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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 247, de 14/12/2020
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2020 XIV LEGISLATURA Núm. 247
DERECHOS SOCIALES Y POLÍTICAS INTEGRALES DE LA DISCAPACIDAD
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOAN RUIZ I CARBONELL
Sesión núm. 9
celebrada el lunes,
14 de diciembre de 2020
ORDEN DEL DÍA:
Proposiciones no de ley:
- Relativa a la adopción de medidas para que las personas mayores puedan disponer de teleasistencia gratuita mientras persista la crisis provocada por el COVID-19. Presentada por el Grupo Parlamentario VOX. (Número de expediente
161/000534) ... (Página2)
- Relativa a los cambios propuestos por el Gobierno en la gestión de 0,7% del IRPF y del 0,7% del Impuesto de Sociedades para financiar entidades y proyectos de interés social. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
(Número de expediente 161/000905) ... (Página6)
- Sobre la inclusión del pueblo gitano y la lucha contra el antigitanismo ante las consecuencias de la crisis provocada por la COVID-19. Presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.
(Número de expediente 161/001122) ... (Página9)
- Relativa a impulsar medidas de apoyo al pueblo gitano ante las consecuencias de la crisis provocada por la COVID-19. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/001228) ...
- Relativa a garantizar los derechos y libertades de las personas que trabajan estacionalmente en los campos de cultivo de España. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/001229) ...
- Sobre reapertura y funcionamiento ordinario del Centro de Recuperación de Personas con Discapacidad Física de Lardero-La Rioja (CRMF) como centro educativo público y gratuito. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
(Número de expediente 161/001579) ... (Página23)
- Relativa a la promoción de la terapia ocupacional y los centros ocupacionales en España. Presentada por el Grupo Parlamentario VOX. (Número de expediente 161/001675) ... (Página26)
Votaciones.... (Página30)
Se abre la sesión a las cuatro y treinta y cinco minutos de la tarde.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- RELATIVA A LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS PARA QUE LAS PERSONAS MAYORES PUEDAN DISPONER DE TELEASISTENCIA GRATUITA MIENTRAS PERSISTA LA CRISIS PROVOCADA POR EL COVID-19. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO VOX. (Número de expediente
161/000534).
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.
Antes de iniciar la Comisión, tras leer el Diario de Sesiones de la última sesión, me atrevo a sugerirles que recuerden que una parte considerable de la población de nuestro país tiene los ojos puestos en nosotros, que es obligación nuestra
también ser ejemplo y no exacerbar las diferencias, sino buscar puntos de encuentro, y que el objeto de esta Comisión es ayudar a encontrar soluciones a los problemas que tiene una parte considerable de la sociedad, las personas más desfavorecidas
de la misma y no otro. Asimismo, quiero añadir que espero que cuando volvamos todos a leer los diarios de sesiones no nos encontremos expresiones como las de la última vez.
Como saben, porque se les ha notificado, los tiempos serán los mismos que la última vez: cinco minutos para quien proponga una iniciativa, tres minutos para quien proponga una enmienda y dos minutos para fijar posición. Por tanto,
empezaremos directamente con el primer punto del orden del día, que es la proposición no de ley relativa a la adopción de medidas para que las personas mayores puedan disponer de la teleasistencia gratuita mientras persista la crisis provocada por
el COVID-19. Ha sido presentada por el Grupo Parlamentario VOX y para su defensa tiene la palabra su portavoz, doña Reyes Romero.
La señora ROMERO VILCHES: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, la fundamentación de esta PNL resulta bastante evidente y me atrevo a aventurar que la mayoría de las fuerzas políticas pueden compartir su filosofía. Por un lado, el artículo 50 de nuestra Constitución determina que los poderes
públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar, mediante un
sistema de servicios sociales que atenderá sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio. En un sentido similar se manifiesta también el preámbulo de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de la promoción de la autonomía personal y
atención a las personas en situación de dependencia, al señalar que es un hecho indudable que las entidades del tercer sector de acción social vienen participando desde hace años en la atención a las personas en situación de dependencia y apoyando
el esfuerzo de las familias y de las corporaciones locales en este ámbito. Estas entidades constituyen una importante malla social que previene los riesgos de exclusión de las personas afectadas.
Evidentemente, no se trata solo de los textos legales positivos que podríamos seguir acumulando sin necesidad de indagar demasiado, el cuidado de nuestros mayores es, desde luego, un principio de justicia material absolutamente elemental y
básico, esencial en todas las civilizaciones y, evidentemente, también en la nuestra. La protección de los ancianos no solo es un deber ético primario, también es una necesidad de la sociedad, a fin de aprovechar el caudal de sabiduría y
experiencia vital acumulado de estas personas a las que debemos tanto. La solidaridad intergeneracional supone un tesoro que los poderes públicos tienen la obligación de defender, sobre todo en estos momentos de crisis de valores. A mayor
abundamiento, la atención a nuestros mayores se hace especialmente acuciante por varios motivos coyunturales que
exponemos a continuación. Por un lado, nos encontramos con el envejecimiento de la población derivado del aumento de la esperanza de vida. Este fenómeno que, por supuesto, es muy positivo, tiene también algunas consecuencias que pueden
resultar dramáticas, como ha ocurrido con esta pandemia. Por otro lado, la crisis de la familia produce atomización de las relaciones humanas. Observamos la soledad en la que se encuentran muchos de nuestros mayores. Cada vez existen más personas
que viven solas, lo cual puede ser un fenómeno relativamente ambiguo en el caso de personas jóvenes, pero alcanza grandes niveles de dramatismo en las personas de avanzada edad; circunstancia que se ve agravada en la situación actual por el
confinamiento, el aislamiento y el temor al contagio. Además, es justo reconocer que los ancianos han sido un salvavidas, especialmente en la crisis económica de 2008, de la que no habíamos acabado de salir. En efecto, muchísimas familias salieron
adelante -y vuelven a salir hoy- con la ayuda de las pensiones de sus mayores, muchas de ellas muy modestas. Por todo ello, la deuda de agradecimiento general que toda sociedad tiene con sus ancianos se ve incrementada por la especial contribución
que esta generación ha hecho al sostenimiento de la sociedad en su conjunto.
Nos encontramos en la era de las tecnologías de la comunicación y estas ofrecen nuevas herramientas que pueden proporcionar seguridad e independencia tanto para quien la utiliza como para su entorno familiar o personal, al saber que estas
personas que no se pueden valer por sí mismas están conectadas y atendidas por un equipo de profesionales. Ya existen administraciones, asociaciones y entidades sin ánimo de lucro que disponen desde hace años de un servicio de asistencia remota a
personas. En este sentido, hay que señalar la importancia que el tercer sector está teniendo en el desarrollo e implementación de garantías de asistencia para que nuestros dependientes, discapacitados y personas con necesidades especiales tengan el
soporte asistencial y social que necesitan. Muchos de estos nuevos sistemas ofrecen la colocación de sensores de seguridad que detectan situaciones de peligro o de caídas e incluso también ofrecen servicios complementarios en función de las
necesidades específicas de las personas, como son los recordatorios de medicación, citas médicas, custodia de llaves, etcétera. Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX insta al Gobierno a articular los mecanismos a su alcance para garantizar
servicios de teleasistencia en todos los ámbitos territoriales donde sean precisos, a fin de garantizar un servicio de teleasistencia efectivo para todas aquellas personas que con ocasión de la crisis del COVID-19 lo necesiten para garantizar sus
necesidades básicas en los términos establecidos en la PNL que hemos presentado, que creemos son de justicia, y para la que esperamos poder contar con el apoyo de sus señorías.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: A esta proposición no de ley se han presentado enmiendas por parte del Grupo Ciudadanos y del Grupo Popular. Les recuerdo que tendrán tres minutos. Por el Grupo Ciudadanos, tiene la palabra la señora Giménez.
La señora GIMÉNEZ GIMÉNEZ: Gracias, presidente.
Concretamente, hemos presentado una enmienda que pretende que se adopten las condiciones básicas de seguridad y cohesión territorial que permitan garantizar un acceso al servicio de teleasistencia en igualdad de condiciones en todo el
territorio nacional, teniendo especialmente presentes las mayores dificultades para el acceso a estos servicios en las zonas rurales. Queríamos incidir o mejorar la iniciativa, dado que por nuestra parte consideramos que es una iniciativa que
incide en una de las medidas que es necesaria para nuestros mayores: disponer de un servicio de teleasistencia mientras persista la crisis provocada por el COVID. El acuerdo del Consejo Interritorial de Salud ha establecido en relación con la
teleasistencia una serie de catálogos de servicios que tienen que tener carácter prioritario, que se tienen que prestar a través de la oferta pública de la Red de Servicios Sociales por las respectivas comunidades autónomas mediante centros y
servicios públicos o privados concertados debidamente acreditados. Los datos que hay en la web del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 señalan que mediante el servicio de teleasistencia se ha atendido a 942 446 personas, es decir, un
10,41 % de las personas mayores. Es un servicio que tenemos que tener en cuenta que es altamente feminizado, que el 76 % son mujeres, y que cuenta con un elevado porcentaje de personas usuarias a partir de 80 años. En cuanto a los costes del
propio servicio, según un estudio que se ha hecho por el BBVA, hay que destacar que hay diferencias de lo que cuesta cada usuario según las comunidades autónomas, que es algo que nos gustaría resaltar. Lo que se establece de media son 47,69 euros
por usuario, pero por ejemplo -quiero señalarlo- en la Comunidad de Castilla-La Mancha ha habido un copago declarado del 0 %, en el Principado de Asturias el copago también es simbólico, de un 0,53 %, y Navarra y las Islas Baleares son el caso
opuesto: el copago es de un 98,68 % y un 81,73 % respectivamente. Por lo tanto, hay que destacar
que hay una diferencia en este copago e igualmente grandes diferencias en los precios públicos del servicio; el copago efectivo es menor para un usuario en Navarra que en las Islas Baleares. Estas diferencias territoriales en cuanto al
acceso a este servicio y el pago por el mismo que existen en nuestro territorio es algo en lo que debemos trabajar porque creemos que son inadmisibles y porque se debe garantizar el bienestar de nuestros mayores y la equidad y la cohesión
territorial en todos los lugares.
No hemos hablado todavía con las compañeras del Grupo Parlamentario VOX y no sé si aceptarán o no la enmienda propuesta o si transaccionaremos, así que quedamos a expensas de ello.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra la portavoz, señora Angulo.
La señora ANGULO ROMERO: Gracias, presidente.
La teleasistencia es un servicio esencial para conseguir un objetivo que para el Grupo Popular es prioritario: la permanencia de los mayores que lo deseen en su domicilio, en su entorno, para combatir la soledad y el aislamiento y prevenir
situaciones de riesgo, un servicio que ha sido primordial en la crisis de la COVID, que a su vez nos ha mostrado la necesidad de avanzar en su implementación, y este es el sentido de nuestras enmiendas, el de mejorar una iniciativa que nos resulta
insuficiente, pues solo se refiere a la teleasistencia básica. Proponemos en ellas la gratuidad del servicio de teleasistencia básica pero de forma permanente, no solo en la pandemia, y, sobre todo, abogamos por la plena incorporación de la
teleasistencia avanzada en las prestaciones de la dependencia, garantizando la igualdad en toda España y su pleno acceso, y con la suficiente dotación de recursos por parte del Estado. Un modelo que permita una atención integral en el propio
domicilio, algo que el Gobierno del Partido Popular acordó en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y se aprobó en enero de 2018, fijando ya el contenido de los servicios de teleasistencia básica y avanzada, sus beneficiarios y su
financiación. Es otro acuerdo que este Gobierno ha incumplido, una muestra más que sumar al balance de la gestión del señor Iglesias en política social: más listas de espera en dependencia; una pobreza que se expande como el virus, alargando las
colas del hambre, y su medida estrella: el ingreso mínimo vital, un gran fracaso. Ahora sabemos que los señores del partido del Gobierno nos hablarán de planes, de presupuestos que no resultan creíbles para nadie, pero menos para las 400 000
personas en listas de espera de dependencia, para los familiares de los miles de fallecidos en esas residencias a las que el señor Iglesias abandonó no destinando ni un euro del Fondo COVID a Servicios Sociales y Dependencia a pesar de anunciar
entonces 1000 millones para esas personas a quienes prometió una ayuda fantasma que nunca llega o para quienes les han eliminado una prestación familiar. ¿Su único logro? Haber convertido en vulnerables a quienes no lo eran. Porque no hay anuncio
ni estrategias ni planes que oculten el desinterés del señor Iglesias por las políticas sociales, ocupado casi a tiempo completo en su objetivo: la ruptura de nuestro marco constitucional de convivencia, que es precisamente el que garantiza la
igualdad y la solidaridad entre los españoles, todo ello por supuesto con el apoyo del Grupo Socialista.
Por eso, desde el Grupo Popular proponemos que se cumpla la plena incorporación de la teleasistencia avanzada en el conjunto del país y la revisión del modelo hacia uno proactivo, personalizado, que coordine la atención social y sanitaria, y
financiado por el Estado, y esperamos que se acepten nuestras enmiendas. Y señores de los partidos del Gobierno, si de verdad quieren ser creíbles, déjense de anuncios que luego no cumplen y exijan al señor Iglesias que se ocupe con urgencia de los
verdaderos problemas de los españoles, porque millones de familias, también nuestros dependientes y mayores, no pueden esperar ya más.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: A continuación, en el turno de fijación de posiciones, de menor a mayor iré citando a los diferentes grupos, porque no sé sí están. ¿El Grupo Mixto? No está. ¿Euskal Herria Bildu? No está. ¿El Grupo Parlamentario
Vasco? Tampoco. ¿El Grupo Plural? Tampoco. ¿El Grupo Parlamentario Republicano? No interviene.
Por el Grupo Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra la señora Muñoz.
La señora MUÑOZ DALDA: Gracias, presidente. Hago esta intervención en sustitución de mi compañera Marisa Saavedra, que no ha podido venir hoy.
El servicio de teleasistencia es un servicio consolidado que utilizan casi un millón de personas mayores de 65 años, y son las comunidades autónomas las que ostenta la competencia exclusiva en materia de derechos sociales. Ante la crisis de
la COVID, la Administración del Estado ha adoptado medidas
extraordinarias en materia de servicios sociales: en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia se procedió a distribuir entre las comunidades autónomas un fondo social
extraordinario de 300 millones para financiar las prestaciones básicas que tuvieran por objeto hacer frente a situaciones extraordinarias derivadas de la COVID; se modificó el acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para
la Autonomía y Atención a la Dependencia sobre criterios comunes de acreditación para garantizar la calidad de centros y servicios y poder llevar a cabo contrataciones en el ámbito de los servicios sociales. En los presupuestos se avanza hacia un
modelo con suficiencia de recursos económicos, personales, materiales y de servicios, una nueva concepción de los cuidados para una mayor autonomía de las personas y la permanencia en su domicilio, si es su deseo, el máximo tiempo posible; una
atención integral y de acuerdo con las comunidades autónomas. En cambio, ustedes plantean un modelo fragmentado, insuficiente, privatizador y que no tiene en cuenta las competencias territoriales. Citan en la exposición de motivos en su PNL el
artículo 50 de la Constitución, que exige unas pensiones suficientes y actualizadas, pero ustedes están en contra del sistema público de pensiones y que los poderes públicos promuevan el bienestar de nuestros mayores mediante un sistema de servicios
sociales que atenderán esos problemas específicos, pero ustedes no presentan ni una sola enmienda a los presupuestos en este ni en ningún otro sentido. Su PNL propone un acceso universal y gratuito a los servicios de teleasistencia, pero están
totalmente en contra de una fiscalidad justa y progresiva que permita abordar esta y otras necesidades. Ante sus declaraciones vacías, les oponemos los presupuestos del Gobierno de coalición, que garantizan las pensiones públicas con la
actualización al IPC y al doble del IPC las no contributivas, que aumentan en un 70 % el presupuesto de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, 1500 millones más, y el compromiso de impulsar con las comunidades autónomas la Ley marco de
Servicios Sociales a finales de 2021.
En definitiva, no vamos a apoyar su PNL porque desde Unidas Podemos defendemos los servicios de atención a las personas en situación de dependencia con suficiencia económica, concibiéndolas de manera integral y respetando los ámbitos
competenciales de las comunidades autónomas.
El señor PRESIDENTE: A continuación, tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, la señora Lima.
La señora LIMA CID: Gracias, presidente.
Viendo la exposición de motivos y las diferentes intervenciones que se han hecho, voy a empezar por lo siguiente. Llama la atención que a las señorías de VOX les preocupe tantísimo lo que ha venido aconteciendo en el estado de alarma cuando
no han apoyado ninguno. Llama también la atención que les interesen tanto los territorios cuando no apoyan a las comunidades autónomas. Llama la atención que el Partido Popular esté diciendo en este momento que implementemos la Ley de dependencia
cuando llevaron los mayores recortes, 2000 millones en este caso, la retirada de la cotización a la Seguridad Social por parte de las cuidadoras o la retirada de la partida que sostenía la teleasistencia, que comenzó en los años noventa. También se
tiene una falta de conocimiento de lo que ha venido aconteciendo en materia de teleasistencia. La teleasistencia se implantó en los años noventa, siendo responsable el Imserso y posteriormente complementada con la Ley de autonomía personal y
atención a las personas en situación de dependencia. Hoy la disfrutan casi un millón de personas mayores de 65 años, que hacen uso del servicio. Además, durante este tiempo de pandemia el Gobierno lo ha reforzado con 300 millones de euros, en este
caso del Fondo Social Extraordinario dirigido a las comunidades autónomas. También desconocen que los servicios sociales son una competencia totalmente exclusiva de las comunidades autónomas, en este caso el servicio de teleasistencia, y que hay un
acuerdo del año 2018, que se publicó en el Boletín Oficial del Estado, del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, en el cual se acuerdan las pautas necesarias, tanto para la
teleasistencia básica como para la teleasistencia avanzada. Se cuenta con un centro de referencia estatal como es el Ceapat, dependiente del Imserso. El catálogo de referencia está consensuado por todas las comunidades autónomas y se rige por el
principio de universalidad. También les recuerdo que los Presupuestos Generales del Estado de 2021 cuentan con una subida del 34,4 %, en este caso 2354 millones de euros, algo que ustedes ni siquiera pusieron encima de la mesa, sino algo muy
alejado a esto.
Por tanto, siendo competencia exclusiva de las comunidades autónomas, sabiendo que hemos elevado el presupuesto y que ya hemos dicho en diferentes ocasiones que queremos llegar a ese 50/50 compartido entre Gobierno y comunidades autónomas,
que se va a impulsar la estrategia nacional para la
soledad no deseada, una nueva ley de servicios sociales y un impulso definitivo a la Ley de dependencia, el voto del Grupo Socialista es rotundamente no. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Finalmente, solo a los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas o decir si se está llegando a algún tipo de transaccional, tiene la palabra la portavoz del grupo parlamentario autor de la iniciativa, la señora
Romero.
La señora ROMERO VILCHES: Muchas gracias.
Estamos estudiando la transaccional. A Podemos y al Partido Socialista quiero decirles que prefieren aplicar la eutanasia.
El señor PRESIDENTE: Es solo para eso, no es para otra cosa.
- RELATIVA A LOS CAMBIOS PROPUESTOS POR EL GOBIERNO EN LA GESTIÓN DEL 0,7 % DEL IRPF Y DEL 0,7 % DEL IMPUESTO DE SOCIEDADES PARA FINANCIAR ENTIDADES Y PROYECTOS DE INTERÉS SOCIAL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
CONGRESO. (Número de expediente 161/000905).
El señor PRESIDENTE: Segundo punto, proposición no de ley relativa a los cambios propuestos por el Gobierno en la gestión del 0,7 % del IRPF y del 0,7 % del impuesto sobre sociedades para financiar entidades y proyectos de interés social.
Es del Grupo Parlamentario Popular. Para su defensa, tiene la palabra la portavoz del Grupo Popular en este punto, la señora García.
La señora GARCÍA RODRÍGUEZ: Gracias, presidente.
Voy a aportar unos datos sobre el tercer sector de acción social en España para los legos en la materia: 28 000 entidades sociales que están en nuestros pueblos y ciudades dando servicio y atendiendo por ejemplo las colas del hambre ante la
incapacidad de un Gobierno de resolver y pagar el ingreso mínimo vital. Da empleo a unas 527 000 personas, un sector muy feminizado, el 67 % son mujeres, y el volumen de atenciones directas realizado por este tercer sector es de más de 42 millones
al año de media, y en mitad de una pandemia este Gobierno está vapuleando al tercer sector. Para que no haya dudas voy a argumentar los recortes al tercer sector con documentación oficial. En cuanto al 0,7 del IRPF, ha habido recortes en
porcentaje y en valores absolutos. Recortes en porcentaje: resolución del secretario de Estado de Derechos Sociales del 26 de junio, por la que se establece la distribución de tramos, correspondiendo al tramo estatal el 14,86 %. Antes era al 20
%. Con el 14 % les ha correspondido a las entidades del tercer sector 42 millones, y si fuera un 20 % serían 56,6 millones. Esto supone un recorte de 14,8 millones de euros, y es objetivo porque son matemáticas. Recortes en valores absolutos, si
lo anterior no les vale: resolución del 24 de septiembre del año 2020, crédito disponible para esta convocatoria de subvenciones estatales, 42 millones de euros; acuerdo de Consejo de Ministros del año anterior, 49,3 millones de euros. Convendrán
conmigo, señorías, que en términos absolutos hay un recorte a las entidades de casi 8 millones de euros, y eso que este año había 20 millones más de recaudación para estos fines. Esto, más que recortes, es un saqueo a la casilla del 0,7 del IRPF en
plena crisis. Y no lo dice solo el Partido Popular. El Gobierno ha puesto de acuerdo a casi 28 000 entidades sociales, generando desasosiego e incertidumbre. Leo titulares o las notas de prensa de las entidades: el tercer sector critica la
decisión del Gobierno de recortar financiación a las entidades de acción social; las entidades montan en cólera contra Iglesias porque solo podrán gestionar el 14 % de lo recaudado en vez del 20 % que venían recibiendo.
En cuanto al 0,7 del impuesto sobre sociedades, llega tarde, con recortes y opacidad, una medida que llega dos años tarde y que fue ideada, trabajada y acordada entre el Gobierno de Rajoy y las entidades sociales y contemplada en los
presupuestos de 2018, llega con recortes. Destinan al tercer sector de acción social únicamente el 77,7 %, lejos del cien por cien comprometido inicialmente. Por tanto, de los casi 34 millones al tercer sector le han correspondido 26,4 millones, y
esto tiene un nombre: otro rejonazo de otros 8 millones de euros. Pero lo más grave es la distribución de los 26,4 millones con opacidad, por sorpresa y sin participación. Y tiro de documentos oficiales. El 27 de julio envían y someten a
consulta pública la orden con las bases reguladoras de la concesión de subvenciones de concurrencia competitiva. Esto está en la web del ministerio. Daban de plazo a las entidades hasta el 14 de agosto para presentar proyectos. ¿Qué hicieron las
entidades? Trabajar proyectos durante todos estos meses. Pero el 3 de noviembre, por sorpresa y a traición, aprueban y publican el decretazo de Pablo Iglesias, en el que el Gobierno adjudica de forma directa -en lugar de en concurrencia, como
estaba en estas bases-, sin criterios públicos, los 26,4 millones.
Muchos nos preguntamos y las entidades se preguntan si habrá habido órdenes directas de arriba, del vicepresidente Iglesias, para retirar la orden de subvenciones de concurrencia y pegar el cambiazo por un decreto. Todo parece indicar que
el vicepresidente segundo, según las entidades, ha convertido este decreto en su cortijo personal. Nos llegan denuncias de entidades. Denuncian que han quedado fuera entidades que llevan más de cincuenta años de trayectoria. Y la equis solidaria,
señorías, es la voluntad de los ciudadanos de marcar la casilla de sus impuestos, y merecen un reparto impecable, con criterios de reparto claros, basados en la representatividad o en la calidad de los proyectos presentados por las entidades. Esto
es lo que exigimos desde el Grupo Popular con esta iniciativa, que el Gobierno rectifique, que rectifique la gestión del 0,7 del IRPF y del 0,7 del impuesto sobre sociedades.
Señorías, no apoyar esta proposición es decir no al tercer sector. Luego en campaña se harán todas las fotos del mundo con ellos, pero es decir no al tercer sector y apelo al socialismo sensato, apelo a la responsabilidad de los diputados
socialistas, apelo a ese socialismo que conoce al tercer sector. No pueden ni deben tolerar este maltrato de sus socios de Gobierno a los que más están haciendo por los que peor lo están pasando. Por tanto, solicito el apoyo de todos los grupos.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: A esta proposición no de ley se ha presentado tan solo una enmienda del Grupo Parlamentario VOX. Tiene la palabra por tres minutos su portavoz, Cristina Esteban.
La señora ESTEBAN CALONJE: Muchas gracias, señor presidente.
Para las organizaciones dedicadas a acción social había, hasta 2017, una convocatoria única a nivel estatal, con el fin de repartir para implantación de sus proyectos lo recaudado por voluntad de las personas físicas, el 0,7 % de su IRPF.
El Tribunal Constitucional se pronunció a favor de un recurso presentado por la Generalitat catalana para que fueran las comunidades autónomas quienes gestionaran este recurso. El PP no lo peleó, a pesar de que, en palabras de Dolors Montserrat, le
parecía injusto, ya que el IRPF se recauda a través de todos los españoles. En ese momento quedó el reparto en el 80 % para las comunidades autónomas y el 20 % para las entidades a nivel estatal. Organizaciones como ONCE, Cermi o Cáritas vieron de
un año para otro menguadas sus ayudas en un 80 %; sin embargo, entidades que no tenían gran trayectoria vieron multiplicados sus proyectos. Cada territorio reparte las subvenciones muchas veces a organizaciones más cercanas en ideologías que en
acciones sociales propiamente dichas. El reparto de porcentajes depende la decisión del secretario de Estado de turno. Este año ha quedado en un 14,86 %. Las entidades estatales no pueden proyectar si no conocen de antemano con cuánto dinero
cuentan para implementar sus proyectos. La avidez recaudatoria de las comunidades autónomas y la poca defensa que se hace a nivel estatal por parte de todos los Gobiernos hacen que cada vez vayan mermando más las ayudas a proyectos estatales y que
se reparta a modo de microfinanciación el IRPF de los españoles a nivel territorial y se pierda en muchas ocasiones la trazabilidad de estas ayudas. Para compensar este varapalo, en 2018 se aprobó una ley presupuestaria mediante la cual se repartía
el 0,7 % del impuesto sobre sociedades que con carácter voluntario aportarán las empresas. Ahora, después de dos años, se ha repartido la primera recaudación. Ha tenido que ser vía real decreto-ley, ya que o no se había preparado la convocatoria,
sin concurrencia ni criterios para ello -ya conocemos la calidad de los gestores de este Gobierno-, o se ha pretendido hacer con nocturnidad, recortando un 33 % de lo que habían recaudado y tenían comprometido para las entidades estatales. Pues
bien, de la manga se sacan que el 0,7 % del impuesto sobre sucesiones voluntario hay que repartirlo con cooperación para el desarrollo y con organizaciones ecológicas, todo esto en el año más terrible que hemos padecido, cuando las colas del hambre
se multiplican de manera exponencial y contamos más de 70 000 muertos. El ministerio no ha hecho nada extraordinario. Esos 1500 millones son herencia, no hay nada extraordinario en los presupuestos. Con eso ya contaban por no haberlo ejecutado
anteriormente.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: A continuación, entramos en el turno de fijación de posiciones. Por el Grupo Mixto no hay nadie. Por HB Bildu, no y por (EAJ-PNV) tampoco. Por el Grupo Ciudadanos tiene la palabra su portavoz, Sara Giménez.
La señora GIMÉNEZ GIMÉNEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, en relación con las entidades del tercer sector, como bien se ha dicho en la presentación, la crisis sanitaria y económica que hemos tenido durante el COVID y que vamos a seguir teniendo ha
demostrado la necesidad del trabajo social y de la asistencia directa a las personas vulnerables que ofrece el propio tercer sector. De hecho, el Grupo Parlamentario Ciudadanos siempre ha mostrado su enorme agradecimiento a todas las
organizaciones que en muchas ocasiones de manera altruista realizan una enorme labor para ayudar y apostar por el apoyo a miles de familias en nuestro país. Sobre todo, debemos tener en cuenta el contexto de desempleo y precariedad y de
circunstancia de dificultad laboral que tenemos. Según los últimos datos publicados, la tasa de paro en España asciende a un 16,2 % y, según los datos de Eurostat de este mismo mes, la tasa de desempleo juvenil en España alcanza el 40,4 %. El
Fondo Monetario Internacional ya nos está alertando de que, probablemente, España no recupere el nivel de empleo previo a la pandemia hasta el año 2026 y de que la tasa de paro en nuestro país se va a elevar a la cifra del 20 %. Hablo de empleo
porque considero que el desempleo va a provocar circunstancias de vulnerabilidad que hay que tener muy en cuenta en la atención a las personas vulnerables. Nosotros hemos trasladado en distintas ocasiones al Ministerio de Derechos Sociales y a la
Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad la necesidad de establecer un marco de regulación y de financiación estable para las entidades del tercer sector. Debería impulsarse un debate serio y profundo sobre cómo mejorar esas
políticas sociales en nuestro país, sobre cómo atender la desigualdad y sobre cómo mejorar el sistema de financiación del tercer sector dentro de un marco estable de concertación social, con una actuación, por ejemplo, estructural e independiente de
contingencias políticas que garanticen su viabilidad y su sostenibilidad. Creemos que esta proposición avanza en la estabilidad de la financiación -nos parece un avance-, pero debemos tener una mirada más amplia, más allá de una proposición no de
ley, y trabajar. En este caso, es al Gobierno al que le corresponde trabajar y el resto colaboraremos para mejorar ese marco de financiación estable para las entidades del tercer sector.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
A continuación, por el Grupo Plural no ha venido nadie. El Grupo Republicano no toma la palabra. Por el Grupo Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem tiene la palabra su portavoz, Ismael Cortés.
El señor CORTÉS GÓMEZ: Gracias, presidente.
Simplemente, quiero decir que el Gobierno decidió que los fondos procedentes del impuesto sobre sociedades se distribuyeran entre los sectores de acción social, cooperación internacional y medio ambiente en los mismos porcentajes que en el
caso del IRPF, por estar destinados en ambos casos a financiar actividades de interés general consideradas de interés social y que cada parte sería distribuida por el ministerio correspondiente. Esto supone que de los 33 973 millones procedentes de
0,7 % del impuesto sobre sociedades al Tercer Sector de Acción Social le corresponderían 26 000, que es la parte que financia la Secretaría de Estado de Derechos Sociales. Como se ve, esa cifra es muy superior a los 7,8 millones con que se había
reducido el tramo estatal del IRPF, resultando un incremento neto para financiar al Tercer Sector de Acción Social de casi 19 millones de euros. Por tanto, exponiendo esta realidad, nosotros votaremos en contra de esta proposición no de ley.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Para terminar, tiene la palabra la representante del Grupo Parlamentario Socialista, que en este caso es Yolanda.
La señora SEVA RUIZ: Gracias, señor presidente.
Señorías del Grupo Popular, se encuentran instalados en el discurso en el que se sienten más cómodos. Creen que les va bien con el discurso de la crispación, de la creación de malestar y de duda y lo peor es que lo hacen entre los que hoy
necesitan certezas y soluciones, el sector de la población más vulnerable, que acude a los servicios sociales públicos y a las entidades del tercer sector, que sin duda alguna están haciendo un esfuerzo sin precedentes para cubrir las necesidades
sociales derivadas de la crisis sanitaria de la COVID-19. Aluden al desasosiego y a la incertidumbre que el Gobierno de Pedro Sánchez transmite a las entidades del tercer sector y manifiestan el rechazo absoluto al cambio de gestión del 0,7 %
-dicen que supondrá recortes en su financiación- atacando frontalmente a la Vicepresidencia de Derechos Sociales y Agenda 2030. Cualquier decisión tomada por este Gobierno no les gusta y no la van a aceptar, aunque sea beneficiosa para los
ciudadanos y ciudadanas de este país. La incertidumbre la siembran ustedes, que se acogen a ella por aquello del cuanto peor, mejor. Ya conocemos sus propuestas, sus argumentos; ahora conozcamos la verdad.
No se pretende modificar el sistema de gestión de las convocatorias anuales de subvenciones. Se mantiene un tramo estatal y uno autonómico, que no impide el acceso a las convocatorias a las entidades de ámbito estatal, que pueden solicitar
subvenciones tanto a una o a varias comunidades autónomas como al Estado. Hay 398 millones de euros en 2020 para financiar el tercer sector, que supone un incremento de 53,2 millones respecto de 2019: son 310 para acción social, 77 para
cooperación internacional y 11 para entidades ambientales. El tramo autonómico del IRPF aumenta en 23 millones y pasa del 81 al 85 % con el objetivo de que las comunidades autónomas puedan distribuirlo entre las entidades del tercer sector de su
territorio. Este Gobierno refuerza los servicios sociales públicos para construir el escudo social que proteja a la población ante esta pandemia mundial.
Para finalizar, recordemos el Real Decreto 33/2020, de 3 de noviembre, donde se adoptan medidas urgentes de apoyo a entidades del tercer sector de acción social de ámbito estatal. Es un real decreto que concede liquidez inmediata con la
concesión directa de subvenciones por valor de 26,4 millones que llegarán a casi 300 entidades, desde los 6000 hasta casi los 3 millones de euros. Todos los sectores del tercer sector ven incrementada su financiación gracias a la recaudación
solidaria del 0,7 %. Dejemos de crear malestar, ese malestar social que ustedes siembran, y blindemos nuestro Estado del bienestar.
Votaremos no a esta proposición no de ley. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: A continuación, tiene la palabra la portavoz del grupo proponente solo a efectos de decir si acepta la enmienda de VOX o si está llegando a una transacción.
La señora GARCÍA RODRÍGUEZ: La estamos estudiando, presidente.
El señor PRESIDENTE: De acuerdo.
- SOBRE LA INCLUSIÓN DEL PUEBLO GITANO Y LA LUCHA CONTRA EL ANTIGITANISMO ANTE LAS CONSECUENCIAS DE LA CRISIS PROVOCADA POR LA COVID-19. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDAS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-GALICIA EN COMÚN.
(Número de expediente 161/001122).
El señor PRESIDENTE: Entramos en el tercer punto del orden del día, que es la proposición no de ley sobre la inclusión del pueblo gitano y la lucha contra el antigitanismo ante las consecuencias de la crisis provocada por la COVID19. Es
del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común y la expondrá como portavoz Ismael Cortés. Tiene la palabra.
El señor CORTÉS GÓMEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Quiero empezar diciendo que incluimos una autoenmienda relativa al título, que sería: proposición no de ley relativa a la inclusión del pueblo gitano y la lucha contra el antigitanismo. Por lo tanto, no estaría circunscrita al contexto del
COVID.
Dicho esto, quiero expresar que la comunidad gitana en el Estado español es una de las más numerosas de toda la Unión Europea, además de ser la minoría étnica mayoritaria en todo el Estado. Las cifras estadísticas oficiales constatan la
situación de exclusión crónica en ámbitos como la educación, el empleo, la vivienda o la salud que vive la comunidad gitana, a lo que se añade la grave discriminación sistémica que padece esta comunidad. Quiero aportar un dato del Eurobarómetro de
2019: en España el 82 % de las personas entrevistadas creen que la integración de los gitanos y las gitanas no sería beneficiosa para la sociedad. En España estudios recientes realizados por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
revelan la existencia de 2604 barrios segregados habitados mayoritariamente por población gitana. Estos barrios tienen tasas de desempleo más altas que el resto de los barrios, presentan pocos o ningún servicio público y viviendas de calidad
inferior, en ocasiones calificadas como infraviviendas. Por si fuera poco, las personas que viven en estos barrios se tienen que enfrentar diariamente a unas tasas inaceptables de estigmatización.
En la última década la noción de antigitanismo ha recibido una atención creciente en los ámbitos políticos y académicos y, desde esta perspectiva, diferentes investigadores de reconocido prestigio internacional como Nando Sigona, Peter
Vermeersch, Kostka, Kocze, Rostas o Picker explican que la discriminación antigitana se deriva fundamentalmente de una situación sistémica de segregación residencial y transmisión intergeneracional de la pobreza. Como resultado, se han propuesto
diferentes definiciones complementarias desde el nivel institucional y desde la sociedad civil que podríamos resumir en que el antigitanismo es una forma compleja construida históricamente de racismo tradicional contra grupos
socialmente identificados bajo la etiqueta de gitanos. El reciente informe del relator de Naciones Unidas sobre la Pobreza Extrema y los Derechos Humanos, Philip Alston, afirma que las altas tasas de pobreza y exclusión en España -entre las
más altas de la Unión Europea- responden a una elección política y que entre las capas más discriminadas en términos socioeconómicos se encuentra la comunidad gitana.
El Gobierno, una vez declarado el estado de alarma, reconoció la particular situación de vulnerabilidad que afectaba a un segmento significativo de la población gitana y, en consecuencia, se diseñó un escudo social para garantizar unos
ingresos básicos, así como el suministro de alimentos, agua, gas y electricidad a las familias necesitadas. No obstante, las medidas sociales y económicas han de ir acompañadas de medidas antidiscriminatorias. Por eso, quiero invitar a los grupos
parlamentarios que componen esta Comisión a que voten a favor de esta proposición no de ley. Asimismo, quiero anunciar que estamos ultimando transaccionales tanto con el Grupo Parlamentario Socialista como con el Grupo Parlamentario Ciudadanos
relativas a impulsar estudios que incluyan el antigitanismo en el Código Penal en aquellos apartados en los que ya está incluido el antisemitismo, en tanto que son dos pueblos que han sufrido el racismo histórico en el continente europeo y también
en nuestro país.
Muchas gracias, presidente.
El señor PRESIDENTE: A continuación, tienen la palabra los grupos que han presentado enmiendas; en este caso, por tres minutos y por este orden: Grupo Parlamentario Ciudadanos, Grupo Parlamentario Popular y Grupo Parlamentario Socialista.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, Sara Giménez, tres minutos.
La señora GIMÉNEZ GIMÉNEZ: Gracias, presidente.
Señorías, es una proposición no de ley que aborda -y para mí es grato que se aborde- la inclusión del pueblo gitano y la lucha contra el antigitanismo. Teniendo en cuenta la exposición que ha hecho mi compañero Ismael acerca de que somos de
los grupos más desfavorecidos de nuestra sociedad y que las brechas de desigualdad nos afectaban ya triplicando la tasa de paro y con tasas de pobreza de un 90 % antes de que empezase el COVID, háganse a la idea, señorías, de cuál es la situación de
la comunidad gitana ahora en momentos de pandemia y en momentos de crisis. Junto a ello, como hemos dicho, hay una barrera de problemas de acceso al empleo, de igualdad de oportunidades en el ámbito educativo y de igualdad de oportunidades en el
ámbito de la vivienda y, transversalmente, tenemos el grave problema del rechazo social, de los prejuicios, de los estereotipos y de la discriminación antigitana que seguimos sufriendo en la actualidad. Ante ello, hemos tenido determinadas
recomendaciones de organismos internacionales. En este caso, el Consejo de Europa nos ha recomendado mejorar nuestro marco legislativo y, concretamente, tener una ley integral de igualdad de trato que aborde esta situación de discriminación.
Por nuestra parte, hemos presentado y estamos negociando una enmienda con el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común -y creemos que vamos a llegar a un acuerdo- en relación con avanzar en la necesidad
de la nueva estrategia de inclusión social del pueblo gitano. A este respecto, únicamente quiero decir que considero que es importante que en el momento actual se tenga en cuenta frenar el fracaso escolar, erradicar la pobreza extrema e,
igualmente, garantizar políticas activas de empleo hacia la comunidad gitana con un especial hincapié a la interseccionalidad y a la igualdad de las mujeres gitanas. Esperamos llegar a este acuerdo transaccional. Por nuestra parte, ya adelantamos
que nuestro voto va a ser a favor de esta iniciativa.
El señor PRESIDENTE: De acuerdo.
A continuación, tiene la palabra también por tres minutos el representante del Grupo Parlamentario Popular, Miguel Ángel Paniagua. Cuando quiera.
El señor PANIAGUA NÚÑEZ: Gracias, presidente.
Buenas tardes, señorías. En primer lugar, sobre los cambios que se plantean en el Código Penal, debo recordar que en la X legislatura ya lo modificamos para endurecer la pena de las acciones de incitación al odio o a la violencia por
motivos racistas, antisemitas u otros relativos a ideología, religión, etnia o grupos minoritarios, y las penas se agravan cuando los delitos se cometen a través de Internet.
Señores de Podemos, hoy lo han vuelto a decir, viene en su exposición de motivos: no dejaremos a nadie atrás. Pero titulaba El País hace menos de un mes que la desigualdad en España escala hasta niveles máximos. Según los datos de
octubre, solo hay cinco países con más paro juvenil que España:
Angola, Sudáfrica, Kosovo, Namibia y Palestina. Sobre las colas del hambre, qué decir, salvo que ya se ha incorporado a ellas la clase media. Save the Children estima que la tasa de pobreza infantil se disparará al 33 % este año. Y un
dato de este fin de semana: uno de cada cinco españoles tiene problemas para pagar el alquiler o la hipoteca. En cuanto a las mujeres, los salarios que más bajan son los de las mujeres y el incremento del paro más alto es el de las mujeres. Un
dirigente de Comisiones Obreras decía hace un par de semanas que los datos del paro tienen rostro de mujer. Se disparan los índices de pobreza y vulnerabilidad y tenemos uno de los índices de fallecidos por COVID más altos del mundo. Les recuerdo
que Derechos Sociales depende del señor Iglesias, su líder. Este es su balance. Y mientras no hacen casi nada para proteger a millones de españoles, nos traen una PNL genérica vacía de contenido real en la que se pide al Gobierno, a su Gobierno,
promover, movilizar, vigilar o mejorar. A pesar de que el diagnóstico que hacen es adecuado, no he leído nada ni he escuchado nada sobre cómo pretenden promover; ni qué recursos movilizar ni en qué plazo; ni cómo mejorar la colaboración, y lo
último que no nos han explicado es qué significa vigilar. Esta palabra en manos de este Gobierno la verdad es que nos preocupa mucho. Por eso, hemos presentado dos enmiendas con propuestas concretas para erradicar el chabolismo y para cubrir las
necesidades a través del ingreso mínimo vital de las personas dedicadas a la venta ambulante y los feriantes, colectivos donde hay una población gitana importante. Espero que las acepten y que así, al menos, la PNL sirva para algo. Hay que apoyar
al pueblo gitano, intentar limar sus diferencias con el resto de la población y favorecer su inclusión, pero esto hay que hacerlo con algo sólido, no con algo gaseoso como estas dos PNL de los partidos del Gobierno. Da la sensación de que no tienen
ningún plan e intentan quedar bien delante del colectivo y de la sociedad. Nuestro grupo traerá en breve una PNL que, adecuada a la realidad, propondrá medidas para favorecer al pueblo gitano y su inclusión.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
A continuación, tiene la palabra, también por tres minutos, la portavoz del Grupo Socialista, que en este caso es Luz Martínez.
La señora MARTÍNEZ SEIJO: Gracias, señor presidente.
Desde luego, el Partido Popular no desaprovecha ninguna oportunidad para atacar a este Gobierno. Habla poco del pueblo gitano y su discurso es catastrofista de siempre. En fin, compartimos la preocupación por el pueblo gitano que se recoge
en esta proposición no de ley. Los antecedentes reflejan la realidad del estancamiento en tres ámbitos fundamentales, el educativo, la discriminación y la inclusión social, y, por tanto, la necesidad de tomar medidas. Con relación al ámbito
educativo, es cierto que los resultados de las alumnas y los alumnos gitanos no son tan satisfactorios como cabría esperar a estas alturas. La brecha comienza a dibujarse en educación primaria, pero se abre incluso antes de la finalización de
secundaria obligatoria: el 64 % del alumnado gitano de entre dieciséis y veinticuatro años no concluye los estudios obligatorios, frente al 13 % del conjunto del alumnado. Sigue siendo muy escaso el número de alumnos y alumnas que alcanzan el
título de secundaria obligatoria y es mucho menor el número de alumnado que llega a estudios superiores. Durante muchos años, a lo largo de su escolarización reciben apoyo educativo y con mucha frecuencia medidas compensatorias, pero es una
evidencia la dificultad de lograr la motivación para su retención en el sistema educativo. Si tenemos en cuenta los datos de informes internacionales que afirman la relación entre nivel de estudios de las familias y el rendimiento y logros
educativos de sus hijos, no es de extrañar que el rendimiento educativo de las alumnas y los alumnos gitanos no mejore, por tanto, entramos en un círculo de continuismo social, en este caso del logro educativo, del que no se consigue escapar.
Por eso, es muy importante romper esa tendencia y avanzar para lograr una mayor tasa de éxito escolar que permita, en primer lugar, la titulación de secundaria obligatoria y la continuidad en estudios postobligatorios. Es preciso introducir
medidas de refuerzo, de acompañamiento social y de trabajo con las familias para lograr, por lo menos, que apoyen a sus hijos en el proceso educativo. Francamente, considero que este debe ser el objetivo principal. Que este alumnado cuente con
dispositivos informáticos y que adquiera la competencia digital será un paso más para ayudar a lograr este objetivo mayor, que es alcanzar el éxito escolar. La distancia existente entre la situación educativa de la población gitana y el resto de la
población contribuye a agrandar la brecha de la desigualdad y la exclusión social que presenta una buena parte de esta comunidad, y esto se debe combatir. En segundo lugar, se plantea que se vigilen los fenómenos de discriminación, discurso de odio
y hostilidad como consecuencia de responsabilizar a este colectivo de la crisis social y sanitaria causada por la COVID-19. Creo que sí existe todavía en nuestra
sociedad española cierto grado de discriminación hacia el pueblo gitano, y hay que combatirla, como hay que combatir también la xenofobia y la discriminación hacia cualquier etnia o colectivo. Sin embargo, no comparto la idea de que a los
gitanos se les responsabilice de la COVID-19; quizás en alguna localidad concreta y en algún momento, pero no de manera generalizada. Por ello, hemos propuesto la enmienda de supresión en lo relativo a la COVID-19. Finalmente, estamos plenamente
de acuerdo con mejorar los programas de inclusión social y de apoyo a los gitanos y las gitanas con reforzarlos en estos momentos, ya que las condiciones sociales son más complicadas que hace unos meses. Por ello, toda la ayuda posible para el
objetivo de que nadie se quede atrás. En este sentido, entendemos la inclusión de una manera integral, en ámbitos clave como son el empleo, la educación o la vivienda y en otros ámbitos también importantes e interrelacionados con los anteriores,
que posibilitan tanto la igualdad de oportunidades como la calidad de vida, la salud de las personas y las familias, las relaciones sociales, la participación social y la convivencia. En definitiva, apoyamos su iniciativa, pero proponemos ciertos
matices vinculando la inclusión a unos factores clave que presentamos en modo de enmienda.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: A continuación, tienen la palabra los grupos que no han presentado enmiendas para fijar su posición. Los iré enumerando. EH Bildu, del Grupo Mixto no ha llegado y el Grupo Vasco tampoco. El Grupo Plural tampoco.
Tiene la palabra la representante del Grupo Parlamentario Republicano.
La señora CARVALHO DANTAS: Muchas gracias, señor presidente. Mi intervención va a ser rápida.
Estamos de acuerdo con esta proposición no de ley y votaremos que sí. Trata un tema que para nosotros es muy importante, como es impulsar la inclusión del antigitanismo en los artículos 22.4 y 510 del Código Penal, tal como establece la
última recomendación del Consejo de Europa. También es importantísimo que incluya la perspectiva interseccional, de tal forma que se dé cabida a toda la diversidad del pueblo gitano, sea migracional, socioeconómico, de orientación, identidad y
expresión de género. Hay poca o nula consideración a la población romaní migrante -hacemos bastante hincapié en este asunto-, a los que se les considera sin voz ni voto, como meros usuarios de programas asistenciales, y a los que ni siquiera se les
invita a participar de los espacios. El Grupo Parlamentario Republicano reclama acciones concretas y tangibles dirigidas hacia otros colectivos dentro de la comunidad. No existe un protocolo de atención a la población LGTBIQ+ romaní, hay que
proveer de instrumentos contra el maltrato y la violencia familiar y hay que promover la educación en el respeto a la diversidad. No se puede tolerar, bajo ningún concepto, la promoción de discursos que se manifiestan abiertamente en contra de la
educación de género o de educar contra la violencia machista, que no representan en absoluto al pueblo gitano en su totalidad. La mujer gitana es un sector muy visibilizado, pero son las que están promoviendo los mayores cambios y transformaciones
en el seno de su cultura, y fuera de ella también. Todas las políticas que estén dirigidas al pueblo gitano deben obligatoriamente tener como prioridad la voz de las mujeres gitanas.
Me gustaría hacer hincapié en dos frases, una de un amigo gitano y otra de una amiga gitana. La de Helios, muy conocido por toda la comunidad gitana es la siguiente: Una de las consecuencias nefastas de la apuesta y moda del discurso
antirracista y decolonial y de su cooptación por el antirracismo liberal es que parte de las reacciones ante las reuniones del Ministerio de Igualdad con las ONG blancas parten del deseo oculto de ocupar su lugar. Por último, también me gustaría
recordar la frase de Silvia Agüero. Ella se hace una pregunta, que me parece muy interesante:
El señor PRESIDENTE: Tiene que ir terminando.
La señora CARVALHO DANTAS: Si no damos legitimidad a una asociación feminista dirigida por hombres -voy acabando, señor presidente-, ¿por qué se está dando legitimidad a payos, curas, cis, heteros? Y dice la compañera Silvia Agüero,
gitana, que hay mucha gente defraudada y enfadada con este tema.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario VOX, también por dos minutos.
La señora ROMERO VILCHES: Muchas gracias, señor presidente.
En VOX apoyamos, una vez más, las reivindicaciones y las necesidades reales del pueblo gitano. Como hemos dicho muchas veces, VOX comparte los principales valores que constituyen la seña de
identidad de las comunidades gitanas. Por eso, el pueblo gitano, en su mayoría, apoya a VOX, y valga como ejemplo que fuimos la segunda fuerza más votada en Las 3000 Viviendas, en Sevilla, población casi exclusivamente de etnia gitana; y
ya somos la primera fuerza, según las encuestas. Los valores que compartimos con el pueblo gitano son muchos. Podemos destacar su sentido de pertenencia familiar, el respeto a sus mayores, el cultivo de los valores tradicionales y su amor a
España. Es decir, VOX apoya al pueblo gitano y el pueblo gitano apoya a VOX.
La propuesta que trae aquí el grupo de Unidas Podemos hace un diagnóstico muy equivocado de la realidad actual. Es su grupo el que discrimina al pueblo gitano colectivizándolo y presentándolo como víctima de un antigitanismo racial que
creemos que no existe en el siglo XXI. Los españoles no somos racistas, señores de Podemos. Me permito recordarles que yo provengo de Andalucía; que nuestro partido tiene estrecho contacto con comunidades gitanas en todo el país; y que incluso
tradicionalmente los gitanos forman parte de la visión del paisaje y el paisanaje de mi tierra. Basta, por tanto, de usar esa vieja táctica marxista de enfrentar ricos contra pobres, hombres contra mujeres y ahora payos contra gitanos.
VOX insiste en que lo que necesita el pueblo gitano es lo mismo que reclama el conjunto de la sociedad española, que los políticos dejen de enfrentar a los españoles, en este caso por razones étnicas, y ofrezcan servicios de calidad en el
ámbito de la sanidad, la educación e infraestructuras básicas. Hoy en día lo que piden los españoles es poder trabajar y gran parte de los miembros de la comunidad gitana se dedica a la venta ambulante, además de que también muchos de ellos son
feriantes. Mi partido ha solicitado una y otra vez que si no se les deja trabajar reciban ayudas mientras dure esta situación. Y no solamente no se les ha dejado trabajar sino que no se les ha permitido acogerse a los ERTE en muchas ocasiones.
Admitimos el punto de PNL que llama a movilizar recursos para garantizar la plena escolarización de los niños, que creemos que es muy importante. En el mismo sentido estaríamos dispuestos a apoyar todas las actuaciones preferentes en
materia de vivienda, salud, empleo e integración que equiparen su nivel de bienestar al resto de los españoles, pero no por ser víctimas de discriminación racial sino por ser españoles. Supeditaremos nuestro voto a la aceptación de enmiendas de los
distintos partidos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias a usted.
A continuación, tiene la palabra el representante del grupo proponente de esta iniciativa para decir se acepta o si está trabajando con alguna transaccional o lo que crea conveniente.
El señor CORTÉS GÓMEZ: Gracias, señor presidente.
Aceptaremos las enmiendas presentadas por el Grupo Socialista y también las del Grupo Popular, y estamos ultimando una transaccional con el Grupo Ciudadanos.
El señor PRESIDENTE: De acuerdo.
- RELATIVA A IMPULSAR MEDIDAS DE APOYO AL PUEBLO GITANO ANTE LAS CONSECUENCIAS DE LA CRISIS PROVOCADA POR LA COVID-19. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/001228).
El señor PRESIDENTE: A continuación, pasamos al punto 4.º del orden del día, proposición no de ley relativa a impulsar medidas de apoyo al pueblo gitano ante las consecuencias de la crisis provocada por la COVID-19, que es del Grupo
Parlamentario Socialista. Tiene la palabra la portavoz, Beatriz Carrillo.
La señora CARRILLO DE LOS REYES: Muchísimas gracias, presidente.
Buenas tardes, señorías, esta proposición no de ley, que tengo el honor de defender en nombre del grupo parlamentario que represento, tiene como propósito promover una respuesta eficaz y coordinada de todos los poderes públicos en
colaboración con la sociedad civil y las organizaciones del tercer sector, para situar los derechos humanos del pueblo gitano en el centro de la política y en el centro de la recuperación tras la crisis global provocada por la pandemia.
En el momento de la presentación de esta PNL estábamos en la primera ola del virus, provocando situaciones dramáticas en el seno de miles de familias gitanas afectadas por el cierre del comercio ambulante y otras actividades vinculadas, como
es el flamenco. El Gobierno adoptó un paquete de medidas sin precedentes y un escudo social tras la primera declaración del estado de alarma; medidas esenciales, como el ingreso mínimo vital, la protección del empleo o las ayudas a la vivienda.
Son muestras evidentes
de la sensibilidad y el compromiso del Gobierno de la nación para no dejar a nadie atrás en este proceso de recuperación de esta crisis; una diferencia que hay que recordar porque, mientras en la crisis de 2008 el Gobierno de Rajoy salvaba
a los bancos, el Gobierno de Pedro Sánchez salvaba vidas.
La recuperación económica después de la crisis de 2008 había dejado a muchas personas atrás, con políticas económicas que solo beneficiaban a los ricos y dejando un 26 % de pobreza en nuestro país; o la tasa de pobreza tan vergonzosa de la
población infantil gitana, con un 89 %. La brecha digital es otro de los elementos claves que nos preocupa, ya que incidirá en el futuro de nuestros niños y niñas. No podemos permitir, señorías, que la pobreza pierda generaciones enteras de niños
y niñas gitanas sin futuro. Nuestro país no se puede permitir perder capital humano. De ahí la aprobación del Plan Educa en digital dotado con 260 millones de euros, así como otros recursos promovidos por el Ministerio de Educación, que pretende
facilitar el acceso a las nuevas tecnologías para aquellos sectores más vulnerables.
Llegados a este punto, señorías, es más que evidente que la lacra de la desigualdad que sufren los gitanos y las gitanas ante el impacto de la pandemia ya era dramática. El 86 % de los gitanos y las gitanas en España sufren pobreza; un 46
% sufre pobreza extrema. Todas estas injusticias que clamo y expongo además con mucho dolor tienen un origen claro. La pobreza no está en el ADN de los gitanos y las gitanas, se llama antigitanismo, le pese a quien le pese. El racismo aceptado y
extendido en nuestra sociedad que tiene como objetivo destrozar el único patrimonio que hemos poseído los gitanos y las gitanas, que ha sido nuestra cultura. La proliferación de bulos y actos discriminatorios durante esta situación de crisis ha
sido imperdonable, llegando a acusarnos de ser responsables injustamente de propagar el virus; mensajes de odio antigitanos que la extrema derecha en Europa viene cultivando desde hace años y que busca convertirnos en los chivos expiatorios donde
descargar los defectos y los males de la sociedad.
Nuestro país no está exento de ese fenómeno. Aquí también hemos escuchado discursos del mismo corte de aquellos que dicen respetar las tradiciones del pueblo gitano y, sin embargo, no ocultan su racismo a la hora de denominar a los barrios
donde vive la población gitana mayoritariamente, junto con la población inmigrante, tachándolos de estercolero (aplausos); de aquellos que dicen que respetan al pueblo gitano porque somos españoles, como si nos estuvieran perdonando la vida
(aplausos), a la vez que nos explotan su odio por medio de mensajes desde las redes sociales porque una gitana está ocupando un cargo de responsabilidad; de aquellos que dicen solidarizarse con los que sufren discriminación por ser gitano o gitana,
pero que se niegan a condenar la dictadura franquista, aquella etapa oscura de nuestra historia cuando atrapaban a las mujeres, las apresaban y las rapaban la cabeza por el hecho de ser gitanas (aplausos); de aquellos, señorías, que dicen que se
enorgullecen de las aportaciones de la cultura gitana, pero luego se niegan a que estudien en los colegios; o aquellos que se niegan a condenar públicamente a sus amigos con tertulianos en plataformas televisivas, después de que el vicepresidente
segundo del Gobierno pidiera perdón el día en que se conmemoraba a las víctimas del holocausto nazi; de aquellos que, en definitiva, prefieren que el pueblo gitano siga siendo subordinado, pobre, sumiso y discriminado.
Nosotros no nos tenemos que integrar en nada porque formamos parte de este sistema. Toda la política pública, todas las medidas tomadas desde la Administración, deben tener en cuenta la lucha contra esta maldita lacra que mutila las
esperanzas de nuestro pueblo. Las mujeres y los jóvenes están llamando a las puertas del progreso y están llamando a las puertas de la igualdad. El pueblo gitano no quiere limosna, pide justicia social, que no es otra cosa que combatir el racismo
que corroe las entrañas de nuestras sociedades y las pudre. Nuestro grupo parlamentario del Gobierno de coalición lo tiene muy claro, vamos a seguir trabajando y vamos a seguir luchando para que los gitanos y las gitanas conquistemos nuestros
derechos. Por ello la necesidad de un pacto de Estado contra el antigitanismo es más que evidente. Desde aquí, mi reconocimiento a organizaciones de mujeres gitanas por haber impulsado desde hace cuatro años, como Fakali, que supone la creación de
la primera alianza social y política de lucha contra la antigitanismo; una labor que también quiero reconocer a las organizaciones del Consejo Estatal del Pueblo Gitano, que trabaja incansablemente y con el nuevo reto de conseguir el nuevo marco
europeo para poner fin a toda esta lacra.
Por todo ello solicito el apoyo para esta PNL a todas las fuerzas políticas, para que pongamos fin a esta pandemia que se llama racismo antigitano.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: A continuación, tienen la palabra, por tres minutos, los grupos que han presentado enmiendas. En primer lugar, el Grupo Parlamentario Ciudadanos, señora Giménez.
La señora GIMÉNEZ GIMÉNEZ: Gracias, presidente.
Señorías, otra iniciativa en la que se aborda la situación del pueblo gitano ante las consecuencias de la crisis de la COVID. Nuestro grupo parlamentario ha presentado una enmienda que quiere incidir en uno de los aspectos del que en más de
una ocasión hemos hablado a lo largo de las anteriores intervenciones sobre el pueblo gitano y me refiero al ámbito educativo. Creemos que una de las muestras de la gran desigualdad en la que vivimos los gitanos y las gitanas en la actualidad se ve
claramente en la elevada tasa de fracaso escolar; que un 64 % del alumnado gitano no termine la educación secundaria obligatoria ya es un condicionante muy claro para que la nueva generación de gitanos y gitanas viva en pobreza y exclusión social.
Por eso nuestra enmienda va muy dirigida a mejorar la proposición no de ley en esta materia. Del resto, estamos conformes con la propia iniciativa, porque tenemos que avanzar, porque es el momento de avanzar en igualdad, en igualdad real,
en igualdad del pueblo gitano y en igualdad de otros grupos de población vulnerables. Eso va a hacer que por la responsabilidad que tenemos, desde los distintos grupos parlamentarios legislemos, transversalicemos la situación del pueblo gitano en
todas las iniciativas que actualmente tenemos en este Parlamento.
Hago igualmente una invitación. Vamos a tener la iniciativa de la ley de infancia; hay que incluir cuál es la situación de la infancia gitana en lo que respecta a la violencia; y hay que tenerlo en cuenta, igualmente, en la Ley de
educación. En la Ley de educación se hace alguna mención a cuál es la situación del alumnado más desfavorecido entre el que nos podemos encontrar los gitanos. Ahora bien, el fracaso escolar del pueblo gitano no se aborda como a mí me gustaría y lo
he denunciado en varias ocasiones, y a ello aludimos en esta propia PNL, porque ese fracaso escolar merece una respuesta específica. Somos el único pueblo, los niños y las niñas gitanas son los únicos que tienen esas tasas tan elevadas de fracaso
escolar. Si fuese generalizado, esto sería un clamor social, lo que sucede es que solo se produce entre la comunidad gitana, por lo tanto, creo que hay que incidir en ello. Se debería haber incidido más en esa ley educativa, y ahora lo que espero
es que en el programa PROA PLUS que se va a establecer haya una línea específica para el alumnado gitano. Por lo demás, solo me queda felicitar a mi compañera Beatriz por su intervención y adelantarle que nosotros vamos a apoyar esta iniciativa.
El señor PRESIDENTE: A continuación tiene la palabra el representante del Grupo Parlamentario Popular Miguel Ángel Paniagua.
El señor PANIAGUA NÚÑEZ: Gracias, presidente.
Buenas tardes de nuevo, señorías. No es por criticar, es porque todo lo que he dicho afecta de forma importante al pueblo gitano -todo lo que dije-, y se me olvidó una cosa respecto al ingreso mínimo vital, y es que el Gobierno ha fracasado
en su intento por hacer llegar el ingreso mínimo vital a 850 000 hogares; el propio ministro aseguró hace unos días que no alcanzará esa cifra ni de lejos. De los 1,2 millones de solicitudes recibidas solo se han aprobado 160 000. El detalle
desglosado del mes de noviembre indica que el Gobierno deniega casi el triple de las solicitudes que concede, 160 000 de las 850 000; es decir, hay otras 700 000 familias que -les recuerdo- estarán en situación de pobreza máxima y sin el apoyo del
Estado. (Rumores). Sí.
El señor PRESIDENTE: Continúe.
El señor PANIAGUA NÚÑEZ: E igual que en el caso anterior, nos traen una PNL vacía, demagógica y sin contenido. Por eso la enmendamos. En los puntos 1 y 2 exigiendo al Gobierno que cumpla con las medidas establecidas y cambie su actitud
con las entidades territoriales para poder colaborar todos juntos. En el punto 3 para que aporte dinero a la solución que plantean, porque deben implantarla los ayuntamientos. Asimismo, añadimos las dos enmiendas de la PNL anterior porque son dos
medidas concretas y necesarias. Si las aceptan, sabremos de su compromiso y si no sabremos de su impostura y de su dejadez con el pueblo gitano.
Debemos recordar -porque esta PNL no lo hace- que el Gobierno del Partido Popular en lo peor de la anterior crisis implantó una estrategia nacional para la inclusión social de la población gitana en España 2012-2020. La estrategia incidía
en las cuatro áreas clave para la inclusión social: educación, empleo, vivienda y salud. En cada una de ellas marcaba unos objetivos cuantitativos a alcanzar en el
año 2020, así como unas metas intermedias para 2015. Además, la estrategia establecía líneas de actuación complementarias en materia de acción social, participación, mejora del conocimiento de este colectivo, igualdad de la mujer, no
discriminación, promoción de la cultura y prestaba especial atención a la población gitana procedente de otros países.
Para la elaboración de la estrategia se siguió un método participativo que implicó la consulta a ocho ministerios, a las comunidades autónomas, a la Federación Española de Municipios y Provincias y a las entidades del Consejo Estatal del
Pueblo Gitano. Para el cumplimiento de los objetivos se aprobó un plan operativo 2014-2016, el cual además de concretar actuaciones para el cumplimiento de los objetivos y medidas definidos por la propia estrategia establecía los marcos de trabajo
a seguir. Después del informe de seguimiento de 2017 que analizaba el grado de consecución de los objetivos y los avances realizados desde su aprobación se elaboró un nuevo plan operativo 2018-2020 y analizaremos a final de este año los resultados
conseguidos por este Gobierno. Por otro lado, hay que señalar que en el nuevo Consejo Estatal del Pueblo Gitano por primera vez hay representación de una organización de jóvenes. También quiero recordarles que poco antes de dejar el Gobierno
aprobamos la declaración del día 8 de abril como Día del Pueblo Gitano y el reconocimiento de sus símbolos -la bandera gitana y el himno- para su uso protocolario en cumplimiento de una proposición no de ley aprobada por el Congreso de los
Diputados. Veremos a ver qué hace este Gobierno con las PNL aprobadas aquí. Esto -sin demagogia- es lo que hemos hecho; veremos a ver este Gobierno lo que hace. Lleva dos años y hasta ahora no hemos visto ninguna medida.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: A continuación, en el turno de fijación de posiciones iré enumerando los grupos. ¿Grupo Mixto? (Pausa). No está. ¿Euskal Herria Bildu? (Pausa). No está. ¿Grupo Vasco? (Pausa). ¿Grupo Plural? (Pausa). Por el
Grupo Republicano tiene la palabra la señora Carvalho.
La señora CARVALHO DANTAS Muchas gracias, señor presidente.
Me congratulo de la iniciativa presentada por la compañera Beatriz, del Partido Socialista, y me gustaría empezar también haciendo hincapié en el impacto extremo de la COVID-19 en la comunidad gitana del Estado español, como lo atestigua un
estudio de la Universidad de Alicante y de la británica Saint Andrews. Según el informe, lo más destacado es que más del 80 % vive en pobreza y el 50 % ingresa menos de 310 euros al mes. Más del 60 % vive en hogares pequeños donde habitan varias
generaciones y las autoras del informe también advierten de que la comunidad gitana, una de las minorías más marginadas y pobres de Europa, con la salud más precaria, la menor esperanza de vida, sea probablemente la que sufre el impacto del
coronavirus de forma extrema. También hago hincapié en el racismo más antiguo de todo el mundo, el antigitanismo, que es una barbaridad y que crece muchísimo con los discursos de odio de la extrema derecha. Cuando el coronavirus aún no se había
propagado en España las personas de origen asiático alzaron la voz ante el auge de comentarios racistas relacionados con el COVID-19. No soy un virus decían y clamaban desde las redes sociales. Más de un mes después, con el país convertido en
foco mundial de la enfermedad, numerosos mensaje xenófobos apuntan un nuevo supuesto culpable en el aumento de contagiados en distintas comunidades autónomas: la población gitana.
Estamos de acuerdo, votaremos que sí, hemos hablado con la compañera diputada del PSOE. Creemos que es importantísimo hacer un énfasis muy específico, especial, en la consideración de la población romaní migrante con acciones concretas,
tangibles, escucharla, invitarla a participar de los espacios, impulsar también un protocolo de atención a la población LGTBQ+ romaní que provea de instrumentos frente al maltrato, la violencia familiar, el papel de la mujer, como he dicho antes
también en la PNL de Unidas Podemos. Y acabo citando muy brevemente un trozo del texto de otra compañera gitana, Pastora Filigrana: El antigitanismo actual, es decir, el racismo específicamente hacia lo gitano, se justifica argumentando la
responsabilidad que tienen estos en su exclusión. Se exige una asimilación cultural y la desaparición de una identidad étnica en pos de la integración para ser reconocido como igual en dignidad y derechos. El antigitanismo sigue siendo el castigo
a la diferencia gitana. Hoy ya no existen leyes antigitanas. En 1978 se abolió la última legislación antigitana del ordenamiento español -voy acabando, señor presidente-, en concreto tres artículos del reglamento de la Guardia Civil que aún
exigían una vigilancia especial para los gitanos. La Constitución de 1978 estableció el principio de igualdad ante la ley para todos los españoles, sin embargo, más allá del papel, el racismo específico contra los gitanos
El señor PRESIDENTE: Tiene que terminar.
La señora CARVALHO DANTAS: continúa vigente y se encarna en prácticas que siguen situando a esta población en la exclusión social.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias a usted.
A continuación tiene la palabra el representante del Grupo Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, Ismael Cortés.
El señor CORTÉS GÓMEZ: Gracias, señor presidente.
Permítanme empezar interpelando al Grupo Parlamentario VOX. El antigitanismo no es un invento de Unidas Podemos, está reconocido por la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, por Naciones Unidas, por la Unión Europea,
por diferentes redes de sociedad civil europeas, españolas, incluidas andaluzas, por lo tanto, esto que quede claro.
En el momento de su fundación, hace ya casi treinta años, la Unión Europea puso en el centro de sus fundamentos el compromiso con la defensa de la dignidad humana y la igualdad de trato. En cumplimiento de este compromiso, la comisionada
europea para la igualdad, Helena Dalli, llamó recientemente a los Estados miembros de la UE a hacer todo lo posible para evitar que las minorías nacionales o étnicas, en particular la comunidad gitana, se convirtieran en el chivo expiatorio de la
crisis actual provocada por la COVID-19, y estas declaraciones abrieron un debate necesario sobre una forma específica de racismo con largas raíces históricas, cuya espina sigue clavada en el corazón del presente.
En el caso de España, tan pronto como se declaró el estado de alarma el Gobierno reconoció la particular situación de vulnerabilidad que afecta a un segmento significativo de la población gitana inscrita en el contexto de las desigualdades
estructurales que preexistían a la pandemia. De hecho, el Gobierno mapeó casi mil barrios, en su mayoría habitados por personas gitanas, que presentan índices de pobreza y extrema pobreza. En consecuencia, se trazó un plan para garantizar, como he
dicho anteriormente, unos ingresos mínimos, así como el suministro de alimentos, agua, gas y electricidad. Pero esto no es suficiente, hemos de ir más allá. Personalmente, quiero manifestar que me conmocionó el nivel de odio propagado por
periódicos muy influyentes, entre ellos, el ABC de Sevilla, apelando directamente a que el ejército entre en Las 3000 viviendas, ese barrio que ustedes dicen que conocen tan bien (La señora Romero Vilches: ¡Sí!), y apelando, asimismo, en uno de sus
editoriales, a que la comunidad de Sevilla debía de olvidarse de Las 3000 viviendas porque Las 3000 viviendas, durante el periodo de la COVID, estaban olvidándose del resto de la sociedad. Esta es una clara muestra de antigitanismo, precisamente
apoyado por un periódico como el ABC, un periódico monárquico y claramente alineado con las tesis negacionistas del racismo, como las que VOX ha presentado en esta Comisión.
No quiero añadir nada más, simplemente felicitar a mi compañera Beatriz Carrillo por la exposición que ha hecho y adelanto que votaremos, evidentemente, a favor de esta proposición no de ley.
Muchas gracias, presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: A continuación tiene la palabra la representante del Grupo Parlamentario VOX, Reyes Romero.
La señora ROMERO VILCHES: Muchas gracias.
Señora Carrillo, no tenemos nada en contra de usted ni por ser mujer ni por ser gitana, y usted no representa al pueblo gitano. (La señora Carrillo de los Reyes pronuncia palabras que no se perciben). Es mi turno. Creo que el señor de
Podemos se ha confundido con el Partido Popular en lo que nos achaca. VOX siempre va a estar cercano a los grupos sociales, como los representados por el pueblo gitano, no solo por la sensibilidad social que tiene nuestro partido hacia todos
nuestros compatriotas sino porque VOX comparte de forma activa los valores más tradicionales que suponen las señas de identidad del pueblo gitano, tales como su patriotismo, demostrado en múltiples ocasiones, especialmente en las regiones más
castigadas por el separatismo, el sentido indestructible de su concepto de familia cohesionada, el respeto a sus mayores, su forma de vida autónoma y libre, la importancia vital que ellos dan a sus valores espirituales y tradicionales.
En este sentido, nos parece un tanto paradójico que se presente una PNL como esta, en apoyo al pueblo gitano, cuando se está machacando desde el poder la forma de vida tradicional de las personas gitanas. En efecto, una gran parte de este
sector social se dedica a la venta ambulante, actividad
económica que ha sido literalmente prohibida en toda España por el Gobierno socialcomunista que nos gobierna. Es cierto que se han ofrecido varias ayudas por parte de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos, pero las ayudas
estatales brillan por su ausencia.
Desde el comienzo de la pandemia, VOX abogó por que el Estado se hiciera cargo de las nóminas de los trabajadores a los que no se les permitía trabajar y garantizara los ingresos medios de los autónomos declarados en los últimos seis meses,
lo que nos habría permitido mantener el tejido productivo intacto, como han hecho, por ejemplo, en Alemania. Hoy, tenemos no solo un endeudamiento masivo sino que gran parte de las pequeñas empresas y las familiares, como las que suelen tener las
personas de esta etnia, están arruinadas y endeudadas.
El pueblo gitano no es hoy un colectivo oprimido ni víctima de las circunstancias del pasado, lo que el pueblo gitano demanda de sus políticos es lo que demanda el resto de los ciudadanos españoles, es decir, una gestión eficaz de los
recursos públicos para poner al alcance de todos los servicios básicos de salud, educación, infraestructuras del siglo XXI y, sobre todo, que los políticos no intenten gobernar sus vidas, que les permitan trabajar y ganarse la vida honradamente sin
injerencias por parte de los poderes públicos.
Muchas gracias. (La señora Carrillo de los Reyes pide la palabra).
El señor PRESIDENTE: Exclusivamente para hablar de la alusión.
La señora CARRILLO DE LOS REYES: Gracias, señor presidente.
Únicamente quiero aclarar una cuestión y es que yo no represento solo al pueblo gitano sino que represento la voluntad de todos los españoles y españolas, que para eso estamos todos aquí, y lo que no representa usted precisamente es que, sin
ser gitana, me diga eso. (La señora Romero Vilches: ¡Qué sobrada, qué sobrada, de verdad! Quiero intervenir también por alusiones, señor presidente).
El señor PRESIDENTE: A ver, he dado la palabra un momento por las alusiones y nada más. Se ha contestado y ya está.
La señora ROMERO VILCHES: Solamente quería decir
El señor PRESIDENTE: No, no.
La señora ROMERO VILCHES: ¿No puedo hablar? ¿A mí no?
El señor PRESIDENTE: No, porque no ha habido ninguna alusión.
La señora ROMERO VILCHES: ¡Qué discriminación!
El señor PRESIDENTE: No ha habido ninguna alusión.
La señora ROMERO VILCHES: Sí, se ha referido a mí directamente.
El señor PRESIDENTE: A continuación, tiene la palabra la portavoz del Grupo Socialista, que es la que ha presentado esta proposición no de ley, exclusivamente para decir si acepta o rechaza las enmiendas las presentadas o cualquier otra
cosa como si hay una transaccional o están trabajando en ello.
La señora CARRILLO DE LOS REYES: Rechazamos las enmiendas del Grupo Popular y estamos trabajando en las transaccionales de Unidas Podemos y de Ciudadanos.
El señor PRESIDENTE: Unidas Podemos no tiene. De Ciudadanos.
La señora CARRILLO DE LOS REYES: Disculpe. Era de Esquerra Republicana y Ciudadanos.
El señor PRESIDENTE: El Grupo Republicano no tiene enmienda y además ha hablado en el turno de fijación de posiciones. Por tanto, debe ser con Ciudadanos.
- RELATIVA A GARANTIZAR LOS DERECHOS Y LIBERTADES DE LAS PERSONAS QUE TRABAJAN ESTACIONALMENTE EN LOS CAMPOS DE CULTIVO DE ESPAÑA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/001229).
El señor PRESIDENTE: Punto 5.º del orden del día. Proposición no de ley relativa a garantizar los derechos y libertades de las personas que trabajan estacionalmente en los campos de cultivos de España. Es del Grupo Parlamentario
Socialista.
Para su exposición, tiene la palabra su portavoz, Sonia Guerra.
La señora GUERRA LÓPEZ: Gracias presidente.
Se llamaba Eleazar Blandón. Murió por estrés térmico en Lorca, después de trabajar 16 horas seguidas a 44 grados centígrados. Esta proposición no de ley pretende que la vida y la muerte de Eleazar Blandón sean un punto de inflexión a la
invisibilización y explotación de los temporeros y temporeras en nuestro país. No sabemos sus nombres, son más de diez las mujeres que han denunciado sufrir violencia sexual en los campos de cultivo de la fresa en Huelva. Esta proposición no de
ley pretende que las temporeras supervivientes de la violencia machista en Huelva sean un punto de inflexión en la invisibilización y explotación sexual de las temporeras en nuestro país, personas que abandonan su tierra y su familia en busca de un
futuro mejor y en las que nunca pensamos cuando comemos alimentos frescos del campo relajados en nuestros hogares. La producción agrícola es una actividad esencial que forma parte de la cadena de abastecimiento alimentario, que se realiza en gran
medida mediante la contratación de temporeros y temporeras, contratación que se realiza en origen y, en muchas ocasiones, con contratos que incluyen la retribución, la vivienda y la manutención. La realidad es que desgraciadamente demasiadas veces
las viviendas son infraviviendas sin electricidad ni saneamiento y a kilómetros de distancia del agua corriente.
Según denunciaba hace unos meses Philip Alston, Relator Especial de la ONU sobre pobreza extrema y derechos humanos, las condiciones de los y las trabajadoras migrantes que recogen la fresa en Huelva eran peores que en un campo de
refugiados. La ciudad andaluza no es una excepción. Las imágenes de este verano en Lleida o la huelga que hace unos días tuvo lugar en Murcia muestran que no estamos ante casos aislados, y es que las condiciones laborales a las que someten a las
personas que trabajan en el campo violan en algunos casos los derechos humanos. Muchas temporeras y muchos temporeros firman el contrato sin entender el idioma, trabajan el doble de horas de las firmadas, cobran por debajo del salario mínimo
interprofesional y les aplican arrestos psicológicos cuando no cumplen con los criterios de productividad. Por ese motivo el Gobierno de España este verano realizó una instrucción específica para detectar situaciones de violación de derechos
humanos, incluyendo la inspección de los locales, viviendas u otros lugares habilitados para los y las temporeras.
Esta proposición no de ley pretende que trabajemos de manera coordinada desde los diferentes estamentos instituciones a través del Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Corporaciones Locales en campañas de sensibilización e información
en diferentes idiomas que aseguren que los y las trabajadoras del campo son conocedores de sus derechos, con acciones informativas y formativas también para los empresarios sobre la práctica profesional inclusiva, con respeto a la diversidad, contra
la discriminación por sexo, origen racial o nacional y para la protección de la igualdad de oportunidades. Para ello debemos reforzar los servicios sociales y el trabajo comunitario durante la temporada de la fruta en los municipios afectados y
realizar también un plan específico para las mujeres temporeras.
La lucha contra la violencia machista es también una cuestión de derechos humanos, y de esto trata esta proposición no de ley, señorías, de defender los derechos humanos de los y las temporeras del campo, independientemente de su sexo, su
origen, su religión, su idioma o sus recursos. Hagamos que esta proposición no de ley sea un punto de inflexión.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Para defender las enmiendas presentadas, en primer lugar tiene la palabra la portavoz del Grupo Ciudadanos, Sara Giménez, por tres minutos.
La señora GIMÉNEZ GIMÉNEZ: Gracias, presidente.
Señorías, hemos presentado una enmienda a esta proposición que hace referencia a garantizar la participación de los empresarios y autónomos del sector en el desarrollo de las medidas que se deben articular para mejorar las condiciones de
vida de los temporeros durante los meses que permanezcan en
España. En un principio, hemos llegado a acuerdo a través de una transaccional con el Grupo Socialista, así que anunciamos ya nuestra posición de voto.
Únicamente quería hacer dos reflexiones. En primer lugar, el Grupo Parlamentario Ciudadanos considera que es necesario articular medidas para garantizar los derechos y las libertades de las personas que trabajan en estos campos de cultivo.
Hay que resaltar la importancia que tiene para nuestro país esta mano de obra, estas personas que garantizan la recogida de las diferentes cosechas en el campo español, su valía profesional. Asimismo, hay que tener en cuenta todas las
recomendaciones que nos hizo el relator especial de Naciones Unidas sobre la extrema pobreza cuando visitó el campo de Huelva. También quiero destacar que la precaria situación no es solo en Huelva, en un lugar puntual. En verano también se puso
de manifiesto la insalubre situación de varios grupos de temporeros en Lérida. Igualmente, la Policía Nacional y la Guardia Civil desarticularon una red que explotaba a temporeros desplazados a los campos de Castellón. Es un tema relevante que hay
que abordar, pero hay que hacerlo desde la responsabilidad. Debemos dar una respuesta, pero tengamos cuidado de no caer en estereotipos y acusar a todos los empresarios del sector como si fuesen esclavistas, una visión que a veces algunas fuerzas
políticas quieren poner de manifiesto. Por tanto, hay que trabajar este asunto con responsabilidad para garantizar los derechos de estas personas. Igualmente, estamos muy de acuerdo con la parte propositiva acerca de que hay que adoptar medidas
para que las trabajadoras temporeras cuenten con alojamientos dignos, así como en referencia a un plan específico para todas ellas en todo el territorio nacional en relación a una labor de prevención sobre los abusos en el ámbito profesional.
En definitiva, esperamos continuar trabajando en esta materia y adelantamos ya nuestro voto favorable.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
A continuación, en nombre del Grupo Popular tiene la palabra su portavoz, el señor Ortiz.
El señor ORTIZ GALVÁN: Gracias, presidente.
En primer lugar, el Grupo Popular quiere mostrar su reconocimiento y apoyo a la gran mayoría de agricultores que contratan en origen a los temporeros y cumplen con las condiciones de trabajo, también con las que establece el convenio. Es
importante que no generalicemos y no culpemos a todos los agricultores. Y respecto a esa mínima parte, preguntaría a las señorías del Partido Socialista, en primer lugar, qué ha hecho el Gobierno de coalición del PSOE y Podemos para acabar con
estas condiciones infrahumanas que denuncian, y, en segundo lugar, si no les da vergüenza traer esta PNL. Lo digo porque no sé si son conscientes las señorías del PSOE de que ya no llevan la pancarta y ya no están en la oposición, que están en el
Gobierno y con el BOE. Si se están vulnerando los derechos básicos y laborales de las personas temporeras es porque su Gobierno y, en concreto, la ministra de Trabajo y Economía Social no hacen su trabajo. Si se está atentando contra la dignidad
de estas personas es porque su Gobierno y, en particular, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones no hacen su trabajo. Si se está trabajando en peores condiciones que en un campo de refugiados, sin electricidad, sin saneamiento y a
kilómetros del agua corriente, es porque su Gobierno y, en particular, el todopoderoso vicepresidente del Gobierno, señor Pablo Iglesias, ministro de Derechos Sociales, no están haciendo su trabajo. Y con respecto a la visita del relator especial
de la ONU (muestra una fotografía), que visitó algunas zonas de Huelva, como ha expuesto su señoría, quisiera señalar que algunas de las que visitó no eran de temporeros, sino zonas donde se estaba alojando a migrantes irregulares llegados en
patera, competencia del Gobierno de la nación. Y si se están dando situaciones de violencia machista, especialmente de violencia sexual -todo ello según su PNL- es porque su Gobierno y la ministra de Igualdad no hacen su trabajo y lo están
permitiendo.
Señorías del PSOE, llevan gobernando España desde hace más de dos años, y les pedimos que gobiernen. Desde julio, cuando se registró esta iniciativa, no se ha avanzado nada para corregir estas injusticias. Pero lo más grave es que en los
Presupuestos Generales del Estado no se contempla ninguna partida presupuestaria para corregir este trato inhumano que recibe una parte de los temporeros que trabajan en las zonas de España que usted ha mencionado. Es vergonzoso -y lo decimos alto
y claro desde el Grupo Popular- que se vulneren los derechos fundamentales de las personas, es indigno. Y tan indigno es esto como lo que está ocurriendo en Canarias. Por eso hemos presentado una enmienda para que se trabaje en España por una
migración regular, ordenada y orientada al mercado laboral. Tengo que decir que con este Gobierno de coalición entre PSOE y Podemos estamos sufriendo las consecuencias de una de las mayores crisis migratorias de este país. Con un Gobierno de
coalición entre PSOE y
Podemos han fallecido más de quinientos migrantes, ahogados en las costas, en su intento de llegar a Canarias. Con un Gobierno de coalición entre PSOE y Podemos, insisto, hemos tenido el muelle de la vergüenza en Arguineguín, en Canarias,
donde, en palabras del juez del CIE, se han hacinado a los migrantes como si fueran ganado, recibiendo un trato degradante e inhumano -insisto, degradante e inhumano-.
Voy terminando, señor presidente. Abro comillas para repetir lo que decía el acuerdo de Gobierno entre PSOE y Podemos: «Un nuevo acuerdo para España entre PSOE y Unidas Podemos para conformar un Gobierno progresista de coalición que sitúe
a España como referente de la protección de los derechos sociales en Europa». En España no tenemos un Gobierno progresista, tenemos el Gobierno de la hipocresía. En el Grupo Popular lo tenemos claro: Sí a unas condiciones dignas de trabajo y de
vida para todas las personas temporeras migrantes, sí a la migración regular, ordenada y orientada al mercado de trabajo, no a la irregularidad que tanto está defendiendo este Gobierno no haciendo su trabajo y, por supuesto, dejando que las mafias
hagan su negocio.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: A continuación, de menor a mayor para fijar su posición, ¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa).
¿Grupo EH Bildu? (Pausa).
¿Grupo Vasco? (Pausa).
En nombre del Grupo Plural tiene la palabra el señor Boadella.
El señor BOADELLA ESTEVE: Muchas gracias, señor presidente.
Nosotros entendemos el significado último o la voluntad de la proposición, pero lo cierto es que uno tiene la sensación de que acaba ahondando en los titulares, en las grandes desgracias, que, por supuesto, condenamos y lamentamos. Aunque
fuese brevemente, quiero hacer referencia a que hay muchos empresarios en las tierras de Lleida que cumplen e incluso han contribuido a la construcción de albergues hechos por los ayuntamientos. Por tanto, el problema de fondo de esta situación es
mucho más amplio. Por supuesto, quiero que quede muy claro que condenamos todos los episodios que se han mencionado y que, por tanto, vemos con buenos ojos las medidas que aquí se están planteando, pero el problema de fondo no es otro que cómo se
regula toda esta llegada de temporeros sin ofertas de trabajo en firme, es decir, cómo se gestiona todo este proceso temporal.
Por eso, dando todo nuestro apoyo a las medidas a emprender, queremos rebajar la parte más amarilla de esta proposición o de su exposición, como si esto fuera una realidad absoluta que ocurre en todos los sitios, y, sobre todo, poner en
valor la gran tarea que realizan muchos empresarios del sector de la fruta -especialmente en lo que a mí me compete en las tierras de Lleida- no solo por intentar evitar que este tipo de estos hechos sucedan, sino también por que se produzcan
situaciones totalmente favorables y mucho mejores que estas que aquí se denuncian.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Tiene la palabra la portavoz del Grupo Republicano.
La señora CARVALHO DANTAS: Muchas gracias, señor presidente.
Un total de ocho organizaciones remitieron una comunicación urgente a diferentes organismos de Naciones Unidas para alertar sobre la grave vulneración de derechos que sufren las mujeres temporeras marroquíes que recogen frutos rojos de los
campos de Huelva. Servidora conoció a dos que denunciaron violaciones no solo de derechos humanos, sino de sus cuerpos. España, Estado que enaltece su pacto por la igualdad y contra la violencia de género, demuestra nuevamente cómo desde el
racismo estructural -vuelvo a decir que este término no se usa mucho aquí, no gusta mucho, pero existe un racismo estructural- unas vidas valen más que otras vidas, y las mujeres migrantes, empobrecidas y dedicadas a un sector productivo
infravalorado como el primario quedan relegadas al último plano. Y la mayor dificultad en la lucha contra el racismo, la violencia sexual y los tratos inhumanos hacia las compañeras trabajadoras jornaleras de los frutos rojos del sur en España, por
ejemplo, es demostrar que están sujetas de forma constante a estos patrones de violencia. Los delitos que se cometen contra las compañeras son constantemente invalidados y negados por aquellos que sostienen y se benefician de las condiciones de
existencia del capitalismo patriarcal y colonial -no gusta mucho escuchar esto aquí, pero por eso vuelvo
a decir: existencia del capitalismo patriarcal y colonial-. Esto favorece un clima para la revictimización y la estigmatización permanente de las mujeres que lo sufren, derivando en intimidación, silenciamiento, impunidad y descrédito
constante de sus voces. Sabemos que la impunidad supone la existencia de una estructura de opresión patriarcal capitalista, colonial y racista para acallar a las víctimas del sistema.
El señor PRESIDENTE: Ha concluido ya su tiempo, señoría.
La señora CARVALHO DANTAS: Nosotras votaremos a favor de esta PNL. Son necesarias la seguridad y garantías físicas y jurídicas, garantía de mejoras de las condiciones laborales y regularizar a toda esta gente. Esta es la base.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
A continuación tiene la palabra la portavoz del Grupo Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, Lucía Muñoz.
La señora MUÑOZ DALDA: Muchas gracias, presidente.
En 2020 con la pandemia de la COVID se ha hecho más evidente una situación que ya viene de lejos, y es que en España los temporeros y temporeras son imprescindibles para que se recojan las cosechas y muchos de ellos son extranjeros que se
desplazan solamente para los meses en que son necesarios. Pero todos ellos, extranjeros o no, tienen problemas derivados de las condiciones laborales y de las condiciones materiales y sociales en que viven durante su trabajo estacional. Son
personas que recogen y procesan los alimentos que necesitamos o exporta nuestro país, producen riqueza para sus empleadores y para todos nosotros, consumen y pagan el IVA correspondiente, pagan sus impuestos, pero, sobre todo, debemos ser
conscientes de que, aunque son imprescindibles, cuando acaban la jornada laboral -muchos de ellos extranjeros, pero, aunque en menor medida, también hay españoles- malviven en locales no aptos para la vida doméstica, en infraviviendas, en
campamentos sin servicios o, directamente, en las calles. Nos encontramos con la paradoja de que los que contribuyen a generar riqueza viven en condiciones de pobreza extrema. Son personas que, incluso ganando un sueldo digno, se encuentran con
que no pueden alquilar nada razonable para vivir, a pesar de existir casas vacías en la zona.
Vamos a apoyar esta PNL. El Gobierno del Estado y los de las comunidades autónomas deben colaborar para erradicar el problema de trabajadores estacionales que no tienen un lugar para vivir en condiciones dignas. Las condiciones materiales
mínimas son básicas para promover la dignidad personal y social. La mejora de los servicios sociales es una prioridad del Gobierno de coalición. Para ello la Dirección General de Diversidad Familiar y Servicios Sociales tiene el compromiso de
modificar el Plan concertado de prestaciones básicas de corporaciones locales que se estableció en 1988 tanto en lo que respecta a la cartera de servicios como a su financiación. La problemática específica de las mujeres temporeras es una
evidencia. La necesidad de una planificación de actuaciones para atenderlas es una exigencia para el Gobierno de coalición, que es consciente de que esta atención debe realizarse desde una perspectiva de género y considerando las mediaciones que la
hagan más eficaz y cercana. La información sobre derechos y riesgos es la base para que las propias personas trabajadoras puedan defender con justicia sus condiciones laborales y de vida. Y hay que mostrar en las campañas una realidad, y es que
los trabajadores migrantes no generan un problema, sino que lo resuelven. Como afirmó el coordinador estatal de Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos hace unos meses, esto nos debería hacer reflexionar ahora, cuando hay tanto racismo y
xenofobia, acerca de que sin ese 90 % de inmigrantes el sector agrario español desaparecería, y lo estamos comprobando.
Trabajaremos para que lo que propone esta PNL sea una realidad. Y, por supuesto, votaremos a favor.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
A continuación tiene la palabra la representante del Grupo Parlamentario VOX, Reyes Romero.
La señora ROMERO VILCHES: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, VOX es consciente de la situación de grave injusticia social que se está produciendo en algunas regiones españolas en relación con los trabajadores temporeros. Sin embargo, la situación es mucho más compleja de lo que se presenta
en este documento. En primer lugar, la PNL no tiene en cuenta la realidad de que en el campo español existe un indeterminado número de extranjeros ilegales que son contratados -por supuesto, ilegalmente- en condiciones de cuasiexplotación. Como
hemos
dicho muchas veces, la ilegalidad produce más y más ilegalidad, ocasionándose problemas sanitarios, de infravivienda, marginalidad, seguridad ciudadana, etcétera. Precisamente la contratación irregular de estos temporeros es uno de los
trastornos ocasionados por la presencia descontrolada de inmigrantes ilegales. La existencia de esta forma de trabajo ilegal distorsiona el mercado de trabajo, en perjuicio de los derechos de los trabajadores españoles y de los extranjeros que
tienen regularizada su situación. Eso es culpa del Gobierno central, que no quiere saber nada de la lucha contra la inmigración ilegal, porque, mientras sigan entrando personas ilegales en España, este problema irá en aumento.
En segundo lugar, la PNL también ignora la contradictoria situación que se presenta en mi tierra andaluza, donde existen miles de personas inscritas como trabajadores rurales que cobran subsidios agrarios y no se apuntan para trabajar en las
campañas agrícolas, teniendo estas que ser cubiertas por trabajadores extranjeros, y digo que sé de lo que hablo.
En tercer lugar, podemos estar de acuerdo con que pueden existir situaciones indeseables, pero para eso el Estado de derecho tiene una serie de herramientas directas que deberían bastar para luchar contra esa lacra. La jurisdicción social,
que sepamos, todavía está vigente en España y la Inspección de Trabajo, formada por funcionarios dependientes del Ministerio de Trabajo y Economía Social. España es un Estado de derecho en el que hay una legislación laboral que se debe hacer
cumplir con sanciones penales y administrativas, aunque ya sabemos que eso de respetar las leyes no va con este Gobierno. Simplemente es cuestión de hacer cumplir las leyes.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
A continuación tiene la palabra quien ha presentado esta iniciativa, la portavoz del Grupo Socialista, Sonia Guerra, solo a los efectos de aceptar o rechazar enmiendas, o si hay alguna transaccional.
La señora GUERRA LÓPEZ: Hemos trabajado una transaccional con el Grupo Ciudadanos.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
- SOBRE REAPERTURA Y FUNCIONAMIENTO ORDINARIO DEL CENTRO DE RECUPERACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA DE LARDERO-LA RIOJA (CRMF) COMO CENTRO EDUCATIVO PÚBLICO Y GRATUITO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO.
(Número de expediente 161/001579).
El señor PRESIDENTE: Punto 6.º del orden del día, proposición no de ley sobre reapertura y funcionamiento ordinario del centro de recuperación de personas con discapacidad física de Lardero, en La Rioja, como centro educativo público y
gratuito. Es del Grupo Parlamentario Popular y la expondrá su portavoz, Javier Merino.
El señor MERINO MARTÍNEZ: Gracias, presidente. Muy buenas tardes, señorías.
Efectivamente, desde el Grupo Parlamentario Popular traemos una proposición no de ley para la reapertura y el funcionamiento ordinario del centro de recuperación de personas con discapacidad física en Lardero, en la Comunidad Autónoma de La
Rioja, como centro educativo público y gratuito. Señorías, hace un año aproximadamente -y por eso viene esta PNL, tras muchas preguntas trasladadas al Gobierno de España- el centro de recuperación de personas con discapacidad física de Lardero dejó
de serlo, mucho antes de que el COVID llegara a nuestras vidas. Hace un año aproximadamente que este CRMF dejó de ser un centro educativo nacional público y gratuito que ofrecía a las personas con discapacidad física y/o sensorial en edad laboral
todas aquellas medidas que les permitían recuperarse para facilitarles el acceso al mercado laboral. Tan duro y tan real como suena, señorías, y es que hasta hace un año el CRMF de Lardero era reconocido nacionalmente por su gran labor en programas
de formación y rehabilitación, por sus servicios de orientación para el empleo, por sus servicios de residencia, manutención y tratamientos, y, sin embargo, actualmente, desde hace un año, lo único que mantiene es ser centro dependiente del Imserso,
adscrito al Ministerio de Derechos Sociales que dirige el vicepresidente segundo del Gobierno de España, el señor Pablo Iglesias, ministro que, como ya sabemos, no solo abandonó la gestión de las residencias durante los peores días de la pandemia,
sino que también trae el fracaso con las solicitudes del ingreso mínimo vital y el vaciado de los programas y políticas públicas del Imserso, como, por ejemplo, en el ámbito de lo que hoy estamos tratando, porque hablamos de La Rioja, pero también
podríamos hablar de otras provincias, como Soria, Salamanca, y otros centros de otras comunidades autónomas, que detectan el vaciado y el abandono de Pablo Iglesias por el Imserso. Tan duro como suena.
Señorías, desde 2019 este grupo dirigió preguntas al Gobierno para que nos diera respuestas, pero solo obtuvimos respuestas evasivas. ¿Por qué después de las vacaciones de Navidad de 2019 los usuarios recibieron un wasap para que no
volvieran al centro? ¿Por qué, si se sabía que en 2020 acababan todos los contratos, no se procedió a la licitación pública de los mismos? Esta pregunta conlleva una respuesta a la primera de ellas, y es que no se licitaron, y por eso los usuarios
no podrían volver desde enero de 2020. Por tanto, además de no ir los usuarios, catorce personas perdieron su trabajo de empresas externas. Seguro que los señores del Partido Socialista me van a contestar que ha servido como centro de
convalecencia para pacientes contagiados por el coronavirus. Ya se señala en la exposición de motivos, incluso las fechas, pero no se despisten, porque el objeto de la PNL es otro. El objeto -he aquí la cuestión, a lo que tiene que contestar el
Gobierno de España o, en su nombre, el Grupo Socialista- es por qué entre los meses de enero y marzo de 2020 y ahora desde septiembre a diciembre de 2020 el CRMF de Lardero ha dejado de funcionar. Tan solo hay 8 usuarios, de 100 posibles. ¿Por
qué, entre los meses de enero y marzo y de septiembre a diciembre 2020, el CRMF de Lardero, de los 100 usuarios que podía tener, 85 personas internas y 20 de día, solo tiene 8? Van a decir que ha funcionado muy bien. Pero, si ha funcionado tan
bien, ¿por qué desde últimos de noviembre han cesado a la directora del CRMF de Lardero? Si funcionaba tan bien, ¿por qué ha sido cesada por el Gobierno de España, cosa que también ustedes han ocultado, puesto que no ha sido comunicado ni hecho
público? Estoy seguro de que si el cese hubiese sido el de una persona nombrada por un Gobierno del Partido Popular se hubiera filtrado a la prensa y hubiera tenido un escarnio público. ¿Por qué desde hace un año, fecha en fue inaugurado el CRE de
Soria, no funciona? Hay nóminas públicas que se están pagando. Precisamente la directora de Soria es la que va a sustituir a la de La Rioja. Ese es el desastre de Pablo iglesias. ¿Cuántas nóminas públicas se están pagando en España para gente
que ahora mismo no está trabajando en las políticas que dependen del Imserso, como en los centros que estoy nombrando? ¿Qué escándalo es este? Y ustedes están callados, el Gobierno está callado, el señor Iglesias está callado. Una vez más, con
las personas más vulnerables, están callados.
Por tanto, nosotros pedimos adjudicar esos contratos, que los usuarios vuelvan al centro y que el centro vuelva a funcionar y sea ejemplo en España, porque ahora mismo en La Rioja esto es un escándalo. A muchos diputados esto les sonará a
desconocido, pero les digo que esto allí es un escándalo. Es un escándalo que el señor Iglesias y su equipo intentan ocultar. Y el Partido Socialista, si no lo denuncia y toma medidas, será cómplice.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
No hay ninguna enmienda en este punto.
Para fijar posiciones, ¿Grupo Mixto? (Pausa).
¿Grupo EH Bildu? (Pausa).
¿Grupo Vasco? (Pausa).
Por el Grupo Ciudadanos, tiene la palabra la señora Sara Giménez.
La señora GIMÉNEZ GIMÉNEZ: Presidente, señorías, de la proposición que nos traen sobre el centro de recuperación de personas con discapacidad física de Lardero, en La Rioja, un centro educativo público gratuito, dependiente del Imserso, que
ofrece a las personas con discapacidad física o sensorial en edad laboral todas aquellas medidas que son necesarias para su recuperación personal y profesional que les facilite la obtención de un puesto de trabajo, hay que destacar que, según la
información que tenemos, tras la declaración del estado de alarma el pasado 14 de marzo y hasta el 31 de octubre, ha sido utilizado de manera intermitente como centro de convalecencia intermedia de pacientes de COVID, si bien, finalmente, en el
pasado mes de noviembre el centro volvió a abrir sus puertas para poder realizar su actividad con los usuarios habituales. Teniendo en cuenta la opinión de nuestros compañeros en la Comunidad Autónoma de La Rioja, consideramos que las plazas de los
centros de titularidad pública y de los centros concertados de la zona cubren en estos momentos las necesidades de escolarización de la población. Por ello entendemos que todas las actuaciones que realice el Gobierno de España en relación con este
centro deben ir dirigidas a mantener la continuidad de las actividades y los trabajos que allí se realicen, aumentando sus recursos económicos y técnicos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
¿Grupo Parlamentario Plural? (Pausa).
¿Grupo Republicano? (Pausa).
Por parte del Grupo Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra el señor López de Uralde.
El señor LÓPEZ DE URALDE GARMENDIA: Gracias.
Mi grupo parlamentario no va a apoyar esta PNL que presenta el Grupo Popular sobre la reapertura y funcionamiento ordinario del centro de recuperación de personas con discapacidad psíquica de Lardero, en La Rioja. Si bien es cierto que
durante el periodo que va del 14 de marzo al 31 de octubre este centro permaneció cerrado para sus usuarios, ya que fue destinado a la asistencia de pacientes de COVID que precisaban una convalecencia intermedia, este centro reabrió sus puertas
durante el mes de noviembre para sus usuarios. Se están dando los pasos necesarios para la reanudación de la actividad con ellos. De este modo se van a iniciar en este mes los cursos de formación, que ya están adjudicados. Solo está pendiente la
firma de los contratos de manutención, que quedaron desiertos y se licitaron de nuevo, y el suministro de víveres está garantizado. Los contratos de mantenimiento están en tramitación y se han gestionado los contratos necesarios para preparar el
regreso a la actividad laboral de los trabajadores del CRMF. En estos momentos se ha retomado la actividad y se trabaja en la puesta a punto de todos los servicios para volver a su función habitual.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la representante del Grupo Parlamentario VOX, Georgina Trías.
La señora TRÍAS GIL: El Gobierno una vez más abandona a los más vulnerables. Nos lo confirma lo acontecido este año en el centro de recuperación de personas con discapacidad física de Lardero, en La Rioja, dependiente del Imserso, y, por
tanto, del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Son discapacitados en edad adulta que acudían hasta finales de 2019 a este centro para mantener un desarrollo óptimo de sus capacidades y tener mayores oportunidades de inclusión en la
sociedad a través de la formación, la orientación y el empleo y que no han podido hacerlo desde entonces por dejadez e irresponsabilidad administrativa. Los servicios que presta este centro, con programas de recuperación y orientación profesional,
rehabilitación médica y psicosocial, prácticas en empresa y servicios de residencia, se vieron interrumpidos en diciembre de 2019, sin que se sepa por qué. Hablamos de opacidad, señorías. Los responsables de este ministerio abandonan a los que más
lo necesitan a través de una gestión deficiente y desidiosa. Desde enero de este año las personas con discapacidad han dejado de acudir a este centro, pues ya no ofrecía los servicios y prestaciones que necesitaban sus usuarios, y han tenido que
quedarse en sus domicilios, viendo una merma significativa en sus posibilidades de cuidado, inserción y desarrollo -desde enero, señorías-. Procesos de contratación pública paralizados desde hace un año, a lo que se añade la pandemia, que lo ha
convertido por tres ocasiones diferentes en centro de aislamiento COVID, la última en septiembre para trabajadores temporeros. Y mientras las personas discapacitadas, las más vulnerables, que debían beneficiarse de los servicios de este centro, en
sus casas.
Vamos a apoyar esta PNL porque lo acontecido es una muestra más de cómo trata el Gobierno de España a las personas con discapacidad, algo que desde nuestro grupo parlamentario venimos denunciando día tras día. Desde pequeños les impide las
posibilidades de desarrollo con una ley que tiene previsto cerrar los centros de educación especial, y, de adultos, a la mínima dificultad los manda a casa. Hace apenas un mes el centro ha reabierto tímidamente sus puertas
El señor PRESIDENTE: Ha superado su tiempo.
La señora TRÍAS GIL: imagino que para que el Gobierno y sus portavoces en esta Comisión puedan llegar al debate de esta PNL con algo que decir y blanquear la irresponsable y deshumanizada gestión de este centro.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias a usted.
A continuación, tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Raquel Pedraja.
La señora PREDAJA SÁINZ: Gracias, presidente.
La verdad es que es curioso, porque, después de cerca de veinticuatro años de Gobiernos del Partido Popular en La Rioja, ustedes consideraban todo mejor que la media y ahora ya no. Desde que está Concha Andreu en el Gobierno y Pedro
Sánchez, todo lo que ustedes consideraban mejor que la media es un desastre y lamentable. La verdad es que es curiosísimo.
Este centro estuvo dirigido durante ocho años por una persona afín a ustedes, al Partido Popular, sin un proyecto que le diese estabilidad. En la actualidad se ha nombrado una nueva dirección y se ha decidido cesarla en este momento para
conseguir de verdad un proyecto a través del Plan Estratégico Nacional. Esta nueva dirección dará al centro la estabilidad que necesita. Además, como bien saben, desde el día 10 de noviembre este centro presta servicio y tiene todos sus cursos
contratados; lo único que no tiene contratado -lo saben muy bien- es la manutención, porque, ¿saben qué? La contratación pública es necesaria, no se dan los contratos a dedo a sus mejores amigos. (Aplausos). Es necesario contratar esto a través
de la contratación pública, pero quedó desierto. Es cierto que quedó desierto y volverá a salir a licitación pública para poder prestar este servicio de manutención. También saben ustedes que este centro tiene a todos sus trabajadores
reincorporados. También lo saben. (El señor Merino Martínez: ¡Pero no trabajan!). No es cierto eso, señor Merino, no es cierto. Usted sabe que los trabajadores están haciendo sus funciones porque hay residentes dentro del centro y sabe que en
los próximos días, después de Navidad, se reincorporarán el resto de residentes. Deje de mentir a la ciudadanía; haga su trabajo y deje de intentar conseguir rédito político. (Aplausos). Vamos a ver, defienda a los riojanos, que para algo le
votaron. Por favor, sea un poco serio; deje de mentir, que sabe que está mintiendo.
Es cierto que durante unos meses el centro no prestó sus servicios, pero porque estuvo cedido a la Consejería de Salud para acoger a pacientes COVID. También lo saben. Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista no votará a favor de
esta proposición no de ley, porque se están riendo de los ciudadanos riojanos y riojanas una vez más. Este grupo parlamentario votará y apoyará todas aquellas proposiciones no de ley que defiendan los intereses de los ciudadanos, que piensan en el
bienestar de los ciudadanos, pero, como le dije a sus amigos de la ultraderecha el otro día, no apoyaremos proposiciones no de ley que busquen un rédito político y menos si ese rédito político depende de los colectivos más vulnerables de este país.
No tengan tan poca vergüenza.
Gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Hemos terminado el punto 6.º del orden del día y nos queda el último. Estaría bien que fueran llamando a aquellos miembros de cada grupo que todavía no hayan llegado. Lo digo para la votación. ¿De acuerdo?
- RELATIVA A LA PROMOCIÓN DE LA TERAPIA OCUPACIONAL Y LOS CENTROS OCUPACIONALES EN ESPAÑA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO VOX. (Número de expediente 161/001675).
El señor PRESIDENTE: Empezamos con el 7.º y último punto del orden del día: Proposición no de ley relativa a la promoción de la terapia ocupacional y los centros ocupacionales en España, del Grupo Parlamentario VOX. Para defenderla, tiene
la palabra su portavoz, Cristina Esteban.
La señora ESTEBAN CALONJE: Muchas gracias, señor presidente.
La terapia ocupacional, según la OMS, se define como aquel conjunto de técnicas, métodos y actuaciones que a través de actividades aplicadas con fines terapéuticos previene la enfermedad y mantiene la salud, favorece la restauración de la
funcionalidad, suple las deficiencias incapacitantes y valora los supuestos del comportamiento y su significación profunda para conseguir la mayor independencia y reinserción posible del individuo en todos sus aspectos: laboral, mental, físico y
social. La terapia ocupacional se ha consolidado en la sociedad moderna a través del descubrimiento del valor real de las ocupaciones como proceso terapéutico viable, garantizando de forma efectiva la autonomía personal en las actividades básicas
de la vida diaria de los pacientes en aras de su bienestar y salud. Desde 2003, la profesión de terapeuta ocupacional es considerada como una profesión sanitaria titulada con nivel de diplomado.
La integración social de las personas con discapacidad es el objetivo de las terapias ocupacionales y garantizar el disfrute de los derechos reconocidos en la Constitución española de 1978. Los centros ocupacionales son un medio adecuado
para la superación de los obstáculos que encuentran las personas con discapacidad en el proceso de integración laboral cuando por su grado de discapacidad no pueden
acceder al empleo en una empresa o en un centro especial de empleo. A través de los centros ocupacionales las personas discapacitadas pueden lograr su máximo desarrollo personal en los casos en los que fuera posible facilitar su
capacitación y su plena inclusión en la sociedad española. El Consejo Nacional de la Discapacidad es el órgano interministerial, de carácter consultivo, en el que se institucionaliza la colaboración del movimiento asociativo de las personas con
discapacidad y sus familias y la Administración General del Estado para la definición y coordinación de una política coherente de atención integral. En particular, le corresponde la promoción de la igualdad de oportunidades, no discriminación y
accesibilidad universal de las personas con discapacidad.
En cuanto al desarrollo de la actividad de estos centros, a tenor de lo referido en la Federación de Personas con Discapacidad, se busca y se pretende que la misma se asemeje al normal funcionamiento de cualquier otro centro con el fin de
asegurar la captación profesional y efectiva de los pacientes a través de la aplicación de tratamientos especializados en virtud del grado de discapacidad de cada uno. Tanto los centros ocupacionales como los profesionales, que desarrollan su
actividad laboral en los mismos, intervienen de forma activa en la inclusión y en el desarrollo personal de sus pacientes para facilitar una accesibilidad mayor al empleo y a la integración en la sociedad.
En conclusión, la atención debida a las personas con discapacidad constituye un reto ineludible para los poderes públicos a nivel nacional. El artículo 14 de la Constitución española garantiza la igualdad de todos los españoles ante la ley.
Por ese motivo debemos asegurar, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas discapacitadas de España y adoptar cualquier medida que resulte necesaria con el fin de fomentar la creación de nuevos centros
ocupacionales encargados de llevar a término con éxito estos vitales objetivos.
En España hay 3 160 000 personas con algún tipo de discapacidad reconocida, según los últimos datos del Imserso de 2018, es decir, casi el 7 % de la población española. En Madrid hay 349 000 personas discapacitadas y solamente cuentan con
45 centros; Andalucía tiene 584 000 personas y 223 centros y Castilla-La Mancha tiene 145 000 personas y 71 centros. No es justo que las personas tengan mayor o menor acceso a estos centros en función del territorio en el que residen. Queremos
promover la creación de nuevos centros ocupacionales en España y que el Gobierno vele por ello.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: A continuación, tiene la palabra la representante del Grupo Parlamentario Popular, Carmen González, para defender la enmienda que ha presentado. Tiene tres minutos.
La señora GONZÁLEZ GUINDA: Muchas gracias, señor presidente.
Ante todo, nos alegramos de que, tras la larga pausa durante el confinamiento, los centros ocupacionales ya estén a pleno rendimiento y creo que es obligado el reconocimiento al esfuerzo realizado por los profesionales para que así sea en
estos momentos todavía tan difíciles. La pérdida de las terapias ocupacionales ha supuesto durante los meses pasados un retroceso muy importante en los usuarios en lo que a habilidades sociales y laborales se refiere y requerirá de esfuerzos
adicionales para ponerse al día. Señorías, sí que hemos echado en falta en esta vuelta a la actividad visitas a algunos de estos centros del señor Iglesias, más preocupado por sus funciones de vicepresidente segundo e interfiriendo en las
relaciones internacionales con Marruecos o por sus campañas contra la Corona que por los problemas del día a día de las personas con discapacidad, función esta última que debería asumir como ministro de Derechos Sociales que es con competencias en
discapacidad. Tampoco hemos visto al secretario de Estado, al señor Álvarez, más preocupado por sentarse en la mesa negociadora de los presupuestos que por visitar y escuchar las demandas de estos centros.
Señorías, si bien los centros ocupacionales tienen como finalidad asegurar los servicios de terapia ocupacional y de ajuste personal y social a las personas con discapacidad cuando por el grado de dependencia no pueden integrarse en una
empresa o en un centro especial de empleo, entre sus principales objetivos está la habilitación profesional, tratando de preparar a sus usuarios de forma gradual y mediante una pedagogía específica hacia una actividad laboral.
El empleo. Señorías, el empleo es un tema importante a tratar desde la discapacidad. La inclusión laboral de las personas con discapacidad es urgente, pues si bien el paro de las personas con discapacidad ya duplica la tasa media, llegando
a un 40 % -durante esta pandemia se ha incrementado un 29 % y es previsible que pueda aumentar el próximo año-, estos datos empeoran si hablamos de personas con discapacidad intelectual y grandes necesidades de apoyo, que son precisamente los
usuarios mayoritarios de los centros ocupacionales. Solo cuatro de cada cien acceden al mercado laboral. Los centros
ocupacionales, señorías, tienen como finalidad última favorecer la inclusión de personas con discapacidad intelectual mediante la realización de actividades laborales, personales y sociales para el desarrollo de su autonomía, capacitación
social y habilitación laboral en función de las características y necesidades que presente cada una de ellas. No obstante, el centro ocupacional no presupone la integración laboral de todos los usuarios debido a que en ocasiones sus necesidades
deben ser atendidas desde el enfoque terapéutico rehabilitador, ajustándolo a programas de adaptación al grupo y a ciertas tareas en el ambiente de un taller ocupacional. Ahora bien, el principal objetivo del área ocupacional es la capacitación
laboral de los usuarios mediante la adquisición de conocimientos, hábitos, destrezas y aptitudes de carácter sociolaboral que se desarrollan en los diferentes talleres con el fin de alcanzar una inclusión personal y sociolaboral lo más normalizada
posible. En esa línea va nuestra enmienda, en la de impulsar la vertiente formativa que favorezca la integración laboral. Y todo ello con una metodología centrada en el usuario, una metodología en la que el profesional es el guía y facilitador y
el usuario el protagonista de su propio aprendizaje. Por tanto, sí nos parece importante todo apoyo que desde las administraciones se dé a estos centros, centros que están siendo fieles a su doble finalidad de centros rehabilitadores y de
preparación hacia la autonomía personal y la inclusión laboral. Prueba de ello es la confianza que tantas familias depositan en estos centros, apoyando y colaborando plenamente con sus terapias y sus programas ocupacionales.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias a usted.
A continuación, ya que esta era la única enmienda que había, empezamos el turno de fijación de posición de menor a mayor. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Gutiérrez.
El señor GUTIÉRREZ VIVAS: Gracias, presidente.
Efectivamente, señorías, en nuestra legislación nacional el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social,
es el que determina en su artículo 52 que los centros ocupacionales son aquellos que tienen como finalidad asegurar los servicios de terapia ocupacional y de ajuste personal y social a las personas con discapacidad con el objeto de lograr su máximo
desarrollo personal. Los centros de terapia ocupacional en nuestro país desarrollan una labor fundamental para promover, mantener y restaurar la independencia funcional en las actividades de la vida diaria de personas que presentan algún tipo de
discapacidad tanto física como mental o social. Por desgracia, debido a las restricciones implementadas por las distintas administraciones a lo largo de esta crisis, muchos de estos centros se han visto abocados a cerrar durante varios meses, con
el consecuente perjuicio provocado a estas personas. Señorías, el retroceso de estas personas durante este tiempo en lo que respecta a su desarrollo educativo y los problemas de comportamiento, en algunos casos provocados por el aislamiento social
derivado de las limitaciones impuestas, no han sido debidamente atendidos por parte de este Gobierno ni tampoco por el resto de las administraciones públicas.
En lo relativo al contenido de esta proposición no de ley del Grupo Parlamentario VOX, nuestro grupo parlamentario va a apoyar esta iniciativa. Sin embargo, nos gustaría realizar algunas concreciones. En primer lugar, creemos que antes de
construir nuevos centros ocupacionales debe ser necesario hacer una valoración sobre el número de instalaciones existentes teniendo en cuenta su titularidad, así como el número de plazas existentes en cada uno de ellos. En segundo lugar, creemos
también que debe ser importante contar con indicadores de evaluación de carácter nacional para observar los resultados de estos centros en relación con los fines que tienen otorgados. En particular, sería muy interesante poder observar el grado de
empleabilidad de las personas que pasan por estos centros ocupacionales, así como sus resultados. Es necesario contar con mayor información para ampliar la inversión que reciben y mejorar de esta manera sus resultados.
En relación con la segunda propuesta que realiza el Grupo Parlamentario VOX, por la que se insta al Gobierno de España a elaborar, en el seno del Consejo Nacional de la Discapacidad y en coordinación con las comunidades autónomas, programas
relativos al fomento de la terapia ocupacional, nos parece también una medida positiva, pero creemos que debería abordarse de manera paralela la posibilidad de crear una red de becas para estas personas que pudieran complementarse con otras becas de
las que dispongan las comunidades autónomas para aquellas personas que acudan a estos centros y realizar un análisis de los incentivos económicos previstos actualmente en la legislación para facilitar su incorporación al mercado laboral.
Muchísimas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias a usted.
A continuación, por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra el señor López de Uralde. Cuando quiera.
El señor LÓPEZ DE URALDE GARMENDIA: Muchas gracias, señor presidente.
El Instituto de Mayores y Servicios Sociales, Imserso, de acuerdo con el Real Decreto 1226/2005, de 13 de octubre, que regula su estructura orgánica y funciones, no tiene actualmente atribuidas competencias en materia de creación o registro
de centros ocupacionales para personas con discapacidad. En este sentido, debe tenerse en consideración que la competencia para el desarrollo normativo de esta materia reside en el Ministerio de Trabajo y Economía Social y que son las comunidades
autónomas quienes ostentan la competencia para la creación de centros ocupacionales. Asimismo, y puesto que los centros ocupacionales son definidos como servicios sociales que no se encuentran específicamente incluidos en el catálogo de servicios
del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, la competencia para llevar estas materias a debate sería a través del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. En ese sentido,
entendemos que la PNL no se ajusta al reparto competencial y, por ese motivo, votaremos que no.
El señor PRESIDENTE: De acuerdo.
A continuación, tiene la palabra la representante del Grupo Parlamentario Socialista, Pilar Rodríguez.
La señora RODRÍGUEZ GÓMEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías de VOX, en muchas áreas de nuestra vida y también de la política la razón es un pilar fundamental para defender nuestras posturas y nuestros posicionamientos. Sin embargo, en muchas ocasiones -por no decir siempre- la razón tiene
que ir de la mano de la sensibilidad. La sensibilidad nos ayuda a que nuestros posicionamientos sean más firmes. La sensibilidad hace que nuestros principios sean los motores de nuestras vidas. Pero cuando una persona dice una cosa y luego hace
otra, como es el caso de vuestro grupo político, lo que se pone de manifiesto claramente es que lo que estáis diciendo -en este caso, pidiendo- no os lo creéis ni vosotros mismos. Hay un refrán que dice: haz lo que yo diga, pero no lo que yo haga.
Pues esto es lo que se pone de manifiesto en la intención de esta PNL que presentáis. Pedís que se promueva la creación de nuevos centros ocupacionales, pero en comunidades donde estáis gobernando hacéis recortes. Decís que hay que fomentar la
autonomía y la plena incorporación de las personas con discapacidad en la sociedad, pero votáis en contra de la Ley de Educación que promueve la inclusión. ¿Es que no veis necesario ir preparando los centros educativos ordinarios para un futuro
trasvase del alumnado con discapacidad? ¿Es que no entendéis que esta educación es previa a la terapia ocupacional y, además, necesaria e imprescindible? Os habéis llenado la boca vendiendo que la Ley Celaá persigue la eliminación de las escuelas
destinadas a menores con necesidades especiales a sabiendas de que es totalmente falso, y esto no es velar por las personas con discapacidad. Esto es otra forma de hacer política. Señorías de VOX, el Estado del bienestar hay que entenderlo como
protector de derechos colectivos y civiles frente a meras concesiones caritativas. Cuando empecéis a reconocer que la diversidad enriquece a la sociedad, entonces podremos empezar a hablar el mismo idioma.
Termino. No solo no compartimos la PNL que presentáis por lo argumentado hasta ahora, donde solo se percibe una postura populista y vacía de sensibilidad, sino también porque instáis en vuestra propuesta a administraciones e instituciones
que no son las que asumen dicha competencia. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: A continuación, tiene la palabra la portavoz del grupo que ha presentado la iniciativa para decir si aceptan, rechazan o están llevando a cabo alguna transacción.
La señora ESTEBAN CALONJE: Sí, ya está entregada.
El señor PRESIDENTE: De acuerdo. Muchas gracias.
Hemos terminado el último punto del orden del día. Suspendemos un momento la sesión mientras ordenamos las transacciones y también para ver si somos capaces de hacer funcionar esto de votar automáticamente. Me dicen que hay diez segundos
para votar cada uno de los puntos. Creo que es suficiente. Si la primera de las votaciones no nos saliera bien, volveríamos al método tradicional. (Pausa).
¿Ha habido alguien que haya hecho una votación en esta Comisión?
El señor LÓPEZ DE URALDE GARMENDIA: Sí.
El señor PRESIDENTE: ¿Cómo se indica el voto por parte de los portavoces?
La señora GUERRA LÓPEZ: Eso depende de cada grupo.
El señor PRESIDENTE: Nos falta una transaccional porque la están firmando en este momento. Antes de votar, para ganar tiempo, cuando termine la sesión los miembros de la Mesa nos reuniremos uno o dos segundos, a tres segundos no llegará.
¿El grupo que ha presentado la transaccional la ha repartido?
La señora GUERRA LÓPEZ: Normalmente, la reparte el letrado.
El señor LETRADO: Eso es lo que vamos a hacer.
El señor PRESIDENTE: Entonces, esperaremos un poco más y seguidamente procederemos a la votación. (Pausa).
VOTACIONES.
El señor PRESIDENTE: En primer lugar, votamos la proposición no de ley relativa a la adopción de medidas para que las personas mayores puedan disponer de teleasistencia gratuita mientras persista la crisis provocada por el COVID-19. Es del
Grupo Parlamentario VOX y se presenta una transaccional con Ciudadanos y el Grupo Parlamentario Popular.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 34; a favor, 15; en contra, 18; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
El señor CORTÉS GÓMEZ: La portavoz de Esquerra se ha equivocado.
La señora CARVALHO DANTAS: No, yo había votado bien.
La señora GUERRA LÓPEZ: La compañera del Grupo Republicano no ve reflejado su voto, ¿podemos votar por el método tradicional?
El señor PRESIDENTE: ¿Puede ser? (Pausa).
Bueno, se acabó, vamos a votar como siempre y ya haremos un cursillo. (Aplausos). Primera votación.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 20.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Proposición no de ley relativa a los cambios propuestos por el Gobierno en la gestión del 0,7 % del IRPF y del 0,7 % del impuesto sobre sociedades para financiar entidades y proyectos de interés social. Se vota en sus propios términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 10; en contra, 19; abstenciones, 5.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Tercer punto
El señor GUTIÉRREZ VIVAS: Presidente, eran 18. Yo creo que usted no está levantando la mano, presidente, y todos tenemos que conocer su voto, igual que el resto, y usted luego lo cuenta pero no levanta la mano. Eso es lo que yo creo que
conduce a error. Debe usted levantar la mano y votar exactamente igual que el resto.
El señor PRESIDENTE: Muy bien.
Proposición no de ley sobre la inclusión del pueblo gitano y la lucha contra el antigitanismo ante las consecuencias de la crisis provocada por el COVID-19. Hay una transacción con el Grupo Socialista y con Ciudadanos.
La señora GARCÍA RODRÍGUEZ: ¿Se aceptan las enmiendas del Partido Popular? (Rumores).
El señor PRESIDENTE: Estamos en mitad de una votación.
La señora GARCÍA RODRÍGUEZ: ¿Puede decir el presidente si se aceptan las enmiendas del Partido Popular aparte de la transacción?
El señor PRESIDENTE: Me dicen que sí, que habéis llegado a un acuerdo.
La señora GARCÍA RODRÍGUEZ: Dígalo claro para que conste en el Diario de Sesiones.
El señor PRESIDENTE: ¿En la transacción figura?
La señora GARCÍA RODRÍGUEZ: No, una cosa es la transacción
El señor PRESIDENTE: Entonces, ¿es una transaccional del Grupo Socialista y del Grupo Popular? (Rumores.-Pausa). Hay un error. Lo que votamos es una transacción con el Grupo Ciudadanos y habiendo aceptado las enmiendas del Grupo
Parlamentario Socialista y del Grupo Parlamentario Popular.
La señora GUERRA LÓPEZ: Presidente, no podemos votar a favor de una transacción que no es definitiva. No sabemos cuáles son las enmiendas del Partido Popular que se han aceptado y que deberían constar en el documento, que es lo que creo
que le quería decir la diputada del Grupo Republicano.
El señor PRESIDENTE: Ismael, ¿tú has aceptado las enmiendas de uno y de otro?
El señor CORTÉS GÓMEZ: Por favor, vamos a escuchar un momento porque si no estaremos toda la noche. En el turno de intervención dije que aceptaba las enmiendas presentadas por el Partido Popular y por el Partido Socialista y que estábamos
llegando a una transacción con el Grupo Ciudadanos, y así se ha hecho.
El señor PRESIDENTE: Entonces, vamos a ver
La señora GONZÁLEZ GUINDA: Presidente, sin ánimo de crear más conflicto, en la primera votación salen más personas de las que estamos.
El señor PRESIDENTE: En la primera votación salen 36 y somos 37.
Estamos en la tercera. Lo que votamos tiene una autoenmienda de Unidas Podemos, se han incorporado las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista y del Grupo Parlamentario Popular y además se ha transaccionado con Ciudadanos. Por tanto,
vamos a votar.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Proposición no de ley relativa a impulsar medidas de apoyo al pueblo gitano ante las consecuencias de la crisis provocada por el COVID-19. Votamos la enmienda con la transaccional de Ciudadanos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: a favor, 20; abstenciones, 9.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada. (Varios señores diputados: No puede ser, VOX ha votado a favor). Aquí hay gente que no vota, es que hay quien no vota. (Una señora diputada: Señor presidente, son 25 votos a favor. VOX ha votado a
favor).
El señor PRESIDENTE: Son 25 a favor y 9 abstenciones.
Proposición no de ley relativa a garantizar los derechos y libertades de las personas que trabajan estacionalmente en los campos de cultivo de España. Es del Grupo Parlamentario Socialista y se vota la transacción con el Grupo de
Ciudadanos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: a favor, 29; en contra, 5.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Proposición no de ley sobre reapertura y funcionamiento ordinario del Centro de Recuperación de Personas con Discapacidad Física de Lardero-La Rioja (CRMF) como centro educativo público y gratuito. Es del Grupo Parlamentario Popular y se
vota en sus términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: a favor, 14; en contra, 18; abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Proposición no de ley relativa a la promoción de la terapia ocupacional y los centros ocupacionales en España. Es del Grupo Parlamentario VOX y se vota la transaccional con el Grupo Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: a favor, 15; en contra, 19.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Se levanta la sesión.
Eran las siete y veinticinco minutos de la tarde.