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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 248, de 09/12/2020
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2020 XIV LEGISLATURA Núm. 248
HACIENDA
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ELOY SUÁREZ LAMATA
Sesión núm. 12
celebrada el miércoles,
9 de diciembre de 2020
ORDEN DEL DÍA:
Acuerdo sobre la comparecencia del señor interventor general de la Administración del Estado, para que dé razón de la contratación pública llevada a cabo por el INGESA desde el 14/03/2020 mediante los procedimientos excepcionales regulados
en la LCSP. A petición del Grupo Parlamentario VOX. (Número de expediente 212/000193) ... (Página2)
Proposiciones no de ley:
- Sobre los municipios turísticos. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001460) ... (Página4)
- Para la modificación de la Ley 20/1990, de 19 de diciembre, sobre régimen fiscal de las cooperativas. Presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. (Número de expediente 161/001523) ... (Página8)
- Relativa a la presentación y ejecución de un programa de consolidación fiscal a medio plazo. Presentada por el Grupo Parlamentario VOX. (Número de expediente 161/001612) ... (Página12)
- Sobre el pago a la ciudad de Marbella de las multas derivadas de casos judiciales por corrupción que estén relacionados con este municipio. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/000222)
... (Página16)
Votaciones.... (Página21)
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
ACUERDO SOBRE LA COMPARECENCIA DEL SEÑOR INTERVENTOR GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, PARA QUE DÉ RAZÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA LLEVADA A CABO POR EL INGESA DESDE EL 14/03/2020 MEDIANTE LOS PROCEDIMIENTOS EXCEPCIONALES REGULADOS
EN LA LCSP. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO VOX. (Número de expediente 212/000193).
El señor PRESIDENTE: Señorías, muy buenas tardes. Si les parece, comenzaremos esta sesión de la Comisión de Hacienda. Les anuncio que, por acuerdo de los portavoces, el punto número 3 del orden del día, la proposición no de ley número 3,
pasará al final. Así pues, si les parece, comenzamos.
La señora LÓPEZ DOMÍNGUEZ: Es la PNL número 1.
El señor PRESIDENTE: Entonces, la PNL número 1 pasaría al final.
Empezaríamos por el punto número 1 que figura en el orden del día, que es la solicitud de la comparecencia del interventor general de la Administración del Estado para que dé razón de la contratación pública llevada a cabo por Ingesa desde
el 14 de marzo de 2020, mediante los procedimientos excepcionales regulados en la Ley de Contratos del Sector Público. Todos ustedes saben que la Mesa, reunida el 17 de noviembre, decidió por mayoría no celebrar la comparecencia referida y, dado
que no obtuvo la unanimidad, es de aplicación el acuerdo de la delegación que tiene esta Comisión condicionada en la Mesa, y, por tanto, les pregunto si quieren intervenir en esta cuestión. Quieren intervenir el Grupo Parlamentario Popular y el
Grupo Parlamentario Socialista.
Tiene la palabra la señora España por tres minutos.
La señora ESPAÑA REINA: Muchas gracias, presidente.
Quería intervenir, porque llevamos ya varias comparecencias no celebradas, y nos parece realmente un escándalo que el Gobierno esté en contra de la transparencia, que precisamente es el que tiene que dar ejemplo a la sociedad. Es un
escándalo que los partidos que sustentan al Gobierno veten continuamente las comparecencias, ¿dónde está la transparencia?, ¿dónde está el control que debe de ejercer la oposición?, ¿nos están ocultando el derecho a la información? Estamos muy
preocupados con la deriva que está adoptando este Gobierno del Partido Socialista y de Unidas Podemos.
Realmente, hay muchas dudas en la contratación realizada, por eso pedíamos la comparecencia del interventor ante la Comisión de Hacienda, por la contratación pública llevada a cabo por el Ingesa, porque esta contratación se está realizando
con empresas recientemente constituidas, con empresas que no se dedican a lo que están vendiendo a la Administración, con empresas que tienen entre sus socios consejeros a personas que están vinculadas con el Poder Ejecutivo, contratos con precios
desorbitados, contratos con beneficios desorbitados y productos erróneos que no sirven para su destino. Por tanto, nosotros entendemos que no podemos seguir así, vetando comparecencias, y que no se pueden poner los intereses de los partidos por
encima de la democracia.
La verdad es que hoy hemos asistido a la última tomadura de pelo. El viernes pasado, la Mesa de este Congreso decidió que no se va a seguir prorrogando el plazo de enmiendas para el Proyecto de Ley de Lucha contra el Fraude Fiscal, sin
avisar a ningún grupo. Nos ponemos todos a trabajar, todos presentamos enmiendas. Hoy terminaba el plazo y hoy nos enteramos que Podemos ha solicitado en la Mesa una ampliación del plazo, después de que todos los grupos tengamos las enmiendas
hechas. Nos parece una falta de respeto, de seriedad, de rigor y una falta de compañerismo para el resto de personas de esta Comisión de Hacienda, que hemos estado todo el fin de semana trabajando para tener las enmiendas. Yo no sé si es que los
señores de la izquierda han estado sin trabajar el fin de semana y ahora quieren ampliación de plazo. La realidad es que esto es el Congreso de los Diputados y hay que tenerle respeto a la institución como tal, pero también a los compañeros de la
Comisión de Hacienda.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora España.
La señora Blanquer, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra.
La señora BLANQUER ALCARAZ: Muchas gracias, presidente.
En primer lugar, quisiera dejar constancia de que me llama mucho la atención, parecía que ahora Carolina España, del Partido Popular, haya pasado a ser la portavoz de VOX, porque me extraña mucho que se pida una comparecencia de VOX y que ni
siquiera el grupo proponente sea capaz de hacer una motivación de por qué solicita esta comparecencia y que sea el Partido Popular quien haga la motivación. Lo digo así porque, precisamente, en la Mesa donde se trató esta petición, no se motivó en
ningún momento cuál era la justificación por la cual se pretendía la urgente comparecencia de este alto funcionario del Estado, y precisamente en la Comisión de Hacienda, cuando de todos es conocido que Ingesa depende del Ministerio de Sanidad y que
se han dado todas las explicaciones oportunas por parte de los ministerios.
Por tanto, lo que es un escándalo es la utilización que están haciendo algunos miembros de esta Comisión de este voto delegado para solicitar comparecencias cuando quieren, como quieren y sin ningún tipo de motivación. Porque, además, lo
que sí podemos decir después de transcurridos estos meses es que lo que es un despropósito es cómo están utilizando la flexibilidad que estamos dando tanto los grupos que apoyamos al Gobierno, como el propio Gobierno, que estamos dando mucha. De
hecho, lo que a usted le parece un despropósito, que es el ampliar el plazo de enmiendas al Proyecto de Ley de Prevención de Lucha contra el Fraude Fiscal, es como consecuencia de que algunos grupos nos llamaron por teléfono viendo que necesitaban
ampliación de plazo. A mí me parece que es dar mayor flexibilidad a los miembros de esta Comisión para que puedan presentar cuantas enmiendas consideren oportunas y, por tanto, ampliar los plazos no creo que sea ninguna falta de respeto, sino todo
lo contrario.
Transcurridos estos meses, tengo que dejar constancia de dos cuestiones. A mí me parece que hay algunos grupos de esta Comisión que no tienen ninguna intención de ejercer control al Gobierno, más bien su única motivación es generar
sospechas, dudas, desconfianzas y siempre insultando a la acción del Gobierno. Además quiero también resaltar que, tanto VOX como el Partido Popular, además de no hacer ninguna motivación de por qué querían que interviniera en esta Comisión de
Hacienda el interventor general del Estado, además de no tener ninguna intención de acordar las comparecencias de acuerdo con un calendario razonable y con motivación, si hubiera sido por ellos esta Comisión se hubiera celebrado al mismo tiempo que
la Comisión de Presupuestos. Por lo tanto, yo creo que esa cuestión ya lo deja en evidencia. De VOX nos lo esperábamos, porque como ni siquiera su opción es presentar enmiendas y mejoras en la Comisión de Presupuestos no tenía ningún problema en
que esta Comisión se celebrara al mismo tiempo que la Comisión de Presupuestos.
Hay otra evidencia de la que yo quiero dejar constancia, después de todas las acusaciones que nos ha hecho el Partido Popular, y es que la acción del control al Gobierno ha estado garantizada en todo momento, a pesar de estar inmersos en una
pandemia tan difícil.
El señor PRESIDENTE: Tiene que ir acabando, señora Blanquer.
La señora BLANQUER ALCARAZ: Todos los ministros han comparecido cuantas veces han sido necesarias. La ministra de Hacienda Montero ha comparecido, en menos de un año, tres veces en esta Comisión, las mismas veces que el ministro Montoro en
toda la X Legislatura. (Aplausos). La ministra Montero tres veces en menos de un año y con pandemia, el ministro Montoro tres veces en cuatro años. Le han podido preguntar cuantas cosas han querido, pero, es más, hoy será la duodécima Comisión
que celebraremos, pero si comparamos periodos equivalentes con la X Legislatura, en 363 días de legislatura el presidente Sánchez ha comparecido 8 veces en Pleno y 83 veces los ministros en comisiones, justo el doble que el presidente Rajoy y sus
ministros en la X Legislatura.
El señor PRESIDENTE: Señora Blanquer, tiene que acabar ya, por favor.
La señora BLANQUER ALCARAZ: Termino enseguida.
Ha habido 573 preguntas orales respondidas por el Gobierno en el Congreso y en el Senado, 51 857 preguntas escritas contestadas por el Gobierno, 53 532 solicitudes de informe atendidas, un 320 % más que en la X Legislatura. Así que, termino
ya presidente, el debate está garantizado y la transparencia durante este periodo de tiempo ha sido total.
Muchas gracias, presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
La votación la haremos al final.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- SOBRE LOS MUNICIPIOS TURÍSTICOS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001460).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día, que, tras la alteración, sería la proposición no de ley sobre los municipios turísticos, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Para su defensa tiene la palabra su
portavoz.
El señor ALMODÓBAR BARCELÓ: Muchas gracias, presidente.
La importancia que la actividad turística tiene en la estructura económica de España es el resultado del esfuerzo de todos los agentes turísticos del sector en España. El turista actual es un consumidor maduro que se ha convertido en un
cliente experto y exigente con nuevas motivaciones y abundante información que exige unos grados crecientes de conservación y preservación del medio ambiente, de los recursos naturales, y también de seguridad ciudadana y sanitaria. En este marco
competitivo, el sector turístico español debe seguir evolucionando con sentido común, tratando de consolidar sus destinos tradicionales y propiciando el desarrollo dinámico y diversificado, atendiendo a las exigencias de la demanda, en un mercado de
ofertas tremendamente competitivo y mejorando los estándares de calidad que han mantenido a España durante años como un líder en turismo.
Las condiciones para calificar a un municipio como turístico, a efectos de la participación en los tributos del Estado, se establecen en el artículo 125 de la Ley Reguladora de Haciendas Locales. En el mismo se definen como municipios
turísticos aquellos que tengan una población de derecho superior a 20 000 habitantes y que el número de viviendas de segundas residencias supere el número de viviendas principales. Se trata de un concepto que, a nuestro entender, es preciso
modificar, porque la realidad lo supera, no teniendo en cuenta ningún aspecto turístico, ni plazas de alojamiento ni turistas recibidos. En la actualidad solo existen en España 21 municipios turísticos amparados por esta ley, pero todos conocerán
de otros municipios que deberían ser reconocidos como tales por su alto flujo turístico durante todo el año.
Señorías, en otras ocasiones en las que he tenido el honor de defender el interés turístico de España o proponer medidas que ayudaran al sector y a los destinos a superar dificultades y a mantener el altísimo nivel competitivo que tenemos,
les he manifestado que cuando hablamos de turismo, principal motor de nuestra economía, el mejor escaparate de España en el mundo, no deberían existir siglas e ideologías. Y, en el caso que hoy nos ocupa también lo haré, porque, además, son muchos
los municipios gobernados, por unos y por otros, que se podrán ver beneficiados con esta iniciativa, porque, además, son ellos, los propios municipios, los que nos lo están reclamando, además de ser ellos también, junto con empresarios y
trabajadores del sector, los verdaderos artífices del éxito turístico de España.
Un municipio turístico no es solo una etiqueta, es mucho más, por ello les pido el apoyo y su implicación para poder sacar adelante esta iniciativa. El producto turístico tiene un gran componente municipal, por cuanto los servicios, la
escena urbana, la seguridad ciudadana, la información, la comunicación de la imagen de marca, y ahora también muchas de las medidas de seguridad sanitaria, así como otros aspectos de fuerte incidencia en la competitividad y comercialización del
destino y del sector, dependen en gran medida del grado de eficacia y compromiso asumido por los ayuntamientos. Ejemplos de municipios no turísticos a efectos de la ley no nos faltan y son conocidos por todos ustedes, algunos incluso seguro que
pasan allí sus vacaciones: Marbella, Capdepera, Roquetas de Mar, Lloret de Mar, Torremolinos, San Bartolomé de Tirajana, Areje, entre otros muchos, o mi ciudad, Benidorm, y, permítanme que me centre aquí porque es el más claro ejemplo. Icono
turístico por excelencia, principal ciudad turística de Europa, con 16 millones de pernoctaciones anuales solo en hoteles, siendo la tercera ciudad de España, por detrás de Madrid y Barcelona. Un municipio con cerca de 140 hoteles y en torno a las
90 000 plazas de alojamiento turístico reglado. Un municipio donde no llegamos a los 70 000 vecinos censados, pero donde en condiciones normales, antes de la pandemia, a diario conviven más de 150 000 personas en temporada baja y más de 300 000 en
temporada alta. Personas a las que hay que atender y ofrecer servicios tales como limpieza, escena urbana y seguridad ciudadana. Un municipio que concentra a más del 50 % de los trabajadores en hostelería de toda la Comunidad Valenciana. Un
municipio cuyas cifras medias de ocupación en hoteles supera el 80 %. Un municipio, señorías, que representa el 4 % del turismo en España. Pero es un municipio que, al igual que los mencionados anteriormente, en la actualidad no goza de esa
consideración de turístico. Una reivindicación que, de manera insistente, lleva haciendo desde su creación en 2017 la Alianza de Municipios Turísticos de Sol y Playa, compuesta por los ocho
destinos turísticos pioneros de España, y que, como digo, desde su fundación, uno de sus principales caballos de batalla es la mejora de la financiación. Destinos, como digo, cuyos ayuntamientos están dirigidos por diferentes partidos
políticos.
Y hoy, señorías, ante el duro golpe que la pandemia ha asestado a nuestro turismo, a nuestros destinos, ante la falta y nula respuesta del Gobierno de España a las necesidades del sector, su rechazo a bajar el IVA a las actividades
turísticas, a dotar de más herramientas a los ayuntamientos, y ante los esfuerzos que todos estos destinos han tenido que hacer en los últimos meses junto con el sector privado para poder ofrecer altos niveles de seguridad a sus visitantes, se hace
más que necesario el poder ayudarles a mantener un alto nivel competitivo para estar suficientemente preparados para cuando pueda reactivarse la actividad turística. Los ayuntamientos han dado en los últimos meses la respuesta que el Gobierno de
España ha sido incapaz de dar al gran sector turístico empresarial que tiene España.
Por todo ello, señorías, le pido su apoyo a esta iniciativa.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Hay una enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra su portavoz el señor Juan Bernardo.
El señor FUENTES CURBELO: Gracias, presidente.
Señorías, buenas tardes. Nos encontramos ante una PNL para acometer la modificación de los criterios exigibles por la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, curiosamente reformada por el Partido Popular en el año 2004. Y es curioso que
el portavoz del Partido Popular haya tomado esta iniciativa solo después de que el Partido Popular haya pasado a la oposición, habiendo estado desde 2004 hasta junio de 2018 en el Gobierno, donde se pudo haber exigido y haber reformado estos
criterios. Como bien saben, ya lo ha dicho el portavoz del Grupo Popular, son dos los criterios que la ley reguladora establece para tener la consideración de municipio turístico, el ser mayor de 20 000 habitantes y que el número de viviendas de
segunda residencia supere al número de viviendas principales.
Yo también vengo de una tierra muy turística, donde el 90 % del PIB depende del turismo, desgraciadamente, y estamos en la situación que estamos por la actual crisis sanitaria derivada del COVID. Yo no sé qué pensaba el legislador en el año
2004 o en qué realidad vivía, pero tomar esa decisión de mantener esos criterios teniendo la actividad económica más importante en este país, que es el turismo, y dentro de este ámbito económico se encuentra una infinidad de municipios de más de 20
000 habitantes, pero las viviendas de segunda residencia no superan a las principales, dado que las pernoctaciones se hacen en hoteles, apartamentos, alojamientos rurales u otros medios de alojamiento que no tienen la consideración de segunda
vivienda. Ante este trato discriminatorio para los municipios turísticos que no reúnen los requisitos establecidos en la ley, nuestro grupo ha instado reiteradamente al anterior Gobierno del Partido Popular, para que procediera a los cambios
necesarios para corregir este hecho.
Señorías, estamos ante la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado para 2021, y en el artículo 86 del proyecto de presupuestos se recoge, en virtud a lo dispuesto en el artículo 126 del texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, que a 1 de enero de 2020 procede revisar el conjunto de los municipios que se incluirán en los ámbitos sujetos a la mencionada norma. Con objeto de conseguir la mayor coherencia posible entre los sistemas de financiación
territorial, la reforma de financiación local debe instrumentarse de una forma simultánea a la del sistema de financiación autonómico. Se ha de trabajar en un sistema que permita garantizar la lealtad y solidaridad entre los territorios, la
igualdad de todos los españoles y españolas, y que asegure la justa distribución de los recursos públicos para que las comunidades autónomas y las entidades locales dispongan de capacidad financiera suficiente para proveer los servicios y
prestaciones sociales que son de su competencia.
La suficiencia financiera de las entidades locales se debe lograr mediante los tributos propios y la participación en los del Estado y de las comunidades autónomas, tal y como dispone el artículo 142 de la Constitución española. Desde 2019,
se han adoptado medidas para financiar a las entidades locales. El Real Decreto 13/2020, de 11 de octubre, permitió la actualización de las entregas a cuenta de la participación en los tributos del Estado 2019, circunstancia que se ha mantenido
para el presente ejercicio mediante la aplicación del acuerdo del Consejo de Ministros, de 21 de enero del presente año, evitando así una reducción del importe de las entregas a cuenta de la participación de los tributos del Estado, lo que habría
producido, si se hubiesen aplicado los créditos iniciales establecidos en la Ley de Presupuestos para el año 2018 prorrogada.
El señor PRESIDENTE: Tiene que ir acabando, señor Fuentes.
El señor FUENTES CURBELO: Termino, señor presidente.
Esta medida ha supuesto un mayor importe de entregas de casi 822 millones de euros anuales, un incremento de un 4,6 %. Lo mismo ocurre con el Real Decreto-ley 8/2020, de medidas urgentes y extraordinarias para hacer frente al impacto del
COVID, que posibilitó que las corporaciones locales destinaran una cuantía de 300 millones de euros de su superávit para financiar los gastos de inversión, incluidos los servicios sociales y en promoción social, prestaciones, atención primaria y
atención a la dependencia. Como bien conocen, el Consejo de Ministros del pasado 30 de septiembre, acordó la suspensión de las reglas fiscales para los ejercicios 2020 y 2021, y el Pleno del Congreso el día 20 de octubre aprobó, por mayoría
absoluta, la activación del artículo 135.4 de la Constitución y del 11.3 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que permiten suspender los objetivos de déficit y deuda en los casos extraordinarios, como ocurre
actualmente con la pandemia del COVID. Estas decisiones han permitido que los ayuntamientos puedan utilizar sus remanentes de tesorería para colaborar con la reconstrucción económica y social ante la crisis socioeconómica generada por el COVID.
Como ven, este Gobierno ha adoptado medidas para que las entidades locales puedan acometer una correcta prestación de los servicios.
Mi grupo ha presentado una enmienda de modificación, que el Partido Popular no acepta. Por tanto, votaremos en contra. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Fuentes.
Por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, tiene la palabra la señora Martínez.
La señora MARTÍNEZ GRANADOS: Gracias, presidente.
Creemos que esta proposición no de ley que ha presentado el Partido Popular llega en un momento crítico y en un momento ideal para apoyar de otra manera más al turismo, en este caso a los municipios turísticos. Creemos que la definición de
municipio turístico está totalmente desfasada, han cambiado las cosas muchísimo desde que se llegó a esta definición y creemos que es importante que se revise. No hemos presentado ninguna enmienda porque entendíamos que estaba muy claramente
expuesta la proposición no de ley, pero incluso podríamos haber añadido que se haga de manera urgente, porque si vivimos ahora momentos de crisis donde el turismo no logra levantar la cabeza, cualquier ayuda es poca.
Votaremos a favor, porque los municipios que en la actualidad no se determinan como turísticos siguen teniendo un peso importante sobre esos servicios turísticos de forma indirecta, y creemos que sería de justicia que pudieran acogerse a esa
definición muchísimos municipios más, dado que el turismo ha cambiado, ahora hay zonas que son más turísticas que antes, y creemos que en este momento es importante que todos apoyemos al turismo. En estos momentos que el Partido Socialista y Unidas
Podemos en el Gobierno están diciendo que quieren ayudar al sector turístico, nosotros entendemos que tendrían que reconsiderar el voto y votar a favor, porque es una manera más de apoyar al turismo. Lo han hecho de forma deficiente, algo han
hecho, pero no es suficiente, y no lo digo yo ni lo dicen el resto de partidos políticos, sino que lo dice el sector, y sería una manera muy interesante de unirnos todos con un cierto consenso para ayudar al turismo, y redefiniendo a los municipios
turísticos seremos una gran ayuda para el sector.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Martínez.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos, tiene la palabra la señora López.
La señora LÓPEZ DOMÍNGUEZ: Gracias, presidente.
En mi grupo parlamentario consideramos que es necesario acometer una reforma de la ley para que municipios que son claramente turísticos puedan, obviamente, beneficiarse del sistema de financiación especial que contempla dicha ley. No
estamos de acuerdo con la doctrina del uniformismo, del centralismo en la gestión de las distintas realidades territoriales, y es por este motivo que también estaríamos de acuerdo con el cambio. En el caso que nos ocupa, los municipios con alta
incidencia de la actividad turística, creemos que es conveniente destacar varios de los aspectos que implica, ya que el turismo es una actividad que por su naturaleza tiene consecuencias multidimensionales Estos aspectos son: la financiación del
municipio, que es el principal tema de este punto del orden del día; el bienestar de la población residente, sobre todo en referencia al acceso a la vivienda; al disfrute de los espacios y servicios
públicos, y, especialmente, el derecho a poder acceder a un empleo digno, cosa que no ocurre en el sector turístico y de hostelería. Un tercer aspecto sería la sostenibilidad del territorio y un último aspecto la calidad del servicio.
Entendemos que la financiación de los municipios debe modificarse, pero debe hacerse de manera global y que contemple las diferentes especificidades y necesidades de la población. Esto es, esta modificación debe hacerse enmarcada dentro de
los trabajos que se llevan a cabo para la reforma del sistema de financiación autonómica y local, y que, según el compromiso adquirido por la señora ministra de Hacienda, comenzará a principios del próximo año. Adicionalmente, en los presupuestos
para el año que viene, se contempla una medida para que la financiación de los municipios turísticos no empeore.
El segundo de los aspectos que les comentaba es el de asegurar el bienestar de la población residente y el acceso a un trabajo digno. La relación de la incidencia del turismo con el bienestar de la población es un tema que daría mucho de
sí, así que solo voy a hablar de un ejemplo, al que usted ya ha hecho referencia. Es un municipio de la provincia de Girona, Lloret de Mar. Es el municipio con más incidencia de turismo de la provincia, pero también es uno de los que tiene menos
renta per cápita, con todo lo que esto supone para el malestar de las personas que ahí conviven y de la presión que tiene que soportar el ayuntamiento para poder prestar los servicios sociales. Creo que lo que deberíamos hacer es asegurarnos de que
los salarios de la hostelería y de todo el sector turístico, en general, permitan una vida en condiciones, que las enfermedades profesionales sean reconocidas y que se cumplan las obligaciones de la contratación. Siguiendo con el ejemplo de Lloret
de Mar, y solo para ejemplificar cómo a veces los intereses privados no garantizan la conservación del territorio, les puedo contar que hay un interés privado que no permite ni el acceso ni la gestión de un tramo en el camino de Ronda. Desde Unidas
Podemos-En Comú Podem reiteramos que esto no puede ser.
Por último, estamos de acuerdo en que la calidad del servicio es siempre un objetivo, también en el sector turístico. No entiendo cómo pueden defender a la vez esto, calidad del servicio que se ofrece, es decir, defender a los consumidores,
y hace poco estar diciendo que no tenía sentido el Ministerio de Consumo, que es justamente lo que hace. Aparte, si queremos un turismo de calidad, por qué no medimos la calidad con la calidad del empleo, y no solo por la calidad de los cojines de
plumas que tienen o no los hoteles. De esto no dicen nada en su PNL, y saben que un empleo de mayor calidad también se convertiría en más ingresos para los ayuntamientos y menos gastos, porque las necesidades sociales de las que se tienen que hacer
cargo disminuirían.
Esta proposición no de ley que el Partido Popular presenta se olvida de los tres aspectos más importantes que les acabo de enumerar, centrándose solo en el turismo por sí mismo, olvidando el impacto de la población residente y el territorio
y partiendo de una concepción que no podemos compartir de ninguna manera, que es la economía como un fin y no como un medio para redistribuir de manera equitativa los recursos de los que disponemos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora López.
Para finalizar, por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Jiménez Revuelta.
El señor JIMÉNEZ REVUELTA: Muchas gracias, presidente.
Señora Blanquer, ustedes han denegado toda comparecencia, se haya motivado o no. Cualquier iniciativa, aunque sea buena para la ciudadanía, al ser presos de sus socios de Gobierno, condiciona la actividad parlamentaria y se convierte en un
rodillo totalitario. Ustedes practican la incongruencia parlamentaria y, si no, dígame por qué no votaron a favor de la proposición que presentó este grupo parlamentario de la bajada del IVA en las peluquerías, y que era la misma que ustedes
presentaron en 2018.
Ahora sí, con la proposición no de ley que presenta el Partido Popular, sobre la que insta al Gobierno a que acometa las reformas necesarias en la Ley de Haciendas Locales para redefinir y adecuar los criterios exigibles para que la
población de Benidorm sea considerada municipio turístico, debía, desde nuestro punto de vista, haberlo hecho extensivo a otros municipios de la geografía española que se encuentran en situaciones similares. La conclusión es que cada proposición no
de ley presentada por el Partido Popular lleva aparejada un interés claramente partidista e interesado más que un interés real por la ciudadanía. Hay que recordar que Benidorm es feudo del Partido Popular desde 2015 y, en buena lógica, el cariño a
los municipios regentados por el mismo grupo parlamentario, a veces genera desigualdades con aquellos municipios de signo político diferente.
Además, creemos que dicha proposición no de ley podía haber instado al Gobierno a promover la modificación directamente del artículo 125 del Real Decreto-legislativo regulador de las Haciendas Locales y que define el concepto de municipio
turístico. El hecho de instar al Gobierno a que sea él el que acometa las reformas necesarias, tal y como está estructurado hoy el Gobierno socialcomunista, y no facilitar un dictado que modifique este artículo, nos parece aventurado y peligroso.
Cada decisión de este Gobierno, sustentado actualmente por los herederos de ETA y los separatistas e independentistas, estará condicionada a que cada proyecto, cada iniciativa, estén supervisados por aquellos que dan vida al mismo, y que una
modificación de la Ley Reguladora de Haciendas Locales recoja que los municipios de las comunidades de aquellos grupos parlamentarios que apoyan a este Gobierno de la ruina y de la muerte salgan beneficiados en detrimento de otros. Y no me digan
que esto no es posible cuando estamos viendo con estupor cómo el Ministerio de Hacienda llega a un acuerdo con el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana para eliminar el supuesto dumping fiscal de Madrid, con lo que todo es posible con este
Gobierno.
Por otro lado, España posee un entramado normativo complejo, inherente a un sistema de gobernanza multinivel que provoca que en el territorio español se apliquen normas europeas, estatales, autonómicas, municipales, además de los acuerdos
internacionales. Y digo esto, porque en el ejemplo propuesto por el Partido Popular sobre el municipio de Benidorm resulta que el Decreto 2/2020, de 10 de enero, del Consell de Regulación del Estatuto del Municipio Turístico de la Comunitat
Valenciana, en su artículo 6, define el criterio de población turística en contraposición a lo recogido en el artículo 125 de Haciendas Locales, reconociendo a Benidorm como uno de los 252 municipios turísticos de la Comunidad Valenciana, y habiendo
recibido por el Fondo de Cooperación, creado específicamente para compensar el esfuerzo municipal por atender al turismo, la cantidad de 180 865 euros, siendo el municipio que mayor cantidad ha recibido. Esto desvela la maraña normativa que tenemos
en España, y que provoca que millones de euros se destinen solo para llevar a cabo tanta normativa, lo que vuelve a dar la razón a este grupo parlamentario sobre la cantidad de gasto superfluo que se pierde con tanta estructura y la desigualdad que
genera entre unas comunidades y otras.
En definitiva, y por no alargarme mucho más, nos abstendremos en la votación, no porque no creamos que se debe modificar el artículo 125 y mejorar el concepto de municipio turístico, sino porque dejarlo al albur de este Gobierno nos parece
suicida y peligroso.
Muchísimas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Jiménez.
A los efectos de fijar posición, aunque ya se ha manifestado, ¿está en condiciones el portavoz del Partido Popular para decir si admite o no la enmienda?
El señor ALMODÓBAR BARCELÓ: Señor presidente, no admitiremos la enmienda, y permítame que le diga al portavoz de VOX que la PNL abarca todos los municipios turísticos, no se centra en Benidorm.
- PARA LA MODIFICACIÓN DE LA LEY 20/1990, DE 19 DE DICIEMBRE, SOBRE RÉGIMEN FISCAL DE LAS COOPERATIVAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS. (Número de expediente 161/001523).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día, la proposición no de ley para modificación de la Ley 20/1990, de 19 de diciembre, sobre Regulación Fiscal de las Cooperativas, presentada por el Grupo Parlamentario
Ciudadanos.
Tiene la palabra por cinco minutos la señora Martínez para su defensa.
La señora MARTÍNEZ GRANADOS: Gracias, presidente.
Hoy hemos traído a esta Comisión de Hacienda una proposición no de ley relativa al régimen fiscal de las cooperativas. Creemos que ya han pasado muchísimos años desde que se aprobó esta ley, y hay muchos términos y muchos conceptos que
están obsoletos. Creemos que es urgente realizar ciertas modificaciones para actualizar esta ley, que tanta influencia tiene en un tipo de forma empresarial que funciona muy bien y que en la actualidad es muy numerosa, como son las cooperativas.
Creemos que hay otras leyes que se han aprobado con posterioridad que incluso influyen y pueden contradecir algunos de los conceptos que tiene esta Ley sobre Régimen Fiscal de Cooperativas. Por lo tanto, creemos que no solo hay que hacer una
revisión de esta ley, sino que hay que hacer unas modificaciones de manera urgente. Por poner algunos ejemplos, podemos encontrar que el apartado 4 del artículo 10 regula en
pesetas la cuantía que no debe superar la valoración de terrenos en las cooperativas de explotación comunitaria de la tierra, para que puedan ser consideradas especialmente protegidas, cuando desde hace muchísimos años nos regimos por el
euro, y creemos que, como este, podemos encontrar otros muchos ejemplos. Por ejemplo, la referencia al tipo incremental del impuesto sobre el valor añadido contenido en el apartado 1 del artículo 12 desapareció hace más de quince años. También la
referencia exclusiva a las personas físicas que contiene la definición de los socios con los que deben contar determinadas cooperativas para poder gozar de la consideración de especialmente protegidas. Creemos que este requisito afecta mucho al
funcionamiento de alguna cooperativa. Cierto que se modificó para la cooperativa agroalimentaria con otra ley, pero entendemos que aquí deben venir recogidas esas modificaciones. Y, por añadir otra más, debería ser objeto de revisión y aclaración
la figura asociada o el socio colaborador, que en esta ley todavía no está actualizada y afecta a numerosas cooperativas.
Por todo esto, creemos que necesitamos hacer esas modificaciones, que debe hacerse de manera urgente, porque son muchas cooperativas, muchas personas en todos los territorios de nuestro país las que están afectadas por la falta de
actualización de esta ley. También existe mucha litigiosidad con ciertos problemas referidos a este régimen de cooperativas, y se hacen muchas reclamaciones a la Dirección General de Tributos. Así que, si se realizaran estas modificaciones sería
mucho más fácil que las cooperativas supieran a qué acogerse.
Nos han presentado dos enmiendas. En primer lugar, quería dar las gracias a los grupos parlamentarios que las han presentado, porque creo que sí querían aportar, pero no vamos a aceptar ninguna de las dos. La del Partido Socialista no la
vamos a aceptar porque se queda solamente en la revisión, y nosotros entendemos que debe llegarse a la modificación, y nosotros queremos instar al Gobierno a que realice las modificaciones, no solamente que se pare a revisarlo. Respecto a la
presentada por VOX, también creemos que esta proposición no de ley se refiere a una regulación de ámbito nacional, por lo que no creemos que introducir esa mejora de las comunidades autónomas tenga mucho sentido o que realmente mejore, en este caso,
esta proposición no de ley.
Les vuelvo a agradecer las enmiendas y solicito a todos los grupos parlamentarios que apoyen esta proposición no de ley, que ayudará a muchísimas personas.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Martínez.
Se han presentado dos enmiendas. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Marra para su defensa.
La señora MARRA DOMÍNGUEZ: Gracias, presidente.
Compartimos, señora Martínez, la necesidad de llevar a cabo una revisión del régimen fiscal de cooperativas y sociedades, porque, permítame decirle que, para poder realizar una modificación, previamente es necesario realizar una revisión de
dicho régimen. Pero, permítame que haga una introducción. El sector de cooperativas ha evolucionado como consecuencia de cambios económicos, sociales, o incluso normativos, a los que se ha visto sometido a lo largo de los últimos treinta años. En
estos años, las cooperativas han sabido adaptarse a diferentes circunstancias, han sabido mantener vivos valores, principios, en los que se inspira el desarrollo económico, la protección del medio ambiente y la justicia social. De hecho, su
proliferación en nuestro país ha sido muy amplia, tenemos desde cooperativas agrarias, de transportistas, de servicios sociales, consumidores y usuarios, explotaciones comunitarias de la tierra, trabajo asociado... En concreto, en la Comunidad
Autónoma de Galicia, de la que procedo, la aportación al PIB de estas cooperativas supera el 7 %. Solo las cooperativas generaron en 2018 casi 2500 millones de euros, despuntando sobre el resto de formas jurídicas de economía social. Por tanto,
las cooperativas, y en concreto en mi comunidad autónoma, tienen un papel sumamente importante, el de impulsar el desarrollo rural. Sus principios de solidaridad, su característica de compromiso con las personas, de generación de empleo, ser
democráticas, contribuir a la estabilidad de los mercados económicos, permiten contribuir a la viabilidad económica de zonas rurales, mayor cohesión territorial y evitan el despoblamiento del mundo rural. Por lo tanto, sí consideramos que es
necesario una revisión de las mismas, pero una revisión que sea acorde a un análisis riguroso y serio, previo, que tenga en cuenta la situación del sector, que analice la forma en la que el contenido de la ley ha contribuido a lo largo de sus
objetivos, valorando la eficacia e incentivos de las mismas, tal como se ha regulado, y, por supuesto, teniendo en cuenta algo de lo que se olvidan, señorías del Partido Popular, las aportaciones de todos los actores implicados. Y ese es un
compromiso firme que tenemos desde el Partido Socialista. De hecho, en
el apartado 10.5 del acuerdo de coalición progresista, se revisa el régimen fiscal, y se recoge que se revisará el régimen fiscal de cooperativas y sociedades laborales para recuperar la eficacia tributaria en el fomento de este tipo de
empresas.
Entenderán ustedes que las circunstancias inéditas que está viviendo este país debido a la pandemia han alterado plazos y prioridades, como prioritarias han sido todas las medidas adoptadas por el Gobierno para proteger a trabajadores,
empresas y ciudadanos, y como prioritaria ha sido la aprobación de unos Presupuestos Generales del Estado para 2021, los más sociales de nuestra historia democrática para combatir, precisamente, en su mayor parte esta grave pandemia. Es por tanto
que desde el Grupo Parlamentario Socialista presentamos una enmienda de modificación a esta PNL en el sentido de instar al Gobierno a una revisión del régimen fiscal de cooperativas y sociedades laborales, al objeto de recuperar la eficacia
tributaria en el fomento de este tipo de empresas. Porque, la PNL que presenta el partido de Ciudadanos, lejos de buscar la revisión del régimen fiscal recuperando su eficacia tributaria en el fomento de las cooperativas, lo que pretende es una
reforma ad hoc, es decir, sin análisis ninguno, reformar por reformar, con una perniciosa -de hecho- interpretación simplificada de incrementos de incentivos, por lo tanto sin ningún tipo de análisis previo ni riguroso que tenga en cuenta la
situación del sector, y sin tener en cuenta las aportaciones -reitero- de todos los actores implicados.
Es por todo ello por lo que, señorías, vemos que es fundamental proceder a realizar esta revisión de la ley. Para ello se requiere un análisis serio y riguroso previo que tenga en cuenta la situación del sector, un análisis de la forma en
que el contenido de la ley vigente ha contribuido a lo largo de sus objetivos, valorando la eficacia y la eficiencia de los incentivos que se regulan, y, por supuesto, teniendo en cuenta las aportaciones de todos los agentes implicados. Por ese
motivo presentamos esta enmienda, que, de no ser aceptada, votaríamos en contra de la proposición no de ley.
Muchas gracias, presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Marra.
Por el Grupo Parlamentario VOX tiene la palabra la señora Cañizares.
La señora CAÑIZARES PACHECO: Gracias, presidente.
En España tenemos 15 leyes autonómicas que regulan el mundo cooperativo, más una ley de carácter nacional del año 1999 y otra que regula el régimen fiscal para toda España. Este conglomerado normativo genera incongruencias y perjuicios para
los españoles, por tanto, no debemos obviar las divergencias territoriales en materia de impacto fiscal que produce la aplicación de la Ley 20/1990 en estas entidades, al conjugarse con una legislación sustantiva autonómica diversa. Y, en este
sentido, entendemos de la necesidad de una modificación legislativa que evite la incompatibilidad y contradicción entre normas. Hemos introducido una enmienda a la PNL, como ha dicho la señora Martínez, como mejora técnica, precisamente en aras de
que los criterios que determinen la especial protección a estas entidades no generen desigualdades entre las empresas como consecuencia de colisiones entre los requisitos de la ley estatal y los requisitos de las leyes autonómicas que las regulen.
Por tanto, sin perjuicio de lo expuesto por parte del grupo parlamentario proponente, a mí me gustaría centrarme en un aspecto nuclear. Las cooperativas tienen un régimen fiscal propio, diferenciado de otras entidades, y para que los resultados de
su aplicación sean efectivos se necesita una reforma legislativa de la norma que salvaguarda, precisamente, dicho régimen. Si la razón de ser de esta ley de la que estamos hablando reside en la protección fiscal de estas entidades, y la evolución
del resto de normas sustantivas autonómicas elimina en muchos casos la posibilidad de dicha protección, no tiene sentido mantener intacta una norma cuya aplicación carece de efectos prácticos. Como consecuencia del maremágnum legislativo
territorial, se generan choques y contradicciones, por ejemplo, para la protección fiscal de las cooperativas contempladas en los artículos 6, 13 y 14, por un lado, en lo que se refiere a los requisitos para aplicación de las normas de ajuste, y,
adicionalmente, para que la cooperativa sea protegida debe cumplir lo dispuesto en el artículo 6.1 de la ley, y no incurrir en una causa de pérdida de la condición de las previstas en el artículo 13. Y este artículo 6.1 efectúa una remisión
genérica al cumplimiento de la norma sustantiva que le sea aplicable, es decir, a la autonómica, lo cual genera dos efectos que pueden ser poco deseables. En primer lugar, una considerable incertidumbre jurídica que puede desencadenar, por ejemplo,
conflictos con la inspección tributaria, quien, tomando el texto en su literalidad, podría aducir como causa de pérdida de la protección fiscal cualquier incumplimiento de la normativa sustantiva por mínimo que fuera. Y, en segundo lugar, el
resultado puede ser injusto porque no cualquier incumplimiento de la normativa cooperativa debería generar el efecto de la pérdida del régimen fiscal, sino que dicho incumplimiento
deberá ser de tal naturaleza que desnaturalizase a la cooperativa, eliminando la razón que justifica que se les aplique un tratamiento especial respecto a otras sociedades. Por tanto, debería elegirse un elemento que dotara de seguridad
jurídica suficiente la aplicación del régimen de protección, teniendo en cuenta, como ya se ha dicho, la multitud de normas que regulan esta actividad cooperativa en España.
Este es uno de los muchos ejemplos del perjuicio que la cesión de competencias en las comunidades autónomas puede ocasionar al ciudadano, la proliferación de normativa autonómica puede colisionar con la normativa estatal, y las consecuencias
de tal hecho se traducen en inseguridad jurídica, confusión y desvirtuar el espíritu de la norma, que, lejos de impartir justicia, lo que hace es generar desigualdades entre los españoles.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Cañizares.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos tiene la palabra la señora López.
La señora LÓPEZ DOMÍNGUEZ: Gracias, presidente.
La petición de Ciudadanos tiene sentido, el texto legislativo al que hace referencia se ha quedado obsoleto. Lo que pasa es que creemos que es una propuesta más bien restrictiva, cuando para cambiar una cosa lo importante tendría que ser
que fuera propositiva y consensuada. Nosotros estamos a favor del régimen fiscal específico para las entidades que generan valor añadido y empleo de calidad en base a un objetivo distinto a la consecución del beneficio, que es lo que vienen
haciendo muchas empresas, como hemos comentado otras veces; para este tipo de entidades el beneficio es solo un instrumento para la consecución de su objetivo final, normalmente de carácter social, ecológico, compartido y redistributivo entre sus
miembros. Por tanto, creemos que podría procederse a una revisión de esta norma para valorar la adaptación de su contenido a la evolución experimentada por el sector cooperativo y sus necesidades durante los casi treinta años de vigencia de dicha
ley. Desde Unidas Podemos-En Comú Podem siempre hemos venido apostando por un modelo productivo centrado en la persona y en el medio ambiente, y no en el capital. Un modelo productivo en el que predomine la cooperación frente a la competitividad y
el individualismo. En definitiva, un modelo totalmente distinto al que se ha venido fomentando en los Gobiernos de derechas de los últimos años, en los cuales, a pesar del crecimiento económico, se ha intensificado la desigualdad y la polarización
de nuestra sociedad. Por eso, siempre expresamos nuestro máximo apoyo y compromiso a la economía social y solidaria, como el pasado viernes, cuando se celebró en Toledo la reunión de alto nivel sobre la economía social y solidaria en la Unión
Europea, la economía social para una recuperación inclusiva, sostenible y justa, en la que la ministra de Trabajo y Economía Social señaló durante su intervención que el Gobierno es consciente de que la economía social -cito textualmente- es un
valor seguro ante la crisis, que combina adaptabilidad, capacidad de resistencia e inteligencia colectiva, y es también un factor de transformación productiva, un agente impulsor de la transición verde, digital y de los cuidados.
Creemos que la revisión debe darse, pero debe recoger cambios amplios, consensuados, complejos si hace falta, y no limitar de entrada las modificaciones que pueden hacerse, que es lo que hace esta proposición del Grupo Ciudadanos.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora López.
Para finalizar, por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Bas.
El señor BAS CORUGEIRA: Muchísimas gracias, presidente.
Buenas tardes a todos. Quiero anunciar que vamos a votar a favor de esta iniciativa porque, efectivamente, estamos ante una ley que regula el régimen fiscal de las cooperativas, que con el transcurso del tiempo ha quedado desfasado en
algunos aspectos de su articulado, y, además, se ha puesto de manifiesto la existencia de distintas interpretaciones que llevan a que se produzcan una serie de conflictos de orden legal que, en muchos casos, generan inseguridad jurídica a los
cooperativistas, y esto hay que corregirlo. Como se recoge en la exposición de motivos, el Partido Popular presentó en el Senado, en abril de este año, una proposición de ley que tenía como objeto la modificación del apartado 4 del artículo 10 de
esta ley que nos ocupa, y habíamos puesto de manifiesto que, para las cooperativas de explotación comunitaria, el límite de 6 500 000 pesetas -39 066 euros- en el valor de las tierras para poder ser consideradas como cooperativas especialmente
protegidas está claramente desfasado, y
provoca que la Agencia Tributaria deniegue beneficios fiscales a más de 2300 cooperativas. Este desfase en la valoración supone, además, un agravio comparativo en otros modelos de cooperativas, porque recuerden que en el artículo 9,
apartado 3 de esta ley se recogía el mismo montante económico de 6 500 000 pesetas para cooperativas agrarias, y que este fue modificado en 2011, actualizándose el importe a 95 000 euros. Pero, el Gobierno vetó nuestra proposición de ley, volvió a
vetar una iniciativa de la oposición, como ya hizo en el debate de los presupuestos de manera arbitraria, y lo paradójico es que el Gobierno nos pide constantemente que arrimemos el hombro. Señores socialistas, el hombro ya lo tenemos dislocado de
tanto golpear el muro de su intransigencia, y el resultado es siempre el mismo. Esta vez nos vetaron la iniciativa alegando como argumentación que, si se procedía a la revisión de ese valor, Hacienda dejaba de recaudar 14 millones de euros.
Miren, con una reestructuración de los ministerios de acuerdo al modelo del 2011 se habrían ahorrado 71 millones de euros, y los 14 millones que dejarían de pagar esas 2300 cooperativas beneficiadas por la modificación, únicamente
representarían el 20 % de esos 71 millones. En fin, mientras el Gobierno despilfarra recursos las cooperativas son tratadas injustamente, ¡qué más da! Y hoy, el Partido Socialista, señora Marra, presenta una enmienda en cuya redacción vuelven a
mostrar su voracidad recaudatoria, y tras su intervención queda claro que les importa muy poco dar seguridad jurídica a las cooperativas, les importa muy poco que la ley esté desactualizada en algunos artículos, o que haya un agravio comparativo, lo
que pretenden es ser eficaces en la recaudación tributaria, o sea, recaudar más. A PSOE y a Podemos les da igual el sector del que se trate y el tema objeto de análisis, ellos le darán la vuelta y tratarán de aprovechar la ocasión para intentar
vaciar aún más los bolsillos de los españoles. Y con esta enmienda que presentan han puesto el ojo en las cooperativas. Pero, lo que se propone en esta PNL no es incrementar la presión fiscal, y por eso el voto del Grupo Popular va a ser
favorable.
Acabo. Señora Marra, señores socialistas, no cuenten con nosotros para ninguna iniciativa que suponga impedir el desarrollo del cooperativismo en España, incrementándoles impuestos y cargas administrativas. Encontrarán nuestra colaboración
para el desarrollo de un modelo que permita que las cooperativas sean más competitivas, y, por contra, rechazaremos frontalmente ese ineficaz modelo intervencionista que tanto le gusta promover a este Gobierno.
Muchísimas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Bas.
Señora Martínez, entiendo que no admite ninguna de las dos enmiendas. (Asentimiento).
- RELATIVA A LA PRESENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE UN PROGRAMA DE CONSOLIDACIÓN FISCAL A MEDIO PLAZO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO VOX. (Número de expediente 161/001612).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día, proposición no de ley relativa a la presentación y ejecución de un programa de consolidación fiscal a medio plazo, presentada por el Grupo Parlamentario VOX.
Para su defensa tiene la palabra el señor Sáez.
El señor SÁEZ-ALONSO MUÑUMER: Gracias, señor presidente.
Antes que nada, me gustaría destacar la importancia que damos a las iniciativas parlamentarias del Grupo Parlamentario VOX diputados, asesores y asistentes. Esta importancia la demostramos presentando una exposición de motivos completa y
rigurosa. Traemos hoy una PNL relativa a la presentación y ejecución de un programa de consolidación fiscal a medio plazo, por varios motivos. En primer lugar, por respeto a los acuerdos adoptados por nuestro país en el Tratado de Estabilidad,
Coordinación y Gobernanza de 2012, acuerdo que habla de mantener unas finanzas públicas saneadas y garantizar que la situación presupuestaria nacional sea de equilibro o de superávit; respeto a lo establecido por la Constitución española, reformada
en su artículo 135, que habla del principio de estabilidad presupuestaria como manera de reforzar el compromiso de España con la Unión Europea, y garantizar la sostenibilidad económica y social de nuestro país, y que también menciona excepciones
derivadas de situaciones de emergencia extraordinaria. Respeto también a la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de 2012, que recoge una regla general en el artículo 11.2, que dice que ninguna Administración
pública podrá incurrir en déficit estructural. Y una excepción temporal en el artículo 11.3, en el que se recoge como excepción temporal a la regla los casos de catástrofes naturales,
recesión económica grave o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control de las administraciones públicas. Esta ley orgánica habla de ocho principios generales para el conjunto de las administraciones públicas, entre los
que se encuentra la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera, pero también la eficiencia en la asignación y utilización de recursos públicos, objetivo que solo puede cumplirse si racionalizamos la estructura del Estado y eliminamos
las duplicidades existentes entre administraciones públicas.
En segundo lugar, por responsabilidad. Es cierto que España está sufriendo actualmente la mayor crisis económica, social y sanitaria jamás vista en tiempos de paz, con un enorme coste para el erario público como garante de las prestaciones
de los españoles. También lo es que hemos afrontado esta pandemia con muchos deberes pendientes e importantes desajustes en nuestra economía que debemos corregir. Recordemos que cerramos el año 2019 con un déficit de las cuentas públicas del 2,86
% del PIB, un déficit estructural del 4 %, según la Comisión Europea, y una deuda pública del 95,5 % del producto interior bruto.
En tercer lugar, por sentido común. Suspender las reglas fiscales para los ejercicios 2020 y 2021 con la justificación de que la Comisión Europea decidió aplicar la cláusula general de salvaguarda del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, y
el hecho de poder disponer de los fondos europeos provenientes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia o del Programa REACT-EU no nos deben hacer olvidar la necesidad de acometer un programa de consolidación fiscal a medio y largo plazo.
En cuarto lugar, por realismo. Le Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria también menciona que una desviación temporal en la regla de no incurrir en déficit estructural no puede poner en peligro la sostenibilidad fiscal a largo plazo.
Realismo es darse cuenta de que no se puede mantener un elevado nivel de déficit estructural de la economía española, que la Comisión Europea sitúa en el 5,2 % del PIB en el año 2021. Realismo es darse cuenta de que, aun contando con los fondos
europeos y en la mejor de las estimaciones, el año 2021 no se recuperará el PIB del año 2019, y que el importe de los déficits previstos de las cuentas públicas en 2020 y 2021 supondrán 124 900 y 93 400 millones de euros respectivamente. Realismo
es darse cuenta de que debemos mucho más de lo que producimos en un año. La deuda actualmente está en un 114 % del producto interior bruto.
En quinto lugar, por sentido de Estado. Sentido de Estado es darse cuenta de la necesidad de recuperar, aunque más bien sería iniciar, la senda de la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera una vez se supere la crisis
originada por la pandemia de la COVID-19.
Por ello, presentamos hoy esta proposición no de ley que insta al Gobierno, en primer lugar, a diseñar y presentar ante las Cortes un plan de reequilibrio a medio plazo, que introduzca una estrategia de revisión del gasto público, del tamaño
del sector público y de la estructura y capacidad recaudatoria de las figuras impositivas, con el objetivo de sanear las finanzas públicas, una vez se supere la crisis originada por la pandemia de la COVID-19. En segundo lugar, elaborar y presentar
un programa de reformas estructurales que permitan mejorar la competitividad de la economía en el medio y largo plazo.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sáez.
No se han presentado enmiendas a esta iniciativa. Por to tanto, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra la señora Martínez.
La señora MARTÍNEZ GRANADOS: Gracias, presidente.
Respecto a esta proposición no de ley, creemos que es necesaria y que no pide nada que no se necesite. Pide dos cosas, una de ellas es que se traiga al Congreso de los Diputados un plan de reequilibrio a largo plazo. Está claro que vivimos
circunstancias excepcionales que tienen que revisarse y que hay que hacerlo con tiempo, no podemos volver a llegar tarde. Se ha llegado tarde a muchísimos momentos de esta crisis, como pudo ser la vuelta al cole u otros muchos momentos que hemos
vivido durante esta crisis sanitaria. Desde la Unión Europea nos dieron la oportunidad, no solo a nosotros, sino a los países de la Unión Europea, de poder eliminar el techo de gasto y de poder endeudarnos más si fuera necesario, pero ahora hay que
mirar al medio plazo, y yo creo que esta proposición no de ley así lo recoge. Para diseñar ese plan de reequilibrio tenemos que volver adecuadamente a revisar esta cuestión. Creemos que sería interesante, tanto eso como la presentación de los
programas de las reformas estructurales con esos planes de recuperación, y sobre todo hubiera sido interesante que ya se hubiera hecho el anuncio por parte del Gobierno de que se va a traer.
Votaremos a favor de esta proposición no de ley. Entiendo que desde el Partido Socialista y Unidas Podemos dirán que es algo que ya está en la agenda y que se va a traer, así que supongo que se votará a favor y que es una de las
proposiciones no de ley, como otras que vienen hoy a esta Comisión, que son necesarias y urgentes, y que el sentido común realmente tendría que hacer que todos los grupos parlamentarios trabajáramos por ese plan de reequilibrio, para no llegar tarde
nunca más, o al menos para poder salir de la crisis con mucha más seguridad para todas las instituciones.
Muchísimas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Martínez.
A continuación, por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra el señor Guijarro.
El señor GUIJARRO GARCÍA: Gracias, señor presidente.
Buenas tardes a todas y a todos. A riesgo de decepcionar a la portavoz de Ciudadanos les anuncio que mi grupo parlamentario no va a apoyar esta PNL por las razones que voy a tratar de exponer a continuación, y mientras recupero el aliento.
Aparentemente, uno lee la PNL y aparte de agradecer su extensión, lo cual a uno siempre le permite repasar conceptos y se vuelve a sentir un poco como si estuviera en la escuela o en la universidad leyendo estos textos tan largos y tan
detallados -lo digo sin retintín, es decir, me parece que está muy bien que al menos se trate de sustanciar lo que se quiere decir y no se ahorren recursos, precisamente para tratar de explicar lo que no deja de ser un cierto decálogo casi religioso
por parte de los proponentes, en el sentido de que no hacen sino enumerar de una manera dogmática todos los principios que han regido la política económica y financiera de estos últimos años-, uno pensaría que precisamente ese celo en presentar
estos principios de una manera tan pormenorizada casi se debe no solo a la voluntad de rigor que puedan tener sus creadores, sino también a la pérdida de una cierta fe o ante el desmoronamiento, diría yo, de esa cierta fe. Si algo ha dejado claro
esta crisis es que esa arquitectura financiera construida en la pasada década, como hemos dicho en alguna otra ocasión, solo ha traído dolor y sufrimiento a las familias españolas porque no podemos decir que la recuperación económica que se haya
podido dar haya respondido a esos mismos principios y, si lo ha hecho, ha sido a costa de aumentar unas desigualdades, que ya de por sí eran tremendamente inaceptables antes de la propia crisis. Por tanto, yo interpreto ese detalle en los
principios que aquí se enumeran como una especie de mirada nostálgica a esos principios perdidos. Yo les diría señorías de VOX que esos principios que rigieron esa política económica hoy han demostrado ser absolutamente inútiles, además de
perversos. Por tanto, antes que animarles a buscar en antiguos dogmas para ver con qué se quedan, les animo a que pasen página y empiecen a mira el futuro con ojos de futuro y no con ojos de pasado.
Digo todo esto porque ciertamente en algún momento habrá que plantearse la necesidad de diseñar un plan de consolidación, eso nadie lo duda. Ahora bien, que ustedes lo hagan en un momento cuando ni siquiera se ha cerrado la crisis que ha
provocado esos desequilibrios, cuando el propio año 2021 va a ser un año exento de los principios de esas argollas que mantuvieron las economías europeas bien atadas en años pasados, nos parece, por decirlo de una forma más o menos elegante, que no
es el momento de plantear siquiera la posibilidad de un programa de consolidación, porque sencillamente no sabemos siquiera qué es lo que tenemos que consolidar, en la medida en que el problema sigue y seguramente se va a seguir profundizando. Pese
a que las vacunas anuncian una pronta salida de esta crisis sanitaria, lo cierto es que en términos económicos eso se va a seguir notando y para un buen rato. Por tanto, ¿cuándo es a juicio de mi grupo parlamentario el momento...?
El señor PRESIDENTE: Señor Guijarro, tiene que ir terminando, ha rebasado con creces su tiempo.
El señor GUIJARRO GARCÍA: Vale, presidente. Déjeme diez segundos.
¿Cuándo pensamos nosotras y nosotros que será el momento de plantear un plan de consolidación como el que se presenta en esta proposición no de ley? Yo creo que a finales del próximo año, cuando sepamos exactamente qué es lo que nos hemos
dejado por el camino y qué es lo que tenemos que recuperar de cara a futuros años.
Gracias por su generosidad, presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Guijarro.
A continuación, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Píriz.
El señor PÍRIZ MAYA: Muchas gracias, señor presidente.
Buenas tardes, señorías. En primer lugar, quiero manifestar una cuestión de orden porque dice VOX que le importan las iniciativas, y es verdad que la iniciativa está muy trabajada, pero yo también pienso que cada iniciativa tiene que ir en
su sitio. Que aquí tengamos un presidente y una Mesa que funcionan y que reúne a la Comisión de Hacienda cada mes, no es óbice para que las propuestas que son de materia presupuestaria vayan a la Comisión de Presupuestos, a esa Comisión que no se
reúne porque la presidenta y la Mesa de esa Comisión obvian que se reúna con la periodicidad que debería hacerlo. Yo les insto a presentar este tipo de iniciativas, que como digo están bastante bien, en la Comisión correspondiente, que es la
Comisión de Presupuestos. Si no saben dónde está, yo les acompaño que sí sé dónde está.
La Ley de estabilidad presupuestaria de 2012 exige un plan de reequilibrio, esta es la base de la iniciativa y por eso estamos absolutamente de acuerdo con ella, cuando se den las causas en las circunstancias que invoca el propio artículo.
Según estas causas, el día 20 de noviembre se debería haber recibido la solicitud por parte del Gobierno y el 20 de diciembre debería estar ya debatida, es decir, la semana que viene debería estar ya el plan de reequilibrio debatido en Pleno y
aprobado o no aprobado. En contraste, no tenemos absolutamente nada.
Dice Podemos que se ha perdido la consolidación fiscal. Yo le diría al señor Guijarro que no se ha perdido nada, que se lea la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y que escuche a la Comisión
Europea para que analice si se ha perdido algo o no se ha perdido, porque creo que el que se ha perdido ha sido él. Más me preocupa que el PSOE también pierda la fe en la Ley de estabilidad presupuestaria, que deviene de un cambio constitucional
que ellos mismos cuando estaban en el Gobierno establecieron en nuestro país. Si no creen en el plan de reequilibrio, en la ley, pues cámbienla. Ustedes son especialistas en cambiar aquellos aspectos de la ley que no les gusta, o que no les venga
bien, o que no les parezca el momento oportuno, como fue el caso de la dos Cámaras para la aprobación de los techos de deuda y déficit. ¿Qué es lo que no les gusta a ustedes? ¿Por qué no lo han traído, por el informe previo que requiere de la
AIReF? Ya estamos acostumbrados a su cambio, traigan el cambio que quieran hacer, debátanlo en Pleno y en Comisión y aprobemos lo que haya que aprobar, y si no, vamos a cumplir la ley entera, de la primera línea a la última, y la ley exige que se
traiga un plan de reequilibrio aquí. Ya digo que el PSOE no cree en la consolidación fiscal, son los reyes de los mayores recortes que se han dado en la historia de nuestro país -todos lo recordamos, en mayo de 2010, en el Pleno del Congreso de los
Diputados, aunque algunos lo quieran olvidar- y también son los campeones del déficit. Yo traigo un gráfico para recordárselo y lo traeré todas las semanas si hace falta. (Muestra un gráfico). Aquí hay muchas líneas rojas. De las seis líneas más
grandes, cinco son rojas y una es azul. Si esto fueran unas olimpiadas, tres medallas y dos diplomas olímpicos serían para el PSOE, y un diploma olímpico para un Gobierno del PP, que venía de un Gobierno anterior del PSOE.
La consolidación fiscal es necesaria, nosotros sí creemos en ella y creemos que en cuanto se pueda hay que volver. Por eso nos parece absolutamente pertinente esta propuesta de VOX. Creemos que el Gobierno no tiene excusas para no traer ya
este plan de reequilibrio a la Cámara. Desde nuestro grupo se lo vamos a pedir de forma insistente, tanto en esta Comisión como en la Comisión de Presupuestos y en preguntas en el Pleno, porque creemos que los españoles tienen derecho a que se
apruebe ese plan de reequilibrio y los diputados tenemos derecho a conocer esas previsiones que tiene el Gobierno para volver a estabilizar las cuentas públicas, una vez pasada esta situación excepcional que recogía el artículo 11.3 de la Ley 2/2012
de Estabilidad Presupuestaria. Por todo ello nuestro grupo votará a favor de la iniciativa y animamos al Gobierno y a los partidos que apoyan al Gobierno a que cumplan cuanto antes con la ley entera, desde el artículo 1 hasta el último.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Píriz.
Para finalizar, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Blanquer.
La señora BLANQUER ALCARAZ: Muchas gracias, presidente.
Señorías, deberíamos dedicar a la proposición no de ley de VOX el mismo tiempo que dedicó este grupo a la presentación de enmiendas parciales o mejoras a los Presupuestos Generales del Estado, es decir, ninguno. (Aplausos). Sin embargo,
por respeto a esta Cámara y a los ciudadanos a los que representamos todos los que formamos parte de ella, dejaré constancia de nuestra posición a lo que solicitan. Señor Píriz, quiero recordarle que la Comisión de Presupuestos claro que se ha
reunido y, de hecho, hemos tramitado unos presupuestos, así que aténgase a la verdad.
En primer lugar, me gustaría advertir que la mayoría del Congreso declaró la situación de emergencia extraordinaria con motivo de la crisis sanitaria, a los efectos del artículo 135.4 de la Constitución española y del artículo 11.3 de la Ley
de estabilidad presupuestaria. Una declaración que los proponentes de esta proposición no de ley, así como los miembros del Partido Popular, fueron incapaces de votar a favor y que de hecho lo que refleja es la actitud nada constructiva de estos
grupos. ¿Qué es lo que les impedía para votar esa emergencia sanitaria? Lo que está claro es que no tienen ninguna intención de dar oxígeno a este Gobierno y lo único que hacen es adoptar una posición muy destructiva.
En segundo lugar, quiero decirles que la incertidumbre a nivel global provocada por la pandemia está siendo muy elevada, por lo que para adaptarnos mejor al contexto actual lo prioritario en este momento no es hacer un plan de reequilibrio a
medio plazo en medio de una tormenta, lo urgente es aprobar las nuevas cuentas para el próximo año para combatir la pandemia e incorporar medidas para reactivar la economía cuanto antes. Garantizar medidas en los presupuestos y dar seguridad a la
ciudadanía es precisamente lo prioritario. Primero, debemos contener y superar la circunstancia que originó la emergencia y no hay mejor manera para reequilibrar que empezar con la reactivación económica. Por tanto, señor Píriz no nos puede decir
que cuando se pueda, y al mismo tiempo, pedir que urgentemente se presente el plan de reequilibrio, porque evidentemente ustedes no tienen ningún tipo de coherencia en sus palabras. De hecho, la recuperación estará condicionada a la duración de la
crisis sanitaria y a la ejecución de las medidas que se incorporan en los presupuestos. Sin embargo, el mayor riesgo de no superación de la crisis sería que no se aprobaran los presupuestos y las medidas. Todavía no entiendo cómo se puede votar en
contra de unos presupuestos que garantizan la compra de vacunas y el acceso por parte de la ciudadanía a una vacuna segura a través del Sistema Nacional de Salud: 1000 millones de euros para la adquisición de vacunas. No lo entiendo. Espero que
en el Senado recapaciten y voten a favor de estos presupuestos.
Ustedes, por cierto, no solo han votado en contra aquí en el Congreso, aunque espero que recapaciten y voten a favor en el Senado, sino que además han renunciado a participar activamente en la tramitación de los mismos, a pesar de que
aprobar estos presupuestos es mejor que continuar con unos presupuestos prorrogados, especialmente porque instrumentaliza la ejecución de los fondos europeos asociados al Mecanismos de Recuperación y Resiliencia, unos fondos que permitirán, por un
lado, paliar los daños socioeconómicos causados por la pandemia, y por otro, apostar por la reactivación económica y la transformación de nuestro tejido productivo para ser más competitivos y más resistentes a medio plazo. Por tanto, señorías de
VOX, donde ustedes ven gasto, nosotros vemos inversión; donde ustedes no ven medidas específicas, nosotros vemos líneas estratégicas, vemos cogobernanza y vemos participación del sector público, del sector privado y de la sociedad civil.
En tercer lugar, la estrategia fiscal está siendo permanentemente actualizada por parte del Gobierno que mantiene y mantendrá una monitorización continúa y pormenorizada de todas las medidas adoptadas y de sus impactos económicos y sociales.
De esta forma el Gobierno estará plenamente capacitado para reaccionar ante cualquier escenario con la adopción de nuevas medidas si resultara necesario. Quiero insistir que las previsiones fiscales recogidas en los presupuestos se han elaborado
con cautela y prudencia. Recuerden que las previsiones del tercer trimestre sobre variación del PIB se quedaron cortas, creció más de lo esperado. Por tanto, nosotros confiamos en el esfuerzo conjunto del país y en su capacidad de superación, por
lo que ustedes han dicho parece que no. Por todo lo expuesto, votaremos en contra de la proposición no de ley presentada por VOX. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Blanquer.
- SOBRE EL PAGO A LA CIUDAD DE MARBELLA DE LAS MULTAS DERIVADAS DE CASOS JUDICIALES POR CORRUPCIÓN QUE ESTÉN RELACIONADOS CON ESTE MUNICIPIO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000222).
El señor PRESIDENTE: A continuación, damos paso a la última iniciativa del orden del día: proposición no de ley sobre el pago a la ciudad de Marbella de las multas derivadas de los casos judiciales por corrupción que estén relacionados con
este municipio, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Para su defensa, tiene la palabra la señora España.
La señora ESPAÑA REINA: Muchas gracias, señor presidente.
La Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para al año 2012, elaborada por el Gobierno del Partido Popular, hacía justicia con los ciudadanos de Marbella e incluía una disposición para que la ciudad recibiera los
ingresos en concepto de multa de los procedimientos judiciales con sentencia firme derivados de la corrupción que sufrió la ciudad durante años, con objeto de financiar proyectos de utilidad pública o de interés social. Gracias a la disposición
incluida por el Gobierno del Partido Popular en los presupuestos del año 2012, Marbella consiguió recuperar hasta 2017 más de 13 millones de euros que se destinaron a pagar la deuda que el ayuntamiento mantenía de la época de Jesús Gil con la
Agencia Tributaria, a la que se le abonó 4,3 millones de euros, y a la Tesorería General de la Seguridad Social, a la que se abonó 8,7 millones de euros.
Con la modificación que se produjo en el año 2018 de la Ley General de Presupuestos, gracias al compromiso del Gobierno del Partido Popular, se dio un paso más para hacer justicia con los ciudadanos de Marbella. Esto fue con la
incorporación de bienes y derechos derivados de las causas judiciales de corrupción al patrimonio municipal para destinarlo, precisamente, a actuaciones públicas de interés también en concepto de multa, por lo que fue necesario firmar un convenio
anual con el ministerio. Gracias a esta modificación, Marbella ha recuperado más de 40 millones de euros: 37 millones en concepto de ingresos y bienes y más de 2,7 millones en concepto de multas. Es decir, 40 millones de euros para Marbella,
gracias a la sensibilidad de un Gobierno del Partido Popular para hacer justicia con los ciudadanos de Marbella y recuperar parte del dinero que le fue esquilmado. De esos 37 millones de euros, 30 millones han sido en ingresos derivados de
ejecuciones de patrimonio de los condenados, y de ellos, 13 millones han sido para el pago anticipado de la deuda, y el resto, 17 millones de euros, para proyectos como la sede de la Escuela Oficial de Idiomas o la primera residencia pública para
mayores. Se han recuperado alrededor de 7 millones en inmuebles, como la finca La Caridad, que se destinará de manera provisional a recinto ferial y uso múltiple de San Pedro de Alcántara y, como les decía, 2,7 millones de euros en multas que se
han destinado a una serie de actuaciones de interés público, como es la promoción turística de la marca Marbella o un plan municipal de aparcamientos.
El 26 de abril de 2019, la corporación municipal de Marbella acordó en pleno solicitar al Gobierno que, al prorrogarse los Presupuestos Generales del Estado en el ejercicio 2019 y con objeto de extender lo que se le había permitido a
Marbella, se suscribiera prórroga del mencionado convenio de colaboración y así poder recuperar 8,7 millones de euros, pero el Ejecutivo socialista no atendió dicha solicitud por lo que los socialistas le está privando a Marbella de estos recursos.
En la actualidad conocemos que el Tesoro público tiene ingresados más de 3 millones de euros de multas de los condenados y lo que queremos es que se puedan utilizar precisamente para proyectos de interés público. Por eso pedimos a través de esta
proposición no de ley que se atienda a la demanda de los vecinos de Marbella para que la ciudad pueda recibir los ingresos en concepto de multa de los procedimientos judiciales por corrupción para que se pueda recuperar parte del dinero que les fue
esquilmado.
La realidad es que en el año 2019 con la izquierda no se ha recuperado nada para Marbella y en 2020 vamos por el mismo camino. El Partido Socialista que es conocedor de lo que ocurrió en Marbella -de hecho aquí hay una diputada del Partido
Socialista por Málaga- no se puede poner de perfil. Ustedes han pactado con los separatistas y los herederos de ETA los presupuestos, pacten también, señorías, con los vecinos de Marbella. Voten a favor ahora de esta proposición no de ley y
también a una enmienda que la senadora del Partido Popular por Málaga, Ángeles Muñoz, presentará en el Senado. Si no, estarán ustedes votando en contra de los vecinos de Marbella, en contra de hacer justicia con Marbella y en contra de devolver a
Marbella una parte de lo que le fue esquilmado. Los ciudadanos de Marbella -y termino, presidente- esperan de todos los grupos políticos del Congreso que se haga justicia con ellos. Les puedo asegurar que desde el Partido Popular no vamos a parar
hasta que el dinero que se robó a los marbellíes vuelva a sus ciudadanos, le pese a quien le pese.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora España.
A continuación, se ha presentado una enmienda por el Grupo Parlamentario Socialista. Para su defensa, tiene la palabra la señora Lima.
La señora LIMA CID: Gracias, presidente.
Señorías, el asunto que hoy debatimos parte de una situación de total injusticia hacia un pueblo, que no se merecía ni la nefasta ni la corrupta gestión llevada a cabo durante quince años con Gobiernos del
GIL y sus seguidores. Un pueblo que tras destaparse toda la trama corrupta se encontró con que su ayuntamiento tenía falta de liquidez, deudas con la Agencia Tributaria, con la Seguridad Social y con la Junta de Andalucía que en su momento
hizo un anticipo reintegrable parta darle liquidez al ayuntamiento, en total 384,9 millones de euros. Además, esquilmaron gran parte del suelo para equipamiento público para ejecutar un urbanismo a la carta demoledor. Ustedes lo conocían bien,
estaban en la mancomunidad, señora España, estaban en la Diputación y estaban en el Gobierno de Benahavís.
Dicho esto, pasamos a debatir lo que ustedes ponen inexactamente, por no decir que mienten. Dicen que fue en la Ley de Presupuestos del Estado para 2012, para inequívocamente nombrar a su Gobierno, el Partido Popular, cuando se hizo
justicia con el pueblo de Marbella posibilitando que los ingresos por multa con sentencia firme por corrupción tuvieran por objeto financiar proyectos de utilidad pública o interés social, es falso. Esa disposición adicional septuagésima aludía a
la utilización de lo mismo para la cancelación de deuda y recortar periodos de fraccionamiento acordado en cuarenta años y con un 1 % de interés. No fue hasta la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2018 cuando se modificó la anterior
disposición, dando la posibilidad de que parte de la indemnizaciones que pudiera recibir el ayuntamiento se destinara a la prestación de servicio público, así como que también las multas a favor del Estado derivadas de las sentencias judiciales se
aplicarían a la devolución de la deuda, salvo determinado bienes de interés del Ayuntamiento de Marbella para la prestación de servicios públicos que podrían cederse gratuitamente por la Administración General del Estado. Y así se ha venido
cumpliendo, usted mismo lo ha relatado, ya que hasta hace prácticamente una semana se ha cobrado una indemnización por 2,7 millones de euros. Por tanto, se contradice en sus palabras.
Y no solo eso, sino que se formalizó con un Gobierno socialista, el 21 de diciembre de 2018, un convenio entre el Ministerio de Hacienda y el propio ayuntamiento para destinar 2,7 millones del caso Saqueo I, destinado a un plan municipal de
aparcamiento en Marbella en San Pedro de Alcántara y a un proyecto de posicionamiento de la marca turística que gestionaría en este caso el Centro de Iniciativas Turísticas de Marbella. Me pregunto: si piden tanto al Gobierno, ¿le han pedido lo
mismo a la Junta de Andalucía que dijo que cumpliría con Marbella invirtiendo la misma cantidad que les cedió en infraestructuras? Le digo tajantemente: ¡no! Si piden tanto, ¿sabemos si se han ejecutado todos los proyectos que se acordaron en un
convenio? Porque piden al Gobierno, pero ¿ustedes ejecutaron?
Concluyo, presidente. No solo cumplimos sino que seguimos cumpliendo, ya que las medidas que benefician a Marbella para devolver las deudas y poder destinar parte a prestar servicios públicos siguen en vigor, señora España. (Muestra un
documento). No engañe más a la ciudadanía, mientras la posible suscripción de un convenio se ceñía a 2018. Hemos cumplido: un alcalde, Pepe Bernal, renegoció la deuda con la Junta de Andalucía; un Gobierno firmó un convenio para que se llevasen
proyectos y se han hecho los proyectos; una subvención nominativa de 2,7 millones de euros, se ejecutó aquello que se dijo a la ciudadanía que se iba a ejecutar. Definitivamente, hemos presentado una enmienda en el sentido que vengo explicando...
El señor PRESIDENTE: Tiene que ir acabando, señora Lima, por favor.
La señora LIMA CID: Un segundo. Gracias, presidente.
En la enmienda que hemos presentado lo que ponemos encima de la mesa es que se liquide el convenio que se firmó en 2018, creo que es justo, es dinero público. Y una vez que se liquide, que por parte del Gobierno se estudie la posibilidad de
cerrar un nuevo convenio con aquellas multas que tengan que ver con sentencias firmes en caso de corrupción.
Gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra la señora Martínez.
La señora MARTÍNEZ GRANADOS: Gracias, presidente.
La corrupción sea de donde sea, en el municipio que haya sido, en la comunidad autónoma que haya sido, afecta directamente a todos los ciudadanos. Y creo que es de justicia que ese dinero y bienes incautados, después de la sentencia firme
por casos de corrupción, lleguen después a esos municipios que fueron saqueados por políticos corruptos. Desde Ciudadanos siempre hemos defendido que la corrupción no puede estar dentro del mundo político, que es algo que ha hecho mucho daño a la
sociedad, que de esos barros vienen estos lodos y de ahí que exista esa desconfianza en muchas ocasiones de los
ciudadanos hacia la clase política. Creemos que es de justicia que ese dinero llegue a los marbellíes, pero también creo que debería tomarse como un ejemplo y que ese dinero que la corrupción se ha llevado, dinero de los ciudadanos, sea del
partido que sea el ayuntamiento o la comunidad autónoma, siempre vuelva a la sociedad, porque ya me gustaría a mí que el dinero de los ERE de Andalucía, que es la corrupción que he visto más de cerca, volviera a la sociedad andaluza, cosa que me
parece que será imposible. Así que nosotros votaremos a favor de la proposición no de ley.
Muchísimas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Martínez.
A continuación, por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra el señor Santiago.
El señor SANTIAGO ROMERO: Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, creemos que esta PNL adolece de incongruencias serias. Se indica que por primera vez se incluye en los Presupuestos Generales del Estado de 2012 -incluso dice la PNL que fueron elaborados por el Partido Popular- esta
posibilidad de que el Ayuntamiento de Marbella cobre a través de un convenio importes procedentes de multas impuestas a condenados por corrupción en asuntos derivados de la gestión municipal de Marbella. La primera pregunta es por qué en todos
estos años en los que ha gobernado el Partido Popular, ustedes no han cumplido la posibilidad que les brindaba la ley y por qué no ha cobrado el Ayuntamiento de Marbella y no ha percibido cantidad alguna. Lo que es cierto es que no es hasta el año
2018 o 2019 cuando se cobra, ya estando un Gobierno socialista.
En todo caso, no nos parece que sea muy apropiado esto que ustedes proponen aquí, que los ayuntamientos se vengan a financiar gracias a multas por procedimientos por corrupción. ¿Eso qué significa, que no se van a poder financiar
ayuntamientos si previamente no han sido condenados por corrupción? Más bien deberían ustedes defender un sistema impositivo, progresivo, proporcional al menos, que permita la recaudación necesaria para atender las necesidades de los ayuntamientos
y no tener luego que estar haciendo este tipo de brindis al sol, que llevan desde 2012 dándole vueltas a este asunto.
La sentencia del caso Malaya impone responsabilidades civiles a los condenados a favor del ayuntamiento. Son 300 millones por cobrar al ayuntamiento, la pregunta es por qué el ayuntamiento no ha cobrado esos 300 millones de responsabilidad
civil directa que impone la sentencia del caso Malaya y vienen ahora a pedir este procedimiento tan particular de un convenio a través de los Presupuestos Generales del Estado para cobrar una cantidad sensiblemente inferior. Según mis datos, el
Ayuntamiento de Marbella de esos 300 millones únicamente ha cobrado 28 millones en un primer momento y luego están 15 millones pendientes de cobrar al señor Roca. Queda mucho para que ustedes hagan, no vaya a ser que no tengan interés en perseguir
los bienes personales de los condenados por corrupción y estén esperando únicamente a que estos paguen multas. Claro, si resulta que al final se declaran insolventes, que venga papá Estado, que para eso ustedes son muy poco neoliberales, por lo
visto, y que papá Estado les ponga en la mano el dinero que no quieren recaudar con impuestos. La verdad es que el sistema impositivo que defienden ustedes es realmente sorprendente.
Si todavía aceptaran la enmienda que propone el Partido Socialista, estaríamos dispuestos a pensar en una posible abstención, pero desde luego estamos en contra de este curioso sistema fiscal que ustedes proponen, a la vez que renuncian a
recaudar impuestos y a cobrar la responsabilidad civil de los condenados por corrupción, la responsabilidad civil que deben al Ayuntamiento de Marbella. Cumplan sus obligaciones, velen por cumplir y que se abonen esas indemnizaciones al
Ayuntamiento de Marbella, y no esperen que el resto de los españoles vengan a solucionarles los problemas que no solucionan ustedes en el Ayuntamiento de Marbella.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Santiago.
Para finalizar, por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Jiménez Revuelta.
El señor JIMÉNEZ REVUELTA: Muchas gracias, presidente.
Lo primero que sorprende de esta proposición, al igual que en la anterior, es que son feudos gobernados por el Partido Popular y cabría preguntarse si en caso contrario ellos apoyarían dichas causas. Este grupo parlamentario entiende que si
el Estado es el que está recaudando las multas en relación con la corrupción que hubo durante años en Marbella, se destine el dinero recaudado según lo considere el Tribunal Supremo, y sobre este asunto cabe recordar a sus señorías que en julio de
2015 el
Tribunal Supremo dio la razón a la Fiscalía en cuanto a los bienes incautados y las multas satisfechas en el caso Malaya contra la corrupción en Marbella y consideró que debía seguirse la norma, por lo que dejó sin efecto el pronunciamiento
de la Audiencia malagueña sobre destinar el dinero a las deudas generadas para con el Ayuntamiento de Marbella adjudicándolo al Estado.
En la sentencia del Alto Tribunal se indicaba que, en cuanto a los depósitos y multas, la normativa marcaba que debían de ir a favor de la Administración General del Estado. Desconocer el procedimiento establecido equivale a infringir la
norma vigente, manifestaba el Alto Tribunal, al tiempo que se apuntaba a que, en cuanto a los decomisos, debía seguirse el dictado de la norma. Que el Partido Popular lo incluyera en la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del
Estado, elaborada por el mismo partido, no es más que una demostración de los intereses partidistas hacia una población que es feudo popular desde el año 2007.
Ahora bien, la situación actual de crisis sanitaria, social y económica que atraviesa el país está siendo más cruel en lugares donde la actividad está más ralentizada y donde los recursos son inferiores al del Ayuntamiento de Marbella, que
cuenta actualmente solo con un 7,36 % de paro, eso sí, con un incremento importante en el último mes al aumentar en 1093 personas respecto al mes anterior, según los datos del Servicio Andaluz de Empleo. Sin embargo, hay otros municipios de la
Comunidad Autónoma de Andalucía que requieren de ayudas inmediatas para responder a la necesidad de muchos ciudadanos. Por ello, este grupo parlamentario sugiere, como lo viene haciendo hasta la fecha, que toda partida presupuestaria, venga de
donde venga, sirva para ayudar a los que peor lo están pasando, autónomos, pymes, ciudadanos, y no se produzca, como en los presupuestos aprobados por el Congreso para 2021, que regiones o comunidades autónomas con representación parlamentaria
salgan beneficiadas en detrimento de otras zonas geográficas por ser bisagra para los Gobiernos de turno y que apoyándose en esos partidos que todos conocemos y, a cambio del poder, provoquen la insolidaridad y la desigualdad entre unas comunidades
y otras.
Es de extrañar también que el Partido Popular del Ayuntamiento de Marbella dé luz verde a recibir los ingresos de las multas y, sin embargo, rechace las ayudas de la Junta de Andalucía de 2 millones de euros concedidos al municipio para
distintos planes de empleo, y que supuestamente podía haber beneficiado a más de 260 personas. Esto, teniendo en cuenta que quien gobierna Andalucía es el Partido Popular y Ciudadanos, lo que sorprende aún más que se tomen determinadas decisiones.
En definitiva, queremos que la recaudación por las multas por los casos de corrupción del Ayuntamiento de Marbella se utilice para financiar proyectos de interés social fundamentalmente, debido a la situación de crisis sanitaria, social y
económica que estamos viviendo, y que dichas cantidades, aun yendo para el Ayuntamiento de Marbella, si se considera de justicia, sean para ayudar a los más necesitados y más afectados por esta pandemia.
Me iba a reservar el sentido del voto, pero, después de escuchar al señor Santiago y las cosas que ha dicho, la verdad es que voy a apoyar esta proposición. Sí me gustaría decir, con respecto a lo que ha dicho antes el señor Guijarro, con
respecto a nuestra proposición no de ley -y para terminar-, que decía que generaba desigualdad. Hombre, pues no sé qué genera más desigualdad, porque el pasado día 1 de este mes se han reunido en esta Cámara con los emisarios de Maduro, junto con
Bildu y Esquerra Republicana, lo que denota su defensa del régimen venezolano, que se encuentra en el nivel de los países más pobres de África, 0,63 céntimos y una comida para pasar el día. Este es el proyecto de país que les gusta a los socios...
El señor PRESIDENTE: Señor Jiménez, tiene que ir acabando ya, por favor.
El señor JIMÉNEZ REVUELTA: ... de Gobierno.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Mire, señor Guijarro, usted no ha estado en la Comisión, pero se ha hablado de todo.
El señor GUIJARRO GARCÍA: Solo que nosotros nunca hemos hablado de Venezuela, solo digo eso.
El señor PRESIDENTE: Señorías, en tres minutos procedemos a la votación.
Señora España, entiendo que rechazaba la enmienda.
La señora ESPAÑA REINA: Sí, porque no hace alusión a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, lo condiciona a la liquidación del convenio actual, y, además, lo deja un poco en el aire, cuando dice que se analice la
posibilidad de suscribir... Por tanto, entendemos que no podemos aceptarla.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. (Pausa).
VOTACIONES.
El señor PRESIDENTE: Señorías, vayan tomando asiento y procederemos a la votación.
Procedemos a votar el primer punto del orden del día, que es el acuerdo sobre la celebración de la comparecencia del interventor general de la Administración del presidente para que dé razón de la contratación pública llevada a cabo por el
Ingesa.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 17; abstenciones, 0.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
A continuación, pasamos a votar la proposición no de ley sobre el pago a la ciudad de Marbella de las multas derivadas de casos judiciales por corrupción que están relacionadas con este municipio. Se vota en sus propios términos al no
haberse aceptado la enmienda.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 17; abstenciones, 0.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Procedemos a votar la proposición no de ley sobre municipios turísticos, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Se vota en sus propios términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 10; en contra, 17; abstenciones, 5.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Procedemos a votar la proposición no de ley para modificación de la Ley 20/1990, de 19 de diciembre, sobre régimen fiscal de las cooperativas, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. Se vota en sus términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 17; abstenciones, 0.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Por último, procedemos a votar la proposición no de ley relativa a la presentación y ejecución de un programa de consolidación fiscal a medio plazo, presentada por el Grupo Parlamentario VOX.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 17; abstenciones, 0.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Se levanta la sesión, señorías.
Muchas gracias.
Eran las cinco y cuarenta y cinco minutos de la tarde.