I. Iniciativas legislativas

Proyecto de Ley de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones.
Propuestas de veto
621/000038

(Congreso de los Diputados, Serie A, Num.66, Núm.exp. 121/000066)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula una propuesta de veto al Proyecto de Ley de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de
pensiones.

Palacio del Senado, 10 de diciembre de 2021.—El Portavoz, Javier Ignacio Maroto Aranzábal.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 1

Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el
Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente propuesta de veto.

JUSTIFICACIÓN

El principal reto al que se enfrenta el sistema español de pensiones públicas emana de dos
cuestiones: (i) las personas jubiladas viven cada vez más, como consecuencia del aumento de la esperanza de vida; y (ii) la numerosa generación del baby boom, se retirará a principios de la próxima década.

Lo que se debe plantear es si los
recursos de los que dispone el Sistema, o va a disponer en el futuro, son suficientes para hacer frente a esta realidad social y a este nuevo escenario demográfico.

La esperanza de vida ha crecido sustancialmente en los últimos años. En 1900
los españoles que llegaban a los 65 años tenían una esperanza de vida de 75; hoy los españoles de 65 años esperan vivir hasta los 85 y en 2050 se prevé que vivan hasta los 90.

Como consecuencia de las tendencias anteriores la población mayor
de 65 años ha pasado de 4.029.055 (10,8 % de la población total) en 1980 a 8.029.673 (17,4 %) en 2012, y según el INE alcanzarán los 11.300.000 (25,6 %) en 2030 y los 15.221.000 (36,4 %) en 2050.

Se prevé que, en 2022, por cada diez personas
en edad de trabajar haya seis personas potencialmente inactivas, y en 2052, los mayores de 64 años representarán el 37 % de la población total, superando al grupo de población activa.

Ante esta situación, y ante la evidente necesidad de
reestructurar nuestro sistema de pensiones, el Gobierno del Partido Popular adoptó medidas responsables para garantizar el modelo de bienestar y seguir apostando por reforzar su sostenibilidad financiera. Así, en 2013 se aprobó la Ley reguladora
del Factor de Sostenibilidad y del Índice de revalorización del sistema de pensiones de la Seguridad Social. Una Ley cuyo objetivo era garantizar el sistema de pensiones, mantener la proporcionalidad entre las contribuciones al Sistema y las
prestaciones esperadas, garantizando a las generaciones presentes y futuras la percepción de pensiones adecuadas y suficientes, conforme al mandato del artículo 50 de la Constitución Española.

Una ley que buscaba la tranquilidad de los
españoles y su confianza en el Sistema, que es la base de su legitimidad, así como la garantía de un sistema de pensiones justo, suficiente y sostenible para las generaciones actuales y también para las venideras. A todos nos preocupa el sistema de
pensiones porque todos formamos parte de él, y con la ley de 2013 se erradicaba toda incertidumbre sobre la principal fuente de renta de una parte muy importante de la población.

Parece olvidarse el Gobierno, que nuestro sistema de pensiones
se caracteriza por ser público, de reparto y solidario, y que se basa en el pacto intergeneracional. Es un mecanismo de asignación de transferencias de recursos entre generaciones, pero sobre la base siempre de la equidad intergeneracional. La ley
que hoy enmendamos olvida a los jóvenes, no establece cómo pretende garantizar sus pensiones, se les exige que coticen para hacer frente a las pensiones actuales, y deroga el factor de sostenibilidad de 2013 que garantizaba su futura pensión sin
proponer mecanismo que lo sustituya.

La ley de 2013 desarrollaba el denominado factor de sostenibilidad, una herramienta que vincula las pensiones de jubilación a la evolución de la esperanza de vida y garantiza que personas de diferentes
generaciones con similares contribuciones perciban pensiones equivalentes a lo largo de su vida. Pero, no nos olvidemos que el factor de sostenibilidad ya se planteaba en el Pacto de Toledo y en la Ley 27/2011 que aprobó el Gobierno socialista.
Fue ahí, donde se estableció un mandato legal que radicaba en desarrollar esta herramienta. El Gobierno del Partido Popular lo desarrolló siguiendo ese mandato legal, en el año 2013.

Recordemos también, que este mecanismo fue avalado por la
Comisión Europea y elaborado por un Comité de expertos en junio de 2013. Un Comité de expertos real, no como los del Gobierno de Pedro Sánchez. Doce especialistas en diversas áreas relacionadas con las pensiones (sociología, derecho, demografía,
economía y actuariales), representantes del diálogo social y por supuesto, de diversa índole política, como no puede ser de otra manera. Porque sólo del diálogo surgen las reformas estructurales que benefician al conjunto de la sociedad.

Los
componentes del citado Comité de expertos fueron: (i) el Catedrático de Sociología Víctor Pérez Díaz, fue quien lo presidió, (ii) José Luis Tortuero. Catedrático de Economía Aplicada, (iii) Miguel Ángel García Díaz, entonces jefe del gabinete de
estudios de CCOO, (iv) Santos Ruesga, colaborador habitual de CCOO, (v) Miguel Ángel Vázquez, de UNESPA, (vi) José Ignacio Conde Ruíz, profesor de economía de la Universidad Complutense (Director General de Política Económica), (vii) Enrique Devesa,
profesor de Ciencias Actuariales de la Universidad de Valencia, (viii) Mercedes Ayuso. Profesora de Econometría y Estadística de la Universidad de Barcelona, (ix) Manuel Lagares. Catedrático de Hacienda Pública, (x) Francisco Castellano.
Catedrático de Hacienda Pública, (xi) José María Marín Vigueras. Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad, y, (xii) Rafael Domenech, jefe de BBVA Research.

Transcribimos un párrafo suscrito por los citados especialistas en la
presentación del informe que define el espíritu del mismo:

«(…) este informe propone un factor de sostenibilidad del sistema público de pensiones que supone una mejora muy importante en la forma en que nuestras fuerzas políticas,
nuestros interlocutores sociales, y, sobre todo, nuestra ciudadanía, deben abordar el reto de garantizar el equilibrio entre los ingresos y prestaciones del Sistema de Seguridad Social.

Nada puede ser peor para una sociedad enfrentada a una
crisis económica grave y prolongada, sino que pierda la esperanza y la confianza en sí misma, y se generen incertidumbres innecesarias sobre la principal fuente de renta de una parte muy importante de su población. Y pocas cosas pueden quebrar más
esa confianza como la de que no se acierte a mantener el pacto intergeneracional que permite la continuidad de la sociedad en el tiempo. La sociedad debe honrar su compromiso moral con sus mayores, y darles el horizonte sostenido en el tiempo de
unas pensiones públicas adecuadas. A su vez, la idea de un pacto intergeneracional implica la necesidad de atender a las generaciones futuras que heredan el legado que las anteriores les transmiten, y a las que hay que garantizar un horizonte
realista y viable para su propio desarrollo a largo plazo.»

Pues bien, este es el factor de sostenibilidad que el Gobierno desprecia sin argumento válido y por mero interés partidista y que por el presente Proyecto de Ley en su disposición
derogatoria única, irresponsablemente, pretende derogar.

El Proyecto de Ley, tiene aspectos que podrían considerarse positivos, toda vez que emanan del Pacto de Toledo que, si bien en algunos aspectos pueden ampliarse o mejorarse, no
diferimos de los mismos en términos generales por la lealtad que desde el Partido Popular hemos demostrado siempre al Pacto de Toledo y a lo acordado en el seno del mismo.

Así, el artículo 1. Uno. del Proyecto de Ley contempla la
revalorización anual de las pensiones en base al IPC (si la inflación es negativa las pensiones no sufrirán merma alguna). En el Partido Popular estamos de acuerdo en revalorizar las pensiones, siempre lo hemos hecho y nos gustaría que fuese lo
máximo posible. Es una medida prevista en la recomendación segunda del Pacto de Toledo que apoyamos pero que, a su vez, requiere adoptar medidas responsables y establecer mecanismos de adaptación a variaciones macroeconómicas y debe tener en cuenta
circunstancias como la esperanza de vida.

El Gobierno del Partido Popular jamás se planteó congelar las pensiones como sí hizo el Gobierno socialista, con el voto a favor del actual Presidente, Pedro Sánchez, que supuso la mayor pérdida de
poder adquisitivo de nuestra historia reciente (2.060 millones de euros) y esto se hizo llamativamente en un momento en que el Fondo de Reserva tenía un total de 66 000 millones de euros.

También se contemplan medidas para favorecer el
acercamiento voluntario de la edad efectiva con la edad legal de jubilación (recomendación 12 del Pacto de Toledo) o la culminación del principio de separación de fuentes.

Sin embargo, la reforma de pensiones propuesta tiene otros muchos
aspectos negativos. Es una reforma deficiente con medidas que no se ajustan al espíritu del Pacto de Toledo, que no cumple expectativas, no garantiza la sostenibilidad del sistema y es contraria a los intereses de los españoles.

Razones por
las que, desde el Partido Popular, solicitamos su devolución:

— Estamos ante una reforma de pensiones que ignora la sostenibilidad del sistema y aplaza las decisiones de calado como la fijación del mecanismo de equidad
intergeneracional.

La Comisión Europea, exige a España realizar reformas en el sistema de pensiones que garanticen su sostenibilidad. Esta debe ser la prioridad para poder acceder a las ayudas del Fondo de Recuperación y Resiliencia. Por el
contrario, el Gobierno ignora las pautas europeas y presenta una reforma que compromete esta sostenibilidad. Diferentes informes así lo establecen. Destacamos, entre otros, el estudio de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA), que
entiende que la subida del IPC en las pensiones costará 2.400 millones de euros anuales. De igual manera, el Banco de España ha avisado que, para poder financiar las pensiones, habría que subir las cotizaciones más de un 35 %, para poder mantener
la generosidad de las pensiones respecto al salario medio. En el plan enviado a Bruselas se apuesta no por subir cotizaciones, sino por subir impuestos. Y en último lugar debe hacerse notar que hasta la propia AIReF ha puesto sobre aviso que el
aumento del gasto en pensiones tras eliminar la reforma del 2013, es de 4 puntos del PIB, equivalente a un incremento de la recaudación por IRPF del 60 %.

Frente a esta realidad inapelable, la reforma propuesta por el Gobierno no propone
medidas para compensarlos, haciendo insostenible el sistema. Suficiencia sí, pero sostenibilidad también. Es muy grave que el Gobierno no atienda las exigencias de Europa poniendo en peligro la percepción de los fondos europeos.

— Las famosas «reformas a plazos» del socialismo: hoy anuncio lo fácil, que mañana ya será problema de otro.

Nos ofrecen una reforma por fascículos, aplazando las decisiones más difíciles y deroga el factor de sostenibilidad
de la Ley de 2013.

Tanto la forma de legislar como en la que se gesto el nuevo mecanismo de equidad intergeneracional es de una falta de rigor sin precedentes. No lo decimos nosotros, desde el Ministerio de Presidencia se elaboró un informe
en el periodo de tramitación interna de la norma que recriminaba al Ministro Escrivá que sólo se expusiese la derogación del factor de sostenibilidad sin dar más detalles ni explicación sobre el contenido del nuevo mecanismo:

«Sería deseable
incluir una explicación más detallada sobre este extremo en el apartado de la Memoria relativo a la descripción del contenido de la propuesta» para añadir después «Sería, por tanto, deseable que se explicasen en este subapartado de la Memoria los
motivos por los que se considera conveniente la derogación expresa del artículo 211 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social una vez que entre en vigor la Ley».

Tanto secretismo, no hace sino crear mayor incertidumbre
sobre una materia de suma importancia como es la sostenibilidad del sistema de pensiones.

No es aceptable que deroguen sin justificación alguna el factor de sostenibilidad de 2013, un mecanismo riguroso y firme, elaborado por un Comité de
expertos y avalado por la Comisión Europea donde se hacía primar la sostenibilidad del sistema y la solidaridad intergeneracional, para acto seguido presentar un mecanismo del que sabemos —porque lo ha dicho el Ministro de Seguridad
Social— que va a implicar recortes.

El Gobierno, por lo tanto, no puede pretender que se apoye una reforma de la que no conocemos su contenido.

Y, por último, no hay que olvidar que el éxito de una reforma de pensiones va unido
a un mercado laboral exitoso, y en el momento en el que la Ministra de Trabajo ha anunciado una contrarreforma que aboga por volver a la rigidez del mercado laboral, lo que no parece que vaya a crear empleo sino todo lo contrario, las perspectivas
de fracaso del Proyecto de Ley son altísimas. Frente a las medidas incorporadas por la reforma del Partido Popular de 2012 que se ha demostrado que funcionan (como recogen numerosos estudios así como la propia Comisión Europea), y que han permitido
garantizar numerosos puestos de trabajo durante la pandemia y tras ella, el Gobierno está anclado en políticas rígidas y fracasadas.

Derogar la reforma laboral del Partido Popular es derogar la creación de empleo. Más empleo, más afiliados y
más crecimiento, será una ayuda fundamental para recuperar la estabilidad financiera del Sistema de la Seguridad Social. Esa es la mejor política social, la política que crea empleo, el empleo es sin duda la clave de la garantía a futuro de nuestro
modelo de pensiones.

En definitiva, en el Partido Popular creemos que toda reforma de nuestro sistema de pensiones debe garantizar el equilibrio entre:

— el aumento del poder adquisitivo,

— el
sostenimiento del sistema,

— la situación económica general

— y las pensiones del futuro.

No se puede ahondar en la suficiencia olvidando por completo la sostenibilidad. El Partido Popular siempre ha
estado, está y estará con un sistema de pensiones suficiente, sostenible y sólido.

Para ello, necesitamos un gobierno responsable, que se preocupe de todos los españoles, que mire al futuro y que cree empleo. Porque como siempre ha defendido
este grupo parlamentario, el empleo es la mejor garantía del sistema de pensiones.

Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamento Popular entiende que nos encontramos ante un Proyecto de Ley contrario a los intereses de los españoles, por lo que,
se presenta una propuesta de veto al Proyecto de Ley de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones.