I. Iniciativas legislativas

Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023.
Propuestas de veto e impugnaciones de una Sección
621/000067
(Congreso de los Diputados, Serie A, Num.125, Núm.exp.
121/000125)

I. PROPUESTAS DE VETO AL PROYECTO DE LEY

El Senador Miguel Sánchez López (GPD), al amparo de lo previsto en el
artículo 107 del Reglamento del Senado, formula una propuesta de veto al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023.

Palacio del Senado, 29 de noviembre de 2022.—Miguel Sánchez López.

PROPUESTA DE VETO
NÚM. 1

De don Miguel Sánchez López (GPD)

El Senador Miguel Sánchez López (GPD), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente propuesta de veto.

JUSTIFICACIÓN

I. Introducción.

España, como la mayoría de países, no había logrado superar la pandemia cuando empezó a sufrir los efectos de la invasión de Ucrania. La incapacidad y tardanza en la toma de decisiones por parte del Gobierno
provocó que el Covid se cebara con España, mientras la guerra de Putin sigue dejando consecuencias devastadoras para el conjunto de la Unión Europea, aparte de agredido y agresor. Vivimos desde entonces un desmedido encarecimiento de los precios de
la energía, una inflación mantenida en niveles desconocidos desde hacía décadas, y un obligado replanteamiento de la producción, gestión y consumo energético.

En el actual contexto, en España coexiste una elevadísima espiral inflacionista con
unos enormes niveles de precariedad laboral y empobrecimiento generalizado. Para salir de esta situación, es necesario adoptar medidas valientes en las que se implique a todos los agentes económicos: empresarios y trabajadores, pero también
funcionarios y pensionistas. Medidas que, de ser necesario, supongan renuncias proporcionales para todos, el Gobierno en primer lugar, y que centren nuestros mayores esfuerzos en quienes más sufren, pero sin olvidar a una clase media sobre cuyos
hombros recae el grueso del sostenimiento de nuestro Estado de Bienestar.

Resulta desalentador que nada de ello se aborde en los Presupuestos previstos por el Gobierno para el próximo ejercicio. Antes al contrario, su aprobación supondría la
injusta imposición de sacrificios solo sobre unos pocos y de manera, como siempre, arbitraria; la creación de una enorme losa en forma de gasto público que profundiza en la desigualdad de la brecha generacional y lastra el progreso de los jóvenes y
del conjunto de nuestro país; la perpetuación de un sistema de subsidios y ayudas no siempre eficaz; y la demora indefinida en la adopción de medidas urgentes que hagan de España un lugar de éxito y progreso.

II. Unos Presupuestos
que nacen viciados.

El escenario macroeconómico que incluyó el Gobierno para la elaboración del techo de gasto, que inicia el proceso presupuestario, contemplaba una notable revisión a la baja del crecimiento previsto para 2023 respecto al
enviado pocos meses antes; una correlativa revisión al alza tanto de la inflación como de las previsiones de tipos de interés y de evolución de los precios del gas natural; y una tasa de paro constante en el 12.8 %. El Gobierno, consciente de la
situación con la que debe lidiar, quiso aparentar prudencia, pero incluso esta supuesta contención ha sido tachada de poco realista por los principales organismos de análisis, que presentan la siguiente comparativa sobre crecimiento económico e
inflación:

	Ejercicio 2023
	PIB	Inflación
Gobierno	2.1 %	2.9 %
FMI	2.0 %	–
Funcas	0.7 %	3.1 %
BDE	1.4 %	5.6 %
AIREF	1.5 %	3.9 %

La AIReF hizo una intervención demoledora
para los intereses del Gobierno en su comparecencia en el Congreso con motivo de los Presupuestos que aquí analizamos. Así, aseguró, entre otras cosas, que nuestro país no llegará a los niveles prepandemia hasta 2024, y esto en el supuesto de que
terminase pronto la crisis energética y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, PRTR, cogiera una velocidad que a día de hoy no tiene. Con relación a las Cuentas Públicas para 2023, la Autoridad denunció la existencia de «carencias
notables» concretadas, entre otros aspectos, en que no incorporan el paquete de medidas de importe potencialmente elevado que sí terminarán aprobándose durante el ejercicio; que no se dispone de datos de ejecución del PRTR; que continúa sin
preverse una estrategia fiscal a medio plazo; y que el Presupuesto carece del segundo escenario, con mayores ingresos y mayores gastos, incluidos en el Plan Presupuestario enviado por el Gobierno a Bruselas.

Este último aspecto es el reflejo
del poco respeto que el Ejecutivo tiene por el Parlamento. No de otro modo puede calificarse que el Gobierno se niegue a explicar, en el lugar donde está representada la soberanía nacional, que baraja dos escenarios distintos para su previsión
presupuestaria, dejando el «segundo» para el supuesto de tener que aprobar determinadas medidas. Su incorporación al Presupuesto, en palabras de la AIREF, «podría haber desvirtuado las previsiones del mismo». De esta manera, el Gobierno obliga a
los ciudadanos a deliberar y votar, por boca de sus representantes soberanos, unas Cuentas en las que se desconocen los ingresos y gastos que de verdad se contemplan, dado que estos «podrían ser mayores» que aquellos que se han traído al debate.
Por este motivo, el organismo de análisis fiscal independiente consideró que estas Cuentas «nacen viciadas», en una definición desoladora —por lo real— que debería haber llevado al Gobierno a retirar de oficio las mismas y proceder a
su completo replanteamiento.

De otro lado, es necesario destacar el modo de trabajar de un Gobierno que no parte de previsiones de crecimiento del país para elaborar sus Cuentas, sino de las imposiciones de gasto que mejor sirvan a sus
particulares intereses. Así, el Proyecto de Presupuestos elabora unas Cuentas Públicas extraordinariamente expansivas en lo social y que no vienen sustentadas en la existencia de estrategia fiscal alguna, ni del obligado Plan de Reequilibrio
exigido para cuando se suspenden las reglas fiscales en España. Esta amplitud de gasto nos coloca con un elevadísimo nivel de deuda pública —actualmente del 117 % PIB y ya financiada a tipos mucho más altos, que elevan su coste a 31.000
millones de euros para 2023—, y con un nivel de déficit cuya reducción se hace soportar en la suerte de componentes puramente coyunturales, como el actual nivel de recaudación.

La suspensión de las reglas fiscales en Europa lleva
permitiendo al Ejecutivo gobernar sin sujeción a límite alguno en la contención del gasto público y la desviación del déficit desde el inicio de la pandemia. El Gobierno ha conseguido, de facto, gobernar haciendo uso de un gasto sin reglas, como
siempre han buscado los partidos que lo sostienen. Una facultad tan privilegiada, gestionada de manera irresponsable, puede acabar teniendo consecuencias perversas para nuestro país, tal vez abocado a sufrir en el futuro un nivel de recortes y
rigidez presupuestaria que hipotecará a varias generaciones.

III. Insolidaria e insostenible revalorización de las pensiones.

Más del 40 % del Presupuesto aprobado por el Gobierno para el próximo ejercicio es gasto corriente en
pensiones (41,8 %). En concreto, esta partida se sitúa por encima de los 190.000 millones de euros, como consecuencia del empeño del Gobierno en revalorizarlas todas en, aproximadamente, un 8,5 % para 2023.

Este gasto resulta insostenible
por muchos motivos: (1) no aguanta un potencial test de solidaridad con relación al gasto previsto para fomento de políticas en favor de los jóvenes, y no está justificada su exclusión del pacto de rentas; (2) tampoco resulta bien parada en
comparativa alguna con relación a lo presupuestado para políticas propias de la mayoría de ministerios; (3) su aplicación lineal a todas las pensiones, incluyendo las máximas, convierte a esta medida en regresiva y carente de toda justificación;
y (4) es del todo contraproducente desde el punto de vista de la sostenibilidad del sistema.

Pensiones y pacto de rentas. Según el INE, de 2008 a 2020 la ganancia media anual de los trabajadores de 30 a 34 años subió un 3,86 %; la de
los jóvenes de 25 a 29 años aumentó un 5,38 %; y la de aquellos de 20 a 24 años, cayó un 2,77 %. En el mismo periodo de tiempo, según los datos del INSS, la pensión media de jubilación se incrementó en un 40,48 %. Es ésta una divergencia que
ninguna sociedad puede considerar razonable, justa o sensata si pensamos, además, que los mayores tendrán cubiertas, con más frecuencia que los jóvenes, sus necesidades de inversión vitales. Un país que se sostiene sobre los hombros de sus
trabajadores debe hacer de las políticas en favor de la natalidad, la educación, la juventud y el empleo de calidad su absoluta prioridad, porque es éste, y no otro, el pilar de su Estado de Bienestar. Ninguna política en esta dirección se
contiene, sin embargo, en las Cuentas Públicas que ha presentado el Gobierno. Antes al contrario, se nos presentan unos Presupuestos que ahogan a los jóvenes y a los trabajadores con una hipoteca en forma de gasto en pensiones revalorizadas más
allá de lo prudente y en el peor contexto posible. Nosotros proponemos la adopción inmediata de cuatro medidas elementales que conseguirían revertir la situación, haciéndola más justa desde el punto de vista social y más sostenible para nuestro
sistema: (a) asumir la revalorización de las pensiones únicamente hasta el nivel en que se revaloricen los salarios que las sostienen; (b) o sustituir la indexación actual al IPC general por un índice específico de variación del coste de la vida
de los pensionistas; (c) revalorizarlas, en su caso, de manera progresiva dependiendo de su nivel retributivo individual, y (d) su inclusión en el pacto de rentas coyuntural que sí se plantea imponer sobre el resto de operadores económicos de
nuestro sistema, como empresarios, trabajadores y autónomos. No hay motivo alguno, más allá del electoralismo, para excluir a los pensionistas, con excepción de aquellos que reciben las pensiones mínimas, de un pacto de rentas que debe nacer
fundamentado en el principio de igualdad para que, entre todos, realicemos un reparto equitativo de sacrificios y renuncias, fomentando el valor de la solidaridad entre españoles.

Pensiones y otros gastos presupuestarios. De otro lado,
es necesario recordar que este enorme incremento del gasto corriente en pensiones ha dejado al Gobierno sin margen para apenas elevar la financiación en otras partidas, según la recomendación de la Comisión Europea de no aumentar el gasto por encima
del crecimiento económico esperado. Así, y para entender la gravedad de estos números, baste decir que es necesario juntar el presupuesto de nueve ministerios, como Justicia, Defensa, Interior, Educación, Industria, Sanidad, Ciencia, Derechos
Sociales e Igualdad, para llegar a tan solo un tercio del gasto dedicado al pago de jubilaciones en 2023.

Pensiones y progresividad. Un tercer motivo de la absoluta inadecuación de este incremento de gasto es su aplicación lineal. Sí
corresponde hacer subidas proporcionales sobre las jubilaciones más bajas. Pero estos Presupuestos plantean una subida por igual para todos los niveles de pensión, convirtiendo esta medida en regresiva e injustificada. De esta forma, una pensión
máxima de cerca de 40.000 euros brutos anuales será igualmente revalorizada un 8,5 %, hasta situarla en más de 43.000 euros brutos al año, lo que supone un injustificable agravio comparativo para con los parámetros de sueldo medio y sueldo más
habitual de nuestro país; alrededor de 22.000 y 17.000 euros brutos anuales, respectivamente. Así, para el autodenominado Gobierno más progresista de la historia no hace tanto 50.000 euros anuales eran riqueza, mientras ahora no encuentra reparos
en incrementar desorbitadamente la retribución pública de sus beneficiarios más aventajados… siempre y cuando lo que esté en juego sean los intereses de un colectivo que mueve millones de votos en año electoral.

Pensiones y
sostenibilidad del sistema. El actual sistema de pensiones no se sostendrá en el futuro. El Gobierno se afana en negar lo evidente, subido al falso optimismo de haber transferido en este ejercicio 3.000 millones de euros en el Fondo de
Reserva de la Seguridad Social (hucha de las pensiones). Esta transferencia parte del Mecanismo de Equidad Intergeneracional —MEI—, una cotización adicional, extraordinaria y finalista que no genera derechos a futuro e impuesta, como
siempre, sobre los actuales empresarios y trabajadores. No es, por tanto, reflejo de superávit alguno por parte de la Seguridad Social pues, muy al contrario, ésta cuenta con más gastos que ingresos haciendo que el sistema resulte deficitario. El
gasto en pensiones y su indexación al IPC alcanzará, en los próximos treinta años, más de diez veces lo que pueda recaudarse con el incremento de las cotizaciones planteado en el MEI. Urge, en línea con lo recomendado por la OCDE, el Banco de
España, la Airef o Fedea, reformar el sistema de nuevo repartiendo unos esfuerzos que, hasta ahora, solo han recaído sobre los trabajadores y empresarios, vía incrementar sus años de trabajo, sus cotizaciones y sus impuestos.

Para concluir.
La reforma de las pensiones llevada a cabo por el Gobierno, que incluye su indexación automática al IPC sin mayor matiz, es una anomalía en Europa. En Alemania no existe tal automatismo, dependiendo su revalorización del incremento medio de los
salarios; en Francia la indexación solo es parcialmente automática; en Portugal la subida es progresiva y limitada al 4 %; y en Italia la indexación automática está limitada a las retribuciones más bajas. A un Gobierno deben preocuparle los
pensionistas y, desde luego, debe saber agradecer el inmenso trabajo y ejemplo de nuestros mayores. Decir esto no es incompatible, sin embargo, con afrontar que el actual sistema no se sostendrá por mucho más tiempo. Se trata de encontrar una
solución que funcione para todos; para los jubilados presentes, y para los que están por venir. Por eso nos oponemos a esta subida electoralista que, por ser muy elevada y lineal, resulta insolidaria e insostenible. Porque oponerse a ello es lo
responsable.

IV. Un Estado engullido por su propio nivel de gasto social que, sin embargo, olvida a los jóvenes y a la clase media.

España ha vivido acontecimientos excepcionales durante esta legislatura. Siendo esto cierto, lo
es también que el Gobierno ha contado con recursos económicos como nunca antes en nuestra historia reciente. A la suspensión de las reglas fiscales europeas por cuarto año consecutivo y, con ello, a la ausencia de rigor en el control de las cuentas
públicas, se ha unido la excepcional aportación de dinero europeo. Ello ha permitido al Gobierno movilizar recursos en forma de ayudas, subvenciones, bonos y subsidios como nunca.

Nadie puede oponerse a que en una situación como la actual se
inyecten recursos extraordinarios en aquellos sectores que se ven abocados a la exclusión. Se necesita, sin cuestionamiento alguno, garantizar la dignidad de los más vulnerables en la salida de esta crisis. Decir esto, sin embargo, no debería
estar reñido con admitir que el Gobierno, incapaz de adoptar soluciones que frenen la sangría de pobreza, está creando una red de subsidios y subvenciones colosal, no siempre sometida a control ni supervisada en su eficacia. No contienen estas
Cuentas Públicas medidas que apuesten por la evaluación ex ante y ex post de todos los nuevos programas de gasto, asegurando que se persiguen objetivos realistas y medibles en su resultado. Desde Ciudadanos llevamos tiempo proponiendo, por ejemplo,
la implantación de una Tarjeta Social individual que contenga toda la información de las ayudas de las que cada ciudadano resulte beneficiario, con el fin de mejorar su asignación y atajar fraudes. De no tomar medidas en esta dirección —y
las actuales Cuentas Públicas no lo hacen—, el Gobierno corre el peligro de crear un Estado engullido por su propio nivel insostenible y, en muchas ocasiones, ineficaz y descontrolado, de gasto social, puede que electoralmente muy rentable,
pero muy difícil de revertir en el futuro.

La clase media que todo lo paga. Impuestos. Nos encontramos ante unos Presupuestos fundamentados en previsiones de crecimiento no avaladas y en ingresos recaudatorios apoyados únicamente en
un elevadísimo nivel de inflación que asfixia en impuestos a nuestra clase media. Una clase media superpagadora, cada vez más empobrecida y con crecientes dificultades para llegar a fin de mes.

En las anteriores Cuentas Públicas, ya con la
crisis del COVID, el Gobierno planteó unos Presupuestos cargados de subidas impositivas para clases medias y trabajadoras, a pesar de sus promesas de no moverse en esta dirección. Así, incrementó el IRPF, las cotizaciones sociales, el Impuesto
sobre el Patrimonio, el Impuesto a las Primas de Seguro, el IVA de las bebidas azucaradas, el Impuesto mínimo sobre Sociedades, el Impuesto de Matriculación, o la reducción de los incentivos a los planes de pensiones. Además, aprobó impuestos a las
transacciones financieras, a los servicios digitales, al depósito de residuos o a la valoración de inmuebles, además de haber puesto el radar en el diésel, el peaje de las carreteras, y en los billetes de avión, ideas solo aparcadas de momento.
Además de mantener todas estas subidas, para el ejercicio 2023 plantea —junto con exiguas rebajas fiscales para rentas inferiores a los 14.000 o 21.000 euros/brutos/mensuales—, un importante alza en las bases máximas de cotización y en
los impuestos de los altos niveles de renta, como el impuesto a las grandes fortunas, a la banca, a las eléctricas, o a las rentas del capital, con lo que se corre el serio riesgo de que nuestras grandes fortunas dejen de cotizar, tributar, producir
e invertir en nuestro país, y empiecen a hacerlo en países vecinos que ofrecen una fiscalidad más atractiva para sus patrimonios.

En Ciudadanos entendemos que debemos invertir en reconstruir a la clase media y trabajadora potenciando el
crecimiento económico, la creación de empleo de calidad y el crecimiento empresarial, a la vez que les facilitamos algún alivio que les ayude a transitar la actual coyuntura. Así, proponemos al menos la deflación de la tarifa del IRPF; alivios
fiscales sobre unas hipotecas que enfrentarán enormes subidas próximamente; medidas para que los autónomos puedan seguir generando riqueza; y la traslación del mayor esfuerzo fiscal desde las familias y las empresas hacia actividades perjudiciales
para el interés general, la salud, el medio ambiente o la competitividad de la economía.

Jóvenes sin futuro, perspectivas, ni apoyo institucional. La tasa española de abandono escolar temprano es la segunda más alta de Europa, mientras
que la tasa de desempleo juvenil es la más alta rozando el 30 %. La precariedad laboral que sufren los jóvenes en nuestro país tiene consecuencias sobre todas las esferas de su vida y limita sus expectativas de futuro. Así, no logran
independizarse antes de los 30 años de media, ni acceder a una vivienda digna o a poder formar una familia, a una edad óptima. Hablamos de una juventud sin perspectivas, sin motivación y sin futuro, para quienes todo son dificultades. Visto este
contexto, hubiera sido deseable que el Gobierno hubiera centrado gran parte de sus esfuerzos presupuestarios para el próximo ejercicio en educación, empleo o políticas de vivienda. Pero no ha sido así, habiéndose dedicado, por ejemplo, apenas
un 0.94 % a políticas en materia universitaria, o un 0.75 % para el sistema educativo. No encontramos en este Presupuesto medidas en beneficio de un sistema que mire al futuro y apueste por las nuevas generaciones.

En materia de vivienda, se
ha perdido la oportunidad de presupuestar la aprobación de un Plan Integral de Vivienda, con medidas estructurales que aumenten el parque público de alquiler y el fomento de la colaboración público-privada; o la introducción de un sistema público
de préstamos con interés 0 % para la compra de vivienda por jóvenes.

Por otro lado, en el ámbito educativo, no se contempla financiación para la creación de la Alta Inspección Educativa; la muy necesaria Agencia Independiente de Evaluación
Educativa; la aprobación de un Plan Nacional contra el Fracaso Escolar; el aseguramiento del acceso a programas de refuerzo educativo y acompañamiento extraescolar; el establecimiento de un nuevo marco de formación en competencias digitales para
los niños y adolescentes; el desarrollo de un sistema de selección, inducción y formación docente similar al MIR de los facultativos; o el impulso a la gratuidad de los libros de texto.

Por último, en el ámbito del empleo, hubiese sido
deseable ver financiación para la aplicación rápida y eficaz de la normativa sobre fomento de la Formación Profesional, mejorando las previsiones de inserción laboral y empleabilidad de los jóvenes mediante el fomento de la FP Dual con empresas; o
la creación de un complemento salarial para jóvenes con poca experiencia profesional, así como para aquellos que decidan retomar los estudios mientras trabajan, por poner algunos ejemplos.

V. Estos Presupuestos no contienen reformas
que en Ciudadanos consideramos prioritarias.

En materia de empleo. Un Gobierno que mira al futuro de su país buscando su progreso, habría incluido en sus Cuentas Públicas para el próximo ejercicio medidas de impulso al empleo. Entre
otras, desde Ciudadanos llevamos tiempo proponiendo la creación de complementos salariales para personas con poca experiencia profesional; la implementación de la mochila austriaca como fondo de capitalización para cada asalariado, que financie una
parte de su indemnización por despido con la finalidad de agilizar el mercado de trabajo; la reactivación de las políticas activas de empleo; o la reconversión de empleos hacia sectores punteros y de alto valor añadido que mejoren la
competitividad de nuestra industria en un contexto de digitalización y sostenibilidad.

Ayudas al fomento de la natalidad. La tasa de natalidad en nuestro país se sitúa en 1,26 hijos por mujer, una de las más bajas de la UE, a pesar de
que tres de cada cuatro mujeres manifiestan que querrían tener más hijos. Hoy, los jóvenes entre 14-29 años son apenas siete millones, cuando eran más de diez hace 25 años. Además, cada vez es más común que las mujeres decidan ser madres a una
edad tardía, por los obstáculos que la maternidad acarrea, como la dificultad para conciliar o la merma retributiva que termina experimentándose. No encontramos en estas Cuentas Públicas, sin embargo, medidas para eliminar estos obstáculos, como la
aprobación de un Plan de Acción para el Impulso de la Natalidad, que en Ciudadanos llevamos tiempo reclamando y que, entre otros aspectos, incluya la actualización de la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovacion 2021-2027 para la
inclusión de una nueva línea estratégica en el ámbito de la Salud y el fomento de la natalidad; la utilización de avances científicos en la facilitación del desarrollo de proyectos vitales y familiares; la revisión de la legislación en materia de
incentivos a la natalidad; y la reforma de la regulación sobre técnicas de reproducción asistida, para ajustarla a las necesidades actuales de la sociedad española.

Reforma del Sistema Nacional de Salud. A pesar de lo que hemos pasado
en nuestro país recientemente, los Presupuestos que presenta el Gobierno apenas incluyen reformas de calado en nuestro Sistema Nacional de Salud. Se hace necesario buscar financiación para reforzar los sistemas de prevención y alerta temprana ante
emergencias sanitarias; dotar de recursos económicos y humanos la Atención Primaria; poner en marcha la Tarjeta Sanitaria Única para evitar diferencias en el acceso a la Sanidad dependiendo del territorio donde se reside; o garantizar la libertad
de elección de centro sanitario para todos los ciudadanos, entre otras urgentes medidas.

Aprobación de ayudas para los enfermos de ELA y mejoras para pacientes con enfermedades raras. El Gobierno se olvida de los enfermos de Esclerosis
Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad progresiva del sistema nervioso, degenerativa e incapacitante de la que se hacen cerca de 900 diagnósticos al año. Nuestro Grupo Parlamentario logró aprobar la tramitación de una Proposición de Ley para
garantizar el derecho a una vida digna de estas personas, con inversiones para el diagnóstico temprano, entre otras medidas. Pero el Gobierno la mantiene bloqueada desde hace meses y no contempla, en los Presupuestos que nos presenta, partida que
denote intención alguna de continuar adelante con su tramitación y potencial entrada en vigor. Por otro lado, a nuestro juicio falta en estas Cuentas financiación para garantizar un acceso sin restricciones a medicamentos para el tratamiento de
enfermedades raras como la Atrofia Muscular Espinal (AME) y, en general, para llevar a cabo una actualización e inversiones en la Estrategia de Enfermedades Raras del Sistema Nacional de Salud, con el fin de evitar así estadísticas como las que
señalan que más del 20 % de los pacientes de enfermedades raras ha tenido que esperar una década para ser diagnosticados.

Energía nuclear. Varios meses han pasado ya desde que la Comisión Europea enviara a los Estados miembros su
propuesta para la taxonomía europea sobre la energía nuclear como una energía limpia, y como un sector vital para el esquema energético español, que a día de hoy provee más del 22 % de la electricidad producida, sin emitir CO2 y sin verse afectado
por la imprevisibilidad del gas ni la intermitencia de las renovables. La propuesta europea viene motivada sobre todo por la enorme dependencia europea del gas natural ruso y por la escalada de los precios de la electricidad. Sin embargo, nuestro
Gobierno se opone a ella. Estos Presupuestos deberían contener, a nuestro juicio, un estudio general sobre la prolongación de la vida útil de las centrales nucleares orientado a identificar las inversiones necesarias para prolongar hasta 2045 el
máximo número de instalaciones manteniendo sus condiciones de seguridad, sostenibilidad y rentabilidad, así como la puesta en marcha de un plan de innovación y desarrollo de reactores modulares pequeños y microrreactores en España.

Reforma
del sistema de financiación autonómico y local. Con el fin de garantizar la igualdad de todos los españoles con independencia de dónde vivan, es indispensable iniciar con carácter urgente el proceso de reforma del actual sistema de
financiación autonómica, para el establecimiento de un sistema más justo y garantista con la autonomía y suficiencia de recursos de todas las comunidades autónomas, sin establecer privilegios injustificados entre ellas. Igualmente, es necesario
reformar el sistema de financiación local profundizando en el análisis de la ampliación de las competencias locales, la revisión de la aplicación de la regla de gasto y la financiación del transporte urbano, como algunos de los grandes retos de la
administración local en el futuro, fomentando la gestión conjunta de recursos y servicios y la racionalización del actual mapa municipal.

VI. Conclusión.

Los Presupuestos que ha presentado el Gobierno para el ejercicio 2023 no
son unos buenos presupuestos para España ni para nuestros ciudadanos. Las estimaciones de crecimiento no están avaladas, la recaudación se fundamenta en la suerte del componente inflacionario, no contemplan medidas sustanciales para ayudar a una
generación perdida de jóvenes con un futuro lleno de dificultades, y carecen de reformas esenciales en el ámbito del empleo, el fomento de la natalidad, o la salud. Se trata de unas Cuentas que contemplan una bochornosa subida de sueldo para los
miembros de su Gobierno y su personal de confianza, mientras exigen a la clase media que sustenta nuestro Estado de Bienestar, y a los jóvenes que deberán hacerlo en el futuro, aceptar privaciones y renuncias. Pero, por encima de todo ello, el
Gobierno ha presentado unas Cuentas Públicas tan desorbitadamente expansivas en su nivel de gasto, que dibujan un panorama desolador para el progreso de un país. Unos Presupuestos que hipotecan la mitad de los recursos en financiar gasto
improductivo, estancando nuestro avance y lastrando nuestro futuro. Unas Cuentas, en definitiva, que persiguen únicamente el beneficio electoral de quien las firma, haciendo de nuestro país un Estado subvencionado, y de nuestros ciudadanos, unos
súbditos dependientes.

Porque estos Presupuestos presentan un modelo de país de retraso en lugar de avance, de involución en lugar de crecimiento, y de dependencia en lugar de autonomía, los liberales españoles presentamos enmienda de veto al
Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023, y solicitamos su devolución al Gobierno.

El Senador Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula
una propuesta de veto al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023.

Palacio del Senado, 29 de noviembre de 2022.—Josep Lluís Cleries i Gonzàlez.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 40

De don Josep Lluís
Cleries i Gonzàlez (GPN)

El Senador Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente propuesta de veto.

Exposición de motivos

Los Presupuestos
Generales del estado para el año 2023, como las anteriores propuestas de PGE, son insuficientes e inadecuados tanto para hacer frente a los extraordinarios retos que plantea la actual coyuntura económica, como para corregir los incumplimientos, las
incapacidades de gestión y los déficits de inversión acumulados a lo largo de la legislatura. Presentamos esta enmienda de devolución de los presupuestos 2023 por los siguientes motivos:

El gobierno español no cumple la ley con
Catalunya

El grado de ejecución de los Presupuestos Generales del Estado en Catalunya es inadmisible. El déficit de ejecución supone un freno al desarrollo de nuestro tejido empresarial, de nuestra sociedad y de nuestro progreso.

En
los últimos 5 años (2017-2021) el estado español ha ejecutado de media solo un 58,72 % los presupuestos. Y Catalunya sigue siendo, de acuerdo con los datos de 2021, la última comunidad autónoma en porcentaje de presupuesto ejecutado, el 35,9 %, muy
por debajo del nivel de ejecución del 184 % en la Comunidad de Madrid.

El grado de ejecución del Presupuesto General del Estado en Catalunya para 2022 está, actualmente, en el 16 %. No concebimos negociar los presupuestos del 2023 sin ningún
mecanismo que garantice la liquidación de las cuentas en Catalunya.

Debe existir una liquidación real y transparente de las inversiones aprobadas en los presupuestos y no ejecutadas, así como rendir cuentas de los motivos por los que se
incumple año tras año.

Para Catalunya, cada presupuesto se convierte en una prórroga de los presupuestos de los ejercicios anteriores. Nunca llega el dinero ni las inversiones que se prometen y se aprueban por ley, por lo que la falta de
rigor y de respeto a Catalunya son impropios de un estado democrático y solvente de la Europa del S. XXI. Este no es el Gobierno que más invierte en Catalunya, es el que más promete y el que más incumple.

El Gobierno incumple con el
porcentaje de inversión, incumple con la ejecución e incumple con las enmiendas aprobadas e incorporadas en los Presupuestos. Cabe recordar que, a propuesta de Junts, se aprobó la enmienda en los Presupuestos Generales del Estado de 2022 destinada
a la creación de un Fondo extraordinario Covid de 9.000 millones de euros (1.600 millones de euros correspondientes a Catalunya), que el Gobierno también ha decidido incumplir.

La inversión en infraestructuras se revela claramente como insuficiente para los ciudadanos de Catalunya. La falta de inversión en Rodalies y la nefasta gestión del operador Renfe, genera un servicio público inmerso en el caos,
provocando la indignación ciudadana y afectando a la competitividad económica de las empresas y a la calidad de vida de los ciudadanos de Catalunya.

La economía catalana sigue sufriendo un déficit fiscal de más de 20.000 millones de euros
anuales y el estado español ni se plantea saldar la deuda histórica acumulada con Catalunya.

El gobierno español no cumple con las PyMEs y los autónomos

El modelo económico que plantean los presupuestos pivota sobre la subvención. El
gobierno ofrece subsidios en lugar de herramientas de activación económica. Quizá por ello en los presupuestos de 2023 se ha reducido en un 12,6 % la asignación presupuestaria del Estado español a las PyMEs. Aunque afirman compensarla con fondos
provenientes de la Unión Europea la realidad es que en la mayoría de estados se incrementa la dotación de recursos propios para la actividad empresarial. No ayuda la ineficiente gestión de los Fondos Europeos que realiza este Gobierno.
Considerando la situación alarmante en la que se encuentran las PyMEs, en especial en Catalunya donde representan un 99,8 % del tejido empresarial, resulta una planificación presupuestaria muy insuficiente y poco estratégica.

El gobierno no
cumple con la Unión Europea

El estado español es el líder en procesos de incumplimiento en la Unión Europea. En total, 105 procesos de incumplimiento abiertos, de los cuales el 90 % son por mala transposición y mala ejecución y por
transposición tardía de Directivas europeas. Son numerosas las multas que el Estado español ha tenido que pagar. El estado español no sólo incumple con los ciudadanos de Catalunya, también incumple con la Unión Europea.

Asimismo, el estado
español es el que ostenta la tasa más baja de absorción de fondos europeos: un 53 % en el período 2014-2020. La mitad de los fondos europeos recibidos no han sido absorbidos. El grado de ejecución de dichos fondos para el período 2021-2027 no se
augura mejor. Los fondos del Mecanismo de Recuperación, Transformación y Resiliencia, de los cuales emanan los Next Generation UE, están teniendo un ritmo de ejecución débil. Así pues, dichos fondos, y en especial los Next Generation UE, o no
llegan, o llegan tarde a los beneficiarios y cuando llegan, no son transformadores.

Existe también una preocupante opacidad y falta de transparencia en la gestión y asignación de los fondos europeos.

Tampoco cumple en materia de
derechos humanos ya que es uno de los países que menos sentencias del Tribunal Europeos de Derechos Humanos ha cumplido.

La llengua catalana

El estado español se ha negado sistemáticamente a proponer el català como lengua oficial en la
Unión Europea. Pedir que se cumplan los contratos administrativos para que el català pueda ser usado en algunas instituciones europeas no es, en absoluto, preocuparse por la oficialidad del català a la Unió Europea.

El plurilingüismo que
tantos estados del mundo observan como una riqueza cultural y una fortaleza de sus sociedades, es interpretado por el estado español como una amenaza.

El estado español debería tomar ejemplo de países de matriz integradora con la diversidad,
como es el caso de Senegal que tiene como lengua oficial el francés, pero desde 2012 su asamblea parlamentaria utiliza el francés y un total de 6 lenguas (no oficiales) que se hablan en el territorio, utilizando traducción simultánea en sus cámaras
legislativas. En Senegal, no ponen excusas en las restricciones presupuestarias ni en la legalidad del pasado ni el Reglamento de la cámara para no dar la cobertura adecuada a la expresión de todos los ciudadanos del país en su lengua materna.

Autodeterminació

Una mayoría de ciudadanos de Catalunya ha expresado en las urnas, año tras año, su voluntad de decidir el futuro político de Catalunya. Estos presupuestos siguen ignorando esta realidad.

Por todo ello, Junts per
Catalunya presenta este veto, como enmienda a la totalidad al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2023, solicitando su devolución al Gobierno.

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en
el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula una propuesta de veto al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023.

Palacio del Senado, 30 de noviembre de 2022.—El Portavoz, Javier Ignacio Maroto
Aranzábal.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 66

Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la
siguiente propuesta de veto.

I

Los Presupuestos Generales del Estado de 2023, al igual que sucedió en los dos años anteriores, se han elaborado en un marco en el que se mantienen suspendidas las reglas ficales por apreciarse la
persistencia de circunstancias excepcionales que autorizan la superación de los límites de déficit estructural y deuda pública conforme a lo previsto en los artículos 135.4 de la Constitución Española y 11.3 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 a abril,
de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF).

Que las reglas fiscales estén suspendidas no significa que estén suspendidos ni los principios fiscales y presupuestarios, ni los procedimientos que deben regir la
elaboración de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) algo que, a tenor de los hechos, parece ignorar el Gobierno.

En primer lugar, el Gobierno se ha negado sistemáticamente a cumplir el último punto del artículo 11.3 de la LOEPSF que
establece que, en los casos en los que se suspenden las reglas fiscales por la existencia de circunstancias excepcionales, «deberá aprobarse un plan de reequilibrio que permita la corrección del déficit estructural teniendo en cuenta la
circunstancia excepcional que originó el incumplimiento.»

A pesar de los continuos requerimientos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) y de las recomendaciones similares por parte del Gobernador del Banco de España
(BdE), el Gobierno se ha negado sistemáticamente a cumplir esta exigencia establecida en la LOEPSF. Ni lo hizo los años en los que las reglas fiscales fueron suspendidas por la pandemia, ni lo ha hecho ahora que las reglas fiscales están
suspendidas por la invasión de Ucrania.

En segundo lugar, el Gobierno incumple sistemáticamente el «Principio de Transparencia», tal y como le recuerda AIReF en las tres recomendaciones que acompañan al aval de las previsiones macroeconómicas
de los presupuestos o como ha puesto de relieve la Comisión Europea respecto a los fondos europeos.

En concreto, AIReF reitera «a los Ministerios de Asuntos Económicos y Transformación Digital y de Hacienda y Función Pública la necesidad de
disponer de información adecuada sobre las medidas de carácter presupuestario y fiscal incorporadas en el escenario macroeconómico», con el fin de mejorar la transparencia, la eficiencia y el rigor del proceso de aval.

En tercer lugar, el
Gobierno incumple el «Principio de eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos». El gasto del Estado es 101.000 millones de euros más alto que en 2018, con partidas que se han más que duplicado —como el gasto corriente
en bienes y servicios—, y con una estructura política muy costosa. Como ejemplo, el gasto en alta dirección aumenta en 144 M€, un 18,3 % más que el año pasado y un 37 % más que en 2018, ascendiendo la partida a 933 millones de
euros.

En cuarto lugar, el Gobierno incumple el «Principio de universalidad», consagrado en el artículo 134 de la Constitución, que exige que el presupuesto incluya todos los ingresos y gastos públicos previstos. La propia ministra reconoció
que había ingresos y gastos que no están presupuestados; por ejemplo, el nuevo impuesto sobre el patrimonio por el lado de los ingresos o las ayudas a la crianza por el lado de los gastos. Especialmente grave es la exclusión de la subida de la
retribución de los funcionarios de este año que, aunque consolida en el gasto de 2023, no se ha actualizado en los presupuestos permitiendo al Gobierno partir de un nivel de gasto más bajo y cumplir «ficticiamente» la recomendación europea.

Aunque inicialmente se podría pensar que esos olvidos eran fruto de la «depurada e innovadora» técnica presupuestaria de la ministra de hacienda, el anuncio por parte del presidente Sánchez de nuevas medidas de gasto para 2023 por un importe
de 3.000 millones de euros que tampoco están incluidas en los Presupuestos Generales del Estado aprobados 9 días antes, reveló que no era un olvido, sino que formaba parte de una estrategia: ocultar ingresos y gastos, algo prohibido en la
Constitución.

El detalle de esa estrategia lo hemos conocido a través del Plan Presupuestario 2023 remitido a Bruselas el 15 de octubre, 11 días después de aprobarse los presupuestos en consejo de ministros, en el que se dice que el Gobierno
trabaja con un «Escenario 2 que prevé la utilización del posible margen fiscal para prorrogar y adoptar aquellas medidas más adecuadas destinadas a proteger a las familias, trabajadores y empresas más afectadas por la crisis energética.»

A
mayor abundamiento, el Secretario de Estado de Hacienda, el pasado 18 de octubre, afirmó que el escenario realmente válido era el escenario 2 recogido en el Plan Presupuestario y que difiere sensiblemente de los Ingresos y Gastos recogidos en el
Proyecto de Ley de PGE para 2023.

El margen fiscal extra que se reserva el Gobierno asciende a 11.156 millones de euros, de los cuales 1.500 M€ son por el impuesto sobre grandes fortunas y 9.656 M€ se corresponden al aumento de
la recaudación por la mayor inflación, como ha sucedido en 2022. Es decir, el Gobierno se salta el principio de universalidad presupuestaria y se reserva más de 11.000 millones de euros al margen de los presupuestos para seguir haciendo anuncios de
aquí a las próximas campañas electorales, sin ningún tipo de control, restricción ni límite.

Por último, el Gobierno también incumple el principio de lealtad institucional en un doble sentido; de una parte, atacando la autonomía financiera y
la capacidad normativa que en materia tributaria reconocen la Constitución Española, la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), y los propios estatutos y leyes autonómicas a las Comunidades Autónomas; de otra, haciendo un
reparto de recursos públicos en función de intereses partidistas, como sucede con las inversiones territorializadas que claramente penalizan a aquellas comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular.

II

Antes siquiera de
comenzar su tramitación en el Congreso de los Diputados, los Presupuestos Generales del Estado para el año 2023 quedaron invalidados tanto por las instituciones públicas —AIReF, Banco de España (BdE), Fondo Monetario Internacional
(FMI)— como por las instituciones privadas —BBVA, Círculo de Empresarios o Funcas—.

Todas ellas han coincidido en señalar que vamos a crecer menos —hasta un 66,6 % menos—, vamos a tener más inflación
—hasta un 36,5 % más— y vamos a tener más paro —BdE estima un ligero repunte de la tasa de paro— de lo que el Gobierno ha incluido en el cuadro macroeconómico utilizado para elaborar los presupuestos. Si esto es así,
también tendríamos más déficit y más deuda de lo que se incluye en los PGE.

Incluso podríamos añadir al propio Gobierno entre las instituciones que tumban estos presupuestos, ya que en el Plan Presupuestario 2023 enviado a Bruselas incluye un
escenario diferente al que ha utilizado para la elaboración de los presupuestos, el Escenario 2, que el propio Secretario de Estado de Hacienda considera como el más probable.

Lo cierto es que este modus operandi de pintar un cuadro
macroeconómico irreal no es nuevo; recordemos que en los presupuestos del año 2021 se recogía un crecimiento económico del 9,8 % que acabó siendo del 5,5 %; y los presupuestos de 2022 recogían un crecimiento del 7.0 % que acabará en torno al 4 %;
en ambos casos la desviación es del 40-44 %.

Estas previsiones imaginarias de crecimiento, como denunciamos en su momento, se compensaron por el aumento de los ingresos tributarios gracias al impuesto invisible y no regulado de la inflación.
Si las cuentas públicas se han cuadrado ha sido a costa del empobrecimiento de las familias —especialmente de las clases medias— y no gracias al crecimiento económico.

Las sucesivas rectificaciones de las cifras macro en plazos
muy breves por parte del Gobierno y la desautorización constante de las Instituciones independientes sólo pueden traer perjuicios para la credibilidad y la imagen país de España derivada de las decisiones irresponsables que toma el Gobierno.

La inconsistencia del Gobierno en sus previsiones económicas ha sido una constante en los 4 años de legislatura, recordemos que para la vicepresidenta económica «el COVID tendría un impacto económico poco significativo y transitorio» o cuando en
noviembre del año pasado aun decía que «la inflación es transitoria y los precios se estabilizarán en primavera», pero en estos presupuestos hay algunos supuestos especialmente inconsistentes:

¿Por qué cree el Gobierno que va a aumentar el
consumo privado de unas familias que han perdido casi un 20 % de poder adquisitivo desde febrero de 2020 hasta hoy y que han sido olvidadas en estos presupuestos?

Con una economía que prácticamente no crece, con un aumento de costes para las
empresas del 24 %, con subidas de impuestos y cotizaciones sociales, y con la incertidumbre jurídica que genera cambiar las reglas de juego de forma arbitraria, ¿qué hace pensar al Ejecutivo que las empresas van a incrementar la inversión un 9,5 %?
Es más, si el Gobierno ha rebajado la previsión de crecimiento del 3,5 % en abril al 2,1 % hoy ¿qué ha mejorado en los últimos 6 meses para que haya incrementado su previsión del 5,9 % que incluyó en la APE enviada a Bruselas en abril al 9,5 % que
ha incluido ahora en los PGE?

Si el PIB de la zona euro se ha revisado a la baja, desde el 2,8 % en abril al 0,9 % de hoy, ¿por qué se espera que las inversiones crezcan ahora más, un 7,3 %, de lo que se esperaba entonces, un 6,2 %? ¿A
quién le vamos a vender más si el crecimiento mundial se ha revisado a la baja?

Este juego del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital de ajustar artificialmente las variables y el cuadro macro para poder cuadrar los
ingresos, los gastos y el déficit ha quedado desmontado por las enmiendas a la totalidad que suponen las previsiones de AIReF, BdE, FMI, BBVA, Círculo de Empresarios, Funcas, etc... Simplemente esto, debería ser motivo suficiente para que un
Gobierno serio retirase el Anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado y presentase otro ajustado a la realidad económica y social de nuestro país.

III

Unas semanas antes de presentar los PGE, la ministra de Hacienda y
Función Pública, como respuesta a los barones socialistas que estaban replicando las bajadas de impuestos del Partido Popular en las CC. AA. que gobiernan, improvisó un paquete fiscal pactado in extremis con sus socios de gobierno, que incluía
nuevas subidas de impuestos que van a ahuyentar la inversión y el talento, frenando el crecimiento y la creación de empleo y una pequeña rebaja fiscal para un colectivo muy reducido de españoles.

Esta rebaja del IRPF no beneficia a la mitad
de los trabajadores como sorprendentemente insiste el Gobierno a sabiendas de que no es cierto, sino que afecta a un colectivo reducido, el de personas con ingresos entre 14.000 y 21.000 euros, aproximadamente el 15 % de los contribuyentes por el
citado impuesto, ya que los 10 millones de personas con rentas inferiores a 14.000 euros, el 46 % de los contribuyentes, ya están exentos de pagar el IRPF y no les afecta en nada la rebaja fiscal del Gobierno.

El ajuste a la baja las
retenciones del IRPF para las rentas entre 21.000 y 35.000 euros, no es más que un aplazamiento de pago, las menores retenciones en 2023 provocarán un mayor pago cuando se haga la declaración en abril de 2024: pan para hoy y hambre para mañana.
También quedan fuera las clases medias, 7,5 millones de personas con ingresos entre 21.000 y 60.000 euros, que son el 35 % de los declarantes y aportan el 59 % de la recaudación total del IRPF.

No entendemos este abandono de las clases
medias, con la justificación de que ya se benefician de otras medidas, ni de las rentas más bajas, que ya están exentas de pagar IRPF, por lo que desde el Grupo Parlamentario Popular (GPP) insistimos en la necesidad de:

• Rebajar
el IVA de los productos básicos de la cesta de la compra que aún no están al 4 %, incluyendo los pañales, por ser una medida que ayuda específicamente a las rentas más bajas que destinan el 22,1 % de su renta al consumo de este tipo de bienes frente
al 12,5 % de las rentas más altas;

• Ajustar los tramos, los mínimos y las deducciones del IRPF por la inflación para ayudar a las clases medias —las grandes olvidadas de este presupuesto— a recuperar parte del
poder adquisitivo que han perdido en los dos últimos años. Con efectos retroactivos a 1 de enero de 2022.

La mínima rebaja del IRPF a un reducido colectivo no puede ocultar que estos presupuestos suponen, otra vez, una subida de impuestos a
las familias —de forma indirecta, por la inflación y de forma directa a través de la subida del IBI, la plusvalía municipal o el impuesto de plásticos de un solo uso— y a quienes tienen que contribuir al crecimiento y la creación de
empleo, las empresas. Además de la subida en el Impuesto de Sociedades, se suben de forma unilateral y al margen del diálogo social un 8,6 % las cotizaciones sociales máximas y se crea un nuevo recargo del 0,6 % de cotización por el Mecanismo de
Equidad Intergeneracional (MEI) que pagan tanto las empresas, el 0,5 %, como los trabajadores, el 0,1 %.

Si se cumplen las previsiones de recaudación del Gobierno para 2023, en tan solo 4 años, la recaudación tributaria habrá aumentado
en 50.000 millones de euros y los ingresos por cotizaciones sociales en 28.000 millones de euros; todo ello a pesar de tener un nivel de PIB inferior al que teníamos en 2019, antes de la pandemia, y con tan solo un 4 % más de afiliados. Ajustando
este efecto, los grandes perjudicados por la política fiscal del Gobierno no son ni las grandes empresas del Ibex ni los ricos, son las familias, los trabajadores.

Dos de cada tres nuevos euros recaudados por el Gobierno son pagados por las
familias y sólo uno por las empresas; y dentro de las familias, son las clases medias las que soportan la mayor carga fiscal, ya que representan el 35 % de los contribuyentes y aportan el 59 % del impuesto sobre la renta.

• los
verdaderamente ricos, con ingresos superiores a 600.000 euros son sólo 11.000 contribuyentes, el 0,05 % del total y aportan el 7,7 % de la recaudación total del IRPF.

• además, hay algo más de 100.000 contribuyentes, el 0,48 %
del total, con ingresos entre 150.000 y 600.000 euros, que aportan el 10,96 % de la recaudación total.

IV

Este incremento de la recaudación fiscal, de 78.000 millones de euros entre 2019 y 2023 si se cumplen las estimaciones del
Gobierno, no se ha aprovechado ni para ayudar realmente a las familias, ni para recuperar nuestro tejido productivo, ni para mejorar la competitividad, ni para reducir el déficit estructural de la Seguridad Social, ni para mejorar los servicios
públicos ni para equilibrar las cuentas públicas.

El Gobierno más numeroso y caro de la historia ha aprovechado que el gasto público se disparó de forma coyuntural con la pandemia para subirlo de forma inercial, sustituyendo ese gasto
—que entonces sí estaba justificado y era necesario— por gasto improductivo, innecesario y electoralista que incluso pretende convertir en estructural.

De forma que un gasto estructural, duradero en el tiempo, se va a sufragar
con ingresos coyunturales que desaparecerán en no mucho tiempo, lo que pone en riesgo el equilibrio de las cuentas públicas.

Frente a la demagogia de que hay que subir impuestos para financiar el estado del bienestar nos encontramos con que
este Gobierno ha aumentado el gasto para garantizar su propio bienestar; Sirva de ejemplo la subida del gasto en Alta Dirección en 144 M€, un 18,3 % más que el año pasado y un 37 % más que en 2018.

El mismo Gobierno que dice que hay
que subir impuestos, porque si no desaparecen la sanidad y la educación pública, ha duplicado el gasto corriente en «material, suministros y otros» pasando de 2.345 millones de euros en 2018 a 5.315 millones de euros en 2023. «¿Dónde están mejor
esos 3.000 millones de euros, en la atención primaria que nos protege a todos y salva vidas o derrochados en los 22 ministerios y toda su estructura política?».

Este Gobierno ha incrementado las transferencias a «familias e instituciones sin
fines de lucro» en 7.500 millones de euros, un 43 % más que en 2018; es imprescindible hacer una auditoria sobre esos 25.042 millones de euros que este Ejecutivo reparte en forma de subvenciones a todo tipo de instituciones, algunas seguro que
necesarias, pero otras seguro que totalmente prescindibles. El «spending review» que llevó a cabo la AIReF detectó falta de transparencia, dificultades de trazabilidad, nula planificación y deficiente fiscalización y control, especialmente en el
caso de subvenciones directas y nominativas.

El gasto en 2023 asciende a 455.981 millones de euros, esto son 32.142 millones de euros más, +7,6 %, que el año pasado y son 101.445 millones de euros más que en 2018, un 28,6 % más que en los
últimos presupuestos del Partido Popular. Un gasto público excesivo que no se ha podido pagar con los ingresos públicos, a pesar de que éstos se han disparado a máximos históricos como consecuencia de una inflación de dos dígitos, la mayor en
casi 40 años.

En total, en el período 2020-2023, el incremento de gasto habrá generado un déficit acumulado de, al menos, 26 puntos de PIB (-10,2 % en 2020, -6,9 % en 2021, -5,0 % en 2022 y -3,9 % en 2023), un agujero fiscal que ya ha elevado
la deuda pública en 284.000 millones de euros, hasta rozar el máximo histórico del billón y medio de euros de deuda pública, poniendo en riesgo la sostenibilidad de nuestras cuentas públicas e hipotecando a las generaciones futuras, porque
—como dijo la propia vicepresidenta primera y ministra de asuntos económicos y transformación digital— esta deuda la «pagarán nuestros hijos y nuestros nietos».

Este despilfarro no se puede justificar aludiendo a la «justicia
social», otro de los eslóganes de la propaganda gubernamental que es fácilmente desmontable:

• a la misma familia vulnerable a la que el Gobierno le niega el IMV —que sólo ha recibido el 13,5 % de la población bajo el
umbral de pobreza— y la bajada del IVA de los productos básicos de la cesta de la compra o los pañales para poder llegar a fin de mes, le regala 400 euros al hijo de 18 años que puede gastar en videojuegos, pero no en comida.

• a la misma madre a la que dice que le va a dar 100 euros para la crianza de su hijo de 0 a 3 años, una medida anunciada pero que no aparece en estos presupuestos, le endosa una deuda de 6.000 euros a ella y de otros 6.000 euros a
su hijo;

• a los mismos trabajadores a los que le pide que vayan a trabajar en transporte público para ahorrar, les sube los impuestos para gastar 620 millones de euros en la renovación de los coches oficiales;

• a los mismos trabajadores fijos-discontinuos que ilusionó y engañó diciendo que ya tenían un contrato fijo, los tiene en casa sin trabajar y cobrando el paro hasta que le llamen para la próxima campaña, exactamente igual que antes
de cambiar el nombre de su contrato;

• a los mismos empleados públicos a los que subirá el sueldo hasta un 3,5 % en 2023, les quita un tercio de esa subida por no ajustar el IRPF; y lo mismo hace con los pensionistas que cobran
más de 1.000 euros brutos;

• a las mismas «clases medias y trabajadoras» que dice defender, las exprime con el impuesto invisible y silencioso de la inflación, que le ha llevado a acumular una pérdida de poder adquisitivo
del 20 % hasta el día de hoy, pero que a finales de 2023 podría alcanzar el 26 %

• a los mismos autónomos y pymes a los que pide que asuman la subida de costes sin subir precios, les sube las cuotas a la Seguridad Social para
poder mantener una estructura de Presidencia (programa 912M, Presidencia del Gobierno) que cuesta un 73 % más que en 2018: 62,2 M€ en 2023 frente a los 35,9 M€ de 2018.

• al mismo joven al que le dice que va a
meter, por primera vez en 13 años, 3.000 millones de euros en la hucha de las pensiones para garantizar su sostenibilidad, le deja un sistema menos sostenible, con 10.000 millones de euros más de déficit y deuda que tendrá que pagar en el
futuro.

V

La cercanía de las elecciones autonómicas y locales que se celebrarán en mayo de 2023, tan sólo 5 meses después de aprobarse estos presupuestos, ha llevado al Gobierno a incrementar un 15,3 % las inversiones previstas en
infraestructuras, fijando un presupuesto para 2023 un 50 % más alto que el incluido en los últimos presupuestos del Partido Popular en 2018.

De nada sirve incrementar la partida presupuestaria si luego el Gobierno es incapaz de ejecutar las
inversiones presupuestadas, cosa que ha sucedido a lo largo de toda la legislatura. Como ejemplo, a cierre de 31 de agosto, cuando han transcurrido dos tercios del año, sólo se ha ejecutado el 38,2 % del gasto previsto.

Algo similar se
observa analizando la ejecución de las inversiones reales a 30 de junio de 2022: la ejecución general es muy baja, sólo se han ejecutado 4.170 M€ de los 12.200 M€ presupuestados, el 34,2 %.



Siendo baja la ejecución general de las inversiones reales (capítulo 6), en el cuadro anterior se recogen ordenadas por grado de ejecución de mayor a menor y se observa una ejecución desigual por territorios: mientras Cataluña, con un 64,6 % de
las inversiones realizadas, se encuentra a la cabeza de la ejecución presupuestaria en 2022, Murcia y Andalucía se encuentran a la cola, sólo se han ejecutado el 16,6 % y el 15,7 % respectivamente. Este dato no parece casual, teniendo en cuenta que
los partidos independentistas catalanes sostienen al Gobierno de la nación, mientras que Murcia y Andalucía están gobernados por el Partido Popular, ésta última Comunidad Autónoma con una histórica mayoría absoluta alcanzada en junio de este
año.

Este mismo sesgo partidista se replica en los presupuestos de 2023: las inversiones territorializadas se incrementan en 447 M€, un 3,5 %, aunque con una distribución desigual y un reparto subjetivo que premia a aquellas
Comunidades Autónomas gobernadas por partidos que apoyan al gobierno y castiga a las gobernadas por el Partido Popular. Como ejemplos de esto:

• Con sólo un 15 % más de población, Cataluña recibe un 77 % más de inversión que la C. de
Madrid, 2.291 M€ vs 1.292 M€.

• Mientras la inversión en Navarra (+34,8 %), Cantabria (+24,8 %) o Extremadura (+17,3 %) crece fuertemente en 2023, en Andalucía (+2,0 %) o Galicia (+0,4 %) prácticamente se mantienen sin
subida. La única excepción es la Comunidad de Madrid, aunque parte de un nivel de 2022 en el que ya se redujo un -8,3 % la inversión respecto a 2021.

• Las únicas CC. AA. que ven reducida su inversión están gobernadas por el PP:
Murcia (-33,5 %) y Castilla León (-4,2 %); también se reduce la inversión en Ceuta (-3,9 %) y en Melilla (-7,8 %).

Esta utilización de las inversiones territoriales partidista es claramente contraria a los principios de lealtad institucional
y de eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.

VI

Respecto a los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) cuentan en 2023 con 28.692 millones de euros, la mayor dotación presupuestaria
hasta ahora. El Gobierno sustenta la capacidad de crecimiento de la economía española en la hipótesis de que se logrará la ejecución completa prevista para cada año, cuando la experiencia acumulada durante los ejercicios 2021 y 2022 demuestra que
esta premisa es falsa: la ejecución de los fondos del mecanismo de recuperación no está respondiendo a las expectativas generadas y la escasa ejecución acumulada no impacta suficientemente en calidad y cantidad en la economía real.

El diseño
planteado en el RDL 36/2020, un RD que lleva más de dos años bloqueado por el Grupo Socialista y Podemos en su tramitación parlamentaria de enmiendas pero que se modifica en la Disposición Final vigesimosexta de estos presupuestos, ya anticipaba
muchos de los riesgos que se han materializado durante el avance en la ejecución: Opacidad en la selección de los grandes proyectos, falta de co-gobernanza, rigidez en las inversiones que tienen que ejecutar las Comunidades Autónomas (CC. AA.) o
los entes locales (EE. LL.), el ineficiente diseño de los PERTES.

Problemas que no sólo no se resuelven en estos presupuestos, sino que se acrecientan; entre otras cosas, porque se reducen un 26,9 % y un 32,6 % los fondos que se
transferirán a CC. AA. y EE. LL., mientras que se incrementan los fondos que gestiona directamente el Gobierno central que, en un año electoral, parece decidido a controlar estos recursos y rentabilizar la propaganda, aunque sea a costa de seguir
con una ejecución final muy baja y un bajo impacto sobre el crecimiento y la creación de empleo. El Banco de España ha revisado a la baja la contribución del PRTR al PIB señalando que su impacto será del 0,6 % en 2022 y 2023, mientras la AIReF lo
sitúa en un 0,8 % para 2022 y del 2 % para 2023 con respecto a un escenario sin PRTR.

La dificultad para estimar el impacto real que los fondos del Mecanismo de Recuperación ejercen sobre la economía radica en la falta de transparencia y de
un mecanismo de información y rendición de cuentas. Los reproches sobre el retraso en la implementación de la plataforma CoFFEE y, por tanto, el cumplimiento total del hito número 173, no hacen sino poner de manifiesto la incapacidad para
establecer un sistema eficaz que permita reportar a la Comisión Europea los informes de auditoría sobre los fondos donde se detallen la finalidad de los gastos, beneficiarios, pagos realizados, etc. Esta plataforma, además, debería tener acceso
público para que el conjunto de instituciones y ciudadanos pudieran conocer cuánto y en qué se gastan los fondos que deben transformar nuestra economía. Los recientes cambios de los responsables en el control de los fondos, sobre los que no existen
dudas en cuanto a su preparación y valía profesional, generan dudas e incertidumbres añadidas a la falta de transparencia denunciada por instituciones y organismos independientes.

Como ejemplo de la incapacidad del Gobierno para ejecutar de
forma eficiente los fondos europeos, destaca el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo que, a 31 de agosto, tan sólo había ejecutado el 15 % del presupuesto de 2022. ¿Tiene sentido dejar la ejecución de más de 6.000 M€, el 21 % del
total de fondos europeos de este año, en manos de un ministerio que ha demostrado su incapacidad para hacerlo tanto en 2021 como en 2022.

Si a ello añadimos que en 2023 se incrementan las partidas del capítulo 8, Activos Financieros,
introduciendo para el ejercicio próximo aportaciones patrimoniales a fondos sin personalidad jurídica y préstamos al sector público y al sector privado por 4.852 millones de euros con la finalidad de activar los PERTE, en previsión de que podamos
disponer de los 84.000 millones del tramo de créditos concedidos a España por la Comisión Europea, la gestión de las ayudas va a ser aún más complicada.

En otras palabras, la responsabilidad de movilizar los grandes proyectos tractores recae
sobre un ministerio, que además de presentar contrastadas dificultades para ejecutar fondos de manera eficiente, utilizará fórmulas de financiación que si no son lo suficientemente atractivas encontrarán problemas para movilizar fondos del sector
privado. En cualquier caso, el grado de inmadurez que presentan la mayoría de los grandes proyectos y las deficiencias en su diseño impedirán que se puedan movilizar estos recursos en 2023, suponiendo una nueva oportunidad perdida.

En
definitiva, la oportunidad transformadora que suponen los fondos europeos no cuenta con las herramientas adecuadas para que pueda alcanzar todo su potencial, no se han seleccionado los objetivos e inversiones óptimas para mejorar el dinamismo de la
economía española y su impacto en términos de crecimiento y empleo seguirá siendo muy limitado, trasladándose a ejercicios posteriores con la esperanza de que la acumulación de partidas sin ejecutar terminen generando un impacto positivo en un
futuro al que parece que nunca llegamos.

VII

Los Presupuestos Generales del Estado, en cuanto que son la principal herramienta, para desplegar la política fiscal, económica y social de un gobierno, deben valorarse de forma objetiva por los resultados alcanzados.

Como recoge la Fundación de estudios de economía aplicada (Fedea) en su informe sobre los PGE de 2023: «Entre 2018 y 2023, el PIB real esperado en el momento de elaborar los PGE aumentó en algo menos del 1 %, mientras que los ingresos públicos
previstos, medidos a precios constantes, se incrementaron en más de un 15 % y el gasto en más de un 18 %.

Visto desde otra perspectiva, el incremento previsto del gasto real fue 6,6 veces mayor que el del PIB, y el “tipo marginal de
gravamen” sobre el incremento de renta fue superior al 500 %. Como resultado, el peso del gasto público en el PIB aumentó en casi 6 puntos y el de los ingresos públicos en más de 4 en cinco años. También aumentó el déficit esperado de la AC
consolidada, en torno a 1,25 puntos de PIB.

Las cifras son ciertamente llamativas y apuntan a un patrón claramente insostenible en el tiempo (...)»

En otras palabras, en 5 años de gobierno del Sr. Sánchez, tenemos más impuestos
(+15,63 %), más gasto (+18,48 %), aproximadamente la misma riqueza real (+0,93 %), más desigualdad (27,8 % de población en riesgo de exclusión social), más pobreza (8,3 % de la población), más deuda (284.000 millones de euros) y menos sostenibilidad
de nuestras cuentas públicas, lo que por sí mismo ya da una idea de la pésima gestión económica del Gobierno.

O si se prefiere, y teniendo en cuenta el peso del IRPF en la recaudación tributaria y que las rentas del trabajo representan
el 80 % de la recaudación de este impuesto, en 5 años, el Sr. Sánchez ha incrementado la tributación a las rentas salariales de forma tal que dos de cada tres euros de la nueva recaudación recaen sobre la clase media trabajadora que dicen proteger
mientras la realidad es que la están empobreciendo.

En términos de empleo, la recuperación ha sido insuficiente y seguimos teniendo casi 3 millones de parados de los que el 39 % no cobran ningún tipo de prestación, y el 61 % que sí la cobran
recibe una prestación media bruta de 872,3 euros. Hoy tenemos 79.000 empresas cotizantes menos en los registros de la Seguridad Social que en junio de 2018 y, en este período, se ha destruido el -13,9 % del empleo en el sector agrario y el -11,6 %
del empleo en el sector de empleados del hogar.

Seguimos liderando la tasa de paro de toda la UE y somos los segundos con mayor tasa de paro tanto juvenil como femenino, en ambos casos muy cerca de Grecia y más que duplicando las tasas medias
europeas.

La otra cara de esta moneda es que, según la última Encuesta de Condiciones de Vida, en España tenemos:

• 13,1 millones de personas en riesgo de pobreza o de exclusión social (Nueva Tasa AROPE 27,8 %)

• 3,9 millones de personas en situación de Carencia Material y Social Severa (Nueva CMSS 8,3 %)

Si, a través de estos Presupuestos Generales del Estado, la respuesta del Gobierno a la situación económica y social de nuestro
país es la misma que ha fracasado en los presupuestos anteriores y nos ha traído hasta aquí: más impuestos, más gasto, más déficit y más deuda, no cabe esperar otro resultado que el mismo obtenido hasta ahora: menos riqueza, menos poder
adquisitivo de las clases medias, más desigualdad, más pobreza y menos sostenibilidad de nuestras cuentas públicas.

VIII

En definitiva, como hemos ido desgranando en todos los puntos anteriores, los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2023 nacen jurídicamente desautorizados, formalmente superados por las previsiones de la mayoría de los organismos nacionales e internacionales, públicos y privados, y conceptualmente superados por incidir en las mismas recetas que han
fracasado y nos han situado a la cola de la recuperación económica y social.

El mejor resumen lo hace la AIReF pidiendo que «en el próximo ejercicio el proyecto de Presupuestos Generales del Estado recupere su papel central como instrumento
de política fiscal y económica y elemento de diseño, planificación, ejecución, control y supervisión de la actividad del sector público».

Lo que ha presentado el Gobierno como presupuestos no cumple ninguna de las funciones que debería
cumplir y no sirven al interés general de los españoles sino al interés particular de Pedro Sánchez.

Por eso, el Grupo Parlamentario Popular presenta este veto al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023.

El Senador Alberto Prudencio Catalán Higueras (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula una propuesta de veto al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023.

Palacio
del Senado, 1 de diciembre de 2022.—Alberto Prudencio Catalán Higueras.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 92

De don Alberto Prudencio Catalán Higueras (GPMX)

El Senador Alberto Prudencio Catalán Higueras (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente propuesta de veto.

Exposición de motivos

Desde Unión del Pueblo Navarro (UPN), durante la comparecencia en sesión plenaria del Presidente del Gobierno, Sr.
Sánchez Pérez-Castejón, para informar sobre el alcance de las medidas económicas y fiscales adoptadas por el Gobierno y el papel de las Comunidades Autónomas en su implementación y en el mantenimiento del Estado de Bienestar, realizada el 18 de
octubre, manifestamos que, conocidos los Presupuestos Generales del Estado para el año 2023, ya les habían presentado una enmienda a la totalidad. No habían sido los partidos en las Cortes Generales, sino instituciones y organismos que no
consideraban veraces las previsiones económicas recogidas en los mismos.

Así, el Banco de España discrepaba de las cifras que recogen los Presupuestos debido a que la ralentización de la economía española es mayor de las expectativas que
maneja el Gobierno. Para el Banco de España, la recuperación de los niveles de PIB previos a la pandemia se retrasará hasta 2024 y la inflación seguirá en cifras elevadas durante un largo período de tiempo. Sus responsables han resaltado que el
dinamismo de los ingresos públicos contemplado en los Presupuestos viene influenciado por la inflación, pero no será permanente y no servirá para la reducción del déficit público. Incluso llegan a cuestionar el ritmo en la ejecución de los fondos
europeos, que consideran menor de lo previsto, con lo que ello supone, desaprovechando dicha oportunidad para combatir la crisis que padecemos y mejorar la economía española. En definitiva, constatan que, a pesar de la actividad turística, la
pérdida de dinamismo de la actividad económica es una realidad, de manera especial en los últimos meses.

Por su parte, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) publicó un informe sobre los Proyectos y Líneas Fundamentales
de los Presupuestos de las Administraciones Públicas: Presupuestos Generales del Estado 2023 en el que manifiesta que detecta «carencias notables en los Presupuestos 2023» y alerta de «su debilidad como instrumento clave de política económica».
Entre las carencias, destaca que los Presupuestos infravaloran el punto de partida al partir de unas previsiones de cierre de ingresos que no incorporan la información más reciente de 2022. Además, no contemplan medidas por un importe
potencialmente elevado que previsiblemente se adoptarán, puesto que el propio Gobierno proyecta para 2023 la persistencia de las circunstancias económicas que motivaron este tipo de medidas en 2022. Y, finalmente, no se incorporan las medidas
anunciadas unas semanas después y el Plan presupuestario enviado a Bruselas contempla un segundo escenario con más ingresos y gastos que los Presupuestos.

El déficit público volverá a aumentar en España en 2023, después de haber estado
bajando desde el umbral de 2020, debido al impacto de la ralentización económica en los ingresos públicos y a la mayor presión sobre el gasto público por la inflación. La combinación de ambos factores podría provocar un nuevo aumento del desfase
presupuestario de unos 2.400 millones de euros. Así lo advierte BBVA Research, que prevé que este ejercicio el déficit público cierre en 4,2 % del PIB y que, en 2023, en lugar de seguir reduciéndose para cumplir los estándares europeos, vuelva a
aumentar de nuevo hasta el 4,4 %, es decir, hasta los 52.800 millones de euros.

Según BBVA Research, que ha reducido la previsión del Gobierno de crecimiento para 2023, se producirá un estancamiento de la economía con una «ligera recesión
trimestral en los próximos trimestres». La economía española «ha perdido poder adquisitivo del orden del 4 % de su PIB frente al resto del mundo».

Por otra parte, según el Fondo Monetario Internacional (FMI), la previsión para España sufre
uno de los mayores recortes de la zona euro, que el organismo relaciona con la crisis energética, una demanda débil y una política monetaria más estricta. El FMI advierte de que los riesgos a la baja siguen siendo elevados. Y el aviso a los países
europeos es evidente: «El invierno de 2022 será difícil, pero el de 2023 será peor».

También la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) discrepa de las previsiones de crecimiento económico que plantea el Gobierno
para 2023. Estima que la economía española avanzará en 2023 por debajo de las previsiones del Ejecutivo. La incertidumbre es el gran reto al que deberán enfrentarse los países, especialmente, los europeos.

Pero junto a todo ello, el gran
reto para las economías europeas, y de manera particular para la española, es la lucha contra la inflación.

Es evidente la relevancia de la pérdida de poder adquisitivo que sufren las familias españolas. Llevamos acusando tasas de inflación,
tasas de crecimiento de los precios, por encima del 3 % durante más de 20 meses. Y superando el 8 % desde el pasado mes de marzo y, ahora, por encima del 7 %. Una barbaridad.

Los ciudadanos han visto cómo los precios de los bienes básicos
para su vida cotidiana han experimentado una subida de precios insostenible para muchos de ellos, exacerbándose esa situación en el caso de las personas más vulnerables.

Son cada vez más los informes que proporcionan datos preocupantes.
Según una encuesta elaborada por el instituto DYM, más del 80 % de los ciudadanos ha tenido que recortar sus gastos o admite directamente problemas para llegar a fin de mes. Cáritas alerta de que el 23 % de los españoles han reducido su presupuesto
para hacer la compra por la inflación y destaca que, en la actualidad, les piden ayuda personas que tienen trabajo. La OCDE afirma que lo que está ocurriendo desde hace varios meses es que el aumento de los precios está «socavando» la renta de las
familias. Destaca que España es el país donde los ingresos per cápita han tenido una gran caída, concretamente más del triple que la media de la OCDE y del G7. El informe global de Dynata sobre «Adelantarse a la recesión» dice que el 60 % de los
españoles considera que ya hay un escenario de recesión, los segundos más pesimistas del mundo sobre la situación económica. La consultora AIS Group afirma que el aumento de precios, no solo en alimentación y energía, sino en prácticamente todas
las partidas habituales del gasto en los hogares españoles, va a suponer, de media, un incremento del gasto familiar anual de 3.040 euros por familia.

Para combatir esta situación una de las medidas que siempre han dado buen resultado es la
deflactación de la tabla del impuesto de la renta de las personas físicas (IRPF), que no es propiamente una bajada de impuestos y que, de no llevarse a cabo, sí podría actuar como una «subida». Esta medida facilitaría hacer frente la inflación
exagerada que padecemos y que el Gobierno es incapaz de afrontar, a la vez que contribuiría a que los salarios no pierdan poder adquisitivo, con el consiguiente beneficio para las clases medias y trabajadoras y para la pequeña y mediana empresa.
Deflactación que ha venido siendo rechazada por los partidos que sustentan al Gobierno, tanto en las Cortes Generales como en el Parlamento/Cortes de Navarra, para los ciudadanos de Navarra y resto de España y no así para los de Comunidad Autónoma
Vasca.

De otro lado, también resulta llamativo que las cuentas públicas no hagan hincapié en una cuestión vital para la economía de las personas, fundamentalmente en relación a las hipotecas variables y préstamos al consumo, y de las
empresas, como es la subida de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo (BCE). Éste último no solo ha anunciado subidas, sino que también ha anticipado que se pueden seguir produciendo en función de la elevada inflación que venimos
padeciendo.

A todo ello se suma que la gran oportunidad que podrían haber supuesto para la recuperación económica y energética los fondos europeos se debilita debido a que la gestión de los mismos no está siendo lo suficientemente rápida,
eficaz y eficiente.

El propio gobernador del Banco de España se ha manifestado sobre la lentitud del despliegue de los fondos del plan de recuperación. Es tal la situación que no descartaba incumplimientos de los plazos fijados para su
ejecución por las instituciones europeas. Los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) acumulan retrasos, indefiniciones e incertidumbre. En relación a los sectores agroalimentario y automovilístico, los más
destacados en la Comunidad Foral Navarra, las incertidumbres son constantes y para muchas empresas, especialmente las conserveras, los PERTE se han convertido en una oportunidad perdida. Así lo exponía hace unas semanas la Asociación de Industrias
Agroalimentarias de Navarra, La Rioja y Aragón.

Desde el punto de vista de la Comunidad Foral de Navarra los Presupuestos para 2023 siguen en la línea de baja intervención de los últimos años. Navarra es una de las Comunidades Autónomas que
menos cuantías presupuestarias recibe.

Es llamativo observar cómo la Comunidad Foral de Navarra, desde el respeto y la lealtad con el resto de España que siempre la ha caracterizado, desde la solidaridad con todos los pueblos que constituyen
nuestra nación, no ve reflejado dicho compromiso con una previsión presupuestaria acorde también a sus necesidades, especialmente en materia de infraestructuras. Más aún después del esfuerzo realizado por el Gobierno de Navarra a lo largo de los
años para la mejora de infraestructuras que son de uso de todos los españoles.

Según las previsiones de ingresos de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2023 la aportación de Navarra al Estado, pendiente de actualización, será
de 645 millones de euros (en los Presupuestos de Navarra se recogen 635 millones), un incremento de más de 100 millones desde 2021. 950 euros por habitante y la tercera partida más alta del presupuesto de Navarra después de sanidad y educación.
Pues bien, este esfuerzo y solidaridad de Navarra no se ven compensados por la inversión que le correspondería al Gobierno de España en la Comunidad Foral.

De esta manera, proyectos vitales para el futuro y progreso de Navarra se siguen
dilatando en el tiempo de forma excesiva.

Es el caso del corredor navarro de Alta Velocidad, que continúa sin conocer ninguna adjudicación nueva desde 2018. El Gobierno actual viene ejecutando los tramos adjudicados por el Gobierno anterior.
Poco o nada se ha avanzado en el resto. Es tal la situación que sigue sin conocerse dónde será la conexión del corredor navarro de Alta Velocidad con la denominada «Y vasca». El Ministerio acaba de reunirse con el Gobierno de Navarra, por primera
vez, para abordar la cuestión, pero no lo ha hecho con el de la Comunidad Autónoma Vasca. La conexión con la provincia de Zaragoza se plantea en dos fases, la primera estableciendo un enlace con la actual línea ferroviaria Casetas-Bilbao, dilatando
en el tiempo el nuevo trazado (en cuyo Estudio Informativo está trabajando el Ministerio todavía). Tampoco se dice absolutamente nada de la actual estación y vía que discurre por el casco urbano de la ciudad de Tudela. Ni se avanza en la
eliminación del bucle ferroviario de la Comarca de Pamplona (también en fase de Estudio Informativo por parte del Ministerio). Incluso en la supresión de la línea ferrea que atraviesa la planta de VW Navarra hace dejación de sus
responsabilidades.

A esta escasa previsión presupuestaria se suma el hecho insólito de que, año tras año, no se ejecutan en su totalidad las partidas contempladas en los Presupuestos para esta obra. Así, en los Presupuestos aún vigentes, de
los 52 millones de euros previstos, a fecha de 31 de agosto solo se habían ejecutado 35,496 millones de euros, mientras en 2021, de los 62 millones de euros previstos se ejecutaron solo 36,95 millones. A este ritmo se emplearán prácticamente dos
siglos para que el corredor sea una realidad.

Es también el caso del Canal de Navarra, cuya ampliación de la primera fase, responsabilidad del Gobierno de Navarra, aún está sin culminar. Y la segunda fase, que llevará agua del Pantano de
Itoiz a la zona más pobre y seca de la Comunidad Foral de Navarra, la Ribera de Navarra, acumula unos retrasos injustificados desde que se adjudicara su redacción.

Resulta significativo que se tarde varios meses en remitir el proyecto
entregado a la sociedad estatal Canal de Navarra, S.A. a la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), organismo encargado de su supervisión técnica por parte del Ministerio de Transición Ecológica. La necesidad de garantizar el abastecimiento es
tal que varias localidades han tenido que establecer medidas de restricción de consumo durante el pasado verano dada la situación de sus actuales fuentes de suministro. A ello se une la falta de transparencia y opacidad con la que se está actuando
por parte del Ministerio, responsable de la obra. La falta de información y, en ocasiones, los engaños, han sido una constante. Llamativo que todos los anuncios que realiza el Gobierno de Navarra sobre la cuestión no sean ratificados por el
Ministerio. La lentitud y desidia ha sido tal que se ha perdido la oportunidad de financiar la infraestructura con fondos europeos.

Por su parte, la autovía de Navarra (A-15) lleva varias décadas en el olvido. Las decisiones se dilatan
excesivamente en el tiempo y los Presupuestos para 2023 tampoco recogen un cambio significativo que permita abordar la infraestructura con optimismo para los próximos años.

El proyecto de Presupuestos ha borrado todas las expectativas que se
tenían para el año 2023. El tramo con más consignación es Fuensaúco-Villar del Campo, con 2 millones, el mismo importe que el año pasado, mientras que para el resto de tramos solo hay una previsión de 500.000 euros. Ni siquiera el tramo
Ágreda-Tarazona, cuya aprobación provisional del proyecto se daba a conocer el pasado agosto, parece que vaya a iniciarse.

Tampoco se ha firmado un convenio entre el Ministerio y la Comunidad Foral de Navarra, que tiene competencias en
materia de carreteras, para impulsar el proyecto del tramo de la autovía entre Tarazona y Navarra.

Y, por último, no podemos dejar de señalar que, desde el punto de vista político e institucional, estos Presupuestos van acompañados de una
serie de acuerdos entre los actuales responsables del Gobierno de España y los partidos independentistas con los que no podemos, en ningún caso, coincidir. Desde UPN consideramos que es inadmisible que para rechazar las enmiendas a la totalidad y
la posterior aprobación de los Presupuestos se pacten, además, temas que cuestionan el ordenamiento jurídico español, debilitan al Estado, suponen una humillación a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y no respetan ni la realidad
institucional ni el Régimen Foral de Navarra.

El Senador José Manuel Marín Gascón (GPMX), la Senadora Yolanda Merelo Palomares (GPMX) y la Senadora María José Rodríguez de Millán Parro (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del
Reglamento del Senado, formulan una propuesta de veto al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023.

Palacio del Senado, 2 de diciembre de 2022.—José Manuel Marín Gascón, Yolanda Merelo Palomares y María José
Rodríguez de Millán Parro.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 93

De don José Manuel Marín Gascón (GPMX), de doña Yolanda Merelo Palomares (GPMX) y de doña María José Rodríguez de Millán Parro (GPMX)

El Senador José Manuel Marín
Gascón (GPMX), la Senadora Yolanda Merelo Palomares (GPMX) y la Senadora María José Rodríguez de Millán Parro (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente propuesta de veto.

Exposición de motivos

1. EL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2023

A) Contexto general

Los españoles somos cada día más pobres. No solo en términos absolutos,
porque cada día el coste de la vida es mayor y el acceso a bienes y servicios de primera necesidad es más difícil. También en términos relativos, ya que la cesión de soberanía alimentaria y energética impulsada por las agendas globalistas y
alegremente aceptada por nuestros sucesivos Gobiernos nos coloca hoy en la incertidumbre más absoluta. Según datos de la Oficina Europea de Estadística (Eurostat), España es líder europeo en pobreza, solo por detrás de Rumanía, Bulgaria y Grecia:
en 2021, más de 13 millones de españoles se encontraban en situación de riesgo; esto es, casi el 30 % de nuestros compatriotas están por encima del umbral que los considera en situación de carencia material y social severa, dato que ha aumentado
en 1,5 puntos porcentuales desde 2019 (tasa AROPE).

Tras una emergencia de salud pública que segó miles de vidas, y después de unas medidas restrictivas de la libertad que arruinaron a millones de familias y trabajadores, nada nos asegura que
el futuro inmediato vaya a ser mejor. Los precios de la energía y los carburantes se encuentran desbocados; la inflación cercena el poder adquisitivo de las familias e hipoteca el futuro de nuestros jóvenes, ya duramente golpeados por la crisis
de 2007; el precio del pan, la fruta, la carne, el pescado o los productos lácteos no cesa de crecer; los hogares, particularmente aquellos en los que hay hijos y personas con dificultades (mayores, discapacitados), se afanan en buscar descuentos
y promociones y en comprar productos de marca blanca, porque ya no saben de dónde recortar; y muy pocos, jóvenes o mayores, pueden pensar en comprar una casa o en alquilar sin que ello suponga más de la mitad de sus ingresos mensuales. La
incertidumbre es absoluta y la inmensa mayoría de la población ve imposible modelar un porvenir con alguna certeza.

Mientras tanto, el Estado recauda más que nunca: el Gobierno persigue a las clases medias y desfavorecidas y a los
generadores de riqueza con unas cargas tributarias que se extienden por todos los aspectos de su vida (y su muerte) y de su actividad y negocio; el salario de los diputados y del Gobierno aumenta entre un 3,5 % y un 4 %; cientos de millones de
euros se destinan a miles de organismos, observatorios y entes instrumentales que en nada benefician a los españoles, así como a asociaciones que promueven el enfrentamiento entre españoles; una serie de políticos regionales, que han convertido las
administraciones territoriales que dirigen en desleales a la Nación y al resto de nuestros compatriotas, se ven premiados con enormes cantidades de dinero público con el único fin de garantizar su apoyo al Gobierno; la propaganda gubernamental
invade los presupuestos de todas las secciones y asegura que muchos medios de comunicación, sindicatos, organizaciones patronales y partidos políticos dependan del poder para subsistir, consiguiéndose así una deseada «paz social», ficticia y que
condena, a través del aumento de la deuda, a las generaciones presentes y futuras.

El déficit se ha convertido en la norma que rige los presupuestos nacionales año tras año: para el ejercicio que nos ocupa, la previsión de déficit es
de 54.000 millones de euros, mientras que el déficit estructural, que en el año 2022 aumenta al -3,7 %, se estima en el -3,4 % para 2023. Esto obliga a prever un nuevo incremento de la deuda pública nacional, que ya se encuentra en máximos
históricos, hasta un billón quinientos cincuenta y ocho mil millones de euros (un 112,4 % del Producto Interior Bruto —«PIB»— nacional). Esto es, sobre los hombros de cada español pesará una losa de 32.836 euros solo en concepto de
deuda pública a cierre de 2023, bastantes más de los casi 26.000 euros existentes a cierre de 2019.

En definitiva, no podemos consentir que mientras los españoles miramos cada euro que gastamos, revisamos los extractos de nuestras cuentas y
tarjetas y los tiques de compra y guardamos dinero para cuando suba la hipoteca o haya que comprar libros de texto, el Gobierno juegue con nuestro dinero, gastando de manera irresponsable en cuestiones del todo innecesarias para los españoles.

Con el Proyecto de Presupuestos se evidencia un axioma: nunca un Gobierno había gastado tanto, ni tan mal. Los principios de prudencia, de buena gestión, de diligencia de un buen padre de familia y de responsabilidad se invierten, y se agranda
así la ya per se enorme diferencia entre los españoles y los políticos que hoy nos gobiernan. Por lo tanto, no solo es malo el presupuesto en sí, sino que los efectos y las consecuencias de su ejecución serán todavía peores para España y afectarán
especialmente a las clases medias y populares.

B) El proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023

Frente a la situación descrita, que no es sino el día a día de la mayor parte de la población, el
Gobierno presenta un proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023 (el «PLPGE 2023», el «Proyecto», el «Proyecto de Presupuestos» o, menos propiamente, los «PGE 2023») que, de nuevo y como se expondrá, está alejado de esta
realidad y es ajeno a las necesidades ―cada vez más acuciantes― de los españoles.

En materia estrictamente económica, el Proyecto está alejado de la realidad por diversos factores, como ya hicieran las cuentas para 2021 y 2022.
Entre otros, en primer lugar, el Ejecutivo no acompaña una estrategia de consolidación fiscal a medio plazo que corrija el déficit estructural; en segundo lugar, tampoco se encuentra un plan de reformas estructurales, principalmente del sector
público, que aseguren la sostenibilidad financiera de nuestra economía y, con ella, la soberanía económica de la Nación y el futuro de los españoles.

Como se anticipó, en el PLPGE 2023 el Gobierno aboga por una filosofía de la
irresponsabilidad, que derrocha los ingresos extraordinarios generados por el récord de recaudación (debido, en gran parte, a la inflación) y que tampoco baja impuestos en la medida en que la situación de los españoles y su bienestar exige. Los
PGE 2023 vuelven a despreciar que todo céntimo que aporte el sudor y el trabajo de los españoles tiene que ser custodiado con los máximos criterios éticos y de diligencia, así como presupuestado y ejecutado con la dignidad y excelencia que
merecen.

En línea con lo anterior, el Proyecto de Presupuestos también presenta una estimación de ingresos (y, precisamente por ello, de crecimiento económico) irreal, ficticia, que basa su filosofía en machacar a las clases medias y
populares. Estas no pueden, por lo general, acceder a los beneficios derivados de la planificación fiscal o a otras herramientas para, cumpliendo la ley, abonar una menor cantidad de impuestos.

Por último, los PGE 2023 no incorporan medidas
de calado anunciadas por el presidente del Gobierno y que, a juicio de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal («AIReF»), suponen un importe suficiente como para desvirtuar la calidad del presupuesto y que se prorrogarán previsiblemente
en el año 2023.

En materia netamente política, es conocido el aforismo que dice que los presupuestos generales del Estado son la concreción económico-presupuestaria del programa político de un Gobierno de España. Por eso, su desglose y
análisis arroja a las claras lo que no persigue el Proyecto y lo que sí son prioridades para el Ejecutivo. En el primer grupo se encuentran las necesidades reales de las familias, de nuestros jóvenes y mayores, que son deliberadamente ignoradas por
el Gobierno.

Entre las prioridades para el Gobierno no está reformar el sector público para hacerlo acorde a las necesidades de prudencia y equilibrio, sino mantener los miles de organismos, observatorios, comisionados, comités, consejos y
entidades varias que, lejos de mejorar en algo nuestra calidad de vida, nutren un Estado de bienestar para los políticos que se sufraga con el dinero de todos.

Tampoco es intención del Ejecutivo avanzar en la igualdad entre los españoles,
sino captar apoyos entre políticos y partidos separatistas y filoterroristas, entre gobernantes regionales desleales con España, para mantenerse en el poder. Todos estos aliados del Gobierno tienen como único propósito común destruir la unidad de
la Nación española y arrasar con todos los símbolos de su continuidad histórica, pero indudablemente reciben la atención preferente de aquel.

No es tampoco propósito del Ejecutivo fomentar entre los españoles el asociacionismo libre y sin
dependencias del poder público, sino ampliar su red propagandística, con la que el Gobierno busca extender su mensaje, y perpetuar un régimen clientelar que riega con enormes cantidades de dinero a un sinfín de sindicatos, organizaciones
empresariales, asociaciones o fundaciones, que difunden y transmiten sus consignas en todos los ámbitos de la sociedad civil.

En definitiva, se trata de un Proyecto de Presupuestos muy expansivos en el gasto, pero más aún en la ruina, en el
derroche, en la irresponsabilidad y en el empobrecimiento de los españoles, cuya maldad e inadecuación reside en su baja calidad y en sus nefastos principios inspiradores. El Gobierno ignora la necesidad de replantear completamente todos los gastos
del presupuesto, cada sección, cada programa, cada partida; en muchos casos, estas no son modificadas desde los años 80 del siglo pasado.

Contra estos presupuestos y esta política económica, VOX propone un cambio radical de modelo que
permita identificar, evaluar y justificar cada una de las actividades presupuestadas, teniendo en cuenta los niveles mínimos de coste, medios y esfuerzo de cada unidad necesarios para ejecutar cada una. De tal forma, se evitarán programas obsoletos
o partidas poco productivas, la ejecución será más sencilla y ágil y el remanente de tesorería estará más sujeto a control.

A continuación, se expondrán algunos de los temas que VOX considera más nocivos para las familias españolas, para los
jóvenes y los mayores, y más inadecuados para solucionar las necesidades de nuestros compatriotas, que justifican el voto negativo de estos senadores a la tramitación y aprobación de este proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado.

C) La tramitación de los PLPGE 2023 en el Congreso de los Diputados y las cesiones a los grupos separatistas para su aprobación

El Gobierno ha utilizado todos los instrumentos a su alcance para lograr que los PGE 2023 pasen a ser
tramitados en el Senado, incluyendo numerosas cesiones a las minorías parlamentarias separatistas que sostienen al propio Ejecutivo. Esto supone que fuerzas que representan el 8,6 % del cuerpo electoral de noviembre de 2019 están condicionando
decisivamente el futuro de España. Esa absoluta minoría, que postula la ruptura de España como nación, impone su voluntad al restante 91,4 % de los votantes españoles; y todo por la voluntad de Pedro Sánchez para seguir en la Presidencia del
Gobierno a cualquier precio.

Además, en línea con su deriva totalitaria, el Gobierno ha vetado en torno a mil enmiendas de las 5.400 presentadas por suponer menores ingresos para el Estado o mayores gastos acogiéndose al artículo 134.6 de la
Constitución Española. Ello no ha sido óbice para que los grupos parlamentarios del PSOE y de Unidas Podemos hayan aceptado enmiendas transaccionales que implican mayores gastos y menores ingresos junto con estos partidos que pretenden la
destrucción de España como unidad política.

Estos Presupuestos deben ser rechazados por el Senado de España, entre otros muchos motivos, por los acuerdos a los que ha llegado el Gobierno con EH Bildu:

• El Gobierno cumple
la promesa realizada al etarra Otegui cuando pedía presos por presupuestos. El Ministerio del Interior ha vuelto a acercar más presos de ETA a las cárceles de las provincias vascas y Navarra en plena tramitación presupuestaria, de modo que ya solo
quedan 19 por acercar.

• De la misma manera, el Gobierno pone en evidencia la victoria política de ETA al traicionar a la Guardia Civil, a los más de doscientos agentes de dicho Cuerpo asesinados, a los navarros y al conjunto de
los españoles. Así, el Gobierno acuerda, junto con EH Bildu, el traspaso de las competencias de tráfico en Navarra, que correspondían a la Benemérita, al gobierno de la administración regional antes del 31 de marzo de 2023.

• En
el marco de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, dicho partido de ultraizquierda separatista ha conseguido casi 4 millones de euros de fondos (el 40 % del presupuesto de Memoria Democrática) para excavar tumbas y erigir lo que
llaman «memoriales», siempre con la finalidad de imponer una visión falsa y sectaria de la Historia y que no tiene en cuenta a todas las víctimas y tampoco a las de la banda terrorista ETA.

• Asimismo, el Gobierno ha abierto la
puerta, mediante la incorporación de disposiciones adicionales al Proyecto de Ley, a valorar la cesión de uso de infraestructuras del Estado a ayuntamientos como el de Rentería, Zumárraga o a Pasajes, junto con la transferencia de 1,1 millones de
euros del conjunto de España.

• En paralelo, EH Bildu ha conseguido de Pedro Sánchez que las administraciones de las provincias vascas y de Navarra gestionen los nuevos impuestos al sector financiero y al sector energético, y ha
avanzado que esas cesiones se pueden convertir en permanentes.

• En materia de idiomas, dicho partido separatista ha conseguido extraer del conjunto de España otros 1,25 millones para un impulso artificial y totalitario del
vascuence en el circo y en la radio, para así condicionar las entregas de dinero a las radios a que emitan en ese idioma y no en español.

También deben ser rechazados los PGE en el Senado, por los acuerdos a los que ha llegado el Gobierno con
ERC, como la cesión a la administración regional de Cataluña de la gestión de los fondos dirigidos a infraestructuras ferroviarias y de carreteras, que ascienden a 900 millones de euros.

En definitiva, el PLPGE no es un mejor proyecto para
España, ya que no atiende las necesidades de una gran mayoría de españoles que están sufriendo por la inflación desbocada (+6,8 % en noviembre del 2022), por las peores condiciones laborales aprobadas y por una pérdida de capacidad adquisitiva sin
precedentes. No mejora la situación de la España rural, de los agricultores, de los ganaderos ni de los trabajadores del mar. No se han aprobado modificaciones que favorezcan al sector energético para garantizar un suministro seguro y unos precios
adecuados y competitivos. Finalmente, el Gobierno tampoco ha contemplado en estos presupuestos la posibilidad de adoptar medidas para detener el devastador proceso de deslocalización industrial.

2. UNA FICTICIA PREVISIÓN DE INGRESOS Y
GASTOS INCOMPATIBLE CON LA ELABORACIÓN DE UN PRESUPUESTO RACIONAL

A) Introducción

Como ya se ha anticipado, el Proyecto de Presupuestos para 2023 descansa, de nuevo, en una base de irrealidad y ficción. La previsión de ingresos y
gastos que contiene impide que se elaboren unas cuentas racionales, certeras y a la medida de las necesidades reales de los españoles. Al mencionar anteriormente los niveles récord de recaudación, se expuso asimismo cómo ello no implicaba una
reducción del déficit estructural por debajo del 3 %, ni tampoco de los impuestos que soportamos. Al contrario, el Gobierno sigue creyendo que existe margen para el aumento de la presión fiscal (que el propio Plan Presupuestario
—Escenario 2— estima en el 39,5 % para 2023, en clara tendencia ascendente) y legisla con ese objetivo, reduciendo a niveles intolerables la renta disponible de las clases medias y populares, sin una correlativa mejora de los servicios
públicos, como la sanidad (duramente golpeada y con una escasez notable de personal tras la pandemia) o la educación.

Sin embargo, el Proyecto ignora deliberadamente variables más exactas y útiles, como el esfuerzo fiscal, que incorpora la
capacidad económica de los contribuyentes al análisis de la presión fiscal. Así, el citado concepto de esfuerzo fiscal resulta del cociente entre presión fiscal y PIB per cápita, e indica el sacrificio que han de realizar los ciudadanos para el
mantenimiento del aparato del Estado.

No en vano, el Gobierno ha enviado a la Comisión Europea un Plan Presupuestario en el que recoge un precitado Escenario 2 para 2023 en el que contempla ingresos adicionales, con los que podría afrontar
más gastos (para poder así prorrogar las medidas de subvenciones para paliar los efectos de la guerra de Ucrania). Sin embargo, el Ejecutivo no remitió este Escenario 2 a las Cortes Generales, que es donde se deben tramitar y, en su caso, aprobar
los Presupuestos. Con ello, oculta a las Cámaras la cuantía de nuevos ingresos esperados y le hurta la posibilidad de fiscalizar de manera adecuada la previsión de ingresos y gastos de las cuentas públicas.

Adicionalmente, el Gobierno
tampoco utiliza los recursos públicos como multiplicador para fomentar una mayor cohesión entre los españoles de distintas regiones. Al contrario, son utilizados para reforzar la ya pronunciada desigualdad territorial.

Se justifican, en este
epígrafe, las implicaciones de la decidida voluntad del Ejecutivo de dar la espalda a la realidad de millones de españoles, haciendo descansar en las clases medias y populares el grueso del sostenimiento del Estado.

B) Los perjuicios
del Proyecto en las familias

En lo que se refiere a las familias españolas, estas no pueden ya satisfacer plenamente sus necesidades con los salarios obtenidos por los miembros de la unidad familiar, algo de lo que eran capaces no hace tanto tiempo. Los jóvenes no
encuentran oportunidades de empleo y desarrollo dignas en sus pueblos, ciudades y regiones de origen. La renta disponible y los datos de consumo de los hogares no consiguen recuperar los niveles del año 2019.

A pesar de lo anterior, el
Gobierno no lleva a cabo las bajadas de impuestos en la cuantía y profundidad que la situación exige, y ni siquiera deflacta impuestos directos para corregir subidas de salarios a causa de la inflación que no suponen un aumento real de la capacidad
de pago. Consecuencia de esta negativa del Gobierno es que nuestros pensionistas, y los funcionarios, verán mermados sus ingresos a pesar de unos pretendidos aumentos en las cantidades que perciben.

Es necesario analizar las principales
figuras impositivas que recaen sobre los hogares de España para ser conscientes de la voracidad recaudatoria del Ejecutivo:

• En relación con el principal impuesto directo, el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
(«IRPF»), debe tenerse en cuenta que el 61,5 % de lo recaudado es aportado por el 89 % de los contribuyentes, que tienen rentas medias inferiores a 40.000 euros brutos anuales. Pese al relato del Gobierno, estos datos evidencian que el mayor peso
de los impuestos y sus aumentos recae sobre las clases medias y populares.

En el año 2023, el Gobierno tiene previsto recaudar por IRPF 26.231 millones de euros más que cuando comenzó la Legislatura. Así, un trabajador medio pagará 5.600
euros por este tributo en 2023, cuando en 2019 abonaba 4.300 euros. Sin embargo, la renta media de ese trabajador (medida como PIB real per cápita) es hoy el 94,9 % de la existente en aquel año: a pesar de ser más pobres en términos relativos, los
españoles pagamos más impuestos. En la misma línea, los ingresos por IRPF pasarán a suponer el 43,05 % de lo recaudado por tributos en 2023, cuando en el año 2019 representaban el 40,8 %.

En este sentido, el contexto es muy desfavorable para
los españoles con rentas medias y bajas, que deben afrontar una doble pérdida de capacidad adquisitiva: por una parte, el Gobierno no está tomando medidas para contener el aumento de los precios, sobre todo el de los alimentos y otros bienes de
primera necesidad; por otra, el Ejecutivo aumenta injustificada y desproporcionadamente los ingresos públicos a costa de las clases medias y populares.

• Con respecto a los impuestos indirectos y, en particular, al Impuesto
sobre el Valor Añadido («IVA»), el Gobierno también se está aprovechando de forma desmedida del necesario consumo de las familias españolas, a pesar de que esta variable aún no haya recuperado los niveles previos al comienzo de la Legislatura.

En 2023, la recaudación por IVA está previsto que sea 14.555 millones de euros mayor que en 2019. De esta manera, un español medio abonará el próximo año 1.815 euros por IVA, cuando en 2019 su contribución apenas pasaba de los 1.500 euros; esto
es, un 20 % más a causa de la inflación, sin que el Gobierno mueva un dedo, sin duda apuntando a la Unión Europea, para compensar a los españoles la subida.

Las cotizaciones sociales son otro campo en el que se evidencia el expolio del
Gobierno a las clases medias y populares. Así, el Ejecutivo espera aumentar los ingresos por este concepto en un 9,7 %, hasta los 184.522 millones de euros, lo que supone un nuevo incremento de cargas de otros 1.600 euros por trabajador. Sumando
la parte de cotizaciones que corre a cargo de los empresarios, el Gobierno ingresará en concepto de cotizaciones sociales 61.523 millones de euros más que en 2019 (después de 15 aumentos en este periodo), hasta los 3.000 euros de media por
trabajador.

A pesar de este nuevo aumento, el Estado no será capaz de cubrir, con las cotizaciones de empresarios y trabajadores, la financiación de la Seguridad Social.

Con datos en contabilidad nacional de la Intervención General de
la Administración del Estado (IGAE), lo que pagamos los españoles por IVA e IRPF y por cotizaciones sociales ha pasado de suponer el 28,8 % del PIB en 2019 a alcanzar el 32,1 % en 2021.

Al mismo tiempo, el sistema impositivo que se refleja en
este Proyecto perjudica enormemente a las clases medias y populares, sin que los más necesitados vean aliviada su situación: las ayudas a los desfavorecidos no son más que meras limosnas que en nada contribuyen a sacarles de su situación.

C) El daño del Proyecto en los empresarios

Las previsiones irreales contempladas en el Proyecto de Presupuestos y el asalto al bolsillo de las familias descritos anteriormente van acompañados de un severo golpe, también, al tejido
empresarial español.

No en vano, el sector empresarial español está compuesto en su mayoría (99,6 %, según la AEAT) por PYMES. Estas empresas de pequeño y mediano tamaño, que contribuyen decididamente a la vertebración territorial y al
desarrollo de sus zonas de actuación, sufren por sobrevivir y padecen las políticas del Gobierno, que se han revelado desde su inicio depredadoras de la libertad económica y perjudiciales a la inversión.

Así, el mencionado encarecimiento de
los insumos energéticos obliga a muchas empresas, particularmente las electrointensivas, a realizar paros, y eleva los costes fijos que soportan los empresarios. Estos factores, junto con el crecimiento desmedido de los precios y el previsible
retraimiento del consumo por este motivo, tienen y tendrán graves efectos en el empleo que no prevé el proyecto.

En este sentido, el aumento de recaudación por Impuesto sobre Sociedades («IS») hasta octubre de 2022 ha sido del 30,7 % con
respecto al mismo periodo del año 2021. Si se cumplen las previsiones del Ejecutivo para el año 2023, las empresas españolas pagarán 4.786 millones de euros más por este concepto con respecto a 2019. Además, y relacionado con lo anterior, las
empresas más pequeñas tienen que abordar los mayores costes salariales derivados del aumento de las cuotas de la Seguridad Social.

Por lo tanto, la actividad empresarial en España se verá estrangulada bien por el Gobierno, con el imparable
incremento de los impuestos, bien por la crisis, que algunos aventuran que será mayor que la de 2007.

D) Las advertencias de organismos independientes sobre los peligros de una gestión económica irresponsable

En total, el
aumento de recaudación por impuestos en el año 2023 en relación con 2019 se estima que sea de 49.973 millones de euros, hasta los 262.781 millones. En el ejercicio actual, el conjunto de la recaudación tributaria ha aumentado hasta octubre
en 32.284 millones con respecto al mismo período de 2021.

De nuevo se muestra cómo el Gobierno desdeña llevar a cabo políticas contracíclicas, que implicarían ahorrar el exceso de recaudación para cuando sea necesario o bajar impuestos; al
contrario, el Proyecto de Presupuestos escala su voracidad, haciendo que las familias españolas sufran en su bolsillo las políticas ideológicas y empobrecedoras del Gobierno.

En este punto, hemos de referirnos a las opiniones emitidas por la
presidenta de la AIReF, doña Cristina Herrero Sánchez, y por el gobernador del Banco de España, don Pablo Hernández de Cos, sobre el Proyecto, en sus respectivas comparecencias en la Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados los días 17
y 18 de octubre de 2022.

Entre otras cuestiones de enorme relevancia, la señora Herrero Sánchez:

• denunció que la autoridad independiente que preside no ha sido consultada previamente al mes de julio sobre el informe de
situación económica que elabora el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital en virtud del artículo 15.5 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en relación con el otorgamiento de aval al cuadro
macroeconómico que presenta el Gobierno (base para fijar el techo de gasto y posterior elaboración de los Presupuestos Generales del Estado);

• alertó sobre una posible revisión a la baja del dato de crecimiento económico de la
AIReF (de por sí más bajo que el del Gobierno) y una actualización al alza del dato de inflación, en ambos casos en un escenario de corte total de suministro del gas ruso;

• manifestó su perplejidad por las medidas tributarias
anunciadas recientemente por el presidente del Gobierno, que no se incorporan en el Proyecto de Presupuestos pero que, sin embargo, tienen la suficiente entidad y cuantía como para reducir notablemente la ya de por sí escasa calidad del PLPGE 2023,
advirtiendo de que son perjudiciales «para alcanzar un nivel de déficit suficiente para reconducir la deuda hacia niveles más sostenibles que reduzcan la vulnerabilidad de la economía española»; y,

• en relación con lo anterior,
criticó duramente la inconsistencia derivada de la inclusión en el Plan Presupuestario enviado a la Comisión Europea de un Escenario 2 dos días después de la presentación del Proyecto de Presupuestos y que no queda recogido en este. Un escenario en
el que se contempla una mayor recaudación tributaria y menor crecimiento de gastos, a pesar de la incorporación de unas medidas adicionales que algunos cifran en 10.000 millones de euros.

Por su parte, el señor Hernández de Cos manifestó,
además de otras consideraciones, lo siguiente:

• un buen número de sectores económicos (comercio, transportes, ocio y hostelería) y de regiones españolas (Canarias e Islas Baleares) se encuentran aún por debajo de los niveles de
actividad y crecimiento previos a la crisis originada por las medidas restrictivas dictadas por las autoridades sanitarias para hacer frente a la situación de salud pública;

• los desajustes observados entre oferta y demanda de
bienes y el grado de persistencia de las previsiones inflacionistas en el contexto internacional y, con mayor crudeza, en España, invitan a pensar en una probable revisión a la baja del crecimiento no solo en el próximo año, sino ya en el
presente.

Es indudable que la capacidad de gasto público en estos momentos se ve coartada por el endeudamiento en que han incurrido los sucesivos Gobiernos, que impide que en el momento actual, en el que la Nación requiere una mayor inversión
en las necesidades de los españoles, la disponibilidad para gastar sea escasa.

E) Los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

El Proyecto incluye 30.000 millones provenientes del Instrumento Europeo de
Recuperación, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

Ya en los Presupuestos Generales del Estado para los ejercicios 2021 y 2022 se incluyeron, respectivamente, 27.000 y 28.000 millones de euros, a los que
el Gobierno confió la recuperación y la transformación de nuestro sistema productivo. Como se preveía, y se advirtió por numerosos organismos, un gran porcentaje de estos fondos no se ha ejecutado.

Igualmente, tanto la AIReF como el Banco de
España han criticado no solo la escasa ejecución, sino principalmente la falta de información sobre la ejecución finalista, así como del impacto de estos en la economía real, más allá de los datos macroeconómicos. Por ello, ambas instituciones
ponen en cuestión la aportación de dichos fondos al crecimiento económico y, con ello, su contribución al crecimiento del PIB.

En relación con esta última magnitud, ambas instituciones independientes aventuran que el PIB no alcanzará el nivel
anterior a la crisis originada por las restricciones derivadas de la actuación frente a la pandemia hasta avanzado el año 2023 o, incluso, hasta principios del 2024. Sin embargo, esta recuperación se ve seriamente amenazada por el incierto
escenario internacional, frente al que se alerta de la vulnerabilidad de la economía española.

F) Los graves incumplimientos del Gobierno en materia presupuestaria

Por último, deben señalarse los graves incumplimientos del
Gobierno en materia presupuestaria, que pueden resumirse como sigue:

• En materia de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, el Proyecto incurre en mayores gastos estructurales, como la transferencia anual a la
Seguridad Social para que asuma competencias que no le son propias y que condenan a España a niveles de déficit público superiores al 3 %. De nuevo, no se contempla ninguna medida que favorezca la reducción del déficit estructural incluso con
contextos de ingresos favorables al Estado.

Como se ha apuntado anteriormente, la deuda pública estará al menos hasta el año 2026 en niveles superiores al 100 % del PIB a pesar del importante aumento del deflactor. Asimismo, la AIReF ha
advertido de que, si se prorrogan las medidas de gasto para el año 2023, el incremento de gasto primario corriente neto de medidas de ingresos se acercará al 7 %, por encima del permitido por la Comisión Europea.

• En cuanto al
principio de plurianualidad, el Gobierno presenta los presupuestos a un solo año vista (2023), incumpliendo la preceptiva «elaboración de un marco presupuestario a medio plazo en el que se enmarcará la elaboración del presupuesto (tres años)».
Desde el comienzo de la Legislatura, la AIReF y el Banco de España han venido reclamando al Gobierno que establezca «una estrategia fiscal de medio plazo que sirva de orientación fiscal y garantice de manera creíble y realista la
sostenibilidad».

Sin embargo, el Gobierno ha presentado de nuevo el Proyecto de Presupuestos y el Plan Presupuestario sin un horizonte temporal que otorgue un marco temporal para valorar las medidas de política fiscal. El Gobierno asegura
públicamente, en respuesta a las recomendaciones de la AIReF, que con lo presentado es suficiente, algo que no es cierto y que VOX ha denunciado de forma reiterada.

• Con respecto al principio de transparencia, como pone de
manifiesto la AIReF, el Gobierno incumple con el «principio esencial para la obtención de información con regularidad suficiente para el seguimiento de las cuentas y del cumplimiento de los objetivos de todos los subsectores», ante «la ausencia de
un presupuesto inicial en términos de contabilidad nacional y de la conciliación del saldo presupuestario con el déficit de referencia en contabilidad nacional», sin recoger la información relativa a las rúbricas de contabilidad nacional en el
Informe Económico Financiero de la Seguridad Social, del PRTR, y de los riesgos fiscales que pueden afectar al déficit.

• Respecto del principio de eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos, el Proyecto
de Presupuestos no incorpora el escenario presupuestario de una eventual prórroga de las medidas para paliar los efectos de la crisis energética y la guerra en Ucrania.

Asimismo, cabe destacar la falta de preocupación del Gobierno sobre el
buen uso de los recursos públicos, en particular de aquellas independientes que vigilan la actuación del Ejecutivo. Así, el Gobierno ha presupuestado unos ingresos para la AIReF en el año 2023 en concepto de «estudios realizados» inferiores en
un 50 % al de 2022.

• Por último, el Gobierno ignora el principio de responsabilidad, que trata de las consecuencias asumidas por las Administraciones derivadas de incumplir la normativa sobre estabilidad presupuestaria. La
justificación que el Ejecutivo encuentra es que el cumplimiento de las reglas fiscales está en suspenso con autorización de la Comisión Europea.

Además, antes de que la Comisión Europea permitiera dicha cláusula de escape, el Gobierno no
cumplía con el Pacto Presupuestario de mínimo del déficit estructural del 0,5 % del PIB y 60 % de deuda. Así lleva ocurriendo desde hace casi 15 años, sin que ningún Gobierno haya asumido responsabilidad alguna.

3. LA UTILIZACIÓN
IRRESPONSABLE POR EL GOBIERNO DE LOS RECURSOS DE TODOS LOS ESPAÑOLES

Han de exponerse a continuación, desglosadas por áreas temáticas, algunas de las más sangrantes intenciones de este Proyecto de Presupuestos, que debe ser, por el bien de
España, el último que elabore este Gobierno.

A) Energía

La emergencia de la situación actual en materia energética obliga a que el presente documento comience refiriendo la política presupuestaria del Gobierno en esta cuestión.

El Proyecto de Presupuestos no acierta al enfrentarse al origen de la actual crisis energética que, es necesario recordarlo, no se ha originado por la invasión de Ucrania, acontecimiento que solamente ha venido a agravarla. Ni siquiera sería
correcto afirmar que su origen último está en las subidas de precios de la electricidad que se produjeron en el verano de 2021.

Lo cierto es que la génesis de la actual crisis energética, que sufren Europa y de modo más concreto España, está
en causas estructurales cuyo origen tiene que remontarse al modelo económico y productivo impulsado por los Gobiernos de las últimas décadas. Este modelo se ha sustentado en buena medida en la adopción de políticas energéticas profundamente nocivas
para las economías de las naciones occidentales. Entre ellas están la renuncia a la utilización de los combustibles fósiles o el abandono de la energía nuclear, todo lo cual ha supuesto un aumento de la dependencia energética y un encarecimiento
masivo de las fases del proceso productivo, y ha constituido igualmente uno de los principales factores del devastador proceso de desindustrialización que han sufrido los países europeos y de modo especial España.

La Ley 7/2021, de 20 de
mayo, de cambio climático y transición energética, con su prohibición de explorar, investigar y explotar los recursos energéticos, o la negativa del Gobierno a que se incluyan las energías nuclear y de gas en la taxonomía europea, son solamente dos
de los hitos que han marcado la ejecutoria del Gobierno en esta materia. Sin temor a equivocarnos podemos atribuir al Ejecutivo gran parte de la responsabilidad por la subida de los precios de la energía que, por su parte, han contribuido
decisivamente al terrible incremento de la inflación y, con él, al aumento de los costes de la industria, del comercio y del turismo, y a la atroz disminución del nivel de vida de tantísimos españoles.

Buen ejemplo de las insuficiencias de
las previsiones presupuestarias del Proyecto es el Bono Social Térmico. Si bien se destinan 259 millones de euros a esta partida, hasta el momento las cuantías dispuestas en estos últimos se han revelado escasas y no han podido cumplir un fin
social efectivo. Es más, el propio Gobierno, en la línea errática que caracteriza su trayectoria, y por medio de Real Decreto-ley posterior a la presentación del Proyecto de Presupuestos, se ha visto obligado a aumentar las dotaciones para esta
finalidad. Es obvio que la situación en el momento actual es bastante peor de la prevista en el Proyecto, y que cabe anticipar que en un futuro será mucho más desfavorable. Por eso, solamente puede concluirse que la cuantía que ahora se asigna va
a resultar absolutamente insuficiente.

Este es un punto en el que pueden apreciarse con claridad las manifiestas carencias que tienen las proclamadas políticas sociales del actual Gobierno. Es fundamental que la comunidad política atienda
con toda diligencia las necesidades de los españoles, en especial de los más desfavorecidos, sobre todo en situaciones críticas como la presente. La ausencia de un esfuerzo mucho mayor en esta medida central de política social por parte de un
Ejecutivo que, lejos de suprimir, aumenta los gastos puramente ideológicos caracterizados por el sectarismo y la frivolidad, despeja cualquier duda acerca de la insensibilidad y el cinismo de la política gubernamental.

Otro ámbito en el que
se manifiesta la inutilidad de estos Presupuestos como instrumento para la recuperación de la economía, es el de la energía hidráulica de centrales reversibles. Dicha fuente no puede faltar en un «mix» energético verdaderamente adecuado a las
necesidades de nuestra Nación, y en que también deben figurar el resto de las renovables y la nuclear. Es imperativa la conformación de un sistema nacional de suministros hídricos ordenado al bien común, articulado en un Plan Nacional del Agua y
que tenga por objetivo principal la interconexión de todas las cuencas para asegurar que el agua llega a todos los españoles sin distinción de territorios. No hay, sin embargo, en el Proyecto de Presupuestos asignaciones para indemnizaciones por
rescate de concesiones hidroeléctricas. Por supuesto, tampoco las hay para energía nuclear. Tales omisiones del Proyecto dejan en evidencia la incompatibilidad de tal programa con el interés nacional. Y son el reflejo de unas políticas que
tendrán ―ya las están teniendo― enormes consecuencias para los españoles del presente y del futuro.

B) Inmigración ilegal

Tampoco se librará la sociedad española de los negativos efectos que el Proyecto de
Presupuestos va a producir en materia de inmigración ilegal. La entrada ilícita masiva de personas en España constituye, desde hace décadas, uno de los problemas más graves a los que se enfrenta nuestro país. Entraña, a un tiempo, un grave peligro
para la convivencia en la sociedad y la seguridad en los barrios, un desafío para el futuro económico, y una amenaza cierta para la identidad nacional y para la cohesión indispensable en la que se asienta toda comunidad.

Nuestro país necesita
una política migratoria firme, sólidamente cimentada en la defensa de la soberanía de España, en la protección de los españoles frente a la inseguridad y al deterioro económico que provoca la inmigración ilegal masiva, y en el aseguramiento del
interés nacional. Para ello, las líneas básicas deben ser la integridad de las fronteras, la total prioridad de los españoles en el acceso a servicios públicos, la aplicación inexorable de la ley contra todos los individuos que cometan delitos, y
la expulsión igualmente inexorable de todo inmigrante ilegal.

No es esta, sin embargo, la línea política que observa el Gobierno actual, que ha optado por una sospechosa complicidad con la inmigración ilegal. En esta actitud confluyen varias
de las tendencias que representan los intereses ideológicos de las fuerzas políticas que forman el Ejecutivo. De una parte, se pretende implantar la agenda globalista que aspira a un mundo sin fronteras ni lealtades nacionales; de otra, hay una
deliberada voluntad de alentar la llegada de personas con costumbres y principios contrarios a los que sustentan Occidente, para forjar artificialmente una sociedad multicultural en la que se diluya la identidad de nuestro pueblo.

Además,
concurren en los actuales gobernantes los prejuicios progresistas en cuya virtud tienden a contemplar con sospecha y reticencia la aplicación de la ley y el orden por las fuerzas de seguridad. Finalmente, puede adivinarse en ellos un propósito de
modificar la composición demográfica de la población con la simultánea alteración del cuerpo electoral, en un sentido que desde las instancias de los partidos del Gobierno predicen como favorable. Y por supuesto, todo lo anterior va a acompañado de
una total indiferencia por las consecuencias nocivas que la inmigración ilegal masiva ha provocado y provoca en la libertad y la seguridad de los españoles, y también en sus condiciones laborales.

El conjunto de las partidas presupuestarias
que pueden representar gasto del que se verá beneficiada la inmigración ilegal ascenderá a 881,7 millones de euros en 2023, un 65 % más de lo contemplado en los Presupuestos para el ejercicio 2021. Así, para «acciones en favor de los inmigrantes»
se destinan 750 millones de euros, que son 180 millones más que para el presente año (+32 %) y 326 millones más que en los del año 2021 (+77 %). El Proyecto original dedicaba a favor de los Menores Extranjeros No Acompañados (MENA) 131 millones de
euros, lo que representa 3,3 millones más que en 2022 y 23,3 millones más que en 2021. A ello hay que sumar que, con la aprobación de la Enmienda Transaccional 135 del Congreso, se atribuyen 50 millones a la autoridad regional de Canarias para
atención a menores inmigrantes.

Los elementos fundamentales de una política migratoria responsable son el control y la evitación del «efecto llamada». Si también es importante la expulsión de los inmigrantes ilegales, las previsiones del
Proyecto se caracterizan por la omisión y la pasividad en este punto, volcando por el contrario su fuerza inversora real en la ampliación y mejora de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), como los de Madrid y Lanzarote, o incluso con la
construcción de uno nuevo en Algeciras. Esta línea gubernamental vino a ser admitida por el propio Ejecutivo en su respuesta a una pregunta del Grupo Parlamentario VOX del Congreso de los Diputados, al reconocer que desde 2019 el porcentaje de
inmigrantes ilegales expulsados ha disminuido drásticamente. Por ejemplo, en 2021 de las 42.614 órdenes de devolución dictadas fueron ejecutadas solamente 1.417, esto es, un 3,32 %. El dato de lo que llevamos de 2022 es más sangrante todavía, ya
que, de 18.678 órdenes emitidas de devolución, se han cumplido únicamente 539, es decir, un 2,8 %. Queda en evidencia la inacción cómplice del Gobierno ante el fenómeno de la inmigración ilegal y ante el mencionado «efecto llamada», plasmada en
este caso en las omisiones de su proyecto presupuestario.

En la misma línea podemos mencionar que la inversión prevista para el Plan de Seguridad del Archipiélago Canario sea igual que la del año anterior, siendo las necesidades actuales y
las que se pueden augurar para 2023 muy superiores a las previstas. En cuanto a las plazas españolas en el norte de África, mientras que se ha congelado la inversión en la infraestructura de la frontera de Melilla, ha disminuido la relativa a la
infraestructura fronteriza de Ceuta. Esta última disminución es especialmente censurable, dadas las crecientes violencia, agresividad y frecuencia de los asaltos a la valla fronteriza.

En llamativa disparidad con lo anterior, el
programa 231B (Acciones en favor de los emigrantes) no experimenta variaciones con respecto a su cómputo total en los presupuestos pasados, e incluso son inferiores en 466.000 euros respecto de 2021. Esto significa que, frente al incremento
del 32 % de las acciones dirigidas a los inmigrantes, los españoles en el extranjero no se consideran merecedores de un aumento de los fondos destinados a ellos. Hay que reconocer la coherencia del Ejecutivo con sus propias políticas, plenamente
alineadas con los designios globalistas: pasividad con la entrada masiva de extranjeros en España, y la misma pasividad con la marcha masiva de españoles al extranjero. También en este punto, el PLPGE 2023, al no volcarse en políticas que puedan
favorecer el retorno de los españoles expatriados, está apostando por un mundo sin fronteras y sin raíces.

En definitiva, el Proyecto de Presupuestos del Gobierno en este ámbito es tan criticable por lo gasta como por lo que deja de gastar.
De una parte, inversiones en partidas que terminan por implicar un aumento del citado «efecto llamada», y de otra parte falta de fondos para una lucha efectiva contra la inmigración ilegal. La expulsión de inmigrantes, como se ha podido observar en
los números de los últimos años, está en cifras que, cuando se contrastan con las de personas que entran ilegalmente en España, pueden ser calificadas de ridículas. Y, si hacemos caso de las partidas presupuestarias destinadas a esta finalidad, lo
previsible es que las cifras de expulsiones sean aún más ridículas en el futuro.

Lo mismo se puede decir del hecho de que los fondos dispuestos para la seguridad fronteriza de varios puntos sensibles de la frontera sur se hayan congelado o
reducido. Está claro que para el actual Gobierno la inmigración ilegal no es un fenómeno negativo al que hay que combatir. Por el contrario, lo contempla con complicidad y con la seguridad de que, a medio y largo plazo, la presencia masiva en
España de extranjeros que han entrado ilegalmente en nuestro país ha de suponer un elemento de primera categoría en la consolidación de una total hegemonía numérica y cultural de las fuerzas políticas y sociales que respaldan al Ejecutivo.

El
precio que deberá pagarse por los españoles en términos de inseguridad ciudadana ―especialmente en los barrios más populares― o de empeoramiento de las condiciones laborales, que de nuevo sufren en mayor medida los sectores más
desfavorecidos, es contemplado por el Gobierno con indiferencia. Por ello, hay que insistir en que debería consultarse al pueblo español sobre la conveniencia de un cambio de políticas públicas en este ámbito, y sobre la posibilidad de que los
poderes públicos trabajen para que la inmigración sea en todo caso legal y culturalmente asimilable. En todo caso, la inspiración y el contenido de la iniciativa presupuestaria del Gobierno en materia de inmigración ilegal son parte principal de
las razones que justifican un rechazo absoluto del Proyecto de Presupuestos.

C) Política social

Como ya hemos señalado con anterioridad, nos encontramos ante unos presupuestos que se definen por ser una herramienta ideológica.
Y es precisamente esa dinámica la que se hace más evidente en el Proyecto en materia social, al aumentar indiscriminadamente el derroche en detrimento de los españoles.

En un país en constante envejecimiento poblacional, tanto por el descenso
vertiginoso de la natalidad como por la creciente esperanza de vida, se debería garantizar que la atención a los mayores y dependientes fuese suficiente, sin obstrucciones burocráticas y equitativa en todas las regiones del país. En su lugar, el
PLPGE 2023 destina más de la mitad de la cuantía del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 a otras cuestiones que son, cuando menos, innecesarias.

Entre ellas ha de señalarse la partida destinada a la Dirección General de Derechos de
los animales, dotada con 7.481.710 euros, con un 23 % respecto de 2022, cuyo objeto es propugnar que los animales son, contra el más elemental sentido común y jurídico, sujetos de derecho y es la coartada para mantener, a costa del erario público,
una pléyade de «chiringuitos».

Igualmente errada y desconectada de las necesidades de los españoles es la partida destinada expresamente a la Agenda 2030, con nada menos que 24.978.170 euros, un 8 % más que en el ejercicio anterior
(Programa 921Y). No contento con llamar Agenda 2030 de forma transversal en un sinfín de políticas de bienestar (revalorización de pensiones —ODS 1—, sanidad —ODS 3—, educación —ODS 4—), el Gobierno decide un
año más incrementar una partida que tiene por objeto aplicar esta Agenda —globalista y desposeedora de soberanía nacional— en multitud de políticas públicas a nivel estatal, autonómico y local.

Centrado en tales cuestiones, el
Gobierno desatiende, sin embargo, con unas partidas a todas luces insuficientes, a las familias numerosas y a quienes padecen situaciones calamitosas en esta situación de emergencia social. Se olvida también de los jóvenes, aquejados con una
elevadísima tasa de desempleo (del 32,3 % según Eurostat, más del doble de la media de la Unión Europea) y una grave dificultad de acceso a la vivienda, y para los cuales se presupuestan ayudas transidas de ideología de género (no hay más que ver la
enunciación que, en el Libro amarillo del PLPGE 2023 se hace del Plan Garantía Juvenil Plus 2021-2027), y un plan «bono alquiler joven» del cual, pese al boato con que se anunció en los presupuestos del pasado ejercicio, aún no se ha ejecutado nada.
El Gobierno también da la espalda a los más necesitados, para los cuales propone medidas escasas e ineficaces que, a la postre, no suponen una mejora de su situación. El Ingreso Mínimo Vital es quizás el más claro ejemplo de esto, en la medida en
que se trata de una ayuda que la mayor parte de sus beneficiarios aún están esperando cobrar, más de un año después de haber tramitado la solicitud.

En contraposición al elevado gasto señalado, el presupuesto dedicado a Sanidad ha aumentado
en los PGE 2023 un 4,5 % respecto del ejercicio 2022 (sin fondos europeos). Con total seguridad, este crecimiento en el gasto se destinará en su mayor parte a las regiones, y no se dirigirá a paliar los problemas más graves que aquejan al Sistema
Nacional de Salud, como las listas de espera o la inequidad en el acceso de los servicios. Ambas cuestiones son consecuencia de la desigualdad que sufren los españoles en materia sanitaria en función de la región en que residan, máxime habiendo
experimentado recientemente la mayor crisis sociosanitaria de los últimos tiempos.

Por el contrario, el Gobierno prefiere continuar dedicándose a la ideología, como lo demuestra el incremento presupuestario del 7,3 % del Ministerio de
Consumo, cuya aportación al bien de los españoles y concretamente, de los consumidores y usuarios, es —cuando menos— dudosa dada su escasísima actividad en esta Legislatura y las prácticamente nulas competencias al estar transferidas a
las Comunidades Autónomas. La escasa actividad del Ministerio en tales materias no justificaría en absoluto el incremento presupuestario señalado, pero es que el titular del Departamento se ha dedicado durante la legislatura a atacar sectores
estratégicos para España —el agrícola y el ganadero, especialmente—.

Por cuanto se refiere al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, es claro que continúa priorizando el mantenimiento de políticas dirigidas al
apoyo de la inmigración. En cambio, desatiende la grave y urgente cuestión de las pensiones. Esto es, la revalorización de las pensiones se hace a todas luces insuficiente, teniendo en cuenta los niveles de inflación actuales que, previsiblemente
se mantendrán durante 2023. No hay que engañarse: esta subida de las pensiones no es más que otro acto puramente electoral del Gobierno, pues de haber querido incrementar la cantidad que reciben nuestros mayores ya lo habría hecho hace más de un
año, cuando VOX lo reclamó como medida urgente.

Por otro lado, nada hace indicar que el Proyecto de Presupuestos posibilitará el necesario planteamiento del debate sobre la viabilidad del sistema público de pensiones, que es insostenible en
el medio plazo. En lugar de ello, este sistema es utilizado como una herramienta electoral en manos de los partidos políticos que han ocupado el poder hasta ahora, lo que debe rechazarse: las pensiones tienen que ser una herramienta al servicio de
los españoles, que garantice la dignidad a quienes, habiendo trabajado toda su vida y llegada su jubilación, merece un descanso ganado con tantos años de trabajo; estas prestaciones han de ser, además, garantía de futuro para los españoles. De ahí
que sea imperativo hacer un replanteamiento del sistema de pensiones para que nadie, ni ahora ni en el futuro, quede atrás, y para que los españoles jóvenes y de mediana edad tengan certeza de que el Estado acudirá a acompañarlos como acudió al
encuentro de sus padres y abuelos.

Por último, si hay un ejemplo en el que se plasma claramente la ideologización a la que nos hemos referido es la entera Sección 30, destinada al Ministerio de Igualdad, totalmente innecesario. Pues bien, el
presupuesto de este Departamento, un año más, vuelve a aumentar (un 9,14 %). No solo se trata de un dinero público que se destina a fines que generan enfrentamiento entre españoles, sino que, a mayor abundamiento, las cifras de la llamada
«violencia de género» que el propio Gobierno publica demuestran que sus políticas están siendo inútiles, toda vez que esta violencia se ha elevado de 29.215 víctimas en 2020 a 30.141 en 2021, según el INE. A pesar de esta tendencia contrastada,
«el 46 % del presupuesto para 2023, un total de 261 millones de euros, se invertirán [sic] en políticas para prevenir las violencias machistas, si a eso le sumamos 59 millones de euros del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, la cifra llega a un
total de 320 millones de euros, es decir un 56 % del total. Un aumento del 12,1 % respecto a 2022».

Por lo tanto, en lo tocante al ámbito social del PLPGE 2023 la conclusión es clara: se debe renunciar a la imposición de la ideología para
atender a las verdaderas necesidades de los españoles, a los cuales además se debe consultar en aquellas cuestiones que se han adoptado a sus espaldas.

D) Gasto político e improductivo

Nos encontramos con el apartado de este
Proyecto de Presupuestos que mejor sintetiza la renuncia de este Gobierno a custodiar con los máximos estándares éticos el dinero de todos los españoles y a gestionar e invertir este con la diligencia y excelencia debida. En este sentido, no se ha
llevado a cabo una verdadera reforma del sector público, ni se ha auditado el número y la gestión de una pléyade de entes instrumentales, de observatorios, organismos, comisionados, consorcios o fondos carentes de personalidad jurídica, procediendo
a la eliminación de muchos de ellos, ni a la implantación de una verdadera excelencia en la gestión de empresas públicas o participadas por el Estado.

Los fondos que aportan los españoles deben destinarse a satisfacer sus necesidades reales,
a mejorar la educación, la sanidad y la dependencia, recabando para la Administración General del Estado las competencias en estas y otras materias. No deben dilapidarse en oscuros «chiringuitos», que escapan de la rendición de cuentas y violan
todas las normas de transparencia.

i) El Gobierno de España en su conjunto

Así, en la cúspide de la Administración se encuentra el Gobierno con la estructura más desmesurada de la historia constitucional de España. Cuenta con 3
Vicepresidencias (4 al inicio de la Legislatura), 22 Ministerios, casi 30 Secretarías de Estado y más de medio centenar de órganos superiores. Esta organización exige un volumen de gasto desmedido, inimaginable para un español medio.

Y no
deja de crecer, por cuanto se siguen creando organismos sin contención, como los tres nuevos que contempla la recién aprobada Ley de institucionalización de la evaluación de políticas públicas en la Administración General del Estado, o los ocho
nuevos organismos (entre comités, consejos y registros) de dudosa utilidad y gran sectarismo que incluye el Proyecto de Ley de protección, «derechos» y bienestar de los animales, actualmente en tramitación en el Congreso de los Diputados.

ii)
El Ministerio de Igualdad

Capítulo aparte merece el gasto superfluo en el Ministerio de Igualdad, departamento citado en muchas ocasiones en esta propuesta de veto y arquetipo de estructura absolutamente innecesaria, inútil y perjudicial para
los españoles.

Este departamento costará a nuestros bolsillos un 9,7 % más que el ejercicio anterior, a causa de programas que experimentan subidas exponenciales:

• El primero de ellos es el de igualdad de trato y
diversidad, que aumenta un 73,4 %, sobre todo a causa de la descomunal subida —en un 996 %— de las transferencias corrientes a instituciones sin fines de lucro «para la formación y sensibilización en materia de igualdad de trato y
diversidad étnico racial, y sobre la diversidad afectivo-sexual, familiar y de género y de promoción de los derechos de las personas LGTBI».

• Asimismo, el Instituto de las Mujeres incrementaba en el Proyecto original un 28,7 %
su gasto respecto del anterior ejercicio (transferencias y libramientos internos), cuantía a la que se suma lo que dicho organismo percibe con cargo al mecanismo de recuperación y resiliencia.

• También crece en un 31,9 % el
presupuesto de la Dirección y Servicios Generales de Igualdad, no solo por el aumento de los gastos de personal (en casi un 20 %), sino también porque se incrementaban en el Proyecto original un 67 % los gastos corrientes en bienes y servicios,
entre los cuales se incluyen cuestiones como las atenciones protocolarias o los gastos asociados a la Presidencia española del Consejo de la Unión Europea.

iii) La Administración periférica

En la Administración periférica, el Proyecto
mantiene el derroche de 6 millones de euros en personal eventual de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno en las provincias y Direcciones Insulares en las islas. En mitad de una crisis económica, no se reduce ni un euro el gasto de
asesores nombrados «a dedo».

iv) La red clientelar del Estado

Asimismo, los sucesivos Gobiernos, con particular ahínco aquellos de izquierda, han cultivado una red clientelar que extiende sus tentáculos hasta una gran parte del tejido
político, sindical, empresarial, asociativo y de comunicación. En lugar de tener como referencia la protección de sus afiliados y asociados y, en suma, los intereses generales, tales partidos, entidades y asociaciones sirven en muchas ocasiones
como terminales del Ejecutivo de turno y sobreviven solo a base de lo que le regalan los sucesivos Gobiernos.

Como los más notorios casos en los que el ejercicio de un derecho fundamental, imprescindible en democracia como la participación
política o la libertad sindical, se ve supeditado por intereses políticos y espurios encontramos a los partidos políticos y a los sindicatos y organizaciones empresariales.

Es lógico, por sus antecedentes y actuación, que este Gobierno haya
aumentado las partidas presupuestarias destinadas al sostenimiento de estos, lo que prueba, una vez más, lo irreal de este Proyecto de Presupuestos y lo alejado que este está de las necesidades de los españoles.

— Partidos
políticos

En cuanto a los partidos políticos, el incremento de las partidas para estos, dentro del presupuesto del Ministerio del Interior, en el programa 924M «Elecciones y Partidos Políticos» es significativo. Así, dentro de Transferencias
Corrientes, nos encontramos con más de 108 millones de euros destinados a «financiación a partidos políticos», el doble de lo contenido en el presupuesto de 2022, cuando ascendía a casi 59 millones de euros.

El hecho de que esta partida
aumente el doble, a pesar de que se deba a que 2023 es año con diversas convocatorias electorales, no hace sino confirmar que todas las subvenciones a partidos políticos deben ser suprimidas.

— Sindicatos y organizaciones
empresariales

Respecto de los sindicatos y organizaciones empresariales, en 2021 —antes, por tanto, de la guerra en Ucrania— el Gobierno incrementó las subvenciones a los sindicatos un 56 % con relación al año anterior;
en 2022, el incremento adicional fue del 23 %. En 2023, de aprobarse estas nefastas cuentas públicas, los sindicatos recibirán una cifra que hemos estimado en casi 40 millones de euros. Ello, a pesar de que dentro del programa 281M «Dirección y
Servicios Generales de Trabajo y Economía Social» se presupuesta, en transferencias corrientes para sindicatos y organizaciones empresariales, una cifra de más de 21 millones de euros.

A ello deben sumarse conceptos difícilmente
cuantificables, como las cesiones de bienes inmobiliarios de patrimonio del Estado, las competencias cedidas a la negociación colectiva o los cursos de formación que gestionan los sindicatos, entre otros muchos (para 2023, el Gobierno ha
presupuestado la cantidad total de 14.259.120,00 de euros por este concepto, habiéndose triplicado, desde los 4 millones de euros, desde el momento en que el actual Gobierno tomó posesión).

En resumen, se trata de conceptos que hacen que la
factura que implica para los españoles unos sindicatos de clase domesticados y que no defienden al trabajador ni a sus afiliados, sino que suelen ser un arma política al servicio de Gobiernos de izquierdas, ascienda a una cantidad muy superior a
estos 40 millones de euros.

Estas organizaciones, teóricamente llamadas a representar y canalizar los intereses y aspiraciones de los españoles, en muchas ocasiones no defienden los intereses que deberían, centrando sus reivindicaciones en
proteger sus propios intereses y sus privilegios. La abundancia de casos y ejemplos negativos han propiciado que muchos españoles vean el sostenimiento de sus estructuras con fondos públicos como un gasto prescindible, más si se tiene en cuenta la
actual situación de crisis, inflación y previsible estanflación. Todas las subvenciones y ayudas a sindicatos deben ser suprimidas.

Una de las reivindicaciones que más hacen los españoles es que tanto los partidos políticos como los
sindicatos y las organizaciones empresariales se financien con las cuotas de sus propios afiliados. En caso contrario, se estarían perpetuando los partidos que hubieran obtenido cargos electos en elecciones anteriores, o las organizaciones
sindicales y patronales con «mayor representatividad» en el momento actual al disponer de subvenciones y ayudas para su sostenimiento.

v) Propaganda del Gobierno

Esta voluntad colonizadora de numerosas facetas sociales se manifiesta
por el Gobierno en otros hechos escandalosos: en marzo de 2020 —poco después de reconocer la gravedad de la COVID-19— el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que concedió 15 millones de euros
a fondo perdido a los medios de comunicación; el Ejecutivo incrementó también el gasto en publicidad institucional un 5,10 % en 2020, y en 2021 esta misma partida aumentó un 86,77 %, el nivel más alto desde 2010, y la tendencia para este ejercicio
sigue al alza, por cuanto la publicidad y la comunicación institucional de la Administración General del Estado crecerá otro 28,34 %.

A la espera de conocer el nuevo Plan de Publicidad Institucional, cuya publicación está prevista para el mes
de enero de 2023, en el Proyecto ya se detecta un incremento muy superior de esta partida (nada menos que del 37 % en el subconcepto 226.02 «Publicidad y Propaganda»), que pasa de 42 a más de 57 millones de euros. Sin embargo, tampoco este elevado
incremento agotará el que será el gasto total del Gobierno en publicidad y propaganda: para conocerlo, habría que tener en cuenta también «las campañas de sensibilización y concienciación ciudadana que sean susceptibles de producir efectos en
varios ejercicios», cuyo desglose hoy es imposible conocer. No obstante las limitaciones a las que nos enfrentamos, los presupuestos reflejan ya al menos un incremento de casi el 50 % en pura propaganda del Gobierno, en regar a medios favorables y
a empresas amigas.

vi) RTVE

También controlada por SEPI, merece atención la Corporación de Radio y Televisión Española (RTVE) que, en medio de un proceso de creciente control por el Gobierno y el PSOE ―si cabe, mayor que el que
ha ejercido el bipartidismo durante la vigencia del actual sistema político―, registra unas audiencias paupérrimas y sufre un severo debilitamiento de su marca y de su ya maltrecha reputación. A pesar de ello, los PGE 2023 consignan un
aumento en transferencias de 47 millones de euros respecto de 2022, hasta los 490 millones de euros.

El medio de comunicación con mayor plantilla de España requiere inyecciones constantes del Gobierno para poder sobrevivir y se hunde entre
acusaciones de mala gestión, nepotismo, incompetencia y servilismo a los dictados del Gobierno al que debe controlar; al mismo tiempo, el problema de su financiación, un agujero negro para los españoles, ni siquiera se plantea.

vii) Partidas
netamente ideológicas y contrarias al bien común

La falta de respeto del Gobierno por los españoles y por sus más acuciantes necesidades se evidencia también en otras partidas que, si bien de no gran cuantía en relación con el total del
presupuesto, parecen una broma pesada en vista de la situación que atraviesa nuestro país:

• A organizaciones de defensa de una supuesta «igualdad de género» o del lobby LGTBI se dirigen ingentes cantidades de dinero público,
que algunos estiman en más de 200 millones de euros, no solo provenientes del Ministerio de Igualdad.

• La Dirección General de supuestos «Derechos» de los Animales tiene asignados 7,48 millones de euros de presupuesto. De esta
cantidad, la mitad de los recursos de todos van destinados a subvenciones; así, los 1,95 millones de euros para la gestión de colonias felinas, o los 2 millones de euros para subvencionar entidades de protección y defensa de esos supuestos
«derechos» de los animales.

• En el presupuesto de Universidades destaca la «concesión de becas de inmersión lingüística» por valor de 8,2 millones de euros.

• Se ha producido un aumento del 52 % en las
transferencias al Fondo de Protección a la Cinematografía, hasta los 107,8 millones de euros.

Pero es que, además, el Gobierno utiliza los Presupuestos Generales para regar con dinero de todos no solo a los sindicatos, a las patronales y a
los partidos políticos, sino también para el fomento de otras entidades, españolas y extranjeras, con las que los socialistas y comunistas comparten agenda política y propósitos disolventes de las estructuras sociales y culturales de Occidente.

Encontramos en el Proyecto de Presupuestos subvenciones a fondo perdido a organizaciones como Open Government Partnership (un lobby cuyo incremento en su asignación contrasta con el muy inferior que se efectúa a MUFACE) o como Foro de la
Contratación Socialmente Responsable (fundación presidida por el expresidente del Gobierno, Sr. Rodríguez Zapatero).

viii) Presidencia española del Consejo de la Unión Europea

Hemos de referirnos adicionalmente a una serie de partidas
que son un gasto necesario para el realce y la dignidad de nuestro país en el contexto europeo e internacional, y que tienen su origen en la Presidencia Española del Consejo de la Unión Europea, que España ostentará en el segundo semestre
de 2023.

Los antecedentes y la conducta habitual del presidente del Gobierno, Sr. Sánchez Pérez-Castejón, invitan a pensar que esta función, ocasión para mostrar la grandeza de nuestra Nación y su fiabilidad como socio político y económico,
derivarán probablemente en excesos derivados tanto del narcisismo y afán propagandístico del citado jefe del Ejecutivo, como de la difícil posición internacional en la que nos coloca el hecho de que comunistas y filoterroristas estén sentados en el
Consejo de Ministros. En resumidas cuentas, es muy previsible que el Sr. Sánchez Pérez-Castejón utilice la Presidencia rotatoria española para promover su propio perfil internacional, y no para defender desde esa posición el interés de los
españoles y la soberanía de las naciones.

En cualquiera de los casos, la suma de todas las partidas destinadas por el Proyecto a esta Presidencia española asciende a más de 158 millones de euros. Indiscutiblemente, esta alta función lleva
aparejado un coste para el Estado miembro inherente a la actividad que se ha de ejercer, pero no por ello deben estar ausentes los principios de prudencia, diligencia y responsabilidad ni dejar de evaluarse cada euro invertido. Y, por supuesto, no
debe usarse el dinero de los españoles para asegurar que el presidente del Gobierno organizador del semestre esté en mejor posición para alcanzar un cargo de relevancia internacional en el futuro, que es exactamente lo que teme esta representación
de Vox en el Senado.

ix) Aportaciones a organismos internacionales de difícil justificación

Asimismo, observamos la existencia de gastos de difícil justificación e impacto positivo para el bien común conceptuados como aportaciones o
contribuciones a organizaciones internacionales.

También aquí, el Proyecto muestra que este Gobierno no racionaliza lo máximo posible los gastos superfluos o innecesarios. Así, contempla partidas millonarias con fines puramente ideológicos,
en consonancia con su defensa a ultranza de la Agenda 2030, mientras los españoles se empobrecen cada día, con partidas que son voluntarias, y no fruto de exigencias o compromisos pactados por España. En este sentido, hemos de remarcar partidas
como las siguientes, existiendo otras decenas de ejemplos:

• «Contribución voluntaria al Fondo Conjunto de las Naciones Unidas para los ODS» por importe de 2.000.000 euros.

• «Contribución voluntaria al Fondo
Medioambiental del Programa de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente (PNUMA)» por importe de 1.300.000 euros.

• «Contribución voluntaria al Fondo de Adaptación de CMNUCC. Financiado según el artículo 30.4 de la Ley 7/2021»
por importe de 5.000.000.

• «Contribuciones voluntarias en el ámbito político» por importe de 38.745.760 euros.

• «Contribuciones Estratégicas a Organizaciones Multilaterales de Desarrollo» por importe
de 50.735.000 euros.

x) Un expolio fiscal que no se destina a resolver los problemas de los españoles

Resulta evidente que, si no se dilapidase tanto dinero público, no sería necesario mantener el nivel de expolio fiscal que este
Gobierno ha llevado a cifras históricas.

En definitiva, todos los intereses creados y que impregnan gran parte de la política en España impiden una seria revisión de la financiación a estas organizaciones, pero que, sin duda, sería bien
acogida por los españoles, quienes deberían poder expresar si, mientras ellos hacen esfuerzos extremos durante esta crisis para poder costearse las necesidades más básicas, los partidos políticos, sindicatos y patronales deben seguir recibiendo unos
fondos públicos que bien se podrían destinar a solucionar los problemas reales de la gente.

En definitiva, todos los intereses creados, que contaminan una gran parte de la actividad política en España, impiden una seria revisión de las
cantidades que, con el dinero de los españoles, se destinan a estos propósitos. El dilema es obvio: mientras todos hacemos esfuerzos extremos durante esta crisis para poder costearnos las necesidades más básicas, los partidos políticos, los
sindicatos y patronales, la pléyade de organismos, comisionados, consorcios o entidades de dudosa utilidad y finalidad, ¿deben seguir recibiendo unos fondos públicos que habrían de destinarse a solucionar los problemas reales de la población?
Decidirlo corresponde a los españoles, y deberían tener la oportunidad de hacerlo con su voto en una consulta convocada al efecto.

E) Justicia

El área de Justicia es otra en la que los Presupuestos no están a la altura de lo que España
exige en el momento actual. La Justicia es un servicio público esencial y una de las atribuciones fundamentales del poder público en todo sistema político. Es un elemento central de la legitimidad originaria del poder, al tener el monopolio de la
resolución de los conflictos entre los particulares, y asimismo tiene una importancia vertebral en el funcionamiento constitucional de las instituciones públicas, siendo la instancia para el control de que todas ellas se ajustan a la ley.

En
términos generales, en el Proyecto los fondos destinados a Justicia experimentan un aumento de 65 millones de euros, que representa un incremento porcentual del 2,7 % con respecto a los presupuestos del ejercicio en curso. Sin embargo, las cifras
indican que muchos de los aspectos más básicos del servicio público de Justicia en España adolecen de un funcionamiento muy deficiente.

Entre los datos más indignantes que justifican la anterior afirmación pueden indicarse los siguientes.
Por cada cien mil habitantes, nuestro país tiene 11,5 jueces, en contraste con los 17,7 de la media europea; y 5,2 fiscales frente a los 11,25 de la misma media europea. También es vergonzoso el cálculo según el cual España ocupa el lugar 25, de
los 27 países de la Unión Europea, en la tardanza en la resolución de asuntos judiciales, de modo que transcurren de media 200 días para resolver un asunto en primera instancia. Lo inadmisible de estas cifras se pone en evidencia al yuxtaponerlas
con el dato del gasto de Justicia en España por habitante, que es de 78,8 euros, cuando la media europea es de 40,7.

Por tanto, el gasto en España es casi el doble que en el resto de la Unión Europea cuando, por regla general, la dotación de
los recursos humanos para esta función fundamental está muy por debajo de la media del conjunto de los socios europeos. En definitiva, hay una clara insuficiencia de los recursos del sistema judicial, tal como han denunciado jueces, fiscales,
abogados, personal de la Administración de Justicia, entre otros, insuficiencia que debe atribuirse a una ineficiencia ya estructural en la gestión de dichos recursos. Hace falta más plazas para jueces, fiscales, letrados y otros profesionales de
la Justicia, una mejor formación técnica y unas condiciones laborales más favorables para todos ellos, y reformas en los procesos para dotarlos de mayor agilidad.

Sin embargo, la nefasta situación descrita no encuentra ninguna solución en el
Proyecto de Presupuestos. Lejos de ello, se reincide en la ineficacia y el despilfarro de ejercicios anteriores y, con la inspiración del Programa «Justicia 2030», se incorpora ideología y propaganda en conceptos como la «justicia igualitaria,
sostenible, confiable, eficiente…» o, según la serie roja, «la igualdad de género y el enjuiciamiento con perspectiva de género» y otras semejantes aberraciones conceptuales que, entre otras cosas, son incompatibles con el ordenamiento
constitucional. Es decir, el Gobierno utiliza una vez más la legislación, que debería estar encaminada a la consecución del bien común, para la imposición sectaria de su agenda antisocial.

En la misma línea, y dentro de la Sección 8 del
Consejo General del Poder Judicial, disminuye el programa dedicado a la selección y formación de jueces, lo cual resulta especialmente reprobable, dado que debe ser primordial que los jueces y magistrados investidos de la función jurisdiccional
cuenten con la debida preparación técnica. Un desatino similar es el mantenimiento de los 426,1 millones de euros para las asociaciones judiciales, cuyas subvenciones deben considerarse improcedentes al constatarse que hay necesidades más urgentes
en el propio sector de la Justicia.

En resumen, en materia de Justicia, el Proyecto abunda en los endémicos males que afligen a nuestro sistema judicial que, en lo que de ellos dependa, continuará afectado por la ineficacia en la asignación
de recursos, por los retrasos interminables en las tramitaciones de los asuntos, y por la insoportable politización de los altos órganos judiciales. Los españoles merecen una Justicia impartida por jueces y tribunales independientes, imparciales,
honestos y preparados, a la que puedan acudir con la confianza de obtener una tutela eficaz de sus derechos e intereses en un tiempo razonable. Estos presupuestos no les acercan a ello.

F) Medio rural y sector primario

La subsistencia
del campo español y de su modo de vida están amenazados por las políticas de este Gobierno. El desprecio hacia el sector primario, la falta de infraestructuras de transporte y el abandono de la política nacional del agua, son sólo algunos de los
ejemplos de la desidia que el Ejecutivo muestra para con la España rural a la que está convirtiendo en la España vaciada.

A la vista de este proyecto presupuestario, el Gobierno no concede al sector primario el valor que tiene como elemento
estratégico esencial para España. El Ejecutivo no apoya el crecimiento de un sector primario que atraviesa una grave situación, debido al aumento de los costes de producción, al elevado número de trabas burocráticas, a la falta de relevo
generacional y a la criminalización del modo de vida rural por parte de las agendas globalistas. Ante esta situación, el Proyecto de Presupuestos se limita a aumentar exclusivamente un 0,52 % el presupuesto del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación (MAPA).

El fortalecimiento del medio rural implica el refuerzo de las infraestructuras de transporte en España que garantizan la conexión de los núcleos rurales con los servicios públicos básicos, tales como los centros
sanitarios o educativos. Sin embargo, el Gobierno se limita a delegar la gestión de las carreteras introduciendo en el PLPGE 2023 importantes transferencias presupuestarias para las administraciones regionales.

El Proyecto de Presupuestos
tampoco recoge medidas para paliar otro de los grandes perjuicios que está sufriendo la España rural y el sector agrario: la sequía. Así, el Proyecto renuncia a diseñar y aplicar un Plan Nacional del Agua que garantice el abastecimiento de la
totalidad de las regiones de nuestro país mediante la interconexión de todas las cuencas.

Además, el Proyecto de Ley tampoco fomenta la competitividad del campo español, ya que no incluye partidas destinadas al incremento del control de la
entrada de productos que no cumplen con las normas fitosanitarias a las que sometemos a nuestros productores.

Todos estos problemas coadyuvan a la despoblación de la España rural. En este sentido, tanto el Programa 413A denominado
«Competitividad de la industria agroalimentaria y calidad alimentaria» como el Programa 414B «Desarrollo del medio rural» incluyen entre sus objetivos el relevo generacional de las explotaciones agrarias, pero, de forma totalmente incoherente, no se
encuentra en ellos ninguna aplicación presupuestaria destinada a dicho fin.

Amén de lo anterior, el Gobierno no solo desatiende las necesidades de la España rural y del sector primario nacional, sino que centra su gasto en el extranjero.
Así, por medio de la Ayuda Oficial al Desarrollo, fomenta la agricultura en otros países, muchos de ellos competidores directos de nuestro propio sector agrario.

En consecuencia, la propuesta de presupuestos no contempla las necesidades de la
España rural y del sector primario. Con esta iniciativa no se garantiza la supervivencia del campo español y de su modo de vida, imprescindibles para nuestro futuro y orgullo de toda la Nación.

G) Industria y sector secundario

En las
últimas décadas, España ha sufrido un intenso proceso de desindustrialización. El Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023 se ha redactado siguiendo la misma línea política que ha contribuido a esta desindustrialización
de España de los recientes decenios.

A pesar de los planes de crecimiento de la industria que exigen que el sector industrial represente el 20 % del PIB, en la actualidad este no solo supone una cifra muy inferior a la pretendida, sino que su
importancia en la economía española disminuye cada año. Ante este escenario, es preciso elaborar un plan nacional de apoyo a la industria, así como atraer la inversión mediante la promoción de nuestro sector industrial en los foros adecuados.

Sin embargo, el PLPGE 2023 desdeña el objetivo de la reindustrialización de España, incluyendo un programa titulado «Reconversión y reindustrialización» («Programa 422M»), al que destina 652.744,86 miles de euros, cuyo único objetivo es que
nuestras empresas industriales cumplan con los postulados de las agendas globalistas que impactan gravemente sobre la prosperidad de los españoles.

El Programa 422M parte de una creciente globalización de la economía y acepta sus
consecuencias directas, esto es, la deslocalización de centros productivos o segmentos de la cadena de producción de los mercados nacionales. Apuesta, a su vez, por incrementar el peso de nuestra industria desde una perspectiva más sostenible,
viable y digitalizada dentro de un proyecto económico descarbonizado y circular. Así pues, afirma que lo que se pretende bajo este programa es realizar un ajuste natural del sector industrial que permita un aumento de su peso relativo en la
economía, en consonancia con lo establecido en las Directrices de política industrial 2030 recogidas en la Agenda del Cambio y alineadas con las reformas contempladas en la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y con el Marco
Estratégico de Energía y Clima.

España necesita políticas eficaces que impulsen su reindustrialización con medidas de apoyo a la inversión tecnológica e industrial, entre las que se encuentran medidas de amplio alcance como la reducción de la
carga fiscal, pero no solo esta: la política industrial y de innovación deben definirse para un largo período de tiempo, articularse con la política económica y, sobre todo, con la política educativa, para crear un sistema favorable a la inversión,
a la actividad empresarial y a la atracción, retención y mantenimiento de talento en el sector productivo español. Debe protegerse a las empresas que tengan su sede y que tributen efectivamente en España. Es necesario también desarrollar un
sistema de incentivos que fomente el retorno de los españoles que muestran su valía profesional en el extranjero, y que permita tanto el retorno de industrias deslocalizadas como la desconcentración geográfica de las empresas del sector industrial,
así como la promoción de la actividad exportadora de las empresas españolas a la Unión Europea y a terceros países con alto potencial.

Por último, España debe exigir, en todos los foros adecuados, que los acuerdos que se adopten contribuyan a
la reindustrialización del país, con el fin de evitar que, como pretenden las agendas globalistas, nuestra nación se limite a ser un parque temático o un proveedor de mano de obra barata a las economías actualmente en creciente desarrollo.

H)
Seguridad, defensa y política exterior

España necesita políticas de seguridad nacional, de defensa y de exteriores capaces de proteger nuestras fronteras y a nuestros conciudadanos, de realzar la imagen y proyección de España en el exterior y
de devolver a España su posición de importancia en el contexto mundial.

Como ha ocurrido en ejercicios anteriores, se promete un 2,1 % de incremento para el Ministerio de Defensa que, amén de revelarse muy escaso (se trata de un porcentaje
sobre el presupuesto, no sobre el PIB), luego no se cumple. Si, como ocurriera en otras ocasiones, el presupuesto que se estimaba para este Ministerio era insuficiente para garantizar las capacidades militares de España, en la actualidad y en
relación con el contexto internacional, las partidas presupuestadas generan gran inquietud.

Es cierto que para el 2023 el Gobierno ha previsto un presupuesto para Política de Defensa de 12.317 millones de euros, un 25,8 % por encima del
correspondiente al presente ejercicio con fondos europeos. A pesar de ello, esta cifra se encuentra muy lejos de alcanzar el mínimo exigido del 2 % del PIB.

El incremento destinado en el programa 122B para los veintiún Programas Especiales y
para los quince nuevos del 72,1 % para el 2023, ya representa el 38 % del total de lo presupuestado para este Ministerio; por su parte, lo presupuestado para atender al resto de necesidades únicamente se incrementa un 8,5 %. Sin embargo, nada
garantiza que se llegue a cumplir con la ejecución de los programas, ya que en ejercicios pasados hemos asistido a numerosas reprogramaciones.

Los continuos retrasos y reprogramaciones no afectan únicamente a nuestra Defensa y Seguridad, sino
que son especialmente dañinos para nuestra industria de defensa, que se ve impedida de organizar su sector a medio plazo y sus inversiones en I+D+i.

Este Proyecto y los programas que lo desarrollan presentan una vez más falta de previsión,
cuando no improvisación. Y no hay gasto más inefectivo que la inversión en sistemas que, a falta de dotaciones de personal y sostenimiento, no rindan resultados en términos de eficacia de la fuerza, razón de ser y existir de los Ejércitos y de la
Armada. Con ese modesto 8,5 % de incremento pretende el Gobierno satisfacer tales atenciones. Una vez más se plasma sobre el papel la falta de atención al personal militar y la eficacia de nuestras Fuerzas Armadas, las dos víctimas principales de
los llamados «grandes programas». Todo ello, mientras nuestros militares obedecen y sufren, y sus familiares callan con estoica resignación.

Por todo ello, los incrementos en Defensa que tanto han molestado a la izquierda radical que
conforma una de las alas del Gobierno han de considerarse a todas luces insuficientes: no aseguran las capacidades militares de España en una situación volátil, en la que nuestros aliados se entrenan para una guerra potencial; y no atienden en
justicia a las necesidades de los miembros de nuestras Fuerzas Armadas. En consecuencia, las cuentas proyectadas no podrán garantizar, sin sombra de dudas, la defensa de nuestra Nación y de su integridad.

Y esta desidia en defender la
seguridad de España y de los españoles puede apreciarse, asimismo, en los presupuestos previstos para nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En lo que a recursos humanos se refiere, el Proyecto de Presupuestos pospone la equiparación
de las retribuciones del personal militar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. La subida salarial a funcionarios no cerrará esta brecha injusta.

Por un lado, es apreciable que, a pesar de incrementarse la partida de «gastos de
personal» un 82 %, únicamente se traducirá en un incremento salarial del 3,5 %, insuficiente, por tanto, para atender la histórica reivindicación de la equiparación salarial con policías autonómicas.

Por otro lado, en materia de seguridad
ciudadana, las inversiones reales para equipamiento policial, equipos de seguridad o el Plan Especial del Campo de Gibraltar se mantienen inalteradas respecto del ejercicio de 2022.

En cuanto a la política exterior, es significativo que
mientras el Gobierno desatiende las necesidades más básicas de los españoles, presupuesta grandes cantidades en políticas de cooperación internacional.

Así, vemos cómo la Ayuda Oficial al Desarrollo contaba en el Proyecto original con unos
presupuestos que ascienden a 4.419,15 millones de euros. Se trataba de un incremento de 2.605,80 millones de euros, un 143,7 %, respecto del año 2015, año en el que la cuantía de la Ayuda Oficial al Desarrollo fue la menor registrada.

Es
inconcebible que, mientras que muchos españoles tienen que renunciar a algunos de los productos más básicos para la vida, el Gobierno destine estas obscenas cantidades a ayudas fuera de España, que además en muchos casos no están sujetas al
necesario control y, por eso, no generan un impacto positivo en las personas y zonas a las que se dirigen.

Por último, a pesar de incrementarse el gasto en Defensa, el Gobierno ni especifica ni garantiza en partida alguna la defensa de la
integridad territorial de España, ni de sus fronteras, especialmente las terrestres con Marruecos (Ceuta y Melilla).

4. EL DÉFICIT, LA REGLA PRESUPUESTARIA SEGUIDA POR TODOS LOS GOBIERNOS

Se ha dicho en numerosas ocasiones en
este documento que el Proyecto de Presupuestos no reduce la exorbitada cantidad de gasto superfluo que lastra las capacidades del Estado y que impacta negativamente en la vida diaria de los españoles: los PGE 2023, de aprobarse, de ninguna manera
acometerán un sano análisis y eliminación de aquel gasto público que no tenga un efecto multiplicador en el sistema productivo de nuestra Nación y que no se traduzca en una mejor calidad de los servicios públicos a nuestros compatriotas.

Antes al contrario, este Proyecto de Presupuestos se dedica a mantener incólume (e, incluso, a engordar) esta pesada estructura, sumamente ineficaz.

De esta manera, se desperdicia, por enésima vez en nuestra democracia, la oportunidad de
aprovechar un contexto recaudatorio favorable, principalmente debido a la inflación, estimando la AIReF que el 50 % del aumento de la recaudación se debe a la inflación en el año 2022 y el próximo año será del 75 %. El Gobierno no busca ahorrar,
impulsando una política económica contracíclica que nos permita gastar más cuando lo exijan las necesidades de los españoles y los recursos del Estado se reduzcan, sino que gasta sin medida y sin respeto a criterios de sostenibilidad, de prudencia y
de respeto por los recursos de nuestros conciudadanos.

En definitiva, el Gobierno de España nunca había gastado tanto, ni tan mal: los ingresos tributarios extraordinarios se encuentran en máximos históricos, pero el desaforado aumento del
gasto no ha sido acompañado por una mejora en su eficiencia, reduciendo organismos, comisionado, observatorios o consorcios innecesarios, o en la mayor calidad de vida de los españoles, ni por una reducción drástica del gasto político y del tamaño
mastodóntico de la Administración General del Estado, ni por una eliminación de organismos superfluos (que algunas fuentes cuantifican en 5.128 entes).

De esta manera, el Gobierno persigue a los que menos tienen, que son los más perjudicados
por la inflación y que no ven dónde se gasta su dinero, ese que los distintos poderes públicos se afanan en sustraerles sin corresponder a ese esfuerzo con responsabilidad, moderación y contención, sino con excesos destinados a mantener el único
Estado del bienestar existente en España: el de los políticos.

España ha convertido el déficit en la norma que rige sus presupuestos desde hace muchos años. Los sucesivos Gobiernos han ido ahondando en el déficit público nacional,
provocando que España se encuentre hoy en niveles máximos históricos de endeudamiento. Así, el déficit público estructural se ha incrementado sistemáticamente en el último quinquenio, desde el -2,5 % previsto en 2018 al -3,7 % que estima el
Proyecto de Presupuestos.

No podemos engañarnos: el déficit mantenido en el tiempo perjudica gravemente a los españoles e hipoteca el futuro de nuestros jóvenes: este incremento progresivo del déficit público obliga a incrementar en cada
vez mayor proporción el endeudamiento de España, lo que deja a los presupuestos cada vez más atados de pies y manos al deber destinar una gran cantidad al pago no ya del principal, sino de los intereses de los préstamos y otras figuras concedidos a
España. En consecuencia, España tiene cada vez menos libertad para decidir en qué gastar el importe que recauda o, incluso, para decidir recaudar menos. Las partidas esenciales de pensiones, sanidad o educación ―si bien mediante
transferencias a las regiones debido al nocivo sistema autonómico―, sumadas al abono de intereses de la deuda pública, absorben aproximadamente el 67 % del gasto público.

En definitiva, España pierde cada año más libertad
presupuestaria por el derroche desmedido, que incrementa a su vez el déficit y, por lo tanto, la deuda pública de la Nación. De esta manera, cada año trae consigo, de forma sistemática, un incremento del gasto que no se acompaña por un efecto
multiplicador del crecimiento de la economía real.

Por eso, cada Gobierno anuncia todos los años con alegría que ese año disfrutamos de los presupuestos más expansivos de la historia. Pero, precisamente, el problema reside en que para todos
los Gobiernos, de cualquier signo, los presupuestos del año anterior son la referencia y el punto de partida: cada año la política presupuestaria nace sesgada y no hace más que practicar pequeños ajustes respecto del gasto anterior —con
carácter general al alza—. Como se ha apuntado ya, existen partidas que se mantienen invariables desde la década de los 80.

España necesita un Gobierno que repiense totalmente y sin prejuicios los gastos del Estado. Debemos analizar
con detalle cada uno de ellos y decidir si todos los miles de organismos dependientes del Estado son realmente necesarios. Los ejemplos son infinitos, repitiéndose sistemáticamente en las cuentas públicas los casos de pequeños y no tan pequeños
derroches y malgastos que, unidos, forman legión. Esto es, los fondos que aportan los españoles deben destinarse a satisfacer sus necesidades reales, a mejorar la educación, la sanidad y la dependencia, recabando para la Administración General del
Estado las competencias en estas y otras materias. No deben dilapidarse en oscuros «chiringuitos», que escapan de la rendición de cuentas y violan todas las normas de transparencia.

VOX propone, con todo, que el Gobierno redacte los
presupuestos generales del Estado ex novo. El Ejecutivo debe emplear un método para elaborar sus presupuestos que responda a las siguientes características:

• Permita identificar, evaluar y justificar cada una de las
actividades presupuestadas, teniendo en cuenta los niveles mínimos de coste, medios y esfuerzo de cada unidad necesarios para ejecutar cada una.

• Localice gastos de programas obsoletos incorporados en presupuestos anteriores por
pura repetición y, consecuentemente, proceder a su eliminación, así como de partidas menos productivas, que se pongan de manifiesto mediante análisis y priorización de actividades. Así, este cálculo presupuestario, lograría erradicar la técnica de
incrementar los gastos de manera sistemática, que es la empleada actualmente para elaborar los Presupuestos Generales del Estado. Tendría que justificarse la necesidad y relevancia de cada partida.

• Ofrezca más información para
la toma de decisiones. Un aspecto negativo corriente en las Administraciones Públicas es la duplicidad de esfuerzos. En ocasiones, dos órganos diferentes realizan tareas similares, lo que conlleva a un derroche de tiempo y recursos. Para elaborar
de manera eficiente el presupuesto debe estudiarse detalladamente cada una de las actividades previstas de abajo arriba y analizarse la información adecuada para evitar esas duplicidades.

• Proporcione una mayor eficiencia de los
recursos utilizados por el sector público. Al elaborar los presupuestos no debe analizarse únicamente el cuánto se debe gastar, sino por qué se debe gastar y cuál es la mejor alternativa.

• Permita unir el proceso de
planificación con el presupuesto anual. En la elaboración de dicho presupuesto, el primer paso será establecer los objetivos, a partir de ellos se estructura todo el presupuesto. De esta forma, serán los objetivos los que den pie al nivel de gasto
y no al revés. El presupuesto vuelve a convertirse así, en el medio para alcanzar los objetivos.

• Posibilite una mayor participación en el proceso presupuestario y un mejor conocimiento en cuanto al destino de los recursos por
parte de las unidades de gestión inferiores.

5. LOS PRESUPUESTOS QUE ESPAÑA NO NECESITA

En definitiva, los presupuestos que el Gobierno nos presenta en este proyecto no son los que España necesita.

Muy al contrario, son
cuentas al servicio de la propaganda del Ejecutivo, de las cesiones a los enemigos de España, de la gestión del desempleo, del desprecio a los españoles honrados que contribuyen con su trabajo, con su consumo y con su patrimonio al sostenimiento de
una estructura que es, de forma creciente, desmedida, abusiva e ineficiente.

Como se ha señalado, al igual que en años anteriores, el Gobierno ha enviado a los representantes de la soberanía de los españoles unas cuentas públicas que se han
negociado al margen del Parlamento, que sirven otra vez como pago en su intercambio de favores con grupos contrarios a la unidad de España ―como se ha visto con la vergonzosa reforma del Código Penal en materia de sedición―, y que se
fundan en unos análisis económicos difícilmente sostenibles y poco acordes con los principios que debe seguir la gestión pública.

Este Proyecto de Presupuestos no está centrado, ciertamente, en posibilitar un programa profundo de reformas
estructurales que aseguren la sostenibilidad financiera de la Nación en el medio y en el largo plazo. Por eso, no garantiza la recuperación definitiva de la economía española y el bienestar de nuestros conciudadanos.

No en vano, nuestro país observa desde comienzos del milenio signos claros de agotamiento económico, con una competitividad estancada, sin que Ejecutivo de partido alguno consiga, ni parece que pretenda, revertir esta tendencia
destructiva.

En tal escenario, el Proyecto de Presupuestos no está focalizado en las necesidades de los españoles y, lo que quizá es peor, ni siquiera prevé un manejo de los recursos que estos ceden al Estado que sea respetuoso con su
esfuerzo, ajustado a una ética pública exigente, ni verdaderamente conforme a la dignidad de nuestra Nación y del conjunto de nuestros compatriotas. El Proyecto desprecia de nuevo que todo céntimo que aporte el sudor y el trabajo de los españoles
tiene que ser custodiado con los máximos criterios éticos y de diligencia, así como presupuestado y ejecutado con la dignidad y excelencia que merecen.

Recapitulando, estos presupuestos, de aprobarse, solo empeorarán las condiciones de vida
de la mayoría de los españoles, por motivos que, por desgracia, son recurrentes:

• Se fundamentan en un cuadro económico irreal e ilusorio, lo que ha sido denunciado por autoridades independientes como la AIReF y el Banco de
España.

• Evitan identificar partidas de gasto superfluo cuya supresión amortiguaría el impacto de uno de los presupuestos con mayor déficit de la historia: 54 mil millones de euros.

• Provocan que España
alcance el nivel histórico más alto de deuda en 2023: casi un billón quinientos cincuenta y ocho mil millones de euros (1.557.517.089 euros), lo que equivale al 112,4 % del PIB nacional.

• Ante la terrible destrucción del tejido
productivo que ha sufrido España en los últimos años, no priorizan la creación de empleo ni adoptan medidas para rebajar el paro y la temporalidad.

• Prevén la mayor recaudación de la historia en el más volátil, incierto e
inestable momento económico posible.

• No tienen la menor intención de rebajar la presión fiscal ni, por supuesto, el esfuerzo fiscal.

• Dedican ingentes recursos públicos a promover la agenda internacional
del presidente del Gobierno y a fomentar en todos los ámbitos imaginables la implantación de la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible.

• No priorizan el bienestar de los españoles, sino el mantenimiento de un
sector público desfasado a las necesidades reales de la población, crecientemente forzado a la ideologización, sumamente ineficaz y que falla en conseguir propósitos de distribución equitativa y de cohesión entre los españoles de distintas
regiones.

• Obvian la obligación de elaborar un plan de consolidación fiscal a medio plazo que avale la credibilidad de las cuentas públicas de España y que promueva la fiabilidad de nuestro país ante nuestros propios
conciudadanos y ante inversores nacionales e internacionales.

• No garantizan la viabilidad del sistema de pensiones, ni contribuyen a generar el necesario debate sobre la cuestión.

En definitiva, se trata de unos
presupuestos muy expansivos en el gasto, pero más aún en la propaganda, en la ruina, en el derroche, en la irresponsabilidad y en el empobrecimiento de los españoles.

En VOX estamos convencidos de que estos serán los últimos presupuestos que
redacte este Gobierno.

6. LA HORA DE QUE ESPAÑA DECIDA

La supervivencia de nuestro país requiere que, juntos, emprendamos un camino de replanteamiento de los consensos impuestos a los españoles por el bipartidismo, de reformas
estructurales que no vengan impuestas por poderes externos, sino que sean fruto de la búsqueda exclusiva del interés de los españoles y del bien común.

Es imprescindible que las políticas del Gobierno sean consecuentes con la realidad y
respondan a las necesidades de España. Para ello, VOX propone que las cuestiones de mayor trascendencia, muchas de las cuales tienen una ineludible concreción presupuestaria, cuenten con políticas respaldadas por todos los españoles, a los que se
debe consultar como un ejercicio de sana democracia.

Entre estas cuestiones cabría preguntar a los españoles sobre qué políticas de inmigración quieren para España, sobre si deben mantenerse las subvenciones a partidos políticos, sindicatos y
patronales, sobre si hay que interconectar las cuencas para que todos los españoles podamos acceder al agua, sobre si se deben aprovechar todos los recursos de que dispone nuestra Patria para lograr una soberanía energética, sobre garantizar la
igualdad real entre españoles con independencia de dónde residan o del sexo que tengan, sobre garantizar la educación en español en todos los rincones de España y sobre cualesquiera otras cuestiones políticas públicas más trascendentales y que
verdaderamente importen a los españoles.

Unas consultas que, sin afectar en absoluto a cuestiones intangibles como la unidad y la soberanía de España o los derechos y libertades de los españoles, deben suponer un gran paso adelante en la
madurez de nuestra comunidad política y en la construcción de nuestro futuro como Nación.

La presente propuesta de veto comenzaba, y se cierra, con un dato: 13 millones de españoles se encuentran en situación de riesgo de pobreza, el 30 % de
nuestros compatriotas sufren una carencia material y social severa. Esta cifra ha aumentado en 1,5 puntos porcentuales desde el año 2019, fecha de inicio de la XIV Legislatura, en la que nos encontramos.

Frente a ello, el Gobierno habla de
escudo social, de no dejar a nadie atrás, de cultura del cuidado y de proteger a los más débiles. Pero este es el resultado de su gestión, evidenciado en un dato: el empobrecimiento de los españoles, el aumento de la pobreza, el recorte del futuro
de los jóvenes y la aniquilación de las esperanzas de los mayores.

España sobrevivirá a unos nuevos presupuestos de la propaganda, de los ataques al sector primario, del desdén a la industria, de la ingeniería social, de la mala gestión de lo
público, del gasto obsceno en órganos oscuros e inoperantes —nidos de corrupción y nepotismo—, de la incitación a los enfrentamientos entre hombres y mujeres y entre españoles de unas regiones y de otras; de la inmigración ilegal. En
definitiva, unos nuevos presupuestos de la ruina, del derroche, de la irresponsabilidad y del mayor empobrecimiento de los españoles.

España prevalecerá, porque los españoles, con esfuerzo, unión, ilusión, ganas, con alegría y con tesón,
levantaremos todo lo que hayan derribado y lo que destruyan en el futuro, y construiremos un futuro de libertad, igualdad, prosperidad, justicia y respeto por nuestra Historia, nuestras tradiciones y nuestro modo de vida.

Los senadores de VOX
rechazan convertirse en cómplices del Gobierno al aprobar unos presupuestos que agravarán las dificultades de los españoles, que no les beneficiarán en absoluto y que, además, lastrarán el futuro de las generaciones venideras.

En
consecuencia, formulan la presente propuesta de veto al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023.

II. IMPUGNACIONES DE UNA SECCIÓN

(ARTÍCULO 149.1 DEL REGLAMENTO DEL SENADO)

PROPUESTA DE VETO
NÚM. 2

De don Miguel Sánchez López (GPD)

El Senador Miguel Sánchez López (GPD), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 01. Casa de S.M. el Rey.

JUSTIFICACIÓN

Para la devolución de los Presupuestos Generales del Estado al Gobierno.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 3

De don Miguel Sánchez López (GPD)

El Senador Miguel Sánchez López (GPD), al amparo de lo previsto en el
artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 02. Cortes Generales.

JUSTIFICACIÓN

Para la devolución de los Presupuestos Generales del Estado al Gobierno.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 4

De don Miguel Sánchez López (GPD)

El Senador Miguel Sánchez López (GPD), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 03. Tribunal de Cuentas.

JUSTIFICACIÓN

Para la devolución de los Presupuestos Generales del Estado al Gobierno.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 5

De don Miguel Sánchez López (GPD)

El Senador Miguel Sánchez López (GPD), al amparo de lo previsto en el
artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 04. Tribunal Constitucional.

JUSTIFICACIÓN

Para la devolución de los Presupuestos Generales del Estado al Gobierno.

PROPUESTA DE VETO
NÚM. 6

De don Miguel Sánchez López (GPD)

El Senador Miguel Sánchez López (GPD), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 05. Consejo de Estado.

JUSTIFICACIÓN

Para la devolución de los Presupuestos Generales del Estado al Gobierno.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 7

De don Miguel Sánchez López (GPD)

El Senador Miguel Sánchez López (GPD), al amparo de lo previsto en el
artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 06. Deuda Pública.

JUSTIFICACIÓN

Para la devolución de los Presupuestos Generales del Estado al Gobierno.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 8

De
don Miguel Sánchez López (GPD)

El Senador Miguel Sánchez López (GPD), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 07. Clases Pasivas.

JUSTIFICACIÓN

Para
la devolución de los Presupuestos Generales del Estado al Gobierno.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 9

De don Miguel Sánchez López (GPD)

El Senador Miguel Sánchez López (GPD), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 08. Consejo General del Poder Judicial.

JUSTIFICACIÓN

Para la devolución de los Presupuestos Generales del Estado al Gobierno.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 10

De don
Miguel Sánchez López (GPD)

El Senador Miguel Sánchez López (GPD), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 09. Aportaciones al Mutualismo Administrativo.

JUSTIFICACIÓN

Para la devolución de los Presupuestos Generales del Estado al Gobierno.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 11

De don Miguel Sánchez López (GPD)

El Senador Miguel Sánchez López (GPD), al amparo de lo previsto en el
artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 10. Contratación Centralizada.

JUSTIFICACIÓN

Para la devolución de los Presupuestos Generales del Estado al Gobierno.

PROPUESTA DE VETO
NÚM. 12

De don Miguel Sánchez López (GPD)

El Senador Miguel Sánchez López (GPD), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 12. Ministerio de Asuntos
Exteriores, Unión Europea y Cooperación.

JUSTIFICACIÓN

Para la devolución de los Presupuestos Generales del Estado al Gobierno.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 13

De don Miguel Sánchez López (GPD)

El Senador Miguel Sánchez
López (GPD), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 13. Ministerio de Justicia.

JUSTIFICACIÓN

Para la devolución de los Presupuestos Generales del Estado
al Gobierno.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 14

De don Miguel Sánchez López (GPD)

El Senador Miguel Sánchez López (GPD), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la
Sección 14. Ministerio de Defensa.

JUSTIFICACIÓN

Para la devolución de los Presupuestos Generales del Estado al Gobierno.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 15

De don Miguel Sánchez López (GPD)

El Senador Miguel Sánchez López
(GPD), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 15. Ministerio de Hacienda y Función Pública.

JUSTIFICACIÓN

Para la devolución de los Presupuestos Generales
del Estado al Gobierno.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 16

De don Miguel Sánchez López (GPD)

El Senador Miguel Sánchez López (GPD), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 16. Ministerio del Interior.

JUSTIFICACIÓN

Para la devolución de
los Presupuestos Generales del Estado al Gobierno.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 17

De don Miguel Sánchez López (GPD)

El Senador Miguel Sánchez López (GPD), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula
la siguiente impugnación de la Sección 17. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

JUSTIFICACIÓN

Para la devolución de los Presupuestos Generales del Estado al Gobierno.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 18

De don
Miguel Sánchez López (GPD)

El Senador Miguel Sánchez López (GPD), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 18. Ministerio de Educación y Formación Profesional.

JUSTIFICACIÓN

Para la devolución de los Presupuestos Generales del Estado al Gobierno.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 19

De don Miguel Sánchez López (GPD)

El Senador Miguel Sánchez López (GPD), al amparo de lo previsto en el
artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 19. Ministerio de Trabajo y Economía Social.

JUSTIFICACIÓN

Para la devolución de los Presupuestos Generales del Estado al Gobierno.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 20

De don Miguel Sánchez López (GPD)

El Senador Miguel Sánchez López (GPD), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 20. Ministerio
de Industria, Comercio y Turismo.

JUSTIFICACIÓN

Para la devolución de los Presupuestos Generales del Estado al Gobierno.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 21

De don Miguel Sánchez López (GPD)

El Senador Miguel Sánchez López
(GPD), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 21. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

JUSTIFICACIÓN

Para la devolución de los Presupuestos
Generales del Estado al Gobierno.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 22

De don Miguel Sánchez López (GPD)

El Senador Miguel Sánchez López (GPD), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente
impugnación de la Sección 22. Ministerio de Política Territorial.

JUSTIFICACIÓN

Para la devolución de los Presupuestos Generales del Estado al Gobierno.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 23

De don Miguel Sánchez López (GPD)

El Senador Miguel Sánchez López (GPD), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 23. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

JUSTIFICACIÓN

Para la devolución de los Presupuestos Generales del Estado al Gobierno.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 24

De don Miguel Sánchez López (GPD)

El Senador Miguel Sánchez López (GPD), al amparo de lo previsto en el
artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 24. Ministerio de Cultura y Deporte.

JUSTIFICACIÓN

Para la devolución de los Presupuestos Generales del Estado al Gobierno.

PROPUESTA DE
VETO NÚM. 25

De don Miguel Sánchez López (GPD)

El Senador Miguel Sánchez López (GPD), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 25. Ministerio de la
Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática.

JUSTIFICACIÓN

Para la devolución de los Presupuestos Generales del Estado al Gobierno.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 26

De don Miguel Sánchez López (GPD)

El
Senador Miguel Sánchez López (GPD), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 26. Ministerio de Sanidad.

JUSTIFICACIÓN

Para la devolución de los Presupuestos
Generales del Estado al Gobierno.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 27

De don Miguel Sánchez López (GPD)

El Senador Miguel Sánchez López (GPD), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente
impugnación de la Sección 27. Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

JUSTIFICACIÓN

Para la devolución de los Presupuestos Generales del Estado al Gobierno.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 28

De don Miguel
Sánchez López (GPD)

El Senador Miguel Sánchez López (GPD), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 28. Ministerio de Ciencia e Innovación.

JUSTIFICACIÓN

Para la devolución de los Presupuestos Generales del Estado al Gobierno.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 29

De don Miguel Sánchez López (GPD)

El Senador Miguel Sánchez López (GPD), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del
Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 29. Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.

JUSTIFICACIÓN

Para la devolución de los Presupuestos Generales del Estado al Gobierno.

PROPUESTA DE VETO
NÚM. 30

De don Miguel Sánchez López (GPD)

El Senador Miguel Sánchez López (GPD), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 30. Ministerio de Igualdad.

JUSTIFICACIÓN

Para la devolución de los Presupuestos Generales del Estado al Gobierno.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 31

De don Miguel Sánchez López (GPD)

El Senador Miguel Sánchez López (GPD), al amparo de lo previsto en el
artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 31. Ministerio de Consumo.

JUSTIFICACIÓN

Para la devolución de los Presupuestos Generales del Estado al Gobierno.

PROPUESTA DE VETO
NÚM. 32

De don Miguel Sánchez López (GPD)

El Senador Miguel Sánchez López (GPD), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 32. Ministerio de Inclusión,
Seguridad Social y Migraciones.

JUSTIFICACIÓN

Para la devolución de los Presupuestos Generales del Estado al Gobierno.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 33

De don Miguel Sánchez López (GPD)

El Senador Miguel Sánchez López
(GPD), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 33. Ministerio de Universidades.

JUSTIFICACIÓN

Para la devolución de los Presupuestos Generales del Estado al
Gobierno.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 34

De don Miguel Sánchez López (GPD)

El Senador Miguel Sánchez López (GPD), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la
Sección 34. Relaciones Financieras con la Unión Europea.

JUSTIFICACIÓN

Para la devolución de los Presupuestos Generales del Estado al Gobierno.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 35

De don Miguel Sánchez López (GPD)

El
Senador Miguel Sánchez López (GPD), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 36. Fondos de Compensación Interterritorial.

JUSTIFICACIÓN

Para la devolución de
los Presupuestos Generales del Estado al Gobierno.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 36

De don Miguel Sánchez López (GPD)

El Senador Miguel Sánchez López (GPD), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 37. Otras Relaciones Financieras con Entes Territoriales.

JUSTIFICACIÓN

Para la devolución de los Presupuestos Generales del Estado al Gobierno.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 37

De don Miguel Sánchez López (GPD)

El Senador Miguel Sánchez López (GPD), al amparo de lo previsto en el
artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 38. Sistemas de Financiación de Entes Territoriales.

JUSTIFICACIÓN

Para la devolución de los Presupuestos Generales del Estado al Gobierno.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 38

De don Miguel Sánchez López (GPD)

El Senador Miguel Sánchez López (GPD), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 60. Seguridad
Social.

JUSTIFICACIÓN

Para la devolución de los Presupuestos Generales del Estado al Gobierno.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 39

De don Miguel Sánchez López (GPD)

El Senador Miguel Sánchez López (GPD), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de Ingresos del Estado.

JUSTIFICACIÓN

Para la devolución de los Presupuestos Generales del Estado al Gobierno.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 41

De doña Assumpció Castellví Auví (GPN) y de don Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN)

La Senadora Assumpció Castellví Auví (GPN) y el Senador Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento
del Senado, formulan la siguiente impugnación de la Sección 17. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2023 por no adecuarse a las necesidades sociales y económicas de
Catalunya, ni tampoco a las que necesita el estado español.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 42

De doña Assumpció Castellví Auví (GPN) y de don Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN)

La Senadora Assumpció Castellví Auví (GPN) y el Senador
Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente impugnación de la Sección 18. Ministerio de Educación y Formación Profesional, del Proyecto de Ley de Presupuestos
Generales del Estado para 2023 por no adecuarse a las necesidades sociales y económicas de Catalunya, ni tampoco a las que necesita el estado español.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 43

De doña Assumpció Castellví Auví (GPN) y de don Josep
Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN)

La Senadora Assumpció Castellví Auví (GPN) y el Senador Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente impugnación de la
Sección 24. Ministerio de Cultura y Deporte, del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2023 por no adecuarse a las necesidades sociales y económicas de Catalunya, ni tampoco a las que necesita el estado español.

PROPUESTA
DE VETO NÚM. 44

De doña Assumpció Castellví Auví (GPN) y de don Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN)

La Senadora Assumpció Castellví Auví (GPN) y el Senador Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN), al amparo de lo previsto en el
artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente impugnación de la Sección 33. Ministerio de Universidades, del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2023 por no adecuarse a las necesidades sociales y económicas de
Catalunya, ni tampoco a las que necesita el estado español.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 45

De doña Assumpció Castellví Auví (GPN) y de don Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN)

La Senadora Assumpció Castellví Auví (GPN) y el Senador
Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente impugnación de la Sección 36. Fondos de Compensación Interterritorial, del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales
del Estado para 2023 por no adecuarse a las necesidades sociales y económicas de Catalunya, ni tampoco a las que necesita el estado español.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 46

De doña Assumpció Castellví Auví (GPN) y de don Josep Lluís Cleries
i Gonzàlez (GPN)

La Senadora Assumpció Castellví Auví (GPN) y el Senador Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente impugnación de la Sección 37. Otras
Relaciones Financieras con Entes Territoriales, del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2023 por no adecuarse a las necesidades sociales y económicas de Catalunya, ni tampoco a las que necesita el estado español.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 47

De doña Assumpció Castellví Auví (GPN) y de don Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN)

La Senadora Assumpció Castellví Auví (GPN) y el Senador Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN), al amparo de lo previsto en
el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente impugnación de la Sección 38. Sistemas de Financiación de Entes Territoriales, del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2023 por no adecuarse a las necesidades
sociales y económicas de Catalunya, ni tampoco a las que necesita el estado español.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 48

De don Josep Maria Cervera Pinart (GPN) y de don Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN)

El Senador Josep Maria Cervera
Pinart (GPN) y el Senador Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente impugnación de la Sección 01. Casa de S.M. el Rey, del Proyecto de Ley de Presupuestos
Generales del Estado para 2023 por no adecuarse a las necesidades sociales y económicas de Catalunya, ni tampoco a las que necesita el estado español.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 49

De don Josep Maria Cervera Pinart (GPN) y de don Josep
Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN)

El Senador Josep Maria Cervera Pinart (GPN) y el Senador Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente impugnación de la
Sección 03. Tribunal de Cuentas, del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2023 por no adecuarse a las necesidades sociales y económicas de Catalunya, ni tampoco a las que necesita el estado español.

PROPUESTA DE VETO
NÚM. 50

De don Josep Maria Cervera Pinart (GPN) y de don Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN)

El Senador Josep Maria Cervera Pinart (GPN) y el Senador Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN), al amparo de lo previsto en el artículo 107
del Reglamento del Senado, formulan la siguiente impugnación de la Sección 04. Tribunal Constitucional, del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2023 por no adecuarse a las necesidades sociales y económicas de Catalunya, ni
tampoco a las que necesita el estado español.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 51

De don Josep Maria Cervera Pinart (GPN) y de don Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN)

El Senador Josep Maria Cervera Pinart (GPN) y el Senador Josep Lluís
Cleries i Gonzàlez (GPN), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente impugnación de la Sección 08. Consejo General del Poder Judicial, del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado
para 2023 por no adecuarse a las necesidades sociales y económicas de Catalunya, ni tampoco a las que necesita el estado español.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 52

De don Josep Maria Cervera Pinart (GPN) y de don Josep Lluís Cleries i Gonzàlez
(GPN)

El Senador Josep Maria Cervera Pinart (GPN) y el Senador Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente impugnación de la Sección 13. Ministerio de
Justicia, del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2023 por no adecuarse a las necesidades sociales y económicas de Catalunya, ni tampoco a las que necesita el estado español.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 53

De don Josep
Maria Cervera Pinart (GPN) y de don Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN)

El Senador Josep Maria Cervera Pinart (GPN) y el Senador Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formulan la siguiente impugnación de la Sección 14. Ministerio de Defensa, del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2023 por no adecuarse a las necesidades sociales y económicas de Catalunya, ni tampoco a las que necesita el
estado español.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 54

De don Josep Maria Cervera Pinart (GPN) y de don Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN)

El Senador Josep Maria Cervera Pinart (GPN) y el Senador Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente impugnación de la Sección 16. Ministerio del Interior, del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2023 por no adecuarse a las necesidades
sociales y económicas de Catalunya, ni tampoco a las que necesita el estado español.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 55

De don Josep Maria Cervera Pinart (GPN) y de don Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN)

El Senador Josep Maria Cervera
Pinart (GPN) y el Senador Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente impugnación de la Sección 19. Ministerio de Trabajo y Economía Social, del Proyecto de Ley
de Presupuestos Generales del Estado para 2023 por no adecuarse a las necesidades sociales y económicas de Catalunya, ni tampoco a las que necesita el estado español.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 56

De don Josep Maria Cervera Pinart (GPN) y
de don Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN)

El Senador Josep Maria Cervera Pinart (GPN) y el Senador Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente
impugnación de la Sección 32. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2023 por no adecuarse a las necesidades sociales y económicas de Catalunya, ni tampoco a las que
necesita el estado español.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 57

De don Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN) y de don Josep Maria Matamala Alsina (GPN)

El Senador Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN) y el Senador Josep Maria Matamala
Alsina (GPN), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente impugnación de la Sección 12. Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales
del Estado para 2023 por no adecuarse a las necesidades sociales y económicas de Catalunya, ni tampoco a las que necesita el estado español.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 58

De don Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN) y de don Josep Maria
Matamala Alsina (GPN)

El Senador Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN) y el Senador Josep Maria Matamala Alsina (GPN), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente impugnación de la Sección 20.
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2023 por no adecuarse a las necesidades sociales y económicas de Catalunya, ni tampoco a las que necesita el estado español.

PROPUESTA
DE VETO NÚM. 59

De don Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN) y de don Josep Maria Matamala Alsina (GPN)

El Senador Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN) y el Senador Josep Maria Matamala Alsina (GPN), al amparo de lo previsto en el
artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente impugnación de la Sección 22. Ministerio de Política Territorial, del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2023 por no adecuarse a las necesidades sociales y
económicas de Catalunya, ni tampoco a las que necesita el estado español.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 60

De don Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN) y de don Josep Maria Matamala Alsina (GPN)

El Senador Josep Lluís Cleries i Gonzàlez
(GPN) y el Senador Josep Maria Matamala Alsina (GPN), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente impugnación de la Sección 26. Ministerio de Sanidad, del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales
del Estado para 2023 por no adecuarse a las necesidades sociales y económicas de Catalunya, ni tampoco a las que necesita el estado español.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 61

De don Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN)


y de don Josep Maria Matamala Alsina (GPN)

El Senador Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN) y el Senador Josep Maria Matamala Alsina (GPN), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente
impugnación de la Sección 27. Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2023 por no adecuarse a las necesidades sociales y económicas de Catalunya, ni tampoco a las que
necesita el estado español.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 62

De don Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN) y de doña Maria Teresa Rivero Segalàs (GPN)

El Senador Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN) y la Senadora Maria Teresa Rivero
Segalàs (GPN), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente impugnación de la Sección 15. Ministerio de Hacienda y Función Pública, del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2023
por no adecuarse a las necesidades sociales y económicas de Catalunya, ni tampoco a las que necesita el estado español.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 63

De don Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN) y de doña Maria Teresa Rivero Segalàs
(GPN)

El Senador Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN) y la Senadora Maria Teresa Rivero Segalàs (GPN), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente impugnación de la Sección 21. Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación, del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2023 por no adecuarse a las necesidades sociales y económicas de Catalunya, ni tampoco a las que necesita el estado español.

PROPUESTA DE VETO
NÚM. 64

De don Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN) y de doña Maria Teresa Rivero Segalàs (GPN)

El Senador Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN) y la Senadora Maria Teresa Rivero Segalàs (GPN), al amparo de lo previsto en el
artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente impugnación de la Sección 23. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2023 por no adecuarse a las
necesidades sociales y económicas de Catalunya, ni tampoco a las que necesita el estado español.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 65

De don Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN) y de doña Maria Teresa Rivero Segalàs (GPN)

El Senador Josep
Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN) y la Senadora Maria Teresa Rivero Segalàs (GPN), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente impugnación de la Sección 29. Ministerio de Derechos Sociales y Agenda
2030, del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2023 por no adecuarse a las necesidades sociales y económicas de Catalunya, ni tampoco a las que necesita el estado español.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 67

Del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 12. Ministerio de
Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.

JUSTIFICACIÓN

Los Presupuestos Generales del Estado para el año 2023 nacen invalidados tanto por Instituciones públicas —AIReF, OCDE o Banco de España— como privadas
—BBVA o el Círculo de Empresarios, organismos e instituciones que estiman que en 2023 vamos a crecer menos, vamos a tener más inflación, más paro y —como consecuencia de lo anterior— más déficit y más deuda de lo que dice el
gobierno en el cuadro macroeconómico utilizado para elaborar los presupuestos. Esto ya sería suficiente para que un gobierno serio retirase el anteproyecto de ley de presupuestos y presentase otro ajustado a la realidad económica y social de
nuestro país. Pero ese no es el único argumento para solicitar su retirada. Frente a lo que dice la propaganda oficial, estos presupuestos condenan a los 10 millones de personas con ingresos inferiores a 14.000 euros, a los que niega una bajada
del IVA de los productos básicos de la cesta de la compra que les ayudaría a llegar a fin de mes; y olvidan a la clase media, a la que se le vuelven a subir impuestos por la puerta de atrás de la inflación, consolidando una pérdida de poder
adquisitivo de más de un 20 %. Es inaceptable que se dejen fuera a ambos colectivos, las familias más vulnerables y las clases medias, mientras que se incrementa un 18,3 % la partida destinada a la alta dirección. La estructura política del
gobierno dispara este gasto hasta los 933 millones de euros, un 37 % más, 252 millones más, que en 2018 y el gasto en propaganda se incrementa hasta los 158 M€ en el «Plan de Publicidad y Comunicación Institucional». Estos presupuestos
inciden en las mismas recetas que los presupuestos anteriores: más gasto público, más impuestos, más inseguridad jurídica, más déficit y más deuda. Unas recetas que nos han llevado a ser el último país de los 27 en recuperar los niveles de PIB
previos a la pandemia —cosa que no sucederá hasta 2024—, tener la mayor tasa de paro de la UE y la segunda mayor tasa de paro juvenil y femenino —más que duplicando la media europea en los tres casos—, tener la mayor
inflación de los últimos 40 años —con el consiguiente coste para las familias—, tener unos índices de desigualdad y pobreza similares a los que sufrimos en la crisis financiera de 2008, y disparar la deuda pública —el doble que
la media europea, rozando ya el billón y medio de euros, poniendo en riesgo la sostenibilidad del estado del bienestar—. En definitiva, unas recetas fracasadas que merman nuestra competitividad, lastran el crecimiento y la creación de empleo,
condenan a los más vulnerables, siguen debilitando a las clases medias y comprometen nuestro futuro acumulando un agujero fiscal que será de 340.000 M€ en 4 años, que como dijo Calviño— «pagarán nuestros hijos y nietos». A estas
consideraciones generales, hay que añadir los aspectos específicos de la sección 12 que apoyan su devolución. El incremento general de los Presupuestos Generales del Estado 2023 es de un 7,6 %, en tanto que, los del Ministerio de Asuntos
Exteriores, Unión Europea y Cooperación están por debajo con un 6,1 %. Estos datos resultan alarmantes considerando que España asumirá la Presidencia Española de la Unión Europea en el segundo semestre de 2023, lo que debería significar una
inversión extra en dichos presupuestos. En este escaso aumento del presupuesto al Ministerio de Asuntos Exteriores, están incluidos los presupuestos provenientes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, lo que deja de manifiesto el bajo
compromiso del actual Gobierno con la Acción Exterior. De tal manera que el incremento de presupuesto es casi exclusivamente a lo que supone la Presidencia Española de la UE y no al resto de políticas del Ministerio de Asuntos Exteriores. Para
llevar a cabo las tareas de la Presidencia Española de la UE, se crearon el Comité Organizador de la Presidencia Española de la UE y la Oficina de Coordinación para la Presidencia Española de la UE. La Oficina asiste al Comité. Tanto en el libro
amarillo como en los tomos rojos, no se describen las tareas específicas de dicha Oficina, no hay explicación alguna de por qué se tomó la decisión de crearla. Dada la importancia que tiene la Presidencia Española de la UE, se echa en falta un
desglose íntegro, en el que se pueda ver cada participación de cada ministerio. En este sentido, el libro amarillo se limita a describir esta partida como «a través de los presupuestos de los distintos ministerios, ya sea mediante gastos de
personal, gastos corrientes en bienes y servicios o inversiones reales, se financiarán las actuaciones que se desarrollen durante la Presidencia Española de la UE, (...) correspondiendo el grueso de esta cuantía al Ministerio de Presidencia,
Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática y al Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación».

El incremento del Ministerio de Asuntos Exteriores por debajo del incremento general, aún en un momento en el que se va a celebrar la
Presidencia Española de la UE, es un castigo y un insulto al compromiso que España tiene en el exterior. A todo ello, hay que agregar la discrecionalidad en las aportaciones a numerosas instituciones y organismos «chiringuitos» vinculados a los
partidos que forman parte de la coalición de Gobierno, que poco o nada tienen que ver con el papel de España en el exterior. El Ministerio indica que este 2023 la Administración General «continuará con la adopción de medidas que permitan una
gestión cada vez más eficiente de los recursos humanos y materiales disponibles». Si el objetivo marcado es continuar trabajando con lo disponible, existe un excedente de alrededor de 19 millones de euros. Se observa que estos presupuestos se
limitan a reproducir la estructura de años anteriores, detectando escasas variaciones en inversiones reales en los programas, pero sí un aumento de personal eventual en algunos, tal es el caso del programa «141M Dirección y Servicios Generales de
Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación» que ha incrementado en más del 52 % su plantilla de personal eventual, incumpliendo así el objetivo de continuar trabajando con los recursos humanos y materiales disponibles. El Plan de
Digitalización Consular, en el que el Instituto Cervantes participa mediante el proyecto de identidad digital para clientes, no está definido. El Gobierno lo expresa textualmente: «Ante la falta de información actualizada, se proporciona la
información inicial». No existe una previsión y/o análisis para contar con información actualizada que pueda dar certeza de la ejecución del presupuesto a este Plan. En el programa 143A, por ejemplo, siguen arrastrándose las partidas para el fondo
para el agua y saneamiento y del FONPRODE, que año sobre año no se ejecutan y que sólo sirven para falsear los datos presupuestarios destinados a la cooperación internacional. Finalmente, la imagen de España en el exterior ha sido denigrada por el
Gobierno actual. Es lamentable que el mundo entero sea testigo de las continuas divisiones en el seno del Gobierno, protagonizadas por los dos principales partidos socios. La Cumbre de la OTAN en Madrid intentó ser saboteada por una parte del
Gobierno, tachándola de organización criminal y manifestándose en contra de ella, a esto hay que sumarle que mientras el presidente Sánchez se comprometía a destinar el 2 % del PIB a Defensa, la mitad del Gobierno afirmaba que no apoyaba ese
compromiso. Las relaciones con Argelia, país que fuera nuestro principal proveedor de gas, están rotas y sin interlocución alguna, todo ello provocado por las decisiones impulsivas y personales del presidente del Gobierno, secundadas por el
ministro de Asuntos Exteriores, quienes tratando de enmendar la crisis con Marruecos (provocada por ellos), han metido a España en otra. Los españoles son quienes están pagando estas consecuencias, derivadas de la revisión de precios del gas de
Argelia a España. A pesar de las numerosas reuniones que ha mantenido el ministro, José Manuel Albares, con el Ministerio de Exteriores de Reino Unido para llegar a un acuerdo respecto a Gibraltar, seguimos con incertidumbre y sin saber qué va a
pasar. El Gobierno mantiene estrecha relación con líderes de las dictaduras de Cuba y Venezuela, dejando de lado la promoción y defensa de los Derechos Humanos en esos países. Todas estas acciones no hacen más que debilitar la imagen de España en
el exterior, por lo que consideramos que se debe hacer una reestructuración a todos los niveles en el ministerio, que claramente, al igual que estos presupuestos, no tiene rumbo.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 68

Del Grupo Parlamentario
Popular en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 13. Ministerio de Justicia.

JUSTIFICACIÓN

Los Presupuestos Generales del Estado para el año 2023 nacen invalidados tanto por Instituciones públicas —AIReF, OCDE, FMI o Banco de España— como privadas —BBVA o el Círculo de Empresarios, organismos e
instituciones que estiman que en 2023 vamos a crecer menos, vamos a tener más inflación, más paro y —como consecuencia de lo anterior— más déficit y más deuda de lo que dice el gobierno en el cuadro macroeconómico utilizado para
elaborar los presupuestos. Esto ya sería suficiente para que un gobierno serio retirase el anteproyecto de ley de presupuestos y presentase otro ajustado a la realidad económica y social de nuestro país.

Pero ese no es el único argumento
para solicitar su retirada. Frente a lo que dice la propaganda oficial, estos presupuestos condenan a los 10 millones de personas con ingresos inferiores a 14.000 euros, a los que niega una bajada del IVA de los productos básicos de la cesta de la
compra que les ayudaría a llegar a fin de mes; y olvidan a la clase media, a la que se le vuelven a subir impuestos por la puerta de atrás de la inflación, consolidando una pérdida de poder adquisitivo de más de un 20 %. Es inaceptable que se
dejen fuera a ambos colectivos, las familias más vulnerables y las clases medias, mientras que se incrementa un 18,3 % la partida destinada a la alta dirección. La estructura política del gobierno dispara este gasto hasta los 933 millones de euros,
un 37 % más, 252 millones más, que en 2018 y el gasto en propaganda se incrementa hasta los 158 M€ en el «Plan de Publicidad y Comunicación Institucional».

Estos presupuestos inciden en las mismas recetas que los presupuestos
anteriores: más gasto público, más impuestos, más inseguridad jurídica, más déficit y más deuda. Unas recetas que nos han llevado a ser el último país de los 27 en recuperar los niveles de PIB previos a la pandemia —cosa que no sucederá
hasta 2024—, tener la mayor tasa de paro de la UE y la segunda mayor tasa de paro juvenil y femenino —más que duplicando la media europea en los tres casos—, tener la mayor inflación de los últimos 40 años —con el
consiguiente coste para las familias—, tener unos índices de desigualdad y pobreza similares a los que sufrimos en la crisis financiera de 2008, y disparar la deuda pública —el doble que la media europea, rozando ya el billón y medio
de euros, poniendo en riesgo la sostenibilidad del estado del bienestar—.

En definitiva, unas recetas fracasadas que merman nuestra competitividad, lastran el crecimiento y la creación de empleo, condenan a los más vulnerables, siguen
debilitando a las clases medias y comprometen nuestro futuro acumulando un agujero fiscal que será de 340.000 M€ en 4 años, que —como dijo Calviño— «pagarán nuestros hijos y nietos».

A estas consideraciones generales, hay
que añadir los aspectos específicos de la sección 13 que apoyan su devolución.

La Disposición adicional décima séptima del proyecto de PGE, y bajo el título de «Oferta de Empleo Público para el acceso a las carreras judicial y fiscal» se
establece que «la Oferta de Empleo Público para el acceso a las carreras judicial y fiscal no podrá superar el límite máximo de 200 plazas que se destinarán a la mejora del servicio público de la justicia y a la cobertura de las necesidades de la
Administración de Justicia». Por lo tanto, nuevamente y al igual que en los dos ejercicios anteriores, se hace una previsión decepcionante y claramente insuficiente para dotar a las Carreras Judicial y Fiscal de nuevos miembros con el fin de
agilizar la Justicia, ante el aumento de la litigiosidad. En los PGE de 2018 se ofertaron 300 plazas, igualando a las convocatorias de los años inmediatamente anteriores.

Además de los medios personales son necesarios los medios materiales.
En lo que se refiere al «territorio Ministerio» en el que el Gobierno ejerce las competencias en materia de Administración de Justicia —que engloba a las Comunidades Autónomas de Extremadura, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Illes Balears
y Murcia, a las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, así como el apoyo en medios personales y materiales a los órganos judiciales con jurisdicción en toda España y con sede en Madrid— no se avanza de manera significativa. A pesar de que se
ha aumentado los créditos previstos para inversiones, recuperando la bajada experimentada el año pasado, de poco sirve el aumento si no se ejecutan las obras o ni siquiera se redactan los proyectos. En el Extracto de las Estadísticas de Ejecución
del Presupuesto a 31 de diciembre de 2021, muestran que el dato de obligaciones reconocidas netas sobre créditos definitivos fue del 75 %, quince puntos inferior que el mismo dato en el ejercicio anterior. Además, en 2023 hay proyectos importantes
en las cinco comunidades autónomas del territorio Ministerio que apenas prevén una inversión de 100.000 euros, postergando a futuros ejercicios las inversiones más importantes.

Asimismo, y también dentro de las inversiones reales previstas
para su ejecución por la Secretaría de Estado de Justicia, el Superproyecto de apoyo denominado «Plan de Modernización Tecnológica de la Admón. de Justicia» se rebaja diez millones respecto al año anterior bajando de 110 en 2022 a los 100 en 2023,
a pesar de que para los futuros ejercicios sí se prevé que se superen los cien millones (casi 107 millones en 2024, 2025 y 2026. Difícilmente se puede modernizar la Justicia si proyectos importantes ven rebajada su cuantía.

A pesar de la
reciente aprobación de la Ley Orgánica 7/2022, de 27 de julio, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en materia de Juzgados de lo Mercantil, y de la Ley 16/2022, de 5 de septiembre, de reforma del texto
refundido de la Ley Concursal, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, para la transposición de la Directiva (UE) 2019/1023 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, sobre marcos de reestructuración
preventiva, exoneración de deudas e inhabilitaciones, y sobre medidas para aumentar la eficiencia de los procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas, y por la que se modifica la Directiva (UE) 2017/1132 del Parlamento
Europeo y del Consejo, sobre determinados aspectos del Derecho de sociedades, no hay previsión en el proyecto de partidas específicas para cumplir todos los mandatos que se hacen al Gobierno en estas normas, muy especialmente en las disposiciones
adicionales: puesta en marcha de la Plataforma electrónica de liquidación de bienes, programa de cálculo automático del plan de pagos, web para el autodiagnóstico de salud empresarial, portal de liquidaciones en el Registro público concursal
etc.

En cuanto a la dotación prevista para la asistencia jurídica gratuita no sube nada respecto a los ejercicios anteriores y sigue siendo insuficiente.

Tal y como ya se propuso el año anterior, es necesario dotar a los Consejos y
Colegios de medios para mejorar la formación de los profesionales del sector Justicia ante los recientes cambios legales, los que se aprobarán en el futuro inmediato —pues ya está muy avanzada su tramitación— y los Proyectos de Ley
anunciados en el Plan Anual Normativo y en los que es proponente el Ministerio de Justicia.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 69

Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 15. Ministerio de Hacienda y Función Pública.

JUSTIFICACIÓN

Los Presupuestos Generales del Estado para el año 2023
nacen invalidados tanto por Instituciones públicas —AIReF, OCDE o Banco de España— como privadas —BBVA o el Círculo de Empresarios, organismos e instituciones que estiman que en 2023 vamos a crecer menos, vamos a tener más
inflación, más paro y —como consecuencia de lo anterior— más déficit y más deuda de lo que dice el gobierno en el cuadro macroeconómico utilizado para elaborar los presupuestos. Esto ya sería suficiente para que un gobierno serio
retirase el anteproyecto de ley de presupuestos y presentase otro ajustado a la realidad económica y social de nuestro país.

Entre 2018 y 2023, dando por buenas las previsiones contenidas en estos Presupuestos, los ingresos públicos habrán
aumentado un 15 % y el gasto público en un 18 %; mientras, el PIB habrá crecido menos del 1 %, lo que por sí mismo ya da una idea de la pésima gestión económica del Gobierno. El peso en el incremento de la recaudación durante este periodo se
concentra de manera muy significativa en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, cuyas bases están integradas en un 80 % por rentas salariales. Son los empleados por cuenta ajena quienes están soportando la insaciable voracidad fiscal
durante estos últimos cuatro años.

Pero estos no son los únicos argumentos para solicitar la retirada. Frente a lo que dice la propaganda oficial, estos presupuestos condenan a los 10 millones de personas con ingresos inferiores a 14.000
euros, a los que niega una bajada del IVA de los productos básicos de la cesta de la compra que les ayudaría a llegar a fin de mes; y olvidan a la clase media, a la que se le vuelven a subir impuestos por la puerta de atrás de la inflación,
consolidando una pérdida de poder adquisitivo de más de un 20 %. Es indecente que se dejen fuera a ambos colectivos, las familias más vulnerables y las clases medias, mientras que se incrementa un 18,3 % la partida destinada a la alta dirección.
La estructura política del gobierno dispara este gasto hasta los 933 millones de euros, un 37 % más, 252 millones más, que en 2018 y el gasto en propaganda se incrementa hasta los 158 M€ en el «Plan de Publicidad y Comunicación
Institucional».

Estos presupuestos inciden en las mismas recetas que los presupuestos anteriores: más gasto público, más impuestos, más inseguridad jurídica, más déficit y más deuda. Unas recetas que nos han llevado a ser el último país de
los 27 en recuperar los niveles de PIB previos a la pandemia —cosa que no sucederá hasta 2024—, tener la mayor tasa de paro de la UE y la segunda mayor tasa de paro juvenil y femenino —más que duplicando la media europea en los
tres casos—, tener la mayor inflación de los últimos 40 años —con el consiguiente coste para las familias—, tener unos índices de desigualdad y pobreza similares a los que sufrimos en la crisis financiera de 2008, y disparar la
deuda pública —el doble que la media europea, rozando ya el billón y medio de euros, poniendo en riesgo la sostenibilidad del estado del bienestar—.

En definitiva, unas recetas fracasadas que merman nuestra competitividad,
lastran el crecimiento y la creación de empleo, condenan a los más vulnerables, siguen debilitando a las clases medias y comprometen nuestro futuro acumulando un agujero fiscal que será de 340.000 M€ en 4 años, que —como dijo
Calviño— «pagarán nuestros hijos y nietos».

La ministra de Hacienda y Función Pública ha sido quien, improvisando un paquete fiscal como respuesta a los barones socialistas que estaban replicando las bajadas de impuestos del Partido
Popular en las CC. AA. que gobiernan, ha incluido cambios fiscales que ahuyentan la inversión y el talento, contribuyendo negativamente al crecimiento y a la creación de empleo.

La creación de tres nuevos impuestos (al patrimonio, a las
empresas energéticas y a las entidades de crédito), de los que se adelanta por el Gobierno, a través de los medios de comunicación, una cuantiosa recaudación, son otro factor que resta credibilidad a las cifras ofrecidas en esta sección. Quebrar el
principio de universalidad, pilar básico de la función presupuestaria, es una nueva lesión a una institución básica en cualquier sistema democrático como es el Presupuesto.

Estos presupuestos, además, son responsables de dejar fuera a 7,5
millones de personas, con ingresos entre 21.000 y 60.000 euros que la ministra ha decidido incluir en la categoría de ricos, negándole el ajuste del IRPF a la inflación, a pesar de que es el grupo que más aporta a este impuesto: estas, que son las
verdaderas clases medias, representan el 35 % de los contribuyentes y aportan el 59 % de la recaudación.

Y mientras la ministra pide ajustes a todos los españoles, dispara el gasto en personal de su ministerio un 19,7 %, 264 M€ más que
el año pasado, hasta los 1.600,9 M€.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 70

Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del
Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 16. Ministerio del Interior.

JUSTIFICACIÓN

Los Presupuestos Generales del Estado para el año 2023 nacen invalidados tanto por Instituciones públicas —AIReF,
OCDE, FMI o Banco de España— como privadas —BBVA o el Círculo de Empresarios, organismos e instituciones que estiman que en 2023 vamos a crecer menos, vamos a tener más inflación, más paro y —como consecuencia de lo
anterior— más déficit y más deuda de lo que dice el gobierno en el cuadro macroeconómico utilizado para elaborar los presupuestos. Esto ya sería suficiente para que un gobierno serio retirase el anteproyecto de ley de presupuestos y
presentase otro ajustado a la realidad económica y social de nuestro país.

Pero ese no es el único argumento para solicitar su retirada. Frente a lo que dice la propaganda oficial, estos presupuestos condenan a los 10 millones de personas
con ingresos inferiores a 14.000 euros, a los que niega una bajada del IVA de los productos básicos de la cesta de la compra que les ayudaría a llegar a fin de mes; y olvidan a la clase media, a la que se le vuelven a subir impuestos por la puerta
de atrás de la inflación, consolidando una pérdida de poder adquisitivo de más de un 20 %. Es inaceptable que se dejen fuera a ambos colectivos, las familias más vulnerables y las clases medias, mientras que se incrementa un 18,3 % la partida
destinada a la alta dirección. La estructura política del gobierno dispara este gasto hasta los 933 millones de euros, un 37 % más, 252 millones más, que en 2018 y el gasto en propaganda se incrementa hasta los 158 M€ en el «Plan de
Publicidad y Comunicación Institucional».

Estos presupuestos inciden en las mismas recetas que los presupuestos anteriores: más gasto público, más impuestos, más inseguridad jurídica, más déficit y más deuda. Unas recetas que nos han
llevado a ser el último país de los 27 en recuperar los niveles de PIB previos a la pandemia —cosa que no sucederá hasta 2024—, tener la mayor tasa de paro de la UE y la segunda mayor tasa de paro juvenil y femenino —más que
duplicando la media europea en los tres casos—, tener la mayor inflación de los últimos 40 años —con el consiguiente coste para las familias—, tener unos índices de desigualdad y pobreza similares a los que sufrimos en la crisis
financiera de 2008, y disparar la deuda pública —el doble que la media europea, rozando ya el billón y medio de euros, poniendo en riesgo la sostenibilidad del estado del bienestar—.

En definitiva, unas recetas fracasadas que
merman nuestra competitividad, lastran el crecimiento y la creación de empleo, condenan a los más vulnerables, siguen debilitando a las clases medias y comprometen nuestro futuro acumulando un agujero fiscal que será de 340.000 M€ en 4 años,
que —como dijo Calviño— «pagarán nuestros hijos y nietos».

A todo ello se unen que los PGE 2023 confirman la falta de interés real del Gobierno de Sánchez por las políticas de seguridad ciudadana. La dotación de las partidas
relativas al Ministerio del Interior es claramente insuficiente y no dan satisfacción a las necesidades recogidas en los planes e informes de inversión, de infraestructuras, de personal o de diseño de la cobertura territorial de las FCSE.

El
compromiso presupuestario con la seguridad ciudadana en los PGE 2023 es tan sólo del 2,2 % del total del presupuesto. El crecimiento del gasto del Ministerio del Interior no da cobertura a todos los compromisos adquiridos durante los últimos
ejercicios y que año tras año se incumplen por el Gobierno socialista. Compromisos y promesas realizadas a los diferentes sectores del Ministerio del Interior tanto en infraestructuras, como en dotación de material, cobertura de plantillas o
mejoras laborales.

El Gobierno sigue sin cubrir las plazas vacantes de las FCSE en el medio rural, en Navarra y Cataluña y también sin reforzar las plantillas con contingentes necesarios en el Campo de Gibraltar, en Melilla y en Ceuta.

El Gobierno mantiene el incumplimiento del Acuerdo de Equiparación aprobado en 2018 por el Gobierno Popular en relación con la inclusión de una partida de 300 millones para la segunda actividad y la reserva de las FCSE, establecida en su cláusula
tercera.

También en el Acuerdo de Equiparación Salarial figuraba en su cláusula octava el compromiso del Gobierno de impulsar las medidas legislativas que fueren necesarias para garantizar que en el futuro no se pudiera producir una
disfunción salarial entre las policías que realicen las mismas funciones.

Lamentablemente el Gobierno socialista surgido de la moción de censura del 2018 y el posterior de coalición PSOE/PODEMOS han bloqueado el cumplimiento de estos
compromisos.

También el Gobierno se comprometió con la aprobación de un Estatuto o Ley de Prisiones. Las promesas de una equiparación salarial de los funcionarios de prisiones, del reconocimiento de la condición de agentes de la autoridad y
de la mejora de su estatus profesional, siguen paralizadas después de cuatro años de Sánchez al frente del Gobierno. Los funcionarios plantearon un conflicto colectivo contra la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.

Se
mantienen congeladas desde hace años las subvenciones a las fundaciones y asociaciones de víctimas del terrorismo. El proyecto de PGE para 2023 fija la misma cantidad que en 2018, 2019, 2021 y 2022 para la Fundación Víctimas del Terrorismo (335.000
euros) y para la Fundación Centro de la Memoria de las Víctimas del Terrorismo fluctúa entre 1,7 y 1,6 millones, para este ejercicio serán 1.7 igual que en el ejercicio anterior. Las subvenciones para las asociaciones de víctimas del terrorismo
también permanecen congeladas en un millón de euros, mientras que las indemnizaciones a las víctimas permanecen inalterables en 13,59 millones.

Es una muestra más del abandono al que someten a las víctimas del terrorismo el Gobierno sanchista
en su política de pactos con los herederos de ETA.

No podemos olvidar que al frente del ministerio se mantiene Marlaska, el ministro con mayor nivel de rechazo público y que acumula un sinfín de escándalos en su nefasta gestión.

Son
unas cuentas que solo saldrán adelante si las apoyan los independentistas, simplemente porque, como han confesado, «no pueden dejar caer al gobierno de Sanchez» o como dijo Otegi, «Si para sacar a los 200 presos hay que votar los presupuestos, pues
votamos», en relación a los pactos con el Gobierno para la liberación de presos de ETA.

Entre las cesiones que afectan al ministerio del interior están: la transferencia de prisiones al País Vasco, el repliegue de la Guardia Civil de
Navarra, el acercamiento de presos de ETA en un proceso encaminado a su rápida liberación y al blanqueo de sus herederos políticos y la falta de diligencia y de incentivos para cubrir las plazas vacantes de las FCSE en Cataluña y otros territorios
gobernados por nacionalistas.

Esta falta de diligencia y de incentivos para cubrir las vacantes se reproduce también en destinos poco atractivos como Ceuta, Melilla, Campo de Gibraltar o en el medio rural afectado por la despoblación.

Se trata de un ministerio ineficiente, donde la ejecución del total de su presupuesto para 2022 se sitúa en el 58,4 % de las obligaciones reconocidas netas sobre los créditos definitivos en el mes de agosto y del 10,8 % respecto a las inversiones
reales.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 71

Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente
impugnación de la Sección 17. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

JUSTIFICACIÓN

Los Presupuestos Generales del Estado para el año 2023 nacen invalidados tanto por Instituciones públicas —AIReF, OCDE, FMI o
Banco de España— como privadas —BBVA o el Círculo de Empresarios, organismos e instituciones que estiman que en 2023 vamos a crecer menos, vamos a tener más inflación, más paro y —como consecuencia de lo anterior— más
déficit y más deuda de lo que dice el gobierno en el cuadro macroeconómico utilizado para elaborar los presupuestos. Esto ya sería suficiente para que un gobierno serio retirase el anteproyecto de ley de presupuestos y presentase otro ajustado a la
realidad económica y social de nuestro país.

Pero ese no es el único argumento para solicitar su impugnación. Frente a lo que dice la propaganda oficial, estos presupuestos condenan a los 10 millones de personas con ingresos inferiores
a 14.000 euros, a los que niega una bajada del IVA de los productos básicos de la cesta de la compra que les ayudaría a llegar a fin de mes; y olvidan a la clase media, a la que se le vuelven a subir impuestos por la puerta de atrás de la
inflación, consolidando una pérdida de poder adquisitivo de más de un 20 %. Es inaceptable que se dejen fuera a ambos colectivos, las familias más vulnerables y las clases medias, mientras que se incrementa un 18,3 % la partida destinada a la alta
dirección. La estructura política del gobierno dispara este gasto hasta los 933 millones de euros, un 37 % más, 252 millones más, que en 2018 y el gasto en propaganda se incrementa hasta los 158 M€ en el «Plan de Publicidad y Comunicación
Institucional».

Estos presupuestos inciden en las mismas recetas que los presupuestos anteriores: más gasto público, más impuestos, más inseguridad jurídica, más déficit y más deuda. Unas recetas que nos han llevado a ser el último país de
los 27 en recuperar los niveles de PIB previos a la pandemia —cosa que no sucederá hasta 2024—, tener la mayor tasa de paro de la UE y la segunda mayor tasa de paro juvenil y femenino —más que duplicando la media europea en los
tres casos—, tener la mayor inflación de los últimos 40 años —con el consiguiente coste para las familias—, tener unos índices de desigualdad y pobreza similares a los que sufrimos en la crisis financiera de 2008, y disparar la
deuda pública —el doble que la media europea, rozando ya el billón y medio de euros, poniendo en riesgo la sostenibilidad del estado del bienestar—.

En definitiva, unas recetas fracasadas que merman nuestra competitividad,
lastran el crecimiento y la creación de empleo, condenan a los más vulnerables, siguen debilitando a las clases medias y comprometen nuestro futuro acumulando un agujero fiscal que será de 340.000 M€ en 4 años, que —como dijo
Calviño— «pagarán nuestros hijos y nietos».

A estas consideraciones generales, hay que añadir los aspectos específicos de la sección 17 que apoyan su devolución.

En primer lugar, es de destacar que el presupuesto total del
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para el año 2023 es de 12.296 M€, lo que supone un descenso del 8 % respecto al año 2022.

Ello es más preocupante todavía si tenemos en cuenta que al Gobierno se le da mejor la
propaganda que la gestión, pues deja una gran cantidad de recursos sin ejecutar. Buen ejemplo de ello es este Ministerio, cuyo porcentaje de ejecución, a 31 de agosto de 2022, es del 38,2 %. Por eso carece de credibilidad para ejecutar las
cantidades presupuestadas.

En relación con la bonificación de los abonos para los servicios de Cercanías, Rodalies y Media Distancia, debemos recordar que en un principio dicha bonificación era del 50 % y poco después se amplió al 100 %,
medida que en ambos casos terminaba el próximo 31 de diciembre. Pero recientemente el Ejecutivo ha anunciado la extensión de la gratuidad a todo el año 2023. Es difícil tomar en serio a quien gobierna con este grado de improvisación.

En
todo caso, el Gobierno discrimina a las personas que viven en territorios que no disponen de servicios ferroviarios, lo que perjudica especialmente a las zonas rurales, de las que se olvida una vez más, en lugar de paliar esta situación extendiendo
dicha gratuidad a los servicios de transporte público colectivo de viajeros por carretera, de manera que sus usuarios recurrentes puedan beneficiarse en condiciones similares a los usuarios de ferrocarril.

Por desgracia, ya no sorprende a
nadie el sectarismo con el que el Gobierno sigue repartiendo los recursos públicos, ensañándose con regiones que no le son favorables políticamente, como la Comunidad de Madrid. Por ejemplo, la suma de las partidas «Cercanías Madrid» es de unos 39
M€, frente a los 694 M€ de las de «Cercanías Cataluña».

Además, el Gobierno, en su irresponsabilidad, sigue generando incertidumbre, pues no aclara el futuro del sistema de pago por uso en la red de carreteras, cuyo
establecimiento incluyó en el PRTR. Una medida que debería ser retirada, pues perjudicaría a todos los ciudadanos y especialmente a sectores fundamentales para la recuperación de la economía, como el transporte, ya muy tocado por el precio del
carburante.

En materia de vivienda, se echan de menos medidas orientadas a flexibilizar la fiscalidad o a mejorar de verdad las condiciones de financiación, tanto en la compra como en el mercado del alquiler.

Poco ayuda en este sentido
el Proyecto de Ley por el derecho a la Vivienda presentado por el Ejecutivo, pues incluye las recetas opuestas a las que necesita este sector: intervencionismo, sectarismo, medidas contraproducentes, ataque al derecho a la propiedad privada,
inseguridad jurídica y laxitud con la ocupación ilegal, además de invadir competencias autonómicas, como advirtió el CGPJ.

Llama la atención que el Gobierno presuma de medidas como el bono alquiler joven, dotado con 200 M€, es decir,
un auténtico parche para tapar la ausencia de políticas eficaces en este ámbito, puesto que su alcance es muy escaso (unos 66.000 beneficiarios) dado su insuficiente presupuesto y los restrictivos requisitos para obtener la ayuda.

Este
Ministerio anuncia un incremento presupuestario del 5,4 % en política de vivienda hasta los 3.472 M€, pero 2.480 de ellos provienen de la UE. Por tanto, estos números no contribuirán a reforzar significativamente los objetivos de fomentar la
oferta de alquiler social y asequible, o ayudas al alquiler para familias más vulnerables, puesto que los fondos europeos tendrán como destino principal la rehabilitación de edificios y no las políticas sociales.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 72

Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 18. Ministerio de
Educación y Formación Profesional.

JUSTIFICACIÓN

Los Presupuestos Generales del Estado para el año 2023 nacen invalidados tanto por Instituciones públicas —AIReF, OCDE, FMI, o Banco de España— como privadas —BBVA o
el Círculo de Empresarios, organismos e instituciones que estiman que en 2023 vamos a crecer menos, vamos a tener más inflación, más paro y —como consecuencia de lo anterior— más déficit y más deuda de lo que dice el gobierno en el
cuadro macroeconómico utilizado para elaborar los presupuestos. Esto ya sería suficiente para que un gobierno serio retirase el anteproyecto de ley de presupuestos y presentase otro ajustado a la realidad económica y social de nuestro país.

Pero ese no es el único argumento para solicitar su retirada. Frente a lo que dice la propaganda oficial, estos presupuestos condenan a los 10 millones de personas con ingresos inferiores a 14.000 euros, a los que niega una bajada del IVA de los
productos básicos de la cesta de la compra que les ayudaría a llegar a fin de mes; y olvidan a la clase media, a la que se le vuelven a subir impuestos por la puerta de atrás de la inflación, consolidando una pérdida de poder adquisitivo de más de
un 20 %. Es inaceptable que se deje fuera a ambos colectivos, las familias más vulnerables y las clases medias, mientras que se incrementa un 18,3 % la partida destinada a la alta dirección. La estructura política del gobierno dispara este gasto
hasta los 933 millones de euros, un 37 % más, 252 millones más, que en 2018 y el gasto en propaganda se incrementa hasta los 158 M€ en el «Plan de Publicidad y Comunicación Institucional».

Estos presupuestos inciden en las mismas
recetas que los presupuestos anteriores: más gasto público, más impuestos, más inseguridad jurídica, más déficit y más deuda. Unas recetas que nos han llevado a ser el último país de los 27 en recuperar los niveles de PIB previos a la pandemia
—cosa que no sucederá hasta 2024—, soportar la mayor tasa de paro de la UE y la segunda mayor tasa de paro juvenil y femenino —más que duplicando la media europea en los tres casos—, sufrir la mayor inflación de los
últimos 40 años —con el consiguiente coste para las familias—, padecer unos índices de desigualdad y pobreza similares a los que sufrimos en la crisis financiera de 2008, y disparar la deuda pública —el doble que la media
europea, rozando ya el billón y medio de euros, poniendo en riesgo la sostenibilidad del estado del bienestar—.

En definitiva, unas recetas fracasadas que merman nuestra competitividad, lastran el crecimiento y la creación de empleo, condenan a los más vulnerables, siguen debilitando a las clases medias y comprometen nuestro futuro acumulando un
agujero fiscal que será de 340.000 M€ en 4 años, que —como dijo Calviño— «pagarán nuestros hijos y nietos».

A estas consideraciones generales, hay que añadir los aspectos específicos de la sección 18 que apoyan su
devolución.

Los Presupuestos Generales del Estado para el año 2023 representan claramente la misma falta de voluntad transformadora y modernizadora del conjunto del sistema educativo, que no será capaz de superar con éxito los retos a los que
se enfrentan las sociedades occidentales en esta segunda década del siglo XXI.

Los recursos consignados en la sección 18 no vienen sino a confirmar la total ausencia de un diagnóstico riguroso y certero que permita centrar las políticas en la
resolución de las debilidades del sistema y en el impulso de las fortalezas del mismo.

El presupuesto de la política de educación en los PGE 2023 se incrementa un 6,6 % respecto al ejercicio de 2022, resultando un incremento poco relevante
para el primer año de implantación, en este curso 2022/2023, de la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOMLOE) y para el desarrollo de la Ley de ordenación e integración
de la Formación Profesional aprobada en 2022.

Desde la escasa financiación del primer ciclo de la educación infantil, que tan solo se prevé, por tercer ejercicio consecutivo, para los centros públicos, dejando fuera a un alto porcentaje de
escuelas infantiles de iniciativa privada que durante años han suplido las carencias del sistema público, en lo que supone un ataque frontal a la libertad educativa; hasta la ausencia absoluta de políticas efectivas destinadas al profesorado,
piedra angular sobre la que se asienta la calidad del sistema educativo, renunciando a la implantación de un sistema de selección, formación y carrera profesional docente; pasando por la ausencia de partidas destinadas a solventar el impacto que la
desorbitada inflación ha tenido en la economía de las familias, encareciendo el inicio del curso escolar hasta 400 euros por alumno, nada de todo esto tiene su reflejo en los PGE.

Los Presupuestos, en lo que a educación se refiere, carecen de
un relato que permita vislumbrar los objetivos a los que se destinan los recursos previstos. La negativa permanente a evaluar el sistema educativo ha provocado que España siga sin conocer el impacto de la pandemia en el mismo. Tampoco se
contemplan medidas normativas con la finalidad de atajar el abandono educativo temprano que, a pesar del descenso de los últimos años, sigue estando por encima del 10 % previsto por Europa en al año 2020. El programa Escuela 4.0 responde más al
interés de dar una respuesta inmediata a la brecha digital que a evaluar y calibrar los recursos destinados hasta el momento, aplicándolos a la formación inicial de los docentes y a los alumnos con necesidades más perentorias.

Nuevamente el
gobierno apuesta por un presupuesto que carece de toda coordinación y objetivos y por lo tanto está llamado al fracaso.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 73

Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular
en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 19. Ministerio de Trabajo y Economía Social.

JUSTIFICACIÓN

Los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2023 nacen invalidados tanto por Instituciones públicas —AIReF, OCDE, FMI o Banco de España— como privadas —BBVA o el Círculo de Empresarios, organismos e instituciones que estiman que en 2023 vamos a crecer menos,
vamos a tener más inflación, más paro y —como consecuencia de lo anterior— más déficit y más deuda de lo que dice el gobierno en el cuadro macroeconómico utilizado para elaborar los presupuestos. Esto ya sería suficiente para que un
gobierno serio retirase el anteproyecto de ley de presupuestos y presentase otro ajustado a la realidad económica y social de nuestro país.

Pero ese no es el único argumento para solicitar su retirada. Frente a lo que dice la propaganda
oficial, estos presupuestos condenan a los 10 millones de personas con ingresos inferiores a 14.000 euros, a los que niega una bajada del IVA de los productos básicos de la cesta de la compra que les ayudaría a llegar a fin de mes; y olvidan a la
clase media, a la que se le vuelven a subir impuestos por la puerta de atrás de la inflación, consolidando una pérdida de poder adquisitivo de más de un 20 %. Es inaceptable que se dejen fuera a ambos colectivos, las familias más vulnerables y las
clases medias, mientras que se incrementa un 18,3 % la partida destinada a la alta dirección. La estructura política del gobierno dispara este gasto hasta los 933 millones de euros, un 37 % más, 252 millones más, que en 2018 y el gasto en
propaganda se incrementa hasta los 158 M€ en el «Plan de Publicidad y Comunicación Institucional».

Estos presupuestos inciden en las mismas recetas que los presupuestos anteriores: más gasto público, más impuestos, más inseguridad
jurídica, más déficit y más deuda. Unas recetas que nos han llevado a ser el último país de los 27 en recuperar los niveles de PIB previos a la pandemia —cosa que no sucederá hasta 2024—, tener la mayor tasa de paro de la UE y la
segunda mayor tasa de paro juvenil y femenino —más que duplicando la media europea en los tres casos—, tener la mayor inflación de los últimos 40 años —con el consiguiente coste para las familias—, tener unos índices de
desigualdad y pobreza similares a los que sufrimos en la crisis financiera de 2008, y disparar la deuda pública —el doble que la media europea, rozando ya el billón y medio de euros, poniendo en riesgo la sostenibilidad del estado del
bienestar—.

En definitiva, unas recetas fracasadas que merman nuestra competitividad, lastran el crecimiento y la creación de empleo, condenan a los más vulnerables, siguen debilitando a las clases medias y comprometen nuestro futuro
acumulando un agujero fiscal que será de 340.000 M€ en 4 años, que —como dijo Calviño— «pagarán nuestros hijos y nietos».

A estas consideraciones generales, hay que añadir los aspectos específicos de la sección 19 que
apoyan su devolución.

En primer lugar, es inadmisible que, teniendo la tasa de paro más elevada de Europa (12,4 % frente a 6,0 % de media UE27), la segunda mayor tasa de paro juvenil (26,6 % frente a 13,8 % de media UE27), y la segunda mayor
tasa de paro femenino (13,9 % frente a 6,4 % de media UE27), estos presupuestos asuman la incapacidad del gobierno para contribuir a la creación de empleo. En el cuadro macro se recoge casi el nulo incremento del Empleo a Tiempo Completo (+0,6 %)
cuando en la Actualización del Programa de Estabilidad (APE) enviado a Bruselas en abril de este mismo año se esperaba un crecimiento del 1,7 %, esto es, 3 veces más que ahora.

De los 29.473 M€ de presupuesto consolidado del Ministerio
de Trabajo y Economía Social para 2023, -2,2 % respecto al año anterior, 21.278 M€ se destinan al pago de las prestaciones por desempleo, 1.179 M€ menos que el año anterior. Que se reduzca esta partida, cuando la previsión
independiente del Banco de España es que la tasa de paro aumente una décima, del 12,8 % este año al 12,9 % el que viene, supone que la tasa de cobertura seguirá disminuyendo.

Recordemos que, de los casi 3 millones de parados que tenemos a
septiembre, 1.145.000 parados, el 39 % del total, no cobran ningún tipo de prestación, y los que sí cobran prestación (1,8 millones de parados), reciben una prestación media bruta de 872,3 euros.

El reconocimiento del gobierno del
estancamiento en la creación de empleo es la prueba del fracaso de la reforma laboral de Yolanda Díaz y de sus políticas de fomento del empleo, a pesar de que se destinan 607 M€ más que el año pasado, un 8,9 % más, hasta los 7.443
M€.

Esto demuestra que, tan importante como incrementar las partidas presupuestarias, es utilizar esos recursos de forma eficiente y eficaz, dirigiéndola tanto hacia los colectivos más perjudicados por la crisis —los mayores
de 52 años y los parados de larga duración— como a aquellos que históricamente mantienen una tasa de paro superior a la media —en concreto, los menores de 25 años y las mujeres—.

Además, la inseguridad jurídica que
introduce la creación de nuevos impuestos ad hoc a algunas empresas, así como la subida general del impuesto de sociedades y la subida de las cotizaciones sociales —tanto las mínimas como las máximas—, ahuyentan la inversión, frenan la
atracción de talento, y no contribuyen en absoluto a la recuperación del mercado laboral.

Además, hay algunos programas que consideramos estratégicos y cuyas partidas consideramos insuficientes, destacamos:

• Las
Prestaciones económicas por cese de actividad (programa 224A), dotado sólo con 6,1 M€, cifra que sigue siendo muy baja, aunque la comparemos con los 2 M€ que se presupuestaron tanto en 2022 como en 2021.

• C19.I03
Competencias digitales para el empleo. Fomento del Empleo (Programa 24SC), se reduce un -35,7 % de 84 M€ en 2022 a 54 M€ en 2023.

• C23.I01 Empleo Joven (Programa 24WA), se reduce un -39,2 %, de 255 M€
en 2022 a 155 M€ en 2023. Este colectivo debe ser prioritario.

• C23.I02 Empleo Mujer y transversalidad de género en las políticas públicas de apoyo a la activación para el empleo (Programa 24WB), que se reduce un
-57,2 %, de 35 M€ en 2022 a 15 M€ en 2023.

En cambio, lo que sí aumenta es el gasto en la estructura del propio ministerio; la Dirección y Servicios Generales de Trabajo y Economía Social (Programa 281M) aumenta un 15 %
subiendo de 104,4 M€ en 2022 a 120 M€ en 2023; incremento que se justifica por un aumento del 7,2 % en gastos de personal y un 42,2 % en los gastos corrientes.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 74

Del Grupo Parlamentario Popular en
el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 20. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

JUSTIFICACIÓN

Los Presupuestos Generales del Estado para el año 2023 nacen invalidados tanto por Instituciones públicas —AIReF, OCDE, FMI o Banco de España— como privadas —BBVA o el Círculo de Empresarios, organismos e
instituciones que estiman que en 2023 vamos a crecer menos, vamos a tener más inflación, más paro y —como consecuencia de lo anterior— más déficit y más deuda de lo que dice el gobierno en el cuadro macroeconómico utilizado para
elaborar los presupuestos. Esto ya sería suficiente para que un gobierno serio retirase el anteproyecto de ley de presupuestos y presentase otro ajustado a la realidad económica y social de nuestro país.

Pero ese no es el único argumento
para solicitar su retirada. Frente a lo que dice la propaganda oficial, estos presupuestos condenan a los 10 millones de personas con ingresos inferiores a 14.000 euros, a los que niega una bajada del IVA de los productos básicos de la cesta de la
compra que les ayudaría a llegar a fin de mes; y olvidan a la clase media, a la que se le vuelven a subir impuestos por la puerta de atrás de la inflación, consolidando una pérdida de poder adquisitivo de más de un 20 %. Es inaceptable que se
dejen fuera a ambos colectivos, las familias más vulnerables y las clases medias, mientras que se incrementa un 18,3 % la partida destinada a la alta dirección. La estructura política del gobierno dispara este gasto hasta los 933 millones de euros,
un 37 % más, 252 millones más, que en 2018 y el gasto en propaganda se incrementa hasta los 158 M€ en el «Plan de Publicidad y Comunicación Institucional».

Estos presupuestos inciden en las mismas recetas que los presupuestos
anteriores: más gasto público, más impuestos, más inseguridad jurídica, más déficit y más deuda. Unas recetas que nos han llevado a ser el último país de los 27 en recuperar los niveles de PIB previos a la pandemia —cosa que no sucederá
hasta 2024—, tener la mayor tasa de paro de la UE y la segunda mayor tasa de paro juvenil y femenino —más que duplicando la media europea en los tres casos—, tener la mayor inflación de los últimos 40 años —con el
consiguiente coste para las familias—, tener unos índices de desigualdad y pobreza similares a los que sufrimos en la crisis financiera de 2008, y disparar la deuda pública —el doble que la media europea, rozando ya el billón y medio
de euros, poniendo en riesgo la sostenibilidad del estado del bienestar—.

En definitiva, unas recetas fracasadas que merman nuestra competitividad, lastran el crecimiento y la creación de empleo, condenan a los más vulnerables, siguen
debilitando a las clases medias y comprometen nuestro futuro acumulando un agujero fiscal que será de 340.000 M€ en 4 años, que —como dijo Calviño— «pagarán nuestros hijos y nietos».

A estas consideraciones generales, hay
que añadir los aspectos específicos de la sección 20 de Industria, Comercio y Turismo que apoyan su devolución. El gobierno ha sido incapaz de impulsar una política industrial eficiente a lo largo de esta legislatura, siendo estos presupuestos una
prolongación de esta insuficiencia a pesar de la importante dotación económica presupuestada para 2023, especialmente proveniente del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

El presupuesto de gasto consolidado de la sección, que incluye
Estado, OOAA y resto de Entidades de Derecho Público del Sector Público Administrativo Estatal crece 1.767 millones de euros, un 21,4 %, para alcanzar una cifra total de 10.030 millones de euros; crecimiento que se explica principalmente por la
mayor dotación presupuestaria de fondos procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y en menor medida por el crecimiento presupuestario en la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa.

De los 10.030 millones
de euros que supone el presupuesto de la sección, el 53,3 % se destina a Capítulo 8 Activos Financieros, en forma de préstamos y otros mecanismos de financiación que resultan insuficientes para las necesidades del sector privado. La Dirección
General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa utiliza esta fórmula para distribuir más de 2.571 millones de euros entre aportaciones reembolsables a empresas para el desarrollo de proyectos tecnológicos industriales relacionados con
Programas de Defensa por 1.346 millones de euros, derivando parte del esfuerzo en esta materia de los fondos propios de ese ministerio; préstamos participativos a PYMES a través de ENISA o aportaciones patrimoniales al Fondo de Apoyo a la Inversión
Industrial Productiva por 600 millones. La utilización de estas fórmulas, que pueden ser buenos mecanismos en determinados casos, no resulta la más adecuada en un contexto de desaceleración económica, elevados costes empresariales y alta
incertidumbre. El tejido empresarial e industrial precisa de ayudas directas y mecanismos de apoyo que resuelvan sus problemas de liquidez en lugar de incrementar su endeudamiento.

La distribución orgánica del ministerio muestra la ausencia
de liderazgo, la falta de iniciativa política innovadora en las políticas industriales y un precario apoyo al tejido empresarial. La dotación económica es muy continuista tanto en importe como en finalidades, dejando toda expresión transformadora a
los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia a pesar del decepcionante precedente en la ejecución de estos fondos europeos en 2021 y 2022.

El ministerio eleva en un 32 % los gastos de personal de Dirección y Servicios Generales de
Industria, Comercio y Turismo desde 23,126 millones de euros a 30,552 millones de euros, un incremento del 32 %. Sin embargo, el programa de «Reconversión y reindustrialización», de elevada importancia para implementar políticas que desarrollen una
industria competitiva en nuestro país, sigue contando con una dotación presupuestaria inferior a los 871 millones establecidos en los presupuestos de 2018 para el desaparecido programa Reindustrialización y Fortalecimiento de la Competitividad
(REINDUS). En 2022, el programa contaba 707 millones de euros, de los que 650 millones de euros se destinaban la aportación al Fondo de Apoyo a la Inversión Industrial Productiva (FAIIP). En 2023 esta aportación se reduce a 600 millones
confirmando la falta de visión industrial del gobierno.

El programa «Desarrollo Industrial» eleva su dotación con respecto a 2022 a consecuencia del aumento en 65 millones del Programa de Compensación costes indirectos, concretamente del
Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de Gases de Efecto Invernadero (RCDE), financiado según el artículo 30.4 de la Ley 7/2021 hasta 244 millones lo que supone incremento del 36 % y que se podrá incrementar con hasta un 25 % los ingresos
procedentes de las subastas de los derechos de emisión de gases de efecto invernadero. Se mantiene el presupuesto para el programa de compensación de los consumidores electrointensivos, pero muy lejos del incremento de los ingresos del Estado por
la subasta de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.

Por otro lado, además de la ausencia de una política industrial que se adapte a las necesidades del sector, la ejecución presupuestaria a 31 de agosto del Ministerio de
Industria revela una incapacidad preocupante a la hora de gestionar el presupuesto, presentando el nivel más bajo entre todos los ministerios con un porcentaje del 15,1 %.

El presupuesto destinado a Comercio contempla dotaciones
presupuestarias similares al ejercicio 2022, en una línea continuista decepcionante para un sector que está sufriendo la caída del consumo nacional y donde los datos de concursos de acreedores y liquidaciones de empresas de los últimos cuatro meses
deberían comprometer al ministerio para atender con suficiencia las expectativas del sector.

La Dirección General de Comercio Internacional e Inversiones destinan el 97 % de su presupuesto, 230 millones, para realizar aportaciones
patrimoniales al Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM) por 120 millones, al Fondo para Inversiones en el Exterior (FIEX) 100 millones, al Fondo de Operaciones de Inversión en el Exterior de la Pequeña y Mediana Empresa
(FONPYME) 10 millones y al Fondo de Reserva de los Riesgos de la Internacionalización (FRRI) 1,5 millones de euros. No dota recursos de fácil movilización para el comercio y repite las aportaciones patrimoniales a los diferentes fondos, tal y como
sucedió en 2022.

La incapacidad del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo resulta muy alarmante cuando se le ha dotado en este ejercicio con 6.257 millones del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, un 21,8 % del total de los fondos
del mecanismo para este año y siendo el importe más alto entre el conjunto de los ministerios.

Según la IGAE, las Obligaciones Netas Reconocidas a 31 de agosto de 2022 de los fondos del mecanismo de recuperación para este año ascienden a
un 20,76 % de los créditos definitivos. Los Pagos Realizados suponen tan sólo el 17,64 %, demostrando la falta de capacidad para movilizar estos fondos de manera eficaz y eficiente.

Si lo comparamos con los fondos del mecanismo para 2021,
los porcentajes de un 8,58 % de Obligaciones Netas Reconocidas y un raquítico 6 % de Pagos Realizados sobre los créditos definitivos para ese ejercicio revelan que se trata de un ministerio donde la ausencia de liderazgo y la toma de decisiones
políticas erróneas están convirtiéndolo en inoperante y limitando el alcance transformador que debería tener sobre nuestras capacidades productivas.

Los PERTES arrastran importantes retrasos y los que se encuentran más avanzados están
exhibiendo importantes problemas de diseño, plazos o requisitos para concurrir. El Programa de impulso de la Competitividad y Sostenibilidad Industrial e I+D+i cuenta este ejercicio con 1.000 millones en transferencias al sector privado para
proyectos estratégicos para la transición industrial y 1.440 millones en préstamos.

Bajo el programa de «Internacionalización» del Componente 13, Inversión 5, que en el Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia contaba con un coste
de 201,85 millones de euros, se incorpora una aportación patrimonial de 950 millones de euros para el Fondo de Coinversión con Instituciones Soberanas, fondo sobre el cual no se aportan detalles.

Dentro Programa de impulso de la
Competitividad y Sostenibilidad Industrial para I+D+i+Digitalización se consigna una cuantía de 1.319 millones de euros para Proyectos Estratégicos para la Transición Industrial; nuevas ayudas para activar los PERTES a lo largo de 2023.

Los
PERTES, por tanto, representan gran parte de los 6.257 millones que el mecanismo de reconstrucción incorpora al ministerio, si bien, el presupuesto de 2023 no contempla la inclusión de nuevos PERTES para sectores estratégicos como el Turismo, ni el
replanteamiento de aquellos que han mostrado la inmadurez de su diseño como el PERTE del Vehículo Eléctrico y Conectado o el PERTE Agroalimentario. Además, la inclusión de 2.410 millones del Mecanismo de Recuperación en el capítulo 8, implica que
no se movilizarán estos fondos hasta la firma de la adenda al Plan español y se soliciten a la Comisión Europea los 84.000 millones correspondientes al tramo de préstamos, más allá de tratarse de una fórmula de financiación poco atractiva y que
dificultará la aceleración en la ejecución de los fondos.

El planteamiento de las líneas maestras de la política turística del Estado para este año resulta absolutamente decepcionante al contraerse desde los 1.794 millones de euros en 2022
hasta los 1.050 millones previstos para 2023, registrando un drástico recorte del 42,5 % en el montante global en la comparativa entre ambos ejercicios.

El presupuesto contenido en el Programa «Coordinación y Promoción del Turismo» de la
Sección 20 compartido entre la Secretaria de Estado de Turismo y Turespaña (sólo este OOAA acapara un presupuesto de 114 millones de euros de la consignación global destinada al Turismo), se presenta como poco ambicioso y errático.

A pesar de
la recuperación de la actividad turística experimentada por nuestro país en el transcurso del año 2022, este sector constituido mayoritariamente por pymes se encuentra muy penalizado en sus márgenes y resultados empresariales a consecuencia del
grave deterioro de la coyuntura macroeconómica y la presión inflacionista generalizada acentuada por el impacto de la guerra en Ucrania, y que muy probablemente tendrán repercusión directa en la intensidad de la demanda turística del próximo
año.

En este sentido, con el telón de fondo de las últimas proyecciones de crecimiento económico para nuestro país, la inflación, la moderación salarial, la ralentización en la creación de empleo, el encarecimiento de las hipotecas o el
coste de la energía provocarán, en conjunto, un freno en el consumo de los hogares españoles, de modo y manera que se espera que las familias no consumirán como antes de la pandemia al menos hasta 2024, cuestión que se traducirá en una disminución
de la actividad turística.

La demanda interna ha sido el verdadero sostén de la recuperación del mercado turístico español en 2022 al no recuperar los flujos turísticos extranjeros en los destinos españoles (en los ocho primeros meses de 2022
vs 2019, sigue habiendo un gap de -10 millones de viajeros internacionales, 48,1 vs 58,2 millones).

Sin considerar los fondos europeos, el Programa 432 pasaría desde la cifra de 252 millones de euros en los PGE vigentes hasta la dotación
de 271 millones de euros para el próximo ejercicio. En este contexto, la dotación financiera ordinaria prevista en los PGE 2023 se revelaría como claramente insuficiente, en previsión de un ejercicio condicionado por la notable reducción de poder
de compra y consumo, tanto de los turistas de los principales mercados emisores de nuestro entorno, como por la pérdida de renta disponible del mercado doméstico.

En paralelo, para 2023 el MRR se destina la cifra de 779 millones de euros
frente a los 1.556 millones euros de recursos consignados en 2022 (y que representa un 74,1 % del volumen total de recursos presupuestarios destinados al Turismo), experimentando por tanto un descenso del -50 %. Los créditos procedentes de los
fondos europeos irán destinados a los mismos ejes de actuación que en el pasado ejercicio: sostenibilidad turística integral y en destinos, digitalización, actuaciones en el ámbito de la competitividad, estrategias de resiliencia destinadas a
territorios extrapeninsulares, etc.

Teniendo en cuenta la participación destacada de la industria turística en el PIB español y su peso preponderante en el mercado de trabajo con más de 2,6 millones de trabajadores vinculados a las
actividades turísticas, la distribución de créditos del mecanismo de recuperación previstos para el año 2023 continúa siendo poco proporcional con la relevancia del sector y continuistas en cuanto a la finalidad de sus políticas respecto a
ejercicios anteriores, sin abordar en ningún caso los retos y desafíos estructurales pendientes del modelo turístico español, dejando sin satisfacer las expectativas de todos los subsectores que componen la cadena de valor turística española.

En definitiva, el grueso de la política de la Sección 20 Ministerio de Industria, Comercio y Turismo para 2023 reincide en el abandono que ya padecieron estos sectores en 2020, 2021 y 2022 por parte del Gobierno y fiando el impulso al crecimiento
a unos fondos europeos en cuya ejecución el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha hecho gala de la mayor incompetencia posible.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 75

Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

El Grupo
Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 21. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

JUSTIFICACIÓN

Los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2023 nacen invalidados tanto por Instituciones públicas —AIReF, OCDE, FMI o Banco de España— como privadas —BBVA o el Círculo de Empresarios, organismos e instituciones que estiman
que en 2023 vamos a crecer menos, vamos a tener más inflación, más paro y —como consecuencia de lo anterior— más déficit y más deuda de lo que dice el gobierno en el cuadro macroeconómico utilizado para elaborar los presupuestos. Esto
ya sería suficiente para que un gobierno serio retirase el anteproyecto de ley de presupuestos y presentase otro ajustado a la realidad económica y social de nuestro país.

Pero ese no es el único argumento para solicitar su retirada. Frente
a lo que dice la propaganda oficial, estos presupuestos condenan a los 10 millones de personas con ingresos inferiores a 14.000 euros, a los que niega una bajada del IVA de los productos básicos de la cesta de la compra que les ayudaría a llegar a
fin de mes; y olvidan a la clase media, a la que se le vuelven a subir impuestos por la puerta de atrás de la inflación, consolidando una pérdida de poder adquisitivo de más de un 20 %. Es indecente que se dejen fuera a ambos colectivos, las
familias más vulnerables y las clases medias, mientras que se incrementa un 18,3 % la partida destinada a la alta dirección. La estructura política del gobierno dispara este gasto hasta los 933 millones de euros, un 37 % más, 252 millones más, que
en 2018 y el gasto en propaganda se incrementa hasta los 158 M€ en el «Plan de Publicidad y Comunicación Institucional».

Estos presupuestos inciden en las mismas recetas que los presupuestos anteriores: más gasto público, más
impuestos, más inseguridad jurídica, más déficit y más deuda. Unas recetas que nos han llevado a ser el último país de los 27 en recuperar los niveles de PIB previos a la pandemia —cosa que no sucederá hasta 2024—, tener la mayor tasa
de paro de la UE y la segunda mayor tasa de paro juvenil y femenino —más que duplicando la media europea en los tres casos—, tener la mayor inflación de los últimos 40 años —con el consiguiente coste para las familias—,
tener unos índices de desigualdad y pobreza similares a los que sufrimos en la crisis financiera de 2008, y disparar la deuda pública —el doble que la media europea, rozando ya el billón y medio de euros, poniendo en riesgo la sostenibilidad
del estado del bienestar—.

En definitiva, unas recetas fracasadas que merman nuestra competitividad, lastran el crecimiento y la creación de empleo, condenan a los más vulnerables, siguen debilitando a las clases medias y comprometen
nuestro futuro acumulando un agujero fiscal que será de 340.000 M€ en 4 años, que —como dijo Calviño— «pagarán nuestros hijos y nietos».

A estas consideraciones generales, hay que añadir los aspectos específicos de la
sección 21 que apoyan su devolución.

En primer lugar, y paradójicamente, en unos presupuestos que se venden como expansivos en el gasto, se analice como se analice, la política económica de Agricultura y Pesca sigue siendo la gran perjudicada
en el reparto, por su escaso incremento de apenas 0,3 %, cuando las actuaciones de carácter económico crecen una media de 9,7 %. Si vamos al presupuesto consolidado (una vez compensadas las transferencias internas, pero manteniendo las operaciones
financieras) el incremento es del 0,39 %.

El peso en los Fondos Europeos, que según las presentaciones del gobierno sirven para «impulsar un cambio del modelo productivo», sigue representando tal sólo un 1,5 %, 455 millones de euros, del
total de los 30.008 millones que España recibirá en 2023, además de suponer una reducción del -9,66 % respecto al año pasado, se han incorporado recursos adicionales que no estaban presupuestados para la anualidad 2023 cuando se elaboró el PRTR
en 2021 y que aún están pendientes de la aprobación de la adenda para su distribución, por lo que su ejecución en este ejercicio y en el ámbito presupuestado puede ser cuando menos dudosa.

Por otra parte, un presupuesto tan dependiente de los
recursos procedentes de la Unión Europea, especialmente los que conforman los dos fondos de la Política Agraria Comunitaria, FEAGA y FEADER, que suponen hasta un 88 % del presupuesto de la sección, pero algunas de sus aportaciones tienen una
reducción de más de 140 millones de euros, tal y como había anunciado la Comisión europea en el momento de la aprobación del Marco Financiero Plurianual. Esta reducción siempre negada por el Gobierno y reflejada en los presupuestos con toda
crudeza, se intenta compensar con la previsión de ingresos vía activos financieros y con un ligero incremento de los fondos nacionales. Pero, en este sentido, lo importante es que los fondos de la PAC no se ajustarán a las necesidades de
agricultores y ganaderos cuyos costes de producción se han incrementado exponencialmente, y se enfrentan a la aplicación del nuevo marco de gestión aún sin definir por el gobierno en cumplimiento de un Plan Estratégico Nacional aprobado al margen de
los actores principales, agricultores, ganaderos y Comunidades Autónomas.

Hay que recordar que en 2020 cuando se estableció la cuantía de la PAC para España en el nuevo periodo de programación, el ministro Planas anunció que se encontraba
satisfecho por mantener a precios corrientes, es decir el ajustado al crecimiento del coste de la vida, en los mismos niveles que en el anterior periodo de programación. Sin embargo, el aumento de la inflación del año pasado, que alcanzó el 3,1 %
de media, y de este año, que se estima que llegue al 8,7 % de media, no se ve reflejado en modo alguno en el incremento de los fondos PAC para el primer pilar.

El Sistema de Seguros Agrarios Combinados es la principal herramienta para la
gestión de los riesgos no controlables en la agricultura y la mejor alternativa a la implementación de ayudas directas para paliar daños ocasionados por los riesgos no controlables por el agricultor. El Partido Popular siempre ha defendido que el
seguro agrario es un pilar fundamental de la política agraria de este país y que su dotación debería aumentarse de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias. Desgraciadamente, cada año es necesaria una ampliación del crédito disponible para
la subvención del seguro agrario, lo que demuestra la demanda y utilidad de esta herramienta.

En materia de modernización de regadíos, uno de los programas que aparentemente más se beneficia de los presupuestos, gracias a una aportación
adicional del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y al incremento del presupuesto nacional, se destina mayoritariamente a la compra de activos financieros de la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias, S.A. (SEIASA) que no
repercuten en las inversiones reales de la sociedad y cuya ejecución por tanto no está asegurada ni en el tiempo ni en el concepto para el que se ha previsto.

Respecto a la política pesquera, la previsión de un incremento de las aportaciones
del FEMPA (Fondo europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura), además de maquillar el descenso de los ingresos de otros fondos UE, permite incrementar el presupuesto de los programas pesqueros y, por tanto, de las Direcciones Generales que los
gestionan.

Pero la coyuntura económica y las expectativas no son buenas para el sector pesquero. A la caída de consumo se ha unido una caída de precios y dudas sobre la capacidad de abastecimiento en determinadas épocas; algunos
requerimientos, como la prohibición de descartar son difíciles de cumplir; siguen enquistados problemas como la formación, el relevo generacional y la disponibilidad de tripulantes; la pesca contribuye a la autonomía alimentaria, de forma
sostenible, pero no puede competir con el aumento de las exportaciones de terceros países, entre otras cuestiones.

Así mismo, todavía asistimos a la progresiva adaptación a las consecuencias del Brexit y las nuevas políticas de cambio
climático y el Pacto Verde europeo, en la que el sector pesquero y la cadena mar-industria quiere ser parte de la solución y no del problema. Además, dependemos de una buena negociación de TACs y cuotas para el año 2023.

Por otro lado, el
incremento de los costes de explotación o producción y la reciente veda de 87 áreas marinas en el atlántico nororiental y las limitaciones del esfuerzo pesquero en el mediterráneo puede ser un golpe definitivo para una flota que ha venido surcando
los problemas durante los últimos años y que percibe con preocupación cómo la actividad pesquera está siendo progresivamente arrinconada en beneficio de otros objetivos como el desarrollo energético y, en particular, por los relacionados con la
conservación del medio ambiente, con el que puede ser plenamente compatible.

En otro orden de cosas, recordar la situación que desde hace más de un año viene sufriendo agricultores y ganaderos, con incremento de costes de producción,
especialmente la energía, pero también los fertilizantes y los piensos y estando pendiente de la evolución de la situación de sequía y de la coyuntura internacional. En este sentido, un mal antecedente es la gran cantidad de modificaciones
presupuestarias que ha sufrido el PGE 2022, por una falta de previsión. Este año, como ya fue anunciado en el Consejo de ministros, no se incluyen las medidas excepcionales en el presupuesto de la sección.

Entre otras cuestiones, debería
incluirse en los presupuestos 2023 partidas suficientes para el cumplimiento de la normativa del propio Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación ya en el año 2021 y que deberían haberse aplicado en el año en curso. Es el caso de las
bonificaciones ya previstas como mínimo de un 15 % de los plásticos y fertilizantes y un 35 % de la factura del gasóleo, ampliándolo a los piensos de alimentación animal, que recoge la modificación de la Ley de medidas para mejorar el funcionamiento
de la cadena alimentaria, que según estimaciones del gobierno alcanzarían los 58 millones de euros, cifra superior al crecimiento total del Ministerio responsable de la agricultura.

Por otro lado, por dos veces, una en febrero y otra en mayo
de 2022, el presidente del Gobierno anunció el llamado PERTE agroalimentario con partidas que alcanzarían los 1.800 millones de euros. Son precisamente las partidas nuevas del C03.I03, que no estaban en el PRTR inicial y que deben esclarecer su
procedencia, las que se destinan al PERTE, según la memoria de los programas, lo que demuestra el grado de improvisación de las medidas adoptadas por este gobierno y la poca importancia que le dio al sector agroalimentario en la elaboración del Plan
de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Por otra parte, según la información presupuestaria anexa al presupuesto, la gestión y ejecución de estos fondos por parte del sector Mercantil Estatal está sufriendo retrasos que impiden el propósito
para el que fueron diseñados.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 76

Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente impugnación de la Sección 22. Ministerio de Política Territorial.

JUSTIFICACIÓN

Los Presupuestos Generales del Estado para el año 2023 nacen invalidados tanto por Instituciones públicas —AIReF, OCDE, FMI o
Banco de España— como privadas —BBVA o el Círculo de Empresarios, organismos e instituciones que estiman que en 2023 vamos a crecer menos, vamos a tener más inflación, más paro y —como consecuencia de lo anterior— más
déficit y más deuda de lo que dice el gobierno en el cuadro macroeconómico utilizado para elaborar los presupuestos.

Esto ya sería suficiente para que un gobierno serio retirase el anteproyecto de ley de presupuestos y presentase otro
ajustado a la realidad económica y social de nuestro país. Pero ese no es el único argumento para solicitar su retirada. Frente a lo que dice la propaganda oficial, estos presupuestos condenan a los 10 millones de personas con ingresos inferiores
a 14.000 euros, a los que niega una bajada del IVA de los productos básicos de la cesta de la compra que les ayudaría a llegar a fin de mes; y olvidan a la clase media, a la que se le vuelven a subir impuestos por la puerta de atrás de la
inflación, consolidando una pérdida de poder adquisitivo de más de un 20 %. Es inaceptable que se dejen fuera a ambos colectivos, las familias más vulnerables y las clases medias, mientras que se incrementa un 18,3 % la partida destinada a la alta
dirección. La estructura política del gobierno dispara este gasto hasta los 933 millones de euros, un 37 % más, 252 millones más, que en 2018 y el gasto en propaganda se incrementa hasta los 158 M€ en el «Plan de Publicidad y Comunicación
Institucional».

Estos presupuestos inciden en las mismas recetas que los presupuestos anteriores: más gasto público, más impuestos, más inseguridad jurídica, más déficit y más deuda. Unas recetas que nos han llevado a ser el último país de
los 27 en recuperar los niveles de PIB previos a la pandemia —cosa que no sucederá hasta 2024—, tener la mayor tasa de paro de la UE y la segunda mayor tasa de paro juvenil y femenino —más que duplicando la media europea en los
tres casos—, tener la mayor inflación de los últimos 40 años —con el consiguiente coste para las familias—, tener unos índices de desigualdad y pobreza similares a los que sufrimos en la crisis financiera de 2008, y disparar la
deuda pública —el doble que la media europea, rozando ya el billón y medio de euros, poniendo en riesgo la sostenibilidad del estado del bienestar—.

En definitiva, unas recetas fracasadas que merman nuestra competitividad,
lastran el crecimiento y la creación de empleo, condenan a los más vulnerables, siguen debilitando a las clases medias y comprometen nuestro futuro acumulando un agujero fiscal que será de 340.000 M€ en 4 años, que —como dijo
Calviño— «pagarán nuestros hijos y nietos».

A todo ello se une que el Gobierno de Sánchez ha convertido al Ministerio de Política Territorial en un ministerio residual con unas competencias tan escasas que podrían ser las propias de
una dirección general o como mucho de una secretaria de estado. Un ministerio ineficiente en su gestión, la ejecución del total de su presupuesto en el mes de agosto se situaba en el 35,8 % de las obligaciones reconocidas netas sobre los créditos
definitivos y del 22 % respecto a las inversiones reales. Para el Gobierno, el Ministerio de Política Territorial se reduce casi en la práctica a una estructura para la coordinación de la administración periférica del estado y para mantener parte
del sistema de relaciones con las CC. AA. y EE. LL.

Al mismo tiempo permite dar cobertura a la Mesa de negociación bilateral con la Generalitat de Cataluña. La estructura que el Gobierno ha puesto al servicio del interés político del
Presidente Sánchez para afianzar el apoyo de los partidos independentistas catalanes.

La Mesa de diálogo con el Gobierno autonómico de Cataluña, con el pomposo nombre de «Mesa bilateral de diálogo, negociación y acuerdo para la resolución del
conflicto político», fue la pieza que permitió desencallar el pacto entre el PSOE y Esquerra para la investidura de Pedro Sánchez tras la repetición de elecciones generales el 10-N de 2019. Por parte del Govern, las pretensiones puestas sobre la
mesa fueron la libertad de los presos condenados en el juicio del procés y el derecho a celebrar un referéndum de autodeterminación. En dicha Mesa también se están planteando y alcanzando acuerdos que vulneran la Constitución y el principio de
igualdad entre españoles: la desjudicialización de las relaciones entre la Generalidad de Cataluña y el Gobierno de España y la devolución de las fianzas de ERC presentadas ante el Tribunal de Cuentas.

Ahora hemos asistido al acuerdo del
Gobierno con ERC, por el que, mediante una proposición de ley, reforman el delito de sedición y lo convierten en un nuevo tipo de «desórdenes públicos agravados», saltándose de esta manera todos los informes preceptivos de órganos consultivos como
el Consejo de Estado o el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que no se pronunciarán sobre el contenido.

Este Gobierno apoya las reclamaciones de los autodenominados «exiliados»; y renuncia a recurrir al TC el incumplimiento de la
sentencia del TSJC sobre la enseñanza del 25 % en español. La llamada «Mesa bilateral de diálogo, negociación y acuerdo para la resolución del conflicto político» vulnera los principios básicos de las relaciones interadministrativas y el marco para
el funcionamiento de las comisiones bilaterales de cooperación fijados en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Del orden del día y de los acuerdos alcanzados en la Mesa resulta evidente que se están
superando los límites de las funciones propias de las Comisiones Bilaterales previstas en la Ley 40/2015 e incluso en lo establecido para la Comisión Bilateral Generalitat-Estado, del artículo 183 del Estatuto de Autonomía de Cataluña.

No
sólo se fomenta desde este ministerio la deslealtad institucional y el agravio entre Comunidades Autónomas, sino que además se trata de una estructura muy cara, 589,6 millones, para unas competencias residuales y que podrían haber sido asignadas en
su totalidad al Ministerio de Hacienda junto con las ya segregadas de función pública y transparencia. Muy lejos de reducir los gastos superfluos, se incrementan las partidas de este ministerio en un 15,6 %.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 77

Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 23.
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

JUSTIFICACIÓN

Los Presupuestos Generales del Estado para el año 2023 nacen invalidados tanto por Instituciones públicas —AIReF, OCDE, FMI o Banco de España—
como privadas —BBVA o el Círculo de Empresarios, organismos e instituciones que estiman que en 2023 vamos a crecer menos, vamos a tener más inflación, más paro y —como consecuencia de lo anterior— más déficit y más deuda de lo
que dice el gobierno en el cuadro macroeconómico utilizado para elaborar los presupuestos. Esto ya sería suficiente para que un gobierno serio retirase el anteproyecto de ley de presupuestos y presentase otro ajustado a la realidad económica y
social de nuestro país.

Pero ese no es el único argumento para solicitar su impugnación. Frente a lo que dice la propaganda oficial, estos presupuestos condenan a los 10 millones de personas con ingresos inferiores a 14.000 euros, a los que
niega una bajada del IVA de los productos básicos de la cesta de la compra que les ayudaría a llegar a fin de mes; y olvidan a la clase media, a la que se le vuelven a subir impuestos por la puerta de atrás de la inflación, consolidando una pérdida
de poder adquisitivo de más de un 20 %. Es inaceptable que se dejen fuera a ambos colectivos, las familias más vulnerables y las clases medias, mientras que se incrementa un 18,3 % la partida destinada a la alta dirección. La estructura política
del gobierno dispara este gasto hasta los 933 millones de euros, un 37 % más, 252 millones más, que en 2018 y el gasto en propaganda se incrementa hasta los 158 M€ en el «Plan de Publicidad y Comunicación Institucional».

Estos
presupuestos inciden en las mismas recetas que los presupuestos anteriores: más gasto público, más impuestos, más inseguridad jurídica, más déficit y más deuda. Unas recetas que nos han llevado a ser el último país de los 27 en recuperar los
niveles de PIB previos a la pandemia —cosa que no sucederá hasta 2024—, tener la mayor tasa de paro de la UE y la segunda mayor tasa de paro juvenil y femenino —más que duplicando la media europea en los tres casos—,
tener la mayor inflación de los últimos 40 años —con el consiguiente coste para las familias—, tener unos índices de desigualdad y pobreza similares a los que sufrimos en la crisis financiera de 2008, y disparar la deuda pública
—el doble que la media europea, rozando ya el billón y medio de euros, poniendo en riesgo la sostenibilidad del estado del bienestar—.

En definitiva, unas recetas fracasadas que merman nuestra competitividad, lastran el
crecimiento y la creación de empleo, condenan a los más vulnerables, siguen debilitando a las clases medias y comprometen nuestro futuro acumulando un agujero fiscal que será de 340.000 M€ en 4 años, que —como dijo Calviño—
«pagarán nuestros hijos y nietos».

A estas consideraciones generales, hay que añadir los aspectos específicos de la sección 23 que apoyan su impugnación.

En materia energética, el Gobierno sigue sin atender las necesidades
presupuestarias y regulatorias para contener y reducir los costes energéticos de empresas y familias. Aunque se presenta la política de Industria y Energía con un incremento del 2,6 %, por debajo de la media del 2,7 % del conjunto de PGE, sigue
perdiendo peso del 2,5 % del total al 2,4 %.

En el presupuesto ordinario nacional cae -2,7 % respecto a 2022, (mientras la media de PGE sube un +3,6), desde los 5.837 M € de 2022 a los 5.681 M € perdiendo peso en el conjunto de
PGE de un 1,4 % a un 1,2 %. Incluso desde los 5.774 M € de 2018 se rebaja un -1,6 %. También se rebaja la participación en Fondos Europeos.

Es particularmente grave la opacidad y confusión con la que se tratan los fondos europeos en
materia energética.

Según el Informe Económico Financiero (IEF, pag 351) del PL de PGE 2023, las partidas del MRR de la Secc. 23 y Secc 20, correspondientes a la Política de Industria y Energía, sufren severos recortes, junto a incrementos
exagerados:



Programa de Regeneración y Reto Demográfico, un -14,3 %; el de Desarrollo de energías renovables innovadoras integradas en edificación y los procesos productivos, un -48 %; el de Despliegue
de almacenamiento energético, se queda sin dotación después de 289 M € del año pasado; Transición energética en la Administración General del Estado, se reduce un -61 % según dicho Cuadro; el proyecto país de Hidrógeno renovable, queda
reducido a una décima parte.

Y, por el contrario, otras partidas experimentan un incremento ciertamente espectacular, como Emprendimiento. Industria, un + 48.700 % o Inversiones en Transición Justa, + 511 % o Energía Sostenible en las Islas,
un + 345 %.

Pero en realidad todo lo anterior es irreal. Todo el Cuadro está alterado.

En otros apartados (pags 348 y ss del IEF o en el Presupuesto por Programas y memoria de Objetivos de la Secc 23 MITECO) puede comprobarse que la
reducción en el programa de Regeneración y Reto Demográfico es en realidad del -36 %; o que las inversiones en Transición Justa son en realidad mucho menores, y previa desaparición de la partida de Desarrollo Económico de las Comarcas Mineras, por
importe de 296 M €. Y el programa de Energía Sostenible en Islas, no solo no crece, sino que se reduce un -86 %. Lo que aparece como reducción en Hidrogeno renovable, en Almacenamiento o en Desarrollo de energías renovables en edificación y
procesos productivos, aparece en otros lugares como incremento, englobando en el Componente otras partidas que decrecen y tratan de enmascarar.

Además de maquillar las partidas que luego cambiarán durante el ejercicio, falsean los datos;
como al presentar el promedio del precio mayorista diario desde el 15 de junio a 3 de octubre, comparado con otros países europeos, pero al que no suman el cargo del mecanismo de ajuste de la excepción ibérica (RDL 10/2022) que no pagan el resto de
los europeos (a excepción de Portugal):o al cuantificar que el «conjunto de las medidas adoptadas hasta ahora supera los 30.000 millones de euros» (página 39 del IEF), incluyendo el cargo del mecanismo de ajuste de la «excepción ibérica» que pagan
los propios consumidores. (pág. 43 del IEF); o cuando presentan en pág. 146 IEF como «presupuesto movilizado» en PERTE VEC el 85 %, cuando la realidad es que según la resolución provisional de agosto, apenas llega al 20 % el presupuesto adjudicado
o lo mismo respecto al PERTE ERHA que presentan como «presupuesto movilizado» más de un 56 %, cuando el propio MITECO fija su grado de ejecución en apenas un 5 %; o cuando presentan como «incremento» de las ayudas a consumidores electro intensivos,
por importe de 65 millones de euros, la partida que ya fue aprobada en marzo con el RDL 6/2022, por lo que no existe tal incremento respecto a la situación actual y al contrario, siguen sin utilizar el límite del 25 % que autoriza la UE y que
permitiría llegar hasta casi 500 M€ de ayuda a dichos electrointensivos.

En la Sección 23 se sigue sin dotar suficientemente las partidas que serían necesarias para afrontar la emergencia energética y avanzar en la transición
energética, pero sin arruinar al tejido productivo. La dotación para el sistema eléctrico, sigue sin recibir ayuda de Next Generation y el Presupuesto ordinario para el sistema eléctrico se reduce de 3695 M a 3514 M, un -5 % (-4,9 %). Es inferior
incluso al Presupuesto de 2021, 3.597 M; un -2,4 % menos.

El incremento de la recaudación por los costes energéticos se multiplica por cinco en algunos impuestos, como el Impuesto Especial a la Electricidad o por cuatro, como en el caso del
IVA de la electricidad y el IVA del gas, cuya rebaja sólo consideran hasta el 31 de diciembre de este año, pese a que la emergencia energética no ha remitido, sino al contrario y llega el invierno. Lo mismo sucede con la bonificación a los
carburantes, que desaparece a partir del 31 de diciembre.

En materia medioambiental, empezando por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), cabe destacar que el modelo elegido por el gobierno para la gestión de gran parte de los
fondos, se realiza a través del Fondo de Restauración Ecológica y Resiliencia (FRER), que todos los años recibe una importante cantidad. EL FRER recibirá 847 millones de euros (891 millones de euros en 2022), para posteriormente ser trasferidos a
los órganos responsables en función de las actuaciones a desarrollar.

Este año, tras dos años sin ser constituido jurídicamente el Fondo, las cuentas parecen saneadas, pero el objetivo de esto Fondo no es ese sino la ejecución de los fondos
europeos. Sorprende que, a estas alturas, en la memoria de presupuestos se cite que «está en desarrollo por la Secretaría de Estado de Medio Ambiente un encargo al Fondo de Restauración Ecológica y Resiliencia (FRER), que consistirá en el diseño,
desarrollo y seguimiento en la gestión del sistema contable y presupuestario del FRER y el diseño del procedimiento para la tramitación de expedientes administrativos del FRER con el fin de cumplir con los requerimientos derivados de la normativa
nacional y europea aplicable al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.» En resumidas cuentas, aunque las partidas presupuestarias del MRR a final de año se consideren ejecutadas, los recursos se quedan en el FRER sin su aplicación
real.

En el año en que los incendios forestales han asolado a todo el territorio nacional, la reacción del gobierno ha sido cargar a las comunidades autónomas las actuaciones de prevención, que deben estar presentadas antes de fin de año, sin
que el presupuesto transfiera recursos a las administraciones autonómicas. El presupuesto sí incluye un incremento de la inversión para medios en 2023, pero llega tarde, sobre todo cuando varios hidroaviones de gran capacidad han permanecidos
parados durante esta campaña para ser sometidos a un proceso de modernización, que ha sido cubierta con fondos europeos. Este mismo año, el programa C04.I04 Gestión forestal sostenible, a 31 de agosto, tenía unas obligaciones reconocidas de sólo
un 0,1 %.

En materia hidrológica, todavía no disponemos de los Planes Hidrológicos de Cuenca que pongan orden en las necesidades de las diferentes demarcaciones. El presupuesto es engañoso porque el incremento del programa 452A Gestión e
infraestructuras, que tiene su grueso en los organismos autónomos, se centra en un incremento de gastos corrientes, para cubrir el suministro de energía eléctrica de confederaciones como el Guadalquivir o el Canal de Taibilla, y la parte inversora
del Estado se centra en el mantenimiento, conservación y modernización de infraestructuras, no en inversión nueva en infraestructuras. Muchas Confederaciones se quejan de no disponer de recursos para realizar actuaciones, como la limpieza y la
conservación de cauces, que condicionan actuaciones en momentos de crecida e inundaciones.

Por otra parte, el programa 456A Calidad del agua sufre un recorte que, mayoritariamente, es debido a los gastos corrientes y a las inversiones en
saneamiento y depuración, cuando las actuaciones del Plan Crece todavía no se consideran finalizadas.

En un momento en el que la sequía es una realidad en muchas regiones y una amenaza para otras, la política hidráulica no puede ser una
improvisación que deriva en la declaración de emergencia de las obras necesarias para afrontar un problema recurrente. Por otra parte, la utilización de las Sociedades del Agua para la contratación, construcción, adquisición y explotación de toda
clase de obras hidráulicas obliga a que en los presupuestos de este año se requiera una fuerte inyección de recursos, 386 millones de euros en activos financieros del programa 452M Normativa y ordenación territorial de los recursos hídricos
y 318 del MRR, que, aun siendo necesarios, parecen más destinados a sanear las cuentas de las entidades que a inversiones a ejecutar durante 2023.

En materia de residuos, el presupuesto prevé activar el Impuesto especial sobre los envases de
plástico no reutilizables que entrará en vigor en 2023 y contribuirá al aumento de los ingresos del Estado con 525 M€, pero también dificultará la situación económica de las empresas.

En materia de cambio climático, el programa 456M
Actuaciones para la prevención de la contaminación y el cambio climático tiene un escaso crecimiento, incomprensible cuando la previsión de ingresos de las subastas de derechos de emisiones se estima en 2.600 M€ para 2023. Este año, el
«Informe de alineación con la Transición Ecológica» que acompaña a los presupuestos identifican las actuaciones que tiene por objetivo la adaptación y la mitigación del cambio climático. Según el informe el 30,6 % del presupuesto, el 26 % de los
presupuestos nacionales y el 45,3 % de los PRTR, se podrían asignar a objetivo climáticos, lo que demuestra la dependencia de los fondos europeos para alcanzar nuestra ambición climática.

La política de reto demográfico y lucha contra la
despoblación, que se materializa a través del Plan de 130 Medidas, sigue sin tener un rumbo definido ni responde a una Estrategia. Los distintos Ministerios van colgando actuaciones de este Plan y la memoria especifica que acompaña a los
presupuestos asegura que para este año 2023, la cantidad global asciende a 4.439 millones de euros, de los que un 77 % son fondos procedentes del PRTR. Esto supone un problema en el momento en que desaparezcan estos recursos. De la misma manera
que es difícil calcular el verdadero alcance de las medidas vinculadas al reto demográfico y complicado conocer el grado de ejecución, por la dispersión de actuaciones.

Por otra parte, conviene destacar que las ayudas fiscales en cumplimiento
de lo aprobado en los PGE 2022, en línea con las nuevas directrices europeas de ayudas de Estado con finalidad regional, que permiten aplicar este mecanismo para las tres provincias españolas menos densamente pobladas, Soria, Cuenca y Teruel, se han
demorado en exceso. Han tenido que esperar al anuncio del presidente Sánchez en la comparecencia para dar cuenta de la reunión del Consejo Europeo del 7 de octubre, y para informar sobre las medidas económicas y sociales adoptadas por el Gobierno
para dar respuesta a la crisis provocada por la guerra en Ucrania. En definitiva, el Gobierno retrasa los beneficios fiscales a la España con problema de despoblación que deberían aplicarse desde enero de este año.

PROPUESTA DE VETO
NÚM. 78

Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 24.
Ministerio de Cultura y Deporte.

JUSTIFICACIÓN

Los Presupuestos Generales del Estado para el año 2023 nacen invalidados tanto por Instituciones públicas —AIReF, OCDE, FMI o Banco de España— como privadas —BBVA o el
Círculo de Empresarios, organismos e instituciones que estiman que en 2023 vamos a crecer menos, vamos a tener más inflación, más paro y —como consecuencia de lo anterior— más déficit y más deuda de lo que dice el gobierno en el cuadro
macroeconómico utilizado para elaborar los presupuestos. Esto ya sería suficiente para que un gobierno serio retirase el anteproyecto de ley de presupuestos y presentase otro ajustado a la realidad económica y social de nuestro país.

Pero
ese no es el único argumento para solicitar su retirada. Frente a lo que dice la propaganda oficial, estos presupuestos condenan a los 10 millones de personas con ingresos inferiores a 14.000 euros, a los que niega una bajada del IVA de los
productos básicos de la cesta de la compra que les ayudaría a llegar a fin de mes; y olvidan a la clase media, a la que se le vuelven a subir impuestos por la puerta de atrás de la inflación, consolidando una pérdida de poder adquisitivo de más de
un 20 %. Es intolerable que se deje fuera a ambos colectivos, las familias más vulnerables y las clases medias, mientras que se incrementa un 18,3 % la partida destinada a la alta dirección. La estructura política del gobierno dispara este gasto
hasta los 933 millones de euros, un 37 % más, 252 millones más, que en 2018 y el gasto en propaganda se incrementa hasta los 158 M€ en el «Plan de Publicidad y Comunicación Institucional».

Estos presupuestos inciden en las mismas
recetas que los presupuestos anteriores: más gasto público, más impuestos, más inseguridad jurídica, más déficit y más deuda. Unas recetas que nos han llevado a ser el último país de los 27 en recuperar los niveles de PIB previos a la pandemia
—cosa que no sucederá hasta 2024—, tener la mayor tasa de paro de la UE y la segunda mayor tasa de paro juvenil y femenino —más que duplicando la media europea en los tres casos—, tener la mayor inflación de los últimos
40 años —con el consiguiente coste para las familias—, tener unos índices de desigualdad y pobreza similares a los que sufrimos en la crisis financiera de 2008, y disparar la deuda pública —el doble que la media europea, rozando
ya el billón y medio de euros, poniendo en riesgo la sostenibilidad del estado del bienestar—.

En definitiva, unas recetas fracasadas que merman nuestra competitividad, lastran el crecimiento y la creación de empleo, condenan a los más
vulnerables, siguen debilitando a las clases medias y comprometen nuestro futuro acumulando un agujero fiscal que será de 340.000 M€ en 4 años, que —como dijo Calviño— «pagarán nuestros hijos y nietos».

A estas
consideraciones generales, hay que añadir los aspectos específicos de la sección 24 que apoyan su impugnación.

El presupuesto expansivo de gasto, también en Cultura, a pesar de la complicada situación económica en España, refuerza la idea de
que el objetivo buscado es fundamentalmente electoralista y no el del progreso económico y del avance del estado de bienestar, objetivos que debería perseguir cualquier presupuesto público. Medidas cortoplacistas que nos llevarán a ahondar en la
crisis económica, como ya pasó con las medidas puestas en marcha por el gobierno de Rodríguez Zapatero en una situación económica crítica como la actual, y que no resuelven los graves problemas a los que se enfrentan las empresas y los profesionales
de la cultura después de los años más difíciles de las últimas décadas. La crisis del sector, vivida durante la COVID-19, debería haber servido para desarrollar medidas estructurales a medio y largo plazo, como el impulso al aumento de tamaño,
fortaleza y capacidad de las empresas culturales, la normalización y estandarización, la regularización de la situación laboral de los profesionales culturales o la inversión en infraestructuras culturales que permitan la vertebración del territorio
y la cohesión social a través de la cultura.

Los Presupuestos Generales del Estado para el año 2023 se sustentan en un techo de gasto histórico, lo que supondrá una hipoteca para los hijos de nuestros hijos, en una situación socioeconómica
muy complicada. Mientras las familias españolas realizan un esfuerzo titánico para llegar a fin de mes, con una inflación desbocada y unos precios desorbitados, el bono cultural para los nuevos electores tiene un carácter continuista en el 2023 con
el mismo presupuesto, sin saber aún el impacto producido en el 2022 en las empresas, y contando con una financiación extraordinaria gracias a los fondos europeos, con los que no contaremos el próximo año. Sin embargo, este aumento histórico del
presupuesto, 1.804 millones de euros a políticas de Cultura y Deporte en 2023, un 13,5 % más que este año de 2022, supone fundamentalmente una ayuda a la propaganda gubernamental en año electoral, olvidando los problemas del sector cultural, con
nulo apoyo a la cultura amateur y una nula dotación presupuestaria para los nuevos organismos que el propio Ministerio ha anunciado, como la Oficina Española de Derechos de Autor o el Consejo Estatal de la Cinematografía y la Cultura
Audiovisual.

Además, la falta de transparencia y la baja ejecución del presupuesto de 2022 en materia de cultura invalida de partida todo el Proyecto de Ley, ya que no se basa en los éxitos de las medidas del 2022, que no han sido aún
validados, sino en la voluntad de presentar anuncios electoralistas que llenen titulares mediáticos.

Con respecto a la histórica oferta de empleo público, es indignante la falta de plazas en los programas destinados a museos —con los
numerosos cierres producidos en muchos de ellos en 2022— , o en el de archivos, cuando los gestores documentales tienen hoy muchas más competencias y menos personal disponible, y se sobredota, en cambio, la dirección general. La necesaria
reestructuración tanto del ICAA como del INAEM, se ha puesto de manifiesto en la deficiente gestión de los fondos Next Generation.

Tampoco se define si para los nuevos entes antes mencionados —la Oficina de Derechos de Autor y el
Consejo Audiovisual— se contará con personal específico, o si se producirá un aumento en las plantillas que permitiría la agilización de los trámites necesarios para alinearnos con la estrategia del Hub Audiovisual, haciéndonos más
competitivos.

En el ámbito territorial, este presupuesto del Ministerio de Cultura vuelve a suponer una ruptura territorial, con grandes agravios comparativos entre la inversión desarrollada en las diferentes Comunidades Autónomas, sin que el
ministerio defina qué criterios ha utilizado para esta notoria diferencia. Sigue pesando de manera importante, al igual que ocurría en los presupuestos del año pasado, el apoyo a la «capitalidad cultural» de Barcelona, que se vuelve a presupuestar
sin que exista por parte del ministerio justificación alguna a este compromiso, si no tiene que ver con el lugar de nacimiento del ministro y la especial inclinación de este gobierno a favorecer al gobierno independentista de la comunidad autónoma y
al de la ciudad de Barcelona.

Los 10 millones de euros para la producción audiovisual en otras lenguas oficiales o los destinados a las ediciones en lenguas cooficiales, ponen de manifiesto la desequilibrada balanza en el que quedan el resto
de Comunidades Autónomas, así como sus escritores, productores y profesionales de estos sectores.

De la misma manera, la información sobre la ejecución de los Fondos de Recuperación y Resiliencia y el nuevo presupuesto es del todo
insuficiente y se desconoce la adecuación de algunas de las medidas que el ministerio pretende ejecutar con estos fondos, cuyas características son muy específicas y no pueden destinarse a financiar cualquier tipo de actuación. Destinar partidas
de 40 millones de euros sin una mínima definición de los objetivos o programas a desarrollar nos parece una falta de rigor, no solo para la población española sino también para la europea.

En el ámbito del Deporte, la impugnación a la Sección
n.º 24 se fundamenta en el hecho de que el presupuesto destinado al Consejo Superior de Deportes —375 millones de euros para el ejercicio presupuestario de 2023, de los que 140 son con cargo a los fondos europeos— es irreal y
desequilibrado y no responde a las necesidades económicas y sociales del deporte español, ya que el presupuesto del 2022 no se ha ejecutado en su totalidad sino tan solo en un 47,6 % a finales de agosto del año en curso.

Los presupuestos de
esta sección no dan respuesta a la amenaza de desaparición de una pujante industria, la de la actividad deportiva, que en los últimos años había conseguido representar el 2 % del PIB español y que se ha visto claramente afectada por la pandemia del
COVID-19.

Las Federaciones Deportivas Españolas sufren un descenso real de sus presupuestos en un 3,5 % respecto de los presupuestos del año anterior, ya que, aunque aparentemente las cantidades consignadas aumentan, se debe a que se
presupuestan las ayudas por resultados que se incluyen en los presupuestos plurianuales.

Hay que señalar que las partidas de los fondos europeos no irán destinadas a sostener la subida de los precios de la energía, ni a contener la inflación
de los precios en los materiales necesarios para la actividad y el ejercicio físico en las instalaciones deportivas, tanto en el sector privado como público, que quedarán fundamentalmente a cargo de las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos.

Medidas como las reducciones fiscales en la prestación de servicios y actividades deportivas o el impulso al mecenazgo deportivo son las que el Grupo Parlamentario Popular considera necesarias para que el ecosistema del deporte español no se vea
dañado, y por tanto, que no se produzca consecuentemente un impacto negativo en la salud de los ciudadanos.

Por otro lado, el presupuesto del Consejo Superior de Deportes de 2023 no contempla partidas destinadas a los nuevos retos y demandas
que el nuevo proyecto de Ley del Deporte y el Estatuto del Deportista van a demandar en los próximos meses. Algunos de estos retos son la nueva protección social de los deportistas de alto nivel o el apoyo al alto rendimiento.

PROPUESTA DE
VETO NÚM. 79

Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la
Sección 25. Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática.

JUSTIFICACIÓN

Los Presupuestos Generales del Estado para el año 2023 nacen invalidados tanto por Instituciones públicas —AIReF, OCDE,
FMI o Banco de España— como privadas —BBVA o el Círculo de Empresarios, organismos e instituciones que estiman que en 2023 vamos a crecer menos, vamos a tener más inflación, más paro y —como consecuencia de lo anterior—
más déficit y más deuda de lo que dice el gobierno en el cuadro macroeconómico utilizado para elaborar los presupuestos. Esto ya sería suficiente para que un gobierno serio retirase el anteproyecto de ley de presupuestos y presentase otro ajustado
a la realidad económica y social de nuestro país.

Pero ese no es el único argumento para solicitar su impugnación. Frente a lo que dice la propaganda oficial, estos presupuestos condenan a los 10 millones de personas con ingresos inferiores
a 14.000 euros, a los que niega una bajada del IVA de los productos básicos de la cesta de la compra que les ayudaría a llegar a fin de mes; y olvidan a la clase media, a la que se le vuelven a subir impuestos por la puerta de atrás de la
inflación, consolidando una pérdida de poder adquisitivo de más de un 20 %. Es inaceptable que se dejen fuera a ambos colectivos, las familias más vulnerables y las clases medias, mientras que se incrementa un 18,3 % la partida destinada a la alta
dirección. La estructura política del gobierno dispara este gasto hasta los 933 millones de euros, un 37 % más, 252 millones más, que en 2018 y el gasto en propaganda se incrementa hasta los 158 M€ en el «Plan de Publicidad y Comunicación
Institucional».

Estos presupuestos inciden en las mismas recetas que los presupuestos anteriores: más gasto público, más impuestos, más inseguridad jurídica, más déficit y más deuda. Unas recetas que nos han llevado a ser el último país de
los 27 en recuperar los niveles de PIB previos a la pandemia —cosa que no sucederá hasta 2024—, tener la mayor tasa de paro de la UE y la segunda mayor tasa de paro juvenil y femenino —más que duplicando la media europea en los
tres casos—, tener la mayor inflación de los últimos 40 años —con el consiguiente coste para las familias—, tener unos índices de desigualdad y pobreza similares a los que sufrimos en la crisis financiera de 2008, y disparar la
deuda pública —el doble que la media europea, rozando ya el billón y medio de euros, poniendo en riesgo la sostenibilidad del estado del bienestar—.

En definitiva, unas recetas fracasadas que merman nuestra competitividad,
lastran el crecimiento y la creación de empleo, condenan a los más vulnerables, siguen debilitando a las clases medias y comprometen nuestro futuro acumulando un agujero fiscal que será de 340.000 M€ en 4 años, que —como dijo
Calviño— «pagarán nuestros hijos y nietos».

Y la Sección 25 es especialmente inaceptable en la situación actual. No es más que el reflejo contable de lo que nos va a suponer a los españoles la campaña de Sánchez y el PSOE para las
grandes citas electorales del próximo ejercicio económico.

Porque no puede verse de otra forma este desacertado presupuesto de la Sección 25. Nada menos que 583 millones de euros para intentar mejorar la imagen de Sánchez, para campañas
publicitarias ineficaces y sectarias, para viajes con amplios despliegues de séquito y medios, de despilfarro y, en definitiva, de ineficacia. Con el aliciente añadido de los fastos programados con motivo del semestre de la Presidencia española del
Consejo de la Unión Europea, a mayor gloria de Sánchez que en ese tiempo estará inmerso en plena campaña electoral. Serán las clases medias y trabajadoras quienes pagarán la campaña electoral de un presidente que intenta perpetuarse en el cargo a
costa del bienestar de los españoles.

Un Departamento que tiene entre sus funciones la coordinación de los ministerios que conforman el gobierno, la coordinación de los asuntos de relevancia constitucional y el desarrollo de un programa
legislativo, presenta unas cuentas cuyas partidas, salvo aquellas que responden al mínimo exigible de retribuciones del personal funcionario, de gastos de funcionamiento o continuación de programas y planes previamente puestos en marcha por el
gobierno del Partido Popular, puede concluirse que se dirigen a dotar de fondos para gastos en personal de confianza, viajes del Presidente de Gobierno , campañas institucionales claramente sectarias, ahondar en la división entre españoles y reabrir
heridas cerradas en la Transición o realizar encuestas con claros sesgos para dirigir la afección al Gobierno de la hasta ahora prestigiosa institución demoscópica, Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

Estos presupuestos, con un
crecimiento porcentual en su conjunto, —incluyendo los organismos autónomos y resto de entidades dependientes de la sección— a pesar de que se intente camuflar, es del 64,7 % respecto al presupuesto consolidado del ejercicio 2022,
pasando de los ya abultadísimos 354,23 M€ a los 583,51 millones de euros propuestos en este proyecto, suponen un incremento injustificable en la actual situación de profunda crisis a todos los niveles en la que estamos inmersos. Y si se
compara con el PGE de 2018, con un Gobierno del PP que, además, contaba con la competencia de Administraciones Territoriales, la comparación deviene en inadmisible: 293,65 M€ con el PP y 583,51 M€ con el PSOE: 289,86 millones de
euros más. Este gobierno nos está saliendo muy caro a los españoles.

Pero el mayor dislate de estos presupuestos es el Programa 912M Presidencia del Gobierno, el dinero del que va a disponer el Presidente Sánchez para su campaña de promoción
personal. Nada más y nada menos que de casi 134 millones de euros va a disponer. De los 35,94 millones de euros del Presidente Rajoy a los 134 de Sánchez.

Una cantidad claramente desorbitada de innecesarios altos cargos y asesores, el mayor
equipo de cualquiera de los presidentes que han ocupado el cargo durante toda la democracia y que por respeto a los españoles inmersos en la zozobra por su futuro, debe corregirse.

En este ejercicio se contempla una nueva partida destinada al
semestre de la Presidencia española del Consejo de la Unión Europea, 81 millones de euros, a los que hay que añadir los destinados al mismo fin en otras secciones. El capítulo de viajes del Presidente, algo que hasta ahora, en relación con todos
sus antecesores en el cargo, no merecería ninguna referencia por estar incluido en las obligaciones de representación de España fuera de nuestras fronteras, en este caso se torna preocupante. La frecuencia y el desmesurado despliegue de recursos
personales, materiales y económicos que comporta cada movimiento fuera del recinto del Palacio de la Moncloa del Presidente Sánchez, tanto para asistir a reuniones oficiales como a sus actividades personales, supone un enorme gasto para las arcas
públicas.

Lo mismo ocurre con los dos Altos Comisionados que se hacen depender directamente de Presidencia del Gobierno, dos autoridades opacas sin ninguna justificación de eficacia en la gestión que avale su existencia, ya que los
correspondientes departamentos ministeriales ya desarrollan sus competencias, por lo que carecerían de sentido en tiempos de necesaria austeridad.

Esta estructura de Presidencia del Gobierno es una muestra evidente de dispendio con el dinero
de los españoles, que, al parecer, siguiendo la máxima de la ex vicepresidenta Calvo, al ser público, no es de nadie.

Hay que señalar, por la importancia del dato, que en total el Presidente Sánchez gestiona dos Programas presupuestarios que
suponen un total de 212,26 millones de euros, frente a los 92,39 millones del último Gobierno del PP, hace apenas cuatro años. Las dos caras de la moneda del gobernante: el despilfarro y la responsabilidad.

El Programa 921Q Cobertura
Informativa, como ocurre con todas las partidas que tienen que ver con el Presidente, también sube escandalosamente en relación con la administración del PP, de 56,45 M€ a 78,38 millones de euros, para las interminables campañas de imagen de
este gobierno, los «aló presidente», las ruedas de prensa sin preguntas, las entrevistas pactadas, las ineficaces campañas institucionales y demás actividades de imagen del Presidente Sánchez. Es un insulto a los españoles que tanto están
sufriendo, semejante derroche con el dinero de sus impuestos.

El Programa, «Memoria Democrática», para implementar su sectaria Ley de Memoria Democrática dictada por Bildu, no sirve precisamente a lo que debería ser su único objetivo: la
localización, exhumación y entrega de los restos de las víctimas de la Guerra Civil y de la Dictadura a sus familias, bien al contrario. Mantienen una Secretaría de Estado, con una Dirección General, el correspondiente abultado cupo de personal de
confianza y funcionarios para llevar a cabo lo que hasta 2018 se venía haciendo desde una unidad administrativa dentro de la División de derechos de gracia y otros derechos en el Ministerio de Justicia.

Ideología de izquierdas financiada con
los impuestos de los españoles, despreciando el espíritu de concordia y reconciliación de la Transición y de la Constitución Española para dividir a los españoles. De los 13,95 M€ destinados en el Programa, únicamente poco más de 2 millones
de euros se dedican a las exhumaciones, subvenciones a Ayuntamientos para localizar fosas comunes en cementerios y una subvención a la FEMP para los ayuntamientos con el mismo fin. El resto de lo presupuestado va para altos cargos, personal de
confianza política, subvenciones a asociaciones afines, estudios que no se publican, libros, conferencias, congresos, viajes, etc, para adoctrinar con su propia reescritura una etapa dolorosa de la Historia de España.

Nos encontramos ante una
partida que no piensa ni en los familiares de las víctimas, ni en las personas más vulnerables, sino en la creación y mantenimiento de estructuras que se han mostrado del todo ineficaces y que no demanda la sociedad, preocupada por si podrá pagar el
recibo de la luz, llenar el depósito de combustible, pagar el recibo de la hipoteca, abrir su negocio al día siguiente, si mantendrá su empleo, si podrá pagar la hipoteca o el alquiler de su vivienda y si podrá contar con lo necesario para su
subsistencia, y no de los hechos ya superados de hace ochenta y tres años.

Por su parte, el programa 912O, «Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del Gobierno y apoyo a la alta dirección», gestionado por el Ministro de la
Presidencia, como no podía ser de otra manera, sube exponencialmente, de 37,34 millones en 2022 a 48,35 M€. Se mantiene la innecesaria Dirección General de Asuntos Constitucionales y Coordinación Jurídica, dependiente de la Secretaría de
Estado de Relaciones con las Cortes, que tradicionalmente ha sido una Subdirección General al frente de la cual se situaba un alto funcionario y que dependía de la Dirección General de Relaciones con las Cortes. Realmente, es un alto cargo
innecesario y prescindible.

En cuanto a los organismos autónomos adscritos al Ministerio, merece especial atención el presupuesto del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). El Sr. Tezanos, gestionará 12,65 M€ para continuar
elaborando sondeos con estimaciones electorales muy alejadas de la media de las que llevan a cabo las empresas demoscópicas de nuestro país, para generar en la sociedad española un clima de afección al Gobierno que nada tiene que ver con la
realidad.

Deseamos que esa, hasta ahora prestigiosa institución, con unos profesionales de primer orden, recupere su prestigio a nivel mundial y pueda retomar su objetivo de contribuir al conocimiento científico de la sociedad española, y
abandone su sectarismo y su afán de convertirlo en la empresa demoscópica de cabecera del PSOE y de su secretario general Pedro Sánchez.

Pretendemos que con la impugnación de esta Sección vuelva la racionalidad, la independencia y la ciencia
a esa institución. Los barómetros mensuales con intención de voto distorsionados y nada acordes a la realidad de las preferencias políticas de los españoles, deben cesar por sus enormes errores, sus criterios mínimamente científicos y altamente
sesgados y parciales. Sobre todo, en el ejercicio 2023, en el que tendrán lugar varios procesos electorales: elecciones locales, autonómicas y generales.

En definitiva, ni en la forma ni en el fondo, esta Sección 25 merece seguir
tramitándose, por lo que presentamos esta impugnación.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 80

Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107
del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 26. Ministerio de Sanidad.

JUSTIFICACIÓN

Los Presupuestos Generales del Estado para el año 2023 nacen invalidados tanto por Instituciones públicas —AIReF,
OCDE, FMI o Banco de España— como privadas —BBVA o el Círculo de Empresarios, organismos e instituciones que estiman que en 2023 vamos a crecer menos, vamos a tener más inflación, más paro y —como consecuencia de lo
anterior— más déficit y más deuda de lo que dice el gobierno en el cuadro macroeconómico utilizado para elaborar los presupuestos. Esto ya sería suficiente para que un gobierno serio retirase el anteproyecto de ley de presupuestos y
presentase otro ajustado a la realidad económica y social de nuestro país.

Pero ese no es el único argumento para solicitar su retirada. Frente a lo que dice la propaganda oficial, estos presupuestos condenan a los 10 millones de personas
con ingresos inferiores a 14.000 euros, a los que niega una bajada del IVA de los productos básicos de la cesta de la compra que les ayudaría a llegar a fin de mes; y olvidan a la clase media, a la que se le vuelven a subir impuestos por la puerta
de atrás de la inflación, consolidando una pérdida de poder adquisitivo de más de un 20 %. Es inaceptable que se dejen fuera a ambos colectivos, las familias más vulnerables y las clases medias, mientras que se incrementa un 18,3 % la partida
destinada a la alta dirección. La estructura política del gobierno dispara este gasto hasta los 933 millones de euros, un 37 % más, 252 millones más, que en 2018 y el gasto en propaganda se incrementa hasta los 158 M€ en el «Plan de
Publicidad y Comunicación Institucional».

Estos presupuestos inciden en las mismas recetas que los presupuestos anteriores: más gasto público, más impuestos, más inseguridad jurídica, más déficit y más deuda. Unas recetas que nos han
llevado a ser el último país de los 27 en recuperar los niveles de PIB previos a la pandemia —cosa que no sucederá hasta 2024—, tener la mayor tasa de paro de la UE y la segunda mayor tasa de paro juvenil y femenino —más que
duplicando la media europea en los tres casos—, tener la mayor inflación de los últimos 40 años —con el consiguiente coste para las familias—, tener unos índices de desigualdad y pobreza similares a los que sufrimos en la crisis
financiera de 2008, y disparar la deuda pública —el doble que la media europea, rozando ya el billón y medio de euros, poniendo en riesgo la sostenibilidad del estado del bienestar—.

En definitiva, unas recetas fracasadas que
merman nuestra competitividad, lastran el crecimiento y la creación de empleo, condenan a los más vulnerables, siguen debilitando a las clases medias y comprometen nuestro futuro acumulando un agujero fiscal que será de 340.000 M€ en 4 años,
que —como dijo la ministra Calviño— «pagarán nuestros hijos y nietos».

A estas consideraciones generales, hay que añadir los aspectos específicos de la «Sección 26» que apoyan su impugnación. En concreto, y en términos
cuantitativos, las insuficiencias en la dotación para la sección son manifiestas.

De los 458.969,57 millones de euros contemplados en conjunto en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el año que viene, únicamente
el 1,5 % corresponde al ámbito de Sanidad.

De igual modo, del total de los 30.008 millones de euros provenientes de la Unión Europea, sólo el 1,4 % se destina al Sistema Nacional de Salud (SNS).

Estas cuantías son, cuando menos,
inferiores a las contempladas para el conjunto de la Sanidad en los PGE de 2022, por lo que procede valorar que la propia Sanidad no es un ámbito prioritario para el Gobierno y que problemas reales, vigentes y críticos en todo el SNS como los
existentes en el ámbito de la ordenación profesional —déficit de profesionales, retrasos en homologación de títulos y especialidades, carencias en unidades de acreditación docente…—, en el de las listas de espera —más
de 700.000 personas esperando de media más de 120 días para ser intervenidos quirúrgicamente—, y, entre otros, en el del acceso a innovaciones terapéuticas —más de 500 días de demora para tener disponible en la cartera pública de
prestaciones tratamientos aprobados por la Agencia Europea de Medicamentos—, no podrán ser resueltos con las cuentas propuestas desde el Gobierno para 2023.

Esta negativa realidad se concreta especialmente en áreas como, la atención
primaria, para la que se reservan 173 millones de euros para el desarrollo del marco estratégico en 2023 frente a los 176 millones del año 2022 y frente a los 1.088,76 millones que se prometieron para el primer nivel asistencial en 2021.

Esta
involución de los PGE para Sanidad empeora todavía en mayor medida al tomar en consideración que el «Programa de Estabilidad 2022-2025» remitido por el Gobierno hace apenas unos meses a Bruselas compromete un recorte en la inversión en Sanidad hasta
el 6,7 % del Producto Interior Bruto en 2024 y 2025, lo que invita a pensar que será inviable dar cumplimiento a la totalidad de las medidas contempladas en el dictamen sobre Sanidad y Salud Pública de la «Comisión de Reconstrucción Social y
Económica» del Congreso de los Diputados, aprobado en julio de 2020, así como a otros mandatos al Gobierno validados en el propio Congreso, como la propuesta de resolución relativa a los citados recursos humanos y a la referida atención primaria del
SNS, que fue aprobada durante el Debate del Estado de la Nación celebrado en julio de este mismo año.

Además, y desde un prisma cualitativo, la propuesta para la «Sección 26» en el proyecto de PGE para 2022 no resulta de utilidad para llevar
a la práctica las mejoras y las reformas estructurales que requiere el SNS para optimizar y gestionar mejor todos los recursos existentes con el objetivo de consolidar y desarrollar sus niveles de calidad, cohesión, equidad y seguridad
asistenciales desde la sostenibilidad y la solvencia.

El proyecto no ofrece soluciones reales a los problemas y a las carencias actuales del SNS que día tras día ponen de manifiesto las asociaciones de pacientes, los consejos de colegios
profesionales, las sociedades científicas, los sindicatos, las empresas españolas farmacéuticas y de biotecnología y tecnología sanitaria, la iniciativa privada… es decir, los problemas y las carencias del sector sanitario en su conjunto.

Más allá del manejo ideológico que está haciendo de la Sanidad —una muestra representativa de ello es el «Proyecto de Ley por la que se modifican diversas normas para consolidar la equidad, universalidad y cohesión del SNS»—, el
Gobierno desaprovecha con los PGE 2023 una vez más —y ya van tres desde 2021— la oportunidad histórica que suponen los fondos europeos para blindar/remodelar el sistema sanitario español y es más que evidente —por estos PGE y
por las deficiencias en la gestión de la pandemia de COVID-19 que han trascendido hasta la fecha, pues todavía no se ha iniciado en la práctica la auditoría independiente prometida por el Gobierno en octubre de 2020…— que está
incapacitado, desacreditado, deslegitimado… para consolidar y desarrollar el Estado del Bienestar, y, en mayor medida, la Sanidad.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 81

Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente
impugnación de la Sección 27. Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

JUSTIFICACIÓN

Los Presupuestos Generales del Estado para el año 2023 nacen invalidados tanto por Instituciones públicas —AIReF, OCDE, FMI
o Banco de España— como privadas —BBVA o el Círculo de Empresarios, organismos e instituciones que estiman que en 2023 vamos a crecer menos, vamos a tener más inflación, más paro y —como consecuencia de lo anterior— más
déficit y más deuda de lo que dice el gobierno en el cuadro macroeconómico utilizado para elaborar los presupuestos. Esto ya sería suficiente para que un gobierno serio retirase el anteproyecto de ley de presupuestos y presentase otro ajustado a la
realidad económica y social de nuestro país.

Pero ese no es el único argumento para solicitar su retirada. Frente a lo que dice la propaganda oficial, estos presupuestos condenan a los 10 millones de personas con ingresos inferiores a 14.000
euros, a los que niega una bajada del IVA de los productos básicos de la cesta de la compra que les ayudaría a llegar a fin de mes; y olvidan a la clase media, a la que se le vuelven a subir impuestos por la puerta de atrás de la inflación,
consolidando una pérdida de poder adquisitivo de más de un 20 %. Es inaceptable que se dejen fuera a ambos colectivos, las familias más vulnerables y las clases medias, mientras que se incrementa un 18,3 % la partida destinada a la alta dirección.
La estructura política del gobierno dispara este gasto hasta los 933 millones de euros, un 37 % más, 252 millones más, que en 2018 y el gasto en propaganda se incrementa hasta los 158 M€ en el «Plan de Publicidad y Comunicación
Institucional».

Estos presupuestos inciden en las mismas recetas que los presupuestos anteriores: más gasto público, más impuestos, más inseguridad jurídica, más déficit y más deuda. Unas recetas que nos han llevado a ser el último país de
los 27 en recuperar los niveles de PIB previos a la pandemia —cosa que no sucederá hasta 2024—, tener la mayor tasa de paro de la UE y la segunda mayor tasa de paro juvenil y femenino —más que duplicando la media europea en los
tres casos—, tener la mayor inflación de los últimos 40 años —con el consiguiente coste para las familias—, tener unos índices de desigualdad y pobreza similares a los que sufrimos en la crisis financiera de 2008, y disparar la
deuda pública —el doble que la media europea, rozando ya el billón y medio de euros, poniendo en riesgo la sostenibilidad del estado del bienestar—.

En definitiva, unas recetas fracasadas que merman nuestra competitividad,
lastran el crecimiento y la creación de empleo, condenan a los más vulnerables, siguen debilitando a las clases medias y comprometen nuestro futuro acumulando un agujero fiscal que será de 340.000 M€ en 4 años, que —como dijo
Calviño— «pagarán nuestros hijos y nietos».

A estas consideraciones generales, hay que añadir los aspectos específicos de la sección 27 que apoyan su impugnación. La responsabilidad de trazar el rumbo económico del gobierno recae en
la titular del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, como responsable de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, y por tanto, competente para establecer unas bases sólidas para fundamentar los Presupuestos
Generales del Estado a través del diseño de un cuadro macroeconómico que fije las previsiones e hipótesis sobre las que elaborar la ley más importante que se tramita todos los años en las Cortes Generales por su impacto en empresas, hogares y el
conjunto de la Administración Pública.

Una vez más, reiterando los mismos errores que en ejercicios anteriores, el cuadro macroeonómico del gobierno se sitúa alejado de la realidad con unas previsiones desautorizadas en pocas horas tras la
presentación de los presupuestos.

En el mes de abril, la titular del ministerio cifró la previsión de crecimiento para 2023 en la Actualización del Programa de Estabilidad enviado a Bruselas en un 3,5 %, que se ha visto reducido en un 40 %,
hasta un 2,1 %, en la previsión que cimenta los presupuestos del próximo ejercicio. Organismos independientes e instituciones han rebajado la expectativa gubernamental de un crecimiento para 2023 del 2,1 % de manera drástica: AIReF lo sitúa en
el 1,5 % (-29 %), Banco de España en el 1,4 % (-33 %), BBVA Research en el 1 % (-52 %) y el FMI en el 1,2 % (-42 %).

La credibilidad de un país parte de la confianza en sus gobernantes y en sus instituciones, credibilidad que se ve quebrada
por unas previsiones auto rectificadas continuamente y que invalidan de facto un crecimiento del 2,1 % para 2023.

El contexto económico de nuestro país viene determinado por un incremento en la presión de los costes empresariales sobre los
márgenes de las empresas, donde la inflación se ha extendido a las cadenas de valor de bienes y servicios. Resulta poco prudente elevar sobre las previsiones de abril la aportación que la formación bruta de capital fijo puede realizar sobre el PIB
nacional, pasando de 6,5 puntos a 9,5; o la testarudez por sostener una hipótesis donde la aportación de la inversión en construcción se incremente un 120 % desde un 3,8 en 2022 hasta el 9,5 para 2023.

El tejido productivo está sufriendo
desde hace cinco meses incrementos en los concursos de acreedores y disoluciones empresariales, con especial relevancia para el sector construcción, además de una reducción y un encarecimiento del crédito, con perspectivas alcistas sobre la
evolución de los tipos de interés para el próximo año.

Estos hechos, unidos a la incertidumbre en la evolución de los precios de las materias primas, deberían ser motivo suficiente para invalidar unos presupuestos frágiles entregados a la
ensoñación de una ejecución óptima de los fondos europeos del Next Generation EU, que como se ha comprobado en 2021 y 2022, presenta un balance muy decepcionante.

En los presupuestos de 2023 se incrementa el total de gastos de personal en
un 15 % con respecto a 2022, incluida la partida de altos cargos, que también experimenta un crecimiento del 15 % y los gastos corrientes crecen un 35 % pasando de 67,3 millones de euros del año pasado hasta 90,9 millones en 2023.

El
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia vuelve a dotar al ministerio de una importante cantidad de fondos, 4.834 millones de euros que suponen el 79 % de la totalidad del presupuesto con el que Asuntos Económicos y Transformación Digital contará
en 2023, determinando así mismo, el impacto de la actividad política del ministerio. El total de préstamos al sector público (capítulo 8) con fondos del mecanismo de recuperación alcanza los 802 millones de euros en 2023.

La ejecución de
estos fondos por parte del ministerio en 2021 y 2022 se resume en unas obligaciones netas reconocidas del 82 % y pagos realizados por el 24,8 % del presupuesto definitivo en 2021, y hasta el 31 de agosto de este año, un 44 % de obligaciones netas
reconocidas y pagos realizados por el 5,25 % del total de créditos definitivos de 2022. La incapacidad para movilizar estos fondos en cantidad y calidad y su impacto en la economía real previsiblemente se incrementará en 2023 al tener que gestionar
más recursos presupuestados y arrastrar fondos de ejercicios pasados.

El impulso que el gobierno pretende dar a los Pertes, principalmente a través del Ministerio de Industria, se complementa desde la Sección 27 al contar con una partida
de 400 millones para el Programa de Espacios de Datos Sectoriales en sectores productivos (contribución a proyectos tractores en comercio, agroalimentación, movilidad, turismo y salud), o transferencias para el PERTE de Microelectrónica y
Semiconductores (PERTE Chip) por 250 millones.

En cuanto a la digitalización, «núcleo de nuestra política económica» según palabras de la ministra Calviño, el Gobierno destina 16.382 M€ a políticas de «Investigación, Desarrollo,
Innovación y Digitalización» para el 2023, lo que supone un aumento del 22,8 % respecto a 2022. Ahora bien, la cifra se reduce a la mitad, puesto que 7.655 M€ (un 45 %) proceden de los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y
Resiliencia (MRR). La mayor parte estos fondos se destinan al componente 15 —que engloba la conectividad digital, el impulso a la ciberseguridad y el despliegue del 5G— y se reparten entre distintos ministerios sin mecanismos de
coordinación entre ellos, así el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital gestiona 4.231 M€ (el 55 %), el de Ciencia e Innovación 1.611 M€ y el de Industria, Comercio y Turismo 1.555 M€.

Uno de los planes
estratégicos que más financiación percibe es el PERTE Chip, un proyecto para, según el Gobierno, «recuperar la soberanía industrial de España». Para ello, recibe 1.250 M€ en 2023. Un compromiso difícil de cumplir, teniendo en cuenta que el
Gobierno no ha sido capaz de resolver las convocatorias del PERTE Chip previstas para este año. Esto, sumado a la pérdida de empresas del sector, la falta de formación especializada y la inexistente captación de talento internacional impedirá que
el país se posicione a la cabeza del sector en Europa.

Por otro lado, el gran reto después de la pandemia es la digitalización de las pymes, que recibe más de 1.000 M€. Las multinacionales y grandes empresas se han adaptado a la
digitalización muy rápidamente, pero a las empresas pequeñas les queda un largo camino por recorrer. Para ello, se amplían las ayudas al programa Kit Digital, con 1.326 M€, una manera de tapar el fracaso de las convocatorias de este año ante
el nulo interés de las compañías por la falta de información, la excesiva burocracia y el retraso en los plazos. Nunca se ha puesto tanto dinero en manos de las empresas y se ha aprovechado tan mal.

El Gobierno mantiene la partida para la
extensión de banda ancha, dotada con 256 M€, pese a que las ayudas al despliegue de banda ancha en zonas rurales y con baja densidad de población —incluidas en el Programa UNICO-Banda Ancha— están tardando en llegar. La banda
ancha no es un lujo, es una necesidad, algo que no han entendido todavía en el Ministerio de Calviño. Esto, sumado al retraso en los despliegues de 5G, debido a la incertidumbre que genera no haber desarrollado la lista de operadores de riesgo en
el Real Decreto-ley de Ciberseguridad 5G, puede ocasionar graves problemas en el futuro cuando el 5G se convierta en la clave para la transformación digital y la automatización de la economía.

Con respecto a la Estrategia Nacional de
Inteligencia Artificial, el año que viene se destina un 24 % menos que el año anterior, en total, 86 M€. Esto demuestra la falta de interés, conocimiento y liderazgo por parte del Gobierno para emprender los proyectos que pueden ofrecer
oportunidades de desarrollo para el país.

A esto, se unen los 131 M€ para fortalecer las capacidades ciudadanas, de pymes y profesionales en ciberseguridad y los más de 600 M€ del Plan de Competencias Digitales para 2023,
repartidos también en programas de distintos ministerios, sin coordinación, y con retraso debido a que el Ministerio publicó por error que los cursos debían ser de 250 horas por persona, en lugar de 7,5 h. Este probablemente sea uno de los mayores
retos a los que se enfrenta el Ejecutivo en el sistema educativo, pues una cosa es lo que se plantea desde el papel y otra muy diferente lo que se ejecuta.

El incremento del presupuesto en digitalización supone un aumento del 22,8 % respecto
a 2022, un crecimiento que se debe principalmente a que la partida de fondos europeos disponible se dispara un 41,3 %, si bien los fondos ordinarios también crecerán en un 10,1 %. Este hecho desmiente a la ministra Calviño, que afirmaba que la
ejecución de los fondos era muy alta, demostrando, así, la total incompetencia para ejecutar los programas de ayudas.

En definitiva, se hace necesario unos nuevos presupuestos ligados a las necesarias reformas legales que necesitan los
procesos de la Industria 4.0, propicien la igualdad en el reparto de los fondos entre las comunidades y reparen la ineficacia del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital en la gestión de los fondos de europeos durante el 2022.

De nuevo, se abusa de la propaganda generando expectativas imposibles de cumplir. La «velocidad de crucero» no es tal y ahora se complementa con nueva retórica que anuncia el «máximo despliegue» para 2023. Las empresas, especialmente las
tecnológicas, están frustradas por la falta de agilidad en la ejecución de los fondos y observan con desconfianza unos presupuestos que no responden a las necesidades del tejido empresarial, ni son los adecuados para impulsar el crecimiento y la
competitividad al tiempo que se garantiza la sostenibilidad de las cuentas públicas.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 82

Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 28. Ministerio de Ciencia e Innovación.

JUSTIFICACIÓN

Los Presupuestos Generales del Estado para el año 2023 nacen invalidados tanto
por Instituciones públicas (AIReF, OCDE, FMI o Banco de España) como privadas (BBVA o el Círculo de Empresarios), organismos e instituciones que estiman que en 2023 vamos a crecer menos, vamos a tener más inflación, más paro y, como consecuencia de
lo anterior, más déficit y más deuda de lo que dice el gobierno en el cuadro macroeconómico utilizado para elaborar los presupuestos.

Esto ya sería suficiente para que un gobierno serio y responsable retirase el anteproyecto de ley de
presupuestos y presentase otro ajustado a la realidad económica y social de nuestro país. Pero ese no es el único argumento para solicitar su retirada. Frente a lo que dice la propaganda oficial gubernamental, estos presupuestos castigan a los 10
millones de personas con ingresos inferiores a 14.000 euros, ya que niega una bajada del IVA de los productos básicos de la cesta de la compra indispensable para llegar a fin de mes; y olvidan a la clase media, a la que se le vuelven a subir
impuestos por la puerta de atrás de la inflación, consolidando una pérdida de poder adquisitivo de más de un 20 %.

Es inaceptable que se dejen fuera a ambos colectivos, las familias más vulnerables y las clases medias, mientras que se
incrementa un 18,3 % la partida destinada a la alta dirección. La estructura política del gobierno dispara este gasto hasta los 933 millones de euros, un 37 % más, 252 millones más, que en 2018 y el gasto en propaganda se incrementa hasta los 158
M€ en el Plan de Publicidad y Comunicación Institucional. Estos presupuestos inciden en las mismas recetas que los presupuestos anteriores: más gasto público, más impuestos, más inseguridad jurídica, más déficit y más deuda. Unas recetas
que nos han llevado a ser el último país de los 27 en recuperar los niveles de PIB previos a la pandemia lo que no sucederá hasta 2024, tener la mayor tasa de paro de la UE y la segunda mayor tasa de paro juvenil y femenino, duplicando la media
europea, la mayor inflación de los últimos 40 años, con el consiguiente coste para las familias, unos índices de desigualdad y pobreza similares a los que sufrimos en la crisis financiera de 2008 y disparar la deuda pública el doble que la media
europea, rozando ya el billón y medio de euros y poniendo en riesgo la sostenibilidad del estado del bienestar. En definitiva, unas recetas fracasadas que merman nuestra competitividad lastran el crecimiento y la creación de empleo, condenan a los
más vulnerables, siguen debilitando a las clases medias y comprometen nuestro futuro acumulando un agujero fiscal que será de 340.000 M€ en 4 años que, como dijo Calviño, «pagarán nuestros hijos y nietos».

A estas consideraciones
generales, hay que añadir los aspectos específicos de la sección 28 que apoyan su impugnación. En lo que respecta al ámbito de I+D+i, el Ministerio de Ciencia e Innovación cuenta con un presupuesto nacional de 2.610 M€. A esto hay que
sumarle 1.381 M€ pertenecientes a los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), haciendo un montante de 3.991 M€ (un 4 % más con respecto a 2022). Mientras el Gobierno presume de ser el mayor presupuesto de la
historia de nuestro país, la realidad es que sigue siendo una cifra insuficiente ya que renuncia a avanzar en una estrategia de desarrollo del país en la que la ciencia y la tecnología tengan un rol destacado. Además, pone de manifiesto el
desconocimiento del papel indiscutible que la ciencia y la investigación han tenido en la gestión del coronavirus.

Los presupuestos destinados a Ciencia e Innovación se incluyen en partidas de digitalización repartidas en otros ministerios,
por lo que no se puede conocer nunca la apuesta real por el I+D+i en España y además impiden la coordinación de los programas. El programa «Investigación científica» cuenta con 1.211 M€ en 2023, de los que 1.060 M€ se destinan al
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), asignándole prácticamente todas las dotaciones.

En el reparto de las cuentas, el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) —que engloba los centros nacionales de investigación
oncológica (CNIO), Cardiovascular (CNIC) y el de Enfermedades Neurológicas (CIEN)— ve reducido su presupuesto un 12,8 % al pasar de 559 M€ a 488 M€ para 2023. Según el texto, los fondos europeos se han recortado más de un 40 %
y se ha contrarrestado con un aumento del 13,6 % a cargo del presupuesto nacional.

El programa «Investigación sanitaria» que gestiona el Instituto de Salud Carlos III asciende a 328 M€ en 2023 y tiene como misión fomentar y realizar
investigación en biomedicina y desarrollar y ofrecer servicios científico-técnicos de la más alta calidad dirigidos al Sistema Nacional de Salud, al Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación, así como al conjunto de la sociedad.

El
Partido Popular siempre ha propuesto iniciativas para fomentar la investigación biomédica y en su día denunció el peligro de la falta de continuidad de los programas ligados a financiación europea.

Por su parte, la Agencia Estatal de
Investigación ha vuelto a quedar infradotada a pesar de ver aumentado su presupuesto hasta los 1.420 M€ (un 4,6 % más). Finalmente, se generan dudas sobre el cumplimiento de los compromisos de la nueva Ley de Ciencia, la Tecnología y la
Innovación, cuyo objetivo es alcanzar el 1,25 % del PIB en ciencia pública en 2030 y un 3 % en el conjunto de la inversión privada. Además, la reforma sigue siendo insuficiente para atraer talento y dar estabilidad a las generaciones de
científicos.

La ciencia tiene que ser un asunto de estado y tratarse como tal y los principales objetivos de la recientemente aprobada ley —estabilización del personal de investigación, atracción y retorno del talento e inversión
pública— quedan muy lejos de ser alcanzados con estas cifras.

De nuevo Sánchez presume de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y del programa React EU. Un nuevo paquete que se suma a los ya contemplados en los dos
años anteriores. El presidente genera expectativas imposibles de cumplir nuevamente al decir que dichos fondos han alcanzado «velocidad de crucero» este año y prometer el «máximo despliegue» para 2023, generando escepticismo en un sector que ha
sufrido la lentitud en la gestión y ejecución de los fondos y la tardanza en su llegada a sus centros.

La crisis provocada por el COVID 19 situó al Sistema Español de Ciencia y Tecnología en el centro del debate político, fruto del amplio
consenso construido a su alrededor en la sociedad española, materializándose en la ya mencionada reforma legal sin voto alguno en contra. Pero este capital político no es aprovechado, una vez más, por un Gobierno que presenta unos presupuestos más
focalizados en el corto plazo y el rendimiento electoral que en las reformas sistémicas que el SECTI necesita.

Si los PGE no son rectificados cuando acaben los fuegos artificiales vendrá de nuevo la oscuridad a la ciencia española. No se han
planteado proyectos con una estrategia de continuidad y sostenibilidad a largo plazo. A esto se suma las deficiencias de las reformas legales y la ya demostrada ineficacia de la ejecución presupuestaria.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 83

Del
Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 29. Ministerio de
Derechos Sociales y Agenda 2030.

JUSTIFICACIÓN

Los Presupuestos Generales del Estado para el año 2023 nacen invalidados tanto por Instituciones públicas —AIReF, OCDE, FMI o Banco de España— como privadas —BBVA o el
Círculo de Empresarios, organismos e instituciones que estiman que en 2023 vamos a crecer menos, vamos a tener más inflación, más paro y —como consecuencia de lo anterior— más déficit y más deuda de lo que dice el gobierno en el cuadro
macroeconómico utilizado para elaborar los presupuestos. Esto ya sería suficiente para que un gobierno serio retirase el anteproyecto de ley de presupuestos y presentase otro ajustado a la realidad económica y social de nuestro país.

Pero
ese no es el único argumento para solicitar su retirada. Frente a lo que dice la propaganda oficial, estos presupuestos condenan a los 10 millones de personas con ingresos inferiores a 14.000 euros, a los que niega una bajada del IVA de los
productos básicos de la cesta de la compra que les ayudaría a llegar a fin de mes; y olvidan a la clase media, a la que se le vuelven a subir impuestos por la puerta de atrás de la inflación, consolidando una pérdida de poder adquisitivo de más de
un 20 %. Es muy preocupante que se deje fuera a ambos colectivos, las familias más vulnerables y las clases medias, mientras que se incrementa un 18,3 % la partida destinada a la alta dirección. La estructura política del gobierno dispara este
gasto hasta los 933 millones de euros, un 37 % más, 252 millones más, que en 2018 y el gasto en propaganda se incrementa hasta los 158 M€ en el «Plan de Publicidad y Comunicación Institucional».

Estos presupuestos inciden en las mismas
recetas que los presupuestos anteriores: más gasto público, más impuestos, más inseguridad jurídica, más déficit y más deuda. Unas recetas que nos han llevado a ser el último país de los 27 UE en recuperar los niveles de PIB previos a la pandemia
—cosa que no sucederá hasta 2024—, sufrir la mayor tasa de paro de la UE y la segunda mayor tasa de paro juvenil y femenino —más que duplicando la media europea en los tres casos—, soportar la mayor inflación de los
últimos 40 años —con el consiguiente coste para las familias—, acumular unos índices de desigualdad y pobreza similares a los que sufrimos en la crisis financiera de 2008, y disparar la deuda pública —el doble que la media
europea, rozando ya el billón y medio de euros, poniendo en riesgo la sostenibilidad del estado del bienestar—.

En definitiva, unas recetas fracasadas que merman nuestra competitividad, lastran el crecimiento y la creación de empleo,
condenan a los más vulnerables, siguen debilitando a las clases medias y comprometen nuestro futuro, acumulando un agujero fiscal que alcanzará los 340.000 M€ en 4 años, que —como dijo Nadia Calviño— «pagarán nuestros hijos y
nietos».

A estas consideraciones generales, hay que añadir los aspectos específicos de la sección 30 que apoyan su impugnación.

Nos encontramos ante los PGE de «mayor gasto social de la historia», esto es lo que dice la propaganda de
Pedro Sánchez, pero la realidad es que la mayor cantidad se destina a pensiones (su revalorización) y desempleo y apenas se refuerza la partida dirigida a Servicios Sociales y Promoción Social. Además, a 31 de agosto, únicamente se había ejecutado
un 48,2 % del Presupuesto de 2022.

En materia de dependencia, se vuelven a incluir 620 millones de euros más que en 2022, pero de qué sirve presupuestar sin más, cuando la lista de espera de la dependencia se redujo tan solo
en 38.807 personas (2021, datos IMSERSO), 21.193 menos de los 60.000 fijados como meta por el Gobierno en el Plan de choque. 46.300 personas fallecieron en España en listas de espera de dependencia en 2021. Se necesita muchísima inversión más,
máxime cuando se está hablando al mismo tiempo de desinstitucionalizar, permitiendo que las personas dependientes tengan los apoyos necesarios para su vida en comunidad, pero en realidad la prioridad debería estar en impulsar un cambio conceptual,
de filosofía, que el Gobierno parece no estar dispuesto a abordar. Además de no saber o no querer gestionar este ámbito, en España hay casi 400.000 personas que están a la espera de un procedimiento de dependencia, con una media de 421 días para
saber si se incorporan o no al sistema de ayudas.

Por otro lado, mientras que se aumenta la partida «Estudios y Trabajos técnicos», con la consiguiente discrecionalidad que supone el poder destinar esas cuantías a lo que el gobierno prefiera
sin rendir cuentas de su objetivo en la plasmación en estos PGEs, estos Presupuestos no contienen una partida específica para el Plan Nacional de Alzheimer, deberían haber reforzado el Fondo de ayuda europea a los más necesitados y nada se expone
sobre cómo abordar la soledad crónica.

Por otro lado, se habla de «equidad y justicia social», como ya se dijo en 2021 y 2022, y la realidad es que más de 13 millones de personas están en riesgo de pobreza o exclusión en España, el porcentaje
de población en situación de carencia material y social severa está en el 8,3 % de la población, según el INE, y estas cifras seguirán incrementándose por la falta de medidas eficaces y eficientes que mitiguen la subida de los precios de la luz, del
gas, de la cesta de la compra, etc. Estos PGE no son la solución a los problemas de los más vulnerables, son un compendio de recetas que ya conocemos y que no han funcionado en años previos. Se prevé una recaudación récord, pero el Gobierno se
olvida del 80 % de las familias, tanto de los más vulnerables como de las clases medias.

Y es que la mejor medida de lucha contra la pobreza infantil, o de protección de las familias, es la creación de empleo y la bajada de impuestos, no los
bonos destinados a la compra de videojuegos. Sin embargo, mientras el gobierno alardea del incremento del presupuesto en políticas de juventud, seguimos a la cabeza del desempleo en Europa precisamente en esa franja de edad, y somos el segundo país
europeo con más paro juvenil y femenino, sólo tras Grecia. En todos los casos, duplicando las tasas medias de la zona euro.

Nuevamente, se anuncia presupuesto para el desarrollo de la Ley Orgánica 8/2021, de protección integral a la infancia
y la adolescencia frente a la violencia, pero la realidad es que esta decisiva norma sigue sin desarrollarse. Se presupuestan 500.000 euros para publicidad en la Dirección General de los Derechos de los Animales, el doble que en 2022, y con
respecto al programa 921Y, relativo a la Secretaría de Estado para la Agenda 2030, resulta chocante la partida destinada a Publicidad y Propaganda.

Además, la mayor parte del resto de los fondos del programa 921Y están destinados a líneas de
subvenciones que poco o nada tienen que ver con los ODS, que podrían contribuir al «escudo social» al que alude constantemente el Gobierno para atender a los más vulnerables. En suma, visto el destino de sus fondos, parece estar mucho más ligada a
la agenda política de la ministra que a funciones propias del Ministerio.

Además, se han anunciado medidas a favor de las familias que no están recogidas en el Presupuesto, haciéndonos suponer que se demoran hasta la aprobación de la Ley de
Familias, cuya presentación se sigue retrasando una y otra vez, en una clara demostración del escaso interés por las propias familias, a las que se deja sin atender ad Calendas graecas, a la espera de la aprobación de la ley con sus correspondientes
medidas de apoyo.

Una vez más, nos encontramos con un Presupuesto sin diagnóstico de los problemas reales de los más vulnerables, de lo que necesitan nuestros mayores, personas con discapacidad, jóvenes, sin verificar si con ello se va a
mejorar la vida de los españoles: una lluvia de millones que, como los Presupuestos en vigor, no han conseguido su repetido eslogan de que nadie se quede atrás, más bien todo lo contrario. El «escudo social» no ha sido más que propaganda y un mero
mantra, y con eso no se solventan los problemas diarios de las personas más desfavorecidas, que cada vez son más en nuestro país, ni se trabaja para acabar con la pobreza.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 84

Del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 30. Ministerio de Igualdad.

JUSTIFICACIÓN

Los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2023 nacen invalidados tanto por Instituciones públicas —AIReF, OCDE, FMI o Banco de España— como privadas —BBVA o el Círculo de Empresarios, organismos e instituciones que estiman
que en 2023 vamos a crecer menos, vamos a tener más inflación, más paro y —como consecuencia de lo anterior— más déficit y más deuda de lo que dice el gobierno en el cuadro macroeconómico utilizado para elaborar los presupuestos. Esto
ya sería suficiente para que un gobierno serio retirase el anteproyecto de ley de presupuestos y presentase otro ajustado a la realidad económica y social de nuestro país.

Pero ese no es el único argumento para solicitar su retirada. Frente
a lo que dice la propaganda oficial, estos presupuestos condenan a los 10 millones de personas con ingresos inferiores a 14.000 euros, a los que niega una bajada del IVA de los productos básicos de la cesta de la compra que les ayudaría a llegar a
fin de mes; y olvidan a la clase media, a la que se le vuelven a subir impuestos por la puerta de atrás de la inflación, consolidando una pérdida de poder adquisitivo de más de un 20 %. Es muy grave que se deje fuera a ambos colectivos, las
familias más vulnerables y las clases medias, mientras que se incrementa un 18,3 % la partida destinada a la alta dirección. La estructura política del gobierno dispara este gasto hasta los 933 millones de euros, un 37 % más, 252 millones más, que
en 2018 y el gasto en propaganda se incrementa hasta los 158 M€ en el «Plan de Publicidad y Comunicación Institucional».

Estos presupuestos inciden en las mismas recetas que los presupuestos anteriores: más gasto público, más
impuestos, más inseguridad jurídica, más déficit y más deuda. Unas recetas que nos han llevado a ser el último país de los EU 27 en recuperar los niveles de PIB previos a la pandemia —cosa que no sucederá hasta 2024—, sufrir la mayor
tasa de paro de la UE y la segunda mayor tasa de paro juvenil y femenino —más que duplicando la media europea en los tres casos—, soportar la mayor inflación de los últimos 40 años —con el consiguiente coste para las
familias—, padecer unos índices de desigualdad y pobreza similares a los que sufrimos en la crisis financiera de 2008, y disparar la deuda pública —el doble que la media europea, rozando ya el billón y medio de euros, poniendo en
riesgo la sostenibilidad del estado del bienestar—.

En definitiva, unas recetas fracasadas que merman nuestra competitividad, lastran el crecimiento y la creación de empleo, condenan a los más vulnerables, siguen debilitando a las
clases medias y comprometen nuestro futuro, acumulando un agujero fiscal que será de 340.000 M€ en 4 años, que —como dijo Nadia Calviño— «pagarán nuestros hijos y nietos».

A estas consideraciones generales, hay que añadir
los aspectos específicos de la sección 30 que apoyan su devolución.

El Ministerio de Igualdad no está respondiendo a la realidad que viven las mujeres españolas. En España tenemos 2.941.919 parados: 6 de cada 10 son mujeres. El aumento en
los Presupuestos de 2022 no ha contribuido a mejorar el empleo y la empleabilidad de las mujeres en nuestro país.

Si hablamos de las brechas de género, no han dejado de aumentar. Ahora el gobierno presenta los Presupuestos de 2023 como la
herramienta que producirá su desaparición cuando en realidad lo que ha ocurrido es que han aumentado en un 9,3 %. Resulta inaceptable que traten con esta frivolidad este dato cuando las cifras demuestran que el 57 % de las mujeres españolas ha
sufrido una reducción salarial al convertirse en madre, tras verse obligada a reducir su jornada laboral, acogerse a una excedencia o directamente abandonar su puesto de trabajo.

El II índice ClosinGap, que analiza cinco categorías críticas
—Empleo, Educación, Conciliación, Digitalización, Salud y Bienestar— muestra que se ha intensificado la brecha de género, pasando del 35,9 % en 2020 hasta el 36,7 % en 2021 y se retrasa hasta 2058 la fecha en la que España conseguirá
alcanzar la plena paridad. En este sentido, la brecha más grande se produce en el ámbito de la conciliación —ha empeorado en 3,2 puntos porcentuales con respecto al año pasado, de un 40,8 % al 44 %.

Señala el gobierno que estos son
unos Presupuestos feministas, pero la realidad es que a lo que se han dedicado es a sus luchas internas por quién enarbola la bandera del feminismo, a polémicas que no resuelven los problemas e inquietudes de las mujeres y a dejar sin ejecución lo
que prometieron cuando se trató de presentar los Presupuestos en vigor (solamente un 43 % de ejecución a fecha de 31 de agosto de 2022).

Como en ejercicios anteriores, sube el Capítulo II en un 33,46 % respecto del PGE 2022, así como las
partidas destinadas a «Estudios y Trabajos técnicos» o «Gastos diversos». La indefinición de la descripción de esa partida, así como su destino, gastos corrientes en bienes y servicios, supone que su finalidad será aquella que al Ministerio le
parezca más conveniente sin objetivo definido y evaluable desde el punto de vista presupuestario. Sin embargo, el Capítulo VI la cuantía baja un 9,93 %, recogiendo una vez más las mismas acciones que en los presupuestos en vigor actualmente, sin
que muchas de ellas se hayan iniciado siquiera, como el Macroestudio sobre la trata de mujeres y niñas.

No obstante, lo anterior, por lo que sí destaca esta Sección 30 es por el aumento de subvenciones nominativas, tanto en el presupuesto del
Ministerio como en el del Instituto de las Mujeres, síntoma de que puede que sean los últimos presupuestos que elaboran y aprueban y que con este tipo de acciones lo que buscan es favorecer a entidades más o menos afines. 1.380.000 euros para, entre
otras, Asociación Themis, Fundación EMET Arcoíris, FAMUVI, Federación Nacional de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas, etc. Y en el Instituto de las Mujeres, 1.250.000 euros a la Federación de asociaciones de madres solteras, a la
Fundación Mujeres, a la Federación de mujeres progresistas, a la Red Ecofeminista, etc.

Además, en materia de violencia de género, desde el ministerio se ha anulado la labor de la Comisión de Seguimiento de los Acuerdos del Pacto de Estado
contra la Violencia de Género, vulnerando el consenso alcanzado en años anteriores en esta materia, y dejando sin ejecución muchas de las medidas del pacto aprobado en 2017. Las víctimas continúan poniendo el énfasis en los mismos déficits y
dificultades que antes del Pacto, las grandes reformas previstas en materia judicial y de seguridad acordadas en el Pacto no se han puesto en marcha y normativa como la Ley contra la Trata sigue sin publicarse. En consecuencia, el incremento de la
partida destinada a implementar las medidas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género resulta insuficiente, y la adecuada utilización del presupuesto existente hasta la fecha es aún un enigma.

Las mujeres necesitan propuestas eficaces
para conseguir la igual real en todos los ámbitos. La gravedad de la situación de crisis que vivimos no permite que el ministerio malgaste ni un solo euro del dinero de todos los españoles y españolas en Informes y campañas vacuas, absurdas e
incluso hirientes para las personas con discapacidad. Se nos presenta un presupuesto-ficción, sin revisión del gasto público, en el que destaca sobre todo la creación de más estructuras, el gasto en más propaganda sin reformas estructurales, todo
lo contrario, creación de más estructura, más propaganda y contratación o subvenciones a empresas y entidades más o menos cercanas.

Se nos anuncia un Presupuesto feminista, pero ¿acaso a las mujeres no les va a afectar la insoportable presión
fiscal que suponen estos Presupuestos? ¿A las mujeres autónomas, el supuesto presupuesto feminista va a suponer o no, la subida de sus cotizaciones? ¿Quizá este presupuesto feminista va a eximir a las familias monoparentales, encabezadas
fundamentalmente por mujeres, de tener que pagar más por la luz, gas, la cesta de la compra, etc.? La respuesta es no.

El Presupuesto del Ministerio de Igualdad ha crecido respecto del actual, pero debemos preguntarnos cuáles son los
verdaderos motivos de este incremento. ¿Abonar los salarios de la superestructura de Altos Cargos y eventuales, a todas luces excesivo para la exigua actividad realizada? El Capítulo I se ha incrementado en un 19,58 % respecto de 2022. En el
Ministerio de Igualdad están destinadas un total de 462 personas (incluido el Instituto de las Mujeres), 248 en 2021 y 388 en 2022, lo que significa un 19,07 % más que en 2022 y un 86,29 % que en 2021. Paralelamente conocemos que cincuenta y cinco
trabajadores y trabajadoras del ministerio de Igualdad han solicitado el cambio a otro organismo público desde que comenzó la legislatura, información que ha sido facilitada por el Portal de Transparencia. Y al mismo tiempo crece el número del
personal asesor en el ministerio, que llega a 16, mayor que el de otros ministerios como Industria, Asuntos Exteriores, Justicia, Defensa o Interior. Estos datos preocupan a la hora de valorar la necesidad del incremento que estos presupuestos
aportan en el Capítulo I.

Después de estos años de Gobierno del PSOE-UNIDAS PODEMOS tenemos un país más pobre, más desigualdad, con menos oportunidades para las mujeres y con más desprotección para los menores, personas con discapacidad, en
riesgo de exclusión social, en definitiva, para los más vulnerables.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 85

Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el
artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 31. Ministerio de Consumo.

JUSTIFICACIÓN

Los Presupuestos Generales del Estado para el año 2023 nacen invalidados tanto por Instituciones públicas
—AIReF, OCDE o Banco de España— como privadas —BBVA o el Círculo de Empresarios, organismos e instituciones que estiman que en 2023 vamos a crecer menos, vamos a tener más inflación, más paro y —como consecuencia de lo
anterior— más déficit y más deuda de lo que dice el gobierno en el cuadro macroeconómico utilizado para elaborar los presupuestos. Esto ya sería suficiente para que un gobierno serio retirase el anteproyecto de ley de presupuestos y
presentase otro ajustado a la realidad económica y social de nuestro país.

Pero ese no es el único argumento para solicitar su retirada. Frente a lo que dice la propaganda oficial, estos presupuestos condenan a los 10 millones de personas
con ingresos inferiores a 14.000 euros, a los que niega una bajada del IVA de los productos básicos de la cesta de la compra que les ayudaría a llegar a fin de mes; y olvidan a la clase media, a la que se le vuelven a subir impuestos por la puerta
de atrás de la inflación, consolidando una pérdida de poder adquisitivo de más de un 20 %. Es intolerable que se deje fuera a ambos colectivos, las familias más vulnerables y las clases medias, mientras que se incrementa un 18,3 % la partida
destinada a la alta dirección. La estructura política del gobierno dispara este gasto hasta los 933 millones de euros, un 37 % más, 252 millones más, que en 2018 y el gasto en propaganda se incrementa hasta los 158 M€ en el «Plan de
Publicidad y Comunicación Institucional».

Estos presupuestos inciden en las mismas recetas que los presupuestos anteriores: más gasto público, más impuestos, más inseguridad jurídica, más déficit y más deuda. Unas recetas que nos han
llevado a ser el último país de los 27 en recuperar los niveles de PIB previos a la pandemia —cosa que no sucederá hasta 2024—, sufrir la mayor tasa de paro de la UE y la segunda mayor tasa de paro juvenil y femenino —más que
duplicando la media europea en los tres casos—, soportar la mayor inflación de los últimos 40 años —con el consiguiente coste para las familias—, padecer unos índices de desigualdad y pobreza similares a los que sufrimos en la
crisis financiera de 2008, y disparar la deuda pública —el doble que la media europea, rozando ya el billón y medio de euros, poniendo en riesgo la sostenibilidad del estado del bienestar—.

En definitiva, unas recetas fracasadas
que merman nuestra competitividad, lastran el crecimiento y la creación de empleo, condenan a los más vulnerables, siguen debilitando a las clases medias y comprometen nuestro futuro acumulando un agujero fiscal que será de 340.000 M€ en 4
años, que —como dijo Calviño— «pagarán nuestros hijos y nietos».

A estas consideraciones generales, hay que añadir los aspectos específicos de la sección 31 que apoyan su devolución.

Las políticas, metas y programas que
esta sección recoge son la antítesis de lo que necesitan los consumidores y usuarios y, además, son ineficaces —como ya se ha demostrado— para la satisfacción de sus necesidades.

El presupuesto de gasto que se ha consignado este
año para el Ministerio de Consumo representa el 0.01 % del presupuesto consolidado de gastos total para 2023. La cifra que se asigna a este Ministerio da cuenta de la nula importancia que este gobierno da al consumo.

El presupuesto de 2022
fue de 60 millones, es decir se incrementa un 8,1 % la partida de este ejercicio, pero llama la atención que parte importante de este aumento no se destina a la atención de los consumidores y usuarios españoles sino a la subida del gasto
administrativo estructural. Por ejemplo, se aumentan significativamente los gastos de personal del ministerio en comparación con los del ejercicio anterior.

Es muestra evidente de que la existencia de este Ministerio tiene un objetivo
concreto: el mantenimiento de cargos y cuotas de poder que corresponden a uno de los componentes del Gobierno de coalición. El consumo y sus derivadas, sin embargo, no forman parte de las preocupaciones del ejecutivo.

Esta realidad se ve
ratificada, además, si se atiende a la muy mejorable eficiencia de este órgano administrativo: hasta agosto de este ejercicio 2022, el Ministerio de Consumo únicamente había ejecutado un 39.8 % de su presupuesto, evidencia de que, con independencia
de las políticas y declaraciones genéricas que puedan hacer estos presupuestos, el gobierno no cumple con sus objetivos, tampoco en esta materia.

Pero es que, además, la práctica totalidad de los elementos que componen esta sección 31 son
mera literatura, puesto que el ejecutivo, y muy especialmente el Ministro titular de este departamento, Alberto Garzón, demuestra con sus acciones que su línea de actuación no responde a los parámetros marcados en el proyecto ni a la defensa de los
consumidores y usuarios.

Metas genéricas y carentes de objetivos efectivos, donde se ponen supuestamente en valor objetivos como la defensa de la evidencia científica y la confianza en nuestros sectores del ramo, mientras que el Ministerio,
sus campañas y declaraciones ponen en duda la calidad, la seguridad y la defensa de sectores estratégicos para nuestra economía y no atienden en absoluto a criterios científicos en ninguna de sus propuestas.

La inacción y falta de propuestas
y medidas del MICO ante la inflación desbocada ha puesto en cuestión el derecho y la posibilidad de los consumidores al acceso a bienes y servicios básicos esenciales, generando situaciones de vulnerabilidad social y económica en sectores cada vez
más amplios de la población. Así mismo, este Ministerio es corresponsable, ante las subidas reiteradas del Índice de Precios al Consumo, de la limitación del derecho a escoger productos y servicios a precios, no solo no competitivos, sino
absolutamente desbocados, a todos los consumidores españoles, por su inacción, falta de responsabilidad y falta de previsión.

En este contexto ya hay millones de familias consumidoras que tienen serias dificultades para llegar a final de mes por la pérdida de poder adquisitivo y las subidas desorbitadas de bienes y servicios básicos como la luz, el gas, los
combustibles, la cesta de la compra y las hipotecas. Como consecuencia del IPC es una realidad constatable que se ha disparado la pobreza, que pagar los precios de la energía es inasumible para muchas familias y que se está dejando atrás a miles de
consumidores. La única propuesta del MICO sobre «limitar el precio de la cesta de la compra» ha sido un auténtico fracaso.

Fracasos y omisiones son la tónica de este Ministerio, que de manera incomprensible no reclama el mantenimiento del
IVA del gas durante todo el invierno, algo que sí sería útil a todos los españoles.

Se demanda también la coordinación administrativa en las campañas y políticas de consumo, cuando el departamento ministerial promueve iniciativas en
solitario, sin consenso con los demás ministerios o el resto de las administraciones implicadas y confrontando a los sectores de nuestra economía que puedan verse afectados, imponiendo cargas extraordinarias para las pequeñas, medianas y grandes
empresas de nuestro tejido productivo —que son quienes realmente crean empleo e impulsan el crecimiento de nuestro país—, pero no asumiendo desde la administración esas mismas exigencias para las ramas productivas que pueden depender
de ella.

Existen cuestiones fundamentales para los consumidores y usuarios que estos presupuestos no abordan con la profusión que serían exigibles: la protección eficiente y efectiva de los consumidores y usuarios, la regulación y el control
del juego de ámbito nacional, la gestión integral de la seguridad alimentaria de toda la cadena de producción, la elaboración, distribución y consumo, el consumo responsable y sostenible, la protección de la salud en el ámbito de la nutrición, la
actividad física y la prevención de la obesidad, o el fortalecimiento del juego autorizado y lucha contra el fraude.

Frente a campañas estériles a las que el Ministerio dedica los fondos que los PGE le otorgan, este grupo parlamentario
reclama una política que defienda a los consumidores y usuarios de sus preocupaciones y riesgos reales. Este órgano debería desaparecer, como se ha reclamado en incontables ocasiones, quedando integrado en otro departamento donde se pueda lograr
una política de consumo que realmente sirva a los intereses a los que se destina.

Un Ministerio que existe sólo para evitar la ruptura de la coalición que sustenta al Gobierno, y para aumentar el gasto presupuestario, con uno de los tres
ministros peor valorados en todas las encuestas desde que se constituyó el ejecutivo, es un ministerio alejado de las necesidades reales de los españoles, lo cual se traslada en la sección 31, ineficaz para cumplir aquello a lo que deberían aspirar
unos presupuestos generales del estado: satisfacer las necesidades de los consumidores.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 86

Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo
de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 32. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

JUSTIFICACIÓN

Los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2023 nacen invalidados tanto por Instituciones públicas —AIReF, OCDE o Banco de España— como privadas —BBVA o el Círculo de Empresarios, organismos e instituciones que estiman que en 2023 vamos a crecer menos, vamos a tener
más inflación, más paro y —como consecuencia de lo anterior— más déficit y más deuda de lo que dice el gobierno en el cuadro macroeconómico utilizado para elaborar los presupuestos. Esto ya sería suficiente para que un gobierno serio
retirase el anteproyecto de ley de presupuestos y presentase otro ajustado a la realidad económica y social de nuestro país.

Pero ese no es el único argumento para solicitar su retirada. Frente a lo que dice la propaganda oficial, estos
presupuestos condenan a los 10 millones de personas con ingresos inferiores a 14.000 euros, a los que niega una bajada del IVA de los productos básicos de la cesta de la compra que les ayudaría a llegar a fin de mes; y olvidan a la clase media, a
la que se le vuelven a subir impuestos por la puerta de atrás de la inflación, consolidando una pérdida de poder adquisitivo de más de un 20 %. Es inaceptable que se deje fuera a ambos colectivos, las familias más vulnerables y las clases medias,
mientras que se incrementa un 18,3 % la partida destinada a la alta dirección. La estructura política del gobierno dispara este gasto hasta los 933 millones de euros, un 37 % más, 252 millones más, que en 2018 y el gasto en propaganda se incrementa
hasta los 158 M€ en el «Plan de Publicidad y Comunicación Institucional».

Estos presupuestos inciden en las mismas recetas que los presupuestos anteriores: más gasto público, más impuestos, más inseguridad jurídica, más déficit y más
deuda. Unas recetas que nos han llevado a ser el último país de los EU 27 en recuperar los niveles de PIB previos a la pandemia —cosa que no sucederá hasta 2024—, tener la mayor tasa de paro de la UE y la segunda mayor tasa de paro
juvenil y femenino —más que duplicando la media europea en los tres casos—, sufrir la mayor inflación de los últimos 40 años —con el consiguiente coste para las familias—, soportar unos índices de desigualdad y pobreza
similares a los que sufrimos en la crisis financiera de 2008, y disparar la deuda pública —el doble que la media europea, rozando ya el billón y medio de euros, poniendo en riesgo la sostenibilidad del estado del bienestar—.

En
definitiva, unas recetas fracasadas que merman nuestra competitividad, lastran el crecimiento y la creación de empleo, condenan a los más vulnerables, siguen debilitando a las clases medias y comprometen nuestro futuro acumulando un agujero fiscal
que será de 340.000 M€ en 4 años, que —como dijo Nadia Calviño— «pagarán nuestros hijos y nietos».

A estas consideraciones generales, hay que añadir los aspectos específicos de la sección 32 que apoyan su devolución.

Frente a los eslóganes del gobierno, las cuentas que se presentan en esta sección son un claro ejemplo de unas políticas no sociales, sino socialistas: más deuda, más publicidad y poco realismo. Se confunden partidas presupuestarias con
programas electorales y se pone la vista en el panorama político y electoral que comienza, alejándose de la realidad social y económica de nuestro país.

En estas previsiones, conscientemente erráticas, el Ministerio de Inclusión, Seguridad
Social y Migraciones es uno de los más fieles sostenedores de estas desacertadas políticas socialistas. El Estado de bienestar, sin embargo, requiere de previsiones sensatas y, sobre todo, realistas.

Nuevamente, la Seguridad Social supone en
los Presupuestos Generales del Estado para el año 2023 una de las principales partidas, con una dotación de 209.165 M€, lo que representa un incremento del 13 % con respecto al ejercicio anterior.

A su vez, el gasto para políticas de
pensiones se prevé en 190.687 millones de euros, un 11,4 % más en el 2022, y sin embargo no es una cantidad suficiente para atender a las necesidades sociales del país. Así se desprende del hecho que las transferencias del Estado para garantizar la
sostenibilidad del sistema de Seguridad Social no paran de incrementar, un 43,3 % más que la transferencia de 2022. La Ministra Montero dijo en la presentación de los presupuestos: «Son 10.004 millones para la tranquilidad y la certeza del
sistema. Nos ocupamos del presente y del futuro», cuando lo que realmente hace el gobierno es hipotecar cada vez más el futuro de los más jóvenes y frenar la creación de empleo con más impuestos y cargas a los ciudadanos y a las empresas.

Nuestro modelo de bienestar, y así se acordó en el Pacto de Toledo, debe ser suficiente y sostenible, teniendo en cuenta que las recomendaciones aprobadas en 2020 mandatan —entre otras cuestiones— defender el sistema y mejorarlo,
obligan a la separación de fuentes, y exigen garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas y la búsqueda del restablecimiento del equilibrio financiero del mismo. Estos presupuestos no van en esta dirección.

Esta
sección nace desfasada en diferentes programas, en línea con el conjunto del proyecto, toda vez que el Ministro, después de la presentación de las cuentas, ha anunciado la posibilidad de que el gobierno modifique los desembolsos que corresponden a
algunas partidas propias, como las pensiones mínimas o el ingreso mínimo vital. No es social ni «extremadamente responsable» —como defendió el titular del departamento— aprobar unas cuentas que antes de haberse aprobado ya son
enmendadas por el gobierno.

Paradigma de esta forma de gestionar es el Ingreso Mínimo Vital: más de dos años después de su aprobación, la medida estrella del Gobierno contra la pobreza aún no ha llegado al 40 % de los beneficiarios para los
que se diseñó, manteniendo la rigidez e inoperancia de su nacimiento y habiéndose quedado obsoleto, dado el incremento alarmante de las personas y hogares en riesgo de pobreza y exclusión social en estos últimos tiempos. Únicamente alcanza
al 13,35 % de la población bajo el umbral de la pobreza, denegándose a 3 de cada 4 solicitantes, mientras las necesidades de las familias no dejan de crecer. Casi 200.000 unidades familiares se quedaron sin esta prestación por falta de algún
documento, por duplicidades e incluso por la ausencia de alguna firma. Esto resulta absolutamente inaceptable.

Se ha anunciado la revalorización del Ingreso Mínimo Vital según el IPC, a bombo y platillo, como ya se hizo con la subida
temporal del 15 %. Se trata de parches que no solucionan los problemas de los más vulnerables: la AIREF ha advertido que la prestación solo está llegando a uno de cada cinco hogares en riesgo de pobreza o exclusión social.

El gobierno
aumenta un 2,5 % su financiación, pero no solo consiste en presupuestar más, se debe gestionar mejor y más eficazmente para que llegue a quien lo necesita, sin olvidar desarrollar otros aspectos tendentes a conseguir la integración sociolaboral de
aquellas personas y familias más vulnerables, y que están en la exclusión severa. El propio Defensor del Pueblo ha mostrado su preocupación por la falta de agilidad en la tramitación de las resoluciones del IMV.

El fracaso del Ingreso Mínimo
Vital es el fracaso de toda la política social de Pedro Sánchez: desde la propaganda han jugado con las expectativas de los más vulnerables.

Por otro lado, una parte importante de los ingresos del sistema —más de un tercio— se
obtendrán no de la creación de empleo (que debería ser el objetivo de todo ejecutivo, siendo este un auténtico compromiso social, aunque no se trate, claramente, de un compromiso socialista) sino de la creación de más gravámenes al trabajo. Este
modo de gestionar el presupuesto tampoco es social y ni mucho menos «extraordinariamente responsable».

A su vez, llama la atención que el incremento presupuestario que se consigna en diversas partidas de esta sección no tiene como fin
aumentar las dotaciones a políticas destinadas a mejorar la situación de las personas migrantes, sino al aumento de gastos estructurales del departamento, como, por ejemplo, los gastos destinados a altos cargos del Ministerio, a material y
suministros, arrendamientos, etc.

Estas cuentas renuncian a políticas migratorias útiles y centradas en los problemas que concurren en este ámbito, se olvida de definir programas de prevención, atención y asistencia y continúa con su política
de otorgar subvenciones a dedo frente a los sistemas de concurrencia competitiva, como reclama el Partido Popular.

Se olvidan también de destinar fondos a apostar por una migración regular, ordenada y orientada al mercado laboral, que es
nuclear si se pretenden implementar políticas sociales eficaces, también en este ámbito, como siempre ha defendido este Grupo Parlamentario.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 87

Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

El Grupo
Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 33. Ministerio de Universidades.

JUSTIFICACIÓN

Los Presupuestos Generales
del Estado para el año 2023 nacen invalidados tanto por Instituciones públicas —AIReF, OCDE, FMI o Banco de España— como privadas —BBVA o el Círculo de Empresarios, organismos e instituciones que estiman que en 2023 vamos a
crecer menos, vamos a tener más inflación, más paro y —como consecuencia de lo anterior— más déficit y más deuda de lo que dice el gobierno en el cuadro macroeconómico utilizado para elaborar los presupuestos. Esto ya sería suficiente
para que un gobierno serio retirase el anteproyecto de ley de presupuestos y presentase otro ajustado a la realidad económica y social de nuestro país.

Pero ese no es el único argumento para solicitar su retirada. Frente a lo que dice la
propaganda oficial, estos presupuestos condenan a los 10 millones de personas con ingresos inferiores a 14.000 euros, a los que niega una bajada del IVA de los productos básicos de la cesta de la compra que les ayudaría a llegar a fin de mes; y
olvidan a la clase media, a la que se le vuelven a subir impuestos por la puerta de atrás de la inflación, consolidando una pérdida de poder adquisitivo de más de un 20 %. Es inaceptable que se deje fuera a ambos colectivos, las familias más
vulnerables y las clases medias, mientras que se incrementa un 18,3 % la partida destinada a la alta dirección. La estructura política del gobierno dispara este gasto hasta los 933 millones de euros, un 37 % más, 252 millones más, que en 2018 y el
gasto en propaganda se incrementa hasta los 158 M€ en el «Plan de Publicidad y Comunicación Institucional».

Estos presupuestos inciden en las mismas recetas que los presupuestos anteriores: más gasto público, más impuestos, más
inseguridad jurídica, más déficit y más deuda. Unas recetas que nos han llevado a ser el último país de los 27 en recuperar los niveles de PIB previos a la pandemia —cosa que no sucederá hasta 2024—, soportar la mayor tasa de paro de
la UE y la segunda mayor tasa de paro juvenil y femenino —más que duplicando la media europea en los tres casos—, sufrir la mayor inflación de los últimos 40 años —con el consiguiente coste para las familias—, padecer
unos índices de desigualdad y pobreza similares a los que sufrimos en la crisis financiera de 2008, y disparar la deuda pública —el doble que la media europea, rozando ya el billón y medio de euros, poniendo en riesgo la sostenibilidad del
estado del bienestar—.

En definitiva, unas recetas fracasadas que merman nuestra competitividad, lastran el crecimiento y la creación de empleo, condenan a los más vulnerables, siguen debilitando a las clases medias y comprometen
nuestro futuro acumulando un agujero fiscal que será de 340.000 M€ en 4 años, que —como dijo Calviño— «pagarán nuestros hijos y nietos».

A estas consideraciones generales, hay que añadir los aspectos específicos de la
sección 33 que refuerzan este veto.

El presupuesto con el que se dota la sección 33 en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el 2023 y que corresponde al Ministerio de Universidades, es indubitadamente insuficiente para
las funciones atribuidas a dicho Ministerio según el Real Decreto 2/2020, de 12 de enero. Es más, el presupuesto es insuficiente hasta para justificar la existencia de un Ministerio de Universidades.

En un periodo altamente inflacionista que
está castigando con dureza al Sistema Universitario, la Sección 33 se incrementa solamente un 2,6 % respecto a 2022, con 440 M€ en total, de los cuales, además, 130 millones corresponden a recursos europeos. Recursos europeos que incluso
disminuyen por segundo año consecutivo en los dos únicos programas que propone el Gobierno para la Sección 33, pasando de 125 M a 120,5 M€ el destinado a la formación y capacitación del personal docente e investigador y desapareciendo en la
práctica el destinado a infraestructuras digitales, ya que pasa de 22 M€ en el año 2022 dirigido al sistema universitario en su conjunto a 8,5 M€ dirigidos exclusivamente a la UNED.

El abandono del Gobierno por esta sección hace
que este presupuesto ni permita abordar los programas que le corresponden al Ministerio de Universidades para ejercer las funciones asignadas ni tampoco resolver su deficiente funcionamiento interno y que tiene su máxima expresión en los graves
retrasos en la resolución de los expedientes que le son de su competencia, como los referidos a los expedientes de homologación o equivalencia de títulos extranjeros o incluso a los programas de ayudas para la formación de doctores, con retrasos
acumulados superiores a 12 meses.

Cuando las Universidades deben ser actores principales en la recuperación de España, es incomprensible que la sección 33 solamente represente el 0,2 % de los PGE 2023. Es más, es ineficiente y contrario a
los compromisos de España con los fondos europeos que se destine a las Universidades el 0,3 % de dichos fondos que se van a ejecutar, teóricamente, en el 2023. De los 25.156 M€ de fondos europeos incorporados a los PGE 2023, se asignan
solamente 130 M€ al Ministerio de Universidades, frente a los casi 5.000 M€ asignados al Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Cuando ya han saltado las alarmas como consecuencia de la baja ejecución que
tiene España con relación a los fondos europeos, es incomprensible que el Ministerio de Universidades haya sido, en la práctica, excluido para la ejecución de dichos fondos y, consecuentemente las Universidades, instituciones que tradicionalmente se
han caracterizado por ejecutar adecuada y eficazmente dichos fondos.

Pero, es más, con una tasa de inflación interanual por encima del 7 % y que es superior en el caso específico del Sistema Universitario, un incremento presupuestario de la
sección 33 que apenas alcanza 2,6 % se traduce en un presupuesto negativo con relación al ejercicio 2022.

El proyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario, actualmente en trámite parlamentario, en su artículo 55 referido a la suficiencia
financiera, indica que en el marco del plan de incremento del gasto público previsto en el artículo 155.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, el Estado y las Comunidades Autónomas acordarán un plan de incremento del gasto público
en educación universitaria pública que será como mínimo el 1 por ciento del Producto Interior Bruto en el conjunto del Estado, permitiendo el cumplimiento de los objetivos establecidos en dicha Ley y la equiparación progresiva a la media de los
países de la Unión Europea.

Es incoherente que, frente al compromiso que marca el proyecto de Ley y que las Universidades estiman que para alcanzar el 1 % se deberían incrementar el presupuesto en su conjunto entre 2.000 y 3.000 M€,
la sección 33 incremente su presupuesto en unos insignificantes 10 M€ respecto a los PGE2022.

Ni siquiera en la UNED, competencia propia del Ministerio de Universidades, se da el aumento necesario para que se cumpla aquello que el
proyecto de ley establece, como del mismo modo ocurre en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.

Un ejercicio más, estos presupuestos no contemplan la financiación necesaria para internacionalizar, modernizar y hacer más competitiva la
universidad española como debería establecerse para el Ministerio en atribución a sus competencias.

Lejos de adaptarse a las nuevas propuestas de la Comisión Europea con relación a la Estrategia Europea para las Universidades y, a modo de
ejemplo, es especialmente preocupante que mientras solicitan a las universidades españolas su integración en las alianzas europeas, el Ministerio congela la partida de ayudas destinadas a dicho programa cuando, además, el número de universidades
españolas participantes se ha incrementado considerablemente. En definitiva, la misma dotación presupuestaria que en 2022 pero con un mayor número de universidades beneficiarias y una pérdida de la capacidad adquisitiva debida a una inflación
descontrolada.

Del mismo modo, y un año más, el presupuesto carece de programas de fortalecimiento institucional para modernizar las instituciones o incluso programas para amortiguar el efecto negativo de la inflación, como el consecuente al
incremento de la tarifa energética.

Es muy preocupante la reducción que proponen en el número de ayudas prevista para el 2023 en el programa estatal de formación I+D+I, pasando de 1162 ayudas presupuestadas para la formación de doctores,
a 885 presupuestadas para el año 2023, es decir, 277 menos. Esta situación se agrava con las enmiendas aprobadas en el trámite parlamentario en el Congreso que disminuyen esta partida presupuestaria para dirigirla a otras acciones territoriales,
consecuente con una nueva cesión presupuestaria.

Del mismo modo, desaparecen programas de cooperación internacional o congelan el programa complementario a Erasmus+, a pesar de las incidencias acaecidas en el presente curso, o el de Campus
sin Límites, destinado a estudiantes con discapacidad.

Un año más, la dotación presupuestaria de becas y ayudas al estudio que corresponde a los estudiantes universitarios sigue estando en otro Ministerio, incluyendo las partidas que deben
ser utilizadas para abonar a las Universidades para compensar la matrícula de los alumnos con beca o bonificados por su condición de familia numerosas o estudiantes con discapacidad.

En definitiva, el presupuesto asignado a la sección 33 ni
permite cumplir con sus atribuciones, ni con lo que el Sistema Universitario necesita, ni con lo que los egresados urgen para mejorar su acceso al empleo, ni con lo que la sociedad española espera.

Además, atendiendo a las previsiones del
Gobierno, en el ejercicio 2023 se aprobará la Ley Orgánica del Sistema Universitario con un incremento en el gasto de las Universidades derivado de las medidas impuestas. Estos presupuestos también ignoran tal circunstancia, dejando al albur su
implantación. Como, del mismo modo, el Ministerio de Universidades ha desatendido el efecto económico adverso que tiene para las Universidades la reforma de la Ley de la Ciencia de 2022 o el RDL 32/2021 de medidas urgentes para la reforma
laboral.

Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Popular en el Senado presenta este veto a la sección 33 del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023 y su consecuente devolución al Congreso de los
Diputados.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 88

Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la
siguiente impugnación de la Sección 36. Fondos de Compensación Interterritorial.

JUSTIFICACIÓN

Los Presupuestos Generales del Estado para el año 2023 nacen invalidados tanto por Instituciones públicas —AIReF, OCDE, FMI o Banco
de España— como privadas —BBVA o el Círculo de Empresarios, organismos e instituciones que estiman que en 2023 vamos a crecer menos, vamos a tener más inflación, más paro y —como consecuencia de lo anterior— más déficit y
más deuda de lo que dice el gobierno en el cuadro macroeconómico utilizado para elaborar los presupuestos. Esto ya sería suficiente para que un gobierno serio retirase el anteproyecto de ley de presupuestos y presentase otro ajustado a la realidad
económica y social de nuestro país.

Pero ese no es el único argumento para solicitar su retirada. Frente a lo que dice la propaganda oficial, estos presupuestos condenan a los 10 millones de personas con ingresos inferiores a 14.000 euros, a
los que niega una bajada del IVA de los productos básicos de la cesta de la compra que les ayudaría a llegar a fin de mes; y olvidan a la clase media, a la que se le vuelven a subir impuestos por la puerta de atrás de la inflación, consolidando una
pérdida de poder adquisitivo de más de un 20 %. Es inaceptable que se dejen fuera a ambos colectivos, las familias más vulnerables y las clases medias, mientras que se incrementa un 18,3 % la partida destinada a la alta dirección. La estructura
política del gobierno dispara este gasto hasta los 933 millones de euros, un 37 % más, 252 millones más, que en 2018 y el gasto en propaganda se incrementa hasta los 158 M€ en el «Plan de Publicidad y Comunicación Institucional».

Estos
presupuestos inciden en las mismas recetas que los presupuestos anteriores: más gasto público, más impuestos, más inseguridad jurídica, más déficit y más deuda. Unas recetas que nos han llevado a ser el último país de los 27 en recuperar los
niveles de PIB previos a la pandemia —cosa que no sucederá hasta 2024—, tener la mayor tasa de paro de la UE y la segunda mayor tasa de paro juvenil y femenino —más que duplicando la media europea en los tres casos—,
tener la mayor inflación de los últimos 40 años —con el consiguiente coste para las familias—, tener unos índices de desigualdad y pobreza similares a los que sufrimos en la crisis financiera de 2008, y disparar la deuda pública
—el doble que la media europea, rozando ya el billón y medio de euros, poniendo en riesgo la sostenibilidad del estado del bienestar—.

En definitiva, unas recetas fracasadas que merman nuestra competitividad, lastran el
crecimiento y la creación de empleo, condenan a los más vulnerables, siguen debilitando a las clases medias y comprometen nuestro futuro acumulando un agujero fiscal que será de 340.000 M€ en 4 años, que —como dijo Calviño—
«pagarán nuestros hijos y nietos».

A estas consideraciones generales, hay que añadir los aspectos específicos de las secciones 36, 37 y 38 que apoyan su devolución. En concreto, el hecho de que el cuadro macroeconómico esté desfasado hace
que los ingresos tributarios no sean reales, algo que desvirtúa de manera general los presupuestos; pero afecta de manera particular a las Comunidades Autónomas y Entes Locales, a través de su participación en los ingresos del Estado que aumentan
respectivamente un 5,9 % y un 4,9 %, lo que provocará un ajuste negativo en 2025 cuando haya de liquidarse la diferencia entre las entregas a cuenta recogidas en estos presupuestos y la recaudación real.

Los recursos de la sección 38 aumentan
por tanto un 5,5 % básicamente por esa previsión de impuestos; en cambio se reducen los recursos que reciben las CC. AA. de la sección 37, una parte está justificada por los pagos extraordinarios en los pasados PGEs por el ajuste del SII y por la
compensación de la liquidación negativa del año 2020, que afectaba tanto a CC. AA. como a EE. LL.

Pero incluso corrigiendo ese efecto, la financiación a las CC. AA. se reduce porque se suprime una partida de 456,5 M€ de convenios
para financiar infraestructuras dentro del programa 941O, que desaparece. En su lugar hay una partida «para reconstrucción de infraestructuras como consecuencia de siniestros, catástrofes u otras situaciones de reconocida urgencia», por importe
de 123,6 M€. Esta partida tiene su réplica en EE. LL. con un importe de 234,8 M€. Como detalle anecdótico, la reducción de un -2,6 % en la financiación de infraestructuras del transporte metropolitano en Sevilla y Málaga.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 89

Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación
de la Sección 37. Otras Relaciones Financieras con Entes Territoriales.

JUSTIFICACIÓN

Los Presupuestos Generales del Estado para el año 2023 nacen invalidados tanto por Instituciones públicas —AIReF, OCDE, FMI o Banco de
España— como privadas —BBVA o el Círculo de Empresarios, organismos e instituciones que estiman que en 2023 vamos a crecer menos, vamos a tener más inflación, más paro y —como consecuencia de lo anterior— más déficit y
más deuda de lo que dice el gobierno en el cuadro macroeconómico utilizado para elaborar los presupuestos. Esto ya sería suficiente para que un gobierno serio retirase el anteproyecto de ley de presupuestos y presentase otro ajustado a la realidad
económica y social de nuestro país.

Pero ese no es el único argumento para solicitar su retirada. Frente a lo que dice la propaganda oficial, estos presupuestos condenan a los 10 millones de personas con ingresos inferiores a 14.000 euros, a
los que niega una bajada del IVA de los productos básicos de la cesta de la compra que les ayudaría a llegar a fin de mes; y olvidan a la clase media, a la que se le vuelven a subir impuestos por la puerta de atrás de la inflación, consolidando una
pérdida de poder adquisitivo de más de un 20 %. Es inaceptable que se dejen fuera a ambos colectivos, las familias más vulnerables y las clases medias, mientras que se incrementa un 18,3 % la partida destinada a la alta dirección. La estructura
política del gobierno dispara este gasto hasta los 933 millones de euros, un 37 % más, 252 millones más, que en 2018 y el gasto en propaganda se incrementa hasta los 158 M€ en el «Plan de Publicidad y Comunicación Institucional».

Estos
presupuestos inciden en las mismas recetas que los presupuestos anteriores: más gasto público, más impuestos, más inseguridad jurídica, más déficit y más deuda. Unas recetas que nos han llevado a ser el último país de los 27 en recuperar los
niveles de PIB previos a la pandemia —cosa que no sucederá hasta 2024—, tener la mayor tasa de paro de la UE y la segunda mayor tasa de paro juvenil y femenino —más que duplicando la media europea en los tres casos—,
tener la mayor inflación de los últimos 40 años —con el consiguiente coste para las familias—, tener unos índices de desigualdad y pobreza similares a los que sufrimos en la crisis financiera de 2008, y disparar la deuda pública
—el doble que la media europea, rozando ya el billón y medio de euros, poniendo en riesgo la sostenibilidad del estado del bienestar—.

En definitiva, unas recetas fracasadas que merman nuestra competitividad, lastran el
crecimiento y la creación de empleo, condenan a los más vulnerables, siguen debilitando a las clases medias y comprometen nuestro futuro acumulando un agujero fiscal que será de 340.000 M€ en 4 años, que —como dijo Calviño—
«pagarán nuestros hijos y nietos».

A estas consideraciones generales, hay que añadir los aspectos específicos de las secciones 36, 37 y 38 que apoyan su devolución. En concreto, el hecho de que el cuadro macroeconómico esté desfasado hace
que los ingresos tributarios no sean reales, algo que desvirtúa de manera general los presupuestos; pero afecta de manera particular a las Comunidades Autónomas y Entes Locales, a través de su participación en los ingresos del Estado que aumentan
respectivamente un 5,9 % y un 4,9 %, lo que provocará un ajuste negativo en 2025 cuando haya de liquidarse la diferencia entre las entregas a cuenta recogidas en estos presupuestos y la recaudación real.

Los recursos de la sección 38 aumentan
por tanto un 5,5 % básicamente por esa previsión de impuestos; en cambio se reducen los recursos que reciben las CC. AA. de la sección 37, una parte está justificada por los pagos extraordinarios en los pasados PGEs por el ajuste del SII y por la
compensación de la liquidación negativa del año 2020, que afectaba tanto a CC. AA. como a EE. LL.

Pero incluso corrigiendo ese efecto, la financiación a las CC. AA. se reduce porque se suprime una partida de 456,5 M€ de convenios
para financiar infraestructuras dentro del programa 941O, que desaparece. En su lugar hay una partida «para reconstrucción de infraestructuras como consecuencia de siniestros, catástrofes u otras situaciones de reconocida urgencia», por importe
de 123,6 M€. Esta partida tiene su réplica en EE. LL. con un importe de 234,8 M€. Como detalle anecdótico, la reducción de un -2,6 % en la financiación de infraestructuras del transporte metropolitano en Sevilla y Málaga.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 90

Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación
de la Sección 38. Sistemas de Financiación de Entes Territoriales.

JUSTIFICACIÓN

Los Presupuestos Generales del Estado para el año 2023 nacen invalidados tanto por Instituciones públicas —AIReF, OCDE, FMI o Banco de
España— como privadas —BBVA o el Círculo de Empresarios, organismos e instituciones que estiman que en 2023 vamos a crecer menos, vamos a tener más inflación, más paro y —como consecuencia de lo anterior— más déficit y
más deuda de lo que dice el gobierno en el cuadro macroeconómico utilizado para elaborar los presupuestos. Esto ya sería suficiente para que un gobierno serio retirase el anteproyecto de ley de presupuestos y presentase otro ajustado a la realidad
económica y social de nuestro país.

Pero ese no es el único argumento para solicitar su retirada. Frente a lo que dice la propaganda oficial, estos presupuestos condenan a los 10 millones de personas con ingresos inferiores a 14.000 euros, a
los que niega una bajada del IVA de los productos básicos de la cesta de la compra que les ayudaría a llegar a fin de mes; y olvidan a la clase media, a la que se le vuelven a subir impuestos por la puerta de atrás de la inflación, consolidando una
pérdida de poder adquisitivo de más de un 20 %. Es inaceptable que se dejen fuera a ambos colectivos, las familias más vulnerables y las clases medias, mientras que se incrementa un 18,3 % la partida destinada a la alta dirección. La estructura
política del gobierno dispara este gasto hasta los 933 millones de euros, un 37 % más, 252 millones más, que en 2018 y el gasto en propaganda se incrementa hasta los 158 M€ en el «Plan de Publicidad y Comunicación Institucional».

Estos
presupuestos inciden en las mismas recetas que los presupuestos anteriores: más gasto público, más impuestos, más inseguridad jurídica, más déficit y más deuda. Unas recetas que nos han llevado a ser el último país de los 27 en recuperar los
niveles de PIB previos a la pandemia —cosa que no sucederá hasta 2024—, tener la mayor tasa de paro de la UE y la segunda mayor tasa de paro juvenil y femenino —más que duplicando la media europea en los tres casos—,
tener la mayor inflación de los últimos 40 años —con el consiguiente coste para las familias—, tener unos índices de desigualdad y pobreza similares a los que sufrimos en la crisis financiera de 2008, y disparar la deuda pública
—el doble que la media europea, rozando ya el billón y medio de euros, poniendo en riesgo la sostenibilidad del estado del bienestar—.

En definitiva, unas recetas fracasadas que merman nuestra competitividad, lastran el
crecimiento y la creación de empleo, condenan a los más vulnerables, siguen debilitando a las clases medias y comprometen nuestro futuro acumulando un agujero fiscal que será de 340.000 M€ en 4 años, que —como dijo Calviño—
«pagarán nuestros hijos y nietos».

A estas consideraciones generales, hay que añadir los aspectos específicos de las secciones 36, 37 y 38 que apoyan su devolución. En concreto, el hecho de que el cuadro macroeconómico esté desfasado hace
que los ingresos tributarios no sean reales, algo que desvirtúa de manera general los presupuestos; pero afecta de manera particular a las Comunidades Autónomas y Entes Locales, a través de su participación en los ingresos del Estado que aumentan
respectivamente un 5,9 % y un 4,9 %, lo que provocará un ajuste negativo en 2025 cuando haya de liquidarse la diferencia entre las entregas a cuenta recogidas en estos presupuestos y la recaudación real.

Los recursos de la sección 38 aumentan
por tanto un 5,5 % básicamente por esa previsión de impuestos; en cambio se reducen los recursos que reciben las CC. AA. de la sección 37, una parte está justificada por los pagos extraordinarios en los pasados PGEs por el ajuste del SII y por la
compensación de la liquidación negativa del año 2020, que afectaba tanto a CC. AA. como a EE. LL.

Pero incluso corrigiendo ese efecto, la financiación a las CC. AA. se reduce porque se suprime una partida de 456,5 M€ de convenios
para financiar infraestructuras dentro del programa 941O, que desaparece. En su lugar hay una partida «para reconstrucción de infraestructuras como consecuencia de siniestros, catástrofes u otras situaciones de reconocida urgencia», por importe
de 123,6 M€. Esta partida tiene su réplica en EE. LL. con un importe de 234,8 M€. Como detalle anecdótico, la reducción de un -2,6 % en la financiación de infraestructuras del transporte metropolitano en Sevilla y Málaga.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 91

Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación
de la Sección 60. Seguridad Social.

JUSTIFICACIÓN

Los Presupuestos Generales del Estado para el año 2023 nacen invalidados tanto por Instituciones públicas —AIReF, OCDE, FMI o Banco de España— como privadas —BBVA
o el Círculo de Empresarios, organismos e instituciones que estiman que en 2023 vamos a crecer menos, vamos a tener más inflación, más paro y —como consecuencia de lo anterior— más déficit y más deuda de lo que dice el gobierno en el
cuadro macroeconómico utilizado para elaborar los presupuestos. Esto ya sería suficiente para que un gobierno serio retirase el anteproyecto de ley de presupuestos y presentase otro ajustado a la realidad económica y social de nuestro país.

Pero ese no es el único argumento para solicitar su retirada. Frente a lo que dice la propaganda oficial, estos presupuestos condenan a los 10 millones de personas con ingresos inferiores a 14.000 euros, a los que niega una bajada del IVA de los
productos básicos de la cesta de la compra que les ayudaría a llegar a fin de mes; y olvidan a la clase media, a la que se le vuelven a subir impuestos por la puerta de atrás de la inflación, consolidando una pérdida de poder adquisitivo de más de
un 20 %. Es inaceptable que se dejen fuera a ambos colectivos, las familias más vulnerables y las clases medias, mientras que se incrementa un 18,3 % la partida destinada a la alta dirección. La estructura política del gobierno dispara este gasto
hasta los 933 millones de euros, un 37 % más, 252 millones más, que en 2018 y el gasto en propaganda se incrementa hasta los 158 M€ en el «Plan de Publicidad y Comunicación Institucional».

Estos presupuestos inciden en las mismas
recetas que los presupuestos anteriores: más gasto público, más impuestos, más inseguridad jurídica, más déficit y más deuda. Unas recetas que nos han llevado a ser el último país de los 27 en recuperar los niveles de PIB previos a la pandemia
—cosa que no sucederá hasta 2024—, tener la mayor tasa de paro de la UE y la segunda mayor tasa de paro juvenil y femenino —más que duplicando la media europea en los tres casos—, tener la mayor inflación de los
últimos 40 años —con el consiguiente coste para las familias—, tener unos índices de desigualdad y pobreza similares a los que sufrimos en la crisis financiera de 2008, y disparar la deuda pública —el doble que la media europea,
rozando ya el billón y medio de euros, poniendo en riesgo la sostenibilidad del estado del bienestar—.

En definitiva, unas recetas fracasadas que merman nuestra competitividad, lastran el crecimiento y la creación de empleo, condenan a
los más vulnerables, siguen debilitando a las clases medias y comprometen nuestro futuro acumulando un agujero fiscal que será de 340.000 M€ en 4 años, que —como dijo Calviño— «pagarán nuestros hijos y nietos».

A estas
consideraciones generales, hay que añadir los aspectos específicos de la sección 60 que apoyan su impugnación.

El presupuesto de la Seguridad Social asciende a 209.165 M€, lo que supone un incremento del 13 % con respecto al ejercicio
anterior, 24.000 M€ adicionales de los cuales: 17.000 M€ se deben a la revalorización de las pensiones al IPC estimado del 8,5 % y el propio aumento de pensionistas; 1.600 M€ por los subsidios de incapacidad, 600 M€





más para dependencia y 2.966 M€ de dotaciones al Fondo de Reserva de la Seguridad Social.

Esta aportación a la llamada «hucha de las pensiones» de la que presume el Gobierno diciendo que es la primera aportación que se hace
en 13 años no deja de ser una trampa: la hucha no se llena porque el sistema tenga superávit y genere recursos, sino que se llena aumentando el endeudamiento a largo plazo.

Es decir, no deja de ser un artificio contable: el sistema, a pesar de incrementar un 11,5 % los ingresos por cotizaciones sociales (por el incremento del 8,6 % de las cotizaciones máximas y el recargo del 0,6 % de cotización por el
mecanismo de equidad intergeneracional) y recibir transferencias corrientes del Estado por un importe de 38.723 M€, 2.541 M€ más que el año pasado, cerraría 2023 con un déficit de 10.004 M€, 3.022 M€ más que en 2022,
un 43 % más, que se cubre con deuda a largo plazo. En otras palabras, el gobierno llena la hucha con parte del crédito que pide para cubrir el déficit del sistema. ¿Qué mérito tiene esto?

Ni con la inaceptable subida de las cotizaciones
máximas, que ahuyentan la inversión, frenan la atracción de talento y no contribuyen en absoluto a la recuperación del mercado laboral, ni con el recargo del 0,6 % de las cotizaciones sociales —0,5 % a cargo de las empresas y 0,1 % a cargo de
los trabajadores— y ni siquiera cumpliendo las optimistas previsiones del gobierno, que no se corresponden con el estancamiento en la creación de empleo que se reconoce en el propio cuadro macroeconómico, se consigue equilibrar el sistema,
siendo esta la gran asignatura pendiente del ministro Escrivá que debe explicarle a todos los españoles qué va a proponer para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones.

Además, hay algunos programas importantes cuyas partidas se
ven reducidas, destacamos:

• La reducción en 242 M€ en el programa 221A de «Ingreso mínimo vital y prestaciones familiares» muestra el fracaso en la gestión de esta medida que se anunció como medida estrella y que sólo
llega al 13,35 % de la población bajo el umbral de la pobreza, denegándose a 3 de cada 4 solicitantes, mientras las colas del hambre no dejan de crecer.

• La partida de Prestaciones económicas por cese de actividad se reduce un
32 %, de 75,1 M€ en 2022 a 51,1 M€ en 2023.

• Los programas 312B y 312C, de Atención primaria y atención especializada de salud del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria se reducen un -1,0% y -2,8%
respectivamente.