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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 146, de 22/09/2020
cve: DSCD-14-CO-146
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2020 XIV LEGISLATURA Núm. 146
DERECHOS SOCIALES Y POLÍTICAS INTEGRALES DE LA DISCAPACIDAD
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOAN RUIZ I CARBONELL
Sesión núm. 4
celebrada el martes,
22 de septiembre de 2020
ORDEN DEL DÍA:
Exclusión del orden del día:
Preguntas:
- Previsiones acerca de culminar la encuesta sobre discapacidad, autonomía personal y situaciones de dependencia, 'que tenía que haber estado realizada y entregados sus resultados en 2018' (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta
escrita número de expediente 184/006333) ... (Página4)
Autor: García Rodríguez, Alicia (GP)
BOCG, serie D, número 86, de 20 de mayo de 2020 PDF
(Número de expediente 181/000185)
- Previsiones del Gobierno acerca de dar cumplimiento a la exigencia de la Plataforma del Tercer Sector de crear un teléfono de emergencia social accesible de manera universal para atender a las personas más vulnerables ante la pandemia del
coronavirus (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/007828) ... (Página4)
Autor: García Rodríguez, Alicia (GP)
Moneo Díez, María Sandra (GP)
BOCG, serie D, número 91, de 27 de mayo de 2020 PDF
(Número de expediente 181/000196)
- Previsiones acerca de disponer de un procedimiento claro de actuación en los servicios de salud durante la crisis del COVID-19 para garantizar la igualdad y no incurrir en discriminaciones hacia las personas con discapacidad (procedente de
la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/008120) ... (Página4)
Autor: García Rodríguez, Alicia (GP)
Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción (GP)
Moneo Díez, María Sandra (GP)
Echániz Salgado, José Ignacio (GP)
(Número de expediente 181/000206)
- Solución que da el Gobierno a los centros de carácter social, especialmente a los centros de día, que han tramitado previamente a la aprobación del Real Decreto-ley 9/2020 un ERTE (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta
escrita número de expediente 184/008122) ... (Página4)
Autor: García Rodríguez, Alicia (GP)
Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción (GP)
Moneo Díez, María Sandra (GP)
Echániz Salgado, José Ignacio (GP)
BOCG, serie D, número 91, de 27 de mayo de 2020 PDF
(Número de expediente 181/000207)
Preguntas:
- Previsiones acerca de garantizar la flexibilización del personal y de tareas para dar respuesta a la situación actual y a la que pueda producirse en las próximas semanas y la atención a las personas usuarias de centros de personas mayores,
centros de carácter social y servicios de atención domiciliaria (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/007437) ... (Página5)
Autor: García Rodríguez, Alicia (GP)
Moneo Díez, María Sandra (GP)
BOCG, serie D, número 86, de 20 de mayo de 2020 PDF
(Número de expediente 181/000181)
- Previsiones acerca del déficit de plazas residenciales y de desarrollar el epígrafe relativo a la calidad de las residencias de mayores del documento 'Coalición Progresista. Un nuevo acuerdo para España' (procedente de la pregunta al
Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/006331) ... (Página5)
Autor: García Rodríguez, Alicia (GP)
BOCG, serie D, número 86, de 20 de mayo de 2020 PDF
(Número de expediente 181/000184)
- Medidas adoptadas por el Gobierno en el ámbito de sus competencias respecto de la situación de las residencias de personas mayores ante la pandemia provocada por el COVID-19 (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita
número de expediente 184/008394) ... (Página5)
Autor: García Rodríguez, Alicia (GP)
Moneo Díez, María Sandra (GP)
Echániz Salgado, José Ignacio (GP)
BOCG, serie D, número 91, de 27 de mayo de 2020 PDF
(Número de expediente 181/000202)
- Previsiones del Gobierno para garantizar el suministro del equipamiento de protección y diagnóstico ante el coronavirus, así como el apoyo sanitario requerido por las residencias de personas mayores, y para que la fiscalía deje de
vigilarlas, como plantea la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/008395) ... (Página5)
Autor: García Rodríguez, Alicia (GP)
Moneo Díez, María Sandra (GP)
Echániz Salgado, José Ignacio (GP)
BOCG, serie D, número 91, de 27 de mayo de 2020 PDF
(Número de expediente 181/000203)
- Medidas adoptadas por el Gobierno en el ámbito de sus competencias respecto de la situación de las residencias de personas con discapacidad ante la pandemia provocada por el COVID-19 (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta
escrita número de expediente 184/008396) ... (Página6)
Autor: García Rodríguez, Alicia (GP)
Moneo Díez, María Sandra (GP)
Echániz Salgado, José Ignacio (GP)
BOCG, serie D, número 91, de 27 de mayo de 2020 PDF
(Número de expediente 181/000204)
- Medidas adoptadas por el Gobierno para garantizar el suministro de los equipos de protección a los profesionales de los servicios sociales de atención domiciliaria, número de equipos distribuidos en cada comunidad autónoma y actuaciones en
relación con riesgos laborales (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/008397) ... (Página6)
Autor: García Rodríguez, Alicia (GP)
Moneo Díez, María Sandra (GP)
Echániz Salgado, José Ignacio (GP)
BOCG, serie D, número 91, de 27 de mayo de 2020 PDF
(Número de expediente 181/000205)
- Medidas previstas para reducir la lista de espera en el ámbito de la dependencia en el año 2020 (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/006290) ... (Página12)
Autor: García Rodríguez, Alicia (GP)
Moneo Díez, María Sandra (GP)
BOCG, serie D, número 86, de 20 de mayo de 2020 PDF
(Número de expediente 181/000177)
- Conclusiones alcanzadas y propuestas realizadas durante la reunión del Consejo General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales celebrado el 12/12/2019 en relación con la gestión realizada y la actividad desarrollada en el año, así
como con la apertura de los nuevos centros de referencia estatal y con la confección del nuevo contrato del programa de turismo social (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/006297) ...
Autor: García Rodríguez, Alicia (GP)
Moneo Díez, María Sandra (GP)
BOCG, serie D, número 86, de 20 de mayo de 2020 PDF
(Número de expediente 181/000180)
- Medidas y plazos previstos para garantizar la atención de los ciudadanos que se vean afectados por la crisis del coronavirus (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/007441) ...
Autor: García Rodríguez, Alicia (GP)
Moneo Díez, María Sandra (GP)
BOCG, serie D, número 86, de 20 de mayo de 2020 PDF
(Número de expediente 181/000183)
Ratificación del acuerdo de la Mesa, oídos los portavoces, sobre la siguiente comparecencia, a efectos del artículo 44 del Reglamento:
- Del señor secretario de Estado de Derechos Sociales (Álvarez Peralta), para informar de las líneas generales en el ámbito de sus competencias. A propuesta del Gobierno. (Número de expediente 212/000024) ...
Celebración de la comparecencia votada favorablemente por la Comisión ... (Página22)
Se abre la sesión a las diez de la mañana.
EXCLUSIÓN DEL ORDEN DEL DÍA:
PREGUNTAS:
- PREVISIONES ACERCA DE CULMINAR LA ENCUESTA SOBRE DISCAPACIDAD, AUTONOMÍA PERSONAL Y SITUACIONES DE DEPENDENCIA, 'QUE TENÍA QUE HABER ESTADO REALIZADA Y ENTREGADOS SUS RESULTADOS EN 2018' (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA
ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/006333).
AUTOR: GARCÍA RODRÍGUEZ, ALICIA (GP)
BOCG, SERIE D, NÚMERO 86, DE 20 DE MAYO DE 2020 PDF
(Número de expediente 181/000185).
- PREVISIONES DEL GOBIERNO ACERCA DE DAR CUMPLIMIENTO A LA EXIGENCIA DE LA PLATAFORMA DEL TERCER SECTOR DE CREAR UN TELÉFONO DE EMERGENCIA SOCIAL ACCESIBLE DE MANERA UNIVERSAL PARA ATENDER A LAS PERSONAS MÁS VULNERABLES ANTE LA PANDEMIA DEL
CORONAVIRUS (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/007828).
AUTOR: GARCÍA RODRÍGUEZ, ALICIA (GP)
MONEO DÍEZ, MARÍA SANDRA (GP)
BOCG, SERIE D, NÚMERO 91, DE 27 DE MAYO DE 2020 PDF
(Número de expediente 181/000196).
- PREVISIONES ACERCA DE DISPONER DE UN PROCEDIMIENTO CLARO DE ACTUACIÓN EN LOS SERVICIOS DE SALUD DURANTE LA CRISIS DEL COVID-19 PARA GARANTIZAR LA IGUALDAD Y NO INCURRIR EN DISCRIMINACIONES HACIA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (PROCEDENTE DE
LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/008120).
AUTOR: GARCÍA RODRÍGUEZ, ALICIA (GP)
GAMARRA RUIZ-CLAVIJO, CONCEPCIÓN (GP)
MONEO DÍEZ, MARÍA SANDRA (GP)
ECHÁNIZ SALGADO, JOSÉ IGNACIO (GP)
(Número de expediente 181/000206).
- SOLUCIÓN QUE DA EL GOBIERNO A LOS CENTROS DE CARÁCTER SOCIAL, ESPECIALMENTE A LOS CENTROS DE DÍA, QUE HAN TRAMITADO PREVIAMENTE A LA APROBACIÓN DEL REAL DECRETO-LEY 9/2020 UN ERTE (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA
ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/008122).
AUTOR: GARCÍA RODRÍGUEZ, ALICIA (GP)
GAMARRA RUIZ-CLAVIJO, CONCEPCIÓN (GP)
MONEO DÍEZ, MARÍA SANDRA (GP)
ECHÁNIZ SALGADO, JOSÉ IGNACIO (GP)
BOCG, SERIE D, NÚMERO 91, DE 27 DE MAYO DE 2020 PDF
(Número de expediente 181/000207).
El señor PRESIDENTE: Vamos a iniciar la reunión de la Comisión.
En primer lugar, buenos días señor Ignacio Álvarez. Bienvenido a esta su Comisión, que estoy convencido de que será fructífera.
Una cuestión previa. Me han preguntado si hay que llevar la mascarilla o no, no tengo muy claro si es obligado del todo, pero es evidente que si estamos insistiendo a todo el mundo en que hay que llevar la mascarilla en todo tipo de actos,
es un mensaje que estamos enviando a todos aquellos que hoy nos seguirán a través de las redes sociales, del Congreso en directo o de las fotografías que pueden salir mañana en los medios de comunicación. Por tanto, yo voy a utilizarla y no voy a
quitármela. Además, quiero agradecer de antemano el esfuerzo que vamos a hacer todos, sobre todos los portavoces, para intentar encajar la reunión en esta mañana, teniendo en cuenta que a las tres, les recuerdo que a las tres, se inicia el Pleno.
Así que, sin más, iniciamos la sesión con la respuesta oral a las preguntas escritas que no se han contestado en el plazo que requiere el reglamento.
De las trece que figuran en el orden del día, nueve se han agrupado por su contenido en tres bloques. Si me equivoco, ruego a la portavoz del Grupo Popular que me corrija. Serán los siguientes: el primer bloque sería el de residencias y
atención domiciliaria que agruparía las preguntas 3, 5,8, 9, 10 y 11; el segundo bloque sería el de dependencia e Imserso que agruparía las preguntas 1 y 2, y el tercer bloque sería la pregunta número 4, que se refiere a las medidas y plazos
previstos para garantizar la atención de los ciudadanos que se vean afectados por la crisis del COVID. Hay otras cuatro preguntas en el orden del día, la 6, la 7, la 12 y la 13, que el Grupo Popular ha retirado para volverlas a presentar de nuevo
por escrito actualizando su contenido.
PREGUNTAS:
- PREVISIONES ACERCA DE GARANTIZAR LA FLEXIBILIZACIÓN DEL PERSONAL Y DE TAREAS PARA DAR RESPUESTA A LA SITUACIÓN ACTUAL Y A LA QUE PUEDA PRODUCIRSE EN LAS PRÓXIMAS SEMANAS Y LA ATENCIÓN A LAS PERSONAS USUARIAS DE CENTROS DE PERSONAS MAYORES,
CENTROS DE CARÁCTER SOCIAL Y SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIARIA (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/007437).
AUTOR: GARCÍA RODRÍGUEZ, ALICIA (GP)
MONEO DÍEZ, MARÍA SANDRA (GP)
BOCG, SERIE D, NÚMERO 86, DE 20 DE MAYO DE 2020 PDF
(Número de expediente 181/000181).
- PREVISIONES ACERCA DEL DÉFICIT DE PLAZAS RESIDENCIALES Y DE DESARROLLAR EL EPÍGRAFE RELATIVO A LA CALIDAD DE LAS RESIDENCIAS DE MAYORES DEL DOCUMENTO 'COALICIÓN PROGRESISTA. UN NUEVO ACUERDO PARA ESPAÑA' (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL
GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/006331).
AUTOR: GARCÍA RODRÍGUEZ, ALICIA (GP)
BOCG, SERIE D, NÚMERO 86, DE 20 DE MAYO DE 2020 PDF
(Número de expediente 181/000184).
- MEDIDAS ADOPTADAS POR EL GOBIERNO EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS RESPECTO DE LA SITUACIÓN DE LAS RESIDENCIAS DE PERSONAS MAYORES ANTE LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL COVID-19 (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA
NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/008394).
AUTOR: GARCÍA RODRÍGUEZ, ALICIA (GP)
MONEO DÍEZ, MARÍA SANDRA (GP)
ECHÁNIZ SALGADO, JOSÉ IGNACIO (GP)
BOCG, SERIE D, NÚMERO 91, DE 27 DE MAYO DE 2020 PDF
(Número de expediente 181/000202).
- PREVISIONES DEL GOBIERNO PARA GARANTIZAR EL SUMINISTRO DEL EQUIPAMIENTO DE PROTECCIÓN Y DIAGNÓSTICO ANTE EL CORONAVIRUS, ASÍ COMO EL APOYO SANITARIO REQUERIDO POR LAS RESIDENCIAS DE PERSONAS MAYORES, Y PARA QUE LA FISCALÍA DEJE DE
VIGILARLAS, COMO PLANTEA LA ASOCIACIÓN DE DIRECTORAS Y GERENTES DE SERVICIOS SOCIALES (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/008395).
AUTOR: GARCÍA RODRÍGUEZ, ALICIA (GP)
MONEO DÍEZ, MARÍA SANDRA (GP)
ECHÁNIZ SALGADO, JOSÉ IGNACIO (GP)
BOCG, SERIE D, NÚMERO 91, DE 27 DE MAYO DE 2020 PDF
(Número de expediente 181/000203).
- MEDIDAS ADOPTADAS POR EL GOBIERNO EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS RESPECTO DE LA SITUACIÓN DE LAS RESIDENCIAS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD ANTE LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL COVID-19 (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA
ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/008396).
AUTOR: GARCÍA RODRÍGUEZ, ALICIA (GP)
MONEO DÍEZ, MARÍA SANDRA (GP)
ECHÁNIZ SALGADO, JOSÉ IGNACIO (GP)
BOCG, SERIE D, NÚMERO 91, DE 27 DE MAYO DE 2020 PDF
(Número de expediente 181/000204).
- MEDIDAS ADOPTADAS POR EL GOBIERNO PARA GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN A LOS PROFESIONALES DE LOS SERVICIOS SOCIALES DE ATENCIÓN DOMICILIARIA, NÚMERO DE EQUIPOS DISTRIBUIDOS EN CADA COMUNIDAD AUTÓNOMA Y ACTUACIONES EN
RELACIÓN CON RIESGOS LABORALES (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/008397).
AUTOR: GARCÍA RODRÍGUEZ, ALICIA (GP)
MONEO DÍEZ, MARÍA SANDRA (GP)
ECHÁNIZ SALGADO, JOSÉ IGNACIO (GP)
BOCG, SERIE D, NÚMERO 91, DE 27 DE MAYO DE 2020 PDF
(Número de expediente 181/000205).
El señor PRESIDENTE: Sin más preámbulo, tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, señora García Rodríguez, para iniciar el primer bloque de preguntas.
La señora GARCÍA RODRÍGUEZ: Muchas gracias, presidente.
Las preguntas eran preguntas escritas sobre diferentes temas de actualidad durante estos meses, pero que siguen también vigentes en este momento. Preguntaba el Grupo Parlamentario Popular por la situación de las residencias y la atención
domiciliaria, especialmente durante la pandemia, pero también lógicamente ahora, que estamos ante la segunda oleada. También preguntábamos por el equipamiento, si había llegado o no había llegado a los profesionales de las residencias y la atención
al domicilio, y también por las dificultades que tenían y siguen teniendo las residencias para contratar a personal que por bajas laborales no pueden ir a trabajar y están teniendo verdaderas dificultades. Por ello, como los problemas de hace seis
meses siguen siendo los problemas de ahora, le formulamos estas preguntas, que nos diga cuál es la situación ahora mismo y qué está haciendo el Gobierno para paliar esta segunda oleada.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Señor secretario.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE DERECHOS SOCIALES (Álvarez Peralta): Muchas gracias, señoría.
Es un placer estar aquí esta mañana con ustedes rindiendo cuentas del trabajo de esta secretaría de Estado, exponiendo los objetivos y los planes que tenemos y, al mismo tiempo, respondiendo a las preguntas que se nos trasladan por parte del
Grupo Popular. Asimismo, agradezco la compresión para agrupar estas preguntas y poder responderlas de forma conjunta, de manera que tengamos tiempo para el conjunto de la comparecencia.
Es innegable que el impacto de la crisis sanitaria ha sido importantísimo para las personas mayores del conjunto del país y muy en particular para las personas mayores que viven en centros residenciales, lo que ha obligado lógicamente al
conjunto de las administraciones públicas del país a adoptar medidas esenciales, medidas muy importantes. Es sabido también que la gestión y el control directo de las residencias forman parte del marco de competencias de las comunidades autónomas.
No obstante, garantizando ese marco, salvaguardando ese marco, esta secretaría de Estado ha colaborado con el
Ministerio de Sanidad y en el marco del consejo territorial con el conjunto de las comunidades autónomas, precisamente para impulsar y desarrollar dentro de sus competencias toda una serie de medidas que faciliten el ejercicio y proporcionen
los instrumentos a las comunidades autónomas para acometer precisamente la tensión que la pandemia ha planteado en los centros residenciales de personas mayores, con el doble objetivo, en primer lugar, lógicamente, de asegurar la atención a la
situación sanitaria de las personas mayores y de las personas que viven en los centros residenciales, pero también de garantizar o de por lo menos intentar evitar que estos centros se convirtieran en espacios de contagio y en vectores de propagación
de la pandemia.
El conjunto de medidas -trataré de ser breve en la respuesta- se podrían agrupar en distintos grupos respondiendo a la pregunta de la señora diputada. En primer lugar, se han desarrollado por parte de esta secretaría de Estado -insisto,
siempre en colaboración, en el marco del consejo territorial, con las consejerías, las consejeras y los consejeros de las comunidades autónomas- un conjunto de medidas relacionadas y destinadas al refuerzo de plantillas y al mantenimiento de la
prestación de servicios, desde el desarrollo del fondo social extraordinario de 300 millones precisamente para proporcionar instrumentos para que las comunidades autónomas pudieran garantizar en un momento de mucha tensión la contratación de
personal en los centros residenciales y el desarrollo, la facilitación de otros 300 millones de euros adicionales por la vía del superávit de los ayuntamientos para que los ayuntamientos pudieran reforzar también con estas partidas, dado que se
habilitó, impulsado por esta secretaría de Estado en colaboración con el Ministerio de Hacienda, que los entes locales pudieran destinar su superávit hasta 300 millones a reforzar también los servicios sociales y, en particular, las plantillas
laborales de los centros residenciales. En este primer marco de medidas destinadas al refuerzo de plantillas y a la garantía de la prestación de servicios, la Resolución del 23 de marzo de esta secretaría de Estado modificó los requisitos para
acreditar la contratación del personal, facilitando la contratación; y la Orden 295/2020, de 26 de marzo, declaraba a los servicios sociales como servicios esenciales precisamente para facilitar y garantizar esa contratación de personal que hoy
vemos de nuevo que vuelve a tener una cierta tensión, y luego me referiré a ello. Con ello, se facilitaba la continuación de la prestación de servicios y se dotaba de mayor flexibilidad a las contrataciones.
Un segundo grupo de medidas relacionadas precisamente con la pregunta que hacía su señoría ha estado destinado a tratar de abordar la enfermedad en los propios centros residenciales, lógicamente impulsado por el Ministerio de Sanidad pero en
colaboración continua y permanente con esta secretaría de Estado. Ya el 6 de marzo, en reunión con las consejerías de las comunidades autónomas, se adoptaron una serie de recomendaciones que dieron lugar a una guía de prevención y control frente al
COVID en las residencias de mayores. El 6 de marzo ya adoptamos esas recomendaciones que después se trasladaron a una orden, la Orden 265/2020, de 19 de marzo, que establecía medidas organizativas y de coordinación para reducir el riesgo de
contagio; medidas relativas a la ubicación y al aislamiento de pacientes en centros residenciales, lo que después hemos conocido como la sectorialización, una práctica que ha resultado de bastante ayuda para evitar la propagación de contagios en
los centros residenciales. En este segundo bloque de medidas adoptadas, y relacionado con la pregunta de su señoría, se adoptó también la Orden 275/2020, de 23 de marzo, en donde se facultaba a las comunidades autónomas -que en ningún momento
perdieron sus competencias al respecto- a intervenir las residencias que estuviesen sometidas a casos graves de contagio. Asimismo, la Orden 322/2020, de 3 de abril, declaraba prioritaria la distribución de EPI y test para los residentes y el
personal de las residencias. Esta secretaría de Estado en particular ha colaborado con el Ministerio de Defensa tramitando todas y cada una de las solicitudes -tratando de hacerlo en tiempo y forma- que nos han sido remitidas por las comunidades
autónomas o directamente por las propias residencias a través de la Delegación de Gobierno hasta un total de cuatro mil solicitudes de auxilio y socorro para que la Unidad Militar de Emergencias asistiese a las residencias que tramitaban las
solicitudes.
Trataré de ir abreviando. Un tercer bloque de medidas relacionadas con la pregunta que me hacía su señoría ha sido el relativo a las medidas que se han desarrollado en los propios centros del Imserso. Como saben ustedes, los centros del
Imserso atienden a más de mil personas en este país entre los centros de referencia estatal y los centros de atención a las personas con discapacidad física. Se han mantenido en pleno funcionamiento un total de diez centros que atendieron a casi
setecientas personas durante los meses de la pandemia. Lógicamente, en todos ellos se elaboraron los planes de contingencia imprescindibles y necesarios y, aunque en algunos de estos centros entró el virus, los resultados han sido relativamente
satisfactorios en cuanto a la posibilidad de contener los focos que se desarrollaron.
Asimismo, un cuarto grupo de medidas en materia de residencias ha sido el desarrollado por parte de esta secretaría de Estado en colaboración con las comunidades autónomas cediendo espacios de la red de centros del Imserso, lo que ha
facilitado precisamente el desarrollo de prácticas que después hemos comprobado como algunas de las más útiles para afrontar la pandemia en centros residenciales. Me refiero al desarrollo de centros intermedios y centros de drenaje que han
permitido que, por ejemplo, el Hospital Universitario de la Paz utilizase el centro del Ceadac, el Credine en Langreo se pusiera a disposición de la sanidad asturiana, el CRMF de Lardero se pusiera a disposición de las autoridades riojanas o el
Centro de Alzheimer de Salamanca a disposición de la Junta de Castilla y León, facilitando el drenaje de personas que sufrían el ataque del virus y que, por tanto, presentaban riesgo de contagio a centros intermedios que permitían sacar de los
centros residenciales el virus.
Termino respondiendo a esta primera pregunta. Es evidente que la pandemia no ha terminado, seguimos en ella. A principios de verano ya teníamos los primeros temores de que una segunda oleada pudiera llegar a los centros residenciales. Por
eso, en el marco del consejo territorial el pasado 18 de junio se puso en marcha ya un grupo de trabajo sobre residencias y COVID-19 con el fin de proponer y coordinar medidas que permitieran abordar con mayor seguridad el posible rebrote con la
colaboración de la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y el propio consejo consultivo donde se integran patronales y sindicatos. Básicamente, los objetivos eran establecer concreción sobre los planes de contingencia que ya
habían sido acordados con las autoridades sanitarias y establecer un marco común para dichos planes de contingencia que situase una suerte de suelo mínimo o lista de verificación que todos los centros residenciales del país deberían cumplir. Ya era
normativo y obligatorio que todas las comunidades autónomas y todos los centros residenciales tuvieran estos planes de contingencia, pero, en todo caso, a partir de junio, y en colaboración con este grupo del consejo territorial, se estableció un
marco común, un suelo mínimo de verificación para el conjunto del país que homogeneizase y garantizase ese mínimo en todos los centros residenciales. Asimismo, se ha trabajado en la dirección del refuerzo del sistema de recogida de datos en aras de
construir un sistema de monitorización y alerta temprana. Este grupo de trabajo que se puso en marcha en verano sobre residencias y COVID19 también ha trabajado en un informe que se presentará en el propio próximo consejo territorial y en el que se
dará cuenta de las buenas experiencias, las prácticas y aquellas medidas que las comunidades autónomas nos han ido trasladando como las más útiles para hacer frente al COVID: sectorialización de centros, drenaje de pacientes afectados por la
infección, etcétera.
No quiero extenderme más en esta primera pregunta, pero quedo a su disposición para todo aquello que considere oportuno.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Alicia García Rodríguez.
La señora GARCÍA RODRÍGUEZ: Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias, secretario de Estado, por su respuesta, que tenía que haber llegado por escrito, pero le agradezco que responda a estas preguntas.
Usted habla de la gestión y del marco competencial de las comunidades autónomas, pero la responsabilidad no se delega, sino que se asume y se ejerce. Usted habla del marco de colaboración con las comunidades autónomas y con las
administraciones públicas y también habla de facilitar instrumentos, pero sin duda esos instrumentos no han sido suficientes y esa colaboración tampoco. En primer lugar, hemos visto a un Gobierno incapaz de anticiparse a la situación y esto no es
solo responsabilidad de su secretaría de Estado, sino del Gobierno en su conjunto, porque no se hizo acopio de material. Nos preocupa sobre todo porque no se hizo acopio de material en aquel momento pero seis meses después las comunidades autónomas
dicen que aún no les ha llegado todo el material. Yo recuerdo -está en la retina de todos- cuando el vicepresidente Pablo Iglesias en rueda de prensa con el ministro Illa al lado anunció que iba a llegar el material a las residencias, pero me
consta que a las residencias tampoco llegó ese material y ese ha sido uno de los grandes problemas que han sufrido durante estos meses y que siguen sufriendo porque el material sigue sin llegar. Por tanto, cuando empezaron a actuar ustedes -usted
se ha referido al 6 de marzo- el virus ya estaba dentro de las residencias, de algunas residencias, no de todas. Es verdad que ustedes aprobaron un documento de recomendaciones, pero luego no fue el documento que se trasladó como guía de
recomendaciones posteriormente al 19 de marzo. En el documento del 6 de marzo ustedes hacían recomendaciones a los centros de carácter social, tanto centros residenciales de personas mayores como de personas con
discapacidad, y decían que el coronavirus lo tenían que tratar como si fuera una simple gripe. Ese es el documento técnico del que ustedes se hacían eco a través de las redes sociales el 9 de marzo. Además, decían que era un protocolo de
Sanidad, del Gobierno, en colaboración con el Imserso, y que a las comunidades autónomas únicamente se les informaba de la situación y de estas recomendaciones. Lo decían ustedes en redes sociales el mismo 9 de marzo. Es un protocolo de Sanidad,
que se hace en colaboración con el Imserso, del que se informa a las comunidades autónomas y donde, además, se aborda el coronavirus como si fuera una simple gripe. Por tanto, ustedes ya llegan tarde. El 19 de marzo ya era muy tarde, porque en
esas fechas ya había personas mayores que estaban falleciendo en las residencias. Sí es verdad que el 19 marzo el vicepresidente se pone al mando de los servicios sociales o, al menos, eso anuncia, y que promete esos 300 millones de euros. Fueron
escasos, aunque fueron algo en su momento, porque el presidente del Gobierno dijo que movilizaría 200 000 millones de euros en medidas para paliar la situación del coronavirus en España, pero a políticas sociales solo llegaron 300 millones, que
parecen bastante escasos. El resultado es que hay 30 000 o 24 000 -no lo sé exactamente, porque tampoco nos dan el dato- personas fallecidas en residencias y muchas de ellas, además, ni siquiera reconocidos en las estadísticas oficiales. Por
respeto a las familias, con la influencia que usted pueda tener en el vicepresidente y el vicepresidente en el Gobierno, espero que se pueda decir la verdad y contabilizar el número de fallecidos en residencias y el número de fallecidos en total en
España.
¿Qué ha fallado durante estos meses y qué sigue fallando ahora, que es lo más triste? Algo falló entonces, pero sigue ocurriendo lo mismo en este mismo momento, en la segunda oleada. Faltaron los equipos de protección. El Gobierno no se
anticipó. Además, tampoco acertó comprando el material, ya que compraron test fallidos, mascarillas falsas, etcétera. Tampoco se envió el material a quienes más lo necesitaban, los profesionales de las residencias, para proteger a las personas
mayores. Otro de los temas que falló y que sigue fallando ha sido la falta de protocolos marco de actuación dirigidos desde el Gobierno de España y coordinándolos con las comunidades autónomas. Otra cosa que falló -y sigue fallando ahora- es que
tampoco se escuchó al sector residencial. La semana pasada el Grupo Parlamentario Popular mantuvo reuniones con el sector residencial y nos decían que aún no les había recibido el presidente del Gobierno ni el vicepresidente. Entiendo que al menos
usted sí que les habrá recibido. Otra de las cosas que fallaron entonces y que vuelven a fallar ahora es la falta de personal. Es verdad que se aprobaron decretos y que alguno de ellos flexibilizaba la posibilidad de contratación de personal en su
momento, lo que palió la situación -y hay que agradecerlo- que estaban viviendo las residencias. Pero ahora tienen el mismo problema, y esos reales decretos ya no están vigentes porque acabaron cuando terminó el estado de alarma. En marzo estuvo
de baja el 30 % del personal que trabajaba en las residencias por enfermedad o ansiedad y ¿qué ocurrió?, que no encontraban personal para reponer. Ahora ese problema está volviendo a ocurrir.
Sabemos cuáles son los problemas que hubo entonces y que ahora se están repitiendo. Lo mínimo que se espera de ustedes es que, en el ámbito de sus competencias y por la capacidad que tienen de coordinar en el consejo territorial y las
Comisiones Delegadas de Servicios Sociales, acuerden un protocolo marco de actuación y llegue el material donde tiene que llegar. Hacía alusión usted a que han mantenido reuniones -la última ha tenido lugar el 24 de agosto-, pero si las actuaciones
que se proponen en junio, dentro de los acuerdos a los que se llegó en esas reuniones para paliar otra crisis dentro de las residencias, son realizar pruebas PCR únicamente a los nuevos ingresos en los centros sociosanitarios o limitar las visitas o
limitar al máximo las salidas, es que ni el Gobierno ni ustedes han hecho su trabajo. Todos esperábamos, también las comunidades autónomas, que fuera el vicepresidente quien presidiera la última reunión o comisión del 24 de agosto. No le quito
mérito a usted porque lo tiene: usted estuvo y dio la cara. No hizo lo mismo el vicepresidente. Convocó esa reunión para abordar la situación de las residencias hasta los nuevos brotes o rebrotes, y el vicepresidente no apareció. Tampoco convocó
ni dio participación, antes o después, ese mismo día, al sector residencial y a los trabajadores. Y de la reunión del 24 de agosto, que es lo peor, no salieron propuestas concretas ni hubo avances. El resumen de esa reunión fue que las comunidades
autónomas salieron insatisfechas, comunidades autónomas de todos los colores, no solamente las comunidades autónomas del Partido Popular, y salieron insatisfechas porque no se abordó, por ejemplo, la situación de los centros no residenciales o de
día; porque no se abordó la falta de personal de los geriátricos ante una temida segunda embestida del virus; porque no se abordó el coste de las pruebas masivas ni los equipos de protección, ni tampoco se abordó un plan de choque. Por tanto, se
puede decir que el 24 de agosto había un plan de choque, pero
el 24 de agosto el 7 % de todos los rebrotes estaba en las residencias, más de 200 rebrotes. Por tanto, no se puede decir que se elaboró un plan de choque. Todo quedó en una foto, en humo, porque no había propuestas concretas ni fondos
económicos. Las comunidades autónomas solicitaban nuevos fondos, porque se quedaron fuera del Fondo COVID que se presentó y se aprobó en junio de 16 000 millones de euros. Se dijo que, de esos 16 000 mil millones de euros del Fondo COVID, 1000
millones de euros iban a ir a temas sociales, pero finalmente en esos 1000 millones de euros los temas sociales quedaron fuera. ¿Cuestión de prioridades? No sé muy bien por qué ha ocurrido esto. Por tanto, este encuentro, en palabras de los
consejeros, fue papel mojado, fue para hacerse una foto, para aparentar que se coordinaba, y sin anunciar medidas efectivas. Esto lo han dicho consejeros, y no solamente consejeros del Partido Popular. Usted dijo -y leo textualmente- que el
encuentro había servido para empezar a elaborar un plan de choque.
Espero que hoy, 22 de septiembre, casi un mes después, nos presente ese plan de choque. Pero como dudo que lo vaya a hacer, le voy a explicar el plan alternativo que propone el Partido Popular. Creemos que es importante que se proponga un
plan de contingencia en residencias. Se comprometió a ello y consideramos que es urgente. Hay que impulsar medidas preventivas con urgencia y a corto plazo, y hay que hacerlo con el liderazgo y la coordinación que se espera de un secretario de
Estado o de un vicepresidente segundo. Creemos que hay que recuperar esa financiación que se perdió, los 1000 millones de euros de los 16 000 del Fondo COVID, que, finalmente, no llegaron; llegaron a todos los sectores, a educación, a transportes,
incluso, pero no llegaron a políticas sociales y no llegó precisamente a la atención a personas mayores. Usted, que está negociando los Presupuestos Generales del Estado, tiene condiciones para exigir esos 1000 millones de euros para dedicarlos a
políticas sociales y a paliar la situación que están sufriendo las personas mayores. Hay que resolver la falta de personal y hay que garantizar la normativa necesaria. Hay que tener una reserva estratégica de material y de productos sanitarios,
como nosotros hemos pedido y como se aprobó, además, en la Comisión de Reconstrucción de Sanidad. Hay que tener material de protección, que se prometió en marzo. Las comunidades autónomas dicen, seis meses después, que siguen esperando a que se
les repartan los EPI, las mascarillas, los guantes y las batas desechables. No solo hay que hacer test a los nuevos ingresos, hay que hacer test a todos los trabajadores de las residencias y, cuando sea necesario, a todos los residentes, porque
solo así evitaremos que el drama se repita y que las residencias se vuelvan a convertir en una trampa mortal. Hay que hacer un mapa epidemiológico de las residencias, como pide el sector. Porque no es lo mismo tener un centro con un 70 % de
inmunidad entre los residentes que un 5 %, porque se actuará de distinta forma en uno y en otro, pero para eso hay que tener el mapa.
Otro tema muy importante es mejorar la coordinación sociosanitaria, porque también hemos fallado. Creo que podemos mejorarla y se tiene que mejorar en el marco de coordinación con las comunidades autónomas, pero también escuchando a los
sectores y al sector.
El señor PRESIDENTE: Tendría que finalizar.
La señora GARCÍA RODRÍGUEZ: Ya termino.
Como digo, habría que reforzar la atención domiciliaria y poner en marcha un sistema unificado de recogida de datos que sea homogéneo y transparente porque se desconoce el número oficial de mayores que murieron en las residencias; por eso,
creo yo que es bueno poner en marcha un sistema unificado. Yo creo que las personas dependientes no pueden ser las grandes olvidadas y estoy convencida, secretario de Estado, que va a poner mucho interés en resolver estas situaciones.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias a usted.
Tiene la palabra el secretario de Estado, el señor Ignacio Álvarez.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE DERECHOS SOCIALES (Álvarez Peralta): Muchas gracias, señoría.
No sé de cuánto tiempo dispongo. ¿Intento intervenir brevemente?
El señor PRESIDENTE: Haga lo que pueda. (Risas).
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE DERECHOS SOCIALES (Álvarez Peralta): Intentaré ser muy breve. Creo que después tendremos mucho tiempo para seguir debatiendo y discutiendo.
Gracias, señorías; agradezco sus comentarios. La responsabilidad no se delega, y yo no he echado balones fuera ni lo hemos hecho en ningún momento. En el marco de nuestras competencias, hemos trabajado desde esta secretaría de Estado
-siempre lo hemos hecho y lo seguimos haciendo hoy- para, respetando escrupulosamente nuestras competencias, como además nos han recordado las comunidades autónomas y nos lo recordaron en el Estado de alarma, proporcionar instrumentos para que
quienes son competentes -que son las comunidades autónomas- puedan ejercer su trabajo en una colaboración que -quizá a usted no le conste, pero, desde luego, a mí, sí- ha sido creo- correcta, fructífera y, en todo caso, enmarcada dentro de lo que
debe ser el diálogo institucional.
El 6 de marzo -hacía usted referencia a aquella reunión que tuvimos y efectivamente fue en aquella reunión que tuvimos- se abordaban ya incluso protocolos de entrada y salida de los propios centros residenciales. Es decir, en aquella
reunión con las comunidades autónomas se les trasladaba a las comunidades autónomas ya protocolos de entrada y de salida en los centros residenciales y, por lo tanto, no se hablaba de una gripe, se hablaba ya de medidas muy serias y muy importantes
el mismo 6 de marzo.
Creo que usted plantea cosas que mezclan muchas realidades. Efectivamente, la Administración General del Estado de España y el conjunto de los países de la OCDE, igual que las comunidades autónomas, se enfrentaron a la dificultad del acopio
de materiales en aquel momento, sin duda -la Administración General del Estado y el conjunto de las comunidades autónomas, como pudimos comprobar, en los intentos de compra de material que hacían-, pero mezclar eso con la situación de hoy día es
sencillamente desconocer cómo están hoy día los centros residenciales. Y es desconocerlo porque me parece que seguir diciendo que están ausentes los protocolos, que falla la escucha al sector residencia, que carecemos de personal, es asimilar la
situación de hoy día con la situación que tuvimos en marzo y en abril, que es completamente distinta y que para que sea distinta no solamente ha trabajado esta secretaría de Estado o el conjunto de la Administración General del Estado, sino que las
propias consejerías de sus propias comunidades autónomas han trabajado mucho, y además lo han hecho en colaboración con el conjunto de comunidades autónomas y con esta secretaría de Estado. Por lo tanto, creo que desconoce la realidad -por lo menos
en este momento- cuando dice eso, porque son las propias comunidades autónomas -también las del Partido Popular- las que en el seno del consejo territorial han acordado un marco común que no plantea que se haga PCR solamente a los nuevos ingresos,
sino que se haga PCR al conjunto de las personas que viven y trabajan en los centros residenciales cuando aparece un brote, y un brote es un caso. Esto está aprobado por el conjunto de las comunidades autónomas, desde hace semanas, en el marco del
consejo territorial.
Los protocolos no siguen fallando, y no siguen fallando no por responsabilidad de esta secretaría de Estado, sino por responsabilidad del trabajo institucional que el conjunto de las comunidades autónomas, junto a la Administración General
del Estado, vienen desarrollando en el marco del consejo territorial. Por lo tanto, creo que se equivoca cuando dice que siguen fallando, creo que se equivoca cuando dice que no se ha escuchado al sector residencial no solamente porque nos hemos
reunido con ellos, sino porque se ha abierto una mesa de diálogo social en la que, por supuesto, la patronal está presente y nos ha trasladado en varias ocasiones elementos que son importantes, como la coordinación sociosanitaria -que dice que
falla- y que, sin embargo, ha sido abordada con el conjunto de las comunidades autónomas para garantizar que efectivamente esta se está implementando y se está cumpliendo. De hecho, el documento de marco común -y la última documentación está subida
a Internet en la secretaría de Estado; puede usted comprobarlo- que abordamos en el consejo territorial precisamente partía de la necesidad de garantizar que esta coordinación sanitaria efectivamente se da y se produce, y así es no solo porque es
ley, no solo porque está en la ley y las comunidades autónomas, por lo tanto, la cumplen, sino porque en el seno del consejo territorial hemos abordado los trabajos necesarios para que esta coordinación sociosanitaria hoy -como pedía el sistema
residencial- sea una realidad, y esa coordinación efectivamente no solo no falla sino que se ha producido y es efectiva.
¿Quiere esto decir que hay que ser complacientes con la situación? No, la situación es y sigue siendo de una enorme tensión por las propias características de la pandemia, y creo que todos deberíamos sentirnos comprometidos con la
responsabilidad institucional que esto significa, porque es una pandemia que afecta especialmente a las personas mayores ya que en los centros residenciales vive mucha gente, por las propias características de estos centros. Por tanto, utilizar
esto como un ladrillo que arrojarnos a la cabeza unos a otros es sencillamente una torpeza, y hemos tratado de sacar esa torpeza de nuestra relación con las comunidades autónomas y creo que lo hemos conseguido con cierto acierto.
Efectivamente, el sistema de dependencia, el sistema residencial, sufre de importantes carencias en este país y tiene importantes debilidades, pero no son de hoy, son de hace años, y creo que hoy se han hecho evidentes -la pandemia las ha
hecho evidentes- y el compromiso de este Gobierno cuando tomó posesión era reforzar un sistema que mostraba fragilidades. La pandemia ha hecho más evidente la necesidad de reforzar ese sistema y en eso trabajamos, en un plan de choque de
dependencia; un plan de choque que tiene que revertir, en primer lugar, los recortes que en 2012 su partido y su Gobierno aplicaron sobre el propio sistema de dependencia, más de 500 millones de euros al año de recortes. No voy a entrar a valorar
aquellos recortes, pero creo que, en parte, de aquellos recortes han venido los problemas que el sistema de residencias de mayores y el sistema de dependencia en general ha mostrado hoy. Y, efectivamente, esperemos que en los próximos presupuestos
generales una parte de aquellos recortes pueda ser revertida, de forma que los problemas de infrafinanciación que tiene el sistema, los problemas con el nivel mínimo, con el nivel acordado, puedan irse recuperando poco a poco.
Trato de no extenderme más, pero sí querría referirme a algunas cuestiones que usted también ha mencionado, como la relativa a la falta de personal. La falta de personal que se vivió como un problema importante en el curso de la pandemia
fue solucionada -o intentó serlo- en los términos que nos solicitaban las comunidades autónomas, en primer lugar, nombrando como personal esencial al personal de servicios sociales y, en segundo lugar, flexibilizando las cualificaciones necesarias
para la contratación. Esto hoy día se va a volver a hacer si es necesario. Es decir, las propias comunidades autónomas han planteado que en algunos casos podría volver a ser necesario y, por lo tanto, se llevará al consejo territorial para que, si
es necesario, se vuelva a adoptar la decisión de flexibilizar la contratación para garantizar que las plantillas prestan servicio con todas las garantías necesarias.
Finalmente, creo que este Gobierno ha hecho un esfuerzo más allá del fondo extraordinario de 300 millones que en su momento se articuló para reforzar los servicios residenciales y los servicios sociales en general. Creo que ha hecho un
esfuerzo más allá de permitir otros 300 millones de euros adicionales en el superávit de los ayuntamientos para estos objetivos con lo que ha sido el mayor traslado de financiación a las comunidades autónomas de las últimas décadas: 16 000 millones
de euros que en ningún sitio se dice que no puedan destinarse al refuerzo de los servicios sociales. Hay una parte que está orientada a la educación, hay una parte que está orientada a la sanidad y hay una parte de la que los consejeros de Hacienda
y que los Gobiernos autonómicos pueden y deben disponer como consideren oportuno en función de sus prioridades. Por lo tanto, ese dinero que el Gobierno ha puesto en manos de las comunidades autónomas puede ser perfectamente utilizado para reforzar
los servicios sociales del país. De hecho, nosotros esperaríamos que así fuera -al menos en parte, porque las necesidades son acuciantes- para que las comunidades autónomas puedan disponer de esos fondos -porque no son estrictamente finalistas-
para reforzar sus servicios sociales, lo cual no exime a esta secretaría de Estado para que trabaje y siga trabajando como está haciendo en la negociación de presupuestos generales para reforzar el sistema de dependencia en nuestro país.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
- MEDIDAS PREVISTAS PARA REDUCIR LA LISTA DE ESPERA EN EL ÁMBITO DE LA DEPENDENCIA EN EL AÑO 2020 (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/006290).
AUTOR: GARCÍA RODRÍGUEZ, ALICIA (GP)
MONEO DÍEZ, MARÍA SANDRA (GP)
BOCG, SERIE D, NÚMERO 86, DE 20 DE MAYO DE 2020 PDF
(Número de expediente 181/000177).
- CONCLUSIONES ALCANZADAS Y PROPUESTAS REALIZADAS DURANTE LA REUNIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES CELEBRADO EL 12/12/2019 EN RELACIÓN CON LA GESTIÓN REALIZADA Y LA ACTIVIDAD DESARROLLADA EN EL AÑO, ASÍ
COMO CON LA APERTURA DE LOS NUEVOS CENTROS DE REFERENCIA ESTATAL Y CON LA CONFECCIÓN DEL NUEVO CONTRATO DEL PROGRAMA DE TURISMO SOCIAL (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/006297).
AUTOR: GARCÍA RODRÍGUEZ, ALICIA (GP)
MONEO DÍEZ, MARÍA SANDRA (GP)
BOCG, SERIE D, NÚMERO 86, DE 20 DE MAYO DE 2020 PDF
(Número de expediente 181/000180).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al segundo bloque de preguntas agrupadas, formado por la pregunta 1 y la número 2, que tienen que ver con dependencia e Imserso. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Popular.
La señora GARCÍA RODRÍGUEZ: Gracias, presidente.
Igualmente son una serie de preguntas que sin duda nos interesan hoy también. El 13 de febrero el vicepresidente compareció en esta Cámara, ante esta Comisión, y le hicimos una serie de preguntas sobre cómo iban a reducir la lista de espera
en el ámbito de la dependencia. No nos contestó en esa Comisión y tampoco contestó a las preguntas por escrito, que convertimos en orales, y yo estoy convencida de que hoy nos va a contestar, sobre todo a qué medidas van a poner en marcha para
reducir las listas de espera, con qué dotación presupuestaria y cuántas personas abandonarán esa lista de espera. También se preguntaba -y yo quiero mostrar mi interés hoy aquí para que el secretario de Estado, si es posible, nos conteste- qué
decisiones se están tomando en relación con la apertura de los nuevos centros de referencia estatal, una pregunta que iba también incluida en las preguntas del Imserso. Queremos saber en concreto en qué situación se encuentra el centro de
referencia estatal de Soria y qué planes tienen. En 2019 se anunció la apertura del centro y dos visitas de la exministra Carcedo. Hoy sigue sin actividad y con unos pocos empleados comprometidos y para el Partido Popular es irrenunciable que este
centro combine la investigación con la atención asistencial. Se han invertido 3,5 millones de euros y, por tanto, no puede quedar en una mera oficina administrativa, sino que creo que es el momento de definir qué va a ser y de hacer su apertura
oficial.
También nos preocupa el centro de referencia estatal de León. A mi compañera Carmen González Guinda, que es la diputada por León, y a mí nos gustaría saber qué planes tienen con este centro. En su momento este centro iba a ser un centro de
referencia estatal de autismo, pero a principios de 2019 se volvió a cambiar de planes y se volvió al proyecto original como ciudad del mayor. ¿Nos puede concretar, pues, la situación actual de este centro?
Igualmente, nos preocupa, y mucho, un centro de referencia estatal que hay en Salamanca, que creo que usted conoce, que es el de atención a personas con alzhéimer. Ayer se celebraba el Día Mundial del Alzhéimer. La verdad es que este
centro de referencia estatal es un centro de referencia para muchas cosas, pero sobre todo para las personas con alzhéimer y sus familias y para los avances en la investigación de esta enfermedad. En junio supimos que se suspendieron los programas
de intervención, incluso los trabajadores en algún momento han temido su cierre y piensan que puede quedar operativo únicamente para la labor de investigación. Por ello, queremos saber también qué intenciones tienen ustedes con este centro de
referencia estatal.
Nos preocupa igualmente -y usted lo ha mencionado en su anterior intervención- la situación que atraviesa el Centro de Recuperación de Personas con Discapacidad Física del Imserso en Lardero, La Rioja. A finales de diciembre se suspendió su
actividad como centro de recuperación, y los trabajadores, según denuncian ellos mismos, están preocupados por la ausencia de contratos de todos los servicios y suministros necesarios para su funcionamiento.
Nos gustaría igualmente saber, porque así lo preguntábamos por escrito, cuál es la situación en relación con el programa de turismo social. ¿Qué previsiones tienen con el programa de turismo social? Hemos sabido recientemente que el
Gobierno cancelará toda la temporada, la temporada 2020-2021 del programa de turismo del Imserso. Se benefician de él cada año, y usted lo sabe, más de un millón de personas y sirve además para dar una atención a estas personas y darles la
oportunidad de viajar, pero además sirve para desestacionalizar la oferta de turismo y supone un impulso para agencias de viajes y hoteles, que se están viendo muy dañados por esta crisis. Por ello, creemos importante que usted nos explique el
porqué el programa de turismo del Imserso ya el Gobierno, si es así, ha decidido que se va a cancelar la temporada 2020-2021.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias a usted.
Tiene la palabra el secretario de Estado, el señor Ignacio Álvarez.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE DERECHOS SOCIALES (Álvarez Peralta): Muchas gracias, señoría.
Como usted sabe, el sistema de atención a la dependencia es un sistema que hoy, en 2019, cuenta con 450 millones de euros de financiación menos de lo que contaba en 2010 por parte del Administración General del Estado fruto de los recortes
que se implementaron en 2012; sin embargo, cuenta con medio millón más de usuarios. Esto es difícil de casar. Esto obliga a hacer malabares y a que sean las comunidades autónomas las que hayan tenido que aportar la financiación que ha retirado la
Administración General del Estado y, por lo tanto, la primera prioridad por parte de esta secretaría de Estado, de esta vicepresidencia y yo diría que del conjunto del Gobierno es, según su objetivo recogido en el programa de acuerdo de coalición,
reforzar el llamado cuarto pilar del Estado del bienestar, financiando un sistema público de atención a las personas en situación de dependencia que sea digno de tal nombre. El Sistema de dependencia, la Ley de dependencia fue, yo diría, un paso
histórico en este país, un paso histórico en materia de prestación de servicios sociales que, sin embargo, luego se ha erosionado con el paso del tiempo como consecuencia de la falta de financiación. Creo que este Gobierno está -lo ha dicho
claramente en el acuerdo de coalición, pero yo creo que se comprobará en los próximos presupuestos generales- comprometido con la financiación, con el reforzamiento y con el desarrollo de estos servicios a través de lo que hemos denominado un plan
de choque en dependencia que sirva precisamente para garantizar este reforzamiento del Sistema de dependencia, que debe pasar por una mejora del nivel mínimo pero también por un restablecimiento del nivel acordado para mejorar esta financiación.
Hay tres decisiones que en las próximas semanas, en los próximos meses iremos viendo, vinculadas a Presupuestos Generales, que son muy importantes: en primer lugar, decía, este plan de choque en dependencia incrementará el nivel mínimo y
mejorará, restablecerá el nivel acordado en financiación de dependencia; en segundo lugar, una mejora de la financiación en el plan concertado de servicios sociales, que, como ustedes saben, también acumula importantes recortes que vienen de
legislaturas anteriores y, en tercer lugar, esta secretaría de Estado trabaja, y creo que finalmente así lo veremos, para que el eje de los cuidados y en particular de los cuidados a las personas mayores y de los cuidados de larga duración, de
dependencia, pero también a personas con discapacidad, sea uno de los ejes que resulten prioritarios en la distribución de los fondos para la reconstrucción europea. Si en este momento tenemos una oportunidad es precisamente la de fortalecer este
maltrecho cuarto pilar del Estado del bienestar en nuestro país y la de impulsar una economía de los cuidados que en España tiene infraestructuras todavía débiles, frágiles y que necesitan ser reforzadas y, por lo tanto, en paralelo al impulso del
plan de choque en dependencia mejorando niveles mínimos acordados, en paralelo a la mejora de la financiación y a la reversión de los recortes en el Plan concertado de servicios sociales, los fondos de reconstrucción europeos nos brindan la
oportunidad, y así será, de que uno de esos ejes, uno de los ejes fundamentales de esos fondos pase por el reforzamiento de la economía de los cuidados y muy en particular de los cuidados de larga duración y de dependencia. Creo que estas tres
decisiones las iremos viendo en las próximas semanas y en los próximos meses y desde luego a ellas se compromete esta secretaría de Estado para fortalecer el ámbito de la dependencia.
Les informo asimismo de que el orden del día contemplado en la reunión de diciembre de 2019, es decir, antes de que se produjese la toma de posesión de este secretario de Estado, del Consejo General del Instituto de Mayores y Servicios
Sociales contemplaba ya un análisis y una información sobre las preguntas que usted traslada de los nuevos centros del Imserso: la incorporación de veintiún empleados el centro de referencia estatal de Langreo, de siete empleados al centro de
referencia estatal de León y de otros ocho empleados al centro estatal de Soria. Son centros que vienen haciendo un trabajo muy importante en su ámbito de competencias, que vienen desarrollando una tarea fundamental y que desde luego queremos que
así sea, que siga conservándose y que se refuerce en la medida de lo posible, igual que la del centro de Salamanca. No se va a cerrar ningún centro. Creo que son bulos, creo que desde luego son informaciones interesadas. Estos centros van a
mantener su actividad, como lo han hecho durante toda la pandemia. Diez centros del Imserso han permanecido abiertos durante la pandemia sometidos a los mismos desafíos, al mismo estrés y a las mismas vicisitudes que el resto de centros
residenciales o de atención a personas con discapacidad en nuestro país y han seguido prestando servicios con toda su capacidad durante estos meses. Es más, cuando había instalaciones cerradas o personal que por encontrarse en una situación de
formación o de prácticas tenían disponibilidad, estos centros se han cedido; se han cedido, por ejemplo, en el caso de Asturias, a la comunidad autónoma, o en el caso del centro de Salamanca a la Junta de Castilla y León. Se han cedido, y así se
ha vuelto a
solicitar esta cesión en este momento en que estamos estudiando cómo se puede hacer. Se ha cedido al propio personal. Esto era fácil hacerlo en un contexto de estado de alarma. En este momento estamos estudiando cómo se puede facilitar
esta cesión a las comunidades autónomas que lo soliciten precisamente para facilitar las instalaciones de drenaje y los centros intermedios que permitan que además de la propia actividad del Imserso en estos centros se desarrolle también el drenaje
de las personas contagiadas de residencias o de hospitales próximos.
Hace usted referencia también a los programas de turismo social, y me quiero referir a ellos porque, si no estoy equivocado y por la hora que es, me imagino que el Consejo de Ministros habrá aprobado ya la cancelación de esta temporada.
Esta temporada se cancela por un motivo muy concreto. Después de llevar meses hibernados estos programas, comprobamos que no tiene sentido mantenerlos hibernados para lo que queda de temporada, sencillamente porque es una temporada que, de acuerdo
a todas indicaciones que nos trasladan las autoridades sanitarias, no va a poder retomarse en los términos que estaban contemplados en los pliegos para el desarrollo de los viajes del Imserso. Es un programa crucial, que se va a mantener en el
futuro y que se va a reforzar. Permite una actividad esencial para un millón de personas mayores y facilita el ocio y el turismo en temporada baja del sector turístico, pero nosotros nos encontramos con la dificultad que se hubiera encontrado
cualquiera en el estallido de una pandemia. Hubo que retornar a su hogar a más de 50 000 personas cuando estalló la pandemia. Los turoperadores fueron ejemplares en el trabajo y la colaboración en el retorno de estas personas a su hogar, pero
desde entonces los programas se han mantenido hibernados sin la posibilidad de que se pongan en marcha. Pensemos que son viajes que desplazan a decenas de personas en los mismos autobuses, en los mismos trenes, viajes que conllevan el
desplazamiento de personas mayores, cosa que en esta situación lógicamente no se puede producir. Deben tomar en consideración la pandemia que en este momento estamos viviendo. Por consiguiente, se ha tomado la decisión de que lo que queda de
temporada sea cancelado con la finalidad de trabajar desde ya en la organización de una nueva temporada que permita garantizar una prestación a las personas mayores que se pueda desarrollar en las mejores condiciones posibles, teniendo cuenta, eso
sí, tal como nos trasladan las autoridades sanitarias, las nuevas condiciones derivadas de la pandemia.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la portavoz del Grupo Popular, Alicia García.
La señora GARCÍA RODRÍGUEZ: Gracias, presidente.
Gracias, secretario de Estado, pero me deja usted muy preocupada por su decisión o la decisión del Consejo de Ministros de cancelar el programa de turismo social, de tirar la toalla ya. ¿Tan mal ven la situación?
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE DERECHOS SOCIALES (Álvarez Peralta): Cancelar esta temporada.
La señora GARCÍA RODRÍGUEZ: ¿Tan mal ven la situación para cancelar ya esta temporada? ¿Qué va a ocurrir entonces con la temporada de primavera de 2021, con la temporada de otoño de 2021? Queremos saberlo porque queremos saber qué va a
ocurrir con el millón de personas que son usuarias del turismo social, pero sobre todo también queremos saber qué va a pasar con las agencias de viajes, con los hoteles, que están expectantes y quieren ver un poco de esperanza, y quizá esa esperanza
sea precisamente el turismo social que se pueda llevar a cabo en los meses de primavera si la situación sanitaria mejora, que espero que así sea. Deseo que usted nos dé una explicación de qué va a ocurrir en la primavera de 2021 con el turismo
social.
Usted nos habla de los centros del Imserso, y la verdad es que contratar a personal no quiere decir que los centros estén abiertos, porque el centro de León y el centro de Soria están cerrados a cal y canto. Habrá personal, estarán
investigando, estarán trabajando. Me gustaría saber qué trabajos están desarrollando -estoy segura de que serán muy especializados en la investigación de alguna cuestión-, pero sobre todo nos interesa saber cuándo se va a abrir, cuándo va a haber
atención en los centros de León y de Soria.
Usted hablaba también de los fondos. La verdad es que hace un discurso triunfalista o por lo menos da esperanzas, porque dice que va a haber fondos europeos y que la intención es que en los Presupuestos Generales del Estado haya también un
incremento del mínimo, de lo acordado, del plan concertado... En todo lo que sea sumar esperaremos a ver si es verdad lo que usted dice hoy aquí y se materializa
realmente lo que está usted diciendo. Hablaba también de los 16 000 millones de euros y de los 1000 millones de euros de los que el Gobierno no dijo: estos 1000 millones de euros van a destinarse a servicios sociales, como lo dijeron de
educación. En educación dijeron: 2000 millones a educación. ¿Y por qué no 1000 millones de euros a servicios sociales, como ustedes comprometieron? Me dice que lo deja en manos de los consejeros de Hacienda. ¿Usted dejaría su presupuesto en
manos de la ministra de Hacienda para que lo gaste en lo que ella quiera? Pues entonces no ponga en este aprieto a las comunidades autónomas.
Habla también de recortes, ha hecho alusión varias veces a ello. ¿Sabe cuál fue el mayor recorte en dependencia? La crisis económica. ¿Sabe quién hizo el mayor recorte en dependencia? Me imagino que sí. Me imagino que usted sabe que el
Partido Socialista en el Gobierno no pagaba la deuda contraída por la Seguridad Social por las cuotas de los cuidadores no profesionales. Eso generó una deuda de 1000 millones de euros. En 2011, con Gobierno socialista, se redujo la financiación
de la dependencia en 234 millones de euros. ¿Sabe lo que ocurre? Que estamos en una crisis sanitaria, en una crisis económica y en una emergencia social y lo que hay que hacer precisamente es que esta situación económica no derive en una crisis
también social y, en lugar de hacer lo que usted está diciendo de incrementar fondos para la dependencia, lo que toque sea recortar. Usted ha dado datos de 2019 de dependencia y yo le voy a dar los datos del observatorio a 31 de diciembre, que
usted conocerá, que no es culpa suya porque usted no estaba en el Gobierno, pero el año 2019 fue un año muy malo para la dependencia, y lo sabe, porque 50 000 personas se fueron a la lista de espera. Desde 2016 no había crecido la lista de espera
en dependencia. En el año 2019 volvió a crecer, 50 000 personas más. Usted dice que en 2019 aumentaron mucho los usuarios y que hubo menos fondos. El incremento de usuarios desde el año 2016 es por el grado 1, porque la ley contempla -y se
aplazó- que la incorporación de las personas con dependencia de grado 1 tenía que hacerse a partir de 2016. Eso lo hicieron algunas comunidades autónomas que hoy tienen plena atención a los dependientes de grado 1, pero no todas. A mí lo que me
preocupa es la situación que tiene la dependencia en estos momentos, porque es verdad -no lo digo yo, lo dicen ustedes, lo dicen los datos del Imserso- que esta crisis sanitaria ha venido a paralizar el Sistema de atención a la dependencia; no a
paralizar, yo diría que a retroceder, yo diría que incluso a meter en la UCI al Sistema de atención a la dependencia. Es muy fácil mirar por el retrovisor y decir que son los de atrás los que tuvieron la culpa. Yo creo que debemos mirar hacia
delante. Durante el año 2019 fallecían 85 personas al día en lista de espera. Durante estos meses han fallecido 164 personas en lista de espera de algún procedimiento de la Ley de Dependencia. Eso no es normal. Hay que eliminar las listas de
espera. Hay 384 000 personas en lista de espera. Eso hay que evitarlo. Esto no se va resolver única y exclusivamente con dinero. Usted habla de fondos de los Presupuestos Generales y de los fondos de Europa. No, esto es un problema de gestión.
De dinero también, pero sobre todo de gestión y de mejorar y supervisar el Sistema de atención a la dependencia.
Durante estos meses ha habido menos solicitudes, 46 000 solicitudes menos, 37 000 valoraciones menos y 3300 beneficiarios menos con prestación, pero es que han fallecido 45 000 personas en total, 164 personas al día en lista de espera, es
decir, personas que tienen el derecho reconocido y no están recibiendo ni la ayuda ni el servicio ni la prestación, personas que han solicitado que las valoren, que estudien su posible situación de dependencia, personas que están esperando a que las
valoren. ¿Cómo es posible que haya personas que fallezcan, hasta 45 000 en lo que llevamos de año, en lista de espera, 164 al día? Por eso es importantísimo, y yo alabo su intencionalidad y la del director del Imserso. Es adonde hay que ir, no
hay que mirar para atrás por el retrovisor; hay que mirar por las 364 000 personas dependientes que están en lista de espera. Y no solo es dinero, porque si fuera dinero sería muy fácil -o más fácil, según usted lo pinta-; también es un problema
de gestión y de trabajo.
El señor PRESIDENTE: Tendría que ir terminando.
La señora GARCÍA RODRÍGUEZ: Termino ya.
Por ello, le proponemos que se revise el Sistema de atención a la dependencia, que se dote de financiación, pero que convoque urgentemente al Consejo territorial para, precisamente, poner estos temas sobre la mesa. Porque igual que al
Partido Popular nos está preocupando la situación de las 384 000 personas dependientes en lista de espera, a las comunidades autónomas también les preocupa y entiendo que al Gobierno también. Por tanto, urge tomar medidas en el marco del Consejo
territorial y también en este Parlamento.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE DERECHOS SOCIALES (Álvarez Peralta): Muchas gracias, señoría.
Entiendo que a usted le preocupe la cancelación de la temporada del Imserso, a mí también. Pero que quede claro, se cancela la temporada, no el programa; el programa seguirá, el programa es un programa que ha sido un icono de este país, es
una prestación para las personas mayores y, por lo tanto, se readaptará a las nuevas condiciones pero seguirá. El programa es una prestación fundamentalmente para las personas mayores y por lo tanto lo primero que hay que valorar de cara a la
suspensión o no de la temporada son las propias condiciones en las cuales las personas mayores pueden acceder en este momento o no a dicho programa. Sería una insensatez poner a viajar a miles de personas mayores en este momento de pandemia. Si
algo nos han enseñado las personas mayores es que son las más cuidadosas, las que más se protegen, las que más precauciones están tomando y, precisamente por eso, en este momento de pandemia los datos que vemos de contagio en las personas mayores
son menores que los del resto de franjas de edad. Sería una insensatez que el Gobierno pusiera a viajar a millones de personas y, por lo tanto, tal y como nos plantean las autoridades sanitarias creo que no podemos tomar otra decisión que no sea la
de suspender la temporada actual de viajes del Imserso. Otra cosa bien distinta es, y a todos nos preocupa, la situación del sector turístico en este país; es un sector puntero, es un sector que supone el 12 % del PIB y que, por lo tanto, es un
sector al que hay que ayudar. En este sentido, los fondos de la Unión Europea contemplarán un programa específico de ayuda y recuperación del sector turístico, pero no mezclemos cosas, porque hacer que miles de personas mayores en este momento
viajen para salvar al sector turístico creo que sería -discúlpeme- una insensatez.
No planteo un discurso triunfante, ni mucho menos. Estamos en mitad de una pandemia y creo que todos tenemos que tener la altura institucional de darnos cuenta de la responsabilidad que tenemos, pero sí que es un discurso esperanzador; es
un discurso esperanzado porque me parece que tanto el Gobierno como las autoridades europeas han entendido que en este momento podemos gestionar la crisis de forma distinta a como se gestionó la crisis de la década anterior. Yo no quiero mirar para
atrás permanentemente, no quiero usar el retrovisor todo el tiempo, pero la realidad es que hace diez años gestionamos la crisis con recortes; gestionamos la crisis con austeridad; gestionamos la crisis recortando 7000 millones de euros la sanidad
pública y 7000 millones de euros la educación pública; gestionamos la crisis imprimiendo más de 500 millones de recortes al año al Sistema de dependencia; gestionamos la crisis -hace diez años- imprimiendo recortes de más de 5000 millones de euros
sobre nuestro sistema de I+D+i. Yo no quiero mirar permanentemente para atrás, quiero mirar adelante y quiero tener esperanza, pero me parece que la esperanza viene de haber comprendido, tanto en este país como las autoridades europeas, que la
austeridad es una vía muerta que nos lleva a un destino contraproducente para recuperar la economía y para garantizar los derechos sociales. Y si este Gobierno ha entendido algo es eso. Quiero pensar que no lo ha entendido solo el Gobierno, que lo
hemos entendido el conjunto de quienes tenemos responsabilidades políticas en este momento en el país y que, por lo tanto, gestionar la crisis en estas circunstancias quiere decir reforzar los derechos sociales, quiere decir garantizar unos
Presupuestos Generales del Estado ambiciosos y expansivos, que refuercen nuestro Sistema de dependencia, que garanticen una sanidad digna y que permitan una recuperación económica que siente las bases precisamente para no solo crear empleo sino
también para ir cambiando poco a poco nuestro tejido productivo y empresarial y para modernizar nuestra economía. Es este el enfoque que está presidiendo en este momento la acción de Gobierno. Insisto, creo que no es un enfoque exclusivo de este
Gobierno, aunque a mí por lo menos me hace sentir esperanzado que este Gobierno lo haga así. Es un enfoque también que permea a la acción de las instituciones europeas y que permea a otros Gobiernos europeos. Miremos adelante, pero aprendamos de
las lecciones del pasado; aprendamos de las lecciones del pasado porque si hoy tenemos 450 millones de euros menos en el Sistema de dependencia de lo que teníamos en 2010 y tenemos 500 000 usuarios más -y no son 500 000 usuarios que se hayan
incorporado al sistema en 2019- es porque hemos asistido a una situación durante la última década en la que los recortes y la erosión de los servicios públicos ha sido la guía que ha primado la acción pública. Creo que, descartada esa guía, todos
podemos darnos la mano para pensar cómo reforzar nuestro sistema y cómo avanzar en el desarrollo de estos servicios públicos.
Y, efectivamente, el presupuesto no solo en las consejerías o en las comunidades autónomas, sino también en la Administración General del Estado suele estar en manos de Hacienda. Y con Hacienda
todos discutimos, yo mismo tuve la discusión con Hacienda -y la tengo permanentemente- sobre la necesidad de tener fondos para reforzar los servicios sociales. Pero eso no exime la responsabilidad que en estos momentos tienen las
comunidades autónomas de poder utilizar los 16 000 millones de euros en reforzar los servicios sociales. No hay nada que lo impida, ha sido la mayor transferencia de fondos de la Administración General del Estado a las comunidades autónomas y, por
lo tanto, esto puede ser perfectamente posible dentro del marco de competencias y de libertad que tienen las comunidades autónomas para estimar cuáles son las inversiones más necesarias en cada uno de sus territorios. Creo que este marco de
libertad en el uso de sus competencias es también necesario para que las comunidades autónomas estimen aquellas inversiones que consideren más oportunas en este momento.
Lo dejo aquí para no extenderme mucho más.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
- MEDIDAS Y PLAZOS PREVISTOS PARA GARANTIZAR LA ATENCIÓN DE LOS CIUDADANOS QUE SE VEAN AFECTADOS POR LA CRISIS DEL CORONAVIRUS (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/007441).
AUTOR: GARCÍA RODRÍGUEZ, ALICIA (GP)
MONEO DÍEZ, MARÍA SANDRA (GP)
BOCG, SERIE D, NÚMERO 86, DE 20 DE MAYO DE 2020 PDF
(Número de expediente 181/000183).
El señor PRESIDENTE: El tercer bloque es de una sola pregunta: medidas y plazos para garantizar la atención de los ciudadanos que se vean afectados por la crisis del COVID. Por lo tanto, al haber otras preguntas acumuladas, intentaré ser
riguroso con el tiempo. Espero que ustedes también.
La señora GARCÍA RODRÍGUEZ: Muchas gracias, presidente.
El vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, destacó en marzo, cuando anunció el paquete de ayudas económicas, que estas ayudas servirían para garantizar la atención de todos los ciudadanos que se vean afectados por la crisis del coronavirus,
y yo le pregunto cómo piensa el Gobierno -y si así ha sido- garantizar la atención de todos los ciudadanos que se han visto y se están viendo afectados por esta crisis.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Ignacio Álvarez. También por cinco minutos.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE DERECHOS SOCIALES (Álvarez Peralta): De acuerdo, trataré de ser breve.
El Gobierno intenta desarrollar una gestión que permita enfocar esta crisis de forma distinta a como se enfocó la crisis anterior, y lo intenta porque el Gobierno ha sido plenamente consciente desde el inicio de que las restricciones que
había que adoptar para garantizar que no se propagaba el virus eran restricciones que iban a tener un impacto muy fuerte -como así ha sido- en la actividad económica y, por lo tanto, en la actividad empresarial, en la creación de empleo y en las
propias condiciones materiales, salariales y sociales de la mayoría de la población española, en los mismos términos que está sucediendo en otros países de nuestro entorno. Precisamente por eso, porque desde el primer momento ha sido consciente de
esta realidad, el Gobierno ha tomado medidas excepcionales para afrontar la actual crisis sanitaria y sus consecuencias sociales, y ha tomado medidas excepcionales con un ojo permanentemente atento a los colectivos más vulnerables y a los sectores
sociales más desfavorecidos. El Gobierno no alcanza seguramente a cubrir todas las necesidades; desde luego en nuestro objetivo está hacerlo, pero no siempre es posible.
Enumeraré algunas de estas medidas que tienen por objeto precisamente intentar cubrir esta situación, pero desde luego en el ánimo de este Gobierno está poder discutir con los grupos parlamentarios, poder discutir con las comunidades
autónomas o con los actores sociales, sindicales y patronales cómo seguir trabajando en estas medidas para que efectivamente las políticas públicas, en mitad de esta crisis, no dejen a nadie atrás. Creo que ha sido una orientación que claramente se
distingue de la que se puso en marcha en la crisis anterior; en lugar de enfrentar la crisis con medidas de austeridad, con recortes, la hemos enfrentado -o la hemos intentado afrontar, por lo menos- reforzando derechos sociales y reforzando
derechos económicos. A algunas de estas medidas ya me he referido anteriormente, un plan de choque con un fondo extraordinario en materia social que reforzó con 300 millones de euros los
servicios sociales, que permitió a los ayuntamientos utilizar otros 300 millones de euros de su superávit económico para reforzar estos servicios sociales, que impulsó con 25 millones de euros el alivio de la pobreza infantil ante el cierre
de los comedores escolares, un conjunto de escudo social que contemplaba medidas como las moratorias en el pago de las hipotecas, de forma que las entidades financieras tramitaran estas moratorias del pago de las hipotecas en un máximo de quince
días, para aquellos hogares y aquellos colectivos que vieran mermados sus ingresos drásticamente en el curso de la pandemia, un conjunto de medidas que incorporaban también moratorias en el pago de los suministros básicos -agua, luz y gas- a los
colectivos vulnerables, y que impidiesen o que garantizasen que no se podrían suspender los suministros a aquellos consumidores en los que concurriese la condición de consumidor vulnerable. Son un conjunto de medidas estas, las del escudo social,
que contemplaban la ampliación de criterios en el acceso al bono social para aquellas personas trabajadoras afectadas por los ERE y para los trabajadores autónomos, y que además ampliaban las medidas de protección al consumidor con una equiparación
de las moratorias que se habían adoptado en materia de créditos hipotecarios también a los créditos al consumo, y un bono sustitutorio para compensar las cancelaciones por parte de las agencias de viaje que tuvieron lugar en los primeros meses de la
pandemia.
Entre las medidas que ha adoptado este Gobierno también ha figurado la suspensión de los lanzamientos cuando no haya una alternativa habitacional, y la prórroga extraordinaria de seis meses de los contratos de alquiler, que se ha prorrogado
hasta el 30 de septiembre. En la moratoria en el pago de las rentas de alquiler para todas aquellas personas que se encontraban en situación difícil para atender estos pagos, en particular cuando los arrendatarios sean grandes tenedores, se optó
por una quita del 50 % de la deuda o una reestructuración de dicha deuda, y además por la posibilidad de que todos los arrendatarios vulnerables tuvieran acceso a préstamos avalados por el Estado.
Gracias a estas políticas se ha creado -o el Gobierno ha intentado por lo menos crear- una red de seguridad para que no fuesen las personas más vulnerables las que sufrieran las consecuencias de la emergencia sanitaria. No siempre se ha
conseguido, no siempre ha sido viable, no siempre ha sido posible, pero claramente el esfuerzo y el intento ha sido el de ir en una dirección nítidamente distinta a la de la austeridad.
Este escudo social ha sido reforzado también con medidas de carácter laboral; creo que son plenamente conocidas por todos, así que no me extenderé en ellas. Pero tengan ustedes en cuenta que el Estado ha soportado sobre sus arcas públicas
que casi una de cada tres personas de la población activa española estuviese en una situación de ERTE o con ayudas que ha evitado que dejasen de entrar rentas en esos hogares. Por lo tanto, ha facilitado que no cayera la renta y la economía de los
hogares mediante los ERTE; mediante la protección de las personas afectadas que tenían que realizar tareas de cuidados con el Plan MeCuida; con un permiso retribuido recuperable de carácter obligatorio para las personas que trabajan por cuenta
ajena; mediante la protección frente al despido -artículo 52 b)- en el caso de despidos por causa objetiva; mediante la protección frente al desempleo a personas con contratos atípicos, que carecían de protección y derechos de protección al
desempleo, y este Gobierno habilitó nuevos seguros, nuevos mecanismos y nuevas condiciones para el acceso a los mecanismos ya existentes de protección al desempleo; la introducción de beneficios específicos para trabajadores y trabajadoras,
trabajadores fijos discontinuos de forma que no se les redujese su derecho a contar en un futuro con una prestación por desempleo; mediante la interrupción del cómputo de la duración de los contratos temporales cuando se les aplica lo establecido
en los ERTE, con un subsidio de desempleo excepcional, por fin de contrato temporal, para aquellos trabajadores con contratos temporales que en este país no han tenido prácticamente nunca derecho al cobro de subsidios por desempleo, por no llegar a
cotizar el tiempo oportuno...
El señor PRESIDENTE: Tiene que ir terminando.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE DERECHOS SOCIALES (Álvarez Peralta): Voy terminando. Con la prórroga automática de prestaciones por desempleo durante los meses de la pandemia y con la protección a los trabajadores y trabajadoras por
cuenta propia, con la creación extraordinaria y por primera vez de una prestación por cese de actividad a los autónomos en alta laboral.
Hemos intentado construir un escudo social, hemos intentado construir un conjunto de medidas que evitasen que la pandemia se transformase en una merma significativa de la renta de los hogares y de las propias empresas, y hemos intentado
hacerlo teniendo en cuenta muy especialmente a los hogares más
vulnerables y a las personas que se veían en esta situación de vulnerabilidad sobrevenida como consecuencia de la crisis económica.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la portavoz del Grupo Popular.
La señora GARCÍA RODRÍGUEZ: Gracias, presidente.
Gracias, secretario de Estado. Mire, me quedo con la última frase: hemos intentado construir un escudo social; realmente ese escudo social tiene grandes agujeros. No salimos más fuertes, salimos más desiguales. Y el vicepresidente Pablo
Iglesias y usted mismo siempre están con el mantra de que no van a dejar a nadie atrás, pues han dejado a mucha gente atrás. Han dejado a casi un millón de parados más, han dejado medio millón de enfermos, a más de 50 000 personas fallecidas que ni
siquiera ustedes reconocen. Han dejado a muchas personas atrás. Mire, estamos en un país en el que ese escudo social no ha funcionado por mucha palabrería, mucha propaganda y muchas puestas en escena y ruedas de prensa que hemos ido viendo
continuamente durante estos meses. La verdad es que estamos en un país donde muchos españoles no pueden llenar la nevera, donde muchos españoles no pueden comprar libros de texto o material para sus hijos, donde muchos españoles no pueden pagar ni
siquiera la luz, porque no están cobrando el ingreso mínimo vital, porque no están cobrando el ERTE o porque simplemente han perdido su empleo o autónomos a los que se les están acabando las ayudas, porque no se prorrogan. Y además ustedes en ese
presupuesto expansivo parece que van a proponer recortes en pensiones, en sueldos de funcionarios y recortes en autónomos.
Le voy a contar un caso particular, el otro día un señor me contaba que hace un par de años vendió su casa en otro país, en su lugar de origen, en su país de origen, vendió su casa, vino a España, pidió un crédito, paga al mes una letra de
1500 euros. Sus ingresos durante estos meses se han visto muy reducidos, pero está recibiendo una prestación, algo más de 500 euros al mes. ¿Sabe usted lo que quiere hacer su Gobierno? Quitar a 500 000 personas esa prestación, esa ayuda. ¿Sabe
qué me decía el señor? ¿Van a hacerlo? Yo esperaba que el Gobierno, su Gobierno mantuviera esas ayudas. Ese señor, a pesar de los 500 euros que está recibiendo de prestación lleva dos letras de retraso en el pago. Si ustedes le quitan la
prestación, tendrá que cerrar su negocio. Y no solo él, muchas personas en España, muchos españoles que creyeron en la España de las oportunidades se quedarán sin duda en el paro. ¿Esa es la España que ustedes quieren? ¿La España de la
desigualdad, la España de la pobreza?
Entiendo que lógicamente el vicepresidente esté a otra cosa cuando ha dicho que la tarea fundamental es acabar con la monarquía y no es acabar con la pobreza, con el hambre o con la precariedad. Ahora entendemos un poquito más todo lo que
está pasando.
La realidad es que conocimos todos en una clase magistral a la ministra Díaz hablándonos sobre los ERTE -yo creo que todos nos acordamos de ese día-, pero en la actualidad hay 700 000 trabajadores acogidos a los ERTE y el plan de este
Gobierno es que 523 000 trabajadores se queden fuera de protección. Con una mano ustedes dicen que prohíben despedir, y por otro lado están firmando el despido de 500 000 personas. En cuanto al ingreso mínimo vital, que textualmente leo lo que
dijo el vicepresidente Iglesias, dijo que era el derecho para toda la población. Ojo, que bajaron las expectativas porque primero iban a beneficiar a 5 millones de personas, cuando presentaron el ingreso mínimo vital dijeron que 2 300 000, después
850 000 hogares y de esos hogares ahora mismo el 99 % de las solicitudes no se están atendiendo. Eso quiere decir que más de 700 000 familias no están recibiendo el ingreso mínimo vital después de unos cuantos meses. ¿Esto qué quiere decir?
Además, el 20 % de los solicitantes -según dijo el ministro Escrivá- están quedando fuera porque no cumplen los requisitos. ¿Usted sabe que hay mucha gente, muchas personas que están en exclusión, que tienen una brecha digital tremenda y que no
entienden de requisitos, de papeles ni de nada, que necesitan que les ayuden a rellenar esa documentación y que les hagan el seguimiento y que pueden estar quedando en la exclusión más absoluta porque padecen una brecha digital tremenda? Están
dejando fuera a las personas con más dificultades. Y el ingreso mínimo vital nosotros lo entendemos como una oportunidad para las personas, pero siempre que se agilice y se reciba el ingreso cuanto antes. Sin duda, no se puede comer con efectos
retroactivos y no pueden esperar a diciembre, como dice el ministro Escrivá, porque necesitan llenar la nevera hoy y porque necesitan comprar el material hoy y, por tanto, creemos que es importante que el ingreso mínimo vital de las personas se
gestione rápido y se pague.
El señor PRESIDENTE: Señora García, tiene que terminar.
La señora GARCÍA RODRÍGUEZ: Termino en dos minutos o en menos. Pero lo que sí que pedimos es que el ingreso mínimo vital esté vinculado al empleo, a las oportunidades y a que a las personas que accedan al ingreso mínimo vital se les abran
las puertas de una red de protección que les permita recibir los apoyos necesarios en función de su situación, una red de protección de responsabilidad pública que tenga en cuenta a las administraciones, pero también a las entidades del tercer
sector, de tal modo que las personas tengan oportunidades, que puedan seguir con su proyecto de vida, pero, sobre todo, lo primero que tienen que hacer es pagar el ingreso mínimo vital y los ERTE que deben.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias a usted.
Tiene la palabra para terminar este turno de preguntas el señor secretario de Estado, don Ignacio Álvarez, al que solo le quedan dos minutos de tiempo.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE DERECHOS SOCIALES (Álvarez Peralta): Intentaré ser muy breve.
He dicho que lo hemos intentado, porque así lo creo, por honestidad, y creo que en parte se ha conseguido. Creo que no se puede comparar en ningún caso lo que fue gestionar una crisis, como hizo el Partido Popular, con recortes y con
austeridad con gestionar una crisis como se está gestionando esta, reforzando derechos sociales, ampliando derechos sociales y creando nuevos derechos sociales, como ha sido el caso del ingreso mínimo vital.
Los números están sobre la mesa. En este país se han tramitado más de 3 millones de ERTE, la Administración Pública ha garantizado que en más de 3 millones de hogares de este país haya una inyección directa de fondos que evite la pobreza
sobrevenida en mayor medida que la que las propias condiciones de la pandemia han creado.
En este país ha habido 230 000 personas que se han beneficiado de moratorias legales, no son deseos y no son inventos. ¿Me hubiera gustado que hubiera habido más? Seguramente sí. Soy honesto y se lo reconozco, seguramente sí, pero la
acción de este Gobierno ha hecho que haya 230 000 familias que se beneficien de una moratoria hipotecaria. Quizá a usted eso le parezca propaganda, pero estoy seguro de que a esas 230 000 familias lo que les parece es la posibilidad de aplazar el
pago de su hipoteca un mes más. Y, por tanto, es un esfuerzo que este Gobierno ha hecho, que no es el que yo querría, que a mí me hubiera gustado que hubiera podido ser todavía mayor, pero esos esfuerzos hay que negociarlos con muchos actores,
también con el sistema financiero, también con las comunidades autónomas y, por tanto, el ejercicio de la acción pública, y usted lo sabe, significa precisamente el ejercicio de la negociación continua y permanente con muchos actores de las medidas
que hay que adoptar.
Este Gobierno ha suspendido los desahucios para miles de personas que se hubieran producido si no se hubiera adoptado la decisión de evitar esos desahucios, en casos de vulnerabilidad económica sobrevenida. Quizá a usted esto le parezca
propaganda, como dice, a mí no me lo parece y estoy seguro de que a las miles de personas que se les han evitado esos desahucios tampoco se lo parece.
Como tampoco me parece de recibo que tenga que ser precisamente el Partido Popular, precisamente el Partido Popular el que meta miedo a los pensionistas de este país diciendo que vendrá un recorte de pensiones cuando no es así. Este
Gobierno no solo no va a recortar las pensiones, sino que en los próximos Presupuestos Generales del Estado actualizará las pensiones. Pero que tenga que ser el Partido Popular, que en 2013 imprimió una reforma del sistema de pensiones de este
país, haciendo que en España pase una de las pocas cosas que pasan en Europa, que es que haya un país que no actualiza sus pensiones de acuerdo al IPC, de acuerdo a la productividad o de acuerdo a los salarios, elijan ustedes el indicador que
quieran, pero la reforma de 2013 lo que hizo precisamente fue desconectar el crecimiento de las pensiones, de cualquier indicador económico y social, esto es de las poquitas cosas que nos dejó Rajoy y que nos diferencian claramente de Europa, y que
sea el Partido Popular el que amenace a los pensionistas de este país y el que les meta miedo diciendo que vendrán recortes, cuando en realidad los recortes los dejaron ustedes en 2013... A mí no me gusta poner el retrovisor, a mí me gusta tender
la mano, a mí me gusta que en esa posibilidad de tender la mano seamos capaces de entendernos, pero lo que no me gusta es que se mienta y, por tanto, las cosas claras.
Igual que me sorprende que tenga que ser el Partido Popular el que en este momento diga que salimos de esta crisis con más desigualdad. Bueno, ya lo veremos, ya veremos cómo evolucionan los indicadores, pero lo que desde luego hemos visto
es que de la crisis que les tocó gestionar a ustedes salimos con 2 puntos más en el indicador Arope, el indicador de personas que están en riesgo de pobreza.
¡Que ustedes nos dejaron casi 10 millones de personas en situación de pobreza o riesgo de exclusión social! Creo que el Partido Popular no es el partido más indicado para dar lecciones de políticas públicas que reduzcan la desigualdad,
sinceramente.
El señor PRESIDENTE: Tiene que ir terminando.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE DERECHOS SOCIALES (Álvarez Peralta): Por tanto, yo le tiendo la mano a que, desde luego, debatamos y dialoguemos cuáles son las políticas que permiten precisamente reducir la desigualdad, pero me parece que
la experiencia en este país es la que es, y todo el mundo la conoce.
Y, desde luego, que este Gobierno está dispuesto a debatir, a dialogar y a reformar aquellas políticas que puedan ser reformables. El ingreso mínimo vital es un paso adelante indudable, y además yo celebro que sus señorías hayan apoyado esa
medida en esta Cámara. Creo que es un ejercicio de responsabilidad y creo que el ejercicio de responsabilidad continúa porque entre todos tenemos el reto de evaluar la medida y de ver cómo está funcionando.
Hoy el Consejo de Ministros está tomando decisiones también para precisamente agilizar y facilitar que el cobro del ingreso mínimo vital se produzca, y creo que en el trámite de enmiendas parlamentarias tenemos una oportunidad y, desde
luego, queremos aprovecharla, una oportunidad para mejorar aquellos aspectos del ingreso mínimo vital y para agilizar su tramitación.
Creo que ahí, desde luego, a este Gobierno y, en particular, a este secretario de Estado les van a encontrar siempre.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
RATIFICACIÓN DEL ACUERDO DE LA MESA, OÍDOS LOS PORTAVOCES, SOBRE LA SIGUIENTE COMPARECENCIA, A EFECTOS DEL ARTÍCULO 44 DEL REGLAMENTO:
- DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO DE DERECHOS SOCIALES (ÁLVAREZ PERALTA), PARA INFORMAR DE LAS LÍNEAS GENERALES EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS. A PROPUESTA DEL GOBIERNO. (Número de expediente 212/000024).
El señor PRESIDENTE: Hemos terminado ya el turno de preguntas y continuamos con el orden del día de la Comisión.
En primer lugar, hemos de ratificar el acuerdo de la Mesa, oídos los portavoces, sobre la comparecencia que vamos a efectuar a continuación. Es un mero trámite que a lo mejor tendríamos que resolver delegándolo en la Comisión en el próximo
orden del día. Supongo que estamos todos de acuerdo. (Asentimiento).
CELEBRACIÓN DE LA COMPARECENCIA VOTADA FAVORABLEMENTE POR LA COMISIÓN.
El señor PRESIDENTE: El tercer punto del orden del día es la celebración en este caso, ya que lo acabamos de ratificar, de la comparecencia del secretario de Estado, tal y como figura en el orden del día.
Antes que nada, quiero decir un par de cosas. Les recuerdo que en este punto del orden del día, tal como acordamos, cada portavoz tiene como mucho diez minutos de intervención, que lo pueden repartir, si hay más de uno por grupo, pero no
alargar, y seré riguroso, teniendo en cuenta que en esta primera parte hemos consumido el tiempo estipulado.
También, cuando acordamos lo de los diez minutos, dijimos que en la segunda réplica, no sé si quedamos en cinco minutos, y que, teniendo en cuenta el tiempo, lo podríamos ajustar. Así que, en lugar de ser cinco minutos, serán tres minutos.
Y una última cosa, vayan pasando todos los grupos, si es que no lo han hecho todavía, el nombre del portavoz que tomará la palabra por su grupo.
Sin más, tiene la palabra don Ignacio Álvarez Peralta, secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE DERECHOS SOCIALES (Álvarez Peralta): Buenos días. Gracias, presidente.
Gracias a sus señorías por este tiempo, por ese espacio y por la posibilidad de darme la oportunidad de explicar el balance del trabajo que ha hecho esta secretaría de Estado hasta la fecha en los meses que llevamos en el cargo, y los planes
de trabajo y de futuro que tenemos.
Llevamos ya casi una hora de comparecencia, si no estoy equivocado -algo más me indica el presidente-, en esta sala y, por tanto, voy a intentar abreviar y acortar las explicaciones que tenía inicialmente pensado trasladarles. En todo caso,
me disculparán, pero quiero intentar ser algo exhaustivo en las cuestiones que quiero comunicar.
Esta comparecencia estaba prevista para el 17 de marzo, la formulamos y la pedimos rápidamente para dar cuenta de los planes y objetivos que tenía esta secretaría de Estado. Y por las circunstancias, absolutamente extraordinarias y
excepcionales, derivadas de la pandemia, tuvimos que suspenderla y posponerla hasta hoy, pero en todo caso es un placer poder estar esta mañana aquí con ustedes, rindiendo cuentas, dando explicaciones y trasladando los objetivos de esta secretaría
de Estado. Querría en todo caso hacer tres consideraciones previas antes de empezar. La primera es que, seguramente, todas y todos los que estamos aquí nos hemos sentido muy identificados y tocados de alguna forma cuando se rendían reconocimientos
y se les daban las gracias a los trabajadores y trabajadoras de los servicios esenciales, de la sanidad, por supuesto, a los encargados de la seguridad, del abastecimiento y venta de productos de primera necesidad, de la limpieza o del transporte,
pero seguramente todas y todos aquí también nos hemos sentido un poquito tocados al ver que en muchas ocasiones no se reconocía a quienes han estado en primera línea del frente, y en ocasiones un tanto olvidados y olvidadas: las trabajadoras y los
trabajadores de los servicios sociales de este país, las trabajadoras y los trabajadores del sistema residencial de este país. Creo que debemos trasladarles nuestro mayor agradecimiento y el mayor de los reconocimientos porque también ellas y ellos
han estado en primera línea del frente. Además, quiero hacer un balance de las decisiones que esta secretaría de Estado ha adoptado -me permitirán que pueda hacerlo a lo largo de los próximos minutos-, y asimismo trasladar una tercera reflexión
inicial. Ustedes pudieran pensar que la crisis sanitaria, que básicamente ha pillado a este Gobierno cuando tomaba posesión, ha alterado completamente los planes de esta secretaría de Estado y, lógicamente, en algunas cuestiones así ha sido. La
crisis sanitaria ha obligado a recomponer en alguna medida la hoja de ruta de esta secretaría de Estado, pero yo diría que en lo fundamental -lo iré repasando en los próximos minutos- no ha alterado lo sustancial ni el fondo de los objetivos que
tenía esta secretaría de Estado, y no lo ha hecho no por cabezonería, sino porque en buena medida los objetivos que teníamos planteados y el plan de trabajo que teníamos en mente se ha mostrado más necesario y se ha evidenciado como más
imprescindible, como consecuencia precisamente de la pandemia y del estrés al que hemos visto que la pandemia sometía al conjunto de los servicios sociales del país, de los sistemas residenciales, al conjunto de prestaciones y a lo que en realidad
se ha denominado el cuarto pilar del Estado del bienestar. Si nosotros en enero de 2020 teníamos como objetivo reforzar este cuarto pilar del Estado del bienestar, que históricamente en nuestro país ha sido un pilar infradesarrollado en comparación
con los países de nuestro entorno, hoy este objetivo es todavía más necesario y evidente y lo es porque, precisamente, la pandemia ha evidenciado las fragilidades que tiene este cuarto pilar del Estado del bienestar: sistema de servicios sociales,
dependencia, atención a la infancia y estrategias de inclusión para los colectivos más vulnerables en este momento. En mi intervención empezaré desarrollando un balance breve. Intentaré ser breve porque las preguntas de la diputada del Grupo
Parlamentario Popular me han dado pie para explicar ya parte de este balance y, por tanto, no quiero extenderme.
En primer lugar, me referiré a un balance de la actuación de la secretaría de Estado durante esta pandemia. Después hablaré de los objetivos estratégicos que tiene el trabajo de esta secretaría de Estado. Y, finalmente, abordaré los
grandes ejes de trabajo y los objetivos concretos de nuestra propuesta de trabajo.
Dos cuestiones principales presiden el balance que yo hago hoy del trabajo de la secretaría de Estado hasta este momento. En primer lugar, el impulso que desde la secretaría hemos dado a aquella parte del escudo social más vinculada a
nuestras competencias y, en segundo lugar, el apoyo a las autoridades autonómicas y locales en el ejercicio de sus competencias. En relación con el escudo social, ya he dicho anteriormente que el Gobierno ha sido totalmente consciente desde el
principio del enorme reto al que se enfrentaba como consecuencia de la pandemia. La pandemia ha obligado a confinar, a congelar buena parte de nuestra economía durante meses. Es imposible que esto no hubiese tenido, como así ha sido, un fuerte
impacto sobre la actividad empresarial, un fuerte impacto sobre la actividad económica y sobre la renta de los hogares. Ha pasado en España y sucede en todos los países de nuestro entorno, y desde el primer momento el Gobierno se ha marcado como
objetivo el desarrollo de políticas públicas que tratasen de minimizar, de enfrentar este congelamiento económico al que nuestro país estaba abocado, tratando de inyectar renta en los hogares, tratando de garantizar la viabilidad y la rentabilidad
de las empresas
para, precisamente, construir este escudo social y empresarial que -también habría que decir- evitase el impacto sobre las personas más vulnerables. El punto de partida no era precisamente el mejor y no pretendo volver a poner el
retrovisor, sino simplemente que seamos conscientes de los datos, porque llovía sobre mojado cuando en febrero o marzo llegaban los primeros síntomas de la pandemia y la situación en España, y en particular en la España más vulnerable, era la que
era. El 50 % de los hogares en nuestro país a principios de año no tenían capacidad de ahorro, y seiscientos mil hogares en nuestro país, con datos de diciembre de 2019, no tenían ingresos o los conseguían en los márgenes del sistema, con
estrategias de supervivencia que la pandemia ha hecho difícilmente posibles y sostenibles. La realidad es que a principios de 2020 la tasa Arope, es decir, la tasa que nos habla del número de personas que se encuentran en situación de riesgo o
exclusión social, superaba todavía en 2 puntos la que teníamos en 2007 y se situaba 3 puntos por encima de la media europea. Llegaba la pandemia en un país donde la situación social ya era frágil como consecuencia de la última década, y por eso
digo que llueve sobre mojado, en particular para esos 10 millones de personas que en nuestro país viven en riesgo de pobreza y exclusión social. Los colectivos más vulnerables son conocidos: las personas migrantes, las familias monoparentales, las
personas dependientes o con discapacidad, y en particular muchas mujeres y muchos jóvenes a los que estas tasas afectan con mayor impacto que al resto de la población.
Desde el primer momento este Gobierno ha intentado marcar una diferencia con respecto al pasado, con respecto a otros momentos de la historia, y no hablo exclusivamente de otros Gobiernos, sino también de otras formas de gestionar una
crisis, una diferencia que tenía como objetivo gestionar la crisis reforzando derechos sociales, garantizando que la inclusión no fuera, como en todas las crisis, la asignatura pendiente y tratando de evitar que los colectivos más vulnerables
pagasen la crisis todavía en mayor medida que el resto de colectivos. Este ha sido de alguna forma el objetivo prioritario en la construcción de esto que hemos llamado el escudo social, y al que anteriormente me he referido, con el Real Decreto-ley
8/2020, que ponía en marcha un fondo social extraordinario para garantizar los servicios sociales en este país, y que se ha transferido a las comunidades autónomas, facilitando el uso de superávits de hasta 300 millones de euros por parte de los
ayuntamientos para gasto social, impulsando programas de alimentación para los menores en situación de riesgo de exclusión, que veían cómo los comedores escolares se cerraban, o desarrollando una nueva prestación, un nuevo derecho subjetivo, como es
el ingreso mínimo vital. Nunca antes en una situación de crisis habíamos aprovechado para crear un nuevo derecho social, un nuevo derecho subjetivo. Es un paso adelante histórico -reconozcámoslo-, al que todavía le queda camino, trecho por
avanzar. Esta medida, el ingreso mínimo vital, produjo un fuerte consenso, del cual yo desde luego me congratulo. Agradezco que sus señorías lo apoyasen y el trabajo que en este momento hacen en el trámite de enmiendas, mejorándolo e incorporando
reflexiones que desde luego deben ser tenidas en cuenta, pues creo que a todos nos preocupa que el ingreso mínimo vital llegue donde tiene que llegar, abarque el conjunto de hogares que tiene que abarcar y, finalmente, sirva como esa red de
seguridad no contributiva que nuestro país no tenía.
Algunas comunidades autónomas de nuestro país -es sabido- tenían programas de rentas mínimas consolidados -algunos más importantes y otros más frágiles-, y el ingreso mínimo vital viene a suponer un suelo para el conjunto de los españoles,
para que todo español y toda española, viva donde viva, tenga derecho como mínimo al cobro de esta prestación no contributiva, de este derecho subjetivo que podrá ser exigido en los próximos meses -esperemos- con mayor agilidad por todo aquel que lo
necesite.
Ni complacencia ni falta de preocupación. Nos queda mucho por hacer y no reconocerlo sería absurdo, pero reconozcamos también que estamos gestionando la crisis de forma distinta a como se hizo en el pasado. La austeridad no es una opción,
los recortes no son una opción; el reforzamiento de los derechos y el reforzamiento en particular de los servicios públicos es la vía.
Ha habido un segundo ámbito al cual también me quiero referir en mi balance, que es el relativo al apoyo que la Vicepresidencia de Derechos Sociales y Agenda 2030 ha brindado a las comunidades autónomas y a las entidades locales,
responsables directas de los servicios sociales. En ningún momento, ni con el estado de alarma ni con el decreto de nueva normalidad, los servicios sociales y la prestación de servicios residenciales, el conjunto de competencias en materia social,
han dejado de estar en las comunidades autónomas, pero, desde luego, eso no ha sido un motivo para echar balones fuera. Esta secretaria de Estado ha intentado en todo momento poner instrumentos en manos de quienes tienen las competencias, las
comunidades autónomas, en la mayoría de los casos, y las autoridades locales, en otros casos, tratando precisamente de volcar esfuerzos allí donde los colectivos más vulnerables se estaban viendo sometidos a un mayor estrés. El caso de las
residencias es evidente por las propias
características de estos centros, ya que son centros donde viven muchas personas en un mismo espacio, a veces reducido; personas que han experimentado una mayor vulnerabilidad a la pandemia. Aunque no tenemos competencias directas en esta
materia, la secretaría de Estado ha impulsado la cooperación con las comunidades autónomas en el marco del Consejo Territorial y después en grupos de trabajo ad hoc, tratando de facilitar en todo caso el mantenimiento de plantillas mediante la
flexibilización en los requisitos de acreditación y la declaración como esenciales de los servicios sociales con independencia de la titularidad de los centros.
En colaboración con el Ministerio de Sanidad, esta secretaría de Estado impulsó documentos de recomendaciones y documentos marco que trataban de garantizar la correcta ordenación del trabajo en estos centros residenciales con tres órdenes
relacionadas con la organización de los propios centros, el establecimiento de procesos de sectorialización con la capacidad de otorgar a las comunidades autónomas posibilidad de intervención sobre los centros residenciales cuando así lo estimasen
en situación de emergencia y declarando prioritaria la distribución de EPI y test para residentes y personal por parte de las autoridades sanitarias cuando todavía no estaba contemplado. Asimismo, desde la secretaría se impulsó la cesión de centros
del Imserso para su utilización como centros de drenaje por parte de las comunidades autónomas.
Ante el riesgo de que se produjera un segundo rebrote -y voy terminando con este balance- la secretaría de Estado impulsó en el marco del Consejo Territorial el grupo de trabajo Residencias y COVID-19, con la finalidad de mejorar, concretar
y detallar los planes de contingencia en el conjunto del país y establecer mínimos necesarios para que el conjunto de los centros residenciales del país, sin menoscabar el ejercicio competencial de las comunidades autónomas, contemplasen este nivel
mínimo de planes de contingencia. La aparición ya en julio de algunos casos aceleró este trabajo y puso en marcha de forma inmediata reuniones periódicas de coordinación con las comunidades autónomas, que se han venido produciendo el 4 y 24 de
agosto y el 8 de septiembre para garantizar la construcción de un marco común para hacer frente a la segunda ola de la pandemia.
Este marco común, básicamente ya establecido desde verano, ha promovido la concreción para los centros residenciales del plan de respuesta temprana que las autoridades sanitarias habían acordado con las propias comunidades autónomas y una
lista de verificación de contenidos mínimos para los planes de contingencia. Se ha analizado y ha acordado, además, la garantía de que en todo momento la coordinación sociosanitaria entre unidades sociales y unidades sanitarias se producirá, tal y
como nos venían reclamando las entidades sindicales y las entidades patronales en el marco del diálogo social, y ha extendido este marco común al conjunto de los servicios sociales y no únicamente a los centros residenciales. Insisto, siempre desde
el respeto a las competencias que tienen atribuidas las comunidades autónomas y que no han dejado de tener atribuidas en ningún momento. Esta ha sido al menos nuestra voluntad en permanente diálogo con las comunidades autónomas en el marco del
diálogo social y con las organizaciones representativas del sector, usuarios y usuarias del sistema de atención a la dependencia, profesionales, entidades del tercer sector que prestan servicios también en esta materia y otros actores de la sociedad
civil.
A continuación, hecho este balance, me referiré a la orientación estratégica que tiene el trabajo que contemplamos en el marco de la secretaría de Estado que me toca dirigir. El programa de gobierno de la colación progresista ya incorporaba
una serie de propuestas de políticas públicas para reducir la desigualdad en nuestro país, para mejorar la cohesión social y desarrollar el cuarto pilar del Estado del bienestar. Esta secretaría de Estado, desde luego, tiene la responsabilidad de
impulsar esa parte del acuerdo de coalición y de fortalecer esas medidas contempladas en esa materia, y lo hace con tres objetivos. El primero, fortalecer los servicios sociales, ya que muestran importantes carencias en nuestro país después de
muchas décadas. Si nos comparamos con los países de nuestro entorno -por no hablar de los países del norte de Europa-, observamos en España un cuarto pilar del Estado del bienestar menguado, frágil, incapaz de llegar a donde tiene que llegar. Y no
nos arrojemos el ladrillo, esto no es responsabilidad de nadie en particular, es responsabilidad de todos ser capaces de acometer este reto que tenemos por delante. Invito desde luego a que los grupos parlamentarios y sus señorías se sumen a este
reto durante esta legislatura; reto que pasa por reforzar los derechos sociales garantizados basados en servicios públicos y por un cambio en el modelo de atención social y de cuidados centrado en la persona.
La crisis del COVID creo que nos ha mostrado la necesidad de acelerar estas transformaciones. Estas transformaciones eran evidentes cuando con el Grupo Parlamentario Socialista acordábamos el acuerdo
de coalición, pero hoy lo son mucho más. Me parece que hoy la realidad nos ha demostrado que estos retos son más necesarios y que además no son exclusivamente fruto de la reflexión, del acuerdo de coalición, sino que creo que debemos
hacerlos extensivos al conjunto de los grupos parlamentarios aquí presentes tendiéndoles la mano e invitándoles a que se sumen a este necesario refuerzo del cuarto pilar del Estado del bienestar, de nuestro sistema de dependencia, de los servicios
sociales, de los servicios de atención a las personas con discapacidad y de atención a la infancia. Me parece que es un reto para el país, un reto por el que juntos y juntas podemos trabajar. España terminó la crisis anterior con más desigualdad,
con colectivos vulnerables quedándose descolgados de la recuperación; eso no puede volver a suceder. Por lo tanto, aunque las competencias en intervención social directa estén situadas en las instituciones locales y autonómicas, aunque estén
descentralizadas, esta secretaría de Estado va a trabajar precisamente para contribuir a que esto no suceda mediante el desarrollo de distintos instrumentos, en primer lugar, promoviendo las estrategias nacionales; debemos promoverlas en materia de
dependencia, de servicios sociales, de atención a la población gitana, de lucha contra la pobreza, de atención al sinhogarismo, a la infancia, o de combatir la soledad no deseada en el caso de las personas mayores.
En segundo lugar, impulsando consensos y espacios de diálogo y de colaboración institucional. España es el país que es, nos guste o no, a mí me gusta mucho y me imagino que a ustedes también; es un país diverso, es un país plural, es un
país con diversos niveles competenciales que exige, por lo tanto, diálogo y negociación, que exige permanente concertación. Así pues, desde esta secretaría de Estado queremos colaborar trasladando este espíritu de diálogo y de colaboración
institucional en el marco del Consejo Territorial, pero desde luego también en el trabajo con el resto de grupos parlamentarios, con las entidades del tercer sector y en el marco del diálogo social con organizaciones sindicales y patronales. Desde
luego mi compromiso como secretario de Estado es la búsqueda de estos consensos institucionales que sirvan para reforzar servicios públicos de calidad, que sirvan para reforzar un cuarto pilar del Estado del bienestar frágil, mermado, ausente e
infradesarrollado en nuestro país. Sin duda, esto pasa por mejorar la financiación, no nos engañemos, es condición necesaria, pero aceptemos también que no es condición suficiente. Estoy de acuerdo con la diputada del Partido Popular que antes lo
planteaba, es condición necesaria, pero no es condición suficiente y, por lo tanto, esto exige una mejora de la financiación del Plan Concertado de Servicios Sociales. Esto exige recuperar niveles mínimos y recuperar niveles acordados en materia de
dependencia; exige que los cuidados y los servicios sociales participen en pie de igualdad en los fondos de reconstrucción europeos, pero exige, también, modificaciones legales, exige recuperar prestaciones que fueron perdidas, exige asimismo el
desarrollo de algunos derechos y de algunas líneas que son frágiles todavía, por ejemplo, el asistente personal en materia de dependencia. Creo que todos somos conscientes de ello y a ese trabajo conjunto les invito.
Antes de terminar, a riesgo de hacerme pesado, quiero detallar los planes de trabajo concretos de la Secretaría de Estado. Me referiré a nueve grandes objetivos de esta Secretaría de Estado, objetivos concretos en los que después -si no, el
presidente me va a regañar, ya lo estoy viendo- podremos entrar con más detalle en el debate. Los menciono y dejo tiempo para que podamos abordarlos en el debate.
El primer objetivo -me he referido largamente a ello- se refiere a reforzar la dependencia. La aprobación en 2006 de la Ley de Dependencia fue un hito histórico en este país; un hito histórico del que hoy se benefician más de un millón de
personas, un gran avance que, sin embargo, se ha visto mermado a lo largo del tiempo por los recortes que fueron practicados en la crisis anterior, pero también por el deterioro de algunas prestaciones y de algunos servicios, y por el hecho de que
se hayan seguido incorporando personas, cuando la financiación no aumentaba. Si a los servicios públicos se incorporan nuevos beneficiarios pero la financiación, en este caso, de la Administración General del Estado, no aumenta, el resultante de la
ecuación es evidente -no hace falta ser Einstein para darse cuenta-, más personas en servicios sociales infrafinanciados y deteriorados generan precisamente el deterioro de la prestación de nuestros conciudadanos. Por lo tanto, esta situación debe
de ser prioritaria en nuestro trabajo y así lo será.
En este sentido, les anuncio que en las próximas semanas conoceremos un plan de choque para el sistema de atención a la dependencia, que tendrá su reflejo en Presupuestos Generales del Estado y que servirá para revertir los recortes de 2012
y 2013, para asegurar una mejor atención a las personas dependientes y para recuperar prestaciones; un plan que incluirá la generalización del servicio de teleasistencia, que garantizará y mejorará la financiación a las comunidades autónomas para
que no
solamente sean ellas quienes aporten -como ha sucedido en los últimos años- al sistema de dependencia, que además aumentará las horas de atención domiciliaria y recuperará las compatibilidades entre prestaciones y servicios, y especialmente,
que avanzará en la regulación de la figura del asistente personal. Es un reto avanzar en medidas que agilicen y mejoren la gestión del sistema, y esperamos que la recuperación de los niveles mínimos y la reinstauración del nivel acordado permitan
avanzar en esta materia.
Nuestro sistema de dependencia necesita de un plan de choque, qué duda cabe, pero también necesita sentarse a pensar, también se necesita parar el balón y mirar un poco al horizonte y ver en qué dirección queremos movernos. Me consta que
hay comunidades autónomas, algunas gestionadas por el Partido Popular, que están planteando iniciativas -y me refiero a Castilla y León- muy interesantes, por lo que conviene sentarnos a compartir y a dialogar sobre ese avance en nuevas iniciativas
legales, que creo que pueden ser de enorme utilidad para repensar el modelo de cuidados de larga duración en este país.
Un segundo objetivo de esta Secretaría de Estado consiste en reforzar los servicios sociales públicos e insisto en la palabra 'públicos'. Creo que la Administración General del Estado no puede asumir que servicios esenciales, sencillamente
se subcontraten. Es necesario reforzar que la prestación de servicios sociales se haga en torno a lo público y desde lo público, como primer pilar. Y para eso hace falta, en primer lugar, revertir los recortes que se aplicaron al plan concertado,
y en segundo lugar, avanzar en la financiación de los servicios sociales a partir de una mejora de los fondos destinados a este plan concertado. El incremento de la partida del plan concertado, no obstante, no debe ser una excusa para que nos
quedemos a las puertas de los fondos europeos -insisto en esto y lo reitero-. En las próximas semanas voy a hablar con las consejeras y los consejeros de las distintas comunidades autónomas para ver cuáles son sus planteamientos y sus propuestas en
esta materia, porque creo que es importante. Los fondos de reconstrucción son unos fondos cruciales para la recuperación económica y la transformación del país, para propiciar la recuperación del empleo, para avanzar en la modernización de nuestro
tejido productivo e industrial. Serán clave la digitalización y la transición ecológica, así como la readaptación del sector turístico a las nuevas condiciones, pero la economía de los cuidados tiene que entrar con pie de igualdad en estos fondos
de reconstrucción europeos. Desde luego, contamos con el conjunto de las administraciones autonómicas y locales para apoyar esta línea de trabajo de la secretaría de Estado y para impulsar la necesidad de modernización de los servicios sociales a
partir, precisamente, de estos fondos. Avanzaremos -es nuestra pretensión- en una ley estatal de servicios sociales, que fije un marco común en la cartera de servicios sociales con un contenido mínimo en esta cartera.
En tercer lugar, hay un tercer gran objetivo de esta secretaría de Estado, que pasa por asegurar los derechos de las personas más vulnerables. Es necesario renovar las estrategias nacionales que vienen de atrás y que, en este momento,
tienen que ser renovadas: la Estrategia nacional de prevención y lucha contra la pobreza y exclusión social, ya que es un compromiso de este Gobierno la cohesión y el progreso social y, por lo tanto, esta estrategia debe ser reimpulsada nuevamente;
la Estrategia nacional para la inclusión social de la población gitana porque es fundamental en España revertir y avanzar en acabar con una de las mayores lacras de nuestra sociedad, el antigitanismo y la desigualdad histórica que, lamentablemente,
padece la población gitana en España desde hace siglos; y la Estrategia nacional integral para personas sin hogar, que será también una de las prioridades de esta secretaría de Estado para avanzar precisamente en nuevos planes de vivienda que
faciliten una estrategia nueva de sinhogarismo durante los próximos años. Creo que aquí las entidades del tercer sector, además, están aportando una cantidad de innovación muy relevante y que debemos y podemos considerar y poner al servicio del
conjunto de las comunidades autónomas y de las políticas públicas en este país.
En cuarto lugar, un objetivo de esta secretaría de Estado será también promover un enfoque integral de derechos de la infancia y la adolescencia. Creo que lo hemos hecho ya retomando un trabajo interesante e importante que nos encontramos
cuando llegamos a la Secretaría de Estado, como era la Ley de protección integral de la infancia y la adolescencia. Esta secretaría de Estado se ha comprometido con el impulso a esta ley, se ha comprometido con el trabajo que otras administraciones
previamente habían hecho y, en particular, me gustaría agradecer de nuevo aquí a los grupos parlamentarios presentes no solo el trabajo realizado, sino también las aportaciones que me consta que se están haciendo en el trámite parlamentario de la
ley para, efectivamente, tener una ley que erradique cualquier forma de violencia contra la infancia en nuestro país. En materia de derechos de la infancia, nos hemos marcado el objetivo de poner en marcha el Consejo Estatal de Participación
Infantil, otro compromiso de este Gobierno
para facilitar la participación de las niñas y los niños en las decisiones que se adoptan, para que el derecho a la escucha sea un derecho que se ejerce y no solamente que se enuncia. Asimismo, impulsaremos una Estrategia nacional de
derechos de la infancia y adolescencia, que sirva de referencia para el conjunto de las administraciones del país.
En quinto lugar, un objetivo de esta secretaría de Estado será fortalecer los derechos de las personas con discapacidad. Necesitamos asegurar el cumplimiento de la Convención Internacional de Naciones Unidas. Este es un objetivo clave para
esta Secretaría de Estado, con una Dirección General de Políticas de Discapacidad que trabaja a pleno pulmón para que esto sea posible. Cumplir la Convención Internacional de la ONU exige -como estamos viendo ya en los trámites parlamentarios que
ustedes conocen perfectamente- modificar la Constitución, el Código Civil y el Código Penal en algunas materias. Estas modificaciones en los próximos meses obligarán -siguiendo con el planteamiento de Naciones Unidas- a la reforma del artículo 49
de la Constitución Española. Ya está incorporado al Plan anual normativo de la Administración General del Estado y ya se ha aprobado en Consejo de Ministros también el anteproyecto de ley para la reforma de la legislación civil y procesal, que
sustituya la incapacitación por un procedimiento de provisión de apoyos y que suprima la tutela para los mayores de edad y la patria potestad prorrogada. Creo que estos son grandes logros de esta casa, grandes logros de este Congreso, y avanzar en
ellos, desde luego, será un gran logro también para el conjunto de derechos de las personas con discapacidad en este país. Asimismo, avanzamos en el real decreto sobre capacidad intelectual límite, elaborado junto con el Ministerio de Trabajo y
Economía Social, que se encuentra en este momento en su fase final. La modificación del artículo 156 del Código Penal que contempla la esterilización de personas -en la línea planteada por la Convención de Naciones Unidas y también de la
proposición de ley registrada por Ciudadanos-, creo que es un avance importante para suprimir la esterilización sin el consentimiento pleno.
La accesibilidad universal es un eje en este plan de trabajo en materia de discapacidad. Los fondos europeos de reconstrucción deben precisamente potenciar esta formación en materia de accesibilidad. España puede ser conocida por ser un
país accesible, aprovechemos la oportunidad. España puede ser conocida por ser un país que impulse la accesibilidad universal en los próximos meses, si todas las licitaciones correspondientes a nuevas obras, nuevos desarrollos y nuevas
infraestructuras lo tienen en cuenta. Desde luego, en materia de discapacidad, no me puedo olvidar de la necesidad de colaborar con el Ministerio de Sanidad en avanzar una ley de atención temprana que dé respuesta a las necesidades que niñas y
niños con trastornos en edades tempranas presentan.
En sexto lugar, es un objetivo inaplazable e ineludible de esta secretaría de Estado atender a las necesidades y los derechos de las personas mayores. Tenemos una deuda histórica con las personas mayores en este país, con las personas que
con su esfuerzo pusieron fin a una dictadura, con las personas que durante la última crisis con su esfuerzo y con sus pensiones fueron capaces de sostener en muchas ocasiones los ingresos de millones de familias que estaban en el paro o en una
situación de precariedad y que ven hoy, sin embargo, cómo esta terrible pandemia se ceba con ellos. Creo que tenemos una deuda histórica con esta generación y, por tanto, debemos reconocer y fortalecer sus derechos.
Las personas mayores son ciudadanos de pleno derecho y deben poder elegir cómo quieren ser cuidadas. Creo que esto exige repensar nuestro modelo de cuidados de larga duración, de forma que las personas mayores puedan seguir siendo atendidas
en sus domicilios, que ampliemos los servicios de proximidad, que reforcemos la redes de atención domiciliaria y que trabajemos en la dirección de una atención centrada en la persona, una atención menos institucionalizada y que facilite que las
personas mayores puedan vivir en sus espacios sociales y en sus espacios familiares el mayor tiempo posible con la mayor calidad posible. Esto exige desde luego el desarrollo de nuevas estrategias, en las que me consta que ya las comunidades
autónomas trabajan -y con acierto en algunos casos-, como la Estrategia de soledad no deseada que el Imserso tiene en su agenda en uno de los primeros lugares y de sus objetivos. Asimismo -me refería anteriormente a ello en la pregunta que me hacía
la diputada del Grupo Popular-, hay que trabajar por el fortalecimiento y el desarrollo de programas como el de turismo social y termalismo, realizados desde hace muchos años con éxito por el Imserso y que a pesar de la pandemia debemos mantener,
reforzar y readaptar a las circunstancias actuales.
En séptimo lugar -no me quiero detener mucho más-, un frente de trabajo que no puede olvidar esta secretaría de Estado, ya que cuenta entre sus competencias con el Instituto de la Juventud, es precisamente el reforzamiento de los derechos de
las personas jóvenes. Si antes decíamos que para algunos colectivos llovía sobre mojado, desde luego también para las personas jóvenes en nuestro país.
Las personas jóvenes viven en un mercado laboral y en un mercado inmobiliario desde hace ya más de una década que dificulta enormemente su inserción y que dificulta enormemente su emancipación. Las estrategias de plena liberalización en el
sector de la vivienda, del suelo y de fuerte liberalización de los mecanismos de contratación en el mercado de trabajo no han facilitado la mejor incorporación de los jóvenes al mercado laboral, ni han facilitado la emancipación de los jóvenes,
entre otras cosas, como decía, por la dificultad de acceder a una vivienda. Si tenemos en cuenta el salario medio que cobran los jóvenes, nos daremos cuenta de que es prácticamente misión imposible que los jóvenes en nuestro país puedan acceder a
una vivienda y emanciparse, antes de la pandemia y después de la pandemia aún más. Creo que el diagnóstico es claro y seguramente sea compartido con sus señorías. El Injuve acaba de publicar el informe Juventud en riesgo, que hace muy evidentes
estos diagnósticos y que refleja una escala de prioridades muy clara: la necesidad de trabajar por planes de empleo y planes de vivienda que pongan un claro acento en la consideración de la condición de jóvenes de las personas y que faciliten una
mejora sustancial de estos planes de empleo y de acceso a la vivienda de los jóvenes con una recuperación y un relanzamiento del plan de garantía juvenil readaptado a las nuevas circunstancias y con un plan de trabajo digno para los jóvenes, en el
que trabajamos con el Ministerio de Trabajo y Economía Social.
En octavo lugar, un objetivo de esta secretaría de Estado es el reconocimiento de la diversidad familiar y el apoyo a los derechos de todas las familias. La crisis actual está siendo soportada en buena medida sobre las espaldas de las
familias. Las instituciones públicas intentan ayudar, hacen lo que pueden, pero siempre al final son las familias las que soportan sobre sus hombros la situación actual. En el apoyo a estas familias desde luego vamos a trabajar desde esta
secretaría de Estado. Intentaremos hacerlo sin los sesgos que las políticas tradicionales han tenido en otros momentos. Una política familiar moderna requiere un enfoque amplio, un enfoque que se comprometa y que tenga en consideración la
diversidad de estructuras familiares que existen en nuestro país. Las familias han cambiado y las políticas de familia también deben cambiar, deben abarcar la complejidad y la situación que hoy día, en el siglo XXI, tienen las familias de nuestro
país. Trabajamos ya en el desarrollo y elaboración de un libro blanco que, financiado por los programas de apoyo y de reformas estructurales de la Comisión Europea y desarrollado por la OCDE, trate de arrojar luz en esta materia, generando un
consenso con el conjunto de actores y comunidades autónomas.
Creo que aquí es muy relevante no olvidarse de las familias más vulnerables y por lo tanto recordar la importancia política y la importancia crucial que tiene el Iprem. El Iprem, que lleva tiempo perdiendo capacidad adquisitiva, es un
indicador que afecta a las prestaciones de casi dos millones de familias en este país y, por lo tanto, debemos hacer un esfuerzo para actualizarlo en la medida de lo posible, igual que debemos hacer un esfuerzo en otros compromisos relacionados con
las políticas de familias. La universalización del acceso a la educación infantil de cero a tres años, no lo olvidemos, es un compromiso de este Gobierno. Esta secretaría de Estado va a trabajar en esa dirección porque, aunque no forme parte
expresamente de nuestras competencias, es una política crucial para la conciliación familiar, para garantizar la incorporación de la mujer al mercado de trabajo. Por lo tanto, trabajaremos en esa dirección, al igual que lo estamos haciendo ya en el
desarrollo y la continuidad de los permisos de paternidad y maternidad iguales e intransferibles y en las políticas laborales para fomentar la estabilidad en el empleo.
Termino con el último ámbito al que me quería remitir, el último ámbito de trabajo -pero no por ello el menos importante, ni mucho menos, al contrario- de esta secretaría de Estado, el establecimiento de un marco estable de trabajo
compartido con las entidades del tercer sector y con la sociedad civil. Desde el primer momento, esta secretaría de Estado ha sido consciente de la importancia que estas entidades tienen en nuestro país, y es una fortuna. Contamos con un país en
donde el tejido asociativo, el tejido del tercer sector, es sólido y fuerte, está vivo y creo que debemos garantizar esta vida, apoyarla, impulsarla y reforzarla. En el desarrollo de ese marco de colaboración hemos establecido un marco de diálogo
continuo y permanente con las entidades del tercer sector. De hecho, en los próximos días tenemos convocado ya el Consejo Estatal de ONG de Acción Social y la propia Comisión del Diálogo Civil para trabajar en los objetivos que esta secretaría de
Estado tiene abiertos en ese marco de diálogo con estas entidades. Es muy relevante su aportación a la fase de diagnóstico de las diferentes realidades sociales y su aportación también, como no puede ser de otra forma, a las principales
orientaciones estratégicas de políticas públicas de esta Secretaría de Estado. Esta Secretaría de Estado tiene desde luego el objetivo de escuchar, de entender y de interesarse por las preocupaciones de las entidades del tercer sector que prestan
servicio a pie de calle, que conocen perfectamente la realidad como prestatarias de esos servicios y que aportan en muchas ocasiones -yo diría- un grado de innovación y de conocimiento muy relevante
para quienes tenemos que tomar decisiones desde el ámbito de lo público. El avance en cuestiones medulares lo tenemos pendiente y esperamos poder retomarlo en las próximas semanas. La pandemia aquí ha supuesto un cierto parón, pero, desde
luego, en ningún caso un olvido para el desarrollo de la Ley del Tercer Sector de Acción Social y de la Ley de Voluntariado, así como el logro de un marco estable de financiación con el tercer sector, como no puede ser de otra manera. Son entidades
que prestan servicios fundamentales y que, por lo tanto, deben tener garantizada una financiación digna y suficiente para prestar estos servicios.
Termino. Disculpen si me he enrollado un poco más de la cuenta, pero me parecía necesario trasladar detalles del conjunto de objetivos que tiene esta secretaría de Estado. Termino como inicié mi intervención, manifestando que en el
desarrollo de esta agenda de trabajo imperará desde luego la voluntad de diálogo, la voluntad de colaboración institucional con quien tiene que tomar decisiones en primer lugar, con el conjunto de las comunidades autónomas, pero también con los
grupos parlamentarios, con esta casa, donde reside la soberanía popular, y con el conjunto de la sociedad civil.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias a usted.
Vamos a iniciar el turno de los portavoces. Les recuerdo lo que les he dicho: son hasta diez minutos, no quiere decir que tengan que agotarlos, y a los ocho minutos les avisaré, excepto en el caso del Partido Popular que reparte su tiempo,
siete y tres minutos, y les avisaré un minuto antes. Iré citando los grupos porque no sé si están todos aquí. ¿Grupo Mixto? (Pausa). No está. ¿Bildu? (Pausa). Tampoco. ¿Iñigo Barandiaran está aquí? (Pausa).Tampoco está.
Por tanto, comenzamos con el Grupo Parlamentario Ciudadanos. Tiene la palabra Sara Giménez.
La señora GIMÉNEZ GIMÉNEZ: Buenos días. Muchísimas gracias por su intervención y por las explicaciones sobre la agenda de trabajo. Quiero iniciar la intervención haciendo una pequeña reflexión. Somos conscientes de que esta pandemia lo
que ha hecho ha sido atravesar el corazón social de nuestro Estado, de nuestros ciudadanos. En la Comisión para la Reconstrucción, dentro del grupo de trabajo del ámbito social, quedó muy claro que debíamos poner en marcha una serie de medidas
preventivas y coordinadas ante los posibles rebrotes, rebrotes a los que nos estamos enfrentando en la actualidad, teniendo que programar muy bien cómo puede afectar a determinadas personas que ya se vieron muy afectadas en el primer momento de la
pandemia, es decir, a nuestros mayores y personas dependientes.
Realmente la coordinación y liderazgo que debería haber asumido su ministerio y concretamente el vicepresidente del Gobierno, el señor Iglesias, lo echamos de menos, y concretamente queremos conocer cómo se ha actuado para evitar estos
rebrotes protegiendo especialmente la situación de los mayores. Otra de las cuestiones que también estuvimos viendo son los ámbitos de especial vulnerabilidad, que usted ha puesto de manifiesto. En la Comisión abordamos el tema de sectores muy
vulnerables a los que está atravesando esta pandemia, sobre todo en el ámbito social y económico. Los feriantes y los vendedores ambulantes, así como los profesionales del circo, que la semana pasada estuvieron aquí, en la puerta del Congreso, les
han puesto de manifiesto cuál era su situación, pero desde marzo hasta la actualidad no han ofrecido ninguna respuesta concreta. ¿No nos importa la situación de estas familias? Porque de este tipo de profesiones que se encuentran en situación de
vulnerabilidad viven muchas familias. ¿Se ha establecido algún canal de coordinación entre su ministerio, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para realmente ofrecer algún tipo de solución? Por eso
creemos que falta liderazgo en determinados momentos.
Ahora me preocupa que en esta pandemia estamos ante una segunda oleada que está afectando muchísimo a personas y familias con pocos recursos, que viven en los extrarradios, a familias numerosas hacinadas, cuya situación laboral no les
permite el teletrabajo o bien son trabajos manuales o de servicios personales, y que no se pueden permitir quedarse sin trabajar, también a las personas desempleadas, a quienes ahora se tienen que quedar en su casa pero en condiciones muy concretas.
¿Vamos a esperar a que esta situación de segunda oleada y de rebrotes suceda en la mayor parte de los barrios que se encuentran en estas condiciones en nuestro país para coordinarnos, aunar esfuerzos y brindar soluciones? Porque actualmente no hay
un plan establecido para decir: en estos barrios se producen los rebrotes, vamos a trabajar todos juntos para resolverlos. No veo ruta de trabajo en esto.
Por otro lado tenemos -ya se ha expuesto- el ámbito y el sistema de cuidados. Sí que somos conscientes -además, se ha visto en la Comisión y estoy totalmente de acuerdo- de que hay que reformarlo. Tenemos que abordar los servicios de ayuda
a domicilio, los centros de día, las residencias.
Como bien se ha dicho, las residencias son hogares y hay que tener en cuenta el perfil del usuario que va a esa residencia para luego ver qué recursos se deben ofrecer, con qué recursos deben contar para realmente prestar adecuadamente el
servicio. Ha hablado de establecer un plan y me gustaría que, junto al anuncio, pudiéramos conocer más sobre si tienen ya un guion de fechas de trabajo porque me parece que es una materia tan urgente que debemos ponernos en marcha cuanto antes.
Realmente la dependencia es una de las materias en las que las cifras nos deberían causar vergüenza porque tenemos casi más de 300 000 familias que están en lista de espera. Otras, con un derecho reconocido, fallecen sin poder gozar de la
prestación. Por lo tanto, sí creo que aquí ha habido un incumplimiento de esa Ley de dependencia que tenemos desde hace más de diez años, y por eso me parece importante que sea una de las primeras prioridades del Gobierno el avanzar en estos
derechos sociales.
En el ámbito de la atención residencial, como bien sabrá, tanto Aeste como las organizaciones sindicales y determinados expertos en la materia nos solicitan a todos parlamentarios que se defina bien cuál es papel de los centros
residenciales, qué servicios son los que deben prestar y qué medios necesitan porque me parece que hemos sido bastante injustos, se es bastante injusto en estos momentos de pandemia. Las residencias son hogares. ¿Cómo han dado respuesta los
hogares a la pandemia? Difícilmente hemos dado respuesta. ¿Qué se estaba pidiendo? ¿Qué fuesen centros sanitarios? Si es que no lo son. En algunos foros incluso se ha permitido criminalizar a las residencias. Me parece bastante injusto si se
conoce realmente cuál es el papel de este sector.
Además, cuando hablamos del ámbito de la conciliación y de los cuidados, me parece importante tratar un tema de actualidad. ¿Cómo vamos a abordar ahora el sistema de cuidados para todos los padres, madres y profesionales cuyos hijos se
tienen que quedar en casa sin una PCR positiva? ¿Les vamos a decir que lo que tienen que hacer es acogerse al Plan MeCuida que conlleva una reducción salarial, cuando sabemos que mayoritariamente las familias no se pueden permitir una reducción
salarial? ¿Vamos realmente a poder ofrecer una solución para este abordaje en un momento actual de cuidados? Por otro lado, ha hablado de los casos de soledad crónica indeseada y me parece que también es algo muy acertado, y lo es porque muchas
personas se encuentran en soledad crónica indeseada y es otra forma de exclusión; estas personas están en sus domicilios sin ningún tipo de servicio, sin ningún tipo de atención, algo que debemos atajar y que en Ciudadanos consideramos que es una
de las batallas pendientes. Me parece importante.
Usted ha mencionado que han estado estableciendo algún plan de coordinación con las comunidades autónomas en el ámbito de las residencias. Ha dicho que ya se tienen en cuenta las alertas tempranas, y me gustaría saber un poco más, si se ha
establecido el realizar test masivos. Quisiera saber si ha quedado claro, en el caso de que haya cualquier rebrote en una residencia, quién debe prestar la asistencia sanitaria y cuál debe ser la coordinación con los centros de atención primaria,
si hay algún monitoreo. Le agradecería que desarrollase un poco esta idea.
Igualmente, se ha hablado de la política social y de las dificultades de su abordaje. Claramente venimos de una etapa de crisis, de la crisis del año 2012, en la que la política social presupuestariamente sufrió grandes recortes. De hecho,
hasta 2017 -presupuestos que apoyamos en Ciudadanos- no se empezó a revertir, pero si vemos realmente cuál es la situación actual, todavía la política social a nivel presupuestario no llega a las cuantías del año 2009.
El señor PRESIDENTE: Le quedan dos minutos.
La señora GIMÉNEZ GIMÉNEZ: Gracias.
Esto nos tiene que hacer pensar. ¿Hemos pensado cómo habríamos abordado esta pandemia si realmente nuestros servicios sociales, nuestros servicios educativos, nuestros servicios sanitarios hubiesen sido robustos y fuertes? Realmente se ha
dejado muy claro cuál es la debilidad del sistema. Por tanto, debemos apostar por establecer unos servicios robustos, mejorar la financiación y la coordinación del trabajo.
Para terminar, ha hablado del tercer sector de acción social. Como bien dice, somos privilegiados; tenemos un tercer sector organizado, con una gran especialidad en los distintos grupos de población vulnerable, pero que no está siendo
tratado de la manera adecuada, ya que económicamente está pasando grandes dificultades. Sabe que hay un tramo estatal y un tramo autonómico en el ámbito del IRPF. Las entidades del ámbito estatal cada vez están viendo más aminorada la financiación
en su tramo y creo que hay que conocer bien cuál es su servicio. Por otro lado, se redujo la cuantía del IRPF y se dijo que hay una cierta compensación o mejora a través del impuesto sobre sociedades. ¿Me podría decir
cuándo va a salir esta convocatoria? Es algo que está pendiente. También quisiera saber si se piensa en establecer líneas de financiación estable para que el tercer sector, que presta servicios fundamentales para el ámbito público, no
dependa de si se da más dinero o menos dinero en un determinado impuesto.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias a usted por ser tan concisa.
Tiene la palabra el representante del Grupo Plural, el señor Boadella.
El señor BOADELLA ESTEVE: Buenos días. Muchas gracias, señor presidente.
Voy a hacer una intervención breve -va a ganar minutos el presidente- y me va a tener que disculpar el secretario de Estado porque esta sesión me coincide con la Comisión del Pacto de Toledo y, por lo tanto, escucharé la réplica recuperando
el vídeo con posterioridad.
Plantearé mi intervención en tres escenarios. Un primer escenario se refiere a toda la protección que han desarrollado en relación con la pandemia y se centra en tres puntos: el ingreso mínimo vital, los ERTE y el Plan MeCuida. En cada
uno de estos tres pilares tenemos algunas cuestiones que necesitan mejorar. En cuanto al ingreso mínimo vital, en agosto, el propio ministro explicaba la lentitud en la resolución de los expedientes. En los ERTE hemos visto cómo la gente padecía
su cobro con retraso, las actualizaciones y todavía hoy alguien nos cuenta que no ha cobrado. Y en cuanto al Plan MeCuida, que se planteó al inicio de la pandemia junto con los ERTE, es evidente que ha quedado totalmente inservible para atender la
necesidad de hoy en día porque, como comentaba la diputada de Ciudadanos, no soluciona el que si a los padres les envían a los niños a casa por un contagio de coronavirus en el colegio, puedan acceder a una baja, a un permiso retribuido o a algún
tipo de prestación. Lo único a lo que pueden acceder con el Plan MeCuida es a una reducción de jornada y, consecuentemente, a reducir el salario. Por tanto, si el Plan MeCuida es la gran solución para que los padres puedan soportar la incidencia
de que los niños vuelvan a casa por un contagio en la escuela, se demuestra que es una solución tan fácil y tan inadecuada como lo fueron los ERTE al principio, cuando la gente no cobraba. Por tanto, creo que aquí el Gobierno llega tarde, las
intenciones son buenas, pero poco más. La pandemia no era previsible, pero la vuelta al colegio sí y, por tanto, es urgente atender esta demanda de muchas personas.
En esta lista de buenas intenciones usted nos habla de hacer todo esto con consenso político. Mire, han hecho ya veinticinco reales decretos y el consenso político está bien predicarlo, pero está mucho mejor practicarlo, porque los reales
decretos leyes, por supuesto, si vienen avalados por el consenso del diálogo social, los vamos a mirar con cariño y los vamos a apoyar, pero hay poca interacción por parte del Gobierno en la concreción de estos reales decreto leyes. Por tanto, está
bien apelar al consenso, pero la práctica demuestra que los reales decretos leyes van cayendo. Hoy, según los periódicos, parece ser que puede haber alguna cosa en relación con el teletrabajo y, de momento, la interacción con los grupos
parlamentarios no existe en estas materias, cuando ustedes apelan a poder gestionarlas con tanto consenso.
Finalmente, en relación con los objetivos que usted planteaba, quería detenerme en tres. Uno es la Ley de dependencia, usted habla de revertir los recortes. Seguramente hay que revertir los recortes en este ámbito, pero lo que también hay
que revertir es que han sido las comunidades autónomas las que han puesto la mayor parte del dinero para atender a la dependencia. En el caso de Cataluña, el 70 % lo pone la Generalitat y el otro 30 % el Estado. Y esto es así desde que salió la
Ley de dependencia. Por tanto, no se trata solo de revertir los recortes, que también, sino de que, de una vez por todas, se afronte este déficit y este engaño por parte del Estado que consiste en que aquello que se tenía pagar en una proporción
50-50, al final lo están asumiendo prácticamente de forma exclusiva las comunidades autónomas. Y este sí que es un tema a revertir y que depende de ustedes en los próximos presupuestos. Por tanto, no se trata solo de revertir los recortes, sino de
revertir la situación que se ha generado de manera totalmente injusta para las comunidades autónomas.
Cuando usted habla de reforzar los servicios sociales y pone énfasis en los servicios sociales públicos, yo le tengo que plantear lo que vengo defendiendo desde hace mucho tiempo; que lo importante es la titularidad de los servicios, que
sean públicos -en la escuela, en la sanidad-, pero también tiene que importar el servicio que se presta con independencia de si lo presta alguien privado o alguien público. Por tanto, está bien este discurso de que los servicios deben ser públicos
y de calidad, pero me interesa mucho más cómo se presta el servicio, qué calidad tiene el servicio y no quién lo presta. La titularidad puede ser pública, pero la forma de gestión puede ser pública, privada o concertada, hay muchas fórmulas. Y en
esto, que yo cuento hasta la saciedad, usted me da la razón indirectamente cuando puntos después
de sus objetivos habla orgullosamente -y lo comparto- del tercer sector. Usted dice que el tercer sector tiene soluciones innovadoras, está a pie de calle; y precisamente el tercer sector es el ejemplo más gráfico de cómo el sector privado
-en este caso sin ánimo de lucro, pero también en general- puede ofrecer soluciones óptimas en la gestión de todas estas cuestiones. Por tanto, está bien que usted diga que hay que reforzar los servicios públicos, pero yo le digo: asegúrese de que
la titularidad es pública, asegúrese de que el control es público, pero hay muchas soluciones innovadoras y a pie de calle, como las que le ofrece el tercer sector, en las que el foco no está tanto en quién presta el servicio como en que el servicio
sea de calidad. En definitiva, aquí hay mucho terreno en el que poder colaborar en el ámbito público-privado, que nos llevará a todos a un mejor escenario en la atención de todos estos derechos sociales y de las personas más vulnerables.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Moltes gràcies, señor Boadella.
Tiene la palabra, a continuación, la representante del Grupo Parlamentario Republicano, Inés Granollers.
La señora GRANOLLERS CUNILLERA: Buenos días. Gracias, señor presidente.
Muchas gracias, señor Álvarez, por comparecer y explicarnos sus proyectos. Nosotros queremos aprovechar esta comparecencia para trasladarle, como ya hicimos en su día con el vicepresidente Iglesias, nuestras demandas en relación con la
agenda social. Este ministerio empezó su andadura con muchas expectativas y, con el paso de los meses y el impacto de la pandemia, constatamos que seguimos con muchos de los problemas que veníamos arrastrando y que ahora se han agravado
enormemente. El horizonte es francamente desolador desde la perspectiva de la protección social. La situación de emergencia actual es ya de crisis humanitaria, y los indicadores nos auguran que la cosa va a ir a peor.
Me gustaría empezar con un titular que creo que reúne, resume y sintetiza buena parte de nuestras reclamaciones: es urgente e imprescindible la movilización de recursos financieros en el ámbito asistencial. Podemos hablar durante muchas
horas sobre las medidas necesarias para paliar los efectos de esta crisis, pero si no hay recursos encima de la mesa estamos perdiendo el tiempo. Desde una perspectiva de la gestión epidémica, estos recursos deben ir a los colectivos más
vulnerables y, de entre estos, especialmente a los mayores. Las personas mayores son la válvula más débil ante la pandemia, y durante todo este tiempo hemos sido testigos de hasta qué punto la falta de medios y recursos en el ámbito de los cuidados
ha puesto en riesgo la vida de miles de personas. Son personas frágiles, con un estado de salud complejo fruto de la edad avanzada en la que se encuentran. Muchos de estos abuelos y abuelas viven en residencias y geriátricos y tienen altas tasas
de dependencia. Necesitan ayuda diaria para las actividades de su vida cotidiana. Muchas de estas personas viven en residencias porque ya no pueden vivir solas o sus familias no pueden hacerse cargo de ellas con un mínimo de calidad asistencial.
Por tanto, la población de las residencias es muchas veces la más frágil de entre las personas en edad avanzada.
Somos conscientes de que el ámbito residencial es una competencia autonómica y, por lo tanto, aquí no venimos a pedir medidas, venimos a pedirles recursos. No se puede garantizar el correcto desarrollo de nuestro sistema residencial si no
se garantiza su suficiencia financiera. No se puede luchar contra los grandes lobbies que gestionan el sector residencial y buscan la maximización de los beneficios sin importar la calidad del servicio y sin recursos públicos. Necesitamos un fondo
extraordinario específico para aplicar los planes de contingencia del COVID a los servicios sociales residenciales, como define el Plan de respuesta temprana al COVID-19 que promueve el ministerio con las comunidades autónomas. Los servicios
sociales en Cataluña -y me consta que en el resto del Estado pasa igual- aún no se habían recuperado de la infrafinanciación previa a la pandemia y han tenido que actuar sin medios para dar respuesta a una situación dramática. Y lo han hecho
gracias al esfuerzo ingente de unos profesionales del sector social que han trabajado sin descanso durante meses, bajo condiciones de enorme precariedad inducida por este perverso modelo de financiación. Un modelo que hace que las competencias en
materia asistencial y las inversiones finalistas recaigan en las comunidades autónomas, cuando estas padecen una infrainversión crónica y, además, padecen políticas como las de constricción del techo de gasto y del margen de déficit que permite
Europa y que se queda para sí la Administración del Estado, mientras los Gobiernos autonómicos que financian la dependencia, la educación y la salud tienen que paralizar inversiones por falta de financiación.
Toca hablar, como han hecho mis compañeros -y tocará hablar más en el futuro-, de la Ley de dependencia; una ley que genera unos compromisos de gasto que, por omisión en los últimos Gobiernos, han tenido que asumir las comunidades autónomas
y los ayuntamientos. Como viene siendo habitual, el Gobierno del Estado ha incumplido sistemáticamente el compromiso de cofinanciar el 50 %. También tenemos el problema de los fondos por gasto social provenientes del IRPF, que no llegan de forma
equitativa a las administraciones autonómicas. Llevamos tiempo esperando que se definan criterios de reparto en base a la recaudación y al número de declarantes que marcan la casilla del 0,7 %. Por otra parte, el Gobierno sigue sin ofrecer un
mecanismo para la conciliación de padres y madres con hijos en edad escolar confinados por coronavirus, ni un permiso retribuido ni una baja laboral para personas con hijos a cargo o personas con discapacidad y dependencia; otro compromiso también
incumplido por el Gobierno.
No quiero terminar sin abrir el debate de la emergencia habitacional que ya estamos viendo cómo se recrudece con un récord de desahucios en estas últimas semanas. Urgen medidas decididas para garantizar el derecho a la vivienda que, para
que lo sepan los patriotas de pulserita o de bandera en mascarilla, es un derecho recogido en la Constitución. Nosotros tenemos claro qué papel deben jugar las administraciones en esta crisis, actuar de flotador para los más vulnerables y trabajar
para una salida justa y equitativa de esta crisis social. Su papel en esta ecuación, señor Álvarez, es garantizar los recursos para dar músculo a todo este sistema de protección, y esto implica, por ejemplo, priorizar el gasto. Tenemos que
priorizar el gasto social, no puede estar por encima el gasto militar y ya no digamos el gasto de una institución decimonónica como es la monarquía.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias a usted.
Interrumpimos por un momento la sesión a petición del secretario de Estado. (Pausa).
Reanudamos la sesión. Tiene la palabra la representante del Grupo Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, doña Marisa Saavedra.
La señora SAAVEDRA MUÑOZ: Buenos días, bon dia. Gracias, señor presidente.
Gracias, señor secretario de Estado, por su intervención. En Unidas Podemos valoramos muy positivamente el ingente trabajo realizado por la vicepresidencia, el ministerio de Derechos Sociales y esta secretaría de Estado, que han afrontado
una situación inédita de pandemia mundial a las pocas semanas de constituirse el Gobierno, sin fórmulas previas existentes para una situación como esta, con muchas situaciones de urgencia en muchos ámbitos y con recursos escasos.
Esta pandemia, como ya se ha dicho aquí, ha evidenciado en nuestro país carencias muy graves en el sistema de protección social, y esto viene de mucho antes. Ya lo denunció el relator de la ONU para los derechos humanos en febrero, que
quedó escandalizado -lo dijo con esta expresión- de los niveles de pobreza y desprotección social en la cuarta economía de la zona euro. Esto fue antes de la pandemia. Esto no es casual, tenemos que mirar al futuro, pero sin duda hay que recordar
que venimos de los últimos diez años, en los que hemos padecido las políticas de la derecha de austeridad, de privatizaciones y de recortes en servicios públicos; políticas que priorizaron durante la crisis el rescate financiero a la banca con más
de 60 000 de euros, o el rescate a autopistas. La anterior crisis fue excusa para recortar en servicios sociales, en pensiones, en prestaciones de desempleo, en sanidad o en educación pública, que atienden a toda la población: hablamos de
servicios públicos debilitados y prácticamente devastados con unas políticas de recortes absolutamente denunciables.
Además, propició la especulación con la vivienda. Hubo subidas abusivas de alquiler, se vendieron viviendas sociales a fondos buitre controlados por amigos y familiares -de esto saben mucho en Madrid, pero no solo-; fondos buitre que
aumentaron las rentas de alquiler. En definitiva, se aplicaron unas políticas, las del PP, que propiciaron que miles de familias fueran expulsadas de su casa por bancos o fondos buitre, desahuciadas y sin alternativa habitacional, algo que fue
denunciado reiteradamente por instituciones de la Unión Europea. Hoy este drama social continúa, y mientras la derecha y los medios de comunicación alarman a la ciudadanía sobre el supuesto peligro de que ocupen tu vivienda cuando sales a comprar,
el verdadero problema en este país, ya antes de la pandemia, en 2019, es que más de ciento sesenta familias son desahuciadas diariamente, mientras fondos buitre y corporaciones especulan con un bien básico como es la vivienda. En definitiva,
realmente tenemos ahí un reto importante, lo tiene este Gobierno de coalición, que ya lo contemplaba en el acuerdo de gobierno, un reto en cuanto a la protección de este derecho constitucional a la vivienda.
En la anterior crisis -estaba comentando- se ayudó a los ricos y se perjudicó a la clase trabajadora. El PP nos dejó a la cabeza de los países de nuestro entorno de la Unión Europea en cuanto a desigualdad, y sonroja escuchar a la portavoz
del PP exigir en relación con las políticas de dependencia. El Gobierno de Rajoy prácticamente nada más llegar al poder dijo que era insostenible la Ley de Dependencia y se aplicó a desmantelar un incipiente sistema de atención a la dependencia
porque dijo que era inasumible, y dejó en situación de extrema vulnerabilidad a personas con discapacidad y a familias, en una situación realmente dramática. Especialmente vergonzosa fue la supresión en 2013 del pago por parte del Estado de la
cotización a las cuidadoras no profesionales de la dependencia, quitar por parte del Estado dicha cotización a la Seguridad Social de estas cuidadoras, en su mayoría mujeres, que tienen que abandonar a menudo sus trabajos para cuidar a familiares
dependientes. Ese derecho se recuperó en marzo de 2019. Fue también vergonzoso el copago farmacéutico impuesto a las personas con discapacidad. Yo trabajo en ese ámbito y como trabajadora social he escuchado a madres decir que tenían que elegir
entre comprar alimentos o medicación para sus hijos o hijas. O las medidas de incompatibilidad en cuanto a prestaciones y recursos en la dependencia. Fue una absoluta vergüenza.
La pandemia, por tanto, ha encontrado a nuestro país, a diferencia de otros países de nuestro entorno, con unos sistemas públicos de protección muy debilitados, con plantillas de trabajadores y trabajadoras sobrecargadas en un grado muy alto
en servicios sociales, y esto en una situación de grave emergencia social. Esta situación de extrema dificultad en la que quedaron muchos colectivos en la situación de crisis actual obligó al Gobierno de coalición a articular medidas de urgencia
-ya se han enumerado aquí- para destinar fondos y transferencias a las comunidades autónomas en cuantías nunca vistas anteriormente para reforzar la atención a la población infantil, reforzar servicios sociales, la atención a las residencias -que
son de competencia autonómica, no lo olvidemos-, o adelantar la implantación del ingreso mínimo vital, tan criticado por la derecha en su momento. Se ha hecho un gran esfuerzo en extender este escudo social, siempre incompleto dada la magnitud de
la crisis, y continúa implementándose.
Desde Unidas Podemos entendemos que las prioridades recogidas en el acuerdo de gobierno de coalición no han quedado desfasadas en el actual contexto, más bien resulta aún más necesarias en la actual crisis la implementación de las medidas
que ya se planteaban en este acuerdo. Si ya existía un alto consenso social respecto a algunas medidas, hoy este consenso es mucho mayor. Por ejemplo, en el sentido de que los cuidados no se deben mercantilizar. La intención, lo que se planteaba
en el acuerdo, y en lo que esperamos que se continuará profundizando, como ha planteado el secretario de Estado, será reforzar los servicios públicos, fortalecer la red de protección a las familias, implementar un nuevo modelo de cuidados y de
atención a las necesidades de las personas, tareas de las que tradicionalmente se han ocupado las mujeres sin reconocimiento económico, a pesar de que sin ellas nuestra sociedad no se podría sostener. Vemos, por tanto, más necesarias que nunca
medidas de conciliación, de racionalización horaria o escuelas infantiles, como ha planteado el secretario de Estado. Como ya se ha dicho, estamos muy de acuerdo en reforzar este cuarto pilar del Estado del bienestar tan necesario, acercándonos a
la realidad de los países de nuestro entorno; reforzar los servicios sociales, la atención a la dependencia, que es de promoción a la autonomía personal realmente, reforzando los servicios de ayuda a domicilio y asistencia personal, para que las
personas puedan elegir en qué entorno quieren vivir. También pisos tutelados. En cuanto a las residencias, cuando sea un recurso necesario, estamos completamente de acuerdo en lo que se ha planteado de avanzar hacia un nuevo modelo centrado en las
necesidades de las personas; que sean más reducidas, más parecidas a un hogar, insertas en la comunidad y, por supuesto, acabar con lo que supone hacer negocio de las residencias, que ha resultado ser muy lucrativo para algunas corporaciones y
fondos de inversión, pero fatal y letal para la vida de las personas, y esto lo hemos visto en esta terrible pandemia.
Por lo que respecta a las personas con discapacidad, tenemos que avanzar en el cumplimiento del Convenio de la ONU de derechos de las personas con discapacidad, en aplicar la Ley de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión
social de 2013, un texto refundido que realmente no se ha aplicado en todos estos años, y que es muy importante de cara a la inclusión de las personas en situación de discapacidad.
El señor PRESIDENTE: Debe terminar.
La señora SAAVEDRA MUÑOZ: Se ha de avanzar en la accesibilidad, como ha mencionado el secretario de Estado, muy importante, la accesibilidad universal en entornos, procesos y servicios, que debe garantizarse y no limitarse a la
accesibilidad física, sino también cognitiva, la comunicación. Avanzar
en el diseño universal de toda actividad o servicio para que puedan ser utilizados por todas las personas sea cual sea su condición son requisitos para una sociedad realmente inclusiva. Unidas Podemos estamos seguras y esperanzadas en que
podremos cambiar este modelo fracasado del que venimos para garantizar y atender los derechos de las personas. También estamos convencidas de la necesidad de esa participación democrática que se ha expresado de contar con la colaboración y las
aportaciones de la sociedad civil, de las entidades, de los profesionales de los ámbitos -trabajadoras sociales-, tanto en el diseño como en la evaluación de las medidas que se tomen; también, cómo no, la importancia de la coordinación de los
diferentes sistemas de servicios sociales, educativos y de sanidad, y, por supuesto, la coordinación y diálogo con las comunidades autónomas, atendiendo a la realidad de nuestro país, no puede ser de otra manera. Entendemos, en definitiva, que los
recursos económicos empleados en el ámbito de la protección social no deben traducirse en beneficios para fondos de inversión sino que deben ir destinados, tenemos que asegurar que vayan íntegramente dedicados al cuidado de la vida y a la creación
de puestos de trabajo para esta prioridad. Entendemos que los próximos Presupuestos Generales del Estado son una gran oportunidad en este sentido de cambio de modelo, y animamos y empujamos a avanzar en este cambio de modelo a la secretaría de
Estado y al ministerio.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias a usted.
Tiene la palabra, a continuación, la representante del Grupo Parlamentario VOX, Reyes Romero.
La señora ROMERO VILCHES: Gracias, señor presidente.
Señor Álvarez, desde la llegada de su partido al Gobierno de España los derechos sociales en nuestro país han sufrido un deterioro que tiene unas dimensiones verdaderamente catastróficas para los ciudadanos españoles. Lo más significativo
de su trayectoria en todos estos meses, desde que desembarcaron en el Gobierno, puede resumirse en dos pinceladas muy sencillas: una, ruina económica y toneladas de propaganda ideológica, algo a lo que ya nos tiene acostumbrados la izquierda desde
tiempo inmemorial. Su Gobierno está cada vez más alejado de la realidad y de los intereses de las personas concretas que habitamos en esta gran nación llamada España. Somos plenamente conscientes de que la pandemia del COVID tiene una dimensión
mundial y que realmente era difícil preservar totalmente del contagio a un país que vive principalmente del turismo. Pero desde el primer momento, VOX les dijo que se tenían que haber controlado las fronteras y los aeropuertos, porque los derechos
sociales empiezan protegiendo a los ciudadanos del riesgo de enfermedades. Igual que las familias responsables protegen los muros, las puertas y las ventanas de sus viviendas, es obligación de un Gobierno diligente procurar por todos los medios
controlar quién entra en nuestro país. Cuando a primeros de año VOX sugirió que había que suspender los vuelos con China o al menos tratar de establecer un control sanitario, ustedes, conforme a sus prejuicios, nos llamaron racistas y xenófobos.
Así, desgraciadamente, es cómo funciona la propaganda de la izquierda. A día de hoy, lo más increíble es que, ni siquiera después de la experiencia de lo que ha ocurrido, han rectificado sus prejuicios y siguen sin luchar contra la inmigración
ilegal. Según cifras oficiales del Ministerio del Interior, en lo que llevamos de año ya han entrado en España por vía marítima más personas que en todo el año 2019, en concreto, las más afectadas son: Canarias, Andalucía y zonas del Levante.
Ignoramos cuaántas de ellas pueden venir afectadas por el virus, porque han entrado sin cumplir ningún trámite, al contrario de lo que hacen los inmigrantes legales, que sí deben de tener la protección de la ley. No sabemos qué es lo que vamos a
hacer para solucionar este problema. Esta es una situación demencial, cuyo impacto en la salud pública escapa a todo control.
Señor Álvarez, la razón de ser de su secretaría de Estado es atender desde los poderes públicos a las personas dependientes, a los discapacitados, a las familias, a los adolescentes, a los jóvenes y también a los ancianos. Nos gustaría que
nos especificara qué políticas concretas ha puesto en marcha su departamento en relación con los grupos citados, pero nos referimos a hechos concretos que se pueda medir, no se trata de redactar documentos llenos de frases grandilocuentes, como las
que nos ha dirigido con esas nueve propuestas que tiene su departamento. Ya conocemos la inventiva de su Gobierno a la hora de producir textos, declaraciones solemnes, palabras exóticas, eslóganes pegadizos que luego no llegan a ninguna parte. Los
jóvenes viven sin esperanza. El paro ha vuelto a cebarse con ellos y volvemos a liderar la tasa de paro en Europa, porque cuatro de cada diez jóvenes están en paro. ¿Está el empleo entre sus prioridades? No lo parece cuando al frente del Injuve
nombran, cobrando 80 000 euros al mes, a quien, junto a su amado líder, Pablo Iglesias, presentaba La tuerca.
Decíamos que era necesario tomar medidas contundentes y ágiles para dar respuestas a quienes el estado de alarma había dejado sin trabajo, pero la gente, desgraciadamente, sigue esperando. Presumen ustedes del ingreso mínimo vital como una
magnífica conquista social, pero no hace falta que nos ensañemos ahora recordando que se trata de una medida que en la mayoría de los casos se solapa con otras ayudas públicas ya existentes con las que resulta incompatible. Hablamos de una ayuda
que a día de hoy ha llegado a menos del 1 % de los hogares que lo han solicitado y que nunca llegará a algunas de las familias que más lo necesitan, aduciendo en muchas ocasiones que tienen arraigo familiar. En definitiva, esta es una muestra más
de su política, basada en supuestas buenas intenciones y en pésimos resultados: burocracia, multiplicación de trámites administrativos, ineficiencia, declaraciones de derechos en papel -que eso todo lo aguanta-y no en la realidad; incentivos para
la economía sumergida y que, por supuesto, al final no se concretan en nada positivo para la vida de los ciudadanos españoles. Nosotros no discutimos que haya que atender a las personas que más lo necesitan. El grupo que tengo el honor de
representar entiende España como una comunidad solidaria que abraza a todos sus miembros, sin privilegios ni discriminaciones. Pero, oiga usted, los ciudadanos españoles que no estén incluidos en los sectores vulnerables también tienen derechos
sociales, ¿no? Los españoles que trabajan, que madrugan, que pagan sus impuestos, que atienden a sus hijos y a sus mayores, que cumplen los contratos que firman y que asumen sus responsabilidades y que no ocupan viviendas ajenas, esos también
tienen derechos sociales y ustedes los han abandonado. Tantos y tantos profesionales que no se han podido beneficiar de los ERTE y que a día de hoy siguen abandonados a su suerte, trabajadores del sector taurino, pequeños comerciantes, autónomos,
feriantes, agricultores y tantos y tantos colectivos que sería imposible nombrarlos a todos. Cuando ustedes los condenan al paro y a seguir pagando para mantener este estado elefantiásico, están cometiendo el mayor atropello a los derechos sociales
que cabe concebir, porque una sociedad que no produce riqueza está condenada a la desaparición, y vivir indefinidamente incrementando el déficit público con más y más gastos inútiles, poniendo trabas al sistema productivo, es un crimen contra la
generaciones futuras y además resulta totalmente insostenible.
Señor Álvarez, hay algo más que no podemos pasar por alto en su comparecencia, y es lo ocurrido en las residencias de ancianos. Esto es algo que afecta especialmente a su departamento. Estamos hablando del sector más frágil de nuestra
población, los ancianos que no pueden vivir en sus casas con su familia natural, unas personas que no solo están en una situación objetiva de vulnerabilidad, sino que son precisamente aquellas a las que debemos el nivel de bienestar alcanzado por
nuestro país, porque esas personas no heredaron de sus padres una España boyante. Ellos crecieron durante la posguerra en un país en el que había pocos derechos y muchas necesidades. Fueron ellos los que contribuyeron con su esfuerzo y sacrificio
a levantar la España desarrollada que nos hemos encontrado las generaciones que ahora estamos en activo y que ustedes están arruinando desde que llegaron al poder. Ni siquiera tenemos datos seguros sobre el número de fallecidos en las residencias
de ancianos, pero la cifra no baja de 20 000 personas, personas con nombre y apellidos. En comparación con este tipo de centros, en otros lugares, por ejemplo, en los hospitales y en las prisiones, se pusieron normas claras de aislamiento en los
casos positivos y en todo momento, como no podía ser de otra forma, contaron con asistencia sanitaria. En cambio, en las residencias la solución que se arbitró fue aislar a todos los centros y privar de atención médica a los contagiados. ¿Se dan
ustedes cuenta del crimen de omisión que se cometió sobre miles de personas? ¿Dónde quedó su derecho constitucional de atención a la salud, proclamado en el artículo 43 de la Constitución española? Si no podían ser derivados a hospitales, al menos
se les debería haber proporcionado medios de protección y de tratamiento de la enfermedad, y solo recibieron paracetamol y morfina. Son personas que fueron condenadas a muerte, una muerte en soledad, sin asistencia de familiares y sin consuelo
espiritual. Casi se podría hablar de una eutanasia masiva encubierta, algo que, aunque a ustedes les indigne, coincide casi a la perfección con lo que votaron en el Pleno del Congreso el pasado día 10 de septiembre. Se ve que la muerte de las
personas improductivas, ya sean ancianos o bebés no nacidos, resulta una reivindicación muy progresista
El señor PRESIDENTE: Le quedan dos minutos.
La señora ROMERO VILCHES: ¿De qué derechos sociales estamos hablando, si no se respeta ni el fundamental derecho a la vida? Se ha dado en España un macabro juego para eludir responsabilidades. El señor Pablo Iglesias hizo el paripé de
asumir el control de la gestión de las residencias y así nos lo hizo saber en rueda de prensa el 19 de marzo; desde entonces ni una gestión más que haya llegado a conocimiento público, tan solo reseñar la actuación de la UME, dependiente del
Ministerio de Defensa. Lo
cierto es que ni la opinión pública ni las mismas autoridades tienen claro a día de hoy a quién hay que atribuir la responsabilidad del desastre ocurrido. Se trata de un magnífico ejemplo de aquello en lo que se ha convertido la España de
las autonomías: unos se culpan a otros en medio de una maraña de normas y cargos y más cargos descoordinados en los cuales nunca se sabe dónde empieza y dónde termina la competencia de cada cual, aunque todos se esfuerzan por culpar al adversario.
Sobre las residencias podríamos estar hablando durante horas, pero lo más triste de todo es la hecatombe que ha sucedido y que se puede volver a repetir si continúa el desbarajuste competencial.
En resumidas cuentas, lo que no podrá negarnos en ningún caso es que un señor que tiene por cargo el de secretario de Estado de Derechas Sociales tiene muchísima responsabilidad en el deterioro de los derechos sociales que estamos padeciendo
en España en los últimos tiempos, y quisiéramos saber cómo lo va a solucionar.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: A continuación, tiene la palabra por el Grupo Popular en el Congreso, primero, por siete minutos, Alicia García.
La señora GARCÍA RODRÍGUEZ: Gracias, presidente.
Secretario de Estado, escucho su intervención y pienso que los españoles hemos hecho un máster en pandemia y el Gobierno se ha quedado repitiendo primero de Gobierno y primero de pandemia y ha entrado en bucle. Cero autocrítica y cero
cambios en la hoja de ruta. Desde que vino el vicepresidente Pablo Iglesias en el mes de febrero a comparecer han pasado ocho meses, una crisis sanitaria, una crisis económica y social de dimensiones que aún no conocemos y la hoja de ruta sigue
siendo la misma. La crisis sanitaria se ha gestionado fatal. Hemos sido el peor país del mundo en gestionar la crisis sanitaria, que ha tenido sus efectos también en la parte social, porque han muerto 23 000 personas en las residencias sin que los
familiares hayamos podido despedirnos de ellas, sin un último adiós y sin un último aliento. Ahí hay responsables y hay que depurar esa responsabilidad. Por ello y por la mala gestión sanitaria, el Partido Popular ha solicitado una auditoría para
la gestión de la crisis.
En cuanto a la crisis económica, el Gobierno nos ha abocado a la ruina, a la pobreza. Somos más desiguales. Hay mucho más paro y mucha más pobreza y precariedad. Con todo ello parece que quieren derruir la clase media, porque son muchas
las personas de clase media que han tenido que acudir a un ingreso mínimo vital que no están cobrando. Son muchos los autónomos que están desprotegidos, más de 800 000 en ERTE; y a 500 000 les quieren sacar del ERTE, es decir, les quieren quitar
la protección. Por tanto, creo que tienen que prestar atención a la clase media y, por ello, el Partido Popular ofrece un plan de choque a través de nuestro presidente Casado. Prorroguen los ERTE, menos impuestos, menos burocracia, más
competitividad, más flexibilidad y mejor formación y empleo vinculado al ingreso mínimo vital y a las necesidades de cada persona. El drama económico y sanitario siempre se debe acompañar de políticas sociales, pero no recortando o intentando
recortar a los más débiles, como estudia el Gobierno amenazando con congelar las pensiones, subiendo la cotización a los trabajadores autónomos o congelando los salarios de médicos, profesores y fuerzas y cuerpos de seguridad, entre otros.
Consideramos que hay tres asuntos en esta emergencia social que ustedes deben abordar. En primer lugar, hay que paliar la situación de pobreza y desigualdad que, como consecuencia de este escenario, está surgiendo en España, agilizando el
ingreso mínimo vital y dotándolo de mecanismos para que las personas puedan acceder a un empleo cuanto antes. En segundo lugar, hay que abordar a corto plazo la situación de las residencias para evitar que la segunda ola del coronavirus se
convierta nuevamente en una trampa mortal en algunas residencias para muchas personas mayores; y también hay que revisar el sistema de dependencia a largo plazo. En tercer lugar, las familias tienen dificultades para conciliar ya, ahora, en esta
situación de pandemia. Abordemos también la situación de la educación de 0 a 3 años próximamente.
En cuanto a las colas del hambre y las tasas de pobreza y desigualdad, no puede ser que únicamente el 1 % de las solicitudes estén siendo valoradas y que estén excluyendo al 99 % de los solicitantes. Como decía antes, las familias no pueden
comer con efecto retroactivo, no pueden esperar a que se les abone el ingreso mínimo vital. El 20 % se queda fuera por no cumplir los requisitos y dejan fuera a los que se encuentran en los niveles más altos de exclusión porque tienen brecha
digital. Hay personas que tienen la suerte de estar cobrando, pero están cobrando menos que con las rentas garantizadas de sus autonomías. Son claramente recortes encubiertos. Desde el Grupo Popular les exigimos que agilicen el
ingreso mínimo vital, que contraten personal, que se coordinen con las comunidades autónomas y con los ayuntamientos.
La segunda pata que tienen que abordar con urgencia es la situación de las residencias ante la segunda ola del coronavirus y la revisión del sistema de atención a la dependencia. Ha habido 23 000 fallecidos en residencias, aunque no sabemos
la cifra oficial. Le ruego que nos den una cifra cuanto antes. ¿En qué fallaron en marzo y en qué siguen fallando ahora? En la falta de equipos de protección, la ausencia de protocolos de actuación sin escuchar a las comunidades autónomas y al
sector o la falta de personal. El 30 % estuvo de baja por enfermedad o ansiedad y era imposible cubrir las bajas. Hagan lo posible para que esto se solucione. Ha dicho antes que están manteniendo reuniones con las comunidades autónomas y que
están trabajando. Dice que tienen los deberes hechos. Pues bien, no he visto esos deberes. Usted hoy ha comparecido, le hemos hecho preguntas y los deberes no están. No se está contando con el sector y al final todo queda en fuegos de artificio.
Pedimos un plan de choque a corto plazo para las residencias de personas mayores. Financien a las comunidades autónomas con los 1000 millones de euros que recortaron del Fondo COVID de 16 000 millones de euros. Resuelvan la falta de personal con
la normativa. Pongan material de protección; porque seis meses después las comunidades autónomas siguen esperando a que el Gobierno les reparta los EPI, las mascarillas y los guantes. Hagan test a todo el personal de los centros de mayores; no
están haciéndolos, porque nos lo dicen las residencias. Hagan un mapa epidemiológico en cada residencia. Mejoren la coordinación sociosanitaria; antes decía usted que se estaba produciendo, pero no es así. Aborden un sistema unificado de
recogida de datos que diga la verdad sobre cuántas personas están falleciendo en las residencias.
Aborden la situación de la dependencia. Usted ha dicho aquí hoy que la están abordando, que van a trabajar, que están teniendo reuniones, pero hay una lista de espera de 384 000 personas que no tienen que seguir esperando y que tienen que
tener una solución inmediata. En 2019 por primera vez ha aumentado el número de personas en espera de atención por dependencia, hay 50 000 personas más que en 2018. En 2019 hubo 50 000 personas más en lista de espera y fallecieron 31 000 personas
que estaban a la espera de un procedimiento para que se le reconociera el derecho a una prestación y a un servicio. Los plazos son inasumibles, 426 días de media, y también se registraron menos prestaciones que en el año 2018. Por tanto, el año
2019 fue nefasto para las personas dependientes.
En cuanto a la financiación, hay una financiación asimétrica. La Administración General del Estado aporta un 20 % y las comunidades un 80 %.
El señor PRESIDENTE: Le queda un minuto.
La señora GARCÍA RODRÍGUEZ: Tiene que ser un 5050.
Es verdad que la pandemia ha puesto sin duda a la dependencia y a los dependientes en la UCI. Aunque hay menos solicitudes, menos valoraciones y menos beneficiarios, la lista de espera es de 384 000 personas. Usted dice que van a trabajar,
que van a proponer un plan de choque y que están trabajando con las comunidades autónomas. Pues bien, el Grupo Parlamentario Popular propone que se cree una subcomisión en el Congreso para resolver la situación del Sistema para la autonomía
personal y atención a las personas en situación de dependencia. Proponemos una subcomisión en la que haya una amplia participación de expertos y agentes del sistema que sirva, como usted ha dicho, para repensar el sistema, para analizar el actual
marco normativo, para elaborar un informe con propuestas y con el mayor consenso posible, para mejorar el Sistema para la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia y para garantizar una mejor calidad de la atención a
las personas mayores. Hagan su trabajo en el Gobierno y desde el Gobierno con las comunidades autónomas, pero creo que los grupos políticos podríamos participar en esta subcomisión para llegar al mejor acuerdo posible con el máximo consenso para
mejorar la atención de las personas dependientes y para eliminar la lista de espera que hoy existe.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Tiene la palabra la también portavoz del Grupo Parlamentario Popular -le quedan tres minutos-, Carmen González.
La señora GONZÁLEZ GUINDA: Muchas gracias.
Así es, portavoz en discapacidad. Por tanto, señor secretario de Estado, me alegra hoy oírle hablar a usted de discapacidad y de las modificaciones legislativas presentadas hoy aquí, muchas de ellas ya
trabajadas -como bien ha apuntado- en anteriores legislaturas. Digo que me ha alegrado porque durante esta pandemia COVID la discapacidad ha sido la gran olvidada. A todos nos hubiera gustado oír, en esas interminables intervenciones del
Gobierno, al vicepresidente -y, por ende, ministro de Derechos Sociales y con competencias en discapacidad- hablar de medidas y reconocimiento hacia el gran esfuerzo que las personas con discapacidad y sus familias han realizado y siguen realizando
durante esta pandemia. Pero él estaba más ocupado en engrosar los altos cargos de su ministerio y ahora parece estar más preocupado por pretender cambiar el marco constitucional con ataques a la monarquía que en ejercer sus funciones de ministro de
Derechos Sociales y en ocuparse y preocuparse por los problemas que las personas con discapacidad y sus familias están afrontando durante esta pandemia. Además, como muy bien saben, desde su secretaría se ha dado un hachazo a las entidades sociales
estatales con una reducción del 20 al 16 % de lo recaudado por IRPF y se han reducido las subvenciones con cargo al impuesto sobre sociedades que el PP aprobó para actividades de interés social canalizadas a través del tercer sector en el
presupuesto de 2018. Es un gran recorte en la financiación de un sector especialmente vulnerable para el que cada euro menos supone una oportunidad perdida precisamente para los que menos oportunidades tienen.
Muchos han sido y siguen siendo los problemas y las dificultades que las personas con discapacidad y sus familias están afrontando en esta pandemia. Por ponerle solo un ejemplo, dado que tengo muy poco tiempo, si en el ámbito educativo el
confinamiento ya ha causado una brecha que habrá de superarse en los próximos años, en el caso de alumnos con discapacidades esta brecha es más lacerante, con pérdidas de apoyos y terapias y con problemas de accesibilidad a las clases online.
Alumnos con discapacidad auditiva ya las reclamaban en las pruebas de la EBAU, y ahora en la vuelta al cole, entre otras medidas, reclaman las mascarillas comunicativas. Hoy le entregaré una, con la finalidad de que haga de mediador con los
ministerios de Sanidad y de Industria, dado que a las asociaciones sin ánimo de lucro que las están impulsando les está costando muchísimo homologarlas. Llevan tiempo intentando ser recibidas en ambos ministerios, sin que se les abra ninguna
puerta. Espero hoy de usted un compromiso al respecto.
Hay graves problemas de accesibilidad al radar COVID y a las plataformas de petición del ingreso mínimo vital, lo que obliga a personas con discapacidad a tener que pedir ayuda para rellenar las solicitudes, quedado en entredicho la
confidencialidad y la privacidad. En cuanto al empleo, he sabido que las personas con discapacidad son las primeras que en época de crisis pierden el trabajo y las últimas en recuperarlo. Faltó y falta un reconocimiento al gran trabajo de los
centros especiales de empleo, que tanto hacen en pro de la inserción laboral. Muchos de ellos tuvieron que cerrar durante el confinamiento y otros realizaron una gran labor en trabajos esenciales.
Por todo ello, nosotros estimamos que urge una nueva estrategia nacional de discapacidad. Me ha extrañado que usted no la haya nombrado, no sé si por olvido o expresamente. Le tengo que comunicar que el Partido Popular ya ha registrado una
iniciativa solicitándola y pidiendo que en su plan de acción contemplen políticas de apoyo a las familias con personas con discapacidad, que avancen en su protección social, jurídica y económica y en el apoyo a la vida independiente y autónoma,
atendiendo las directrices de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad -usted ya nombró aquí la asistente personal, entre otras medidas-; que impulsen el empleo de las personas con discapacidad, pues la empleabilidad es la
mejor herramienta para una vida independiente y autónoma; que avancen en la accesibilidad universal, en los medios y canales tecnológicos de accesibilidad y en medidas para una lucha eficaz contra la violencia contra las mujeres y niñas con
discapacidad, tema que me hubiera gustado poder abordar aquí si hubiera dispuesto de más tiempo. En definitiva, se trata de una estrategia con un plan de acción que ponga a las personas con discapacidad y a sus familias en el centro de todas las
políticas de forma transversal.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Tiene la palabra la representante del Grupo Socialista, Sonia Guerra.
La señora GUERRA LÓPEZ: Gracias, presidente.
Gracias, secretario de Estado, por comparecer en la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de Discapacidad y rendir cuentas no solo de la acción que el Gobierno ha llevado a cabo para paliar el impacto social y económico que el
COVID ha tenido en los ciudadanos y las ciudadanas, sino también de las líneas estratégicas planificadas por su secretaría para este mandato. Le doy las gracias porque desde el primer momento este Gobierno ha estado al lado de la ciudadanía, para
no dejar a nadie
atrás, tomando decisiones a nivel social, económico, laboral, habitacional y educativo para dar respuesta a las necesidades que tienen todos y cada uno de los españoles, a cada uno según sus necesidades: ERTE, subsidios por desempleo para
trabajadores y trabajadoras temporales -también para las trabajadoras del hogar-, moratorias de hipotecas y alquileres, suspensión de desahucios -como usted bien ha recordado-, garantía de suministros, ayudas para autónomos y autónomas y nuevos
derechos de ciudadanía que han venido para quedarse al margen del COVID, al margen de la pandemia, como el ingreso mínimo vital. La aprobación de este nuevo derecho de ciudadanía ha mostrado que trabajar para erradicar la pobreza en nuestro país ha
dejado de ser una opción política para convertirse en una prioridad política. Eso es lo que el Gobierno de España ha hecho desde el primer momento, y lo ha hecho por su defensa acérrima del artículo 1 de la Constitución, que define a nuestro país
como un Estado social. Desgraciadamente, demasiadas veces hemos visto en sede parlamentaria cómo algunas fuerzas políticas han obstaculizado las medidas que el Gobierno quería aprobar e implementar para cumplir con ese artículo 1 de nuestra
Constitución y mejorar la vida de la ciudadanía.
Pero como avanzaba antes, el Gobierno no se ha centrado única y exclusivamente en luchar contra la pandemia, como ha recordado también el secretario de Estado, sino que ha seguido avanzando en su programa de Gobierno, impulsando propuestas
que mejoran la vida de la ciudadanía y que luchan contra las desigualdades estructurales de nuestro país, como el ingreso mínimo vital, la Ley de protección integral de la infancia y la adolescencia, la reforma del Código Penal para la erradicación
de la esterilización forzada o no consentida de personas con discapacidad incapacitadas judicialmente o la modificación del artículo 49 de la Constitución, para la inclusión social de las personas con discapacidad. Son instrumentos y modificaciones
legales que amplían el abanico de derechos y oportunidades de los españoles y las españolas y en las que muchos y muchas de nosotros, señorías, como bien saben, ya estamos trabajando en sede parlamentaria.
Hoy el secretario de Estado ha apuntado las líneas estratégicas que, en materia de derechos sociales y políticas integrales de discapacidad, va a seguir el Gobierno en estos próximos años. Desde mi grupo, desde el Grupo Parlamentario
Socialista, nos gustaría incidir en tres de las que ya ha mencionado el secretario: en primer lugar, en la ley de servicios sociales; en segundo lugar, en la importancia y la necesidad urgente de reimpulsar el sistema público de atención a la
dependencia, y en tercer lugar, en la estrategia nacional de prevención y lucha contra la pobreza y la exclusión social. Son tres ejes estratégicos que consideramos fundamentales para la cimentación de ese artículo 1, de este Estado social que
proclama nuestra Constitución; son tres ejes estratégicos que consideramos vitales para la construcción del sistema de servicios sociales y de cuidados en nuestro país; son tres ejes indispensables para erigir una sociedad más justa, más
inclusiva, más cohesionada y cuyo crecimiento económico se asiente sobre bases sólidas. También son fundamentales para la sostenibilidad del sistema de bienestar. El COVID, como hemos comentado a lo largo de la mañana, ha zarandeado los
fundamentos de nuestra sociedad, y los ejes que priorizamos son, precisamente, aquellos que han mostrado una mayor fragilidad durante la pandemia en nuestro Estado de bienestar. Urge, por lo tanto, que actuemos sobre ellos y avancemos de manera
ágil y efectiva en el fortalecimiento y desarrollo de un sistema de servicios sociales de calidad, universal y garantista, que amplíe y complemente su acción protectora y garantice una cartera de servicios mínima y común para todas las comunidades
autónomas, es decir, para todo el territorio español y para todos los ciudadanos y las ciudadanas; un sistema de servicios sociales que conjugue los diferentes agentes que trabajan en el territorio.
Se ha hablado esta mañana aquí y en diferentes ocasiones de los agentes del tercer sector, y a ellos y a ellas también nos dirigimos con estas palabras. Como comentaba el secretario de Estado, debemos volver a priorizar la Ley 39/2006, de
14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, y para ello necesitamos aprobar unos presupuestos sociales que apuesten por esa ley e incrementen su inversión y su financiación, para
poder revertir así los recortes implementados por el Gobierno del Partido Popular. Estos presupuestos nos tienen que permitir, al mismo tiempo, revisar el actual modelo de atención a las personas que precisan cuidados, para disfrutar de una vida
plena, y debemos hacerlo desde una perspectiva dual, desde el punto de vista de la persona que recibe el cuidado, pero también de las personas, sobre todo mujeres, que ejercen ese cuidado, que realizan los cuidados a las personas dependientes. Lo
cierto es que todas y cada una de nosotras en algún momento de nuestra vida, si no a lo largo de nuestra vida, necesitaremos ser cuidadas. Todos y cada uno de nosotros debemos tener derecho a ser cuidados, y para que ese derecho sea realidad las
personas que se dedican a los cuidados -insisto, mayoritariamente mujeres- deben ser reconocidas
social y económicamente, porque solo así nos aseguraremos de que le damos valor a algo tan maravilloso como es cuidar la vida. No se trata de readaptar las residencias de mayores, sino de hacer posible diversas alternativas para la vida
autónoma en comunidad. No podemos seguir tratando a las personas mayores o a las personas con otras capacidades como un colectivo homogéneo, sino como lo que son, ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho. Y, por favor, señorías de VOX, dejen de
instrumentalizar a la gente mayor, dejen de utilizarlos y hablar de posguerra, cuando lo único que tenemos que recordar de esa posguerra es que la provocó un golpe de Estado de un dictador que, por cierto, su líder en sede parlamentaria reconoció el
otro día. (Rumores). Por eso, necesitamos más que nunca humanizar y comunitarizar los cuidados.
El sistema de autonomía personal y atención a la dependencia puede y debe ser un motor económico de nuestro país. Los cuidados pueden y deben ser generadores de ocupación, una ocupación que no debe basarse únicamente en el servicio que
proporciona el cuidador o la cuidadora a la persona cuidada, sino que debe incorporar instrumentos que faciliten continuar viviendo de manera autónoma, pero a la vez segura en el propio domicilio, por ejemplo, la robótica domiciliaria, la
teleasistencia avanzada, la comunicación telemática o la inteligencia artificial. Sin duda, el sistema de cuidados puede ser una posibilidad de inserción laboral para personas que se han quedado en situación de desempleo en la actualidad y también
-lo comentaba el secretario de Estado anteriormente- para muchos y muchas jóvenes, uno de los segmentos de población más castigados por esta crisis económica. Debemos recordar que en tan solo doce años han visto golpeados sus proyectos vitales y,
por lo tanto, sus itinerarios laborales en dos ocasiones. Ellos y ellas son los que protagonizan los contratos parciales en nuestro país y los que están contratados en precario y ellos y ellas son también los que protagonizan la pobreza laboral en
España. Ellos y ellas sufren la brecha salarial generacional, y en el caso de las chicas jóvenes debemos añadir la brecha de género. Si a eso añadimos -como también ha salido aquí a lo largo de la mañana- las dificultades para acceder a la
vivienda y, cuando lo consiguen, el precio de la misma, podemos afirmar que los y las jóvenes se encuentran ante una situación de vulnerabilidad que dificulta sin duda el desarrollo de sus proyectos vitales. No podemos seguir mirando para otro lado
cuando hablamos de la juventud en nuestro país. Nuestros y nuestras jóvenes no son solo el futuro, son el presente, y no podemos llegar tarde.
Voy terminando. Afirmaba la filósofa malagueña María Zambrano que pertenece a la esencia trágica de la vida el necesitar del otro aun para la libertad, y si algo nos han enseñado estos tiempos convulsos, señorías, es que vivimos
precisamente eso, la necesidad del otro, el valor de los afectos y los cuidados como receta contra la soledad no deseada, el poder de lo público y, en definitiva, el valor del bien común.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias a usted.
A continuación, para contestar a todo lo que se ha expuesto aquí, tiene la palabra el secretario de Estado, Ignacio Álvarez.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE DERECHOS SOCIALES (Álvarez Peralta): Muchas gracias, señorías, por sus intervenciones; siempre son enriquecedoras, siempre es un placer poder escuchar algunas de ellas por lo menos y aprender y entender
cuáles son las reflexiones de los grupos parlamentarios y por dónde consideran ustedes que este Gobierno debe dirigirse. Me referiré, por orden, a las distintas intervenciones que han hecho ustedes.
La representante de Ciudadanos decía que echaba de menos información sobre lo que se ha hecho. Yo aquí querría poner en valor no tanto lo que ha hecho esta secretaría de Estado -que también-, sino lo que ha hecho esta secretaría de Estado
en el marco del consejo territorial, insisto, porque buena parte del trabajo abordado responde a la fijación y al establecimiento de un marco común, espacio donde también hay consejeros de Ciudadanos -y, por lo tanto, usted lo sabe- y en donde se ha
realizado ya una parte muy importante del trabajo que había que tener hecho a día de hoy para prevenir posibles rebrotes en los servicios sociales del país y en particular en los servicios residenciales. Me remito a ese marco común que ya se ha
establecido; me remito a esa coordinación sociosanitaria que ya se ha garantizado para el conjunto de las comunidades autónomas; me remito a ese listado de verificación y de condiciones mínimas para los planes de contingencia que ya se han
negociado en ese marco del consejo territorial con el conjunto de las comunidades autónomas y, por lo tanto, esa información es pública, es accesible. Insisto en que creo que estas no son medidas por las que esta secretaría de Estado deba sacar
pecho -por decirlo pronto y mal-, sino que responden a un espacio de trabajo compartido, común y de
diálogo institucional con el conjunto de las comunidades autónomas, que son quienes en esta materia tienen las competencias. Nuestra tarea es la de coordinar ese trabajo, la de poner en común esas competencias.
La segunda ola de contagios, en efecto, no solamente afecta a los servicios sociales, no solamente afecta a los centros residenciales, sino también al conjunto de las familias vulnerables y de los barrios desfavorecidos, y aquí la hoja de
ruta es clara: urge que el paso adelante que hemos dado con la creación de un derecho como es el ingreso mínimo vital se garantice con la agilización y con el desarrollo de la tramitación de las solicitudes que en este momento se están poniendo en
marcha y urge también la construcción de las pasarelas con las propias rentas mínimas de las comunidades autónomas. Me consta que el Ministerio de Seguridad Social realiza este trabajo continuo con las comunidades autónomas, pero me parece que
también algunas comunidades autónomas tienen que ser conscientes de que agilizar la construcción de estas pasarelas y no dificultarla es importante y es urgente. El plan concertado, asimismo, es una hoja de ruta clara para garantizar que las
familias vulnerables puedan tener acceso a la financiación que necesitan, y después me referiré a ello.
Estoy completamente de acuerdo con una afirmación que hacía la diputada de Ciudadanos: las residencias son hogares. Creo que esto en ocasiones se ha perdido de vista durante la actual pandemia. Las residencias son los hogares donde viven
cientos de miles de personas en este país; no son centros sanitarios, pero hay que garantizar la coordinación sociosanitaria, y en este momento ese marco común ya establece claramente la obligatoriedad para el conjunto de las instituciones del país
de garantizar esa coordinación sociosanitaria. Es una responsabilidad de las comunidades autónomas que, en todo caso, ha sido coordinada y ha sido garantizada en el marco del consejo territorial. Efectivamente, en el caso de que haya un brote
-insisto, un brote es un caso- en un centro residencial, el marco común que hemos establecido con las comunidades autónomas es que tendrán que ponerse en marcha, tendrán que implementarse -como de hecho se está haciendo, ojo- PCR para el conjunto de
las personas que están tanto viviendo como trabajando en estos centros residenciales.
Preguntaba usted por el plan de trabajo en materia de dependencia y por cuáles son los siguientes pasos, y le informo. Hay ya convocado un consejo territorial para el próximo 2 de octubre, donde trasladaremos información detallada sobre el
plan de choque en dependencia. Nos parecía que lo más importante en este momento -terminados los trabajos de coordinación del marco común para abordar los rebrotes de este verano- era discutir con los consejeros y consejeras este plan de choque en
materia de dependencia el próximo 2 de octubre. Ahí mismo iniciaremos también un trabajo de más largo recorrido -pero no por ello menos importante, al contrario-, que tiene que ver con la creación de un grupo de trabajo para repensar el modelo de
cuidados de larga duración en nuestro país. Es un grupo de trabajo que se va a crear en el seno del consejo territorial y que lógicamente tiene que contar con aquellos que tienen las competencias en la materia, que son las comunidades autónomas.
En todo caso, pensábamos que tenía que esperar hasta que se terminasen las dos tareas más importantes durante este verano en las que se ha centrado nuestro trabajo: en primer lugar, la coordinación de los protocolos y los planes de contingencia
necesarios para hacer frente al posible rebrote -que no lo teníamos cuando lo iniciamos en junio, pero ya lo tenemos encima- y, en segundo lugar, el plan de choque en materia de dependencia.
Hace usted referencia también a algo que me consta que nos preocupa a todos, que preocupa al conjunto de grupos parlamentarios, al Gobierno y a la ciudadanía, y es la situación a la que los posibles rebrotes y los posibles casos que vemos en
el sistema escolar está llevando a muchas familias. Vamos a tener una baja para garantizar que las personas que se tienen que quedar en el hogar cuidando de las criaturas que tengan una PCR positiva puedan acogerse a esas bajas. No puedo trasladar
más información, pero sé que el Ministerio de Seguridad Social la está ultimando. Será una realidad desarrollada por Seguridad Social en colaboración con Trabajo en los próximos días, más allá del propio Plan Me Cuida, que ya establece lógicamente,
como es conocido, la posibilidad de adaptar y de flexibilizar la jornada laboral para proveer de estos cuidados.
Hacía referencia usted -y después me referiré a ello porque la diputada del Partido Popular también lo mencionaba- a la financiación de las entidades del tercer sector de acción social en este país. Las entidades del tercer sector de acción
social -creo que no están correctamente informados ustedes- no van a ver mermada la financiación en ningún momento. No sé si se ha sugerido en algún momento, pero en ningún caso van a ver mermada su financiación. Lo que va a haber es una
financiación mayor para todas las entidades del tercer sector de acción social de este país y también para otras entidades del tercer sector medioambiental o de cooperación internacional, que verán mejorada su financiación, tanto
las entidades autonómicas como las entidades estatales. Aunque usted no lo decía, lo sé, después sí se han planteado y se sugerían en la intervención del Grupo Popular estos recortes de la financiación al tercer sector. No es verdad, no va
a suceder. Lo que ha entrado en vigor es una nueva fuente de financiación, que es la financiación que viene del impuesto sobre sociedades, cuya convocatoria la tendremos en breve a disposición de las entidades, que viene a financiar adicionalmente
a las entidades del tercer sector estatal. Por eso se ha acordado con las comunidades autónomas que el tramo estatal en materia de IRPF se sitúe en el 15 % y el tramo autonómico en el 85 %, porque también las entidades de carácter autonómico
prestan servicios que son esenciales -todas lo hacen, las autonómicas y las estatales-. Al mismo tiempo, se ha incorporado o se va a incorporar en una convocatoria que se hará pública en breve la financiación proveniente del 0,7 del impuesto sobre
sociedades, para reforzar la financiación de las entidades del tercer sector de acción social estatal. Por lo tanto, les pediría, por favor, que no dieran pábulo a rumores sobre recortes que no existen. Es falso. Las entidades del tercer sector
estatal tendrán 20 millones más de financiación este año.
El Grupo Plural hacía referencia a algunas cuestiones en su intervención -a alguna ya he contestado- que me parecen muy relevantes. Efectivamente, este Gobierno ha intentado desplegar y poner en marcha un escudo social que remite a varios
ámbitos. Remite, en primer lugar, al ámbito laboral: una economía que tiene que congelar completamente su actividad empresarial y productiva tiene que mandar a casa a millones de personas, como sucedió en España los meses de marzo, abril y como ha
seguido sucediendo en algunos sectores y en algunas actividades económicas durante el resto del verano. Por eso, se construyó una medida tan ambiciosa como han sido los ERTE, que tiene el coste que tiene, un coste enormemente importante, lo cual
indica, lógicamente, que está llegando a muchas empresas, a millones de personas. Se pusieron en marcha también prestaciones más allá del ámbito laboral, para el ámbito social: el ingreso mínimo vital y el Plan Me Cuida. Indicaba el diputado del
Grupo Plural que es necesario mejorar algunas de estas prestaciones. Qué duda cabe. En ello estamos. Insisto -y creo que he insistido en ello en toda mi comparecencia-: ni complacencia ni triunfalismos. Este Gobierno ha hecho las cosas de
manera distinta a cómo se gestionó la crisis hace diez años. En lugar de recortar, ha reforzado derechos; en lugar de austeridad sobre los derechos y las prestaciones de los ciudadanos, los ha reforzado, creando incluso derechos nuevos, pero ni
complacencia ni triunfalismo. Queda un camino por recorrer, hay que hacerlo y, sin duda, estamos a disposición de los grupos parlamentarios para hacerlo según las ideas que entiendan que son mejores. El diputado del Grupo Plural se refería en
concreto a las medidas de conciliación, y creo que efectivamente el desarrollo de una baja que permita a los hogares cuidar a los niños y a las niñas en los momentos en que una clase se vea confinada por el estallido de algún brote es una medida
esencial y que me consta que será implementada en los próximos días por los ministerios de Inclusión y Seguridad Social y de Trabajo.
Se refería también al desarrollo de veinticinco reales decretos y a la necesidad de que sean consensuados y dialogados. Le recuerdo al diputado que los reales decretos se aprueban como medidas de urgencia, en un contexto de pandemia en el
que es necesario ser ejecutivos y avanzar rápidamente. No puede ser que se critique al Gobierno por una cosa y por la contraria. Hay que tomar decisiones rápidamente y, por lo tanto, se desarrollan reales decretos que permiten actuar con agilidad
y con rapidez. Después, esos reales decretos se están tramitando como proyectos de ley, porque precisamente este Gobierno tiene la voluntad de establecer este diálogo en la sede de la soberanía popular, que es el Congreso, y por tanto de escuchar
lo que los grupos parlamentarios tengan que aportar en la tramitación de esos decretos.
Hablaba el diputado de la necesidad de avanzar en la financiación en materia de dependencia, y se refería a ello también la diputada del Grupo de Esquerra Republicana. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo, y así lo he dicho, en que el
plan de choque en materia de dependencia tiene que impulsar una mejora sustancial de la financiación en esta materia, pero yo creo que es legítimo tener un diálogo con quien tiene las competencias, en este caso las comunidades autónomas, y tener un
diálogo sobre el sentido de complementar esta financiación. En la Administración General del Estado -permítanme la expresión- a veces tenemos la sensación de que somos el padre de unos hijos que solamente piden financiación, pero que luego no
quieren oír hablar de qué hacemos con la financiación. Las competencias son de las comunidades autónomas, es evidente, pero queremos tener un diálogo sobre cómo la Administración General del Estado refuerza la financiación en materia de dependencia
y cómo evitamos entre todos, al mismo tiempo, que las comunidades autónomas retiren esa financiación. Creo que esto es
fundamental si queremos reforzar un sistema de dependencia sólido y eficiente. Soy plenamente consciente de que son las comunidades autónomas las que han asumido la tarea que ha dejado de asumir la Administración General del Estado durante
los últimos años -toda la razón del mundo en eso-, pero queremos tener un diálogo transparente y honesto sobre cómo la financiación que aporte en los próximos presupuestos generales la Administración General del Estado sirve para reforzar el sistema
y no solamente para aportar financiación al tiempo que se retira la que hasta ahora se han visto obligadas a aportar las comunidades autónomas. Creo que es relevante avanzar en ese 50 %-50 % al que hacía referencia el diputado del Grupo Plural y,
al mismo tiempo, avanzar en la normativa que garantiza que el sistema se refuerza y que no se sustituye sencillamente una financiación por otra.
Se refería también a la titularidad de los servicios, y yo creo que no he criticado dicha titularidad ni he planteado la necesidad de modificarla, pero en la titularidad de los servicios en este país, en materia de servicios sociales, hay
una carencia, y esto sí que es muy relevante. Lo que he hecho ha sido poner el dedo sobre esa carencia y señalarla, y la carencia es lo público. La existencia de otras titularidades en ningún caso empaña la prestación de estos servicios, pero,
desde luego, reforzar la titularidad de los servicios públicos me parece que es fundamental y esencial.
Hacía referencia la diputada del Grupo de Esquerra Republicana a algunas cuestiones que son claramente compartidas en materia -lo decía anteriormente- de reforzar los fondos extraordinarios en servicios sociales y de reforzar la financiación
de dependencia y, en general, del ámbito social. Estamos de acuerdo, pero creo que también estamos de acuerdo en que, en ausencia de presupuestos generales, sencillamente esta financiación no llegará. Por tanto, tenemos un debate que va allá de la
propia necesidad de reforzar la financiación y que alude al proyecto de legislatura y al proyecto de país que queremos alumbrar en los próximos años. Este Gobierno es sensible a un concepto de España abierto, diverso, plural y que haga de nuestra
nación una nación inclusiva y comprensiva con las distintas realidades, pero esto ha de comprometerse con la necesidad de tener unos Presupuestos Generales del Estado que sirvan para reforzar esos objetivos comunes que tenemos en materia de
servicios sociales, en materia de dependencia y de derechos sociales. Me parece que no podemos olvidar una realidad que ya vivimos en 2019, cuando, por falta de apoyos, hubo que ir a elecciones y tuvimos que barajar y repartir cartas nuevamente.
Se refiere la diputada también, en materia de IRPF, a los criterios relativos al reparto del 0,7. Como usted sabe, esos criterios de reparto ya han sido decididos en el consejo territorial por el conjunto de las comunidades autónomas y,
efectivamente, este Gobierno ha hecho un esfuerzo para aumentar la financiación del tramo autonómico en la medida en que se contaba con un instrumento nuevo, como es el 0,7 de sociedades.
Voy a intentar ir aligerando un poco las respuestas. Se refería la diputada del Grupo Parlamentario de Unidas Podemos a un ámbito que es claramente compartido, la necesidad de extender el escudo social. El escudo social termina este 30 de
septiembre en algunas de sus materias, y este Gobierno trabaja ya intensamente para que, en colaboración y en diálogo con los ámbitos con los que hay que impulsar esta extensión, pueda ser posible en lo que tiene que ver con los alquileres o con las
moratorias hipotecarias. Compartimos la preocupación que nos traslada el Grupo Parlamentario de Unidas Podemos, como no puede ser de otra forma, porque la posible extensión de este escudo social es crucial para seguir manteniendo el apoyo a los
hogares vulnerables. En la medida en que los ERTE se van a seguir extendiendo para aquellos sectores en donde sea necesario, el escudo social tiene que seguir extendiéndose también para proteger aquellos hogares vulnerables que, a pesar de la
cierta recuperación económica que pueda estar habiendo en algunos sectores, se están quedando sin acceder a ella y por tanto se siguen viendo en una situación de vulnerabilidad. Por tanto, creo que esta propuesta que lanza el Grupo Parlamentario de
Unidas Podemos es recogida por esta secretaría de Estado y por el Gobierno, porque no puede ser de otra forma. Este escudo social debe seguir extendiéndose mientras exista la necesidad.
Hacía referencia la diputada de VOX a la propaganda ideológica como el instrumento que este Gobierno ha utilizado para gestionar. Sin embargo, creo que no se da cuenta usted de que lo que ha hecho es precisamente eso, una intervención
puramente ideológica, exclusivamente ideológica, que no se compadece con la realidad. Yo estoy de acuerdo con que hay cosas que hemos hecho que a mí me gustaría que hubieran sido más avanzadas, mejores, que hay que mejorar. Yo estoy de acuerdo con
eso. La creación del ingreso mínimo vital, insisto, es un gran paso adelante que en los próximos meses tendrá que ser perfeccionado y mejorado, tendrá que agilizarse en su tramitación, pero hablar de eslóganes
pegadizos me parece faltarle al respeto no al Gobierno -no tengo ningún problema con que a mí se me diga eso-, me parece faltar al respeto a los hogares y a las familias que sí se han visto favorecidas por estas medidas. Usted podrá pensar
que los ERTE han funcionado mejor o peor, pero decir que son eslóganes pegadizos, que es propaganda ideológica que más de tres millones de personas en este país hayan visto cómo se complementaba su renta, porque sus empresas estaban congeladas en
una situación de pandemia, me parece que no se compadece con la realidad, me parece sencillamente que es una intervención estrictamente ideológica.
Creo que usted y yo tenemos una responsabilidad. Decía Jean Paul Sartre que basta con que un hombre odie a otro hombre para que el odio vaya corriendo a toda la humanidad, y creo que usted y yo tenemos una responsabilidad, que es no prender
mechas. En un país polarizado no prendamos mechas, estemos a la altura, porque me parece que de lo contrario vamos a volver a ver situaciones que ninguno queremos y que son impropias. Por tanto, intervenciones que no se compadecen con la realidad,
que hablan de eslóganes pegadizos cuando lo que tenemos es la acción de un Gobierno que trata de ejecutar un escudo social y que preferiría llegar más lejos, pero que llega donde puede, me parecen sencillamente intentar encender esa mesa del odio.
Hablaba la diputada del Partido Popular de que el Gobierno está en bucle. Me parece que no es el Gobierno quien está en bucle. Yo escucho con mucha atención lo que las consejeras y los consejeros del Partido Popular hacen y dicen en las
comunidades autónomas, y me parece que hay mucho que aprender y que es necesaria esa colaboración institucional que hemos desarrollado en el ámbito del Consejo Territorial, pero no la veo en el Grupo Parlamentario Popular. Me parece que es el Grupo
Parlamentario Popular el que realmente ha entrado en bucle, porque han tomado ustedes una decisión, que a mí me apena, que es la decisión de utilizar una pandemia para derribar a un Gobierno, y me parece que esa es una decisión errónea en una
situación como esta, porque ni siquiera se compadece con la actuación de las propias consejerías de Servicios Sociales en sus comunidades autónomas. Me parece que priorizar los intereses políticos por encima de los intereses del país es un error.
En ocasiones ni siquiera sabemos lo que el Partido Popular nos traslada. ¿Qué es lo que quiere? ¿Aplicar la agenda de VOX? Parece que estuviesen secuestrados por la extrema derecha. ¿Volver a una agenda de recortes? Yo creo, sinceramente, que
entrar en la lógica de arrojarnos el ladrillo unos a otros no es nuestra experiencia con las comunidades autónomas en el trabajo con el Partido Popular allí donde gobierna ni desde luego lo que querríamos. Por lo tanto, me parece que hay
expresiones que sobran. Dejemos de arrojarnos el ladrillo a la cabeza unos a otros, porque no ha habido recortes en servicios sociales. No es verdad; este Gobierno, insisto, ha trasladado 16 000 millones de euros a las comunidades autónomas y las
comunidades autónomas pueden emplearlos en reforzar los servicios sociales. No ha habido ningún recorte en servicios sociales; ha habido un aumento de financiación de 16 000 millones de euros que pueden ser destinados a reforzar los servicios
sociales.
Ustedes remiten algunas propuestas, de las cuales unas ya se han hecho, otras se estás negociando con las comunidades autónomas y otras dependen exclusivamente de las comunidades autónomas. Me pregunto qué dirían si se las impusiéramos.
Por tanto, estamos abiertos completamente al diálogo, pero a un diálogo franco y a un diálogo en donde respetemos el sentido común.
Quizá se me haya olvidado comentarlo, pero desde luego la secretaría de Estado tiene contemplada una nueva estrategia nacional en materia de discapacidad, qué duda cabe. A lo mejor se me ha pasado comentarlo, pero por supuesto está en
nuestra agenda de trabajo. Además, con relación a las mascarillas comunicativas, les trasladó que el 3 de septiembre ya el ministro Illa recibió a Marcos Lechet, una de las personas que está promoviendo e impulsando el uso de estas mascarillas.
Somos -y así nos lo traslada una y otra vez nuestra Dirección General de Políticas de Discapacidad- completamente sensibles a esta realidad y, además, creo que tienen toda la razón del mundo en plantearlo.
De nuevo, con relación a ese supuesto hachazo que esta secretaría de Estado habría aplicado a las entidades del tercer sector, les pediría, por favor, que no planteen cosas que no son verdad. La financiación a todas las entidades del tercer
sector se va a incrementar, va a mejorar la acción social. Va a mejorar para las entidades del tercer sector de acción social, para las medioambientales y para las de cooperación internacional y, dentro del tercer sector de acción social, para las
autonómicas y las estatales porque, como contamos con un instrumento nuevo de financiación, precisamente hemos podido avanzar en una reivindicación que las propias comunidades autónomas nos trasladaban, como es la mejora del tramo autonómico porque
precisamente la financiación que proviene del impuesto sobre sociedades facilita ese avance.
Termino haciendo referencia a una cuestión que planteaba la diputada del Partido Socialista y con la que desde luego me siento especialmente cercano. Creo que tenemos un reto y que los próximos Presupuestos Generales del Estado tienen que
ser capaces de hacer que este reto cristalice. Estamos tomando decisiones -y esto me parece que no remite solamente al Gobierno, sino al conjunto de las instituciones, también al Parlamento, a este Congreso- estas semanas y en los próximos meses
que pueden cambiar este país durante los próximos años y la próxima década. Creo que debemos hacernos cargo de ello, y creo que tenemos la posibilidad de que esto cristalice en presupuestos generales con unos presupuestos verdaderamente sociales,
con unos presupuestos que hagan -y lo digo claramente, y basta sumar y restar- que la aportación de la Administración General del Estado a la dependencia deje de estar por debajo de la cifra que tenía en 2012. Creo que esto es necesario. En estos
presupuestos generales la aportación de la Administración General del Estado en materia de dependencia debe de estar por encima de la aportación que hacía en 2012. Y un aumento aún más importante necesitamos en el plan concertado. Creo que esa
agenda de modernización de los servicios sociales, de modernización de las prestaciones sociales es compartida y, desde luego, en esa agenda van a encontrar ustedes y el resto de los grupos parlamentarios siempre a esta secretaría de Estado.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias a usted por su detallada contestación.
Les recuerdo que los portavoces tienen dos minutos para añadir o puntualizar lo que crean conveniente, pero que, vista la hora, intenten ser rigurosos con sus dos minutos, especialmente algunos y algunas. Vuelvo a citarles, por si acaso
alguno hubiera vuelto. El Grupo Mixto no está; Bildu no está; Grupo Plural se ha ido. Por tanto, vamos a empezar.
Sara Giménez, del Grupo Ciudadanos, tiene la palabra.
La señora GIMÉNEZ GIMÉNEZ: Muchas gracias por las consideraciones y únicamente quiero hacer hincapié en algunas de las cuestiones.
En relación con el propio ingreso mínimo vital y el bucle administrativo que se está generando, que está dificultando las concesiones, nosotros hemos elevado la consideración de que las entidades del propio tercer sector, que además están
ayudando en el trámite, sean reconocidas como entidades colaboradoras para realmente desbloquear la situación en la propia concesión del ingreso mínimo vital.
Igualmente, en relación con los distintos órganos de participación y las estrategias que se han citado, ha hablado usted del pueblo gitano, cuestión de la que me alegro enormemente. Me gustaría saber si los canales que se establecen, los
propios organismos que están establecidos, el Consejo Estatal del Pueblo Gitano, las entidades de referencia en esta materia se van a tener en cuenta para la toma de medidas a posteriori. Lo digo porque realmente he preguntado por qué no se había
consultado en cuestiones educativas -ya que realmente es un tema que nos atraviesa-, y me gustaría que no solo estén los organismos o las entidades de referencia, tanto para pueblo gitano como para discapacidad como para el resto de sectores, sino
que se cuente con los propios organismos de participación que hay para la puesta en marcha de los distintos planes de trabajo.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muy bien.
Tiene la palabra la representante del Grupo Parlamentario Republicano, Inés Granollers.
La señora GRANOLLERS CUNILLERA: Gracias, presidente.
Estamos totalmente de acuerdo, señor Álvarez, con muchas cosas; discrepo cuando me habla de paternalismo. Desde luego en el Grupo Republicano si se pide dinero -que creemos que nos pertenece como comunidad autónoma- lo más lejos de
nuestras mentes es el paternalismo en nuestra perspectiva del Estado. Estamos totalmente de acuerdo en el diálogo, lo hemos repetido por activa y por pasiva; la política es diálogo, son acuerdos y son consensos, y más cuando hablamos de derechos
humanos y sociales. Creo que no hace falta que le recuerde, pero se lo voy a recordar, los derechos de los presos y las presas, especialmente los derechos de los presos y las presas ideológicos que tenemos en Cataluña, como son nuestros presos
políticos. Recuerde a la hora de hacer los presupuestos priorizar el gasto social y nos va a encontrar a su lado. Priorice el gasto social en los presupuestos y eluda el gasto militar y el gasto monárquico. Va a ver cómo seguramente vamos a estar
de acuerdo.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias a usted.
Tiene la palabra la representante del Grupo de Unidas Podemos, Marisa Saavedra.
La señora SAAVEDRA MUÑOZ: Gracias.
En primer lugar, unas palabras para trasladar mi indignación ante manifestaciones de las derechas cuando hablan de gestión de residencias donde tienen competencias autonómicas estos partidos, estas fuerzas políticas, haciendo acusaciones
tremendas y obviando lo que ha ocurrido en comunidades como la de Madrid, donde están gobernando. Es una infamia mezclar las muertes de las personas en los centros con la eutanasia, con un derecho de las personas a la muerte digna, o la pretendida
preocupación por la vivienda cuando realmente lo que están haciendo es apoyar a los fondos buitre y están dificultando en comunidades como la mía, el País Valencià, normativas que impulsan la vivienda social y la protección de este derecho, al igual
que la defensa de la dependencia, cuando hablamos de partidos que se han dedicado a demoler la Ley de Dependencia y de Autonomía Personal.
Yo, por acabar y ser breve, diré que quiero valorar absolutamente el trabajo hecho por el Gobierno, por este ministerio, por la secretaría de Estado, a pesar de tener una oposición sistemática, obstaculizando continuamente cada medida y
votando en contra de todas las medidas para después exigir su implementación. Valoramos todas las medidas en cuanto a la protección del empleo y a la protección de las rentas de las familias y tantos esfuerzos que se han hecho que, claro, siempre
son insuficientes para la gran necesidad que hay, pero ha sido un esfuerzo nunca visto en el Gobierno de España.
Hay que decir también que, al hilo de la Comisión de Reconstrucción, en las reuniones que ha tenido nuestro grupo parlamentario con la sociedad civil hemos visto que hay un consenso muy grande en avanzar en políticas sociales y fortalecer
los servicios públicos y la aportación a las familias, y evidentemente tenemos que ir por ahí.
Por último, hay que aprovechar, efectivamente, esta oportunidad que tenemos con los Presupuestos Generales del Estado para revertir los recortes que hubo por la gestión de la crisis anterior, y atender las necesidades que ha generado la
crisis en la población, fortaleciendo lo público y las redes de protección de la población. Necesitamos unos presupuestos sociales y progresistas que realmente apunten a ese proyecto de país que tenemos, y que yo creo que se ha visibilizado que
compartimos muchas fuerzas políticas aquí.
Por tanto, mucho ánimo y confiemos en que sea posible.
El señor PRESIDENTE: A continuación, tiene la palabra la representante del Grupo Parlamentario VOX, Reyes Romero.
La señora ROMERO VILCHES: Muchas gracias, señor presidente.
Señor Álvarez, me acusa de prender mechas después de calificarme de extrema derecha hace un momento. ¿Le suenan los adjetivos inmundicia, fascistas, parásitos? ¿Le suenan? ¿Considera eso prender mechas? No habrá que decirle quién nos las
profirió.
Le deseo, desde luego, que tenga mucho éxito en esas propuestas porque, como bien le he dicho anteriormente, en el papel se escribe todo porque lo aguanta todo. Estaremos encantados de que se puedan implementar esas medidas de apoyo a los
sectores más desfavorecidos, porque será el bien para todos los españoles.
Quería decirle a la señora diputada del Partido Socialista que haga usted el favor de leer lo que decían en 1934 Indalecio Prieto y Largo Caballero. Ellos sí que alentaban la guerra civil, tal vez porque pensaban que la iban a ganar. No sé
si después de ochenta años ahora piensan que la ganarán reescribiéndola. De todas formas, los únicos que están siempre mirando al pasado son ustedes, los que están ahora mismo en el Gobierno, reabriendo heridas que fueron cerradas precisamente por
los verdaderos protagonistas de aquella guerra civil, y que se dieron un abrazo fraternal, pero que, al parecer, los que ni siquiera estuvieron en esa guerra pretenden reabrir constantemente. Son los que miran al pasado, constantemente, el Partido
Socialista y Podemos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: A continuación, tiene la palabra la representante del Grupo Popular, Alicia García.
La señora GARCÍA RODRÍGUEZ: Gracias, presidente.
Agradecemos toda la intervención del secretario de Estado durante esta mañana, pero, la verdad, en esta última a mí me ha sorprendido, porque decía que es necesaria la colaboración y que no la ve en el Grupo Parlamentario Popular, pero hemos
propuesto una subcomisión para abordar la situación del sistema de autonomía personal y atención a la dependencia para llegar a acuerdos. ¿Eso es no verlo o no reconocerlo? ¿Qué problema tiene?
Decía usted que el Partido Popular se está encargando de aprovechar la pandemia para derribar al Gobierno. Mire, el Gobierno se está derribando el solo, porque no es de recibo que ustedes estén haciendo la peor gestión sanitaria y la peor
gestión económica, y espero que no sea la peor gestión social. Porque ustedes lo único que han hecho dentro de su Gobierno -que parece el camarote de los hermanos Marx- es contradecirse continuamente, es que no hay ni unidad dentro del propio
Gobierno. Por tanto, cuando no hay unidad, los únicos que derriban al Gobierno son el propio Gobierno y sus miembros.
Hay un tema que nos preocupa, porque dentro de esa descoordinación está que hoy las familias tienen un grave problema, y es que no pueden conciliar. Cuando su hijo tiene fiebre, les llaman del colegio y, ¿qué hacen con el niño o con la
niña? ¿Se la llevan a casa, se la llevan a los abuelos, dejan de trabajar, renuncia la mujer? ¿Qué hacen? Usted no nos da respuesta. Pero es que el problema es que, dentro de ese Gobierno, hay tres respuestas distintas: la del vicepresidente;
la de la ministra Montero, que dice que el Gobierno descarta la baja laboral para padres con hijos en cuarentena, pero con PCR negativa, y la de Escrivá, que elude las bajas para padres con hijos no positivos y recuerda a Iglesias que él es el
competente. ¿Pero qué les decimos a los padres y a las madres que tienen niños con fiebre en el colegio y tienen que ir a recogerlos? ¿Que llamen a qué gabinete de los tres o de los cuatro? ¿A qué Gobierno? En fin, posibilítenlo.
Y el Plan MeCuida, que hoy se ha prorrogado, no funciona porque están condenando a las familias con menos recursos a reducir sus ingresos. ¿Usted cree que al Plan MeCuida acuden las familias con pocos ingresos, que no pueden renunciar a que
se les baje su salario un 5, un 10 o un 15 %? ¿Esas son las formas de conciliar?
El señor PRESIDENTE: Se le termina el tiempo.
La señora GARCÍA RODRÍGUEZ: Por tanto, explíquenos cómo concilian las familias que tienen un hijo confinado en casa. Díganoslo y díganos también medidas concretas que posibiliten, por tanto, que las personas más vulnerables sean atendidas.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Finalmente, tiene la palabra la representante del Grupo Parlamentario Socialista, Sonia Guerra.
La señora GUERRA LÓPEZ: Me resulta paradójico que la derecha sitúe ciertos temas en el centro del debate, cuando la sociedad española hemos sufrido ocho años de políticas completamente austericidas por parte del Partido Popular, que
recortaban en el sistema sanitario, en el sistema de servicios sociales, en el sistema de educación pública, y ahora parece que no es responsabilidad de ellos, que ellos nunca han gobernado y que se pueden permitir el lujo de venir aquí a criticar
una lista de espera de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia. Me gustaría recordar que cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llegó al Gobierno se encontró con más de 433 000 personas que tenían el
derecho reconocido y ninguna prestación estaban recibiendo. Eso también forma parte del legado del Gobierno de Mariano Rajoy.
Ha mencionado la portavoz también el centro de referencia para mayores de León, y a mí me gustaría recordarle que ese centro fue planificado, pensado, ideado e implementado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Y lo que consiguió
ese centro cuando Mariano Rajoy llegó al poder fue que lo metieran en un cajón y lo condenaran al olvido. En positivo veo que ustedes hayan vuelto a sacar ese centro, entre otros, y creo que se podrá hacer un buen trabajo con la Junta para poder
implementar todas las políticas que estaban pensadas para hacer, vinculadas con todo el tema del envejecimiento activo de la población.
Ha comentado también la portavoz de políticas de discapacidad el tema de las mascarillas -doña Carmen-. Estoy completamente de acuerdo con usted, creo que desde el Ministerio de Sanidad, ya lo ha comentado también el secretario de Estado,
se está trabajando y se está trabajando con diferentes
entidades como Volem Signar i Escoltar, Abipans, para conseguir esa homologación que usted hoy reclamaba, y que es tan necesaria por parte de niños y niñas y personas con problemas sensoriales en general.
Me gustaría acabar -antes de volver a agradecer al secretario de Estado su exposición y ese plan de choque de atención a la dependencia que va a compartir en el Consejo Territorial de Servicios Sociales del próximo 2 de octubre, así como ese
anuncio de ampliar el escudo social- recordando a una persona que desgraciadamente yo conocí vía titular ayer, se llama Rubén Calleja Loma, y ha sido noticia porque la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad ha reconocido que se
le discriminó por no permitirle participar en la escuela ordinaria, ha estado once años apartado de la escuela ordinaria. Recuerdo que la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad la suscribió el Gobierno de José Luis Rodríguez
Zapatero en el año 2008, y acabo, presidente. Quiero recordar que este chico, que este joven fue estudiante, era estudiante hace once años y que la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad ha pedido que se le incorpore en la
formación profesional ordinaria. Denunció al Gobierno de Castilla y León por no permitirle poder educarse en una educación inclusiva.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: A continuación, tiene la palabra para puntualizar, para contestar, para añadir lo que crea conveniente, el secretario de Estado, don Ignacio Álvarez.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE DERECHOS SOCIALES (Álvarez Peralta): Muchas gracias.
Hacía referencia la diputada de Ciudadanos a algo que me parece especialmente relevante e importante, porque está contemplado en el propio texto legal del ingreso mínimo vital, que es la posibilidad de colaboración con entidades del tercer
sector precisamente para facilitar la tramitación de las ayudas, y por el propio carácter que estas entidades tienen de trabajo a pie de calle y de contacto y de conocimiento directo con la realidad social. Creo, desde luego, que es una opción a
reforzar y me parece, insisto, lo he dicho antes pero lo vuelvo a recordar, porque además me consta que los grupos parlamentarios trabajan en ese sentido, que tenemos una oportunidad en el trámite de enmiendas para enmendar, mejorar, reformar,
dialogar y pactar aquellas mejoras que puedan ser de ayuda para el ingreso mínimo vital.
El ingreso mínimo vital ha nacido -y a mí me congratula- con el apoyo unánime de los grupos parlamentarios que se encuentran aquí y con ningún voto en contra, y creo que ese enorme consenso social recoge la importancia de cómo la sociedad
percibe esta medida y, por lo tanto, es tarea de todos evaluarla -seamos conscientes de que estamos en las primeras semanas de una medida que ha producido un aluvión de demandas por la propia necesidad que existe- e ir modificándola en función de
las necesidades. Creo además que tenemos experiencias, algunas de muy largo recorrido en nuestro país, que suponen una importante hoja de ruta para este ingreso mínimo vital y un buen espejo en donde mirarse. Algunos de los programas de rentas
mínimas de las comunidades autónomas son especialmente relevantes e interesantes en ese sentido, y por lo tanto, esta secretaría de Estado está abierta a entender y comprender mejor las propuestas que se hagan en el trámite parlamentario, y
seguramente el Grupo Parlamentario de Unidas Podemos estará abierto también a hacer ese trabajo en colaboración con el resto.
Esta secretaría de Estado se reunió durante los meses de la pandemia, durante el primer brote, en dos ocasiones con entidades y asociaciones de la comunidad gitana precisamente para abordar la distinta casuística de problemas que la pandemia
estaba ocasionando en la comunidad gitana, y era muy importante. Nos insistieron mucho, desde luego, en la necesidad de impulsar una prestación, como ha sido finalmente el ingreso mínimo vital, y trasladaron su preocupación, desde luego, por la
posible ampliación de una brecha educativa que es histórica, con la que la secretaría estaba enormemente sensibilizada. Tenemos ya una convocatoria oficial para los próximos días de octubre del Consejo Estatal del Pueblo Gitano donde podremos
seguir abordando estas cuestiones, porque al consejo le corresponde orientar las políticas públicas del país para que no solamente las de esta secretaría, sino las del conjunto del Gobierno tengan en consideración y tomen en cuenta la realidad en la
que vive la comunidad gitana, en particular en este momento de pandemia, con la fuerte afectación que tiene sobre esta comunidad el cierre de algunas actividades, como puede ser la venta ambulante, esenciales en la economía de estas comunidades.
Me disculpará la diputada de Esquerra Republicana de Cataluña, creo que ha sido un ejemplo mal elegido, por tanto, le pido disculpas; es fruto de que la cabeza después de muchas horas tampoco rige como querría, así que en absoluto hay
ninguna voluntad de paternalismo. El ejemplo ha estado mal
elegido, pero el fondo de lo que quería trasladar es que creo que en esta España plural y diversa, en donde las competencias son autonómicas y donde hay territorios y nacionalidades históricas con competencias reforzadas, el diálogo es
crucial, y me parece que ahí nos reconocemos y nos encontramos con cierta facilidad. Discúlpeme, pero querría volver a señalar el momento crucial en el que nos encontramos, momento crucial por la situación de pandemia y momento crucial por el
desafío de legislatura que tenemos por delante. Creo que a nadie se le escapa que esta legislatura tiene el reto de hacer posible y viable la recuperación económica, la reconstrucción tras la pandemia, pero también la modernización del país y la
posibilidad de cristalizar en políticas públicas una idea de una España sólida, fuerte, pero amable con su diversidad, que se comprometa con sus distintas realidades, y la oportunidad es ahora. No sabemos si la oportunidad estará dentro de un año o
dentro de dos, la oportunidad es ahora. Y creo que aquellos grupos parlamentarios que defendemos la necesidad de una España fuerte, sólida y unida y que se reconozca al mismo tiempo en su pluralidad y en su diversidad, en sus distintas
nacionalidades y en sus distintos pueblos, tenemos en este momento el reto de hacer posible y viable eso, y no lo tendremos seguramente en otro momento. Por tanto, la posibilidad de desarrollar estos presupuestos en donde el gasto social tenga un
impulso como usted dice, es una realidad, pero me parece que el reto que tenemos incluso excede el propio fortalecimiento de un Estado del bienestar y tiene que ver con la necesidad de alumbrar y dejar a las próximas generaciones un país tolerante
que se reconozca en su diversidad, en su inclusión y, al mismo tiempo, en la necesidad de un proyecto compartido y unido. Me parece que es, desde luego, compartida la agenda con el Grupo Parlamentario de Unidas Podemos, como no podría ser otra
forma, y la colaboración y el trabajo no deja de ser en todo momento fluido. Me reconozco completamente en las afirmaciones que ha hecho la diputada.
Y no querría dejar de referirme también a las afirmaciones que hacía la diputada del Grupo Popular. Sería fácil entrar en lo que siempre entramos, en el ladrillo y en el 'y tú más', pero debemos evitarlo, sinceramente. Creo que debemos
evitarlo. Pareciera que ustedes no han gobernado este país cuando parte de las quejas que ustedes denuncian tienen que ver con las propias consecuencias de su gestión, y pareciera que ustedes hoy no se sientan en los Gobiernos de las principales
comunidades autónomas de este país.
Me parece que tenemos un espacio de colaboración que hay que fortalecer. Me parece que esa posible colaboración institucional en el ámbito de lo social se ha dado y, por tanto, yo les invito a que renuncien a la tentación de utilizar la
pandemia para derribar este Gobierno. Este Gobierno está intentando avanzar en el desarrollo de un escudo social que en el ámbito de lo social no deje a nadie atrás. Es un reto enorme y lo sé, es un reto al que no siempre se llega, pero es un reto
que evidencia una gestión distinta a la gestión que en otros momentos se ha hecho en este país de las crisis y en ese reto tenemos espacios compartidos en donde podemos avanzar conjuntamente.
No quiero detenerme más, pero sí querría darles las gracias por sus críticas, también cuando son duras, por sus planteamientos y por sus propuestas. Desde luego, en esta Secretaría de Estado tienen siempre todos los grupos parlamentarios la
puerta abierta para discutir, para afinar aquello que podamos afinar mejor y para avanzar mejor en donde ustedes consideren que podemos hacerlo.
Gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Un par de puntualizaciones para terminar. La primera, darle las gracias naturalmente por su detallada descripción de lo que va a ser el trabajo de la secretaría de Estado durante los próximos tiempos. La segunda,
esperar que para todos los miembros de la Comisión haya sido, como hemos dicho al principio, fructífera. Una cosa que me ha llegado de más de uno de los miembros de la Comisión, y que espero que sepamos rectificar, es que no puede ser que tengamos
una Mesa donde todos seamos hombres. Por tanto, eso no volverá a suceder. (Aplausos).
Para terminar, aparte de pedir a los miembros de la Mesa y portavoces que se queden un minuto aquí porque tenemos que resolver una cosa, diré como se acaban siempre las reuniones: Bona tarda. S'aixeca la sessió. Se levanta la sesión.
Eran las dos y quince minutos de la tarde.