CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2020 XIV LEGISLATURA Núm. 137

DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS ACUERDOS DEL PACTO DE TOLEDO

PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª MAGDALENA VALERIO CORDERO

Sesión núm. 3

celebrada el miércoles,

9 de septiembre de 2020

ORDEN DEL DÍA:


Inclusión en el orden del día ... (Página2)


Elección de vacantes. Mesa Comisión:


Elección de la Secretaría Primera de la Comisión. (Número de expediente 041/000036)... (Página2)


Comparecencia, a petición propia, del señor ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (Escrivá Belmonte), para informar sobre la renovación de las recomendaciones de la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del
Pacto de Toledo. (Número de expediente 214/000070).... (Página2)

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Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.


INCLUSIÓN EN EL ORDEN DEL DÍA.


La señora PRESIDENTA: Se abre la sesión.


Señorías, vamos a dar comienzo a esta reunión de la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo. En primer lugar, les tengo que plantear como primer punto la modificación del orden del día. La Mesa de la
Comisión ha recibido un escrito de renuncia del anterior secretario primero, don Luis Santamaría Ruiz. A la vista de dicho escrito, procede cursar la designación del nuevo secretario primero. En este sentido, si nadie tiene inconveniente, someto
al asentimiento de sus señorías la modificación del orden del día, al amparo de lo previsto en el artículo 68.2 del Reglamento del Congreso de los Diputados, a fin de proceder primeramente a dicha designación. ¿Lo modificamos por asentimiento?
(Asentimiento).


De acuerdo. Por tanto, se incluye en el orden del día de esta sesión de la Comisión la designación del secretario primero de la Mesa.


ELECCIÓN DE VACANTES. MESA COMISIÓN:


- ELECCIÓN DE LA SECRETARÍA PRIMERA DE LA COMISIÓN. (Número de expediente 041/000036).


La señora PRESIDENTA: A continuación, corresponde, por tanto, designar a la persona que va a ocupar este puesto. Dicha designación debe efectuarse a través de una votación por llamamiento, según se desprende del artículo 41 en relación con
el artículo 37 del Reglamento. No obstante, pongo en conocimiento de sus señorías que existe una propuesta efectuada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso para designar como secretario primero a don Andrés Lorite Lorite. De modo que,
en el bien entendido de que no se opusiese ninguno de los miembros de la Comisión, podría ser designado por asentimiento, como se ha hecho en otras legislaturas. En caso contrario, procederíamos a efectuar la votación por llamamiento.


¿Se puede entender designado por asentimiento? (Asentimiento). Por tanto, decimos adiós al secretario primero de la Mesa, el señor Santamaría, y damos la bienvenida a don Andrés Lorite Lorite. Puede ocupar su lugar, señor Lorite.
(Aplausos.-Así lo hace el nuevo miembro de la Mesa).


Damos unos minutos hasta que llegue el señor ministro. (Pausa).


COMPARECENCIA, A PETICIÓN PROPIA, DEL SEÑOR MINISTRO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES (ESCRIVÁ BELMONTE), PARA INFORMAR SOBRE LA RENOVACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS ACUERDOS DEL
PACTO DE TOLEDO. (Número de expediente 214/000070).


La señora PRESIDENTA: Damos la bienvenida al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, cuya comparecencia tiene como objetivo informar sobre la renovación de las recomendaciones de la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los
Acuerdos del Pacto de Toledo. Antes de dar la palabra al compareciente y a efectos de la ordenación del debate, hago saber a sus señorías que, como ya se hizo en la anterior comparecencia del ministro ante esta Comisión, la sesión se va a abrir con
la intervención del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el señor Escrivá, sin límite de tiempo. A continuación, intervendrán los y las portavoces de los grupos parlamentarios, de menor a mayor, comenzando por el Grupo
Parlamentario Mixto, por un tiempo, siguiendo el precedente, de siete minutos en esta primera intervención. Después, intervendrá de nuevo el ministro para responder a las cuestiones planteadas por los y las intervinientes. En su caso, podría haber
un nuevo turno de portavoces por tiempo no superior a tres minutos cada uno. Finalmente, intervendrá de nuevo el ministro para dar respuesta a lo que hayan planteado los y las portavoces y daríamos por concluida la Comisión. Me comprometo a
aplicar flexibilidad parlamentaria en estos tiempos de siete y tres minutos de réplica, pero con una flexibilidad dentro de un orden, para que haya agilidad. Todos podrán decir lo que consideren, pero la Comisión tiene que ser lo más dinámica
posible. Sin más dilación, le pasó la palabra a don José Luis Escrivá.


Muchas gracias.

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El señor MINISTRO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES (Escrivá Belmonte): Gracias, presidenta.


Señorías, efectivamente, comparecí ante esta Comisión creo que a finales de febrero... ¿Se me oye bien? (Pausa).


La señora PRESIDENTA: He pedido al ministro que se mantenga también con la mascarilla. Ya sé que intervenir con ella es algo complicado, pero van a tenerlo que hacer así sus señorías. Con la mascarilla hay que acercarse un poco, más aún
si cabe. (Pausa).


El señor MINISTRO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES (Escrivá Belmonte): Ahora sí. Gracias, presidenta.


Como decía, cuando comparecí en esta Comisión fue a finales de febrero, en un momento en el cual teníamos la expectativa de avanzar rápidamente en el proceso de conformación de consenso pero llegó la crisis. Dado que es la primera vez que
vuelvo a estar ante ustedes tras lo que hemos pasado y seguimos en parte pasando, quisiera manifestar mi reconocimiento hacia las víctimas y hacia todos aquellos que lo están pasando tan mal. Si uno se retrotrae a febrero y se acuerda, y ahora nos
vemos aquí por primera vez desde entonces, me imagino que a todos nos invadirá esa sensación de tristeza por todo lo que hemos pasado, y por lo que tenemos todavía por delante.


Dicho esto, voy a intentar poner de manifiesto en mi comparecencia que la crisis sanitaria por la que hemos pasado y seguimos pasando no altera el diagnóstico que hicimos en ese momento, porque las tendencias son de medio y largo plazo, y lo
que nos está ocurriendo, desde el punto de vista del impacto que tiene sobre las cuentas de la Seguridad Social, es de naturaleza genuinamente transitoria. Además, lo estamos gestionando, en las relaciones que hay entre la Administración General
del Estado y la Seguridad Social, de forma que sea así.


Una segunda reflexión que quiero compartir con ustedes es la siguiente. La pandemia nos ha traído mucha incertidumbre a la sociedad y es responsabilidad de todos nosotros, en la medida en que impulsamos políticas públicas -y el sistema de
pensiones es una de las grandes políticas públicas-, intentar compensar en la medida de lo posible esa inquietud que genera la pandemia para que las políticas en las que nosotros podamos incidir sirvan para mitigar esas situaciones y generar
confianza. Esto ya era así antes, y ahora es todavía más necesario. Tenemos aquí un instrumento con el que podemos dar, a medio plazo, un marco de referencia estable y creíble para todos los pensionistas y para todos aquellas personas que se
encuentran próximas a la edad de jubilación. Sin embargo, para que sea estable y sea creíble hace falta consenso, porque eso es lo que yo creo que afianza la certidumbre. Por eso estamos aquí, para eso están los importantes trabajos de esta
Comisión. Por eso, la Comisión, una vez que ha podido ponerse en marcha de nuevo tras la pandemia y tras las interrupciones que se han producido en todo el calendario parlamentario, está acelerando los trabajos. Les animo a que se aceleren al
máximo para que este acuerdo sea una realidad lo antes posible y se garanticen la suficiencia y la sostenibilidad del sistema de pensiones. (Apoya su intervención en un powerpoint).


En mi presentación quiero hacer algunas referencias de contexto y empezaré, precisamente, con el elemento de la incertidumbre. Este gráfico lo he utilizado en el pasado y es una información basada en las encuestas del CIS. Paramos
justamente en la última que se hizo en febrero -justo antes de la pandemia y, por tanto, el sentido de estas preguntas cambia en los tres principales problemas-, donde el porcentaje de los españoles que situaban las pensiones como uno de los tres
principales problemas era de los más elevados que ha habido en la serie histórica. Llamaba también la atención, si se acuerdan, que poco antes del año 1995, un año antes del Pacto de Toledo, que realmente supuso el primer acuerdo que dio lugar a
esta Comisión, la incertidumbre estaba en el 8 %. Ahora estamos en niveles, como ven, muy por encima, tras un periodo relativamente largo en el cual la incertidumbre bajó mucho. A partir de los últimos años es cuando se han puesto de manifiesto
estas dudas sobre el sistema, las cuales se manifiestan en una enorme incertidumbre por parte de los pensionistas.


Más recientemente, nosotros hemos hecho una encuesta en el ministerio focalizada en este tema y este es el resultado en este momento, resultados recientes. Vemos que lo que miden las barras, tanto para mayores como para menores de cincuenta
años, es la preocupación que hay por el sistema de pensiones. Como ven, no solamente en los mayores, sino que en las personas de mediana edad y más jóvenes el porcentaje de aquellos que perciben que es un gran problema y están muy preocupados por
la sostenibilidad del sistema de pensiones es elevadísimo por la falta de certidumbre a medio plazo. Sinceramente, creo que esta es una situación que cada vez que uno la confronta y analiza se da cuenta

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de lo injusta que es, porque estamos trasladando incertidumbre a un segmento de la sociedad en el que, además, hay muchas personas vulnerables, pero, sobre todo, que no tienen capacidad de reacción ante las dudas que se puedan generar sobre
sus rentas futuras. Cuando uno es más joven tiene la posibilidad de buscar trabajo, de cambiar de trabajo, de ser más activo y de trabajar más. Cuando uno está en edad muy avanzada, simplemente esta incertidumbre es completamente sobrevenida y sin
capacidad de reacción. Esto es lo que hace que este tema y la falta de consenso sobre el sistema de pensiones en España sea tan injusto.


Desde un punto de vista económico, conduce a decisiones inadecuadas en la medida en que a esas edades uno debería tener bastante certidumbre sobre sus ingresos y sus gastos, de tal forma que sus decisiones sobre ahorro e inversión, a quién
quiere ayudar o cómo quiere organizarse, tengan la mayor certidumbre posible. Esta incertidumbre hace que puedas tomar decisiones subóptimas precisamente porque sabemos que la incertidumbre genera este tipo de comportamientos indeseables en las
decisiones de ahorro y de gasto. Y no solamente para las personas en edad de jubilación, sino que para las personas que todavía están lejos de ella, esta incertidumbre genera comportamientos que, a su vez, intensifican los problemas de suficiencia
de ingresos del sistema, en caso de haberlos. A este factor, en parte, hay que atribuir un incremento de las jubilaciones anticipadas voluntarias que, en el año 2019, fueron el 16 % de todas las jubilaciones; y hemos visto una tendencia creciente
en los trabajadores autónomos a cotizar por la mínima, probablemente, en parte, porque tienen dudas sobre que realmente valga la pena cotizar por más si las pensiones no están garantizadas y son sostenibles. Todo esto son anomalías que tienden a
generar bucles indeseables en el funcionamiento del sistema y que tenemos que atajar de una forma ineludible y rápida. Además, genera algo que yo creo que ni desde el Gobierno ni desde el Parlamento debemos aceptar, que son comportamientos que
suponen desafección por el sistema. Esto es algo que no debemos tolerar y que está en nuestras manos evitarlo.


Hay muchos elementos que no se han visto alterados con respecto a mi anterior presentación, pero en esta nueva comparecencia me pareció que era bueno -por las discusiones que estamos teniendo- afrontar dos tipos de interrogantes. Por un
lado, una comparación de nuestro sistema de pensiones con los de los países de nuestro entorno. Ahora que se habla tanto de Europa, de cómo se va a posicionar en estos temas y cómo vamos a tener el diálogo con ellos, me parecía bueno traer a
colación algunas comparaciones con los países más relevantes y que tienen sistemas de pensiones más parecidos al nuestro. No vamos a escoger -como a veces veo- países de culturas tan lejanas o con sistemas tan ajenos a los nuestros, sino que hemos
elegido, como van a ver, un conjunto de países que son los más comparables. Después está la idea, que ya he anticipado, sobre cuál es el impacto que ha tenido la crisis del coronavirus sobre el sistema de la Seguridad Social.


Voy a abordar en primera instancia la comparación internacional. El primer elemento que me gustaría constatar -lo vemos en este gráfico- es alguna reflexión sobre la revalorización de las pensiones, que es un eje central del consenso; el
mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones. Este es el mapa de Europa y aquí están los países donde existen mecanismos automáticos, con diferencias que se pueden ir discutiendo, pero basados en la evolución de los precios, que son los que
están en color azul intenso. Los de color azul claro son aquellos países en los que revalorizan las pensiones basándose más en la evolución de los salarios, que puede ser otro indicador. Finalmente, hay un país, España, que es el único donde, más
allá de lo que se va haciendo cada año en la ley de presupuestos, no ocurre ni una cosa ni la otra, sino que rige un sistema que es el del IRP, que básicamente hace que el mecanismo dominante de actualización de las pensiones sea automático para, en
la búsqueda de un equilibrio financiero a partir de una situación ex ante de fuerte déficit o déficits futuros, lo que domina es la pérdida del poder adquisitivo de las pensiones. En las estimaciones que en su momento hizo la Autoridad
Independiente de Responsabilidad Fiscal se ponía de manifiesto que, si quisiéramos mantener las pensiones, es decir, para equilibrar el sistema a partir de la situación, el ajuste podría llegar a ser de aquí a unas décadas hasta del 30 % de pérdida
del poder adquisitivo, según el informe que hizo la autoridad independiente en su momento. Este es un sistema tan singular -como hemos visto ahí- que ningún país de nuestro entorno dispone de él, fundamentalmente por lo siguiente; porque sabemos
que es un sistema que termina siendo muy difícil de sostener en el tiempo. De hecho, aquí en cuanto empezaron a perder poder adquisitivo las pensiones un primer año, se suspendió y está en suspenso; se va actualizando todos los años, con la
incertidumbre que eso creará porque no es un problema creíble. Las reformas para que realmente sean eficaces y creíbles tienen que ser socialmente aceptables y tener en cuenta los elementos de economía política habituales. Por eso, en ningún país
de nuestro entorno hay un modelo de este tipo. Al final esto

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termina generando mucha incertidumbre. Yo creo que este es un primer elemento que surge en la comparación internacional y que debemos tener en cuenta.


El segundo elemento de comparación que quería traer aquí es la evolución de la edad de jubilación. Aquí lo que tenemos es un gráfico en el cual, por una parte, aparece la edad actual de jubilación y después la edad legal a la que se tenderá
en algún momento. Hay países con periodos de transición extraordinariamente largos y, por lo tanto, el análisis hay que hacerlo con cuidado. En cualquier caso, lo que se pone de manifiesto es que la edad legal española a la que llegaremos en el
año 2027 es el tope de las edades que tienen algunos países, 67 años. En cualquier caso, tanto en la edad actual en la transición como en la edad legal de destino final estamos por encima de la media de estos países que creo que tienen que ser de
referencia porque tienen sistemas similares al nuestro.


El tercer elemento es el nivel de cotizaciones, que en el fondo es una variable clara, es el mecanismo fundamental de financiación del sistema y contributividad. De nuevo, aquí vemos los países de referencia y cómo España está ligeramente
por encima de la media de los países que hemos escogido. Tenemos un nivel de cotizaciones sociales que no es bajo, está en la media, algunos están un pelín por encima y otros por debajo.


Otro elemento que considero muy importante es ver dónde estamos en gasto en pensiones. En España estamos cerca del 11 % del gasto en pensiones. De nuevo tenemos todos estos países que son comparables y la media es un punto y medio por
encima del nuestro. Esto es así porque cuando hacemos la comparación y miramos indicadores parciales, siempre es muy difícil porque en general muchos de los países -estoy pensando en Italia o Francia-, aunque puedan haber hecho reformas y tengan un
sistema que a muy largo plazo va a dar resultados o convergen en algunos parámetros de gasto, realmente son periodos muy largos. Y también ocurre que hay muchas excepciones; es decir, hay muchos regímenes privilegiados de pensiones que cuesta
mucho modificar, algo que de alguna forma ya se hizo en gran parte en España -habrá quien lo recuerde- en los años ochenta, incluso noventa. Eso generó cierta conflictividad, pero esa reforma que hizo España hace mucho tiempo -incluso empezó a
finales de los años setenta- ha hecho que estos regímenes con sistemas particularmente generosos prácticamente no existan. Y eso supone que el gasto en pensiones en España no esté sobrecargado por toda esta singularidad y excepcionalidad. ¿Qué
quiere decir eso? Que el punto de partida del gasto en España, esos 11 puntos porcentuales, siendo un gasto obviamente importante porque tenemos un sistema potente, no tiene los problemas de sostenibilidad que a veces se plantean y surgen en países
donde el punto de partida es un gasto ya extraordinariamente alto y al que habría que añadir, como también nos sucede a nosotros, los efectos del envejecimiento de la población. Nuestro punto de partida -como ven ahí- no es de los más agudos. Y
sobre todo, si miramos la situación a largo plazo -hemos tomado la previsión del año 2050 que es cuando se alcanza un pico, saben que después del 2050 la dinámica poblacional hace que ya empiece a decaer el gasto en pensiones respecto al PIB-, ahí
vemos cómo ha evolucionado en el tiempo el gasto en pensiones y cómo -tomando tanto las proyecciones de la AIReF como las internas de la Seguridad Social que son ligeramente superiores, son casi iguales? esos niveles de gasto en el año 2050
-suponiendo, por cierto, la revalorización de las pensiones conforme al IPC en España. Este es el supuesto básico que hay en este ejercicio. Si hubiéramos aplicado el criterio o la otra simulación que se puede hacer basada en el IRP, nos llevaría
a mantener los niveles actuales; corrige todo el déficit automáticamente mediante desvalorización de pensiones y parte de lo que tenemos-, que son altos y un reto hacia delante, coinciden básicamente con los niveles actuales de países como Austria
y Francia y están incluso por debajo del nivel actual de gasto en pensiones de un país como Italia. Conviene que lo contextualicemos, y con esto no queremos minimizar los retos de sostenibilidad sino simplemente contextualizar exactamente dónde
estamos porque, en mi opinión, estos números no están suficientemente interiorizados ni suelen expresarse a veces con suficiente claridad.


Y voy a pasar a abordar la segunda cuestión que es la del impacto transitorio en las cuentas de la Seguridad Social. Miren, este gráfico es la proyección de ingresos y gastos. A partir del 2020 es una estimación de este año y 2021, 2022 y
2023 son estimaciones de la Seguridad Social con un rango -como ven- creciente, dada la incertidumbre de algunos elementos de ingresos y gastos de la Seguridad Social. Conviene aclarar que esta proyección de ingresos es previa a las transferencias
extraordinarias del Estado de este año. Conviene situarnos en el déficit -llamémosle precovid- de la Seguridad Social del año 2019, que, como saben ustedes, fue del 1,3 % con el sistema y las condiciones actuales de imputación de ingresos y gastos
a la Seguridad Social. Como resultado del COVID se produce una caída significativa de ingresos que se puede ver en el año 2020, que después se empieza a recuperar a partir

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de los años 2021, 2022 y 2023, pero conviene tener en cuenta -y eso es lo que añado ahí- que en el año 2020 vamos a tener una aportación extraordinaria del Estado para todos aquellos gastos extraordinarios que se han producido por COVID de
unos 14 500 millones, que están siendo dirigidos hasta final de año a la exoneración de cuotas de la Seguridad Social por los ERTE, a la prestación extraordinaria de autónomos y a la prestación actual que ha seguido en estos meses, a los gastos
adicionales de incapacidad temporal por COVID y, finalmente, al ingreso mínimo vital que es una política estructural nueva. Como resultado de esa aportación extraordinaria, nuestra estimación en este momento del déficit de la Seguridad Social este
año es de dos puntos del PIB. Una parte importante de estos dos puntos tiene que ver con la caída del denominador, la caída del PIB. El PIB cae transitoriamente este año y en parte lo hará el año que viene, y eso hará que esta cifra sea
particularmente elevada en este momento. Lo que nosotros vemos proyectando ingresos y gastos, con un proceso de normalización progresiva de la actividad económica hasta el año 2023, es que en 2023 si no hacemos nada, el déficit de la Seguridad
Social no sería muy distinto del que tenemos en este momento, el 1,3 del año 2019, pero tenemos una situación transitoria donde vamos a tener déficits adicionales elevados. El de 2020 lo situamos en dos puntos del PIB, el de 2021 todavía hay que
esperar a pintarlo porque dependerá de cuánto sea el volumen de aportación extraordinaria adicional que tendrá que hacer el Estado como resultado de alguna de las políticas que estamos desplegando y que con instrumentos de la Seguridad Social
tendrán continuidad, yo diría que con tendencia a la desaparición, pero dependerá de la secuencia temporal de evolución del coronavirus en el año 2021. Esta es la fotografía que tenemos nosotros en este momento y que nos lleva a mantener que la
fotografía de ese 1,4 no es muy distinta -habría que verlo-, no es significativamente distinta en esa proyección de medio plazo de la que teníamos en el mes de febrero, teniendo en cuenta que el 2020 efectivamente es un año muy distinto y que
también tendremos todavía un año 2021 con efectos del coronavirus sobre las cuentas de la Seguridad Social, resultado fundamentalmente, por una parte, del efecto de la caída de ingresos transitoria por caída de la actividad económica, más allá de
las políticas adicionales. Conviene recordar que, de alguna forma, en el año 2020 ya hemos ensayado algo que queremos hacer a partir de ahora y que está en una de sus recomendaciones, por supuesto, en relación con todos los gastos impropios; es
decir, todos aquellos gastos que surgen de decisiones discrecionales de política económica absolutamente legítimos, y yo diría que en este caso, como hemos visto en la crisis, decisivos para conseguir estabilizar las rentas de las familias y de los
trabajadores y sostener el tejido productivo empresarial con exoneraciones, y es que estas políticas no son contributivas, obviamente y, por lo tanto, no afectan al saldo presupuestario de la Seguridad Social.


Paso, a continuación, a relatar lo que yo creo que deben ser nuestras líneas de actuación en adelante. La primera -conectando obviamente con las recomendaciones que entiendo que están muy avanzadas y se están construyendo en el Pacto de
Toledo, y que nosotros tenemos que acompañar con la iniciativa legislativa- es la separación de fuentes de financiación de la Seguridad Social, que es un elemento fundamental; segunda, el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones; la
tercera línea principal es ir alineando progresivamente la edad efectiva de jubilación a la edad legal; y la cuarta, el desarrollo de sistemas de previsión social complementarios, tan poco desarrollados en España y con resultados tan deficientes.


Empezando por la primera, que es la separación de fuentes de financiación, no voy a resumir, pero he utilizado el borrador de recomendaciones que retomaron ustedes en febrero, y la recomendación uno y también la recomendación seis inciden
claramente en la necesidad de separación de fuentes y reequilibrio financiero de la Seguridad Social si realmente lo que emerge es una situación que lo justifica. Yo les voy a presentar la siguiente fotografía. Me voy a ir a 2023, lo podríamos
hacer con datos de 2019, pero 2020 es un año difícil. Lo podemos hacer con datos de 2019 o lo podemos hacer con datos de 2023, pero nosotros lo hemos extrapolado a 2023 porque nos parece que es el momento en el cual deberíamos ver la fotografía
bien equilibrada. Como hemos constatado, el déficit previsto de la Seguridad Social debería ser entonces no muy distinto del que tenemos ahora, 1,4 puntos del PIB, que en euros del año 2023 son unos 20 000 millones de euros. Nosotros hemos
identificado y cuantificado durante los últimos meses gastos indiscutiblemente impropios en la Seguridad Social que alcanzan 1,6 puntos del PIB, casi 23 000 millones de euros. El primero es la parte de las políticas de empleo no contributivas que
se están financiando con cuotas de la Seguridad Social. Hay una parte contributiva del desempleo que claramente se financia con cuotas, pero hay todo un conjunto de políticas discrecionales que se han ido extendiendo y cambiando en los últimos años
que se están financiando de forma no contributiva con cuotas. Nosotros hemos estimado que esta parte de las políticas de empleo no contributivas supone unos 11 300 millones de euros. El

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segundo son las reducciones -que también son políticas discrecionales y legítimas en su caso- de cotización a la Seguridad Social para incentivar determinados desarrollos en el mercado de trabajo, como las tarifas planas de autónomos, la
reducción del sistema especial agrario o las reducciones del sistema especial de empleados de hogar. Todas estas son de nuevo políticas legítimas de distintos Gobiernos, pero no hay razón por la cual se pueda justificar, independientemente de
cuándo se produzcan, que tengan que financiarse contra un sistema estable de cotizaciones sociales como es el que tenemos de naturaleza contributiva. Como ven, son casi 2000 millones de euros. El tercero es la prestación por nacimiento y cuidado
de hijos, una política de incentivo a la natalidad totalmente legítima -son 3000 millones de euros-, pero difícilmente justificable que tenga algo que ver con las contribuciones que hacen los trabajadores para sus pensiones o la parte contributiva
para su seguro de desempleo. El complemento de maternidad va en la misma dirección, unos mil millones de euros. Hay subvenciones implícitas en el sistema a determinados regímenes que se han ido introduciendo a lo largo del tiempo, como el del mar,
el especial agrario y también hay contratos de formación -esto son otros mil millones de euros-. Después hemos hecho una estimación de los costes derivados de complementar las lagunas que existen en el sistema, que en España es generoso, para el
cálculo de la pensión de jubilación -esto pueden ser unos ochocientos millones-. Y, finalmente -porque alguien puede pensar que quizás son de otra categoría distinta a los anteriores-, todos los gastos de funcionamiento de la Seguridad Social, que
en la mayoría de los países de nuestro entorno los asume la Administración General del Estado -son unos 4000 millones de euros-. La suma es 22 871 millones de euros, el 1,6 % del PIB. Si quitáramos los gastos de funcionamiento, por si esto se
pudiera discutir, estaríamos hablando de 1,3.


En cualquier caso, como vemos aquí, la Seguridad Social cuando uno excluye sus gastos impropios, como establece la recomendación primera del Pacto de Toledo, y separa las fuentes de financiación -la parte contributiva-, se encuentra con que
está realmente en una situación de facto de equilibrio presupuestario. Esta mala contabilización de todos estos gastos tiene efectos devastadores en la percepción que se tiene sobre la solvencia del sistema porque estamos siendo saturados, pero no
queda más remedio. Cada vez que sale un dato -y salen todos los meses- sobre el déficit de la Seguridad Social se produce un impacto mediático enorme. Y yo creo que probablemente la mayor fuente de incertidumbre respecto a que este sistema no sea
sostenible tiene que ver con esto exactamente. En otros países no es así, es decir, en países que hemos visto que tienen gastos en el sistema de pensiones mucho más altos que el nuestro, en la medida en que no han utilizado esta vía, no se genera
esta certidumbre. Este es un problema central que hay que abordar como elemento de partida para eliminar muchas incertidumbres. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal ha hecho su propia estimación y hablaba de una cifra que no es muy
distinta de esta, en torno a los 21 000 millones de euros. Y he puesto aquí la frase del informe que iba justamente en la misma dirección en la cual nosotros nos estamos manifestando ahora. Estamos poniendo los datos con cálculos directos ya de la
Seguridad Social que hemos estado realizando en los últimos meses.


La recomendación cuarta, que también conviene recordar, afecta al régimen especial de autónomos. Nosotros también, anticipándonos a la plasmación de esta recomendación -la cuarta en el borrador existente-, hemos estado trabajando los
últimos meses junto a la Agencia Tributaria, y hemos llegado a la conclusión -sin poder dar detalles todavía y a la espera del acuerdo del Pacto de Toledo, obviamente- de que es posible transitar a esta situación donde los autónomos coticen por
ingresos reales de una forma gradual, pero que por otro lado sea un modelo sostenible en el tiempo. Decían que se han producido muchos cambios, pero lo que conviene es que sea algo fijo y permanente y, al mismo tiempo, creemos que hay fórmulas para
hacerlo sin que se produzcan distorsiones significativas ni para los autónomos, que en este momento tienen determinados sistemas de cotización, ni en la gestión administrativa de las propias cotizaciones. Creemos que se puede implementar una
estrategia por tramos que, además, tenga como resultado una situación que ha sido demandada, ya que hay un elevado número de autónomos que, dado su nivel de ingresos, están cotizando por la base mínima cuando sus niveles de ingresos son más bajos.
Esto para un porcentaje significativo de autónomos importante supondría reducir sus cotizaciones; otros tendrían que subirlas, pero se puede hacer de una forma muy gradual y acompasada. Estamos trabajando en ello, estamos viendo los
procedimientos, la tecnicidad que tiene todo esto y los cruces con la Agencia Tributaria, y pensamos que es algo a lo que podemos dar respuesta de una forma relativamente inmediata.


En cuanto al poder adquisitivo, ya hemos visto antes que este es un elemento central en los sistemas de pensiones, y no puede ser de otra forma porque conviene que los pensionistas que no tienen capacidad

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de reacción tengan sus pensiones garantizadas y que el poder de compra se sostenga en el tiempo. Este es otro elemento central a la hora de dar certidumbre al sistema, y en la medida en que abordemos además los problemas de percepción de
déficit se refuerza la idea. Esta es claramente la recomendación dos del Pacto de Toledo. Hemos hecho una encuesta en la cual se pone de manifiesto que, efectivamente, este es un elemento de gran preocupación. Es una pregunta solo para los
pensionistas y, como ven, la preocupación que genera entre los pensionistas no tener un marco normativo que les asegure su poder adquisitivo es extraordinaria, como era esperable. En esta imagen simplemente se ven titulares que inciden en esto
porque es un tema de una amplificación mediática extraordinaria, como todos sabemos.


El tercer elemento es la edad efectiva de jubilación. Este es un instrumento muy importante porque, como sabemos y hemos visto antes, aproximadamente a partir del año 2025 se va a producir un aumento del gasto en pensiones como resultado
del envejecimiento de la población y, por lo tanto, necesitamos tener mecanismos que vayan equilibrando los ingresos. Las reformas paramétricas del año 2011 ya contienen muchos de estos elementos que progresivamente vamos viendo desplegarse. Son
conocidos, hay tres o cuatro parámetros que se van ajustando gradualmente en el tiempo y que son el tipo de reformas que además dan tiempo de planificación a las personas y de decisión sobre su jubilación. Pero realmente hay un elemento que tiene
un impacto potencial muy grande. En las estimaciones que hizo en su momento la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal en un rango se veía que hasta más de un punto del PIB se podría corregir el gasto en pensiones por cada año que
aumentara la edad efectiva de jubilación. Con los últimos datos de la Seguridad Social, la edad efectiva de jubilación, que ha ido aumentando en los últimos años sobre todo como resultado de la eliminación de regímenes transitorios y la propia
acción ya en plenitud de la reforma paramétrica del año 2011, en estos momentos está en 64,6 años. La edad legal de jubilación en este momento es 65,8 de acuerdo con la reforma del año 2011 y llegaremos, como saben, en el año 2027 a los 67 años.
En este marco, nosotros hemos estado estudiando las opciones que hay para que la edad efectiva se vaya acercando a la edad legal y, por lo tanto, haciendo progresivamente en el tiempo más sostenible el sistema. Al final, extender la edad efectiva
de jubilación de forma voluntaria más allá del marco general, supone una toma de decisión de las personas orientada, bien a no hacer uso de la posibilidad de jubilarse anticipadamente o bien, alternativamente, a decidir prolongar más allá su vida
laboral. Lo hemos preguntado en la encuesta que realizamos en los meses de junio y julio, y la verdad es que la aceptabilidad social de iniciativas voluntarias en esta dirección es muy grande. Estamos hablando de dos incentivos fundamentales. En
primer lugar, demorar la jubilación, lo que supone, por una parte, generar un sistema de incentivos que induzca a las personas a trabajar más en la medida en que su salud se lo permita y, por otra parte, aplicar fórmulas que faciliten compatibilizar
el mantenimiento de una cierta pensión con el trabajo, es decir, fórmulas mixtas.


La segunda línea que nosotros creemos que hay que abordar para, digamos, contemplar soluciones que van en la línea de la recomendación 12 del borrador del pacto es corregir elementos distorsionantes que en este momento existen en la
regulación de las jubilaciones anticipadas. Voy a abordar estos dos temas. Primero, voy a ilustrar la situación. Como ven en este gráfico que contempla más de diez años de evolución, por una parte, tenemos la evolución del porcentaje de pensiones
que se han producido con demora voluntaria y, por la otra, las que se han producido por anticipación voluntaria. Como vemos, desde el año 2013, también en 2012 y sobre todo en 2014, hay una tendencia creciente a que más personas se jubilen
anticipadamente. Esto, en parte, puede ser el resultado de la incertidumbre que hemos creado entre todos sobre el sistema y que lleva a este comportamiento que a su vez genera algunos problemas de sostenibilidad y, por otra parte, por el propio
mecanismo de jubilaciones voluntarias anticipadas, que ahora explicaré. Vemos que no tenemos mucho éxito en las demoras voluntarias, que incluso han ido bajando en porcentaje, son muy bajas; estamos en niveles del año 2008 y claramente por debajo
de los niveles que llegamos a tener en 2013.


Vamos a empezar por este último elemento. Como saben, ya existen fórmulas en el sistema para demorar la edad de jubilación, pero España es un país que bonifica muy poco la demora de la jubilación. Aquí tenemos una comparación internacional
con otros países. España, exactamente, bonifica un 3,2 % y en un rango, según las situaciones, entre el 2 y el 4 %. Como vemos, entre los países que tienen sistemas similares a los nuestros, nos encontramos con que nuestras bonificaciones tienen
un nivel más bajo. Creo que esto pone de manifiesto hasta qué punto no hemos utilizado suficientemente esta palanca de generar incentivos a las personas para que trabajen más años, si lo desean así, porque esto es voluntario. Nosotros creemos que
esto requiere una evaluación en profundidad del funcionamiento del mercado de trabajo en España en el caso de los trabajadores que están próximos a la edad de jubilación. Estamos

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trabajando en este tema y pronto tendremos resultados. En el análisis vamos a mirar tanto la oferta de trabajo, es decir, las características de las personas que se jubilan y pueden trabajar más, como la demanda de trabajo, es decir, el
comportamiento de las empresas en sus distintas características. Esperamos tener resultados pronto porque nos parece que este tiene que ser uno de los instrumentos sobre los que debemos incidir, pero necesitamos tener más elementos de juicio de los
que tenemos en este momento. Por eso hemos encargado estudios e investigaciones internos y también a especialistas externos.


Asimismo, yo creo que tenemos que ver la evaluación de los incentivos que ya existen, que vemos que no son muy elevados. En primer lugar, vamos a evaluar -ya lo estamos haciendo- lo que ya existe, es decir, por qué existiendo como existen
ya algunas fórmulas, no son muy utilizadas. Esto nos permitirá diseñar un sistema de incentivos mejor construido y que, al mismo tiempo, mantenga, obviamente, los principios fundamentales de equidad y contributividad que tiene el sistema. También
hemos detectado que hay bastante desconocimiento de las opciones ya existentes y queremos que sean más claras. Cuando uno mira las campañas de difusión que se han hecho desde la Seguridad Social se da cuenta de que nunca se ha dado a conocer la
opción que existe de poder trabajar y compatibilizar pensión y trabajo más allá de la edad legal. En general, queremos conocer mejor el comportamiento de los jubilados, de las personas que están próximas a la jubilación y por qué toman esas
decisiones, y quizá no solo nuestra política de comunicación sino también el propio diseño de las normas.


Les voy a presentar aquí una anomalía. Este es el número de personas que se jubilan justo antes de los 67 años o a los 67 años. Si uno se jubila a los 67 años, tiene una bonificación adicional del 2 % -de hecho, vemos que hay un
porcentaje, un número significativo de personas que se han jubilado a los 67 años y que obtienen esa bonificación del 2 %-, pero los que se jubilan un mes antes de cumplir los 67 años no tienen ese beneficio del 2 % permanente en su pensión,
renuncian a ello por un solo mes, o el que está en el mes diez -que todavía es un número mayor-, por dos meses renuncian a ese 2 %. Nos da la impresión de que no tiene mucho sentido, es decir, que aquí hay un problema de desconocimiento de las
bonificaciones, porque si no, no se entendería que un número tan importante de personas en el año anterior a cumplir los 67 años -ahí vemos desde el mes uno al mes once-, en los once meses anteriores a cumplir los 67 años opten por jubilarse
perdiendo esa bonificación del 2 %. Esto es simplemente un ejemplo de lo que estamos haciendo, lo que nos sorprende de lo que estamos analizando y que incide tanto en el diseño del beneficio de la propia bonificación como en su difusión en el
tiempo.


Igualmente, tenemos el problema de las jubilaciones anticipadas, que son voluntarias, y que, como veíamos antes, son numerosas. Es verdad que las jubilaciones anticipadas, que se rigen por la normativa previa a la de 2011, han sido todavía
elevadas, pero esto ya se está corrigiendo. En el año 2018 fueron del 50 %, pero ya este año está solo en el 23 %, y esto tiende a desaparecer. Luego nos tenemos que centrar fundamentalmente en el régimen que va a quedar hacia delante, y el
régimen que queda hacia delante tiene este problema que van a ver ustedes aquí. Realmente, eso explica por qué, aparte del elemento de incertidumbre, que también es importante, se produce un número creciente de personas que deciden jubilarse
anticipadamente, renunciando a un porcentaje de la pensión. Si uno tiene una base de cotización relativamente baja -y ahí es donde vemos muchos casos-, la reducción realmente es del 8 %, pero a medida que vas aumentando -y ahí he puesto varios
ejemplos-, por ejemplo, una persona que cotice por la base máxima de cotización, dado que la base máxima es sensiblemente más alta que la pensión y se calcula sobre esto, la reducción efectiva anual es de solo el 2 %. Es decir, algo que se diseñó
para desincentivar con el 8 %, en un número muy significativo de pensionistas son porcentajes sensiblemente inferiores, con lo cual no estamos realmente desincentivando la jubilación anticipada en los años anteriores. Esto es algo que creemos que
hay que corregir porque no está bien diseñado.


Finalmente, la cuarta iniciativa tiene que ver con el sistema de previsión social complementaria. España tiene un sistema que ha sido analizado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, a petición del Gobierno. Presentó un
informe justo antes del verano, que pone de manifiesto varias cosas. Primero, que el sistema actual que termina decantando los beneficios fiscales hacia planes individuales de pensiones no cumple su objetivo principal, que es incentivar el ahorro.
Es muy regresivo y es un producto muy caro, de tal forma que una parte muy importante del beneficio fiscal termina en el sistema financiero, y con muy escasa participación de los jóvenes. Por tanto -ahí pongo entrecomillado-, la Autoridad
Independiente de Responsabilidad Fiscal, justo antes del verano, emitió esta recomendación al Gobierno que ven ahí, que es la reformulación completa del beneficio fiscal de manera coherente con las recomendaciones que se acuerden en el Pacto de
Toledo sobre ahorro complementario a largo plazo.

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Por repasar los elementos de la AIReF, el análisis empírico que ha realizado pone de manifiesto que lo que se produce con este beneficio fiscal no es lo que uno esperaba, que era que se produjera un aumento neto del ahorro a largo plazo,
sino un cambio en la composición de cartera de los instrumentos en los que uno invierte, pero no se está impulsando realmente el ahorro para la pensión. Los datos son espectaculares en cuanto a la regresividad del sistema. Este gráfico es del
estudio de la AIReF. Se ha realizado por centilas, es decir, dividiendo la renta en niveles de renta y troceándolo en cien trocitos. Como vemos, la concentración en las rentas más altas es el 70 % del beneficio; 1100 millones de euros se
concentran en el decil, es decir, en los diez centiles de rentas más altas, que es extraordinariamente regresivo.


Por otra parte, en los números presentados por la AIReF se pone de manifiesto que es un producto extraordinariamente caro. Quizá eso explique su poco éxito en rentas medias y bajas, aparte del propio diseño fiscal, donde, al ser deducciones
en la base imponible y no en la cuota, el incentivo surge de las diferencias entre el tipo marginal del impuesto y el tipo marginal esperado cuando uno se jubile. Ese debería ser, básicamente, el mecanismo de decisión. En cualquier caso, en el
informe de la AIReF hay una comparación entre las comisiones medias de los planes de empleo y las de los planes individuales, y aunque han bajado algo en los últimos años, la diferencia sigue siendo extraordinaria. Estamos hablando de más de 1
punto porcentual de diferencia en la rentabilidad, y tal como está el mundo actual de rentabilidades, esto es extraordinariamente importante. Pero es que no solamente los planes individuales tienen ese coste de comisiones tan alto frente a los
planes de empleo, sino que también son incluso significativamente más altos que las comisiones de los fondos de inversión, aunque en principio estos últimos, vistos en su conjunto, son un producto financiero más complejo y sofisticado que debería
llevar aparejados costes de gestión más altos.


Por otro lado, aquí está la distribución, basada en el informe de la AIReF, de los beneficiarios por edades; es decir, de los dos millones y medio de personas que desgravan, como vemos, las personas por debajo de cuarenta años son muy
pocas, solamente el 12 % del total. Los jóvenes no están invirtiendo en estos productos, en este momento, pensando en su jubilación. Cuando uno mira la fotografía -aquí he traído una comparación entre la situación de los planes de pensiones y la
situación que existe en el País Vasco con los planes que existen allí, los EPSV-, ve que la composición que existe en el resto de España es muy distinta. En el País Vasco, donde hay un modelo distinto, claramente mucho más orientado a propiciar los
planes de empleo, tienen un porcentaje mucho más alto que en el resto de España, donde son muy minoritarios. Los planes de empleo son una asignatura pendiente en España, no solamente cuando nos comparamos con el País Vasco, que tiene un régimen
distinto, sino cuando nos comparamos con muchos de los países de nuestro entorno, que tienen sistemas complementarios voluntarios muchísimo más eficaces, y eso a pesar -en esta comparación entre planes de empleo y planes personales- de que la
rentabilidad de los planes de empleo en promedio en los últimos dos años está más de 1 punto por encima de la rentabilidad de los planes de pensiones individuales o personales.


Todo esto pone de manifiesto que el sistema está realmente mal diseñado, como ha puesto de manifiesto la Autoridad y como de alguna forma queda reflejado en la recomendación número 16 del borrador del Pacto de Toledo sobre el que ustedes
están trabajando. En anticipación a este acuerdo, estamos trabajando para introducir modificaciones normativas que permitan extender la población cubierta a través de la negociación colectiva en un enfoque sectorial. Antes solo llegábamos a
grandes empresas y de cierto tamaño, y hay que establecer mecanismos que puedan llegar -ya se han desarrollado en otros países- a muchos más segmentos de la sociedad, a los autónomos, a las pymes, a los funcionarios... Es decir, que hay muchas
posibilidades de extender estos sistemas colectivos de pensiones frente a los planes individuales.


Hay que reducir sustancialmente los costes de gestión, que son superiores al 1 % -son muy caros- y no son atractivos respecto a la capacidad de gestión. En otros países, como Reino Unido, ha tenido mucho éxito la creación de un fondo de
pensiones de empleo de carácter abierto, propiciado desde la Administración pública para introducir competencia. En Reino Unido ha sido un éxito en los últimos años y estamos pensando que es una idea que debemos explorar. El diseño tiene que ir
dirigido a corregir claramente la regresividad del sistema. El problema que tenemos -se ha visto en estos gráficos- es que si tuviéramos en cuenta los datos de patrimonio, veríamos que al final quienes están haciendo uso de los planes individuales
son personas que, probablemente, no son las que más necesitamos incentivar para que tengan una pensión que complemente su pensión pública porque ya tienen mucho patrimonio, y por tanto es más un tema de optimización fiscal pura y dura que otra
cuestión. Como decía, la tendencia

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internacional, claramente, es que este tipo de posibilidades de desgravación se hagan no en la base imponible, sino en la cuota.


En estas cuatro líneas de actuación estamos haciendo trabajos preparatorios, en anticipación a un acuerdo del Pacto de Toledo, para que en cuanto ustedes y el Parlamento lleguen a un acuerdo, podamos empezar a presentarles iniciativas que
permitan satisfacer las recomendaciones que se nos hacen. No queremos que nos pille esa situación sin estar preparados. Estamos trabajando en estas líneas, en el entendimiento de que, como se ha manifestado en las distintas reuniones previas -se
constató en febrero e incluso un año antes-, existe un consenso muy amplio en torno a estas recomendaciones, más allá de los refinamientos que se puedan hacer. Por eso, estamos aprovechando estos meses para ir avanzando en las distintas líneas a
las que me refería.


Todas las recomendaciones son muy importantes -algunas no las he referido-, pero, por recordar, me parece que la recomendación 1 es crucial para mitigar en gran medida, si no eliminar completamente, las dudas sobre la sostenibilidad del
sistema. Claramente, la recomendación 2, de mantenimiento del poder adquisitivo, es central para dar certidumbre a los pensionistas sobre cuál va a ser la evolución futura de sus rentas en el periodo en el cual ya no van a estar en el mercado de
trabajo. La integración y convergencia de regímenes en el caso de los autónomos, la recomendación 4, es algo en lo que se tiene que trabajar, porque la situación es muy anómala, muy singular y tiene como resultado que los autónomos, en un
porcentaje muy elevado, terminan teniendo pensiones muy bajas, y eso no es deseable. La recomendación 6 es central, en la medida en que libera a la Seguridad Social de todo el conjunto de gastos que no son genuinos del sistema. La 12, sobre
programación de la vida laboral, de la que hemos hablado antes, tiene que llevarnos a cambiar nuestro sistema de incentivos. Y la 16 nos debe llevar a que exista un modelo de previsión social complementario voluntario que se sustente mucho más en
la negociación colectiva y, en general, en mecanismos donde, mediante el pooling de las pensiones de distintos grupos de trabajadores, se pueda mejorar su capacidad de negociación y de tener instrumentos de pensiones más adecuados a sus necesidades,
con costes mucho más bajos y rentabilidades algo más altas. Esto es muy importante.


Termino como empecé. El borrador de recomendaciones del año 2019 en el que ustedes están trabajando supone un excelente punto de partida para afrontar los retos del sistema. El diagnóstico que subyace es el adecuado. Pone de manifiesto
las fortalezas del sistema que tenemos que hacer emerger e identifica también los problemas que existen y los retos futuros sobre los que hay que trabajar. Al mismo tiempo, marca las líneas de actuación adecuadas en las que estamos trabajando en
respuesta a estas recomendaciones, porque están bien identificadas, son claras y tenemos la convicción de que, además, están construidas de forma que generan un amplio consenso. Es muy importante para la credibilidad del sistema que la reforma de
un sistema de pensiones se haga en estas condiciones, porque cuando ha sido así, la incertidumbre de los pensionistas se ha reducido extraordinariamente, que es lo que nos debe guiar, llevar certidumbre y eliminar la inquietud de estos millones de
personas. Son recomendaciones que están completamente en línea con los países de nuestro entorno, no debemos tener ninguna preocupación, y son efectivas para garantizar la sostenibilidad del sistema, sin perjuicio de que, obviamente, haya que hacer
un seguimiento muy estrecho de la evolución de ingresos y gastos porque, según nos vamos alejando en el tiempo, las incertidumbres se van ampliando y tenemos que estar preparados para reevaluar constantemente el sistema. Pero yo diría que, con los
elementos que tenemos hoy encima de la mesa, y sobre todo en la medida en que la edad efectiva de jubilación se vaya desplazando, tenemos posibilidades, a partir de un punto de partida -como hemos visto, es un gasto muy importante, pero no estamos
en los niveles de otros países-, de ir manteniendo el equilibrio financiero de la Seguridad Social en los próximos años.


También hay que recordar, como decía al principio, que la crisis del COVID hace que esta necesidad de reducir incertidumbre se acentúe. Tenemos la oportunidad desde el Gobierno y desde el Parlamento, entre todos, de compensar estas
incertidumbres con nuevas certidumbres en algo tan importante como las pensiones. Por eso, alcanzar ese amplio grado de consenso que requiere el Pacto de Toledo es fundamental. Una vez que esto se constate, vamos a empezar ya las conversaciones.
Como saben, en la construcción del pacto existe también el elemento de consenso con los agentes sociales, con los sindicatos y con la patronal, con la que ya estamos empezando a plantear conversaciones. Después, nos tocará plantearles a ustedes
modificaciones basadas en las líneas de actuación que les he planteado, que sustancien las recomendaciones y que den forma jurídica y marco normativo permanente al consenso que está emergiendo y que espero que culmine lo antes posible.


Muchas gracias, presidenta.

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La señora PRESIDENTA: Señor ministro, muchas gracias por la exposición.


A continuación, pasamos al turno de portavoces. Como he comentado anteriormente, el primer turno será de siete minutos y comenzamos de menor a mayor representación parlamentaria. Así que, en primer lugar, le voy a dar la palabra a Ana
Oramas, del Grupo Mixto.


La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, señora presidenta.


Gracias, señor ministro. Me ha gustado mucho la presentación -lo estábamos comentando aquí varios diputados- porque es un resumen sencillo y claro, incluso didáctico, para podérselo explicar a terceros o a cuartos, o, como puede ser mi
caso, a determinados colectivos. Coincido con usted en el tema de inquietud e incertidumbre. No hay reunión, cena o cumpleaños al que vayas en los que la familia o los amigos, también el taxista o el de la panadería, no te pregunten por el tema de
la pensión y te hagan la pregunta: ¿Y tú qué harías? Y los autónomos te preguntan: ¿Crees que debo jubilarme ya o no? Hay dos cosas, angustia e incertidumbre, pero también desconocimiento.


Me ha dejado impactada lo que usted ha dicho: que la gente que se jubila un mes antes de los 67 años pierde un 2 %. Hay un problema, y es un tema de desconocimiento. Y también hay un desconocimiento sobre las modificaciones que vamos a
hacer en el sistema de pensiones y a partir de qué generación van a afectar. Es ridículo que un funcionario cuando le queda un año para jubilarse te esté preguntando si debe jubilarse anticipadamente o no. Lo que quiero decir es que todo eso
tenemos que aclararlo; hay desinformación, incertidumbre y, sobre todo, miedo a pensar que viene la extrema izquierda o la extrema derecha. ¿Por qué nació el Pacto de Toledo? Porque se usaban las pensiones como un elemento político para asustar a
la gente mayor. Y se decidió en un determinado momento que las pensiones no debían ser un arma política, diciendo que vienen los que te van a quitar las pensiones o, si venimos nosotros, te subimos las pensiones, porque estas son las dos cosas que
se decían. Sinceramente, el ambiente en el que se está desarrollando la Comisión del Pacto de Toledo es que todos tenemos claro que esa unanimidad en el marco general, en su no uso político, en no usarlas como promesa electoral ni como amenaza de
que vienen los que te la pueden quitar o que se van a gastar el dinero y no va a haber dinero para las pensiones, es responsabilidad de todos.


Mis preguntas van a ir por otro lado, señor ministro, y son las siguientes. Y lo que le voy a preguntar no es solo para conocer su opinión personal, sino también como miembro del Gobierno, para conocer las decisiones de su Gobierno. Aquí
hay una serie de propuestas, como usted dice, está el diálogo social, pero después estas propuestas implican decisiones presupuestarias, decisiones fiscales y decisiones legislativas, con un calendario y unas prioridades. Primer tema, eliminación
de gastos impropios. ¿El Gobierno ya ha tomado la decisión de que en los presupuestos del año 2021, que nos van a presentar próximamente, los gastos impropios pasen a la factura del presupuesto del Ministerio de Trabajo o del Ministerio de Economía
como incidencias -no sé cómo se llaman en el Estado- para emergencias o pandemias? ¿Hay ya una decisión tomada en el Gobierno de que todos los gastos impropios dejen de estar a cargo de los presupuestos de la Seguridad Social? Si no está tomada,
¿hay alguna decisión del Gobierno de que algún gasto impropio esté en los próximos presupuestos? Y si esa tampoco está tomada, en su opinión, ¿cuál sería el primer gasto impropio que el Gobierno, aunque no lo haya decidido, debería traspasar a los
presupuestos?


Segunda cuestión que le planteo y, primero, se la pregunto como Gobierno, y si el Gobierno no la ha debatido, se la pregunto como ministro de Seguridad Social. ¿Cuál es el primer tema legislativo que debería entrar urgentemente y en qué
plazo, si salen estas recomendaciones del Pacto de Toledo? ¿Cuál es el calendario legislativo a cortísimo plazo y a medio plazo -en opinión del Gobierno o según su opinión personal, si no se ha decidido en el Gobierno-, cuál es el plazo más breve
al que debería implantarse si la Comisión del Pacto de Toledo acaba en este mes sus trabajos?


La otra cuestión que le quiero plantear es una duda que se me vuelve a crear hoy con su intervención. Todos estamos de acuerdo en distinguir en la jubilación entre la edad real y la edad efectiva. El gobernador del Banco de España dice
que, a partir de eso, realmente los números de la Seguridad Social no cambian significativamente si se incrementa la edad de jubilación. Ese es el estudio que nos plantea el gobernador del Banco de España sobre incrementar la edad de jubilación.
La presidenta de la AIReF dice que lo importante es el efectivo real, pero que incrementar los años de jubilación no va a afectar las cuentas, que puede ser más un tema social, de permitir que gente que está plena capacidad pueda seguir trabajando
pero que no afecta a las cuentas. Hoy no le he entendido muy bien ese tema de la incentivación para que

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la gente siga trabajando. No sé si es un tema temporal, si es un análisis o si usted conoce el documento y la posición de la AIReF y del gobernador del Banco de España.


En cuanto a los incentivos, yo sí creo que tiene que haber incentivos y la gente debe conocerlos, sobre todo en determinadas áreas donde se ve que hay gente brillantísima y con una carencia social importante, entre otras cosas, por la crisis
que hemos pasado durante trece años, porque no se hizo la formación ni la renovación natural. Estoy hablando del sector de la medicina, de cirujanos que son lumbreras; de catedráticos, en torno a los cuales no se resuelve lo de emérito, como en
otros países que son brillantísimo; todo el sector de investigación, donde no se cubrieron las plazas por la tasa de reposición durante la época de crisis y tenemos amortizada a mucha gente. Hay otros sectores donde no ocurre; en la industria hay
gente que no puede seguir y es al revés; habría que ver el tema.


Segundo, quería preguntarle su opinión sobre aquellos que han cotizado más de cuarenta años, que es una reclamación que tenemos todos los diputados aquí.


Termino con un asunto, que es una mezcla de ministro de Seguridad Social e ingreso mínimo vital. En Canarias nos afectan muchísimo las pensiones no contributivas -y termino ya, señora presidenta-. En Canarias hay tres veces más gente que
trabajó toda su vida -por ejemplo, que emigró a Venezuela- que en la Península y eso afecta a los índices de pobreza. Hay una distorsión entre lo que es la pensión no contributiva, el ingreso mínimo vital, el tipo de convivencia familiar y de
acogimiento familiar. Lo que le quiero decir es que, aunque no es hoy el día, creo que tenemos que analizar esta situación que se da en determinados entornos familiares, donde hay un gran lío entre la compatibilidad de pensiones con discapacidad,
con no discapacidad, con dependientes, con residencias. Al final se pierde la pensión, no se puede acceder al ingreso mínimo vital, y estamos hablando de gente miserable, en una situación muy complicada y además con una temporalidad.


Gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Oramas.


A continuación, tiene la palabra, en representación de EH Bildu, Iñaki Ruiz de Pinedo.


El señor RUIZ DE PINEDO: Buenas tardes. Muchas gracias, ministro.


Hay una cuestión que usted decía sobre que el COVID no altera el diagnóstico a medio y largo plazo, en la que podemos estar de acuerdo, pero sí puede ser un elemento acelerador de tendencias que ya nos venían desde la crisis de 2007 y 2008;
una tendencia que, a nuestro entender, tiene un efecto estructural importante, que ya viene de bastante atrás y es que dentro de la composición del PIB la disminución progresiva del peso de la masa salarial y el aumento del beneficio bruto o el
excedente de producción. ¿Qué ocurre? La masa salarial va reduciéndose por diferentes cuestiones: la organización del mercado internacional, el tema de la dualización del mercado de trabajo, toda la mecanización, robotización de informatización,
etcétera. Hay muchos elementos que inciden en esa tendencia; tendencia de transformaciones que, lógicamente, cuando salgamos de este agujero -ya no le llamo ni crisis, le llamo agujero- las empresas van a acelerar. Esto no es nuevo, pero
considero que se va a acelerar y esto, en esas predicciones a medio y largo plazo, va a ser importante. En ese sentido, ahí es donde esa incertidumbre de la que habla, y que yo comparto totalmente, se acelera. Pero hay muchos tipos de
incertidumbre, porque dentro de los pensionistas y de las prepensionistas hay una dualización social importante. Si miramos las pensiones, vemos que tenemos como dos modas, dos grandes colectivos: un gran colectivo, cuya pensión estará en torno a
los 700 euros -estoy hablando aproximadamente- y otro gran colectivo con pensiones de unos 1800 o 2000 euros. No hay un vacío en medio; son esas dos modas las que existen. Cada uno de esos grupos tiene unas preocupaciones diferentes de cara a esa
incertidumbre. Por debajo de los 1000 euros la preocupación de la gente es llegar a fin de mes; la incertidumbre es el día a día y es el tema de la miseria, y ahí es donde surge una indignación social importante. Cuando habla usted de la
indignación social que surge cuando se aplican índices de actualización de las pensiones de 0,20 puntos o de 0,21 puntos y que eso indigna, estamos hablando de unos sectores concretos que no llegan. Hay que tenerlo en cuenta y en ese sentido
cambiar el tema de la actualización de las pensiones respecto al IPC genera un consenso importante. Pero eso no nos asegura la mejora de esa moda de colectivos que están en la pobreza en estos momentos.


Al hablar de la suficiencia echo de menos ver qué política vamos a realizar en esos sectores. ¿Vamos echar el balón fuera y vamos a decir que para eso están los programas de rentas sociales cuando son familias que han estado cotizando?
Porque estoy hablando de pensiones contributivas, aunque podríamos meter también el paquete de no contributivas. En viudedad, gran parte de este colectivo del que estoy

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hablando me imagino -ya veremos los datos- que serán pensiones de viudedad. A eso me refiero cuando digo que tenemos que caracterizar bien el tema de la incertidumbre a la hora de tener que responder. Efectivamente, en comparación con el
entorno no estamos tan mal; lo único es que la comparación con el entorno es que si nosotros tenemos un gasto en pensiones de 11, el resto está en 12,5 pero además en programas sociales y rentas, etcétera, la comparación se nos dispara en nuestra
contra ea la hora de cubrir a todos esos sectores. Creo que estarán de acuerdo en que es un elemento importante y estratégico a cubrir el pequeño porcentaje de producto interior bruto que tenemos destinado a programas sociales.


En cuanto la prolongación de la vida laboral, dice que con cada año de vida laboral que añadamos vamos a reducir 1 punto de déficit del PIB. Pero ¿qué es lo que tenemos en estos momentos? Yo me pregunto qué es lo que está pasando por
encima de los 60 años. Por encima de los 60 años tenemos una tasa de población activa baja y, de esa población activa, tenemos una tasa de paro importantísima, una tasa de gente que está cobrando pensiones de invalidez también importante. En estos
momentos tendremos el porcentaje de cotizantes entre la población mayor de 60 años meses no sé si llegará al 25 %, pero aproximadamente. Supongo que ustedes tendrán datos en ese sentido, pero muy poca población está aguantando en el trabajo hasta
los 65 años. Es que es duro ser dependiente o dependienta, estar trabajando de cara al público -y no hablo ya de estar en un andamio- o en trabajos más pesados y hay gente que prefiere perder un 20 % de la pensión porque no puede aguantar
físicamente. Por otro lado, las empresas también nos echan si se tienen más de 60 años, a la primera ocasión que tienen, y a ver quién encuentra trabajo con sesenta años, sea de la especialidad que sea. Entonces ahí sí que estamos creando una
incertidumbre importante, incertidumbre al decir que vamos a prolongar los años de vida laboral, pues si espero un año más, puede ser que no pueda prejubilarme. Hay gente que está acelerando la prejubilación porque está oyendo que vamos a aumentar
la obligatoriedad de los años de cotización. Los que están precisamente dejando de trabajar en estos momentos son los que están mejor cubiertos por convenios o los que tienen cláusulas de que pueden jubilarse y prejubilarse. Con lo cual, están
creando la expectativa de que se va a ampliar hasta los sesenta y siete años y va a ser muy perjudicial.


La señora PRESIDENTA: Don Iñaki, debe ir usted terminando, pues si no voy a ir ampliando... Ya le he dado cuarenta y ocho segundos más que los que di a doña Ana Oramas.


El señor RUIZ DE PINEDO UNDIANO: Ya tendremos ocasión de seguir hablando.


Simplemente quiero decir que debemos ir donde están los problemas y, si tenemos que hablar de un Pacto de Toledo, tenemos que responder a los problemas sociales, no solamente de la caja.


Muchas gracias y perdón, es que me pongo con este tema y me caliento.


La señora PRESIDENTA: Ya nos hemos percatado.


A continuación, tiene la palabra el portavoz del Grupo Vasco EAJ-PNV, don Íñigo Barandiaran.


El señor BARANDIARAN BENITO: Muchas gracias, señora presidenta.


Señor ministro, muchas gracias otra vez por su intervención. Lo cierto es que ya no es nuevo que nos abunde en datos que nos confirman muchas expectativas de que el sistema puede tener viabilidad con sus caracteres actuales y tampoco en
determinados mensajes, de los que participo. Fundamentalmente voy a destacar dos de su intervención. Uno, aquel que dice que, desde el punto de vista financiero, el sistema es viable adoptando las medidas oportunas y, otro, el valor de algo que
vengo repitiendo yo también en el Pacto de Toledo desde hace mucho tiempo, que es el valor del consenso, del acuerdo. Es decir, este no es un acuerdo que suponga la traslación inmediata al ámbito legislativo de determinadas medidas, sino las
recomendaciones para que cualquier actor político pueda poner en marcha dentro de un marco cuyo mayor valor -y valga la redundancia- es la seguridad que le da que ahí tenga un apoyo tan amplio como para que todos nos sumemos a él.


Voy a intentar ser breve también en mi intervención en algunas cuestiones, puesto que hay muchas cosas que ha tocado. Desde luego, el análisis que ha hecho de las recomendaciones me ha parecido más o menos acertado. Me va a permitir solo
unas pequeñas dudas, aunque una fundamental -por decirlo de alguna manera-, y todas ellas basadas en determinadas previsiones, en determinados factores de carácter general. Para empezar, desde el producto interior bruto, que es algo desde lo que
estamos partiendo para determinadas previsiones y no sabemos si antes y después del COVID es un hecho cuya viabilidad o cuya existencia el día de mañana podamos confirmar. También otros parámetros, como la tasa de ocupación, el déficit y, por lo
tanto, la incidencia del gasto en pensiones respecto del total del gasto del

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Estado, si efectivamente va a ser cierta. En todo caso, es cierto que se puede confirmar que hasta ahora la participación del sistema de pensiones en el producto interior bruto, analizándolo como elemento comparado, no es tan alta como en
otros países.


Hay alguna medida más que le quiero comentar al hilo de que ha hablado de incentivar el trabajo activo hasta la edad de jubilación, pero hay otra reflexión que se ha añadido y me gustaría que usted la valorara. Ya le digo que no participo
de ella, pero ¿cree usted que sería efectivo demorar la edad de la jubilación más allá de los sesenta y siete años? Ya le digo que en principio no es algo de lo que participo, pero que es una cuestión que se ha planteado en alguna de las
intervenciones y me gustaría que hiciera usted también una valoración.


Otro asunto que también Ana Oramas -que ahora está ausente- ha comentado es el de las jubilaciones anticipadas, pero no ya en el sistema actual. ¿Qué medidas piensa que se pueden adoptar respecto a aquellos prejubilados que tuvieron una
larga carrera de cotización y que estuvieron obligados como consecuencia de determinadas crisis industriales o empresariales a tomar determinadas decisiones de prejubilación que fueron penalizadas en exceso respecto de las que con posterioridad se
han podido producir? ¿Piensa el Gobierno adoptar alguna medida en esta cuestión? Ha hecho un análisis bastante interesante y quizás también un poco criticable en algunos aspectos respecto de los sistemas complementarios. Le agradezco la
valoración que ha hecho de los sistemas de empleo que, como sabe, es una postura que mi partido ha promovido desde hace mucho tiempo. Lo que ocurre es que ahí hay un hecho que también me gustaría que sometiera a valoración. Los sistemas
complementarios de empleo hoy en día no acogen a muchas personas trabajadoras de pequeñas empresas, pero sobre todo los autónomos quedan fuera del campo de aplicación de estas posibilidades. ¿Qué medidas contempla usted que se puedan incentivar,
promover en esta cuestión?


Para terminar, haré dos pequeños comentarios de carácter casi competencial o constitucional, por decirlo de alguna manera. La recomendación número uno ya contemplaba en el año 2011 -y lo sigue contemplando ahora también- la posibilidad de
que, como garantía de aquellos préstamos que entonces el Estado empezaba a realizar al sistema para dotarlo de equilibrio, se produjeran determinadas transferencias de bienes que hoy en día son titularidad de la Seguridad Social y que, sin embargo,
no dejaban de ser una ficción. Estoy hablando de aquellos edificios que son destinados al uso sanitario y que como reminiscencia -podríamos decir- de aquella situación del sistema sanitario en el ámbito de la Seguridad Social a pesar de todo
quedaban en manos del sistema de Seguridad Social, del INSS en concreto o de la Tesorería, no estoy seguro. La cuestión es, ¿piensa usted retomar, como ya lo hizo un Gobierno socialista hace ya bastantes años, el Gobierno de Zapatero en concreto,
alguna iniciativa tendente a retornar los edificios de titularidad del INSS y que están destinados al uso sanitario, a las administraciones de comunidades autónomas que son competentes en el ejercicio de la materia sanitaria?


Finalmente, una cuestión casi de carácter filosófico en torno al sistema de la Seguridad Social. Hasta ahora podíamos ser conscientes de que existe una dualidad en la financiación de determinadas prestaciones y políticas de empleo que
conllevan la necesidad de expulsar del discurso estatal una consigna, y es que las comunidades autónomas no se podían hacer cargo de muchas de esas políticas porque se supone que rompían ese principio de carácter contable, que es el de la caja única
de la Seguridad Social. Ajustar este concepto a las fuentes de financiación de prestaciones contributivas es una necesidad, entre otras cuestiones, de carácter constitucional y para cumplir muchos estatutos de autonomía, y aprovechar las virtudes
de que sean las fuentes presupuestarias las que se hagan cargo de la financiación de esas políticas, que son de carácter de empleo o sociales y de otras más, significa que las comunidades autónomas pueden participar también en la gestión o en la
titularidad de esas competencias y, por tanto, al saneamiento del sistema. ¿Contempla la posibilidad de que se puedan incentivar también transferencias de muchas de estas prestaciones que dejan de ser contributivas y sostenidas en exclusiva por el
sistema de la Seguridad Social a las comunidades autónomas como titulares de otras competencias en materia social y en materia de otras prestaciones no contributivas? Esa sería la última duda que querría exponer.


Muchas gracias, señora presidente.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor portavoz, se ha ajustado al tiempo e incluso le ha sobrado un poquito.


A continuación, damos la palabra al portavoz del Grupo Ciudadanos, don Pablo Cambronero Piqueras.

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El señor CAMBRONERO PIQUERAS: Gracias, señora presidenta.


Muchas gracias por su exposición, ministro. Coincido en que ha sido didáctica y que ha sido sencilla, cosa que se agradece en una materia tan técnica como esta. También creo que difiere muy poco de la que se realizó ya en febrero y la vida
ha cambiado notablemente.


Tras escucharle a usted, a la AIReF, al Banco de España y a los agentes sociales, tenemos una idea bastante aproximada del análisis de la situación anterior, también de la situación que estamos viviendo, y de cuál pudiera ser la situación en
un futuro próximo. En primer lugar, destacaré lo obvio. Como usted ha señalado, nos encontramos en una situación muy excepcional. El déficit de la Seguridad Social, que ya era preocupante, hoy se adivina gigante con el COVID Pacto de Toledo ; en
la peor previsión de la AIReF hablamos de que pudiera llegar en breve espacio de tiempo al 5 % del PIB, lo cual sinceramente asusta. Esta situación es, evidentemente, coyuntural, como usted bien ha dicho, pero muestra también la fragilidad
estructural que tiene ya el propio sistema. Esta pandemia, que nos sigue golpeando, va a durar y, además, hunde al sistema aún más. Por lo tanto, creemos que ya no es necesaria una reforma del sistema de Seguridad Social, sino que es urgente e
imprescindible emprenderla. Además, con ello vamos a garantizar los principios que tiene nuestro sistema de pensiones. Todo son incógnitas ahora mismo, ministro. Parece que de su exposición podemos extraer un compromiso inequívoco para cumplir
con las recomendaciones, lo cual nos congratula; es mucho más del que tenemos a veces en el propio seno de la Comisión.


Entro ya en lo concreto. Como he visto que ha puesto especial énfasis en la cotización con ingresos reales de los autónomos, me gustaría que desarrollara un poquito más esa idea, ya que hay muchísimos autónomos preocupados por lo que va a
suceder respecto a su tarifa plana si ahora cotizan por ingresos reales. ¿Cómo va a argumentar eso? Después quiero preguntar abiertamente lo siguiente, y me gustaría una respuesta que no he obtenido en la Comisión a esta pregunta que creo que
sinceramente es importante. ¿Se van a subir o a crear impuestos para abordar esta problemática? Todo apunta a que el Gobierno tiene esto en mente, porque tanto el sector socialista como también Unidas Podemos se han manifestado en ese sentido -así
lo ha hecho el ministro Garzón-. Piense que no es el momento adecuado, en mi opinión, para exigir más sacrificios a los españoles, incluyendo a todas esas familias cuyos niños se enfrentan a una vuelta incierta al cole, con más inseguridades que
certezas, a muchos españoles que están manteniendo sus negocios abiertos con terribles esfuerzos y a otros muchos que han perdido su empleo. Creo que no es el momento más oportuno.


Cierto es también que, en el ámbito de las recomendaciones que previsiblemente van a aprobarse en los trabajos de la Comisión, y digo previsiblemente porque torres más altas han caído, existe un cierto grado de consenso sobre cuestiones tan
importantes como la separación de fuentes en la financiación del sistema de la Seguridad Social, como usted mismo ha mencionado. Las cotizaciones sociales, sobre todo, deben ser destinadas exclusivamente a financiar prestaciones contributivas, y
las no contributivas a través de los Presupuestos Generales del Estado, de las aportaciones del Estado. La recomendación uno creo que es la más importante de todas. Usted también lo ha señalado en su exposición y parece estar completamente de
acuerdo. Yo le pregunto: ¿Tiene intención el ministerio de adoptar esa recomendación y abordar el cambio de sistema de forma inminente, incluso aunque aquí no se diera un acuerdo?


Hay otras dudas que me surgen y, aunque sea un poco apresurado o aventurado por mi parte, tengo que hacerle estas preguntas. ¿Tiene previsto el ministerio aumentar las bases de cotización? No he creído escuchar nada en ese sentido y me
gustaría que lo aclarara. En cuanto al cálculo de la cuantía de la pensión, ¿se va a tener en cuenta toda la vida laboral del trabajador para calcular dicha pensión? ¿Qué opina sobre esta cuestión? Respecto a la edad de jubilación, ha hablado
usted de igualarla, de hacer que estén más equiparadas esas dos edades. ¿Piensa promover la jubilación activa? Así se deducía de su exposición. Su vocación analista nos ha dado muchos datos sobre el tema de las edades de jubilación, pero me
gustaría saber qué medidas tienen ustedes previsto aplicar y, sobre todo, cuándo. También me surgen dudas, y estas ya son políticas, en las que quizá usted no entrará, con respecto al Grupo de Unidas Podemos, que es socio del Gobierno, que, como
todos sabemos, dinamitó el acuerdo en la anterior legislatura y cuya actitud en la negociación muestra que van a presentar algunos votos particulares que pueden incluso afectar a cuestiones que gozan de bastante consenso. Tampoco conocemos cuál va
a ser la postura de VOX, pues no se encontraba en el Congreso en la anterior legislatura, aunque parece detectarse en su portavoz una actitud constructiva, aunque luego llega el momento de la votación y ahí se ve la realidad. Lo que sí que le puedo
comunicar es que mi grupo se compromete con el texto íntegro de las recomendaciones y aunque habría factores que matizaríamos no lo vamos a hacer en aras de conseguir un pronto acuerdo. Pero no vamos a perder el norte. Sabemos que esta Comisión es
no

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legislativa, que tratamos un tema importantísimo y que lo que salga de ella son recomendaciones, que usted puede incluso obviar como ministro, aunque no le recomiendo que lo haga.


Por eso le digo que es el momento de acuerdos, lo está diciendo el Gobierno, lo está diciendo la oposición en esta sede, y muy probablemente y si nada extraño sucede el primero de los grandes acuerdos será en materia de pensiones. Si es
así, ¿cuáles van a ser las líneas de actuación del ministerio? Y si van a ser rápidas.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Pablo.


A continuación, le paso la palabra al portavoz del Grupo Plural, Genís Boadella.


El señor BOADELLA ESTEVE: Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor ministro. Me sumo también al agradecimiento por el rigor y detalle en las presentaciones, que nos hacen mucho más fácil seguir su intervención. Hay que
mencionarlo obligatoriamente.


Estoy totalmente de acuerdo en que estas son las cuestiones que generan más incertidumbre. Se comentaba antes que cuando a uno le cuentas que eres portavoz de la Comisión del Pacto de Toledo la primera pregunta que te hace es que si se va a
poder jubilar o no se va a poder jubilar. Estoy de acuerdo en que este es un problema que preocupa a la gente. Por eso, sin mirar atrás -alguna responsabilidad tendrán los grandes partidos en la generación de esta incertidumbre- y mirando
adelante, quiero recordarle que mi primera intervención en el Pleno del Congreso fue, precisamente, a raíz de la norma que actualizaba las pensiones en el IPC y le decía que estábamos de acuerdo en subir el IPC en las pensiones, pero que nos tendría
que contar usted cómo iba a salvar las diferencias de criterio que existían entre el PSOE y Podemos en esta cuestión. La evolución desde aquel primer Pleno hasta hoy, con su comparecencia, y por las reuniones que hemos tenido, pone de manifiesto
que estas diferencias existen. No sé si ustedes, en clave de Gobierno, han llegado ya a alguna conclusión o a alguna recomendación que permita salvar la discrepancia que hizo que no pudiera llegarse a este acuerdo en legislaturas anteriores.
Igualmente, le reitero también lo que le dije en esa intervención: predisposición máxima. Nosotros vamos a abordar este tema de acuerdo con el legado político que representamos, con responsabilidad, con rigor, comprometidos con el trabajo hecho y
alejados de cualquier populismo. Por tanto, quiero que sepa que en esta cuestión tiene un aliado para hacer un trabajo correcto y digno para las personas que están pendientes de estas cuestiones.


Me ha sorprendido especialmente, y querría una aclaración, la diapositiva relativa a ese cálculo entre 2019 y 2023, en el dosier papeles, la página 13, la aproximación entre los diferentes PIB. Primero, porque todo el análisis se basa en el
2023, y yo me pregunto si no sería mejor hacer un análisis sobre el año 2019, que es un año cerrado ya, y no sobre el 2023, porque no sabremos qué cuentas habrá. Segundo, porque en el análisis hecho en el 2019 la diferencia es de un 1,3 del PIB, y
aplicando los 14 500 millones se pasa al 2 % del PIB; pero el mejor escenario del 2023 es 1,4 del PIB. Me gustaría ver qué fundamento tiene esta evolución al 2023, siendo una previsión tan a largo plazo. Por otro lado, tengo algunas cuestiones
más concretas. Usted apuntaba a una de las recomendaciones, la cotización en base a los ingresos reales, y a trasladar esta intervención de los sistemas de los autónomos, y en diferentes fases ya apuntaba usted diciendo que no genere distorsiones
significativas a la gestión. La experiencia que tienen -yo creo que podemos compartirlo- todos los autónomos, las pequeñas empresas y pymes en la gestión de los ERTE y la gestión de toda la situación de la pandemia precisamente no se ha
caracterizado por esto, por generar pocas distorsiones. Por tanto, estaría bien saber en qué planteamientos se basan estas medidas para ser radicalmente diferentes. Es evidente que estábamos en una situación de pandemia y que había urgencia por
afrontar la situación y que esto puede ser un plan mucho más escalonado, pero sería interesante conocer esta cuestión.


Hay dos colectivos más sobre los que me gustaría hacerle una pregunta concreta al señor ministro. Hay una reivindicación compartida por todos los grupos sobre las personas con largas carreras de cotización, cuya pensión de jubilación se ha
visto perjudicada por esos coeficientes reductores. En muchos casos, es gente que accedió a la jubilación anticipada no por voluntad propia sino porque, como se apuntaba antes, ya no encontraban trabajo y se vieron obligados a acceder con menos
años de los de la edad legal de jubilación. Esa pérdida de pensión en base a esos coeficientes, tal y como está esto configurado, la arrastrarán de por vida. Hay cierto compromiso y consenso entre los grupos para corregir esta situación y me
gustaría saber si por parte del señor ministro también existe este compromiso y cuándo se podría ejecutar.

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Otro colectivo sobre el que me gustaría preguntarle es el de las personas con discapacidad. Se nos apunta la necesidad de una recomendación adicional en el ámbito de las personas con discapacidad, en cuestiones relativas a personas con
menos esperanza de vida o personas con incapacidad permanente, que, igual que otros se plantean la compatibilidad de la jubilación con el trabajo activo, también podrían contribuir trabajando, eliminándose así la litigiosidad que se produce en
relación a estos temas.


Para ir acabando, en cuanto al tema de la jubilación activa y la falta de información, creo que hay algunos inconvenientes. Los requisitos para acceder son bastante estrictos, especialmente en el marco de los autónomos, los autónomos
societarios, los autónomos con plantilla y los autónomos sin plantilla. Por lo tanto, que esta no sea una fórmula de éxito creo que también tiene que ver con su difícil configuración. Quizás la parte más fácil de corregir es la fase de información
que usted señalaba antes. Uno de los problemas que escuchamos día sí y día también es el de la edad avanzada en las plantillas del Instituto Nacional de la Seguridad Social. La falta de información que usted ha apuntado anteriormente, que genera
incertidumbre, se suma a un escenario de oficinas cerradas, oficinas con cita previa, información que ha de ser facilitada por gente que está en el final de su carrera profesional, cuando la formación en todo este ámbito es compleja y cada día va
cambiando. Por tanto, me gustaría saber qué planes tiene el señor ministro para modernizar esta plantilla y hacer que esta información, que es la de primera línea, ya que la gente lo primero que hace es ir a su oficina del INSS, pueda mejorar.


Finalmente, quisiera saber si ha hecho alguna gestión o tiene alguna aproximación en la cuestión de los planes complementarios. Es evidente que el Ministerio de Hacienda tiene un papel relevante, y, como esto apunta a que ha de tener un
cambio radical de enfoque, me gustaría saber si existe algún tipo de aproximación o criterio del Ministerio de Hacienda en esta cuestión.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


A continuación por el Grupo Republicano, tiene la palabra Jordi Salvador.


El señor SALVADOR I DUCH: Buenas tardes, presidenta.


Señor ministro, ha sido muy clara su exposición. Casi nos podría echar una mano a la hora de hacer las recomendaciones, porque a veces son más claras que las nuestras, un poco más farragosas, así que le animo a que nos ayude un poco en la
redacción.


Dicho esto, en el tema del IPC, por ejemplo, pienso tiene que quedar claro que somos una anomalía dentro de Europa. Claramente, las pensiones no están revalorizadas con el IPC como los salarios. Tenemos un índice que hemos visto que es un
auténtico fracaso y pienso que se está tardando mucho tiempo en derogarlo, cuando no sirve para nada.


Dicho esto, vamos a alguna cosa que no me acaba de cuadrar. En cuanto al tema de incentivar la vida activa de los jubilados, hay que enlazarlo con otra anomalía que hay en este país, que es el hecho de que tenemos una tasa de paro de
mayores de cincuenta y dos años muy alta, de gente que no va a volver a trabajar. Si además se sube la edad de jubilación, aún se penaliza mucho más su pensión; pobreza de hoy pobreza y pobreza para mañana. Pero es que además somos los campeones
en paro juvenil; estamos hablando de más del 40 % de paro juvenil. Si encima la gente mayor no se jubila, quizá simplemente habría que profundizar más en este estudio teniendo en cuenta estos dos factores, que también son excepcionales entre los
países de nuestro entorno.


A menudo, como hemos visto hoy con el Grupo Ciudadanos, y también algún otro partido y medios de comunicación, algunos son ciertamente alarmistas en cuanto a la crisis de las pensiones, que consideran que no son sostenibles, con ese
apocalipsis del que llevo oyendo hablar toda la vida, desde el año 1995, cuando se dice que esto se acaba y que no vamos a cobrar las pensiones. Aquí hay un error de base, que usted, ministro, pienso que en parte comparte cuando dice que el sistema
de la Seguridad Social, concretamente el sistema de pensiones, es sostenible y se ha magnificado la mal llamada, a mi modo de ver, crisis del sistema de pensiones. De hecho, no sé si recuerda que la primera vez que fui a su despacho y lo hablamos
-hay gente que llevamos cuatro años en esto- uno de los primeros documentos que presenté decía que había 23 000 millones de euros en gastos que posiblemente eran más que discutibles. Entonces usted me dijo que eran 20 000, y ahora veo que la
cantidad se acerca más a mí cifra que a la que usted me dio, lo cual me alegra, porque no estamos tan de acuerdo. Digo que es una mala crisis porque en el fondo es una crisis de la fiscalidad del Estado español, pero no una crisis del sistema de
pensiones. El sistema de pensiones es tremendamente bueno, es muy bueno, y se puede demostrar con cifras; no está, ni mucho menos, en crisis, como intentaré demostrar. El problema es conceptual, es de

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base. En todo caso, habría una crisis de la fiscalidad del Estado por un modelo productivo muy poco inclinado a la industria y por una legislación laboral tendente a la precarización, al empobrecimiento de la gente, etcétera.


Pero, vayamos al tema que me importa. En el fondo, la Seguridad Social es una caja única en la que han puesto dinero los pensionistas, de tal manera que este dinero no es de los Gobiernos ni del Estado ni de nadie más, sino de los
cotizantes, de los afiliados a la Seguridad Social; y me gusta remarcar el término de afiliación a la Seguridad Social, el de afiliado, cotizante, porque este dinero suyo. Desde hace cuatro años Esquerra Republicana viene denunciando lo que voy a
decir que es expolio de la Seguridad Social, porque para mí ha sido un auténtico expolio de la Seguridad Social, de ese dinero que hemos puesto los afiliados y cotizantes. Lo hemos venido denunciando, y la gente que me conoce dice: Este siempre
está con lo mismo. Pero es que lo mismo no es cualquier cosa, es lo más importante que hay. Y me parece que lo que decíamos ahora además está contrastado con el último informe del Tribunal de Cuentas, el cual habla de 103 000 millones de euros
desde el año 1989 hasta la actualidad que salieron de la caja de la Seguridad Social y que no tenían que haber salido de la caja de la Seguridad Social, algún dinero por gastos impropios y otro, por ejemplo, por el tema de complementos a mínimos,
que asciende a 75 000 millones de euros. Todo este dinero lo hemos pagado los cotizantes para otras partidas necesarias, las hemos sufragado exclusivamente los trabajadores y las trabajadoras, es decir, la gente que cotiza. Incluso, es más
perverso, y aún me calienta más, como decía el compañero Iñaki, cuando encima nos dicen que debemos 55 000 millones por préstamos. Es decir, por un lado, el Tribunal de Cuentas nos dice que hemos pagado de más y, por otro lado, está el tema de los
complementos a mínimos. Hay una deuda histórica que no sabemos a cuánto asciende, pero podría superar el medio millón de euros, y, en cambio, debemos dinero y nos endeudan falsamente a la Seguridad Social, porque es falsamente si tenemos en cuenta
todas estas diapositivas que estoy exponiendo. Incluso, pienso que tampoco es legal, porque el artículo 109 de la Ley General de la Seguridad Social dice que en caso de que no se pueda cubrir se puede hacer por transferencias directas, y no por
endeudamiento.


Dicho esto -y aquí voy a la parte que me parece más importante-, en el año 2000 se crea para todo esto, complementos a mínimos, deuda histórica y lo que pagamos de cosas que no nos son propias, el Fondo de Reserva, lo que la gente comúnmente
llama la hucha de las pensiones. En pocos años, en muy pocos años se llega a un superávit de 80 000 millones de euros; 80 000 millones de euros, poca broma. La cuestión es si esto no pudiera ser automático para que cualquier excedente de lo que
nosotros, los afiliados, pagamos tuviera que ir a una hucha de pensiones precisamente para pagar en los momentos que va mal, y poder pagar lo que había sido previsto en el año 2000, que era pagar a la gente del baby boom, aunque, de hecho, es gente
que ya ha cotizado y ha pagado, con lo cual tenemos la obligación de devolverles el dinero que dieron para pagar las pensiones actuales.


La pregunta que le quiero hacer es más que nada para que se pueda justificar de una vez y acabar con el mito de que el sistema de pensiones está en crisis. No, el sistema de pensiones no solamente no está en crisis, sino que encima ha
sufragado muchos gastos sociales, que no ha sufragado, por ejemplo, la gente que vive de las rentas del trabajo o la gente que tiene altos salarios y paga muy poco en Seguridad Social, etcétera. Y también hay que dar certidumbre a todos los
jubilados que -estoy de acuerdo con usted- están pensando que están en un sistema que es malo. No, no es malo el sistema; algunos han hecho que sea malo. Y la pregunta es: ¿Podríamos tener de una vez por todas el dato de cuánto dinero se hubiera
recaudado si se hubiera hecho el Fondo de Reserva antes del año 1989, de todos los excedentes, de lo que se ha ingresado de más? ¿Dónde ha ido ese dinero que se ha ingresado de más, ha sido para gastos impropios o también ha sido para gastos
propios? En referencia al sistema actual, incluso en los peores años, teniendo en cuenta esos 23 000 millones que como mínimo se pagan, como calculé en los presupuestos de 2017 y 2018, aunque posiblemente podríamos ir mucho más atrás y estaríamos
en cifras similares, pienso que lo mejor es decirles a todos los agoreros del apocalipsis del sistema de pensiones que en los últimos cuarenta años los cotizantes, los trabajadores, los autónomos han aportado mucho dinero a la Seguridad Social, y me
parece que no es de recibo que en estos momentos alguien pueda decir que estamos en crisis o, además, endeudados.


Hace rato que veo encendida la luz roja. Tenía que decir muchísimas más cosas, pero ya tendremos tiempo. Gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias. Es verdad que lleva ya un rato el farolillo rojo, como yo lo llamo, encendido.

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A continuación voy a pasar la palabra a la representante de Unidas Podemos -yo prefiero englobarlo así-, María Pita.


La señora PITA CÁRDENES: Hable usted como quiera, presidenta; yo respondo igual.


Buenas tardes, ministro; se le ve bien. Efectivamente, en su primera comparecencia -allá por el 5 de marzo creo que fue, pocos días antes de que se declarara el estado de alarma- ya decía usted algo que hoy además enfatiza y que nosotros
compartimos absolutamente, y es que el Pacto de Toledo debe dar certezas a las personas pensionistas. En esa línea, en la línea de dar esa certidumbre, hemos firmado un acuerdo de Gobierno de progreso que recoge una serie de propuestas con relación
a las pensiones, que usted conoce perfectamente, muchas de las cuales responden a las reivindicaciones reclamadas por los colectivos de pensionistas. Las voy a repasar rápidamente. En ese acuerdo decíamos actualización de pensiones conforme al IPC
real mediante ley y de forma permanente y aumento del poder adquisitivo de las pensiones mínimas y de las no contributivas; impulsar la reducción de la brecha de género en las pensiones y la revisión de las pensiones de viudedad, garantizando la
igualdad de trato en los casos de parejas sin vínculo matrimonial; garantizar la sostenibilidad y suficiencia, cómo no, del sistema público de pensiones; garantizar el aumento de ingresos de forma estructural, descargando a la Seguridad Social de
esos gastos impropios que acaba de mencionar tan claramente el compañero de Esquerra, asegurando la sostenibilidad del sistema; revisar las bonificaciones de la contratación con el objetivo de reducirlas, garantizando, eso sí, el mantenimiento de
aquellas que contribuyen a la inserción en el mercado laboral de los colectivos de especial vulnerabilidad; revisar el sistema de cobertura de lagunas y determinación de la base reguladora para evitar perjuicios a las personas con carreras
profesionales irregulares y el complemento de maternidad para hacerlo más equitativo y evitar la perpetuación de esos roles de género; y, cómo no, la eliminación del llamado factor de sostenibilidad y el índice de revalorización de pensiones de la
Seguridad Social previsto en la Ley 23/2013. Además, el acuerdo de Gobierno prevé plantear un nuevo Pacto de Toledo a las fuerzas políticas y a los agentes sociales y firmamos también reformas en el sistema de Seguridad Social en el marco del
diálogo social -no puede ser de otra manera- con máxima transparencia para garantizar su sostenibilidad a medio plazo. Eso dice el marco del acuerdo de Gobierno firmado en esta nueva etapa por ese Gobierno de coalición, ese Gobierno de progreso.


Este acuerdo, señor ministro -creo que usted lo sabe, y yo también-, no es algo que se pueda soslayar fácilmente, incluso a pesar -y lo reconocemos- de la posible urgencia por alcanzar un nuevo pacto de Gobierno, porque, este acuerdo no
responde solo a las fuerzas políticas que lo han firmado y que conforman un Gobierno, sino que marca un aire nuevo, marca una nueva tonada, una nueva melodía que no solo hemos escrito las partes firmantes del acuerdo, sino que responde al esfuerzo
de miles y miles de pensionistas y ciudadanos, en general, que han exigido un cambio -un cambio, por Dios- en el tratamiento tradicional de la reforma de la Seguridad Social. Si algo ha generado incertidumbre han sido esas dichosas reformas, por
eso la gente tiene miedo, ese miedo que usted expresaba en su exposición, porque todas estas reformas han ido sembrando el temor y la incertidumbre, porque han ido en detrimento de esas pensiones públicas. Sin embargo, esa generación de
trabajadores y trabajadoras que en los años setenta sacaron a este país de las cavernas es la que ha estado recordándonos que los derechos se conquistan y se defienden. Usted mismo es una expresión de estos nuevos tiempos, de estas nuevas tonadas.
Su ministerio acaba de incorporar una nueva prestación que corresponde a estos nuevos tiempos en que nosotros creemos que estamos y que deben ser los tiempos que den certidumbre y seguridad en el tema que nos ocupa hoy, en el tema de pensiones -casi
nada-, en el tema de la Seguridad Social, y no solo en los contenidos, también en los procedimientos, en la participación política y social a través del diálogo social, y también con la máxima transparencia. En fin, estos acuerdos deben tener para
nosotras, ministro, un reflejo en el actual Pacto de Toledo, fundamentalmente -insisto- porque responden a muchas de las reivindicaciones que los colectivos de pensionistas han venido exigiéndonos insistentemente ante las puertas de este Congreso.
La Seguridad Social -usted lo sabe como nadie- no es un sistema de capitalización, por mucho que lo repitan ciertos sectores y por mucho que alguna autoridad independiente se empeñe en expresarlo. La Seguridad Social es un sistema de reparto, de
solidaridad que constituye ese pilar central del Estado social.


Había un político francés creo que del siglo XIX que decía algo así como que todo está previsto, salvo lo que va a pasar. Llevamos tiempo soportando relatos catastróficos con respecto a la viabilidad del sistema público de pensiones. Son
interesados, son relatos de parte, evidentemente; esos que llaman de libre mercado, esos que a voz en grito nos decían que los mercados se autorregulaban solos, que más

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mercado y menos Estado. Eso nos decían y nos han dicho durante mucho tiempo, pero ahora, en una crisis económica mundial de esta envergadura, como precuela de una crisis sanitaria que todavía venimos padeciendo, hemos visto cómo miran para
el Estado y nos piden inversiones y nos piden ERTE. En definitiva, nos piden más políticas públicas, y es que esta gente cuando no empata, gana; socializan las pérdidas, y los beneficios siempre van a la misma parte. Son los mismos que han
aplaudido con las orejas la fusión de Bankia y de Caixa pero no dicen ni mu sobre los más de veinte mil millones que tiene Bankia todavía en deuda con la ciudadanía de este país, y que además en 2008 también aplaudieron el rescate bancario y se
hicieron los locos con las deudas que dejaron esas entidades en la caja pública. Así que, nosotras estamos un poquito cansadas de que se repita como un mantra que todo es un desastre. Hablan del factor demográfico. Nos obligan a tomar medidas que
rebajen derechos de pensiones, etcétera, porque hay que ajustar el gasto. ¿Es que también va a ser malo que pidamos más para este sistema? ¿Es que es malo que pidamos más? Estamos cansadas de que digan que la generación del baby boom -yo formo
parte de ella- supone una subida del gasto de tres puntos del PIB. Lo acaba de mostrar usted en una de sus transparencias y lo acaba de citar algún compañero más. Estamos en inversión en pensiones por debajo de unos cuantos países de nuestro
entorno. También esa generación del baby boom cotizó a la Seguridad Social y aportó tanto que, como acaba de decir Jordi -y perdón por repetir tanto-, hemos tenido un sistema de Seguridad Social bastante sólido y con superávit hasta el año 2009,
hasta el otro día. En fin, todo les parece malo. Ahora también se complica la cosa por la tasa de reposición, y es que nosotras no hemos parido tanto, y la presidenta ha hecho algún comentario alguna vez desde la Mesa. La AIReF lo ha dicho, y
nosotros lo repetimos: Ahí está la población migrante, que tiene todo el derecho del mundo a regularizarse, y nosotros la defendemos por sus derechos humanos; pero es que además son productivos, nos interesa como país. Pero, en fin, todo, todo
siempre es la catástrofe, siempre ese cansancio, siempre todo metido en esa realidad. La realidad es que, efectivamente, gastamos menos en pensiones que países de nuestro entorno, como Francia y Austria, como los que hemos visto en las
transparencias, y que la Ley General de Seguridad Social prevé que las prestaciones que llaman contributivas puedan financiarse tanto por cuotas como por impuestos.


La señora PRESIDENTA: Tiene que terminar.


La señora PITA CÁRDENES: Termino, presidenta; dos líneas.


Para terminar quiero decir -quíteme si quiere de la segunda intervención- que tenemos un buen margen de mejora en nuestro sistema fiscal y en nuestro mercado de trabajo, un margen enorme para mejorar. En definitiva, nosotros creemos y
defendemos que el texto del Pacto de Toledo debe responder a los enunciados constitucionales y, por tanto, garantizar pensiones adecuadas, actualizadas, suficientes, un sistema de pensiones como instrumento redistributivo y de solidaridad que
permita el desarrollo de una vida digna a la tercera edad. Ministro, en ese camino seguro, seguro que nos vamos a encontrar. La política es el juego o el arte de las mayorías. El consenso es bueno, pero la política es el arte y el juego de las
mayorías y de la confrontación. Aquí estamos.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


A continuación tiene la palabra el representante del Grupo Parlamentario VOX, Pablo Sáez Alonso-Muñumer.


El señor SÁEZ ALONSO-MUÑUMER: Muchas gracias, señora presidenta.


Muchas gracias, señor ministro, por acudir a esta Comisión. Voy a hacer como María, y voy rogar a la presidenta que me deje utilizar mi tiempo total en una sola intervención, y así agilizamos la comparecencia del ministro.


Antes de empezar quiero reafirmar el compromiso de VOX en el mantenimiento de las pensiones, en trabajar para mejorar el sistema y en analizar aquellas reformas que aseguren su viabilidad.


Me gustaría comenzar por la pregunta que entiendo que es clave en el contexto que está trabajando el Pacto de Toledo, y es: ¿Va a exigir la Unión Europea la puesta en marcha de reformas estructurales que supongan una disminución de las
pensiones? Usted sabe perfectamente que fue el PSOE quien en 2011 acordó congelar las pensiones, excepto las mínimas y las no contributivas, y recortó el sueldo de los funcionarios. Ahora estamos en un escenario de aumento del gasto para afrontar
la crisis sanitaria, social y económica, en un contexto en el que España es el país de la Unión Europea donde más ha caído el PIB

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en el segundo trimestre de 2020, una caída del 18,5 %. Con independencia del impacto de la COVID-19, la Unión Europea pide reformas estructurales, ya que España tiene el déficit estructural más alto de la Unión Europea. La Comisión Europea
ha publicado un análisis donde estima el déficit estructural de España en 2019 en el 4 % del producto interior bruto, frente a un 1,1 % de media de la zona euro, y estima que para el año 2021 España cerrará con un 5,2 % de déficit estructural del
producto interior bruto, frente a una media de los países de la zona euro del 2,1 %. En este contexto de déficit estructural que usted conoce perfectamente, vuelvo a reiterar la pregunta: ¿Va a exigir la Unión Europea la puesta en marcha de
reformas estructurales que supongan una disminución en las pensiones? Cuando hablamos de reformas estructurales hablamos de cambios importantes y sustanciales del sistema. Me gustaría saber si en opinión del ministro las recomendaciones incluidas
en el borrador del Pacto de Toledo pueden considerarse reformas estructurales de las cuentas públicas y, por tanto, de la economía española, y también si en su opinión serán consideradas como tales, como reformas estructurales por la Unión Europea.


En segundo lugar, hablaré sobre la separación de fuentes de financiación, asunto que en VOX consideramos muy importante. Me preocupa que desde el Gobierno no se explique bien que traspasar un déficit de una administración a otra no
soluciona el déficit de las cuentas públicas, las cuales deben ser analizadas de una forma consolidada. Me preocupa que no exista un plan de reducción del déficit serio, porque no es serio, señor ministro, que el objetivo de déficit de España para
el año 2019 fuera del 1,3 %, se corrigiera al 2 % y finalmente cerráramos en un 2,83 %, más del doble del estimado inicialmente. Habla el ministro de que el déficit de la Seguridad Social, según el informe que nos dio en el mes de marzo de este
año, que es del 1,29 % del PIB en el 2019, es contable pero no económico. Trasladando este razonamiento, entiendo que usted piensa que entonces el déficit de la Administración central es contable, porque es también 1,3 %, y doblemente económico,
porque entendemos -creo que estaremos de acuerdo- que el déficit total de las administraciones públicas, que ascendió a 35 195 millones de euros en 2019, un 2,83 % del PIB, es un déficit contable pero también económico. También, continuando con su
razonamiento, si atajar el déficit es necesario para eliminar la incertidumbre y visibilizar la solvencia del sistema, ¿piensa el ministro que los déficits continuados del Estado -llevamos registrando déficits continuados desde el año 2008- generan
incertidumbre y visibilizan la insolvencia del Estado? A propósito de este tema, la AIReF hace una estimación -lo ha comentado- de las nuevas transferencias del Estado -también ha planteado usted unos cálculos- que cubrieron un importe superior al
déficit de la Seguridad Social. En 2019 la AIReF hablaba de unas nuevas transferencias de 20 922 millones de euros, frente a un déficit de 16 793 millones de euros. Hemos visto en su presentación que, teniendo en cuenta la evolución de la pirámide
poblacional y consolidadas estas transferencias, los ingresos serán superiores a los gastos en el año 2023. ¿Considera el ministro que también lo serán en el año 2030 y en el año 2050?


Como tercer punto me gustaría hablar de equidad intergeneracional. Me preocupa, señor ministro, que cuando hablamos de equidad intergeneracional no expliquemos a nuestros jóvenes que la deuda del Estado se tiene que pagar y que para que la
misma se reduzca los ingresos tienen que ser superiores a los gastos. Me preocupa que no digamos a los jóvenes que la deuda per cápita en España al cierre del mes de junio de este año asciende a 27 253 euros y que al término de 2008 ascendía a
9511, lo que quiere decir que en este periodo entre 2008 y el segundo trimestre de 2020 se ha multiplicado la deuda per cápita por tres. Se habla en las recomendaciones de recuperar la confianza perdida, pero para eso hay que ser transparentes y
contar a los jóvenes la realidad de la situación de las finanzas públicas, y no parcialmente.


En cuarto lugar, me gustaría saber si el Gobierno tiene la intención de llevar a cabo el traspaso de la gestión de la Seguridad Social al País Vasco. A nuestro entender, este traspaso eliminaría una de las últimas presencias del Estado en
el País Vasco y abriría una brecha en el sistema actual que los nacionalistas tratarán de ensanchar en cada una de las negociaciones con el Gobierno. En VOX consideramos este asunto absolutamente crucial.


Me referiré, en quinto lugar, a los sistemas complementarios. En España más del 30 % de los empleos radican en micropymes sin empleados o con menos de nueve trabajadores, y el 99 % de las empresas, la inmensa mayoría pymes y micropymes, no
tienen un plan de pensiones para sus trabajadores. Nos gustaría conocer su opinión sobre cómo potenciar en el segmento de pymes y micropymes los sistemas complementarios sustentados en el marco de la negociación colectiva. Crear empleo es básico
para asegurar la sostenibilidad del sistema y de las cuentas públicas. La AIReF ha realizado sus estimaciones considerando la convergencia a una tasa de empleo del 80 % y a una tasa de paro próxima al 7 %. Para lograr este escenario, ¿considera el
ministro que el camino es aumentar las cotizaciones sociales o subir

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los impuestos? Eurostat ha informado hace dos días de que, de los países de la Unión Europea, España ha registrado la mayor caída del PIB y del empleo en el segundo trimestre de este año. ¿Considera el ministro que volver a las políticas
del PSOE del año 2011 llevará consigo un aumento del empleo y, por tanto, de los ingresos vía cotizaciones de la Seguridad Social? ¿Lo consideran también aconsejable nuestros socios de la Unión Europea? En VOX consideramos que es el momento de
apoyar a las empresas en su continuidad, en su crecimiento y en el mantenimiento y la creación de empleo.


Termino, señor ministro, como empecé, y es pidiéndole una valoración del riesgo que hay si la Unión Europea nos exige realizar ajustes estructurales en el gasto público que afecten a las pensiones.


Muchísimas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias. Le han quedado en torno a dos minutos para la réplica si luego quiere utilizarlos.


A continuación tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Tomás Cabezón Casas.


El señor CABEZÓN CASAS: Gracias, presidenta.


Ha pasado medio año desde que usted, señor Escrivá, vino a esta Comisión, cuando nos ponía encima de la mesa tres posibles acuerdos de su departamento, entre los que se encontraba el consenso por las pensiones. Usted planteaba un
diagnóstico en aquel momento que se basaba en tres pilares: que la Seguridad Social es solvente, que el aumento del gasto por el envejecimiento demográfico es manejable y que esta Comisión, junto con el diálogo social, es el marco idóneo para dotar
de certidumbre al sistema, algo muy parecido a lo que ha venido a decir hoy en su intervención inicial. Además, proponía una serie de medidas muy en la línea del informe de la AIReF en el que buscaba atajar el déficit contable del sistema, hacer
una separación de fuentes de financiación de gastos impropios, acercar la edad efectiva a la edad legal de jubilación y desarrollar la previsión social complementaria. Seis meses han pasado desde aquello, señor ministro, y hoy ha venido aquí seis
meses después prácticamente con la misma presentación, con un matiz que me he apuntado y es el que dice que no altera el diagnóstico la COVID-19. Es el matiz más significativo de toda su exposición.


Señor Escrivá, aquí estamos seis meses después, y nosotros seis meses trabajando desde la Comisión del Pacto de Toledo. Saben los pensionistas que estamos trabajando y queremos lanzar también un mensaje de certidumbre de que el Partido
Popular está trabajando en este marco, como siempre ha hecho en el marco del Pacto de Toledo. Quiero recordar que el Partido Popular siempre ha apoyado los pactos de Toledo que se han aprobado en este país. Como digo, hemos estado trabajando todo
el mes de julio junto con su director general, al que quiero agradecer su paciencia, y con los portavoces y, en lo que llevamos en el mes de septiembre, ya llevamos cinco reuniones con comparecencias importantes en las que hemos ido trabajando.
Bien es cierto que llevamos trabajando sobre las recomendaciones que se quedaron encima de la mesa en febrero de 2019, pero también es cierto que estamos solicitando información nueva que, si me permite, ministro, sabe que tarda mucho en llegar.
Usted se comprometió a un resumen ejecutivo hace seis meses y esta misma mañana nos ha llegado ese resumen ejecutivo; seis meses para elaborar el informe ejecutivo. En aquella comparecencia se comprometió al informe de Asjubi40, el de las largas
carreras de cotización, y todavía no ha llegado, como tampoco tenemos el grado de cumplimiento del anterior Pacto de Toledo. Por eso digo que estamos solicitando información que, si me permite, como le decía, tarda en llegar, pero también estamos
exigiendo las comparecencias necesarias para poder tomar las mejores decisiones. Por eso agradezco al resto de los grupos que han apoyado las comparecencias que mi grupo solicitó del gobernador del Banco de España, de la AIReF y de los agentes del
diálogo social. Nos parecía imprescindible actualizar los datos, enmarcar el problema al que nos enfrentamos y las repercusiones que podría tener la COVID en el mismo.


Señor ministro, como usted bien sabe, nosotros también habíamos pedido dos comparecencias que nos parecían importantes, la de la ministra de Trabajo y la de la secretaria de Estado de Presupuestos, pero, como le digo, señor Escrivá, no han
sido aceptadas por la Comisión. Se nos ha dicho que la posición que usted hoy traslada aquí va a ser la posición del Gobierno, de las dos almas del Gobierno, por tanto, a partir de ahora espero que las respuestas a las preguntas que le voy a
realizar sean cuál va a ser la posición de Gobierno.


¿Por qué habíamos pedido la comparecencia de la ministra de Trabajo? Por dos motivos importantes y algún otro más. El primero, porque la ministra de Trabajo fue la que se levantó del anterior Pacto de Toledo, que era sobre las
recomendaciones en las que estamos trabajando. ¿Ha vuelto Podemos al marco del acuerdo? La ministra de Trabajo, que tiene mucha repercusión sobre la Seguridad Social, ¿ha vuelto

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al marco de trabajo de las recomendaciones de 2019? Segundo, porque usted en las reformas pretende quitar 3 puntos de las cotizaciones de la Seguridad Social ligadas a políticas activas de empleo y desempleo para pasarlos a contingencias
comunes. ¿Está de acuerdo la ministra Díaz en ese ajuste de quitar de cotizaciones 3 puntos para pasarlos a cotizaciones de contingencias comunes? También nos gustaría saber si se han puesto de acuerdo entre Trabajo y Seguridad Social sobre si
suben o no las bases de cotización máximas, una pretensión histórica de Podemos, y si creen que estas subidas son compatibles con el principio de contributividad y su relación con la pensión máxima.


Con respecto a la ministra de Trabajo, entendíamos que era importante que viniera por la derogación de la reforma laboral. La creación de empleo y tener un mayor número de cotizantes tiene que ser la preocupación de ambos ministerios, por
eso queremos conocer el posicionamiento del Gobierno a este respecto. No entendemos que en un escenario como el que nos encontramos estemos pensando en derogar legislación que facilita la creación de empleo, pues la reforma laboral ha permitido la
creación de miles de puestos de trabajo y también ha ayudado a la recuperación económica. También pedíamos la de la secretaria de Estado de Presupuestos porque, como bien saben, en la recomendación número 1 se indica que en un plazo de cinco años
unos 20 000 millones de gastos de Seguridad Social van a tener que ir a Presupuestos Generales del Estado: el primer año 4000; el segundo, 8000; el tercero, 12 000; el cuarto, 16 000, y el quinto, 20 000. ¿Ya ha empezado las negociaciones con
Montero? ¿Ya le ha dado el OK Montero para que vaya este año en presupuestos? ¿Cuántos millones tiene pensado introducir en el borrador de presupuestos? Cómo va a afrontar el Gobierno este ajuste presupuestario, ¿con subidas de impuestos,
recortando gastos, eliminando ministerios? Nos preocupa también cuál va ser el posicionamiento del Gobierno con respecto a la cotización de ingresos reales. ¿Ya ha negociado con los representantes de los trabajadores autónomos estas medidas?
¿Tiene esos estudios por tramos? Usted ha dicho que iba a haber tramos que iban a tener menores cotizaciones. ¿Lo tienen hecho? ¿Nos lo podrían facilitar para poder tomar decisiones?


Usted sabe, señor ministro, que la COVID está produciendo una caída coyuntural de los ingresos y un incremento estructural del gasto que, sumado a la desactivación de las reformas de 2013, nos está generando un agujero en las cuentas de la
Seguridad Social del 2 %, según nos ha dicho usted, y la AIReF en estos días nos decía que en el mejor escenario era del 3,9 y, en el peor, del 5,1. ¿A qué datos hacemos caso, señor ministro? ¿Nos puede adelantar si el 2 % va a ser el finalmente
la cifra de Seguridad Social? ¿Vamos a tener que pedir nuevos préstamos al Estado para concluir el año? ¿Cómo van los préstamos que se le adjudicaron? ¿Cómo va el gasto de estos fondos? Como digo, en el estudio de la AIReF -usted, como
expresidente de la AIReF, conoce perfectamente este estudio- las nuevas proyecciones de gasto en pensiones en el largo plazo implican una revisión al alza y en el escenario central, con la reforma de 2011 y con el factor de sostenibilidad, el gasto
de pensiones a 2050 pasa del 13,4 al 14,2, casi un punto más, señor ministro. Además, si derogáramos definitivamente el factor de sostenibilidad, estaríamos hablando de un 1 % del PIB. Bajo las propuestas de la AIReF, el gasto en pensiones en 2050
sería ahora del 12, 8, frente al 11,3 que se preveía en el informe de la AIReF en 2019, el 1,5. ¿Usted avala todas estas nuevas previsiones de la AIReF?


Me gustaría no pasar por alto lo que nos trasladó el gobernador del Banco de España son dos ideas fuerza. Advirtió que pasar el déficit de las pensiones al presupuesto del Estado no es de por sí una regla sostenible, que hay que tomar
medidas, que hay que actuar y que si solo trasladamos el déficit conseguiremos poner el contador a cero pero no resolveremos el problema. También pidió que se tuviese en cuenta la equidad intergeneracional de cualquier decisión que se tomase.
Compartimos con el gobernador la idea de que tan importante es hacer sostenible la Seguridad Social como hacer sostenibles nuestras cuentas públicas.


La señora PRESIDENTA: Vaya terminando.


El señor CABEZÓN CASAS: Acabo, señora presidenta.


¿Qué reformas van a poner en marcha para hacer sostenibles las cuentas en su conjunto?


Sistema de previsión complementaria, señor ministro. Apoyamos el desarrollo del factor del segundo pilar, pero no a costa del tercer pilar. Defendemos que el tercer pilar tiene que seguir manteniendo deducciones fiscales. Respecto de las
clases pasivas, ¿qué va a hacer? Tiene una oportunidad para tranquilizar a los funcionarios próximos a la jubilación.


Señor Escrivá, concluyo. Usted está actuando en los últimos meses como si el COVID no hubiese existido, como si no afectara al mercado de trabajo, con esas referencias que nos ha hecho en sus

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diapositivas al desempleo y a las pensiones, y esto sabe que no es así, sabe perfectamente que está totalmente unido. Le pedimos mano tendida, le pedimos máxima colaboración, queremos llegar a acuerdos, pero, señor ministro, usted lo decía
ayer respondiendo a un compañero: el que mucho corre, tropieza. Estamos trabajando para alcanzar acuerdos, lo estamos demostrando. No corra o volverá a tropezar. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, Tomás.


Continuamos. Para rematar este turno de portavoces, tiene la palabra Gema López Somoza, que es la portavoz adjunta del Grupo Socialista.


La señora LÓPEZ SOMOZA: Gracias, presidenta.


Ministro, muchas gracias por su intervención. Aprovecho para felicitarle en nombre del Grupo Parlamentario Socialista por su comparecencia en esta Comisión del Pacto de Toledo, donde una vez más se pone de relieve y de manifiesto la
importancia que tiene para este Gobierno progresista el sistema público de pensiones. Es un sistema que tiene en el consenso, pero también en la unidad, en la cooperación y en el diálogo de todas las fuerzas políticas su primer peldaño. La verdad
es que después de escuchar al ministro se queda uno más tranquilo. Ha sido una exposición -y algunos portavoces ya lo han mencionado- detallada y rigurosa, basada y argumentada en la propia evidencia de los datos, que ponen de manifiesto la propia
sostenibilidad del sistema, como nos ha comentado el ministro. Para mi grupo parlamentario -creo que hablo en nombre del resto de los grupos, quiero pensar que es así- es prioritario generar certidumbre en el sistema. Ello supone tener muy
presente la necesaria adecuación y la suficiencia dentro del sistema, el equilibrio presupuestario y su sostenibilidad. En ese sentido, señor ministro, me gustaría trasladarle una reflexión que nos llega, como seguramente a usted también le habrá
llegado, a través del diálogo con los distintos agentes sociales, para que nos hable de ello en su segunda intervención, ¿Cómo vamos a cumplir con el compromiso que tiene este Gobierno progresista de revalorizar las pensiones? Hablo del IPC. Usted
ha apuntado algo en su intervención, pero me gustaría saber en qué términos se va a producir y sobre todo el impacto que pueda tener a nivel europeo la revalorización de las pensiones con el IPC. Nos preocupa -y se ha referido a ello en su
intervención- el déficit y las medidas que se van a llevar a cabo para su reducción. Nos gustaría conocer en qué periodo se van a plantear estas medidas y si vamos a alcanzar este objetivo a lo largo de esta legislatura.


Una de las últimas cuestiones que se nos plantean es la necesidad de terminar con la utilización de los préstamos para poder hacer frente al gasto de las pensiones. Hablaba también de los gastos impropios. Es muy importante decir que no
podemos destinar el dinero de las pensiones que va dirigido a sufragarlas a reducciones de cotización, por ejemplo. Nos gustaría saber el impacto que podría tener en las cuentas del Estado trasladar estos 20 000 millones de euros que cifra la AIReF
como gastos impropios de la Seguridad Social.


Hablábamos de la certidumbre. Nosotros estamos completamente convencidos de que el sistema de pensiones es claramente sostenible -así lo ha argumentado el ministro durante toda su intervención-, frente a algunos sectores que intentan
trasladar una cierta sensación de incertidumbre y de alarma social basada únicamente en falsedades. Aquí hay un mensaje claro: el sistema es sostenible, hay recursos y habrá pensiones. Hablábamos del mercado laboral. Por cierto, una pequeña
puntualización, señor Cabezón: Gobierno solo hay uno, el Gobierno de España solo es uno. Está claro que el mercado laboral es clave para el sistema de pensiones. Las cotizaciones, es decir, el esfuerzo que están realizando los trabajadores,
durante más de cuarenta años muchos de ellos -hablo de aquellos a los que se aplica el coeficiente reductor-, han permitido construir la solidez del sistema de pensiones, pero también tenemos una obligación los poderes públicos, que es garantizar un
trabajo digno, un salario digno y, por supuesto, unas condiciones laborales dignas.


Me estoy liando un poco con la lucecita, no sé cuánto tiempo me queda, pero voy finalizando.


La señora PRESIDENTA: Es que yo no controlo el aparato, se me ha ido el letrado y me he perdido, pero he ido contando en el móvil y quedan como dos minutos y treinta y cuatro segundos.


La señora LÓPEZ SOMOZA: Voy a finalizar poniendo de manifiesto la firme voluntad que tiene el Grupo Socialista de llegar a un acuerdo con unas recomendaciones de las que partimos desde 2019 y en las que venimos trabajando y analizando y que
hemos visto que son factibles desde mediados de junio, pero es necesario el consenso, el diálogo, la unidad y la cooperación, y sobre todo hay que hacerlo cuanto

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antes, tenemos que dar seguridad y certeza a los pensionistas y a todos los ciudadanos, que son los que nos están mirando.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias. Le ha sobrado a usted un minuto y medio, más o menos.


A continuación, ya concluido el turno de portavoces, tiene de nuevo la palabra el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el señor Escrivá, para contestar a sus preguntas o sugerencias. Gracias.


El señor MINISTRO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES (Escrivá Belmonte): Gracias, presidenta.


Señorías, una primera observación que me han planteado varios de ustedes y quizá es el resultado de la falta de experiencia en Gobiernos de coalición. Yo no entendería que hubiera aquí otro ministro contestando sobre cuestiones que son de
mi competencia. Eso es lo que ocurre en cualquier Gobierno, y mira que hay Gobiernos de coalición por el mundo. Yo respondo en nombre de todo el Gobierno de todos los temas que son competencia de este ministerio, y obviamente los que estamos
discutiendo aquí son los temas de mi competencia. Pero no solamente eso, sino que, además, en un tema de tanta relevancia, yo he planteado una serie de líneas de actuación bastante más concretas, señor Cabezón, de las de hace unos meses, y eso a
pesar de que ha habido una pandemia. ¿La Seguridad Social y el Ministerio de Inclusión han tenido algo de trabajo con esta pandemia o no? ¿O nosotros hemos estado dedicados a otras cosas durante estos meses? A lo mejor hemos estado dedicados a
proteger las rentas de todos los trabajadores de este país, a sacar decretos-leyes, a sacar nuevas normas y a sacar el ingreso mínimo vital durante todos estos meses. (Aplausos). A lo mejor los mismos funcionarios que han estado haciendo todos
esos decretos y pagando todas esas prestaciones son los mismos que tienen que hacer las normas. A pesar de eso, si usted compara la presentación del mes de marzo y la de ahora, verá que las líneas de actuación están bastante más explicitadas en la
medida en la cual podemos llegar hasta el punto que podemos llegar, porque esto es como un tema circular. Es decir, nosotros tenemos que esperar a que el Pacto de Toledo llegue a un acuerdo y nos diga exactamente qué recomendaciones tenemos que
seguir. Por tanto, podemos llegar hasta donde podemos llegar. En este tema el Gobierno ha decidido que va a legislar una vez que esté encima de la mesa el acuerdo del Pacto de Toledo. Por tanto, el grado de concreción al que yo puedo llegar es el
que es, a la espera de que ustedes lleguen a un consenso y nosotros podamos entonces ir más allá. Las líneas de actuación son mucho más explícitas en muchos de los aspectos, y usted además quiere que sean todavía más explícitas, pero cuando ustedes
lleguen a un acuerdo, que deseo sea lo antes posible, espero que nosotros podamos movernos más allá. Por eso me parece que esto es un tema circular. Lleguen al acuerdo y entonces empezaremos a presentarles las normas en cuestión.


Volviendo al asunto que nos ocupa, obviamente que en un tema de esta naturaleza y en las líneas de actuación que yo he presentado esto se ha discutido en los órganos colectivos del Gobierno, como no podría ser de otra forma, y especialmente
con mucho detalle en la Comisión Delegada de Asuntos Económicos y en el propio Consejo de Ministros. Con independencia de que estos sean los temas de mi competencia, el Gobierno tiene órganos colectivos de decisión donde todos los temas se han
discutido y examinado y existe un pacto de Gobierno en la coalición que incide sobre todos estos temas en los términos que la diputada ha planteado. El marco creo que es bastante claro y no creo que requiera más explicaciones.


Otra cosa distinta, que me da la sensación de que es el error que se ha cometido en el pasado, es intentar sobrecargar este debate con debates de otra naturaleza. Cuando uno sobrecarga este debate con temas que son de otra naturaleza es
cuando el tema se dilata, se complica y generamos incertidumbre. Obviamente -con esto contesto a un tema que se ha planteado desde distintos grupos- que España tiene un problema de déficit público y efectivamente tiene que abordarse exhaustivamente
en las comisiones de Hacienda y Presupuestos, que son las responsables de este asunto. Ahí será donde tendrán que discutirse entre los distintos grupos los presupuestos. En cuanto a los compromisos y los planes presupuestarios a medio plazo, el
Gobierno ya presentó uno en febrero ante las autoridades europeas, que establecían una senda de déficit público que es conocida, y después llegó la pandemia. Ahora hablaremos de la pandemia y si sus efectos son transitorios o no, pero ese es el
ámbito en el que hay que discutir.


Precisamente el haber entremezclado la Seguridad Social y sus sistemas de financiación con políticas públicas que se han financiado por esta vía es lo que ha generado este problema. Es extraordinariamente

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deseable que el déficit público se contabilice y emerja exactamente allí donde se genera y al mismo tiempo donde existan palancas de actuación. Que el déficit público haya emergido en una parte muy importante -lo hemos discutido aquí, es
una de las recomendaciones en las que todos estamos de acuerdo; esto me parece un poco circular-, si todos estamos de acuerdo en que existe un porcentaje de gastos impropios altísimo en la Seguridad Social que nos lleva a una situación de
desequilibrio presupuestario, quiere decir que el déficit está en otro sitio, y efectivamente está. No se trata de cambiar el déficit de un sitio a otro. No, vamos a ponerlo donde tiene que estar y donde tiene que visualizarse para que el debate
sea allí y no aquí, para que el debate sea donde tiene que ser y sobre los instrumentos que tienen que ser. A mí no me parece muy útil hablar aquí de impuestos porque los impuestos son responsabilidad de otros ministerios y tienen que incidir en la
cobertura general de déficit público. Podría yo hablar aquí del déficit público, pero me parece que no es el sitio donde tenemos que tener un debate exhaustivo en ningún caso. Efectivamente, España tiene un problema de déficit público, un problema
de deuda pública. Hay que establecer sendas de convergencia a niveles de deuda más sostenibles, el Gobierno se comprometió antes de ello con las autoridades europeas y planteó una senda. Esa senda, aquí y en todos los países de Europa, y todas las
reglas fiscales están en suspenso mientras tengamos la pandemia, y cuando se aclare el panorama veremos cuál ha sido la naturaleza y el tamaño del impacto, que no sabemos nadie cuál va a ser todavía en 2020 y 2021. La incertidumbre sigue siendo muy
grande, porque una vacuna tres meses o cuatro meses antes o cuatro meses después de efectos plenos cambia mucho las cosas, y tenemos que ser conscientes todos. Al mismo tiempo, existe la convicción de que estamos ante una perturbación de naturaleza
temporal, aunque de impacto incierto. Sobre esto existe consenso entre los organismos internacionales. Por tanto, destacar las caídas del PIB del segundo trimestre e intentar amplificarlas, cuando tienen que ver con lo que tienen que ver y tienen
el impacto que tienen y en los canales que lo tienen, es poco útil en este debate, siendo un tema extraordinariamente relevante a efectos de gestión en otros ámbitos que podemos discutir, como obviamente puede ser cómo respondemos desde el punto de
vista del corto plazo.


Hay un debate interesante que ha emergido aquí y es si esto tiene efectos perdurables o no. Yo creo que no. Me da la sensación de que va a depender de la persistencia y la duración de la situación, pero en la medida en la que podamos
volver a una situación de normalidad, no creo que se vaya a producir un cambio. No lo creo yo y es una posición dominante, y sobre todo es una posición de los mercados. Cuando ves las primas de riesgo o la evolución de las bolsas, todos aquellos
que miran esto, que lo analizan y lo tienen que cotizar en precios en los mercados tienden a pensar en esa dimensión temporal, aunque persistente, del coronavirus. A lo mejor no es así, pero esa es la posición dominante en este momento, que los
efectos estructurales sobre la economía son en todo caso limitados. Y eso es lo que es relevante para este debate. Lo relevante para este debate -y es lo que he intentado explicar- es que ese debe ser el escenario central, porque es el que genera
más consenso y es el que se deriva de la extracción de información, como hacemos los economistas, de muchas fuentes de información. Aquí podemos tener un debate sobre este asunto, pero me parece que nuestros debates tienen que ser sobre otras
cosas. Nuestros debates tienen que ser, por ejemplo, para profundizar más sobre qué hacer con aquellos jubilados con periodos de cotización de más de cuarenta años, buscar alguna solución y ver cómo tratarles. Ese es el tipo de cosas que aquí son
centrales. Obviamente, también tenemos que hablar más del sistema complementario de pensiones. Sin embargo, hablar del déficit público es muy relevante, pero en la medida que trufemos el debate con estos elementos no estaremos ayudando a los
pensionistas, porque son elementos relativamente ortogonales y ajenos a este debate. Y creo que hay acuerdo en las recomendaciones tal y como están sobre que esto es así. Por tanto, es un tema más de focalización del debate.


Sobre los gastos impropios, a mí me cuesta mucho hacer una gradación. Quizá la única gradación que quería hacer y que he planteado es poner los gastos de funcionamiento de la Seguridad Social al final porque, yendo a la experiencia de otros
países, es lo que puede generar alguna discusión mayor. En cualquier caso, eso lo veremos en cuanto el Pacto de Toledo llegue a un acuerdo. Por eso, a nosotros nos parece que es deseable hacerlo lo antes posible para que en los Presupuestos
Generales del Estado del año que viene ya demos una señal a los pensionistas de que vamos corrigiendo esa brecha lo más rápidamente posible. Por eso, es deseable que ustedes se pongan de acuerdo, que se llegue a ese consenso y, a continuación,
nosotros podamos empezar a recogerlo en los presupuestos. Lógicamente, como no puede ser de otra manera, empezaríamos con los presupuestos del año 2021 y nuestro objetivo es corregir esta situación de gastos impropios en esta legislatura. En
cuanto al ritmo, el ritmo lo podemos

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ir discutiendo, pero lo importante, insisto, es que haya acuerdo para que nosotros podamos inmediatamente empezar a reflejar en estos presupuestos lo que ustedes nos han recomendado. Por eso, esta circularidad en la discusión me parece que
debe quedar clara.


Ya he contestado a la señora Oramas a la cuestión que me ha planteado sobre las personas que han cotizado más de cuarenta años. En ese tema se ponen de manifiesto algunas inequidades que existen dentro del sistema y que tienen que ver con
los coeficientes reductores, por invito al Pacto de Toledo a que precisen más este elemento para que nosotros tengamos mayor concreción a la hora de legislar posteriormente. Esa es una opción que hay abierta. Si no lo hacen, nosotros abordaremos
el tema cuando tengamos que abordarlo y buscaremos una solución, y así lo hemos hablado con los colectivos. Me ha preguntado también por el ingreso mínimo vital, y después ha salido un tema del señor Ruiz de Pinedo que está vinculado a esto.
Nuestra idea es que el ingreso mínimo vital es una prestación mucho más moderna, focalizada y eficaz para la redistribución de rentas que todas las que existen hasta ahora. Cuando uno analiza el carácter redistributivo de prestaciones de desempleo
que hay en España o incluso de pensiones no contributivas, vemos que son relativamente mejorables -dejémoslo ahí-, con lo cual nuestra intención es, primero, vamos a consolidar el ingreso mínimo vital, que es un cambio estructural extraordinario. Y
nuestro objetivo es, sobre esa base y sobre ese elemento, ir componiendo más piezas en el futuro que vayan extendiendo el pilar de protección social sobre bases más modernas, centradas en unidades de convivencia, no en individuos, mirando la renta y
diferenciando mucho por tipología de hogar -cosa que no siempre ocurre-, mirando las condiciones específicas de activación en el mercado laboral, en definitiva, porque no quiero repetirme, teniendo en cuenta todos aquellos elementos nuevos que
incorpora el ingreso mínimo vital, pero que en una parte importante son extensibles y encajables en otras prestaciones. Pero ya es suficiente tarea en este momento abordar el arranque del ingreso mínimo vital para que en nuestro diseño pensáramos
en el encaje y la integración de piezas adicionales de prestaciones que en este momento existen en el ámbito del desempleo, de las pensiones no contributivas o de las ayudas a las personas con minusvalías. Esto se puede ir haciendo progresivamente
en el tiempo y ese es el objetivo. Tenemos un sistema de protección social en España, pero esto nos lo han recomendado los organismos internacionales y emerge en todas las estadísticas de una forma bastante notoria. Tenemos un nivel de gasto no
muy alto en comparación con otros países, pero además gastamos de una forma poco focalizada y con poca eficacia, con lo cual el margen de recorrido aquí afortunadamente es grande.


Vuelvo a lo que ha planteado el diputado Ruiz de Pinedo. Lo que no debemos hacer es sobrecargar de nuevo el debate sobre el sistema de pensiones. Obviamente que hay un problema de funcionamiento del mercado de trabajo, hay un problema
claro de paro estructural en personas con edades muy elevadas a las que les cuesta volver al mercado de trabajo como resultado de un cambio tecnológico; esto está muy estudiado. Lo que hay que hacer son prestaciones específicas mejor diseñadas que
ahora para abordar ese problema y que nadie se quede atrás cuando tienen ese tipo de situaciones, como ha ocurrido ahora. Pero no intentemos, como ha ocurrido hasta ahora, pagarlo con las contribuciones sociales. Ese es el error. Ahí los poderes
públicos y el Parlamento en su conjunto tienen que ir mejorando el sistema de protección social y tienen que ser mucho más rápidos a la hora de identificar colectivos que se ven afectados por la globalización, pero sobre todo por el cambio
tecnológico -estoy de acuerdo- y ser más rápidos a la hora de no aceptar que estas situaciones lleven a derivas de marginalidad y de pobreza. Ya hay un cierto consenso creciente a nivel internacional sobre que las sociedades en las que vivimos no
han atendido suficientemente este problema, no hemos sido suficientemente empáticos o directos a la hora de ver estos colectivos que se van quedando atrás. Pero estudiar qué ocurre mientras no lleguen a la edad de jubilación, mientras estén en
situación de ser activos considero que es un debate que no corresponde aquí. En la medida en que el debate ya es suficientemente complejo, si introducimos más elementos, de nuevo generamos incertidumbre, porque la gente no lo entiende bien. A los
pensionistas hay que ir con una cosa mucho más acotada y mucho más simple que vaya a su problema. Si les añadimos todas estas discusiones, aunque son superrelevantes e interesantes, creo que no les hacemos un favor. Concretamente en ese terreno
creo que nuestras sociedades tienen el problema de que no tenemos bien diseñado el sistema de prestación ni tampoco las políticas activas de empleo y los mecanismos de recuperación y activación que, efectivamente, a veces son limitados, o
instrumentos como los ERTE, si me apuran, donde hay implícito un cierto subsidio del salario durante un cierto tiempo cuando el problema surge de una situación de insuficiencia transitoria de demanda. Todos estos son temas muy importantes y
relevantes que nos llevaría mucho tiempo discutir, pero creo que, en la medida en que los intentamos presentar como centrales en el debate que tenemos aquí, nos alejan del objetivo que tenemos todos.

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Ha hablado sobre pensiones, por ejemplo, de pensiones mínimas. Efectivamente, ahí hay problemas. El objetivo de ir haciendo crecer las pensiones mínimas es un objetivo deseable porque creo que una cierta progresividad del sistema de
pensiones es justificable con argumentos, hay estudios suficientes para justificarlo y, por lo tanto, no puedo estar más de acuerdo. También me han hecho preguntas sobre qué vamos hacer con las bases de cotización. En este momento, cuando estamos
en medio de la pandemia, las prioridades han cambiado, seguirá así en el año 2020 y probablemente también en el 2021. Por tanto, ahora nuestros objetivos en decisiones de corto plazo tienen que estar orientados a que la parte de los agentes
económicos -empresas y trabajadores- más afectados por la crisis estén a un nivel de protección lo más alto posible. En la medida en que haya políticas que puedan ir en la otra dirección, claramente entrarán en suspenso, como han entrado en
suspenso las reglas fiscales y como estamos en una situación de interinidad en muchos otros aspectos.


Ha habido varias preguntas sobre una cuestión, a la que paso a referirme. Yo no conozco con todo el detalle las presentaciones o discusiones previas que se han hecho aquí, conozco los estudios. En general lo que sugiero, una cosa que me
parece deseable, es que cuando se hacen análisis -en este tema de pensiones hay distintos análisis que se han hecho- ustedes intenten mirar la explicitud de las metodologías y de los supuestos, intenten ver cómo están explicados, porque yo he tenido
que examinar muchos análisis y previsiones en el pasado y me he encontrado con que muchos tienen un cierto grado de opacidad sobre los supuestos que subyacen. Por tanto, es muy importante ver exactamente a qué obedecen, sobre todo cuando se
producen cambios en los resultados. Hay una tendencia en la previsión económica que creo que es inevitable pero que es indeseable, que es introducir ciclicidad en las proyecciones de largo plazo, y eso lo hemos visto, por ejemplo, en las
proyecciones migratorias o en las poblacionales. Las proyecciones poblacionales a cincuenta años vista cambian por movimientos en un año del flujo migratorio, que además esto puede tener un efecto irregular o una crisis transitoria. Pero los
instrumentos que utilizamos los economistas para proyectar a veces son sensibles a los resultados de corto plazo y aunque los queremos limpiar y eliminar no siempre es posible. Mi tendencia personal en la vida profesional es pensar que cualquier
cambio que se produce en las proyecciones en medio de un shock de la naturaleza del coronavirus puede estar afectado justamente por elementos transitorios y, por tanto, es muy importante ver metodológicamente a qué se ha debido, si se ha debido a
que me ha cambiado el dato, pero el dato se va a corregir. Es decir, los modelos son sensibles a eso. Por tanto, yo tendería a descontar actualizaciones de estimaciones que incorporen los datos más recientes, que están particularmente
distorsionados por el coronavirus porque pueden afectar a tendencias de muy largo plazo.


La previsión del 2 % de déficit -ya que estamos hablando de proyecciones- obviamente es la mejor proyección que tenemos en estos momentos. La Seguridad Social -y eso lo puedo decir quizá por mi labor anterior- ha tenido muy buena capacidad
de predicción de su déficit durante los últimos años, y eso es así porque lo tiene más fácil que otras administraciones sobre todo en la parte de gastos, que está bastante predeterminada. La parte de ingresos tiene más que ver con el ciclo
económico, pero ya a la altura que estamos del año creo que el nivel de error no puede ser muy alto. Por tanto, la proyección del 2 % creo que es bastante acertada. Otra cosa distinta es la incertidumbre que pueda haber sobre qué parte de todas
las políticas discrecionales se van a financiar por el Estado. Entiendo que ahí tiene que estar la diferencia. Como he explicado, la Administración central va a financiar todas las políticas discrecionales y no contributivas que se han tomado
durante la pandemia y que todavía quedan por desarrollar en el último trimestre del año. Algún elemento de incertidumbre puede haber que nos haga cambiar alguna décima, pero realmente va a tener más que ver con la evolución de los ingresos per se,
porque si durante el último trimestre tuviéramos gastos distintos de los previstos, por ejemplo en la prolongación de los ERTE o en la prestación de autónomos, esos ajustes serían asumidos por la Administración central. Por tanto, en este momento
no puedo dar una cifra cerrada sobre eso porque va a depender de nuevo de que estamos en un proceso en el que las políticas discrecionales que nosotros desarrollamos tienen todavía un elemento de incertidumbre más allá de 2021. Curiosamente,
mientras tenemos una incertidumbre relativamente grande en el corto plazo, digamos en el cierre de 2020 y de 2021, creo que se reduce la incertidumbre a partir de 2022 y 2023, en la medida en que uno cree que para entonces -y es lo que creen los
mercados y los organismos internacionales- ya estaríamos en una situación de cierta normalidad. Nos encontramos en una situación anómala porque normalmente la incertidumbre se va abriendo según nos alejamos en el tiempo. Esta vez no es así, al
menos en el primer año y medio. Después ya se reduciría y posteriormente se vuelve a abrir la incertidumbre en proyecciones hasta el año 2050. Cualquier proyección creo que está sometida a la incertidumbre. Eso es difícil de

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comunicar. Yo he presentado ahí bandas, aunque hay un punto central y he puesto el 1,4. Es decir, ¿cuál va a ser el déficit en el año 2023? Está sometido a un cierto error, ahí hay unas bandas. A veces al comunicar nos ponemos en el
punto central, pero es posible que eso se pueda mover por algunos elementos que en estos momentos no conocemos o que son muy difíciles de proyectar.


El señor Sáez me ha hecho una pregunta sobre Europa y sobre las reformas estructurales. El Gobierno cree, y así lo va a presentar ante las autoridades europeas, que el acuerdo del Pacto de Toledo y los desarrollos posteriores son una
reforma estructural, en el sentido de que, frente a una situación como la actual, donde existe una gran incertidumbre sobre cómo se van a revalorizar las pensiones cada año y sobre cuál es el marco de partida, vamos a establecer un marco que
nosotros creemos que es mucho más sostenible, más consensuado y más homologable que el que había antes. De hecho, a veces uno piensa que puede ganar credibilidad -y esto lo hemos vivido en distintos ámbitos- diciendo que va a hacer un ajuste
enorme, me voy a cortar un brazo -un poco exagerando-. Esto lo he vivido, hay una tendencia a pensar que haciendo grandes sacrificios o sacrificios muy visibles ahora y que tienen que ser sostenibles en el tiempo, uno gana credibilidad en términos
de austeridad y de rigor. Eso no funciona, porque realmente desde el primer asunto se sabe que eso no es sostenible, y ese es el problema que ha habido con el IRP. Por eso no fue una reforma estructural, sino algo que dañó la credibilidad del
sistema, porque no era creíble que eso uno lo pudiera mantener y que fuera a llevar una desvalorización de las pensiones como la que se planteaba. Ese es el problema que hay. Por eso sí que una reforma bien construida, con todos los elementos
integrados, consistente y comprensiva tiene la categoría de reforma estructural, y yo creo que se va a poder explicar y discutir con las autoridades europeas en la medida en que vamos a discutir distintos ámbitos de las actuaciones que tiene el
Gobierno a medio plazo sin ninguna dificultad. Yo no veo que el acuerdo que se alcance aquí en el Pacto de Toledo, con las recomendaciones que hay y lo que implica eso a su vez en términos de despliegue normativo al que yo me he querido centrar,
nos lleve en ninguna dirección.


Se me ha preguntado también por el tema de los inmuebles. Yo creo que son cuestiones complejas, igual que los cálculos que me plantea desde Esquerra el señor Salvador. Podemos darle una vuelta, pero me parece a mí que son temas
metodológicamente complicados. En el tema de los inmuebles podemos echar un vistazo a cuál es la situación. De todas formas lo que yo estoy viendo es que en la medida en que muchos de los inmuebles tienen un grado de obsolescencia grande o incluso
están haciendo nuevos hospitales, etcétera, termina siendo un tema que va como agotándose en el tiempo, es decir, no creo que en ese tema una actuación en ese sentido nos vaya a hacer cambiar el panorama en que nos movemos aquí y que tenga un
impacto importante. Además, cada inmueble tiene una problemática distinta. Yo he tenido oportunidad de ver alguna casuística sobre este asunto y la verdad, no sé, no me parece que sea el tema.


Ha habido preguntas sobre el asunto de los autónomos. Hemos convocado a los autónomos para la semana que viene, nos parecía que era deseable primero anticiparlo aquí. El borrador de la recomendación está, es conocido desde hace tiempo y,
por tanto, nos parecía que era bueno avanzar aquí algunas líneas de lo que estamos trabajando. No sé si puedo dar más detalles en el siguiente sentido. Por ejemplo, si nos vamos a un modelo de tramos frente al modelo actual de tramo único por
abajo y después cotización según ingresos, es algo que probablemente debiéramos hablar con los propios autónomos. Yo creo que hasta que no hablemos con el propio sector -y no lo hemos hablado- de algunas especificaciones técnicas, no creo que
nosotros podamos ser más explícitos avanzando aquí, en el entendimiento de que no queremos crearles a ellos ningún problema de gestión. Sabemos que los autónomos, por ejemplo, tienen ya un flujo de información permanente potencial con nosotros cada
trimestre, porque tienen la posibilidad de actualizar su base de cotización, pero también sabemos que la tienen con la Agencia Tributaria en otros temas. Si en ese sistema actual de flujo trimestral pudiésemos incorporar alguno de los elementos del
sistema, probablemente por ahí podríamos avanzar en un sistema que es más complejo que el actual, pero que al final da más opciones a los autónomos y permite que efectivamente estén más homologados sobre todo en prestaciones con el resto de los
colectivos.


Tengo aquí apuntadas algunas otras preguntas que me han ido haciendo. Por ejemplo, ¿cuándo se aplicarán medidas legislativas? Es que los muchos cuándo que me han planteado ustedes tienen que ver con esta circularidad. ¿Cuándo? Cuando el
Pacto de Toledo, cuando ustedes lleguen a un acuerdo, se genere el consenso y llegue al Pleno. Entonces nosotros, con el Pacto de Toledo encima de la mesa, con las recomendaciones ya cerradas y explicitadas, podremos ser más precisos en el
despliegue legislativo. Yo creo que tiene que ser una aspiración de todos que no pase un año más en que llegue el 1 de enero y dependa de una decisión puntual y específica en ese año y solo para ese año la revalorización de las

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pensiones. Esto es lo que tenemos que evitar, o seguir emergiendo un déficit que no responde a la realidad -como creo que hay consenso entre nosotros- porque no hemos ido introduciendo en los presupuestos del Estado este reajuste de
ingresos y gastos, de gastos impropios que estamos diciendo aquí. Yo creo que debemos evitar eso y, por tanto, el calendario que deberíamos marcarnos es que no vuelva a ocurrir eso el año que viene. Para eso tenemos los Presupuestos Generales del
Estado. Nosotros podemos introducir algunos de los elementos y después, obviamente, las cosas que plantean las recomendaciones derivan hacia cambios en la Ley General de la Seguridad Social. Ese es el proceso. Nosotros estamos trabajando para
estar preparados y, si las recomendaciones se sustancian finalmente en esta dirección, poder llevar lo antes posible a la Cámara esos cambios. Yo ya he anticipado por dónde van, algunos son incluso evidentes viendo las recomendaciones, y en otros
las recomendaciones dejan más espacio para que nosotros los concretemos, y lo concretaremos en cuanto eso se sustancie. Luego, cuanto antes esto esté acordado, antes nos podremos mover. Tenemos la doble vía de que hay algunas cosas que pueden
encajar dentro de los Presupuestos Generales del Estado, tendríamos que verlo, y otras, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los gastos impropios, que evidentemente afecta a otras administraciones y hay que ajustar cosas, o la propia
revalorización. Ahora bien, en la regla de la revalorización el consenso tiene que ir más allá de lo que son los Presupuestos Generales del Estado, pero podemos estudiar qué puede ir en un sitio o qué puede ir en otro, es decir, en función de las
urgencias y de las necesidades de despejar incertidumbre. Yo creo que ese es un punto en el que podremos discutir y ponernos de acuerdo. Por eso cuando veo muchas de estas preguntas, la verdad es que me da la sensación de que tengo que devolverles
la pelota en alguna medida, sinceramente, y tengo unas cuantas aquí apuntadas de ese tipo.


Se ha hablado también -y eso sí que me parece importante- de la Seguridad Social y de la modernización de la plantilla, que yo creo que es algo que no es necesariamente central en relación con esto, pero efectivamente la cifra que se ha dado
sobre la edad media de los funcionarios de la Seguridad Social es así, es una edad extraordinariamente alta, y hay un problema evidente en el futuro que nosotros estamos abordando ya con la creación de nuevas plazas justo a finales de julio, y en
los Presupuestos Generales del Estado queremos seguir reforzando no solo el número absoluto de funcionarios trabajando en este momento en la Seguridad Social, sino que a veces lo que tenemos que cambiar son incluso los perfiles de los nuevos,
impulsar las oposiciones. A nosotros nos parece que hay márgenes de ganancias, de eficiencia de funcionamiento -y debe plantearse-, si la Seguridad Social funcionara como una agencia integral y no como instituciones separadas, el INSS, la
Tesorería, etcétera. Evidentemente, nos hemos encontrado con una situación que a mí personalmente me ha sorprendido y que se ha ido incubando durante muchos años, sobre todo desde el principio de la crisis, en la que no se han cubierto vacantes y
en la que se ha ido debilitando esta institución, como alguna otra, incluso alguna de mi responsabilidad, como pueden ser las oficinas de extranjería, que están en una situación muy débil desde muchos puntos de vista. Este reforzamiento hay que
hacerlo, y de manera progresiva. En ello estamos y, por supuesto, queremos darle prioridad.


En cuanto al Fondo de Reserva, señor Salvador, yo creo que lo hemos hablado antes. Estos cálculos me parecen interesantes, pero vamos a ver si podemos profundizar en ellos y en estas dimensiones que usted nos plantea. Yo creo que más allá
de que desde el punto de vista de la comunicación sea relevante, en este momento el foco tiene que estar en los gastos impropios. Es decir, poniéndonos de acuerdo sobre los gastos impropios -que ya nos estamos poniendo de acuerdo- y viendo que los
tenemos relativamente bien tasados y que su naturaleza es clara, ya con esto yo creo que podríamos ver el horizonte con cierta tranquilidad.


Por lo que respecta a lo que ha planteado la diputada María Pita, estamos de acuerdo, sin duda. Es muy importante que visualicemos. Cuando oigo a los diferentes grupos cómo enfocan los temas, tengo la sensación de que, más allá de algunos
elementos dialécticos y de matiz, el consenso es verdaderamente grande. No creo que existan elementos de discrepancia fundamentales que yo pueda identificar en sus presentaciones. Existen, obviamente, diferencias. Por ejemplo, imaginemos el tema
del déficit público. Evidentemente, hay partidos que piensan que puede haber un mayor nivel de tolerancia en la senda de déficit que otros; otros piensan que el ajuste tiene que hacerse más rápido; hay partidos que piensan que la corrección
debería hacerse vía subida de impuestos; otros pueden poner más el énfasis en el gasto. Estos son debates legítimos, interesantes, abiertos, pero, por lo que estoy viendo, no es el debate que se plantea aquí.


Los puntos fundamentales que me ha planteado el diputado Pablo Sáez ya los he abordado. No se preocupe por Europa, de verdad. Creo que lo que tenemos en España y lo que estamos planteando aquí

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es algo -y lo he intentado explicar- absolutamente homologable. El problema que hay en Europa, y yo lo he tenido que discutir con las autoridades europeas en responsabilidades anteriores, es cómo ven ese déficit de la Seguridad Social.


Si no eres un superexperto en la contabilidad pública y de la Seguridad Social y si todos estos gastos impropios no los tienes en la cabeza -a veces no queda más remedio cuando se hace un análisis de tantos países-, uno puede sacar la
impresión al mirar ese déficit de que la Seguridad Social es un sistema demasiado generoso. El problema lo tenemos en esa cifra de déficit. Es tan impactante y tan alta y tiene los orígenes que tiene que despista mucho, incluso a gente bien
preparada. Como yo he tenido que discutir estas cosas en el pasado, no creo que este sea un tema para estar inquietos, y lo sabremos muy pronto. Hacia el 15 de octubre se mandará toda la documentación y se pondrá todo en marcha. También planteaba
si se alcanzará en 2023 el equilibrio presupuestario de la Seguridad Social. Voy a intentar aclararlo. Con la identificación de gastos impropios que se habrían transferido a la Administración central; con una crisis de la pandemia básicamente
transitoria, que no erosione, ni tiene por qué erosionar, insisto, los ingresos de la Seguridad Social; con la dinámica de gastos que más o menos conocemos, y con alguna de las cosas que estamos aquí planteando hacer, que se empiece a notar un poco
el aumento de la jubilación efectiva por decisión voluntaria, con todo ello es razonable pensar que en el año 2023 el equilibrio de facto que tiene la Seguridad Social se mantendrá. A partir de ahí -y esto es importante-, yo creo que cuando se
expresa que traspasar los gastos no soluciona el problema se está refiriendo al problema de largo plazo, pero aquí tenemos un problema de corto plazo y un problema de largo plazo. El problema de corto plazo es que, simplemente, estamos
transmitiendo a los ciudadanos una situación real que no lo es. Sabemos que a partir del año 2025, aproximadamente, como resultado del envejecimiento de la población y de los conocidos como baby boomers, sí que se debería producir un aumento del
gasto en pensiones, que, como esta en las proyecciones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, es un número significativo pero, como hemos dicho otras veces, manejable. Nosotros pensamos que con una edad de jubilación legal como
hay en España de 67 años y con las palancas que hemos identificado en el análisis que hemos hecho de reducciones de anticipación de la decisión de pensión y dilatación de la decisión de ser pensionista, conjugado con una posición de partida de muy
pocas bonificaciones y con lo que hemos visto en otros sitios, tenemos que explorar esa vía intensamente los próximos años. Lo que sí sabemos por todos los simuladores que tenemos -ya sea el del Banco de España, el de la AIReF, el nuestro, que
todos son parecidos- es que los resultados que se han plantado aquí por parte de las otras instituciones no son muy distintos de los que podemos manejar nosotros; lo que está claro es que es un tema de sentido común. Es decir, si una persona se
jubila más tarde, tiene el efecto simultáneo de seguir cotizando más tiempo y consumir menos pensión. Eso cuando lo mete uno en un simulador tiene un impacto muy grande, y por eso las cifras que se manejan son importantes. Este es un instrumento
extraordinariamente poderoso que nos equilibra mucho el sistema. Por lo tanto, dado que en España no lo hemos explotado apenas y hemos visto que tenemos incentivos positivos muy por debajo de otros países y ni siquiera hemos dado publicidad, me
parecería una irresponsabilidad no explotar esto -que depende además de decisiones individuales de las personas, que a lo mejor incluso están dispuestas a hacer esto- antes de plantearnos otras cosas. Esto que es potencialmente potente para
reactivar el sistema a partir del año 2025 y en adelante, explorémoslo, hagámoslo, demos más opciones y ayudemos a las personas en esas edades ya cercanas a la jubilación o posteriores a la jubilación. No creemos incentivos espurios para la
jubilación anticipada, sobre todo en las cotizaciones más altas. Sinceramente, yo creo que ese debe de ser el punto de encuentro de todos, y ahí tenemos margen para que nos pongamos de acuerdo e ir haciendo cosas. Yo creo que he sido hoy bastante
más explícito sobre los trabajos que vamos haciendo, en cuanto a cómo podemos ir aquilatando este tema.


Sobre los autónomos, creo que ya lo he explicado. Si me lo permiten ustedes, para estar más seguros de algunas cosas que estamos viendo internamente en la Seguridad Social, es conveniente discutirlo, antes de seguir avanzando, con los
colectivos y con los representantes de los autónomos, porque tiene un carácter explorativo, pero tenemos ideas y, en cuanto estén habladas con ellos, podemos volver a discutirlas aquí y podemos tener sesiones específicas con todos los detalles que
ustedes quieran.


Me ha planteado el señor Cabezón si vamos a subir las cotizaciones sociales. Pues no; no está en nuestro plan. Creo que he explicado que realmente los números y las proyecciones que estamos haciendo todos son con cotizaciones sociales
constantes, en términos porcentuales, en este momento.


Sobre los autónomos ya he hablado. Sobre el déficit de la Seguridad Social ya he hablado también.


En cuanto al gobernador, me da la sensación de que, realmente, no hay tantas diferencias. Yo creo que cuando se tienen que valorar las aportaciones de cada uno, sinceramente, las proyecciones del estudio de

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la AIReF y su publicación tienen un nivel de detalle, de densidad y de explicitud muy diferente a lo que se ha hecho en España y, por tanto, me parece que es el que tiene más fiabilidad en algunos cálculos.


Me ha preguntado por los funcionarios y las clases pasivas. Realmente, esto lo he explicado otras veces. Como no puede ser de otra forma, es lógico que toda la gestión del sistema de pensiones de un país esté integrada en un ministerio.
De hecho, la Seguridad Social pasa a llamarse ahora Seguridad Social y de Pensiones, y también están las pensiones de los funcionarios; es un tema prácticamente de eficiencia, y eso es lo que realmente nos ha movido a hacer este cambio, una
reorganización estructural dentro del Gobierno que nos parecía que tenía sentido, desde el punto de vista de eficiencia y funcionalidad, y que se ha completado. Y no hay nada más detrás de este asunto. No sé por qué se ha montado un ruido sobre
este tema, que me ha llegado por varios sitios, y ha sido un poco sorprendente. Algunos sindicatos de los funcionarios han reaccionado diciendo: pero, bueno, se nos está utilizando. Es un tema que no tiene mucho recorrido.


Yo creo que, por no extenderme más, porque de alguna forma he contestado a casi todos los elementos por una vía o por otra, si les parece, puedo dejarlo aquí.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, ministro.


A continuación, en este turno de réplica hay algunos que tienen más tiempo y otros menos, pero voy a intentar ser equilibrada y justa. El que no tenga nada más que aportar puede pasar palabra, tampoco se lo vamos a tener en cuenta.
(Risas). Así que retomamos el turno de portavoces comenzando con Ana Oramas. Ana, te quedan, aproximadamente, dos minutos.


La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, señora presidenta.


No los voy a usar, me doy por satisfecha con las explicaciones del señor ministro, que ha sido muy exhaustivo. Y agradezco también a la señora presidenta su generosidad en la primera intervención.


Muchas gracias, señor ministro y señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: De nada, Ana.


Le doy la palabra ahora a Iñaki Ruiz de Pinedo, por un minuto y cuarenta y cinco segundos o dos minutos.


El señor RUIZ DE PINEDO UNDIANO: Me he pasado antes de tiempo y pido perdón.


Estoy de acuerdo con que tenemos que poner el foco, dentro del Pacto de Toledo, en los elementos esenciales y fundamentales del tema de la Seguridad Social, y que hay otros elementos que son colaterales. Pero, también es cierto que, si
tomamos ciertas decisiones, creamos problemas. Insisto en el tema de la jubilación; después de ampliar la jubilación, dentro de los sesenta y cinco años, estamos creando nuevos colectivos de exclusión. Me queda la duda de dónde está el foco
cuando creamos el problema, y entonces será uno de los temas que tendremos que hablar, porque es difícil, pero tendremos que buscar una respuesta.


Hay temas que son colaterales al Pacto de Toledo que, de algún modo, tienen que quedar resueltos también en esas situaciones. Por eso, mi postura es que en esos temas también tenemos que hablar.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Iñaki.


A continuación, tiene la palabra Íñigo Barandiaran por tres minutos y diez segundos, más o menos.


El señor BARANDIARAN BENITO: No hace falta, ministra, gracias. Yo voy a pasar palabra, pero ya que estamos en tiempos de transacción, no sé si vale para la próxima Comisión el bono este o no sirve o qué es lo que pasa. (Risas).


Nada más, gracias, señor ministro, por sus aclaraciones.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Íñigo.


A continuación, tiene la palabra Pablo Cambronero, del Grupo Ciudadanos. Tienes en torno a cuatro minutos, Pablo, si los quieres utilizar.


El señor CAMBRONERO PIQUERAS: Gracias, presidenta.

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A mí me va a sobrar también, porque voy a hacer una valoración muy breve de lo que han sido las respuestas, con alguna consideración, pero muy poca cosa.


Básicamente, como ve, presidenta, es la segunda vez que pregunto por impuestos y todavía no lo he conseguido; pero, bueno, lo puedo conseguir en una tercera, porque soy portavoz en Consumo. Esta es de las poquitas cosas buenas que tiene
ser pocos, y se lo preguntaré directamente al señor Garzón.


Veo buena disposición, en cuanto a las recomendaciones del ministro, muy buena disposición. De hecho, las asume tal cual están redactadas. Por eso, también le conmino a que, dentro del Gobierno, de un solo Gobierno -como ha dicho-,
convenza también a la otra parte del Gobierno, aunque sea el mismo Gobierno, para que esas recomendaciones no varíen la esencia o no varíen lo que quieren contener. Si hay muchos votos particulares se puede desnaturalizar el contenido de las
recomendaciones, y eso rompería el consenso, pues creo que en esta Comisión hablar de mayorías ya sobra; es mejor hablar de consenso y creo que este Pacto de Toledo está presentado y hecho para que sea por consenso.


Simplemente quería hacer esa valoración y agradecer las respuestas amplias del ministro, y gracias también a usted, presidenta.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Pablo.


A continuación, tiene la palabra Genís Boadella. Tienes tres minutos aproximadamente, Genís, si los quieres utilizar.


El señor BOADELLA ESTEVE: Muchas gracias, presidenta, le dejo el paso a otro.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Genís.


A continuación, tiene la palabra Jordi Salvador, que tienes unos dos minutos.


El señor SALVADOR I DUCH: También me he pasado, así que me guardo el tiempo para la próxima, gracias. (Risas).


La señora PRESIDENTA: Bueno, esto va a ser tremendo, porque he ido apuntando más o menos, por ser equilibrada y justa, que para eso soy de horóscopo Libra, así que tengo esa tendencia natural. Pero, vamos, ya lo de tener que acumular para
la siguiente Comisión... Pero, bueno, está todo apuntado, o sea que sin problema.


A continuación, tiene la palabra Meri Pita; Meri, tienes un minutillo.


La señora PITA CÁRDENES: Bueno, yo sé que el tiempo lo invertí bien en la primera parte.


Quería citar también a otro colectivo. Se ha citado mucho al colectivo de larga carrera de cotización, los de cuarenta años de cotización; tenemos una deuda con esos colectivos, que se han visto por jubilación anticipada penalizados, y
creo que cuanto antes seamos capaces de revertir esa situación, mejor para todas. Pero, luego, tenemos una deuda también, como Estado, con el colectivo de discapacitados por la polio. O sea, durante dos años no vacunaron a esos miles de niños, y
ahora tienen un problema con el tema de la jubilación anticipada porque les exigen durante quince años el 45 % de discapacidad. Ahí tenemos una deuda en la que también deberíamos actuar cuanto antes. Solo quería hacer esa mención.


Gracias, ministro; gracias, presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Meri.


A continuación, tiene la palabra Pablo Sáez. Pablo, tienes también como dos minutillos.


El señor SÁEZ ALONSO-MUÑUMER: Voy a ser también muy breve.


Muchas gracias, señora presidenta, y muchas gracias, señor ministro, porque realmente siempre contesta a todas las preguntas que le hacemos, y eso es de agradecer. Simplemente quiero decir que guardo también el poco tiempo para la siguiente
sesión. (Risas). Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Esto de guardar el tiempo de un partido a otro... Bueno, bien, estamos innovando.


A continuación tiene la palabra el portavoz del Partido Popular, Tomás Cabezón.


El señor CABEZÓN CASAS: Muchas gracias, presidenta.

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Voy a ser la oveja negra y sí que voy a emplear algo del tiempo que me queda. Quiero matizar tres cosas que he dicho muy rápidamente antes sobre los sistemas complementarios; la opinión del Grupo Popular. No discutimos el modelo del País
Vasco, es más, nos parece un modelo ejemplar; de lo que sí tenemos dudas es de cómo podemos extrapolar ese sistema al resto del país. Creo que es algo a lo que tenemos que darle una vuelta. No es lo mismo hablar del tejido empresarial que hay en
el País Vasco que el que podemos tener en provincias como Soria u otros puntos del país, y traspasar ese sistema puede tener ciertas complicaciones, por eso seguimos incidiendo en que el segundo pilar no vaya a costa del tercer pilar, y que por lo
menos durante un tiempo mantengamos los dos pilares con deducciones y con beneficios fiscales. Quiero hacer un matiz. El informe de la AIReF decía que es verdad que las personas de mayores rentas podían acceder, pero que tenían mayor rentabilidad
las clases medias que accedían a este sistema, por lo que también es importante poner este dato encima de la mesa para poder tomar decisiones.


Decía desconfiar de estudios que se cojan a contrapelo, si me permite la expresión. Yo le he hecho preguntas y le he dado datos comparados del estudio de la AIReF de 2019, y las desviaciones que hay en la actualización que nos ha hecho son
muy evidentes. Por ejemplo, el factor de sostenibilidad en 2019 se valoraba en 0,6 puntos, ahora ya se valora en 1 punto; en cuanto a los crecimientos de gasto a 2050, que tienen desviaciones, esa desviación es de 1,5 puntos y esa otra desviación
es de 1,40 puntos, como le trasladaba anteriormente. Por eso decimos que hablamos de datos concretos.


Y concluyo. La sostenibilidad del sistema de pensiones y el consenso en el Pacto de Toledo no se debe mezclar -desde nuestro punto de vista como grupo político- con la discusión del nivel de gasto social o asistencial -si se me permite- que
debe tener España, y nos preocupa que se distorsione el debate por ese camino. Creemos que la sostenibilidad es el resultado de equilibrar los ingresos y los gastos en el tiempo, por eso nos parece importante conocer si el traspaso de déficit es
sostenible a su vez con el entorno fiscal consolidado. Por eso, señor ministro, le decíamos que consideramos que la Seguridad Social no es una isla aislada; usted depende de los ingresos de trabajo, depende ahora también de lo que opine Hacienda
con ese traspaso del déficit. Usted habla de traspasarlo, pero igual la ministra de Hacienda nos dice que nanay, o que nanay en cinco años, o en diez años. Por lo tanto, esto no es una isla aislada, y por eso consideramos que hubiera sido
importante que el entorno que tiene que tomar decisiones viniese a comparecer para conocer sus opiniones concretas.


Muchas gracias, presidenta, por tu generosidad.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Tomás.


No voy a aplicar la reducción de tiempo para la próxima sesión. (Risas). In dubio pro diputado siempre.


A continuación, tiene la palabra para cerrar este turno de portavoces Gema López. Gema, tienes cuatro minutos y medio, porque has intervenido menos, así que, tú misma.


La señora LÓPEZ SOMOZA: Muchas gracias, presidenta.


La verdad es que no voy a utilizar todo el tiempo, voy a ser breve porque el ministro ya ha dejado claro cuáles son las líneas de trabajo y por dónde va a ir su actuación, pero, claro, todo eso empezará cuando aprobemos las recomendaciones y
con los Presupuestos Generales del Estado. Les decía en mi primera intervención que hemos analizado y estudiado las recomendaciones. Estamos de acuerdo, vemos que son factibles, por tanto, tenemos que llegar al acuerdo y al consenso cuanto antes.
Los pensionistas tienen que estar tranquilos y les decía que tenemos que hacerlo cuanto antes para que ya se empiecen a visualizar las primeras medidas en los próximos Presupuestos Generales del Estado. Tenemos que garantizar el poder adquisitivo
de forma definitiva para los pensionistas y garantizar también la sostenibilidad del sistema.


Se ha ido el señor Cabezón. Decía antes en su primera intervención al ministro que las prisas no son buenas. Es verdad que las prisas no son buenas -estamos completamente de acuerdo-, pero demorar un acuerdo por un interés simplemente
partidista es totalmente inasumible.


Muchísimas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, Gema.


A continuación, para cerrar la sesión, le paso la palabra al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.


Ministro.


El señor MINISTRO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES (Escrivá Belmonte): Sobre el punto que ha vuelto a plantear el señor Cabezón -y que yo creo que ha salido antes- de cómo conseguimos que los planes de empleo o planes de
pensiones colectivos se extiendan más allá de las

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grandes y medianas empresas -o autónomos, que también han salido, o pymes, etcétera-, el mundo está lleno de ejemplos de cómo se hace esto. Es decir, tenemos la referencia del País Vasco, pero los países de nuestro entorno han desarrollado
ampliamente este tipo de sistemas, y no es algo muy complicado. Podremos entrar en los detalles en cuanto ustedes quieran, y estamos trabajando en esa línea en las reformas normativas correspondientes. Realmente lo que tenemos que intentar
justamente es eso, es decir, lo que tenemos que intentar es que aquellos que en este momento no están, por una decisión voluntaria, dirigiendo una parte de su ahorro a una pensión complementaria -que es una decisión voluntaria- tengan los incentivos
para hacerlo y los instrumentos adecuados y, sobre todo y muy importante, que sea un producto barato, que no tengamos estas comisiones tan altas que desincentivan completamente en la medida en que no haya un beneficio fiscal. España en esto se
queda un poquito atrás, pero los países de nuestro entorno nos dan ejemplos de cómo hacerlo y yo he puesto algunas indicaciones que van a ofrecer opciones como las que tienen colectivos profesionales que ya han recorrido este camino antes. Se trata
de trabajar en esa dirección y ofrecerles soluciones normativas que nos parecen perfectamente factibles. No es un tema que nos inquiete demasiado. Yo creo que hay que hacerlo bien, pero efectivamente para que el cambio sea eficaz en un país que
además tiene tal concentración de pymes y de autónomos, tenemos que llegar obviamente a ellos y ofrecerles soluciones fáciles para que puedan canalizar de una forma colectiva su ahorro para una pensión complementaria.


Respecto a las hipótesis de la AIReF, por lo que tengo entendido la AIReF va a divulgar su informe más adelante, en este mes. Yo entiendo que lo que la presidenta hizo aquí fue adelantar algunos resultados, pero todavía no conozco el origen
de estas desviaciones. Por tanto, cuando metodológicamente yo pueda tener un juicio incluso personal sobre esos cambios, cuando conozca la razón que ha llevado a este cambio, que a mí no me parece tan importante -está dentro de las bandas de
confianza que ya la AIReF lanzó en su momento-, cuando conozcamos exactamente la razón por cual se ha producido esta modificación, yo tendré un juicio; en este momento no lo tengo. He anticipado una explicación que es la que se me ocurre que tenga
que ver, porque una actualización con datos más recientes puede tener un impacto a largo plazo si sobrepondera el efecto que tienen estos datos, pero igual no es esta, por lo tanto, no conozco en este momento estos cambios en la proyección de gasto
a medio plazo y del impacto del factor de sostenibilidad, pero cuando lo sepamos, cuando la AIReF divulgue la metodología -que lo hará en su momento- podremos juzgar y nos explicará por qué ha cambiado esto. Seguro que lo va a hacer y lo va a
explicar y entonces lo entenderemos y podremos tener un juicio sobre cuál es el origen de la desviación, y entonces yo podré decir qué opino sobre ello, pero en este momento desgraciadamente yo por lo menos no tengo esa pieza de información.
Entiendo que todavía no se ha divulgado, pero espero no estar equivocado.


Y ya que estábamos hablando sobre voluntariedad, señor Ruiz de Pinedo, extender la edad de jubilación efectiva tiene que ver con decisiones voluntarias. Yo entiendo que la cantidad de situaciones es muy distinta, y efectivamente hay
personas que por su profesión, por su situación y por sus preferencias entre ocio y trabajo en determinados momentos de su vida optarán por una decisión, pero lo único que digo es que a aquellas que tengan la iniciativa, por distintas razones o por
su propia profesión, de prolongar su vida laboral se les den las oportunidades y se hagan diseños bien pergeñados, y además se difundan para que la gente los conozca. Me da la sensación de que no hay un nivel suficiente de información en este
momento, por lo que estamos viendo, para tomar decisiones bien fundamentadas. Yo creo que ese es el punto en el que a mí me gustaría incidir, y por ahí vamos en el tema de la edad efectiva de jubilación. No hay más detrás de esto.


La señora PRESIDENTA: En efecto, ministro, creo recordar que la presidenta de la AiRef dijo que era un avance de un estudio que están preparando y que iba a publicitar próximamente, si no recuerdo mal.


Muchísimas gracias.


El señor MINISTRO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES (Escrivá Belmonte): Lo miraremos con mucho cariño.


La señora PRESIDENTA: Ministro, muchísimas gracias por esta comparecencia y por todas las explicaciones que ha dado a la Comisión del Pacto de Toledo. Les doy las gracias también a los y a las portavoces.


Levantamos la sesión.


Eran las siete y cuarenta y cinco minutos de la tarde.