CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2021 XIV LEGISLATURA Núm. 280

PARA LA AUDITORÍA DE LA CALIDAD DEMOCRÁTICA, LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LAS REFORMAS INSTITUCIONALES Y LEGALES

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ÍÑIGO ERREJÓN GALVÁN

Sesión núm. 5

celebrada el miércoles,

3 de febrero de 2021

ORDEN DEL DÍA:


Decisión sobre la celebración de las siguientes comparecencias. Por acuerdo de la Comisión para la auditoría de la calidad democrática, la lucha contra la corrupción y las reformas institucionales y legales:


- De la señora fiscal General del Estado (Delgado García), en relación con el análisis de las medidas necesarias para reforzar la imparcialidad e independencia de autoridades independientes y organismos de regulación ... href='#(Página2)'>(Página2)


- De don José Manuel Calvente Redondo, abogado, en relación con la protección de la figura del denunciante de los casos de corrupción ... (Página2)


Comparecencias. Por acuerdo de la Comisión para la auditoría de la calidad democrática, la lucha contra la corrupción y las reformas institucionales y legales:


- De la señora presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (Fernández Vicién), en relación con el análisis de las medidas necesarias para reforzar la imparcialidad e independencia de autoridades independientes y
organismos de regulación. (Número de expediente 212/001059) ... (Página6)

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- Del señor presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (Buenaventura Canino), en relación con el análisis de las medidas necesarias para reforzar la imparcialidad e independencia de autoridades independientes y organismos de
regulación. (Número de expediente 212/001060). ... (Página25)


Se abre la sesión a las tres y treinta y cinco minutos de la tarde.


DECISIÓN SOBRE LA CELEBRACIÓN DE LAS SIGUIENTES COMPARECENCIAS. POR ACUERDO DE LA COMISIÓN PARA LA AUDITORÍA DE LA CALIDAD DEMOCRÁTICA, LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LAS REFORMAS INSTITUCIONALES Y LEGALES:


- DE LA SEÑORA FISCAL GENERAL DEL ESTADO (DELGADO GARCÍA), EN RELACIÓN CON EL ANÁLISIS DE LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA REFORZAR LA IMPARCIALIDAD E INDEPENDENCIA DE AUTORIDADES INDEPENDIENTES Y ORGANISMOS DE REGULACIÓN.


- DE DON JOSÉ MANUEL CALVENTE REDONDO, ABOGADO, EN RELACIÓN CON LA PROTECCIÓN DE LA FIGURA DEL DENUNCIANTE DE LOS CASOS DE CORRUPCIÓN.


El señor PRESIDENTE: Buenas tardes, señorías. Se abre la sesión.


Ya saben ustedes que el primer punto del orden del día es sobre la decisión de las siguientes comparecencias: de la fiscal general del Estado, en relación con el análisis de las medidas necesarias para reforzar la imparcialidad e
independencia de autoridades independientes y organismos de regulación, y de don José Manuel Calvente Redondo, abogado, en relación con la protección de la figura del denunciante de los casos de corrupción.


Saben ustedes que este punto es el resultado de que la Mesa de la Comisión, en presencia de los portavoces, en su reunión del pasado 22 de diciembre, acordó rechazar la celebración de estas comparecencias. Pero como este rechazo se produjo
por mayoría y el acuerdo de delegación de la Mesa de la facultad de acordar comparecencias exige que los rechazos se produzcan por unanimidad, corresponde a la Comisión adoptar la decisión tras el debate correspondiente. En ese sentido, tal y como
acordamos en la reunión de Mesa y portavoces, este debate se sustanciará a través de un turno de fijación de posiciones, de menor a mayor, de cinco minutos de duración por cada portavoz. A continuación, pasaremos a la votación antes de comenzar con
las comparecencias. Les recuerdo que se hará una sola votación, salvo que hubiera alguna solicitud de que se voten por separado; si no, haríamos una sola votación.


Del Grupo Mixto y de Euskal Herria Bildu no hay palabra solicitada. Por lo tanto, tiene la palabra, por cinco minutos, el señor Legarda Uriarte, por el Grupo Parlamentario Vasco.


El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidente.


Intervengo muy brevemente para manifestar que nuestro grupo parlamentario no tiene por costumbre bloquear las peticiones de comparecencias que hagan los distintos grupos parlamentarios, aunque eso no signifique necesariamente que las
tengamos que apoyar. En definitiva, en este caso concreto, seguiremos esa misma línea de actuación: no la bloquearemos, pero no la apoyaremos necesariamente.


Muchas gracias, presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señor Legarda.


Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Gutiérrez Rivas.


El señor GUTIÉRREZ VIVAS: Gracias, presidente.


En primer lugar, lo que quería decir es que siento mucho no haber podido asistir a aquella reunión de Mesa y portavoces por un tema de agenda en esos días y, por lo tanto, no pude dejar clara la posición de mi grupo, por lo que quiero
hacerlo en este momento. No acabo de entender muy bien por qué tenemos que votar nada en este sentido. Igual que no entiendo que se tuviera que votar nada en Mesa y portavoces sobre esto, primero, porque no se han votado el resto de las
comparecencias que se han solicitado por el resto de los grupos. Entonces, no comprendo esta especie de posición de veto que toma la Mesa a la hora de decir quién comparece y quién no, de decidir en una Mesa y portavoces si unos son buenos y otros
son malos. Creo que eso ya quedó claro cuando se definió la subcomisión y cuando definimos los cupos: si

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hay unos cupos creados dentro de la subcomisión en los que cada grupo parlamentario era libre de decidir quién quería que viniera y asistiera a estas comparecencias, no entendemos por qué ahora hay algunos grupos que se dedican a tomar esta
posición de vetar aquellas comparecencias que no les parecen bien. No lo entiendo, además, me parece antidemocrático en la medida en que todos nos dimos unas reglas de juego al inicio de la subcomisión y parece que hay algunos que en estos momentos
las quieren subvertir.


He de decirle, presidente, que no entiendo que usted como presidente permita esto en esta Comisión, porque estas no son las reglas del juego con las que empezamos. Estoy un poco con el señor Legarda, no se trata de si a mí me gustan o dejan
de gustarme; estamos hablando del ejercicio puro democrático, de que las reglas del juego que nos hemos dado todos los grupos en esta subcomisión eran unas reglas claras, y ahora parece que, de repente, alguien se dedica a vetar y a intentar buscar
mayorías dentro de la Comisión para vetar a los candidatos de otros grupos parlamentarios porque no les interesan o no les gustan. A mí esto me parece que va contra el espíritu precisamente de esta Comisión, que es una Comisión que debe velar por
que mejoremos nuestra calidad democrática. Nuestra calidad democrática consiste en que en una comisión -sea de investigación, sea una comisión para mejorar la vida democrática de este país, sea una de estudio, sea la comisión que sea- cada grupo
tenga la libertad de traer a un compareciente, y no, desde luego, en que el resto intente vetarlos buscando mayorías, porque creo que ese no es el espíritu con el que nació esta Comisión. Quería dejar esto claro y, sobre todo, insisto en que no
acabo de entender que usted lo permita, sinceramente, señor presidente.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gutiérrez.


Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra el señor Honrubia Hurtado.


El señor HONRUBIA HURTADO: Quiero decir que creo que el debate al que se refiere el señor Gutiérrez quedó también suficientemente zanjado ya con el informe del letrado. Creo que ese debate ya lo tuvimos en la reunión anterior de Mesa y
portavoces; se adoptaron una serie de decisiones; hubo grupos que en ese momento no estuvieron de acuerdo; solicitaron que se redactara un informe para que se analizara la viabilidad jurídica de la decisión que se tomaba; el informe se hizo;
creo que quedó manifiestamente claro que avalaba la decisión y, por tanto, creo que ese debate que usted acaba de volver a plantear está zanjado.


Y a nivel político, es todavía más evidente que la esencia de esta Comisión -a diferencia de lo que usted ha planteado, creo que erróneamente- tiene que ver con los trabajos que realiza, no con una visión genérica, amplia de qué es la
democracia y su calidad, porque aquí tendremos posiciones y visiones diferentes que precisamente se analizarán en los trabajos que se realicen, y creo que el documento de la subcomisión que aprobamos en su momento dejaba muy claro cuáles eran las
temáticas que se iban a estudiar y se iban a analizar, y desde ese criterio hay dos grupos que hemos entendido que las personas que se han propuesto, por un lado, no forman parte de ninguna autoridad independiente y, por otro, entendemos que
simplemente se pretende llamar a las personas que se ha intentado ya que vinieran por otras vías en diferentes comisiones pero cuyas comparecencias han sido denegadas, y lo que se intenta es colarlas aquí de forma extraña para convertir esto en un
show, en un circo, y que se hable de cualquier cosa menos de lo que se tiene que hablar, que son los trabajos que se hacen para profundizar en las temáticas propuestas. Por tanto, creo que está sobradamente justificada la decisión y, en última
instancia, me remito nuevamente al informe del letrado que avala el sentido y la viabilidad jurídica de la decisión.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTER: Gracias, señor Honrubia.


Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra su portavoz, el señor Ruiz Navarro.


El señor RUIZ NAVARRO: Muchas gracias.


La verdad es que escuchar aquí a un representante de Podemos hablar de democracia ya es por sí mismo contradictorio -¿verdad?- y sorprendente. Pero, en todo caso, a nadie va a sorprender la postura que va a adoptar VOX respecto a la
situación que se ha planteado en esta Comisión, que es la de practicar un veto a comparecientes propuestos por el grupo parlamentario que en este caso es de la oposición, y me da igual el partido que sea, en este caso es el Popular pero podría ser
cualquier otro.

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La democracia, señorías, consiste en el gobierno de las mayorías pero desde el respeto a los derechos de las minorías. Ustedes -y me dirijo a las mayorías que conforman el Gobierno y que apoyan al Gobierno- han conformado una mayoría que
les permite, por ahora, ganar la mayoría de las votaciones, pero esta mayoría ni les legitima ni les puede permitir pisotear los derechos elementales de los grupos de la oposición, porque cuando se cercena el pluralismo político, la calidad de la
democracia se resiente, y más, precisamente, en esta Comisión que se llama de Calidad Democrática.


Además, hay que reconocer que las actuales circunstancias convierten en más oportunas que nunca las comparecencias propuestas por el Grupo Popular. Veamos, cuando se ha hecho público que la fiscal General del Estado ha tenido recientemente
un almuerzo con: uno, un conocido empresario madrileño con alguna empresa sujeta a investigación judicial, según ha publicado algún medio digital; dos, también con un conocido conductor de programas televisivos de La Sexta -o La Secta, según se la
conoce, nada menos-, que no es nada sospechoso de objetividad ni de imparcialidad política, y tres, con un señor al que echaron de la carrera judicial por cometer uno de los delitos más graves que puede cometer un juez en el ejercicio de sus
funciones, creo que esto por sí mismo justifica la presencia de esta señora en esta Comisión. Porque, ¿quién pagó la comida? ¿Cómo puede la representante superior y última de la Fiscalía General del Estado velar por la independencia de los
tribunales si no nos explica en qué términos se produjo este encuentro?


Respeto al señor Calvente, cuyo testimonio sin duda entiendo que nos ayudaría a potenciar nuestras neuronas y nuestras capacidades intelectivas para comprender el complejo entramado de corrupción que existe entorno del partido Podemos, creo
que efectivamente su comparecencia es absolutamente imprescindible. Todos sabemos que Podemos ha recibido dinero, ya sea legal o ilegalmente, directa o indirectamente, de Venezuela, de Irán y de otros regímenes criminales y genocidas. (Rumores).
Y, por supuesto, queremos saber; queremos saber, sí, sí, queremos saber. Pero la corrupción no solo es corrupción económica, que efectivamente es grave, también puede ser política y moral, y efectivamente en esto último el comunismo no tiene
rival.


Nada más, y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ruiz Navarro.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra su portavoz, el señor Postigo.


El señor POSTIGO QUINTANA: Gracias, presidente, y buenas tardes, señorías.


Hoy, señorías, si no se remedia, el Partido Socialista y el de Unidas Podemos volverán a llevar a cabo un nuevo asalto al derecho de participación de los diputados y, de paso, al de libertad de expresión de un denunciante de corrupción,
justo lo que se supone que se quiere impedir con esta subcomisión, y con la paradoja añadida de que quienes lo impiden son dos de los promotores de la iniciativa.


Transcurrido ya un año de legislatura, es urgente e imprescindible que se reviertan los modos autoritarios, el obstruccionismo, la falta de respeto a los derechos de los diputados, la permanente vulneración del Reglamento, el desprecio a los
usos parlamentarios que no se ajustan a sus intereses políticos por parte de los grupos que apoyan al Gobierno contra los grupos de la oposición, y en este caso y singularmente contra el Grupo Parlamentario Popular. Con su comportamiento despótico,
cuando hasta diciembre pasado no se había dicho nada de vetar las propuestas de nadie -y usted lo sabe bien, señor presidente-, PSOE y Podemos van y tratan de impedir que los grupos parlamentarios puedan proponer libremente a las personas que
consideren apropiadas y que pueden aportarnos ideas interesantes y serias, como son la fiscal General del Estado y don José Manuel Calvente Redondo. Con esto pretenden que modifiquemos nuestras propuestas hasta proponer nombres que a ellos -que a
ustedes- les parezcan aceptables; esto es totalitarismo puro.


Los dos comparecientes propuestos inquietan al PSOE y Unidas Podemos: la fiscal General del Estado y exministra de Justicia del PSOE, permanentemente cuestionada por casi todos los actores judiciales por su dudosa independencia, y el señor
Calvente, exabogado de Unidas Podemos, perseguido por haber denunciado la ya investigada financiación ilegal de esta formación. Precisamente en la Comisión en que hemos acordado analizar la situación de los denunciantes que se atreven a levantar la
voz contra la corrupción y garantizar su protección y que sus testimonios lleguen a la justicia, son los diputados del PSOE y Unidas Podemos los que van a hacer justo lo contrario, demostrar que un denunciante puede ser silenciado, marginado,
atacado y sus derechos vulnerados si actúa contra determinados partidos como, en este caso, Unidas Podemos. Y el PSOE, en su línea habitual, tapando su propia corrupción y la de su socio preferente. Después de impedir la comparecencia del
secretario general del partido Unidas Podemos,

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investigado por presunta financiación ilegal, don Pablo Iglesias, ahora quieren impedir con sus votos escuchar el testimonio de la persecución sufrida por el principal denunciante, don José Manuel Calvente, antiguo responsable del equipo
jurídico de Podemos, e impedirle explicar su situación tras haber denunciado los numerosas irregularidades del partido del vicepresidente segundo. Los dos grupos que apoyan al Gobierno volverán a mostrar así sus modos totalitarios, y por tanto
antidemocráticos, al obstaculizar y silenciar la labor del grupo que lidera la oposición. El inquisidor Torquemada al menos escuchaba a los acusados, pero ustedes, miembros del Gobierno más autoritario y menos transparente de la democracia, quieren
prohibir que escuchemos a los ciudadanos. Señorías del PSOE y de Unidas Podemos, son ustedes peores que los inquisidores porque ni tan siquiera permiten que la gente venga, y con ello están erosionando las libertades desde el poder. Cualquiera
diría que son el caballo de Troya contra el Estado de derecho, pero con su comportamiento se parecen más al caballo de Atila, porque a su paso nada democrático crece a su alrededor.


Han ocupado Radiotelevisión Española, el CIS, la Fiscalía General del Estado, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, y ahora están en pleno asalto al Consejo General del Poder Judicial. Han tramitado la Ley de Educación y la Ley de la
eutanasia como proposiciones de ley para impedir, como aquí, que nadie pudiera venir a ser escuchado, y ahora quieren hacer lo mismo en esta Comisión de Calidad Democrática. Quieren, en definitiva, que no se les controle porque ustedes viven mejor
en la oscuridad, son el lado oscuro, son como el mismísimo Dark Vader y Sauron. (Risas).


¿Qué tienen que ocultar para evitar a toda costa que la amiga del señor Villarejo no quiera o no la dejen venir? ¿Qué temen que pueda decir el señor Calvente, denunciante ante los tribunales de la corrupción política en Podemos, que fueron
tan miserables e indignos de acusarle de acoso sexual para poder echarle del partido? ¿Quizá la imputación de Podemos como partido de financiación ilegal, de falsedad documental y electoral, de desviación de fondos, de existencia de caja B, de
Neurona o quizá del verdadero precio del chalé de Galapagar y de la mejor hipoteca bancaria que pueda tener cualquier español?


Esta censura informativa -y voy a acabando, señor presidente- que pretenden al más puro estilo goebbeliano es propia de los fascistas y comunistas. Este comportamiento, en definitiva, señorías del PSOE y de Unidas Podemos, con una actuación
rastrera y torticera, implica hechos gravísimos que no solo provocan bochorno e indignación, sino descrédito político e institucional, y por eso su poder político es corrosivo y tóxico.


Señorías del resto de los grupos políticos, apelo a su sentido de responsabilidad, porque vetar la comparecencia de cualesquiera de los nombres propuestos no solo será un asalto y atropello a la libertad, a la participación política de la
oposición y transparencia del Congreso, sino la pérdida absoluta y total de credibilidad de esta Comisión y, por ende, el descrédito de la institución que representa la soberanía nacional.


Gracias, señorías, y muchas gracias, presidente, por su paciencia. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Postigo.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra su portavoz, la señora González Pérez.


La señora GONZÁLEZ PÉREZ: Muchas gracias, presidente.


Buenas tardes, señorías. Vamos a contar las cosas como en realidad son, y la realidad es que cuando se planteó en la XII legislatura que la Comisión de Calidad Democrática centrara sus esfuerzos en avanzar en la clarificación y ordenación
de asuntos tan trascendentales como la financiación de los partidos políticos, la imparcialidad e independencia de las autoridades administrativas independientes y la protección a los denunciantes de casos de corrupción, todas y todos nos
felicitamos. Se trataba -y se trata, sin duda- de cuestiones que redundan y consolidan los niveles de calidad democrática de nuestras administraciones, y tengo que recordar que esta Comisión se crea bajo el mandato de Mariano Rajoy. Fue una
Comisión constructiva, en la que se llegó a acuerdos entre todas las fuerzas políticas. ¿Pero qué pasa? Que cuando cambian las tornas y el Partido Popular se sitúa en la oposición, cambia también su manera de hacer política y vuelven a practicar
aquello de cuanto peor, mejor.


Voy a poner ejemplos concretos de lo que ha venido sucediendo en esta Comisión de Calidad Democrática, una Comisión construida para debatir estos temas de los que estamos hablando. No querían debatir estos temas, quería presentar PNL en
esta Comisión, querían comparecencias de ministros en esta Comisión, querían preguntas orales en esta Comisión, cuando el espíritu constructivo de esta Comisión parte del de la legislatura pasada, en la que gobernaban ustedes. De verdad, cambian
las

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tornas y, cuando cambian las tornas, cambia su imagen de lo que significa la calidad democrática en nuestro país. ¿Qué ocurre? Que no vamos a entrar en su juego. El Partido Socialista y este grupo parlamentario tienen muchos años de
historia y tenemos claro, viendo su comportamiento a lo largo de este periodo de sesiones en esta Comisión, que lo que menos les importa a ustedes es el estudio de la imparcialidad e independencia de las autoridades administrativas independientes.
¿Por qué si no citar a la fiscal general del Estado cuando en esta Comisión no se habla de los órganos constitucionales sino de las autoridades administrativas independientes? Y mucho menos vamos a estudiar aquí con quién come la fiscal o con quién
deja de comer. (Aplausos).


Esa es la realidad, que aquí venimos a estudiar un tema concreto para el que se necesitan comparecientes concretos, que es en lo que ustedes no quieren colaborar. Y mucho menos ustedes -ustedes- nos van a dar lecciones a nosotros de ética
política. Solamente hay que mirar su trayectoria, porque las trayectorias dejan huella y las hemerotecas atesoran la memoria de los sucesos del pasado y el Partido Popular guarda cadáveres en el armario que no deberían ser desempolvados en este
foro, que siempre hemos querido constructivo, eficaz y unánime en sus conclusiones. Por tanto, de ninguna manera les permitiremos ocupar el papel de árbitros de la limpieza política, pues son especialistas en situar las piezas en el tablero de la
manera que mejor convenga a sus intereses, como han hecho en el pasado con personas muy próximas a ustedes, como Elvira Rodríguez o Pilar Valiente, por citar solo dos ejemplos de una institución, la CNMV, al frente de la cual, en este caso, sí está
una autoridad independiente y es un tema sobre el que vamos a discutir hoy.


Para terminar, y en relación con la acusación que nos hacen de vetar comparecientes, señorías, estudien el Reglamento, estúdienlo, porque el Reglamento está para cumplirse y aquí no se trata de vetar a minorías en ningún momento; de hecho,
como somos un partido convencido en el respeto a las minorías, en esa Mesa y portavoces que celebró se votó a favor por unanimidad de un informe para que les explicasen cómo funciona el Reglamento de esta Cámara. Estudien, estudien antes de venir y
tengan claro que desde luego lo que el Partido Socialista no va a permitir son trampas a lo largo del camino.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora González.


Concluido el debate, procedemos a la votación. Como saben ustedes, se vota a mano alzada. Como nadie ha solicitado lo contrario, votamos los dos puntos conjuntamente.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 17; abstenciones, 4.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la celebración de las comparecencias de la fiscal general del Estado y de don José Manuel Calvente Redondo.


Suspendemos la sesión por dos minutos para dar paso a la primera compareciente. (Pausa).


COMPARECENCIAS. POR ACUERDO DE LA COMISIÓN PARA LA AUDITORÍA DE LA CALIDAD DEMOCRÁTICA, LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LAS REFORMAS INSTITUCIONALES Y LEGALES:


- DE LA SEÑORA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA (FERNÁNDEZ VICIÉN), EN RELACIÓN CON EL ANÁLISIS DE LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA REFORZAR LA IMPARCIALIDAD E INDEPENDENCIA DE AUTORIDADES INDEPENDIENTES Y
ORGANISMOS DE REGULACIÓN. (Número de expediente 212/001059).


El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.


Continuamos, como saben, con las comparecencias ante la Comisión para la auditoría de la calidad democrática, la lucha contra la corrupción y las reformas institucionales y legales que se están llevando a cabo en relación con el estudio de
las medidas necesarias para reforzar la imparcialidad e independencia de las autoridades independientes y organismos de regulación.


Le quiero agradecer, en primer lugar, a doña Cani Fernández Vicién, presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que haya tenido la amabilidad de acceder a participar en los trabajos de esta Comisión y comparecer hoy
ante nosotros y acompañarnos. Sin más dilación, tiene la palabra la presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

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La señora PRESIDENTA DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA (Fernández Vicién): Señor presidente, señorías, antes de comenzar mi exposición quisiera felicitarles por la oportunidad de la creación de esta subcomisión. En
ambos temas, tanto la independencia de las autoridades reguladoras como la protección de los denunciantes, la CNMC está muy interesada en poder contribuir, si sus señorías lo estimaran oportuno, puesto que como herramienta nuestra de trabajo tenemos
tanto la figura del solicitante de clemencia como también estamos adoptando medidas para la protección de los informantes, con lo cual nos encantará que nos llamen, si ustedes lo ven conveniente, para que podamos compartir nuestras experiencias y
las dificultades que estamos encontrando en algunos casos para dotar a los informantes y a los denunciantes de un estatuto de protección suficiente. Para nosotros tanto la independencia como este segundo tema son realmente de vital importancia,
igual que para nuestro país. Siempre hay un margen de mejora y espero muy sinceramente que el resultado de los trabajos que están ustedes llevando a cabo sea productivo, porque la ciudadanía y el interés general van a salir claramente beneficiados.


Como saben, represento a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que llamamos todos la CNMC -a veces nos confunden con la CNMV, pero somos distintos-, y es un organismo fruto de la fusión en 2013 de varios organismos
independientes de regulación: telecomunicaciones, audiovisual, energía -tanto gas como electricidad-, sector postal, transportes -en particular ferroviario y tarifas aeroportuarias- y además la Autoridad de Competencia. Para el origen,
características, organización y funciones de la CNMC me voy a remitir a la presentación que les hemos hecho llegar, aunque en el turno de preguntas puedo responder a cuantas estimen oportunas, pero creo que es más interesante para todos que me
centre precisamente en los elementos de independencia y autonomía de la propia institución, que es sobre lo que tenemos que debatir hoy.


La ley 3/2013, de creación de la CNMC, introdujo un régimen de independencia avanzado, en línea con las exigencias del derecho de la Unión Europea, que exige que la supervisión y el desarrollo normativo de los sectores regulados por el
derecho de la Unión, así como la aplicación del propio derecho de la competencia de la Unión, se lleven a cabo por organismos y autoridades independientes. Sin embargo, en lo que se refiere a la autonomía de gestión de nuestros recursos estamos
lejos del modelo que consideramos óptimo, que es el del Banco de España, lo que genera ciertas disfunciones de las que más adelante les daré cuenta.


Sobre la necesidad de independencia de supervisores como la CNMC quiero decirles que suscribo plenamente lo que dijo desde esta misma tribuna el gobernador del Banco de España ante ustedes el pasado día 22 de diciembre. Quisiera explicarles
ahora, porque este es mi turno, qué hace de la CNMC una autoridad independiente y cuáles son los problemas potenciales y reales de la institución que presido. Empezaré por la independencia institucional, seguiré con la independencia legal y la
financiera. La CNMC, como saben, está dotada de personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y privada. Debe desarrollar sus funciones con autonomía orgánica y funcional y plena independencia del Gobierno, de las administraciones
públicas y de los agentes de mercado. Tenemos esta obligación legal expresamente impuesta por nuestra ley de creación. No puede solicitar ni aceptar instrucciones de ninguna entidad pública o privada.


El sistema de nombramiento de los órganos de decisión de la institución, que es uno de los elementos clave para garantizar la autonomía y la independencia, debe asegurar la neutralidad de los órganos de gobierno y está sujeto a los
principios de inamovilidad, prohibición de reelección y duración limitada de los mandatos, seis años, con renovaciones por turnos de dos años con intención de permitir la continuidad de los trabajos dentro de la propia comisión. Presidenta,
vicepresidente y consejeros son nombrados por el Gobierno mediante real decreto, a propuesta de la ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, entre personas de reconocido prestigio y competencia profesional en el ámbito de actuación de
la comisión. Como saben también, el nombramiento de todos los cargos requiere la comparecencia previa ante la comisión correspondiente, la Comisión de Economía y Transformación Digital, que puede vetar cualquiera de los nombramientos por mayoría
absoluta.


Duración del mandato. Como les indicaba, son seis años, sin posibilidad de renovación, lo cual es coherente con las instrucciones generales de organismos como OCDE y otros que valoran adecuadamente la independencia con mandatos no
reelegibles y de cierta duración. En ese aspecto estamos algo mejor que la CNMV, como oirán después ustedes. Esta renovación parcial, como les decía, garantiza la continuidad en la toma de decisiones del consejo. La duración y no renovabilidad
del mandato de los consejeros confluye, en este caso, tanto con el gobernador y subgobernador del Banco de España, por

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ejemplo, también con la presidenta de la AIReF, pero, como les decía, no con los consejeros y presidente de la CNMV. En cuanto a las causas del cese, la inamovilidad es también uno de los rasgos típicos de la autonomía y se acomoda, en
nuestro caso, a las directivas comunitarias de los países de nuestro entorno y también a las autoridades administrativas que nos rodean. En ese aspecto estamos igual.


Régimen de incompatibilidades. Tenemos tanto el de los altos cargos como el propio de la Ley de creación de la propia CNMC, que es similar al del resto de autoridades. Tenemos dedicación exclusiva, obligación de notificar al consejo
cualquier derecho, facultad o reserva de recuperación de relaciones profesionales, por ejemplo, una excedencia, en su caso, o cualesquiera ventajas que podamos tener u obtener. También tenemos la prohibición de asumir individualmente funciones
ejecutivas o de dirección, que corresponden al personal directivo de la propia CNMC. Al cese, tenemos un régimen de incompatibilidades de dos años, en línea con lo que se establece también para otros organismos reguladores y que nos impedirá
ejercer actividades profesionales privadas en el ámbito de las competencias ejercidas de forma previa.


En materia de transparencia, estamos bien. Tenemos unas obligaciones de transparencia en principio superiores a las que tiene el Banco de España, porque además de comparecer ante las comisiones correspondientes del Congreso para explicar
nuestras actuaciones, la memoria y el cierre de lo que hemos hecho, también tenemos que someter nuestro plan de actuaciones de futuro, es decir, no solamente comparecemos para exponer lo que hemos hecho y ser controlados por lo que hemos hecho, sino
por lo que vamos a hacer. En este sentido, les informo de que acabamos de sacar a consulta pública el plan estratégico de la CNMC para los próximos seis años, así como el plan de actuaciones para los próximos dos años, cada uno con su año
correspondiente. Les agradeceremos muchísimo que nos hagan llegar sus observaciones, sería para nosotros muy importante.


En cuanto a rendición de cuentas, tenemos obligaciones también bastante similares a las del Banco de España, incluso yo diría que más reforzadas, porque tenemos obligación de comparecer en las Cortes tanto en las comisiones del Congreso como
del Senado a las que se nos requiera, y ya les adelanto que lo hacemos encantados. Cuando el Congreso de los Diputados nos llama para nosotros es una prioridad absoluta. Anualmente, en la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital
comparecemos para exponer los planes de actuación, como les indicaba, y trianualmente para la rendición de cuentas también en la Comisión de Asuntos Económicos. Además, estamos sujetos al control de la Intervención General de la Administración del
Estado, que verifica nuestra gestión económica-financiera de forma permanente y el control financiero, sin perjuicio de las competencias que además tiene el Tribunal de Cuentas y que ejerce sobre nosotros. Además, como otros reguladores nacionales,
la CNMC cuenta con un órgano de control interno que debe verificar el nivel de cumplimiento, eficacia y eficiencia de los actos, la adecuación de los actos a los procedimientos establecidos y emite también un informe que después se hace llegar a las
Cortes. Por último, pero no menos importante, todos nuestros actos están sometidos a revisión jurisdiccional, tanto de la Audiencia Nacional como, posteriormente, del Tribunal Supremo, lo cual hace que nuestras decisiones están plenamente sometidas
al control judicial.


En cuanto a la independencia financiera, tenemos asignados recursos para el ejercicio de nuestra misión mediante un presupuesto independiente del de la Administración General del Estado y que se nutre fundamentalmente de los Presupuestos
Generales del Estado. No obstante -y aquí empezamos ya a indicar algunas de las áreas de mejora-, existe una previsión clara en la normativa de la Unión Europea en torno a la necesaria autonomía de la autoridad en la ejecución y empleo del
presupuesto. Aquí sí sufrimos limitaciones. En este aspecto, voy a abordar esta cuestión en unos minutos, junto con otras disfunciones que sí pueden afectar a nuestra independencia. La plena independencia de la institución exige, además de esta
independencia legal e institucional, que la independencia sea propiamente funcional, que implique una autonomía organizativa y de gestión, tanto por tratarse de una autoridad administrativa independiente como por ser autoridad regulatoria y de
competencia de la propia Unión Europea en nuestro país. En este aspecto no gozamos del grado de autonomía que deberíamos, a diferencia de otras instituciones, como el propio Banco de España o la CNMV.


Nuestros obstáculos, los que nos competen a nosotros, derivan principalmente del marco normativo por el que se rige la CNMC, su ley de creación, la Ley 3/2013, y de su estatuto orgánico, aprobado por Consejo de Ministros, que debe ser
reformado por real decreto y que, por tanto, implica una gran rigidez en la gestión interna y en el organigrama de la institución. Estos problemas que observamos también derivan de la interpretación que han hecho de la normativa los distintos
ministerios que tienen que intervenir a la hora de autorizar muchas de las actuaciones de pura gestión que nosotros tenemos que

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llevar a cabo -me entenderás después en este punto-, y también de un problema fundacional, de un problema histórico. Cuando se realizó la fusión de todos estos reguladores que les he indicado y se les atribuyeron además misiones de
organismos que no estaban aún creados, no se acometió la asimilación unificada de los colectivos laborales existentes en aquel momento, de forma que en la actualidad existen cuatro comités de empresa distintos en la propia CNMC más el comité que
representa a los funcionarios, con lo cual tenemos una disparidad enorme a la hora de gestionar nuestros recursos humanos y estamos intentando resolverla.


Por un lado, se nos reconoce la independencia, pero al concretarla se perciben importantes contradicciones. La primera la encontramos en la propia ley y en el estatuto, que determinan un régimen presupuestario y en materia de recursos
humanos más propio de una unidad adscrita a un ministerio y no de una autoridad administrativa independiente. Tenemos créditos limitativos en nuestro presupuesto; incapacidad de adaptar nuestra estructura a las necesidades cambiantes de los
modelos productivos de la sociedad digital -por ejemplo, no hemos podido crear una subsecretaría o una subdirección de economía del dato o de economía digital, porque el propio organigrama está cristalizado por el estatuto orgánico-; imposibilidad
de aprobar nuestra propia relación de puestos de trabajo. Estas son algunas de las cuestiones más significativas. La segunda gran contradicción la tenemos en la preceptiva intervención de distintos órganos ministeriales en cuestiones de gestión,
como les adelantaba antes, lo cual es incoherente con la autonomía organizativa que requieren las directivas europeas de sectores regulados y también de competencia, y con la concepción propia que esta institución tiene como autoridad administrativa
independiente. Sobre esta cuestión en particular ya se pronunció el Consejo de Estado, con ocasión del anteproyecto de ley de régimen jurídico del sector público, donde claramente diferenciaba las autoridades administrativas independientes y por
qué debían serlo, de los organismos autónomos y otras entidades públicas empresariales, que es el estatuto que en realidad tenemos nosotros y que debería ser precisamente el anterior.


Estos límites a la autonomía de gestión no solo resultan incongruentes con la normativa sino que afectan de forma considerable al funcionamiento adecuado de la institución. Para que vean exactamente de qué les hablo, les voy a detallar
algunos ejemplos funcionales en cuanto a limitaciones en materia de gestión de recursos humanos. Como les decía, la CNMC se crea en 2013 mediante la fusión de un montón de organismos existentes y algunos nuevos que no existían, por ejemplo, el
Consejo Audiovisual. De hecho, esa operación de fusión fue infradotada. Se perdieron muchos efectivos con ocasión de la fusión, aproximadamente el 10 %. Hubo gente que se fue por tener diferentes visiones del proyecto, no se aportaron otros
adicionales correspondientes a las nuevas funciones que se otorgaron en su momento ni tampoco para las que se le han venido otorgando al organismo desde entonces, que son considerables. Por poner un ejemplo, en el sector audiovisual la situación de
recursos humanos es dramática. Tenemos quince personas en total y, con la nueva ley general audiovisual que está a punto de adoptarse como consecuencia de la implementación de una de las directivas comunitarias, vamos a asumir la función de regular
a los influencers y a los youtubers, entre otras cosas, con lo cual vamos a ver cómo lo hacemos.


Junto a esta infradotación, tenemos además graves problemas de gestión de nuestros recursos humanos, de nuestro talento. Se da la circunstancia de que la CNMC es, de facto, una organización de carácter mixto, compuesta por funcionarios y
personal laboral, con mayor peso de este último grupo, que supone aproximadamente un 65 %, porque cuando se unieron las antiguas comisiones independientes, tanto la CMT como la CNE, estaban dotadas con personal laboral mientras que la CNC era
personal funcionario. En la actualidad el 65 % del personal de la institución es laboral mientras que las reglas de funcionamiento estaban diseñadas desde una perspectiva funcionarial cuando se creó la ley. Esto, además, nos impide aprovechar todo
el potencial del buen hacer y de la especialización técnica que todo el colectivo laboral tiene, que venía de organismos altamente cualificados y especializados, como telecomunicaciones y energía. Porque para cualquier decisión relativa a nuestro
personal, incluso cuando no represente coste alguno, la CNMC debe obtener la autorización previa de la Comisión Interministerial de Retribuciones, la famosa Cecir, formada por los ministerios de Hacienda y de Función Pública, que además mantiene una
interpretación de la ley muy restrictiva respecto al personal laboral, lo que favorece situaciones potencialmente discriminatorias para este personal. El 65 % de la institución tiene pocas expectativas de promoción, por decirlo de forma simple.
Además, no podemos contratar personal, a pesar de que nuestra infradotación de recursos es evidente, aunque tengamos, como hemos tenido, superávit año tras año, si no es en el marco de la oferta de empleo público, que depende del Gobierno. A
continuación, indico algunos casos concretos y ejemplos prácticos de esta falta de independencia

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funcional. En 2019 se atribuyeron nuevas competencias a la CNMC en los ámbitos de la electricidad y el gas natural, con el famoso Real Decreto 1/2019, que nos otorgó toda la función de regulación y normativa, que ha dado lugar a que
llevemos ya dieciséis circulares de regulación de los mercados. Para poder hacer frente a esta nueva carga de trabajo, se solicitó a la Cecir la creación de cinco puestos en régimen laboral, por los especiales conocimientos y experiencia que las
tareas suponían. A pesar de no suponer coste, porque esos cinco puestos se dotaban mediante la eliminación de puestos que teníamos en nuestra propia relación de puestos de trabajo, la solicitud fue denegada amparándose en el régimen funcionarial
que establece la nueva normativa de creación. Por su parte, la Cecir reserva determinados puestos únicamente a funcionarios, lo que genera situaciones complicadas. Por ejemplo, en el ámbito de la supervisión de las tarifas aeroportuarias y el
sector audiovisual, tenemos varios puestos de imposible cobertura porque no existe para la especialización que requerimos un cuerpo de funcionarios del Estado que lo pueda cumplir. Pero es que, incluso con funcionarios, decisiones obvias tienen que
pasar por la autorización previa. Para que una de nuestras vacantes de inspectores pudiera ser ocupada por un funcionario del cuerpo de farmacéuticos -que nos hacía falta para poder investigar en plena pandemia posibles actuaciones de precios
excesivos-, hemos tardado un año en obtener la autorización de la Cecir. Esta dependencia de la Cecir comporta, además, que la CNMC tenga importantes limitaciones para poder adaptar nuestra relación de puestos de trabajo y nuestra estructura de
personal a los cambios derivados, entre otros, de la atribución de esas nuevas competencias y la vertiginosa evolución de los sectores regulados y supervisados, porque nuestras empresas supervisadas se adaptan a la digitalización, a la economía del
dato, al max E-learning y, como nosotros no podemos reestructurar nuestro organigrama, nos quedamos atrás.


Les decía, además, que tenemos un problema con el colectivo laboral porque está muy fragmentado. Persisten estos cuatro colectivos diferentes, más los nuevos de la nueva oferta pública de empleo público que van llegando, que son laborales
y, por lo tanto, no tienen carrera, con masas salariales separadas y con distintas condiciones laborales. Tampoco tenemos capacidad de negociación colectiva, que podría ser la solución, intentar negociar un convenio colectivo para todos y ahí
dotarles de cierta carrera, que es lo que estábamos intentando hacer. Pero, como dependemos de nuevo de las unidades correspondientes de la Administración General del Estado, que deben autorizar los procesos, ya hemos tenido una primera situación
en el pasado de fracaso. En el año 2016 y tras haber llegado a un principio de acuerdo con los trabajadores, en el último momento las unidades de la Administración General del Estado que debían informar sobre el convenio se inhibieron, por lo que
finalmente no pudo tener efectos, lo que derivó en un pleito de los trabajadores contra la CNMC y una sentencia condenatoria para la CNMC que hasta la fecha no puede ser cumplida porque todavía no tenemos la autorización de la Cecir para pagar la
indemnización.


Se trata, en definitiva, de una fusión de organismos que está inacabada, sin que tengamos los mecanismos de gestión para poder completarla, y nos lo hemos impuesto. El nuevo equipo que ha entrado la CNMC tiene como prioridad absoluta
conseguir que el organismo por fin tenga ese funcionamiento interno que le pueda hacer más ágil, más autónomo, que permita que las sinergias del modelo -que son muchas y muy buenas- realmente no se vean entorpecidas por esa sensación interna de que
tenemos hilos. Tenemos que llevar a cabo esta fusión bien hecha.


Como se pueden imaginar, esta situación laboral incide de lleno en la autonomía de la CNMC, plantea problemas de gestión cotidianos e imposibilita ordenar libremente los recursos existentes para acometer los proyectos pretendidos con
eficacia. Como les decía, tenemos también limitaciones organizativas. El estatuto orgánico que fue aprobado por real decreto regula con un altísimo grado de detalle la estructura de la Comisión y el régimen de su personal. Esto nos ha impedido,
por ejemplo, crear una subdirección de inteligencia económica que, por cierto, está muy activa en todos los temas de informantes. Hemos conseguido establecer un procedimiento de anonimización encriptado con los informantes que tenemos, de doble
canal, con lo cual podemos seguir hablando con el informante sin saber quién es y estando él totalmente protegido. Pero no hemos podido dotarla de los recursos necesarios y ponerla en el organigrama. Tampoco hemos podido crear una subdirección de
energías renovables, que no tenemos porque tenemos gas y electricidad, pero en ningún sitio del organigrama se habla de renovables; o de digitalización y de dato. Me podrían decir: pero usted puede modificar el estatuto, someterlo al Consejo de
Ministros y se lo aprobarían. Bueno, sí, pero la gestión del día a día es muchas veces más rápida que lo que esta tramitación supone y, desde luego, no nos da mucha independencia. El modelo organizativo de la CNMC se aleja del establecido para el
Banco de España y la CNMV o el Consejo de Seguridad Nuclear,

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que pueden aprobar su propio estatuto orgánico, sin que exista una razón concreta que justifique la diferencia con la CNMC. Este es otro de los escollos que creemos que es urgente resolver.


En cuanto a las limitaciones presupuestarias, las cuestiones relativas al presupuesto son otro ámbito donde tenemos un amplio margen de mejora. Contamos con un presupuesto limitativo, como si fuéramos un órgano más dependiente de un
ministerio, lo que nos impide gestionar de modo eficiente las necesidades de la comisión. Como les decía, hemos tenido superávits, pero no hemos podido contratar personal. Tanto el Banco de España como la CNMV tienen presupuesto estimativo, que es
lo que nosotros consideramos que deberíamos tener. Simplemente por darles algunos datos, las transferencias que la CNMC recibe del Estado, su presupuesto, son 56 587 000 euros aproximadamente, mientras que el total de fondos que la CNMC envió al
Tesoro Público por recaudación de tasas y sanciones en 2019 fue de 246 millones de euros. Esto sin contar lo más importante, que es el beneficio que nuestra actuación genera para el mercado y la ciudadanía, a lo que me referiré al final de la
exposición por acabar con un tono un poco más positivo.


Por sus funciones, independencia, relevancia en la regulación y supervisión, y por las relaciones en el marco de la UE, porque somos una entidad independiente a los efectos del derecho de la Unión Europea, la CNMV debe disponer de un
presupuesto estimativo, de la misma forma que sucede, como les decía, en la CNMV o en Banco de España, para poder efectuar una mejor distribución interna de nuestros créditos en función de nuestras necesidades, las que puedan surgir en cada momento
para adaptarnos a la realidad del mercado y -que quede bien claro- sin que ello comporte un incremento del gasto público. Esta es una decisión que no comporta incremento del gasto público. Otra cuestión es que la infradotación haya que resolverla,
pero concretamente modificar el presupuesto y pasarlo de limitativo a estimativo no supone un incremento del gasto público.


Hay algunas otras disfunciones procedimentales que observamos, pero no son de tanto calado, con lo cual, si en el turno de preguntas quieren, las podremos abordar. Creo que debo insistir en que la plena autonomía de los organismos
reguladores debe ser tanto externa como interna, en la forma y en el fondo, tal y como exigen las propias directivas comunitarias. Como he tenido ocasión de exponer en lo que se refiere a la gestión de los recursos humanos y el presupuesto, el
control que ejerce el Ministerio de Hacienda y el de Política Territorial y Función Pública sobre la CNMV no difiere en nada al que ejerce sobre la propia Administración General del Estado y otros organismos públicos que no tienen la consideración
de autoridades independientes. Tal y como ha señalado el Consejo de Estado en el dictamen que con ocasión de la Ley de administraciones públicas emitió, la ley ha querido diferenciar claramente a estos últimos de los primeros. Para alcanzar dicha
autonomía, por ir a lo concreto, ¿qué necesitamos? Necesitamos una modificación de la Ley 3/2013, de creación de la CNMC y del estatuto, pues ambos textos están tan detallados en lo que se refiere a las cuestiones de personal y gestión
presupuestaria que la modificación del uno sin el otro no nos da solución. Tenemos identificados incluso los propios artículos de la Ley 3 que requieren modificación. Son tres, pero no voy a entrar en el detalle porque estos tres artículos, en
definitiva, habría que modificarlos para dotarnos del presupuesto estimativo, como el Banco de España o la CNMV; reconocimiento de la realidad de nuestro personal como personal mixto, para que las carreras de ambos colectivos sean equiparables,
para que todo el mundo tenga el mismo derecho a promocionar, y luego la posibilidad de aprobar nuestro propio estatuto orgánico para adaptar la estructura de la institución a la realidad cambiante de los mercados.


En los próximos meses los miembros de esta Comisión, tanto en el informe que pueden elevar como a través de sus grupos parlamentarios, tienen una ocasión especialmente propicia para lograr dotar a la CNMC de auténtica autonomía de gestión,
porque deben trasponerse al ordenamiento jurídico español tres directivas comunitarias que inciden de lleno en la independencia y autonomía de la CNMC. Me refiero a la Directiva de la nueva Ley General de Telecomunicaciones, el Código Europeo de
Comunicaciones Electrónicas, al que debe adaptarse nuestro ordenamiento; el sector audiovisual de nuevo, esta directiva que les comentaba anteriormente que va a revolucionar la forma en que supervisamos todas las comunicaciones audiovisuales,
incluidas las que se hacen a través de redes sociales, YouTube, etcétera, o plataformas de intercambio de videos, por ejemplo; y también en materia de defensa de la competencia, la Directiva ECN+, que se ha adoptado para dotar a todas las
autoridades nacionales de competencia de los poderes suficientes como para poder ejercer y aplicar de forma efectiva el derecho de competencia de la Unión y que también se tiene que implementar en nuestro derecho. Son tres ocasiones fantásticas
para, al hilo de esa implementación de leyes, poder dotar a la CNMC de esa independencia funcional real y efectiva. Como legisladores y representantes de la soberanía popular, es decididamente el momento de

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apoyar la independencia real de la CNMC, y acometiendo una reforma legislativa de su ley de creación es como pueden realmente ayudarnos. La CNMC y esta presidenta trabajarán por estos cambios con determinación, en el más sincero
convencimiento de que si nos dan las herramientas legislativas adecuadas podemos hacer mucho más por situar a nuestro país, a nuestra ciudadanía, a nuestros consumidores, a nuestras empresas, digitalizadas y sostenibles, en una posición favorable
para afrontar los grandes desafíos del siglo XXI.


Mi convencimiento es que la CNMC aporta rigor y conocimiento técnico, dando forma a una función económica y social cuya última finalidad es la ciudadanía y el interés general, garantizando la competencia, asegurando que la normativa no sea
restrictiva y que los mercados regulados funcionen como se pretende. Así, por ejemplo, en el ámbito de la competencia, el ahorro generado a los consumidores por los acuerdos colusorios desmantelados y por las intervenciones en materia de
concentraciones solo en 2019 fue de casi 1 000 millones de euros, con un ahorro acumulado entre 2011 y 2019 que hemos estimado en más de 4 500 millones. Más allá de las cifras agregadas, la CNMC detecta y sanciona cárteles que perjudican gravemente
a la sociedad, especialmente a sus miembros más desfavorecidos. Por ejemplo, en 2016 se sancionó a los fabricantes de pañales de incontinencia para adultos que habían acordado fraudulentamente duplicar los precios cargados a las farmacias. En el
ámbito del transporte y del sector postal las decisiones de la CNMC suponen ahorros de entre 45 y 55 millones de euros anuales, gracias a las decisiones que adoptamos en materia de supervisión y fijación de los cánones ferroviarios, y de unos 30
millones aproximadamente en el sector aeroportuario por las resoluciones sobre las tarifas. En el ámbito de la energía, de manera agregada en los sectores de electricidad y gas la reducción de los peajes y cánones que pagan los consumidores para la
retribución de las instalaciones de transporte y distribución, que se ha establecido ahora de acuerdo con las metodologías aprobadas por la CNMC en sus últimas circulares que les mencionaba, supone un ahorro anual de entre 500 y 700 millones de
euros cada año, entre 2021 y 2026, porque se van a ir ajustando. Adicionalmente, en el sector eléctrico los peajes de transporte y distribución aprobados por la CNMC, gracias a esta metodología que hemos adoptado, dan señales de precio para los
consumidores. Lo que pretendemos es que haya un uso cada vez más eficiente de las redes, que el consumidor -ahora tenemos todos ya contadores digitales- pueda conocer el momento de mayor pico o menor valle en el momento de consumo y adaptar cada
vez más los consumos de forma más sostenible medioambientalmente, más económica pero que al mismo tiempo nos permita una utilización de las redes mucho más eficiente y sin necesidad de mayores inversiones que, evidentemente, vuelven otra vez a
cargar los peajes y cargos que, en definitiva, acaba pagando el consumidor. Además, gestionamos casi 18 000 millones de euros de la liquidación de las actividades reguladas del sector eléctrico, porque cobramos por un lado del consumidor las tasas,
los peajes, etcétera, y los pagamos en la retribución de las actividades reguladas. En telecomunicaciones, por poner un ejemplo entre muchos, en el mercado de comunicaciones móviles, la regulación de la CNMC ha promovido un descenso medio de los
precios minoristas de más del 85 % y ha impulsado también el acceso a servicios de banda ancha -teníamos esas competencias también, se nos transfirieron por un real decreto-, convirtiendo a España en uno de los líderes europeos en cobertura y
adopción de redes de nueva generación. Si se agregara el impacto económico directo de la actuación de la CNMC en la sociedad española, sin considerar los efectos en mejorar la competitividad de la economía, que son estructurales y son esenciales,
los ahorros estimados cada año, de acuerdo con lo que genera nuestra actividad, superan los 1 700 millones de euros. Conviene recordar que nuestro presupuesto no supera los 60.


Concluyo. Imaginen sus señorías la dimensión de los beneficios para la sociedad y la economía que podríamos alcanzar si dispusiéramos de las herramientas óptimas para gestionar nuestros recursos de forma ágil y autónoma, conforme a las
necesidades y a las prioridades identificadas en cada momento. Esta es una cuestión que también vamos a tener la suerte de poder adaptar en nuestra norma, porque en la actualidad no tenemos la capacidad de priorizar los asuntos que entran por
ventanilla de la CNMC. La Directiva ECN+ obliga a los Estados miembros a que permitan que las autoridades de competencia prioricen. Esto en nuestro sistema es muy coherente porque, dado que yo voy a tener que comparecer ante el Congreso tanto para
presentar mis planes de actuación como mi plan estratégico, voy a obtener en las consultas públicas feedback qué es lo que la ciudadanía y los representantes de la ciudadanía entienden que es prioritario; puedo acomodar mis prioridades a lo que en
cada momento sea más necesario, mientras que en la actualidad cada denuncia que entra, sea como sea, la tengo que tratar. Por darles una imagen, pusimos en funcionamiento el buzón COVID para cualquier denuncia que tuviera que ver con alteraciones
de competencia durante la pandemia y hemos recibido más de 700, fundamentalmente

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en temas de funerarias, servicios bancarios que vinculaban créditos ICO con algún seguro, etcétera, y por supuesto medicamentos. Habrían sido prioridad en todo caso, pero hemos tenido que tratar al mismo tiempo otras cuestiones que no eran
tan prioritarias. No hay que olvidar, además, que somos parte del sistema europeo de defensa de la competencia y de regulación y como tal también somos una autoridad europea. La CNMC tiene un peso específico relevante entre los reguladores
europeos, y en las distintas redes de autoridades ejercemos nuestra influencia a través de participaciones destacadas en todos estos órganos de gobierno de los organismos reguladores independientes. La credibilidad de la CNMC, tanto dentro de
España como fuera, exige independencia, rigor y calidad. Todos estos aspectos necesitan suficiencia de medios y autonomía de gestión para organizar los recursos adecuadamente y alinearlos con estos objetivos de forma razonable, coherente y, muy
importante también, dinámica.


Les invito, como decía antes, a leer nuestro Plan Estratégico 2021-2026 para que se ilusionen con nosotros, con nuestro proyecto y nos apoyen para lograrlo. De nuevo muchísimas gracias por su invitación a comparecer hoy aquí en esta
Comisión. Les deseo un excelente resultado de esta subcomisión en su análisis de las medidas necesarias para reforzar la imparcialidad e independencia de las autoridades independientes como la CNMC. Ahora sin más quedo, por supuesto, a su
disposición para todas las preguntas que tengan a bien formularme.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias a usted, señora presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.


Como saben, tienen ahora la palabra los portavoces de los diferentes grupos parlamentarios por un tiempo de cinco minutos, comenzando por el señor Legarda Uriarte, portavoz del Grupo Parlamentario Vasco.


El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidente, y también muchas gracias, presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por su exposición y por su comparecencia.


Yo quisiera plantearle alguna cuestión al hilo de lo que ha dicho y otras más al margen. La primera que le quisiera plantear es si, desde su punto de vista, es recomendable la concentración o fusión en un organismo regulador del mercado
como es la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia -o en otros órganos- de tantos órganos como se fusionaron, generando así un órgano de estas dimensiones. En su día se planteó el debate y ahora también. Siempre ha estado más o menos
como el Guadiana el debate de si había que atomizar; lo mismo que se atomizan las grandes empresas multinacionales para defender mejor a la competencia, si sería conveniente también que el control a través de órganos reguladores no tuviera esta
dimensión que hoy en día tiene la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.


La segunda cuestión, ya más al hilo de lo que usted nos ha comentado, se refiere a que usted ha hablado de tensiones en la autonomía de gestión en las tres manifestaciones: presupuestaria, recursos humanos y autoorganización del trabajo,
una cierta autodisposición. Ese es el debate que sigue a todas las administraciones, a lo público digamos, si debe haber limitaciones, si debe haber unas autodisposiciones. Es un poco como un péndulo. Normalmente, lo público tiende a tener unas
normas reguladoras estrictas y, en cierta medida, un poco encorsetadas. Es el contrapeso; en contratos públicos ya se sabe, cuando empiezan los problemas aumentan las rigideces, pensando que con las rigideces solucionas ciertos problemas, pero
generas otros. Lo público, por lo menos lo que yo conozco, se desenvuelve en ese patrón, en esa especie de péndulo. Respecto a la independencia, parece que tiene algunas disfunciones y también con la autonomía.


Yo quisiera preguntarle una cuestión también que subyace a todas las autoridades independientes reguladoras, me refiero a la responsabilidad, que se enlaza con un principio democrático. En el fondo, ¿qué se está haciendo? Pues se está
haciendo una función pública a través de unas personificaciones particulares, que se copió de un modelo americano que vino por la corrupción y por otros motivos, porque la historia está muy escrita. Vino a Europa por el mercado anglosajón y luego
por la ruptura de los monopolios; entonces, se generaron regulaciones, y si hay regulaciones hay que controlar el cumplimiento de las mismas. La cuestión, el debate que siempre ha subyacido es cómo se tutela -que es un debate también que sigue a
Bruselas, esta normativa- la calidad democrática, o mejor, la legitimación democrática, porque hay controles hay rendición de cuentas, pero no hay una cosa que es fundamental en el ejercicio del poder público, que es la responsabilidad política. Me
pueden controlar, pero si no tiene consecuencias porque soy inamovible y no me pueden dar instrucciones, entonces lo que, desde un punto

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de vista, es virtuoso -podríamos decir que las autoridades independientes son virtuosas- tiene un elemento indisoluble a la crítica que nunca se ha conseguido diluir. Ante esa cuestión, yo le preguntaría si se le ocurre o conoce modelos en
los que se profundice en la responsabilidad. No hablo del control de las comparecencias o las obligaciones de transparencia que, efectivamente, enervan los comportamientos poco virtuosos y si los enervan es más difícil que la responsabilidad
aparezca. Es decir, cómo se puede reforzar la legitimación democrática en estos términos de responsabilidad de las autoridades independientes que controlan la legislación, que es un producto parlamentario con el principio democrático, y evitar el
riesgo de que los reguladores -porque todos los humanos pueden caer- caigan en la órbita de los entes regulados. Cómo se pueden articular unos mecanismos de responsabilidad. Esa sería en concreto mi pregunta, más allá de mejorar las
comparecencias, los controles, las auditorías, pero ya en el caso extremo, crítico.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: A usted, señor Legarda, por atenerse tan milimétricamente al tiempo establecido.


Tiene la palabra a continuación el señor portavoz de Ciudadanos, Gutiérrez Vivas.


El señor GUTIÉRREZ VIVAS: Muchas gracias, presidente.


Muchas gracias por su comparecencia, señora presidenta de la CNMC, señora Fernández.


La verdad es que su comparecencia fue en la que probablemente coincidimos muchos de los grupos cuando solicitamos los primeros comparecientes en esta Comisión, y tenía que ver con el buen hacer y con la necesidad de que organismos
reguladores como la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia existan en este país, por la cantidad de datos que usted nos ha contado y por el trabajo que hacen, que yo creo que es ejemplar y muy necesario sobre todo para el ciudadano, que
al final es ante el que hay que rendir cuentas de lo que se está haciendo. Por tanto, ese papel de los reguladores yo creo que ya es incuestionable en estos momentos, quizás estuvo en cuestión cuando se crearon a raíz de lo que se crearon, pero en
estos momentos resulta incuestionable por cualquiera de los grupos parlamentarios o de la propia sociedad, de hecho, se ve como una cosa positiva. Esto tiene mucho que ver con el buen hacer de cada uno de los equipos gestores que haya en la
comisión. Nosotros creemos que su labor y la gestión del equipo directivo en estos momentos es excelente y lo están desarrollando a la perfección y prueba de ello son muchos de los datos que usted nos ha apuntado. Así que, en primer lugar, le
tengo que dar la enhorabuena por la gestión que están haciendo y felicitarles, a usted y a todo su equipo directivo y de profesionales que trabajan en la comisión. Parte de la idea de esta Comisión es ver cómo este modelo de funcionamiento de este
regulador -que es un modelo, yo creo, de éxito de implantación en nuestro país de un regulador- es capaz de transportarse a otros elementos de nuestra vida pública ya que, al igual que les pasó en su momento a los mercados, en estos momentos no
existe en otras funciones de la vida pública de este país. Ese yo creo que es, por lo menos para este grupo parlamentario y para este portavoz, el papel fundamental de su comparecencia.


Tenía muchísimas preguntas para hacerle, pero la verdad es que usted en su comparecencia ha contestado a muchas de ellas. Me quedan algunas no obstante que sí que le haré al final, pero me gustaría destacar dos. Sobre este modelo de checks
and balances que nosotros tenemos -y del que, insisto, adolecen otras figuras en nuestra Función pública- me gustaría saber un poco cuál es su opinión y en qué otros sitios ve usted que este modelo podría ser aplicable, en qué casos similares al de
usted.


La segunda parte es todo lo que tiene que ver con la transparencia. Yo creo que un buen modelo no es eficaz si no es transparente con los ciudadanos. Creo que en estos momentos en este Gobierno hay un problema de transparencia clara. Sé
que ni el objeto de la comparecencia ni mi intervención, por supuesto, es hacer críticas sobre eso, pero sí que es cierto que su modelo de transparencia es un modelo que funciona y que es eficaz. Nosotros podemos ver lo que está haciendo la
comisión. ¿Cree usted también que esto sería trasladable o sería deseable que fuera trasladable a otros ámbitos de nuestra esfera pública? Porque, insisto, ese es el papel de esta Comisión. Esta Comisión al final tendrá que hacer un documento con
una serie de recomendaciones al Gobierno y esas recomendaciones tienen que sustentarse un poco en qué cosas y modelos de éxito debemos aplicar en el resto de los sitios. En ese sentido, su opinión desde luego para este grupo es fundamental, nos
gustaría saber qué opina usted sobre esto. No hace falta mencionar específicamente dónde si no quiere, si lo hace sería fantástico.


Entonces, me quedo con las dos o tres preguntas que tenía, insisto, porque muchas de ellas ya las ha contestado. Una de ellas tiene que ver con los nombramientos. Efectivamente, al final, tanto la presidenta

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como el vicepresidente -y usted lo ha contado- son nombrados por el Gobierno a propuesta del Ministro de Economía -ministra en este caso- y me gustaría saber su opinión sobre esto, si cree que se podría establecer un sistema de nombramientos
distintos, si usted cree que sería mejor hacerlo de otra manera; me gustaría saber cuál es su opinión sobre este tema. Es verdad que el Gobierno puede vetar con una mayoría absoluta adoptada en esa comisión, pero ¿podría haber otro mecanismo para
que esto fuera más eficaz, más independiente todavía? Finalmente, el artículo 23, apartado f) de la ley prevé la posibilidad de acordar la separación de un miembro del consejo por parte del Gobierno por una serie de causas que vienen tipificadas en
la propia ley. ¿Cree que esta posibilidad abre el camino a otro tipo de decisiones que estén basadas en la oportunidad política? ¿Cree que esto debería seguir manteniéndose o se podría eliminar?


Para acabar, presidente, presidenta, me gustaría referirme a algo que tiene que ver un poco, porque al final usted ha mencionado un montón de casos, quizá con la parte presupuestaria y las mejoras que se podrían hacer, que creo que usted las
ha contado perfectamente. Quizá la parte presupuestaria es, desde mi punto de vista, la que ha quedado más señalada en su exposición, a la que más se ha referido. Tampoco se trata de que si somos capaces de ahorrar mucho pues deberíamos tener más,
yo creo que esta no es una balanza en la que tengamos que poner eso. Por tanto, 60 millones no sé si son muchos, pocos o regulares en función de qué uso se les dé y de qué necesita usted. Me gustaría que fuera un poco más exhaustiva en este tipo
de apreciaciones porque, lógicamente, todo el mundo quiere más presupuesto y a mí me parece fantástico, y si hay posibilidades, habría que tener todo lo que se pueda, pero querría saber de qué orden de magnitud estamos hablando en esa mejora
presupuestaria, eso es lo que me gustaría saber.


Muchísimas gracias, presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gutiérrez.


A continuación, por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra la señora Carvalho Dantas.


La señora CARVALHO DANTAS: Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.


Me he apuntado unas cuantas cosas que ha dicho usted muy muy importantes. Tenía unas preguntas hechas pero he añadido dos más. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia es el organismo que promueve y preserva el buen
funcionamiento de los mercados en interés de los consumidores y de las empresas; es un organismo público, con personalidad jurídica propia; es un organismo independiente por supuesto del Gobierno y está sometido al control parlamentario, y por eso
está usted aquí hoy, lo que le agradecemos, agradecemos su comparecencia. El objetivo principal es garantizar, preservar, promover el correcto funcionamiento, la transparencia, la existencia de una competencia efectiva en todos los mercados y
sectores productivos en beneficio, por supuesto, de los consumidores y usuarios, y también velar por una regulación eficiente. Al escuchar su comparecencia nos ha quedado muy claro que es importantísimo e imprescindible que haya autonomía,
autonomía política pero también empresarial en la autoridad reguladora para que haga bien su trabajo y, sobre todo, la independencia que acabo de decir no debe ser solo una retórica, también debe haber una autonomía presupuestaria, una autonomía
laboral, hace falta un equipo laboral, un plan de carrera, etcétera, para que se haga bien el trabajo. También me ha quedado claro que este trabajo está muy en función de todos los recursos, pero sobre todo de los recursos humanos. Ha quedado
clarísimo que debemos fortalecer la figura de los alertadores porque trae ahorros a los consumidores y usuarios, usted misma lo ha cuantificado al final de su ponencia.


Usted ha hablado de la situación de la infradotación de medios que sufre la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia particularmente en el área de supervisión audiovisual. Con lo cual le hago la primera pregunta, señora
presidenta, ¿nos puede usted explicar, por favor, con más detalle cuáles son estas dificultades? Tengo una segunda pregunta que es cuál sería, desde su punto de vista, el procedimiento que permitiría a la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia ser un organismo realmente independiente. Y una pregunta ligada a esta pregunta es quién tendría que hacer qué para que esto ocurriera. Otra pregunta es qué ventajas reportaría al ciudadano, a la ciudadana, avanzar en la gestión
autónoma de presupuesto y organización que usted nos propone. La penúltima pregunta es la siguiente: ¿cómo puede esta Comisión parlamentaria contribuir al reforzamiento de la independencia de un regulador tan importante como el que preside usted?
Y a la vista de todas, absolutamente todas las disfunciones que usted nos acaba de explicar, yo le pregunto: ¿usted era conocedora de todo eso, de toda

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esa situación interna de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia cuando tomó posesión? Esas son mis preguntas.


Muchísimas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Carvalho Dantas.


Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos, tiene la palabra a continuación el señor Honrubia Hurtado.


El señor HONRUBIA HURTADO: Gracias, señor presidente.


Gracias, señora presidenta, por la comparecencia y las explicaciones. Nos sumamos también a las felicitaciones por su trabajo porque, según nos consta, está siendo bueno y además se está sabiendo reconocer así por el personal que trabaja
allí. Por tanto, antes de empezar, quiero trasladarle nuestras felicitaciones.


Me gustaría empezar, primero, planteando un tema que ha sido polémico recientemente -realmente es polémico de forma recurrente, cada cierto tiempo-, que tiene que ver obviamente con el precio de la luz y con cómo funciona el sector
eléctrico. Es cierto que cuando se producen estas grandes subidas en contextos de olas de frío u olas de calor, se publican muchas noticias, como es lógico, porque se genera mucha alerta y se intuye que pueden estar ocurriendo situaciones raras que
lleven a ese aumento del precio. Y es verdad que cuando bajan los precios no hay tantas noticias, pero entendemos que eso tendría que formar parte de la normalidad y que lo que es anormal es que en contextos de olas de frío se suba el precio de la
luz como se ha subido. La sensación que suele haber en parte de la sociedad es que al final el sector eléctrico funciona como una especie de oligopolio que se aprovecha de determinadas coyunturas para hacer negocio y para sacar beneficio, y me
gustaría preguntarle si realmente ustedes tienen esa sensación de que se producen estas situaciones de funcionamiento casi oligopólico en determinados contextos. En ese caso, qué necesitaría la CNMC para garantizar la competencia en el mercado
eléctrico y evitar estas situaciones; me gustaría saber si usted cree que es un problema del legislador o es un problema que tiene que ver con la naturaleza de las competencias de la CNMC. Se lo digo, obviamente, porque, por la naturaleza del
organismo que usted preside, a nosotros nos preocupan mucho las relaciones que tengan ustedes con las empresas. De las diferentes figuras de captura del regulador existentes que les podrían afectar en este caso concreto por su naturaleza -como
digo-, nosotros entendemos que la que afecta digamos al sector privado, a las empresas a las que ustedes tienen que controlar, es sobre la que tenemos mayor preocupación. Vemos que en la propuesta del Plan Estratégico 2021-2026, que está sometido
actualmente a consulta pública, usted dice que la CNMC mantendrá una relación fluida con los distintos actores relevantes en sus actuaciones tanto institucionales como de la sociedad civil y el sector empresarial, consumidores, organizaciones
empresariales, autorreguladores jueces, etcétera. Aquí, a nosotros nos gustaría decir que no nos parece muy sensato que un organismo como el suyo sitúe a consumidores y empresas en un mismo plano, entre otras cosas, porque, según la propia ley
sobre la que ustedes se crearon, la CNMC lo que debe garantizar -se dice expresamente- es trabajar en beneficio de los consumidores y usuarios, y no de las empresas, por lo tanto, situarlo en un mismo plano no nos parece lo más correcto. Pero en
tanto que se plantea, sí nos gustaría, si es posible, que nos aclarara qué entiende usted o su organismo por una relación fluida con el sector empresarial; cómo se definiría ese tipo de relación.


En cuanto a lo que tiene que ver con la transparencia, compartimos lo que se apuntó anteriormente, que ustedes pueden ser ejemplo para otros organismos, entre otras cosas, porque hay una obligación de publicar las reuniones que mantienen sus
diferentes consejeros y demás, pero en tanto que mantienen reuniones con empresas, que pueden tener unos determinados intereses, nos gustaría saber si, en ayuda de mejorar más eso, sería posible que se hicieran públicos los contenidos de esas
reuniones para que no hubiera ni trampa ni cartón y todos supiéramos exactamente de qué se está hablando. En definitiva, no nos oponemos a que tengan una relación fluida con las empresas si lo consideran oportuno, pero siempre con la máxima
transparencia y con plena garantía de que esa relación no implica ningún tipo de complicidad con sus desmanes, que entiendo que no ocurre, pero siempre es bueno tener transparencia para que se conozca.


Tenía una serie de cuestiones, que tienen que ver con el funcionamiento interno y con la gestión del personal, que usted ha respondido durante su intervención. Creo que prácticamente ha hecho una denuncia de las dificultades que encuentran
en el trabajo del día a día y las consecuencias que eso tiene a la hora de la calidad, entre comillas, de su trabajo y, en este sentido, hay cosas que nos preocupan. Compartimos

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esa denuncia, y nos preocupa principalmente por la asimetría que se produce respecto de las empresas que ustedes controlan. Sabemos que estas empresas, como es normal -están en su derecho-, explotan al máximo el conjunto de procedimientos
garantistas que les otorgan las leyes que rigen los sectores regulados, la Ley de la competencia, los propios procedimientos de la CNMC, y la explotan al máximo con todos los equipos que tienen dedicados a este tipo de trabajo. Incluso, en algunos
casos, pueden usar la falta de recursos, que usted mismo ha reconocido que tiene la CNMC, para dilatar en el tiempo estos procedimientos.


La pregunta sería si usted tiene esta sensación, si se cree que se está produciendo esta asimetría; si se está produciendo a nosotros nos parece que es muy grave y, por tanto, entendemos que habría que ponerle remedio. Querría preguntarle
cómo cree usted que se podría solucionar esto, y si cree que es necesario reformar la Ley de Creación de la CNMC y su estatuto orgánico para dotar al organismo de una mayor autonomía.


Termino con una última pregunta. Nosotros, obviamente, estamos de acuerdo con la independencia funcional, pero siempre hay que estar sometidos a la voluntad de la soberanía popular. Y, en este sentido, quería preguntarle si considera
suficiente el actual control parlamentario que el Congreso de los Diputados realiza sobre su organismo.


Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias señor Honrubia.


En nombre del Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra la señora Ruiz Solás.


La señora RUIZ SOLÁS: Muchas gracias, presidente.


Muchísimas gracias a la compareciente por su exposición. Esta Comisión está para auditar la calidad democrática, para luchar contra la corrupción y para estudiar qué medidas debemos tomar para reforzar la imparcialidad y la independencia de
autoridades y organismos de regulación. Y hoy tenemos la suerte de asistir a la comparecencia de la presidenta de la CNMC, un organismo supuestamente independiente del Gobierno y que tiene por objeto garantizar, preservar y promover el correcto
funcionamiento de la competencia en todos los mercados y sectores productivos para beneficio de los consumidores y usuarios; es un organismo dotado de un poder muy relevante, en tanto que los mandatos de sus consejeros son largos, seis años, y en
tanto que sus poderes regulatorios y de competencia tienen o pueden tener una influencia decisiva en la configuración del mapa económico-empresarial en España; un órgano fundamental para preservar el funcionamiento del orden competitivo en España y
para el que es vital tener independencia, y que esa independencia no se vea nunca comprometida.


Pero, lamentablemente, nuestro grupo tiene serias dudas sobre la imparcialidad e independencia de este organismo; porque, aunque el currículum de la señora Fernández es técnicamente intachable y tiene nuestro mayor respeto, y desde mi parte
una gran admiración personal, su fichaje resulta políticamente reprochable, si tenemos en cuenta que su último destino laboral fue como asesora del Gabinete de Presidencia de Moncloa, a las órdenes del señor Iván Redondo, mano derecha del presidente
del Gobierno. También resulta políticamente reprochable que presida un consejo formado por cinco miembros cercanos al Partido Socialista, y otros cinco que se han repartido mayoritariamente entre los socios del Partido Socialista; y que su
nombramiento no fuera negociado por los partidos ni consensuado con la oposición, hasta el punto de que es la primera vez que se da la circunstancia de que un órgano de tanta importancia está integrado únicamente por asesores afines al Gobierno,
quedando excluido cualquier contrapeso que garantice su ecuanimidad.


Como comprenderán, con estos mimbres es difícil no acabar pensando que, desde el primer día del nombramiento, por cierto, en plena pandemia, ya se estaba poniendo en grave riesgo la independencia que debe mantener este órgano. Es cierto que
pasar directamente de ser asesor de Moncloa a ser presidente de la CNMC no supone ninguna incompatibilidad legal, aunque genere problemas estéticos evidentes; sin embargo, sí que puede suponer incompatibilidad el hecho de que su larga carrera
profesional haya estado dedicada a pleitos ligados al derecho de competencia; y, desde luego, sí que puede suponer un problema que la señora Fernández tenga que abstenerse de decidir sobre determinados expedientes cada vez que el órgano deba tomar
decisiones relativas a fusiones de empresas, o sanciones de compañías a las que ya haya asesorado a lo largo de su carrera profesional.


Es cierto, además, que no es nuevo que esto suceda, y que está previsto en la Ley reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado que el presidente de la CNMC tendrá que abstenerse en aquellas cuestiones en
las que tenga un interés propio o familiar de la cuestión litigiosa

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pendiente. Pero es que la cosa se complica cuando añadimos a la ecuación el hecho de que el esposo de la presidenta sea el director gerente de una de las principales consultoras en materia de competencia en España, que tiene que defender
intereses directamente relacionados con las decisiones que ella pueda tomar. Y, aunque también el reglamento de la institución es claro y contempla esta situación, considerando que existe un posible conflicto de intereses cuando los miembros del
consejo intervienen en las decisiones relacionadas con asuntos en los que confluyen a la vez intereses de su puesto público e intereses privados propios de familiares directos, o de personas con las que tenga una relación análoga a la conyugal o
intereses compartidos con terceras personas, la realidad es que a las incompatibilidades derivadas de la carrera profesional de la presidenta se sumarán las derivadas de la profesión de su esposo, y que es muy probable que tenga que inhibirse de
multitud de asuntos relacionados con la competencia, tal y como dice la ley: quienes desempeñan un alto cargo vienen obligados a inhibirse del conocimiento de los asuntos en cuyo despacho hubieran intervenido o que interese a la empresa o sus
sociedades, en cuya dirección, asesoramiento o administración hubieran tenido alguna parte ellos, su cónyuge o persona con quien conviva en análoga relación de afectividad.


Señorías, ya tenemos presidentes con estos conflictos motivados por las relaciones personales en relación con la CNMC; recuerden la dimisión de don Jordi Sevilla como presidente de Red Eléctrica Española por diferencias con doña Teresa
Ribera, vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra de Transición, a causa de las supuestas injerencias de la ministra; injerencias parece ser que motivadas por ser, en aquel momento, el marido de la ministra uno de los más influyentes consejeros
de la CNMC. Por eso, nosotros pensamos que, como la mujer del César no solo tiene que ser honesta, sino que tiene también que parecerlo, mucho más aún cuando se trata de la Administración pública.


Por eso, nos vemos en la obligación de denunciar hoy aquí que no es ético que el Gobierno le dé la Presidencia de un órgano de tanta importancia y envergadura, como la CNMC, a una asesora del Gabinete de Presidencia de la Moncloa sin ningún
tipo de consenso con el resto de fuerzas políticas; que no es ético que sea mayoritaria la presencia en este órgano de miembros nominados por las fuerzas políticas que sostienen al Gobierno sin contrapeso alguno; y que no es ético que el marido de
la actual presidenta tenga intereses directos, que puedan verse favorecidos por las decisiones que tome su esposa como presidenta de la CNMC; y que, desde luego, así no parece que vayamos por el buen camino para reforzar la imparcialidad y la
independencia de las autoridades y organismos de regulación.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ruiz.


En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Postigo.


El señor POSTIGO QUINTANA: Gracias, presidente.


Presidenta de la CNMC, gracias por estar aquí, por su comparecencia y encantado de conocerla y de saludarla. Por supuesto, muchísimas gracias también por todo lo que nos ha dicho, amplio y preciso. Aparte de agradecerle la documentación
que nos ha enviado estos días previos, para tener un análisis más concreto de la CNMC.


Me voy a referir a algunos aspectos que me ha dado la sensación de que ha tocado un poco más de pasada. Uno puede pensar que la independencia de los órganos reguladores es real, porque las propias leyes, las regulaciones o los ordenamientos
así lo establecen. Pero yo soy de los que piensa -supongo que usted estará de acuerdo conmigo- que tan importante o más que las propias leyes, operaciones y decretos de regulación que así lo establezcan, son la honradez, la honestidad y la
profesionalidad de los altos cargos que las dirigen. En cualquier caso, como dice el refrán, el hábito no hace al monje. Y le digo esto porque hay un clarísimo ejemplo -además, muy reciente- de que el hábito no hace al monje en el caso del nuevo
presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, un órgano regulador independiente en principio, que cuando compareció aquí hace mes y medio en otra Comisión que no es esta pero a la que tuve la oportunidad de asistir -y entrecomillo- dijo:
'Me consta que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha venido realizando una labor encomiable en estos años, y me consta que en él trabajan profesionales excelentes y muy comprometidos con su tarea'. Sin embargo, y muy a pesar de estas
palabras de elogio, de profesionalidad, de excelencia del compromiso con la institución y del buen hacer de todos los que trabajaban en el consejo de transparencia, cesó prácticamente nada más llegar a la subdirectora de reclamaciones en
transparencia, uno de los cargos más comprometidos dentro del consejo; desde luego, uno de los de más importancia y relevancia dentro del propio consejo. ¿Por qué? No se sabe. ¿Por qué le digo todo esto -con ello le hago mi primera pregunta-,
señora Fernández,

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señora presidenta? ¿Están bien tasados, definidos y limitados los ceses de los altos cargos de los organismos reguladores para evitar la discrecionalidad en sus ceses, y en particular en la CNMC?


Segundo aspecto. Usted es una magnífica y prestigiosa abogada especialista en derecho de la competencia durante muchos años, por lo cual la felicito, desde luego, porque ahí está, en su currículum. El 30 de abril del año 2018 un consultor
prestigioso, también especialista en la competencia -creo que sabe a quién me puedo estar refiriendo-, manifestaba en un foro del Banco de España y del Fondo Monetario Internacional que en nuestro país -abro comillas- 'es necesario empoderar a los
reguladores sectoriales y eliminar todas las interferencias políticas en los sectores regulados'. Le preguntó, ¿no cree usted que teniendo una idoneidad tan clara y suficiente para ocupar el cargo que ostenta el hecho de haber sido asesora del
presidente Sánchez en Moncloa, dentro del equipo del señor Redondo, debilita su posición y cuestiona la independencia de la CNMC? ¿Se puede ser independiente del Gobierno con el que se ha estado trabajando en estrecha colaboración? Teniendo en el
consejo de la CNMC al marido de una ministra, ¿se puede entender que un órgano regulador puede ser independiente de los intereses del Gobierno?


Por otro lado, otro de los aspectos fundamentales de la autoridad independiente, de su independencia y de su transparencia, es todo lo que hace referencia a los conflictos de intereses, señora presidenta. ¿Cree usted que es posible estar
profesionalmente en un lado de la mesa defendiendo unos intereses, incluso en ocasiones contrarios a la propia CNMC, y a los cuatro meses estar en el otro lado de la mesa defendiendo en ocasiones posiciones diametralmente contrarias a las que uno ha
defendido anteriormente? ¿Se puede ser totalmente independiente de los sectores regulados para los que se ha estado trabajando, asesorando y defendiendo? ¿Le parece posible que una persona pueda tener una metamorfosis tan profunda, tan rápida y
tan contundente en tan poco tiempo? ¿No le parece prudencial un cierto tiempo de hibernación para evitar estas posibles contradicciones y suspicacias que pongan en cuestionamiento, en definitiva, la independencia de los organismos reguladores o de
la autoridad independiente?


Acabo, señor presidente. Como le decía al principio, creo más en las personas y en su compromiso ético y en su trabajo, pero, en todo caso -en todo caso- y siempre, creo que para ser una buena autoridad independiente y un buen órgano
regulador no solo hay que serlo sino también parecerlo.


Gracias presidenta; gracias, presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Postigo Quintana.


Tiene la palabra, en último lugar, en representación del Grupo Parlamentario Socialista el señor Ramos Rodríguez.


El señor RAMOS RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señor presidente.


Buenas tardes, señora Fernández Vicién, y bienvenida a esta Comisión importantísima, que va a analizar, efectivamente, las medidas necesarias para reforzar la imparcialidad, la independencia y para fortalecer la calidad democrática de cada
uno de los órganos independientes que componen la estructura del Estado. Estoy seguro de que su contribución hoy va a ser muy valiosa.


El 11 de junio del 2020 se celebró en la Comisión de Economía la comparecencia de la candidata a presidir la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, señora Fernández Vicién, y se trató la idoneidad. Al escuchar tanto al grupo
VOX como al Partido Popular, parece que todavía estamos en esa Comisión, hace siete meses, donde ya se ventiló la idoneidad de la presidenta, una presidenta con más de treinta años de experiencia en materias tan importantes como la abogacía, la
docencia, asesoramiento al Gobierno, Comisión Europea. Yo creo que hay órganos que prestigian a las personas que lo componen y hay personas que prestigian a esos órganos. Señora Fernández Vicién, usted prestigia al órgano que hoy preside. Yo creo
que es un valor para cualquier órgano contar con una persona de su bagaje profesional y de su experiencia en todos los ámbitos de la competencia. Yo tuve la oportunidad de escucharla en esa Comisión de Economía y de ver su amor por aquello que cree
en defensa de la competencia y el entusiasmo en esta presidencia; por lo tanto, yo creo que no estamos ventilando su idoneidad, que está sobradamente demostrada y ya se ventiló en la Comisión hace siete meses.


Seguramente, señora Vicién, usted representa al órgano más importante desde el punto de vista de la vida diaria de los ciudadanos. No todos los ciudadanos invierten en bolsa, no todos los ciudadanos se leen el informe del Banco de España,
pero todos los ciudadanos cuando llegan a casa encienden la luz, conectan la tele, se conectan a Internet y cogen un autobús. Yo hoy me pongo en el lugar de los ciudadanos, y esa es nuestra misión aquí, saber cuál es el salto de calidad que tiene
que dar la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia para ser realmente útil a la sociedad y útil en esa misión que

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tiene de proteger y dar seguridad y confianza al conjunto de la ciudadanía. Porque, sin duda alguna, esa es la misión del órgano que usted preside, y también dar igualdad de oportunidades al conjunto de las empresas que invierten en nuestro
país. Esa igualdad la garantiza un mercado eficiente, único y con todas las garantías para esa inversión.


Señora Fernández Vicién, además, usted ha cogido la presidencia en un momento diabólico, porque yo hoy aquí escucho a algunos grupos y parece que estamos como hace año y medio. Los retos que tiene por delante la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia en un momento en el que estamos hablando de transición ecológica, de transformación digital, de transformación del sistema productivo son inmensos, y ahí tiene su organismo un papel fundamental. Usted hablaba en esa
Comisión de Economía de la necesidad de dar ese salto de calidad, y yo quiero que profundice y nos diga en qué consiste ese salto de calidad, y, sobre todo, que profundice en las prioridades que van a marcar ese plan estratégico que, como usted ha
dicho, está en esa consulta pública. Se trata de unas prioridades que yo entiendo que tienen que estar basadas en esos tres pilares: la digitalización desde el propio pilar interno que usted acaba de decir y también dentro del pilar institucional;
las relaciones con las asociaciones empresariales, con los consumidores, con las propias administraciones, y yo creo que desde el consenso y el diálogo es como se logran los acuerdos que ahora mismo necesita nuestro país.


Ha contestado a algunas de las cuestiones que tenía en este ámbito. Es verdad que nos ha puesto deberes, y hace bien -como muchos de los comparecientes que vienen-: más recursos, más medios humanos, más medios materiales. Está usted en su
derecho, es normal. Yo creo que seguramente si desfilan por aquí todos los representantes de los organismos van a pedir más recursos, más dinero y más presupuesto. En eso estamos también, presidenta, a pesar de algunas de las zancadillas que nos
ponen.


Me gustaría también que nos dijera cuál es la percepción que tiene la sociedad del trabajo que realiza la CNMC; cómo puede contribuir su organismo desde las funciones que legalmente tiene encomendadas para avanzar en estos valores
democráticos en beneficio del interés general; a su juicio -ya ha dicho algunas de ellas-, cuáles serían las reformas necesarias en la actual normativa para reforzar el trabajo que hace la CNMC, y también me interesa saber cuál es nuestra posición
con respecto a otros organismos similares en el conjunto de la Unión Europea.


Creo que estas son algunas de las cuestiones que nos interesan y, sobre todo, poner en el centro de las políticas y de la gestión a los ciudadanos. Yo creo que ese es el gran salto de calidad, poner a los ciudadanos en el centro de la
gestión y de la política de su organismo. Usted finalizaba su intervención en esta Comisión diciendo que su auténtico propósito, su hoja de ruta es la independencia y el control parlamentario. Esa, presidenta, es la mejor tarjeta de presentación
para esta Comisión, y estoy seguro que también para todo su trabajo.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, portavoz socialista.


Tiene la palabra para finalizar esta comparecencia la presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.


La señora PRESIDENTA DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA (Fernández Vicién): Muchísimas, gracias señorías.


Voy a procurar responder a todas las preguntas y no hacer esperar al próximo compareciente; a ver si lo consigo porque es un reto doble. En primer lugar, la primera pregunta era qué opino sobre el modelo integrado, si es recomendable o no
es recomendable. Hubo muchísimo debate cuando se creó la institución que presido, muchísimo debate en la mayor parte en la academia, incluso en el mundo de los que practicábamos en aquella época el derecho de la competencia y de otros que
practicaban regulación; no se veía claro y hubo críticas desde todos los puntos de vista. Es cierto que la idea de tener en un único organismo la regulación ex ante de los mercados y también la supervisión ex post, si se hace bien puede generar
unas sinergias muy considerables y puede generar, además, certidumbre jurídica porque si tenemos un concepto en la regulación ex ante que difiere después de lo que la autoridad de competencia, por ejemplo, va a hacer en la regulación ex post, la
empresas no saben muy bien con qué quedarse. O sea, una quiere cumplir el test de replicabilidad de la regulación de telecomunicaciones por un lado, pero luego, con la jurisprudencia en materia de derecho de la competencia, este test de
replicabilidad puede ser distinto. Esto lo hemos visto en el pasado. En el pasado, de hecho, hemos tenido casos en los cuales la Comisión Europea abrió procedimientos de infracción contra España cuando la CNMC había informado

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favorablemente algunas de las actuaciones de Telefónica. Este tipo de distorsiones se corrigen perfectamente con un organismo integrado.


Las sinergias que se generan en el conocimiento que fluye entre todas las direcciones permiten tener una visión de la economía muchísimo más global. El organismo ha generado ya bastantes sinergias, pero tiene muchísimo más potencial.
Estamos en un momento en el cual, por ejemplo, la digitalización va a suponer no solamente ya que en materia de telecomunicaciones tengamos que supervisar bien como se hace, sino que todos y cada uno de los demás sectores de la economía se van a
digitalizar. La visión horizontal va a beneficiar esa posibilidad de transferencia de conocimientos de uno a otro. Estamos hablando de la liberalización del sector ferroviario, por ejemplo. Todas las industrias férreas tienen componentes
similares, problemas similares, el acceso a la red, por ejemplo, y lo tenemos tanto en telecomunicaciones como en energía como en ferroviario como en el sector postal. El conocimiento que una de las direcciones tiene se lo traslada a la siguiente y
es un lenguaje común.


Muchos de los sectores regulados que tenemos tienen obligaciones de servicio universal: telecomunicaciones, energía de nuevo, el sector postal, en los cálculos, por ejemplo, de cuál es la retribución adecuada para esos servicios
universales; el método del wok se aplica exactamente igual en una unidad que en otra, fluye conocimiento. Pero luego hay algo mucho más importante: la CNMC dispone de un departamento, que fue de nueva creación también cuando se instituyó este
modelo, que es el departamento de promoción de la competencia, lo que en términos de la jerga de competencia se conoce como las advocacy, y cómo conseguir generar esa mayor cultura de competencia. Esa cultura de competencia se genera
fundamentalmente facilitándoles a las empresas las entradas en los mercados, facilitándoles a los consumidores la posibilidad, por ejemplo, de ver cuál es la oferta de energía más favorable. -Por cierto, tenemos un comparador de ofertas de energía
en la propia CNMC que permite a todos los consumidores comparar en tiempo real cuáles son todas las ofertas del mercado y cuáles son más competitivas, que recomiendo porque no es muy conocido-. Eso nos ha permitido tener una visión tanto desde el
punto de vista de la competencia como de regulación, y yo creo que de verdad el modelo puede dar muchísimos frutos. Es cierto que para poderlos dar tendría que funcionar de forma más coherente internamente, y ahí es donde vemos las disfunciones.


He aprovechado para explicar los problemas que tenía, pero es cierto que presido una organización con un potencial enorme de beneficiar a la economía, desde una visión completamente horizontal, o sea, que yo creo que es un modelo que sí que
está dando sus frutos. No somos el único país que lo tiene, también lo tiene Holanda y algún que otro país de la Unión Europea es verdad que somos pocos, pero en momentos como los actuales donde, por ejemplo, está en discusión a nivel de la Unión
Europea toda la normativa de los gatekeepers, las plataformas digitales, si tiene que ser una regulación ex ante o si tiene que ser la normativa de competencia la que persiga después a los Google o a los Facebook de la vida. Al final la Comisión
Europea ha decidido que tiene que llevar a cabo una aproximación integrada, tanto de telecomunicaciones con regulación ex ante, de data PRaDA y con regulación ex ante, como al mismo tiempo de competencia por regulación ex post. Nosotros estamos en
inmejorable posición para abarcar este tipo de retos o, por ejemplo, el nuevo debate que hay ahora mismo también a nivel de la Unión Europea, de si todo lo que es el Green Deal y todo lo que tiene que ser con la inversión en sostenibilidad, en
transición ecológica puede ser en sí mismo una excusa para no cumplir las normas de competencia. -Es otro gran debate-. Hemos creado un grupo interno dentro de la propia CNMC, con gente de la Dirección de Competencia, de la Dirección de Energía,
de la dirección del Departamento de Promoción de la Competencia para abordar este debate porque tenemos una visión mucho más horizontal. La verdad, cuando llegué aquí era el modelo que había y le puedo asegurar que las sinergias se van a generar,
se vienen generando y todavía se van a ir incrementar muchísimo más.


Me preguntaba en cuanto a la responsabilidad, los checks and balances. Es cierto que comparecer ante el Congreso cuantas veces sean precisas y necesarias, -además así lo dice nuestra ley- cada vez que se nos llame, nos mantiene con el
músculo y con el nervio como para estar permanentemente en posición de dar y presentar cuentas. Pero no solo eso, porque en nuestro caso todas y cada una de las decisiones que adoptamos se recurren y digo que se recurren porque es la realidad. Muy
pocas decisiones que adoptamos le gustan al todo el mundo y se recurren ante la Audiencia Nacional, y en muchas veces la CNMC pierde y, a veces, tiene que tiene que resarcir patrimonialmente a las empresas que la demandan porque estamos sujetos a
una auténtica responsabilidad patrimonial. Por supuesto que cuando perdemos mucho hacemos un análisis interno de qué estamos haciendo mal e intentamos reforzar la asesoría jurídica y también reforzar si es un problema de análisis económico mal
hecho, pero nuestra responsabilidad está

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ahí y se cumple, y no solo ante el Parlamento y no solo con nuestros controles internos, sino que además nuestras decisiones todas son recurridas porque hay muchos intereses en ellas.


¿Se puede trasladar este modelo otros organismos? La verdad, la respuesta corta es no lo sé porque conozco bien este organismo, pero no conozco tan bien los demás; sin embargo, creo que en la medida en que podamos ir mejorando lo que todos
tenemos de bueno hay que llegar a un equilibrio más o menos homogéneo en todas las autoridades porque al que no le falla un problema de checks and balances le falla un problema de transparencia, y yo creo que deberíamos encontrar un máximo común
denominador entre todos.


En cuanto a la legitimidad democrática, creo que en lo que hace la CNMC sí que hay legitimidad democrática. El nombramiento de todos sus miembros, aunque sea propuesta del Gobierno, lo autoriza en definitiva en última instancia el Congreso,
que es el que tiene la capacidad de vetar, y creo que no hay más posibilidad democrática que esta, con lo cual creo que tiene legitimidad democrática. ¿Cumple una ley? De hecho, varias que han sido aprobadas por nuestro Parlamento y cuando no las
cumple o las cumple mal los tribunales ya se encargan de decírnoslo de forma muy clara, y si nos equivocamos, respondemos. No sé, supongo que se puede pensar en refuerzos, pero creo que no estamos mal.


En cuanto al tema de presupuestos, no estamos pidiendo más presupuestos; eso lo queremos todos, pero somos muy conscientes de la situación en la que estamos ahora mismo; bastante tenemos con la que está cayendo. Lo que estamos pidiendo es
poder gestionar bien el que tenemos, o sea, no es tanto un asunto de que se nos incremente el presupuesto, que es verdad que estamos infradotados, sino únicamente la posibilidad de gestionar internamente bien la asignación de los recursos que
tenemos. Tenemos algunas vacantes que no podemos cumplir y, en lugar de amortizarla para cubrir otra, la tenemos ahí sin posibilidad de moverla. Es el absurdo de tener un presupuesto ineficiente cuando nos hace falta mucho más. Es una cuestión
fundamentalmente de gestión eficiente, no tanto de incremento de presupuesto. Solamente con eso, ya para nosotros sería muy, muy importante.


En cuanto a las dificultades en materia de personal audiovisual. En audiovisual comentaba el tema de los bloggers y de los influencers por dar un ejemplo. En la actualidad tenemos que hacer bastante revisión en materia audiovisual en el
sentido de que las televisiones no se pasen en los minutos que tienen de publicidad, que no haya una publicidad que sea invasiva, que se proteja al menor, etcétera. Esto, que tenemos que hacer ahora con las televisiones es complicado, pero se puede
hacer, pero cuando sumemos los más de mil bloggers que tenemos identificados más los youtubers, sinceramente, creo que no vamos a poder. Por dar un ejemplo de lo que hay en nuestro entorno, en Francia tienen trescientas personas en el consejo
audiovisual. Nosotros tenemos dieciséis, de las cuales cinco son administrativas, es decir, no son técnicos. Alemania tiene más que todos los miembros que tenemos en toda la Comisión; somos 508 y Alemania solo en audiovisual nos supera.
Portugal, por ejemplo, tiene 85 y Dinamarca 90. Y, si lo medimos en términos de efectivos en relación con la población, somos el último de Europa. Creo que es un sector muy importante, pero, como el consejo no se había creado cuando la CNMC, no se
dotó. Se pasó un poco de lo que tenía el ministerio y se adjuntó a Telecomunicaciones, que entonces era una dirección potente, y ahí seguimos. Por tanto, claramente, vamos a tener que hacer algo. Por ejemplo, también podríamos reubicar algunos de
los efectivos que tenemos en Telecomunicaciones, necesitamos poder hacerlo, pero ahora mismo no podemos, sobre todo porque son laborales y no nos dejan crear puestos si no son de funcionarios.


¿Quién tendría que hacer qué? Desgraciadamente, requiere una modificación legislativa, ya lo he explicado. En la Ley 3/2013 y el estatuto orgánico están tan claramente establecidas las obligaciones que no nos dan margen, y, por mucho que
nos quisiera ayudar incluso la Cecir, como no modifiquemos la ley, no nos va a poder ayudar; incluso aunque quisiera, no puede, hay que modificar la ley. ¿Cómo hacerlo? Tenemos tres directivas a punto de implementar, es decir, no vamos a suponer
un exceso de carga de trabajo para nuestros legisladores, porque ya van a tener que adaptarse las leyes en esos tres ámbitos. Por tanto, simplemente se trata de ser conscientes de que hay que aprovechar el momento para resolver una serie de
disfuncionalidades que no se han resuelto. Tenemos la gran ventaja de disponer ahora de siete años de perspectiva. El organismo en sí mismo creo que funciona bien, pero vemos también lo que no funciona, y eso, en mi opinión, es fácil de resolver.


Acerca de si era conocedora de la situación cuando tomé posesión, en absoluto. Tengo que decir que tiene un enorme mérito que no haya transcendido -sí había trabajado desde la parte externa con la Comisión en muchos temas-, porque en
ocasiones sí trascendía algo en prensa sobre el funcionamiento de las salas. Afortunadamente, las salas hoy en día funcionan de forma coordinada, no tienen ningún

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problema, y el pleno funciona muy bien. Pero, en lo que es internamente, esta situación de disfuncionalidad no ha trascendido. Por eso lo cuento hoy aquí, porque se ha sido muy discreto con este tema. Me he encontrado con un equipo
fantástico, con una calidad humana y técnica impresionante, con muchísimas ganas de hacer cosas, pero con una mochila llena de asuntos sin resolver. Es difícil explicar a un colectivo que ha ganado una sentencia contra la institución que no la
puede ejecutar, por poner un ejemplo. Por tanto, no era conocedora, pero aun así le aseguro que tengo el honor de presidir una institución que tiene una capacidad tan importante de hacer que la ciudadanía de este país tenga mejores mercados,
mejores servicios y mejores productos que no voy a cejar en el empeño.


Acerca del tema relativo al consumidor y toda la batería que tiene que ver con qué hacemos realmente por los ciudadanos, la primera pregunta era el precio de la luz y cómo funciona el sector eléctrico, y es cierto que cada vez que haya un
problema como el de Filomena probablemente vamos a tener una alteración significativa de los precios, y ello por muchas razones, primero porque la forma que tenemos de fijar el precio en el sistema español se basa en el coste de oportunidad. Si
alguien puede vender el gas o lo que tenga a mejor precio, ese es el precio que, en definitiva, se va a utilizar para la tasación. ¿Qué quiere decir esto? Podemos volver a tener una situación como la que se produjo durante la crisis Filomena,
cuando, por ejemplo, el gas natural licuado, del que España tiene una dependencia del 50 %, estaba por las nubes en los mercados asiáticos -muchos de los barcos metaneros que estaban programados para descargar en España se fueron para Asia-, tampoco
nos llegó gas por el gasoducto de Medgaz, no tuvimos viento, porque la tormenta fue sin viento, no tuvimos agua, porque la nieve bloqueó la posibilidad de tener hidráulica, no tuvimos sol, no tuvimos nada de renovables, y, cuando nos pasa eso, la
tecnología de backup es la de los ciclos combinados a base de gas, y el mercado del gas estaba absolutamente disparado, o sea, realmente fue la tormenta perfecta. Pero, dicho esto, el sábado el kilovatio estaba a 1,49 euros, que es el precio más
bajo de los últimos dos años. Por tanto, hay ciertas fluctuaciones, es cierto, pero nosotros lo que hacemos es un seguimiento diario, constante y permanente en tiempo real de todos y cada uno de los precios, de todas las tasaciones de las ofertas,
y, si detectamos algo raro porque en el mercado mayorista haya juegos estratégicos de detracción o lo que sea, inmediatamente abrimos un expediente. Hemos estado investigando y analizando desde el primer día la situación para poder descartar que no
hubiera ningún elemento de cartelización, distorsión de precios, etcétera, y la verdad es que los factores que he mencionado son los que realmente explican la situación. Aun así, seguimos vigilantes, y vamos a seguir siéndolo siempre, porque es
nuestra función, desde luego.


Me pregunta si el sector eléctrico funciona como un oligopolio. Yo no tengo esa percepción, y le voy a dar un ejemplo de la semana pasada, la primera edición de subastas de contratos a largo plazo para energías renovables, que fue un éxito.
Hubo adjudicaciones a 27 empresas diferentes en materia fotovoltaica y a ocho adjudicatarios distintos en eólica. Están entrando con fuerza las renovables, hay muchísima más dispersión. ¿Quizá en las tecnologías tradicionales había menos players?
Es cierto, pero creo que a medida que vayamos siendo más eficientes en el uso de la redes -van entrando, de hecho ya están presentes muchas de las empresas de renovables-, no tengo la sensación de que vayamos a tener un problema de falta
competencia. Creo que tenemos otros problemas, como déficits de tarifa que hemos de enjugar todavía, o cánones y peajes caros, pero eso es lo que estamos intentando resolver poco a poco con las nuevas competencias que tenemos.


Me hablaba usted de la dicotomía entre consumidores y empresas en el plan estratégico y si están en el mismo pilar. Yo imagino el plan estratégico como una especie de templo griego que tiene un frontispicio y tres columnas. En el
frontispicio, en la parte más alta, están los consumidores y usuarios, que es la finalidad esencial de nuestra Comisión. Tenemos que llegar a los consumidores y usuarios con mercados cada vez más competitivos, que los vamos a conseguir también a
través de la transformación digital y la transformación ecológica, de la supervisión de mercados en liberalización, como por ejemplo el ferroviario, que es el que ahora mismo está más en supervisión de liberalización, y para ello nos vamos a apoyar
en tres pilares: el interno, en el que tenemos que generar estas sinergias, alinearnos con los ODS y hacer un montón de cosas; el institucional, donde, efectivamente, tenemos empresas, consumidores, universidades, otros reguladores, comunidades
autónomas, y el internacional, respecto del que, para ser una institución de un país mediterráneo, tenemos vicepresidencias y presidencias en varios de los organismos reguladores europeos, es decir, tenemos una presencia realmente significativa. En
este pilar institucional aparecen consumidores y empresas precisamente porque a la hora de establecer nuestra actividad regulatoria, cuando tengamos que empezar con el nuevo paquete de energía -acabamos de terminar y estamos ya con las circulares,
hasta el 25 o el 26-, cuando tengamos que lanzar el nuevo proceso de

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regulación, hemos de estar seguros de que la regulación que estamos haciendo es la adecuada, y para ello es imprescindible oír a los agentes económicos, a todos; oír los intereses de los consumidores, los intereses de las medianas empresas
y de las grandes, porque, si no, la regulación va a ser ineficiente y cada vez vamos a establecer más procesos de consulta pública. En ese sentido va la línea de esta fluida relación institucional con los distintos agentes sociales. Pero, de
nuevo, en el frontispicio del templo está el consumidor, es la finalidad esencial de nuestra Comisión, y lo tenemos realmente muy claro. De hecho, en el propio plan estratégico, si se fijan, y también en el plan de actuaciones aparece muchas veces
la referencia a poner al ciudadano en primer lugar o colocar al consumidor en el centro. Por ejemplo, en todo lo referente a la generación distribuida de alguna manera queremos empoderar al consumidor energético para que sea el que tome las
decisiones adecuadas y oportunas.


Respecto a una asimetría entre grandes y pequeñas empresas, consumidores y captura del regulador, una de las ventajas que creo que tiene el modelo precisamente es que una institución multisectorial es capturada con mayor dificultad. Las
decisiones normativas se toman en pleno, las de ejecución en sala, las de competencia en su sala de competencia, y también está la sala de supervisión regulatoria. Siempre son decisiones colegiadas, y la base de la institución son direcciones de
instrucción que funcionan conjuntamente. Por tanto, es mucho más difícil capturar a un regulador así y, en todo caso, las decisiones se informan mediante competencias y regulación. Creo que es un tipo de organismo muchísimo más difícil de capturar
y, desde luego, no tengo la sensación de que sea capturado. Le confirmo que las agendas de los miembros del consejo son públicas, con lo cual, si hay reuniones con cualquier tipo de empresa, institución u organismo, se publican y pueden
consultarse.


En cuanto a la falta de independencia derivada de la falta de independencia de los miembros que la componen, creo que nuestro sistema ya tiene mecanismos. Es un sistema jurídico, de derecho, de monarquía parlamentaria, un sistema de checks
and balances y de rule of law. Si la que les habla está hoy aquí es porque ha pasado el vetting del propio Parlamento. No creo que haya mayor necesidad de decir nada más. Es el propio Parlamento el que me examinó y me consideró adecuada, con lo
cual no creo que se puede dudar del nombramiento, porque entonces estaríamos dudando del propio mecanismo de nombramiento, y me parece que sería dudar de nuestro propio sistema democrático.


En cuanto a los posibles conflictos de intereses, estamos cumpliendo la legalidad de forma estricta, incluso más allá. Somos conscientes, por supuesto, de todas las incompatibilidades de la Ley de altos cargos, de la propia creación de la
CNMC y tenemos un mecanismo interno por el que cada vez que pueda surgir un problema de incompatibilidad, de conflicto de intereses se bloquea el acceso a la información interna, el departamento de control interno lo sigue y además se notifica a la
Oficina de Conflictos de Intereses, con la que tenemos una relación muy influida. Para su tranquilidad, les diré que en todo el tiempo que llevo de presidenta de la institución he tenido que abstenerme en once ocasiones, en seis asuntos de un total
de 698 decisiones. Me abstengo cuando corresponde, pero esa abstención no bloquea el funcionamiento normal de la propia institución. Por supuesto, me abstengo, y además mi propio gabinete ya tiene instrucciones de que, cada vez que aparece un
nombre que pueda suponer un conflicto, se bloquea absolutamente todo en la casa. En todo caso, les aseguro que tenemos leyes que regulan todo esto y que las estamos cumpliendo escrupulosamente. Creo que son suficientes, pero, si se tienen que
reforzar, tampoco tenemos ningún problema con ello.


Por último, ¿qué hacer para reforzar el trabajo de la CNMC, para dar ese salto de calidad, para ayudar al consumidor? Creo que hacemos muchas cosas que no se conocen, y uno de los ejes del Plan de comunicaciones es precisamente mejorar la
comunicación con el ciudadano, hacerle más consciente de lo que podemos hacer por él. Dentro de muy poquito vamos a emitir una guía de competencia para el ciudadano en la que le explicamos cómo puede aprovechar la actuación de la propia CNMC, en
qué materias puede tener posibilidad de denuncia o, por ejemplo, de reclamación de daños en casos de un cártel. Y les he hablado antes del comparador de energía, algo que tiene mucho éxito; de hecho, lo presentamos el 10 de septiembre en la CNMC y
las descargas y las visitas al comparador llegaron a 10 000 en menos de veinte minutos, porque la gente fue consciente de que existía. Es decir, existe la posibilidad de poder entrar en la web de la CNMC, comparar con mi factura lo que estoy
pagando de energía y ver si tengo alguna oferta mejor, lo que automáticamente me permite cambiar, y eso genera todavía más competencia entre las empresas. Queremos empoderar al consumidor para que él también sea un agente de competencia, para que,
en definitiva, pueda ser muchísimo más exigente, y no solamente queremos hacerlo a través de la comunicación, sino también a través de cosas que puedan servirle de utilidad inmediata. Y el comparador es un ejemplo, pero queremos hacer lo mismo
-está en el plan de

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actuaciones de este próximo ejercicio- con las ofertas en materia de telecomunicaciones, que de cara al 5G y a todo lo que va a venir en digitalización creemos que es esencial. Y no solo eso, en todas nuestras actuaciones tenemos el foco
puesto en cuál es el impacto sobre la ciudadanía de cada una de las cosas que llevamos a cabo, y esperamos poder seguir haciéndolo incluso de forma más ágil.


El tiempo se agota. Creo que he respondido a todas las preguntas. En todo caso, como les decía al principio de la comparecencia, estoy a su disposición cuantas veces quieran llamarnos para explicarles cualquier cuestión que tengan a bien
preguntar.


Muchísimas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias a usted, señora Fernández, por sus explicaciones, por someterse a las preguntas y responderlas.


Señorías, hacemos un receso de tres minutos para despedir a la compareciente y recibir al siguiente, que ya está esperando.


Ya están avisados los miembros de la Mesa de que tendremos una breve reunión para poder celebrar, si así es la voluntad, la siguiente reunión el miércoles 17, ya con los comparecientes de los cupos de los grupos. (Pausa).


- DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES (BUENAVENTURA CANINO), EN RELACIÓN CON EL ANÁLISIS DE LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA REFORZAR LA IMPARCIALIDAD E INDEPENDENCIA DE AUTORIDADES INDEPENDIENTES Y ORGANISMOS DE
REGULACIÓN. (Número de expediente 212/001060).


El señor PRESIDENTE: Pasamos a la segunda y última comparecencia que tenemos hoy en Comisión. Nos acompaña don Rodrigo Buenaventura Canino, presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, a quien damos la bienvenida, le damos
las gracias por la disposición a comparecer y le concedemos la palabra.


El señor PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES (Buenaventura Canino): Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, en primer lugar quiero agradecerles que me hayan invitado a comparecer en esta Comisión, que aborda un aspecto muy pertinente y ligado al mundo de la supervisión financiera, en el que se enmarca la CNMV, institución que tengo el
honor de presidir desde hace un mes y medio.


Entiendo que el propósito de esta Comisión se centra en reflexionar sobre posibles mejoras que deban considerarse en el funcionamiento de los supervisores, y mi intención, por tanto, es centrarme en la independencia como elemento vertebral
del diseño institucional. Lo primero que hay que plantearse es: Independencia, ¿para qué? La independencia, en mi opinión, no puede ni debe ser un fin en sí mismo. Es un instrumento para conseguir mejores resultados, para cumplir mejor con los
objetivos de una institución, y por eso la usamos siempre en este ámbito como un concepto finalista, en el sentido de cuáles son los resultados que produce. Y en lo que respecta a la supervisión del mercado de valores, creo que los motivos para
asegurar la independencia de los supervisores, tanto respecto al Gobierno como respecto a los supervisados, se reducen a tres, y en primer lugar a la función arbitral que los supervisores del mercado de valores realizamos. De modo muy frecuente los
supervisores de valores tienen que dirimir intereses contrapuestos y ello requiere un ejercicio de imparcialidad notable. Puede ser entre inversores y entidades, entre emisores y accionistas, entre oferente y una compañía cotizada o incluso
intereses públicos del Estado. En estos casos se requiere que el órgano que decide esté lo menos influenciado posible por los participantes o interesados en la operación y que lo haga con rigor técnico y el máximo respeto por la norma aplicable.
En segundo lugar, responde a la elevada especialización, sofisticación e influencia, incluso me atrevería a decir poder del sector que supervisan. Los mercados financieros y las entidades que en ellos operan se listan entre los más sofisticados y
especializados del tejido empresarial de cualquier sociedad desarrollada, lo que requiere que el supervisor esté adecuadamente dotado de recursos humanos y técnicos, así como de autonomía de gestión para interactuar con solvencia con la comunidad
supervisada. En tercer lugar, la independencia obedece a la función correctora y sancionadora que ejercemos los supervisores financieros, pues gozamos de una capacidad de sanción administrativa notable, con multas potencialmente muy cuantiosas,
que, como saben ustedes, pueden llegar hasta el 5 % de los recursos de una entidad, lo que supone cantidades muy notables. Ello requiere de una imparcialidad muy exigente, completamente alejada de consideraciones políticas, empresariales o
coyunturales. Debido

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a estas tres razones, en todo el mundo desarrollado y especialmente en la Unión Europea se acepta como un principio básico reflejado en la norma que el supervisor del mercado de valores debe ser independiente ante el Gobierno y ante los
supervisados.


Y una vez identificado por qué y ante quién debe asegurarse la independencia, creo que es obligado señalar las tres dimensiones que engloba. Según el consenso existente, debe asentarse en recursos económicos, personal y gobernanza, y me
referiré a estas tres cuestiones. Los recursos económicos del supervisor son el principal elemento en que cristaliza el principio de independencia, y la idea es doble: por un lado, garantizar que son suficientes para interactuar con la comunidad
supervisada y para realizar su función, y, por otro lado, que su suficiencia no se vea condicionada por preferencias del Gobierno. La segunda dimensión es el personal, y, por un lado, es imprescindible construir equipos estables, que estén
suficientemente formados y al día en las transformaciones de las finanzas, pero también que puedan retenerse por la institución mediante posibilidades de carrera profesional. Y la tercera dimensión de la independencia es la gobernanza de la
institución. Aquí el consenso internacional también apunta a la conveniencia de tener órganos colegiados, así como procedimientos de nombramiento de los máximos representantes de la institución que garanticen la idoneidad de los mismos. De igual
modo, son precisos sistemas de remoción o cese, que eviten injerencias políticas o también de grupos de presión.


En una sociedad democrática tan importantes como los ingredientes de la independencia citados son los contrapesos de la misma. Sería irracional y peligroso blindar la independencia de una institución sin someterla a comprobación,
equilibrios, contrapesos y un nivel exigente de escrutinio. A mi juicio, el contrapeso de la independencia es triple: rendición de cuentas, revisión judicial de las decisiones y escrutinio público. El supervisor financiero independiente debe
estar sujeto a un mecanismo de rendición de cuentas específico, claro y continuo; debe identificarse ante quién rinde cuentas, con qué periodicidad y propósito y con qué nivel de detalle. En la mayor parte de las sociedades avanzadas esa instancia
es parlamentaria, para realizar la conexión con la legitimidad democrática, obviamente. También deben preverse mecanismos de revisión judicial de todas las decisiones que adopta el supervisor mediante un proceso efectivo y claro, y también
sujetarse a fiscalización su gestión económica y operativa mediante órganos públicos de control contable y fiscalización. En último lugar, pero no menos importante, el supervisor debe estar sometido a un escrutinio público mediante un régimen de
transparencia exigente en todo lo que no esté, obviamente, sujeto al deber de secreto -que en nuestro caso es mucho, aunque esa es la situación-, pero también de diálogo público y, sobre todo, de seguimiento y crítica por parte de los medios de
comunicación. Se pregunta a veces ante quién responden las autoridades independientes: queda claro que en los países desarrollados responden ante los jueces, el Parlamento y la opinión pública.


Lo que acabo de describir no es mi particular visión de esta cuestión, pese a que la comparto, sino un condensado breve de los principios y consensos internacionales sobre la supervisión del mercado de valores, como puede derivarse de las
mejores prácticas identificadas por instituciones como el Fondo Monetario Internacional, la OCDE o la Organización Internacional de Comisiones de Valores, que, como quizá saben sus señorías, tiene su sede precisamente en la ciudad de Madrid.
Asimismo, son plenamente consistentes con la experiencia más reciente que tenemos en la Unión Europea de creación y configuración de supervisores financieros. Como saben, después de la crisis, entre 2010 y 2014, se crearon cuatro nuevos
supervisores financieros en la Unión Europea: supervisor de valores, de banca y de seguros y, un poquito más tarde, en 2014, el Mecanismo Único de Supervisión del Banco Central Europeo. Los tres primeros son ESMA, EVA y Eiopa, respectivamente.
Estas nuevas instituciones son, a mi juicio, un referente clave, pues nos ofrecen un espejo en el que observarnos y analizar cómo hemos resistido el paso del tiempo los supervisores nacionales desde que fuimos creados y qué podemos incorporar para
afrontar mejor el futuro. Aun siendo consciente de que se trata de un régimen legal distinto del que hay en el Estado español -obviamente, estamos hablando del derecho de la Unión Europea-, usaré esos cuatro supervisores europeos del mercado
financiero de reciente creación en mi exposición hoy como el referente avanzado más reciente y el más relevante, a mi juicio, en el que fijarnos para mejorar la calidad de nuestras instituciones de supervisión.


No voy a describir aquí en detalle las funciones y la actividad de la CNMV, aunque si hubiese interés, estoy a su disposición, por supuesto, para cualquier aclaración. Nuestros objetivos siempre han sido claros desde el año 1988:
protección del inversor, transparencia del mercado y correcta formación de precios. Les daré solo unas pocas cifras para que se hagan una idea de la dimensión del sector que supervisa la CNMV. Vigilamos la gestión de unos 300 000 millones de euros
de vehículos de inversión colectiva, propiedad de unos 12,6 millones de partícipes, en su mayoría personas físicas. Supervisamos

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la contratación de 565 000 millones de euros en valores y las cuentas de 130 empresas cotizadas en bolsa, con un balance agregado del 4,4 billones de euros. También supervisamos la actividad de unos 350 prestadores de servicios de
inversión, sin contar, obviamente, los agentes. Pero aventuro, señor presidente, que la Comisión está menos interesada en lo que funciona correctamente, que es la mayoría y que debe ser motivo de orgullo, que en lo que podría ser objeto de mejora y
perfeccionamiento. Para detectar las áreas de mejora basta con analizar los ejercicios de evaluación externos a los que se ha sometido la CNMV en los últimos años, y destacaré aquí tres. El primero es el del Fondo Monetario Internacional, año
2017, en su análisis sobre la evaluación de la estabilidad del sector financiero, el llamado programa FSAP. Se reconocían los avances que se habían producido desde 2012, pero de las dieciocho recomendaciones claves emitidas por el fondo la
referente a la independencia del supervisor del mercado de valores seguía en curso, sin completar. En particular, se recomendaba fortalecer la independencia de la CNMV reconsiderando la representación del Ministerio de Asuntos Económicos, entonces
en el Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, y se recalcaba la necesidad de suprimir la aprobación del Gobierno para el aumento de los recursos humanos, entre otras cuestiones. El segundo es un ejercicio de comparación
internacional al que la CNMV se sometió en 2020 elaborado por una consultora internacional, que nos comparaba con dieciséis supervisores financieros europeos, estadounidenses y de alguna otra zona del mundo. En esa comparación, entre las áreas en
las que la CNMV se desvía de las mejores prácticas de esos dieciséis homólogos destaca la autonomía, la definición de la plantilla y la gestión del talento. En tercer lugar, hay que recordar las conclusiones de la Comisión de Investigación sobre la
Crisis Financiera en España, que se publicaron en enero de 2019 -Comisión parlamentaria, obviamente-, y que señalaban que para lograr una supervisión eficaz es necesario disponer de supervisores con suficientes medios y un adecuado nivel de
independencia. A mi juicio, el grado de independencia efectiva de la CNMV es razonablemente elevado, pero es susceptible de algunas mejoras concretas que cabría considerar.


En cada una, cuando sea relevante, señalaré cómo se aborda esta cuestión precisamente en esos cuatro supervisores a los que me he referido antes, de reciente creación en el entorno europeo, para que nos sirva de referencia o de paralelismo.


Seré claro en este aspecto: la principal amenaza actual para la independencia efectiva de la CNMV es el régimen de contratación, remuneración del personal y conservación del talento. Los efectivos de la CNMV, unas 420 personas actualmente,
son insuficientes para las numerosas y nuevas competencias que ha ido recibiendo la comisión en las distintas reformas normativas posteriores a la crisis. Pero -siendo consciente del entorno de austeridad obligado- ese elemento no es lo más
preocupante, sino los dos elementos auxiliares que les detallo a continuación. Primero, la CNMV ha perdido en la práctica la autonomía para cubrir las bajas de su personal, quedando sujeta a un mecanismo de oferta de empleo público que implica, por
ejemplo, que el personal que perdimos en 2019 lo recuperaremos, con suerte, en 2021, y ello a pesar de que sus señorías -o mejor dicho, quienes les precedieron en los escaños en 2015- introdujeron una provisión específica en el artículo 18 de la Ley
del Mercado de Valores para eximir explícitamente a la CNMV de la sujeción a la oferta de empleo público para la mera sustitución de bajas. Sin embargo, esa excepción viene desactivándose implícitamente año tras año mediante la ley de presupuestos.
Dado el tamaño de una institución como la nuestra, 420 personas, que una baja tarde en cubrirse dos años, en equipos que muchos de ellos son de tres, cuatro o cinco personas, supone que ese equipo queda durante dos años a un tercio o incluso a veces
a la mitad de su capacidad hasta que recibimos una autorización para reemplazar esa baja.


El segundo elemento es el determinado por el hecho de que la CNMV carece de una mínima flexibilidad para ofrecer una carrera profesional a los empleados más valiosos y, con ello, aplicar fórmulas para conservar ese talento. Porque estamos
sujetos al microcontrol previo de la comisión ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones, la Cecir, para cualquier decisión de remuneración, promoción o gestión de cada uno de los grupos individuales de empleados, aunque se respete
el límite total del gasto de personal, incluso aunque se respete su tasa de crecimiento. Por tanto, nos cuesta enormemente poder acompañar el crecimiento profesional de los empleados de la CNMV, cuestión que incide en su motivación y en la
rotación, obviamente. Les ofrezco un dato como ejemplo. Si cogemos las bajas totales de la CNMV de los últimos cinco años, incluyendo fallecimientos y jubilaciones, el 31 % de todas las bajas fueron técnicos de experiencia media que se fueron al
Banco de España, que sí tiene mecanismos para permitir una carrera profesional. Piensen que el personal de la CNMV no tiene movilidad hacia y desde el resto de la Administración porque no forman parte de cuerpos de funcionarios estándar y, por
tanto, su carrera es

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en la propia institución o en el sector privado o si opositan a otra institución, obviamente, lo cual hace aún más anómala la situación que les describo. Piensen, sobre todo -creo que es lo más importante-, que el gasto de la CNMV es
financiado exclusiva e íntegramente por tasas que paga el sector privado que supervisamos. No recibimos ni un euro del presupuesto público, tenemos superávit y, encima, nuestro desequilibrio o equilibrio, en este caso equilibrio, no incide en el
déficit público porque se nos considera autoridad del sector financiero. Es decir, lo que les estoy exponiendo es una situación cuya justificación no es el control del déficit público o del principio de austeridad y, por tanto, constituye una
paradoja de difícil explicación y causa daño a la efectividad de una función tan relevante para la sociedad española y para la protección de los inversores.


Lo que pedimos, por resumir -he seguido las anteriores comparecencias y todos venimos con una cierta petición-, es sencillo: que el gasto de personal sea sujeto a un control estricto en su conjunto por el Ministerio de Hacienda, el de
Función Pública y por este Parlamento, pero que recuperemos la flexibilidad para reponer bajas sin esperar años, como ya se acordó en su día en este Parlamento que debíamos hacer, y para realizar ajustes internos dentro de la masa salarial global.
También dejaré claro, para que no haya equívocos, lo que no estamos pidiendo. No estamos solicitando una elevación sustancial del nivel retributivo medio del personal de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, ni tampoco estamos reclamando
rebajar el control global sobre la cifra total de gasto de personal, para ser claro y preciso. Una aproximación legislativa al régimen de autonomía del personal del Banco de España o del FROB, por ejemplo, bastaría para solventar el problema sin
poner en riesgo ni un ápice de control financiero efectivo sobre la CNMV ni incurrir en déficit alguno.


En lo que afecta a la gobernanza de la CNMV, creo relevante señalar algunos aspectos para que pueda considerarlo esta Comisión. En cuanto a los procedimientos de nombramiento de presidente y vicepresidente, que entiendo que es un tema de
interés de la Comisión, creo en términos generales que son adecuados porque se producen con transparencia, con un conocimiento previo de los candidatos y están sujetos al escrutinio de la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital, ante
quien comparecen -comparecimos- los candidatos y son sometidos a votación antes de ser ratificados por el Gobierno. En cuanto a la duración del cargo, siempre he creído que mandatos más largos que una legislatura y no renovables refuerzan la
independencia real de quien los ejerce. Siguiendo el paralelismo europeo, los mandatos de ESMA son de cinco años renovables una vez y los del Banco Central Europeo -el Mecanismo Único de Supervisión- de cinco años no renovables. En cuanto a los
órganos de gobierno colegiados, creo que el equilibrio de funciones del consejo y comité ejecutivo es adecuado y que la dimensión de los mismos es la correcta para permitir un debate amplio pero abordable. En todo caso, coincido con la propuesta
que hizo en esta misma subcomisión el gobernador del Banco de España -creo que fue antes de Navidad- de revisar el sistema de consejeros natos. De hecho, el sistema de consejeros natos -me refiero, señorías, al hecho de que el secretario general
del Tesoro y la subgobernadora del Banco de España son consejeros de la Comisión del Mercado de Valores y la vicepresidenta de la Comisión del Mercado de Valores es consejera del Banco de España- es muy poco habitual en supervisores de otros países
desarrollados, salvo quizá las entidades que tienen consejos de veinte o veinticinco personas donde hay representantes de todas las instancias de la sociedad. No es el modelo español. Las razones que llevaron a implantarlo en 1988, a mi juicio,
están ya superadas y pueden satisfacerse -por ejemplo, con instancias de coordinación- mediante mecanismos de cooperación que tenemos desde hace años con el Banco de España o instituciones coordinadoras como la Amcesfi. Como pueden imaginarse sus
señorías, cuando es necesaria la coordinación entre la CNMV y el Banco de España o el Tesoro normalmente no se trata de cuestiones que pueden esperar un mes hasta la próxima reunión del consejo y deben tratarse por canales distintos de los
consejeros natos cruzados entre ambos. Adicionalmente, en una eventual reforma normativa, en algún momento se podría reforzar la independencia de los consejeros de la CNMV introduciendo una previsión explícita que figura en muchos ordenamientos de
organismos similares, tanto españoles como europeos, pero no en la Ley del Mercado de Valores, según la cual terceras personas deben abstenerse de tratar de influir o dar criterio a los consejeros de la CNMV y estos deben abstenerse de recabarlo o
de aceptar esa influencia o esas instrucciones. Así, por ejemplo, figura en varios estatutos de supervisores europeos.


Permítanme, en todo caso, subrayar y aclarar que estas propuestas no están motivadas por una experiencia negativa de la participación de consejeros natos o de la relación con el Gobierno en el pasado; antes al contrario, creo que hemos
tenido y tenemos la inmensa fortuna de contar con personas y colaboraciones muy valiosas en el Consejo de la CNMV y también estoy convencido de que la relación

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con el Ministerio de Economía, no solo en la etapa actual sino en las etapas anteriores, ha sido extraordinariamente respetuosa de la independencia de la CNMV. Se trata, a mi juicio, de reforzar a futuro el diseño institucional para elevar
a requisito normativo lo que en la práctica ha sido casi siempre la norma. En este sentido, y siguiendo de nuevo con el paralelismo europeo, como pueden comprobar sus señorías, la Comisión Europea tiene voz pero no voto en el Consejo de ESMA, el
supervisor de valores europeos. El Banco Central Europeo, el supervisor bancario, no se sienta en el consejo del supervisor de valores, pero sí tienen mecanismos de coordinación casi diarios y mecanismos de cooperación. Del mismo modo, en el
Reglamento de ESMA pero también en el Banco Central Europeo se prohíbe explícitamente a las instituciones europeas, incluidas la Comisión y el Parlamento, dar instrucciones a los consejeros de ESMA, y a estos se les prohíbe, obviamente, aceptar
instrucciones de cualquier entidad externa, incluso de los Gobiernos nacionales.


Abordados los criterios de independencia, toca mencionar contrapesos de la independencia y, a mi juicio, debemos empezar por la transparencia. Creo relevante mejorar la información pública sobre las actividades y contactos que desarrolla la
CNMV, y eso no vengo a pedirlo aquí porque nos toca hacerlo a quienes dirigimos la Comisión Nacional del Mercado de Valores, obviamente; en nuestro caso, debemos compaginar esa mayor información pública con el estricto respeto al deber de secreto
que nos impone la norma. Por ello vamos a comenzar a publicar a posteriori los actos y reuniones del presidente y vicepresidenta de la CNMV, que no se hacía hasta ahora, como hacen otros supervisores nacionales y extranjeros. Ello incluirá las
reuniones y actos que hayan tenido con asociaciones y entidades, de forma que pueda conocerse la interacción con industria e inversores, salvo los datos relacionados con temas tocantes a la supervisión, obviamente. Además, reforzaremos las
actividades del comité consultivo y tenemos intención de avanzar en las formas de relación con el sector mediante contacto periódico para someterse a preguntas y consideraciones de inversores, de entidades, de prestadores de servicios, etcétera.


En cuanto a la rendición formal de cuentas e independencia jerárquica, creo que el sistema vigente es, en general, positivo, pero se queda algo corto en algunos aspectos si queremos hacerlo homologable al estándar internacional. La Ley del
Mercado de Valores no señala con claridad cuál es la instancia de rendición de cuentas de la CNMV, dice que su presidente comparecerá una vez al año en el Congreso de los Diputados con ocasión de la presentación del informe anual y tantas veces como
sea convocado, obviamente. A mi juicio, una mención específica del mecanismo de rendición de cuentas parlamentaria asentaría aún más ese principio básico. La práctica demuestra que la frecuencia de las comparecencias del presidente de la CNMV ante
las comisiones relevantes del Congreso es reducida y raramente excede de una vez al año, lo cual puede hacer menos efectivo y relevante el control parlamentario. En mi caso es una excepción, he venido aquí dos veces en dos meses, pero la primera
fue por el nombramiento y la segunda porque han tenido la amabilidad de invitarme o convocarme a esta Comisión. No es la norma.


En otro orden de cosas, aún se detectan en la normativa española restos de una concepción antigua de ente dependiente del Gobierno en algunas autoridades administrativas independientes. Por ejemplo, las sanciones graves y muy graves que
impone la CNMV deben ser recurridas en alzada ante el ministro de Economía de forma previa a su recurso en los órganos jurisdiccionales, mientras que el régimen lógico sería acudir directamente a la jurisdicción contencioso-administrativa al no
existir una dependencia jerárquica entre CNMV y ministerio. Siguiendo el paralelismo europeo sobre lo que acabo de decir, el Reglamento que rige la actividad de ESMA, del supervisor de valores europeo, especifica que rinde cuentas al Parlamento y
al Consejo, y fíjese que no cita a la Comisión, que es el brazo ejecutivo en la arquitectura institucional europea, y su presidente comparece ante el comité en el Parlamento con frecuencia, varias veces al año, incluso para proyectos de reglamentos
en los que el Parlamento quiere conocer la opinión técnica de ESMA o recibir su asesoramiento. Asimismo, las sanciones impuestas por ESMA, que tiene capacidad sancionadora, por ejemplo, sobre agencias de rating, no son recurribles ante el comisario
europeo correspondiente sino ante una instancia de apelación independiente y ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, obviamente.


Permítame una reflexión ligada a la función asesora. No es infrecuente que el Parlamento Europeo recabe el criterio y el asesoramiento técnico de ESMA, como acabo de explicar. Creo que la función de asesoramiento leal desde una institución
realmente independiente hacia la propia instancia democrática ante la que rinde cuentas contribuye a reforzar la calidad del proceso normativo sin comprometer un ápice la soberanía de la Cámara, que retiene toda la capacidad de decisión y es
meramente el receptor de un asesoramiento gratuito y técnico, nunca político, y es, por supuesto, libre de seguir o de ignorar.

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Para ir concluyendo, señor presidente, quiero referirme brevemente al modelo supervisor. Como saben, en España tenemos un supervisor para banca, otro para mercado de valores y otro para seguros. La realidad es que este esquema no acaba de
abordar correctamente la creciente interconexión entre los tres subsectores y los conflictos de interés que se pueden presentar entre los objetivos de solvencia y de conducta. Frente a este modelo están otros como el del supervisor único -sería el
caso alemán, que está de actualidad estos días-, o el modelo conocido como twin peacks, un supervisor de solvencia de todas las entidades: banca, seguros, valores, y otro supervisor de conducta de los tres productos: banca, seguros y valores. Es
el modelo vigente desde hace tiempo en varios países debido a su solidez conceptual, ya que previene mejor los conflictos de interés que antes he mencionado entre solvencia y conducta, y lo hace precisamente por tener la virtud de explicitar esos
conflictos. Un supervisor de conducta no debería estar preocupado por cuál será el efecto de una decisión a favor de los clientes de una entidad sobre la solvencia de esa misma entidad y viceversa en lo que afecta a un supervisor de solvencia. Esa
es la gran virtud de ese modelo. Además, este modelo permite desarrollar un grado de especialización que genera economías de escala muy significativas en su aplicación en los tres subsectores.


Para concluir, quisiera mencionar los posibles cambios en la arquitectura institucional de supervisión y regulación tanto en la dimensión española como en la dimensión europea. En la primera, como conocen sus señorías, ha habido en los
últimos años cierto debate público sobre la creación de una autoridad de resolución extrajudicial de reclamaciones de inversores y sobre la posible integración del ICAC en la Comisión Nacional del Mercado de Valores; no son debates nuevos. Ambos
proyectos merecen un debate extenso y la CNMV está, por supuesto, a disposición de esta Cámara y del Gobierno en su función asesora si así se la requiere.


La segunda cuestión sobre cambios en la escena europea está ligada al proyecto llamado unión de mercado de capitales, que promueve la potenciación de la financiación no bancaria de las empresas mediante el acceso a los mercados de valores.
Es posible que siga existiendo en los próximos años un debate en torno a qué competencias deben ejercer los supervisores nacionales, en nuestro caso la CNMV, y cuáles debe ejercer ESMA. En este punto, para ser sintéticos, les diré que, a mi juicio,
hay que aplicar el principio de eficacia, mediante el cual la autoridad que debe tener las competencias es la que mejor pueda resolver el problema y la que más cerca esté de ese problema. En este sentido, las autoridades nacionales son sin duda las
idóneas para supervisar la mayoría de la actividad financiera, pero también hay claras parcelas donde ESMA es una autoridad más cercana o más eficiente, por ejemplo, en aquellos sectores donde unos pocos proveedores prestan servicio a toda la Unión
Europea, como pueden ser las agencias de rating, el Euribor, los proveedores de datos o los repositorios de información. En todo caso, como hemos aprendido en la unión bancaria, la centralización de algunas competencias de supervisión no supone
menos trabajo para los supervisores locales y seguirán necesitándose instituciones nacionales bien dotadas, independientes y operativas, por lo que las reflexiones sobre independencia que han centrado mi comparecencia creo que siguen plenamente
válidas, incluso, en un escenario futuro como el que acabo de describir.


Nada más; muchas gracias por su atención y, por supuesto, quedo a disposición de todos ustedes para cualquier pregunta que quieran formularme.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias a usted, señor presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.


Pasamos, a continuación, a los turnos de los portavoces de los diferentes grupos parlamentarios. En primer lugar, tiene la palabra, por el Grupo Mixto, la señora Vehí Cantenys.


La señora VEHÍ CANTENYS: Gracias, presidente.


Como tengo solo cinco minutos, iré rápido. Muchas gracias por su comparecencia, por estar aquí y por la explicación. Yo voy a centrar mi exposición en la relación entre la energía y la democracia, entendiendo la centralidad que tiene la
energía en el desarrollo y el bienestar de las sociedades y, sobre todo, con el faro puesto en el fenómeno de la pobreza energética -que usted conocerá perfectamente, igual que el resto de los ciudadanos- y que, según estiman las estadísticas,
padece un 11 % de la población en el Estado español.


No tengo mucho tiempo y lo haré -digamos- a trompicones. El mercado eléctrico español, desde nuestra perspectiva, está fuertemente oligopolizado, es decir, la propiedad está en manos de muy pocas empresas. El modelo de mercado es un modelo
regulado públicamente, pero las empresas tienen la

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última palabra y acaba siendo una cosa híbrida, extraña. De hecho, es un modelo que heredamos del franquismo. Un historiador económico, Sudrià, hablaba de 'un Estado autoritario sin auténtica autoridad', refiriéndose a cómo funcionaba el
mercado eléctrico del franquismo, que es algo que heredamos y que llega hasta hoy; un mercado regulado por el Estado, donde ustedes tienen un papel fundamental, pero administrado por las empresas. Además, es un mercado altamente privatizado. Esto
afecta a dos elementos fundamentales desde la perspectiva del bien común, de la democracia y de la ciudadanía, uno de los cuales son los precios -usted lo decía antes-; los precios del mercado eléctrico están directamente relacionados con la
estructura del mercado, y así lo decía Greenpeace también hace menos de quince días. Este invierno ha subido un 27 % la luz y la provisión de la energía, y este invierno, que también hemos estado en medio de una ola de frío increíble, ha habido
muchísimos cortes. Podemos hablar de la Cañada Real, que ha sido lo que ha ocupado los mayores focos mediáticos. Pero también podríamos hablar del incendio de Badalona, donde hubo fuego y muertes. Nosotros pensamos que tanto los precios como la
provisión están directamente relacionados con la estructura del mercado.


Usted hablaba de la Comisión Nacional del Mercado de Valores desde la perspectiva de la independencia, hablaba de arbitrariedad, de su papel en relación con el poder del mercado en cuestión, y hablaba también de la función correctora y
sancionadora que tenían ustedes. Nosotras compartimos muchísimo esta perspectiva y nos gustaría hacerle una serie de preguntas relacionadas con esta estructura del mercado eléctrico que ahora explicábamos. ¿Qué opinión le merece a la Comisión
Nacional del Mercado de Valores la opacidad que tiene como característica el mercado eléctrico y que han señalado muchísimos agentes? La segunda cuestión, ¿tienen ustedes previsto iniciar sanciones a Endesa, por ejemplo, por los cortes de
suministros y por la cantidad de muertes que ha habido en relación con los incendios de Badalona? ¿Qué opinión les merece a ustedes las puertas giratorias que hay entre el Ejecutivo y las empresas eléctricas -las más destacadas fueron los casos de
Felipe González y José María Aznar-, desde la perspectiva de la independencia de la que usted hablaba antes? ¿Y qué opinión le merece, desde una perspectiva entendida como que la pobreza energética tiene que ver con la provisión y con el precio,
que Endesa, por ejemplo, el año anterior acumulara 1 500 millones de euros de dividendos y 844 millones de euros de beneficios? Desde nuestra perspectiva, esto se podría llamar abuso de poder por tener beneficio privado. ¿Lo ven ustedes de la
misma forma?


Voy acabando. Volviendo a la perspectiva inicial, a la relación entre la energía y la democracia, entendiendo que la energía es fundamental en el desarrollo de las sociedades y en el bienestar de las personas, nosotros pensamos que es
imprescindible nacionalizar las infraestructuras, porque las empresas del mercado eléctrico viven de los beneficios de infraestructuras creadas con dinero público, y además crear una empresa pública de energía que pueda asumir la provisión
mayoritaria de la sociedad para generar así un mercado que tenga como faro el bien común y el acceso universal a la energía. ¿Qué opinión le merece a usted este planteamiento desde la perspectiva de su institución, altamente especializada en la
gestión de los mercados?


Muchísimas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Vehí.


El Grupo Republicano no va a hacer uso de la palabra.


En nombre del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra la señora Márquez Guerrero.


La señora MÁRQUEZ GUERRERO: Muchas gracias, presidente.


Usted lleva pocas semanas al frente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, pero tiene una dilatada trayectoria dentro de este organismo regulador. Le agradezco su comparecencia y creo que su intervención va a ser muy útil para los
trabajos de esta Comisión.


Me gustaría preguntarle, en primer lugar, por su nombramiento como presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Ya ha hecho usted referencia a que le parece un mecanismo transparente. De acuerdo con la ley que regula este
organismo, usted es elegido por el Gobierno a propuesta de la ministra de Economía. Me gustaría preguntarle, aunque considere que es un mecanismo transparente, si no consideraría preferible que fuera el Parlamento, con una mayoría reforzada, el
encargado de nombrar a los presidentes de los organismos reguladores. Quizá, una elección parlamentaria podría mejorar la independencia y la eficacia de la CNMV.


Por otro lado, uno de los mayores fraudes en la historia de nuestro país fue el escándalo de las participaciones preferentes. Un fraude sistémico y colosal como las preferentes siempre tiene varios

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responsables, pero lo cierto es que la CNMV no fue capaz de evitarlo. En 2009, en un contexto de crecimiento exponencial de las ventas de participaciones preferentes, la CNMV lo único que hizo fue comunicar a las entidades reguladas el
incremento de las exigencias de información y publicar un folleto informativo advirtiendo a los clientes de los riesgos existentes; en fin, no hacía más que enviar comunicaciones, folletos informativos y advertencias. Hay que llegar hasta 2011,
cuando el escándalo ya era público y notorio, para que la CNMV revele parcialmente la gravedad de la realidad de la situación e incoe nueve expedientes reguladores; expedientes que, por su propia naturaleza, no pueden reparar los daños perpetrados
a gente humilde, que no ha hecho otra cosa que trabajar y ahorrar en vida de austeridad, de sacrificio y de enorme dignidad. ¿Por qué cree usted que la CNMV no fue capaz de prevenir y evitar el fraude de las preferentes? Consideramos que la
respuesta a esta pregunta es importante porque, al fin y al cabo, los organismos reguladores tienen una razón de ser, que es la eficacia; y si un organismo regulador no es capaz de prevenir un fraude como el de las preferentes, a lo mejor será
necesario repensar el funcionamiento de los organismos reguladores.


Por otra parte, en cuanto al mandato, le iba a preguntar si consideraba adecuada la duración, pero ya se ha pronunciado usted diciendo que mandatos más largos y no renovables le parecen una garantía de independencia, y estamos de acuerdo
completamente con usted.


En otro orden de cosas, la CNMV tiene un servicio que atiende las reclamaciones de los consumidores e inversores. Le quiero preguntar por varias cuestiones. ¿Cómo garantizan la independencia de las resoluciones de esas reclamaciones?
¿Tienen algún tipo de protocolo interno que les permita resolver esas quejas con independencia y con rigor? Aprovecho también para preguntarle por el tiempo estimado de la resolución de esas reclamaciones. Por último, las resoluciones de la CNMV a
esas reclamaciones sabemos que no son vinculantes. ¿Podría usted valorar la eficacia y la utilidad de este servicio?


Ya voy terminando. La CNMV debe elevar a la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados un informe anual sobre el desarrollo de sus actividades y sobre la situación de los mercados financieros organizados. También se ha pronunciado
ya sobre esta pregunta que tenía para usted diciendo que le parece que una mención específica de rendición de cuentas parlamentarias sería muy adecuada y que, además, está usted a favor de una mayor frecuencia de las comparecencias; me alegro mucho
de oír esto. Y también tenía una pregunta en relación con su experiencia como director de mercado en la ESMA. Ha hecho usted referencia a los cuatro órganos supervisores europeos de reciente creación y que usted ha utilizado como referente tanto
para la gestión de personal, bajas y promoción de la carrera como respecto a la independencia de los consejeros, con lo cual también estamos de acuerdo con usted y nos alegramos de que los tome como referencia y lo aplique aquí. Nada más, espero
que pueda responder a mis preguntas.


Muchísimas gracias por su comparecencia.


El señor PRESIDENTEE: Gracias, señora Márquez.


Por el Grupo Parlamentario VOX tiene la palabra el señor Zambrano García-Ráez.


El señor ZAMBRANO GARCÍA-RÁEZ: Gracias, señor presidente, y gracias, don Rodrigo, por comparecer, porque usted obtuvo el respaldo unánime de la Cámara para su nombramiento -salvo el de un diputado que no estuvo- y, además, nosotros
confiamos mucho en su opinión, confiamos mucho en su juicio sobre un tema que nos preocupa muchísimo, y es que los intereses políticos partidistas terminen influyendo e inmiscuyéndose en los nombramientos de órganos e instituciones que deben
mantenerse en todo momento independientes en su actuación. No cabe duda de que en el pasado hemos tenido ejemplos incluso en la CNMV. Don Julio Segura fue muy criticado desde las filas del Partido Popular, se le negaba su objetividad, su
independencia, su imparcialidad por haber colaborado en la redacción de programas del PSOE y, sin embargo, fíjese usted cómo luego el Partido Popular nombró a Elvira Rodríguez, que era además diputada y presidenta de la Comisión que luego juzgaba la
idoneidad del propio nombramiento. Vemos, además, cómo, efectivamente, desde ambos partidos se ha estado intentando controlar no ya solo órganos sino empresas en general y que los nombramientos afectan actualmente a Paradores, Red Eléctrica
Española, Correos, Renfe, Enresa, Tragsa, el CIS, EFE, Radiotelevisión Española, la fiscalía, el consejo general. Todo es objeto de esa ambición del poder político, por eso agradecemos mucho sus consideraciones con las que debo reconocerle que me
ha contestado prácticamente a todas las preguntas que traía preparadas. Vamos, que me ha dejado casi sin preguntas que hacerle y, por eso, le voy a insistir en algunas.

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Se ha hablado de puertas giratorias y, efectivamente, consideramos que es un problema, pero sobre todo me gustaría que me dijese si considera suficiente la regulación que intenta evitar la existencia de puertas giratorias, es decir, la Ley
3/2015, al regular la incompatibilidad al cese, y si realmente usted ve que actualmente hay riesgo de connivencia o de fuga de información privilegiada desde el Gobierno a través de empresas y que, en definitiva, esas influencias puedan incluso
redundar en presiones a órganos que deberían ser independientes.


Otra cosa que le quería preguntar es si usted considera que hay influencia desde el poder político en el mercado en general, y le voy a poner ejemplos que sí pueden traer ciertas consecuencias: que un vicepresidente del Gobierno afirme su
interés por expropiar farmacéuticas o que desde el poder político se hable de nacionalizar grandes empresas del automóvil, y les estoy hablando de Nissan. Me gustaría que me dijera, en definitiva, hasta qué punto esas manifestaciones públicas
pueden dar lugar a inseguridad e incertidumbre, si asustan la inversión, si afectan al mercado en general y hasta qué punto eso puede producirse. El catedrático don Oriol Amat ya hace años hablaba de que a los inversores no les gusta la
incertidumbre, ya que incrementan el riesgo, y hacía algunas consideraciones sobre ese particular.


Le íbamos a preguntar sobre los nombramientos, si consideraba razonable que fuesen de seis años no renovables, en definitiva, no coincidentes con mandatos electorales, y, efectivamente, hay un artículo de la ley, el 311, que habla de los
recursos de alzada ante medidas de intervención o sustitución. Usted ha contestado ya que usted considera que prefiere -entiendo- el recurso directo al contencioso-administrativo o, en definitiva, a los poderes jurisdiccionales de las decisiones de
su organismo, de la comisión. Nos ha hablado de recursos humanos, de rendición de cuentas y transparencia y, efectivamente, estamos totalmente de acuerdo con usted en la necesidad de que ustedes puedan captar ese talento y retenerlo de la mejor
manera posible.


Para terminar voy a abusar de su presencia, aunque no sea el objeto de su comparecencia, porque le querría preguntar qué opina de lo sucedido recientemente con el efecto Reddit, con ese efecto que ha provocado que un grupo de foreros llegase
a disparar el valor de ciertas acciones y si usted cree que eso puede llegar a ser un peligro o supone un riesgo real y, en definitiva, si cree necesario que haya que tomar algún tipo de medidas de carácter normativo para evitar esos riesgos.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Zambrano.


Tiene la palabra, a continuación, en nombre del Grupo Parlamentario Popular el señor Suárez Lamata.


El señor SUÁREZ LAMATA: Muchas gracias, señor presidente.


Celebramos esta sesión en un día que no es cualquiera. Hoy conocíamos un informe de una prestigiosa consultora internacional que año a año mide la calidad democrática de los países y tristemente nos hemos enterado de que en un año España ha
bajado nada más y nada menos que seis peldaños. Eso es lo que durante el año 2019 y el año 2020 ha sucedido aquí, luego, me temo, señorías, que mucho nos vamos a tener que reunir para ver si remontamos algo la situación, y qué duda cabe que mucho
tiene que ver lo que está haciendo este Gobierno, sobre todo, lo que está haciendo con las instituciones.


Gracias, señor Buenaventura, por su exposición. No esperaba menos, ha sido suficientemente clara. Hay una idea que se repite por todos los sitios y es que preocupa la independencia. Lo que pasa es que aquí en esta cuestión, según quién
presenta un candidato o quién no lo presenta, se hace un discurso o se da otro. A mí no me cabe la menor duda de que usted obtuvo la unanimidad por su currículum, lo tengo clarísimo. Tiene amplia experiencia en este sector, experiencia que, por
otra parte, difícilmente se puede tener si no es del sector, porque no son cuestiones sencillas. Yo no creo que a nadie se le ocurriera nombrar presidente de la CNMV a un profesor de EGB -por decir algo-, o tal vez sí; hemos visto otros
nombramientos disparatados.


En cualquier caso, digo esto porque a su antecesor tanto el Partido Socialista como Podemos se opusieron porque venía del sector; esta vez no. Yo creo que este es un debate que habría que empezar a cerrar, porque al final o las personas
son idóneas o no son idóneas; la independencia se demuestra a posteriori. En este sentido, hemos tenido casos de nombramientos que han obtenido la unanimidad. Me estoy acordando de Endesa, de quién presidía en esos momentos, cuando fue la OPA de
Endesa, y que claramente se posicionó en favor del Gobierno.


Le digo todo esto porque al final sobrevuela siempre esta cuestión de la independencia, aunque yo en todo lo que he visto en derecho comparado no encuentro otro sistema de elección distinto. Si usted lo conoce o si este le parece correcto,
me gustaría que así lo manifestara, porque, insisto, es complicado

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defender una total independencia y se lo digo al hilo de algo que ha dicho. Me he acordado de un nuevo organismo que ha creado la señora Calviño para analizar los riesgos financieros, en el que mete al Banco de España y a la CNMV y, de
alguna manera, uno, que no es mal pensado, se pregunta si esto querrá influir en las decisiones que posteriormente tenga que adoptar usted o el organismo que usted preside y el Banco de España.


Hay una cuestión que no interesa mucho, pero a mí me interesa -hay otro diputado con el que lo he hablado ya unas cuantas veces-, y es que los organismos independientes aparecen en unas circunstancias en Estados Unidos en que los monopolios
controlaban todo y para evitar la corrupción y demás cuestiones aparecen las agencias, pero tienen un encaje constitucional. A los organismos independientes lo que se les reprocha desde una parte muy importante de la doctrina es su
constitucionalidad, porque en España yo creo que queda claro que al final ustedes son Administración y, por lo tanto, según el artículo 97, la dirección de la política de administración depende del Gobierno. Eso, ¿cómo encaja? ¿Cómo encaja lo que
dice claramente el artículo? De ahí, que se dude de la constitucionalidad o el encaje legal que ustedes tienen con la dirección del Gobierno. No es cuestión menor cómo encaja todo esto con la petición de responsabilidades políticas a ustedes,
porque qué duda cabe que esa independencia preocupa, pero preocupa porque al fin y al cabo todo el mundo piensa que ustedes son independientes de quienes les nombran: del Gobierno, de los mercados, de los distintos poderes del Estado, y además
acumulan una gran cantidad de poder, que yo creo que quizá es desconocida, por ejemplo, la imposición de sanciones, paralización de patrimonios, aprobación de operaciones o denegación de las mismas. En definitiva, son decisiones muy importantes y
de gran trascendencia económica.


Es verdad que la petición de responsabilidad política por sus decisiones no es posible y esto es lo que hace que al final se cuestione muchas veces cómo encaja todo esto en el mundo en el que vivimos porque sus decisiones además afectan a
derechos fundamentales. Insisto, no es fácil la respuesta. Hay otros países como Portugal, que creo recordar que lo reguló en 1997, y Grecia, en 2001, en definitiva, son organismos de nuevo cuño, aunque parezca que llevan toda la vida y, por
tanto, me gustaría que hiciera alguna reflexión sobre esta cuestión.


El señor PRESIDENTE: Tiene que ir concluyendo, señor Suarez. Ha concluido su tiempo.


El señor SUAREZ LAMATA: Permítame tres preguntas solo, por favor. El famoso informe de Oliver y Weimar, bueno, al final, usted se ha referido a los nombramientos y puedo compartirlo. En cuanto al control del Tribunal de Cuentas, yo solo
conozco un informe y, la verdad, somero. Al Museo del Prado se le ha fiscalizado seis veces en seis años con recursos mucho menores que los suyos y ustedes solamente una vez. Una cuestión más. Usted hacía referencia al asesoramiento técnico pero,
claro, para requerir un asesoramiento técnico el Gobierno tiene que quererlo y hoy nos acabamos de enterar que el famoso dictamen del Consejo de Estado sobre el decreto de fondos europeos ha desaparecido. Fíjese, su ofrecimiento es loable, pero con
la voluntad que tiene este Gobierno de que le asesore técnicamente alguien me da la sensación de que va a caer en saco roto.


Muchas gracias, señor presidente, por su benevolencia.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Suarez.


Tiene la palabra a continuación, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, la señora González Pérez.


La señora GONZÁLEZ PÉREZ: Gracias, presidente.


Buenas tardes, señor Buenaventura. En primer lugar, quiero agradecerle su presencia en esta Comisión y las explicaciones que nos ha dado. El interés que mueve al Grupo Parlamentario Socialista en esta subcomisión es la mejora del
funcionamiento de las autoridades administrativas independientes para que sean más solventes, profesionales y eficaces de lo que son en la actualidad. Por tanto, intentaré aprovechar mi tiempo de intervención e ir directamente a las preguntas.


En este caso concreto, el debate versa sobre la idoneidad del modelo de autoridad independiente como supervisora del sistema financiero y sus posibles mejoras. Teniendo en cuenta que esta función descansa en tres instituciones, dos de ellas
autoridades administrativas independientes -el Banco de España y la CNMV- y la tercera, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, integrada en la estructura del Ministerio de Asuntos Económicos, desde su experiencia, ¿cree que funciona
mejor la

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supervisión del sistema financiero por autoridades independientes o no aprecia usted grandes diferencias? ¿Preferiría que la supervisión de las compañías de seguros y de los sectores de planes de pensiones recayera también en una autoridad
independiente? ¿Aprecia algún inconveniente en que existan tres supervisores con tan distinta naturaleza jurídica?


Centrándonos ahora en las diferencias respecto de la autonomía existente entre el Banco de España y la CNMV, me gustaría conocer su opinión sobre el siguiente asunto. En materia de contratación de personal, además del aspecto que ya nos ha
comentado, la CNMV está sometida a la Lofage mientras que el Banco de España goza de mucha más flexibilidad. Este hecho inquieta a algunos grupos parlamentarios, pero lo que realmente le preocupa al Grupo Parlamentario Socialista es que se
garantice la independencia de la CNMV, pues es esa independencia lo único que justifica la disminución de la rendición de cuentas ante el poder político democráticamente elegido que supone la estructura de administración independiente. Por tanto,
¿afecta su estructura de personal a la independencia? ¿La estructura salarial a la que se ve sometida la CNMV es un límite para contar con los más competentes? ¿Supone esto un problema desde el punto de vista de la necesaria independencia de la
institución respecto a las empresas que supervisa?


En una subcomisión de este tipo es obligado preguntarle por lo que muchos consideran la parte más problemática de este sistema, que es la rendición de cuentas. Usted ya nos ha contestado a esto y nos ha dado su opinión sobre cómo reforzar
esta rendición de cuentas, pero es que el propio sistema descarta que usted responda al poder democrático porque, como han comentado algunos de los diputados en esta Comisión, en caso de desacuerdo con sus acciones no se le puede exigir
responsabilidad política, ni su cese ni su dimisión. Por eso me alegra constatar que usted es consciente de este punto débil del funcionamiento de las autoridades administrativas independientes y le agradezco las propuestas de mejoras para reforzar
la rendición de cuentas que nos ha dado.


Por último, en relación con el método de selección de los directivos de la institución, la designación del presidente y del vicepresidente de la CNMV recae en el Gobierno, con el preceptivo informe de idoneidad del Congreso, algo que usted
obtuvo por unanimidad convirtiéndose en el primer presidente de la CNMV que procede de la propia estructura interna de la institución. Esto contrasta con nombramientos del pasado, como el de la entonces diputada del Grupo Popular y exministra
Elvira Rodríguez durante el mandato de Mariano Rajoy. Son dos formas de aproximarse a la CNMV, la del Partido Popular, que designa a una persona de marcada trayectoria política -si bien, el quid de la cuestión aquí es que no tiene experiencia en la
supervisión del Mercado de Valores- y la del actual Gobierno, nombrando a una persona de prestigio y de perfil técnico que conoce la materia porque lleva años trabajando en la institución y en otras de similar naturaleza. Espero que no considere el
Grupo Popular esta reflexión como una crítica, porque no lo es, fue su opción y la respetamos; crítica mucho más dura podría hacerse de la designación de Pilar Valiente por el Gobierno de Aznar, quien tuvo que acabar dimitiendo por su implicación
en el escándalo Gescartera. Por tanto, sin entrar en valoraciones personales y reconociendo que ambas opciones se ajustan a la legalidad, usted, que está en esa posición y conoce lo que se necesita para ejercerla, ¿qué perfil de dirigente de la
CNMV considera más adecuado para cumplir con la función que se espera de esta institución?


En conclusión, lo que persiguen los socialistas en esta subcomisión es mejorar la estructura institucional y acumular testimonios que conduzcan a la redacción de unas conclusiones acertadas. La CNMV es una institución con una larga
trayectoria en nuestro sistema institucional que ha demostrado solvencia y profesionalidad y servir para el cometido para el que se creó. Simplemente, nos gustaría conocer su opinión sobre las posibles medidas que pueden conducir a mejorar su
funcionamiento como autoridad administrativa independiente.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora González.


Para concluir y responder a las preguntas o comentarios que se le han formulado, tiene la palabra el señor presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.


El señor PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES (Buenaventura Canino): Muchas gracias a todas sus señorías por las intervenciones en general y por las consideraciones.


Paso a responder a las preguntas ya más concretas en orden. La señora Vehí Cantenys me preguntaba sobre todo por el mercado eléctrico y de energía. Yo no soy un experto en el mercado de energía, lo conozco a través de la parte de
sociedades cotizadas, pero no me veo capaz de contestar a

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las cuestiones sobre opacidad, sobre las sanciones a Endesa o pobreza energética porque no es mi especialidad ni, obviamente, la de la institución que presido, pero estoy seguro de que en el ámbito, por ejemplo, de la CNMC existe ese
conocimiento a fondo sobre estas cuestiones.


En respuesta a la señora Márquez, y también sobre el tema de los nombramientos que ha planteado del señor Suarez Lamata, voy a abordar ambas preguntas conjuntamente, si les parece. En cuanto a si es preferible que sea el Parlamento, o si es
habitual; bueno, lo habitual es que sea el Gobierno en los países, digamos, de nuestro entorno el que proponga y acabe nombrando. En casi todos existe un trámite parlamentario, la diferencia es si ese trámite parlamentario es vinculante o no lo
es, pero el esquema general de propuesta y nombramiento por parte del Gobierno y hearing o comparecencia parlamentaria vinculante o no vinculante, es la norma. Yo siempre he pensado que no es un esquema que impida la independencia real una vez que
se inicia el mandato y me parece razonable dentro de lo que es el reparto de funciones en una sociedad democrática. En el caso de la Unión Europea, también existe un procedimiento muy similar. Es la Comisión quien tiene la iniciativa y el
Parlamento quien emite una opinión y, por tanto, creo que en ese sentido estamos más o menos alineados con los países de nuestro entorno y los más avanzados, que deberían ser la referencia.


En cuanto a las preferentes, ha preguntado sobre la actuación de la CNMV y ha señalado una cuestión en la que coincido plenamente con usted y es que los expedientes sancionadores no reparan el daño. En absoluto. El daño a las familias o
las personas que pierden sus ahorros no queda reparado, más que parcialmente y en ese caso indirectamente por los expedientes sancionadores. Se incoan a partir de 2011, porque los expedientes sancionadores llevan un procedimiento muy garantista en
nuestro derecho que hace que sea difícil poder incoar un expediente sancionador en unos pocos meses, normalmente tardan más que eso, porque el procedimiento, insisto, es muy detallado y muy garantista con los derechos de defensa de la persona sobre
la cual recae ese expediente. Pero es cierto que no repara el daño.


Me preguntaba más directamente si la CNMV hacía advertencias sobre los folletos, los riesgos, los precios... Efectivamente, en aquella época, en esos años, las competencias se limitaban a transparencia, advertencias y tipos de interés. No
es hasta 2014, con la aprobación de la directiva MiFID II, cuando se incorpora una facultad que debería haber estado presente en su día pero no estaba en Europa, no solo en España, que es la facultad del supervisor del mercado de valores de prohibir
un producto. Eso antes de 2014 no existía sencillamente, a partir de 2014 existe y de hecho ya se ha prohibido la comercialización de varios productos desde 2016 que entra en vigor, concretamente desde 2018 con los estándares técnicos, hasta ahora.
Por ejemplo, hemos prohibido la comercialización de CFD, de contratos por diferencias y de opciones binarias, entre inversores no cualificados, porque se entiende que no son productos convenientes para ese inversor porque son demasiado arriesgados y
difícil de entender su funcionamiento. Pero ese marco de prohibición o de intervención de productos, lo que se llama en la terminología infield product governance, no existía antes de MiFID II. Ahora tenemos esa herramienta a nuestra disposición.
Obviamente sería bastante más difícil que se dieran situaciones de productos complejos distribuidos masivamente a minoristas con este tipo de instrumentos, porque ahora sí tenemos las herramientas para poder atajarlo.


En el caso de reclamaciones, ¿cómo hacemos que sea de forma independiente? Como el resto de funciones de la CNMV, es decir, se hace por personal íntegramente interno, empleados de la CNMV que llevan el departamento de reclamaciones, y
entendemos que con los procedimientos de trabajo que exige el tratamiento de reclamaciones, de forma que se vean de forma imparcial con todos los mecanismos a los que antes me refería, porque la imparcialidad es necesaria en un organismo como el
nuestro.


Me preguntaba también por el plazo. Creo que el plazo medio de resolución de las reclamaciones está en torno a ochenta días. También me preguntaba por la eficacia. Es una pregunta interesante. De las 1 000 o 1 080 reclamaciones que
recibimos todos los años, más o menos en la mitad se le da la razón al inversor, aproximadamente. Estamos hablando de reclamaciones que antes han pasado por el servicio de atención al cliente de las entidades, es decir, el inversor reclama al banco
o a la AESI, no le dan la razón, viene a la CNMV y reclama. De ese porcentaje en el que se le da la razón al inversor, en el 80 % de los casos -creo que es el 82 % en el último año- la entidad cambia su criterio y se adhiere al criterio de la CNMV.
Es decir, en más del 80 % de los casos se le resuelve en la práctica el problema, pero no porque sea vinculante, que no lo son nuestras decisiones, sino porque la entidad, una vez conocido el pronunciamiento de la CNMV, se adhiere a él y le da la
razón al cliente. Es un buen indicador, creo yo, de la efectividad de ese servicio de reclamaciones.

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El señor Zambrano hacía un comentario sobre la influencia de los partidos políticos. La verdad es que muy difícil para mí entrar en el esquema que se planteaba como una cuestión más genérica, pero hacía una pregunta en concreto sobras las
puertas giratorias y cómo veía yo el tema de las puertas giratorias post cese, le he querido entender. Su señoría hacía mención a la Ley de altos cargos, pero es que en el caso de la CNMV tenemos un doble estándar, tenemos la Ley de
Incompatibilidades de Altos Cargos más la Ley del Mercado de Valores. La Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos establece la incompatibilidad respecto a entidades que hayan sido supervisadas o sobre las cuales se haya tomado decisión por el
exdirectivo que cesa, pero la Ley del Mercado de Valores prohíbe a los consejeros, pero también a los directivos de la CNMV, realizar cualquier actividad relacionada con el mercado de valores -fíjese lo amplio que es eso, no habla de actividades
privadas en empresas o en bancos, ni siquiera en cotizadas, sino actividades relacionadas con el mercado de valores- durante dos años. Me preguntaba si era suficiente. Yo no conozco un régimen más estricto que el español, y conozco algunos. No
conozco ningún régimen más duro en las incompatibilidades post cese, a mi juicio exageradamente duro -porque habla de cualquier actividad relacionada- que el español. No sugeriría yo endurecerlo más, porque creo que ya es bastante exigente, como
por otra parte entiendo que es lícito considerar que deba ser.


Mencionaba los recursos de alzada. Me he referido a eso en la intervención con detalle. Preguntaba sobre el efecto Reddit. Si me permiten cuatro minutos, lo abordo, porque es un tema de actualidad. Se refería usted al caso americano en
el cual ha habido una volatilidad muy importante en algunas acciones por inversores minoristas que aparentemente han actuado de forma simultánea. En primer lugar, es complicado trasladar casos del mercado americano al español, porque la normativa
es distinta, pero también la estructura del mercado es distinta y la microestructura es muy diferente en términos de TIC, en términos de subastas de volatilidad, de cómo se forman los precios o de la oferta de brokers gratuitos, mucho más presente
allí que aquí, con lo cual hay que andarse con ojo a la hora de trasladar directamente la experiencia o de situarse en el caso del mercado español o el mercado europeo.


Dos consideraciones sobre eso. Uno, compartir información en foros no es en absoluto problemático. Compartir información sobre inversiones e incluso animar a amigos u otras personas a realizar inversiones o compartir análisis se ha hecho
mucho antes de que Internet existiera y los foros no son el problema. Los foros son un mecanismo para compartir esa información, no muy distinto de otros más tradicionales. Siempre que nadie difunda información falsa a propósito con el objetivo de
crear un perjuicio o un beneficio a alguien, eso son actividades perfectamente lícitas, sanas y contribuyen a que se mejore el análisis. El punto clave consiste cuando un inversor o una pluralidad de inversores introducen órdenes y ejecuciones en
el mercado y esas órdenes y ejecuciones van encaminadas a posicionarse en un valor con la esperanza de que se revalorice o con el convencimiento de que se va a revalorizar. A eso lo llamamos inversión. Y cuando esas órdenes o esas ejecuciones van
destinadas a alterar el precio de aquello que se compra o se vende para situarlo en un nivel artificial, eso se denomina manipulación.


La frontera entre ambas es relativamente fina, pero no es invisible, y tenemos, créanme, los medios para detectar ese tipo de conductas.


Nuestro mandato es detectar y sancionar ese tipo de manipulaciones si ocurren. Insisto, no estoy afirmando que lo que ocurrió en Estados Unidos hubiera sido una manipulación en el caso europeo, porque solo conocemos los detalles por la
prensa y de forma parcial, pero si se produjeran operaciones con el objetivo de alterar el precio de aquello que se invierte o se vende y esa es la función principal de esas operaciones, su objetivo principal, eso podría ser potencialmente una
manipulación. Yo creo que lo importante ahí es recalcar que la actividad del supervisor, la CNMV en este caso, debe ser de una exquisita imparcialidad. Es decir, a nosotros nos da igual si el potencial manipulador -estoy hablando en términos
hipotéticos- es uno o son miles, si son minoristas o institucionales, extranjeros o españoles, alcistas o bajistas, lo importante es que los participantes en el mercado se sometan y cumplan las normas para todos, y nuestra función supervisora
obviamente tiene que ser muy imparcial y muy objetiva en ese sentido.


Por último, creo que es oportuno lanzar un consejo a los inversores minoristas y es que extremen la precaución con propuestas de inversión basadas exclusivamente en lo que otros dicen que harán, porque a la larga suelen volverse en contra de
uno. Hagan su análisis, observen la información pública, que la CNMV se ocupa de que esté en el mercado, tomen sus decisiones, pero no basados en lo que otros dicen que van a hacer al día siguiente o dentro de dos días, sino basados en su propio
análisis. Obviamente eso será, en términos de riesgo, mucho mejor para todos.

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Me preguntaba el señor Suárez Lamata sobre la cuestión de la constitucionalidad. Yo soy economista y le reconozco que el debate me parece más para abogados constitucionalistas y además de pedigree, porque es un debate relevante sobre el
enganche constitucional, pero lo cierto es que estamos donde estamos con una legislación que apunta a ello, tanto a nivel europeo como español. No todos los supervisores europeos independientes tienen enganche en el tratado, algunos sí y otros no,
pero se han ido desarrollando al hilo de las crisis financieras terribles que hemos tenido en este principio de siglo y ha habido que adoptar ciertos posicionamientos, y creo que es un debate relevante, pero al que yo creo que puedo contribuir poco.


En cuanto a la Amcesfi, su señoría se preguntaba si podía hacer un intento de influir en la CNMV o en otros supervisores. Sobre intenciones no puedo juzgar, pero la realidad es que la Amcesfi trata aspectos macroprudenciales, es decir,
aspectos no sobre una entidad en concreto -una cotizada, un banco o una compañía de seguros-, sino sobre las tendencias de los flujos financieros en la economía y sobre los riesgos que aparecen, de forma que los distintos supervisores y el regulador
podamos detectarlas a tiempo y tomar medidas genéricas, no individuales de supervisión. Y, desde luego, no se tratan temas de supervisión individual en las reuniones de la Amcesfi, con lo cual espero que pueda tranquilizarle mi respuesta.


Por último, la señora González Pérez he creído entender que preguntaba sobre la comparación entre la efectividad de un supervisor independiente respecto a uno no independiente, mencionaba la Dirección General de Seguros y la CNMV. Primero,
aquí hay un tema de métrica. Es mucho más fácil analizar la efectividad de la política monetaria mirando un indicador, que es el nivel de inflación, que la efectividad de la supervisión del mercado de valores, porque no existen tantos indicadores
de transparencia o integridad que en número sinteticen el éxito o el fracaso de una institución. Dicho eso, yo soy partidario de comparar la efectividad entre instituciones similares con mercados similares. El mercado de seguros y el mercado de
valores tienen algunos puntos en común, pero han atravesado por épocas completamente distintas, por lo que sería muy difícil emitir un juicio sobre si un supervisor ha tenido más efectividad que otro y si eso se debe a la cuestión de la
independencia o no. Con lo cual es una pregunta sobre la que no tengo los métodos o los datos para responder aquí. Sobre si afecta la estructura del personal a la independencia y si es un límite para contar con los más competentes -creo que son
las preguntas que ha hecho-, mi respuesta es sí a ambas, como he dicho al principio de la intervención. Por último, me preguntaba sobre qué perfil sería el más adecuado, porque ha mencionado varios casos de presidentes o expresidentes. El más
adecuado es el que la ley establece: personas de reconocido prestigio en el ámbito del mercado de valores. Con esa definición es más que suficiente. Si provienen de la institución, de fuera de la institución, del mundo político, del mundo
empresarial o del mundo académico, creo que todos los perfiles son válidos siempre que se cumpla la premisa inicial -el reconocido prestigio en el ámbito del mercado de valores- y que se produzca el nombramiento y el ejercicio del cargo conforme a
lo que la ley exige. En ese sentido, no creo que haya un perfil preferible a otro, en línea con lo que me preguntaba su señoría.


Creo que he contestado todas las preguntas, pero si queda alguna, estoy encantado de responderla.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Buenaventura, por su exposición y también por someterse después a las consideraciones y a las preguntas de los diputados de todos los grupos que han podido participar. Le agradecemos mucho que nos
haya honrado hoy con su presencia en la Comisión.


Señorías, quiero recordarles que tendremos la siguiente sesión de esta Comisión el miércoles -cito de memoria- 17, es decir, exactamente en dos miércoles, a las tres y media o fin de Pleno, previsiblemente en esta misma sala. Empezamos ya
con las comparecencias solicitadas a petición de los diferentes grupos parlamentarios.


Se levanta la sesión.


Eran las siete y quince minutos de la tarde.