CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2020 XIV LEGISLATURA Núm. 254

JUSTICIA

PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª ISAURA LEAL FERNÁNDEZ

Sesión núm. 15

celebrada el lunes,

21 de diciembre de 2020

ORDEN DEL DÍA:


Comparecencia del señor ministro de Justicia (Campo Moreno), a petición propia, para informar sobre el desarrollo del plan Justicia 2030. (Número de expediente 214/000081) ... (Página2)

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Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.


La señora PRESIDENTA: Buenas tardes, señorías. Vamos a proceder a dar inicio a la sesión de la Comisión de Justicia correspondiente a la comparecencia, a petición propia, del señor ministro de Justicia. Recuerdo a los señores y las
señoras portavoces de los grupos parlamentarios que, conforme al acuerdo adoptado por la Mesa, las intervenciones se desarrollarán de menor a mayor por un tiempo de siete minutos para cada portavoz. No está previsto, en principio, turno de réplica.
En caso de que algunos de los portavoces quisieran hacer uso del mismo con carácter excepcional, tendrían un tiempo de dos minutos.


Agradeciendo una vez más la disposición del ministro de Justicia a comparecer ante esta Comisión, le doy la bienvenida. Tiene usted la palabra.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Campo Moreno): Muchas gracias, presidenta. Señorías, muy buenas tardes a todos.


Para mí es un placer acudir a esta Cámara y comparecer ante ustedes. La Comisión de Justicia es, sin duda, uno de los principales órganos impulsores de las políticas públicas de justicia. Créanme cuando les digo que me tomo muy en serio
todo el trabajo que aquí se desarrolla. Vengo a comparecer, vengo a rendir cuentas, pero, sobre todo, a escuchar. Hasta hace poco yo estaba ahí sentado y conozco de primera mano lo que implica ser diputado en la Comisión de Justicia. Sin el
trabajo de sus señorías nuestra labor como ministerio se vería realmente mermada, así que permítanme que comience agradeciendo su actitud colaboradora y el clima siempre proclive al acuerdo que reina en esta Comisión, en la que, sin duda, su
presidenta tiene mucho que decir, y permítanme que continúe con el agradecimiento porque, sin duda, la buena relación y el saber entenderse permiten llegar a grandes logros.


Como saben, comparezco a petición propia en cumplimiento de un compromiso adquirido con ustedes desde el inicio de esta legislatura. Es la tercera vez que acudo en este 2020 que ahora acaba. Además, el secretario de Estado ha comparecido
dos veces en octubre para rendición de cuentas de las actuaciones llevadas a cabo por el ministerio y otra, una tercera, para explicar los Presupuestos Generales del Estado para 2021. También el subsecretario ha comparecido aquí tres veces en este
mismo año: dos para el preceptivo informe sobre indultos y otra para exponer los presupuestos. Creo que pocos equipos ministeriales de Justicia han mostrado esta deferencia, voluntad de transparencia y cumplimiento escrupuloso de los compromisos
parlamentarios.


Intentaré no repetir ideas y planteamientos expuestos aquí con anterioridad y avanzar, avanzar en los planes de futuro ahora, que ya tenemos un nuevo horizonte presupuestario. Nunca había estado España tanto tiempo con unos presupuestos
prorrogados y, sin duda, es una buena noticia para el país que el Senado pueda concluir la tramitación en muy pocos días. Lo que me gustaría con esta comparecencia es que sus señorías sacaran dos cosas claras: la primera, que en el Ministerio de
Justicia hemos hecho los deberes, que cumplimos con nuestros compromisos, no solo los formales, y podemos tener en esta comparecencia a fin de año resultados concretos, y, en segundo lugar, quiero dar cuenta del proyecto Justicia 2030, ese que les
adelanté el pasado 17 de febrero, que hemos readaptado al contexto COVID y al Plan de recuperación y resiliencia. Este plan, que ya estamos implementando, constituye la hoja de ruta del Gobierno en materia de justicia, ahora mucho más definida, y
reúne un amplio abanico de medidas concretas, que son las que consideramos imprescindibles para la transformación del modelo de justicia en nuestro país y creo que pueden ser perfectamente asumidas por todos los grupos de esta Comisión, una suerte
de acuerdo de Estado sobre las políticas públicas de justicia para los próximos diez años.


Estas dos ideas, señorías, quiero enmarcarlas, y quiero hacerlo desde el inicio en las dos variables que a su vez definen nuestro contexto, muy diferente al que teníamos en febrero, cuando les presenté las líneas generales del departamento:
de un lado, en la pandemia y la crisis sanitaria, respecto de las que, aunque creo que lo peor ya ha pasado y estamos cerca de la vacuna, no podemos bajar la guardia; afrontamos ahora unas fechas tremendamente difíciles y un periodo de duración más
incierto de lo que quisiéramos, en el que tendremos que mantener medidas sanitarias, que cada uno podrá entender lo gravosas que considere, de modo que tenemos esperanzas para 2021, pero también debemos mantener a tope la responsabilidad-, y de otro
lado, la recuperación y la transformación económica que se inicia con el nuevo ciclo presupuestario y la financiación que la Unión Europea va a movilizar para ello. Lo vengo repitiendo desde hace meses: el sector justicia tiene que ser palanca de
recuperación económica, y, al mismo tiempo, el nuevo ciclo económico tiene que estar condicionado al fortalecimiento y el desarrollo del Estado de derecho, en línea con las políticas europeas en la materia. Creo, sinceramente, que lo que

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queda de legislatura estará enmarcado por estos dos procesos, y a ello tenemos que adaptar también nuestro planteamiento.


Procedo, por tanto y sin más dilación, a desarrollar mi intervención, con un breve desarrollo del primer punto, qué hemos hecho desde la última vez que comparecí, porque de esto se trata, de rendir cuentas. Creo que hasta los más acérrimos
miembros de la oposición reconocerán que hemos hecho al menos algunas cosas. Espero convencerles de que, si no todas, al menos la mayoría han sido pertinentes, necesarias y positivas para nuestra ciudadanía. En este sentido, permítanme que
parafrasee a Demóstenes con una cita que me gusta mucho: No hay nada que traiga más felicidad a los corazones que las promesas cumplidas. Así pues, les traigo, espero, algo de felicidad a sus señorías en forma de promesas cumplidas por este
ministerio. No les enunciaré todas, puesto que son muchas, pero sí las más relevantes. Quiero contarles eso, las promesas cumplidas. Siempre suelo decir que el Ministerio de Justicia es el ministerio de las leyes: hacemos leyes, informamos la de
otros ministerios y velamos por el cumplimiento de las mismas.


Permítanme que comience por las tres iniciativas legislativas más importantes de este periodo, que a su vez dan cumplimiento a tres importantes compromisos. La primera es la ley de eficiencia procesal. Acabamos de aprobar, no hace ni una
semana, en Consejo de Ministros el anteproyecto de ley de eficiencia procesal, que constituye nuestra apuesta por la agilización, pero también por la sostenibilidad procesal del servicio público. Forma parte de una estrategia quirúrgica para
intervenir de manera muy medida en puntos esenciales de nuestro proceso organizativo y tecnológico. Con esta ley potenciamos de manera decidida los medios adecuados de solución de controversias con un doble objetivo: aumentar la sostenibilidad al
reducir la litigiosidad de nuestros tribunales, y, por otro lado, promover la cohesión social a través de nuevas formas para solucionar determinadas controversias desde el diálogo y la negociación; más negociación y menos litigiosidad. Imaginad
que en los juzgados civiles y mercantiles se pide a las partes con carácter previo al litigio que intenten negociar y pactar por sí mismas o por mediación de un tercero, añadir incentivos económicos y procesales para esa negociación. El resultado
es que una parte, aún no sabemos cuántos, no llegan a juicio. El conflicto se resuelve antes, de manera más ágil y más efectiva, pero, sobre todo -y estarán de acuerdo conmigo-, más satisfactoria. Señalé en la presentación del anteproyecto que, si
logramos resolver por esta vía uno de cada cuatro conflictos, podemos obtener una reasignación de recursos estimada en 380 millones de euros. Eso es eficiencia, eficiencia cuantificada. Tras sus intervenciones, si lo estiman oportuno, podré
ofrecer más datos y detalles sobre el análisis empírico que soportan estas afirmaciones y nuestras políticas públicas en la materia y otras medidas que se ponen en marcha en esta ley.


En segundo lugar, Ley de Enjuiciamiento Criminal. En febrero de 2020 en esta misma Comisión me comprometí a presentar el anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal antes de fin de año. Pues bien, el pasado 24 de noviembre se aprobó en
el Consejo de Ministros. Esta es quizá la iniciativa que más orgullo me genera como ministro y como jurista, puesto que no es solo una necesidad imperiosa, sino que tiene un importante potencial transformador. Espero que pronto ese orgullo se
extienda a todos ustedes, puesto que necesariamente la Lecrim, la nueva Lecrim tiene que ser -y lo digo subrayándolo- un proyecto colectivo, porque es un proyecto de país. Es, sin duda, la ley pendiente en los últimos cuarenta años, me atrevería
decir que en los últimos ciento cuarenta años. Es la ley que vertebra esa nueva justicia adaptada a nuestra democracia y al modelo europeo del proceso penal. No me detendré en sus pormenores, sin perjuicio de que pueda aclarar lo que consideren
oportuno; estoy seguro de que tendremos tiempo para hablar, discutir y reflexionar largo y tendido sobre esta ley. Sí les diré que me conformaría al menos, como ministro de Justicia, con terminar mi etapa consiguiendo un alto consenso para aprobar
esta ley, me iría más que satisfecho, créanme. Ahora mismo se encuentra en una fase de informe y observaciones de los demás ministerios, pronto iniciaremos su discusión en consulta pública y recabaremos los informes preceptivos, y confío en que
antes del verano entre en esta Cámara como proyecto de ley.


En tercer lugar, fiscalía europea. Estrechamente vinculada a la nueva Lecrim, también el 24 de noviembre el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de ley orgánica de la fiscalía europea. Ello supone el cumplimiento de un compromiso
con Europa, además de un importante paso hacia la convergencia. Es la punta de lanza de nuevo modelo procesal penal y nos coloca a la vanguardia de la justicia en Europa.


En el apartado de compromisos cumplidos también es obligado referirse a las medidas impulsadas para afrontar la crisis derivada de la COVID-19. Son muchas, y la mayoría ya las conocen. No me

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detendré en este punto, puesto que tanto el secretario de Estado en su comparecencia, como yo mismo en diversas ocasiones hemos detallado tanto las medidas adoptadas, como su impacto. Solo diré, más bien repetiré que todo este esfuerzo no
es mérito exclusivo del Ministerio de Justicia, ya que nos han acompañado y nos siguen acompañando en esta lucha todas -han oído bien, todas- las comunidades autónomas con competencias en materia de justicia, también la Fiscalía General del Estado,
el Consejo General del Poder Judicial y los distintos colectivos profesionales y sindicales. Es un esfuerzo conjunto que ha permitido mantener y reforzar el servicio, un esfuerzo que es justo reconocer y, desde luego, por mi parte agradecer; y es
un esfuerzo que también reconozco y agradezco a esta Cámara, que apoyó de manera mayoritaria la Ley 3/2020, lo que nos ha dado la cobertura legal necesaria para desplegar todas estas medidas anticrisis. Y en relación con esta Ley 3/2020, tengo que
señalar que también hemos cumplido con el compromiso adquirido de crear treinta y tres nuevas unidades judiciales en este mismo año. Ustedes lo dispusieron y en el tiempo comprometido hemos cumplido. Ese es el talante de este Gobierno y de este
ministerio.


Quiero destacar también en este rápido repaso las medidas adoptadas para luchar contra la violencia contra las mujeres. En este ámbito tampoco hemos dejado de trabajar, lo que se ha materializado en el nuevo protocolo de valoración forense
urgente del riesgo de violencia de género. Con este nuevo protocolo, todos, todos los profesionales de los institutos de medicina legal y ciencias forenses de todo el Estado tendrán acceso al sistema VioGén. Además, en el territorio del ministerio
hemos implementado las guardias forenses de veinticuatro horas y hemos aumentado el número de estas unidades. Las dotaciones presupuestarias en materia violencia de género por parte del Ministerio de Justicia para el año próximo ascienden a casi 67
millones, un 13,7 % más. Es una clara apuesta de este Gobierno y de este ministerio por el desarrollo de las políticas relacionadas con la violencia contra las mujeres. Y hay más cosas, muchas más: hemos constituido y seguimos trabajando en la
comisión para el derecho de defensa; hemos aprobado nuevos planes formativos para el Centro de Estudios Jurídicos, adaptados a la situación sanitaria; estamos potenciando el uso del ADN para la investigación penal; ya hemos iniciado en oficinas
consulares el despliegue del nuevo sistema informático del Registro Civil; hemos digitalizado la Audiencia Nacional y estamos en el Tribunal Supremo; hemos puesto en marcha la Oficina del Dato, en colaboración con todas las comunidades autónomas;
seguimos desplegando sistemas de cita previa e inmediación digital para todo el país; hemos trabajado en numerosos ajustes normativos, tanto concursales, como procesales para combatir mejor esta pandemia; hemos estabilizado la oferta de empleo
público del sector justicia, con unos excelentes presupuestos para el año que viene en este punto, y no quiero dejar de mencionar los planes de choque que ya han empezado a funcionar para potenciar la viabilidad de los juzgados sociales, mercantiles
y contencioso-administrativos, con una dotación en la disposición décimo novena del Decreto 11/2020, por el que se apoyan estos juzgados, que, sin duda, van a soportar la mayor parte del incremento de litigiosidad. Señorías, por hacer, hasta hemos
recuperado el Pazo de Meirás para el patrimonio público, gracias a la excelente actuación de la Abogacía del Estado. Igual se me nota la inmodestia, pero reconozco que estoy muy muy satisfecho con el trabajo que se ha llevado a cabo.


Con esta primera parte de mi intervención espero haber obtenido su confianza, al menos el beneficio de la duda, pues creo que presento una hoja de servicios que acredita trabajo, compromiso y transparencia. Puede que discrepen de todas o de
alguna de las medidas que hemos puesto en marcha, pero no pueden dejar de reconocer que avanzamos y que lo hacemos por el camino comprometido y marcado con todos ustedes. Con esa confianza encaro ahora esta segunda parte, relativa a lo que queremos
hacer en el futuro. No obstante, suelo comenzar mis intervenciones sobre Justicia 2030 diciendo que el futuro es ahora. Hace un par de semanas compartimos el proyecto Justicia 2030 con las comunidades autónomas y hace unos días con el resto de
ministerios. Con estos y con otros actores estamos completando un documento marco completo, que también pondremos a disposición de todos ustedes para enriquecer el debate, aunque no se hará público hasta el mes de enero, porque quería que sus
señorías lo conocieran antes.


Justicia 2030 es una estrategia a diez años, desarrollada en cogobernanza y que impulsa el Estado de derecho y el acceso a la justicia como palancas de la transformación de un país, una estrategia para la transformación del servicio público
de justicia. La calidad del Estado de derecho y un servicio público de justicia eficiente aseguran los derechos y las libertades, promueven el desarrollo económico, el crecimiento inclusivo y un clima adecuado para las inversiones. Pero una
transformación de ese tipo no se puede improvisar, requiere tiempo y una implantación programada, que no afecte a su funcionamiento habitual. Además, por su duración, este plan va a ser desarrollado por distintos equipos de Gobierno, por

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lo que su base es el diálogo, la transparencia y la cogobernanza. La meta es que en diciembre 2030 se hayan ejecutado todos los proyectos, formen parte del servicio público de justicia y los indicadores de la transformación estén en los
parámetros esperados. Todos sabemos que el edificio judicial es demasiado grande y, si me permiten, demasiado complejo para remodelarlo en una legislatura. Es una obra faraónica, hay que hacerlo con cuidado, como en el juego de la Jenga; hay que
saber colocar las piezas estratégicamente para que se sostenga la estructura y poder ir colocando más, porque, cuidado, si mueves la pieza equivocada, pueden caerse muchas, todas. Se trata de mover la justicia en 10º para conseguir cambios de 180.


En Justicia 2030 partimos de un diagnóstico, de un análisis de lo que está pasando fuera y dentro de la justicia. Un cambio de época está en marcha, marcado por la transformación digital y la crisis ecológica, y todo ello acelerado por la
COVID-19. Ahora bien, ¿cómo afecta este cambio de paradigma a la justicia? Todos sabemos que el modelo actual de justicia no funciona adecuadamente, y no reconocer la realidad solo nos llevaría a un diagnóstico errado. ¿Dónde está el problema?,
se preguntarán. ¿Por qué se dice que la justicia no funciona bien o va lenta? Hay un problema de recursos insuficientes u obsoletos, pero no es solo un problema estructural. Según los datos de CEPEJ 2018, el gasto en justicia en España es de 79,1
euros por habitante, por encima de la media europea, establecida en 64 euros. Sin duda, también hay un problema de recursos de personal, pero no es un problema de escasez. La media agregada de jueces y LAJ en España es de 20,9 profesionales por
cada cien mil habitantes, situándose en la media de los países de la Unión; además, en relación con otros profesionales de la Administración de justicia, la ratio es superior a la media. Sin embargo, no es suficiente, y por eso en un año
ofertaremos -300 ahora y 240 lo largo de 2021- 540 plazas para jueces y fiscales. Y se comprueba también en los datos de la Comisión Nacional de Estadística Judicial que, independientemente de que el número de asuntos aumente o disminuya, de que se
creen más juzgados, la tasa de resolución se mantiene invariablemente alrededor del 1, y, por si alguien no sabe lo que es la tasa de resolución, es ese cociente entre los asuntos resueltos y los asuntos ingresados.


Entonces, ¿cuáles son, señorías, los problemas de la justicia? Un análisis en profundidad permite ver que el problema tiene distintas causas simultáneas. No se trata solamente de un problema de recursos, que hacen falta. ¿Se imaginan
ustedes que invirtiéramos 400 millones de euros en trasformación digital de la justicia y siguiéramos con un proceso penal, que data de 1882? Creo que saben por dónde voy. Antes que nada tenemos que repensar bien cuáles son los elementos de las
estructuras y los procedimientos actuales que tenemos que reformular: primero, los procedimientos y sus garantías, detectar el cuello de botella y desatascarlo, la eficiencia procesal, la desjudicialización de los conflictos, con apuesta fuerte por
la mediación, y luego la tecnología, que impulsa y actúa como palanca de cambio. Por tanto, nos encontramos con una organización inadecuada, asignación de recursos ineficiente, un modelo de gobernanza poco efectivo y normas y procedimientos fuera
de la actualidad.


Si el problema de la justicia son los recursos y la organización, entonces el momento es ahora. Ahora disponemos de los recursos, con los fondos europeos, y de un espíritu transformador de las infraestructuras organizativas y procesales.
Pero, como dije antes, no es solo una cuestión de recursos, es saber colocar las piezas adecuadas de manera estratégica, dónde invertir los recursos, que siempre son escasos. Tenemos que pasar de un sistema de justicia para el 6 %, que es una
realidad -en realidad, el porcentaje de población que se relaciona con la justicia, exceptuado el Registro Civil-, a una justicia del 60 %. La ensanchamos por arriba y por abajo, conectando con amplios sectores de la ciudadanía y con los ejes del
proyecto de trasformación del país. Por eso mismo hemos alineado Justicia 2030 con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en el servicio público de justicia. Justicia 2030 es el plan de trasformación aplicado a la justicia y
pensamos que es un auténtico proyecto de país. Señorías, la estrategia se va a desarrollar hasta 2026, con un plan financiero detenido y definido en 410 millones de euros, y con exigencia de rendición de cuentas por los objetivos cumplidos. Para
el año que viene vamos a contar con 28 millones, que podemos duplicar. Evidentemente, alguien podrá cuestionar que solo son 28 millones, con capacidad de poderlo duplicar, a lo que responderé que es cierto pero que además vamos a invertir otros 382
millones en las dos anualidades siguientes, porque queremos hacerlo bien y contando con todos ustedes. Queremos sentar las bases normativas, organizativas y tecnológicas que maximicen el potencial transformador de esos recursos adicionales. Por
encima del oportunismo político está la responsabilidad, y por eso la financiación de los proyectos Justicia 2030 va a estar planificada, medida y cogobernada. Como saben, las comunidades autónomas que tienen competencias en materia de justicia
serán pieza esencial en este nuevo modelo de cogobernanza, ya aprobado en la conferencia sectorial de Lerma del 23

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de julio pasado, porque este proyecto no podemos hacerlo solos. Si queremos que la cogobernanza sea algo más que el concepto político de moda, tenemos que ir a estructuras sólidas y estables, sobre todo para el sistema de gestión procesal,
para unificarlo y hacerlo eficiente.


Todo esto del diagnóstico y los fondos está muy bien, pero supongo que también querrán saber en qué consisten los proyectos. Justicia 2030 tiene cuatro niveles de acción, tres grandes objetivos, nueve programas, veintisiete proyectos y
cuarenta y siete subproyectos, todos ellos con un impacto real y memoria económica. Todos los objetivos y proyectos forman parte de un mismo ecosistema. Activamos nueve puntos de impacto sistémico, desde donde se produce un doble desarrollo, que
ensancha y conecta el servicio público de justicia: por un lado, hacia la ciudadanía, que necesita que la trasformación haga el servicio más accesible, más ajustado a la demanda social cotidiana y asegurando que nadie se quede atrás -la gente tiene
que entender el sistema con facilidad, tiene que sentirlo cerca-, y, por otro lado, la conexión del servicio con el proyecto de país y la construcción europea en el nuevo contexto. La justicia, como sector y desde su función constitucional, puede
contribuir a la activación económica, la transición ecológica, la lucha contra la despoblación, la cohesión social, la educación, el ejercicio de los derechos humanos y la prevención de la corrupción. Destacaré por encima los grandes objetivos y
sus ejes o programas, aunque, si quieren, puedo entrar en detalles durante las réplicas. Además, en unas semanas les haremos llegar el documento con todo el proyecto.


En un primer nivel, tres grandes objetivos. El primero, hacer accesible la justicia, es decir, conectar con la sociedad y la ciudadanía. Cuando hablamos de hacer accesible la justicia hemos tenido en cuenta dos aspectos fundamentales que
afectan a todas las administraciones que prestan servicios directos a la ciudadanía: uno, el salto a digital, que, créanme, señorías, es inevitable, ya llegamos con retraso. Vamos a pasar del vuelva usted mañana de Larra a que no hace falta que
usted venga porque ya tiene todas las herramientas necesarias en su teléfono móvil. Ahora bien, de otro lado, tenemos que hacer este salto digital accesible a los usuarios digitales, a los profesionales con nuevas formas de trabajar -hemos
instalado más de diez mil puntos de acceso remoto al teletrabajo, pero aún es muy insuficiente-, y a las personas que seguirán utilizando la asistencia analógica. Esta última hay que reforzarla precisamente para que un 30 % de la población -brecha
digital- no quede fuera del sistema. De este objetivo se desprenden en un segundo nivel tres programas concretos, que son: accesibilidad a la justicia, donde incluimos proyectos como el de acceso universal, con especial hincapié en el sistema de
asistencia jurídica gratuita, y un lenguaje accesible; en segundo lugar, profesionales de la justicia, ya que debemos rediseñar el marco profesional de los diferentes colectivos, contando con todos, alrededor de 252 000 personas que forman parte
del servicio público de justicia, además de asociaciones e instituciones diversas, y, en tercer lugar, atención a las nuevas realidades sociales, especialmente a los colectivos más vulnerables, esto es, personas con discapacidad, personas migrantes,
víctimas del delito y personas mayores.


El segundo gran objetivo es mejorar la eficiencia de la Administración de justicia, introducir mejoras aprovechando el cambio digital y el contexto social. Es el objetivo orientado a la mejora interna del servicio, eficiencia que puedo
situar en tres niveles: la organizativa, la procesal y la digital, que se corresponden con tres programas. En primer lugar está la eficiencia organizativa, que incluye un paquete de medidas legislativas para dar carta de naturaleza a la
reorganización de todo el sistema, pivotando en los tribunales de instancia y la oficina judicial. La eficiencia organizativa incluye también un proyecto que especialmente me agrada y me parece perfecto para explicar esa idea de ensanchar el
servicio público de justicia, el relativo a las oficinas de justicia en los municipios. Se trata de recrear los juzgados de paz del siglo XXI, con una atención personalizada que acerque la justicia al ciudadano. Aportamos una sede física, como son
los juzgados de paz, presentes en todo el territorio, para reconvertirlos en un punto de encuentro en un contexto de envejecimiento de la población y de despoblación de la España rural. Con el proyecto de oficinas municipales de justicia se
pretende ofrecer a los ciudadanos unos servicios sin tener que desplazarse hasta la sede de cabeza de partido, como hasta ahora, a la vez que se aprovechan los medios estructurales de los que se dispone actualmente en esos municipios. Y en nuestro
empeño de hacer la justicia accesible para todos, este proyecto está estrechamente ligado a otro, a la accesibilidad de las personas mayores en el contexto de la accesibilidad analógica al servicio público de justicia. Señorías, en esto consiste el
concepto de ensanchar la justicia. El segundo eje se refiere a la eficiencia procesal, cuyo núcleo es la adaptación procesal a los cambios por la incorporación de los medios adecuados de solución de controversias, los MASC, que ahora aparecen en la
Administración de justicia de una manera más contundente. Como les expuse, hemos avanzado bastante en este aspecto con la

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aprobación la semana pasada del anteproyecto de ley. Y en tercer lugar, la eficiencia digital. Se trata de generar un marco normativo para la digitalización en el servicio público de justicia y desarrollar todas y cada una de las
herramientas que conecten con la eficiencia organizativa y procesal. Es la parte que muchos podrían considerar de ciencia ficción, pero la verdad es que ya es real. Muchos de los proyectos ya se han comenzado a poner en marcha durante la pandemia:
inteligencia artificial, la justicia orientada al dato, firma digital, juicios telemáticos, expediente judicial electrónico o intercambio de datos interadministrativos; la justicia que usa los algoritmos y las matemáticas.


El tercer objetivo de Justicia 2030 es contribuir al proyecto país, a la transición económica, social y ambiental, conectar con la propuesta dual. Es el objetivo orientado a conectar la justicia con la transformación del país. De este
objetivo, en un segundo nivel, se desprenden otros tres programas o ejes, que son los siguientes: en primer lugar, servicios a la ciudadanía, que conecta el acceso individual al servicio público de justicia con el de otras administraciones y
asegura la calidad del servicio. En segundo lugar, sociedades sostenibles, que persigue asegurar la aportación global del servicio público de justicia a la construcción del Estado de derecho en la Unión Europea y al proyecto de país. De aquí parte
otro proyecto que a mí, personalmente, me satisface, y que conecta la justicia con la transición ecológica, el de las sedes judiciales sostenibles. Este proyecto implica variar y mejorar la rehabilitación de edificios judiciales, entre ellos las
instalaciones de sistemas de producción de energías renovables. Esto expande por completo las potencialidades de las instalaciones de justicia y las conecta con la sociedad. Seguimos ensanchando, conectando la transformación de la justicia y
haciéndola útil a la transformación y transición ecológica. Y un tercer eje, un eje dedicado a la coordinación y cohesión institucional.


Justicia 2030 es un proyecto dinámico, que parte de la idea de justicia del futuro que queremos, pero que se nutre de la participación de todos, de eso que he denominado o se ha denominado cogobernanza y se hace más fuerte, porque queremos
que perdure, y queremos que sea lo más consensuado posible. Nace para ser mejorado en base al diálogo, la cooperación y la gobernanza con los actores de la justicia y la sociedad civil. A los proyectos y subproyectos a desarrollar se podrán sumar
las administraciones que quieran en función de sus necesidades y de sus propios intereses.


Voy concluyendo, señorías. Como pueden ver, Justicia 2030 es sobre todo una hoja de ruta a formalizar entre todos. Es un proyecto ambicioso, pero les puedo asegurar que tremendamente realizable y factible. Es la estrategia de mejora y
adaptación a los cambios. No toca todo, ni a veces, según algunos, lo más importante, sino que toca lo estratégico, como si fueran agujas de acupuntura que mejoran el sistema de forma sistémica. La respuesta, como entenderán, solo puede ser
conjunta. Parafraseando el famoso eslogan de la campaña de Bill Clinton: 'Es la cogobernanza, estúpido'; es la clave del momento que atravesamos. Y todo ello por un fin: la justicia sostenible, para ser útiles, para contribuir a resolver los
problemas de la ciudadanía en un mundo que ha cambiado por completo. Por eso, señorías, como sé que comparten ustedes ese objetivo por mejorar nuestro país y nuestra justicia, quiero proponerles un trato. Lo introduciré con un poco de poesía,
puesto que ya es el final de mi primera intervención en esta comparecencia, y podemos relajarnos. Cito a Benedetti en uno de sus más conocidos poemas: 'Usted sabe, puede contar conmigo, no hasta dos o hasta diez, sino contar conmigo.' Un poco más
tarde Benedetti, después de ofrecer, también pide: 'Pero hagamos un trato. Yo quisiera contar con usted. Es tan lindo saber que usted existe, uno se siente vivo. Y cuando digo esto, quiero decir contar, aunque sea hasta dos, aunque sea hasta
cinco.' Pues bien, quiero pedirles, señorías, que se comprometan con los principios y objetivos de Justicia 2030. Quiero contar con todos y cada uno de ustedes. Saben que no es un proyecto cerrado y que aún estamos construyéndolo, pero soy
consciente de que comparten la inmensa mayoría de su contenido actual. Por eso no me cabe duda de que, al igual que lo harán otras instituciones y colectivos de la sociedad civil, el arco parlamentario en pleno puede y debe comprometerse con la
hoja de ruta que les acabo de presentar. Súmense a Justicia 2030, háganlo propio y conviertan ese modelo en un proyecto de país. Tenemos un reto difícil, pero apasionante. Merece la pena, merecerá la pena. El cambio es un hecho, la
transformación depende de nosotros. Esta vez tenemos los recursos, tenemos la hoja de ruta y los tenemos a ustedes, señorías, actores fundamentales para llevar este proyecto ambicioso a buen puerto.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.


A continuación, vamos a proceder al turno de portavoces. Tal y como les habíamos indicado, será de menor a mayor, y por tanto le corresponde el turno de intervención al portavoz del Grupo Parlamentario Bildu, el señor Iñarritu García.

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El señor IÑARRITU GARCÍA: Muchas gracias, señora presidenta.


Señor ministro, muchas gracias por comparecer hoy aquí. Tengo varias cuestiones relativas a la Lecrim, específicamente, pero antes de ello y teniendo en cuenta que usted decía que viene hoy a escuchar y también a rendir cuentas, tampoco le
extrañará si comienzo hablando de lo que está ocurriendo con el Consejo General del Poder Judicial que, desde mi punto de vista, es un hecho extraño, no por nuevo, no es inédito, pero sí es extraño que haya unos señores que estén prácticamente en
rebeldía. Que haya caducado el mandato del Consejo General del Poder Judicial no es algo nuevo. De hecho, la prensa ultraconservadora le señalaba a usted mismo durante estos días por haber estado en un consejo fuera del mandato. Pero lo que
ocurre en este momento es que estas Cortes Generales han decidido aprobar una proposición para completar una laguna de ley que existía, que es qué hacer con el Consejo General del Poder Judicial en funciones para paralizar algunos nombramientos, con
un objetivo que, desde mi punto de vista, es loable. Pero hemos visto que estos señores y señoras no están muy contentos con la situación y siguen adelante.


Leía en una entrevista reciente que le realizaba el diario El País que usted se había fijado un plazo para que el Partido Popular llegara con ustedes a un acuerdo. Hemos superado ese plazo y este partido sigue poniendo otras condiciones,
que no hace falta ser Pericles para saber que no se van a cumplir nunca. Siempre habrá una excusa para no llegar a ningún acuerdo y tener bloqueada la situación. Me gustaría saber qué tienen pensado ustedes hacer ante el bloqueo perpetuo. Ya dije
que la propuesta del Consejo General del Poder Judicial en funciones me parecía escasa y que nosotros proponemos cesar a todos los miembros, excepto a una pequeña diputación permanente, al igual que existe en estas Cortes Generales, para que traten
asuntos administrativos y de sanciones, pero que el resto de funciones queden suspendidas. Pero queda la otra pregunta, que es qué tienen ustedes pensado hacer si continúa el bloqueo.


De igual forma, y unido a esto, uno de los problemas que tiene la justicia española -y no porque lo diga yo- es el de la independencia. Estoy convencido de que de los 5400 magistrados y magistradas que existen en España la inmensa mayoría
de ellos cumplen sus funciones de manera independiente y profesional. Ahora bien, hay un sector, sobre todo en altas magistraturas -y esto lo uno a la elección de cargos del Consejo General del Poder Judicial-, que se dedican a interferir
políticamente, eso sí, con apariencia de justicia, y eso hace que exista un problema. Y uno de esos problemas lo hemos visto la semana pasada en la Sala segunda del Tribunal Supremo. No le preguntaré su opinión sobre esta sala, sobre este
tribunal, porque usted se vería obligado a decirme que respeta las decisiones judiciales, la división de poderes y a los jueces -esto va de soi, es sabido-, pero es obvio que tenemos un problema cuando se dedican a tomar decisiones políticas,
teniendo en cuenta que no solamente interpretan su jurisprudencia a contrario, sino que están interpretando la norma de manera diferente para un caso concreto. Y ese caso concreto es el que aborda al señor Arnaldo Otegi y a sus compañeros y
compañeras del caso Bateragune, un esperpento judicial que se está cometiendo en este Estado. Hay señores y señoras que no están muy a gusto con esta situación, pero prefieren callar y hablar de respeto a las decisiones judiciales. Esto ya lo he
comentado en esta Cámara el otro día: Arnaldo Otegi es la persona por la cual un Estado ha sido condenado en dos ocasiones. Estoy convencido de que España va a volver a ser condenada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por esta cuestión.
No le preguntaré a usted lo que opina, porque no me podría responder con sinceridad debido a su cargo, pero sí traigo una propuesta, y es que España firme el Protocolo 16 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que entró en vigor el 1 de agosto de
2018. Esto es para que se puedan plantear cuestiones prejudiciales también en la Corte Europea de Derechos Humanos, porque no entiendo por qué España no ratificó este protocolo. Me gustaría saber si tiene intención de ratificarlo y cuándo, porque
estamos ante casos que bordean el esperpento judicial.


Entrando en las propuestas de cambio que trae hoy usted, señalaba recientemente la idea de meterle mano al delito de sedición, que tiene ya dos siglos y que no es acorde con la legalidad del entorno europeo; en cambio, sí hablaba de
endurecer la desobediencia en casos graves, y esto me sorprendía porque, por un lado, parece que se va a avanzar en medidas mucho más progresistas y más acordes al sentido común, pero, por otro, van a endurecer las penas al delito de desobediencia.
No sé si recuerda la frase de Habermas: él cree que la desobediencia debe ser castigada; ahora bien, opina que la calidad democrática de un Estado se mide por cómo es castigada la desobediencia. Si me puede aclarar qué intenciones tienen, se lo
agradecería.


De igual forma, sobre la Lecrim, hay varios asuntos. Ya sé que ha señalado que no quería entrar mucho en los detalles, pero me gustaría que me adelantara cómo van a interactuar la fiscalía española y

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la fiscalía europea tras los cambios habidos; cómo se garantizará que la fiscalía, cuando está haciendo esas labores de juez en estos momentos, no reciba órdenes o instrucciones, teniendo en cuenta cuál es la estructura actual del
ministerio fiscal; también cuál va a ser el papel de la acusación popular tras la nueva reforma, y cuál va a ser la aplicación práctica del principio de oportunidad en los delitos leves. Hablaba de la mediación -y voy acabando, señora presidenta-,
y quisiera saber para qué delitos está pensada, si es para los más leves o no; si se evitarán las detenciones innecesarias, es decir, si se citará al investigado directamente. Asimismo, me gustaría saber cuál va a ser el papel de la policía
judicial, si va a instruir directamente el fiscal o qué papel va a tener.


Seguramente tendré que hacer uso de esos dos minutos excepcionales.


Muchas gracias, señora presidenta, y muchas gracias, señor ministro.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Iñarritu.


A continuación, le corresponde el turno de intervención al señor Legarda en nombre del Grupo Vasco.


El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidenta.


Muchas gracias, ministro, por su exposición. Efectivamente, usted se ha prodigado en la presencia en la Cámara en este 2020, como anunció que haría al inicio de legislatura. Con ese inicio, citando a Demóstenes, y ese final de Benedetti,
es fácil que nos alineemos positivamente con usted.


Yendo en concreto a las cuestiones, planteaba su intervención en dos ejes: rendir cuentas, es decir qué se ha hecho en 2020, y cuál es el proyecto de futuro, sobre todo guiado por esa hoja de ruta, como usted la definía, de Justicia 2030,
el camino del futuro. En los dos aspectos hemos venido a escucharle porque, a excepción de alguna noticia de prensa, prácticamente no tenemos ningún documento sobre lo que se ha hecho en los aspectos más importantes, en el anteproyecto -que
nosotros conoceremos como proyecto- de eficiencia procesal y enjuiciamiento criminal. En cuanto a las medidas contra el COVID, efectivamente, hemos participado. En concreto, nuestro grupo convalidó el decreto-ley y también tramitamos con nuestro
acuerdo el proyecto de ley. Pero sí me gustaría preguntarle sobre la eficiencia procesal, algo que ha citado usted. Me ha parecido entender que el hilo conductor -que nos satisface, porque también lo habíamos manifestado en esta sede en otras
legislaturas- es intentar disminuir la litigiosidad e ir a una composición de litigios de manera no contenciosa, sino a través de la mediación, el diálogo, etcétera. Es una asignatura pendiente, se inició hace años ya por el Consejo General del
Poder Judicial, y luego se modificó normativamente, pero es un poco como Godot: siempre lo estamos esperando, pero nunca llega, porque en los órdenes jurisdiccionales en los que se ha implantado realmente no acaba de arrancar, y luego hay otros
órdenes jurisdiccionales en los que está pendiente, sobre todo en el contencioso y en el penal. Vamos a esperar a ver el contenido del anteproyecto.


Sobre la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra ha planteado algunas cuestiones que no voy a repetir, pero que también hago mías. Sí le quisiera anticipar una cierta prevención -que no es una
oposición manifiesta- sobre ese cambio fundamental que se nos va a proponer, que es el cambio de paradigma de quién instruye el procedimiento. Desde nuestro punto de vista, la fiscalía lleva ya bastantes años de deriva -lo voy a decir claramente-
hacia un cierto punitivismo, y muchas veces no vemos una diferencia entre la acusación particular y la fiscalía. Se supone que la fiscalía, aunque es la defensa de la legalidad, propugna una aplicación objetiva de la norma; sin embargo, repito, en
muchos comportamientos no lo vemos. No consideramos razonables peticiones centenarias, por decirlo de alguna manera, de la fiscalía para luego obligar al acusado a negociar, y que finalmente se acaben pidiendo unas penas bajísimas. Me parece que
no es el rol de la fiscalía, porque no es la fiscalía americana. En Estados Unidos la fiscalía es el ministerio de interior y de justicia, pero aquí no; aquí se supone que es una posición interpartes, que es imparcial, que es objetiva y que
defiende la legalidad. Sin embargo, sus comportamientos son netamente acusatorios. Si tenemos esa psicología de la fiscalía llevada al proceso penal y a la instrucción, la lógica va a llevar a tratar de sentar en el banquillo a todo acusado.
Desde nuestro punto de vista, la clave entonces será finalmente qué posición y qué competencias va a tener el juez de garantías. Porque, claro, si el juez de garantía simplemente tiene un papel reactivo ante lo que le presente la fiscalía, estará
atado de pies y manos. Pensamos que la clave es qué facultades va a tener el juez de garantías para poder tener un juicio ponderativo, pero no solo a la vista de lo que le presente la instrucción. En ese punto ya anuncio que tenemos una actitud de
precaución.


Enlazando con la fiscalía europea, usted conocerá mucho mejor que yo, por supuesto, que ya hay una gran duda dentro de las instituciones europeas sobre si las fiscalías son realmente independientes, porque se están iniciando quejas y
procedimientos respecto a la falta de imparcialidad de las fiscalías, incluso en

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ese modelo europeo de fiscalía. Existe un proceso y un movimiento que ya se está generando en Europa respecto a las actitudes de las fiscalías. Para decirlo de una manera gráfica, es que no se encuentran ya diferencias entre la acusación
particular y la fiscalía, cosa que es sorprendente. La acusación particular tiene un espíritu vengativo, que es legítimo en cierta medida -porque es normal: cuando hay una agresión, respondes-, pero desde nuestro punto de vista la fiscalía no
puede tener esa actitud. Eso respecto a qué hemos hecho, aunque también esto tiene que ver con qué vamos a hacer, porque aún no conocemos los proyectos.


Respecto al futuro y la hoja de ruta, es un escenario de diez años, y aquí la pregunta que se me antoja inevitable es con qué apoyos. No pueden ser apoyos coyunturales entonces, salvo que estemos pronosticando esta composición parlamentaria
y en su caso de apoyo al Gobierno en los próximos diez años, aunque no creo que sea el presupuesto de hecho razonable para abordar la cuestión. Entonces la cuestión más importante es que afronta usted esta hoja de ruta como en otras legislaturas,
en las que se intentó generar un plan nacional de la Administración de Justicia, con otro nombre, pero que requería lógicamente unos apoyos transversales que se lograban para que fueran duraderos durante más de una legislatura. Para mí esta es la
cuestión más importante con la hoja de ruta, salvo que la afrontemos como uno se come un elefante, troceándola, perdiendo entonces la visión de conjunto y gestionando cada subparte de manera desconectada con el resto.


Me parece, presidenta, que se me ha acabado el tiempo. Le pido disculpas.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Legarda.


A continuación, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Bal Francés.


El señor BAL FRANCÉS: Gracias, presidenta.


Buenas tardes, señor ministro, gracias por su comparecencia. Me parece desde luego una magnífica idea que usted cada seis meses, según ha expresado en su deseo, venga aquí a esta Comisión a que le podamos examinar porque, sinceramente, es a
lo que viene. La verdad es que es una muestra de gusto por el parlamentarismo que, desgraciadamente, su partido político no suele acostumbrar; el presidente del Gobierno no suele hacer muchas comparecencias, a pesar de que se lo pedimos, pero
usted parece que va por otro camino.


Yo quiero empezar por donde el señor Legarda ha terminado. Ya sabe que le he criticado mucho esa idea de la Agenda 2030 porque, efectivamente, como ha dicho el representante del PNV, con voluntad y con dinero, con dinero y con voluntad esta
justicia nuestra sería fácilmente, por lo menos, mejorable; ya no digo que fuera una cosa perfecta, pero mejorable de la penuria, de la miseria en la que se encuentra este servicio público, muy posiblemente en 2022 o en 2023, sin tener que esperar
al ejercicio 2030. Pero yo quiero mostrarle mi preocupación por la deriva que veo en su ministerio. Sabe que conozco bien este ministerio, porque he trabajado durante muchos años en él, y me encuentro con un ministerio -claro, político, porque se
hace política también y porque al frente está una persona que tiene la confianza del presidente del Gobierno, como es lógico- que siempre se ha caracterizado sobre todo por un perfil muy técnico, por tratar de arreglar, mejorar, subsanar los
problemas de la justicia, bregar con las reclamaciones de todos los protagonistas de la justicia -letrados del turno de oficio, jueces, magistrados, personal al servicio de la Administración de Justicia, registradores de la propiedad, notarios-, y
sin embargo ahora nos encontramos con que se trata de una herramienta fundamental para que el Gobierno siga en el poder. Y lo hemos visto ahora mismo con la tramitación de los presupuestos. Se ha convertido usted -que es magistrado- en el soporte
para que Esquerra Republicana de Catalunya o Bildu apoyen a este Gobierno, mantengan lo que llamamos el Gobierno Frankenstein, y eso quiero decirle que me da una enorme pena.


Usted nos dijo que estaba tramitando los indultos a los presos del procés, y que ya veríamos lo que pasaría con respecto a estos indultos. Pero, ¿a usted le parece, de verdad, que es posible conceder un indulto -se lo digo incluso para
poder escribir algún artículo doctrinal sobre esta cuestión- si el delincuente condenado dice que lo volverá a hacer? ¿A usted le parece razonable, o incluso legalmente posible, que según la Ley del Indulto de 1870 sea posible otorgar indulto a
aquel que no se arrepiente? Qué decirle sobre la ley de amnistía que parece que nos va a pedir el Parlament de Catalunya al Congreso de los Diputados. ¿Usted está de acuerdo con que pueda existir la amnistía constitucionalmente en nuestro derecho
cuando se prohíben los indultos generales? Aclare, por favor, de una vez esas manifestaciones desafortunadas que hizo usted en El País diciendo que, si no hubiera sido por la sentencia del procés,

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desde luego no hubiera nunca acometido la reforma de los delitos de rebelión y de sedición. Porque, cuando escucho al portavoz de Bildu hablar de la legitimación de la anarquía, de que no se castigue tanto la desobediencia e incluso he
escuchado también en el hemiciclo al representante de Unidas Podemos diciendo que el delito de sedición debería ser derogado, me entra mucho miedo, porque el bien jurídico protegido en el delito de sedición es el orden público, lo mismo que el
delito de desobediencia. En definitiva, una cosa es la libertad y otra cosa es la anarquía; son dos cosas antagónicas, porque la anarquía a lo que nos lleva es al imperio de la ley del más fuerte y no al imperio del derecho.


Teníamos que modificar la Ley del Indulto y, sin embargo, su ministerio no parece que tenga ningún proyecto en este sentido para prohibir los indultos cuando se trata de delitos graves que atacan bienes constitucionales, o cuando se trata de
delitos de corrupción, por ejemplo. Ya hemos visto, en los exámenes del subsecretario respecto a los indultos que se han concedido, cómo algunos alcaldes socialistas han sido objeto de indulto en los dos últimos semestres. Fíjese, yo no puedo
evitar decirle que, con una amabilidad extraordinaria, con un cariño magnífico, el representante de Bildu le dice que no le va a someter a usted a tensión alguna para que tenga usted que decir que respeta las resoluciones judiciales y que apoya la
división de poderes. ¡Pero, de verdad, vaya socios que se han echado ustedes! En fin, espero que no le cueste a usted trabajo reconocer las resoluciones judiciales y proteger la división de poderes en un Estado de derecho. Si hubieran ustedes
accedido al ofrecimiento de Ciudadanos no estaríamos en esta. Pero, además, el camino que ha emprendido su ministerio supone que no ha modificado el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Nosotros propusimos modificar este Estatuto Orgánico del
Ministerio Fiscal para que el nombramiento de la fiscal general del Estado no pudiera recaer en quien anteriormente era ministra de Justicia, en quien formaba parte de unas listas del Partido Socialista, para que se garantizara su neutralidad de
verdad, su independencia, para que pareciera de verdad que era independiente. Y, sin embargo, directamente -perdóneme que lo diga en un lenguaje coloquial-, como elefante en cacharrería, entra usted ya a atribuir la instrucción penal al ministerio
público. No puede ser. Yo he defendido a muchos altos cargos de la Administración de todos los partidos políticos, de los dos que han gobernado España, tanto del Partido Popular como del Partido Socialista. Pienso que en ese momento, con lo
difícil que es defender a un director general, a un secretario de Estado, a un subsecretario, puedo coger el teléfono y hablar con el ministerio fiscal, que depende del mismo Gobierno del que depende la persona que estoy yo defendiendo, y me parece
que no me quedo muy tranquilo sobre la neutralidad, la imparcialidad o el deseo de justicia.


Y luego nos promete usted una ley de eficiencia que dice que va a resolver todos los problemas. Desde luego, con aquella medida estrella de habilitar veinte días el mes de agosto para subsanar los problemas de la justicia, que no ha tenido
nada más que el objetivo de cabrear a todos los profesionales de la justicia, dudo mucho de los efectos de su ley. ¿Es verdad que van a habilitar el mes de enero para modificar las competencias del Consejo General del Poder Judicial? ¿No escuchó
al comisario Reynders hace dos semanas cuando vino aquí y dijo que las reformas del Poder Judicial se tenían que hacer con sosiego y con consenso? ¿Nos van a habilitar el mes de enero? Ahí lo dejo.


Tengo muchas otras cosas. Espero poder quedarme a la réplica, ya sabe que los de los grupos pequeños tenemos que andar corriendo de un sitio para otro.


Gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Bal.


A continuación corresponde el turno de palabra al señor Asens, por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.


El señor ASENS LLODRÀ: Gracias, presidenta.


Buenas tardes, ministro. Quería empezar agradeciéndole su predisposición a acudir a esta Comisión. Creo que, tanto usted como su equipo, como ha dicho usted, han dado muestras en ese sentido de compromiso con las exigencias de la rendición
de cuentas, de la transparencia y del control como ningún otro ministerio en otros mandatos. Por tanto, en primer lugar, gracias por esa predisposición; también por el informe. En términos generales estamos de acuerdo, compartimos el diagnóstico,
compartimos a Benedetti. Usted decía que era un momento para levantar la vista y hacer repaso. Creo que sí, que después de la aprobación de los presupuestos tocaba hacer eso. Es un momento donde las primeras decisiones, o las decisiones más
importantes de la legislatura ya se han abordado, y se puede marcar un determinado rumbo de este Gobierno. Creo que se han dado pasos que hacen historia y de los que nos deberíamos sentir orgullosos y orgullosas individual y colectivamente, pasos
que mejoran la vida de la gente. Sin ir más

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lejos, la semana pasada, un paso histórico; como antes con el divorcio, el matrimonio homosexual o el aborto, hemos conquistado un nuevo derecho, el de morir dignamente. Son tiempos de grandes retos, de grandes oportunidades, pero,
evidentemente, también de grandes incertidumbres y dificultades. Creo sinceramente que ante estas dificultades su ministerio y usted en particular han estado a la altura. Se ha impulsado un ambicioso programa de transformación y modernización de
la Administración de Justicia. Medidas de época como el teletrabajo, la cita previa, la generalización de las licencias judiciales por videoconferencia o la creación de nuevas oficinas judiciales representan un salto gigante que nos acerca a Europa
y al objetivo de papel cero; un salto que nos permitirá también reducir aglomeraciones, impacto ambiental y brecha territorial, especialmente en la España vaciada. En otras ocasiones, como se ha comentado, ya hemos hablado de ello. Con todo, no
podemos caer en la autocomplacencia, y yo me adhiero a los comentarios que han hecho tanto el señor Legarda como el señor Iñarritu; comparto sus preocupaciones en algunas de las cuestiones que han planteado.


Usted, en su intervención, ha hablado de la convergencia con Europa, y ahí hay un punto de discrepancia. Estamos de acuerdo en que el anteproyecto aprobado de la Fiscalía europea -a pesar de las dudas que planteaba con sentido el señor
Legarda- es un avance importante y nos sitúa en la vanguardia, pero no creo que podamos decir lo mismo en materia de justicia y derechos humanos. Sobre eso y sobre las promesas cumplidas y no cumplidas -ya le transmito la enhorabuena por todos los
compromisos que ha cumplido-, déjeme que le recuerde que hay dos promesas pendientes. Una, ya lo ha planteado el señor Iñarritu, es la que tiene que ver con la reforma del Consejo General del Poder Judicial. Creo que en el momento en el que
estamos hay dos opciones: una, asumir que el Consejo General del Poder Judicial, el gobierno de los jueces, no se va a renovar hasta que el Partido Popular consiga colonizar todos los puestos clave de la cúpula judicial o hasta que gane las
elecciones y tenga en el Congreso otra mayoría; la otra, cumplir con el mandato de las urnas, con el mandato constitucional, y adoptar una ley lo más pronto posible -cumpliendo con los calendarios a los que nos habíamos comprometido- que corrija
esa situación y que sea más acorde con la pluralidad del nuevo Congreso.


La otra promesa incumplida fue la que usted hizo cuando señaló --y eso tiene que ver también con la convergencia con Europa- que a finales de año se aprobaría el anteproyecto de la reforma del delito de sedición. Una semana después usted se
desentendió de ese compromiso y la semana pasada nos dijo que no existía una fecha exacta. Señor ministro, permítame que le diga que eso no es serio, igual que no es serio que nos diga que siguen revisando los códigos penales de Europa para poner
al día el nuestro en esta materia. Han pasado tres años; tres años desde que hay nueve personas que están en prisión acusadas y luego condenadas por este delito; tres años. Señor ministro, es verdad que ha habido una pandemia, pero tras un año
de Gobierno de coalición, déjeme que le pregunte cuándo va a llegar esa reforma, cómo puede ser que no tengamos todavía una propuesta concreta, cuántos años necesitan para leerse los estudios que hay sobre los códigos penales europeos. Tienen la
propuesta de mi grupo parlamentario desde hace un año. ¿Cuánto tiempo necesitan para dar su opinión sobre ella? Tenemos un compromiso de legislatura para abordar esa reforma y tenemos que cumplirlo, y ahora es el momento de pasar de las palabras a
los hechos. En ese sentido, le recomiendo al señor Bal que se lea los códigos penales europeos. Él dice que si no existiera este delito sería una anarquía y estaríamos desprotegidos, desprotegidos por algo que, además, nunca se había aplicado y
que una vez que se ha aplicado se ha hecho mal. Eso no lo digo yo, sino que lo dicen la mayoría de los catedráticos de Derecho Penal que han opinado al respeto. Y si no, le reto a encontrar algún trabajo -yo no lo he encontrado- que defienda la
sentencia del Supremo en ese aspecto. En todo caso, llegados a este punto, creo que hay que tomar cartas en el asunto, porque en el momento en que tenemos claro que hay una situación de injusticia y que hay que corregirla, el tiempo apremia. Usted
ha citado a Benedetti y, como le decía, comparto con usted el gusto por Benedetti. Benedetti tiene un poema, no tan famoso como el que ha citado usted, que es Defender la justicia, y en él señala precisamente el riesgo que hay de perder el tiempo
en la justicia y que la justicia hay que defenderla de frente, sin falsos rodeos, y defenderla del tiempo. Por eso, señor ministro, cada día que pasa sin abordar esa reforma es un día más de injusticia, que no es inocua, que daña la convivencia en
Cataluña, que genera desafección y que sirve a los independentistas para señalar que España es irreformable. Por tanto -igual puedo pecar de cabezonería por insistir cada vez que tengo la oportunidad de tenerle delante-, permítame que insista hoy
en ello en esta comparecencia, ya no solo por una cuestión de deber político, sino incluso de deber moral. Creo que no podemos prolongar más ese retraso ni por cálculos de oportunidad ni mucho menos por cálculos partidistas; tampoco nos puede
temblar el pulso por la sobreactuación de una derecha que ha entrado en el túnel del tiempo. Hagamos lo

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que hagamos tendremos una oposición feroz y sin cuartel en esa materia. Por tanto, creo que tenemos que actuar con valentía.


Por último, no comparto las afirmaciones que ha hecho el señor Bal. Solo le recuerdo que en 1998 el Partido Popular indultó a casi sesenta insumisos, ninguno de los cuales mostró arrepentimiento, y lo hizo los meses previos a hacer una
reforma del delito que castigaba la insumisión con penas de cárcel. Y este es solo uno de los ejemplos...


La señora PRESIDENTA: Debe terminar, señor Asens.


El señor ASENS LLODRÀ: Este es solo uno de los ejemplos de indultos en bloque, pero podría hablar de otros indultos como los del GAL, donde no hubo arrepentimiento.


Por último, le diré una cosa, señor Bal: difícilmente se puede volver a cometer el delito si no se está en la posición en la que se estaba antes; un delito -presuntamente, porque nosotros consideramos que no se cometió ningún delito- solo
podría volver a cometerse si se estuviera en la posición en la que se estuvo antes. Ya me dirá cómo quiere que se cometa si...


La señora PRESIDENTA: Su tiempo ha terminado, señor Asens.


El señor ASENS LLODRÀ: Sí, muchas gracias.


Simplemente quiero decir al señor Bal que estudie un poco más derecho comparado y que estudie también los indultos que se han concedido hasta el momento.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Asens.


Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Sánchez García.


El señor SÁNCHEZ GARCÍA: Con la venia, señora presidente.


Señor ministro, yo no sé si darle las gracias por llamarnos, con humor, estúpidos a todos, citando la campaña esa de Clinton, pero, en fin, esto es lo de menos. Lo que no acabo de entender es por qué usted y ahora, a dúo, el portavoz de
Podemos abordan estas intervenciones en tono lírico. Yo no veo aquí mucho motivo para nada lírico.


Su intervención sobre el Plan Justicia o Agenda 2030 está cuajada de eslóganes: proyecto de país, propuesta global, sociedades sostenibles, sedes judiciales sostenibles... Son palabras bonitas para aquellos a quienes agraden estas
palabras, pero en realidad es todo bastante hueco. He de decir que me recuerda un poco a esa práctica que mantienen ya por muchos años el Partido Socialista y el Partido Popular -no todavía los otros socios de Gobierno, Podemos y otros aliados
circunstanciales en el Parlamento, porque no habían gobernado con anterioridad-, como con el Pacto de Estado por la justicia de 2001, que suscribieron el entonces ministro de Justicia y el secretario competente del Partido Socialista, los señores
Acebes y López Aguilar respectivamente, del que no resultó prácticamente nada, como tampoco ha resultado nada de un debate que dura treinta y cinco años -parece mentira, treinta y cinco años-, un debate en el que se oye siempre lo mismo sobre el
modo de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial desde 1985. Es un debate en el que ahora ha surgido una novedad poderosa, preocupante, acerca de incrementar la voluntad de los partidos, a través de su representación
parlamentaria, en la designación del número de vocales del Consejo y también en relación con las mayorías requeridas al efecto, iniciativa esta que ha dado lugar cuando menos a la interrogación o a la duda sobre la misma de la propia Comisión
Europea, guardiana de los tratados de la Unión Europea, como también -y lo mencionó el otro día, en esa sesión que citaba algún portavoz, el comisario Reinder- ha suscitado dudas en Bruselas el nombramiento de la fiscal general del Estado, la señora
Delgado, inmediatamente después de ser ministra de Justicia y connotada miembro del Partido Socialista. Todo esto indica un deterioro claro de la justicia, justicia para la que es usted ministro. Yo no he escuchado en sus palabras nada interesante
en orden a sanar ese deterioro, remediarlo o siquiera sea aliviarlo; nada es prácticamente nada, quizá algo, muy poco.


Es una intervención la suya con alguna referencia a iniciativas; a alguna de ellas la ha llamado estrella, me parece, o la más querida por usted, como la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal. Bien, veremos, cuando haya ocasión de hacerlo
en la tramitación en este Congreso y posiblemente en el Senado, lo que resulta de esa iniciativa. Yo no quiero anticipar nada; ocasión habrá de hacer pronunciamientos sobre el particular por parte del grupo al que pertenezco.

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Además, introduce usted en su intervención palabras que a mí me resultan chocantes no solamente desde un punto de vista judicial, sino desde un punto de vista jurídico general. Ha repetido usted varias veces esto de la cogobernanza, que es
algo a lo que se adhiere también con un fervor para mí inexplicable el Partido Popular en los últimos tiempos. Esto de la cogobernanza, yo me pregunto qué es. Me gustaría preguntárselo al presidente del Gobierno, pero se ha pedido su comparecencia
en la Comisión Constitucional, que está aprobada por la Mesa de la Cámara, y hasta el día de hoy sigue sin comparecer -hace de esto ya varios meses- y no tenemos noticia de si va a comparecer o no. A mí me gustaría que alguno de ustedes -toda vez
que el presidente del Gobierno parece que no quiere exponer de qué se trata, no sé si por desidia o acaso por incapacidad-, usted que es jurista u otro miembro del Gobierno que lo sea, nos explicase algún día qué es y que después de que nos lo
explicase tuviéramos oportunidad de intervenir. Porque yo le tengo que decir con completa franqueza, al tiempo que radicalismo, que la cogobernanza no existe en el ordenamiento español. Esta es una cosa que se acaban de inventar ustedes; además,
se lo ha inventado el presidente del Gobierno o el Gobierno del que usted es ministro con ocasión de la epidemia del coronavirus simplemente para hacer un uso alternativo del Derecho y tratar de ejercer competencias que son del Estado con el acuerdo
de las comunidades autónomas. Esto siempre es posible, claro, porque si para el ejercicio se precisa del apoyo de alguien por razón política, esto no constituye una exigencia legal, pero como cogobernanza en sentido legal, regulada en las leyes
españolas, no existe este concepto, ustedes se lo están inventando. No es que yo rechace el invento porque sea invento -si la invención fuese afortunada sería bienvenida-, es que tengo la completa seguridad -y el grupo en cuyo nombre hablo también-
de que esto es un invento a la medida de quien inventa, en su beneficio nada más, es decir, para, en una faena extraña, en razón de esa coalición que ustedes mantienen de gobierno y parlamentaria, gobernar de acuerdo con lo que les piden sus socios
y, por lo tanto, también en el orden territorial de la distribución del poder. Esto ahora parece que quieren institucionalizarlo, pero verbalmente. Me gustaría, toda vez que esto no existe en las leyes, tener oportunidad de leer alguna iniciativa
legislativa sobre el particular, pero, claro, es que ustedes no lo hacen; no sé si algún día lo harán, pero, desde luego, hasta ahora todo esto es un bla, bla, bla -y perdonen ustedes esta forma de hablar- poco presentable políticamente.


Ha hablado usted en varias ocasiones de la necesidad de invertir los recursos debidamente. Yo sobre esto le voy a dar un dato que a mi juicio es de escalofrío. El Consejo General del Poder Judicial tiene un presupuesto de gasto de 77
millones de euros. Compárese con el del Tribunal Constitucional, solo 14, o con el del Consejo de Estado, solo 13. El Consejo General del Poder Judicial con ese presupuesto -no hace falta que lo diga, lo sabemos todos- no retribuye a juez alguno
español, porque esa retribución es a cuenta del presupuesto de su ministerio, el Ministerio de Justicia.


La señora PRESIDENTA: Debe ir terminando, señor Sánchez García.


El señor SÁNCHEZ GARCÍA: Sí.


El Consejo General del Poder Judicial solamente tiene como competencias relevantes la inspección de tribunales, la Escuela Judicial y la formación continua de jueces y magistrados. No es posible, repito, no es posible malgastar tantísimos
millones, porque las necesidades de gasto de esas tres competencias no representan en modo alguno ese importe de 77 millones de euros, que se van por otros caminos.


Por último -concluyo-, sobre la última proposición de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, acerca de la actividad del Consejo General del Poder Judicial cuando este está en funciones con un mandato expirado, ya sabemos lo que se
pretende por el Gobierno: que no puedan nombrar magistrados del Tribunal Supremo en esa situación en funciones y que no puedan tampoco nombrar otros altos cargos de la magistratura. ¿A qué se debe este celo cuando el Gobierno que usted preside y
la fiscal general del Estado no han tenido el mismo en relación con el teniente fiscal del Tribunal Supremo, que está con un mandato expirado, ope legis, desde hace más de un año, con arreglo al artículo 41 del Estatuto Orgánico del Ministerio
Fiscal, y que ha sido quien ha informado en la querella contra el Gobierno por su actuación en el episodio larguísimo y dramático...


La señora PRESIDENTA: Su tiempo ha terminado, señor Sánchez.


El señor SÁNCHEZ GARCÍA: ... del coronavirus?


Nada más. Gracias.

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La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Sánchez García.


A continuación, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Jerez.


El señor JEREZ JUAN: Muchas gracias, señora presidenta.


Muchas gracias, señor ministro, por comparecer en este Parlamento. Si bien lo hace a iniciativa propia para informar sobre el desarrollo del Plan Justicia 2030, nosotros aprovecharemos también para abordar otras cuestiones directamente
relacionadas con peticiones de comparecencia que no han sido sustanciadas todavía y que consideramos que se podrían enmarcar en el ámbito de esta comparecencia.


Me va a permitir que haga una reflexión previa para trasladarle un sentimiento que entiendo que es cada vez más generalizado en la sociedad española. No se ha cumplido un año desde que este Gobierno tomó posesión y la convivencia con el
entramado institucional ha sufrido en tan poco tiempo un gran y progresivo deterioro, un deterioro que es susceptible de agravarse si no se reconducen cuanto antes las relaciones y no se reparan agravios, y usted aquí tiene una gran responsabilidad.


La relación entre el Gobierno y el Consejo General del Poder Judicial en este momento no es una relación cordial. El intercambio de reproches es una constante, y usted lo sabe, y las injerencias del Gobierno en el funcionamiento de sus
órganos no puede ser mayor. Primero fueron los comentarios del vicepresidente Iglesias, frente a los que el Consejo tuvo que defenderse llamando a la moderación, a la prudencia, a la mesura y a la responsabilidad institucional; después fue la
decisión de no permitir al rey acompañar a los jueces en la entrega de despachos en Barcelona, y por último, la forma en la que pretenden modificar ustedes las funciones del propio órgano sin tan siquiera escucharles, sin tan siquiera convocarles,
circunstancia que contrasta radicalmente con la opinión que usted tenía cuando fue vocal del Consejo General del Poder Judicial y se planteaban nombramientos de jueces con el mandato caducado, contradicción en la que ha caído usted y de la que ya es
prisionero. Pero los jueces no solo piden ya ser escuchados, que también, sino que piden que no se les agravie más. Y ustedes lo que están haciendo últimamente, en este caso a través de la vicepresidenta Carmen Calvo, es decirles que estén
tranquilos, que el Legislativo es soberano a la hora de elaborar leyes y que el rodillo lo tienen ustedes; una actitud que nada ayuda a recomponer relaciones, si es de lo que verdaderamente se trata.


¿Y qué decir del Ministerio Público? No andan mejor las cosas en el ministerio fiscal desde el nombramiento de la socialista Dolores Delgado al frente de la Fiscalía, lo que ha provocado una división interna altamente preocupante entre el
cuerpo de fiscales; nada que no fuera previsible, señor ministro, después de que la mayoría de las asociaciones de fiscales se opusieran a la propuesta del Gobierno y a su nombramiento. Y de esos polvos, estos lodos. Hoy tenemos a un teniente
fiscal que se atreve a decir a sus compañeros que están contaminados ideológicamente. ¿Esto qué es? Una Fiscalía dividida y un clima de tensión innecesario a resultas de un nombramiento equivocado. Dicho esto, esperamos, señor ministro, que sepan
ustedes restablecer los puentes y recuperar la cordialidad con el Poder Judicial, con el ministerio fiscal, aunque para ello tengan ustedes que apartar de este ámbito a los socios de su Gobierno, grandes desestabilizadores del sistema.


Dicho esto, me centraré en la intervención que le trae a usted aquí, que es precisamente su Plan Justicia 2030, nada nuevo bajo el sol. Su intervención me ha sonado a la canción que ya escuchamos en febrero de este mismo año, sin perjuicio
de coincidir con usted, que lo hago, claro que sí. Coincidimos en que la mejora de la justicia pasa por su digitalización, por la aproximación al ciudadano, por la interoperabilidad y por muchísimas de esas cosas que usted ha dicho y que son más
que una evidencia, pero no es necesario que nos repita esto cada seis meses. Estoy contento de que venga aquí, porque tenemos oportunidad de trasladarle otras cuestiones, pero este discurso que hoy nos ha planteado posiblemente lo haya hecho con la
misma plantilla que utilizó usted para venir aquí en el mes de febrero. En cualquier caso, me centraré en la cuestión. Le quería hacer tres preguntas que están directamente relacionadas con la actividad legislativa de esta Cámara y en concreto con
esa justicia 2030.


En primer lugar, quería hacer referencia a la ley de eficiencia procesal, cuyo anteproyecto hemos conocido recientemente. Es cierto que la ley recoge un nuevo escenario a la hora de administrar justicia, que viene a residir en la capacidad
de las partes y también en la capacidad de un tercero de intentar que esas partes lleguen a un acuerdo. Se reside básicamente esa capacidad en terceros ajenos a las partes, en este caso, abogados, notarios, procuradores y letrados de la
Administración de Justicia. Es cierto que la mediación, la negociación, la intermediación no son una ciencia, pero sí son una técnica, y las técnicas se estudian, se aprenden y se aplican. ¿Dónde quiero llegar con esto, señor ministro? Si este
modelo se quiere implantar para la agilización de la Administración de Justicia, estos notarios, estos procuradores,

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estos abogados y estos letrados de la Administración de Justicia deben estar formados y deben estar preparados para poder asumir estas nuevas competencias. Por tanto, mi primera pregunta es: ¿Qué recursos tiene su Plan Justicia 2030 para
formar a abogados, a procuradores, a letrados y a notarios para desarrollar esas capacidades nuevas?


En segundo lugar, sé que es una verdad incuestionable que la Administración de Justicia padece un problema de dilación excesivo. La satisfacción procesal no está en muchos casos en una sentencia favorable, y usted lo sabe; la satisfacción
procesal está en la justicia rápida, en una sentencia favorable y, además, en una ejecución de sentencia rápida. Una ejecución de sentencia que no es rápida no conduce a una satisfacción procesal absoluta. Creo que aquí hay un gran cuello de
botella, hay un gran embudo en la Administración de Justicia en este sentido y, por tanto, mi pregunta es evidente: ¿Qué medidas tiene esta ley para intentar desatascar en ese ámbito de la justicia la ejecución de las sentencias en relación con la
agilización de las investigaciones patrimoniales, la comunicación de actos procesales y la publicación de edictos?


En tercer lugar, he echado en falta en su planteamiento una cosa que usted puso ya de manifiesto en su anterior intervención, que es la optimización que tiene usted pensado hacer en relación con los partidos judiciales. Usted ya nos anunció
en la anterior intervención que eso se iba a optimizar, que se iban a agrupar los partidos judiciales. Me gustaría que me dijera, si está en condiciones de hacerlo, con qué criterios, de qué manera y qué alternativas propone el ministerio a la hora
de suplir esos partidos judiciales que, de acuerdo con esta reforma, van a desaparecer.


Para concluir, usted ha hecho referencia a la Ley 3/2020, aprobada en septiembre en este Parlamento. No sé si puede usted estar orgulloso de trabajo que ha hecho -posiblemente lo esté-, pero creo que tiene que estar orgulloso en relación
con este texto por el trabajo que ha hecho, más que el ministerio, este Parlamento, que ha conseguido llegar a acuerdos para que tuviéramos finalmente un texto ampliamente aceptable y aceptado. Mi pregunta es la siguiente. Hay dos cuestiones de
las que no se ha hablado y la ley recoge que les interpelan a ustedes y que se convierten en un mandato desde el momento en el que se aprueba la ley en septiembre, que son, en primer lugar, la obligación de presentar en esta Cámara un proyecto de
ley que recoja la modificación del Código Civil en relación con la cláusula rebus sic stantibus y, en segundo lugar, el compromiso del ministerio, del Gobierno, de presentar en esta Cámara una ley del notariado. Se aprobó en septiembre, estamos a
diciembre, pronto estaremos en enero y nada sabemos de estas dos cuestiones que me gustaría que usted, señor ministro, si sabe si están en marcha o no, nos comentase en qué estado están.


Muchísimas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Jerez.


Por último, le corresponde el turno de intervención al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, señor Aranda.


El señor ARANDA VARGAS: Gracias, señora presidenta.


Una previa. Hablan de rodillo los que aprobaron la Ley Gallardón en 2013 solos; bueno, con UPN, pero solos. Un dato: la última ley aprobada en este Congreso hace unos días, la de eutanasia, se aprobó con 198 votos y 11 partidos, que creo
que es algo más que PP y UPN.


Hablan también de injerencia. ¿Saben lo que es injerencia? Su bloqueo. ¿Saben lo que es injerencia? El mensaje de Cosidó en un wasap diciendo que controlaban la Sala Segunda del Tribunal Supremo; por cierto, un Cosidó que ahora han
colocado de rondón en Castilla y León. (Aplausos).


Bueno, vamos a ir a lo que nos ocupa. Señor ministro, gracias por su comparecencia. Decía usted que ocho lleva ya su ministerio este año. Creo que, como usted decía, hasta los más intransigentes pueden valorar que se trata de una gestión
parlamentaria excelente. Usted es una persona que cumple, y eso hay que valorarlo, es un valor importante. En esta Comisión hemos sido testigos de acuerdos, de puntos de vista diferentes que han confluido en puntos de encuentro. Esa es una
transversalidad de la que creo que hay que estar orgullosos. Ese es el trabajo por el que nos pagan: salvar las diferencias y ofrecer a la ciudadanía un horizonte de esperanza, un futuro y una imagen de sus representantes que honre su voto. Por
eso quiero agradecerle a usted su talante, esa obsesión suya por la cogobernanza y por el diálogo. Y sí, digo cogobernanza, y quiero dirigirme al representante de VOX. No me extraña que no crean en la cogobernanza si ellos quieren eliminar las
autonomías; por cierto, autonomías que son un pilar básico de nuestra arquitectura constitucional. Es normal que no crean en esta cogobernanza.

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Señorías, por más que algunos renieguen del poder de la palabra y abracen esa innoble causa de la descalificación, usted sigue -y también nuestro grupo- inasequible al desaliento de aquellos que ponen palos en la ruedas. Por eso quiero
mostrarles mi agradecimiento a usted y a mi grupo por creer que este es el camino, porque este es el camino. Pero en este camino hay dos problemas. El primero es VOX, un partido abiertamente antiparlamentario, un caballo de Troya que no solo es
incapaz de apoyar o de aprobar una sola iniciativa parlamentaria en un año -ni una sola ha apoyado ni ha aprobado-, sino que ha creado una especie de competición de sus diputados y diputadas para ver quién la dice más gorda en cada Pleno, en una
indigencia argumental sin precedentes; y miren que esa competición está ahora muy, muy reñida. Ese es un problema. El segundo lo conforman aquellos que se acobardan con VOX, aquellos que, tras sus sobreactuaciones, descalificaciones y postureos,
esconden una incapacidad para liberarse del yugo mental y argumental que les impone VOX en este Congreso; lo vemos a menudo. Por eso, señorías, yo les quiero decir que estamos aquí ante una importante bifurcación y está en sus manos elegir el
camino. Este año 2021 posiblemente sea el año más importante para la justicia en España, no solo por lo que representa de urgente y necesario el desbloqueo del Consejo, sino por la planificación legislativa que nos presenta. Y aquí están todos
ustedes -estamos también- interpelados a un reto mayúsculo. Podemos debatir, podemos criticar -faltaría más-, aceptar puntos de vistas, como aquí se ha hecho muchas veces. Nadie tiene la razón, nadie tiene toda la razón. La razón, la verdad se
construye con múltiples piezas. Muchos de ustedes tienen razones e ideas que han demostrado su utilidad y que seguramente lo demostrarán en el futuro, pero esta Comisión tiene ante sí un reto legislativo titánico, y usted lo ha dicho: Justicia
2030, Registro Civil, ley de agilización procesal, acceso a la abogacía, la Lecrim. No me digan que no es un reto a la altura de la historia como para perder el tiempo con escaramuzas de callejón oscuro como algunos nos quieren presentar. Este
portavoz de este grupo se mantendrá fiel, con la mano tendida, en el deseo del diálogo y el intercambio parlamentario, pero no se equivoquen: talante no es ingenuidad, diálogo no es silencio ante los insultos ni ante las descalificaciones. La mano
que se tiende lo es para acordar, no para ser mordida.


Señor ministro, usted vino en febrero de este año a presentar Justicia 2030 e hizo un diagnóstico de la Administración de Justicia. Reconoció que existen problemas crónicos y que nuestro sistema judicial necesita más recursos y más
profesionales, y el plan que nos presentó -nos lo ha ampliado y nuestro grupo lo agradece y le felicita por ello- realiza una labor ingente, una labor que nos trae más justicia. ¿Por qué? Porque más justicia equivale a más ciudadanía, más justicia
equivale a más democracia. Quiero resaltar los pilares de acceso a la justicia: la eficiencia operativa y la trasformación digital. Quiero darle las gracias por ser valiente, por bajar la pelota al suelo y querer jugarla, por esa voluntad ya
demostrada, por los hechos de planificación y cogobernanza. Por eso, quiero agradecerle en nombre de mi grupo su compromiso de traer aquí el plan que ya avanzó en febrero, hacerlo antes de que acabe el año y que haga partícipe al Legislativo -todos
nosotros- de los planes de eficiencia del ministerio aquí, en la sede de la soberanía popular. Sin duda, la colaboración entre poderes es la mejor vía para garantizar el futuro. Los tres poderes -el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial- tienen
una responsabilidad para el mantenimiento conjunto del sistema institucional. Por ello, es importante que el Legislativo legisle y lo haga también sobre aquellas parcelas que contienen vacíos y que conllevan anomalías, como es este caso la
interinidad del Consejo General del Poder Judicial. Señores del PP, cumplan con su obligación y desbloqueen el Consejo.


Señora presidenta, señor ministro, como decía al principio -y reitero ahora-, hay dos caminos a elegir en esta encrucijada. Por un lado, el del sano debate parlamentario, llegar a acuerdos. Ya hemos hecho más de uno, empezamos con un
acuerdo en temas de discapacidad y con el decreto COVID, como decía el portavoz del PP, al que le agradezco su labor legislativa para que este decreto saliera adelante y esperamos que se pongan en marcha el año que viene con el Registro Civil. Esa
es una opción. La otra opción es la copistería con ventilador de barro que a veces vemos en esta Comisión, sobre todo en el Pleno. Este grupo estará en el primero, en el primer bloque, activamente, pero nos tendrán delante si se parapetan detrás
de VOX en su estrategia desprestigiar las instituciones y el parlamentarismo. Por eso, señorías, ya les avanzo -no sé si después tendremos un turno de réplica- que les agradezco su paciencia con este portavoz y también les deseo unas felices y
seguras fiestas a todos y cada uno de ustedes. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Aranda.


Señor ministro, suya es la palabra.

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El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Campo Moreno): Muchas gracias, señora presidenta, gracias que hago extensivas a los siete portavoces que han utilizado la palabra.


Voy a intentar ser lo más breve posible para no cansarles, pero intentaré contestar a casi todas o a todas las cuestiones que me han planteado y que he sido capaz de recopilar. Sigo el mismo orden en que se han expresado ustedes.


Señor Iñarritu, hace un esquema trifronte y habla del Consejo General del Poder Judicial, la Lecrim y el Código Penal. Efectivamente, que el Consejo General del Poder Judicial no esté renovado es una anomalía democrática. El constituyente
del 78 lo tuvo muy claro: el Consejo tiene que renovarse cada cinco años y la ley orgánica que desarrolla ese precepto constitucional viene a establecer que ningún vocal puede repetir. Creo que el mensaje del constituyente es claro: hay que
renovarlo cada cinco años. Pero la realidad es que la propia Constitución impone unas obligaciones que se desarrollan y ha querido que los tres quintos conformen la voluntad del arco parlamentario en orden a conseguir un órgano de gobierno de los
jueces que se implanta por primera vez en la Constitución del 78 con el mayor acuerdo del arco parlamentario, precisamente para que la imagen de fortaleza del órgano constitucional nazca con fuerza. Esto está pasando por una actitud claramente de
bloqueo del Partido Popular que esperemos que se remedie pronto, pero hay una cuestión: las democracias no pueden pararse y el reloj de la democracia tiene que seguir contando. Por tanto, yo les devolvería la pregunta: ¿qué tiene que hacer una
democracia ante ese bloqueo, ante la imposibilidad de conseguir los tres quintos? Con eso creo que es más suficiente.


Sí hay una cuestión que me preocupa, y es que, bajo el incumplimiento de un partido político que puede conformar los tres quintos para la renovación, quien salga perjudicada es la imagen de la justicia o la independencia de los tribunales
cuando imparten la misma. Hay una constante en este ministro desde el minuto uno en que tuvo oportunidad de expresarse, y es que no va a hacer pronunciamientos sobre temas judiciales, sobre sentencias, y usted mismo reconocía -y se lo agradezco-
que le parece razonable mi actitud, pero sí le diré una cosa. Le puedo decir que tengo la mejor de las opiniones sobre el Poder Judicial de este país, desde el primer al último juez, desde el primer órgano unipersonal al órgano colegiado de máxima
altura. Por tanto, creo que nos deberíamos sentir orgullosos y fortalecer la imagen de que nuestros tribunales actúan exclusivamente sometidos al imperio de la ley y estableciendo un sistema que les permite recurrir a instancias nacionales o
internacionales. Por tanto, quiero ser tajante, tengo que decirlo abiertamente: nuestros tribunales de justicia no toman jamás una decisión con criterios políticos sino sometidos al imperio de la ley.


En materia de Código Penal, como me lo habrán oído decir en varias intervenciones -pero lo había dicho antes el presidente del Gobierno-, es necesario reformar el Código Penal en muchas materias: protección animal, delitos medioambientales,
cibercrimen, pero también los delitos de rebelión y sedición. ¿Por qué? ¿Por qué eso es así? Porque el derecho es algo vivo y se establecen situaciones que no conocíamos bien por aparecer con nuevas manifestaciones delictivas o simplemente por
instrumentalizarse y aparecer delitos que pensamos que no iban a tener acogida. Y le diré después algo más sobre una apreciación que me ha hecho uno de sus compañeros. El Tribunal Constitucional asumió hace unos años -hace cinco años- un nuevo
cometido y, sin embargo, nuestro Código Penal no establece la sanción a esas desobediencias. Como ya he dicho en no pocas intervenciones, y con la reflexión que todos han puesto de manifiesto y que creo que es predicable de cualquier reforma
importante y no menos importante en el ámbito del derecho -porque el derecho es meditación y cálculo-, es mucho mejor que lo hagamos entre todos sopesando los distintos ángulos.


Fiscalía Europea. ¡Claro que es importantísimo ese papel! Eso es construir Europa, ese es el club en el que quisimos entrar durante mucho tiempo y del que formamos parte prioritaria. Por tanto, ahora compartimos ese deseo que aprobó el
reglamento en el año 2017 de que la Fiscalía Europea proteja los intereses económicos de la Unión y para ello establece unos mecanismos de actuación rabiosamente independientes por los cuales unos fiscales son propuestos por los Estados, son
designados por la Unión Europea y dependen funcionalmente de la Fiscalía Europea. Esperemos -y he tenido estas conversaciones con el comisario Reynders hace escasamente diez días- poder aligerar, poder acelerar esos mecanismos de designación para
que puedan ponerse en marcha porque son muchos los peligros que tiene la Unión Europea y sus intereses económicos y, con lo que nos viene ahora, es aún más acuciante su reforma.


En cuanto a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, me preguntaba por el principio de oportunidad, por la acusación popular, los dos tipos de detención y no sé si hay algún tema más. Sí, hay otro capítulo, he

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citado tres esquemas fundamentales, pero hay una serie de cuestiones puntuales que tampoco quiero dejar de abordar. La acusación popular es un instrumento que tiene acogida constitucional en el artículo 125 y evidentemente, y aunque no
viene específicamente previsto para la acción popular penal, parece razonable que así sea y tiene tradición en nuestro derecho. Lo que también parece claro es que está mal regulado en nuestra actual Ley de Enjuiciamiento Criminal y, conforme a la
mejor doctrina, por otra parte, hay que decir que la acusación popular no existe prácticamente en ningún país del mundo, pero en el nuestro sí. ¿Qué hemos hecho? Ordenarla, y para eso hemos establecido delitos sobre los que es posible la acción
popular, fundamentalmente sobre aquellos bienes jurídicos de titularidad colectiva y se establecen una serie de delitos para los que se puede ejercer la acción popular, hay legitimación. Pero después también hemos hecho una limitación subjetiva y
ha parecido razonable que los partidos políticos y los sindicatos, que tienen constitucionalmente otro papel que cumplir en la sociedad y en la democracia, no tengan la legitimación. Pero, insisto -y esto vale para toda la Ley de Enjuiciamiento
Criminal y para todas las leyes que se impulsan desde este ministerio-: el Ministerio de Justicia tiene la primera palabra, pero no la última; la última estará en esta casa. Por tanto, habrá que modelar y no habrá ningún problema ni ninguna
derrota si las cosas se cambian, pero sí sería una derrota que se articularán cosas que no han sido objeto de reflexión. Y ahí es donde siempre me van a encontrar enfrente, pero para el diálogo, para buscar fórmulas de consenso, ahí siempre estaré
presente.


Respecto del principio oportunidad, claro que sí, claro que tenemos que articular un mecanismo. Pero, cuidado, ese mecanismo ya existe en nuestro derecho. ¿O no es principio de oportunidad aquellas reglas rígidas de la indisponibilidad del
objeto del proceso? El objeto del proceso tiene facetas de disponibilidad, por ejemplo, las sentencias de conformidad actual hasta ciertos extremos o el proceso de menores, donde tiene una enorme acogida al principio de oportunidad. Este principio
se desarrolla no solo en la Lecrim sino también en la Ley de Eficiencia Procesal, aprobada el martes pasado en el Consejo de Ministros, donde se establece una nueva articulación de la sentencia consensuada con más límites pero, a la vez, con más
garantías desde los cinco años y donde hay que articular documentalmente cuáles son los indicios que lo permiten.


Efectivamente, la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece dos tipos de detenciones: aquella que se produce ante la situación, llamémosle ordinaria, de comisión de un delito para evitar el riesgo de fuga o la destrucción de pruebas, que es
el caso habitual de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, o el supuesto en el que se produce la detención ante las desatenciones ante los llamamientos judiciales, estableciéndose una regulación.


Me hablaba de la ratificación del Protocolo número 16. Ya sabe que el Gobierno de España ha entendido que no es necesario ratificar ese protocolo, y no lo hace porque los derechos humanos ya están protegidos por nuestros tribunales,
concretamente por el Tribunal Supremo y por el Tribunal Constitucional.


Señor Legarda, muchísimas gracias por sus palabras -y lo digo sin menoscabo de ningún otro portavoz, por favor, ya les he dado las gracias a todos inicialmente-, porque sus palabras son siempre un impulso para seguir trabajando porque esa
alineación a la que hacía referencia la compartimos hace mucho tiempo. Hemos tenido el placer de trabajar juntos y puedo decir que es un placer gozoso. Siempre se ve la luz con el mucho entendimiento y eso no quiere decir, ni muchísimos menos, que
siempre haya coincidencia de planteamientos, pero lo que sí que hay es ese consenso, como he dicho más de una vez en la tribuna de este Congreso, que no es un fin pero sí es un buen modo de trabajar. Por eso le doy las gracias.


Quiero hacer una referencia, porque quizá no lo he explicado bien o no se ha explicado bien en la rueda de prensa y efectivamente el texto les va a ser remitido de manera inmediata, sobre la nueva forma de resolver los litigios. La
litigiosidad en nuestro país, en todos los países, no es ni buena ni mala, no es un dato favorable ni desfavorable, es simplemente un marcador de la conflictividad social. Lo que es importante es determinar que son los poderes públicos, tal y como
establece nuestra Constitución, los que tienen que remover los obstáculos para que esa litigiosidad, esas controversias se resuelvan, y eso tiene que hacerse conforme a la mayor cohesión social. El litigio, no nos engañemos, es una manera por la
que hoy los ciudadanos españoles optamos, pero es la última ratio, es la cirugía. Por eso decimos de una manera un tanto poética, y si me apuran hasta cursi, que antes de entrar en el templo de la justicia hay que pasar por la casa de la concordia.
Eso es lo que se busca, en un momento de conflictividad social enorme se busca un elemento de potenciación de la cohesión social, de tal modo que ese mal arreglo sea mejor que un buen pleito. ¿Por qué? Porque ninguna de las dos partes se siente
frustrada en sus pretensiones iniciales.

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Esa es la idea y esto va a ir acompañado, como decía en mi intervención, de incentivos fiscales, estableciéndose mecanismos y pautas -y con esto también contesto a otro de los compañeros que ha intervenido-, creándose en los juzgados y en
las sedes judiciales una unidad de información y apoyo para impulsar todo esto. Sabemos -y este ministro es consciente de ello- que pocas veces el Boletín Oficial del Estado cambia realidades, lo que sí establece son las bases para que eso pueda
realizarse. Esto es un cambio cultural, un cambio estructural, un cambio que necesita tiempos y esos tiempos van incentivados con estas cosas a las que me refiero, que es lo mismo que persigue la idea de la eficiencia procesal, por ejemplo, con la
sentencias testigo y la extensión de sus efectos. Por tanto, es mucho más que un mero trámite procesal, es intentar introducir con serenidad, sabiendo que el fin sería que se resolviese uno de cada cuatro, lo que permitiría, con cerca de 400
millones, que pudiéramos resolver los conflictos que no tienen esta solución. Esta es la idea de los MASC, los medios adecuados de solución de controversias. Se está preparando también una ley de mediación o ámbitos similares en el ámbito
contencioso-administrativo, que tendrá su concreción en poco tiempo.


Me interrogaba sobre la idea del juez de garantías. El juez de garantías no se puede entender sin el fiscal investigador y el juez de la fase intermedia. La Ley de Enjuiciamiento Criminal establece un nuevo diseño del modelo procesal
penal. El modelo procesal penal es mucho más que un conjunto de normas procesales o de cuerpo normativo, ya que regula exactamente esa temperatura de cómo aborda el Estado la criminalidad y protege -entiéndanme bien, lo pongo entre comillas- a
aquel que está siendo investigado. Por tanto, es necesario establecer todo un mecanismo de garantías, y eso es lo que hace la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Por un lado, cambia el paradigma de la instrucción, que deja de llamarse así y se
convierte en la fase de investigación. Sería un error descomunal entender juez de instrucción igual a fiscal instructor. No, no es eso, para nada. Lo que hacemos es otorgar al fiscal y al juez el rango constitucional que les dio la Constitución
de 1978. Por eso con esta Lecrim nunca hemos tenido más juez y nunca hemos tenido mejor papel del fiscal promoviendo la acción de la justicia, que son los dos roles que establece nuestra Constitución para el juez y el fiscal, respectivamente.


El juez de garantía acompaña al fiscal investigador e interviene exclusivamente cuando haya injerencia en los derechos fundamentales del investigado. Por tanto, es el abandono de esa idea que puso de manifiesto muy gráficamente Tomás Vives
cuando explicaba que actualmente el juez de instrucción es juez de capa y espada, de escudo y espada. A partir de ahora, estas dos armas o estos dos instrumentos serán articulados por personas distintas, cumpliendo cada una con su rol
constitucional. Por eso decía que no se puede entender el fiscal investigador y el juez de garantía sin entender al juez de la fase intermedia. Es este un juez ajeno a esa investigación y a la garantía de los derechos involucrados el que va a
determinar si se produce la apertura del juicio oral y, por tanto, si alguien va a ir a juicio. Igualmente, en esta primera fase procesal, podrá rechazar, descartar, escupir del procedimiento aquellas diligencias que se hayan obtenido vulnerando
los derechos y las garantías de los investigados. Por tanto, permitirá que al proceso llegue un material depurado. También me preguntaba el señor Legarda sobre los fiscales europeos -y algo he contestado anteriormente-, pues son designados por la
Unión Europea y después pasan a depender de la Fiscalía Europea.


Justicia 2030 -perdón, señor Bal, solo me queda este apéndice-. Bueno, ahora no está el señor Bal. ¿Por qué Justicia 2030? Es un tema que le gusta mucho al señor Bal y que me gusta a mí explicar porque efectivamente pudiera dar la
sensación de que Justicia 2030 es un 'ya lo arreglarán los que vengan detrás'. No, es justamente lo contrario porque los que vengan detrás, con independencia de quienes sean, tienen que sentirse tan involucrados en Justicia 2030 como este Gobierno
y este ministerio. ¿Por qué? Porque realmente entendemos, y lo hemos hablado muchos de los que estamos aquí presentes, que el cambio de justicia no es un cambio revolucionario, es un cambio evolutivo. Por tanto, este ministro cree en la evolución
del sistema de justicia, en su creación y en su diseño, no cree en la revolución, porque además no podemos dejar de compartir unas estructuras que tienen que ir acompañando a todos estos cambios. La gestión del cambio, como saben muy bien -lo saben
mejor que yo-, muchas veces está abocada al fracaso si no se hace bien. Por eso es importantísimo que establezcamos un sistema tranquilo, que todavía no está definido. Quiero oír a todo el mundo, si es necesario habrá que hablar de una ley de
transitoriedad que nos permita hablar del tránsito, permítanme la redundancia, entre el proceso penal actual, es decir, el de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882 que se aplica diariamente, y la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal. Por eso y
para disipar todo tipo de dudas del tipo que cada uno legítimamente quiera tener, hay que darle un tiempo de tramitación tranquila, lenta, sosegada, donde todos podamos enriquecer ese texto, confiar en él y hacerlo nuestro, y después seis años de
vacatio. ¿Que esta Cámara

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llega a la conclusión de que no son necesarios seis años? Bienvenida sea esa rebaja, pero que nadie piense que hay urgencias en un cambio tan estructural.


Ahora sí, señor Bal, de Ciudadanos. Agenda 2030. Vale ya lo dicho ahora mismo. Le voy a decir algo: Justicia 2030 es mucho más de lo que usted ha manifestado en su intervención. ¿Que a usted no le gusta? Sé qué le gusta, sé que las
indicaciones que usted ha hecho tienen ese punto de exteriorización muchas veces de la divergencia en vez de la convergencia, pero usted sabe muy bien -espero que lo lea en el Diario de Sesiones- que usted y yo convergemos mucho más que discrepamos.


Vuelve a la cantinela del desacierto de habilitar unos cuantos días en el mes de agosto, concretamente del 11 al 31. Lo he dicho por activa y por pasiva, fue una decisión absolutamente colegiada, tomada de común acuerdo con muchas personas,
pero también he dicho siempre que había un colectivo más perjudicado que otros. No olvide nunca que el interés superior era la mención del ciudadano; un ciudadano que veía cómo los juzgados habían estado parados en un 90 % o un 95 %, demasiados
meses y que era necesario reactivarlos, no solo para recuperar el ritmo anterior, sino porque venía una gran sobrecarga por la conflictividad social que está generando la crisis de la COVID-19. Por eso era necesario articular toda una batería de
cuestiones y soluciones, como por ejemplo la entrada en funcionamiento desde el 1 de septiembre de los planes de choque para reactivar los juzgados de lo Social, Mercantil y Contencioso-administrativo, como he dicho en intervención. Eso era
necesario hacerlo y ceñirlo únicamente al mes de agosto. Por eso se habló con el Consejo del Poder Judicial en orden a las vacaciones del sector justicia, de los jueces, se habló con las comunidades autónomas, se habló con la Fiscalía y se habló
con todo el mundo. Se ha intentado dañar lo menos posible, pero hay un dato que reconforta a este ministro. Los datos son tozudos, cada uno les puede dar la instrumentalización que quiera, pero si un agosto normal ha habido 45 000 demandas en los
ámbitos en que se puede, y que por tanto no es inhábil, este mes de agosto ha habido 110 000. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que ha habido algo más del doble? No. Lo que quiere decir es que esos abogados han visto que era necesario activar el mes de
agosto porque sus clientes estaban demandando tutela judicial. Por tanto, era necesario. Y lo han hecho voluntariamente, no urgidos por un traslado del tribunal diciendo que tiene que contestar en equis días una determinada actuación procesal.
No, ha habido de 45 000 a 110 000, y ahí están los registros oficiales.


Señor Bal, decía que le chocaban mis declaraciones en un periódico nacional en orden a la revisión del Código Penal en materia muy concreta de rebelión y sedición, y decía que había dicho que era la sentencia del procés. Sí, lo dije con
pleno conocimiento de lo que estaba diciendo, porque lo que tengo claro es que ese artículo llevaba prácticamente doscientos años escrito y, como no había sido aplicado, nadie había recabado. Usted es buen estudioso del derecho y del derecho penal,
y le pido que mire bibliografía a ver cuántos tratadistas de derecho penal, cuantos penalistas, habían abocado por esta reformula. Era un tema olvidado y la realidad nos ha puesto sobre la mesa cosas. Estoy estudiando el Código Penal francés, el
portugués, el alemán y el italiano, y dan un tratamiento bastante diferente a lo que nuestro ordenamiento jurídico tiene, pero le invito también igualmente a que vuelva a releer al marqués de Beccaria y a otros muchos tratadistas que nos han
establecido las reglas básicas del derecho penal.


Una cosa, señor Bal. Lea la Ley de Enjuiciamiento Criminal y su disposición final sexta. Tiene una orden al Gobierno de que en el plazo de un año tiene que presentar y elevar a estas Cámaras una modificación de la Ley del Estatuto Orgánico
del Ministerio Fiscal. Claro que nos preocupa y así se lo expresé al comisario Reynders. Pero usted, como abogado del Estado, tiene que saber muy bien que no sirve alentar dudas sobre la actuación de los profesionales, porque eso mismo sería
revertible a usted, que ha trabajado para la Abogacía del Estado y dependiendo de muchos ministerios. Por tanto, no está ahí. Hay que prestigiar más las tareas, porque los funcionarios del Estado lo hacen divinamente, no tienen que someterse, y
porque está trabajando para el Estado, no dependen del Gobierno de turno. Usted lo sabe muy bien. Por tanto, no echemos tierra sobre la actuación de nuestros profesionales, porque contamos con unos magníficos profesionales de los que nos debemos
enorgullecer.


Señor Asens, gracias por sus palabras. Es verdad que ha estado menos bravo que en otras ocasiones y se lo agradezco mucho. Sé que usted tiene varias fijaciones, pero yo me remito a lo que les he dicho siempre. No son promesas incumplidas,
son promesas que se cumplirán pero que tienen su tiempo y hay que reposarlas, porque son medidas que tienen un enorme calado. Lo que sí le puedo decir es que este ministerio y este ministro no están ociosos. Creo que con la dación de cuentas que
les he rendido aquí se habrán dado cuenta de que no ha habido muchos días libres. Efectivamente, estamos en ello. ¿Cuántos años necesitan? No lo sé, espero que no haya que contarlos por años. Lo

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que sí le digo es que todos los estudios que se aporten son estudiados y por tanto introducen nuevos debates, nuevas reflexiones. Intentaremos llevar al Consejo de Ministros una reforma que ojalá pudiera contar con el gran respaldo de la
Cámara, porque viendo ese derecho comparado, que es tan importante para nosotros porque vivimos y nos miramos y nos reflejamos en ello, es necesario ver todas las medidas porque hay que articular muchas cuestiones. Por eso se está haciendo con el
sosiego que algunos de ustedes han vertido en sus manifestaciones. Es necesario que abordemos la decisión fáctica normativa, los bienes jurídicos a proteger y las consecuencias jurídicas de su infracción para no romper esa proporcionalidad que
exige la construcción de un derecho penal que es un instrumento tan potente.


Señor Sánchez, permítame que le conteste en los términos generales en que usted ha expresado su intervención. Lo que tengo claro es que a usted no le preocupa nada la mejora de la justicia. Usted ha ido a su copla, a su canción. Una cosa
sí le voy a decir. Si se ha sentido molesto por la cita de Bill Clinton, yo la retiro gustosamente. Pero si usted ha entendido eso yo me he debido explicar fatal, porque realmente el contexto no tiene nada que ver con lo que usted ha querido
interpretar.


Habla de eslogan hueco. No tengo respuesta para eso. Intento ser lo más sincero posible y rendir las cuentas necesarias ante esta Comisión, a la que respeto muchísimo. Me ha recordado esos malos miembros del tribunal de tesis que iban al
examen del doctorando con los papeles y las cuartillas con el membrete del hotel en el que habían dormido la noche anterior. Le voy a decir una cosa. No le ha gustado la cita de Bill Clinton, pues le voy a dar una ahora de Yuval Noah Harari: 'El
mayor enemigo de nuestra sociedad no es el virus, sino los demonios internos, el odio, la codicia y la ignorancia'. Por favor, no caigamos en eso. (Aplausos).


¿No le gusta cómo funciona el Consejo General del Poder Judicial? Le voy a decir que es un órgano constitucional. Sé que hay muchas cosas de la Constitución que a usted no le gustan. No reconoce la necesidad del cambio climático, no
reconoce la violencia de género, las comunidades autónomas le producen urticaria... No voy a ser grueso en el comentario o la calificación. Lo que sí le puedo decir es que usted y yo vemos la democracia de muy diferente manera. (El señor Sánchez
García: ¡Sin duda!).


Señor Jerez, he oído parte de su intervención con cierta preocupación, y se lo digo con respeto y admiración. Han sido muchas horas las que he pasado con su grupo parlamentario y sé lo que son capaces de hacer por el bien de este país. Por
eso, me preocupa cuando algunas veces oigo esos discursos como el que le acabo de comentar. Afortunadamente, creo que verán la luz y estoy dispuesto a darles todo el tiempo que sea necesario, porque necesito contar con el Grupo Popular, como con
todos los grupos de esta Cámara, para la reforma de la justicia, porque es una reforma estructural. Sé que vivimos unos tiempos complicados, donde es preferible sacar punta y que la realidad no te estropee el titular que ya hay configurado. En una
sesión de control expliqué cómo la pandemia nos había marcado la vida y que esto no era una experiencia, sino una vivencia, porque nos transformaba, porque estábamos en un proceso constituyente como personas. Se hicieron hasta editoriales hablando
de que yo estaba pidiendo una reforma constitucional. Para nada. Creo que pocas personas defienden la Constitución, del primer artículo al último, como quien les habla, pero eso da igual. Por eso, les pido que recapaciten, que vuelvan a la senda
constitucional completa y que participen en la renovación de los órganos constitucionales, porque saben que no hay elección, no hay alternativa. Como le he dicho más de una vez en las sesiones de control, no se puede ser constitucionalista a tiempo
parcial. Creámonos la Constitución entera y pongámosla en marcha. No será del todo de nuestro gusto, pero tenemos la obligación constitucional, porque el constituyente lo que quiso es que hoy, quienes sean capaces de formar los tres quintos -ahí
están ustedes- contribuyan y arrimen el hombro y, por tanto, no vale esconderse.


No hay contradicción en el anteproyecto de la ley de eficiencia procesal, y ahí está la parte que reconozco que más me gusta, que me encanta. Contamos con 240 000 abogados, 140 000 ejercientes y todos los profesionales de la justicia a los
que usted ha hecho referencia; están perfectamente preparados. La idea de la ley es que sean abogados o hasta un tercero neutral, por tanto, no necesariamente, incluso se prevé, que aquella persona a la que se acuda no tenga ni conocimientos
jurídicos. Sabemos que la posibilidad de resolver no necesariamente pasa por el mundo del derecho, pasa por el mundo del raciocinio. Evidentemente, muchas veces habrá que atender a esos mensajes y a esa orientación jurídica. Está previsto todo,
pero también esta parte. No es tanto una memoria económica para preparar. Es más, sabe muy bien, señor Jerez, que hay montones de profesionales que ya son expertos en estas materias, y los hay en el mundo de la abogacía, de la procura, de los
graduados sociales. Es verdad que estadísticamente no ocupan un gran número, pero ¿alguien duda del éxito que tienen las conciliaciones

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en el ámbito social, y no de ahora, sino desde hace muchísimo tiempo? Esas son las buenas prácticas que tenemos que generalizar.


Respecto a los partidos judiciales, no va a desaparecer ninguno. Es más, con el problema de lo que se conoce como la España vaciada -término que reconozco que no me gusta mucho, pero con el que nos entendemos todos-, lo que tenemos es una
obligación de arraigar al ciudadano en su terruño. Y esa es justamente una de las cuestiones que se persigue con la oficina de justicia en el municipio; es simplemente hacerle la vida más fácil al ciudadano y no obligarle a desplazarse a la
cabecera del partido para prestar una declaración, para pedir cualquier copia de expediente o preguntar: cómo va lo mío, cómo va mi expediente judicial. Eso es lo que se pretende con una oficina de justicia en el municipio. Es una oficina
multiuso, que puede tener las mayores variedades, todas las que necesite el ciudadano. Ojalá las administraciones seamos capaces de facilitarles en ese habitáculo la vida a los ciudadanos y no tener que obligarles a desplazarse. Porque, insisto,
vivimos en la era de la transformación digital, aunque hay muchas personas que no han llegado ni a la analógica. Tenemos la obligación de no dejar a nadie atrás -eso que dice el presidente del Gobierno tantas veces-, porque esa es la obligación de
un gobernante: no dejar a nadie atrás, y esta es la parte que nos corresponde a Justicia. Nadie tiene que tener miedo, porque nada va a desaparecer; pero como la energía que ni se crea ni se destruye, solo se transforma, eso es lo que estamos
haciendo en el sector de la justicia: utilizar aquello que es bueno, facilitarle la vida del ciudadano. Porque no nos engañemos, lo que hay claros son los principios, y el principio de la tutela judicial efectiva, tal y como estableció el Tribunal
Constitucional hace ya muchos años, reside en dos factores fundamentales: por un lado, la cercanía de la justicia, de la resolución al ciudadano y, en segundo lugar, la organización eficaz. Al articular esos dos ejes, podremos lograr que nuestra
ciudadanía tenga lo que legítimamente reclama, que es una mayor efectividad en la tutela judicial.


Informe rebus. Esto se lo voy a leer, porque no me ha dado tiempo a aprendérmelo. La disposición adicional séptima de la Ley 3/2020, de 18 de septiembre en el Boletín Oficial del Estado, nos dice: el Gobierno presentará a las Comisiones
de Justicia del Congreso y del Senado, en un plazo no superior a tres meses, un análisis y estudios sobre las posibilidades y opciones legales, incluidas las existentes en el derecho comparado, de incorporar en el régimen jurídico de obligaciones y
contratos la regla rebus sic stantibus. El informe está listo, porque a eso es a lo que se ha comprometido el Gobierno, y en muy pocos días le puedo asegurar que llegará, vía Presidencia, el informe que ya tenemos. Estamos ultimando los detalles,
porque ha habido que incorporar datos -así se lo digo- de Industria, pero ya lo tenemos, por tanto, en nada será remitido, porque este Gobierno y este ministro cumplen.


Señor Aranda, muchísimas gracias. Tengo que reconocer que encontrar colaboradores enriquecedores de los textos es lo que perseguimos, y creo -lo digo con franqueza- que es lo que encuentro en esta Comisión. Como en todo, puede haber
discrepancias, y es bueno que las haya, pero son adalides de la búsqueda de los consensos, y ahí le tengo que dar siempre las gracias al grupo parlamentario, porque siempre están dispuestos al juego de la alteridad, algo que este ministro intenta
poner cada día en su trabajo, y que es ponerte en lugar de los otros, porque nadie está en posesión de la verdad. Lo que sí es más fácil, es que la encontramos entre todos.


Muchísimas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.


Han solicitado a la Mesa la utilización del turno excepcional de réplica, por un tiempo máximo de dos minutos, el señor Iñarritu por el Grupo Bildu; el señor Jerez por el Grupo Popular; el señor Legarda, el señor Aranda y el señor Sánchez.
Les ruego, por favor, que tengan en cuenta que la indicación es: máximo dos minutos, y en esta ocasión no voy a ser generosa con el tiempo. Vamos a hacer el turno de menor a mayor, por tanto, señor Iñarritu, es suya la palabra.


El señor IÑARRITU GARCÍA: Muchas gracias, señora presidenta.


Señor ministro, gracias por sus explicaciones. Como solo tengo dos minutos entraré a valorar en lo que no estoy de acuerdo, para no perder el tiempo en lo que me parece interesante o estoy de acuerdo. No le he preguntado sobre ninguna
sentencia no con el ánimo de no hacerle pasar un mal rato, como señalaba el portavoz de Ciudadanos, era para no perder el tiempo, porque ya sabía lo que usted me iba a contestar y, de hecho, lo ha hecho sin que se lo pregunte. Pero, dicho sin
acritud, el tema de que la justicia está politizada no es que lo diga yo, es que le dicen diferentes informes del Consejo de Europa o de la Unión Europea. Por eso, le pregunto directamente qué medidas va a tomar usted para despolitizar la justicia.
Y ya digo que esto no lo digo yo, sino que lo dicen altas instancias de organismos internacionales. Sobre que hay casos de

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lawfare, ahí están el caso del procés, el caso Otegi o el caso Boye. De hecho, ¿por qué fardan los señores del Partido Popular de controlar una sala del Tribunal Supremo? No le parece contradictorio que se arroguen ese control o, si no,
por qué no quieren renovar el Consejo General del Poder Judicial, cuál es el problema que tienen sino seguir controlando una justicia politizada o hacer nombramientos. ¿Nombramientos para qué, de qué perfil? ¿Y por qué nos oponemos el resto?


Usted me ha dicho luego que no han ratificado el Protocolo 16, porque España cumple los Derechos Humanos. Claro, qué me va a decir, qué Estado conoce usted que diga que no cumple los derechos humanos. Pero le he nombrado el caso de una
persona a la que dos veces la Corte Europea ha dicho que se le han conculcado. Creo que ratificar este protocolo podría ayudar a que España no sea condenado en una tercera ocasión por estos hechos, porque hay a una persona a la que se le han
vulnerado. Y si cumplen los derechos humanos, ¿qué problema hay para firmar este protocolo?


La señora PRESIDENTA: Señorías, su tiempo ha terminado.


El señor IÑARRITU GARCÍA: Acabo, señora presidenta.


De esto que les ocurre a independentistas vascos o a independentistas catalanes, cuídense ustedes también, porque en esa contrarreforma que están haciendo algunos poderes van a por ustedes también, como están dejando en evidencia.


Sin más dilación, les deseo felices fiestas, feliz Navidad a todos y a todas.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Iñarritu.


Tiene la palabra el señor Legarda.


El señor LEGARDA URIARTE: Gracias, presidenta.


A pesar de que en la otra intervención he sido muy breve y he intentado adherirme a algunas cuestiones que, en concreto, ha planteado el portavoz que me precedió en la palabra, por ejemplo, en cuestiones sobre derecho penal, sobre el
Consejo, sobre la Lecrim o sobre el caso Bateragune, quisiera continuar mi intervención con cuatro preguntas muy puntuales.


En cuanto al expediente judicial electrónico, que ha citado, en el escenario 2030, ¿cuál es el modelo del ministerio: un modelo de fusión o un modelo de interconexión? Sobre tribunales de instancia --algo que ha preguntado también el Grupo
Popular--, ha comentado que la oficina de justicia de esos municipios en esa reconversión de algunos juzgados de paz será un punto de conexión de la justicia con la ciudadanía, pero mi pregunta concreta es respecto a si en el orden jurisdiccional
civil y penal también habrá tribunales de instancia, que son los pendientes. Por lo que se refiere a la reforma del Consejo General del Poder Judicial como última cuestión, parece, por lo que hoy me han comunicado, que se va a habilitar el mes de
enero. Es una iniciativa que no viene del Gobierno, que viene del grupo parlamentario, es decir, de una proposición de ley. El otro día, durante el debate de toma en consideración -que apoyamos finalmente-, manifesté si no sería conveniente que la
legislación exprés, en estos temas que tienen tantas aristas y que son delicados, viniera arropada por informes. Porque es una proposición descarnada -como todas las proposiciones que hacemos los grupos- y por eso le pregunto si no cree que sería
conveniente que el Gobierno reclamara informes al Consejo de Estado y, en su caso, al Centro de Estudios Constitucionales, ya que hay una cuestión constitucional concernida.


Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Legarda.


Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Sánchez García.


El señor SÁNCHEZ GARCÍA: Con la venia.


Le he visto a usted irritado, señor ministro. Dice usted que no me importa la reforma de la justicia. Bueno, a mí lo que me importa más es la justicia, que es lo que ataca usted como ministro y su Gobierno. Sobre el juez instructor, usted
dice que se llama a la plenitud del ministerio fiscal al encargarle la instrucción con arreglo a la Constitución. No es cierto; el artículo 124 de la Constitución, en su punto 1, no habla de la instrucción a cargo del ministerio fiscal. Y el
mismo artículo, en su punto 2, habla de la unidad de dirección que preside dicho ministerio. ¿Me puede usted explicar si existe una dirección actualmente en la instrucción por los jueces y cómo va a ser posible esa nueva dirección con la
independencia del fiscal

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instructor en el futuro, si es que se aprueba esa ley? Me parece que están ustedes forzando la letra de la constitución; la letra y su sentido genuino.


Caso Navajas. No me ha respondido usted. Me puede usted decir ¿cómo es posible hacer compatible la imparcialidad del ministerio público, que es exigencia de su estatuto orgánico, con que la querella haya sido promovida precisamente contra
usted y otros miembros del Gobierno por su actuación en la epidemia del coronavirus? ¿Es posible que haya informado en nombre del ministerio público el teniente fiscal cuando ha dejado de serlo ope legis, como he dicho antes, es decir en una
situación de manifiesta regularidad? ¿Le parece a usted eso conforme con la Constitución, con el estatuto orgánico, que forma parte, con autonomía, pero que forma parte del Poder Judicial? Tengo la presión de que no le gusta a usted la
independencia del Poder Judicial. Usted ha sido magistrado, es magistrado, pero ha tocado ya los tres palos de los poderes del Estado; ha sido diputado y es ministro, y me parece que esto quizá empañe un poco su visión de las cosas.


Concluyo. Dice que usted y yo vemos la democracia de un modo muy diferente. No tenga ninguna duda; yo de lo que dudo es de que usted y su Gobierno sean demócratas.


Nada más.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Sánchez García.


Tiene la palabra, por el Grupo Popular, el señor Jerez.


El señor JEREZ JUAN: Gracias, señora presidenta.


Simplemente haré una intervención de cortesía. Me doy por satisfecho y me doy por contestado en todas las preguntas que le he formulado, señor ministro. No voy a entrar en la provocación sobre nuestra vuelta a la Constitución o al texto de
la carta magna, porque, señor ministro, nunca nos hemos marchado de ese texto constitucional. Lejos de las coincidencias o de los desencuentros que pueda tener este grupo parlamentario con usted o con la cartera que usted representa y gestiona, le
quiero agradecer su comparecencia porque nos permite siempre una nueva oportunidad para, como usted dice, ensanchar el debate parlamentario y eso, francamente, siempre es bueno.


Señor Campos, le deseo muy felices fiestas en salud y con mucha justicia.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Jerez.


Corresponde el turno de palabra el señor Aranda por el Grupo Socialista.


El señor ARANDA VARGAS: Brevemente, comentaré un par de cosas que decía el portavoz de VOX. Con todo respeto, creo que son un poco de cartón piedra; aparentan dureza, pero luego tienen la piel muy fina y ante cualquier cosa que se les
dice, ya saltan. Es de agradecer que hoy pasen de decir Gobierno asesino a Gobierno no demócrata. Creo que es un paso en su escalada hacia la verdad, pero bueno ahí estamos. Tampoco quiero polemizar más porque imagino que es lo que buscan, esta
confrontación, y eso es lo que los ciudadanos no quieren. El CIS decía uno de estos días que la ciudadanía quiere acuerdos, que quiere que los partidos se pongan de acuerdo, que los partidos debatan y lleguen a pactos y yo me quiero quedar con esta
idea. Me quiero quedar con la imagen del jueves, cuando este Congreso llegó a un pacto histórico por la ley de la eutanasia. Es una lástima que algunos partidos no quisieran estar, pero yo -cogiendo la palabra del señor Jerez- me quedo con esta
intención de llegar a acuerdos en el futuro porque la justicia se lo merece.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Aranda.


Señor ministro, le corresponde a usted cerrar esta comparecencia. Tiene para ello la palabra.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Campo Moreno): Muchas gracias, señora presidenta.


Voy a intentar ser lo más breve posible, pero igual que han hecho el esfuerzo de utilizar estos dos minutos, no quisiera dejar de contestarles.


Señor Iñarritu, estamos intentando incorporar elementos con el consenso de todos para que la ciudadanía borre de su imaginario esa idea de la que somos muy responsables todos nosotros de que nuestra justicia está politizada. Hay una
encuesta que no me canso de repetir, realizada por el Consejo General del Poder Judicial a los 5500 jueces, en la que nos dicen en un 99 % de ellos que se sienten rabiosamente independientes. Sin embargo, la ciudadanía percibe otra cosa porque a
veces hay, como dice Sabina en su canción, ruido, ruido y ruido. No obstante, creo que tenemos que trabajar en esa línea

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y por eso propuse en la sesión de la Comisión del día 17 de febrero -ahí está el Diario de Sesiones- y en otros sitios que creo que tenemos que dar un paso adelante porque, efectivamente, la ciudadanía no distingue muy bien el juez y el
Consejo, pero nosotros sí tenemos la obligación de hacer pedagogía y deslindar esos ámbitos. Y ahora solo hablo de la percepción del órgano de gobierno. Es cierto, es un órgano constitucional de reciente creación, que aparece por primera vez en la
Constitución de 1978 siguiendo los modelos europeos, que arrancan después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué ocurre? Que es verdad que en la Constitución de 1978 establecemos una figura nueva que no encuentra el tono justo para abordar su papel y
su rol constitucional y, por eso dije, que creo que deberíamos ir en una línea clara de reforma de ese órgano constitucional, y propuse tres medidas. Una, volver al pacto de Estado de 2001, que creo que fue el pacto de Estado más importante de
compromiso por la reforma de la justicia que ha habido en este país, y eso significa, en cuanto a la elección del Consejo General del Poder Judicial, una mayor potenciación de la carrera judicial, de tal modo que sea una propuesta la que venga a las
Cámaras de un cupo de 36 jueces de entre los 5500. Es decir, que sean los 5500 jueces los que elijan entre los suyos a los que consideren los mejores para ese puesto, y de esos 36, que 12 sean elegidos por las Cámaras, 6 Congreso y 6 Senado. Es
más, como la gestión del modelo levanta sospechas porque hay una mala interpretación de la doctrina del Tribunal Constitucional porque se entiende que, obiter dicta, donde dice de los peligros en que se pudiera incurrir desmerece la
constitucionalidad del modelo de elección parlamentaria, podríamos construir unas comisiones para que también se analizaran perfiles diferentes de entre esos 36 jueces que ha elegido la carrera judicial.


Por último, el Consejo General del Poder Judicial. Debemos de hacer que aquellas decisiones, mínimas estadísticamente en cuanto a su acontecer diario, vengan respaldadas por una amplia mayoría. Por tanto, que un candidato para ocupar plaza
de magistrado de cualquier sala del Tribunal Supremo o la presidencia de los tribunales superiores de Justicia sea elegido por un quórum reforzado. ¿Con eso qué quiero transmitir? La necesidad del diálogo, la necesidad y la obligación del diálogo,
con una finalidad muy clara: que no se perciba una politización de la Justicia, porque nuestros jueces -no yo, no usted- son los que dicen que se sienten rabiosamente independientes cuando resuelven los pleitos que tienen en sus mesas.


Mire, no me corresponde a mí esta defensa, incluso seguro que alguno me va a criticar, pero ya uno sabe que eso va en su función. Si usted cree de verdad que el Partido Popular controla la Sala Segunda, que es el ejemplo que me ha
utilizado, es que no ha visto la sentencia reciente que condenaba a título lucrativo al partido, etcétera. O las instrucciones que estamos viendo. Y no tengo que decir nada más, porque me parecen conductas tremendamente censurables, como estoy
seguro de que también a todo el Partido Popular. Pero le digo una cosa: no se controla a los tribunales de Justicia, no se controlan; y, por tanto, tengo que volver a decirlo.


En cuanto al Protocolo 16, le he intentado explicar por qué no se ha firmado, porque en España cada juez vela y cumple el respeto a los derechos humanos y, por tanto, se establece esa posibilidad de acudir al Tribunal Europeo. Si toda la
crítica a España va a ser porque hay algunas sentencias puntuales, por muy llamativas que sean, no me preocupa porque la verdaderamente importante es que en algo más del 99 % en España se cumplen los derechos humanos. Y solo cuando no es así, hay
una posibilidad de recurrir, porque lo que sería censurable sería no poder acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pudiendo hacerlo, yo estoy muy tranquilo y entiendo que eso que dice nuestra Constitución, que España es un Estado social y
democrático de derecho -sobre todo esto último- es real.


Señor Legarda, muchas gracias otra vez, gracias que extiendo a todos. El expediente judicial electrónico. Ya he dicho que es el gran reto. Creo que hay unos cambios de paradigma que nos pueden significar no un plus en relación con el
anterior sino un aliud. Estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de una oficina orientada al dato y eso es lo que va a permitir un concepto moderno de expediente judicial electrónico. Me pregunta -evidentemente sabe muy bien de lo que me
habla- cuál va a ser el modelo, si la interoperabilidad o el sistema único. Se lo digo claramente: el que entre todos decidamos. De hecho, teníamos prevista el miércoles y jueves pasados una conferencia sectorial donde, en función de los acuerdos
y conclusiones que habíamos logrado en Lerma, se iba a dar extensión rápidamente a la Fiscalía General del Estado, al Consejo General del Poder Judicial para que opinaran, porque ahí tenemos que hacer este debate, pero lo tenemos que hacer entre
todos. Por tanto, ¿cuál va a ser el modelo? El que entre todos decidamos. Por mi parte, no sería ni fino ni elegante que me decantara ahora mismo, y creo que pueden entender perfectamente las razones.


Tribunales de instancia. Son una nueva forma de organización, sin perder la esencia de cada partido judicial, de abordar el papel y el rol constitucional que tienen los juzgados. Evidentemente -creo que en eso

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deberíamos de coincidir todos-, la idea del juzgado en los términos tradicionales de finales del primer tercio del siglo XIX no son de recibo en la era digital y con unas vías de comunicación como las que tenemos. Los tribunales de
instancia son una buena solución que viene madurando desde hace mucho tiempo y que está a punto de caramelo -permítame la expresión a estas horas de la tarde- para incorporarse en la eficiencia organizativa que verá la luz en los primeros meses del
año que viene.


No sé si hay alguna pregunta más. Sí, sobre los tiempos del Parlamento. Lo que es cierto es que el gran problema del Consejo es que no nos creemos los plazos que marca la Constitución y, por tanto, hay que ir a eso. Yo pregunto, ¿qué
hacemos?, ¿qué ocurre? Ahora me hablaba de si habilitar enero y de que yo me he manifestado en muchas ocasiones que soy un convencido de la reflexión. Sigo diciendo lo mismo, pero también digo: ¡cuidado, aquí no estamos cambiando el Consejo! Lo
que se ha incorporado en la toma en consideración ha sido: si un Gobierno del Poder Judicial, transcurrido un tiempo, debe seguir teniendo las mismas facultades. Que nadie se asuste, ya hay pequeñas manifestaciones en la Ley Orgánica del Poder
Judicial que establecen ciertas limitaciones que un Gobierno en funciones no puede hacer. Por tanto, no estamos rompiendo un techo, sino profundizando en una idea a la que nos aboca una situación. Y estoy convencido -voy a decir algo que me va a
perseguir mucho tiempo, pero no me importa- de que si llegamos a la calma esto será pacífico, porque creo que regular un Consejo en funciones no significa mermar en absoluto las competencias del órgano constitucional, porque está pensado para que
actúe en los tiempos que la Constitución quiere. Parece razonable, porque es una exhortación a los grupos políticos que tienen que conformar la voluntad para renovar el Consejo, para hacerlo y, por tanto, para disipar también esas dudas que
alimentan las tertulias y los comentarios de todos. Yo lo que espero es que la normalidad se instaure, que tengamos rápidamente la renovación del Consejo y podamos debatir con la serenidad necesaria esa cuestión.


Señor Sánchez, le puedo asegurar que no me conoce nada si piensa que estoy irritado. Nada más lejos. Lo que pasa es que a lo mejor en el espejo se está viendo usted, pero desde luego a mí no me vea porque no estoy ahí. Le voy a decir una
cosa con humildad: No me va a dar lecciones de interpretación de la Constitución. El papel que tiene la Constitución para el ministerio fiscal es promover la acción de la justicia; y eso es literalmente lo que dice el artículo, por lo menos mi
Constitución; igual usted se ha ido a alguna antigua, pero la mía, la del 78, dice eso. La independencia del ministerio fiscal no tiene nada que ver con la confusión que usted ha intentado introducir en sus palabras sobre la actuación bajo los
principios de unidad de acción e independencia jerárquica. Eso está pensando en líneas de política criminal, y claro que es razonable que se exijan por estos principios, que son los que sustentan las fiscalías en las que nos fijamos. Pero eso no
quiere decir que el fiscal no tenga independencia o autonomía en su funcionamiento, porque si se establecen discrepancias con una orden de un superior tiene mecanismos para hacerla valer. Ahora, con la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, esto se
potencia de una manera superlativa. Uno, por la obligación que tenemos de revisar ese Estatuto Orgánico del ministerio fiscal. Dos, porque la actuación del ministerio fiscal es colegiada, por tanto será mucho más difícil que una orden del superior
pueda vencer la voluntad de todo un grupo de fiscales y se establecerán mecanismos para establecer las discrepancias con una orden del superior. Le puedo asegurar que en la actuación del ministerio fiscal lo que no es de recibo; lo único es ese
ámbito de sospecha que usted introduce sobre él. Y déjenme que rompa una lanza por la magnífica labor que hacen cada día los 2500 fiscales en nuestros tribunales, porque sembrando la duda, como usted acaba de hacer, desde luego no se fortalece la
democracia.


No le voy a contestar sobre lo que pienso sobre su afirmación de que este Gobierno es el que no es demócrata. Creo que vuelve a mirarse en un espejo y hablar por usted mismo y su grupo.


Señor Jerez, muchísimas gracias por sus palabras. Se lo digo de corazón, ojalá que ese espíritu que acaba de expresar sea el que nos presida. Estoy convencido de que sí. Sé que hay gente que valora muy mucho el buen hacer y que las leyes
salgan lo mejor posible, porque es lo único que inspira a los miembros de esta Comisión.


Señor Aranda, le digo lo mismo. Muchísimas gracias por ese esfuerzo, por ese elemento aglutinador de voluntades del que no me cansaré. Si algo puede trasmitir este ministerio es eso, justamente eso, la capacidad de buscar los acuerdos
donde parezca que no es posible. Y eso yo sé que significa mucho sacrificio, mucho conocimiento para saber dónde hay una línea que no se puede traspasar, pero que mientras se pueda transigir es bueno porque el acuerdo es una buena forma de
trabajar.


Señorías, voy finalizando -gracias presidenta, por su paciencia-, pero no quiero terminar sin destacar dos aspectos importantes: el primero, la confianza. Lo he dicho varias veces en mis intervenciones, creo que he demostrado mi compromiso
con esta Cámara y con sus señorías. Agradezco enormemente la

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entrega y el buen talante de todos y cada uno de los que han hablado. Van a encontrar siempre en mí disposición al trabajo y al diálogo, y muchos de ustedes saben que lo digo con palabras reales. Creo que el ministerio rendirá cuentas
siempre, y yo mismo me comprometo a hacerlo en los términos que pactamos el 17 de febrero y siempre que esta Comisión tenga a bien llamarme. Quiero agradecerles su tiempo y sus propuestas, tomo nota de muchas de ellas. Y el segundo aspecto que
quiero destacar es algo que acabo de señalar, el diálogo, la cogobernanza. Sé que no le gusta, señor Sánchez, pero es una gran palabra. Creo que esta Comisión es un oasis de diálogo y consenso, en medio de tanta polarización política. Espero que
sigamos así toda la legislatura, porque nuestros ciudadanos lo van a agradecer. Quiero que esta Comisión se convierta en el epicentro de las políticas públicas de justicia; la conferencia sectorial con las comunidades autónomas ya lo es. Por eso,
señorías, cumplo, y sé que ustedes van a cumplir también. Insisto, sumémonos todos a este proyecto de país, que no entienda de ideologías ni colores políticos, sino de vocación de un servicio público como es la justicia, que creo que es lo que nos
tiene que unir, lo que espero que nos una.


Señorías, les deseo felices fiestas. Tengamos cuidado de protegernos todos y de proteger a los demás.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Para finalizar, señorías, señor ministro, en este año que termina, tan complicado, tan difícil, tan doloroso para millones de personas, me van a permitir que comparta con ustedes las palabras de una mujer admirable, de
la que este año celebramos el bicentenario de su nacimiento. Tomo prestadas las palabras de Concepción Arenal, quien decía que las fuerzas que se asocian para el bien no se suman, se multiplican. Con todo mi afecto y en la medida de lo posible,
les deseo unas buenas Navidades.


Se levanta la sesión.


Eran las seis y treinta y cinco minutos de la tarde.