CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2020 XIV LEGISLATURA Núm. 202

PRESUPUESTOS

PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª PILAR GARRIDO GUTIÉRREZ

Sesión núm. 2

celebrada el miércoles,

4 de noviembre de 2020

ORDEN DEL DÍA:


Comparecencias de personalidades y funcionarios de la Administración del Estado, al objeto de informar sobre temas relativos al proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021. (Número de expediente 121/000035):


- Del señor gobernador del Banco de España (Hernández de Cos). A solicitud de los grupos parlamentarios Ciudadanos (número de expediente 212/000826); Plural (número de expediente 212/000939); VOX (número de expediente 212/000646);
Popular en el Congreso (número de expediente 212/000543); Socialista y Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común (número de expediente 212/000834) ... (Página2)


- De la señora secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos (Gualda Romero). A solicitud de los grupos parlamentarios Ciudadanos (número de expediente 212/000829); Plural (número de expediente 212/000942); VOX (número de expediente
212/000683); Popular en el Congreso (número de expediente 212/000565); Socialista y Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común (número de expediente 212/000852) ... (Página34)


- De la señora secretaria de Estado de Hacienda (Bardón Rafael). A solicitud de los grupos parlamentarios Ciudadanos (número de expediente 212/000827); Plural (número de expediente 212/000941); VOX (número de expediente 212/000692);
Popular en el Congreso (número de expediente 212/000564); Socialista y Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común (número de expediente 212/000850) ... (Página52)

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- Del señor secretario de Estado de la Seguridad Social y Pensiones (Arroyo San José). A solicitud de los grupos parlamentarios Ciudadanos (números de expediente 212/000795 y 212/000798); Plural (número de expediente 212/000962); VOX
(número de expediente 212/000687); Popular en el Congreso (número de expediente 212/000629); Socialista y Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común (número de expediente 212/000919) ... (Página72)


- De la señora secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la empresa (De la Cueva Fernández). A solicitud de los grupos parlamentarios Plural (número de expediente 212/000947); VOX (números de expediente 212/000685 y 212/000637); Popular
en el Congreso (número de expediente 212/000536); Socialista y Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común número de expediente 212/000897) ... (Página90)


- Del señor secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales (Sánchez Sánchez). A solicitud de los grupos parlamentarios Ciudadanos (número de expediente 212/000764); VOX (número de expediente 212/000671); Popular
en el Congreso (número de expediente 212/000541); Socialista y Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común (número de expediente 212/000900) ... (Página105)


- De la señora secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial (Artigas Brugal). A solicitud de los grupos parlamentarios Ciudadanos (número de expediente 212/000762); Plural (número de expediente 212/000948); VOX (número
de expediente 212/000669); Popular en el Congreso (número de expediente 212/000539); Socialista y Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común (número de expediente 212/000899) ... (Página116)


Se abre la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana.


COMPARECENCIAS DE PERSONALIDADES Y FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, AL OBJETO DE INFORMAR SOBRE TEMAS RELATIVOS AL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2021. (Número de expediente 121/000035).


- DEL SEÑOR GOBERNADOR DEL BANCO DE ESPAÑA (HERNÁNDEZ DE COS). A SOLICITUD DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS CIUDADANOS (número de expediente 212/000826); PLURAL (número de expediente 212/000939); VOX (número de expediente 212/000646);
POPULAR EN EL CONGRESO (número de expediente 212/000543); SOCIALISTA Y CONFEDERAL DE UNIDAS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-GALICIA EN COMÚN (número de expediente 212/000834).


La señora PRESIDENTA: Buenos días a todos y a todas.


Vamos a empezar con las primeras comparecencias de la Comisión de Presupuestos.


Antes de empezar, quiero trasladarles alguna información básica y algunos temas de interés. Por un lado, se ha presentado un escrito a la Mesa. Por lo tanto, por no hacer ahora una interrupción, vamos a convocar reunión de Mesa y
portavoces seguramente entre esta comparecencia y la siguiente, de tal manera que no interrumpamos la jornada de comparecencias.


Por otro lado, en cuanto a los tiempos de intervención, estábamos comentando que, dado el número de grupos que van a intervenir, cada portavoz lo hará por un tiempo de diez minutos. Agradecería que dijerais los nombres de los portavoces que
van a intervenir por los diferentes grupos para que podamos ordenar adecuadamente las intervenciones. Esas dos cuestiones quedan comentadas.


El señor PÍRIZ MAYA: Por el artículo 72, una observación del Reglamento.


La señora PRESIDENTA: A ver.


El señor PÍRIZ MAYA: Se ha registrado en la Comisión, con fecha de ayer, un escrito dirigido a la Comisión, firmado por más del 25 % de los miembros de la Comisión.

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La señora PRESIDENTA: Es lo que he comentado al principio.


El señor PÍRIZ MAYA: Sí, pero es que solicitamos la incorporación al orden del día de un punto que creemos que se tiene que debatir de forma previa a la celebración de la Comisión.


La señora PRESIDENTA: Creo que el hecho de que se debata después de la comparecencia del gobernador, solo por deferencia, no supone ningún cambio esencial respecto a...


El señor PÍRIZ MAYA: Pero ha hablado de Mesa y portavoces. Nosotros creemos que es un tema que debe debatirse en Comisión, no en Mesa y portavoces.


La señora PRESIDENTA: Vamos a convocar Mesa y portavoces después de la comparecencia del gobernador y ahí discutiremos el escrito que se ha presentado.


Terminada esta breve introducción, empiezo por dar la bienvenida al gobernador del Banco de España, don Pablo Hernández de Cos, agradecerle su intervención y, sin más, darle la palabra.


El señor GOBERNADOR DEL BANCO DE ESPAÑA (Hernández de Cos): Muchísimas gracias, presidenta. Muy buenos días a todos.


Comparezco en esta Comisión en el marco del proceso de discusión de los Presupuestos Generales del Estado y de la Seguridad Social para el año 2021, unos presupuestos que, en mi opinión, deben tener como principal objetivo facilitar la
recuperación de la economía española en los próximos trimestres y mitigar el impacto tan abrupto que está teniendo la crisis generada por el COVID.


Voy a estructurar mi presentación. Voy a usar, como es habitual, una presentación que trata de ilustrar algunos de los puntos que quiero enfatizar y la voy a estructurar en torno a tres grandes cuestiones. Por una parte, voy a tratar de
describir cuál es el contexto macroeconómico en el que nos encontramos sobre la base de las previsiones macroeconómicas del Banco de España y, por supuesto, actualizadas, en la medida de lo posible, con la evolución más reciente de los últimos dos
meses o mes y medio desde su publicación. Esto me permitirá, en primer lugar, valorar el cuadro macroeconómico en el que habitualmente se enmarcan los Presupuestos Generales del Estado, que, por supuesto, es muy importante para el propio desarrollo
de los presupuestos y para su comprensión. En segundo lugar, ofreceré mi visión acerca de los principales aspectos del proyecto de presupuestos para 2021 en torno a tres grandes cuestiones: la composición en términos de ingresos y gastos, el tono
de la política fiscal y los riesgos para el cumplimiento del objetivo de déficit público. Y por último, dedicaré la tercera parte de mi intervención a exponer los retos más importantes que la política fiscal de nuestro país tiene en el medio plazo.
Creo que este es un punto muy importante, como he tratado de enfatizar prácticamente desde el mes de abril. A pesar de que creo que todos estamos de acuerdo en que la expansión fiscal es necesaria, también es importante tener en cuenta una visión
de medio plazo que ayude a anclar las perspectivas de la política presupuestaria en ese medio plazo.


Empezando por la situación macroeconómica y con la evolución del entorno exterior de la economía española, como expuse a principios del mes de octubre en la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital, la pandemia ha provocado
una disrupción sin precedentes en las dinámicas económicas y sociales, tanto a nivel nacional como a nivel mundial. En la primera parte del año la crisis sanitaria y las medidas que se desplegaron para contenerla causaron en todo el mundo una
profunda recesión. El punto álgido de esa recesión fue la primavera. Con posterioridad, se ha abierto una senda de recuperación, que, no obstante, quiero caracterizar, como siempre -mantengo estas características de la situación actual-, como
incompleta, pues, a pesar de los repuntes observados en los últimos meses en el crecimiento, los niveles de actividad y de empleo siguen siendo significativamente más bajos que los previos a la pandemia. Además, es una senda de recuperación
desigual por países, por sectores y por grupos poblacionales. No afectó, por supuesto, el confinamiento ni las medidas de contención ni tampoco la recuperación está siendo equilibrada en esas distintas dimensiones. Y también es una recuperación
muy frágil, como hemos podido comprobar en las últimas semanas, dado que, ante la falta de una solución médica efectiva para el virus, la intensidad de la senda de recuperación está sometida, por supuesto, a la propia evolución de la pandemia y a la
necesidad de medidas de restricción que se están adoptando en todo el mundo.


Una forma de ilustrar cuál es el impacto macroeconómico de la pandemia es utilizar las previsiones del Fondo Monetario Internacional que tienen ilustradas en esta transparencia; las últimas publicadas por el fondo se realizaron en el mes de
octubre. (Apoya su intervención en un powerpoint). El escenario

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central de estas previsiones apunta a una caída del PIB del 4,4 % en 2020, tras un crecimiento en 2019 del 2,8 %, una contracción que está siendo más intensa en el conjunto de las economías avanzadas, destacando la economía del área del
euro. Enfatizo esto porque el área del euro es donde nos encontramos y condiciona, por supuesto, la actividad de la economía española con particular intensidad. Para 2021 esta institución internacional espera que la actividad se recupere con
relativa fuerza en la práctica totalidad de las economías, lo que implicaría un crecimiento del 5,2 % a nivel global, de acuerdo con esas previsiones, aunque también hay que tener en cuenta que estas previsiones están realizadas antes de los
desarrollos más recientes de la pandemia, que, como todos sabemos, han sido negativos. También me gustaría enfatizar que, a pesar de esta recuperación, el nivel de PIB que se alcanzaría en 2021, de acuerdo con estas previsiones, se situaría
claramente por debajo del registrado en 2019.


En el área del euro, como decía, esta jurisdicción ha sido de las más afectadas. La contracción de la actividad económica ha sido generalizada en lo que va de año y, a pesar de la recuperación de los meses de verano, tras la relajación de
las medidas de confinamiento, el nivel del PIB del área del euro, por ejemplo, utilizando los datos más recientes, se sitúa en el último trimestre del año todavía un 4,3 % por debajo del último trimestre de 2019. Por países, como todos sabemos,
también ha habido, como decía antes, una elevada heterogeneidad de las cuatro economías de mayor tamaño del área. La pérdida de producto, con esta métrica que acabo de utilizar, fue más pronunciada en el caso España -un 9,1 %- mientras que Italia,
Francia y Alemania se encuentran con caídas acumuladas en torno al 4,5 o 4,1 %. Como decía, también persiste una elevada incertidumbre sobre la intensidad de la recuperación en los últimos meses del año, dado los desarrollos recientes de la
pandemia en Europa. En este sentido, la puesta en marcha generalizada de nuevas medidas de contención de la crisis sanitaria podría llevar a una ralentización significativa del ritmo de expansión de la actividad en los próximos trimestres e incluso
podría llevar a una contracción en el cuarto trimestre, al menos en algunos países o sectores. Para el conjunto del año, las últimas previsiones del Banco Central Europeo -están ilustradas en el gráfico de la derecha de esta transparencia- para el
escenario base arrojan una disminución del PIB en torno al 8 % para 2020, seguida de un aumento del 5 % en 2021. En el escenario más severo, la contracción estimada para este año se situaría en el 10 %, 2 puntos más elevada que en el escenario
base, y la recuperación también sería mucho más lenta en 2021, en torno al 0,5 % de crecimiento del PIB real en el área del euro frente al 5 % del escenario base.


Entrando en la economía española, como decía, el impacto de la pandemia sobre la actividad ha sido particularmente acusado en nuestro país -lo sabemos-, mucho más intenso que en otros episodios recesivos, como se ilustra perfectamente en la
comparación de las distintas crisis económicas acontecidas en las últimas décadas en el gráfico de la derecha, caídas intertrimestrales en el primer trimestre de más del 5 % y de más del 17 % en el segundo trimestre. Con posterioridad, según los
últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística, sabemos que en el tercer trimestre el PIB se habría recuperado en torno a un 16,7 %. En todo caso, como decía también antes, es importante tener en cuenta que el PIB de nuestra
economía en el tercer trimestre aún se encuentra casi un 9 % por debajo del registrado en el mismo periodo del año anterior y ahora también cerca de un 9 % inferior al alcanzado a finales de 2019.


Más allá del PIB, sabemos que la pandemia está teniendo consecuencias muy negativas sobre las distintas variables y aquí me gustaría enfatizar al menos cuatro de ellas. La primera, por supuesto, es el mercado laboral. Aquí, como siempre
desde el inicio de la crisis y como consecuencia de la puesta en marcha de los expedientes de regulación temporal de empleo, lo relevante desde el punto de vista económico es analizar lo que nosotros llamamos la serie de afiliación efectiva, que es
una variable que está construida descontando de las cifras de afiliados a la Seguridad Social a los trabajadores en situación de ERTE. Como pueden comprobar en el gráfico de la izquierda, estas cifras han ido mejorando gradualmente desde mayo,
cuando registró una caída interanual de casi el 21 %. En septiembre, sin embargo, se encontraba todavía en el 6,2 % de retroceso con respecto al mismo periodo del año anterior. La segunda característica de este impacto tan significativo de la
crisis tiene que ver, evidentemente, con las finanzas públicas y se ilustra en esta transparencia, en el gráfico de la derecha. El déficit de las administraciones públicas se situó en junio para el conjunto de las administraciones públicas en casi
el 7 % -6,9 %-, en términos acumulados de doce meses, más de 4 puntos por encima del nivel registrado en 2019. Esto, como pueden comprobar en el gráfico, se refleja tanto por una caída muy significativa de los ingresos como por un notable aumento
del gasto, del cual alrededor de un 70 % estaría directamente relacionado con el gasto de la pandemia.

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En la misma dirección apuntan los datos más recientes. Como saben, los datos mensuales excluyen a las corporaciones locales, que muestran un déficit público hasta agosto del 7,8 % del PIB en términos acumulados de doce meses, casi 5 puntos
porcentuales por encima del cierre de 2019, 4,9 para ser exactos. Otras dos características que me gustaría subrayar de esta evolución macroeconómica y del impacto de la crisis sobre la economía española tiene que ver con la elevada heterogeneidad
de los efectos que está teniendo por sectores, por empresas y, por supuesto, por grupos poblacionales. Una manera de ilustrarlos, en primer lugar, para la parte sectorial es recoger los datos de la EPA, que muestran que en el tercer trimestre las
caídas interanuales en la hostelería eran todavía de casi el 19,3 % y en las actividades artísticas de más del 9 %, mientras que otras ramas de servicios de mercado, como las actividades financieras, crecieron un 4,4 %, las actividades inmobiliarias
un 2,3 % y la información en las comunicaciones un 1,8 %. En grupos poblacionales también es muy importante subrayar esta heterogeneidad. A mí algunas cifras me parecen bastante elocuentes. Los asalariados temporales mostraron un descenso
interanual hasta el tercer trimestre del 13 %, lo cual contrasta con aquellos trabajadores con contrato indefinido, que disminuyeron solo un 0,8 %. Y también diría yo que particularmente relevante y preocupante es la caída entre los trabajadores
más jóvenes, aquellos que tienen entre 16 y 29 años, que disminuyeron casi un 13 % en el tercer trimestre, frente a la caída observada del 5,9 entre aquellos de edades intermedias e incluso un aumento del 1,4 entre los mayores de 45 años. Hay que
subrayar que la tasa de paro en el colectivo de jóvenes ha aumentado en 7 puntos porcentuales en relación con el tercer trimestre del año 2019, significativamente por encima del conjunto de la media nacional. También quizá es importante subrayar el
diferencial impacto por nivel educativo. El descenso del empleo de aquellos trabajadores con estudios bajos ha sido casi del 14 %, con datos hasta el tercer trimestre, mientras que se observó incluso un aumento interanual del empleo del 1,5 % entre
los ocupados de tipo alto. Creo que son cifras bastante elocuentes de la heterogeneidad y también de los potenciales efectos sobre la desigualdad que esta crisis puede estar generando.


Un cuarto aspecto que también me gustaría subrayar tiene que ver con la dinámica empresarial. ¿Qué está pasando con el sector empresarial? Hay distintas formas de ilustrarlo, pero quizá podemos recurrir al número de altas en los registros
de la Seguridad Social de las empresas, que se ha reducido muy sensiblemente desde el inicio de la crisis, con una disminución de casi 84 000 empresas entre finales de febrero y finales de septiembre, lo que supone un descenso de algo más del 6 % en
tasa interanual. Además, esta evidencia es coherente con los análisis desarrollados por el Banco de España, que apuntan a un incremento significativo de la vulnerabilidad financiera del sector empresarial español. En particular, publicamos el
último informe de estabilidad financiera hace solo unos días y en él se muestra cómo el porcentaje de empresas cuyo patrimonio neto es menor de la mitad de su deuda neta, que es una variable que trata de medir la vulnerabilidad financiera, se ha
elevado desde menos de un 20 % antes de la irrupción de la pandemia hasta más de un 25 %. En algunos sectores los incrementos han sido muy significativos, en particular en el caso de las pymes y también del turismo y el ocio.


Estos son los mimbres y la información con los que el Banco de España publicó sus últimas previsiones macroeconómicas a mediados del mes de septiembre. En aquel momento, como consecuencia de la enorme incertidumbre que teníamos entonces y
que todavía tenemos, el banco decidió no solamente publicar un escenario, como hacemos habitualmente, sino publicar en este caso dos escenarios, cada uno de ellos con distintos supuestos sobre la evolución de la pandemia: uno más optimista, que es
el que denominamos escenario 1, y un escenario más pesimista en el que la evolución de la pandemia, las medidas de confinamiento y el deterioro de la actividad económica generado por estas medidas sería superior, que hemos denominado escenario 2.
Tratando de resumir estos escenarios, como se ilustra en esta transparencia, en el escenario 1 el PIB se contraería este año en algo más del 10 %, el 10,5 %, y un 12,6 % en el escenario 2. No se recuperarían los niveles de actividad previos a la
crisis en el escenario 1 antes de finales de 2022 y más tarde, por supuesto, en el escenario 2. Para que tengan una referencia, en el escenario 1 el nivel de PIB en el último trimestre de 2022 -es decir, en el final del horizonte de proyección- se
situaría todavía 2 puntos por debajo del nivel previo a la crisis; en el escenario 2, este nivel de PIB sería de 6 puntos por debajo del nivel previo a la crisis. Quizá también sea importante subrayar, aunque luego lo comentaré con más detalle
cuando valore el cuadro macroeconómico de los presupuestos, que en los dos escenarios el PIB crecería en 2021, pero evidentemente a tasas muy distintas en uno y en otro escenario. En el escenario 1, el más optimista, la tasa de crecimiento del PIB
se elevaría por encima del 7 % -7,3 %-, mientras que en el escenario 2 el crecimiento del PIB en 2021 sería solo ligeramente por encima del 4 %.

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El impacto de la pandemia sobre el PIB español, como decía antes, es muy superior al de otras economías. Esto ya lo hemos analizado en distintas comparecencias en el pasado y este elemento diferencial de la economía española tiene que ver,
como se puede comprobar en el gráfico, con una evolución de la pandemia más negativa que en la media de la zona euro, quizá también con unas medidas de confinamiento más estrictas -al menos en la primavera-, pero también quizá de manera muy
relevante con algunos aspectos estructurales de la economía española como son su elevada tasa de temporalidad, la estructura productiva por la que los sectores afectados por esta crisis tienen un mayor peso en nuestra economía y también la presencia
de pequeñas y medianas empresas en nuestro país, que son un porcentaje del tejido empresarial mayor que en otros países y que normalmente son más vulnerables a cualquier tipo de perturbación negativa.


Por cerrar este capítulo de la presentación de las previsiones del Banco de España, déjenme que haga una mención a cuál es la evolución prevista de la tasa de paro en esos dos escenarios, escenario 1 y escenario 2. En los dos casos
aumentaría muy significativamente la tasa de paro, como pueden comprobar en el gráfico de la izquierda, tanto en el escenario 1 como en el escenario 2, en 2020 y también en 2021. Solo se empezaría a reducir en el año 2022, pero en los dos casos
permanecería por encima del 18 % y sería de más del 20 % en el escenario 2. El efecto sobre las cuentas públicas que esperamos también es muy significativo, como pueden comprobar en el gráfico de la derecha. El déficit público se situaría en el
10,8 % del PIB en el escenario 1 y en más del 12 % en el escenario 2, para el año 2020. A pesar de que esta ratio se reduciría gradualmente en 2021 y en 2022, el déficit público aún permanecería al final del horizonte de proyección -en este caso,
2022- en cotas muy elevadas, más del 6 % en el escenario número 1 y más del 8 % en el escenario número 2. Por supuesto, las consecuencias sobre la deuda pública son evidentes. La ratio de deuda pública repuntaría muy significativamente en 2020,
entre 20 y 25 puntos porcentuales dependiendo del escenario considerado, y se situaría al final del horizonte de proyección, como pueden comprobar en esas barras del gráfico de la derecha, en el 118 % del PIB en el escenario 1 y en el 128 % en el
escenario 2. Quiero hacer una mención también al IPC, a los precios de consumo. Los escenarios representados en septiembre contemplaban que, tras la notable desaceleración registrada en los últimos meses, la tasa de inflación general se situaría
en terreno negativo en el promedio de 2020 y solo se elevaría de forma muy gradual en los dos próximos años hasta alcanzar entre el 1 y el 1,2 % en 2021 en cualquiera de los dos escenarios considerados, alrededor del 1 %. Evidentemente, esto se
apoyaría en la paulatina recuperación de la demanda agregada y en una cierta aceleración del componente energético de los precios.


Un punto que quería enfatizar es que estas son las previsiones del Banco de España publicadas en septiembre. Evidentemente, desde septiembre han sucedido cosas. No voy a tratar de actualizar las previsiones porque el Banco de España
publicará unas nuevas previsiones -en este caso, conjuntamente con los bancos centrales nacionales del eurosistema y el propio Banco Central Europeo- en el mes de diciembre, pero sí me gustaría dar alguna señal sobre hacia dónde podría ir esta
actualización. En primer lugar, creo que es de destacar que hemos conocido la semana pasada la tasa de crecimiento intertrimestral del tercer trimestre publicada por el INE, un 16,7 % intertrimestral. Esta tasa es la misma -una décima más alta- a
la prevista por el Banco de España en el escenario número 1, es decir, en el escenario más optimista, 16,6 frente al 16,7 % que se ha observado. Sin embargo, como señalaba con anterioridad, una amplia batería de indicadores -algunos de ellos se
muestran en esta transparencia- apuntaría a que a lo largo del tercer trimestre y, por supuesto, en lo que llevamos del cuarto la intensidad de esta recuperación habría ido perdiendo impulso. Esto está motivado, evidentemente, por el rápido
incremento en el número de contagios, como se ilustra en el gráfico de la izquierda. De alguna manera, si durante el tercer trimestre la actividad económica había logrado recuperarse de acuerdo con el escenario más benigno, el escenario número 1
descrito con anterioridad, la evolución de la enfermedad y las medidas de contención de las últimas semanas podrían asemejarse, en mayor medida en este momento, a los supuestos recogidos en el escenario 2. Este es uno de los principales mensajes
que querría trasladar.


Para tratar de ilustrar este punto, voy a dar algunas cifras. En el gráfico de la derecha, el índice de gestores de compras, un indicador cuya evolución habitualmente sirve como referencia adelantada del comportamiento futuro de la
economía, se redujo en nuestro país en agosto y septiembre, como pueden comprobar, después de una recuperación muy significativa. Se ha roto la senda alcista que había mantenido en los meses anteriores. Además, la mejoría que se venía observando
-ahora me paso al gráfico intermedio- desde finales del segundo trimestre en los indicadores diarios de movilidad -por ejemplo, de Google, de tráfico aéreo o de tráfico por autopistas- se ha detenido e incluso revertido en

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algún caso desde mediados de julio. Hoy se han conocido los datos de afiliación correspondientes al mes de octubre. Aunque no tengo los datos correspondientes a los ERTE y, por tanto, no puedo calcular de momento los datos de afiliación
efectiva, circunscribiéndome solamente a los datos que se han publicado hoy, los datos de afiliación mostrarían un cierto estancamiento. La tasa interanual se ha quedado en una caída del 2,3 % cuando hasta este momento íbamos progresivamente
recuperando tasas de crecimiento negativas pero cada vez menos negativas. En este caso, lo que hemos observado en octubre es un cierto estancamiento, aunque insisto en que todavía no está disponible la información en relación con la evolución de
los ERTE.


Por otra parte, en lo transcurrido del cuarto trimestre el deterioro de la evolución epidemiológica se ha intensificado en España y en la mayoría de los países de nuestro entorno. Esto es muy significativo porque ese es el entorno exterior
al que me estaba refiriendo antes y que es tan importante para una economía tan abierta como la economía española. Por tanto, parece plausible anticipar que la actividad económica en este tramo final de año y en los comienzos de 2021 mostrará un
menor dinamismo que el anticipado en el escenario más optimista y podría asemejarse más al del escenario más pesimista de los dos que he mencionado. También quizás es importante que la evolución de la inflación recientemente ha sorprendido
claramente a la baja. Esto es importante desde luego para la definición de algunos de los parámetros que se incluyen en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado. Se situó en tasa interanual en octubre en el menos 0,9 %, de acuerdo con el
indicador adelantado del IPC publicado por el INE la semana pasada, y esto nos llevaría a pensar que las tasas de inflación en los próximos trimestres también serían más bajas de las que publicamos o de las que anticipábamos en septiembre.


Además de todo esto, la valoración que hacemos en el Banco de España sobre los riesgos para la economía es que evidentemente el nivel de incertidumbre es muy elevado y los riesgos están claramente sesgados, orientados a la baja. En esta
transparencia he tratado de resumir algunos de los argumentos que se encuentran detrás de esta valoración de que los riesgos se encuentran a la baja. Lo más evidente es que esta valoración se deriva de la propia evolución epidemiológica de la
pandemia, sobre la que aún persisten considerables riesgos en relación con su evolución futura y, evidentemente, de materializarse estos riesgos lastrarían la recuperación sin que pudieran descartarse impactos muy acusados como consecuencia de
cambios abruptos, potencialmente no lineales, en las dinámicas de los mercados financieros e incluso en las dinámicas del sector financiero o en la confianza de los agentes. Este creo que es un punto importante. Normalmente en los efectos no hay
mucha evidencia empírica, porque afortunadamente no hemos sufrido en el pasado dobles desaceleraciones seguidas unas de otras, pero las dobles desaceleraciones pueden generar efectos negativos no lineales en relación con las primeras oleadas.


Al margen de las cuestiones relativas a la evolución de la pandemia, también subsisten algunas fuentes de incertidumbre importantes en el plano exterior. La más evidente es, claro está, la posibilidad de que las negociaciones sobre el
brexit concluyan sin un acuerdo al final del periodo transitorio. Esto sigue siendo un riesgo a día de hoy. Y otra fuente de incertidumbre adicional tiene que ver con la evolución futura de las relaciones comerciales entre EEUU y China.
Indudablemente, esta evolución estará muy condicionada por los resultados de las elecciones presidenciales celebradas ayer en Estados Unidos, que por supuesto todavía ni siquiera conocemos los resultados finales. En el ámbito doméstico, un factor
muy relevante al que le voy a dedicar un tiempo en la presentación de hoy tiene que ver con nuestra capacidad para movilizar y asignar eficientemente los fondos que se enmarcan en el programa Next Generation EU, de la Unión Europea. Aquí me
gustaría enfatizar que en el ejercicio de septiembre del Banco de España el impacto de este programa no se incorporó explícitamente, no estaba incorporado en esos números que he dado ni para el escenario 1 ni para el escenario 2, básicamente porque
en septiembre teníamos una enorme incertidumbre sobre las magnitudes que se iban a distribuir entre países y también sobre el grado de utilización de los mismos. No obstante, sí publicamos una pieza analítica en la que, bajo distintos supuestos, se
daban unas estimaciones de los impactos potenciales que podía tener el uso de estos fondos. Los resultados de ese análisis apuntaban a que el programa europeo, por el volumen potencial de recursos que permitiría movilizar, tiene sin duda el
potencial de convertirse en un importante elemento de apoyo de la recuperación e incluso, si se utiliza adecuadamente, del crecimiento potencial de la economía española. En este sentido, este programa, estos fondos suponen un riesgo al alza sobre
nuestras previsiones de septiembre que más adelante trataré de cuantificar.


Finalmente, me gustaría mencionar un factor, en esta línea de repaso de los riesgos para esos escenarios de crecimiento económico que publicamos en septiembre, que tiene que ver con la actuación

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de las políticas económicas. En el Banco de España hemos enfatizado desde el primer momento de esta crisis que la magnitud del impacto de la crisis sanitaria dependía crucialmente de la respuesta de política económica y hemos defendido una
respuesta muy enérgica tanto a nivel europeo en la política fiscal y prudencial macrofinanciera, y por supuesto de la política monetaria, que ha respondido claramente a estas necesidades, como también de la política doméstica, y hemos defendido
desde el primer momento que se requería una expansión fiscal probablemente sin precedentes en la historia económica. Este ha sido el caso a nivel global, a nivel europeo y a nivel doméstico. Lo que es importante en estos momentos, y esto va a
condicionar en buena medida hasta qué punto esta segunda ola va a tener efectos más o menos persistentes y profundos sobre el crecimiento económico, es que el tono de esta política fiscal tiene que seguir siendo claramente expansivo teniendo en
cuenta esas características que he mencionado antes de incertidumbre, pero también del carácter incompleto, del carácter desigual y sobre todo del carácter frágil de la recuperación que todavía tenemos. En este sentido -y este es un punto que
quiero enfatizar porque creo que es muy importante para entender la valoración que nosotros hacemos de estos presupuestos-, creo que el Gobierno, y el Parlamento por supuesto, deben estar preparados ante la eventualidad de que una materialización de
los riesgos de la evolución más desfavorable de la pandemia haga necesaria la introducción de medidas adicionales o una extensión o recalibración de las ya existentes.


Una segunda cuestión en relación con cómo debe ser la política económica desde nuestro punto de vista de aquí en adelante es que esta debe ser ahora evidentemente más selectiva. Como decía, y he tratado de subrayar a lo largo de la primera
parte de mi intervención, la crisis económica no está afectando a todos los sectores ni a todas las empresas, ni a todos los grupos poblacionales de la misma manera. Por tanto, es importante que se focalice esta ayuda pública en esos sectores,
empresas y grupos poblacionales más afectados. También creo que hay que dar un giro progresivo a los instrumentos con los que se realiza esta política económica en el sentido de que los recursos públicos han de reorientarse progresivamente hacia
aquellos usos o iniciativas que muestren una mayor capacidad para incrementar el potencial de crecimiento de la economía, lo que en particular insta a que la política presupuestaria favorezca y no obstaculice la necesaria reasignación de recursos -a
esto le dediqué bastante tiempo en mi comparecencia en la Comisión de Economía-, básicamente porque todos tenemos la sensación de que, por un lado, se están produciendo cambios estructurales como consecuencia de la pandemia y, además, al mismo
tiempo se están produciendo daños estructurales derivados de la pandemia que evidentemente hay que enfocar de la manera correcta.


Y, por último, creo que también es muy importante para tratar de complementar esta visión sobre la política presupuestaria -sobre lo que, en nuestra opinión, debe ser la política presupuestaria- introducir el componente de restricción
presupuestaria, que en el corto plazo significa que los incrementos del déficit deberían ser a través de instrumentos temporales, puramente temporales y no de carácter estructural, que aumenten la vulnerabilidad de las finanzas públicas en España,
que ya era significativamente más vulnerable que la de otros países tanto en términos de deuda como de déficit público. Y luego, como enfatizaré y llevo enfatizando en los últimos ocho meses, creo que, como decía también al principio de mi
intervención, es muy importante que nos anclemos en un plan presupuestario de medio plazo que dé credibilidad a la política económica. Luego entraré con más detalle en esta última cuestión.


Con este marco, con esta visión que tenemos en el Banco de España sobre la evolución macroeconómica y, sobre todo, la situación más reciente y los riesgos hacia delante, me permito ahora tratar de valorar el cuadro macroeconómico que enmarca
el proyecto de presupuestos que se ilustra en esta transparencia en sus números más importantes. Como saben, el cuadro macroeconómico de los presupuestos anticipa una caída del PIB real en España del 11,2 % en 2020, que iría seguida de un
crecimiento del 9,8 % en el año 2021. En el ámbito fiscal, este cuadro incorpora una corrección de 3,6 puntos porcentuales en el déficit público en el año 2021 frente a 2020, y el déficit público pasaría del 11,3 % al 7,7 %. Voy a centrarme en
tres aspectos que me parecen importantes de este cuadro macroeconómico. Primero, como siempre, hay que empezar analizando qué valoración tenemos sobre el cierre del año base, que en este caso es el año 2020. Si comparamos estas previsiones que
están en el cuadro macroeconómico tanto de déficit público como de crecimiento económico con las publicadas en el informe de proyecciones del Banco de España, vemos que, en el caso del PIB, por ejemplo, la magnitud del retroceso, ese 11,2 % que se
prevé, se encuentra relativamente centrada dentro del rango contemplado por los dos escenarios presentados en septiembre por el Banco de España. Lo mismo sucede con la previsión de déficit público; se puede comprobar perfectamente tanto en el
gráfico de la izquierda como en el gráfico de la derecha de esta transparencia. Por tanto, digamos que nos sentiríamos cómodos con

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esa previsión. Si se comparan las previsiones del Gobierno con las previsiones de otros analistas para estas mismas variables, que también se ilustran en el gráfico, por ejemplo tomando la información del consenso publicada a mediados del
mes pasado, el promedio de los analistas apunta a una contracción del PIB en torno al 12 % y un déficit público también en torno al 12 % para 2020, que son números ligeramente más negativos que los estimados por el Gobierno. Eso en cuanto al
ejercicio 2020.


En segundo lugar, en cuanto a la previsión de crecimiento económico en 2021, la previsión del 9,8 %, hay que subrayar, como detalla el informe económico financiero y también el libro amarillo de los presupuestos, que esta previsión incorpora
disponer de 27 000 millones de euros provenientes de los fondos europeos, es decir, alrededor de un 2,4 % del PIB del año 2020, lo que supondría un impacto positivo sobre la tasa de crecimiento del PIB en torno a 2,6 puntos porcentuales; el
multiplicador más o menos implícito está en torno al 1,2. Si se elimina el impacto de los fondos, y eso nos permite compararla con la previsión del Banco de España de septiembre, que, como he dicho antes, no incorporaba los fondos, la previsión del
presupuesto es del 7,2 %, que en este caso ya no está en la mitad del rango de los que he mencionado con anterioridad, sino que es prácticamente la misma que la del escenario más optimista de septiembre del Banco de España. Ahora bien, he tratado
de subrayar en la primera parte de la intervención, con el ánimo precisamente de estar en situación de valorar ahora la previsión de crecimiento del año 2021, que las previsiones del Banco de España de septiembre, las del escenario 1, son ahora, a
la luz de los desarrollos más recientes, optimistas, tienen sesgos claramente a la baja, y además existen riesgos claros, que he tratado de subrayar antes, de que esta previsión sea peor a la prevista entonces, de tal manera que se trasladaría esta
visión sobre la existencia de riesgos a la baja a la previsión de crecimiento del Gobierno.


Un punto muy importante, y este es el tercer aspecto en el que me gustaría concentrarme, tiene que ver precisamente con el uso de los fondos europeos y con el multiplicador que acabo de mencionar. En los dos casos podemos decir que el uso
de los fondos europeos y los multiplicadores incorporados en el proyecto de presupuestos parecen optimistas también a la luz de la evidencia histórica y de la evidencia empírica de que disponemos. En esta transparencia lo que se trata de ilustrar
es cuál ha sido la capacidad de movilización de los fondos europeos en el pasado por la economía española, por ejemplo, durante la vigencia de los siete años de los fondos estructurales europeos, y se ve que la tasa de absorción de la economía
española de los recursos disponibles nunca superó el 80 % y sobre todo en los primeros años este grado de ejecución era significativamente más bajo. Con lo cual, para el año 2021 esto pone en cuestión que el uso de los fondos vaya a ser tan
intensivo como el que se incorpora en el proyecto de presupuestos. La segunda consideración que también trata de ilustrar esta segunda transparencia tiene que ver con el valor del multiplicador, ese 1,2 que he mencionado con anterioridad, que
también se encuentra en el rango alto en relación con el promedio de la evidencia empírica de estos multiplicadores de la inversión pública observada en los últimos años, que ha estado en torno al 0,8. Por tanto, dos fuentes de riesgo adicionales;
he subrayado la del escenario sin fondos europeos como consecuencia de todos los argumentos que he utilizado para enfatizar los riesgos a la baja sobre nuestras propias previsiones macroeconómicas, al menos del escenario más optimista, que se
trasladarían también a ese escenario macroeconómico del Gobierno, y, por supuesto, los derivados tanto de la posibilidad de que el uso de los fondos no sea tan rápido en el año 2021 como el incorporado en los presupuestos, como de que el
multiplicador sea claramente más bajo, sobre todo en el primer año. Esto lo quiero enfatizar porque normalmente la ejecución de los proyectos de inversión pública tiene réditos que a veces superan incluso multiplicadores del 1, pero en el corto
plazo es difícil que estos se materialicen rápidamente. En definitiva, ¿cuál es nuestra visión? Nuestra visión es que el cuadro macroeconómico en el que se enmarcan los presupuestos está sujeto a riesgos a la baja derivados tanto de una posible
evolución de la pandemia que genere efectos más negativos sobre la actividad económica de los proyectados, como, de hecho, estamos experimentando en las últimas semanas en el mundo, como también de la dificultad de ejecutar a tiempo y en proyectos
de calidad los fondos asumidos derivados del programa europeo.


El último aspecto que querría destacar es que, derivados de estos riesgos en el cuadro macroeconómico, también existe un riesgo de desviación en cuanto a la previsión de déficit público, a la que luego me referiré con un poco más de detalle;
de la tasa de paro incorporada en los presupuestos, que es una variable también relevante a la hora de elaborar los Presupuestos Generales del Estado, y de la inflación, que de nuevo también es muy importante, como luego subrayaré. En cuanto a la
tasa de paro, mientras que en el cuadro macroeconómico del proyecto de presupuestos se espera una caída de 0,8 puntos porcentuales en 2021, los escenarios del Banco de España, tanto el escenario 1 como el escenario 2, prevén

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aumentos entre el 2,3 y 3,5 %, respectivamente. Es verdad que no incorporan los fondos europeos, como he subrayado en distintas ocasiones, pero una vez que incorpora el potencial impacto de estos fondos europeos también pensamos que existen
claros riesgos de una evolución más desfavorable de la tasa de paro que la que se incorpora en el proyecto de presupuestos. En cuanto a la inflación, como acabo de señalar, de nuevo las dinámicas de precios que hemos conocido hasta este momento nos
llevan a pensar que los escenarios, también el cuadro macroeconómico, tienen riesgos de que la evolución del IPC sea claramente más baja que la incorporada en esos presupuestos y que la previsión del Banco de España de septiembre.


Tras esta primera valoración del cuadro macroeconómico, en el que me he detenido ampliamente porque creo que es muy importante y que el Banco de España está en condiciones de hacer una valoración profunda del mismo, voy a entrar ahora en
valorar el contenido de las principales medidas de ingresos y gastos de los presupuestos, el tono general de la política fiscal -el tono más o menos expansivo del año 2021 a la luz de los comentarios que he hecho sobre cuál debería ser
normativamente ese tono- y la evolución esperada de la deuda pública. Un matiz importante de cara a que entiendan bien los números que voy a tratar de trasladar a partir de este momento es que no me voy a referir solamente al proyecto de
presupuestos, sino también al plan presupuestario que presentó el Gobierno hace ya algunas semanas, dado que el plan presupuestario incluye también los ingresos y gastos de comunidades autónomas y corporaciones locales. En un país tan
descentralizado como España, si se quiere tener una visión completa y adecuada de la política presupuestaria es muy importante jugar con estos dos documentos. Voy a empezar, en primer lugar, con la parte de gasto público. El proyecto de
presupuestos prevé un aumento muy significativo del gasto total, un 24 %; en gasto primario, un crecimiento del 26 %, siempre con respecto al avance de liquidación de 2020. Voy a centrar mis comentarios sobre el gasto público en cuatro grandes
bloques. El primero, brevemente, de nuevo el programa NGEU, el programa de los fondos europeos. En segundo lugar, me voy a referir a aquellas partidas de gasto más directamente vinculadas a la gestión de la pandemia. En tercer lugar, voy a hacer
alguna mención a algunas medidas concretas de carácter discrecional que se incluyen en los presupuestos. Y, por último, me voy a referir a aquellas partidas cuya evolución depende endógenamente, si me permiten la expresión, del propio cuadro
macroeconómico.


En primer lugar, en relación con el programa derivado de los fondos europeos, como decía, se han presupuestado aumentos muy significativos en ciertas partidas de gasto, que, en términos de comportamiento histórico de las mismas, suponen
incrementos anuales sin precedentes: inversiones reales del Estado, que aumentarían un 47 %, equivalente a 0,2 puntos de PIB; el gasto en investigación, desarrollo e innovación y en infraestructuras lo hace en un 70 %, alrededor de 0,4 puntos de
PIB, y en 52 %, 0,3 puntos de PIB, respectivamente -todo ello con respecto a lo presupuestado en 2019 porque no tenemos la información, evidentemente, sobre un avance de liquidación de estas partidas-, mientras que el gasto en educación y sanidad
aumentaría en un 80 %, 0,2 puntos de PIB, y 71 %, 0,3 puntos de PIB, respectivamente. Ya he mencionado anteriormente que, dada la magnitud de estos incrementos y los posibles retrasos en su tramitación efectiva, existen ciertos riesgos de que estos
incrementos no puedan llegar a materializarse en su totalidad. Este es un punto que creo que es importante. En todo caso, independientemente de la cantidad de los fondos europeos que se movilicen el año próximo, quiero volver a insistir en la
importancia de la calidad en la gestión de los mismos. Como ya he mencionado, es fundamental que estos fondos se asignen a proyectos de inversión pública con un elevado efecto multiplicador no solamente de corto plazo, sino también sobre el
crecimiento potencial de la economía. Además, teniendo en cuenta el carácter temporal de los fondos europeos, creo que también es preciso subrayar que dichos recursos no se destinen a sufragar aumentos permanentes de gasto, pues ello no haría más
que aumentar nuestro ya elevado déficit estructural. Estos, sin duda, serán los aspectos clave -diría yo- a valorar en los próximos trimestres, a medida que se conozcan más detalles de los proyectos concretos que se beneficiarán del programa
europeo.


Mi segundo comentario se refiere a las previsiones del proyecto de presupuestos en relación con algunas partidas de gasto que se han visto muy afectadas por la pandemia en 2020. Por ejemplo, de acuerdo con las cifras del presupuesto, se
espera que el gasto en compras de bienes y servicios, rúbrica que incluye la adquisición de material sanitario, por ejemplo, retroceda un 2,5 % en 2021, después de registrar un aumento del 14 % en 2020. En el mismo sentido, también se prevé que el
gasto en desempleo -partida que, entre otros factores, se ve muy afectada por la activación de los ERTE, que he mencionado con anterioridad- retroceda un 36 % en 2020. A este respecto quería subrayar que, en la medida en que

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la evolución epidemiológica de la pandemia plantea en estos momentos evidentes riesgos sobre la marcha de la economía, es posible que el gasto en estas partidas no pueda llegar a reducirse tanto como los propios presupuestos prevén, porque,
por ejemplo, se estime conveniente mantener los ERTE por un período de tiempo más prolongado que el inicialmente estimado. De nuevo, esto es un riesgo de desviación al alza en estas partidas que es difícil de cuantificar en este momento.


El tercer comentario que quería compartir con ustedes se refiere -como decía antes- a algunas medidas discrecionales de los presupuestos, y este punto es el que trata de ilustrar esta transparencia. En particular, los Presupuestos Generales
del Estado incluyen una propuesta de incremento de la retribución de los empleados públicos de un 0,9 % en 2021, que está en línea con la inflación prevista en los propios presupuestos para el año próximo, que se enmarca además en un conjunto de
propuestas que también incorporan un aumento de la misma magnitud en las pensiones contributivas, del 1,8 %, superior por tanto, en las pensiones mínimas y las pensiones no contributivas, y del 5 % en el indicador público de rentas de efectos
múltiples, el Iprem, que se usa -como saben todos ustedes- como referencia para la revalorización de las subvenciones, ayudas y subsidios de desempleo. Está claro -y todos los sabemos- que el salario de los empleados públicos y las pensiones son
dos de los asuntos más sensibles en materia presupuestaria y están muy presentes en el debate social. No obstante, querría subrayar algunos aspectos en este ámbito desde una perspectiva más puramente técnica. En primer lugar, como ya he
mencionado, en un entorno ya de por sí de escaso dinamismo de los precios los riesgos sobre las previsiones de inflación en el corto y medio plazo están claramente sesgados a la baja. Esto lo he tratado de dejar claro con anterioridad. En este
contexto, como de hecho ya ha sucedido o va a suceder en 2020, en que se ha producido una indiciación de pensiones y erario público del 0,9 %, que superará claramente la inflación observada, que acabará, de acuerdo con las previsiones de septiembre
del Banco de España, con un promedio para el año de una caída del 0,3 %, la propuesta de incremento de los salarios públicos y de las pensiones contempladas en el proyecto de presupuestos podrían redundar, si se materializan esos riesgos que he
tratado de enfatizar, en un aumento de las compensaciones reales de estos colectivos en una coyuntura que, al mismo tiempo, se contextualiza en una importante destrucción de empleo en el conjunto de la economía y un deterioro muy acusado, sin
precedentes, en las cuentas públicas. En este contexto, en mi opinión, sería más conveniente que, en lugar de adoptar incrementos salariales generalizados para los trabajadores públicos, que podrían llevar a incrementos reales ex post, también para
el caso de las pensiones, se valorase, al menos en el caso de los incrementos salariales, la posibilidad de implementar incrementos más focalizados dentro del colectivo de funcionarios, como por ejemplo podría ser el caso del personal sanitario. Yo
creo que esto evitaría que estos incrementos de salarios reales generaran un incremento indudable del déficit estructural, que añadiría dificultades a las vulnerabilidades de las cuentas públicas que ya en este momento tenemos.


Por último, querría comentar muy brevemente las previsiones que el proyecto de presupuestos generales del Estado tiene sobre algunas partidas de gasto relevantes, cuya evolución depende del propio cuadro macroeconómico, o sobre otros
factores puramente exógenos como, por ejemplo, los demográficos, que afectan indudablemente a partidas como intereses, en el primer caso, y a las pensiones en el segundo caso. Las previsiones que se contienen en los Presupuestos Generales del
Estado en estos casos, tanto para intereses como para pensiones, están muy en línea con las estimaciones que surgen de los modelos utilizados por el Banco de España, con lo cual en ese caso no vemos riesgos de desviación, salvo en el caso de las
prestaciones por desempleo en el caso de que la tasa de paro evolucionara claramente a peor que la previsión macroeconómica del Gobierno y, por tanto, llevado esto a las prestaciones por desempleo, creemos que no puede descartarse que la cifra de
gasto en prestaciones por desempleo de los presupuestos sufra desviaciones al alza significativas en relación a la cuantía presupuestada. Esto en cuanto a los gastos.


Pasando ahora a los ingresos, como saben todos ustedes -no voy a subrayarlo; en esta tabla se resumen algunas de las medidas más importantes-, el proyecto de presupuestos propone un conjunto amplio de cambios legislativos que están -como
digo- resumidos en esta transparencia y que no voy a detallar. Como en el caso de las partidas de gasto, mi valoración del capítulo de ingresos no va a profundizar -al menos en esta primera intervención- de forma individualizada en las distintas
medidas, sino que voy a tratar de ceñir mis comentarios en tres aspectos muy concretos, que son: su idoneidad en el tiempo, la orientación general de esos cambios impositivos y los riesgos en torno a su capacidad recaudatoria.

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En primer lugar, querría hacer una reflexión sobre la idoneidad del momento en el que se adoptan los cambios impositivos propuestos. Como acabo de señalar, hemos defendido en el Banco de España que, en respuesta a la pandemia, la política
fiscal debe proporcionar una respuesta muy decidida en el corto plazo para limitar los efectos adversos de la crisis sobre las empresas, los autónomos y los hogares, y evitar, por tanto, el potencial decrecimiento de la economía. Pues bien, en mi
opinión, la recuperación aún en curso -como he tratado también de subrayar- presenta evidentes síntomas de fragilidad y se encuentra sometida a considerables riesgos a la baja que no aconsejan un aumento generalizado de la presión fiscal en el corto
plazo. Por eso, en mi opinión, hubiera sido preferible retrasar la introducción de al menos algunas de estas figuras, las que podamos considerar que pudieran tener algún efecto más negativo en el corto plazo, hasta que nuestra recuperación
económica fuera algo más robusta.


En segundo lugar, en cuanto a los instrumentos sobre los que se hace pivotar el aumento impositivo proyectado, insisto -y volveré sobre esta cuestión al final- en la idea de que nuestro país necesita una reforma profunda e integral del
sistema tributario. Además, en muchos casos -este es el caso del impuesto sobre transacciones financieras o servicios digitales- es imprescindible, o muy deseable al menos, que estos ajustes se aborden de forma coordinada a nivel internacional para
maximizar su efecto recaudatorio y también para evitar distorsiones competitivas o la potencial deslocalización de bases impositivas. Volveré a referirme a esta cuestión más adelante, cuando analice los principales retos fiscales a los que se
enfrenta nuestra economía en el medio plazo.


Finalmente, y también en relación con esta evolución de los ingresos, me voy a referir a los posibles riesgos que existen sobre la materialización de los incrementos de recaudación y de evolución de los ingresos en general que se incorporan
en los presupuestos y que subyacen en esa previsión de ingresos. El crecimiento de los ingresos tributarios y por cotizaciones sociales se estima en los presupuestos en alrededor del 9 % en 2021 en términos presupuestarios, esto es importante.
Esta cifra refleja tanto la entrada en vigor de las medidas discrecionales que acabo de subrayar como el comportamiento previsto de las bases impositivas, cuya evolución depende fundamentalmente del contexto macroeconómico. En este sentido, son
tres los factores principales que condicionan la factibilidad de esta previsión y todos ellos están sometidos a una incertidumbre muy elevada. En primer lugar, la capacidad recaudatoria de las nuevas figuras impositivas, que en un contexto
macroeconómico tan complejo es muy difícil de estimar, esto hay que tenerlo claro, sobre todo porque en algunos casos no tenemos muchas referencias históricas o referencias internacionales. En segundo lugar, la sensibilidad de la recaudación a las
bases impositivas -la elasticidad, que llamamos los economistas-, que también es muy difícil de valorar con precisión en coyunturas como la actual. Y, en tercer lugar, la propia evolución del entorno macroeconómico en España y a escala global, que
-como he señalado anteriormente- se encuentra sujeto a importantes riesgos a la baja. De acuerdo con los análisis realizados por el Banco de España, los riesgos de desviación en el caso de los ingresos los vemos sobre todo derivados del último de
estos factores, que es el grado de dinamismo de la actividad del 2021, no tanto de la estimación del impacto recaudatorio de las medidas ni tampoco de la utilización de unas elasticidades distintas a las medias históricas, sino más bien de que el
cuadro macroeconómico podría ser más negativo del que inicialmente está previendo Gobierno en los presupuestos. Considerando conjuntamente todos los comentarios anteriores que he hecho tanto sobre la evolución potencial del gasto como de la
evolución potencial de los ingresos, cabe concluir que, desde nuestro punto de vista, por supuesto, existe un riesgo significativo de que el déficit público supere el año próximo su nivel de referencia del 7,7 % que se incorpora a los presupuestos.


En cuanto al tono de la política fiscal, es decir, el grado de expansión que se incorpora implícitamente en los números presupuestarios -como saben, esto se mide una manera solo aproximada porque no es una variable observable a través de la
variación del saldo estructural o del saldo estructural primario-, de acuerdo con la información contenida en el plan presupuestario, en este caso, el plan presupuestario del saldo estructural empeoraría desde un 4,1 % en 2019 a un 5,4 % en 2020 y a
un 6,3 % en 2021, por lo tanto, de acuerdo con estas estimaciones, el tono de la política fiscal sería expansivo en 1,4 puntos en 2020 y en 2021 en 0,8 puntos porcentuales. Solo me gustaría subrayar aquí que, en el caso del año 2021, el tono
expansivo se debería principalmente al impacto sobre el crecimiento del programa de los fondos europeos. Por lo tanto, en caso de materializarse algunos de los riesgos mencionados sobre el impacto de dicho programa, el tono expansivo de la política
fiscal en ese año podría acabar siendo menor, y este es un riesgo al que también se traslada ese potencial menor uso o menor capacidad de uso rápido de los fondos o de los multiplicadores, que podría derivar también en una orientación menos
expansiva de la que se incorpora implícitamente al menos inicialmente en los presupuestos.

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Quiero hacer un comentario sobre la ratio de deuda pública, cuya evolución prevista se ilustra en esta transparencia. El presupuesto prevé un incremento de hasta el 118,8 en 2020, que se reduciría luego ligeramente hasta el 117,4 en el
2021, y la descomposición de los aspectos que se encuentran detrás de este incremento lo tienen en la tabla de la derecha de esta transparencia, donde se ve que esta caída de 2021 se debería exclusivamente al intenso crecimiento del PIB nominal, que
se prevé para ese año, mientras que el comportamiento del déficit público todavía iría en la dirección de aumentar la deuda pública, como también los ajustes de flujo de fondo presionarían la ratio de deuda pública al alza.


De nuevo, teniendo en cuenta los riesgos que ya he señalado tanto sobre crecimiento del PIB en 2021 a la baja como sobre el nivel de déficit público en ese mismo año al alza, no sería descartable que la ratio de deuda pública mostrara un
comportamiento más negativo, más desfavorable, que el previsto en el proyecto de presupuestos, como se ilustra en el gráfico en el que los puntos amarillos y rojos son los distintos escenarios del Banco de España: los rojos son el escenario número
1, y los amarillos, que muestran una evolución más negativa de la ratio de deuda pública y mayores incrementos, serían el escenario número 2 que estaba relatando con anterioridad.


Para finalizar, me van a permitir ahora que dedique unos minutos de esta intervención a dar una visión más de medio plazo de la política presupuestaria. El grado de acuerdo que existe entre fuerzas políticas, agentes sociales y analistas
económicos acerca de la necesidad de que la política fiscal en el contexto actual siga teniendo un carácter eminentemente expansivo, que priorice el apoyo de las familias y de las empresas es muy elevado, y creo que nadie lo pone en duda. Es
evidente, también, que sabemos que el coste presupuestario de las actuaciones ahora desplegadas, más allá evidentemente del efecto de la propia crisis económica sobre las finanzas públicas, es también muy elevado. Por eso, en mi opinión, creo que
necesitamos, al igual que tenemos ese consenso sobre la actuación de corto plazo, un consenso sobre la necesidad de corregir de manera gradual esos desequilibrios fiscales una vez superada la crisis. Esto es importante. De hecho, como he subrayado
en otras ocasiones, la credibilidad de las políticas económicas de nuestro país se vería favorecida si, junto con los actuales presupuestos, se presentase un plan que fijara la pauta de reducción gradual de los desequilibrios fiscales tras la crisis
ancladas en las reglas fiscales europeas y nacionales y se describieran las acciones que se persigue adoptar en los años sucesivos para ello.


Aquí quería hacer un comentario que creo que es importante. Es evidente que el aumento de la vulnerabilidad de las finanzas públicas, derivado de ese incremento de la deuda pública que he mencionado con anterioridad, todavía no ha sido muy
visible. Y esto es así, en primer lugar, por la actuación de la política monetaria del Banco Central Europeo, que está contribuyendo de manera decisiva a mantener el coste de financiación de la deuda pública en particular, también de la deuda
privada, en niveles muy reducidos, y en segundo lugar, también porque los nuevos instrumentos europeos están ayudando por distintas vías a la financiación de los costes de la crisis. Además, el hecho de que los tipos de interés sean inferiores a
las tasas de crecimiento nominal del producto aumenta las posibilidades de expandir la deuda pública antes de que esta se encuentre en una situación peligrosa de una senda expansiva, pero creo que también es importante subrayar que existe el riesgo
de que el diferencial entre los tipos de interés nominales y la tasa de crecimiento nominal del producto deje en algún momento de ser negativa, en cuyo caso los efectos desfavorables sobre la dinámica de la ratio de deuda pública serían tanto
mayores cuanto mayor sea el nivel de deuda pública de partida, más allá de que la evidencia acerca de los efectos adversos del mantenimiento de niveles altos de deuda pública es abundante.


Un elevado endeudamiento de las administraciones públicas tiende a redundar en una disminución de la disponibilidad de financiación para el gasto privado, así como en un aumento de su coste, dificultando en último término la acumulación de
capital privado y entorpeciendo el crecimiento económico. Los altos niveles de deuda pública hacen que además aumente la propensión a experimentar episodios de vulnerabilidad financiera, nos hacen más vulnerables claramente, ya que las necesidades
de recursos a los mercados financieros son más elevados, como de hecho sucedió, por ejemplo, en la crisis financiera global y en la crisis de deuda soberana de la pasada crisis. Por otra parte, creo que también es importante enfatizar que niveles
de endeudamiento público elevados, niveles de déficit estructural elevados, también nos dejan con poco margen fiscal para que la política presupuestaria pueda ejercer un papel estabilizador que tan importante es, como estamos viendo precisamente en
esta crisis, en particular, en uniones monetarias como en la que se encuentra la economía española, en la que de momento esta política fiscal es el único instrumento a disposición de los países para hacer frente, por ejemplo, a perturbaciones de
carácter asimétrico.

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Todo este tipo de argumentos -algunos de ellos se tratan de ilustrar en este gráfico en el que se ven esas correlaciones positivas que se observaban, por ejemplo, en el año 2010 y en 2012, entre el coste al que debían financiarse los
distintos Estados del área del euro y su nivel de deuda pública en el gráfico de la izquierda y también en la correlación con el coste al que debía financiarse el sector privado, como se puede ver en el gráfico de la derecha- conjuntamente son los
que, desde mi punto de vista, subrayan la importancia de emprender sin dilación la elaboración, que no su ejecución, en este momento de un plan pormenorizado para la corrección progresiva de los desequilibrios presupuestarios, que se ejecutaría una
vez que se hayan superado las consecuencias de la pandemia sobre la economía. Lo que me parece importante es poder comunicar de forma anticipada ese plan, lo cual creo que sería muy útil para anclar la credibilidad de las políticas económicas de
nuestro país. Además, el diseño y comunicación de ese plan creíble de consolidación fiscal conllevaría importantes efectos positivos en la medida en que los agentes públicos y privados de nuestro país pudieran seguir financiándose a un coste más
reducido, alejando, por tanto, los escenarios desfavorables de vulnerabilidad financiera y potenciando en suma los efectos expansivos, los multiplicadores fiscales de las políticas que se están poniendo en marcha en respuesta a la pandemia.


¿Cuál es la magnitud del reto al que nos enfrentamos en términos de la ejecución de ese plan de ajuste de medio plazo? Evidentemente, un plan de consolidación debe partir del cálculo más o menos aproximado de la magnitud del déficit
estructural tras la crisis, también del nivel de deuda pública tras la crisis. Esto está sujeto, como todos sabemos, a un elevado nivel de incertidumbre, pero uno puede tratar de aproximarlo de algunas maneras. Primero, podemos tomar cuál era el
déficit público estructural de la economía española antes de la pandemia, y las estimaciones del Banco de España, por ejemplo, decían que este déficit estructural se situaba en torno del 3,1 %. Todos sabemos que algunos de los gastos que se están
produciendo como consecuencia de la pandemia tienen algún componente estructural, como ocurre, por ejemplo, en el caso del gasto sanitario. Creo que va a haber una demanda social de mayor gasto sanitario casi permanentemente en el futuro, con lo
cual aumentaría el déficit estructural. El nivel de deuda pública más elevado también generará, a pesar de que los tipos de interés son muy bajos, un incremento de la carga de intereses también de una manera bastante estructural, al menos hasta que
la dinámica se quiebre. Ha habido algunas decisiones que todos hemos alabado durante la crisis, como la incorporación del ingreso mínimo vital, que también supone unas necesidades de financiación adicionales y también aumentan ese déficit
estructural.


Y, por último, si tomamos, por ejemplo, las recomendaciones de la Comisión del Pacto de Toledo, se van a tomar algunas decisiones adicionales muy probablemente por el Parlamento, como es la vuelta a la indiciación de las pensiones con la
inflación, lo que de acuerdo con nuestras estimaciones generaría un incremento del gasto público en torno a 1 punto porcentual hasta 3 puntos porcentuales en cada una de las tres décadas posteriores. Todo ello lo que nos hace estimar con mucho
grado de incertidumbre, como digo, es un nivel de déficit estructural de salida de esta crisis que podría estar en el entorno de 5 puntos porcentuales del PIB. Esta es la magnitud del reto al que se enfrentan las finanzas públicas en nuestro país.


Si uno toma como ancla las reglas fiscales, por ejemplo, del Pacto de estabilidad y crecimiento, que permiten una distribución gradual de esos procesos de consolidación fiscal, el parámetro que normalmente se utiliza por el Pacto de
estabilidad y crecimiento cuando vuelva a entrar en aplicación -cuando uno se ha desviado de un déficit estructural cero- es tener un ajuste anual del entorno del 0,5 %. Si uno tiene ese punto de partida de los 5 puntos porcentuales, y tiene esa
necesidad de ajuste de 0,5 %, esto llevaría a un plan de ajuste que llevaría incluso a una década en esa división de 5 puntos porcentuales, porque ese 0,5 % anual da como resultado ese ajuste de una década.


Esto es lo que se trata de ilustrar en esta transparencia, cuáles son las consecuencias. Si se mantuviese una política fiscal neutral, es decir, en la que no hay ningún tipo de ajuste estructural y se mantuvieran las condiciones de tipo de
interés y crecimiento económico, que por supuesto están sujetas a riesgos, se lograrían solamente estabilizar los niveles de deuda pública en esos niveles tan elevados con las consecuencias negativas que he tratado de subrayar con anterioridad. Si
cumplimos esos parámetros de reducción gradual durante la próxima década, una vez que la pandemia haya finalizado, de 0,5 % de ajuste estructural anual, la evolución de la deuda pública que se puede proyectar de acuerdo con los modelos del Banco de
España es esa línea amarilla, de tal manera que podríamos encontrarnos a finales de 2036 en niveles de deuda pública significativamente parecidos a los que teníamos antes de esta crisis.

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Quizás el punto más importante que quería trasladar en relación con esta cuestión es que la complementariedad que existe entre ese plan de consolidación presupuestaria con las reformas estructurales a las cuales pueden ayudar de una manera
decisiva los fondos europeos, en términos tanto de alivio de la necesidad de consolidación como de aceleración, en su caso, de la caída de la deuda pública, son muy importantes. No voy a entrar en los detalles porque en la Comisión de
Reconstrucción, en la que participé y tuve la ocasión de intervenir en el mes de junio, hice un relato de lo que desde el punto de vista del Banco de Español es el contenido de esas reformas estructurales que lograrían aumentar el potencial de
crecimiento de la economía española. Aquí simplemente se ha tratado de ilustrar cómo esa combinación de ajuste presupuestario gradual con reformas estructurales llevaría a una dinámica de mayor caída de la deuda claramente en la próxima década. En
cualquier caso, como pueden comprobar también en el gráfico, hemos dibujado la dinámica de la deuda que teníamos proyectada antes de esta crisis económica, que es esa línea negra, y evidentemente las desviaciones que se van a producir como
consecuencia de la crisis tienen una persistencia muy significativa; incluso con estos programas de ajuste, el gap, la brecha que existe en el nivel de deuda pública que uno estima para horizontes, por ejemplo, del año 2036, que es el final que se
dibuja en este gráfico tras esta crisis y con anterioridad a esta crisis, siguen siendo muy significativos.


La pregunta evidentemente es cómo hacer este proceso de consolidación fiscal. A esto también me referí en la Comisión de Economía de una manera detallada en el mes de mayo. Creo que requiere una revisión de todos los capítulos de ingresos
y gastos. En el caso del gasto, creo que es preciso someter a una revisión exhaustiva los distintos capítulos a efectos de identificar aquellas áreas en las que existe margen para una mejora de la eficiencia como, de hecho, está haciendo la AIReF.
Estamos viendo cómo estos estudios de la AIReF están constatando que existen distintos ámbitos, como las políticas activas de empleo, las subvenciones o incluso los beneficios fiscales -cuyo documento de análisis se publicó recientemente-, gastos
hospitalarios e incluso incentivos a la contratación, en los que parece que existe margen claro para ganar en términos de eficiencia. Algunas de las recomendaciones, de hecho, de estas dos fases del proceso de revisión del gasto que se han llevado
a cabo por parte de la AIReF parece que han inspirado, creo yo, algunas de las medidas que se han incorporado en los presupuestos para 2021. Sin embargo, desde mi punto de vista creo que sería deseable que en el futuro estos análisis de la AIReF
sobre la eficiencia del gasto se tomen en consideración de una manera más sistemática a la hora de llevar a cabo el proceso de elaboración de las cuentas públicas y, en particular, que alguno de los aspectos más importantes en los que deberemos
centrar también nuestros esfuerzos en los próximos trimestres sea la mejora de la eficiencia de las administraciones públicas a través de su modernización y también de su digitalización. De nuevo, creo que los fondos pueden ser un instrumento muy
potente para este objetivo.


En cuanto a los ingresos, también creo que -como dije en la Comisión de Economía en mayo- se hace necesario revisar el sistema impositivo para conseguir que la recaudación obtenida a partir del mismo sea suficiente para la financiación del
gasto. La pandemia ha hecho que este principio de suficiencia recaudatoria haya hecho sin duda más exigente reducir el elevado nivel de deuda pública que, como he subrayado antes, nos está abocando a que, una vez decidido el nivel de gasto, el
nivel de imposición en los próximos años haya de ser tal que dé lugar a la consecución de superávits primarios, esto es, de volúmenes de ingreso que superen al nivel de gasto público. Como siempre digo, una primera aproximación para tratar de
reformar el sistema impositivo español es recurrir a la comparación internacional, y de esa comparación internacional lo primero que se deduce es evidentemente que el cociente entre la recaudación y el PIB es comparativamente más reducido en España,
como se puede comprobar en este gráfico, que en otros países de nuestro entorno. Cuando uno analiza la composición -y aquí se ilustra un resumen de la comparación de la estructura impositiva de España por figuras impositivas y por fuentes de
imposición frente al área euro y frente a la Unión Europea a Veintiocho-, básicamente vemos que España destaca por tener una recaudación por imposición indirecta, pero que incluye el IVA, los impuestos especiales y como caso particular de estos
últimos también los ambientales en menor medida.


En concreto, casi la mitad de la diferencia entre la recaudación impositiva total de España y la media aritmética del área del euro -gráfico de la izquierda de esta transparencia- se explica por la proporción más elevada de bienes y
servicios gravados a los tipos reducidos y superreducidos del IVA. Una parte muy importante de esta brecha se explica también adicionalmente por el menor nivel de la imposición medioambiental, que es el resultado sobre todo de la baja tributación
de los hidrocarburos, y algunas de las medidas incorporadas en los presupuestos van en la línea de tratar de reducir esta brecha. Dentro de la imposición directa, la recaudación por el impuesto sobre sociedades es también más reducida en

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nuestro país. Cuando se consideran conjuntamente la imposición sobre la renta de las personas físicas y las cotizaciones sociales, su contribución a la brecha recaudatoria con el área del euro, por el contrario, es aproximadamente nula; es
decir, los principales gaps se encuentran en imposición indirecta sobre todo y también en imposición sobre sociedades.


Además, un punto importante que también ha puesto de manifiesto el proceso de revisión del gasto público acometido por la AIReF es que existe un amplio margen para reconsiderar que un rasgo característico del sistema tributario español
frente al de otros países es su nivel de beneficios fiscales, que es particularmente elevado. Estos beneficios se materializan en la existencia de un amplio conjunto de reducciones de tipos impositivos y exenciones; deducciones que en último
término redundan en cuantiosas disminuciones de la recaudación y en la introducción también de distorsiones que dañan los principios de eficiencia y equidad que debe tener cualquier sistema tributario.


Me van a permitir una última reflexión, breve, porque también estuve de una manera extensa comentando nuestra visión -la del Banco de España- sobre el sistema de pensiones en la Comisión del Pacto de Toledo, pero evidentemente en esta visión
de largo plazo no podía dejar de hacer alguna mención a esta cuestión. Está claro y el problema lo tenemos bien identificado: la tasa de dependencia, de acuerdo con las previsiones demográficas que tenemos disponibles, va a aumentar de una manera
muy significativa en los próximos treinta o cuarenta años y esto va a generar una presión al alza sobre partidas como el gasto en pensiones, gasto en sanidad y gastos en cuidado de los mayores. En el caso del sistema de pensiones -todos lo
sabemos-, se han registrado déficits recurrentes en los últimos años y para afrontarlos las recomendaciones recientes de la Comisión del Pacto de Toledo tienden a enfatizar que actualmente la Seguridad Social soporta cargas que no le corresponden,
por lo que se propone la traslación de estas cargas al Estado y además la AIReF también propuso transferir partes de las cotizaciones sociales destinadas al Servicio Público de Empleo Estatal a la Seguridad Social. Está claro que estas medidas, si
se calibran adecuadamente, podrían reducir e incluso eliminar completamente el déficit de la Seguridad Social, pero, evidentemente, también estaríamos trasladando ese déficit al Estado. En todo caso, incluso aunque lográramos colocar el déficit de
la Seguridad Social en cero como consecuencia de esas medidas, si como consecuencia de algo que ya he mencionado, que es la indiciación de las pensiones de nuevo al IPC, como parece que es el consenso de esta Cámara, eso generaría, de acuerdo con
las estimaciones disponibles, incrementos del gasto público en pensiones también significativos en los próximos años en el entorno de 3 puntos porcentuales, como decía antes, en las tres próximas décadas. Por lo tanto, el mensaje que hay que
trasladar es que evidentemente afrontar estas presiones del envejecimiento poblacional requeriría aumentar los recursos del sistema o admitir reducciones alternativas de la tasa de beneficio o incrementos adicionales de la edad efectiva de
jubilación. Las decisiones concretas sobre esta materia deben adoptarse en el ámbito político, de forma que se ponderen adecuadamente las diversas preferencias de nuestra sociedad sobre el nivel de las pensiones y los recursos necesarios para
financiarlas, pero un punto que me parece importante en este sentido ha de ser que la reforma que llegue a implementarse descanse sobre un incremento de la trasparencia acerca de los niveles de prestaciones del sistema público de pensiones, de tal
manera que los agentes pueden anticipar cuáles van a ser esos niveles y puedan, en la medida de sus posibilidades, tomar sus decisiones de trabajo o ahorro o también el momento de jubilación con el conjunto de información más amplio posible.


Presidenta, creo que con esto voy a concluir, simplemente tratando de resumir muy brevemente cuáles son algunos de los principales mensajes que quería trasladar a la Cámara en esta comparecencia. El contexto macroeconómico en el que el
proyecto de presupuestos ha sido elaborado es, como todos sabemos y como he tratado de ilustrar, muy complicado, muy incierto, lleno de incertidumbre. Las perspectivas de la evolución de la actividad y el empleo que se dibujan en el proyecto están
sometidas a importantes riesgos, por tanto, a la baja. En esta situación tan compleja la política presupuestaria ha de seguir contrarrestando la evolución macroeconómica desfavorable, lo que en caso de materialización de algunos de los riesgos a la
baja incluye, desde mi punto de vista, la necesidad de permitir el libre juego de los estabilizadores automáticos que tiene el presupuesto e incluso la posibilidad de añadir nuevas medidas discrecionales, si es que fuera necesario. En paralelo creo
que es muy importante que las medidas discrecionales en este contexto sean lo más focalizadas posible en los grupos de población y en las empresas más afectadas por los efectos negativos de la pandemia, que tengan un carácter temporal para evitar
deterioros adicionales del déficit estructural y que se dirijan también a aquellas partidas de gasto público que tengan un mayor impacto sobre el crecimiento potencial de largo plazo de la economía.

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En particular también he tratado de subrayar que los proyectos llevados a cabo bajo el paraguas de los fondos europeos han de contribuir al sostenimiento de la actividad en el corto plazo, por supuesto, pero a la vez los criterios que guíen
la selección de los proyectos deben basarse de modo exclusivo en la maximización de sus efectos sobre el crecimiento de largo plazo, incluida, por cierto, como he tratado también de enfatizar en distintas ocasiones, la posibilidad de que ayuden a
financiar reformas estructurales que sabemos que en algunos casos tienen costes de transición, como pudiera ser por ejemplo eventualmente la introducción del concepto de mochila austriaca para resolver el problema de la dualidad del mercado de
trabajo español que tantas consecuencias negativas tiene sobre el crecimiento económico y sobre la desigualdad.


Por último, la necesidad de utilizar activamente la política presupuestaria, que es algo que he tratado de subrayar, no debe hacernos olvidar que las finanzas públicas españolas emergerán de este periodo con un deterioro muy significativo.
Por eso creo que es perentorio diseñar a la mayor brevedad posible un plan detallado de consolidación presupuestaria a medio plazo que se ejecute tan pronto se supere la pandemia y que, al reducir la vulnerabilidad financiera de la economía, ayude a
colocar la actividad y el empleo en una senda de crecimiento sostenido y permita aliviar también los costes de la crisis sobre los grupos poblacionales más afectados por la misma.


Junto con la definición de los objetivos anuales concretos para la reducción del déficit público estructural, el programa presupuestario de medio plazo debe definir las medidas específicas que permitan alcanzar tales objetivos, y un elemento
crucial de la elaboración de este programa debe ser, desde mi punto de vista, un examen exhaustivo de la estructura de ingresos y gastos, redefiniéndola en función de la contribución de cada una de sus distintas categorías al crecimiento de largo
plazo de la actividad y el empleo, lo que puede además conllevar la introducción de mecanismos compensatorios para aquellos segmentos de la población de menores rentas que pudieran experimentar algún perjuicio como consecuencia de las reformas
llevadas a este efecto. Con esto, presidenta, acabaría mi contribución.


Gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias por su extensa y completa exposición.


Pasamos a los diferentes portavoces de los grupos parlamentarios. Como veo que no hay nadie del Grupo Mixto ni del Grupo EH Bildu ni del Grupo Vasco, tiene la palabra la representante de Ciudadanos, señora Muñoz.


La señora MUÑOZ VIDAL: Gracias, presidenta.


Gobernador, muchísimas gracias por su comparecencia hoy aquí. La verdad es que creo que es la tercera o la cuarta en las últimas -no diría muchos meses- semanas, y cierto es que cada vez que usted viene arroja una luz sobre la incertidumbre
y las dudas que acechan a nuestra economía y que muchas veces también ciegan el trabajo de esta Comisión o de estos diputados, entre los que me incluyo, que tratan de hacer lo mejor posible su trabajo. Le felicito nuevamente por su clara
explicación y quiero dejar constancia aquí de que nadie podrá decir nunca que no se podía saber y que no estábamos advertidos.


Estos presupuestos, por parte ya de mi grupo parlamentario, son unos presupuestos que nosotros nunca habríamos elaborado y tampoco habríamos presentado. Son unos presupuestos que al Grupo Parlamentario Ciudadanos no le gustan. No nos
gustan porque están pegados al ciclo, porque hay muchas partidas para financiar gastos corrientes, pero no piensan en invertir en el futuro con efectos multiplicadores -como usted muy bien ha señalado-, porque son tentativos y porque con esa
incertidumbre de la pandemia -esa es una de las conclusiones que sí compartimos- no sabemos si los presupuestos serán suficientes o no. Por eso mismo creemos que en la elaboración de unos presupuestos ante tanta incertidumbre y ante tantos riesgos
uno debe ser, no sé si escrupuloso, pero sí muy riguroso. Tampoco -no nos vamos a engañar- a Ciudadanos le gusta el Gobierno que ha elaborado estos presupuestos. Ya intentamos que no se formara en el mes de enero a través de aquella vía 221, pero
somos un partido responsable y vamos a intentar trabajar por mejorar estas cuentas públicas en la medida de nuestras posibilidades, en la medida de nuestro alcance, para que sean lo mejor posibles para los españoles y para el futuro de nuestro país.


Efectivamente, entre las partidas que el propio Gobierno ha destacado como los mayores logros de estas cuentas encontramos, como usted muy bien ha señalado, muchas partidas que suponen un aumento sin precedentes en gastos. Pero llama la
atención que gran parte del aumento de esas partidas va a engrosar los gastos corrientes. Medidas como la subida del Iprem, la aprobación del ingreso mínimo vital, el aumento de la cuantía de las pensiones derivado del aumento del número de
perceptores y las cuantías

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recibidas o el aumento del sueldo de los empleados públicos, entre otros ejemplos, suponen un aumento que podríamos considerar estructural en nuestros presupuestos y que irán repitiéndose en el futuro. Usted ha señalado -y compartimos
plenamente- que necesitamos medidas expansivas del gasto para atajar temporalmente los problemas que está causando esta crisis en la población más vulnerable, en los más necesitados, pero estos presupuestos no deberían comprometer ingresos futuros
que pueden poner en entredicho nuestra credibilidad económica, pero también endeudar a generaciones futuras.


Los datos proporcionados por el Gobierno sobre el cierre de déficit y deuda del año 2021 nos generan muchas dudas. Si bien es cierto que los datos de crecimiento del tercer trimestre han mostrado una recuperación más pronunciada que las
previsiones de los principales analistas, nosotros compartimos también su visión, la visión del Banco de España. Consideramos que en el actual entorno de incertidumbre, sobre todo debido a la pandemia, es más razonable que se cumpla el escenario
más pesimista, el más negativo de las previsiones. Si normalmente en los debates presupuestarios se ponen de relieve los riesgos del cuadro macro que presenta el Gobierno y las previsiones de ingresos y gastos, ahora más que nunca, en esta
situación, en este contexto, esta incertidumbre puede hacer que este borrador de presupuestos que ha presentado el Gobierno quede ya desfasado debido a la rapidez, entre otras cosas, de la evolución de la crisis sanitaria.


Por la parte de los ingresos, el Gobierno prevé disponer para 2021 de unos ingresos equivalentes a 320 000 millones de euros, de los que la mayor parte procederán de impuestos directos, como renta y sociedades, y de cotizaciones sociales.
Estos presupuestos se han elaborado con un mapa macroeconómico de crecimiento de en torno al 10 % y, como usted también ha dicho, uno de los riesgos es que esta subida impositiva no llegue a efectuarse porque no hay una suficiente recuperación
económica y de la actividad para esa recaudación prevista en estos presupuestos.


El resto de partidas por políticas también se incrementan notablemente, incluso sin contar con los fondos europeos. En este punto nuestra preocupación, como he dicho al principio, es que el Gobierno esté siendo demasiado optimista con las
rentas que puede pagar y con las actuaciones que puede llevar a cabo con esos fondos, porque, por ejemplo, en estos presupuestos se producen aumentos de más del 20 % en partidas destinadas a servicios sociales, acceso a la vivienda o a la gestión de
la Seguridad Social, que en definitiva son partidas correspondientes a protección y promoción social Y que suponen un 54 % del presupuesto. Mi grupo, y yo personalmente, no cuestionamos si esas cuantías son buenas o malas o si tienen que existir
estas partidas, pero sí que no se haga de una forma más rigurosa, teniendo en cuenta que lleguen de verdad a las familias más desfavorecidas, que se puedan beneficiar de estas ayudas o de estas medidas de protección y promoción social y que de
verdad supongan un impulso a la igualdad de oportunidades en nuestro país.


Por otra parte, como usted bien ha advertido, no vemos en este borrador de presupuesto ninguna intención de implementar ningún tipo de consolidación fiscal en el medio plazo a través de la eficiencia y la evaluación de políticas públicas;
no se cuestiona ningún gasto, simplemente se dedican a incrementar la asignación presupuestaria y ya está. Desde nuestro grupo parlamentario somos muy conscientes de que esta fiesta de los fondos no puede continuar de forma indefinida mientras que
las previsiones de deuda sean las que usted ha mostrado aquí y las que más tarde supongo que comentará el secretario de Estado para el Tesoro. Actualmente, la deuda se encuentra casi en un 110 % del producto interior bruto y se espera que, según su
organismo, el próximo año esté entre el 116 % y el 120 %, es decir, que en tan solo dos años habremos incrementado entre 20 y 25 puntos nuestro endeudamiento público, con los riesgos tan patentes que eso supone para nuestra economía.


Para finalizar, en cuanto al uso de los fondos europeos y las reformas estructurales, después de estudiar detenidamente los presupuestos no nos queda demasiado clara la estrategia del Gobierno sobre adónde va a destinar o cómo va a usar
estos fondos europeos, los fondos Next Generation de la Unión Europea, y cómo estos van a ayudar a sentar las bases para un crecimiento económico potencial mayor, mejores condiciones laborales para los empleados o trabajadores, mayor igualdad de
oportunidades en educación o mejoras de la eficiencia en las administraciones públicas. Sin duda -y quiero remarcarlo-, echamos en falta una memoria de proyecto, de objetivos comunes, de métodos de evaluación, de seguimiento de indicadores reales,
una larga lista de deficiencias en los planes del Gobierno, que se unen a lo que parece la ausencia completa de planes para llevar a cabo esas reformas estructurales que tanto necesita España en el mercado laboral; de la normativa empresarial, para
no lastrar nuestra productividad; la modernización de nuestro sistema educativo obligatorio para preparar a nuestros jóvenes ante un mundo más dinámico y globalizado, y siguen sin poner los pilares para una sociedad emprendedora,

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innovadora con la ciencia y la investigación en nuestro sistema productivo. Todo esto lo echamos en falta y, como usted bien ha dicho, corremos el riesgo de no poder gestionar y administrar, es decir, absorber esos fondos, y ese es un tren
que España no se puede permitir perder.


Tenía una serie de preguntas apuntadas, pero ya las has respondido usted a casi todas. Me gustaría saber cuáles serían las áreas prioritarias en las que su institución invertiría los fondos europeos y si tiene el impacto sobre el
crecimiento potencial, con ese efecto multiplicador de llevar a cabo las reformas que se plantean.


Muchísimas gracias de nuevo, gobernador. Es un placer. Gracias, presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


Por el Grupo Plural, tiene la palabra Ferrán Bel.


El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, presidenta. Muchísimas gracias, otra vez, señor gobernador, por sus aportaciones, por su exposición y también por su interesante documento de presentación de esta exposición, que he leído en diagonal a
medida que le íbamos escuchando. Obviamente, en la intervención no se puede incluir todo, pero hay algunos aspectos sobre los que le voy a pedir una aclaración adicional, si a usted le parece bien.


Me voy a referir a los diferentes aspectos que ha ido tocando. Estamos ante una comparecencia para valorar los Presupuestos Generales del Estado y algunos elementos que también son necesarios, pero yo también me voy a centrar más en la
parte de Presupuestos Generales del Estado. En cuanto a la primera parte, la descripción de la situación económica, reincide en las diferentes comparecencias, más allá de las actualizaciones, y hay un elemento significativo y es que, según su
opinión, hoy, en este mes de noviembre, estamos más próximos al escenario 2 que al escenario 1, cosa que se debe tener en cuenta. Tengo aquí anotado que de todo el incremento de gasto que se ha ido produciendo hasta ahora, el Banco de España
evaluaba que el 70 % de este incremento de gasto estaba vinculado a la pandemia. Por tanto, hay un 30 % del incremento de gasto que se ha producido a lo largo de este año que no iría vinculado a la pandemia. Nos gustaría saber, si tiene
identificado más o menos este 30 % de incremento de gasto no vinculado a la pandemia, en qué partidas se puede concentrar.


Respecto al cuadro macroeconómico, es evidente que no es lo mejor que tiene este presupuesto. Hasta cierto punto, y sin ánimo de exculpar a nadie, porque no lo voy a hacer, esto también es comprensible. Cabe pensar que este presupuesto se
estaba redactando durante los meses de agosto y septiembre, en los que el escenario aparentaba ser mucho mejor de lo que ha acabado siendo ahora en noviembre. Es evidente que hay un planteamiento quizá demasiado optimista, porque pensaban que las
cosas irían de otra forma con relación al crecimiento del PIB y a las diferentes variables que se derivan de ello. Es evidente también que si nos estamos aproximando más al escenario 2, las previsiones del cuadro macroeconómico van a quedar un poco
apartadas de la realidad, con las consecuencias que esto conlleva.


En cuanto a los fondos europeos, nos ha parecido muy pertinente su observación respecto al impacto que pueden tener respecto al PIB, porque coincidimos en los dos aspectos señalados. La evolución histórica de la ejecución de los fondos
presupuestarios en España no nos hace ser optimistas respecto al impacto de estos 27 000 millones y, a la vez, el efecto multiplicador, que ustedes, de acuerdo con las estimaciones, reducen aproximadamente en una tercera parte, hace previsible que
ese impacto de más de 2 puntos en el PIB, gracias a la implementación de estos fondos europeos, tampoco sea muy factible. En todo caso, es el escenario económico que se nos presenta. Yo creo que se tendrían que estudiar las diferentes actuaciones
presupuestarias que se deberían hacer en el caso de que este escenario no se cumpla, aunque también reconozco la dificultad de esta situación, porque, mientras la pandemia no remita, va a ser muy difícil plantear ajustes del gasto a la baja y
también va a ser muy difícil pensar que los incrementos de ingresos se van a materializar o cómo poder actuar.


Respecto a los presupuestos concretamente, en relación con el análisis que hace de ingresos y gastos, pensamos -y se lo hemos transmitido al Gobierno- que seguramente no es el mejor momento de implementar determinados incrementos impositivos
-algunos no los discutimos en ningún caso-, ya que la debilidad de la situación económica hace prever que pueden tener un impacto negativo en el intento de recuperación económica. Eso se puede ver y nosotros modestamente vamos a intentar
enmendarlo, aunque sabemos cuál es la posición del Gobierno.


En relación con los gastos, tenemos una reflexión -sé que no es muy populista, pero eso el gobernador del Banco de España se lo puede permitir, no sé si el resto de los grupos nos lo podemos permitir o no- respecto a la necesidad o
conveniencia de plantear un incremento del 0,9 % en la

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retribución del personal público. Es verdad que en otros momentos ha sido castigado, pero seguramente no coincide con la evolución de la inflación que se va a producir. Quizá hubiese sido más prudente pedir un pequeño sacrificio adicional
a los funcionarios públicos con la condición de que, si se produjera una recuperación, esto se podría compensar. Porque si no, quizá estamos creando una situación ficticia también relacionada con este colectivo, ya que hoy les incrementamos el 0,9
%, pero si se acaban materializando algunas de las previsiones que hemos visto hoy, con un déficit estructural del 5 %, algún otro Gobierno -no sé si el actual o alguno que va a tener que venir- va a tener que pedir sacrificios en este sentido. Por
tanto, quizá la prudencia debería haber apuntado a reducir este incremento o materializarlo con un compromiso de que, si se cumple la recuperación económica, esto se recuperaría. En todo caso, es una opción que tampoco vamos a discutir, pero sí a
advertir.


Ya he dicho en otras ocasiones que a nosotros nos parece muy pertinente tener un plan para corregir los desequilibrios presupuestarios a medio y largo plazo, pero también le digo que nos resulta difícil ver cómo se puede materializar este
plan. De entrada, uno cuando tiene que planificar cómo va a reducir sus desequilibrios presupuestarios tiene que saber definir cuál es el desequilibrio presupuestario, y en estos momentos es extremadamente complejo acertar respecto al desequilibrio
presupuestario y al escenario que se va a producir, esencialmente vinculado a la evolución de la crisis sanitaria o la evolución de la pandemia, ya que el final de la pandemia es el que debería fijar claramente el escenario de desequilibrio
presupuestario que se debe corregir. De todas formas, ustedes nos han hecho una estimación fijando este déficit estructural en un 5 %. Yo no voy a cuestionarlo, pero sí voy a poner de relieve que no es un dato bueno. En el mejor de los casos, con
esta corrección del 0,5 estaríamos estos diez años. No sé si este escenario que planteaban de no actuación y de perpetuar esta situación durante los próximos diez o quince años es sostenible o realista, más allá de que el papel realmente lo aguante
todo.


Voy terminando porque se me acaba el tiempo. En la intervención que hoy llevaba usted había un apartado 3.5, que es el Next Generation EU, en el que hacen unas referencias y unas reflexiones -que ha ido haciendo también a lo largo de toda
su intervención- respecto a la necesidad de cómo utilizar de forma eficaz estos fondos, en gasto que no se consolide en el presupuesto, con proyectos que realmente tengan un efecto tractor. Ponen un ejemplo que a mí me gustaría que pudiese
desarrollar en el turno de réplica de que se podrían destinar estos recursos a sufragar costes iniciales o de transición de algunas reformas estructurales. Aquí ponía -también lo ha puesto brevemente en su intervención- un ejemplo que podría ser la
implementación o introducción de la denominada mochila austriaca. ¿Ustedes ven posible que se pudieran utilizar los recursos de la Unión Europea para poder implementar este sistema de la mochila austriaca en el Estado español para, como ustedes
dicen, combatir la dualidad del mercado laboral español?


Muchísimas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


Por el Grupo Republicano, tienen la palabra Joan Margall.


El señor MARGALL SASTRE: Gracias, presidenta, pero no voy a intervenir.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


Pasamos al siguiente grupo. Por el Grupo de Unidas Podemos, tiene la palabra Txema Guijarro.


El señor GUIJARRO GARCÍA: Muchas gracias, presidenta. Buenos días a todas y a todos. Bienvenido, señor gobernador, un gusto tenerle nuevamente en este Congreso de los Diputados, especialmente para un trámite tan importante como es el que
estamos llevando a cabo en estos días.


Voy a dividir mi intervención en dos grandes secciones, un poco siguiendo su propio esquema, señor gobernador. En la primera voy a tratar de comentar las previsiones que tanto interés han causado a los asistentes de esta Comisión y al
público en general, dada la importancia que tienen, efectivamente, para saber hasta qué punto estos presupuestos son realistas o no. Luego me centraré en algunos comentarios más sobre los presupuestos presentados por el Gobierno y algunos
comentarios que usted ha tenido la oportunidad de hacer al respecto.


En primer lugar, cuando hablamos de previsiones, he creído entenderle que, efectivamente, cuando ustedes trabajaban en esos dos escenarios, escenario 1 y escenario 2, establecieron una horquilla de comportamiento y he querido entender que
nos seguimos moviendo dentro de esa horquilla, pese a la evolución bastante pesimista de estas últimas semanas. Quiero pensar que ustedes, dentro de esos

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márgenes, siguen observando todavía, de alguna forma, lo que está ocurriendo en la realidad, con la ventaja que tienen ustedes como analistas, en la medida en que se pueden permitir el lujo de plantear varios escenarios, cosa que el
Gobierno, cuando elabora unos Presupuestos Generales del Estado, me temo que no tiene esa prerrogativa, se tiene que ajustar a unas determinadas cifras porque, de otra manera, serían múltiples e infinitos escenarios presupuestarios y, por lo tanto,
de imposible cumplimiento. En ese sentido, sí quiero pensar que ustedes han venido recogiendo esas fluctuaciones dentro de los márgenes de lo posible. Por eso querría pedirle que hiciera un comentario respecto a cómo han funcionado las medidas
concretas que ha tomado el Gobierno a lo largo de este año para frenar una caída aún mayor o, si se me permite el verbo, para amortiguar lo que, de otra manera, hubiera sido una caída al abismo de dimensiones desconocidas. Digo todo esto porque
usted ha calificado estos presupuestos de expansivos, incluso ha dicho usted muy expansivos, dada la situación de mucha excepcionalidad, o sea que ese 'muy' creo que está más que justificado.


Luego ha hablado usted también de la alta vulnerabilidad financiera de las empresas españolas, algo que ha repetido recurrentemente en sus comparecencias aquí. Ha hablado también de las debilidades de la propia economía española, ha
mencionado en este caso tres: una alta tasa de temporalidad, una estructura productiva vamos a decir que comprometida, y luego un tamaño empresarial reducido, el de pymes. Eso que decía usted de estructura productiva me ha parecido un cierto
eufemismo, si me permite la expresión, en la medida en que tengo la sensación de que usted viene denunciando algo en lo que nosotros venimos insistiendo desde hace mucho, y es que la economía española es más débil cuanto más centrada está en
sectores concretos como el del turismo o como el de la construcción. Una economía más diversificada es una economía más robusta y más fuerte. Entiendo que opina usted lo mismo, y por ello le advierto de que tenga usted mucho cuidado porque por
estos parajes corre mucho lobista del sector turístico y del ladrillo y este tipo de cosas a determinados sectores en este Congreso, señor gobernador, no les gusta oírlo, pese a que sea una verdad de Perogrullo. Entonces, que venga usted aquí y
diga este tipo de cuestiones, en el fondo, nos reconforta a algunos.


Por último, respecto a las previsiones, ha hablado usted de que uno de los riesgos más importantes es la falta de capacidad de absorción que hemos tenido como país respecto de las ayudas europeas. Efectivamente, cuando uno ve el histórico
que usted mismo ha mostrado en gráficos en esta sala comprueba hasta qué punto efectivamente España ha tenido un problema serio en cuanto a su capacidad de absorción. Yo le diría que precisamente una de las claves que tendremos para salir de esta
crisis será aumentar de una manera decidida y constante esa capacidad que tenemos como país para absorber esos fondos, y confío en que el Gobierno se haya puesto a esa tarea. En todo caso, esto es lo de siempre, es decir, una cosa es lo que uno
planifica y otra cosa es lo que luego uno ejecuta. Usted decía con esto que la ejecución en España en estos años no ha sido precisamente la más brillante. En todo caso, estamos en una fase de planificación; es decir, esto es Presupuestos
Generales del Estado; ya tendremos el próximo año tiempo prolijo para hablar de lo que se cumple, de lo que no se cumple y de qué expectativas se van cumpliendo. Esta es la parte primera, la parte que tenía que ver con las previsiones.


Entrando ya en los comentarios que hace usted sobre el contenido del proyecto de Presupuestos Generales del Estado presentados por el Gobierno, usted ha valorado el crecimiento de algunas partidas y yo querría que se centrara, si pudiera
ser, en las que tienen que ver con transformación digital e I+D, y se lo digo porque usted mismo ha insistido en la importancia de estos factores en anteriores comparecencias de cara a poder transformar o cambiar la estructura productiva del país en
un sentido más productivo. Esto quiero subrayarlo porque usted ha insistido en este indicador que yo creo, por otro lado, que es fundamental; el índice de productividad de una economía concreta es para mí el que explica si es sostenible o no es
sostenible un determinado modelo. Usted ha venido diciendo en anteriores comparecencias que España perdió un importante gap de productividad al inicio de los años de la pasada crisis, un gap que tenemos que ir cerrando. Por tanto, la obsesión, o
por lo menos mi obsesión sería que estos Presupuestos Generales del Estado reforzaran la estructura productiva española en el sentido de aumentar su productividad o coadyuvar a aumentos de productividad, y querría conocer una valoración suya
respecto de la posibilidad de que esto efectivamente se dé.


Ha mencionado también la cuestión de la subida de funcionarios y pensionistas. Aquí yo siempre empiezo diciendo que la economía tiene que ser pensada como un servicio a las personas; las personas somos el fin último al que se somete la
disciplina económica y no al revés. Digo todo esto porque el objetivo es poder subir sueldos de pensiones y de funcionarios, y en ese sentido me parece que hay que colocar primero las prioridades y los objetivos y luego ver los medios. En última
instancia, señor

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gobernador y señores asistentes a esta Comisión, el objetivo de estos Presupuestos Generales del Estado no es cuadrar unos números, no es ser fieles a unos determinados principios matemáticos, que también se entienden instrumentales para
ello, sino que el objetivo último es salvar a las personas, hacer que las españolas y los españoles tengan para el próximo año mejores perspectivas de vida, porque eso al fin y al cabo es el patriotismo. El patriotismo no es que España tenga cada
vez banderas más grandes o nociones abstractas más complejas. Se trata de que esto impacte realmente en la vida de las personas, y tengo la sensación de que, a veces, se nos olvida entre tanto océano numérico.


Ya por último, respecto a la reforma fiscal que usted ha comentado, decía que hubiera preferido que ciertas reformas se hubieran hecho más tarde. Es cierto que en otras comparecencias usted ha insistido en esta idea de que no era
precisamente el momento -digamos- de abrir todas las ventanas y todas las puertas y ponerse a hacer una reforma de calado. Si le digo la verdad, señor gobernador, yo estoy de acuerdo, me parece que lo que se ha hecho en estos Presupuestos Generales
del Estado es apenas cambiar algunos tipos impositivos, algunos que venían siendo demandados desde hace tiempo. Pero, en términos de grandes reformas fiscales, creo que estaremos de acuerdo en concluir ambos que brillan por su ausencia en este
presupuesto, y desde luego estoy de acuerdo con usted en que esto habría que planteárselo como un debate de país a medio plazo, pero está claro que en estos Presupuestos Generales del Estado no hay tal reforma fiscal en términos mayúsculos. Usted
mismo ha destacado que la imposición directa en España sigue siendo muy baja, por debajo de la media europea; usted mismo ha destacado que las bonificaciones sobre el combustible diésel, por ejemplo, en España siguen siendo superiores a las de la
media europea. Por tanto, la reducción de esa bonificación que se da en este presupuesto en ese sentido no creo que vaya a traer las diez plagas de Egipto. Y, luego, usted mismo también ha denunciado que el sistema impositivo español tiene
demasiadas exenciones, lo que se ha llamado siempre el queso gruyere. Si el esquema tiene cierta coherencia cuando se mira de lejos, pero cuando uno se acerca lo ve todo lleno de exenciones, efectivamente la eficacia tributaria se minora muchísimo.
Le digo todo esto porque, insisto, creo que no estamos ante unos presupuestos donde se esté planteando una gran reforma; se están apenas lanzando unos mensajes casi más simbólicos que otra cosa, porque realmente el efecto recaudatorio que van a
poder tener no va a compensar o no está en la escala de los movimientos presupuestarios que ha provocado esta crisis, y en ese sentido está claro que la solución a los problemas fiscales de España no vendrá por una pequeña reforma puntual o un
cambio de tipo impositivo que podamos hacer ahora.


Pero sí me interesa ir pensando en un cierto futuro próximo, y usted ahí nos ha invitado -y entro ya en cuestiones de deuda pública- a ir pensando por lo menos en la elaboración de un plan de contención de deuda pública. Si le he entendido
bien, usted lo que ha dicho es que se trata de ir pensando en un plan de consolidación; es decir, no se trata de ejecutar ningún plan de consolidación ahora, como me parece que ha insinuado la señora María Muñoz, diputada de Ciudadanos, por lo
menos no es eso lo que usted ha dicho o lo que yo le he entendido. Usted ha explicitado la necesidad de que se vaya trabajando para que efectivamente haya una sostenibilidad de la deuda pública a medio y largo plazo. Pero para eso sí le digo,
señor gobernador, que, al margen de las medidas que se puedan tomar en los próximos años por parte del Gobierno de España, lo ocupe quien lo ocupe, para tratar de consolidar esa deuda pública, lo que sí está claro es que el Banco Central Europeo va
a tener que garantizar una financiación digamos que cómoda a los Estados para la próxima década, si no me equivoco. Por debajo de eso me parece que estaríamos completamente fuera de foco.


Nada más, presidenta, le agradezco la paciencia.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


Por el Grupo VOX, tiene la palabra el señor Manso.


El señor MANSO OLIVAR: Buenos días, señor gobernador. Buenos días a todos.


En primer lugar, quiero darle las gracias de nuevo, señor gobernador, por su claridad -se la he alabado muchas veces- y en este caso no hay más que escuchar la intervención de don Txema Guijarro para ver su valentía. Se nota claramente -de
hecho, se lo ha recordado el señor Bel- que usted no está sujeto al problema de todos los que estamos aquí, que es el problema de las urnas. Lo ha dicho claramente cuando ha deslizado una pequeña crítica sobre las subidas salariales de los
funcionarios. Usted se lo puede permitir -le ha dicho-, nosotros no. Ya es bastante penoso que digamos eso, porque quiere decir que hemos tomado esto como un negocio, como un puesto de trabajo y lo relevante es salir reelegido, no intentar hacer
lo que debemos hacer. Entonces, le alaban a usted, que puede permitirse el lujo de decir, entre comillas, esas barbaridades.

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Le alabo porque no ceja usted en el empeño, como le dije la última vez, y vuelve a decirnos que, por favor, nos pongamos a trabajar en el déficit estructural. Estoy de acuerdo con Txema Guijarro. No ha dicho que nos pongamos mañana, pero
ha dicho que empecemos a ponernos, porque llevamos ya varios meses de retraso. No es incompatible sacar estos presupuestos, que son coyunturales por la situación en la que nos encontramos, con empezar a trabajar en la consolidación fiscal. Estoy
totalmente de acuerdo con el adjetivo que ha utilizado mi compañera de Ciudadanos: es un presupuesto tentativo. Realmente, este Gobierno tiene poco respeto a esta Cámara y a los ciudadanos y hace las cosas para cumplir con el expediente. Ha
presentado un presupuesto porque tocaba presentarlo, había que rellenarlo y lo ha rellenado. En la parte del gasto realmente es poco concreto, sobre todo si pensamos que hay ministerios en que el 75 % del gasto corresponde al mecanismo de
recuperación y resiliencia, de modo que ahí tenemos tiradas líneas de programas con grandes cifras, en números muy redondos, que juntos suman un montón de millones con los que nos podemos dirigir al público y decir que nos vamos a gastar en
transformación digital no sé cuántos miles de millones. Pero esto no es concreto, y un presupuesto ha de ser concreto. Yo quiero en este presupuesto la concreción que veo, por ejemplo, en algunas partidas, como gastos de personal. Es un
presupuesto tentativo, donde aparecen una serie de partidas que lo único que intentan es transmitir a la población que vamos a gastar en cosas estupendas que van a mejorar nuestro nivel de vida, y, sin embargo, no se abordan los problemas
importantes del presupuesto. Ya hemos visto que el ingreso depende del cuadro macro, que está sujeto a incertidumbre, y, en principio, usted advierte que el Gobierno tal vez ha sido un poquito optimista. Realmente, este Gobierno lleva siendo
optimista todo el año, porque es un Gobierno que niega la realidad.


Más que en la parte fiscal -prácticamente comparto todo su discurso, señor gobernador-, quiero centrarme en la parte monetaria. En el presupuesto hay alguna cosa que no me cuadra, como que el año que viene, según la Dirección General del
Tesoro, tenemos 162 000 millones de vencimientos. Por tanto, las necesidades de financiación del Estado me parecen más altas de las que dice, pero no por el déficit, sino por la necesidad de renovar el año que viene 162 000 millones, según dice la
página web del Tesoro. El presupuesto habla de 94 000 millones, y yo quisiera que alguien me explicara por qué hay esa diferencia de casi 70 000 millones entre los pasivos que se amortizan en el presupuesto y lo que dice la página web del Tesoro.
Pero, volviendo a la política monetaria, a usted, como a mí y a algunos de esta Cámara -probablemente a aquellos que no nos preocupa salir reelegidos o no-, nos preocupa el déficit estructural y la línea de gastos financieros, que, gracias a Dios,
llevamos varios años manteniéndola. A pesar de que cada vez debemos más dinero, la cifra se ha estabilizado en 32 000 millones gracias a que las emisiones nuevas, como usted bien conoce, son cada vez a tipos más bajos. Parece algo así como que
hemos llegado a un acuerdo con el Banco Central europeo, a un acuerdo forfait de liquidez: son 32 000 millones al año y usted puede beber lo que quiera. Me preocupa que esta política de tipos bajos puede cambiar. No es que vaya a cambiar en el
corto plazo -estamos de acuerdo-, pero solamente con que cambie en el medio plazo hay una debilidad estructural brutal -repito el adjetivo, brutal- en nuestro presupuesto. Con volúmenes de deuda que van a superar el billón trescientos mil millones
a final de este año, aunque podamos aguantar dos o tres años con tipos bajos, cualquier movimiento al alza de los tipos ahoga cualquier reforma de las que se están considerando aquí. Por tanto, hay que empezar a tener más respeto al problema de la
deuda. Cosa distinta, señor gobernador, y se lo transmito como miembro del Consejo del Banco Central Europeo -no sé si le habré hecho ya la pregunta o a algún otro compareciente, pero, si se la he hecho a usted, me disculpará, aunque le pediré que
me la vuelva a responder, porque mi memoria empieza a ser flaca- es si no nos hemos cargado la política monetaria como instrumento. En referencia a la famosa put de Greenspan, de la que a veces se habla, ¿es imposible ya tocar los tipos de interés
al alza? Si es un instrumento que se tiene que mover en los dos sentidos pero para financiar los déficits públicos ya es imposible moverlo al alza, entonces nos acabamos de cargar un instrumento. Le quiero preguntar, señor gobernador, si usted
piensa que nos hemos cargado ese instrumento. Pero, de verdad, no me responda con que ustedes tienen una regla de estabilización de precios. Ya sé que tienen una regla de estabilización de precios, aunque tampoco sé si es el mejor objetivo.


Básicamente, señor gobernador, esta sería mi intervención. Compartimos prácticamente toda la crítica que usted ha hecho. Estoy de acuerdo con el señor Guijarro, ya el año que viene veremos, pero cuando se presupuesta se tiene que hacer un
presupuesto realista, no un presupuesto tentativo. Esta es nuestra mayor crítica.


Muchas gracias.

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La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


Es el turno del Grupo Popular. Tiene la palabra la señora Elvira Rodríguez.


La señora RODRÍGUEZ HERRER: Gracias, señor gobernador, por su comparecencia y su intervención tan detallada y solvente, como nos tiene acostumbrados. Ha sido interesante su estructura y cómo ha puesto el foco en las líneas generales de lo
que está en el proyecto de presupuestos y documentación complementaria que nos presenta el Gobierno para su aprobación y lo que ha echado en falta. Prácticamente, ha contestado a las preguntas que tenía planteadas, con lo cual voy hacer hincapié en
algunas cuestiones. Y voy a comenzar por lo que, desafortunadamente, no está. La última vez que acudió a esta Cámara fue el pasado 6 de octubre, la cuarta vez que yo, por lo menos, asistía a una comparecencia suya este año. Hoy es la quinta y en
todas ha reclamado al Gobierno que por el bien de España, por nuestra reputación y para acrecentar la confianza de los inversores en nuestro país, se debería presentar la senda de consolidación fiscal y la vuelta a la ortodoxia de las finanzas
públicas. Ese mismo día, señor gobernador, el 6 de octubre, el Consejo de Ministros aprobó solicitar del Congreso de los Diputados la declaración de situación de emergencia extraordinaria, de acuerdo con lo dispuesto en la Constitución española y
su desarrollo en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Era claro que estábamos, estamos en una situación de emergencia extraordinaria, pero, además de la solicitud, el Gobierno decidió hacer caso omiso de lo previsto por
la ley en estos casos, en especial respecto a que la desviación temporal en que se pudiera incurrir no pusiera en peligro la sostenibilidad fiscal a medio plazo y la exigencia de la aprobación de un plan de reequilibrio que permita la corrección del
déficit. El efecto directo de esa fisión es lo que, como decía, usted ha echado en falta, que no hay referencias a la estabilidad a medio plazo ni a la senda a recorrer para equilibrar nuestras cuentas públicas. Es cierto que la situación en la
que estamos presenta muchas incertidumbres, pero también es cierto que precisamente por eso era mucho más importante que se hubiera tenido en cuenta el medio plazo y no se hubieran tomado decisiones que incrementaran nuestro gasto y déficit
estructural, lo que supone un fortísimo incremento de la deuda pública, bajo el discurso de que el gasto público es bueno, sea el que sea, y que se acabó la austeridad. El no presentar explícitamente la información que usted solicita parece que
hace más fácil tomar esas decisiones, y quizás esa sea la causa real de que no lo hayan hecho. En este sentido, estamos plenamente de acuerdo con su petición.


De la lectura en diagonal de la ingente documentación que nos han mandado entresaco dos referencias: la primera, cuando las condiciones económicas lo permitan será momento de poner en marcha políticas fiscales encaminadas a reducir el
déficit y la deuda en el medio plazo; la segunda, estos presupuestos generales para 2021 se constituyen, por tanto, como la herramienta que permitirá a España salir a la mayor brevedad de la crisis generada por la emergencia sanitaria, haciéndolo
con pilares más robustos, competitivos y con mayor cohesión social. Estas son dos frases que se incorporan al informe económico-financiero que se presenta con los presupuestos y que suponen, de una parte, una excusa para justificar la falta de
remisión de la información plurianual que debía haberse confeccionado y sometido a la votación en el Congreso para demostrar que se cumplía el requisito de la sostenibilidad en el medio plazo, y, de otra parte, la coartada para los presupuestos de
los que solicitan su aprobación; una declaración de intenciones, la generación de crecimiento y la creación de empleo, que no se justifica o se demuestra en sus anexos. El papel lo aguanta todo, pero llegado el momento tenemos que pasar, como se
dice coloquialmente, de las musas al teatro. El presupuesto se apoya en un cuadro macroeconómico para 2020 y 2021 que recibió el aval de la AIReF -era obligatorio, veremos qué nos cuenta su presidenta mañana- con dos importantes salvedades: la
primera, que no se empeoraran las previsiones respecto a la pandemia, lo que parece que ya se ha debatido aquí o se ha puesto de manifiesto y parece que ya se ha producido, a tenor de los últimos datos que vamos conociendo y la propia petición del
Gobierno de un nuevo periodo de alarma hasta mayo del año que viene, con todo lo que eso significa; y, la segunda, el cumplimiento multiplicador de los fondos europeos, que el Gobierno estima en un 2,6 % -usted lo ha señalado-, y el Banco de España
entre el 0,6 % y el 0,8 %, que hoy ha vuelto a repetir. Usted, como decía, ha ratificado estos riesgos -para el Banco de España también lo son-, añadiendo además que el uso de los fondos puede que no sea tan rápido. La propia presupuestación nos
indica que así puede ser al asignar fondos en bloque a ministerios y organismos públicos -portavoces que me han precedido también lo han puesto de manifiesto-. Nos acercamos a su escenario dos. El Gobierno fía lo que denomina crecimiento inercial
al consumo privado, apoyado, además de en la citada mejora de la pandemia, en unos datos de empleo que difieren sensiblemente de los de la institución que usted dirige,

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al tiempo que pone de manifiesto el riesgo de que la inflación sea más baja. Es decir, en su conjunto, tenemos fuertes riesgos de cumplimiento, a lo que añadimos el adicional que también pone de manifiesto el Gobierno y usted ha señalado de
una salida desordenada para el brexit, que, desafortunadamente, cada día está más cerca. En este sentido, resulta curioso -es una anécdota, pero ahí está- que un ente público, AENA, en un hecho relevante enviado a la CNMV el pasado día 28 ponga en
tela de juicio también las previsiones del Gobierno en estos presupuestos.


En este contexto, usted nos ha dado su opinión respecto al cuadro macro, del que, como decía, el escenario del presupuesto se acerca bastante deprisa a lo que han llamado ustedes escenario dos, y eso hace que todos los presupuestos se
tambaleen. En este sentido, me gustaría, si pudiera ser, que concretara más el riesgo de incumplimiento que tiene y cuál podría ser su efecto sobre la previsión de ingresos que nos presentan en los presupuestos. Quisiera saber si no les parece muy
optimista el incremento de la recaudación respecto al crecimiento que se incluye en los presupuestos; recaudación histórica, dice la ministra, y la verdad es que han tomado tres o cuatro medidas tributarias. Usted además ha señalado su opinión
respecto a la inoportunidad del incremento de la presión fiscal en un momento como el actual, que puede generar perjuicios para el crecimiento, y quizás esto de la recaudación histórica suena -no sé cómo decirlo- como Alicia en el País de las
Maravillas.


Por otra parte, de acuerdo con la información contenida en el plan presupuestario que se envió a Bruselas el 15 de octubre pasado, el déficit estructural de nuestras administraciones públicas empeora sensiblemente de 2019 a 2021 -usted
también ha hecho referencia a ello-, de -4 % a -6,1 % el año que viene. ¿Esto qué significa? Significa que, al ser déficit estructural, a pesar del optimista crecimiento que están computando y de la recaudación historia que recogen, el incremento
estructural del gasto empeora nuestra situación fiscal de forma muy significativa, y fíjese que lo adjetivo. Es el gasto estructural, porque es déficit estructural. No es el gasto coyuntural, que puede ser como consecuencia del movimiento de los
estabilizadores automáticos o de algunas medidas coyunturales discrecionales. La AIReF advirtió de que no era el momento de incurrir en nuevos compromisos de gasto estructural, pero ya se ha visto que no ha tenido mucho éxito en sus
recomendaciones, y, desafortunadamente, ustedes tampoco por lo que respecta a las previsiones plurianuales y también en este sentido. ¿Ve usted -ahí va mi pregunta- riesgos en el contexto del Pacto de Estabilidad y Crecimiento que podrían exigirnos
medidas de ajuste en Europa? ¿Cómo cree que se podría volver a la senda de la ortodoxia fiscal desde esta situación? Usted ha adelantado qué partidas habría que tomar y que vamos hacia delante, quizás una de cada. ¿Usted cree que esto sería
sostenible con nuestra posición en Europa?


Por último, una referencia a la consecuencia de la irresponsabilidad fiscal de la que son una buena muestra estos presupuestos. De acuerdo con lo que se recoge en el artículo 46 de la ley -el señor Manso ha hablado algo de esto-, se
autoriza un incremento anual del saldo de la deuda viva del Estado de 132 000 millones de euros, que puede ser aún mayor en virtud de determinadas circunstancias que se recogen en este mismo artículo. Valga como ejemplo este año que está
terminando, en el que entre el saldo de la deuda viva autorizada y el que va a resultar al final del ejercicio puede haber una desviación de casi 100 000 millones de euros. Si a esa variación se añaden las amortizaciones previstas en el ejercicio,
página 433 del informe económico-financiero, las emisiones brutas del Tesoro Público en 2021 ascenderán a 300 000 millones de euros, con el riesgo que supone esta salida masiva al mercado -recordemos que este año España ha demandado también una
cifra muy similar-, y esto partiendo, como decía, de las previsiones en ingresos y gastos, que usted ha puesto en tela de juicio, posición que nosotros también compartimos; el 7,7 % del déficit para 2021 es voluntarista e irreal. Así, en el mismo
sentido en que le pregunté en su anterior comparecencia en esta casa, ¿qué riesgo fiscal ve a estas emisiones? ¿Seguirán comprando los inversores nuestra deuda soberana a los mismos precios, teniendo en cuenta que los países de nuestro entorno
presentan indicadores de crecimiento sensiblemente mejores que los nuestros, con 31 713 millones de euros de intereses que tenemos, una cantidad que no es menor, y que, si aquella sube, será mayor?


Hemos escuchado al portavoz de uno de los partidos que gobierna y nos ha dado la clave del camino por el que vamos y es el que me llevó a decir que había irresponsabilidad fiscal en estos presupuestos. No es un problema de impulso fiscal,
que todos compartimos en estos momentos y deberían haber ido más allá bajando impuestos a nuestro tejido productivo, sino relativo a cuáles son los objetivos de lo que se nos presenta. No es lo que aparecía en la frase que reproduje antes,
crecimiento y creación de empleo, es decir, cuadrar los números, sino salvar a las personas. Ese es el problema que tenemos, y mientras sean los que parten el bacalao, no tendremos remedio. No somos

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mesías, lo malo es que esta situación en la que estamos es acumulativa y al final explotará y perjudicará a todos, también a aquellos a los que pretenden salvar.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


Por el Grupo Socialista, tiene la palabra Pedro Casares.


El señor CASARES HONTAÑÓN: Muchas gracias, presidenta.


Muchas gracias también al gobernador del Banco de España. Bienvenido una vez más a esta casa, al Congreso de los Diputados, en este caso en el inicio de las comparecencias para abordar los próximos Presupuestos Generales del Estado para
2021; señor gobernador, en esta ocasión en una situación excepcional, con unos presupuestos en un contexto excepcional de pandemia y, además, aunque hoy lo reconozcan todos los partidos políticos, sí, en una situación de emergencia, señorías,
aunque tuvieron ocasión de reconocer esa emergencia en el Congreso de los Diputados pero se pusieron de perfil y se abstuvieron en la votación del debate del estado de alarma; una situación, señor gobernador, en un contexto de incertidumbre no solo
de la economía española, sino de la economía mundial ante la mayor crisis en tiempos de paz, señorías de esta Cámara, y ante la posibilidad, sí, de una segunda ola con consecuencias fuertes -la estamos viviendo en estas semanas- que, por tanto,
genera riesgos e incertidumbres para nuestra economía, aunque no necesariamente tienen por qué materializarse, a pesar de que parece que algunos convierten esos riesgos en deseos, escuchando sus intervenciones hoy en esta Cámara.


Pero, señorías, señor gobernador, frente a muchas incertidumbres, también hoy podemos tener algunas certezas, en primer lugar que no se puede separar economía y salud, y hace poco algunos esto también lo negaban. Una segunda certeza, señor
gobernador, es que las medidas del Gobierno de España y de la Unión Europea han protegido a nuestra economía, han protegido a nuestros autónomos, a los trabajadores y a las familias. Voy a dar solo un dato: la reducción, por ejemplo, del número de
personas afiliadas a la Seguridad Social en el primer trimestre de 2020 es similar a la reducción que se produjo en la anterior crisis, entre junio de 2008 y 2009, y todo esto cayendo hoy nuestro PIB cinco veces más que entonces. Por tanto, las
medidas del Gobierno de España -es una certeza- han tenido efectos positivos para nuestra economía. Y una tercera certeza, señor gobernador, es que no tener hoy unos nuevos Presupuestos Generales del Estado para 2021 generaría todavía mucha más
incertidumbre a la ya existente. Además, no tener estos Presupuestos Generales del Estado sería perjudicial, porque los Presupuestos Generales del Estado de 2018, señorías, ya no sirven, no pueden dar respuesta a un mundo que ha cambiado por
completo como consecuencia de la mayor crisis sanitaria de nuestras vidas; por tanto, son unos presupuestos superados que no sirven para la situación actual. Es en esta situación, en este contexto, donde es clave tener ya, cuanto antes, unos
nuevos Presupuestos Generales del Estado, unos Presupuestos Generales del Estado que, como decía, son excepcionales porque la situación es excepcional. Y quien no entienda esto, señorías, es que no ha entendido nada de lo que ha pasado desde marzo
en este país y en el mundo entero.


¿Cuál es la situación en la que se han elaborado las nuevas cuentas públicas para el año que viene, para 2021? Tenemos un cuadro macroeconómico no exento de incertidumbres -por muchas veces que se insista, esto no deja de estar presente en
nuestra economía-, pero con supuestos muy coherentes con los de organismos internacionales y tan poco sospechosos como los del Banco Central Europeo. En ese contexto se prevé una recuperación en la economía mundial, también de la zona euro y de los
países potencialmente receptores de nuestras exportaciones. Es un contexto en el que se ha producido una evolución a la baja de los tipos de interés a largo plazo en 2020 y se van a estabilizar en 2021. Habrá una estabilidad cambiaria dólar/euro y
un precio del petróleo, señorías, por debajo de los cincuenta dólares el barril. Además los efectos de la pandemia en 2021 van a ser mucho más limitados que en este año 2020, a lo que se une a una cuestión fundamental, la incorporación de los
Fondos de recuperación de la Unión Europea, que podrán canalizarse a través de estos presupuestos y tendrán un significativo impacto en el crecimiento económico de nuestro país. Y hay un último dato que me van a permitir recordar, y es que España
también ha demostrado sus fortalezas con una cifra como la que hemos conocido en el tercer trimestre de este año, y es que la economía española, señorías, ha crecido un 16,7 %, la mayor subida de la serie histórica, muy por encima de todas las
previsiones de todos los organismos internacionales, incluidas las previsiones del Gobierno de España o del propio Banco de España.

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Ese es el contexto en el que se han elaborado estos presupuestos generales del Estado, que persiguen, y esta es la clave de todas las políticas, especialmente de las políticas del Gobierno de España, tres objetivos: en primer lugar,
recuperar buena parte de lo que la pandemia de la COVID nos ha arrebatado, señorías, que es un objetivo de país que nos interpela a todos; en segundo lugar, impulsar las transformaciones y los cambios estructurales que necesita nuestra economía
para modernizarla y que nos permitirán contribuir desde la política pública a la recuperación económica y la generación de empleo, y, en tercer lugar, fortalecer nuestro Estado del bienestar, frente a políticas del pasado de recortes bajo los
Gobiernos del Partido Popular que hoy han demostrado lo dañino que son para una sociedad que necesita una sanidad pública y una educación pública mucho más fuertes que las que nos hemos encontrado ante esta grave situación. Por tanto, en esos tres
objetivos de país, señorías, se enmarcan estos presupuestos Generales del Estado, que sí son progresistas, sí son expansivos, no traen recortes y además son realistas, con políticas anticíclicas de gasto público, con políticas para proteger a las
personas, a las familias, a los trabajadores y a las empresas y con políticas de aumento de la inversión para mejorar la productividad y la competitividad de nuestra economía. Así, por ejemplo, estos presupuestos generales del Estado contemplan la
mayor inversión social de la historia de nuestra democracia, con un incremento de más de 22 000 millones de euros para políticas tan sencillas pero tan importantes como el incremento de las becas y las ayudas al estudio, el incremento de las
partidas para luchar contra la pobreza infantil, el incremento de las partidas para garantizar un ingreso mínimo vital, el incremento de las partidas para el empleo, con el Plan de choque para el empleo juvenil, de 600 millones de euros en 2021,
para acabar con vergonzantes cifras como la tasa de pobreza y la tasa de paro juvenil que tenemos en nuestro país, o también políticas medioambientales, de vivienda, digitalización, inversión en I+D+i o, sí, señorías, políticas para aumentar la
retribución de nuestros empleados públicos y de las pensiones de nuestros mayores, para que se garantice su poder adquisitivo, en cumplimiento también de los acuerdos del marco del Pacto de Toledo, así como políticas para apoyar a sectores que se
han visto muy castigados por la actual crisis, como el sector turístico y la cultura. Y todo esto, señorías, sin ninguna subida generalizada de impuestos, aunque se diga lo contrario. No hay incremento fiscal alguno a las clases medias ni a los
trabajadores ni a las autónomos ni a las pymes. Y el aumento previsto de los ingresos para el año que viene a través de modificaciones impositivas ronda los 6000 millones de euros, un 0,48 % de nuestro PIB en 2019, una cifra, como comprenderán, muy
limitada, comparada con los 240 000 millones de euros de gasto social o los 27 000 millones de los fondos europeos, que también recogen el cumplimiento de los acuerdos de esta Cámara, del Congreso de los Diputados, como el impuesto a las
transacciones financieras o el impuesto a los servicios digitales.


Y, señorías, todo ello también con una idea que compartimos con el gobernador del Banco de España, y es que queda pendiente una reforma tributaria en profundidad que ahonde en la progresividad de nuestro sistema fiscal y nos iguale a la
media de los países de la Unión Europea, donde estamos hoy muy por debajo. Unos presupuestos generales que tampoco renuncian a la estabilidad de las cuentas públicas, con una reducción prevista del déficit público para el año que viene de 3,6
puntos, la mayor reducción del déficit de la serie histórica, señorías, porque también está en el objetivo de país, en el objetivo de este Gobierno, una consolidación de las cuentas públicas en el medio plazo cuando la situación económica lo
permita, no antes, señorías. En definitiva, unos presupuestos generales del Estado -y se ha dicho aquí porque también es importante recordarlo- donde la carga financiera de nuestra deuda pública se mantiene constante en términos absolutos, a pesar
del mayor nivel de deuda en circulación, gracias a la reducción de los costes de emisión de la deuda pública española.


Termino con una última reflexión, señorías. Señor gobernador, hoy más que nunca hacen falta unos presupuestos generales del Estado que nos ayuden en la enorme tarea que tenemos por delante como país, como sociedad; esa es la tarea que
tenemos hoy los 350 diputados y diputadas de esta Cámara, del Congreso de los Diputados, y esta tarea nos interpela a todos, señorías. Por tanto, hagámonos cargo de la situación y facilitemos con nuestras acciones, con nuestros votos, que hoy
España tenga unos presupuestos generales del Estado acordes a la situación económica, sanitaria y social que vive nuestro país.


Muchísimas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


Para contestar lo que entienda pertinente y para cerrar esta comparecencia tiene la palabra el gobernador del Banco de España.

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El señor GOBERNADOR DEL BANCO DE ESPAÑA (Hernández de Cos): Muchas gracias, señora presidenta y muchas gracias a todos los diputados por los comentarios y también incluso por los elogios.


Voy a intentar estructurar mis respuestas de la misma manera que he hecho la presentación y agrupando, por supuesto, las distintas intervenciones de los diputados. Voy a comenzar con el escenario macroeconómico, ya que creo que es
importante realizar algunas clarificaciones porque es verdad que, dependiendo de donde uno ponga los énfasis, puede llevarse una visión más o menos pesimista de nuestra valoración. Voy a tratar de explicarlo de una manera sencilla. Como he tratado
de explicar en mi presentación inicial, hemos trabajado en septiembre con dos escenarios un escenario 1 y un escenario 2, optimista y pesimista, si queremos llamarlos de esta manera, y la información que tenemos hasta el tercer trimestre del año
-que no conocíamos cuando elaboramos esas previsiones en septiembre- nos confirman el escenario optimista, el escenario número 1, ese incremento intertrimestral del PIB del tercer trimestre era el mismo -con un décima de diferencia- que nosotros
habíamos previsto en ese escenario más optimista. Ahora bien, lo que he tratado con posterioridad es de introducir algunas consideraciones que nos hacen pensar que -sobre todo en el último trimestre del año y probablemente también en el primer
trimestre del año que viene- no podemos tener un valoración tan positiva como para confirmar que ese escenario 1 se va a confirmar, sino más bien al contrario. ¿Y por qué es esto? En primer lugar, porque los supuestos que estaban detrás de ese
escenario eran compatibles con un rebrote de la enfermedad, pero muy leve, que no exigía medidas de confinamiento, cosa que no estamos observando ni en España ni en el resto de Europa ni tampoco en el resto del mundo. En segundo lugar, tenemos
alguna información ya para la dinámica dentro del tercer trimestre, en primer lugar, y también alguna escasa, muy escasa, del cuarto trimestre en relación con octubre, en particular les comentaba los datos de afiliación. No dispongo de la
afiliación efectiva todavía porque los números de ERTE no los tengo disponibles, pero, en cualquier caso, del análisis de esa información -tanto la de los PMI que mencionado como de los indicadores de afiliados que se han publicado esta mañana-
pueden verse algunos signos de ralentización en la evolución. También he utilizado los indicadores de movilidad de Google, el tráfico de autopistas, etcétera. O sea que estamos observando algunas pautas que seguro que son incompatibles mantenerlas
en el resto del trimestre, con crecimientos intertrimestrales como los que preveíamos en el escenario 1. Además, luego he enfatizado una serie de riesgos que van en la dirección de pensar que el crecimiento económico puede ser más bajo claramente
que ese escenario 1, con una excepción -que es muy importante también-: los fondos de la Unión Europea. Ni en el escenario 1, de septiembre, ni en el escenario 2, de septiembre, habíamos incorporado el efecto del potencial impacto de la
utilización de estos fondos. Ese es un riesgo al alza, que podría compensar al menos parcialmente. Hemos hablado de las dificultades de ejecución, de la identificación de proyectos de acuerdo con los patrones históricos, incluso de lograr
multiplicadores tan elevados como los que se incorporan en el presupuesto, pero no dejan de ser un riesgo al alza.


En definitiva, desde el punto de vista de lo que para esta comisión es relevante, que es valorar el cuadro macroeconómico que se incorpora en el proyecto de presupuestos, creo que todo eso nos permite concluir que los riesgos de ese
escenario macroeconómico son claramente a la baja. Y yo he tratado de escenificarlos de dos maneras, primero, eliminando el componente de los fondos de la Unión Europea. La previsión del año que viene del Gobierno es muy parecida a nuestro
escenario 1, que hoy veo claramente más difícil de materialización, de acuerdo con esos riesgos que acabo de enfatizar e incluso con alguna información relativa al trimestre corriente y a la dinámica del trimestre anterior. Y, en segundo lugar, en
relación con la estimación del uso y del multiplicador que se incorpora para llegar a esa tasa de crecimiento del 9 % -pasar del 7 % al 9 y pico del Gobierno-, como hemos coincidido todos, no va a ser fácil lograr que ocurra con rapidez ni tampoco
lograr una selección de los proyectos que verdaderamente tengan un componente multiplicador tan elevado en el primer año, de más de un 1 % que está estimando el Gobierno. Esto es lo que para mí es relevante desde el punto de vista de la discusión
que aquí estamos teniendo y es que claramente el escenario macroeconómico del Gobierno está sujeto a riesgos a la baja, para los fondos de la Unión Europea y para el escenario base -tendencial que le llama el presupuesto-, tendencial para el
escenario base sin esos fondos.


Me preguntaban algunos miembros de la Cámara cuáles eran los riesgos para el déficit público y en particular me preguntaban sobre los riesgos para los ingresos públicos. He tratado de enfatizar a lo largo de mi intervención es que por
supuesto, dado que vemos riesgos claros a la baja en el crecimiento económico, vemos riesgos al alza para el déficit público, de desviación al alza en relación con el objetivo que se ha marcado el Gobierno. ¿Vemos, además de los derivados del
cuadro macroeconómico, otros

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riesgos derivados, por ejemplo, de que el Gobierno haya sido muy optimista en la previsión de los ingresos tributarios derivados de las medidas o de las elasticidades que se utilizan? En principio, no, por ejemplo, en el caso de los
ingresos. No los vemos muy relevantes aunque es verdad -creo que lo ha señalado la señora Rodríguez- que estimar impactos recaudatorios de nuevas figuras sobre las que no tenemos evidencia histórica en un contexto tan complejo como este es
particularmente difícil, y por tanto no es de descartar que sorprendan a la baja también. Por otra parte, incluso las propias elasticidades de los ingresos sabemos que tienen un componente cíclico siempre bastante importante. Por lo tanto, la
utilización de elasticidades promedio puede que no sea lo más adecuado para hacer una estimación puntual muy precisa.


En el lado del gasto he mencionado en particular un posible riesgo de desviación en el caso de dos tipos. Por una parte, partidas que están muy relacionadas con la pandemia, un gasto en sanidad y también gasto relacionado con ERTE, que en
el caso de que se concrete la evolución macroeconómica y de la pandemia más negativa podrían derivar en necesidad de mayores gastos y, en segundo lugar, en las prestaciones por desempleo porque también pensamos que la estimación de reducción de la
tasa de paro que está incorporada en los presupuestos es demasiado optimista cuando uno lo compara al menos con nuestras previsiones e incluso incorporando en nuestras previsiones la estimación de los fondos de la Unión Europea.


Este es el principal punto que quería trasladar sobre esta cuestión, el escenario macroeconómico es claramente con riesgos a la baja y que se trasladan a la posibilidad de un mayor déficit público del estimado por el Gobierno en estos
momentos.


La segunda cuestión que me han preguntado, que tiene que ver más con el tono de la política fiscal, es: qué implicaciones tienen estos riesgos. He sido bastante claro, desde el punto de vista, de lo que debería hacer la política fiscal en
el caso de que se materializarán esos riesgos. Creo que la situación económica sigue siendo muy frágil y muy incierta y la política fiscal tiene que seguir ejerciendo un papel expansivo. Si se materializaran esos riesgos, habría que dejar actuar a
los estabilizadores automáticos y eso llevaría a más déficit público. Tampoco hay que descartar, dependiendo de cuál sea la magnitud de la severidad de las medidas de contención del confinamiento, etcétera, que haya que reincorporar otra vez
algunas de las medidas discrecionales que se han dejado de utilizar. También creo que es muy importante -esto lo he subrayado, no tanto en esta comparecencia como en otras- que a lo mejor tenemos que cambiar algunos de los instrumentos; en
particular, alguno de ustedes ha comentado el tema de la vulnerabilidad de las empresas, que es verdad que a nosotros nos preocupa por las consecuencias que puede tener sobre pérdida de tejido productivo y por supuesto de empleo en último término.
Las medidas que se han utilizado hasta ahora, que nosotros hemos defendido, creo que de manera bastante vehemente, han servido para eliminar una parte de la potencial destrucción de empresas que se hubiera producido, pero es verdad que nos hemos
encontrado con un conjunto de empresas que hoy están en una situación más vulnerable, más endeudadas y con perspectivas de demanda que todavía no son buenas y, por tanto, lo que era un problema de liquidez puede acabar convirtiéndose en un problema
de solvencia. Seguro que esto tiene alguna implicación y esto es lo que he enfatizado en otras comparecencias sobre cuál debe ser el instrumento óptimo en el caso de que la situación siga siendo muy frágil y a lo mejor no tenemos que seguir
enfatizando instrumentos de deuda, y los avales, aunque creo que su extensión probablemente siga siendo necesaria, lo mejor sería sustituirlos por capitalizaciones o subvenciones directas incluso, por un lado y, en segundo lugar, incluso hablar de
la posibilidad de reestructuraciones de deuda, en las cuales el sector público también debería incorporarse, dado que ahora una parte de los avales cubren una parte de ese endeudamiento.


Evidentemente, este análisis hay que hacerlo de una manera muy cuidadosa porque esas restituciones de deuda tienen que ser para aquellas empresas que pensamos que son viables, no para aquellas que han tenido un cambio estructural en su
demanda y que, por tanto, son inviables de futuro. Este es un ejercicio mucho más fácil de nuevo, como en casi todo, de decir que de hacer luego de una manera detallada, sobre todo con el tejido productivo, que tenemos en este país, tan atomizado
en empresas pequeñas y medianas que hacen tan difícil la gestión de crisis económica como esta. Quiero hacer un matiz sobre esta necesidad de que el tono de la política fiscal pueda adquirir una orientación más expansiva incluso de la que hoy
tiene. Esto es así, pero creo que es muy importante precisamente para seguir anclándonos en la restricción presupuestaria de medio plazo, que tiene que operar en cualquier caso y en ese programa de consolidación, que las medidas de ahora sean mucho
más focalizadas, no tan genéricas como las que se requirieron en los primeros momentos de la pandemia, y que sean temporales.

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Creo que eso es muy importante y liga con algo a lo que voy a hacer mención, y que ha señalado también el señor Bel, de la dificultad de estimar cuál es el impacto sobre el déficit estructural que va a generar esta pandemia. Eso es así per
sé, sobre todo porque no sabemos cuál va ser el efecto sobre el crecimiento potencial, seguro que negativo, pero sobre cómo es de relevante, no lo sabemos; no le añadamos otros elementos en el numerador en términos de gastos o de ingresos que hagan
que el déficit estructural aumente significativamente. Quedémonos con la temporalidad de algunas medidas y la focalización de las mismas para evitar que eso sea así.


Entro en el asunto de impuestos y gastos públicos. Creo que respecto de los impuestos creo que más o menos hemos coincidido todos en que, con independencia de que lo que pensemos sobre los distintos incrementos impositivos que se mencionan
que hay tres tipos de consideraciones que quiero volver a repetir. El momento de esta fragilidad económica probablemente hubiera hecho deseable que se retrasaran algunos de esos incrementos impositivos, en particular aquellos que pensamos que
pueden tener algún impacto más relevante sobre el crecimiento económico a corto plazo. Segundo, la necesidad de que cualquier modificación sobre los sistemas impositivos esté enmarcada dentro de una reforma tributaria integral -esto lo han
mencionado algunos de ustedes y yo le he dedicado parte de mi intervención a esta cuestión-. Luego hay un aspecto que me parece importante y que opera más, sobre todo para el impuesto de transacciones financieras, que para el impuesto actividades
digitales, y tiene que ver con la necesidad de coordinación internacional, si no queremos que puedan generarse efectos negativos derivados de este tipo de medidas. Estas son los tres tipos de consideraciones que quería hacer.


Sobre las pensiones, indiciación de pensiones y sobre todo indiciación de funcionarios. Creo que el señor Bel lo ha expresado de manera muy correcta. Mi posición es que creo que tendríamos que tener, y todavía estamos a tiempo, una
posición más prudente; y el punto básico que yo he tratado de hacer es que la previsión de inflación del Gobierno ahora mismo es de un 0,9, que es exactamente a lo que se están indiciando las pensiones y los salarios de los funcionarios. Lo que he
tratado de enfatizar es que es altamente probable que esa inflación sea más baja, como ya lo ha sido de hecho en el año 2020, en el que la indiciación ha sido el 0,9 y el Banco de España está estimando una inflación promedio para este año del menos
0,3, es decir, que hay una ganancia real para esos dos colectivos de más de un punto porcentual. La cuestión es que en este gráfico que he presentado se ve efectivamente, y esto lo sabemos todos, con una perspectiva, por ejemplo, desde el año 2007
que, en los funcionarios en particular, la indiciación no ha sido suficiente, no ha estado ligada a la inflación y ha habido pérdida acumulada de poder adquisitivo. La cuestión aquí es si este es el momento de recuperar ese poder adquisitivo. Creo
que no creo, creo que en este momento de incertidumbre, donde la tasa de paro está aumentando de manera significativa, en el que el efecto de la crisis sobre las finanzas públicas es muy fuerte, creo que ser prudente, como creo que reclamaba el
señor Bel, es casi una necesidad, y no generar, de nuevo volviendo a mi esquema inicial mental, no volver a aumentar estructuralmente el gasto público en un contexto de tanta incertidumbre y tanto daño a las finanzas públicas.


El señor Guijarro me mencionaba el tema de la productividad y yo reconozco que en esto soy un activista, si me permite. Creo que el gran problema que tiene esta economía es el de la baja dinámica de la productividad. Creo que en la
comparecencia de la Comisión de Reconstrucción indiqué que este punto es uno de los puntos centrales de mi intervención. Una buena parte de la pérdida de bienestar de los españoles cuando se compara con otros países desarrollados tiene que ver con
que la dinámica de la productividad ha sido significativamente más baja que la de Alemania, por ejemplo, y por supuesto que la de Estados Unidos; y además creo que cambiar la dinámica de la productividad y mejorarla tiene repercusiones muy
positivas, incluso, por ejemplo, sobre cuestiones como la desigualdad, una cuestión que a todos nos preocupa en la evolución en los últimos años.


Es verdad que no es fácil resolver el problema de la productividad. Claramente el diagnóstico que todos tenemos es que habría que tocar muchas teclas, y todas ellas muy importantes, de una manera bastante estructural, pero usted ha
mencionado una que me parece muy importante que es la del gasto en I+D, tanto público, como sobre todo privado, que en el caso de la economía española es muy reducido. Creo que no hay que quitar ninguna importancia a los temas de educación y
formación, que es algo fundamental, particularmente en este contexto, en el contexto de esta crisis, en el que de nuevo podemos tener cambios estructurales que hagan necesario, si no queremos que se genere paro estructural, formar a esos
trabajadores que van a perder su empleo de forma permanente porque esos sectores económicos a lo mejor van a tener un menor peso. Tampoco quitaría ningún hierro a otras variables más relacionadas

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con competencias y dinámica empresarial. Yo mencionaba, por ejemplo, en aquella intervención el tamaño empresarial, y tenemos identificado un conjunto de normas que desincentivan el crecimiento de las empresas y, por tanto, que no les
permite en último término, a nivel agregado al menos, que podamos aprovechar las economías de escala que nos llevarían a mayores ganancias de productividad. Yo creo que todo ese tipo de palancas, más otras más detalladas que mencionaba en aquella
comparecencia, son importantes, pero desde luego la que usted ha mencionado me parece muy importante.


Sobre el programa de consolidación fiscal ha habido también algunas dudas sobre lo que yo quería decir y creo que en esto voy a volver a intentar ser claro. Lo que yo estoy proponiendo no es una ejecución de un programa de consolidación
fiscal hoy, pues eso sería absolutamente incompatible con este mensaje sobre la necesidad de que la política fiscal deba mantener un tono expansivo y que, incluso, si la cosa se complica tanto estabilizadores automáticos como medidas discrecionales
añadan un componente expansivo a la recuperación porque permitan mantener la recuperación económica, pero creo que sí es muy importante, y además es difícil, lo ha dicho también el señor Bel, en primer lugar, estimar el nivel de partida del déficit
estructural. Yo he hecho una aproximación, un cálculo que por supuesto es criticable, pero que creo que ayuda al menos a cuantificar la magnitud del reto: 3 % de déficit estructural 2019 y en 3,1, lo estimaba el Banco de España; ingreso mínimo
vital, alrededor del 3 décimas adicionales; gasto sanitario, en el que probablemente 2 o 3 décimas más nos vamos a tener que gastar estructuralmente, no para gestionar esta pandemia, que será coyuntural sino para evitar otras futuras o también para
resolver de una manera estructural algunas de las deficiencias que hemos identificado como consecuencia de esta crisis.


El nivel de deuda pública es mayor y aunque los tipos de interés son muy bajos, evidentemente la carga de intereses también será estructuralmente mayor hasta que no lo bajemos y luego, esa decisión, que insisto creo que es el consenso de la
Cámara, de volver a iniciar las pensiones con la inflación para que mantengan el poder adquisitivo de acuerdo con todas las estimaciones disponibles, añade más o menos, yo he añadido solamente el punto porcentual de la primera década, no los otros
dos de las décadas siguientes, con lo cual me salen números aproximados de 5 puntos porcentuales, que no creo que sean exagerados porque para mí la gran duda es con el numerador del déficit estructural pero también con el denominador. Es decir,
¿cuál va ser efecto de esta crisis sobre el PIB potencial -que es el denominador del déficit estructural-? No lo sé, pero seguro que cero no, seguro que nulo no. Por tanto, esta es la magnitud del reto. Por eso es difícil, pero esa dificultad no
puede ser una excusa para que no nos pongamos manos a la obra.


Además, soy absolutamente consciente -no soy ingenuo- de que no es sencillo ponerse acuerdo sobre la pauta temporal. Yo he utilizado una métrica que no me parece particularmente ambiciosa porque el pacto de estabilidad tiene distintas
métricas y distintas obligaciones. He cogido solo una, que es la que aplica el déficit estructural. Saben que existe otra que se aplica a la dinámica de la reducción de la deuda pública, que en determinados contextos puede ser incluso más
exigente, pero me voy a olvidar por un momento de esta. La métrica que he utilizado es este ajuste estructural anual del 0,5 % que introduciría mucho gradualismo, porque estaríamos hablando de que sería compatible con las reglas fiscales hacer un
ajuste fiscal de hasta diez años, es decir de una década, en ese número estimado de 5 puntos porcentuales que mencionaba. Insisto, creo que va a ser muy difícil acordar la pauta temporal, que a lo mejor viene bastante impuesto por la regla fiscal,
pero la composición no. ¿En qué medida lo vamos a hacer a través de reducciones de gasto público e incrementos impositivos? Esto es lo que tiene que determinar esta Cámara en función de las preferencias sociales de los distintos grupos que, por
supuesto, representan a los ciudadanos, y es ahí donde los componentes más normativos e ideológicos son más fuertes y, por lo tanto, es más difícil ponerse de acuerdo. Por eso creo que es muy importante que se sienten cuanto antes para diseñar ese
plan presupuestario.


En cualquier caso, sin necesidad de entrar en los detalles de la composición, sería positivo que nos pusiéramos de acuerdo sobre la pauta de consolidación y que eso lo pudiéramos anunciar con una cierta anticipación; sería positivo lograr
ese efecto credibilidad, que es el que yo quiero ganar hoy para permitirnos el lujo, sin generar ningún efecto negativo sobre los mercados financieros, de una expansión fiscal en el corto plazo, pero asegurando también a todos los ciudadanos que las
finanzas públicas serán sostenibles el futuro. Creo que al menos sobre esa pauta temporal sería más fácil de lograr el acuerdo y luego, sobre esa base, se debería trabajar en los posibles detalles que si estamos hablando de una década, van a exigir
distintas legislaturas, en las cuales habrá probablemente distintas sensibilidades porque habrá distintos

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Gobiernos. Por eso de nuevo hago esta apelación al consenso sobre, al menos, algunos de los parámetros claves de ese proceso de consolidación, que creo que también es pertinente en esta ocasión.


El señor Manso me ha preguntado sobre las necesidades de financiación. No tengo aquí exactamente los números, pero es un ejercicio relativamente sencillo. Las necesidades de financiación del sector de Administraciones públicas en un
momento determinado es básicamente cogerse el nivel de deuda pública del año anterior -en este caso, si es para 2021, el de 2020-, ver cuál es la vida media de la deuda pública en cada momento -ahora debe estar cercana a los siete años-, con lo cual
salen unas amortizaciones como consecuencia de esa deuda pública pasada determinada, que en nuestro caso puede estar en el entorno del 17 % el año que viene y, además, están las necesidades generadas por el déficit público. Dependiendo de la
magnitud del déficit público del año que viene, las necesidades de financiación del sector público español superarán los 20 puntos porcentuales el año que viene que, evidentemente, es una cantidad muy significativa.


Me preguntaba además el señor Bel sobre si tenemos alguna estimación de cuál habría sido la caída económica de este año sin las medidas que se han aplicado. Hasta el momento yo he rehuido dar una respuesta numérica a esta cuestión porque
creo que cualquiera de ellas -incluida, por cierto, la que se presenta en el presupuesto- minimiza el efecto. Y me pasa lo mismo con la respuesta de política fiscal como con la respuesta de política monetaria. Calcular sobre la base de nuestros
modelos, con los multiplicadores al uso que se utilizan, si el impulso fiscal de este año se estima en 1,5 puntos con un multiplicador de 0,7 ha sido solo de menos de un 1 punto porcentual, sinceramente no me parece muy creíble. Me pasa exactamente
lo mismo con la política monetaria porque realmente tanto la política monetaria, por un lado, como la política fiscal, por otro, en este caso con una casi coordinación implícita -que no explícita- que ha habido incluso con las autoridades bancarias
supervisoras, me parece que el contrafactual habría sido un desastre mayúsculo. Evidentemente, estos modelos, que no tienen esos componentes no lineales que serían necesarios para hacer esos contrafactuales, minimizan su impacto final. También
preguntaba el señor Bel sobre este número que aparece en el documento que se ha distribuido en la comparecencia, sobre el 70 % del gasto. No me he traído las cifras exactas, señor Bel, pero como un ejemplo, tengo aquí las principales rúbricas del
presupuesto de gasto de la Seguridad Social que, como sabe, incluye en la liquidación del año 2019 como un avance de liquidación del año 2020. Cojamos esto simplemente como referencia. En este caso las pensiones contributivas -que, en principio,
si han aumentado no habrá sido por la pandemia, por la pura evolución demográfica- han aumentado en alrededor de 3500 millones de euros. Las prestaciones por desempleo -que en principio yo se las adjudicaría todas a la pandemia como consecuencia de
la actividad económica- han aumentado en 20 000 millones de euros; 3000 versus 20 000. A la mejor esto está poniendo un cierto sesgo a partidas que están relacionadas con la pandemia, pero estamos hablando del incremento, de la variación, y esa
aproximación del 70 % que han hecho los economistas del Banco de España, en un sentido amplio de la pandemia, me parece que es fidedigna y que da una señal relativamente adecuada. Y cuando nos referimos a la pandemia en sentido amplio no queremos
decir solamente gasto sanitario -que ha sido muy importante, pero que ha sido una cantidad relativamente pequeña-, sino incluyendo todo el efecto de las medidas, algunas como los puros estabilizadores automáticos, prestaciones por desempleo; y
otras, ERTE y demás, que han sido medidas ad hoc adoptadas durante la crisis.


He dejado para el final tratar de responder a varias consideraciones que se han hecho sobre la política monetaria, que creo que también es importante que yo trate de clarificar. Aquí es importante distinguir el corto plazo del largo plazo
y, entre medias de los dos, algunos cambios estructurales que están afectando tanto al corto como también al largo plazo. En el corto plazo, evidentemente, la política monetaria del Banco Central Europeo, como decía el señor Manso, todos sabemos
que tiene un objetivo, que es la estabilidad de precios del área del euro, y evidentemente de los países individuales, y, por tanto, el Banco Central Europeo ha actuado en este contexto con medidas muy contundentes para, por una parte, evitar el
deterioro de la actividad económica y la inestabilidad de los mercados financieros que, por supuesto, podía haber devenido en un deterioro macroeconómica todavía peor, y todo ello, por supuesto, para eliminar o reducir los efectos negativos sobre el
cumplimiento de nuestro objetivo de inflación porque, como todos sabemos y lo estamos viendo en los últimos datos, esta es una crisis que está siendo esencialmente deflacionaria. En un primer momento pudimos tener algunas dudas porque esto era una
combinación de shock de oferta y shock de demanda, pero claramente esto ha sido y sigue siendo un shock deflacionario. Ha adoptado medidas muy contundentes y, efectivamente, estoy de acuerdo con muchos comentarios que se han hecho; uno de los
principales canales de transmisión de la política

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monetaria durante esta crisis ha sido el que ha operado a través de la reducción de las primas de riesgo y de los tipos de interés de la deuda pública en general, lo que ha permitido que la política fiscal en este caso, que todos estamos de
acuerdo que tenía que ser muy expansiva, lo haya hecho sin preocuparse, al menos en el corto plazo, sobre consideraciones de sostenibilidad fiscal en el medio plazo. Y creo que en particular el hecho de que la política monetaria del Banco Central
Europeo se haya ejercido en este caso con mucha flexibilidad, lo que es una novedad, en el sentido de que estamos comprando más deuda pública de aquellos países que han tenido más dificultades durante la crisis, ha sido muy importante -lo sabemos,
tenemos evidencia empírica- para que las primas de riesgo de hoy de los países más vulnerables, en los que la pandemia y la crisis económica generada por la pandemia ha producido efectos más negativos, sean prácticamente las mismas que antes de la
crisis. Esto se deriva en buena medida de la política monetaria y también, por supuesto, de la señal que han proporcionado la respuesta general europea.


Esto tiene que seguir siendo así sobre la base de las mismas consideraciones. ¿Cuál es la situación hoy? Que la inflación subyacente en el área del euro está en el 0,2 %. Las expectativas de inflación medidas, por ejemplo, por los
mercados están en niveles muy reducidos y claramente los riesgos para el cumplimiento del objetivo de inflación en los próximos años en el horizonte del medio plazo que tiene el Banco Central Europeo han aumentado. Esto es lo que comunicamos la
semana pasada. Tras el análisis que hizo el Consejo de Gobierno, efectivamente, hemos trasladado esta visión que he dado yo hoy para la economía española pero que es global -como también decían algunos de ustedes- y, por supuesto, europea, de que
los riesgos para los escenarios centrales hoy son claramente a la baja y se pueden estar materializando ya como consecuencia de las medidas que están operando. Esto añade, por supuesto, riesgos para la inflación y, por tanto, de alguna manera lo
que hemos señalizado es que es altamente probable que en diciembre volvamos a añadir estímulo monetario al que tenemos hoy. Este es el corto plazo. ¿Quiere decir esto que en el medio plazo los tipos de interés bajos van a estar aquí para quedarse?
Yo creo que aquí hay dos tipos de consideraciones. Una de carácter más estructural, de la que al menos los economistas de los bancos centrales llevamos hablando mucho tiempo, que ha condicionado nuestra actuación de política monetaria en los
últimos años, y es que lo que nosotros llamamos el tipo de interés natural de las economías desarrolladas es ahora muy bajo, por distintas cuestiones que tienen que ver con demografía, envejecimiento poblacional -también afecta a esta cuestión-,
baja productividad, que es un problema muy relevante para España pero que también lo está siendo incluso para otros países desarrollados que tienen dinámicas mayores que nosotros pero también con pendientes o con dinámicas más negativas que las que
tuvieron en el pasado. Evidentemente, ese tipo de interés natural muy reducido está llevando a que los bancos centrales estén manteniendo tipos de interés muy bajos para prácticamente todas las jurisdicciones, incluso ahora por cierto en los países
emergentes como consecuencia de la crisis.


Este escenario de tipos bajos durante más tiempo es hoy, más o menos, el consenso de los analistas. Ahora bien, ¿quiere decir esto que los tipos de interés no pueden subir? Los tipos de interés tienen dos componentes: este, en el caso de
una unión económica y monetaria, que tiene un componente estructural muy importante que condicionará por supuesto las decisiones de política monetaria en el medio plazo y que está siendo objeto de revisión en el marco de la revisión estratégica de
la política monetaria que está desarrollando el Banco Central Europeo, pero luego evidentemente el tipo de interés doméstico de cada uno de los países depende crucialmente de la credibilidad de la política económica. Ahí están esas primas de riesgo
que, si los mercados percibieran la insostenibilidad de las finanzas públicas, acabarían aumentando casi con independencia de lo que está haciendo el Banco Central Europeo con los tipos de interés oficiales. Este es un canal que sabemos que ha
operado claramente en el pasado. Ante niveles de endeudamiento a los que nos vamos a enfrentar cercanos al 120 si no al 130 %, dependiendo de los escenarios, con niveles de déficit estructural como los que hemos mencionado, evidentemente esa
posibilidad hay que tomársela muy en serio, por no decir que esta situación de las finanzas públicas deja a la economía española con muy poco margen de maniobra para poder enfrentar perturbaciones negativas que pueden volver a ocurrir en el futuro.
El hecho de que nos haya ocurrido esta no elimina la posibilidad de que nos vuelva a ocurrir otra en el futuro, y son todos esos argumentos los que me hacen pensar que es absolutamente prioritario y creo que debería de haber de nuevo un consenso -yo
también he pedido un consenso incluso sobre este principio- en que el programa de consolidación fiscal tiene que ser una necesidad. Es una necesidad para este país y creo que es muy importante que el diseño -que no la ejecución, insisto- de ese
programa se haga cuanto antes.


Con esto, presidenta, acabo.

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La señora PRESIDENTA: Muchas gracias por su comparecencia. Le agradecemos mucho que dé las explicaciones de esta manera tan extensa.


Vamos a hacer aquí un receso para convocar Mesa y portavoces. (Pausa).


- DE LA SEÑORA SECRETARIA DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS (GUALDA ROMERO). A SOLICITUD DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS CIUDADANOS (número de expediente 212/000829); PLURAL (número de expediente 212/000942); VOX (número de expediente
212/000683); POPULAR EN EL CONGRESO (número de expediente 212/000565); SOCIALISTA Y CONFEDERAL DE UNIDAS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-GALICIA EN COMÚN (número de expediente 212/000852).


La señora PRESIDENTA: Reanudamos la sesión con la segunda comparecencia y le damos la bienvenida a la secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos, doña María José Gualda Romero. Intervendrá ella en primer lugar y luego, como hemos hecho
en la primera comparecencia, daremos la palabra a los diferentes grupos parlamentarios. Cuando quieras.


La señora SECRETARIA DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS (Gualda Romero): Buenas tardes ya a todas y a todos.


Señorías, comparezco ante ustedes ante esta Comisión de Presupuestos para presentarles los Presupuestos Generales del Estado para 2021. Como saben, son unos presupuestos extraordinarios y no solo por el contexto sanitario, económico y
social en el que nos encontramos, alterado por el COVID-19, sino que también son extraordinarios porque son el instrumento necesario -yo diría, imprescindible- para canalizar los 27 000 millones de los fondos comunitarios del Plan Nacional de
Recuperación, Transformación y Resiliencia. Conscientes de que los presupuestos son el principal instrumento que el Gobierno tiene para atender las demandas de la ciudadanía y del país en su conjunto, hemos elaborado unos presupuestos justos y
sociales que no solo impulsarán la actividad económica, sino que también permitirán la recuperación y la transformación económica y social de nuestro país. Las señas de identidad de estos presupuestos son la cohesión, la justicia social, la lucha
contra la desigualdad y la sostenibilidad. Son aspectos que quieren precipitar un modelo de crecimiento económico equilibrado, sólido, inclusivo y sostenible. (Apoya su intervención en un powerpoint).


Como saben, el pasado 27 de octubre el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de ley de Presupuestos Generales para 2021, que se apoya en cuatro pilares fundamentales: la aceleración de la transformación digital, la transición
ecológica, la cohesión territorial y social y, de forma transversal, dentro de una agenda feminista. Estos presupuestos serán el instrumento para concretar esa aceleración de la transformación digital en la que radica el futuro de nuestro tejido
productivo: la transformación de la capacidad de nuestros trabajadores, de nuestras pymes y de la economía social en su conjunto. La transición ecológica hacia una economía sostenible focalizada en la preservación del medio natural, del medio
ambiente, con especial atención y protección al mundo rural, apostando por ganar competitividad e innovación e impulsando la investigación y el conocimiento intensivo de las áreas emergentes. La cohesión territorial y social, imprescindible para
que no se ensanchen las diferencias existentes entre los territorios, reduciendo la brecha de desigualdad y desequilibrio que ha habido y que se puede intensificar con la pandemia. Además, estos presupuestos se enmarcan en una agenda totalmente
feminista, porque se pretende que se sumen todos y todas para eliminar esa brecha de género que nos acompaña todavía en estos momentos.


Por ello, los Presupuestos Generales del Estado para 2021 ayudan a transformar la realidad desde su propia concepción. Incorporan tres ejes fundamentales. Llevan una serie nueva, la serie azul, e incorporan tres informes: el informe de
alineamiento de los Presupuestos Generales del Estado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible incluidos en la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, el informe de impacto de género, haciendo unos presupuestos con perspectiva de
género, y el informe del impacto de los presupuestos en la infancia, en la adolescencia y la familia. El primer informe, el informe de alineamiento de las cuentas públicas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, es un informe
pionero. Es el primer presupuesto de carácter nacional que alinea todas sus políticas públicas y esto supone un cambio de paradigma. Refleja el compromiso político y económico de la práctica presupuestaria con las políticas de desarrollo
sostenible. Solo con el análisis de este informe se podría ver la identificación de las líneas fundamentales del presupuesto, ya que el presupuesto está alineado fundamentalmente con las personas, impacta directamente en que nadie se quede atrás,
tiene una

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participación muy elevada en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de lucha contra la pobreza, igualdad de género, salud y bienestar, reducción de desigualdades, hambre cero y educación de calidad, entre otros. Además, los presupuestos
están totalmente identificados con el cuidado del planeta y refuerzan los compromisos con la transición verde, justa y ecológica. Por lo tanto, se puede ya medir el alineamiento en un alto grado de alineamiento con los objetivos en energías
asequibles y no contaminantes, en ciudades y comunidades sostenibles y acción por el clima. Y, como no podía ser de otra forma, el alineamiento de los presupuestos para 2021 implica garantizar la prosperidad del país a través de un modelo de
crecimiento económico que sea equilibrado, inclusivo y sostenible, como he dicho anteriormente.


Asimismo, los presupuestos llevan un segundo informe, el informe de impacto de género. Es un informe que va más allá del propio análisis del impacto de género de cualquier marco normativo regulatorio, ya que pretende adecuar todas las
consignaciones presupuestarias para analizar cómo desde las distintas políticas se puede contribuir a la igualdad de oportunidades, a erradicar desigualdades y a profundizar en la igualdad entre mujeres y hombres. En este informe se trabaja por
primera vez en tres aspectos: la realidad, la representación y los recursos. Se han analizado 234 programas, que es un 80 % del total del presupuesto, y se ha identificado que más del 67 % de los programas presupuestarios tienen una pertinencia
media y alta hacia la búsqueda de erradicar desigualdades y hacia la perspectiva de género.


Por último, el tercero de los informes atiende a la gran prioridad que tiene este Gobierno. Es el informe de impacto de los presupuestos en la infancia, en la adolescencia y la familia. Es un sector especialmente sensible al que las
cuentas públicas consagran su máxima dedicación. Este es un informe también de carácter pionero que se hace por primera vez en unos presupuestos generales e identifica todas aquellas políticas que tienen que apuntalarse y a las que hay que dedicar
el máximo de recursos, como la lucha contra la pobreza infantil. Pone de manifiesto la importante financiación en programas sociales de protección a la familia y atención a la pobreza infantil, como he dicho anteriormente. Entre otros, destaca el
gran impulso de recursos económicos al ingreso mínimo vital para hacer frente a la pandemia y para atender a las familias más vulnerables. El aspecto de la adolescencia adquiere un gran relieve en estos presupuestos, sobre todo en el plan de
modernización de la formación profesional, un plan que luego me detendré en explicar y que incardina diferentes acciones para un modelo de aprendizaje diseñando itinerarios educativos y formativos que puedan ayudar a los jóvenes a tener una vida más
formada y, sobre todo, una salida profesional.


Señorías, antes de profundizar en las grandes líneas del presupuesto, quisiera detenerme un instante en el contexto que tienen nuestros presupuestos. El contexto es y tiene que seguir siendo un contexto de estabilidad presupuestaria y
sostenibilidad financiera. Conocen que se ha producido la suspensión de las reglas fiscales, dado que en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento la Comisión Europea adoptó la activación de la cláusula general de salvaguarda y que en este Congreso se
aprobó por mayoría la apreciación de la pandemia como un elemento ajeno al control de los Gobiernos. Por lo tanto, esa cláusula general de salvaguarda, aunque mantiene los procedimientos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, permite que los
Estados miembros puedan tomar decisiones presupuestarias para poner los recursos necesarios para salir de la situación a la que nos enfrentamos. Las recomendaciones y el dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2020 recomiendan que
durante el ejercicio 2020-2021, en consonancia con esta cláusula general de salvaguarda, se combata eficazmente la pandemia, se sostenga la economía y se respalde posteriormente la recuperación de forma eficaz. Por lo tanto, tras la comunicación en
septiembre de la Comisión de que se mantendría esta cláusula durante el año 2021, se adoptó la aplicación de la misma.


Con el contexto macroeconómico en el que se desarrollan nuestros presupuestos, no ajenos a las incertidumbres que nos acompañan, hemos elaborado unos presupuestos con una previsión de cierre, que ya se comunicó a la Comisión Europea el 15 de
octubre, y dentro de un contexto de caída fuerte, importante, del PIB para 2020, pero, a la vez, con un crecimiento que, además del inercial esperado en un 7,2 %, con la presupuestación de los fondos para la recuperación, transformación y
resiliencia, podría alcanzar hasta el 9,8 %. Por lo tanto, teniendo en cuenta esta situación macroeconómica, se han proyectado unos ingresos de forma prudente, pero, a la vez, con la esperanza de que se pueden recuperar en un 14,5 %. Estas serían,
principalmente, las bases de unos ingresos que, al compararse con el ejercicio 2020, con ese confinamiento y este periodo descrito, donde vemos una importante recuperación, incorporan algunas medidas de carácter tributario, leves pero con carácter
justo y progresivo. Si bien, la secretaria de Estado de Hacienda procederá a continuación a profundizar en la parte de los ingresos, para resolver todas las dudas o explicaciones que tengan al respecto.

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Me voy a detener en el principal elemento que nos va a llevar a un presupuesto sólido, como es la incorporación del marco de recuperación y resiliencia dentro de los propios presupuestos. Como han podido observar en el límite del techo de
gasto que se aprobó por el Consejo de Ministros el 6 de octubre, alcanzando 196 097 millones de euros, en este límite de gasto se incluía la presupuestación de forma inédita también en los Presupuestos Generales del Estado de los fondos asignados
por la Comisión Europea. Por lo tanto, el gasto no financiero de los presupuestos, si nos limitamos, si me permiten la expresión, a los recursos de los presupuestos nacionales, el límite de gasto sería 136 017, incorporando las transferencias, que
a continuación detallaré, para atender a la sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social y también para hacer más viable la atención a los recursos básicos fundamentales de las comunidades autónomas, estaríamos en un techo de gasto que
incorporaría a los 136 000 los 27 436 de recursos de la Unión Europea y 31 882 millones de euros para Seguridad Social y comunidades autónomas. Aunque hayamos partido de que tenemos la suspensión de las reglas fiscales, como he comentado
anteriormente, por la cláusula general de salvaguarda otorgada por la Comisión Europea, nosotros nos hemos comprometido a una reducción del déficit público que estimamos pasará del 11,3 % del PIB en el ejercicio 2020 al 7,7 % en el ejercicio 2021.
Asimismo, en la Administración del Estado, el déficit que tendríamos para el ejercicio 2021 sería de un 2,4 %, si bien al hacerse cargo el Estado tanto del 1,7 % del déficit del subsector Seguridad Social y del 1,1 de comunidades autónomas, el
déficit de la Administración central pasaría a 5,2 %.


A continuación, quisiera destacar un elemento fundamental que hace que estos presupuestos tengan este carácter absolutamente imprescindible y prioritario, así como extraordinario, y es la incorporación de los fondos de recuperación,
transformación y resiliencia. Como bien conocen, la Unión Europea aportó 750 000 millones de euros para un fondo de recuperación a los Estados miembros, en dos principales instrumentos: el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y el React. Pues
bien, siendo España el segundo país que más recursos ha percibido de estos dos grandes mecanismos, obteniendo unos 72 000 millones de euros, solo en lo que son transferencias, los presupuestos para 2021 ya hacen el esfuerzo de presupuestar dentro de
los mismos 26 634 millones, 24 198 millones del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y 2436 millones de euros del React. De estos 26 634 millones de euros que se presupuestan para el ejercicio 2021, ya se han preasignado para su ejecución, a
través de los territorios de las comunidades autónomas, 10 793 millones de euros y 1489 millones de euros para la ejecución a través de las entidades locales. Si bien, para completar la visibilidad de cuáles son los fondos de la Unión Europea que
tendrán que ejecutar y llevar a cabo las comunidades autónomas, hay que incorporar también los 10 000 millones del React, de los cuales 8000 millones programarán y presupuestarán las comunidades autónomas en 2021 y 2000 millones en 2022. Por lo
tanto, el conjunto de fondos de la Unión Europea que acompañarán a los presupuestos nacionales para 2021 en el conjunto de las administraciones territoriales y administraciones públicas será 34 634 millones de euros, de los que 18 793 serán
gestionados directamente por las comunidades autónomas, un 54 % del total, y si sumamos la parte que ejecutarán directamente las entidades locales, llegaríamos a un 58 % de todos los fondos de recuperación que se ejecutarán directamente en el
territorio. Este es un esquema que resulta extraordinario, un esquema de cogobernanza que en la actualidad se está diseñando para que se fortalezcan las estructuras de colaboración política y administrativa y para que, además, participen de forma
activa no solamente las comunidades autónomas, sino las entidades locales, el sector privado y el conjunto de la sociedad civil.


Paso ahora a detallar las grandes líneas de los Presupuestos Generales del Estado y la gran importancia que tiene la dotación de recursos de los fondos europeos en cada una de las políticas públicas. Podrán comprobar que los presupuestos
que vamos a enumerar y a destacar son para la recuperación y la transformación. En primer lugar, el gasto social. Aquí viene uno de los pesos más importantes, el 59,9 % del total de los recursos, con un incremento del 10,3 %. Pero si solamente
tuvieran los recursos del presupuesto nacional, ya incrementaría el gasto social un 6,2 %, si bien alcanza el 10,3 con los 8988 millones de euros que se aportan en los fondos de recuperación. Asimismo, las pensiones dentro de este gasto social
subirán un 0,9 % y las no contributivas el doble, un 1,8 %, con el objetivo fundamental de que nuestros mayores no pierdan poder adquisitivo. Otro pilar fundamental es la dependencia, a la que se destina un incremento de 603 millones de euros, un
34 %, recuperando el nivel convenido que había desaparecido en el año 2012 e incrementando prácticamente un 20 % el nivel mínimo, alcanzando la cifra de 1746 millones de euros. Asimismo, se destinan 218 millones de euros a las cotizaciones de las
personas cuidadoras no profesionales. Otro hito del presupuesto es la apuesta firme por las becas y ayudas a estudiantes, la igualdad de oportunidades, 2090 millones de euros, un incremento

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de un 33 %, el más importante en los últimos años. Asimismo, como decíamos, preocupados por la pobreza infantil y la protección a las familias más vulnerables, un incremento del 59 % en la protección a la familia y atención a la pobreza
infantil, alcanzando la cantidad de 159 millones de euros, que junto con el programa europeo para ayuda alimentaria contra la pobreza infantil -FEAD- de 91 millones se hace una apuesta firme para la erradicación de la pobreza infantil. Un elemento
fundamental y nuevo es el Plan corresponsable, al que se aportan 200 millones de euros. Se trata de un proyecto piloto que viene a ofrecer soluciones para la conciliación de las familias con menores de catorce años que se llevará a cabo a través de
las comunidades autónomas. Por supuesto, se consolida la dotación presupuestaria para el ingreso mínimo vital, que beneficiará a unas 850 000 familias, dotándose con más de 3000 millones de euros. Se lleva a cabo la equiparación real e igualitaria
del permiso de cuidados del menor, paternidad y maternidad, alcanzando el permiso de paternidad las dieciséis semanas, con un impacto de 300 millones de euros en el ejercicio 2021. Se incrementan las dotaciones para el Pacto de violencia de género,
pasando en el Ministerio de Igualdad de 159 millones de euros a 180 millones de euros. Asimismo, se incrementan todos los gastos correspondientes al Pacto de Estado contra la Violencia de Género a través de las delegaciones del Gobierno de los
ejercicios en los que no hemos tenido presupuesto, 2019, 2020 y el correspondiente 15 % que así se establecía para el ejercicio 2021.


Esta actuación del Ministerio de Igualdad, junto a la del Ministerio del Interior, que mejorará la protección de víctimas de violencia de género mejorando los formularios de valoración policial del riesgo para su implementación en el sistema
VioGén, junto con las actuaciones que desarrollará el Ministerio de Justicia con las nuevas unidades forenses de valoración integral y las plazas en la oficinas de asistencia a las víctimas, consolidan el Pacto de Estado contra la Violencia de
Género y lo cumplen estrictamente. También se dota un 33,4 % más para gastos de atención a los inmigrantes dada la intensidad de la presión migratoria que se produce en nuestras costas.


Y si hay algo que destacar de forma muy muy singular es el aumento de recursos a la sanidad. El aumento de recursos a la sanidad, no solo por el Plan para la recuperación y resiliencia, sino por los propios recursos del presupuesto
nacional, adquiere unas dimensiones inéditas respecto a cualquier otro presupuesto que puedan comparar. Se aporta del mecanismo 2945 millones de euros que dedicará el Ministerio de Sanidad a un plan de renovación de tecnología sanitaria para todo
el Sistema Nacional de Salud para potenciar el programa-marco estratégico de atención primaria y comunitaria tan necesariamente necesitado de impulso y refuerzo en los momentos que nos acompañan por importe de 1089 millones de euros. Por supuesto,
más de 1010 millones de euros para la adquisición de vacunas frente al COVID-19 y más de 225 millones para proyectos vertebradores del Sistema Nacional de Salud, potenciando e igualando la cartera de servicios. Asimismo, se recupera el Fondo de
Cohesión Sanitaria, que fue eliminado o quedó suspendido desde el año 2012, para la compensación de asistencia sanitaria a pacientes que tengan que pasar de una comunidad a otra para ser atendidos. Asimismo, se dota de 73 millones de euros más al
Ingesa para atender las situaciones de emergencia del COVID en los centros del Ingesa.


Principalmente quisiera señalar el gran esfuerzo que se hace, además de en la sanidad, en políticas para el fomento del empleo, al que se destinan 7400 millones de euros. Si hay un elemento que nos preocupa después de la sanidad de
inmediato en este país es la recuperación del empleo. Para ello, se incrementan las políticas de empleo en un 29,5 %, principalmente en aspectos como bonificaciones para la contratación de colectivos que tengan dificultades al acceso del mercado
laboral; 663 millones de euros para el plan de choque de empleo joven, que pretende reducir la tasa de paro juvenil hasta el 23,5 % entre jóvenes de veinte a veintinueve años, y por último, la parte también significativa del impulso a la formación
profesional para el empleo, con el apoyo al mismo por importe de 2771 millones.


Otro elemento a destacar es el acceso a la vivienda, principal elemento preocupante que tiene este Gobierno progresista de coalición. Señorías, 1772 millones más para el fomento a la edificación, un 25 % solo por la parte del presupuesto
nacional, y adquiere un incremento del 367,9 % con la aportación del mecanismo para la recuperación y resiliencia. Para la rehabilitación sostenible y para la rehabilitación de viviendas, más de 1500 millones de euros. Señorías, la inversión
pública es uno de los elementos fundamentales al que se dedican potencialmente los recursos del mecanismo y también los recursos del presupuesto nacional. El gasto no financiero en operaciones de capital aumenta un 138,3 %, alcanzando los 39 340
millones de euros. La inversión directa del capítulo 6 aumenta un 33,1 % y las transferencias de capital, es decir, inversiones que se hacen a través de comunidades autónomas, entidades locales y entidades del sector público, experimentan un
incremento del 228,8 %. Claramente se demuestra la vocación inversora que tienen estos presupuestos.

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Elementos de gran trascendencia en la inversión pública los encontramos en la política de infraestructuras y ecosistemas resilientes, que ascienden a 11 527 millones de euros. Esta cantidad tienen previstos 4696 millones dentro de este
importe del mecanismo para la recuperación y resiliencia. Asimismo, se prevé crear también un fondo de restauración ecológica y resiliencia que recibirá 1395 millones de euros y 1489 millones de euros para el desarrollo rural y sostenible a través
de una transformación justa y equilibrada en el sector agroalimentario. Más de 5106 millones de euros para la investigación, desarrollo, innovación y digitalización, creciendo esta política en un 80 %, ya que va a disponer de 11 483 millones de
euros. Entre ellos, dará cobertura al programa de investigación y desarrollo tecnológico industrial por importe de 1905 millones de euros, al fomento y la coordinación de la investigación científica y técnica, a la innovación tecnológica y de
telecomunicaciones y al desarrollo de la sociedad de la información, dotando de cobertura presupuestaria la recientemente aprobada Agenda de España Digital 2025. También se dotan con 320 millones los recursos dirigidos a compensar a los
consumidores electrointensivos de electricidad.


Evidentemente, el apoyo al sector turístico es uno de los elementos fundamentales que tienen que recoger los presupuestos para 2021, sector que ha sido y está siendo gravemente azotado por la pandemia. El sector turístico dispondrá de 1057
millones de euros para el mantenimiento y rehabilitación sostenible de bienes inmuebles en el patrimonio histórico, para un plan de sostenibilidad turística y destino y para proyectos de economía circular, así como para potenciar el Plan de
transformación digital de destinos turísticos. La cooperación para el desarrollo también tiene un crecimiento del 20 %.


Y no podemos dejar de destacar, tal como he dicho anteriormente, los recursos que se incrementan en las comunidades autónomas, en las administraciones territoriales, además del React, los 8000 millones para 2021, las transferencias
adicionales de 13 486 de ese 1,1 % de déficit, además de la aportación al sistema de financiación por una cuantía de 113 729 millones para comunidades autónomas y 19 701 para entidades locales. También esta parte se explicará más detenidamente en
la comparecencia de la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local. Pero, además de esto, se incrementan otras transferencias consignadas en los Presupuestos Generales del Estado de carácter nacional. En comunidades autónomas se
incrementa un 41,6 %, hasta alcanzar los 9760 millones, y en entidades locales se incrementa un 20,4 %.


Señorías, esbozadas las principales líneas de nuestro presupuesto, dado que soy la secretaria de Estado de Presupuestos, y aunque sean muy pesados los números y los porcentajes, lamentablemente tengo que continuar explicándoles cómo crecen
nuestros presupuestos en la clasificación económica y en la clasificación funcional. Creo que con una mirada activa al presupuesto prácticamente los números hablan por sí solos. El total del presupuesto consolidado que tiene para el 2021 este país
sería de 550 484 millones de euros, un crecimiento del 19,4 % en su globalidad, pero he de destacar que el gasto no financiero crece un 17,5 %. Y, lo que es más significativo, el gasto corriente crece un 11,3 %, si bien la inversión alcanza un
crecimiento del 138,3 %.


Pasando a los presupuestos del Estado en lo más concreto, quisiera destacar los tres niveles de la presupuestación: el nivel de presupuesto nacional, los recursos que va a absorber el Estado para la sostenibilidad de la Seguridad Social y
sostenibilidad de las comunidades autónomas y el mecanismo para la recuperación y resiliencia. En el presupuesto del Estado el incremento sería de un 41 % y de un 25,2 % si excluyéramos la aportación de la Comisión Europea, de los fondos europeos.
Asimismo, el crecimiento solamente del gasto no financiero del presupuesto exclusivamente nacional sería de un 6,2 %, y volvemos a destacar, evidentemente, el esfuerzo inversor que tienen los presupuestos para el 2021. Las inversiones, las
operaciones de capital adquieren en el presupuesto del Estado un incremento de 157,5 % y las operaciones corrientes, el gasto corriente un 29,8 %.


Desgranando rápidamente por capítulos, pasaremos a ver cómo el capítulo 1 crece un 4,2 %, que incluye la revalorización, el incremento retributivo de IPC de 0,9 % de los empleados públicos -las retribuciones de los empleados públicos- y
elementos muy singulares como el incremento de la tasa de reposición. Hemos aumentado la tasa de reposición para dotar a nuestras administraciones de empleados públicos por la caída que había habido desde la congelación de tasas en ejercicios
anteriores, pasando de un 100 % en los servicios básicos fundamentales a un 110 %, y de un 75 % a un 100 % en el resto de empleados públicos; se mantiene, lógicamente, el 115 % en fuerzas de seguridad del Estado.


Asimismo, el capítulo 2 crece un 9,6 % dentro de la parte de presupuesto nacional, principalmente con un incremento en la contratación centralizada a fin de hacer más ágil y más eficiente la economía de escala en la contratación pública, y
otros incrementos como son los del Ministerio del Interior para servicios

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básicos y del Ministerio de Educación. Cabría destacar también la dotación por primera vez de memoria democrática con 4,1 millones de euros. De todas formas, el elemento más destacable del capítulo 2 es la dotación en el Ministerio de
Sanidad para la compra de vacunas, como hemos dicho anteriormente, por más de 1010 millones de euros. Es el capítulo que se mantiene prácticamente en las mismas cuantías que tenía en el ejercicio 2018.


Del capítulo 4 cabe destacar que solo crece en el presupuesto nacional un 6,7 %; principalmente aquí va también el incremento a clases pasivas, a pensiones de clases pasivas, también al 0,9 %; incrementos a la aportación a la Unión Europea
o los propios incrementos que se hacen a través de las transferencias a la Seguridad Social, no las de sostenibilidad adicional de este año, sino las propias, tales como prestaciones para pensiones no contributivas, el ingreso mínimo vital o el
complemento a mínimos. Asimismo, se incrementa en el Ministerio de Transportes 278 millones para transferencias y paliar las dificultades que están teniendo las empresas de transporte del sector público. El Ministerio de Educación, como destacaba
al inicio, tiene un incremento en becas y ayudas que alcanza los 514 millones de euros, prácticamente un 35 %. En el Ministerio de Trabajo se incrementa la financiación al SEPE para atender el incremento del Iprem que, como saben, llevaba
prácticamente una década sin incrementarse, en un 5 %. El Ministerio de Sanidad y Derechos Sociales, como hemos significado, tanto para el plan de pobreza infantil como para transferencias al Ingesa.


Por último, cabría destacar la apuesta firme y definitiva que ha hecho el Estado por atender la primera recomendación del Pacto de Toledo asumiendo desde los Presupuestos Generales del Estado gastos que anteriormente se atendían en el
sistema de Seguridad Social, con un importe de más de 13 000 millones de euros, más 4467 millones de euros que se transfieren al SEPE a fin de hacer posible, primero, que se atienda el incremento de prestaciones para desempleo o las necesidades que
se puedan provocar en el ejercicio 2021, asimismo para no disminuir las políticas activas de empleo, sino, como hemos dicho anteriormente, incrementarlas en casi un 30 %. Por otro lado, también en el capítulo 4 se asumen las transferencias a
comunidades autónomas por 13 486 millones de ese 1,1 % que hemos dicho anteriormente, y a ello habría que sumar los fondos destinados del mecanismo de recuperación, 4159 millones de euros en capítulo 4, que se destinan potencialmente dentro del
mecanismo por el Ministerio de Educación a las comunidades autónomas para llevar a cabo el Plan de Formación Profesional y el Plan Educa en Digital, cuyo fin es reducir la brecha digital habilitando aulas digitales interactivas para un sistema
híbrido de enseñanza presencial y a distancia como nos obliga la situación que hemos vivido y que continuamos viviendo. En el Ministerio de Trabajo destacan las políticas activas de empleo, como les he dicho anteriormente. Por último, también
querría hacer referencia a la apuesta por el sector de la cultura que, junto con el sector del turismo, está siendo fuertemente azotado por esta pandemia y los confinamientos correspondientes. Por lo tanto, el Ministerio de Cultura incrementa su
dotación en un 25,6 %, dedicando 119 millones de euros más para potenciar actividades cinematográficas, artes audiovisuales, de la música y también del Consejo Superior de Deportes.


El capítulo 5, que es el fondo de contingencia, tiene un incremento importante -saben que viene regulado por ley-, que es el 2 % del límite de gasto no financiero; por lo tanto, atiende al incremento del propio presupuesto, 3889 millones.


El capítulo 6 es, junto con el 7, el que compone la gran relevancia de este presupuesto de carácter inversor. El capítulo 6, solo con el presupuesto nacional, se incrementa un 9 %, principalmente en el Ministerio de Transportes, Ministerio
de Defensa, Ministerio del Interior y también en el Ministerio de Asuntos Económicos; aquí adquiere una importancia relevante una dotación de más de 1000 millones de euros en el Ministerio de Asuntos Económicos para la digitalización de empresas.
También el Ministerio de Asuntos Exteriores, con 78,6 millones de euros; el Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Igualdad, con 16 millones de euros.


El presupuesto en capítulo 7 aumenta también un 9 % -8,9 %- en el presupuesto nacional en materia de investigación, comercio y turismo, pero también me gustaría destacar que el Ministerio de Transición Ecológica se incrementa en el
presupuesto nacional en 224 millones para dar cobertura a las garantías que se regularon en el real decreto-ley correspondiente a garantía de suministros básicos -luz, agua, gas- para las personas vulnerables y las transferencias para el reto
demográfico. Una vez expuesto el presupuesto de carácter nacional en el capítulo 7, la gran relevancia la tienen los fondos que se dotan del mecanismo de recuperación y del React de los fondos europeos. En el capítulo 7 se dotan 19 668 millones de
euros que hacen que las transferencias para la inversión y operaciones de capital crezcan un 250,7 %, donde, como ya les he destacado, en primer lugar tiene importancia la sanidad. También el

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Ministerio de Transportes, que destina 4762 millones de euros: a políticas de vivienda, 1600, y 3100 a políticas de movilidad y conectividad para las entidades de carácter sostenible y seguro. El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
dota créditos por 1659 millones del mecanismo: 782 los destina a entidades locales principalmente para ese plan de sostenibilidad de destinos turísticos y 150 a comunidades autónomas. El Ministerio de Agricultura incrementa 377 millones de euros
para inversiones en el medio rural y recursos hídricos para el regadío, así como 114 para la transición ecológica de la agricultura y la ganadería, defensa de plagas y enfermedades emergentes. El Ministerio de Transición Ecológica, el gran
ministerio junto con infraestructuras y ecosistemas resilientes, dedica la gran inversión de 6805 millones de euros, de los que 5300 millones los destina a promoción de energías renovables, eficiencia energética y movilidad sostenible; así, lleva
2595 a comunidades autónomas y preasigna 250 millones a entidades locales. El Ministerio de Asuntos Económicos, como hemos significado, dedica más de 2500 millones de euros para la transformación digital del mundo empresarial, tanto pymes como
autónomos o pequeños empresarios. El Ministerio de Política Territorial destina 228 millones a la modernización de los servicios públicos y atención a la ciudadanía en todo el territorio. El Ministerio de Ciencia e Innovación dota créditos por
1082 millones, que destina principalmente a convocatorias y ayudas a empresas en el Plan Tecnológico Aeronáutico. Por último, el Ministerio de Universidades también dota del mecanismo 204 millones de euros destinados a comunidades autónomas, 186
para ayudas a universidades públicas para la modernización y digitalización del sistema universitario público español.


Por último, señorías, haré una breve pasada por las políticas de gastos más destacables. Como he dicho al principio y para no aburrirles con más números, el principal peso de las políticas de gastos de este presupuesto recae en el gasto
social, un 59,9 %, y crece un 10,3 %. Ahí tenemos por supuesto claramente el peso que tienen las pensiones, más de un 42,4 % de todo el gasto social; el acceso a la vivienda, donde hemos visto la gran inyección de recursos; la política de
sanidad, como uno de los elementos fundamentales para la reconstrucción y, sobre todo, para sacar a la ciudadanía de esta pandemia, el refuerzo a la atención primaria; el refuerzo muy importante a la política de educación, que aumenta más de un
70,2 %, dedicándose principalmente, como hemos destacado, al Plan de Formación Profesional, la formación profesional como elemento de crecimiento económico, social y de empleabilidad, y además del carácter social, eminentemente importante de este
presupuesto. Es destacable el impulso de las áreas económicas, un 67,1 % es el incremento que tienen las políticas de carácter económico, 17 210 millones de euros del mecanismo, y solamente con el presupuesto nacional ya en las áreas de carácter
económico crecerían un 8,9 %. Adquieren un peso de un 12 %, peso nunca adquirido en las políticas de carácter económico en el presupuesto del Estado, que no subió más de un 7,5 % o un 8 %. Las políticas de industria y energía destinan 11 166
millones de euros y las políticas de comercio, turismo y pymes incrementan en un 150 % su dotación, con más de 2230 millones de euros. Como les he dicho anteriormente, las infraestructuras y ecosistemas resilientes adquieren una gran dotación de 11
527 millones, y por último, la política de investigación, desarrollo, innovación y digitalización, que asciende a 11 483 millones, un 80 % de crecimiento en políticas de I+D+i digitalización, lo que es la innovación en el área civil. Esta política
incorpora las dotaciones necesarias para el Plan de choque por la ciencia, que fue presentado en julio pasado.


Para finalizar, se mantienen en su mismo peso los servicios públicos básicos, como justicia, defensa o interior, en un 5,5 %, y las políticas de carácter general adquieren un peso de un 24,3 %, similar al de otros ejercicios, si bien cuando
se le incrementan los 13 486 millones de euros para las comunidades y el incremento del fondo de liquidez para darle financiación a las comunidades autónomas a fin de que no tensen sus finanzas y puedan presupuestar los 8000 millones del React,
adquirirían un peso de un 31,6 %.


Señorías, el presupuesto requeriría mucho rato, mucha dedicación, muchas horas, porque son muchos números. He intentado hacer un extracto de los más significativos y, sobre todo, de los elementos que creo que son de importancia relevante
para la ciudadanía. Los presupuestos de 2021 fortalecen y dan consistencia al sistema de protección social, pero garantizando la equidad y la accesibilidad universal para la ciudadanía, al tiempo que procuran un gran impulso extraordinario a la
trasformación y la resiliencia de la estructura económica de nuestro país, con vistas no solo al presente, que es muy importante, sino también al futuro. Sabemos que la situación no es sencilla, que la pandemia sigue poniendo a prueba la
resistencia de nuestro país, que nuestro sistema económico y nuestra protección social son los elementos que nos inspiran y que nos requerirán todas las horas para poder seguir trabajando por la recuperación y la trasformación social y económica de
España, pero evidentemente para ello requerimos de la oportunidad única que nos brindan estos presupuestos para 2021, porque es la única forma, y creemos que pueden

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demostrar que es posible conjugar las políticas públicas, las políticas sociales, con el crecimiento económico, la resiliencia y el desarrollo sostenible.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias por la explicación y por el esfuerzo de síntesis, porque todas entendemos la complejidad de un proyecto de presupuestos.


Vamos a dar la palabra ahora a los diferentes grupos parlamentarios. Del Grupo Mixto no hay representación. De EH Bildu, tampoco. Del Grupo Vasco, tampoco.


Por el Grupo Ciudadanos, María Muñoz, tienes la palabra por cinco minutos.


La señora MUÑOZ VIDAL: Gracias, presidenta.


Buenas tardes, secretaria. Como grupos pequeños que somos, tenemos que ir y venir y no he podido estar al completo en su exposición, pero le voy a hacer una serie de preguntas o aportar una serie de ideas que nosotros hemos rescatado de la
lectura de este borrador de presupuestos. Ya lo he dicho anteriormente en la comparecencia del gobernador del Banco de España y lo repito aquí, estos no son los presupuestos que hubiera elaborado Ciudadanos ni los que hubiéramos presentado tampoco.
Son unos presupuestos que no nos gustan por estar pegados al ciclo y por ser tentativos por culpa de la pandemia, pero, como partido de utilidad y con sentido de Estado, vamos a trabajar por intentar mejorarlos para que sean buenos para los
españoles y para el futuro de nuestro país.


Como también he reconocido antes, sorprende el excesivo optimismo que las autoridades del Gobierno tienen sobre la evolución de la economía española. El Gobierno basa su optimismo en ese efecto rebote de la actividad económica y, por tanto,
de los ingresos o de la recaudación vía impuestos y cotizaciones sociales y también con la llegada de los fondos europeos. Sin embargo, desde nuestro grupo parlamentario les pedimos, por favor, prudencia y realismo con la situación económica para
estar mejor preparados para lo que pueda venir, como le decía al gobernador. He empleado la palabra rigurosidad. Habría que haber sido más rigurosos a la hora de elaborar este borrador de presupuestos, porque el efecto rebote depende de que haya
un hecho absolutamente incierto para todos los que estamos en esta sala, como es la evolución de la pandemia, y el Gobierno basa sus cuentas en un repunte económico desde el último trimestre de este año cuando, vistos los acontecimientos de las
últimas semanas, no se descarta una nueva recaída y hundimiento de nuestro producto interior bruto. Por ello, ni siquiera podemos estar seguros de que el cuadro macroeconómico que se pronosticó para la elaboración de estos presupuestos hace apenas
un mes, que son el fundamento para estas cuentas presentadas, siga siendo válido.


También son unas cuentas demasiado optimistas porque los fondos europeos aún no se han recibido y no hay absoluta certeza de cuándo y por qué importes se van a ir recibiendo. Además, no es descartable que en el futuro estas ayudas europeas
se puedan congelar para los países con excesivo déficit a partir del ejercicio en el que Bruselas decida volver al ajuste presupuestario. Tal vez se habla del año 2022. Y son optimistas porque la recaudación prevista por el incremento de tributos
y la creación de nuevos impuestos se antoja demasiado -podíamos decir- de cuento de hadas. Por ejemplo, hablan de impuestos a los envases de plástico o a la gestión de residuos que ni siquiera han iniciado su tramitación parlamentaria, por lo que
no es realista contar con una recaudación de 800 millones por estos conceptos para todo el año sobre unos impuestos que aún no sabemos ni cómo se aprobarán ni cuándo, o por la recaudación prevista por el diésel, unos 450 millones, que, según
conocemos por palabras del Gobierno, será eliminada en la tramitación de estos presupuestos a través de las enmiendas que presente mi grupo parlamentario. En sentido parecido, como sucede con otros impuestos que aún no se han creado, la recaudación
extra que este borrador recoge sobre la lucha contra el fraude -se habla de unos quinientos millones- también depende de una ley que acaba de iniciar su tramitación parlamentaria.


No compartimos -insisto en esta idea- ese diagnóstico de la situación ni el optimismo que reflejan las cuentas. Es cierto que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal avaló la situación macro que este Gobierno remitió a Bruselas
junto con el plan presupuestario a principios de octubre, pero la propia AIReF expresó dos salvedades importantes por las que me gustaría preguntarle. Por un lado, decía que el hecho de que el Gobierno no haya aprobado el plan de reequilibrio a
medio plazo en las cuentas públicas al suspender las reglas fiscales hace entrever que no tenemos un plan a medio plazo para reconducir y hacer creíble nuestra economía. Como dijo la propia presidente de la AIReF, se debe poner en relación la
flexibilidad que otorga este mecanismo excepcional con el mantenimiento de una perspectiva de sostenibilidad futura de las cuentas públicas. Esta falta de perspectiva es lo que más nos preocupa y

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querríamos que usted nos diera su parecer sobre esta falta de plan de reequilibrio y las consecuencias que de ello se pudieran derivar para nuestra economía en el medio plazo. También la AIReF alertó de los elevados riesgos de las
previsiones económicas del Gobierno contenidas en su plan presupuestario. De hecho, solicitó expresamente que este optimismo no se trasladara a los presupuestos, teniendo en cuenta que este análisis se produjo a principios del mes de octubre y que
desde entonces se ha vuelto a decretar un estado de alarma por seis meses, los rebrotes están disparados en todo el territorio nacional y ya hay provincias solicitando confinamientos domiciliarios. Quiero preguntarle también si considera que este
presupuesto se puede sustentar sobre unas previsiones económicas que, si ya eran consideradas optimistas por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, pueden empeorar del modo que ya lo han hecho. Es desalentador ver cómo su optimismo
gira en torno a acontecimientos o a previsiones que aún no han sucedido, cuando nuestra economía está sufriendo más que ninguna de la de los países de la OCDE: tenemos el récord de paro juvenil, en temporalidad y en pobreza infantil, que sigue
siendo una de nuestras vergüenzas, y cuando además el Fondo Monetario Internacional revisó todas las previsiones de crecimiento excepto la nuestra, al tiempo que vamos a tener los números más pesimistas sobre destrucción de tejido empresarial cuando
se retire la anestesia de los ERTE y también seremos campeones en destrucción de empleo.


No me extiendo más. Gracias, secretaria de Estado. Gracias, presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


Por el Grupo Plural, tiene la palabra Ferran Bel.


El señor BEL ACCENSI: Muchísimas gracias, presidenta.


Muchísimas gracias, secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos, señora Gualda, por su presentación extensa, concentrada y comprensible, porque es muy difícil explicar todo un presupuesto en tan poco tiempo desde su responsabilidad. Por
tanto, no voy a irme por las ramas y voy a intentar hacer preguntas muy concretas.


La primera es relativa a un ámbito del que usted no ha hablado pero tengo interés en que nos explique, la dotación a la Casa de Su Majestad el Rey. Si consultamos el libro amarillo, página 280, distribución por secciones y evolución de
gastos, tiene un incremento de un 0 %. Si uno consulta la documentación del presupuesto, ve que la Casa Real tiene una asignación de 8 431 000 euros, lo que supone 544 000 euros más que en el presupuesto anterior, esto es, no un incremento de un 0
%, sino de un 6,90 %, una cifra que, obviamente, es superior al 0 % que figura en la página 280 y también al incremento que tienen las Cortes Generales, el Tribunal de Cuentas, el Tribunal Constitucional y el Consejo de Estado, entre otros.
Quisiéramos saber el motivo, primero, de por qué aparece en el libro amarillo un incremento del 0 %, cuando es aproximadamente de un 7 %, y, en este contexto, el motivo de dicho incremento a la Casa Real.


Segunda cuestión, presupuesto del Ministerio de Defensa, que asciende a 9409 millones de euros, lo que significa 160 millones de euros menos que la cifra en el avance de liquidación que aparece en la serie gris respecto a 2020. Les debo
recordar que en el presente año el Ministerio de Defensa ha tenido modificaciones presupuestarias por un total de 832 millones de euros, es decir, ha habido modificaciones presupuestarias por valor de un 9,5 %. Mi pregunta es: Si en los últimos
doce años, que he podido comprobar, el Ministerio de Defensa tiene modificaciones presupuestarias en todo caso superiores al 9 % y en algunos casos de dos dígitos, ¿cuál es el motivo por el que se están presupuestando 160 millones de euros menos en
el Ministerio de Defensa que lo que realmente han gastado o van a gastar en 2020? ¿Va a haber otra vez modificaciones presupuestarias muy importantes en el Ministerio de Defensa? Se lo pregunto por mí y por otros grupos que han mostrado inquietud
al respecto en otros momentos y que espero que la sigan mostrando.


Tercera consideración, no baladí, que ha surgido también a raíz de la intervención del gobernador del Banco de España en la anterior comparecencia. Yo planteaba si era razonable o no, más allá de que los trabajadores públicos a lo largo de
los últimos doce años han perdido poder adquisitivo, un incremento del 0,9 % en el actual contexto, de acuerdo con las previsiones de inflación -no de los presupuestos, pero sí del resto de los organismos económicos del país-, que va a ser muy
inferior, si no negativa. Lo digo porque nos parece bien que se debe recuperar el poder adquisitivo perdido a lo largo de los últimos años, pero no sabemos si en este contexto de crisis es lo más adecuado. Antes el señor Guijarro, con razón, dijo
que la economía está al servicio de las personas. Es obvio, creo que lo compartimos todos, y de lo que se trata con este presupuesto es de salvar a las personas. Mi pregunta sería: ¿Qué van a explicar a aquellos trabajadores que están y van a
estar en ERTE, que van a cobrar

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solo un 70 % de su salario, cuando a los trabajadores públicos -es verdad que han perdido poder adquisitivo a lo largo de los últimos años- se les garantice -obviamente porque están trabajando al cien por cien de sus salarios- una
revalorización adicional del 0,9 %? Quizá sería más razonable plantear que a estos trabajadores de los ERTE, en lugar de cubrirles el 70 %, se les cubra el 72 % o el 75 % de su sueldo, antes de hacer frente a este gasto. Ya les he dicho en mi
primera intervención que estamos de acuerdo, pero quizá se tendría que aplazar hasta la recuperación económica, es decir, con un planteamiento de recuperación de poder adquisitivo para los trabajadores públicos a lo largo de los próximos años, igual
que se va a hacer un planteamiento con relación a la reducción del déficit. Digo esto porque quizá es una medida que, evidentemente, sobre todo los empleados públicos vamos a acoger con cierta simpatía -digo vamos porque en estos momentos yo
también lo soy-, pero no sea que tengamos que lamentarlo en presupuestos de años siguientes, cuando se les tenga que exigir un esfuerzo adicional en este sentido.


Muchísimas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


Por el Grupo Republicano tiene la palabra Joan Margall.


El señor MARGALL SASTRE: Gracias, presidenta.


Intentaré ser breve porque algunos de los temas que quería tocar ya los ha tratado el compañero Ferran Bel.


Es evidente que no sorprendo a nadie cuando digo que somos un partido independentista y republicano y que, por tanto, para nosotros los mejores presupuestos para Cataluña serían los que hiciera una república catalana independiente. Y es
evidente que no son nuestros presupuestos cuando hay partidas como la destinada a la Casa Real, como ha comentado mi compañero, o se invierte demasiado en armamento, en ejército, etcétera. Pero, como ya lo ha comentado mi compañero, en todo caso lo
voy a obviar.


En relación con las inversiones en Cataluña, estos presupuestos no cumplen con la disposición adicional tercera del estatut, que dice que se tiene que invertir en Cataluña el equivalente al PIB que aporta, es decir, un 18 %. En estos
presupuestos generales del Estado para el año que viene sube unas décimas esta inversión respecto al último presupuesto del Partido Popular, hasta un poco más del 16 %, pero aún nos quedamos un poco lejos de cumplir esta disposición adicional
tercera del estatut. En todo caso, siempre se dice aquello de estar bajo el imperio de la ley y que fuera de la ley no hay nada, pero ustedes están incumpliendo esta ley orgánica que es el Estatut de Catalunya.


Por otro lado, un tema que siempre nos ha preocupado, que usted conoce muy bien porque ya lo hemos comentado, es el porcentaje de ejecución presupuestaria en Cataluña. Esta cuestión es histórica. Podríamos remontarnos a hace veinte o
veinticinco años, pero, si nos centramos en estos últimos años, se sitúa alrededor del 42 o 43 % la ejecución presupuestaria anual en Cataluña. De hecho, entre 2012 y 2018 se han dejado de ejecutar unos 2200 millones de euros. Una pregunta muy
sencilla: ¿Qué medidas piensan activar para que aumente este porcentaje de ejecución y para que los presupuestos generales del Estado en lo que se refiere a Cataluña no sean papel mojado?


Por último, en relación con los fondos europeos, ha especificado el porcentaje que gestionarán las comunidades autónomas con este sistema de cogobernanza que usted misma ha comentado y el presidente del Gobierno ha tratado en muchas
ocasiones. Siempre que preguntamos se nos dice lo mismo: estén tranquilos, se está trabajando desde Moncloa en un departamento específico, pero no se nos avanza nada más. Por eso volvemos a preguntar cómo va a ser este sistema de gobernanza con
las comunidades autónomas para la ejecución de estos fondos europeos.


Gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


Por el Grupo Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra el señor Guijarro.


El señor GUIJARRO GARCÍA: Muchas gracias, presidenta.


Buenas tardes, señora Gualda. Un gusto tenerla de nuevo en la Comisión de Presupuestos.


Querría incidir en dos o tres ideas.


En primer lugar, es consenso generalizado el hecho de que vivimos en una época de absoluta incertidumbre, y seguramente en los últimos días o semanas esta incertidumbre haya ido a más. Sin

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embargo, me sorprende escuchar a ciertos portavoces que, pese a la incertidumbre que todos asumimos, tienen el descaro de describir como optimistas o pesimistas escenarios que esas mismas personas han aclarado previamente que eran inciertos.
Entonces, me sorprende mucho que se puede acusar al Gobierno de optimista, cuando el propio acusador o acusadora reconoce el carácter incierto del contexto. A lo mejor están siendo pesimistas dado ese contexto, es decir, la incertidumbre es lo que
tiene, que es incierta, y, por lo tanto, hablar de optimismo o de pesimismo en esos contextos casi parece un juego de palabras más que otra cosa.


Respecto al contenido de los presupuestos, señora Gualda, comparto con usted que estos presupuestos contienen dos elementos fundamentales para el futuro inmediato de este país. En primer lugar, usted ha puesto el énfasis en el gasto social
que se va a hacer efectivo el próximo año, que sobre todo tiene que servir para salvar a esos cientos de miles de españoles y españolas que se están viendo ya en una situación muy complicada y cuya perspectiva para 2021 no hace sino corroborar estas
mismas expectativas. Diría que la gente empieza a sentir que se extiende un páramo a medio plazo en este país y, por lo tanto, ante esas amenazas solo el Estado va a poder cubrir y cumplir para que cientos de miles de personas en este país no
caigan en los márgenes sociales, como ocurrió en la anterior crisis, cuando se dispararon los niveles de desigualdad. Como siempre insisto, no se han recuperado los niveles de igualdad que teníamos antes, y no vaya a ser que en esta crisis nos vaya
a ocurrir algo parecido. Pero decía que, si estos presupuestos atienden la emergencia social de una manera decidida, también quiero subrayar y aplaudir el hecho de que los mismos recogen las herramientas fundamentales que servirán para construir un
medio y largo plazo. Estoy hablando de la transformación de la matriz productiva, en la que usted también se ha detenido. Creo que es importante que tengamos en cuenta esto. Últimamente, después de leer estos presupuestos y demás, cada vez me
acuerdo más de la economista norteamericana e italiana Mariana Mazzucato y aquel libro famoso que escribió en 2013, El Estado emprendedor, porque ciertamente este país va a necesitar un Estado emprendedor. Confiemos en que este Gobierno y estos
presupuestos coadyuven a ello.


Finalmente, para cerrar y hacer breve mi intervención, hay cosas que tampoco logro entender de algunos temas que se le han planteado. Dice la portavoz del Grupo Ciudadanos que son unos presupuestos pegados al ciclo. Señora Muñoz, tenemos
claro que este es un presupuesto expansivo, y así lo ha reconocido hasta el propio gobernador del Banco de España, que incluso ha subrayado que es muy expansivo, y no lo ha dicho como crítica, sino más bien como alabanza. Por lo tanto, si los
presupuestos son expansivos, para que estuviéramos pegados al ciclo, este tendría que ser expansivo, pero diría que es más bien todo lo contrario, que es un ciclo precisamente de restricción, de crisis, de un PIB que se va a retraer seguramente en
cantidades muy importantes. Por lo tanto, lo que hace este presupuesto es ser anticíclico, no estar pegado al ciclo, sino precisamente jugando en contra del ciclo, como se ha defendido siempre desde posiciones neokeynesianas, que, al fin y al cabo,
es lo que se defiende en este presupuesto.


Por lo demás, le agradezco los detalles, señora secretaria de Estado. Vamos a ver cómo se nos da el año 2021. Ojalá esa incertidumbre que anunciamos se vaya despejando en estas próximas semanas y meses, aunque me temo que nos vamos a tener
que acostumbrar a vivir un 2021 complicado. En ese sentido, como he dicho a alguna de sus compañeras, le deseo mucha suerte, porque su suerte es la suerte de todos y de todas.


Gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


Por el Grupo VOX tiene la palabra Inés Cañizares.


La señora CAÑIZARES PACHECO: Gracias, presidenta.


Muchas gracias, señora secretaria de Estado, por sus explicaciones sobre estos presupuestos.


En principio, voy a poner sobre la mesa cinco cuestiones por las que no nos gustan estos presupuestos y no estamos de acuerdo con ellos y que después ampliaré. En primer lugar, la estimación del crecimiento para el año 2021 entendemos que
es demasiado optimista. Hay que tener en cuenta que a ese crecimiento precede una caída jamás registrada en tiempos de paz. Es curioso que en el informe económico-financiero que acompaña a los presupuestos ustedes hablan de un crecimiento del 9,68
%, más de un 2 % superior al estimado, que claramente el Gobierno supedita a la percepción de los fondos europeos. Nos llama la atención porque no sé si ha sido prudente incluir en estos presupuestos esos fondos europeos, cuya percepción entendemos
que dependerá de la presentación y justificación de programas y proyectos de

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inversión concretos, no de un plan marco general de inversiones o de grandes líneas que ustedes proponen, y no sé si en algún momento ustedes se han planteado a lo largo de la elaboración de estos presupuestos un plan alternativo, un plan B,
un plan sin esos fondos europeos, porque ¿qué sucedería si esos fondos finalmente no llegan a tiempo o no llegan en los importes que ustedes prevén? ¿Qué impacto tendría esta contingencia no considerada a priori sobre las cuentas públicas? ¿Cabría
la posibilidad de que hubiesen hecho una simulación, simular el escenario presupuestario sin fondos? ¿Qué posibilidades tendría la economía española de salir adelante por sus propios medios? ¿Cómo quedarían las finanzas públicas sin esa ayuda?
Parece ser que sin esos fondos europeos no seríamos capaces de remontar ni lo más mínimo. Realmente, estamos hablando de 27 000 millones de euros en relación con un gran presupuesto de gastos como es el de este año.


Por tanto, ese tema recurrente en los presupuestos generales, el Fondo de recuperación europeo, parece ser que se configura como la tabla de salvación de nuestra economía. Parece que quieren decir a los españoles que somos huérfanos y que
sin esos fondos no vamos a ser capaces de recuperarnos. Configurar la estructura presupuestaria sin la dependencia de los fondos europeos y destinar nuestros propios recursos a las reformas estructurales que debemos acometer y que son tan
necesarias, comenzando por reducir costes superfluos, analizando programa a programa, racionalizando los costes del servicio público, buscando la eficiencia, y construir unos presupuestos más realista, no dependientes de Europa, veo que no estaba en
sus planes. Ahora bien, si esas reformas estructurales necesarias para nuestra supervivencia, para ser competitivos, para generar empleo, para regenerar nuestro tejido empresarial, para salvar a los autónomos y a las pymes, y no seguir destruyendo
empleo, si todo esto depende de 27 000 millones que no sabemos si nos entregará Europa, no sé qué imagen de España estamos ofreciendo al exterior. A nuestro modo de ver, las reformas que necesita España debemos acometerlas sí o sí, sin perjuicio de
la llegada o no de fondos europeos, es decir, no tiene que ser Europa la que nos ponga los deberes, y creo que debemos ser lo suficientemente responsables y adultos para saber en qué debemos gastar y cuánto.


Estas reformas deberían ir dirigidas, entre otros ámbitos, al mercado laboral y al sistema de pensiones. En el mercado laboral, uno de los principales riesgos de esta crisis es que se destruye empleo de manera estructural. Es fundamental
que aumente el número de personas incorporadas al mundo laboral, elevar su flexibilidad y terminar con asimetrías. Nosotros creemos que el empleo debería ser impulsado mediante incentivos fiscales, con reducción de impuestos directos o cotizaciones
sociales, porque esta crisis ha tenido un impacto muy directo. Como referencia, en lo que llevamos de año el número de afiliados a la Seguridad Social se ha reducido en más de 600 000 personas, y los expedientes de regulación temporal de empleo
afectaban a 880 000 a finales de agosto, equivalente al 4 % de la población activa. Con esta situación y una previsión de paro para el año 2021 en torno al 16 %, no entiendo cómo es posible una previsión de ingresos por cotizaciones a la Seguridad
Social mayor que el presupuesto que se hizo inicialmente para 2020, no me cuadra.


Por otra parte, el sistema de pensiones requiere de una reforma urgente. Su concepción presente está sujeta a reflexión por varios motivos: en primer lugar, por los cambios demográficos, puesto que la pirámide poblacional ya sabemos que ha
pasado a estar invertida, dado que la tasa de fertilidad en España se encuentra entre las más bajas del mundo y la población cada vez es más longeva. Por otra parte, el déficit de la Seguridad Social ha aumentado considerablemente en los últimos
años, a pesar de tener un contexto económico benigno, por el deterioro de las variables del sistema. Finalmente, se ha producido una disminución de la cotización media y pronto comenzarán a jubilarse los hijos del baby boom, a lo que se suma la
incorporación cada vez más tardía al mercado laboral y menos salario de entrada al sistema.


Creo que han perdido la oportunidad en estos presupuestos, y es que la clave no es tanto un análisis de la recaudación, sino una reflexión sobre la estructura de costes, es decir, sería conveniente eliminar gastos superfluos, ganar confianza
de cara al exterior, y existe poco margen de maniobra para invertir en una estructura productiva si se atiende al esquema de gastos de los presupuestos de 2021, que han cambiado fundamentalmente solo por esa incorporación de fondos europeos, aunque
el resto de programas creo que prácticamente sigue igual. Aunque resulta curioso leer en el informe económico-financiero que, de forma complementaria, dentro del contexto de renovación presupuestaria, a la hora de elaborar los presupuestos se ha
realizado una revisión exhaustiva y sistemática de todas las partidas presupuestarias, de manera que se ha actuado sobre aquellas acciones e incrementos no justificados en el entorno de emergencia en el que vivimos, quisiera considerar si para ganar
esa legitimación social ante

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la ciudadanía por ejemplo elevar el presupuesto en altos cargos en más de diez millones de euros es una medida acertada. ¿Cree usted que eso es así? Creo que ustedes están hablando de lo que les gustaría haber hecho pero no han llevado a
cabo, y es lo que desde mi grupo parlamentario siempre defendemos, es decir, un presupuesto en base cero como método de asignación de fondos según la eficiencia y necesidad para alcanzar los objetivos, en lugar de considerar el historial de años
anteriores.


Y en relación con el alza impositiva que se da en los presupuestos, me gustaría decir que España asume una presión fiscal entendida como ratio entre recaudación y PIB inferior al promedio de la Unión Europea. No obstante, es un cálculo muy
básico e insuficiente, porque, en nuestra opinión, sería mucho más interesante introducir el concepto de esfuerzo fiscal, del que se habla poco. Me gustaría hacer una reflexión en torno a las inversiones del plan europeo...


La señora PRESIDENTA: Señoría, debe ir acabando.


La señora CAÑIZARES PACHECO: Gracias.


En cuanto a las inversiones del plan europeo, creo que deben ser plurianuales, lógicamente, pero aquí se plantean como algo anual. ¿Qué inversor va a entrar en este tipo de juego, con esa incertidumbre? Es decir, hay fondos asignados para
este año, pero para el que viene no.


Por último, creemos que la estimación del crecimiento es la base para la estimación de los ingresos pero que ustedes han propuesto una estimación de crecimiento superior a la que se va a producir, una abultada y falsa estimación de ingresos,
al tiempo que por el lado de los gastos se insiste en el mantenimiento de dispendio en ideología y dispendio en generación de servidumbre, y no se recogen políticas de reforma por el lado de la oferta.


Gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Píriz.


El señor PÍRIZ MAYA: Muchas gracias, señora presidenta.


Como cuestión previa, desde mi grupo queremos hacer constar en el Diario de Sesiones nuestra queja por la aplicación del rodillo de la coalición de Gobierno para vetar la comparecencia de Iván Redondo en esta Comisión, una comparecencia
pertinente, como explicamos en la Mesa y Portavoces del pasado sábado.


Buenos días, señora secretaria de Estado. Gracias por su comparecencia. La invitamos a seguir haciéndolo de forma trimestral, como la costumbre parlamentaria suficientemente arraigada viene a establecer como norma.


Nos traen hoy unos presupuestos que nacen desfasados, caducados antes de aprobarse. Empezaré por el cuadro macro, para seguir con los ingresos y los gastos. Señora secretaria de Estado, plantean un crecimiento para 2021 del 9,8 %, muy
lejos de 7,2 que planteó el Fondo Monetario Internacional, en torno al 4,1 que planteó el Banco de España y hoy nos ha repetido, y del 6,5 del escenario actual de la AIReF; más de 3,2 puntos de diferencia entre la media de estudios publicados y las
previsiones del Gobierno. Señora secretaria de Estado, con los rebrotes, con las incertidumbres que hacen que los miembros de su propio Gobierno duden de si habrá más confinamiento e hibernación de la economía, con el escenario tan complicado y tan
cambiante, ¿de verdad le parece serio plantear un crecimiento del 9,8 % en 2021? ¿Nos puede indicar cómo ha llegado a ese dato, y el resto de analistas a un dato tan diferente? Señora secretaria de Estado, ¿ha arrojado la toalla este Gobierno con
la creación de empleo? Lo digo porque en el cuadro macro de sus presupuestos hablan de que 27 000 millones de euros europeos después estaríamos 3 puntos, 6 según nos acaba de decir el Banco de España, por encima del empleo en 2019. Estos
presupuestos certifican el fracaso económico de su Gobierno. Señora secretaria de Estado, el cuadro macro no se lo cree nadie.


Respecto al impacto en el PIB del 27 000 millones de los fondos europeos, el Banco de España dice en su informe que -abro comillas-: Existe una notable incertidumbre acerca de la evidencia empírica sobre el tamaño del multiplicador fiscal,
del impacto del gasto sobre el producto de la economía. Y cifran entre el 0,6 y el 0,8 del PIB el impacto adicional en el crecimiento inercial de la economía por la incorporación de esos fondos. Ustedes cifran ese crecimiento en el 2,6 % del PIB,
más del triple que el rango optimista del Banco de España. Señora secretaria de Estado, ¿ustedes sí han encontrado la evidencia empírica que no encuentra el Banco de España? ¿Estaba junto al comité de expertos de

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la COVID? Nadie lo cree. Señora secretaria, AENA, empresa mayoritariamente pública que cotiza en bolsa y está obligada a registrar ante la CNMV hechos que considere relevantes para sus estados financieros, cuando se presentan aquí los
presupuestos generales del Estado muestra una nota en la que -cito literalmente- comunica que las estimaciones económico-financieras de los presupuestos generales del Estado se ven afectadas por factores como la rápida evolución de los efectos
derivados de la pandemia del COVID, y dice más abajo que, como consecuencia de lo anteriormente expuesto, las estimaciones publicadas no se corresponden con la actual previsión de cierre.


Señora secretaria de Estado, sus accionistas son los españoles. ¿Deberíamos saber los españoles algo al respecto de estas previsiones que no sepamos? Si el cuadro macro es absolutamente irrealizable, los ingresos de este presupuesto lo son
aún más. Antes de comenzar con ellos, señora secretaria de Estado, ¿está usted en condiciones de afirmar en sede parlamentaria, con luz y taquígrafos, que los 26 634 millones de euros provenientes del Fondo de recuperación que presupuestan para
2021 podrán ejecutarse? ¿Cuándo se aprobarán los reglamentos? ¿Qué fecha tienen las diferentes entidades para plantear sus proyectos? ¿Cuánto tiempo tardarán en contestar a los mismos la Comisión Europea y autorizarlos? ¿Se van a proponer
cambios legislativos para agilizar? Señora secretaria de Estado, usted y yo sabemos que es imposible que ejecuten 27 000 millones de euros de fondos europeos en 2021. Sí, no se ría, señora secretaria de Estado. De los 56 367 millones de euros del
periodo 2014-2020, han ejecutado a día de hoy el 34 %. No llega a 20 000 millones de euros. ¿Me va a decir que ceteris paribus en cuanto a plantillas y legislación van a ser capaces de ejecutar 27 000 en un año? Y con respecto a los ingresos
fiscales, señora secretaria de Estado, no puede ser que la única receta que tengan para la economía española sea subir impuestos. No es admisible que su única receta sea la misma que en 2019, con la economía española creciendo entonces al 2 %.
Señora secretaria de Estado, no le pedimos que inventen nada, sino que miren a su alrededor. Mire este mapa, con los países que suben impuestos en rojo -el país, en singular- y en azul todos los que los bajan, de todos los colores e ideologías.
¿Están todos equivocados? Los suben 8000 millones de euros; un 10 % lo pagarán los que más tienen, pero el 90 % lo pagarán las clases media y baja, los 17 millones de españoles que repostan diésel, los que compran por Internet, los que realizan
transacciones financieras, los que tienen un seguro de coche, de vida o de vivienda o los que realicen compras de productos envasados. Lo pagarán las empresas cuando peor lo están pasando. Lo pagaremos todos, señora secretaria de Estado.


Sus datos de ingresos fiscales son una quimera. Para 2020, con una caída del PIB del 11,2 %, plantean una reducción de ingresos tributarios del 7,6. En cambio, para 2021, con una subida del 9,8 que plantean -irrealizable, como le he
dicho-, dicen que los ingresos tributarios crecerán un 13 %, estimando un récord de recaudación para 2021. ¿Alguien puede pensar que en 2021 se van a recaudar más impuestos que nunca en la historia? Ya se lo dijo la AIReF en abril y le pidió la
cautela necesaria a la hora hacer las previsiones de ingreso, pero no le han hecho caso; como tampoco se lo han hecho en los gastos, cuando les pedía la mejora de eficacia de los gastos, y es que estos presupuestos suponen todo lo contrario a lo
que se planteaba desde el organismo, porque lo importante de todo lo que nos ha contado hoy no es cuánto se gasta, sino cómo se gasta y, si el gasto que se presupuesta aumentar, se hace de forma estructural o no, porque si se hace de forma
estructural, por una variable atemporal, como pueden ser los fondos europeos, del Fondo de recuperación durante tres años, ¿qué pasará, señora secretaria de Estado después del periodo? ¿Qué pasará cuando no haya ingresos extraordinarios para
financiarla? El próximo año sabemos que se acrecentará la principal vulnerabilidad de nuestra economía, la deuda pública. Señora secretaria de Estado, ¿es consciente de que sin contar todas las debilidades macro que tiene el presupuesto, con sus
datos optimistas del 11,3 % de déficit en 2020 y del menos 7,7 % del Banco de España, podría llegar al 9,9 el agujero fiscal, superando los 250 000 millones de euros en estos dos años? ¿Quién va a pagar esto, señora secretaria de Estado? Se lo
digo yo. Bueno, se lo ha dicho el gobernador del Banco de España, que manifestó en sede parlamentaria que será necesario un ajuste con aumento de ingresos o reducción de gasto público en la próxima década. Para que lo entiendan todos, lo pagaremos
todos con más impuestos y con ajustes.


Señora secretaria de Estado -voy acabando, señora presidenta-, estos ingresos irrealizables y estos gastos sobrevalorados nos ponen en una senda de deuda del 120 % de su previsiones, que llegaría al 128,7 % en 2022, según el Banco de España.
¿Cómo se soluciona, señora secretaria de Estado? ¿Piensan traer un plan de reequilibrio, como exige el artículo 11.3 de la Ley 2/2012, estabilidad presupuestaria, y que hoy mismo le exige la AIReF en un documento que acaba de publicar. ¿Qué
elementos considera que debe establecer este plan para permitir corregir el déficit estructural, señora

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secretaria de Estado? Señora secretaria de Estado, estos presupuestos son irreales. Se traen a esta Cámara para su debate en un tiempo récord, reduciendo a los grupos su capacidad para trabajarlos, como se había hecho en esta Cámara
durante cuarenta años, pero, pese a todo, durante estos días tendrán aquí a los diputados de mi grupo, que sin duda demostrarán al resto de grupos y a la ciudadanía que estos presupuestos suponen más gasto improductivo, más déficit, más deuda
pública, más impuestos para todos y más desempleo, que no son los presupuestos que necesita España y que, sin duda, tenemos en España el peor Gobierno en el peor momento.


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


Por el Grupo Socialista tiene la palabra Montse Mínguez.


La señora MÍNGUEZ GARCÍA: Muchas gracias, señora presidenta.


Con permiso de la secretaria de Estado de Presupuestos, antes de entrar en la valoración de los Presupuestos Generales del Estado, me gustaría contestar a algunos de los intervinientes. Decían Joan Margall, de Esquerra Republicana, que eran
unos presupuestos que para Cataluña estaban un poco lejos de cumplir el estatuto de autonomía. Le quiero recordar el señor Margall -me pongo a su disposición para que luego lo repasemos- que la inversión prevista para Cataluña es de 2239 millones
de euros más 200 millones adicionales para la disposición adicional del estatuto autonomía. Esta suma significa un 18,1 % de incremento, por lo que se acerca mucho a la contribución del PIB de Cataluña en el conjunto del Estado español.


Junts per Catalunya, el señor Ferran Bel, del Partit Demòcrata, criticaba los mensajes del incremento salarial del 0,9 %. Vigilemos esos mensajes sobre los incrementos salariales. Favorecen el consumo interior, el consumo dentro del
Estado. Es una variable que suma. Dentro del conjunto de los funcionarios pensemos que están reconocidos los sanitarios, el cuerpo educativo y los cuerpos de seguridad, que tanto han trabajado durante esta pandemia, así que cuidado con esos
mensajes. La señora Cañizares parece que ya me ha jubilado. Ha dicho que la generación del baby boom está a punto de jubilarse, pero a mí aún me quedan muchos años, con su permiso, y espero poder seguir trabajando desde el Congreso.


No me sorprende discurso del Grupo Popular. Habla de rodillos y supongo que a su portavoz le sonará esta frase porque están o estaban acostumbrados. Nosotros no aplicamos el rodillo, señor Píriz, sino el reglamento. Usted se contradice.
Habla de cifras de crecimiento del 9,8 cuando el Fondo Monetario Internacional da el 7,2. El escenario del presupuesto -le invito a que se lo vuelva a leer- habla de un crecimiento del 9,8 con los fondos de recuperación y del 7,2 si no tenemos en
cuenta los fondos de cooperación, por tanto, coincide exactamente con el Fondo Monetario Internacional. Parece que desean que no lleguen estos fondos europeos para la recuperación. Bueno, no es que parezca que lo deseen, es que lo desean, porque
de hecho intentaron boicotear su llegada a este país, estos 140 000 millones. Es la diferencia entre cuando gobernaban ustedes en la última crisis y cuando lo hace un Gobierno progresista. Rajoy fue a Bruselas y sacó cero euros. No, cero no,
menos, porque hubo una política de recortes que todavía está pasando factura a nuestro país. En cambio, ahora nuestro presidente, Pedro Sánchez, ha conseguido 140 000 mil millones de euros y parece que a ustedes no les gusta o no les va bien.


Les voy a decir una cosa. He intentado hacer un ejercicio, señor Piriz, de cuántas veces usted, e incluso la portavoz anterior del Grupo Popular, ha repetido la palabra pandemia. ¿Sabe cuántas? Ninguna. Ustedes están valorando unos
presupuestos como si no hubiera en este país una pandemia, como si no nos encontrásemos ante una crisis social sanitaria y económica de primer orden, que también está afectando al resto de países europeos. Ustedes han sido negacionistas de la
violencia de género y del cambio climático y parece que ahora también lo son de la pandemia.


Habiendo hecho esta previa sobre las intervenciones de los portavoces anteriores, quiero agradecer a la señora secretaria de Estado y a todo su equipo la exposición que ha hecho y el trabajo que hay detrás de ella. Decía la señora
secretaria de Estado que son unos presupuestos justos y sociales, y nosotros añadimos que son indispensables e inaplazables, que están preparados para la recuperación y que son progresistas. Son un giro de 180 grados de los presupuestos del Partido
Popular en cuanto a gestionar una crisis, son dos maneras diferentes de gestionar la crisis, de la época los recortes a una política expansiva.


Destacamos por parte de nuestro grupo cuatro prioridades de los Presupuestos Generales del Estado: inversión para reactivar la economía, no a los recortes y sí al gasto contracíclico, a diferencia, como decía, de años anteriores. Se trata
de proteger, de ayudar a la iniciativa privada y de proteger a las familias

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precisamente cuando se está contrayendo la actividad, de la misma manera que lo están haciendo otros países europeos. Son unos presupuestos que no renuncian a la estabilidad -lo decía la señora secretaria de Estado- de las cuentas públicas,
con el compromiso de que el déficit pasará del 11,3 al menos 7,7 %. No hay un hachazo fiscal por mucho que insista el Partido Popular; sí que hay una fiscalidad verde, hay una lucha contra el fraude y evidentemente hay reformas progresivas de lo
nosotros entendemos que es la justicia fiscal y la justicia social. En cuarto lugar, como prioridad está fortalecer el Estado del bienestar con tres objetivos: como decía, las personas, las pymes y los autónomos y la cogobernanza con las
comunidades autónomas. En cuanto al fortalecimiento del Estado del bienestar, ya se ha dicho, el 60 % del gasto del Estado corresponde a gasto social. Nos preguntaba la señora Cañizares qué pasaba si no teníamos en cuenta esos fondos europeos.
Pues le podemos dar un dato, sin contar los fondos europeos, también crecería la asistencia sanitaria, el gasto social, en un 6,2 %, una señal inequívoca del compromiso que tiene este Gobierno con el gasto social. La sanidad incrementa en
dimensiones inéditas para la modernización, las vacunas y ampliar las carteras de servicio con un incremento de 75,3 %. La dependencia recibe la mayor financiación de la historia, con un incremento del 34 %, que beneficiará a 1,1 millones de
personas. Y medidas para la juventud, que también se ha comentado en la comparecencia anterior del gobernador del Banco de España, medidas claras para los jóvenes. Hay tres circunstancias que les preocupan: por un lado, tenemos los estudios, y
ahí está todo el paquete de becas importantes que recogen estos presupuestos para ofrecer las mismas oportunidades a todos nuestros jóvenes. También están el Plan de Choque por el Empleo Joven, con 663 millones de euros, y las medidas para fomentar
la vivienda. Con lo cual, hablamos de estudios, plan de choque y vivienda. Asimismo, el ingreso mínimo vital -que parece que también se ha pasado por alto en algunas intervenciones-, con 3000 millones de euros. Hablamos de que en España afecta a
850 000 hogares y en mi provincia a 6800 hogares; con lo cual, estamos satisfechos de la puesta en marcha del ingreso mínimo vital. Apuntaba la secretaria de Estado además al impacto de género, que nos permite avanzar en esta política desde este
punto de vista, medidas para fomentar la igualdad. Por lo tanto, el primer objetivo sería, como les decía, potenciar las políticas sociales. El segundo objetivo es apoyar y orientar el tejido productivo para recuperar la actividad...


La señora PRESIDENTA: Tiene que ir acabando.


La señora MÍNGUEZ GARCÍA: Acabo.


..., y ahí están las medias de pymes, I+D+i e infraestructuras. Y como último objetivo hablaríamos en la cogobernanza. Es importante garantizar los servicios públicos que se están prestando desde nuestras comunidades autónomas y que están
más cerca de los ciudadanos. Ahí está la apuesta de fondos extraordinarios y gestionar los fondos europeos, sin olvidar a las entidades locales. Así que estamos satisfechos, y yo personalmente, como portavoz del Grupo Parlamentario Socialista,
estoy orgullosa de defender este presupuesto, que su presupuesto de país que está a la altura de las circunstancias.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


Voy a dar la palabra ahora a la secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos para que pueda contestar.


La señora SECRETARIA DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS (Gualda Romero): Gracias, presidenta.


Intentaré dar respuesta, primero, a algunas preguntas concretas que sus señorías me han planteado y, luego, con carácter general, haré algunas observaciones que yo creo que comparten algunos grupos parlamentarios.


En primer lugar, señora Muñoz, no entiendo cómo dice que quiere apoyar, hacer mejores los presupuestos y que quiere ser útil si solamente encuentra elementos de difícil concreción, y a su vez los basa todos en dudas permanentes sobre los
fondos europeos. Evidentemente, los fondos europeos son un elemento extraordinariamente importante que llevan estos presupuestos -ya con esto se lo explico también a la señora Cañizares, del Grupo VOX, y al señor del PP-. Evidentemente, como decía
la señora del Partido Socialista, parece que no quieren que haya en este país una reconstrucción, parece que realmente se alegrarían de que no tuviéramos esos fondos adicionales; ustedes mismos lo han dicho, y se preguntan qué haríamos si no
estuvieran, si tenemos un plan B y cuándo van a llegar. No tenemos que

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esperar a que lleguen los fondos europeos del mecanismo de reconstrucción, transformación y resiliencia para España; ya llegaron, ya fueron concedidos y fueron asignados a nuestro país. Como les he dicho en mi intervención, España es el
segundo país, después de Italia, que más fondos ha percibido para la reconstrucción del mismo. Efectivamente, por eso los hemos presupuestado; no hemos presupuestado una cantidad que se nos ha antojado, hemos presupuesto la anualidad
correspondiente para su ejecución necesaria en un país que está en la situación en la que se encuentra. Preguntan qué haríamos si no los tuviéramos. Pues habríamos crecido el 6,2 %, que es lo que hubiéramos podido atender con los presupuestos
nacionales. Pero claro que estos fondos lo fían todo a un crecimiento adicional, porque son fondos extraordinarios para una transformación del tejido productivo, para una transformación de nuestra producción y, por supuesto, para una necesidad
imperiosa que se ha puesto de manifiesto con la pandemia, el refuerzo en la sanidad y el refuerzo en la ciencia y en la investigación. Estos fondos se han presupuestado, y este es un elemento fundamental para su ejecución. Creo que asín también le
aclaro las dudas que ha planteado su señoría del PP, señor Valentín, que ha planteado dudas sobre si se van a ejecutar o no esos fondos y ha dicho lo mal que ejecutamos los fondos europeos.


Sí, ya sé que de vez en cuando lo explicitan asín, lo van contando y van creando ese caldo de cultivo, que no sé cuánto beneficia a nuestro país, cuando además no es cierto. España jamás ha devuelto fondos europeos, jamás; España ha
ejecutado los fondos europeos en el periodo y en el marco financiero plurianual correspondiente. Actualmente, si usted mira un dato, como los números se pueden mirar en muchas fases, sobre todo en las fases contables, puede hablar de la fase de
retorno del marco 1420 en el dato que usted decía, y yo le puedo decir la ejecución que tiene el marco 1420, que finaliza en diciembre del año 2023 y está en el 71 %, pero a diferencia del marco financiero plurianual, estos fondos vienen de forma
singular y no dirigida por Europa. Estos fondos se han decidido por el Gobierno y por las necesidades que tiene este país, y en el Gobierno de coalición progresista se han determinado las diez grandes palancas en las que se tiene que transformar
este país, y no creo que haya dudas de que hay que impulsar la sanidad, de que hay que impulsar la investigación, de que hay que hacer una transformación digital del país y del tejido productivo, de que hay que trabajar en una transición ecológica y
justa y además hay que atender al medio rural y a nuestra España despoblada. Atendiendo a todas esas necesidades, se ha definido el plan, y no es solo el documento que ustedes conocen, sino una cantidad extraordinaria de información, documentos y
trabajo por parte de todos los ministerios, que están aportando los requisitos exigidos para presentar la documentación a la Comisión Europea.


Ya se han presentado determinadas partes del plan con todos los requisitos y se seguirán presentando hasta que se inicie el ejercicio. La actuación responsable del Gobierno era presentar los presupuestos, incluida esa presupuestación,
precisamente para que fuera real, para que fuera posible ese crecimiento económico y esa transformación del tejido productivo; para que desde el día 1 de enero, desde el día que se aprueben los Presupuestos Generales del Estado para el año 2021,
tanto los ministerios como el sector fundacional con el que se van a llevar a cabo y, sobre todo -asín doy respuesta a la pregunta que me hacía el señor Margall sobre la cogobernanza-, que las comunidades autónomas y las entidades locales puedan
empezar y ejecutar la financiación. Porque verán ustedes que en el propio presupuesto llevamos preasignado un 58 % de esos fondos, 8000 de ellos directamente a programación por las propias comunidades autónomas, y el resto preasignado en cada una
de las actuaciones que competencialmente van a desarrollar directamente las propias comunidades. ¿Y qué vamos a hacer para avanzar? Preguntaban ustedes por los reglamentos. Por supuesto que tenemos reglamentos; llevamos trabajando día y noche
con toda la información que la Comisión Europea nos está facilitando de cómo se tienen que construir estos planes nacionales de reconstrucción. Y vamos a trabajar en un real decreto-ley donde vamos a identificar -como pueden observar en el
presupuesto- en un servicio concreto, que es el servicio 50, donde se han puesto todos estos fondos dentro de todas las políticas públicas y de todos los ministerios; vamos a trabajar y estamos trabajando en un real decreto-ley donde, identificados
los cuellos de botella o los elementos que tienen que acelerarse, se haga exclusiva y especialmente para la ejecución de estos fondos.


Y ¡claro que hay más anualidades! Si hemos presupuestado 24 200 millones, aproximadamente, y tenemos 60 000 del mecanismo de recuperación y resiliencia, y se han presupuestado 12 436 en el Estado y 8000 que programarán las comunidades
autónomas, es que hay más anualidades. Es que estamos defendiendo los presupuestos de 2021 y, normalmente, no se habla de las anualidades futuras, pero si ustedes tienen interés en mirar el libro de inversiones, verán las anualidades futuras de
aquello que también está financiado con los fondos de reconstrucción.

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Decía tanto su señoría de Ciudadanos, la señora Muñoz, como el señor Valentín, del PP, que cuándo vamos a presentar el plan de reequilibrio. Señorías, el plan de reequilibrio lo vamos a presentar en el momento en el que tengamos una
situación estable de país. Como decía su señoría del PSOE, no los he escuchado hablar de pandemia. Entiendo que sus señorías del PP no hablen de pandemias; si ni siquiera la apreciaron cuando se le sometió a votación, es lógico que no hablen de
pandemia; son los únicos que no hablan de pandemia, no la reconocen. Pero, efectivamente, este país está azotado brutalmente por una pandemia; tiene sectores que tenemos que atender de forma inmediata y, evidentemente, cuando tengamos una
situación más estabilizada presentaremos el plan de reequilibrio. No un plan de reequilibrio recortando, como hizo el grupo del Partido Popular, sino un plan de reequilibrio justo, social y transformando la economía; y, eso, lo haremos con estos
presupuestos de 2021.


Puede que no compartan muchas de las cosas, evidentemente, y puede que les haya costado trabajo encontrar elementos al presupuesto para criticarlo o para no estar de acuerdo con ellos. Como decía el señor Guijarro, efectivamente, son
políticas que hemos hecho los dos grupos parlamentarios que sostienen al Gobierno de forma contracíclica, como no puede ser de otra forma. Y es que cuando tenemos cantidad de personas que están perdiendo el empleo, que tienen dificultades para
llegar a fin de mes, cuando tenemos tantas familias con una vulnerabilidad extraordinaria, los presupuestos tienen que ser extraordinariamente sociales y que protejan a toda la ciudadanía, pero sin abandonar el crecimiento económico. No solamente
tienen que ser sociales, sino que tienen que transformar definitivamente las grietas que claramente se ha visto que el país tiene que reformular.


Señora Cañizares, sí hemos revisado todo el presupuesto; no es un párrafo más que tiene el libro amarillo; hemos revisado todo el presupuesto. De hecho, no sé cómo lo comparan con el presupuesto de 2020 o con los ingresos de 2020, cuando
el presupuesto de 2020 no llego a esta Comisión ni llegó a esta Cámara; fue lamentablemente truncada su elaboración por la pandemia y el COVID-19. Pero, sí es verdad que tenemos la esperanza y, además, la fuerza y las ganas, el trabajo diario y la
dedicación absoluta para reconstruir el país y que, realmente, tenga un crecimiento, no solo el inercial, sino el que va a proporcionar estos fondos adicionales.


El incremento de cotizaciones, que también le extrañaba porque hablaba de cómo con el desempleo las cotizaciones crecían más que en el ejercicio 2020 -insisto, el de 2020 no llegó a esta Comisión, no llegó a este momento de madurez del
presupuesto-, pero les puedo decir que en el presupuesto de 2019, las cotizaciones sociales crecían más de un 7 % y, en cambio, en este presupuesto las cotizaciones a la Seguridad Social crecen un 3,8 %; realista con la situación que,
lamentablemente, tenemos todavía en el país y la que tenemos que reconstruir.


El señor Ferrán Bel preguntaba por la Casa Real. Hago la misma reflexión; la Casa Real, efectivamente, crece un 0 % frente al presupuesto base de 2020. El presupuesto base de 2020 no es el presupuesto de 2018 prorrogado; han pasado tres
años, prácticamente, entre 2018 y 2021. El presupuesto de 2018, con el que usted compara la cantidad asignada, efectivamente, tiene un diferencial de 544 000 euros, que es la cantidad asignada a la Casa Real por el incremento retributivo de los
empleados que tiene la Casa Real, como cualquier otra sección presupuestaria, en los años 2019, 2020 y el correspondiente para el 2021.


El Ministerio de Defensa, sobre el que también le preocupaba que la dotación presupuestaria, estaba por debajo de la previsión de liquidación. Conocen -porque ya hemos estado en otros debates parlamentarios- que el Ministerio de Defensa
tiene dos elementos singulares que no van en el presupuesto inicial. Uno es que el Ministerio de Defensa tiene la capacidad de generar ingresos -y de ahí viene el número importante de modificaciones a lo largo del ejercicio- por prestación de
servicios; y, otro, es que el gasto que pueda producirse sea superior a lo que se prevé en el presupuesto inicial por operaciones de mantenimiento de la paz. Este año se pueden observar que las modificaciones presupuestarias que se han hecho para
las operaciones de mantenimiento de la paz han sido muy inferiores a las de ejercicios anteriores, muy inferiores a las de ejercicios de 2018 para atrás, porque el Ministerio de Defensa ha hecho un esfuerzo extraordinario de contención de gasto,
dada la situación extraordinaria que también tenía el ejercicio 2020 respecto a la situación de pandemia.


La compañera ha explicado perfectamente las inversiones en Cataluña. Efectivamente, la inversión territorializada es de un 16,7 %, pero, efectivamente, la sentencia en la Comisión mixta -si no me equivoco- de septiembre de 2018, donde
teníamos recientemente la sentencia que condenaba al Estado a pagar la cantidad dejada de pagar por la inversión a la Generalitat de Catalunya durante equis ejercicios, se acordó en esa misma Comisión mixta que, en lugar de ser a través del capítulo
6, de inversión

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territorializada, sería a través del capítulo 7. Por lo tanto, evidentemente en la inversión territorializada al uso figura el 16,7 %, pero es el 18 % cuando se incrementan los 200 millones de esa anualidad de esa sentencia que -como
sabemos- tiene todavía dos ejercicios más.


Respecto a la ejecución presupuestaria, le diré al señor Margall que no tengo exactamente el dato aquí. Miraré con detalle la inversión hasta ese porcentaje del que habla, sobre la inversión que se ha desarrollado en la Generalitat de
Catalunya en los últimos ejercicios. Sí le digo que la inversión del capítulo 6 en un ejercicio normal sin pandemia y sin ningún tipo de situación anómala, como la que estamos viviendo, superó el 92 % en el ejercicio 2019, y que a 31 de octubre
-los datos recientes los tengo y están a su disposición- del ejercicio actual 2020 están al 77 %; y el año pasado, en un ejercicio normal, a 31 de octubre, estaban al 78 %. O sea que, prácticamente, siendo un ejercicio durísimo, tanto para la
ejecución desde el punto de vista de la inversión, como para la priorización de los recursos, estamos en un mismo porcentaje de ejecución en este periodo; y bien sabe que los dos últimos meses son de aceleración en la ejecución presupuestaria.


Me decía el señor Valentín que a ver si vengo trimestralmente. Encantada, en cuanto me llamen yo estoy a disposición de esta Comisión y, por supuesto, de lo que necesiten para dar la información que en cada momento se requiera.


Por último, no sé si me falta algo. No he escuchado al presidente del Banco de España, así que no puedo elogiarlo como lo han elogiado ustedes. Solamente les digo que la comparecencia ahora era de la Secretaría de Estado de Presupuestos y
que ya habrán tenido la oportunidad de debatir la del presidente del Banco de España. Señorías, de verdad que no entiendo que haya grupos parlamentarios que no quieran compartir, que no quieran ver, más allá de cualquier ideología, que estos
presupuestos son extraordinariamente necesarios, imprescindibles y la única vía, uno, para poder aprovechar los recursos que la Comisión Europea ha puesto a disposición de España y, dos y sobre todo, para dar respuesta a los españoles y a las
españolas, que necesitan realmente que los presupuestos atiendan a las personas, que atiendan y cuiden el planeta, y que generen prosperidad en nuestro país. Por lo tanto, esperemos que tengan un gran debate parlamentario, que realmente se
enriquezcan y que nos puedan dar las soluciones que tanto necesita España.


Gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias por su comparecencia y por sus claras explicaciones. Nos vemos pronto en esta Comisión.


La señora SECRETARIA DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS (Gualda Romero): Cuando usted quiera.


Gracias, presidenta. Gracias a todas. (Pausa).


- DE LA SEÑORA SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA (BARDÓN RAFAEL). A SOLICITUD DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS CIUDADANOS (número de expediente 212/000827); PLURAL (número de expediente 212/000941); VOX (número de expediente 212/000692);
POPULAR EN EL CONGRESO (Número de expediente 212/000564); SOCIALISTA Y CONFEDERAL DE UNIDAS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-GALICIA EN COMÚN (número de expediente 212/000850).


La señora PRESIDENTA: Damos comienzo a la tercera comparecencia y la bienvenida a la secretaria de Estado de Hacienda, doña Inés María Bardón Rafael, a la que le voy a dar directamente la palabra para que haga su primera exposición.


La señora SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA (Bardón Rafael): Buenas tardes a todos.


En primer lugar, quiero agradecer a la Mesa la oportunidad de comparecer en esta Comisión de Presupuestos y lo hago para dar cuenta de los Presupuestos Generales del Estado para 2021, fundamentalmente en mi caso en lo que se refiere a la
parte de ingresos, si bien también expondré las líneas generales de la financiación prevista en estos presupuestos para las administraciones territoriales, agradeciéndoles de antemano esta oportunidad de hacerlo.


Antes de entrar a analizar en detalle cómo se han comportado los ingresos este año y cómo prevemos que evolucionen el año próximo, creo imprescindible aludir al contexto económico que vivimos. Los Presupuestos Generales del Estado para 2021
nacen en un momento en el que el mundo está sufriendo la mayor pandemia en más de un siglo. Tras una primera ola en la primavera pasada, que provocó confinamientos y un shock sin precedentes en la economía mundial, ahora todo el planeta se enfrenta
a

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una nueva ola con una batería de iniciativas que plantean restricciones de movilidad en momentos o situaciones concretas. El impacto en nuestro país ha sido muy relevante como muestra, entre otros muchos indicadores, el cuadro
macroeconómico que se presentó recientemente por el Ministerio de Asuntos Económicos, el cual contempla una caída del PIB del 11,2 % en 2020 -en línea con el consenso- y un crecimiento del PIB del 9,8 % para el próximo año, impulsado por la demanda
interna e incorporando el impacto derivado de los fondos procedentes de la Unión Europea, ya que se prevé un crecimiento inercial -en línea con los principales organismos y analistas- de un 7,2 %. El reto de lograr la recuperación económica y
garantizar nuestro Estado del bienestar es enorme, pero creemos firmemente en la consecución de ambos objetivos y no a través de las políticas de recortes aplicadas en las crisis anteriores, sino, todo lo contrario, mediante políticas fiscales y
presupuestarias expansivas, que ayuden de verdad a relanzar la economía y a no dejar a nadie atrás esta vez. Este enfoque expansivo se encuentra, además, avalado por todos los organismos nacionales e internacionales, y la Unión Europea ha dejado
clara su posición mediante la movilización de un volumen de fondos sin precedentes a favor de los Estados miembros.


Una vez contextualizado este escenario económico actual, paso a imponer el comportamiento de los ingresos. De forma breve, en primer lugar, analizaré el cierre del ejercicio 2020 y, posteriormente, un poco más en profundidad, los ingresos
que el proyecto contempla para 2021. Como he comentado anteriormente, los Presupuestos Generales del Estado se han elaborado en un escenario económico que incluye un descenso del PIB en 2020 del 11,2 %, de forma que se prevé que en este año se
cierre con unos ingresos no financieros totales de 223 208 millones de euros, con un decremento del 7,3 % respecto del año anterior. Dentro de los mismos, los ingresos tributarios disminuirán en 2020 un 7,6 % respecto a 2019. El motivo principal
de esta minoración viene dado por la crisis económica causada por el COVID, pues la evolución de todas las variables económicas en 2020 ha sufrido el parón de la actividad que se produjo a partir de la segunda quincena de marzo como consecuencia del
estado de alarma y del confinamiento de las semanas posteriores. La situación supuso una abrupta caída del PIB y de todos los indicadores reales en el primer semestre del año y una progresiva recuperación en la segunda parte del mismo. Las
variables nominales más relevantes desde el punto de vista tributario tuvieron un comportamiento parecido al de las reales, dada la moderación que mostraron los precios, que no fue ajena a la propia situación económica. Se espera que el deflactor
del PIB cierre el año con una variación nula respecto de 2019 y evoluciones similares se prevén para los precios de consumo y para el comercio exterior.


La demanda interna, que es la magnitud más relacionada con los ingresos, tuvo en estos meses una trayectoria algo menos negativa que la del PIB por el menor impacto que tiene en ella el deterioro del sector exterior. Algo similar cabe decir
de la recuperación de asalariados, que acusó el parón de la actividad, pero con el soporte que representan los apoyos públicos se ha compensado parcialmente la afectación de los mismos. Este entorno se traduce en que las bases imponibles agregadas
de los principales impuestos finalizarán el año con un descenso del 5,4 %, lo que explica a su vez las pérdidas recaudatorias. La paralización de la actividad se reflejará sobre todo en las bases ligadas al gasto y a los beneficios empresariales.
En algunas rúbricas la disminución es aún mayor, ya que se añade la evolución de la bajada de los precios, como es el caso del consumo de hidrocarburos y de electricidad. Solo las rentas de las familias se logrará mantener en positivo en 2020,
gracias a las medidas del Gobierno para proteger estas rentas de trabajadores mediante los ERTE, por ejemplo. La caída de los ingresos hubiera sido más intensa de no ser por el impacto positivo sobre el crecimiento que aportan los cambios
normativos. Se trata en su mayoría de medidas normativas que tuvieron lugar en 2019, pero que prolongan sus efectos a 2020, como son las devoluciones extraordinarias que se hicieron el año pasado: prestación por maternidad en el IRPF, sentencias y
DTA en el impuesto de sociedades, sentencias en el impuesto sobre sucesiones y donaciones de no residentes, o la recuperación del impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica, dada su suspensión temporal. Solo ellas,
devoluciones y recuperación del impuesto, suponen un impulso en términos diferenciales de casi 4500 millones. Además, en 2020 se han aprobado algunas medidas para paliar algunas de las consecuencias inmediatas del COVID, si bien en su mayor parte
tenían un efecto transitorio, como es el caso de la suspensiones y aplazamientos de deudas tributarias, cuyo impacto negativo sobre los ingresos se concentró en los primeros meses y, posteriormente, se ha ido diluyendo según se van recuperando los
importes aplazados o suspendidos.


Una vez visto el cierre del ejercicio 2020, me voy a centrar en las estimaciones del presupuesto de ingresos para el 2021, en el que esperamos un incremento considerable debido a tres causas

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fundamentales: la recuperación económica tras los resultados negativos de 2020 provocados por la pandemia, los ingresos procedentes de fondos europeos y el impacto de las medidas normativas que se pondrán en marcha a lo largo del año. De
esta forma se ha de destacar, en primer lugar, que para 2021 el escenario económico estimado por el Gobierno contempla la hipótesis de una recuperación tras la bajada de actividad en 2020 del 7,2 %, que se verá reforzado por el Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia que puede permitir alcanzar un crecimiento del 9,8 %. Estas previsiones son similares a las previstas por organismos como la Comisión Europea, que estima un crecimiento del 7,1 %, o del Fondo Monetario Internacional, de
un 7,3 %. En términos nominales, el repunte será más intenso al producirse, al mismo tiempo que remonta la actividad, un incremento en los precios estables a lo largo de 2020. Así, el PIB, en términos nominales, crecerá un 10,8 %. La previsión de
crecimiento para la base imponible agregada de los principales impuestos de 2021 es del 7,9 %; todas las bases crecen, aunque lo hacen más intensamente las relacionadas con el gasto. En segundo lugar, el presupuesto de 2021 incorpora los primeros
ingresos derivados de los fondos europeos puestos a disposición de los distintos países tras el acuerdo intergubernamental en el seno de la Unión Europea. Se calcula que en 2021 se podrían ingresar unos 6800 millones de euros por este motivo, es
decir, alrededor de 3 puntos de crecimiento de los ingresos previstos para 2021 se deben a estos fondos. En tercer lugar, los ingresos aumentarán por el impacto de las medidas normativas contenidas en la ley de presupuestos generales, que está
previsto poner en marcha el 2021. Se estima que estas nuevas medidas añadirán 1862 millones de euros a la recaudación. Se trata del aumento de la escala de gravamen en el IRPF, la limitación de la exención en el impuesto de sociedades, las subidas
de tipos a productos concretos y, finalmente, los cambios en la fiscalidad medioambiental.


Por otro lado, las nuevas figuras tributarias ya aprobadas -el impuesto sobre transacciones financieras y el impuesto sobre determinados servicios digitales, así como medidas en el ámbito de la fiscalidad verde- reportarán hasta 4223
millones de euros. Por todo ello, se prevé que los ingresos no financieros en 2021 supongan 255 631 millones de euros, con un crecimiento del 14,5 % respecto de 2020. Dentro de los mismos, los ingresos tributarios alcanzarán la cifra de 222 107
millones, un 13 % más. Si distinguimos por las principales figuras impositivas, podemos decir que los ingresos por IRPF subirán un 7,8 % con una recuperación de la rentas de los hogares, en especial las rentas del capital y de actividades
económicas. Los ingresos por el impuesto sobre sociedades crecerán un 20,7 %, con una recuperación de los beneficios empresariales que se espera que vuelvan a niveles de 2019. Los ingresos por el IVA se incrementarán un 13,9 %, en sintonía con la
mejora del gasto en el consumo interior y del aumento de las transacciones de vivienda nueva que se espera para 2021. Los impuestos especiales crecerán un 12,4 % con la subida del tipo en el gasóleo de automoción y, sobre todo, por la recuperación
en los consumos.


Pasando al ámbito del presupuesto de beneficios fiscales para 2021, su valor total estimado asciende a 39 049 millones de euros, habiéndose producido, por tanto, un incremento en términos absolutos de 1115 millones de euros y una variación
relativa del 2,9 % respecto de las cifras estimadas actualmente para 2020. He de aclarar esta comparación, en primer lugar. En el último proyecto de Presupuestos Generales del Estado presentado, esto es en 2019, se introdujo una novedad
consistente en incluir una nueva columna con los datos actualizados correspondientes a las estimaciones del presupuesto de beneficios fiscales anterior. Con ello se pretendía ofrecer una mayor transparencia y permitir una comparación más homogénea
entre los beneficios fiscales de los dos ejercicios. No obstante, este año nos encontramos con la inexistencia de un proyecto de presupuestos para 2020 con el que poder comparar las estimaciones realizadas para 2021. Por ello, se ha optado por
incluir las cifras estimadas de los beneficios fiscales de 2020 a partir de los datos más recientes de que disponemos. Es decir, este año el presupuesto de beneficios fiscales compara las estimaciones de 2021 con unos beneficios fiscales de 2020
calculados con datos actuales.


Por otra parte, he de recordar que los beneficios fiscales se evalúan conforme al criterio de caja por coherencia con el que se utiliza en las cuentas de los Presupuestos Generales del Estado, lo que supone que en los tributos de naturaleza
directa, como el IRPF o el impuesto de sociedades, que se declaran anualmente, el presupuesto de beneficios fiscales para 2021 está influido, con carácter general, por la normativa vigente en 2020 y, por tanto, no refleja las bonificaciones
tributarias incluidas en el actual presupuesto de 2021, tales como las de IRPF relativas a escala de gravamen y aportaciones al sistema de previsión social, que tendrán reflejo concretamente en el año 2022. Sin embargo, los tributos de naturaleza
indirecta, como el IVA o los impuestos especiales, se liquidan de manera periódica, mensual o

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trimestralmente, lo que hace que sus beneficios fiscales sí se vean influidos por las normativas vigentes en 2021. Dicho esto, por lo que respecta a las cifras del presupuesto de beneficios fiscales 2021, hay varios aspectos que destacar,
muchos de ellos relacionados con las consecuencias de la crisis en la que actualmente nos encontramos. En el IRPF se aprecia estabilidad en su conjunto, si bien hay conceptos con variaciones significativas de las que podemos señalar: un incremento
en las exenciones por indemnización por despido o cese del trabajador, valorado en 204 millones de euros; un incremento del 40,7 %, evidentemente consecuencia de la crisis; una minoración de la extensión parcial del gravamen especial sobre los
premios de determinadas loterías y apuestas como consecuencia de la suspensión de los juegos durante el estado de alarma y a pesar de que en 2021 se refleja el efecto contrapuesto que supone la elevación del mínimo exento de 20 000 a 40 000 euros, y
un descenso lógico de la deducción por inversión en vivienda habitual por tratarse, como saben, de un régimen transitorio.


En el impuesto sobre sociedades se aprecia una minoración considerable de un 21 %, consecuencia, principalmente, de la caída de los beneficios empresariales en 2020, que tiene su reflejo en el presupuesto de beneficios fiscales 2021. Entre
las partidas afectadas, podemos citar las reducciones por la reserva de capitalización y nivelación, y los tipos reducidos, que se ven especialmente afectados por los malos resultados esperados para las Sicav, de gran volatilidad y que, además,
parten de una buena situación en 2020. Como conceptos que se incrementan, caben destacar los incentivos a la I+D+i, que muestran una buena evolución, y la deducción por producciones cinematográficas y espectáculos, que muestran los efectos de las
mejoras introducidas en el año 2020.


Por lo que respecta al IVA, hay que señalar que, en virtud del criterio de caja aplicado, al que me he referido anteriormente, la caída del consumo producida durante este año tiene su reflejo en los beneficios fiscales de 2020. Por ello, en
el de 2021 se aprecia un incremento considerable de en torno a 1566 millones de euros, un 8,35 %, que responde a la recuperación prevista para el año que viene. Finalmente, en lo relativo a los impuestos especiales, quiero destacar tan solo que la
subida relativa al impuesto sobre hidrocarburos es debida principalmente al efecto indirecto que produce la subida de tipos del gasóleo.


Los Presupuestos Generales del Estado para 2021 vienen marcados por la necesidad de reactivar la economía en un contexto de fuerte contracción, ocasionado por una crisis sin precedentes. En el escenario en que nos encontramos, donde la
actividad económica se ha visto resentida por la pandemia global, muchas de las medidas que se habían anunciado en ocasiones anteriores han tenido que ser pospuestas, de forma que, cuando la crisis COVID se haya superado, será necesario afrontar una
reforma en profundidad de nuestro sistema tributario, dado que la pandemia nos ha demostrado que es necesario tener un Estado del bienestar más fuerte y para ello debemos potenciar nuestras políticas públicas. Por tanto, tenemos que contar con unos
ingresos que estén a la altura del país que queremos construir. Ahora mismo España se encuentra 7 puntos por debajo de la media europea en ingresos públicos, es decir, muy por debajo de la media de los países vecinos. Lo hemos dicho muchas veces y
lo repetiremos tantas veces como sea necesario: no se puede tener un Estado del bienestar de primera con unos ingresos públicos de tercera, y por ello consideramos necesario replantear nuestro sistema tributario para hacerlo más justo. Creemos que
debe incorporar un compromiso medioambiental claro que conduzca a un mundo más sostenible, protegiendo al medio ambiente como herramienta de lucha contra el cambio climático; a su vez, debemos ser capaces de adaptarlo a la economía digital y
globalizada del siglo XXI; creemos, además, que debe servir para incentivar hábitos de vida saludables y, por último, pero no menos importante, debe incorporar siempre la perspectiva de género.


Creemos que este replanteamiento del sistema tributario debe realizarse con el mayor rigor y en un momento en el que la recuperación económica permita incorporar los cambios estructurales necesarios, por lo que vamos a encargar a un comité
de expertos que analice las posibilidades de mejora de nuestro sistema. Sin perjuicio de todo ello, se han incorporado a estos Presupuestos Generales del Estado para 2021 algunas medidas de limitado alcance, en línea con los principios que creemos
que deben inspirar nuestro sistema tributario en el futuro. (El señor vicepresidente, Meijón Couselo, ocupa la Presidencia).


Paso ahora a comentar las principales medidas introducidas. En el impuesto sobre la renta de las personas físicas se exigirá un mayor gravamen a las rentas más altas, tanto en la base imponible general, incrementando 2 puntos la tributación
para rentas a partir de 300 000 euros, como en la base del ahorro que grava las rentas del capital, cuya tributación se incrementa 3 puntos para rentas superiores a 200 000 euros. Estas medidas afectan a un número reducido de contribuyentes,
respondiendo, además, a la justicia social y al principio de capacidad contributiva de los ciudadanos, de forma que aporten en mayor

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medida aquellos que dispongan de mayor renta. De esta forma, además de contribuir a la reducción del déficit público, se mejora la progresividad del impuesto, al afectar la subida impositiva exclusivamente a los grupos de población con
mayor capacidad económica. Dicha medida se ve acompañada por la modificación de la reducción aplicable a las aportaciones y contribuciones a sistemas de previsión social, de modo que el límite actual de 8000 euros se incrementa hasta 10 000 euros,
si bien limitando las aportaciones individuales a un máximo de 2000 euros. De este modo se potencian las contribuciones empresariales a favor de los empleados y se corrige la regresividad de este incentivo fiscal como, además, puso de manifiesto el
informe de la AIReF.


Por otra parte, la situación que padece la economía española en el marco de la actual crisis sanitaria hace aconsejable el establecimiento de un marco normativo estable que permita a los pequeños autónomos poder continuar aplicando el método
de estimación objetiva para el cálculo del rendimiento neto de su actividad económica, evitando, además, un incremento en sus obligaciones formales y de facturación. A tal efecto, se prorrogan para el periodo impositivo 2021 los límites
cuantitativos que delimitan en el impuesto sobre la renta de las personas físicas el ámbito de aplicación del método de estimación objetiva, con excepción, como conocen, de las actividades agrícolas, ganaderas y forestales, que tienen su propio
límite cuantitativo por volumen de ingresos.


En el impuesto sobre sociedades se limita al 95 % la exención sobre dividendos y rentas derivadas de la transmisión de valores representativos de los fondos propios de entidades residentes y no residentes en territorio español. Se trata de
una medida que afecta fundamentalmente a grandes empresas y se acompañará de un periodo transitorio de tres años para las pymes, de modo que se favorezca su expansión y su internacionalización. Otras medidas relacionadas con el impuesto sobre
sociedades, pero que serán incorporadas en otras leyes, son las relativas a las Sicav y a las Socimi. En lo relativo a las Sicav, se establecen una serie de requisitos adicionales para que se puedan beneficiar de su régimen especial, como exigir a
los accionistas una participación mínima de 2500 euros y, además, se otorga a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria competencia para la comprobación de dicho requisito. En cuanto a las Socimi, se establecerá un gravamen del 15 % para
sus beneficios no distribuidos, de modo que se incentive aún más la distribución a sus socios como dividendo de todos los beneficios obtenidos.


Por lo que respecta al impuesto sobre el valor añadido, se modifica el tipo impositivo aplicable a las bebidas que contienen edulcorantes añadidos, que pasan a tributar al tipo impositivo general del 21 %, medida que constituye un compromiso
social para racionalizar y promover su consumo responsable, en particular entre la población infantil y juvenil. A su vez, la medida resulta especialmente coherente con la finalidad perseguida de internalizar los costes externos de nuestro Estado
del bienestar derivados de dietas poco saludables basadas en un elevado consumo de bebidas que contengan edulcorantes añadidos en su composición. Además, a semejanza de la medida relativa al método de estimación objetiva que hemos visto en el IRPF,
se prorrogan para el periodo impositivo 2021 los límites para la aplicación del régimen simplificado y el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca en el impuesto sobre el valor añadido.


En los impuestos especiales, manteniendo la línea de las recomendaciones efectuadas por diversos organismos internacionales a España, entre las que se destaca la importancia de adoptar medidas eficaces de ámbito nacional centradas en el uso
de vehículos diésel y sus emisiones de dióxido de nitrógeno, se reduce la bonificación de este impuesto de hidrocarburos aplicable a estos carburantes de automoción utilizados por el transporte por carretera, que provocan las mayores emisiones de
gases contaminantes que inciden sobre la calidad del aire de nuestras ciudades. La subida es de 38 euros por cada 1000 litros, la misma que incluimos en el presupuesto de 2019. No obstante, la tributación que recae sobre el gasóleo de uso
profesional y el gasóleo no bonificado no sufre variación alguna al objeto de mantener la competitividad de los sectores intensivos en su consumo.


En el impuesto sobre el patrimonio, se eleva el tipo de gravamen aplicable al último tramo de la tarifa y se mantiene con carácter indefinido su gravamen, medidas ambas que han de contribuir a la consolidación de las finanzas públicas. Por
último, quiero mencionar la elevación del 6 al 8 % del tipo de gravamen del impuesto sobre las primas de seguro, lo que coadyuvará al cumplimiento de los objetivos de ingresos de los Presupuestos Generales del Estado. Se trata de unos tipos que no
habían sido revisados desde el año 1998 y que se encuentran muy por debajo del tipo medio exigido en la Unión Europea.


No quiero finalizar mi intervención sin referirme a la financiación territorial. En una situación como la actual, el papel del Gobierno es garantizar la suficiencia en la financiación de las entidades territoriales

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para que sean capaces de seguir prestando los servicios públicos a los ciudadanos con todos los recursos disponibles, sin que la crisis produzca una merma de las prestaciones o de la calidad de los servicios públicos. En este sentido, es
importante destacar el relevante papel que desempeñan las comunidades autónomas y las entidades locales en la prestación de servicios públicos fundamentales, en especial en estos momentos, en los que los servicios públicos de sanidad están
afrontando un incremento de la demanda asistencial, provocado por la pandemia. Las entidades territoriales, además de afrontar incrementos de gasto en sus cuentas como consecuencia de la pandemia ante un freno de la actividad económica, soportan
también una disminución de los recursos disponibles para dar cobertura a estos servicios públicos. Ante esta situación, el Estado está realizando un extraordinario esfuerzo de trasvase de financiación para poner a disposición de las
administraciones territoriales unos recursos que tanto en 2020 como en 2021 les garanticen la suficiencia financiera, algo que no pasó en la anterior recesión, en la que la falta de financiación ahogó a estas administraciones y por ende contribuyó a
empeorar la crisis.


Es importante destacar que para afrontar esta pandemia se han adoptado medidas a favor de las entidades territoriales que no tienen precedente en nuestra democracia. Se ha activado por primera vez la cláusula de salvaguarda de la Ley
Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, que para situaciones como la actual establece suspender el cumplimiento de las reglas fiscales. Se ha otorgado financiación sin reembolso y sin condicionalidad fiscal, a diferencia de los programas de
liquidez extraordinaria que se pusieron en marcha en 2012 para superar la anterior recesión, y todo ello para atenuar, en la medida de lo posible, los efectos de la pandemia en la gestión financiera de las entidades territoriales.


Respecto al presupuesto de las comunidades autónomas y los recursos del sistema de financiación autonómica, en 2020, incluyendo las entregas a cuenta y la liquidación de ejercicio 2018, se ha incrementado en 7675 millones de euros, un 7,1 %
respecto a 2019. Dicha cifra incluye el impacto del Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19, en virtud del cual se actualizaron las entregas a cuenta por
cuantía de 2867 millones de euros, respecto a la financiación de 2020 inicialmente prevista. En 2021 los recursos del sistema de financiación autonómica estimado se reducen en 1934 millones, un 1,7 % respecto a 2020. La mayor parte de esta
disminución corresponde con la previsión de liquidación de 2019 que se aminora en torno a 1654 millones y se explica por el esfuerzo efectuado por lograr una mejor aproximación entre las entregas a cuenta y la recaudación final. El importe restante
de la caída se refiere a las entregas a cuenta del año 2021, que apenas se reducen 280 millones -un 0,3 %-, a pesar del impacto de la crisis económica en la recaudación.


No me voy a detener para detallar pormenorizadamente los esfuerzos realizados también en apoyo de las comunidades, a través del mecanismo adicional de financiación denominado Fondo de Financiación de Comunidades Autónomas y del Fondo COVID,
pues la secretaria general de Financiación Autonómica y Local podrá exponerlo con mayor detalle, pero sí les apuntaré lo siguiente. El Fondo de Financiación de Comunidades Autónomas está dotado en el proyecto de presupuestos para 2021 con 29 500
millones de euros, lo que supondrá un aumento de 13 000 millones respecto a los años anteriores e incorporará un nuevo compartimento de fondo de liquidez para el React, mientras que el Fondo COVID en 2020 ha puesto a disposición de las comunidades
autónomas 16 000 millones de euros no reintegrables, y para 2021 está prevista una dotación adicional de recursos por un importe global de 13 486 millones.


Si pasamos a las entidades locales, brevemente, en el ámbito de las mismas también se ha realizado un esfuerzo por garantizar los máximos recursos posibles. Buena prueba de ello es el real decreto-ley de finales de 2019 que reguló la
actualización extraordinaria de las entregas a cuenta para ese año, permitiendo adoptar el ajuste técnico extraordinario para la defensa del interés general y trasladar a las entidades locales el incremento de los recursos derivados de la diferencia
de previsiones entre la elaborada en 2018 y en 2019, considerando exclusivamente el incremento de recaudación previa a la cesión de impuestos estatales que son determinantes para la financiación local.


Desde este año, y mediante acuerdo del Consejo de Ministros, de 21 de enero, el criterio de aplicación de la prórroga de la financiación de las entidades locales tiene como base aquel real decreto-ley, de modo que los importes
correspondientes a cada uno son coincidentes con los que resultaron en dicha norma. Por otra parte, las entregas a cuenta de la participación de tributos del Estado ascenderán en 2021 a 19 452 millones, lo que supone un incremento del 3 % respecto
a 2020. Asimismo, en 2021 se atenderá la liquidación definitiva de 2019, que se prevé que suponga unos importes a ingresar a las entidades

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locales de 478 millones de euros. La cuantía total de la participación que se ingresará a las entidades locales pasará de 19 555 en 2020 a 19 931 en 2021, es decir, un incremento global del 1,9 %.


Sin ánimo de extenderme mucho más, concluyo mi intervención para señalar que estos presupuestos, pese a enmarcarse en un contexto tan complejo, incorporan los principios en los que creemos firmemente. Además, reafirman el compromiso
absoluto con la adecuada financiación de las comunidades autónomas y entidades locales. Así, a pesar de la magnitud sin precedentes de la recesión actual, las administraciones territoriales van a poder afrontarla sin tensiones de liquidez similares
a las que tuvieron que experimentar durante la última crisis y sin tener que concentrarse en el cumplimiento de la ortodoxia fiscal ni la austeridad, cuyo efecto en episodios anteriores no ha sido otro que el de ralentizar la recuperación económica,
todo ello gracias a las iniciativas legislativas y a la financiación que el Estado ha puesto a disposición de las entidades territoriales. Algunos de los principios que impregnan el presupuesto son avanzar hacia un sistema tributario más justo y
progresivo, respetuoso con el medio ambiente y comprometido con la defensa de la salud. Insistiremos siempre: no podemos tener un Estado de bienestar de primera con unos ingresos públicos de tercera. A veces hay debates interesados en torno a la
financiación de los gastos públicos y es muy importante hacer pedagogía sobre la utilidad de las figuras fiscales, a la hora de garantizar la sostenibilidad y la calidad del Estado del bienestar. Estos presupuestos son una oportunidad única para
nuestro país, aprovechémosla.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Meijón Couselo): Muchas gracias, señora Bardón.


Pasamos ahora al turno de los grupos. Tiene la palabra, por el Grupo Ciudadanos, la señora Muñoz Vidal.


La señora MUÑOZ VIDAL: Gracias, presidente. Buenas tardes, secretaria, y bienvenida.


Le voy a decir lo mismo que les he dicho a sus predecesores, a los anteriores comparecientes en esta Comisión. Estos presupuestos, en una valoración general, no nos gustan, no los habríamos elaborado y no los habríamos presentado. Desde mi
grupo parlamentario quiero dejar claro que estamos aquí para tratar de mejorarlos, para enmendar todo lo que consideremos que puede ser beneficioso para los españoles y para nuestro país.


Quiero dejar claras dos cosas porque antes algún compañero diputado no me ha debido entender bien. En primer lugar, cuando hablo de que estos presupuestos son tentativos sé perfectamente que estoy hablando de incertidumbre, y por supuesto,
señor Guijarro, la incertidumbre nos permite hablar de que estos presupuestos tienen un exceso de optimismo, porque la incertidumbre te obliga a ser precavido y riguroso precisamente, ya que al desconocer los riesgos a los que te vas a enfrentar en
el futuro uno tiene que ser más precavido todavía. Por ejemplo, cuando en un hogar vienen mal dadas, ¿se gastan las familias sus ahorros o los guardan? En segundo lugar, cuando he dicho que no nos gustan porque son unos presupuestos pegados al
ciclo, yo creo que me ha entendido bien y sabe perfectamente de lo que estoy hablando aunque no le guste. Cuando hablo de pegados al ciclo quiero decir que, en un momento de contracción como en el que estamos, el dinero que contienen esos
presupuestos, en vez de ir a donde están destinados en este borrador de presupuestos, que es a hacer frente al gasto corriente, es decir, a seguir protegiendo a los que ya están protegidos, tendrían que ir a la inversión para proteger a los que de
verdad lo necesitan y a crear nuevas áreas productivas cuyo factor multiplicador relanzará nuestra economía. A eso me refería, señor Guijarro.


Quiero comentarle a la secretaria que son unas cuentas -y usted ha puntualizado los mismos puntos que yo voy a destacar- optimistas. Usted ha hablado de que vamos a tener estos ingresos por el efecto rebote de la economía, por los fondos
europeos y por una recaudación prevista, y yo quiero incidir en estos mismos aspectos. El efecto rebrote del que usted habla depende absolutamente de algo incierto para nosotros y que no está en nuestra mano, como es la evolución de la economía y
que esto permita una recuperación económica como la que ustedes prevén. Porque, además, los fondos europeos que ustedes establecen, de los que ha hablado la secretaria en esta comparecencia, primero, aún no se han recibido y no tenemos certeza de
cuándo los recibiremos, y segundo, tampoco sabemos por qué importes se van a ir recibiendo. Sin embargo, nosotros en estas cuentas ya nos los estamos gastando, pero además es que no es descartable que Bruselas en un futuro congele las ayudas a los
países con un déficit excesivo a partir de un ejercicio en el que ellos decidan volver al ajuste presupuestario, tal vez en 2022. Además, la recaudación prevista por el incremento de los tributos que se recogen aquí, en este borrador,

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algunos ni siquiera se han creado todavía, ya que se regularán en leyes que aún no sabemos ni cuándo se van a aprobar ni qué tiempo conllevará su tramitación.


Concretamente, me gustaría preguntarle acerca de que en el borrador se recoge una previsión de ingresos en la lucha contra el fraude fiscal de unos 500 millones de euros. A juicio de nuestro grupo parlamentario, una de las grandes fuentes
de financiación del Estado es la lucha contra el fraude fiscal, en eso estamos de acuerdo porque por ese agujero se escapan miles de millones, y creemos que hay que centrar todos nuestros esfuerzos y todos nuestros recursos en esta lucha. Decía que
estiman recaudar 500 millones y querríamos más información a este respecto.


Señor presidente, voy a hacer dos últimas preguntas, ya que no utilizaré mi turno posterior. Gracias, presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Meijón Couselo): No hay turno posterior. Lleva usted cinco minutos. Empezaremos con una pequeña prórroga, tiene usted un minuto para acabar.


La señora MUÑOZ VIDAL: Gracias, presidente. Solo quiero formularle las preguntas respecto de la lucha contra el fraude.


Acaba de entrar en tramitación parlamentaria este proyecto de ley de lucha contra el fraude, una tramitación que será previsiblemente larga. No sé si tiene usted estimación del plazo de cuándo podrá ponerse en marcha esta ley y qué
recaudación habrá prevista para el ejercicio 2021. Hemos encontrado una partida de 40 millones de incremento en la dotación correspondiente a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria para gastos de funcionamiento y querríamos saber a qué
se corresponde esta partida. No sé si el Gobierno se ha planteado hacer un estudio sobre la economía sumergida.


El señor VICEPRESIDENTE (Meijón Couselo): Tiene usted que acabar, señora Muñoz.


La señora MUÑOZ VIDAL: Solo quería saber si sobre la economía sumergida tienen algún plan.


Gracias, presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Meijón Couselo): Muchísimas gracias, señora Muñoz.


Por el Grupo Plural, tiene ahora la palabra el señor Bel.


El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, presidente.


Muchísimas gracias, señora secretaria de Estado de Hacienda, por su comparecencia y sus explicaciones. Voy a intentar plantearle rápidamente algunas cuestiones, dando por entendido que en lo que estamos de acuerdo no vamos a abundar.


Respecto a las medidas de ingresos y medidas tributarias, ustedes plantean algunas, entre otras, el cambio de tipo impositivo a las bebidas azucaradas y edulcoradas, la eliminación de una parte de la bonificación fiscal del diésel y el
incremento del tipo de primas de seguros. Le querría preguntar si ustedes entienden que estas son medidas progresivas desde la óptica fiscal, porque nosotros no compartimos algunas. Aprovecho para comentarle un tema, que aunque ahora no lo ha
nombrado mi compañera de Ciudadanos, en la anterior comparecencia sí lo ha hecho. Ha dicho que su grupo parlamentario había llegado a un acuerdo con el Gobierno para la eliminación de esta bonificación fiscal del diésel, para su eliminación de los
Presupuestos Generales del Estado. Digo esto porque nosotros tenemos interés en este asunto y quisiéramos plantear una enmienda, pero si hay un acuerdo, nos evitamos plantear la enmienda. Nos gustaría saber si existe este acuerdo.


Respecto al tema de las bebidas azucaradas y edulcoradas, si de lo que se trata es de internalizar los costes que genera el consumo de este tipo de bebidas y que no se hace por un ánimo recaudatorio sino con un efecto de desincentivar el
consumo de las mismas, no entendemos por qué no han optado, como se hizo en Cataluña, por establecer un impuesto específico donde se pueda graduar la tributación en función del contenido de azúcar de cada una de estas bebidas. No entendemos que
este incremento sea igual, independientemente del contenido de azúcar de las bebidas ni tampoco que sea igual para las bebidas azucaradas como para las edulcoradas, porque estamos incluyendo aquí también toda las bebidas 0,0 o las bebidas light, que
van a tener la misma penalización fiscal que las bebidas con azúcar máximo. Por tanto, no sé sí sobre esto podríamos tener una explicación.


En relación con el tema del fraude fiscal, en el libro amarillo, en la página 267, se habla de las actuaciones y del resultado de la lucha contra el fraude fiscal y se hace una comparativa de cómo ha evolucionado favorablemente porque ha
habido un incremento de recaudación en 2019 y en 2020. Vemos

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en el párrafo final un tema que nos preocupa y nos gustaría saber si esto va a tener impacto presupuestario o no. Dice: 'Finalmente cabe señalar que la actividad de la Agencia Tributaria en 2020 se está viendo afectada por la pandemia
internacional del COVID-19 que ha provocado la necesidad de un replanteamiento de su planificación dentro del Plan estratégico 2020-2023...'. Más allá de las medidas de la nueva ley para la lucha contra el fraude fiscal, ceteris paribus, es decir,
sin esta ley, ¿prevén continuar incrementando los recursos de lucha contra el fraude fiscal en 2021 y en qué cantidad?


Finalmente, lo vamos a tratar mañana con su compañera de la Secretaría de Financiación Autonómica y Local, pero ya que usted ha tocado el tema, respecto a la financiación territorial, a mí no me duelen prendas en decirlo: nosotros no
hacemos una valoración negativa de este aspecto en el presupuesto de 2021 y se lo debo reconocer. Sin embargo, tenemos un tema pendiente que se deberá resolver porque en las comunidades autónomas se ha hecho un esfuerzo importante -muy importante-,
ya que se aprobó el fondo COVID de 16 000 millones, pero esto no ha tenido su correspondencia en las entidades locales. A las entidades locales tendrían que asignárseles -y se lo están reclamando la FEMP, la mayoría de grupos parlamentarios y
también la mayoría de alcaldes- un fondo equivalente a los 16 000 millones -eran 5000 millones inicialmente y nosotros podríamos aceptar que fueran 3000 para 2020- y también un fondo para hacer frente a los mayores gastos y a los menores ingresos
que hay en el transporte público municipal. Por tanto, mi pregunta sería la siguiente: ¿piensan resolver estos dos fondos, el fondo COVID en el ámbito municipal y el fondo para el transporte público municipal? Porque para nuestro grupo, si no se
resuelve esto, sería una situación que dificultaría, aunque fuera de forma indirecta, la tramitación parlamentaria del presupuesto de 2021.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Meijón Couselo): Muchas gracias, señor Bel.


Por el Grupo de Unidas Podemos, tiene la palabra el señor Txema Guijarro.


El señor GUIJARRO GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.


Muchas gracias, señora secretaria de Estado, por atender hoy aquí a los diputados. Por entrar en cuestión, quería trasladarle básicamente una gran pregunta que no acierto todavía a contestar, pero antes permítame dar alguna que otra vuelta
para comentar algunas de las cosas que se han dicho.


Señora Muñoz, incierto es incierto; no es optimista ni pesimista, sino incierto. Así como tenemos, efectivamente, la realidad de una segunda ola que empeora las perspectivas, podría ocurrir que una salida del brexit no tan desastrosa como
se está previendo recuperara los escenarios. Por eso se insiste en que son inciertos, porque no te puedes escorar ni hacia un lado ni hacia otro. En esto tenemos que ser todos claros. No voy tanto a lo de incierto o no incierto, sino más a lo de
optimista o no optimista. Se insiste erre que erre en que el Gobierno está facilitando unos números demasiado optimistas a partir de un cuadro macroeconómico, que ustedes mismos han reconocido que está avalado por la AIReF. Pues ahí debería quedar
cerrado el debate y podríamos entrar en otras cuestiones que también son muy interesantes.


Hay una cuestión de la que ha hablado usted que en el fondo trasluce un montón de cuestiones ideológicas. Dice que la gestión del Estado no es la gestión familiar, y esto es cierto. Perdón, al revés. La perogrullada es que esto no es
cierto. Lo que usted ha querido hacer es comparar una cosa con la otra. Creo que ha dicho en alguna ocasión que es lo mismo gestionar un Estado que una familia y permítame que le diga, señora Muñoz, que esto no es así. Un Estado es un Estado y
una familia es una familia. Por ejemplo, cuando a una familia le va mal y tiene perspectivas complicadas, efectivamente, retrae gasto porque no sabe lo que puede ocurrir. Retrae gasto. Cuando en un país no ocurre esto y al Estado le va mal, ¿qué
hace el Estado? Según no los rojos que hay últimamente por aquí, en el Gobierno, sino el gobernador del Banco de España, hay que expandir el gasto -lo dice el señor gobernador- para compensar. (La señora Muñoz Vidal: Sin comprometer los ingresos
futuros.-Rumores).


El señor VICEPRESIDENTE (Meijón Couselo): No dialoguen entre ustedes.


El señor GUIJARRO GARCÍA: Son cuestiones tan básicas que hay que tratar de explicitarlas porque si no, no se entiende nada.


Con respecto a las cuestiones de fiscalidad, que interesan más, señora secretaria de Estado, de lo que se trata es de ir tendiendo hacia una cierta armonización fiscal en el marco europeo. Esta es una de las cuestiones que se ha comentado
aquí, precisamente, porque hay figuras fiscales que solo van a tener una efectividad plena, una vez logren instalarse a nivel europeo. En eso también hay un cierto consenso

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instalado en esta sala. Precisamente, en el camino de ir armonizando fiscalmente los distintos países, Europa está encaminada, por ejemplo, a la subida del diésel no profesional o, mejor dicho, a la reducción de la bonificación del diésel
no profesional. En Europa la fiscalidad verde lleva instalándose desde hace años y ya era hora de que en España empezáramos a tomar ciertos senderos más europeizantes y más ecológicos, como los que se han podido tomar en este sentido. Yo tengo un
diésel de segunda mano y estamos hablando de 3 euros al mes. Por 3 euros al mes no me parece que se esté arruinando a los ciudadanos de este país, ni que se les esté castigando por el hecho de tener un diésel. Me parece que es una aportación
bastante razonable y sobre todo más razonable cuando al fin el Estado empieza a exigir más a quien más tiene, con subidas en los últimos tramos de los tipos de IRPF y con algunas de las otras cuestiones que ha comentado la secretaria de Estado.


Para terminar, señora secretaria, a ver si usted me puede ayudar a salir de esta gran duda o de esta gran ignorancia mía. Por eso le pido una respuesta didáctica, porque en estos debates que tenemos en la Comisión de Presupuestos y en otras
comisiones adyacentes -Hacienda y Economía- siempre me ocurre que me topo con el mismo problema. Las derechas acusan a las izquierdas de gastar mucho: es que ustedes quieren gastar mucho. Como estamos en un estado de necesidad, parece que ese
argumento pierde peso, porque, efectivamente, todo el mundo entiende que hay que gastar mucho. Luego ellos dicen que hay que recaudar menos. O sea, que hay que gastar mucho y recaudar menos. Ese es el argumento de las derechas, profusamente
repetido una y otra vez. Pero espere, que ahora es cuando viene el giro definitivo, donde le pido que me lo aclare, a ver si usted lo sabe. Además, quieren controlar la deuda pública y el déficit. ¿Me puede usted explicar cómo aumentamos gasto,
reducimos ingreso y encima cerramos la brecha de deuda pública? A lo mejor hay alguna respuesta técnica que usted conoce y que a mí se me escapa. En todo caso, le agradecería una respuesta en ese sentido.


Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Meijón Couselo): Muchas gracias, señor Guijarro.


Por el Grupo VOX, tiene la palabra la señora Cañizares.


La señora CAÑIZARES PACHECO: Gracias, señor presidente.


Gracias, señor secretaria. Señor Guijarro, no se trata de gastar más o de gastar menos, sino de gastar bien y de gastar en lo que hay que gastar. Estamos hablando de que hay que reducir una serie de costes y de gastos superfluos que tiene
este Estado y muchos otros, pero este muchísimo más que otros. Nosotros apostamos por políticas, efectivamente, de gasto público, pero gasto público eficiente. De eso se trata.


Señora secretaria, nosotros creemos que la estimación de crecimiento, que es la base, lógicamente, para la estimación de unos ingresos, está muy inflada y estas nuevas medidas fiscales y las ya aprobadas no van a tener la recaudación
esperada, generando incluso un efecto contrario sobre el consumo y las decisiones de inversión. Esta abultada estimación de ingresos deriva en un límite de gasto no financiero homogéneo mayor del que debería, pero ese no es el problema. Hacen
falta medidas de estímulo expansivas a corto plazo. Sin embargo, el problema va a venir por el gap entre unos ingresos que se alejen de los pronosticados y el gasto que sobrepase el estimado, incluso del límite de gasto total, incluyendo las ayudas
de la Unión Europea. Y a lo anterior se unen las medidas discrecionales contra el sector privado y su capacidad de generación de ahorro, consumo e inversión a través de un aumento de impuestos a las familias, a los autónomos y a las empresas, todas
ellas generadoras de riqueza. Creemos que esto de alguna manera es poner trabas a la recuperación. Se plantean unos presupuestos con un crecimiento de ingresos que no son creíbles desde nuestro punto de vista. Estos presupuestos amenazan la
recuperación con una -entendemos- irresponsable subida de impuestos, porque mientras que la mayoría de los países europeos han bajado impuestos para favorecer la recuperación, la vuelta al crecimiento y la creación de empleo, nosotros -este
Gobierno- en España hemos hecho lo contrario. Suben el IRPF, el impuesto sobre sociedades, el impuesto sobre el patrimonio, y al mismo tiempo, rebajan las deducciones aplicables a la capitalización de planes de pensiones y contemplan nuevos
impuestos a plásticos -las leyes están pendientes de tramitación y ya contamos con esos ingresos- o a las bebidas azucaradas. El 84 %, por la subida fiscal, va a recaer sobre rentas medias y bajas.


Quiero hacerle una serie de preguntas y luego otra reflexión. Respecto de los impuestos de los que nos ha hablado, el de determinados servicios digitales ya sabemos que está aprobado por esta Cámara con un escaso consenso. Lo que sí existe
es un consenso a nivel internacional para que estos impuestos se apliquen no de forma unilateral, sino de manera conjunta o armonizada a nivel internacional. ¿Han

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estimado el impacto negativo en cuanto a la actividad de las empresas del sector y, por tanto, en su capacidad inversora, que es clave para cumplir con el Objetivo de España Digital 2025, porque, según este objetivo, necesitan una inversión
privada de más de 50 000 millones de euros?


En cuanto al impuesto sobre las transacciones financieras en materia de actividad de los valores bursátiles españoles y actividad de intermediación, en especial en relación con la posibilidad de deslocalizaciones, tal y como ha ocurrido en
los contados países donde se ha implantado este impuesto, ¿qué repercusión o qué impacto podría tener esto en la recaudación prevista?


Por lo que se refiere a la previsión de ingresos en total -Estado, otros organismos autónomos, Seguridad Social y resto de organismos-, se indica que la recaudación de impuestos directos y cotizaciones sociales se va a incrementar en un 3,4
% frente a la recaudación del año anterior. Habida cuenta de que el Banco de España estima un incremento del 4,1 % en el escenario desfavorable, frente al 7,2 % que estima el Gobierno, ¿cómo justifican este optimismo en la recaudación en un marco
de crecimiento del desempleo y de descenso de la actividad empresarial? Nos siguen sin cuadrar esos números. Por otro lado, ¿le sigue pareciendo adecuado esgrimir el dato de presión fiscal -sé que el señor Guijarro me va a hacer algún comentario-
para justificar la subida de impuestos? ¿No sería más adecuado utilizar el esfuerzo fiscal, que incorpora datos de renta per cápita y que demuestra que somos una de las economías en las que los ciudadanos hacen un mayor esfuerzo en pagar impuestos?
Aquí también reflexionaría sobre el tema de la lucha contra el fraude. Es decir, en España tenemos un producto interior bruto en el que el peso de la economía sumergida es mucho mayor que en otros países de Europa. Creo que este elemento nunca se
tiene en cuenta a la hora de recordar que, efectivamente, los ciudadanos que pagan impuestos pagan muchos impuestos, porque hay muchos ciudadanos que no pagan los impuestos que deberían pagar, al igual que hay muchas empresas que tampoco pagan los
impuestos que deberían pagar. Yo le pido que me diga cuál va a ser la política de lucha contra el fraude, si se van a seguir dirigiendo a los pequeños autónomos, a las pequeñas empresas, a las pymes, al continuo requerimiento de cantidades mínimas,
o realmente van a ir a luchar contra el fraude de las grandes empresas, que son las que pueden defraudar mucho porque tienen muchas posibilidades de defraudar, no las pequeñas.


En cuanto al impuesto sobre las bebidas azucaradas, dicen que es por motivo de salud de los ciudadanos. ¿Y no sería mejor una reducción de los impuestos asociados a la comida sana para incentivar ese consumo o, por ejemplo, rebajar el IVA
de las mascarillas, como ya se ha planteado aquí y que el Gobierno dice que no? También plantean una reducción a las deducciones en los planes de pensiones. Habida cuenta de que este vehículo es utilizado por siete millones de españoles como
complemento a una pensión pública cada día más tensionada, ¿consideran adecuada esta medida en el entorno actual? Así, su optimismo económico les permite proyectar un repunte de la recaudación del 13 % hasta superar los 220 000 millones de euros,
pero es que parte de esos ingresos...


El señor VICEPRESIDENTE (Meijón Couselo): Señora Cañizares, tiene que ir acabando.


La señora CAÑIZARES PACHECO: Sí, termino.


... vendrán de una intensa subida de impuestos por dos vías. Hablan de 1800 millones subidos a los existentes, 4200 millones a los no existentes. Pero es que de esta cantidad las rentas altas van a pagar mil millones y el resto lo van a
pagar las rentas medias y bajas; entonces, esto no cuadra con lo que ustedes dicen. Somos el único país que apuesta por subir impuestos. Y si no se cumplen las previsiones de recaudación debido a la debilidad económica, la consecuencia, por
tanto, será más déficit y más deuda.


Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Meijón Couselo): Muchas gracias, señora Cañizares.


Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Garcés Sanagustín.


El señor GARCÉS SANAGUSTÍN: Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias, señora secretaria de Estado, y gracias al personal que acompaña a la secretaria de Estado. Además, como funcionario de esta casa, quiero agradecer el magnífico
trabajo que hacen los funcionarios, tanto los inspectores como los interventores, en la secretaría de Estado.


Dicho eso, en primer lugar, señor Guijarro -lo digo porque los jueves o los miércoles suele haber milagro en esta sala-, la verdad es que usted se ha convertido a la armonización fiscal comunitaria, lo

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que pasa es que no le escuché eso mismo cuando en el Partido Popular decíamos que tanto la tasa Google como la tasa Tobin debían ser introducidas de manera conjunta por todos los Estados miembros de la Unión Europea. Pero, bueno, venir y
desde luego advenir a este proceso de armonización fiscal por parte de los vecinos del tercero izquierda no está de más desde el punto de vista de la política fiscal. Y también desde el punto del razonamiento simple. Mire, la ecuación que siempre
se cumple en este país es que mayor gasto, mayor ingreso, mayor deuda, mayor déficit, mayor desempleo, ¿sabe qué Gobierno los produce? Siempre los Gobiernos del Partido Socialista Obrero Español. Repito, mayores ingresos -mayores ingresos por
presión fiscal, no por incremento de actividad-, mayor déficit, mayor deuda y mayor desempleo. Dicho eso, no vamos a ser la derecha ominosa y terrible los que tengamos que hacer algunos comentarios porque haya venido alguien que no representa a
ninguna formación política, sino que ha venido el gobernador del Banco de España. El gobernador del Banco de España ha alertado de los riesgos de que no se cumpla con las previsiones de ingresos. Señor presidente, lo tengo en rojo, si me lo deja
en rojo, yo encantado, pero póngalo en verde, por favor. (Risas).


El señor VICEPRESIDENTE (Meijón Couselo): Sí, por dejárselo en rojo va a quedar usted encantado (risas), pero puede seguir y le sumo el tiempo, no se preocupe.


El señor GARCÉS SANAGUSTÍN: Gracias, señor presidente.


Ha sido el gobernador del Banco de España el que ha advertido de una manera categórica de que se está produciendo un riesgo de que los ingresos no se correspondan realmente con la evolución de la actividad económica y con las tendencias de
posible recaudación de los diferentes hechos imponibles. Insisto, no es la derecha española la que lo ha dicho, sino que ha sido hoy un señor que aparentemente es independiente, porque es independiente, que es el gobernador del Banco de España.


Dicho eso, sí me gustaría ser muy directo en las preguntas y, por tanto, espero también mucha concreción en las respuestas. La primera, muy en línea con lo que ha dicho el gobernador del Banco de España, es que me gustaría saber si las
previsiones de ingresos que ustedes han hecho a la hora de proyectar el escenario macroeconómico de los Presupuestos Generales del Estado se hicieron antes o después de que el presidente del Gobierno anunciara que iba a haber un nuevo estado de
alarma. Y le diré algo más: si tuviera que hacer los Presupuestos Generales del Estado ahora -yo sé que hay un iter temporal y hay un iter procedimental-, ¿usted diría que esta es la previsión de ingresos que va a haber el año que viene? Es muy
importante saber esto de la secretaria de Estado de Hacienda. Ya sé que nos tenemos que retrotraer a cada momento, pero si usted tuviera que hacer ahora los presupuestos y hubiera que presentarlos quince días más tarde, ¿usted mantendría en
principio esta senda de ingresos fiscales? Porque me parece muy interesante conocerlo, habida cuenta de que el gobernador del Banco de España ya ha empezado a alertar de que probablemente los ingresos no estén correctamente previstos.


En segundo lugar, me gustaría conocer sobre la base de qué sensibilidad o de qué índices sensibles ustedes utilizan los índices de elasticidad. Porque, fíjese, a lo largo del año 2020, con una caída del PIB del 11,2 %, ustedes prevén una
caída de ingresos tributarios del menos 7,6 %, sin embargo, el año que viene, con una estimación de crecimiento -que ojalá se dé- del 9,8 %, ustedes prevén un incremento de los ingresos tributarios del 13 %. Es decir, que la elasticidad de los
ingresos en el año 2020 supone una caída en torno al 67 %, y mientras se produce el fenómeno contrario, que sube el PIB el año que viene, la elasticidad en principio presenta una subida del 121 %. ¿Cómo es posible que este año se prevea una caída
del 67 % y el año que viene una subida del 121 %? ¿Pero de verdad usted se cree, señora secretaria de Estado, con lo que hemos visto y lo que estamos viendo, que la recaudación del impuesto sobre sociedades el año que viene se va a incrementar en
un 20,7 %, cuando la mayoría de las empresas que han presentado perdidas este año lo que van a hacer es compensarlo con los beneficios del año 2021, cuando se está cerrando la actividad económica en este país? Por eso es muy importante que me
conteste a la pregunta anterior. ¿Usted habría hecho la misma previsión de ingresos sabiendo lo que sabemos ahora, que se está cerrando parte de la actividad y del tejido productivo de este país? ¿Usted cree realmente que se va a incrementar la
recaudación por IVA en un 13,9 %? Porque no creo que sea como consecuencia del incremento de los tipos impositivos, que ahora veremos, sino que si es por un incremento aparente de la actividad económica, teniendo en cuenta cuáles son las nuevas
medidas que vienen, evidentemente la actividad económica se va a contraer y, por tanto, el consumo se va a contraer. Por eso recuerdo que consumen los pobres, los de izquierdas, los de derechas, los medio pensionistas, los parados, los solteros,
los casados y los divorciados. Lo digo para que quede claro, para que no haya diferencias ideológicas tampoco en el consumo en este país.

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Siguiente cuestión. Voy a entrar ya con cada uno de los impuestos, y quiero respuestas concretas, porque yo creo que aquí se viene a dar respuestas concretas a preguntas concretas. Por ejemplo, la penalización al ahorro de las familias que
canalizaban parte de ese ahorro a través de los complementos a las pensiones. ¿Bajo qué principio de política fiscal se ha introducido esa medida? Porque evidentemente la política fiscal responde a principios ideológicos. Me gustaría saber por
qué el Gobierno ha reducido las exenciones directamente vinculadas a los planes de pensiones. ¿Qué pasa, hay aquí una dialéctica público-privada? Lo queremos saber, porque aquí está la responsabilidad de la política fiscal de este país. Queremos
conocer cuál es el principio político que ha llevado a penalizar el ahorro a las familias de este país. Usted se puede imaginar que los zumos y las bebidas azucaradas las consumen los ricos también, los medio pensionistas, los pobres, las consume
todo el mundo. Lo digo porque imagino que los de izquierdas de Núñez de Balboa y los de derechas de Aluche también consumen bebidas azucaradas. Lo digo por una cuestión de clases, a ver si también hay lucha de clases en el ámbito fiscal.


El señor VICEPRESIDENTE (Meijón Couselo): Tiene que terminar.


El señor GARCÉS SANAGUSTÍN: ¿Tengo que ir acabando?


El señor VICEPRESIDENTE (Meijón Couselo): Sí, señor Garcés, lleva un minuto de más.


El señor GARCÉS SANAGUSTÍN: Pues lo siento.


Respecto al impuesto sobre el diésel, explíqueme por qué se introdujo, bajo qué principio de política tributaria se introdujo para decir dos días después que se podía retirar. ¿Esta es la política fiscal retráctil?


Y voy a ser ya muy directo, ya que me he enterado de que Unidas Podemos está por la armonización fiscal comunitaria. ¿Van ustedes a rebajar el IVA de las mascarillas, sí o no? ¿Por qué no han incluido un paquete de beneficios fiscales a
las empresas? Yo le doy la respuesta: porque no tenían margen fiscal.


Por último -y acabo-, el plan de reequilibrio que estamos esperando y que nos hemos enterado que vendrá cuando la economía esté estable, que ha sido una de las afirmaciones más curiosas que he escuchado en esta sala a lo largo de la mañana,
¿a qué tipo de impuestos afectará? Porque evidentemente ahora mismo la brecha fiscal, el déficit público va a llegar prácticamente a 90 000 millones de euros.


Muchísimas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Meijón Couselo): Muchas gracias, señor Garcés.


Por el Grupo Socialista, tiene ahora la palabra la señora Blanquer.


La señora BLANQUER ALCARAZ: Muchas gracias, presidente.


Bienvenida a esta Comisión, señora Bardón, y muchas gracias por su comparecencia. A su departamento le corresponde orientar la política fiscal, diseñar el sistema tributario y hacer previsiones de los ingresos con los que financiar las
distintas políticas a llevar a cabo, y además hacerlo en un escenario de tanta incertidumbre como el actual, en plena pandemia y en constante evolución es sin duda un reto. Por eso, en primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista,
queremos trasladarle a usted y a todo su equipo nuestro reconocimiento por el trabajo realizado y también por el resultado conseguido con estos presupuestos. Porque realmente es un éxito haber conseguido muchas de las cuestiones que están
planteadas en este presupuesto.


Han hecho posible un presupuesto extraordinario, que recoge como prioridad dar soluciones y respuestas a la ciudadanía en un contexto inédito provocado por una crisis sanitaria global, con duros efectos económicos y sociales; unos
presupuestos que están apostando por medidas encaminadas a contener la pandemia, a reactivar la economía y fortalecer nuestro modelo productivo y el Estado del bienestar, para proteger a las personas y que nadie quede atrás. Apuesta por una
política de tono expansivo, movilizando un gran volumen de gasto y de inversión para salir lo antes posible de la crisis, pero sin renunciar a la estabilidad presupuestaria a medio plazo. De hecho, en este presupuesto se contemplan muchas medidas
que son, precisamente, para fortalecer nuestro sistema productivo, nuestro modelo productivo, y que sea un crecimiento sostenido y equilibrado en el tiempo.


Han conseguido, por tanto, un presupuesto que constituye una respuesta especial de país para afrontar un desafío que es global y que nace con la pretensión de sumar consensos; aunque, escuchando a los grupos de la oposición, creo que no
están nada interesados en esto, porque algunos se empeñan en descalificarlos, yo diría que incluso de manera incomprensible. Llevan meses generando un caldo de cultivo diciendo que van a subir mucho los impuestos y, ahora, cuando han visto los
presupuestos,

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continúan diciéndolo, pero un poco arrastrados por esa inercia, porque si realmente hicieran un análisis riguroso de lo que se está planteando, verían que las medidas que contempla estos presupuestos son razonables y están razonadas,
perfectamente razonadas. Además, son unos presupuestos europeístas, que están en línea con todos los organismos internacionales y que se alejan precisamente de la austeridad practicada en la anterior crisis, y que solo condujo -como muy bien ha
dicho la secretaria de Estado- a aletargar la salida de esa crisis, generando más sufrimiento a las personas, el debilitamiento del Estado de protección y el bienestar de la ciudadanía. Sí, debilitaron el Estado de bienestar, y muchas de las cosas
que nos estamos encontrando ahora son como consecuencia de este debilitamiento. Así nos hemos encontrado la sanidad pública, por ejemplo.


Pero también son unos presupuestos viables y consistentes, que tienen tres vías de financiación que son factibles, por supuesto, en el momento que se presentaron a través de la recuperación económica esperada para el próximo año. Porque
ustedes hablan como si no se plantearan medidas. ¡Es que se plantean medidas! Y si esas medidas se cumplen y si esas medidas previstas pueden llevarse a cabo, desde luego que van a tener un efecto multiplicador.


Me llama la atención la intervención de la portavoz de Ciudadanos cuando dice que lo que ellos quieren es que se hagan medidas de carácter económico que tengan un efecto multiplicador. Pues incrementan, nada más y nada menos -como decía la
secretaria de Estado-, en un 67,1 % las medidas únicamente de carácter económico; pero también se incrementan en un 80 % las medidas encaminadas a la inversión, a la investigación, al desarrollo, la innovación y también la digitalización. Oiga, yo
creo que están tan empeñados en criticar el presupuesto que han perdido ese rigor. Miren, no me hablen de optimismo o de pesimismo, porque los riesgos ya los conocemos, los conocemos todos; no hace falta influir en los riesgos. Es decir, no hay
que maximizar los riesgos; hay que intentar ver cuáles son las medidas para conseguir salir cuanto antes de esta crisis.


Además, el Fondo Monetario Internacional, en el mes de octubre -ustedes pueden entrar y ver todo el análisis que hacían-, decía que para el 2021 las expectativas españolas eran incluso más optimistas que lo que decía el Gobierno. Por tanto,
dejen ya de estar regodeándose en los problemas; confíen en este país, confíen en la gente. Las medidas son necesarias y, como decía, las medidas fiscales son, precisamente, razonables y están razonadas y responden al intento de avanzar hacia una
fiscalidad mucho más progresiva. Y otra cuestión: dicen que afectan a todas las familias. Miren, el impuesto de las personas físicas, por ejemplo, no afecta a todas las familias. Yo creo que sigue un poco lo que decía también el Fondo Monetario
Internacional, que lo que se intenta es que las rentas más altas y las multinacionales aumenten su contribución a través de la imposición directa, y en la misma línea se pronunciaba el Fondo Monetario Internacional.


El señor VICEPRESIDENTE (Meijón Couselo): Señora Blanquer, tiene que ir terminando.


La señora BLANQUER ALCARAZ: Voy a terminar simplemente diciendo que las medidas que se contemplan en cuanto a la fiscalidad son para que sea más progresiva y para que esté adaptada a los nuevos tiempos; de ahí que se hayan actualizado.


Quiero plantearle -si me lo permite- dos preguntas...


El señor VICEPRESIDENTE (Meijón Couselo): Pero, ipso facto. (Risas).


La señora BLANQUER ALCARAZ: ... especialmente en aquellas cuestiones que no están incorporadas en este presupuesto porque están en otras normas que ya están en tramitación, como, por ejemplo, la lucha contra el fraude fiscal, que
corresponderá a este Parlamento y no al Gobierno, porque el Gobierno ya ha hecho su trabajo en tramitar esta ley. También le pregunto por el efecto que va a tener la suspensión de las reglas fiscales en las entidades territoriales.


Muchísimas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Meijón Couselo): Muchas gracias, señora Blanquer.


Tiene la palabra la señora Bardón para finalizar esta comparecencia. Muchas gracias, señora secretaria de Estado.


La señora SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA (Bardón Rafael): Gracias, presidente.


Muchísimas gracias por todas las aportaciones. Todas las aportaciones constructivas son siempre bienvenidas, todos los comentarios y, por supuesto, todas las intervenciones. Voy a intentar de forma más

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o menos ordenada dar respuesta a las cuestiones que se han planteado, y si algunas se quedan en el tintero, siempre tendremos oportunidad de seguir trabajando.


Efectivamente, se produce una caída de los ingresos altamente brusca en el ejercicio 2020, donde tenemos que manejar diferentes magnitudes. No es lo mismo manejar la caída del PIB, que conocemos que es el 11,2 % y que, además, como no hay
interferencias en precios, la caída del PIB nominal también se produce en los mismos términos de este 11,2 %, que la caída de la demanda interna, que ya cambia y se produce en un 10,4 %, que por supuesto lo que suponen las bases imponibles agregadas
de las principales figuras tributarias, los principales impuestos, que cae en lo concreto un 5,4 %. Porque los factores que intervienen de precios, de consumo, de diferentes variables y, especialmente, de la demanda interna, insisto, son diferentes
de las grandes cifras macro que se manejan.


Por tanto, tenemos que incorporar complejidad cuando hablamos tanto de la proyección de ingresos en el ejercicio presente como en el ejercicio futuro. Creo que no se puede realizar un ejercicio tan simplista como ha hecho el Grupo Popular
porque está muy lejos de la realidad. Hay subyacentes una serie de modelos econométricos -como pueden ustedes imaginar- de regresión en los que se hace un esfuerzo de trasladar las variables macroeconómicas a los modelos homólogos en las bases
imponibles y, por supuesto, contar con sistemas de información muy potentes de series históricas y de modelos de proyección, que hacen que se incorporen a todas nuestras previsiones de ingresos, insisto, tanto en caída como en proyección.


No obstante, evidentemente, estamos en un marco de incertidumbre. Esta incertidumbre está incorporada en todos los cálculos, está incorporada en el cuadro macro. La secretaria de Estado de Economía tendrá oportunidad de ser más explícita
respecto de este asunto, pero, evidentemente, cuando nosotros trasladamos a ingresos estas variables, incorporamos la variable incertidumbre, y esto es, sin duda, tanto para el cierre del ejercicio como para proyecciones futuras.


Es importante que destaquemos qué está sucediendo. Estamos monitorizando con una periodicidad extraordinaria todo el comportamiento, en este caso, de la recaudación, y muchas otras variables también. Quiero traer a colación el último dato
del tercer trimestre del INE, recientemente publicado, con una caída del 8,7 %, que realmente se traduce en que se ha producido un crecimiento del 16,7 %, y, para que se hagan una idea, en nuestro cuadro macro estaba incorporada una caída del 13,7
%. Por lo tanto, el escenario que se ha producido en el INE, en el escenario real observado, es mucho más favorable que el que teníamos incorporado; o el de la propia AIReF, que era un 14 %. Pero es que si me refiero al Banco de España, también
en este tercer trimestre el Banco de España había trabajado entre un 16,6 %, en su escenario más optimista, y un 13 %. Por lo tanto, el tercer trimestre observado del INE se corresponde con el escenario más optimista del Banco de España. Es
verdad, tercer trimestre, con lo cual, nos sitúa en una posición para seguir observando el cuarto con un margen que se está produciendo de recuperación sostenida, evidentemente lenta, pero sostenida. Además, este 8,7 de caída del tercer trimestre
encaja perfectamente con las observaciones que nosotros en nuestro servicio de estudios realizamos, tanto si miramos las ventas diarias de las grandes empresas, que las tenemos monitorizadas -una caída de un 9,9 %-, como si miramos el de las pymes
societarias, con un 7,8, una media ponderada que nos permite ser conservadores y seguros sobre nuestras previsiones y, por supuesto, siempre totalmente rigurosos respecto a la proyección que se va realizando, en este caso al cuarto trimestre y por
supuesto al ejercicio 2021.


El principio de suficiencia es claro, es compartido, y creo que es un principio básico al que algunos de ustedes han aludido y que este Gobierno tiene clarísimo tanto desde la perspectiva de la eficiencia del gasto como desde la perspectiva
de la ratio ingresos públicos respecto al PIB. Insisto en esta ratio de ingresos públicos respecto al PIB, en la intensa recuperación que evidentemente se tiene que producir -se está produciendo- de la demanda interna, que ha sido protagonista en
la caída con ese 9,7 que comentamos y que debe serlo -lo está siendo ya- en la proyección de más 9,3 y por supuesto del sector exterior. Evidentemente, ya se observa un cambio en el comportamiento, en la moderación tanto del ahorro precautorio como
del ahorro forzoso -conocen ambos términos- que se están produciendo de manera especial. En cualquier caso, no todos los ingresos evidentemente reaccionan de la misma forma ante esta coyuntura, ante cualquiera, pero ante esta especialmente. Dentro
de las retenciones del trabajo conviven salarios públicos y, como saben también, los estabilizadores automáticos, como pueda ser la prestación por desempleo, y coexisten figuras tributarias como el ITPAJD, que es extraordinariamente sensible a la
coyuntura, con el IBI o el impuesto sobre patrimonio, que es absolutamente inelástico a las coyunturas.

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Hay una variable que se obvia y que no podemos obviar y que hemos comentado en la intervención. Hay efectos que se producen en ejercicios anteriores que contrarrestan. La caída de 2020 se ve atenuada en torno a 4500 millones por
comportamientos de 2019, es decir, devoluciones extraordinarias, por sentencias que se producen. Lo mismo sucede también respecto de 2021. Al ser un ejercicio donde los beneficios empresariales son inferiores en 2020, o el propio comercio exterior
es inferior en el 2020, las propias devoluciones tanto en el impuesto sobre sociedades como en el impuesto sobre el valor añadido se verán reducidas sensiblemente. Sí les pido que no tiendan a simplificar o a hacer lineal la relación entre las
variables porque no es este el funcionamiento de las proyecciones, insisto, ni para los ingresos del 2020 ni, por supuesto, para los ingresos del 2021.


El PIB nominal esperado de crecimiento es del 10,8: correcto, pero curiosamente la demanda interna proyectada de este 10,8 se traduce en una base imponible agregada para las principales figuras de un 7,9. Este es el incremento de las
bases, fruto fundamentalmente del consumo privado y del incremento previsto en los beneficios empresariales. Evidentemente, en el ámbito de los ingresos no tributarios está expresamente recogido -creo que lo ha preguntado el Grupo Ciudadanos- el
tema de los 6800 millones de euros de fondos europeos porque son en concepto de anticipo. Creo que antes la secretaria de Estado de Presupuestos lo ha especificado. Son anticipos del mecanismo MRR que está previsto solo en ese importe y también
las subastas de los derechos del 5G que incrementan en 2100 millones. Por alusiones en este capítulo de ingresos sistemáticamente al Banco de España, quiero decir que el gobernador ha planteado efectivamente cuestiones con las que coincidimos en
línea con la reforma fiscal, y ha quedado claro que los impuestos indirectos, tanto IVA como impuestos especiales o los medioambientales, hay que incrementarlos para llegar o acercarnos a las medias con las que se está trabajando en la Unión
Europea. Sobre los impuestos directos ha discriminado. Señores, en renta y cotizaciones estamos en línea, pero en el impuesto sobre sociedades estamos por debajo igualmente de los objetivos de la media de la Unión Europea. Lo digo por los grupos
que efectivamente han apuntado sistemáticamente a este mirar hacia Europa para homogenizar, para armonizar sin ningún complejo. Efectivamente, tenemos que mirar hacia Europa para armonizar el impuesto sobre sociedades y estos impuestos indirectos.
Sobre los beneficios fiscales, ha aludido a su corrección. Lo digo porque evidentemente no se trata de incorporar más beneficios fiscales sino de lo que estamos realizando, que es su evaluación para ser capaces de identificar cuáles son los
beneficios fiscales que tienen que persistir y cuáles no.


El Fondo Monetario Internacional, justo el 30 de septiembre -no sé si era el Grupo Socialista quien exhibía esta declaración final-, en la misión de evaluación del artículo cuarto insta a España a la política fiscal expansiva hasta que la
recuperación sea firme. Lo dice el Fondo Monetario Internacional, no lo dice cualquiera, y evidentemente en eso estamos. Es lógico que exista dificultad para desentrañar la complejidad de los cálculos, pero en cualquier caso he intentado
aproximarme a que unas cuestiones son las variables macros y otras cuestiones son las variables nominales, las reales, y finalmente las bases imponibles y los niveles de crecimiento de determinadas variables, por ejemplo, como pueda ser la formación
bruta de capital fijo. La estimación de crecimiento es de un 15 %. Evidentemente, han caído este año 2020 un 18 % las importaciones y exportaciones. El efecto rebote no es un efecto rebote light, es un efecto rebote muy importante porque ya se
está produciendo, no es que se proyecte a futuro sin que esté monitorizado actualmente. Las importaciones y exportaciones están en un 17 y en un 18 respectivamente.


El grado de seguridad en los ingresos y de rigor es máximo. Les emplazo a que revisen el programa de estabilidad de abril, cuando se hace la proyección de cierre y se establece que se mande en el DBP a Europa una previsión de cierre de 198
000 millones. Finalmente, ahora nos mantenemos en una previsión de 196 500. Fíjese qué riguroso es el ejercicio que realiza el Gobierno cuando se enfrenta a una crisis sanitaria y económica de esta envergadura con el nivel de incertidumbre que
existía en abril sobre cuántos meses iba a durar el confinamiento, sobre cuánto iba a ser el impacto y de qué forma iba a ser la recuperación, si de V, V asimétrica, etcétera; en fin, ustedes conocen las diferentes formas. Se incorporan todas
estas variables y todas estas cuestiones a esa proyección y, hoy por hoy -ahí está y se puede contrastar- la previsión de cierre prácticamente coincide. Con lo cual, sí, señorías del PP, mantendría la previsión de ingresos claramente, porque es un
ejercicio de rigor y de máxima seguridad en la previsión con los cálculos técnicos que se han realizado.


Cuando nos referimos a cómo y por qué se incorporan a esta estructura fiscal o a esta estructura de ingresos del presupuesto las reformas de algunas figuras, efectivamente se hace intentando distorsionar lo menos posible la economía en su
funcionamiento y en su dinámica, porque evidentemente no es el

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momento, y se realizan solo ajustes de figuras ya existentes. ¿Qué buscamos en ese sentido? Evidentemente, buscamos la progresividad, ayudando a que el sistema sea más justo y centrado claramente en las rentas altas y en las grandes
empresas, que son una minoría pero que evidentemente su participación, su concurrencia en estos momentos permite mejoras para la mayoría. El IRPF afecta al 0,17 % de los contribuyentes, aproximadamente 36 000 contribuyentes. Creo que de forma
evidente son rentas altas. La modificación de la exención del impuesto sobre sociedades se limita a 1723 empresas, un 0,12 % de los declarantes, y la fiscalidad medioambiental sabemos que es un requisito y nos insta a ello sistemáticamente la
Comisión Europea, puesto que somos el quinto país con un porcentaje más bajo de ingresos en fiscalidad verde. El impacto en este retoque de las figuras tributarias es de 1862 millones de euros frente a 222 107. Es decir, llega a un escaso 0,8 %.
Por tanto, convendrán conmigo en que la distorsión sobre la economía es mínima si no es cero.


Ha habido grupos, como VOX, que han aludido a si estas reformas se centran en la clase media o trabajadora y eso es lo que opinan. Creo que no, que se equivocan. Cuando hablamos de que tocamos el IRPF es para la rentas altas o muy altas,
esos 144 millones los aportarán estas empresas. En cuanto a la exención del impuesto de sociedades, será igualmente para grandes empresas, para volúmenes de negocio por encima de 40 millones, porque al resto los vamos a acompañar durante esos tres
años más. El impuesto de patrimonio es a partir de 10,6 millones de euros, subimos un punto porcentual. Y en cuanto a la minoración del límite de las reducciones por las aportaciones a planes de pensión individuales, se establece en la evaluación
de AIReF que el 60 % de las rentas aportan cantidades inferiores a 2000 euros al año, y, por tanto, no se está pensando en afectar a esas rentas medias que aportan como máximo 2000 euros al año, y se ha respetado en ese sentido. Por tanto, podemos
convenir que todas estas medidas están orientadas a clases de rentas muy altas y con gran capacidad de ahorro. Por otro lado, las medidas de los módulos de IVA e IRPF benefician claramente a las pymes y autónomos. Y el impuesto sobre seguros, que
sube ligeramente, es un impuesto indirecto que conocen que va sobre la prima y funciona de manera proporcional. Después lo podemos comentar un poco más en profundidad.


Respecto al gasóleo, se ha tratado esta medida por parte del Grupo Plural y ha habido algunas reflexiones al respecto. La diferencia actual entre la bonificación en gasóleo y gasolina es de más de 93 euros por mil litros. La comparativa
internacional no la soportamos. Casi ningún país está igualado, pero la tendencia es a igualarse. Por tanto, se nos viene instado sistemáticamente a que nos aproximemos a esta media. Nuestra imposición medioambiental, como conocen -dicho por
todos los organismos, también por AIReF, porque alguno de ustedes lo ha sacado a colación-, así nos insta, AIReF también evalúa esta bonificación del gasóleo y se desprende la necesidad de adaptarnos a nuevos estándares en política medioambiental.
Los cálculos realizados de este incremento se traducen en ejemplos muy cotidianos -creo que alguien lo ha expuesto, quizás Podemos-: cincuenta litros de repostaje, 1,9 euros; un usuario medio, 3,45 euros al mes. Es un impuesto indirecto, es
decir, el uso del vehículo privado está directamente relacionado con una renta más alta. Mayor uso del vehículo está en proporción con el nivel de renta, así como vehículos de gran cilindrada y de gran consumo guarda mayor relación con el nivel de
renta. Por tanto, podemos decir que el impacto será muy moderado en un bolsillo medio y puede ir dirigido a mayor consumo en determinados niveles de renta.


Con las primas de seguro nos pasa algo similar. Estamos en el tramo bajo de la Unión Europea y con el ajuste que hacemos del 6 al 8 seguimos en el tramo medio bajo de la Unión Europea. Saben que Alemania utiliza tipos como el 19 %, Italia
entre el 12 y el 21 % y Francia entre el 9 y el 33 %. Utilizando ejemplos pedagógicos, un automóvil con seguro a terceros sufrirá un incremento en torno a 6,20 euros al año y un seguro del hogar en torno a 3,98 euros al año. Es decir, los seguros
se contratan en gran medida por grandes empresas o personas físicas de alto poder adquisitivo. Además, van en proporción a la prima: a mayor valor del bien asegurado, mayor porcentaje del impuesto que se aplica. Son ajustes fiscales que van
claramente orientados a rentas altas, a grandes empresas, protegiendo a autónomos y pymes una vez más, manteniendo la progresividad y aumentándola en la medida de lo posible sin interferir en la economía, que es lo que nos exige este contexto.


En el ámbito del IVA, que ha salido en algún momento, tanto del IVA con carácter general como del IVA de mascarillas en concreto, el Ministerio de Hacienda tiene clara la postura. Hoy por hoy la directiva del IVA no permite aplicar a las
mascarillas un IVA reducido, como ustedes conocen perfectamente. La reacción que tuvo el Gobierno en primer lugar fue ajustar el precio máximo, que es una medida eficaz, porque, además, si se reduce el IVA, no hay garantías de que se traduzca en el
precio, y realmente hay que evaluar cuál es el objetivo que pretendemos con reducir ese IVA. Lo que buscamos, entiendo, es

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hacer accesible y asequible a familias con dificultades económicas poder adquirir mascarillas. Esto lo aseguramos con eficacia a través de un precio máximo más que a través de una reducción de IVA. No obstante, estamos en contacto
permanente con la Comisión para ver las decisiones que se producen en este sentido, porque conocen que la Comisión ya hizo una propuesta al Consejo que dio lugar a una decisión sobre el tipo cero para el material sanitario en las importaciones justo
en el mes de abril y España lo traspuso inmediatamente. Es más, lo llevó a las operaciones interiores, no solo a las importaciones, porque era lo máximo que se permitía. O sea, estamos atentos a todo aquello en lo que se pueda trabajar con la
Comisión en este sentido, pero no perdiendo de vista cuál es el objetivo, que es hacer accesible el consumo de mascarillas a familias con dificultades, y con el precio máximo se garantiza seguramente con mayor eficacia. En el tema del material
sanitario se va a producir la semana que viene una nueva prórroga hasta el 31 de abril, y ya estamos trabajando en instrumentarla legalmente para que las empresas puedan disponer de esta bonificación del tipo cero para el material sanitario.


En cuanto a las figuras en paralelo, cuestión sobre la que han salido varias cuestiones respecto a la tramitación, hay algunas en avanzado estado de tramitación, como conocen, y otras que están iniciando su camino, pero de forma acelerada.
Tanto servicios digitales como transacciones financieras ya se aprobaron, tendrán la entrada en vigor el 18 de enero y estamos en los trabajos de desarrollo de los reglamentos. Un reglamento está ya en consulta pública, el otro está preparado para
su publicidad y son reglamentos muy técnicos que nos van a permitir tener en tiempo y forma la posibilidad de llevar a cabo la puesta en funcionamiento de estas dos figuras tributarias.


En cuanto a plásticos, igualmente está incorporado y ya está en consulta. Y el de la gestión de los residuos también está ya muy trabajado. Saben que se trata de la modificación de una directiva que nos insta a que en 2035 solo el 10 % de
los residuos municipales generados acabe en vertederos. Por tanto, hoy por hoy tenemos un problema, porque hay una variedad de impuestos autonómicos y se está produciendo el turismo de residuos. Tenemos que garantizar una estrategia nacional, y en
nuestro continuo diálogo con las comunidades autónomas hablaremos de la gestión y la recaudación de esta figura.


Respecto a las bebidas azucaradas, antes de pasar a otro ámbito, contesto al portavoz del Grupo Plural que hay diferentes formas de llegar al mismo objetivo, cual es el desincentivo del consumo de productos que se entienden poco saludables,
y tenemos varias posibilidades en la política fiscal. Conocemos y hemos estudiado con los compañeros el impuesto catalán, pero hemos optado en primera instancia por tocar el tipo de IVA. Es importante que en todas estas medidas de política fiscal
tengamos la cultura de la evaluación, veamos qué sucede, si es disuasorio finalmente del comportamiento del consumo, de los procesos de fabricación. Todas estas figuras tributarias que pretenden cambiar hábitos de consumo o procesos de fabricación,
como puede suceder también respecto al mismo diésel, para que las fábricas se orienten en este caso a otro tipo de coches, etcétera, hay que hacerlas con una evaluación sistemática y, evidentemente, optar por las que sean más exitosas en la
consecución del objetivo. Hoy por hoy podemos decir que ambas figuras son compatibles y pueden convivir, porque no tienen el mismo hecho imponible ni la misma base. Podríamos reflexionar sobre ello, y ya habido algún apunte sobre esta cuestión.
Evidentemente, nos emplazamos a una reforma fiscal profunda -lo hemos dicho en la intervención-, lo que pasa es que, efectivamente, tiene que acompasar la situación económica. Esta reforma a la que han aludido varios portavoces, que se entiende
necesaria, nosotros la compartimos, pero han de acompañar los términos de recuperación de la economía.


Respecto a Europa y al marco europeo, un tema que han apuntado la representante de VOX y algún otro portavoz, evidentemente no podemos perder de vista que en el seno de la OCDE, en su última sesión del día 9 de octubre, en el marco inclusivo
ya se publicó un documento muy importante sobre el pilar 1 y el pilar 2, que son los referentes, ya que se está realizando un trabajo técnico que pretende un consenso multilateral, inicialmente previsto para finales de 2020 pero que ha quedado
emplazado para mediados de 2021 dadas las dificultades. Probablemente, las técnicas ya se han solventado en gran medida, pero es imprescindible que las dificultades referidas al consenso político tanto en un pilar como en otro también se solventen.
Evidentemente, este Gobierno es claro defensor de esta política fiscal internacional y, además, apoyamos claramente ambos pilares y que se produzcan a la vez. En este sentido, conocen que nuestra ley, la que hemos tramitado y se ha aprobado en esta
Cámara sobre determinados servicios digitales contiene una disposición en la que se emplaza a adaptarse inmediatamente para cuando se apruebe finalmente el pilar 1 en lo concreto, que es el que puede interferir con nuestro diseño, para que quede
claro que nuestra prioridad es que, si existe consenso y es multilateral en el ámbito europeo,

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predomine y lo traigamos a nuestro sistema tributario en todas estas figuras. Esta consolidación fiscal y esta reforma a la que se alude, a la que el propio gobernador apuntaba claramente, tiene un camino y está indicado. Hay un
planteamiento para 2021 de una reducción del 3,6 % del déficit, hasta el 7,7 %. Efectivamente, hay un acompañamiento con el ciclo, pero también tiene que haber un acompañamiento con el incremento de ingresos y una evaluación en la eficiencia del
gasto. Evidentemente, hemos de tener claro lo crítico de la política expansiva, pero sin perder de vista que ahora más que nunca o que en ninguna otra ocasión el gasto tiene que ser muy quirúrgico y destinado a los objetivos que pretendemos. No
podemos huir -ha habido también algún comentario en este sentido- de trabajar con indicadores como la presión fiscal o la ratio ingresos públicos sobre PIB. En este sentido, la situación de nuestro país es muy llamativa. Ustedes conocen que es
diferente la ratio ingresos públicos sobre PIB de la propia presión fiscal, que solo trabaja con impuestos y cotizaciones. En la primera, España en 2019 se encuentra a 7,2 puntos de la eurozona. Pero si vamos al concepto presión fiscal,
recientemente publicado también por Eurostat, para 2019 estamos a 6,2 puntos porcentuales de la eurozona. Si observan la presión fiscal en España para los años 2020 y 2021 que se recoge en el DBP, los porcentajes todavía son del 37,7 % para el año
2020 y del 36,8 % para 2021, es decir, aún muy lejos de lo que se pretende que mantuviéramos como país en el entorno europeo, con ratios muy superiores en los ingresos públicos.


Esto nos lleva a la necesidad del plan de reequilibrio, a la que Podemos y el Grupo Popular, aunque desde perspectivas diferentes, han apuntado. Evidentemente, el artículo 11.3 de la ley orgánica cuando hace referencia a apreciarse la
catástrofe y activarse la cláusula de salvaguarda también habla de seguir velando por la sostenibilidad de las finanzas públicas a medio plazo; es indiscutible y en ello estamos, evidentemente. Hay que combinar esta política fiscal expansiva,
recomendada por todos los organismos nacionales e internacionales, y cuando conozcamos y constatemos el punto de inflexión, es decir, la dimensión completa del daño, y esto nos va a llevar todo el ejercicio 2020, estaremos en condiciones de rearmar
este plan de reequilibro, porque ahora mismo es difícil dimensionar correctamente este punto de inflexión. Evidentemente, estamos trabajando en ello, pero intentando dimensionar cuál es el daño, para poder establecer y desarrollar este plan de
reequilibrio. Como saben perfectamente, no todos los sectores productivos se están viendo igualmente afectados. Hay sectores productivos que están creciendo muy por encima de sus niveles de 2019, y hay sectores que en 2021 no recuperarán sus
niveles del año 2019. Por tanto, no es fácil, pero, por supuesto, hay que mantener el rigor y la capacidad de enfocar un plan de reequilibrio dimensionado y correcto cuando dispongamos de la visión completa de qué sucede en 2020.


Sobre el presupuesto de beneficios fiscales, ha habido algún comentario en el sentido del spending review que, efectivamente, ha realizado AIReF. Como saben, los beneficios fiscales que se han evaluado han sido trece, con diferentes
perspectivas y propuestas específicas en algunos casos, aunque en otros prácticamente no eran concluyentes, ya que, por algunas circunstancias, como en el caso del IVA en sanidad o educación, se manejaba un heterogéneo abanico de elasticidades. En
el caso de la reducción de aportaciones en los sistemas de previsión social, se nos ha indicado claramente por parte de la AIReF que se produjera una reformulación completa, y es lo que estamos abordando. Asimismo, para los tipos reducidos y
superreducidos de IVA nos indicaba su recomendación de que se revisen. Evidentemente, ya se ha incorporado la coletilla de acompasar cuando la economía lo permita, pero es claro que o mejoramos la eficiencia distributiva del IVA o tiene una serie
de dificultades.


En cuanto a la lucha contra el fraude, ha habido bastantes aportaciones e inquietud sobre el tema. En primer lugar, tengo que decir que la ley, y de esto nos sentimos muy satisfechos, entró en segunda vuelta de Consejo de Ministros el día
13 de octubre. Es una ley que se ha trabajado mucho, es completa, equilibrada y aporta importantes novedades. Efectivamente, esperamos que tenga un impacto importante. Creo recordar que era la portavoz de Ciudadanos quien nos preguntaba sobre
ello, y diré que hay previstos unos ingresos de 218 millones derivados fundamentalmente de la limitación de efectivos, 110 millones de hacer pública la lista de deudores modificando el suelo, así como otros subtotales que podríamos desglosar
derivados también de las mejores prácticas internacionales. En el caso de la limitación de efectivo, como saben, hay experiencias en otros países que resulta fácil contrastar. La experiencia previa nos permite asegurar que, cuando se estudia la
trazabilidad de las tarjetas de crédito y se trabaja con cuestiones que limitan el efectivo, hay una clara correspondencia con la limitación de fraude y el afloramiento de esta economía sumergida, que he visto que preocupa en la sala, como es
lógico.


También en el ámbito del listado de deudores, hay una clara trazabilidad del comportamiento de los deudores cuando son públicos en la lista hasta ahora del millón de euros. Tenemos grupos de análisis de cómo se comporta el perfil del
declarante, del contribuyente en cuanto a su entorno, sociedades, etcétera,

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en ejercicios posteriores, y hay un claro efecto de afloramiento y de recaudación inducida. Evidentemente, la lucha contra el fraude tiene serios retos, como el de la globalización de la economía, el de los nuevos modelos de negocio o el de
los avances tecnológicos, algunos de ellos disruptivos para nosotros. En la ley del fraude está el tema de las criptomonedas, como también habrán tenido oportunidad de ver. Esta lucha es un reto, y no solo necesitamos este marco legal bastante
completo del que nos hemos dotado, también necesitamos seguir trabajando y dotando a nuestra Administración tributaria de los medios suficientes, humanos y materiales, de sistemas de información muy potentes y de medidas organizativas y operativas.
Tendrán oportunidad también de compartir ideas con el director general de la Agencia Tributaria en estas sesiones. Nosotros tenemos un claro objetivo, adaptarnos y trabajar para ir copiando las mejores prácticas internacionales y estar al nivel de
los países más avanzados, y así entendemos que estamos haciendo. Tenemos diferentes líneas que podemos destacar. Saben que la agencia tiene el plan estratégico 2020-2023 y su plan anual de control tributario y aduanero. Entre algunas de las
prioridades que les puedo destacar se encuentra la estrategia frente a los nuevos contribuyentes que inician actividades económicas para que se favorezca el cumplimiento obligatorio de sus obligaciones fiscales, y estamos en un trabajo intenso en
este sentido. Asimismo, tenemos medidas normativas para evitar la ocultación de ventas y servicios, asunto claramente relacionado con fraude y economía sumergida. Igualmente, la potenciación de la labor desarrollada por la unidad de control de
contribuyentes con patrimonios relevantes, unidad que, como saben, se creó en la pasada legislatura y se ha potenciado, de modo que tiene una estructura importante y un trabajo desafiante. Por último, optimización de las actuaciones de control de
la información obtenida mediante los sistemas de información. Evidentemente, el big data y sistemas similares están a la orden del día en nuestra Agencia Tributaria. Me consta que la gran obsesión de la misma es el cumplimiento voluntario de las
obligaciones tributarias. Evidentemente, ello coadyuva a que tanto el fraude como la economía sumergida vayan disminuyendo, que es de lo que se trata.


Evidentemente, la Agencia Tributaria ha tenido dificultades, como cualquier organización pública o privada, en los meses de estricto confinamiento. Ha hecho un despliegue brutal de sistema telemático y de atención por videollamada, de
atención personalizada en el momento que se pudo abrir. De hecho, la campaña sobre la renta ha sido un reto espectacular, como pueden imaginar, y tendrán ocasión de profundizar en ello con el director. A esto se refieren esas últimas reflexiones,
a cómo se ha tenido que repensar una Administración puntera, porque saben que la Administración tributaria lo es tanto en sistemas de información como en la cualificación de sus profesionales. Hasta en estas circunstancias ha tenido que adaptarse y
desarrollar una amplia actividad telemática y de forma diferida. Evidentemente, verá incrementados sus recursos en 2021 tanto en inversión -creo que hay una partida de 40 millones, en respuesta a su pregunta- como en efectivos, que evolucionará
hasta los 26 900 -hablo de memoria-, lo que, efectivamente, supondrá un incremento importante de recursos humanos.


En cuanto a la financiación de comunidades, ha habido alguna pregunta sobre el tema de la suspensión de las reglas fiscales. Como saben, la suspensión de las reglas fiscales que permiten este artículo 11.3 y también el 135.4 de la
Constitución hace que obviemos el término déficit o el término objetivo de estabilidad, para que pasemos al concepto de tasa de referencia o referencia de objetivos de déficit. Creo que este es el punto de inflexión más importante sobre cómo
concebimos los ejercicios 2020 y 2021 desde la perspectiva del cumplimiento de las reglas fiscales, y trabajaremos con estas referencias. Evidentemente, quedan deshabilitados -digámoslo así- los planes económicos-financieros, quedan deshabilitados
aquellos acuerdos de no disponibilidad que se hubieran generado en estos contextos o los planes de ajuste para los agentes territoriales, que, como saben, tienen el objetivo de visualizar que se puede dar cumplimiento a resolver el endeudamiento.
Los hemos reorientado a trabajar con los entes territoriales desde la perspectiva de la tesorería, que, como les decía, nos preocupa, y la mantenemos perfectamente monitorizada para que exista esa capilaridad en los pagos y no perder de vista el
PMP, el periodo medio de pago a proveedores, tan importante en nuestra economía. De hecho, los indicadores, afortunadamente, fruto del esfuerzo de financiación, son muy buenos en todos los niveles territoriales. Siempre estamos monitorizando esa
tesorería, aunque no tanto a través de los planes de ajustes, como de los planes de tesorería. Por tanto, hay grandes consecuencias por la suspensión de las reglas fiscales, porque permitirá que estas administraciones se centren en esta política
fiscal expansiva de la que tanto hemos hablado en estos momentos tan complicados.


Sobre los entes locales, cuestión sobre la que preguntaba el portavoz del Grupo Plural, esto liga con lo que han venido planteando los ayuntamientos. Esta suspensión de las reglas fiscales permite ejecutar los remanentes sin límite, es
decir, sin que tengamos que preocuparnos de si son inversiones

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financieramente sostenibles, si son inversiones o qué concepto de gasto. Abarca los gastos corrientes, y movilizar 14 000 millones de remanente ciertamente es un reto para las entidades locales. Evidentemente, el impacto de la suspensión
de las reglas fiscales en los entes locales tiene de una dimensión importantísima, porque -insisto- les va a permitir realizar esa movilización de remanentes en el ejercicio 2020. Desde que el 20 de octubre lo aprobase el Congreso, es efectiva esta
suspensión, como saben, y, por tanto, ya están ejecutando sus remanentes sin límite de déficit, sin límite de tipo de gasto, entendemos que con la prioridad de activar la economía local. No tienen obligación de amortizar deuda. El artículo 32 de
la ley orgánica pretende velar por esta amortización de deuda cuando existe superávit, es decir, estos superávits tienen que destinarse a financiar esos déficits, a atender la 413, la cuenta de obligaciones pendientes, que indirectamente nos está
permitiendo no incrementar el endeudamiento neto, o sea, también es una forma de no incrementarlo. Piensen en las cifras de IFS que han materializado los ayuntamientos en los últimos años: en 2018 ejecutaron 1390 millones, en 2019 fueron 1307
millones y hasta la fecha llevan unos 800 millones. Por tanto, es un reto importante -insisto- en el que creo que se deben centrar las entidades locales para ser capaces de movilizar todos esos recursos, en torno a 14 000 millones.


Creo haber dado respuesta a todos. En cualquier caso insisto en que, efectivamente, el Gobierno tiene un claro compromiso con la proyección de esta doble política fiscal expansiva y, en el término de los ingresos, de esta proyección sobre
la que nos emplazamos a profundizar cuando la situación económica lo permita.


Solamente quiero hacer una última reflexión, apelar a la responsabilidad de los grupos políticos para que nuestro país pueda disponer de estos presupuestos generales que permitan la transformación de la economía, que creo que es la
sensibilidad de esta sala en este contexto tan extraordinario de emergencia sanitaria. Son cuentas desde el rigor y desde el compromiso del Gobierno con todos, todos los sectores económicos, sociales, sanitarios y, sobre todo, con todos los
ciudadanos.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Meijón Couselo): Muchas gracias, señora Bardón.


Vamos a despedir a la señora Bardón y en tres minutos estamos todos aquí de nuevo para la siguiente comparecencia. Eso sí, agradeceríamos que pasaran al letrado los nombres de las personas que van a intervenir por parte de cada grupo.


Muchas gracias. (Pausa).


- DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES (ARROYO SAN JOSÉ). A SOLICITUD DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS CIUDADANOS (números de expediente 212/000795 y 212/000798); PLURAL (número de expediente 212/000962); VOX
(número de expediente 212/000687); POPULAR EN EL CONGRESO (número de expediente 212/000629); SOCIALISTA Y CONFEDERAL DE UNIDAS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-GALICIA EN COMÚN (número de expediente 212/000919).


El señor VICEPRESIDENTE (Meijón Couselo): Antes de nada, quiero recordar a los portavoces que no es necesario agotar todo el tiempo -eso no lo manda ninguna norma- y que el tiempo que ustedes usan para dirigirse unos a otros también cuenta.


Pasamos entonces a la comparecencia del secretario de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, el señor Arroyo, a quien doy la palabra para que pueda comenzar su intervención. Muchas gracias por estar aquí con nosotros.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES (Arroyo San José): Gracias, presidente. Muchas gracias a todos. Es un orgullo y un honor estar aquí.


Antes de comenzar, quiero darles las gracias a todos ustedes en representación de sus grupos por el acuerdo del Pacto de Toledo que alcanzaron hace unas semanas. Es muy relevante de cara a la presentación que les voy hacer, porque buena
parte del sentido de este presupuesto está incardinado en las recomendaciones del Pacto de Toledo. Es la primera norma que va a empezar a hacer realidad las recomendaciones que allí alcanzaron y por eso quiero agradecérselo. Además, este
presupuesto si tiene otra característica es que es un presupuesto que viene marcado por las consecuencias de la pandemia, y quiero aprovechar también para tener un recuerdo para tantas personas que han fallecido -entre ellas, bastantes funcionarios
de la Seguridad Social- y sus familiares. La Seguridad Social ha contribuido en la

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medida de sus posibilidades a intentar paliar o hacer más llevaderas las consecuencias de esta grave crisis y vamos a seguir haciéndolo, pero no quería olvidarme de tener un recuerdo para estas personas.


Ya sin más, si les parece, comenzamos con una breve exposición de lo que entendemos que son las líneas principales del proyecto de presupuesto de la Seguridad Social para 2021 que vamos a organizar en tres grandes bloques. (Apoya su
intervención en un powerpoint). Voy a comenzar con una exposición de sus principales magnitudes, de los grandes ingresos y gastos del sistema, que básicamente van dirigidos a fortalecer la acción protectora de la Seguridad Social. Este
presupuesto, como les decía, viene marcado por la resaca de la pandemia. El año 2020 ha sido un ejercicio extraordinariamente complejo, donde claramente todas las previsiones que pudiéramos tener al principio del ejercicio se vieron superadas tanto
en ingresos como en gastos. Hemos tenido una fuerte caída de ingresos principalmente determinado por la caída de la afiliación, pero también por las medidas que se han adoptado para hacer más llevadera la pandemia para los agentes económicos, como
por ejemplo las exoneraciones de cuotas asociadas a los ERTE y también las prestaciones extraordinarias para autónomos. Por otra parte, hemos tenido un fuerte incremento del gasto, básicamente del gasto por incapacidad temporal; además de la nueva
prestación del ingreso mínimo vital, que en principio estaba previsto desarrollarla a lo largo de la legislatura, pero que dadas las circunstancias se decidió llevarla adelante durante este ejercicio. Por otro lado, las ayudas a autónomos también
han supuesto un importantísimo desembolso económico. Todo ello ha conllevado, como no podía ser de otra manera, un fuerte aumento de las necesidades de financiación del sistema. El año 2021 va a ser un ejercicio que por venir de un ejercicio tan
extraño como 2020 va a tener alguna característica singular. (La señora presidenta ocupa la Presidencia).


El gasto en prestaciones en principio va a tener una evolución de aproximadamente un 3 %. El gasto en pensiones, como saben, incorpora una revalorización de las pensiones contributivas de un 0,9 % en línea con la inflación esperada, y en
principio deseamos que esta revalorización no esté en dexación con el índice de precios al consumo, con el valor esperado del índice de precios al consumo y se pueda convertir en una realidad ya su incorporación a la Ley General de la Seguridad
Social en breve dando cumplimiento a las recomendaciones del Pacto de Toledo. Es un crecimiento de las prestaciones moderado. Esto va a ir acompañado de un fuerte incremento de la recaudación. La recaudación en principio va asociada a la
recuperación económica. Este ha sido un año con una destrucción de empleo muy fuerte que ha ido en paralelo a una caída del PIB muy fuerte. El año que viene se prevé una fuerte recuperación del PIB y una fuerte recuperación del empleo. Asimismo,
esperamos una moderación del gasto en IT con una caída del que hemos llamado gasto en incapacidad temporal COVID.


Otra característica muy importante de este proyecto de presupuestos es que empezamos a dar cumplimiento a la recomendación 1 del Pacto de Toledo, que hablaba de la asunción por parte del Estado de aquellos gastos no contributivos que no
corresponde que sean financiados con cotizaciones, lo que vulgarmente a veces llamamos gastos impropios, y en este presupuesto por fin se contempla una transferencia específica de la Administración del Estado, realmente tres transferencias, para dar
cumplimiento a esta recomendación. Doy algunas magnitudes: los ingresos totales, incluyendo cotizaciones, incluyendo ingresos por transferencias, van a crecer un 1,31 %, y de ellos un 3,7 son ingresos por cotizaciones; el gasto en pensiones va a
crecer alrededor del 3 % y los gastos totales van a descender alrededor del 1,9 %. Aquí podemos ver un poco el desglose de los ingresos y cómo las cotizaciones sociales aumentan en un 3,77 %. Esto es un poco engañoso porque, como saben sus
señorías, las cotizaciones sociales incorporan dentro de ese agregado las cotizaciones de los desempleados. Las cotizaciones de los desempleados funcionan como una especie de estabilizador automático. En los años de crisis fuerte las cotizaciones
de desempleados hacen que los ingresos por cotizaciones a la Seguridad Social no caigan tanto como el empleo y al revés, en los años de fuerte creación de empleo, las cotizaciones de desempleados caen aunque crezcan las cotizaciones de ocupados. De
alguna manera son dos magnitudes que se compensan. Las cotizaciones de ocupados están creciendo o se prevé que crezcan por encima del 6 %; o sea, aquí se prevé una reducción del desempleo y una fuerte reducción de las cotizaciones de desempleados.


Las aportaciones del Estado aumentan ligeramente en el proyecto de presupuestos, pero tienen una composición muy diferente. Debajo podemos ver el desglose. Podemos observar cómo en 2020 había una transferencia extraordinaria, que era para
equilibrar el impacto derivado del COVID-19. Esta fue una transferencia a la que hubo que dar origen durante el ejercicio para hacer frente al aumento de gasto, sobre todo provocado por las prestaciones para autónomos, también por el aumento del
gasto en IT y fundamentalmente también por la caída en la recaudación por una transferencia extraordinaria. En 2021

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lo que aparece en el siguiente renglón es una transferencia por 13 929 millones, que va a dar cumplimiento a esa recomendación primera del Pacto de Toledo. Esta recomendación pide culminar el proceso de separación de fuentes de
financiación, separar lo que es contributivo y lo que no es contributivo. Más adelante podemos ver qué elementos dan lugar a este importe, aunque ya fue presentado por el ministerio en la Comisión del Pacto de Toledo. En principio, aunque las
transferencias de 2020-2021 parezcan no aumentar demasiado, su composición es muy diferente, porque sustituimos una transferencia extraordinaria, que tuvo lugar exclusivamente para atender una situación de crisis, por una transferencia estructural;
esta transferencia para culminar la separación de fuentes va a ser una transferencia permanente y que, en principio, en una situación de estabilidad cíclica -o sea, una situación en la que no estemos en mitad de una crisis- debería ser suficiente
para, en las circunstancias actuales y con la demografía actual, cubrir buena parte del déficit estructural del sistema de Seguridad Social. Esta transferencia no solamente da cumplimiento a la recomendación número 1 del Pacto de Toledo, sino
también a la recomendación que hizo la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la AIReF, en su opinión sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones. Después podré hacer, por supuesto, cualquier aclaración.


Aquí podemos ver la evolución de las cotizaciones sociales. Me interesa destacar las barras verticales, que representan el porcentaje que las cotizaciones sociales suponen sobre el total de ingresos no financieros del sistema. Pueden ver
cómo en 2020 y en 2021 ese desplome de cotizaciones no ha supuesto una caída de los ingresos, sino que esos ingresos han sido cubiertos por el Estado. Cuando la Seguridad Social ha sido incapaz con sus propios ingresos de responder a sus
obligaciones, el Estado actuó en 2020; y en 2021 lo que se hace es ordenar de alguna manera este sistema para que los ingresos por cotizaciones sean suficientes para responder de aquellos gastos que les corresponde. Aquí podemos ver cómo se
descomponen los dos grandes componentes de crecimiento de los ingresos, que son las cotizaciones y el crecimiento de la base de cotización media, cómo en 2020 tuvimos una fuerte caída del número de cotizaciones cercano al 10 %, pero la caída de la
recaudación no fue tan grande. ¿Eso por qué es? Porque las bases de cotización, aunque pueda parecer en principio paradójico, subieron con fuerza por lo que se conoce como efecto composición, y es que aquella gente que perdió su empleo durante lo
peor de la crisis muchos eran trabajadores temporales y en general con bases de cotización bajas. Cuando pierde su empleo gente con salarios bajos, los que quedan tienen salarios más altos y la base media del sistema sube. En 2021 pensamos que con
la recuperación del empleo ese efecto se revertirá, con lo cual casi todo el crecimiento en 2021 creemos que vendrá determinado por el número de cotizaciones, es decir, por un aumento del empleo. Esta es la imagen especular del gráfico que les
presentaba antes. Aquí podemos ver cómo las transferencias del Estado han aumentado, están cerca de suponer un 20 % de los ingresos totales de la Seguridad Social, tanto en 2020 como en 2021. Lógicamente, 2020 tiene unas características muy
particulares, pero esto es una tendencia bastante común en casi todos los sistemas de Seguridad Social de nuestro entorno. El peso de las transferencias generales del Estado o de los ingresos generales tiende a ir creciendo paulatinamente, sobre
todo por la jubilación de las generaciones más numerosas, las cercanas al baby boom.


Aquí se puede ver la descomposición de las transferencias del Estado a la Seguridad Social. Podemos observar las transferencias más tradicionales, como las destinadas a financiar los complementos a mínimos, que también es en cumplimiento de
la recomendación de separación de fuentes del Pacto de Toledo, pero esta viene de 1995, la financiación de las pensiones no contributivas, etcétera. La financiación del ingreso mínimo vital es una transferencia también nueva de 3000 millones. Y,
luego, estas tres que aparecen aquí referidas como de Pacto de Toledo, son las tres transferencias que suman los 13 000 millones de los que les hablaba antes y que dan respuesta a esta recomendación número 1 del Pacto de Toledo. Hay una para
financiar las reducciones a la cotización, que se entiende que tienen una naturaleza, una política activa de empleo y, por tanto, tienen que ser financiadas, al igual que las bonificaciones, por ingresos generales del Estado; una transferencia para
cubrir las prestaciones por nacimiento y cuidado de menor contributivas, que es lo que antes era la prestación por maternidad y paternidad; y, luego, una transferencia que pone Pacto de Toledo, otros conceptos, y que se compone de un conjunto de
elementos -que luego si quieren podemos repasar- que son los que dan contenido a esta recomendación. Son aquellos conceptos que se entiende que, por tener una naturaleza eminentemente no contributiva, han de ser financiados por ingresos generales.
Esto es un poco el repaso del presupuesto de gastos. La magnitud fundamental son las transferencias corrientes, lógicamente. Aquí están las pensiones contributivas y no contributivas, las prestaciones y subsidios. Y, como pueden ver, de 2020 a
2021

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prácticamente no varían. De hecho, bajan un poco. Las pensiones crecen un 3 %, como luego veremos. El total apenas se mueve, porque aquí lo que se contempla es una reducción muy fuerte de las prestaciones extraordinarias para autónomos,
que en el proyecto de presupuestos de 2021 se entiende que no van a ser necesarias en los niveles que se han utilizado en 2020 y se contempla una reducción significativa del volumen de estas prestaciones. En cuanto a gastos corrientes, hay un
importante aumento del 6,66 %. Esto viene determinado por varios motivos. Uno de ellos es por las medidas que se han tenido que adoptar en relación con la pandemia, sobre todo de cara a medidas sanitarias y de seguridad en la red territorial, en
la red de oficinas de la Seguridad Social. Ha habido que contratar vigilancia; se está abriendo un sistema de cita previa; y, lógicamente, ha habido que extremar las medidas de limpieza y de higiene, y todo esto ha supuesto un incremento
significativo del gasto corriente. Por otro lado, también hay un aumento importante del gasto derivado de una modificación en el criterio por el que se realizan las comunicaciones electrónicas del sistema de la Seguridad Social, fundamentalmente el
INSS, que ha determinado que el sistema tenía que ser más seguro y su implementación ha supuesto un incremento del gasto. Las inversiones reales aumentan también de manera muy importante en un 34 % en el proyecto de presupuestos. Esto
fundamentalmente se debe a que en 2020 prácticamente no se han podido ejecutar muchas inversiones previstas por causa de la pandemia y todas estas se trasladan a 2021. O sea, no hay un incremento de gastos, sino un traslado de gastos del ejercicio
2020 a 2021.


Por último, y me voy a detener un poco, hay un fuerte incremento en el capítulo 1, que se corresponde con gastos de personal, de un 8 %, que supone un incremento total de aproximadamente 200 millones de euros respecto a la previsión de
liquidación de 2020. Este incremento trae su causa de la necesidad -que ha reconocido la Seguridad Social y que se desprende también de la recomendación número 8 del Pacto de Toledo- de adaptar sus medios técnicos y humanos, de modernizarlos y de
adaptar la Administración. Nos estamos dando cuenta ahora -aunque algunos que la conocemos desde dentro ya éramos conscientes- de que realmente se está quedando un poco atrás, de que durante los últimos años ha perdido un número muy importante de
efectivos, de que si no hacemos nada en los próximos años va a perder un número todavía mayor y, sobre todo, se va a producir un fuerte envejecimiento de su plantilla, y realmente no podemos sino comenzar un proceso de renovación de esta plantilla,
que, además, queremos que vaya acompañado de un proceso de modernización. O sea, queremos que esta adaptación de los medios humanos no sea simplemente un incremento de personal y, por lo tanto, un incremento de coste, sino que realmente suponga a
largo plazo un ahorro porque mejoraremos la eficiencia de la gestión.


Aquí podemos ver cómo el incremento en pensiones entre 2010 y 2021 ha sido muy importante. Por años, el crecimiento más importante en los últimos años ha sido en 2018 y en 2019 -y podemos verlo a continuación- básicamente por el importe de
las revalorizaciones. Si nos fijamos en los años centrales del periodo, esta es la descomposición del crecimiento: qué parte se debe a aumento del número de pensiones, qué parte se debe a la revalorización de las pensiones y qué parte se debe a lo
que llamamos efecto sustitución. Ese efecto estadístico se produce porque las pensiones que entran en el sistema son más altas que las de los pensionistas que van abandonándolo. Durante los años 2014 a 2017 la revalorización fue prácticamente
insignificante, fueron años de inflación muy baja y, en cambio, 2018 y 2019 fueron años de fuerte inflación o de inflación importante, y eso supuso un incremento relevante del importe nominal de la nómina de pensiones. Para 2021 esperamos un
crecimiento equilibrado, prácticamente de un tercio de cada uno de los tres grandes factores. Esto que ven aquí es el crecimiento en el capítulo 1 que les comentaba. Aquí está incluido tanto el gasto de las entidades gestoras y servicios comunes
de la Seguro Social como de las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social. Podemos ver cómo entre 2011 y 2019 se produjo un importante decrecimiento del gasto en el capítulo 1, y esto se debió fundamentalmente a la baja, casi inexistente, tasa de
reposición de los funcionarios. El número de funcionarios que se jubilaba no era ni mucho menos compensado por los funcionarios nuevos que entraban en el sistema, y eso suponía un paulatino descenso en el número de efectivos. En 2020 se ha
producido una modificación parcial de la RPT que ha supuesto una incorporación de 500 plazas nuevas al Sistema de Seguridad Social; 500 plazas puede sonar a mucho pero realmente es la mitad de lo que se está jubilando en un año en el Sistema de
Seguridad Social, o sea, realmente no es una magnitud muy relevante pero para nosotros ha sido un importante alivio, y en 2021 contemplamos un incremento similar que, como les digo, realmente lo único que hace es compensar en parte esta pérdida de
efectivos que se ha venido produciendo.


Para que tengamos unas cuantas cifras, unas cuantas referencias, la Seguridad Social cuenta actualmente con 26 000 funcionarios; esto supone un 20 % de reducción desde 2010. La edad media de

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la plantilla es de 55 años, pero un 60 % tiene más de 55 años. Un 10 % de esta plantilla, es decir, unas 2600 personas, se van a jubilar en los próximos tres años, y no solo eso sino que si esto no lo remediamos, la edad media de la
plantilla va a seguir aumentando; prácticamente está aumentando a un año por año. O sea, si ahora mismo la edad media es de 55 años, el año que viene será casi de 56 y nos podemos hacer una idea de cuál es la perspectiva si no tomamos medidas y
ponemos los medios para solucionar esto. Esta es la evolución del personal que les decía, esta reducción del 20 % desde una plantilla de 33 000 funcionarios en 2011 a la de 26 000 funcionarios que tenemos en la actualidad, y la distribución por
edades: casi un 60 % es mayor de 55 años, solamente un 5 % de la plantilla es menor de 40 años. Y, ¿qué queremos hacer? ¿Cómo queremos emprender esta actuación para solucionar este problema? Pues, como les decía, no pretendemos simplemente un
aumento de la plantilla sin más, o una reposición de los puestos que se van perdiendo, sino que queremos aprovechar para adaptar la Administración de la Seguridad Social, que es lo que nos ha pedido realmente el Pacto de Toledo, a una sociedad
moderna, a una sociedad distinta, que ha cambiado mucho desde que se creó la Seguridad Social, sobre todo desde que se creó su estructura actual. Esta es una Seguridad Social -y no lo perdamos de vista- pensada en los años ochenta, una sociedad en
la que la mayoría de los trámites eran todavía presenciales, en papel; una sociedad muy poco informatizada. La sociedad ha avanzado mucho y la Seguridad Social ha ido avanzando pero lógicamente al final tiene unos límites estructurales a los que
es difícil responder sin hacer cambios esenciales. Queremos una Seguridad Social que esté volcada en la atención al ciudadano, que tenga un mayor peso el canal digital, es decir, que sea una Seguridad Social con canales telemáticos más potentes y
en los que prime la anticipación, es decir, queremos una Seguridad Social proactiva, que se dirija a los ciudadanos sin tener que esperar a que los ciudadanos se dirijan a ella, que sea capaz de anticipar cuándo una persona va a necesitar de una
actuación de la Seguridad Social y estar ahí para ello. Esto va a suponer o pretendemos que suponga una reorganización de la estructura actual.


La Seguridad Social actualmente está organizada en direcciones provinciales que, para aquellos de ustedes que no conozcan cómo funciona, viene a ser como una réplica de la Seguridad Social en su conjunto en cada provincia; son como
seguridades sociales pequeñitas que están repartidas en cada provincia. Esta es una estructura que tiene mucho sentido en un sistema en el que no haya posibilidades de comunicarse entre unas provincias y otras, porque al final lo que necesitas es
ser capaz de replicar todo, desde los actos de afiliación, de recaudación o de reconocimiento de prestaciones en cada provincia de una unidad casi independiente del resto. Pero nosotros pensamos que no se debería trabajar así hoy; nosotros
pensamos que tenemos que ir a una Seguridad Social organizada en áreas funcionales, que es mucho más eficiente. Tenemos una Seguridad Social que no tiene por qué estar volcada en gestionar, afiliar, recaudar en cada territorio, sino que podemos
tener áreas funcionales con especialización funcional y en las que tengamos un personal mucho más especializado, es decir, podemos tener especialistas en prestaciones o en recaudación no necesariamente en cada territorio sino desvinculados de la
dirección provincial. Es decir, queremos una Seguridad Social no de generalistas sino de especialistas. Lógicamente, esto tiene que ir acompañado de un proceso de cualificación y de retención del talento. Queremos que los funcionarios, a los que
vamos a exigir esta especialización, puedan tener una carrera profesional acorde. Queremos ir a una Seguridad Social que pueda atender de manera multicanal, es decir, que pueda atender presencialmente; lógicamente, no se va a eliminar la atención
presencial, pero que también pueda responder a una gestión que tenga que hacer un ciudadano por su teléfono móvil, por su ordenador. Queremos tener equipos flexibles, que sean capaces de responder a situaciones imprevistas. Queremos tener una
atención especializada. En última instancia, lo que nos gustaría -es el modelo que tenemos nosotros en la cabeza- es que casi cada ciudadano pueda tener un funcionario dedicado a él, una atención realmente personalizada y, como les decía, una
gestión proactiva en la que la Seguridad Social pueda anticiparse.


Ya hemos dado algunos pasos en este sentido. Yo creo que la crisis y la pandemia nos ha obligado lógicamente -con una situación en la que buena parte de la plantilla de la Seguridad Social ha estado teletrabajando o en algunos casos hemos
tenido un importante número de funcionarios que no han podido trabajar presencialmente porque hemos tenido centros cerrados o hemos estado confinados- a tener que potenciar de alguna manera precipitada el funcionamiento telemático de la Seguridad
Social. Queremos que esto, que en principio ha sido una respuesta de urgencia a una situación imprevista, se pueda convertir en un modelo de futuro. Queremos una Seguridad Social en la que el sistema de trabajo pueda estar mucho más
interrelacionado con el trabajo telemático, con la digitalización.


También otra cosa que hemos aprendido durante la pandemia es que muchos procesos que actualmente estaban realizando los funcionarios, que eran procesos repetitivos y muy manuales, se

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pueden automatizar. Son procesos que se pueden robotizar y que pueden permitir que el funcionario al final se pueda dedicar a tareas de mayor valor añadido, más productivas, en las que también pueda tener una mayor realización laboral, y
eso lógicamente requiere un replanteamiento del flujo de trabajo, requiere un análisis de cómo es la gestión de tareas actualmente en la Seguridad Social y diseñar una Seguridad Social que vaya más en función de la creación de valor, de aportar
valor al ciudadano, que del mero trámite administrativo. Lógicamente, esto conlleva una incorporación de perfiles especializados, una recualificación del personal actual y una incorporación de personal con cualificaciones distintas de las que a día
de hoy tenemos. También supone dar pasos en algunos elementos como la cooperación interadministrativa. Esto, por ejemplo, lo estamos experimentando intensamente a raíz de la gestión del ingreso mínimo vital porque su gestión es muy compleja, es
una prestación muy compleja y muy distinta a las que hasta ahora había venido gestionando la Seguridad Social porque tiene requisitos, por ejemplo, a nivel de hogar, no a nivel de individuo, o requisitos que requieren el cruce con datos fiscales,
que normalmente ha sido algo ajeno a la Seguridad Social. Esto nos ha obligado a establecer cruces, incluso diarios, con la Agencia Tributaria y con el Instituto Nacional de Estadística. Todo esto ha supuesto que en la práctica necesitemos un
sistema muy rápido de comunicación con otras administraciones, lo que implica que en cada cruce que yo soy capaz de hacer con una administración para evitar que un ciudadano tenga que aportarme un documento o tenga que presentarme un papel, le estoy
facilitando a él también la vida. Son cuestiones en las que la Seguridad Social tiene que avanzar porque vemos claramente que es el futuro de la gestión del sistema.


Hay otro elemento que me parece muy importante en este proyecto de modernización de los medios humanos de la Seguridad Social que planteamos, que es el aspecto territorial o el aspecto geográfico. La Seguridad Social tiene una estructura
territorial extraordinariamente granular. No hay una ciudad en España, no hay prácticamente un pueblo en el que no exista alguna representación de la Seguridad Social, bien sea una administración, bien sea un Caiss o una dirección provincial, y
pensamos que esto es una enorme riqueza; es decir, pensamos que la Seguridad Social es una estructura territorial muy cercana al ciudadano, lo que supone una riqueza enorme que no queremos que se pierda porque, al final, el desarrollo económico ha
ido en paralelo a una concentración de la actividad en las grandes ciudades de España, en Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla. Nosotros no pensamos que esto tenga que ser así, es decir, pensamos que la Seguridad Social no tiene por qué perder
esta riqueza territorial que tiene actualmente y esto va vinculado, como les decía, a que la gestión no tiene por qué estar unida a la actividad económica. A día de hoy, direcciones provinciales como Madrid, Barcelona, Bilbao o Sevilla tienen un
volumen de trabajo enorme, y luego hay direcciones provinciales en otras zonas, en lo que se conoce como la España vaciada, donde la actividad económica es mucho menor y, lógicamente, la carga de trabajo de esas plantillas es mucho menor. Esto no
es una solución satisfactoria para nadie, pero podríamos ir a una situación en la que las cargas de trabajo se igualasen simplemente si fuéramos capaces de movilizar el trabajo desde las direcciones provinciales, donde tienen un exceso de carga de
trabajo, a las que no lo tienen. Es decir, no hay ningún motivo profundo por el que una dirección provincial como Soria no pueda estar gestionando expedientes de Barcelona, por poner un ejemplo. Este tipo de administración en la que la gestión
territorial no tiene por qué responder a la actividad territorial nos permitiría mantener una presencia en todo el territorio -y yo creo que eso tiene ventajas, fundamentalmente desde el punto de vista de cohesión social y de lucha contra esta
despoblación o contra esta inercia que parece que hace inevitable que algunos territorios vayan perdiendo servicios y presencia del Estado- y, al mismo tiempo, mantener una eficacia en la gestión e incluso aumentarla, porque podemos hacer un uso más
eficaz de los medios disponibles. Este es el otro gran eje a través del cual queremos desarrollar esta modernización de la Administración de la Seguridad Social.


Si les parece, paso a otro bloque, que es la parte del gasto. El gasto en protección o el gasto dedicado a las familias en el proyecto de presupuestos de 2021 va a ascender a 164 718 millones, y esto básicamente se corresponde con estas
grandes magnitudes: 202 000 millones en pensiones de jubilación; 24 000 millones en pensiones de viudedad; 13 000 millones en incapacidad permanente; 2000 millones en pensiones de orfandad; 3000 millones destinados al ingreso mínimo vital y
2800 millones para la prestación del permiso por nacimiento y cuidado del menor que, como saben, aumenta por la equiparación ya definitiva entre hombres y mujeres. Estas son las principales magnitudes que, repetimos, son un poco el resumen de las
grandes áreas a las que nos queremos dedicar en 2021.


Si quieren, paso a comentarles cómo va a quedar el déficit en 2021 y cómo se va a componer, aunque ya se lo he anticipado. Como les decía, la Seguridad Social tradicionalmente ha recibido transferencias,

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por lo menos desde que se inició el proceso de separación de fuentes, para la financiación de aquellos elementos no contributivos del sistema; por ejemplo, los complementos a mínimos o las pensiones no contributivas. En 2018 se recibió por
primera vez una trasferencia, técnicamente muy novedosa, para el equilibrio del sistema; una trasferencia no finalista, una trasferencia genérica de poco más de 1000 millones que daba el Estado a la Seguridad Social para ayudarle a cumplir su
objetivo de déficit. El resto del déficit era cubierto mediante préstamos. En 2020, con la crisis y con el gasto derivado del COVID, se ha producido algo distinto, y es que la Seguridad Social ha tenido que realizar muchos gastos que en principio
no son contributivos. Es decir, por ejemplo, el gasto extraordinario en prestaciones para autónomos es un gasto no contributivo porque los autónomos no habían cotizado por él; es un gasto que se ha entendido que era urgente e imprescindible
adoptar, pero no había habido una cotización previa. Por tanto, era un gasto no contributivo. ¿Qué ha sido lo racional? Lo racional ha sido que la Seguridad Social, que tiene un sistema administrativo muy potente y que tiene relaciones con todos
los autónomos, sea la encargada de realizar ese gasto y de hacer llegar esa prestación a los autónomos. Pero, lógicamente, al ser un gasto no contributivo, se ha considerado que era necesario que esa financiación viniera del Estado.


Ese modelo en el que la Seguridad Social es utilizada por el Estado de una manera instrumental para llevar a cabo gastos o gestiones, básicamente porque tiene una estructura administrativa potente y puede hacerlo y es capaz de hacerlo con
eficacia, pero el Estado le financia esas políticas, es lo que pensamos que tiene que ser la Seguridad Social en el futuro. Por eso es tan importante la recomendación número 1 del Pacto de Toledo. No queremos que la Seguridad Social deje de hacer
funciones no contributivas, pensamos que puede hacerlas y muy bien, pero la separación de fuentes, como así ha reconocido el pacto, tiene que estar clara. La Seguridad Social pagará con cotizaciones aquellas prestaciones contributivas y recibirá
financiación para todas aquellas otras cosas que muy legítimamente los distintos Gobiernos o el Parlamento entiendan que la Seguridad Social puede o debe hacer. En 2021 esa trasferencia extraordinaria recibida durante 2020 se convierte en una
transferencia estructural que da respuesta a los gastos que se han identificado como no contributivos en su presupuesto.


Esta sería la foto que pensamos que nos podemos encontrar dentro de unos años. El déficit de la Seguridad Social en 2021 va a ser, aproximadamente, del 1,3 %, según nuestro presupuesto, en el sistema de la Seguridad Social, pero es un
déficit básicamente cíclico que viene determinado por la crisis originada por el COVID. Esta crisis, que todos pensamos que va a ser transitoria y que va a acompañar a la situación sanitaria pero que desaparecerá con la solución de aquella, al
final dejará paso a lo que teníamos hasta 2019, que era un déficit estructural de, aproximadamente, 1,6 puntos del PIB. Si esto es así y el déficit cíclico desaparece de aquí a 2023, nos encontraríamos en 2003 que con la transferencia estructural
que ha empezado a recibir la Seguridad Social, el déficit estructural básicamente desaparece en el corto plazo y la Seguridad Social tiene que empezar a pensar -es el segundo mandato que nos ha hecho el Pacto de Toledo en su recomendaciones- en el
déficit que va a tener a medio y largo plazo como consecuencia del envejecimiento demográfico. Es decir, la Seguridad Social tenía dos problemas: un problema a corto plazo, que era un déficit que no había causado ella y que no tenía instrumentos
para solucionarlo, un déficit no vinculado con su naturaleza contributiva, y un problema a largo plazo, provocado por la jubilación de la generación baby boom, para el que tiene instrumentos de actuación -algunos ya existen, otros el Pacto de Toledo
nos recomienda que se analicen-; es un problema completamente distinto y para el que sí tiene mecanismos de actuación. Nos parece que el hecho de haber clarificado las dos situaciones, de haber separado los dos problemas y haber dado respuesta
desde donde se puede dar respuesta al primero de ellos, que es desde los Presupuestos Generales del Estado, primero, clarifica completamente la situación y, segundo, contribuye a dar tranquilidad a los pensionistas actuales y a los futuros
pensionistas al decirles que no solamente la Seguridad Social no está en quiebra, sino que parte de una situación más favorable que en muchos de los países de nuestro entorno, porque tenemos una población comparativamente aún más joven, un nivel de
cotizaciones relativamente alto y una edad de jubilación efectiva comparativamente en la zona media-alta. Es decir, no partimos de una situación tan mala, pero la presencia hasta este ejercicio de un déficit muy importante que desfiguraba un poco
la realidad financiera del sistema impedía verlo.


Por fin, me remito a las cuatro recomendaciones a las que estos presupuestos comienzan a poner realidad normativa: la primera, que ya les he comentado, es el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones; la segunda es la separación
de las fuentes de financiación, de lo que también hemos hablado ya; la tercera, la recuperación y renovación de la plantilla, que es la recomendación número 8 y que les he

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explicado con algo de detalle; y la cuarta, la potenciación de la previsión social complementaria, que es el mandato que contiene la recomendación número 16.


En cuanto al mantenimiento del poder adquisitivo, en 2021 las pensiones se van a revalorizar al 0,9 %, que es el IPC previsto, y las no contributivas lo harán al doble, al 1,8 %, que es también el porcentaje al que se revalorizará el ingreso
mínimo vital que, como saben, está vinculado a las pensiones no contributivas. Con esto damos cumplimiento al artículo 50 de la Constitución y damos certidumbre a los pensionistas. Pretendemos que esto pueda incorporarse en breve a la legislación
ordinaria de Seguridad Social mediante una fórmula de revalorización estable que garantice el poder adquisitivo de los pensionistas. Esto está en línea con los países de nuestro entorno; realmente, era muy anómalo el sistema que teníamos hasta
ahora, que era una fórmula que no estaba vinculada ni al IPC ni a los salarios.


En cuanto a la separación de fuentes, como les decía, vamos a recibir una transferencia que prácticamente cubre cuatro quintas partes de estos gastos no contributivos que aún persisten en la Seguridad Social, 13 900 millones de euros, que se
descomponen en los integrantes que ahí tenemos. Este es el cálculo de estos gastos no contributivos que están incluidos en esta transferencia.


En cuanto a la última recomendación, que es la número 16, la de potenciación de los sistemas complementarios, no sé si la secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos, que ha intervenido antes que yo, les ha mencionado que en los
presupuestos existe una disposición adicional donde se da un mandato para la presentación de una propuesta de ley que cree un fondo público de pensiones. En esta recomendación del Pacto de Toledo de potenciación de los sistemas de ahorro
complementarios, fundamentalmente los sistemas colectivos o de empleo, la creación de este fondo pensamos que puede ser un elemento muy importante para dinamizar este sistema de ahorro complementario. En general, consideramos que son unas cuentas
que tienen su origen en una coyuntura marcada por la pandemia, que dan respuesta a las recomendaciones acordadas en el Pacto de Toledo, que consiguen o están muy cerca de conseguir un equilibrio del sistema a medio plazo y que contienen, además, el
germen de un sistema de gestión de nuestra Seguridad Social más moderno y eficiente, una vez más, dando cumplimiento a la recomendación del Pacto de Toledo.


Sin más, quedo a su disposición.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias por su intervención y por la extensa explicación.


Damos la palabra ahora a los portavoces de los diferentes grupos parlamentarios. Las intervenciones serán de no más de cinco minutos.


Tiene la palabra doña María Muñoz Vidal, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos.


La señora MUÑOZ VIDAL: Gracias, presidenta.


Buenas tardes, secretario. Señor Arroyo, bienvenido a esta Comisión de Presupuestos. Como tenemos poco tiempo, voy a centrarme directamente en el punto exacto.


El proyecto de presupuestos prevé que la Seguridad Social contará en 2021 con un presupuesto de 172 429 millones de euros, un 4,3 % superior al ejercicio 2020. Este aumento viene por la revalorización de las pensiones para 2021, el 0,9 %
para las contributivas y el 1,8 % para las no contributivas, y el establecimiento de una nueva prestación del ingreso mínimo vital. Como suele ser habitual, los gastos son mucho más ciertos que los ingresos, sobre todo en un contexto como en el que
nos encontramos, marcado por la pandemia de la COVID-19. Insisto en que me sorprende lo optimistas que son las previsiones de ingresos de este Gobierno, porque se estiman unos ingresos por cotizaciones sociales que alcanzarán los 125 144 millones
de euros, es decir, un 3,8 % más que el año pasado. Mi primera pregunta es si no creen que existe un riesgo significativo de que, ante un escenario adverso de la pandemia, el desempleo pueda aumentar a niveles que comprometan esas previsiones de
ingresos por cotizaciones a la Seguridad Social.


En cuanto a las fuentes de financiación y el déficit de la Seguridad Social, ya ha abundado usted bastante, así que voy directamente al macrofondo de pensiones de promoción pública, que ha ocupado los últimos minutos de su intervención.
Esta es otra iniciativa destacada de su departamento que está en este anteproyecto de presupuestos y sobre la que ya le adelanto que mi grupo parlamentario comparte el fondo de pensiones de promoción pública, que además da cumplimiento a la
recomendación 16 del Pacto de Toledo. Es una idea muy interesante -ya le he dicho que la compartimos- que permite materializar una de las propuestas que desde hace tiempo mi grupo, Ciudadanos, ha propuesto, y es la necesidad de implementar en
nuestro país sistemas de previsión social complementarios, similares a la famosa mochila austriaca; medidas que permitan fomentar el ahorro de los trabajadores en este campo, a través del

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segundo pilar, pero mediante un sistema integrado y con los ajustes necesarios, que puede asimismo permitir las aportaciones voluntarias por parte de los propios trabajadores, incluyendo también las de los autónomos. Faltan por definir
muchas cosas de este fondo, aspectos de su diseño que consideramos muy importantes y que deberían ser orientados por la propia normativa que se elabore desde el Gobierno y que se tramite en esta Cámara, y no solo desde el ámbito de la negociación
colectiva: por ejemplo, el esquema de aportaciones a los planes vinculados a este fondo, si los trabajadores están adscritos a los mismos por defecto o no, si habrá o no aportaciones obligatorias por los trabajadores o si todas serán voluntarias,
si existirán mecanismos de incentivos, como el matching entre las aportaciones empresariales y las que realicen los trabajadores, y un largo etcétera. Me gustaría que me dijera, por ejemplo, qué previsiones tiene su secretaría con respecto a la
presentación de este proyecto de ley que permita este desarrollo, qué plazos maneja, qué mecanismos piensan establecer para fomentar la aportación voluntaria de los trabajadores a estos planes de empresa, si contemplan que los autónomos puedan
participar de este sistema o si tienen definidos en qué supuestos los trabajadores podrán rescatar los derechos de su plan de pensiones antes de la jubilación. No sé si plantean el rescate por desempleo de larga duración, como ocurría hasta ahora
con los planes de pensiones privados.


Por último, y no menos importante, querría centrar mi intervención alrededor de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, unas entidades sin ánimo de lucro que ya de por sí desempeñan un papel fundamental en la gestión de
determinadas prestaciones y que han contribuido al correcto funcionamiento del sistema de la Seguridad Social, pero que además ahora, con esta pandemia, han demostrado que son absolutamente imprescindibles. Sin ir más lejos, han sido las mutuas las
que han asumido la responsabilidad de la gestión de la prestación de protección extraordinaria de los trabajadores autónomos. Han hecho lo que ha estado en su mano, igual que la sanidad pública. Estas mutuas atraviesan una serie de dificultades
que lastran su funcionamiento. Díganos si contemplan en estos presupuestos algunas medidas destinadas a compensar a las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social por las funciones asumidas de forma extraordinaria durante esta pandemia. También
querría incidir en que estas mutuas arrastran limitaciones importantes en su régimen de organización y funcionamiento desde los cambios normativos que se acometieron hace una década; limitaciones como, por ejemplo, disponer de cierto margen de
flexibilidad del gasto que destinan a personal. Cabe recordar que son entidades privadas, aunque desempeñan funciones públicas. Tampoco entendemos que la supervisión de estas mutuas corresponda al Ministerio de Hacienda y no al de Inclusión,
Seguridad Social y Migraciones.


Por último...


La señora PRESIDENTA: Se le ha acabado el tiempo.


La señora MUÑOZ VIDAL: ¿Puedo terminar? (Asentimiento).


Por último, quisiera saber si estas mutuas podrán desarrollar el control de la incapacidad temporal, porque vemos que se puede supervisar la evolución y decretar el alta en enfermedades profesionales graves y no en enfermedades comunes
leves.


Gracias, presidenta. Gracias, secretario.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


Por el Grupo Plural, tiene la palabra don Ferran Bel.


El señor BEL ACCENSI: Muchísimas gracias, presidenta.


Muchísimas gracias, señor Arroyo, por su comparecencia y su presentación. Tenemos pocos minutos para hacerle alguna pregunta o plantearle alguna aclaración.


Respecto a los ingresos, yo simplemente le voy a remitir a lo que hemos ido hablando. Estas previsiones de ingresos van muy vinculadas a que se cumpla el cuadro macroeconómico. Hay incertidumbre razonable en relación con este cuadro
macroeconómico; por tanto, dejamos constancia aquí de que también hay incertidumbre respecto a los ingresos propios de la Seguridad Social.


Segunda cuestión que le quería plantear y pedirle alguna aclaración sobre la misma, porque hay alguna cosa que no acabo de ver. Usted ha dicho que la aportación finalista para el impacto de la COVID a la Seguridad Social durante 2020 ha
sido una aportación extraordinaria que rozaba los 15 000 millones de euros. Y, a continuación, ha dicho que esto se convierte en una aportación ordinaria, de acuerdo con lo que establece el Pacto de Toledo. Pero, claro, esta aportación
extraordinaria se va a mantener a lo largo de los próximos años. A mí me gustaría identificar exactamente cuál es la previsión que hacen los

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presupuestos sobre cuál va a ser la aportación de carácter ordinario, específicamente al impacto de la COVID en estos presupuestos, para poder comparar con ejercicios anteriores. Digo esto porque, por ejemplo, en la prestación
extraordinaria para cese de actividad de los autónomos ustedes plantean un crédito de 713 millones de euros, una reducción muy importante respecto al ejercicio anterior.


También una aclaración. En el libro amarillo, en la página 347, se establece que la dotación para el año 2021 recoge el impacto de la extensión a dicho ejercicio de las medidas aprobadas mediante el Real Decreto 30/2020, de 29 de
septiembre, de Medidas Sociales en Defensa del Empleo. Este real decreto prorroga este tipo de ayudas hasta el 30 de enero. El estado de alarma se aprobó para seis meses. Mi pregunta es: ¿No hay presupuestada cantidad adicional alguna más que
las previstas hasta 31 de enero? Esta es una de las cuestiones que pedimos en las enmiendas que se presentaron en el último debate del decreto del estado de alarma y nos dijeron que no se podían incluir allí pero que el Gobierno ya estaba
trabajando con esa ampliación. Si esto no aparece en los presupuestos, nos preocuparía un tanto. Respecto a esta prestación extraordinaria para cese de actividad de los autónomos, quiero decirle que, esencialmente en Cataluña y a raíz del cierre
de actividad de bares y restaurantes, estamos recibiendo muchas quejas en cuanto a la aplicación y a la poca flexibilidad de dicha prestación.


Dicho esto, quiero hacer algunas aclaraciones respecto al ingreso mínimo vital. Recientemente, el ministro reconoció que en octubre de este año ya había expedientes resueltos favorablemente para 136 000 hogares y que el coste durante el mes
de octubre de estos 136 000 hogares era de 158 millones de euros. Ahora vemos que para 2021 hay un presupuesto de 3000 millones. Mi pregunta es: ¿qué estimación de número de hogares se ha establecido para alcanzar esta cantidad de 3000 millones?
Porque me parece que van a ser relativamente pocos en relación con los 975 000 expedientes que se han presentado hasta hace pocas semanas, eliminados ya los duplicados. Por tanto, nos gustaría saber a cuántos expedientes favorables corresponderían
estos 3000 millones.


Muchísimas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


Por el Grupo Confederal Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra Martina Velarde.


La señora VELARDE GÓMEZ: Gracias, presidenta. Gracias, señor Arroyo, por la comparecencia de hoy.


Para nosotras uno de los pilares y de los ejes principales de estos presupuestos generales ha sido, desde su elaboración, la defensa y la protección del conjunto de la población. Es evidente que en el presupuesto de la Seguridad Social es
donde se tiene que reflejar de manera más obvia. Además, podemos decir que no solo se cumplen con creces las expectativas, sino que también se empiezan a ampliar derechos e instrumentos que garantizan un papel activo de la Administración General
del Estado en la sostenibilidad financiera de la Seguridad Social, y, además, se recogen ya parcialmente propuestas y soluciones -como hemos visto- que están incluidas en el Pacto de Toledo.


Entendemos que son unos presupuestos que respetan el mandato constitucional de la revalorización de las pensiones y que potencian, además, los instrumentos de protección, con un especial cuidado en la parte del colectivo de pensionistas que
se encuentra en una situación más vulnerable, con escasos ingresos y con escasos recursos. De todo lo que usted ha venido a contarnos queríamos destacar unas medidas que son muy importantes para nuestro grupo. Una de ellas es que se mantenga el
poder adquisitivo de todas las pensiones en 2021, que tiene que ver con la recomendación 1. Las pensiones contributivas, como ha dicho, crecen en 2021 un 0,9 %, mientras que las no contributivas suben un 1,8 %. Eso está muy por encima del IPC.
Por lo tanto, es un dato importante para nosotras, ya que señala la voluntad de mejorar los ingresos y el acceso a una renta adecuada de todo el colectivo de pensionistas. Se garantiza también el compromiso con la aportación del Estado de esos 13
929 millones de euros, para -repito- garantizar ese cumplimiento. Esta medida, además, tiene un importante sesgo de género, ya que serán principalmente mujeres pensionistas las que se verán beneficiadas. Es muy importante para nosotras también,
como no puede ser otra manera, que se amplíe y se revalorice el ingreso mínimo vital. Hay que ir dando los pasos adecuados para que este instrumento sea clave de bóveda de nuestro sistema de protección y para que nadie se quede atrás. Nos
alegramos también de ese incremento del presupuesto de más de 3000 millones y de la subida de un 1,8%, en igual medida que las pensiones no contributivas, como hemos dicho antes, y también el hecho de que se vaya a facilitar el acceso.

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Hay un presupuesto adicional que me parece muy importante para el pago de prestaciones por nacimiento y cuidado de menores, es decir, los permisos de paternidad y maternidad. Se compromete el Estado al sostenimiento de esta medida con la
aportación también de 2784 millones de euros. Interesante también nos parece la reducción de la cuota de la Seguridad Social. Por primera vez, el Estado asume el coste de estas políticas de empleo y destina un presupuesto de 1779 millones de euros
para este concepto, y la prestación extraordinaria de cese de actividad, que se aprobó en el Real Decreto 30/2020, extiende su efecto también hasta 2021. Entendemos en nuestro grupo que por primera vez podemos decir que sí, que hay un Gobierno que
cuida, que se preocupa de nuestros autónomos en un momento de extrema incertidumbre para este colectivo.


Se trata de unos presupuestos que tienen, además, unos elementos muy positivos que representan un paso adelante en la necesidad de disponer, en este periodo que tenemos de tremenda incertidumbre, de un escudo social que limite el impacto de
la pandemia y de la crisis sobre las clases populares. Son unos presupuestos, además, que dan un mensaje claro. Hay que decir a la gente que las pensiones no están en peligro, que la Seguridad Social no está en quiebra. Es una buena noticia que
estemos alejados de cualquier relato catastrofista de algunos expertos, representantes de fondos de inversiones, de especulación y en general del poder económico y financiero del país. Tenemos que lanzar un mensaje de responsabilidad por parte del
Estado y del Gobierno, dar certidumbre y garantizar la financiación del conjunto de la Seguridad Social. El objetivo principal estos meses atrás de nuestro grupo en el Pacto de Toledo era que este nuevo texto garantizara certidumbre a los y las
pensionistas -y a quienes lo seremos en el futuro- sobre el reforzamiento de este sistema público de pensiones, que se tiene que ver reflejado además, como no puede ser de otra manera, en estos presupuestos. Pero sí le tengo que decir, señor
Arroyo, que nos preocupa especialmente que el Gobierno pueda instrumentalizar a través de la Seguridad Social sistemas complementarios de pensiones -voy terminando- adicionales al sistema público. Consideramos que de esa recomendación 16 del Pacto
de Toledo, que habla de favorecer planes de pensiones complementarios, no cabe extraer que se tengan que poner en marcha esos planes de pensiones complementarios desde el Estado. ¿Podría explicar cuáles serían los planes de su departamento para
regular estos fondos de pensiones complementarios y si se plantea su implementación desde la propia Administración de la Seguridad Social? Nos preocupa ese tema bastante.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


Por el Grupo VOX, tiene la palabra Pablo Sáez.


El señor SÁEZ ALONSO-MUÑUMER: Gracias, señora presidenta. Bienvenido, secretario general, a esta Comisión.


Señorías, estamos ante un presupuesto de la Seguridad Social que no es creíble, se nos presenta un presupuesto que cuadra ingresos y gastos en la cifra de 172 429 millones de euros, un 4,3 % de incremento de gastos sobre el año 2020.
Curiosamente, se ponen las cifras comparativas de 2020 que presentan gastos superiores a los ingresos por 12 305 millones de euros; creo que esta presentación hay que cuidarla un poquito más. Veamos cómo se cubre ese gasto: un 72,6 %, 125 144
millones de euros, con cotizaciones sociales; un 26,1 %, 44993 millones de euros, mediante trasferencias corrientes y préstamos, y un 1,3 % con otros ingresos. ¿De dónde sale el dinero para esas trasferencias? Alguien nos lo prestará, porque
España, por un lado, registrará un déficit del 7,7 % del PIB en el año 2021 y además debe más dinero del que es capaz de generar en un año.


Nos llaman la atención en este presupuesto los puntos siguientes. Se estima -dicen- un crecimiento del 3,8 % en el ingreso por cotizaciones sociales. ¿Cómo pueden pensar de verdad que se va a producir este incremento, en qué se basan? ¿Un
incremento contado con una prolongación del estado de alarma hasta mayo, otro medio año de parálisis de nuestra economía? No es creíble y menos ante las medidas contrarias a las que se deberían tomar, como la subida de impuestos al consumo;
premisa falsa, presupuestos erróneos. Las cotizaciones sociales son inferiores a las pensiones contributivas en 17 902 millones de euros en 2021, también lo fueron en 2020 y 2019, por importe de 18 272 y 12 299 millones de euros respectivamente.
En 2019 de acuerdo al estado de ejecución del presupuesto de la Seguridad Social.


Segundo. Se presupuestan ingresos por cotizaciones sociales de 125 144 millones de euros, de los que 96 591 millones corresponden al régimen general. Esta cifra no es creíble porque, de acuerdo al estado de ejecución del presupuesto de
2019, la recaudación neta por cotizaciones sociales en un

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escenario de paro entre el 14,4 % a principios de año y el 13,7 % al final ascendió a 95 089 millones de euros. Ahora se presupuestan 1502 millones de euros más de recaudación, con unas tasas de paro del 17 % a principios del año 2021 y un
16 % a su término. Curiosamente no se sigue la misma pauta y refuerza la falta de credibilidad la estimación de los ingresos del régimen de autónomos para los que vemos una disminución del 9,7 % entre la cifra estimada para 2021 y la recaudación
neta registrada en el año 2019.


Tercero. Se excluye también en el presupuesto una cifra de transferencias corrientes por importe de 31 177 millones de euros. Es bueno recordar que las mismas ascendieron a 15 900 millones de euros en el año 2015 y a 19 574 millones de
euros en 2019, según el estado de ejecución del presupuesto, y de préstamos por importe de 13 830 millones de euros. Ambos importes proceden del mismo sitio, de la Administración central, y su importe es prueba fehaciente de que el sistema solo es
sostenible cuando son sostenibles las cuentas públicas en su conjunto. La pregunta es: ¿son sostenibles las cuentas públicas? Veamos los datos. Tomando las estimaciones de evolución del PIB y la previsión de objetivos de déficit de las
administraciones públicas, 11,3 % en el año 2020 y 7,7 % para el año 2021, estaríamos hablando de un déficit público de 124 900 millones de euros en 2020 y 93 400 millones de euros en 2021. Con independencia de estas cifras, hay que tener en cuenta
que este Gobierno ya ha demostrado que falla y mucho estimando las cifras de déficit público.


Cuarto. Otra pregunta: ¿se encuentran las cuentas públicas en condiciones de asegurar el nivel de transferencias en el futuro? La respuesta es no. Y las razones las da la Comisión Europea, que sitúa el déficit estructural al cierre del
año 2021 en el 5,2 % del PIB frente a una media del 2,1 % en los países de la zona euro, y también el elevado nivel de deuda pública, que superará el 120 % del PIB a finales del próximo año. No perdamos la memoria y recordemos que en el año 2011 el
PSOE congeló las pensiones y recortó el sueldo de los funcionarios. Recordemos también los recortes que sufrieron las pensiones en Grecia, Portugal e Irlanda. Lo repetiremos mil veces porque es la verdad, las pensiones solo se podrán mantener, e
incluso mejorar, reduciendo gasto político y eliminando las duplicidades que suponen las autonomías, que además son fuente incesante de generación de desigualdades entre los españoles.


Quinto. Una cifra de transferencias de 9365 millones de euros; ha puesto la explicación el secretario general en la pantalla. Me gustaría que me enviara la explicación o que se detuviera en la explicación de ese importe, dado que no me
parece de recibo que en el libro amarillo figure un importe de 9365 millones de euros como 'Otras transferencias', sin detallar.


Sexto. Los gastos de personal aumentan un 8,6 %, ya lo ha comentado. Gastos impropios, según el ministro; no sé qué pensará el secretario de Estado. La pregunta es: ¿ahora es el momento? Se recortan un 23,7 % las ayudas a las familias.
Entendemos que esta ayuda debería mantenerse e incrementarse a la vista de que España es, junto con Holanda, el país que menos dinero dedica a ayudar a familias e hijos. Debemos recordar que la tasa de natalidad en España de 7,6 nacimientos por
cada mil habitantes y que tenemos un índice de fecundidad de 1,23.


Séptimo. Se reducen las transferencias por cese de actividad, se dice que como consecuencia del elevado volumen de prestaciones reconocidas en 2019. ATA dice que hay 300 000 autónomos que ya han cerrado, otros 300 000 lo harán a final de
año y otros 400 000 no aguantarán mucho más. Estamos ante unos presupuestos obsoletos y desactualizados antes de aprobarse porque no cuentan con las consecuencias de la segunda ola subiendo excesivamente el gasto en cosas innecesarias.


Octavo. La protección de las personas con discapacidad también es muy débil. Las prestaciones por hijo a cargo a mayor de dieciocho años con discapacidad igual o superior al 65 % se han incrementado solo un 0,9 %. Es una miseria.


En definitiva, estamos ante un presupuesto absolutamente dependiente de la Administración central, sea vía transferencias o vía préstamos, para asegurar su sostenibilidad, poco creíble en sus estimaciones, poco realista ante la incertidumbre
del final de la pandemia, un presupuesto que certifica que para cuadrar las cuentas la fórmula es traspasar el déficit a otra Administración, ignorando la situación financiera de la correspondiente Administración. Presupuestar es un ejercicio de
responsabilidad y el presupuesto restante tiene que ser realista. En caso contrario, nuestro país perderá credibilidad, será poco atractivo a los inversores, dañará la capacidad de financiación de las empresas, hará que el potencial de crecimiento
se resienta y perjudicará la creación de empleo.


Muchas gracias.

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La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Jerez.


El señor JEREZ JUAN: Muchas gracias por su comparecencia.


En primer lugar, quiero decir que nos enorgullece poder sustanciar esta sección económica del presupuesto después de haber contribuido a la consecución de un gran acuerdo de Estado en el marco del Pacto de Toledo. En este marco hemos
conseguido el objetivo fundamental: actualizar las pensiones de manera que no se pierda valor adquisitivo y garantizar la sostenibilidad del sistema. Nosotros hemos estado ahí, en este marco del Pacto de Toledo, y seguiremos estando con el
compromiso de lograr el mejor sistema de todos, un sistema más equitativo y más solidario, y apoyaremos siempre las medidas que sean necesarias para garantizar su sostenibilidad en el futuro. Y digo en el futuro porque el futuro también nos espera.
Hay 10 millones de pensionistas a los que hay que dar confianza y tranquilidad, 19 millones de cotizantes que necesitan certezas y 3,2 millones de autónomos que buscan equilibrio entre sus aportaciones y sus expectativas de futuro. Dicho esto, que
es lo que marca nuestra posición en relación con el sistema, no podemos pasar por alto una serie de cuestiones que le queríamos plantear, entre otras el hecho de que la garantía del sistema de pensiones vaya unida al empleo. La realidad es dura y
tozuda: menos mujeres trabajando, menos jóvenes trabajando, menos afiliados, más pobreza, menos transparencia, menos autónomos, menos personas que encuentran el primer empleo y sobre todo más crispación social. Estos son los datos y las cifras.
La Seguridad Social ingresará, si no me equivoco, el próximo año más de 157 000 millones de euros, de los cuales 125 000 millones proceden de cotizaciones sociales, pero hacer todo esto no va a ser suficiente para pagar las prestaciones. La
diferencia entre los ingresos por cotizaciones y los gastos por prestaciones superan los 40 000 millones de euros, y lo que preocupa más todavía es que no encontramos ninguna medida -no encontramos ninguna medida- para la creación de empleo y asumir
este desencaje tan agudo en las cuentas públicas. Por tanto, en este capítulo queremos formularle tres preguntas claras. En primer lugar, ¿cuál es su plan para incrementar la principal fuente de ingresos de la Seguridad Social, que son las
cotizaciones sociales? En segundo lugar, ¿considera que los ingresos por cotizaciones sociales que prevé el Gobierno para el año 2021 son realistas? Y en tercer lugar, si lo tiene a bien, me gustaría que valorase lo que ha dicho esta mañana el
gobernador del Banco de España, que cuestiona la subida del 0,9 % de las pensiones a partir de ahora.


En segundo lugar, en otro orden de cosas, queremos abordar una de las medidas más populares de este Gobierno. Se trata del ingreso mínimo vital, una medida que no está cumpliendo -y aquí se ha dicho- las expectativas para las cuales se creó
y que está siendo altamente cuestionada. Un millón de solicitudes recibidas durante los últimos cuatro meses -un millón- y tan solo han sido reconocidas a día de hoy 136 000 prestaciones, lo que reduce el porcentaje a 1,3 de cada diez o, si usted
lo prefiere, a 13 de cada cien, un 13 %. Pero no es solo eso. Únicamente se han examinado la mitad de los expedientes. Si hablamos de un millón de expedientes, se han examinado cerca de 500 000, lo que significa que existe otro medio millón de
personas que posiblemente no tenga como llegar a fin de mes cada mes. Según los pronósticos que maneja el Gobierno, solo el 35 % de los 850 000 perceptores con derecho verá reconocido el ingreso mínimo vital el año que viene, un 35 % solo. Por
tanto, y para concluir este capítulo, le diré que la tramitación no es ágil, no es eficiente y es susceptible de dejar a muchísimas personas atrás. Y, en segundo lugar, quiero decirle que la tramitación está colapsando -usted lo sabe- la Seguridad
Social, habiéndose detectado preocupantes retrasos en el reconocimiento y cobro de pensiones de jubilación, viudedad y orfandad, entre otras. Y aquí vienen las preguntas. La primera es qué medidas va a adoptar el Gobierno para que el ingreso
mínimo vital sea algo más que un anuncio y se convierta realmente en una medida que palíe los efectos de la vulnerabilidad de muchas familias. La segunda es cuándo calcula que va a terminar la agonía de todas esas personas que todavía están
esperando que se les reconozca su situación. Y, la tercera, qué medidas va a adoptar para que la gestión y la tramitación de la prestación sea realmente eficaz.


Por último, quería centrarme en los autónomos. Son los que más están sufriendo en este momento la crisis, pero a la vez son los grandes olvidados de este Gobierno y tienen un papel fundamental en la creación de empleo, en el tejido
productivo y en la creación de riqueza. Ustedes han presupuestado 715 millones para prestaciones por cese de actividad. Con la segunda ola, los toques de queda, las restricciones a la movilidad, los confinamientos y los cierres perimetrales, los
últimos datos de ATA publicados reflejan que prácticamente el 10 % de los autónomos van a tener que cerrar y estamos hablando de cerca de 300 000 autónomos, que a su vez pueden perjudicar el empleo a 500 000 personas.

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Por lo tanto, la pregunta es la siguiente: ¿cree usted que con estos datos es suficiente -715 millones de euros- para cubrir la prestación por cese de actividad de los trabajadores autónomos? Y, en segundo lugar, ¿está previsto que ustedes
incrementen las cotizaciones a los trabajadores autónomos?


Acabo con tres preguntas sin preámbulo ninguno. Una, ¿en qué medida van a estar afectados los planes privados de pensiones? Dos, ¿qué gastos impropios tiene pensado asumir el Gobierno en este ejercicio? Y tres -y acabo con esto-, sobre el
Centro de Proceso de Datos de la Seguridad Social, ¿dónde se va a ubicar, cuál es la inversión material y qué van a invertir en recursos humanos?


Muchísimas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra Mercè Perea.


La señora PEREA I CONILLAS: Gracias, presidenta.


Gracias por su exposición, secretario de Estado, y gracias también por el recuerdo a las personas que han fallecido por este COVID. Por desgracia, muchas personas y muchas familias lo están pasando francamente mal. Le agradezco la
felicitación a la Comisión del Pacto de Toledo como miembro que soy y, teniendo aquí a la presidenta, con mayor motivo.


El Grupo Parlamentario Socialista considera que estos presupuestos marcan un antes y un después para el sistema público de pensiones, un antes y un después para acabar con incertidumbres, muchas veces nada inocentes. Escuchábamos al
portavoz de VOX haciendo una intervención tremendista, sin aportar ninguna solución. La única solución que aporta VOX a la sostenibilidad del sistema de pensiones es que se acaben las comunidades autónomas. Yo no sé si sabe sumar, pero me parece
que se equivoca del todo. Hubiera sido muy positivo que se hubieran sumado al Pacto de Toledo, porque ahí hay propuestas. Hay una amplia mayoría que dio apoyo a estas recomendaciones y creo que hay muchas medidas que van a dar respuesta y que ya
en estos presupuestos han dado los primeros pasos. La pregunta al señor de VOX sería: ¿qué pretenden ustedes entonces? ¿Recortar las pensiones? Si lo otro no da salida, la alternativa que ustedes plantean es recortar pensiones.


En cualquier caso, decía que hay una amplia mayoría que dio apoyo a estas recomendaciones y precisamente estos presupuestos van al corazón del Pacto de Toledo; de hecho, lo ponen ya en marcha. Se ha explicado de forma reiterada cómo en la
recomendación 1 se adoptan medidas desde el lado de las transferencias, desde el lado del mercado laboral, desde el lado de asumir los gastos impropios. Aquí le diría al portavoz del Grupo Parlamentario Popular que me estaba ilusionando cuando ha
empezado la intervención porque lo he visto muy entregado al Pacto de Toledo, pero luego ha hecho un requiebro y ha dicho: Ah bueno, no, apoyo el 0,9, pero esto del 0,9 del IPC me aclaran cómo lo van a pagar. Ha sido un poco extraño, un poco
contradictorio. Yo les recomendaría a ambos que se miren la liquidación de 2019. El COVID es una situación coyuntural; puede durar más o menos, pero es una situación coyuntural. Eso no puede servir de excusa para poner en cuestión la
sostenibilidad del sistema que plantean las medidas de este presupuesto. Sería un craso error. Lo que hemos de hacer es dar respuesta inmediata a ese déficit a corto y a medio plazo. Y les recomendaría que se miraran la liquidación de 2019 en
cuanto a los ingresos, que supone en ingresos no financieros casi un 8 % de incremento. Eso es empezar a virar el transatlántico, empezar a darse cuenta de que si se apuesta realmente por el mercado laboral, que es lo que dice la recomendación 1 y
lo que ha hecho este Gobierno desde 2018, a partir de la moción de censura, efectivamente se dan pasos adelante muy importantes. La subida del salario mínimo interprofesional del 22 % del año pasado lo deja claro. Ante los anuncios catastrofistas
de que se iba a caer el mercado laboral, resulta que las cotizaciones se incrementan en un 8 %. Desde luego, este presupuesto plantea una cuestión: acabar con el déficit y hacer sostenible el sistema a corto plazo y, por otra parte, volvemos a
indexar las pensiones al IPC. Es la mejor noticia para generar confianza; insisto, certidumbre y confianza. Muchos sectores nos habían pedido volver a indexar el IPC a las pensiones y creo que este Gobierno, cuando ha podido, a la semana de
haberse aprobado las recomendaciones, ya está poniendo encima de la mesa el primer cumplimiento de eso.


En cuanto a los ingresos, les decimos que hacen una previsión prudente y ajustada. Insisto, mírense la liquidación de 2018 en cuanto a los ingresos récord, incluso récord frente a los años 2017 y 2018, que fueron del 5,29 % y del 5,39 %.
Es decir, incluso en pleno crecimiento económico, en el año 2019, por el hecho de haber adoptado medidas para fortalecer el mercado laboral, los salarios y las cotizaciones, resulta que los incrementos en ingresos han sido de un 8 %, algo muy
importante. Por eso decíamos que era una previsión prudente y que refleja la recuperación económica y del empleo. Lo ha dicho el secretario

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de Estado, los datos de hoy de afiliación confirman esa recuperación del empleo perdido, también en autónomos. Y, miren, yo al portavoz del Grupo Popular no le consiento que diga que este Gobierno ha dejado desamparados a los autónomos
porque no es verdad. Cuando se aprobó la prestación por cese de autónomos, ustedes dijeron que era una ocurrencia, que era una invención. Bueno, pues suerte han tenido los autónomos de la creación de la prestación de cese por actividad para
permitir ahora poder crear una prestación extraordinaria de autónomos. No digan cosas que no son, no falten a la verdad, porque lo único que hacen es crear incertidumbre y angustia, y hoy por hoy hay un número de 150 000 autónomos que están
cobrando esta prestación. Al inicio del COVID eran un millón y medio, el 50 %. ¿Eso qué quiere decir? Que se están recuperando. ¿Que faltan medidas? Por supuesto, estos presupuestos van en ese camino. Y desde luego, qué decir de la
transferencia inaudita, nunca se había producido una transferencia de más de 33 000 millones de euros para financiar de forma estable y estructural el sistema público de pensiones. Lo permite el artículo 109 de la Ley General de Seguridad Social;
o sea, no estamos inventando la pólvora, estamos haciendo cumplimiento de la Ley de Seguridad Social, y evidentemente asumir los gastos impropios que no les correspondían, tal y como dice la recomendación del Pacto de Toledo. De nuevo el Gobierno
vuelve a cumplir con las recomendaciones aprobadas hace una semana. Y nos tenemos que alegrar y les diría que nos tenemos que felicitar colectivamente todos los que estamos aquí por haber aprobado y volver a indexar el IPC, un paso decisivo para
sostener socialmente el sistema público de pensiones.


Voy acabando, presidenta. Yo solo les pregunto una cuestión. Si hubiéramos dejado el índice tal y como estaba, en veinte años la reducción de las pensiones hubiera sido del orden de un 30 % o un 40 %. Hoy consolidamos socialmente ese
sistema, hay una apuesta por sostener política, social y económicamente el sistema. Yo creo que el ejemplo que les ha dado y la exposición que ha hecho el secretario de Estado es suficientemente importante. Lo decía la compañera de Podemos,
ciertamente hay una acción protectora que se amplía en este presupuesto y es muy importante, porque además no estamos hablando solo de la corresponsabilidad para hacer frente en los permisos de paternidad y maternidad de doce a dieciséis semanas,
estamos hablando de igualdad y de acabar con la brecha salarial y de pensiones.


La señora PRESIDENTA: Tiene que ir acabando, señoría.


La señora PEREA I CONILLAS: Estamos hablando de una sociedad de futuro -voy acabando, presidenta, disculpe-. El secretario de Estado ha hecho una vasta exposición sobre la modernización de la Administración pública, de la Seguridad Social,
y, ciertamente, cuando dejas de apostar por lo público, cuando dejas de contratar servidores públicos, te encuentras con que ante una pandemia como esta nos ponemos todos colorados. Quiero recordar que durante diez años se perdió el 20 % de la
plantilla -ya ha dicho que éramos una plantilla envejecida- y ahora toca de forma definitiva apostar por la modernización y estos presupuestos lo permiten; deberían ustedes apoyarlos.


Acabo. Hace una semana firmábamos sin ningún titubeo que con el acuerdo de los miembros de la Comisión del Pacto de Toledo estábamos dando respuesta a la seguridad y la certidumbre de millones de españoles y de españolas. Creo que con este
presupuesto que hoy presenta el secretario de Estado se pone negro sobre blanco la garantía de un sistema público de pensiones sostenible y unas pensiones dignas y suficientes. Señorías, con estos presupuestos estamos diseñando colectivamente un
sistema inclusivo, un sistema que es ejemplo de cohesión social, para que nadie quede atrás.


Gracias, presidenta y disculpe. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


Tiene la palabra el secretario de Estado para contestar.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES (Arroyo San José): Sobre si los presupuestos contemplan adecuadamente la posibilidad de riesgos a la baja, lógicamente ninguno somos adivinos, pero estos presupuestos se hacen
en un momento determinado, con un cuadro macroeconómico y una situación coyuntural concreta. Las situaciones pueden ir a peor o pueden ir a mejor -que nos lo digan este año, que yo creo que ninguno esperábamos lo que ha ocurrido-, pero yo diría que
es un presupuesto hasta cierto punto prudente, y me remito al gráfico que les he presentado anteriormente en el que se veía que la mayor parte del crecimiento que contemplamos en las cotizaciones se debe al aumento del número de cotizaciones; es
decir, no hay apenas aportación del

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crecimiento salarial. Con lo cual, de los dos grandes componentes del crecimiento del capítulo 1 de ingresos, pensamos que el proyecto descansa en uno y no contempla aportación del otro. Por otro lado, hay un elemento estabilizador
automático que son las cotizaciones de desempleados; si en un momento dado, esperemos que no, la situación del desempleo fuera a peor, nos bajarían las cotizaciones de ocupados, pero subirían las cotizaciones de desempleados, con lo cual los
ingresos por cotizaciones en el corto plazo en la Seguridad Social hasta cierto punto fluctúan menos que las cotizaciones de ocupados. A largo plazo, la correlación es mayor, pero en el corto plazo es menor.


La siguiente pregunta era respecto a este fondo de promoción pública que se contempla en la disposición adicional 40 del proyecto de ley de presupuestos, y ya respondo también a la representante de Unidas Podemos. Lo que se contempla
realmente no tiene el nivel de detalle que me permita responder a las preguntas que ustedes me han hecho. Lógicamente, hay una finalidad detrás de esta disposición, de esa recomendación del Pacto de Toledo, que lo que viene a decir es que desde los
poderes públicos se promuevan los sistemas complementarios, que están contemplados por nuestra Constitución y que tampoco son una anomalía y existen en todos los países de nuestro entorno. Si queremos dar una respuesta cabal a esa recomendación, el
Estado tiene que ofrecer una solución a aquellos colectivos que no pueden recurrir a un plan de empleo porque su empresa no lo tiene o porque no tienen una empresa, por ejemplo los autónomos. Entonces, lo que entendemos es que si es algo que se
está recomendando desde el Parlamento, tiene que ser algo que esa recomendación se pueda atender. Este fondo tendría, por un lado, esa función, dar respuesta a aquellos colectivos que no puedan recurrir a uno de los fondos existentes, y que están
en muchos países muy extendidos, incluso en España, por ejemplo en el País Vasco, y, por otro lado, entendemos que el hecho de que esto sea promovido desde el sector público tiene la virtud de que va a permitir establecer unas condiciones muy
transparentes y que van a hacer una función de introducir competencias en el sector de los fondos de empleo. ¿Cómo? Por ejemplo, porque el nivel de comisiones que se puede imponer en este fondo público que en un momento dado se creara. Quiero
dejar claro, primero, que nosotros no tenemos las competencias regulatorias, de hecho son del Ministerio de Asuntos Económicos, con lo cual, en su caso, el desarrollo de este proyecto tendremos que hacerlo conjuntamente con ellos; nosotros tenemos
unas competencias transversales en materia de pensiones, con lo cual colaboraremos en la elaboración de esta norma, aunque la competencia regulatoria propiamente dicha la tiene el Ministerio de Asuntos Económicos. En principio, ese fondo que se
creara podría tener unas comisiones muy bajas, fundamentalmente en razón de su economía de escala. Esto se ha visto muy recientemente en el informe que publicó la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal sobre beneficios fiscales, donde se
evaluaban en concreto los incentivos a las aportaciones a planes de pensiones individuales, y una de las conclusiones más llamativas era el enorme volumen de incentivos que se traslada vía comisiones al sector financiero. Son comisiones muy altas
porque los impositores o la gente que tiene sus fondos depositados en un plan de pensiones individual tienen muy poca capacidad de negociación. Un fondo público que tuviera suficiente volumen sería capaz de imponer unas condiciones más equitativas
a los partícipes, con lo cual, eso introduciría una presión a la baja sobre las comisiones. Es decir, esto tendría ventajas para todo el mundo.


Por otra parte, lógicamente, los planes de empleo están muy vinculados a la negociación colectiva, con lo cual es lógico que, con independencia de que este proyecto de ley se tenga que tramitar en el Parlamento, deba verse también en el
diálogo social porque al final estamos hablando de aportaciones de empresas y trabajadores. Y ahí se podrán estudiar todas estas cuestiones que se han planteado aquí, por ejemplo, si la aportación será conjunta o el grado de portabilidad a estos
fondos. Hay muchísimos detalles que habrá que introducir en esta norma, ya que es una norma compleja. Pero tenemos la ventaja, hasta cierto punto, de que vamos tan retrasados en este tipo de productos en España y estamos comparativamente tan atrás
en la optimización y en el desarrollo de estos productos de ahorro, que tenemos buenos espejos en los que mirarnos. Al final, es mirar qué están haciendo países de nuestro entorno y copiar las mejores prácticas: dónde estos planes funcionan mejor,
dónde son más equitativos, dónde consiguen incrementar más el ahorro, dónde además lo hacen de una manera más redistributiva. Copiemos esos ejemplos.


Con respecto a la pregunta que me hacía la diputada de Ciudadanos en cuanto a las mutuas colaboradoras, lógicamente, son entidades privadas pero están manejando fondos públicos y tienen que tener una supervisión. De hecho, así se hace. La
gestión durante la pandemia ha sido extraordinaria, y yo estoy muy agradecido a las mutuas, como estoy muy agradecido a todo el sistema de la Seguridad Social por su gestión durante estas circunstancias, que han sido muy difíciles para todo el
mundo. Han tenido un

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comportamiento excelente y el incremento de recursos que han destinado a la financiación de las prestaciones extraordinarias de autónomos se les ha compensado. Esta financiación no la han puesto ellas, esta financiación ha venido vía del
Estado y les ha llegado vía transferencias.


Las mutuas tienen muchos problemas, algunos en materia de gestión de personal, otros en materia de gestión retributiva y algunos más heredados históricamente por este carácter híbrido que tienen desde su creación. Tenemos la voluntad de
revisar su forma de funcionamiento y un ejemplo muy concreto es que claramente hay una descompensación en los tipos de contingencias comunes y profesionales, que provocan que cada año tengan un excedente en un uno y un déficit en otro. Esto
claramente quiere decir que los tipos están mal calculados y que de alguna manera convendría hacer una recomposición de esas dos cotizaciones para que esto no se produzca.


Lógicamente, también tenemos el problema de que son diecinueve mutuas y hay un problema de coordinación. En Cataluña -con esto respondo también a la pregunta del señor Bel- no nos consta que haya un problema de reconocimiento de las
prestaciones extraordinarias de autónomos con las mutuas de allí. Nosotros hacemos una labor de supervisión y, sobre todo, intentamos de que todos los criterios aplicados en el reconocimiento de las prestaciones sean comunes, porque lógicamente no
tiene sentido que un autónomo en una provincia o en una comunidad tenga un tratamiento distinto de otra. Muchas veces nos llegan a través de la asociación de autónomos preguntas de los asociados y nosotros intentamos homogeneizar todos estos
criterios. En este caso, también le doy la razón a la señora Muñoz, ya que es tema muy complejo. A las mutuas les ha llegado una prestación nueva, con una tramitación complicada y, en algunos casos, ha habido problemas de interpretación. No me
consta que en Cataluña haya sido así. De hecho, la tasa de reconocimiento es un poco más alta que en otras comunidades.


Respondo también a una pregunta hecha por varios grupos, con respecto a la parte de los autónomos. Yo creo que si de algo se puede enorgullecer este Gobierno es de haber atendido a los autónomos y no haberlos dejado de lado en ningún
momento. La respuesta que se ha dado creo que ha sido extraordinaria. Se ha hecho una aportación de recursos como no se había hecho jamás. Para que lo pongamos en contexto, han sido más de 7000 millones de euros en prestaciones extraordinarias a
autónomos, que eso es prácticamente la recaudación del régimen en un año. Es decir, se les ha dado en forma de prestaciones prácticamente lo que se recauda de ellos en un año. Es una prestación no contributiva en realidad, o sea, no han cotizado
por esto; los autónomos no han cotizado por esta prestación. Me parece difícil de aceptar que se esté diciendo que no se está ayudando a los autónomos.


Otra cosa distinta es que el presupuesto contemple un importe menor en esa partida, y eso tiene que ver con que prevemos que a lo mejor la situación durante el ejercicio 2021 va a ser mejor que en 2020. Yo realmente así lo creo y así lo
espero. Si realmente pensáramos que el ejercicio 2021 va a ser peor que 2020, sería para que cerráramos y nos fuéramos. Yo creo que la situación va a mejorar, pero no nos preocupemos en ningún caso porque si el problema es la imprevisión o que
algo nos pueda sorprender en 2021, nada de lo que nos pueda sorprender en 2021 va a ser una sorpresa mayor que la que hemos tenido en 2020. O sea, en 2020 sí que hemos tenido una sorpresa y se ha respondido, se han puesto los medios y se ha
actuado, es decir, el Estado tiene sus mecanismos. Para empezar, las prestaciones son todas ampliables, con lo cual si en un momento dado se produce una situación y hay que reconocer más prestaciones que las que están presupuestadas, no hay ningún
problema, porque la Ley General Presupuestaria lo contempla, las prestaciones se pueden ampliar y en ningún caso una pensión o una prestación o un subsidio se va a dejar de atender. Con lo cual, yo no tendría ninguna preocupación en ese sentido, y
creo que deberíamos trasladar tranquilidad a todo el mundo. Al final la definición clásica de presupuesto como la expresión cifrada y ordenada de los ingresos y gastos previstos en un año no quiere decir que sean las tablas de la ley. Si mañana
tenemos que pagar algo más o si los ingresos son algo menores existen los mecanismos para atenderlos. Yo creo que sobre todo lo que tenemos que trasladar desde aquí es tranquilidad, las prestaciones se van a pagar y el Estado va a estar ahí para
hacer frente a las necesidades de las personas que lo puedan requerir, como ha estado este año.


Una cuestión que comentaba el señor Bel también y que quiero aclarar, porque creo que no me explicado bien, es que cuando digo que la transferencia de 2020 finalista para gastos COVID se transforma en una aportación en 2021 estructural eso
no quiere decir que sea la misma, o sea, son dos figuras distintas. En 2020 hemos recibido una aportación para financiar todos estos gastos extraordinarios y es una aportación extraordinaria que tiene vigencia solo durante 2020 para financiar
exclusivamente estos gastos. En 2021 lo que vamos a recibir es una transferencia que se parece mucho más, por ejemplo, a la transferencia que todos los años recibimos para financiar los complementos a mínimos, que es estable,

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es estructural y que figura en el presupuesto cada año, solo varia la cuantía en función de cuánto sean los complementos a mínimo de cada año. Tiene una cifra aproximadamente semejante cada año porque no varía en gran cosa, pero esta es la
naturaleza de la transferencia que vamos a recibir. Puede resultar novedosa pero realmente es muy tradicional, porque es una transferencia para financiar gastos no contributivos del Estado a la Seguridad Social, no tiene otra complejidad.


En cuanto a cuántos hogares se prevé atender con los 3000 millones presupuestados, esto quizá se lo puedan preguntar el viernes a la secretaria general de Inclusión, que comparece en esta misma Comisión. Lo que les puedo anticipar es que
esa cifra está calculada con la memoria económica que se hizo inicialmente de la prestación del ingreso mínimo vital, que creo recordar que estaba calculada sobre 850 000 hogares, aproximadamente eran 2,5 millones de personas. Respondiendo también
a una pregunta que me han hecho por parte de varios grupos respecto a la gestión del ingreso mínimo vital, en primer lugar, yo me niego a decir que la gestión del ingreso mínimo vital haya colapsado la gestión de la Seguridad Social en ningún caso.
La gestión de la Seguridad Social está pasando por momentos difíciles, pero no por el ingreso mínimo vital sino por una situación de pandemia, porque tenemos oficinas cerradas y por otra situación más estructural, que no viene de ahora y que es la
que les he tratado de explicar antes, ya que tenemos un problema de déficit de personal muy acuciante. Se han juntado las dos cosas.


El ingreso mínimo vital es una prestación muy compleja, muy novedosa, que creo que hay que poner en su contexto y para juzgarla con equidad tenemos que mirar, por ejemplo, cuánto tardaron las comunidades autónomas, o cuánto tardan a día de
hoy incluso las comunidades autónomas, en reconocer prestaciones de una complejidad equivalente, como son sus rentas mínimas, que en algún caso se van hasta a un año. Nosotros hemos tramitado en un periodo de cuatro meses más de medio millón de
expedientes y es una prestación extremadamente compleja. Se han tomado medidas para intentar agilizar la gestión, fundamentalmente estableciendo cruces con otras administraciones que eviten que los ciudadanos tengan que aportar papeles o incluso
que tengan que desplazarse. Por ejemplo, hacemos cruces con el INE para intentar localizar datos del padrón, lo que hasta ahora era un problema porque los ciudadanos tenían que recurrir a los ayuntamientos para conseguir un certificado del padrón y
aportárnoslo. Esto, por ejemplo, en algunos casos vamos a poder evitarlo.


Otro mecanismo que hemos puesto en marcha es que hasta ahora estábamos solicitando que los ciudadanos tuvieran que estar inscritos como demandantes de empleo. Eso era un trámite que podíamos haber omitido en un primer momento. Nos hemos
dado cuenta después y lo hemos subsanado en un real decreto-ley. Ahora lo que hacemos es que los solicitantes del ingreso mínimo vital pueden solicitarlo y después inscribirse como demandantes de empleo, con lo cual les evitamos ese trayecto de ida
y vuelta. Hay una serie de mejoras que se han establecido para mejorar su tramitación, pero yo creo que lo fundamental del ingreso mínimo vital es esto, que es una prestación muy compleja y que en muy poco tiempo está desplegando ya sus efectos.
Hay ya cuatrocientas mil personas cobrando una prestación que hasta ahora no cobraban y que nunca habían tenido. Yo creo que también podemos felicitarnos de esto. De hecho, su grupo votó a favor de esa prestación, por lo que también es un éxito
suyo hasta cierto punto.


Me parece que esta es una prestación muy valiosa de la que en algún momento podremos decir que se estableció en unos tiempos tan difíciles. El ingreso mínimo vital ahora tiene un cuello de botella porque nos hemos encontrado con que había
una demanda enorme. También habría que preguntarse por qué tenemos esta demanda tan enorme, si tenemos esta gran demanda es porque quizás, a lo mejor, es una medida que habría habido que tomar hace mucho tiempo. Se ha tomado ahora y nos hemos dado
cuenta de que hay una demanda enorme de esta prestación. Ahora tenemos ese cuello de botella innegable, aunque como ya les he dicho estamos completamente empeñados en resolverlo. Sin embargo, vamos a tener otro cuello de botella en el medio plazo
porque nos estamos dando cuenta de que el porcentaje de denegaciones de esta prestación por no cumplir los requisitos es relativamente alto. Sabemos que hay mucha gente que tiene derecho a ella, y me refiero a los 850 000 hogares de los que le
hablaba. Eso quiere decir que hay gente que aun teniendo derecho no lo está solicitando posiblemente. Esto es lo que en estas prestaciones se conoce como non take-up, que es un problema muy común de las prestaciones de rentas mínimas o ingresos
mínimos, y está relacionado con que el colectivo al que se dirige normalmente no es la gente mejor informada, en ocasiones no habla el idioma, no tiene acceso a medios telemáticos o tiene muchas dificultades para acceder a este tipo de prestaciones.
Ese va a ser el reto a partir de ahora, que la Seguridad Social, -pero también otras administraciones, porque para eso está previsto en la norma el establecimiento de mecanismos de colaboración y de cogobernanza- sea capaz de articular las
estrategias para llegar a esta gente que, teniendo derecho, no ha solicitado la prestación.

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En última instancia, idealmente, este colectivo se ha cifrado en 850 000. Ya veremos si al final conseguimos eso. Sería un enorme éxito, yo creo, pero va a ser complejo porque ninguna renta de las existentes hasta ahora en España ha
logrado llegar a todo el colectivo al que quería llegar.


Al señor Sáez, le digo lo mismo respecto a que el presupuesto no es creíble. Yo creo que el presupuesto sí es creíble en sus ingresos, pero en cualquier caso tampoco me preocuparía en exceso porque sea o no creíble. Para mí lo más
importante es que demos la garantía de que se van a atender a todas las necesidades que puedan surgir, y eso se va a hacer, con lo cual me parece que eso es lo más relevante.


En cuanto a que le parece que pasar gastos no contributivos del presupuesto de la Seguridad Social al presupuesto del Estado no soluciona el problema, yo creo que soluciona un problema de claridad y da más tranquilidad a los pensionistas, al
decirles que para resolver los problemas que pueda tener la Seguridad Social -no los tiene ahora- en el futuro hay que tomar medidas. Yo creo que también tiene la virtud de que pone el problema allí donde hay instrumentos para solucionarlo. La
Seguridad Social, frente a un déficit estructural de 1,6 puntos del PIB, tenía dos alternativas: o bajar pensiones, que en última instancia era lo que suponía el IRP, o subir cotizaciones. A lo mejor esas son las dos soluciones que usted
propondría, pero a nosotros no nos gustan y yo creo que en el Pacto de Toledo no le gustan a nadie. Por tanto, en última instancia es verdad que hay un problema de déficit agregado y que probablemente la secretaria de Estado de Presupuestos y
Gastos dará cumplida cuenta de cuál es la estrategia del Gobierno para solucionarlo en el medio plazo. Yo creo que el momento adecuado para solucionar un problema de déficit agregado no es en mitad de una crisis provocada por una pandemia, pero
claramente ese es un problema a medio plazo. La solvencia del presupuesto del Estado es una restricción presupuestaria que hay que cumplir, lógicamente. Esto no tiene nada que ver con que la Seguridad Social tenga que soportar los gastos de los
que es acreedora y no otros. Me parece que es un tema evidente.


En cuanto al señor Jerez y respecto de los planes privados de pensiones, no sé exactamente cuál era la pregunta. En principio, la idea es que los planes privados de pensiones no se vean afectados en ningún caso, es decir, la idea que hay
detrás de este fondo público, como he comentado, es introducir competencias en el sistema y en ningún caso actuar contra los planes privados existentes, que por supuesto podrán seguir existiendo.


En cuanto a la lista de gastos impropios, está en la presentación que les vamos a hacer llegar. Respecto del Centro de respaldo de datos de la Seguridad Social es un proyecto que está en marcha y se están barajando distintas posibilidades.
Se están estudiando distintas posibilidades en cuanto al terreno, uno de ellos está ubicado en Soria y tendremos que ver si al final es técnica y administrativamente viable. Yo creo que a lo largo de este año podremos avanzar en la construcción de
este centro. No le puedo dar más detalles porque ya le digo que depende de informes técnicos y administrativos que en este momento estamos recabando.


No sé si me he dejado alguna pregunta relevante. Muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias por sus contestaciones y su intervención. Lo dejamos aquí. (Pausa).


- DE LA SEÑORA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMÍA Y APOYO A LA EMPRESA (DE LA CUEVA FERNÁNDEZ). A SOLICITUD DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS PLURAL (número de expediente 212/000947); VOX (números de expediente 212/000685 y 212/000637); POPULAR
EN EL CONGRESO (número de expediente 212/000536); SOCIALISTA Y CONFEDERAL DE UNIDAS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-GALICIA EN COMÚN (número de expediente 212/000897).


La señora PRESIDENTA: Vamos a seguir con la sesión.


En esta quinta comparecencia tenemos a la secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, doña Ana de la Cueva Fernández. Bienvenida. Le doy la palabra.


La señora SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMÍA Y APOYO A LA EMPRESA (De la Cueva Fernández): Gracias, presidenta.


Señorías, comparezco ante esta Comisión de Presupuestos para presentar, como establece la ley, el cuadro macroeconómico que acompaña al proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021, que como saben ha sido avalado por la
Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, por la AIReF. Lógicamente, la coyuntura macroeconómica actual y las previsiones para 2021 están

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condicionadas por la incertidumbre sobre el desarrollo de la pandemia tanto en España como a nivel mundial, y muy en particular en el contexto europeo y, desde luego, por su impacto económico y social, por lo que la dificultad de realizar
estimaciones en este contexto de elevada incertidumbre y volatilidad marcado por la evolución de la pandemia es evidente.


Durante mi intervención en el día de hoy me centraré en explicar, en primer lugar, el cuadro macroeconómico que acompaña a los presupuestos. A continuación, analizaré cómo estos presupuestos y la estrategia de política económica del
Gobierno se han diseñado para recuperar el crecimiento económico, para abordar las transformaciones estructurales que requiere la economía española, avanzar hacia la transformación ecológica y digital, realizar las inversiones y reformas que el país
necesita para incrementar nuestro PIB potencial y para lograr un crecimiento más sostenible, justo e inclusivo. Finalmente, explicaré las principales líneas presupuestarias asignadas a la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa. Los
datos del presupuesto del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital serán presentados en detalle posteriormente por los secretarios de Estado del departamento.


Respecto a la situación macroeconómica, querría comenzar señalando dónde estábamos en 2019. En 2019 el crecimiento económico global se moderó hasta el 2,9 %, siete décimas por debajo del de 2018, debido a las tensiones comerciales y a la
incertidumbre sobre un brexit sin acuerdo. Las previsiones para 2020 apuntaban a principios de este mismo año a una recuperación de la economía mundial. En enero de este año, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional estimaba un crecimiento
mundial del 3,3 % en 2020. La economía española, por su parte, se encontraba en una fase positiva de crecimiento, manteníamos un crecimiento basado en sólidos fundamentos y continuábamos con la corrección de los desequilibrios macroeconómicos
procedentes de la crisis financiera anterior. Pero el escenario económico ha cambiado por completo, debido la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 y al impacto de las medidas de contención. La propagación de la pandemia a nivel mundial
requería una respuesta decidida en el plano sanitario, con la aplicación de medidas de restricción de la movilidad de la mayoría de las economías. Estas medidas se tradujeron en un parón súbito y pronunciado de la actividad económica, con una
disrupción de las cadenas de valor internacionales, seguido de restricciones a la actividad que impactaron negativamente tanto por el lado de la oferta como por el de la demanda.


Como consecuencia de este parón de actividad, durante el segundo trimestre del año, se registró una intensa contracción de la actividad en la mayoría de las economías europeas. El PIB del conjunto de la Unión Europea se contrajo un 11,4 %
en el segundo trimestre, con un impacto especialmente negativo en países como el Reino Unido, con un menos 19,8 %; en Portugal, con un menos 13,9 %; en Francia, con un menos 13,8 %, o Italia, con un menos 13 %. El impacto en la economía española
también fue particularmente intenso, con una caída del PIB del 17,8 % en el segundo trimestre.


Hay distintos factores estructurales que explican la intensidad y severidad de la contracción sufrida por la economía española. En primer lugar, las debilidades estructurales del mercado de trabajo, con una elevada tasa de temporalidad: el
22,4 % en el segundo trimestre frente a la media de la zona euro del 13,6, lo que genera una gran volatilidad del empleo. En segundo lugar, un tejido empresarial caracterizado por el peso de las pequeñas y medianas empresas, que en España suponen
el 71 % del empleo; un peso muy superior al que tienen algunas de las economías menos afectadas como la alemana, con un 63,2 %. Su menor tamaño, lógicamente, hace a las pymes más vulnerables ante los shocks de liquidez provocados por caídas
repentinas de los ingresos. En tercer lugar, la especialización productiva de la economía española en el sector servicios, que se ha visto muy afectado por restricciones a la movilidad. Es el caso de actividades relacionadas con el turismo, el
comercio, el transporte o la hostelería, que en España representan casi el 24 % del valor añadido bruto total, 5 puntos por encima de la media de la Unión Europea.


La magnitud de la perturbación que ha supuesto la crisis del COVID, su alcance global y la enorme incertidumbre asociada ha hecho que las economías avanzadas hayan movilizado amplios recursos para activar programas de política económica de
un alcance sin precedentes. En el caso de España, la respuesta de política económica ha tenido como objetivo apoyar a las empresas, mantener el tejido productivo, proteger las rentas de los trabajadores y mantener el empleo para mitigar el impacto
social de la crisis. Desde el mes de marzo, al igual que en los países de nuestro entorno, se ha articulado y puesto en marcha una movilización de recursos públicos sin precedentes, superior al 20 % del PIB, con 5 puntos en apoyo presupuestario
directo y 15 a través de medidas de apoyo a liquidez y solvencia. Como saben, desde el mes de marzo se han elaborado veinticinco reales decretos-leyes con medidas económicas y

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sociales, que han sido convalidados por el Congreso, lo que pone de manifiesto la necesidad y pertinencia de las medidas. Destacan, entre ellas, los avales públicos otorgados por ICO, que ha movilizado más de 105 000 millones de euros en
créditos, a través de cerca de 860 000 operaciones, un 98 % destinadas a pymes y autónomos; los expedientes de regulación temporal de empleo, los ERTE, que han permitido proteger a casi 3 400 000 trabajadores en el momento de mayor impacto de la
pandemia, a más de 500 000 empresas -es un instrumento que se ha ido adaptando a las necesidades, que sigue aún en vigor, como saben, y que ha ido dando cobertura a los sectores más afectados tras los sucesivos acuerdos alcanzados con los agentes
sociales-; la prestación extraordinaria para autónomos, que ha cubierto hasta a un millón y medio de trabajadores, amortiguando en gran medida la paralización de su actividad; los distintos mecanismos de moratoria de préstamos, en apoyo a
colectivos más vulnerables, con más de 1 300 000 operaciones aprobadas; además, se han aprobado medidas específicas para los sectores más afectados, cuya actividad tardará más en recuperarse, es el caso del sector del turismo, la automoción o el
transporte, con un importe total de más de 11 500 millones de euros.


Estas medidas son relevantes, porque tienen un impacto macroeconómico indudable. En ausencia de estas medidas, dada la severidad de la perturbación y el deterioro de la actividad que ha supuesto la destrucción del tejido empresarial,
hubiera tenido un efecto sobre el PIB cercano al 25 % y habría habido más de tres millones de parados adicionales. De hecho, la caída en la afiliación durante el primer semestre de 2020 ha sido de un 5,3 %, similar a la registrada entre octubre de
2008 y junio de 2009. Sin embargo, esta caída de empleo ha sido consecuencia de una contracción de la actividad sin precedentes, del 22 % en los primeros seis meses, frente a la caída mucho menos intensa en la crisis anterior del PIB, de apenas un
4,2 %, que tuvo la misma caída en el empleo. Es decir, lo que estamos haciendo es evitar un daño permanente que hubiese puesto en riesgo la recuperación. Esta decidida respuesta de política económica está consiguiendo amortiguar el impacto,
concentrando las ayudas en los sectores más afectados y sentando las bases para la reactivación de la producción y la demanda que se han producido en el tercer trimestre de 2020.


Hasta la fecha, los indicadores de coyuntura de alta frecuencia han venido mostrando la intensidad de la recuperación: en el mercado de trabajo, a finales del mes de octubre, más de 2,8 millones de trabajadores han salido de los ERTE, el 84
%, reincorporándose a sus puestos de trabajo; los datos de afiliación conocidos hoy muestran que se han recuperado 594 000 afiliados desde el 30 de abril, 113 974 más que en septiembre; el número de autónomos, a finales de octubre, se sitúa ya en
niveles casi similares a los de hace un año, superando los 3 200 000; el consumo, medido a través del gasto en tarjetas de crédito, ha recuperado prácticamente los niveles de hace un año; y los datos más recientes sobre la situación del tercer
trimestre, publicados la semana pasada, han confirmado el dinamismo de la recuperación. Según la encuesta de población activa, publicada por el INE, la ocupación aumentó, entre julio y septiembre, en 569 700 ocupados, respecto al periodo anterior,
una subida del 3,1 %, que es el mayor incremento intertrimestral de la serie histórica. Cabe resaltar también el incremento de las horas efectivamente trabajadas, un 15,1 % superior al trimestre anterior. Este aumento de las horas respecto a los
ocupados se deriva de la reincorporación de los trabajadores en ERTE y muestra la relevancia de este instrumento como elemento de ajuste en nuestras empresas. Hemos tenido también la semana pasada el avance de contabilidad nacional trimestral, que
muestra que la economía española creció un 16,7 % entre julio y septiembre, que es el mayor aumento de la serie histórica. El crecimiento interanual se sitúa así en el 8,7 %, recuperándose gran parte de la actividad perdida en el primero y, sobre
todo, en el segundo trimestre. De los datos de la contabilidad nacional, cabe destacar la recuperación del consumo de los hogares y de la inversión, que reflejan el dinamismo en nuestro sector empresarial a pesar de la incertidumbre.


Para valorar el alcance de estos datos hay que tener en cuenta, en primer lugar, que han sorprendido positivamente a la mayoría de analistas, es decir, la recuperación ha sido más intensa de lo esperado. Esta recuperación se ha producido en
una coyuntura poco favorable, todavía con rebrotes relevantes y con restricciones a la movilidad, que han lastrado las entradas de turistas extranjeros. Los datos del tercer trimestre lo que ponen de manifiesto es, una vez más, que salud y economía
van de la mano y que, en la medida en que se logra acotar y controlar rebrotes y que se articula una respuesta firme y decidida a los mismos, el impacto sobre la actividad es limitado.


Además de la evolución reciente, para la elaboración del cuadro macro se han considerado un conjunto de hipótesis basadas en las previsiones más recientes del Banco Central Europeo y en estimaciones propias del Ministerio de Asuntos
Económicos y Transformación Digital, que paso a resumir.

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Para el contexto internacional, que se caracteriza por la persistencia de la incertidumbre derivada de la evolución de la pandemia, tomando los datos del Banco Central Europeo, se prevé en el cuadro macro una contracción del PIB mundial,
excluida la zona euro, del menos 3,7 % en 2020 y una intensa recuperación del 6,2 % en 2021. En la zona euro se prevé una contracción más intensa, hasta el 8 % de caída en 2020 y una recuperación en 2021 con un crecimiento del 5 %. Respecto al
crecimiento de los mercados de exportación las proyecciones apuntan a una caída del 13,1 % en 2020 y a una intensa recuperación del 7,2 % en 2021. En relación con la evolución del tipo de cambio se toman como hipótesis la estimación de 1,2
dólares/euro prevista por el Banco Central Europeo, y dada la evolución reciente del mercado de materias primas, se prevé que el precio medio del barril de petróleo se mantenga por debajo de los 50 dólares, en línea con la evolución de los precios
de futuros del Brent. Por lo que se refiere a los tipos de interés se espera que los tipos a corto plazo se mantengan relativamente estables y en terreno negativo en 2020 y 2021 en el contexto de una orientación expansiva de la política monetaria,
mientras que la rentabilidad de la deuda pública española a diez años se espera que se mantenga en el 0,4 % en 2020-2021.


En definitiva, el entorno macroeconómico se caracteriza por una recuperación global en 2021 y unas condiciones financieras favorables apoyadas por políticas monetarias expansivas no convencionales, que junto con las políticas fiscales
mantendrán una orientación contracíclica. No se esperan grandes tensiones, como decía, en el mercado del petróleo ni en los mercados cambiarios. Lógicamente, más allá de las habituales hipótesis sobre el entorno macroeconómico, el condicionante
adicional en las previsiones es la evolución de la pandemia y la capacidad de controlarla mediante el seguimiento de los casos. Como he señalado, existe una gran incertidumbre sobre el escenario.


A partir de la evolución macroeconómica reciente y de las hipótesis presentadas, el escenario macroeconómico que acompaña al presupuesto proyecta una caída del PIB del 11,2 % en 2020; para el año 2021 prevemos un crecimiento inercial en
ausencia de medidas de política económica del 7,2 %, en línea con el consenso de los principales organismos y analistas. A partir de este escenario inercial, se ha considerado la contribución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia,
que analizaré más adelante, con una inversión prevista para 2021 de 27 000 millones de euros. La traslación del impacto del plan al cuadro macroeconómico se canaliza esencialmente a través del mayor dinamismo en la inversión y, como resultado,
estimamos que el crecimiento podría alcanzar el 9,8 % en 2021. La recuperación en 2021 se sustenta en la intensa reactivación de la demanda nacional, a la vez que el sector exterior también registraría una aportación positiva al crecimiento, aunque
más moderada.


Permítanme analizar con más detalle el patrón del crecimiento para 2021 sobre el que se sustentan los Presupuestos Generales del Estado. La aportación de la demanda nacional al crecimiento en 2021, el escenario inercial, se sitúa en 9,3
puntos porcentuales, impulsada por la expansión de todos sus componentes: el consumo privado, que crecerá un 8,3 % gracias al aumento de la renta disponible de los hogares, derivada de la revitalización del empleo; en el mismo sentido, la
liberación del ahorro forzoso acumulado en 2020 tendrá un efecto positivo sobre las decisiones de consumo; la inversión privada en el escenario inercial crece un 7,2 % en 2021. No obstante, el impulso a la inversión a través del plan de
recuperación se traduciría en un aumento más intenso, que podría alcanzar el 15 %, especialmente concentrado en la inversión en bienes de equipo. Finalmente, el crecimiento, el consumo público, se moderará en 2021 con un crecimiento del 0,5 % en el
escenario inercial, una vez superado el gasto extraordinario en material sanitario, la contratación de personal y servicios para hacer frente al COVID-19 en 2020. El efecto arrastre del plan de recuperación puede generar una expansión adicional del
consumo público. En cuanto al sector exterior, en el escenario inercial se prevé una aportación positiva al crecimiento del 1,1 % en puntos porcentuales. Como he analizado, se espera en 2021 una recuperación de la economía mundial y en particular
de nuestros mercados de exportación, por lo que las exportaciones aumentarán un 11,7 %. En cuanto a las importaciones, la recuperación de la demanda interna, en especial del consumo y la inversión, hace que se incrementen un 8,6 % en el escenario
inercial y, como resultado, la economía española mantendrá una capacidad de financiación frente al resto del mundo del 2,2 % del PIB en 2021. Cabe señalar que en la medida en que se materialicen todos los efectos positivos de plan de recuperación,
el mayor dinamismo de la inversión podría dar lugar a un mayor crecimiento de las importaciones y a una menor aportación, lógicamente, del sector exterior. En cuanto al mercado de trabajo, la tasa de paro se situará en el 16,9 % en el escenario
inercial. Podría reducirse hasta el 16,1 % gracias a los efectos del plan de recuperación. Es necesario señalar que las medidas de ajuste que he venido explicando, como los ERTE, hacen que la tasa de paro responda con menos intensidad a la
recuperación de la actividad de como lo ha hecho históricamente.

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Finalmente, querría hacer una referencia a la orientación de la política fiscal y la financiación del déficit público. Como saben, para 2021 se prevé una necesidad de financiación de las administraciones públicas que se sitúa en el 7,7 %
del PIB, inferior al 11,3 % previsto para 2020. En la coyuntura actual, todos los organismos y expertos nacionales e internacionales recomiendan, como saben, articular políticas fiscales contracíclicas, que contribuyan a impulsar la actividad y a
consolidar la recuperación, especialmente en el contexto de incertidumbre, pero a medio plazo quiero remarcar el compromiso con la estrategia de consolidación fiscal de nuestro Gobierno para asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas y un
crecimiento equilibrado. La necesidad de financiación del sector público en 2020 ha tenido, lógicamente, un impacto en la deuda pública. Como en todos los países de nuestro entorno, las medidas adoptadas desde marzo tienen un alto coste en
términos de déficit y deuda. El Tesoro Público revisó en mayo de 2020 su programa anual para hacer frente a las necesidades adicionales de financiación. Las buenas condiciones de financiación y la eficaz gestión del Tesoro han permitido reducir el
volumen de financiación requerido este año en 15 000 millones. En 2021 las necesidades de financiación del déficit y las amortizaciones de deuda en circulación harán que el volumen de emisiones se sitúe en 299 138 millones de euros. No obstante,
nuestra previsión es que la ratio deuda sobre PIB se reduzca en 2021 respecto a 2020, pasando del 118,8 % del PIB al 117,9 %.


Permítanme terminar esta parte de mi intervención resaltando que las previsiones macroeconómicas presentadas por el Gobierno para 2020 y 2021 se han elaborado, por tanto, con un criterio prudente y ajustado a la información disponible en
cada momento, pero es esencial remarcar, como hemos señalado, la incertidumbre sobre la situación sanitaria, que hace necesario un seguimiento continuo de la coyuntura. En todo caso, considero especialmente relevante señalar que, para culminar la
recuperación plena de nuestra economía, es preciso movilizar un gran volumen de inversión y poner en marcha de forma decidida las reformas estructurales que permitan reorientar la economía hacia un crecimiento más sostenible e inclusivo.


El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia aborda estos objetivos con un ambicioso programa de inversiones y reformas. En cuanto al programa de inversiones, el plan canaliza los nuevos instrumentos de financiación aprobados por
el Consejo Europeo en julio y, en particular, el fondo Next Generation EU para apoyar la recuperación económica, prevé la movilización de inversión pública por 140 000 millones en todo el período previsto para el plan, hasta 2026. Con el fin de
impulsar la recuperación y lograr un máximo impacto contracíclico concentra las inversiones en el periodo 2021-2023, movilizando 60 000 millones de euros de transferencias del mecanismo de recuperación y resiliencia europeo, que serán complementadas
con los 12 400 millones del programa React EU para la inversión en los ámbitos de salud y educación. De esta cuantía, como señalé anteriormente, el presupuesto 2021 contempla la ejecución de 27 000 millones de euros para la realización de
inversiones. Nuestras estimaciones apuntan a que este esfuerzo inversor nos permitirá recuperar los niveles de inversión pública máximos del ciclo y cerrar la brecha con los países más inversores de nuestro entorno.


El plan de recuperación tiene como objetivos fundamentales recuperar la actividad económica lo antes posible, a través de una política contracíclica de estímulo a la demanda; impulsar la transformación de nuestra economía y aumentar su
capacidad productiva; mejorar la competitividad en un entorno internacional de transformación, en el que la descarbonización y la digitalización de la economía son aspectos esenciales, y, por supuesto, crear empleo de calidad. Para ello, como
saben, el plan se estructura en cuatro ejes transversales que permean toda la estrategia política económica: la transición ecológica, la digitalización, la igualdad de género y la cohesión social y territorial. Se trata de poner en marcha reformas
e inversiones que den solución a las debilidades estructurales de nuestra economía. Estimamos que en los tres próximos años el plan supondrá un importante impulso a la economía y va a ser un elemento esencial para que recuperemos la senda de
crecimiento que teníamos antes de la pandemia. Nuestra estimación es que aporte entre dos y tres puntos al crecimiento del PIB en cada uno de los tres años de implementación, de 2021 a 2023, y que permita crear un volumen relevante de empleo en los
próximos tres años, estimamos unos 200 000 empleos en 2021 y 300 000 en 2022 y 2023. El objetivo del plan a largo plazo es que constituya un elemento esencial para incrementar nuestro crecimiento potencial a diez años y que las reformas
estructurales e inversiones nos permitan aumentar el crecimiento entre cuatro y cinco décimas y situarlo por encima del 2 %. El impacto macroeconómico del plan, por tanto, es significativo, como recoge el cuadro macroeconómico que acompaña a los
presupuestos.


Respecto al contenido del presupuesto, creo relevante destacar que para 2021 se ha incrementado de forma notable el presupuesto del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital hasta 5122

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millones de euros, como consecuencia fundamentalmente del impulso a la digitalización que se va a acometer, que supone multiplicar por seis la inversión en esta materia. En el ámbito de la Secretaría de Estado de Economía que dirijo, el
presupuesto asciende a 849 millones de euros, es el 16,6 % del presupuesto del conjunto del ministerio; la mitad de este presupuesto prácticamente, 428 millones de euros, se corresponde con las contribuciones de España a las instituciones
financieras multilaterales. Se trata de mantener nuestra presencia, de mantener nuestras contribuciones para consolidar la influencia de España en la gobernanza económica mundial y para encauzar nuestro compromiso con los objetivos de desarrollo
sostenible de la Agenda 2030 con la lucha contra el cambio climático y contra los efectos del COVID-19, incluyendo el fortalecimiento de los sistemas sanitarios de los países más pobres. El crecimiento del gasto se mantiene estable en la mayoría de
las partidas, a excepción del capítulo de trasferencias corrientes, en las que ha habido un incremento de 33 millones de euros para hacer frente al calendario acordado en junio de 2018 para contribuir a aliviar la carga de la deuda de Grecia.


Por lo que respecta a los cinco organismos vinculados a la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, dentro del presupuesto de la secretaría solo figuran el Instituto Nacional de Estadística y la Comisión Nacional de los
Mercados y Competencia, y en ambos casos los fondos presupuestados en 2021 mantienen el mismo nivel del año anterior. No se ha registrado ningún gasto imprevisto y no se prevé ninguno extraordinario para el nuevo ejercicio. Por tanto, más allá del
refuerzo del compromiso de España con la Unión Europea, no existen cambios significativos en el presupuesto de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa.


Este sería, señorías, el resumen de lo más relevante en el ámbito del presupuesto de mi secretaría de Estado y del análisis del cuadro macroeconómico que acompaña al proyecto de presupuestos, que permitirá impulsar el crecimiento económico y
la creación de empleo y canalizar los nuevos fondos europeos.


Quedo a su disposición para contestar las preguntas que consideren oportunas.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias por su intervención.


Damos paso a las intervenciones de los portavoces de los distintos grupos parlamentarios. En primer lugar, tiene la palabra, por Ciudadanos, la señora Muñoz Vidal.


La señora MUÑOZ VIDAL: Gracias, presidenta.


Buenas tardes, secretaria, bienvenida. Es un placer tenerla aquí con nosotros.


Vuelvo a repetir el inicio de mi intervención, como he dicho a cada uno de los comparecientes que han venido por esta sala hoy, pese a que a algunos portavoces compañeros de otros partidos les incomode que yo utilice la palabra optimismo.
Me sorprende que las autoridades del Gobierno que han pasado por aquí hoy pequen de excesivo optimismo, y no compartimos su diagnóstico de la situación ni ese optimismo que reflejan las cuentas.


Ha empezado usted su comparecencia diciendo que el cuadro macro de estos presupuestos contaba con el refrendo o el aval de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, lo han repetido varios comparecientes y varios portavoces, y
quería señalar que hablan ustedes de ese aval de la AIReF solo para lo que les gusta, porque la presidencia de la AIReF es cierto que avaló las cuentas macro presentadas en el mes de octubre, pero a su vez no he escuchado a nadie decir lo que
también dijo, que fueron en concreto dos cosas, hizo dos salvedades importantes a ese aval de las cuentas macro presentadas en octubre. La AIReF habló de que lamentaba que el Gobierno no hubiera presentado un plan de reequilibrio a medio plazo de
las cuentas, que estaba muy bien suspender las reglas fiscales, pero que a su vez tenía que acompañar esa suspensión, estas cuentas o este cuadro macro de un plan creíble de recuperación del equilibrio de las cuentas públicas, de la senda de déficit
y de la contención de la deuda. Además, la presidenta de la AIReF alertó de los elevados riesgos de las previsiones económicas del propio Gobierno, y también habló, señor Guijarro, de excesivo optimismo en esas cuentas macro y solicitó que no se
trasladara ese optimismo del Gobierno de esas previsiones macroeconómicas a los presupuestos. Partiendo de esta base de que esas cuentas cuentan con el aval de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, contémoslo todo.


Como decía también esta mañana, son unas cuentas que a nosotros nos parecen excesivamente optimistas, que no nos gustan, que no serían las que hubiéramos elaborado ni presentado en este Congreso, pero Ciudadanos es un partido útil, es un
partido de Estado y vamos a estar aquí tratando de mejorar estas cuentas, porque creemos que es vital reconstruir nuestro país sobre unos cimientos sólidos

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que consideren a todos y que no criminalicen a nadie. Queremos que estos presupuestos, a pesar de no ser nuestros, tengan en cuenta a las familias, facilitándoles la conciliación y no condenando a la inactividad a aquellos cuyos niños o
personas dependientes tienen problemas para hacer cuarentena. A pesar de que no son nuestros, necesitamos una economía que apoye a la empresa, pero no solo con subvenciones y prestaciones, sino con un ecosistema empresarial dinámico, una regulación
habilitante que les permita hacer negocios, con la extensión de los plazos de carencia y amortización de préstamos avalados, con la regulación de la segunda oportunidad, que sea de verdad una segunda oportunidad y suponga poder restituir la
solvencia de las empresas y las personas físicas y un mercado laboral que no condene de forma irremediable a los colectivos más vulnerables a la precariedad. Estas son reformas que podríamos poner en marcha desde esta Cámara y que, si contáramos
con el apoyo del Gobierno, sentarían de verdad las bases de una sociedad más justa y eficiente para que cada vez menos ciudadanos dependan de la prestación del sector público. Nosotros no queremos que las prestaciones del sector público se
eliminen, como muchos quieren hacer creer, sino que queremos que no sean necesarias porque estas familias tengan un trabajo digno, con un salario que les permita desarrollar sus proyectos de vida con plenitud. La verdad es que la crisis del
coronavirus ha dejado al aire nuestras vulnerabilidades y ha arrastrado a millones de españoles a depender del sector público y nos preocupa no que haya ciudadanos que dependan del Estado, sino que haya ciudadanos que lo hagan porque nuestro país no
les ofrece oportunidades.


Quería dejarlo aquí. Veo que se me pone la luz en rojo. Le voy a preguntar solo si van a modificar ustedes la ley de segunda oportunidad para asimilar el pasivo público al de las entidades mercantiles en los concursos de acreedores, si van
a realizar algún cambio legislativo en la Ley de Unidad de Mercado para limitar la proliferación de regulación intranacional y si vamos a poder llevar a cabo una auditoría en profundidad de la normativa empresarial para detectar barreras e
impedimentos a la actividad empresarial.


Gracias, presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


Ahora tiene la palabra por el Grupo Plural el señor Bel.


El señor BEL ACCENSI: Muchísimas gracias, presidenta.


Muchísimas gracias, señora Ana de la Cueva por su comparecencia y su explicación.


En todo caso, respecto al cuadro macroeconómico, he hecho unas reflexiones esta mañana y entiendo que es un cuadro macroeconómico que se efectúa durante el mes de agosto o de septiembre con unas previsiones y que el grado de incertidumbre es
muy elevado. Seguro que este grado de incertidumbre no es el mismo que el que había hace dos meses y el que hay hoy estrictamente es por la evolución de la pandemia, ya no hablo en el conjunto del Estado español, sino en el conjunto de la Unión
Europea como mínimo. Esta mañana el gobernador del Banco de España nos decía que él entendía que en el contexto actual estaba más próximo a las previsiones que establecía el Banco de España en el escenario dos que en el escenario uno, dada la
evolución de la pandemia.


Aprobamos la semana pasada un nuevo estado de alarma con unas restricciones que tienen un impacto en la economía clarísimo y, por tanto, yo le decía que seguramente no es de los mejores aspectos que tiene el presupuesto en el cuadro
macroeconómico, dado el grado de incertidumbre. Me gustaría que pudiéramos profundizar en un tema que nosotros ya veíamos con preocupación y que el gobernador del Banco de España ha puesto encima de la mesa de forma muy clara esta mañana y es
respecto a la simulación del impacto del Plan nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia, un impacto que ustedes estiman en el cuadro macroeconómico de 2,6 puntos del PIB y eso hace que hagan una estimación de más del 9 % del crecimiento
para este ejercicio de 2021 y que nos genera dos dudas. Una, es la capacidad de absorción de los fondos, si se podrán ejecutar estos 27 000 millones en su integridad o si, de acuerdo con la ejecución histórica que han tenido los fondos europeos en
el Estado español, esta cantidad va a ser mucho menor. Y a su vez, el multiplicador, que va a depender del tipo de gasto o de inversión que se efectúe y que ustedes sitúan en la parte más alta, en el 1,2 %, y que el Banco de España podría cifrar en
el entorno del 0,8 %. En todo caso, la combinación de una no absorción plena y de un multiplicador mucho más reducido, efectivamente, hará que estas previsiones del 2,6 % de impacto en el PIB no lleguen ni al 50 % e incluso cantidades mucho más
reducidas. Nos gustaría que nos lo aclarase. En primer lugar, ¿en qué basan este multiplicador del 1,2 %? Y en segundo lugar, ¿realmente confían en esta absorción de los fondos al cien por cien en 2021?

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Antes de terminar, nos gustaría que nos dijese algo sobre los préstamos con los avales ICO. No es materia estrictamente de esta comparecencia, pero es un tema que preocupa a nuestro grupo. La evolución de la pandemia no ha sido lo
favorable que debía ser y esto tiene unas consecuencias y un impacto en las empresas. Hay muchas empresas que acudieron a estos préstamos que ven cómo el periodo de carencia está prácticamente -faltan todavía unos meses- a punto de finalizar y que
la recuperación económica en algunos sectores, por no decir en todos, no llega. Incluso a algunos se les ha acentuado. Nos gustaría escuchar, aunque no sea con una certidumbre del cien por cien, que el Gobierno español está trabajando para ampliar
este periodo de carencia y a su vez el plazo de estos préstamos al menos un año, tanto los plazos de los préstamos como el periodo de carencia.


Muchísimas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


Por el Grupo Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra el señor Guijarro.


El señor GUIJARRO GARCÍA: Muchas gracias, presidenta.


Buenas tardes, señora Ana de la Cueva. Es un gusto tenerla en esta Comisión de Presupuestos para la aprobación de este trámite.


En primer lugar, querría destacar la labor encomiable que se ha hecho desde el ministerio para tratar de cuadrar unos números muy complicados. En este sentido, quiero destacar que el desafío que tienen los funcionarios públicos del
ministerio durante estas semanas es inmenso. No sé si a lo largo de su historia laboral se van a encontrar con semejante desafío, con semejante reto, pero en todo caso insisto en que la labor que han venido realizando las distintas secretarías de
Estado ha sido encomiable, precisamente para tratar de adaptarse a una situación muy complicada y para tratar, efectivamente, de encajar unos números en una coyuntura que discutíamos antes en esta Comisión, señora De la Cueva, que es imprevisible,
puesto que -en esto podemos estar de acuerdo- ahora mismo nadie tiene una bola de cristal para saber dónde vamos a estar dentro de seis meses.


En cualquier caso, el esfuerzo que se ha hecho para proyectar cifras no solo es necesario para poder aprobar este presupuesto, sino que se ha hecho con una mezcla de prudencia a la vez que no se cae en una desesperación absoluta, que
seguramente tampoco ayudaría mucho a los agentes económicos a reactivarse. Es decir, si el Estado no es capaz de proyectar una cierta confianza en esos actores, muy mal dados vamos. En este sentido, quiero agradecer el trabajo que se ha hecho para
trasladar, como digo, unos escenarios realistas aunque complicados. Digo todo esto porque es verdad que nos estamos jugando mucho en estas próximas semanas y que el debate que estamos teniendo ahora no es un debate de presupuestos. Hemos insistido
mucho en que ahora mismo este es un debate casi 'epocal', como decíamos en alguna ocasión, precisamente porque está en juego un cambio de matriz productiva que es lo único, a mi modo de ver, que va a hacer sustentable el Estado del bienestar de las
próximas décadas. Sencillamente, con el modelo que tenemos actualmente no da y, si realmente queremos un Estado del bienestar -o, al menos, un Estado social, como establece la Constitución española-, la transformación productiva es imperiosa. Creo
que eso la mayoría de los grupos parlamentarios de esta Cámara lo tenemos claro.


Quiero también destacar la dificultad del momento, puesto que creo que hay que reprochar a determinados grupos de la oposición que no hayan sido capaces de entender el desafío patriótico que esto supone, el desafío de país que esto supone.
¿Por qué digo esto? Porque me da la sensación de que hay cierto diletantismo en algunos grupos parlamentarios de la derecha, y quiero señalar específicamente al Grupo Parlamentario Popular y a VOX. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que,
mientras en el escenario nos estamos jugando el futuro del país, hay unas personas que se han ido a la última fila del teatro a comer palomitas y a observar lo que ocurre en el escenario, un escenario dramático donde nos lo estamos jugando todo.
Eso es diletantismo, esa es una actitud diletante, pensar que la situación crítica que vive el país no les interpela, pensar que se pueden echar ahí detrás en la última fila a hacer como si aquello fuera un espectáculo y a hacer bueno ese viejo
dicho cambiado de sentido de 'cuanto peor, mejor'; en este caso, cuanto peor, más divertido, más nos reímos todos. Digo esto también, señora Muñoz, para darle una de cal, ya que le he dado una de arena antes. Pese a que yo no estoy de acuerdo con
muchas -por no decir la mayoría- de las propuestas que hace su grupo parlamentario, al menos sí le tengo que reconocer que Ciudadanos no ha hecho esto, no se ha retirado a observar y a comer palomitas, como decía antes, mientras el país afronta un
debate tan fuerte. En ese sentido, quiero pensar

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que todavía hay grupos de la derecha en este país que están dispuestos a salir del monte, volver a la ciudadela y empezar a pensar en el bienestar de todos y no en el futuro a medio y largo plazo.


Ahora, dicho esto, querría también hacerle unos cuantos comentarios para saber su opinión, comentarios que extraigo después de la comparecencia del gobernador del Banco de España esta mañana. Ha destacado tres elementos que, según él,
explican la debilidad de la economía española y también el especial impacto que esta pandemia ha tenido en la misma. Él hablaba de una tasa de temporalidad muy alta, de una estructura productiva no diversificada y de un tamaño empresarial
relativamente pequeño en comparación con Europa. Sobre la tasa de temporalidad, entiendo que esta es una cuestión del mercado de trabajo y que ahora mismo es motivo de proyectos de cambio y de debate en el propio Gobierno. En el tema de la
estructura productiva no me voy a detener, porque ya estoy cansado de decir que esa diversificación estructural es absolutamente necesaria y que, en la medida en que sigamos dependiendo de un monocultivo centrado en el turismo y en el ladrillo, será
difícil no ser sensible o no estar debilitado por esa estructura. Querría centrarme, si puede ser, en la cuestión del tamaño empresarial, algo sobre lo que me resulta interesante escuchar su opinión, puesto que el gobernador decía que es ese escaso
o relativamente pequeño tamaño de las empresas el que hace que las mismas tengan una dificultad enorme para acceder a financiación y que su músculo de resistencia ante crisis como la actual sea mínimo, con lo cual al menor soplido salen volando. Yo
he creído deducir de las palabras del gobernador -ya sabe que es un hombre muy prudente- que él interpretaba que había ciertos problemas en la propia legislación española para promover un aumento del tamaño empresarial, de tal forma que pudieran
acceder a mayores niveles de financiación y tuvieran un músculo mayor. Sencillamente quería preguntarle su opinión sobre este tema y si el ministerio o la secretaría de Estado que usted dirige tiene identificado este problema y si como tal lo está
atendiendo de algún modo.


Por lo demás, gracias por sus respuestas.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


Ahora, por el Grupo VOX, tiene la palabra el señor Manso.


El señor MANSO OLIVAR: Muchas gracias, presidenta.


Buenas tardes, señora secretaria de Estado, encantado de recibirla.


Nos han acusado de diletantismo. Claro, en principio iba a interrogarla a usted, pero ya ve que me tengo que defender. Vamos a ver, yo quisiera saber qué ha hecho el Gobierno, por ejemplo, que se queja del tamaño de las empresas, de la
temporalidad y de eso que llaman ustedes el monocultivo del turismo, que no es un monocultivo, es un sector muy importante en España y punto. ¿Qué ha hecho el Gobierno antes de marzo para que esto no fuera así? Porque estas condiciones ya estaban.
Es decir, a lo mejor el que es diletante es el Gobierno y la coalición que lo apoya. Nosotros hemos tenido muchísimas iniciativas, y me ha llamado la atención que alguna de ellas la haya sacado el señor Bel. Esta la pedimos a medias con el Partido
Popular y creo que lo apoyó Ciudadanos, pero no recuerdo si el señor Bel la apoyó, me imagino que sí. Me dice el señor Bel que no, entonces no sé a qué viene quejarse, porque nosotros presentamos una PNL en ese sentido, para que se alargara el
plazo de carencia de los préstamos y se alargara el plazo de las operaciones. Claro, señor Bel, ahora entiendo mucho menos todavía su queja. Yo ya sé que para usted es muy difícil vender que vota con la derecha, pues ya está, esas son las cosas
que llevan al país adonde está.


Yo no voy a meterme mucho con el cuadro macroeconómico, realmente estoy aburridísimo del cuadro macroeconómico, y le voy a explicar por qué; llevamos toda la mañana dándole vueltas, desde las nueve de la mañana que ha llegado el gobernador
y lo ha puesto en solfa. Entonces, no tiene sentido. Usted ya conoce las limitaciones que le pone el gobernador del Banco de España a su cuadro y yo las comparto. Creo que ustedes tienen una mínima excusa y yo le supongo siempre la buena fe.
Como ya hemos dicho muchas veces, nosotros no nos alegramos de que las cosas vayan mal, todo lo contrario, lo que pasa es que creemos que a España le está yendo muy mal con este Gobierno, que es muy distinto. Repito, nosotros no nos alegramos de
que las cosas vayan mal, y sí creo la excusa que les ha brindado el señor Guijarro de que, claro, ustedes han hecho esto en agosto y de agosto a aquí han cambiado mucho las cosas.


Al final me voy a centrar un poquito en el presupuesto de su secretaría de Estado, pero solamente porque me sirve de ejemplo. Su Secretaría de Estado se llama de Economía y Apoyo a la Empresa y tiene un presupuesto de 372 millones. ¿Y qué
se encuentra uno cuando empieza a revisar? Como digo yo, que es una secretaría de Estado carcasa, casi como el ministerio, es decir, tiene muy poco gasto propio y al

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final es una estructura, parece un holding donde entran ingresos y salen transferencias. En concreto, en su caso le salen 218 millones para la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y el Instituto Nacional de Estadística, y
luego le salen 148 millones básicamente para Grecia, es decir, al final usted se queda con un presupuesto de 6 millones. Y uno piensa: una secretaría de Estado de Apoyo a la Empresa que tiene al final 372 millones de presupuesto y se le quedan en
6, porque todo lo que entra, sale. Como les he explicado, dos organismos autónomos y las transferencias para sostener a Grecia, que no está mal que le recordemos al señor Guijarro que todos los años ponemos 142 millones para sostener las políticas
de Varoufakis. La única ayuda que se pueda decir es una subvención de 200 000 euros para becas Fulbright, eso es todo. Nosotros esperábamos un poquito más. Pero más que ayudas lo que le pediríamos es un cambio regulatorio. Estoy totalmente de
acuerdo con lo que ha comentado la señora Muñoz, porque nosotros hemos sido muy proactivos en ese sentido: ley de unidad de mercado y modificar la regulación de segunda oportunidad y, sobre todo, la regulación concursal, que además -y esto a lo
mejor sobrepasa a su cometido, no a su conocimiento, por supuesto- sería muy interesante que retocaran la Ley Concursal o la pensaran para que sirviera dentro de los mecanismos de resolución bancaria, porque ahora mismo, como usted sabe, ahí tenemos
un problema.


Esta sería mi intervención. Espero su turno de respuestas y le agradezco la calidad en su exposición y el trabajo de sus funcionarios.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


Ahora, por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Castellón.


El señor CASTELLÓN RUBIO: Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, secretaria.


Hace casi dos años venía usted a esta misma Comisión a dar cuenta del cuadro macro que acompañaba a los presupuestos fallidos de 2019 y hablábamos entonces del crecimiento en Europa. Se pintaba una disminución contenida de los niveles de
deuda, un tibio compromiso con la reducción del déficit, pero entonces ya le advertíamos de que el hecho de no acometer reformas y vivir de las rentas era poco favorable para afrontar futuras recesiones como la que ya está aquí. Ha hecho usted hoy
una exposición excesivamente optimista, desde mi punto de vista, sobre todo en lo que se refiere a este trimestre. Me extraña, porque usted es una persona muy rigurosa. Lo cierto es que hoy España es líder en Europa, pero esta vez lo hace por ser
el país con mayor caída de nuestra economía, 150 000 millones de pérdida de riqueza nacional, o ser el país que más preocupa a nuestros socios por contar con una deuda desbocada, según el Banco de España, que se puede aumentar en 350 000 millones en
los próximos dos años, y por ser el país de los cuatro millones de españoles en paro. Vivimos, sin duda, la peor crisis económica de nuestra historia moderna, una situación excepcional que requería -que requería- la adopción de medidas
excepcionales y, cómo no, también de un presupuesto de carácter excepcional. En sus previsiones macro pronostican ustedes para 2021 un crecimiento inercial del 7,2 %, que el Banco de España esta mañana ha pulverizado y lo ha dejado casi a la mitad,
en un 4. Si la caída del PIB de este año se acerca al 12 %, lo que están ustedes reconociendo es que esta crisis va a ser más más profunda y más duradera de lo que siempre han contado a los españoles. Prevén ustedes un déficit del 7,7, un agujero
fiscal, para entendernos, de 100 000 millones de euros al año, que por su magnitud debería de haber orientado la política fiscal que ustedes plantean en estos presupuestos para intentar no alejarnos de la senda que marca el Pacto de Estabilidad, ya
que aunque la cláusula de salvaguarda ahora mismo está en suspenso, todos sabemos que algún día volverá y, sobre todo, hago esta aseveración después de escuchar al gobernador del Banco de España esta mañana, que nos ha alertado de los riesgos de
desviación en la previsión del déficit como consecuencia de la evolución negativa del cuadro macroeconómico. Por último, estiman una tasa de paro del 16,9 %. Todas estas previsiones son las más optimistas de cuantas tenemos del Banco de España, el
Fondo Monetario Internacional, de la OCDE, etcétera. Por ello, no dejan de ser una losa.


El pasado martes 27 ustedes aprobaron el proyecto de presupuestos basado en estas expectativas macro. Sin embargo, tres días después trajeron a la Cámara una prórroga del estado de alarma hasta el mes de mayo. Quería preguntarle si
contemplan el cuadro macroeconómico y el Presupuesto General del Estado las consecuencias económicas de ese estado de alarma y, teniendo en cuenta la segunda ola del COVID, ¿contemplan estas previsiones macroeconómicas otro escenario de
endurecimiento de las condiciones actuales de movilidad y ejercicio de la actividad económica? Lo pregunto porque todo parece indicar que tras las medidas que se están adoptando para evitar la propagación del virus, la realidad va a

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ser bastante peor de la previsiones tan optimistas que usted ha relatado, o quizá está ya obsoleto el cuadro macro porque ustedes lo han redactado en agosto. Yo creo que no, porque ustedes lo que han hecho ha sido elaborar unos presupuestos
al margen del escenario de incertidumbre y de evolución de la pandemia y con su consecuente traslación a la actividad económica, a pesar de que tenían la advertencia y la recomendación de la AIReF en ese sentido. Permítame que le diga que estos
presupuestos generales no es que sean poco realistas, es que son del todo falsos. Y no han sido ustedes solo poco rigurosos, es que además han rozado la imprudencia. Han elaborado unos presupuestos generales no para recuperar la economía española,
sino para salir del paso y cuyo único beneficiario va a ser el presidente del Gobierno, que quiere forjar sus alianzas con sus socios. En la España de los cuatro millones de parados han presentado ustedes unos presupuestos de gobernación que no
unos presupuestos de recuperación.


Señor Guijarro, no sé si ha llamado usted antipatriota también al gobernador del Banco de España por cantar esta mañana aquí las cuarenta como lo ha hecho, o quizás nosotros debemos dejar de ser antipatriotas apoyando unas cuentas como estas
cuya irresponsabilidad pasan por alto un grave daño estructural a nuestra economía, el que va a sufrir en los próximos años, y no solo eso, sino que además lo agrava y lo perpetúa; si no, ¿cómo vamos a calificar la situación de que finalicemos el
año con una deuda en torno al 120 %? Abro comillas: 'La actual deuda pública está lastrando los recursos financieros y la capacidad redistributiva pública de las futuras generaciones de españoles'. La frase la pronunció usted aquí en 2019, con
una tasa de deuda del 95 %. En el actual escenario, con 25 puntos más de ratio de la deuda, ¿considera usted que están comprometidos los recursos financieros del futuro y la capacidad redistributiva de las futuras generaciones de españoles? ¿Me
podría señalar cuáles son las medidas de este presupuesto para contener el incremento desbocado de la deuda hasta límites perjudiciales? ¿Puede usted descartar que la deuda prevista en el cuadro macro implique que haya que realizar recortes o
ajustes de manera inmediata en los próximos ejercicios del Estado del bienestar para asegurarlo en un futuro? Lógicamente, una crisis como la actual supone mayor gasto coyuntural para afrontar la respuesta sanitaria y económica de la crisis.


Señora secretaria de Estado, exceptuando las partidas que conllevan gasto coyuntural para salir de la crisis, ¿en qué se refleja el compromiso con la disciplina fiscal que usted había resaltado del Gobierno, en el alargamiento quizá de las
partidas para altos cargos común a todos los departamentos, o en las subidas del capítulo 1 del Ministerio de Economía en los gastos de personal? ¿En qué se refleja en el resto de los gastos estructurales del presupuesto? Recuerdo que el déficit
estructural lo ha cifrado el gobernador del Banco de España en un 5 %.


En cuanto a la política de empresa en los últimos ocho meses, cien mil empresas han cerrado; un drama para nuestra economía. Sin embargo, no conocemos ni una sola medida, y le pediría que, por favor, nos relate cuáles son las medidas
concretas de estos presupuestos generales de apoyo a las empresas. Sin duda, no disponemos de margen fiscal y, por lo tanto, ni se contemplan las ayudas directas ni beneficios fiscales; todo lo contrario, más impuestos, y no hay ni siquiera un
plan para mejorar su competitividad, esa de la que tanto se ha hablado aquí esta mañana.


Voy terminando, señora presidenta. Estos presupuestos generales solo deberían ser la radiografía de un plan de contingencia, cuya única misión fuese salvar la economía de millones de familias, de seiscientos mil españoles que desde marzo
están en paro y de esas cien mil empresas que, bajo su competencia, ya han cerrado en estos últimos meses. Era también la oportunidad para que quien ejerce esta Presidencia de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos ejerciera el liderazgo
económico de este Gobierno. Y no era el momento para que, en colaboración de sus socios que han intervenido con anterioridad, un speach doctor asumiera la elaboración de unas cuentas que son la constatación de un gran fracaso.


Gracias, presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


Tiene la palabra, por el Grupo Socialista, el señor Casares.


El señor CASARES HONTAÑÓN: Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias también a la Secretaría de Estado de Hacienda y Economía y Apoyo a la Empresa. Bienvenida a esta casa, al Congreso de los Diputados, en un momento tan importante para
la vida política y económica de este país como es la elaboración de unos nuevos Presupuestos Generales del Estado. Y gracias especialmente a la secretaria de Estado, a la señora Ana de la Cueva, por el rigor en el análisis de la situación y la
solvencia que ha demostrado una vez más el Gobierno de España, y hoy, en esta comparecencia, explicando el cuadro macroeconómico y los Presupuestos Generales del Estado, en especial en su departamento en el

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Ministerio de Economía. Lo hacen, además, en una situación extraordinaria. No nos vamos a cansar nunca de decir cuál es la situación que atraviesa el país, señorías, porque, aunque ustedes no lo digan, la situación que vive España es
extraordinaria y estamos en medio de una pandemia mundial. Conviene recordarlo, porque parece que viven en otro planeta.


Creo que hoy ya nadie duda, señorías, de la bondad de las medidas que puso en marcha el Gobierno de España; esas medidas que han permitido que, en los momentos más duros de la pandemia, 3,4 millones de trabajadores y trabajadoras de este
país estuviesen protegidos por los ERTE; que 1,5 millones de autónomos tuvieran por primera vez una prestación por cese de actividad; que se hayan formalizado operaciones por más de 100 000 millones de euros para avalar a nuestro tejido productivo
y que la liquidez llegase a nuestras empresas; o todas esas medidas de apoyo a las familias, que han permitido que, en un momento tan difícil, pudieran salir adelante, o a esas ayudas a sectores específicos, como el transporte, la automoción o el
turismo.


Pues bien, señorías, la bondad de esas medidas que puso en marcha el Gobierno de España para 2020 hoy pueden tener un reflejo en los Presupuestos Generales del Estado para 2021. Estos presupuestos representan lo mismo para 2021, una red de
protección del Estado hacia nuestras familias, hacia nuestros trabajadores, hacia nuestro tejido productivo y hacia la recuperación económica de este país. Por eso es esencial tener unos nuevos Presupuestos Generales del Estado, ¿o es que alguien
duda, señorías, de que los Presupuestos Generales de 2018 ya no valen para hacer frente a la actual situación? ¿O alguien todavía pone eso en cuestión con la que está cayendo en este país, señorías? Pues de eso estamos hablando. Y claro que hay
incertidumbres en la economía española, en la economía europea y en la economía mundial, y claro que hay riesgos que acechan sobre nuestra economía, sobre nuestras empresas o sobre las medidas que se tomen a lo largo de los próximos meses, ¡claro
que hay riesgos, claro que hay incertidumbres!, pero precisamente por eso es más necesario que nunca tener unos nuevos Presupuestos Generales del Estado, para que desde lo público, desde la política pública, desde la acción política contribuyamos a
reducir esas incertidumbres, a aportar certezas sobre nuestra economía. De eso va también tener unos nuevos Presupuestos Generales del Estado para el año que viene. Y esa es la dirección en la que está trabajando el Gobierno de España, y les diría
una cosa: todo lo demás sobra, todo lo que no vaya en la dirección de aportar a la recuperación económica, aportar a las familias, a los trabajadores, al mantenimiento de la actividad o a la generación de empleo, sobra, señorías.


Ahora, por tanto, lo que toca es reforzar las políticas públicas para evitar que la crisis sanitaria se convierta en una crisis estructural que ponga además en riesgo la recuperación económica de nuestro país. De eso se trata cuando
hablamos de reforzar las políticas públicas que contemplan estos nuevos Presupuestos Generales del Estado. ¿O es que alguien, señorías, se imagina que hagamos frente a esta situación con políticas de recortes o de austeridad, como hicieron algunos
en el pasado? ¿Alguien se imagina que utilizásemos esas recetas en medio de esta pandemia con las consecuencias tan graves en términos sociales, económicos y sanitarios que está teniendo? Pues no, señorías; ni Bruselas se lo imagina. Fíjense que
la Unión Europea, Bruselas, ha decidido poner en suspenso la activación de las cláusulas de salvaguardia para dejar en suspenso los límites de déficit y deuda pública, señorías, porque de eso se trata también en la respuesta que se está dando, y no
solo para 2020, también al menos para 2021, así como el Banco Central Europeo con la política monetaria que está haciendo y, por tanto, en línea con las políticas públicas que el Gobierno de España quiere activar en estos Presupuestos Generales del
Estado.


Por eso, señorías, estos presupuestos son los más sociales de la historia y por eso, señorías, estos presupuestos contemplan un aumento espectacular en la inversión pública. Se aumentan las partidas que van destinadas a mejorar la vida
diaria de la gente, a la educación, a la sanidad pública, a la formación profesional, al empleo, a la dependencia; en definitiva, a combatir con todas las herramientas del Estado la desigualdad. Y, en segundo lugar, partidas para modernizar
nuestra economía, para que lleguen a la recuperación en materia de industria, de transporte, de infraestructuras, de transición ecológica, de ciencia, de I+D+i, de digitalización; en definitiva, unos Presupuestos Generales del Estado que apuestan
por la mejora de la productividad y de la competitividad y de la sostenibilidad de la economía española. En esa línea van también -y termino con esta última idea- las partidas del propio Ministerio de Economía, que contemplan más de 3600 millones
de euros de inversión, un 2000 % de incrementos en inversiones reales o un 2200 % de incrementos en transferencias de capital.


Termino con una reflexión. Estamos estos días tramitando los Presupuestos Generales del Estado y en esta tarea algunos prefieren ponerse de perfil, los que nunca han aportado nada en esta Cámara

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-y, por cierto, nada esperamos de ellos-, pero otros, señorías, pueden contribuir a ayudar a su país, a la nación, a los 47 millones de hombres y mujeres de España, y a eso interpelamos a todos, especialmente a los principales partidos de la
oposición, como el Partido Popular y también a partidos como Ciudadanos, para aprobar estas cuentas públicas. Esa es la tarea que tenemos y esa es la tarea en la que desde luego están el Partido Socialista, los partidos que sustentamos al Gobierno
o el Gobierno de España.


Muchas gracias, señorías. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


Tiene la palabra la secretaria de estado para contestar.


La señora SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMÍA Y APOYO A LA EMPRESA (De la Cueva Fernández): Muchas gracias, presidenta.


Muchas gracias a todos por las intervenciones. Hay cuestiones que se suscitan a lo largo de varias de las intervenciones y, como decía, el tema del cuadro macro que me trae aquí sin duda es una de ellas. Respecto al cuadro macro, yo creo
que lo que vemos en estas semanas es que desde luego es un cuadro que tiene incertidumbres, como dijimos en el momento de presentarlo -como me parece que cualquiera entiende en el contexto actual-, incertidumbres que tienen como principal factor de
riesgo la evolución de la pandemia en España y en los demás países, la evolución del contexto internacional. Pero estas semanas tenemos algunas certidumbres que no teníamos hace algunas semanas cuando vemos cuáles son los datos del tercer
trimestre. Yo creo que los datos del tercer trimestre no suponen un análisis optimista del futuro, suponen una constatación de qué es lo que ha pasado con datos ya hechos -eso sí que no son previsiones, son datos-, y los datos del tercer trimestre
nos dicen una serie de cosas que yo creo que hay que poner de manifiesto.


En primer lugar, los rebrotes, cuando se controlan, tienen un impacto económico más limitado -yo creo que esto es el primer elemento- y, por tanto, todas las medidas que tomemos de marco jurídico, de actuaciones para controlar eficientemente
los rebrotes son relevantes. En segundo lugar, la capacidad de recuperación de la economía española yo creo que nos dice mucho de qué es lo que tenemos en el país, de cómo, en una situación que en el tercer trimestre ha sido también extraordinaria
-con rebrotes, con limitada entrada de turistas-, se ha recuperado la actividad económica. De hecho, los datos del tercer trimestre, como señalaban esta mañana, no los anticipaba casi ningún analista; han sido mejores de los que anticipábamos
todas las instituciones. Las incertidumbres existen al alza y a la baja y los datos lo que nos han dado es una tasa de variación del tercer trimestre mejor de la inicialmente esperada, igual que la del segundo trimestre fue peor de lo que nos
hubiéramos podido esperar. Lo que vemos es que tenemos una capacidad de recuperación, de creación de empleo, y cuando tenemos la situación económica controlada la capacidad de crecimiento del país y de recuperación vuelve a estar ahí, y yo creo que
esto es muy relevante.


Por otra parte, lo que nos dicen también los datos es que las medidas que se han puesto en marcha están funcionando, que el apoyo al tejido productivo ha permitido mantener la actividad de las empresas -que están ahí y han podido recuperar
la actividad del tercer trimestre-, que hemos ido adaptando las medidas a las necesidades en el caso de los ERTE, cómo hemos ido acompasando qué es lo que en cada momento necesitábamos, y es lo que vamos a continuar haciendo. Lo que nos dice
también la experiencia es la importancia de la colaboración público-privada en el diseño de los instrumentos, que yo creo que también es un tema que tenemos que tener en mente y que tenemos que trabajar en el futuro. Cuando vemos el desempeño en
las líneas del ICO, yo creo que uno de los factores elementales de por qué han funcionado tan bien, por qué se han movilizado en tan poco tiempo tantos recursos, es porque hemos conseguido encontrar un mecanismo óptimo en el que el Estado da el aval
y contribuye a movilizar recursos del sector privado que hacen análisis de riesgo, que es lo que saben hacer bien. Esta combinación público-privada ha funcionado, y además de manera yo diría que muy eficiente. Cuando decía el señor diputado que
qué hace la Secretaría de Estado de Economía con tan poco presupuesto, yo le diría que el apoyo a las empresas no tiene que ver necesariamente con cantidades ingentes de presupuesto; tiene que ver con el diseño adecuado de las medidas; tiene que
ver con el diseño cabal de la regulación; tiene que ver con poner de acuerdo a los agentes, con que hayamos hecho todas estas medidas con acuerdo de los agentes sociales, de la CEOE, de los sindicatos, de los grupos políticos; tiene que ver con
haber conseguido acuerdo parlamentario para las medidas; tiene que ver con hacer un diseño de las moratorias hipotecarias y no hipotecarias coherente, acotado, que ayude a los vulnerables pero que no genere un

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problema del sistema financiero; tiene que ver con la revisión de la normativa internacional, como puede ser la concursal, como señalaban, con qué es lo que tenemos que mejorar en la normativa concursal española de la segunda oportunidad.
Y ese es el trabajo de los servidores públicos que están en mi secretaría de Estado, y lo hacen sin presupuesto, con el presupuesto que es el sueldo que pagamos entre todos como contribución a la Administración.


Yo también creo que debemos ser cuidadosos con cuál es el valor añadido que se aporta con distintos instrumentos, porque en este caso el trabajo de mi secretaría de Estado en particular tiene mucho que ver con la coordinación, con el diseño
de políticas, con el avance de la regulación y con trabajar por el interés general, independientemente de las licitaciones o no que estén en mi ámbito.


Lo mismo pasa con el presupuesto que tiene que ver con la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, el INE o los organismos multilaterales. Cuando la posición de España es relevante en los organismos multilaterales, estamos
trabajando por nuestras empresas, por las empresas que tienen negocios más allá, que desarrollan proyectos, que son un ejemplo en Latinoamérica y que ganan proyectos en el BID y en el Banco Mundial. Estamos trabajando por el desarrollo de esos
países, y eso no tiene que ver necesariamente con un presupuesto ejecutado por el ministerio. Cuando el ministerio es el instrumento para la traslación de presupuestos a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia como organismo
independiente es un organismo que funciona, que tiene unas funciones que se han reforzado en los dos últimos años que hacen que operen mejor los mercados y, por tanto, que todos seamos más eficientes. Lógicamente, cuando reforzamos y financiamos el
presupuesto del Estado vía Secretaría de Estado al INE, al Instituto Nacional de Estadística, que hoy cumple, por cierto, setenta y cinco años de historia, estamos contribuyendo a financiar una institución pública que hace estadísticas
independientes que está bien valorada y está desarrollando un trabajo reconocido y que nos permite tomar decisiones, porque también el análisis de estos datos creo que es especialmente relevante ahora. Por tanto, como decía, lo que tenemos es un
contexto macroeconómico con una gran incertidumbre, una necesidad y una decisión de tomar medidas que permitan tener los instrumentos para acotar la extensión de la pandemia, que es esencial para evitar una crisis económica y social mayor. Creo que
este es el entorno actual.


Señalaban también sus señorías las líneas del ICO, un tema en el que estamos trabajando y que, sin duda, es relevante, como han señalado varios grupos. Este es un instrumento que ha funcionado y que necesita un tiempo adicional. Estamos
trabajando con el Banco de España, con la Comisión Europea, con el sector financiero para ver cuáles son las implicaciones y qué margen tenemos, y haremos una propuesta en este sentido, al igual que estamos analizando el resto de medidas que podamos
mantener. Lo que hay ahora es un acuerdo general, porque a corto plazo lo que hay que hacer es mantener el tejido productivo, ser selectivos y dedicar los recursos allí donde hagan falta, porque tenemos que concentrar recursos escasos en los
sectores y en las empresas que verdaderamente lo necesitan. Debemos seguir manteniendo el tejido para poder crecer y creo que hay un acuerdo general en este sentido.


Otra de las cuestiones suscitada por varios grupos tiene que ver con el plan de recuperación, la capacidad de absorción y cómo lo vemos, y, efectivamente, esto es un objeto de análisis. Cuando hemos dicho que se va a hacer un real
decreto-ley para identificar cuellos de botella, problemas de regulación que impiden ejecutar, ineficiencias en la Administración, mejores mecanismos de colaboración con las comunidades autónomas y locales es porque somos conscientes de que debemos
abordarlo, tenemos que mejorarlo y no nos podemos permitir no utilizar estos recursos, porque se trata del futuro del país y en este contexto incierto tenemos varios retos. Hay que dar una solución a corto plazo a los problemas que tenemos y que
presentan las pequeñas empresas y los autónomos, pero también hay que pensar en el futuro, porque solamente si invertimos bien estos recursos vamos a generar más, podremos crecer mejor y podremos pagar la deuda que conllevan todas estas medidas.


Se refería el señor Castellón a la situación de la deuda. Me tranquiliza ser tan coherente, porque digo hoy exactamente lo mismo que dije hace dos años, como parece lógico, y es que, obviamente, la deuda pública hay que reducirla. Lo que
tenemos que ver es cuáles son las situaciones que la generan y cómo avanzamos en el proceso. Además, tenemos una serie de datos que creo que son relevantes, porque en los dos últimos años, 2018 y 2019, la reducción de la deuda pública del Gobierno
socialista fue el doble, dos puntos más que la de los cuatros años anteriores. Entonces, no es que hablemos en general de que queremos avanzar. Cuando se han dado las circunstancias en 2018 y 2019, con un crecimiento inferior al de los cuatro años
anteriores, la reducción de la deuda por parte de nuestro Gobierno ha sido el doble. Por tanto, tenemos un compromiso y además lo hemos aplicado. Creo que esto es importante.

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Lo que tenemos claro los organismos internacionales, la Comisión Europea con la flexibilidad del pacto de estabilidad, es que a corto plazo hay que llevar a cabo una serie de actuaciones, que, sin duda, tienen impacto en deuda y déficit.
Sin embargo, el escenario contrario, no hacerlo, sería un desastre. Es verdad que generan déficit, que generan deuda que hay que financiar, pero la alternativa es dejar caer a las empresas de este país, a los trabajadores, a los autónomos y cuando
queramos reconstruir no tener nada que reconstruir, y creo que eso es lo que no nos podemos permitir. Por tanto, lo importante es qué hemos tenido que hacer a corto plazo, cómo estamos concentrando las medidas, aunque se ha generado deuda y déficit
que hay que financiar. Y para financiar el futuro y para tener la capacidad de pago que señalaba, lo importante es en qué invertimos los recursos del plan de recuperación, cómo seleccionamos los proyectos y cómo hacemos que generen crecimiento
potencial, que crezcamos mejor y tengamos mayor capacidad de generación de ingresos. Como hemos venido señalando, hay que diseñar a medio plazo un plan de consolidación que cuando recuperemos el crecimiento sostenido permita ir reduciendo de nuevo
la deuda, porque, efectivamente, es una cuestión que no podemos dejar en estos niveles, pero a corto plazo tenemos otras decisiones que tomar, que es en las que estamos.


Respecto al plan de recuperación, es relevante poner de manifiesto que el análisis que hace el Ministerio de Asuntos Económicos y Trasformación Digital parte de que tenemos la información completa sobre todos los proyectos que se incluyen en
el plan. Conocemos las inversiones que estamos diseñando y hemos hecho un análisis del diseño de los proyectos y sobre cuál es su impacto. Hemos sido muy cuidadosos seleccionando los proyectos que mayor impacto tienen sobre empleo y crecimiento
potencial porque son transformadores, van acompañados de reformas y tienen que ver con inversiones, como hemos dicho desde el principio, y es así como está enfocado el plan. Por tanto, en la mayoría de los análisis macro no se incluyen las
estimaciones del impacto del Plan de recuperación porque esa información no estaba todavía en desglose, cosa que nosotros sí tenemos, y ello nos ha permitido hacer un análisis riguroso que, lógicamente, acompañará al plan, y es de donde salen esas
estimaciones del impacto en crecimiento ahora y del crecimiento potencial en el futuro.


Comparto absolutamente lo que decía el señor Guijarro sobre que esta es una situación excepcional. Desde luego, en mis treinta años de servicio público no habíamos tenido una situación igual de dedicación en la Administración. Creo que el
COVID ha puesto de manifiesto la vocación de servicio público y todos hemos visto en nuestros departamentos cómo se han volcado los funcionarios para elaborar todas estas normas que han permitido que las empresas tengan acceso los recursos, porque
esto al final hay que redactarlo, hay que regularlo, hay que acordarlo, y este es el trabajo en el que nos hemos empeñado y en el que estamos.


Comparto absolutamente lo que decía acerca del cambio de la matriz productiva, de la transformación del país. Estos recursos son una oportunidad para transformar el país e invertir en las cosas en que hace dos años ya decíamos que teníamos
que invertir. Creo que esto es relevante. No estamos creando nada, estamos construyendo sobre lo que ya habíamos trabajado. Cuando presentamos la agenda del cambio hace un par de años nos preguntábamos acerca de cuáles eran los retos que debíamos
abordar respecto a la transición ecológica, la digitalización, la igualdad de género, la cohesión social y territorial o el reto demográfico. Esos retos no desaparecieron con la pandemia. Es más, se ha puesto de manifiesto que es más urgente que
nunca abordarlos. Por tanto, si se analizan los proyectos que están en el plan, responden a las recomendaciones que nos han hecho las instituciones, como las recomendaciones país de la Unión Europea, y, desde luego, al análisis y al diagnóstico que
teníamos como Gobierno.


Comparto el diagnóstico sobre las especiales características que en España tienen que ver con las deficiencias del mercado de trabajo, el tamaño empresarial o la estructura productiva. Creo que son muchos los factores que influyen respecto
al tamaño empresarial. Algunos tienen que ver con barreras normativas, umbrales, medidas que hay que tomar cuando se crece, y tenemos que analizar la cuestión. Es un tema absolutamente relevante.


No sé si hay alguna cuestión adicional. Yo creo que más o menos he dado respuesta a todo, pero sí creo que es importante insistir en cuáles han sido las medidas que han generado el incremento en la deuda y el déficit, qué impacto han tenido
en las empresas y en el mantenimiento del tejido productivo y cómo tendremos que producir luego el ajuste que yo creo que todos afortunadamente compartimos que habrá que acometer cuando recuperemos una senda de crecimiento. Yo veo que el
diagnóstico es bastante compartido.


Gracias.

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La señora PRESIDENTA: Muchas gracias por sus explicaciones. Cerramos aquí esta comparecencia. (Pausa).


- DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO DE TELECOMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURAS DIGITALES (SÁNCHEZ SÁNCHEZ). A SOLICITUD DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS CIUDADANOS (número de expediente 212/000764); VOX (número de expediente 212/000671); POPULAR
EN EL CONGRESO (número de expediente 212/000541); SOCIALISTA Y CONFEDERAL DE UNIDAS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-GALICIA EN COMÚN (número de expediente 212/000900).


La señora PRESIDENTA: Continuamos con la sexta comparecencia. Damos la bienvenida al secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, don Roberto Sánchez Sánchez, a quien damos ya la palabra.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE TELECOMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURAS DIGITALES (Sánchez Sánchez): Buenas tardes, señora presidenta.


Señorías, es un honor acudir a esta Comisión para informar por primera vez sobre las previsiones presupuestarias de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales para el próximo ejercicio 2021. Como saben, esta
Secretaría de Estado se adscribe al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y, junto con la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia artificial, cuyo titular comparecerá a continuación, aglutina todas las competencias
relevantes para impulsar y coordinar la transformación digital de nuestro país. Por lo que se refiere al ámbito concreto de esta Secretaría, nuestra vocación, objetivos y quehacer diario es garantizar la capacidad, la calidad, la seguridad y la
resiliencia de las redes de telecomunicaciones y su disponibilidad para toda la ciudadanía y todas las empresas en todo el territorio, además de atender al resto de aspectos derivados de la ordenación de las telecomunicaciones, la planificación y
gestión del espectro radioeléctrico y la ordenación de los servicios de comunicación audiovisual, entre otros.


Volviendo a las redes de telecomunicaciones, si la importancia de su extensión era un aspecto conocido y en el que ya estábamos trabajando, la pandemia del COVID-19 ha venido a confirmarnos la necesidad y la urgencia, pues, aunque en España
disponemos de uno de los mayores despliegues de redes de alta capacidad en Europa y probablemente en el mundo, también en el ámbito rural, ha puesto de manifiesto que aquellos que no disponían de acceso a las redes no han podido continuar su vida de
la misma manera que los que sí han podido desenvolverse en el espacio digital, en el espacio online. Sin embargo, la transformación digital no puede generar o agrandar brechas sociales o económicas, y por eso una parte muy importante de los
presupuestos que hoy les presento están dedicados a eliminar las brechas actuales. Los presupuestos de 2021 son unos presupuestos sociales y para la inversión. Su diseño, su ámbito de actuación y sus objetivos vienen determinados por el desarrollo
de la Estrategia España Digital 2025, con una inversión prevista en 2021 de 3750 millones de euros, la mayor parte de la cual será financiada por los nuevos programas comunitarios del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, que es la palanca para
relanzar el crecimiento económico, la reducción de la desigualdad, el aumento de la productividad y el aprovechamiento de las oportunidades que brindan las nuevas tecnologías. En concreto, nuestro presupuesto contribuirá a desarrollar los ejes de
conectividad digital, impulso de la tecnología 5G y España: polo de atracción de inversiones y talento del sector audiovisual. Cada eje se materializará mediante un plan de actuaciones concretas, que están incluidas en la documentación
presupuestaria. Como no podía ser de otro modo, estas acciones conforman la contribución de esta Secretaría de Estado al Plan de


Recuperación, Transformación y Resiliencia, España Puede, presentado por el presidente del Gobierno. En particular, en los próximos tres años se dedicarán a los programas de conectividad y 5G un presupuesto de 3500 millones de euros y al
impulso de España como hub audiovisual otros 200 millones.


Volviendo al proyecto de presupuestos de 2021, que es hoy el objeto de mi comparecencia, el importe total para ejecutar asciende a más de 1160 millones de euros, lo que supone multiplicar por tres nuestro presupuesto del ejercicio actual.
Este presupuesto se dedicará al desarrollo de políticas y actuaciones que la crisis sanitaria ha demostrado de extraordinaria importancia para el bienestar de la ciudadanía y la resiliencia de nuestra economía. Nuestro presupuesto se divide entre
el presupuesto ordinario, recogido en el servicio 12 de nuestro ministerio, con una dotación de 168,75 millones de euros, ya que el grueso de las actuaciones se ha llevado al Fondo de Recuperación, y los programas incluidos en el servicio 50 del

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ministerio, que, como saben, es el instrumento presupuestario habilitado para ejecutar el Fondo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea, para el que presentamos un proyecto de presupuesto de 992,3 millones de euros.


Empezaré presentándoles el presupuesto del servicio 12, el presupuesto que había denominado ordinario, con el que esta Secretaría de Estado desarrolla sus funciones habituales de gestión de las telecomunicaciones y del sector audiovisual.
Estas actividades, como ya señalé anteriormente, abarcan el impulso del despliegue de redes de banda ancha -la parte que no incluimos en el servicio 50-, la gestión y planificación del espectro radioeléctrico, el seguimiento e inspección de las
redes, la atención a los usuarios y consumidores de los servicios de telecomunicaciones y el seguimiento de los servicios audiovisuales, entre otros. Permítanme que cuantifique algunas de las actuaciones que realizamos en la Secretaría de Estado y
así ilustrar cuál es la finalidad del presupuesto de este servicio. Comienzo con la gestión de la convocatoria anual del programa de extensión de banda ancha. Una vez hayan sido ejecutados los proyectos que se adjudican en este año 2020, la
conectividad de muy alta velocidad llegará a otras 653 000 unidades inmobiliarias -hogares y empresas- que antes no disponían de ella. También quiero destacar el proceso del segundo dividendo digital, mediante el cual una parte de las frecuencias
asignadas a la TDT han sido liberadas para su uso por los servicios de 5G. Ha sido un proceso complejo que ha afectado a más de 800 000 edificios y por el que más de 21 millones de personas han tenido que adaptar sus antenas colectivas. El proceso
sufrió un ligero aplazamiento debido al impacto de la crisis sanitaria, pero se ha desarrollado sin incidencias relevantes. Aprovecho esta tribuna para reconocer la labor de todos los que lo han hecho posible, no solo en las distintas
administraciones, sino también en el sector privado. También, para poner algo de dimensión, quisiera enumerar algunas de las otras muchas actuaciones realizadas en los tres primeros trimestres de este año en esta Secretaría de Estado y que
continuarán en el año que viene. Se han aprobado más de 2000 proyectos de infraestructuras comunes de telecomunicaciones y redes de comunicaciones en los edificios, se han realizado más de 16 000 medidas de nivel de exposición de emisiones
radioeléctricas, se han estudiado y evaluado más de 37 000 proyectos de estaciones emisoras de diversos servicios, como telefonía móvil, televisión digital terrestre o FM, se han autorizado y certificado más de 21 000 estaciones emisoras, se han
atendido cerca de 50 000 consultas de usuarios de telecomunicaciones y se han tramitado más de 15 000 reclamaciones. No quisiera finalizar esta breve exposición de las actividades generales que se financian con este servicio sin mencionar a las
jefaturas provinciales de inspección de telecomunicaciones. Estas jefaturas son uno de los medios más importantes con los que cuenta esta Secretaría de Estado para realizar su labor, ya que desplegadas sobre el territorio realizan las actuaciones
de supervisión e inspección de las que somos competentes. Entre otras, su labor es de crucial importancia para acelerar la resolución de las incidencias sobre las redes en el entorno rural, la localización, identificación y eliminación de
interferencias perjudiciales y de emisiones no autorizadas, así como el ejercicio de control de los niveles de exposición a las emisiones radioeléctricas.


Señorías, paso a describir los aspectos cuantitativos del presupuesto más relevantes de este servicio 12. En el capítulo 1, los gastos de personal ascienden a 19 millones de euros. El capítulo 2, de gastos corrientes en bienes y servicios,
se incrementa hasta los 120 000 euros. Este incremento está motivado por la sustitución del modelo de inversión, equipamiento técnico y vehículos de transporte por un modelo de arrendamiento más eficiente en el medio plazo. En lo referente al
capítulo 4, transferencias corrientes, asciende a 2,8 millones, manteniéndose estable. El capítulo 6, de inversiones reales, asciende a 19 millones de euros, aumentando este presupuesto en 6,13 millones respecto del anterior, un incremento que se
ha considerado necesario para hacer frente a la gestión de los programas financiados por los fondos europeos, que se han multiplicado por seis con ocasión del Fondo de Recuperación y Resiliencia. Por su parte, el capítulo 7, de transferencias,
tiene un presupuesto reducido de 7,35 millones de euros, que se complementa con capítulo 8, ya que las acciones para promover el despliegue de redes se ha reubicado casi totalmente en el servicio 50. El presupuesto de este capítulo se destinará a
la convocatoria del programa de extensión de banda ancha complementaria de la convocatoria de 2020 para financiar proyectos en las doce provincias donde no fue posible adjudicar ninguno dado que las solicitudes que se presentaron no cumplían con los
requisitos mínimos exigidos de la convocatoria ordinaria. Finalmente, en el capítulo 8 se han presupuestado 120 millones de euros para acciones de apoyo al despliegue de redes con financiación Feder.


Por lo que se refiere a la parte más cuantiosa del presupuesto, como les decía, se ha ubicado en el servicio 50, y a continuación voy a presentarles las acciones que se prevé realizar, que, sin duda,

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contribuirán a la transformación y reconstrucción del país tras el impacto de la crisis sanitaria. Como saben, la digitalización y la conectividad están en el centro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, suponiendo el 33 %
de la inversión prevista en el mismo. Son tres los grandes bloques de actuación de esta Secretaría de Estado que se han incluido dentro de este servicio, que se nutrirá financieramente de las transferencias correspondientes al Fondo de Recuperación
y Resiliencia, acciones destinadas a extender la conectividad de alta velocidad a todas las personas y empresas, impulsar el despliegue de la tecnología 5G y promover España como polo de atracción de inversiones del sector audiovisual. Todas estas
actuaciones, como decía al principio, están incluidas en la Estrategia España Digital 2025. En conjunto, todo ello supone un presupuesto en 2021 de 10,3 millones para inversiones en el capítulo 6, también 942 millones de euros en transferencias del
capítulo 7 y 40 millones en capítulo 8. A continuación les iré facilitando la cantidad presupuestaria para cada uno de los tres bloques de actuación, pero antes quiero destacar el papel de la colaboración público-privada para multiplicar el impacto
de estos fondos, para lo cual contaremos con el asesoramiento de los consejos consultivos puestos en marcha por el ministerio durante este año. El primer bloque de acciones está incluido en el Plan para la conectividad de las personas, empresas y
territorios que desarrolla el primer eje de la Estrategia España Digital 2025. El plan lo presentaremos próximamente y tiene el objetivo de garantizar en 2025 una conectividad digital adecuada a 100 megabytes por segundos para el cien por cien de
la población, promoviendo la desaparición de la brecha digital entre zonas rurales y urbanas. Quiero subrayar que es un objetivo ambicioso pero realizable porque, como ya he mencionado, partimos de ser el tercer país de la Unión Europea con mayor
cobertura poblacional de fibra óptica, con un 80,4 % según los últimos datos del DESI de 2019, solo superados por países con mucha menor superficie y población como son Letonia e Islandia. Además, estamos situados en el quinto puesto en cobertura
rural de fibra óptica, con un 46,4 %, muy por delante no solo de la media europea, sino también de países como Alemania, Francia, Italia y Reino Unido. El plan contiene actuaciones en dos grandes áreas: conectividad para todos, con medidas para
asegurar ese cien por cien de cobertura de 100 megabytes por segundo, y conectividad para transformar la economía, con medidas para impulsar la competitividad de las empresas, especialmente de las pymes, mediante su transformación digital, pero
también del conjunto de sectores tractores relevantes de nuestra economía: el agroalimentario, salud, movilidad, turismo y comercio. Pues bien, dentro del plan para la conectividad vamos a dar un redoblado impulso en 2021 y en los años siguientes
para completar la conectividad de alta velocidad para todos, eliminando las brechas territoriales y personales. Pero además de la cobertura territorial, como decía antes, promoveremos el desarrollo económico y la productividad. Para ello el plan
contempla la extensión de la conectividad a polígonos industriales y otras islas tecnológicas, acompañando las actuaciones de los proyectos tractores de digitalización sectorial. Asimismo, apoyaremos el fomento de la demanda mediante bonos de
conectividad para las pymes. Concluyendo con las acciones que desarrollaremos dentro del plan para la conectividad, impulsaremos el desarrollo y la participación de España en los proyectos europeos de interés común de carácter disruptivo en el
ámbito de las comunicaciones satelitales seguras y las infraestructuras digitales para servicios en la nube, necesarios para cimentar la soberanía digital europea. En el año 2021 este plan para la conectividad contará con una financiación de 583
millones de euros. Todas estas inversiones irán acompañadas de la reforma del marco legal de las telecomunicaciones como consecuencia de la transposición del Código europeo de comunicaciones electrónicas, que recientemente hemos sometido a
audiencia pública a través del anteproyecto de ley general de telecomunicaciones.


En el servicio 50 hemos incluido también el presupuesto de las acciones para acelerar el despliegue de la tecnología 5G en nuestro país. Como saben, la quinta generación de telefonía móvil dispone de características de alta capacidad, baja
latencia y alta densidad de dispositivos conectados que la convierten en un factor clave de la transformación digital que ya estamos viviendo. España parte de una situación de ventaja en la carrera del 5G. Si antes aludí a nuestra relevante
posición en los despliegues de fibra óptica, el Observatorio Europeo de 5G también resalta en su informe de septiembre nuestra avanzada posición en la Unión en experiencias piloto: 32 de las 245 que se están realizando en la Unión Europea en este
momento, y en ciudades con ofertas disponibles de servicios 5G: 21 según el informe, aunque este último número aumenta semanalmente con las medidas que anuncian los operadores. Muy significativa dentro de esos proyectos piloto es la variedad de
casos de uso, más de 120.


Como se señala en España Digital 2025, queremos consolidar los resultados del esfuerzo realizado; con este fin hemos incluido, dentro del proyecto presupuestario ya para el año 2021, 260 millones de euros de transferencias en el capítulo 7
y 40 millones en el capítulo 8. Dado el enorme potencial

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transformador de la tecnología 5G, queremos impulsar los despliegues en aquellas áreas en las que los operadores tardarían en llegar con sus modelos de despliegue convencionales, un despliegue de 5G que permita obtener beneficios
transformadores desde un primer momento. Dentro de ese modelo de despliegue que se quiere impulsar, uno de los elementos importantes son los corredores de transporte tanto viales como ferroviarios. En particular, dado que el objetivo principal de
financiación de la Unión son los grandes corredores transfronterizos, lo complementaremos con actuaciones para el despliegue de 5G en las vías secundarias. Finalizando con este bloque dedicado al 5G, con las lecciones aprendidas de los proyectos
pilotos apoyados desde Red.es promoveremos el uso de 5G en los proyectos tractores de digitalización sectorial que había comentado antes.


Por último, esta secretaría de Estado presupuesta también la ejecución de acciones del proyecto Spain Audiovisual Hub incluidas tanto en la Agenda España Digital 2025 como en el Plan de Reconstrucción España Puede. El objetivo de este
proyecto es mejorar el atractivo de España como plataforma europea de negocio, trabajo e inversión en el ámbito audiovisual con la meta de incrementar la producción audiovisual en España. El proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado que
les presentamos recoge la ejecución de trasferencias en el capítulo 7 por valor de 109 millones de euros. Estamos frente a una oportunidad que no podemos dejar pasar y contamos con un sector dinámico y consolidado a lo largo de toda la cadena de
valor, la ventaja de que nuestras producciones se realicen en suelo europeo, abriéndonos las puertas al mercado único digital y un mercado potencial adicional de casi 600 millones de personas con las que compartimos lengua.


Para consolidar a España como un país atractivo para la producción, negocios e inversiones internacionales en el sector audiovisual, nos proponemos, entre otras actuaciones, promover la presencia internacional de nuestras empresas del
sector, simplificar los trámites administrativos que nos permitan atraer talento y negocio e impulsar diversas convocatorias de ayudas a la industria. Estas acciones irán acompañadas también de la trasposición de la directiva audiovisual, que
propiciará un marco favorable a su desarrollo al crear un entorno amigable para la inversión.


Concluyo. La digitalización acelerada que estamos viviendo con motivo de la crisis sanitaria ha sacado a la luz en estos meses nuestras fortalezas en el ámbito digital. España cuenta con excelentes infraestructuras digitales, parte de una
posición avanzada en el despliegue del 5G y ha desarrollado un atractivo ecosistema audiovisual. Los presupuestos que hemos presentado prevén actuaciones para que esas fortalezas sean palancas de recuperación económica e impulsoras del empleo.
Pero la pandemia también ha puesto de manifiesto aquellos aspectos en los que es necesario avanzar, que antes eran prioritarios y ahora son además urgentes. Hemos vislumbrado el riesgo de que parte de nuestra ciudadanía y empresas queden al margen
de los beneficios de la digitalización. El proyecto de presupuestos que presenta esta secretaría de Estado tiene como objetivo que lleguemos juntos y rápido a una sociedad -y una economía- que ya es digital, donde tengamos las mismas oportunidades,
que sea más inclusiva y contribuya a un futuro más próspero. Como decía al principio, estos son unos presupuestos sociales y para la inversión.


Muchas gracias, y quedo a su disposición para contestar a las preguntas que consideren oportunas. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


Pasamos al turno de portavoces de los diferentes grupos. Les solicitaría y rogaría que respetaran los cinco minutos, porque todavía nos queda una comparecencia más.


Tiene la palabra, la señora Muñoz Vidal del Grupo de Ciudadanos.


La señora MUÑOZ VIDAL: Gracias presidenta. Buenas tardes, señor secretario.


Voy a cumplir a rajatabla los cinco minutos porque ya es tarde y estamos cansados y voy a ir directamente al grano. Su secretaría de Estado tiene por delante una de las leyes más importantes del sector como es el desarrollo de la nueva Ley
General de Telecomunicaciones que traspondrá un amplio número de normas comunitarias. Además de esta labor normativa, en el documento de presupuesto se han establecido los siguientes objetivos como son la mejora de la disponibilidad y la calidad de
los servicios de telecomunicaciones y servicios digitales, la gestión eficiente del espectro radioeléctrico, el desarrollo, expansión y despliegue de la tecnología 5G, la extensión y mejora de la disponibilidad de las nuevas redes de
telecomunicaciones.


Respecto a estos últimos, desde mi grupo parlamentario nos gustaría hacer alguna indicación y plantearle alguna cuestión que nos pudiera resolver en su turno de respuesta. Usted ha hablado de la

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colaboración público-privada y me gustaría saber qué papel va a tener concretamente el sector privado en la consecución de estos objetivos planteados en los presupuestos para su secretaría. Quiero preguntarle también si cree que la
fiscalidad del sector de las telecomunicaciones contribuye favorablemente al avance del sector, si cree que esa fiscalidad puede influir en la capacidad inversora del sector y si prevén algún tipo de modificación en este aspecto en cuanto a la
fiscalidad en la nueva Ley General de Telecomunicaciones.


Querría también saber cuáles son los objetivos que se ha marcado su secretaría en los ámbitos que antes he mencionado y cuál sería el avance de los indicadores que manejan. Respecto al uso de los fondos europeos, su secretaría de Estado
tiene asignada 1800 millones para innovación tecnológica de las telecomunicaciones y me gustaría, si tiene usted tiempo y tiene a bien, que nos contase un poco más en detalle el uso de esos fondos.


Gracias, presidenta y gracias, secretario.


La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Confederal de Unidas Podemos tiene la palabra el señor Guijarro.


El señor GUIJARRO GARCÍA: Gracias, presidenta. Buenas tardes, señor secretario de Estado. También voy a intentar ir al grano para agilizar un poco este maratón de comparecencias en la que andamos metidos.


En primer lugar, querría destacar, sobre todo, el buen trabajo que se ha venido haciendo a lo largo de estos últimos meses, incluso años, en la extensión de la banda ancha por el territorio y me quiero centrar específicamente en algo que
usted ya ha detallado, pero que para mi grupo parlamentario resulta fundamental, que es precisamente la extensión en zonas rurales. Siempre hemos dicho que el desarrollo digital tiene que ser un motor fundamental de transformación para este país en
los próximos años, pero siempre hemos advertido de que el mismo corre el riesgo, si no se toman las medidas pertinentes, de ahondar en una brecha digital que ya viene de alguna forma magnificando determinadas desigualdades que se han dado en el
país. De ahí la importancia que para nuestro grupo parlamentario tiene que el Gobierno se preocupe de evitar que esas brechas digitales acaben por sumarse a otro tipo de brechas y más bien al contrario, que el proceso de desarrollo digital sirva
más bien para reducirlas no solo en lo territorial, como hemos dicho, sino que también hay un factor de género, de clase y de la distribución territorial que tiene España no tanto ya entre rural y urbano, sino norte y sur, etcétera. En ese sentido
quiero pensar, usted mismo lo acaba de confirmar, que se va a seguir trabajando en esa dirección y, de alguna forma, vamos a seguir evolucionando hasta alcanzar cotas que ya actualmente son en sí muy importantes.


Su secretaría tiene un fuerte peso del mecanismo de recuperación y resiliencia. Por otro lado, es razonable pensar que, efectivamente, si hemos acordado todos que el vector digital va a ser estructurante, es normal que una línea tan potente
como esta que acabo de mencionar acabe siendo gestionada por su secretaría de Estado para muchos de los proyectos que usted mismo ha detallado.


En ese sentido, quiero destacar la importancia que va a tener esta digitalización no ya para superar esta crisis de aquí a los próximos dos años, sino que quiero colocar el horizonte un poco más allá, a diez años, porque -me gusta mucho
insistir en ello- ese cambio de transformación productiva en el que estamos inmersos tiene esa perspectiva como horizonte y reducirla seguramente comprometería los propios objetivos estructurales. En ese sentido, los avances que se están haciendo
son notables.


Solo quiero o hacerle una pregunta muy específica -por lo demás, me doy por contestado con su intervención-, que tiene que ver con la seguridad de las redes españolas. Usted ha mencionado la soberanía europea a nivel digital como uno de los
objetivos y no puedo estar más de acuerdo. Es uno de los objetivos primordiales que tenemos por delante, entre otras razones por lo que se ha sabido de años pasados. Resulta que hay países que tienen la mala costumbre de espiar las comunicaciones
digitales de ciertos países europeos. Me remito al episodio del año 2013, en que el señor Edward Snowden reveló hechos que resultan muy, muy preocupantes para todas aquellas personas de bien -o que nos consideramos de bien- y que tenemos un cierto
afecto a esto del secreto de las comunicaciones. Quizá ese es uno de los retos mayúsculos no que tiene España, sino el continente, Europa. Si me pudiera dar algún detalle que explicase en qué dirección se está trabajando, se lo agradecería, pues
va a ser un cauce muy productivo.


Le agradezco sus comentarios y el esfuerzo que ha hecho por detallarlos y por ser didáctico a una hora en que ya las cabezas empiezan a flojear. Insisto, muchas gracias.

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La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


Por el por el Grupo VOX tiene la palabra el señor Jiménez.


El señor JIMÉNEZ REVUELTA: Muchas gracias, señora presidenta.


Estimado señor Sánchez, muchas gracias por su presencia y por su exposición. No tengo el gusto de conocerle personalmente, pero recibí el saludo en el evento del futuro digital en Europa, en el cual tuvo el honor de participar en la
Fundación Telefónica con algunos de los portavoces que hoy han intervenido. Tiene usted una dilatada experiencia al haber desempeñado diferentes cargos públicos. En el Ministerio de Asuntos Económicos, donde se incardina la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, que usted dirige, también se encuentra la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, que con posterioridad a su comparecencia también intervendrá. Esperemos que no sea muy
tarde. Son competencias de su secretaría -lo ha mencionado- las relativas a la política de impulso al sector de las telecomunicaciones, de los servicios de comunicación audiovisual, el despliegue de infraestructuras y servicios para garantizar la
conectividad de la ciudadanía y empresas e impulsar la productividad y el crecimiento económico. Nos ha explicado exactamente las partidas que tienen que ver con su secretaría, pero, si me lo permite, me gustaría evaluar en general las partidas que
componen el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, sobre todo las que tienen que ver con el mecanismo de recuperación y resiliencia. Usted las ha mencionado por encima y no ha profundizado en ellas. En este presupuesto que
presenta el ministerio se puede apreciar que se trata de un conjunto de programas que no consumen gastos de personal ni gastos corrientes, consumiendo los recursos casi en su totalidad en inversiones reales unos 1005 millones de euros, y
transferencias de capital por importe de 2592 millones, que resultan muy poco transparentes en cuanto a su aplicación final efectiva. Yo creo que deberíamos exigir más concreción en estos programas. Las cifras, por redondas, se nota que están
calculadas de cualquier manera y que el único objetivo de las mismas es aprovechar las ayudas europeas, pero, si no se acompañan de los correspondientes programas detallados que exige la Unión Europea, se quedarán en nada. Por tanto, existe el
peligro de aplicar dichos gastos, puesto que están presupuestados sin que las ayudas lleguen finalmente.


Una crítica parecida cabe con las transferencias corrientes al exterior por importe de 480 millones de euros. Y otra crítica más es el presupuesto que este ministerio destina al importe dedicado al personal eventual, 1,3 millones de euros
-digo el ministerio en general, no su secretaría- para cargos de libre designación. Recordemos que este ministerio y estoy convencido de que también su secretaría tienen funcionarios con muy alta capacitación, por lo que no parece necesario tanto
personal de estas características. Ha desglosado en tres o cuatro partidas los 120 000 millones que van a recibir, pero si fuese un poco más preciso con el destino de estos fondos se lo agradecería.


Vuelvo con las partidas para el Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia por importe de 3700 millones, que están repartidos entre su Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y la Secretaría de Estado de Digitalización que viene a
continuación. Con sinceridad, señor Sánchez, estos presupuestos del Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia nos parecen etéreos y no creíbles, además de condicionados, por supuesto, a su cumplimiento. Si fuese tan amable, díganos: estas
dotaciones al Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia, ¿cuántos puestos de trabajo garantizan? ¿Cuántas pymes y autónomos se van a ver beneficiados por estos fondos? Yo creo que estos fondos deben fomentar la creación de empleo y generar
estabilidad, seguridad y certidumbre, y no tanta incertidumbre como se ha comentado hoy durante todo el día en las distintas comparecencias que ha habido. La sensación de este grupo parlamentario es que estos fondos están presupuestados simplemente
para cuadrarlos, obligados por su cumplimiento.


Y aprovechando su presencia, me gustaría saber su opinión sobre el anteproyecto de Ley General de Telecomunicaciones. Una vez examinado, el Gobierno dice que se realiza con el objetivo de evitar o frenar que se den casos de mal uso o de
abuso de las infraestructuras por parte de particulares o administraciones y, al referirse al abuso de particulares, hace pensar que se va a emplear para otros fines más arbitrarios amparados en supuestos de excepcionalidad y orden público -como los
que podemos tener ahora- y va a provocar una situación de inseguridad jurídica sin precedentes basada en supuestos y situaciones que se van a emplear para motivar la suspensión o intervención de las redes, las comunicaciones y el acceso a Internet;
es decir, acceso a webs de cualquier tipo, canales de YouTube, perfiles en redes sociales, canales de Telegram, etcétera. Por tanto, si me lo permite, vamos a pasar de la famosa frase '¿de quién depende la Fiscalía?' a ¿de quién depende la censura
en la red? Pues, eso, del Gobierno.


Muchísimas gracias.

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La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Cortés.


El señor CORTÉS CARBALLO: Buenas noches ya, señor secretario de Estado.


Como usted bien sabe, hemos tenido la ocasión de encontrarnos a lo largo de nuestra vida profesional en varios momentos y tengo que decirle desde aquí que como profesional le tengo en mucha estima, tanto por su rigor como por su seriedad. A
lo largo de los diferentes cargos que usted ha desempeñado así lo ha demostrado. Quizá por eso desentone en este Gobierno un poco instalado en el marketing y en el humo y falto de experiencias en la gestión pública. ¿Por qué digo esto? Porque,
como usted ha visto, se han reducido sensiblemente las competencias de su secretaría de Estado de la anterior legislatura a esta. Se le ha quitado la competencia de Red.es y del Incibe, se le ha bajado el presupuesto, se le ha quitado personal y se
le han quitado las competencias de transformación digital. Eso a mí particularmente me produce desazón, porque quizás en sus manos hubieran estado mejor gestionadas esas competencias. Pero, si además quitáramos los fondos de resiliencia de la
gestión, como usted mismo ha dicho, se le queda un presupuesto exiguo de 168 millones de euros y un personal escasísimo de 560 personas, teniendo en cuenta todas las jefaturas provinciales de inspección. Esto se lo cuento ahora porque ya verá cómo
terminaré al final la intervención. Y digo de quitar esos fondos porque, primero, esos fondos no han sido autorizados por Europa -por lo tanto, los programas no sabemos si van a ser validados- y, segundo, porque muchos de esos fondos se están
utilizando en estos presupuestos para financiar programas ya existentes y tampoco tengo muy claro si la Unión Europea va a permitir este tipo de maniobras. Si a eso le sumamos la incertidumbre que tiene la Unión Europea y que estos fondos no van a
estar disponibles por lo menos hasta mediados del próximo año, le hago entonces una primera pregunta. ¿Cómo va a afrontar la secretaría de Estado los compromisos presupuestarios ante este hecho? ¿Cómo van a poder financiarse los programas
plurianuales comprometidos si los fondos no estarán disponibles? También convendrá conmigo en que estos no son unos presupuestos que precisamente supongan un revulsivo para la sociedad en un momento de dramática crisis sanitaria y una extrema
situación económica. Son unos presupuestos continuistas, totalmente ajenos e indolentes a las emergencias sanitaria, social y económica que sufre nuestro país. ¿Por qué le digo esto? Porque básicamente las líneas de trabajo son las mismas que
hubieran sido si no hubiera pandemia. La estrategia es la de siempre -usted lo ha dicho-, pero simplemente con una lluvia de millones para desarrollarla. Incluso hablaba del año 2025; o sea, ha hecho un discurso magnífico si no fuera porque
estamos en una emergencia sanitaria. Por lo tanto, creo que esta situación nos obliga más a dar una respuesta contundente, rápida y urgente a la situación que vive hoy nuestro país. Y de ahí mi segunda pregunta. ¿Qué aportan estos presupuestos en
la lucha contra el Covid desde la óptica de infraestructuras de telecomunicaciones, en centros sanitarios, residencias, teleasistencia sanitaria a personas mayores, a ciudadanos en sus hogares y, sobre todo, en entornos rurales donde la conectividad
aún es deficiente? ¿Qué aportan para favorecer la conectividad, el fomento del teletrabajo, la educación con aulas virtuales o algo tan simple como el comercio electrónico en muchas zonas donde ni siquiera hay conectividad aún? Lo digo desde la
óptica tanto de la demanda como de la propia oferta de empresas que podrían estar vendiendo por Internet sus productos. Además, quisiera saber cómo van a mejorar la competitividad de las empresas, y no solo evidentemente las del sector de las
telecomunicaciones, que esta lluvia de millones les va a ayudar, evidentemente, en su cuenta de resultados, sino también esas otras empresas -usted lo hablaba- que van a necesitar o que necesitan actualmente de la conectividad para los servicios en
la nube. Y luego le hago una sugerencia o pregunta. Quisiera saber si contempla usted la conectividad vía satélite como una solución de emergencia urgente para desarrollar en los próximos meses precisamente para estas zonas blancas. Y digo
urgencia porque, como bien saben, estamos en la segunda ola, la vacuna no sabemos cuándo vendrá, no sabemos siquiera si habrá una tercera ola, y precisamente las necesidades de acción son ahora y no, como decía usted, para el año 2025.


Por otro lado -enlazo con lo que decía del personal-, tengo serias dudas -espero que usted pueda tranquilizarme- de la capacidad estructural de su secretaría para abordar la ejecución de todos los fondos de resiliencia. Como le decía, la
situación del personal es ya muy deficiente, y tiene serios problemas para poder abordar la cantidad de trabajo que tienen las jefaturas provinciales de inspección. A todo esto, súmele las jubilaciones que está habiendo de los distintos cuerpos, en
este caso del Cuerpo de Ingenieros de Telecomunicación, que ya es una rara avis en su propia secretaría de Estado. Y le hago las siguientes preguntas. ¿Cómo tiene pensado ejecutar estos programas ante el escaso personal que

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tiene su secretaria? ¿Tiene pensado incorporar más personal? ¿Cuándo se volverán a abrir las convocatorias para el Cuerpo de Ingenieros de Telecomunicaciones del Estado? Por último, quisiera saber si, ya que no tiene medios, piensa
subcontratar tanto el diseño como la ejecución de los programas. Si eso es así, al retraso de los fondos de la Unión Europea hay que sumarle el retraso de las contrataciones, con lo que vamos a dilatar aún más toda la gestión de esos fondos.


En resumen, tengo serias dudas de que sea capaz de ejecutar el presupuesto con los medios que usted tiene a día de hoy para el año 2021. Y no dudo de su capacidad, que es sobradamente reconocida, lo digo precisamente por la falta de
apuestas reales del Gobierno en darle a usted medios para ejecutar todas estas políticas.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias.


Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Marra.


La señora MARRA DOMÍNGUEZ: Muchas gracias, presidenta.


Permítame que pueda contestar muy brevemente a algunas de las cuestiones que planteaba el señor del Partido Popular, porque ustedes mismos se contradicen en el planteamiento que han realizado. Estamos en una situación de emergencia, de una
emergencia sanitaria, económica y social y, sin embargo, dicen que no van a apoyar o que dudan de estos presupuestos, y precisamente lo que pretenden estos presupuestos es avanzar en la digitalización, en la conectividad, en las infraestructuras
digitales para hacer frente a esa pandemia. Lo hemos visto durante todos estos meses de pandemia, en el empleo, en la educación, en el ocio, en el comercio, en los negocios, en la investigación; prácticamente en toda nuestra vida se ha acelerado
el avance digital, esa conexión que realizan los ciudadanos a las redes. Por tanto, más que nunca son necesarios estos presupuestos.


Dicho esto, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, permítame que pueda dar la bienvenida al secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales en esta primera comparecencia en esta Cámara para informar sobre los
Presupuestos Generales del Estado para 2021 de su departamento.


Estos presupuestos son excepcionales, en un momento excepcional, por cuanto no solo materializan soluciones para hacer frente a la crisis del COVID, sino que permiten impulsar las grandes transformaciones necesarias para fomentar una
economía más competitiva y social a largo plazo, y lo hacen precisamente a través de la digitalización. La actuación en ámbitos estratégicos de futuro se materializa, por lo tanto, en medidas que son efectivas para aumentar la productividad de
nuestra economía, para generar más y mejor empleo, para invertir en capital humano y tecnológico, para la digitalización, la transición ecológica, la cohesión social y territorial y para la igualdad de género. Movilizan el mayor gasto social de la
historia de España, pero además constituyen una oportunidad única para nuestro país al dotar de un volumen inmenso de recursos de la Unión Europea para recuperarnos de lo social y de lo económico como consecuencia del COVID. Esta cantidad de
recursos sin precedentes, estamos hablando de 27 000 millones de euros, que procederán de la Unión Europea y que se canalizarán, como bien recogió el secretario, a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia europeo, mejorarán la calidad de
vida de los españoles y las españolas, establecerán la transición hacia una economía competitiva a largo plazo. Por tanto, estos son presupuestos para las personas, para que nadie se quede atrás. Y hay tres objetivos centrales, que son reconstruir
España tras la pandemia, modernizar el modelo productivo y fortalecer el Estado del bienestar. Desde el Grupo Parlamentario Socialista consideramos que la digitalización es ese eje vertebrador clave para contribuir a la modernización del modelo
productivo y generar un crecimiento sostenido inclusivo a largo plazo, y para ello las infraestructuras digitales son ese pilar del mundo digital, la pieza fundamental para la digitalización y la vertebración territorial y social, clave para el
desarrollo de nuestras tecnologías, ya sea la inteligencia artificial ya sea el Internet de las cosas, la robótica, etcétera. Por tanto, el compromiso de este Gobierno es firme con la transformación digital, y muestra de ello son las partidas que
se plasman en estos presupuestos.


Hay tres ejes que, como comentó el secretario de Estado, son centrales en estos presupuestos y que suponen incrementar el presupuesto de esta secretaría por tres; es decir, se pasa de 338 millones de euros a más de 1161 millones de euros,
en tres ejes estratégicos. El primero de ellos es garantizar la conectividad digital adecuada para el cien por cien de la población, promoviendo la desaparición de la brecha digital en zonas rurales y urbanas. La meta es que en 2025 el cien por
cien de la población

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presente una cobertura de 100 megas. Este objetivo, como bien señaló el secretario, se va se materializa a través del Plan para la Conectividad.


El segundo eje estratégico es continuar liderando en Europa el despliegue de la tecnología 5G, incentivando su contribución al aumento de la productividad económica, del progreso social y de la vertebración territorial. La meta es que en
2025 el cien por cien del espectro radioeléctrico esté preparado para el 5G y la estrategia se plasma en el impulso a la tecnología 5G. El último eje es mejorar el atractivo de España como plataforma europea de negocio, trabajo e inversión en el
ámbito audiovisual. Para dicho objetivo, se está diseñando el Plan Spain Audiovisual Hub. El objetivo es reforzar la competitividad de la producción audiovisual española, su internacionalización, que ha experimentado una vertiginosa evolución a lo
largo de los últimos años, principalmente durante esta pandemia, así como incrementar el atractivo de España como destino de inversiones y actividad económica vinculada a la producción audiovisual de empresas extranjeras.


Como no quiero extenderme mucho más, porque estos son los principales ejes, me tiene que permitir, presidenta, unos segundos para hacer referencia al Plan PEBA de nueva generación, un Plan PEBA que va a seguir impulsando esta secretaría de
Estado y que va a permitir, precisamente, hacer frente a esa brecha territorial. Hay que destacar aquí que el Gobierno del Partido Popular dio la espalda a la despoblación; de hecho, abandonó la España interior. Hay que recordar que el Gobierno
del Partido Popular no impulsó la cobertura de operadores que fueron aprobados en el año 2011. Es gracias, precisamente, a este Gobierno que se están ejecutando esas obligaciones y, en torno a finales de este año 2020, el 94 % de ciudadanos de
municipios con menos de 5000 habitantes tendrán acceso a la conexión, como mínimo, de 30 megas.


Finalizo, presidenta. Señorías, los presupuestos de esta Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales para 2021 son unos presupuestos de país más necesarios que nunca. Prima la eficiencia y ponen sobre la mesa
cuestiones urgentes para la sociedad y para la economía; cuestiones que deberían estar libres de todo debate político, porque creo que es innegable que tenemos que aprovechar la conectividad y las infraestructuras digitales para seguir impulsando
la digitalización en nuestro país, como eje vertebrador clave para modernizar nuestro tejido productivo y generar crecimiento sostenible e inclusivo, que permita situar a las personas en el centro mismo de esta transformación, es decir, para que
nadie se quede atrás.


España, señorías, necesita estos presupuestos. Se apela, por lo tanto, a la responsabilidad y al sentido de Estado de todos los grupos. El Partido Socialista considera que lo son y estamos orgullosos de estos presupuestos.


Muchas gracias, presidenta. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Ahora tiene la palabra el señor secretario de Estado para contestar.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE TELECOMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURAS DIGITALES (Sánchez Sánchez): Muchas gracias, presidenta.


Muchas gracias, señorías, por sus intervenciones y por el tono de las mismas. Intentaré contestar de manera agrupada a los distintos temas que se han ido suscitando.


Primero, me gustaría llevar a su ámbito de pensamiento que no lo vemos como una foto en un momento determinado, sino que esta es una secuencia continua que abarca desde ahora, porque estamos en un horizonte de transformación digital del
país, de aprovechar la digitalización para transformar económicamente el país, y eso es un ejercicio de medio y largo plazo. Tenemos actuaciones que cubrimos con este presupuesto de 2021 y actuaciones que van hasta 2025. ¿Significa esto que lo que
hacemos ahora no va a servir para 2025? No, claro que no. ¿Significa que vamos a cumplir este año todos los objetivos de 2025? No, claro que no. Estamos en un escenario en el que iniciamos un camino, y lo que decimos es: vamos a aprovechar lo
mejor posible esos fondos que nos llegan de la Unión Europea para trazar ese camino y tener una economía más rica y una sociedad con mayor bienestar. Ese es un poco el objetivo fundamental. Por lo tanto, es compatible; no es incompatible que
tengamos un presupuesto ahora y que el fondo de recuperación esté disponible a partir del mes de junio, por ejemplo, porque eso va a durar dos o tres años y nos va a llevar a conseguir objetivos en 2025. Pues claro, entre otras cosas, porque
tenemos que ser conscientes de que cuando hablamos de actuaciones de esta secretaría de Estado, en muchas ocasiones de lo que hablamos es de infraestructuras, y construir infraestructuras no es aprobarlas. Las infraestructuras de los proyectos que
hemos aprobado este año 2020 estarán disponibles en el año 2022, seguramente; y ese recorrido hay

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que hacerlo. Me gustaría que quedase claro que estos presupuestos lo que hacen es aprovechar el primer año de los fondos de reconstrucción para iniciar un camino, que es el camino de transformación de la economía a medio y largo plazo. A
mí me parece que eso es muy relevante y es lo que se refleja aquí.


Agradezco mucho las palabras de reconocimiento hacia mi persona, pero, en realidad, es el reconocimiento hacia el equipo que trabaja en la secretaría de Estado, no hacia mi persona; yo lo interpreto así. Decimos: es que se ha debilitado
la secretaría de Estado. Bueno, yo no creo eso. Yo lo veo al revés, creo que hemos reforzado la estructura dedicada a la transformación digital del Gobierno de España y, por eso, tenemos dos secretarías de Estado. No es que hayamos debilitado
nuestra secretaría de Estado; al revés, la hemos reforzado porque tenemos dos secretarías de Estado, cada una dedicada a un ámbito y, por lo tanto, con mayor capacidad de generación de ideas, recursos, propuestas, etcétera. En ese sentido, lo veo
como algo positivo, no como algo negativo; yo me siento cómodo trabajando en aquello para lo que he tenido el honor de haber sido designado.


También se comentaba si las líneas de trabajo son las mismas de siempre. Yo no creo que eso sea así. Si ponemos en el genérico el titular de que la línea de trabajo es extender las redes, si nos quedamos en eso, claro que son las mismas,
pero no las mismas de antes, las mismas de toda la vida, porque toda la vida ha habido líneas de trabajo para extender las redes. Pero si entramos en los detalles de lo que estamos haciendo, si entramos en los detalles de esta estrategia España
Digital 2025 y en los detalles de cómo se van a desarrollar cada uno de esos ejes, yo le puedo asegurar que no se parece en nada y no se va a parecer en nada. ¿Por qué? Porque hasta ahora hemos tenido proyectos, en general, para, por ejemplo en el
caso de la banda ancha, extender la cobertura en el territorio, atendiendo únicamente -entre comillas 'únicamente', porque es muy importante- a las conexiones personales al llegar las redes a los hogares.


El modelo de transformación en el que nos estamos instalando ahora es distinto; es un modelo en el que, además de atender las necesidades de las personas, queremos transformar la economía, queremos llevar a un punto más allá la
digitalización. Es verdad que en lo que yo les he contado ahora no está todo comprendido, faltan cosas, faltan medidas complementarias, que son las que les contarán en la comparecencia siguiente, porque es ahí donde se verán todos los temas
asociados con la digitalización, capacitación digital, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo también creo que hay que verlo como el conjunto de las medidas que se adoptan a través de dos secretarías de Estado y que van a desarrollarse de una manera
coordinada. Nosotros solo nos dedicamos a una de las partes. Cuando hablo de esta cuestión, en muchas ocasiones digo que nosotros nos dedicamos a la oferta, que nos dedicamos a poner las redes -esto es la oferta, aquí está la red-, y la otra
secretaría de Estado se dedica a la demanda, a impulsar los sectores, a impulsar el uso de esas redes. Cada una nos dedicamos a una parte y el conjunto es lo que será realmente transformador, y lo verán a continuación.


Hay algún otro aspecto que se ha comentado que me parece muy importante, y es el tema de la seguridad. Nosotros estamos generando -se ha generado ya, pero estamos avanzando en su generación- un nuevo espacio de relaciones personales,
profesionales, empresariales y asistenciales, que es el espacio digital, y en ese espacio digital nosotros estamos acostumbrados a desenvolvernos. Tenemos reglas, buenas reglas, y nos hemos acostumbrado a ellas, para desenvolvernos en el espacio
físico; no tenemos reglas ni estamos tan educados para desenvolvernos en el espacio digital. Entonces, lo que tenemos que hacer es trasladar estas reglas a las que estamos acostumbrados en el espacio físico al mundo digital, porque es un nuevo
espacio en el que desarrollamos toda nuestra actividad. Ahí hay bastantes actividades, desde temas relacionados con ciberseguridad -que, por cierto, también es una de las componentes que incluimos para financiar los fondos de reconstrucción- a
temas de ciberseguridad específicos del 5G, que esos sí son competencia de esta secretaría de Estado y están relacionados especialmente con el hecho de que si el 5G es una tecnología a través de la cual se van a realizar muchas actividades
industriales, muchas actividades de nuestra vida o económicas, está claro que necesitamos tener la garantía de que van a seguir funcionando, que no pueden ser hackeadas fácilmente, etcétera, etcétera. Imagínense un vehículo autónomo o una operación
de cirugía que se esté realizando a través de una red 5G que es hackeada en ese momento. Tenemos reglas especiales y también tenemos reglas relacionadas con la seguridad de las propias redes, con cómo se accede a ellas o si los datos que circulan a
través de ellas lo hacen de una forma segura, en relación con lo que comentaba el señor Guijarro.

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También se ha cuestionado la capacidad de gestionar estos fondos, estas grandes inversiones. Primero, el Cuerpo de Ingenieros de Telecomunicaciones ya no existe desde hace algún tiempo; hoy día tenemos el Cuerpo de Sistemas y Tecnologías
de la Información y Telecomunicaciones, que realiza convocatorias periódicamente y desde el que de vez en cuando nos vamos nutriendo para ir completando las bajas que se van produciendo. Es verdad que venimos de unos años muy duros en los que los
Gobiernos anteriores habían prohibido la reposición de los puestos que quedaban vacantes por jubilación. Ahora ya no estamos en esa situación, sino que estamos reponiendo esos puestos que se van quedando vacantes. También es verdad que hemos
incorporado en este presupuesto -y creo que lo he mencionado antes y, si no, lo menciono ahora- algunas partidas del capítulo 6 para obtener asistencias externas que nos permitan crear oficinas técnicas de programas, porque esa es una actuación que
va a ser puntual, durante el tiempo que duren los fondos de reconstrucción, que es donde tendremos el gran pico de gestión. Por lo tanto, probablemente sea mejor hacerlo con oficinas técnicas controladas por empleados públicos, pero de apoyo.


También se ha mencionado anteriormente, creo que por la portavoz de Ciudadanos, el tema de la colaboración público-privada, cómo se va a articular la colaboración público-privada. Nosotros hemos creado un consejo consultivo para la
transformación digital con dos comisiones permanentes y grupos de trabajo asociados a ellas, en los que estamos discutiendo; vamos a convocar pronto la comisión permanente para presentar los borradores de los planes en su formato actual, que son
los planes de conectividad digital y de 5G, y a partir de esas reuniones con estos comités permanentes, estableceremos los mejores mecanismos de colaboración público-privada. Ahí todas las figuras son posibles: desde inversiones conjuntas a
consorcios o convenios. Utilizaremos todos los elementos que tenemos en la Administración a nuestro alcance para poder cumplir con ese criterio.


También se ha mencionado -lo ha hecho el señor diputado de VOX- el tema de las condiciones que establece el anteproyecto de ley General de Telecomunicaciones en relación con la intervención de redes y ese tipo de cosas. Tengo que
tranquilizarle porque esto lleva así desde la Ley General de Telecomunicaciones del año 1998 y nunca se ha utilizado; es decir, nadie se debe alarmar porque esto lleva así desde la Ley General de Telecomunicaciones del año 1998 y se ha ido
incorporando a todas las leyes generales. Lo único que se ha hecho distinto, la única incorporación distinta ha sido que, por aplicación de la Directiva por la que se establece el código de comunicaciones electrónicas, se considere en el ámbito de
esa protección no solamente a la propia red, el cable de fibra óptica, por decirlo así, o la central de conmutación, sino también las instalaciones necesarias para que la red funcione; por ejemplo, la energía que suministra a la red o los
conductos. Es la única incorporación que se ha hecho en el anteproyecto de ley General de Telecomunicaciones, que verán más adelante.


Yo creo que, básicamente, más allá de volver a agradecerles sus intervenciones, he contestado a todo, pero me gustaría plantear dos cosas: una es volver a agradecerles muy sinceramente sus intervenciones, porque yo creo que han sido muy
abiertas, y, otra, que me gustaría -permítanmelo- despedirme con una reflexión personal en tono de ilusión en medio de la tragedia que vivimos, que es esta pandemia. Yo creo que el conjunto de la sociedad hemos tomado plena conciencia de la
importancia de la digitalización y de cómo nos hace más resilientes, más resistentes y nos permite mantener una buena parte de nuestra actividad personal y profesional en circunstancias tan excepcionales como las que hemos vivido y estamos viviendo;
también de esa facilidad de adopción y de cómo la conectividad es la base imprescindible para su desarrollo. Nuestra situación de partida, la inyección de los fondos de recuperación y resiliencia y su reflejo en los presupuestos que hoy estamos
presentando, nos proporciona una palanca para asegurar un crecimiento económico más duradero, sostenible e inclusivo, basado en ese gran impulso de la trasformación digital que, junto con la transición hacia una economía verde, dibuja el futuro de
nuestra sociedad. Les aseguro que esa es una tarea ilusionante en la que pondremos todo nuestro empeño; desde luego, yo lo pongo diariamente.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias por las últimas palabras de ilusión y de esfuerzo. Con esto damos también por terminada esta comparecencia. (Pausa).

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- DE LA SEÑORA SECRETARIA DE ESTADO DE DIGITALIZACIÓN E INTELIGENCIA ARTIFICIAL (ARTIGAS BRUGAL). A SOLICITUD DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS CIUDADANOS (número de expediente 212/000762); PLURAL (número de expediente 212/000948); VOX (Número
de expediente 212/000669); POPULAR EN EL CONGRESO (número de expediente 212/000539); SOCIALISTA Y CONFEDERAL DE UNIDAS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-GALICIA EN COMÚN (número de expediente 212/000899).


La señora PRESIDENTA: Vamos a seguir con la última comparecencia. Damos la bienvenida a la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, doña Carmen Artigas Brugal. Sin más, le doy la palabra para que haga su
exposición.


La señora SECRETARIA DE ESTADO DE DIGITALIZACIÓN E INTELIGENCIA ARTIFICIAL (Artigas Brugal): En primer lugar, quiero agradecer que a estas horas estén todos aquí atendiendo mi comparecencia. Es para mí un verdadero honor comparecer por
primera vez en esta Cámara para explicar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado 2021 de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. Muchas gracias por darme la oportunidad de defender unos presupuestos cruciales
para nuestro país. Es la oportunidad que llevábamos años esperando. En primer lugar, por su carácter transformador, por permitirnos invertir en aquellas reformas estructurales que sabemos desde hace años que hay que hacer, pero que no se han
podido abordar por falta de visión o por falta de recursos. En segundo lugar, por su carácter transversal, atendiendo a la prioridad actual de reconstruir la economía con un claro enfoque social y pensando en el futuro con inversiones que
transformen nuestro modelo productivo hacia una economía más justa, sostenible e inclusiva.


Permítanme que les recuerde que esta secretaría de Estado es de nueva creación y le corresponde el desarrollo de políticas de impulso a la digitalización de la sociedad y de la economía. Asimismo, como órgano dependiente, la Secretaría
General de Administración Digital tiene la vital tarea de impulsar la administración digital y los servicios públicos digitales de la Administración General del Estado y sus organismos públicos, así como los procesos de innovación fundamentales en
este proceso transformador. En definitiva, señorías, esta secretaría de Estado fue creada para la digitalización de España y de la economía de nuestro país, cuyos presupuestos, que detallaré a continuación, permitirán cumplir con este objetivo.


En estos Presupuestos Generales del Estado definimos las prioridades de las políticas públicas del Gobierno bajo el contexto único del impacto económico y social de la pandemia. Presentamos unas cuentas públicas históricas, orientadas a la
reconstrucción, unos presupuestos transformadores para fortalecer el Estado del bienestar y reactivar la economía, que sientan las bases para cambiar el tejido productivo y orientarlo hacia los grandes retos que tenemos: la digitalización, la
transición energética, la igualdad y la cohesión social. Como saben, una de las principales trasformaciones de nuestro tiempo es la trasformación digital, que es urgente. Lo digital ya no es opcional, es una necesidad. Nuestra economía será
digital o no será.


Señorías, la digitalización es un elemento absolutamente clave para el proceso de transformación de nuestra estructura productiva hacia un modelo de crecimiento más sostenible y resiliente. Estos son, por tanto, unos presupuestos con un
claro carácter expansivo y de incremento de gasto público e inversión. En el ámbito que me compete, los presupuestos de esta secretaría de Estado están englobados en las políticas de gasto asociadas al eje investigación, desarrollo e innovación y
digitalización, el cual está dotado de 11 483 millones de euros, lo que supone un 80 % más que en 2020. De esta cifra, un total de 3069 millones de euros serán los recursos para el impulso digital, gestionados directamente por esta Secretaría de
Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial.


Nos hemos marcado un gran objetivo: situar a España en una posición de liderazgo digital entre las principales economías de la Unión Europea, dotando a nuestro país de las capacidades necesarias para adaptarse a las grandes transformaciones
tecnológicas. Quiero destacar que tenemos la hoja de ruta para la trasformación digital del país, la Agenda España Digital 2025, que se presentó el pasado mes de julio. Para poner en marcha esta agenda digital necesitamos recursos y los hemos
incluido en este proyecto de presupuestos: una firme apuesta y compromiso con una economía digital sostenible que nos permitirá recuperar el impacto de la pandemia, impulsar la reconstrucción y trasformación económica, y blindar la protección
social; unas cuentas de país orientadas a apoyar y orientar el tejido productivo para que la recuperación se haga en línea con los grandes vectores de transformación y modernización, es decir, avanzar en digitalización, en economía verde, en
igualdad de género, así como en cohesión social y territorial, que son los ejes vertebradores del país.

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Señorías, la digitalización de la economía española, sin dejar a nadie atrás, es lo que nos permitirá estar a la cabeza de la recuperación europea. A continuación, voy a desglosar el presupuesto total de esta secretaría de Estado para 2021,
que, como les he dicho anteriormente, asciende a 3069 millones de euros; un incremento que multiplica casi diez veces el presupuesto prorrogado de 2020. Es una cifra sin precedentes para la digitalización de España, que contempla la actividad de
esta secretaría de Estado y que incluye también la Secretaría General de Administración Digital, la entidad pública empresarial Red.es, el Instituto Nacional de Ciberseguridad y, en gran parte, los fondos asociados al Mecanismo de recuperación y
resiliencia de la Unión Europea.


Del total de este presupuesto, 3069 millones de euros, 410 corresponden al presupuesto ordinario de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, sin tener en cuenta los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y
Resiliencia. De esos 410 millones de euros de presupuesto ordinario, un total de 360,3 corresponden al servicio 08 de la secretaría de Estado y 50,29 corresponden al servicio 09 de la Secretaría General de la Administración Digital; es decir, los
410 millones de euros del presupuesto ordinario se complementan con el resto, 2659 millones de euros asociados al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea. Un 86,62 % de este presupuesto, por tanto, corresponde a estos fondos.
Con ello, la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial gestiona el 73 % del presupuesto asociado al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia dentro del Ministerio de Asuntos Económicos y de Transformación Digital, y esto es una
clara evidencia de lo que les comentaba anteriormente, que la digitalización es un eje de actuación clave para la Unión Europea y un pilar fundamental para España en este proyecto de presupuestos transformadores de país.


El presupuesto está desglosado en los siguientes seis capítulos que paso a detallarles muy rápidamente. El capítulo 1, de gastos de personal, asciende a 17,44 millones de euros. El capítulo 2, de gastos corrientes en bienes y servicios,
cuenta con 16,95 millones de euros. El capítulo 4, de transferencias corrientes, es de 4,73 millones de euros. El capítulo 6, de inversiones reales, asciende a 1032 millones de euros. El capítulo 7, de transferencias de capital, es de 1687
millones de euros. El capítulo 8, de activos financieros, cuenta con un total de 311,8 millones de euros. En total, 2757 millones para operaciones no financieras y 311,8 millones de euros para operaciones financieras. Como les señalaba
anteriormente, gran parte de la actividad de esta secretaría de Estado se desarrolla a través de la Secretaría General de Administración Digital, de la entidad pública empresarial Red.es y del Instituto Nacional de Ciberseguridad, Incibe.


La Secretaría General de Administración Digital, SGAD, tiene la importante labor de impulsar la modernización del sector público con un conjunto de inversiones y reformas necesarias para alcanzar una administración del siglo XXI, donde la
relación con la ciudadanía y las empresas, y la gestión de los servicios públicos se realice de forma digital por defecto. Si bien me referiré más adelante a los principales proyectos en materia de digitalización del sector público, me gustaría
destacar que la Secretaría General de Administración Digital cuenta con un presupuesto ordinario de 50 millones de euros, de los cuales el 44 % corresponde a inversiones reales del capítulo 6. Hablamos, por tanto, de un incremento del presupuesto
propio de la SGAD del 9,72 %. Pero, además, dentro del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia esta secretaría general será responsable de impulsar proyectos para la transformación digital de la Administración por valor de 336 millones de euros.


Por su parte, la entidad pública empresarial Red.es desempeña un papel clave para la digitalización de España, canalizando a través de todo el territorio nacional programas de innovación, emprendimiento, formación para jóvenes y
profesionales o apoyo a pymes. Estos presupuestos para 2021 asignan a Red.es 456 millones de euros en forma de transferencias corrientes y de capital y activos financieros. Esto supone un 284,54 % más respecto al presupuesto prorrogado para 2020,
principalmente debido a un incremento en las partidas de presupuesto ordinario dedicadas a la innovación en inteligencia artificial y apoyo a la digitalización de las pymes, y por las partidas de Fondo de Recuperación y Resiliencia, que ascienden a
312 millones.


Finalmente, Incibe desempeña una importante labor para afianzar la confianza digital, elevar la ciberseguridad y la resiliencia, y contribuir al mercado digital, de manera que se impulse el uso seguro del ciberespacio en España. Sin duda,
la ciberseguridad es un elemento crítico para que los procesos de transformación digital lleguen a buen puerto, para dar respuesta a las amenazas y a los riesgos relacionados con la seguridad digital y, también, porque la ciberseguridad es una
excelente oportunidad para el desarrollo del tejido productivo y, en consecuencia, la generación de empleo y atracción de talento. Incibe recibirá 253 millones de euros en forma de transferencias corrientes y de capital. El incremento del

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presupuesto ordinario es del 9 %, pasando de los 3,2 a los 3,5 millones de euros, pero con el Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia y la clara apuesta por la ciberseguridad se incrementa en 249,6 millones de euros.


Señorías, permítanme ahora centrarme en desarrollar los grandes bloques y principales proyectos de transformación digital de estos presupuestos, unos proyectos que nos permitirán, entre otras cuestiones, uno, seguir avanzando en aquellos
aspectos en los que nos situamos ya en una buena posición como país, como es una Administración digital avanzada; dos, afrontar enormes retos para nuestro país, como es la digitalización de las pequeñas y medianas empresas, el desarrollo de las
competencias digitales, la transición a una economía del dato o el impulso de tecnologías disruptivas como la inteligencia artificial; y tres, cerrar las brechas digitales que persisten aún por diversas razones y que con la pandemia se han puesto
aún más de relieve: las brechas de género, socioeconómicas y territoriales, entre otras.


A continuación, paso a detallarles los principales programas y partidas que contienen los presupuestos de esta secretaria de Estado y que reflejan los ejes de actuación de la Agenda España Digital 2025. El primer eje es el impulso de las
competencias digitales del conjunto de la ciudadanía. Para aprovechar las oportunidades de la transformación digital es necesario desarrollar políticas públicas que promuevan la adquisición y el desarrollo de competencias digitales de forma
inclusiva para todos y todas. Les voy a dar dos datos, señorías; casi la mitad de la población española, el 43 %, carece de competencias digitales básicas e, inmersos en plena transformación digital, en España la proporción de especialistas en el
ámbito tecnológico y digital en el empleo total es tan solo del 3,2 %, porque la demanda de esos países crece hasta cuatro veces más rápido que su oferta. Por tanto, tenemos un reto que hay que afrontar con urgencia y, para ello, contemplamos en
estos presupuestos casi 1098 millones de euros, que se destinarán principalmente al Plan Nacional de Competencias Digitales y a los programas Educa en Digital y Uni Digital, estos dos últimos gestionados a través de Red.es; un Plan Nacional de
Competencias Digitales con el que nos hemos marcado claros objetivos: capacitar a la ciudadanía en la era digital e impulsar la inclusión digital; luchar contra la brecha digital de género; capacitar a los trabajadores y a las trabajadoras del
sector público y del sector privado para la era digital; formar a expertos digitales e impulsar el talento investigador del ámbito digital; capacitar a los estudiantes y a los docentes para la educación digital y desarrollar contenidos educativos
digitales. Como parte de este plan, destacan los 597 millones de euros destinados al Programa de Ciudadanía Digital, que consiste en formación digital para mujeres y niñas y el fomento de carreras STEM, es decir, de ciencias, tecnología, ingeniería
y matemáticas, con 56 millones de euros; el desarrollo de competencias digitales básicas con 60 millones de euros; la formación para desempleados con 150 millones de euros de dotación o la formación para pymes con 331 millones de euros. A su vez
se impulsará la formación en ámbitos clave como la inteligencia artificial o la ciberseguridad, con un total de 60 millones de euros. Adicionalmente, el programa Educa en Digital, con un total de 155,6 millones de euros asignados en estos
presupuestos y gestionados a través de Red.es, nos permitirá apoyar la transformación digital del sistema educativo en colaboración con las consejerías de Educación de las comunidades autónomas y el Ministerio de Educación y Formación Profesional;
un programa consistente en la dotación de dispositivos, de recursos educativos digitales, la adecuación de las competencias de los docentes y acciones que conlleven la aplicación de inteligencia artificial para la educación personalizada. Por
último, el programa Uni Digital, dotado con 26 millones de euros, también a través de Red.es que, en colaboración con el Ministerio de Universidades, permitirá impulsar los procesos de digitalización en la educación superior, con refuerzo y mejora
de la infraestructura digital universitaria y el fomento de las competencias digitales de su profesorado.


El segundo eje de actuación es la ciberseguridad. Señorías, esta transformación digital debe realizarse en un entorno de confianza y seguro, por un lado, para dar respuesta al daño causado por los incidentes de ciberseguridad y mejorar la
confianza en el uso de las tecnologías y, por otro lado, para aprovechar las oportunidades del sector ciberseguridad para el desarrollo del tejido productivo español y, en consecuencia, para la creación de empresas y de empleo y atracción del
talento, tan necesarios en este momento. Nos hemos marcado tres grandes objetivos: el impulso al ecosistema empresarial; identificar, desarrollar y retener talento en ciberseguridad, y fomentar y extender una cultura de la ciberseguridad entre
ciudadanos y empresas. Para lograr estos objetivos, los principales programas en materia de ciberseguridad disponen de un total de 213 millones de euros en estos presupuestos, más los 40 millones de formación en ciberseguridad que ya les había
indicado anteriormente, articulados a través de las transferencias al Incibe. El 70 %, aproximadamente 150 millones de euros, se destinarán para impulsar el ecosistema empresarial del sector de ciberseguridad con apoyos al emprendimiento, a la
incubación, al desarrollo del

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tejido empresarial y de la industria de ciberseguridad. A la línea de ayuda de ciberseguridad 017 irán destinados 16 millones de euros. Además, ponemos en marcha un programa de fortalecimiento de la ciberseguridad de ciudadanos, pymes y
profesionales con 42,4 millones de euros para acciones de concienciación y comunicación, capacitación o soluciones y herramientas de ciberseguridad para pequeñas y medianas empresas. Igualmente, 3,5 millones de euros para aumentar la visibilidad de
España como un actor clave a nivel europeo y mundial en materia de ciberseguridad, convirtiéndonos en nodo internacional en el sector; por ejemplo, apoyando, como saben, la candidatura de España para albergar el Centro Europeo de Ciberseguridad en
León, una medida de claro compromiso con la vertebración territorial.


El eje número tres aborda la transformación digital del sector público. Señorías, como les mencionaba anteriormente, necesitamos una Administración del siglo XXI. Por ello, uno de los ejes protagonistas en estos presupuestos es la
modernización del sector público y el impulso de los servicios públicos digitales accesibles, personalizados y multicanal, porque si bien España se sitúa entre los países más avanzados en el desarrollo de la Administración electrónica en Europa,
ocupando la segunda posición en el índice DESI de economía social digital 2020 de la Comisión Europea, es necesario seguir avanzando para que nuestras administraciones públicas innoven de manera permanente, sean uno de los motores de la
transformación digital del país y mantengan su compromiso permanente para ofrecer los mejores servicios públicos posibles también en el ámbito digital. Este objetivo lo vamos a alcanzar a través de las actuaciones de la Secretaría General de
Administración Digital que, como les comentaba anteriormente, cuenta con un presupuesto propio de 50 millones de euros y con otros 336 millones de euros a través de inversiones reales del capítulo 6 de los fondos del Mecanismo europeo de
Recuperación y Resiliencia. La cifra más elevada de este eje de actuación, con 240 millones de euros, es para infraestructuras digitales, necesarias para la modernización de la Administración. Destaca el proyecto de implantación del puesto de
trabajo del siglo XXI para los empleados públicos, la puesta en marcha de arquitecturas de procesamiento de datos bajo modelo híbrido, así como inversiones de eficiencia energética en los centros de procesamiento de datos. Este esfuerzo permitirá
escalar la capacidad de servicio de la Administración digital, adaptando las actuales infraestructuras a un modelo más ágil que pueda asumir las cargas de trabajo sobrevenidas y la mayor demanda previsible en un proceso intenso de digitalización de
la economía y la sociedad.


Señorías, quisiera destacar también los 53 millones de euros que se destinarán a una Administración orientada a la ciudadanía con acciones para mejorar los servicios públicos innovadores, como es el impulso de una factoría de desarrollo de
aplicaciones y servicios móviles en código abierto u open source. Pero también debemos mejorar la calidad, cantidad y eficiencia de los servicios y procesos de gestión y tramitación de las administraciones públicas a través de la utilización de
tecnologías de automatización inteligente. Destinaremos 28 millones de euros a esta simplificación de procedimientos. Estos presupuestos contemplan también 31 millones de euros para la Oficina del Dato, es decir, para definir un modelo de
gobernanza de los datos públicos e instrumentar nuevos modelos de compartición de datos entre entidades de la Administración, así como la creación de una plataforma de datos compartidos y un laboratorio de innovación de la Administración General del
Estado, que permita mejorar la experiencia en el uso de servicios públicos digitales a través de la cocreación e innovación en servicios. Todo ello, como pueden ver, a favor de la transparencia. Por último, destacar los 17 millones de euros para
mejorar la ciberseguridad en la Administración pública, especialmente para la puesta en marcha del centro de operaciones de ciberseguridad, que permita mejorar las capacidades de prevención, vigilancia, deteción y respuesta frente a ciberincidentes
en los sistemas de la Administración General del Estado y sus organismos públicos.


Señorías, permítanme pasar ahora a otro de los temas claves para lograr un crecimiento sostenible y un empleo de calidad en la economía digital: el emprendimiento. En la actualidad los emprendedores y emprendedoras se enfrentan a muchos
obstáculos y barreras, y esto debe cambiar. Debemos apoyar y facilitar la iniciativa emprendedora, hacer de España una verdadera nación emprendedora y apostar por la innovación para una economía más fuerte. En estos presupuestos encontrarán un
total de 154 millones de euros para iniciativas en materia de emprendimiento. De este importe, 126 millones son fondos asociados al Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia. Quisiera poner de relieve la línea de préstamos participativos, por
importe de 17 millones de euros a través de Enisa, para el apoyo específico de startups lideradas por mujeres emprendedoras. Además, en los capítulos 7 y 8 encontrarán 21 millones para Red.es, para actuaciones de talento y emprendimiento y el
desarrollo de la estrategia 'España nación emprendedora'. Asimismo, 24 millones serán para la Oficina Nacional de Emprendimiento, ONE,

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un centro de apoyo y plataforma virtual que actúe como punto de encuentro, aglutine esfuerzos y sirva de referente a pymes, autónomos y empresas de nueva creación en todo lo relativo al emprendimiento digital. Entre otros programas quiero
destacarles la partida de 31 millones de euros para un programa de colaboración de proyectos de apoyo al emprendimiento innovador y 18 millones para el apoyo al ecosistema emergente de innovación del sector público, acercando la innovación generada
por startups, scaleups y pymes digitales a los retos de las instituciones públicas españolas.


Señorías, les acabo de hablar de emprendimiento, sin embargo, no podemos hablar de digitalización sin poner el foco en la digitalización de nuestro tejido empresarial, formado principalmente por pymes y de nuestros principales sectores
productivos. Sin la digitalización de nuestras pymes no habrá digitalización de España. Por ello, en el capítulo 7, asociado al Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia, encontrarán 219 millones de euros para un plan de impulso a la
digitalización de las pymes con actuaciones y ayudas dirigidas a impulsar los procesos de digitalización, la utilización de nuevas tecnologías y big data o la puesta en marcha de herramientas digitales. Asimismo, destaco los 330 millones dedicados
a competencias digitales de pymes, que les comentaba en el primer eje, y los 26,4 millones de euros en el capítulo 7 destinados a Red.es para el programa Acelera Pyme, que ya está en marcha. Apostamos por una digitalización transversal del tejido
empresarial y eso debemos hacerlo también a través de sectores productivos clave. Estos presupuestos contemplan de manera única 315 millones de euros para el impulso de proyectos tractores de digitalización en sectores claves de nuestra economía
que generarán, sin duda, un efecto arrastre sobre el conjunto del modelo productivo, impulsando proyectos en cinco sectores estratégicos -agrotech, salud digital, turismo inteligente, movilidad sostenible y comercio electrónico-, que se impulsarán
de manera conjunta con los departamentos ministeriales competentes y que incluirán programas para, entre otras cosas, el desarrollo de espacios y datos compartidos, la innovación para la digitalización y la analítica avanzada de datos y el
desarrollo de productos y servicios digitales en estos sectores clave.


Como sexto eje de actuación, señorías, permítanme pasar ahora a un ámbito clave de presente y de futuro: la inteligencia artificial y la economía del dato. La inteligencia artificial es la nueva electricidad de esta economía digital y los
datos son la nueva materia prima de los modelos de negocio. España debe aprovechar las oportunidades que presenta la disrupción de la inteligencia artificial y otras tecnologías habilitadoras digitales. A tal efecto, está Secretaría de Estado de
Digitalización e Inteligencia Artificial desarrollará la estrategia nacional de inteligencia artificial en colaboración con otros departamentos, órganos u organismos con competencias en esta materia. El objetivo es muy claro, situar a España en
línea con los principales países europeos en el ámbito de la inteligencia artificial, promoviendo la creación de empleo cualificado, estimulando el talento español y atrayendo talento global para incorporar también la inteligencia artificial como
mejora de la productividad de la empresa española. Todo ello desde un enfoque ético y garantista con los derechos de la ciudadanía, situando a la persona en el centro del desarrollo tecnológico. Las distintas partidas de inteligencia artificial y
economía del dato contempladas en estos presupuestos suman un total de 330 millones de euros para el 2021. Algunas cifras que me gustaría destacar son: 13,2 millones para actuaciones en espacios de datos de supercomputación; 14,4 millones de
euros para centros científicos y de investigación relacionados con la inteligencia artificial; 24 millones de euros para programas de compra pública innovadora para la introducción de soluciones de inteligencia artificial; 25 millones de euros
para financiar proyectos que incluyen la inteligencia artificial en la industria, y además en el capítulo 7 hemos incluido, entre otros, 204 millones para convocatorias de proyectos de innovación e inteligencia artificial, así como de desarrollo
tecnológico, economía del dato y contenidos.


Terminaré con el último eje de actuación, los derechos digitales, porque las tecnologías dan lugar a nuevos escenarios, contextos y retos que deben resolverse. Debemos garantizar que los derechos se equiparan en los mundos analógicos y
digitales, y ello con tres claros objetivos: reforzar los derechos de la ciudadanía, generar certidumbre y aumentar la confianza de la ciudadanía. Vamos a destinar 15 millones de euros a actuaciones como una campaña de sensibilización y difusión
de la futura carta de derechos digitales y, también, a acciones para el fomento del humanismo tecnológico, entre otras actuaciones.


Señorías, permítanme finalizar esta presentación con unas conclusiones. Los Presupuestos Generales del Estado para 2021 son los presupuestos para la transformación digital de España, unos presupuestos sin precedentes para la digitalización,
pero absolutamente necesarios para nuestro presente y nuestro futuro. Estas cuentas nos van a permitir impulsar medidas transversales y generar impactos directos en

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nuestra economía empleando la tecnología de lo digital para la reconstrucción económica y un crecimiento sostenible de futuro, más productividad, más empleo de calidad y más inclusión social. Señorías, tenemos la voluntad y la absoluta
convicción de que las políticas públicas en el ámbito digital van a ser una prioridad para España. Tenemos el conocimiento, tenemos la hoja de ruta y tenemos la oportunidad única de aprobar unos presupuestos que materializan los recursos necesarios
para que esta transformación digital sea un éxito sin precedentes para la modernización de nuestro país.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


Pasamos al turno de los grupos parlamentarios. La señora Muñoz Vidal tiene la palabra por el Grupo de Ciudadanos.


La señora MUÑOZ VIDAL: Gracias, presidenta.


Buenas tardes -o noches ya-, señora Artigas, gracias por su intervención y su comparecencia. La felicito de corazón porque yo tenía unas cuantas cosas preparadas para preguntarle y me he quedado casi sin argumentos por su excelsa y bien
armada intervención. Ha hablado usted de que su secretaría va a ser destinataria de 1100 millones de euros del Fondo de Recuperación y Resiliencia para los tres proyectos de Red.es, para convocatorias de desarrollo tecnológico de economía del dato
y contenidos, para convocatorias de inteligencia artificial y, en el caso del Incibe, para programas de ayuda la seguridad. En la memoria de descripción de los proyectos se detallan una serie de objetivos: desde reforzar las competencias digitales
de los trabajadores a reforzar la capacidad española en ciberseguridad, impulsar la digitalización de las administraciones públicas, acelerar la digitalización de las pymes, de las pequeñas y medianas empresas, entre otros, y, desde luego,
personalmente y en mi grupo parlamentario no podemos sino estar totalmente de acuerdo con estos objetivos que ya se incluyeron además en ese plan de España Digital 2020-2025.


Insisto en que ha respondido de antemano a todas las cuestiones, pero sí me gustaría que nos pudiese especificar qué regulación está preparando el ministerio en materia de uso de datos, inteligencia artificial, ciberseguridad, plataformas
digitales y otros ámbitos para avanzar en estos indicadores que se incluyeron en el plan España Digital. Por otro lado, ha hablado de la colaboración con el Ministerio de Educación y Formación Profesional para realizar programas de formación para
mejorar habilidades, incorporar contenido formativo en etapas de educación obligatoria y universitaria en materia de digitalización, pero o no la he escuchado bien o no me ha quedado resuelto si se van a articular mecanismos de formación para los
trabajadores que ahora mismo se encuentra en ERTE y que, a lo mejor, no pueden volver a sus puestos de trabajo habituales, y si se plantea algún tipo de formación digital de cara a esa nueva economía digital a la que queremos llegar en nuestro país.


Muchísimas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias.


Por el Grupo Confederal de Unidas Podemos, tiene la palabra el señor Guijarro.


El señor GUIJARRO GARCÍA: Muchas gracias, presidenta.


Bienvenida a esta Comisión, señora Artigas. Solo lamento que sea usted la última y nos pille a todos un poco cansados porque, por lo demás, el tema que usted ha presentado es apasionante. Me hubiera gustado que nos hubiera pillado a todos
un poquito más frescos para poder dedicar más exhaustividad a un tema tan crucial en estos momentos y, además, tan apasionante.


Quería empezar por destacar su trayectoria profesional. Por lo que he podido informarme, la verdad es que su trayectoria de la última década es impresionante y en ese sentido la evolución que ha tenido usted en el sector privado debería ser
ejemplo para muchas emprendedoras y muchos emprendedores de este país. Querría destacar que por lo visto en el año 2016 Insight Success, una de las revistas norteamericanas más importantes en temas de digitalización, la colocaba usted como una de
las treinta personas más influyentes del mundo en estos temas, la única española en esa misma lista. En fin, por algo debe ser.


Me ocurre también algo parecido a lo que ha comentado la señora Muñoz, yo tenía aquí varios temas de interés que esperaba poder preguntar para sacar algún detalle, pero la verdad es que usted ha sido tan exhaustiva en su presentación que me
ha resuelto muchas de esas dudas. Una de las cuestiones que más preocupa a mi grupo parlamentario, y dando por hecho que la digitalización, efectivamente, es una

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locomotora para poder avanzar en los próximos años, es que ese proceso venga acompañado de un proceso de aumento de las desigualdades, como ha ocurrido en otros procesos históricos comparables a lo largo de la historia. Usted ha hecho mucho
énfasis en su intervención en la necesidad de atender estas brechas, y no solo la brecha de género -y usted ha mencionado algún programa específico para la atención a la mujer emprendedora que me parece relevante-, sino que, además, en alguno de los
proyectos que usted ha desgranado ha dejado entrever lo que aportaría o lo que aportará -permítame que lo ponga ya en futuro y no en condicional- este proceso de digitalización al propio proceso de transformación productiva y a la necesidad de hacer
de nuestra economía una economía más verde. Me parece que esos avances también van a ser claves.


Por último, usted ha mencionado la ciberseguridad, que es un tema que también obsesiona mucho a mi grupo parlamentario. Yo lo vincularía también con el último tema que usted ha desgranado, el de los derechos en la red, porque me parece que
están íntimamente unidos. Tradicionalmente, o por lo menos hasta ahora, han sido dos temas que han quedado un poco medio colgando, casi como apéndices, y ahora veo que con su secretaría o con su liderazgo esto empieza a tomar, digamos, el cariz que
debería tomar siendo una cuestión tan relevante.


Como le digo, no tengo más preguntas ni nada más allá de felicitarla por su exhaustividad y por su capacidad de síntesis.


Gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


Por en el Grupo VOX, tiene la palabra el señor Jiménez.


El señor JIMÉNEZ REVUELTA: Muchas gracias, señora presidenta.


Señora Artigas, gracias por su presencia en el día de hoy y por su exposición. La verdad es que voy a coincidir en lo que han dicho mis anteriores compañeros, yo también traía unas anotaciones, pero lo cierto es que su exposición ha sido
extensa y bastante clarificadora, aunque hay algunas partidas que sí me gustaría comentarle, si a usted le parece bien.


Tanto la Secretaría de Telecomunicaciones como la de Digitalización e Inteligencia Artificial que usted dirige están dentro del Ministerio de Asuntos Económicos, para el que hay una partida de unos 4900 millones de los cuales, ya lo ha
comentado usted, el 74 %, según nuestros datos, pertenecen al Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia. Usted ha estado desgranando el destino de cada partida. Sí quiero hacer una crítica al presupuesto del ministerio dedicado al personal
eventual. Se destinan 1,3 millones de euros, sobre todo, a cargos eventuales de libre designación. Nosotros entendemos que los funcionarios de este ministerio y de su secretaría tienen muy alta capacitación, por lo que no parece necesario tanto
personal de estas características. Me gustaría que me dijera cuántos cargos de libre designación corresponden a su competencia.


Y luego hay dos partidas que aparecen en su secretaría -me gustaría que me contestase luego-, por importe de 68 y 90 millones de euros, que hacen referencia a la España Digital 2020-2025 y que no me han quedado claras. ¿Puede ser más
precisa? Porque manifestar que van a España Digital 2020-2025 no me dice nada, si pudiese ser más precisa y decirme a dónde se destinan, se lo agradecería. Después yo tenía apuntado -me ha sorprendido en su exposición- que su secretaría destinaba
cinco millones de euros a Enisa para apoyar a startups lideradas por mujeres emprendedoras. Sin embargo, usted ha dicho que son 17 millones, cosa que me parece fantástica. Sigo pensando que 17 millones es una cantidad escasa no solo para las
mujeres, sino para cualquier emprendedor. Es verdad que usted ha citado otras cantidades y ha hablado de fomentar el emprendimiento, algo en lo que estamos totalmente de acuerdo, y lo dice alguien que viene de asesorar a muchísimas startups. Lo
único que no entiendo es que siempre están ustedes con el asunto del género, y yo creo que lo que se debe hacer es premiar el mérito y la capacidad y no el género. Como le decía, sobre todo por mi experiencia en el sector privado en el que he
asesorado a multitud de startups, usted habla de 17 millones en préstamos participativos por parte de Enisa, y me parecen escasos porque hay muchísimas startups, cada día hay más, todas relacionadas con el mundo tecnológico y, por supuesto, digital.
Creo que es una partida que se debería ampliar, sobre todo porque muchas de esas startups al final acaban financiándose con fondos propios y con ayuda de empresas familiares para poner en marcha esos proyectos. Además, las startups son
imprescindibles ahora mismo, pues generan empleo, algo necesario en los momentos en los que nos encontramos, y bienestar para la economía. Me gustaría preguntarle -si es de su competencia o si lo sabe- para cuándo una ley de startups. Y con
respecto a los datos que ha desglosado en relación con el Mecanismo

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para la Recuperación y Resiliencia, 3653 millones, lógicamente el destino de esa cantidad está obligado a un cumplimiento. ¿Qué sucedería si ese cumplimiento no se produce? Y, si es posible -entiendo que es difícil-, dígame cuántos puestos
de trabajo van a garantizar y cuántas pymes y autónomos se van a ver beneficiados por estos fondos. No sé si han hecho ustedes algún cálculo.


Por último, el plan España Digital 2020-2005 contempla la puesta en marcha durante 2020-2022 de un conjunto de reformas estructurales que movilizarán un importe de 70 000 millones -en los presupuestos que usted ha presentado hay unas
cantidades que si luego puede desglosarme, se lo agradecería-, pero, además de esos 70 000 millones, hay 20 000 millones que son presupuestos públicos y a ellos se sumarían 50 000 millones de la empresa privada. Dadas las circunstancias
excepcionales que estamos viviendo con esta segunda ola de la pandemia, para la que se ha aprobado un decreto de estado de alarma con fecha de vencimiento 9 de mayo del 2021, aunque tendrá que pasar por el Congreso para su aprobación, me gustaría
preguntarle si sigue pensando que esa cantidad de 50 000 millones será efectiva en el tiempo estipulado.


Por mi parte, nada más y muchísimas gracias por todo. Muy amable.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Pedreño.


El señor PEDREÑO MOLINA: Muchas gracias, presidenta.


Muchas gracias, señora Artigas, por comparecer aquí esta tarde. Le habrán dicho ya que nosotros valoramos estas cuentas sobre un escenario macroeconómico que realmente no es nada realista. Hay un aumento del gasto tremendo y es un aumento
del gasto que se apoya fundamentalmente en los fondos de recuperación y resiliencia, sobre los que se está construyendo un presupuesto realmente engañoso. Esta mañana el propio gobernador del Banco de España decía que estos fondos generan muchos
riesgos. Mientras tanto, usted es la responsable de la digitalización en España y nos presenta unos presupuestos para digitalizar empresas. Nosotros nos preguntamos a veces qué empresas, porque, obviamente, no estamos de acuerdo con la gestión que
está haciendo el Gobierno de toda esta crisis y no sé qué empresas van a quedar. Ahora mismo ya llevamos 100 000 empresas cerradas en lo que va de pandemia y esta mañana nos daban los datos de una estimación del 22 % de desempleo para el tercer
trimestre. Además, las cifras de la transformación digital conllevan unos gastos que probablemente se tengan que derivar luego a resolver la pandemia. Es decir, los dos temas que interesan ahora a la ciudadanía son la salud y el empleo. Esas son
las preocupaciones reales y yo creo que es a donde al final va a ir ese dinero.


Le voy a hablar del Plan España Digital 2025 que usted ha comentado. Cuando lo anunció el Gobierno, había una cantidad de 70 000 millones de euros, de los cuales 50 000 millones eran de aportación privada, 15 000 eran de fondos europeos y
los otros 5000 entendemos que salían del presupuesto. Yo le pregunto: ¿dónde están esos 5000 millones de euros que aporta el Gobierno en el período 2020-2022, teniendo en cuenta que vamos a finalizar prácticamente 2020? Luego, hay varias partidas
en el capítulo 8. Estamos en un momento en el que España no necesita más préstamos; más préstamos al final implican más deuda. Yo le pregunto: ¿qué actuaciones ha hecho a día de hoy sobre el epígrafe de España Digital que, como digo, se anunció
en julio de este año?


Ya, ciñéndome un poquito más a los presupuestos, efectivamente, hay una cantidad muy importante, pero, si excluimos a la Secretaría General de Administración Digital, hay casi un 90 % de fondos del Mecanismo para la Recuperación y la
Resiliencia, que son los que sustentan este presupuesto. Además, hay que tener cuidado, porque parte de este fondo europeo que usted ha mencionado lleva también incluido el Plan de Conectividad que nos presentaba antes el secretario de Estado y que
se va cubrir con fondos europeos. ¿Qué pasa si no se dan esos proyectos? ¿Qué pasa si esos fondos realmente no vienen? ¿Qué va a pasar con esa conectividad? Tal y como se han empezado a planificar los fondos, al final las comunidades autónomas
van como pollo sin cabeza, porque se están escribiendo proyectos que no tienen unos indicadores claros y tampoco hay unas bases de convocatoria. Nuestra preocupación es qué pasa si no se aceptan, qué pasa si esos proyectos que no están todavía
aprobados por la Unión Europea no se validan y no se aprueban. ¿Hay algún presupuesto alternativo para esto? Tampoco sabemos el reparto que se ha hecho por ministerios y nos gustaría saberlo.


Además, hay otro tema importante, el tema de la ejecutabilidad. Hay proyectos que se pueden presentar y que luego tienen un gasto sostenido en el tiempo. Esta mañana el propio gobernador del Banco de España decía que por su carácter
temporal estos fondos europeos no deberían comprometer gasto a futuro. Eso es importante, porque al final se pueden presentar muchos proyectos -de hecho, se

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están presentando- que lo que hacen es dotar de instalaciones que luego con el tiempo habrá que mantener. Esta es una cosa absolutamente excepcional y eso ya lo ha advertido el propio gobernador del Banco de España.


También le quiero preguntar cómo se han repartido por comunidades autónomas estos fondos de recuperación europeos y si hay alguna fecha ya para las conferencias sectoriales con las comunidades autónomas para hacer precisamente esos repartos.
Si no hay ninguna fecha, de 2021 nos podemos olvidar. (El señor vicepresidente, Meijón Couselo, ocupa la Presidencia).


Ahora le voy a preguntar más a fondo sobre algunos detalles del presupuesto. Le quiero preguntar sobre la prioridad que tiene la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, porque realmente en este año de legislatura no sabemos qué se
ha hecho con esta estrategia y ahora se aporta un dinero para un plan nacional.


Respecto a la transformación digital de la Administración -termino ya, señor presidente-, hay que tener cuidado, porque hay un concepto que es la inteligencia artificial aplicada a la Administración. No es lo mismo la transformación digital
de la Administración, que meter el concepto de la inteligencia artificial. Creo que es un paso en el cual todavía no estamos.


Por último -termino con esto-, hay una parte importante de Red.es dedicada al préstamo, y yo creo que no estamos para préstamos. Asimismo, hay una partida para Nación Emprendedora. Aquí yo también quería preguntarle qué pasa con el Alto
Comisionado para España Nación Emprendedora, ya que está en otro ministerio.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Meijón Couselo): Muchas gracias, señor Pedreño.


Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Ángeles Marra.


La señora MARRA DOMÍNGUEZ: Gracias, presidente.


En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, quisiera dar la bienvenida a la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial y agradecerle su primera comparecencia en esta Cámara para informar sobre el proyecto de
presupuestos para el año 2021 de su departamento.


Señorías, estos presupuestos son sumamente importantes. Son sumamente importantes porque son unos presupuestos indispensables, progresistas, unos presupuestos de país y unos presupuestos más necesarios que nunca. Son los presupuestos que
van a permitir transformar nuestro modelo productivo para tener un crecimiento económico sostenible e inclusivo a largo plazo. Pero es que además, señorías, estos presupuestos permitirán avanzar en digitalización, en economía verde, en igualdad de
género, en cohesión social y territorial, puesto que son el eje vertebrador para el crecimiento económico a largo plazo de nuestro país. Para ello, señorías, la digitalización es clave.


Por ello, no entendemos los argumentos del Partido Popular cuando pone en duda que España puede avanzar a través de la transformación digital. No lo entendemos, porque la digitalización es precisamente el eje vertebrador sobre el que tiene
que pivotar la transformación y la modernización de nuestro sistema productivo, es el eje sobre el que se tiene que impulsar el crecimiento sostenible e inclusivo a largo plazo. Las cantidades que se traen a esta Comisión por parte de la secretaria
de Estado son espectaculares. De hecho, son los presupuestos que van a permitir hacer que este país sea más competitivo, más próspero y más justo a través de la digitalización. Tenemos una oportunidad única, señorías, la oportunidad de poder
disponer de un volumen inmenso de recursos procedentes de la Unión Europea para convertir a España en una verdadera España digital hasta el año 2025. Porque, en línea con la estrategia digital europea, la Agenda España Digital 2025 presentada por
el presidente del Gobierno en el mes de julio es la hoja de ruta que permitirá modernizar nuestro país, aumentar la productividad, reducir desigualdades y generar crecimiento sostenible a largo plazo. (La señora presidenta ocupa la Presidencia).


De hecho, las acciones más urgentes de este plan se ejecutarán en estos presupuestos en el año 2021. ¿Qué se presenta? Un conjunto de reformas que son estructurales, concretadas en cincuenta medidas que movilizarán inversión pública y
privada, hasta 70 000 millones de euros, para el Plan España Digital 2025. Por lo tanto, son unos presupuestos espectaculares. De hecho, los presupuestos para I+D+i y digitalización se incrementan en un 80 % y alcanzan los 11 486 millones de
euros, una partida histórica por parte de este Gobierno. Son siete los ejes principales, estratégicos, de esta Agenda España Digital 2025, que están recogidos en estos presupuestos de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia
Artificial. Es un presupuesto que alcanza los 3069 millones de

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euros. Por tanto, es un presupuesto sin precedentes para convertir en presente el futuro digital de nuestro país y mejorar la vida de las personas.


Estos presupuestos abordan todas las actuaciones que son necesarias acometer en nuestro país, y permítanme que haga referencia a algunas de ellas. En primer lugar, reforzar las competencias digitales de teletrabajadores y del conjunto de la
ciudadanía, desempleados, pymes o mujeres y niñas, con un objetivo claro, el de reducir la brecha de género. La meta es que, en 2025, del 80 % de las personas con competencias digitales básicas, el 50 % sean mujeres. La formación en inteligencia
artificial o en ciberseguridad a través del Incibe o el Plan Educa en Digital o Uni-Digital constituye una de las bases fundamentales para reforzar esas competencias digitales.


En segundo lugar, reforzar la capacidad española en ciberseguridad a través del Incibe, consolidando su posición como uno de los polos europeos de capacidad empresarial. La meta es que en 2025 haya veinte mil nuevos especialistas en
ciberseguridad, en inteligencia artificial y en datos.


En tercer lugar, impulsar la digitalización de las administraciones públicas. Nuestro país, de hecho, está bien posicionado, gracias al apoyo del Gobierno, pero la meta es que en 2025 el 50 % de los servicios públicos pueda estar
disponibles a través de una app móvil.


En cuarto lugar, emprender, a través de la Red.es, el desarrollo de la España Nación Emprendedora, apoyo a startups lideradas por mujeres emprendedoras, colaboración de proyectos de apoyo al emprendimiento innovador.


En quinto lugar, acelerar la digitalización sectorial de las empresas, con especial atención a pymes con el Plan de Impulso Digital para pymes, y en ello está el Plan Acelera Pyme.


En sexto lugar, fortalecer el tránsito hacia una economía del dato, como bien señaló la secretaria de Estado, garantizando la seguridad y privacidad y aprovechando las oportunidades que ofrece la inteligencia artificial.


Y en séptimo lugar, garantizar los derechos de la ciudadanía en el nuevo entorno digital. La meta es fomentar el humanismo tecnológico y que podamos tener una carta nacional sobre derechos digitales.


En definitiva, señorías, estos presupuestos marcan una hoja de ruta clara y una voluntad política férrea para convertir España en un país digital que nos gustaría dejar a las próximas generaciones. Son los presupuestos de país para la
transformación y la modernización de nuestro sistema productivo, sobre la base de la digitalización, pero, sobre todo, son los presupuestos de las personas, para que nadie se quede atrás. Son unos presupuestos excepcionales por la pandemia, pero
que, en nuestra opinión, en opinión del Grupo Parlamentario Socialista, son indispensables, progresistas y más necesarios que nunca. Apoyar, señorías, este proyecto de presupuestos, es apoyar a todos nuestros ciudadanos.


Muchas gracias, presidenta.


La señora PRESIDENTA: Gracias.


Doy la palabra a la secretaria de Estado para que pueda contestar.


La señora SECRETARIA DE ESTADO DE DIGITALIZACIÓN E INTELIGENCIA ARTIFICIAL (Artigas Brugal): Muchísimas gracias a todos los portavoces por todas sus preguntas, por su amabilidad y su gran acogida y, sobre todo, por las consideraciones sobre
las políticas y presupuestos de esta Secretaría de Estado. Algunas de las preguntas que planteaban han quedado parcialmente respondidas por la diputada del Grupo Parlamentario Socialista, y por tanto, si me lo permiten, me ceñiré estrictamente a
algunas de las cuestiones específicas que me han planteado.


En primer lugar, a la señora Muñoz le agradezco el apoyo a esta apuesta por las competencias digitales nacionales de este país y que valore positivamente la dotación económica que estamos haciendo en este campo. Me ha preguntado por la
parte de regulación. Estamos trabajando en la ley de startups, que estamos volviendo a retomar porque había un compromiso del antiguo Ejecutivo y ya estamos debatiendo entre distintos ministerios. Esperamos a que esté mucho más madura para poderla
pasar ya a consulta pública. Estamos esperando también a la trasposición de la Directiva Digital Services Act, que usted bien conoce como parte de la Comisión Europea. Estas van a ser las grandes reformas que vamos a hacer en los próximos meses,
tanto alrededor de la Digital Services Act y de la Data Act también y todo lo que va a ser la futura regulación de la inteligencia artificial a nivel de la Comisión Europea, que, por supuesto, traspondremos apropiadamente al sistema legislativo
español.


También tenemos distintas estrategias relacionadas con el resto de contenidos que se han mencionado, como el Plan Nacional de Competencias Digitales o la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial. Si no me equivoco, me ha preguntado
por los ERTE. En este momento estamos ya ultimando el

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detalle del Plan Nacional de Competencias Digitales, estamos trabajando con todos los ministerios afectados, con el de Educación, con el de Empleo y con el de Universidades. En concreto, estamos definiendo todas las actuaciones concretas de
formación digital en distintos colectivos, y especialmente con los más desfavorecidos. Obviamente el colectivo ERTE es un colectivo que queremos aprovechar para formar a estas personas, justamente por el parón temporal, porque probablemente sean
personas que se hayan ido de un puesto de trabajo y cuando vuelvan a él este haya cambiado y sea mucho más digital. Ahí estamos ultimando acciones específicas con los ministerios competentes en este ámbito.


Señor Guijarro, muchas gracias por sus palabras y por su valoración, y en general, a todos, por el aguante que están teniendo a estas horas. Me hubiera encantado tener un debate extenso con usted sobre nuestras propuestas y estaré encantada
de poderlo hacer cuando tengamos oportunidad. Quiero agradecerle que ponga en valor la apuesta por la reducción de brecha digital de género en el ámbito de las mujeres emprendedoras y de crecimiento. Nada de lo que hagamos es suficiente, yo creo
que tenemos que hacer una apuesta específica para no dejar a nadie atrás, por lo que le agradezco su mención.


Al señor Jiménez, del Grupo VOX, quiero agradecerle que vea positivo el apoyo que estamos haciendo en el ámbito empresarial, el sector del emprendimiento y el sector de las pymes, como no puede ser de otra manera. Hablaba usted de la
asignación del personal eventual del ministerio. En nuestro caso concreto, debe tener en cuenta que es una Secretaría de Estado de nueva creación, que al crearse y dividirse con la anterior Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, parte de los
recursos asignados a la antigua sede del Estado de Avance Digital pasaron a Telecomunicaciones y nos quedamos con vacantes. Debe tener en cuenta también que cuando hablamos de personal eventual incluye funcionarios y eso significa personal de libre
designación. En nuestro caso, hay algunos perfiles que probablemente los busquemos fuera del ámbito público por su especificidad y por su necesidad de competencias absolutamente nuevas en ámbitos como inteligencia artificial, ciberseguridad y de la
gestión de los datos, que no es tan fácil encontrar dentro de los cuerpos actuales de TIC o de funcionarios, aunque parte importante del Plan de competencias digitales va a ir destinado, justamente, a desarrollar estas competencias nuevas y
requeridas dentro de los funcionarios públicos de la Administración General del Estado.


Las partidas que usted ha mencionado, efectivamente, en Enisa son 5 millones asociados al capítulo 8, pero ha de sumar los otros 12 millones del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Por eso hay un baile de cifras entre 5 y 12, pero
ambas partidas que son ciertas: 5 millones del capítulo 8 y 12 millones del MRR.


Usted también preguntaba sobre el impacto de las pymes, estamos intentando llegar a un impacto mínimo de un millón de pymes con el plan de digitalización. Todo esto son planes que en las próximas semanas, antes de finales de diciembre, van
a ver presentados con detalle: el Plan Nacional de Competencias Digitales, el Plan Nacional de Digitalización de las Pymes y la Estrategia Nacional de Inteligencia artificial. Todo eso son proyectos en los que ya hemos trabajado estos meses, que
durante la pandemia tuvieron ciertamente un parón, pero que hemos retomado con muchísima energía y que nos comprometemos a presentar en detalle antes de final de diciembre.


En cuanto a la intervención del señor Pedreño, quería decirle que es muy importante que rememos todos en la misma dirección y que confiemos y luchemos para que estos fondos lleguen a España, y el primer paso es la aprobación de estos
presupuestos. Los mecanismos y los fondos europeos no son algo aislado de las líneas de la política que este Gobierno quiere promover, justamente, con estos fondos el impacto va a poder ser mayor en esas líneas. Además de poder hacer cosas
distintas que no teníamos previsto hacer, tenemos la oportunidad única de poder adelantar muchísimos años de digitalización de España que están pendientes y que no nos podemos permitir el lujo de seguir retrasando.


El proyecto que España enviará a Bruselas, estamos convencidos de que es un proyecto sólido, que está liderado por la vicepresidenta Calviño, y cuyos detalles serán públicos, como no puede ser de otra manera, en su debido momento. También
recuerdo que el presidente del Gobierno ya presentó el detalle de estas líneas en el Plan España Puede.


En cuanto a lo que comentaba el Alto Comisionado, me consta que el viernes comparece el Alto Comisionado de España en la Acción Emprendedora, pero tengan bien seguro que la estrategia que va a presentar está absolutamente alineada con
nuestra Secretaría de Estado, ya que somos los que tenemos justamente el presupuesto y la capacidad de actuación para implantar esas líneas estratégicas y convertirlas en planes de actuación. Por lo tanto, todas las líneas que estoy mencionado se
han trabajado previamente con el Alto Comisionado y reflejan, en el fondo, esta visión estratégica al más alto nivel que

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se impulsan desde el Alto Comisionado, y que se traduce en planes y medidas concretas en estos Presupuestos Generales del Estado que presentamos aquí desde esta Secretaría.


También comentaba otra vez el tema de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial. Es cierto que es una estrategia que se empezó a gestar, que teníamos que presentarla coincidiendo con la pandemia y que estamos ya ultimando para su
presentación en el próximo mes, y entremedias hemos creado un mecanismo muy importante, como ha sido el Consejo Nacional de Inteligencia Artificial, que también está colaborando en la revisión de esta estrategia que presentaremos públicamente y que
va a ser muy potente porque abordará tanto ámbitos científicos y académicos como el ámbito del desarrollo empresarial y de un nuevo sector que, sin duda alguna, va a promover el crecimiento económico en nuestro país, la creación de empresas y la
generación de empleo de calidad.


Sin más, porque es muy tarde, quiero agradecerles de nuevo sus amables intervenciones. Yo me quedo con un mensaje, y es que creo que es muy positivo que con los portavoces de los distintos grupos parlamentarios hayamos coincidido en un
punto, en la necesidad de digitalizar nuestro país, en la oportunidad de aprovechar este momento para cambiar el paso y que España pueda ser una economía competente en el ámbito digital dentro de la Unión Europea y, por tanto, yo creo que es muy
positivo que compartamos todos este diagnóstico.


Para finalizar, quiero recordar que yo les presento este presupuesto muy ilusionada. Pienso que es un proyecto histórico, un presupuesto de país que nos va a permitir abordar como nunca la reconstrucción económica que España necesita y en
clave digital, y solo voy a darles un dato. Hoy en día si contáramos la economía digital en España actualmente esta aporta el 19 % del producto interior bruto, solo detrás del sector de la construcción, y que la proyección del producto interior
bruto a nivel europeo va a ser del 40 % en lo digital. Por tanto, España no puede quedar atrás en la reconstrucción y en la adaptación del sistema productivo para que también pueda tener este 40 % de contribución en lo digital a su producto
interior bruto en los próximos años.


Son estos unos presupuestos transformadores que nos permitirán trabajar y sentar las bases, por tanto, para cambiar el tejido productivo y transitar hacia una economía digital, sostenible e inclusiva para todos y todas. Estamos hablando,
para resumir, de 410 millones de presupuesto ordinario y 2659 millones de euros asociados al Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia para poder digitalizar este país, es decir, 3069 millones para digitalizar la economía desde la Secretaría de
Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. Nos jugamos mucho, nos jugamos poder reconstruir nuestra economía o no hacerlo, nos jugamos poder cerrar las brechas digitales o que estas sigan creciendo, situar a España en una posición de
ventaja para aprovechar las oportunidades de futuro digital o quedar rezagados del cambio y tener que ir adaptándonos a marchas forzadas. Yo les pediría que no perdamos ni un minuto más, que aprovechemos la oportunidad que nos brindan los fondos
europeos para hacer de España una auténtica potencia en economía digital. No tengan duda de que estos presupuestos para 2021 son las cuentas transformadoras para la digitalización de nuestro país y para el cierre de brechas digitales.
Reconstruyamos nuestro presente y diseñemos nuestro futuro para todos y todas en clave digital.


Muchísimas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias.


Hemos podido comprobar cómo, a pesar de las horas, su intervención ha suscitado un gran interés. También quiero dar las gracias a todos los diputados y diputadas por su participación y su trabajo en esta intensa jornada.


Sin más, se levanta la sesión.


Eran las nueve y cincuenta y cinco minutos de la noche.