitales en censos, en el IVA; en definitiva, en la
atención a los autónomos, a las pymes, a los profesionales tributarios, que es donde pensamos que hay más camino para recorrer. Por tanto, esta es una reforma de mucho calado y que tiene un gran futuro por delante.


Vamos a seguir con nuestros asistentes virtuales en el IVA, que vemos que están teniendo un gran éxito y un gran uso por los contribuyentes. Se trata de ir expandiéndolos a cada vez más ámbitos en este impuesto. Ya tenemos un localizador
del hecho imponible, tenemos un delimitador de transmisiones patrimoniales y del IVA, que es una de las pesadillas a las que se enfrenta el contribuyente que realiza operaciones inmobiliarias para saber por qué tributo tiene que presentar la
declaración o al calcular los porcentajes de deducción. En fin, se trata de ayudarle en los aspectos más complejos del impuesto para que los trámites fiscales sean cada vez más cómodos.


Vamos a potenciar, además, nuestro asistente virtual censal, porque el primer punto de contacto de cualquier contribuyente con la Administración tributaria es su alta en el censo. Por ejemplo, ayudar al contribuyente a que encuentre el
epígrafe en el IAE o en la Clasificación nacional de actividades económicas en el que se debe encuadrar ayuda a que pueda cumplir sus obligaciones fiscales con mucha más facilidad, empezando por quedar adscrito al rubro de actividad económica que
realmente le corresponde. Tenemos una app que ha estado muy orientada al principio al IRPF y que vamos a ir extendiendo a más ámbitos. Por ejemplo, este año vamos a hacer posible el pago de las deudas mediante la app, así como la solicitud de
aplazamientos, que pensamos que es una cosa que puede tener mucho éxito porque, en definitiva, poder pedir un aplazamiento con un solo clic, sin necesidad de rellenar formularios, en el caso de pequeños contribuyentes, pymes y autónomos, va a ser
algo totalmente revolucionario.


En el IRPF el mayor avance en información y asistencia consiste en la posibilidad de llevanza de libros armonizados para el IRPF y el IVA, y poder de descargar esos libros por primera vez en Renta WEB para cumplimentar la declaración de la
renta. Es decir, en renta hemos avanzado mucho estos últimos años con los borradores de declaración, pero tenemos una deuda pendiente con los autónomos y de lo que se trata es de ir pagando esa deuda. El primer paso para ello es decir: una vez
que llevas tus libros normalizados, puedes subir esos libros a Renta WEB y automáticamente se te generan las casillas de la declaración que son determinantes para presentarla. En definitiva, consiste en avanzar en un modelo de borrador de
declaración que todavía no estábamos en condiciones de ofrecer a estos colectivos. Otra cosa muy significativa que vamos a hacer y que ha llamado la atención es utilizar técnicas que en otros países están dando muy buenos resultados y que responden
a behavioural insights. -Esa es la jerga. Yo lo llamaría análisis del comportamiento de los ciudadanos-. Con los sistemas de big data se puede predecir cuándo el contribuyente hace cosas que le conducen al error. Por ejemplo, cuando cualquiera
de nosotros está revisando el borrador de declaración, en general lo que hace es corregir cosas que piensa que faltan en el borrador o datos que proceden de información de terceros que pueda ser incompleta, pero hay contribuyentes que modifican el
borrador y que lo hacen de manera errónea, y luego nosotros les tenemos que llamar y hacer una actualización de comprobación a posteriori en la que, por supuesto, ellos dicen que se han equivocado y acabamos corrigiendo su declaración. En esos
casos lo lógico es advertirles en el momento en que ellos van a tomar esa decisión -que, en general, es errónea- para que les salga un mensaje que diga: ¿Está usted seguro de lo que va a hacer? Por supuesto, si quiere hacerlo, lo hará, pero le
avisamos para no perder el tiempo y que dentro de cuatro meses haya que llamarle con su devolución paralizada. En definitiva, se trata de utilizar las herramientas de big data y de análisis de la información también en la información y asistencia
al contribuyente, y no solo en el ámbito del control tributario.

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En el impuesto sobre sociedades, en el año 2020 por primera vez dimos los datos fiscales a los declarantes, si bien les dimos datos que ellos mismos nos habían aportado al presentar sus declaraciones de pagos fraccionados. En definitiva,
les poníamos a su disposición información que ellos mismos nos habían proporcionado. Este año vamos a mejorar este servicio porque les vamos a dar además la información de terceros que nosotros tenemos en nuestra base de datos. Por ejemplo,
retenciones que les hayan sido practicadas y otra información de terceros que les pueda ayudar a declarar cada vez mejor. En sociedades esto no lo habíamos hecho nunca y pensamos que hay un gran terreno de apoyo a nuestra estrategia para favorecer
el cumplimiento voluntario.


En lo que se refiere al IVA, estamos avanzando en el borrador de declaración. El año pasado, por primera vez, ofrecimos un borrador de declaración a los contribuyentes acogidos al suministro inmediato de información, pero lo hicimos con los
contribuyentes más pequeños que no presentaban especial problemática. Ofrecimos a 17 000 contribuyentes el borrador. La cosa funcionó bastante bien y este año lo que vamos hacer es ofrecérselo a todos los presentadores del suministro inmediato de
información, incluso aunque sean grandes empresas, siempre que no formen parte de grupos económicos o apliquen determinados regímenes especiales, excluyendo los de mayor complejidad porque sabemos que no acertaríamos en el borrador. Pensamos en la
capacidad de penetración del borrador este año, y que sobre un colectivo de 60 000 seguramente llegaremos a más de 40 000, o sea que estaremos ya en dos tercios de tasa de cobertura.


Vamos a ofrecer un borrador de declaración en el IVA a los arrendadores, porque en general sus declaraciones son sencillas. Tienen unas cuotas repercutidas al inquilino y unas cuotas soportadas deducibles, que nosotros en muchos casos
conocemos. Son 600 000, y les vamos a ofrecer en formato borrador el modelo 303. También vamos a ofrecer mayores facilidades para modificación de la situación censal a todos los contribuyentes del IVA, porque entendemos que es un buen momento para
hacerlo; para que cuando van a presentar la declaración del IVA, puedan visualizar qué información tenemos de ellos en materia censal para que la corrijan si lo desean en el momento y evitar descuadres y requerimientos futuros.


En el ámbito de recaudación, como les decía, quizá la principal novedad sea la posibilidad de solicitar mediante la app los aplazamientos de las deudas. Además, tenemos previstos cambios en la página web para mejorarla; ahora tenemos una
oficina virtual, tenemos un portal, y la conclusión a la que hemos llegado es que lo que hay que hacer es refundirlo todo y tener un único servicio universal para todos los contribuyentes. Probablemente en el verano podamos ofrecer la nueva página
web. Me imagino que al principio pasará como nos pasa a todos cuando nos cambian la aplicación que manejamos cotidianamente; te pierdes y al principio no entiendes nada y piensas: con lo cómodo que estaba yo con la anterior, pero creemos que el
servicio que vamos a ofrecer es bastante mejor que el anterior, con lo cual entendemos que tendrá muy buena acogida en el medio plazo.


En el ámbito de la prevención, uno de los problemas a los que estamos haciendo frente son las sociedades inactivas que no se dan de baja. Los organismos internacionales ponen de manifiesto que esto es un altísimo riesgo para las
administraciones tributarias porque se pueden utilizar fraudulentamente, no por los propios interesados que simplemente han dejado morir la sociedad, sino por cualquiera que sepa que esa sociedad está inactiva y que la pueda reactivar a saber con
qué fines. Hay que hacer campañas para depurar el censo de sociedades inactivas. Se está utilizando como instrumento jurídico para hacerlo la revocación del NIF y vamos a avanzar igualmente en el cierre registral. En definitiva, estamos hablando
con notarios y registradores para que todo esto sea una realidad.


Es muy importante en el ámbito preventivo el control temprano. Cuando se producen las altas en el censo lo lógico es, en la medida de lo posible, visitar al contribuyente, por una razón obvia de conocer su actividad y de contrastar la
información del alta en el censo con la realidad económica. Esto lo digo entre paréntesis, porque desde luego no está la situación como para hacer visitas en la calle, por razones más que obvias, con lo cual haremos lo que podamos, pero siempre
dando prioridad a la situación sanitaria. Además, es muy importante en el ámbito preventivo mejorar la calidad de la información, sobre todo la que nos llega de terceros países, porque cada vez son más importantes las fuentes de información
internacionales. Tenemos convenios bilaterales, multilaterales con multitud de países. Todo esto provoca un flujo de información enorme y el problema que tenemos es que en ocasiones la calidad de esa información no es la misma que la información
interna, por razones fáciles de entender. En bastantes países no existe el número de identificación fiscal, entonces la información que te llega es en términos de nombre y apellidos, razón social, y a veces la fecha de nacimiento, y todo esto lo
tienes que integrar en el

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sistema de información. Hace unos años la verdad es que era bastante complicado manejar toda esta información, pero ahora estamos en porcentajes de integración directa de la información que nos llega de terceros países del 91-92 %, que no
está nada mal, lo cual ofrece altas expectativas no solo para nosotros, sino para cualquier otra Administración tributaria de que poco a poco el contexto internacional no va a ser un problema, a la hora de realizar actuaciones de control por
carencias de información, aunque en esto hay que ir avanzando poco a poco, porque queda mucho recorrido por delante.


En cuanto al ámbito preventivo, estamos ahora en pleno brexit y lo mejor que puedo decir del brexit es que está pasando inadvertido en términos aduaneros, lo cual es muy meritorio. La verdad es que aprovecho para felicitar a todos los
funcionarios del área de aduanas porque han hecho un trabajo espectacular. Ha habido que tomar decisiones muy complicadas porque ha habido que cambiar los sistemas informáticos. Hay que tener en cuenta que el quinto país por volumen de
exportaciones españolas es el Reino Unido; esto quiere decir que varios cientos de miles de exportadores que no hacían ningún trámite ahora tienen que hacer trámites. Hay que darles las mayores facilidades posibles, al menos desde el punto de
vista del país exportador, luego la entrada en el Reino Unido tiene, obviamente, sus servidumbres burocráticas porque ellos han apostado por irse de la Unión Europea, pero que, al menos, desde el punto de vista de la salida de mercancías, tengan las
mayores facilidades posibles. Tampoco podemos olvidar que los turistas británicos son los más numerosos en visitas a España en términos de nacionalidad. No quiero cantar victoria en absoluto en este asunto porque, claro, en plena pandemia y con
restricciones para el viaje han venido pocos, pero ya vendrán, esperemos que vengan en el verano, que empiecen a venir cuando la situación mejore. Y esto también va a ser un reto desde el punto de vista logístico. En relación con el brexit nos
puede parecer que el Reino Unido es una isla que está por ahí perdida, pero, sin ir más lejos, a Santander llegan ferris directamente desde el sur de Inglaterra y hasta ahora llegaban sin trámites de ningún tipo, y ahora ha habido que acondicionar
un espacio en el puerto porque esos viajeros ya son viajeros extracomunitarios. Es decir, todo esto nos está obligando a tomar medidas constantemente y a mejorar nuestros procedimientos para adaptarlos a la realidad, lo cual no quería dejar de
resaltarlo en esta comparecencia.


En aduanas en el ámbito preventivo el reto es combinar adecuadamente la facilitación del comercio con el control; no podemos descuidar ninguna de las dos facetas, este es el verdadero reto. Cuando hablamos de aduanas tampoco hay que pensar
exclusivamente en trámites arancelarios, la aduana es mucho más que eso. Por ejemplo, en el año 2020 el principal reto al que hemos hecho frente han sido todas las importaciones de mascarillas, equipos de protección individual, vacunas, etcétera;
todo esto se convirtió en crítico y facilitar esas importaciones ha sido determinante. Las aduanas están teniendo un papel clave también, por ejemplo, en la detección de mercancía falsificada que viene básicamente de Asia o en el control de flora y
fauna protegida, sin ir más lejos, o en cuestión alimentaria, etcétera. Es decir, no solamente es la Agencia Tributaria en el ámbito de control arancelario, sino que es un conjunto de administraciones públicas que colaboran para que se salvaguarden
no solo los derechos de la Hacienda pública, sino también por la protección de los consumidores, con las debidas garantías en las importaciones.


En impuestos especiales el proyecto que estamos desarrollando es un proyecto de normalización de libros de registros y envío automatizado de los mismos a los órganos de aduanas e impuestos especiales, para mejorar el control y también con
finalidad preventiva. Es lo mismo que hicimos en el IVA hace unos años con el suministro inmediato de información, pero en el ámbito de impuestos especiales, donde no hemos apostado por el envío factura a factura, sino por el envío de los libros de
registros normalizados.


Y luego otro aspecto también que está funcionando muy bien, y que me gustaría destacar porque lo queremos potenciar, son los acuerdos previos de valoración que ofrecemos a los contribuyentes, en particular a los que realizan operaciones
intragrupo y tienen presencia en varios territorios, en varios países, porque el control de los precios de transferencia es extraordinariamente complejo; entonces existe la posibilidad de que la empresa se anticipe al problema y que nos envíe una
propuesta de valoración de esas operaciones para que nosotros la analicemos y, si es posible, lleguemos a un acuerdo con la empresa. Bueno, esto está funcionando muy bien; de hecho, en promedio, las bases imponibles que quedan aseguradas
-garantizadas, digamos- por estos acuerdos está en torno a los 3000 millones anuales, que es una cifra más que respetable. Con lo cual, digamos que es un producto cooperativo que está funcionando muy bien y que nos está evitando realizar controles
a posteriori como se hacía tradicionalmente en vía de inspección.

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Pasamos al ámbito de control en sentido estricto. La verdad es que hay que ver el control desde una perspectiva mucho más amplia que la tradicional y, como he dicho en alguna otra comparecencia, por supuesto que hay que regularizar los
incumplimientos y hay que obtener el cobro de la deuda que se detecta en esos incumplimientos, pero la cosa no termina ahí. Lo que hay que conseguir es que el contribuyente cumpla mejor a partir de entonces, que ese incumplimiento no se puede
volver a repetir, porque si se vuelve a repetir algo no hemos hecho bien. Y no solo eso, sino que el efecto inducido tiene que ir más allá del propio contribuyente, tiene que ir a su entorno familiar, a tu entorno societario incluso -por qué no
decirlo- al sector económico en el que trabaja. Si se detecta un comportamiento irregular dentro de un sector económico y se regulariza un contribuyente, lo lógico sería que el resto cambiase a partir de ese momento su actitud y evitase cometer ese
incumplimiento. Este es un punto de partida que creo que es importante para que se entienda la filosofía de lo que queremos hacer.


Luego, la realidad manda, este año vamos a tener que gestionar por primera vez el impuesto sobre servicios digitales, el impuesto sobre transacciones financieras, en definitiva vamos a profundizar en el control del mundo digital, lo que es
un reto extraordinariamente importante. Desde luego, como decía antes, tenemos prevista también la realización de un buen número de visitas, pero que este plan está de momento suspendido hasta que la situación sanitaria mejore. Dentro de las
visitas, las de mayor intensidad son las entradas con autorización judicial en los domicilios constitucionalmente protegidos, ya saben ustedes que hubo una sentencia del Tribunal Supremo el año pasado estableciendo límites. Este tema es otro que,
si la situación sanitaria lo permite, queremos retomar a lo largo del año 2021, evidentemente con plenas garantías jurídicas, teniendo en cuenta cuál es la doctrina del Tribunal Supremo y los posibles cambios normativos que se puedan producir al
respecto.


Uno de los puntos críticos que se combaten con ese tipo de medidas -y no solo con este tipo de medidas, también con otras- es la utilización de lo que se ha venido a llamar como software de doble uso -que yo creo que más bien deberíamos
llamar software malicioso-, que es el software que permite ocultar operaciones o modificar los parámetros de las operaciones, por razones de economía sumergida, en fraude no solo de la Hacienda pública, sino muchas veces en fraude de los socios, en
fraude del propio titular de la actividad económica; en definitiva, competencia desleal en algunos sectores económicos. Esto es una prioridad, hay en el proyecto de ley de prevención y lucha contra el fraude algunas medidas que van en esta línea,
habrá que hacer un desarrollo reglamentario para establecer qué cautelas mínimas debe reunir el software para no ser tachado de posible uso malicioso; en definitiva, tenemos trabajo por delante.


Luego, los créditos fiscales y las bases imponibles negativas estos últimos años -me refiero a raíz de la crisis financiera- crecieron exponencialmente. Nos tememos que en 2020 y en 2021 también nos podemos encontrar con un repunte, y lo
que tenemos que hacer es controlar que estos créditos fiscales son reales y que no se aprovecha para inflar la bolsa, y que esto en el futuro se convierta en menores ingresos tributarios. Estamos intentando mejorar nuestro sistema de gestión de
riesgo con la utilización del big data. Como decía antes, el big data lo queremos utilizar también en el ámbito de la información y asistencia al contribuyente, pero en definitiva es una estrategia que está siguiendo la Agencia Tributaria, como
cualquier otra organización que pretenda estar adaptada a los tiempos que corren.


Si hablamos por bloques de actuaciones, nosotros lo que hacemos, por ordenar las ideas y por razones sistemáticas, es clasificar las actuaciones de control en varios bloques. El primer bloque es el de las multinacionales, grandes empresas y
grupos económicos. Ahí lo que tenemos que hacer, básicamente, es controlar los precios de transferencia, verificar que la correlación de ingresos y gastos que nos declaran las grandes multinacionales tiene sentido, es decir, si los beneficios
asignados a la jurisdicción española no se corresponden con los gastos que se imputan al impuesto sobre sociedades español, tenemos un problema. Tiene que haber cierto equilibrio, cierta correlación entre ingresos y gastos.


Cada vez tienen más importancia los controles multilaterales y las inspecciones coordinadas, porque si hablamos de control de grupos internacionalizados, trabajar con mentalidad doméstica es quedarse corto, con lo cual, poco a poco, sobre
todo con los países más próximos, diseñamos actuaciones de comprobación conjuntas cada uno en su país, cada uno en su ámbito de competencias, pero incluso la presencia de funcionarios fuera del territorio nacional con las debidas garantías ya no es
algo totalmente excepcional, lo empezamos a hacer con mayor frecuencia al menos en el ámbito de la Unión Europea. En el ámbito global esto lleva su tiempo, cuesta más, pero, por lo menos, en el ámbito europeo tenemos que apostar decididamente por
esa fórmula.

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En las operaciones intragrupo uno los principales problemas al que estamos haciendo frente es la cesión de intangibles, un tema muy complejo. Todo lo que sea desmaterialización de activos es de difícil comprobación y, obviamente, esta es
una materia en la que tenemos que estar muy vigilantes. Luego, tenemos discrepancias internacionales con otros países, porque en ocasiones las regularizaciones son un problema de base imponible mundial y de cómo se reparte por países. Entonces,
hay un procedimiento que se llama procedimiento amistoso, que es el que se aplica cuando dos países no se ponen de acuerdo con el reparto de la base imponible de un contribuyente.


Es decir, Francia regulariza una empresa y esa regularización implica más bases imponibles francesas y menos bases imponibles españolas. Como somos socios, como somos amigos, como trabajamos en el mismo entorno lo que intentamos hacer es
ponernos de acuerdo los dos países sobre el reparto de esas bases imponibles, por eso se llama procedimiento amistoso, y en el caso que no lleguemos a un acuerdo terminará en una corte arbitral, cosa que intentamos evitar a toda costa poniéndonos de
acuerdo entre las administraciones implicadas.


Luego, también estamos explotando cada vez más la información país por país. Hay una declaración informativa en la que las grandes multinacionales nos desglosan sus ventas, sus activos, sus beneficios y también sus impuestos por todos los
países en los que operan, y esto, evidentemente, se está utilizando para el control tributario. Los intercambios de información empezaron en relación con los informes país por país del año 2016. Ya llevamos varios años más de intercambios, la
información está mejorando sustancialmente, las multinacionales están ofreciendo información de más calidad que la que nos ofrecieron al principio y, en consecuencia, la comprobación está siendo mucho más sencilla de lo que era hace unos años.


Tenemos otro reto, la llamada DAC 6, que es la Directiva de los Intermediarios Fiscales. Existe una obligación de reporte de operaciones de planificación fiscal internacional potencialmente agresiva que se está poniendo en marcha en todos
los países. Esa información nos la vamos a intercambiar entre los veintisiete Estados de la Unión Europea, y también nos tiene que servir para detectar planificaciones agresivas y trasladar un mensaje a los operadores económicos de qué es razonable
y qué no es razonable. Es decir, lo tenemos que utilizar para el control, pero también lo tenemos que utilizar para la prevención. La Administración Tributaria debería estar en condiciones de trasladar qué esquemas le parecen razonables y qué
esquemas no le parecen razonables.


Tenemos una Oficina Nacional de Fiscalidad Internacional que lleva funcionando ya unos cuantos años, está muy centrada en los grupos multinacionales de base española y de base extranjera. Tenemos que verificar que no se producen
desviaciones de bases imponibles indebidas a otros países, aplicando cláusulas antiabuso; como decía antes, prestando especial atención a los precios de transferencia. También hay problemas con determinados establecimientos permanentes o, mejor
dicho, con la negativa a la existencia de un establecimiento permanente por algunos grupos multinacionales que tienen presencia significativa en España, pero que no reconocen la existencia de un establecimiento permanente y, a nuestro juicio, sí que
existe, lo que nos obliga a realizar actuaciones de control, de prueba y de regularización en su caso. Por supuesto, la Oficina Nacional de Fiscalidad Internacional presta gran atención a los regímenes preferenciales, los famoso regímenes offshore
que algunos territorios siguen ofreciendo a determinados contribuyentes, lo que tiene directamente que ver con el concepto de paraíso fiscal, que es un concepto que va más allá del concepto tradicional de intercambio de la información. Había países
que intercambiaban información, otros que no; llamamos paraíso a los que eran opacos y no intercambiaban información, pero ahora el concepto de paraíso es más amplio. Hay que tener en cuenta que un paraíso fiscal no necesariamente tiene que
negarse a proporcionar información, también puede ser un paraíso fiscal el territorio que ofrece regímenes offshore para captar indebidamente bases imponibles o para facilitar que algunos contribuyentes eludan el pago de los impuestos en el resto de
los territorios en los que operan, o que tengan tributación nula o muy baja tributación sistemáticamente en la imposición directa, y que esto actúe como forma más que para captar economía productiva -que aquí no estamos hablando de economía
productiva-, captar simple y llanamente bases imponibles para que no tributen en los sitios donde deberían hacerlo.


Tenemos otro bloque, que es el de análisis patrimonial. Ahí lo más significativo, lo más novedoso es que las técnicas de big data las podemos aplicar cada vez de forma más generalizada. Un tema que se ha puesto de moda últimamente es el de
las deslocalizaciones ficticias de contribuyentes a otros territorios. Aquí ya no estamos hablando de empresas, estamos hablando de personas físicas, entonces cuando el contribuyente dice que se va a otro país, evidentemente ese dato hay que darlo
por bueno. Hay nada

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menos que 2,5 millones de españoles que viven fuera, igual que existen 5 millones de extranjeros que viven en España. Entonces, la inmensa mayoría viven fuera y no hay más que hablar, pero también hay casos en los cuales las
deslocalizaciones son ficticias. Entonces, ¿cuál es el avance? El avance es que ahora somos capaces de combinar hasta setenta bases de datos diferentes con técnicas de big data, con lo cual, los indicios para saber si alguien se ha ido de verdad o
no se ha ido, y por supuesto la actividad probatoria correspondiente para instruir un expediente y que eso se sostenga jurídicamente, son mucho mayores de lo que han sido nunca. Estos procedimientos son muy complicados, no lo voy a negar; quiero
decir, una cosa es que tú tengas indicios de que alguien que dice que se va realmente no se ha ido, y otra es que luego seas capaz de probarlo. Por eso, la combinación de fuentes, algunas estructuradas, otras informaciones obtenidas en fuentes
abiertas, es absolutamente crucial porque los procesos probatorios son muy complicados. Tenemos una unidad central de coordinación del control de grandes patrimonios, de patrimonios relevantes, que tiene mucho que decir al respecto.


Luego, vamos a seguir con líneas de actuación que ya son clásicas en la Administración Tributaria desde hace años, como el control de la ocultación de actividades, la economía sumergida, lo que les decía, los problemas de software de doble
uso, y también de interposición societaria. Desde luego, quien lo desee puede utilizar evidentemente un instrumento societario para realizar una actividad económica, el problema es que en ocasiones se utilizan estructuras societarias que son meros
cascarones vacíos sin estructura productiva real, y eso es lo que nosotros tenemos que analizar para ver si esa tributación societaria no debería ser una tributación en el impuesto personal. Estas son líneas de trabajo -como decía- de continuidad
que llevan años aplicándose.


En el control de las actividades económicas con carácter más general, como les decía, el reto es poner en marcha el nuevo impuesto sobre servicios digitales. Ahí lo que estamos haciendo es pedagogía, intercambiar información con las propias
empresas, porque hay que tener en cuenta que este impuesto afecta a empresas que a nivel mundial facturen más de 750 millones de euros. Es decir, el universo del que estamos hablando no es extraordinariamente elevado, con lo cual tenemos la lista
de empresas españolas que superan ese umbral y lo que hay que hacer es hablar con ellas. Van a decir si están realizando alguno de los hechos imponibles de los tres hechos imponibles que grava el impuesto: si tienen publicidad online, si actúan
como plataformas de intermediación o si realizan venta de datos, para que las dos partes tengan claro quiénes van a ser los contribuyentes de este impuesto. Y con los gigantes digitales, con las grandes empresas multinacionales que obviamente
tienen presencia digital significativa en España, exactamente lo mismo. Lo que pasa es que en este caso pocas dudas hay. De lo que se trata es de estar en condiciones de determinar cuál es la base imponible de estos impuestos. Es decir, a ver
cómo se traduce en cifras ese tráfico de datos que se puedan integrar en las declaraciones del impuesto.


Y luego estamos trabajando en declaraciones informativas de nueva generación. A nivel europeo estamos hablando ya de una declaración informativa para plataformas digitales y de todo tipo, la llamada DAC 7, y hay otra Directiva de
Cooperación Administrativa, que es la DAC 8, que en este caso se va a referir a criptomonedas. Nosotros tenemos ya algunas declaraciones informativas, bien en funcionamiento, bien previstas en normas en tramitación, pero la buena noticia es que a
nivel europeo estas prácticas se van a generalizar con la intención de que los países nos intercambiemos la información, de tal manera que podamos ayudarnos los unos a los otros a controlar mejor a toda esta realidad económica que se canaliza ahora
a través del mundo digital.


En cada uno de los impuestos tenemos nuestras propias prioridades. Por ejemplo, en el IVA estamos dedicando atención prioritaria a los casos en los que indebidamente no se aplica el recargo de equivalencia. Es decir, hay comercios
minoristas que deberían tributar en recargo de equivalencia, lo ocultan a sus proveedores y entonces esto genera una gran competencia desleal para empresas tradicionales de toda la vida que tributan correctamente. En el impuesto sobre sociedades
quizá lo más novedoso de estos dos o tres últimos años sea la aplicación de actuaciones de comprobación por unidades de comprobación abreviada, es decir, no fiarlo todo a la actuación inspectora, sino también poder hacer comprobaciones abreviadas
por los propios órganos de inspección, pero sin aplicar el procedimiento de inspección cuando la relevancia del caso no lo exija. Y en el IRPF, como les decía, el gran reto es normalizar los registros y que los contribuyentes lo puedan subir a
renta web para presentar mejor la declaración.


Tenemos que reforzar el control de retenciones y tenemos que continuar con el esfuerzo para el control de las operaciones que se realizan en efectivo. Por supuesto, tenemos un plan, tenemos actuaciones coordinadas con la Inspección de
Trabajo y con la Seguridad Social, porque muchas veces

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el fraude de economía sumergida nos afecta a las dos instituciones. Las devoluciones no es que sean un riesgo emergente o que sea superior al de estos años atrás, pero es que, claro, el año pasado devolvimos 50 000 millones, entonces son
unas cifras tan apabullantes que tienes que tener un control mínimo de ellas para que no se te vayan de las manos.


En cuanto a las comprobaciones formales, están muy condicionadas, como les decía, por la situación sanitaria. Si no podemos hacer ese tipo de actuaciones, parados no vamos a estar, haremos otras, por ejemplo, de análisis de información, que
nos permitan mejorar la selección de cara a los siguientes meses y a los siguientes ejercicios.


En materia de tramas organizadas y de actuaciones de auxilio judicial, el trabajo también es constante y viene de mucho tiempo atrás. ¿Novedades? Hay una fiscalidad europea ahora que nos tiene que ayudar a una mejor coordinación
internacional en el control de las tramas de IVA, luego hay un proyecto europeo que es el proyecto Eurofins, que es una red informal para el control del IVA, en el que participamos los veintisiete Estados miembros y que hemos querido reforzar de
común acuerdo entre todos para que el control preventivo sea más efectivo. Hay que prestar atención a nuevas tramas que aparecen en sectores en los que antes eran incipientes o no existían. Por ejemplo, en el sector de hidrocarburos nos hemos
encontrado con tramas organizadas. Y en el ámbito de aduanas e impuestos especiales, aparte de lo que les decía del brexit, el gran reto es el control del comercio electrónico. A partir del 1 de julio se produce un importante cambio normativo a
nivel europeo para que tributen también los pequeños envíos, es decir, las importaciones de pequeño importe van a tributar también. En consecuencia, tenemos que hacer un control de esta operatoria, sobre todo siendo exigentes con las plataformas
que canalizan este tipo de informaciones para que nos llegue información correcta y, lo de siempre, para evitar la competencia desleal que genera para el comerciante nacional el hecho de que se puedan producir importaciones en las cuales el IVA
pueda ser en un momento dado eludido. Es un reto que desde luego nos parece muy relevante para este año 2021 y para los años siguientes.


Los impuestos medioambientales cada vez tienen mayor peso en los sistemas fiscales. Por ejemplo, el impuesto sobre los gases fluorados o el impuesto sobre el valor de la producción de la energía. Las comprobaciones de estos impuestos ya se
han convertido en estructurales. Ahora son como cualquier otro impuesto, y no una anécdota que surge en el ordenamiento jurídico, y vamos a ver lo que hacemos con ellos. Digamos que ya forman parte de nuestra planificación estructural.


Tenemos el problema del contrabando, el problema del narcotráfico y el blanqueo de capitales. En fin, hoy mismo ha habido un operativo en las costas de Galicia con unas cuantas toneladas intervenidas. Esta es una batalla permanente. No
solamente hay que pensar en el Campo de Gibraltar; también en Galicia tenemos que prestar mucha atención a lo que está sucediendo. El trabajo de vigilancia aduanera, desde luego, es absolutamente crítico en este aspecto, en la zona como decía del
Campo de Gibraltar. En fin, afortunadamente, tenemos oficinas de inteligencia marítima que permiten una coordinación cada vez mayor con otras autoridades, como pueden ser las portuarias, y desde luego la red internacional está funcionando cada vez
mejor. Es decir, los intercambios de información en la lucha contra el narcotráfico tengo que decir que funcionan muy bien.


En cuanto a la fase de recaudación, lo más significativo, probablemente, sea que hemos detectado problemas con la utilización de los TPV, de terminales con titularidades de conveniencia. Es decir, en la medida en que el TPV deja rastro e
inmediatamente se puede detectar a quien lo está utilizando, se puede poner a nombre de otro para dificultar la actuación de comprobación. Es algo tan simple como esto. Vemos que cada vez se está produciendo con más frecuencia, de tal manera que
se obstaculice no tanto la actuación de control, sino la actuación para conseguir el cobro de las deudas que se vayan identificando.


En recaudación hay que actuar también con criterios de riesgo. Los análisis de riesgo cada vez son mejores y eso permite que las derivaciones de responsabilidad vayan mejor dirigidas, la adopción de medidas cautelares cuando es necesario y
atacar las insolvencias aparentes. En fin, también la cooperación con otras administraciones es cada vez más importante. Tenemos retos como el control de la deuda suspendida y paralizada, pues tenemos varios miles de millones que están en
suspensión, y hay que estar monitorizando para el momento en que se puedan reanudar las actuaciones de cobro.


Para terminar -no quiero aburrirles porque, como pueden ver, es un documento en el que se trata prácticamente de todo-, quiero referirme a la cooperación con otras administraciones tributarias y hablar un poquito del ámbito internacional,
que prácticamente no he dicho nada del nacional. Por supuesto, la cooperación con Trabajo, con Seguridad Social, es permanente. Tenemos convenios de colaboración, estrategias conjuntas, pero también, obviamente, los tenemos con las comunidades
autónomas. Muchas

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veces se piensa en la Agencia Tributaria como la única responsable de la gestión y aplicación del sistema tributario, pero este es un trabajo compartido. Están las haciendas forales y las haciendas tributarias autonómicas, cada una en su
ámbito de competencias y, claro, tenemos que tener una red de intercambio de información que funcione de manera ágil. Tenemos un censo compartido, y esto es un gran avance porque por lo menos trabajamos todos con la misma base. Además, definimos
todos los años una serie de prioridades de común acuerdo para mejorar la gestión y el control tributario en los dos ámbitos, tanto en el ámbito autonómico como en el ámbito estatal. Por ejemplo, se pueden imaginar que las deducciones autonómicas
son una prioridad desde el punto de vista del control del IRPF. También es muy importante la información que nos pasan las comunidades autónomas para el control de los impuestos negativos; por ejemplo, situaciones de familias numerosas y
discapacidades, de tal manera que el que se aplique estos beneficios fiscales tenga derecho a ellos y no se lo esté inventando. Es muy relevante también toda la información que la Agencia Tributaria puede proporcionar a las comunidades autónomas
para el control de los tributos cedidos, los tributos patrimoniales, para sucesiones y para patrimonio. Como decía antes, las fuentes de información internacionales cada vez funcionan mejor y los contribuyentes con mayores posibilidades pueden
tener bienes en el extranjero, lo cual es determinante de cara a la liquidación de estos tributos que gestionan y controlan las comunidades autónomas.


En operaciones societarias, lo mismo, también tiene consecuencias el régimen de reestructuración, por ejemplo, desde el punto de vista de las exenciones. Entonces, la información que tiene el Estado a través del impuesto sobre sociedades o
de nuestras fuentes de información permite que traslademos a las comunidades autónomas una foto de cada una de las operaciones de reestructuración para que comprueben si los beneficios fiscales han sido aplicados correctamente. Otro clásico es el
control de domicilios. Antes hablábamos de los contribuyentes deslocalizados a nivel internacional, pero también se producen deslocalizaciones ficticias a nivel nacional. Ahí lo que hacemos es trabajar conjuntamente, es decir, tener indicadores
que permitan en un momento dado determinar que hay contribuyentes que se han movido de un lado para otro y que no parece que eso se sustente en datos reales sino que puede ser una deslocalización ficticia, de cara al inicio de la actuación
correspondiente de comprobación del domicilio y con las consecuencias que pueda tener tanto en los tributos estatales como en los tributos cedidos.


Por último -y ahora ya sí termino-, en relación con las Haciendas Forales, por supuesto también tenemos unas líneas de cooperación y de intercambio de información que vienen funcionando desde hace muchísimos años. Ahora, por ejemplo,
estamos tramitando una renovación del convenio de intercambio de información con Navarra y entiendo que muy pronto lo tendremos que hacer también con las Haciendas Forales vascas. El otro día recordaba que el convenio con Guipúzcoa es de 2011;
desde entonces han pasado unas cuantas cosas y lo lógico es que actualicemos el convenio.


Creo que este es un resumen un tanto apresurado del contenido de las directrices del plan de control. Como me imagino que surgirán muchas dudas, quedo a su disposición para intentar aclararlas a partir de ahora.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Gascón, por su exposición.


Pasamos al turno de intervención de los portavoces. Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Mazón por un tiempo de diez minutos.


El señor MAZÓN RAMOS: Seré breve.


Muchas gracias por su explicación. Evidentemente, la Agencia Tributaria tiene enormes retos. Por suerte, quizá es de las mejores instituciones que tenemos en este país, porque es una institución que funciona bastante bien comparada con
otras, aunque, por supuesto, tiene muchísimas carencias que ustedes mejor que nadie conocen y tiene muchas necesidades.


Yo le quería hacer alguna pregunta de carácter general. Lo primero que siempre me planteo es que continuamente se está hablando de que en España hace falta una reforma integral del sistema fiscal. Ya sé que es una cuestión política, pero
creo que en este caso la Agencia Tributaria tendría mucho que decir. Mi pregunta concreta es si ustedes en algún momento han realizado o tienen previsto realizar algún tipo de informe sobre cómo debería ser esta reforma. Por supuesto, sabemos que
hay colectivos que han hecho sus propuestas -distintas asociaciones profesionales, etcétera-, pero creo que alguna idea deberían tener ustedes. Por eso le pregunto si tienen algo y, en el caso de que fuera cierto, ¿nos lo podrían facilitar?
Porque, independientemente de los criterios políticos que tenga cada partido, que son los que hacen variar la imposición en cada momento, hay una lógica económica, incluso una lógica

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matemática, como yo suelo decir. En muchas ocasiones, hay incoherencias que se corregirían con un buen equipo matemático e informático que lo estudiara. No sé si ustedes tienen un modelo general para poder ver este tipo de contradicciones
que suelen ocurrir cuando, por ejemplo, se sube un impuesto y el contribuyente paga más o paga menos y no tiene nada que ver con la realidad económica, como ocurre cuando hay diversos saltos.


Ya sabemos que, en general, la imposición entre impuestos directos e indirectos puede variar de peso, pero la mayor parte de los impuestos que tenemos hoy en España prácticamente están consolidados y no hay una discusión sobre ello en la
política; de hecho, la mayoría coincide con los impuestos que hay en el resto del mundo, en Europa en concreto. Pero sí que es verdad que muchos de ellos tienen una casuística muy elevada y que necesitaríamos -no sé si lo comparte- una
simplificación de esa casuística en la mayoría de los impuestos. Por ejemplo, ahora mismo se podría simplificar la casuística del IRPF con la llegada del ingreso mínimo vital; se podría quitar este tipo de compensaciones o distintos tipos de
deducciones, se podría hacer de manera más simple para que los ciudadanos las reciban y no tengan toda esa casuística de subvenciones o deducciones. Yo creo que la Agencia Tributaria podría colaborar mucho si esto se extiende -debería ser así, en
mi opinión- y podría compatibilizarlo con el trabajo, hasta determinados límites; de momento -en un futuro quizá podría ser universal-, con las correcciones fiscales oportunas, probablemente fuera neutro desde el punto de vista general. Mi
pregunta va en este sentido. ¿Cómo está viendo la agencia estas cuestiones? Podría hasta desaparecer la autoliquidación, algo que está muy próximo, porque con el borrador podría llegar un momento en que la liquidación fuera automática, y
simplemente se trataría de dar plazos a los particulares o a las empresas para confirmarlo. Haría incluso innecesaria la figura de la no obligación de declarar, ya que no habría ese límite, que a veces también da lugar a ese tipo de incoherencias
que he puesto antes de manifiesto: el que no llega a 22 000 no tiene que hacerla y el resultado fiscal de otros contribuyentes, por 4 euros de diferencia, cambia mucho.


También me gustaría saber su opinión sobre dos impuestos que siempre están pendientes, el impuesto de sucesiones y el impuesto de patrimonio. Independientemente del dumping fiscal, que en mi opinión existe, se está dando una picaresca, que
es el cambio de domicilio fiscal, incluso el cambio de padrón, para poder pagar menos, o más, dependiendo de donde estés. Es algo que no tiene relación directa con los servicios. Los impuestos municipales y el padrón sí tienen una relación directa
con el ciudadano, que recibe directamente los servicios del ayuntamiento, pero no el impuesto de sucesiones o el de patrimonio. Basta con empadronarte o cambiar de domicilio para que haya unas diferencias que yo creo que son inadmisibles. Y
también hay otra cuestión que siempre recalcamos y que me gusta repetir, la de la lucha contra el fraude fiscal, que es algo de lo más rentable que hay. La Agencia Tributaria y toda la Administración tendrían que reforzar los medios para
combatirlo, y no me refiero solo al gran fraude, al de las grandes empresas sofisticadas, donde se necesita gente más especializada, sino al fraude en todos los segmentos, grandes, medianos y pequeños, porque todo suma. No creo que esta sea una
cuestión filosófica. Hay gente que piensa que todo es cuestión de educación social, pero la realidad es que en los países europeos, que se supone que son mucho más cívicos, cuando se puede, también se engaña, y si no lo hacen es porque tienen unas
sanciones duras, están más encima que aquí y saben que, normalmente, infringir la ley tiene consecuencias más graves que aquí.


No me quiero extender mucho más, pero sí le quería decir que, en cuanto al brexit, ya que lo ha citado, es verdad que las aduanas no se están resintiendo mucho y no funcionan mal, pero sí hay alguna cuestión muy relacionada que está dando
muchos problemas, como, por ejemplo, los controles de sanidad exterior. Los controles sanitarios en muchos sitios están causando muchísimos perjuicios a los importadores y a los operadores, por ejemplo, los portuarios. En el caso del puerto de
Santander, si ha estado una mercancía perecedera quince días, es muy probable que dejen de venir por ahí al cabo del tiempo. Entonces, yo creo que ahí debería de haber una coordinación importante entre las aduanas y otras administraciones, como la
de sanidad.


En resumen, independientemente de todo lo que nos ha contado -que me parece que está muy bien y creo que están poniendo un gran empeño en la digitalización y la modernización-, yo creo que hay que insistir, sobre todo, en reforzar los medios
de Hacienda, de la Agencia Tributaria, para luchar contra el fraude. Desde luego, desde mi partido siempre apoyaremos cualquier iniciativa que vaya en este sentido, porque creo que no solamente nos lleva a una mayor justicia, sino porque, además,
es muy rentable desde el punto de vista económico y de recaudación.


Muchas gracias.

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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mazón.


A continuación, por el Grupo Parlamentario Vasco, la señora Sagastizabal tiene la palabra.


La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias, presidente.


Muchísimas gracias por su comparecencia de hoy en esta Comisión y, desde luego, por sus explicaciones. La verdad es que parece que el año 2021 va a venir cargado en materia fiscal; ya ha apuntado también el señor Mazón que parece que va a
haber una revisión de toda la fiscalidad, y estaremos atentos. Hoy nos ha contado las directrices generales del Plan de control tributario, pero también -como usted bien ha dicho- tenemos aquí la ley de medidas contra la lucha de fraude fiscal, que
entendemos que puede ser un mecanismo o que, de hecho, es una normativa que puede complementar o reforzar esas directrices. Desde luego, creo que tiene una tarea compleja y ardua en este sentido. Es verdad que el plan, que ha sido publicado en el
boletín, contempla numerosas medidas, pero también es verdad -como usted bien ha dicho-que esas directrices se recogían en años anteriores y hay que continuar con ellas. Me gustaría saber qué grado de ejecución prevén en cuanto a esas medidas o
directrices que han establecido; si tienen alguna previsión sobre su cumplimiento.


Es cierto que la economía sumergida o invisible -tiene muchos nombres, pero se diferencian en matices- es una economía informal y oculta, es una parte de la actividad que no viene recogida ni en estadísticas oficiales ni entra en los
circuitos fiscales. Estamos de acuerdo en que las consecuencias del fraude fiscal afectan a la política pública y, sobre todo, dificultan la política redistributiva. En este sentido, me gustaría conocer, por un lado, si como medida preventiva
sopesan fomentar la conciencia fiscal entre la ciudadanía para avanzar hacia un fraude cero. Nosotros, por ejemplo, en Euskadi ofrecemos a los centros educativos la posibilidad de adherirse a un módulo de educación tributaria, que se inició en
2018, junto con el Gobierno vasco y las Haciendas Forales, y me gustaría saber si cree necesario o resultaría interesante potenciar este tema de la conciencia fiscal. El señor Mazón ha dicho que se producen muchas paradojas a la hora de cometer
fraude. Yo no estoy tan de acuerdo; en algunos países europeos creo que la conciencia fiscal es mucho mayor, pero también es verdad que es porque ven dónde van sus impuestos; los impuestos son para mejorar la calidad de vida. El problema está
cuando no se ve dónde van esos impuestos porque algunos se han llenado los bolsillos o han cometido barbaridades. Ese creo que es el problema.


Por otro lado, en el tema de la economía sumergida, que creo que es la gran desconocida, todo el mundo habla de ella, pero hay pocos estudios al respecto. En Euskadi se elaboró un estudio realizado con la UPV, Gobierno vasco y diputaciones,
donde sí se realizaba una estimación de la economía sumergida en Euskadi y adoptaba diferentes métodos de estimación. Me gustaría saber si cree que estos estudios pueden ser favorables, si cree que son necesarios este tipo de informes, si podrían
ser de utilidad para la elaboración de los planes de control tributario y qué institución podría ser la idónea para realizarlos.


También me gustaría saber si creen necesario un aumento de plantilla o una nueva formación para los trabajadores en la línea de disponer de un personal especializado en unidades centradas en el control y análisis de impuestos o tipos de
contribuyentes concretos para detectar o evitar la comisión del fraude. Es verdad que la formación de algunos inspectores, por ejemplo, en medidas de economía digital ha logrado que afloraran fraudes en criptomonedas, y pensamos que es bastante
interesante. Y ha hablado también usted de los hidrocarburos. Nosotros también tenemos una unidad especializada en impuestos especiales. No sé si sería interesante profundizar en este tema. En Vizcaya tenemos un programa que se llamaba Batuz,
que es un libro de cuentas digital y conectado -usted lo conocerá-, en el que los empresarios hacen la contabilidad directamente en el sistema y envían los datos directamente a Hacienda. Me gustaría saber si cree que este sistema podría ser
exportable a otras haciendas.


Por otro lado, ha hablado de la ley de fraude se propone acotar los pagos en efectivo. Parece que el objetivo es limitar el movimiento de dinero en efectivo para evitar el traspaso de grandes cantidades sin declarar. Al favorecer los pagos
telemáticos toda la información queda registrada en la entidad bancaria, que informa a la agencia en caso de sospecha. ¿Qué opinión le merece esta limitación cuando además el comercio parece que está en contra y las patronales afirman que esta
limitación supondría un obstáculo para la recuperación del comercio, ya afectado por la pandemia? Se lo pregunto porque hablan de que los pagos electrónicos conllevan comisiones, que no ayudan a impulsar la demanda, etcétera. Me gustaría saber su
opinión, porque es verdad que en Francia, por ejemplo, se ha establecido ese límite pero parece que la lucha contra la economía sumergida tampoco ha mejorado, y otros países como Alemania, Finlandia o Austria cuentan con niveles de economía
sumergida y no tienen esta limitación.

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Por último, usted nos ha hablado del papel que tienen las aduanas en este control pero, por otro lado, la ley de fraude fiscal prevé medidas para extender la responsabilidad de los agentes de aduanas. Me gustaría conocer su opinión y por
qué cree que hay que extralimitar esta responsabilidad. Quería decirle que estamos muy de acuerdo en que la cooperación es necesaria para evitar el fraude fiscal, nos consta que las Haciendas Forales comparten información con todas las haciendas,
pero ese convenio, en el caso de Guipúzcoa, es de 2011 y creemos que habrá que firmar un nuevo convenio porque, como usted bien ha dicho, la realidad ha cambiado muchísimo desde 2011 hasta ahora.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Sagastizabal.


Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, la señora Martínez tiene la palabra.


La señora MARTÍNEZ GRANADOS: Gracias, presidente.


Muchísimas gracias por la comparecencia, por la claridad y sobre todo por el resumen, porque es un plan bastante amplio y nos ha venido muy bien su comparecencia para quedarnos con algunos conceptos.


Quería empezar por comentar el tema de la digitalización. Creo que es un gran paso, un paso muy importante. Los que hemos trabajado con la Agencia Tributaria en asesorías o en consultorías sabíamos que había una barrera que hacía en muchas
ocasiones inaccesible el contacto con la Agencia Tributaria en momentos de gestión de impuestos, y creemos que esa digitalización es positiva. Quería preguntarle al respecto si, dado que hay ciertos representantes de los contribuyentes -como pueden
ser los asesores-, esa digitalización también está pensada o ideada para que el acceso de terceras personas representantes de contribuyentes sea más fácil, es decir, si hay una vía preparada para ellos. Porque no es lo mismo el contribuyente que
gestiona su renta o un pequeño autónomo que gestiona sus liquidaciones de IVA que los representantes de estos contribuyentes, que hacen otro tipo de gestiones como por ejemplo la que decía de la gestión de las sanciones, los requerimientos... Todo
ese tipo de mejoras yo creo que van a venir muy bien, pero me gustaría saber qué orientación tiene hacia estas personas representantes.


Si hablamos de fraude fiscal y de economía sumergida, creemos que para tomar medidas más contundentes -y así lo expresamos en una enmienda que presentamos a los Presupuestos Generales del Estado- debe conocerse cuál es la envergadura del
fraude fiscal y de qué cifras estamos hablando, de dónde viene, dónde hay que destinar los recursos en esas inspecciones o en esa lucha contra el fraude fiscal, porque, como bien decía, después de una inspección no solamente la persona que es
inspeccionada y sancionada debe aprender de ese hecho y cambiar su actitud, sino todo ese círculo que le rodea, por lo que creemos que la lucha contra el fraude fiscal debe tener un informe claro para tener un objetivo claro.


Entiendo que todas las mejoras que se están haciendo, sobre todo para luchar contra la economía sumergida, surgen de la experiencia propia del funcionario y del trabajo a lo largo de los años, pero no cree que sería necesario, como nosotros
hemos propuesto, que existiera un comité de expertos, incluso dentro de la misma Agencia Tributaria, que se dedicara a hacer un estudio para saber cuál es el objetivo, cómo mejorar o afinar esos mecanismos y después conocer el esfuerzo y la
recompensa sobre las actuaciones. Es decir, ¿nos compensa ir por este tipo de fraude o preferimos ir hacia otro? Creo que es importante, y esto va unido al personal, tanto en la parte de digitalización -que llevará personal detrás- como a la parte
de la lucha contra el fraude. ¿Tenemos medios suficientes? ¿La Agencia Tributaria tiene medios suficientes? Nosotros presentamos también una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado orientada a que se estudiara esa plantilla y ver si hay
suficiente personal y suficientes medios para alcanzar esos objetivos, porque no solamente hay que hablar de inspectores o funcionarios que están atendiendo en las diferentes oficinas y delegaciones, sino también en vigilancia aduanera, que es muy
importante. La vigilancia aduanera trabaja mano a mano con Guardia Civil y Policía Nacional en lugares como el Estrecho de Gibraltar y en muchas ocasiones se encuentran sin medios suficientes para realizar su trabajo, o por lo menos así nos lo han
hecho llegar. La pregunta concreta es: ¿tenemos medios, tanto personales como materiales, suficientes?


Respecto de la economía sumergida, me he dejado sin comentar una idea, y es que la economía sumergida es un gran problema, sobre todo porque cuando se lucha contra el fraude fiscal o se hacen revisiones e inspecciones se va contra el que
cumple, como usted ha dicho, cuando muchas veces se trata de errores. Hay que decir que muchos de los problemas que vienen con ciertos requerimientos son errores, la mayoría de las veces por desconocimiento o porque lo quieres hacer tú por
ahorrarte un buen asesor porque no puedes pagártelo. Es decir, se lucha contra esas personas y, al final, estamos hablando de una sanción de 300 euros en muchas ocasiones por un error. Eso hace que las personas que están

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tributando se vean en inferioridad de condiciones con respecto a esa economía sumergida. Le voy a poner un ejemplo -y podríamos poner muchos- de una academia de estudios en cualquier ciudad de nuestro país y justo en la farola que tiene
enfrente tiene cincuenta carteles de publicidad de clases particulares en domicilios privados. Quiero decir, ¿tenemos medios suficientes? ¿Hay una estrategia clara sobre cómo llegar a esa economía sumergida? En ocasiones, incluso viendo este
plan, me falta eso, me falta verlo y que la gente entienda cómo se va a hacer para que también sirva de aviso a navegantes en el sentido de que esto no puede seguir así porque al final los que están pagando pierden por dos motivos: por los errores
y las sanciones que vienen así recogidas -a las que tienen que hacer frente, por supuesto-, pero también por esa sensación de que no se hace lo suficiente.


Asimismo, querría preguntarle por la ley de lucha contra el fraude que ahora mismo se está tramitando. Yo he observado en este texto que ya se habla de jurisdicción no cooperativa, cuando es un término que realmente todavía se está
debatiendo en la ley y entiendo que también viene de la Unión Europea. Quisiera saber su opinión porque entiendo que ya sabrá en qué fase de la tramitación está, ya que quizá sea usted una de las personas que más nos pueda aportar dado que estamos
en las fases previas para las primeras sesiones de ponencia y queda mucho trabajo por hacer, sobre todo en cuestión de aduanas. Creemos que usted le ha dado la importancia que tiene, ya que a veces solo pensamos en una parte de la actividad de las
aduanas, pero con esta ley sí va a haber ciertas modificaciones que sería interesante conocer para ver qué puede ser lo más útil para ayudar en esta lucha contra el fraude fiscal.


Como no sé si voy a poder estar en la réplica para escucharle -sí le digo que veré la respuesta, si responde a alguna de mis preguntas, posteriormente-, no puedo dejar de preguntarle por un tema un poco específico que no tiene nada que ver
con esto pero que ha salido en prensa, y las asociaciones de autónomos están bastante sorprendidas con una medida que afecta a los gastos deducibles del teletrabajo para autónomos que tenían un negocio de cara al público y que con las restricciones
han tenido que cerrar, y al no poder atender al público se han ido a casa a realizar ese trabajo. Está claro que ellos ya tienen una deducción por sus gastos de ese local, pero es verdad que cuando ellos asumen tener que hacer teletrabajo han
consultado si podían hacer esa deducción también de la parte proporcional que dice la ley que puede hacerse. Parece ser que la Dirección General de Tributos dice que no y a mí me gustaría saber qué opina usted, porque aunque veníamos a hablar de
otra cosa, el COVID sigue estando y hay muchos pequeños autónomos y pymes que nos preguntan acerca de esto.


Muchas gracias. Siento no estar en la réplica porque tenemos una ponencia, pero veré su respuesta. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Martínez.


A continuación, por el Grupo Parlamentario Republicano, el señor Margall tiene la palabra.


El señor MARGALL SASTRE: Gracias, presidente.


Buenos días. Gracias por su comparecencia. El fraude fiscal provoca cada año unas pérdidas a las arcas públicas de 91 000 millones de euros, 60 000 millones por impuestos evadidos y 31 000 millones por cuotas defraudadas a la Seguridad
Social. Atajar este problema nos parece básico y, aprovechando que ahora mismo se está tramitando la ley de lucha contra el fraude fiscal, donde esperamos que este Gobierno sea valiente, le queremos trasladar algunas cuestiones. Una de las claves
para mejorar los resultados en la lucha contra el fraude por parte de las administraciones tributarias consiste en disponer del mayor número de datos posible con trascendencia tributaria para poder optimizar las actuaciones de comprobación y de
investigación. En este sentido, la cooperación entre administraciones es esencial, por lo que resulta fundamental establecer un proceso de intercambio de información automático y sistemático entre la agencia y las administraciones tributarias de
las comunidades autónomas, y ello le permitiría desarrollar con la máxima eficacia y eficiencia las actuaciones de comprobación e inspección y reducir así el fraude fiscal del conjunto del sistema fiscal del Estado español.


Mi pregunta es por qué las administraciones tributarias autonómicas no pueden tener acceso a toda la información de la agencia para la aplicación en todo su conjunto de los tributos propios y cedidos, por qué la agencia no comparte sus
amplias bases de datos. Los resultados de la prevención y control del fraude tributario o aduanero fueron en 2019 de 15 100 millones de euros, pero esta cifra se queda muy lejos dadas las estimaciones realizadas para España, que suponen un
incremento de 40 000 millones de euros, si nos situáramos en un nivel de fraude fiscal similar a países como Francia o Alemania, y en 100 000 millones de euros si se lograse eliminar totalmente. De hecho, en todos los estudios realizados el Estado
español siempre se sitúa por encima de la media en términos de economía

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sumergida y fraude fiscal. ¿Cree que es un tema estructural lo que le comento? ¿Qué actuaciones tiene previsto realizar para reducir esta brecha fiscal?


En otro orden de cosas -usted lo ha mencionado-, se estima que el traslado de beneficios que realizan las multinacionales a territorios con baja tributación provoca un agujero en las arcas públicas del 14 % de los ingresos anuales que se
obtienen en España por el impuesto sobre sociedades. El proyecto de ley de prevención y lucha contra el fraude que se tramita en esta Comisión amplía el concepto de país no cooperativo a efectos fiscales con un tercer criterio de baja o nula
tributación, que se unirá a los actuales criterios de trasparencia y de justicia fiscal. No vamos a ahondar más en este proyecto de ley porque ya vamos a tener ocasión de hacerlo en la ponencia, pero sí vamos a preguntar en concreto sobre el tema
del nivel impositivo considerablemente inferior a España para ser considerado paraíso fiscal, expresión literal que aparece en dicho proyecto. Lo decimos porque se acumulan varias informaciones sobre fundaciones panameñas a nombre del rey emérito,
cuentas en Suiza, terrenos en Marruecos, viviendas en Londres y Suiza, importes donados y donaciones recibidas de un empresario mexicano a través de una persona interpuesta. El rey emérito es residente fiscal en España en 2020. El 3 de agosto se
fue España, pero podrá ser residente fiscal en los Emiratos Árabes Unidos si sigue residiendo allí después del 30 de junio de este año, aunque hemos leído informaciones de periódicos -como se dice, bien informados- donde se indica que Moncloa y
Zarzuela estarían negociando un eventual retorno. En relación con este tema, le formulo varias preguntas: ¿cuál es el impedimento para la agencia para que se concrete el límite de lo que se consideraría una baja tributación de un país o territorio
a efectos fiscales?, ¿qué límite de gravamen efectivo considera usted un nivel impositivo efectivo considerablemente inferior en España? Más preguntas: ¿qué medios y número de funcionarios ha puesto la agencia a disposición de la Fiscalía del
Tribunal Supremo para que las diligencias de investigación sobre el rey emérito avancen con rapidez?


El 6 de diciembre varios periódicos publicaron que Juan Carlos I analizaba regularizar los fondos que recibió del empresario mexicano y se planteaba dirigirse a la Agencia Tributaria para esquivar una parte de las diligencias abiertas por la
Fiscalía. ¿Se le dio alguna información a letrados, asesores o persona alguna sobre la regularización que posteriormente presentó el rey emérito por la donación de un empresario mexicano a través de un coronel del Ejército español? ¿Qué
actuaciones de investigación ha realizado la agencia sobre los bienes y patrimonio del rey emérito que, presuntamente, detenta en el exterior? ¿Va a realizar la agencia alguna actuación indagatoria sobre los bienes y patrimonio del rey emérito que,
presuntamente, detenta en el exterior? ¿Va a activar alguna cláusula de los acuerdos de intercambio de información para conocer el verdadero titular de las cuentas, bienes y patrimonio situado en el extranjero que algunas informaciones atribuyen al
rey emérito?


Cambiando un poco de tema -aunque no sé si me queda tiempo, señor presidente-, a partir de las estadísticas de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Gestha pudo concluir que 1743 sicavs -el 70 % del total- son sospechosas de ser
instituciones de inversión privada al contar con menos de 150 socios. Si existiera un límite máximo de participación, se evitaría el control de las sicavs y el partícipe que quisiera invertir o adquirir algún bien reembolsaría su participación y
tributaría por la renta del ahorro diferido, según la diferencia entre el valor liquidativo y el valor de adquisición. Así se evitarían los abusos de las sicavs por personas con grandes patrimonios que, cumpliendo los vigentes requisitos, crean una
institución de inversión colectiva cuando, en realidad, son auténticas instituciones de inversión privada. Mientras no se modifique la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva, ¿de qué instrumentos jurídicos dispone la agencia para controlar la
elusión de grandes fortunas a través de sicavs familiares? El 25,7 % del patrimonio total declarado está en manos de grandes fortunas en Madrid, una media de 9,5 millones y el 34,5 % de la base liquidable, es decir un total de 89 000 millones de
euros que no tributan al estar bonificados al cien por cien por la Comunidad de Madrid, que beneficia esencialmente a 406 grandes fortunas madrileñas que poseen individualmente bases imponibles por encima de 30 millones de euros, es decir, el 66,8 %
del total de las fortunas por encima de 30 millones de las comunidades autónomas de régimen común. Mientras no se alcance un acuerdo para la financiación autonómica y la coordinación de los impuestos estatales cedidos, conforme al criterio de los
expertos designados para la Comisión de la reforma fiscal y de los expertos designados para la Comisión para la reforma de la financiación autonómica, así como de los pronunciamientos de la OCDE o del FMI, entre otros, ¿de cuántos empleados públicos
dispone la agencia para controlar a las grandes fortunas del Estado español?


Voy a ir terminando, si me queda tiempo, presidente. Si no, me lo dice.

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El señor PRESIDENTE: Un minuto y medio.


El señor MARGALL SASTRE: Según el FMI, el Estado español adolece de un 65 % más de economía sumergida que la media europea. En relación con las grandes fortunas, la Agencia Tributaria cuenta actualmente con unas 25 400 personas, cuando en
2008 tenía en torno a 28 000. Es decir, ahora cuenta con un 10 % menos de personal que hace doce años. La agencia habla en su plan anual de una mayor dotación de medios personales, pero ¿cuántas plazas anuales en oferta de empleo público pretende
sacar durante los próximos años para luchar contra el fraude? Los técnicos de Hacienda son el personal más numeroso de quienes pueden comprobar, proponer sanciones y recaudar en la Agencia en el grupo A. Desde 2009 tienen limitada la firma de las
actas para investigar empresas con 4 millones de euros de facturación en actuaciones de carácter general y 5,7 millones en actuaciones parciales. Han pasado doce años y esos límites no se han cambiado, a pesar del aumento en el volumen de
facturación de las empresas. A nuestro parecer, es imprescindible cambiar el foco de la lupa de la inspección, ya que actualmente el 80 % de los recursos de la Agencia Tributaria se dedican a investigar autónomos, microempresas, pymes y
trabajadores, lo que deja muy poco margen de actuación en la lucha contra el fraude sofisticado de las grandes fortunas, empresas y multinacionales.


El señor PRESIDENTE: Tiene que acabar ya, señor Margall.


El señor MARGALL SASTRE: Acabo con una pregunta: ¿Qué medidas se van a adoptar para no tener tan limitada la actuación contra el fraude de todo este colectivo?


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Margall.


A continuación, por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra su portavoz, el señor Guijarro.


El señor GUIJARRO GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.


Señor Gascón, buenos días. Le agradezco su comparecencia y el resumen que ha hecho en su primera intervención, desgranando algunas de las medidas que está tomando actualmente la agencia y otras que tiene en perspectiva. Dada la limitación
de tiempo que tenemos, me voy a centrar básicamente en dos elementos. Uno de ellos tiene que ver con la Ley de medidas de lucha contra el fraude fiscal, que ya se ha mencionado y que, por razones evidentes, interesa especialmente a esta Comisión.
Ahí le detallaré algunas cuestiones, opiniones y preguntas. Pero antes de eso querría hablar un poco de los efectos que sobre la recaudación tributaria ha tenido la crisis en España en este último año. Aunque los números definitivos del cierre
fiscal no los tendremos hasta marzo, según tengo entendido, por lo que hemos podido observar en la comparativa de ingresos enero-noviembre en distintos años, ya se ve un efecto importante en la reducción de la recaudación. Por lo que tengo
entendido, una vez homogeneizados los datos, estamos hablando de una caída aproximada del 8,1 %, algo que realmente nos preocupa, aunque en un inicio habíamos previsto una caída incluso mayor. Sería absurdo congratularse por esas cifras porque no
dejan de ser malas, pero creo que, en esta situación y con el temporal que hemos atravesado y que estamos atravesando, no son del todo malas cifras. En este sentido, le pediría que, si puede, nos adelante algún dato sobre el cierre del año que
pueda confirmar estas tendencias. También le pediría algún comentario respecto a la recaudación del IRPF. En meses pasados el Gobierno había previsto un aumento de la recaudación y esto había provocado una reacción furibunda por parte de algunos
portavoces, sobre todo del Partido Popular. Creo que llegaron a decir cosas como que eso no se lo cree ni X -póngale usted el sustantivo que quiera-. Dadas las cifras que empezamos a ver, a lo mejor vamos a tener que empezar a creernos todos que,
efectivamente, ha habido un aumento en la recaudación del IRPF, por lo menos hasta el mes de noviembre. Según tengo en mis datos, serían unos 825 millones de euros más, es decir, aproximadamente un 1 % superior a lo que se recaudó en el mismo
periodo enero-noviembre del año 2019. Si nos hiciera unos comentarios sobre los efectos de la crisis en términos recaudatorios, se lo agradecería.


Entrando en el meollo del asunto, lo que tiene que ver con la Ley de medidas de lucha contra el fraude, a nosotros nos preocupan especialmente determinados episodios que se han vivido últimamente en la política española y que pueden afectar
en negativo a la propia cultura tributaria que tratamos entre todas y todos de fortalecer. Me estoy refiriendo, por un lado, al affaire andorrano -si me permiten expresarlo así- y la salida de determinados youtubers a este tipo de países, que
podría afectar

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directamente a la cultura tributaria de la juventud, y esto no deja de ser importante. La pregunta que le hago directamente, señor Gascón, es qué hacemos con Andorra. Es verdad, como usted mismo ha desgranado, que Andorra ha venido
colaborando con intercambios de información en estos últimos años, pero, como usted bien ha dicho, el criterio de país no colaborativo o paraíso fiscal tiene también que ver con diferenciales de tipos y ahí sí que me parece que deberíamos hablar.
En ese sentido, me sumo a la pregunta que hacía mi compañero de Esquerra, Margall, respecto a este tema. Hay algo que también ha mencionado Margall y que puede afectar directamente a la cultura tributaria en nuestro país y son estas cosas del señor
Borbón, del ciudadano Borbón, se supone que primer ciudadano del Reino. Esto es demoledor, tener estas sombras de sospecha sobre un señor que se supone que tendría que, entre otras cosas, haber dado un cierto ejemplo de honradez y leer a lo largo
de estos últimos meses algunas supuestas maniobras irregulares -por no decir abiertamente ilegales- que se han venido detallando del señor Borbón, pues, en fin, como le digo, tiene muchas implicaciones políticas, pero hay una que afecta a la
naturaleza de esta comparecencia y que tiene que ver con esa cultura tributaria que creo que se ve, sin duda, afectada. En ese sentido, la condición sine qua non para poder extender esa cultura de la que tanto hablamos es que a toda la ciudadanía
le quede claro que todos somos tratados igual. Yo no sé si con estos episodios que han rodeado al señor Borbón en estos últimos meses esta certeza está tan consolidada como nos gustaría.


Más temas sobre la lucha contra el fraude. Nos preocupa también que ha habido un cierto estancamiento en ese indicador 3 desde el año 2015, el de resultados de la prevención y control del fraude tributario y aduanero. Como le decía, en el
año 2015 hubo un salto importante, pero se ha mantenido más o menos estable hasta el año 2019. Yo no sé si podemos deducir, por tanto, que hay un cierto estancamiento o que, por lo menos, se ha roto una línea progresiva que veníamos experimentando
en los años pasados. En todo caso, a mi grupo parlamentario le parece que estas cifras nos invitan a pensar en medidas ulteriores que puedan afectar al propio modelo de gestión de la Agencia Tributaria. En primer lugar, con respecto a las medidas
para aumentar el control de grandes defraudadores, creo que esto es especialmente relevante porque, como también han puesto de manifiesto otros portavoces antes de mí en esta Comisión, esto no deja de tener un papel muy relevante no solo en términos
culturales como hablábamos antes, sino a efectos numéricos, en términos absolutos. La segunda cuestión -también se ha mencionado antes- tiene que ver con el tema de la economía sumergida. Hemos echado de menos desde hace años un estudio sobre la
economía sumergida que nos dé, precisamente, las pautas de cómo enfrentarse a este problema. Nuestro grupo ha propuesto en algún momento la creación de un observatorio que nos permita tener una fotografía continua y precisa de qué hacer en este
rubro y cómo solucionarlo. Usted ha hablado de los avances en big data, en modelos de información, combinación de fuentes, etcétera. A lo mejor esto es también un buen camino para empezar a avanzar en el estudio de la economía sumergida como paso
previo a su solución.


Continuando con el modelo de gestión, el aumento de personal sí que nos parece, señor Gascón, condición necesaria; no suficiente, pero desde luego necesaria. Yo creo que los técnicos e inspectores españoles vienen haciendo un trabajo
encomiable, pero lo cierto es que las estadísticas dan para lo que dan. Está claro que actualmente nuestros números en términos de lucha contra el fraude y efecto recaudatorio demuestran un menor éxito que otros países que, precisamente, han
apostado por un aumento de personal en estas materias y que, como digo, me parece que son condiciones absolutamente necesarias.


Ya para terminar, con respecto al modelo de gestión querría rescatar un informe del Tribunal de Cuentas del año 2007 que evaluaba algunas de las actuaciones de la agencia y ponía de manifiesto -cito literalmente- la escasez de medios
personales y la desigual carga de trabajo, la presencia casi inexistente en las oficinas analizadas de funcionarios del grupo A -inspectores- y la minoritaria presencia del grupo B -cuerpo técnico-...


El señor PRESIDENTE: Tiene que ir acabando, señor Guijarro.


El señor GUIJARRO GARCÍA: ... al cual se reservan las actuaciones de mayor complejidad y especial dificultad. En el mismo informe el tribunal reconocía que la práctica totalidad de competencias atribuidas a los órganos de gestión
tributaria puede ser llevada a cabo indistintamente por cualquiera de los funcionarios de dichos órganos, no estando especificadas con detalle las funciones de cada puesto en las relaciones de puestos de trabajo. Esto nos invita a pensar en la
pertinencia de crear un cuerpo técnico superior y con ello evitar, de alguna forma, estos cuellos de botella que ya detectaba entonces el Tribunal

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de Cuentas. Me gustaría conocer también su opinión al respecto, porque es cierto que el cuello de botella existe. Los cálculos que nos han compartido los compañeros y compañeras de Gestha respecto a la posibilidad de crear este nuevo
cuerpo técnico muestran un aumento de la recaudación de unos 6200 millones de euros, cosa que siempre como argumento es bastante potente. En todo caso, agradecería mucho algún comentario suyo al respecto.


Por lo demás, gracias por su comparecencia. Gracias presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Guijarro.


A continuación, por el Grupo Parlamentario VOX, el señor González Coello tiene la palabra.


El señor GONZÁLEZ COELLO: Señor presidente.


El director de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria comparece ante esta Comisión para dar cuenta sobre el Plan de control tributario 2021. En nombre del grupo parlamentario que represento quiero agradecerle su presencia en
esta sesión informativa -especialmente cuando lo hace de manera voluntaria, una rara avis en esta Comisión- para abordar una cuestión de suma trascendencia en el delicado momento que vive España y en un contexto definido por el agudo deterioro de
las finanzas públicas.


Si he entendido bien hay cinco pilares en este plan de control tributario y aduanero: la información y asistencia, la prevención de los incumplimientos, la investigación y las actuaciones de comprobación del fraude tributario y aduanero, el
control de fraude en la fase recaudatoria y la colaboración entre la Agencia Tributaria y las administraciones tributarias de las comunidades autónomas. Le doy la enhorabuena por los avances en la digitalización, todo lo que signifique digitalizar
y simplificar esa pesadilla -como ha dicho usted- a la que se enfrenta el contribuyente bienvenido sea. El plan elaborado por la Agencia Tributaria se circunscribe casi de manera exclusiva -y hay que decirlo- a la prevención y lucha contra el
fraude fiscal. Sin duda, velar por el cumplimiento de las obligaciones tributarias es una de las tareas esenciales del Gobierno. Esto es así por razones de justicia, equidad y eficiencia. Los ciudadanos han de honrar sus compromisos ante la
Hacienda pública y nadie puede realizar objeción alguna a la consecución de ese objetivo. Sin embargo, es fundamental señalar que ese deber de los ciudadanos tiene como contrapartida un deber de la Agencia Tributaria: el respeto a los derechos de
los contribuyentes. Este principio básico ha sufrido una progresiva y acelerada erosión que, lejos de corregirse, tiende a acentuarse. Nos gustaría hablar de ello. Según el CIS, el 60 % de los encuestados considera que recibe del Estado menos de
lo que pagan y solo el 5,5 % considera que recibe más. Un 52,4 % considera que la sociedad recibe poco de los impuestos que pagan. El 83 % de los encuestados piensa que el Gobierno hace muy pocos esfuerzos para explicar el destino de sus
impuestos, es decir, a los españoles no les gusta o no entienden su trabajo. Como usted sabe, dado que existe sobrada evidencia empírica, la proliferación de normas -y usted lo ha mencionado-, la existencia de regímenes fiscales diferentes y el
abuso de conceptos jurídicos indeterminados incrementa exponencialmente los costes de cumplimiento, los costes de administración y, obviamente, de la litigiosidad. Entonces, le pregunto si el plan tributario del Gobierno ayuda en algo reduciendo
los costes mencionados. Yo creo que la respuesta es no. ¿No cree en consecuencia necesario un diseño nuevo de una arquitectura fiscal más simple y, por lo tanto, de fácil entendimiento y cumplimiento que persiga una drástica reducción de los
costes marginales de los fondos públicos? ¿Podemos tener un sistema más sencillo, lo cual redundaría, ahondaría, en que se reduzca el fraude fiscal?


Además de la erosión de los derechos del contribuyente, existe un creciente desequilibrio entre la Administración Tributaria y los contribuyentes que sitúa con demasiada frecuencia a estos en una clara posición de indefensión, y esta
situación ha de ser denunciada y revertida en un Estado de derecho. La obligación de esta Cámara -así la entiende mi grupo- es defender al individuo, al ciudadano, frente a los abusos de poder, y es que la Administración Tributaria abusa del
principio legal que hace automáticamente exigible las deudas fiscales puestas de manifiesto por las actas de inspección, con independencia de que sean aceptadas o rechazadas por los contribuyentes al ser directamente ejecutivas por el privilegio de
autotutela. Los ciudadanos deben pagar de inmediato las liquidaciones, aunque las hayan recurrido, si no quieren soportar un procedimiento de apremio o de embargo. Ese desequilibrio supone en muchas ocasiones un quebranto patrimonial irreversible
y, en otras muchas, una indefensión para los contribuyentes que carecen de recursos para entablar un largo y costoso proceso administrativo o judicial. El mensaje de Hacienda es claro: O usted se allana a lo que yo exijo o dedique tiempo y dinero
a recurrir, porque mi tiempo es infinito y mis recursos, ilimitados. Esta es la

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filosofía que subyace a la mayoría de las actas firmadas de mutuo acuerdo, especialmente en el IRPF. El contribuyente ante Hacienda es culpable hasta que no demuestre lo contrario, un procedimiento que recuerda a otro tipo de prácticas.


Este desequilibrio se significa aún más en el sistema de incentivos establecidos para los inspectores de Hacienda, que premia la cuantía aflorada en las inspecciones, lo que no solo es opaco y se presta a una instrumentación autoritaria,
sino que crea incentivos perversos y traslada al contribuyente la carga de la prueba de su inocencia. La perversidad de este esquema se fortalece porque el bonus recibido por los inspectores se mantiene aunque muchos años después los tribunales den
la razón a las empresas o a las personas sancionadas. Los inspectores se ven, por lo tanto, estimulados a sancionar porque esto se traduce en mayores beneficios para ellos; beneficios inmediatos, diría yo. El test patente de los perniciosos
efectos de este sistema lo refleja el altísimo porcentaje de sanciones tributarias tumbadas por la justicia. En el caso del IRPF, según los datos de la memoria de tribunales económicos-administrativos del año 2019, en los porcentajes fallados en
las reclamaciones ante los TEAC el 52 % son a favor del contribuyente. Pero, si nos vamos a las inspecciones tributarias realizadas por las agencias tributarias de las comunidades autónomas, se supera el 60 %.


Señor director general, usted ha defendido que se permita entrar a la inspección en los domicilios de las empresas y de las personas físicas sin aviso previo. La teórica justificación de esta iniciativa es la de pillar in fraganti a los
contribuyentes para que no oculten o destruyan pruebas, lo que supone negarles su presunción de inocencia, considerar a todos los contribuyentes delincuentes en potencia con la única base de las corazonadas de los inspectores. A la Agencia
Tributaria y al Gobierno al que sirve no parecen importarles estos temas que, sin embargo, son una preocupación fundamental para las familias y para las empresas. Ustedes parecen asumir que el fin, recaudar y combatir el fraude fiscal -que es
importante-, justifica cualquier medio que se emplee para alcanzarlo. Nosotros estamos en la posición exactamente contraria, en la defensa de un principio constitucional y fundamental del derecho a la intimidad personal y familiar. Por ello, señor
director general, quiero anunciar en esta Comisión que VOX planteará una PNL para crear un nuevo estatuto del contribuyente que garantice sus derechos; no los suyos, sino los de los contribuyentes. Planteará la supresión del vigente sistema de
incentivos para los inspectores y se opondrá, por supuesto, a la patada en la puerta de domicilios particulares y societarios sin preaviso.


La lucha contra el fraude fiscal no puede convertirse en una patente de corso, en la consagración de la discrecionalidad. Esto es propio de otras épocas felizmente superadas y de otros oficios. Esa presunción de inocencia del contribuyente
es esencial. Una mala política fiscal tiene sus consecuencias. Según el Banco de España, en noviembre del año 2020 se produjo una salida de capital en términos acumulados en doce meses de 84 600 millones de euros. ¿Cuántos youtubers tienen que
irse, cuántas personas físicas y jurídicas se han ido y cuántas se irán o se están yendo? ¿Cuánta inversión y recaudación perderemos antes de que todos entendamos que el contribuyente es el cliente, el que nos paga a todos los que estamos aquí?
¿No sería mejor tener un sistema más sencillo, más transparente, tenerlos atendidos y contentos?


El Gobierno le ha mandado a presentarnos un plan antifraude, aunque deberían venir a presentar un plan fiscal de atracción de contribuyentes extranjeros, de generación de puestos de trabajo. En definitiva, un plan de incentivos a la
recaudación y no un plan de castigo. Espero que comparta esta reflexión. La gente no madruga todos los días para ir a defraudar, la España que madruga lo hace para salir adelante, para prosperar, para llevar pan todos los días a la mesa de su
casa, a sus hijos; por tanto, la política fiscal no puede ser una losa infranqueable que condene al contribuyente al desaliento ni a una renta disponible muy alejada de lo que con su trabajo y esfuerzo es capaz de generar.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor González.


A continuación, por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Píriz tiene la palabra.


El señor PÍRIZ MAYA: Señor presidente, muchas gracias.


Señor director general, señor Gascón, gracias por comparecer hoy ante esta Comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados; gracias, además, por dos causas, primero, porque viene de forma voluntaria, porque da ejemplo a otros altos
cargos del Gobierno y a la propia ministra de Hacienda, que no quiere pasar por esta Comisión, y por el día en que se celebra, el 23 de febrero. Hoy conmemoramos cuarenta años de aquel golpe de Estado que nos demostró y nos dio lecciones

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a todos de que a España no se la defiende solo ondeando la bandera sin ondeando nuestras libertades y defendiendo los derechos de todos.


Hoy le trae aquí su Plan de control tributario 2021 y me permitirá que entre más en qué vamos a controlar que en cómo lo vamos a controlar, porque en cómo lo vamos a controlar estamos básicamente de acuerdo. Creemos en las administraciones
digitales, creemos en la tecnología, en el uso del big data, creemos en la prevención del fraude y Hacienda desde hace muchos años es un ejemplo en la prevención de este fraude y en la búsqueda de los defraudadores. Desde hace muchos años la
Administración Tributaria para la que usted trabaja y forma parte y ha ocupado diferentes posiciones tiene personal de primer nivel, ha hecho un gran trabajo en nuestro país y en el cómo no vamos a poner absolutamente ninguna pega. Además, nosotros
somos conscientes de que la Agencia Tributaria no trabaja para ningún Gobierno, como se ha dicho aquí, sino que trabaja para los españoles.


Yo sí quería entrar en el qué, en qué vamos a controlar, que son aquellos datos que partían de los Presupuestos Generales del Estado del 2021 que se aprobaron en esta Cámara y que, como dijimos en decenas de ocasiones, nacieron absolutamente
viciados de origen con unos datos que no se correspondían con la realidad. Mi primera pregunta: ¿Sigue usted manteniendo, como en noviembre, cuando compareció en la Comisión de Presupuestos, que se alcanzarán los 222 000 millones de euros de
recaudación por parte de la Agencia Tributaria en 2021, como defendió? Vamos a hablar de estos números después, pero antes quiero que hablemos de los datos que acaban de publicar a mes de noviembre, de los datos sobre recaudación, porque algún
compañero ha dicho que hasta marzo no estarán los datos definitivos. Esa era mi pregunta, cuándo estarán y si nos puede adelantar algo en su siguiente intervención. Con los datos publicados de noviembre, que son los que analizamos, vemos como con
una bajada del 11 % del PIB en España en 2020 los ingresos han disminuido un 9 %, un 8 % en términos homogéneos. Esos son datos de la agencia, no son datos nuestros, señorías; son los datos publicados. Y, frente a estos datos, señor director, le
vuelvo a reformular actualizada una pregunta que ya le hizo aquí mi compañero Jaime de Olano en el mes de noviembre. ¿Cómo es posible que para 2021, con un incremento medio que dan todos los organismos internacionales del 5,5 % del PIB, se prevea
un incremento de la recaudación del 13 %? ¿Cómo es posible eso si en 2020, con una reducción del 11 %, estos ingresos han disminuido un 9 %? ¿Qué elasticidades han usado? ¿Qué multiplicadores fiscales? ¿Qué base empírica tienen esos datos? Le
voy a ser franco porque lo suelo ser siempre: la base empírica está en Moncloa, en el laboratorio de ocurrencias, que necesitaba, fuera como fuera, un ingreso de 222 000 millones de euros para 2021 en un papel y en ese papel, en los Presupuestos
Generales del Estado. Porque, señor director, si no es así, nadie en este país se cree que en 2021 vayamos a recaudar 10 000 millones de euros más que en 2019, con cinco puntos menos de PIB que en aquel año; nadie.


¿Sigue pensando lo mismo que en noviembre sobre el efecto de los fondos europeos? ¿Sigue pensando que se podrán ejecutar esos 27 000 millones de euros que de forma arbitraria, por cierto, gracias a sus socios de VOX, se les han dado? Quizá
es hora de actualizar esos datos y las previsiones. El Gobierno más caro de la historia sube los impuestos 8000 millones para 2020 y 2021, y nos sube los impuestos porque dice que recaudamos menos que la media europea. ¡Mentira! Su engaño está en
hablar de presión fiscal, de ingresos sobre el PIB, en lugar de esfuerzo fiscal, los impuestos pagados sobre la renta per cápita. Según el Banco de España, recaudamos un 4 % menos que la media europea. ¿Por qué? Porque tenemos más del doble de
paro, empresas más pequeñas y mucha economía sumergida. En realidad, tenemos una fiscalidad muy alta para los que contribuyen. No podemos medir el gasto público y los ingresos en función del PIB que se infla gastando y endeudándonos, sino sobre la
base de la realidad de las empresas y las familias de este país. Lo venimos diciendo desde hace meses: el desastre económico al que nos enfrentamos no se soluciona subiendo impuestos, que nos pondrán a la cola de la creación de empleo y riqueza.
El socialismo siempre piensa que ellos gastan poco y que los españoles ganan demasiado; exigen economía de guerra para todos, pero presupuesto de bonanza para ellos.


Vamos a repasar juntos la subida de impuestos de este Gobierno y quiero ir analizando con usted quién paga estas subidas, porque este Gobierno dijo que subía los impuestos a los ricos. ¿Se acuerdan? Vamos a repasarlos. Penalizan los
planes de pensiones, penalizan el ahorro de los españoles y penalizan el ahorro de esos que tienen planes de pensiones que no son precisamente los ricos, como dice este Gobierno; 580 millones de euros se pretende recaudar con esa medida. Con la
subida de los impuestos a las bebidas azucaradas, 400 millones de euros. ¿Quién consume las bebidas azucaradas? ¿Los ricos de este país? Con los impuestos verdes pretenden recaudar 861 millones de euros con los residuos y 491 millones con los
plásticos. ¿Quién los paga? ¿Les recuerdo quién paga el impuesto de actos

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jurídicos documentados? ¿En quién cree que van a recaer estos impuestos? Los impuestos a los servicios digitales, casi 1000 millones de euros, ¿quién los paga? No lo digo yo, lo ha dicho ya Amazon perfectamente: va a hacer que el
impuesto redunde en las empresas y en los ciudadanos. Transacciones financieras, 850 millones de euros. Lo mismo, pérdida de competitividad para nuestras empresas y lo van a acabar pagando los españoles. ¿Cuándo se van a poder liquidar, por
cierto, estos dos últimos impuestos? ¿No es más normal que Hacienda genere un nuevo impuesto cuando técnicamente se esté preparado? No hablo ya de armonizar con Europa, porque tiemblo cuando escucho al PSOE hablar de armonización -yo me echo la
mano al bolsillo-, sino de no improvisar. ¿Podemos legislar sin improvisar? Esto se aprobó el 27 de julio y aún hoy no tenemos los sistemas para que este impuesto se pueda aplicar con seguridad jurídica.


Suben el IRPF a las rentas altas y al ahorro -490 millones de euros-, penalizando el talento, al contrario de lo que hizo el Gobierno socialista y comunista de Portugal. Impuestos a los seguros, 30 euros por familia y año; el 95 % de
hogares de este país pagan el impuesto para recaudar 455 millones de euros.


La subida de facto del impuesto de matriculación -800 euros por vehículo-, ¿quién la paga? ¿Quién conduce estos vehículos? ¿Quién sufre? El sector dice que se van a vender 110 000 vehículos menos que el año anterior -lo dice Anfac-, si no
se modifica este impuesto que tiene, además, un efecto importante en nuestro empleo por el sector al que afecta. Y luego están los impuestos que no bajan porque dicen que Europa no les permite bajarlos. En estas ocasiones en las que mienten y
engañan a los españoles, luego viene la Comisión Europea y, a respuesta de este grupo, nos dice que sí, que desde el 5 de mayo se podía bajar el IVA a las mascarillas y no se hizo hasta el 17 de noviembre, por ese afán recaudatorio a los ricos, que
son quienes usan las mascarillas, claro; mascarillas que son obligatorias. Y ahora repetimos el sainete. El Gobierno recomienda el uso de FFP2, pero, como no son obligatorias, la ministra Montero se niega a bajar el IVA de esas mascarillas a toda
la población. Ya lo dije antes, el PSOE piensa que usted, que está en su casa, gana mucho dinero y paga pocos impuestos. Ese es el resumen.


Suben la luz a niveles nunca vistos en España. Mucha ley de consumidor vulnerable y mucho circo mediático, pero cuando el kilovatio está más caro que nunca, se le pide a la ministra que rebaje la parte en la que ella puede actuar, que es en
el IVA de la electricidad, y dice que no, que Europa no lo permite. Pero también esta vez se encargaron de desmentirlo la Comisión Europea y los hechos, tras comentar que países como Francia o Reino Unido tienen el 5 o el 5,5 % de IVA en la factura
eléctrica. Por tanto, poder, se puede y lo demuestra Europa, que nos lo dijo claramente. Lo que no se debe hacer en política es mentir.


Todas estas subidas tienen un coste económico no solo para los españoles, sino en términos de competitividad para muestras empresas, que salen a los mercados exteriores a competir con plomo en los zapatos. ¿Han calculado en la agencia la
pérdida de competitividad de nuestras empresas con estas subidas fiscales aprobadas por el Gobierno? Porque, claro, si todos los países subieran los impuestos, esto no se produciría, no habría pérdida de competitividad, pero es que, señorías, todos
los países del entorno están bajando impuestos, todos, y nosotros, en cambio, subimos impuestos y cotizaciones a nuestras empresas y autónomos. Esta es la radiografía de lo que está pasando, señorías, y se lo voy a demostrar si tengo tiempo.


En Europa, esto lo saben. Por ejemplo, en Alemania se ha reducido el IVA del 19 al 16 % y del 7 al 5 % hasta el 1 de enero de 2021, con un impacto de 20 000 millones de euros. En Francia se ha comprometido una reducción de impuestos de 20
000 millones de euros. Portugal, un país rescatado y ahora, les recuerdo, gobernado por un Gobierno socialista y comunista, país en el que estuvo la troika, ha bajado sus impuestos; ha bajado sus impuestos a aquellas empresas que han reducido su
cifra de ventas y ha generado un alivio fiscal para sus administrados de 6000 millones de euros. En Grecia, otro país rescatado, también se ha extendido la moratoria del pago de impuestos hasta el 30 de abril de 2021. Holanda ha bajado los
impuestos a la I+D+i.


El señor PRESIDENTE: Señor Píriz Maya, tiene que ir acabando.


El señor PÍRIZ MAYA: Bélgica, permite la compensación de pérdidas del 20 y del 21 -no entro en más detalles con Austria, Italia o Reino Unido para poder acabar sin que me vuelva a llamar la atención, señor presidente- y en España, en
cambio, subida de impuestos generalizada. Esta es la realidad. Nuestra economía está en la UCI con más de 600 millones al día de deuda. Tenemos el respirador al cien por cien. Ese es justo el porcentaje neto de deuda que compra el BCE. En estas
condiciones, subir impuestos no sube la recaudación, la reduce y, sobre todo, mata la competitividad. Señor director, ¿no

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cree que subir impuestos en esas condiciones no va a subir la recaudación tanto como va a matar la competitividad de nuestras empresas? Escuchamos aquí hablar de Cataluña a los señores de Esquerra como si las empresas se hubieran ido de
Cataluña por una fiscalidad diferente y no se hubieran ido por su desvarío separatista. Nosotros creemos en otro modelo y lo hemos hecho cada vez que hemos gobernado y en cuanto hemos podido.


El señor PRESIDENTE: Tiene que terminar.


El señor PÍRIZ MAYA: Creemos que España necesita atraer inversiones, ser un país atractivo para estas y para ello tenemos que tener una política fiscal que acompañe a este modelo, una política fiscal que, sobre la base de impuestos más
bajos, nos ayude a generar los empleos que pierden los españoles cada vez que gobierna el Partido Socialista y que ayude a recuperar competitividad a nuestras empresas y riqueza a los españoles.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Píriz.


Para finalizar, por el Grupo Parlamentario Socialista, la señora Blanquer tiene la palabra.


La señora BLANQUER ALCARAZ: Muchísimas gracias, presidente.


Bienvenido, señor Gascón. Muchas gracias por sus explicaciones, que siempre son muy aclaratorias, didácticas e incluso yo diría que hoy han sido muy interesantes. Tuvimos ya la ocasión de escucharle en la Comisión de Presupuestos en el
periodo de sesiones anterior con motivo de la tramitación de las cuentas anuales y ya entonces desde nuestro grupo le trasladamos nuestro reconocimiento y nuestra consideración por el intenso trabajo que han desempeñado y están desempeñando los
trabajadores de la Agencia Tributaria y también usted, como director de la agencia, en un año fuertemente impactado por la pandemia; un reconocimiento que hoy también queremos reiterarle.


Efectivamente, están realizando un gran esfuerzo y están adoptando medidas importantes para adaptarse a la nueva realidad económica y social, y creo que es de justicia que lo pongamos en valor. Así lo han reconocido la mayoría de los grupos
parlamentarios que conforman esta Cámara. Están haciendo un gran trabajo para conseguir una administración más digital, más moderna, más próxima, más ágil y también, cómo no, más armonizada con Europa. Desde luego, la profesionalidad la vemos en
cada una de las explicaciones que usted nos ha dado en su intervención.


Se ha conseguido atender adecuadamente, a pesar de todas las dificultades, a los contribuyentes en las distintas campañas de impuestos. Se han adoptado importantes medidas de suspensión de plazos y de aplazamiento de deudas tributarias, y
se han atendido a la mayor brevedad posible las devoluciones de las declaraciones. Poco a poco, como usted nos ha dicho, se va poniendo en funcionamiento el modelo de asistencia digital integral, que creo que es un gran avance y que responde a
algunas de las cuestiones que ya planteaban otros grupos parlamentarios, en el sentido de que se está mejorando la aproximación al contribuyente, la simplificación y la facilitación del pago de los impuestos.


Desde el Grupo Parlamentario Socialista queremos poner en valor el hecho de que haya querido comparecer a petición propia en esta Comisión, por varias razones. En primer lugar, en favor de la transparencia, un elemento consustancial en la
Estrategia 2020-2023 de la agencia, que se ha impulsado por este Gobierno y sobre la que se enmarca este plan de control. Es una estrategia clave para afrontar con mayor rigor y eficacia los retos de la fiscalidad en un entorno cada vez más
cambiante y a una velocidad de vértigo. La complejidad de la realidad económica actual, cada vez más digitalizada, más globalizada y con menos barreras físicas de entrada y de salida de los países, constituye el verdadero reto de la fiscalidad
presente y futura. De hecho, existe el peligro de intercambios comerciales entre agentes económicos de distintos países que pueden escapar al control de los propios países. Esa es una preocupación global. En ese sentido, aunque es verdad que en
su primera intervención ha hecho mención a ello, me gustaría que pudiera detallarnos más información sobre el control fiscal que se está llevando a cabo o que tienen previsto hacer sobre empresas multinacionales. Me centro en ellas porque estas
pueden contar con mejores tecnologías, asesoramientos especializados y más recursos para realizar posibles planificaciones fiscales agresivas; especialmente, qué control se realiza sobre aquellas multinacionales que no son españolas pero que se
conoce que desarrollan una actividad económica y comercial importante en nuestro país.

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Por otro lado, me estoy dirigiendo a usted, señor compareciente, pero no puedo evitar hacer algún comentario sobre lo dicho por algún grupo que me ha precedido en el uso de la palabra. Tengo la impresión de que hay grupos a los que les da
exactamente igual quién comparezca en esta Comisión. Les da lo mismo que sea la ministra o que sea cualquier representante, porque siempre repiten exactamente lo mismo y siempre llevan el debate a la misma cuestión. Y si aquí alguien mintió fue el
Partido Popular en 2012, cuando dijo que no iba a bajar los impuestos, pero al llegar al Gobierno hizo la mayor subida impositiva. Por tanto, como le dije el primer día de nuestra intervención aquí, en la Comisión, señor Píriz, contención, un poco
de contención. No puede ser que aprovechen cualquier tipo de intervención para mencionar de alguna forma estas cuestiones y desvirtuar una comparecencia que estaba centrada en las directrices de la Agencia Tributaria, lo que a usted parece que no
le interesa absolutamente nada. Efectivamente, esto es lo que pasa y asistimos a un debate intenso en redes sociales, y también en el Parlamento, propiciado especialmente por la derecha española, como vemos, sobre la bajada generalizada de
impuestos en términos finalistas. Son ellos los que están hablando de bajadas generalizadas de impuestos en términos finalistas. Algunos cuando están en el Gobierno no lo hacen, pero ahora, que están en la oposición, hacen un debate demagógico,
sesgado y contraproducente en términos de conciencia fiscal. Bajar impuestos no puede ser un fin en sí mismo, sino que es un instrumento al servicio de las necesidades del país que permita su desarrollo, el fortalecimiento de las instituciones, la
garantía de la seguridad, la estabilidad del país y la consolidación de un Estado que ofrezca, a través de las administraciones competentes, la prestación de servicios a la ciudadanía que garantice derechos y asegure el cumplimiento de las
obligaciones. Algunos carecen de esa visión de conjunto tan importante y necesaria en estos momentos, sesgan demagógicamente los debates y buscan claramente la crispación, lo que constituye la peor arma contra la conciencia fiscal. La conversación
pública ha derivado en mensajes simplistas que desvirtúan la complejidad del momento y es importante que con comparecencias como la suya aquí, en el Congreso, contribuyamos entre todos a mejorar la información sobre la realidad fiscal de nuestro
país.


En términos generales, aunque en su primera intervención ha esbozado muchas de las cuestiones previstas, me gustaría saber qué medidas tienen previstas para mejorar la información. Ha mencionado la página web y otras cuestiones, pero me
parece importante, sobre todo para mejorar la conciencia fiscal del contribuyente: código de buenas prácticas y sellos de excelencia. No sé si están pensando algo al respecto. En particular, me gustaría que centrara su segunda intervención en qué
control fiscal hace la agencia sobre los que se jactan en redes sociales de querer trasladar su residencia fiscal con la única finalidad de pagar menos impuestos a Hacienda. Efectivamente, quien quiera puede trasladar su residencia, pero me parece
que en nada beneficia al resto de los contribuyentes esta forma de actuar. El plan contempla el control y el afloramiento de los patrimonios relevantes deslocalizados a través de la utilización de herramientas de big data. Lo ha explicado en su
primera intervención, pero sería interesante que también nos detallara algunas cuestiones más al respecto.


Esto de intervenir la última muchas veces hace que algunas de las cuestiones ya se hayan planteado, pero me parecen muy importantes, y quiero ponerlas en valor, todas las medidas que está adoptando el Gobierno, conjuntamente con todos los
ministerios y, especialmente, con la Agencia Tributaria, para coordinarse y luchar contra la economía sumergida. En todos estos aspectos subyace una cuestión que a mí me parece especialmente importante y que creo que es la filosofía que emana de la
propia Agencia Tributaria, que es precisamente conseguir la mejora en el cumplimiento voluntario de los contribuyentes. Para ello, como decía muy bien el director de la Agencia Tributaria, la asistencia, la información, la prevención del
incumplimiento, la comprobación y el control son esenciales. Por tanto, lo que hay que intentar es no llegar a la última parte de la inspección. En su primera intervención el director de la Agencia Tributaria así lo ha especificado y creo que se
va a reducir mucho la litigiosidad con respecto al contribuyente. Por tanto, hay que continuar trabajando, como se está haciendo, en la cooperación, en la coordinación, en la acción conjunta de todas las partes implicadas, en la mejora de la
relación Administración-contribuyente, en la mejora de la relación de las administraciones entre territorios y en la relación a nivel interior e internacional, pero también debemos avanzar de manera coordinada entre Ejecutivo y Legislativo en el
desarrollo normativo a realizar. De ahí que también quiera poner en valor su comparecencia porque sus explicaciones son, evidentemente, muy relevantes para entender mejor algunas de las medidas incorporadas en el proyecto de ley de medidas de
prevención y lucha contra el fraude fiscal, medidas que son claves para desarrollar algunas de las directrices que están previstas en este plan. Es un proyecto de ley que tenemos en tramitación y que esperamos y deseamos que cuente

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con el máximo consenso posible, porque no se podría entender de ninguna otra forma, aunque es verdad -y así lo han manifestado los grupos- que tenemos un trabajo por hacer para consensuarlo. Es importante que se apruebe esta normativa
porque es fundamental para la actuación conjunta con el resto de los países europeos y para intentar proteger las bases imponibles de nuestro país. Esto es muy importante y la trasposición de la directiva que presentamos en el proyecto de ley de
lucha contra el fraude fiscal supone la regulación de la llamada imposición de salida y el nuevo régimen de imputación de rentas en régimen de transparencia fiscal internacional.


El señor PRESIDENTE: Tiene que ir acabando, señora Blanquer, por favor.


La señora BLANQUER ALCARAZ: Presidente, querría acabar diciendo que, aprovechando esta tramitación, sería importante que nos explicara la efectividad de las inspecciones cuando se opta por las entradas a domicilios. Esta ley es una buena
oportunidad para mejorar la legislación al respecto y asegurar que el procedimiento encuentre el equilibrio entre los derechos de los contribuyentes y las actuaciones inspectoras. Creo que es adecuado como lo estamos enfocando en el proyecto de
ley. Para finalizar, y dando las gracias al presidente por estos segundos que me da de más, le agradecería que intentara explicarnos la efectividad de estas inspecciones, que lo que pretenden es buscar ese equilibrio entre las partes.


Muchas gracias. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Blanquer.


A continuación, el señor Gascón tiene la palabra para dar respuesta a las cuestiones que han planteado sus señorías.


El señor DIRECTOR GENERAL DE LA AGENCIA ESTATAL DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, AEAT (Gascón Catalán): El problema de comparecer a petición propia es que, luego, hay que responder a abundantes preguntas; he calculado unas sesenta.


Me reafirmo en lo que decía al principio, en que hay que conseguir que mejore el cumplimiento voluntario de los contribuyentes, y lo primero es ser capaces de explicar lo que estamos haciendo. Si no se entiende, pues mal andamos. Yo creo
que este tipo de intervenciones tienen que servir para eso. Ustedes son interlocutores muy cualificados y yo creo que las administraciones tributarias tienen que estar por encima de las circunstancias políticas del momento y reunir el mayor
consenso posible en su forma de actuación, en su planificación de actuaciones y en su modo de actuar, porque, si no, mal andamos. Con ese propósito, voy a intentar responder a sus preguntas y ser lo más claro posible.


Empezaré por el señor Mazón, que me preguntaba sobre nuestro papel, como Administración Tributaria, en el diseño de una posible reforma fiscal. Nosotros somos los de los números; quiero decir que a las propuestas normativas tenemos que
incorporar una memoria económica que tenga en cuenta el impacto presupuestario que puedan tener y también hacer un análisis de aplicabilidad de las medidas, porque, realmente, una norma compleja -y varios de ustedes lo han dicho- no es,
necesariamente, lo mejor. Muchas veces los ciudadanos buscan individualizar sus situaciones y que se contemple en la norma su caso concreto, pero eso es difícilmente compatible con una cierta simplificación y aplicación de reglas generales; y,
claro, a la hora de la verdad, de ahí vienen problemas interpretativos, dudas y conflictividad. No hacemos análisis del impacto en el comportamiento de los contribuyentes, simplemente, porque bastante tenemos con lo que tenemos, que son las
previsiones de ingresos, el seguimiento de los mismos y el cálculo de los impactos de las reformas fiscales, pero hay otros organismos dentro del ministerio, como el Instituto de Estudios Fiscales, que pueden hacer ese tipo de trabajos.


Es muy interesante lo que decía respecto del ingreso mínimo vital, que pone de manifiesto que uno de los retos que tenemos, como país, es una mayor integración entre las políticas de ingreso y de gasto público; y llega un momento en el cual
hay que utilizar el instrumento que sea más adecuado para atender al contribuyente vulnerable o a la persona vulnerable, porque no necesariamente tiene que ser contribuyente, porque si su nivel de renta es muy bajo, lógicamente, quedará fuera del
impuesto sobre la renta. Entonces, hay que buscar una mayor integración de políticas públicas. En ese sentido, estamos trabajando con el Ministerio de Inclusión para favorecer precisamente eso, políticas más integrales.


El sistema de autoliquidación, convertido cada vez más en borrador de declaración, es el futuro. En otros países están siguiendo la misma línea de actuación que seguimos nosotros. Lo que hay que hacer es que la inmensa mayoría de los
contribuyentes, empezando por las pymes y los autónomos, que no

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tienen una gran complejidad tributaria, se encuentren, de manera progresiva -porque esto no se consigue de la noche a la mañana-, con una propuesta, con un borrador que la Administración Tributaria ponga encima de la mesa con la información
de la que dispone. De esa manera, obviamente, ellos podrán modificar ese borrador, podrán quitar o añadir lo que consideren oportuno, para que cada vez sea más fácil el cumplimiento. Ese es el objetivo en el medio y largo plazo, y eso permitirá
que los recursos que estamos invirtiendo ahora, tanto en informar y asistir a esos contribuyentes como en controlarlos a posteriori, se puedan destinar a detectar actividades ocultas. Esa es la filosofía que hay detrás de todo esto.


En cuanto a los tributos cedidos a las comunidades autónomas, nosotros tenemos un protagonismo reducido, más allá de los intercambios de información. Lo que hacemos, por supuesto, es inspeccionar el impuesto sobre el patrimonio, porque
muchas veces, cuando se está comprobando el impuesto sobre la renta de las personas físicas, se detectan también bienes o elementos patrimoniales no declarados o incorrectamente declarados y, entonces, la regularización es doble; es decir, el
patrimonio lo comprueban las comunidades autónomas, pero también, en algunos casos, lo comprueba la Agencia Tributaria. Y en el resto de los expedientes, lo que hacemos es colaborar con las comunidades autónomas, poniendo la información a su
disposición.


Desde luego, en prevención y lucha contra el fraude, la inversión en Administración Tributaria es rentable -de eso no tengo la más mínima duda-, tanto en personal como en medios tecnológicos, porque, en definitiva, si la recaudación va bien,
los ingresos tributarios van bien y se pueden afrontar las políticas de gasto sin problemas de déficit público. Claro, el incremento de plantilla es deseable cuando te encuentras con cifras inferiores a las de hace una década, pero tampoco hay que
engañarse, ya que esto no se resuelve de la noche a la mañana. Es decir, el acceso a la Función pública es y debe ser un sistema de acceso riguroso y, en consecuencia, eso tiene un periodo medio de maduración: tener una cantera de opositores que
esté preparado y vaya realizando los exámenes, que los superen, que pasen los procesos de formación interna y que, poco a poco, se vayan incorporando a la Administración. Es decir, lo que pierdes en poco tiempo, luego, casi te cuesta décadas
recuperarlo. Estamos en ello; el objetivo de este año era alcanzar la cifra de 27 000 personas trabajando para la Administración Tributaria. Partimos de 28 000 hace diez años, caímos a 25 000 y ahora estamos en fase de recuperación. El objetivo
era llegar este año a 27 000 y el año que viene acercarnos más a ese objetivo inicial de 28 000.


Sobre el futuro, no me pronuncio, porque, aunque sí es cierto que tenemos un déficit de efectivos respecto de otras administraciones tributarias que puedan ser comparables, no está nada claro hacia dónde vamos, porque la tecnología está
suponiendo también que haya cosas que se puedan hacer de manera automatizada. De momento, yo no detecto que nos sobre gente, ni muchísimo menos. La tecnología te ayuda a realizar ciertas tareas de manera mecanizada, pero, por otra parte, pone
encima de la mesa más carga de trabajo, porque lo que antes te costaba semanas para seleccionar, ahora lo puedes seleccionar en cinco minutos, con lo cual, tienes más trabajo para repartir entre la gente. Pero, bueno, lo que puede pasar dentro de
cuatro o cinco años no lo sabe nadie, con lo cual, tenemos que crecer en plantilla, pero, luego, parar, mirar, ver lo que están haciendo los países de nuestro entorno y decidir en consecuencia. Decir a priori que necesitamos doblar la plantilla, a
mí me parece que está fuera de lugar, porque estamos en el año 2021, no estamos en 1990, y las necesidades de las administraciones tributarias son otras.


Efectivamente, la aduana es más que el control arancelario; también hay otro tipo de controles paraaduaneros, entre otros, los sanitarios. Hombre, el equilibrio es muy complicado. Hay que tener en cuenta que hay que facilitar el comercio
-como decía antes-, pero también ser rigurosos para que lo que entre cumpla las condiciones sanitarias mínimas exigibles en defensa de los consumidores. Entonces, tenemos que conseguir el punto de equilibrio, y eso vale absolutamente para todo. Yo
creo que el esfuerzo que se está haciendo en otros ámbitos, distintos de la Agencia Tributaria, para que las aduanas funcionen adecuadamente, es muy significativo y muy de agradecer, pero tomamos nota para mejorar, en la medida de lo posible, los
procedimientos.


La señora Sagastizabal me preguntaba por el grado previsible de ejecución del plan. Nosotros lo que hacemos es aprobar unos objetivos anuales, fijar unas referencias a cumplir y ese es el seguimiento que vamos a hacer. Evidentemente, luego
vienen las circunstancias extraordinarias que se puedan producir -como decía en mi primera intervención-, por ejemplo, las derivadas de la situación sanitaria, que pueden hacer que algunas líneas de actuación, sencillamente, no se puedan desarrollar
en plenitud, como pueden ser las visitas o las actuaciones en la calle. Es decir, que no hay que cumplir, necesariamente, los

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objetivos linealmente, sino que, luego, son adaptables en función de los cambios, pero sí que tenemos un sistema de referencia y un sistema de seguimiento para intentar que lo que se dice en el papel luego se convierta en realidad.


Sobre la conciencia fiscal, este es un tema absolutamente crítico. Nosotros tenemos un programa de educación cívico-tributaria. En el año 2020, como tantas cosas, se ha podido realizar en mucha menor medida que en años anteriores, porque
tampoco estaba la cosa como para ir a los colegios a organizar charlas, y está muy en la línea del módulo que están desarrollando en el País Vasco.


Sobre la economía sumergida me han preguntado diferentes grupos y la verdad es que este tema tiene muchas aristas. La primera es la de la propia medición de la economía sumergida. Es cierto que nosotros no hacemos estudios sobre la
economía sumergida; tampoco se hacen en la Unión Europea. La Unión Europea ha apostado por analizar lo que se llama en la jerga el tax gap o la brecha fiscal, que no es exactamente lo mismo que la economía sumergida, porque la economía sumergida
es economía no observada y parte de la economía sumergida no es regularizable. Una actuación ilegal, si se detecta, desaparece y no produce ingresos tributarios. En ocasiones, la economía sumergida, no se lo voy a ocultar, es economía de
subsistencia, quiero decir que es imposible que se regularice porque sencillamente a la persona que la hace jamás le entraría en sus esquemas vitales hacerlo de una manera regular. Luego, aunque parezca un contrasentido lo que voy a decir, hay
economía sumergida que sí tributa; por ejemplo, si hay un taller clandestino, estará ocultando ingresos en sociedades, estará ocultando las retenciones de los trabajadores a los que ha contratado en negro, pero cuando se aprovisione de bienes y
servicios estará pagando el IVA, soportándolo y no pudiéndolo deducir porque ni lo declara, o estará pagando el IBI porque, si tiene un local, previsiblemente lo pagará. Es decir, hay parte de la economía sumergida que curiosamente tributa.


Los estudios internacionales más al uso, los más modernos quiero decir, cuando hablan de economía sumergida tienen un anexo final en el que intentan calcular qué parte de la economía sumergida es regularizable, y las cifras cambian
notoriamente. En el caso español, por ejemplo, el estudioso más reconocido en materia de economía sumergida, que es un profesor austriaco que se llama a Schneider, cuando llega a la última página y hace esta conversión que yo decía en la parte de
economía sumergida regularizable, nos deja en el 11,2 % sobre el PIB, que no es una cifra desde luego para tirar cohetes, pero la media de los treinta y un países que analiza está en el 11,1; o sea, que solo estamos una décima por detrás de la
media. Pero, insisto, creo que la medición de la economía sumergida es muy controvertida, muy discutible, muy complicada y no es la línea que se está siguiendo en Europa. En Europa se ha apostado por la medición de la brecha fiscal, del tax gap,
un modo diferente al que se está siguiendo en Estados Unidos. En Estados Unidos la metodología es impecable. Lo que hacen es seleccionar empresas e individuos para inspeccionarlos aleatoriamente, es decir, seleccionan una muestra representativa de
contribuyentes y los inspeccionan, luego tabulan la información y la extrapolan al universo total de contribuyentes. Que nadie interprete que estoy proponiendo semejante cosa porque con el problema de fraude que tenemos todo el mundo dirá: hombre,
dedicaos a los casos en los que hay indicios de fraude y no os pongáis a hacer estadísticas. Pero el modelo americano pasa por estadísticas y este modelo tiene un pequeño problema y es que, claro, por mucho que selecciones una muestra
representativa, puede que en algún momento, sobre todo en los contribuyentes o las empresas de grandísimo tamaño, se te vaya de las manos porque, ¿qué empresa es representativa del sector digital en California? Es una pregunta muy complicada de
responder. De los grandes patrimonios americanos, se te vienen a la cabeza dos o tres personas, pero si inspeccionas a uno, ¿lo que averigües con él es extrapolable al resto de los ultrarricos? Probablemente no lo sea. Pero el principal problema
no es ese, el principal problema es que tienes que seleccionar la muestra representativa, hacerles una inspección en profundidad que te puede llevar dos años, esperar a ver si hay algún recurso que ponga de manifiesto que te has equivocado en algo
significativo, tabular la información y luego ya publicarla a efectos estadísticos. Por tanto, los americanos van con unos siete años de retraso, es decir, la próxima que hagan, le dirán al presidente Biden cómo iba el fraude fiscal en los primeros
años de la Administración de Donald Trump, con lo cual es un trabajo interesantísimo desde el punto de vista académico, pero la utilidad práctica que tiene, sobre todo en un mundo tan cambiante como es en el que estamos, es relativa.


En Europa somos más pragmáticos para algunas cosas. ¿Qué hacemos? Lo que estamos haciendo es medir el tax gap, que es una metodología que se aplica de manera uniforme en todos los países y que se centra solo en el IVA porque es el impuesto
más armonizado y en el que puede haber menos problemas metodológicos. Nosotros, en el tax gap salimos con una brecha de incumplimiento del 6 %, por debajo de

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la media, que está en el 11,1 %, que es un dato que puede sorprender porque en el imaginario colectivo circulan cifras diferentes, y estamos, por ejemplo, por debajo de Francia, que está con el 7,1, muy cerquita de nosotros, y el Reino
Unido, que sale con el 12,2 %. Estas cifras yo me las tomo con cierta distancia, incluso cuando salimos bien. ¿Por qué? Porque a mí metodológicamente hay cosas que no me convencen, por ejemplo, compararte con la contabilidad nacional es súper
complicado. El sector inmobiliario, el ladrillo, en España ha tenido una importancia extraordinaria en los últimos años, no hace falta que yo lo cuente. Y yo creo que no está bien cogido, porque en contabilidad nacional se computa la construcción
en función del momento en el que se va realizando, es decir, a lo largo del tiempo, mientras que los ingresos fiscales solo entran cuando se vende la vivienda al consumidor final, porque en el resto hay inversión del sujeto pasivo o hay deducción.
En un país en el que el peso del ladrillo es muy alto, ¿qué es lo que pasa? Que esa medición se te puede ir de las manos y en ocasiones puedes salir mejor de lo que deberías y en otras ocasiones puedes salir peor. Pero digamos que en esos
estudios, que, por otra parte, son los que cita la Comisión Europea en el informe país del semestre europeo, es decir, los informes que se refieren a las reformas estructurales que tienen que afrontar los países, citan ese informe sobre el tax gap
en el IVA y nosotros salimos razonablemente bien. Esto no quiere decir en absoluto que tengamos que caer en la autocomplacencia porque, insisto, hay muchísimo por hacer, pero quería poner de manifiesto que los estudios dicen lo que dicen. Lo que
acordamos en la última reunión que tuvimos en la Unión Europea con la Comisión los veintisiete responsables de las administraciones tributarias -nos reunimos una vez al año y luego hay reuniones de grupos de trabajo, pero la cumbre, digamos, se
celebra una vez al año- fue intentar extender esos estudios en el IVA a otros impuestos. A mí me parece bien porque es mejor que haya metodologías europeas que permitan comparaciones homogéneas entre países y que esto no se convierta en un guirigay
y en una batalla de que yo salgo mejor que tú y yo me hago mi estudio y demuestro... No, es mejor que los estudios se hagan de manera independiente y se hagan a nivel europeo. Creo que este es un tema que puede tener bastante importancia.


Respecto de la plantilla, me remito a lo que decía antes. Efectivamente, tenemos que recuperar efectivos, pero también tenemos que buscar especialización. Necesitamos perfiles novedosos. Hemos hablado del mundo digital, hemos hablado de
los tributos de nueva generación, los medioambientales, en los que los perfiles tradicionales del inspector, del técnico o del agente tributario evidentemente se adaptarán, pero también nos vienen bien expertos en tecnología y otro tipo de efectivos
que den más versatilidad a la plantilla que tenemos.


En el País Vasco hay una iniciativa que sí conozco y que citaba la señora Sagastizabal, que es el proyecto Batuz o Ticket BAI, como lo llaman también, que es un sistema de monitorización de cajas registradoras. Nosotros hemos apostado por
el suministro inmediato de información, empezando por las grandes empresas; desde luego, otros países han ido por la monitorización de cajas. Nosotros estamos ahora, en el proyecto de ley que se está tramitando en esta Cámara, apostando por
medidas de normalización del software para evitar el uso del software malicioso, y estamos hablando con las organizaciones de autónomos y pymes para buscar posibles soluciones. Este es un tema que no he citado antes y que tengo que subrayar, y es
que en el proceloso mundo de los autónomos y pymes, dada la atomización absoluta del tejido empresarial español, cualquier reforma que quieras hacer, si quieres que tenga éxito, tiene que pasar por la negociación con los colectivos que la van
aplicar: con los autónomos y con las pymes. Ese es un deber que tenemos por delante.


En cuanto a las limitaciones de pagos en efectivo, si hablamos de 1000 euros en el comercio minorista, ¿qué queda fuera? Queda fuera la vivienda -llamarle comercio minorista es una manera de hablar-, queda fuera el automóvil y quedan fuera
los electrodomésticos de alta gama, es decir, establecer una limitación al uso de efectivo que se mueve en ese entorno es algo que yo entiendo que no perjudica al comercio minorista porque el comercio minorista no se mueve en esas cifras de precio
medio por producto; otra cosa es que bajáramos mucho más. En esto hay diferentes sensibilidades. Hay países donde el efectivo sigue siendo la forma fundamental de pago, como sucede, por ejemplo, en Alemania y, sin embargo, cruzas la frontera y en
Dinamarca el uso de efectivo es una rareza que se considera decimonónica. Yo creo que en el modelo español, efectivamente el uso de efectivo ha estado muy relacionado con determinada forma de fraude y, en la medida en que consigamos limitar el uso
de efectivo hablando de movimientos de esos importes superiores a 1000 euros, conseguiremos reducir el espacio para el fraude fiscal.


En el ámbito aduanero, quería reconocer públicamente el papel que tienen los representantes de aduanas. Los representantes de aduanas son una profesión regulada en la medida en que hay que

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superar una serie de exámenes para su ejercicio. ¿Cuál es el problema? Que ese tipo de profesiones también asumen unas responsabilidades, tienen la posibilidad de aportar garantías voluntariamente en defecto de su cliente, por lo que es un
tema que en algunos momentos puede producir sus dificultades. Se trata de encontrar el punto de equilibrio entre la existencia de este sector regulado y que tiene acceso a un mercado determinado gracias a esa regulación y las obligaciones y
responsabilidades que tiene que asumir. Como tantas veces, el punto de equilibrio es lo que tenemos que buscar.


Me preguntaba la señora Martínez por los asesores fiscales y si todas estas nuevas herramientas de información y asistencia que estamos desplegando les beneficia de alguna manera. Por supuesto, la respuesta es que sí. Entendemos que las
administraciones digitales integrales van a tener un uso creciente y determinante por los gestores y los asesores fiscales porque, como les decía, estamos empezando por el IVA, por el censo. No hemos empezado por el IRPF porque en el IRPP tenemos
servicios suficientes para el ciudadano de a pie. Aquí estamos hablando de autónomos, pymes y de los contribuyentes que les representan. Esa es la estrategia.


El problema de las jurisdicciones no cooperativas. Hasta hace poco era muy simple la definición de qué era un paraíso fiscal, era algo tan sencillo como decir: aquellos países o territorios que no tengan firmados con nosotros un acuerdo
para intercambio de información o un convenio para evitar la doble imposición, con cláusula de intercambio. Claro, hay que ir un poco más allá porque, si por el hecho de suscribir un acuerdo, que puede ser multilateral, ya te escapas del concepto
de paraíso fiscal, es ridículo no firmarlo, todo el mundo lo firmaría. Tienes que verificar que lo que se ha firmado se cumple y eso exige constatar que los intercambios de información se están produciendo de manera efectiva, es decir, que cuando
necesitas un dato y lo pides, el otro país responde adecuadamente. No siempre consigues éxito, por supuesto, porque en el mundo internacional es muy complicado. Tienes que identificar muy bien qué es lo que quieres para que el otro sea capaz de
interpretarlo y, de acuerdo con su capacidad, te pueda conseguir el dato. Pero, en principio, hay que dar una vuelta de tuerca porque ya no solo basta con suscribir un convenio, sino que tiene que ser el intercambio efectivo de información. Y, por
supuesto, ahí se plantea el problema de los regímenes preferenciales -a los que me he referido y varios de ustedes me lo han planteado- los regímenes offshore, y el problema de la tributación nula o la tributación baja. La tributación nula no
ofrece ninguna duda, estamos hablando de tributación cero, pero la tributación baja es una cuestión que se está debatiendo ahora precisamente en los foros multilaterales, en la OCDE. Esto tiene mucho que ver con la existencia o no de una imposición
mínima, entendida como la posibilidad de aplicar cláusulas antiabuso cuando se produzca la desviación de bases imponibles hacia otros territorios. Podemos decir que es un concepto que habrá que concretar y que sería muy deseable que apliquemos
todos los países por igual, porque que un país diga que es un porcentaje y el otro diga que es el doble o la mitad solo va a generar confusión. Deberíamos tender a unas reglas uniformes, al menos en el ámbito europeo.


Respecto al teletrabajo, lo que ha habido es un pronunciamiento de la Dirección General de Tributos, que es la competente para la contestación de las consultas tributarias. También tengo que decir que muchas veces, cuando se formula una
consulta tributaria, se contesta a lo que te preguntan. Con esto quiero decir que una cosa es la contestación a una pregunta individual y otra es una resolución que agote todo el casuismo y todas las posibilidades. Las soluciones tienen que venir
por aquí. Aquí estamos hablando de escenarios distintos: teletrabajo estructural, teletrabajo de emergencia, en qué condiciones se está realizado y qué entendemos por teletrabajo, porque igual todo el mundo no lo interpreta igual. Confío en que
se pueda llegar a una solución que sea satisfactoria para todo el mundo, pero la competencia corresponde a la Dirección General de Tributos.


El señor Margall me hablaba de la cooperación entre administraciones. Nosotros no tenemos ningún interés en no compartir la información que podemos compartir. La información tributaria entre administraciones debe fluir sin ningún tipo de
problema siempre que esté acreditada la necesidad del intercambio para el uso que se vaya a hacer, para la aplicación del sistema tributario correspondiente, pero hay ciertos límites que no nos podemos saltar. Por ejemplo, en algunos intercambios
internacionales se establecen cláusulas de que la cesión de la información se efectúa exclusivamente en beneficio del cesionario y el cesionario no puede a su vez cederlo a un tercero. Ahí tenemos algún problema que tenemos que ir resolviendo caso
a caso, pero la idea que tenemos es la de trabajar en red con las administraciones tributarias, es decir, esta es la información que tenemos nosotros y esta es la información que tienen los demás. Vamos, primero, a tener claro qué es lo que tenemos
y qué limitaciones de uso puede haber respecto a determinado tipo de información y luego vamos a ver el diseño del intercambio de

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información. Además, no solamente hay que intercambiar información, hay otras alternativas. A veces está el acceso directo a la base de datos para que cualquier habilitado pueda acceder y consultar un dato, y otras veces incluso entornos
compartidos, es decir, nubes en las que la información está disponible y el que la necesita y tenga habilitación puede utilizar la información, pero a priori no hay ninguna restricción respecto a la utilización.


Sobre el fraude y la economía sumergida, lo que les decía anteriormente. Mi comentario es que vamos a ver los distintos estudios que hay y sobre todo vamos a trabajar en el ámbito europeo para conseguir metodologías lo más uniformes
posibles.


En cuanto al criterio de la residencia, cuando hablamos de residencia fiscal, automáticamente hablamos de los 183 días, pero no se queda la cosa ahí, hay que tener en cuenta también dónde está el núcleo de intereses vitales y económicos del
contribuyente. Por tanto, no siempre es una regla mecánica de aplicación de cuántos días estás aquí o cuántos días estás en el otro territorio.


Respecto a contribuyentes concretos, se pueden imaginar ustedes que no puedo decir absolutamente nada. No es que sea un capricho del director general de la Agencia Tributaria, es un mandato que se desprende del artículo 95 de la Ley General
Tributaria, que, de forma acertada, por otra parte, lo que dice es que hay que guardar absoluta reserva respecto de la información de cualquier contribuyente en defensa de los intereses de todos y cada uno de los contribuyentes.


La colaboración con los órganos jurisdiccionales, también lo quiero dejar muy claro, es a petición. Cuando un órgano jurisdiccional -de mayor o menor rango, me da exactamente lo mismo- necesita la colaboración de la Administración
Tributaria se la prestamos, en función de las necesidades, en función de lo que nos pida, a veces nos pide simplemente información, a veces nos pide la designación de un perito para resolver un caso concreto y en otras ocasiones nos pide un auxilio
judicial, que puede ser de una persona o de varias, teniendo en cuenta la complejidad del caso. Ponemos a los funcionarios de la Agencia Tributaria a disposición del órgano jurisdiccional y, a partir de ahí, son ellos los que dirigen la
investigación. Obviamente, en estos casos hay una investigación en vía judicial y no una investigación en vía administrativa, porque nosotros estamos colaborando con el órgano jurisdiccional y a su servicio.


En cuanto a las sicav, los números son los que son. Con el cambio normativo nos vamos a encontrar con que hay un número de sicav significativo que no cumplen la condición de dispersión del accionariado y este 1 % que se establece como
mínimo para poder ostentar la condición de socio de las sicav. Va a haber un periodo transitorio y habrá que verificar que en ese periodo transitorio las sicav que desaparezcan o que se transformen cumplen con el proceso previsto en la norma, pero
eso está pendiente de aprobación por esta Cámara en este momento. Hasta ahora la regla es que, si hay cien accionistas, esos cien accionistas cumplen las condiciones para que la entidad se beneficie del sistema de diferimiento que constituye la
razón de ser del régimen de tributación de las sicav.


Sobre las grandes fortunas, el esfuerzo de comprobación que estamos haciendo es grande. Hemos querido que se visualice que tenemos una Unidad Central de Coordinación del Control de Patrimonios Relevantes, que se ubica en la Oficina Nacional
de Investigación del Fraude y que coordina las actuaciones que se realizan en todo el territorio. En algunos casos no tenemos gente liberada que esté full time dedicada al control de patrimonios relevantes en cualquier punto del territorio porque
hay ámbitos territoriales muy pequeños donde no merece la pena. En algunos sitios el funcionario se dedica solo a eso y en otros casos se dedica a eso y a muchas más cosas, con lo cual dar un número de personas que están haciendo ahora ese tipo de
control es complicado, pero lo hemos estimado, en horas/persona, como el equivalente a 300 personas full time al año dedicadas exclusivamente a eso con instrumentos y con herramientas informáticas cada vez más potentes. Esa es la estrategia que
estamos siguiendo.


En cuanto a la oferta de empleo público, en los últimos años están saliendo cifras significativas. No tengo en la cabeza la que se publicó -creo que fue en octubre del año pasado-, pero si no recuerdo mal había unos 150 inspectores, 500 o
600 técnicos, agentes tributarios, varias decenas también en vigilancia aduanera. El objetivo es llegar en el año 2021 a 27 000 y, como decía, luego llegar a 28 000 para recuperar los que teníamos hace diez años, y a partir de ahí ver hasta dónde
vamos. No les he dicho antes que el estudio comparativo que hicimos con otros países pone de manifiesto que si nos comparamos con los países grandes, como Francia, Alemania o Reino Unido -no con los pequeños porque en ellos para empezar no hay
nivel regional, no hay nivel autonómico, entonces ellos asumen más cosas que las que hacemos nosotros; nosotros tenemos tres niveles de Administración tributaria-, hemos calculado que nuestro déficit de funcionarios está en torno al 20 %. El 20 %
de 25 000 son 5000 y 25 000 más 5000, son 30 000; entre 28 000 y 30 000 sería el objetivo a medio plazo. A partir de ahí, como les decía, pararse,

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mirar, ver lo que está sucediendo en otros países, analizar la situación del entorno y en función de eso decidir. Convocatorias de oferta de empleo público potentes va a tener que seguir habiendo, con independencia de que crezcamos más o
menos, porque tenemos una plantilla bastante envejecida, próxima a la edad de jubilación y obviamente si no renovamos los efectivos, simplemente por la dinámica de las jubilaciones, volverá a caer otra vez el número. Es decir, que el reto es
importante porque tenemos que convencer también a los jóvenes de las bondades del sector público y de trabajar en la Agencia Tributaria. Esto exige un esfuerzo de preparación de las oposiciones y tenemos que conseguir fidelizar una cantera de
opositores que nos permita cumplir los objetivos.


En cuanto a la firma de las actas y las competencias de unos cuerpos y otros, sobre esto suele haber ciertas confusiones que yo creo que interesa aclarar. Hay funcionarios de todas las categorías profesionales trabajando en control de
grandes empresas, en control de medianos contribuyentes, en control de pequeños contribuyentes; lo que pasa es que en la mayoría de los casos esos funcionarios, incluso muchos inspectores, no tienen firma. ¿Por qué? Porque si te integras en una
estructura jerárquica grande para el control de una multinacional el que firma por responsabilidad va a ser el jefe. Conforme vas bajando en la pirámide y te vas centrando en otro perfil de contribuyentes hay unidades más pequeñas y en ocasiones
hay equipos de una única persona que, lógicamente, o firma él o no firma nadie. Esa es un poco la filosofía, aquí no es que haya restricciones de que este territorio está vedado y no puede entrar un colectivo determinado. No, lo que hay es una
distribución de firma, porque en la medida que nos encontremos en una organización grande la firma estará concentrada en la cúpula, lo que por otra parte para los que están por debajo de él en ocasiones es incluso un alivio por no tener que firmar
los documentos y que el jefe asuma la obligación de hacerlo.


Un dato que también circula de vez en cuando, y no sé de dónde sale, es que dedicamos el 80 % de los efectivos al control de autónomos y pymes y solo el 20 % a grandes empresas. Para empezar, eso es dificilísimo de calcular. Desde luego no
es un dato nuestro y menos de los organismos internacionales, porque la mayoría de los servicios y órganos de control son horizontales, comprueban cualquier tipo de contribuyente con independencia de que sea grande, mediano o pequeño. Por ejemplo,
en la Oficina de Fiscalidad Internacional o en la de Investigación del Fraude, los órganos de recaudación no tienen en cuenta el tamaño del contribuyente para actuar. Es decir, la distinción es un poquito artificial. Sí que es cierto que se pueden
hacer cálculos con la Delegación Central de Grandes Contribuyentes, que concentra a los 3000 contribuyentes más grandes, las principales empresas del país y algunas de las grandes fortunas del país, porque ahí tenemos 800 funcionarios controlando a
esos 3000 contribuyentes. Alguna vez que se ha publicado algún dato internacional desde luego ponía de manifiesto que nosotros dedicábamos muchos más efectivos que los demás al control de ese perfil de contribuyentes, pero es un dato que a mí me
ofrecía dudas, había países que no contestaron y la propia OCDE dejó de publicarlos. ¿Por qué ya no se publica el dato? Porque yo creo que los análisis van por otro lado. Lo que sí que estamos comparando unos países con otros es cuál es el
porcentaje de rotación del contribuyente, es decir, qué expectativas tiene un contribuyente de un perfil determinado de que le llame la Agencia Tributaria para una comprobación en profundidad. En el caso de los 3000 grandes contribuyentes adscritos
a la delegación central, si hacemos unas 400 o 500 inspecciones al año, la expectativa es que te va a tocar una cada cinco o seis años, lo que quiere decir que, en la medida en la que eso se ve complementado por comprobaciones en oficina, por
comprobaciones tipo gestor, esos contribuyentes están sometidos a control permanente. Es decir, el contacto con la Administración tributaria se puede decir que es permanente, que es raro que pasen varios meses sin que tengan noticias nuestras por
un motivo o por otro. Además, les ofrecemos un modelo cooperativo que también les ofrece a ellos la posibilidad de tomar la iniciativa y presentarnos un informe de transparencia para que seamos nosotros los que nos tengamos que pronunciar sobre su
realidad.


Tenemos otro segmento de contribuyentes que es el que está entre 6 millones de cifra de negocios anual y los 200 millones que pone el corte para la Delegación Central de Grandes Contribuyentes. Ahí tenemos 30 000 y respecto de estos podemos
hacer unas 3000 inspecciones al año. La proporción ya es 10 a 1, quiere decir que en diez años les vamos a inspeccionar. Con estos contribuyentes lo que hay que hacer es utilizar perfiles de riesgo para ver a quién te diriges y a quién no te
diriges. La ventaja es que están sometidos al suministro inmediato de información y nos envían información de todas sus facturas emitidas y recibidas con un retraso máximo de cuatro días, o sea que tenemos monitorizada su actividad, con lo cual que
la frecuencia sea una cada diez años me preocupa poco. Ahora bajamos de escalón y ahí estamos nosotros, estamos los asalariados, están las pymes, están los autónomos y, claro, ahí las

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expectativas de comprobación son mucho más reducidas. No tiene mucho sentido poner a un inspector, a un técnico, a un agente tributario detrás de cada contribuyente, eso sería una auténtica locura. Lo que hay que hacer es darles todas las
facilidades posibles para que confirmen sus borradores de declaración, para que lleven sus libros monitorizados, etcétera, y centrarnos en los casos de riesgo, con investigación, con análisis de riesgos que nos permitan ser muy selectivos. Esa es
la estrategia que seguimos. Además, la percepción que tenemos de algunos informes técnicos que nos llegan es la contraria. Economistas del Banco de España han publicado a veces estudios sobre los efectos umbrales, es decir, en qué medida hay
umbrales en la legislación española -no solo fiscales, de todo tipo- que no fomentan el crecimiento empresarial, que dificultan el crecimiento empresarial, lo que a su vez complica salir al exterior, innovar, invertir y, por supuesto, crear empleo.
Y nos dicen: Cuidado con ese umbral que tenéis ahí, en los 6 millones, porque el que sobrepasa los 6 millones pasa a tener que presentar declaraciones mensuales, pasa a tener que enviar las facturas en un plazo máximo de cuatro días y pasa a tener
muchas más expectativas de ser comprobado que cuando es pequeño, con lo cual a ver si tenéis un problema con los que se van acercando y nunca van a dar el salto. Ojo, no dar el salto puede significar dos cosas: que no das el salto porque no
quieres o que no das el salto porque sí que lo has dado pero pretendes quedarte por debajo ocultando determinado tipo de actividad. Esas son las reflexiones que tenemos en la cabeza, para que vean que este es un asunto que nos preocupa muy
especialmente.


Más temas. El señor Guijarro me preguntaba por la evolución de la recaudación. Desde luego, los datos -los han citado ustedes también, el señor Píriz- que tenemos de noviembre del año pasado ponen de manifiesto efectivamente que la caída
estaba siendo en torno al 9 %, un 8,1 en términos homogéneos, que es un dato malo, como corresponde a un año malo, pero bastante mejor que la caída del PIB y de la demanda nominal. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que el grado de cumplimiento
voluntario probablemente vaya a mejor porque no hay inflación, no hay elementos que hagan que la recaudación crezca. En ese sentido para nosotros es un dato muy positivo. Yo confío en que en el año 2021 se vaya a confirmar, pero claro no tengo
datos porque hoy es 23 de febrero y ayer fue el último día del plazo de declaración del primer mes del año. Lo que sí les puedo decir es que el flujo de declaraciones más o menos está siendo el mismo del año anterior, pero en cuanto a importes no
estoy en condiciones de darles una cifra porque además sería aventurado por mi parte y sería una pura estimación sin base en hechos de ninguna clase.


Me han preguntado varios de ustedes por Andorra y el tema de moda. Hay varias cosas a tener en cuenta, la primera es el cambio de domicilio del contribuyente que se va a vivir fuera o la empresa que decide trasladarse a otro sitio. Les
decía antes que hay 2,5 millones de españoles viviendo fuera y 5 millones de extranjeros viviendo en España. En Andorra creo que hay en torno a 20 000 españoles viviendo, sobre una población de 80 000. No hace falta que les explique que la
proximidad geográfica de determinadas zonas y las oportunidades de empleo que hay allí asociadas al turismo de invierno, y también al sector financiero hacen que mucha gente se haya ido a vivir allí. Es una decisión que puede adoptar cualquiera por
la razón que sea -personal, familiar, laboral, de estudios-, incluso tributaria, como motivo principal o como motivo que ayuda a decidir vivir en otro sitio. La Agencia Tributaria lo que tiene que hacer es en aquellos casos en los que hay indicios
de que esa deslocalización no sea real, de que esa deslocalización sea ficticia, actuar y confirmar dónde reside realmente el contribuyente teniendo en cuenta los días de residencia, teniendo en cuenta dónde está su centro vital de intereses, su
entorno familiar, etcétera. Este es el tema.


Lo que pasa es que además de eso surge otro debate en segundo plano, que creo que es el verdaderamente interesante, que es qué impacto puede tener esto en términos de conciencia fiscal. Creo que hay dos cosas, quizá, que tendríamos que
aislar para no complicar verdaderamente el debate. La primera es lo de tributación alta o baja; esto es un debate imprescindible -no hace falta que yo lo diga-, pero plantearlo cuando te estás comparando con un micro Estado, con características
muy determinadas, creo que no ayuda a resolver la cuestión. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un micro estado con 80 000 habitantes que tiene un presupuesto de gastos que es inferior al presupuesto de la Agencia Tributaria, para que se hagan
una idea; que tiene un porcentaje del PIB que seguramente se acercará al 50 % -si sumamos el turismo de invierno y sus derivadas y el sector financiero, no lo sé, tendría que mirar las cifras- y que se puede permitir la subsistencia con impuestos
que en el IRPF llegan a un máximo del 10 % y que en el IVA y el impuesto sobre sociedades son iguales o inferiores. Es decir, esto no es posible aplicarlo en ningún país de la Unión Europea, en ninguno de los 27. No nos estamos comparando con
Portugal, con Irlanda, con Francia, Dinamarca, con Hungría, con Rumanía, con el país

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que ustedes elijan. Nos estamos comparando con un micro Estado, con lo cual el debate creo que no tiene mucho sentido. Jamás una formación política española que pretenda cubrir unos mínimos gastos como los de Seguridad Social podrá
proponer un régimen fiscal como el andorrano; eso es imposible en mi opinión que se aplique en un Estado de la Unión Europea, de los 27. Entonces, el debate sobre impuestos altos o bajos es imprescindible pero en este caso estamos hablando de otra
cosa. ¿De acuerdo?


También hay otro debate que yo creo que tendríamos que aislar, y es el de la excusa. Es que hay corrupción, despilfarro, el gasto público está desbocado o todo lo contrario, el Gobierno no da suficientes ayudas -me refiero a los niveles de
gobierno-. Por tanto, luego pasa lo que pasa. Bueno, yo creo que hay que lanzar un mensaje muy claro a la ciudadanía, el hecho de que tengamos problemas evidentes de corrupción, de mal uso de los ingresos públicos, de despilfarros, etcétera, no
son problemas sistémicos. Son problemas que hay que detectar y hay que corregir y no pueden servir de excusa para decir yo no contribuyo. ¿Qué pasa que si se estropea el ascensor de casa resulta que dices que como hay un vecino que no paga la
derrama tú tampoco? ¿Esa es la solución? Yo creo que ese otro tema que hay que aislar. Seamos más transparentes, consigamos una mejor gobernanza, pero no mezclemos las cosas. ¿A dónde quiero llegar con todo este rollo que estoy colocando?
Quiero llegar al verdadero debate. El verdadero debate no es qué opinas tú de que un youtuber haya dicho que se va a vivir fuera de España por razones fiscales o, entre otros motivos, por razones fiscales. Ese no es el debate, mi opinión en este
caso probablemente sea la menos interesante de toda España, porque qué va a decir el director de Agencia Tributaria. Mi respuesta no tiene ningún valor. La pregunta no es esa, la pregunta es qué harías tú si tuvieras treinta años, tuvieses
ingresos anuales de 1 millón, de 5 millones -no lo sé, seis ceros-, un grupo de amigos que vive en el otro territorio, una situación personal y familiar que te permite marcharte sin grandes ataduras. ¿Qué harías? Porque si dudas en la respuesta o
si empiezas hablar de importe preguntando cuánto has dicho, ¿1 millón? Hombre 1 millón, bueno,... ¿5 millones? Con 5 me voy. Si esa es la respuesta, tenemos un verdadero problema de conciencia fiscal en este país. Y ese es el debate que
tendríamos que estar planteando en la sociedad. Ponte delante del espejo y responde a la pregunta, pero no en tu situación actual -si estás en un ERTE, si eres un asalariado, si estás en el paro-; es evidente que lo que vas a pretender es que haya
más recursos públicos para atender a tu situación. De lo que estamos hablando es: si tú fueses él en sus circunstancias, qué es lo que harías. Yo creo que ese el debate. Antes hablaba de educación cívico-tributaria que tendríamos que plantear a
los ciudadanos y sería muy interesante ver cuáles son las respuestas que recibimos.


Me hablaba también el señor Guijarro sobre los resultados de control. Vamos a ver, ¿estancamiento de los resultados? Bueno, yo he intentado explicar siempre que los resultados de control están muy condicionados por los extraordinarios.


Quiero decir que cuando hay un expediente multimillonario porque por ejemplo una gran empresa nos pide que le devolvamos el pago fraccionado -porque tiene expectativas de que el Tribunal Constitucional lo declare inconstitucional-, pues si
el Constitucional no le da la razón, se lo vamos a denegar y esos son miles de millones que suben al marcador. Para nosotros esas cifras se relativizan. Además, si las convertimos en el indicador principal tenemos un problema, y es que todo lo que
vamos a hacer vía prevención perdería valor porque nos estaríamos disparando al pie perjudicando nuestros resultados de control. Quiero decir, que si yo transparento la información sobre las cuentas en el extranjero para que los contribuyentes
declaren mejor, eso se convierte en liquidaciones que no voy a poder hacer y que haría si me guardase la información para actuar a posteriori vía control tributario. Entonces, esa es la idea. Aquí hay que tener una visión global y tener varios
indicadores y no fijarnos solo en uno porque entonces nos podemos equivocar.


Citaba un informe del Tribunal de Cuentas del año 2007 y ni hecho a propósito, porque se refiere al área de gestión tributaria y el director de gestión tributaria en el año 2007 era yo. (Risas.) Me conozco el informe perfectamente y sé lo
que dijo el Tribunal de Cuentas. Lo que dijo es que tenía que haber una atribución de competencias más clara porque en el área de gestión tributaria lo que hay son unidades muy amplias, administraciones, dependencias de gestión muy amplias y luego
con un cuello de botella de una jefatura muy estrecha. La inmensa mayoría de las administraciones o la mitad de las administraciones y la inmensa mayoría del personal que trabaja en las administraciones del grupo A son A2, prácticamente no hay A1.
Es decir, en términos competenciales, A1, A2, lo que planteaba el Tribunal de Cuentas no es aplicable, porque es un ámbito en el que los A1 son muy escasos. Pero, efectivamente, hablaba de estructurar mejor el trabajo y a eso nos pusimos, claro,
porque el informe era muy claro.

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Respecto al señor González Coello, que también me hacía varias preguntas, las encuestas del CIS creo que son un instrumento de información utilísimo que nos tiene que servir para explicar mejor las cosas a los ciudadanos. Bien es cierto que
las encuestas tienen un sesgo y que normalmente la gente responde de manera distinta cuando le preguntas por la colectividad que cuando les preguntas por ellos mismos. ¿Su entorno defrauda? No, no, en absoluto. ¿Los españoles defraudan? Por
supuesto, muchísimo. Entonces, hay un sesgo, pero hay un déficit de conocimiento de a qué se dedican los impuestos. Para empezar, quién los gestiona, porque, muchas veces, cuando le preguntas a alguien quién gestiona -qué sé yo- un impuesto cedido
a las comunidades autónomas, la tendencia a responder que es el Estado es muy alta. Es decir, los ciudadanos no tienen claro la corresponsabilidad fiscal y ahí tenemos que hacer un gran esfuerzo. La verdad es que los borradores de declaración y
todos estos avances que estamos introduciendo en el sistema tributario a veces tienen efectos secundarios no deseados, como el hecho de que cada vez la gente sepa menos qué es lo que está declarando, porque claro, cuando te dan el dato, lo
compruebas, está más o menos bien, le das y no tienes que rellenar la declaración. Cuando la vas rellenando, vas viendo efectivamente qué parte es la autonómica, qué parte es la estatal. O sea, ahí probablemente tengamos entre todos una asignatura
pendiente para que la gente entienda mejor qué impuesto se está pagando y cuál es el destino.


En relación con la situación de desviaciones de poder, de posibles abusos, de desequilibrio entre el contribuyente y la Administración, el poder de autotutela que tiene la Administración está ahí pero, cuidado, en el caso de las sanciones
que se suele poner como ejemplo, si se recurre, se produce la suspensión automática de la sanción, y no es exigible. Y cuando se produce un recurso o una reclamación económico-administrativa, por supuesto se puede suspender en general con la
aportación de las garantías, y si lo estima el tribunal, también sin aportación de garantías; y esos ingresos no suben al marcador. Quiero decir, que cuando yo cito cuáles son los resultados de las actuaciones de control del año anterior, si no se
ha ingresado, si está suspendido por recurso o reclamación, eso no computa; computará cuando entre el dinero si es que entra, pero si lo perdemos, evidentemente no computará nunca. Creo que esto es una cosa importante a tener en cuenta; es más,
incluso los resultados del año en ocasiones se ven incrementados por recursos que vienen de muchos años atrás; o sea, son resultados del año porque el dinero entra en la caja en el año. Este es un dato que normalmente no se conoce; problema
nuestro, que no hemos sabido explicarlo adecuadamente.


En cuanto a la litigiosidad, la conflictividad -como le queramos llamar-, es un problema que nos preocupa y mucho. Ya he dicho en alguna ocasión que tenemos nada menos que 13 000 millones de deuda suspendida en tribunales y lo que hay que
hacer es reducir la conflictividad. En el ámbito de inspección, aunque parezca un contrasentido lo que voy a decir, hemos recorrido muchísimo trecho, porque en estos momentos solamente el 20 % de las actas que se firman son de disconformidad, solo
el 20 %. El 80 % son de conformidad o con acuerdo. Entonces, claro ese 20 % de disconformidad en buena medida es objeto de reclamación y nosotros lo que hemos visto es que, a lo largo del tiempo -porque los pleitos duran años; en muchas ocasiones
se llega hasta la Audiencia Nacional, a veces incluso hasta el Supremo-, son revisadas de alguna manera en torno al 20 % de las actas; o sea, el 20 % del 20 %: el 20 % de disconformidad, el 20 % son revisadas. Que sea revisada no quiere decir
anulada; puede ser anulada totalmente pero también a veces se anula parcialmente y se ordena la retroacción de las actuaciones. Entonces, lo que digo siempre: esto no es para la autocomplacencia ni muchísimo menos, ahí están los 13 000 millones
de deuda suspendida pero, bueno, la máquina se va moviendo y creo que en la dirección correcta, sin perjuicio de que nos quede muchísimo por hacer.


Las entradas en domicilios. He intentado explicar en la comparecencia en la otra Comisión, en la de Presupuestos, qué estábamos haciendo y qué es lo que queríamos hacer con poco éxito, porque luego este debate saltó al debate público
general y lo que quedó fue lo de la patada en la puerta cuando realmente de lo que estuvimos hablando en la Comisión fue de en qué condiciones la Agencia Tributaria podía pedir la autorización judicial para una operación de este tipo. Porque los
datos que nosotros tenemos del pasado son los siguientes: el 97 % largo de las actuaciones con entrada en domicilio se ha efectuado en entidades, en personas jurídicas; la persona física es bastante residual en vía contencioso-administrativa, vía
judicial es otro tema, vía penal quería decir. El porcentaje de actas de disconformidad no llegaba ni al 20 % en este caso, era todavía inferior, porque de los hechos se discute poco. Quiero decir que si tú tienes un sistema de facturación en
negro y lo detectan, qué vas a decir; en fin, no te queda más que firmar e intentar minimizar el coste vía sanción. Y el porcentaje de cobro era muy alto, porque estamos hablando de negocios en marcha, no estamos hablando de negocios en fase
terminal, sino de un negocio

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que funciona adecuadamente, que tenía menos ingresos declarados de los que debía, pero que puede reanudar su actividad y empezar a declarar mejor. En esos casos, el tema es qué condiciones debe reunir la actuación administrativa para que un
juez autorice la operación; si no hay autorización judicial, no hay nada que hacer porque no hay consentimiento del interesado, estamos hablando de domicilio fiscalmente protegido y no hay nada que hacer.


Lo que yo planteaba era decir: no me parece bien que la alternativa en estos casos de fraude sea la vía penal, porque la vía penal tiene que ser el último recurso, porque ir al juez penal para conseguir una autorización en domicilio porque
haya indicios de fraude, que pueda ser superior a 120 000 euros me parece desproporcionado. Deberíamos mantener la vía contencioso-administrativa, y esa es la idea que subyace en las enmiendas que se han planteado y ese es el objetivo. ¿Que ha
habido errores, que ha habido casos que el Tribunal Supremo, con buen criterio, ha considerado inaceptables? Por supuesto que sí. Quiero decir, para solicitar la autorización judicial de entrada en un domicilio y que la autorice el juez hace falta
un expediente administrativo en el que quede claro por qué quieres entrar, qué es lo que se busca, qué ejercicios son los afectados; en definitiva, un trabajo probatorio previo que si no se realiza, desde luego, esa actuación está mal hecha y el
juez no la debería autorizar nunca. Esa es un poco la idea que tenemos.


Por ir terminando -estoy hablando más de la cuenta pero contestándoles a todo lo que puedo, en definitiva-, señor Píriz, no tengo datos de previsión de ingresos. Ya les decía que ayer justo terminó el plazo de presentación de las
declaraciones del mes de enero, con lo cual, difícilmente puedo aventurarles nada.


Por lo que se refiere a la presión fiscal sobre el PIB, este es un dato que se ha convertido prácticamente en el único indicador que hay, entre otras cosas, porque cuando hablas con la Comisión Europea como el déficit y la deuda pública se
calculan en función del PIB y el déficit es la diferencia entre los ingresos y los gastos, esa es una variable que te ponen enseguida encima de la mesa, te comparan con la media de la Unión Europea y ahí tienes un diferencial. Otra cosa es cómo
pretendes eliminar ese diferencial, y ahí es donde entran las distintas alternativas políticas de acuerdo con las preferencias sociales de los ciudadanos. No se utilizan en Europa esos niveles, me refiero en las reuniones institucionales, otros
indicadores como el esfuerzo fiscal, porque el esfuerzo fiscal es un indicador que tiene su gracia, pero que también tiene su truco. Es un indicador en el que divides la presión fiscal, que es un porcentaje, entre una cifra absoluta que es la renta
per cápita del país. Matemáticamente, esto es un tanto opinable, dividir un porcentaje por una cifra absoluta, en fin, tiene su cosa.


¿Cuál es el problema? Las diferencias en presión fiscal en el numerador entre países son diferencias de dos a uno. Es decir, Dinamarca tiene el doble de presión fiscal -lo digo de memoria- que Bulgaria o que Hungría. El doble, no más que
el doble, ¿de acuerdo? Uno está cerca del 50 y el otro está en el veintitantos. Sin embargo, en el denominador, en el que se pone la renta per cápita, las diferencias entre países de la Unión Europea son de cinco a uno. Aplicando esa fórmula
matemática, siempre te va a salir que en Rumanía se hace más esfuerzo fiscal que en Dinamarca, con lo cual, cuando te comparas con países más ricos que tú se demuestra que haces un esfuerzo fiscal mayor que ellos, pero cuando te comparas con África
o con Latinoamérica, resulta que ellos hacen un esfuerzo fiscal mayor que el español. Lo digo casi como anécdota porque es un indicador que no se está utilizando y, probablemente, sea esa la razón por la que no se utiliza.


Con respecto a la previsión de ingresos, lo que les decía. No tenemos información que yo les pueda aportar ahora, pero lo haré con mucho gusto en la próxima comparecencia. Y en cuanto al efecto comportamiento y al impacto que puedan tener
las subidas fiscales, la Agencia Tributaria, como les decía, no hace ese tipo de estudios. Nosotros constatamos la evolución de los ingresos y calculamos los impactos normativos sin efecto comportamiento de las subidas o bajadas de impuestos.


Para terminar, señora Blanquer, le agradezco la referencia a las ADI, a las medidas COVID adoptadas durante el año, ese millón de aplazamientos que hemos concedido. Se ha gestionado en muy poco tiempo y es un factor que ha contribuido,
precisamente, a que el cumplimiento voluntario durante el año 2020 haya sido bueno, porque al contribuyente cuando le ofreces también te responde positivamente.


En cuanto al control de las multinacionales, en aquellos casos en los que vemos que claramente los ingresos son muy bajos en relación con la aparente presencia que tiene esa multinacional en España lo que hacemos es realizar actuaciones de
comprobación, bien es cierto que con el marco normativo vigente. Es decir, no estamos hablando del debate en la OCDE sobre cómo repartir en un nuevo modelo mundial los ingresos entre todos los territorios en los que operan cada una de las
multinacionales, sino de una normativa que se basa básicamente en establecimientos permanentes físicos y en precio de transferencia.

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Así, pues, en aquellos casos en los que vemos desviaciones lo que hacemos es practicar una regularización. El objetivo, como decía antes, es que la empresa a partir de ese momento cumpla mejor. Una cosa que se conoce poco es que a los
contribuyentes, a los que les comprobamos unos periodos determinados, a partir de ese momento, con independencia de la suerte jurídica que corra esa liquidación, les ofrecemos la posibilidad de alcanzar un acuerdo previo de valoración respecto de
los futuros ejercicios, y en algunos casos tengo que decir que la cosa funciona. Es decir, el pasado pasado está -tenemos una controversia y que la resuelvan los tribunales-, pero de cara al futuro vamos a declarar de otra manera. Esta es una
estrategia que creo que puede dar buen resultado. En algunos casos estamos consiguiendo que alguna multinacional declare públicamente que a partir del año siguiente o de este año va a declarar de acuerdo con su presencia en España de manera
diferente. Ese es el objetivo, combinar medidas. Y tienen que ser medidas de control, pero con la posibilidad de ofrecer acuerdos a las empresas, evidentemente, basados en datos reales, acuerdos a los que puedes llegar o no. Que nadie interprete
que un acuerdo es algo graciable. No, es un procedimiento de comprobación, pero con carácter previo. Algunos se resuelven de forma satisfactoria con un acuerdo con la empresa y otros se resuelven desestimando la propuesta que nos haya formulado la
empresa.


Creo que podemos dar por contestado el resto de temas. Hemos hablado de deslocalizados, de big data, de la economía sumergida, de las entradas en domicilio, así que no les aburro más. No sé si tienen ganas de repreguntar algo o he
conseguido agotarles totalmente (risas), pero estoy a su disposición.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Gascón.


Señorías, saben que hay un segundo turno, pero dada la exhaustividad del compareciente, salvo que ustedes tengan la pregunta de su vida por formular en estos momentos, que lo dudo, damos por finalizada la sesión, agradeciendo al señor Gascón
el esfuerzo que ha hecho ante semejante batería de preguntas.


Muchas gracias.


Se levanta la sesión.


Era la una y veinticinco minutos de la tarde.