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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 265, de 19/01/2021
cve: DSCD-14-CO-265
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2021 XIV LEGISLATURA Núm. 265
COMISIÓN DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSEBA ANDONI AGIRRETXEA URRESTI
Sesión núm. 9 (extraordinaria)
celebrada el martes,
19 de enero de 2021
ORDEN DEL DÍA:
Comparecencias en relación con el proyecto de ley por la que se modifica la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria. (Número de expediente 121/000036). Por acuerdo de la Comisión de
Agricultura, Pesca y Alimentación ... (Página2)
- Del señor secretario general del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (Miranda Sotillos). (Número de expediente 212/001038) ... (Página2)
- Del señor presidente de Mercasa (Sempere Vera). (Número de expediente 212/001039) ... (Página13)
- De la señora directora de la Agencia de Información y Control Alimentarios, AICA (Hernández Maroñas). (Número de expediente 212/001040) ... (Página21)
- Del señor presidente de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores, ASAJA (Barato Triguero). (Número de expediente 219/000353) ... (Página31)
- Del señor secretario general de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, COAG (Blanco Suaña). (Número de expediente 219/000354) ... (Página41)
- De la señora vicesecretaria general de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, UPA (Cortiñas González). (Número de expediente 219/000355) ... (Página53)
- Del señor coordinador estatal de la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos (De las Heras Cabañas). (Número de expediente 219/000356) ... (Página73)
- Del señor secretario de la Unió de Llauradors i Ramaders (Mesado Martí). (Número de expediente 219/000357) ... (Página75)
- De la señora presidenta de la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias, ASAGA (Delgado Díaz). (Número de expediente 219/000358) ... (Página85)
Se abre la sesión a las nueve de la mañana.
CELEBRACIÓN DE LAS SIGUIENTES COMPARECENCIAS EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 12/2013, DE 2 DE AGOSTO, DE MEDIDAS PARA MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA CADENA ALIMENTARIA. (Número de expediente 121/000036.)
POR ACUERDO DE LA COMISIÓN DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN:
- DEL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (MIRANDA SOTILLOS). (Número de expediente 212/001038).
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.
Buenos días a todas y a todos. Feliz año a todas las personas con las que no hemos podido tener contacto, aunque algunos al menos nos vimos telemáticamente.
Iniciamos hoy las tres sesiones que vamos a dedicar en esta Comisión a las comparecencias para analizar la Ley de mejora del funcionamiento de la cadena alimentaria solicitadas por los grupos parlamentarios de diferente orden, rango y
procedencia. Sabéis que soy bastante exigente con la disciplina parlamentaria, por decirlo de alguna manera, pero es que creo que tantas comparecencias en unas sesiones tan maratonianas exigen disciplina y método para sustanciarlas, porque si no
será imposible. Por tanto, pediré a todos que nos ciñamos a los tiempos establecidos, que seamos concisos, concretos y que nos centremos, sobre todo, en que las intervenciones importantes son las de los que suben a esta Mesa y que nuestras
apreciaciones, nuestras intervenciones debemos dejarlas un poco en segundo plano, aunque evidentemente siempre están para que sean contestadas y para que todas aquellas dudas que tengan los parlamentarios, obviamente, como es su obligación y su
derecho, puedan transmitirlas.
Sin más dilación, vamos a empezar con la primera de las comparecencias, la de don Fernando Miranda Sotillo, secretario general del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Le voy a dar la palabra por un tiempo de quince, como máximo
diecisiete o dieciocho minutos. Después, intervendrán los grupos parlamentarios, de menor a mayor, por un tiempo máximo de tres minutos. Posteriormente, él tendrá tiempo para contestar. Esperemos que siguiendo esta rutina podamos consumir una
hora por cada interviniente.
Señor Miranda, tiene la palabra. Por respeto, vamos a permitir que los oradores se puedan quitar la mascarilla cuando intervengan.
El señor SECRETARIO GENERAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Miranda Sotillos): Muchas gracias, señor presidente.
Buenos días, señorías. Voy a iniciar la comparecencia. Como saben ustedes, la Ley 12/2013, de medidas para la mejora del funcionamiento de la cadena alimentaria, es una pieza clave para conseguir reequilibrar las relaciones entre los
agentes de la cadena de valor de los productos agroalimentarios, siendo el contrato alimentario y su contenido el principal instrumento para lograr su objetivo, junto con las autoridades de ejecución encargadas de garantizar su cumplimiento. Una
cadena de valor equilibrada es aquella en la que todos sus agentes obtienen un valor remunerador por sus productos, particularmente los productores primarios, a los que la ley reconoce como la parte más débil y cuyo papel en la negociación
contractual de los precios de los productos se persigue fortalecer.
La entrada en vigor de la Ley 12/2013 supuso en su momento un punto de inflexión en las relaciones comerciales entre los agentes de la cadena, sobre todo para los productores primarios, al extenderse la obligatoriedad de los contratos
agroalimentarios que hasta entonces solo era aplicable al sector lácteo. Durante los más de siete años transcurridos desde su entrada en vigor, la ley ha sido uno de los referentes
que se ha tomado, por ejemplo, para el desarrollo de la Directiva 633/2019, cuyo proyecto de ley es objeto de esta comparecencia, porque de lo que se trata es de la trasposición de la misma al derecho nacional.
Durante estos siete años, si bien se han producido avances en el reequilibrio de las relaciones comerciales entre los agentes de la cadena, estos avances se han mostrado insuficientes, sobre todo desde el punto de vista del productor
primario. Así lo pudimos constar con motivo de las movilizaciones del sector agrario en España que venían a poner de manifiesto cómo algunas cadenas de valor está desequilibradas en detrimento de los productores, que en algunos sectores -algunos de
ellos con una gran importancia social- obtienen precios que apenas les dejan márgenes para continuar con su actividad de manera rentable. Es por ello que desde el Gobierno se decidió abordar la trasposición obligada de la Directiva 633/2019
modificando la Ley de la cadena en dos fases. En una primera fase, el Gobierno modificó los aspectos más urgentes y considerados inaplazables relacionados con el equilibrio de las relaciones comerciales a través del Real Decreto-ley 5/2020,
ratificado por esta Cámara mediante la Ley 8/2020, de 16 de diciembre, por la que se adoptan medidas urgentes en materia de agricultura y alimentación. Las modificaciones más importantes han sido que cada operador de la cadena alimentaria deberá
pagar al operador inmediatamente anterior un precio igual o superior al coste efectivo de producción. Estos costes de producción tienen que ser la base de la negociación de los contratos escritos y, consecuentemente, se obliga a incluir en los
contratos alimentarios la indicación de que el precio pactado cubre el coste efectivo de producción. En este mismo sentido, cuando el precio se determina por cuantía variable, uno de los factores a utilizar de manera obligatoria será siempre el
coste efectivo de producción. Además, las actividades promocionales no pueden inducir a error sobre el precio o imagen de los productos. Igualmente se incorporan modificaciones en la tipificación de las infracciones en materia de contratación
alimentaria, recalificando la gravedad de ciertas conductas, como la no suscripción de un contrato por escrito al que está obligado. Se prevé, además, la publicidad de determinadas sanciones con motivo de estas infracciones.
¿Qué es lo que se pretende con estas modificaciones introducidas por el Real Decreto-ley 5/2020? En primer lugar, un cambio en la cultura de las relaciones comerciales. No se pretende adaptar la legislación a los usos, sino que estos
cambien para que las cadenas de valor sean verdaderas cadenas de creación de valor y no de destrucción del valor de los productos, de manera que todos los agentes obtengan una remuneración justa por su actividad. Se pretende, igualmente -y esto es
muy importante-, que los productos primarios entren en la cadena de valor con precio cierto y no a resultas del precio que obtenga el siguiente escalón. Esta es una de las prácticas comerciales más perjudiciales para el sector primario, en la que
un agente coloca en el mercado un producto que se le ha cedido sin precio, de manera que lo que importa ya no es tanto el valor del producto, sino la transacción. Esta práctica conlleva en muchas ocasiones el hundimiento de los precios en origen y
dificulta la ordenación de la oferta para adaptarla a la demanda. Se pretende, además, que el coste de producción sea un elemento central en el establecimiento del precio en la negociación contractual para que el comprador, por un lado, sea
consciente de lo que cuesta producir el producto que adquiere, y para que el vendedor también sea consciente de lo que es capaz de pagar el mercado por ese producto. El precio así establecido libremente por las partes no solo aspira a cubrir los
costes de producción, sino a ofrecer un beneficio a las partes, pues esa es la finalidad de la transacción o de la relación comercial.
Desde la publicación del Real Decreto-ley 5/2020, el establecimiento del coste efectivo de producción ha sido uno de los elementos que más debate ha suscitado. A este respecto, es importante tener en cuenta que la redacción de la ley es lo
suficientemente flexible como para que las partes puedan acordar el coste de producción empleado para establecer el precio del contrato, teniendo en cuenta la posibilidad de que esos costes de producción se pueden referir a la transacción, a la
duración del contrato o, por ejemplo, al ámbito temporal de una campaña. La redacción de la ley pretende que el coste de producción sea un elemento central de la contratación, precisamente para lograr que los precios se formen en la cadena de abajo
hacia arriba.
Una vez convalidado el Real Decreto-ley 5/2020, el Gobierno se centró en una segunda etapa de esta reforma elaborando el anteproyecto de ley por el que se modifica la Ley 12/2013 para incorporar al derecho español la Directiva 633/2019, del
Parlamento Europeo y del Consejo. Esta directiva incorpora una serie de medidas comunes a escala europea con la finalidad de reequilibrar la cadena alimentaria, puesto que la Unión Europea no ha sido ajena a esta realidad compartida por el conjunto
de Estados miembros y que también ha dado lugar, lógicamente, a manifestaciones o dificultades en otros Estados miembros. Este enfoque es especialmente positivo para España, pues somos un país netamente
exportador de productos agroalimentarios, siendo la Unión Europea nuestro principal cliente, con lo que nuestras relaciones comerciales con la Unión Europea pasarán a gozar de protección.
El principal objetivo de esta directiva es acabar con las prácticas comerciales desleales en la cadena de suministro agrícola y alimentario, que son fruto de los fuertes desequilibrios que con frecuencia se producen en el seno de la cadena
agroalimentaria. Estos desequilibrios en el poder de negociación en determinadas ocasiones conducen a prácticas comerciales desleales si los socios comerciales de mayor tamaño y poder tratan de imponer determinados procedimientos o disposiciones
contractuales que les benefician en relación con una transacción de venta.
La citada directiva es de armonización de mínimos, de modo que las normas previas de los Estados miembros, como puede ser la Ley 12/2013, se pueden mantener y en el proceso de trasposición se puede ir más allá de su contenido, como
expresamente habilita su artículo 9. Por tanto, en esta segunda fase de la reforma de la Ley 12/2013 se incorporan, manteniendo el espíritu de la ley, medidas más ambiciosas contra la competencia desleal y a favor del reequilibrio en las relaciones
entre empresas de la cadena con el firme objetivo de reforzar y aplicación y garantizar el mejor funcionamiento de la misma, todo ello preservando lo ya aprobado mediante el Real Decreto-ley 5/2020. Con ello, el Gobierno busca un reparto equitativo
del valor añadido a lo largo de la cadena alimentaria, fomentando la transparencia en la formación de precios y protegiendo al eslabón más débil, que son los productores primarios, agricultores, ganaderos, pescadores o productores forestales.
La tramitación del proyecto de ley se inició el 1 de abril mediante consulta pública previa y tras su paso en primera lectura por el Consejo de Ministros se ha procedido a la realización del trámite preceptivo de información pública con los
informes, entre los que cabe destacar el del Consejo Económico y Social, el de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y el dictamen del Consejo de Estado. Basándose en ellos se ha elaborado el texto que ha sido aprobado por el
Consejo de Ministros y que se ha remitido a esta Cámara en aras de cumplir con el plazo de incorporación al derecho interno de la directiva, que debe ser realizado antes del 1 de mayo de 2020.
Entre los objetivos generales de la norma están reformar la capacidad negociadora de todos los agentes de la cadena y, fundamentalmente, de los agentes del sector primario, que son los que tienen la posición más débil; conformar la
generación de valor de la cadena agroalimentaria de abajo hacia arriba; ampliar el catálogo de prácticas desleales; ampliar los supuestos en los que es obligatorio consignar por escrito las relaciones contractuales, e incorporar nuevos elementos
al contenido de los contratos para ganar seguridad jurídica e incrementar la transparencia en las transacciones comerciales a los operadores.
Paso a enumerar los principales cambios introducidos por esta ley. En primer lugar, la ampliación del ámbito de aplicación de esta ley. Esta ampliación del ámbito de aplicación de la ley tiene dos componentes. En primer lugar, una
componente espacial en la que se dispone que si ambos operadores están establecidos en España se aplicará, lógicamente, siempre la presente; si uno de ellos está establecido en España y el otro no, el contrato ha de contener a qué normativa se
acoge. Si uno está situado en España y otro en otro Estado miembro de la Unión Europea, se aplicará la presente ley, siempre y cuando no resulte de aplicación otra normativa europea. Por último, y en todo caso, si uno está en España y otro está en
otro Estado miembro, se aplicarán las prohibiciones y sanciones de la presente ley. Este cambio permitirá una mejor protección de nuestros operadores en un sector marcadamente vinculado al comercio comunitario y, en general, al comercio
internacional. El segundo componente de ampliación del ámbito de aplicación es el material. Se amplía su ámbito de aplicación a todos los productos contemplados en el anexo I del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, así como a cualquier
otro producto destinado, directa o indirectamente, a la alimentación.
Otro componente novedoso de este proyecto de ley es la ampliación de la obligación de la contratación por escrito. El contrato por escrito será obligatorio en las relaciones comerciales que realicen los operadores cuyo precio sea superior
al importe fijado en el artículo 7 de la Ley 7/2012, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude, que
establece ahora mismo el límite en 2500 euros, o cuando el pago no se realice al contado contra la entrega de los productos. Con ello se elimina -que es lo que aparece ahora en la ley está en vigor- la exigencia de una situación de desequilibrio
para pedir los contratos por escrito, de tal manera que se incluyen las relaciones pyme con pyme o gran empresa con gran empresa. Se clarifica, a su vez, la necesidad de que los contratos, lógicamente, estén firmados, introduciéndose la posibilidad
de la firma electrónica. En el caso de las cooperativas y entidades
asociativas, que no están sujetas con carácter general a la norma, y en lo que se refiere a las entregas de sus socios que no se consideran relaciones comerciales, tendrán que presentar un contrato por escrito con arreglo a lo que dice la
ley, salvo que en sus estatutos o acuerdos se prevea el procedimiento de determinación del valor del producto entregado por sus socios y el calendario de liquidación y se asegure que los miembros lo conocen de antemano -este aspecto es muy
importante, porque hasta ahora un gran volumen de la producción española se canaliza a través de cooperativas y estaban excluidas de la aplicación de la ley-. A partir de ahora las cooperativas estarán obligadas a decir cómo se liquida y cuándo;
es decir, los contratos no tendrán que ser necesariamente individualizados por escrito, como si no fueras miembros de una cooperativa, pero la cooperativa sí está obligada a decirle al socio cómo le va a liquidar y con arreglo a qué procedimiento.
Se incorporan, además, nuevos extremos al contenido de los contratos, como las penalizaciones contractuales y las excepciones por causa de fuerza mayor, además de incluir una referencia a la solicitud de la mediación por las partes, de acuerdo con
la normativa vigente.
Dentro de las nuevas prácticas comerciales desleales prohibidas, se establecen dos tipos de prácticas comerciales prohibidas: unas, lo que llamamos las prácticas negras, que están prohibidas en todo caso, como son los aplazamientos de pago
más allá de lo que establece la Ley de morosidad y la Ley de Ordenación del Comercio Minorista, que son treinta o sesenta días, cuando se cancele un pedido sin aviso previo dentro de los treinta días previstos para la entrega; otras, la
modificación unilateral de contratos, los pagos que no están relacionados con la venta de los productos, pagos por el deterioro o pérdida que ocurra en los locales del comprador, sin que sea consecuencia de negligencia del vendedor, que se niegue a
confirmar por escrito las condiciones del contrato exigida por una de las partes, la utilización o divulgación ilícita de secretos empresariales, la adopción de represalias comerciales cuando una de las partes quiere ejercer sus derechos, incluido
el de denuncia, o los gastos derivados de estudiar reclamaciones. Además, también, dentro de lo que se llamaban las prácticas prohibidas, salvo que quedan expresamente incluidas de manera clara en los contratos, se encuentra la devolución de
productos no vendidos al proveedor, pagos como condición por el almacenamiento, exposición o la inclusión en una lista de referencias para poder comercializar los productos, que una de las partes exija descuentos por productos vendidos como parte de
una promoción de la que no ha sido informado, que una de las partes exija pagos por publicidad o que una de las partes exija pagos por la comercialización de los productos o cobre por el personal de acondicionamiento de los productos en los locales
de venta.
De igual forma, también se modifica toda la parte relativa a infracciones y sanciones, que explicará con más detalle la directora de la Agencia de Información y Control Alimentarios, que también comparecerá esta mañana e informará sobre cómo
se han adecuado las sanciones leves, graves y muy graves a las nuevas disposiciones de la norma con objeto de hacerla más efectiva en su aplicación.
Por último, quiero mencionar también lo que son las autoridades nacionales de ejecución. La autoridad nacional de ejecución será la Agencia de Información y Control Agroalimentarios. Esto es muy importante, porque las comunidades autónomas
tienen que designar cuál va a ser la autoridad de ejecución en su territorio, teniendo en cuenta que las comunidades autónomas también son competentes en la aplicación de la Ley de la cadena. Aquí quiero subrayar la importancia que tiene el efecto
multiplicador de la eficacia en la aplicación de la ley que tiene la actuación conjunta de la AICA a nivel nacional con las agencias u organismos encargados de la aplicación de la ley en cada comunidad autónoma, porque al final con ello conseguimos
sumar la actuación que hace la AICA a nivel nacional con la que hacen las comunidades autónomas en su ámbito territorial, repito, para conseguir el efecto multiplicador que nos permite tener una mayor eficacia en la aplicación de la norma. Además,
la AICA será el punto de contacto a nivel de coordinación con las autoridades comunitarias en todo lo relativo a la aplicación de ley.
También se introduce una disposición en materia de confidencialidad para el tratamiento de la información existente en el marco de los procedimientos que se incoen, con la obligación de anunciar al denunciante el resultado de las actuaciones
sancionadoras, que es importante, sobre todo, porque en ocasiones el denunciante no se atreve a hacerlo por el hecho de que pueda ser desvelada su identidad.
Este ha sido el resumen, y espero haberme ceñido al tiempo que me ha asignado el presidente. El objetivo es que la ley entre en vigor el 1 de noviembre de 2021, que es cuando exige la normativa comunitaria que lo haga. Si me permiten unos
comentarios finales, diré que con todo lo que introduce esta ley lo que estamos persiguiendo fundamentalmente es dar más transparencia y seguridad a las relaciones comerciales entre los agentes de la cadena; una cadena alimentaria que lo que tiene
que hacer es añadir valor a los productos que se comercializan a través de ella en un país en el que lo que necesitamos, sobre todo, es hacer que nuestros productos adquieran valor en el momento en el que se comercializan para
que finalmente remuneren a todos los agentes de la cadena, particularmente al sector primario que es donde hemos constatado que en algunas cadenas de producción, en algunas cadenas de valor es donde los márgenes de producción son menores.
Por eso, lo que pretendemos es pasar a una fase de madurez en las relaciones comerciales entre todos los agentes, precisamente para conseguir ese mayor valor de nuestros productos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Miranda. Ha sido usted muy obediente y exacto. No sé si lo tenía usted calculado.
Pasamos ahora al turno de intervención de los grupos parlamentarios, por un tiempo máximo de tres minutos, de menor a mayor.
En primer lugar, por el Grupo Mixto, tiene la palabra la señora Oramas.
La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, señor presidente.
Gracias, señor Miranda. Usted sabe la enorme preocupación que esta ley ha generado en Canarias, donde afecta no solo a miles de familias y trabajadores, sino a la renta de Canarias, al paisaje de Canarias y, sobre todo, a la diversificación
de la economía canaria y al medioambiente.
Como sabe, la producción del plátano de Canarias se enfrenta a las importaciones de bananas de terceros países que, como está ampliamente contrastado, tiene costes de producción muy inferiores a los de Canarias. Además, el precio de venta
de la banana en España es el más barato, con diferencia, de la Unión Europea. Por ejemplo, hoy mismo se pueden comprar camiones de bananas en el superpuerto de Rotterdam por subasta electrónica desde Madrid, bananas casi sin precio procedentes de
países con excedentes, como Ecuador y República Dominicana, pagando solamente los costes del transporte por carretera desde Países Bajos hasta Madrid. Los productores canarios que están sufriendo esta cruda realidad han solicitado exceptuarse
parcialmente de la norma, lo que les ha sido denegado. Ellos estiman que van a perder en torno al 30 % de su producción, es decir, aproximadamente 100 000 toneladas al año.
Le hago cuatro preguntas. ¿Cree de verdad que esta ley va a ayudar a los productores del plátano de canarias a competir con la banana? ¿Cree sinceramente que, tal como está redactado el proyecto de ley, se va a mejorar el funcionamiento de
la cadena alimentaria para el plátano de Canarias? El Estado español no puede imponer su normativa nacional en el resto de la Unión Europea y mucho menos en terceros países. ¿Puede asegurar usted que esta ley no hará que el comercio minorista y la
distribución prefieran productos importados para los que la ley no establece requerimientos adicionales, burocracia añadida ni sanciones en detrimento de los productos nacionales de diversos sectores y subsectores agrícolas y ganaderos? Por último,
la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha advertido que con la reforma operada en el Real Decreto-ley de febrero de 2020 esta ley va en contra de la libertad de empresa, constitucionalmente reconocida, y contra las directivas
comunitarias de prácticas comerciales en el mercado interior. De hecho, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha recomendado literalmente al Gobierno español hacer un replanteamiento de la reforma del real decreto-ley. Explíqueme,
por favor, si el Gobierno va a atender esta recomendación.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Oramas.
En nombre del Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Martínez.
La señora MARTÍNEZ GRANADOS: Gracias, señor presidente.
Simplemente quiero hacerle un par de preguntas que me producen cierta preocupación, pero no solo a mí, sino al sector, sobre el coste efectivo de producción. El propio sector primario, que se supone que es a quien va a proteger esta
modificación de la Ley de 2013, cree que no va a funcionar que se tenga que establecer ese coste efectivo de producción. Tiene dudas, que son las que le quiero hacer llegar. ¿Cómo se calcula? ¿Cómo sabemos que realmente ese es el coste de
producción? ¿Cómo sabemos que al final no se van a ver obligados a reducir ese coste y a poner un coste arbitrario para que se pueda vender su producción? Entiendo que todo lo que está en esos contratos va a estar a expensas de inspecciones de la
AICA. La transparencia vendrá solo si existen inspecciones. ¿Está preparada la AICA para realizar ese volumen de inspecciones con el fin de ver que de verdad está funcionando, que existe realmente un coste efectivo de producción? ¿Cómo piensa
hacerlo? Tendrá que ir a investigar. ¿Las empresas productoras, los ganaderos y agricultores tendrán que tener una contabilidad de costes que especifique cómo han
determinado su coste cuando venga la inspección? ¿Cómo valora ese informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia que dice que no son factibles estas modificaciones que se están planteando por el ministerio? ¿Tiene
evidencias el ministerio de que estableciendo este coste de producción realmente se va a equilibrar toda la cadena y van a tener más margen los productores, que al final es a los que se quiere proteger? Nosotros tenemos muchas dudas a este
respecto, porque cuando haya más demanda no sabemos qué va a pasar si quieren vender por debajo del coste de producción porque no se quieren quedar tirados con esa producción. Hay muchas dudas y pensamos que este elemento que se ha introducido del
coste efectivo de producción es difícil de valorar, de calcular y de inspeccionar. Los que tienen todas estas dudas son precisamente aquellos a los que queremos proteger. Si pudiera resolverlas, se lo agradecería.
Hay otra cuestión. La protección del denunciante. Aunque también entendemos a representantes de la AICA, ¿cómo se va a proteger al denunciante? Si algo hemos aprendido cuando hemos trabajado en otras leyes en las que existen denunciantes,
como la Ley anticorrupción o de otro tipo, ha sido que al denunciante hay que protegerlo desde el principio hasta el final. ¿Cómo lo van a valorar en esta normativa? ¿Tienen pensado especificar un poco más cómo se va a proteger al denunciante?
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Martínez.
En nombre del Grupo Confederal de Unidas Podemos, tiene la palabra la señora Franco.
La señora FRANCO CARMONA: Ante todo, quiero dar las gracias al compareciente por sus explicaciones. También quiero dar las gracias a este ministerio, porque creo que ha sido muy valiente, tanto con el Real Decreto 5/2020, que ya se
convirtió en ley, como con este proyecto de ley de trasposición de la directiva para eliminar ciertos aspectos de competencia desleal que se sufre en el ámbito agroalimentario. Creo que son pasos que solamente un Gobierno valiente puede dar, y este
Gobierno lo está haciendo con la vista puesta en la mejora de las condiciones de nuestros agricultores y agricultoras en un sector que es esencial no solamente para la economía española, de los territorios -en el caso andaluz es muy acuciante-, sino
también para la salud de los ciudadanos y las ciudadanas, que somos los que finalmente nos beneficiamos de esos productos, ya que cuantas mejores condiciones de calidad cumplan en su compraventa más seguros serán para la población.
Respecto al proyecto de ley, queremos destacar algunas cuestiones. Nos parece esencial que se haya prohibido la venta a pérdidas y la venta a resultas, también la obligación de los contratos escritos y de que en ellos se establezca que
realmente el precio que se paga por los productos cubre el coste de producción de los productores. Pero creemos que habría que llegar un poquito más allá. Nosotros y nosotras vemos que la ley quizá esté demasiado centrada en la voluntad de las
partes y en las sanciones, y nos gustaría que además de centrarse en eso fuese un poco más allá. Se trata de complementar el texto que nos parece esencial.
Pensamos que el establecimiento de unos precios medios o de unos costes medios de producción por los observatorios públicos de precios, tanto el estatal como los de las comunidades autónomas, sería fundamental para que los productores y las
productoras se puedan acoger a precios ya estipulados y que no pueda haber abusos, incluso en los contratos por escrito. Nos parece esencial también la definición del abuso de posición dominante, que sabemos que la Ley de la Competencia lo tiene,
pero creemos que hay que afinarlo más en este ámbito. Creemos que también habría que incluir lo que es el dumping comercial de los terceros países para atajarlo y que no haya competencia desleal. Por tanto, en ese sentido, y, en último lugar, les
queríamos preguntar sobre la posibilidad de establecer un registro de contrato digital que les dé seguridad y transparencia a los pequeños agricultores.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Franco.
Ahora, en nombre del Grupo VOX, tiene la palabra el señor Chamorro.
El señor CHAMORRO DELMO: Buenos días.
Buenos días, señor secretario, y muchas gracias por venir. Nuestra posición con respecto a la Ley de la Cadena Alimentaria es clara y ya la hemos dicho en varias ocasiones en el Congreso y lo seguimos diciendo, nos parece muy interesante y
además en estas jornadas vamos a discutir todos los pormenores de la trasposición de la Directiva sobre prácticas comerciales desleales, pero queríamos dejar otra vez
clara cuál es nuestra posición en relación con esta cadena de valor. Para analizar el valor de esta cadena alimentaria y la preocupación por los precios a la baja simplemente debemos de tener en cuenta una premisa de todo mercado -lo
reiteramos-: cuando hay mucha oferta, que excede demasiado a la demanda, los precios van a la baja, y, por tanto, no hay misterio mayor. Es decir, la sobreoferta de productos de países terceros en el espacio económico europeo sin reciprocidad de
control y sin ningún freno comercial es la verdadera razón de la ruina de la baja de los precios y de que no podamos competir ante los costes de producción de esos países terceros de fuera de Europa. El libre mercado es muy exigente, como saben,
porque con la competencia los precios se ajustan precisamente a la baja y lo único variable es el precio de origen, por lo que si nos llega una sobreoferta de productos de muy bajo coste en el único eslabón en el que repercute finalmente es en el
primero, que es el agricultor, que es la posición más baja en esa cadena alimentaria. Por tanto, el problema no está en nuestra competitividad, sino en las condiciones en las que quieren que compitamos. En países extracomunitarios, como saben, los
salarios son diez veces más bajos que aquí en algunas ocasiones. Por tanto, el elemento distorsionador del mercado no es otro y el Gobierno lo sabe además, porque es el propio Ministerio de Comercio, con Datacomex, el que tiene los datos que avalan
esa sobreoferta externa como causa del problema de la pérdida de valor en la cadena alimentaria y de los precios bajos.
Como reflexión general, a usted, como secretario general, al Ministerio de Agricultura y al Gobierno, queremos reiterar y preguntar si van a dar alguna solución desde el Gobierno y el ministerio a este respecto y si se va a reivindicar, de
manera clara y concisa, esa reciprocidad de la que ya se está hablando en determinados foros de la Unión Europea, ese control sanitario en frontera, y esa reivindicación de la preferencia comunitaria, que es un principio fundador, que ya sé que me
dijo el ministro que es un principio que no se valora tanto en relación con la importancia de esos acuerdos de libre comercio, pero consideramos que, primero, ese principio no se ha derogado en la legislación y, por tanto, hay que reivindicarlo
cuando la situación es crítica ante la bajada de precios de nuestros agricultores europeos y hay que darle valor precisamente para tener esas defensas comerciales antes que hacer reformas jurídicas que en un momento dado pueden ser fijación de
precios y cuestiones que pueden tener un conflicto precisamente con la Ley de Competencia. Si podemos hacer jurídicamente defensas comerciales y reivindicar en la Presidencia comunitaria y darle valor a nuestros productos, creo que es muchísimo más
positivo para la defensa de los agricultores, los ganaderos y los pescadores europeos y españoles, por supuesto.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Chamorro.
Ahora, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Marcos.
La señora MARCOS ORTEGA: Muchas gracias.
Buenos días y gracias, señor secretario. Realmente coincido con usted en que la Ley 12/2013 fue una pieza clave para equilibrar la cadena. Usted sabe que fue de las leyes más consensuadas, más dialogadas y fue aprobada en esos términos por
el Ministerio de Agricultura y es un referente para el desarrollo de la directiva. Le quiero preguntar si considera que el Real Decreto-ley 5/2020, que se aprobó, tuvo las mismas características y el mismo consenso, tuvo el mismo diálogo o lo tiene
la presente ley. Es cierto que surgió como consecuencia de las tractoradas. Quiero preguntarle si considera que ha resuelto los problemas por los que los agricultores salieron a la calle en ese momento o si cree que los va a resolver la nueva ley
teniendo en cuenta que todo el sector está planificando ya volver a salir a la calle cuando realmente se lo está impidiendo exclusivamente el COVID.
Es verdad, y yo no dudo de las buenas intenciones de la ley en ningún momento, pero sí de los problemas que está generando, porque nos lo traslada el sector. ¿Usted cree realmente que esta ley genera más equilibrio, resuelve los problemas
de equilibrio en la cadena, que esta ley verdaderamente resuelve los problemas de los productores, que han mejorado las relaciones entre los agentes de la cadena desde que está el nuevo real decreto-ley? Todos los productores están buscando la
forma de zafarse de ella, con lo cual es muy significativo y eso es lo que nos trasladan, porque piensan que les echa del mercado. Tenemos el ejemplo del propio FEGA que, buscando el mejor precio, tuvo que adjudicar la leche y comprar leche en
Portugal. No sé si preguntarle si: le parece bien que las empresas agroalimentarias españolas hagan lo mismo para poder competir en los mercados o si han estudiado la posibilidad de que esto ocurra. Me preocupan mucho los pequeños agricultores.
Hay dos posibilidades: o impedir las importaciones, cosa que no es de recibo, ni siquiera con la trasposición tan generosa que han
hecho ustedes de la directiva y que entendemos que ni siquiera cabe esa interpretación tan generosa y regular, desde la normativa española, lo que ocurre en terceros países ni en otros países de la Unión Europea, porque solo les afecta su
propia normativa y la de la directiva. Le pregunto si, teniendo en cuenta que no es posible impedir competir y que vengan productos de fuera al precio que ellos puedan, mejorar la competitividad de nuestro propio sector con medidas para que tengan
garantías de que pueden soportar los costes energéticos y que pueden soportar los costes laborales y de que todos los costes que tienen en producción no les echen del mercado, mejoras en conectividad, mejoras en digitalización, mejoras en
investigación, todo eso debiera ser la pieza clave para que sean competitivos y no se generen más problemas de los que ya hay, sobre todo para los pequeños. Usted sabe que si cuesta más producir, nadie le va a comprar. Estamos viendo cómo sectores
muy tradicionales e importantes para España, en calidad además, como puede ser el sector del olivar tradicional va a quedar fuera...
El señor PRESIDENTE: Tiene que acabar, señora Marcos.
La señora MARCOS ORTEGA: Termino ya.
... de todo espacio. Coste de producción, ¿quién va a establecer los costes de producción? Si se deja que sea solamente el productor quien elabore el coste de producción, no habrá un sistema homogéneo. ¿Tiene pensado el ministerio
plantear un modelo equilibrado en el que se establezcan los criterios para toda España para calcular esos costes de producción?
Finalmente, ¿considera que la ley reduce la litigiosidad y el papeleo? ¿Le parece razonable que tengan que controlar las relaciones comerciales entre grandes multinacionales o grandes empresas comerciales?
El señor PRESIDENTE: Termine, señora Marcos.
La señora MARCOS ORTEGA: Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Marcos.
Por último, en nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Faneca.
La señora FANECA LÓPEZ: Gracias, presidente.
Bienvenido nuevamente a nuestra Comisión, señor Miranda. En primer lugar, desde el Grupo Parlamentario Socialista, queremos felicitar al ministro Don Luis Planas, a usted y a todo su equipo por el gran trabajo que estáis realizando en la
reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria de 2013, tan necesaria y tan demandada por el sector para corregir los desequilibrios de la cadena de valor y proteger el eslabón más débil de las negociaciones comerciales, que son los agricultores, los
ganaderos y los pescadores. No quiero olvidar la primera fase ya concluida, un paso muy importante que ha dado el ministerio, donde el Gobierno aprobó, el pasado 25 de febrero, a petición de las organizaciones profesionales agrarias, un real
decreto que, por primera vez, introduce los costes de producción en la agricultura y en la ganadería, los cuales deben de ser inferiores al precio de venta de los productos. La segunda fase, en la que también se está trabajando y es muy importante,
consiste en la trasposición de la Directiva comunitaria sobre prácticas comerciales desleales. Un compromiso de nuestro ministro con toda la cadena de alimentación, concretamente con todo el sector agroalimentario, todo en un tiempo récord. Solo
llevamos un año de Gobierno, en medio de una gran crisis sanitaria, que hay que afrontar, y en ello está el Gobierno, pero sin que se haya dejado atrás su agenda política. Un Gobierno con amplitud de miras, es lo que nuestro ministro ha ejercido
durante todo este tiempo abriendo una negociación amplia con todos los eslabones de la cadena alimentaria.
Señorías, hoy iniciamos la tramitación parlamentaria y durante tres días estaremos en nuestra Comisión escuchando a los representantes del sector para que el objetivo no sea otro que tengamos en nuestro país una cadena alimentaria de valor
más justa y equitativa, mediante la protección de los operadores que ocupan una posición más débil y la transparencia en la formación de los precios, el estímulo en las relaciones comerciales, la innovación, la mejora en su operatividad y en las
transacciones, además el proyecto de ley amplía su ámbito de aplicación, generaliza los contratos por escrito, amplía la lista de nuevas prácticas comerciales desleales prohibidas y actualiza las infracciones y sanciones. Gracias, señor Miranda, y
gracias al ministerio, al Gobierno y al ministro, sobre todo, porque es una ley que lo que más demandaba era transparencia y seguridad, que va a ser el objetivo importante en esta reforma de la ley.
Gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Faneca.
Finalizadas las intervenciones de los grupos parlamentarios, antes de dar la palabra al señor Miranda, quiero hacer una sugerencia que evidentemente cada uno la acepta o no. Les pido que utilicen su tiempo para preguntar, porque así el
señor Miranda, en este caso, tendrá más tiempo para contestar. Cuanto más utilicemos ese tiempo para opinar, menos tiempo tendrá el señor Miranda para contestar. Lo mismo ocurrirá en todas las comparecencias siguientes: utilicen el tiempo para
preguntar. Cada uno hará caso o no a mis palabras. Pero ese fue el espíritu cuando se decidió hacer estas comparecencias.
Señor Miranda, tiene usted exactamente quince minutos para contestar. Le pido que sea, no breve, no, sino que se encaje en ese tiempo si es posible.
Muchas gracias.
El señor SECRETARIO GENERAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Miranda Sotillos): Muchas gracias, señor presidente.
Permítame que agradezca primero a todos los intervinientes las preguntas, porque este debate es tremendamente interesante. Creo que merece mucho la pena, la lástima es que no tengamos más tiempo, pero merece mucho la pena que hablemos de lo
que se ha venido aquí hablando. Pensemos que esta ley, igual que otras legislaciones en otros Estados miembros donde elementos como los costes de producción, de los que vamos a hablar mucho, han sido abordados por otras legislaciones y lógicamente
no estamos haciendo otra cosa que intentar solucionar un problema que es el de la disminución de la rentabilidad en la producción primaria, que es un problema que afecta por lo menos al conjunto de la producción comunitaria y con esto se ha querido
abordar. Es verdad que uno de los problemas que ha sido reiterativo en todas las preguntas y que creo que va a protagonizar el debate en esta Comisión sobre este proyecto de ley es precisamente la parte del Real Decreto-ley 5/2020, más que la
propia trasposición, relativa a los costes de producción. Primero, aquí para entender el papel que juegan los costes de producción hay que entender que es necesario imponer un cambio de filosofía. Es decir, tenemos un problema en España, que
también se da en otros Estados miembros, pero en España en particular, entre determinadas producciones, hay muchos productos que entran en la cadena de valor sin ponerles un precio. Es decir, hay alguien que me recoge el producto, sea el agente que
sea, y me acaba liquidando o pagando en función del precio que ha obtenido. Desde luego, ese agente, lógicamente, que está trabajando da mucha importancia a la transacción económica que hace y no tanto al valor del producto que está manejando. Eso
lo que hace es que finalmente, en muchas ocasiones, el valor de la producción, y sobre todo en determinadas cadenas de valor, sea muy bajo. Eso nos hace que en determinadas producciones en España comercialicemos productos a un valor bastante bajo,
con lo cual es difícil considerar que con eso se va a generar precio para el productor. Aquí es cuando queremos introducir el factor del coste de producción en la negociación contractual. ¿Esto qué quiere decir? Lo que estamos es obligando a que
comprador y vendedor se sienten y pongan encima de la mesa un factor que es el coste de producción, que hasta ahora no venían hablando de ello. ¿Esto para qué sirve? Por la parte del comprador sirve para que el comprador sea consciente de lo que
cuesta el producto que quiere adquirir y para que sea consciente del efecto que genera aguas abajo el precio que está fijando para ese producto. Esto es importantísimo, porque así construimos verdaderas cadenas de valor. Es decir, hacemos que el
que compra se responsabilice de crear valor con ese producto. También creamos una nueva dinámica en el que vende. El que vende, en el caso del productor, es consciente o tiene que ser consciente de lo que le cuesta producir. ¡Ojo!, cada uno
sabemos lo que nos cuesta producir. Lógicamente, todas las administraciones podemos ayudar a la hora de crear referencias de costes de producción, pero también las pueden hacer las organizaciones interprofesionales. Las organizaciones
interprofesionales están facultadas para crear índices, de hecho algunas los han creado, para establecer estudios de costes de producción. Por ejemplo, en Francia, se lo han encargado a las organizaciones interprofesionales, pero, en cualquier
caso, yo mismo me puedo estimar mi coste de producción. Lo que tengo que tener claro es cómo me imputo ese coste de producción. Ese coste de producción me lo puedo estar imputando a la transacción individual que esté haciendo o me lo puedo estar
imputando al conjunto de la campaña o, en determinados productos, en los que tenemos un exceso de oferta coyuntural o estacional, yo sé cómo se comporta ese sector y sé que lo que no he ganado este año lo voy a ganar al año que viene. Pero esa es
una facultad mía en la negociación con mi comprador. Lo que quiero es que en esa transacción se sienten los dos y miren cuáles son los costes de producción. ¿Para qué? Para que se establezca el precio, que eso es lo importante. Muchos de los que
se están quejando de que no se aplica la ley o de que esto no es aplicable lo hacen porque en realidad no quieren establecer
el precio. El precio es importantísimo establecerlo en el origen, es decir, en la primera transacción. Lo que no puede ser es tan frecuente, y de hecho está siendo hasta ahora, porque lo estamos viendo y lo veníamos viendo ya con la
aplicación de la Ley 12/2013, es que muchos productores entregan su producto sin que tenga un precio. Me tengo que esperar a que transcurran unos meses para que me liquiden con un precio que a lo mejor no me conviene. En el momento en que salió
ese producto de mi explotación yo no supe a qué precio lo estaba vendiendo. Es importantísimo que cambiemos esta dinámica. Cambiando esta dinámica seremos capaces también de ordenar la oferta. Es decir, aquí vemos todos los años cómo cuando llega
el momento de recoger la fruta, todos nos preguntamos: ¿Oiga, a qué precio se paga este año la fruta? Tenemos que intentar implementar la dinámica de los contratos a largo plazo y de los contratos por anticipado. Es decir, cuando llegue la
vendimia intentar, a ser posible, que la vendimia ya esté contratada antes de que llegue, porque, si no, el día que llegue la vendimia va a ser muy difícil defender el precio de la uva. ¿Por qué? Porque tengo la uva y la tengo que recoger ya, con
lo cual va a ser muy difícil defenderla. Entonces lo que tenemos que empezar es a introducir, dentro de la dinámica de la negociación, el coste de producción, y hay que introducirlo. ¿Por qué? Porque, si no, lo que estamos haciendo es dar la
impresión de que el producto puede entrar en el mercado sin precio. Luego, lógicamente, todos los agentes pueden decir que esto es más fácil o más difícil, pero un buen agricultor y un buen ganadero saben sus costes de producción. En cualquier
caso, a través de sus organizaciones, a través de sus cooperativas o a través de los elementos que quiera puede establecer referencias. De hecho hay muchas referencias ya escritas y a disposición de los sectores. Pero de lo que se trata es de
empezar a introducir la filosofía del coste de producción. Con eso lo que vamos a hacer es corresponsabilizar a la cadena de crear cadenas de valor, de pensar que hay productos que no pueden entrar a la cadena de valor para acabar en la
distribución, en el lineal, a un precio donde a ciencia cierta sabemos que eso no remunera al primer escalón de la cadena. También tenemos que saber que tenemos que poner productos en el mercado que atiendan a la demanda de los consumidores.
Antes hablaba de los pequeños productores. Vamos a ver, desde el ministerio llevamos defendiendo ya que los pequeños productores tienen que adaptarse al mercado que les puede remunerar sus productos. Esto es válido también para el aceite
de oliva. Es decir, yo no puedo competir con un gran productor que tiene unos costes mucho más bajos que los míos, si no me diferencio. Para eso ponemos también herramientas. Ponemos la herramienta de la agricultura ecológica, de la producción
diferenciada, de participar en cooperativas, precisamente para defenderme, cuando soy pequeño, por ejemplo, de aquellos que tienen menos costes de producción. Por tanto, las herramientas las tenemos ahí, pero no pensemos que porque la ley va en
contra de eso, porque precisamente para eso también tenemos otros instrumentos, no podemos ver la ley de manera aislada.
De la misma forma, en relación con los productos que están sometidos a competencia internacional. Este es un problema antes y después de la ley. Es decir, nosotros para competir con determinados productos que vienen de terceros países,
tenemos que competir en calidad, tenemos que competir en diferenciación, tenemos que competir en origen, tenemos que competir en que son productos nuestros, son productos de España y son productos producidos por nuestros agricultores y ganaderos
españoles. Que es lo mismo que hacen en Alemania, en Francia, en Portugal y en Italia, defendiendo sus producciones para distinguirlas de las de fuera y con eso somos capaces de competir y de competir en valor. Porque si lo que estamos es
intentando competir en precio con la carne congelada de pollo de Brasil, no va a funcionar. Tenemos que hacer que el hecho de que estamos más cerca del mercado, más cerca del consumidor, sabemos qué es lo que quieren, sabemos cómo distinguirnos y
sabemos que tenemos además instrumentos legales para diferenciarnos con denominaciones de origen, con indicaciones geográficas protegidas, a través de cooperativas, a través de la agricultura ecológica, es decir, tenemos muchos medios para
distinguirnos y no necesariamente para intentar competir con el precio. Esto es aplicable también al plátano de Canarias, es decir, nosotros en la península hemos aprendido, por lo menos mi generación, a que el plátano de Canarias es el plátano que
vamos buscando y que queremos consumir. De hecho es lo que tenemos que seguir manteniendo mediante la promoción que además el productor de plátano de Canarias lo ha estado haciendo muy bien durante muchos años y por eso somos capaces de ir al
supermercado o a la tienda y pagar por un plátano de Canarias más que por una banana de Costa Rica. Por eso pagamos más, porque sabemos que es un plátano nuestro. Esa es nuestra defensa y esa es la capacidad que tenemos nosotros de defendernos de
la competencia, en este caso, de un tercer país. La ley a este respecto ni añade ni quita nada. Es decir, el problema que tienen esas producciones lo tenían antes y después de la ley, pero la ley lo que le va a permitir es que el
operador, el agente, el productor va a poder manifestar a la cadena: Mire usted, esto es lo que cuesta producirlo y como yo lo quiero vender, para mantener mi coste de producción, para mantener mi beneficio, tengo que optar además por
diferenciarme, por buscar la calidad, por buscar la innovación y por buscar un producto que el consumidor esté dispuesto a pagar, porque lo que tenemos que crear es valor. Eso es lo que estamos persiguiendo con esta ley. Desde luego, todo en la
vida, cuando se empieza, tiene dificultades, esto también es lógico, pero sobre todo se trata de introducir el factor del coste de producción en la negociación contractual para que todos sepamos lo que cuestan las cosas y para que todos sepamos que
lo que queremos construir es una cadena de valor que empiece desde abajo. Esto es fundamental para cambiar la filosofía, porque si lo que pretendemos es seguir haciendo lo mismo, esto no va a funcionar. El productor que escuche: Oiga, mire, es
que esto no cubre mis costes de producción, porque no me lo paga nadie con estos costes de producción. Ese productor tiene que entender que la señal que le están indicando es que tiene que cambiar hacia un tipo de producción que sí que le remunere,
por ejemplo, en el aceite de oliva lo que estamos diciendo es que muchos productores de olivar tradicional que están produciendo un aceite de oliva sin diferenciar o se van a ecológico o se van a denominación de origen o el mercado no se lo va a
pagar. Entonces lo que le estamos diciendo es eso, pero al revés también le estamos diciendo al que compra: Oye, tú lo que no puedes es estar vendiendo un aceite de oliva a un precio en el que no estás remunerando a tu principal proveedor que es
el agricultor y tienes también que añadir valor a lo que comercializas para que al de abajo le llegue. Es decir, si tú estás vendiendo pongamos cualquier producto de una manera convencional y no le llega valor al de abajo es que a lo mejor tienes
que cambiar la manera en la que vendes el producto y conseguir más valor de ese producto. Eso es lo que estamos intentando forzar: crear valor en la cadena, porque, si no, vamos a ir hacia una cadena de destrucción de valor. Desde luego, hay
muchas cosas en cuanto a que esto va a ser más difícil, más papeleo, esto es lo mismo que se decía cuando entró en vigor la Ley 12/2013. Es decir, hay mucha gente que pensemos que cuando estamos hablando con ellos en realidad lo que nos dicen es la
dificultad: No hombre, si yo en realidad lo que quiero es manifestar que lo del contrato me viene mal. Ah, pero usted no se está quejando del coste de producción. No, yo lo que quiero es vender. Claro, ¿pero quién te dice eso? Generalmente, eso
te lo dice un operador que no es un productor primario. Te lo dice un operador que en lo que gana dinero es en la transacción, no en sacarle valor al producto. Tenemos que cambiar la filosofía de eso, porque, si no, volveremos a tener el problema
recurrente, primero, de que no damos valor al producto y, segundo, de que vamos a tener un desorden en la oferta en determinadas cadenas de valor. Se han planteado más preguntas, pero yo creo que esto es lo que va a centrar el debate de la
trasposición de esta directiva, aunque en realidad esto pertenece al Real Decreto-ley 5/2020, pero es verdad que tenemos que empezar a pensar que la manera en la que comercializamos determinados productos agroalimentarios, que son los que nos dan
problemas, que no todas las cadenas de valor nos dan problemas, la tenemos que cambiar. Tenemos que enfrentar a los agentes a la realidad y para enfrentar a los agentes a la realidad tienen que hablar de sus costes de producción y de lo que cuesta
hacer las cosas y de que cuando un producto no es capaz de alcanzar el valor que remunera a las partes es que hay que cambiar la manera de comercializarlo. Es decir, hay productos que están llamando a gritos que les cambien la manera de producir,
es decir, que se vayan a producir en ecológica, que se diferencien o que se agrupen entre ellos para conseguir una mayor eficiencia. Entonces eso lo hace al enfrentarse a la realidad del problema y eso es lo que estamos pretendiendo, se ha
pretendido por parte del Gobierno con el Real Decreto-ley 5/2020 y esto es lo que se pretende con la trasposición de esta directiva. Creo que entre todos, y para eso están los procedimientos legislativos, se puede conseguir una buena legislación
para un propósito en el que yo creo que hay bastante confluencia en cuanto a lo que se pretende conseguir, pero, sobre todo, lo que no podemos es intentar adaptarnos a lo que se hace cuando lo que se hace es precisamente lo que se nos reprocha que
no funciona. Por tanto, creo que debemos ser imaginativos y cambiar la manera de hacer esas relaciones contractuales, hay que dar más protección al que está abajo, porque es el que menos protección tiene, pero también hay que decir a las partes que
cuando el mercado no remunera una cosa hay que cambiar la manera de producirlo y para eso nos tenemos que enfrentar al valor de los productos y para eso tenemos que saber cuánto cuesta producirlo y en el cuánto cuesta producirlo, como decía antes,
ahí puede haber referencias a nivel oficial, pero también las puede haber a través de las organizaciones interprofesionales y, desde luego, también está la libertad de las partes para saber cuáles son sus costes de producción y aplicarlos a la
relación comercial.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Miranda, por su intervención, y gracias a los grupos parlamentarios. En dos minutos empezamos la siguiente intervención. (Pausa).
- DEL SEÑOR PRESIDENTE DE MERCASA (SEMPERE VERA). (Número de expediente 212/001039).
El señor PRESIDENTE: Vamos a iniciar la siguiente comparecencia. Voy a dar la palabra a don José Ramón Sempere Vera, presidente de Mercasa, que dispondrá de un tiempo de quince minutos, como hemos establecido. Posteriormente intervendrán
los grupos parlamentarios. Por tanto, señor Sempere, suya es la palabra.
El señor PRESIDENTE DE MERCASA (Sempere Vera): Señor presidente de la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación del Congreso, señoras y señores diputados de la Comisión, señorías, buenos días.
En primer lugar, quiero agradecer la invitación a participar en los debates de esta Comisión y permitirme poner de manifiesto el relevante servicio público que Mercasa y su red de unidades alimentarias presta a todos los eslabones del
sistema alimentario español.
El señor PRESIDENTE: Perdonen, pero nos comunican desde el servicio médico que el interviniente, por el tipo de sala en la que estamos, tiene que hablar con mascarilla.
El señor PRESIDENTE DE MERCASA (Sempere Vera): Muchas gracias.
Decía que lo primero que quería darles es las gracias por permitirme hablar y poner en valor el relevante servicio público que Mercasa y su red de unidades alimentarias presta a todos los eslabones del sistema alimentario español, desde el
origen hasta el consumo, y que merece la atención de todos y todas ustedes. Por tanto, mi primera consideración, además del agradecimiento, es de orgullo por la posibilidad de explicar en el Congreso qué es Mercasa, qué hacemos y cómo trabajamos
para contribuir a la eficiencia, al equilibrio y al soporte de la distribución de alimentos frescos. Permítanme una breve referencia a nuestra historia porque el presente siempre se entiende mejor conociendo los orígenes. Mercasa es una empresa
propiedad de la Administración General del Estado, cuyos accionistas son la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, SEPI, que cuenta con el 51 % y, de otro lado, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a través del Fondo Español
de Garantía Agraria, el FEGA, que cuenta con el 49 % restante. Mercasa se constituye en el año 1966, por lo tanto, tiene una trayectoria de cincuenta y cinco años de servicio, con un diseño técnico inicial que, en gran medida, fue capaz de imaginar
el futuro. Se trataba en ese momento, en colaboración con los ayuntamientos, de mejorar y hacer más eficaces las viejas infraestructuras de los mercados mayoristas de abastecimiento de frutas, verduras, pescados, mariscos y, en algunos casos, de
los viejos mataderos y los mercados de carne de las ciudades, que se habían quedado obsoletos dentro de los centros urbanos. Un proyecto básico de saneamiento y gestión urbanística que, sin embargo, se convirtió rápidamente en algo mucho más
ambicioso. Además de los modernizados mercados mayoristas centrales, se diseñaron las unidades alimentarias, planificándose con amplias reservas de espacio en los perímetros de las ciudades, en ubicaciones bien comunicadas y con capacidad de
albergar a otro tipo de actividades logísticas y complementarias que entonces empezaban a tomar cuerpo en la realidad socioeconómica de España. Este modelo se desarrolló sobre una base de doble colaboración. En primer lugar, tenemos la
colaboración pública entre la Administración General del Estado, a través de Mercasa, y las administraciones locales, fundamentalmente los ayuntamientos. Así se fueron creando las unidades alimentarias, lo que comúnmente conocemos como mercas, que
son empresas públicas con una responsabilidad compartida en su composición y en su gestión. La red de mercas está formada actualmente por Mercalgeciras, Mercalicante, Mercasturias, Mercabadajoz, Mercabarna, Mercabilbao, Mercacórdoba, Mercagalicia,
Mercagranada, Mercairuña, Mercajerez, Mercalaspalmas, Mercaleón, Mercamadrid, Mercamálaga, Mercamurcia, Mercapalma, Mercasalamanca, Mercasantander, Mercasevilla, Mercatenerife, Mercavalencia, Mercaolid y Mercazaragoza. Me gustaría significar a este
respecto la reciente incorporación de Mercaolid, que se formalizó el 21 de diciembre de 2020 con la entrada de Mercasa en su capital social y en su gestión junto con el Ayuntamiento de Valladolid. Y, en segundo lugar, tenemos la colaboración
público-privada porque el modelo de servicio público de Mercasa y la red de mercas solo es posible por la vinculación con las empresas privadas que operan en nuestra red. Somos, por tanto, veinticuatro mercas, en los que operan más de 3300 empresas
mayoristas de alimentos frescos y complementarios, que canalizan anualmente cerca de nueve millones de toneladas de frutas, verduras, pescados, mariscos, carnes y otros productos.
Se trata tanto de empresas productoras de alimentos, incluidos agricultores y agricultoras, como de empresas mayoristas que, de forma directa, venden sus productos desde nuestras instalaciones, especialmente a las miles de pequeñas empresas
usuarias de todos los tipos que se abastecen a diario para sustentar la enorme capilaridad de la distribución minorista de productos frescos en España hasta llegar a toda la población.
La esencia original de nuestro modelo Mercasa- mercas recorre sus cinco largas décadas de servicio a la sociedad española con unas bases sólidas, que han demostrado igualmente una gran capacidad de adaptación y de respuesta al dinamismo del
entorno en el que trabajamos, adaptando sus estructuras y sus servicios en proceso de modernización permanente. Estamos hablando de instalaciones de frío, servicios logísticos, gestión sostenible, aportación de valor a las empresas, reducción del
desperdicio alimentario, responsabilidad social corporativa y formación, y un largo etcétera que nos permite en cada momento estar a la altura de lo que se espera de nuestra organización. En base a este modelo cumplimos con nuestra misión que, tal
y como recoge literalmente nuestro plan estratégico en vigor, se concreta en vertebrar una red de empresas públicas y de infraestructuras comerciales y logísticas para aportar valor a clientes, a la sociedad y a los accionistas, fomentando con ello
la eficiencia y la sostenibilidad de la cadena alimentaria. Todo ello con la visión de liderar la aportación de valor a la cadena, potenciando la red de mercas con excelencia en la gestión, facilitando la competitividad, la alimentación saludable,
la transparencia y la responsabilidad social. Creo que compartirán conmigo que esta misión y visión conllevan grandes responsabilidades y retos que asumimos con el compromiso de saber que nuestro trabajo tiene un reflejo directo y muy destacado
sobre el conjunto de la ciudadanía en sus hábitos de consumo de alimentos frescos.
Esta actividad económica genera un valor de cerca de 17 000 millones de euros anuales, que representa aproximadamente un 1,4 % del producto interior bruto nacional. La red de mercas recibe diariamente cerca de 80 000 personas que realizan
sus transacciones y sus actividades de abastecimiento, generándose más de 100 000 transacciones diarias. Sobre el volumen total de distribución, sobre esas nueve toneladas que mencionaba antes, 6,2 millones de toneladas corresponden a frutas y
hortalizas, otras 785 000 toneladas a pescados y mariscos, 880 000 toneladas a carnes y 220 000 toneladas a otros productos de alimentación no perecederos. El resultado final de todo este trabajo, en el que colaboran más de 30 000 personas solo con
los empleos directos que generan las empresas que participan y que operan desde la red de mercas, es proveer de alimentos frescos, saludables y de calidad a más de 30 millones de personas diariamente de forma directa en las áreas de influencia de
las mercas y a muchas más en la traslación capilar de los productos que salen de las unidades alimentarias. Así sucede, por ejemplo, en todas las zonas rurales de España alejadas de las grandes ciudades, en las que el abastecimiento inicial en las
mercas permite, gracias a esa capacidad de distribución y logística, disponer de productos frescos que, de otra manera, serían de difícil acceso, como ocurre singularmente con los pescados y mariscos.
¿Cómo hacemos nuestro trabajo en Mercasa y en la red de mercas? Gestionando con eficiencia unos servicios modernos en constante innovación y unas infraestructuras adecuadas a las necesidades y expectativas de los miles de operadores que
trabajan en nuestras instalaciones; ayudando a que los mercados funcionen sin ningún tipo de intervención en las operaciones y relaciones comerciales. Nuestra aportación está en facilitar el encuentro competitivo entre la oferta variada y la
demanda de múltiples formatos. El servicio público de Mercasa y la red de mercas gestionan los espacios, las infraestructuras y los servicios necesarios para que los mercados y las empresas mayoristas y minoristas, así como el Canal Horeca, puedan
realizar sus transacciones comerciales con eficiencia transparencia, seguridad y sostenibilidad. Un servicio público que genera aportaciones positivas a todos los eslabones de la cadena. Así se ha demostrado, por ejemplo, durante los momentos más
duros del confinamiento por la COVID-19, en los que el sistema Mercasa-mercas fue sometido al mayor test de estrés que nunca antes habíamos conocido; superado con éxito, evidentemente, ya que en todo momento estuvo garantizado el abastecimiento de
productos frescos gracias al esfuerzo de productores y productoras, mayoristas, detallistas, transportistas y de todos los servicios auxiliares que de manera ejemplar asumieron su responsabilidad, adaptándose con agilidad a las difíciles
circunstancias que impuso la crisis sanitaria.
Entre las aportaciones de valor que el sistema Mercasa-mercas aporta a la red y, en concreto, al sector de la producción, me gustaría resaltar algunas: el 16 % de la producción española de frutas y hortalizas se distribuye a través de las
empresas ubicadas en la red de mercas. Miles de empresas que operan en la red de mercas garantizan al sector agrícola unos mercados de concentración en destino y
competencia con múltiples empresas de diferente dimensión, evitando así posiciones de dominio. La existencia de la red de mercas facilita la comercialización de productos procedentes de la agricultura familiar, contribuyendo así al
mantenimiento de la población y a la actividad económica y laboral en las zonas rurales. Los efectos positivos de este formato se reflejan en las relaciones equilibradas entre empresas de producción y distribución mayorista al tratarse de empresas
de dimensiones similares. Las empresas mayoristas alojadas en la red de mercas facilitan también a la producción su capacidad de distribución de una gran diversidad y variedad de productos y formatos. Cabe destacar que el 78 % de las frutas y
verduras, el 80 % de las carnes y el 70 % de los pescados y mariscos que se venden en la red de mercas son de origen nacional, lo que favorece los canales comerciales a la producción agrícola, ganadera y pesquera en España.
Para facilitar la comercialización directa por parte de agricultores y agricultoras son muy significativos los espacios habilitados para vender directamente sus productos en la gran mayoría de las mercas, en dieciocho de las veinticuatro,
con un nivel de actividad uniforme que refleja la importante integración de este colectivo en el proceso comercial de las mercas. Especialmente relevante es la capacidad comercial directa en Mercavalencia, Mercatenerife, Mercapalma, Mercabarna,
Mercamurcia, Mercazaragoza y Mercalicante, entre otros, todos agrupados en formas tradicionales de distribución directa por parte de los pequeños agricultores y agricultoras. En lo que se refiere a la distribución mayorista, la red de mercas
contribuye con unas estructuras y servicios eficientes propios de una economía de agrupación, con transparencia y competencia, con servicios compartidos que optimizan los procesos comerciales generando sinergias de recinto, economías de escala,
logrando así una mayor eficiencia y competitividad de las empresas que operan dentro de la red.
En cuanto a las aportaciones al comercio detallista, la red de mercas pone a su disposición unas 3000 empresas y grupos especializados de distribución mayorista, fundamentalmente de alimentos frescos; un entramado empresarial que opera en
un marco de competencia, transparencia de mercado y seguridad en las relaciones contractuales para atender a un amplio colectivo de empresas detallistas de todos los formatos. De esto se benefician más de 100 000 comercios especializados en toda
España, en un 70 % agrupados en mercados municipales, así como las cadenas de supermercados regionales y nacionales, que en mayor o menor medida también se abastecen del colectivo de empresas que opera en la red de mercas, además de las empresas de
hostelería, restauración y consumo institucional y, también, la creciente participación de empresas del comercio electrónico.
Finalmente, lo más importante es valorar las aportaciones al conjunto de la población, porque para todos nosotros como consumidores las estructuras de la red de mercas refuerzan nuestra capacidad de elección con diversidad de productos y
formatos, proximidad, calidad y seguridad alimentaria; sin olvidar que el modelo español de Mercasa-mercas contribuye al mantenimiento de hábitos saludables de alimentación, facilitando el acceso de toda la población, con independencia del lugar en
el que viva, a una amplia oferta de alimentos frescos, gracias a una red detallista y a unos servicios de restauración que pueden abastecerse en condiciones adecuadas en las empresas que operan en la red de mercas. Este modelo convierte a España en
el primer país del mundo en cuanto a variedad de consumo de productos de la pesca, y lo mismo sucede con las frutas, las verduras y las carnes. Los canales de distribución que facilita Mercasa y la red de mercas a las empresas que operan en
nuestras instalaciones contribuyen al mantenimiento de una gran diversidad de productos y variedades distintas, muy superiores a otros modelos de gran concentración de oferta y de distribución.
Para terminar, quiero significar ante ustedes nuestro compromiso con el medio ambiente. Solemos decir que somos lo que comemos, y para obtener productos saludables es necesario contribuir al mantenimiento sostenible del medio ambiente.
Mercasa y la red de mercas hemos hecho nuestros los diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible aprobados por Naciones Unidas, como todas y todos ustedes saben, y los compromisos que se derivan de la Agenda 2030. Entre los diecisiete ODS hay uno
especialmente relevante para el conjunto de la red de mercas y es el objetivo número dos: el hambre cero. Desde Mercasa y la red de mercas incentivamos actuaciones que contribuyan a una mayor implicación en acciones solidarias con bancos de
alimentos y otras instituciones similares, como se ha demostrado también en el año 2020, con un gran esfuerzo para canalizar alimentos frescos a los colectivos más vulnerables. Este compromiso cada vez mayor en la lucha contra el desperdicio
alimentario nos lleva a habilitar cada vez más espacios en la red de mercas para facilitar el trabajo de los bancos de alimentos con una presencia creciente de productos frescos en las instituciones solidarias. Además, estamos comprometidos en
lograr la seguridad alimentaria, la mejora de la nutrición y promover la agricultura
sostenible, sin olvidar nuestro compromiso para conseguir ciudades sostenibles, reducir la huella de carbono y luchar contra el cambio climático. Por todo ello, estamos promoviendo iniciativas de servicios logísticos integrados y de
distribución de red al comercio detallista y la restauración para contribuir a un transporte más eficiente de la última milla y a una mejor gestión del tráfico en las ciudades. En colaboración con los ayuntamientos, Mercasa y la red de mercas están
desarrollando proyectos piloto de distribución sostenible de alimentos en los centros urbanos e históricos que tienen limitaciones para el tráfico y el reparto de mercancías; también reduciendo la huella de carbono y el impacto ambiental en todo el
proceso logístico de la cadena alimentaria, entre la producción y el consumo, favoreciendo la utilización de vehículos eléctricos y el empleo de energías renovables, por ejemplo, mediante la instalación de paneles solares en las cubiertas de las
naves de la red de mercas. El objetivo es la utilización cada vez mayor de vehículos de transporte eléctricos o de combustibles no contaminantes, que se favorece desde la red de mercas con puntos de recarga y estaciones de servicio con ofertas
alternativas a los combustibles fósiles; además de ampliar al máximo la posible utilización de energías renovables en la instalaciones de la red de mercas.
Termino. Me gustaría resaltar o que se quedaran con cuatro ideas fundamentales: la primera, Mercasa y la red de mercas responden a un compromiso público que facilita que el abastecimiento de productos alimenticios frescos se realice con
transparencia, eficiencia, competencia y libre concurrencia. Segunda, es un modelo de colaboración público-privada entre la Administración General del Estado, la Administración local y la iniciativa privada. Tercera, es un modelo sostenible desde
el punto de vista económico y medioambientalmente, que lleva funcionando cincuenta y cinco años y que cuenta con un amplio reconocimiento mundial. Y por último, cuarta, Mercasa asegura que exista una vertebración de la red de mercas, provocando
sinergias, eficiencias y coordinación entre las distintas unidades alimentarias. En definitiva, estamos al servicio de la cadena alimentaria, de la producción, mayoristas, comercio minorista y detallista especializado, mercados municipales, gran
distribución y el Canal Horeca, teniendo claro que nuestro fin y misión es nuestro compromiso con el bienestar alimentario de la ciudadanía, que todos y todas dispongan de un abastecimiento de calidad asequible, diverso y saludable de productos
frescos.
Espero haber contribuido con esta intervención a ampliar su conocimiento sobre Mercasa y la red de mercas, y a reforzar su interés por valorar la importancia en el presente y en el futuro de un modelo alimentario como el nuestro. Les
agradezco una vez más la invitación a participar en esta Comisión y me pongo a su disposición para cualquier cuestión que surja ahora o en el futuro.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sempere, y disculpe por el tema de la mascarilla.
Señorías, a raíz de esta cuestión, les comento que esta tarde cambiaremos de sala e iremos a otra en la que tendremos más espacio y los intervinientes podrán hablar sin mascarilla, que creo que es mejor para todos. Ya se les comunicará
antes de finalizar la sesión de hoy por la mañana.
Ahora, en el turno de los grupos parlamentarios, tiene la palabra, en primer lugar, en nombre del Grupo Mixto, la señora Oramas.
La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, señor presidente.
Gracias, señor Sempere. Soy diputada de Canarias y, como usted sabe, las producciones de Canarias se enfrentan a las importaciones, fundamentalmente de Latinoamérica, de Costa Rica y de Brasil; en el caso del tomate y del pepino, de
Marruecos y determinadas producciones africanas, donde los costes de producción son totalmente distintos. Antes le he explicado al secretario de Estado cómo entran plátanos de Costa Rica por Rotterdam y solamente con el coste de transporte de
Rotterdam a Madrid. Aunque lo que más afecta a Canarias es el plátano por el volumen de gente que vive de su producción -veinte mil personas-, por el medio ambiente y el paisaje, también afecta a las producciones de aguacate, piña herreña y, como
digo, al tomate y al pepino. Yo solamente le voy a hacer una pregunta. El Estado español no puede imponer su normativa nacional al resto de la Unión Europea y mucho menos a terceros países, incluso en temas fitosanitarios. ¿Cuál es su opinión
sobre las repercusiones que esto puede tener en el comercio minorista y en la distribución? Existe una gran preocupación en cuanto a su preferencia por productos importados para los que ni la ley ni la burocracia española establecen requerimientos
adicionales ni sanciones, en detrimento de los productores nacionales de diversos sectores y subsectores agrícolas y ganaderos. Le estoy preguntando su opinión sobre este tema porque al final la restricción en materia de control sanitario y de
costes es para la producción nacional y no para las importaciones de terceros país. ¿Cómo repercute eso en el mercado minorista y en el consumidor? El secretario de Estado
decía que esto era un problema de publicidad. Y usted sabe que el plátano de Canarias está organizado, tiene buena comercialización, marca diferenciada y campaña, pero es que no se puede competir en determinado momento, cuando las
multinacionales americanas entran a precio de derribo para hacerse con el mercado peninsular. Y además no hay otras producciones europeas, no estamos compitiendo con otros productos europeos; el plátano solo compite con las multinacionales
americanas, que vienen a precio de derribo entrando por Francia o por Rotterdam.
Muchísimas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Oramas.
Por el Grupo Euskal Herria Bildu, tiene la palabra el señor Ruiz de Pinedo.
El señor RUIZ DE PINEDO UNDIANO: Buenos días, muchas gracias. Señor Sempere, señor presidente, solamente quiero hacer una pregunta; ¿qué podría aportar Mercasa para implementar las modificaciones que estamos discutiendo en estos momentos,
con el fin de garantizar una cadena alimentaria en la que los productos, por supuesto, lleguen a los consumidores y consumidoras pero con unas condiciones de producción justas? ¿Cree usted que hay algún elemento en el que podrían intervenir
específicamente? ¿Qué podría aconsejar para complementar estos proyectos en los que estamos trabajando durante estos días? Sé que es difícil la pregunta, pero le doy las gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ruiz de Pinedo.
En nombre del Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Martínez.
La señora MARTÍNEZ GRANADOS: Muchas gracias, señor presidente.
Muchísimas gracias, señor Sempere. Dado el trabajo que realizan las mercas por toda España, que ponen en contacto a agricultores pequeños y cooperativas con la distribución e, incluso, con venta detallista, me gustaría que valorara un
aspecto de la ley que hoy va a comentarse muchísimo, que es el coste efectivo de producción. ¿Consideran en Mercasa que, como ha comentado el secretario general, simplemente el hecho de poner encima de la mesa el coste efectivo de producción entre
productor y comprador es suficiente para dar más seguridad, más valor y mayor poder de negociación al productor? ¿Realmente va a solucionar el problema que se plantea con este coste efectivo de producción y que tanto preocupa a los productores,
dado que muchas veces el exceso de demanda hace que cierto producto se vaya a quedar sin vender porque existe la competencia? Si algo existe dentro del mercado es la competencia. Como ha dicho el secretario general, todos los productores podrían
haber establecido el coste de producción, pero la oferta y la demanda son las que marcan realmente los precios. Y entramos en el ámbito de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que lo valora como algo que puede distorsionar el
mercado y que realmente no va a arreglar el problema. Nos gustaría que lo valorase, pues creemos que su experiencia y la de todas las mercas de este país son bastante interesantes. A ver qué nos puede decir sobre esto.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Martínez.
En nombre del Grupo Republicano, tiene la palabra el señor Eritja.
El señor ERITJA CIURÓ: Muchas gracias, señor presidente.
Muchas gracias, señor Sempere. La Ley de la cadena alimentaria afecta a todos los eslabones de la cadena -productores, compradores y distribuidores-, pero la red Mercasa está participada al 50 % por el ministerio y ayuntamientos. La
pregunta es cuál es el rol que va a tener usted en esa cadena, en esos eslabones. Otra pregunta se refiere al papel que juega Mercasa en la conformación de los precios, teniendo en cuenta que toda la compra que hacen al sector productivo
cooperativo es venta en depósito y a resultas. ¿Aceptarían la obligatoriedad de comprar a un precio fijo?
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Eritja,
En nombre del Grupo Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra la señora Franco.
La señora FRANCO CARMONA: Gracias, señor presidente.
Gracias, señor Sempere. Nos gustaría que pudiese comparecer más adelante para seguir hablando de Mercasa, pues es un servicio esencial para la agricultura y la ganadería y para la alimentación de la población.
En relación con la Ley de Competencia Desleal y la ley que aquí nos convoca, me gustaría hacerle algunas preguntas sobre los precios y los costes. Ustedes pueden ver de una forma bastante clara -quizá estoy equivocada y me gustaría que así
lo dijese- la diferencia entre los costes de producción y cómo se vende en las grandes distribuidoras o cómo finalmente se hacen esas compras en cada uno de los mercas. Me gustaría que hiciese referencia a ello, si ustedes notan que sigue habiendo
ventas a resultas o a pérdidas por una cuestión muy básica, y es que cada mes la organización profesional COAG elabora un estudio sobre los índices de precios de origen y destino de los alimentos -yo ahora mismo tengo el de diciembre de 2020-, y
seguimos viendo importantes diferencias. Por ejemplo, en la aceituna verde hay un 587 % de diferencia entre el precio de origen y destino, en la lechuga un 736 % y en la patata un 970 %. Esto significa que el precio en origen, por ejemplo, de la
patata es 0,10 y el precio de destino 1,07. Esta es una diferencia bastante importante. Me gustaría conocer su visión desde cada uno de los mercas y que nos diga cómo esta ley podría incidir en que haya unos precios de origen y destino más
parecidos o, al menos, unos precios que cubran los costes de producción de los agricultores y agricultoras, de modo que esa bajada de beneficios no revierta en los ciudadanos y ciudadanas, es decir, en los consumidores finales.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Franco.
En nombre del Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Chamorro.
El señor CHAMORRO DELMO: Buenos días, señor Sempere. Muchas gracias por comparecer en el Congreso de los Diputados y ante esta Comisión en particular. La empresa pública Mercasa, como figura en su página web y en los datos controlada por
el SEPI y el Ministerio de Agricultura, canaliza más del 65 % de la compraventa de todas las frutas y hortalizas que se consumen en España. Canaliza también, según los datos, el 55 % de los pescados y mariscos y alrededor de un 40 % de las carnes.
Son unos porcentajes que, según explican ustedes, reafirman el papel estratégico de los mercas como canal de suministro de productos perecederos. Por tanto, según estos datos, su empresa tiene una gran responsabilidad en la formación de los precios
en el conjunto de la cadena alimentaria, especialmente en el escalón mayorista de productos, siendo una empresa pública, en la que participa el Ministerio de Agricultura, es decir, controla el 65 % en el sector hortofrutícola, el 55 % en pescados y
el 40 % en carnes. De igual manera, según dicen en su web, participa desde sus orígenes en todos los observatorios relacionados con precios o funcionamiento, en general, de la cadena alimentaria, mesas sectoriales o cualquier otro foro de análisis
y seguimiento de la actividad relacionada con la producción, la comercialización y el consumo alimentario. Es decir, es una red con 3100 mayoristas y de servicios complementarios que venden 7,6 millones de toneladas de alimentos y facturan cerca de
14 000 millones de euros anuales, frente al poder que tienen en la comercialización de los productos agrícolas los supermercados y las grandes superficies, que apenas venden el 7 % de la fruta, verdura y hortaliza que se produce en España, acabando
la gran mayoría en los mercados internacionales. Es decir, ustedes tienen una incidencia muy importante en la conformación de precios, son una empresa pública, ya que el Ministerio de Agricultura participa en la misma, y, por tanto, acerca de
cuando vemos algunos comentarios por parte de este Gobierno sobre que la culpa la tienen los supermercados, no se están basando en los datos objetivos del nicho de mercado que controla una empresa pública como es Mercasa, de modo que echar la culpa
a una distribución que supone un porcentaje muchísimo menor es bastante incoherente. Por tanto, la Administración pública y el Ministerio de Agricultura a través de esta empresa pública inciden en la conformación de precios a través de Mercasa.
Díganos, por favor, el efecto que ha tenido esta reforma 5/2020 en relación a la compraventa de productos por encima de los costes de producción y cuáles son los efectos que ustedes creen, ya que ustedes están sobre el terreno y son los que están
conformando los precios en la mayoría de las ocasiones, que se producirán con la transposición de esta directiva y con estas modificaciones de la Ley de la cadena alimentaria. Ustedes son muy responsables, igual que el Ministerio de Agricultura, de
que en la cadena alimentaria no se estén cubriendo los costes efectivos de producción, porque ustedes controlan un porcentaje muy alto de ese mercado agroalimentario.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Chamorro.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora García-Pelayo.
La señora GARCÍA-PELAYO JURADO: Buenos días. Gracias, señor presidente. Gracias, señor Sempere.
Usted mismo ha dicho que Mercasa, como todos sabemos, es una empresa pública integrada por la SEPI y el Ministerio de Agricultura. Por lo tanto, tiene un papel esencial en la conformación no solamente de los precios, sino en el cumplimiento
de la próxima ley de cadena alimentaria. Ha dado unos datos que ponen en evidencia el papel fundamental que desarrolla Mercasa: 100 000 transacciones diarias y hacer posible que a muchos ciudadanos, hasta treinta millones de ciudadanos, lleguen
productos sanos y de calidad. Lo que me sorprende, por todo ello, es que en su comparecencia se haya referido a la actividad que desarrolla Mercasa a día de hoy pero que en ningún caso se haya posicionado respecto a la Ley de cadena alimentaria,
que es precisamente lo que le ha traído hoy a la Comisión como compareciente, no sé si es porque la ley no le convence. En todo caso, nos gustaría saber qué aportaciones ha realizado Mercasa para la elaboración de esta ley y -ya lo han comentado
mis compañeros, pero a nosotros también nos parece de suma importancia- qué medidas va a adoptar Mercasa -no qué hace Mercasa a día de hoy, sino qué medidas va a adoptar- para garantizar que se cumple el principio fundamental de esta ley, que es el
respeto al coste de producción.
Nos gustaría también conocer cómo considera que se debería conformar este coste efectivo de producción. Se habla de coste efectivo, y el secretario general ha dicho que los agricultores inteligentes sabrán cómo definirlo. Nos gustaría
conocer su opinión en relación con los criterios que se deben tener en cuenta. También nos gustaría saber qué actuaciones va a desarrollar Mercasa para garantizar que en la adquisición de sus productos se respeta este principio de coste efectivo de
producción. Nos gustaría saber qué motivos se han esgrimido o qué razones existen para que no se haya traspuesto íntegramente el artículo 3 de la directiva en relación con la conformación de los precios de productos frescos. En definitiva,
quisiéramos saber qué papel considera que puede realizar Mercasa para garantizar que se respete la competitividad, que los productos españoles puedan acceder al mercado en igualdad de condiciones que productos de terceros países.
Por otro lado, quisiéramos saber qué opinión tiene con relación al consenso que se ha seguido al elaborar esta ley. ¿Considera usted que nace con el mismo consenso con el que nació la ley de 2013? Por la percepción que tenemos en nuestro
grupo después de las reuniones que venimos manteniendo con los distintos sectores, parece que es una ley a la que todo el mundo pone peros, a la que todo el mundo pone objeciones, una ley que no contenta a nadie. ¿Está contenta con ella Mercasa?
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora García-Pelayo.
Por último, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Faneca.
La señora FANECA LÓPEZ: Gracias, presidente.
Buenos días, señor Sempere, y bienvenido a esta Comisión. Enhorabuena a usted y a todo su equipo por su gestión, su trabajo y su dedicación.
Mercasa juega un papel fundamental en la mejora del proceso de la cadena alimentaria. Por eso, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, queremos agradecerle toda esa dedicación durante la pandemia, pero también en estas últimas semanas
como consecuencia de la borrasca Filomena, que produjo un estrés enorme y muchísimas dificultades de abastecimiento, y Mercasa estuvo ahí, superando rápidamente todo el problema que suscitó la propia borrasca. Por eso, nuestro reconocimiento,
porque habéis sido fundamentales para que no faltasen los alimentos en todos los hogares españoles. Sois el gran mercado, que transforma a los mercados centrales de las ciudades en modernas unidades alimentarias. Vais a tener un papel fundamental
en la futura reestructuración del sector alimentario. La red de mercas juega un papel fundamental en la comercialización directa de los productos locales procedentes de la agricultura familiar y de proximidad, por lo que contribuye al mantenimiento
económico y social de las zonas rurales. Desempeñáis un papel importantísimo en todos los municipios rurales. Pero quería preguntarle, como presidente, si con la implantación en Castilla y León de Mercaolid se cubre la presencia en el conjunto de
la geografía española.
Nuevamente, presidente de Mercasa, señor Sempere, gracias, de verdad. En línea con lo que comentaba la compañera del Grupo Popular, quiero recordar que el pasado 25 de febrero, a petición de las Organizaciones Profesionales Agrarias, el
real decreto-ley introduce por primera vez los costes de producción en agricultura y ganadería, los cuales siempre deben ser inferiores al precio de las ventas de los productos. Por lo tanto, está muy claro que el coste de producción tiene que ser
inferior al coste de los productos, y, por ende, una empresa pública como es Mercasa cumplirá también con ese gran compromiso. Así que gracias nuevamente y bienvenido a esta Comisión.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Faneca.
Finalizadas las intervenciones de los grupos, señor Sempere, tiene usted unos quince, veinte minutos para responder.
El señor PRESIDENTE DE MERCASA (Sempere Vera): Muchas gracias, señor presidente, y muchas gracias a todos y a todas por su interés sobre Mercasa. Creo que la labor que hace esta Comisión y el conjunto del Parlamento sobre un interés
fundamental como es el de la alimentación resulta encomiable; sobre todo, la de ustedes, que están trabajando y han pedido la comparecencia de prácticamente todos los eslabones de la cadena, todos los representantes de organizaciones de
productores, mayoristas y distribuidores.
Creo que no he debido explicarlo lo suficiente, y lo volveré a explicar. Mercasa no interviene en la formación de precios, no controla la producción, no tiene ninguna competencia reguladora ni legislativa ni somos ningún tipo de
organización de control sobre los precios ni la formación de precios, la producción o los costes. Nosotros, simplemente, intentamos tener, y lo conseguimos, unas instalaciones de calidad para que ese encuentro competitivo entre los distintos
escalafones de la cadena se produzca en las mejores condiciones posibles. Imagínense otro modelo que no fuera el de los mercados de concentración en destino; hablamos del ejemplo más próximo, que es Mercamadrid, y supongamos que los detallistas o
los grandes supermercados o cualquier otro que se aproximase a hacer sus transacciones comerciales tuvieran que visitar a doscientos o doscientos cincuenta operadores que hay de frutas y verduras por toda la demarcación municipal de Madrid,
imagínense que el frutero del mercado de Maravillas para establecer precios o condiciones tuviera que coger su furgoneta y moverse entre doscientos cincuenta operadores a lo largo del término municipal. Creo que es un buen invento, y es un buen
invento marca España, porque ya se diseñó así en el año 1966, concentrar toda la oferta y la demanda en un mismo sitio, donde se originan sinergias de recinto y economía de escalas.
Por lo tanto, esa posición que se atribuye a Mercasa en cuanto a la formación de precios, el control de la producción o cómo se gestionan los contratos entre mayoristas y minoristas, en producción o cualquier otro factor de la cadena
sencillamente supone que no se nos conoce, porque eso no sucede. En la anterior comparecencia, el señor Miranda ha explicado cuál es la posición de la Administración española y del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a este respecto, y,
por lo tanto, no puedo aportarles una visión distinta, porque realmente los legisladores son el ministerio y todos ustedes, quienes, con sus enmiendas o modificaciones parlamentarias, tendrán una opinión más formada sobre cómo se comporta esa ley y
cómo se establecen esos precios de referencia tanto para plátanos como para la aceituna verde, las lechugas o las patatas. Nosotros simplemente somos observadores, y lo que hacemos, por mandato del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y
del Ministerio de Comercio, es recoger los precios a título informativo, y están disponibles en nuestra página web y junto al resto de informaciones del ministerio.
Desde mi experiencia, de más de veinte años a lo largo de toda la cadena alimentaria, lo que sí puedo aportar es que, cuando esas transacciones sean más justas, más equilibradas y no haya posiciones de dominio, eso favorecerá la eficiencia y
la competitividad de las empresas, favorecerá la distribución y el hecho de poner a disposición de consumidores y consumidoras más productos a mejores precios y con mayores calidades. Pero, repito, nosotros somos como AENA, que no interviene en la
formación de los precios de las distintas compañías que operan en los aeropuertos. Quienes establecen los precios de los billetes o de los vuelos en los distintas compañías aéreas son las propias compañías aéreas en función de su oferta, su
demanda, sus aviones o cualquier otra circunstancia que intervenga. Nosotros somos exactamente igual que AENA, y nos dedicamos a una profesión -me van a permitir que haga un poco ostentación de ella- que creo que es una de las fundamentales y
críticas, como se ha desvelado en la reciente crisis sanitaria. En este sentido, agradezco las palabras de la señora Faneca por ese reconocimiento, que haré extensible a una organización que ha sufrido mucho en todos los eslabones, desde la misma
producción. No se quedó ninguna cosecha sin recoger, a pesar del confinamiento y la pandemia; no se quedó ningún producto sin transportar, en condiciones dificilísimas, desde la producción al conjunto de la red, y no se quedó ninguna ciudad sin
ser abastecida de alimentación fresca probablemente gracias a un sistema de distribución como el español, que es de los más eficientes del mundo. Solamente en España y Canadá no hubo rotura de stocks en alimentación fresca, y eso se debe en gran
parte a esa conformación del sistema agroalimentario español. En los próximos días van a comparecer en esta Comisión el resto de integrantes de esa cadena alimentaria y creo que sería una buena ocasión para agradecer a todos y a todas, a quienes
han estado a lo largo de esta crisis pandémica su gran labor.
Creo que no se me olvida nada más. Como digo, nosotros no conformamos precios, no tenemos control y solamente somos una empresa que lo que hace es diseñar infraestructuras y servicios para las necesidades y expectativas de todos los grupos
de interés, de la producción y de la distribución, y, sobre todo, teniendo claro que nuestra finalidad es que las ciudadanas y los ciudadanos españoles tengan alimentación saludable, de calidad, asequible y al alcance de cualquier domicilio en
cualquier formato.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sempere, por su intervención. Muchas gracias a los grupos parlamentarios por las suyas.
A las once empezamos la siguiente intervención. (Pausa).
- DE LA SEÑORA DIRECTORA DE LA AGENCIA DE INFORMACIÓN Y CONTROL ALIMENTARIOS, AICA (HERNÁNDEZ MAROÑAS). (Número de expediente 212/001040).
El señor PRESIDENTE: Buenos días a todas y a todos. Sé que falta algún compañero, pero, en cualquier caso, antes de iniciar la siguiente intervención, de la señora Hernández, les comunico que, tal y como habíamos dicho antes que nuestro
objetivo era en primer lugar preservar la salud de todos, habíamos solicitado una sala en la que pudiéramos estar más separados, que por motivos de logística no ha podido ser, pero lo hemos solucionado. Por tanto, la sesión de hoy a la tarde será
en la sala Ernest Lluch, mañana todo el día volvemos aquí, porque es imposible seguir allí, ya que está ocupada, y el jueves entero nos volvemos a reunir en la Ernest Lluch. Reitero: hoy a la tarde y el jueves, en la Ernest Lluch, y mañana aquí.
Lo volveré a repetir después. (La señora Oramas González-Moro pide la palabra). Sí, señora Oramas.
La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: ¿No se podría celebrar mañana en la Constitucional, donde pueden estar las puertas abiertas? Lo digo porque, como voy a tantas comisiones como portavoz, sé que en la sala Constitucional hay dos puertas, que
pueden estar abiertas.
El señor PRESIDENTE: Lo solicitaremos y ya se lo comunicaremos.
Señorías, reanudamos la sesión de hoy, y vamos a dar la palabra a la siguiente interviniente, doña Gema Hernández Maroñas, directora de la Agencia de Información y Control Alimentarios, AICA. Tiene usted entre quince y diecisiete minutos
para su intervención.
La señora DIRECTORA DE LA AGENCIA DE INFORMACIÓN Y CONTROL ALIMENTARIOS, AICA (Hernández Maroñas): Buenos días, presidente. Muchas gracias, señorías.
En primer lugar, quiero agradecer la invitación que han tenido para que la Agencia de Información y Control Alimentario esté en estas comparecencias por todo lo que podamos explicar, informar y ayudar a entender el trabajo que nosotros
realizamos. A lo largo de mi intervención voy a informar a sus señorías sobre los cambios que supone para AICA este proyecto de ley, que modifica a la Ley 12/2013, sobre las medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, pero
antes, para entender mejor los cambios de este proyecto de ley, que es el objeto de esta comparecencia, voy a explicarles brevemente qué es AICA, cuándo se crea y cuáles son sus funciones.
La Agencia de Información y Control Alimentarios procede de la modificación del organismo autónomo Agencia para el Aceite de Oliva, de la que es sucesora legal. Se crea con la disposición adicional primera de la Ley 12/2013 y está adscrita
al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a través de la Secretaría General de Agricultura y Alimentación. Como organismo autónomo, tiene personalidad jurídica pública diferenciada, con patrimonio y tesorería propios, así como autonomía de
gestión y plena capacidad jurídica y de obrar. AICA asumió desde su creación las funciones que ya hacía la Agencia para el Aceite de Oliva, basadas principalmente en el mantenimiento de la gestión de los sistemas de información de aceite de oliva y
aceituna de mesa relacionado con los mercados del sector oleícola, y se añadió el sector lácteo y posteriormente las declaraciones obligatorias en el sector vitivinícola. Cuando se aprueba la Ley 12/2013 se añaden las funciones relacionadas con el
control del cumplimiento de toda la legislación, de todo el articulado que recoge la Ley 12/2013, y, posteriormente, en el año 2017 asume otras competencias, desde la publicación de la Ley 6/2015, sobre denominaciones de origen e indicaciones
protegidas de ámbito supraautonómico, hasta la iniciación e instrucción de los expedientes por infracciones tipificadas en la misma. Por tanto, como ven, AICA ha tenido una evolución de funciones, naciendo de la Agencia para el Aceite de Oliva.
Pero la principal función y por lo que posiblemente seamos más conocidos
es por esta vigilancia y control del cumplimiento de la Ley de la cadena, concretamente lo recogido en el Título II, sobre el régimen de contratación y prácticas comerciales abusivas.
Centrándome en el control administrativo que realiza AICA, hay que destacar que a esta parte regulatoria de la ley, a este control administrativo, que está delimitado a unas autoridades competentes, como luego explicaré, se une -es la
tercera pata que siempre refiero- este régimen de infracciones y sanciones, que son concretas para esta ley. AICA tiene las funciones de controlar la Ley de la cadena, pero solo en el ámbito de las competencias que otorga la ley, que son las
competencias que se atribuyen a la Administración General del Estado. Por tanto, quiero aclarar y destacar que esta función de control no es en exclusiva para AICA, tal y como ya declaró el Tribunal Constitucional en su fundamento jurídico 5 de la
sentencia 66/2017, dictada en el recurso de inconstitucionalidad 6227/2013 interpuesto por el Consejo de Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con diversos apartados de la disposición adicional primera de la Ley 12/2013. Derivado de
esta sentencia, AICA ya no es competente en el control de esas declaraciones que comentaba al principio que heredaba de la Agencia para el Aceite de Oliva, no podía controlar esas declaraciones en las comunidades autónomas, y hemos pasado a
desarrollar este trabajo a través de convenios con determinadas comunidades autónomas que así lo han querido.
Centrándome ya en el desarrollo del control que realiza AICA, todo el régimen de controles ya está reglamentado, es decir, está desarrollado en unos reales decretos. Y me gustaría destacar que todas esas tareas de control que realizamos se
recogen en un plan anual, un plan participativo cuyas líneas básicas se presentan anualmente en las reuniones del consejo asesor de AICA, órgano consultivo y de participación de la agencia en el que se integran representantes de la Administración
General del Estado, todas las comunidades autónomas y representantes sectoriales en todos los ámbitos de la cadena, en todos sus eslabones. Dicho plan, además de recoger todos los aspectos de control de la Ley de la cadena, también contempla todos
los controles a que antes hacía alusión en el campo de las declaraciones de aceite de oliva y denominaciones de origen, que es competencia de AICA controlar. Todo este plan anual, las líneas básicas, son presentadas a este consejo asesor y a lo
largo del año lo vamos desarrollando en planes de trabajo con actuaciones inspectoras de la agencia de carácter reservado y que no son objeto de publicidad, puesto que así está recogido reglamentariamente; posteriormente, se presenta al consejo
asesor y hay una aprobación por parte del director. Básicamente, actuamos mediante comprobaciones de oficio a través de lo que denominamos el plan general de vigilancia, que contempla todos los programas, en su mayor parte programas sectoriales
para el año, e intentamos que sean planes con un carácter disuasorio. Me gustaría destacar a lo largo de la comparecencia que el objetivo de la ley y el objetivo de AICA, como órgano de control, no es sancionar, eso nunca puede ser, sino evitar y
terminar con las prácticas abusivas. Como decía, este plan general de vigilancia, que contempla todos los programas previstos con carácter disuasorio, lo hacemos principalmente de forma sectorial, y a este plan, que digamos que es la previsión para
un año, se le pueden ir adicionando, como así sucede, programas de control que nacen por indicios o alertas de determinados incumplimientos, un poco generalizados, en determinados sectores. Es normal que en el mes de enero, o, más bien, diciembre,
cuando nosotros preparamos las primeras líneas que vamos a presentar al consejo asesor, que se reunirá en los primeros días de febrero, tengamos una previsión, pero a lo largo de todo el año podemos detectar esos incumplimientos por alertas, que
también nos son comunicadas por parte de las organizaciones de productores, asociaciones de la industria o la distribución. ¿Qué quiero destacar con esto? Que nuestro plan no es estático. Es un programa que va evolucionando de acuerdo con todo lo
que vayamos detectando.
Por último, todo esto se completa con un programa de comprobación de las denuncias o comunicación de posibles incumplimientos de la Ley de la cadena. En AICA analizamos todas las denuncias y todos los incumplimientos que nos son comunicados
por las diferentes vías que existen. Pueden ser presentados por cualquier persona física o jurídica; también las asociaciones y las organizaciones de productores nos denuncian y nos comunican esos incumplimientos, o también son trasladadas por
otros órganos de la Administración, por las comunidades autónomas en este caso, algo que luego también comentaré. Cuando tenemos la posibilidad de exponer la actividad de AICA, siempre insistimos mucho en que las denuncias tienen que recoger la
identidad de las personas, a quién se denuncia, los hechos y aportar algún documento, algún hecho probatorio para que las denuncias tengan el fin que el denunciante pretende en estos casos. La formulación de una denuncia no vincula a AICA para
iniciar el procedimiento sancionador; debería comunicar -y lo hacemos- al denunciante los motivos por los que, en su caso, no procede la iniciación del procedimiento y también comunicar al denunciante la iniciación o no del
procedimiento cuando la denuncia vaya acompañada de una solicitud de iniciación. Por lo tanto, como ven, el plan de control desde AICA para vigilar el cumplimiento de la Ley de la cadena tiene un carácter abierto, flexible y está realizado
en base a alertas e indicios detectados.
A la actividad de control -porque hasta ahora solamente he hablado de control- unimos la actividad y el papel que tiene AICA en cuanto a la potestad sancionadora. Como decía al principio de mi intervención, la ley establece un régimen
sancionador propio y específico, con tipificación de infracciones y sus correspondientes sanciones, y también la competencia del ejercicio de la potestad sancionadora. Corresponde a la Administración General del Estado, a través del Ministerio de
Pesca y Alimentación, la potestad sancionadora cuando las partes tengan sus respectivas sedes sociales en la misma comunidad autónoma o cuando el contrato afecte a un ámbito superior al de una comunidad autónoma en razón de trazabilidad previsible.
Esto es un concepto definido en la ley, concretamente, como las etapas de producción, transformación y distribución de un alimento o producto que entra dentro de las previsiones normales. Por consiguiente, las competencias de las comunidades
autónomas entran en el resto de situaciones. En esta potestad sancionadora, AICA tiene el papel concreto de iniciar de oficio el procedimiento sancionador y proponer a la autoridad competente la resolución que proceda, es decir, AICA no resuelve en
estos momentos, sino que propone sanciones. Deseo destacar en este punto algo que creo que es muy importante, y es la coordinación entre administraciones. Cuando AICA desarrolla esta potestad sancionadora y, después del estudio del expediente, ve
que puede corresponder a una comunidad autónoma, traslada este expediente a dicha comunidad autónoma junto con todas las actuaciones realizadas, en su caso. En consecuencia, las comunidades autónomas -como decía, también competentes en control, con
la potestad sancionadora- y AICA iniciarán e instruirán de acuerdo con su propio régimen de expedientes sancionadores. Quiero mandar el mensaje de que hay pleno cumplimiento del reconocimiento del principio de colaboración entre las
administraciones públicas competentes.
Ahora ya me quiero centrar -y voy a ir un poco más rápido- en los cambios que va a suponer esta ley para AICA. El proyecto de ley incorpora una serie de modificaciones, como ya ha explicado el secretario general, que son necesarias porque
hay que cumplir con los elementos de la directiva, pero también incorpora las mejoras que han sido fruto de la experiencia y de su aplicación en todos estos años. Concretamente, las funciones de AICA se modificarán porque la directiva establece la
obligación de fijar autoridades de ejecución. AICA será autoridad de ejecución nacional -así está en el proyecto de ley y, si así se aprueba, así será- y será punto de contacto, como ha dicho ya al secretario. No quiero repetirme, pero una
cuestión a destacar que se incluye en el proyecto de ley es la constitución, en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la ley, de un comité de cooperación de autoridades de ejecución. De esta manera se regula y se reglamenta esta
actividad conjunta que ya venimos realizando todas las administraciones, pero a la que se le da un mayor papel.
En segundo lugar, aparte de AICA autoridad de ejecución, se traslada la competencia decisoria en las sanciones pecuniarias de menor entidad. Como decía al principio, actualmente AICA propone sanciones y, a partir de la publicación y entrada
en vigor del proyecto de ley, la competencia decisoria recaerá en la Agencia de Información y Control Alimentarios cuando las sanciones no superen los 100 000 euros, algo que hasta ahora residía en el director general de la Industria Alimentaria.
Por tanto, se mantiene la competencia para las sanciones en materia de contratación en el resto de autoridades de la Administración General del Estado.
Terminando con las funciones de AICA, mantenemos la gestión de los sistemas de información, pero deja de ser función de AICA el control oficial antes de la comercialización de las cinco denominaciones de origen e indicaciones geográficas
protegidas -algo que desde el año 2017 se venía desarrollando-, así como la iniciación de los expedientes sancionadores. Con esto se quieren reforzar y habilitar todos los recursos para la función de control de la ley.
Si nos centramos en el ámbito de aplicación, me gustaría destacar que AICA tendrá que controlar el repertorio de prácticas abusivas que ha señalado antes el secretario general. El ámbito de aplicación se incrementa. ¿Por qué? Porque hay
un ámbito espacial de aplicación mayor y también porque será mayor el grupo de operadores que tengan obligación de tener un contrato por escrito, según la Ley de la cadena. Es decir, como ha explicado el secretario, las relaciones comerciales entre
dos pymes o entre dos grandes empresas sí que tendrán obligación de tener un contrato por escrito, como viene definido en la Ley de la cadena. Se abandona la anterior limitación a esos tres tipos cuando existía desequilibrio. A modo de ejemplo, me
gustaría destacar una cuestión. Desde el año 2014 las infracciones de sanción impuestas
han sido: el 49 % por incumplimiento de los plazos de pago, el 16 % por ausencia de contrato por escrito y el 15 % por no incluir los elementos mínimos en el contrato. Con esto, ¿qué quiero decir? Que en muchas relaciones comerciales en
las que hemos tenido que actuar por un control no había obligación de tener contrato por escrito, pero sí obligación de tener plazos de pago. Este dato llama la atención porque creemos que con esta ampliación de la contractualización, que es una
función esencial, se va a ser mucho más eficiente y efectivo en la lucha contra esas prácticas comerciales desleales. No voy a repetir algunas cuestiones que ya ha comentado el secretario general, pero sí deseo destacar tres elementos. Los
contratos son pactados libremente por las partes y así está regulado en el artículo 9.2.
Voy a ir concluyendo porque no tengo mucho más tiempo. Para terminar, deseo destacar que esta ley, que está en vigor desde el año 2014, está cambiando la forma de relacionarse que tenían los operadores, y la actividad de AICA ha tenido
mucho que ver en ello. Hemos tenido muchísimas reuniones con el sector para hacer una labor muy importante, informativa y pedagógica, porque, como decía, el objeto de la ley no es sancionar. Se ha comprobado que es un organismo necesario para la
cadena, pero queda mucho por hacer. Todos queremos resultados en muy poco tiempo. No hay que olvidar que desde 2014 han pasado siete años y todavía nos encontramos con muchas relaciones comerciales con obligación de tener contrato que no lo
tienen; queda mucho por hacer. Somos referentes en control y en cadena alimentaria; AICA continuará haciendo esta planificación de operaciones. Lo que pretendemos es seguir siendo, como hasta ahora, un organismo riguroso, eficaz y, sobre todo,
una herramienta útil para el sector agroalimentario.
Muchísimas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Hernández.
Vamos a pasar a las intervenciones de los grupos parlamentarios. En primer lugar, en nombre del Grupo Mixto, tiene la palabra la señora Oramas.
La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, señor presidente. Gracias, señora Hernández.
Primero, como usted sabe, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha informado de que la ley establece de facto una prohibición de venta a pérdidas en toda la cadena alimentaria para todos los contratos y todas las ventas.
¿Qué deben hacer los productores cuando ofrecen al mercado un precio obligado por ley para su producto y el mercado no está dispuesto a comprar a ese precio más del 50 o del 70 % de dicha producción? ¿Van a tirarlo o a devolverlo a los productores?
¿Quién asume los costes? ¿Y qué ocurre si los compradores sustituyen esos productos por los de otro país mucho más competitivo y a precio de derribo?
Segundo, ¿se aplicará la ley de la cadena a las importaciones de terceros países? Si es así, ¿cómo lo va a hacer la AICA, sin capacidad para actuar fuera de nuestras fronteras, al no haber transmisión de datos comerciales sensibles entre
los operadores? ¿Cómo van ustedes a garantizar la aplicación de la regla del coste efectivo de producción a importaciones de fuera de la Unión Europea? Le doy dos ejemplos prácticos y reales a los que me gustaría saber cómo van a aplicar el
control de la ley. Primero, ventas de bananas de Costa de Marfil por una empresa multinacional francesa que vende en Francia a gran distribución en España. Segundo, compra de bananas de Costa Rica por un importador de la gran distribución española
con contrato formalizado en Costa Rica. Estos son dos ejemplos de la realidad actual del agresivo comercio internacional de la banana. Podríamos hablar también de otras producciones, como pueden ser el aguacate, el tomate, la manga y la papaya, lo
que pasa es que la producción del plátano, como sabe usted, es la única producción europea, junto con la de Portugal, y, además, no tenemos competitividad. Es muy importante para la economía canaria, para el empleo canario y para el paisaje
canario; en unos casos, como en la isla de La Palma, supone prácticamente la renta de toda la isla y, en casos como Tenerife, afecta tanto como que puede desaparecer el Valle de la Orotava. Pero no solo eso, es renta y 20 000 familias. Entonces,
a mí me gustaría que, en concreto, me contestara respecto a este tema sobre el que le he hecho la pregunta: cómo se va a controlar eso. Para nosotros las comparecencias son para hacer preguntas, pero en el día de hoy nadie me ha respondido a lo
que he preguntado.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Oramas.
Ahora, en nombre del Grupo Euskal Herria Bildu, tiene la palabra el señor Ruiz de Pinedo.
El señor RUIZ DE PINEDO UNDIANO: Muchas gracias.
Señora directora, muchas gracias por su presencia. Dado el papel estratégico de la AICA, mi intervención tiene la intención de arrojar un poco de luz para saber cómo podemos hacer con esta ley una herramienta que sea útil. (El señor
vicepresidente, Cerqueiro González, ocupa la Presidencia).
El secretario general del ministerio antes nos hablaba de la importancia que tiene que desde el sector se establezcan los precios de coste. Nos hablaba de la importancia de construir dentro de los sectores estrategias de valor del producto
que los hagan verdaderamente competitivos y diferenciables de cara a los productos de importación. Nos hablaba de modernización del sector, con elementos para fortalecer y, dentro de la cadena alimentaria, garantizar realmente unos precios justos.
Pero vayamos, por ejemplo, a un sector que ya está recorriendo todos estos caminos, el de la uva. Una vez cumplido ya todo ese recorrido, ¿con esta ley vamos a tener un instrumento válido para garantizar unos precios justos? Estamos introduciendo
una serie de mejoras a la ley que ya que tenemos, pero es que, repito, ya tiene un recorrido importante. En el mes de octubre hice una pregunta por escrito referente a cómo se estaba pagando la uva en la campaña de los meses de septiembre y
octubre, en la que hubo numerosas denuncias de que se estaba pagando por debajo de coste. Por eso le preguntaba si había conocimiento ya dentro del ministerio de que se estaba pagando por debajo del coste. Asimismo, preguntaba si se estaba
planteando desde el ministerio hacer cumplir la ley y si habían llegado ya solicitudes por parte de asociaciones y de comunidades autónomas con respecto a esta situación. La respuesta, que me llegó prácticamente en noviembre, fue que AICA solamente
interviene en el ámbito de sus competencias, que esto empieza cuando la situación responde a operaciones entre operadores de diferentes comunidades autónomas. No nos llegó a responder si había denuncias desde las comunidades autónomas y, por eso,
la pregunta es: ¿Ha habido denuncias desde las comunidades autónomas?
Segundo, es conocido que parte de estas operaciones se hacen dentro de denominaciones de origen que son interprovinciales. En nuestro caso, por ejemplo, la situación era entre Rioja Alavesa...
El señor VICEPRESIDENTE (Cerqueiro González): Señor Ruiz, tiene que ir terminando.
El señor RUIZ DE PINEDO UNDIANO: ... y Rioja de Logroño. ¿Han hecho algo? Desgraciadamente, no se nos respondía concretamente. Digo todo esto y estoy poniendo un caso porque yo creo que para mejorar esta ley vamos a tener que hacerlo en
base al análisis de casos y de situaciones concretas, para tener una salida útil. Esta es mi pregunta: ¿Han tenido esas denuncias? ¿Y por qué no se interviene de oficio cuando ya se conoce y, sobre todo, en el caso de denominaciones de origen,
que AICA conoce perfectamente estas situaciones?
El señor VICEPRESIDENTE (Cerqueiro González): Gracias, señor Ruiz.
Por el Grupo Parlamentario Vasco, el señor Aguirretxea tiene la palabra.
El señor AGIRRETXEA URRESTI: Gracias, señor presidente.
Señora Hernández, muchas gracias por su intervención. Yo me centraré en cuestiones que a usted le competen. Tendría otras cuestiones en torno a la ley, pero quiero preguntarle sobre la capacidad sancionadora. Hay una cuestión -y usted lo
ha dicho, además- sobre el artículo 26, en el que el Estado se autoadjudica la capacidad sancionadora en aquellas cuestiones en las que incluso las partes contratantes son de la propia comunidad autónoma, en base a una trazabilidad previsible.
Evidentemente, nos parece abusivo que el Estado utilice algo que jurídicamente es no objetivable; me refiero a la previsible trazabilidad. El Estado dice: en principio, es para mí. ¿Cómo van a valorar ustedes la previsible trazabilidad? Esa es
mi pregunta.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Cerqueiro González): Gracias, señor Agirretxea.
Señora Martínez, del Grupo Ciudadanos, tiene la palabra.
La señora MARTÍNEZ GRANADOS: Gracias, presidente. Gracias, señora Hernández, por su intervención.
Quería hacerle una pregunta. Dado que el cumplimiento de que aparezca en los contratos el coste efectivo de producción ya está recogido en la tramitación como ley del Real Decreto 5/2020 -aunque el sector no está de acuerdo y nosotros
tenemos grandes dudas de que ese sea el elemento que va a solucionar la situación para que los productores tengan más poder negociador o puedan tener más
beneficios, ya que son el eslabón más débil y que sustenta la cadena-, quería preguntarle por esa relación contractual. El secretario general dice que el establecimiento de esos costes efectivos puede hacerlo el productor imputando de la
manera que considere, es decir, puede imputar lo que entienda a ese coste de producción. Y se establece el precio de venta por relación entre las partes con los contratos. ¿Usted cree que ese coste efectivo de producción va a ser fácil de
inspeccionar si llegan denuncias haciendo esas inspecciones, que normalmente se realizan dentro del trabajo de la AICA? ¿Cree que va a servir de algo ese coste efectivo de producción? ¿Van a poder controlarlo? Porque, realmente, con cambiar el
coste efectivo de producción dentro del contrato, dado que es un contrato de relación entre dos partes, ¿cómo va a poder controlar algo que no está determinado, cómo se calcula? Realmente, va en contra de cómo se establecen los precios, que es
entre la oferta y la demanda, y habrá situaciones, como ha habido hasta este momento, en que la oferta y la demanda determinen un precio que en ocasiones esté por debajo de ese coste de producción. Entonces, quería saber cómo se va a controlar,
porque después habrá ciertas sanciones. Quería preguntarle si tiene medios suficientes para realizar esa labor que entiendo que también va a ser difícil porque es muy difícil de determinar que ese coste efectivo de producción es el que es y no está
puesto arbitrariamente en ese contrato. ¿Tienen medios suficientes? (El señor presidente ocupa la Presidencia).
Asimismo, quería preguntarle sobre la protección del denunciante. ¿Es suficiente la protección del denunciante que existe en la actualidad? Y sobre la efectividad que existe de la publicación de las sanciones. ¿Cree que es efectiva?
Nosotros creemos que no es solo la sanción económica; la publicación de la sanción de haber realizado una actividad abusiva muchas veces es más restrictiva, incluso, que las sanciones económicas. Queremos saber qué opinión tiene sobre esto y, si
debe ser publicada esa sanción, ¿cuándo sería?, ¿al final de todo el proceso? Porque existe una investigación, existen unas comprobaciones y creemos que es beneficioso que se publique esa sanción para que el sector sepa qué se está haciendo, pero
entendemos que debe ser cuando la sanción ya es efectiva.
Y, por último, las comunidades autónomas. Una vez que la AICA traslada los expedientes a las comunidades autónomas, ¿las comunidades autónomas tienen obligación de reportar la información de cómo ha quedado ese expediente?
Muchísimas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Martínez.
El Grupo Plural no está. Por parte del Grupo Republicano, tiene la palabra el señor Eritja.
El señor ERITJA CIURÓ: Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora Hernández.
Quiero hacer varias preguntas. Un tema importante que ha comentado la compañera de Ciudadanos es el de la protección del denunciante. Creo que es importante tener en cuenta si tienen capacidad los pequeños productores de denunciar malas
prácticas de grandes corporaciones. Creo que es fundamental porque si no, al final, lo que va a pasar es lo que acaba pasando, que no hay denuncias básicamente por los costes, tanto a nivel personal como a nivel económico. En todo caso, sería
importante en esa nueva ley una exigencia literal de la trazabilidad para poder seguirlo en caso de que haya denuncias. Creo que es muy importante saber exactamente la trazabilidad de cualquier producto desde la producción hasta la venta y la
distribución final, quizá a través de los contratos.
También ha comentado que en la nueva ley habrá una autoridad de ejecución, tal y como exige la directiva europea. En todo caso, deseo saber qué relación se va a establecer entonces con las comunidades autónomas y si estas van a ser o no
autoridades de ejecución, para ver cómo quedaría todo configurado.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Eritja.
Ahora, en nombre del Grupo Confederal, tiene la palabra la señora Franco.
La señora FRANCO CARMONA: Muchas gracias, presidente.
Gracias también a la directora de la AICA, la señora Hernández. Creemos que su visión y el trabajo que ha hecho la AICA en la conformación del texto de esta ley ha sido fundamental para conseguir que se acabe con la competencia desleal en
el sector agroalimentario, y, por tanto, se acabe con los abusos que suponen las prácticas comerciales desleales, como la venta a resultas o la venta a pérdidas.
Queríamos hacer una consideración entendiendo que nos parece muy importante el paso que ha dado el ministerio tanto con el Real Decreto 5/2020 como con este propio proyecto de ley, dado que los pasos han sido amplios y van a dotar de mucha
más seguridad las relaciones comerciales en el sector primario, en el sector agropecuario. Queríamos hacerle algunas consideraciones, aunque todas ellas se restringen a una cuestión muy concreta y es que la legislación tiene que tener una parte más
punitiva, una parte ex post, como puede ser la de control y las sanciones, pero sobre todo entendemos que las leyes deben garantizar el cumplimiento para que la parte de sanción y de control pueda ser reducida a un término más acotado, más pequeño;
es decir, primero que se pueda cumplir y, después, si no se cumple, que pueda haber control. A nosotros nos parece que la ley quizá se restringe demasiado o está muy centrada en la voluntad de las partes, porque sabemos que hay competencia desleal
o prácticas comerciales desleales en el sector primario, en el que no se cumple la Ley de Competencia en muchos casos. Entre otras cosas, estamos viendo que hay abuso de posición dominante cuando la ley lo prohíbe y tenemos que ir quizá hacia una
ley que no se base tanto en la voluntad de las partes y que deje las sanciones en un papel más minoritario, y me explico.
Creemos que está muy bien que en el texto actual se haya registrado la publicación trimestral de las sanciones graves y muy graves; eso para nosotros es fundamental a la hora de crear esa conciencia, así como el papel de la mediación, pero
creemos que tiene que haber establecimientos públicos, y entendemos por públicos los observatorios de precios, tanto estatal como de comunidades autónomas, pero no tanto las interprofesionales, donde hay intereses precisamente de esas partes que
abusan de su posición respecto a los pequeños agricultores y ganaderos, y que pueda haber un establecimiento de precios medios. Creemos que hay que definir el abuso de posición dominante, concretamente en la agricultura. También creemos que es
necesario un registro de contratos digital que dote de más transparencia y seguridad a los pequeños agricultores. Queremos preguntarle por esto -y con esto termino, señor presidente, y disculpe que me haya extendido un poco más de la cuenta- porque
si hay algo que nos han dicho todas las organizaciones profesionales y los agricultores, agricultoras y ganaderos con los que nos hemos reunido es que, al final, la ley puede provocar...
El señor PRESIDENTE: Ha excedido su tiempo.
La señora FRANCO CARMONA: Sí, sí, termino ya.
... un todos contra todos. Quiero decir que a un pequeño agricultor o a una pequeña agricultora o ganadera le cuesta mucho trabajo denunciar a una gran empresa, que es la que le va a comprar la producción, porque quizá por ello se le cae la
producción, no puede volver a vender y, por tanto, se puede arruinar. Ese es un problema fundamental que creemos que hay que atajar con esta ley.
En último lugar, me gustaría preguntarle cuáles son los plazos medios de resolución de conflictos que estima o que ahora mismo tiene la AICA.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Franco.
En nombre del Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra la señora Nevado.
La señora NEVADO DEL CAMPO: Gracias, presidente. Muchísimas gracias, señora Hernández.
Estamos aquí para ver cómo podemos mejorar la Ley de la Cadena Alimentaria, pero yo no puedo dejar de aprovechar para dar las gracias a aquellos agricultores y ganaderos que, una vez más, han demostrado que siempre que los necesitamos están
ahí, que han sacado sus tractores y han ido a las calles a retirar la nieve. Pero vayamos a lo que nos ocupa.
Yo le quería preguntar si usted está segura de que vamos a poder garantizar que el precio final de los productos no va a ser el que determine el precio de los eslabones anteriores, porque, según nos cuentan, muchas veces se acaba haciendo
así. ¿Cómo debería establecerse el papel del mediador para que fuera realmente eficaz a la hora de resolver los problemas que surjan? ¿Cree usted que la reforma va a solucionar los problemas de trazabilidad y etiquetado de los productos? Este es
un tema que les preocupa bastante a muchos productores, el tema del etiquetado. Sabemos que los plazos de pago no benefician y satisfacen en todos los casos a ambas partes. ¿Piensa usted, doña Gema, que se podrían llegar a introducir excepciones?
AICA interviene y actúa a través de planificaciones de oficio y a través de denuncias, y estamos viendo que el año pasado el 75 % de estas sanciones fueron a frutas y hortalizas, el 14,29 % a vino y el resto ya eran cantidades inferiores. Lo que
nos interesa saber es realmente el porqué de esos datos. ¿Por qué considera que esos sectores no se están ajustando como debieran a la
ley? Estamos hablando constantemente del eslabón más débil -todos sabemos quién es- y no podemos pasar por alto cuál es el motivo de esa debilidad. Sabe que Turquía, Sudáfrica o Marruecos siempre van a producir más barato que nosotros y
debería buscarse una solución a esa competencia desleal. ¿Qué medidas se les ocurre desde la AICA que podríamos introducir para evitar esa competencia de los productos de países terceros, que, según estamos viendo, son el verdadero generador de los
problemas de la cadena? Los problemas de la cadena alimentaria se generan fuera de la Ley de cadena alimentaria. ¿Considera que respetando, por ejemplo, el principio de reciprocidad y el principio de preferencia comunitaria se podrían llegar a
resolver algunos de estos problemas que se nos plantean?
Actúan ustedes a través de las denuncias y animan a ellas. Sabemos que han facilitado en su página web un link para que se puedan realizar las denuncias desde ahí, pero quería preguntarle si está funcionando, ya que en algunas zonas rurales
no tienen cobertura suficiente para acceder.
Veo que se me acaba el tiempo. Simplemente, me gustaría saber si usted percibe mayor confianza entre los eslabones de la cadena o si se está creando un clima de tensión entre ellos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Nevado.
En nombre del Grupo Popular, tiene la palabra la señora Hoyo.
La señora HOYO JULIÁ: Muchas gracias, señor presidente.
Buenos días, señora Hernández, y gracias por su comparecencia. Quisiera comenzar destacando, como es obvio, que esta modificación y nueva legislación no tiene el consenso que tuvo la Ley 12/2013. Es obvio, no tiene nada que ver. Esa ley,
además de mejorar notablemente el sector, propiciando una mayor seguridad jurídica y una mayor transparencia en las relaciones comerciales, suscitó mucho consenso y hay que plantearse por qué esta modificación y esta nueva ley no lo tienen.
Quisiéramos, en primer lugar, preguntarle qué papel ha jugado la Agencia de Información y Control Alimentarios en esta modificación legislativa y si van a llevar a cabo alguna adaptación o cambio organizativo dentro de la misma. La verdad
es que resulta sorprendente que la AICA pierda competencias pese a que ha crecido a nivel presupuestario un 38 %. Quisiera destacar una de esas pérdidas de competencia que ha sufrido y que usted ha mencionado como si no tuviera importancia. Desde
luego, para nosotros es una pérdida muy grave que la AICA deje de actuar como autoridad delegada del ministerio para el control de la denominación de origen Rioja y del resto de denominaciones de origen supraautonómicas, rompiendo la unidad de
control que actualmente existe y poniendo en riesgo su actual situación y prestigio. ¿Le parece razonable? ¿No cree que puede repercutir en la calidad del producto? Nosotros vemos que esto ha sido una equivocación. Que se metiera esta
competencia en el mercado que fueron los Presupuestos Generales del Estado para contentar a un determinado grupo parlamentario no es coherente ni razonable. Queremos preguntarle si considera adecuada y suficiente esta modificación legislativa para
conseguir los objetivos que persigue esta nueva ley. ¿Cree que el Real Decreto-ley 5/2020 ha solucionado los problemas que tenía el sector? ¿En qué ha mejorado las relaciones entre los agentes de la cadena? En su opinión, ¿este real decreto
mejora el equilibrio?
También nos gustaría conocer su valoración sobre los posibles efectos que tendrá la nueva ley sobre la competencia y qué efectos tendrá en el mercado alimentario español. ¿Se garantiza, en su opinión, la unidad de mercado en España, algo
que nuestro grupo considera fundamental? ¿Y cómo mejora el funcionamiento y la vertebración de la cadena alimentaria, garantizando a la vez...
El señor PRESIDENTE: Tiene que acabar, señora Hoyo.
La señora HOYO JULIÁ: ... una distribución sostenible del valor añadido?
Para terminar, presidente, quiero plantear un tema que consideramos fundamental. Cuando hablamos de nuestro sector agroalimentario lo hacemos de un sector que es eminentemente exportador y, dado que esta modificación de ley va mucho más
allá de lo que dice la directiva europea, quisiéramos saber cómo piensan imponer el cumplimiento de nuestra normativa a terceros países. ¿No cree que el hecho de que nuestra legislación vaya a ser más restrictiva, vaya más allá, va a repercutir
negativamente en nuestra competitividad?
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Hoyo.
Por último, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Sancho.
El señor SANCHO GUARDIA: Señora Hernández, quiero felicitarla a usted y a su equipo por su trabajo. Quiero mostrarle nuestro apoyo como Grupo Parlamentario Socialista y mi agradecimiento de antemano como productor y me atrevo a decir que
en nombre de los productores, por la importancia de la AICA para el éxito de la ley de la cadena alimentaria de Luis Planas, que será la que garantice la trazabilidad, la calidad y la sanidad alimentaria. La AICA será fundamental para que esto
termine con éxito.
No voy a hacer preguntas, sino más bien al contrario. Vamos a comprometernos -seguro que casi todos los grupos parlamentarios lo comparten- como personas, como grupo parlamentario, a transmitir a la sociedad la importancia de trasladar
información a la AICA y colaborar con la misma para conseguir que realmente todo esto sea efectivo. Voy a ser breve y simplemente voy a resaltar cosas que creo que tenemos que saber todos, como qué es la AICA. Coopera para mejorar la cadena
alimentaria, vigila las relaciones comerciales en la cadena alimentaria, vigila los contratos de la cadena alimentaria, vela por el cumplimiento de la Ley de la cadena alimentaria y coopera para mejorar la cadena alimentaria. Con esto simplemente y
con toda su actividad realmente seremos partícipes de que la ley de la cadena alimentaria que se va a aprobar del ministro Luis Planas y del Gobierno de Pedro Sánchez llegará a buen puerto.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sancho.
Culminadas las intervenciones de los grupos parlamentarios, tiene la palabra, por un tiempo de quince minutos, la señora Hernández para contestar lo más concisamente posible a todas las preguntas que se le han formulado.
La señora DIRECTORA DE LA AGENCIA DE INFORMACIÓN Y CONTROL ALIMENTARIOS, AICA (Hernández Maroñas): Voy a ver si soy capaz de dar respuesta a todas las preguntas que ustedes han realizado. Para empezar -a lo mejor con algunas explicaciones
voy respondiendo ya a varias preguntas-, AICA aplica la ley que está en vigor. Es decir, ahora mismo aplicamos la Ley 12/2013, que ha sido modificada por la Ley 8, y a partir del 1 de noviembre aplicaremos lo que en sede parlamentaria se decida.
Nosotros vigilamos el control. ¿Y qué controlamos? Relaciones entre dos empresas, entre dos operadores, entre dos empresas que tienen que cumplir un contrato, unos plazos de pago o la no modificación del contrato. Nosotros nos centramos en esas
relaciones comerciales entre empresas. ¿Y cómo lo hacemos? Un ejemplo práctico: un inspector va a una empresa y pide información contable, información fiscal e información económica, porque al final en lo que nos tenemos que basar es en
documentos, en hechos probatorios, para demostrar un incumplimiento. Me han preguntado si es una herramienta útil. Es una herramienta útil. ¿Por qué es una herramienta útil? Porque un operador puede denunciar directamente, y entendemos
perfectamente el miedo.
Han preguntado sobre la confidencialidad. El proyecto de ley establece que se garantiza la confidencialidad durante todo el procedimiento de control, es decir, hasta la parte donde nosotros tenemos conocimiento. Como decía, el denunciante
puede hacerlo bien directamente, bien a través de sus organizaciones. El link de la página web funciona, están entrando denuncias, han entrado en los últimos meses desde que la tenemos y antes lo han hecho de otras maneras. ¿Hemos sido conscientes
o hemos tenido conocimiento de las dificultades que ha tenido el sector del vino en esta campaña? Sí. Han entrado denuncias y se están estudiando; es más, se han abierto controles de oficio. Pero todo lleva su tiempo. Se abren controles, se
abren programas. Como decía, nosotros vemos las relaciones comerciales, vemos si hay un contrato, pero no nos conformamos con ver un contrato, sino que tenemos que esperar unos meses a que se pague para confirmar que ese contrato es válido; el
papel lo aguanta todo, pero hay que confirmarlo. Por tanto, la respuesta a la pregunta es que, efectivamente, ha habido denuncias, que estamos estudiando y controlando.
En cuanto a la trazabilidad previsible, este concepto ya estaba en la ley que se aprobó en el año 2013, así como las etapas que puede llevar un producto desde la producción a la distribución. En nuestros expedientes y en nuestras
actuaciones de investigación comprobamos ese producto, el producto que se esté analizando y comprobando por parte de esta empresa. Por ejemplo, como han dicho antes, España tiene una vocación exportadora. Todos los productos principales que son
investigados suelen ser exportados. Aun así, a través de toda esa información que hemos solicitado para trazar el producto comprobamos que el destino de ese producto sea finalmente la exportación o que haya salido del ámbito de la comunidad
autónoma. Es decir, hay diferentes formas, les diría que relativamente fáciles, porque se lleva trabajando en esto muchos años y, al final, los procedimientos se van mejorando.
Han hablado de medios suficientes en AICA. Como saben, el ministro ha tenido un compromiso firme con AICA, y en estos momentos, aparte de la dotación presupuestaria, existe un plan de incorporación de personal a AICA por diferentes vías.
Si van al BOE verán que hay un concurso para veintiuna plazas. También es inminente que se incorpore más gente a través de otras ofertas de empleo público que se están dotando ahora mismo. Es decir, tenemos un plan para dotar a AICA con más
personal, porque es necesario.
Respecto al coste efectivo de producción, tema que ha salido a lo largo de toda la mañana, siempre decimos lo mismo. La ley no establece una definición de coste efectivo de producción. ¿Quién lo tiene que calcular? No es que lo tenga que
calcular, es que está claro que el proveedor es conocedor de cuáles son sus costes. Pero lo que ha explicado antes el secretario es que eso tiene que entrar dentro de esa negociación; al final, se trata de negociar, no de imponer.
Han hablado también de las autoridades de ejecución. La autoridad de ejecución nacional, AICA y cada una de las comunidades autónomas van a tener que dar el nombre de quién es la autoridad de ejecución de la comunidad autónoma, porque así
se lo tenemos que trasladar a Bruselas, a la Comisión Europea, y así está establecido en la directiva. Como decía antes, el proyecto de ley establece la creación de un comité de coordinación con comunidades autónomas. También se me ha olvidado
antes referirme a la publicidad de las sanciones. La publicidad de las sanciones ya es algo que está en la ley. Se establece que se publicará una sanción cuando se haya puesto fin a la vía administrativa y a la vía judicial, y eso lleva un tiempo,
hasta que se acaban los plazos para dar la posibilidad de poner recursos.
Registro de contratos. No creo que sea mi papel valorar si se debe o no se debe, pero sí su aplicación. Por tanto, el registro de contratos es útil. También hay que valorar el coste/beneficio. Se firman innumerables contratos y, por
tanto, tendría que ser un sistema muy efectivo. Es muy importante, porque el contrato hay que firmarlo antes de la entrega de los productos. Eso es lo que se tiene que salvaguardar y lo que nosotros salvaguardamos. Cuando vamos a una inspección,
hay que comprobar que ese contrato ha sido firmado antes de la entrega de los productos. Por tanto, hay que valorar muy bien si elevar a un registro todos los contratos de todos los productos de todas las empresas. Se han metido en la ley dos
aspectos que vienen a reforzar todo esto: uno es la firma electrónica y otro es la sanción grave por no suministrar la información cuando sea requerida por la autoridad competente o hacerlo de forma engañosa, así como por no presentar el contrato
en el momento de la inspección. Esto es algo muy demandado por el sector productor. Estas dos cuestiones, tanto la firma electrónica como esta sanción grave, van a reforzar todo este aspecto. Preguntan por qué el sector de frutas y hortalizas y
el sector del vino son los más sancionados. Al final, quien es más investigado es más sancionado. ¿Por qué son más investigados, por qué hay un mayor control sobre estos sectores y sobre el sector lácteo? Porque hemos tenido denuncias, porque
hemos tenido comunicación de incumplimientos y hemos comprobado y confirmado que, efectivamente, el hecho de que productos como frutas o leche sean perecederos puede ser causa de mayor incumplimiento. Por eso son los más investigados. Aun así,
nosotros intentamos abarcar un mayor abanico de productos para estudiar las relaciones comerciales, porque, como he dicho, nuestra obligación es controlarlas, pero también lo es entender cómo hacen esas relaciones comerciales los operadores. Hay
muchos productos, muchas cadenas, y lo que intentamos -una labor que también hacemos y que no viene en el BOE- es informar a los operadores o a través de sus organizaciones cómo deberían hacerlo bien o qué están haciendo mal. Mantenemos infinidad
de reuniones, porque, como he dicho al principio, el objetivo de la ley no es sancionar, sino mejorar las relaciones comerciales y los equilibrios entre los eslabones.
Hay una cuestión que me gustaría aclarar, porque creo que se ha entendido mal. En el campo de las Denominaciones de Origen Protegidas e Indicaciones Geográficas Protegidas, ahora mismo la función del control de la comercialización se estaba
haciendo en cinco figuras de calidad. En Rioja o en Cava no teníamos esa competencia; es decir, no dejamos de hacer el control. Quería aclararlo. Es algo que a AICA no se le dio en el año 2017. Pero también quisiera tranquilizarles. Que AICA
no lo haga no quiere decir que no se vaya a hacer. Esta función no recae en AICA, pero recae en el Ministerio de Agricultura porque tiene esa competencia y se va a hacer. En el caso de Rioja, lo hace Rioja a través de otras figuras, y en las cinco
que dejamos de hacer, se va a hacer. Si no ha quedado claro, en cualquier momento lo aclaramos porque eso es importante.
Han hablado también de la mediación. AICA no hace una labor de mediación tal y como viene regulada en la legislación de mediación. Hay una referencia ahora mismo en el proyecto de ley a esa mediación. Lo único que hacemos, como he dicho
antes, es una labor de información, no una mediación como la que viene recogida en la legislación.
Creo que con estas referencias o respuestas un poco generalistas he dado respuesta a todo, aunque no a los casos particulares de importaciones y demás. Me gustaría decirles que las relaciones comerciales, según establece la directiva y en
el proyecto de ley, entre un país tercero y un operador español tendrán que ajustarse a las prohibiciones que establece esta ley. Para eso, desde AICA o desde la comunidad autónoma los órganos administrativos tendremos que establecer el
reconocimiento mutuo y trabajar sobre cómo hay que hacer esas denuncias, en su caso, ya que también están recogidos en el proyecto todos los cambios para las denuncias, como se establecen en la directiva. ¿Cómo va a calcular AICA los costes
efectivos de producción? No, AICA no tiene que calcular el coste efectivo de producción -esto el organismo administrativo de control no tiene que hacerlo-, tiene que velar para que lo que establece la ley se cumpla, así como que en el caso de
relaciones comerciales entre terceros y un operador español por lo menos esas prohibiciones también sean cumplidas. No sé si ya he dado respuesta a todo. En cualquier caso, estoy a su disposición ahora o en cualquier momento para hacer todas las
aclaraciones que sean necesarias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Hernández, por su intervención y por comparecer en esta casa, y a ustedes también por sus intervenciones. En un minuto pasamos a la siguiente comparecencia. (Pausa).
- DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN AGRARIA DE JÓVENES AGRICULTORES, ASAJA (BARATO TRIGUERO). (Número de expediente 219/000353).
El señor PRESIDENTE: Vamos a reanudar la sesión dándole la palabra al señor Pedro Barato Triguero, que es presidente de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores, Asaja. Tiene usted, señor Barato, quince o diecisiete minutos para
realizar su intervención -posteriormente, los grupos parlamentarios intervendrán- y otros quince minutos para contestar. Le cedo la palabra.
El señor PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN AGRARIA DE JÓVENES AGRICULTORES, ASAJA (Barato Triguero): Gracias, señor presidente.
En primer lugar, quisiera agradecer al Congreso la oportunidad que me da, en nombre de Asaja, de trasladarles a sus señorías las propuestas que desde Asaja venimos trabajando en la materia que voy a desarrollar a continuación. Desde luego,
esta ley de la cadena alimentaria en la que nosotros llevamos trabajando desde el año 2012 hay que situarla también en el ámbito de la trasposición en España de la Directiva 633/2019, de Prácticas Comerciales Desleales, que fue aprobada en 2019 en
el seno de la Unión Europea. En primer lugar, sería injusto no reconocer los avances que supuso la aprobación de la Ley 12, de 2013, en cuanto a las relaciones entre los distintos eslabones de la cadena alimentaria, de cuyo funcionamiento dependen
cuestiones esenciales como proporcionar alimentos suficientes y de calidad a la población. En esta tarea nos esforzamos cada día procurando mejorar nuestros sistemas productivos y proporcionando aquellos alimentos que los consumidores nos solicitan
aquí y fuera de nuestras fronteras. España, desde mi punto de vista, es un gran país obtentor y suministrador de productos agroalimentarios tanto para la población española como para la que reside en otros Estados de destino de nuestras
exportaciones. Eso se ha conseguido con un esfuerzo continuo de adecuación e innovación en las técnicas de producción, lo que ha supuesto una evolución en nuestras explotaciones, en muchos casos apoyadas en inversiones en los distintos medios de
producción que habitualmente utilizamos para conseguir nuestros productos.
Muchos de los productos que obtenemos en nuestras explotaciones son, por su propia naturaleza, perecederos o de conservación reducida antes de ser consumidos o procesados. Es precisamente en este tipo de productos donde hemos observado
mayores dificultades de comercialización dentro de una cadena en la cual se aprecian claramente signos de desequilibrio entre el poder negociador de los distintos eslabones, siendo el de la producción primaria el más débil pero para el cual yo
reclamo su condición de esencial, por cuanto no debemos dejar caer a nuestros productores y producciones para que sean otras de origen foráneo las que abastezcan el mercado español.
Con la aprobación, en su momento, de la Ley 12, de 2013, de la cadena alimentaria, España fue uno de los países pioneros en la regulación de las relaciones comerciales entre los agentes de esa cadena, contribuyendo con ello a su mejor
funcionamiento, y pasados unos años es evidente que nos queda todavía mucho por mejorar. El momento de la trasposición de la Directiva 633/2019 ya mencionada, España debe convertirlo de nuevo en una oportunidad para dar un nuevo impulso en la
dirección
correcta para buscar un reequilibrio de fuerzas negociadoras en los eslabones de la cadena alimentaria, marcando de alguna manera el paso en esa dirección al conjunto de los Estados de la Unión Europea. Soy consciente, por los intercambios
de opinión que hemos mantenido con los grupos parlamentarios, con ustedes, de que se encuentran sensibilizados por los bajos precios percibidos en muchos casos por los agricultores y ganaderos a cambio de los productos obtenidos. Esta
circunstancia, cuando se da de forma prolongada, como así está siendo observada recientemente en muchos productos, pone en peligro la continuidad de ciertas explotaciones, forzadas al abandono de la actividad, con lo que ello comporta en otros
ámbitos: despoblamiento, problemas medioambientales, escasez, abandono del territorio. Estamos en un momento interesante para poder evitarlo, aunque no sea fácil cambiar hábitos muy arraigados o incluir obligaciones y hacerlas cumplir para
conseguir un reparto más justo en los beneficios generados en la comercialización de un producto entre aquellos que lo han hecho posible con su esfuerzo diario, sin exclusión de eslabones y sin que ello tenga por qué afectar a los precios a los
cuales adquiere los productos el consumidor final. No me cabe duda de que una ley no puede ser el remedio a todos nuestros males, pero estoy convencido de su importancia no solo en el ámbito de su aplicación sino además mejorando esas relaciones
entre vendedores y compradores, en muchos casos lejos de las ideales.
Hecha esta introducción, y sin más dilación, paso a exponerles algunos de los puntos básicos que nosotros destacamos y que desde Asaja creemos que deben ser abordados. En primer lugar, se ha de procurar que las relaciones entre las partes
tiendan a ser más equilibradas, evitando posiciones de dominio más fáciles de encontrar en productos perecederos, donde la dependencia del productor de su comprador se acentúa. En este punto proponemos desarrollar los mecanismos de control de las
prácticas comerciales desleales que pudieran existir o surgir, impidiendo, por ejemplo, la no realización de contratos o la modificación de estos de forma unilateral, lo que supone en la práctica la invalidez de ellos. Los riesgos inherentes a la
comercialización de un producto han de ser compartidos de forma proporcional a la participación en un posible beneficio. Las posibles pérdidas de determinadas operaciones no se deben imputar sistemáticamente a la parte más débil, que, como muchos
estudios citan, es la producción primaria.
En segundo lugar, para mantener la producción es necesario que el productor, agricultor o ganadero reciba una remuneración por sus productos equivalente al menos a los costes de los medios de producción empleados -queremos un poquito más-;
de esta manera, los precios se formarían de abajo arriba y no como actualmente, donde resulta que el productor primario percibe una remuneración residual por sus productos, después de haberse deducido los márgenes comerciales que cada uno de los
agentes que configuran una cadena así lo aplican.
En tercer lugar, la situación actual de grandes diferencias de precios entre origen y el pagado por los consumidores en productos con escasa o nula manipulación debería ser cambiada, porque además nos pone a los consumidores en nuestra
contra y da una imagen no ajustada a la realidad de lo que el productor primario está recibiendo en ese momento.
En cuarto lugar, por otra parte, persisten prácticas comerciales como la venta a pérdidas, que no fue abordada en la Ley 12/2013, destruyendo valor en la cadena y poniendo en la mayoría de los casos los precios percibidos por los productores
en niveles tan bajos que se impide recibir por ello una compensación que compense su obtención. Es en estas circunstancias donde la dependencia entre agentes de la cadena se hace más acentuada.
En quinto lugar, al ser la Directiva 633/2019 una directiva de mínimos que permite a los Estados miembros legislar en ciertos ámbitos por encima de los contenidos en aquella, España ha de mantener lo conseguido en la Ley 12/2013 y
profundizar en otros ámbitos que la propia Comisión de la Unión Europea, dentro de su ámbito legislativo, ha implementado para determinados sectores, los cuales pueden ser empleados como guía común de desarrollo normativo.
En sexto lugar, es necesario una interpretación de esta normativa común en todo el territorio del Estado español. Por ello la actualización competencial y capacidad sancionadora propuesta en el proyecto de ley de la cadena alimentaria para
organismos como la AICA son apoyados por nuestra organización; eso sí, con medios, sin lavarse las manos como ha sucedido algunas veces, porque, si no hay medios, por mucho que defendamos la AICA no podremos controlar los abusos que algunas veces
se dan. El objetivo final debe ser que no resulte económicamente rentable el incumplimiento de la normativa vigente, ya sea la propia ley de la cadena u otras, como las referidas a los pagos de plazo. Si me cuesta menos o me compensa la sanción
actual, que en algunos casos no llega, la solución es fácil.
Por último, la realización de estudios de costes de producción debe ser potenciada desde la Administración, con objeto de que se obtengan datos de referencia para comprobar si se está cumpliendo o no el Real Decreto-ley 5/2020 en este
capítulo. Instrumentos como estos permitirán hacer más transparentes los procesos de comercialización y formación de precios, evitando que mediante subterfugios se pueda buscar saltarse la letra y el espíritu de la legislación existente en cada
momento.
Señorías, quisiera hacerles una brevísima reflexión. He comparecido muchas veces en esta Comisión y en otras en el Congreso. En esta Comisión comparezco con una gran diferencia: no venimos a pedir dinero, no venimos a pedir presupuesto.
Muchas veces, debido a las situaciones que hemos tenido, no se han podido atender ciertas necesidades. Esta ley no cuesta dinero. Si ustedes quieren hacerle un gran favor al campo español, apoyen esta ley. No hace falta presupuesto
extraordinario. Podría sacarles hoy aquí lo que son medidas de Italia de ayer, de Francia de hace veinte días o de Alemania en plena pandemia. No vengo a eso, señorías. Como he dicho antes -y creo que así lo entienden-, es muy importante insistir
en que no cuesta dinero, que lo que hace falta es voluntad política, pero voluntad política real. No caben excusas, no caben situaciones por las cuales luego venimos y decimos que no tenemos medios. O aquí hay actuaciones desde el Estado español,
teniendo en cuenta las competencias que tienen las comunidades autónomas, o no podemos sancionar, porque luego llega la comunidad autónoma, no hay tiempo y al final eso conduce a nada, a agua de borrajas. Hay que respetar el título VIII, pero hay
que tener correspondencia -en mi tierra se dice que los aires quieren correspondencia- y las comunidades autónomas no pueden dejar morir ahí esas situaciones. Por lo tanto, es muy importante que las leyes se apliquen y se sigan hasta el final.
Dos mensajes más. Primero, sabemos que algunas cosas se pueden hacer por decreto-ley, como saben sus señorías. Se puede hacer un decreto-ley para un salario mínimo y no pasa nada. Sin embargo, yo tampoco vengo aquí a exigir un decreto-ley
para los costes de producción, pero sí vengo a exigir una transparencia en los costes de producción. Tenemos que ver cuáles son los instrumentos necesarios, los medios oportunos para tener unos precios justos. Hay precios de referencia de nuestras
universidades, de nuestros institutos, de nuestras consejerías de Agricultura, y aquí hay personas que han sido consejeros de Agricultura y saben a qué me refiero. Por lo tanto, no hay excusas para decir que no podemos poner índices de referencia
de los costes de producción. No hay excusa. Cojan ustedes los baremos que quieran. Les pondré el último ejemplo. Las lonjas agropecuarias en España no ponen precio, no fijan precio; son referencia, pero qué casualidad que muchos precios se
ponen al nivel de la media de tres lonjas según sean los territorios. Hay mecanismos para ver esa transparencia que nosotros exigimos. La transparencia es que ustedes vayan a cualquier lineal de cualquier centro comercial y elijan el producto.
Arriba o abajo del producto está el precio. Si a usted le interesa, lo compra y si no, no lo compra. Creo que esta ley tiene que corregir esas necesidades en la venta a pérdidas y la venta a resultas.
Señorías, muchas gracias. Gracias por su atención. Deseo que estas reflexiones y observaciones puedan contribuir a mejorar ese futuro de proyecto de ley. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Barato.
Ahora es el turno de los grupos parlamentarios. En primer lugar, en nombre del Grupo Mixto, la señora Oramas.
La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Barato.
Soy diputada canaria y sé que usted conoce perfectamente la problemática del plátano canario. Le voy a hacer solo cuatro preguntas y además se las voy a entregar cuando acabe mi intervención por escrito. En primer lugar, la ley no aborda
los márgenes del comercio minorista ni la necesidad de fomentar más competencia minorista en beneficio de los productores, que son el primer eslabón y el más débil de la cadena alimentaria, ni tampoco aborda la necesidad de concentrar la oferta de
los productores y hacer organizaciones de productores más fuertes. ¿Cuál es su opinión al respecto?
En segundo lugar, uno de los objetivos de la ley es defender a los agricultores como eslabón más débil para incrementar la rentabilidad. El reequilibrio de la cadena alimentaria es uno de los objetivos de la reforma de la PAC para el
septenio 2021-2027, pero, con la imposición de un precio de venta mínimo al agricultor en todas y cada una de las ventas agrícolas que efectúa, la realidad es que tiene que tirar un 20 % o 30 % del producto que no puede vender por precio. ¿Entiende
usted que esta regulación perjudica al agricultor, que con toda probabilidad se va a ver obligado a abandonar el campo?
En tercer lugar, ¿no cree usted que la ley establece condiciones a los productores españoles que les resta competitividad ante las importaciones de terceros países? ¿Cómo van a defenderse los productores cuando el mercado en España
sustituye su producción por la de otro país proveedor?
En cuarto lugar, ¿qué opina sobre que el plátano, considerando que se produce exclusivamente en territorios insulares, alejados del continente europeo, y que además se enfrenta a la durísima competencia de media docena de grandes compañías
multinacionales, algunas de las cuales cotizan en la bolsa de Wall Street, pudiera exceptuarse parcialmente de esta ley?
Hay otra serie de producciones canarias que no tienen la importancia del plátano y que afectan también a la Península, como pueden ser el tomate, el aguacate, la papaya o la manga, pero, en cualquier caso, me parece que su opinión es muy
importante para esta problemática del campo, del medio ambiente y la diversificación de la economía canaria. Nosotros estamos organizados, tenemos publicidad, tenemos marca a nivel nacional de calidad, pero no es suficiente cuando se viene con
precios de derribo, como usted sabe, de toda Latinoamérica.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Oramas.
Ahora, en nombre del Grupo Euskal Herria Bildu, va a intervenir el señor Ruiz de Pinedo.
El señor RUIZ DE PINEDO UNDIANO: Buenos días. Muchas gracias por su intervención.
Usted ha insistido mucho en el tema de voluntad política. (El señor vicepresidente, Cerqueiro González, ocupa la Presidencia). Entiendo de su intervención que han faltado, hasta este momento, elementos de voluntad política para aplicar la
ley que ya tenemos y que está en vigor en estos momentos. Esa falta de voluntad política que habido en estos momentos creo que la ha llevado usted incluso en parte al tema de comunidades autónomas y a la falta de medios en AICA. Mi pregunta es:
¿dónde coloca usted esa falta de voluntad y en qué elementos básicamente?
El señor VICEPRESIDENTE (Cerqueiro González): Muchas gracias, señor Ruiz.
Por el Grupo Parlamentario Vasco, el señor Agirretxea tiene la palabra.
El señor AGIRRETXEA URRESTI: Gracias, señor presidente.
Señor Barato, muchas gracias por su intervención. Dos preguntas muy concretas. Desde una perspectiva del Grupo Vasco usted sabe que los diferentes tipos de agricultura limitan por una parte y condicionan de alguna manera también las
diferentes medidas que se deberían tomar en bien y en protección del primer sector en las diferentes partes del Estado español. Usted sabe perfectamente que cada tipo de agricultura condiciona esas necesidades y esas transacciones comerciales
posteriores. Por tanto, quiero hacerle dos preguntas muy concretas. Desde una perspectiva de la defensa del sector primario, desde el primer eslabón de la cadena, ¿qué le falta a esta ley, a su entender, y qué es lo que no llega? Es decir,
¿cuáles son las carencias más importantes de este proyecto de ley para que de alguna manera el sector primario quede blindado en todas esas posibilidades posteriores, en lo que la cadena debería llevar hasta el consumidor final, que es el último
eslabón de esa cadena? Eso es lo que le quería preguntar.
Segunda cuestión, ¿considera usted que la misma ley puede saciar por una parte, completar y restituir todas aquellas cuestiones de los diferentes modelos agrarios que hay en el Estado español? ¿Puede servir una única ley para lo mismo?
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Cerqueiro González): Gracias, señor Agirretxea.
Por el Grupo Ciudadanos, tiene la palabra la señora Martínez.
La señora MARTÍNEZ GRANADOS: Gracias, presidente.
Gracias, señor Barato, por venir de nuevo. Como bien ha dicho, no es la primera vez y me temo que no será la última porque queda mucho trabajo por hacer. (El señor presidente ocupa la Presidencia).
Quería hacerle varias preguntas. Sobre los costes efectivos hablaba de que hubiera unos índices de referencia para que el mercado, e incluso el consumidor, supiera en qué costes de producción se mueve el sector primario, que es el más débil
de esta cadena. ¿Cree que funcionarían estos índices de referencia si los costes de producción que deben ir en los contratos no tienen una referencia de cómo calcularse? Después en el mercado normal, en el mercado cotidiano, con la oferta y la
demanda, allá donde la falta de producción es mayor y los costes pueden disminuir, pero también es cierto que es más difícil colocar toda la cosecha, toda la
producción, todo esto influye. ¿Cree que, tal como está contemplado el coste efectivo de producción, los índices de referencia van a ser útiles o habría que modificar un poco cómo se establecen en el contrato esos costes efectivos de
producción? En el ministerio creen que eso solucionaría que tuvieran ciertos márgenes, y a mí todavía me cabe un poco de duda. Es cierto que los índices podrían mejorar, pero habría que tocar esos costes efectivos de producción en el sentido de
cómo establecerlos, porque obviamente difiere mucho una producción pequeña de una producción más extensiva. Si pudiera ahondar un poco más en esto sería muy útil.
Sobre AICA, ¿cree que está suficientemente protegido el denunciante? Nos ha dicho la directora de AICA que el denunciante está protegido durante todo el proceso administrativo y judicial, pero ¿después está protegido suficientemente y tiene
la tranquilidad del poder denunciar cualquier tipo de abusos durante las relaciones comerciales entre los eslabones de la cadena? En cuanto a lo que ha comentado de los expedientes sancionadores, ¿cree que las comunidades autónomas, una vez
terminan esos procesos de investigación, tendrían que repercutir en un plazo determinado a la AICA esa respuesta para obligar a que esos expedientes y su resolución -como usted ha comentado, ya que tendrá más experiencia y conocerá muchísimos casos-
tengan que volver?
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Martínez.
Ahora, en nombre del Grupo Plural, tiene la palabra el señor Baldoví.
El señor BALDOVÍ RODA: Moltes gràcies, president.
Señor Barato, usted ha hecho referencia y especial hincapié en los costes efectivos de producción. Yo creo que la pregunta pertinente sería: ¿quién tiene que fijar esos precios efectivos de producción? ¿Quién los tiene que fijar? Creo
que en esto la ley no es suficientemente clara y tendría que dar suficiente garantía a los agricultores para saber que eso es así. ¿Quién?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Baldoví. Ahora en nombre del Grupo Confederal, tiene la palabra la señora Franco.
La señora FRANCO CARMONA: Gracias, señor presidente.
Gracias también, señor Barato Triguero, por su exposición porque nos parece importante tener en cuenta lo que dicen las organizaciones profesionales para poder tener una ley que cuente con la opinión de los trabajadores y trabajadoras del
sector, de los profesionales del sector. En este sentido, su comparecencia nos parece no solamente importante, sino además estamos de acuerdo con todo lo expuesto. Esta ley da pasos para mejorar las operaciones comerciales en el sector
agroalimentario, pero entendemos también que hay faltas que ahora, en el trámite parlamentario, se pueden eliminar; faltas como las que usted mismo ha comentado. Es necesario tener un control y tener sanciones, pero es importante también tener
unos precios de los medios de producción para poder entender cuáles son los costes de producción y que no siga habiendo prácticas comerciales desleales, es decir, para prohibir realmente la venta a resultas y la venta a pérdidas y que un productor
pueda cobrar al menos lo que le cuesta producir, algo que consideramos básico no solamente en economía sino también socialmente. No imaginamos a la industria, más allá de la agroalimentaria, ni tampoco al sector del comercio o a cualquier otro
sector de la economía, haciendo lo mismo. ¿El sector bancario vendería sus productos a pérdidas? ¿Por qué sí lo pueden hacer los agricultores y agricultoras? ¿Es que acaso el sector primario es un sector de segunda o de tercera? Creemos que no.
Además, para la salud de las personas dependemos fundamentalmente del sector primario. Por eso creemos que es necesario que se establezcan unos precios medios de producción y estamos absolutamente de acuerdo con lo que usted mismo ha dicho, que es
la necesidad de que esos costes medios de producción sean establecidos por la Administración pública, ya sea el Estado central o por las comunidades autónomas. ¿Por qué? Porque si lo dejamos en mano de las interprofesionales, ahí estarán también
quienes están ejerciendo esos abusos en las operaciones comerciales. Por tanto, tiene que ser la Administración pública.
Hay otra cuestión fundamental que hemos hablado en alguna otra ocasión con Asaja y con otras organizaciones. Está bien que en los contratos se establezca cuál es el coste de producción que se ha tenido, pero eso no puede depender de la
voluntad de los operadores porque si no, como nos dicen los agricultores y las agricultoras, en muchas ocasiones se ven obligados a poner un coste que no es el real porque si no, no venden la producción y, por tanto, se les cae la producción y se
quedan sin el negocio. Y quedarse sin el negocio significa que hay muchas familias que se van a la calle y vamos a estar trabajando en un entorno que no es el adecuado.
En último lugar, quería preguntarle por dos cuestiones. Primero, si cree que es importante tener un registro de contratos que dote de más transparencia y seguridad a los productores y productoras. Segundo, qué opina sobre cómo podría
incidir esta ley en acabar con el dumping comercial que puede haber con operadores de terceros países.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Franco.
Ahora en nombre del Grupo VOX, tiene la palabra la señora Nevado.
La señora NEVADO DEL CAMPO: Gracias, presidente.
Buenos días, señor Barato. Voy a incidir nuevamente en que los españoles, como miembros de la Unión Europea, tenemos la obligación de cumplir con toda una restrictiva legislación medioambiental y fitosanitaria, pagar altísimos impuestos y
competir con quien no paga sus impuestos aquí, no cumple dicha legislación y cultiva con una mano de obra y unas condiciones muy distintas a las que se nos exigen a nosotros. Por tanto, nos encontramos con que en este caso es mucho mejor firmar un
acuerdo global de libre comercio con la Unión Europea que formar parte de ella.
Hay que regular el mercado para que lo exterior, lo que venga de fuera, no venga a sustituirnos sino a complementarnos. Es necesaria una mínima defensa comercial que permita competir a los productos de los países socios con los productos
que vienen de fuera. Usted ha propuesto que se establezcan unos precios de referencia, pero el problema es cómo se establecerían. ¿Qué propondría usted para el establecimiento de esos precios de referencia?
Hemos tenido reuniones con algunas personas de las que van a comparecer posteriormente en estos días y nos han asegurado que muchas veces no se están cubriendo los costes de producción y que siguen vendiendo a pérdidas. ¿Cuál es exactamente
el motivo por el que se sigue vendiendo a pérdidas? ¿Cuál considera usted, señor Barato, que es exactamente el motivo? Porque yo creo que hay que ir a la raíz. ¿Es la entrada de esos productos provenientes de países terceros, como he puesto de
manifiesto anteriormente, o interviene algún motivo más desde su punto de vista? Algunos agricultores afirman que en ocasiones no les resulta tan sencillo concretar esos costes de producción. ¿Cuál es la razón de estas dificultades? ¿La Ley de la
cadena alimentaria debería extenderse a la Administración? ¿Piensa usted que debería ser así? Porque nosotros nos hemos dado cuenta de que ahora, cuando se ha retirado la producción de la destilación, no se han cubierto los costes efectivos de
producción. Por tanto, quizá esta ley también debería afectar a la Administración.
Algunas asociaciones agrarias nos han hecho llegar que tienen algún documento en el que solicitan que en el etiquetado aparezca un sello que identifique que ese producto que se está presentando tiene un precio justo y que cumple con la Ley
de la cadena desde el eslabón inicial hasta el del productor; que los productos tengan distintas categorías y distintos precios y que los consumidores tengan acceso a todos ellos y conozcan las diferencias entre unos productos y otros; que cuando
los productos sean de origen español, en el etiquetado aparezca claramente el distintivo con la bandera de España y que a los productos de origen no europeo se les exija un etiquetado claro y fácilmente identificable sobre el origen de la producción
o de la cría. ¿Cuál es su opinión sobre estas propuestas?
Por último, ya sé que ha dicho usted que en esta ocasión no ha venido usted a pedir dinero, pero me gustaría pedir su opinión sobre que Italia vaya eximir del pago del IRPF a los agricultores en 2021. ¿Debería el Gobierno de España tomar
esta y otras medidas para ayudar a los agricultores y ganaderos? ¿Cuáles? Porque, aunque tema que ahora mismo nos ocupa es la Ley de la cadena alimentaria, no debemos olvidar que el sector estaba protestando en las calles cuando se decretó el
primer estado de alarma en marzo y no percibimos que ahora estén mucho más contentos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Nevado.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Marcos.
La señora MARCOS ORTEGA: Buenos días.
Es un placer escucharle, como siempre. Realmente coincido con usted en buena parte de su presentación, como no podía ser de otro modo. Partíamos de una ley importante aprobada con consenso en el año 2013, que ha sido referente europeo y
que después de siete años, lógicamente, necesita mejoras. En este momento lo que está vigente es el Real Decreto-ley 5/2020, que fue la respuesta del Gobierno en
el mes de febrero a los problemas que tenía el campo y por los que los tractores estaban en la calle. Quería preguntarle si considera Asaja que los problemas que tenía el sector se han solucionado con este real decreto-ley y en qué han
mejorado la relaciones entre los agentes de la cadena y si hay más equilibrio entre ellos, teniendo en cuenta, sobre todo, que en la nueva ley se replica prácticamente el contenido de ese real decreto-ley y que es lo que tenemos que valorar, también
para ver hacia dónde orientamos nuestras iniciativas a futuro. Hasta aquí lo que sabemos es el problema que se generó con la compra de leche por parte del FEGA y que, como consecuencia de esto, tuvo que comprar leche en Portugal.
Estamos muy preocupados porque sabemos que para ganar hay que vender más o cobrar más caro. Yo coincido con usted en que precios más bajos lo único que hacen es poner en peligro la continuidad de las explotaciones, generar escasez y
abandonar el territorio provocando despoblación, pero quería saber si considera usted que esta norma permitirá de verdad a los productores vender más o vender más caro. ¿Podrán conseguirlo con esta norma? ¿Qué tendría que incorporar la ley para
asegurar esos beneficios, para estar más preparados en los mercados y competir con los productos de terceros países y de otros países europeos de nuestro entorno, cuyos Gobiernos ponen ayudas como usted ha mencionado? Porque muchos creen que la
norma actual les puede terminar echando de los mercados. Nos preocupan especialmente los pequeños productores, pues son fundamentales para el desarrollo rural de nuestros pueblos y, evidentemente, sus costes de producción son superiores.
¿Considera que, para que no salgan perjudicados, puede ser importante que se apoye al sector a ser más competitivo, a reducir esos costes de producción? Podría ser una alternativa hablar de coste de la energía, hablar de digitalización y hablar de
inversiones que mejoren la competitividad de nuestras explotaciones. ¿Considera que esto pudiera ser uno de los elementos de esta ley? Los costes de producción son una de las claves, lo hemos visto, lo han dicho todos los compañeros, pero nadie
sabe cómo se deben determinar ni quién debe determinar el coste efectivo de producción.
El secretario general nos ha dicho que un buen agricultor sabe cuál es su coste de producción y cómo se conforma. Mi grupo considera que debería haber al menos unos criterios imprescindibles para calcular dichos costes y que deben ser los
mismos para toda España, que el productor tiene que saber si las subvenciones forman parte del coste de producción, si las amortizaciones forman parte del coste de producción y en qué plazos se aborda.
Finalmente, qué es lo que considera usted que se debería incorporar con las enmiendas de los grupos para mejorar el equilibrio y garantizar efectivamente esa fortaleza que necesita el sector primario y ese equilibrio en condiciones de
igualdad en toda la cadena de valor.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Marcos.
Por último, en nombre del Grupo Socialista tiene la palabra el señor Sancho.
El señor SANCHO ÍÑIGUEZ: Gracias, señor presidente.
Señor Barato, bienvenido; le agradecemos el trabajo que hace y le quiero trasladar personalmente mi creencia en las organizaciones agrarias y en el sindicalismo agrario, en el cual he participado activamente, y la importancia que tiene para
los agricultores y ganaderos, así como para la sociedad en general. Recuerdo perfectamente aquellas movilizaciones cuando el primer punto que reclamaban las organizaciones agrarias en febrero era la ley de la cadena alimentaria, y recuerdo también
perfectamente cómo los agricultores y los ganaderos apartaron las pancartas para ponerse al servicio de la sociedad, para desinfectar y hacer todas esas labores que han hecho con la nieve, porque -con todo el respeto y el cariño que le tengo a la
UME y que valoro muchísimo-, a los agricultores y ganaderos los llaman la UME rural, porque son los que han abierto muchos caminos y muchos pueblos.
Pasando ya a lo que creo que es trascendente, y a lo que usted ha venido aquí, tenga usted la total seguridad de que tenemos la voluntad política de cambiar esto, de que esta ley sirva para todo lo que usted ha dicho -que coincido con muchos
de los puntos que ha dicho-, no lo dude. También una transparencia en los costes de producción; esto ha quedado claro, ya lo decía la compañera antes. El mismo secretario general ha dicho esta mañana aquí que es fundamental que el precio se fije
en origen e introducir el coste de producción. Evidentemente, sabemos que cada territorio puede ser de una manera. El coste de producción medio -le voy a contar una anécdota- que tiene una hectárea de cereal de secano en el centro España, en
Teruel, por ejemplo, es de 550 euros. Saquen ustedes las cuentas al precio que puede ir la cebada o el trigo en esa provincia. Ese es el coste medio, más o menos; podemos meter amortización, podemos meter gasoil, podemos más o menos trabajar en
esa línea para mejorar, pero ese es el coste medio.
Sí que quiero trasladarle cuatro preguntas, y no quiero quedarme sin tiempo. La primera es, ¿creen ustedes que la ley de la cadena alimentaria es un gran paso adelante para que no solo los productos agroalimentarios lleguen y se coloquen en
los mercados, sino para que tengan la retribución que merecen? Esa es la primera pregunta. La segunda, el Gobierno del Grupo Parlamentario Socialista cree que esta ley va a hacer aflorar una realidad fundamental: la comercialización directa de
los productos locales procedentes de la explotación familiar, que es imprescindible para el mantenimiento económico y social del medio rural. ¿Ustedes creen esto? ¿Comparten que el proyecto de ley amplíe su ámbito de aplicación, generalice los
contratos por escrito, prohíba nuevas prácticas comerciales desleales e imponga sanciones actualizando las infracciones? Por último, ¿comparte una cadena de valor más justa y equitativa mediante la protección del eslabón más débil, que ya sí que
sí, del productor con transparencia en la formación de precios y el estímulo de las relaciones comerciales?
Termino, señor Barato, como he empezado: agradeciendo su labor, agradeciendo el trabajo de las organizaciones sindicales y mostrando la disposición del Grupo Parlamentario Socialista para trabajar, para hacer la mejor ley que nos permita a
todos poder vivir trabajando y trabajando bien.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sancho.
Finalizadas las intervenciones de los grupos parlamentarios, tiene usted quince minutos para contestar lo más concisamente que pueda a las preguntas que se le han formulado. Por lo tanto, tiene la palabra el señor Barato.
El señor PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN AGRARIA DE JÓVENES AGRICULTORES, ASAJA (Barato Triguero): Gracias, presidente.
Permítanme que, por la relación que tengo con muchas de sus señorías, de todos o de la mayoría de los partidos políticos, empiece mi intervención diciendo que a un ministro de la democracia española le preguntaron: Señor ministro, ¿qué
tiene que hacer un pequeño agricultor para sobrevivir? El señor ministro dijo: Hacerse grande. Y, ¿cómo se hace un agricultor grande? Desde luego, un agricultor no se puede hacer grande comprando tierras; estamos en un país en el que tenemos el
precio de la tierra más caro de Europa. Un pequeño agricultor se puede hacer grande en arrendamientos, un pequeño agricultor se puede hacer grande en organizaciones de productores, un pequeño agricultor se puede hacer grande en cooperativas; hay
que dimensionar. Ustedes han incidido -tanto Partido Popular como el Partido Socialista como la señora Oramas- en la gran preocupación por los pequeños agricultores. Aquí en sede parlamentaria les haré una matización, una cosa es ser pequeño
agricultor y otra cosa es ser pequeño propietario. Hay una diferencia bastante grande entre lo que es un pequeño agricultor y lo que es un pequeño propietario. No confundan. Estamos hablando de realidades distintas.
Hecha esa primera valoración, señora Oramas, conozco perfectamente el mundo del plátano porque algo tuve que ver con el Posei de hoy. Le tengo un cariño especial a Canarias por la insularidad. Aprendí cómo se reparte el agua en Canarias, y
hago esta apreciación porque yo creía que se repartía en botellas o por cisternas y no, se reparte por pipas. Vi el esfuerzo que hace ese territorio para mantener ese territorio vivo, pero también tengo que decirle, señora Oramas, que en el sector
del plátano -he tenido muchas reuniones, como usted sabe, durante estos últimos diez días, la última esta mañana con dirigentes- todo lo que han hecho creo que está muy bien hecho y creo que hay un recorrido muy bien hecho. No mezclemos lo que son
situaciones de grandes cadenas multinacionales, porque concretamente en la ciudad de Salamanca he visto cómo el señor dueño de dólar firmaba el acuerdo en nombre de un país de América en el tema del plátano, por lo tanto, he visto muchas cosas en
este sector. Creo que hay cosas en las que generalizar no es bueno, hay que ver la particularidad de determinadas producciones y qué tenemos que hacer. Pero también digo en sede parlamentaria que no se puede particularizar en todo porque entonces
yo sería el primero que diría: retiren esta ley, porque si no, mal vamos. Conozco perfectamente el dumping, conozco perfectamente cómo se hacen en esos países las producciones y cómo se compite. El gran éxito fue poner en el plátano de Canarias
la etiqueta 'plátano de Canarias' y diferenciar que la piel del plátano de Canarias no es igual que la de la banana, no se ve igual. Todas esas pequeñas cosas y todas esas grandes historias que hemos hecho de maduración en cámara y en el transporte
son un camino, pero si mezclamos lo que son los pequeños con otras realidades no vamos a arreglar la gran situación o el problema que tenemos, y en las relaciones que estamos teniendo creo que esto es importante. No olvide, señora Oramas, que el
Posei contempla al plátano con una situación bastante particular, como tiene que ser. No quisiera extenderme más porque hay otros sectores que
también se pueden ver de otra forma. Desde luego, todos los contenciosos hay que tener cuidado con ellos, hay que tener cuidado con ellos. Yo tengo unos grandes maestros en el mundo del plátano, como es el señor Cólogan y como son algunos
más, de los cuales he aprendido muchísimo en Asprocan. Ese es el camino, no otro; no nos confundamos. Porque no soy yo el Gobierno, pero también podría adelantar que a lo mejor hay situaciones por las cuales no hay tanto miedo como algunos
quieren establecer en esta ley. Hay que establecer lo que hay que establecer, pero cuidado, porque creo que estamos haciendo determinadas cosas que todavía no han llegado; cuando lleguen lo diremos.
Decía el representante de Bildu: La voluntad de aplicación, ¿dónde? Señorías, yo se lo puedo decir como ustedes quieran, con toda la humildad del mundo: si todo tiene precio y todos sabemos lo que cuesta producir, ¿por qué ponemos en duda
que se puede poner precio a algunos costes de producción de lo que nosotros hacemos, señorías? Pongamos el laboratorio que ustedes quieran, hagamos lo que ustedes quieran, pero no pongamos en duda que lo mío tiene precio. Miren, yo soy agricultor
en la provincia de Ciudad Real, normalmente me pongo la corbata y la chaqueta cuando vengo a Madrid; en cuanto a los 550 euros que dice su señoría en el ejemplo de Teruel, conozco perfectamente el despoblamiento que está habiendo en Teruel, y cómo
los agricultores se están haciendo grandes en Teruel y es cogiendo las tierras de los que se van a Zaragoza; no podemos seguir en ese camino. En comparación con esos 550 euros, yo en mi zona estoy en 630 o 650; yo sé lo que me cuesta un kilo de
urea hoy, y estoy tirando urea hoy; yo sé lo que me cuesta un litro de gasoil. Oiga, es que en las relaciones que hemos tenido en los costes de producción, hoy una partida importantísima de los costes de producción que es la maquinaria. Alguien
de sus señorías ha hablado de electricidad. Señorías, yo les pediría que, por favor, se quiten ya la venda y vean por qué tengo yo que pagar la energía de hoy que no estoy consumiendo señorías, y ustedes en los presupuestos algunos han dicho que
sí. Quítenlo ya, por favor, pues ahí están los costes de producción. Creo que es muy importante dónde estamos y hay que saber -en el ambiente se dice- dónde hay que ponerlo, y hay que ponerlo de una forma sencilla.
Alguien de ustedes ha hablado no del doble etiquetado, pero sí de las etiquetas para que se vea de dónde es el producto. Oiga, yo soy el que dijo hace muchos años que los productos tienen que tener un doble etiquetado: cuánto me han pagado
y cuánto está pagando el consumidor, ¿vale para algo? Creo que no, pero vale para que se le caiga la cara de vergüenza al que está abusando de esos precios. Creo que eso es importante, y hay mecanismos. Señorías, yo no quiero más leyes, ¿para qué
quiero más leyes si tengo una que es sobre productos perecederos a treinta días y no se está cumpliendo, señorías? Es importantísimo que lo que hagamos seamos capaces de cumplirlo, porque si lo que hacemos no lo vamos a cumplir, señorías no hagamos
nada; o si no va a servir para nada, no hagamos nada.
Otras consideraciones. Mencionaba la representante de Ciudadanos la AICA. No quiero que se malinterpreten mis palabras, pero aquí tenemos dos caminos: si hay muchos ladrones, habrá que incrementar la Guardia Civil, porque si no
incrementamos la Guardia Civil no hacemos nada. Es un ejemplo, no quiero que se malinterpreten mis palabras. La AICA según está ahora mismo no da abasto. El que haya hecho una serie de acciones en estos últimos días en materia de vino -y digo
vino-..., pero es que hay una situación en la que si la AICA el fraude lo detecta en una comunidad autónoma, da igual Andalucía que Castilla-La Mancha o donde sea, y luego no hay trazabilidad en esa denuncia y no exigimos a esa comunidad autónoma
que nos diga en un periodo de un mes qué ha pasado, pues lo que ha pasado es que se ha perdido la denuncia, y puedo poner ejemplos de determinados sectores que conozco bastante bien. En consecuencia, hay que dotar de medios. En cuanto al poder
sancionador que tenemos o que tiene quien interpone la denuncia, señorías, hoy no hay ese anonimato que tiene que haber, y lo hay en otra vida diaria como en los temas fiscales o los temas de Hacienda, por tanto tiene que haberlo. No me vale cuando
termine el proceso, no, porque al final sabemos lo que ocurre: que va a haber 5 a comprar y 800 000 a vender, y esos 5 a comprar manejan perfectamente determinadas situaciones; luego hay que dotar a la AICA.
¿Por qué hablo yo de índices de referencia? Porque alguna referencia hay que tener. Si yo les digo a ustedes que de catorce comunidades autónomas once tienen el trabajo hecho a través de sus universidades, de sus laboratorios y saben lo
que cuesta producir cualquier cosa, hay un índice, entonces vamos a referenciar esa situación, vamos a referenciarla. Luego, creo que es muy importante que los contratos existan, muy importante. Yo no soy nada catastrofista, y normalmente cuando
puedo hablo con nombres y apellidos. Yo pertenezco a una cooperativa que es Covap, la Cooperativa del Valle de los Pedroches; actúa en el valle de los Pedroches, actúa en el valle de la Serena y en mi tierra, que es el valle de Alcudia. Señorías,
yo sé los terneros que se van a llevar el lunes; primero, ya sé que se los llevan el
lunes; segundo, sé cuándo voy a cobrar, que día; tercero, sé a cuánto voy a cobrar, y algunas veces me mandan un correo por el teléfono en el que me dicen que los míos han sido exportados a Grecia. Nada que objetar, tendré que luchar para
que los precios, cuando creo que son baratos, se incrementen, que me paguen más, y esa es mi función como cooperativista, exigir a la gestión de la cooperativa que las cosas valgan más dinero. Pero ahí tenemos un modelo, no todo es catastrofismo,
tenemos un modelo que funciona muy bien, y como ese, algunos más. No podemos hacer una ley para castigar a los buenos, hay que hacer una ley para el que incumple la ley; porque si hacemos una ley para castigar a los buenos, mejor no hacer nada.
Por tanto, es muy importante que exista esa transferencia.
Respecto al dumping, señorías, es algo que hay que corregir, que hay que vigilar, y nosotros, desde luego, cumplimos las normas. Lo que hace falta es que los demás las cumplan y la autoridad competente lo vigile.
Ya me he referido a lo que decía la señora de VOX sobre el etiquetado. Hay otras situaciones a las que hacía referencia, a los precios y todo el tema de la venta a pérdidas, que no se puede seguir manteniendo. La venta a pérdidas se da de
muchas formas. Yo he dejado de vender a alguna cadena, ¿saben ustedes por qué? Porque la venta a pérdidas se da de muchas formas: si pago la promoción con un palé de mi producto durante una semana, gratis total, eso es venta a pérdidas. Claro,
me dicen que estoy pagando yo la publicidad, pero luego viene el 2×1, luego viene el 3×2, luego viene que compras una caja de botellines y te regalan dos litros de aceite. Eso es venta a pérdidas; o bien publicidad engañosa, donde a través de esa
publicidad llenan -o llenamos- el carro. A todas esas cosas creo que hay que darles transparencia y corregirlas.
Con Milagros Marcos hemos trabajado también, como con muchos de ustedes, y, desde luego, rebajar el coste de producción es importantísimo. Señorías, lo digo en serio: muchos días no me puedo conectar a Internet. Las antenas que tengo en
el campo donde vivo miran a la N-IV, da a espaldas al sector agrario. Estamos hablando de mucha digitalización, estamos hablando de mucha España vaciada, pero quédense con esto, por favor, quédense con esto: hay que hacer las cosas, porque de
verdad esto sí es ahorro y esto sí es información, hoy la información es vital. Yo estoy haciendo hoy las tareas agrícolas porque mañana va a llover, eso me lo dice mi teléfono y me lo dice el parte meteorológico. Antes en el campo había poca
formación académica y mucha inteligencia; hoy hay formación e inteligencia, por tanto, propóngannos o dennos ustedes los medios para hacerlo. Y luego ha preguntado cómo hay que hacerlo. Hay que insistir en que es muy importante que lo que hagamos
lo podamos cumplir. Y a su pregunta de quién debe hacerlo, es fácil. Da igual. Hoy está Luis Planas y anteayer estaba Isabel García Tejerina, pero eso da igual. Yo, como ganadero, tengo un índice de coste. Cuando a un animal hay que
sacrificarlo y llevarlo al matadero por una enfermedad, hay un baremo. Alguien ha puesto ese precio, por lo que los precios se pueden poner. Es cierto que esto es muy plural, porque no es lo mismo un tomate Raf, que se da en un periodo de tiempo,
que un tomate de ensalada o de otro tipo, pero sabemos que el Raf cuesta lo que cuesta y que el Doncella cuesta lo que cuesta. Así, pues, hay baremos para todo este tipo de cosas.
Por último, contesto al portavoz del Grupo Socialista. Contrato por escrito, evidentemente. Evidentemente. En cuanto a que hay que aflorar el tema de la proximidad, sí, pero con una condición. Que no se nos llene la boca de la granja a
la mesa, porque se está hablando mucho de la mesa y poco de la granja. Hay una situación muy importante. Mercado de proximidad, sí, pero ¿se imaginan ustedes que tenemos que vender el vino en el mercado de proximidad con 42 millones de hectolitros
este año, que tenemos que vender el aceite con 1 500 000 -a ver si llegamos- este año de toneladas, que tenemos que vender las naranjas producidas en España? Es una parte, es un apéndice, pero mi mercado proximidad está en Europa y también en la
exportación. Mercado de proximidad y pequeño agricultor, sí -es un camino que hay que ayudar a desarrollar-, pero no nos confundamos porque nos puede llevar a situaciones complicadas.
En cuanto a esta ley, si entre todos colaboramos, no vamos a solucionar todo, pero algo se puede solucionar. Ahora bien, la ley tiene que tener un rigor, las cosas claritas -muy claritas- y que se pueda cumplir y, si no se cumple, que haya
mecanismos para hacerla cumplir. Hoy tenemos mecanismos que todavía, con los instrumentos que hay, no son capaces de hacerla cumplir, pero a mí me gusta jugar en positivo y, desde luego, les diría a sus señorías que estamos a su entera disposición
-veo a Miguel de COAG detrás- para explicarles cualquier cosa o que nos comuniquen cualquier ocurrencia o petición que tengan, pues para nosotros es muy importante. Y me quedo con dos palabras: las cosas del campo tienen que tener precio, como en
todos los sectores económicos, y el que no quiera ver que
las cosas tienen que tener precio, como mínimo por lo que cuesta producirlo, es que algún enredo hay entre medias, por tanto, yo quiero claridad absoluta en esa composición de precios. No hay excusas. Les he puesto ya un ejemplo, pero les
podría poner muchos más como índices de referencia para que los contratos se hagan. Ahora mismo no llegamos ni a un 3 % de los contratos de productos perecederos en España -un 3 %-, y vamos a hacer una ley, ¿para qué? A ver si somos capaces de
hacerlo.
Me preguntaba su señoría hace un momento: ¿Quién? Está claro. Nuestro ministerio es el de Agricultura y desde Agricultura hay que proponer o poner esos precios. No es un decreto ley. Los tiempos de los decretos-leyes, por los cuales el
trigo tenía un precio en el Servicio Nacional de Cereales, eran otros, pero hay muchas formas de poner precio a las cosas o por lo menos de ayudar a poner precio, claridad y transparencia.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Barato, por su intervención y gracias a ustedes también.
Dentro de dos minutos iniciaremos la siguiente comparecencia. (Pausa).
- DEL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DE LA COORDINADORA DE ORGANIZACIONES DE AGRICULTORES Y GANADEROS, COAG (BLANCO SUAÑA). (Número de expediente 219/000354).
El señor PRESIDENTE: Señoras y señores diputados, tomen asiento, por favor. Vamos a iniciar la última comparecencia de hoy por la mañana, de don Miguel Blanco Suaña, secretario general de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y
Ganaderos, COAG, que tendrá un tiempo estimado de quince minutos. Como ven, se ha tenido que quitar la mascarilla porque tiene problemas de respiración. Aceptamos estamos esta situación, que vamos a solventar esta tarde y el jueves, ya que mañana
no va a ser posible. Señor Blanco, tiene un tiempo estimado de quince minutos para su intervención y posteriormente los grupos parlamentarios le formularán unas preguntas.
El señor SECRETARIO GENERAL DE LA COORDINADORA DE ORGANIZACIONES DE AGRICULTORES Y GANADEROS, COAG (Blanco Suaña): Muchas gracias, señor presidente.
Gracias a esta Comisión por invitarnos a esta comparecencia. Es importante porque hay dos cuestiones para este año, 2021, que son trascendentes, dos cuestiones trascendentales para el sector agrario y en su conjunto para el sector
agroalimentario. Una de ellas es la reforma de la ley que sigue ahora este trámite parlamentario, la Ley de mejora de la cadena, la 12/2013, y la otra es la reforma de la política agrícola común. En estas dos cuestiones, vitales y fundamentales,
nos vamos a centrar fundamentalmente a lo largo de 2021,y es de agradecer que se nos invite a estas comparecencias, a estos debates y demás. Quisiera poner en valor que, independientemente de las diferencias que tengamos unas organizaciones
agrarias con otras, las tres organizaciones representativas -somos tres porque, evidentemente, nos diferenciamos-, hemos asumido, desde la responsabilidad, una acción común, una acción concertada para defender una ley de mejora de la cadena que
venga a resolver los problemas de desequilibrio que tenemos estos momentos respecto al sector productor. Quiero poner esto en consideración. No solamente hemos convocado conjuntamente las movilizaciones históricas de enero y febrero pasado, sino
que hemos hecho propuestas, nos hemos reunido con los grupos, de manera unitaria desde el 1 de abril, cuando empezó este proceso, y también hemos negociado con el Ministerio de Agricultura en aquellos momentos en que los tractores todavía estaban en
las calles y en las carreteras. La declaración de estado de alarma y la pandemia provocaron, evidentemente, la desconvocatoria de las movilizaciones, pero quiero dejar claro desde el primer momento que se han desconvocado las movilizaciones, no se
han desconvocado las reivindicaciones. El sector salió a la calle -es bueno resaltarlo- por una caída progresiva de precios y, por tanto, de rentas -parece que es estructural, que se ha normalizado la caída de precios- debido a un mercado cada vez
más desregulado y volátil; debido a unas importaciones muchas veces de choque, no por necesidad de mercado; sin una justa equivalencia en los estándares, a los que se nos obliga; debido a la práctica desaparición de unos principios de preferencia
comunitaria, que son básicos. Todo esto ha hecho que miles de tractores salieran a las calles -como nunca, ha sido algo histórico- y a las carreteras.
¿Qué se pedía? Se pedía algo muy razonable, que haya un equilibrio en la ordenación, en la regulación, en la gestión de los mercados. Se salió a reivindicar algo que resumen todas las reivindicaciones: unos precios justos y unas rentas
dignas. Esto es para salvaguardar un sector que todos decimos que es esencial pero que está en crisis. Fundamentalmente, en esto nos implicamos como
organización, como COAG, que representa especialmente a pequeñas y medianas explotaciones que forman parte del modelo social y profesional de agricultura y que están en riesgo por la uberización, como hemos venido señalando desde hace
tiempo.
La pandemia ha puesto en valor el carácter esencial del sector agrario, efectivamente, pero no se ha traducido en un mejor posicionamiento del sector productor ni en los mercados, en general, ni en la cadena agroalimentaria, en particular.
En la caída de precios tiene mucho que ver la cadena alimentaria. La cadena alimentaria es la espina dorsal, la columna vertebral de todo el sistema del mercado agroalimentario. Por eso, es fundamental su regulación aquí, en España, y, por
supuesto, en la Unión Europea. La salud es lo primero, no hay duda, pero la alimentación también. Tampoco debe haber duda. Está gravemente desequilibrada, este es el problema, porque hay una posición de dominio y, en muchos casos, un abuso de
posición de dominio de la gran industria y, sobre todo, de la gran distribución, frente a la posición más débil, que es la de los agricultores, el eslabón más débil. Como consecuencia, no se reparte el valor que se genera en la cadena de manera
equilibrada. Los tres pilares básicos -producción, industria y distribución- aportamos, aproximadamente, como peso en la cadena, un tercio y, sin embargo, no hay ese reparto equitativo a la hora de establecer la mejora o el reparto de los valores
que se generan en la cadena. Y es que el precio es fundamental porque condiciona de manera determinante las rentas. El precio es el 75 % de los ingresos. El precio se juega en los mercados y, por lo tanto, los mercados deberían cumplir, al menos,
con los principios de transparencia y de equilibrio. Esta necesidad regulatoria es la que llevó a la aprobación de la Ley 12/2013, ya hace siete años. Entonces la valoramos como insuficiente, pero muy, muy necesaria e imprescindible, tal como la
valoramos en este momento. Se pretendía poner en funcionamiento un nuevo paradigma, y reconocerse, y una nueva cultura en las relaciones comerciales agroalimentarias. Ahí está la clave, desde nuestro punto de vista. Regulaba y sigue regulando
algo que es fundamental en la cadena, lo más importante de todo, la relación contractual, los contratos de compraventa, que dan seguridad jurídica, que dan transparencia. No lo resuelven todo, hay posición de dominio en esta relación contractual,
pero hay más transparencia, más seguridad jurídica y esto favorece, evidentemente, a los más débiles. Por eso, estamos a favor claramente de la contractualización, que hay que avanzar al máximo, porque también tiene sus carencias. La prohibición
de prácticas abusivas, el régimen sancionador, el observatorio de la cadena, que es importantísimo; la Agencia de Información y Control Alimentario, que también se reguló; el código voluntario de buenas prácticas mercantiles, que también se
reguló. Por lo tanto, muy importante e imprescindible, ya que ha ido marcando camino y que ha generado -como digo- un nuevo paradigma. Pero, claro, después de siete años en vigor queda mucho camino todavía por andar.
Hay empresas, hay sectores, que todavía no formalizan los contratos obligatorios en la compraventa de los productos. Bien es verdad que ha habido un avance muy significativo en sectores, sobre todo, de frescos y perecederos; también en
sectores como el vitivinícola, que han avanzado considerablemente, más allá de los lácteos, por supuesto, que ya llevaban un camino de contractualización mucho más importante que los demás. Se siguen imponiendo los precios unilateralmente a la baja
en muchas ocasiones. Los periodos de pago a treinta días para los productos perecederos se nos siguen discutiendo y, seguramente, se discutirán aquí desde la industria y demás, como si nosotros tuviéramos la obligación de financiar parte de la
campaña de las industrias cuando hacen su transformado cuando un tomate es un producto perecedero sea para consumo fresco o sea para la transformación; pero si es para la transformación, quien tiene que financiar esa operación no es el agricultor,
que ya financiamos las nuestras, sino la industria transformadora. Hasta esto se está cuestionando en muchos casos.
El código de buenas prácticas nos preocupa porque, siendo algo voluntario, todavía una parte de la distribución no lo ha suscrito; y otra parte que sí lo ha suscrito no lo cumple a la hora de la verdad, no cumple los acuerdos que alcanzamos
en el seno del código de buenas prácticas. Nosotros sí lo hemos suscrito; nosotros estamos por la regulación de los mercados claramente, la ordenación, la regulación; pero también por los acuerdos voluntarios. Si hay un acuerdo voluntario no
hace falta regularlo de otra manera y eso es muy importante. Por lo tanto, la autorregulación; estamos por ello, por eso lo hemos suscrito y por eso vamos a seguir insistiendo en que debe potenciarse. Pero, otros tendrán que responder por qué no
lo han suscrito o por qué no lo cumplen.
El buen trabajo de la Agencia de Información y Control Alimentario, a pesar de las limitaciones de recursos y competencias, lo tenemos que poner también sobre la mesa; y el escaso compromiso de algunas comunidades autónomas, que han mirado
a otro lado a lo largo de estos años sin cumplir con sus obligaciones; porque la venta a pérdidas en determinados ámbitos es competencia de las comunidades;
la cuestión de las calidades, los etiquetados, etcétera, y no se han cumplido. Ahí tenemos una asignatura pendiente y tenemos que insistir considerablemente en que no solo la Administración central, que sí y por supuesto, pero también las
comunidades autónomas.
Evidentemente, nos preocupa la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de octubre de 2017, que llevó al Gobierno a modificar la Lorcomin y, ahora, desde nuestro punto de vista, se hace inviable atacar la venta a pérdidas. Es
muy difícil que se pueda jurídicamente atacar con la Lorcomin esta venta a pérdidas. De ahí que en esto hayamos retrocedido y de ahí que nosotros insistamos en que vuélvase de nuevo a intentar regular, en la ley que ahora está en trámite, la venta
a pérdidas; siempre con una argumentación: que no se pierda valor en la cadena, que no se destruya valor. En ningún caso puede afectar a los consumidores, esto lo sabemos perfectamente, pero la Ley 12/2013 no tiene por qué afectar a los
consumidores, no es el ámbito; el ámbito es la regulación de la cadena.
¿Algunos objetivos se consiguieron con las movilizaciones? Sí, quizá los más significativos, el contenido al respecto del Real Decreto 5/2020. Ya dijimos entonces -se incorporó a la 12/2013, y ya lleva unos meses, evidentemente- que no era
suficiente, pero era muy necesario. De nuevo volvemos a apelar a la cultura de la contractualización, a la cultura de fijación de precios, a los nuevos paradigmas. El artículo 9.c) establece la fijación de los precios en los contratos y uno de los
factores obliga a que sean objetivos a emplear de los costes de producción, que estos sean sobre la base de criterios imparciales y que tengan como referencia datos de consulta pública. Esto es importantísimo. Hacen falta esos datos de consulta
pública y esos criterios imparciales, pero es muy bueno que aparezca y que se refleje como tal. Y de la misma manera lo establece el artículo 12.3 para evitar la destrucción de valor. Hay que hacer lo posible por evitar la destrucción de valor,
¿Cómo se hace? Esta es una manera, pero hay más ideas, evidentemente. ¿Cómo se hace? Evitando que se haga compra a pérdidas, pagando al inmediato anterior unos precios que al menos cubran los costes de producción; no es tanto. Si solo se cubren
los costes de producción tampoco tenemos mucha salida, pero al menos los costes de producción. Parece razonable, ¿verdad?
Entendemos que también es muy positivo que se hayan agravado infracciones como la del no cumplimiento de los contratos y otras cuestiones. Desde nuestro punto de vista, no hay que dar marcha atrás en esto. Entendemos que este paradigma,
esta nueva cultura de contractualización, mira para el futuro, mira hacia un equilibrio y una transparencia responsables. No mira al pasado, como mira la especulación o el abuso de posición de dominio imperante todavía, sobre todo por parte de la
gran distribución y la gran industria.
Se dice que la realidad del sector, la realidad del mercado, se va a imponer; que el papel lo aguanta todo, pero que el mercado acaba imponiéndose porque es muy tozudo. Nosotros decimos: Será muy tozudo, pero, entonces, ¿para qué estamos
los legisladores y los que representamos intereses del sector?, ¿para poner orden o para resignarnos ante el desorden imperante? Porque lo hay. ¿Nos resignamos y que el mercado gobierne o que el mercado sea gobernado? Estos dilemas hay que
resolverlos, ¿verdad? ¿Vamos a permitir que se siga pagando por debajo de los costes de producción, como en muchos casos sucede, para que se aprieten cada vez más los agricultores y las agricultoras el cinturón y no lleguen a ser ni siquiera
mileuristas? ¿Vamos a seguir pagando por debajo de los costes de producción? ¿Cómo sostenemos las pymes, las pequeñas y medianas empresas que representamos? Somos autónomos, profesionales pequeños, medianos, pero en definitiva formamos parte de
la economía social. ¿Cómo mantenemos nuestras explotaciones, nuestro tejido social y nuestro tejido productivo? Nosotros lo que decimos es hay que mirar para siglo XXI, que ya estamos al inicio de la tercera década, no para el siglo XX, como
algunos parece que siguen mirando. Cada vez más costes, cada vez más exigencias, pero cada vez más ajustes en nuestros precios. Esto no tiene futuro. Si este es el futuro, nosotros no lo tenemos.
Se dice que esta ley es inaplicable, pero no es cierto; también se decía esto de la Ley 12/2013, sobre todo en el tema de la contractualización, que se llegó a criticar en el sentido de que se metía donde no debía en cuanto a la libertad de
mercado, la libre competencia, etcétera; nada menos que el tema de la contractualización, que es una cuestión de ordenación. Pues bien, ahora se dice lo mismo de este proyecto ley. Se ha cumplido, en una cierta medida -aunque queda camino por
andar- la Ley 12/2013, y esta, si se le dota de medios, también se puede cumplir y se debe cumplir. Son reacciones, son resistencias, al cambio de paradigma de aquellos que están cómodos aprovechándose de esta situación de posición de dominio. Lo
entendemos, pero, evidentemente, no podemos de ninguna manera aceptarlo.
Se dice también que se encarecerán los precios al consumidor. No es cierto, hay margen suficiente en la cadena de valor para encajar eso. Fíjense, en Francia en la aplicación del plan piloto de la Ley de
agricultura y alimentación, que en parte se asemeja a lo que aquí se está discutiendo y que ya lleva dos años, se establece al menos un margen del 10 % frente al precio de compra al distribuidor para la venta al consumidor. Esto, que es muy
ambicioso y que se ha puesto como plan piloto, en absoluto ha aumentado los precios al consumidor; esto hay que tenerlo bastante en cuenta.
Se dice también que el proyecto de ley restringe el libre mercado. A nadie se le obliga a pagar un precio determinado, si no quiere, cuando quiere comprar; a nadie se le obliga a comprarle a un productor determinado. No, el mercado es
libre; cada cual actúa libremente. Eso sí, si le interesa el producto y lo quiere comprar tiene que cumplir con la ley, es decir, pagar por encima de costes y mediante la formalización de un contrato transparente y regulado, nada de cachondeo,
pero no tiene por qué ni comprarlo a ese precio ni comprarlo a ese productor; libre mercado. Hay que avanzar y no dar marcha atrás, por eso las lagunas que tiene todavía la Ley 12/2013 nos gustaría que se fueran cubriendo. Una de ellas -y me voy
quedando sin tiempo- sería regular la venta a pérdidas, como he dicho, superando el contenido de la Lorcomin, que en este momento -y no me extiendo más en ese sentido- no es suficiente. También me gustaría dejar claro que la venta a pérdidas que
puede hacer basándose en el artículo 12.3 la gran distribución -porque puede hacer ventas a pérdidas siempre y cuando ese riesgo empresarial no lo traslade al resto de los operadores de la cadena-es una ingenuidad, porque no es realista. En
realidad, si hay pérdida de valor, toda la cadena pierde ese valor y se acaba repercutiendo siempre a los eslabones más débiles.
Queremos que se incluya el canal Horeca; queremos que se reconozcan todos los costes de producción, no solo los costes efectivos; queremos que haya una regulación del registro oficial electrónico de contratos; queremos ampliar -y esto es
fundamental para nosotros, esto sí que es importante- las funciones del observatorio de la cadena y establecer muy claramente en la ley el compromiso de elaboración de índices de precios y costes, que sirvan precisamente de referencia objetiva y
pública para la fijación de precios en los contratos de compraventa. Y eso lo tiene que hacer la Administración, más allá de algunos estudios que puedan hacer organizaciones profesionales o universidades o incluso comunidades autónomas, tiene que
hacerlo la Administración y en particular la Administración central, al menos los costes medios. Insisto, esos índices que tienen que servir de referencia tienen que hacerse desde la Administración central. Es muy importante también la figura
mediador de la cadena.
Otra cuestión que quiero resaltar es la de las importaciones. Cuando hablamos de importaciones hablamos de terceros países porque el mercado único, el de los Veintisiete, es el mercado natural de todos, de los veintisiete países. Las
importaciones también están afectadas, ¡cuidado!, por esta ley, están afectadas en cuanto a las prohibiciones y sanciones pero no se les obliga a determinadas cuestiones. Es llamativo -y pongo la atención en esto- que no se les obliga a
contractualizar, es decir, se traen espárragos de Perú, se envasan aquí, pero no hay por qué hacer un contrato respecto a la compra y por lo tanto respecto al cumplimiento, también mediante contrato, de precios sobrecostes. Esto hay que señalarlo
porque es muy importante.
Importantísimo también el campo de aplicación, que parece que se va a ampliar, importantísimo para nosotros. Importante también que se reconozca la Agencia de Información y Control de Alimentos como autoridad de control y coordinación con
las comunidades autónomas y por supuesto con la Unión Europea, porque evidentemente estamos trasladando la directiva comunitaria también a nuestra normativa.
Seguimos exigiendo el reforzamiento de la AICA con dotación económica y con personal. Es verdad que el presupuesto del Ministerio de Agricultura ha aumentado un 32 % y ha llegado a unos 8 millones de euros aproximadamente el presupuesto
para la AICA. Este es el camino, pero hay que seguir aumentando la dotación porque creemos que todavía es claramente insuficiente.
Para terminar, la regulación de la cadena alimentaria no es ningún capricho, y menos solo una necesidad de los que estamos situados en los eslabones más débiles, y necesitamos esa regulación. Lo plantea claramente el Parlamento Europeo, lo
plantea claramente el Consejo Económico y Social comunitario y, cuidado, también la Comisión en tanto en cuanto que aparece en el Pacto Verde, dentro de la estrategia 'De la granja a la mesa', donde figura como uno de los objetivos -economía
circular desde la producción al consumo, etcétera-, y para eso un justo equilibrio de la cadena alimentaria, un justo reparto de la renta que se genera en la cadena alimentaria, de su valor. Estas estrategias de biodiversidad evidentemente tienen
que trasladarse al plan estratégico en nuestro país y sobre todo la denominada 'De la granja a la mesa'. Por lo tanto, está plenamente vigente esa necesidad de ese justo equilibrio dentro de la cadena alimentaria.
Ahora bien -y termino-, esta ley no va a resolver todos los problemas. Por otra parte, sabemos que esto lleva su tiempo y que en principio no va a ser perfecto. Sabemos por ejemplo que hay contratos que ya están cumpliendo con lo
incorporado en el Real Decreto-ley 5/2020 y otros que no, y lo estamos denunciando a la AICA desde la organización. Una cosa y la otra, puesto que están vigentes algunas de las cuestiones que se están revisando y discutiendo en este trámite, pero
no es suficiente pese a ser una herramienta muy útil.
Nosotros seguimos insistiendo, es fundamental que paralelamente se establezcan mecanismos de preferencia comunitaria, de regulación y control de las importaciones de terceros países, que no signifiquen un dumping para las propias
producciones. Esto es algo totalmente desleal y por ello pedimos que cumplan con los estándares cada vez más exigentes. Y van a serlo mucho más a partir de la aplicación de la nueva reforma de la PAC, en todos los sentidos, sociolaborales,
medioambientales, de calidad y seguridad alimentaria, de bienestar animal... Pedimos que cumplan. Nosotros no estamos diciendo no a las importaciones, somos un país exportador y tenemos que entenderlo, siempre que lo exija el mercado. Decimos no
a las de choque, que atacan precisamente -sobre todo en momentos de campaña, que es donde más daño nos hacen- los precios a la baja. Esas no, pero todas -esas y las otras- tienen que cumplir con los estándares de calidad. Esto es justamente lo que
exigimos y pedimos, aparte de políticas de autorregulación, aparte de otras políticas de cláusula de salvaguardia, de gestión, de reserva de crisis, etcétera, que se están también discutiendo en los trílogos. Nunca ha sido más unánime, más
unitaria, más multitudinaria y más clara la posición reivindicativa y movilizadora del campo, de los hombres y mujeres del campo; nunca, desde 1977. Se desconvocaron las movilizaciones, pero -termino diciendo- no las reivindicaciones. Precios
justos y rentas dignas, esto es lo que nosotros, como sector esencial, como sector estratégico, exigimos y necesitamos. Este es el reconocimiento que exigimos. Se nos reconocía por activa y por pasiva en una situación de pandemia tan grave. Pues
bien, como sector esencial, como sector estratégico, el reconocimiento que exigimos y que esperamos es este: precios justos y rentas dignas.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Blanco.
Ahora es el turno de los grupos parlamentarios. En primer lugar y en nombre del Grupo Mixto, tiene la palabra la señora Oramas.
La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Muchas gracias, señor presidente.
Muchas gracias, don Miguel Blanco. Es de los pocos que ha comparecido hoy y ha reconocido la actuación de las multinacionales americanas a precio de derribo para expulsar del mercado y, sobre todo, con una competencia desleal, que al final
es lo que afecta a algunas producciones.
Solo le voy a hacer cuatro preguntas. Primero, ¿qué opina usted de la necesidad de concentrar la oferta de productores y hacer organizaciones de productores más fuertes? Segundo, uno de los objetivos de la ley es defender a los
agricultores, como eslabón más débil de la cadena alimentaria, para incrementar la rentabilidad. El reequilibrio de la cadena alimentaria, como muy bien ha dicho usted, es uno de los objetivos de la reforma de la PAC para el septenio 2021-2027,
pero, con la imposición de un precio de venta mínimo al agricultor en todas y cada una de las ventas agrícolas que efectúa, la realidad es que tiene que tirar entre un 20 y un 30 % del producto que no puede vender por precio. ¿Entiende usted que
esta regulación perjudica al agricultor, que con toda probabilidad se va a haber obligado a abandonar el campo? Tercero, ¿no cree usted que la ley establece condiciones a los productores españoles que les resta competitividad ante las importaciones
de terceros países? ¿Cómo van a defenderse los productores cuando el mercado en España sustituya su producción por la de otro país proveedor? Y última, ¿qué opina sobre que el plátano, considerando que se produce exclusivamente en territorios
insulares, alejados del continente europeo, que además se enfrenta a la durísima competencia de media docena de grandes compañías multinacionales, algunas de las cuales cotizan en la bolsa de Wall Street, pueda exceptuarse parcialmente de esta ley?
Muchas gracias, señor Blanco, y muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Oramas.
En nombre de Euskal Herria Bildu, tiene la palabra el señor Ruiz de Pinedo.
El señor RUIZ DE PINEDO UNDIANO: Muchas gracias. Buenos días.
Me ha llamado la atención básicamente un tema porque coincido: quién tiene que crear estos índices de costes o el suelo de los precios. Creo que esto tendría que quedar claro. Usted plantea que sea
directamente el observatorio o los observatorios los que creen estos índices. Me parece que es un elemento importante. Esa sería mi pregunta. La situación de los costes de producción es diferente según las autonomías. ¿Las autonomías
tendrían obligación de crear estas instituciones, estos órganos para fijar esos precios a nivel autonómico, dependiendo de las diferentes características productoras de las zonas?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ruiz de Pinedo.
En nombre del Grupo Ciudadanos, tiene la palabra la señora Martínez.
La señora MARTÍNEZ GRANADOS: Gracias, presidente.
Muchas gracias, señor Blanco, por su comparecencia porque creo que ha abarcado muchas de las cosas que ya se han comentado a lo largo de la mañana, pero me gustaría incidir un poco en el tema de los índices y los costes efectivos. Creo que
el tema de los costes efectivos, y es una pequeña reflexión previa, tiene un problema. Si no están sujetos a un determinado criterio para decir cómo son esos costes, qué se puede imputar al coste y qué no, como ha comentado también la portavoz del
Partido Popular, Mila, ¿se podría jugar con eso? Es decir, el control que se ejerce sobre esos costes efectivos. Cuando estoy en proceso de negociación y voy a cerrar el contrato, surge el peligro de que no voy a poder vender -porque eso puede
pasar y, de hecho, se produce porque así es el libre mercado-, y determino que mis costes efectivos son inferiores, es decir, hay un problema y es en el inicio del eslabón. ¿Qué hacemos con esto? Hemos preguntado durante toda la mañana sobre los
costes efectivos, pero a mí me sigue quedando poco claro que eso solucione el problema de que, después, el precio de venta realmente tenga margen. También lo ha dicho antes el señor Barato, y yo creo que tenemos que tener claro que los productos
del campo tienen un valor -¡por supuesto que lo tienen!-, pero el precio de venta y el valor no es lo mismo. A mí me gustaría que, dado que usted manifiesta lo mismo y también hace alusión a los índices de referencia, me aclare las dos cosas. ¿Qué
pasa con ese coste efectivo de producción? ¿De qué manera lo podemos controlar para que, efectivamente, sea el coste de producción y no algo que no muestra la realidad? Porque realmente los costes de producción van a ser muy diferentes dependiendo
del producto, dependiendo de donde se está cultivando y dependiendo de lo que ocurra ese año. Por tanto, va a depender y va a variar mucho. Asimismo, quiero saber cómo unimos coste efectivo de producción una vez controlado el mecanismo, cómo
podemos controlar esa falta de rigurosidad con los índices de precios y cómo los enlazamos, porque al final esos dos conceptos, si se pueden mejorar, tendrían que ir enlazados.
Muchísimas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Martínez.
En nombre del Grupo Plural, tiene la palabra el señor Baldoví.
El señor BALDOVÍ RODA: Muchas gracias por su comparecencia, que me ha parecido muy interesante.
Quiero plantearle dos preguntas muy cortas. Primero, ¿la ley debería regular qué organismo o quién regula estos costes efectivos de producción? ¿Sí, no y quién? Segundo, me ha parecido muy interesante que usted haya apostado por que se
amplíe también la obligación del cumplimiento de esta ley para las producciones que entran de fuera y que compiten, evidentemente, de forma ventajosa con estas producciones. En ese sentido, me gustaría que ampliara un poco más su propuesta.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Baldoví.
En nombre del Grupo Confederal, tiene la palabra la señora Franco.
La señora FRANCO CARMONA: Gracias, señor presidente, y gracias también al señor Blanco Suaña, de la organización COAG.
Nos parece fundamental escucharles ahora en el trámite parlamentario para poder incluir en el plazo de enmiendas aquellas cuestiones que nos hacen ver las organizaciones profesionales que son fundamentales para que la ley se aplique; es
decir, escuchar al sector es fundamental para que la ley realmente represente las necesidades del sector. Yo le quería hacer unas preguntas, pero en realidad ya me ha respondido usted en su intervención y la verdad es que no puedo estar más de
acuerdo.
Ahora, con la pandemia, y en concreto, con la ola de frío, hay una cuestión que es paradigmática y que creo que, como mínimo, hay que tener en cuenta. Llega una ola de frío y sabemos que vamos a necesitar más energía, más electricidad, pero
el sector energético, en su parte privada, aumenta los
precios de una forma brutal. Aumenta los precios de una forma brutal porque quiere tener más beneficios a costa de lo que cuesta la luz y que mucha gente está sufriendo. Sin embargo, el sector primario puede vender a pérdidas. Creo que
hay que tener en cuenta lo siguiente. No puede ser que haya unos sectores privilegiados por encima de otros. Esto no significa que desde Unidas Podemos estemos defendiendo la subida del coste de ninguna producción por encima de lo aceptable, al
menos en cuestiones de primera necesidad, como es por ejemplo la alimentación. Pero como personas que representamos a la ciudadanía y que tenemos funciones públicas y como grupo que estamos en el Gobierno tampoco podemos consentir que haya alguien
que esté trabajando y que no se le pague al menos el coste de la producción por la que trabaja. Esto me parece fundamental y sobre esta cuestión quiero llamar la atención de sus señorías y también de las personas que nos estén viendo hoy. Los
agricultores y las agricultoras, las organizaciones profesionales que están viniendo aquí y los que se están manifestando no están pidiendo tener beneficios, que sería lo normal dentro de cualquier sector económico, están pidiendo que se pague en
función a lo que cuesta su producción. Es algo tan básico como esto. No están pidiendo ni siquiera poder tener una nómina, están pidiendo no perder por trabajar, no perder por sacar sus producciones adelante, no perder por las inversiones para
sacar sus producciones adelante. Es algo tan fundamental como esto.
Nosotras estamos absolutamente de acuerdo con lo que ha expuesto aquí, tanto con incluir el canal Horeca, que nos parece fundamental -el canal Horeca no puede quedar fuera-, como con el registro oficial electrónico de contratos, que no va a
dar más que transparencia al funcionamiento; con ampliar las competencias del Observatorio de precios, porque el Observatorio de precios, tanto el estatal como el de las comunidades autónomas, y no las interprofesionales ni ningún ente privado,
tiene que ser el que tenga...
El señor PRESIDENTE: Tiene que acabar
La señora FRANCO CARMONA: ... el establecimiento de los costes medios de producción; la figura del mediador, las importaciones también se tienen que regir por la legalidad... En fin, estamos absolutamente de acuerdo con lo expuesto y le
doy las gracias por su exposición.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Franco.
En nombre del Grupo VOX, tiene la palabra el señor Chamorro.
El señor CHAMORRO DELMO: Buenas tardes. Muchas gracias por comparecer, señor Blanco.
Al principio de estas ponencias nosotros hemos hablado con el secretario general del Ministerio de Agricultura en línea con lo que ha comentado usted también en cuanto a que consideramos que la distorsión que se está dando con relación a los
costes efectivos de producción es una cuestión de oferta y demanda. Si hay una sobreoferta de productos de países terceros cuyos costes efectivos de producción -en Marruecos, en Egipto o en Turquía- son diez veces menores a nivel de salarios, por
ejemplo, que los que hay aquí, en España, es evidente que eso distorsiona absolutamente el mercado interior del Espacio Económico Europeo. Por tanto, nosotros abogamos por esa reciprocidad en controles sanitarios, por esa preferencia comunitaria
que usted ha comentado antes, por esa revisión de determinados acuerdos comerciales que puedan perjudicar a nuestro sector agrario, ganadero o pesquero a nivel de Espacio Económico Europeo. Incluso, el otro día estuvimos en la Comisión hablando de
Mercosur y al final se planteó que se suspendiera hasta que no tuviéramos claro si iba a perjudicar a nuestros agricultores y ganaderos aquí, en España, y no salió adelante esa proposición no de ley.
Le damos mucha importancia a ese sentido nacional, a ese sentido europeo de nuestra producción agraria y ganadera, y a esa diferencia entre lo que es un libre mercado, que tiene que tener unos controles antimonopolio, antitrust, etcétera, y
ese libre comercio desde punto de vista anárquico en el cual están entrando productos y distorsionando absolutamente el mercado. Por tanto, si hiperregularizamos, y es una cuestión que queremos dejar clara, nosotros consideramos una contradicción
esa visión que existe en algunos casos de gente que habla mucho de la hiperregularización a nivel interior de todos los temas autonómicos, las fronteras y el mercado único, pero luego en el tema nacional, en las fronteras nacionales, tanto en lo
relativo a inmigración como a las importaciones de productos extracomunitarios, abogan por una relajación absolutamente absurda que choca claramente con los intereses nacionales españoles y del resto del Espacio Económico Europeo, y de nuestro
sector productivo agricultor y ganadero. Por tanto, no entendemos esa dicotomía y nos preocupa que hiperregularicemos el mercado interior español, que creemos un ecosistema para el emprendimiento que sea negativo y que, además, provoque la
deslocalización a países terceros de productores españoles; que, por ejemplo, se vayan a Marruecos, donde no se aplica la Ley de la Cadena Alimentaria o que se vayan a otros países, incluso dentro del Espacio Económico Europeo, como
Portugal, porque aquí hay un ecosistema donde los impuestos y las trabas administrativas son enormes, y encima no son competitivos a nivel de coste de producción por la entrada de esos productos de países terceros. Vamos a tener cuidado porque a lo
mejor estamos haciendo un pan con unas tortas, como se dice coloquialmente, y resulta que estamos hiperregularizando a nivel interno, pero no estamos viendo esa entrada masiva de productos extracomunitarios, que es lo que distorsiona el mercado
alimentario.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Chamorro.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor García Díez.
El señor GARCÍA DÍEZ: Señor Blanco, muchas gracias por sus aportaciones, que desde el Grupo Popular agradecemos, igual que las del resto de comparecientes, porque nos van a ayudar a todos. Ese es el verdadero significado de esta treintena
de comparecencias: acertar, como legisladores, para que, finalmente, el texto que salga de este Congreso de los Diputados, como han dicho todos ustedes, realmente se pueda cumplir y se adapte a la realidad.
En tres minutos voy a exponer tres reflexiones que se hace mi grupo y alguna pregunta ad hoc a cada una de estas reflexiones. Usted ha hablado -lo han hecho otros comparecientes anteriormente- de la importancia que tiene la competitividad.
Para muchos de nuestros productores es el tema clave hoy en España. En productos muy importantes no estamos siendo realmente competitivos. Me gustaría saber si, en su opinión, con esta ley -que en principio es más restrictiva en el texto que
conocemos que la anterior, que la que está en vigor- se puede mejorar ese problema de competitividad, si realmente va a facilitar esa competitividad con los terceros países a los que usted también ha hecho referencia y en qué puede facilitar la
competitividad.
El siguiente aspecto tiene relación con otro tema que usted ha planteado, las reivindicaciones. Usted se ha referido a las tractoradas del pasado año. Como bien ha explicado, han quedado aparcadas, no olvidadas, en cuanto a las
reivindicaciones. Nos gustaría saber si la respuesta que dio el Gobierno a esas tractoradas del año pasado con el Decreto 5/2020 y el texto de la ley de la cadena alimentaria que ahora estamos analizando ha contribuido a solucionar o mejorar esas
reivindicaciones que para ustedes siguen siendo válidas y siguen teniendo vigencia, y en qué han mejorado las relaciones entre las partes que integran la cadena respecto a la ley vigente.
Lo siguiente que quiero saber es por curiosidad. Aquella ley que se aprobó en el año 2013 usted la calificó en su intervención como necesaria e incompleta, pero yo añadiría que se aprobó con un gran consenso. ¿Usted cree que el texto
actual que ahora estamos debatiendo cuenta con ese mismo grado de consenso que contó en 2013 o, a diferencia de esa situación, merece algún comentario al respecto?
Por último, ¿con este proyecto de ley -y esto lo relaciono con un tema que usted ha planteado, las contractualizaciones, que ha dicho, y si no corríjame, que todavía tienen carencias- se resuelven los desequilibrios entre los operadores que
integran la cadena o se incrementa esos desequilibrios? En definitiva, ¿quién sale ganando? Me gustaría saber si se resuelven las carencias en las contractualizaciones, a las que usted ha hecho mención.
Termino, presidente. En definitiva, a mí y a mi grupo nos gustaría saber si este texto presenta más ventajas o desventajas respecto al texto vigente. O, si quiere, se lo pregunto de otra manera: ¿Necesita enmendarse este texto que estamos
ahora analizando o valdría tal como está? En Galicia a veces contestamos: depende. Como usted no es gallego, supongo que no me va a contestar así.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor García Díez.
Por último, en nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Gutiérrez.
El señor GUTIÉRREZ SALINAS: Gracias, señor presidente.
Señor Blanco, gracias por su comparecencia y por las aportaciones realizadas a la reforma de la Ley 12/2013, de la Cadena Alimentaria. El Gobierno presidido por Pedro Sánchez, y el ministro de Agricultura, Luis Planas, han sido muy
sensibles a las demandas de las organizaciones agrarias, que reclamaban medidas para hacer frente a la grave crisis que atravesaba el sector primario. El sector
reclamaba y reclama algo muy sencillo, pero de vital importancia: precios justos. Con el Real Decreto 5/2020 y con la reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria el Gobierno tiene el firme propósito de proteger a los agricultores, ganaderos
y pescadores.
Estas medidas suponen un gran paso adelante para el sector, ya que prohíben la venta a pérdidas, aseguran que se cubran los costes de producción y se generaliza la obligación de formalizar contratos. Estas medidas buscan proteger a los
operadores que ocupan la posición más débil de la cadena. El objetivo es conseguir una cadena de valor más justa y equitativa, estableciendo el precio desde el origen, desde la primera transacción que realizan los productores primarios, no como
estaba ocurriendo hasta ahora, que el precio se fijaba desde el final de la cadena hasta el origen. Se pretende conseguir un reparto equitativo del valor añadido a lo largo de ella. Cada operador de la cadena alimentaria debe pagar al operador
inmediatamente anterior un precio igual o superior al coste efectivo de producción. Se debe añadir valor al producto, no destruir la cadena de valor. Los costes de producción tienen que ser la base de la negociación de los contratos escritos y, no
confundamos, sabemos perfectamente cómo fijarlos en cada zona y los factores que afectan a estos costes de producción. Ahora toca que cada operador se implique en el cumplimiento y desarrollo de la ley para que las medidas que recoge surtan efecto.
El ministerio seguirá trabajando en su desarrollo y para supervisar que se cumple.
Oponerse a la ley de la cadena alimentaria es oponerse a la rentabilidad del agricultor. No son palabras mías, son de Andrés Góngora, responsable de frutas y hortalizas de su sindicato y paisano mío, pero que comparto plenamente. El sector
agroalimentario es un sector clave y estratégico para España y Europa, y así se ha demostrado durante la grave pandemia del COVID que estamos todavía sufriendo. Protegiendo a agricultores, ganaderos y pescadores, que son la base de la cadena
alimentaria, protegemos a todo el sector y al conjunto de la población. Ese es el compromiso del Gobierno y del Partido Socialista.
Y ahora quiero hacerle tres preguntas breves para que me las responda. ¿Deben establecer las comunidades autónomas un registro de contratos o, a su juicio, quién debe hacerlo? ¿Quién debe fijar los índices de referencia? ¿Qué papel deben
tener las organizaciones agrarias europeas a la hora de que Europa respete los cupos de importación de terceros países?
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gutiérrez.
Finalizadas las intervenciones, señor Blanco, tiene un tiempo de unos quince minutos para contestar a las preguntas que se le han formulado.
El señor SECRETARIO GENERAL DE LA COORDINADORA DE ORGANIZACIONES DE AGRICULTORES Y GANADEROS, COAG (Blanco Suaña): Muchas gracias, presidente. Gracias, señorías.
La verdad es que hay tela. Quiero decir que sus señorías tienen mucha tela que cortar y nosotros, por supuesto, también. No puedo responder a todo y menos con profundidad, pero al menos sí daré algunas pinceladas. En cuanto al plátano de
Canarias, hablaba ayer mismo con Rafael, nuestro representante, de que nosotros hemos defendido el Posei, hemos defendido que no se recorte en estos presupuestos. Se ha conseguido entre todos que el Posei no se recorte. Tenemos muy clara la
diferenciación que hay que hacer con el plátano respecto a otros productos y con Canarias, lógicamente, como región ultraperiférica, y el apoyo que tenemos que dar a los cultivadores de plátano porque, de lo contrario, desaparecerían y sería un
drama para Canarias y para España. Lo tenemos muy claro, pero nosotros representamos a los cultivadores o intentamos hacerlo; no representamos a gerentes, directivos y demás, que se mueven en unos ámbitos que a veces no comprendemos. Se lo digo
con franqueza, a veces no comprendemos cómo es posible que se estén importando bananas por parte de algunas entidades o cooperativas para ajustar márgenes y dando cabida justamente a la banana. Nos resulta bastante llamativo; tampoco hay que ir
más allá, pero no creo que eso sirva a los intereses de los productores. Hay que defender el plátano y hay que defenderlo en el mercado de los veintisiete, que es nuestro mercado natural. Hay que defenderlo frente a la banana, que no cumple con
los estándares que tiene que cumplir el plátano. Y, ¡cuidado!, hay que defenderlo en el precio, más allá de las ayudas que cubren otros valores, otros bienes públicos que nunca vamos a pedir que los cubra el mercado. Pero para eso hay que regular
y hay que controlar, en general y en particular, las importaciones de banana, porque de lo contrario nunca seremos capaces. Si desregulamos, si abrimos totalmente el mercado a la banana, se acabó el plátano; no se puede competir en esas
condiciones. Se nos dice muchas veces: parece que tenéis una doble medida, un embudo; somos exportadores natos y netos y,
sin embargo, ponéis pegas a las importaciones. No, ponemos pegas a las importaciones de choque, a las importaciones especulativas, a las importaciones que van a por nosotros, que nos destruyen sectores que son fundamentales y esenciales.
Por otro lado, las exportaciones que hacemos -insistimos en ello y nos lo pedimos para nosotros mismos- cumplen con todos los estándares de calidad y, por lo tanto, allí donde llegan nuestros productos, llegan con todos esos estándares. En
eso sí que no hay duda. Por ello, creo que estamos defendiendo lo que tenemos que defender, también en ese sentido, para el plátano de Canarias. Yo no sacaría la conclusión, aunque lo entiendo perfectamente, de exceptuarlo de la ley; es nuestra
opinión. Hay otros sectores que piden exactamente lo mismo. Claro, si exceptuamos todos, se acabó. Creemos que se puede defender desde esta ley y, por supuesto, se tiene que defender con todo lo que hemos dicho en paralelo a esta ley:
preferencia comunitaria, control de importaciones, etcétera.
Se me preguntaba también, por parte de Bildu, quién tiene que crear estos índices para definir los costes: ¿el Observatorio de la cadena, las comunidades autónomas? Nosotros estamos planteando que se encargue el Observatorio de la cadena,
porque, en definitiva, es un órgano oficial del Ministerio de Agricultura; por lo tanto, que se encargue él. No quita que también haya observatorios territoriales, que de hecho los hay. Exactamente aquí está la exconsejera de mi tierra, de
Castilla y León, que lo creó. Hay observatorios y eso ayuda, porque, si hablamos de referencias, es muy complicado resolver este enigma. Por lo tanto, es bueno también que se establezcan a nivel de las comunidades autónomas, porque están más cerca
de la realidad productiva de los distintos sectores. En el sector cárnico, en el de leche, en el de los cereales y en otros sectores hay diferencias, por supuesto, por cuestiones climáticas, por la dimensión de las explotaciones, por mil cosas,
pero también por cuestiones territoriales. Por tanto, creemos que el Observatorio de la cadena tiene que tener una función fundamental al respecto, que se debe reforzar esta función y que el Ministerio de Agricultura específicamente -también el de
Comercio y otros, pero sobre todo el Ministerio de Agricultura- se debe encargar de que estos índices se pongan en marcha, porque de lo contrario, nosotros mismos vemos la dificultad. Si no hay unas referencias públicas que nos permitan tenerlas en
cuenta, incluso variables, incluso a sabiendas de que se empieza por algo para terminar cumpliendo plenamente con la ley -pero esto no se va hacer de la noche a la mañana; vamos a ver cómo lo vamos ajustando-, es necesario que el observatorio se
refuerce y, por lo tanto, que las comunidades autónomas se impliquen, porque tienen competencias también en cuestiones relativas a la cadena, en el cumplimiento de las mismas y también en cuanto a las referencias para los contratos.
Desde Ciudadanos me preguntaban si se puede jugar con los costes, puesto que los costes efectivos -al final se quiere vender porque si no, te dejan el producto fuera- no están muy definidos; puede que sean costes medios, porque el
ministerio, desde luego, no va a sacar el índice de costes de producción de cada uno de nosotros, entendámonos. Por lo tanto, serán costes medios, quizá territorializados. ¿Se puede jugar? Claro, ¿pero qué tenemos ahora? Yo me imagino que cuando
aparezca un precio en un contrato que deje reflejado que cubre costes y que las partes están de acuerdo, se tendrá que seguir vigilando, porque si los índices generales medios dicen que el litro de leche no cuesta 28 céntimos, sino que el coste está
entre 34 y 37, ahí hay un desajuste. Y tendremos que ver también quiénes tenemos que estar en estas cuestiones para denunciarlo, la ICA, las otras administraciones públicas o nosotros, como representantes de un sector. Pero, en principio, tenemos
que dar por bueno aquello que se formaliza por las dos partes, aunque sepamos o sospechemos que una de las partes está más presionada y la otra tiene una posición mayor de dominio. Con el tiempo, con esta cultura nueva que decimos que se tiene que
ir creando -lo mismo que se inició de manera muy importante con la Ley 12/2013-, con este paradigma nuevo mirando al siglo XXI y no al XX, esta cuestión se irá cumpliendo progresivamente. Pero sí, claro, también nosotros tenemos dudas, cómo no,
vamos a ver cómo se pone todo en marcha, pero, desde nuestro punto de vista, esto nos protege más que si no existiera.
El señor Baldoví, del Grupo Plural, también me ha preguntado qué órgano deberá regular la ley y sobre los índices. Creo que ya lo he dicho. Efectivamente, tiene que quedar muy claro, tiene que reforzarse económica y legislativamente y
darle todo el peso institucional a esa competencia que, desde nuestro punto de vista, debe tener el observatorio. En Francia el ministerio lo ha dejado a las interprofesionales y los sindicatos agrarios franceses no están de acuerdo, nosotros
tampoco. ¿Por qué? Las interprofesionales tienen una función que cumplir, sobre todo de cara a calidad, a estándares, a promoción y a tantas cosas, pero, ¡cuidado!, están las dos partes, una con posición de dominio y la otra
dominada. ¿Cómo vamos a llegar a un acuerdo entre las dos partes, que hasta ahora no se ha llegado porque una se impone sobre la otra? No nos parece eficaz ni efectivo que sean las interprofesionales. Ojo, nosotros formamos parte, 26 o 27
interprofesionales, y trabajamos en ellas duramente, pero preferimos que sea más oficial, preferimos que sea desde el ministerio, preferimos que sea el observatorio, etcétera.
También nos pedía una aclaración sobre ampliar la ley a las importaciones. En las importaciones siempre hablamos de países terceros, que quede clara la cuestión. A nosotros se nos abrió una expectativa cuando se introdujeron aquí -no está
en la ley actual pero ahora en el debate y en la tramitación se ha incorporado-, pero después hemos tenido la decepción de que las prohibiciones y las sanciones sí les afectan, pero las obligaciones si no están definidas o detalladas no, y una de
las obligaciones es contractualizar, hacer contratos. Por lo tanto, quedan eximidas de contratos si esto queda así. Por eso nos interesa mucho trasladarles esto; afinen ahí porque no es lo mismo hacer un contrato y que en ese contrato tenga que
aparecer lo mismo que aquí, que es que ese producto que se compra fuera tiene también que pagarse por encima de costes, aunque allí los costes sean diferentes, pero esas formalidades y esas cuestiones son también muy importantes, van creando una
cuestión estructural vital. Esto es lo que queremos decir, que también tienen que cumplir con todas las obligaciones que cumplen nuestros propios productos, los europeos y los de nuestro país.
El Grupo Confederal me ha mencionado las eléctricas. Es que aquí nos extenderíamos, aunque parezca que no es cuestión de este tema. Para que sea cuestión de este tema yo les preguntaría cuáles son los sectores esenciales y estratégicos.
Alguien diría que las eléctricas y seguro que los del sector eléctrico dicen las eléctricas, claro. Los agricultores decimos que hay muchos sectores esenciales y estratégicos, el nuestro es uno, es la alimentación y otros; no decimos que nosotros
solos. Pero claro, en esa valoración de los estratégicos y esenciales salen ganando unos porque tienen también posición de dominio y abuso de posición de dominio sobre instituciones y gobiernos, y nosotros no. Esa es la diferencia. Una cosa más y
termino con este asunto, estamos reivindicando desde hace un montón de décadas que en la doble tarifa o la tarifa eléctrica para el regadío se resuelva de una vez por todas el tema del término potencia. Como a las eléctricas se les dio el término
de potencia, consumas o no consumas, aunque se abarate la electricidad, la factura se encarece porque el término potencia es lo más caro. Regamos durante cinco meses, por decir algo, otros seis, otros cuatro, y pagamos en términos de potencia por
doce meses. Resuélvase, resuélvase. ¿En favor de quién se hacen esas cosas? En favor de nosotros no, porque nosotros somos los que la pagamos y, claro, sin sentir. Regamos durante cinco meses y pagamos el término potencia cinco meses, doble
potencia en un contrato. Mira que es sencillo, pues no hay manera.
El señor Chamorro de VOX me ha preguntado por el tema de preferencia comunitaria, pues claro; pero no porque seamos unos intervencionistas irredentos y a por todas y esto es lo nuestro y lo demás no existe. Siendo como somos exportadores
netos -con todo el respeto y demás- cuando hablamos de preferencia comunitaria tenemos que hablar no de prohibiciones de importaciones que sean necesarias en el mercado sino que la preferencia comunitaria sea sobre la base de criterios, de
estándares. Ahora, por ejemplo, con el Pacto Verde se van a incrementar desde el bienestar animal hasta la utilización de fitosanitarios, zoosanitarios, toda la cuestión del suelo, del agua, etcétera. Nosotros estamos de acuerdo con nuevas
condiciones porque, como decía antes, hay que mirar para el siglo XXI que ya lo vamos avanzando y, por lo tanto, somos partidarios de esa transición, pero eso supone costes. Si no le va a suponer costes a las importaciones, si este no va a ser un
criterio de preferencia comunitaria, ¿entonces qué estamos haciendo aquí? Preferencia comunitaria sobre la base de que por lo menos haya una justa equivalencia entre lo que se nos obliga aquí y lo que viene de fuera, porque si no evidentemente
existe la deslocalización. Muchas empresas francesas, alemanas y de aquí están ya produciendo en Túnez, en Marruecos y demás, haciendo competencia a nuestras producciones y hundiéndolas en muchos casos. Pero no conforme solo con eso, está
entrando, por ejemplo, cantidad de tomate por encima de las cantidades negociadas en el tratado, los contingentes se están superando, ¿quién controla eso? Los precios de entrada se están superando, ¿quién controla eso? Las calidades sobre la base
de estándares, las básicas, las mínimas, porque si no también sería un fraude al consumidor, ¿quién controla todo eso? Pues claro, ¿qué hacen las empresas que tienen dinero y capital, que no podemos hacer los agricultores? Se van a Marruecos y
hacen lo mismo, competencia, ocupan el mercado. Y ahora uno de los problemas que tenemos es el brexit, la salida del Reino Unido, con quien tenemos evidentemente bastante exportación -4000 millones de euros-, porque ¡cuidado!, cualquier día bajan
estándares allí, llegan a acuerdos con Marruecos o con Túnez y nos vamos a comer
las dos cosas, el que nos sacan del mercado británico -o al menos en parte- y al mismo tiempo siguen llegando producciones a la Unión Europea de esos países, la competencia, y sin estándares. Esto es de locura. Esto hay que regularlo. Y
esto no es ser muy rigoristas en cuanto al intervencionismo, no. No es intervencionismo, es ordenación, es equilibrio del mercado. El mercado es imprescindible, es fundamental, pero ordenado.
Con el Grupo Popular hablamos muchas veces de todas estas cuestiones porque como somos del territorio además y somos sensibles a estas cuestiones las comentamos. Vamos a ver, la competitividad claro que es clave, por supuesto que sí. ¿Se
puede mejorar la competitividad con esta ley? Así entendí la pregunta. La ley tiene que cumplir con determinadas cuestiones. La competitividad evidentemente se ve afectada por otra serie de cuestiones a mayores. No cabe duda de que esta ley nos
ayuda a ordenar, a regular, y sobre la base de una orden de mercado siempre se es más capaz de poder poner en valor lo que producimos; pero no cabe duda de que la competitividad fundamentalmente está en la eficiencia: reducción de costes, calidad,
una buena estructura de comercialización -para la exportación o para mercado interior o para venta directa o para lo que sea, que todo esto es el ámbito del mercado-, por supuesto que sí. La dimensión también es importante, yo también estoy en una
cooperativa, entrego en una cooperativa. Estoy satisfecho con la cooperativa, trabaja en favor de los socios, cumple con todos estos parámetros y no hay dificultades, hay transparencia. Defendemos -porque también exportamos- nuestro producto de
calidad, pero nos exigimos a nosotros mismos -a los socios- avanzar cada vez más en calidad, en reducción de costes, en mejoras de todo tipo, incluso de imagen, entendámonos. Nos ayuda porque crea un marco estable de relaciones comerciales o de
relaciones entre los distintos eslabones de la cadena que normaliza, hace transparente, da seguridad jurídica y eso para nosotros es muy importante.
¿El Real Decreto 5/2020 ha contribuido a resolver los problemas y las reivindicaciones del sector que salieron? ¡Por Dios! El otro día tuvimos una reunión del Comité Asesor Agrario con el ministro y sacamos la serie de reivindicaciones y,
evidentemente, estas son unas reivindicaciones pero hay muchas, a nivel fiscal, a nivel de control de importaciones, como decimos, etcétera. Es decir, el Real Decreto 5/2020 -y en esto sé que hay diferentes planteamientos- en esos aspectos
concretos nos parece que sí mejora, porque se nos reconoce. El hecho de que una ley diga que un contrato tiene que dejar claro lo de cubrir al menos los costes de producción, eso es reconocernos, se nos reconoce, y luego ya veremos qué grado de
cumplimiento tiene, que nosotros vamos a exigir que se cumpla al máximo, pero sabemos cuál es la realidad. Por tanto, se nos reconoce ya de entrada y se reconozca que al menos hay que pagar los costes de producción, pero ¿cómo nos vamos a conformar
solo con que se nos paguen los costes de producción? No, pero al menos digo que eso es un reconocimiento y un paso.
Los contratos tienen carencias, por supuesto que tienen carencias, pero resuelven las desigualdades, creo que lo comenté inicialmente: lo que dan es seguridad jurídica. Sin contratos estábamos perdidos, hacían lo que les daba la gana: en
las entregas, ahora no me entregas, se acabó; la leche a ver a quién se la vendes, lo otro no me interesa, lo de más allá... Ahora por lo menos tenemos un contrato que es un contrato anual o un contrato de seis meses en el caso de la leche o lo
que sea, y eso nos da cierta seguridad. ¿Cómo puede ser que haya sectores ganaderos que estén viviendo sin contrato, con unos animales vivos en su casa, es decir, en su explotación, todos los días? ¿Qué haces con eso? ¿Qué haces con eso si no hay
una seguridad que te dé un contrato que al menos te garantice? En Francia dan cinco años de garantía en los contratos para los jóvenes que se incorporan y dos años para el resto. ¡Hombre, qué mínimo que tener una garantía! Yo invierto, yo trabajo,
yo hago, qué mínimo que tenga un marco que me reconozca, ¿verdad?
Termino. Mencionaba el Grupo Socialista que hubiese un registro de contratos con las comunidades autónomas. También puede ser, pero si ya tenemos dificultades para un registro a nivel del Estado, un registro electrónico que solo tenga
posibilidades de acceso a la Agencia de Información y Control Alimentarios para sus controles en un momento determinado y diferentes circunstancias y demás, si también lo pedimos a nivel de comunidades autónomas, fíjate. Al menos peleamos por que
haya un registro nivel del Estado paso a paso.
¿Índices de referencia? Creo que ya lo he venido diciendo, nosotros nos centramos fundamentalmente en que sea el ministerio correspondiente a través de un organismo que es, por ejemplo, el Observatorio de la Cadena Alimentaria, donde además
estamos todos, dicho sea de paso, y que está haciendo estudios; ya se ha hecho de leche, de aceite de oliva, se está terminando de melocotón y nectarina, ahora vamos a
empezar con todos los sectores ganaderos de vacuno de leche, con la miel, la patata..., una serie de productos. Por lo tanto ahí entendemos nosotros que debe encajar, porque además es un organismo oficial, entendámonos.
En cuanto a los cupos de importación, qué competencia, ¿las OPAS o las APAS? (El señor Gutiérrez Salinas: Confederación de OPAS europeas). Las organizaciones de productores, correcto, no los sindicatos agrarios. Bueno, antes hablé del
tema del plátano, lo dejo ahí; no me quiero meter con gente que organiza a agricultores y agricultoras, pero deja mucho que desear. Fijaos que nosotros hemos dicho una cosa: el Canal Horeca debe incorporarse también al ámbito de aplicación de la
ley, pero también decimos algo más: las organizaciones de productores-por no crear más polémica no he sacado el tema-, algunas -otras funcionan muy bien-, son un chiringuito de algún exportador con una serie de gente alrededor que siente la
necesidad, evidentemente, de hacer las entregas, y de ahí vienen las subvenciones, las ayudas y no sé qué. Debería haber más transparencia respecto a esto, por eso pedimos que también entren en el ámbito de aplicación de la ley, con contratos
transparentes, las organizaciones de productores agrarios, queda claro ¿verdad?
Presidente, si me permite, quiero leer -que antes no me salió muy bien- al final del todo solo una frase: Se desconvocaron las movilizaciones pero se mantienen las reivindicaciones: precios justos y rentas dignas. Este es el
reconocimiento que como sector esencial necesitamos y exigimos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Blanco.
A todos ustedes les cito a las tres y media en la sala Ernest Lluch.
Se suspende la sesión.
Eran las dos y quince minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las tres y treinta minutos de la tarde.
- DE LA SEÑORA VICESECRETARIA GENERAL DE LA UNIÓN DE PEQUEÑOS AGRICULTORES Y GANADEROS, UPA (CORTIÑAS GONZÁLEZ). (Número de expediente 219/000355).
El señor PRESIDENTE: Buenas tardes a todas y a todos. Iniciamos la sesión de la tarde con la primera compareciente, que es doña Montserrat Cortiñas González, vicesecretaria general de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, UPA.
Intervendrá por un tiempo de unos quince o diecisiete minutos. Posteriormente, los grupos parlamentarios le realizarán preguntas y tendrá luego otros quince minutos para contestar.
Tiene la palabra.
La señora VICESECRETARIA GENERAL DE LA UNIÓN DE PEQUEÑOS AGRICULTORES Y GANADEROS, UPA (Cortiñas González): Muchas gracias, señor presidente.
Buenas tardes a todos y a todas. Comparezco ante la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación del Congreso de los Diputados para trasladar la opinión de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos respecto al proyecto de ley por el
que se modifica la Ley de mejora de la cadena alimentaria. Su justificación es en orden a la trasposición de la Directiva de prácticas abusivas, pero en su contenido y en el debate político que se ha abierto en esta tramitación hay mucho más
contenido, hay mucho más en juego. Me permito recordarles que la aprobación del Real Decreto-ley 5/2020 y su posterior tramitación parlamentaria, hasta su aprobación por las Cortes el pasado mes de diciembre, obedeció a la respuesta del Gobierno a
una movilización del sector agrario sin precedentes, de la que mi organización fue copartícipe, y que en esencia pedía precios justos para nuestros productos. Lo que pedíamos y pedimos es una legislación que ayude a equilibrar los poderes de
negociación de los diferentes eslabones de la cadena alimentaria, que ayude a hacer más transparentes las relaciones comerciales, que ayude, en definitiva, a construir una cadena alimentaria eficiente desde el primer eslabón, que genere valor y que
no lo destruya.
Pues bien, comparezco ante ustedes para trasladarles nuestro convencimiento de que el proyecto de ley que tienen entre manos ayudará a conseguir todos estos fines, porque este es el remate de una ley a tres tiempos. Partíamos de la Ley
12/2013 que en su momento fue un gran avance político a la hora de conseguir los objetivos por los que salimos a las carreteras hace ahora un año. Todo el mundo reconoce que fue la ley más avanzada a la hora de regular las relaciones de la cadena
alimentaria de toda la Unión Europea y también un ejemplo e inspiración para la redacción de la Directiva de prácticas abusivas. Sin
embargo, después de siete años de funcionamiento también hay un convencimiento de que necesita una revisión, y no solo para trasponer la directiva, sino también para enmendar cuestiones que en su momento el legislador no pudo o no consideró
necesario incluir en el cuerpo de esa ley. La Ley 12/2013 abrió el camino para poder regular la cadena y estableció importantes conceptos; el Real Decreto-ley 5/2020 introdujo aspectos muy importantes, como son la prohibición de la destrucción del
valor del producto a lo largo de la cadena, y ahora en esta trasposición tenemos la posibilidad de rematar temas que se han quedado pendientes y que creemos que mejorarán la situación de los productores agrarios.
De la lista de elementos que UPA consideraba que no estaban suficientemente bien resueltos en la Ley 12/2013 ha habido varios que, o bien en el Real Decreto-ley de febrero del año pasado o bien en el proyecto de ley que ahora discutimos, han
sido bien resueltos. Entre ellos queremos destacar que tras la tramitación del real decreto-ley se solucionó, a nuestro entender, hacer frente a una práctica abusiva que nunca había sido bien resuelta en nuestro ordenamiento jurídico y que causa
unas pérdidas incalculables a la cadena en su conjunto, particularmente al sector productor: la venta a pérdidas, con excepción, eso sí, del último eslabón que aún continúa pendiente. También se modificó el régimen sancionador, y el proyecto de
ley sobre el cual estamos compareciendo insiste en estas mejoras. También el Real Decreto-ley 5/2020 consiguió incluir que al menos se cubran los costes de producción a lo largo de la cadena, es decir, asegurar que las cadenas alimentarias sean
generadoras de valor y no destructoras del mismo. Otro logro importante fue que se publiciten las sanciones, introducir el valor ejemplarizante de las sanciones y su efecto sobre el desprestigio de quien actúe de esa manera.
En el proyecto de ley de trasposición de la directiva, en el texto que ahora nos ocupa, se incluye un tema muy importante también para el sector, que es ajustar el ámbito de aplicación para evitar los problemas de interpretación actuales
ligados a la dependencia económica. Lo que no aparece en el proyecto de ley, y desde UPA lo consideramos muy importante, son los siguientes elementos que el sector productor necesita, por lo que les pedimos que en el trámite parlamentario sean
atendidos. Entre ellos destacamos que es importante asegurar que las asociaciones de operadores de la cadena podamos denunciar y ser considerados como titulares de legítimos intereses colectivos. Es importante también establecer la obligación de
la Administración pública de adoptar todas las medidas necesarias para proteger la identidad de los denunciantes mientras dure el procedimiento de control, así como para la adecuada protección de cualquier otra información cuya difusión se considere
perjudicial para sus intereses. Es importante establecer un registro de contratos alimentarios que evite los actuales fraudes de ley y que, además, den transparencia la cadena. Es importante regular el concepto de destrucción del valor de la
cadena también en la parte final de la misma, es decir, en la venta final del producto.
Hay que adecuar las funciones del Observatorio de la cadena a los nuevos requisitos surgidos de las propuestas que está haciendo el sector productor para elaborar los informes sobre precios de los alimentos, para trabajar, generar y
actualizar índices de precios y costes objetivos, transparentes, verificables y no manipulables que puedan ser usados como referencia en la fijación del precio libremente pactado en los contratos, especialmente en el sector productor. Hay que
albergar y dar amparo al régimen de mediación de los contratos alimentarios. La ausencia de la figura del mediador es una carencia importante en el cuerpo de la actual Ley 12/2013. El mediador solo está circunscrito a las operaciones entre OP y
primeros compradores en el marco voluntario del código de buenas prácticas mercantiles en la contratación alimentaria. En esta tramitación de la ley las tres organizaciones agrarias de ámbito nacional planteamos que para cuando no hubiera acuerdo
entre los vendedores y los compradores para concluir esos contratos alimentarios, en especial en lo que respecta al precio, se establecerá un mecanismo de mediación asegurando de esta forma la equidad en dichas relaciones contractuales. Hay que
impedir que ocurra lo que está pasando en la actualidad en el sector de la leche de vaca, que los ganaderos, sin posibilidad de negociación previa, se ven obligados a firmar contratos con anexos en los que declaran que cubren los costes efectivos de
producción. Con un producto perecedero, con la disparidad de fuerzas en la negociación y sin un mediador al que acudir, la presión está servida. La figura del mediador es muy importante y deberá recaer, en nuestra opinión, en el Observatorio de la
cadena alimentaria y desarrollarla reglamentariamente.
Hasta aquí he hecho una mera enumeración de los elementos que en opinión de UPA deben ser mejorados en la ley. Junto a la transcripción de mi comparecencia incluyo un documento, para nosotros muy importante, que es el que recoge las
enmiendas conjuntas de las tres organizaciones profesionales agrarias, ASAJA, COAG y UPA, al texto del proyecto de ley. Es fruto de un ejercicio de análisis, discusión y consenso entre las tres OPA que quiero valorar y que, repito, les aportamos
junto con esta comparecencia.
Ruego a sus señorías que lo tengan en cuenta, porque recoge el sentir de miles y miles de agricultores y ganaderos que hace un año nos manifestamos pidiendo precios justos para nuestros productos. Les pedimos que a la hora de tramitar las
posibles enmiendas a este proyecto de ley se acuerden de las filas interminables de tractores por toda la geografía española denunciando a los cuatro vientos que queremos vivir dignamente de nuestro trabajo, que no hay profesión más estratégica que
la producción de alimentos; lamentablemente, a los pocos días de hacer esta última afirmación vino la pandemia a darnos la razón y a ponerlo de manifiesto. Ahora pedimos que sus señorías también nos den la razón al aceptar el cuerpo del proyecto
de ley y que lo mejoren en el sentido que el sector les solicita.
Normas para mejorar su funcionamiento, porque se trata de garantizar la soberanía alimentaria, la gestión del territorio y el cuidado del medio ambiente. Frente a quienes dicen que no se puede ir contra el mercado, que establecer en la ley
algo tan obvio como que a cada eslabón de la cadena hay que exigirle que sea generador de riqueza o que aporte valor al producto que pasa por sus manos, que hacer eso es un absurdo porque las leyes del mercado son inalterables, nosotros defendemos
que ha llegado el momento de cambiar en este país la cultura de la conformación de precios de los productos alimentarios. Estamos ante una oportunidad histórica, donde se pretende que en lugar de fijar el precio en la parte final de la cadena, en
el momento de vender el producto al consumidor, y a partir de ahí que cada operador detraiga del pago que hace a su proveedor la parte que considere por su trabajo hasta llegar a los productores, se haga al revés. Proponemos que la conformación del
precio de un producto se haga desde la producción, de tal forma que remunere de manera justa el trabajo, la inversión y el riesgo que los agricultores y ganaderos aportamos en la generación de ese producto. A partir de ese precio, cada eslabón
deberá incorporar el precio equivalente al valor que incorpora al producto hasta llegar al consumidor. Estamos ante un cambio de mentalidad, y los primeros que tenemos que cambiar somos los agricultores y ganaderos, así como nuestras cooperativas.
No podemos admitir vender nuestros productos por debajo de los costes de producción; no podemos admitir vender nuestros productos sin saber lo que vamos a percibir por ellos. La ley debe ser la palanca que nos obligue a nosotros a cambiar nuestras
estructuras de comercialización, y a partir de ahí al conjunto de la cadena.
Frente a los que dicen que las leyes del mercado son inexorables y que ante desequilibrios entre oferta y demanda, ante hundimientos del mercado esta ley sola no puede hacer nada, sino que echará del mercado a los menos competitivos,
nosotros creemos que no es así, que ante situaciones similares del mercado el comportamiento y la acción en el primer eslabón comercial de la cadena lleva a resultados muy diferentes. En el estudio de la cadena de valor del aceite de oliva,
presentado el mes pasado en el Observatorio de la cadena, se pueden comprobar circunstancias tan llamativas como que de los datos obtenidos por diferentes cooperativas y almazaras repartidas por las diferentes comunidades autónomas productoras, en
la campaña 2018-2019 las liquidaciones a los productores van de 2,07 a 3,34 euros por kilo, es decir, una diferencia de más del 61 %. Pero es que esta diferencia aumenta en la peor campaña de comercialización de los últimos años, en la campaña
2019-2020, con liquidaciones que van de 1,63 a 3,08 euros kilo, con diferencias de casi el 90 %. Y nos referimos al mismo producto, aceite de oliva virgen extra, no a variedades de valor distinto ni a diversas formas de producción. En estos dos
años de estudio lo que se demuestra es que el resto de agentes de la cadena cubren sus costes de producción y ganan dinero, a excepción de los olivareros. Ante la indolencia de los agentes de comercialización del aceite, es siempre el productor el
que asume las consecuencias del mercado. Aquellos que se muestran sumisos a las leyes del mercado no dejan de ganar dinero en ese mismo mercado, son los productores los únicos que parecen ser rehenes de estas inexorables leyes, y eso, señorías,
debe acabarse. Señoras y señores diputados, en una misma campaña hay cooperativas y almazaras que son capaces de vender el aceite casi al doble del precio que otras y en el mismo mercado. De eso estamos hablando. Necesitamos que estas normas nos
empujen y obliguen a ser agentes más activos en el mercado, a buscar nuevos nichos, a proponer nuevos formatos, a defender nuestros productos, y a su vez trasladar eso al resto de agentes de la cadena.
Lo que nos está diciendo la ley es que debemos dejar de ser meros comisionistas y convertirnos en operadores activos del mercado que generemos riqueza. La historia ha demostrado que los productores sabemos vender bien grandes volúmenes, que
en los graneles nos manejamos, que somos capaces de vender cualquier producto. Se trata únicamente de ajustar el precio. Ha llegado el momento de que seamos capaces de vender defendiendo el precio; que siguiendo con el ejemplo del emblemático
aceite de oliva seamos como los italianos, que elevemos nuestro producto más señero a la categoría que se merece. En el caso del aceite de oliva, de precios hundidos por el exceso de oferta, cabría preguntarse,
¿por qué en un mercado global el mercado de Italia es sensiblemente superior al de España o al de Grecia? Nosotros producimos con costes similares a los italianos y sin embargo ellos lo venden mucho más caro que nosotros, y ello pese a que
continuamente nos acusan de tirar los precios. Su concepto de la competitividad en los mercados no es solo por precio, sino que tiene otros elementos que han sido capaces de poner en valor. En la documentación que he entregado a la Mesa aparece
una gráfica con el comportamiento del precio del aceite de oliva en España, Italia y Grecia que ilustra muy bien lo que les estoy diciendo, y les invito a verla.
En mi opinión, y para entrar también en el debate que se suscita respecto al concepto de destrucción del valor de la cadena, el problema no es que una cooperativa o primera industria tenga que vender puntualmente por debajo de los costes de
producción de sus socios si, por ejemplo, el tomate marroquí ha hundido los precios, el problema es que eso ocurra durante toda la campaña. Esta ley no nos saca del mercado porque no es concebible que se pueda producir nada, lo que sea, frutas,
flores, leche, carne, siempre por debajo de los costes de producción. Si se diera esta circunstancia estaríamos hablando de otra cosa, y eso no se resuelve con esta ley.
La ley no es la pócima mágica que va a solucionar todos los problemas, hay cuestiones que deben ser abordadas en los ámbitos comunitarios, como el cumplimiento de los acuerdos comerciales, el principio de reciprocidad, la adopción de medidas
eficaces ante situaciones de crisis. Ahora bien, eso no quita importancia a esta ley. Como decía, si durante toda la campaña el coste de producción está por encima del precio de venta y esto se reproduce a lo largo del tiempo, estamos ante un
sector no viable. No creemos que se trate de eso. Hay grupos de interés que cuestionan la ley, porque dicen que nos sacaría del mercado ante una sobreoferta puntual o ante una calidad menor de un determinado lote, por ejemplo los destríos que
puedan ir a la industria conservera en las frutas. En opinión de UPA, esos grupos están poniendo una cortina de humo para no enfrentarse a la nueva realidad. Creemos, señorías, que la actual redacción de la ley permite que una cooperativa, por
ejemplo, pueda vender sus tomates por debajo del coste de producción durante un período de tiempo porque haya una sobreoferta puntual que hunda los precios durante unas semanas, y eso porque la ley permite que el cálculo del coste de producción y el
precio percibido por el agricultor se haga bien operación por operación, bien según medias de campaña, de tal forma que los precios bajos de varios días o semanas, si son compensados por los precios del resto de la campaña, darán lugar a
liquidaciones por encima del coste de producción. De eso es de lo que se trata. De igual forma, en aquellas producciones donde se clasifica el producto no debería ser un problema que haya determinadas partidas que no cubran los costes de
producción, siempre y cuando el precio medio del conjunto de ventas de un agricultor en concreto esté por encima de ese precio.
Señorías esta ley no prohíbe, como defienden algunos, que una cooperativa pueda vender la producción de menor calidad a la industria de zumos, por ejemplo, si el precio de venta está por debajo del coste de producción. No es así, porque la
cooperativa en cuestión puede definir como ella considere la unidad de referencia a la que deberá ser aplicado el principio regulado en el artículo 12.ter de la ley. De todas formas, si este punto es el conflictivo, es el que suscita controversias
e interpretaciones, están en el momento de abordarlo y clarificarlo. Para UPA lo realmente importante es que cada productor, cada cooperativa tenga unos ingresos medios en cada campaña por encima de sus costes de producción medios.
Por no eludir ninguno de los temas que están en el debate público de este proyecto, ante una crisis de campaña, en opinión de UPA, con la aprobación de la ley y con la asunción por parte de todos los agentes de la cadena de la nueva
filosofía que plantea, pensamos honestamente que la cadena en su conjunto estará mejor preparada para enfrentar esas crisis de campaña. En UPA no somos de los que solo miramos a terceros cuando se trata de pedir responsabilidades y medidas
concretas. Con su nuevo enfoque, la ley debe ser un punto de inflexión a la hora de enfrentar esas crisis, debe ser un estímulo para que todos los agentes de la cadena, también los productores y nuestras estructuras comerciales, empecemos a cambiar
de actitud y a entender que una crisis de mercado se aborda con acciones en toda la cadena, también en la producción. Habrá más razones y argumentos para que nos pongamos de acuerdo a la hora de adoptar medidas, por ejemplo, en el control de la
oferta, vendimias en verde, almacenamientos privados, etcétera. En definitiva, esta ley no va a solucionar por sí sola los problemas de crisis de mercado, pero va a ayudar.
Quiero terminar diciéndoles, señorías, que la aprobación de la Directiva de prácticas desleales nos abre también una puerta a que en una legislación específica, como es la Ley de la cadena, se pueda regular la venta a pérdidas en el último
eslabón. Creemos que eso es muy importante por el efecto arrastre que hacen determinadas tensiones en ese eslabón por ofertas reclamo que hunden puntualmente
precios y pueden desestabilizar un sector. La necesidad de extender la prohibición -y con esto termino- de esta práctica a toda la cadena cobra aún más fuerza si atendemos a la irrupción del comercio online en la alimentación. Si no somos
capaces de impedir que un operador pueda puntualmente hundir precios, ya les adelanto que grandes corporaciones que no tributan en España pueden ser las grandes beneficiarias a costa, como siempre, de los agricultores y ganaderos.
Estamos ante un cambio de cultura y de costumbres en las relaciones comerciales en el campo, en cómo debe comportarse una cadena alimentaria que va desde el origen al destino. Es un proceso que costará, pero mucho menos si ese cambio social
va acompañado de una ley clara que lo refrende. Esa es la tarea que ustedes tienen entre manos. Les deseo suerte y acierto, porque pueden ayudar a desterrar el hecho de que independientemente de lo que haga el agricultor o ganadero sus resultados
económicos no dependen de él, no tiene el control sobre su negocio. Acaben con ese fatalismo por favor. Creemos el futuro del medio rural y de la alimentación que dependen de ello.
Muchísimas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Cortiñas.
Ahora es el turno de los grupos parlamentarios. En primer lugar, en nombre del Grupo Mixto, tiene la palabra la señora Oramas. (Pausa). No está. Por tanto, en nombre de EH Bildu, tiene la palabra el señor Ruiz de Pinedo.
El señor RUIZ DE PINEDO: Buenas tardes.
Muchas gracias por su intervención, en la que ha citado cuestiones que son muy importantes, dentro, además, de esa coincidencia entre las diferentes organizaciones, lo que nos da un referente muy claro sobre cómo acabar con ese fatalismo que
tenemos que romper.
Ha citado algunas cuestiones, como la de que las asociaciones puedan ser sujeto de denuncia, y la obligación de proteger la identidad de los denunciantes y de poner instrumentos para salvaguardar esa identidad. También ha hablado de una
cuestión que me parece importante, que es la figura de la mediación. Me ha parecido entender que hacía depender la posible figura del mediador del observatorio. Lo importante en estos momentos, por lo que conocemos de la realidad, es la cantidad
de gente que no puede presentar una reclamación porque, entre otras cuestiones, es un trámite muy largo, aparte de la protección de la identidad, porque depende de una compañía que le compra, y especialmente estoy pensando en la leche. Es urgente
la solución de conflicto de precios, por lo que la mediación tenía que ser un mecanismo ágil y un primer paso si no se solucionara antes de interponer una denuncia. Me gustaría saber si han pensado cómo articular esa mediación y cómo tendría que
recogerse dentro de este proyecto.
Me quedo en esa pregunta teniendo en cuenta el poco tiempo que va a tener luego para responder a otras cuestiones.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
En nombre del Grupo Ciudadanos, tiene la palabra la señora Martínez.
La señora MARTÍNEZ GRANADOS: Gracias, señor presidente.
Señora Cortiñas, muchísimas gracias por su exposición. Quedamos a la espera de recibir la información más detallada sobre las medidas que han redactado. Queremos hacerle una consulta. Mi grupo parlamentario piensa que el tema del coste
efectivo de producción por sí solo no va a dar total seguridad a este eslabón del sector primario, que es el que sustenta toda la cadena. Hace ya algunas semanas, por no decir meses, estuvimos en contacto con agricultores y con las organizaciones y
vimos que no existía esa confianza que estamos viendo durante las comparecencias de hoy.
Es cierto que hay muchísimas cosas que influyen, como bien ha dicho, como que haya productos que vengan de fuera o que estén compitiendo deslealmente porque no cumplen los mismos requisitos que el producto nacional, y no podemos confiar en
que todas esas cosas se soluciones a la vez que se tramita esta ley. Queremos saber si creen que es suficiente que se recoja en el contrato el coste efectivo de producción, que cuando haya excesos de oferta, aparte de que pueda haber otras medidas,
como también ha comentado, no va a afectar, y si creen que la introducción del coste efectivo de producción es una solución para tener una posición mejor dentro de la negociación en la cadena agroalimentario.
También quiero preguntarle por algo a lo que se ha hecho referencia en las comparecencias del día de hoy, que son los índices de referencia para poder referir -valga la redundancia- los costes de producción efectivos dentro de cada producto.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Martínez.
En nombre del Grupo Plural, tiene la palabra el señor Baldoví.
El señor BALDOVÍ RODA: Moltes gràcies, señor presidente.
Señora Cortiñas, muchas gracias por su comparecencia. Quiero hacerle dos preguntas muy escuetas. Me gustaría que repitiera el concepto de la cooperativa y lo que acabaría recibiendo un agricultor. Quisiera que lo repitiera, porque algunos
somos de muchos mundos, sobre todo los que somos diputados únicos.
Están compareciendo todas las organizaciones agrarias y ustedes representan, digamos, al eslabón más débil de la cadena. Siempre pregunto lo mismo, y es que creo que la piedra angular de esta ley debe ser quién debe regular los costes de
producción, qué organismo. ¿Qué opina su organización sobre quién debe regular estos costes de producción para que el agricultor reciba un precio justo por su trabajo?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Baldoví.
En nombre del Grupo Republicano, tiene la palabra el señor Eritja.
El señor ERITJA CIURÓ: Muchas gracias, señor presidente.
Gracias por su intervención, señora Cortiñas. Intervendré muy brevemente. Me ha interesado mucho todo lo que ha apuntado sobre el tema del Observatorio de la cadena, las funciones que puede tener. Me gustaría que concretara un poco más
cuál cree que debe ser el papel preciso del Observatorio de la cadena en la propia cadena de valor y si piensa realmente que en esta ley dicho observatorio puede tener capacidad para influir en la configuración de precios.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Eritja.
En nombre del Grupo Confederal de Unidas Podemos, tiene la palabra la señora Franco.
La señora FRANCO CARMONA: Gracias, señor presidente.
Gracias también a doña Montserrat Cortiñas. Creo que es fundamental escuchar a las organizaciones agrarias, a las organizaciones profesionales, y nos llama mucho la atención algo que a nosotras nos parecía difícil de conseguir y que
habíamos estado insistiendo bastante en todas las comparecencias públicas y siempre que hemos hablado de esta cuestión, de la necesidad de acabar con las prácticas desleales, siempre nos habíamos ido con la sensación de que era difícil conseguirlo
y, sin embargo, estamos viendo que en todas las organizaciones profesionales hay consenso sobre esto. Me refiero a la necesidad de que haya unos estudios que expliciten unos índices de costes medios de producción para que precisamente las
organizaciones agroalimentarias, todos los agricultores, agricultoras, ganaderos y ganaderas, tengan una estimación, unos índices a los que poder acogerse a la hora de poder enfrentarse a las grandes operadoras agroalimentarias y poderles decir:
este es el precio mínimo que me tienes que pagar por mi producción, porque esto es lo que me cuesta producir. Al final estamos diciendo que ni siquiera estamos hablando de que puedan ganar beneficios, que evidentemente los ganarán y es ahí hacia
donde hay que ir, a que puedan ganar sus beneficios, puedan tener su salario y puedan seguir mejorando sus producciones comprando maquinaria, es decir, modernizando la producción, sino que estamos hablando de un paso anterior que es que al menos se
pague lo que les cuesta producir. No estamos hablando ni de más ni de menos, no estamos hablando de que pueda conseguir un euro más, sino de que al menos se le pague lo que le cuesta producir. En ese sentido, a nosotros nos parece fundamental
estar escuchando ese consenso de las organizaciones profesionales y estamos muy cerca de poder seguir avanzando y avanzar hacia que en esta ley, en el periodo de enmiendas, pueda venir registrada esa necesidad.
Yo le quería preguntar si desde UPA creen que estos estudios de costes tienen que ser publicados por las administraciones públicas. Queremos preguntarle esto, porque nosotras pensamos que es fundamental que sean publicados por las
administraciones públicas, porque si los dejamos en manos de las interprofesionales, ahí están precisamente aquellos operadores que están cometiendo abusos importantes en la cadena agroalimentaria y que están poniendo en marcha desde hace décadas
prácticas de competencia desleal, como la venta a resultas o la venta a pérdidas. Quería también preguntarle sobre la necesidad...
El señor PRESIDENTE: Ha acabado su tiempo, señora Franco.
La señora FRANCO CARMONA: ... del registro de contratos. Si ustedes creen que es necesario tener un registro de contratos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Franco.
En nombre del Grupo VOX, tiene la palabra el señor Chamorro.
El señor CHAMORRRO DELMO: Buenas tardes.
Muchas gracias por haber venido y por su exposición. Nosotros vamos a seguir la línea que hemos comentado con otros interlocutores en estas comparecencias diciendo que consideramos que es muy importante tener en cuenta la sobreoferta de
productos de países terceros en relación con que quien va a perder en esa cadena alimentaria es el eslabón más débil, precisamente por esa sobreoferta de productos de países terceros. Consideramos que es muy importante que contribuyamos entre
todos, por supuesto, a un ecosistema a nivel de emprendimiento que sea positivo para las explotaciones agrarias y ganaderas, que haya menos trabas administrativas, que haya menos impuestos -contribuir a eso- y que formemos un mercado que sea
competitivo a nivel interno, porque si nosotros hiperregularizamos el mercado interior, como he dicho antes, y abogamos, por ejemplo, por fronteras autonómicas, trabas administrativas e impuestos, mientras que, por otro lado, tenemos unas fronteras
que son absolutamente permeables a una sobreoferta de productos terceros, resulta que estamos haciendo las cosas mal, porque evidentemente en muchas empresas o incluso en producciones agrícolas o en un capital en un momento dado agrícola a quienes
el ecosistema interior, con este mercado global, consideran que se pueden ir a Portugal, por ejemplo, a hacer explotaciones agroalimentarias que sean más rentables, porque tienen agua o porque tienen más beneficios, o incluso a Marruecos, que son
países terceros donde les dan más beneficios, hay menores costes de producción y además no se les aplica esta ley. Ese equilibrio es importante, porque claro si estamos haciendo un mercado hiperregulado a nivel interno y está entrando esa
sobreoferta, pues es normal que bajen los precios como he comentado de manera previa. Esto es un desequilibrio en relación con que hiperregularicemos aquí y también con la preferencia comunitaria hacia el principio de reciprocidad y sobre los
controles sanitarios, a nivel de fitosanitarios, que se utilizan en países terceros, no llevamos un control ni a nivel de cupos ni a nivel de defensas comerciales. Consideramos que es un riesgo, por ejemplo, estamos hablando de fijación de precios,
que eso está clarísimamente estipulado en la jurisdicción europea y que es ilegal a nivel de competencia. En cambio tenemos otras herramientas, que nadie ha derogado, como el principio de preferencia comunitaria o las defensas comerciales para
defender a nuestros productos nacionales dentro del Espacio Económico Europeo y a la gente se le olvida o no las quieren utilizar. Consideramos efectivamente que lo que tenemos que hacer es esforzarnos por un ecosistema de emprendimiento a nivel
agrícola y ganadero positivo, con menos trabas administrativas y, por supuesto, proteger el mercado interior, todo el Espacio Económico Europeo, controlando las fronteras de Europa, que es fundamental, con el principio de preferencia comunitaria y
la reciprocidad. Dígame, por favor, qué opinan ustedes de estos dos principios: la reciprocidad y el principio de preferencia comunitaria.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Chamorro.
En nombre del Grupo Popular, tiene la palabra el señor Matarí.
El señor MATARÍ SÁEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Muchas gracias, señora Cortiñas, por su presencia y por su exposición y quiero desearle una pronta recuperación a su secretario general, al señor Ramos.
Las organizaciones profesionales agrarias desempeñan sin duda un papel esencial en el sistema agroalimentario español, por ello quiero hacer un reconocimiento al esfuerzo y al trabajo de estos meses tan difíciles que tan directamente les han
impactado como consecuencia de la crisis sanitaria. Además interrumpieron un calendario de movilizaciones y se pusieron manos a la obra, como han hecho siempre que arrecian las dificultades. Efectivamente, como usted ha dicho en su intervención,
fruto de esas movilizaciones el Gobierno tuvo una primera reacción con la aprobación del Real Decreto-ley 5/2020, que introducía modificaciones en la Ley de la Cadena Alimentaria vigente desde 2014 y que ahora podemos valorar transcurridos ya unos
meses desde su entrada en vigor. Esta sería la primera cuestión que querría plantearle, señora Cortiñas, si considera que las medidas introducidas por el Gobierno con el fin de
equilibrar el funcionamiento de la cadena alimentaria y remunerar de una manera más justa a los productores han cumplido su objetivo. ¿Considera que los problemas que tenía el sector se han solucionado con este real decreto y además que el
proyecto que se ha presentado va a mejorar las relaciones entre los agentes de la cadena? Nuestra impresión es que el proyecto de ley que en estos momentos se somete a debate incide precisamente en los problemas que, lejos de solventar, ha agravado
el real decreto de febrero.
Por otra parte, puesto que estamos hablando de la trasposición de una directiva comunitaria de prácticas comerciales desleales, nos preocupa que el proyecto de ley, que va más allá de la directiva en muchos aspectos, pretenda aplicarse a
transacciones que se producen en el ámbito de la Unión Europea y no solo en el territorio nacional, con lo que ello pueda suponer de desventaja competitiva para los productores españoles. Me gustaría saber si desde UPA y desde las organizaciones
agrarias en general se ha valorado esta cuestión y cuál es su opinión.
Respecto al asunto quizá más polémico del proyecto esta mañana, en esta Comisión, ha dicho el secretario general del ministerio que hay elementos para definir el coste de producción, que algunos están descritos, y -atento- que los buenos
agricultores saben cuál es el coste. UPA está de acuerdo con esta afirmación o creen, por el contrario, que el ministerio debe fijar criterios claros y objetivos. Finalmente, quisiera conocer su opinión sobre las aportaciones que, a su juicio,
hace este proyecto de ley a la necesaria seguridad jurídica y competitividad del sector agroalimentario español en un momento crítico en el que se está abordando además el nuevo periodo de la PAC 2021-2027, que introduce importantes modificaciones
con respecto a lo que veníamos disfrutando hasta la fecha, sobre todo desde el punto de vista de los requerimientos ambientales. Necesitamos instrumentos que fortalezcan al sector y lo hagan más competitivo y resiliente para los próximos años, solo
así podrá seguir siendo el sector estratégico desde el punto de vista económico, social y territorial. ¿Cree usted que este proyecto de ley introduce trabas a la competitividad y, por tanto, a la renta de los agricultores? Nosotros tenemos serias
dudas al respecto. ¿Considera que este proyecto permitirá a los productores españoles estar mejor preparados para competir con los productos de terceros países o de otros países de nuestro entorno?
Finalizo, señor presidente, con una pregunta muy concreta. Los pequeños productores son fundamentales para el desarrollo rural de nuestros pueblos y evidentemente su puesta de producción es superior, ¿considera usted que se van a ver
beneficiados con este proyecto de ley, tal como lo ha presentado el Gobierno o que sean necesarias enmiendas en el trámite parlamentario? Usted ha dicho al final de su intervención que está de acuerdo en que en esta ley se aborden cuestiones que
son claramente del ámbito de la Ley de Comercio Minorista, si no le he entendido mal. ¿Está de acuerdo con que esta ley aborde cuestiones que afectan al ámbito de la Ley del Comercio Minorista?
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Matarí.
Por último, en nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Faneca.
La señora FANECA LÓPEZ: Gracias, señor presidente.
Bienvenida, señora Cortiñas, y en nombre del Grupo Parlamentario Socialista también queremos desearle una pronta recuperación a su secretario general, a don Lorenzo Ramos, y que pronto esté con nosotros.
En primer lugar, quería agradecerle, como no puede ser de otra forma, a vuestra organización, a la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, por compartir, como siempre, desde el conocimiento y la experiencia de vuestros asociados,
vuestras aportaciones en esta Comisión para que la reforma que se pretende hacer del proyecto de la Ley de la Cadena Alimentaria dé un paso adelante y sea un instrumento imprescindible y necesario para el sector agroalimentario, altamente
competitivo y que ha hecho un trabajo excelente durante toda la pandemia para abastecer de alimentos a la población española manteniendo el pulso exportador. Compartimos muchos de sus planteamientos. De hecho el proyecto de la Ley de Cadena
Alimentaria se ha elaborado desde el ministerio con las aportaciones y con reuniones con todos los agentes sociales.
Pero quería hacerle unas preguntas para ampliar la información. En su intervención ha citado a los mediadores, ¿cómo pensáis desde UPA que tiene que ser el papel de los mediadores, solo por contrato, y proponéis también que el observatorio
podría llevarlo a cabo? Me gustaría que afianzara un poco la postura que tiene UPA sobre el tema de los mediadores. Estamos ya en una segunda fase de Ley de la Cadena Alimentaria, porque todos sabemos que el Gobierno modificó la Ley de la Cadena
Alimentaria el
año pasado con la modificación normativa que trae como objetivo el cambio cultural y las relaciones comerciales para que las cadenas sean auténticas creadoras de valor y que todos los eslabones tengan una remuneración equilibrada por su
actividad. El Gobierno desea incrementar la transparencia en la formación de precios protegiendo el eslabón más débil, que son los agricultores y ganaderos. ¿Se deberían introducir los costes de producción en la dinámica de la negociación
contractual para competir en el valor y no solo en precio? ¿Quién debería establecer los precios según vuestra organización?
Por último, se incluye en la Ley de la Cadena Alimentaria que las prácticas comerciales ilegales que actualmente no recoge la normativa en vigor van a suponer un gran avance como la morosidad, los aplazamientos en los pagos o la cancelación
de los pedidos, entre otros. Este cumplimiento de la ley que corresponde a las administraciones, pero también a la concienciación -entendemos nosotros- de todos los agentes para que se puedan cambiar los usos de las relaciones comerciales, ¿tenéis
alguna indicación sobre esto?
Gracias, señora Cortiñas, de verdad, siempre por sus aportaciones. Ha tenido un papel muy importante en todos los municipios de todo el país, fijáis población y habéis estado trabajando durante toda esta pandemia y seguís trabajando incluso
ahora en estos momentos de esta gran nevada y de esta gran borrasca. Así que muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Faneca.
Finalizadas las intervenciones de los grupos parlamentarios, tiene usted la palabra para contestar por un tiempo de unos quince minutos.
La señora VICESECRETARIA GENERAL DE LA UNIÓN DE PEQUEÑOS AGRICULTORES Y GANADEROS, UPA (Cortiñas González): Muy bien.
Muchas gracias a todos por sus preguntas y aportaciones y también por los deseos de recuperación de mi secretario general. Trataré de contestar a todas las cuestiones y si me olvido de alguna les pido, por favor, que me la recuerden.
Planteaba el Grupo Parlamentario de EH Bildu que si a nosotros nos parece importante que las asociaciones puedan denunciar. Por supuesto, estamos hablando de un sector en el que la correlación de fuerzas es tan abismal entre los productores, que
estamos diseminados en distintas zonas, y la primera industria que o bien nos agrupamos en nuestras cooperativas y acabamos con la gran distribución, que está en muy pocas manos, que por supuesto es imprescindible para que las asociaciones podamos
denunciar. Ustedes se imaginan a un ganadero de leche que tiene un problema con su industria, que está ocurriendo ahora mismo, hoy hemos denunciado desde nuestra organización que se están planteando contratos a un año con precios más bajos que el
año anterior, que el año 2020, ¿se imaginan cómo puede denunciar y defenderse ese ganadero? ¿Qué va a ocurrir una vez que su industria, que normalmente además es la que tiene esa ruta o la que acude a comprar la leche en ese pueblo, se entere de
que esa persona ha denunciado? Creemos que es muy importante. Nosotros consideramos que lo importante de esta ley no son las denuncias. De hecho, estamos convencidos de que tiene que haber un cambio de mentalidad, un cambio a la hora de negociar
y de funcionar la cadena alimentaria, pero hasta que eso sea así y para evitar determinados desmanes necesitamos que los productores estén protegidos y para eso es muy importante que podamos representar sus legítimos derechos organizaciones
profesionales, en este caso, como la mía.
También preguntaba por la figura del mediador y por qué creemos que esa figura podría residir en el Observatorio de la Cadena Alimentaria. Nosotros estamos convencidos de que esta ley solo saldrá adelante si somos capaces de que todos los
agentes que actúan en la cadena alimentaria vean que es una ley positiva, una ley que además da estabilidad al sector y que consigue que los distintos actores estemos más cómodos y tengamos mayor posibilidad de futuro y en el Observatorio de la
Cadena Alimentaria estamos representados todos. Nosotros creemos que es un buen lugar para discutir. Como ustedes saben, la concertación parte del acuerdo y tenemos que ponernos de acuerdo. Costará, es un cambio de mentalidad, esta ley está
siendo vista como una amenaza por muchos grupos que además están diciendo que va a ser una hecatombe, que no vamos a poder competir, que qué va a ocurrir con determinadas circunstancias. Seguro que si revisamos otras leyes en este país que han
cambiado una manera de hacer las cosas, que es una manera abusiva, una manera que coloca a los productores en una situación muy complicada y en la que el resultado de su negocio no depende de ellos, porque la disparidad de fuerzas es tal que no
depende de ellos. Una ley que cambie eso va a costar, está costando. De hecho, está costando. Pero tenemos que continuar y creemos que el Observatorio de la Cadena Alimentaria es un buen lugar para poder hacer eso, para ponernos de acuerdo y para
avanzar. Creo que ya he contestado
a todas esas preguntas. ¿Cómo articular esa mediación? Creo que era usted el que se refería a un ganadero de leche y es verdad que los productos perecederos o los vendes o los vendes. Por eso creemos que hay que reglamentar el
Observatorio de la Cadena Alimentaria y hacerlo muy ágil. Seguro que se puede hacer. Se trata de que se vea que es un instrumento necesario y que hay que avanzar para que esté disponible, porque, si no, los productores, sobre todo los productores
de productos frescos, de productos perecederos, tienen un problema. Claro que tienen un problema, es que el producto tiene que salir, con lo cual nosotros ahí les animamos a, de verdad, avanzar en que esto se vea como algo necesario y avanzar en la
reglamentación.
Nos preguntaba la señora diputada de Ciudadanos si creemos que el coste efectivo nos ayudaría por sí solo y si puede tener importancia en la conformación de precios. Nosotros creemos que sí. Por supuesto que cada agricultor o ganadero sabe
lo que le cuesta producir su producto, por supuesto que sí. Son activos económicos. Viven de eso, saben lo que les cuesta producir. Pero necesitamos hacer un esfuerzo en el que haya una referenciación del coste de producción. Además nosotros
creemos que eso hay que hacerlo en el ámbito de la Administración. Antes me preguntaba -y me adelanto también a una respuesta-, por qué pensamos que esto debe de pilotarlo en este caso el Ministerio de Agricultura. Se están haciendo estudios de
costes de producción. Ya se hacían estudios de valor de productos agrarios hace muchos años con un Gobierno presidido por otro partido político. Es muy importante, porque es transcendental partir de una referenciación. Eso no significa fijación
de precios. Porque cada agricultor y cada ganadero va a tener su coste de producción y, por supuesto, que lo sabe. Pero dado que estamos otra vez hablando de poner en marcha una nueva forma de relacionarnos en la cadena, creemos que disponer de
esa información es muy importante. El coste efectivo de inicio, luego el precio lo conforman muchas más cosas, igual que el comercio en sí. La calidad, la diferenciación, la forma de producir, en fin, un producto agrario a lo largo de la cadena va
generando valor y va generando beneficio. Nosotros lo que venimos a decirles aquí es que a nosotros nos cuesta cubrir nuestros costes de producción, porque los problemas de negociación y la disparidad de fuerzas es tal que necesitamos que nos
apoyen, porque creemos que regular esta parte del sector agroalimentario es importante para todos, para nosotros los primeros, pero creemos que a la larga para todo el mundo.
El señor Baldoví preguntaba por el aspecto de su cooperativa, ¿cómo puede hacerlo una cooperativa? Nosotros creemos que a los productores les tienen que salir las cuentas, estén en una cooperativa o vendan a cualquier industria. Lo que no
puede ser -y eso está ocurriendo en alguna ocasión- es que nosotros entregamos el producto y se hacen las cuentas unos meses después de cómo ha salido la operación comercial y dependiendo de cómo ha salido, me refiero a desde la parte final hasta
nosotros, en muchos casos no se cubren los costes de producción. Eso hay que cambiarlo. Eso hay que cambiarlo en todas las estructuras, en las nuestras las primeras, en las cooperativas las primeras. ¿Cómo hacerlo? Nosotros sabemos que es
complejo, pero hay que abordarlo y no nos vale el que todas las operaciones tienen que estar por encima del coste de producción. Nosotros creemos que la ley da margen a que eso no sea así, que se pueden hacer medias por campañas, etcétera. Lo que
no puede ser es que descanse sobre el sector productor el mal resultado de una campaña. No puede ser. La cadena tiene que generar valor. ¿Cómo hacerlo? Nosotros creemos que esta ley da margen y, sobre todo -y estoy muy insistente con este tema-,
que cambia las formas de entendernos, de valorar la cadena, de cómo relacionarnos. Eso desde el principio. A nosotros también nos tiene que hacer más conscientes de la importancia de lo que nosotros hacemos. Pero ahora a muchos productores que lo
hacen muy bien, que son muy eficientes y que son todo, no les sale las cuentas, porque es que no depende de ellos. Esa dependencia es la que queremos cambiar con esta ley.
El Grupo Republicano nos planteaba el papel más preciso del observatorio, creo que le he contestado. Nosotros creemos que es un buen lugar para acordar cosas y para avanzar, porque pensamos que la ley tiene que ir acompañada de un cambio de
mentalidad.
Doña Isabel, la representante del Grupo Podemos, nos preguntaba, en primer lugar, que por qué creemos que los estudios de costes de producción deben residir en las administraciones públicas. Yo creo que lo he explicado ya. Nosotros creemos
que es un buen lugar, necesitamos ese refrendo. Se están haciendo estudios, igual que se hicieron en su momento. Es muy importante disponer de esa referenciación y creemos que el observatorio puede hacer ese papel,
Respecto al registro de contratos, a nosotros nos parece muy importante sobre todo en esta fase de concienciación, porque la disparidad de fuerzas es tal que ahí les invito a que conozcan el informe que la Agencia de Información y Control
Alimentarios, la AICA, que ha publicado respecto a sus cinco años de
funcionamiento, en el que hemos visto además cómo, ante denuncias en algunos casos de mi organización, porque empezaba una campaña y no se estaban haciendo contratos, enseguida los compradores han reaccionado y se han hecho de una forma
generalizada. Eso es importante. Nosotros queremos evitar situaciones como las que se han producido en algunos sectores, que ante inspecciones en una determinada zona que parten de la propia AICA, que por otra parte quiero agradecer la importante
labor que está haciendo y ponerlo de manifiesto en sede parlamentaria. Creemos que hace un trabajo magnífico y de ella va a depender gran parte del éxito de este cambio de mentalidad. Hemos visto que en muchos casos, ante esas campañas de
inspección, se planteaban contratos a posteriori un poco para cubrir el expediente. Volvemos otra vez a la disparidad de fuerzas y a la situación de debilidad del sector productor, con lo cual por supuesto que apoyamos que haya un registro de
contratos, porque creo que nos va a ofrecer una seguridad jurídica muy importante.
El diputado de VOX me preguntaba respecto al principio de reciprocidad, que qué opinamos. Nosotros -y creo que he tratado de ponerlo de manifiesto en mi intervención- sabemos que esta ley no lo va a solucionar todo, pero puede ayudar a
solucionar muchas cosas. Es verdad que entran productos de terceros países que en momentos puntuales hunden el mercado. Vale, veamos cómo abordar ese tema. Yo antes he dicho algunas cosas que creo que podemos hacer. Es verdad, nosotros estamos
de acuerdo en que hay que controlar cómo entra el producto en España, cómo entra, sobre todo, porque los productores españoles hacemos un gran esfuerzo a la hora de cumplir normas muy estrictas, normas muy estrictas desde todo punto de vista, con lo
cual cuando se producen esas distorsiones creemos que ahí es importante ver cómo entran esos productos y que se produzca una equivalencia, pero no podemos olvidar que España es una potencia exportadora. En efecto, somos una potencia exportadora
agrícola y, además, creemos que tenemos muchas ventajas al continuar siéndolo, entre otras cosas porque el sector productor lleva muchos años haciendo esfuerzos en reconversiones varietales, en producir con muchísima calidad, en llevar a cabo en el
sector cooperativo e industrial determinadas acciones comerciales que dan valor al producto. Por tanto, creemos que somos un sector moderno con posibilidades de crecer, y tenemos que hacerlo. Esta ley, además, no nos lo va a impedir, esta ley va
ayudar a que los productores puedan empezar a ser considerados agentes económicos de verdad, de los que pueden negociar lo que producen, agentes económicos activos.
Y respecto a la fijación de precios, nosotros no hablamos de eso. De hecho, habrá unas referencias de costes de producción, pero cada productor tiene sus costes de producción. Además, en el proceso judicial, si se producen denuncias,
etcétera, cada productor va a tener que certificar cuáles son sus costes, y van a ser distintos. Por tanto, nosotros no estamos hablando de fijación de precios.
Por último, me preguntaba el señor diputado del Grupo Popular si consideramos que las medidas han cumplido los objetivos. No, por supuesto que no, aunque también es verdad que ha coincidido un año en el que la pandemia lo ha trastocado
todo. Pero tenemos confianza y creemos que sí pueden hacer su papel las medidas aprobadas. La Ley de la cadena alimentaria aprobada en 2013 establece que los contratos alimentarios son obligatorios, y ahora, siete años después, no está
generalizado, aunque sí vemos que cada vez que la AICA hace una labor inspectora o de difusión preguntando qué ocurre con los contratos se generalizan más, y los contratos son buenos, dan seguridad al productor, al sector productor. Por tanto,
creemos que las leyes tardan, sobre todo esta, que supone un cambio importante de mentalidad, pero tenemos que continuar. Como ya he dicho, creemos que a ustedes les toca ahora rematar una ley elaborada a tres tiempos, una ley que empezó en 2013,
que el Real Decreto-ley 5/2020 vino a mejorar y que ahora ustedes tienen que rematar. Estamos en ese proceso, y les deseamos toda la suerte, porque sabemos que es complicado.
Solo un minuto para contestar a la diputada del Grupo Socialista respecto a cómo se consigue un cambio de concienciación, y yo creo que es haciendo esto, discutiendo en el Observatorio de la Cadena Alimentaria y, sobre todo, con
reglamentación clara y leyes que no permitan que exista esa inseguridad jurídica que nosotros, desde nuestro humilde punto de vista, creemos que se está magnificando. Además, si la hay, estamos en el momento de enmarcar las cosas y sacar adelante
la cuestión.
Muchas gracias, y disculpen por lo atropellado de mi intervención; perdón, presidente.
El señor PRESIDENTE: No hay nada que perdonar. Muchas gracias por sus contestaciones e intervenciones.
Damos por finalizada esta primera comparecencia de la tarde. En tres minutos iniciamos la segunda. (Pausa).
El señor PRESIDENTE: Buenas tardes otra vez a todas y a todos. Pasamos a la segunda de las comparecencias de esta tarde, de don José Manuel de las Heras Cabañas, coordinador estatal de Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos.
Señor de las Heras, tiene la palabra.
El señor COORDINADOR ESTATAL DE UNIÓN DE UNIONES DE AGRICULTORES Y GANADEROS (De las Heras Cabañas): Gracias, presidente.
Señorías, en primer lugar me gustaría expresar el agradecimiento de Unión de Uniones por su invitación a comparecer en esta Comisión y poder así trasladarles el mejor ánimo y el compromiso de agricultores y ganaderos que representa mi
organización para colaborar en el proceso de reforma de la Ley 12/2013, sobre la mejora del funcionamiento de la cadena alimentaria. Siempre viene bien, y especialmente en esta casa, recordar que el artículo 130 de nuestra Constitución encomienda a
los poderes públicos que atiendan de forma particular la modernización y el desarrollo de la agricultura y la ganadería para equiparar el nivel de vida de todos los españoles. Y hoy nos encontramos aquí para formular una ley de cadena alimentaria
que contribuya a conseguir este objetivo, porque en la actualidad, pasados cuarenta años, no es así.
Más allá de los indicadores que exhibe el Ministerio de Agricultura, que nos colocan en la estratosfera de la rentas agrarias europeas y que, contrariamente a lo que sucede en el resto de la Unión Europea, cifran aumentos importantes en el
peor año agrario que somos capaces de recordar, la realidad de los agricultores y ganaderos es bien distinta. Lo dice la Agencia Tributaria, que ofrece como dato que los rendimientos netos agrarios de los profesionales del sector están en un 36,8 %
por debajo de la base imponible media declarada por el conjunto de los contribuyentes. Una de las causas de que esto sea así, la que nos ocupa, es el deficiente funcionamiento de la cadena alimentaria, que no remunera de manera equitativa a todos
sus componentes, siendo los más perjudicados los eslabones más débiles, que somos los productores y consumidores. Señorías, desde el año 2014, el diferencial entre los índices de precios percibidos por los agricultores y el que pagan los
consumidores por la alimentación no ha dejado de crecer, y precisamente en el año de la pandemia esta diferencia ha alcanzado máximos de siete puntos. Por su parte, la Comisión Europea, en sus últimas recomendaciones al plan estratégico de la PAC
para España, señala que solo una tercera parte del valor añadido en la cadena alimentaria queda en manos de los productores, y no estamos hablando de un valor insignificante. Frente a una producción final agraria que en la media de los últimos años
el ministerio estima en 50 000 millones de euros, el negocio alimentario en nuestro país, en una estimación moderada, alcanza los 150 000 millones de euros en términos de consumo interior y exportaciones. Esta situación también la ratifican los
datos ofrecidos por el Observatorio de la Cadena Alimentaria del ministerio, que sitúa los precios percibidos por los agricultores y ganaderos en un 30 % de los precios pagados en destino.
Por tanto, hay margen para un reparto más equilibrado. La propia Ley 12/2013 lo reconoce así en su preámbulo, señalando las asimetrías de la cadena y que su correcto funcionamiento es indispensable para garantizar un valor añadido
sostenible para todos los operadores, aumentar su competitividad global y revertir, igualmente, en beneficio de los consumidores. Sin embargo y por desgracia para nosotros, la ley no ha logrado este objetivo. No diremos que no se han producido
avances en algunos ámbitos, como en el de la extensión de los contratos a sectores en los que no era la práctica habitual, por ejemplo, en el caso de la uva para vinificación o en la leche, pero son contratos en precario, si me permiten decirlo así,
con condiciones no pactadas sino impuestas, porque la ley hasta ahora no ha atacado la raíz del problema, que está en la mínima capacidad negociadora de los agricultores y ganaderos, lo cual se debe a diversas causas, de las que enumeraré, sin
extenderme, las que a nuestro juicio son más relevantes. Por un lado, tenemos una oferta dispersa, en cerca de un millón de explotaciones, y una organización asociativa con potencial pero con muchas deficiencias, frente a una extraordinaria
concentración del sector de la gran distribución, en general, y de la industria en algunos sectores concretos, como la carne o los lácteos. Los propios datos del ministerio ofrecidos en documento de partida del objetivo 3 del plan estratégico sobre
cadena alimentaria afirman que las diez principales empresas de distribución engloban el 62,1 % de la cuota de valor en el año 2019. Se puede concluir, por tanto, que la integración es desigual, con una mayor concentración de la industria de
distribución, y menor en el sector productor. En segundo lugar, nos encontramos con unos mercados globalizados, en los que la política comercial de la Unión Europea de acuerdos y tratados de libre comercio amplía la oferta en el mercado interior
con productos importados de países terceros sometidos a un nivel de exigencia ética, ambiental y laboral muy por debajo de los
estándares con los que nosotros producimos y, por tanto, con menores costes y más competitivos en precio. Y no olvidemos, señorías, que según la OCU, para las tres cuartas partes de los consumidores el precio es el principal criterio que
tienen en cuenta en la compra de alimentos, algo que se acusa incluso más en tiempos de crisis. Y esto me lleva a una tercera cuestión a considerar, que es la incapacidad del propio sector, en su conjunto, para lograr que los consumidores valoren
ese plus de calidad, seguridad y bienes sociales y ambientales ligados a nuestro modelo productivo. Sin duda, a ello ha contribuido que con frecuencia se banalice el producto y se reduzca en la cabecera de los lineales a un mero reclamo
promocional.
Los agricultores y ganaderos sufrimos la maldición de estar obligados a producir excelencia y a competir en precio. No deseo confundir a sus señorías con lo que he expuesto, en Unión de Uniones no queremos demonizar ni a la industria ni a
la distribución, pero la posición de dominio del mercado de la que gozan es terreno abonado para prácticas desleales y abusivas, cuya evidencia no se puede negar. No estamos a favor de condenarnos al aislamiento comercial, pero es malo para todos
arriesgar la estabilidad del modelo productivo del que ciudadanos europeos hemos decidido dotarnos y defraudar a los consumidores poniendo en las estanterías productos que no cumplan sus exigencias. No proponemos tampoco depreciar los valores de
este modelo para competir exclusivamente por la vía del precio con quien hace las cosas peor que nosotros, pero es una realidad incontestable que vender por debajo de nuestros costos de producción y precios suficientemente remunerados no puede
llegar a aceptarse como algo intrínseco a nuestro papel como suministradores primarios de la cadena. Lo que toca preguntarse hoy aquí es: ¿Puede la Ley de la cadena alimentaria acabar con esta maldición de la que hablo? Y nuestra respuesta es:
No por sí sola, pero una buena ley resulta imprescindible para lograrlo.
En febrero de 2020 el Ministerio de Agricultura, con el Real Decreto 5/2020, ahora convertido en Ley 8/2020, introdujo unos primeros cambios en la ley, y, si me permiten sus señorías la licencia, de la que me excuso por anticipado, no puedo
por menos que demostrar cierto grado de estupefacción ante el hecho de que hayan sido necesarios nueve meses de trabajos en las Cámaras para que esta ley salga prácticamente igual que como llegó. Sin entrar en mayores, ha supuesto una
extraordinaria pérdida de tiempo y esfuerzos, para encontrarnos hoy de nuevo hablando de lo mismo. En nuestra opinión, el Real Decreto 5/2020 fue más una operación publicitaria para quitar combustible a las tractoradas que recorrían el país que un
instrumento legislativo capaz de mejorar la situación descrita, y además devolvía a la jurisdicción mercantil las prácticas comerciales desleales relacionadas con el precio, cuando seguramente todos estaremos de acuerdo en que lo mejor sería que
quedasen dentro del ámbito administrativo para evitar que agricultores y ganaderos tengamos que acudir a costosos y largos procesos judiciales para defender nuestro derecho a un precio justo. No obstante, al ministerio hay que reconocerle el mérito
de haber despertado conciencias, haber puesto en el BOE que, respetando en cualquier caso los principios rectores de la propia ley, los agricultores y ganaderos tenemos el derecho a percibir un precio que compense nuestros costes efectivos de
producción, que no hay que destruir valor añadido en la cadena y que las promociones no deben banalizar nuestros productos.
Lo que sucede es que, desde su entrada en vigor el 27 de febrero pasado, la ley, en su nueva redacción, ha venido suspendiendo todos los exámenes a que se ha sometido. Sí, señorías, los agricultores y ganaderos nos hemos visto obligados a
firmar contratos con precios por debajo de nuestros costes efectivos de producción. Sí, señorías, hemos seguido viendo ofertas en los hiper y en las grandes cadenas que razonablemente puede considerarse que perjudicaban la imagen, la calidad y el
valor del producto. Y no, señorías, no tenemos constancia ninguna de qué medidas se han adoptado para evitar que se produzca la destrucción del valor añadido en la cadena en las, seguramente, decenas o cientos de miles de operaciones comerciales
que se han realizado durante estos meses. Y hay una cuestión en la que me gustaría ser particularmente claro en mi exposición, porque me parece fundamental para que sus señorías se sitúen en el mejor contexto cuando trabajen en la nueva reforma de
la ley, para nosotros es básico. Se trata de mejorar la ley, siendo tan críticos con sus ineficiencias como sea necesario, pero no de acabar con ella. Y digo esto porque encontramos demasiadas voces contrarias a la ley escudándose en la defensa de
la libertad de agricultores y ganaderos. ¿La libertad de perder dinero, una libertad que nunca hemos reclamado quienes de verdad vivimos de esto? En Unión de Uniones somos perfectamente conscientes de que en ocasiones las circunstancias del
mercado pueden obligarnos a vender por debajo del precio que quisiéramos, ya sea por un exceso de oferta o por la competencia de productos importados a inferior precio, pero elevar eso, que es una calamidad para la economía de nuestras casas, a la
categoría de estrategia comercial habitual para ser más competitivos es ante todo firmar nuestra ruina como sector
productor, pero también es una falacia, pues no puede hablarse de libertad para tomar esa decisión cuando, como eslabón más débil de la cadena, nos vemos sometidos a aceptar las imposiciones de los operadores dominantes. Me consta, porque
además lo he hablado con algunas de sus señorías, que todos los grupos están a favor de que los agricultores y ganaderos vendamos nuestros productos por encima de los costes de producción, que no se destruya valor en la cadena, que no se
desprestigie la calidad de nuestras producciones en los lineales de supermercados ni se produzcan situaciones de abuso ejercidas desde una posición dominante de la cadena, al tiempo que se persigan y sancionen las prácticas desleales. Trabajemos,
por lo tanto, para que la ley contribuya a hacerlo posible. Por nuestra parte, saben que cuentan con nuestra colaboración. Algunas de sus señorías, creo que la mayoría, saben que desde Unión de Uniones les hacemos llegar nuestras propuestas de
enmiendas, lo hicimos con la ley de medidas urgentes y recientemente con la Ley de Presupuestos Generales del Estado; también lo haremos en esta ocasión, y, para que las estudien, me comprometo a hacer llegar con tiempo suficiente nuestras
observaciones acerca de aquellos aspectos que creemos que deben mejorar la ley y que hoy solo anticiparé, teniendo en cuenta que partimos de un proyecto del texto de la ley que ya incorpora la trasposición de la directiva relativa a las prácticas
comerciales desleales en las relaciones entre empresas en la cadena de suministro agrícola y alimentario.
En primer lugar, pensamos que el ámbito de la ley debe ser ambicioso en la protección de las operaciones de la cadena para dejar los menos vacíos legales posibles. En consecuencia, cabe modificar el artículo 2 para ajustarlo a lo
establecido en la OCM de los productos agrarios y amparar bajo contrato todas las operaciones, no solo las superiores a una cifra ahora fijada en 2500 euros y en un futuro, previsiblemente, en los 1000 euros, sino aquellas que se realicen al
contado, que, por cierto, son muy comunes en algunos sectores, como el de frutas y hortalizas, y en las que, por desgracia, no son infrecuentes las prácticas desleales. Nos sentiríamos más tranquilos si se explicitase que quedan tuteladas por ley
aquellas transacciones en las que hay un evidente desequilibrio entre operadores, tal y como, por cierto, recoge la propia directiva. Por otro lado, igualmente en relación al ámbito de aplicación de la ley, consideramos que debe aclararse su
redacción para que incorporen otras operaciones que no son de compraventa, como, por ejemplo, las de depósito mercantil, que forman parte de nuestro ordenamiento y que también se producen en el sector.
También consideramos que el principio fijado en la ley de no destruir valor a lo largo de la cadena quedaría más reforzado con una regulación adecuada en el ámbito administrativo de la reventa con pérdida en la cadena alimentaria como
práctica abusiva prohibida. En nuestra opinión, lo que ofrece seguridad jurídica es regular que el precio de reventa de un producto es mayor que el deprecio de adquisición, incrementado en los costes en los que se pueda incurrir. Como la
estimación de estos costes es complicada, pueden ser sustituidos por un coeficiente determinado para la Administración competente, aplicándose en un fijo de un 10 %, en tanto no se establezcan otros coeficientes específicos. Es un sistema más
parecido al que tiene Francia en su ley para el equilibrio de las relaciones comerciales en el sector agropecuario y una alimentación saludable y sostenible. Además, la gran mayoría de formaciones políticas presentes en esta Comisión parlamentaria
ya votaron el 23 de octubre pasado en el Pleno del Parlamento Europeo a favor de regular la reventa con pérdidas en la propuesta de modificación de la OCM de los productos agrarios. Por tanto, en coherencia con esa posición política y haciendo uso
de la facultad que otorga la directiva a los Estados miembros para introducir normas más estrictas, perfectamente cabe en la ley esa regulación. También consideramos que debe incluirse en la ley la determinación de los costes mediante mecanismos
oficiales de captación de datos que sean estadísticamente validados mediante su inclusión en el Plan Estadístico Nacional. Eso permitiría a la Administración requerir la información necesaria a los agentes de cadena, imponiendo la transparencia y
fiabilidad de los datos, pero garantizando al mismo tiempo que dicha información queda protegida por el secreto estadístico. Para Unión de Uniones, si queremos reforzar la posición negociadora de los productores y que no se puedan hacer descender
los costes en que se incurra por parte de los operadores de la cadena, conviene establecer unos ciertos estándares de costes medios, homologables a nivel de Estado, que sean útiles como referencia en las negociaciones.
Y, por supuesto, una de las cuestiones que nos parecen básicas es incluir en la ley el grado de cuota de mercado en los respectivos eslabones de la cadena alimentaria para considerar que se dispone de posición dominante en dicho eslabón de
la cadena agroalimentaria. Por una parte, el propio artículo 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y la Ley 15/2007, de defensa de la competencia, regulan la explotación abusiva ejercida desde una posición dominante en el mercado
interior o en parte
sustancial del mismo, al tiempo que en el artículo 208 de la OCM de los productos agrarios se define específicamente para los productos incluidos en la PAC, y en un sector sensible como es el de generación de energía eléctrica se fija en un
10 %. En opinión de Unión de Uniones, la Ley 12/2013, objeto de reforma, es el marco adecuado para establecerla en la cadena alimentaria, ya que esta ley desarrolla en España la competencia compartida prevista en el artículo 168 de la OCM de
productos agrarios. Y lo mismo puede considerarse respecto al mecanismo del artículo 208 de la OCM, porque acota quién goza de una posición de dominio y permite actuar contra quien se sirve de ella para realizar algunas de las prácticas abusivas,
no de las recogidas en la ley sino en el propio Tratado de la Unión Europea.
En cuanto a nuestra ley en defensa de la competencia, nosotros proponemos que el debate sea del 8 % en razón de nuestra experiencia sobre el terreno, pero se trata de un porcentaje que puede evidentemente ajustarse. La redacción concreta de
estos puntos los tendrán a su disposición en forma de enmienda y yo me he limitado a avanzar nuestras principales orientaciones. Es más, es nuestra intención -si sus señorías lo tienen a bien- reunirnos con sus grupos para presentarles nuestras
propuestas. No obstante, insistiré para acabar en una idea que ya anticipé: tener la mejor ley es muy importante pero no es suficiente para que agricultores y ganaderos alcancemos a ser remunerados justamente por nuestro trabajo y por los
productos y bienes sociales en los que somos proveedores primarios.
Ya brevísimamente, presidente, si me permite, aparte de lo que hemos comentado necesitaríamos, aunque no es objeto ahora mismo de debate, seguramente la reforma de la Ley 38/1994, reguladora de las organizaciones interprofesionales, de cuya
recaudación de 260 millones, 130 millones vienen del sector primario. Estimamos que sería bueno revisar la ley para legitimar a quienes dicen representar a los agricultores y ganaderos, y que sin haber presentado ni una sola firma ni aportar una
justificación objetiva se sientan a decidir los destinos de nuestras producciones. Simplemente enumeraré que esto tiene mucha importancia y sus señorías tienen un papel muy significativo porque todos los tratados de libre comercio se tienen que
ratificar por los distintos Parlamentos. Esto es fundamental para poder hacer frente y exigir el principio de reciprocidad en estos acuerdos de libre comercio para poder salvar nuestros intereses.
Tenía algún apunte más, pero simplemente quiero reiterar mi agradecimiento, presidente, por escucharnos a las cuatro organizaciones agrarias. Digo cuatro porque esta mañana alguien ha tenido un lapsus y ha dicho que había tres
organizaciones agrarias. Creo que son cuatro, como lo indica el que yo, coordinador de Unión de Uniones, esté hoy aquí.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor De las Heras.
Ahora es el turno de los grupos parlamentarios. Por el Grupo Mixto, en primer lugar, tiene la palabra la señora Oramas.
La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, señor presidente. Gracias, señor De las Heras.
Como diputada canaria yo sé que usted conoce la problemática del plátano canario, una producción insular, una producción europea que tiene calidad, que está organizada en la organización de productores, que tiene marca y que en igualdad de
condiciones podría ser competitiva, ya que, como dice usted, también hay que preservar la salud de los ciudadanos y lo que es la calidad alimentaria. La problemática que tenemos es que con toda esta nueva ley no se van a controlar los precios de
derribo de las grandes multinacionales. Los contenedores entran en Rotterdam desde Costa Rica, desde Brasil, vienen a coste de transporte hasta España y además son multinacionales que cotizan en Wall Street y que son capaces de aguantar dos años
para desplazar del mercado. Nosotros creemos que la situación del plátano es distinta al resto; no competimos con ninguna producción europea y sencillamente estamos en condiciones si se pusieran las mismas condiciones, los mismos costes y el mismo
control a las producciones de fuera, porque si no eso afecta a la diversificación de nuestra economía, afecta al medio ambiente, afecta al empleo y, sobre todo, es competencia desleal. Ya nos pasó con el tomate, donde hace diez años trabajaban 13
000 personas y por no controlar los contingentes a Marruecos ni los fitosanitarios ni nada de nada, hoy en vez de 13 000 personas trabajan 3000. Y ahora el plátano, del que viven 20 000 personas pero forma también parte de nuestro paisaje.
Yo solo le hago dos preguntas. ¿Qué opina usted sobre el tema de plátano y la solicitud que han hecho los plataneros canarios de que se exima a esa producción? Y, segundo, con la imposición de un precio de venta mínimo al agricultor en
todas y cada una de las ventas agrícolas que efectúa la realidad es que tiene que tirar entre un 20 o un 30 % del producto que no pueda vender por ese precio. ¿Qué opina también de la necesidad de concentrar la oferta de los productores y hacer
organizaciones OPS más
fuertes, como es el caso del plátano? Y, sobre todo, si esta ley resuelve lo que es la igualdad de condiciones de los productos con los que tienen que competir nuestras producciones agrarias, sobre todo luchando con esas grandes
multinacionales americanas.
Muchísimas gracias, señor presidente. Muchísimas gracias, señor José Manuel de las Heras.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Oramas.
En nombre de Euskal Herria Bildu tiene la palabra el señor Ruiz de Pinedo.
El señor RUIZ DE PINEDO UNDIANO: Buenas tardes. Muchas gracias.
Quiero agradecerle a Unión de Uniones su participación no solamente en este proceso sino en cuanto a experiencia en lo que lleva en las aportaciones continuas que está haciendo su asociación en todos los órdenes. También he de expresarle el
agradecimiento por mandar las propuestas de articulado, que me parecen muy interesantes.
Ha mencionado la importancia de que en la definición del ámbito de incidencias en el artículo 2 de esta ley la inclusión de operaciones sea más extensa, como usted comentaba, no solamente en la cantidad económica sino también en aquellas
operaciones de depósito mercantil y reventa. En esto le voy a preguntar cuál es la importancia que tendría ampliar ese ámbito de la ley cara al conjunto de operaciones, si podría avanzarnos una aproximación de lo que supondría realmente en el
conjunto de operaciones, porque a mí por lo menos me podría resultar ilustrativo.
Hay otra cuestión que no sé si le he entendido bien, ya lo leeré con detenimiento cuando nos lleguen sus propuestas, que es hacer constar el grado de cuota de mercado en los contratos, el ámbito relativo a cuál sería ese ámbito de cuota de
mercado. (Asentimiento). Según estaba hablando de eso yo estaba pensando en la leche, por ejemplo, una ruta de recogida de leche, lo que supondría a un ganadero o a una ganadera que está dependiendo de esa ruta. Ahí prácticamente la cuota de
mercado es muy local en muchos aspectos -ya sé que no se estaba refiriendo a eso-, pero la importancia que tiene la definición de esa cuota de mercado en lo relativo a la capacidad de comercialización que tiene determinado productor o productora
cara a poder acceder a esos mercados. Esa dificultad se me antojaba que puede ser importante también. Solamente esas dos cuestiones, porque tendremos tiempo de seguir hablando.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ruiz de Pinedo.
En nombre del Grupo Ciudadanos tiene la palabra la señora Martínez.
La señora MARTÍNEZ GRANADOS: Muchas gracias, presidente. Gracias, señor de las Heras por su comparecencia.
Hoy hemos dedicado todo el día a escuchar al sector primario, que realmente es el que necesita que se refuerce su posición de negociación frente al resto de la cadena. A mi grupo parlamentario le genera algunas dudas el coste efectivo de
producción, y así se lo hemos preguntado a todos los ponentes anteriores, a los representantes de los agricultores y ganaderos. Quería también preguntarle a usted, si por sí solo cree que ayudará a la posición negociadora, porque sabemos que
existen años y producciones más elevadas, con exceso de ofertas, años que no y entonces no sabemos si simplemente el hecho de que se recoja el coste efectivo de producción en el contrato sería suficiente para iniciar el camino, protegería dentro de
esa posición negociadora como primer eslabón que sustenta toda la cadena. Desde mi grupo parlamentario estamos totalmente de acuerdo que no es que solo tengan que cubrir costes, es que cualquier actividad económica lo que busca es obtener un
beneficio y ahí estamos de acuerdo. Pero no sabemos exactamente si -entendemos que no- solamente con la introducción de ese nuevo elemento en los contratos va a ser suficiente. Pregunto esto porque nos sorprende el cambio de postura que ha habido
entre los agricultores desde que empezamos a tratar el Real Decreto 5/2020 hasta hoy. En general, había cierto recelo por este coste efectivo de producción como primera medida o medida estrella que iba en el Real Decreto 5/2020 y que ahora también
está siendo bastante protagonista.
También quiero preguntarle por el papel de AICA, si finalmente la iniciativa por la que vamos a tener que apostar, que es el coste efectivo de producción, va a necesitar un control. Otras organizaciones nos han dicho que AICA está
sobresaturada de trabajo y que necesitaría muchos más medios para hacer efectivo ese control, de modo que no existan esas posiciones de desventaja y que realmente se cumpla con esta ley si saliera aprobada.
Muchísimas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Martínez.
En nombre del Grupo Plural tiene la palabra el señor Baldoví.
El señor BALDOVÍ I RODA: Moltes gràcies, senyor president.
Muchas gracias, señor De las Heras, por su exposición, que en definitiva lo que nos ha mostrado es que, en su opinión, esta es una ley muy susceptible de mejorar, y que deberíamos mejorar mucho durante el proceso de tramitación de enmiendas.
Aquí estamos diputados y diputadas que debemos defender los intereses de todo el mundo, pero yo creo que tenemos una obligación fundamental y es la de defender los intereses de los más débiles y de los más vulnerables. En este sentido, en esta ley
los más vulnerables son los agricultores, son los ganadores y son los pescadores y, por tanto, le voy a hacer tres preguntas muy breves: ¿Cree que en esta ley las cooperativas deberían también garantizar que el precio del coste que recibieran los
agricultores que están asociados fuera factible? La segunda pregunta: ha hablado usted de que ya se están haciendo algunos contratos pero ha comentado que precisamente estos contratos que se están haciendo están por debajo del coste de producción.
Por tanto, y dado que el sector primario es el más débil en esta cadena, ¿quién debería decidir, quién debería arbitrar, quién debería, en definitiva, regular cuál sería el precio justo al que deberían remunerar el trabajo de estos agricultores,
ganaderos o pescadores? Y, por último, ha hablado usted del régimen sancionador y me gustaría que remachara un poco más su opinión respecto de los agricultores que tengan que pedir amparo sin que luego puedan sufrir consecuencias por su denuncia
perfectamente legítima.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Baldoví.
En nombre del Grupo de Esquerra Republicana tiene palabra el señor Eritja.
El señor ERITJA I CIURÓ: Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias por su exposición, señor De las Heras. ¿Cree usted sinceramente que después de siete años esta nueva ley va a poder solucionar lo que no ha solucionado la antigua Ley de 2013? De hecho, hoy tenemos un escenario sinceramente
mucho peor para el pequeño productor, mucho más debilitado y con un mercado desregularizado a merced de las grandes corporaciones. Por tanto, la situación de mejora del sector es mucho más compleja.
Usted ha indicado que el principal problema es que la ley no afronta la misma capacidad negociadora de los productores, que están en situación de desventaja ante el abuso de la posición dominante de otros eslabones de la cadena. Creo que
eso es clave para entender hasta dónde puede llegar esta ley y cuál es el problema que está apareciendo estos momentos. De hecho, ¿hasta dónde cree que debería llegar esa ley para proteger la posición del pequeño productor agrario? Teniendo en
cuenta, además, que este pequeño productor agrario es una figura que representa un modelo productivo más sostenible y en clave social de arraigo al medio rural. Por lo tanto, tiene mucho más papel social clave sobre el tema del despoblamiento rural
que no el propio productivo, y resulta que estamos hablando siempre del modelo productivo cuando detrás hay una función social y una función de cohesión territorial importantísima. Finalmente, me gustaría que me dijera qué medidas recogidas en esta
proposición de ley considera usted claves para incidir precisamente en ese punto.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Eritja.
Ahora, en nombre del Grupo Confederal, tiene la palabra la señora Franco.
La señora FRANCO CARMONA: Gracias, presidente. Gracias también al señor De las Heras.
Creemos, como he dicho en las intervenciones anteriores, que es importante que escuchemos no solamente a las organizaciones profesionales sino que también sepamos plasmar lo que dice el sector en esta ley.
Respecto a esto, hay una sensación, bueno, una sensación no, una realidad, y es que cuando grandes operadoras hacen ciertas ofertas lineales, productos de reclamo, etcétera, lo hacen externalizando las pérdidas del beneficios que sacarían
por ese producto, y ¿adónde las externalizan? Las externalizan al pequeño productor. Pero no es solamente que externalicen esas pérdidas de beneficios por esas ofertas: los típicos 2×1, el llévate esto y a cambio te damos esto otro -una botella
de aceite o lo que haya en ese momento- sino que además esto se hace constantemente, provocando que haya unas prácticas que no se dan de vez en cuando, sino que están casi institucionalizadas en el sector primario, y es que los productores del
sector primario pueden o deben vender bajo el coste de
producción, es decir, deben vender a pérdidas y algunas veces también -muchas veces- a resultas. Esto se ha normalizado en el sector primario y, sin embargo, no se ha normalizado en otros sectores; no vemos a las energéticas, ni siquiera a
los supermercados, ni vemos tampoco a las operadoras de turismo, ni vemos a los bancos -por supuesto, la banca siempre gana-, no los vemos haciendo esas prácticas; es decir, no los vemos vendiendo sus productos por debajo del coste de producción, y
nosotras nos preguntamos: ¿por qué el sector primario sí lo puede hacer? ¿Es que acaso es un sector secundario o terciario? ¿No se merece la misma entidad y los mismos derechos que los otros sectores?
En ese sentido, algunos nos responden que con la ley anterior hay un mecanismo que a nosotros nos parece bueno, que es el de que se denuncie porque se asegura el anonimato, y nos parece que es un buen mecanismo, creemos que hay que ir hacia
donde se está incumpliendo la normativa. Pero entendemos que igual que cuando un trabajador tiene que denunciar y se lo piensa muchas veces, o muchas veces incluso no denuncia porque teme perder su trabajo, a los productores les pasa esto también y
además pierden sus inversiones y, por tanto, toda su vida.
En este sentido, le queríamos preguntar varias cosas: qué piensa Unión de Uniones acerca de la posibilidad del establecimiento de índices de costes de producción por parte del observatorio; qué piensa si se debe incluir o no el canal
Horeca en esta ley; qué piensa sobre la posibilidad de tener registros oficiales de contratos, sobre la figura del mediador y sobre la necesidad de no eximir a los operadores de países terceros, por tanto, en las importaciones en nuestro país, del
cumplimiento de esta ley.
El señor PRESIDENTE: Tiene que acabar, señora Franco.
La señora FRANCO CARMONA: Termino simplemente diciéndole que me alegra mucho que esté en pie de igual con las otras organizaciones profesionales hoy aquí y que esperamos que pronto sea amparado por la ley y por unas elecciones.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Franco.
Ahora, en nombre del Grupo VOX tiene la palabra el señor Chamorro.
El señor CHAMORRO DELMO: Buenas tardes. Gracias por venir a darnos esta ponencia y darnos su opinión sobre la Ley de Cadena Alimentaria. Le agradezco francamente que haya sido sincero con relación a los efectos que ha tenido el Real
Decreto 5/2020 a nivel efectivo. Ustedes están sobre el terreno y muy bien ha comentado que efectivamente no se está cumpliendo ni está teniendo efectos y además me parece muy positivo que haya sido crítico desde el punto de vista de considerar que
entonces, durante el trámite parlamentario de ese proyecto de ley, no se aceptó ningún tipo de enmienda y que se utilizó en un momento dado para acabar con las movilizaciones de agricultores y ganaderos. Por lo tanto, para empezar, le agradezco su
sinceridad.
Considero también que, según ha dicho, los primeros que tienen que valorar nuestros productos agroalimentarios evidentemente son el Gobierno español y también Bruselas en este caso. Los productos agrícolas, ganaderos, el sector primario, la
pesca de Europa los tienen que valorar nuestros gobernantes pero también en el Espacio Económico Europeo. Para ello tienen que controlar también nuestras fronteras porque, cuando se hizo la política agraria común, los principios fundamentales
fueron la preferencia comunitaria, la unidad de mercado y la solidaridad financiera. Son cuestiones que están en la génesis de la Unión Europea, por lo que se tienen que tener en cuenta, porque muchas veces nos encontramos con que se nos dice que
son temas que hay que olvidar, que estamos en otra fase, que estamos en la época del libre comercio desde el punto de vista anárquico, pero nosotros consideramos que, precisamente, para proteger a nuestro sector productivo los agricultores y
ganaderos tenemos que recordar cuáles son esos principios, porque, que nosotros sepamos, no se han derogado.
Estamos de acuerdo también con el sentido estratégico nacional del sector agroalimentario que ha comentado usted. Creo que es necesario y muy importante contribuir a un ecosistema de emprendimiento favorable y rentable para el sector
primario que dé rentabilidad, que dé beneficio y, por supuesto -claro que sí-, que se cubran los costes efectivos de producción, pero eso ya tendría que venir de antemano, porque tiene una dimensión social, económica y de soberanía alimentaria.
Para ello, hay que contribuir -consideramos nosotros- a un libre mercado, donde haya una competencia leal y no haya una sobreoferta de productos de países terceros sin control, sin defensas comerciales ni requisitos fitosanitarios o de trazabilidad
alimentaria, como tenemos en Europa. Es decir, proteger las fronteras del Espacio Económico Europeo. Para eso firmamos un acuerdo y nos comprometimos con la Unión
Europea y contribuimos para que se proteja ese espacio de libertad, ese libre mercado europeo. Y también estamos a favor, por supuesto, de la exportación, pero no hay que olvidar eso porque hay una dimensión social clarísima.
Ya termino, señor presidente, que me está mirando. Simplemente, en relación con la preferencia comunitaria y con todo esto que le he comentado, denos su opinión. Y con respecto a las excepciones en relación con los costes efectivos de
producción, cuándo podría haber excepciones, díganos cuál es su opinión como Unión de Uniones sobre esas posibles excepciones en el caso de vender por debajo de los costes efectivos de producción.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Chamorro.
Una pequeña advertencia. Esta mañana ya lo he dicho. Aprovechen el tiempo para preguntar porque si no, ¿qué pasa? Que utilizan el tiempo para opinar y después hacen las preguntas fuera de tiempo. Por tanto, pregunten primero y luego
opinen en el tiempo que resta. (Rumores). Muchas gracias.
Tiene la palabra en nombre del Grupo Popular el señor Requena.
El señor REQUENA RUIZ: Muchas gracias, señor presidente.
Buenas tardes, señor De las Heras. Gracias por su intervención y por sus aportaciones en su ponencia de hoy. Yo soy de Jaén, de la tierra del olivo, y hoy más de 110 000 familias de mi tierra han salido a recoger las más de 587 000
hectáreas que dedicamos al olivar. Según se ha publicado en el aforo hecho por la Junta de Andalucía, en el campo hay 670 000 toneladas de aceite de oliva, lo que significa que vamos a recoger más aceite que Portugal, Italia y Grecia juntos. Como
comprenderá, es una cantidad de aceite oliva muy importante y nosotros nos sentimos orgullosos -muy orgullosos- de ser los mayores productores de aceite de oliva del mundo. Coincidimos usted y yo en que debemos producir con mucha calidad y así lo
hacen nuestros agricultores. Fíjese que la FDA, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, permite el etiquetado de la botella de aceite en el que se diga que consumir aceite oliva previene enfermedades cardiovasculares.
Sabemos que el aceite juega en un contexto global. El aceite de oliva de Jaén necesita mercados globales para dar salida a nuestro oro verde, un mercado global en el que competimos con terceros países y en casa también, además, competimos con
distintos sistemas de producción que tienen diferentes costes de producción. Por eso, me gustaría hablar de estructura de producción y de costes del aceite de oliva en su producción y para ello voy a tomar algunas referencias del Consejo Oleícola
Internacional, ya que no sabemos cómo se va establecer la estructura de costes.
La provincia que produce la mitad del aceite de oliva de España tiene principalmente un olivar tradicional, donde la mitad de la superficie de los olivares es de secano. Esto se traduce en que tenemos unos costes de producción medios con
esa referencia que le he dicho, en que la mayoría del olivar en Jaén oscila entre los 2,30 y los 2,70 euros el kilogramo de aceite y donde en 2020 el precio medio de venta ha ido de 1,96 a 2,3 euros por kilogramo. Es decir, un precio que no cubre
los costes de producción. Por otro lado, tenemos el aceite de oliva producido en intensivo y superintensivo, cuyo coste de producción oscila entre 1,50 y 1,90 el kilogramo de aceite. Esto es, son rentables por sí solos. Es decir, hay un aceite
rentable y otro no. Ante esta situación de partida, subyace un problema del que todavía no se ha hablado y a mí me gustaría preguntarle si a su juicio cree que este proyecto de ley que estamos tramitando, la de la cadena alimentaria, va a afectar
al mercado. Es decir, ¿se va a provocar que primero se vendan los aceites con coste de producción más bajo, esto es, los intensivos, los superintensivos y los de terceros países, y que el olivar tradicional, el de Jaén, o el cultivo tradicional en
general pueda ser el gran perjudicado porque van a llegar tarde y los últimos al mercado? A mí me preocupa esto. Quizá a los grupos del Gobierno no porque se han felicitado por este proyecto de ley, pero a mí esto me preocupa. Me preocupa saber
si el olivar tradicional sale o no perjudicado y si en Jaén, por el cumplimiento de esta ley, vamos a ser los últimos en llegar al mercado y los aceites con bajos costes de producción van a ser los primeros que se van a vender. Pero esto que ocurre
con el aceite de oliva pasa exactamente igual con otros cultivos tradicionales cuando además sirven para el arraigo del territorio y para el mantenimiento o para evitar esa despoblación.
También me preocupa la conformación de precios. ¿Considera que el ministerio no debe tener ninguna responsabilidad en la conformación de precios -termino- o en el establecimiento de unos mínimos criterios o estándares para la conformación
de precios? Porque hoy aquí se ha dicho que el Gobierno no va a establecer ningún criterio y lo dejará a la responsabilidad de los agricultores.
Finalmente, ¿cómo cree que podemos mejorar esta ley para que los agricultores tradicionales no estén sentenciados a la desaparición o a una reconversión imposible? Hoy aquí el Gobierno ha dicho por boca de su secretario general que el
cultivo tradicional está abocado a una reconversión porque no va a ser rentable por sí solo. Nos dice eso y a mí me preocupa y me duele escucharlo. Yo soy de una tierra cuyo único producto en España, el aceite de oliva, es número uno mundial y que
nos digan en Jaén, que hemos avanzado en ese camino, que el olivar tradicional está abocado a la desaparición nos causa, ciertamente, tristeza y preocupación. Usted escribió hace poco un réquiem del olivar.
El señor PRESIDENTE: Tiene que acabar, señor Requena. Ya está fuera de tiempo.
El señor REQUENA RUIZ: ¿Es este el réquiem que se anunció?
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Requena.
Por último, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Aceves.
El señor ACEVES GALINDO: Gracias, señor presidente.
Buenas tardes, señorías. Después de esta sesión maratoniana y de escuchar fundamentalmente la opinión de sector primario y del sector productor, quería agradecer en nombre del Grupo Parlamentario Socialista al señor De las Heras su posición
en nombre de su organización, de la Unión de Uniones, que viene a poner el punto, seguramente, en un modelo que tenemos que cambiar todos. Lo acabo de ver ahora mismo. Todavía no somos capaces de aceptar que estamos ante un nuevo paradigma, ante
un cambio de cultura seguramente hasta en la terminología. Por supuesto, a todos nos preocupa -lo hemos defendido y este grupo lo ha dicho por activa y por pasiva- y no creo que nadie pueda negar en esta Comisión que la respuesta que dio el
Gobierno de España, el ministro Agricultura, el señor Planas, ha sido firme y valiente. Incluso en pandemia, señorías -a algunos se nos olvida-, no se ha permitido pasar el tiempo sin ser productivos y traer a esta Cámara un proyecto de ley. Era
la principal demanda del sector y fue el principal compromiso del Gobierno. Eso quizá se nos olvida, pero incluso en pandemia el Gobierno ha cumplido trayendo este proyecto ley, fundamentalmente por petición de las organizaciones profesionales
agrarias, también de la suya, señor De las Heras, como en su momento manifestaron en aquel proceso de reivindicaciones.
Quería decirle también que en este cambio de paradigma, que en este cambio de cultura e incluso de terminología, cuando hablamos del coste efectivo de producción lo hacemos realmente de un concepto que usted ha mencionado y que yo comparto,
el de una remuneración adecuada a todos los operadores. Y hay una clara disfunción. Si el 30 %, como usted decía, aproximadamente, va exclusivamente al productor y lo demás se reparte entre los otros operadores, claramente aquí se produce un
problema, que es que quien produce realmente no está consiguiendo, acorde a su esfuerzo, a su trabajo y a su rentabilidad, poder recuperar la parte que le corresponde si queremos hacer un modelo de valor de nuestra cadena, un modelo de valor y de
rentabilidad para que el medio rural, señorías -los que vivimos en el medio rural lo decimos alto y claro-, es un modo de vida. Es un modo de vida que seguramente en un concepto de la ciudad no se entiende, pero el concepto del agricultor que
asienta población, que tiene a sus hijos en el colegio, que desde ahí se facilita la posibilidad de que haya tientas, de que haya otro tipo de movimiento, no podemos olvidarlo jamás. Este proyecto de ley, señorías, seguramente no va a solucionar el
cien por cien de los problemas. ¿Conocen alguna ley que solucione el cien por cien, todo? Díganmela. Desde luego, es un avance, y yo creo que usted lo ha dicho, aunque nos ha echado una pequeña bronca por los meses de real decreto-ley, pero,
evidentemente, se estaba esperando este momento, que ha sido posible con la aportación de todos.
Señor De las Heras, me gustaría preguntarle dos cuestiones básicas. La primera es respecto a la oportunidad que tiene esta ley...
El señor PRESIDENTE: Justo lo que he dicho, cuando acabe el tiempo, va a empezar a preguntar. Por favor, mídanlo; no me lo tomen a mal, pero es que si no vamos con un retraso que no puede ser.
El señor ACEVES GALINDO: Señor presidente, si quiere me callo, pero creo que vamos casi con puntualidad británica en el día de hoy. Si molesto, me callo y ya está. (Rumores).
El señor PRESIDENTE: Yo no he dicho que moleste. Haga las preguntas.
El señor ACEVES GALINDO: Solo quería hacerle dos preguntas nada más. La primera, respecto al mercado de la Unión Europea, es decir, al trasponer la directiva de la Unión Europea en nuestro país, ¿cómo considera su organización que nos
puede servir, como país también que exportamos productos agrícolas, esta Ley de cadena alimentaria? Paso a la segunda y última pregunta. Creo que ha sido reconocido por todos que la rebaja de módulos en el IRPF de 2020 en un 20 % ha sido un gran
avance. ¿En qué porcentaje aproximadamente cree usted que el cambio en esta Ley de cadena alimentaria puede suponer un avance para el productor primario con respecto al futuro?
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aceves.
Finalizadas las intervenciones de los grupos, tiene la palabra el señor De las Heras para contestar, por un tiempo de quince minutos.
El señor COORDINADOR ESTATAL DE LA UNIÓN DE UNIONES DE AGRICULTORES Y GANADEROS (De las Heras Cabañas): Procuraré rebajar en lo posible esos quince minutos. Si hago una intervención general con todo lo que ustedes me han marcado,
seguramente les conteste a todos. Procuraré no dejarme nada.
Voy a empezar por el orden de sus preguntas y, por tanto, por la señora Oramas, del Grupo canario. Es verdad que conozco muy bien las islas, sobre todo las productoras de plátano, especialmente las islas de La Palma, Tenerife y Gran
Canaria. Yo sé que ustedes, aunque no llego a entenderlo demasiado bien, están obsesionados con que el plátano se excluya de los principios de esta ley y se vea perjudicado, suponiendo que consiguiéramos, al final, por ciertos aspectos, poner
precio de referencia a nuestros productos y controlar una posición de dominio. Yo he estado en Bruselas cuando se han negociado todos los temas -los presupuestos del Posei y demás- acompañando a nuestra gente y creo que respecto al plátano hay una
organización bastante buena -alguien lo decía esta mañana también- y puede defenderse porque se ha hecho una aureola de calidad que va a conseguir que se siga vendiendo bastante bien. No sé en qué le puede perjudicar al plátano que, con el avance
de la Ley de cadena alimentaria, consigamos tener referencia de costes de producción para así fijar un precio real, con las peculiaridades que tiene el cultivo del plátano, es decir, en función de si es medianía, costa; en fin, que se hace en unas
épocas o en otras. Tienen que tener en cuenta una cosa. Todas las excepciones que hay en la Unión Europea para destruir o inmovilizar -aquí, tirar por el barranco- tantas toneladas por excedentes de plátanos, seguramente no se concedan siempre.
Por lo tanto, creo sinceramente que tener una buena Ley de cadena alimentaria es una garantía a la larga ante la agresión de las multinacionales de la banana en el mercado internacional, sinceramente creo que puede beneficiar también al cultivo del
plátano; lo creo así. Con esta Ley de cadena alimentaria -con esto continúo contestando- no vamos a poder fijar un precio fijo, es decir, marcar unos costos de producción, porque la ley comunitaria -hay una sentencia del año 2007- lo dice muy
claro. Por lo tanto, no vamos a ser ineptos, tenemos que marcar normas para que, al final, lleguemos lo más ajustados a los costos de producción, teniendo en cuenta muchas peculiaridades, la forma de producir en la Unión Europea, y así hacer frente
a la agresión que puedan suponer los acuerdos de libre comercio que hay con distintos países. En este sentido, una de las cosas que tenía intención de decir en mi intervención y que no he podido decir es la importancia que tienen los grupos
parlamentarios para que cuando están legislando puedan estudiar, ratificar o impugnar acuerdos de libre comercio. Si nosotros somos una potencia exportadora no podemos prohibir que entren productos de otros sitios -faltaría más-, pero si nos damos
una forma de producir, hay un principio, que ustedes hacían referencia a él, que se llama el principio de reciprocidad que deberíamos de exigir para los productos que ocupan espacio en el lineal que vienen de fuera de la Unión Europea. Esto es
clave y, a partir de esta ley, sumando aspectos de otras normas legislativas que se hagan, lo tenemos que conseguir: hacer valer el precio de nuestro producto no solamente por la calidad, sino porque, con las negociaciones de la nueva PAC, las
tareas del campo van a estar más acordes con respetar cada vez más la forma de producir. La Agenda 2020 va a tener muchos aspectos medioambientales que vamos a tener que cumplir, y lo haremos de buen gusto, pero todo esto lo tenemos que hacer
valer, y quienes lo tienen que hacer valer son los parlamentos de los veintisiete países que componen la Unión Europea. El principio de reciprocidad está desde los comienzos de la fundación de la Unión Europea, no se ha derogado, pero es verdad que
se salta siempre a la torera; luego hagamos cumplirlo cuando las leyes de libre comercio avanzan. No podemos estar sufriendo lo que nos ha ocurrido con el caso de Airbus y con otros casos, temas internacionales en los que encima el más afectado es
el sector primario. Además de esto, hay que
exigir -aquí contesto a alguien que lo ha preguntado también- más controles dentro de la Unión Europea a productos que se importan. Todo el mundo sabe que el Codex Alimentarius, que es quien regula todos los productos, pesticidas o
zoosanitarios, tiene 1200 referencias, de las cuales en Europa solo se utilizan trescientas veintitantas. Por tanto, hagamos valer que nosotros hacemos productos más sanos a la hora de ponerlos en el lineal y que eso nuestros consumidores lo sepan.
Pero hay que hacer muchas más cosas, como decía en mi intervención, porque además es una estimación de una organización seria como es la OCU. Los consumidores lo primero que miran es el precio. Por lo tanto, objeto de otras leyes será el
etiquetado y otro tipo de cosas, pero tenemos que hacer un trabajo muy importante entre todos para hacer que el producto de la Unión Europea se ponga en valor.
¿Que nos gustaría de esta ley? Es una pregunta que aquí se ha suscitado por parte de casi todos ustedes. Hay algo muy importante que es el tema de los contratos entre sector primario y agroindustria. Para nosotros -lo he dicho en mi
intervención y lo repito ahora- es muy difícil que en sectores como el del vino, la leche y otros, un productor se pueda defender en exceso, porque ante productos perecederos... Alguien me hablaba de la leche -el señor de Bildu-, que hay rutas
marcadas, que si hay mucho costo a la hora de recoger yo no recojo estas partidas... En fin, se han cometido bastantes abusos por parte de la industria que entendemos que si hubiera unas referencias para aplicar a la hora de fijar precios, estos se
plasmarían en los contratos y podríamos hacer de una forma legal el principio de la creación de un producto. Con esto contestaría a lo que se preguntaba sobre la cultura de los contratos un poco marcados.
Alguien preguntaba si esta ley por sí sola puede solucionar el problema. No, lo he dicho también en mi intervención, esta ley es un paso muy importante -muy importante- porque en la de 2013 faltaba lo que siempre hemos dicho; por decirlo
vulgarmente, decíamos que había que definir el precio fijo del producto y hablábamos del compromiso de la posición de dominio. La posición de dominio en la cadena alimentaria es algo imprescindible que yo creo que sus señorías deben de tomar muy en
consideración y deben sacar un porcentaje adecuado. En mi exposición hacía referencia a que en el sector de la luz en la etapa de José María Aznar se fijó en un 10 % la posición de dominio. Nosotros aquí hemos marcado un 8, pero ustedes verán lo
que debe ser para que empresas que controlan más dominios sean objeto de especial vigilancia para que no se cometan atrocidades. Eso es importantísimo, y también es muy importante -esta mañana he escuchado la intervención de la directora de la
AICA- potenciar la Agencia de Información y Control Alimentarios. Si observan todas las enmiendas que históricamente, desde que se creó AICA, ha hecho Unión de Uniones a los Presupuestos Generales del Estado, verán que siempre hemos quitado de
otras partidas para ponerlo en la AICA. Este año es verdad que hay una partida importante para ello, pero -lo han dicho otros ponentes y lo digo yo- es insuficiente y hay que dotarla de más medios de inspección, de más medios económicos para que
pueda desarrollar su trabajo, y hay que avanzar -yo no sé cómo, yo no soy miembro del Legislativo- para que en estos contratos en lo posible se controle cada vez más el anonimato de los mismos para que no pueda perjudicar a quien lo hace. Por lo
tanto, desde nuestro punto de vista, tenemos que controlar -creo que lo decía antes- el tema de las importaciones de países terceros, hacer un seguimiento de los mismos.
Por otro lado, hay un tema muy importante al que hacía referencia el diputado del Partido Popular, que es el del olivar tradicional, tema que hay que poner encima de la mesa a debate. Ya no es que no seamos competitivos, es que el olivar
tradicional no puede ser competitivo respecto al olivar intensivo y superintensivo, pero depende de a lo que llamemos competitividad. Yo creo que sus señorías coincidirán conmigo en que no debemos dejar perder el valioso patrimonio medioambiental
que tiene el olivar tradicional, conjuntamente con otros cultivos del Mediterráneo que tienen muy baja producción, haciendo que estos tengan una remuneración adecuada para que sigan siendo rentables, para que no se pierdan ni se abandonen a la
suerte, teniendo en cuenta además las políticas medioambientales que tienen que venir; esto sería algo importante y podría solucionar el problema.
Señores del PSOE, yo estoy convencido de que esto puede ser un gran avance y que se lo tienen que creer. Yo decía antes en mi intervención que hemos perdido nueve meses porque es verdad que, desde nuestro punto de vista, al principio habría
que haber adaptado la nueva ley a directiva comunitaria metiendo todos los elementos que hoy tanto yo como mis compañeros hemos expuesto aquí, en esta Comisión de Agricultura. Bueno, nunca es tarde si la dicha es buena. Afortunadamente, por lo que
he oído, todo el mundo puede ir en la misma dirección. Necesitamos la agroindustria, necesitamos la distribución, y la distribución y la agroindustria necesitan agricultores y ganaderos. Por lo tanto, aquí estamos para poner en esa balanza, en esa
cadena de valor y que nosotros tengamos la parte que nos corresponde. Habrá veces que por exceso de producto habrá que vender algo a pérdidas, no porque queramos vender
a pérdidas o queramos perder dinero a la hora de vender nuestro producto, sino porque la situación a veces es así. A lo que no podemos resignarnos es a que porque desde otros países nos inunden los lineales del mercado con productos más
baratos por cuestiones medioambientales y de mano de obra, que en muchas ocasiones se desarrolla en condiciones de semiesclavitud, se nos diga que no se puede hacer nada. Se puede hacer, y a través de todo lo que se establece en el plan estratégico
nacional, donde los Estados miembros pueden hacer su propia política, lo podemos conseguir; se dan todas las circunstancias ahora para poderlo lograr. Yo creo que en su mano está.
Nada más me queda decirles que le he dejado al señor presidente unos pendrives para que se los reparta a todos con esta intervención que al final no he podido acabar, pero nos pondremos en contacto con todos ustedes para mantener encuentros
bilaterales y exponerles todas y cada una de las enmiendas de la exposición que yo he hecho y la que no he podido hacer para construir entre todos una ley que yo creo sinceramente que nos puede beneficiar a todos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor De las Heras, por su concisión, y así se hará, se repartirán y todos los tendrán en su mano.
Muchas gracias a todos ustedes también. Antes de pasar a la siguiente intervención hacemos un breve descanso de dos minutos. (Pausa).
- DEL SEÑOR SECRETARIO DE LA UNIÓ DE LLAURADORS I RAMADERS (MESADO MARTÍ). (Número de expediente 219/000357).
El señor PRESIDENTE: Señoras y señores diputados, vamos a continuar.
A continuación, va a intervenir don José Manuel Mesado Martí, que es secretario de la Unió de Llauradors i Ramaders, por un tiempo de quince minutos y, posteriormente, los grupos parlamentarios le formularán una serie de preguntas que usted
podrá contestar. Por lo tanto, señor Mesado, cuando quiera.
El señor SECRETARIO DE LA UNIÓ DE LLAURADORS I RAMADERS (Mesado Martí): En primer lugar, una matización: no soy José Manuel, soy Joan Manuel; es lo que está recogido, pero quiero matizarlo.
Por las horas que son, voy a intentar ser lo más breve posible, sobre todo por deferencia a ustedes y a la compañera que va a comparecer con posterioridad. Buenas tardes a todas y a todos y muchas gracias tanto a la Mesa de la Comisión como
a los grupos parlamentarios Republicano y Compromís, que solicitaron esta comparecencia en la que actúo en nombre de Llauradors i Ramaders, que es una organización profesional agraria implantada y representativa en toda la Comunitat Valenciana, en
totes les comarques valencianes. Es importante, a nuestro entender, que además de a las organizaciones de ámbito estatal que me han precedido, se oiga también a las organizaciones de comunidades autónomas, donde esta ley que estamos tratando en
estos momentos es fundamental porque nuestras producciones mayoritariamente están orientadas al mercado puro y duro, nosotros vendemos al mercado puro y duro, y donde la dependencia de las ayudas de la PAC es mínima desde el punto de vista de apoyo
a la renta. Como ejemplo, un valenciano o una valenciana perciben 1908 euros de media de ayudas de la PAC mientras que la media del Estado son 6561 euros, según los datos del FEGA de 2019. Por tanto, estamos a la cola de percepción de ayudas PAC
y, por consiguiente, nuestra dependencia de los mercados y del mercado puro y duro, insisto, es fundamental.
Sin más preámbulos, por la lógica limitación del tiempo, como he comentado, voy a empezar mi intervención anunciando que la organización a la que represento comparte mucho de lo manifestado por las comparecencias que me han precedido en esta
Comisión, pero de forma especial la intervención que acaba de hacer mi compañero y amigo José Manuel de las Heras, coordinador estatal de la Unión de Uniones, pero, seguramente, a diferencia del resto, no vengo únicamente a solicitar que las
administraciones actúen o que se legisle, que también, sino a poner de manifiesto que ciertas reivindicaciones que estamos lanzando el sector en materia de regulación de la cadena alimentaria, incluidas algunas de mi propia organización, a la que
represento, no tienen ya una lógica y hay que redirigirlas, el concepto hay que redirigirlo hacia otros objetivos. Consideramos que ha llegado el momento de que, desde el reconocimiento de aciertos y desaciertos, lancemos una ley que realmente
cumpla con la filosofía de esos objetivos. En este sentido, los Estados miembros de la Unión Europea deben involucrarse -no únicamente el Estado español- en la búsqueda de un mayor equilibrio entre los
operadores de la cadena alimentaria, de forma que no sea el margen de beneficio de los productores el que absorba los incrementos de costes a lo largo de la misma, tal y como está ocurriendo en la actualidad. En el caso español, esta
preocupación de los poderes públicos ha llevado en el año 2020 a la aprobación y posterior validación en estas Cortes del Real Decreto-ley 5/2020, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en materia de agricultura y alimentación,
modificando aspectos legislativos de la Ley 12/2013; ley que incorpora el contenido de la directiva relativa a las prácticas comerciales desleales en las relaciones entre empresas en la cadena de suministro agrícola, proceso en el que estamos
inmersos en la actualidad y que, no lo neguemos, ha tenido mucha influencia en las movilizaciones de los agricultores y ganaderos de hace justo un año. En definitiva, las administraciones públicas han decidido por fin involucrarse en la búsqueda de
soluciones a los problemas de falta de rentabilidad de las explotaciones agrarias. Una de las causas, aunque no la única, son los desequilibrios del poder de negociación -voy a repetir mucho esta frase a lo largo de mi intervención- a lo largo de
la cadena comercial agroalimentaria, propiciando situaciones en las que unos agentes son capaces de imponer sus condiciones al eslabón más débil de la cadena, que habitualmente es el sector productor. A este respecto, conviene citar los datos de
2020 de la consultora agroalimentaria Kantar, según los cuales en el Estado español cinco grandes grupos copan el 49,9 % de la cuota de mercado de alimentación; en Francia, solo dos grupos copan el 42,1 y más adelante me referiré a Alemania. Voy a
ser claro pese a este, permítanme la expresión, acopio de cuota de mercado: ninguna de estas empresas o grupos de empresas, ninguna aisladamente ostenta un abuso de posición de dominio en sentido técnico-jurídico, es importante esta matización, tal
y como este ha sido definido por las autoridades de competencia y por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Por tanto, es conveniente comenzar a desechar reivindicaciones, como perseguir el abuso de la posición de dominio -insisto, abuso, no
posición de dominio- de la distribución por conducir a un camino sin salida y reivindicar nuevas herramientas para controlar el poder de mercado como, por ejemplo, la regulación del poder de negociación. No es lo mismo el abuso de poder de mercado
que el abuso de la posición dominante.
Respecto de la regulación de la cadena alimentaria, y a nivel comparado, interesa destacar que el Parlamento francés aprobó en 2018 una reforma a gran escala de la política nacional de agricultura a través de la conocida Ley EGAlim, que ha
supuesto una reforma integral de su código rural, que afecta a los contratos por escrito entre los productores agrícolas y sus compradores. Los objetivos de la Ley EGAlim pueden agruparse en tres aspectos generales: permitir que los productores
obtengan unas condiciones de vida dignas, reforzar las condiciones de calidad nutricionales de los productos y el impacto ambiental y, finalmente, la promoción de una alimentación equilibrada, segura y sostenible para todos. Una parte relevante de
la norma se dedica a asegurar una porción equitativa de los beneficios a los agricultores y un mejor reparto de valor creado por la producción agrícola, donde se incluye una nueva herramienta de determinación del precio basada en el coste de
producción y en los precios de mercado, es decir, la normativa en la que se ha inspirado la reforma en la que actualmente estamos inmersos precisamente aquí. Este mecanismo pasa por invertir el proceso de formación de precios; así, el contrato y
el precio ya no serán a propuesta de los compradores sino de los productores, teniendo siempre en cuenta el coste de producción. Precisamente, en reconocimiento de que los agricultores aisladamente no tendrían suficiente poder de negociación
-estamos hablando de la Ley EGAlim en Francia- como para imponer sus precios al siguiente nivel de la cadena, se les permite influir en las negociaciones a través de la formación de organizaciones de productores, reforzándose, asimismo, el papel de
las organizaciones interprofesionales, tal y como permite la legislación europea y que aquí nuestras interprofesionales no están ejerciendo. La legislación francesa tiene como objetivo reequilibrar los márgenes de los distribuidores y compensar el
trabajo de los agricultores. Con este fin, el parámetro umbral para considerar que se ha producido una reventa por debajo del coste de producción se eleva un 10 % en los productos alimentarios. Este 10 % adicional al coste de producción se ha de
considerar parte de los costes de producción por debajo de los que los agricultores no pueden vender, y de esta forma se obtiene un 10 % de incremento que directamente ingresan los agricultores. La medida se adopta porque el suelo o umbral actual
de precios mínimos de coste no permitiría cubrir los costes inevitables a los que actualmente se enfrenta el sector productor. Como consecuencia de lo anterior, en Francia se decide elevar el suelo al que se puede vender, de forma que se asegure un
reparto de valor entre los diversos niveles de la cadena. Se trata de una medida que estará en un periodo de prueba y en teoría debería facilitar el reequilibrio de los márgenes a favor de los productores. Sin duda, se trata de una medida muy
arriesgada y que presenta riesgos ciertos desde una perspectiva de cumplimiento del derecho de la competencia, pero Francia lo ha adoptado y de su
experiencia se podrán extraer conclusiones, y si Francia lo consigue, no entenderíamos que aquí no. También es relevante indicar que la ley habilitada por el Gobierno francés va a legislar a través de un decreto en materia de precios por
debajo de costes y sobre promociones y ofertas y, finalmente, se admiten y facilitan las renegociaciones de los supuestos en los que el precio de las materias primas y la energía varíen de forma sustancial.
Por su parte, Alemania también ha adoptado medidas, pendientes de aprobación por su Parlamento, para reforzar la posición de los pequeños agricultores y acabar con las prácticas desleales en las relaciones comerciales con los distribuidores,
por ejemplo, con las rescisiones repentinas de contratos, plazos de pago extendidos para productos frescos o perecederos, modificaciones unilaterales de las condiciones de entrega, etcétera. Téngase en cuenta que en Alemania las cuatro cadenas de
distribución más importantes tienen una cuota de mercado conjunta superior al 85 % y no tienen abuso de posición de dominio. La reforma de la ley prohíbe una serie de prácticas desleales en las relaciones comerciales agrarias, que serán controladas
por la Agencia Federal de Agricultura y Alimentación, que, entre otras, adoptará decisiones de forma conjunta con la autoridad de competencia alemana. Voy a resumir tres medidas que nos interesan: se impiden las cancelaciones inoportunas de
pedidos de alimentos perecederos; se prohíbe que los distribuidores modifiquen las condiciones de entrega, los estándares de calidad, las condiciones de almacenaje y de venta y los términos de pago unilateralmente; se obliga a que, a petición del
vendedor, se redacte por escrito el contrato de compraventa; y se prohíbe también repercutir los costes al proveedor por gestionar las quejas sin que exista culpa en el proveedor. Por tanto, como se ha podido comprobar, la normativa española en
estos momentos puede calificarse como más avanzada que la alemana, pero más conservadora que la francesa. Resulta necesario, por tanto, realizar un seguimiento sobre los resultados obtenidos por la reforma francesa, sobre todo en aquellas medidas
en relación con el derecho de la competencia.
Como he comentado al inicio de mi comparecencia, el sector debe empezar a desechar algunas de sus reivindicaciones históricas y formular nuevas peticiones coordinadas con el derecho de la competencia, que es el que nos está poniendo pegas a
nuestro avance. Debe renunciarse a la reivindicación sobre el abuso de la posición dominante -insisto, abuso- de la gran distribución. El término posición dominante es un concepto técnico-jurídico definido por el Tribunal de Justicia de la Unión
Europea y, actualmente, no existen evidencias de que algún distribuidor agroalimentario, ni en el mercado europeo ni en el estatal en ningún Estado miembro, se encuentre en dicha posición. Es habitual situar esta hipótesis en cuotas de mercado
superiores al 40 %. De aquí la reivindicación de mi compañero, José Manuel, de Unión de Uniones, de rebajarla al 8 % como propuesta. A modo indicativo, en España la mayor cadena de distribución, que todos tenemos en mente, posee una cuota de
mercado cercana al 22 %, y no está en posición de dominio. En relación con la reivindicación del precio mínimo de venta para el sector, este sigue siendo un límite infranqueable del derecho de la competencia. Pese a la notable extensión de las
exclusiones a la prohibición de acuerdos colusorios de los que se concluyen en el seno de las organizaciones de productores, se mantiene la prohibición expresa de los acuerdos, decisiones y prácticas concertadas que conlleven la obligación de cobrar
un precio idéntico o por medio de los cuales quede expresamente excluida la competencia. En el ámbito de la reivindicación sobre la venta a pérdidas hay que partir del principio de que la venta al consumidor final puede realizarse a perdidas, se
permite tal y como ha proclamado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, salvo si esta se demuestra desleal. Por tanto, resulta necesario adaptar la reivindicación y controlar las actuaciones realizadas dentro de la cadena alimentaria.
Con la actual reforma de la Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria se establece una excepción legal a este principio general de venta a pérdidas para las operaciones realizadas en el seno de la cadena con la
excepción de la venta al consumidor final. La nueva práctica abusiva de destrucción de valor recogida en el artículo 12 de la Ley 12/2013 no solo se refiere a los contratos con los productores primarios, sino a cualquier contrato entre operadores
de la cadena, excluyéndose, insisto, la venta final del producto al consumidor, en la que sí se podrá vender a pérdidas. La regla que está bien configurada para un mercado que funcione correctamente, esto es, en el que la configuración del precio
final viene determinada por los precios de venta, choca radicalmente con el funcionamiento de la cadena alimentaria en la gran distribución. El gran poder de negociación de la gran distribución invierte completamente el proceso de configuración del
precio, que no se realiza desde la venta sino desde la compra. Aquí es donde se encuentra el fallo de mercado y el motivo por el que se necesita imperiosamente una regulación del poder de mercado entendido en su doble sentido de poder
de compra y poder de negociación, que es lo que realmente tiene la gran distribución. En efecto, hay que reivindicar nuevas herramientas para controlar el poder de mercado como, por ejemplo, regular el poder de compra y el poder de
negociación. El derecho de la competencia actual se ha revelado como un instrumento inadecuado para reducir la asimetría en el poder negociador de las partes e inefectivo en la mayoría de los casos para expulsar del mercado las conductas
comerciales desleales impuestas por la parte que ostenta poder de negociación. Los cambios producidos en el funcionamiento de la cadena en los últimos quince años exigen un tratamiento regulatorio específico para reequilibrar un correcto
funcionamiento de la cadena alimentaria reduciendo la asimetría de poder de la gran distribución. Es necesaria la reivindicación de una normativa que regule el poder de negociación, esto es, el poder de mercado, sin posición de dominio, que es lo
que va más allá de las prácticas desleales.
La falta de equilibrio en la fijación de precios en la cadena alimentaria, identificada como causa de la crisis del sector por el legislador, lleva a modificar el artículo 9 de la Ley 12/2013, que establece el contenido mínimo de los
contratos alimentarios, que han de redactarse por escrito e incluir una serie de menciones obligatorias, entre las que se encuentra el precio, que deberá respetar el coste efectivo de producción. Este es el mecanismo que trata de frenar la
transmisión del poder de mercado aguas abajo de la gran distribución en cuanto a la configuración del precio hasta llegar al productor. Se trata de un sistema que trata de asegurar un precio al productor, aunque es discutible si dicho precio es
digno y justo. En caso de no fijar el precio conforme a estos parámetros, se incurrirá en la nueva práctica comercial abusiva de destrucción de valor de la cadena, considerándose además la conducta como una infracción grave sujeta al régimen
sancionador de la ley. Esto significa que no respetar la Ley de la cadena alimentaria en relación con el precio y coste efectivo de producción conlleva efectos administrativos, una simple sanción, pero no civiles, por lo que el contrato celebrado
será válido a estos efectos, sin que pueda atacarse su efectividad ni exigibilidad por este particular incumplimiento. Esto, sin duda, es una circunstancia que limita la potencialidad de la reforma.
En este sentido, una adecuada protección de la cadena exigiría dos actuaciones: por una parte, y tras las gestiones realizadas por la Agencia de Información y Control Alimentarios, AICA, la publicación íntegra de todas las resoluciones que
finalicen con sanción, como medida desincentivadora para el infractor; y por otra, la instauración en la Ley de la cadena de un sistema de reclamación de daños y perjuicios derivados del incumplimiento decretado en resolución administrativa o
judicial firme. La falta de una regulación específica sobre daños comporta que el perjudicado tenga que iniciar un procedimiento más complejo y costoso, como el que ofrece la Ley de competencia desleal y que, sin duda, desincentiva el ejercicio del
derecho por parte del perjudicado. En consecuencia, se estima conveniente introducir una simplificación del procedimiento para los perjudicados. (El señor vicepresidente, Cerqueiro González, ocupa la Presidencia).
Acabo, presidente, me queda medio minuto. Como ya se ha indicado, el nuevo reglamento jurídico previsto en la ley tras la reforma de 2020 exige que cada operador deberá pagar al operador inmediatamente anterior un precio igual o superior al
coste efectivo de producción de tal producto en que, efectivamente, haya incurrido o asumido dicho operador. Se trata de una excepción a la regla general que permite la venta a pérdidas que, no obstante, insisto, no se aplica a los contratos con
los consumidores finales, por lo que el operador de la cadena que celebre el contrato con un consumidor final -normalmente, la gran distribución- podrá vender a pérdidas. Se trata de una medida bienintencionada, insisto, pero que parece desconocer
el funcionamiento real de la configuración de precios actual en la cadena, cuya formación no se realiza a partir del precio de venta del producto en origen, sino como consecuencia del poder de mercado de la gran distribución. Se construye a partir
del precio de compra que está dispuesto a pagar el último comprador en la cadena antes de poner el producto a disposición del consumidor. Esta circunstancia -y acabo- requiere, como se ha dicho, de nuevos mecanismos regulatorios que controlen el
poder de mercado por operadores sin posición dominante.
Muchas gracias y quedo a la espera de sus comentarios y preguntas.
El señor VICEPRESIDENTE (Cerqueiro González): Es el turno de los grupos parlamentarios. Por el Grupo Parlamentario EH Bildu, tiene la palabra el señor Ruiz de Pinedo.
El señor RUIZ DE PINEDO UNDIANO: Buenas tardes. Muchas gracias, señor secretario de la Unió de Llauradors. Según la experiencia del modelo piloto francés, uno de los elementos fundamentales es marcar los indicadores de coste. Esa es una
demanda unánime y lo importante es que pueda ser llevado a la práctica para reforzar la capacidad negociadora de la parte productora. (El señor presidente ocupa
la Presidencia). Quién tiene que marcar ese suelo del precio es una cuestión que hemos estado aquí repitiendo y ha habido unanimidad: tiene que ser la Administración. Quién tiene que marcarlo sería una de las preguntas que yo le haría en
estos momentos. Hay otra cuestión que me ha llamado la atención y es importante, que es establecer un sistema de reclamación o demanda de daños en un caso de ruptura de negociación, incumplimientos, etcétera. ¿Cómo se podría regular o qué modelo
entiende que podría ser viable en nuestros contextos?
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ruiz de Pinedo.
Ahora, en nombre del Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Martínez.
La señora MARTÍNEZ GRANADOS: Muchas gracias, presidente.
Agradecemos al compareciente su exposición. La verdad es que ha entrado en todos los temas que hemos tratado durante todo el día de hoy. Yo he preguntado a todos los comparecientes acerca del coste efectivo de producción, y me gustaría que
pudiera incidir un poco más en ello porque creemos que por el hecho de recogerlo no se va a solucionar, o por lo menos así lo entendemos nosotros porque esos costes siempre han existido. Sí que es cierto que durante muchísimos años se ha vendido
sin cubrir costes y eso es lo que tenemos que solucionar, llegar a esos mínimos y que incluso los agricultores y ganaderos tengan un rendimiento, pero solamente el hecho de tener que recogerlo en un contrato ¿obrará la magia suficiente para dar el
poder negociador que ha comentado durante su comparecencia? Esto básicamente es lo que busca la ley, ayudar al eslabón más débil, que en este caso es el que sustenta toda la cadena.
Dado que también ha hablado de la AICA y de las sanciones y ha dejado bastante clara su postura -era una de mis preguntas-, me gustaría que me explicara un poco más a qué se refiere con la regulación que controle el poder de mercado o de
negociación de mercado. No veo claro el concepto. Si pudiera profundizar en ello, se lo agradecería.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Martínez.
En nombre del Grupo Plural, tiene la palabra el señor Baldoví.
El señor BALDOVÍ RODA: Moltes gràcies, senyor president.
Un saludo como paisano a un sindicato que representa intereses valencianos. Ha hablado usted de una singularidad de la agricultura valenciana, será la única referencia que haré en todos estos debates, pero me ha parecido significativa esa
singularidad a la que usted ha hecho referencia, y es que en fondos PAC un agricultor valenciano está muy por debajo de cualquier otro agricultor del Estado y, por tanto, es mucho más dependiente del precio de mercado y de que ese precio finalmente
pueda remunerar su trabajo para, en definitiva, vivir de su trabajo. Por tanto, es absolutamente necesario que se defina el coste efectivo de producción y se establezca. Y la pregunta que nosotros hemos hecho a todos los representantes de
organizaciones agrarias es, para esto que tiene mucha dificultad, cómo se debe hacer y, sobre todo, quién es el que debe fijar este precio para que sea una garantía en la que el eslabón más débil de esta cadena se pueda sentir cobijado, representado
y, en definitiva, poder tener una remuneración digna. En última instancia, me gustaría que insistiera o remarcara la indefensión de los agricultores, de los ganaderos, del sector primario, ante el incumplimiento -que se está produciendo ya- de
algunos contratos firmados en la cadena alimentaria, qué se debería hacer.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Baldoví.
En nombre del Grupo de Esquerra Republicana, tiene la palabra el señor Eritja.
El señor ERITJA CIURÓ: Muchas gracias, señor presidente.
Muchas gracias por su intervención, señor Mesado. De la misma manera en la que reconocemos especificidades sectoriales, somos conscientes de la importancia de las especificidades territoriales. Es un tema que usted ha aportado y vale la
pena tenerlas en cuenta, como las que usted ha definido precisamente en el País Valencià. De hecho, quería agradecerle haber aceptado la invitación de nuestro grupo porque, como muy bien sabe, Esquerra Republicana tiene representación también en el
País Valencià y, por lo tanto, consideramos importante que usted pudiese intervenir.
La regulación de la cadena alimentaria tiene para nosotros el objetivo principal de una mayor transparencia en la cadena de valor, en la definición final del precio de los productos agrarios.
Fundamentalmente para evitar las malas prácticas comerciales y abusivas desde la posición de dominio de la gran industria y distribución, que acaba desequilibrando la cadena y perjudicando siempre, siempre, al pequeño productor. Es un
resumen básicamente del problema clave, del problema de fondo; un pequeño productor que acaba asumiendo siempre los costes de la cadena de valor vendiendo bajo precio de coste. En ese sentido, durante su intervención ha hecho referencia en varias
ocasiones al reparto del valor entre todos los eslabones de la cadena en un claro ejercicio de mejora de la transparencia. Por lo tanto, nuestra pregunta iría en ese sentido: ¿es posible contemplar un reparto de valor a lo largo de la cadena
alimentaria?
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Eritja.
En nombre del Grupo Confederal, tiene la palabra su portavoz.
La señora SAAVEDRA MUÑOZ: Soy Marisa Saavedra. Bona vesprada, señor Mesado. Gràcies, president.
Coincidimos en prácticamente todo lo que ha planteado aquí. Gracias por las aportaciones y también por la tarea que realiza su organización. Coincidimos en que, efectivamente, esta ley supone un paso importante en la mejora del
funcionamiento de la cadena alimentaria pero, sin duda, necesita -y estamos comprometidos con ello en esta tramitación- una actitud más valiente para dar pasos adelante e introducir mejoras que realmente respondan a lo que buscamos, que es una
cadena alimentaria más justa, equilibrada y, sobre todo, donde no salgan siempre perdiendo los pequeños productores, el eslabón más débil. Se ha mencionado durante todo el día de hoy el precio medio de referencia para evitar abusos. Lo hemos dicho
en reiteradas ocasiones, en eso coincidimos absolutamente. Nosotros pensamos que debe ser algún organismo público el que marque ese precio de referencia. No sé cómo lo ve usted. Le pido su opinión también sobre un registro digital de contratos
que sirva como mecanismo de control y seguimiento. En cuanto a la reclamación de daños por perjuicios a los productores y esa simplificación del procedimiento, me gustaría que lo detallara un poquito más. Y respecto a la mediación, ¿cómo lo
considera?
Por último, le haré una pregunta en relación con una cuestión que hace mucho daño a la agricultura en nuestra tierra, en el País Valencià, especialmente a los cítricos pero no solo: el dumping comercial de terceros países. Es un tema muy
delicado del que se ha hablado hoy también. Entendemos que hay que regular las importaciones de manera adecuada, exigir reciprocidad para evitar lo que está pasando, que es ver el mercado inundado de productos a un precio realmente irrisorio, a
veces con fraude de etiquetado, que es algo que hace mucho daño a los productos de nuestro territorio y a los productores locales. Estas son las preguntas. Quiero trasladarle nuestro compromiso de trabajar para que esta ley responda a lo que
buscamos.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Saavedra. Disculpe, pero es que antes no teníamos su nombre apuntado.
En nombre del Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra la señora Nevado.
La señora NEVADO DEL CAMPO: Gracias, presidente.
Buenas tardes, señor Mesado. Para empezar, quiero lamentar las pérdidas de hortalizas y de otros productos ocasionadas por la borrasca Filomena en su comunidad, en la Comunidad Valenciana. Sinceramente, lo lamentamos inmensamente.
Usted reclama la regulación del poder de negociación para evitar el desequilibrio actual que existe entre los diferentes operadores de la cadena.
¿Cómo propone usted que se lleve a cabo la regulación de este poder de negociación? En cuanto a los plazos de pago, algunos agricultores afirman que respetar los plazos de pago no les beneficia, ¿considera que debería haber excepciones en
estos plazos? Sabemos que en ocasiones la propia Administración no ha satisfecho las pretensiones que la ley propone, ¿piensa usted que la Ley de la cadena alimentaria debería afectar también a la Administración? Desde su punto de vista, ¿es
posible el cumplimiento de la ley cuando no hay un control efectivo de entrada de productos en frontera? Como sabe, Turquía, Sudáfrica o Marruecos siempre van a producir más barato que nosotros, debería buscarse una solución a esta competencia
desleal. ¿Qué medidas podrían introducirse para equilibrar el problema que genera la entrada de estos productos de terceros países, que desestabilizan los precios de los productos españoles? Una vez más repetimos que mientras no se recupere el
criterio de preferencia
comunitaria como principio jurídico de alcance general y absoluto en todos aquellos acuerdos comerciales que nos afecten, y mientras que la Unión Europea no aplique unos protocolos de control sanitario en frontera que garanticen que el
producto importado está libre de principios activos prohibidos por la Unión Europea, no se van a resolver los problemas. Vamos a tener que seguir luchando contra esta competencia desleal, que es básicamente lo que está generando la ruina del sector
agroalimentario.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Nevado.
Una cuestión, por favor, acérquense al micrófono para que se pueda escuchar mejor y para que las taquígrafas también puedan entenderles. Con la mascarilla de por sí ya es complicado, así que, por favor, dirijan la voz al micrófono.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Hoyo.
La señora HOYO JULIÁ: Muchas gracias, presidente.
Quisiera comenzar haciendo una consideración general y es que en política, como en la vida, el objetivo y la ambición deberían estar en hacer las cosas bien, no simplemente en hacerlas. Y lo digo por lo que comentaba antes el portavoz del
Grupo Socialista al afirmar que el Gobierno había cumplido trayendo la ley. No, traer la ley no es un mérito, es una obligación; el mérito hubiera sido traer una ley bien hecha.
Dicho esto, por supuesto, quiero dar la bienvenida al señor Mesado, muchas gracias por su labor en defensa del campo valenciano y de los agricultores valencianos, porque si ya de por sí defender a un sector tan vulnerable como es el de la
agricultura tiene su mérito, en la Comunidad Valenciana ese mérito se multiplica por las peculiaridades que decía anteriormente, no solo porque las ayudas de la PAC son muy bajas, no solo porque las numerosas borrascas afectan siempre al campo
valenciano de una forma recurrente, no solo Filomena sino también Gloria, la DANA, sino también porque principalmente estamos hablando de un minifundismo muy generalizado en nuestra tierra, y la realidad es que todo eso hace que su labor tenga que
ser doblemente agradecida.
Dicho esto, a raíz de lo que hemos deducido de sus palabras en cuanto a que este Real Decreto-ley 5/2020 no soluciona los problemas que tiene su sector, no soluciona los problemas que tiene la cadena y no equilibra la relación entre los
distintos agentes -eso es lo que hemos deducido-, queríamos preguntarle, por una parte, si es así, si hemos deducido bien. Y por otra, saber qué cuestiones considera que habría que añadir a este debate y a esta legislación, si cree que el proyecto
de ley contiene todas las demandas que los agentes sociales han planteado públicamente, si recoge en concreto las necesidades que tiene el campo valenciano.
Respecto a los agricultores y la posición que ocupan en la cadena agroalimentaria, queremos preguntarle si cree que con esta modificación se garantiza la mejora de la situación crítica que atraviesa en estos momentos la agricultura española,
y si no hubiera existido este contexto de pandemia, ustedes seguirían manifestándose en la calle, como lo hicieron antes de que empezara esta situación tan dolorosa para toda la población. En cuanto a las ventas a pérdidas de las que ha hablado, en
sus enmiendas hemos visto cómo consideran necesario mejorar la definición. Queremos preguntarle qué mejoras son imprescindibles respecto a esta cuestión. También tratan en sus enmiendas la cuestión de las prácticas desleales y hablan de que habría
que incorporar otras prácticas desleales que no se ven reflejadas. Esto iría en consonancia con la Directiva 2019/633 sobre las prácticas comerciales desleales, ¿qué prácticas considera que habría que añadir y cómo afectaría a la cadena
agroalimentaria la inclusión o no de dichas práctica desleales?
El señor PRESIDENTE: Tiene que acabar, señoría.
La señora HOYO JULIÁ: Para terminar, nos gustaría que nos dijera, casi como si tuviera una bola de cristal, cómo ve el futuro de la agricultura en el campo a nivel nacional y también en el campo valenciano a raíz de la aprobación de esta
ley.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Hoyo.
Por último, en nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Mínguez.
La señora MÍNGUEZ GARCÍA: Muchas gracias y buenas tardes.
Me permitirá el compareciente que antes de dirigirme a él, me dirija a la portavoz del Grupo Popular, que acaba de decir que traer la ley no es un mérito, es una obligación y, además, se ha de traer una ley
que esté bien hecha. Yo le quiero recordar que de lo que estamos hablando hoy aquí es de modificar una ley relativamente nueva, tiene siete años, que se ha demostrado que no ha funcionado. Por lo tanto, lecciones ninguna, señora portavoz
del Grupo Popular (aplausos), porque si precisamente estamos aquí y si precisamente el sector se ha reivindicado en los últimos años en la calle es porque hay una Ley de la cadena alimentaria que no ha funcionado a lo largo de estos años, y se trata
de corregir y enmendar esos errores. Y además, sus deducciones -y ahora el compareciente, si no, le contestará- creo que venían todas escritas y que no le ha escuchado para nada, pero bueno, eso ya es una opinión personal.
Yo quería agradecer al compareciente sus aportaciones, el trabajo que realizan día a día para mejorar la vida y la profesión de agricultor, de payés, y poder seguir viviendo de este trabajo y conseguir mejoras, siempre mejoras, con
perspectivas de futuro. Como decían mis compañeros, representan el eslabón más débil, y para mejorar la cadena alimentaria es necesario poner fin a los problemas estructurales del sector, que además ustedes conocen muy bien y los ha explicado
perfectamente. Usted ha hablado de la posición de debilidad en la negociación de agricultores y ganaderos, usted ha hablado concretamente del abuso de posición dominante, de la falta de transparencia en los precios y los desequilibrios que se
producen actualmente en la cadena, en la mal llamada cadena alimentaria, porque cuando se producen estos desequilibrios no deberíamos hablar de cadena sino de otro tipo de modelo. Hay una asimetría actual que se debe corregir y, como decíamos,
ustedes llevan muchos años luchando por unos precios justos; salieron a la calle hace un año pero han salido anteriormente, y yo creo que el mejor reconocimiento, después de años de reivindicaciones, es que el Congreso de los Diputados apruebe la
modificación de esta ley alimentaria para abordar y poner fin a esos problemas estructurales.
A lo largo de las comparecencias parece claro que el objetivo a conseguir es uno, que es restringir sobre todo la destrucción del valor de la cadena alimentaria por precios inferiores al de adquisición en el eslabón anterior. Así pues,
debemos cambiar la dinámica actual y, si me permiten, creo que la palabra agricultura -veo que ya se me enciende la luz roja- debemos descomponerla en dos: el agro es muy importante pero ahora toca la cultura, y ese cambio cultural tiene que llegar
y debe producirse con la introducción de la filosofía del coste efectivo de producción en la relación contractual. Y le pregunto si a usted le parece que ha de ser uno de los objetivos de esta modificación de la ley.
Estudiaremos sus aportaciones, sobre todo las que ha hecho en el apartado de las sanciones. Les pedimos que nos hagan llegar las reivindicaciones en el apartado de las sanciones tanto en lo que se refiere -lo decían antes los compañeros que
me han precedido- al sistema de daños y perjuicios como acerca de las medidas que consideran que debe abordar esta nueva ley, porque el Grupo Parlamentario Socialista no tiene otro objetivo que sacar adelante una ley que sea justa, equitativa,
transparente y, sobre todo, que otorgue esa seguridad jurídica que necesita el sector.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Mínguez.
Creo que por respeto a los comparecientes, que son nuestros invitados, no deberíamos utilizar estas sesiones para discusiones entre grupos parlamentarios; me parece que no corresponde a la sesión de hoy. Es un mensaje para todos.
Dicho esto, interviene el señor Mesado, por un tiempo de quince minutos, para contestar en la medida de lo posible y lo mejor que pueda a lo que se le ha planteado.
Gracias.
El señor SECRETARIO DE LA UNIÓ DE LLAURADORS I RAMADERS (Mesado Martí): La verdad es que daría para mucho. Voy a intentar contestar de forma breve a algunas cuestiones que me plantean sus señorías y otras, que son muy coincidentes, las
trataré de forma global.
La portavoz del Grupo Popular se ha referido a si el campo tiene futuro. Yo siempre digo que sí, otra cosa es qué tipo de campo y si tenemos... (La señora Hoyo Juliá: Cómo ve el futuro). ¿Cómo veo el futuro? Yo soy optimista; soy
valenciano y, por tanto, soy optimista. Pero, efectivamente, la agricultura y la ganadería tienen futuro. Lo que tenemos que plantearnos es en manos de quién, si de agricultores y ganaderos o de fondos de inversión, como está pasando ya en cierta
parte de la agricultura. Pero el futuro no es lo que vea yo, sino lo que se legisle en cámaras como esta. ¿La Ley de cadena alimentaria que tenemos actualmente es la mejor que podríamos tener? No lo sé, no hemos tenido una ley buena. Lo que sí
tengo claro es que tanto Francia como nosotros estamos legislando en esta materia y, si somos capaces de legislar de forma correcta, paralela y unificada, podremos presionar a la Unión Europea para tener una ley de la cadena alimentaria a nivel
europeo, porque no nos olvidemos de que nuestro mercado natural es
Europa, por lo que es en Europa donde también tenemos que conseguir que se legisle. Y si sacamos una buena ley de aquí, podremos presionar para tener una buena ley en Europa.
Tengo un par de preguntas sobre países terceros, sobre los que podríamos hacer veinticinco comparecencias, pero ya les avanzo que en quince minutos no tendría tiempo suficiente. Para aviso de navegantes, más que de reciprocidad, hablaría de
estándares. Nosotros tenemos los estándares de calidad medioambiental, seguridad alimentaria y medio ambiente más potentes del mundo. Por tanto, aquel que quiera venir que utilice los mismos estándares que utilizamos los europeos, simple y
llanamente.
Respecto al registro digital de contratos, por supuesto que sí, daría una transparencia bestial a la cadena alimentaria. Les Corts Valencianes aprobaron una reforma de la Ley de contratos en la que se introdujo el registro de contratos,
pero hubo muchas reticencias, sobre todo por parte del comercio privado; hubo muchas reticencias porque parte del sector no quiere transparencia.
En relación con la cláusula de valor y su reparto, es un tema que tendríamos que introducir en la ley. Es una cláusula voluntaria y las dos partes tienen que estar de acuerdo. Lo permite el artículo 172 del Reglamento de la organización
común de mercados y simplemente es una herramienta, independiente del precio. Nosotros pactamos el precio, pero metemos una cláusula según la cual los agentes de la cadena se comprometen a que si hay beneficio nos lo repartimos y si hay pérdidas
también. Es un tema voluntario, independiente del precio, pero podría mejorar la posición de todas y cada una de las partes de la cadena alimentaria. Por tanto, sería positivo que la cláusula de reparto de valor estuviese incorporada en la
normativa. Se dice que es un riesgo. Claro, es la parte del contrato que supone un riesgo, pero el precio no, el precio debería estar garantizado. Y no olvidemos que el sector agroalimentario es rentable, muy rentable; no para todos, pero es muy
rentable. Por tanto, esta opción daría un plus entendemos que sobre todo al sector productor, de modo que es importante que la tengamos en cuenta.
El tema referido a la AICA es muy claro, y después entraré en quién tiene que marcar el precio, los costes de producción, y a lo mejor ahí puedo diferenciarme un poco del resto de organizaciones, por lo que he estado viendo a lo largo del
día. Nosotros somos una organización que en determinados años en Valencia hemos sido líderes en poner denuncias a la AICA por incumplimientos de la Ley de la cadena alimentaria, pero nos encontramos con que la gente que incumple la ley al año
siguiente la puede volver a incumplir perfectamente. Nadie sabe nada: se la abre un expediente sancionador por parte de la AICA, que hace una labor extraordinaria -hay que alabar, con los pocos recursos que tienen, el gran trabajo que hace-, pero
puede salir muy barato incumplir la ley. Por tanto, insisto, hay gente que incumple un año y al año siguiente vuelve a incumplir. Y nosotros lo que decimos es que, cuando haya una resolución por parte de la AICA en la que se demuestra que una
parte de la cadena alimentaria ha incumplido la ley, se publique. Estamos en la edad de la transparencia; por tanto, a esa empresa se le quitarán las ganas de volver a incumplir la ley. En segundo lugar, el que se ve perjudicado porque una parte
de la cadena ha incumplido es el productor. Yo, como productor, me siento perjudicado porque una empresa ha incumplido la ley, puesto que simplemente la sanciona, y yo me quedo con la queja. En definitiva, tengo que ir por la vía judicial, porque
la sanción que la se impone es administrativa. Debe establecerse un sistema que sea por lo civil, dentro de la ley, para que el perjudicado pueda reclamar el daño que se le ha ocasionado porque esa empresa ha incumplido la ley. Es muy sencillo y
fácil de entender que el que sale perjudicado por el incumplimiento no continúe como perjudicado y pueda reclamar.
Para acabar, acerca de quién debe marcar el coste, tema en el que coinciden prácticamente todos ustedes, es algo engañoso. Tengo miedo de cuando se dice que, como mínimo, el precio ha de contener el coste de producción. En primer lugar,
está quién lo debe establecer -ahora lo trataremos-, y, segundo, el coste puede ser el precio máximo del contrato. Por tanto, hay que tener cuidado con este aspecto. Como agente de la cadena alimentaria, se puede decir al agricultor que, si quiere
vender -muchos que conocen el sector lo saben-, y no tiene más opción que venderle a aquel, aunque el coste sean veinte céntimos, figuren quince en el contrato si quiere que le compre el producto. Yo, como agricultor, si no tengo opción, voy a
poner quince, pero es un problema, porque queda registrado que mi coste de producción es quince y el año que viene, cuando vuelva a vender, si le vendo a otro, puede decir que mi coste de producción el año pasado fueron quince céntimos. Por tanto,
ojito con el coste de producción, porque es engañoso. Por eso la ley francesa Egalim incrementa el coste de producción. ¿Quién debería establecer el coste de producción? La verdad es que ciertas declaraciones de comparecientes anteriores me han
producido estupor, por no decir vergüenza ajena. Evidentemente, debe ser tutelado por la Administración, pero tenemos unos instrumentos. Quienes han comparecido esta mañana y uno esta tarde representan a todas las organizaciones
interprofesionales, a todas, y la Ley española reguladora de
las interprofesionales -la europea también- las autoriza a hacer estudios indicadores de costes de producción y seguimiento de precios de venta. Si usted no ejerce sus responsabilidades dentro de las interprofesionales, hágase a un lado,
deje paso. Esto es, deberían ser las interprofesionales donde está el sector implicado -por tanto, lo conocen-, tutelado evidentemente por la Administración -en este caso entendemos que es el ministerio-, las que establecieran unos indicadores,
porque lo dice la Ley reguladora de las interprofesionales. Es una de las finalidades de dicha ley, la Ley 38/1994, por si lo quieren apuntar; una de las finalidades es la realización de estudios sobre los métodos de producción sostenible y la
evolución del mercado, incluyendo índices de precios y costes objetivos, transparentes, verificables y no manipulables. Insisto en que en las interprofesionales está todo el sector implicado, por lo que tienen la capacidad legal de establecer los
costes de producción como indicadores e incluso hacer un seguimiento de los mercados. No venga usted aquí a pasar la pelota al ministerio, cuando también tiene una herramienta en la que participa -todas las interprofesionales- y no está ejerciendo
su responsabilidad. Por tanto, creo que he sido claro sobre quién debe realizar el tema de los costes, aunque -insisto- tutelado y después verificado y validado por la Administración General del Estado, en este caso a través del ministerio. Deben
ser las interprofesionales las que realicen los estudios. Tienen la capacidad y -por si no lo saben, se lo comento- en una interprofesional están los mismos números de la parte de la producción que de la parte de la comercialización. Por tanto, no
puede haber una posición de poder de mercado.
Respecto a la regulación del poder de negociación, por el que creo que me ha preguntado la representante de Ciudadanos, la posición de dominio es la del que tiene una cuota de mercado y abusa de tener esa cuota de mercado. No existe ningún
caso, no hay ninguna sentencia, en las tecnológicas sí tenemos sentencias en esa línea, pero en el sector agroalimentario a nivel europeo no tenemos ninguna; entonces, es como pegarnos cabezazos contra la pared. Otra cosa es el poder de
negociación, el poder de presión, es decir, puedo no tener la posición de dominio en un sector pero sí el poder de negociación: oiga, usted, o me vende en estas condiciones o le compro a otro; me están presionando. Por eso, el objetivo
bienintencionado de la ley de poner un precio de coste es para evitar, como he comentado anteriormente, que aguas abajo haya un poder de negociación. En definitiva, se trata de que haya un tope, sea bueno o malo, pero un tope. Por tanto, lo que
hay que regular en determinados sectores y en determinados momentos de la campaña es ese poder de negociación de una parte de la cadena respecto a la otra. Esto ocurre, ocurre que hay zonas, hay cultivos, producciones en las que hay pocos agentes
compradores y, por tanto, tienen una posición de poder de negociación bestial, por ejemplo en integración o en determinados cultivos minoritarios para los que el acceso a los canales de distribución es limitado. Hay pocas empresas y esas ejercen un
poder de presión hacia el agricultor brutal, y eso es lo que hay que regular.
Creo que, grosso modo, he contestado a todas sus preguntas. En cualquier caso, si alguien quiere tratar algo más, después podemos comentarlo. No quiero excederme mucho más del tiempo.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mesado. Finalizamos con su intervención esta comparecencia.
En un minuto procederemos a la siguiente, que será la última de la jornada de hoy. (Pausa).
- DE LA SEÑORA PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES Y GANADEROS DE CANARIAS, ASAGA (DELGADO DÍAZ). (Número de expediente 219/000358).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la última de las intervenciones de la tarde de hoy, que corresponde a doña Ángela Delgado Díaz, presidenta de la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias, Asaga. Para acompañar sus palabras vamos a
tener un documento gráfico, que ustedes pueden ver en las pantallas, y, en cualquier caso, también disponen de él en papel. Tiene la palabra la señora Delgado.
La señora PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES Y GANADEROS DE CANARIAS, ASAGA (Delgado Díaz): Estimadas señorías, quisiera agradecerles esta oportunidad. Estoy aquí como agricultora de papas, como decimos en Canarias, y de viñas y,
por ello, también como presidenta de la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias, Asaga Canarias Asaja, para hablar del proyecto de Ley de la cadena alimentaria. En productos como papas, vino, frutas y hortalizas tengo más que clara la
aplicación de los cambios en la ley, porque todos nuestros costes en Canarias superan con creces los de nuestros hermanos españoles y europeos. Pero me quería centrar en explicar los motivos por los que las seis organizaciones de productores de
plátanos, que engloban a la totalidad de los productores de plátano
de Canarias y, por tanto, de España, me piden solicitar la excepcionalidad de determinados artículos del proyecto de ley de la cadena alimentaria o sugerir una nueva redacción de los mismos durante el trámite parlamentario de la ley. En
concreto, se pide que se establezca una disposición adicional para que no se le aplique a esta fruta lo dispuesto en los artículos 9.1 c) y j), así como en el 12 ter, artículos relativos al establecimiento de un precio mínimo de venta acorde a los
costes de producción, por debajo del cual no se podría comercializar nuestra fruta, así como la prohibición de vender a pérdida. Se les han mandado varios documentos al respecto.
Esta petición de excepcionalidad no es arbitraria; al contrario, es fruto de la singularidad que la producción del plátano tiene reconocida en el propio Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea como cultivo de exportación de una región
ultraperiférica. No voy a nombrar todos los reglamentos que así nos asisten, pero los tienen en los documentos. Somos conscientes de que las medidas introducidas en dichos artículos, como pactar un precio que cubra el coste efectivo de producción
y controlar los márgenes comerciales, aunque son conceptos totalmente deseables para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, requieren de una aplicación que, en la práctica y siendo coherentes con las reglas del mercado y la competencia,
resulta difícil que no genere perjuicios a los agricultores. Lamentablemente, los informes que manejamos demuestran que la aplicación de estas medidas sobre el sector platanero supondrían un impacto negativo, que acabaría traduciéndose en un
empeoramiento de los ingresos de los productores, pérdida de competitividad con respecto a las importaciones de países terceros y riesgo de incrementar la retirada de la fruta en momentos de crisis de mercado, consecuencias que ponen en riesgo la
supervivencia de la actividad y todo lo que ello conlleva desde el punto de vista económico y social para el archipiélago, además de verse afectada una de las producciones de los cultivos más representativos de España.
¿Qué representa el cultivo de plátano de Canarias? Los productores de plátanos de Canarias son los únicos de España que concentran la totalidad de la oferta nacional de un mismo cultivo en una sola marca y en tan solo seis organizaciones de
productores de plátanos, que denominamos OPP, y, en última instancia, en una única organización representativa. Este hito no se presenta en ningún otro cultivo de España y, además, cumple con lo que la propia Comisión Nacional del Mercado de
Valores recomienda, evitar el intervencionismo generalizado, cuando es la totalidad de los productores quienes solicitan que se les aplique la excepcionalidad. El cultivo representa el 75 % del volumen total de fruta con calidad diferenciada de la
Unión Europea producida en España, y más del 80 % de nuestras exportaciones desde Canarias es plátano de Canarias. El plátano de Canarias es la segunda fruta más consumida en fresco en nuestro país, genera un movimiento de mercado en toda la
península cercano a los mil millones de euros y más de 15 000 familias canarias se vinculan directamente a su producción, generando más de un 20 % del empleo en muchos de los municipios de las seis islas donde está presente el cultivo. Hoy por hoy
no existe una alternativa de empleo real al que genera este cultivo. Es el único cultivo de España que tiene la totalidad de la producción asegurada. Tenemos un convenio de seguro agrario para el plátano, donde todos los agricultores grandes,
pequeños, medianos, todos, absolutamente todos, tienen el mismo coste del seguro. Esto nos da una idea del volumen de comercialización que maneja, más de un millón de kilos producidos al día.
¿Cómo afectaría al sector platanero la Ley de la cadena alimentaria si no se atiende a nuestra solicitud de excepcionalidad o si no conseguimos vender por encima del coste de producción? Los productores de plátanos de Canarias son los
únicos de España que concentran la totalidad de la oferta nacional de un mismo cultivo, en una sola marca, en tan solo seis organizaciones de productores de plátanos y, en última instancia, en una única organización. La finalidad del proyecto de
ley es mejorar el funcionamiento y la vertebración de la cadena alimentaria, de forma que aumente la eficacia y la competitividad del sector. Sin embargo, en el caso del plátano, el 100 % de los productores coinciden en que la aplicación de varios
de los preceptos de esta ley, introducidos por el Real Decreto-ley 5/2020, de 25 de febrero, tendrían como resultado a corto plazo la pérdida de grandes cantidades de producción y a medio plazo la expulsión del plátano de su mercado, en favor de la
banana de terceros países.
Para comprender el impacto de la aplicación de la ley en el sector platanero hay que tener en cuenta dos factores: los costes de producción, que son muy altos, y nuestro principal competidor en el mercado, la banana. Recuerden que nosotros
diferenciamos entre el plátano de Canarias, el que tiene esas pintitas negras que decían esta mañana que los hace tan característicos, y la banana, que es la que procede de terceros países, tanto de Sudamérica como de los países ACP, África, Caribe
y Pacífico. Estas producciones que se importan de países terceros, procedentes de Sudamérica, África, Caribe y Pacífico, entran sin límite de cantidades y con arancel cero. Hoy ustedes pueden comprar en Madrid banana de
Ecuador, Colombia, Perú, Costa Rica, República Dominicana, Costa de Marfil, Camerún o Ghana a un precio medio de 40 céntimos de euro por kilo, un precio irrisorio de importaciones de terceros países que es aprovechado por la distribución
para presionar a los productores canarios. No obstante, gracias a su organización, eficiencia y calidad de producto los productores españoles logran vender plátano de Canarias a una media de 70 u 80 céntimos, casi doblando ese coste de la banana,
una cantidad un cien por cien superior al precio de la banana pero aún insuficiente para superar los sobrecostes que la producción en una región ultraperiférica implica, en la cual se incluyen los costes derivados de la aplicación de los estándares
europeos de protección social, medio ambiente y seguridad alimentaria, que son sistemáticamente ignorados por su competencia internacional, y a ello se suman los márgenes de la distribución, que hacen que ese mismo plátano de Canarias comprado a 70
céntimos a los productores se venda con márgenes medios del 300 % y, por tanto, a más de 2,8 euros por kilo al consumidor, incluso cuando el mercado está absolutamente hundido para los productores.
Por ello, todos los productores de plátano de España coinciden en que es necesario reequilibrar la cadena alimentaria para asegurar una renta digna a los productores -en esto estamos totalmente de acuerdo-, a la vez que dar viabilidad
comercial a su producción. Además, debemos ser muy conscientes de que la Ley de cadena alimentaria no se aplicará a las relaciones comerciales con consumidores finales y que, por tanto, esta ley en nada va a solucionar la grave situación que les he
descrito. El coste medio de producción en verde del plátano de Canarias es de 0,70 euros por kilo, es decir, el precio que los operadores de maduración y distribución pagan al productor para su posterior venta en amarillo a las grandes cadenas de
supermercados o fruterías repartidas por todo el país, precio que, como ya se ha comentado, puede llegar a incrementarse hasta más de 2,8 euros por kilo, que es lo que paga el consumidor, lo que significa un aumento de un 300 %. Esto no sucede con
la banana, no se utiliza el mismo diferencial al llevar al consumidor la banana que el plátano; se multiplica por dos y tres veces en el caso de plátano de Canarias, pero no así en la banana.
Hay que tener en cuenta que el mercado de la categoría del plátano y la banana, al igual que en el resto de los productos agrícolas, es libre; no existen políticas de fijación y márgenes de precio ni un control sobre el volumen
comercializado por orígenes. Por tanto, el precio de mercado fluctúa en función de la oferta y la demanda. Con frecuencia se produce un sobreabastecimiento de producto en el mercado derivado de la entrada masiva de grandes volúmenes de banana que
se comercializan bajo políticas promocionales muy agresivas, que sitúan el precio de venta muy por debajo del coste de producción de plátano de Canarias. Cuando se produce una sobreoferta de producto, la Unión Europea establece las retiradas del
mercado que todos conocemos y de las cuales no se puede abusar, con lo cual tenemos un serio problema, y siempre intentamos que sean las mínimas.
Según los datos de volumen y precio de plátano de Canarias comercializado por categorías, existen tres: extra, primera y segunda, en función de la calidad del producto. Si hacemos la simulación de cumplir con la venta cubriendo el coste de
producción desde el año 2016 a 2019, es decir, si simulásemos el escenario de haber puesto ese coste de producción a esas producciones, si trasladásemos esos precios de coste, nos encontraríamos con que por la Ley de la cadena estaríamos obligados a
no poder comercializar un 30 % de lo que hoy comercializamos, es decir, hoy en día Plátano de Canarias vende la totalidad de su producción, pero, si tuviésemos que poner ahora mismo ese precio y hubiésemos puesto dicho precio en los cuatro años
anteriores, no podríamos vender un 30 % de la producción, referido a esas categorías bajas, que normalmente corresponden a zonas desfavorecidas, a zonas más frías que las costeras, que tienen mayor porcentaje de esas categorías de bajo precio, con
lo que creemos que perderíamos unos 60 millones de kilos de plátano de Canarias al año, que no podrían venderse por no encontrar comprador, o, lo que es lo mismo, habría una pérdida económica de más de 100 millones de euros anuales, de media, para
los productores y consiguientes empleos.
El proyecto de ley de 2020 indica expresamente en su exposición de motivos que la vulnerabilidad del sector agroalimentario se centra en la atomización de los operadores de la cadena, la rigidez de la demanda, la estacionalidad en el mercado
y la heterogeneidad y asimetría en sus características internas. Pues bien, ninguna de estas características concurre en el sector platanero de Canarias; al contrario, los productores de plátanos son los únicos de nuestro país que concentran la
totalidad de la oferta nacional de un mismo cultivo en una sola marca al consumidor, Plátano de Canarias, y que además se concentran y estructuran al cien por cien -cien por cien- en organizaciones de productores. Aquí no tenemos agricultores
sueltos o que vayan a los mercados a vender, no existe esa fórmula. En última instancia, están todos representados en una única organización representativa.
Este hito no se da en ningún otro cultivo en España y además cumple con lo que la propia Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha venido recomendando en sus informes, en los que advierte de que en esos casos debe evitarse el
intervencionismo generalizado. La excepcionalidad se solicitaría por el cien por cien de los productores de plátanos de Canarias, convencidos del grave perjuicio que causa la aplicación de los mencionados artículos a su actividad. Además, no hay
producción de plátanos en ninguna otra región de la Península por lo que esta petición no pretende en ningún momento ni debe perjudicar a otros subsectores. Al tratarse de un cultivo tropical, se enfrenta durante todo el año a la competencia
internacional de terceros países, la cual se encuentra en manos de multinacionales, apenas cuatro multinacionales -cuatro-, que utilizan a España como mercado de derribo en la Unión Europea y como sumidero de sobrantes de bananas. Es decir, se
vende la banana mucho más barata en España de lo que se vende en otros países europeos. Las importaciones de bananas, que se producen sin cumplir la legislación europea en materia laboral, medioambiental y de seguridad alimentaria y con una mayor
huella de carbono, alejadas por tanto de la sostenibilidad que predica la Unión Europea, no se verán afectadas por las delimitaciones que esta ley sí impone a los productores canarios, por lo que podrán campar a sus anchas en el mercado español.
Es por ello que ruego a sus señorías que tengan en cuenta que el sector platanero español está perfectamente estructurado en seis organizaciones de productores que semanalmente informan a sus agricultores de las circunstancias del mercado en
cada momento. Aquí no hay agricultores sueltos, desinformados o que venden individualmente; no existe esa circunstancia. Todos los productores están englobados en cooperativas u organizaciones que pagan rigurosamente a sus agricultores,
agricultores que siempre conocen las circunstancias del mercado y la necesidad de vender el cien por cien de sus producciones para poder seguir sobreviviendo.
Toda esa tarea que se nos ha puesto, todo eso que se ha dicho durante la mañana sobre que hay que unir al sector, que hay que vender con calidad diferenciada y certificada, que hay que unificar costes, que hay que unificar transportes, que
hay que hacer marca, que hay que hacer publicidad, que hay que hacer seguros agrarios para que todos los productos estén englobados y ningún agricultor quede fuera de los riesgos climáticos, todo eso, todo lo que se les pueda ocurrir ya se está
haciendo, e incluso, con la tarea hecha, los productores españoles de plátanos temen perder su cuota de mercado y con ello su rentabilidad. Es decir, se nos pide el cuarto salto mortal y lo hemos dado, y yo creo que hemos sido un sector que ha
demostrado resiliencia, que ha demostrado estar dispuesto a los cánones más rigurosos, a ser exquisitos con la seguridad alimentaria, con la presentación, con la publicidad; nos volcamos todos los productores y todos aportamos el céntimo de
publicidad para todas nuestras campañas, pero tenemos miedo, tenemos el temor de perder ese 30 % de ventas que haría imposible nuestra continuidad.
Por aportar ideas al trámite del proyecto de ley en curso, efectivamente los productos del campo tienen que tener un precio; estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Pedro Barato esta mañana y con los anteriores.
El señor PRESIDENTE: Vaya terminando.
La señora PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES Y GANADEROS DE CANARIAS, ASAGA (Delgado Díaz): Perfecto.
Si la ley pusiera un precio de coste para cada producto vendido en España independientemente de su procedencia, que superase al menos el coste de producción de los productores españoles, aunque hiciésemos millonarios a los productores de
otros países o a sus intermediarios, podríamos garantizar nuestra supervivencia. El problema es que nos obligamos a nosotros, pero liberamos a producciones de terceros países que nos van barriendo del mercado poco a poco y por eso rogamos a sus
señorías que tomen en consideración nuestras demandas, entiendan nuestros temores y los peligros que vemos en la actual redacción de estos artículos y actúen para buscar soluciones a nuestras razonables dudas.
Muchísimas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Delgado.
A continuación, en el turno de intervención de grupos, en primer lugar y por el Grupo Mixto, tiene la palabra la señora Oramas.
La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Muchas gracias, señor presidente.
Quiero agradecer a doña Ángela Delgado que haya comparecido para un tema, como ha dicho ella, que es vital para las islas Canarias en empleo, en renta, en renta complementaria y en algunas islas y en
algunos municipios, prácticamente con todo el empleo y sin capacidad de sustitución, y sobre todo para ese elemento de calidad que se pide a las producciones españolas de organización de publicidad; los plataneros canarios han hecho, y con
mucho, sacrificios desde hace muchos años, pero ahora nos viene la Ley de cadena alimentaria y le planteo las siguientes preguntas.
Primero, quisiera que nos desarrollara un poquito más los temores que tiene el sector agrícola canario con esta ley. En segundo lugar, la cuestión relativa a la destrucción de producción, pérdidas anuales en empleo y lo que supone también
como medida ambiental y paisajística de Canarias y además me parece importantísimo oír su opinión, dado que usted ha leído la ley, sobre la contradicción de que pueda ser sancionado un operador de la Península receptor de plátanos de Canarias por la
Ley de cadena alimentaria y, sin embargo, nunca va a tener multa por vender bananas. Usted lo ha dicho. El coste de la banana a 0,40 céntimos el kilo lo que está pagando es el camión de Rotterdam a Madrid. ¿Por qué? Porque las multinacionales
americanas solamente en el caso de España usan precios de derribo para desplazar al plátano de Canarias, algo que no hacen en el resto de Europa. ¿Por qué el precio de la banana en España es 0,40 céntimos y en Berlín, en París o en cualquier ciudad
europea es igual o superior que el del plátano? Alguna razón habrá. En cuanto al tema sancionador, usted, que es especialista en la ley, también me gustaría que lo pudiera explicar.
Señor presidente, termino. En cuanto a la famosa frase de aquí no se puede hablar de cada producto, hay algo que ha mencionado doña Ángela con mucha rapidez, porque quería decir muchas cosas, y sobre lo que, aunque está recogido en el
documento, querría que incidiera: las excepcionalidades las contempla Europa para las regiones ultraperiféricas, que son Madeira, Azores, regiones ultramar francesas y Canarias. Canarias es la única comunidad española que está en la Constitución
europea y lo único que se está pidiendo es que esa comprensión que tiene Bruselas y esa políticas que aplica Bruselas las explique el Gobierno de España. Por tanto, querría pedirle a doña Ángela que recalcara esa diferencia que hay con el resto de
productos canarios y el resto de productos españoles.
Muchísimas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Oramas.
En nombre de Euskal Herria Bildu, tiene la palabra el señor Ruiz de Pinedo.
El señor RUIZ DE PINEDO UNDIANO: Muchas gracias, doña Ángela Delgado.
Yo le plantearía concretamente una pregunta sobre el temor de la aplicación de unos precios promedios dentro del sector, incluso diferenciando por tamaños, etcétera. Se vende, en general, por encima del precio de producción, entiendo,
porque si no la explotación estaría condenada a desaparición y por eso no he llegado a entender realmente el riesgo, los temores de una aplicación de un cálculo de precios-suelo y que estaría siempre dentro de la interprofesional y dentro de la
Administración llegar a esos métodos de cálculo.
Estudiaré con atención su propuesta porque lógicamente es un campo que es nuevo para mí, pero si puede aclararme algo en este aspecto, se lo agradecería.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ruiz de Pinedo.
En nombre del Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Martínez.
La señora MARTÍNEZ GRANADOS: Muchas gracias, presidente.
Le agradezco la comparecencia. Creo que la compañera portavoz Ana Oramas ha estado durante este día recalcando un poco la importancia que ella entiende que tiene esta problemática concreta del plátano de Canarias. Es cierto que la
documentación nos ha llegado un poco tarde, y al ser algo tan específico, en lugar de valorar o hacer alguna pregunta más, preferiría que hiciera toda la aclaración que pueda sobre lo que ha preguntado Ana o alguna cosa que se le haya quedado, todo
lo que pueda aclarar un poco más la problemática, porque en la tabla de la exposición veo que el problema está en la distribución y en la competencia con otros productos que vienen de fuera. Durante todo el día de hoy hemos estado hablando sobre el
coste efectivo de producción, que yo he preguntado a todos los comparecientes. ¿Por qué? Porque podría ocurrir -no valoro su caso, sino en general- que el hecho de establecer en el contrato el coste efectivo de producción pudiera crear ciertos
problemas con cierto tipo de productos. Por poner un ejemplo -no es igual por la diferencia del producto, por dónde está, que está en la isla, porque el transporte es diferente a otro dentro de la Península-, podría pasar con productos
agroalimentarios o agrícolas y ganaderos que tengan un arancel, por ejemplo. Los aranceles vienen por otro tipo de motivos y tienen un arancel que los asfixia y a otros no. Quizás el tema de elegir el coste efectivo de producción como el
método o el elemento que va a solucionar que se pague un precio justo por ese producto es una de las pruebas de que van a haber distorsiones si no se clarifica un poco cómo se va a utilizar y si realmente va a tener el peso para dar el poder de
negociación al sector primario.
Nos gustaría que nos aclarara un poco cómo se determina el coste de esta tabla, porque así vista de repente no termino de ver si ese coste es suyo como productora o de la distribución, y en todo caso ya estamos hablando de un coste que se
imputa. Si puede, vuelva a explicarlo y lo aclara, porque realmente vemos cómo llegan aquí dos productos, y entonces estaríamos hablando de lo que yo ya he comentado durante todo el día de hoy. Una cosa es el coste efectivo de producción y otra
cosa son los productos que vienen de fuera haciendo una competencia que habría que valorar si se hace adecuadamente, si ese producto cumple, como comentaba el anterior compareciente, con esos estándares que tenemos aquí en nuestro país. Aclárelo un
poco porque aquí estamos hablando de dos problemas que influyen mucho en el plátano de canarias. Estudiaremos toda la documentación.
Muchas gracias y disculpe, presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Martínez.
En nombre del Grupo Confederal de Unidas Podemos, tiene la palabra la señora Franco.
La señora FRANCO CARMONA: Gracias, señor presidente.
Gracias a la señora Delgado por su exposición. Nosotras tendremos en cuenta las propuestas y nos leeremos detenidamente el documento que nos ha hecho llegar para, a la hora de negociar las enmiendas, tratar específicamente el problema de
competencias que existe con el plátano de Canarias y las bananas, y como usted ha expuesto.
Me gustaría que me pudiese especificar más. Yo vengo de Andalucía, soy andaluza. Nosotras también sufrimos en Andalucía unos casos de competencia importante con el sector del aceite de oliva. No hay que irse mucho más allá, no solamente
en los ámbitos europeos, como pueden ser Grecia, Portugal o Italia, sino también en cuestiones internacionales, muy concretamente en Marruecos. Sin embargo, eso no lleva a los productores, a los olivareros y olivareras de Andalucía, a pedir que no
se pague al menos por encima o igual a lo que les cuesta producir. Me parece llamativo que en el caso de Canarias sí sea así. Por eso le quería pedir que aclarara un poco más este hecho. Entiendo que eso pueda estar relacionado quizá con los
acuerdos internacionales. Es más, nos podemos ir muy claramente a Mercosur. En la negociación de Mercosur hace muy poco hubo una reducción de arancel bastante importante, en concreto para las importaciones de la banana brasileña, que iban desde
114 euros la tonelada a 75 euros la tonelada. Si hay un problema importante, es cómo han negociado los tratados internacionales aquellos grupos parlamentarios que están aquí representados en esta Cámara, pero también lo están en el Parlamento
Europeo, que precisamente firman unos acuerdos, como es el de Mercosur, que dañan de forma importante a nuestras producciones y, en este caso, la producción del plátano de Canarias. Mi pregunta es: ¿No sería quizá una buena solución intentar
negociar los tratados internacionales teniendo en cuenta nuestra producción y defendiendo nuestros productos, que son productos de una enorme calidad, como está reconocido internacionalmente el plátano de Canarias, y tengan más o menos calidad
nuestras producciones, intentar reforzarla a la hora de negociar esos tratados internacionales y no dejarlos -discúlpeme la expresión que voy a utilizar, porque es muy coloquial- vendidos respecto a otros productos que vienen de otros países
terceros? Es más, ¿no sería bueno también hacer que, en esta ley que hoy estamos negociando sobre cadena alimentaria, se consiguiese que esas prácticas desleales respecto a países terceros se eliminasen, teniendo esos terceros países que aplicar la
ley española?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Franco.
En nombre del Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Vega.
El señor VEGA ARIAS: Buenas tardes, Ángela, muchas gracias por venir. Como se dice en nuestra tierra, seguimos manteniendo el saludo: buenas tardes, buenos días. Nuestras viejitas vencieron al sistema educativo de los profesores chachi
pirulis.
Vamos a centrarnos en lo que nos traen aquí, que es la Ley de la cadena alimentaria. Para ello, tenemos que asegurar, en primer término, el primer eslabón de la cadena, que es nuestros productores. Para ello, se trata de que no puedan
vender a pérdidas. En este sentido, nos gustaría conocer su opinión
acerca del régimen económico y fiscal para Canarias, en el que se establece que el agua de regadío tiene que ser al mismo precio que el agua en la Península. Este año el Gobierno no estableció la partida obligatoria que debe incluir para
esa partida. ¿Eso se incluiría en el precio efectivo?
Segundo. Otra cuestión es la obligatoriedad del contrato por escrito, y dentro de esa obligatoriedad, cuando uno de los operadores está establecido en España y el otro no, establecer que deberá indicarse expresamente en el contrato en qué
legislación se va a regular el mismo. Evidentemente, quizá estemos construyendo un puente para que el contrato se establezca, por ejemplo, por la legislación marroquí. Consecuentemente, no solo van a ser más baratos los productos de fuera de la
Unión Europea, sino que también va a ser necesario cumplir estrictas normas ambientales, sociales y sanitarias. Por ejemplo, el día 8 de enero saltó una red de alerta alimentaria en un producto prohibido en España, de origen marroquí, y cuyo riesgo
lo califican de indeciso. Calificar un riesgo de indeciso en legislación alimentaria es una barbaridad. Sigue siendo calificado como indeciso; procedente de Marruecos; notificación 2021.0093.
El señor PRESIDENTE: Se le ha acabado su tiempo, señor Vega.
El señor VEGA ARIAS: ¿Ya se acabó?
Muy bien. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vega.
En nombre del Grupo Popular, tiene la palabra el señor Ledesma.
El señor LEDESMA MARTÍN: Muchas gracias, presidente.
Gracias también, Ángela, por tu presencia. Para mí es un orgullo escucharte aquí, que traslades los problemas del campo de Canarias y exactamente que hables del plátano y de los problemas que tiene con la aplicación de la Ley de la cadena
alimentaria. Ya lo ha expresado, pero el sector primario -y que decirlo claramente- en Canarias sigue siendo una pieza fundamental en la estructura social y económica de las islas como un ámbito tradicional -usted sabe perfectamente de lo que estoy
hablando- que ayuda, además, a mantener el paisaje, la biodiversidad y la cultura.
En Canarias ha habido un abandono progresivo del campo desde la mitad de los años sesenta hasta nuestros días, y la razón es clara, la apuesta por el monocultivo del sector turístico. Pero cuando nos ha fallado el turismo, con la crisis
sanitaria que hemos tenido, se ha visto que el sector primario es un sector estratégico de la sociedad y de la economía canaria. Por lo tanto, creo que debe ser escuchado y por eso apoyamos su reivindicación en el sentido de dar a conocer su
problemática, que es totalmente diferente a la del resto.
Señora Delgado, el año pasado por estas fechas el sector se preparaba para unas movilizaciones por la situación dramática en la que se encontraba la agricultura canaria. Se había puesto fecha incluso, el 14 de marzo, a esa gran
manifestación que el coronavirus obligó a aplazar, pero me voy a ceñir ya a las preguntas para que no se me vaya el tiempo. ¿Cuál es la situación actual de la agricultura de Canarias? ¿Considera que los problemas del sector se han solucionado con
el Real Decreto-ley 5/2020 y con este proyecto de ley? ¿A día de hoy siguen vigentes los motivos para esa gran manifestación? ¿Qué efectos ha provocado la norma actualmente vigente desde el mes de febrero? Es decir, ¿se ha mejorado la renta
agraria a partir de la aplicación del real decreto?
Hay una cuestión que también ha estado presente en todas las intervenciones de la mañana y de la tarde a la que todos se han referido, pero a la que esta ley no da solución. A usted la ha escuchado muchas veces hablar de la competencia de
terceros países que no siguen las mismas reglas que nosotros y a los que no se les obliga a cumplir ninguna normativa ni fitosanitaria ni de seguridad alimentaria; y le pongo un ejemplo que algún compañero ya ha expresado. ¿Se puede competir con
Marruecos donde el nivel salarial es muy inferior a nuestro? ¿Usted cree que el campo canario puede competir solo con la diferenciación, con la calidad o con las compañías de marketing o necesitamos algo más? Como he dicho, el secretario general
del ministerio ha expresado esta mañana que cuando un producto no es capaz de alcanzar el valor que remunera a las partes es que hay que cambiar la manera de comercializarlo. Creo que es el desconocimiento total...
El señor PRESIDENTE: Tiene que acabar, señor Ledesma.
El señor LEDESMA MARTÍN: Pues termino.
Muchas gracias y le repito el agradecimiento por el mensaje que ha lanzado con respecto al campo canario.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ledesma.
Por último, en nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra la señora González.
La señora GONZÁLEZ PÉREZ: Buenas tardes, presidente, señorías.
En primer lugar, quiero dar la bienvenida a la presidenta de Asaga en Canarias y transmitirle mi satisfacción por su comparecencia en esta Comisión para expresarnos las inquietudes del sector platanero canario; inquietud que, como canaria y
representante del Partido Socialista en la región, comparto con usted.
Como usted y yo sabemos, el sector primario en Canarias tiene un peso importante en nuestra sociedad y en nuestra economía. Convendrá conmigo que la calidad del vino de Lanzarote; de los quesos de Fuerteventura; del tomate de Gran
Canaria; del plátano de Tenerife, de La Palma y de la Gomera; del aguacate de La Palma y de la piña tropical de El Hierro, por citar solo unos pocos ejemplos de nuestra magnífica producción, nos deba llevar a aplaudir una reforma de la ley que sin
duda va a proteger al gremio en los precios justos, las operaciones en Europa y a garantizar los contratos sin cláusulas abusivas o desleales.
El proyecto de reforma de la Ley de cadena alimentaria constituye la repuesta a las manifestaciones en nuestro sector primario en los primeros meses del año 2020. Constituye la respuesta a la realidad que escandalizó a los consumidores al
saber que los agricultores vendían los kilos de papas a céntimos y ellos los compraban a euro. Esta reforma de la ley constituye la respuesta a ese escenario radicalmente injusto, prohíbe las prácticas comerciales abusivas que repercuten
negativamente en los precios para el agricultor, fomenta la innovación y adapta la legislación española a la directiva europea. Entendemos la preocupación del sector platanero, que teme que la imposibilidad de marcar precios por debajo del mercado
les reste competitividad frente a la oferta bananera de otras latitudes, pero deben saber que la ley proporciona la suficiente flexibilidad como para que puedan ser recogidas todas las circunstancias, facilitando el acuerdo entre el comprador y el
vendedor a la hora de establecer el precio de venta, los costes de producción y su imputación.
La cadena de valor del plátano de Canarias, como la del resto de los productos agrarios y alimentarios procedentes de las islas, debe estar sujeta a un contrato en el que se especifique, como elemento principal, el precio. Debemos insistir
en que el propósito de esta ley es fortalecer las relaciones comerciales entre todos los agentes de la cadena. Sería paradójico que sectores específicos solicitaran su exclusión de las principales disposiciones para aumentar la competitividad del
sector a costa de destruir valor.
Señora Delgado, nuestra convicción de los efectos positivos de esta nueva regulación solo es equiparable a nuestra voluntad por contribuir al empoderamiento y mejora del sector primario. Queremos que nuestra confianza y nuestra seguridad
sean las suyas, y para ello puedo garantizar que el ministerio está a disposición de los profesionales agrarios canarios para explicar y aclarar cuantas dudas tengan al respecto.
Para finalizar, me gustaría hacer dos breves preguntas, señor presidente. Simplemente si pudiese contestarnos, señora Delgado, a las siguientes preguntas: ¿Cuántos puestos de trabajo genera el sector platanero en Canarias, concretamente
solo el sector platanero? ¿Cuál es el salario medio de esos trabajadores en la agricultura del plátano en Canarias?
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora González.
Finalizadas las intervenciones de los grupos, señora Delgado, tiene usted alrededor de quince minutos para responder y para culminar su intervención.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES Y GANADEROS DE CANARIAS, ASAGA (Delgado Díaz): Son muchas las cuestiones, todas interesantísimas. Yo querría insistir porque, efectivamente, la sensación que pueda trasmitir es que
tenemos el corazón partido, sobre todo dirigentes agrarios. Porque sí que sabemos que tenemos que cobrar dignamente nuestras producciones, y te lo dice alguien que lleva veintiocho años de presidenta de una cooperativa de papas, que las
regalábamos. Recuerdo oírle decir a mi padre que las guardábamos durante tres meses en cámaras frigoríficas y cuando llegaba septiembre los agricultores teníamos literalmente -y perdonen la expresión- que bajarnos los pantalones para que se
llevarán las papas al precio que los intermediarios quisieran. De aquellas circunstancias hemos cambiado, porque el mercado ha cambiado, porque las circunstancias son otras, los consumidores son otros. Hemos cambiado esas circunstancias y algunas
organizaciones y algunas personas del sector, entre las que me incluyo, hemos agarrado la comercialización por los cuernos y hemos intentado
dar soluciones. Y hemos pasado de costes de producción o de pagar 20 o 25 céntimos por un kilo de papas a esta última liquidación de junio de este año pasado en que liquidamos a los productores a un euro.
Nadie te podrá hablar como yo -quizá mejor, pero no más sufrido que yo- del tema de la comercialización. Yo presido una cooperativa de vino, la comarcal más antigua de Tenerife, San Miguel -es la mascarilla que llevo-, sesenta y dos años de
cooperativa. Creo en el movimiento cooperativo, soy una convencida del asociacionismo, pero bien hecho, bien llevado, bien pagados los agricultores. Ahora mismo tenemos ese sistema impuesto en el plátano de Canarias que nos ha costado muchísimo.
Lo que tiene el sector no es que no creamos en una ley, no es que no creamos en que la ley debe consensuarse y debe seguir creciendo, porque creo que dentro de este trámite parlamentario debemos entre todos aportar todo lo que la haga fuerte e
indiscutible para todos los subsectores dentro del sector agrario. Pero los productores, en concreto Plátano de Canarias, tienen miedo a que sus clientes decidan no tener problemas con la banana y sí tenerlos por encorsetar unas condiciones, unas
categorías o unos kilos. Aquí quiero decirles a todos, al representante Ruiz de Pinedo también, que nosotros no tenemos miedo a ese precio medio o a esa valoración media. Hemos tenido denuncias en el sector. Concretamente, tenemos una OPP que con
esta ley de 2013 tuvo una denuncia por no poner un precio, por unas especificaciones. Y no estamos hablando de que nosotros seamos intermediarios ni grandes operadores. Las OPP son productoras de plátano y ya tenemos alguna mala experiencia con
aquella ley de 2013. Si todavía encorsetamos más los contratos, al final nuestros clientes, los que se han fidelizado con Plátano de Canarias, van a decidir irse para evitar todos esos problemas por todo eso que hay que poner en un contrato y por
todo eso que hay que especificar y que en ningún momento del año podamos vender rozando el precio mínimo a los productores o en márgenes que no sean rentables. A cambio de no comercializar esos kilos, se va a producir la foto que les decía: ningún
productor de Canarias se puede permitir perder un 30 % de sus kilos porque no los puede meter en un contrato, ya que no es capaz de firmar con ningún cliente. No es por nosotros; nosotros estamos dispuestos a vender nuestra producción completa.
El problema y el temor del sector es que no encontremos clientes a quienes venderles con esas condiciones. Ese es el gran miedo del sector.
Nosotros no cuestionamos la bondad de la ley, queremos que siga creciendo, que sigamos aportando entre todos para hacerla mejor y, por supuesto, que mejore el eslabón débil, que seguimos pensando que son los productores. Pero esta ley de la
cadena no toca, por ejemplo, esas partes finales en las que se decide que 1 kilo de plátanos que se vende a 70 céntimos multiplique su precio por cuatro. Ahí la ley de la cadena, que yo sepa, no tiene ámbito ahora mismo, y el precio de venta de la
banana se multiplica por 1 o por 1,2. Entonces, ahí es donde nosotros vemos los miedos y los temores que tiene el sector, sobre todo ahora mismo, tras este año que ha sido complicadísimo. Piensen que en una zona como Canarias que vive -y ustedes
lo saben muy bien- prácticamente del sector turístico, que después de la pandemia está totalmente parado, miramos hacia el sector agrario. Pero es que hemos abandonado prácticamente todo el suelo agrario o porque ha sido invadido por todo tipo de
construcciones o porque -ya lo comentaba esta mañana Pedro Barato- tiene el coste del terreno más alto de España. Váyanse a Canarias a comprar 2000 o 3000 metros cuadrados para producir hortalizas. Y después de haber comprado ese suelo, no van a
poder producir porque no tienen agua, porque el agua es escasa y muy cara. Tenemos el agua más cara de Europa, entre 97 céntimos y 1 euro el metro cúbico. Me comentaba si es necesario ese dinero para el coste de desalación y depuración. Es
absolutamente necesario. Competimos con empresas que venden el agua para urbanizaciones, para los consumidores y, por eso, los agricultores no tenemos agua suficiente.
Tenemos numerosas vicisitudes en Canarias. Esta mañana hablaban de que el coste que hay que invertir en una hectárea para producir es de 500 euros, pues creo que nosotros rozamos los 25 000 o 30 000 euros por hectárea para producir
plátanos. El 40 % del producto es agua, a 80 o 90 céntimos el metro cúbico. Tenemos tanto coste que por eso el agricultor más grande de Canarias puede que sea equiparable con el más pequeño o con uno mediano de la Península. ¿Saben el tamaño de
los productores de Canarias? La media de metros por explotación en Canarias puede ser de 4000 o 5000 metros. Por eso es tan complicado. Por eso desde Plátano de Canarias se ha generado esa sinergia de unir pequeños productores, de que todos
cobren la categoría al mismo precio. Ese camino ya lo tenemos andado, no perdamos el camino tan duro que hemos recorrido. Tampoco olviden que este subsector se ha consolidado, ha logrado sobrevivir incluso con el descreste de los aranceles. Como
muy bien decían, se van descrestando los aranceles. Empezamos con unos aranceles muy altos y se han ido descrestando, porque ese fue el acuerdo en la OCM del plátano, ir descrestando los aranceles para enfrentarnos -digamos- al mercado exterior.
Hablaban también de paisaje. Pues sí, señor Ledesma, el sector primario es una pieza fundamental para Canarias porque es paisaje. Tenemos casi más parques nacionales en Canarias que en el resto de la Península; estamos protegidísimos, es
un suelo absolutamente protegido. Un productor no puede levantar una pared como quiera, tiene que levantarla como tiene que ser o como Medio Ambiente considera que debe ser. Además, tiene que responder a una serie de objetivos, como que tiene que
ser fácilmente lavable, que tenga cortavientos, que tenga en cuenta la altura que necesita la platanera para que no se la lleve el viento, los caminos no pueden ser asfaltados... O sea, tenemos que competir -también los ganaderos- con producciones
tremendas en la Península. Cuando un ganadero tiene cuarenta o cincuenta cabras no se le permite ya salir al campo, porque tampoco pueden estar las cabras sueltas. Tenemos tantas vicisitudes, que la agricultura en Canarias es una agricultura
heroica. Los invito aquí a cualquiera de ustedes que quiera visitarnos o que quiera bajar con una piña al hombro tres o cuatro huertas en alguna plantación de La Palma y cargarla a un camión. A un productor se le recogen quince piñas, luego el
camión para por otra finca y recoge veinte piñas, y vuelve a parar en otra finca y recoge cuarenta piñas. Nosotros no podemos competir con cuatro multinacionales americanas que son dueñas del comercio del plátano y que están intentando borrarnos
para quedarse como los reyes del mambo.
Vuelvo a repetir que Plátano de Canarias no confronta ni quiere confrontamientos con ningún subsector. Lo que queremos es que nos miren con cariño porque creo que hemos hecho una tarea, una labor heroica con un cultivo que estaba
prácticamente muerto cuando se abre el mercado peninsular, y queremos seguir manteniendo nuestro cultivo en Canarias, queremos seguir viviendo del campo. Yo soy una mujer rural, lo he sido toda mi vida y estoy orgullosa de serlo. Mi cultura se la
debo a que mis padres plantaron papas y tuvieron una época en que les fue bien. Yo pude estudiar, tengo mis estudios universitarios gracias a eso. Esa cultura del jable que decimos -el jable es un material pumítico del sur de Tenerife que permite
alargar los riegos durante más de quince días en los cultivos, porque somos un desierto- fue la que permitió que muchos de nuestra generación y otras posteriores pudiéramos estudiar. Por eso yo estoy orgullosísima del campo; llevo veintiocho años
de presidenta de una cooperativa de papas, de una cooperativa pobre, de las humildes; he tenido que buscar productores de plátanos y he tenido que buscar productores de todo tipo para que mi cooperativa saliera adelante, y les digo que soy
defensora de las cooperativas, soy defensora del asociacionismo y de que juntos podemos ir más lejos. Pero vuelvo a repetir, ese trabajo nosotros ya lo tenemos adelantado con respecto a otros subsectores, lo tenemos muy adelantado pero tenemos el
grave temor de que todo lo que hemos trabajado durante todos estos años se nos pueda venir abajo por no tenerlo en cuenta o porque nuestros clientes decidan comprar bananas en lugar de comprar plátano de Canarias. Si tuviera que resumir en una idea
cuál es el temor, el temor es ese, que nuestros clientes vean una mejor oportunidad o vean la ausencia de sanciones en comprar fuera de España y vean en nosotros un cartel que diga: ¡Cuidado, que como te pongas un precio por debajo del coste de
producción te van a crujir! Ese es el gran temor de los productores, porque, vuelvo a repetir, nos hemos enfrentado a multinacionales, nos hemos enfrentado a los costes de producción más altos de Europa y seguimos en pie, seguimos unidos; seguimos
en pie con nuestros problemillas, porque somos ocho mil productores y habrá ocho mil opiniones dentro del sector, como dentro del sector español puede haber diferencias entre los de una provincia y los de otra, pero hemos sobrevivido. Creemos que
el nuestro es un modelo a seguir y por nosotros no va a quedar que hagamos todo lo posible.
Muchísimas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Delgado, por su intervención.
Gracias también a los distintos portavoces de los diferentes grupos parlamentarios. Perdonen si en algún momento he hecho una labor semipolicial, pero gracias a eso hemos empezado a las nueve de la mañana con un horario y con una
programación de una hora por cada ponente, y solo hemos tenido una demora de catorce minutos. Por tanto, creo que es bastante importante seguir esa disciplina porque, más allá de esto, también existe vida y así podemos acabar a una hora prudencial
y, sobre todo, por respeto a las personas que intervienen, para que no tengan que estar esperándonos más tiempo del que se les ha citado. Por tanto, muchas gracias a todos y mañana a las nueve nos vemos otra vez en la sala Cánovas.
Por favor, pido que nos quedemos un portavoz por cada grupo y los miembros de la Mesa que quieran para comentar una cuestión.
Gracias.
Se levanta la sesión.
Eran las siete y cuarenta y cinco minutos de la tarde.